Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- PERMISO
- Guillermo Ceroni Fuentes
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Jorge Tarud Daccarett
- PERMISO
- DEBATE
- XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Rene Manuel Garcia Garcia
- PETICIÓN DE OFICIO : Rene Alinco Bustos
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcelo Schilling Rodriguez
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ORDEN DEL DÍA
- INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL OTORGAMIENTO DE BECAS VALECH.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gustavo Hasbun Selume
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Guillermo Leon Teillier Del Valle
- INTERVENCIÓN : Karla Rubilar Barahona
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- DEBATE
- OTORGAMIENTO DE NACIONALIDAD CHILENA, POR ESPECIAL GRACIA, AL SEÑOR SERGIO ABAD ANTOUN. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Gustavo Hasbun Selume
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Marcela Constanza Sabat Fernandez
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE LOS PROCESOS DE APROBACIÓN DE PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS Y ENERGÉTICOS POR LAS COREMAS EN CADA UNA DE LAS REGIONES.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Perez Lahsen
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL OTORGAMIENTO DE BECAS VALECH.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- DECLARACIÓN DE PARQUE NACIONAL A ZONA DE GÉISERES DEL TATIO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Marcos Espinosa Monardes
- Denise Pascal Allende
- Patricio Vallespin Lopez
- Ramon Farias Ponce
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Fernando Meza Moncada
- Ximena Vidal Lazaro
- Jose Perez Arriagada
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Marcos Espinosa Monardes
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- RATIFICACIÓN DEL CONVENIO N° 187 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Ximena Vidal Lazaro
- Carolina Goic Boroevic
- Adriana Munoz D'albora
- Clemira Pacheco Rivas
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Jose Perez Arriagada
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Guillermo Leon Teillier Del Valle
- Rodrigo Gonzalez Torres
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- DECLARACIÓN DE PARQUE NACIONAL A ZONA DE GÉISERES DEL TATIO.
- VII. INCIDENTES.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- ANTECEDENTES SOBRE ASIGNACIÓN DE BECA VALECH A ALUMNA UNIVERSITARIA DE COQUIMBO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Marcelo Diaz Diaz
- ANTECEDENTES SOBRE DESVINCULACIÓN DE PROFESIONAL A CONTRATA DE GENDARMERÍA DE CHILE. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Marcelo Diaz Diaz
- ANTECEDENTES SOBRE DÉFICIT DE FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Burgos Varela
- INFORMACIÓN SOBRE SOLICITUDES DE LIBERTAD CONDICIONAL. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Harboe Bascunan
- INFORMACIÓN SOBRE AUTORIZACIÓN MUNICIPAL A UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE PARA ABRIR SUS PUERTAS HACIA PARQUE ALMAGRO. Oficio
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Harboe Bascunan
- INFORMACIÓN SOBRE EVENTUAL CONTAMINACIÓN DE RÍO CRUCES Y ESTADO DE SITUACIÓN DE DECLARACIÓN DE RESERVA NACIONAL A SANTUARIO DE LA NATURALEZA CARLOS ANWANDTER. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- INFORMACIÓN SOBRE PLANES Y PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A CALETA BONIFACIO, EN SECTOR COSTERO DE COMUNA DE VALDIVIA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- ANTECEDENTES SOBRE ASIGNACIÓN DE BECA VALECH A ALUMNA UNIVERSITARIA DE COQUIMBO. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Enrique Accorsi Opazo
- Pepe Auth Stewart
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Alfonso De Urresti Longton
- Felipe Harboe Bascunan
- Joaquin Tuma Zedan
- Denise Pascal Allende
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Andrea Molina Oliva
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- Pedro Araya Guerrero
- Jose Ramon Barros Montero
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Felipe Ward Edwards
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 358ª
Sesión 126, en jueves 13 de enero de 2011
(Ordinaria, de 10.13 a 12.39 horas)
Presidencia de la señora Sepúlveda Orbenes, doña Alejandra, y del señor Becker Alvear, don Germán.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental , el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 7
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
V. Orden del Día
- Informe de la Comisión Investigadora de presuntas irregularidades en el otorgamiento de becas Valech 13
- Otorgamiento de nacionalidad chilena, por especial gracia, al señor Sergio Abad Antoun. Primer trámite constitucional 22
- Informe de la Comisión Investigadora de los procesos de aprobación de proyectos hidroeléctricos y energéticos por las Coremas en cada una de las regiones 31
VI. Proyectos de acuerdo
- Declaración de parque nacional a zona de géiseres del Tatio 41
- Ratificación del convenio N° 187 de la Organización Internacional del Trabajo 42
VII. Incidentes
- No hubo intervenciones 43
VIII. Anexo de sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de información y de Antecedentes 44
- Antecedentes sobre asignación de beca Valech a alumna universitaria de Coquimbo. Oficio 44
- Antecedentes sobre desvinculación de profesional a contrata de Gendarmería de Chile. Oficios 45
- Antecedentes sobre déficit de fiscales del Ministerio Público. Oficio 45
- Información sobre solicitudes de libertad condicional. Oficio 45
- Información sobre autorización municipal a Universidad Central de Chile para abrir sus puertas hacia Parque Almagro. oficio 46
- Información sobre eventual contaminación de Río Cruces y estado de situación de declaración de reserva nacional a Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter. Oficios 46
- Información sobre planes y programas de mejoramiento de camino de acceso a caleta Bonifacio, en sector costero de comuna de valdivia. Oficios 46
Pág.
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S. E. el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que “Moderniza y fomenta la competencia del sistema financiero”. (boletín N° 7440-05) 48
2. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que “Moderniza y fomenta la competencia del sistema financiero”. (boletín N° 7440-05) 63
- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales retira y hace presente la urgencia de “discusión inmediata”, para el despacho de los siguientes proyectos:
3. que “Prorroga plazo de calificación, otorgado a la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, creada por ley N° 20.405 y, concede acceso que indica, para fines particulares que se señala.”. (boletín N° 7435-17) 63
4. que “Modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado.”. (boletín N° 7085-15) (S) 64
5. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicación al proyecto que “Prorroga plazo de calificación, otorgado a la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, creada por ley N° 20.405 y, concede acceso que indica, para fines particulares que señala.”. (boletín N° 7435-17) 64
6. Oficio del H. Senado mediante el cual comunica que tomó conocimiento del rechazo de la Cámara de Diputados a algunas de las modificaciones propuestas al proyecto que “Modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y regula las Asociaciones Municipales.”. (boletín N° 6792-06) 65
7. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado la observación de S. E. el Presidente de la República al proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, que “Crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas, y modifica diversos cuerpos legales.”. (boletín N° 4248-06) (S) 65
8. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado las enmiendas al proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, que “Facilita la constitución y funcionamiento de nuevas empresas”. (boletín N° 6981-03) (S) 66
9. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Aprueba el Quincuagésimo Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, sobre el comercio de servicio, celebrado entre los Gobiernos de los Estados Partes del Mercosur y el Gobierno de Chile, en Montevideo, el 27 de mayo de 2009.”. (boletín N° 6690-10) 66
Pág.
10. Primer informe de la Comisión de Derechos Humanos recaído en el proyecto, iniciado en moción, con urgencia “discusión inmediata”, que prorroga plazo de calificación otorgado a la Comisión asesora para la calificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura, creada por ley N° 20405 y concede acceso que indica, para fines particulares que señala. (boletín N° 7435-17-1) 67
11. Certificado de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, que “Prorroga plazo de calificación, otorgado a la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, creada por ley N° 20.405 y, concede acceso que indica, para fines particulares que se señala.”. (boletín N° 7435-17) 73
12. Moción de los diputados señores González, Accorsi, Auth, Cornejo, Chahín, De Urresti, Harboe, Tuma, y de la diputada señora Pascal, doña Denise, que “Establece derechos en materia de uso de estacionamientos concesionados.”. (boletín N° 7438-06) 74
13. Moción de las diputadas señoras Cristi, doña María Angélica; Hoffmann, doña María José; Molina, doña Andrea; Sepúlveda, doña Alejandra; Zalaquett, doña Mónica, y de los diputados señores Araya, Barros, Calderón, Uriarte y Ward, que “Crea Registro Especial para criaturas no nacidas.”. (boletín N° 7439-18) 76
14. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual comunica que aceptó la renuncia al cargo de Ministro del Tribunal al señor Mario Fernández Baeza, y corresponde que la Cámara de Diputados proponga al Senado un reemplazante. (Art. 92 letra b) inciso cuarto, de la Constitución Política de la República). (5384) 77
- Oficios del Tribunal Constitucional mediante los cuales remite copia autorizada de las sentencias referidas a los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
15. “artículo 365 del Código Penal”. Rol 1683-10-INA. (5366) 78
16. “artículo 2.331, del Código Civil”. Rol 1723-10-INA. (5371) 79
17. “artículo 38 ley N° 18.833”. Rol 1616-10-INA. (5382) 79
18. “artículo 38 de la ley N° 18.918”. Rol 1713-10-INA. (5391) 80
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Notas:
- Del diputado señor Ceroni, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 12 de enero en curso, para dirigirse a Beijing, China.
- Del diputado señor Tarud, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 21 de enero en curso, para dirigirse a Bélgica al encuentro de la Comisión Mixta Parlamentaria Chile-Unión Europea.
- Del diputado señor Sandoval, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará por el día de hoy, para dirigirse a la Región de Aysén.
XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- Diputado De Urresti, Solicita informe sobre el proceso de licitación para los efectos del Programa de Alimentación Escolar en la Región de Los Ríos, y el número de escolares beneficiados (2279 de 11/01/2011). A Ministerio de Educación.
- Diputado De Urresti, Solicita informe sobre las razones que motivaron el hecho de que las bodegas de vialidad en la ciudad de Valdivia, no contaran con la cobertura de contratos de seguros por daños (2280 de 11/01/2011). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado De Urresti, Solicita informe sobre los plazos considerados para los efectos de contar con los diseños de ingeniería del proyecto denominado “Instalación Servicio de Agua Potable Rural Chaiuín de Corral, Región de Los Ríos” (2281 de 11/01/2011). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado García don René Manuel, Solicita los antecedentes de las asignaciones de recursos a las comunas de la Región de La Araucanía en 2006, 2007, 2008 y 2009, desagregados por comuna y año (2282 de 11/01/2011). A Ministerio de Planificación y Cooperación.
- Diputado Alinco, Solicita informe sobre las eventuales modificaciones o indicaciones que esa Secretaría de Estado se encuentra estudiando respecto del proyecto de ley que modifica la Ley de Tránsito estableciendo un sistema de puntos en materia de licencias de conducir (2283 de 11/01/2011). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputada Molina doña Andrea, Solicita informar sobre una eventual incompatibilidad en los beneficios sociales que recibe la señora Teresa de Jesús Castro González. (2302 de 11/01/2011). A Contraloría General de la República .
- Diputado Schilling, Solicita informe sobre el proceso de elecciones realizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Santa Isabel S. A., de 23 de noviembre próximo pasado, particularmente respecto del hecho de que a pesar de que se trataría de una organización de carácter nacional, sólo se permitió la participación de los socios trabajadores de locales ubicados en Valparaíso (2303 de 12/01/2011). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (94)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Alinco Bustos René PPD XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo IND VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto RN XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea IND V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD V 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Mendez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando IND XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-En misión oficial estuvo ausente el diputado señor Guillermo Ceroni.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.13 horas.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El acta de la sesión 120ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 121ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Señoras diputadas y señores diputados, el Gobierno ha enviado un veto aditivo en relación con el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas, para incorporar en el artículo 16, a continuación de la expresión “Carabineros de Chile,”, la frase “el Jefe de Región Policial de la Policía de Investigaciones de Chile ”, seguida de una coma.
Si le parece a la Sala, como es bastante simple, podríamos omitir el trámite de Comisión y votarlo, sin discusión, al término del Orden del Día.
El señor BURGOS.- Señora Presidenta, ¿es un error?
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Efectivamente, es un error. Sólo se trata de incorporar a la Policía de Investigaciones de Chile. Si no aprobamos este procedimiento, significa que debe ir a Comisión y que lo tratemos en la Sala durante la próxima semana.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señora Presidenta, estoy de acuerdo con usted.
¿Se trata de la incorporación del Jefe de Región Policial de Investigaciones de Chile a los Consejos Regionales de Seguridad Pública?
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Así es, señor diputado .
Al parecer, no hay unanimidad para que la Comisión pueda reunirse en la mañana y revisar el tema, por lo que deberemos dejarlo para la próxima semana, aunque tenga urgencia.
¿Habría unanimidad para votar la observación al término del Orden del Día, sin discusión?
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señora Presidenta , le sugiero recabar la unanimidad hacia el término de la sesión, para que, al menos, podamos leer la observación.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Señor diputado , sin duda, podemos hacer lo que propone.
Lo ideal hubiese sido que la Comisión lo analizara en la mañana, pero no hay acuerdo para ello.
Entonces, propongo revisar el veto aditivo, sin que lo vea la Comisión, y desarrollar la discusión hoy.
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans.
El señor ELUCHANS.- Señora Presidenta , lo que propone el diputado Díaz deja pendiente lo que en su oportunidad se propuso: discutirlo en la Sala al final del Orden del Día.
Entonces, si no hay disposición a discutir el tema, prefiero que se dé la autorización para constituir la Comisión y en diez minutos se puede resolver el problema.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Señor diputado , ésa fue la primera opción que pensamos, pero no hay acuerdo en tal sentido.
Si le parece a la Sala, antes del término del Orden del Día, dejaríamos veinte minutos para la discusión de la observación y luego procederíamos a la votación, porque sólo se trata de la incorporación del representante de la Policía de Investigaciones.
El señor ELUCHANS.- Señora Presidenta , ¿entonces lo votaríamos hoy?
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Eso es lo que propongo.
El señor MONTES.- ¿Tiene urgencia el proyecto?
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Sí, señor diputado .
Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señora Presidenta , el proyecto debe ser enviado al Tribunal Constitucional, pero no en estas condiciones. Por lo tanto, se podría demorar su envío.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Señores diputados, el proyecto tiene urgencia calificada de discusión inmediata.
El señor MONTES.- Señora Presidenta, en ese caso no se requiere el acuerdo de la Sala y se puede constituir la Comisión.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Señor diputado , sí lo requiere, porque, además, necesitamos hasta cuatro horas para que lo pueda revisar la Comisión.
Por eso he pedido que no lo revise la Comisión, pero no hay acuerdo para que se constituya hoy en la mañana.
Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señora Presidenta , el proyecto tiene urgencia calificada de discusión inmediata.
Por lo tanto, le pido que recabe nuevamente la unanimidad de la Sala para que se constituya la Comisión, lo cual parece razonable, porque lo otro es un procedimiento sumamente irregular.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señora Presidenta , éste es un tema reiterativo, que ya llega a ser molesto.
No se trata de una muestra de inflexibilidad de mi parte, en lo absoluto, como se me ha acusado. Incluso, en algunas ocasiones se me ha pedido que salga de la Sala para proceder a la votación y autorizar el funcionamiento de las comisiones, lo que raya en una falta de respeto al ejercicio de mi función, y no lo voy a permitir.
He planteado temas jurídicos respecto del funcionamiento simultáneo de la Sala y las comisiones. Incluso, se me entregó un informe, del cual lo primero que me llamó la atención fue que no venía firmado. Cuando leí su contenido, entendí que nadie se atrevía
a suscribirlo, porque difícilmente alguien podría hacerlo si se quería sustentar una posición jurídica respecto del tema.
De manera que, por intermedio de su señoría, pido a mis distinguidos colegas que nos aboquemos a resolver el tema de fondo. Si tenemos que trabajar los lunes, hagámoslo. Redefinamos la forma de trabajo y reasignemos los tiempos. Incluso, si es necesario, trabajemos los viernes, porque tenemos responsabilidades que nos fueron entregadas y que perfectamente podrían ser cumplidas con la jornada que cumple cualquier trabajador en el país. No por satisfacer los requerimientos o las necesidades de diputados de algunas regiones y de la Región Metropolitana que cumplen otras tareas adicionales muy loables y respetables en Santiago los lunes debemos empezar nuestra jornada de trabajo los martes. No nos falta tiempo; simplemente, está mal asignado, lo cual es distinto.
No quiero seguir siendo víctima de presiones constantes y permanentes -lo pido respetuosamente a mis distinguidos y honorables colegas diputados- cada vez que se solicita el funcionamiento simultáneo de una Comisión.
No voy a dar mi consentimiento en tal sentido hasta que se modifique el Reglamento -entiendo que se está trabajando en ello-, que es la forma correcta de hacer las cosas.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Diputado Saffirio, precisamente, estamos trabajando para modificar algunos aspectos que están pendientes en el Reglamento.
Quiero reiterar que los diputados y las diputadas no sólo trabajan en el Sala y en las comisiones, sino también en forma permanente en cada uno de los distritos. Además, es muy desgastante la función de representación y de fiscalización que desarrollamos en las comunas de cada uno de los distritos.
Entonces, como no hay unanimidad para que funcione la Comisión simultáneamente con la Sala ni para votar después de una discusión de veinte minutos, el proyecto queda pendiente para la sesión del próximo martes.
V. ORDEN DEL DÍA
INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL OTORGAMIENTO DE BECAS VALECH.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En el Orden del Día, corresponde considerar el informe de la Comisión Investigadora de presuntas irregularidades en el otorgamiento de becas Valech.
Diputado informante es el señor Gustavo Hasbún.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Investigadora, sesión 119ª, en 21 de diciembre de 2010. Documentos de la Cuenta N° 4.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor HASBÚN (de pie).- Señora Presidenta , en nombre de la Comisión Investigadora de presuntas irregularidades en el otorgamiento de las becas Valech , paso a rendir el correspondiente informe, según la competencia que le fuera asignada por acuerdo de la Cámara de Diputados, y plantearé sus conclusiones y proposiciones.
La Comisión recibió las opiniones y observaciones de los señores Fernando Rojas , subsecretario de Educación ; Ramiro Mendoza , contralor general de la República ; de ex alumnos beneficiarios de becas Valech ; y de representantes de la Comisión Nacional de Exonerados y Presos Políticos; de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura; de la Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos; de la Universidad Bolivariana; de la Universidad Uniacc, y de la Universidad La República.
Con las exposiciones realizadas y antecedentes aportados en el seno de la Comisión se pudo establecer una base de trabajo teórico sobre la cual se elaboraron las conclusiones y proposiciones, que fueron aprobadas por la unanimidad de los señores diputados participantes. Votaron a favor la diputada señora Hoffmann , doña María José , y los diputados señores Gutiérrez , Salaberry , Venegas , Ward y quien habla.
Dentro de las conclusiones se consigna:
Que fue de público conocimiento el hecho del uso indebido de los beneficios otorgados por la ley N° 19.992 (ley Valech) por parte de ciertas instituciones de educación superior, que generaron programas y cursos de estudio para los beneficiados por la citada ley. Tales cursos impartidos por las instituciones de educación superior no cumplieron con los requisitos establecidos, ya que éstos no tienen por objeto la continuación de estudios de nivel básico, medio o superior. Cabe hacer presente, sin embargo, que además de la facultad legal de otorgar títulos profesionales y grados académicos, pueden igualmente impartir toda clase de cursos, seminarios o diplomados. Se debe, además, considerar que las denominadas becas Valech se dieron en el contexto de un beneficio reparativo -no sólo una prestación-, parte de un esfuerzo por recuperar en la línea del tiempo lo que se interrumpió.
La educación superior es un conjunto amplio de formación continua; de ello se sigue que se debe continuar, a lo menos, con los estudios en uno de los tres niveles, pero jamás en los tres, y que debe existir, evidentemente, un comienzo. Por ello, resulta grave que la misma institución de educación superior inscriba a alumnos que no tienen enseñanza media completa, los prepare para terminar su nivel de escolaridad y luego les imparta cursos y programas que nunca han estudiado, con el solo fin de aprovechar el beneficio que ha concedido el Estado de Chile a los ex presos políticos o a sus hijos.
La principal falencia del reglamento expedido por el Ministerio de Educación de la época dice relación con la ausencia de exigencias para que aquellos programas de continuidad de estudios sean conducentes al grado académico. De esta manera, y en razón de la autonomía universitaria, programas como los ofrecidos se encuentran indebidamente avalados y legitimados por este cuerpo normativo, que en cuanto al orden jerárquico de las normas jurídicas es inferior a la ley.
Que la Contraloría General de la República estableció que existían dificultades por falta de recursos para fiscalizar y que los programas, en efecto, fueron impartidos.
Que no existió una buena disposición por parte de las autoridades de la época, que no quisieron asistir a la Comisión a dar explicaciones sobre la materia investigada.
Las conclusiones fueron las siguientes:
1. Los fondos públicos fueron mal utilizados, dilapidándose éstos desde la fecha de publicación de la ley N° 19.992 y su reglamento.
2. Grave es la situación de personas que recibieron becas por parte del Estado sin tener derecho alguno, impartiéndose cursos que no conducían a grado o título académico. También lo es la actitud del Mineduc por la falta de control en la entrega de becas, cuestión que denota un actuar negligente de las autoridades de la época. A lo anterior se suma el hecho de haberse dictado un reglamento deficiente, que no reguló de manera clara y pormenorizada la forma de optar a la beca, de operar su traspaso y la pérdida del beneficio.
Bajo la actual Administración se han iniciado sumarios administrativos para esclarecer las responsabilidades que correspondan. Por eso resulta fundamental la intervención del Ministerio Público para determinar la configuración de todos los ilícitos penales relacionados con delitos funcionarios.
3. El vínculo familiar entre los hermanos Lahsen , uno jefe de gabinete del director de la División Superior del Mineduc , y el otro miembro del equipo de Extensión y Comunicación de la Uniacc, no guarda relación con los hechos investigados. Sin embargo, es necesario reconocer que, a todas luces, aparece como sospechoso. No obstante, debido a que los respectivos cargos fueron ejercidos en distintas épocas, no se establece un posible conflicto de interés.
4. Aparece de extrema gravedad que, en 2008, de los más de 78 mil millones de pesos, sólo poco más de 360 millones de pesos hayan sido objeto del trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. También lo es el retardo en el inicio de los sumarios administrativos y los eventuales juicios de cuenta, ya que ésta es una situación que se arrastra desde hace muchos años y recién ahora se han iniciado acciones correctivas.
5. Los recursos se deberían haber entregado por igual a todas las instituciones de educación superior, para que se utilizaran en igualdad de condiciones. Las distintas universidades se aprovecharon del uso de un beneficio entregado por el Estado a los ex presos políticos o a sus hijos. Si bien, como lo establece la Contraloría General de la República, los pagos encuentran sustento en la efectiva prestación de servicios educacionales, no es menos cierto que la ausencia de control de calidad en los respectivos cursos, por parte del Mineduc, permitió un uso ineficiente y comprometió todos los recursos públicos asignados.
Por lo demás, la mayoría de las universidades involucradas no entregó a los becarios toda la información necesaria para comprender los programas de estudio de los cursos impartidos. Por ejemplo, no les informan si conducen o no a grado académico, lo que a todas luces demuestra que se engañó a los beneficiarios.
6. Las responsabilidades políticas por falta de diligencia grave en el ejercicio de sus funciones recaen directamente en las ex ministras de Educación señoras Yasna Provoste y Mónica Jiménez de la Jara ; en el jefe de la División Jurídica de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación , señor Julio Castro , y en el jefe de gabinete de este último, señor Rodrigo Lahsen .
En mérito de los antecedentes expuestos, la Comisión Investigadora viene en proponer a la honorable Corporación lo siguiente:
1. Hacer un llamado al Ministerio de Educación con el fin de que:
a) Aclare de manera reglamentaria la situación de las personas que no han terminado los cursos.
b) Exija perentoriamente a las instituciones de educación superior la información necesaria para conocer el estado de cumplimento de las becas y así poder transparentar los recursos.
En este sentido, resulta prioritario que el Mineduc aclare la situación de los afectados por las distintas universidades, sobre todo de aquellos que aparecen como inscritos en los cursos, pero no se sabe su situación académica, y recupere, en los casos que procedan, los dineros que fueron mal entregados por no existir causa legal, debiendo ser reasignados en beneficio de las personas afectadas.
En el caso de las personas beneficiarias que no hubiesen recibido una reparación efectiva de acuerdo con el espíritu de la ley, el ministerio deberá velar por que ello ocurra efectivamente.
c) Cree un mecanismo de reclamo claro y expedito para los usuarios afectados.
Por lo demás, resulta relevante que las becas puedan ser traspasadas a los sucesores de los beneficiarios y los recursos entregados directamente a los que posean los derechos y que sean ellos los que escojan libremente el plantel y la universidad donde quieran estudiar, velando por que efectivamente se haga realidad el beneficio y no se transforme en una caja pagadora para las universidades y los establecimientos educacionales que se aprovecharon de la ley.
En relación con la Contraloría General de la República, la Comisión insta a este organismo a pronunciarse sobre aquellos dineros que se pagaron por cursos impartidos que no cumplían con los requisitos establecidos en la ley N° 19.992, si los hubiere con posterioridad a su dictamen de fecha 31 de diciembre de 2008, y nos respondan por qué no se iniciaron los juicios de cuenta respectivos, entendiendo que existen recursos públicos comprometidos que superan los 20 mil millones de pesos.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- En discusión el informe.
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , luego del informe rendido por el diputado Hasbún queda en evidencia una serie de irregularidades en el otorgamiento de estas becas, principalmente en la implementación de los beneficios educacionales.
La gravedad de esta situación no sólo dice relación con los montos involucrados y con el procedimiento, sino también con haber jugado con la fe pública y con un beneficio otorgado por el Estado mediante una ley para cientos de ciudadanos que sufrieron la detención, la prisión y la tortura.
Claramente, faltó un mecanismo de control para que el Estado pudiese verificar la forma en que se estaban otorgando estos beneficios y hubo un aprovechamiento de parte de algunas instituciones de educación superior.
Por lo tanto, pido la mayor sanción a quienes han cometido ilícitos. Ojalá que no sólo intervenga el Ministerio Público, sino que también participe el Consejo de Defensa del Estado, si correspondiere.
No debe ponerse en duda la situación que dio origen a esos beneficios, cual es el reconocimiento del Estado de que miles de ciudadanos de este país sufrieron detención, prisión y tortura, lo que también fue reconocido por el informe Valech . Es una situación que ha quedado en la memoria y que va a quedar como referente de la violencia y de los atropellos que cometió el Estado en contra de los derechos humanos de ciudadanos chilenos.
Otra situación evidente es que se utilizaron mal esos beneficios, lo que es importante de vincular con lo que ocurre con el nuevo proceso de calificación de la Comisión Valech II. Ayer aprobamos unánimemente en esta Cámara la prórroga de seis meses del proceso de calificación de los nuevos beneficiarios de la comisión Valech . Se trata de 32.500 ciudadanos que han relatado los hechos de dolor, de prisión y de tortura que sufrieron, los que serán calificados por esa comisión.
De esa forma se va a determinar la memoria histórica de lo que ocurrió y también se van a impetrar los beneficios económicos, sociales, jurídicos para ellos y para sus descendientes. En consecuencia, no podemos permitir que nuevamente se mal utilicen los recursos y que no intervengan las instancias del Estado para poner atajo a esas situaciones irregulares, con el objeto de que los beneficiarios reciban los dineros que les permitan contar con becas de perfeccionamiento o de estudios superiores a quienes son titulares y han sido reconocidos como beneficiarios por la Comisión Valech, o a sus hijos o a sus nietos.
Muchos beneficiarios me han señalado, con mucho cariño y emoción, lo siguiente: “ Diputado , lo que a mí me ocurrió, lo que me tocó sufrir, al menos me permitirá entregar una beca a mis nietos, por lo que ese dolor lo podré revertir en becas para los estudios de mis nietos, nietas u otro descendiente”.
Esas son instancias claras que permiten reparar lo que ocurrió en nuestro país. No obstante, debemos aplicar las sanciones que correspondan a quienes cometieron irregularidades, porque no es posible que, en un Estado democrático de derecho, determinados ciudadanos e instituciones se concierten para torcer el objetivo inicial de esas becas, con el fin de obtener lucro económico, así como para impedir su objetivo final, que era perfeccionar, a través de estudios, a los beneficiarios.
Voy a aprobar el informe pero también solicitaré que las instancias judiciales, sea el Consejo de Defensa del Estado o la Fiscalía Nacional, investiguen y sancionen a quienes han lucrado.
Que eso no ponga en duda los nuevos beneficios que deben impetrarse para quienes califiquen en el informe Valech II, seguramente en seis meses más. De esa manera, se hace un reconocimiento, para la memoria histórica, a quienes sufrieron aberraciones, torturas y la prisión. Se pueden establecer beneficios permanentes consagrados en la ley, con los cuales se repare económicamente o, al menos, educacionalmente a sus descendientes, pues el Estado hoy reconoce y se hace cargo de las atrocidades vividas en el período 1973-1990.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , comparto lo señalado por el diputado Alfonso de Urresti .
Cuando se intenta defraudar la fe pública en una materia tan sensible como la de reparar parte del daño causado -digo parte, porque quedan secuelas imposibles de reparar; pero, por lo menos, ésa es la pretensión y origen de esa comisión, presidida por monseñor Valech , un hombre al que todos reconocemos su valía- como consecuencia de la represión política y la tortura a que fueron sometidos muchos chilenos durante la dictadura militar. Es uno de los mecanismos de reparación consensuado y utilizado por el Estado, para generar oportunidades de estudio a las víctimas o beneficiarios vinculados a su familia.
Desde esa perspectiva, corresponde que, desde el punto de vista de la Comisión Investigadora y del establecimiento de responsabilidades políticas, administrativas y de lo que puedan hacer los tribunales, se persigan de manera íntegra las responsabilidades que en cada uno de esos ámbitos corresponda. Eso es de la esencia del deber de cada una de las instituciones con la fe pública, con la actuación honesta y proba de las instituciones públicas y con el compromiso de dar buen uso a los recursos del Estado.
En ese sentido, comparto lo señalado respecto de este escándalo, en el sentido de que no puede haber ninguna sombra de duda de que todos los hayan malversado recursos públicos, desde las instituciones públicas o privadas -me refiero a instituciones de educación superior, terceras o ajenas al Estado, desde el propio Estado- o que hubiesen tenido participación en hechos que revistan el carácter de delito, tienen que ser sancionados. Si son funcionarios públicos tiene que caer sobre ellos la responsabilidad que corresponda, política y administrativa.
Sin embargo, llamo la atención sobre un efecto negativo en personas inocentes que ha tenido este episodio. Como consecuencia de este escándalo, se generó en la administración pública, particularmente en el Ministerio de Educación, una dinámica de restricción y de control, que parecía razonable, pero que ha limitado el sentido y el ejercicio de los derechos asociados a los beneficios acordados como parte de las reparaciones contempladas en las becas Valech .
Conozco el caso de muchos alumnos, hijos o nietos de quienes vivieron en carne propia las torturas, la represión y la prisión por motivos políticos, jóvenes que muchas veces tienen, como cualquiera, deserción universitaria o crisis de vocación en el primer año, con dificultades para definir de manera clara su vocación profesional y deciden cambiarse de universidad. Ese hecho representa la necesidad de cambio de la institución beneficiaria de la beca, pero los actuales controles que se han establecido en el Ministerio de Educación han generado dificultades para muchos de esos alumnos.
Así como hemos dicho claramente que deben establecerse las responsabilidades políticas, administrativas y penales que correspondan por cada una de las instituciones que tiene a su cargo el establecimiento de tales responsabilidades, también es importante que la autoridad administrativa no ponga en duda el ejercicio legítimo de los beneficios acordados para las personas a quienes se les han reconocido esos derechos en la Comisión Valech. Y me refiero particularmente a los beneficios educacionales.
Repito que no se trata de una beca común y corriente, sino de un beneficio reparatorio que el Estado entrega a las víctimas de la represión por parte de agentes del mismo Estado. En consecuencia, no tiene la misma entidad y naturaleza que cualquier otra beca, sino el carácter de reparación moral que el Estado hace en nombre de la sociedad. Desde esa perspectiva, comprendiendo los legítimos mecanismos de control que el Estado debe poner en marcha para evitar que sucedan hechos como los que dieron origen a esta Comisión Investigadora, es importante que ellos no pongan en duda ni restrinjan el ejercicio de derechos a los beneficios que se entregaron con la finalidad de reparar directamente a los afectados o a los familiares calificados por la Comisión Valech y sus procesos.
Mi alocución pretende señalar que es muy importante que el mensaje que transmitamos desde la Cámara de Diputados, al votar el informe de la Comisión Investigadora, lleve el reproche unánime y total a quienes incurrieron en esas prácticas cuestionables desde todo punto vista, con las correspondientes responsabilidades penales, administrativas y políticas -lo que nos corresponde como Cámara de Diputados-, pero que eso no establezca un manto de dudas ni restricciones al ejercicio legítimo de los derechos de los beneficiarios de la Comisión Valech.
El tema está ligado con la dignidad que hemos querido reparar y con la del propio Estado que, al aprobar mecanismos de reparación -como la beca Valech o a los exonerados políticos-, lo que está haciendo es pedir perdón a quienes sufrieron la prisión, la muerte, la tortura, la exoneración, la represión y la violación de sus derechos humanos como consecuencia de una acción deliberada de agentes del Estado, de manera ilegítima, brutal y arbitraria. Pero ello no puede ser puesto en duda por la actitud inescrupulosa, dolosa o negligente de algunos.
Me parece importante hacer esa salvedad, pues son los directamente afectados, sus familiares y herederos quienes merecen de parte nuestra el reconocimiento, respeto y, sobre todo, la consideración por los que les correspondió vivir, que forma parte del fundamento de la democracia que logramos reconstruir.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Guillermo Teillier.
El señor TEILLIER.- Señor Presidente, suscribo claramente las resoluciones de la Comisión Investigadora.
Desgraciadamente, de manera inescrupulosa, se ha hecho un negocio ilegítimo con la tragedia que vivimos muchos chilenos. Soy uno de los que sufrieron torturas y esto me afecta profundamente. El hecho de que alguien trate de burlar a la justicia a propósito de este beneficio, a pesar de lo que sufrieron muchas personas, realmente no tiene nombre.
Con la beca Valech no se devuelve lo sufrido; es apenas un paliativo que pretende reparar un daño irreparable que el Estado, bajo la dictadura, causó a miles de personas en nuestro país.
Hago un llamado al Gobierno a tener muy en cuenta esta investigación, para perfeccionar y posibilitar que todos los torturados y presos políticos hagan uso de éste y otros beneficios reparatorios. Además, hay que considerar también otros beneficios que han generado episodios que han afectado a muchas personas, como los exonerados, respecto de los cuales también se han dado situaciones similares.
El hecho de que personas necesitadas hayan sido inducidas a prestarse al engaño no invalida el valor profundo del acto de reparación de violaciones a los derechos humanos que significa esta beca en relación a miles de personas, aunque sea una reparación mínima. La realización de este engaño sólo agrava la responsabilidad de quienes cometieron el ilícito.
Por último, anuncio que, con todo gusto, votaré a favor de las propuestas de la Comisión Investigadora.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar
La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente , cursaba el 2008 cuando me tocó presidir la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. En aquel momento, se nos acercaron víctimas de la dictadura afectos a la ley Valech y a otros cuerpos legales con una clara denuncia: se estaban mal utilizando los fondos de la justa ley de reparación, de la ley Valech y de la ley de exonerados políticos. Ellas solicitaron ser recibidas por la Comisión y, después de algunos meses, el encuentro se concretó.
Lamentablemente -hay que reconocerlo-, noto cierta ausencia de una autocrítica de esta Cámara, porque no tomamos las medidas correspondientes como institucionalidad.
Posteriormente, a fines del 2008, me tocó acompañar a las víctimas y hacer una denuncia al contralor respecto de esta situación. Fueron muchas las señales que dieron las víctimas y los familiares de las víctimas de la dictadura sobre esta situación irregular. Golpearon muchas puertas: la Cámara de Diputados, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Educación y muchas otras instituciones más, por lo que considero se debe analizar profundamente por qué sólo después de la emisión de un programa de televisión sobre el particular se generó el revuelo necesario para que hoy día estemos discutiendo un informe como éste.
Celebro el informe. Creo que es adecuado, ponderado y habla efectivamente del abuso que se cometió con personas que sufrieron horrores.
Pero, lamentablemente, también debemos reconocer que siguen ocurriendo cosas extrañas y no tenemos claro qué está pasando, como, por ejemplo, en el caso de los exonerados.
Comparto la opinión del diputado Teillier en el sentido de que es importante que el Gobierno realice los esfuerzos necesarios para separar a las verdaderas víctimas de aquellos que lucran inescrupulosamente con esta situación. Es lo mínimo que se merecen las personas que han sufrido. ¿Por qué? Porque las leyes de reparación no han tenido nada de reparación; han significado un peregrinaje de las víctimas para hacer cumplir sus derechos. Ha sido un sufrimiento muy largo. Como ejemplo de lo que expreso puedo señalar que ayer, en la Comisión de Derechos Humanos, tratamos la prórroga por seis meses para que se puedan evaluar los nuevos casos de la Comisión Valech. Esa Comisión demoró mucho en volver a formarse, porque había sido atada a un proyecto de ley: el del Instituto de Derechos Humanos.
Si no hacemos una mejora en la legislación, las personas tendrán que seguir esperando para obtener beneficios, pues todavía quedan fuera los viudos y aún existe un sinnúmero de problemas, lo que no resulta lógico respecto de una ley que, se supone, busca que el Estado repare lo que corresponde.
En este informe todos debemos darnos cuenta de que incluso un tema tan delicado como el de los derechos humanos fue susceptible, lamentablemente, de un uso terrible e inescrupuloso por parte de algunos. Y las autoridades, a sabiendas, o por lo menos en conocimiento de denuncias concretas de que esto estaba pasando, no adoptamos las medidas correspondientes.
Espero, de verdad, que esto sirva para tomar conciencia de que, más allá de hablar de derechos humanos, debemos realizar acciones concretas para defenderlos.
Sé que quienes denunciaron estos hechos hoy ven con satisfacción que esta Cámara se pronuncia contundentemente sobre tales actos, pero necesitamos que esto no se quede sólo en palabras, sino que también se traduzca en acciones reales.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , junto con mi colega de bancada, Mario Venegas , fuimos parte de esta Comisión Investigadora. Los seis diputados de la Concertación facultamos al diputado Enrique Accorsi para que, con el Presidente de la Comisión , concordaran el informe, que acaba de rendirse en este Hemiciclo.
Durante el cumplimiento del mandato entregado por esta Sala nos dimos cuenta de que había situaciones, a lo menos extrañas, no claras, por lo que estuvimos de acuerdo en invitar a todos los actores relevantes en la materia.
En el informe se consignan las personas que fueron invitadas.
Hago presente a la Sala que ayer en la Comisión de Hacienda tratamos el proyecto de ley que prorroga el plazo de calificación otorgado a la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, creada por la ley N° 20.405, y concede acceso que indica para fines particulares que se señalan, con urgencia de “discusión inmediata”. Los parlamentarios presentes en la Comisión de Hacienda acordamos prorrogar la sesión para despacharlo. Ello, porque el plazo de la Comisión Asesora vence el próximo 17 de febrero y se pensaba que se presentarían más menos 18 mil solicitudes, pero éstas suman más de 33 mil.
Señalo lo anterior porque sólo nos queda la próxima semana de trabajo legislativo y la materia se relaciona con el informe que debatimos.
En la Comisión Investigadora hubo testimonios muy claros y precisos. Asimismo, para mi sorpresa, se produjo molestia ante ciertas consultas que hicimos a algunos invitados, por ejemplo, si se encontraban haciendo uso de la beca. Ellos reconocieron que sí, pero manifestaron que también les interesaba que otros hubieran recibido el beneficio.
Por otra parte, me encontré con una sorpresa en la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación, partida en la que se incluyen las famosas becas Valech , desde el punto de vista de todo lo que la opinión pública ha visto y escuchado a través de los diferentes medios de comunicación.
La ejecución presupuestaria de 2010 estaba casi en cero cuando nuestra Comisión comenzó su trabajo, lo que es muy grave, porque la investigación de lo ocurrido no implica que quienes tienen derecho no puedan hacer uso del beneficio.
En la Comisión ayudamos a que se hiciera una enmienda respecto de eso, y la última información que tuvimos fue que la entrega del beneficio había empezado a ejecutarse en forma lenta, pero que ya se habían entregado algunas becas.
Mi última solicitud al Ministerio fue que nos informara sobre la ejecución presupuestaria de la partida al 31 de diciembre de 2010, antecedentes que deberían llegar en los próximos días o, a más tardar, en marzo.
El tema que abordamos fue doloroso. Tal como lo plantea el informe, deseamos que rápidamente la Contraloría emita un dictamen para que, si hay personas que actuaron en forma ilegal, lo que es una irresponsabilidad, se tomen las medidas del caso.
En la Comisión se escuchó al Contralor General de la República y a altos funcionarios de ese organismo fiscalizador. Se trató de hacer un trabajo para bien y no para mal, lo que significa que a nadie se le puede pasar por la mente hacer uso de una ley, en la que hubo gran unanimidad y consenso, para no compensar. El colega Teillier , presidente del Partido Comunista , fue claro al decir que es muy diferente vivir una situación a que le cuente cómo es. Es una frase que tengo gravada. Es muy diferente una persona que vivió en carne propia la tortura a una que le contaron cómo era eso; es muy diferente una persona que nunca ha sido afectada por la cesantía a otras que la hemos sufrido. Eso le da a uno más fuerza para actuar en el servicio público en función de lo que cree y de sus principios.
Se trató de hacer un trabajo en la mejor forma. No obstante, reitero, que las personas deben seguir obteniendo los beneficios establecidos por ley, aunque sea una leve compensación, porque el día de mañana eso les da la posibilidad de enfrentar en mejor forma el mundo del trabajo.
Por eso, en nombre de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, anuncio que votaremos favorablemente este informe de la Comisión Investigadora de presuntas irregularidades en el otorgamiento de becas Valech.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe en los siguientes términos:
El señor BECKER (Vicepresidente).- Corresponde votar el informe de la Comisión Investigadora de presuntas irregularidades en el otorgamiento de becas Valech.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
OTORGAMIENTO DE NACIONALIDAD CHILENA, POR ESPECIAL GRACIA, AL SEÑOR SERGIO ABAD ANTOUN. Primer trámite constitucional.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, al señor Sergio Abad Antoun.
Diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía es el señor Gabriel Ascencio.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín N° 7042-07, sesión 63ª, en 12 de agosto de 2010. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Primer Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, sesión 122ª, en 5 de enero de 2011. Documentos de la Cuenta N° 5.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ASCENCIO (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, paso a informar el proyecto, iniciado en moción de los senadores señores Chahuán, don Francisco , y Tuma, don Eugenio , que pretende otorgar la nacionalidad chilena, por especial gracia, a monseñor Sergio Abad Antoun , de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de la República.
La idea matriz o fundamental del proyecto es la de conceder, por especial gracia, la nacionalidad chilena a monseñor Sergio Abad Antoun .
La iniciativa no tiene urgencia. No contiene normas de carácter orgánico constitucional, ni de quórum calificado, ni que requieran trámite de la Comisión de Hacienda.
El proyecto fue aprobado, en general y en particular, por unanimidad, en sesión 28ª, el 15 de diciembre de 2010.
Votaron por la afirmativa los diputados señores Aguiló, don Sergio ; Ascencio, don Gabriel; Baltolu, don Nino ; Gutiérrez, don Hugo ; Gutiérrez, don Romilio ; Hasbún, don Gustavo , y Jiménez, don Tucapel .
Los fundamentos del proyecto son principalmente personales y tienen que ver con la relación que monseñor Abad ha mantenido con Chile por más de veinte años.
Monseñor Sergio Abad Antoun es el actual Arzobispo Metropolitano de la Iglesia para la Arquidiócesis de Santiago y de todo Chile de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de la Santísima Virgen María, dependiente del Patriarcado de Antioquía.
Nació el 14 de noviembre de 1930, en Antioquía, Siria , y después de realizar sus estudios secundarios en el seminario del Monasterio de la Virgen María , en Balamand, Líbano , obtuvo su licenciatura en teología.
Fue ordenado Diácono por el Metropolita Elías Mahouad de Alepo y, posteriormente, Sacerdote Archimandrita en Trípoli.
El 4 de diciembre de 1988 fue ordenado Obispo y designado Vicario Patriarcal para la Iglesia Ortodoxa en nuestro país. Luego, en octubre de 1996, en la ciudad de Damasco, Siria , en reconocimiento a sus relevantes méritos pastorales fue elegido Metropolita para todo Chile, que es una dignidad equivalente a la de Cardenal de la Iglesia Católica Apostólica Romana.
En los más de veinte años que lleva en nuestro país, monseñor Sergio Abad Antoun ha sobresalido por su entrega plena al ejercicio pastoral de su grey, compuesta mayoritariamente por ciudadanos de ascendencia árabe y griega, a quienes ha evangelizado con gran entusiasmo, fervor y dedicación apostólica, transmitiéndoles asimismo la cultura, tradiciones e historia de sus antepasados, destacando por su férrea defensa del ecumenismo, lo que le ha valido el respeto y afecto de los dignatarios de todos los credos del país y el reconocimiento de las diversas autoridades políticas.
Monseñor Abad ha realizado un valioso aporte en el ámbito espiritual y desarrollo del ecumenismo en nuestro país, por lo que amerita que se le conceda la nacionalidad chilena, por especial gracia, la que se otorga en virtud de lo señalado en el artículo 10 de la Constitución Política de la República.
Los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía manifestaron su conformidad con la idea matriz del proyecto, en el sentido de que la actuación, acción y presencia de monseñor Sergio Abad en Chile constituyen antecedentes suficientes para hacerlo merecedor al otorgamiento de la nacionalización chilena, por especial gracia, que nuestra Carta Fundamental permite conferir por ley a quienes han prestado valiosos servicios, a que se refiere el número 4° del artículo 10 de la Constitución Política de la República, circunstancia sobre lo que esta Comisión no tuvo ningún cuestionamiento. Por ello, el proyecto se aprobó por unanimidad.
Los señores diputados podrán evaluar y hacer las consideraciones necesarias que permitan aprobar este proyecto de ley por unanimidad que, como digo, lo que hace es otorgar este honor del Estado de Chile a monseñor Abad por su presencia, trabajo y el respeto que con el resto de los dignatarios ha conseguido en nuestro país durante los últimos veinte años.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, me voy a pronunciar en favor de este proyecto de ley que concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, a monseñor Sergio Abad Antoun.
Los merecimientos de este sacerdote sobran: vida dedicada al culto y a ayudar a la gente, ejercicio pastoral y entrega a su grey, una gran labor social en favor de la comunidad.
Siempre el Estado chileno debería premiar a los extranjeros con esas virtudes. Al respecto, el artículo 63 de la Constitución Política de la República señala:
“Sólo son materias de ley:
5) Las que regulen honores públicos a los grandes servidores.”.
Los parlamentarios y el Ejecutivo somos quienes ofrecemos y entregamos la nacionalidad chilena, por especial gracia, a estos personajes en este caso, a monseñor Sergio Abad Antoun, por sus méritos, sus grandes obras y aportes a la patria, a la sociedad y al pueblo. Ellos no lo piden, sino que nosotros se la concedemos por especial gracia.
Desde 1990, he participado en 55 proyectos de ley que le han otorgado la nacionalidad chilena, por especial gracia, a 55 personajes relevantes en la historia de nuestro país. En este caso, sin duda ha sido de justicia, ya que está a la misma altura de quienes ya obtuvieron la nacionalidad chilena, por especial gracia, por ejemplo, Andrés Bello , Ignacio Domeyko , Claude Gay , Gabriel Ocampo , Juan Noé , Gustavo Le Paige y a tantos otros. Esto no hace más que confirmar que siempre ha habido personas dispuestas a servir a la gente y a nuestra patria.
No escapa a esta situación don Sergio Abad Antoun , hombre religioso que ha sobresalido por su total entrega al ejercicio pastoral. Su iglesia está formada mayoritariamente por ciudadanos de ascendencia árabe y griega, a quienes ha evangelizado con entusiasmo, dedicación, sacrificio y esfuerzo, transmitiéndoles cultura, historia y tantas otras cosas.
Por eso, el Congreso Nacional debe otorgarle a monseñor Sergio Abad este honor establecido en el N° 4 del artículo 10 de la Constitución Política, que dispone: “Son chilenos: 4° Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley.” Cuando el Estado les otorga este beneficio, las personas no pierden su nacionalidad de origen, siguen gozando de ella.
Monseñor Sergio Abad cumple con todos los requisitos y condiciones establecidos por las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara y del Senado: larga permanencia en el país, alrededor de 23 años, tiene 81 años de edad y ha realizado una gran labor social y no de lucro. De manera que me voy a pronunciar claramente y con mucho gusto en favor de concederle, por especial gracia, la nacionalidad chilena a monseñor Sergio Abad Antoun , por sus merecimientos, porque se justifica plenamente y porque ha entregado toda una vida, sacrificada y honorable, al servicio de la gente y de su grey. Es decir, ha sido una figura que ha sobresalido como líder en la comunidad y como un hombre especial y excepcional, como lo son todas las personas a las cuales hemos privilegiado con este beneficio constitucional que concede el Estado.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES.- Señor Presidente , naturalmente vamos a votar a favor del otorgamiento de la nacionalidad chilena a monseñor Sergio Abad .
Se trata de un árabe que ha vivido en nuestro país por casi 23 años, vicario de la Iglesia Ortodoxa. Es conocido no sólo por su cristiandad, sino también por su respeto a nuestra institucionalidad.
Si los honorables diputados hacen memoria de los grandes actos institucionales -ceremonias en que se van marcando los hitos del Estado de Chile y de la patria- que se han celebrado año tras año en nuestro país, tales como la transmisión del mando y el mensaje del 21 de Mayo del Presidente de la República , recordarán a monseñor Sergio Abad , en primera fila, al lado de los jefes de las iglesias invitados, con su bastón de mando, con empuñadura de pedrería oriental, puntualmente, valorando lo que significa ser chileno.
En un Tedeum, al lado del arzobispo de Santiago , tuve la posibilidad de escucharlo cantar. Por lo demás, ambos conocemos a Sergio Abad . Recuerdo que monseñor Francisco Javier Errázuriz , al comentar sobre el canto del vicario ortodoxo, a quien le entregaremos la nacionalidad chilena, me decía que no sólo era un gran cantante, sino, además, un gran mariano, porque le gustaba cantarle a la virgen. Él cultiva esa tradición del canto oriental porque pertenece a la iglesia cristiana original. Con el paso de los años, la Iglesia Católica se instaló en Roma, produciéndose la división entre la Iglesia de Oriente y la de Roma. En muchas oportunidades, el ecumenismo de monseñor Abad y de la Iglesia Ortodoxa lo han llevado a cantar en la Catedral de Santiago.
Cuando llegaron a Chile, los cristianos ortodoxos no fomentaron la rivalidad con la Iglesia Católica. Monseñor Sergio Abad tampoco, porque representa la conducta cristiana de los árabes que llegaron a Chile a fines del siglo XIX y durante el transcurso del siglo XX, de no ser antagonistas con el catolicismo ni con religión alguna.
Los árabes que llegaron a Chile a fines de 1800 y durante toda la primera mitad del siglo XX eran de una zona predominantemente cristiana. Y no lo digo por antagonismo con los musulmanes; es la verdad. Los descendientes de árabes que llegaron a Chile no son musulmanes, sino cristianos. En ese entonces, eran alrededor del 98 ó 99 por ciento. En la actualidad, los musulmanes son entre 2 y 5 por ciento, pero, los que llegaron, es decir, los antecesores de monseñor Abad, eran cristianos.
Decía que él es heredero de esa conducta no antagónica con la cristiandad romana, la cual se mantuvo, precisamente, porque tenían la convicción de que la iglesia de Jesucristo se había originado en Oriente, en esos pueblos donde se cuida el Santo Sepulcro . Son los hermanos de Sergio Abad, los de la Iglesia Cristiana Ortodoxa, los católicos de Oriente, los que cuidan el Santo Sepulcro, incluso, con el consentimiento de Roma.
Así es la hermandad permanente. De allí es esa gran mayoría de descendientes de árabes, de palestinos, que viven en Chile; es el pueblo donde nació Jesucristo, Bethlehem, o Belén, en castellano; Bethyala, Beth Zahur , es decir, los pueblos en los cuales se originó la cristiandad. Monseñor Sergio Abad representa, precisamente, a esa cristiandad y a la Iglesia Ortodoxa de Chile, formada por descendientes y no descendientes de árabes. Son los que van a la Iglesia de San Jorge, patrono de la Iglesia Ortodoxa, que mató al dragón y que es el mártir de los ortodoxos.
La Iglesia de San Jorge está en Santa Filomena con Patronato, en pleno corazón de Santiago; hay otra en Pedro de Valdivia con Providencia, con los íconos pintados de dorado, con los mismos que un chileno, Juan Echeñique , extraordinario pintor, adornó los distintos templos ortodoxos. Los sacerdotes chilenos, algunos de origen árabe y otros no, son los que han dado origen a esta presencia chilena.
Entonces, desde el punto de vista de la integración cultural, religiosa y racial de pueblos -ya cuatro o cinco generaciones- que vinieron a hacer patria a Chile, es casi natural concederle la nacionalidad chilena a monseñor Sergio Abad . Él es parte de eso, no sólo de su iglesia, sino también de las tradiciones de esos árabes que llegaron a poblar nuestro país.
Él dice, como lo han expresado tantos descendientes de árabes: “Quiero ser chileno”. Nuestros antepasados quisieron ser chilenos, y los que somos descendientes de árabes, tercera o cuarta generación, somos profundamente chilenos, y varios hemos sido elegidos, en tanto chilenos, para estar en la Cámara como sus representantes.
Pero, hay otros que se integraron de tal manera, con total ausencia de antagonismo, desde el punto de vista cultural y religioso, que de inmediato sus padres razonaron: Estamos acá en Chile y no hay una iglesia ortodoxa, ni un monseñor Sergio Abad , ni un vicario de la misma. Entonces, ¿con quién debemos estar? Como en el Oriente y en el Cercano Oriente la gente es profundamente religiosa, optaron por integrarse a la Iglesia Católica, Apostólica Romana .
Don Antonio Valech Haddad , ortodoxo de origen sirio, padre de Sergio Valech , permitió que su hijo entrara al Seminario de la Iglesia Católica , donde terminó siendo obispo. Lo mismo pasa con el padre Fernando Chomalí , obispo auxiliar de Santiago, cuyo padre también proviene de las zonas de Bethyala, Bethlehem y Beth Zahur . Hoy, es profundamente chileno y obispo de la Iglesia Católica. Raúl Hasbún -con otra mirada- también se inclina por la Iglesia Católica.
Lo curioso es que estamos pidiendo la nacionalidad chilena para monseñor Abad y el padre Raúl Féres , otro sacerdote cuya familia es de origen árabe y ortodoxo se incorpora a la Iglesia Católica y se transforma en guardián de un templo patriótico chileno. Abad pide la nacionalidad chilena y Féres cuida el Templo Votivo de Maipú como rector. Eso demuestra el profundo patriotismo de estos descendientes de árabes que se integraron al catolicismo romano y al patriotismo chileno.
La Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa está profundamente integrada a Chile. Por eso ha sido tan fácil que el Senado le entregara la nacionalidad chilena a monseñor Sergio Abad , es probable que también lo sea en la Cámara, justamente por la naturalidad con que los árabes ortodoxos se integraron a la cultura nacional y se quedaron en este país sin deseos de volver a tierra prometida alguna, aunque con el correr de los años ésta fue violentamente usurpada.
Vinieron aquí en son de paz, no a crear conflictos, en más de un siglo de presencia, nunca lo han hecho. Era y es gente de paz. Hoy monseñor Abad viene a pedir que le otorguemos la nacionalidad chilena.
Tengo la impresión de que con la decisión de la Cámara, ojalá por unanimidad, haremos un reconocimiento no sólo a Sergio Abad , sino a todo el país. Chile se haría un reconocimiento a sí mismo, porque durante siglos ha recibido a inmigrantes de todos los credos, nacionalidades y razas. Además, porque tiene sus puertas y brazos abiertos a todo el mundo.
Nunca fueron rechazados los parientes, amigos y coterráneos de monseñor Abad. Pueden haber tenido dificultades propias de un inmigrante no invitado, problemas para integrarse lentamente, pero en la actualidad lo están en plenitud, basados en las siguientes cuatro confianzas:
La primera, la generaron los árabes que llegaron haciendo comercio: la de vender y que les compraran, la de endeudarse, la de la relación comercial.
La segunda nace en los años 30, cuando los bancos les prestan plata, cuando construyen, cuando invierten, cuando los primeros que llegaron y sus descendientes comienzan a hacer industrias.
La tercera confianza se produce a fines de la década del 40 y en la del 50. Tiene que ver con la formación de profesionales, descendientes de árabes de segunda generación. El chileno recurre a un abogado, a un médico, a un oculista o a un dentista descendiente de árabes.
La confianza que los árabes logran en Chile en los años 40 y 50 es la de quienes instalan industrias y logran integrar en sus directorios a personas de distintos colores. Lo podemos comprobar con el Banco de Crédito e Inversiones de los años 50, conformado por el señor Cousiño , el presidente del Club de Golf, don Julio Durán , etcétera, distintas autoridades participan en la banca creada por Yarur, en las afueras de Santiago.
Cuando el Presidente Arturo Alessandri recorre esos lugares, ve que están construyendo algo en la zona sur de la capital del país y se pregunta que será; cree que es un estadio. Hace detener el auto, y le dicen que es una industria, lo que consideró una locura, porque estaba en la periferia de Santiago.
Se trataba de Yarur, que venía de las inversiones que había hecho con los Said en Bolivia, se apartó de esa línea para instalar esta industria. Ya conocemos la historia de las familias de ascendencia árabe Yarur , Sumar, Hirmas , Hasbún .
Confianza en el comerciante, primera confianza; en el industrial, segunda confianza, y en el profesional, tercera confianza.
La cuarta confianza que generan los descendientes de los árabes es quizás la que más me emociona: el chileno, como todos nosotros, los ve como chilenos, lo que pide monseñor Abad. Cuando en la cámara secreta, casi en penumbras, el ciudadano común y corriente opta por nombres de descendientes de árabes para el Congreso Nacional, esta eligiendo a chilenos.
Somos profundamente chilenos y representantes de todo lo que implica eso; reconocedores de nuestros ancestros, pero comprometidos con este país, como simbólicamente lo hizo Sergio Abad cuando cantó en el tedeum realizado en la Catedral de Santiago o cuando vino a las transmisiones de mando de los Presidentes de Chile. Me parece que es representante de la cuarta confianza de los descendientes de árabes.
Por tanto, pido votar favorablemente el proyecto que le concede, por especial, gracia la nacionalidad chilena.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Gustavo Hasbún.
El señor HASBÚN.- Señor presidente , después de lo planteado por el colega Patricio Hales , queda poco por decir. Sin embargo, quiero agregar que desde que monseñor Sergio Abad Antoun llegó a Chile se ha caracterizado por su preocupación por los pobres y por las personas más vulnerables de nuestro país.
Es impresionante el compromiso que tiene por con la justicia social e igualdad de condiciones. Ha tenido una inquietud permanente por los niños y jóvenes. Ha tratado por todos los medios de acercar a la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de la Santísima Virgen María a nuestra cultura. También ha sido un puente importante en el acercamiento de las distintas religiones y en la unidad que debía existir cuando se hablaba de la libertad de culto. Fue, y lo sigue siendo, uno de los principales actores para que en Chile existiera libertad de culto.
Por ello, el aporte de monseñor Abad es notable. Está de más referirme a su currículo desde que ingresó al sacerdocio. Se ha caracterizado por ser una persona preocupada por lo que sucede no sólo en el ámbito nacional, al cual se ha integrado de manera excepcional sino también en el internacional. Ha mantenido una bandera de lucha permanente por la democracia y por valores que se perdieron durante mucho tiempo, y que dicen relación con la justicia social, con la equidad y con la igualdad de condiciones, que tanta falta hacen a sociedades como la nuestra.
Sin duda, una persona que nace en Siria y que tuvo que trabajar en distintos países, demuestra claramente el sentimiento que tiene por Chile.
Hace más de 22 años que reside en nuestro país y a todas luces ha actuado en forma bastante responsable. Cree en nuestra institucionalidad y se siente chileno. Por lo tanto, no es sólo un reconocimiento a monseñor Abad, sino a todos aquellos extranjeros que han venido a Chile, han trabajado y aportado un grano de arena para que nuestro país sea más justo, más solidario, más respetuoso y tolerante de la diversidad.
Sin duda, la señal que puede dar la Cámara de Diputados es premiar a todos aquellos que, de una u otra forma de modo permanente e incansable, contribuyen a mejorar nuestra calidad de vida y a que Chile sea un país mucho más justo.
Por lo tanto, espero que aprobemos el proyecto en discusión, que significa un reconocimiento no sólo a monseñor Abad, sino también a muchos extranjeros que, con su continuo trabajo quieren hacer de Chile un país distinto.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , quiero sumar mi voto favorable al proyecto que concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, a monseñor Sergio Abad , actual arzobispo metropolitano de la Iglesia Ortodoxa.
Este reconocimiento, como bien dijo el diputado Hales -a quien aprovecho la oportunidad de agradecer sus palabras, por cuanto su intervención ha sido un baño de cultura de lo que esto significa- es al pueblo palestino, a los árabes que han llegado a nuestro país a hacer patria y se han unido a la sangre chilena para formar una sola nación. Al respecto, el Gobierno actual ha reconocido al Estado palestino, aunque sin límites, lo que, sin duda, constituye un avance en la línea de buscar la paz y la fraternidad entre los pueblos.
Es un reconocimiento para todos quienes están detrás de monseñor Abad, para esa colonia que no sólo está formada por palestinos, sino también por sirios, libaneses, griegos y personas de otros pueblos que se han incorporado a nuestra comunidad.
Esta nacionalidad por especial gracia que se ha otorgado a otros destacados ciudadanos, como a monseñor Ricardo Ezzati , que recordaba el diputado señor Ojeda , quien primero fue obispo de la ciudad de Valdivia, posteriormente de Concepción y hoy de Santiago, ha demostrado que este Congreso no se ha equivocado al conceder la nacionalidad chilena, por especial gracia, a extranjeros que se han destacado por su labor en nuestro país, como es la que ha desarrollado monseñor Sergio Abad , quien, como se ha dicho, se ha destacado por su ecumenismo, por su espíritu solidario y de solicitud hacia los más pobres y por representar a una comunidad que se ha incorporado plenamente al país. Por lo tanto, es un acto natural.
Quiero destacar que monseñor Abad representa a una cierta religiosidad tradicional del mundo oriental, que no se agota en él, puesto que el mundo árabe en nuestro país es bastante más diverso, como los descendientes de musulmanes que han compartido y convivido con ellos en plena fraternidad.
Por las razones expuestas, llamo a aprobar por unanimidad el proyecto que concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, a monseñor Sergio Abad . Quizá, uno de sus grandes valores, más allá de las legítimas diferencias religiosas, es que ha sido un hombre ecuménico que ha compartido con todas las expresiones religiosas de nuestro país, por ejemplo, con la musulmana, que siempre es tildada, a veces injustamente, de fundamentalista, pero que ha dado muestras, al igual que el mundo árabe y católico, de integrarse plenamente a nuestra patria, sin fanatismos ni divisiones de ninguna especie.
Como ha dicho el diputado señor Hales , es un acto natural y un reconocimiento a todo el pueblo palestino y árabe que se ha integrado a nuestro país y ha hecho grandes aportes al mundo de la cultura, de los negocios y de la política.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , intervengo con la finalidad de apoyar este proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores Chahuán , Tuma y Sabag , por medio del cual se propone otorgar la nacionalidad, por especial gracia, a don Sergio Abad Antoun , actual obispo metropolitano de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de la Santísima Virgen María, dependiente del Patriarcado de Antioquía.
Monseñor Abad, que dentro de la jerarquía de su iglesia, tiene la dignidad de un cardenal de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, además de merecidos méritos para hacerse acreedor a esta gracia del Estado chileno por sus enormes aportes al país, en especial al desarrollo del espíritu de una gran comunidad de chilenos y extranjeros que integran la Iglesia Ortodoxa, especialmente de comunidades de ascendencia griega y árabe.
En efecto, monseñor Abad, habiendo nacido en Antioquía, Siria , en 1930, se radicó en Chile en 1988 e inició un largo trabajo pastoral para atender a su grey, pero, al mismo tiempo, propició los valores del ecumenismo religioso. Este fenómeno de origen religioso tiene trascendencia social y cuando lleva implícito los valores del respeto a la diversidad, el hermanamiento en quienes, con distintas opciones religiosas, son capaces de promover la unidad, la solidaridad y la integración, hace la diferencia.
Monseñor Abad ha sido un gran colaborador de las autoridades públicas chilenas. Desde el ejercicio de su ministerio religioso ha estado dispuesto a apoyar todas las iniciativas que han promovido la reconciliación nacional tras el duro período de enfrentamiento político; asimismo, siempre ha estado presente en las cruzadas humanitarias y solidarias con las cuales nuestro país a hecho frente a los desafíos que nos impone la naturaleza.
En especial, quiero destacar el aporte realizado en la acogida a los refugiados palestinos, que fueron recibidos por él y por el Estado chileno. Incluso, ha dispuesto que las iglesias de su diócesis estén abiertas para darles socorro, auxilio y compañía. Solidaridad que ha extendido a otros migrantes, profesen o no su religión.
Señor Presidente , estos dos hechos, su labor humanitaria y su protagonismo en el trabajo por el ecumenismo religioso, son motivos más que suficientes para hacerse acreedor a esta gracia, que sólo es posible otorgar por medio de una ley de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, número 4°, de nuestra Carta Fundamental.
Desde ya, anuncio mi voto favorable a esta moción y solicito a la Honorable Cámara valorar estos méritos excepcionales de Monseñor Abad y darle a él, a su Iglesia y a su gran comunidad de feligreses, la alegría de este reconocimiento a un hombre que vino desde las lejanas tierras de Oriente, trayendo consigo un mensaje de paz, amor y reconciliación entre los chilenos.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada Marcela Sabat.
La señorita SABAT (doña Marcela).- Señor Presidente, me quiero sumar a las palabras de los diputados que tan bien me han antecedido en el uso de la palabra.
Me siento muy orgullosa de tener sangre árabe, de pertenecer a este grupo chileno-parlamentario y observar con este mismo sentimiento de orgullo una manifestación transversal para otorgar la nacionalidad chilena, por especial gracia, a monseñor Abad.
Por lo tanto, en nombre de mi bancada, anuncio mi voto favorable a la iniciativa, e insto a la honorable Cámara a dar su unanimidad.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.- Señor Presidente , nada puede ser más grato para mí que anunciar el voto favorable de la bancada del Partido Radical al proyecto de ley que concede la nacionalidad chilena a monseñor Sergio Abad Antoun .
El Partido Radical luchó por un Estado laico, donde el hombre libre puede ejercer su libertad religiosa y donde todos pueden desempeñarse en la sociedad bajo ese principio. Mi partido, que se ha caracterizado por defender el pluralismo, pretende que las ideas se expresen con sentido de tolerancia y respeto a las personas.
En razón de lo anterior, no me cabe la menor duda de que este proyecto de ley va a ser aprobado por unanimidad, ya que monseñor Abad representa todo lo señalado con tanta fuerza por mi colega Patricio Hales.
En mis tiempos de estudiante universitario, pude comprobar la importancia de la colonia árabe en el desarrollo del comercio. En todas las comunas, y también en Santiago, hemos visto la labor de los comerciantes árabes. Pero, los árabes se han destacado no sólo en el comercio, sino también en el desarrollo de la banca y de la industria.
Como médico, quiero hacer presente la importancia de esa colonia en su aporte de profesionales en medicina y actividades afines a nuestro país.
Bastante relevancia ha tenido monseñor Abad en su labor por el ecumenismo. Por supuesto, está relacionado con lo señalado respecto del pluralismo, la tolerancia y la libertad de cultos. Como personas necesitamos desarrollarnos en forma integral, es decir, en lo físico, mental, espiritual, social y cultural.
El rol de monseñor Abad en el mundo religioso, especialmente respecto del ecumenismo, lo hemos podido comprobar por su participación tanto en actividades religiosas como institucionales.
Creo interpretar a la mayoría de mis colegas al apoyar este proyecto de ley que, espero, aprobemos por unanimidad. Ello, porque reafirma los principios que hemos sostenido como radicales, y porque destaca el significado de monseñor Abad, tanto para el mundo espiritual como para la colonia árabe en el desarrollo de nuestra sociedad.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que concede la nacionalidad chilena por especial gracia al señor Sergio Abad Antoun.
Hago presente a las señoras diputadas y a los señores diputados que las normas del proyecto son propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular.
Despachado el proyecto.
INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE LOS PROCESOS DE APROBACIÓN DE PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS Y ENERGÉTICOS POR LAS COREMAS EN CADA UNA DE LAS REGIONES.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Corresponde conocer el informe de la Comisión Investigadora de los procesos de aprobación de proyectos hidroeléctricos y energéticos por parte de las Comisiones Regionales del Medio Ambiente, Coremas, en cada una de las regiones del país.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Investigadora, sesión 111ª, en 14 de diciembre de 2010. Documentos de la Cuenta N° 4.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Para rendir el informe de dicha Comisión, tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Pérez.
El señor PÉREZ, don Leopoldo (de pie).- Señor Presidente , en mi calidad de diputado informante de la Comisión Investigadora del tema que nos ocupa, informo sobre el trabajo efectuado por ella, en cumplimiento del mandato otorgado por la Sala de la Corporación.
La Comisión estuvo integrada por los diputados señores Enrique Accorsi , Pedro Álvarez-Salamanca , Roberto Delmastro , Alfonso De Urresti , Roberto León, Juan Lobos , Leopoldo Pérez, Alberto Robles , David Sandoval , Patricio Vallespín , Gastón Von Mühlenbronck , y por la diputada señora Cristina Girardi . Ejerció como presidente el diputado señor Eugenio Bauer .
Hago presente que se acordó, por la unanimidad de la Comisión, considerar el trabajo realizado por la anterior Comisión Investigadora de esta materia. Dicha Comisión se constituyó en abril de 2009, habiendo caducado su mandato por cambio de período
legislativo, sin haber emitido un informe respecto de la labor realizada.
Como antecedente previo, es necesario tener presente que, desde enero de 2010, se encuentra vigente la ley Nº 20.417, que creó el Ministerio del Medio Ambiente, Secretaría de Estado que tiene como objetivo principal colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y recursos naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.
La organización de este Ministerio está conformada por el Ministerio del Medio Ambiente, subsecretarías, secretarías regionales ministeriales, el consejo consultivo nacional y los consejos consultivos regionales.
Asimismo, se creó la Superintendencia del Medio Ambiente. Como su nombre lo indica, es una institución fiscalizadora que tiene como funciones básicas las de ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las resoluciones de calificación ambiental, de las medidas de los planes de prevención y/o descontaminación ambiental; del contenido de las normas de calidad ambiental y de emisión, y de los planes de manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley.
Además, la nueva institucionalidad ambiental consideró la creación del Servicio de Evaluación Ambiental, que tiene a su cargo el Sistema de Evaluación Ambiental y la creación de los tribunales ambientales, órganos jurisdiccionales especiales sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuya función es resolver las controversias y ocuparse de las demás materias ambientales que la ley somete a su conocimiento.
Por consiguiente, la entrada en funcionamiento de esta nueva institucionalidad ambiental derogó de pleno derecho a la Comisión Nacional del Medio Ambiente y, por ende, a las Coremas, que fueron reemplazadas por las Comisiones de Evaluación.
Consideraciones y conclusiones
En consideración a la labor realizada, tanto por la Comisión Investigadora constituida en la legislatura anterior, como por la actual, las intervenciones de los diversos invitados, los antecedentes proporcionados, los informes recopilados y el mandato otorgado por la honorable Cámara, en orden a investigar los procesos de aprobación de proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos por parte de las Comisiones Regionales del Medio Ambiente, Coremas , en cada una de las regiones del país, se aprobaron por la unanimidad de los diputados miembros, con excepción de la conclusión cuarta, que fue aprobada por mayoría de votos.
A continuación, expongo las consideraciones y conclusiones.
Primero, en virtud de la legislación vigente, es el Estado el encargado de velar porque los proyectos de generación energéticas sean adecuadamente evaluados, protegiendo, de esta manera, el medio ambiente y asegurando la competitividad de la economía del país. En esto, sin duda, las Coremas juegan un rol fundamental.
En tal contexto, resulta indispensable determinar claramente las normas vinculadas a los proyectos de inversión; es decir, especificar los impactos ambientales permitidos y su mitigaciones, disposiciones que se deben actualizar en forma permanente.
Este proceso de regulación debe conjugar varios aspectos, como la disponibilidad de la tecnología, sus costos y las condiciones del medio ambiente.
Es un hecho que no existen desarrollos inocuos en materia ambiental; sin embargo, hay que tener presente el derecho consagrado constitucionalmente a vivir en un medio libre de contaminación.
Segundo, es indispensable fomentar la eficiencia en el uso de la energía, única solución que permitirá satisfacer las necesidades energéticas crecientes del país al menor costo medioambiental posible, así como buscar fórmulas para impulsar las fuentes de generación que ocasionen menores impactos en el medio ambiente. Ejemplo de ello lo constituye la normativa que obliga a que un porcentaje del total de la matriz energética sea producido por energías renovables no convencionales y la franquicia tributaria establecida para la instalación de colectores solares.
Tercero, es necesario contar, al momento de la evaluación de un proyecto, con toda la información necesaria para garantizar que su aprobación cumpla con la totalidad de la normativa exigible en la materia. El Estado, a través de sus organismos, debe contar con la capacidad de exigir, a los proyectos que no cumplan con el estándar medioambiental dispuesto por el ordenamiento jurídico, las modificaciones adecuadas para su cumplimiento y, en caso de que ello no sea posible, con la competencia y la capacidad para rechazarlos. Asimismo, la evaluación debe ser oportuna; es decir, tiene la difícil misión de armonizar sustentabilidad, rigurosidad y eficiencia con la necesidad de contar con la energía que la economía demanda en el momento en que es requerida.
Cuarto, los organismos implicados en estos procesos evaluativos, y los demás competentes, deben poseer la capacidad de verificar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente, una vez que un proyecto comience a operar.
Quinto, del análisis de las exposiciones de los invitados a la Comisión, se pudo concluir que en la evaluación de proyectos energéticos llevada a cabo por las distintas Coremas , con anterioridad a la entrada en funcionamiento de la nueva institucionalidad ambiental, la legislación que regula esta materia ha quedado obsoleta, en especial la relativa a las declaraciones y estudios de impacto ambiental, procesos que deben dar cuenta de la evaluación de proyectos industriales de alta complejidad.
Sexto, se aseveró en la Comisión que en varios de los procesos de evaluación de proyectos de generación energética se pasaron a llevar los derechos de comunidades afectadas, sin que pudieran participar en el proceso evaluativo, como sería el caso de la central hidroeléctrica Trupán, ubicada en la comuna de Laja.
Séptimo, asimismo, se sugirió que se han otorgado, de manera inorgánica, derechos de aprovechamiento de aguas sobre ríos, lo que ha producido una sobreexplotación de los recursos hídricos y desconocimiento de derechos de aguas previamente otorgados, con todos los impactos negativos que ello puede acarrear.
Es así como algunos proyectos hidroeléctricos causarían conflictos entre los derechos de los regantes y los otorgados a las centrales, indispensables para su operación. Ello se debe a la inexistencia de una visión sistémica en la materia que, en muchos casos, genera que los cursos de agua, donde se instala una de estas plantas, terminan casi secos y sin capacidad de satisfacer necesidades de riego, lo que provoca, además, daños irreparables en la industria turística que se sustenta en la atracción del río y su belleza escénica.
Octavo, se denunciaron en la Comisión arbitrariedades en los cambios de los planes reguladores y uso del suelo, instrumentos de organización territorial fundamentales para un armónico desarrollo. Es el caso de la central termoeléctrica Campiche , ubicada en las cercanías de la comuna de Puchuncaví. Ello se vería agravado por estar las comunas de Puchuncaví y Quintero , desde 1992, declaradas zonas saturadas por material particulado PMO-10 y sujetas, por lo mismo, a un plan de descontaminación que no se ha cumplido. Pese a esto, la Corema respectiva habría aprobado, desde entonces, más de veinte proyectos nuevos en la zona.
Conclusiones y proposiciones de la Comisión.
Primero, no existe una política de medio ambiente que permita aunar planteamientos y consensuar una visión global sobre la materia. Ello se expresa en el otorgamiento inorgánico de derechos de aprovechamiento de aguas, superponiéndolos unos a otros y provocando el desconocimiento de legítimos derechos.
Si bien se crearon instrumentos que promueven la producción de energías renovables no convencionales y otros que establecen franquicias tributarias a los colectores solares, parece indesmentible que no existe una visión consensuada en términos normativos. Esto, sin duda, viene a ser resuelto con la creación del Ministerio del Medio Ambiente, órgano que por su naturaleza tiene como facultad plantear políticas públicas.
Es deseable que su puesta en marcha facilite la coherencia entre sus políticas y los órganos partícipes de la orgánica ambiental. La nueva institucionalidad en materia medioambiental también incluye la creación de los tribunales ambientales, cuya misión es hacer justicia sobre situaciones de conflictos y agravios que deben ser resueltos por un órgano especializado.
Segundo, resulta del todo indispensable crear un órgano que genere las condiciones necesarias para armonizar criterios de aplicación del marco regulatorio medioambiental en las respectivas Coremas , actual Comisión de Evaluación, a la vez que fiscalice el correcto cumplimiento de la ley por parte de los distintos actores del sistema.
No se puede desconocer que, en un afán de modernización, la creación de una Superintendencia del Medio Ambiente contribuirá a verificar la efectiva observancia del ordenamiento que impera en la materia.
No obstante, es preocupante la falta de definición en algunas materias medioambientales. Por ello es indispensable contar con una legislación de calidad para que la nueva institucionalidad ambiental pueda cumplir sus objetivos con eficacia.
Tercero, otro ámbito necesario de ser analizado dice relación con la capacidad técnica y analítica del Sistema de Evaluación Ambiental, pues ello merma la legitimidad del sistema y origina una excesiva judicialización e ineficiencia del mismo.
Es imprescindible contar con órganos con competencia ambiental capaces de integrar toda la información disponible, puesto que para lograr un buen desarrollo medioambiental es fundamental hacer “cruces” de todos los antecedentes y normas que regulan un determinado proceso de evaluación.
Contar con evaluaciones de primer orden, a nivel local y central, constituye un desafío para el país, pues el desarrollo sustentable y sostenido debe contar con una política medioambiental acorde con el mundo actual.
Cuarto, la legislación vigente debe sancionar en forma severa las irregularidades que se presenten en la tramitación de los proyectos, en especial de generación eléctrica, ya que situaciones como el examen realizado por el Servicio Nacional de Geología y Minería del proyecto de la central hidroeléctrica de San Pedro, región de Los Ríos, en que el estudio fue efectuado por un ingeniero en minas y no por un geólogo, en circunstancias de que la central se ubicaría entre dos fallas geológicas -información que fue proporcionada por la propia empresa en el estudio de impacto ambiental-, no pueden volver a repetirse.
La nueva institucionalidad medioambiental, en especial la Superintendencia y los tribunales ambientales, debieran poner término a este tipo de situaciones ejerciendo un mayor control en estos procedimientos.
Quinto, es impostergable transparentar los procesos de cambio en los planos reguladores; de lo contrario, persistirán las suspicacias respecto de modificaciones a los usos del suelo, en cuanto a que, aparentemente, se harían para favorecer determinados intereses particulares.
Se recomienda someter tales cambios a la evaluación de un ente técnico independiente, con capacidad de integrar toda la información disponible, mediante instrumentos de planificación territorial, para resolver el tema en beneficio de toda la comunidad y no en el de unos pocos interesados.
Sexto, si bien la Comisión valora el anuncio de que se efectuará un estudio de zonificación del país que permita establecer lugares donde se puedan instalar determinadas actividades económicas, estima conveniente avanzar, a la brevedad, en una planificación del territorio nacional que consigne la zonificación para el establecimiento de actividades necesarias para su desarrollo que puedan ser “molestas o contaminantes”.
Séptimo, asimismo, es necesario corregir, precisar y, en definitiva, aplicar correctamente las normas que determinan los proyectos que pueden ingresar al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental por la vía de declaración o de estudio de impacto ambiental.
De los testimonios recibidos en la Comisión se pudo concluir que en este ámbito existen importantes deficiencias que permiten burlar la norma, con la finalidad de obtener resoluciones aprobatorias bajo el velo de una aparente legalidad.
Como es sabido, la declaración de impacto ambiental es menos exigente que el estudio de impacto ambiental, por cuanto requiere la presentación de los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, característica o circunstancias del artículo 11 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que puedan dar origen a la necesidad de efectuar un estudio de impacto ambiental, y no estudios que justifiquen que no ocasionarán algunos de los efectos enumerados en el citado artículo 11.
Octavo, es fundamental contar con una visión integral y sistemática del tema, aún cuando ello resulte complejo. Es indispensable transitar en la dirección de lograr una mejor coordinación entre la antigua Corema , actual Comisión de Evaluación Ambiental, y la Dirección General de Aguas, por ejemplo. La descoordinación entre ambas ha vulnerado los legítimos derechos y garantías de los propietarios de derechos de aguas en determinados ríos.
En este sentido, el buen desarrollo de Chile requiere disponer de instancias capaces de consolidar información, analizarla de manera integrada, generar índices y parámetros de medición y, finalmente, resolver acorde con la realidad local y nacional, reconociendo que ello es difícil de lograr tratándose de materias medioambientales.
Noveno, la Comisión estimó necesario dar estricto cumplimiento al Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre pueblos indígenas y tribales, por lo que era preciso establecer un mecanismo de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, así como de los sitios ancestrales en la evaluación de los proyectos medioambientales.
Décimo, finalmente, la Comisión consideró conveniente solicitar al Presidente de la República la elaboración de una iniciativa legal que aborde el tema de las compensaciones, con el objeto de trasparentar la actual situación, que permite que las empresas efectúen convenios con parte de la comunidad. Para ello, debiera contemplarse un sistema de patentes que beneficie a la comuna, provincia o región donde se desarrolle un proyecto con repercusiones medioambientales.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Iniciando el debate, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , esta comisión investigadora se encargó de evaluar los procesos de aprobación de proyectos energéticos, principalmente contaminantes.
Lo primero que tengo que decir es que no existe proyecto energético más contaminante que una central termoeléctrica. Tengo la impresión que no hay industria más contaminante que una central termoeléctrica. Sin embargo, desde hace mucho tiempo se las construye a lo largo de todo el país, con el subterfugio de que no son contaminantes, sino sólo molestas desde el punto de vista de la territorialidad y de la evaluación que hacen las autoridades en la materia.
En el último tiempo, las centrales termoeléctricas han debido presentar estudios de impacto ambiental. Al parecer, todas son blancas palomas y desarrollan su acción sin contaminar mayormente a las comunidades en las cuales se instalan.
Lo peor es que quien decide donde se instala una central termoeléctrica no es la autoridad, sino el mercado. Es la persona que desea invertir en una termoeléctrica la que decide donde desarrollar su proyecto, la que define el lugar de emplazamiento más propicio para lograr ese fin. Tal es así, que en ocasiones el inversionista logra el cambio del uso del suelo.
Las centrales termoeléctricas se ubican principalmente cerca del mar, sobre todo las más grandes. Por lo tanto, requieren permisos y autorizaciones de distinta naturaleza. Sin embargo, con el actual sistema de evaluación, al final de cuentas todos están obligados a otorgar permisos a industrias altamente contaminantes, porque son las antiguas coremas, órganos eminentemente políticos, las que deciden la instalación de las centrales.
Un hecho concreto es la Central Termoeléctrica Barrancones, en Punta de Choros, Cuarta Región, proyecto que fue aprobado por la unanimidad de la Corema, poniendo en jaque la biodiversidad marina en toda la región. Sin embargo, independientemente de cualquier argumento que haya entregado la comunidad de la Región de Coquimbo, los organismos políticos del gobierno actual aprueban la instalación de esta termoeléctrica, sin ningún otro tipo de consideración más que el estudio de impacto ambiental que la empresa dueña del proyecto entrega a las autoridades, instrumento de evaluación que elaboran empresas que responden a los intereses de quienes las contratan. Por lo tanto, el ente evaluador nunca va a determinar que tal o cual central termoeléctrica es contaminante.
¿Qué ocurrió en este caso? El Presidente de la República , ante el clamor popular, ante el clamor de mucha gente que salió a defender este patrimonio de Chile, ese valioso ecosistema marino, decide apelar a la buena voluntad de los empresarios para que se desistan de realizar el proyecto. Esta es la mejor demostración de una institucionalidad ambiental extraordinariamente frágil, tan frágil como lo que tenemos en mi Región de Atacama. Desde hace bastante tiempo estamos pidiendo que el puerto de Huasco sea declarado zona saturada por material particulado. Sin embargo, el actual consejo de ministros, que es el órgano que toma la decisión, brilla por su ausencia. El silencio acompaña a este proceso desde el gobierno pasado.
Pero tenemos otros hechos concretos. Hace unos meses se aprobó la quinta ampliación de la Termoeléctrica Guacolda. Está el proyecto de la Central Termoeléctrica Punta Alcalde, y no me cabe duda de que el gobierno actual quiere aprobar su emplazamiento en el mismo sector que estamos pidiendo que sea declarado como reserva ambiental.
Y qué decir de la Central Termoeléctrica Castilla. En este proyecto llama extraordinariamente la actuación de la Corema de la Región de Atacama.
Esa Comisión se constituyó en enero o febrero de 2009. En su oportunidad, no se le permitió votar este proyecto, y no se le permitió por una maniobra administrativa, por un acuerdo o -digámoslo con todas sus letras- por la omisión de trabajo del entonces director de la Conama , el señor Sapag , quien guardó los documentos en el cajón izquierdo de su escritorio y no los vio hasta que, quien supuestamente sería el subsecretario de Medio Ambiente del gobierno actual, renunció.
Desde el punto de vista del Estado, el de la Central Termoeléctrica Castila es un tema extraordinariamente serio. Por primera vez, un seremi de Salud declara que está ante una industria contaminante, calificación que determina después de realizar una completa evaluación, incluso del estudio que le presentó la empresa. Por lo tanto, el proyecto está paralizado, porque no se puede instalar en lugares donde no se permiten empresas contaminantes. La Corte Suprema se pronunció al respecto y la empresa dueña del proyecto volvió a presentar un requerimiento ante la autoridad sanitaria, para que todo vuelva a fojas cero, para cambiar la calificación de impacto ambiental de contaminante, de manera de avanzar en este proyecto que, al parecer, es muy importante para el nivel central.
El problema es serio. Las coremas, como órganos políticos, sólo obedecen a la indicación política del gobierno central. Ya lo vimos en el gobierno pasado, cuando el entonces ministro de Vivienda señor Ravinet destituyó a un seremi de Valparaíso porque no le gustó como votó en una sesión de la Corema. Repito, las coremas, los intendentes y los gobernadores son presos del sistema político y votan lo que el sistema político imperante o las autoridades políticas del momento determinan, y lo seguirán haciendo. Pienso que el Presidente Piñera debiera ser claro y decir: “Yo quiero que se construya la Central Termoeléctrica Castilla. He dado las instrucciones para que se construya”. Así operan el intendente, los gobernadores y todos los seremis en mi Región de Atacama.
Aquí tenemos un tema importante para el país y el Estado. Entiendo que, en el sistema energético, existe capacidad para evaluar la demanda de energía que tenemos ahora y la que vamos a tener en los próximos 10 ó 20 años. Está la posibilidad de estudiar la demanda energética del país y me parece absolutamente necesario planificar la matriz energética.
Ahora, cuando hablo de planificar la matriz energética, me refiero a cuántas centrales hidroeléctricas vamos a tener y dónde las vamos a construir, desde el punto de vista de la planificación del Estado. Si vamos a tener centrales hidroeléctricas, de acuerdo, pero se necesita saber cuántas vamos a tener, dónde las vamos a colocar -no por decisión del mercado, sino que por decisión del Estado- y qué territorio vamos a afectar. Y si vamos a afectar, determinemos en qué territorios vamos a colocar las centrales hidroeléctricas, bajo licitación, como se hace hoy en Brasil.
Si vamos a planificar una matriz energética, ésta debe ser sustentable, renovable no convencional, con centrales solares. Como Estado, invirtamos en el desarrollo de energía sustentable en el futuro. Pongamos plata, sustento económico desde el Estado, para invertir en know how, en tecnología, para que Chile se convierta en uno de los principales exportadores de tecnología solar en el futuro. Coloquemos, desde ya platas para que haya energía solar en el norte de Chile, por ejemplo, en Atacama. ¿Por qué no?
Por otra parte, discutamos de verdad sobre la energía nuclear. Entiendo que la energía nuclear es extraordinariamente peligrosa, pero es una energía limpia que no produce la contaminación emanada de las termoeléctricas. Estoy disponible para la discusión sobre tener energía nuclear en Chile y determinar vastas zonas del país que no tengan gran cantidad de habitantes. Haciendo las cosas bien, pensándolas bien, planificándolas bien y construyéndolas bien, es perfectamente posible tener energía nuclear que permita que las empresas mineras se desarrollen y que el país no tenga estos desastres ecológicos que provocan las termoeléctricas.
Si no zonificamos y planificamos -ésta es una materia absolutamente planificable, de Estado y no de mercado-, deberemos avanzar hacia una forma de evaluar los proyectos termoeléctricos y energéticos en forma distinta.
Por último, una de las cosas que quedó en el tintero y que planteamos en la discusión sobre la nueva ley de medio ambiente es que es necesario que haya personas que estén en la evaluación y en la decisión de qué proyectos se ejecutan y en qué lado se realizan. Éstas deben ser electas por la gente, por el pueblo, es decir, concejales, alcaldes, gente que, de una u otra forma, debe responder al pueblo, a los ciudadanos, por sus decisiones. Hoy eso no sucede. Los seremis simplemente responden a la autoridad presidencial, a nadie más. Ni siquiera responden desde el punto de vista administrativo y menos desde el punto de vista penal, por las decisiones que toman en relación con las coremas.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente , esta investigación que se inició en el período anterior, sin duda, tiene una sensibilidad enorme para el país, en lo que se refiere al desarrollo y emprendimiento en materia de energía, para proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos y de energías limpias, renovables no tradicionales.
He seguido con mucha atención el informe de la Comisión y la intervención de mi colega diputado Alberto Robles . Quiero decir, como primera cuestión, que es absolutamente necesario que el país avance en el cambio de institucionalidad que se ha iniciado con la creación del Ministerio de Medio Ambiente, porque ésa es la forma en que los chilenos vamos a tener garantía de contar con profesionales en las coremas y las conamas.
Sabemos que en los gobiernos pasados hubo muchas personas que ocuparon esos cargos y no tenían la calificación para ser miembros de las coremas. Digo con autoridad -no estoy descalificando- que hubo un error grave que se cometió en forma reiterada. Por eso, en este país, hubo grandes proyectos de desarrollo y emprendimiento que se politizaron. Demostración de ello es el proyecto Pascua Lama, que demoró cinco años en obtener las autorizaciones ambientales, porque se politizó y se judicializó el tema ambiental.
Creo que si este país quiere seguir creciendo y transformarse en una oportunidad para todos los chilenos de las generaciones venideras, debemos trabajar con mucha sensibilidad y cuidado en estos proyectos.
En primer lugar, debe existir una calificación de los profesionales que trabajan en las coremas y en la Conama. Eso nos garantizará que personas calificadas evaluarán los proyectos en forma correcta y adecuada.
Hoy tenemos grandes problemas, porque para proyectos muy pequeños, se hacen exigencias desmedidas. Por eso, muchos proyectos se han demorado, y en otros se ha impedido llevarlos a cabo. Estamos en un país en vías de desarrollo, por lo que debemos avanzar. Hoy, en distintas áreas de la economía se califica los proyectos desde el punto de vista ambiental. Estoy de acuerdo con que eso se haga, porque se debe mejorar la calidad de los proyectos y no contaminar; pero no se debe impedir que esos proyectos se hagan.
Por eso, voy a votar a favor el informe, pero creo que es absolutamente necesario contar con una buena calificación de esta institucionalidad para evitar la politización de esos proyectos.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, antes de opinar sobre este proyecto, por su intermedio, quiero recordarle al diputado Vilches que en la nueva legislación ya no existen las coremas. Pongo eso como punto de referencia para poder situar el debate.
La politización en este tipo de situaciones, se produce, precisamente, al existir una intervención del nivel central, de ministros de Estado que dan su opinión sobre la creación o el impulso de proyectos hidroeléctricos, como HidroAysén, antes de estar aprobados. Ésa es la politización, por la cual el ministro de Energía , entre otras cosas, va a tener que dar explicaciones en la Comisión de Medio Ambiente.
Con respecto al informe que conocemos hoy, cabe recordar que la primera Comisión que estudió la materia se constituyó el 28 de abril de 2009, tras una petición que formulada por diputadas y diputados, como consecuencia de una serie de irregularidades que conocimos a lo largo del país en el funcionamiento de las coremas, que en ese tiempo sí existían.
Fui uno de los impulsores de la investigación debido a una situación que vivimos en la Región de Los Ríos. Allí, de una manera muy rápida y tras una sesión muy escandalosa, -en la cual, incluso, se detuvo a alcaldes y dirigentes vecinales y sociales-, se aprobó el proyecto de la Central Hidroeléctrica San Pedro, de la empresa Colbún, en el río San Pedro , tributario del lago Riñihue. Lo cito con nombre y apellido, porque esa aprobación significó, quizás, el paradigma del funcionamiento, que denunciamos, de los fast trackers -también conocidos como “caravana de la muerte”- actores del Ministerio de Energía que, a lo largo de Chile, recorrían las coremas y las intendencias, apurando proyectos energéticos para que se aprobaran, no obstante la oposición de la ciudadanía y las deficiencias técnicas que poseían. En el caso de la Central Hidroeléctrica San Pedro, de la empresa Colbún, se ha hecho evidente esa situación al producirse en las últimas semanas una paralización de su construcción, toda vez que el informe sobre el estudio geológico presentado por la empresa dejaba mucho que desear y hoy no se encuentra la roca madre para continuar con las obras. A nuestro entender, eso demuestra que la voluntad empresarial de los privados en el sentido de instalar proyectos en cualquier lugar de Chile, contaba y sigue contando con el beneplácito de la autoridad regional para llevarlos adelante, no obstante las implicancias de esos proyectos y la existencia de detractores de las áreas ambiental y social, y en el caso del sur, particularmente de comunidades indígenas.
Este informe debiera ser ampliamente difundido, porque apunta a un modelo de desarrollo en materia ambiental que se contradice con la sustentabilidad de nuestro territorio y de la matriz energética.
Gracias a la investigación, de la Comisión, se entiende claramente que la voluntad de los privados determina el lugar, el espacio y el tipo de central que se instalará a lo largo del país. En ese sentido, las instancias regionales -antiguamente, las coremas, y en la actualidad el Sistema de Evaluación Ambiental, simplemente se han limitado a hacer una calificación de mérito respecto de si los proyectos cumplen o no condiciones mínimas. Los proyectos termoeléctricos del norte e hidroeléctricos de las zonas central y sur han demostrado la ausencia de una política de planificación estratégica del Estado.
Asimismo, nos tocó vivir y analizar la situación ocurrida en Punta de Choros, respecto de una resolución que autorizaba la instalación de una central termoeléctrica al lado de una de las reservas ambientales marinas más diversas y ricas en biodiversidad en Chile, comparable con la existencia en las Islas Galápagos. Al respecto, no obstante existir la aprobación de la respectiva Corema , el Presidente de la República la desautorizó, evitando así un desastre ambiental de proporciones. Pero no sólo me refiero a Punta de Choros, sino a otras centrales que también han intentado instalarse en la comuna de La Higuera, donde la ciudadanía, la alcaldesa y la comunidad organizada se movilizaron para revertir la situación. Eso quedó en evidencia tras las presentaciones y audiencias realizadas. Por ejemplo, esa situación no pudo ser revertida con la central Campiche , ubicada cerca de Valparaíso, donde la instalación de centrales termoeléctricas, sobre la base de hechos consumados, hoy tiene sometidos a los vecinos de ese sector a una enorme carga ambiental.
En definitiva, debemos entender que si la política energética del país no es planificada desde el Estado, determinando dónde y de qué manera deben instalarse los proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos, etcétera, eso nos llevará a destruir las fuentes de recursos naturales de nuestro país. Al respecto, se ha hecho la petición e inscripción de derechos de aguas de prácticamente todos los ríos de la zona sur del país. La construcción del proyecto HidroAysén, nos puede llevar, quizás, al mayor desastre ambiental y al deterioro de la imagen país en los próximos años. Sus defensores no han trepidado de manera alguna en forzar la institucionalidad, en preaprobar proyectos. Incluso más, se han escuchado declaraciones de ministros de Estado que han sostenido que ese proyecto es estratégico, en circunstancias de que aún no termina el proceso de evaluación ambiental. Al respecto, se ha falseado y ocultado información a la ciudadanía. Junto con dicho proyecto, debe ser sometida a evaluación de impacto ambiental una de las líneas de transmisión más largas de Chile, que considera más de 2 mil kilómetros de tendido eléctrico y torres de entre 40 y 70 metros de altura, las cuales atravesarán, como una especie de herida abierta en el país, el territorio desde la Región de Aysén hasta la Región Metropolitana. Aquí se ha mentido; ha faltado información para la comunidad -seguramente, en las tribunas hay algún lobysta de HidroAysén-, porque no se le ha explicado que se construirá una franja de prácticamente cien metros de ancho a lo largo de gran parte del país para instalar ese tendido eléctrico y que no se bajará ningún kilovatio entre Aysén y Santiago. Nos venden eso como un proyecto de país, en circunstancias de que es un proyecto de empresas específicas que quieren lucrar a costa del patrimonio ambiental de Chile. Así ha quedado consignado en el informe.
En el punto cuarto de las conclusiones, ha quedado establecida, para la historia ambiental de Chile y de la Cámara de Diputados, la situación de la empresa Colbún en relación con el proyecto central hidroeléctrica San Pedro, en la Región de Los Ríos. Dicha empresa, de manera mañosa y utilizando los denominados fast trackers, logró la aprobación del proyecto. Sin embargo, ahora la realidad y la naturaleza demuestran que es imposible seguir adelante con su construcción. Insisto, eso ha quedado consignado para la historia del Congreso Nacional.
Esperamos que el proyecto respectivo -para el cual solicito la aprobación de la Cámara; por lo menos así lo hará la bancada socialista- establezca la línea estratégica del sistema de evaluación ambiental que tendremos en el país, y con la nueva institucionalidad en la materia, -con los tribunales y la superintendencia- pueda establecer un control efectivo y un ordenamiento en el territorio de Chile. De esa manera, la tranquilidad de ríos y bahías, y de comunidades locales y pueblos originarios, no quedará sujeta a la voluntad de empresas que quieran instalarse en ese territorio para producir energía, no para el país, sino para beneficio propio.
Señor Presidente , consideramos muy importante la aprobación del informe de la Comisión. De hecho, hubiésemos querido tener más conclusiones. Asimismo, felicitamos a cada uno de sus integrantes por alcanzar un consenso, de manera de entregar una señal clara y precisa al país de que, en materia medioambiental y energética, necesitamos anticiparnos y no repetir los errores y aberraciones.
Por último, espero que esto sea un antecedente para que tengamos una Patagonia sin represas y un país que pueda ser legado a las próximas generaciones tal como nos ha sido entregado.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo del Orden del Día.
Como quedan siete diputados inscritos, el debate del proyecto queda pendiente para una próxima sesión ordinaria.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
DECLARACIÓN DE PARQUE NACIONAL A ZONA DE GÉISERES DEL TATIO.
El señor BECKER (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del primer proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 207, de los señores Espinosa, don Marcos; de la señora Pascal, doña Denise; de los señores Vallespín, Farías, González, Meza, Jiménez; de la señora Vidal, doña Ximena, y del señor Pérez, don José, que en su parte dispositiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar y solicitar a su excelencia el Presidente de la República que instruya al ministro de Agricultura para que tome todas las medidas pertinentes a fin de instruir al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado , para que éste asuma con la mayor celeridad posible la categoría de manejo de protección de los géiseres del Tatio, tomando en consideración, además, que la alternativa más viable es la de declaración de dicha zona como parque nacional.”
El señor BECKER (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente , el desarrollo de las energías renovables no convencionales tiene que hacerse dentro de un esquema adecuado de protección del medio ambiente, fundamentalmente cuidando y preservando las riquezas arqueológicas y culturales del país.
Hace aproximadamente ocho o nueve meses, debido a una inadecuada exploración de los reservorios geotérmicos, se dañó gravemente uno de los íconos más importantes de la Segunda Región, desde los puntos de vista turístico, cultural y ancestral, como son los géiseres del Tatio, lo que impide que muchos turistas accedan al lugar de manera segura.
Por esta razón, el Presidente de la República declaró hace algunos días la zona del Tatio como parque nacional.
Lo que estamos pidiendo es que se establezcan todas las restricciones a ese parque nacional para que nunca más se hagan exploraciones geotérmicas en dicho lugar. Creemos que es una función fundamental del Estado proteger y preservar las áreas de notable reconocimiento cultural y arqueológico, como son los géiseres del Tatio, que constituyen, insisto, un patrimonio turístico de la Segunda Región y, sobre todo, tienen un valor histórico que crea un sentido de pertenencia para quienes habitamos en la provincia de El Loa.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para hablar en contra ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos. No hubo votos por la negativa, ni abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
RATIFICACIÓN DEL CONVENIO N° 187 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Conforme con lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento, el tratamiento del proyecto de acuerdo N° 209 se suspende hasta la primera semana de marzo, a petición de su autor.
Por lo tanto, el señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 211, de la señoras Vidal, doña Ximena; Goic, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana, y Pacheco, doña Clemira, y de los señores Ortiz, Jiménez, Pérez, don José, Saffirio, Teillier y González, que en su parte dispositiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar al Presidente de la República , a fin de solicitar que se ratifique el Convenio 187 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el marco promocional para la seguridad y la salud en el trabajo, adoptado durante la 95ª Conferencia Internacional del Trabajo, que se llevó a cabo en Ginebra, en junio de 2006, con el objeto de que, en virtud de las normas constitucionales y legales vigentes en nuestro país, dicho Convenio pase a formar parte de la legislación interna.”
El señor BECKER (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para hablar en contra, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 20 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- No hay quórum.
Por lo tanto, la votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión ordinaria.
VII. INCIDENTES.
El señor BECKER (Vicepresidente).- En el turno del Comité de la Unión Demócrata Independiente, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 12.39 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 12.49 horas.
El señor BECKER (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
ANTECEDENTES SOBRE ASIGNACIÓN DE BECA VALECH A ALUMNA UNIVERSITARIA DE COQUIMBO. Oficio.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , pido que se oficie al ministro de Educación , a fin de que entregue antecedentes sobre el caso que paso a exponer.
Blesilda Álvarez , estudiante universitaria de Coquimbo, solicitó el beneficio de la Beca Valech, que tiene por traspaso de su abuelo Isaias Ítalo Tapia . En 2009, ella hizo efectiva la beca en la Universidad Mayor, pero en marzo de ese año se retiró de su carrera. Se llegó a un acuerdo entre esa universidad, el Ministerio de Educación y la alumna para que el dinero de su beca fuera devuelto al ministerio, con el compromiso de la joven de pagar el monto del arancel a la Universidad Mayor, de manera de poder ocupar la beca en 2010.
Todo eso fue gestionado por la señora Belén Barahona, quien en ese entonces era la encargada de las becas Valech en el Ministerio de Educación.
En 2010, esa joven ingresó a la carrera de traducción inglés-español en la Universidad Tecnológica de Chile, sede La Serena, pero cuando quiso hacer efectiva la beca, la respuesta del ministerio fue que el beneficio había sido utilizado. Lo que ocurrió fue que no se había hecho la devolución del dinero por parte de la Universidad Mayor al ministerio. Blesilda Álvarez tomó contacto con dicha casa de estudios superiores, la cual en pocos días devolvió el dinero al ministerio.
Desde entonces, todo ha sido gestionado por la señora Paula Olivares , quien es la nueva encargada de las becas Valech en el Ministerio de Educación. Se indicó que a partir de este año no se permite ningún tipo de devolución de la beca Valech. Sin embargo, como su caso fue tramitado y autorizado en 2009, se le dijo que corresponde esperar una autorización del departamento jurídico del Ministerio, por medio de un decreto especial en el que se indique que su caso, así como el de otras ocho o nueve personas, constituyen una excepción, porque fueron autorizados por funcionarios anteriores.
Desde marzo de 2010 hasta la fecha, la alumna ha hecho innumerables gestiones para conseguir la autorización para hacer efectiva su beca en la Universidad Tecnológica de Chile, para la nueva carrera que se encuentra cursando.
Estamos a comienzos de 2011. Tomamos contacto con el Ministerio de Educación respecto de la situación. Entendemos que estas restricciones se originaron precisamente debido a las irregularidades ocurridas a propósito de la asignación de becas Valech , pero Blesilda Álvarez no es responsable de eso. Ella efectuó su traslado desde una universidad a otra, como lo hacen muchos estudiantes que sufren crisis vocacionales o que deciden cambiar de carrera al inicio de sus estudios superiores. Esta alumna es beneficiaria de la beca Valech, y tanto la nueva como la antigua universidad han tenido la mejor disposición para hacer los ajustes pertinentes y solucionar su problema. Sin embargo, hasta ahora su situación sigue pendiente.
Asimismo, la joven ha contado con la buena disposición de la Universidad Tecnológica al permitirle estudiar el año sin pagar su matrícula. No obstante, ella tiene dudas de que eso ocurra.
Estoy consciente de que la señora Paula Olivares ha demostrado la mejor disposición para resolver este asunto, pero ella no es responsable de las restricciones que se generaron como consecuencia del uso ilegal, criminal, de los recursos de las becas Valech.
Por lo tanto, pido que el ministro de Educación informe a la Cámara en qué estado se encuentra la asignación de la beca Valech para esta alumna y que en el breve plazo se materialice la resolución, de manera que ella pueda matricularse para continuar con su carrera como corresponde.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ANTECEDENTES SOBRE DESVINCULACIÓN DE PROFESIONAL A CONTRATA DE GENDARMERÍA DE CHILE. Oficios.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , en segundo lugar, solicito oficiar al ministro de Justicia y, por su intermedio, al director de Gendarmería para dar cuenta de una denuncia que me llegó de parte del señor Gabriel Salinas San Martín ex encargado del Patronato Local de Reos de Valparaíso .
El señor Salinas es antropólogo, titulado en la Universidad de Chile. El año 2007 se le otorgó la beca Presidente de la República para cursar estudios de posgrado en el extranjero, de máster y doctorado, con el patrocinio de Gendarmería, institución en la que trabaja desde 2003. Su comisión de servicio en el extranjero era por tres años, a contar del 15 de septiembre del 2007 y hasta el 15 de septiembre del 2010, fecha última en la que se reintegró a Gendarmería como encargado del Patronato Local de Reos de Valparaíso , hasta el 9 de diciembre pasado, cuando se le notificó de su despido en su calidad contractual de contrata.
El señor Salinas no comprende la razón de su despido. Entiende que, al respecto, existe una arbitrariedad y una injusticia. Lo que él quiere es devolver el tiempo que se le autorizó para formarse en el extranjero en comisión de servicio. Por lo demás, sus calificaciones son excelentes y se encuentra especializado en la materia de su cargo.
Por consiguiente, quiero conocer los antecedentes sobre la causal de despido de este profesional, toda vez que, obviamente, parece una pérdida la inversión hecha por el Estado al permitirle cursar estudios en el extranjero, para luego desvincularlo del servicio.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
ANTECEDENTES SOBRE DÉFICIT DE FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO. Oficio.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , solicito enviar un oficio al fiscal nacional del Ministerio Público para que, si lo tiene a bien, remita a esta Corporación los antecedentes sobre un importante déficit de fiscales en la actualidad.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE SOLICITUDES DE LIBERTAD CONDICIONAL. Oficio.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente , en primer lugar, solicito el envío de un oficio al señor ministro de Justicia para que, si lo tiene a bien, envíe a esta Corporación un informe relativo al número de solicitudes de libertad condicional que las quince secretarías regionales ministeriales recibieron en el proceso correspondiente a octubre de 2010, con indicación del número de aceptaciones y rechazos y una comparación respecto de lo realizado en igual proceso correspondiente a octubre del año 2009.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE AUTORIZACIÓN MUNICIPAL A UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE PARA ABRIR SUS PUERTAS HACIA PARQUE ALMAGRO. Oficio
.
El señor HARBOE.- Señor Presidente , en segundo lugar, solicito oficiar al alcalde de la Ilustre Municipalidad de Santiago para que me haga llegar todos los antecedentes relativos a un permiso otorgado a la Universidad Central de Chile para abrir sus puertas hacia el Parque Almagro. Esto, en razón de reiterados reclamos de vecinos que señalan que los estudiantes de dicha casa de estudios se encontrarían utilizando ese lugar como un recinto prácticamente propio de dicha casa de estudios generando desmanes y, con ellos, muchas veces incidentes que afectan la seguridad y tranquilidad de niños y vecinos del sector.
He dicho.
El señor BECKER ( vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE EVENTUAL CONTAMINACIÓN DE RÍO CRUCES Y ESTADO DE SITUACIÓN DE DECLARACIÓN DE RESERVA NACIONAL A SANTUARIO DE LA NATURALEZA CARLOS ANWANDTER. Oficios.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , en primer lugar, solicito que se envíe un oficio a la ministra del Medio Ambiente y a la jefatura de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema), de la PDI, para que informen a esta Corporación sobre una alarmante situación que en la actualidad impacta a Valdivia, cual es la extensa mancha de color marrón que proviene del río Cruces y que está incursionando en el río Calle Calle.
Durante muchos años, quienes vivimos en Valdivia tenemos una natural incertidumbre respecto de la contaminación y el tremendo desastre ambiental que se ha producido en el humedal existente en ese sector.
Por lo tanto, es importante saber cómo se está investigando esta situación, a qué corresponde la referida mancha, si existen antecedentes de que algún agente externo hubiera vertido residuos en las aguas del río Cruces y, si esto es así, que nos digan qué medidas de mitigación se adoptarán al respecto.
En esa misma línea, cabe recordar que aún se encuentra pendiente el compromiso presidencial para declarar el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, parque nacional o reserva nacional.
Por ello, me gustaría oficiar tanto la ministra del Medio Ambiente como a su par de Bienes Nacionales para que nos informen en qué situación se encuentra dicho trámite, que mejorará la situación jurídica de dicho santuario, en lo que se denomina el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE PLANES Y PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A CALETA BONIFACIO, EN SECTOR COSTERO DE COMUNA DE VALDIVIA. Oficios.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , en segundo término, de acuerdo a la información que hemos recibido de parte de distintos actores de la comuna de Valdivia, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas y, por su intermedio, al director de Vialidad , acerca del estado en que se encuentra el camino de acceso que comunica el sector costero de la comuna de Valdivia con caleta Bonifacio .
Los vecinos de la zona, sus dirigentes, pescadores en su gran mayoría, se han manifestado permanentemente preocupados por el mal estado de dicha cuesta, lo cual los lleva a enfrentar situaciones complicadas para sacar los productos de sus vehículos y
tener que subirlos a cuestas cada vez que los extraen del mar.
Por eso, pido que se envíe un oficio al ministro de Obras Públicas y, por su intermedio, al director de Vialidad, para que informen sobre los planes y programas de mejoramiento de las condiciones del camino de acceso a la caleta Bonifacio, en el sector costero de la comuna de Valdivia.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.00 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley que moderniza y fomenta la competencia del sistema financiero. (boletín Nº 7440-05)
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que introduce una serie de perfeccionamientos al mercado de capitales con el objetivo de fomentar la competencia y modernizar el sistema financiero.
I. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY.
Para lograr los objetivos macroeconómicos de lograr un alto crecimiento del producto, en forma sostenible en el tiempo, elevando así la tasa de generación de empleo de nuestra economía e incrementando el ingreso de nuestra población, es clave contar con un mercado que sea capaz de asignar en forma eficiente los recursos y ahorros hacia aquellos sectores que sean más productivos y rentables.
Este es el rol que cumple el mercado de capitales, y por lo mismo el presente proyecto de ley busca continuar con el proceso de modernización del mismo, fortaleciendo la regulación del sistema de pensiones, de seguros, entre otros cuerpos legales, con el objetivo de fomentar mayor competencia y continuar con el proceso de modernización de nuestro sistema financiero.
En materia de seguros, se introduce un importante perfeccionamiento en la comercialización de los seguros asociados a créditos hipotecarios, que propicia una mayor transparencia y competencia en este mercado. Por otra parte, se perfecciona la institucionalidad para ajustarla a los compromisos internacionales adoptados por Chile como parte de su acceso a la OCDE. Adicionalmente, el proyecto de ley amplía la gama de inversiones de las compañías de seguros, favoreciendo una composición más eficiente del portafolio de inversiones de éstas y generando más opciones de financiamiento para personas y empresas. Finalmente, se aborda una asimetría tributaria que podría generarse en los productos de ahorro previsional voluntario asociados a seguros de vida.
Considerando la importancia de nuestro sistema previsional, a través de este proyecto de ley el gobierno busca mejorar el marco legal de la industria para incrementar el atractivo del llamado tercer pilar previsional, es decir, el ahorro previsional voluntario. Se introducen una serie de cambios tanto en materia institucional como tributaria con el objetivo de hacer más atractiva esta forma de ahorro, al mismo tiempo que se eliminan ciertos arbitrajes de la ley que generaban doble tributación.
Adicionalmente, se proponen cambios al régimen de inversión de los Fondos de Pensiones que flexibilizan la regulación vigente.
II. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.
1. Modificaciones al DFL 251 sobre Compañías de Seguros para el cumplimiento de compromisos internacionales.
En primer lugar, el inciso segundo del Artículo 4 del DFL 251 (que se refiere a las compañías de seguro establecidas en el extranjero y su facultad de ofrecer seguros en Chile) fue agregado a raíz de los compromisos adquiridos por Chile en los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea y permitió que compañías de seguros no establecidas en Chile pudiesen comercializar seguros de transporte marítimo internacional, aviación comercial internacional y mercancías en tránsito internacional. Sin embargo, y como dice el texto actual, esta autorización sólo se otorgó a entidades aseguradoras “establecidas en el territorio de un país con el cual Chile mantenga vigente un tratado internacional” en el que se haya tomado este compromiso. Esta redacción debe modificarse pues, al ingresar a la OCDE, Chile aceptó tomar este compromiso en el marco del Código de Liberalización de Operaciones Corrientes Invisibles para todos los miembros de la Organización, sin discriminación en cuanto a existir un tratado internacional vigente que así lo establezca. En otras palabras, Chile se comprometió a permitir la contratación y comercialización de estos seguros sobre una base de nación más favorecida (NMF). Adicionalmente, Chile aceptó en la OCDE extender esta obligación a los seguros que cubren los satélites y la carga transportada por éstos.
En segundo lugar, es necesario modificar el Artículo 39 del DFL 251 pues dicha norma dispone que, una solicitud para abrir una compañía de seguros puede entenderse rechazada si la Superintendencia de Valores y Seguros no se pronuncia dentro de un plazo de 5 días contados desde que el solicitante insiste. La norma indicada no exige que la SVS entregue al solicitante las razones fundadas en virtud de las cuales niega dicha solicitud. Tal como está redactado el Artículo 39, Chile no está cumpliendo con los compromisos de los capítulos de servicios financieros de los Tratados de Libre Comercio en la medida que la legislación interna permita a la Superintendencia rechazar una solicitud simplemente por silencio administrativo. El rechazo de una solicitud debe hacerse por escrito y de manera fundada.
2. Cambios al DFL 251 sobre Compañías de Seguros relativos a la inversión en activos inmobiliarios.
En forma coherente con la decisión de ir avanzando hacia un sistema de supervisión basada en el riesgo en la industria de seguros, resulta razonable ir revisando los tipos de inversión y ciertos límites que se aplican a estas inversiones.
Las compañías de seguros actualmente acumulan recursos que bordean los 40.000 millones de dólares, los cuales se espera crezcan significativamente en los próximos años. La mayor parte de estas inversiones respaldan obligaciones por rentas vitalicias previsionales. Por lo tanto, el desarrollo futuro de ese mercado requiere disponer de mayores alternativas de inversión de largo plazo. Entre las inversiones de largo plazo que más se han desarrollado en los últimos años se encuentran los contratos de leasing inmobiliario, llegándose en la actualidad a una situación que permite avizorar que a corto plazo estos límites serán restrictivos. Teniendo presente que este tipo de inversión presenta características adecuadas en cuanto a plazo, garantías y rentabilidad, se ha estimado razonable ampliar el límite de inversión en bienes raíces. Por cada punto porcentual de liberalización en el límite ya indicado, las compañías de seguros pueden aportar más de US$ 300 millones de financiamiento al mercado. Por otro lado, la ventaja de estos financiamientos para el portafolio de las compañías de seguros es que cuentan con una garantía real de fácil liquidación, ya que la propiedad está a nombre de las compañías de seguros, y sólo pasa a manos del deudor una vez amortizado el 100% de la deuda (menor riesgo de pérdida de capital). Adicionalmente, el leasing se ha caracterizado por ser un instrumento de larga duración en los portafolios de las compañías de seguros de vida, lo que se traduce en una mayor estabilidad en los flujos, permitiendo otorgar mejores retornos a los pensionados debido al menor riesgo de tasa de reenganche.
Adicionalmente, se está permitiendo la inversión en bienes raíces habitacionales para respaldar reservas técnicas y patrimonio de riesgo, los que también pueden estar sujetos a contratos de leasing con las características ya señaladas. Por otro lado, se ha estimado prudente limitar las operaciones de leasing y arriendo con personas relacionadas a las Compañías de Seguros.
Se propone que adicionalmente a los bienes raíces no habitacionales, los bienes raíces habitacionales puedan ser inversiones que respalden la reserva técnica y patrimonio de riesgo, siempre que no estén arrendados o cedidos en su uso y goce a personas relacionadas. Se establece además un límite del 5% del total de la reserva técnica y patrimonio de riesgo para invertir en bienes raíces habitacionales en el caso de las compañías de seguros de vida, y un 5% solo del patrimonio de riesgo, para las compañías de seguros generales.
Se propone asimismo aumentar el límite del 20% actual al 25% del total de la reserva técnica y patrimonio de riesgo para invertir directamente en bienes raíces (tanto habitacionales como no habitacionales) en el caso de las compañías de seguros de vida, y al 30% solo del patrimonio de riesgo para las compañías de seguros generales. Con todo, en el caso de bienes raíces no habitacionales sujetos a contratos de arrendamiento con o sin opción de compra que realicen las compañías de seguros de vida con personas relacionadas, el límite corresponderá a un 5% del total y sólo al 5% del patrimonio de riesgo para compañías de seguros generales.
Por otra parte, se ha estimado conveniente incentivar la participación de las compañías de seguros en el financiamiento a empresas a través de créditos sindicados, en los cuales concurren bancos y compañías, pues ello permite potenciar otra alternativa de inversión de largo plazo. En consecuencia se propone, aumentar el límite de participación individual de las compañías en créditos sindicados, pasando de un límite máximo de un 20% a un 40%.
3. Cambios al DFL 251 sobre Compañías de Seguros relativos a la contratación de seguros asociados a créditos hipotecarios.
a. Antecedentes.
Las personas que acceden a un crédito hipotecario están obligadas a contratar seguros de incendio, destinados a proteger el bien raíz dado en garantía del crédito, y seguros de desgravamen, que cubren el pago de la deuda en caso de fallecimiento del deudor. Asimismo, la práctica del mercado financiero ha llevado a la contratación de coberturas de riesgo adicionales, que no siendo obligatorias, protegen la garantía del crédito o la fuente de pago, y por esa vía a la institución crediticia. Ejemplo de estos seguros son las coberturas de terremoto y salida de mar e invalidez del deudor.
Por razones de orden práctico y económico, son las entidades que otorgan los créditos hipotecarios las que generalmente efectúan la contratación de los seguros por cuenta y cargo de sus clientes. Esto se materializa usualmente a través de un mandato que la persona le otorga a la entidad crediticia. De esta forma, la gran mayoría de estos seguros son contratados a través de la entidad crediticia y suprima es pagada conjuntamente con los dividendos del crédito.
En el proceso de contratación de estos seguros por parte de las entidades crediticias se han observado situaciones, sobre todo con posterioridad al terremoto y maremoto de febrero de este año, que justifican la introducción de una modificación a la Ley de Seguros para regular esta materia, las que no son evidentes en el caso de seguros asociados a otro tipo de créditos.
b. Problemas en la Contratación de los Seguros Asociados a Créditos Hipotecarios.
Las entidades crediticias usualmente contratan los seguros asociados a los créditos hipotecarios utilizando pólizas colectivas, que agrupan a todos los clientes de estos créditos o grupos importantes de ellos. Esto les permite efectuar una negociación de la prima o precio del seguro con las aseguradoras para una gran masa de asegurados, lo que les otorga un fuerte poder de negociación y la capacidad de obtener tarifas más bajas, en comparación con aquellas a las cuales podría acceder una persona negociando en forma individual con la compañía de seguros.
Si bien lo anterior debiera representar un beneficio para los asegurados deudores de la entidad crediticia, en la práctica este beneficio no está siendo traspasado a ellos, debido a la existencia de comisiones que se pactan en los seguros colectivos, a favor de la entidad crediticia y del corredor de seguros, usualmente relacionado a dicha entidad. De acuerdo a las cifras informadas por las aseguradoras, estas comisiones alcanzan en conjunto niveles del orden del 30% al 50% del total de la prima pagada por el asegurado deudor del crédito.
Estas comisiones son elevadas respecto de eventuales gastos operacionales que pudiera tener la entidad crediticia, por la recaudación de la prima u otros conceptos similares utilizados para justificar el cobro, y respecto de las comisiones de intermediación que los corredores de seguros usualmente perciben en este tipo de operaciones.
Adicionalmente, en los casos donde existe una aseguradora relacionada a la entidad crediticia, se observa una fuerte concentración de la colocación de estos seguros en esa compañía, esto es, la entidad crediticia contrata en su gran mayoría los seguros con su aseguradora relacionada. Si a eso se suma la existencia de un corredor de seguros relacionado, al final se llega a una situación donde aseguradora, corredor y entidad crediticia son empresas del mismo grupo y donde se dificulta además obtener información precisa respecto a la descomposición del precio que están cargando estas entidades crediticias por los seguros asociados a créditos hipotecarios. Ante estas situaciones, resulta imprescindible procurar que la contratación se realice en condiciones de mercado y en términos tales que a los asegurados se les traspasen los costos reales de los seguros involucrados.
c. Descripción del Proyecto.
El proyecto modifica la Ley de Seguros, DFL 251 de 1931, introduciendo un nuevo artículo que regula la contratación de los seguros asociados a créditos hipotecarios para personas naturales.
La regulación propuesta se aplicará a todo tipo de créditos hipotecarios otorgados a personas naturales por Bancos, Agentes Administradores de Mutuos Hipotecarios Endosables, Cajas de Compensación de Asignación Familiar y Cooperativas. Adicionalmente, se establece la posibilidad de incorporar a la regulación los créditos hipotecarios otorgados a personas jurídicas, que presenten características similares a las operaciones de personas naturales. De este modo, se busca beneficiar también a las sociedades de profesionales y empresas de menor tamaño que contraten créditos hipotecarios.
Los objetivos del proyecto de ley son:
Que la entidad crediticia traspase al asegurado deudor el costo efectivo del seguro, ya que el objeto de estos seguros es proteger la garantía o la fuente de pago del crédito.
Garantizar el traspaso de los beneficios de la contratación colectiva del seguro a los asegurados deudores, que son quienes asumen el pago de la prima.
Fortalecer la competencia y transparencia en el proceso de contratación de estos seguros.
Para lograr lo anterior, el proyecto de ley establece:
Las entidades crediticias deberán contratar los seguros asociados a los créditos hipotecarios por medio de una licitación pública -que incluya la comisión del corredor de seguros, si corresponde-,que se asignará al oferente que presente el menor precio, salvo que su directorio pública y fundadamente acuerde algo distinto en el mejor interés de los deudores.
No podrán estipularse comisiones o pagos a favor de la entidad crediticia asociadas a estos seguros. Además cualquier devolución de primas por experiencia favorable u otro concepto, deberá ser reembolsada al asegurado deudor del crédito.
El proceso de licitación será regulado por una norma conjunta de la Superintendencia de Valores y Seguros y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Se mantiene el derecho de los deudores a contratar individualmente su seguro con una aseguradora de su elección.
Las disposiciones del proyecto se aplicarán a los nuevos contratos de seguros que se suscriban o a los contratos que se renueven a partir del primer día del séptimo mes siguiente a la publicación de la ley.
4. Modificaciones al Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, que establece el Sistema de Pensiones.
El proyecto propone perfeccionamientos al D.L. N° 3.500, de 1980, en las siguientes materias:
a. Fomento al ahorro previsional voluntario
Para incentivar el ahorro previsional voluntario en el sistema de pensiones, se plantean las siguientes medidas:
a.1) Permitir apertura de cuentas de ahorro voluntario en más de una AFP
Se propone permitir la apertura de estas cuentas en cualquier AFP y no exclusivamente en aquella donde se encuentra la cuenta de capitalización individual, como ocurre actualmente.
a.2) Permitir retiros de cuenta de ahorro voluntario seleccionando el régimen tributario
Se propone que el afiliado que posee depósitos sujetos al régimen tributario general o al establecido en el 57 bis de la Ley de la Renta, pueda seleccionar de cuál de ellos efectúa los retiros.
a.3) Evitar doble tributación del Ahorro Previsional Voluntario individual y colectivo (APV y APVC) y de la cuenta de ahorro voluntario (CAV).
Para eliminar la doble tributación de las cotizaciones voluntarias y de los depósitos de APV y APVC que no gozaron del beneficio tributario, por superar el máximo establecido en la ley, se propone que el capital de tales depósitos, si se destinan a pensión, queden exentos del impuesto a que se refiere el artículo 43 de la Ley de la Renta al momento de ser retirados.
Además, se elimina la doble tributación de la cuenta de ahorro voluntario, ya que actualmente no existe beneficio tributario al realizarse los depósitos ni tampoco cuando los recursos se destinan a pensión.
a. Perfeccionamientos en materia de inversiones.
Se proponen un conjunto de modificaciones en materia de inversión de los Fondos de Pensiones, que tienen por objeto flexibilizar la normativa actual y ampliar las alternativas de inversión, optimizando la relación riesgo-retorno de los portafolios. Entre los principales perfeccionamientos destacan:
b.1) Se transfieren al Régimen de Inversión los límites para la cobertura cambiaria.
Se propone transferir de la ley al Régimen de Inversión los límites máximos de inversión en moneda extranjera sin cobertura cambiaria, que pueden mantener los Fondos de Pensiones, requiriendo de un informe previo del Banco Central de Chile.
b.2) Perfeccionamientos al límite de instrumentos restringidos.
Se proponen modificaciones respecto de los instrumentos a considerar dentro de este límite que agrupa a las inversiones de mayor riesgo relativo, de modo de flexibilizar dicho límite.
b.3) Tratamiento de excesos de inversión.
Se propone eliminar las disposiciones relativas al tratamiento de excesos del D.L.N° 3.500, las cuales podrán ser incorporadas en el Régimen de Inversión, de acuerdo a las facultades actualmente vigentes.
b.4) Considerar de cargo de los Fondos de Pensiones los costos de transacción y custodia al invertir vía mandatarios.
Se propone que sean de cargo de los Fondos de Pensiones, costos tales como los de transacción y custodia, de la misma forma en que está establecido para las inversiones en el extranjero realizadas vía fondos mutuos.
b.5) Permitir canje de títulos en procesos de estructuración financiera
Se propone permitir a los Fondos de Pensiones el canje de títulos de una compañía en que mantienen inversiones, cuando ésta realice procesos de reestructuración de su deuda, aun cuando implique operaciones fuera de los mercados secundarios.
b.6) Autorización a los Fondos de Pensiones a invertir en monedas extranjeras.
Se propone permitir que los Fondos de Pensiones puedan invertir directamente en monedas extranjeras, lo que permitirá ampliar las posibilidades de inversión y acceder a una mayor diversificación de las carteras.
c. Otros cambios al D.L. N° 3.500.
c.1) Aumentar la autonomía de la Comisión Clasificadora de Riesgo (CCR).
Para garantizar la independencia de la CCR, se elimina el requisito de informe favorable de la Superintendencia de Pensiones, respecto de la metodología de aprobación de cuotas de fondos mutuos y de inversión nacionales.
c.2) Flexibilizar aplicación de multa a AFP por déficit de encaje.
Se propone establecer un rango para la aplicación de la multa, entre el 1% y el 100% del déficit, lo que dará flexibilidad a la Superintendencia de Pensiones para que, dependiendo de las circunstancias particulares, pueda aplicar una multa inferior al 100% del déficit, actualmente vigente.
c.3) Simplificar la información que se envía a los afiliados en la cartola cuatrimestral.
La simplificación de la cartola cuatrimestral tiene por objeto hacerla más clara e incentivar su lectura por parte de los afiliados.
c.4 Flexibiliza elección de tipo de Fondo de Pensiones para titulares de Cuentas de Ahorro de Indemnización.
Se elimina la exigencia legal referida a que la cuenta de ahorro de indemnización debe mantenerse en el mismo tipo de Fondo que aquel en que se mantienen las cotizaciones obligatorias, dada la diferente naturaleza de dichas cuentas.
5. Modificaciones a la ley Nº 19.728,que establece el Seguro Obligatorio de Cesantía.
En el proyecto se proponen modificaciones a la ley N° 19.728 en las siguientes materias del ámbito de las inversiones:
a) Se transfieren al Régimen de Inversión de los Fondos de Cesantía los límites de cobertura cambiaria.
Se propone transferir de la ley al Régimen de Inversión los límites máximos de inversión en moneda extranjera sin cobertura cambiaria, que pueden mantener los Fondos de Cesantía, estableciendo que requerirán de un informe previo del Banco Central de Chile.
b) Perfeccionamientos al límite de instrumentos restringidos.
Se proponen modificaciones que flexibilizan la aplicación del límite que agrupa a las inversiones de mayor riesgo relativo.
c) Sistema de incentivos para el cobro de comisiones de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía.
El artículo 42 de la Ley N° 19.728 establece un sistema de incentivo, que premia o castiga a la Sociedad Administradora con un aumento o disminución de la comisión cobrada en cada mes, si la rentabilidad real del Fondo de Cesantía o del Fondo de Cesantía Solidario es superior o inferior a la rentabilidad real de la respectiva cartera referencial, establecida en el Régimen de Inversión. Al respecto, se modifica la redacción del artículo 42, de modo que la definición exacta de la medición de la diferencia de retornos entre ambas carteras sea definida por el Régimen de Inversión.
6. Modificaciones al artículo 1° del Decreto Ley Nº 824, de 1974, que contiene la Ley sobre Impuesto a la Renta.
Considerando las modificaciones que se introducen al D.L. N° 3.500, de 1980, el presente proyecto de ley también incluye cambios a la Ley sobre Impuesto a la Renta, con el objeto de que los retiros desde la cuenta de ahorro voluntario no sean doblemente sujetos a tributación, en la parte que ya se gravaron, cuando se destinen a incrementar la pensión. Asimismo, se modifica el inciso segundo del artículo 42 bis para evitar que los depósitos de ahorro previsional voluntario, las cotizaciones voluntarias y el ahorro previsional voluntario colectivo correspondiente a los aportes del trabajador, queden sujetos a doble tributación al momento de su retiro.
Adicionalmente, se propone que, al igual como ocurre en el caso de los contribuyentes del impuesto único de segunda categoría, y mientras no se encuentren legalmente obligados a efectuar cotizaciones previsionales (a partir de enero de 2012), se les otorga a los trabajadores independientes la posibilidad de rebajar de sus ingresos brutos el monto de estas cotizaciones que realicen de forma voluntaria. En caso que opten por rebajar de sus ingresos brutos las cotizaciones voluntarias, el monto del gasto presunto que los contribuyentes del artículo 42, N° 2, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tienen derecho a rebajar de sus ingresos brutos del ejercicio, se reducirá desde el 30% actual, a un 20%. En dicho escenario, el monto máximo de esta rebaja se disminuye desde 15 unidades tributarias anuales al equivalente a 10 unidades tributarias anuales.
Finalmente, se busca eliminar una asimetría tributaria existente en los productos de ahorro previsional voluntario (APV) vinculados a seguros de vida con ahorro, que se produce en el caso de muerte del titular del plan. En este escenario, el ahorro realizado -junto con su rentabilidad- podría ser recibido por los beneficiarios como indemnización sin haber tributado y pudiendo destinarse a fines distintos que los previsionales, en contraposición con lo que ocurre con el APV realizado a través de otros instrumentos. De esta manera, el proyecto modifica la Ley sobre Impuesto a la Renta, estableciendo que en el caso de la muerte del titular, el capital asegurado por el seguro de vida sea recibido por los beneficiarios del fallecido como una indemnización libre de impuestos, pero que el ahorro realizado a través de dicho instrumento, así como su rentabilidad, sí estén afectos a impuestos.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguientee,
Proyecto de ley:
Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 251, del Ministerio de Hacienda, de 1931, sobre Compañías de Seguros:
1) Reemplázase el inciso segundo del Artículo 4° por el siguiente:
“Sin perjuicio de lo anterior, las entidades aseguradoras extranjeras establecidas en el exterior podrán comercializar en Chile los seguros de transporte marítimo internacional, aviación comercial internacional, mercancías en tránsito internacional y de satélites y la carga que éstos transportan”.
2) Modifícase el N° 4 del artículo 21, de la siguiente forma:
a) Elimínese en la primera oración, la expresión “no habitacionales”.
b) Agregase el siguiente inciso segundo:
“No obstante lo anterior, no se aceptarán como representativos bienes raíces habitacionales sujetos a contratos de arrendamiento con o sin opción de compra suscritos con personas relacionadas a la compañía, o cuyo uso o goce haya sido cedido a éstas por cualquier motivo.”
3) Reemplázase la letra l) del N° 1 del artículo 23°, por la siguiente:
“25% del total, en aquellos activos del N° 4, para compañías del segundo grupo, y 30% sólo del patrimonio de riesgo, para compañías del primer grupo. Con todo, en el caso de bienes raíces no habitacionales sujetos a contratos de arrendamiento con o sin opción de compra que suscriban las compañías del segundo grupo con personas relacionadas, el límite corresponderá a un 5% del total y al 5% sólo del patrimonio de riesgo para compañías del primer grupo. Adicionalmente, tratándose de bienes raíces habitacionales, se aplicará un límite del 5% del total para compañías del segundo grupo y del 5% sólo del patrimonio de riesgo para compañías del primer grupo, y”.
4) Incorpórase en la letra d) del N°2 del artículo 23, entre las expresiones “bienes raíces del N° 4,” e “y bonos” la frase “activos relacionados con el sector inmobiliario incluidos en el N°7”.
5) Reemplázase en la letra c) del artículo 24 la expresión “10 y 20%” por “20% y 40%”.
6) Elimínase la última oración del inciso tercero del Artículo 39, pasando a ser punto aparte el segundo punto seguido.
7) Incorpórase el siguiente artículo 40 nuevo:
Artículo 40.- Los bancos, cooperativas, agentes administradores de mutuos hipotecarios endosables, cajas de compensación de asignación familiar y cualquier otra entidad que tenga dentro de su giro otorgar créditos hipotecarios, en adelante entidades crediticias, que en virtud de operaciones hipotecarias con personas naturales deban contratar seguros por cuenta y cargo de sus clientes, con el objeto de proteger los bienes dados en garantía o el pago de la deuda frente a determinados eventos que afecten al deudor, deberán cumplir con lo siguiente:
1. Los seguros deberán ser contratados en forma colectiva por la entidad crediticia, para sus deudores, por medio de licitación pública con bases preestablecidas. En dicha licitación se recibirán y darán a conocer las ofertas públicamente en un solo acto.
2. Las compañías cuya menor clasificación de riesgo sea igual o inferior a BBB, no podrán participar en la licitación.
3. Los seguros serán asignados por la entidad crediticia al oferente que presente el menor precio, incluyendo la comisión del corredor de seguros, si corresponde, salvo que su directorio o máximo órgano directivo, pública y fundadamente acuerde algo distinto en el mejor interés de los deudores. Sin perjuicio de lo anterior, la entidad crediticia podrá sustituir al corredor incluido en la oferta adjudicada, manteniendo la misma comisión de intermediación considerada en dicha oferta, siempre y cuando ello esté previsto en las bases.
4. Los seguros deberán convenirse exclusivamente sobre la base de una prima expresada como un porcentaje del monto asegurado de cada riesgo. La prima incluirá la comisión del corredor de seguros, si lo hubiese, la que se expresará sólo como un porcentaje de la prima.
5. No podrán estipularse comisiones o pagos a favor de la entidad crediticia asociados a la contratación o gestión de estos seguros, a la cobranza de las primas, o por cualquier otro concepto, salvo el derecho del acreedor a pagarse de su crédito con la indemnización en caso de siniestro.
6. Corresponderá al deudor asegurado, cualquier suma que devuelva o reembolse el asegurador por mejor siniestralidad, volumen de primas, número de asegurados u otros conceptos análogos.
7. Una norma conjunta que dictarán las Superintendencias de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras, regulará el proceso de licitación y las condiciones mínimas que contemplarán las Bases de Licitación. Dicha norma podrá considerar, entre otros, los siguientes aspectos:
a. Coberturas de seguros a licitar.
b. Duración de los contratos y coberturas.
c. Exigencias técnicas y patrimoniales de los corredores de seguros.
d. Información estadística agregada que la entidad crediticia deberá entregar a los aseguradores para la realización de la oferta.
e. Criterios de segmentación de la cartera a licitar.
Lo anterior es sin perjuicio del derecho de los deudores a contratar individual y directamente los seguros a que se refiere este artículo, con un asegurador de su elección.
Estas disposiciones también serán aplicables a seguros asociados a créditos hipotecarios otorgados a personas jurídicas, que presenten características similares a las operaciones de personas naturales de que trata este artículo, en cuanto a objeto y fines del crédito hipotecario, de acuerdo a lo que se establezca en la norma conjunta antes señalada.
Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al D.L. N° 3.500, de 1980:
1) Agrégase en el artículo 20 L, el siguiente inciso final:
“Con todo, cuando las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional voluntario y los aportes del trabajador para el ahorro previsional voluntario colectivo acogidos al beneficio establecido en la letra b) del inciso primero, excedan en total de un monto máximo mensual de cincuenta unidades de fomento o de un monto máximo anual de seiscientas unidades de fomento y, por lo tanto, no hayan gozado por dicho exceso de los beneficios tributarios que establece la referida letra, y los recursos se destinen a anticipar o mejorar la pensión, para los efectos de aplicar el impuesto establecido en el artículo 43 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, se rebajará de la base de dicho tributo el monto que resulte de aplicar a la pensión el porcentaje que en el total del fondo destinado a ella representen dichos excesos de depósitos, cotizaciones y aportes. El saldo de dichos recursos, será determinado por las Administradoras de Fondos de Pensiones según establezca una norma de carácter general de la Superintendencia.”
2) Modifícase el artículo 21 de la siguiente manera:
a) En el inciso primero reemplázase la oración “la Administradora a que se encuentra afiliado”, por “una o más Administradoras de Fondos de Pensiones, independientemente de aquélla en la cual se encuentre incorporado”.
b) En el inciso segundo, elimínase la siguiente oración “, la cual será independiente de su cuenta de capitalización individual” y agrégase, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración: “Los trabajadores podrán tener una cuenta de ahorro voluntario en cada una de las Administradoras de Fondos de Pensiones, sin limitación a este respecto.”.
c) En la primera oración del inciso quinto reemplázase la frase “a que están incorporados para traspasar mensualmente fondos de su cuenta de ahorro voluntario a su cuenta de capitalización individual” por la siguiente: “en que tienen una cuenta de ahorro voluntario para traspasar mensualmente fondos de aquélla a su cuenta de capitalización individual en la Administradora a que se encuentren incorporados”.
3) Modifícase el artículo 22 de la siguiente manera:
a) Reemplázase en la primera oración del inciso primero la frase “su cuenta”, ubicada entre las preposiciones “de”, por la frase “sus cuentas”. En la segunda oración del mismo inciso, reemplázase la frase “la cuenta” consignada entre las preposiciones “de”, por la frase “las cuentas”.
b) Reemplázase en el inciso tercero la frase “su cuenta”, consignada entre las preposiciones “de”, por “sus cuentas”.
c) Reemplázase en la primera oración del inciso quinto las expresiones “su cuenta” y “letra B.-” por las siguientes “cada depósito” y “letra A.-”, respectivamente. Además, antes del punto aparte (.), agrégase lo siguiente: “, de acuerdo a lo que establezca una norma de carácter general que emitirá la Superintendencia de Pensiones. Para estos efectos, las Administradoras deberán registrar separadamente los depósitos de acuerdo al régimen tributario que haya escogido el ahorrante. Para efectos del retiro, este último podrá seleccionar el saldo sujeto a un determinado régimen tributario.”.
d) Reemplázase en el inciso sexto la expresión “dicha normativa” por la siguiente: “las normas que se establecen en la letra A.- del artículo 57 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta”.
e) En la letra d) del inciso séptimo, reemplázase la oración: “Si el afiliado se cambia de Administradora, la antigua” por la siguiente: “Si el trabajador traspasa todo o parte del saldo acumulado en su cuenta de ahorro voluntario, la antigua Administradora”. Además, reemplázase la palabra “invertido” por “traspasado”.
f) A continuación del actual inciso octavo, agrégase el siguiente inciso final:
“Cuando los depósitos efectuados en la cuenta de ahorro voluntario se destinen a anticipar o mejorar la pensión, para los efectos de aplicar el impuesto establecido en el artículo 43 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, se rebajará de la base de dicho tributo el monto que resulte de aplicar a la pensión el porcentaje que en el total del fondo destinado a aquélla representen tales depósitos. Este saldo será determinado por la Administradora, registrando separadamente el capital invertido, expresado en unidades tributarias mensuales, el que corresponderá a la diferencia entre los depósitos y los retiros netos, convertidos cada uno de ellos al valor que tenga dicha unidad en el mes en que se efectúen estas operaciones.”.
4) En los incisos primero y segundo del artículo 22 bis, elimínase la palabra “afiliados” que se encuentra entre el artículo “los” y la palabra “titulares”.
5) Modifícase el artículo 23 de la siguiente manera:
a) Agrégase en la tercera oración del inciso segundo, a continuación de la palabra “voluntario” y antes de la coma (,), lo siguiente: “y la cuenta de ahorro de indemnización a que se refiere el artículo 165 del Código del Trabajo”. Además, reemplázase la última oración del inciso segundo por la siguiente: “En todo caso, la cuenta de ahorro de indemnización será asignada al Fondo Tipo C, cuando el trabajador no opte por ningún tipo de Fondo.”.
b) Elimínase en la segunda oración del inciso tercero la expresión “y la cuenta de ahorro de indemnización”.
c) Reemplázase en la primera oración del inciso cuarto la expresión “y su cuenta de ahorro de indemnización se encontraren en el Fondo Tipo A, éstos deberán” por la siguiente: “se encontrare en el Fondo Tipo A, éste deberá”.
d) Elimínase en el encabezado del inciso sexto la expresión “cuenta de ahorro de indemnización,”.
6) Modifícase el artículo 31 de la siguiente manera:
a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente: “La Administradora deberá proporcionar al afiliado, cada vez que éste lo solicite, información del saldo de las cuentas personales que posea, a través de los medios que se establezcan mediante norma de carácter general de la Superintendencia.”.
b) Reemplázase la primera oración del inciso segundo por la siguiente: “La Administradora, cada cuatro meses, a lo menos, deberá comunicar a cada uno de sus afiliados, por el medio que determine la Superintendencia mediante norma de carácter general, los movimientos registrados en su cuenta de capitalización individual y en su cuenta de ahorro voluntario, si ésta existiere, con indicación de su valor en pesos.”.
c) Elimínase en la primera oración del inciso tercero, la frase “de la cuenta de capitalización individual y”.
d) Elimínanse la tercera y cuarta oraciones del inciso tercero.
7) Reemplázase el inciso sexto del artículo 40 por el siguiente:
“En todo caso, por cada día en que tuviere déficit de Encaje, incurrirá en una multa a beneficio fiscal, cuyo monto no podrá ser inferior a un uno por ciento ni superior al cien por ciento de dicho déficit, que será aplicada por la Superintendencia de Pensiones. Para efectos de establecer la multa, la Superintendencia deberá tener en consideración las causas que ocasionaron el déficit de encaje, el cumplimiento oportuno del plazo fijado en el inciso cuarto precedente y la cuantía del déficit.”.
8) Modifícase el artículo 45 de la siguiente manera:
a) Elimínase en la letra j) del inciso segundo, la frase “que se transen habitualmente en los mercados internacionales y”. Además, intercálase en la penúltima oración, a continuación de la expresión “depósitos de corto plazo” lo siguiente: “, monedas extranjeras”.
b) En el encabezado del inciso décimo séptimo, reemplázase el guarismo “4” por “3”.
c) Suprímese el número 3) del inciso décimo séptimo, pasando el actual número “4)” a ser número “3)”.
d) En el inciso décimo séptimo, en la primera oración del actual número 4), que ha pasado a ser 3), suprímese la siguiente frase: “y en las letras e), f), g), i) y k), todas del inciso segundo, cuyo emisor tenga menos de tres años de operación”. Por otra parte, en la última oración de este número, agrégase a continuación de la palabra “instrumentos” la siguiente expresión “, operaciones y contratos”. Finalmente, a continuación de la letra “k)” y antes del punto final (.), agrégase la frase: “y podrá incluir otros instrumentos, operaciones y contratos de carácter financiero que aquélla autorice, aludidos en la letra j) del inciso segundo de este artículo”.
e) Intercálase entre la primera y la segunda oración del inciso décimo noveno, la siguiente: “Asimismo, deberá establecer límites máximos para la inversión en moneda extranjera sin cobertura cambiaria que podrán mantener las Administradoras respecto de cada Tipo de Fondo, así como la definición de cobertura cambiaria, debiendo contar con informe previo favorable del Banco Central de Chile.”
f) Suprímese los incisos vigésimo cuarto, vigésimo quinto y vigésimo sexto, pasando el actual inciso vigésimo séptimo a ser vigésimo cuarto.
9) Intercálase entre la primera y la segunda oración del inciso séptimo del artículo 45 bis, la siguiente oración: “Estas comisiones máximas incluirán conceptos tales como: administración, transacción y custodia de los títulos a que se refiere la citada letra j), según determine la Superintendencia en norma de carácter general.”.
10) Modifícase el artículo 47, de la siguiente manera:
a) Suprímense los incisos décimo séptimo a décimo noveno.
b) Suprímese la tercera oración del actual inciso vigésimosegundo.
c) Suprímense los incisos vigésimo cuarto y vigésimo quinto.
11) Agrégase en el inciso quinto del artículo 48, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración: “De igual manera, los Fondos de Pensiones podrán participar en procesos de estructuración financiera de emisores a través del canje de títulos del emisor, correspondiendo a la Superintendencia determinar, mediante una norma de carácter general, los requisitos para que los Fondos participen en este tipo de operaciones.”.
12) Reemplázase en la última oración del inciso quinto del artículo 105, la frase “menor clasificación de riesgo” por “clasificación de mayor riesgo”. Además, agrégase a continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración: “En caso que el emisor no presente la tercera clasificación solicitada, se desaprobará el instrumento.”.
13) Suprímase en el inciso tercero del artículo 106, la oración “previo informe favorable de la Superintendencia de Pensiones,”.
14) Intercálase en las letras e) y h) del inciso primero del artículo 154, entre la palabra “activos” y la preposición “que”, la siguiente oración: “, con excepción de cuotas de fondos mutuos que se transen directamente con el emisor,”. Además, intercálase en la letra f) del mismo inciso, entre la palabra “propios” y la preposición “que”, la siguiente oración: “, con excepción de cuotas de fondos mutuos que se transen directamente con el emisor,”.
Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley N° 19.728.
1) Modifícase el artículo 42 de la siguiente forma:
a) Reemplázase la primera oración del inciso primero, por la siguiente: “Cada mes que la rentabilidad real del Fondo de Cesantía y del Fondo de Cesantía Solidario, de los últimos seis meses, supere la rentabilidad real respectiva que determine el Régimen de Inversión de los Fondos de Cesantía, conforme a lo dispuesto en el artículo 58E, considerando la volatilidad de la diferencia entre la rentabilidad del fondo respectivo y su cartera referencial, la comisión cobrada será la comisión base a que se refiere el artículo 30, incrementada en un diez por ciento.”.
b) Reemplázase la primera oración del inciso segundo, por la siguiente: “Por su parte, en cada mes en que la rentabilidad real del Fondo de Cesantía y del Fondo de Cesantía Solidario, de los últimos seis meses, sea inferior a la rentabilidad real respectiva que determine el Régimen de Inversión de los Fondos de Cesantía, conforme a lo dispuesto en el artículo 58E, considerando la volatilidad de la diferencia entre la rentabilidad del fondo respectivo y su cartera referencial, la comisión cobrada será la comisión base ya referida, reducida en un diez por ciento.”.
2) Modifícase el artículo 58B de la siguiente manera:
a) Elimínase el número 3) del inciso primero, pasando el actual número 4) a ser número 3).
b) En la primera oración del actual número 4), que ha pasado a ser número 3), elimínase la siguiente frase: “y en las letras e), f), g), i) y k), todas del inciso segundo del artículo 45 del decreto ley N° 3.500, de 1980, cuyo emisor tenga menos de tres años de operación”. Por otra parte, en la última oración de este número, agrégase a continuación de la palabra “instrumentos” la siguiente expresión: “, operaciones y contratos”. Finalmente, a continuación del número “1980” y antes del punto final (.), agrégase la frase: “y podrá incluir otros instrumentos, operaciones y contratos de carácter financiero que aquélla autorice, aludidos en la letra j) del inciso segundo del citado artículo”.
3) Agrégase al final del primer inciso del artículo 58 C, la siguiente oración: “Asimismo, el Régimen deberá establecer límites máximos para la inversión en moneda extranjera sin cobertura cambiaria que podrá mantener la Administradora de Fondos de Cesantía respecto de cada Fondo, así como la definición de cobertura cambiaria, debiendo contar con informe previo favorable del Banco Central de Chile.”.
4) Incorpórase el siguiente inciso final en el artículo 58E: “El Régimen de Inversión deberá establecer la medida de la volatilidad de la diferencia entre la rentabilidad del Fondo respectivo y su cartera referencial.”.
Artículo 4°.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el Artículo 1°, del Decreto Ley N° 824, de 1974:
1) En el número 1º, del artículo 42, agrégase el siguiente inciso segundo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser incisos tercero y cuarto, respectivamente:
“Cuando los depósitos efectuados en la cuenta de ahorro voluntario a que se refiere el artículo 21 del decreto ley N°3.500, de 1980, se destinen a anticipar o mejorar la pensión, para los efectos de aplicar el impuesto establecido en el artículo 43, se rebajará de la base de dicho tributo el monto que resulte de aplicar a la pensión el porcentaje que en el total del fondo destinado a ella representen tales depósitos. Este saldo será determinado por la Administradora de Fondos de Pensiones de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 del decreto ley Nº 3.500, de 1980, registrando separadamente el capital invertido, expresado en unidades tributarias mensuales, el que corresponderá a la diferencia entre los depósitos y los retiros netos, convertidos cada uno de ellos al valor que tenga dicha unidad en el mes en que se efectúen estas operaciones.”.
2) Agrégase al número 3 del artículo 42 bis el siguiente inciso tercero nuevo:
“Los recursos originados en depósitos de ahorro previsional voluntario, cotizaciones voluntarias o ahorro previsional voluntario colectivo acogidos a lo dispuesto en el número 1 del presente artículo, y que hayan sido destinados a pólizas de seguros de vida autorizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros como planes de ahorro previsional voluntario, se gravarán en caso de muerte del asegurado con el impuesto que establece este numeral, en aquella parte que no se haya destinado a financiar costos de cobertura. Dicho impuesto será retenido por la Compañía de Seguros al momento de efectuar el pago de tales recursos a los beneficiarios, y enterado en arcas fiscales hasta el día 12 del mes siguiente de aquel en que haya efectuado la retención. Para los efectos de la determinación de este impuesto las cantidades afectas a la tributación señalada se reajustarán en la forma dispuesta en el inciso penúltimo, del número 3°, del artículo 54. El impuesto a que se refiere este inciso no se aplicará cuando los beneficiarios hayan optado por destinar tales recursos a la cuenta de capitalización individual del asegurado, caso en el cual tampoco tendrá lugar la exención que contempla el artículo 42 ter.
3) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 42 bis, por el siguiente:
“Si el contribuyente no opta, al momento de incorporarse al sistema de ahorro a que se refiere este artículo, por acogerse al régimen establecido en el inciso anterior, o habiendo optado sus depósitos exceden de los límites que establece dicho inciso, los depósitos de ahorro previsional voluntario, las cotizaciones voluntarias, el ahorro previsional voluntario colectivo correspondiente a los aportes del trabajador, a que se refieren los números 2. y 3. del Título III del decreto ley Nº 3.500, de 1980, o el exceso en su caso, no se rebajarán de la base imponible del impuesto único de segunda categoría y no estarán sujetos al impuesto único que establece el número 3. del inciso primero de este artículo, cuando dichos recursos sean retirados. En todo caso, la rentabilidad de dichos aportes estará sujeta a las normas establecidas en el artículo 22 del mencionado decreto ley. Asimismo, cuando dichos aportes se destinen a anticipar o mejorar la pensión, para los efectos de aplicar el impuesto establecido en el artículo 43, se rebajará el monto que resulte de aplicar a la pensión el porcentaje que en el total del fondo destinado a pensión representen las cotizaciones voluntarias, aportes de ahorro previsional voluntario y aportes de ahorro previsional voluntario colectivo que la persona hubiere acogido a lo dispuesto en este inciso y los que no hubiese podido acoger por exceder de los límites que establece el inciso primero. El saldo de dichas cotizaciones y aportes, será determinado por las Administradoras de Fondos de Pensiones de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 L del decreto ley N° 3.500, de 1980.”.
4) Sustitúyese, en el inciso cuarto del artículo 50, los guarismos “30” y “15”, por “20” y “10”, respectivamente.”.
5) Reemplázase en el artículo 57 bis, letra A, numeral 1°, inciso tercero, la frase “más antiguas.”, por “que determine a su elección el inversionista.
Disposiciones transitorias
Artículo 1° Transitorio.- Las modificaciones introducidas por la presente ley comenzarán a regir el primer día del mes subsiguiente al de su publicación.
Artículo 2° Transitorio.- La modificación contenida en el N° 7) del artículo 1° de esta ley, comenzará a regir a partir del primer día del séptimo mes siguiente al de su publicación en el diario oficial y se aplicará a los nuevos contratos de seguros que se suscriban o a cualquier contrato vigente que se renueve a partir de dicha fecha.
Artículo 3° Transitorio.- Las modificaciones contenidas en los artículos 2°, 3° y los N° 1), 3) y 5) del artículo 4° de esta ley, comenzarán a regir a partir del primer día del séptimo mes siguiente al de su publicación en el diario oficial.
Artículo 4° Transitorio.- La modificación contenida en el N° 2) del artículo 4° de esta ley regirá respecto de los seguros de vida a que se refiere dicha disposición, que se contraten a partir de la fecha de publicación de esta ley en el diario oficial.
Artículo 5° Transitorio.- No obstante lo señalado en el artículo 1° transitorio, la modificación contenida en el N° 4 del artículo 4° de esta ley, comenzará a regir a partir de la entrada en vigencia del Título IV de la ley N° 20.255. Con todo, en el intertanto, y sin perjuicio de lo señalado en el inciso cuarto del artículo 50 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, los contribuyentes a que dicha norma alude que se hayan acogido a un régimen de previsión, y efectúen cotizaciones de acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero, del artículo 17, del decreto ley N° 3.500, de 1980, podrán deducir de sus ingresos brutos el monto de tales cotizaciones. En dicho caso, el monto del gasto necesario señalado en el inciso cuarto del artículo 50 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, será de un 20% de los ingresos brutos anuales, no pudiendo el monto máximo de la rebaja exceder de 10 unidades tributarias anuales vigentes al cierre del ejercicio respectivo.”
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN , Ministro de Hacienda ; CAMILA MERINO CATALÁN , Ministra del Trabajo y Previsión Social ”.
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY QUE MODERNIZA Y FOMENTA LA COMPETENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO
(Mensaje 562-358)
El Proyecto de Ley introduce una serie de perfeccionamientos al mercado de capitales con el objetivo de fomentar la competencia y modernizar el sistema financiero que, en lo principal, armonizan cuerpos legales ya modificados anteriormente.
El artículo 1° introduce una serie de modificaciones al D.F.L. N° 251, de 1931, sobre Compañías de Seguro. Por su parte, el artículo 2° perfecciona ciertas normas en el D.L. N° 3.500, de 1980, referidas a fomento al ahorro previsional voluntario, a perfeccionamiento en materia de inversiones y a los Gobiernos Corporativos de las A.F.P. El artículo 3° propone cambios a la ley N° 19.728 (Seguro Obligatorio de Cesantía) y, en el artículo 4°, para lograr coherencia con los propósitos del proyecto de ley se proponen modificaciones al D.L. N° 824, de 1975 (Ley sobre Impuesto a la Renta). Finalmente, las normas transitorias se hacen cargo de la entrada en vigencia de las modificaciones legales propuestas.
De los cambios legales propuestos, son las modificaciones a los sistemas de Ahorro Previsional Voluntario (APV) Individual y Colectivo y de Ahorro Voluntario del D.L. N° 3.500, de 1980, las que impactan sobre la. Ley de Impuesto a la Renta y a partir de ello, potencialmente al Fisco. En efecto, en esta última materia el proyecto propone por una parte, evitar la doble tributación que podría producirse sobre las cuentas de Ahorro mencionadas. Por otra, propone que los trabajadores independientes tengan un tratamiento tributario semejante al de los contribuyentes del impuesto de segunda categoría. En el primer caso, los cotizantes de Ahorro Voluntario, APV y APVC, que aporten por sobre el máximo fijado en la ley para efectos de descuento tributario, podrán rebajar de impuestos a la renta, al momento del retiro, aquellos impuestos pagados por los excesos de ahorro sobre dicho límite legal. En el segundo, se da a los contribuyentes la posibilidad de deducir sus cotizaciones, según se dispone en el proyecto, de sus ingresos, reduciéndose al mismo tiempo el monto de gasto máximo para producir renta. Adicionalmente, las modificaciones propuestas la ley de Impuesto a la Renta también incluyen, como tercer aspecto con efecto fiscal, el que los herederos de fallecidos titulares de seguros de vida autorizados como planes de APV administrados por Compañías de Seguros, paguen impuestos a la renta, en las condiciones establecidas en el proyecto, una vez que los recursos sean entregados a los beneficiarios. En consecuencia, podría haber un efecto negativo en el futuro derivado del primer cambio, en el segundo existe neutralidad y por el tercero se podrían recibir más recursos en el futuro.
Consecuencia de lo anterior, se estima que el proyecto no tiene impacto fiscal relevante respecto de los gastos y de los ingresos, para el año 2011, y para los años siguientes, si los hubiere, estos efectos serán incorporados en las leyes de presupuestos respectivas.
Con todo, los cambios al régimen de inversiones contenidas entre las modificaciones al D.F.L. N° 251 pueden generar modificaciones a los Pasivos Contingentes del Fisco. La razón es que las Compañías de Seguro y Rentas Vitalicias tienen garantía estatal en caso de verificarse su quiebra, y modificar los límites puede provocar aumentos o disminuciones en el nivel de riesgo ante una eventual quiebra y, por lo tanto, de pagos del Fisco. En caso que este nivel de riesgo se viera alterado, ello será informado en los Informes de Pasivos Contingentes que anualmente emite y difunde la Dirección de Presupuestos.”2. Oficio N° 658-358 de S.E. el Presidente de la República
(Fdo.): ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos ?.
2. Oficio de S.E. el Presidente de la Cámara de Diputados.
“Honorable Cámara de Diputados
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho del proyecto de ley que moderniza y fomenta la competencia del sistema financiero (Mensaje 562-358) en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado -, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , ministro secretario general de la Presidencia .”
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República
“Honorable Cámara de Diputados
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que prorroga el plazo de calificación otorgado a la comisión asesora para la calificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura, creada por la ley N° 20.405 y concede acceso que indica para fines particulares que señala (Boletín 7435-17).
Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata”.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , ministro secretario general de la Presidencia ”.
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República
“Honorable Cámara de Diputados
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley sobre régimen de transporte público concesionado (boletín N° 7085-15).
Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado -, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata”.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAUD , ministro secretario general de la Presidencia .”
5. Oficio de S.E. el Presidente de la República
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley presentado el 11 de enero del presente, a fin de que sea considerada durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:
ARTÍCULO TERCERO, NUEVO
“Artículo Tercero.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley se financiará con cargo a reasignaciones de los recursos contemplados en el presupuesto aprobado del año 2011
para la Presidencia de la República y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la partida presupuestaria del Tesoro Público.”
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; RODRIGO HINZPETER KIRBERG , Ministro del Interior ; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN , Ministro de Hacienda ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .
6. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 12 de enero de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado, en sesión del día de hoy, tomó conocimiento del rechazo de esa Honorable Cámara a las enmiendas propuestas por esta Corporación al proyecto de ley que modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y regula las Asociaciones Municipales, correspondiente al Boletín N° 6.792-06, y del nombre de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República.
Al respecto, el Senado acordó que los Honorables señores Senadores miembros de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización concurran a la formación de la aludida Comisión Mixta.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.205, de 11 de enero de 2011.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA , Secretario General (S) del Senado.”
7. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 12 de enero de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado, en sesión del día de hoy, ha dado su aprobación a la Observación formulada por el Presidente de la República al proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas, correspondiente al Boletín Nº 4.248-06.
Hago presente a Vuestra Excelencia que dicha Observación fue aprobada con el voto afirmativo de 27 Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta manera, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Adjunto copia del oficio Nº 1.176/SEC/10, de 21 de diciembre de 2010, del Senado, con el que se comunica a Su Excelencia el Presidente de la República el texto del proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional, y el Mensaje Nº 579-358, de 6 de enero de 2011, en el que se contiene la referida Observación.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA , Secretario General (S) del Senado.
8. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 12 de enero de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado, ha aprobado las enmiendas introducidas por esa Honorable Cámara al proyecto de ley que facilita la constitución y funcionamiento de nuevas empresas, correspondiente al Boletín N° 6.981-03.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio N° 9.198, de 6 de enero de 2011.
Devuelvo los antecedentes respectivos..
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA , Secretario General (S) del Senado.
9. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 12 de enero de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el Quincuagésimo Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, sobre el Comercio de Servicios, entre los Gobiernos de los Estados Partes del Mercosur y el Gobierno de Chile, en Montevideo, el 27 de mayo de 2009, correspondiente al boletín Nº 6.690-10.
Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de acuerdo fue aprobado tanto en general, cuanto en particular, con el voto favorable de 25 Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta manera, a lo prescrito en los artículos 54, número 1), y 66, inciso segundo, de la Constitución Política de la República.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 8.991, de 9 de septiembre de 2010.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA , Secretario General (S) del Senado.”
10. Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía recaído en el proyecto de ley que prorroga plazo de calificación otorgado a la comisión asesora para la calificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura, creada por ley N° 20.405 y concede acceso que indica, para fines particulares que se señala. (boletín N° 7.435-17-1)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República .
Para el despacho de esta iniciativa, S.E. el Presidente de la República ha hecho presente la urgencia la que ha calificado de “discusión inmediata” para todos sus trámites constitucionales, motivo por el cual esta Cámara cuenta con un plazo de seis días para afinar su tramitación, término que vence el día 17 de enero próximo por haberse dado cuenta de la urgencia en la Sala el día 11 de enero recién pasado.
Constancias reglamentarias previas.
1) Las ideas matrices o fundamentales del proyecto son la de prorrogar el plazo para calificación de solicitudes de que dispone la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° transitorio de la Ley N° 20.405 y autorizar a dicha Comisión para acceder a los antecedentes, documentos y testimonios recogidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el solo fin de dar cumplimiento a su cometido.
2) Normas de carácter orgánico constitucional.
No existen artículos que revistan ese carácter.
3) Normas de quórum calificado.
Reviste este carácter el artículo 2° del proyecto de ley en comento.
4) Requiere trámite de Hacienda.
Si.
5) El proyecto fue aprobado, en general, por unanimidad.
En sesión 30ª, de 12 de enero de 2011 se aprobó en general por unanimidad.
Votaron por la afirmativa las Diputadas señoras Rubilar , doña Karla y Vidal , doña Ximena y los Diputados señores Ascencio, don Gabriel ; Baltolu, don Nino ; Bauer, don Eugenio ; Gutiérrez, don Romilio ; Hasbún, don Gustavo ; Jiménez, don Tucapel ; Ojeda, don Sergio y Salaberry, don Felipe .
6) Se designó Diputada Informante a la señora Rubilar , doña Karla .
I. ANTECEDENTES GENERALES.
1.- Fundamentos del mensaje.
El proyecto en informe señala que la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (en adelante la “Comisión Asesora”) establecida en el artículo 3° transitorio de la ley N° 20.405, dispuso de un plazo de 6 meses -contado desde su conformación- para recibir solicitudes de calificación de aquellos hechos vinculados a graves violaciones a los Derechos Humanos acaecidas en décadas pasadas, el que se extendió entre el 17 de febrero de 2010 -fecha en que se conformó formalmente la Comisión Asesora de acuerdo a lo establecido en el artículo 6° del decreto supremo N° 43, de 2010, del Ministerio del Interior- y el 17 de agosto de 2010, recibiendo en definitiva más de 33.000 casos.
Por otra parte, la misma ley N° 20.405 dispuso un plazo de 6 meses para que la Comisión Asesora calificara los casos recibidos, el cual comenzó inmediatamente después de la etapa de presentación de antecedentes señalada precedentemente, extendiéndose -por lo tanto- entre el 17 de agosto de 2010 y el 17 de febrero de 2011.Sin embargo, la realidad observada durante estos meses de recepción de casos, superó significativamente el número previsto originalmente para la función de la Comisión Asesora -alrededor de 18.000 casos-. Tal situación ha sido representada tanto por sus miembros durante audiencia llevada a cabo en el Palacio de La Moneda el día 14 de diciembre de 2010, como por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, manifestando ambas entidades que el plazo legal fijado para efectuar las calificaciones es insuficiente, siendo necesario y urgente, por lo tanto, la ampliación.
2.- Contenido del mensaje.
A.- Aspectos generales.
Este proyecto recoge tal inquietud y plantea la ampliación, por hasta un plazo de 6 meses, de la etapa de calificación de la Comisión Asesora.
Por otra parte, el mismo artículo 3° transitorio de la ley N° 20.405, dispuso que esta Comisión Asesora calificara también a las víctimas de prisión política y tortura del período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, que: i) no presentaron sus antecedentes dentro de los plazos establecidos a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el Decreto Supremo N° 1.040 de 2003, del Ministerio del Interior, o bien que ii) presentaron solicitudes que no fueron calificadas favorablemente por ésta, autorizándolas para que, en virtud de nuevos antecedentes, puedan presentar renovadas solicitudes ante la Comisión Asesora creada por la ley N° 20.405.
El acervo de documentos y testimonios presentados originalmente es, en numerosas oportunidades, relevante para descartar o ponderar una solicitud que invoca nuevos antecedentes. Sin embargo, existe una obligación de mantener el secreto respecto de los antecedentes, documentos y testimonios entregados a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura ya concluida, que es expresa y clara en el texto de la ley N° 19.992. Dicha obligación legal de secreto, según lo dispuesto en el artículo 15 de la ley N° 19.992, ha de mantenerse por cincuenta años, situación que no previó la ley N° 20.405, imposibilitando parte importante del análisis de casos por la Comisión Asesora, que califica hechos de similar naturaleza.
Cabe señalar, respecto la Comisión Asesora de la ley N° 20.405, que la norma legal dispuso su conformación por los mismos miembros -o en su defecto, por quienes los reemplacen- de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura de 2003, con el objetivo manifiesto del legislador que quienes asumieran esta nueva calificación, fueses personas familiarizadas con la función calificadora de la Comisión del año 2003, al tratarse -como hemos señalado- de hechos que revisten las mismas características.
De este modo, se hace necesario autorizar con este fin único y preciso, el acceso de la Comisión Asesora creada por la ley N° 20.405, a los antecedentes, documentos y testimonios recogidos en su momento por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, durante el tiempo dispuesto por este proyecto de ley para su labor de calificación, sin por ello perder fuerza ni vigor el resguardo del secreto legal que protege dichos antecedentes.
II. DISCUSIÓN GENERAL Y PARTICULAR DEL PROYECTO.
1.- Discusión general.
El proyecto de ley en informe fue aprobado, en general, por vuestra Comisión, en su sesión 30ª, de fecha 12 de enero del 2011, por unanimidad.
Votaron por la afirmativa las Diputadas señoras Rubilar , doña Karla y Vidal , doña Ximena y los Diputados señores Ascencio, don Gabriel ; Baltolu, don Nino ; Bauer, don Eugenio ; Gutiérrez, don Romilio ; Hasbún, don Gustavo ; Jiménez, don Tucapel ; Ojeda, don Sergio y Salaberry, don Felipe .
Durante la discusión general del proyecto, el debate se centró en los siguientes temas:
A.- Suficiencia del plazo.
Algunos diputados integrantes de la Comisión plantearon sus dudas respecto de si la prórroga del plazo para la calificación de las víctimas era suficiente o, si en el futuro, se tendría que debatir una nueva prórroga.
En la misma línea, el Presidente de la Agrupación Nacional de ex Presos Políticos de Chile , don Víctor Cuevas señaló que si bien el proyecto es beneficioso es tanto aumenta el plazo, la experiencia de las víctimas y del trabajo de anteriores comisiones de reparación hacen necesario que no existiese un plazo de término de funcionamiento, sino que su vigencia fuese permanente en el tiempo.
El señor Subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia , don Claudio Alvarado , expresó que se han dispuesto fondos suficientes para la contratación de personal e implementos varios para garantizar el correcto funcionamiento de la Comisión.
La señora Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Valech , doña María Luisa Sepúlveda , indicó que el plazo propuesto en el proyecto es coherente con los tiempos de trabajo y número de solicitudes pendientes de calificación que tuvo la Comisión de Prisión Política y Tortura, durante el año 2004. Así, tal experiencia permite considerar que la ampliación de 6 meses resulta suficiente.
B.- Beneficiarios.
Otra de los temas tratados fue si atendido que el proyecto pretende prorrogar el plazo de calificación, sería posible que se adelantara un listado de calificados al día 17 de febrero de 2011, fecha original de término de trabajo de la Comisión Calificadora, o se otorgaran los beneficios a los futuros calificados en el mes de agosto con efecto retroactivo.
El señor Subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia , don Claudio Alvarado , indicó que no está contemplado elaborar un informe preliminar para adelantar los beneficios a tales calificados, ni que se otorguen los beneficios con efecto retroactivo. Sin perjuicio de ello, el Ejecutivo podría sondear alguna solución para tal caso.
C.- Secreto.
En cuanto a la necesidad de continuar con el secreto de los antecedentes recopilados por la Comisión de Prisión Política y Tortura, el señor Salaberry , hizo presente que durante la discusión del proyecto de ley N° 19.992, los ministros invitados a exponer indicaron que tal secreto era necesario para satisfacer la necesidad de información de tal Comisión, puesto que de no existir, los declarantes no hubiesen prestado testimonio, lo que hubiese obstaculizado, aún más, tal proceso calificatorio.
Por su parte, la señora Rubilar , doña Karla , hizo presente que el secreto es obligatorio para el custodio de la información, no así para quien había declarado o aportado antecedentes ante la Comisión. Así, si tal declarante estimaba oportuno hacer públicos sus antecedentes, no estaba obligado a guardar secreto.
El señor Jiménez , en una línea diversa, argumentó que el secreto dispuesto en el artículo 15 de la ley 19.992 sólo beneficiaba a los victimarios, y que no servía para avanzar en verdad y justicia reparatoria.
Sin perjuicio de tales inquietudes, fue opinión mayoritaria de la Comisión que cualquier discusión sobre la derogación o mantención de tal secreto era una cuestión ajena a este proyecto, por cuanto se alejaba de su idea matriz.
Finalmente, la señora Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Valech , doña María Luisa Sepúlveda , indicó que la facultad contemplada en el artículo 2° del proyecto surge de una serie de discrepancias habidas entre la Comisión calificadora y el Ministerio del Interior.
D.- Reparación ley N°20.405.
Finalmente, un tema de interés para la Comisión fue la aplicación práctica de los beneficios dispuestos en la ley N°20.405. Ello, por cuanto las pensiones de sobrevivencia ahí dispuestas sólo estarían beneficiando a las viudas de víctimas de atropellos a los derechos humanos, no así a los viudos.
Ello contradiría el espíritu de tal iniciativa legal, a la vez que significar una discriminación arbitraria entre familiares de tales víctimas.
Sobre el particular, el señor Subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia , don Claudio Alvarado , indicó que el Ejecutivo estudiará tal situación y de ser necesario, propondrá una iniciativa legal que la corrija.
2.- Discusión Particular.
Artículo 1°
Esta norma prorroga en seis meses el plazo de que dispone la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, creada en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° transitorio de la ley N°20.405, para la realización del proceso de calificación de las víctimas.
Sometido a votación el artículo se aprobó por unanimidad.
Votaron por la afirmativa las Diputadas señoras Rubilar , doña Karla y Vidal , doña Ximena y los Diputados señores Ascencio, don Gabriel ; Baltolu, don Nino ; Bauer, don Eugenio ; Gutiérrez, don Romilio ; Hasbún, don Gustavo ; Jiménez, don Tucapel ; Ojeda, don Sergio y Salaberry, don Felipe .
Artículo 2º
Esta disposición autoriza a los integrantes de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura y a dos de sus profesionales para consultar los documentos, testimonios y antecedentes de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, para el solo efecto de cumplir con su obligación de calificación, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 20.405.
Sometido a votación el artículo se aprobó por unanimidad.
Votaron por la afirmativa las Diputadas señoras Rubilar , doña Karla y Vidal , doña Ximena y los Diputados señores Ascencio, don Gabriel ; Baltolu, don Nino ; Bauer, don Eugenio ; Gutiérrez, don Romilio ; Hasbún, don Gustavo ; Jiménez, don Tucapel ; Ojeda, don Sergio y Salaberry, don Felipe .
-o-
El Ejecutivo formuló una indicación para agregar un artículo 3°, del siguiente tenor:
“Artículo 3°.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley se financiará con cargo a reasignaciones de los recursos contemplados en el presupuesto aprobado del año 2011 para la Presidencia de la República y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la partida presupuestaria del Tesoro Público.”.
La razón de la indicación es la de señalar la fuente de financiamiento, atendido al hecho de que el informe financiero menciona que la aplicación de este proyecto de ley implica mayor gasto fiscal.
Sometida a votación la indicación se aprobó por unanimidad.
Votaron por la afirmativa las Diputadas señoras Rubilar , doña Karla y Vidal , doña Ximena y los Diputados señores Ascencio, don Gabriel ; Baltolu, don Nino ; Bauer, don Eugenio ; Gutiérrez, don Romilio ; Hasbún, don Gustavo ; Jiménez, don Tucapel ; Ojeda, don Sergio y Salaberry, don Felipe .
III. DOCUMENTOS SOLICITADOS Y PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.
Vuestra Comisión recibió al señor Subsecretario del Ministerio Secretaria General de la Presidencia , don Claudio Alvarado ; al señor Asesor Legislativo de dicha Secretaría de Estado , don Andrés Sotomayor , a la Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Valech , doña María Luisa Sepúlveda ; al Secretario Ejecutivo de la Comisión para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, don Claudio Herrera ; Presidente de la Agrupación Nacional de ex Presos Políticos de Chile , don Víctor Cuevas y al Director y Encargado Zona Norte Agrupación Nacional de ex Presos Políticos de Chile , don Roberto Pérez .
IV. ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
De conformidad a lo establecido en el Nº 4 artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia que el artículo 3°, incorporado por indicación del Ejecutivo, debe ser conocido por la Comisión de Hacienda.
V. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES.
No existen artículos o indicaciones en esa situación.
VI.- TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.
Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor Diputado Informante , esta Comisión recomienda aprobar el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Prorrógase hasta por seis meses, el plazo de calificación establecido en el inciso tercero letra b) del artículo tercero transitorio de la Ley N° 20.405, contado desde la fecha de término allí dispuesta.
Artículo 2°.- Autorízase a la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, creada por el artículo tercero transitorio de la Ley N° 20.405, para que sus miembros, y dos de sus profesionales especialmente autorizados por la unanimidad de sus integrantes, tengan acceso a consultar los documentos, testimonios y antecedentes de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, creada por el Decreto Supremo N° 1.040 de 2003, del Ministerio del Interior, autorización que se otorga con el objeto exclusivo de cumplir su obligación de calificación durante el plazo establecido en la Ley N° 20.405 y en este cuerpo legal.
La Comisión Asesora a que se refiere el artículo tercero transitorio de la Ley N° 20.405, y las personas que ella autorice en virtud del inciso anterior, se encontrarán sujetas a las mismas obligaciones, prohibiciones y sanciones establecidas en el artículo 15 de la Ley N° 19.992.
La consulta de dichos documentos, antecedentes y testimonios se realizará, exclusivamente por quienes indica el inciso primero de este artículo, en el lugar donde la documentación se encontrare materialmente, quedando prohibido su retiro, así como su reproducción a través de cualquier medio.
Artículo 3°.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley se financiará con cargo a reasignaciones de los recursos contemplados en el presupuesto aprobado del año 2011 para la Presidencia de la República y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la partida presupuestaria del Tesoro Público.”.
-o-
Se designó diputado informante a la señora Rubilar, doña Karla.
Tratado y acordado en sesión del día 12 de enero de 2011, con la asistencia de las Diputadas señoras Rubilar , doña Karla y Vidal , doña Ximena y los Diputados señores Ascencio, don Gabriel ; Baltolu, don Nino ; Bauer, don Eugenio ; Espinoza, don Fidel ; Gutiérrez, don
^@#@ ^Romilio ; Hasbún, don Gustavo ; Jiménez, don Tucapel ; Ojeda, don Sergio ( Presidente Accidental ) y Salaberry, don Felipe .
Sala de la Comisión, a 12 de enero de 2011.
(Fdo.): JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA, Abogado Secretario de la Comisión ”.
11. Certificado de la Comisión de Hacienda.
?El secretario accidental de Comisiones que suscribe, certifica:
Que el proyecto de ley originado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República que “prorroga el plazo de calificación otorgado a la comisión asesora para la calificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura, creada por la ley N° 20.405 y concede acceso que indica para fines particulares que señala”, boletín Nº 7435-17, , con urgencia calificada de "discusión inmediata", fue tratado por la Comisión de Hacienda en sesión de esta fecha, con la asistencia de los diputados señores Von Mühlenbrock, don Gastón ( Presidente ); Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Monckeberg, don Nicolás ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Robles, don Alberto, Silva don Ernesto y Velásquez, don Pedro .
Asistió a la Comisión durante el estudio de la iniciativa el señor Claudio Alvarado , Subsecretario General de la Presidencia , acompañado por el asesor legislativo señor Andrés Sotomayor .
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía dispuso en su informe que debía ser conocido por la Comisión de Hacienda el artículo 3° del proyecto aprobado por ella, el cual dispone que el mayor gasto que represente su aplicación se financiara con reasignaciones del presupuesto vigente de la Presidencia de la República , suplementándose si fuere necesario, con recursos provenientes de la partida Tesoro Público.
Sometido a votación el artículo 3°, fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes, señores Auth , Godoy , Jaramillo , Monckeberg, don Nicolás ; Montes , Ortiz , Robles , Velásquez y Von Mühlenbrock .
La Comisión acordó que el informe se emitiera en forma verbal, directamente en la Sala, para lo cual designó Diputado Informante al señor Montes, don Carlos .
Se adjunta al presente certificado el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, que estima en $ 887.182 miles el costo total de la iniciativa.
(Fdo.): GUILLERMO DÍAZ VALLEJOS, Secretario Accidental de la Comisión ”.
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY QUE PRORROGA EL PLAZO DE CALIFICACIÓN
OTORGADO A LA COMISIÓN ASESORA PARA LA CALIFICACIÓN DE
DETENIDOS DESAPARECIDOS, EJECUTADOS POLÍTICOS Y VÍCTIMAS DE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA, CREADA POR LA LEY N° 20.405.
Mensaje N° 573 - 358
1.- El objetivo del presente proyecto de ley es prorrogar el plazo de calificación dispuesto por la ley N° 20.405. Específicamente, significa ampliar por hasta un plazo de seis meses la etapa de calificación de los casos recibidos, con el propósito de finalizar la labor de la comisión asesora con la acuciosidad necesaria.
Asimismo, se autoriza el acceso de la Comisión asesora, a los antecedentes, documentos y testimonios recogidos en su momento por la Comisión Nacional sobre Prisión y Tortura, durante el tiempo dispuesto por este proyecto de ley, para su labor de calificación, manteniendo el secreto legal que protege dichos antecedentes.
2.- Por tanto, el costo fiscal estimado por la aplicación de esta iniciativa legal, asciende a $ 887.182 miles, de acuerdo al siguiente detalle:
Miles $
Gastos en honorarios y dietas comisionales
704.003
Bienes y servicios de consumo
180.679
Equipamiento básico
2.500
3.- El gasto que irrogue la presente iniciativa se financiará con reasignaciones de los recursos contemplados en el presupuesto aprobado del año 2011 para la Presidencia de la República y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la partida presupuestaria del Tesoro Público.
(Fdo.): ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos ?.
12. Moción de los diputados señores González , Accorsi , Auth , Cornejo , Chahín , De Urresti , Harboe , Tuma , y de la diputada señora Pascal, doña Denise .
Establece derechos en materia de uso de estacionamientos concesionados. (boletín N° 7438-06)
“Considerando:
1.- Que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 5º de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, la administración de los bienes nacionales de uso público corresponde a los municipios, los cuales por la vía de la concesión y los permisos, pueden traspasar a los privados el uso de tales bienes con cargo al pago de contraprestaciones a favor de cada administración local. Esta actividad, no solo es fuente generadora de recursos para las municipalidades, sino que además permiten muchas ordenar el uso de los espacios públicos de las ciudades.
2.- Que sin embargo, el uso de estos espacios debe hacerse de manera tal que no se produzcan perjuicios a la población usuaria de los espacios sujetos a concesiones o permisos.
3.- Que un caso de grave lesión a los intereses de la población es el referido a la concesión de parquímetros en las ciudades del país. Estos por una parte permiten ordenar los flujos vehiculares y asegurar el orden de las plazas de estacionamiento, cuestión esencial considerando el aumento constante del parque automotor, pero cuando no tienen regulaciones mínimas, perjudican seriamente a los usuarios. Esto queda en evidencia en las ciudades balnearios como Viña del Mar, en donde por deficiencias en el modelo de concesión se permite que los concesionarios suban los precios del servicio durante la temporada estival, realicen cobros por bloques horarios y no cobros por minuto, como debería ser lógico y lo que es peor ven facilitado su negocio al disponer la autoridad municipal de medidas de ordenamiento del tránsito que importan favorecer a los concesionarios.
Situaciones semejantes ocurren en la Región Metropolitana, donde en algunas comunas el valor del parqueo es superior en un 100 % a otras, donde se alzan arbitrariamente los valores según sectores, se suben los cobros en temporadas. En algunas comunas de Chile, además, se ha usado estos mecanismos para resolver los problemas financieros del municipio o para paliar los déficits en que han incurrido deficientes gestiones municipales, castigando injustamente a los ciudadanos.
Un caso extremo se produce en las zonas de acceso directo a playas de mar, lagos o ríos, en los cuales se han detectado prácticas de cobro por día en el espacio público, lo que atenta contra los derechos de los usuarios pero también en contra de la administración de los recursos turísticos de las ciudades.
4.- Que por las razones expuestas es que nos permitimos someter a consideración de la H. Cámara de Diputados este proyecto de ley que busca establecer un catálogo mínimo de derechos de los usuarios de los servicios de estacionamientos concesionados.
Por tanto,
Los diputados que suscribimos venimos en presentar a consideración de la H. Cámara de Diputados, el siguiente:
Proyecto de ley
Artículo primero.- Los usuarios de los estacionamientos en la vía pública que estén sometidos a un régimen de concesión tendrán los siguientes derechos mínimos e irrenunciables:
1º Derecho a la seguridad e integridad de sus bienes: Los responsables de las concesiones deberán contar con sistemas de vigilancia, que aseguren la integridad de los vehículos que hagan uso de los estacionamientos. Responderán hasta de la culpa leve en caso de deterioro, hurto de partes o piezas del vehículo y del robo del mismo.
2º Derecho a un cobro justo: Los usuarios tendrán la obligación de pagar por el uso del derecho a estacionar su vehículo, debiendo pagar por el tiempo que estos estuvieren estacionados en la vía concesionada. El cobro siempre se efectuará por los minutos en que efectivamente el vehículo ha sido estacionado. El valor deberá ser el mismo dentro de todo el territorio comunal.
Queda prohibido el aumento de tarifas durante las temporadas de mayor afluencia de público.
3º Derecho a uso gratuito de las vías para residentes: Los residentes del sector sujeto a concesión de estacionamiento de vehículos motorizados siempre tendrán derecho a la gratuidad de estacionamiento frente a su vivienda o en un perímetro comprendido dentro de 100 metros a la redonda.
4º Derecho a la imparcialidad de la Autoridad: Otorgada una concesión la autoridad no podrá adoptar medidas de ordenamiento y policía administrativa que supongan beneficiar a los concesionarios.
13. Moción de las diputadas señoras Cristi , doña María Angélica ; Hoffmann , doña María José ; Molina , doña Andrea ; Sepúlveda , doña Alejandra ; Zalaquett , doña Mónica , y de los diputados señores Araya , Barros , Calderón , Uriarte y Ward .
Crea Registro Especial para criaturas no nacidas.”. (boletín N° 7439-18)
Fundamentos:
En la Cámara de Diputados, se han presentado varios proyectos de ley, por diversos parlamentarios de todas las bancadas, que buscan dignificar y dar el reconocimiento que merecen los nonatos “quienes mueren antes de nacer”, entregándoles el derecho a una digna sepultura, un nombre u apellidos de loa padres a la criatura que no nació.
Uno de esos proyectos, fue recogido en el año 2003, originado en el decreto N° 216 del Minsal, el cual corrigió numerosas falencias existentes en la ley hasta ese entonces. Efectivamente, se estableció que el médico debe entregar un certificado para que el Registro Civil otorgue el pase de sepultación, y los cementerios no pueden rechazar la inhumación o incineración de los mortinatos, como ocurría antes. Así los padres pueden exigir al médico el certificado en caso de fallecimiento desde el momento en que el feto es identificable de la membrana ovular o de la placenta, lo cual les da el derecho a solicitar la entrega de los restos de su hijo dentro de 72 horas desde que se certificó la defunción.
Por ello, el registro civil, lleva actualmente un catastro de nonatos con fines estadísticos y el cual refleja los certificados que otorga el servicio a los padres de los nonatos interesados en realizar la sepultación. Sin embargo, este catastro tiene falencias por cuanto no permite identificar al nonato con nombre completo, y solamente se identifica con NN más el apellido de la madre.
Esto, si bien fue un adelanto en nuestra legislación, aún no satisface cabalmente a quienes sufren emocionalmente oír la pérdida del nonato, debido a que no se le asocia un nombre y no se le incluye el apellido del padre en el Certificado de Mortalidad Natal extendido por el registro civil, lo cual constituye una barrera para quienes sí desean darle a sus hijos sin nacer, un lugar físico y sentimental para que sean recordados en sus familias.
En la legislación extranjera, como es el caso de Francia, se aplica una regulación similar a la existente en Chile, con la diferencia que en caso de fallecimiento del feto, el oficial del Registro Civil emite un “acta de niño sin vida”, e inscribe los registros de defunción, indicando día, hora y lugar del parto, los nombres y apellidos, fechas y lugares de nacimiento, profesión u ocupación y domicilios del padre y la madre y, si procede, los del declarante.
Con lo que se propone, los fetos nacidos sin vida se podrán inscribir en el registro civil, para que las familias puedan ofrecer una “identificación y un tratamiento funerario digno”, aunque no adquieran personalidad jurídica como persona, acogiendo así una solicitud humana y condescendiente a las situaciones traumáticas y dolorosas para las familias del niño que fallece antes de nacer, que también les otorgará tranquilidad y consuelo en el dolor.
El 28 de diciembre, se conmemora el Día de Todos los Santos Inocentes, fecha en la cual el mundo cristiano recuerda a los nonatos y los fetos sepultados en memoria de todos los niños que han sido abortados, ya sea en forma espontánea o provocada. En Chile la Corporación Vida, Familia y Sociedad, en un hecho inédito gestionó el 24 de agosto del año 2010m la sepultación de once nonatos víctimas de aborto que se encontraban abandonados en el Instituto Médico Legal a la espera de ser enviados, en su mayoría, a algunos laboratorios especializados en la elaboración de cosméticos y cremas faciales.
Para ello se construyó un mausoleo en el Cementerio Parroquial de Viña del Mar, en el cual se sepultaron nonatos entre tres y ocho meses de gestación. Hay miles de padres y madres que visitan a diario el lugar, como un punto de peregrinación dejando flores y recuerdos en honor de aquellos hijos que no nacieron y que no pudieron darle sepultura.
Para subsanar estas anomalías, se hace necesario en nuestro concepto, modificar la ley del Registro Civil, para lo cual sometemos a la aprobación de la Cámara de Diputados el siguiente:
Proyecto de ley
Único artículo: “Modifíquese el artículo 49 de la ley N° 4.808, sobre Registro Civil , eliminándolo y sustituyéndolo por el siguiente:
“Se creará un registro especial para inscribir el fallecimiento de una criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada de su madre o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera.
El oficial del registro civil deberá emitir un acta de niño sin vida, inscribiéndolo en dicho registro, indicando día, hora y lugar del parto, los nombres y apellidos, fechas y lugares de nacimiento, domicilios del padre y la madre y, si procede, los del declarante.
Con lo señalado, el nonato quedará inscrito, con los apellidos de la madre y del padre si así lo quisiera y el nombre de pila a voluntad de ellos mismos.
Sin perjuicio de lo anterior, todos aquellos padres que cuenten con el certificado médico de defunción y estadística de mortalidad fetal, otorgado por el Registro Civil o Identificación, anterior a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, podrán acogerse a este beneficio y solicitar la inscripción respectiva”.
14. Oficio del Tribunal Constitucional.
“Oficio N° 5.384
Santiago, 10 de enero de 2011.
Excelentísima señora diputada
doña Alejandra Sepúlveda Orbenes ,
Presidenta de la H. Cámara de Diputados,
Valparaíso.
Cumplo en informar a V.E. que en sesión ordinaria de fecha 6 de enero del presente año y en conformidad a lo dispuesto en el N° 1 del artículo 15 de la ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, el Tribunal Pleno aceptó la renuncia a su cargo presentada por el ministro señor Mario Fernández Baeza , la que se hará efectiva el próximo 1° de abril.
Para proveer la vacante que se producirá en la fecha indicada corresponde que, en conformidad a lo preceptuado e el inciso cuarto, en relación con la letra b) del inciso primero del artículo 92 de la Constitución Política de la República, esa H. Cámara de Diputados proponga al H. Senado un reemplazante por el período que restaba al ministro Fernández Baeza , el cual finaliza el 15 de marzo de 2013.
Lo que pongo en conocimiento de V.E., para los efectos ordenados por las disposiciones constitucionales citadas.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente del Tribunal Constitucional ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria abogada.
15. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 4 de enero de 2011.
Oficio Nº 5.366
Remite sentencia.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados.
Remito a V.E. copia de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 4 de enero de 2011 en los autos Rol N° 1.683-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en la causa RUC 0800242317-1, RIT 1.287-2008, deducido ante ese Juzgado de Garantía de Cañete .
Saluda atentamente a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.”
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
PRESENTE.
16. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 4 de enero de 2011.
Oficio N° 5.371
Remite sentencia.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados.
Tengo a bien remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 4 de enero de 2011 en el proceso Rol N° 1.723-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 2.331 del Código Civil a los efectos que indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE Olguín, Secretaria.”
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
PRESENTE.
17. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 7 de enero de 2011.
Oficio N° 5.382
Remite sentencia.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados.
Tengo a bien remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 7 de enero de 2011 en el proceso Rol N° 1.616-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, deducido ante este Tribunal en la causa
Rol 26.341-2009, sobre reclamo arbitral interpuesto ante el Tribunal Arbitral de la Superintendencia de Salud .
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
PRESENTE.
18. Oficio del Tribunal Constitucional
?Santiago, 11 de enero de 2011.
Oficio N° 5.391
Remite sentencia.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados.
Tengo a bien remitir a V.E. copia de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 11 de enero de 2011 en el proceso Rol N° 1.616-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, deducido ante este Tribunal en la causa Rol 26.341-2009, sobre reclamo arbitral interpuesto ante el Tribunal Arbitral de la Superintendencia de Salud .
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.”
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
PRESENTE.