Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Rosauro Martinez Labbe
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- PERMISO
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Ignacio Urrutia Bonilla
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Ignacio Urrutia Bonilla
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Clemira Pacheco Rivas
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Jose Manuel Edwards Silva
- PERMISO
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Juan Antonio Coloma Correa
- Eduardo Frei Ruiz-tagle
- Jaime Quintana Leal
- Ignacio Walker Prieto
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDO DE LOS COMITÉS
- PERMISOS CONSTITUCIONALES
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Javier Hernandez Hernandez
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Maria Angelica Cristi Marfil
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- SALUDO A DELEGACIÓN DE PARLAMENTARIOS DE SUDÁFRICA.
- V. HOMENAJE
- HOMENAJE A EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SEÑOR EDUARDO FREI MONTALVA.
- ANTECEDENTE
- HOMENAJE : Patricio Vallespin Lopez
- HOMENAJE : Pedro Araya Guerrero
- HOMENAJE : Patricio Melero Abaroa
- HOMENAJE : Tucapel Jimenez Fuentes
- HOMENAJE : Guillermo Leon Teillier Del Valle
- HOMENAJE : Juan Luis Castro Gonzalez
- HOMENAJE : Fernando Meza Moncada
- HOMENAJE : Nicolas Monckeberg Diaz
- HOMENAJE A EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SEÑOR EDUARDO FREI MONTALVA.
- VI. ORDEN DEL DÍA.
- MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL TRANSPORTE PÚBLICO REMUNERADO DE PASAJEROS CONCESIONADO. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- INTERVENCIÓN : Clemira Pacheco Rivas
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Gustavo Hasbun Selume
- INTERVENCIÓN : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INTERVENCIÓN : Guillermo Leon Teillier Del Valle
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- DEBATE
- DEBATE
- ATRIBUCIONES AL SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR EN MATERIA FINANCIERA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Manuel Edwards Silva
- INTERVENCIÓN : Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL TRANSPORTE PÚBLICO REMUNERADO DE PASAJEROS CONCESIONADO. Segundo trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO.
- REVISÓN Y ENMIENDA DE POSICIÓN DE SUPERINTDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS RESPECTO DEL DOMINIO Y COMERCIALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS TRATADAS POR EMPRESAS SANITARIAS. (Preferencia).
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jose Ramon Barros Montero
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Denise Pascal Allende
- Adriana Munoz D'albora
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Eduardo Antonio Cerda Garcia
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Jose Perez Arriagada
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- REVISÓN Y ENMIENDA DE POSICIÓN DE SUPERINTDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS RESPECTO DEL DOMINIO Y COMERCIALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS TRATADAS POR EMPRESAS SANITARIAS. (Preferencia).
- SUSPENSIÓN DEL TRATAMIENTO DE INCIDENTES.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- 6. Informe de la Comisión Investigadora del Programa Orígenes; el cumplimiento de sus objetivos; la eficacia en la utilización de sus recursos; un catastro de las comunidades beneficiarias y determinar la efectividad de las denuncias efectuadas relativas a irregularidades en la adquisición de terrenos, sobreprecios en sus pagos y en general toda posible ilicitud o irregularidad en la ejecución de sus fines.
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Jose Manuel Edwards Silva
- Gonzalo Arenas Hodar
- Lautaro Carmona Soto
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Jose Manuel Edwards Silva
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Enrique Estay Penaloza
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Enrique Jaramillo Becker
- Ivan Norambuena Farias
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Joaquin Tuma Zedan
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Tarud Daccarett
- Alfonso De Urresti Longton
- Marcelo Diaz Diaz
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Carlos Montes Cisternas
- Patricio Vallespin Lopez
- Adriana Munoz D'albora
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcelo Diaz Diaz
- Gonzalo Arenas Hodar
- Alfonso De Urresti Longton
- Luis Segundo Lemus Aracena
- Cristian Monckeberg Bruner
- Carlos Montes Cisternas
- Marcelo Schilling Rodriguez
- Joaquin Tuma Zedan
- Patricio Vallespin Lopez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 6. Informe de la Comisión Investigadora del Programa Orígenes; el cumplimiento de sus objetivos; la eficacia en la utilización de sus recursos; un catastro de las comunidades beneficiarias y determinar la efectividad de las denuncias efectuadas relativas a irregularidades en la adquisición de terrenos, sobreprecios en sus pagos y en general toda posible ilicitud o irregularidad en la ejecución de sus fines.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 358ª
Sesión 128ª, en miércoles 19 de enero de 2011
(Ordinaria, de 10.37 a 14.10 horas)
Presidencia de la señora Sepúlveda Orbenes, doña Alejandra, y de los señores Becker Alvear, don Germán, y Moreira Barros, don Iván.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental , el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- HOMENAJE
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 8
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
- Acuerdo de los Comités 11
- Permisos constitucionales 12
- Saludo a delegación de parlamentarios de Sudáfrica 12
V. Homenaje
- Homenaje a ex presidente de la república señor Eduardo Frei Montalva 12
VI. Orden del Día.
- Modificación del régimen jurídico del transporte público remunerado de pasajeros concesionado. Segundo trámite constitucional 25
- Atribuciones al Servicio Nacional del Consumidor en materia financiera. Primer trámite constitucional 46
VII. Proyectos de acuerdo.
- Revisón y enmienda de posición de Superintendencia de Servicios Sanitarios respecto del dominio y comercialización de aguas servidas tratadas por empresas sanitarias. (Preferencia) 55
- Suspensión del tratamiento de Incidentes 56
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto, iniciado en moción que “Relativo al plazo de renuncia a un partido político para presentar candidaturas independientes.”. (boletín N° 6974-06) (S) 57
2. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado la proposición de la Comisión Bicameral relativa al Reglamento del Comité de Auditoría Parlamentaria, establecido en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional 61
3. Oficio del H. Senado por el cual comunica que accede a la proposición de la Cámara de Diputados de desarchivar el proyecto que “Modifica la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, para incorporar el título profesional de Geólogo entre aquéllos que requieren el grado de licenciado universitario.”. (boletín N° 5037-04) (S) 73
Pág.
4. Primer informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, que “Modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado.”. (boletín N° 7085-15) 73
5. Certificado de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, que “Modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado.”. (boletín N° 7085-15) 96
6. Informe de la Comisión “Programa Orígenes y Políticas y Programas Indígenas de la Conadi” 97
7. Moción de los señores diputados Tarud, De Urresti, Díaz, Jarpa, Montes, Vallespín y Muñoz, doña Adriana, que “Reforma la Constitución Política de la República para establecer la existencia de elecciones complementarias en el caso de vacancia de un cargo parlamentario.”. (boletín N° 7455-07) 173
8. Moción de los señores diputados Díaz, Arenas, De Urresti, Lemus, Monckeberg, don Cristián; Montes, Schilling, Tuma y Vallespín, que “Establece registro obligatorio de seguros que indica.”. (boletín N° 7457-03) 174
9. Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite opinión respecto del proyecto, iniciado en mensaje, que “Sobre Calidad y Equidad de la Educación.”. (boletín 7329-04). (12-2011) 177
10. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 474 del Código del Trabajo. Rol 1865-10-INA. (5399) 179
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
- De la Presidenta de la Corporación mediante la cual informa de su participación y la de los diputados Pablo Lorenzini, Ignacio Urrutia y Marcelo Schilling, en el Seminario Parlamentario de Alto Nivel de la OCDE “Los 50 años de la OCDE: Mejores Políticas para Vivir Mejor”, que se llevará a cabo en París, Francia, los días 23 y 24 de febrero de 2011, de conformidad al Acuerdo Marco de Participación en Instancias Internacionales .
- De la Presidenta de la Corporación mediante la cual informa que el Primer Vicepresidente la reemplazará en la Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico, que se realizará entre el 23 y el 27 de enero en Ulán Bator, Mongolia.
- De la Presidenta de la Corporación mediante la cual informa que el diputado señor Rosauro Martínez
- Del diputado señor Hernández, quién, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 18 de enero en curso para dirigirse a China.
- De la diputada señora Cristi, doña María Angélica, quién, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 18 de enero en curso para dirigirse a Brasil.
- Del diputado señor Marinovic, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 25 de febrero en curso, para dirigirse a Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil.
- Del diputado señor Urrutia, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 20 de febrero en curso, para dirigirse a Paris, Francia.
- Del diputado señor Urrutia, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 21 de enero en curso, para dirigirse a Israel.
- De la diputada señora Pacheco, doña Clemira, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 22 de enero en curso, para dirigirse a Bélgica.
- Del diputado señor Edwards Respuestas a Oficios Cuenta 128ª
Contraloría General de la República:
- Diputado Ascencio, Solicita informar respecto de la compatibilidad del ejercicio de las funciones de secretarios regionales ministeriales o de directores regionales de servicios públicos con la práctica profesional para optar al título de Abogado, en la Corporación de Asistencia Judicial (2360 al 2055).
Ministerio de Interior:
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita se informe sobre el estado del proyecto consistente en dotar de una escuela a la localidad de Nueva Talcuna, ubicada en la comuna de Vicuña, Región de Coquimbo (614 al 1756).
Ministerio de Educación:
- Proyecto de Acuerdo 116, Aumento del número de horas destinadas a Educación Cívica. (723).
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputado Marinovic, Informar sobre la modalidad, criterios y base de cálculo que se utiliza para el pago de la asignación de zona para los funcionarios de planta y a contrata del Ministerio de Defensa en la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena. (235 al 1037).
- Diputado Ojeda, Solicita informe sobre las medidas disciplinarias adoptadas respecto de la Subteniente Jessica Alarcón Llauca, particularmente de sus fundamentos jurídicos y de las normas, legales o reglamentarias, eventualmente infringidas por dicha oficial, y respecto de la situación del Cabo 1° Pablo González Rozas (4360 al 2115).
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Solicita se informe sobre los hechos denunciados, en documento adjunto, por el Oficial de Secretaría (R) de Carabineros señor Luis Alberto Albornoz Vásquez. (78 al 2144).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social:
- Diputado De Urresti, Solicita infromar sobre el estado en que se encuentra la tramitación de la solicitud de pensión no contributiva del señor René Alarcón Munizaga y los motivos de su retraso. (18475 al 1826).
- Diputado Jarpa, Solicita adoptar, e informar, medidas tendientes a poner término a las largas filas y excesivas esperas que deben soportar miles de adultos mayores de la Provincia de Ñuble , al concurrir a cobrar sus pensiones a las oficinas o módulos de atención de la empresa Servipag (887 al 2050).
Ministerio de Salud:
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Solicita informar respecto del pago de las cotizaciones de salud del señor Denis Marcelo Herrera Fuenzalida (1321 al 1858).
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita buscar fórmulas para el financiamiento del Programa de Nivelación de Competencias Laborales, en beneficio de trabajadores del sector salud de Coquimbo (64 al 994).
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Solicita se expliquen las razones por las que los Servicios de Salud no contratan a técnicos en podología clínica (65 al 1725).
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Solicita informar sobre la utilización de flúor en el agua potable. (67 al 1994).
- Diputado De Urresti, Solicita informar sobre la viabilidad de financiar el proyecto, ya diseñado, para la adquisición de equipos de monitoreo de gases ambientales atmosféricos en la ciudad de Valdivia. (68 al 1828).
- Diputado Accorsi, Solicita se informe sobre la forma en que opera el Programa de Reparación y Ayuda Integral en Salud (Prais) a través de todo el país, desglosado por regiones, la dotación de recursos humanos con que cuenta, y, finalmente, la cantidad de atenciones que ha realizado en los últimos cuatro años. (69 al 1925).
- Diputado Hernández, Solicita informar sobre la factibilidad de introducir cambios profundos en la gestión del Hospital Base de Osorno, dadas serias deficiencias que registra dicho centro asistencial. (92 al 1126).
Ministerio de Minería:
- Diputado Rivas, Informar acerca de las empresas mineras que hayan presentado proyectos de expansión en la zona de Aconcagua, el número de fiscalizadores en la zona indicada y la nómina de las minas que permanecen cerradas por incumplimiento de las normas de funcionamiento. (46 al 1221).
Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
- Diputado Silber, Diputado Ascencio, Solicita informar respecto de los contratos suscritos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con empresas de comunicaciones o apoyo en coaching, con el objeto de prepararse para la interpelación parlamentaria solicitada por cuarenta y cinco Diputadas y Diputados (24 al 2044).
Ministerio de Planificación y Cooperación:
- Diputado García don René Manuel, Informar sobre la empresa consultora de propiedad del señor Marcial Colín, y si esta tiene facultades para decidir sobre los proyectos presentados a esa Comisión. Además, indicar los proyectos de la mencionada firma que han sido aprobados. (105 al 1301).
- Diputado Squella, Solicita remitir los estudios y,o informes de la Secretaría de Planificación de Trasnporte Área Norte, relativos a la factibilidad de instalar estaciones del Metro Regional de Valparaíso S.A. en los sectores de Valencia y Rumié, ubicados en las comunas de Quilpué y Villa Alemana, respectivamente. (3301 al 2092).
Ministerio Medio Ambiente:
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita se adopten medidas para preservar el caudal ecológico en la Región de Coquimbo, y en particular en la comuna de Vicuña, dado el riesgo que representa la situación actual en la materia para la actividad de los crianceros de la zona (110087 al 803).
- Diputado Melero, Solicita informe sobre la exigibilidad de estudios o informes de impacto ambiental a proyectos de construcción de recintos penales (110089 al 2128).
Intendencias:
- Diputado Vilches, Solicita transmitirle su agradecimiento y reconocimiento por la destacada participación que le cupo en el rescate de los 33 mineros de la mina San José, ubicada en la comuna de Caldera, Región de Atacama. (1 al 594).
- Diputado Marinovic, Solicita considerar la entrega de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la realización de la “Muestra Costumbrista Chilota” y, además, auspiciar algún proyecto de inversión para el mejoramiento de la infraestructura ubicada en los terrenos en que se reúne la comunidad de Chiloé en la ciudad de Punta Arenas. (11 al 797).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (114)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos René PPD XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo IND VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto RN XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea IND V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD V 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Mendez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando IND XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Asistieron, además, los ministros de Economía , Fomento y Turismo, don Juan Fontaine, y de Transporte y Telecomunicaciones, don Pedro Errázuriz.
-Concurrieron, también, los senadores señores Juan Antonio Coloma, Eduardo Frei, Jaime Quintana e Ignacio Walker.
-En misión oficial no estuvieron presentes los diputados señores Mario Bertolino, Guillermo Ceroni, Fidel Espinoza y Roberto León.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.37 horas.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El acta de la sesión 122ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 123ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
ACUERDO DE LOS COMITÉS
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Secretario informará sobre el Acuerdo de los Comités.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Reunidos los jefes de Comités Parlamentarios bajo la Presidencia de la diputada señora Alejandra Sepúlveda, acordaron considerar en eseta sesión, sobre Tabla, la proposición de la Comisión Bicameral relativa al Reglamento del Comité de Auditoría Parlamentaria, establecido en la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, que figura en el segundo lugar de la Cuenta.
-o-
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señora Presidenta , quiero hacer dos consultas:
En primer lugar, ayer pregunté -y ahora insisto- sobre el proyecto de Alta Dirección Pública, que fue un requisito del acuerdo presupuestario. Sin embargo, aunque debió haber ingresado en diciembre, hasta el momento eso aún no ha sucedido.
En segundo término, ¿qué pasa con el proyecto de ley sobre calidad y equidad de la educación de educación que viene del Senado? El informe debe ser evacuado, por lo menos, cuatro horas antes de la sesión, para estudiarlo. ¿Está disponible? Si así fuera, pido que se distribuya entre los señores diputados.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Señor diputado , el informe todavía no está disponible, porque se está redactando. Cuando esté listo, se entregará inmediatamente a cada uno de los señores diputados y señoras diputadas.
En relación con el otro punto, conversaré con el ministro Larroulet en la mañana y le informaré personalmente sobre el resultado de la gestión.
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señora Presidenta , si todavía no está terminado el informe, se debe postergar la hora de inicio de la sesión de la tarde. Los informes deben estar a disposición de los diputados, al menos, algunas horas antes; el Reglamento dice un día antes. Pero aquí ni siquiera está terminado el informe y, por lo tanto, los diputados no vamos a tener el tiempo suficiente para revisarlo. Es importante saber a qué hora lo tendremos y, con ese dato, fijar la hora para el inicio de la sesión.
En consecuencia, pido que quede pendiente la hora de inicio de la sesión de la tarde hasta no tener claridad sobre el informe.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Señora diputada , se está tratando de acelerar el proceso para que los señores diputados y las señoras diputadas tengan a su disposición el informe cuanto antes.
Ahora, por tratarse de urgencia calificada de discusión inmediata, no se requiere que el informe esté disponible con cuatro horas de anticipación. Sin embargo, para la discusión, sin duda, es necesario tenerlo lo antes posible.
Por lo tanto, en consideración a la preocupación de la diputada señora Denise Pascal y de otros jefes de Comité, vamos a acelerar el proceso, por lo menos en lo que corresponde al accionar de esta Cámara.
PERMISOS CONSTITUCIONALES
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Si le parece a la Sala, se concederá al permiso constitucional solicitado por el diputado Javier Hernández para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar del 18 de enero en curso, para dirigirse a China.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Si le parece a la Sala, se accederá también al permiso constitucional solicitado por la diputada señora María Angélica Cristi para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar del 18 de enero, para dirigirse a Brasil.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
SALUDO A DELEGACIÓN DE PARLAMENTARIOS DE SUDÁFRICA.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Saludo la presencia en la tribuna de honor de una delegación de la Comisión de Minería del Parlamento de Sudáfrica, encabezada por su Presidente , señor Mpumelelo Frederick Gona, acompañada de la señora embajadora de Sudáfrica en Chile, señora Duduzile Moerane-Khoza.
Bienvenidos a la Casa de la Democracia.
-Aplausos.
V. HOMENAJE
HOMENAJE A EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SEÑOR EDUARDO FREI MONTALVA.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Señora diputadas y señores diputados, por acuerdo de las bancadas de la Cámara de Diputados, corresponde rendir homenaje al ex Presidente de la República señor Eduardo Frei Montalva.
Saludo en forma especial al senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien se encuentra en la Sala, y al senador Ignacio Walker, presidente de la Democracia Cristiana .
Asimismo, saludo afectuosamente a las señoras Mónica y Paula Urzúa Frei, nietas del ex Presidente de la República señor Eduardo Frei Montalva.
Bienvenidos todos a la Cámara de Diputados.
(Aplausos).
Para iniciar el homenaje, tiene la palabra el diputado Patricio Vallespín, jefe de bancada de la Democracia Cristiana.
El señor VALLESPÍN (de pie).- Distinguida señora Presidenta , honorables colegas; jefes de Comités, que gustosamente accedieron a rendir este homenaje; senador y ex Presidente de la República , señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle ; senador y presidente de la Democracia Cristiana , señor Ignacio Walker ; nietas de nuestro homenajeado, familiares en general, amigas y amigos, señoras y señores:
Queremos dar inicio a este homenaje con la presentación de un video que muestra parte importante de la vida y obra de nuestro homenajeado.
-Se exhibe video sobre la vida y obra de don Eduardo Frei Montalva .
-Aplausos en la Sala y en las tribunas.
El señor VALLESPÍN.- Señora Presidenta , colegas, amigas y amigos, las imágenes, fragmentos y momentos históricos que acabamos de ver en este video lo dicen casi todo.
Es para mí un honor y un privilegio representar a la bancada de diputados de la Democracia Cristiana en el homenaje a Eduardo Frei Montalva, chileno ejemplar, Presidente de la República, fundador de la Falange Nacional y del Partido Demócrata Cristiano.
Se unen en este instante la alegría y el dolor, el orgullo y la nostalgia, el respeto y el cariño, el compromiso reafirmado y la vocación viva y fresca. Resurgen en nuestras conciencias las palabras fuertes y emocionadas de otro grande de Chile, el Cardenal Silva Enríquez , en el momento de su partida, como si los ecos no dejaran de sonar en nuestros oídos: “Ha muerto uno de nuestros jefes: un hombre que señaló rumbos, que expresó los grandes anhelos de nuestro pueblo, que dirigió los destinos de la patria como Presidente de la República ”. Y luego, él mismo hace la síntesis mejor lograda de nuestro estadista: “ Eduardo Frei fue un cristiano, un demócrata, un político, un humanista y un hijo preclaro de la Iglesia. Éstos eran sus títulos”.
Sí, amigas y amigos, hay presencias que nunca nos abandonan, personas que llevamos en el corazón, personajes entrañables a los que nuestras pobres palabras no logran describir.
Tal vez la poesía pueda decirlo mejor. Me llega ahora el recuerdo del poeta Walt Whitman en la despedida al asesinado Presidente Abraham Lincoln:
“¡Oh, capitán! ¡Mi capitán! Nuestro azaroso viaje ha concluido,
El barco ha sorteado todos los escollos, el premio que pedimos lo hemos ganado.
El puerto está a la vista…”.
Sí, éstas son las palabras exactas. Frei fue un hombre que llegó a puerto. Fue un hombre de la palabra empeñada y la palabra cumplida. Un hombre coherente. Las palabras que pronunciaba brotaban de una vida entregada a nobles ideales. Con él la política tenía espíritu y el Chile desconocido para los acomodados pasó al centro de la escena nacional.
Un hombre de sonrisa fácil, que reía a plenitud, que escuchaba como nadie y que hablaba como pocos. Profundo y, a la vez, acogedor. Quien se le acercaba se sentía respetado y tratado con dignidad.
No ofendía; argumentaba. No confundía el interés nacional con los intereses propios. Llevó el prestigio de la Presidencia de Chile a un sitial de honor. Siempre estuvo a la altura de su misión. Con él, la banda presidencial no tocaba el suelo.
Fue firme sin ser soberbio. Defendía sus ideas sin llegar a ser un dogmático. Vivió todo un siglo, pero estuvo siempre dispuesto a acoger lo nuevo, aunque era un apasionado -todos lo sabemos- de nuestra historia y de nuestras tradiciones republicanas.
Líder inspirador, jamás usó el lugar común, la frase ramplona, el mensaje vacío del que tiene intereses, pero olvidó su corazón en algún rincón de su existencia.
Frei veía lejos, pero estaba cerca del sentir de su pueblo. Por eso Chile lo reconoció como uno de sus grandes líderes. Amó a su pueblo y su pueblo supo corresponderle.
De Eduardo Frei Montalva se puede decir algo extraordinario: fue un cristiano al que se le puede aplicar la vara más exigente, la de las bienaventuranzas de su Maestro. Así como lo dijo su amigo Raúl Silva Henríquez en su homilía, con una emoción apenas contenida: “Querido hermano: Ante la majestad de la muerte oigo una voz que tú reconoces y que te invita a resucitar y a participar del Reino diciendo: Ven bendecido de mi Padre, yo tuve hambre y tú me diste de comer en los pobres de Chile. Yo estaba sin casa y tú me procuraste una habitación digna para mí. No tenía tierra para trabajar y tú supiste reconocerme en los campesinos. Yo estaba en la cárcel y tú me fuiste a ver. Yo me encontraba humillado y tú levantaste tu voz para defender mi dignidad.”.
Sí, amigas y amigos, el Cardenal Silva Henríquez tenía razón. Porque la promoción popular fue la entrada del pueblo organizado por la puerta ancha de la democracia. Porque la sindicalización campesina y la reforma agraria hicieron que la dignidad del campesino fuera reconocida. Porque la reforma de la educación hizo a los niños y niñas de Chile hijos de su talento y no esclavos de su condición. Porque la chilenización del cobre entregó a Chile lo que era de Chile. Porque la revolución en libertad unió el progreso con la equidad y la democracia con la participación.
Frei hizo de los anhelos de su tiempo un programa nacional y popular, y eso Chile nunca lo olvidó. Aun en los peores momentos, encarnaba la esperanza de su patria, y eso lo supieron los enemigos de la libertad.
En lo más oscuro de la dictadura, las palabras de Frei resonaron de Arica a Magallanes: “¡La democracia no es el caos!”, “La esperanza de Chile es el pueblo de Chile”. Frei habló con valentía y serenidad, con altura de miras, dando aliento a los desanimados y una razón para luchar a los indecisos.
Si la esperanza de Chile es su pueblo, la esperanza del pueblo se encontraba en Frei. Por eso lo mataron. Lo vuelvo a repetir aquí y ahora: por eso lo mataron. Los cristianos lo saben. El discípulo no es superior al maestro. Hijo de un pueblo martirizado, él mismo encontró la muerte al jugarse entero por la vida. Al eliminar a Frei, los asesinos trataron de desterrar la esperanza de la libertad. Chile se estremeció ante este golpe. Fueron días de desolación.
De nuevo, escucho la voz del poeta, la voz de Walt Whitman, en el mismo poema:
“Mi capitán ya no responde; sus labios están pálidos e inmóviles,
Mi padre no siente más mi brazo, no tiene pulso ni energía.
El barco está anclado, sano y salvo, su viaje ha concluido, terminado (…)
Pero yo, con paso vacilante,
Abandono el puente donde descansa mi Capitán,
Yacente, muerto y helado.”.
Todo parecía concluido y, sin embargo, no fue así. Fueron proféticas las palabras de Rafael Caldera, cuando dijo: “ Eduardo Frei , como el Cid Campeador, tiene muchas batallas que ganar después de muerto”.
Faltándonos Frei , muchos prestaron su voz para que su mensaje no fuera acallado. Faltó su presencia, pero muchos jóvenes se hicieron presente; faltándonos su ejemplo, fueron muchos los que se pusieron en la primera línea. Tuvimos una razón más para que la razón se impusiera sobre la violencia y la democracia venciera a la opresión.
Lo demás es historia conocida, pero todos sabemos que falta una historia por conocer. En realidad, faltan muchas historias por conocer. Falta que el Chile de la libertad haga justicia al estadista que abrió un ancho camino a la libertad para que la nuestra fuera de verdad una tierra de justicia. Nosotros no tenemos rencor, pero no creemos en el remedio del olvido. Creemos en la verdad para la reconciliación.
Por eso, levanto mi voz, en nombre de todas y todos los democratacristianos y en nombre de todos los que han luchado y luchan por los derechos humanos.
María Paz Ortega y Francisca Ortega , amadas nietas de Frei, como todas las otras y otros, han escrito las más bellas páginas pidiendo justicia. En una ocasión, ellas se hicieron eco de las palabras que Joan Manuel Serrat dijera sobre Víctor Jara : “A todos aquellos que nos dijeron: ¡dejad en paz a los muertos!, les respondo: ¿Están los muertos en paz? ¿Estamos en paz con ellos?”.
Hago mías estas palabras y hago mío su clamor de justicia y verdad. Lo hago por el bien de la patria; lo hago por las mismas razones que Michelle Bachelet expresaba en el homenaje a Frei, el año pasado: “Que no le suceda a Chile que el silencio se imponga sobre la verdad y la impunidad sobre la justicia”.
Mi intervención ha sido precedida por la presentación de un video donde se destacaban párrafos representativos de nuestro querido Presidente . ¿Habrán notado que a Frei siempre le gustaba repetir la palabra “siempre”. Esto no es casualidad, sino que es representativo de una vida entera en que se defendió la misma fe, los mismos ideales, los mismos principios, las mismas ideas, siempre. ¡Qué gran lección da Eduardo Frei Montalva a la clase política!
Eso es lo que hemos aprendido de nuestro fundador: a practicar la política con valores y a guiar la vida por los principios en los que se cree y por los que se entrega la vida. Es lo que el Cardenal Silva Henríquez nos dejó como misión al decirnos: “Frei fue toda la vida un ejemplo de fidelidad que sobrevive a las pruebas más duras. Seamos fieles a su memoria y a su gran ejemplo”.
Eso es lo que haremos, querido Cardenal. Ante las pruebas más duras, seremos luz de esperanza, porque ésa es nuestra vocación y ése es nuestro destino. En nuestros oídos resuenan de nuevo las palabras del poeta Whitman:
“¡Oh, capitán! ¡Mi capitán! Levántate y escucha las campanas;
Levántate; para ti la bandera se ha izado;
para ti el clarín resuena.”.
Sí, amigas y amigos, colegas diputadas y diputados, camaradas de la Democracia Cristiana, eso es lo que yo les pido. En esta hora y en este día. Hagamos que suene el clarín de batalla en nuestro corazón. Hagamos vida el mensaje del mejor de los nuestros. Seamos dignos de su ejemplo. Que éste sea nuestro homenaje y nuestro compromiso.
Presidente Eduardo Frei Montalva , recibe hoy el afecto de tu patria y de tu pueblo.
He dicho.
-Aplausos.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- En representación del PRI y de los independientes, tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA (de pie).- Señora Presidenta , senadores señores Eduardo Frei Ruiz-Tagle e Ignacio Walker , esta mañana nos convoca a rendir homenaje al ex Presidente Eduardo Frei Montalva para expresar nuestro respeto y sincera admiración por la vasta trayectoria de quien es un verdadero ejemplo de servicio público a nuestra patria.
Hoy, al cumplirse el centenario de su nacimiento, hemos venido a hacer presente el reconocimiento al impresionante y motivador ejemplo de toda una vida dedicada a colaborar en la construcción de un país mucho más justo para todas y todos.
Por cierto, es tan ardua la labor desarrollada por el Presidente Frei Montalva durante su actividad política, la que va desde la labor partidaria, su ejercicio parlamentario y posteriores tareas como Presidente de la República , así como el significativo rol que desempeñó como líder de la Oposición al
régimen militar, que es simplemente imposible sintetizar todas ellas en estas breves palabras. Más bien, se trata de revelar algunas características personales de quien ocupa un lugar privilegiado en la memoria nacional.
Desde luego, la lucidez intelectual, los numerosos libros, artículos, columnas, en su labor docente y en la elaboración y justificación doctrinaria del humanismo cristiano en Chile. A ello sumamos la influencia de su pensamiento en los partidos de inspiración social cristiana en el resto de América y del mundo.
Ha sido la fuerza de sus convicciones, expresada en actos de tremenda consecuencia y valentía política, lo que le permitió abrir paso a nuevas ideas cuando el mundo se dividía entre el capitalismo y el marxismo. Incluso, esta dicotómica mirada del mundo se discutía en nuestro país. Se pretendía entender la realidad social desde esta forma, frente a lo cual Eduardo Frei Montalva levantó su voz y encabezó campañas con características electorales y con fines éticos que generaron el espacio necesario para que sus postulados alcanzaran la solidez necesaria, generando amplios consensos y estables mayorías alrededor de soluciones posibles para el Chile que le tocó vivir.
Recordado a través de generaciones por sus personales condiciones que le hacían ejercer un liderazgo convocante, basado en el testimonio y la coherencia de vida, tuvo siempre el coraje para iniciar un largo camino que llegó a un fin abruptamente, para sorpresa y dolor de miles de chilenos, en enero de 1982, en circunstancias que hacen razonable plantearse que se trata del primer magnicidio de nuestra historia patria.
Tal como lo decía el entonces Presidente Frei , la verdad tiene su hora, y nos parece que esa hora está llegando. Don Eduardo Frei Montalva hoy nos sigue convocando para trabajar juntos por un país mucho más justo y mejor para todas y todos.
A la luz de las grandes transformaciones que impulsó el Presidente Frei , nacieron nuevos sueños, especialmente para las chilenas y chilenos más modestos. Creemos necesario destacar, una vez más, su figura, especialmente su legado en materia educacional, en promoción social y popular, en la reforma agraria y en la chilenización del cobre. Fueron estas reformas las que permitieron transformar a nuestra sociedad y sentar las bases del Chile moderno.
Gracias al testimonio de Eduardo Frei Montalva hoy vivimos en un país donde todas las personas aprendieron, alguna vez, que tenían derecho a soñar con un futuro mucho mejor para sus hijos e hijas, independiente de la cuna en que hubieran nacido.
Hoy, en nombre de la bancada de diputados del Partido Regionalista de los Independientes y de los diputados independientes, queremos ser parte de este justo y merecido homenaje al hombre que siempre puso por delante los intereses de Chile y de su gente, un ejemplo auténtico y digno de seguir por todos quienes estamos en el servicio público, que agradecemos muy sinceramente.
El recuerdo del ex Presidente Frei Montalva sigue más vivo que nunca en el alma de nuestra patria y continúa siendo un faro que ilumina nuestra democracia.
He dicho.
-Aplausos.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- En representación de la Unión Demócrata Independiente, ofrezco la palabra al diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO (de pie).- Señora Presidenta , honorable Sala, en nombre de la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente, saludo en forma especial y con gran afecto al senador y ex Presidente de la República , hijo de nuestro homenajeado, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle ; al Presidente de la Democracia Cristiana , senador Ignacio Walker , y a los diputados de su partido.
En los breves tres minutos de que dispongo, quiero partir señalando que la UDI se pliega a este homenaje con motivo de celebrarse los cien años del natalicio de don Eduardo Frei Montalva.
Es difícil destacar su obra, por su magnitud y, por eso, quiero resaltar tres aspectos fundamentales de su vida: primero, fue un muy destacado exponente del humanismo cristiano; segundo, fue un servidor público ejemplar, cuya vida y testimonio, hasta hoy, siguen marcando una impronta en Chile -que seguramente continuará en el futuro-, y tercero, fue también un líder de ideas que siempre batalló y puso por delante la dignidad humana.
Demostró su vocación y su compromiso con el humanismo cristiano teniendo siempre una enorme grandeza de espíritu para enfrentar los desafíos del país con altura de miras. Fue un revolucionario que cambió muchos aspectos de la vida nacional: fundó partidos, escribió, supo del triunfo y de la derrota, en su primera elección como diputado y, después, en sus elecciones como senador y Presidente de la República . Cambió el país. Tuvo un enorme amor por Chile y por su gente. Asumió la Presidencia de la República en una época de grandes convulsiones sociales y siempre puso, hasta el momento de su muerte, el acento en la dignidad del ser humano.
Quienes hoy estamos en el servicio público reconocemos, tal como lo señaló el senador don Eduardo Frei Ruiz-Tagle , en uno de los homenajes que se le han rendido, que concibió la política como un trabajo de grandes equipos humanos; repito: un trabajo de grandes equipos humanos. ¡Qué importante resulta escuchar y resaltar hoy ese ejemplo, cuando muchas veces vemos que la política es, más bien, un proyecto individualista lleno de arrebatos protagónicos y de mentes, a veces, iluminadas que no consideran la importancia de tener una visión conjunta! Don Eduardo Frei Montalva fue un ejemplo de ello.
Fue un Presidente de la República y un senador que marcó hitos, que fundó partidos, que escribió sobre sus ideas y que cambió el rumbo de muchos que vieron en él la posibilidad de efectuar cambios sociales que eran necesarios en una época de grandes convulsiones sociales.
Pero, sin duda, fue también un hombre que tuvo la valentía y la audacia de enfrentar situaciones que atentaban contra el espíritu democrático y contra la dignidad humana, como cuando dio a conocer su pensamiento y enfrentó duramente y con resolución los abusos que se estaban cometiendo en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular. Asimismo, alzó su voz sobre el plebiscito de 1980 para señalar, desde su perspectiva, el rumbo inadecuado que el país estaba tomando durante el gobierno militar.
Mi partido y el diputado que habla -conocí a Eduardo Frei Montalva a muy temprana edad- conocimos el ejemplo de su vida y su impronta. ¡Qué duda cabe que un sector de la Derecha también lo apoyó para que llegara a La Moneda!
Por eso, hoy no queda más abogar para que se avance en la más pronta resolución judicial que permita aclarar su muerte. Ése es nuestro deseo, voluntad y compromiso.
He dicho.
-Aplausos.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- En nombre del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Tucapel Jiménez.
El señor JIMÉNEZ (de pie).- Señora Presidenta , honorables diputadas y diputados, colegas de la Democracia Cristiana, ciudadanas y ciudadanos:
En primer lugar, entrego un saludo muy afectuoso a don Eduardo Frei Ruiz-Tagle; al Presidente del Partido Demócrata Cristiano, senador Ignacio Walker, y a los familiares de nuestro homenajeado que se encuentran en las tribunas.
Hoy, a cien años de su nacimiento, rendimos este homenaje a un verdadero estadista, a un político de aquellos que por estos días son escasos, a un visionario, a un hombre con un tremendo coraje; en pocas palabras, a un auténtico y verdadero líder.
Debo confesar que me resulta difícil intentar hablar de una persona como Eduardo Frei Montalva , más aun cuando sólo dispongo de tres minutos para hacerlo. Tanto se ha dicho, escrito, estudiado y comentado sobre nuestro ex Presidente que cuesta rendir homenaje a un hombre de tal estatura humana y política.
También es difícil porque, al igual que otros grandes líderes que han impulsado cambios profundos en la sociedad chilena, Frei Montalva despierta pasiones y emociones que son difíciles de expresar con palabras. Más difícil aún me resulta hablar porque tengo la convicción de que los agentes de la dictadura que asesinaron a mi padre son los mismos que dieron muerte a este gran chileno. No es casualidad que ambos fueran eliminados con sólo un mes de diferencia. La historia de ambos está unida por ese trágico hecho. Por eso, sobre la base de esta experiencia vivencial, rindo este sentido homenaje.
Mi padre y Eduardo Frei Montalva fueron asesinados porque, desde los mundos sindical y político, ambos representaban un peligro para la dictadura de Pinochet. En esa lucha, ambos forjaron una verdadera e importante relación política. Todavía recuerdo la intervención de ese hombre alto, de apariencia seria y voz fuerte en la sede nacional de la ANEF, oportunidad en que ésta declaró públicamente su lucha contra la dictadura, en julio de 1881. En ese entonces, yo tenía sólo 16 años, y tuve el privilegio de escuchar una de las mejores intervenciones políticas de mi vida, la misma que, tiempo después, repitió en el famoso “caupolicanazo”.
Por eso, sé cuánto le ha costado a la familia Frei encontrar la verdad y la justicia; también sé que ha tenido que armar un verdadero puzle judicial y soportar muchos conflictos y dolores.
Como ha ocurrido con tantos otros compatriotas, la dictadura mató no sólo al dirigente, al estadista, al político; mató a nuestros padres, una pérdida irreemplazable que dejará una herida abierta por siempre.
Sin embargo, en la enorme ignorancia de los agentes de la dictadura, se olvidaron de que a esos grandes hombres no se les borra de la historia eliminándolos ni sacándolos del camino. Su recuerdo, la fuerza incalculable de su lucha, su misión, quedarán en la memoria histórica de nuestros pueblos.
Frei Montalva está hoy más vivo que nunca. Sus valores, sus principios, su patria joven, la revolución en libertad, la defensa del cobre chileno y el desarrollo del campo son axiomas políticos para muchos de nosotros.
Sin embargo, hay algo que no podemos olvidar: aun hoy, a más de veinte años del fin de la dictadura, quedan casos pendientes en derechos humanos, quedan familias que no han podido dar un santo sepulcro a sus padres, a sus hijos, a sus familiares o a sus amigos.
He escuchado a muchos colegas reconocer errores del pasado; si eso es efectivo, es la hora de un verdadero nunca jamás, es la hora de la verdad, es la hora de la justicia.
Por ello, quiero terminar diciendo que una conspiración desarrollada por agentes del Estado no tiene término ni perdón histórico. ¡Justicia y verdad para don Eduardo Frei Montalva!
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En nombre del Partido Comunista, tiene la palabra el diputado Guillermo Teillier.
El señor TEILLIER (de pie).- Señora Presidenta , señor ex Presidente de la República don Eduardo Frei Ruiz-Tagle , señor presidente de la Democracia Cristiana y familiares:
A cien años del nacimiento del ex Presidente y senador de la República don Eduardo Frei Montalva , es menester reconocer que estamos ante un estadista que sirvió a su país con vocación de servicio social, con una propuesta que arremetía desde el seno mismo del conservadurismo chileno contra una injusta estructura de relación en la que los campesinos, los pobladores, los más pobres, eran muy poco considerados como actores sociales. Lo hizo comprometido con una concepción ideológica y con un partido, la Democracia Cristiana, de manera consecuente con sus principios, con capacidad y tenacidad.
Sin duda, fue un protagonista de la historia de nuestro país, como ministro, como senador y como Presidente de la República.
Cabe destacar que bajo su gobierno se impulsó la reforma agraria, la llamada chilenización del cobre; amplió la enseñanza básica a ocho años; se aprobó una ley de guarderías infantiles; aumentó la escolaridad, en especial en el mundo rural, y redujo el analfabetismo desde 16 a 11 por ciento.
Fueron importantes los planes de vivienda y la construcción de 56 hospitales, duplicando el número de camas hospitalarias; se promulgaron las leyes sobre el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y la ley de medicina curativa.
Se creó un programa de promoción popular, generando organizaciones vecinales, centros de madres y centros juveniles. También se produjo un incremento en la sindicalización de los trabajadores y se permitió la sindicalización campesina. Se expropiaron 1.300 predios, con una superficie de 3 millones 500 mil hectáreas.
Entre las nacionalizaciones pactadas, además de la compra de parte de las minas de cobre de compañías extranjeras, está la adquisición de la Compañía de Teléfonos y de la Compañía de Electricidad, ambas hoy privatizadas.
Bajo su gobierno también existió efervescencia social, huelgas y paros del magisterio, de estudiantes, de trabajadores, tomas de terreno y la primera huelga del Poder Judicial . No obstante ello, la democracia funcionaba con mayores visos de participación popular y con un sistema electoral proporcional y no excluyente.
En 1969 tuvo lugar el denominado “Tacnazo”, con el acuartelamiento del general Roberto Viaux , varios oficiales y tropa en el Regimiento Tacna de Santiago. La mayoría de los chilenos nos pusimos del lado de la defensa de la democracia y de la Constitución.
Posteriormente, en 1970, poco antes de dejar su mandato y asumir el Presidente Salvador Allende, se produjo el asesinato del general René Schneider por conjurados que pretendían impedir que Allende llegara a La Moneda.
Esos episodios marcan y son el inicio del preludio de lo que vendría más adelante: el golpe de Estado. Sin embargo, fieles ambos mandatarios a las tradiciones democráticas, el 4 de noviembre de 1970 se produjo el cambio de mando entre el Presidente saliente, Eduardo Frei Montalva, y el recientemente electo, Salvador Allende Gossens.
El ex Presidente Frei , sin duda, también fue protagonista de aquellos tres años, como un formidable adversario político de Salvador Allende, como lo había sido Salvador Allende durante el gobierno de Eduardo Frei.
¿Tuvo alguna incidencia, como algunos afirman, la pérdida de la amistad entre ambos personeros para que fuerzas políticas que debieron actuar de común acuerdo no lo hicieran, al menos para evitar el asalto al poder de las fuerzas antidemocráticas y golpistas? Es tal vez demasiado pronto para que la historia nos dé una respuesta taxativa. Lo importante es asumir, con todo, que no se puede permitir de nuevo que ocurra un 11 de septiembre de 1973. Hay que asumir que aún está vigente la Constitución, a cuya aprobación se opuso Eduardo Frei Montalva ; que aún existe la exclusión, que grandes problemas como la educación, la salud, la vivienda y los bajos salarios, que fueron preocupaciones centrales del gobierno de Frei, siguen siendo grandes problemas. Que las conquistas de los derechos de los trabajadores aún no se recuperan y aún están pendientes situaciones de derechos humanos, como el propio crimen de lesa humanidad que arrebató la vida a Eduardo Frei Montalva cuando llamaba a la civilidad a manifestarse a favor de la democracia.
Aquella época, anterior al golpe, nunca volverá; sin embargo, cuánta falta hace hoy el espíritu republicano, la vocación democrática, la participación ciudadana, los valores éticos de la política que, sin duda, estaban en el ideario del fundador de la Falange, a quien hoy el Partido Comunista de Chile rinde homenaje, a cien años de su nacimiento.
He dicho.
-Aplausos.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- En representación del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado Juan Luis Castro.
El señor CASTRO (de pie).- Señora Presidenta , estimado ex Presidente de la República , senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle ; senador Ignacio Walker , presidente del Partido Demócrata Cristiano , estimados colegas:
Para la bancada del Partido Socialista ésta es una fecha muy especial, porque se conmemora el centenario del natalicio del ex Presidente Eduardo Frei Montalva y porque estamos a tres días de cumplirse 29 años de su muerte.
Al recorrer su legado y su historia, nos encontramos con un hombre que fue abogado, periodista, político, senador de la república durante varios períodos.
En 1951, su partido lo presentó como precandidato a la Presidencia de la República ; luego, lo hizo en 1958, y después, en 1964, logró asumir como Presidente de la República .
Aquel período de Eduardo Frei Montalva tuvo la particularidad de tener en el gobierno un partido único, cuestión bastante extraña en la política chilena. Sin embargo, se orientó al cumplimiento estricto de su programa de gobierno en lo que se denominó “el gran proyecto de la revolución en libertad”.
Entre sus logros más importantes se destacó la puesta en marcha de una reforma educacional que, justamente, permitió abrir acceso a la educación, ampliar la enseñanza básica de seis a ocho años, hasta hoy; disminuir la secundaria de seis a cuatro años, duplicar la matrícula de estudiantes y crear el uniforme escolar para todos.
Se construyeron 3.900 escuelas a lo largo del país, se renovaron planes y programas de estudio y se implementó la educación preescolar. Asimismo, se promulgó la ley de guarderías infantiles, que atendería una población de un millón y medio de niños entre uno y seis años de edad. Todo esto permitió combatir lo que en esa época era el principal problema educacional: el analfabetismo.
Igualmente, se creó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que se abocó a reducir el déficit habitacional del país con la construcción de cerca de 130 mil casas económicas.
Se le dio especial importancia a la salud. Se creó el programa materno infantil, que hasta hoy ha dado un buen resultado sanitario en la caída de la mortalidad infantil y en el combate de la muerte materna, en particular por el aborto provocado, flagelo que en esa época generó muchas víctimas.
También se aumentó la entrega de leche, se inició el programa de planificación familiar, con la entrega de anticonceptivos a nivel de consultorios y el uso de dispositivos intrauterinos y se aumentó el número de camas disponibles en el sistema hospitalario.
De igual modo, se promulgó la ley de seguros de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, la ley de medicina curativa, el Fondo de Revalorización de Pensiones y el programa completo de planificación familiar.
Se promovió la sindicalización con el objetivo de lograr justicia social. Se crearon las cooperativas y nuevas organizaciones sociales, como juntas de vecinos, centros juveniles, etcétera.
En su gobierno se propusieron las llamadas vigas maestras estructurales de lo que fue la reforma agraria y la chilenización del cobre. En 1966, el Congreso Nacional aprobó esta mayor participación del Estado en la propiedad de las minas, con la compra gradual del 51 por ciento de El Teniente, Andina y Exótica , que estaban en manos de compañías norteamericanas. Al mismo tiempo, aumentó la producción y la cantidad del refinado hecho en Chile y se incorporó la comercialización internacional. Se inauguró la Refinería de Cobre Ventanas y se mejoró la situación general de los trabajadores en ese plano.
Asimismo, se creó la Oficina de Planificación Nacional, Odeplan , destinada a diseñar los planes de desarrollo que se requerían para orientar las políticas gubernamentales.
En fin, como todo gran Mandatario, tuvo aciertos, virtudes y errores, como es propio en la política, pero Frei Montalva dio señales, durante toda su vida política, hasta que dejó su mandato, de ser un estadista y un hombre que, más allá de las diferencias, supo dialogar y conversar con sus adversarios políticos.
Tras el golpe de Estado, asumió progresivamente un rol de liderazgo en la oposición a la dictadura militar. Esa actitud llevó, como lo expresó el diputado Tucapel Jiménez , a que en un momento determinado fuera identificado como uno de los objetivos a exterminar por parte del gobierno militar.
Destaco este punto, porque su hija Carmen Frei dio a conocer tempranamente, hace algunos años, a la familia y a la opinión pública, las primeras sospechas del magnicidio de que fue objeto su padre y de que su muerte no se debió a causas naturales, sino que había intervención de terceros.
En los últimos años, los hechos han ido confirmando esas sospechas, así como la necesidad de resolver este caso pendiente y llegar hasta el final, sin dubitación por parte de la justicia, con una verdadera colaboración del Ejército, porque es preciso conocer las causas finales y los autores que participaron en la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva .
Hoy, cuando conmemoramos el centenario de su natalicio, constatamos que el país tuvo a un gran líder, que no claudicó y que fue capaz de llevar adelante sus principios en las distintas épocas en que le tocó asumir su responsabilidad histórica. Desde el mundo socialista, con el cual tuvo diferencias muy profundas y coincidencias importantes en distintos momentos de la historia, le reconocemos su gallardía, honestidad y capacidad para, más allá de la política, mirar al país en su conjunto, con visión nacional, y llevar los principios del humanismo cristiano a la sociedad chilena, sin imponerlos a nadie.
El Partido Socialista rinde hoy el más sentido homenaje a Eduardo Frei Montalva , a su familia, a su hijo, también ex Presidente de la República , en conmemoración de los cien años de su natalicio, porque su legado permanecerá en la memoria del pueblo chileno.
He dicho.
-Aplausos.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Para rendir homenaje en el nombre del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado Fernando Meza.
El señor MEZA (de pie).- Señora Presidenta de la honorable Cámara de Diputados, doña Alejandra Sepúlveda ; señor senador don Eduardo Frei Ruiz-Tagle ; señor presidente de la Democracia Cristiana , senador don Ignacio Walker , señoras parlamentarias y señores parlamentarios:
En el nombre de la bancada radical me es muy grato entregar algunas palabras de homenaje en conmemoración del centenario del natalicio de ese gran Presidente de la República , don Eduardo Frei Montalva , quien dirigió los destinos de Chile entre los años 1964 y 1970.
Ha sido uno de los políticos más importantes de la historia de nuestra patria, tanto por su capacidad intelectual y política como por liderar en su época a la clase media chilena, que soñaba con una “Revolución en Libertad”.
Los radicales sentimos gran cercanía con este gran ex Presidente -fue ministro de Juan Antonio Ríos , Presidente de Chile y militante del Partido Radical-, porque encarna mucho de los principios y valores que durante más de una centena de años hemos propugnado como partido político, que hoy están más presentes que nunca.
Eduardo Frei Montalva asumió que la política era una actividad central para el desarrollo del país. La definió como “una de las formas más altas de la caridad”. Ése fue su proyecto y el de sus compañeros de generación durante toda su vida.
La fuerza de este mensaje radica en su plenitud, porque asumía todas las dimensiones de la vida del ser humano. Pero para ello se necesitaba que la política fuera de calidad. Es decir, concebida como una acción basada en ideales y en ideas, cuya preocupación central era el hombre y su destino. Para ello, valía la pena comprometer lo mejor de las capacidades de cada uno, a fin de enriquecer la vida en común.
Su más profundo anhelo era construir una sociedad libre y justa. De ahí que postulara una democracia inspirada en la participación y en la integración, que fuera capaz de resolver los problemas que aquejaban a un vasto sector de la ciudadanía y que exigían decisiones claras y soluciones efectivas, con pensamiento y con una buena dirección.
En su gobierno, estas ideas se tradujeron en la promoción popular, a partir de la cual miles de chilenas y chilenos supieron de su dignidad. Los campesinos, los pobladores y las mujeres sintieron que formaban parte activa e importante de nuestra querida patria. Las grandes masas de ciudadanos se levantaron, dejaron atrás la resignación y la impotencia, para abrirse paso, ejercer sus derechos y cobrar el respeto que merecían. Estuvieron con Frei Montalva . Lo hicieron en la marcha de la Patria Joven; en su gobierno, años duros, pero llenos de humanidad y también lo acompañaron en el día de su funeral, a pesar de las amenazas y amedrentamientos.
Frei, nuestro Frei , al igual que sus antecesores presidenciales radicales, creyó firmemente en que el desarrollo del país venía tomado de la mano con la educación. Trabajó muy fuerte en ello y promulgó la reforma educacional. Trabajó como el que más por un objetivo fundamental: crear la posibilidad de que todos accedieran a una educación libre y gratuita y permanecer en ella, independiente del nivel socioeconómico que tuvieran. Amplió la escolaridad y aumentó las matrículas en enseñanza básica y media.
Postulaba una reflexión que hoy adquiere enorme vigencia: la política cuando se mueve por intereses y por la ambición termina envileciendo la democracia, -que es la principal causa del descrédito de esta actividad- y con muchos de los anhelos que hoy tratamos de defender.
De ahí, hay un paso a la erosión de todo el sistema, lo que constituye terreno fértil para el surgimiento de dictaduras o de líderes populistas que alcanzan el poder a través de un discurso rupturista que socava el prestigio de las instituciones democráticas, aprovechándose de la desilusión de la gente. ¡Qué cierta era su reflexión y que vigente resulta hoy!
Por último, quizá, la mayor virtud del Presidente Eduardo Frei Montalva fue su ejemplar consecuencia entre lo que pensaba, escribía y actuaba, cualidad que mantuvo a lo largo de toda su existencia.
Junto a sus amigos defendió con valentía y verdadera pasión sus ideas, incluso en aquellos años en que fueron duramente combatidos cuando ni siquiera se imaginaban que sus convicciones se traducirían en un movimiento de carácter nacional y de enorme arraigo popular.
Jamás traicionó sus creencias y se opuso a las dictaduras de todo tipo, de Izquierda o de Derecha. Pagó un alto precio por ello. Intentaron silenciarlo cuando centraba sus esfuerzos en unir a todas las fuerzas democráticas para luchar contra la dictadura. Pero no lo consiguieron.
Si bien acabaron con su vida, sus palabras y su figura siguen vivas en el alma de muchos chilenos que aman la libertad y la justicia, y que encontraron en él la fiel encarnación de esos valores.
Hoy, es un buen momento para reivindicar la memoria de este gran estadista de Chile, con el esclarecimiento de las verdaderas circunstancias de su muerte. No sólo su familia necesita saber la verdad y que se haga justicia, sino que, al igual que en los otros casos de violaciones a los derechos humanos, es un imperativo moral para nuestro país.
La bancada parlamentaria del Partido Radical recuerda con respeto y admiración a Eduardo Frei Montalva , porque al igual que muchos de nosotros respetó y valoró la libertad de las personas y también quiso que la clase media se organizara y formara parte de la política, cuestión que queremos que hoy se haga realidad y que la sociedad, sobre todo la disminuida clase media, participe activamente en el desarrollo de nuestro país.
Conjuntamente con entregar un saludo fraterno a nuestros camaradas democratacristianos en este homenaje, oro y deseo de todo corazón que los sueños y la memoria de don Eduardo Frei Montalva sean imperecederos.
Muchas gracias.
-Aplausos.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Para rendir homenaje en nombre de la bancada de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (de pie).- Señora Presidenta , en primer lugar, un afectuoso saludo al senador señor Eduardo Frei y a su familia.
Estimados amigos diputados y diputadas, quiero agradecer especialmente a mi bancada por darme la oportunidad de rendir este modesto homenaje.
No participaba en política en aquellos años, difícilmente la entendía y difícilmente podía seguirla. Por eso, siento que todo lo que hoy pueda decir en este homenaje es aquello que muchos jóvenes conocimos de don Eduardo Frei por su testimonio, por su legado y por sus obras.
Tal vez, muchos fueron testigos presenciales de lo que él hizo, y hoy, quizás, el testimonio que podemos dar es cómo se ha podido cosechar respecto de lo que él sembró, lo que, por supuesto, tiene un valor gigantesco.
El Presidente Frei Montalva fue un hombre profundo, marcado en aquella época por grandezas y enormes ambigüedades. Siempre mostró una vocación profunda por la doctrina social de la iglesia, y cada día se empeñó en hacerla realidad, es decir, en hacer una política de hondo contenido moral.
Es difícil imaginar o elucubrar sobre los momentos en que el Presidente Frei Montalva tomó la decisión de entrar a la política; pero, mi convicción personal, después de leer muchas de las cosas que hizo, es que más que entrar a la política, actividad tan apasionada por el poder, lo hizo movido mucho más por los principios que quería defender.
Por ejemplo, desde el primer día, luchó por algo que parecía, quizá, lo más difícil: buscó el punto medio entre el capitalismo y el socialismo. A lo mejor, fue criticado por eso, muchos deben haberlo considerado un idealista, un quijote, incluso más de alguien ha interpretado que esta lucha emblemática tuvo un desenlace dramático en la medida en que su propio partido, sus adherentes, no lo acompañaron. Y el hombre, aclamado por millones de chilenos en 1964, parecía que quedaba solo, sin compañía. ¿Qué había cambiado? No era él, sin duda, había sido el país, hasta el punto de lanzarse a la vía chilena al socialismo.
La prueba más evidente de que no era él el que había cambiado, está dada por sus actos posteriores, su tenaz oposición al gobierno de la Unidad Popular, primero, y, luego, su tenaz oposición al gobierno militar. Es cierto que en un momento promovió la intervención militar, pero hay que decir las cosas como son, siempre lo concibió como un mal menor esencialmente transitorio.
Reflexionando con más profundidad, pienso que podemos decir que el Presidente Eduardo Frei Montalva , a partir de la década del ’70, de alguna forma, se sintió como un extraño en esa política tan radicalizada en nuestro país. Sin embargo, esto lo movió como el tiempo lo dice, a actuar igual que los grandes líderes. En vez de arrancar, esconderse y desaparecer de la esfera pública, quizá, inició sus años más fructíferos. A lo mejor, no estaba en la portada de los diarios, pero fue cuando caló más profundamente en la conciencia de muchos de sus adherentes y seguidores, y también de muchos que lo vieron en trincheras distintas.
Esta aparente soledad de aquellas épocas fue reconocida desde la distancia por su inspirador, el filósofo Jacques Maritain , cuando en El Campesino del Garona, en 1965, decía: “Quisiera agregar que hasta hoy -y a pesar de que (o porque) han entrado a escena, en varios países, partidos políticos llamados “Cristianos”, la esperanza del advenimiento de una política Cristiana ha sido completamente frustrada. Sólo conozco un ejemplo de una auténtica “revolución cristiana”, y es la que el Presidente Eduardo Frei está tratando de hacer en este momento en Chile, y no es seguro que vaya a tener éxito”.”
Por supuesto, parecía una lucha y un desafío difícil, pero, precisamente, lo que valora la obra del Presidente Eduardo Frei Montalva es que no caducó y ante las dificultades no cedió en su principio y en la defensa permanente de la doctrina social de la iglesia y de los valores que representaba.
Los temores de Maritain no eran errados y puede decirse que el proyecto del entonces Presidente Eduardo Frei Montalva , tal vez en ese momento, no fue coronado con éxito, sí el ejemplo que nos dio a partir de su actitud, que no cedió, ni se dejó llevar por el éxito inmediato ni por el aplauso del momento y que mucho más le importó el valor de la consecuencia. Ésa es la lección más importante que, a mi juicio, nos dejó el Presidente Eduardo Frei Montalva .
La historia de alguna forma hizo justicia. Aquí se han mencionado muchas de sus obras, pero, desde mi punto de vista, la principal es el legado moral que dejó a la política.
En innumerables actitudes transmite que no existe el sentido de la política si ésta no va amarrada a principios éticos. Nos enseña que, actuar en política, nos obliga a hacerlo sin temor al repudio, al rechazo, a nadar contra la corriente.
También nos entregó muchos años de silencio, de reflexión. Algunos -quizás sus adversarios- pensaban que estaba desaparecido, pero, muy por el contrario, estaba calando en el alma y en la conciencia de muchos de los actuales líderes, y por qué no decirlo, del ex Presidente , hoy presente en esta Sala, Eduardo Frei Ruiz-Tagle .
Hoy no vivimos bajo las graves tensiones de las décadas de los sesenta y setenta. Las diferencias que existían entonces eran incomparables con las de hoy. Ciertamente, las actuales parecen mínimas comparadas con las de aquellos años.
Pero, esto mismo representa para nosotros una oportunidad en el logro de acuerdos y entendimientos. El Presidente Frei Montalva luchó en circunstancias completamente distintas. Hoy, con diferencias mucho menores y más insignificantes, debemos seguir el ejemplo de esa lucha y llegar a entendimientos y acuerdos. Ese ejemplo y legado nos dejó el Presidente Frei Montalva.
Son muchos los elementos de su personalidad que resaltan. Otros oradores los han destacado mejor que yo. Hay biografías bastante importantes. Pero quiero terminar, deteniéndome en una: el Presidente Eduardo Frei Montalva era un hombre extremadamente culto, una persona que antes de dirigir el país, había buscado mejorarse a sí mismo, con el cultivo sistemático de su inteligencia, a través de la reflexión y del estudio.
Ciertamente, no basta ser un hombre culto para ser un buen político. Pero, me parece importante su ejemplo; porque el cultivo de las humanidades nos ayuda a conocer mucho mejor al hombre, a ese hombre que el propio Presidente Frei Montalva , más allá de las diferencias, siempre quiso servir.
Termino diciendo que, de acuerdo con sus escritos, sus discursos, en sus declaraciones doctrinarias, el Presidente Frei Montalva siempre quiso y defendió una política que trascendiera más allá de lo meramente material, a lo espiritual. La historia ha hecho justicia, porque su legado trascendió mucho más allá de sus adherentes, electores y fronteras de la política. Creo que caló en la misma humanidad de este país.
Muchas gracias.
-Aplausos.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Agradezco la presencia en este acto del senador y ex Presidente de la República Eduardo Frei Ruiz-Tagle, del senador Ignacio Walker, presidente de la Democracia Cristiana; de Mónica y Paulina, nietas del ex Presidente Frei Montalva, y de los amigos y camaradas que se encuentran en las tribunas.
De esta forma, la Cámara de Diputados ha rendido un justo homenaje al ex Senador, ex Presidente de la República y, como dijo nuestro colega Patricio Vallespín, al capitán señor Eduardo Frei Montalva.
VI. ORDEN DEL DÍA.
MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL TRANSPORTE PÚBLICO REMUNERADO DE PASAJEROS CONCESIONADO. Segundo trámite constitucional.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado, con urgencia calificada de discusión inmediata.
Diputados informantes de las Comisiones de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, y de Hacienda son los señores René Manuel García y Pepe Auth, respectivamente.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín Nº 7085-15, sesión 125ª, en 12 de enero de 2011. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, y Certificado de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 4 y 5, de esta sesión.
.El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor GARCÍA, don René Manuel (de pie).- Señor Presidente , paso a informar el proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , don Sebastián Piñera , en segundo trámite constitucional, y primero reglamentario, que modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado, boletín Nº 7085-15, con urgencia calificada de discusión inmediata.
El proyecto en informe fue despachado por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados el 18 de enero de 2010.
La idea matriz del proyecto consiste en modificar el marco jurídico del transporte público remunerado de pasajeros, de modo que el Estado cuente con herramientas adecuadas para una mejor gestión de los contratos de los servicios concesionados para garantizar una prestación de calidad y enfrentar oportunamente las contingencias que impidan la correcta marcha del servicio actual, equilibrando, por un lado, las necesidades de los usuarios y, por otro, los derechos de los concesionarios y cautelando los derechos de los trabajadores.
El proyecto, en su conjunto, debe ser conocido por la Comisión de Hacienda, pese a que el artículo único no implica gasto fiscal, existen potenciales gastos derivados de la aplicación de los artículos transitorios, cuyos montos no fueron determinados por el informe financiero.
Los incisos catorce y veintitrés del artículo 3° de la ley N° 18.696, contenidos en las letras h) y j), respectivamente, del numeral 1) del artículo único; el artículo duodecies, contenido en el numeral 4) del artículo único y el artículo 2° transitorio son normas de rango orgánico constitucional, por cuanto se relacionan con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia.
No hay artículos ni indicaciones rechazadas. Tampoco hay enmiendas aprobadas por esta Comisión.
Las innumerables medidas tomadas para mejorar el sistema de transporte público, en especial el denominado Transantiago, han demostrado la necesidad de cambios estructurales de mayor envergadura. Por ello, en septiembre del año pasado, la Coalición por el Cambio y la Concertación de Partidos por la Democracia concurrieron a un acuerdo político que estableció las bases de la reforma que hoy se presenta a la Sala. El protocolo en cuestión plantea la necesidad de que el Estado cuente con atribuciones para garantizar la continuidad y calidad de los servicios, además del cumplimiento de los derechos laborales, cuestiones importantísimas para este Gobierno.
La ministra de Transportes y Telecomunicaciones subrogante, señora Gloria Hutt , explicó que el Transantiago tiene una estructura de contratos superpuestos, interrelacionados y no uniformes, que dejan muchos vacíos normativos y cuyos vencimientos son de largo plazo.
Admitió una matriz entre los contratos de los alimentadores, que vencen el 22 de octubre del presente año, lo cual le permite al Gobierno un margen de negociación interesante e inmediato. Los contratos de troncales, que recién vencen el 2018, además, contienen cláusulas inmodificables aun ante el acuerdo del Gobierno y los operadores.
Hizo hincapié en la necesidad de pedir intervención a favor de los usuarios por la evidente función pública del transporte de pasajeros.
En el proyecto de ley, que consta de un artículo único y de dos artículos transitorios, destacan ocho elementos novedosos, a saber:
1° Obligación de informar de los concesionarios y de su fiscalización. Posibilidad de requerir informes e inspeccionar vehículos y obligación de envío mensual de información financiera, de cumplimiento laboral, previsional y sobre hechos esenciales.
2° Mención expresa de las causales de término de contrato. -Plazo, mutuo acuerdo, caducidad, quiebra, incumplimiento laboral y las demás establecidas en la ley o en las bases de licitación.
3° Regulación del mutuo acuerdo como causal de término.
Opera si no hay causal previa de caducidad.
El concesionario estará obligado a mantener la prestación del servicio por un período no inferior a seis meses desde la fecha en que la resolución que le pone término esté totalmente tramitada.
4° Regulación adicional de la caducidad.
Se reconoce como causal legal genérica el incumplimiento grave.
A través de este proyecto, puede designarse un administrador provisional, una vez iniciado el proceso, si hay dos o más días de paralización, previa autorización judicial, la que es apelable con un procedimiento abreviado, y no que el Estado deba esperar 45 días, como sucede en la actualidad.
Además, el concesionario caducado no puede licitar por cinco años en todo el sistema.
5° Regulación de la quiebra.
Se notifica la declaratoria al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y a la Dirección del Trabajo, puede hacerse hasta por medios electrónicos.
Los bienes afectos se excluyen de la masa.
Se designa un administrador provisional. Cualquier conflicto entre éste y el síndico lo resuelve el juez de la quiebra.
6° Régimen de los bienes afectos a la concesión.
Los necesarios para la prestación básica del servicio.
Para dar el servicio bajo la administración del Estado, éste se queda temporalmente con los buses que determine necesarios de aquellas empresas cuyos contratos hayan caducado.
Los bienes se inscriben en un registro y se contempla la dictación de un reglamento.
Sólo puede desafectarlos fundadamente el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Mantienen su carácter también para el administrador provisional, en cuyo caso se compensa al anterior propietario.
7° Regulación integral de los mecanismos de continuidad del servicio.
El administrador provisional, ya existente para el caso de caducidad, se agrega a todos los casos de terminación anticipada y se establecen ciertas incompatibilidades para evitar conflictos de intereses
Asimismo, se regula el plazo y condiciones para la contratación directa, especificándose la calidad de concesionario.
8° Interés público comprometido en el contrato de concesión y facultades correlativas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para garantizar la continuidad, permanencia y seguridad de los servicios, todo ello establecido, además, en las bases de licitación.
Se contempla, además, la potestad de dicho Ministerio para requerir el auxilio de la fuerza pública a través del Ministerio del Interior.
9° Protección de los derechos de los trabajadores.
Consideración como factor favorable al oferente que presente u ofrezca mejores condiciones de cumplimiento laboral. El atraso en tres meses de sueldos o cotizaciones, o cuatro condenas por infracciones laborales graves, es una nueva causal de término o caducidad.
Se agregan causales de modificación unilateral en las bases de licitación relacionadas con el cumplimiento de la normativa laboral.
10° Regulación transitoria para los contratos vigentes.
Los contratos de concesión actuales seguirán rigiéndose por lo establecido en las bases de licitación y en los respectivos contratos. Sin perjuicio de lo anterior, por exigirlo el interés nacional y por causales de utilidad pública que especifica la ley, se faculta al Estado, a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para ponerles términos en forma unilateral, salvo que no exista causal previa de caducidad, dentro del plazo de dos años contado desde la publicación.
El procedimiento comenzará por una resolución fundada del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, notificada por carta certificada a los concesionarios, quienes podrán reclamar ante un juez de letras competente. Tanto el concesionario como el Ministerio podrán impugnar el monto de la indemnización establecida en dicha resolución. El juez podrá suspender la ejecución de la resolución.
11° Otras materias.
Consideración de puntajes adicionales a oferentes que presenten tecnologías amigables con el medio ambiente.
Ajustes de concordancia legal.
Reconocimiento expreso de los servicios complementarios y flexibilidad para incorporar tecnologías.
Regulación de procedimientos sancionatorios, de reclamación, de determinación de montos de indemnización, de afectación y desafectación de bienes a la concesión.
El proyecto fue calificado con urgencia de discusión inmediata lo que justificó por el Ejecutivo, porque existen, a lo menos, dos empresas con riesgo de cesar sus operaciones este verano, ya que difícilmente pueden cumplir con las exigencias del sistema.
Durante el estudio del proyecto de ley, la Comisión contó con la presencia y colaboración del ministro de Transportes y Telecomunicaciones , señor Pedro Pablo Errázuriz Domínguez ; de la subsecretaria de Transportes , señora Gloria Hutt Hesse , y de los asesores señores Juan Carlos González y Nicolás Muñoz .
El proyecto fue aprobado en general y en particular por la unanimidad de los diputados presentes, señores Auth, don Pepe ; García, don René Manuel; Hasbún, don Gustavo ; Meza, don Fernando ; Norambuena, don Iván ; Pacheco , doña Clemira ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma, don Joaquín , y Venegas, don Mario .
Agradezco, en forma muy especial a los funcionarios de la Comisión de Obras Públicas, quienes realizaron una gran labor para que este proyecto fuera despachado a la brevedad posible, tal como lo exige su urgencia de “discusión inmediata”.
La Comisión recomienda su aprobación.
Es todo cuando puedo informar.
He dicho
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor AUTH.- Señor Presidente , este proyecto fue visto muy rápidamente por la Comisión de Hacienda, en circunstancias de que, según el informe financiero -adjunto a las carpetas de los señores diputados y señoras diputadas-, no implicaría mayor gasto fiscal, aunque se estima que existen gastos potenciales, derivados particularmente de la aplicación de los artículos transitorios, pero cuyo monto no es posible determinar.
Con todo, el informe financiero precisa que el proyecto para el año 2010 no presenta costo fiscal, y si lo hubiere para los años siguientes, se incorporará en las respectivas leyes de presupuestos.
Se adjunta también un informe financiero complementario que expresa que las modificaciones aprobadas por el Senado tampoco tendrían consecuencia fiscal adicional.
A pesar de eso, la Comisión de Hacienda conoció el proyecto, específicamente la letra e) del numeral 1) y el artículo 3° octies del numeral 4), ambos del artículo único del proyecto, y los artículos primero y segundo transitorios.
Sometidos a votación los artículos mencionados, se aprobaron por 9 votos a favor y una abstención. Votaron a favor los diputados señores Auth, don Pepe; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Javier ; Monckeberg, don Nicolás ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto , y Von Mühlenbrock, don Gastón . Se abstuvo el diputado señor Lorenzini, don Pablo .
La Comisión de Hacienda considera que el proyecto es muy importante, toda vez que pone fin, de manera adecuada, a la falta de correspondencia entre el carácter del servicio público que se ofrece a la ciudadanía en el transporte, aun cuando este sea concesionado, y la falta de instrumentos y de atribuciones para que el Estado garantice a la ciudadanía el cumplimiento del servicio, la seguridad y dignidad de las condiciones laborales de los trabajadores.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco.
La señora PACHECO (doña Clemira).- Señor Presidente , la motivación de la bancada socialista para apoyar el proyecto se basa en dos razones.
La primera, la iniciativa con las modificaciones del Senado refleja el acuerdo marco que suscribimos Gobierno y Concertación para aprobar, hace algunos meses, el proyecto sobre financiamiento del Transantiago. Gracias a la intervención de parlamentarios de Oposición, los recursos que se entregarán al Transantiago tendrán efecto espejo en las regiones.
La segunda, este proyecto de ley significa más y mejor regulación del transporte público remunerado y, por ende, más y mejor Estado en esa área.
Pero este proyecto, como consecuencia de la intervención de los parlamentarios de Oposición, contempla un estatuto laboral, que resguarda los derechos individuales y colectivos de los trabajadores que laboran en el sistema, lo cual constituye un logro enorme, toda vez que el texto original de esta iniciativa no consideraba nada al respecto.
Quiero destacar que el proyecto permitirá al Estado contar con más herramientas para la gestión de los contratos de concesión del transporte público licitado, amén de disponer de los instrumentos adecuados para prever y enfrentar las contingencias que pudieren afectar la buena marcha y continuidad de los servicios.
Así, la iniciativa incorpora, entre otras materias, causales de término de la concesión: el cumplimiento del plazo previsto en el contrato, el mutuo acuerdo de las partes, la caducidad, la quiebra del concesionario, el incumplimiento grave de las normas laborales y de seguridad social con los trabajadores, sin perjuicio de aquello que se establezca en las leyes o bases de licitación. Eso lo valoramos, y fue incorporado en el protocolo de acuerdo.
Quiero relevar que el proyecto establece distintas normas tendientes a proteger los derechos de los trabajadores. Destaco que en las bases de licitación se incorporarán exigencias que aseguren a los trabajadores condiciones de seguridad e higiene acordes con las funciones que desempeñan, la consideración especial de aquellos postulantes que ofrezcan mejores condiciones de empleo y de remuneraciones para sus empleados, la obligación del concesionario de constituir garantías específicas, que serán ejecutadas en caso de incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores, el resguardo de los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores en caso de causal de término o de caducidad de la concesión.
Con todo, quiero entregarle al nuevo ministro , a quien, por su intermedio, señor Presidente , saludo y doy la bienvenida, mi particular punto de vista sobre el proyecto. A mi juicio, es un ejemplo evidente del centralismo exacerbado. Lo veo así, porque la mayoría de sus disposiciones aluden directa o indirectamente a la Región Metropolitana. Por ello, es imprescindible que el efecto espejo de los 120 mil millones para el transporte público se materialice en una verdadera política de Estado para las regiones, que permita apoyar de manera profesional y técnica a los gobiernos regionales y a las comunas en la formulación de proyectos para la adecuada utilización de esos recursos, toda vez que sería muy lamentable que fueran devueltos al Tesoro Público porque nada se hizo en las regiones para gastarlos.
Por los argumentos dados, sobre todo respecto de los derechos laborales, apoyaremos el proyecto. Sin embargo, quiero hacer una crítica al Ejecutivo . El proyecto nos llegó del Senado y su urgencia fue calificada de “discusión inmediata”. Es decir, no dispusimos de tiempo para debatirlo en la Comisión.
Confío en el compromiso que el ministro asumió con la Comisión, especialmente con esta diputada , en relación con una indicación que presentamos, que potencia el resguardo de los derechos laborales de los trabajadores, cuestión que no está contemplada en el proyecto. Reconozco que con el acuerdo logrado entre Oposición y Gobierno sobre la materia se avanzó más allá del 90 por ciento, pero todavía falta. Al respecto, el ministro se comprometió a considerar esa indicación en el reglamento. Confío en la palabra empeñada y espero que en marzo podamos discutirla en la Comisión
Señor Presidente, por su intermedio, insisto ante el ministro que es necesario avanzar en políticas de transporte público para las regiones, especialmente para las zonas rurales.
Reitero, vamos a votar favorablemente el proyecto, toda vez que es un avance, gracias a las consideraciones que le hizo la Oposición.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente , antes de nada, damos la bienvenida al nuevo ministro .
Cosas de la vida, una de las razones que me llevó a abstenerme en este proyecto dice relación con la procedencia del ministro , a quien conocemos de antes. Se trata de un gran profesional de la zona centro sur. Conoce muy bien las regiones del Maule, de Concepción, etcétera. O sea, es un ministro con experiencia práctica y conocimiento detallado de las regiones.
Quiero señalar que, cuando se trata de un proyecto relacionado con Santiago, la diputada señora Pacheco algo insinuó, su urgencia se califica de discusión inmediata, es decir, en dos o tres días pasa por el Senado, la Cámara de Diputados y se va. Pero no se procede de igual manera con las regiones. ¿Qué pasa con Magallanes? En estos días se firmó un proyecto de ley para corregir las deficiencias. Seguramente se va a concretar en marzo o abril. Debería haber entrado hoy día, haberse discutido mañana y el jueves o el viernes en el Senado. Sin embargo, cuando se trata de las regiones, éstas son postergadas. Pero, la urgencia de este proyecto no debería haber sido calificada de discusión inmediata.
No estoy en contra de que se arregle el transporte público en Santiago, pero, evidentemente, uno espera el mismo trato y disposición, cuando se trata de problemas de las regiones. Me da la impresión de que el nuevo ministro así lo va hacer, porque conoce las regiones. Porque hasta ahora parece que las regiones son de segunda categoría, lo que no es justo ni razonable. Por lo tanto, planteo este problema al ministro , que recién ha ingresado a las tramitaciones legislativas, y le hago ver claramente que esa diferencia incomoda a los parlamentarios de las regiones.
En segundo lugar, me abstuve, porque la Comisión de Hacienda ve los números y, como dijo el diputado Auth , el informe financiero dice que “para el año 2010 el proyecto no tiene costo fiscal, y si los hubiera para los años siguientes, éstos se incorporarán en las leyes de Presupuestos respectivas.” Que yo recuerde, no hay nada en el presupuesto de 2011 relacionado con este proyecto, que propone modificar el régimen jurídico del transporte público en Santiago. ¡No hay nada! Entonces, uno se pregunta si realmente no tiene costo. Al menos, hay un artículo que habla de multas, por lo tanto, esto debería tener ingresos. Si no tiene costos, debería tener ingresos. Creo que aquí estamos fallando, y hago un llamado a la Dirección de Presupuestos, con mucho respeto, a través del ministro de Hacienda , que no está acá, sobre los informes financieros que se hacen, proyectan y calculan cuando sean probabilísticos. Si se trata de presupuestos proyectados, se debe decir, con todas las bases, cuál es la capacidad de certeza o lo que hay. Pero, los informes financieros hay que hacerlos y no, simplemente, mandar papelitos. Eso es muy fácil. Y si así se quiere, entonces, no hagamos más informes financieros. Evitémonos la firma de la directora Rosanna Costa y, simplemente, pongamos un párrafo final que diga: “No se preocupe de lo financiero, porque eso lo veremos al interior del Gobierno durante el año.” Incluso, creo que eso no es real y que sí hay costos. Al no estar el informe financiero, no sé si la iniciativa es viable. Voy a consultar a las autoridades correspondientes, porque constitucionalmente me da la impresión de que el proyecto debe salir del Congreso con sus platas proyectadas, con indicación de la partida a la que se cargan. Aquí no se señala. Al menos deberían decir que van a cargarse al presupuesto fiscal o al gasto público. ¡No se expresa nada!
Hago presente -otra vez vuelvo al tema de las regiones-, que platas del Transantiago han circulado -algo conversamos ayer con el diputado Marinovic - indirectamente a través del MOP.
Hace mucho tiempo, aquí dijimos: “Peso puesto en Santiago, peso puesto en regiones”. Sistema espejo. Cuando se pasa plata por otros ministerios al Administrador Financiero, se deja de lado a las regiones, porque no se va a contabilizar peso en Santiago, peso en regiones. Entonces, diputado Jaramillo , el ferrocarril no va a tener peso en regiones, en transportes. Me dice que sí. Está bien. Cuando inicié mi labor parlamentaria creía mucho en las ilusiones, los sueños, las fantasías, pero, después de trece años, sé que los eventos se financian con plata. Uno podrá decir a los electores que sí, pero, en la práctica, me da la impresión de que aquí también se está haciendo un baipás a las regiones.
Por último, hay algo que me preocupa: esto está pensado en términos de las concesionarias. Están muy bien las correcciones que se están haciendo. Me da un poquito de vergüenza, como parlamentario de la Concertación, por todos los temas que se están planteando. En verdad, la estructura jurídica, que existía no tiene...
Diputado Jaramillo , si el ministro no me escucha, no importa, porque usted me está escuchando y eso vale.
Espero que este ministro no tenga las mismas malas costumbres de los ministros anteriores, de todos los gobiernos, que nunca escuchaban en la Cámara. Como no me está escuchando, voy a terminar. No estoy para hablar a las paredes. Al ministro no le preocupa. Por lo tanto, mi abstención se va a transformar en voto negativo. Cuando se actué con respeto en el Congreso, daré mi sugerencia. No voy a hablar más.
Me gustaría que la Presidencia de la Cámara les dijera a los ministros que vienen a escuchar a los parlamentarios. Si vienen a reírse o hacer otras cosas, a mí no me interesa. Represento a 30 mil personas que votaron por mí y los ministros a uno, al Presidente que los designa. Hemos visto, en los últimos días, que los designa hacia afuera. Espero que los nuevos ministros, a quienes tengo aprecio, entiendan que ése no es el sistema. Éste es el Congreso, tenemos dignidad y, por lo tanto, anuncio mi voto negativo.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir el diputado Lorenzini con respecto a los ministros. Por lo tanto, hago un llamado a los diputados para que no los molesten, que los dejen poner atención, que hablen con ellos fuera de la Sala. Eso es lo correcto y no echarle la culpa a ellos, que tienen la deferencia de atender a los diputados cuando les van a decir o consultar algo.
Señor Presidente, por su intermedio, pido al ministro que se la juegue por la mala educación, que no atienda a los diputados, que los cite a su oficina y ahí les conteste las preguntas, para no pasar estos malos ratos. Tengo la mejor de las impresiones del ministro. En todo caso, debemos reconocer que nosotros mismos distraemos a los ministros.
Como Presidente de la Comisión, quiero decir que este proyecto no es una iniciativa de excepción, como se ha dicho, en el sentido de que por tratarse del Transantiago se discute inmediatamente, y no sucede lo mismo en lo relacionado con las regiones. Si leen el título del proyecto de ley, constatarán que dice: “Proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado”, lo cual significa que todas las concesiones del país que tengan algún problema van a poder ser mejoradas o subsanadas a través de este proyecto de ley, porque, como muy bien dijo el diputado Lorenzini , esto debería haberse corregido en un inicio, y es precisamente lo que estamos analizando.
Con respecto al informe financiero, tengo la impresión de que los fondos fueron entregados invocando la ley especial para el Transantiago, que están contemplados dentro de su presupuesto. En consecuencia, es importante ver eso, porque para nosotros también es importante que los fondos lleguen a las regiones. Digo esto porque estas platas han significado un muy buen aporte para éstas.
Me parece increíble que no se haya resguardado las licitaciones. Había gente que hacía mal uso de ellas. Con un “palo blanco” licitaba tres o cuatro días después y no pasaba nada. Hoy, esa gente tiene la prohibición de entrar en alguna licitación pública durante cinco años, lo cual me parece absolutamente correcto. No se puede hacer un desfalco, o incurrir en incumplimiento de contrato, o no atender bien a los usuarios, y luego postular a la misma concesión, con un palo blanco, con otro nombre. Eso es importante.
Para nosotros, es importantísimo que el Presidente Piñera , con sus ministros, se hayan preocupado de que se resguarden los derechos de los trabajadores. En lo personal, creo que el primer mandante es el que debe resguardar los derechos de los trabajadores, establecidos en las leyes laborales. En consecuencia, si el primer mandante es el Gobierno, ni siquiera debería figurar en este proyecto de ley que se van a resguardar los derechos de los trabajadores. Eso debería darse por hecho, porque así debe ser. El Estado no puede echarse para atrás en algo que le corresponde. ¿Por qué exige a los privados resguardar los derechos de los trabajadores y él no los resguarda? Creo que, por lo menos, aquí quedó más acotado y los trabajadores van a tener sus respaldos y resguardos.
Aquí se debe respetar una cosa, cual es que cuando no se han pagado las imposiciones y los sueldos, y la empresa va a la quiebra y se remata, los primeros acreedores deben ser los trabajadores. Eso es lo correcto.
Hay un artículo que nos gusta mucho a los parlamentarios de la Región de La Araucanía, especialmente a los señores René Saffirio y Germán Becker , diputados por Temuco, que establece que las personas que vayan a una licitación de zona saturada, con una tecnología de punta, van a tener puntaje extra. Eso lo conversé con los diputados mencionados, porque justamente Temuco y Padre Las Casas son zonas saturadas. Si alguien entra a una licitación con tecnología de punta, va a tener un puntaje que le va a favorecer. Indudablemente, uno de los temas más impactantes de esa Región es la contaminación de ambas ciudades, las más habitadas de la Novena Región.
Entonces, así como el proyecto se aprobó por la unanimidad de los miembros de la Comisión, hoy también esperamos que la Sala lo apruebe en esos mismos términos, para que sea mejorado y las licitaciones ayuden a los usuarios.
Ayer conversé con el recién asumido ministro de Transportes y Telecomunicaciones, don Pedro Pablo Errázuriz , a quien felicité por la valentía de haber tomado una cartera que ha derrocado a varios ministros y gobiernos.
Por intermedio de su señoría, quiero señalar al ministro que si conversa con los diputados, con los usuarios o con cualquiera persona que viva en Santiago, ellos le dirán que a nosotros, como miembros de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, nos interesa mucho solucionar el problema del transporte público en Santiago, por una razón muy simple: si no se arregla el Metro ni el transporte público en Santiago, en tres años más no habrá dónde estacionarse ni se podrá andar en las calles de la capital. En consecuencia, si tenemos un Transantiago y un Metro ordenados, de buena calidad y que le den seguridad al usuario, no cabe duda de que el 80 por ciento de los automovilistas ocupará esos medios de transporte. ¿Cómo se puede hacer eso? Poniéndole un precio más alto a los estacionamientos, para desincentivar el uso del automóvil. ¡En verdad, Santiago es un caos! A pesar de ello, se están vendiendo 300 mil automóviles anuales en el país, de los cuales más de 100 mil quedan en la capital. Es decir, en cuatro años más habrá 400 mil automóviles adicionales, los cuales no cabrán en la capital.
De manera que si el ministro logra mejorar el transporte público en esos dos ámbitos, le garantizo que se lo agradecerán todos los habitantes de Santiago, por razones obvias. Por lo menos, si él agilizara un proyecto de ley que ayer conversamos con los miembros de la Comisión de Obras Públicas, relativo a la construcción de varios kilómetros de ciclovías en Santiago, sería una muy buena manera para descongestionar las vías urbanas.
Respecto del proyecto, nos parecen muy interesantes sobre todo los ochos puntos para mejorar el transporte público y para la caducidad de las concesiones, ya que se podrá sacar a una persona que ha hecho mal uso de la licitación en forma unilateral, lo que hoy no se puede hacer, y, lo más importante, se cautelarán todos los derechos de los trabajadores.
Por lo tanto, como presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, llamo a la Sala a aprobar el proyecto en las mismas condiciones en que lo hizo la Comisión, es decir, por la unanimidad de sus miembros.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , deseo saludar al ministro de Transportes y Telecomunicaciones , don Pedro Pablo Errázuriz , y desearle, al igual como han hecho otros colegas, mucho éxito en su gestión, lo que todos esperamos. Creo que todo Chile tiene algo que ver en estos proyectos. Por eso, valoro la designación del ministro Errázuriz .
El proyecto se sustenta en un acuerdo político suscrito el año pasado; pero, es preciso comentar y entender ciertas normas. Por ejemplo, el informe financiero fue ampliamente discutido una vez más, y espero que el ministro haya tomado debido nota de ello. No voy a comentarlo, pues el diputado Pablo Lorenzini lo hizo en forma extensa. Él también se refirió a la situación de las distintas regiones del país, tema que nos interesa a quienes las representamos.
Asimismo, concuerdo con lo señalado por los diputados René Manuel García , presidente de la Comisión de Obras Públicas , y Pablo Lorenzini .
La iniciativa es muy amplia en cuanto a las modificaciones. Por eso, sólo me referiré al marco jurídico del transporte público remunerado.
Me alegra que haya sido bienvenida la corrección de algunas normas fundamentales, debido a que hoy el Estado no cuenta con mayores atribuciones para la continuidad del servicio. Por eso, contar con los elementos jurídicos adecuados hace bastante innovadora esta modificación.
También aprobé las contingencias que impiden la correcta marcha del servicio, lo cual dice relación con los derechos de los trabajadores. Es realmente importante que ellos logren la subcontratación, lo cual apoyo con entusiasmo.
Hoy, el Estado actúa como codeudor solidario, lo cual era de una enorme importancia y formaba parte del constante clamor de los trabajadores. La consideración del Estado no daba la seriedad que corresponde, por no tener la responsabilidad debida de apoyo solidario. Sin duda, es un proyecto que deberemos tener en cuenta, por lo que el informe financiero podría ser modificado en el futuro cercano o no tan cercano.
Por lo tanto, siendo parte del acuerdo político, aprobaré el proyecto con entusiasmo, sobre todo porque quiero que le vaya bien al nuevo ministro y que esta modificación sea una herramienta amplia para la conducción del Transantiago.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
El señor ERRÁZURIZ ( ministro de Transportes y Telecomunicaciones).- Señor Presidente , me siento muy honrado de estar en la Sala para aportar a la solución de un problema muy importante para muchos de nuestros compatriotas. Por eso, agradezco la posibilidad de estar presente en la votación particular del proyecto que modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado, el cual contó con la aprobación prácticamente unánime del Senado.
Sin entrar en el detalle del proyecto, que es de conocimiento de todos ustedes, quiero poner de relieve algunos hitos relacionados con su tramitación.
Primero que todo, el debate que hubo a mediados de 2010 en el medio político-legislativo sobre la situación del transporte público concesionado, especialmente de la Región Metropolitana, concitó un amplio consenso en torno a dos conclusiones fundamentales: primero, la necesidad de incrementar el subsidio al sistema y, segundo, la urgencia de dotarlo con un marco jurídico. Adicionalmente, en esa misma época se produjo la crisis que afectó la continuidad de operadores del Transantiago, que generó caducidades y quiebras y tuvo como principales afectados a los trabajadores del sistema.
En ese contexto, representantes de todos los partidos de la Concertación y de la Coalición por el Cambio trabajaron intensamente en ambas cámaras, junto con el Ejecutivo y durante meses, para elaborar un diagnóstico y una estrategia de solución para el transporte público en general. Ello alcanzó su punto cúlmine con la suscripción del protocolo de acuerdo político, de fecha 14 de septiembre de 2010, en el que se concordaron una serie de medidas y conceptos que orientarían la política del transporte para Santiago y regiones, las cuales se vieron reflejadas en una ley sobre aumento del subsidio y en otra referida al establecimiento de un nuevo marco jurídico.
El tema financiero se abordó mediante la aprobación de la ley N° 20.468, que aumentó el subsidio al transporte público de Santiago y de regiones en iguales cantidades, lo que permitió racionalizar la sostenida alza de tarifas que venía experimentándose desde marzo 2010 y que estaba golpeando fuertemente a la población de Santiago. Además, inyectó importantes recursos a las regiones, al restituirles los montos redestinados con motivo del terremoto de febrero 2010, lo que permitirá impulsar relevantes soluciones y progresos en temas de transporte y conectividad.
La segunda tarea, que hoy nos convoca en esta Sala, es la referida al marco regulatorio del transporte público concesionado. Son bien conocidas para todos los presentes las urgentes necesidades de dotar de un marco normativo de rango legal a esta actividad, que en la actualidad se desarrolla al amparo de reglas de menor jerarquía, situación que no se condice con su carácter de servicio público de alta sensibilidad e importancia para la población.
De esta forma, el trámite del proyecto de ley que hoy se somete a vuestra consideración se ha basado en un fuerte espíritu de entendimiento y de consenso, labor liderada por mi predecesor, don Felipe Morandé, que ha contado con amplio reconocimiento.
Las indicaciones al proyecto provinieron de todos los sectores e, incluso, el segundo paquete de indicaciones presentado por el Ejecutivo respondió a propuestas concordadas en el seno de la Comisión de Transportes del Senado, cuyo objetivo central era el esquema de protección laboral y de seguridad social. Prácticamente, todas las indicaciones incorporadas fueron votadas por unanimidad. Incluso, muchas redacciones se trabajaron de manera conjunta y de buena fe, anteponiendo por sobre todo el interés general del país, de los usuarios del sistema y de los trabajadores.
Además del sano y amplio consenso de que se ha hecho gala, viene al caso también mencionar la necesidad de premura que ha estado presente en el proyecto. Es de toda justicia reconocer y agradecer a cada uno de los señores diputados y senadores que han intervenido en su tramitación y a los acuerdos de los Comités, que han posibilitado varias gestiones. Debo hacer especial mención a las secretarías de las comisiones, de las presidencias de ambas Cámaras y del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, quienes han hecho esfuerzos extraordinarios para facilitar la discusión expedita de la iniciativa.
Sin embargo, esta premura subsiste y se acrecienta. Permanentemente, algunas empresas enfrentan dificultades de continuidad, y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones aún carece de atribuciones fundamentales para intervenir el sistema. Nuevamente, entonces, está en riesgo el buen servicio para los usuarios y la tranquilidad de los trabajadores, cuyas principales garantías y protecciones emanan de esta futura ley. En nombre de ellos, agradecemos profundamente el compromiso e idea de nación con que el proyecto ha sido tratado, cuya expresión máxima ha sido el protocolo de acuerdo de septiembre pasado, en el que ha quedado de manifiesto que es más fácil construir con unidad y con diálogo.
Finalmente, por intermedio del señor Presidente , me gustaría comentarle al diputado Lorenzini, con quien he trabajado mucho y muy exitosamente, que puse mucha atención a sus planteamientos sobre las regiones. El hecho de haber trabajado durante los últimos diez años en regiones me ha permitido conocer en detalle las materias que él señaló y que me hizo saber también fuera de la Sala.
Quiero agradecerles su preocupación y su voto positivo para la iniciativa.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Gustavo Hasbún.
El señor HASBÚN.- Señor Presidente , en la actualidad, resulta bastante difícil encontrar a alguna persona que esté realmente satisfecha con el sistema de transporte público metropolitano. Desde sus inicios, las críticas sobre la frecuencia de buses, la lógica de los recorridos, los tiempos de viaje, los costos del pasaje, los excesivos transbordos, entre otros, han sido la tónica del Transantiago y son los argumentos que muchas veces hacen pensar que el problema de este sistema es un asunto con escasas posibilidades de mejoras y, quizás, con bajas probabilidades de mantenerse activo en el corto o mediano plazo.
Desde sus inicios, el Transantiago ha sufrido múltiples modificaciones, las cuales, en menor o mayor medida, han estado enfocadas en mejorar sus principales déficit. Así, se han podido observar importantes inversiones del Estado en el sistema de transporte público metropolitano, con el objeto de no aumentar el costo del pasaje a los usuarios y paliar en cierta medida los altos déficit que el sistema ha estado generando a los operadores.
A la fecha, ha sido imposible alcanzar niveles de satisfacción óptimos en el sistema de transporte público metropolitano que permitan legitimar esta reforma con la ciudadanía.
En este contexto surge el presente proyecto de ley, el cual busca, entre otras cosas, perfeccionar el sistema de transporte público metropolitano mediante una serie de reformas focalizadas a una mayor fiscalización por parte del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y a la posibilidad de poner término anticipado a los contratos que no cumplan con los estándares de calidad que debe poseer todo sistema de transporte público.
Tal como se ha señalado, el proyecto puede dividirse en dos grandes áreas: por una parte, las modificaciones que se realizan a la ley Nº 18.696, que buscan facilitar el proceso de administración provisional para poner término a contratos de manera anticipada, y por otra, las que dicen relación con las atribuciones que se entregan al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
El proyecto busca generar los mecanismos contractuales adecuados para mejorar el sistema de transporte público. Si bien este mensaje apunta a la generalidad de los contratos en Chile, se logra apreciar una clara tendencia hacia la posibilidad de perfeccionar o eliminar los contratos vigentes para el Transantiago.
Parece de toda lógica y bastante razonable, entonces, que se arbitren las herramientas jurídicas que aseguren un servicio continuo, eficaz y seguro para sus usuarios.
Por eso, creemos que el proyecto apunta en la dirección correcta al otorgar al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones las herramientas necesarias para revisar y, eventualmente, poner término anticipado a todos los contratos que regulen las concesiones del sistema de transporte público nacional.
Si bien la idea general del proyecto apunta claramente hacia la concreción real de mejoras al sistema de transporte público nacional y, de manera especial, al sistema de transporte público de la capital, existen algunos matices del mensaje que ya hemos conversado con el ministro , que apuntan a la seguridad laboral de los trabajadores, en el entendido de que creemos que, de una vez por todas, hay que respetar los derechos que se han venido vulnerando desde hace muchos años. Sin duda, se hizo “vista gorda” de la evasión y del abuso que cometieron muchas empresas del sistema de transporte público capitalino, para entregar un servicio que, a todas luces, es de pésima calidad.
Señor ministro , por intermedio del señor Presidente , esperamos que el Gobierno cumpla el compromiso de que en el reglamento y también en las bases de licitación figurarán como causales de término de los contratos el no pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores y cualquier violación al Código del Trabajo, en el entendido de que eso perjudica a muchas personas que son parte de nuestra sociedad y que también tienen derechos. En consecuencia, el Parlamento debe exigir que el Gobierno cautele que no se vulneren nunca más los derechos de muchos trabajadores que fueron atropellados durante mucho tiempo. El mejor ejemplo de esto fue que hubo empresas que mantuvieron imposiciones impagas durante veinte, veinticinco y hasta treinta meses, sin que la Dirección del Trabajo hiciera absolutamente nada al respecto. Para qué recordar que algunas empresas no pagaron los sueldos de sus trabajadores durante cinco meses, sin que intervinieran la Dirección del Trabajo ni el Ministerio de Transportes. Durante 2007, 2008 y 2009, la cantidad de reclamos por prácticas antisindicales de los trabajadores de esas empresas era impresionante; no obstante, se hizo “vista gorda”, ya que se pensó en su minuto que se debía cautelar que el sistema de transporte público operara, aunque fuera a un costo tan alto, como era vulnerar los derechos de los choferes de la locomoción colectiva.
Por eso, señor Presidente , esperamos que se cumplan los compromisos contraídos, como que en el mes de marzo tengamos un reglamento donde se estipule y quede claramente establecido que a ninguna empresa que tiene deudas de cotizaciones previsionales se le entregue la subvención o fondos que le corresponde. Además, no sólo esperamos que sea parte del Reglamento y de lo que hemos solicitado, sino también una obligación en las bases de las futuras licitaciones de las concesiones del transporte público. Que quede establecido que aquellos que incumplan con el pago de las cotizaciones previsionales no solamente tendrán la caducidad del contrato, sino que el Estado podrá retener los recursos para garantizar el pago de las cotizaciones.
Por lo tanto, la bancada de la Unión Demócrata Independiente va a aprobar el proyecto. Estamos plenamente de acuerdo, pero también hacemos presente la inquietud de muchos trabajadores, que operan en el sistema de transporte público capitalino, que hace mucho tiempo han visto que las autoridades los han abandonado.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marinovic.
El señor MARINOVIC.- Señor Presidente , por su intermedio, doy la bienvenida al ministro de Transporte y Telecomunicaciones y al de Economía, Fomento y Turismo.
Iba a votar en contra del proyecto, pero después de escuchar el debate y analizar un poco la lógica que se ha desarrollado, he tomado la decisión de cambiar mi intención de voto. Las malas decisiones que, a veces, se toman por parte de las autoridades respecto de los servicios públicos generan consecuencias políticas. El Transantiago es exactamente eso: una implementación equivocada de un sistema de transporte público que, en definitiva, significó que hubiera un cambio, entre otras cosas, de gobierno en el país.
Quiero hacer la analogía con lo que ha ocurrido recientemente en la Región de Magallanes, en donde también hay un servicio público en que el tema fue abordado de muy mala manera por parte de su autoridad y que trajo y va a traer consecuencias políticas.
Pregunto, ¿cuánto ha costado el Transantiago, su subsidio, a cada uno de los chilenos desde Arica a Puerto Williams, para financiar su déficit? ¿Es culpa de los santiaguinos? Por supuesto, que no. También, por eso, estoy cambiando mi intención de voto, pues no debe ser nuestra gente que vive en Santiago la que tenga que pagar por una mala decisión que ha tomado la autoridad de ese entonces. En ese sentido, en el proyecto genera importante jurisprudencia para el país; se está cambiando un concepto de invariabilidad respecto de los contratos.
Hoy, la iniciativa faculta al Gobierno para poner orden en el transporte público, en su administración financiera y en muchas materias en que tiene las manos atadas y no puede solucionarlas.
Por lo tanto, la solución para el Transan-tiago pasa por cambios en los contratos para mejorar el sistema de transporte público. Aquí se reconoce que cuando hay una necesidad social o superior del país podemos sentarnos a la mesa a conversar los contratos.
Del mismo modo, en el caso de Magallanes, con el servicio público denominado abastecimiento de gas, el Gobierno va a tener la obligación de sentarse a conversar los contratos que mantiene con la empresa Methanex que, en definitiva, son los causantes de que no haya inversión ni desarrollo en la exploración de hidrocarburos en nuestra región.
Por su intermedio, señor Presidente , pido al ministro de Transportes , como le interesa al colega René Manuel García y a mí, que solucione el problema del transporte público de Santiago, pero también el de Arica, Coquimbo, Antofagasta, Concepción, Linares , Talca, Punta Arenas, Puerto Natales y el de todo Chile. Pido al Gobierno y a la autoridad en la materia que sean tremendamente cuidadosos y que se revise la situación que hoy se ha generado con la entrega de millonarios recursos del Ministerio de Obras Públicas al Administrador Financiero, por su tremendo déficit de recursos. Se ha debido echar mano de recursos del MOP y entregárselos, subrogando el pago a los operadores para continuar con el servicio. Por eso, pido al Gobierno que aclare qué va a pasar con esos recursos. En definitiva, ¿son subsidios, aporte de capital al sistema o préstamos que hace el Estado de Chile, a través del MOP, a un sistema que, a todas luces, es deficitario y que merece y necesita cambios?
Se debe aclarar eso, porque esos recursos del MOP no tienen contrapartida en regiones. Por eso, es importante que, junto con solucionar el problema en la Región Metropolitana, también lo solucionemos en todas y cada una de las regiones del país.
Como aquí ha habido un acuerdo político entre la Alianza y la Concertación, pido a los señores ministros que ojalá, por esa vía, soliciten a los distintos bloques políticos del país que, así como se ha llegado a un acuerdo político entre uno y otro sector para solucionar el tema del Transantiago, se alcance otro para financiar y solucionar el déficit relacionado con el gas en la Región de Magallanes.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , por su intermedio, saludo a los ministros de Transportes y Telecomunicaciones y de Economía, Fomento y Reconstrucción, en particular al primero, con el objeto de desearle mucho éxito en su gestión. Además, me sumo a la preocupación e interrogantes planteadas por el diputado Marinovic .
Anuncio mi voto favorable al proyecto, porque el artículo 3° recoge una preocupación de la zona que represento.
Temuco y Padre Las Casas constituyen un centro urbano que ya tiene una población cercana a los 400 mil habitantes y que durante la temporada invernal vive en condiciones de contaminación francamente imposibles de seguir prolongando en el tiempo.
Producto de ello y en una decisión acertada adoptada hace algunos años, se declaró zona saturada a dicho centro urbano. Y este proyecto, de la forma como viene aprobado por el Senado, incorpora en el inciso sexto del artículo 3° un puntaje adicional a aquellas empresas concesionarias o eventuales concesionarias que incorporen tecnologías no contaminantes.
Los episodios más graves de contaminación no provienen del transporte público; sin embargo, no podemos dejar de desconocer que el parque de transporte público de este centro urbano es antiguo y generalmente corresponde a equipamiento dado de baja en la Región Metropolitana.
En consecuencia, no puedo sino estar de acuerdo con un proyecto que estimula a las empresas a participar en sectores que han sido declarados zonas saturadas, como Temuco y Padre Las Casas , y de esa manera poder hacer un aporte, también, al plan de descontaminación, que se encuentra en elaboración, pero que requiere un importante volumen de inversión.
Por último, me parece que respecto de la decisión adoptada por el Senado al agregar este inciso final, también en el artículo 3°, otro elemento debe ser reconocido. Porque la misma norma propuesta por dicha Cámara establece que las bases deberán contemplar exigencias que aseguren a los trabajadores condiciones de seguridad e higiene acordes con los procedimientos de las funciones desempeñadas. Pero agrega el Senado una frase que es aún más destacable: “Asimismo, se considerará especialmente a aquellos postulantes que exhibieren u ofertaren mejores condiciones de empleo y remuneraciones para los trabajadores.”.
Esos dos antecedentes, desde mi punto de vista, son más que suficientes para votar favorablemente este proyecto: por un lado, un aporte sustantivo al mejoramiento de las condiciones ambientales y, por otro, un apoyo al establecimiento de condiciones laborales más dignas, más humanas y más justas para los trabajadores del transporte.
Por ello, anuncio formalmente mi aprobación al proyecto.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Teillier.
El señor TEILLIER.- Señor Presidente , quiero ser muy preciso en señalar, por su intermedio, al señor ministro , dos dudas respecto, sobre todo, de la protección de los derechos de los trabajadores.
En primer lugar, el proyecto al parecer no contempla algo que los trabajadores solicitaron en su exposición en la Comisión de Transportes del Senado. Esto es, que cuando se caduque la concesión a una empresa antes del término del plazo o se traspase dicha concesión por los años que se indican en la iniciativa, la nueva empresa deberá mantener las condiciones laborales, sindicales y de contratos colectivos de los trabajadores.
El problema mayor es que cuando se termina una concesión los empleados son todos despedidos y recontratados bajo nuevas condiciones, con lo cual desaparecen sus derechos y conquistas. Esto ocurre bastante seguido y para los trabajadores significa cada vez empezar de nuevo: contrato colectivo, sindicalización, etcétera. Por eso, es preciso otorgar mayor protección a sus derechos adquiridos.
Ejemplo de lo anterior es lo que ocurrió con el término de la concesión de la empresa Transaraucaria. Hasta la fecha los trabajadores no reciben solución a sus demandas.
En segundo término, el inciso decimotercero, nuevo, del artículo único incorpora la caducidad de la concesión y señala: “En todo caso, cualquiera que sea la causal de término o de caducidad de la concesión, deberán resguardarse los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores, en los términos previstos en la ley”. Pero al momento de enumerar las causales de caducidad dispone: “Siempre se considerará incumplimiento grave de las obligaciones del concesionario, que da lugar a la caducidad de la concesión, los atrasos u omisiones en el pago de remuneraciones y obligaciones de seguridad social que excedan tres períodos mensuales…” Eso está bien. Pero aquí viene lo que me mueve a duda: “…o la existencia de más de cuatro condenas ejecutoriadas dentro de un año calendario por infracciones a normas sobre jornadas de trabajo, remuneraciones, feriados, protección a la maternidad, sindicalización y prácticas antisindicales.”.
El problema es que exigir cuatro condenas ejecutoriadas en un año es casi una condición imposible de cumplir, toda vez que durante ese período no se pueden tramitar más de dos multas, considerando los plazos de los procedimientos: 60 días de investigación por parte de las inspecciones del trabajo; 60 días de juicio, 60 para el recurso de nulidad y 70 para la apelación en la Corte Suprema.
En consecuencia, la existencia de la norma propuesta dilataría aún más los juicios y nunca una empresa podría ser sancionada por dicha acción.
Aquí nos encontramos en presencia de una acción legislativa distractora que busca que la norma nunca se practique, es decir, que sea letra muerta.
De no cambiar la condición de las cuatro condenas ejecutoriadas para la declaración de caducidad de una concesión el proyecto no se estaría apegando, entonces, al espíritu de lo que se quiere legislar. Y en este caso, me gustaría que dicha condición se rebajara, por ejemplo, a dos condenas, lo cual es factible en el plazo de un año. Porque cuatro -repito- resulta imposible que se materialicen.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente , en primer lugar, éste es uno de varios proyectos de ley que resultan indispensables para lograr un avance efectivo en la solución de los problemas que tiene el transporte de pasajeros no sólo en la Región Metropolitana, sino también en todo el país.
Lo que hace la iniciativa es reconocer la existencia de problemas en el sistema a partir, básicamente, de la incapacidad con que queda el Ministerio de Transportes para intervenir en una situación determinada que no ha sido advertida plenamente a través de los contratos ni de las atribuciones de la propia Cartera, que le permiten resguardar mejor el interés público.
Pese a ser percibido como un servicio público, las facultades del Ministerio de Transportes para requerir información o intervenir los contratos se hallan limitadas, y las consecuencias jurídicas de los incumplimientos son inciertas, así como las formas de término no están reguladas.
Este proyecto de ley constituye un avance para resolver en parte estas dificultades y lo que hace es entregar al Estado algunas herramientas para una mejor gestión de los contratos de los servicios concesionados, con el objeto de garantizar una prestación con un alto estándar de calidad y disponer de los instrumentos jurídicos adecuados que le permitan enfrentar en forma oportuna las contingencias que impidan la correcta marcha y prestación del actual servicio. Todo esto, en el intento de buscar un equilibrio entre las necesidades de los usuarios, los derechos propiamente tales de los concesionarios y, muy especialmente, para cautelar a los trabajadores del sector.
Para avanzar en el trámite de este proyecto no sólo tuvimos la oportunidad de analizar sus alcances dentro de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, sino que, además, se avanzó en un acuerdo político, lo que quiero dejar consignado una vez más en esta Sala, previo a lo que significa la aprobación de este proyecto y su transformación definitiva en ley.
El 14 de septiembre de 2010 suscribimos -me correspondió hacerlo en representación de mi bancada- un acuerdo para lograr una visión integral de aquello que es necesario abordar para garantizar un transporte de pasajeros de calidad no sólo para la Región Metropolitana, sino para todo el país. En ese sentido, el acuerdo político recoge sustancialmente muchas de las inquietudes que han planteado aquí los colegas y reivindica las situaciones que afectan a las regiones.
Como diputado de la Sexta Región -provincias de Colchagua y de Cardenal Caro-, reivindico para nuestro mundo rural una mejora sustancial en las condiciones de vida donde el transporte de pasajeros en todas sus formas es un elemento trascendental para ello.
En el acuerdo político hay una referencia directa a aquellos aspectos que deben mejorar, particularmente en las regiones. Me permito señalar en forma muy rápida algunos de ellos.
Se va a dar cumplimiento integral a la ley N° 20.378, sobre Subsidios, en relación con los programas diseñados en regiones; especial cuidado se deberá poner en cumplir con el objetivo de reducir el gasto familiar en tarifa escolar; se establece que el subsidio transitorio para regiones incluirá el financiamiento para aquellas comunas de la Región Metropolitana que también tienen una connotación rural, particularmente las comunas que se hallan en la periferia, agregando, además, las comunas de San Bernardo y Puente Alto.
En cuanto a recursos financieros destinados a este objeto para la modernización del transporte, se extiende el subsidio transitorio al transporte regional a 2015 y 2016, por una suma total de 212 mil millones de pesos adicionales, poco más de 400 millones de dólares, cifra similar a la solicitada para el Transantiago .
Durante la discusión habida en la Comisión se analizó una serie de aspectos que dicen relación con velar por las regiones. Incluso, ayer se recibió a importantes representantes del sector transporte de carga y a personas que representan el sector transporte de pasajeros.
En este acuerdo político también se realza impulsar un programa de chatarrización a partir del 2011, para ayudar a la renovación del parque del transporte público mayor a partir del programa que cada gobierno regional defina; desde marzo próximo, se implementará íntegramente el subsidio al transporte escolar, para lo cual ya se están efectuando los concursos correspondientes; se plantea la construcción de terminales rurales en ciudades donde se justifiquen socialmente. Quiero recalcar esto con especial atención, ya que, con motivo del congelamiento del parque automotor para aquellos que realizan la tarea de taxis colectivos en distintas zonas del país, hubo una reivindicación directa planteada por ellos en el momento en que dieron a conocer la idea del congelamiento, en la medida en que sea una actividad reconocida y consolidada en todo el país, para que puedan tener acceso a recursos que les permitan mejorar la forma en que ellos prestan ese servicio, accediendo, también, a la posibilidad de presentar proyectos para la construcción de terminales y otro tipo de iniciativas que sean de su interés.
Este proyecto de ley forma parte de un gran acuerdo y hoy, con motivo de la presencia en esta Sala del nuevo ministro de Transportes , don Pedro Pablo Errázuriz , no puedo dejar de señalar que, en la evaluación que se hace al ministro de Transportes cuando se le pidió la renuncia, se hace alusión a que es para mejorar aquello que la gente no advierte razonablemente como un buen servicio del Transantiago.
Debo señalar que el ministro Felipe Morandé tiene un reconocimiento de parte de aquellos diputados que hemos trabajado en el área de Transporte de la Cámara de Diputados, porque permitió abrir una discusión y reconoció que había temas en los cuales el Ministerio podía intervenir en beneficio de los trabajadores. Trató de hacerlo y lo hizo como parte de un contexto general, reconociendo, a la vez, que los temas que estamos abordando son complejos y su solución deja de ser sólo de un gobierno transitorio, sino que se trata de un problema de Estado.
Junto con expresar nuestra disposición a votar favorablemente el proyecto y transformarlo en ley, existe un compromiso que refuerza la institucionalidad del sector del transporte de pasajeros y, en general, del transporte en nuestro país.
En los acuerdos no sólo están planteadas mejoras a una visión integral para el transporte público de la Región Metropolitana y del Transantiago, sino que, además, quedaron establecidos aspectos laborales que son sumamente relevantes en los últimos temas que hemos abordado como conflicto en el sector transporte. Con esto quiero reiterar lo que conlleva el haber logrado estos acuerdos.
Con el propósito de complementar y perfeccionar el actual marco regulatorio en trámite y que se cumple hoy con este proyecto de ley, se acordó la creación -es parte de un acuerdo político que tendremos la posibilidad de analizar y estudiar en su momento- de una Superintendencia de Transporte Público. En este acuerdo político el Gobierno se comprometió a enviar en marzo próximo el proyecto de ley respectivo. Esta Superintendencia tendrá las atribuciones de coordinación, supervisión y fiscalización con que hoy cuenta el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones respecto del transporte público licitado, más aquellas que en esta materia se derivan del proyecto de ley de un nuevo marco regulatorio. Esta entidad que se creará a partir de ese proyecto de ley -esperamos que el Ejecutivo lo mande en marzo, como se acordó en este acuerdo político- podrá supervisar y auditar los recursos correspondientes a los subsidios del transporte público en Santiago y en regiones, ya que no basta con que existan determinados subsidios, sino en tener la posibilidad de supervisar que se apliquen bien y oportunamente. El año pasado, en el caso de los subsidios para regiones que permitían abordar el tema del transporte escolar, los recursos recién se terminaron de asignar en diciembre, generando con ello una situación muy discutible respecto de una forma eficiente de administrar esos recursos, a pesar de que éste era un tema de permanente discusión.
Creo que corresponde que hoy acompañemos favorablemente la votación de este proyecto, sin perder de vista que es parte de una tarea más global y de un esfuerzo de acuerdos que le hacen bien al país, el que pudimos suscribir en representación de la Oposición y particularmente de la Concertación, tanto senadores como diputados que han trabajado estos temas, como los representantes formales del Gobierno que, para estos efectos, creemos que estaban representando el sentir, también, de los parlamentarios de la Alianza.
En ese contexto y con estos alcances, de los cuales también me hago partícipe, por el compromiso que asumimos en su momento, le pido a la Sala que dé su aprobación a este proyecto de ley.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala, se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado, con excepción de las siguientes normas: los incisos catorce y veintitrés del artículo 3º de la ley Nº 18.696, contenidos en las letras h) y j) del numeral 1) del ARTÍCULO ÚNICO; el artículo 3° duodecies, contenido en el numeral 4) del ARTÍCULO ÚNICO, y el artículo segundo transitorio, que son normas de rango orgánico constitucional.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 5 abstenciones.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
Un señor DIPUTADO .- Señor Presidente , en el tablero electrónico aparece votando la Presidenta de la Cámara , quien en este momento so se encuentra en la Sala.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Agradezco a su señoría por su advertencia. Al respecto, ofrezco mis excusas, pero la
preocupación por la votación no me permitió percatarme de eso. Vamos a hacer la corrección correspondiente.
Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente , quiero consignar que voté, pero no he marcado mi asistencia. Como he estado presente en la sesión, quiero dejar constancia del hecho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Señor diputado , quedará constancia de ese hecho, así como también del error cometido por quien habla.
Tiene la palabra el diputado Pedro Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente , en la votación marqué mi abstención, pero en el tablero figura mi voto afirmativo.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Señor diputado , el señor Secretario me informa que ello no influye en el resultado de la votación.
El señor ARAYA.- Pero pido que mi voto se registre como corresponde.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Muy bien, señor diputado .
Corresponde votar en general los incisos catorce y veintitrés del artículo 3º de la ley Nº 18.696, contenidos en las letras h) y j) del numeral 1) del ARTÍCULO ÚNICO; el artículo 3° duodecies, contenido en el numeral 4) del artículo único, y el artículo segundo transitorio, que son de rango orgánico constitucional.
Dejo constancia de que para su aprobación se requiere el voto favorable de los 4/7 de los diputados y diputadas en ejercicio, es decir, de 67 votos.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 6 abstenciones.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Si le parece a la Sala, las normas que requieren de un quórum especial de votación se darían por aprobadas también en particular, con la misma votación, dejando constancia de haberse alcanzado el quórum constitucional requerido.
¿Habría acuerdo?
Aprobadas.
Por no haber sido objeto de indicaciones, el resto del articulado, queda aprobado también en particular.
Despachado el proyecto.
ATRIBUCIONES AL SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR EN MATERIA FINANCIERA. Primer trámite constitucional.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje y con urgencia de discusión inmediata, que modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, para dotar de atribuciones en materias financieras, entre otras, al Servicio Nacional del Consumidor.
Diputados informantes de las comisiones de Economía, Fomento y Desarrollo, y de Hacienda, son los señores José Manuel Edwards y Gastón von Mühlenbrock, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 7094-03, sesión 58ª, en 3 de agosto de 2010. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, sesión 97ª, en 9 de noviembre de 2010. Documentos de la Cuenta N° 6
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 127ª., en 18 de enero de 2011. Documentos de la Cuenta N° 6.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo.
El señor EDWARDS (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mensaje, con urgencia calificada de discusión inmediata, que modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, para dotar de atribuciones en materias financieras, entre otras, al Servicio Nacional del Consumidor.
Las ideas matrices o fundamentales del proyecto son las siguientes:
-Dotar al Sernac de mayores atribuciones para requerir información eficaz, así como para facilitar el acceso a ésta por parte de los consumidores, con el propósito de fortalecer el ejercicio efectivo de sus derechos, en especial, tratándose de servicios financieros.
-Crear una unidad financiara, con el objeto de que entregue orientación adecuada al consumidor.
-Otorgar facultades al director del Sernac para conferir el carácter de ministros de fe a ciertos funcionarios del servicio.
-Por último, dotar de un sello Sernac a los contratos que se ajusten a las normas y reglamentos.
El número 8 del ARTÍCULO 1° del texto aprobado, que agrega un artículo 59 bis, nuevo, en la ley, es de carácter orgánico constitucional, conforme lo exige el artículo 38 de la Constitución Política de la República debido a que la nueva atribución que se le confiere al director del Sernac incide en la ley sobre Bases Generales de la Administración del Estado.
El proyecto fue aprobado en general por unanimidad. Votaron a favor el diputado señor Arenas , Presidente de la Comisión ; las diputadas señoras Cristina Girardi , Carolina Goic y Mónica Zalaquett , y los diputados señores Edwards , Kast , Marinovic , Montes y Sauerbaum .
Se ha constatado que la actual ley sobre protección de los derechos de los consumidores puede ser perfeccionada en ciertas áreas, por medio de diversas propuestas, todas ellas contenidas en la iniciativa en informe.
En primer lugar, se desea mejorar la información a la que puede acceder el consumidor para la toma de sus decisiones de consumo. Se busca, en especial, que las empresas promocionen o den a conocer sus productos mediante internet, informen acerca de los precios y características esenciales de éstos. Ello, por cierto, viene a morigerar la actual asimetría de información que convierte a los consumidores en potenciales víctimas de aprovechamiento o abusos de parte de proveedores, que tienen mucho mayor acceso a la información, especialmente en materia financiera, así como también en telecomunicaciones y transporte.
En el mismo ámbito, se pretende fortalecer el ejercicio efectivo de los derechos de los consumidores de servicios financieros, dotando al Sernac de mayores atribuciones para requerir esta información para las respectivas decisiones de consumo.
En segundo lugar, se quiere reforzar el Sernac mediante la creación de divisiones especializadas en supervisión de los derechos del consumidor en materia financiera, de telecomunicaciones y de transporte, para que pueda otorgar orientación adecuada a los consumidores que deseen plantear algún reclamo o problema.
Mediante la correspondiente adecuación de su planta orgánica, se facilita la contratación de personal que desarrolle funciones relativas a mercados en los cuales la especialización y el alto conocimiento técnico son requisitos ineludibles para desarrollar una adecuada protección del consumidor.
En tercer lugar, se posibilita que el Presidente de la República dicte reglamentos para desarrollar, complementar y ejecutar los principios generales y más importantes que contengan derechos para los consumidores y deberes para los proveedores, incluso si se tratare de materias reguladas por leyes especiales. Asimismo, se incrementa la dotación del personal del Sernac.
Por último, se trata de conferir el carácter de ministros de fe a determinados funcionarios del Servicio Nacional del Consumidor, designados por el jefe del servicio, los que sólo podrán certificar los hechos relativos al cumplimiento de la normativa contenida en la ley sobre protección de los derechos de los consumidores que consignen en el desempeño de sus funciones.
En síntesis, con la iniciativa se pretende que exista más claridad en el otorgamiento de créditos, gracias a toda la información que estará disponible, especialmente a través de internet. Se establecerá un sello Sernac , de fácil identificación por parte de los consumidores, de manera que estén seguros de que las normas que el Estado chileno ha dictado están consideradas en los contratos que firmen.
Se eliminan las barreras de salida que existían, por ejemplo, para cerrar cuentas corrientes, seguros y créditos. El Sernac y el Ministerio de Economía podrán evaluar y regular, para mejorar el funcionamiento a favor del consumidor. Existirá más y mejor información, y se garantizará mayor resguardo de los consumidores que han intentado recurrir al actual convenio de cooperación entre la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el Sernac. Asimismo, se permitirá atender aspectos que hoy no están debidamente cubiertos en estas materias, como, por ejemplo, la adquisición de terminales celulares y sus modalidades de pago. Se potencia, así, la actividad de atención de reclamos por parte del Sernac, manteniendo la Subsecretaría de Telecomunicaciones la función de alta especialización en reclamos de segunda instancia.
Las modificaciones y perfeccionamiento de que fue objeto el texto original, durante la discusión particular, apuntaron a lograr lo siguiente: que las exigencias mínimas que deben tener los contratos de adhesión de servicios crediticios, de seguros y de productos financieros se hicieran extensivas a las sociedades de apoyo al giro, tratándose de bancos e instituciones financieras; que el costo por término sea explicitado en los contratos, según se pague en forma total o parcial; que respecto del denominado “sello Sernac” en los contratos de adhesión de servicios y productos financieros, tenga una duración máxima de dos años, mientras permanezcan vigentes las normas legales y reglamentarias; se clarifica que los programas de información y educación al consumidor, lo serán en materias propias de consumo, en especial respecto de servicios financieros, garantías y derecho de retracto; que pueda investirse como ministro de fe a un funcionario del Sernac de grado 8° o superior; que hace imperativa la dictación, dentro del plazo de seis meses desde que sea dictada esta futura ley, de los siguientes reglamentos: sobre información al consumidor de tarjetas de crédito bancarias y no bancarias, sobre información al consumidor de créditos hipotecarios e información al consumidor de créditos de consumo. Finalmente, se crea un departamento que se denominará Departamento de Protección al Consumidor Financiero.
Como forma de prevenir una eventual superposición de roles y competencias con los agentes reguladores del sector, se trabajará aún más en definir la estructura institucional del Sernac y en reforzar los cambios en lo que se refiere a la actual relación entre consumidor y proveedor, todo ello dentro del ámbito de una mayor y mejor formación del primero en estas materias, dado que es la única manera de que pueda comprender en forma rápida el actual cúmulo de datos y nomenclatura técnica y de que adopte, en consecuencia, las mejores decisiones de consumo.
Resulta evidente la necesidad de que, en especial, los jóvenes que paulatinamente se van incorporando a la actividad económica de nuestro país, comprendan cabalmente el funcionamiento y los instrumentos de una industria que, tarde o temprano, deberán operar.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor VON MÜHLENBROCK (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto de ley, con urgencia calificada de discusión inmediata, que modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, para dotar de atribuciones en materias financieras, entre otras, al Servicio Nacional del Consumidor.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos con fecha 2 de agosto de 2010, especifica que por el ARTÍCULO 1° transitorio se incrementa la dotación máxima del Sernac en 23 cupos, entre los cuales, en la Planta de Directivos, se crea un cargo de jefe de división grado 4° de la escala única de sueldos, y dos cargos de jefes de departamentos grado 5° de la escala única de sueldos. El resto corresponde a 20 cupos de profesionales. Dichos cupos podrán reasignarse desde otros programas de la partida.
El costo fiscal total anual máximo estimado para esta iniciativa es de 463 millones 180 mil pesos, de los cuales 446 millones 680 mil pesos corresponden a personal, y 16 millones 500 mil pesos, a bienes de consumo, los que serán financiados durante 2010 con cargo al presupuesto de la partida Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y en lo que faltare, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público.
Asimismo, en los años siguientes será financiado con cargo al presupuesto regular del Sernac.
El informe complementario, de fecha 13 de octubre de 2010, se refiere a la indicación que amplía la opción en cuanto al grado de la escala única de sueldos que podrán tener los directivos y profesionales que actúen como ministros de fe en el caso de las regiones en que el grado 6° de la escala única de sueldos o inferior sólo corresponda al director regional.
Dadas las modificaciones reseñadas, el costo fiscal total anual máximo para esta iniciativa totaliza 1 mil 80 millones 520 mil pesos, de los cuales para gastos en personal se consideran 695 millones 775 mil pesos, para bienes y servicios 282 millones 381 mil pesos y para activos no financieros, la diferencia por 102 millones 364 mil pesos. Todo lo anterior representa un gasto adicional respecto del informe original de 617 millones 340 mil pesos.
Mediante informe complementario de 14 de diciembre de 2010, se señala, en relación con la indicación sobre los contratos de adhesión en el mercado de servicios financieros, que el incumplimiento de las obligaciones que contempla será sancionado con multa de hasta 750 unidades tributarias mensuales, que podría generar mayores ingresos fiscales del orden de los 526 millones de pesos al año.
En el debate de la Comisión, el ministro de Economía , señor Juan Andrés Fontaine , manifestó que la iniciativa constituye un elemento esencial del programa del actual Gobierno, que parte de reconocer el hecho de que los consumidores acceden hoy a una gran variedad de bienes y servicios, muchos de ellos sofisticados y complejos, como los productos financieros y de telecomunicaciones, lo cual, si bien es un hecho muy positivo, genera asimetrías de información que exponen a los consumidores a ser víctimas de aprovechamiento o abuso de parte de los proveedores.
Añadió que, frente a ello, la actual ley sobre protección de los derechos de los consumidores es insuficiente, particularmente cuando se trata de productos o servicios que cuentan con una legislación sectorial, respecto de la cual aquélla actúa en forma supletoria.
Por esa razón, el proyecto modifica la ley sobre protección de los derechos de los consumidores, disponiendo un mejor acceso de los consumidores a toda información relevante y fortaleciendo su capacidad de defensa ante infracciones a ella. Específicamente, la iniciativa otorga al Sernac un claro mandato para velar por los derechos del consumidor en una amplia gama de bienes y servicios, que incluyen aquellos cubiertos por leyes especiales, como los productos financieros y de telecomunicaciones, aclarando así cualquier ambigüedad que pudiera estimarse que existe sobre la materia.
Agregó el ministro que la complejidad de estos servicios genera abusos de los proveedores, que se expresan en reclamos de los usuarios al Sernac.
En cuanto al contenido del proyecto, detalló el ministro Fontaine que éste crea al interior del Sernac una división especializada en la supervisión de los derechos del consumidor en materia financiera, de telecomunicaciones y transportes; precisa la información mínima que han de contener los contratos de adhesión de servicios financieros, modificación introducida en la Comisión de Economía; crea el sello Sernac , mediante el cual se certifica el cumplimiento de la ley sobre protección de los derechos de los consumidores en la redacción de los respectivos contratos -la inclusión en ellos de la información mínima exigida-; se faculta al Gobierno para dictar los reglamentos que faciliten la ejecución de la ley así modificada, y, tratándose de materias financieras, establece qué reglamentos específicos deben dictarse; confiere el carácter de ministros de fe a determinados funcionarios del Sernac, para que puedan certificar las infracciones a la ley sobre protección de los derechos de los consumidores, y sus atestados sirvan como prueba en tribunales; amplía las atribuciones del Sernac para que pueda pedir información y entregarla a los consumidores para que tomen decisiones informadas, y promueve la publicación de los precios de los productos que se ofrezcan en páginas web.
Así, entonces, el rol del Sernac será informar a los consumidores y, en caso de detectar infracciones, promover la conciliación entre éstos y los proveedores, pudiendo, en caso de que ello no ocurra, derivar los casos a los reguladores sectoriales o a los tribunales, e incluso hacerse parte en las acciones colectivas que se ejerzan.
Justificó el secretario de Estado la necesidad de dar el carácter de ministro de fe a los principales funcionarios del Sernac, en circunstancias de que este servicio no impone multas, sino que denuncia eventualmente las infracciones de la ley sobre protección de los derechos de los consumidores a los tribunales, por lo que se ha considerado crucial que aquellos puedan certificar la comisión de dichas infracciones, ya que muchas de ellas son de naturaleza temporal y no dejan rastro.
Por lo demás, la institución de los ministros de fe es habitual en la persecución de infracciones que deben acreditarse ante tribunales, habiendo muchos entes fiscalizadores que cuentan con tal atributo.
Con respecto a las modificaciones que el proyecto introduce en la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, destaca, en primer lugar, la incorporación de los nuevos artículos 16 bis, 16 ter y 16 quáter, que especifican la información mínima que deben contener los contratos de adhesión de productos financieros y sancionan el incumplimiento de esta exigencia con multas de hasta 750 unidades tributarias mensuales y declaración de nulidad de las cláusulas que infrinjan la normativa.
Recordó que el artículo 16 establece la lista de cláusulas que se consideran nulas, y que el Sernac ha llamado abusivas en su reciente denuncia. En cambio, el 16 bis establece que los contratos deben contener cierto tipo de información: desglose pormenorizado de cargos, tasas, comisiones, etcétera; causales que dan lugar al término anticipado del contrato; información que se debe proporcionar en el caso de productos que se venden conjuntamente; sistema de atención de reclamos con que cuenta el proveedor; mecanismo de ajuste de tarifas basado en condiciones objetivas verificables por el consumidor.
El artículo 16 ter, en tanto, dispone que la institución crediticia provea información periódica a sus clientes sobre el costo del servicio, a través del cálculo de la tasa de interés equivalente, que reúne en ella todos los cobros anteriores; y sobre el costo de poner término a un contrato de plazo indefinido (como, por ejemplo, el prepago de un crédito), de manera que el cliente, teniendo en cuenta las otras opciones que le ofrece el mercado, pueda tomar la decisión de contratar con otra institución.
Finalmente, el incumplimiento de todo lo anterior se sanciona con multas y da lugar a la declaración de nulidad de las cláusulas que infrinjan la ley, pudiendo el juez ordenar su reemplazo o eliminación. Esto está especificado en el artículo 16 quáter.
A su vez, destacó la incorporación del artículo 16 quinquies, el cual establece ciertas condiciones para la promoción de productos financieros, prohibiendo el envío de productos no solicitados a domicilio (como tarjetas de crédito preaprobadas, por ejemplo), y la oferta de los mismos en la vía pública y en espacios educacionales o de concurrencia de adultos mayores. Esta modificación tiene por objeto precaver un exceso de oferta que pueda conducir al sobreendeudamiento de las personas.
Por otro lado, se agrega un nuevo artículo 55, que regula el otorgamiento del sello Sernac , a través del cual este Servicio constata que los contratos de adhesión ofrecidos por las instituciones financieras cumplen con lo dispuesto en la ley sobre protección de los derechos de los consumidores y que cuentan con un sistema imparcial de defensor del cliente, el cual ha sido utilizado con muy buenos resultados en España y aplicado en forma muy limitada en Chile, esperándose que su inclusión en la ley permita extender su funcionamiento.
Por otra parte, se modifica el artículo 58, disponiendo que el Sernac fomentará la educación de los consumidores en materias financieras, y ampliando la información que el Servicio puede solicitar a los proveedores financieros o de otro tipo.
Asimismo, el artículo 58 bis señala los cargos que investirán el carácter de ministros de fe. Se trata de aquellos funcionarios de grado igual o superior al 8º de la escala única de sueldos.
En tanto, el artículo 62 trata de la dictación de los reglamentos que faciliten y promuevan la ley de protección de los derechos de los consumidores, los cuales deberán ser suscritos por el Presidente de la República , por el ministro de Economía y, tratándose de materias financieras, por el ministro de Hacienda , previa consulta no vinculante con la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) o la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), según los casos. Se establece, no obstante, que dichos reglamentos no podrán afectar la sana administración de riesgos por parte de las entidades financieras ni regular materias que correspondan a funciones o atribuciones del Banco Central.
El ARTÍCULO 2º del proyecto modifica la planta del Sernac, creando un cargo de jefe de división (de servicios regulados) y dos de jefe de departamento, uno para el área financiera y otro para el área de telecomunicaciones. Por su parte, el ARTÍCULO 1º transitorio amplia la dotación máxima (de 76 funcionarios) en 23 cupos, los que, sumados a los cargos servidos actualmente a honorarios, harían un total aproximado de 50.
Se establece un nuevo artículo 16 sexies, a fin de evitar la polémica por las ventas atadas.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe destacar lo siguiente:
En el artículo 1º del proyecto se aprueban diversas indicaciones parlamentarias tendientes a modificar los artículos 16 bis, 16 ter y 16 quinquies.
Los artículos referidos a materias de conocimiento de la Comisión de Hacienda (artículo 16 quáter, contenido en el numeral 1) del ARTÍCULO 1°; los incisos sexto y séptimo de la letra b) del numeral 5) del ARTÍCULO 1°; el ARTÍCULO 2° permanente y los artículos 1° y 5° transitorios) fueron aprobados por unanimidad.
Tratado y acordado en sesiones de fechas 14 y 15 de diciembre de 2010, 11, 12 (2) de enero de 2011, con la asistencia de los diputados señores Von Mühlenbrock, don Gastón ( Presidente ); Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag (reemplazado en su momento por el señor Velásquez, don Pedro) ; Monckeberg, don Nicolás ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto , y Silva, don Ernesto , según consta en las actas respectivas.
También asistieron los diputados no miembros de la Comisión señores Chahín, don Fuad , y Edwards, don José Manuel .
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- En discusión el proyecto de ley.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente , estamos frente a un proyecto necesario e importante para el país, que apunta a fortalecer las capacidades públicas de protección de los consumidores de productos y servicios financieros.
Desde hace años, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), y muchas preocupaciones parlamentarias y de la sociedad vienen señalando con fuerza que tenemos un sistema muy desequilibrado, construido en función de los proveedores de productos y servicios financieros y de la estabilidad de las entidades financieras, pero muy subdesarrollado en la protección de los consumidores de esos servicios.
La reciente crisis internacional ha dejado en el mundo una consecuencia contundente: la necesidad de fortalecer la protección de los consumidores de estos productos. En Estados Unidos de América, por ejemplo, se creó, en julio de 2010, la Oficina de Protección al Consumidor Financiero. Cuenta con autonomía, pero debe actuar en forma coordinada con todas las entidades que supervisan el sistema financiero. Esta oficina, junto a todas las entidades reguladoras, forman el Consejo de Estabilidad Financiera.
En Europa se creó la Autoridad Europea de Supervisión Bancaria, con el doble propósito de proteger al consumidor de productos y servicios financieros, y garantizar la estabilidad del sistema.
Por tanto, hay dos modelos a nivel mundial para la protección del consumidor financiero.
El caso más claro es Reino Unido. Allí existe una entidad encargada de supervisar bancos, fondos de pensiones y seguros, además de velar por el cumplimiento de los derechos del consumidor. En suma, reúne el conjunto de los elementos.
En Chile, estas tareas las tenemos separadas en tres superintendencias, que supuestamente se encargan de la protección de los consumidores, cosa que no ocurre mayormente. Por eso surge el proyecto.
La experiencia y el debate internacional indican que, en nuestro caso, es fundamental una actuación coordinada entre las entidades reguladoras -la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la Superintendencia de Valores y Seguros y la Superintendencia de Pensiones- y el Sernac. La idea es que asuman nuevos roles y facultades en la defensa de los consumidores financieros.
A mi juicio, el principal valor del proyecto es que crea una instancia institucional responsable de la protección de los derechos de los consumidores financieros. Ello, por medio de la creación de equipos y unidades, como se ha informado; del otorgamiento de facultades para contar con ministros de fe y del establecimientos de condiciones para información y estímulos de buenas prácticas, mediante el sello del Sernac.
Con la iniciativa, Chile comienza a llenar un vacío que existía en la materia de protección de los derechos del consumidor de productos y servicios financieros.
En todo caso, es bueno recordar que no es primera vez que creamos instrumentos que terminan generando grandes expectativas, y que después tienen serias dificultades para cumplir su rol y terminan generando una tremenda frustración. Es cosa de ver lo que ocurre en forma permanente, por ejemplo, con la Dirección del Trabajo, con el instituto sobre calidad de la vivienda o con la ley de subvenciones. Son dispositivos que se crean para un objetivo, pero, finalmente la capacidad de traducir en resultado esa intención se ve bloqueada por distintos factores institucionales o de otra naturaleza.
Por eso, estimo que el Sernac financiero es como un cañón, pero sin municiones. Valoro su creación, pero, reitero, le faltan municiones.
Es fundamental crear una instancia que articule a los organismos reguladores del sector financiero donde actúa el Sernac. Debe existir un lugar de encuentro, no sólo de coordinación o de transmisión de documentos y resoluciones, para conjugar tanto la estabilidad del sistema como la defensa de los consumidores. Un ejemplo es lo ocurrido a propósito de los seguros contra terremotos. Ayer, la superintendente de Valores y Seguros señaló en el diario El Mercurio que se establecerán condiciones mínimas respecto de seguros de incendio y sismo. Agregó que los seguros deberán cubrir el valor total de la vivienda y no sólo el saldo pendiente del crédito. Asimismo, indico que, cuando sea necesario, la aseguradora cubrirá los costos de arrendamiento o traslado a una vivienda temporal mientras se repara la propiedad dañada. Lo más importante es que la valoración de los daños dejará de ser arbitraria, pues se fijará de acuerdo al costo de construcción.
En el marco de estas normas reguladoras, podrá actuar el Sernac, organismo que protege los derechos de los consumidores. Mientras no existan esas normas -como ocurrió en la situación posterremoto-, el Sernac, por mucho que trate de hacer algo, no puede, porque no cuenta con el marco normativo que le permita defender a los consumidores. Las bases contractuales no contienen normas específicas que lo permitan.
Quiero plantear con mucha fuerza otro ejemplo, porque no estoy satisfecho con la forma como quedó el proyecto. Me refiero a lo que ocurre con financieras informales, como Eurolatina, Los Queñes y otras. Debemos legislar respecto de las cláusulas de aceleración, que son la base de este negocio -tengo en mi poder contratos de Los Queñes-, porque si alguien se atrasa en una cuota tendrá, debe pagar de inmediatamente todo el saldo insoluto y, obviamente, a partir de ese momento, inician los trámites para el remate.
Entonces, se trata no sólo de lo que pueda hacer el Sernac en defensa de los consumidores. Es necesario que existan ciertas normas generales de funcionamiento y contratos específicos a fin de garantizar la defensa del consumidor. En este caso, entiendo que la responsabilidad real en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, pero siempre se ha negado a asumirla, razón por la cual Los Queñes continúa estafando gente todos los días.
Se dice que el proyecto posibilitará que el Sernac tenga atribuciones respecto de este mercado financiero formal o semiformal. Tengo mis dudas de que la redacción así lo establezca. Fue un tema que discutimos. Los abogados garantizaron que el Sernac sí podrá fiscalizar. Obviamente, en los contratos a que me referí se establece la cláusula de aceleración. Por lo tanto, las posibilidades de defensa no variarán mientras no exista un pronunciamiento específico al respecto.
Un tercer ejemplo que quiero mencionar dice relación con la repactación de deudas, cobros por concepto de abogados, condiciones en materia de remates, etcétera, elementos aún muy débiles en nuestra legislación y que están en función de interés de la institución bancaria y financiera. Por lo tanto, es necesario replantear ese aspecto, mejorarlo, perfeccionarlo, e manera de que exista un equilibrio. En la actualidad, dichas instituciones pueden hacer prácticamente lo que quieran. Este no es un tema relativo al Sernac, porque las normas permiten que la situación sea así. Existe un conjunto de irregularidades para defender a los consumidores que en su momento adquirieron un crédito, pero, debido a que no pudieron pagar, están perdiendo la vivienda.
En suma, el Sernac continuará siendo débil si no se coordina con otras entidades, como las referidas superintendencias. Por eso, es importante fortalecer esa coordinación.
Como dije, en Reino Unido todo se concentra en una misma institución, y en Estados Unidos de América existe el Consejo de Estabilidad Financiera. Nosotros debemos crear un mecanismo similar. Deseo recordar el caso Inverlink. La descoordinación entre las superintendencias es gravísima. Por lo tanto, si ocurre lo mismo entre éstas y el Sernac, dicho Servicio quedará muy debilitado.
Por lo tanto, además de lo indicado, que es sustantivo y central, resulta indispensable fortalecer las capacidades propias del Sernac. Aquí se fortalece su presupuesto y su equipo. Con el tiempo habrá que evaluar si eso es suficiente. Se fortalece su capacidad para investigar y hacerse parte en los procesos. Está por verse si tiene capacidad efectiva para hacerlo.
Se establece una cierta capacidad, pero no con fuerza para generar mediaciones y producir acuerdos extrajudiciales. Según mi experiencia, es necesario fortalecer el Sernac, porque su facultad es limitada. Incluso, los municipios tienen más facultades para solucionar problemas, por ejemplo, en los condominios. El Sernac no tiene una potestad específica para generar mediaciones, no sólo en este campo, sino también en otros.
Es necesario fortalecer la capacidad para informar y educar a los consumidores. La creación del sello Sernac puede resultar potente y como factor educativo.
El Sernac no tiene capacidad para sancionar o proponer sanciones ante determinadas conductas, lo cual lo hace débil. Todo se resuelve con los ministros de fe. Dicen que llegarán muchos casos a los juzgados de policía local, pero que si las personas no se hacen asesorar o representar por un abogado, estarán en condición de debilidad. Por eso, se sugiere contar con una forma de apoyo.
Por último, el proyecto es un paso importante, pero limitado. No podemos quedarnos sentados y pensar que todo está resuelto. Este es el inicio de algo que hay que ir construyendo de la mejor forma.
El gran desafío que seguiremos teniendo dice relación con conjugar la regulación de los mercados y la estabilidad financiera con la defensa de los derechos de los consumidores.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Ha terminado el tiempo del Orden del Día. En consecuencia, la discusión del proyecto queda pendiente para la sesión de mañana.
El señor MELERO.- señor Presidente, pido la palabra para un asunto de Reglamento.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO.- Señor Presidente , me gustaría saber cómo la Mesa resolverá la siguiente situación.
Estamos al borde del plazo para aprobar la proposición de la Comisión Bicameral relativa al Reglamento del Comité de Auditoría Parlamentaria, aprobado ayer por el Senado.
No sé si esta materia se puede tratar ahora. Como su informe es muy corto, se podría despachar en este momento. En quince minutos, un diputado miembro de la Comisión Bicameral podría informar y luego proceder a votar. De lo contrario, tendríamos que tratarlo mañana.
En consecuencia, solicito que recabe la unanimidad de la Sala para trata ahora dicha proposición.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Señor diputado , está programado tratar esa materia mañana. Sin embargo, voy a recabar el asentimiento unánime de la Sala.
¿Habría acuerdo para tratar hoy la proposición de la Comisión Bicameral relativa al Reglamento del Comité de Auditoría Parlamentaria?
No hay acuerdo.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO.
REVISÓN Y ENMIENDA DE POSICIÓN DE SUPERINTDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS RESPECTO DEL DOMINIO Y COMERCIALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS TRATADAS POR EMPRESAS SANITARIAS. (Preferencia).
El señor BARROS.- Señor presidente, pido la palabra.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor BARROS.- Señor Presidente , pido que recabe la unanimidad de la Sala para tratar un proyecto de acuerdo firmado por diputados de todos los sectores políticos, que dice relación con un asunto tremendamente grave: la venta de aguas servidas por parte de algunas empresas sanitarias. Esta venta se concretará el 31 de enero de este año, sobre la base de una resolución de la Superintendencia de Servicios Sanitarios del 2002.
Para los miembros de la Comisión de Agricultura es fundamental la aprobación de este proyecto de acuerdo antes del receso de febrero.
El proyecto es de gran interés para las diputadas señoras Adriana Muñoz y Denise Pascal , y para los diputados señores José Pérez , Fuad Chahín , Jorge Sabag , Ignacio Urrutia y quien habla.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para tratar dicho proyecto de acuerdo?
Acordado.
El señor Secretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de acuerdo, el cual se votará sin discusión.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 273, de los diputados señores Barros, Urrutia; de las diputadas, señoras Sepúlveda, doña Alejandra; Pascal, doña Denise, Muñoz, doña Adriana, y de los diputados señores Sabag, Cerda, Chahí y Pérez, don José, que en su parte dispositiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Presidente de la República que adopte medidas urgentes y ponga a disposición toda su voluntad política para solucionar el grave problema que afecta a los agricultores de nuestro país, a raíz de la interpretación sostenida por la Superintendencia de Servicios Sanitarios respecto del dominio y comercialización de las aguas servidas tratadas por parte de las empresas sanitarias, instruyendo a dicha Superintendencia la revisión y enmienda de su posición, a fin de aclarar el error jurídico en que ha incurrido, que ha llevado a las sanitarias a esgrimir el derecho de disponer libremente de las aguas, en contraposición con todas las normas jurídicas sobre la materia, con el consecuente impacto sobre toda la agricultura de riego que se abastece de canales de regadío”.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
SUSPENSIÓN DEL TRATAMIENTO DE INCIDENTES.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Un grupo de señores diputados me ha pedido que recabe el asentimiento unánime de la Sala para suspender el tratamiento de Incidentes.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.10 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 18 de enero de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver la divergencia suscitada con ocasión de la tramitación del proyecto de ley relativo al plazo de renuncia a un partido político para presentar candidaturas independientes, correspondiente al Boletín N° 6.974-06.
Hago presente a Vuestra Excelencia que dicha proposición fue aprobada, en lo referente a su articulado, con el voto favorable de 24 Senadores, de un total de 36 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado , JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA , Secretario General (S) del Senado”.
Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley relativo al plazo de renuncia a un partido político para presentar candidaturas independientes. (boletín N° 6974-06).
Honorable Senado
Honorable Cámara de Diputados:
Por acuerdo de 3 de noviembre del año 2010 y mediante oficio N° 9.090 de 4 de noviembre, la Honorable Cámara de Diputados comunicó al Senado el rechazo de esa Corporación a la idea de legislar sobre el proyecto señalado en el epígrafe, formándose una Comisión Mixta de acuerdo con el artículo 70 de la Constitución Política.
La Comisión Mixta quedó conformada, por el Senado, con los miembros de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, Honorables Senadores señores Carlos Bianchi , Víctor Pérez Varela , Fulvio Rossi , Hosaín Sabag y Andrés Zaldívar ; y en representación de la Cámara de Diputados, por los Honorables Diputados señores Gabriel Ascencio , Germán Becker , Ramón Farías , Miodrag Marinovic y Felipe Wards .
Integrada por los Honorables Senadores señores Longueira (señor Pérez Varela) , Rossi , Sabag y Zaldívar y los Honorables Diputados señores Ascencio , Becker , Farías , Marinovic y Wards y citada por el señor Presidente del Senado , la Comisión Mixta se constituyó el día 4 de enero de 2011 para elegir Presidente , cargo que recayó en el Honorable Senador señor Hosaín Sabag , fijar el procedimiento y debatir el asunto en controversia.
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A la sesión en que la Comisión Mixta se ocupó de este proyecto asistió el Director del Servicio Electoral , señor Juan Ignacio García .
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NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL
Prevenimos que los artículos 1° y 2° de este proyecto, de aprobarse, debe serlo con quórum de ley orgánica constitucional, pues proponen enmiendas a leyes de esa jerarquía en materia electoral, como son la ley orgánica de partidos políticos y la ley orgánica sobre votaciones populares y escrutinios, de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución Política.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN CONTROVERSIA Y
ACUERDOS DE LA COMISIÓN MIXTA
Artículo único
Número 1)
En el primer trámite constitucional, el Senado aprobó un texto estructurado en un artículo único, que, a su vez, contenía dos numerales.
El número 1) modificaba el inciso cuarto del artículo 4° de la ley orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, que fija el requisito de plazo para ser incluido como candidato (salvo el caso de los independientes) de un partido político o de un pacto electoral. Para este efecto, el postulante deberá estar inscrito en el respectivo partido a los menos dos meses antes del vencimiento del plazo para presentar las declaraciones de candidaturas.
La norma aprobada por el Senado ampliaba el plazo a nueve meses.
Número 2)
Por su parte, el numeral 2) del texto del Senado reemplazaba en el inciso final del artículo 4° (los candidatos independientes no podrán haber estado afiliados a un partido político dentro de los dos meses anteriores al vencimiento del plazo para presentar las declaraciones de candidaturas) el guarismo “dos” por “nueve”.
En el segundo trámite constitucional, la Honorable Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar respecto de este proyecto, por no alcanzar el quórum constitucional requerido, que, en este caso, era de 69 votos por tratarse de una norma orgánica constitucional. (El proyecto contó con el voto favorable de 67 señores Diputados; 12 por la negativa y 3 abstenciones).
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En la sesión en que la Comisión Mixta debatió esta iniciativa, el Director del Servicio Electoral , señor Juan Ignacio García , planteó que el artículo 4° de la ley N° 18.700 establece, en sus incisos cuarto y final, que los candidatos de partidos políticos así como los independientes deben estar afiliados o desafiliados con dos meses de anticipación al vencimiento del plazo para declarar candidaturas. A su vez el artículo 9° de la esa ley, señala que sólo pueden ser candidatos de partidos políticos las personas que figuren en el duplicado del respectivo registro general de afiliados que se encuentra en poder del Director del Servicio Electoral . Para este efecto todos los partidos políticos deberán remitir a dicho Servicio, copia de sus registros generales de afiliados hasta dos meses antes del vencimiento del plazo para la declaración de candidaturas. En este contexto, cabría también introducir una modificación a este plazo, concordándolo con la modificación propuesta para el artículo 4°. De otra manera la modificación propuesta no tendría sentido.
Sin perjuicio de lo anterior, podría generarse un inmovilismo en los partidos políticos, toda vez que con la norma del artículo 9° no podrían ser candidatos, durante el año previo a la elección, nuevos afiliados a los partidos que eventualmente van a participar en las elecciones.
Señaló que también se afecta la norma del artículo 16° de la Ley N° 18.603, orgánica constitucional de partidos políticos, que prescribe que los derechos que correspondan a los partidos políticos en materia de elecciones y de plebiscitos, sólo podrán ser ejercidos por aquellos que se encontraren inscritos en el registro de Partidos Políticos , al vencimiento del correspondiente plazo para la presentación de candidaturas. Esto pudiera dar lugar a una situación contradictoria, que dice relación con la constitución de nuevos partidos políticos, proceso que bien puede darse durante el plazo que se modifica. Siendo un derecho para los partidos políticos inscritos en el Registro que lleva el Servicio Electoral su participación en los procesos eleccionarios, no se ve cómo se podría conciliar la nueva disposición del artículo 4° con la mencionada ley de partidos.
Advirtió que el proyecto aprobado por el Senado puede tener alcances en la modificación propuesta para la fecha de realización de la elección presidencial (Boletín N° 6.946), que la fija para el segundo domingo de noviembre del año anterior a aquél en que se deba cesar en el cargo. Recordó que el artículo 26 de la Constitución Política establece que las elecciones de parlamentarios se harán conjuntamente con la presidencial. En este orden de ideas, existe un plazo de vencimiento para la declaración de candidaturas: noventa días previos a la fecha de la elección, que sumados a los nueve meses propuestos para la afiliación o desafiliación, el plazo propuesto establecería un plazo continuo entre las elecciones municipales de 2012 y la parlamentaria de 2013, lo que podría provocar confusión en la afiliación o desafiliación de candidatos.
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El voto de mayoría coincidió con los planteamientos precedentes del señor Director del Servicio Electoral , recogiéndolos en un nuevo texto que enseguida se explica, y que propone a ambas Cámaras como forma y modo de resolver la controversia:
-Modificar el artículo 16 de la Ley N° 18.603, orgánica constitucional de partidos políticos, reemplazando el vocablo “Los” al comienzo de esa norma por la siguiente frase: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4° y 9° de la ley N° 18.700, orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinios, los”.
Concurrieron a este acuerdo la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Longueira , Rossi , Sabag y Zaldívar y los Honorables Diputados señores Ascencio , Becker , Farías y Ward .
-Introducir las siguientes enmiendas en el artículo 4° de la ley N° 18.700, orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinios:
Uno) Reemplazar la expresión “dos” por “nueve” que aparece en los incisos cuarto y sexto del artículo 4° y en el artículo 9°, respectivamente.
Dos) Incorporar la siguiente frase final en el inciso cuarto del artículo 4°: “Igual exigencia será aplicable a los candidatos declarados por partidos políticos inscritos en el Registro de Partidos Políticos en el último año previo a la elección de que se trate.”.
Esta propuesta resultó aprobada por los Honorables Senadores señores Longueira , Rossi , Sabag y Zaldívar y por los Honorables Diputados señores Ascencio , Becker , Farías y Ward. Votó en contra el Honorable Diputado señor Marinovic , quien hizo expresa reserva de su derecho de recurrir al Tribunal Constitucional por estimar que el proyecto atenta en contra de la igualdad que la constitución asegura entre los independientes y los miembros de los partidos políticos, tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los procesos electorales.
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En consecuencia, como forma y modo de resolver las divergencias producidas entre ambas Corporaciones, esta Comisión Mixta tiene a honra someter al Honorable Senado y a la Honorable Cámara de Diputados la aprobación del texto del Senado, con las siguientes enmiendas:
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Incorporar como artículo 1°, nuevo, el siguiente:
“Artículo 1°.- Reemplázase el vocablo “Los” con que se inicia el artículo 16 de la ley N° 18.603, orgánica constitucional de partidos políticos, por la frase: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4° y 9° de la ley N° 18.700, orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinios, los”.
(Unanimidad, 7x0).
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Reemplazar el artículo único del proyecto de ley por el siguiente, que pasa a ser artículo 2°:
“Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios:
1) Reemplázase la expresión “dos” por “nueve” que aparece en los incisos cuarto y sexto del artículo 4° y en el artículo 9°, respectivamente.
2) Incorpórase la siguiente frase final en el inciso cuarto del artículo 4°: “Igual exigencia será aplicable a los candidatos declarados por partidos políticos inscritos en el Registro de Partidos Políticos en el último año previo a la elección de que se trate.”.
(Mayoría de votos, 7x1).
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Acompañamos al presente informe un texto comparado que contiene el proyecto aprobado en primer trámite constitucional por el Senado; el rechazo a dicho en el segundo trámite constitucional por parte de la Honorable Cámara y la proposición de esta Comisión Mixta y el texto resultante de todo el proyecto de ley.
En virtud de la relación precedente, el proyecto queda como sigue:
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1°.- Reemplázase el vocablo “Los” con que se inicia el artículo 16 de la ley N° 18.603, orgánica constitucional de partidos políticos, por la frase: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4° y 9° de la ley N° 18.700, orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinios, los”.
“Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios:
1) Reemplázase la expresión “dos” por “nueve” que aparece en los incisos cuarto y sexto del artículo 4° y en el artículo 9°, respectivamente.
2) Incorpórase la siguiente frase final en el inciso cuarto del artículo 4°: “Igual exigencia será aplicable a los candidatos declarados por partidos políticos inscritos en el Registro de Partidos Políticos en el último año previo a la elección de que se trate.”.
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Acordado en sesión de 4 de enero de 2011, con asistencia de los Honorables Senadores señores Longueira ( Pérez Varela) , Rossi , Sabag ( Presidente ) y Zaldívar , y Honorables Diputados señores Ascencio , Becker , Farías , Marinovic y Ward .
Sala de la Comisión, a 10 de enero de 2011.
(Fdo.): MARIO TAPIA GUERRERO, Secretario de la Comisión ”.
2. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 18 de enero de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación a la proposición de la Comisión Bicameral relativa al reglamento del Comité de Auditoría Parlamentaria establecido en la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): (Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado , JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA , Secretario General (S) del Senado”.
Acuerdo de la Comisión Bicameral relativo al Reglamento del Comité de Auditoría Parlamentaria.
?Honorable Senado;
Honorable Cámara de Diputados:
La Comisión Bicameral a que se refiere el artículo 66 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional tiene el honor de formular su proposición de Reglamento del Comité de Auditoría Parlamentaria.
Ha de recordarse que en cumplimiento de la disposición legal citada, el Senado designó para integrar esta Comisión Bicameral a los Honorables Senadores señores José Antonio Gómez Urrutia , Antonio Horvath Kiss , Juan Pablo Letelier Morel y Jovino Novoa Vásquez .
Por su parte, la Cámara de Diputados designó a los Honorables Diputados señores Pedro Araya Guerrero , Lautaro Carmona Soto , en calidad de alterno, Ramón Farías Ponce , Patricio Melero Abaroa y. Patricio Vallespín López .
A algunas de las sesiones en que esta Comisión consideró este asunto concurrieron, además de sus integrantes, los Honorables Senadores señores Hosain Sabag y Andrés Zaldívar .
Es dable tener presente en esta materia, que la ley N2 20.447 incorporó la referida disposición en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, con el propósito de establecer un servicio común del Congreso Nacional denominado Comité de Auditoría Parlamentaria, cuya finalidad es controlar el uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria y de revisar las auditorías que el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional efectúen de sus gastos institucionales.
El citado artículo 66 A dispuso que una Comisión Bicameral reglamentará la forma en que el Comité cumplirá sus funciones. Dicho reglamento deberá ser aprobado, con las formalidades que rigen la tramitación de los proyectos de ley, por la mayoría absoluta de los miembros_ presentes del Senado y de la Cámara de Diputados.
Por su parte, el artículo 39 transitorio de la ley N' 20.447, modificado por la ley N' 20.464, estableció que el Reglamento del Comité de Auditoría Parlamentaria debería quedar aprobado, a más tardar, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la publicación de la ley N' 20.447, plazo que se cumple, impostergablemente, el 8 de febrero de 2011. •
En cuanto a la integración del Comité de Auditoría Parlamentaria, debemos recordar que sus miembros son nombrados por los tres quintos de los Senadores y Diputados en ejercicio, a propuesta de la Comisión Bicameral indicada precedentemente. Esta Comisión seleccionará a los candidatos a ocupar estos cargos de una nómina de tres personas que, en cada caso, propone, previo concurso público, el Consejo de Alta Dirección Pública. Dicho proceso se encuentra en sus etapas finales y está pronto a concluir.
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De conformidad con lo dispuesto en la normativa legal vigente, la Comisión Bicameral procedió a analizar los antecedentes relativos a este asunto y se abocó a la tarea de dictar el Reglamento aludido en el inciso primero del artículo 66 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
A continuación, se describe, someramente cada. precepto y se consigna la votación recaída en cada uno de ellos.
Artículo 1°
En primer lugar, la Comisión Bicameral estimó conveniente definir claramente el ámbito de competencia del Comité de Auditoría Parlamentaria, tanto en lo relativo a la revisión de las auditoria de los gastos institucionales del Congreso, cuanto de las auditorías que debe efectuar del uso de los fondos públicos que cada Cámara ponga a disposición de los parlamentarios y los comités para financiar el ejercicio de la función parlamentaria.
Se acordó precisar, en todo caso, que para cumplir esa última función, el Comité deberá atenerse a los criterios que sobre monto, destino, reajustabilidad y uso fije el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias así como a los acuerdos complementarios que adopten las Comisiones de Régimen del Senado y de la Cámara de Diputados y que sean necesarios para la ejecución de la resoluciones que adopte el mencionado Consejo.
La disposición precedente fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, honorables Senadores señores Gómez , Letelier , Horvath y Novoa y los Honorables Diputados señores Araya , Melero y Vallespín .
Artículo 2°
Este precepto establece que el Comité actúa sobre la base de acuerdos, como corresponde a su naturaleza de órgano colegiado, los que deben adoptarse por la mayoría de sus integrantes.
Esta norma fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Gómez , Letelier , Horvath y Novoa y los Honorables Diputados señores Araya , Melero y Vallespín .
Artículo 3°
Seguidamente, la Comisión Bicameral estimó necesario, fijar con detalle las funciones que tendrá este órgano común. Destacan, entre otras, la posibilidad de que el Comité realice propuestas al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias orientadas a perfeccionar la normativa sobre el uso de las asignaciones parlamentarias,' como una forma de coordinación de ambas entidades, y el rol consultivo que se le asigna respecto de las dudas que se generen sobre el cumplimiento de las normas de control de los recursos públicos destinados al ejercicio de la función parlamentaria.
Puesta en votación esta disposición, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Gómez , Letelier , Horvath y Novoa y los Honorables Diputados señores Araya , Melero y Vallespín .
Artículo 4°
En esta norma se recogen las disposiciones que establece la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional sobre nombramiento de los integrantes del Comité. Adicionalmente, se contempla el sigilo que deben guardar en sus actuaciones los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria, similares a las que rigen para el personal del Senado y de la Cámara de Diputados.
Sometida a votación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Gómez , Letelier , Horvath y Novoa y los Honorables Diputados señores Araya , Melero y Vallespín .
Artículo 5°
Del mismo modo que se hizo con el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, la Comisión Bicameral consideró oportuno precisar las incompatibilidades que afectarán a quienes integren el Comité de Auditoría, causales de remoción a las que estarán sometidos y la. calidad de dedicación exclusiva en su desempeño, impidiéndose a los miembros del Comité el desarrollar otras actividades, exceptuadas las docente y hasta por doce horas semanales, tanto en el sector público como en el privado (incisos primero al tercero del artículo 54).
Los tres primeros incisos de este artículo fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Gómez , Letelier , Horvath y Novoa y los Honorables Diputados señores Araya , Melero y Vallespín .
Seguidamente, la Comisión consideró indispensable incorporar un inciso cuarto a este artículo 54, con el fin de fijar la renta que percibirán los miembros del Comité y la asignación especial que se otorga a quien ejerza el cargo de Coordinador del mismo.
Sobre este particular, se discutió si la renta asignada a los cargos era la correcta. Se argumentó que en un comienzo las tareas a cumplir están bastante acotadas y ello no justificaría establecer cargos con una renta importante. No obstante, la mayoría de la Comisión,. luego de recabar antecedentes del Consejo de Alta Dirección Pública -órgano que informó acerca de las rentas que se cancelaban en otras entidades públicas para este tipo de funciones-, concluyó que estos cargos, por el nivel de experiencia profesional que ellos requieren, por las incompatibilidades a las que están sometidos, por la circunstancia de que son nombrados por un plazo determinado y que no recibirán indemnización de ninguna especie cuando concluyan con sus labores, deben tener asignada una remuneración mensual adecuada, para lo cual se les fijó la correspondiente a la categoría “E” de la Escala de Sueldos para los funcionarios del Congreso Nacional.
Este inciso fue aprobado por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Gómez , Horvath y Novoa y Honorables Diputados señores Araya , Farías , Melero y Vallespín . Se abstuvo el Honorable Senador señor Letelier .
Por último, se indica, en un inciso final, que el Comité funcionará en la ciudad sede del Congreso Nacional.
Este inciso fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Gómez , Letelier , Horvath y Novoa , y Honorables Diputados señores Araya , Farías , Melero y Vallespín .
Artículo 6°
Esta norma establece, en primer lugar, que el Comité tendrá un Coordinador que será designado por la Comisión Bicameral a que se refiere el artículo 66 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Esta proposición fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Gómez , Letelier , Horvath y Novoa , y Honorables Diputados señores Araya , Melero y Vallespín .
A continuación, el artículo 6° enumera las atribuciones que tendrá el Coordinador, entre las que se señala la de citar a sesión, suscribir sus acuerdos y ejecutarlos, coordinar las tareas de los miembros, etcétera.
Cada una de ellas fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Gómez , Letelier , Horvath y Novoa , y Honorables Diputados señores Araya , Farías , Melero y Vallespín .
Artículo 7°
Este precepto prescribe, en su inciso primero, que las auditorías que realice el Comité del uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria y los informes sobre las auditorías que se efectúen de los gastos institucionales del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Biblioteca del Congreso Nacional tendrán el carácter de anuales.
Sometida a votación esta norma, ella fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Gómez , Letelier , Horvath y Novoa y Honorables Diputados señores Araya , Farías , Melero y Vallespín .
A continuación, este artículo obliga al Comité a elaborar, junto a ambas Cámaras, un plan anual de trabajo que debe considerar un sistema aleatorio para la realización de las auditorías, un calendario de las mismas y un procedimiento de análisis de las auditorías que se efectúen de los gastos institucionales. Este plan deberá someterse a la aprobación del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.
Puesta en votación esta disposición, fue aprobada. por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Gómez , Letelier y Novoa , y Honorables Diputados señores Araya , Farías , Melero y Vallespín .
Artículo 8°
Este precepto prescribe que en el desarrollo del Plan Anual, el Comité de Auditoría considerará la normativa constitucional, legal y reglamentaria vigente sobre la materia, junto a las disposiciones emanadas del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y las normas de auditoría de general aplicación en la disciplina.
Sometida a votación esta norma, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Gómez , Letelier y Novoa , y Honorables Diputados señores Araya , Farías , Melero y Vallespín .
Artículo 9°
Este precepto regula la forma y los antecedentes administrativos que el Comité de Auditoría puede requerir del Senado y de la Cámara de Diputados en relación con el uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria.
Puesta en votación esta disposición, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Gómez , Letelier y Novoa , y Honorables Diputados señores Araya , Farías , Melero y Vallespín .
Artículo 10
Esta norma determina, para el evento que no se entregue al Comité la información solicitada de conformidad al inciso anterior, un procedimiento de reclamo ante las Comisiones de Régimen de ambas Cámaras, según sea el caso.
Sometida a votación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Gómez , Letelier y Novoa , y Honorables Diputados señores Araya , Farías , Melero y Vallespín .
Artículo 11
Esta norma faculta al Comité de Auditoría para que, por conducto del respectivo Secretario General , pueda requerir de los parlamentarios o del representante o jefe de Comité pertinente, antecedentes o efectuarles sugerencias, a fin de corregir las deficiencias que detecte en la. forma en que está utilizando los fondos y recursos asignados. También se le otorga la atribución para solicitar al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias que dicte normas aclaratorias, cuando existan dudas generalizadas o pueda haber más de una interpretación sobre el correcto uso de una asignación.
Sometido a votación este precepto, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Gómez , Letelier y Novoa , y Honorables Diputados señores Araya , Farías , Melero y Vallespín .
Artículo 12
Precisa la forma en que debe auditarse a los Comités parlamentarios que dejen de existir cuando no hayan sido sujeto de dicho procedimiento en forma ordinaria antes de su término.
Sometido a votación este artículo, fue aprobado. por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Gómez , Letelier y Novoa , y Honorables Diputados señores Araya , Farías , Melero y Vallespín .
Artículo 13
Establece un procedimiento para notificar, a través de los Secretarios Generales, las observaciones que formule el Comité de Auditoría, las que deben contestarse dentro de un plazo de treinta días, pues de lo contrario deben ser comunicadas a la respectiva Comisión de Ética y Transparencia.
Puesta en votación esta norma, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Gómez , Letelier y Novoa , y Honorables Diputados señores Araya , Farías , Melero y Vallespín .
Artículo 14
Reitera la norma legal que otorga a las Comisiones de Ética y Transparencia de cada Cámara la facultad de solicitar, frente a hechos graves de que conozca, auditorías extraordinarias y pormenorizadas respecto al uso de los recursos destinados a las asignaciones parlamentarias.
Sometido a votación este precepto, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Gómez , Letelier y Novoa , y Honorables Diputados señores Araya , Farías , Melero y Vallespín .
Artículo 15
Este precepto obliga al Comité de Auditoría Parlamentaria a remitir a los Presidentes de ambas Cámaras un informe sobre el uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria. Este precepto regula, también, el contenido del informe. Este mismo informe deberá ser enviado a las Comisiones de Ética y Transparencia del Senado y de la Cámara de Diputados en cuanto diga relación con observaciones o reparos no atendidos para que aquéllas los resuelvan.
Del mismo modo, determina la oportunidad en que debe remitirse a las Comisiones Revisoras de Cuenta del Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Biblioteca, los informes sobre las auditorías efectuadas a los gastos institucionales de cada Corporación y de la Biblioteca.
Puesta en votación esta norma, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Gómez , Letelier y Novoa , y Honorables Diputados señores Araya , Farías , Melero y Vallespín .
Artículo 16
Este precepto consagra el régimen presupuestario y de personal del Comité de Auditoría Parlamentaria, vinculándolo por razones de buen funcionamiento y economía al régimen fijado para el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.
Sometido a votación, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Gómez , Letelier y Novoa , y Honorables Diputados señores Araya , Farías , Melero y Valiespín .
Artículo 17
Se concluye las normas permanentes con una disposición que fija que los plazos que establece este reglamento son de días hábiles.
Puesta en votación esta norma, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Gómez , Letelier , y Novoa y Honorables Diputados señores Araya , Farías , Melero y Vallespín .
Disposición transitoria
Finalmente, en un artículo transitorio, se prescribe que, en tanto el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias no determine el monto, destino, reajustabilidad y criterios de uso de las asignaciones parlamentarias, continuarán vigentes los acuerdos adoptados por las Comisiones de Régimen de ambas Cámaras hasta que ellos sean reemplazados por las disposiciones que sobre estas materias dicte el referido Consejo Resolutivo, con lo cual se salvaguarda cualquier omisión sobre este tópico y se le da el tiempo suficiente al órgano resolutivo de efectuar una adecuación de las normas sobre uso de las asignaciones parlamentarias de suyo compleja.
Sometido a votación este precepto, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Gómez , Letelier y Novoa , y Honorables Diputados señores Araya , Farías , Melero y Vallespín .
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Concluido el estudio de los antecedentes, la Comisión Bicameral acordó someter a la consideración de ambas ramas del Congreso Nacional la aprobación del siguiente:
REGLAMENTO DEL COMITÉ DE AUDITORIA PARLAMENTARIA
“Párrafo Primero
Objetivos del Comité
Artículo 1°.- El Comité de Auditoría Parlamentaria es un servicio común del Congreso Nacional encargado de:
a) Auditar el uso de los fondos públicos que cada Cámara ponga a disposición de los parlamentarios y los comités para financiar el ejercicio de la función parlamentaria. Para cumplir este cometido, el Comité deberá atenerse a los criterios que sobre monto, destino, reajustabilidad y uso fije el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias así como a los acuerdos complementarios adoptados por las Comisiones de Régimen Interior del Senado y de Régimen Interno de la Cámara de Diputados.
b) Revisar, en forma previa al examen que les corresponde realizar a las Comisiones Revisoras de Cuentas del Senado y de la Cámara de Diputados, las auditorías que se efectúen de los gastos institucionales del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Biblioteca del Congreso Nacional.
Artículo 2°.- El Comité actuará sobre la base de acuerdos adoptados por la mayoría de sus miembros.
Párrafo Segundo
Funciones
Artículo 30.- Son funciones del Comité de Auditoría Parlamentaria del Congreso Nacional:
1.- Aplicar procedimientos generales de auditoría a los recursos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria.
2.-Proponer al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias medidas y acciones orientadas a perfeccionar la normativa sobre el uso de las asignaciones parlamentarias.
3.-Coordinar con el Senado y la Cámara de Diputados el plan anual de auditoría de las asignaciones parlamentarias.
4.- Desarrollar los procedimientos de auditoría que correspondan, según el caso, de acuerdo con la planificación anual predefinida o con los requerimientos específicos que le formulen las Comisiones de Ética y Transparencia o de Régimen del Senado o de la Cámara de Diputados.
5.- Revisar las auditorías encargadas por el Senado y la Cámara de Diputados sobre sus gastos institucionales y remitir su informe a la respectiva Comisión Revisora de Cuentas, por intermedio del correspondiente Secretario General.
6.- Revisar las auditorías que realice la Biblioteca del Congreso Nacional respecto de la ejecución de su presupuesto y enviar el informe respectivo a la Comisión de Biblioteca.
7.- Elevar, por conducto del Secretario General respectivo, al conocimiento de las Comisiones de Ética y Transparencia del Senado y de la Cámara de Diputados todas aquellas materias que, habiendo sido observadas no se resolvieren cumplido el plazo de treinta días desde que el reparo fue comunicado por escrito.
8.- Absolver las consultas particulares que le realicen los parlamentarios, los comités o los Secretarios Generales sobre el cumplimiento de las normas de control en el uso de los fondos públicos destinados al ejercicio de la función parlamentaria.
Párrafo Tercero
De la Composición del Comité, de la elección de sus miembros y de las
funciones del Coordinador
Artículo 4°. El Comité estará integrado por tres profesionales. Uno de ellos deberá tener el título de abogado y otro el de contador auditor. Ambos deberán acreditar, a lo menos, diez años de ejercicio profesional. El tercero será un especialista en materias de auditoría. Respecto de éste, se preferirá a quienes se hayan desempeñado por más de cinco años en la Contraloría General de la República o se encuentren registrados, por igual período, en la nómina de auditores de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Serán nombrados por los tres quintos de los Senadores y Diputados en ejercicio a propuesta de la Comisión Bicameral a que se refiere el artículo 66 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Para efectuar la referida propuesta, la Comisión Bicameral seleccionará a los candidatos de la nómina que, en cada caso, propondrá el Consejo de Alta Dirección Pública.
Los miembros del Comité de Auditoría y el personal que colabore en sus funciones deberán guardar sigilo de los hechos y antecedentes que tomen conocimiento en razón del ejercicio de sus. cargos.
El Presidente de la Comisión Bicameral a que se refiere el inciso segundo tomará juramento o promesa a los miembros del Comité de Auditoría antes que ellos asuman sus cargos.
Artículo 5°.- Los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria durarán seis años en sus cargos, no podrán ser reelegidos y serán inamovibles, salvo que incurran en incapacidad o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones, en los términos previstos en el inciso final del artículo 66 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Para estos efectos, la Sala de cada Corporación resolverá, previo informe de la Comisión Bicameral indicada en el inciso segundo del artículo precedente, si se configura alguna de las causales señalada en este inciso.
La condición de miembro del Comité de Auditoría es de dedicación exclusiva y, por tanto, incompatible con todo empleo o comisión retribuido con fondos públicos o privados. Se exceptúan los empleos docentes en establecimientos públicos o privados de la enseñanza superior, hasta por un máximo de doce horas semanales.
Tampoco podrán ser miembros del Comité los cónyuges ni las personas que tengan relación de parentesco con un Diputado , Senador o con un funcionario del Congreso Nacional hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ambos inclusive.
Los miembros del Comité de Auditoría recibirán mensualmente como única renta la correspondiente a la Categoría “E” de la Escala de sueldos para los funcionarios del Congreso Nacional, fijada por el Acuerdo Complementario de la ley N° 19.297, con todas las asignaciones allí señaladas, con exclusión de las horas extraordinarias. Al término de su período, no tendrán derecho a indemnización de ninguna especie. El Coordinador del Comité recibirá mensualmente una asignación equivalente al cuarenta por ciento de su sueldo base.
El Comité de Auditoría Parlamentaria funcionará en la ciudad sede del Congreso Nacional.
Artículo 6°.- El Coordinador del Comité de Auditoría Parlamentaría será nombrado por la Comisión Bicameral a que se refiere el artículo 66 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y tendrá las siguientes funciones:
1.- Citar a sesión.
2.- Dirigir las sesiones.
3.- Suscribir los acuerdos del Comité, las comunicaciones oficiales que se dirijan a su nombre y los demás documentos, que requieran su firma.
4.- Coordinar, en nombre del Comité, las tareas anuales de auditoría.
5.- Poner en conocimiento, por conducto del Secretario General de la Cámara respectiva, los acuerdos del Comité de Auditoría Parlamentaria que requieran aclaraciones de los parlamentarios o de los comités en relación con el uso de los fondos públicos que se les hayan asignado.
6.- Ejecutar los acuerdos del Comité.
7.- Asignar las diferentes tareas entre los demás miembros del Comité.
8.- Elevar, por conducto del Secretario General de la Cámara respectiva, al conocimiento de las Comisiones de Ética y Transparencia del Senado y de la Cámara de Diputados, según corresponda, las sugerencias hechas a un parlamentario o comité y que no hubieren sido atendidas.
9.- Presentar, por conducto del Secretario General de la Cámara respectiva, a las Comisiones de Ética y Transparencia de ambas ramas del Congreso Nacional, a las Comisiones de Régimen Interior del Senado y de Régimen Interno de la Cámara de Diputados, a las Comisiones Revisoras de Cuentas de las dos Corporaciones, y al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias , en lo que corresponda, el informe anual que dispone el artículo 66 B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
10.- Remitir, por conducto del Secretario General de la Cámara respectiva, el informe sobre auditoría de gastos institucionales a las Comisiones Revisoras de Cuentas del Senado y de la Cámara de Diputados, en su caso.
Párrafo Cuarto
Del Plan Anual de Trabajo
Artículo 7°.- Las auditorías que realice el Comité del uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria serán anuales y considerarán períodos de doce meses que se inician cada 1° de Abril. Los informes sobre las auditorías que se efectúen de los gastos institucionales del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Biblioteca del Congreso Nacional, considerarán el año calendario.
Para los efectos del inciso anterior, el Comité, junto con las Secretarías Generales de ambas Cámaras elaborará un plan' anual de trabajo, el que elevará al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias para su aprobación. Este plan deberá contener lo siguiente:
a) un sistema aleatorio por el que se determinará a los parlamentarios o comités que serán auditados durante dicho año.
b) un calendario de las auditorías que se realizarán al uso de las asignaciones parlamentarias.
c) un procedimiento de análisis de las auditorías relativas a gastos institucionales del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Biblioteca del Congreso Nacional.
Párrafo Quinto
De los Procedimientos de Trabajo.
Artículo 8°.-En el desarrollo del Plan Anual, el Comité de Auditoría considerará:
1) Los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios vigentes sobre la materia.
2) Las disposiciones emanadas del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias sobre la naturaleza, destino y uso de los fondos públicos que financian el ejercicio de la función parlamentaria.
3) Las normas de auditoría de general aplicación en la disciplina y las que determine el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias al momento de fijar el correcto uso de una asignación. Estas últimas prevalecerán sobre las primeras.
Artículo 9.- El Comité de Auditoría podrá requerir información administrativa del Senado y de la Cámara de Diputados relacionada con el uso de los fondos públicos destinados a financiar el, ejercicio de la función parlamentaria.
Las solicitudes deberán efectuarse por escrito a los Secretarios Generales de cada Cámara, quienes dispondrán de un plazo máximo de quince días para entregar la información requerida. Los antecedentes que el Comité podrá consultar deberán referirse a:
a) Documentos que sustenten el pago y la entrega de recursos a Senadores y Diputados y comités parlamentarios de acuerdo a las disposiciones emitidas por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.
b) Datos almacenados en los Sistemas de Información de las Corporaciones, que permitan una adecuada aplicación de los procedimientos de auditoría informática.
Artículo 10.- En caso de que no se cumplan los requerimientos del Comité de Auditoría, éste podrá insistir ante las Comisiones de Régimen Interior del Senado y de Régimen Interno. Administración y Reglamento de la Cámara de Diputados, según corresponda.
Artículo 11.- Para el cumplimiento de los procedimientos de auditoría, el Comité de Auditoría podrá acordar requerir de los parlamentarios o del representante o jefe de Comité pertinente, antecedentes o efectuarles sugerencias, a fin de corregir las deficiencias que detecte en la forma en que está utilizando los fondos y recursos asignados. Tales peticiones o sugerencias se efectuarán por conducto del Secretario General de la Cámara respectiva.
El Secretario General deberá poner en conocimiento del parlamentario o del representante o jefe de Comité respectivo, las peticiones o sugerencia a la brevedad posible.
Por el mismo conducto, los Diputados, los Senadores y los representantes o jefes de los Comités enviarán los antecedentes requeridos o contestarán las sugerencias u observaciones que el Comité de Auditoria les haya formulado.
El Comité de Auditoría deberá solicitar al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias que dicte normas aclaratorias para facilitar la corrección de deficiencias que se detecten en la forma en que se están utilizando los fondos y recursos asignados, cuando existan dudas generalizadas o pueda haber más de una interpretación sobre el correcto uso de una asignación.
Artículo 12.- Si un Comité Parlamentario deja de existir por cualquier causa deberá rendir cuenta ante el Comité de Auditoría Parlamentaria de los fondos y recursos recibidos y que no hubieren sido auditados, en un plazo no superior a treinta días. Adicionalmente, el Comité de Auditoría podrá solicitar información a los Secretarios Generales de cada Cámara, con el fin de efectuar las correspondientes auditorías.
Artículo 13.- Las observaciones que formule el Comité de Auditoría serán notificadas al parlamentario o al representante o jefe de Comité respectivo por el Secretario General de la Cámara que corresponda para que, dentro de los treinta días siguientes, realice por escrito sus aclaraciones.
Los reparos u objeciones que no sean corregidos en el término señalado, se pondrán en conocimiento de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado o de la Cámara de Diputados, según sea el caso.
Artículo 14.-Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, dichas comisiones, en cualquier momento y frente a antecedentes graves de que conozcan, podrán solicitar que el mencionado Comité de Auditoría realice un examen pormenorizado de la forma en que un parlamentario o Comité haya utilizado los recursos y fondos que hubieren recibido.
Artículo 15.- El Comité de Auditoría Parlamentaria_ deberá remitir a los Presidentes de ambas Cámaras un informe sobre el uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria a que se refiere la letra a) del artículo 1° antes del 30 de junio de cada año. Dicho informe contendrá una presentación de los hechos relevantes de cada una de las auditorías efectuadas y de las recomendaciones o situaciones especiales que el Comité haya detectado.
El informe anual será presentado también a las Comisiones de Ética y Transparencia del Senado y de la Cámara de Diputados en cuanto diga relación con observaciones o reparos no corregidos por los Diputados, los Senadores o los Comités, con el fin de que aquéllas las resuelvan.
Asimismo, copia del informe final se remitirá al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarías para que adopte las medidas que correspondan.
Los acuerdos recaídos en reparos u objeciones que el Comité de Auditoría Parlamentaria haya puesto en conocimiento de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado o de la Cámara de Diputados, según corresponda, serán resueltos por dichas comisiones, a más tardar, el 31 de agosto de cada año.
En el plazo de los cinco días siguientes a la fecha de resolución de las materias señaladas en el inciso anterior, la Mesa de cada Corporación dispondrá la publicación en el sitio electrónico de cada Cámara de las auditorías contenidas en el informe anual.
El Comité de Auditoría Parlamentaria, por intermedio del Secretario General de la Cámara respectiva, deberá enviar a las Comisiones Revisoras de Cuenta del Senado y de la Cámara de Diputados, según sea el caso, el informe indicado en el número 5 del artículo 3°, dentro de los treinta días siguientes a la recepción de los documentos en que consten las auditorías efectuadas a los gastos institucionales de cada Corporación.
En igual plazo deberá remitir a la Comisión de Biblioteca el informe de la auditoría de los gastos institucionales de la Biblioteca del Congreso Nacional.
Párrafo Séptimo
Del Financiamiento.
Artículo 16.- La Ley de Presupuestos consultará los recursos necesarios para el funcionamiento del Comité, según lo previene el artículo 22 del Reglamento del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.
El personal y los recursos que el Comité requiera para el cumplimiento de sus funciones serán aportados por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.
Artículo 17.- Los plazos que establece este reglamento serán de días hábiles.
Artículo transitorio.- En tanto el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias no determine el monto, destino, reajustabilidad y criterios de uso de las asignaciones parlamentarias, continuarán vigente los acuerdos adoptados sobre la materia por las Comisiones de Régimen Interior del Senado y de Régimen Interno,, Administración y Reglamento de la Cámara de Diputados, especialmente, en la forma, modo y oportunidad en que deben rendirse.”.
-o-
En la forma expuesta, se ha dado cumplimiento al mandato que a esta Comisión Bicameral le ha formulado el inciso primero del artículo 66 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en el sentido de elaborar el Reglamento precedentemente transcrito, el cual se somete a la consideración de ambas Corporaciones.
Acordado en sesiones celebradas los días 14 y 21 de diciembre de 2010 y 11 y 12 de enero de 2011, con asistencia de sus miembros, Honorables Senadores señores José Antonio Gómez Urrutia ( Presidente ), señor Antonio Horvath Kiss , Juan Pablo Letelier y Jovino Novoa Vásquez y Honorables Diputados señores Pedro Araya Guerrero , Ramón ' Farías Ponce , Patricio Melero Abaroa y Patricio Vallespín López .
Sala de la Comisión, a 17 de enero de 2011”.
3. Oficio del Senado.
Valparaíso, 18 de enero de 2011,
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha accedido a la proposición de esa Honorable Cámara de desarchivar el proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, para incorporar el título profesional de Geólogo entre aquellos que requieren el grado de licenciado universitario, correspondiente al Boletín N° 5.037-04.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio N' 9.208, de 12 de enero de 2011.
Dios guarde a Vuestra Excelencia
(Fdo.):
(Fdo.): (Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado , JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA , Secretario General (S) del Senado”.
4. Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones acerca del proyecto de ley que modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado. (boletín N° 7.085-15) (S)-1.
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones pasa a informaros acerca del proyecto de ley, iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la República , en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, que modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado. Su urgencia ha sido calificada de “discusión inmediata”.
El proyecto tiene por objeto modificar el marco jurídico del transporte público remunerado de pasajeros, con la finalidad de permitir al Estado, contar con las herramientas adecuadas para ejercer una mejor gestión de los contratos de los servicios concesionados y así poder garantizar una prestación con un alto estándar de calidad y, al mismo tiempo, disponer de los instrumentos jurídicos necesarios que le permitan enfrentar en forma oportuna las contingencias que impidan la correcta marcha y prestación del servicio actual. Todo lo anterior, equilibrando, por un lado, las necesidades de los usuarios, los derechos de los concesionarios y los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores de este servicio de transporte.
Constancias reglamentarias.
Para los efectos previstos en el artículo 289 del Reglamento de la Corporación, se hace constar lo siguiente:
-Artículos que deban ser calificados como normas orgánicas constitucionales o de quórum calificado:
Los incisos catorce y veintitrés del artículo 3° de la ley N° 18.696, contenidos en las letras h) y j), respectivamente, del numeral 1) del artículo único; el artículo duodecies, contenido en el numeral 4) del artículo único y el artículo 2° transitorio, son normas de rango orgánico constitucional, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 77, inciso segundo y siguientes, de la Constitución Política de la República y 16 de la ley N° 18.916, orgánica constitucional del Congreso Nacional, por cuanto se relacionan con la organización y atribuciones de los Tribunales de Justicia.
-Artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda:
La Comisión estimó necesario que el proyecto sea estudiado por la Comisión de Hacienda por cuanto, en el informe financiero que se adjunta al mensaje del ejecutivo, se indica que se modifican una serie de normas, relativas al marco jurídico del transporte público remunerado de pasajeros, que permiten al Estado contar con las herramientas adecuadas para realizar una mejor gestión de los contratos de los servicios concesionados con el objeto de garantizar una mejor prestación con un alto estándar de calidad y, al mismo tiempo, disponer de los instrumentos jurídicos necesarios para enfrentar en forma oportuna las contingencias que impidan la correcta marcha y prestación del servicio.
-Artículos nuevos: No los hay.
-Artículos modificados: No los hay.
-Artículos rechazados: No hay.
-Indicaciones rechazadas: No hay.
-Aprobación del proyecto en general:
El proyecto fue aprobado en general, por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth, don Pepe ; García, don René Manuel ; Hasbún, don Gustavo ; Meza, don Fernando ; Norambuena, don Iván ; Pacheco , doña Clemira ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma, don Joaquín , y Venegas, don Mario .
- Diputado Informante :
Se designó Diputado informante al señor René Manuel García García .
-o-
Para el estudio del proyecto de ley, la Comisión contó con la participación y colaboración del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Pedro Pablo Errázuriz Domínguez ; la Subsecretario de Transportes , señora Gloria Hutt Hesse , y los asesores señores Juan Carlos González y Nicolás Muñoz .
I. ANTECEDENTES GENERALES.
El actual gobierno ha determinado la necesidad de contar con un sistema de transporte público eficiente, de calidad. Esto constituye uno de los desafíos de demanda nuestra sociedad actual de parte del Estado y es, por tanto, uno de los problemas prioritarios que debe enfrentar el país.
El crecimiento sustancial de las ciudades y una mayor concentración de la población en los núcleos urbanos ha generado desde hace ya largo tiempo, una serie de problemas asociados a la congestión de sus vías, la extensión de los tiempos de viaje, la contaminación atmosférica y acústica, afectando, en definitiva, la calidad de vida de todos los ciudadanos.
A la fecha, este diagnóstico no ha mejorado sustancialmente, a pesar de haberse diseñado y proyectado diversos modelos para enfrentar estas dificultades. Con tal objeto, se ha hecho un estudio profundo para determinar cuáles debieran ser las alternativas y herramientas con que debe contar el Estado de Chile, para incorporar las modificaciones al sistema de transporte público nacional y así mejorar sustantivamente las condiciones y calidad de dicho servicio.
Es por esta razón, que el ejecutivo ha elaborado esta iniciativa, para contar con un marco jurídico que permita asegurar un servicio de transporte adecuado y de calidad, a fin de permitir una mejora efectiva, que favorezca a todos los usuarios de dicho sistema.
II. RESUMEN DEL PROYECTO APROBADO POR EL H. SENADO.
El proyecto de ley aprobado por el H. Senado, está orientado a modificar el marco jurídico del transporte público remunerado de pasajeros. Para lo cual, se establecen una serie de modificaciones que permitan al Estado con las herramientas adecuadas, a fin de poder realizar una mejor gestión de los contratos de los servicios concesionados. Todo esto con el objeto de garantizar una prestación que tenga un alto estándar de calidad y al mismo tiempo, disponer de los instrumentos jurídicos adecuados que le permitan enfrentar en forma oportuna las contingencias que impidan la correcta marcha y prestación del servicio actual. Todo lo anterior, equilibrando por un lado las necesidades de los usuarios y por otro, los derechos de los concesionarios.
III. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN GENERAL.
En la discusión general del proyecto de ley, habida en el seno de vuestra Comisión concurrió doña Gloria Hutt Hesse , en su calidad Ministro de Transportes y Telecomunicaciones subrogante, quien señaló lo siguiente:
Que el proyecto está sustentado en el acuerdo político suscrito el año pasado entre la Coalición por el Cambio y la Concertación. La motivación principal es corregir el hecho que el Estado no cuenta hoy con atribuciones para garantizar la continuidad del servicio. A su juicio, es por ello que los problemas del Transantiago revientan sin que el Estado pueda adelantarse.
Señaló en primer lugar, los elementos de diagnóstico y contexto del marco normativo del Transantiago.
Comentó que el sistema tiene serios problemas en su concepción y diseño jurídico, pues se basa en normas excepcionales y en una estructura de contratos superpuestos, interrelacionados y no uniformes, que dejan muchos vacíos y cuyos vencimientos son de largo plazo.
Pese a ser percibido como un servicio público, las facultades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para requerir información e intervenir los contratos están limitadas, y las consecuencias jurídicas de los incumplimientos son inciertas, así como las formas de término no están reguladas. La señora Hutt explicó que las causas de término a las que se refiere son la caducidad, la quiebra, el común acuerdo y la compra de los contratos.
Indicó que cualquier medida que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones aplique para impulsar una renegociación o término de contrato tiene la amenaza permanente de una paralización del servicio, o en algunos casos, trae aparejada una compensación cuyos montos son indeterminados.
Planteó que los mecanismos de continuidad y calidad para los usuarios no son seguros; la protección laboral es mínima, y los concesionarios no tienen reglas del todo claras para operar.
Las siguientes son las posibilidades de intervención unilateral del Ministerio en los contratos, bajo el marco actual:
La señora Hutt mostró , además, las actuales posibilidades de haber común acuerdo entre las partes:
Por otra parte, explicó que la idea matriz del proyecto, que modifica y complementa el artículo 3° de la ley 18.696, es establecer una serie de modificaciones al marco jurídico del transporte público remunerado de pasajeros, que permitan al Estado contar con las herramientas adecuadas para una mejor gestión de los contratos de los servicios concesionados, con el objeto de garantizar una prestación con un alto estándar de calidad y, al mismo tiempo, disponer de los instrumentos jurídicos adecuados que le permitan enfrentar en forma oportuna las contingencias que impidan la correcta marcha y prestación del servicio actual. Todo lo anterior, equilibrando por un lado las necesidades de los usuarios y por otro los derechos de los concesionarios, cautelando a los trabajadores.
Señaló que hoy no hay incentivos, para que los concesionarios se preocupen de tomar pasajeros. El Ministerio quiere diseñar nuevos contratos, en que el riesgo esté de parte del operador.
Agregó que su presentación se divide en los siguientes aspectos:
a) La obligación de informar por parte de los concesionarios y de su fiscalización.
-Posibilidad de requerir informes e inspeccionar las instalaciones y vehículos que comprende el servicio, revisar y exigir información contable.
-Obligación de envío mensual de información financiera, información de cumplimiento laboral y hechos esenciales.
b) Mención expresa de las causales de término.
-Plazo, mutuo acuerdo, caducidad, quiebra, incumplimiento laboral, y las demás establecidas en la ley o en las bases de licitación.
c) Regulación del mutuo acuerdo como causal del término.
-Opera si no hay causal previa de caducidad.
-El concesionario estará obligado a mantener la prestación del servicio por un período no inferior a seis meses desde la fecha en que la resolución que le pone término esté totalmente tramitada. Dicho plazo se puede reducir en el caso que se nombre un administrador provisional, se adjudique a un tercero la concesión o el área o zona vuelva al régimen general.
d) Regulación adicional de la caducidad.
-Se reconoce como causal legal genérica el incumplimiento grave.
-Se puede designar administrador provisional una vez iniciado el proceso si hay dos o más días de paralización, previa autorización judicial, la que es apelable con un procedimiento abreviado. La señora Hutt hace hincapié en la importancia de este punto, por cuanto hoy, que ni siquiera está regulada la quiebra, para nombrar un administrador provisional, el Estado debe esperar 45 días.
-El concesionario caducado no puede licitar por cinco años en todo el sistema. El asesor, señor González , agrega que esta prohibición rige también para los terceros relacionados y para intentos por vía de interpósita persona.
e) Regulación de la quiebra.
-Se notifica la declaratoria al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y a la Dirección del Trabajo, por medios hasta electrónicos.
-Los bienes afectos se excluyen de la masa.
-Se designa un administrador provisional.
-Cualquier conflicto entre éste y el síndico lo resuelve el juez de la quiebra.
f) Régimen de los bienes afectos a la concesión.
-Los necesarios para la prestación básica del servicio.
En este punto aclaró que, para dar el servicio bajo la administración del Estado, éste se queda temporalmente con los buses que determine necesarios de aquéllas empresas cuyos contratos hayan caducado.
-Se inscriben en un registro y se contempla la dictación de un reglamento.
-Sólo puede desafectarlos fundadamente el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
-Mantienen su carácter también para al administrador provisional, en cuyo caso se compensa al anterior propietario.
g) Regulación integral de los mecanismos de continuidad del servicio.
-Administrador provisional: Ya existente para el caso de la caducidad, se agrega para todos los casos de terminación anticipada. Se establecen ciertas incompatibilidades para evitar conflictos de intereses.
Regulación de plazo y condiciones para contratación directa, especificando su calidad de concesionario.
h) Interés público comprometido en el contrato de concesión y facultades correlativas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
-El transporte nacional remunerado de pasajeros prestado en el marco de un contrato de concesión, tendrá por finalidad satisfacer el interés público y deberá propender a la prestación de un servicio de transporte eficiente, seguro y de calidad.
-El contrato de concesión garantizará la continuidad, permanencia y seguridad de los servicios de transportes. Además, podrá comprender la contratación de los servicios complementarios necesarios para cumplir con dicha finalidad, conforme a lo establecido en las bases de licitación respectiva.
Señaló que hasta ahora las licitaciones incluían todos los servicios complementarios, lo cual será una de varias posibilidades si se aprueba este proyecto.
-Las bases de la licitación deberán contener causales de modificación unilateral de los contratos de concesión por parte del Ministerio de Trasportes y Telecomunicaciones, que tengan por objeto garantizar la continuidad, seguridad y eficiencia del servicio de transporte.
La señora Hutt agregó que la terminación unilateral de los contratos, podrá realizarse por un decreto del Presidente de la República , con firma del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones y de Hacienda. El proyecto contempla un procedimiento de reclamo y de determinación de indemnizaciones.
-Se contempla, además, la potestad del MTT para requerir auxilio de la Fuerza Pública, a través del Ministerio del Interior.
i) Protección de los derechos de los trabajadores.
El asesor del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, señor González , recordó que el protocolo de acuerdo político que se hizo bajo la problemática laboral de la empresa Trans-Araucarias. En ella se diferencia la subcontratación, en que el mandante, que en este caso sería el Estado, actúa como codeudor solidario de acuerdo con las normas laborales; del caso de la concesión, en que el servicio no lo presta el Estado, es por ello que se establecen las garantías.
-Consideración como factor favorable al oferente que presente u ofrezca mejores condiciones de cumplimiento laboral.
-Establecimiento de garantías específicas de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, que en caso de ejecutarse y no renovarse, dan lugar al cobro de la garantía principal.
-Administrador provisional debe levantar inventario de activos y verificar el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social.
-Incumplimiento grave de obligaciones laborales es causal de término o caducidad: atraso en tres meses de sueldos o cotizaciones, o cuatro condenas por infracciones laborales graves.
-Causales de modificación unilateral en las bases de licitación relacionadas con el cumplimiento de la normativa laboral.
-Obligación de acreditar mensualmente cumplimiento laboral y previsional.
-Los instrumentos relacionados con término de la concesión deben detallar situación de cumplimiento laboral. En el caso del mutuo acuerdo, las deudas laborales son descontables de las sumas a pagar por el Estado, y no puede suscribirse hasta que estén pagadas las cotizaciones. En el caso de la consignación (indemnización), los trabajadores pueden pagarse de lo consignado. En pago indemnizatorio de mutuo acuerdo sólo procede si están al día las obligaciones laborales y de seguridad social.
-Potestades de mantención del orden público no afectan el derecho a huelga.
j) Regulación transitoria para los contratos vigentes.
-Los contratos de concesión actualmente seguirán rigiéndose por lo establecido en las bases de licitación y en los respectivos contratos. Sin perjuicio de lo anterior, por exigirlo el interés nacional y por causales de utilidad pública que especifica la ley, se faculta al Estado a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para ponerles término unilateral -salvo que no exista causal previa de caducidad-, dentro del plazo de dos años contados desde la publicación.
-El procedimiento comenzará por una resolución fundada del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, notificada por carta certificada a los concesionarios. Se otorgan 30 días para acordar el monto de la indemnización y las condiciones que se deban cumplir para garantizar la continuidad del servicio. Para el pago de la indemnización se cuenta con 30 días desde la total tramitación de la resolución de acuerdo. Si no existe acuerdo, la indemnización será fijada por el Panel de Expertos de la ley Nº 20.378, a solicitud del Ministerio, mediante procedimiento abreviado.
-Dentro de los cinco días de notificación de resolución de término unilateral, el concesionario podrá reclamar ante el Juez de Letras competente. Tanto el concesionario como el Ministerio podrán impugnar el monto de la indemnización establecida en dicha resolución. El juez podrá suspender la ejecución de la resolución.
k) Otras materias.
-Consideración de puntajes adicionales a oferentes que presenten tecnologías amigables con el medio ambiente.
-Ajustes de concordancia legal.
-Reconocimiento expreso de los servicios complementarios y flexibilidad para incorporar tecnologías.
-Regulación de procedimientos sancionatorios, de reclamación, de determinación de montos de indemnización, de afectación y desafectación de bienes a la concesión.
Al respecto, la señora Hutt , Ministra subrogante, explicó que los contratos de las concesiones de unidades de negocios de los alimentadores, terminan el 22 de octubre de este año. Opinó que se cuenta, por ello, con cierta holgura para negociar. Sin embargo los contratos con los troncales terminan recién en el año 2018. Sólo les queda tratar, y ni tanto -advirtió-, porque aún el cambio por mutuo acuerdo, está prohibido en cláusulas determinadas.
El asesor señor González justificó la discusión inmediata con que se calificó al proyecto, pues hay a lo menos dos empresas con riesgo de cesar sus operaciones. Además el verano es difícil económicamente para estas empresas, por cuanto, difícilmente pueden cumplir con las exigencias del cuadro sinóptico.
-Puesto el proyecto de ley en votación en general, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth, don Pepe ; García, don René Manuel ; Hasbún, don Gustavo ; Meza, don Fernando ; Norambuena, don Iván ; Pacheco , doña Clemira ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma, don Joaquín , y Venegas, don Mario .
IV.-DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN PARTICULAR.
ARTÍCULO ÚNICO.-
Mediante este artículo se modifica la ley N° 18.696, de la siguiente forma:
1) Mediante este numeral se modifica el artículo 3° en el siguiente sentido:
a) Agrégase, en el inciso sexto, el siguiente texto, sustituyéndose el punto final (.) por una coma (,): “en particular en aquellas ciudades declaradas zonas saturadas de contaminación las respectivas bases de licitación deberán contemplar puntajes adicionales por la presentación de flotas con tecnologías no contaminantes. Las bases también deberán establecer exigencias que aseguren a los trabajadores condiciones de seguridad e higiene acordes con los requerimientos de las funciones desempeñadas. Asimismo, se considerará especialmente a aquellos postulantes que exhibieren u ofertaren mejores condiciones de empleo y remuneraciones para los trabajadores.”.
-Puesta en votación esta letra a), fue aprobada por la unanimidad de los Diputados presentes señores Auth , García , García-Huidobro , Hasbún ; Pacheco , doña Clemira , y Tuma .
b) Sustitúyese el inciso octavo por el siguiente:
“La licitación a que se refiere el inciso segundo deberá avisarse en el Diario Oficial y en a lo menos dos diarios de la respectiva ciudad con 30 días de anticipación y realizarse sobre bases técnicamente definidas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La concesión respectiva que derive de una licitación deberá otorgarse mediante resolución fundada y concretarse en un contrato entre la empresa beneficiada y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en el cual ambas partes se obligan a los términos incluidos en las bases de la licitación y en el que se establecen sanciones para cada parte en el caso de incumplimiento. Dicha resolución deberá ser visada por el Ministro de Hacienda .”.
-Puesta en votación esta letra b), fue aprobada por la unanimidad de los Diputados presentes señores García , Hasbún ; Pacheco , doña Clemira , y Tuma .
c) Incorpórase, como inciso noveno, el siguiente:
“El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá designar un administrador provisional en los casos previstos en las letras b), c), d), y e) del artículo 3° decies, de entre las personas que estén inscritas en el registro público de administradores provisionales que al efecto llevará dicho Ministerio. El administrador tendrá las facultades necesarias para velar por el cumplimiento del contrato de concesión y, especialmente, aquellas correspondientes al giro ordinario de la empresa cuya concesión haya concluido o se le haya puesto término por los casos antes indicados, que la ley y el estatuto señalan para el directorio o quien haga sus veces y al gerente. El administrador provisional responderá hasta de la culpa levísima en el ejercicio de sus funciones. Sin perjuicio de lo anterior, la persona a la cual se le ha caducado su concesión por las causales establecidas en las bases de licitación quedará inhabilitada para presentarse nuevamente, por sí o por interpósita persona, sea ésta natural o jurídica, en procesos de licitación de concesiones de uso de vías y servicios complementarios reguladas por esta ley hasta por el plazo de cinco años contado desde que quede ejecutoriada la sentencia que caducó la concesión.”.
-Puesta en votación esta letra c), fue aprobada por la unanimidad de los Diputados presentes señores García , García-Huidobro , Hasbún ; Pacheco , doña Clemira , y Tuma .
d) Agrégase el siguiente inciso décimo, nuevo:
“El administrador provisional no podrá tener intereses económicos o patrimoniales comprometidos en alguna de las empresas operadoras del sistema. La misma prohibición se extiende a sus parientes colaterales y en línea recta, hasta el tercer grado por consanguinidad.”.
-Puesta en votación esta letra d), fue aprobada por la unanimidad de los Diputados presentes señores García , García-Huidobro , Hasbún ; Pacheco , doña Clemira , y Tuma .
e) Reemplázase el inciso noveno, que pasó a ser undécimo, por el siguiente:
“El Ministerio podrá efectuar dicha designación desde que se encuentre notificada la resolución que pone término a la concesión. La interposición de recursos administrativos y jurisdiccionales en contra de la resolución que declara la caducidad de la concesión no suspenderá la designación del administrador provisional. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá designar un nuevo concesionario dentro del plazo máximo de dieciocho meses contado desde la fecha en que la resolución que pone término anticipado ha quedado ejecutoriada, para lo cual podrá disponer una nueva licitación pública. Por razones de interés público y de buen servicio, cuando se verifique alguno de los supuestos establecidos en el inciso segundo de este artículo, también podrá, en forma transitoria, contratar directamente, hasta por tres años o hasta el término del plazo de la concesión, mediante decreto firmado por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones y el de Hacienda. Quien celebre contratos directos con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se entenderá concesionario para los efectos de esta ley. El administrador provisional cesará en sus funciones cuando sea removido por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, sea excluido del Registro de Administradores Provisionales o por el solo ministerio de la ley cuando entre en funciones el nuevo concesionario. El Reglamento establecerá los términos y condiciones para la designación, rendición de cuentas y cesación del administrador provisional. La remuneración del administrador provisional será pagada por el concesionario a cuyo respecto operó el término anticipado del contrato con cargo a sus ingresos y fijada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y no podrá exceder en un 50% a la remuneración promedio que percibe un gerente general de esta industria.”.
-Puesta en votación esta letra e), fue aprobada por la unanimidad de los Diputados presentes señores García , García-Huidobro , Hasbún ; Pacheco , doña Clemira , y Tuma .
f) Reemplázanse, en el inciso décimo, que pasó a ser duodécimo, la locución “del decreto” por “de la resolución”.
-Puesta en votación esta letra e), fue aprobada por la unanimidad de los Diputados presentes señores García , García-Huidobro , Hasbún ; Pacheco , doña Clemira , y Tuma .
-La Comisión acordó votar en bloque el resto del articulado propuesto.
g) Agrégase el siguiente inciso decimotercero, nuevo:
“En todo caso, cualquiera que sea la causal de término o de caducidad de la concesión, deberán resguardarse los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores, en los términos previstos en la ley.”.
h) Sustitúyase el inciso undécimo, que pasó a ser decimocuarto, por el siguiente:
“Excepcionalmente, el Ministerio podrá nombrar un administrador provisional, previa autorización judicial, una vez iniciado el procedimiento de caducidad de una concesión y siempre que se haya producido la paralización del servicio de transporte por dos o más días consecutivos. Será competente para conocer de esta solicitud el juez de letras de turno en lo civil de la comuna en que preste servicios el concesionario. Si éstos comprenden más de una comuna, corresponderá al juez de turno en lo civil de la comuna de asiento de Corte de Apelaciones. En caso de que las comunas se encuentren bajo la jurisdicción de distintas Cortes de Apelaciones, el conocimiento corresponderá al del tribunal de turno en lo civil de la Corte más antigua. El juez deberá conocer de esta solicitud sin forma de juicio, oyendo previamente al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que deberá acompañar una certificación de los hechos por parte de un ministro de fe. Esta solicitud deberá ser resuelta en el plazo de cuarenta y ocho horas. En contra de la resolución del tribunal que resuelva la solicitud procederá el recurso de apelación, el que será concedido en el solo efecto devolutivo de acuerdo a las reglas de los incidentes. Tan pronto asuma su cargo, el administrador provisional deberá levantar un inventario de los activos que están afectos a la concesión, así como del estado de cumplimiento del pago de las remuneraciones y obligaciones de seguridad social.”.
i) Incorpórase el siguiente inciso decimosexto, nuevo:
“La caducidad de la concesión podrá ser declarada fundadamente por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en los casos de incumplimiento grave de las obligaciones del concesionario conforme a los términos previstos en las bases de licitación y en los respectivos contratos. En todo caso, cualquiera que sea la causal de término o de caducidad de la concesión, deberán resguardarse los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores, en los términos previstos en la ley. Siempre se considerará incumplimiento grave de las obligaciones del concesionario, que da lugar a la caducidad de la concesión, los atrasos u omisiones en el pago de remuneraciones y obligaciones de seguridad social que excedan tres períodos mensuales o la existencia de más de cuatro condenas ejecutoriadas dentro de un año calendario por infracciones a normas sobre jornadas de trabajo, remuneraciones, feriados, protección a la maternidad, sindicalización y prácticas antisindicales.”.
j) Elimínase en el inciso decimonoveno, que ha pasado a ser vigésimo tercero, la frase “sin forma de juicio, oyendo al Ministerio,”.
k) Sustitúyese en el inciso vigésimo tercero, que pasó a ser vigésimo séptimo, la referencia “vigésimo primero” por “vigésimo quinto”.
2) Agrégase en el artículo 3º quinquies el siguiente inciso segundo:
“Asimismo, el concesionario deberá constituir garantías específicas que serán ejecutadas en caso de incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores, en la forma, monto y oportunidad establecida en las bases de licitación. En caso de cobro de dichas garantías específicas y que no fueren renovadas oportunamente, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones estará facultado para cobrar la garantía de fiel cumplimiento del contrato.”.
3) Sustitúyese el artículo 3º sexies por el siguiente:
“Artículo 3º sexies.- Del contrato de concesión y de los principios que inspiran su celebración y ejecución. El transporte nacional remunerado de pasajeros prestado en el marco de un contrato de concesión en los casos indicados en el inciso segundo del artículo 3º, tendrá por finalidad satisfacer el interés público y deberá propender a la prestación de un servicio de transporte eficiente, seguro y de calidad. El contrato de concesión garantizará la continuidad, permanencia y seguridad de los servicios de transportes.
Podrá comprender, asimismo, la contratación de los servicios complementarios necesarios para cumplir con dicha finalidad, conforme a lo establecido en las bases de licitación respectiva.
Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá licitar, en cualquier momento, la prestación de los servicios complementarios, con independencia de la forma o modalidad bajo la cual se presten los servicios de transportes.”.
4) Incorpóranse los siguientes artículos 3º septies a 3º terdecies, nuevos:
“Artículo 3º septies.- Modificación del contrato de concesión. Los contratos de concesión podrán ser modificados conforme a lo establecido en las respectivas bases de licitación.
Las bases de la licitación deberán contener causales de modificación unilateral de los contratos de concesión por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que tengan por objeto garantizar la continuidad, seguridad y eficiencia del servicio de transporte.
Las bases también deberán contener causales que aseguren a los trabajadores un trabajo en condiciones de seguridad e higiene acordes con los requerimientos de las funciones desempeñadas. Además deben expresarse causales de modificación unilateral del contrato de concesión orientadas a garantizar el cumplimiento de la legislación laboral y de seguridad social.
Si el interés público así lo exigiere, siempre que no fuere aplicable otra causal de término, el Presidente de la República , mediante decreto fundado, suscrito por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, que deberá llevar, además, la firma del Ministro de Hacienda , podrá poner término anticipado a la concesión. El decreto supremo que declare el término anticipado, señalará el plazo y condiciones de término de la concesión, así como las garantías necesarias para asegurar la continuidad del servicio.
El procedimiento y metodología de cálculo de la indemnización será el que se establezca en las respectivas bases de licitación, en su defecto, se determinará conforme al procedimiento a que se refiere el artículo primero transitorio de esta ley.
Artículo 3º octies.- Supervigilancia, control e información. Los concesionarios quedarán sujetos a la supervigilancia y control del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Para tales efectos, conforme a lo establecido en las bases de licitación, éste podrá pedir informes e inspeccionar las instalaciones y vehículos que comprende el servicio, revisar y exigir información contable debidamente auditada y, en general, adoptar las medidas necesarias para velar por el cumplimiento de sus obligaciones.
Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá requerir a los concesionarios la información sobre la relación entre su activo y pasivo circulante, y entre su patrimonio y deudas totales, con una periodicidad no inferior a un mes.
Los concesionarios deberán informar los hechos esenciales relacionados con la administración y funcionamiento de la concesión conforme lo establezcan las bases.
Los concesionarios deberán informar mensualmente el pago de remuneraciones y estado del cumplimiento de las obligaciones de seguridad social que a éstos correspondan, respecto de sus trabajadores. Lo anterior deberá ser acreditado mediante los certificados, comprobantes y declaraciones juradas que establezcan las respectivas bases de licitación.
El no acatamiento por parte de los concesionarios de las obligaciones de información en los plazos establecidos para el efecto en la ley, el reglamento o las bases de licitación, podrá ser sancionado con una multa de hasta 200 UTM por cada vez que se verifique y por cada día de atraso, conforme lo establezcan las bases de licitación.
Las multas a que se refiere el inciso anterior serán a beneficio fiscal. Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá establecer en las bases respectivas otros mecanismos de cobro y recaudación de las multas.
La aplicación de las multas que se imponga a los concesionarios deberá someterse a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley Nº 20.378. Su reclamación administrativa se sujetará a lo establecido en el artículo 59 de la ley Nº 19.880.
Artículo 3º nonies.- De los bienes afectos a la concesión. Los bienes afectos a la concesión estarán constituidos por aquellos bienes muebles e inmuebles necesarios para la prestación básica de los servicios entregados en concesión, conforme lo establezcan las bases de la licitación y siempre que tengan relación directa con los mismos.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones llevará, por medio de sus Secretarías Regionales Ministeriales o de la División o Unidad dependiente de la Subsecretaría de Transportes designada para este efecto, un registro de los bienes que estarán afectos a la concesión, conforme a las normas que establezca el reglamento. El registro y las certificaciones que se emitan conforme al mismo tendrán la naturaleza de instrumento público.
No se entenderá cumplida la obligación de los concesionarios de incorporar y poner en marcha los vehículos, infraestructura y otros bienes comprometidos en los contratos de concesión, mientras éstos no hayan sido inscritos en dicho registro en los plazos y en la forma prevista en el reglamento y en las bases de licitación.
Desde el inicio de la concesión los bienes inscritos en dicho registro se entenderán afectos a la concesión, no obstante sean objeto de enajenación, transferencia o gravamen, salvo que sean desafectados de conformidad al reglamento. Lo señalado precedentemente también se aplicará durante el tiempo en que la concesión sea gestionada por un administrador provisional y mientras se mantenga en dicha función. La desafectación deberá ser aprobada o denegada por resolución fundada de la Subsecretaría de Transportes, que deberá pronunciarse en un plazo de diez días, contado desde la fecha de presentación de la solicitud. Los recursos que se interpongan en contra de dicha resolución se regirán por lo establecido en la ley N° 19.880.
Los bienes afectos a la concesión podrán quedar a disposición de un administrador provisional que nombre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en los casos previstos en esta ley. En estos supuestos, el uso de los bienes dará lugar a una indemnización a favor del anterior concesionario, salvo que se establezca una regla diversa en las bases de licitación.
Artículo 3° decies.- Causales de término de las concesiones. Las concesiones de uso de vías y de servicios complementarios reguladas por esta ley podrán terminar por las siguientes causales:
a) Cumplimiento del plazo previsto en el contrato.
b) Mutuo acuerdo.
c) Caducidad.
d) Quiebra del concesionario.
e) Reiterado incumplimiento grave de las normas laborales y de seguridad social con sus trabajadores. Se tendrán como vulneraciones de este tipo, entre otras, los atrasos u omisiones en el pago de remuneraciones, cotizaciones previsionales o de salud que excedan tres períodos mensuales o la existencia de más de cuatro condenas ejecutoriadas por infracciones a los derechos fundamentales del trabajador y a las normas sobre jornadas de trabajo, remuneraciones, feriados, protección a la maternidad, sindicalización y prácticas antisindicales.
f) Por las demás que establezcan las leyes o las bases de licitación.
Artículo 3º undecies.- Término de mutuo acuerdo. En caso de término de la concesión de común acuerdo, siempre que no exista una causal de caducidad, el concesionario estará obligado a mantener la prestación del servicio por un período no inferior a seis meses desde la fecha en que la resolución que le pone término esté totalmente tramitada. En todo caso, el acuerdo suscrito deberá hacer referencia expresa a la situación laboral y a las obligaciones de seguridad social devengadas hasta el último día del mes anterior al acuerdo, de los operadores y demás trabajadores. En caso de deudas pendientes el concesionario será directamente responsable, y el monto adeudado deberá ser descontado de toda suma que por este concepto perciba desde el Estado. No podrá haber mutuo acuerdo sino hasta que estén pagadas las cotizaciones.
Artículo 3º duodecies.- Quiebra del concesionario. Presentada una solicitud de quiebra de un concesionario, el secretario del tribunal deberá notificarla al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y a la Dirección del Trabajo, dentro de las veinticuatro horas siguientes, por carta certificada u otro medio impreso o electrónico fidedigno, de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 55 del Libro IV del Código de Comercio. Inmediatamente después de pronunciada la sentencia que declare la quiebra de un concesionario el secretario del tribunal la notificará al Ministerio antes referido, en el mismo plazo y forma.
Pronunciada la declaración de quiebra el fallido quedará inhibido, de pleno derecho, de la administración de la concesión y de los bienes afectos a ella. A su vez, estos bienes quedarán excluidos de la quiebra y de la administración del síndico.
Notificado de la sentencia que declare la quiebra de una empresa concesionaria, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá disponer la administración provisional del servicio. Tan pronto asuma su cargo, el administrador provisional deberá levantar un inventario de los activos de la empresa declarada en quiebra y que están afectos a la concesión, así como del estado de cumplimiento del pago de las remuneraciones y obligaciones de seguridad social.
Todo conflicto que pudiere suscitarse entre el síndico y el administrador provisional será resuelto por el juez de la quiebra incidentalmente y en única instancia, oyendo previamente al Ministerio.
Artículo 3º terdecies.- De la continuidad del servicio. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones adoptará las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la prestación del servicio público y resguardar los derechos de los usuarios de dichos servicios, así como los de los trabajadores del respectivo concesionario, pudiendo requerir, por medio del Ministerio del Interior, el auxilio de la fuerza pública para obtener el íntegro cumplimiento de sus órdenes, instrucciones y resoluciones. Todo esto no afectará el derecho a huelga ejercido en las condiciones previstas en la ley.
Lo anterior es sin perjuicio de que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones determine la aplicación del régimen general previsto en el inciso primero del artículo 3º.”.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo primero.- Los contratos de concesión actualmente vigentes y celebrados de conformidad a lo previsto en el artículo 3º de la ley N° 18.696 seguirán rigiéndose por lo establecido en las bases de licitación y en los respectivos contratos, especialmente en lo que dice relación con las sanciones, multas y causales de caducidad que se puedan aplicar.
Sin perjuicio de lo anterior, por exigirlo el interés nacional y por causa de utilidad pública, siempre que no exista una causal de caducidad, se faculta al Estado a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para poner término anticipado a los contratos indicados en el inciso anterior que comprendan la prestación de servicios concesionados de transporte público o servicios complementarios en las comunas de la Región Metropolitana, cuando un cambio de circunstancias hiciere innecesario el servicio para la satisfacción de las necesidades públicas o demandare su rediseño o complementación para efectos de mejorar la continuidad, condiciones de seguridad y calidad del sistema. Esta facultad podrá ser ejercida después de treinta días de publicada esta ley y hasta dentro del plazo de dos años contado desde la misma fecha.
Para tal efecto, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones comunicará mediante carta certificada al concesionario del inicio del proceso destinado a poner término al contrato de concesión. A partir de dicha notificación las partes tendrán el plazo de 30 días para acordar el monto de la indemnización por el término anticipado del contrato y, en su caso, las condiciones que se deban cumplir para garantizar la continuidad del servicio. Dicho acuerdo deberá aprobarse mediante resolución fundada del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, la que deberá llevar la firma del Ministro de Hacienda , y en ella se dispondrá, además, el término anticipado de la concesión. El pago de la indemnización correspondiente se efectuará dentro del plazo y forma que se estipule. El pago de la indemnización o su consignación en el tribunal competente extinguirá, por el solo ministerio de la ley, todos los derechos y obligaciones que emanen del contrato, salvo que las partes acuerden una fecha anterior.
En caso de que no exista acuerdo entre las partes la indemnización será fijada por el Panel de Expertos establecido por la ley Nº 20.378, a solicitud del Ministerio, de acuerdo al siguiente procedimiento:
a) Dentro de los 10 días siguientes al vencimiento del plazo establecido para fijar el monto por mutuo acuerdo el Ministerio solicitará al Panel de Expertos la determinación del monto provisional de la indemnización. En su solicitud indicará el monto de indemnización propuesto al concesionario, que deberá contar con la aprobación del Ministerio de Hacienda, y acompañará todos los antecedentes que estime pertinentes, incluyendo los laborales. Esta presentación deberá ser notificada al concesionario, personalmente o por carta certificada.
b) El concesionario dispondrá de un plazo de cinco días, contados desde la notificación de la solicitud del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para presentar su propuesta de indemnización y los antecedentes que considere pertinentes. Dicha presentación deberá contener la individualización del concesionario y la fijación de su domicilio en la ciudad de Santiago para efectos de las notificaciones, las cuales se realizarán de conformidad a lo establecido en los artículos 45 a 48 de la ley Nº 19.880.
c) Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación indicada en la letra anterior o vencido el plazo para ello, el Secretario Abogado del Panel de Expertos pondrá los antecedentes en conocimiento de los integrantes del Panel.
d) El Presidente del Panel , inmediatamente después de la recepción de los antecedentes, convocará a una sesión extraordinaria que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a la presentación, donde se acordará el procedimiento para su estudio y resolución. En todo caso el procedimiento deberá contemplar una audiencia con las partes, de la cual deberá dejarse constancia escrita. El procedimiento será comunicado por el Secretario Abogado a todas las partes.
e) La resolución del Panel deberá dictarse dentro del plazo de 30 días contados desde la sesión extraordinaria indicada en la letra d). La resolución deberá ser fundada y estará obligada a optar por una de las dos proposiciones vigentes, debiendo aceptarla en su integridad. En consecuencia, no podrá fallarse una alternativa distinta ni adoptarse un valor intermedio entre las proposiciones de ambas partes. La resolución será notificada a las partes dentro de los dos días siguientes a su dictación.
f) Luego de notificada la decisión del Panel de Expertos, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dictará una resolución que concluya el procedimiento, en la cual constarán los fundamentos del término anticipado del contrato de concesión y el monto de la indemnización provisoria determinada por el citado Panel. La misma resolución podrá establecer las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio. La resolución deberá notificarse al concesionario y será susceptible de los recursos indicados en esta ley. Si el concesionario solicita, a su costa, copia de todos los antecedentes fundantes de dicha resolución, éstas deberán ser puestas a su disposición dentro de las veinticuatro horas siguientes a su solicitud.
g) Vencido el plazo para la interposición de los recursos establecidos en esta ley sin que éstos se hubieren deducido, la indemnización provisional se tendrá por definitiva y su pago se verificará dentro de los 120 días siguientes a la total tramitación de la resolución correspondiente.
En el caso de que el pago se realice de común acuerdo, éste deberá constar por escritura pública, dejando constancia del cumplimiento del pago de las remuneraciones y de las obligaciones de seguridad social de cargo del concesionario.
En el caso de que el pago sea por consignación, el juez procederá conforme a lo establecido en el artículo 23 del decreto ley Nº 2.186, de 1978. Los trabajadores podrán hacer efectivo el pago de sus remuneraciones y las obligaciones de seguridad social insolutas sobre el monto consignado, conforme a lo establecido en dicha disposición.
Artículo segundo.- Dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución que declara el término anticipado de los contratos el concesionario podrá reclamar de su legalidad ante el juez de letras en lo civil competente, en un procedimiento breve y sumario. El juez podrá suspender la ejecución de la resolución recurrida con el mérito de los antecedentes que se invoquen.
En el mismo plazo y procedimiento podrá el concesionario y el Ministerio impugnar el monto de la indemnización establecida en dicha resolución.
En el caso de que el concesionario reclame de la legalidad de la resolución, deberá impugnar el monto de la indemnización de forma subsidiaria a dicha reclamación.”.
-Puesto en votación el resto del proyecto, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes, señores García , García-Huidobro , Hasbún, Latorre ; Pacheco , doña Clemira , y Tuma .
V. ADICIONES O ENMIENDAS.
No hay.
VI. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY.
En mérito de las consideraciones anteriores y de las que, en su oportunidad, os podrá añadir el señor Diputado Informante , vuestra Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, os recomienda la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY:
“ARTÍCULO ÚNICO.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 18.696:
1) Modifícase el artículo 3° en el siguiente sentido:
a) Agrégase, en el inciso sexto, el siguiente texto, sustituyéndose el punto final (.) por una coma (,): “en particular en aquellas ciudades declaradas zonas saturadas de contaminación las respectivas bases de licitación deberán contemplar puntajes adicionales por la presentación de flotas con tecnologías no contaminantes. Las bases también deberán establecer exigencias que aseguren a los trabajadores condiciones de seguridad e higiene acordes con los requerimientos de las funciones desempeñadas. Asimismo, se considerará especialmente a aquellos postulantes que exhibieren u ofertaren mejores condiciones de empleo y remuneraciones para los trabajadores.”.
b) Sustitúyese el inciso octavo por el siguiente:
“La licitación a que se refiere el inciso segundo deberá avisarse en el Diario Oficial y en a lo menos dos diarios de la respectiva ciudad con 30 días de anticipación y realizarse sobre bases técnicamente definidas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La concesión respectiva que derive de una licitación deberá otorgarse mediante resolución fundada y concretarse en un contrato entre la empresa beneficiada y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en el cual ambas partes se obligan a los términos incluidos en las bases de la licitación y en el que se establecen sanciones para cada parte en el caso de incumplimiento. Dicha resolución deberá ser visada por el Ministro de Hacienda .”.
c) Incorpórase, como inciso noveno, el siguiente:
“El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá designar un administrador provisional en los casos previstos en las letras b), c), d), y e) del artículo 3° decies, de entre las personas que estén inscritas en el registro público de administradores provisionales que al efecto llevará dicho Ministerio. El administrador tendrá las facultades necesarias para velar por el cumplimiento del contrato de concesión y, especialmente, aquellas correspondientes al giro ordinario de la empresa cuya concesión haya concluido o se le haya puesto término por los casos antes indicados, que la ley y el estatuto señalan para el directorio o quien haga sus veces y al gerente. El administrador provisional responderá hasta de la culpa levísima en el ejercicio de sus funciones. Sin perjuicio de lo anterior, la persona a la cual se le ha caducado su concesión por las causales establecidas en las bases de licitación quedará inhabilitada para presentarse nuevamente, por sí o por interpósita persona, sea ésta natural o jurídica, en procesos de licitación de concesiones de uso de vías y servicios complementarios reguladas por esta ley hasta por el plazo de cinco años contado desde que quede ejecutoriada la sentencia que caducó la concesión.”.
d) Agrégase el siguiente inciso décimo, nuevo:
“El administrador provisional no podrá tener intereses económicos o patrimoniales comprometidos en alguna de las empresas operadoras del sistema. La misma prohibición se extiende a sus parientes colaterales y en línea recta, hasta el tercer grado por consanguinidad.”.
e) Reemplázase el inciso noveno, que pasó a ser undécimo, por el siguiente:
“El Ministerio podrá efectuar dicha designación desde que se encuentre notificada la resolución que pone término a la concesión. La interposición de recursos administrativos y jurisdiccionales en contra de la resolución que declara la caducidad de la concesión no suspenderá la designación del administrador provisional. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá designar un nuevo concesionario dentro del plazo máximo de dieciocho meses contado desde la fecha en que la resolución que pone término anticipado ha quedado ejecutoriada, para lo cual podrá disponer una nueva licitación pública. Por razones de interés público y de buen servicio, cuando se verifique alguno de los supuestos establecidos en el inciso segundo de este artículo, también podrá, en forma transitoria, contratar directamente, hasta por tres años o hasta el término del plazo de la concesión, mediante decreto firmado por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones y el de Hacienda. Quien celebre contratos directos con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se entenderá concesionario para los efectos de esta ley. El administrador provisional cesará en sus funciones cuando sea removido por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, sea excluido del Registro de Administradores Provisionales o por el solo ministerio de la ley cuando entre en funciones el nuevo concesionario. El Reglamento establecerá los términos y condiciones para la designación, rendición de cuentas y cesación del administrador provisional. La remuneración del administrador provisional será pagada por el concesionario a cuyo respecto operó el término anticipado del contrato con cargo a sus ingresos y fijada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y no podrá exceder en un 50% a la remuneración promedio que percibe un gerente general de esta industria.”.
f) Reemplázanse, en el inciso décimo, que pasó a ser duodécimo, la locución “del decreto” por “de la resolución”.
g) Agrégase el siguiente inciso decimotercero, nuevo:
“En todo caso, cualquiera que sea la causal de término o de caducidad de la concesión, deberán resguardarse los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores, en los términos previstos en la ley.”.
h) Sustitúyase el inciso undécimo, que pasó a ser decimocuarto, por el siguiente:
“Excepcionalmente, el Ministerio podrá nombrar un administrador provisional, previa autorización judicial, una vez iniciado el procedimiento de caducidad de una concesión y siempre que se haya producido la paralización del servicio de transporte por dos o más días consecutivos. Será competente para conocer de esta solicitud el juez de letras de turno en lo civil de la comuna en que preste servicios el concesionario. Si éstos comprenden más de una comuna, corresponderá al juez de turno en lo civil de la comuna de asiento de Corte de Apelaciones. En caso de que las comunas se encuentren bajo la jurisdicción de distintas Cortes de Apelaciones, el conocimiento corresponderá al del tribunal de turno en lo civil de la Corte más antigua. El juez deberá conocer de esta solicitud sin forma de juicio, oyendo previamente al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que deberá acompañar una certificación de los hechos por parte de un ministro de fe. Esta solicitud deberá ser resuelta en el plazo de cuarenta y ocho horas. En contra de la resolución del tribunal que resuelva la solicitud procederá el recurso de apelación, el que será concedido en el solo efecto devolutivo de acuerdo a las reglas de los incidentes. Tan pronto asuma su cargo, el administrador provisional deberá levantar un inventario de los activos que están afectos a la concesión, así como del estado de cumplimiento del pago de las remuneraciones y obligaciones de seguridad social.”.
i) Incorpórase el siguiente inciso decimosexto, nuevo:
“La caducidad de la concesión podrá ser declarada fundadamente por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en los casos de incumplimiento grave de las obligaciones del concesionario conforme a los términos previstos en las bases de licitación y en los respectivos contratos. En todo caso, cualquiera que sea la causal de término o de caducidad de la concesión, deberán resguardarse los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores, en los términos previstos en la ley. Siempre se considerará incumplimiento grave de las obligaciones del concesionario, que da lugar a la caducidad de la concesión, los atrasos u omisiones en el pago de remuneraciones y obligaciones de seguridad social que excedan tres períodos mensuales o la existencia de más de cuatro condenas ejecutoriadas dentro de un año calendario por infracciones a normas sobre jornadas de trabajo, remuneraciones, feriados, protección a la maternidad, sindicalización y prácticas antisindicales.”.
j) Elimínase en el inciso decimonoveno, que ha pasado a ser vigésimo tercero, la frase “sin forma de juicio, oyendo al Ministerio,”.
k) Sustitúyese en el inciso vigésimo tercero, que pasó a ser vigésimo séptimo, la referencia “vigésimo primero” por “vigésimo quinto”.
2) Agrégase en el artículo 3º quinquies el siguiente inciso segundo:
“Asimismo, el concesionario deberá constituir garantías específicas que serán ejecutadas en caso de incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores, en la forma, monto y oportunidad establecida en las bases de licitación. En caso de cobro de dichas garantías específicas y que no fueren renovadas oportunamente, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones estará facultado para cobrar la garantía de fiel cumplimiento del contrato.”.
3) Sustitúyese el artículo 3º sexies por el siguiente:
“Artículo 3º sexies.- Del contrato de concesión y de los principios que inspiran su celebración y ejecución. El transporte nacional remunerado de pasajeros prestado en el marco de un contrato de concesión en los casos indicados en el inciso segundo del artículo 3º, tendrá por finalidad satisfacer el interés público y deberá propender a la prestación de un servicio de transporte eficiente, seguro y de calidad. El contrato de concesión garantizará la continuidad, permanencia y seguridad de los servicios de transportes.
Podrá comprender, asimismo, la contratación de los servicios complementarios necesarios para cumplir con dicha finalidad, conforme a lo establecido en las bases de licitación respectiva.
Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá licitar, en cualquier momento, la prestación de los servicios complementarios, con independencia de la forma o modalidad bajo la cual se presten los servicios de transportes.”.
4) Incorpóranse los siguientes artículos 3º septies a 3º terdecies, nuevos:
“Artículo 3º septies.- Modificación del contrato de concesión. Los contratos de concesión podrán ser modificados conforme a lo establecido en las respectivas bases de licitación.
Las bases de la licitación deberán contener causales de modificación unilateral de los contratos de concesión por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que tengan por objeto garantizar la continuidad, seguridad y eficiencia del servicio de transporte.
Las bases también deberán contener causales que aseguren a los trabajadores un trabajo en condiciones de seguridad e higiene acordes con los requerimientos de las funciones desempeñadas. Además deben expresarse causales de modificación unilateral del contrato de concesión orientadas a garantizar el cumplimiento de la legislación laboral y de seguridad social.
Si el interés público así lo exigiere, siempre que no fuere aplicable otra causal de término, el Presidente de la República , mediante decreto fundado, suscrito por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, que deberá llevar, además, la firma del Ministro de Hacienda , podrá poner término anticipado a la concesión. El decreto supremo que declare el término anticipado, señalará el plazo y condiciones de término de la concesión, así como las garantías necesarias para asegurar la continuidad del servicio.
El procedimiento y metodología de cálculo de la indemnización será el que se establezca en las respectivas bases de licitación, en su defecto, se determinará conforme al procedimiento a que se refiere el artículo primero transitorio de esta ley.
Artículo 3º octies.- Supervigilancia, control e información. Los concesionarios quedarán sujetos a la supervigilancia y control del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Para tales efectos, conforme a lo establecido en las bases de licitación, éste podrá pedir informes e inspeccionar las instalaciones y vehículos que comprende el servicio, revisar y exigir información contable debidamente auditada y, en general, adoptar las medidas necesarias para velar por el cumplimiento de sus obligaciones.
Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá requerir a los concesionarios la información sobre la relación entre su activo y pasivo circulante, y entre su patrimonio y deudas totales, con una periodicidad no inferior a un mes.
Los concesionarios deberán informar los hechos esenciales relacionados con la administración y funcionamiento de la concesión conforme lo establezcan las bases.
Los concesionarios deberán informar mensualmente el pago de remuneraciones y estado del cumplimiento de las obligaciones de seguridad social que a éstos correspondan, respecto de sus trabajadores. Lo anterior deberá ser acreditado mediante los certificados, comprobantes y declaraciones juradas que establezcan las respectivas bases de licitación.
El no acatamiento por parte de los concesionarios de las obligaciones de información en los plazos establecidos para el efecto en la ley, el reglamento o las bases de licitación, podrá ser sancionado con una multa de hasta 200 UTM por cada vez que se verifique y por cada día de atraso, conforme lo establezcan las bases de licitación.
Las multas a que se refiere el inciso anterior serán a beneficio fiscal. Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá establecer en las bases respectivas otros mecanismos de cobro y recaudación de las multas.
La aplicación de las multas que se imponga a los concesionarios deberá someterse a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley Nº 20.378. Su reclamación administrativa se sujetará a lo establecido en el artículo 59 de la ley Nº 19.880.
Artículo 3º nonies.- De los bienes afectos a la concesión. Los bienes afectos a la concesión estarán constituidos por aquellos bienes muebles e inmuebles necesarios para la prestación básica de los servicios entregados en concesión, conforme lo establezcan las bases de la licitación y siempre que tengan relación directa con los mismos.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones llevará, por medio de sus Secretarías Regionales Ministeriales o de la División o Unidad dependiente de la Subsecretaría de Transportes designada para este efecto, un registro de los bienes que estarán afectos a la concesión, conforme a las normas que establezca el reglamento. El registro y las certificaciones que se emitan conforme al mismo tendrán la naturaleza de instrumento público.
No se entenderá cumplida la obligación de los concesionarios de incorporar y poner en marcha los vehículos, infraestructura y otros bienes comprometidos en los contratos de concesión, mientras éstos no hayan sido inscritos en dicho registro en los plazos y en la forma prevista en el reglamento y en las bases de licitación.
Desde el inicio de la concesión los bienes inscritos en dicho registro se entenderán afectos a la concesión, no obstante sean objeto de enajenación, transferencia o gravamen, salvo que sean desafectados de conformidad al reglamento. Lo señalado precedentemente también se aplicará durante el tiempo en que la concesión sea gestionada por un administrador provisional y mientras se mantenga en dicha función. La desafectación deberá ser aprobada o denegada por resolución fundada de la Subsecretaría de Transportes, que deberá pronunciarse en un plazo de diez días, contado desde la fecha de presentación de la solicitud. Los recursos que se interpongan en contra de dicha resolución se regirán por lo establecido en la ley N° 19.880.
Los bienes afectos a la concesión podrán quedar a disposición de un administrador provisional que nombre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en los casos previstos en esta ley. En estos supuestos, el uso de los bienes dará lugar a una indemnización a favor del anterior concesionario, salvo que se establezca una regla diversa en las bases de licitación.
Artículo 3° decies.- Causales de término de las concesiones. Las concesiones de uso de vías y de servicios complementarios reguladas por esta ley podrán terminar por las siguientes causales:
a) Cumplimiento del plazo previsto en el contrato.
b) Mutuo acuerdo.
c) Caducidad.
d) Quiebra del concesionario.
e) Reiterado incumplimiento grave de las normas laborales y de seguridad social con sus trabajadores. Se tendrán como vulneraciones de este tipo, entre otras, los atrasos u omisiones en el pago de remuneraciones, cotizaciones previsionales o de salud que excedan tres períodos mensuales o la existencia de más de cuatro condenas ejecutoriadas por infracciones a los derechos fundamentales del trabajador y a las normas sobre jornadas de trabajo, remuneraciones, feriados, protección a la maternidad, sindicalización y prácticas antisindicales.
f) Por las demás que establezcan las leyes o las bases de licitación.
Artículo 3º undecies.- Término de mutuo acuerdo. En caso de término de la concesión de común acuerdo, siempre que no exista una causal de caducidad, el concesionario estará obligado a mantener la prestación del servicio por un período no inferior a seis meses desde la fecha en que la resolución que le pone término esté totalmente tramitada. En todo caso, el acuerdo suscrito deberá hacer referencia expresa a la situación laboral y a las obligaciones de seguridad social devengadas hasta el último día del mes anterior al acuerdo, de los operadores y demás trabajadores. En caso de deudas pendientes el concesionario será directamente responsable, y el monto adeudado deberá ser descontado de toda suma que por este concepto perciba desde el Estado. No podrá haber mutuo acuerdo sino hasta que estén pagadas las cotizaciones.
Artículo 3º duodecies.- Quiebra del concesionario. Presentada una solicitud de quiebra de un concesionario, el secretario del tribunal deberá notificarla al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y a la Dirección del Trabajo, dentro de las veinticuatro horas siguientes, por carta certificada u otro medio impreso o electrónico fidedigno, de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 55 del Libro IV del Código de Comercio. Inmediatamente después de pronunciada la sentencia que declare la quiebra de un concesionario el secretario del tribunal la notificará al Ministerio antes referido, en el mismo plazo y forma.
Pronunciada la declaración de quiebra el fallido quedará inhibido, de pleno derecho, de la administración de la concesión y de los bienes afectos a ella. A su vez, estos bienes quedarán excluidos de la quiebra y de la administración del síndico.
Notificado de la sentencia que declare la quiebra de una empresa concesionaria, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá disponer la administración provisional del servicio. Tan pronto asuma su cargo, el administrador provisional deberá levantar un inventario de los activos de la empresa declarada en quiebra y que están afectos a la concesión, así como del estado de cumplimiento del pago de las remuneraciones y obligaciones de seguridad social.
Todo conflicto que pudiere suscitarse entre el síndico y el administrador provisional será resuelto por el juez de la quiebra incidentalmente y en única instancia, oyendo previamente al Ministerio.
Artículo 3º terdecies.- De la continuidad del servicio. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones adoptará las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la prestación del servicio público y resguardar los derechos de los usuarios de dichos servicios, así como los de los trabajadores del respectivo concesionario, pudiendo requerir, por medio del Ministerio del Interior, el auxilio de la fuerza pública para obtener el íntegro cumplimiento de sus órdenes, instrucciones y resoluciones. Todo esto no afectará el derecho a huelga ejercido en las condiciones previstas en la ley.
Lo anterior es sin perjuicio de que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones determine la aplicación del régimen general previsto en el inciso primero del artículo 3º.”.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo primero.- Los contratos de concesión actualmente vigentes y celebrados de conformidad a lo previsto en el artículo 3º de la ley N° 18.696 seguirán rigiéndose por lo establecido en las bases de licitación y en los respectivos contratos, especialmente en lo que dice relación con las sanciones, multas y causales de caducidad que se puedan aplicar.
Sin perjuicio de lo anterior, por exigirlo el interés nacional y por causa de utilidad pública, siempre que no exista una causal de caducidad, se faculta al Estado a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para poner término anticipado a los contratos indicados en el inciso anterior que comprendan la prestación de servicios concesionados de transporte público o servicios complementarios en las comunas de la Región Metropolitana, cuando un cambio de circunstancias hiciere innecesario el servicio para la satisfacción de las necesidades públicas o demandare su rediseño o complementación para efectos de mejorar la continuidad, condiciones de seguridad y calidad del sistema. Esta facultad podrá ser ejercida después de treinta días de publicada esta ley y hasta dentro del plazo de dos años contado desde la misma fecha.
Para tal efecto, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones comunicará mediante carta certificada al concesionario del inicio del proceso destinado a poner término al contrato de concesión. A partir de dicha notificación las partes tendrán el plazo de 30 días para acordar el monto de la indemnización por el término anticipado del contrato y, en su caso, las condiciones que se deban cumplir para garantizar la continuidad del servicio. Dicho acuerdo deberá aprobarse mediante resolución fundada del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, la que deberá llevar la firma del Ministro de Hacienda , y en ella se dispondrá, además, el término anticipado de la concesión. El pago de la indemnización correspondiente se efectuará dentro del plazo y forma que se estipule. El pago de la indemnización o su consignación en el tribunal competente extinguirá, por el solo ministerio de la ley, todos los derechos y obligaciones que emanen del contrato, salvo que las partes acuerden una fecha anterior.
En caso de que no exista acuerdo entre las partes la indemnización será fijada por el Panel de Expertos establecido por la ley Nº 20.378, a solicitud del Ministerio, de acuerdo al siguiente procedimiento:
a) Dentro de los 10 días siguientes al vencimiento del plazo establecido para fijar el monto por mutuo acuerdo el Ministerio solicitará al Panel de Expertos la determinación del monto provisional de la indemnización. En su solicitud indicará el monto de indemnización propuesto al concesionario, que deberá contar con la aprobación del Ministerio de Hacienda, y acompañará todos los antecedentes que estime pertinentes, incluyendo los laborales. Esta presentación deberá ser notificada al concesionario, personalmente o por carta certificada.
b) El concesionario dispondrá de un plazo de cinco días, contados desde la notificación de la solicitud del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para presentar su propuesta de indemnización y los antecedentes que considere pertinentes. Dicha presentación deberá contener la individualización del concesionario y la fijación de su domicilio en la ciudad de Santiago para efectos de las notificaciones, las cuales se realizarán de conformidad a lo establecido en los artículos 45 a 48 de la ley Nº 19.880.
c) Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación indicada en la letra anterior o vencido el plazo para ello, el Secretario Abogado del Panel de Expertos pondrá los antecedentes en conocimiento de los integrantes del Panel.
d) El Presidente del Panel , inmediatamente después de la recepción de los antecedentes, convocará a una sesión extraordinaria que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a la presentación, donde se acordará el procedimiento para su estudio y resolución. En todo caso el procedimiento deberá contemplar una audiencia con las partes, de la cual deberá dejarse constancia escrita. El procedimiento será comunicado por el Secretario Abogado a todas las partes.
e) La resolución del Panel deberá dictarse dentro del plazo de 30 días contados desde la sesión extraordinaria indicada en la letra d). La resolución deberá ser fundada y estará obligada a optar por una de las dos proposiciones vigentes, debiendo aceptarla en su integridad. En consecuencia, no podrá fallarse una alternativa distinta ni adoptarse un valor intermedio entre las proposiciones de ambas partes. La resolución será notificada a las partes dentro de los dos días siguientes a su dictación.
f) Luego de notificada la decisión del Panel de Expertos, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dictará una resolución que concluya el procedimiento, en la cual constarán los fundamentos del término anticipado del contrato de concesión y el monto de la indemnización provisoria determinada por el citado Panel. La misma resolución podrá establecer las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio. La resolución deberá notificarse al concesionario y será susceptible de los recursos indicados en esta ley. Si el concesionario solicita, a su costa, copia de todos los antecedentes fundantes de dicha resolución, éstas deberán ser puestas a su disposición dentro de las veinticuatro horas siguientes a su solicitud.
g) Vencido el plazo para la interposición de los recursos establecidos en esta ley sin que éstos se hubieren deducido, la indemnización provisional se tendrá por definitiva y su pago se verificará dentro de los 120 días siguientes a la total tramitación de la resolución correspondiente.
En el caso de que el pago se realice de común acuerdo, éste deberá constar por escritura pública, dejando constancia del cumplimiento del pago de las remuneraciones y de las obligaciones de seguridad social de cargo del concesionario.
En el caso de que el pago sea por consignación, el juez procederá conforme a lo establecido en el artículo 23 del decreto ley Nº 2.186, de 1978. Los trabajadores podrán hacer efectivo el pago de sus remuneraciones y las obligaciones de seguridad social insolutas sobre el monto consignado, conforme a lo establecido en dicha disposición.
Artículo segundo.- Dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución que declara el término anticipado de los contratos el concesionario podrá reclamar de su legalidad ante el juez de letras en lo civil competente, en un procedimiento breve y sumario. El juez podrá suspender la ejecución de la resolución recurrida con el mérito de los antecedentes que se invoquen.
En el mismo plazo y procedimiento podrá el concesionario y el Ministerio impugnar el monto de la indemnización establecida en dicha resolución.
En el caso de que el concesionario reclame de la legalidad de la resolución, deberá impugnar el monto de la indemnización de forma subsidiaria a dicha reclamación.”.
Se designó Diputado Informante al señor René Manuel García García .
Sala de la Comisión, a 18 de enero de 2011.
Tratado y acordado, conforme se consigna en las actas de fechas 13 y 18 de enero de 2011, con la asistencia de los Diputados señores García, don René Manuel ( Presidente ); Auth, don Pepe ; García-Huidobro, don Alejandro ; Hasbún, don Gustavo ; Hernández, don Javier ; Latorre, don Juan Carlos ; Meza, don Fernando ; Norambuena, don Iván ; Pacheco , doña Clemira ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma, don Joaquín , y Venegas, don Mario .
(Fdo.): PATRICIO ÁLVAREZ VALENZUELA , Secretario de la Comisión ”.
5. Certificado de la Comisión de Hacienda.
“Valparaíso, 18 de enero de 2011.
El Secretario de Comisiones que suscribe, certifica:
Que el proyecto de ley originado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República que modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado (Boletín Nº 7.085-15-S), con urgencia calificada de “discusión inmediata”, fue tratado en esta Comisión, en sesión de fecha de hoy, con la asistencia de los Diputados señores Von Mühlenbrock, don Gastón ( Presidente ); Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Monckeberg, don Nicolás ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto y, Silva, don Ernesto .
Asistieron a la Comisión durante el estudio de la iniciativa los señores Pedro Pablo Errázuriz , Ministro de Transportes y Telecomunicaciones ; Claudio Alvarado , Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia y, la señora Gloria Hutt , Subsecretaria de Transportes .
La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones dispuso que la Comisión de Hacienda conozca el proyecto en informe. La Comisión acordó someter a su consideración la letra e) del numeral 1) y el artículo 3° octies del numeral 4), ambos del artículo único del proyecto y, los artículos primero y segundo transitorios.
Sometidos a votación los artículos mencionados anteriormente, se aprobaron por 9 votos a favor y una abstención. Votaron a favor los Diputados señores Auth, don Pepe ; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Javier ; Monckeberg, don Nicolás ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Se abstuvo el Diputado señor Lorenzini, don Pablo .
La Comisión acordó que el informe se emitiera en forma verbal, directamente en la Sala, para lo cual designó Diputado Informante al señor AUTH, don PEPE .
Se adjunta al presente certificado un informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, que señala que el articulado permanente del proyecto no implica mayor gasto fiscal; sin embargo, se estima que existen gastos potenciales derivados de la aplicación de los artículos transitorios, cuyos montos no son posibles de determinar. Con todo, precisa que para el año 2010 el proyecto no tiene costo fiscal, y si los hubiere para los años siguientes, éstos se incorporarán en las Leyes de Presupuestos respectivas.
Asimismo, se adjunta al presente certificado un informe financiero complementario que señala que el proyecto aprobado por el H. Senado no ha sufrido modificaciones que tengan alguna consecuencia fiscal adicional a la señalada en el informe precedente. Por lo tanto, no se proyecta un mayor costo fiscal para el año 2011.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Secretario de la Comisión ”.
6. Informe de la Comisión Investigadora del Programa Orígenes; el cumplimiento de sus objetivos; la eficacia en la utilización de sus recursos; un catastro de las comunidades beneficiarias y determinar la efectividad de las denuncias efectuadas relativas a irregularidades en la adquisición de terrenos, sobreprecios en sus pagos y en general toda posible ilicitud o irregularidad en la ejecución de sus fines.
“Honorable Cámara:
La Comisión Investigadora destinada a analizar el funcionamiento, entre los años 2006-2010, del Programa Orígenes; el cumplimiento de sus objetivos; la eficacia en la utilización de sus recursos; un catastro de las comunidades beneficiarias y determinar la efectividad de las denuncias efectuadas relativas a irregularidades en la adquisición de terrenos, sobreprecios en sus pagos y en general toda posible ilicitud o irregularidad en la ejecución de sus fines, en cumplimiento de un acuerdo adoptado por la Sala de la Corporación, pasa a emitir el presente Informe a la H. Cámara de Diputados acerca del cometido que ella ha desarrollado.
I. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN.
En la sesión celebrada el 8 de junio de 2010, esta H. Cámara, aprobó una solicitud, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 52, N°1, letra C), de la Constitución Política de la República, por la cual se proponía la creación de una Comisión Investigadora con la finalidad de analizar el funcionamiento, entre los años 2006-2010, del Programa Orígenes; el cumplimiento de sus objetivos; la eficacia en la utilización de sus recursos; un catastro de las comunidades beneficiarias y determinar la efectividad de las denuncias efectuadas relativas a irregularidades en la adquisición de terrenos, sobreprecios en sus pagos y en general toda posible ilicitud o irregularidad en la ejecución de sus fines.
Asimismo, dicha solicitud incorporó la revisión de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena -Conadi- y cualquier otro organismo dependiente, para el cumplimiento de las políticas indígenas y rurales, sus respectivos programas, y a los ministerios de Planificación y del Interior u otros organismos que correspondan.
El tenor literal de la citada solicitud es el que se transcribe a continuación:
“Los Diputados que suscriben vienen en solicitar se disponga, en conformidad a lo establecido en la letra c), del N°1, del artículo 52 de la Constitución Política de la República, la creación de una Comisión Investigadora a fin de analizar el funcionamiento, entre los años 2006-2010, del Programa Orígenes; el cumplimiento de sus objetivos; la eficacia en la utilización de sus recursos; un catastro de las comunidades beneficiarias y determinar la efectividad de las denuncias efectuadas relativas a irregularidades en la adquisición de terrenos, sobreprecios en sus pagos y en general toda posible ilicitud o irregularidad en la ejecución de sus fines.
Esta investigación también implicará la revisión de Conadi y cualquier otro organismo dependiente, para el cumplimiento de las políticas indígenas y rurales, sus respectivos programas, y a los ministerios de Planificación y del Interior u otros organismos que correspondan.
Para estos efectos [a Comisión tendrá un plazo de 120 días desde su constitución y tendrá todas las facultades que la Constitución y la ley les confiera, como también podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.”
La solicitud fue suscrita por las Diputadas señoras Hoffman, doña María José ; Isasi , doña Marta ; Molina , doña Andrea ; Nogueira , doña Claudia ; Turres , doña Marisol ; Zalaquett , doña Mónica , y los señores Diputados Álvarez-Salamanca, don Pedro Pablo ; Arenas, don Gonzalo ; Baltolú, don Nino ; Barros, don Ramón ; Bauer, don Eugenio ; Bobadilla, don Sergio ; Calderón, don Giovanni ; Estay, don Enrique ; García-Huidobro, don Alejandro ; Gutiérrez, don Romilio ; Hasbún, don Gustavo ; Hernández, don Javier ; Kast, don José Antonio ; Lobos, don Juan ; Macaya, don Javier ; Morales, don Celso ; Norambuena, don Iván ; Recondo, don Carlos ; Rojas, don Manuel ; Salaberry, don Felipe ; Silva, don Ernesto ; Uriarte, don Gonzalo ; Urrutia, don Ignacio ; Van Rysselberghe, don Enrique ; Vilches, don Carlos , y Von Muhlenbrock, don Gastón .
II. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN.
Reglamentariamente, la Comisión se constituyó el 28 de julio de 2010, y eligió como su presidente al Diputado señor Edwards Silva, don José Manuel . Fue integrada por los Diputados señores Arenas Hódar, don Gonzalo ; Carmona Soto, don Lautaro ; Chahín Valenzuela, don Fuad ; Edwards Silva, don José Manuel ; Espinoza Sandoval, don Fidel ; Estay Peñaloza, don Enrique ; García García, don René Manuel ; Jaramillo Becker, don Enrique ; Norambuena Parías, don Iván ; Saffirio Espinoza, don René ; Tuma Zedán, don Joaquín ; Urrutia Bonilla, don Ignacio , y Von Mühlenbrock Zamora, don Gastón .
Una vez constituida, la Comisión se abocó a la elaboración de un programa de trabajo, el que se formuló, en definitiva, considerando el Acuerdo mismo de la Corporación, según el cual el ámbito de su competencia se encontraba delimitado por el tenor literal de dicha resolución.
III. RELACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO POR LA COMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE SU COMETIDO Y EXPOSICIONES DE LAS PERSONAS QUE CONCURRIERON
a) Sesiones celebradas.
La Comisión celebró una sesión constitutiva, doce sesiones ordinarias, y una sesión especial en la ciudad de Temuco, las que contabilizan un total de catorce sesiones, desde que comenzó su trabajo, el día 28 de julio de 2010, que se extendió hasta el 5 de enero de 2011.
El total de horas de sesión ascendió a 34 horas con treinta minutos, con un promedio de duración de cada sesión de 2 horas y 45 minutos, aproximadamente.
b) Personas invitadas.
En el marco del plan de trabajo ya citado, la Comisión invitó a diversas personas y entidades vinculadas al tema en cuestión, que podían aportar mayores antecedentes al conocimiento del problema.
Para tal efecto, contó con la asistencia de las siguientes personas:
Por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena asistieron el señor Francisco Painepán Parada , Director Nacional , y la señora Karina Doña Molina , Coordinadora Nacional del Programa Orígenes .
Por la Contraloría General de la República asistieron el señor Ramiro Mendoza , Contralor General, la señora Patricia Arriagada , jefa de la División de Auditoría Administrativa, y la señora Dorothy Pérez , Subjefa de la División de Auditoría Administrativa .
Por el Banco Interamericano de Desarrollo asistieron los señores Jaime Sujoy , representante del BID en Chile; Carlos Perafán , especialista del BID en Pueblos Indígenas de la Unidad de Género y Diversidad y jefe de equipo del 'Programa Orígenes II; Alfonso Echeverry , abogado del departamento legal; Alfredo Etchegaray , consultor externo, y Francisco Lois , jefe del Área Financiera .
La Consejera Nacional Indígena Mapuche-Huilliche, Emilia Nuyado Ancapichun , y los Consejeros señores José Santos Millao Palacios , Rafael Tuki , y Miguel Liguempi Nafta .
Por la Asociación de Funcionarios de Conadi asistieron los señores Lohengri Ascencio , presidente nacional '(s) y Nemesio Ceballos , presidente de dicha Asociación de la Región Metropolitana .
Ex director Nacional de la Conadi , señor Álvaro Marifil .
Ex Ministro Coordinador de la Política Indígena , señor José Antonio Viera-Gallo , y asesores señores Ricardo Brodsky y Pablo Hidalgo . Consejero Nacional de la Conadi, señor Hilado Huirilef .
Alcalde de Curarrehue , señor Héctor Carrasco ; alcalde de Saavedra , señor Ricardo Tripainao , y el concejal de Puerto Domínguez , señor Ricardo Zambrano .
Señora Lucila Curihuentro , de la subdirección de la Conadi y de la Asociación Rilán-Calfuco.
Señora Frida Minder Santini , propietaria de una agencia de publicidad de Temuco.
En representación de diversas comunidades mapuches, asistieron las siguientes personas:
Señor Víctor Neculpán Mansilla , de la comunidad indígena Pehuenche Neculpán, de la comuna de Saavedra.
Señora Ana Rosa Huenchún , de 'la comunidad indígena Huenchuñanco .
Señora Jimena Zambrano Sagredo , de la comunidad Rosario Huiscallanca .
Señor Mario Mancada, de la comuna de Cholchol.
Señor Ángel Flores, de la comunidad Andrés Huenchún .
Señor Sergio Curihual Nahuel , Presidente de la Asociación Newen Lof Temuco .
Señora Gabriela Antilén , Presidenta de la comunidad Joaquín Cheuquelén .
Señor Jorge Calluán , representante de un comité de salud de la comunidad Collileufu Chico, de Puerto Saavedra.
Señor Carlos Leal, de la comunidad Pascual Paillalef, sector El Alma.
Señora Juana Tolosa , tesorera de la comunidad Pascual Paillalef , sector El Alma.
Señor Segundo Sandoval, presidente de la comunidad Lleuvul Sandoval de Millahueco, del sector de Padre Las Casas.
Señor Ana Carileo Martínez , de la comunidad Felipe Nitrihuala . Señor Néctar Muñoz , presidente de la comunidad José Silva , de la comuna de Saavedra.
Señora Juanita Pailacura, de la comunidad pehuenche Neculpán, de la comuna de Saavedra.
Señor Osvaldo Neculpán , presidente de la Mesa de Planificación Local Orígenes Ranco, de la comuna de Saavedra.
Señor César González , de la comunidad Cacique Pailacar, de la comuna de Purén.
Señor Antonio Sepúlveda , de la Asociación Choyún Mapu. Señor Hugo Calo , de la comunidad de Catrianche.
Señora Maribel Domínguez Quilipán , de la comunidad Seliao Meliqueo .
Señor Joaquín Letimán , de la comunidad indígena Huenchuñanco .
Señor Juan Colpihuéqui, de la comuna de Curarrehue.
Señor Víctor Neculpán Mancilla , de la comunidad Pehuenche Neculpán.
c) Personas invitadas, que no asistieron.
No asistieron a la Comisión, pese a ser invitados, las siguientes personas:
-Señor Zenón Alarcón Rodríguez , Consejero Nacional indígena Aymara.
-Señor José Llancapan Calfucura , Consejero Nacional Indígena Mapuche Urbano.
-Señor Rubén Reyes Ayman , Consejero Atacameño.
-Señora Fidelina Calfumil ,• Tesorera de la Asociación de Funcionarios de Conadi.
-Señor Alvaro Marifil , ex Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena , Conadi.
-Señor Richard Mansilla ex Jefe Nacional del Fondo de Tierras y Aguas de Conadi .
-Señor Cristían Cayugueo .
d) Documentos recibidos por la Comisión.
-Copia de la presentación realizada por la señora Karina Doña Molina , Encargada Nacional del Programa' Orígenes , en sesión del 11 de agosto de 2010.
-Informe Final N° 106/2010, de Auditoria de Estados Financieros, Préstamo BID 1784 OC-CH, de la Conadi, emitido por la Contraloría General de la República, con fecha 24 de junio de 2010.
-Copia de la sociedad de hecho celebrada entre don Francisco Osvaldo Painepán Parada y doña Andrea Loreto Painepán Pozo, inscrita en la Notaría Pública y Archivero Judicial Valeria Ronchera Flores, de la comuna de San Miguel, con fecha 23 de junio de 2003.
-Listado de comunidades indígenas focalizadas en la Segunda Fase del Programa Orígenes a lo largo del país.
-Listado de proveedores de asistencia técnica por mesas de planificación local, del Programa Orígenes, al 30 de julio del presente año.
-Documento de una página con las comunidades indígenas focalizadas por el Programa Orígenes en la Fase I y II.
-Copia del oficio N°55 del 13 de agosto del 2010, de la Coordinadora Nacional Conadi, señora Karina Doña , sobre los Fondos por Rendir del Programa Orígenes.
-Copia de oficio de !os Senadores Letelier, Quintana , Rossi y Tuma , de fecha 11 de agosto de 2010, por el cual solicitan investigar el montaje realizado a los huelguistas mapuches.
-Informe de auditoría a la Conadi, de la Contraloría General de la República.
-Informe Final Evaluación Intermedia Programa Orígenes Segunda Fase, de julio de 2010.
-Copia del reglamento operativo Segunda Fase del Programa Orígenes, del 22 de julio de 2009.
-Documento de dos hojas de los registros inspecciones e informes.
-Documento de buenas prácticas del Programa Orígenes.
-Copia de documento enviado por el Banco Interamericano del Desarrollo, por el cual informa el procedimiento simplificado para otorgar préstamo a nuestro país para el cumplimiento del Programa Orígenes, de fecha 19 de septiembre de 2006.
-Documento de una página de los estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados desde 1 de enero al 30 de junio de 2010, Préstamo N° 1784/OC-CH, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, del Programa de Desarrollo Integral indígena.
-Documento 1784/0C-CH, sobre desarrollo integral de Pueblo Originarios, Fase II, del Programa Orígenes.
-Documento con cuadro de observaciones de control interno a Conadi, de diciembre de 2007 a diciembre de 2009.
-Copia de documento titulado “¿Qué control hace el BID del uso de sus fondos por parte. del Programa Orígenes?”
-Informe de Cumplimiento de Compromisos al 31de diciembre de 2008, del Ministerio de Planificación, de fecha 19 de agosto de 2009.
-Ley N° 19.253, del 28 de septiembre de 1993, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
-Copia de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, Titulo V “De las Comisiones Especiales Investigadoras”.
-Copia del Acta de Acuerdos celebrado entre Conadi y la Comunidad Ignacio Queipul Millanao, del 18 de noviembre del año 2000.
-Acta del Comité de Revisión y Preselección del 11° Concurso del subsidio de adquisición de tierras para indígenas de junio de 2008.
-Set de documentos entregados por el señor Lohengri Ascencio : oficio N° 516 del Director Nacional Conadi, del 10 de septiembre de 2009; Copia de las bases reglamentarias del 10° concurso de subsidio de adquisición de tierras para indígenas del año 2006; copia de las bases reglamentarias de concurso público de subsidio para adquisición de tierras para indígenas del año 2005; Actas de acuerdos del Consejo Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, correspondientes a la tercera sesión, del 9 de mayo de 2007, la cuarta sesión del 8 de junio del 2007, la sexta sesión del 30 de octubre del 2007 y la octava sesión del 12 de septiembre del año 2008; copia de la auditoria de transacciones realizada por la Contraloría General de la República a Conadi, y copia de tres correos electrónicos, por los cuales adjunta las bases reglamentarías del concurso público para obtener el subsidio para la adquisición de tierras para indígenas, del año 2008.
-Copia del correo electrónico del señor Lohengri Ascencio al Director Nacional de Conadi, don Alvaro Marifil, mediante el cual remite nota de la Asociación de Funcionarios de la Conadi, de fecha 10 de septiembre de 2008.
-Copia de la lista de beneficiarios del noveno concurso público del subsidio de adquisición de tierras para indígenas del año 2005, entregado por el Presidente de la Comisión , don José Manuel Edwards .
-Copia de los antecedentes del Informe 1006/2010, correspondiente a los gastos administrativos del Programa.
-Copia de la carta presentada por el Presidente de la Comunidad Lleuvul Sandoval, señor Segundo Sandoval, al Subdirector Nacional de Conadi, de fecha 26 de abril de 2010.
-Copia de la carta del señor Segundo Santoval, al Ministro de Asuntos Indígenas, de fecha 13 de octubre de 2009.
-Copia del oficio N° 1516 del ex Ministro Secretario General de la Presidencia , don José Antonio Viera-Gallo , de fecha 5 de noviembre de 2009.
-Copia del oficio N° 0482, del Subdirector Nacional de Conadi al señor Segundo Sandoval, de fecha 25 de marzo de 2009.
-Copia de mapa a escala, correspondiente a sitio Marilaf Sandoval N° 546-54, emitido por el Archivero General de Asuntos Indígenas.
-Copia de carta de las comunidades Lleuvul Sandoval (N° registro 1061), Marilaf Sandoval (N° registro 1438) y Lorenzo Galindo (N° registro 1420), al Director Nacional de Conadi , de fecha 20 de febrero de 2009.
-Copia de acta de acuerdo entre Coordinación de Comunidades y Organizaciones Mapuches de la IX Región y el Ministro Viera Gallo, firmada en Temuco el 8 de enero de 2010.
-Copia del oficio N° 0240 del Subdirector Nacional de Conadi, don Rubén Quilapi al señor Sergio Catricura , de fecha 11 de marzo de 2005.
-Presentación de la señora Edith Calfulao, en sesión 10a en Temuco, el 15 de octubre de 2010.
-Copia de carta de la Comunidad Indígena de Padre Las Casas, entregada a la Comisión en sesión 10a en Temuco, el 15 de octubre de 2010.
-Extracto del fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación con la extemporaneidad alegada por el Director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi.
-Fotocopia del diario El Austral, del 10 de septiembre de 2009, en el cual se informa sobre la resolución de la Corte Suprema que obliga a Conadi a restituir beneficios.
-Transcripción del fallo de la Corte Suprema, correspondiente a la Acción Constitucional de Protección N° 1163/2009-Resolución 15422, de fecha 8 de septiembre de 2009.
-Copia de carta del señor Víctor Neculpan y de la señora Jimena Zambrano , dirigida a la ex Presidenta de la República , señora Michelle Bachellet , de fecha 31 de julio de 2009.
-Copia de carta del señor Rodrigo Egaña , Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas a la señora Jimena Zambrano y al señor Víctor Neculpan , con fecha 24 de agosto de 2009.
-Copia de carta N° 446 del Director Nacional de Conadi, a la señora Ana Rosa Huenchun, con fecha 23 de julio de 2009.
-Copia de la invitación, comprobante de entrega de certificado y certificado de obtención de subsidio, correspondiente al 11° concurso, con fecha septiembre de 2008.
-Copia de carta N° 1210 del Subdirector Nacional de Conadi, . señor Daniel Necuipan , al señor Luis Comigual , con fecha 20 de agosto de 2008.
-Copia de la publicación de los resultados del 11° concurso de subsidio de adquisición de tierras indígenas, correspondiente al año 2008.
-Copia de balance en ejercicio del año 2008, realizado por la Agrupación Nacional de ex Presos Políticos de Chile.
-Copia de los estados de ejecución de requerimiento de gastos sin movimiento de efectivo, desde el 1 de enero de 2010 al 30 de septiembre de 2010, realizado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, con fecha 4 de octubre de 2010.
-Gráficos con el presupuesto total de Conadi y el ejecutado los años 2009-2010.
-Presentación realizada a la Comisión Investigadora por el ex ministro Coordinador para Asuntos Indígenas, don José Antonio Viera-Gallo , en sesión 8', del 6 de octubre de 2010.
-Oficio N° 67 de la Coordinadora Nacional del Programa Orígenes - Conadi, a través del cual da respuesta al oficio N° 020/2010, enviado por esta Comisión, en relación a la evolución del gasto operacional del Programa “Orígenes”, y los parámetros técnicos con los que operan las consultoras (Anexo 1: Orientaciones Técnicas para la formulación del PDI); Anexo 2: Bases Técnicas Administrativas de Licitación PAT; Anexo 3: Contrato de Prestación de Servicios PAT; Anexo 4: Guía Orientaciones Técnicas para Gestión de la MPL; Anexo 5: Identificación de Proyectos para Inversiones Iniciales; Anexo 6: Orientaciones técnicas para evaluar los productos de la etapa de formulación del PDI; Anexo 7: Formulario de Proyecto de Fortalecimiento e Identidad Cultural; Anexo 8: Resolución N° 1.111 que regula instrumento Indap-Orígenes; Anexo 9: Resolución N° 142 con Términos de Referencia Instrumento Fondo de Desarrollo para proyectos extra agrícolas; Anexo 10: Manual de uso de Mofim y Maza (instrumentos de Conaf para el Programa Orígenes).
-Oficio N° 71 de la Coordinadora Nacional del Programa Orígenes-Conadi, mediante el cual adjunta listado de proveedores de asistencia técnica que han trabajado entre los años 2006 al 2010, solicitado mediante oficio N° 009/2010.
e) Oficios despachados.
-Of. 08/2010, del 4 de agosto de 2010, al señor Francisco Painepán Parada , Director Nacional de la Conadi , con el objeto de que se sirva remitir un listado de los predios adquiridos por la Conadi entre los años 2006-2010, indicando el valor que se pagó por hectárea, el tipo de suelo de cada uno de ellos, el nombre de los dueños, los intermediarios y de los beneficiarios de los mismos.
-Of. 09/2010, del 4 de agosto de 2010, al señor Francisco Painepán Parada , Director Nacional de la Conadi , con el objeto de que se sirva remitir un listado de las consultoras que han trabajado en el Programa Orígenes entre los años 2006 a 2010, acompañando las escrituras de constitución de las sociedades respectivas. Respuesta: oficio N° 71, de fecha 16 de septiembre de 2010, de la señora Karina Doña Molina , Coordinadora Nacional del Programa Orígenes-Conadi.
-Of. 010/2010, del 4 de agosto de 2010, al señor Francisco Painepán Parada , Director Nacional de la Conadi , para que informe los nombres, calidad funcionaria, horarios de jornada laboral, remuneraciones y funciones del personal de la Conadi en los años 2006-2010, especificando los funcionarios que tendrían diferencias injustificadas en sus ingresos.
-Of. 011/2010, del 4 de agosto de 2010, al señor Francisco Painepán Parada , Director Nacional de la Conadi para que informe respecto de los funcionarios que toman las decisiones en la compra de tierras, indicando si entre los beneficiarios se encuentra alguno de ellos, la comunidad a la cual pertenecen o personas con quienes tengan algún vínculo de parentesco.
-Of. 012/2010, del 4 de agosto de 2010, al señor Francisco Painepán Parada , Director Nacional de la Conadi para que informe acerca de los sumarios administrativos que se han instruido por presuntas irregularidades detectadas en el Programa Orígenes o en la asignación de tierras, indicando el estado en que se encuentran y la fecha probable en que concluirán.
-Of. 013/2010, del 4 de agosto de 2010, al señor Francisco Painepán Parada , Director Nacional de la Conadi , para que informe respecto de la resolución N° 0170, de 24 de febrero de 2010, de la Conadi, por la cual se habría beneficiado con un subsidio a personas que residen en Francia, Argentina, Suecia, Bélgica , Inglaterra y Canadá, indicando si este beneficio se ajusta a la normativa legal vigente. Además, solicita información acerca de las comunidades receptoras de tierras en que sus miembros viven o vivían separados en distintas regiones de Chile o en otros países, especificando su condición socioeconómica y los antecedentes que se contenían en las carpetas de cada una de ellas.
-Of. 014/2010, del 4 de agosto de 2010, al señor Francisco Painepán Parada, Director Nacional de la Conadi, para que informe respecto de las personas que han sido beneficiados sin cumplir con los requisitos que exige la ley, en cuanto a la entrega de subsidios y entrega de tierras.
-Of. 015/2010, del 4 de agosto de 2010, al señor Francisco Painepán Parada , Director Nacional de la Conadi , para que informe respecto de los viáticos y pasajes que se pagaban en la Conadi en el período 2006-2010, en particular, el incremento que se producía durante los meses de marzo, septiembre y ,diciembre. Además, se solicita información acerca de los vehículos utilizados por los funcionarios de la Conadi y del Programa Orígenes que sufrieron algún siniestro, indicando si ellos se produjeron en el ejercicio de sus cargos o en alguna otra actividad.
-Of. 016/2010, del 4 de agosto de 2010, al señor Francisco Painepán Parada , Director Nacional de la Conadi , para que remita una nómina de todos los funcionarios que dependen de la Conadi y del Programa Orígenes en sus respectivas funciones, tipo de contratos y rentas en la VIII y IX Regiones.
-Of. 017/2010, del 4 de agosto de 2010, al señor Francisco Painepán Parada, Director Nacional de la Conadi para que informe si es efectivo que existen personas que han recibido hasta 10 millones de pesos por parte de la Conadi para programas que nunca se ejecutaron. Si la respuesta es afirmativa se solicita individualizar a los beneficiarios.
-Of. 018/2010, del 4 de agosto de 2010, al señor Francisco Painepán Parada , Director Nacional de la Conadi , para que informe a esta Comisión acerca del proyecto de fortalecimiento del rol de los Consejeros Indígenas, explicando su legalidad respecto a los objetivos del Programa Orígenes. Además, se solicita un detalle de las rendiciones de dinero del referido proyecto.
-Of. 019/2010, del 4 de agosto de 2010, al señor Contralor General de la República , para que remita a esta Comisión copia del Informe emitido por ese órgano sobre la responsabilidad administrativa de los Consejeros Indígenas y demás antecedentes que respaldan el informe.
-Of. 020/2010, del 11 de agosto de 2010, a la señora Karina Doña Molina , Coordinadora Nacional del Programa Orígenes, para que se sirva informar a esta Comisión, sobre la evolución del gasto operacional del Programa Orígenes, durante los años de su funcionamiento, y sobre los parámetros técnicos que emplean las Consultoras en su trabajo con las Comunidades. Respuesta: oficio N° 67, de fecha 9 de septiembre de 2010, de la señora Karina Doña Molina , Encargada Nacional del Programa ORÍGENES—Conadi,
-Of. 021/2010, del 11 de agosto de 2010, a la señora Karina Doña Molina , Coordinadora Nacional del Programa Orígenes, para que informe a esta Comisión, en forma detallada, sobre el saldo de 80 millones de pesos que aún no se han rendido por comunidades beneficiarias del Programa, y respecto de la cantidad de 10 millones de pesos que se han declarado incobrables, adjuntando, además, la información relativa a las acciones judiciales emprendidas al respecto.
-Of. 06212010, del 27 de octubre de 2010, al señor Francisco Painepán Parada , Director Nacional de la Conadi , para que envíe copia de la carpeta que obra en esa institución respecto de la comunidad Mulato Huenulef y todos los antecedentes que por ley deben constar en ella.
-Of. 063/2010, del 27 de octubre de 2010, al señor Felipe Kast Sommerhoff, Ministro de Planificación, para que remita copia de los decretos de nombramiento de los Consejeros de la Conadi, del año 2000.
Del total de oficios despachados solicitando antecedentes, sólo fueron respondidos dos, y ninguno por la Conadi.
IV. ANTECEDENTES GENERALES.
Previo a la presentación de los antecedentes acumulados en relación con los hechos que originan esta investigación, se ha estimado pertinente hacer una referencia al marco normativo en materia de institucionalidad indígena.[1]
En el año 1993 se dictó en Chile la ley N° 19.253, que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, conocida habitualmente como Ley Indígena. Esta norma tuvo como principal objetivo reconocer a los indígenas y etnias de Chile, y generar las condiciones y la institucionalidad necesarias para que pudieran desarrollarse, de acuerdo a sus costumbres y estilos de vida.
El artículo 1° de la Ley Indígena establece, en su inciso tercero, el deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones, de “respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación”.
En cumplimiento de este deber, es que, dentro de ese mismo cuerpo legal, se establecen una serie de herramientas destinadas a las finalidades antes mencionadas. En este sentido, se establecen dos fondos: uno, el fondo para tierras y aguas indígenas, destinado a otorgar subsidios para la adquisición de tierras por personas, Comunidades Indígenas o una parte de éstas, financiar mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierras y para financiar la constitución, regularización o compra de derechos de aguas o financiar obras destinadas a obtener este recurso.
El segundo, es el Fondo de Desarrollo Indígena, cuyo objeto, conforme con el artículo 23 de la ley, es el financiamiento de programas especiales dirigidos al desarrollo de las personas y comunidades indígenas, mediante planes especiales de crédito, sistemas de capitalización y otorgamiento de subsidios en beneficio de las Comunidades Indígenas e indígenas individuales.[2]
Además de estas líneas de acción, el Título IV de la Ley Indígena establece normas relativas al reconocimiento, respeto y protección de las culturas indígenas y sobre la educación indígena y, en el Título V se regula la participación indígena, estableciendo, en su artículo 34, el deber de los servicios de la administración del Estado y las organizaciones de carácter territorial, cuando traten materias que tengan injerencia o relación con cuestiones indígenas, de escuchar y considerar la opinión de las organizaciones indígenas. Dicha disposición está en consonancia con lo dispuesto por el Convenio N° 169 de la OIT.[3]
A) Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
En el marco antes descrito, se crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi [4], que tiene como finalidad, conforme con el artículo 39 de la Ley Indígena, ser el organismo encargado de promover, coordinar y ejecutar, en su caso, la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo económico, social y cultural y de impulsar su participación en la vida nacional. Se trata de un servicio público dirigido a conducir la relación del Estado con los indígenas, y encargado tanto de aplicar como de implementar la ley indígena. [5]
Consejo Nacional
La Dirección Superior de la Conadi, conforme con el artículo 40 de la Ley Indígena, le corresponde al Consejo Nacional [6] cuyas funciones se refieren a la definición de las políticas, planes y programas relativos a materias de indígenas, que deben ser desarrollados por la propia Conadi, como así también sugerir planes y programas a desarrollar por otros organismos del Estado y proponer reformas legales, reglamentarias y administrativas relativas a los indígenas o que les afecten directa o indirectamente.
Director Nacional
En el plano administrativo, el Director Nacional de la Conadi , conforme con el artículo 44 de la Ley, es el Jefe Superior del Servicio , correspondiéndole la representación judicial y extrajudicial del servicio como así también la organización interna del mismo. En su calidad de representante de la Conadi, le corresponde además suscribir toda clase de actos y contratos sobre bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales.
De las demás funciones que la ley le entrega, cabe destacar que es el Director el encargado de: la ejecución del presupuesto, informar al Consejo sobre la marcha de las actividades de la Corporación y someter a su consideración los planes y proyectos específicos.
Subdirecciones Nacionales
El artículo 38 de la ley dispone que existen dos subdirecciones nacionales [7]; una en la ciudad de Temuco para la VIII, IX, X y XIV Región [8], y otra en la ciudad de Iquique para las regiones 1, y XV Región [9].
El artículo 45 de dicha norma establece que las Subdirecciones Nacionales son las encargadas de orientar y ejecutar, descentralizadamente, la acción de la Conadi en favor de las personas, agrupaciones y Comunidades Indígenas dentro de su respectivo ámbito. Están a cargo de un Subdirector Nacional que será asesorado por un Consejo Indígena.
Los Subdirectores Nacionales ejercen similares funciones que el Director Nacional, requiriendo, eso sí, en algunas actuaciones, contar con la ratificación del Director Nacional.
Consejo Indígena
Los Consejos Indígenas, establecidos en el artículo 46 de la Ley Indígena, en tanto, son órganos de participación y consulta, y sus integrantes no reciben remuneración por el ejercicio de esta función y es presidido por el respectivo Subdirector.
Los Consejeros son nombrados mediante resolución del respectivo Subdirector Nacional. Su duración, los requisitos para ser consejeros, las causas de cesación en el cargo, las fórmulas de reemplazo y las demás normas de funcionamiento son establecidas mediante un reglamento expedido por el Presidente de la República .
Las funciones específicas de estos Consejos, conforme con ese mismo artículo 46 son:
a) Analizar las acciones, planes y programas que la Corporación ejecute en su jurisdicción.
b) Hacer las sugerencias que estime conveniente, en especial, aquellas destinadas a coordinar la acción de los órganos del Estado en función del desarrollo indígena.
c) Sugerir mecanismos de participación de los indígenas.
d) Dar su opinión sobre todas aquellas materias que sean sometidas a su conocimiento.
B) Patrimonio de la Conadi.10
Conforme con el artículo 50 de la Ley Indígena, el patrimonio de la Conadi se compone por:
a) Los recursos que le asigne anualmente la Ley de Presupuestos de la Nación y todo otro que se le asigne en conformidad a la ley.
b) Los aportes reembolsables y no reembolsables de la cooperación internacional.
c) Los bienes muebles o inmuebles que reciba o adquiera a cualquier título y los frutos de tales bienes.
d) Las herencias, legados y donaciones que reciba.
e) Todo otro bien o aporte que le sea asignado por ley.
C) Programa Orígenes
Atendido al hecho de que dentro del mandato de la Comisión se encuentra la investigación de algunas irregularidades que se habrían producido en el Programa Orígenes, resulta necesario hacer una breve descripción acerca del mismo.
El Programa Multifase de Desarrollo Integral de Comunidades Indígenas -Programa Orígenes-, se enmarca dentro de las medidas que el Estado de Chile ha tomado para el apoyo y fortalecimiento de los pueblos originarios, específicamente los pueblos Aymara, Atacameño y Mapuche en zonas rurales. A través de procesos participativos (que contempla capacitación, asistencia técnica y acompañamiento) de planificación local y territorial, como también la ejecución de proyectos comunitarios, productivos, culturales y de medicina tradicional, se espera contribuir a mejorar las capacidades y oportunidades dentro de los destinatarios en el ámbito productivo, educativo, cultural y de salud, y fortalecer las áreas de desarrollo indígena. Adicionalmente, se apoya la implementación de un modelo de Educación Intercultural Bilingüe en las 162 escuelas focalizadas del Programa, como también modelos de atención intercultural de salud.
Para institucionalizar la temática indígena en los distintos sectores del Estado, 'el Programa crea capacidades en los organismos públicos para que la atención a las personas y a las comunidades indígenas sea articulada, adecuada y con pertinencia cultural. Para ello se capacita a funcionarios públicos, se coordina con [os organismos coejecutores del Programa (Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Instituto de Desarrollo Agropecuario, Corporación Nacional Forestal, y la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena) y se llevan a cabo procesos de socialización en los servicios y organismos públicos en los territorios donde éste trabaja.
El Programa pretende implementar un enfoque de integralidad de una intervención altamente participativa y con perspectiva de género, dentro de un marco de trabajo de articulación intersectorial desde el Estado. El Programa es financiado con aportes del Estado chileno y un préstamo multifase del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En su Primera Fase (2001 a 2004), opera en zonas rurales en cinco regiones del país (I, VIII, IX y X regiones).
En esta etapa, el organismo responsable de este Programa es el Ministerio de Planificación. En esta Primera Fase ejecutada entre los años 2001 y 2006, está caracterizada como una experiencia piloto donde se implementaron de manera experimental metodologías y modelos. Con posterioridad al año 2007 pasa a la Conadi, que empieza a tener la titularidad de su ejecución.
Conviene tener presente que en noviembre de 2006 se procedió a la firma del Convenio de Préstamo entre el BID y el Gobierno de Chile [11] para el desarrollo de [a Segunda Fase del Programa Orígenes, cuyo fin es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de comunidades del área rural de los pueblos Aymara, Atacameño, Quechua y Mapuche. Su propósito es promover el desarrollo con identidad de comunidades rurales indígenas en siete regiones del país, fortaleciendo sus capacidades y generando mayores oportunidades en su entorno público.
La Segunda Fase se inició en enero de 2007, una vez que Contraloría tomó razón del Contrato de Préstamo firmado con el BID y contempla una duración de cinco años, hasta el 2011.
El Programa opera en las regiones de Tarapacá, Arica-Parinacota , Antofagasta, Bío Bío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos. El presupuesto contemplado alcanza a U$ 109.900.000 (M$ 59.346.000).
La acción del Programa en su Segunda Fase está organizada en dos Subprogramas:
-Subprograma Desarrollo Integral de Comunidades Indígenas, cuyo objetivo es fortalecer a las comunidades indígenas en su capital social, cultural, natural, físico y patrimonial.
-Subprograma Oferta Pública Culturalmente Pertinente, cuyo objetivo es la modificación de prácticas de entrega de servicios y de articulación con la demanda indígena por parte de los servicios públicos y organismos de la Administración del Estado, para que la oferta pública sea más pertinente y adecuada a la realidad sociocultural de las comunidades indígenas.
Participan del Programa como organismos subejecutores, encargados del desarrollo de algunas áreas de acción específicas: Indap, Conaf , Ministerio de Salud con su Programa Especial de Salud de Pueblos Indígenas ( Pespi ) y el Ministerio de Educación con su Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB).
Enfoque y metodología de trabajo con las comunidades
El Programa se sustenta en un enfoque de restitución de derechos a las comunidades, donde se busca que ellas ejerzan el derecho a la participación, a la, autogestión y a la decisión sobre sus recursos; expresándose todo ello en una práctica concreta según la metodología aplicada en esta fase.
La metodología de trabajo está basada en un enfoque territorial, donde se agrupa a las comunidades indígenas que comparten una misma identidad territorial según sus parámetros culturales. Para esto se trabaja por sectores a través de Mesas de Planificación Local (MPL), constituidas por las comunidades y con la participación de Orígenes-CONADI, Municipios y Servicios Públicos, de tal forma de vincular la demanda de las comunidades con los instrumentos de inversión del Estado.
Estas Mesas de Planificación Local constituyen la instancia de participación y operación colectiva de las comunidades indígenas a través de la cual se coordina el proceso de formulación y ejecución de un Plan Desarrollo Integral y la consecuente toma de decisiones acerca de las inversiones y priorizaciones de las distintas líneas de acción que debe emprender el Programa.
El Plan de Desarrollo Integral (PDI) constituye la estrategia de acción a mediano y largo plazo para las comunidades indígenas con las que trabaja el Programa. A través de éste se busca instalar un proceso participativo de planificación y ejecución de inversiones, a partir de procesos de diagnóstico y análisis local y de la formulación de una estrategia de acción definida en cada sector por las propias comunidades. En el marco de: PDI, las comunidades cuentan con un Fondo de Decisión Local (FDL), cuya sanción de asignación se efectúa por parte de estas en la MPL y que está destinado al desarrollo de proyectos autogestionados de fortalecimiento organizacional de las comunidades, de identidad cultural y de desarrollo económico. Además, el PD1 contempla la vinculación con planes de acción e inversiones de los Servicios Públicos y Municipios, buscando contribuir a la coordinación y gestión integrada de los organismos públicos y privados a nivel de las comunidades indígenas.
El proceso de trabajo del Plan de Desarrollo Integral contempla un ciclo de trabajo en cada territorio de dos años de duración. Para apoyar la formulación y ejecución de este, se contratan Proveedores de Asistencia Técnica (PAT), los cuales son instituciones, empresas o equipos de profesionales que prestan los servicios de formación, capacitación, asistencia técnica y apoyo a las comunidades, organizaciones y asociaciones indígenas en la formulación y ejecución de sus Planes de Desarrollo Integral.
El ciclo de PDI contempla una primera etapa donde se formula este participativamente y se desarrollan un conjunto de inversiones iniciales en algunos ámbitos, para luego desarrollar una segunda etapa de ejecución de los proyectos contemplado en el PDI y de trabajo de vinculación de este con la oferta del Estado.
V. AUDIENCIAS PÚBLICAS
Vuestra Comisión, junto con escuchar las opiniones y recibir los antecedentes que le aportaron sus invitados, celebró nueve audiencias públicas para recabar directamente de los interesados y/o afectados por las situaciones objeto de su investigación sus opiniones y experiencias.
En el marco de las audiencias públicas celebradas por la Comisión se recibió a diversas autoridades, técnicos, organizaciones y particulares, cuyo detalle, in extenso, se contiene y puede consultarse en fas versiones taquigráficas de las sesiones, confeccionadas por la Redacción de Sesiones de la Corporación, que se insertan en las actas correspondientes.
A continuación, se da cuenta de los acápites principales abordados por las distintas personas que asistieron a las audiencias, las que expusieron en líneas generales lo siguiente:
Sesión 2', celebrada el 4 de agosto de 2010.
Francisco Painepán Parada , Director Nacional de la Corporación de Desarrollo Indígena , Conadi.
Concurrió a entregar su testimonio el señor Director Nacional de la Conadi , quien señaló que se hizo cargo de este organismo el 23 de marzo de este año, en Temuco, y que desde ese momento y durante estos cuatro meses, ha tratado de conducir de la mejor forma posible la institución, lo cual -a su juicio- no ha sido una tarea fácil.
Manifestó que el presupuesto asignado para el período es de $ 62.408.602, que están divididos en tres grandes fondos. El primero corresponde al Fondo de Desarrollo indígena, el segundo, al Fondo de Cultura y Educación, y el último corresponde al Fondo de Tierras y Aguas. La Conadi no tiene ingresos propios; sólo recibe aportes del Estado. Agregó que dar a conocer la forma cómo se distribuye el presupuesto sería muy engorroso y extenso, por lo que a grandes rasgos señaló que el Fondo de Desarrollo Indígena abastece a tres programas: un subsidio a estudios de preinversión para el desarrollo indígena, un subsidio al fomento de la economía indígena urbana y rural, y un subsidio de apoyo a la gestión social indígena.
A través del Fondo de Cultura y Educación se desarrollan cinco grandes programas: manejo y protección del patrimonio cultural indígena, subsidio a la capacitación y especialización de indígenas, difusión y fomento de las culturas indígenas, aplicación de diseño curricular pedagógico e intercultural, y recuperación y revitalización de [as lenguas. Manifestó, también, que existen dos programas que nacieron recientemente: uno de ellos tiene relación con la Unidad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, UMA, y el otro está dirigido a las consultas, con el fin de interpretar y dar el mejor uso posible al Convenio 169 de la 01T.
Asimismo, a través de otro fondo, existe la posibilidad de adquirir activos no financieros como vehículos, mobiliario, equipos y programas informáticos, y hacer transferencias de capital al sector privado, ya sea Indap, Conaf o la Junaeb, para la entrega de beneficios a través de becas y otros instrumentos.
Destacó que desde la génesis de la Conadi, se ha perdido un poco el concepto de los fines para e] cual fue creada, que no era otro que ser una corporación nacional de desarrollo indígena, pero que con el tiempo se transformó en una oficina de compra de tierras. Con el predicamento de la descentralización se llevó la entidad a la Novena Región, transformando a este organismo público de tanta importancia a nivel nacional en una isla, que está ajena a todo lo que son los ministerios y otros organismos, lo cual ha hecho extraordinariamente dificultosa la creación de alianzas estratégicas a través de diferentes ministerios.
Subrayó que desde su punto de vista, y con la responsabilidad que le compete como director nacional, su mayor preocupación radica en cómo se ha destinado parte importante del presupuesto de más de 62 mil millones de pesos. A saber, el 68 por ciento está dirigido sólo a compras de tierras en la Novena Región, dejándose de lado parte importante del espíritu, el fondo y la forma de la ley N° 19.253, al dedicar sólo un 2 por ciento de este porcentaje a educación y cultura, lo que contradice la ley, que señala que se debe fortalecer, cuidar y proteger todo lo que diga relación con nuestro patrimonio cultura] indígena. La ley protege a nueve etnias a lo largo de todo el país.
Hizo presente que le preocupa especialmente el tema de la educación, porque no es motivo de satisfacción, independiente de que no depende específicamente de Conadi pero sí, tal vez, de las gestiones que no se hicieron. El hecho de que en la Novena Región existan hoy 467 escuelas unidocentes, catastradas por el Ministerio de Educación, las está transformando, señaló, en una industria generadora de mano de obra barata. Asimismo, acotó, el capital humano se encuentra en evidente riesgo social, pues los jóvenes se insertan en los lugares de más riesgo en términos de incremento en alcoholismo, drogadicción y delincuencia.
Manifestó que quiere creer que no se ha hecho con mala intención, pero ha habido una política pública mal desarrollada, desde su punto de vista, pues un recuento histórico señala que el pueblo mapuche -especialmente el de la Novena Región- era pobre, eso es innegable, pero transcurridos veinte años el pueblo mapuche es inmensamente pobre. Además, hay un foco incipiente, en ningún caso de menor importancia, de violencia en algunos sectores de La Araucanía. Y existe más pobreza, a lo cual hay que agregar que se han registrado cuatro muertos en este período.
Desde ese punto de vista, acotó, algo no se ha hecho bien, y hay que mejorarlo. Cree que hay que tener la voluntad no sólo de recuperar tierras, sino de entregar herramientas que permitan que las personas puedan hacer algo productivo en esos terrenos, con el fin de sacarlos de la indigencia y la marginalidad en que se han mantenido durante mucho tiempo. Le parece que se ha transformado la pobreza y se ha lucrado en base a la indigencia y la marginalidad de los pueblos originarios, tratando de mantener en forma permanente un museo histórico viviente, situación que como director de Conadi manifiesta su total desacuerdo.
Agregó, que durante los cuatro meses que lleva dirigiendo esta entidad ha habido varias situaciones que le han llamado la atención. Como el hecho de que no había un orden con relación al trabajo de las personas. Hoy tiene funcionarios que trabajan en los mismos programas, pero que tienen diferentes contratos de trabajo. Por ejemplo, en el Programa de Información de Desarrollo Indígena hay algunas personas a contrata y otros a honorarios. Otra cosa que le ha sorprendido es la irregularidad en los procesos de ingreso de las personas y de participación en sus labores diarias. Entiende que se hizo cargo de la dirección en un momento en que viene recién saliendo el país de un tremendo desastre geográfico. No obstante, al cambiarse de ubicación la CONADI esta situación permanece y hay un ausentismo importante durante el día. También el alto incremento en el tema de viáticos y pasajes, donde de pronto hay una capacitación para una persona y van cinco, quedando incluso 'el chofer institucional abajo del vehículo. Informó que, cuentan con una dotación de ocho vehículos en la subdirección sur y siete vehículos siniestrados, algunos de los cuales quedaron en esta condición al ser usados en días festivos.
Subrayó que le sorprenden muchísimo dentro de todos estos programas, cosas como aquellas que dicen relación con el tema de compras de tierras, que es la situación más cuestionada a través de [os diferentes gobiernos. Se refirió a los procesos de adjudicación, en donde personas que hoy tienen cargos al interior de la Conadi han sido no solamente miembros de las juntas evaluadoras de puntaje, sino que además han sido adjudicados con terrenos. Además, hay comunidades conformadas por personas que no viven en la Región de La Araucanía y que fueron a formar parte de estas comunidades teniendo domicilios registrados en Anca, Iquique , Antofagasta y otros.
Explicó que se trata de cantidades no menores de dineros, que desde su punto de vista constituye una situación poco transparente, por decir lo menos, porque no puede una persona calificar, evaluar y adjudicarse. Le parece bastante irregular el sistema. Eso tiene relación con el tema de compra de tierras a través de los procesos que se han llevado a cabo.
Respecto del valor de la tierra, indicó que desde 1994 a 2009, la hectárea de terreno subió de 428.335 pesos hasta 3.539.592 pesos, con un incremento del 826 por ciento. No considera responsable dejar esa situación, si no impune, en el olvido, porque está involucrada una cantidad, no menor, de miles de millones de pesos, ya que los más perjudicados han sido los pueblos originarios. Agregó que si se hubiera aplicado una estandarización en la compra de los terrenos se habrían beneficiado alrededor de 42 mil farriilias en ese período.
Apuntó que más que elaborar un informe en relación con la Conadi, ha querido dar a conocer cuáles son las situaciones de las que ha tenido que hacerce cargo desde el momento en que asumió la dirección, con el objeto de tratar de enmendar y mejorar todas aquellas que son motivo de cuestionamiento en el informe N° 327 de la Contraloría General de la República.
Explicó que la Conadi no tiene ingresos propios aparte del apode fiscal, cuyo presupuesto asignado para el año 2010 es de $ 62.408.602 pesos, que están divididos en tres grandes fondos:
1. Fondo de Desarrollo Indígena. Este Fondo abastece a tres programas: un subsidio a estudios de pre inversión para el desarrollo indígena; un subsidio al fomento de la economía indígena urbana y rural, y un subsidio de apoyo a la gestión social indígena.
2. Fondo de Cultura y Educación. A través de este fondo se están desarrollando cinco grandes programas: manejo y protección del patrimonio cultural indígena; subsidio a la capacitación y especialización de indígenas; difusión y fomento de las culturas indígenas; aplicación de diseño curricular pedagógico e intercultural, y recuperación y revitalización de las lenguas. También, tenemos dos programas que nacieron recientemente, uno de ellos tiene relación con la Unidad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, UMA, y el otro está dirigido a Las Consultas, con el fin de interpretar y dar el mejor uso posible al Convenio 169 de la OIT.
3. Fondo de Tierras y Aguas. Destacó que desde la creación de la Conadi se ha perdido el sentido para el cual fue creada y se transformó en una oficina de compra de tierras. El 68% del presupuesto de CONADI está dirigido sólo a compras de tierras en la Novena Región y sólo un 2% a educación y cultura, lo que vulnera el espíritu de la ley N° 19.253, que señala que se debe fortalecer, cuidar y proteger todo lo que diga relación con el patrimonio cultural indígena. Si bien se han recuperado 632 mil hectáreas de terreno, hoy están sin uso y en muchos casos son arrendadas a las mismas personas que vendieron los terrenos a los comuneros mapuches.
Cree que hay que tener la voluntad no sólo de recuperar tierras, sino de entregar algo que permita que las personas puedan hacer producir esos terrenos, con el fin de sacarlos de la indigencia y la marginalidad en que se han mantenido durante mucho tiempo. Me parece que, por decir lo menos y en forma muy respetuosa, se ha transformado la pobreza y se ha lucrado en base a la indigencia y la marginalidad de nuestros pueblos originaros, tratando de mantener en forma permanente un museo histórico viviente.
Personal de Conadi. Indicó que le sorprendía la irregularidad en los procesos de ingreso de las personas y de participación en sus labores diarias, con altos niveles de ausentismo durante la jornada laboral. También es preocupante la falta de orden en cuanto a las contrataciones: existen distintos funcionarios en un mismo programa, algunos a contrata y otros a honorarios; hay personas que ganan 350 mil pesos y otros 800 mil pesos; hay otros que se les paga jornada completa y tienen contrato por media jornada; otros a quienes se les paga asignación profesional y tienen cuarto año medio. Además, constató que en el tema del pago de pasajes, viáticos y asignaciones país, tenía un fuerte incremento histórico en los meses de marzo, mediados de septiembre y fiestas de fin de año. Le resulta bastante incomprensible entender que hay personas que desarrollando una misma actividad tengan una diferencia de remuneraciones que a veces supera el 150 por ciento.
Destacó que en el ámbito laboral se habían hecho modificaciones que se permitieron que, en cuatro meses de gestión, sin haber detenido ni un solo programa, Conadi logró bajar en un 27% sus costos a nivel nacional, de 91.884.000 a 66.870.000 pesos.
Otra irregularidad detectada fue el hecho de que a pesar de que existía un sistema de video conferencia, éste no se utilizaba, con el fin de realizar viajes y obtener el pago de viáticos. Dicho sistema se puso en marcha lo que permite un contacto directo con Santiago con el costo de una llamada telefónica, que se extenderá próximamente a Isla Pascua, Punta Arenas, Valdivia , Osorno y Cañete .
Por otra parte, indicó que la Conadi es uno de los organismos públicos con más sumarios vigentes a la fecha, los cuales estaban detenidos al momento que asumió el cargo de Director Nacional, no obstante que existían recomendaciones de sanciones por parte de la Contraloría General de la República.
Adquisición y adjudicación de tierras. Señaló que en cuanto a los programas que maneja la Conadi, este es uno de los temas más cuestionados, que han significado sumarios internos, funcionarios destituidos, procesos criminales para determinar responsabilidades y comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados. Hay personas que hoy tienen cargos al interior de la Conadi, han sido no solamente miembros de las juntas evaluadoras de puntaje, sino que además han sido adjudicados con terrenos a través del artículo 20-A.
Además hay comunidades conformadas por personas que no viven en la Región de La Araucanía y tienen domicilios registrados en Arica, Iquique , Antofagasta y otras regiones. No puede una persona calificar, evaluar y adjudicarse. A vía de ejemplo, señaló el caso de una persona que se adjudicó la compra de un terreno sobre la base del subsidio establecido en la letra a) del artículo 20 de la Ley Indígena, en circunstancias de que era parte de la junta calificadora que otorgó el puntaje. Otra situación absolutamente irregular es la resolución N° 0170, de 24 de febrero de 2010, de la Conadi, que permitió que diez personas fueron beneficiadas con un subsidio de $ 6.700.000 cada una, a pesar de que viven en Francia, Argentina, Suecia, Bélgica , Inglaterra, Alemania y Canadá .
Se refirió, a continuación, a la forma en que se ha llevado a cabo el proceso de compra de tierras y la variación que ha tenido el valor de la hectárea, señalando que desde 1994 a 2009, subió desde $ 428.335 hasta $ 3.539.592 pesos, con un incremento del 826 %. Si se hubiera aplicado una estandarización en la compra de los terrenos se habrían beneficiado alrededor de 42.000 familias en ese período. Agregó que entre 1994 y 2009 la Conadi destinó la suma de 161 mil 171 millones 783 mil 692 pesos al programa de entrega de tierras. Muchas de estas fierras hoy, se encuentran abandonadas o subutilizadas.
Explicó que entre 1999 y 2009 se invirtieron 116 mil 586 millones 484 mil 884 pesos en la compra directa de 73.785 hectáreas de terreno. Si en esos años se hubiese pagado un millón de pesos en promedio por hectárea, se habría podido beneficiar, aproximadamente, a 164 mil estudiantes con la beca indígena o comprar 42.821 hectáreas adicionales, para beneficiar a más de 3.300 familias.
También hay problemas en los puntajes asignados para los postulantes de tierras en las comunas del alto Biobío. Señaló el caso de una postulación de 22 personas, en que el mayor puntaje correspondió a 1.020 puntos, no obstante lo cual el subsidio se lo adjudicó una persona que sólo tenía 930 puntos. Otro caso es el del señor Hilado Huirilef , consejero nacional de Conadi , que forma parte de la comunidad Mulato Huenulef , del sector de Chol-Chol, conformada por personas que vivían en Arica y Antofagasta, que adquirió un terreno de 83 u 84 hectáreas, por el precio de 154 millones 750 mil pesos.
Consultado si personalmente había recibido dinero de Conadi, respondió afirmativamente, aunque se hizo en un momento en que no era funcionario de dicha Corporación. Explicó que en el año 2008 participó de un proyecto microempresarial de Conadi con Sercotec, para lo cual cambió la razón social de su negocio de ferretería industrial a la venta de quesos, frutos secos y similares, con autorización de funcionarios de Conadi en Santiago.
Consejeros nacionales.
Explicó que éstos son elegidos mediante votación universal, entre los miembros de los pueblos originarios. A pesar de que no son funcionarios contratados de Conadi recibían, hasta el momento en que asumió como director, una dieta mensual de 750 mil pesos mensuales para gastos de transporte, movilización y visitas a las comunidades.
De acuerdo a la ley N° 19.253, los concejeros tienen la responsabilidad de presentar un presupuesto anual y aprobar los programas. Sin embargo, en la práctica han tenido otras atribuciones y formaban parte, incluso, de las juntas evaluadoras de puntaje y participaban también en las decisiones finales. De acuerdo a lo dicho por la Contraloría General de la República, esta situación los hace responsables administrativamente por mal uso de sus facultades en su calidad de consejeros nacionales.
Por último, señaló que hay una parte importante del Programa Orígenes -200 millones de pesos- destinados al fortalecimiento del Consejo Nacional, que no fue contemplado al crear el Programa Orígenes.
Karina doña Molina , Coordinadora Nacional del Programa Orígenes .
La señora Karina Doña Molina , realizó su exposición sobre las eventuales irregularidades del Programa Orígenes, a partir del informe entregado por la Contraloría General de la República, enfocada en tres puntos esenciales: funcionamiento; cumplimiento de los objetivos, y situación actual a tres meses de asumir el cargo.
Funcionamiento del Programa Orígenes. La Fase 1 comenzó el año 2001 y concluyó el 2006. Tenía por finalidad contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de comunidades indígenas del área rural de los pueblos Aymara, Atacameño, Quechua y Mapuche, y sólo incorporaba actividades de carácter de desarrollo productivo, aunque tenía una pequeña dimensión cultural y social.
La Fase 11 del Programa Orígenes, tiene como objetivo promover el desarrollo con identidad de las comunidades rurales indígenas e incorpora los temas de identidad cultural y fortalecimiento organizacional; se extiende entre los años 2007 y 2011 y se desarrolla básicamente en dos subprogramas: el 01, sobre Desarrollo Integral de Comunidades, y el 02 sobre Oferta Pública Culturalmente Pertinente.
Cobertura geográfica del Programa.
Explicó que la cobertura geográfica del Programa abarca siete regiones del país. En la actualidad, el Programa se encuentra presente en sólo cinco de ellas, porque a fines del 2009 cerraron las oficinas de San Pedro de Atacama y de Cañete.
Durante la Primera Fase la cobertura se extendió a 645 comunidades, que cubrían un total de 22.609 familias. Actualmente, la Fase II cubre 1.207 comunidades, que constituyen 35.426 familias, que dobla la cobertura del Programa y también dobla el presupuesto de la Fase 1. El Programa administra un presupuesto de 109 millones de dólares, distribuidos en cinco años de ejecución.
Señaló que aún quedan 1.098 comunidades indígenas por focalizar, que equivalen a 13.600 familias y que es posible pensar en una eventual intervención que focalice tres tipos de comunidades: las comunidades indígenas no focalizadas, las comunidades indígenas capaces de ejecutar proyectos de alto impacto, y las comunidades indígenas ya localizadas capaces de realizar proyectos de emprendimiento.
Organigrama del Programa.
Señaló que, en su calidad de Coordinadora Nacional, depende directamente del director nacional de la Conadi . El Programa Orígenes cuenta con asesoría jurídica, una unidad de seguimiento y evaluación, una unidad de administración y finanzas y una unidad de comunicación social. Está estructurado en base a dos subprogramas. Subprograma 01 de desarrollo integral de comunidades, que tiene directa relación con las comunidades indígenas y con los fondos que se traspasan a ellas, y el Subprograma 02 de la oferta pública culturalmente pertinente, que es el encargado de transversalizar la temática indígena a nivel de administración pública. Básicamente, ahí se trabajó con los Ministerios de Salud y de Educación, a través del Programa Educación Intercultural Bilingüe y el Programa de Salud Intercultural.
El Programa se desconcentra territorialmente en las regiones a través de las Unidades Ejecutoras Regionales (La Araucanía, Anca-Parinacota , Tarapacá, Valdivia y Osorno). Los coordinadores regionales dependen de la coordinadora nacional. Además, la coordinación regional está desconcentrada, en algunos casos, en las Unidades Ejecutoras Provinciales, y la desconcentración más específica es el coordinador técnico local, que es el actor que dialoga permanentemente con las comunidades indígenas.
Funcionamiento del Programa. Explicó que el Programa Orígenes funciona con las comunidades indígenas a través de una organización que se denomina Mesa de Planificación Local, MPL. Actualmente hay 161 Mesas de Planificación Local, más 64 comunidades aisladas. Las 161 mesas, equivalen a 1.207 comunidades, que abarcan a 35.426 familias. El proceso de constitución de las MPL constituyó la primera fase del Programa.
Fondo de Decisión Local. Asimismo, indicó que el Programa trabaja con las comunidades indígenas en proyectos de inversión, que se denominan Fondo de Decisión Local, que se constituyen por recursos que entrega el Programa Orígenes en conjunto con el Indap, el Fondo de Desarrollo Indígena de Ganad!, y también con la participación de la Conaf. Este Fondo de Decisión Local en la actualidad asciende a la cifra de 31.816 millones de pesos, que corresponden al 53 por ciento del contrato préstamo del BID. El contrato de préstamo es de 109 millones de dólares, de los cuales el 40% es un aporte del BID y el 51% es aporte del Estado.
Señaló que este Fondo de Decisión Local se calcula por un valor per capita y se determina una entrega -ficticia- de 900 mil pesos por familia. Con ese dinero, que no se entrega a las familias, sino que a las comunidades, las MPL, que deciden los proyectos a realizar. El Fondo de Decisión Local no puede usarse en más del 76% en proyectos productivos; el 16% en proyectos de identidad cultural, y el 8% en proyectos de fortalecimiento organizacional.
En respuesta a una consulta, señaló que del Fondo de Decisión Local las consultoras no deben, no debieron y no deberían recibir esos recursos. Es importante aclarar que los dineros se transfieren a las comunidades a través de cheques nominativos a nombre de cada una de ellas.
Indicó que el espíritu, del Programa decía relación con que las Mesas pudieran definir proyectos pensando en conjunto con las comunidades. No obstante, en la realidad ocurrió un proceso de atomización de proyectos, por cuanto las comunidades calcularon cuánto dinero le tocaba a cada una, lo que determinó que los proyectos que se pensaba que serían de gran envergadura terminaron siendo pequeños e individualidades para cada comunidad. Esta situación se presentó mucho en La Araucanía, al revés de lo que sucedió en otras regiones en que los proyectos son de mayor envergadura.
Añadió que en la actualidad el Programa administra 8.653 proyectos de distintas envergaduras y costos. Ni el costo administrativo ni la asistencia técnica están incorporados en el fondo de decisión local, porque es un fondo neto destinado sólo a proyectos para las comunidades. Los costos operativos o administrativos y el pago a las consultoras son absorbidos a través de otra línea de financiamiento, que no tiene ninguna relación con el fondo de decisión local.
Respecto de la cuantía de los fondos que administran las mesas, la de menor valor es de 7 millones 200 mil pesos, que probablemente es del norte donde hay menos comunidades indígenas, y la de mayor valor es probablemente una mesa de La Araucanía, que administra 468 millones de pesos. El promedio del fondo de decisión local por mesa sería de 136 millones. Eso es lo que se le transfiere, neto, a una mesa de planificación local y ese fondo debe distribuirse de acuerdo con los porcentajes qúe indiqué anteriormente.
Costo administrativo. Al respecto, indicó que en el Programa Orígenes alcanza al 16% y se espera llegar al 21% el próximo año, en que se producirá una pequeña alza. Lo que ha pedido el banco es un tope máximo del 22%.
El coordinador técnico local. La expositora señaló que el segundo actor que participa en la gestión de este fondo es el coordinador técnico local, que es un funcionario del Programa Orígenes que trabaja directamente con las mesas de planificación local. Ese funcionario, a honorarios, está en terreno y su sueldo bruto es de 780 mil pesos.
Proveedores de asistencia técnica. Explicó que el tercer actor son los proveedores de asistencia técnica, conocidos como consultoras, que tienen un contrato promedio de 15 millones 600 mil pesos por dos años. El contrato mayor que tenemos con consultoras es por 65 millones. En casos excepcionales, por ejemplo, cuando las comunidades no estaban de acuerdo con las consultoras que ganaban los procesos de licitación, se trabajó excepcionalmente con algunas municipalidades, como la de Galvarino, Camiña , Arica y Colchane.
Es importante señalar -agregó-, que cada proceso de licitación tenía sus bases en ChileCompra, pero además era fundamental la opinión de las comunidades indígenas, las que aceptaban o no trabajar con determinada consultora.
Plan de Desarrollo Integral. Con esos tres actores, las comunidades realizan un diagnóstico, una estrategia de inversión y preparan una cartera de proyectos, todo lo cual se resume en el Plan de Desarrollo Integral, de donde sale la cartera de proyectos que se ejecutan a través de la Conadi, el Programa Orígenes, el Indap y la Conaf. Es en esta etapa donde comienza el proceso de transferencia de recursos a esos organismos.
Proceso de trabajó con las comunidades. Se calculó -en términos ideales- para que durara dos años. Las dos primeras etapas involucran la selección de las comunidades, la conformación de las mesas, la contratación de los Coordinadores Técnicos Locales y el proceso de licitación de las Consultoras.
Explicó que, idealmente, cuando todo lo anterior está listo, se comienza a trabajar con las comunidades indígenas en la elaboración de un diagnóstico participativo. Ese programa tiene un enfoque de participación bastante interesante, porque las comunidades deciden qué hacer con sus fondos. Con posterioridad, se formula un pian estratégico de desarrollo y se realizan las inversiones iniciales, con el primer traspaso de fondos. A continuación, se elabora la cartera de proyectos y se adoptan los respectivos acuerdos, procesos que son muy largos. Luego, cuando se ejecuta el Plan de Desarrollo Integral, PDI, se efectua la segunda transferencia de fondos.
Hizo ver que no todas las comunidades tienen el mismo ritmo de trabajo ni el mismo nivel de negociación ni acuerdos, de manera que cada mesa tiene distintos grados de avance. Algunos trabajos han concluido, como los de las oficinas de Cañete y San Pedro de Atacama, mientras que en La Araucanía está muy atrasado, ya que hay distintas realidades y las comunidades son diferentes. No obstante, lo destacable es que las comunidades deciden qué hacer con su Fondo de Decisión Local.
Las consultoras. Respecto de éstas, indicó que entran en el tercer eslabón. Se establece un contrato con ellas y se aspira a que hagan un acompañamiento durante das años con las comunidades, respecto de metodologías que éstas no tienen por qué conocer, como en materia de diagnóstico participativo o estrategias. En eso se esperaba que las consultoras apoyaran, para luego terminar con su cartera de proyectos y la ejecución.
Traspaso de fondos. El Programa Orígenes transfiere dinero en varias direcciones. A las comunidades se hace en forma directa, para que ellas ejecuten, por ejemplo, todos los proyectos de identidad cultural y de fortalecimiento organizacional. Las comunidades deben rendir cuenta al Programa Orígenes. En ese proceso se produce el primer problema de flujo de dinero, porque las comunidades se tienden a demorar, en promedio, entre seis a siete meses en la rendición de fondos. El proceso de rendición para ellas no es muy fácil, por diversas razones, entre ellas, porque hay comunidades en el altiplano, en San Juan de la Costa y en otras zonas, porque hay cotizaciones que pierden su validez, se pierden boletas y por un montón de otras situaciones.
El segundo flujo de transferencias se produce cuando el Programa transfiere a los subejecutores, el Indap, la Conaf y la Conadi. Luego, éstos transfieren a las comunidades, las comunidades nuevamente a los subejecutores y ellos al Programa, lo que, de por si, constituye un proceso bastante complejo. El flujo de transferencias depende del tipo de proyectos: si es un proyecto de identidad cultural, un proyecto de fortalecimiento, va directo a las comunidades; si es un proyecto de desarrollo productivo, entonces los dineros irán al Indap o a la Conaf.”
Consultada la expositora si esta metodología corresponde a una exigencia del BID o a decisiones administrativas de la Conadi, explicó que el traspaso de fondos es una metodología del Programa, porque éste no tiene capacidad operativa o tanto personal como para ejecutar, por ejemplo, 8.600 proyectos. Tampoco tiene las competencias profesionales para ejecutar proyectos de desarrollo 'Productivo como el indap, que está distribuido en todo el país. Con el Indap y con la Conaf se trabaja bastante bien, puesto que se opera a través de una metodología muy simple, de órdenes de compra. Los proyectos extraagrícolas se trabajan con la Conaf, mientras que el Programa no tiene esas competencias. Con la Conadi también se trabajan algunos proyectos.
El Programa sólo trabaja proyectos de identidad cultural y fortalecimiento organizacional. Lo más grande se lo lleva el Indap, pero también es lo más fácil de recuperar, porque trabajan con metodologías de órdenes de compra.
Rendición de fondos.
En esta materia, la Directora del Programa explicó que las rendiciones son de competencia de la Contraloría General de la República, organismo que establece sus propias formalidades al respecto. Allí surgen los principales problemas, porque no es fácil el proceso de rendición para las comunidades indígenas muy lejanas. El Programa Orígenes carece de controles internos fuertes como para estar siempre pendientes de la rapidez con que deberían volver los fondos al Programa.
Señaló que el Programa transfiere dineros a los subejecutores -al lndap, a la Conaf y a la Conadi- para gastos operativos y de personal, debido a que genera mucha burocracia y muchos procesos. Sin embargo, es importante señalar que esos recursos no son del Fondo de Decisión Local. Sobre lo mismo, señala que el programa Orígenes, a pesar de que depende de la Conadi, tiene un funcionamiento propio, establecido por las cláusulas del contrato celebrado con el BID.
Plazo para hacer la rendición de fondos. En respuesta a una consulta sobre los plazos para rendir las cuentas, la expositora explicó que técnicamente, las comunidades indígenas tienen un plazo de dos años para rendir los fondos que se les transfieren. Eso quiere decir que los dineros transferidos en 2007 debieron haber sido rendidos en 2009, los del 2008, en 2010; los del 2009, en 2011, y los transferidos este año, en 2012. Los 3.914 millones de pesos corresponden a todos los recursos transferidos desde 2007 a la fecha.
Cuentas del año 2007. De las cuentas del 2007, aseveró no se rindió la suma de 80 millones de pesos, situación que ya ha sido informada a la Conadi. De esta suma, parte corresponde a proyectos que se están ejecutando, pero como sus comunidades, lamentablemente, están muy atrasadas, igualmente se debió informar que sus plazos estaban vencidos. Parte importante de ellos son de comunidades de la localidad de Cañete. Otros tantos millones de pesos, que no son más de 10 millones, corresponden a proyectos, respecto de los cuales el Programa Orígenes perdió contacto con sus comunidades indígenas y con sus dirigentes. Esos datos fueron presentados al Ministerio Público.
Por lo mismo, añadió, el resto está todavía en su plazo normal de ejecución y ya nos estamos acercando a los fondos por rendir del 2008. A diciembre debiéramos tener claridad al respecto, porque la observación de la Contraloría dice relación con el procedimiento de las rendiciones.
Dictamen N° 759 de la Contraloría General de la República. Explicó la señora Directora del Programa , que en este dictamen, referido a las rendiciones de fondos públicos, se establece que todo organismo público que transfiera recursos debería tener un control mensual respecto de ellos, control que el Programa Orígenes no está en condiciones de entregar, por la cantidad de proyectos que maneja, los cuales ascienden a 8.600, lo que significaría que mensualmente debiéramos tener 8.600 carpetas en las oficinas de Orígenes, cantidad que el organismo no es capaz de procesar. En estos momentos, un funcionario es capaz de revisar, en promedio, cuatro carpetas al día. Tenemos tres funcionarios que revisan rendiciones de cuentas en la región de La Araucanía, con lo que se llegaría a aproximadamente 15 rendiciones diarias, es decir, 300 al mes. Consecuentemente, no podríamos procesar 8.600. Por lo tanto, el Programa Orígenes siempre va a tener problemas de rendiciones de fondos.
Responsabilidad en la rendición de fondos. Consultada la señora Doña si la responsabilidad recae en la comunidad beneficiaria o en la consultora que realiza el proceso, respondió que la responsabilidad por una correcta rendición siempre corresponderá al organismo público que hace transferencia de recursos fiscales. Agrega que, a pesar que las comunidades indígenas son nuestros beneficiarios, no me atrevería a hablar de que ellas son las responsables. Sin embargo, lo cierto es que las comunidades indígenas están en situación y condiciones de vida distintas a las de !as comunidades que viven en la ciudad. Por lo tanto, pedirles a ellas rendiciones mensuales y que lleven boletas, cotizaciones, con la celeridad que uno quisiera, no es probable. En consecuencia, como Programa Orígenes, debiéramos tener mecanismos más fuertes de control para resguardar el traspaso de los recursos.
Explicó que se espera que el trabajo con las comunidades -desde que se inicia el diagnóstico hasta que se ejecuta el proyecto, en términos reales- dure dos años. A las comunidades se les transfieren recursos en la medida en que se cumplen las etapas. Por lo tanto, una mesa tiene distintas etapas de proceso de rendición. Las mesas podrían tener fondos transferidos en 2007, que hoy deberían estar rendidos completamente. Puede que el proyecto se demoró 5 ó 6 meses y actualmente esté en sus últimas etapas y, en 2010, se estén transfiriendo sus últimos dineros, de manera que ya no tendrán dos años de plazo, pues se corrigió eso, ya que en la medida en que se acerca el término del programa se acorta el plazo. La idea es cumplir el programa en 2011.
Entonces, el Programa transfiere cada vez que la comunidad rinde fondos de un proyecto, puesto que, de lo contrario, tendríamos que parar todos sus fondos. Si tiene un proyecto, por ejemplo, de un cerco, por la suma de diez millones de pesos, y rinde sobre ese monto, se vuelve a transferir en ese proyecto. Sin embargo, si se trata de un proyecto de identidad cultural y no rinde los dineros, a ese proyecto no se volverá a transferir recursos.
Fondos sin rendir. Convino que, en términos generales del Programa, que de la suma transferida en 2007 a todas fas comunidades y que hoy debería estar rendida en su totalidad, es de 80 millones de pesos; puede ser un poco más, pero es lo que informamos y lo que tenemos aclarado. De esos 80 millones de pesos, 10 millones de pesos fueron informados al Ministerio Público, pues se perdió contacto con las comunidades o con sus dirigentes, o las mismas comunidades denunciaron a sus dirigentes.
En respuesta a una consulta, agregó que lo que corresponde rendir a fines de 2010 son los dineros transferidos en 2008, que están contenidos en los 3.900 millones de pesos, suma que podríamos aclarar, pues de ese monto hay dineros transferidos en 2007, 2008, 2009 y 2010. Respecto de los fondos que deberían estar rendidos, que son transferencias de 2007, parte importante de ellos son de comunidades de la localidad de Cañete, donde las propias comunidades denunciaron a sus dirigentes. En estos momentos no tengo la fecha exacta, pero no tengo inconveniente en remitir el oficio que enviamos a la Conadi, en el que desglosamos la composición de los 80 millones de pesos, por número de comunidad y por número de proyecto.
Incremento de los gastos operacionales. Consultada la expositora si en el incremento de los costos operacionales, del 16 al 21 por ciento, está considerado e] incremento de personal para permitir esas rendiciones más expeditas, respondió que esta situación está asociada a la necesidad de mejorar los controles internos y superar el retraso de siete meses que tiene el Programa en la ejecución de los proyectos, y no al aumento del personal;
Dineros transferidos el año 2008. Al respecto, explicó que lo que corresponde rendir a fines de 2010 son los dineros transferidos en 2008, que están contenidos en los 3.900 millones de pesos, suma que podríamos aclarar, pues de ese monto hay dineros transferidos en 2007, 2008, 2009 y 2010.
Explicó que los cuestionamientos que hace la Contraloría General de la República respecto de esos 3.900 millones de pesos que están por rendir, no se refieren a que estos dineros estén perdidos o se ignore dónde se encuentran, sino que el Programa no cuenta con un sistema de control interno que asegure que los fondos están bien resguardados, razón por la cual ha iniciado un sumario administrativo en contra del Programa Orígenes por no implementar medidas correctas y eficientes para resguardar esos fondos.
Cumplimiento de los objetivos del Programa. Sobre este punto, planteó que en estricto rigor no es posible evaluar si ha cumplido o no con el propósito y los objetivos que se plantearon en un comienzo, porque, a la fecha, el Programa Orígenes no tiene una evaluación de impacto. Si bien dicha evaluación está prevista en el contrato con el BID, se señala que debe hacerse una vez que el Programa concluya, uno o dos años después de que concluya. Por tanto, es probable que en 2012 recién se vaya a hacer esa evaluación. Sin embargo, el mismo contrato con el BID, obliga a que el Programa realice procesos de evaluación intermedia.
Dificultades en la ejecución del Programa en la Fase 2. Al respecto, sostuvo que al asumir la coordinación del Programa el 17 de mayo de 2010, se encontró con bastantes dificultades, que pueden resumirse en los siguientes puntos:
Resabios de la Fase I. Sostuvo que, a pesar de que esta fase ya está cerrada desde la perspectiva contable y financiera, aun se siguen recibiendo consultas de distintas comunidades indígenas, dirigentes, parlamentarios, intendentes y gobernadores respecto a proyectos prometidos en la Fase I que no están ejecutados. Son un problema que afecta la gestión del Programa porque se desprestigia la marca Orígenes.
Retraso del inicio del Programa Orígenes. Explicó que el Programa debiera haber comenzado en 2007, pero, en estricto rigor, comenzó con siete u ocho meses de atraso, porque no se pudo aprobar el reglamento operativo del Programa, a causa de un problema en el Consejo de la Conadi, que no sesionaba en aquella época, dado que los consejeros indígenas tenían problemas con la ex ministra de Planificación . Por otra parte, dado ese retraso, no se podían aprobar las bases de licitación de la asistencia técnica. Sin consultora era muy difícil iniciar el proceso de acompañamiento a las comunidades indígenas y generar los proyectos de inversión. Durante siete u ocho meses el Programa sólo tuvo costos administrativos, que eran altísimos, porque, obviamente, no podía ejecutar la inversión.
Otra consecuencia de ese retraso es que para el año 2011 se ha solicitado aporte fiscal para asistencia técnica y recursos humanos que no estaba contemplado originalmente en el contrato préstamo, porque las consultoras están cerrando sus contratos y, obviamente, no alcanzaron a terminar el trabajo con las comunidades indígenas.
Recordó que en el año 2008, por acuerdo del Consejo Nacional de la Conadi, a solicitud de los consejeros indígenas, se aumentó el Fondo de Decisión Local, que originalmente, se calculaba a razón de 721 mil pesos por familia, a 900 mil pesos. Eso significó incrementar dicho fondo en 6.456 millones de pesos, de los cuales el propio Programa asumió 4.500 millones, desfinanciando otras líneas del mismo y 1.500 millones los puso el Fisco, los que recién se pudieron inyectar este año 2010. Esto lleva a un problema financiero bastante serio.
Compleja gestión del recurso humano. Sostuvo que esta situación, se hace patente en una inadecuada relación entre remuneraciones y responsabilidades. Mencionó el caso específico de los coordinadores técnicos locales, que son los funcionarios que trabajan directamente con las comunidades, permiten mantener una buena relación con las comunidades y, sin embargo, sus remuneraciones son muy bajas. Ello repercute, además, en el caso de La Araucanía, en que los coordinadores técnicos locales estén sobrepasados por la cantidad de comunidades con las que deben trabajar y en que su preparación técnica no sea la adecuada.
Puntualizó que existe un apoyo administrativo insuficiente, que no está preparado para un Programa que genera tanta burocracia. El Programa transfiere dineros específicos para que funcionarios del Indap, Conadi y Conaf trabajen exclusivamente para el Programa Orígenes, lo que en la práctica no se da, cuestión que ha sido observada por la Contraloría.
Por otra parte, hay falta de liderazgo de algunas autoridades del Programa, especialmente en algunas unidades regionales, como es La Araucanía, que es la más grande y la más compleja, donde hemos reforzado la autoridad y el equipo.
Ejecución del programa. Sobre esta materia informó que, a la fecha de su presentación, la ejecución del Programa es bajísima. Al mes de mayo era del 25 por ciento.
Añadió que un problema no menor en lo que respecta a los recursos humanos ha sido la difícil relación con la Conadi, la falta de confianza y canales de comunicación absolutamente estropeados.
Constituye otra situación que dificulta el normal desarrollo del Programa, y significaba, además, una falta de coordinación a nivel nacional, permitiendo que cada unidad regional funcionara como una isla.
Impacto de los medios. Seña/6 que el informe de la Contraloría General de la República también le genera presión al programa, porque tiene un fuerte impacto en los medios, básicamente en relación con los fondos sin rendir, que a fines de 2009 alcanzaban los 9 mil millones de pesos, y a 4 mil 500 millones de pesos a medianos de junio de 2010. Lo anterior está unido a la ausencia de una política comunicacional de parte del Programa que haya permitido contrarrestar el impacto en los medios, lo cual generó un evidente daño a la imagen del mismo que repercute en las comunidades indígenas, independiente a la veracidad o no de los hechos. Por lo tanto, el Programa tiene un daño innegable y, yo creo, irreversible a nivel comunicacional.
Deficiente trabajo de los Proveedores de Asistencia Técnica, o de las Consultoras. Advirtió que, definitivamente y salvas honrosas excepciones, el trabajo de las Consultoras no cumplió con las expectativas del Programa. Técnicamente, es posible explicar que no hay un mercado apropiado de consultoras capaces de absorber la demanda del Programa.
Asimismo, las Consultoras han incurrido en incumplimiento de contratos y, por lo tanto, a muchas se les ha cancelado los contratos, lo que implica que muchas comunidades han quedado sin apoyo técnico, situación que hemos tenido que tratar de mejorar a través del contrato de profesionales. Por lo mismo, se ha constatado una baja calidad de los productos entregados y quejas dé las comunidades indígenas sobre el mal trabajo de las consultoras
Falta de pertinencia de.algunos proyectos con los fines del Programa. Explicó que, de acuerdo a lo que señalan algunos informes de evaluación, habría proyectos financiados por el Programa que no tienen relación con éste, como es el caso del Plan de Fortalecimiento de los Consejeros Indígenas, -objetado por la Contraloría-, y el proyecto de Evaluación de Procesos de la Conadi y Propuestas para Nueva Agencia de Desarrollo Indígena que, si bien es un proyecto interesante, se ha objetado por no tener directa relación con el Programa.
Presiones sobre el Programa. Señaló que en su momento, existieron “presiones” sobre el Programa Orígenes. Explicó que el concepto de presión tiene que ver con inputs al programa referido a una generación de expectativa muy desbordante. Se les comunicó a las comunidades que éste resolvería muchos problemas, haría muchas cosas y cuando elfo se contrastó con la realidad, los beneficios fueron más bien modestos con relación a las expectativas, lo que generó presiones dentro de éste que afectaron su normal desarrollo.
Reducción de recursos destinados a la asistencia técnica. Por último, se refirió a la reducción de recursos destinados a la asistencia técnica como un problema que se generó al principio del Programa. A su juicio se destinaron menos recursos de los que se proyectaron, lo que, obviamente, se traduce en llegar a una oferta de un mercado de consultoras no apropiadas y con baja experiencia en estas materias.
Sesión 4ª, celebrada el 18 de agosto de 2010.
Ramiro Mendoza Zúñiga , Contralor Genera' de la República.
Señaló que la presentación que hará la Contraloría contiene varios antecedentes que tienen cierto grado.de complejidad, en los que han trabajado particularmente la jefa de la División de Auditoría Administrativa señora Patricia Arriagada , y la subjefa de la misma división, señora Dorothy Pérez .
Financiamiento y rendición de fondos. Explicó que el Programa Orígenes está financiado a través de un contrato de préstamo suscrito por el Estado de Chile con el Banco Interamericano de Desarrollo, con una dualidad de financiamiento. Es decir, hay dos grupos de recursos que entran al mismo programa y como éstos se confunden, tienen reglas de administración que son las propias de la administración de los recursos públicos, debiendo observarse las reglas generales de la rendición de cuentas de los fondos públicos, es decir el decreto ley N° 1.263, ley de administración financiera del Estado; la ley N° 10.336, orgánica constitucional de la Contraloría General de la República, y la resolución N° 759, de la Contraloría General de la República, que establece la forma, el modo y las oportunidades de la rendición. En este contrato de préstamo en particular no hay reglas particulares establecidas en el contrato de préstamo. En consecuencia, el reenvío al ordenamiento jurídico es total. Es decir, los dineros que ingresan se deben rendir, se deben trabajar y dar cuenta del modo ordinario en que se hace del gasto público en Chile.
Hizo ver que este tema es importante ponerlo en la mesa, porque se nos ha dicho que todavía habría un plazo de dos años para rendir la cuenta, y eso no es así en realidad; por eso quiere despejar cualquier duda. Nos interesa que se rinda cuenta en la oportunidad y en la época que establece el ordenamiento jurídico. De no ser así, vamos a tener que ponderar efectivamente las reglas que dicen relación con la inhibición de la continuación de ese gasto o las que dicen relación con los reparos con respecto a cuentas que no están rendidas.
Ejecución del Programa. Explicó que en este contrato de préstamo, la Conadi pasa a ser el ejecutor -en la Fase Uno era MDEPLAN-, y hay una serie de coejecutores, entre los que se encuentran Indap, Conaf y los ministerios de Salud y de Educación. Es un programa extraordinariamente valioso, desde el punto de vista de su concepción. Se supone que [os destinatarios de estos recursos son personas que no tienen la formación profesional ni personal que les permita hacer una orientación real y productiva respecto de los recursos que van a recibir. Por eso es un programa que tiene un desarrollo que considera a proveedores de asistencia técnica, esto es, a personas que van a colaborar con los beneficiarios de los recursos. Hay un concepto de ayuda a la forma de desarrollo.
Resaltó que es por todos sabido que, de conformidad al artículo 21 B) de nuestra ley orgánica constitucional, no hacemos consideraciones de mérito o apreciaciones de las circunstancias de mérito. En su desarrollo el Programa tiene una estructura que considera todos los elementos de dificultad que tiene el pasar recursos a poblaciones que tienen dificultades esenciales en la administración de los mismos.
Situaciones complejas del Programa. Señaló como situaciones complejas del Programa: en primer lugar, un gran desorden en la administración que han significado reparos u observaciones formuladas en informes anteriores que no se han podido revertir pues; no había un sistema de administración contable que pudiera facilitar el seguimiento de estos recursos y, además, todavía siguen haciéndose las contabilidades en planillas Excel , con grandes posibilidades de contrahacer las anotaciones de las partidas que corresponden. Ese problema ha sido observado persistentemente a través del trabajo de la Contraloría desde 2007 a la fecha.
Hizo ver que es importante que se pondere que este es un Programa de recursos financieros que se entregan por el Banco Interamericano de Desarrollo en un porcentaje importante, alrededor del 45 40 por ciento, es decir, 45 millones de dólares frente a [os 64 millones de dólares que pone el Estado de Chile. El Programa -reiteró- es por 45 millones a los que suma la plata no gastada en la Fase Uno del Programa, la que tuvo un remanente, porque no pudieron ejecutarla y se sumó a esta fase.
Ahora bien, señaló, los estados financieros de estos programas, a requerimiento del BID, siempre se auditan y se formulan dictámenes de los estados financieros. Al menos, desde el punto de vista simplemente contable, no hemos podido formular un dictamen a los estados financieros de este programa de manera normal o sin observaciones. El programa tiene observaciones que son sustantivas, lo que permite avizorar que estamos en una situación compleja desde el punto de vista de la simple técnica contable.
Indicó que otro aspecto que se advierte es la falta de coordinación de los entes que actúan como coejecutores y que evidentemente producen hallazgos y problemas, desde el punto de vista de la auditoría. Señaló que a la fecha hay auditorías de seguimiento en curso, sumarios administrativos que se están incoando, y ciertas peticiones de antecedentes por parte del Ministerio Público respecto hechos que pueden revestir caracteres de delito.
Satisfacción de necesidades públicas. Indicó que en varias oportunidades ha dicho que el problema radica en que nosotros, como Estado, estábamos acostumbrados a satisfacer necesidades públicas a través de prestaciones de servicios públicos, que es lo natural. Así operamos hasta 1994, con organismos como el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Agrícola y Ganadero, el Servicio Nacional de Aduanas, etcétera. Es decir, conforme era la necesidad pública que había que satisfacer, se constituía el servicio público respectivo. Pero en 1994 surgen los programas, como una nueva forma de hacer crecer el gasto público y atender necesidades específicas.
En el fondo, lo que comienza a suceder a partir de la configuración de la Ley de Presupuestos 1993-1994 es que el gasto público se acelera, pero no sobre la base de incrementar [os servicios públicos, sino sobre la base de [a creación de programas, que hacen una cosa muy importante e interesante de visualizar: la focalización inmediata de la ejecución del gasto público a través de administradores o ejecutores de programas. Es así como aparecen, como habrán podido observar, los ejecutores de programas y los coejecutores de programas. Ese cambio ha generado otra cosa muy importante y que ustedes la fueron entendiendo de forma paulatina. Me refiero a que el programa requiere ejecutores que no sean funcionarios públicos, porque la administración está reducida en su configuración de planta y con restricciones desde el punto de vista de [a prestación a contrata.
¿Qué quiero decir con eso? Que ese gasto público se ejecuta por intermedio de personas que no tienen responsabilidad administrativa y que se vinculan a través de contratos a honorarios. Para solucionar la crisis máxima que se produjo con los casos MOP-Ciade y MOP-GATE, se llegó a una “transacción” sobre la base de que esas personas se llamarían agentes públicos cuando en la ley de Presupuestos se estableciera tal condición. Ese mundo, que se instaló desde 1994, 1995, 1996, es lo que está en el Programa Orígenes. Como consecuencia de lo anterior, hoy tenemos personas que satisfacen necesidades públicas en planta, a contrata -ambos en calidad de funcionarios públicos- y otros contratados a honorarios. Éstos últimos tendrán o no responsabilidad administrativa, en la medida en que la ley de Presupuestos, que aprueban ustedes, defina si son o no agentes públicos.
Control Financiero. Sobre esta materia, explicó que el artículo 98 de la Constitución, dispone que la Contraloría General de la República lleve la contabilidad general de la Nación. El decreto N° 1.263 establece las reglas de las rendiciones de cuentas, que son consistentes con el capítulo respectivo de la ley N° 10.336, orgánica de la Contraloría General de la República. Por tanto, las rendiciones de cuentas tienen un formato establecido que no depende de quienes rinden. El constituyente depositó la norma técnica contable, las normas de rendición de cuentas en un organismo autónomo constitucional denominado Contraloría General de la República ; con lo cual vino a ratificar lo que dispone la ley N° 10.336, que no obstante ser anterior, es plenamente concordante con el artículo 98 de la Constitución. Por eso sostengo que aquí hay un falso conflicto. Aquí no se están rindiendo las cuentas del modo en que debe hacerse. El reglamento operativo del Programa no dice algo distinto a lo establecido en el ordenamiento jurídico chileno.
Plazo de dos años para rendir cuenta. Señaló el señor Contralor que el plazo de dos años para rendir cuenta que ha mencionado la Directora del Programa Orígenes no está en ninguna norma. La resolución N° 759 es muy clara en cuanto al momento en que debe hacerse la rendición y los contenidos de la misma, y está en plena armonía con el decreto ley N° 1.263. La resolución N° 759 no hace otra cosa que tomar los elementos de la ley orgánica de Administración Financiera y una de la ley orgánica constitucional de la Contraloría General de la República.
Enfatizó que esta materia es muy importante, porque le preocupa la idea de conflicto. No hay dos años para hacer la rendición de fondos. En realidad, a veces, la Contraloría debió haber ejercido la atribución que le otorga el decreto ley N° 1.263 y haber impedido que se siguieran entregando los recursos. Si hay una omisión, ha sido de la Contraloría General de la República, pues no ha impedido que se sigan entregando los recursos, pero es porque tenemos presente y ponderamos la importancia de la asistencialidad del Programa Orígenes en su contexto. Dado lo anterior, no hay conflictos.
Ahora bien, ¿existen 4.500 millones de pesos sin rendir? Existen 4.500 millones de pesos sin rendir, pero también es posible que hayan bajado a 1.500 millones. No rendir implica una dificultad para ponderar lo que le preocupa, ya que no puedo ponderar la situación jurídica y financiera-contable del programa si no tengo las rendiciones de cuentas al día, ya que, no puedo afirmar si se habrá gastado bien o mal.
Afirmó que, definitivamente, la forma de administrar programas financieros y la entrega de recursos para programas con multiejecutores han generado un problema estructural en la Administración del Estado. No estábamos preparados para esta forma de ejecución del gasto público, con la intensidad que exige el programa. Pero les insisto en que el hecho de que no se haya presentado la rendición de cuentas no puede llevar a concluir necesariamente que se robaron los recursos. Es por eso que cada vez que hemos hacemos auditorias y nos surgen hallazgos que son consistentes con una falta en la rendición de cuentas, terminamos haciendo las denuncias al Ministerio Público o asumiendo que hay irregularidades que ameritan, al menos, como ustedes lo han planteado, infracciones a la responsabilidad administrativa, que, si se tratara de funcionarios públicos, no habría ningún problema de hacerla efectiva a través de sumarios. Pero como se trata de personas a honorarios, en realidad, no podemos hacer nada.
Además, señaló su preocupación por la información que entregó la encargada del Programa. Recordó que ésta estuvo en una audiencia hace muy poco tiempo con la señora Dorothy Pérez y con la señora subcontralora y la impresión que nos dio es que había entendido esto y que no había ningún ánimo -y aquí quiero ser bien específico- de perseguir la responsabilidad de una persona que recién se estaba haciendo cargo de un programa.
Personal a honorarios. Cuando se trata de personas a honorarios, agregó el Contralor, estamos bien inermes, porque no podemos perseguir la responsabilidad disciplinaria. Y no sólo por eso, sino que, además, porque tampoco son sujetos pasivos del juicio de cuentas. Si un ejecutor, empresa o persona natural, participa en un programa de asistencia técnica, recibe recursos y se manda a cambiar, lo único que puedo hacer es enviar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, porque ni siquiera [e puedo seguir un juicio de cuentas. Para que actúe el Ministerio Público es necesario que la conducta se configure como delito, porque, en caso contrario, estaríamos ante un simple incumplimiento de contrato que hay que enviar al Consejo de Defensa del Estado, el cual va a ponderar qué hacer.
Relación con el BID. En lo que dice relación con el BID, informó que hay dos órdenes de afirmaciones: una dice relación con el cambio de nuestra metodología de generación. No se nos ocurre hacer solos ese cambio de metodología de las auditorías intermedias. Hace dos años, el Banco Interamericano nos pidió que cambiáramos la forma de hacer las auditorías y que las intermedias salieran para los efectos de que ellos pudieran hacer algo.
El banco toma o no las decisiones, pero nosotros, desde luego, no somos fiscalizadores del Banco Interamericano de Desarrollo, aunque está en conocimiento de nuestros informes de auditoría porque, en realidad, es nuestro requirente desde el punto de vista de la deuda internacional.
Por otro lado, el banco ha recibido el dictamen de los estados financieros con observaciones. Un dictamen de estado financiero con observaciones es lo mismo que decir que hay cáncer contable. O sea, hay problemas serios. En el mundo contable es un dato del porte de una catedral. El banco tendrá formas dé comunicación con el gobierno, de manifestar sus intereses, pero es un problema del banco.
Afirmó, finalmente que en lo que dice relación con el rol de la Contraloría, se produce una confusión dineraria en el otorgamiento de recursos a través del Programa Orígenes en la ley de presupuestos con las platas del banco y nosotros debemos verlas todas.”
Patricia Arriagada Villouta , Jefe de la División de Auditoría Administrativa de la Contraloría General de la República .
Cronología de las auditorias efectuadas por la Contraloría al Programa Orígenes.
Señaló que el Programa Orígenes es un proyecto que ha tenido dos fases: la primera empezó el 2001 y terminó el 31 de diciembre del 2006, y la segunda se inició el 2007 y terminaría el 2012.
En su intervención se refirió a las auditorias efectuadas por la Contraloría al Programa Orígenes. A raíz de peticiones y acuerdos con el BID, Contraloría ha efectuado dos tipos de auditorías respecto de los préstamos. Una, de estados financieros, al 31 de diciembre del año respectivo, y otras intermedias respecto de gastos que se han hecho durante el mismo año.
INFORME FINAL N° 71, DE ABRIL DEL 2007.
Corresponde a lo que ocurrió en la Conadi hasta el 31 de diciembre de 2006, en la cual se hicieron una serie de observaciones, que se han repetiendo a lo largo de los años.
Las principales observaciones que se efectuaron en la oportunidad fueron:
-Falta de medidas de control y coordinación con los coejecutores que aseguren la oportuna y completa rendición de fondos y la conciliación periódica de los registros de ingresos y gastos.
-El 40,69% de los recursos gastados entre el 2001 y el 2006 llegó directamente a las comunidades indígenas, y el 59,31 % correspondió a gastos de administración y otros.
-Falta de entrega de datos y documentación, lo que impidió determinar la exactitud de la información contenida en [os estados financieros.
INFORME FINAL N° 20, DE 24 DE ABRIL DE 2008
Que dio cuenta de una auditoría a Conadi y otros coejecutores hasta el 31 de diciembre de 2007.
Falencias observadas en el Programa.
-Conadi no ha implementado el Sistema de Información del Programa (SIM), utiliza solo parcialmente el Sigfe y empleando planillas Excel .
-Registros extemporáneos de rendiciones, manejo de datos ya procesados, con escasa participación en el S1M de los coejecutores y dificultad para el análisis de datos y validación de información.
-Falta de informes de gastos mensuales de los coejecutores.
-Rendiciones de cuentas no ajustadas al formato exigido y falta de aprobación formal.
Como la Contraloría el año 2007 hizo presente una serie de problemas, el Banco Interamericano de Desarrollo solicitó a los ejecutores del Programa que tuvieran un Sistema de Información y Monitoreo (SIM), porque el Sistema de Gestión Financiera del Estado (S1gfe) hasta hoy no tiene todas las facilidades para los efectos de incorporar estos préstamos con todos sus flujos de recursos.
INFORME N° 56, DE 23 DE ABRIL DEL 2009.
Que da cuenta de la auditoría realizada a Conadi hasta el 31 de diciembre de 2008, contiene un total de 29 observaciones, las que pueden sintetizarse en los siguientes aspectos:
-Existen debilidades de control que implican un mayor riesgo de ocurrencia de errores o irregularidades por montos que pueden ser significativos en relación a los estados financieros:
-Conadi no mantiene adecuados controles contables y administrativos (SIGFE, SIM).
-El control de rendiciones y los estados financieros se elaboran utilizando información de planillas excel, sin que se tenga confiabilidad e integridad de las operaciones.
-El sistema contable no provee la documentación necesaria para verificar las transacciones.
-Existen incumplimientos en los servicios prestados por consultoras, referidos a los plazos de presentación de los productos contratados, tales como planes de trabajo, diagnósticos e informes finales PDI (planes de desarrollo integral).
-Los organismos coejecutores no emiten informes financieros mensuales sobre los gastos efectuados, y no hay aprobaciones formales de las rendiciones.
-Los fondos pendientes de rendición de cuentas, al 31 de diciembre de 2008, ascienden a $ 6.877.106.641.
El Informe concluye señalando que Conadi debe implementar procedimientos de control considerando medidas relativas a: elaboración de estados financieros; registros y sistemas de Información; rendiciones de gastos; cumplimiento de consultores; control de proyectos; supervisión financiera; ejecución presupuestaria; control de activos; transferencia de fondos, y auditoría interna.
INFORME N° 214, DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009
Que corresponde a una auditoría intermedia practicado en Conadi y otros coejecutores al 30 de junio de 2009. Los aspectos observados en dicho informe son:
-Incumplimiento del Contrato de Préstamo en relación al sistema de control interno contable y administrativo.
-Gastos administrativos por $ 6.658.244.409, equivalentes al 36,67% del costo del Programa, en circunstancias que debiera ser alrededor del 22%.
-Falta de rendiciones de gastos por $ 8.789.464.540.
-Falta de documentación de gastos por $ 41.309.279 y otras omisiones de antecedentes.
Corno conclusión se instruyó a Conadi adoptar las siguientes medidas.
-Aquellas necesarias para implementar los controles internos y administrativos.
-Aclarar los gastos pendientes de rendición de cuentas.
-Presentar la documentación de respaldo faltante de las rendiciones efectuadas.
La expositora señaló que al 31 de diciembre de 2009, Conadi no adoptó dichas medidas.
INFORME 10612010, AUDITORIA FINAL.
Que comprende hasta diciembre de 2009. Se emitió en junio de 2010, no obstante el 30 de abril debieran estar auditados los estados financieros, y se solicitó al BID una prórroga.
La Contraloría además ha emitido informes relacionados con los distintos coejecutores del Programa Orígenes: Informe N° 59/2010, auditoría Conaf ; Informe N° 66/2010, auditoría Redes Asistenciales; Informe N° 79/2010, auditoría Mineduc , e Informe N' 91/2010, auditoría Indap.
A raíz de los antecedentes recabados y las observaciones efectuadas, se decidió mediante resolución N° 2203/2010 disponer un sumario administrativo.
A continuación, la Jefe de la División de Auditoría Administrativa de la Contraloría explicó que los antecedentes sobre los cuales se emitió el Informe N° 106/2010, son los que a continuación se señalan:
RECURSOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA
1) Ingresos acumulados al 31.12.2009: $ 40.048.026.793
2) Justificación de los ingresos acumulados al 31.12.2009:
- gastos rendidos: $ 30.225.313.743
- fondos por rendir: $ 4.561.117.460
- cta. cte. y caja: $ 5.261.595.590
MOVIMIENTOS FINANCIEROS AÑO 2009:
Ingresos 2009: $ 16.781.885.510
Gastos rendidos 2009: $ 16.427.509.893
OBJETIVOS DEL PROGRAMA:
-Fortalecimiento de Comunidades y organizaciones indígenas.
-Identidad cultural.
-Desarrollo económico.
-Adecuaciones de Instrumentos y Prácticas de los Servicios Públicos.
-Apoyo a la Sostenibilidad del Programa.
En su Segunda Fase, el Programa deberá abarcar 34 mil hogares indígenas, correspondientes a aproximadamente 1.000 comunidades.
GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA:
Al 31 de diciembre de 2010. Pueden desglosarse de la siguiente forma:
Gastos rendidos del Programa: $ 30.225.313.743
Fortalecimiento Organizacional: $ 2.692.572.328 (8,1%)
Identidad Cultural: $ 1.573.072.318 (5,2%)
Desarrollo Económico: $ 9.427.889.400 (31,1%)
Adecuación de Servicios Públicos: $ 3.173.838.039 (10,5%)
Sostenibilidad del Modelo: $ 153.162.919 (0,5%)
Gastos Operativos y Financieros: $ 11.017.741.574 (36,4%)
Proveedores de Asistencia Téc.: $ 2.187.037.165 (7,2%)
De lo expuesto, se concluye que, alrededor del 44% corresponde a gastos de administración y el 56% es el que va realmente a las comunidades.. Todavía no se logra llegar al 22% que señala el banco como algo normal para gastos de administración en ese tipo de proyectos.
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA:
1. Dictamen de los Estados financieros del Programa Orígenes al 31 de diciembre de 2009.
2. Evaluación del Sistema de Control Interno.
3. Examen de Ingresos y Gastos del Programa.
OBSERVACIONES FORMULADAS EN EL INFORME N° 106:
1.- En relación a los Fondos sujetos a rendición.
-Desorden Administrativo: Al 31.12.2009, el Sistema de Control Interno del Programa Orígenes de Conadi mantiene deficiencias que dicen relación con la falta de: sistemas de información y registro, documentación de respaldo de gastos; Control sobre las Consultorías contratadas (PAT); Proyectos y Rendiciones de Cuentas; Registro de Personas Jurídicas; Inventarios de Bienes ; Auditorías Internas.
2.- En relación al saldo de los Fondos por rendir.
Falta de control de los plazos de rendición y falta de información de las rendiciones realizadas.
De acuerdo a información proporcionada por Conadi, los Estados Financieros presentan fondos pendientes de rendición de gastos, al 31 de diciembre de 2009, por $ 4.561.117.460, transferidos durante los años 2007, 2008 y 2009, de acuerdo al siguiente detalle:
a) $4.340 millones, rendiciones pendientes de comunidades indígenas.
b) $ 221 millones, inversiones de coejecutores.
Al respecto, Conadi no proporcionó el detalle de parte de los fondos rendidos, por lo que no fue posible su verificación.
En la ley N° 19.840 se establece que todas las personas que reciben fondos fiscales tienen que figurar en un registro de personas jurídicas a cargo de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, y eso no se ha cumplido por Conadi.
Las rendiciones del Coordinador Regional, señor Miguel Huaracán , ni los datos que la Contraloría solicitó, fueron entregados al 9 de abril de 2010.
Puntualizó que de acuerdo al numeral 5.3 de la Resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría, Conadi es responsable de exigir la rendición de cuentas de los fondos entregados, proceder a su revisión para determinar la correcta inversión de los fondos concedidos y el cumplimiento de los objetivos pactados y mantener a disposición de Contraloría General los antecedentes relativos a la materia.
Por otra parte, el artículo 113 del Reglamento Operativo del Programa indica que los sucesivos desembolsos se efectuarán siempre que se haya rendido financieramente cuenta de los recursos anteriormente transferidos, mediante un informe mensual de ingresos, gastos y saldos en la cuenta bancaria y la entrega del Programa de Caja Anual, sobre la base de los proyectos aprobados. Además, el artículo 51 establece que a todas las comunidades indígenas se les exige contar con personalidad jurídica, de manera que puedan abrir y operar cuentas bancarias para la recepción y administración de recursos.
GASTOS OBSERVADOS
Por último, la señora Arriagada mencionó, a modo ejemplar, los siguientes gastos observados.
1.- EN EL NIVEL CENTRAL DE CONADI:
a) Duplicidad de gastos en rendiciones, por $ 120.336.185.
b) Falta de documentación original por $ 10.309.279, de Fucoa.
c) En la Oficina de Asuntos Indígenas de la Región Metropolitana no se presentaron respaldos por $ 2.432.236.
d) Consultora Transcorp Ltda, $ 64.082.073.
-Gastos en Asesores Personales: $ 34.799.952
-Reuniones: $ 8.116.263
-Traslados: $14.760.000
-Gastos Administrativos: $ 6.405.858
Respecto del monto de los traslados, explicó que se compone principalmente por 31 fotocopias de facturas, cada una por un monto de $ 410.000, no existiendo además respaldo con detalle de [os trayectos realizados por cada uno de los consejeros indígenas.
2.- REGIÓN DE LA ARAUCANÍA:
a) Falsificación de firma del Secretario de la comunidad, en acta de aprobación para el cambio en las características de construcción de la sede comunitaria, de madera a metal, y adjudicada al hijo del presidente que trabaja en estructuras metálicas y por un monto total de $ 5.562.119.
b) Pago de servicios de alimentación por $ 3.243.419, sin nómina de participantes.
c) Traslado de dirigentes de comunidades indígenas, sin que se adjunte a los respectivos egresos el listado con el nombre de los comuneros movilizados, lugar ni objetivo de la actividad realizada por una suma de $ 982.226.
d) 166 comunidades indígenas ejecutaron proyectos de construcción de sedes comunitarias, por un total de $ 512.146.277, sin contar al 31 de diciembre de 2009, con la acreditación necesaria de la propiedad para uso comunitario.
3.- REGIÓN DE LOS RÍOS:
En la comunidad Tralcapulli, la fiscalización en terreno, permitió comprobar que los fondos recibidos por $ 3.467.970 fueron girados en su totalidad el día 29 de septiembre de 2009, sin embargo, las facturas y boletas exhibidas por el Presidente y el Tesorero de la Comunidad sólo justifican gastos por un total de $ 1.884.285, quedando una diferencia de $ 1.583.685, sin respaldo.
4.- REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA:
a) A la Comunidad Indígena de Codpa se le han asignado $3.384.000 para la línea de acción de fortalecimiento, pero se transfirieron en exceso $ 27.620.000.
b) A la Comunidad Indígena de Piasalla se le ha asignado un monto total de $7.587.171 para la línea de acción de fortalecimiento, pero se transfirieron en exceso $22.413.806.
CONCLUSIONES DEL INFORME N° 106/2010
1. Conadi y las entidades coejecutoras del Programa no han superado las observaciones de control interno y examen de gastos señaladas en el Informe N° 214, de 2009, al 30 de junio de 2009, y las demás determinadas al 31.12.2009.
2. Se reitera que las respectivas entidades deberán adoptar las medidas indicadas en los informes y aclarar las situaciones que corresponda.
3. Sin perjuicio de lo anterior, Contraloría General ha dispuesto un Sumario Administrativo para perseguir las responsabilidades por las irregularidades consignadas en el informe.
Además, existen traslados que no están debidamente justificados y una serie de proyectos de construcción de sedes comunitarias, sin la acreditación necesaria de la propiedad para uso comunitario, lo que constituye un problema adicional a todo lo que se ha comentado.
Finalizó su intervención señalando que la contraloría dio inicio a un sumario administrativo y puso los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público.
Dorothy Pérez , Subjefa de la División de Auditoría Administrativa de la Contraloría General de la República.
Fondos sin rendir del año 2007. Al inicio de su intervención, se refirió al documento entregado a la Comisión por la señora Karina Doña , en el cual indica que: “Dado que !os convenios firmados con las comunidades indígenas establecieron que el plazo máximo de rendición de los fondos era de dos años, desde la firma del convenio, se estima que a la fecha los fondos transferidos a fas comunidades indígenas el año 2007 y que no han sido rendidos ascienden a la cantidad de 75 millones de pesos, según el Sigfe.”
Al respecto, explicó que de acuerdo al artículo 85 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República “Todo funcionario, como asimismo toda persona o entidad que reciba, custodie, administre o pague fondos de los mencionados en el artículo 1°, rendirá a la Contraloría las cuentas comprobadas de su manejo en la forma y plazos que determina esta ley.”
Esta misma ley ha reenviado al Contralor General de la República la atribución de normar la forma y plazo en que se rindan las cuentas, quien [a hizo a través de la Resolución N° 759, de 2003. Dicha resolución indica que no por la existencia de un convenio posterior, que firma la propia entidad que transfiere los recursos y que fija un plazo distinto para la rendición de cuentas, se pueden modificar los criterios establecidos en la resolución N° 759, la ley 10.336, Orgánica de la Contraloría, y en el Decreto ley 1.263, de Administración Financiera del Estado, que rige los fondos públicos.
Por lo tanto, la Directora Ejecutiva del Programa Orígenes se refiere al plazo de dos años que establecieron ellos mismos con las comunidades indígenas, plazo que, de acuerdo a lo señalado, es improcedente.
A continuación dio respuesta a varias de las consultas formuladas por los Diputados en ésta y en sesiones anteriores.
Montos que estarían duplicados. Explicó que, de acuerdo al informe 106 de la Contraloría General, se establece que “en el estado de efectivo-recibido y desembolsos efectuados al 31 de diciembre de 2009 y en el estado de inversiones del ejercicio terminado a esa fecha, se incluyen desembolsos rendidos al BID por 802 millones de pesos, correspondientes a duplicaciones de montos en las rendiciones y otros gastos, respecto de los cuales la Conadi no proporcionó evidencia comprobatoria suficiente y pertinente, no habiéndose podido satisfacer por otros medios acerca de la razonabilidad de estas rendiciones.” En definitiva, lo que sucedió es que al revisar la contabilidad se constató que existían facturas, boletas de honorarios u otro tipo de documentación fidedigna que se había utilizado dos veces para justificar el mismo gasto.
Incumplimiento de los planes de desarrollo integral. Señaló que estos últimos son necesarios para que estas comunidades puedan salir adelante y ser fortalecidas, como señala el objetivo del programa.
Pólizas de garantía. En la página 21.4 del informe 106, se señala expresamente que, a pesar de que la entidad ejecutora hizo presente que no se habían entregado los planes de desarrollo y que por eso tenían que cobrarse multas, esto no se hizo.
Registro de entidades receptoras de fondos públicos. De acuerdo a la ley N° 19.862, la responsable de que se efectúe este registro es la entidad que transfiere los fondos. Si los fondos son transferidos a una entidad que no es una persona jurídica inscrita, debería devolver esos dineros con el interés máximo convencional como sanción, lo que significaría que las comunidades indígenas, por el hecho de no estar inscritas, tendrían que devolver esos fondos con esa multa. Por otra parte, hay responsabilidad administrativa de la entidad que transfiere los fondos y, por ende, de los funcionarios públicos de planta y a contrata, no a honorarios, y también de los agentes públicos que tengan responsabilidad administrativa que hayan autorizado esos traspasos.
Incumplimiento de obligaciones de los Proveedores de Asistencia Técnica, PAT. Si las rendiciones de cuentas se exigen a la entidad que transfiere los recursos, ésta a su vez debe exigir rendiciones a quienes recibieron los recursos, que, en general, son personas que tienen poca o nula preparación contable. Por eso el Programa contempló estas consultoras de asistencia técnica, no sólo para que colaboraran en el desarrollo del proyecto sino que también para la rendición de cuentas. Lamentablemente, la Conadi, específicamente el Programa Orígenes no fiscalizó debidamente que los PAT operaran y de acuerdo a lo informado por los integrantes de las comunidades indígenas, en muchas ocasiones nunca habían tenido contacto con el respectivo PAT.
En relación a la consulta respecto a si Indap, el Servicio de Salud y la Conaf en otros programas distintos a Orígenes tenía rendiciones de cuentas insuficientes. Señaló que sólo ocasionalmente se han encontrado casos similares.
Servicio de Salud del Biobío. De acuerdo con nuestra observación, cuando decimos que es insuficiente la rendición, nos referimos a que a la documentación con la que se respalda esa rendición no es original o no está completa. La resolución N° 759 señala expresamente con qué documentación se rinde.
Consejeros indígenas y legalidad de entrega de fondos. Explicó que el objetivo general del programa es el fortalecimiento de comunidades y organizaciones indígenas, y los consejeros forman parte de esa organización. Desde ese punto de vista, esa entrega de recursos estaría dentro de este marco de acción. Por eso no fue objetado por la Contraloría en la transferencia para ese tipo de línea de acción. Sin embargo, se remitieron los antecedentes al Ministerio Público porque no es correcta la manera en que se rindieron las respectivas cuentas.
Si las rendiciones de cuentas no se realizan con documentación original y fidedigna la Contraloría debe enviar los antecedentes al Ministerio Público, porque de acuerdo a su ley orgánica si los fondos no han sido rendidos, se presume sustracción de ellos.
Diferencia en el porcentaje de gastos de administración. Respecto de una diferencia en el porcentaje de gasto de administración que había sido señalado por la señora Karina Doña y el que indicaba la Contraloría, explicó que los montos han ido variando en las distintas etapas de este programa, así que esa es una cuestión variable. Un 34 ó 36% de los fondos se refiere a gastos operativos claramente establecidos como tales; pero, además, hay un porcentaje adicional que no están reconocidos así; por ende son dineros que no llegaron a las comunidades.
Estado del Programa. Señaló que el 11 de julio de 2011 debe estar terminada la transferencia para la ejecución.
Políticas de adquisiciones. Explicó que éstas se tienen que regir por las normas chilenas. No se trata de que las políticas aludidas sean las del Banco Interamericano de Desarrollo y que escapen a nuestra legislación. La política de adquisición no se ajustó a las normas chilenas. Debió haberse adquirido de acuerdo al sistema de compra y contratación pública en los casos en que sea procedente.
Selección de las consultoras. Debió hacerse por licitaciones, según nuestra legislación, no de acuerdo a políticas internacionales. De hecho, las del banco se reenvían a nuestra legislación nacional.
Finiquito. Con referencia a esta materia, informó que hay reiteradísima jurisprudencia de la Contraloría General de la República que señala que en cláusulas de finiquito no proceden estas renuncias anticipadas para extinguir los derechos del fisco para perseguir responsabilidades o restitución de fondos. De modo que esa cláusula sería improcedente. Por eso está señalada y traída a colación en el informe.
Sesión 5ª, celebrada el 1 de septiembre de 2010.
Jaime Sujoy , representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Chile.
Señaló el señor Sujoy que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es un organismo financiero de derecho internacional público que cuenta con 48 países miembros -incluido Chile- que fue establecido por un tratado internacional, el cual suscribió Chile en 1959. Es la principal fuente de financiamiento para proyectos públicos y privados, y también de asistencia técnica a los gobiernos y al sector privado.
En Chile existen unas 85 operaciones, que suman un total de 850 millones de dólares aprobados en cartera, de los cuales unos 600 millones, aproximadamente, están todavía por desembolsarse.
En todos los programas que el Banco financia en los países miembros, siempre hay dos aspectos: uno de colaboración, el tema financiero y, otro, el aspecto de soporte técnico.
Participación del BID en el Programa Orígenes
Explicó que los aspectos que fundamentan la participación del BID en el Programa Orígenes, son los siguientes:
1.- Importancia del desarrollo con identidad de los pueblos originarios, Existe una incidencia mucho mayor de la pobreza en la población indígena; prácticamente el doble que en el resto de la población. El 80% de la población indígena todavía se encuentra en los dos primeros quintiles de ingreso de la población.
El tema es muy complejo por el carácter multimodal que tiene la economía indígena. Se combinan los temas de economía tradicional y de economía de mercado, población rural y urbana, el tema empresarial y los asalariados. Hay presencia de cuellos de botella en el acceso y en la pertinencia cultural de los servicios públicos, incluyendo los mecanismos financieros. También existe una insuficiente conciencia nacional de la diversidad cultural de país y altos índices de discriminación. Las comunidades están atomizadas y tienen bajos niveles de participación y coordinación entre ellas; existe una baja capacidad de articular sus demandas ante los servicios públicos, en procesos de identidad y con altos niveles de conflictividad y, por último, está la de entrega de tierras a comunidades y familias, pero sin el apoyo necesario para el desarrollo de actividades productivas.
2.- La participación del Banco en el marco de un programa coherente, que incluye el apoyo a una nueva forma de relación entre el Estado y los pueblos originados, con énfasis en acciones de lucha contra la pobreza, teniendo en cuenta las particularidades socioculturales, combinadas con el mejoramiento de la pertinencia cultural de los servicios públicos, y el enfoque integral de base territorial.
En el caso de Chile, el BID tiene una particularidad, cual es que delega los procesos de control fundamentalmente en la Contraloría y se concentra en los aspectos sustanciales de los programas. Ello obedece a la particularidad de que Chile es un país con bajo nivel de riesgo en el tema fiduciario.
Tenemos una cooperación técnica que corresponde a fondos de donación para apoyar la implementación del Programa Orígenes y a :a cooperación técnica destinada al programa de indígenas urbanos, entre otros instrumentos.
3.- Oportunidad del apoyo. El programa que vemos ahora corresponde a una segunda fase. La primera fase surgió a raíz de un cambio en la política, que en ese momento se llamó “Nuevo Trato”, que esencialmente buscaba complementar una serie de acciones que en aquel momento la Conadi no estaba asumiendo, fundamentalmente en cuanto al desarrollo con identidad en los pueblos indígenas, ya que se había concentrado básicamente en la entrega de tierras.
Segunda etapa del Programa. La segunda etapa del programa esencialmente trató de aprovechar las lecciones aprendidas de esa primera etapa y ampliar el alcance del enfoque que se había desarrollado en la primera parte, con una serie de modificaciones.
Mencionó la relevancia que tiene para el Banco el tema. Este fue un primer proyecto en el que se abordó el tema indígena de manera integral. Por lo tanto, fue un proyecto innovador. La modalidad de trabajo en la manera que en todas las operaciones comienza a operar con un fondo rotatorio que es del orden del 10 por ciento del préstamo. Todas las operaciones tienen que tener, anualmente, un plan operativo y de adquisiciones. En materia de reembolso, nos fijamos en dos aspectos: en la pertinencia y en la elegibilidad del gasto.
Observó que la pertinencia del gasto tiene que ver, fundamentalmente, con lo sustantivo, es decir, si el gasto responde a alcanzar los objetivos que el programa persigue, cuestión que es esencialmente técnica. La elegibilidad del gasto se refiere a si éste fue realizado de acuerdo con las normas y si existen los comprobantes que acrediten, fehacientemente, que el dinero se gastó de la manera adecuada, de acuerdo con las normas nacionales. En esta parte es la Contraloría la que hace una evaluación ex post de todos los gastos que el programa realiza. Luego de recibirla el banco determina si los gastos son elegibles. Los gastos que no se consideran elegibles pueden ser sustituidos o simplemente se tienen que afrontar con dineros de la contrapartida local.
Entonces, el sistema en sí mismo tiene una especie de seguro, porque para restituir el fondo rotatorio necesitamos reconocer que los gastos son elegibles, mecanismo que constituye una especie de reaseguro para el mismo ciclo del proyecto.
Respecto de los estados financieros que controla el BID, señaló que éste posee distintos mecanismos de supervisión y de seguimiento, tales como:
-Informes semestrales, visitas de inspección y misiones de administración, además, hay un informe de evaluación intermedia del respectivo programa y, finalmente, hay un informe de evaluación.
-En los aspectos financieros y de adquisiciones, el BID se basa en la Contraloría, que es la entidad que revisa y audita los estados financieros de todos los programas que se financian en Chile. En el caso de este programa, existen tres estados financieros auditados: 2007, 2008 y 2009. Cuando se recibe el estado financiero auditado por la Contraloría, se le pide al ejecutor que presente sus descargos al estado financiero o que dé respuestas a las observaciones de que pudo haber sido objeto.
En cuanto a las rendiciones, explicó que este tema apareció en los estados financieros del 2009. En noviembre del 2009 el BID recibió de parte de la Contraloría un informe intermedio en el cual mencionaba y anunciaba ese aspecto. Por ese motivo, se tomó contacto inmediato con la unidad ejecutora del programa para pedir que se enviara un plan concreto para iniciar rápidamente una adecuación a las observaciones que había presentado la Contraloría. Para el Banco el período de los dos años se justifica en términos de las características del proyecto, independientemente, de entender que la Contraloría tiene normas que debe hacer cumplir. El programa tiene un flujo de recursos destinados a las comunidades, por lo que hay rendiciones y flujos que se van recibiendo y entregando permanentemente, razón por la cual siempre habrá una suma por rendir.
También es posible que haya algunas diferencias en la manera de medir las cosas. El BID contabiliza las cuentas en base caja, esto es, de acuerdo a los recursos que van saliendo o entrando en la caja; la Contraloría, en cambio, lleva una contabilidad en base presupuestaria, es decir, en base a criterios devengados, o sea, una vez que la plata salió, está gastada, pero todavía falta que se rinda.
Otro asunto es el del gasto duplicado que es uno de los temas del estado financiero de 2009 que está siendo aclarado. Se trata de obtener la información objetiva, tanto de la unidad ejecutora, en este caso del Programa, como de la Contraloría, para determinar la pertinencia de los gastos. y la elegibilidad de los recursos. El BlD tiene todo un protocolo para suspender los desembolsos en operaciones y, de acuerdo al contrato que tenemos para el Programa Orígenes, en ningún momento se configuró ninguna de esas situaciones.
Sobre los gastos administrativos, explicó que el BID no tiene una norma para catalogarlos en los programas, sino que depende de las características de éstos. El BID no considera los gastos financieros como gastos administrativos. En este caso, consideramos que los gastos de la unidad ejecutora son, básicamente, los gastos administrativos, incluidos los realizados por concepto de comunicación, difusión, etcétera. Por la naturaleza del proyecto al principio existió un mayor peso de gastos administrativos. Sin embargo, de lo que queda por desembolsar, sólo el 14 por ciento correspondería a este tipo de gastos. Esto quiere decir que en el promedio final del programa, una vez desembolsada la totalidad de los recursos, deberíamos acercarnos a la cifra que está prevista en la estimación inicial de costos que hicimos.
Hizo presente que en el año 2008, a raíz de algunas percepciones de irregularidades en el Programa, se acordó con el delegado presidencial para temas indígenas, el señor Rodrigo Egaña , realizar un análisis sobre las consultoras que hacen el asesoramiento técnico, porque había denuncias de favoritismo al decidir la contratación de algunas consultoras. Para realizar esa evaluación el BID contrató a un consultor que vino a Chile, conoció el programa y recorrió las distintas regiones. En su informe concluyó que no se había detectado ninguna situación de irregularidad en la contratación de las PATCH.
No obstante, al momento de diseñar el programa se detectó que el mercado de las consultorías para temas indígenas era muy débil en Chile, debido a la inexistencia, hasta ese entonces, de este tipo de programas y, al mismo tiempo, de demandas que generaran el interés de profesionales por especializarse en estas materias. Además, el informe mencionó que los pocos casos en que hubo alguna indicación en esa línea de posible irregularidad habían sido tratados dentro de los procedimientos que el mismo Programa establece. En el resto de los temas nos basamos esencialmente en los informes que nos envía la Contraloría.”
Cambios en el Programa. A juicio del exponente, tendrían que haber cambios importantes en la forma en que se está operando, porque se diluyó el foco original del Programa, lo que impactó negativamente en algunos componentes. Concretamente uno de los riesgos que veíamos en el Programa en el momento del diseño eran los problemas de gobernancia que tenia la Conadi, pues convivían en esta entidad funciones ejecutivas con la de fijación de políticas y la interferencia excesiva en los aspectos administrativos.
Enfatizó que, dadas las experiencias y las lecciones ya aprendidas con el propio Programa Orígenes y otros programas, es necesario hacer cambios institucionales, tiene que haber un enfoque más integral que no sólo incluya acciones como las del Programa Orígenes, sino que tiene que ser mucho más amplio y tratar de encontrar alternativas productivas para esas comunidades.
Por otra parte, desde hace dos años y medio, estamos trabajando en otras áreas no sólo con el sector público, sino, más bien, con el empresariado privado, para desarrollar instrumentos que permitan valorizar Las tierras que las comunidades poseen, pero que están subutilizadas.
Carlos Perafán , Jefe del Equipo del Programa Orígenes y Especialista del BID en Pueblos Indígenas de la Unidad de Género y Diversidad, con oficina base en Lima, Perú .
Evaluación de la eficacia con que se han usado los recursos entregados por el BID.
Expresó el señor Perafán que en cuanto al cumplimiento de los objetivos del Programa Orígenes, el BID tiene varios instrumentos de supervisión. Con Alfredo Etchegaray y Francisco Lois han visitado distintos lugares, para darle seguimiento a lo que ocurre en terreno. Además, semestralmente recibe informes de ejecución y de la Contraloría, que no solamente tratan de los temas judiciales, sino que también del cumplimiento de las cláusulas contractuales. Ha habido otros informes muy interesantes, como el que está realizando la Dipres sobre el Programa.
En el modelo de intervención de este proyecto, está la lucha contra la pobreza, por un lado, y la adecuación de servicios públicos para que lleguen a los pueblos indígenas, por el otro, es decir, la pertinencia cultural. De lo que se trata es que los servicios públicos se adecuen. En ese campo tenemos cuatro coejecutores, y nueve convenios con entidades, como es el caso del Ministerio de Justicia.
Experiencia de Chile en el contexto internacional. Aseguró que Chile tiene muchas experiencias interesantísimas en campos como la educación intercultural bilingüe, en la instalación de las nuevas escuelas, con asesores comunitarios que han entrado a trabajar con las escuelas, llevando una historia local y todo el tema de las lenguas originarias. Por ejemplo, una cosa es dar educación a los niños mapuches en una escuela y otra cosa muy distinta enseñar mapudungun. Los temas de capacitación comunitaria para el acceso al manejo del patrimonio histórico y cultural articulado con el turismo son excelentes, como es el caso de la zona del Loa.
Problemas en las comunidades. Señaló que en el tema de las comunidades hay dos grandes áreas que presentan problemas. Uno de ellos es el causante de todos los desvelos. Para esta intervención se centrará en los mapuches.
Explicó que la comunidad mapuche es multimodal, con una economía agraria, pero también urbana, que tiene que ver con la producción de excedentes para la seguridad alimentaria, lo que se llama economía tradicional indígena, mal llamada economía de subsistencia, pero también tiene una articulación con el mercado, que se da no solamente por la venta de los mismos productos o por la actividad microempresarial o empresarial, sino también por la articulación de venta de la fuerza de trabajo. Los modelos de intervención clásicos enfrentan ese tipo de economías, básicamente, de dos maneras: una, fortaleciendo la economía tradicional de subsistencia, centrado en una serie de inversiones intraprediales, por ejemplo, cercos, galpones, compra de ganado, etcétera. Eso permitió tener seguridad respecto de muchas tierras que fueron traspasadas a las familias en virtud de !as compras de la Conadi y que en un momento no tenían ninguna ayuda.
Por otro lado, está la segunda fase, cual es el mejoramiento de las condiciones de valorarse en el mercado. Por ejemplo, tenemos un rubro muy importante: los instrumentos. Al respecto, mucha gente le pide al Programa motosierras y todo ese tipo de herramientas, porque es la mejor manera de articularse laboralmente en las forestales. Está planeado impulsar la articulación de las cadenas productivas del mercado entre el empresariado indígena y el sector privado.
Puntualizó que otro tema importantísimo es tener una población objeto de subsidio, y otra es tenerla como un sujeto de derechos. El programa se orientó a empoderar a las comunidades, lo cual implicó que la demanda la generaran ellas y esto, a su vez, generara un proceso de planificación, que fue el que llevó a que se articularan estas mesas y se les adelantara un dinero para que pudieran reunirse, empezar a planificar y les contrataran las PAT.
Aclaró que si bien se ha generado un proceso de planificación muy profundo a nivel local, no se ha cumplido la función de articulación a los planes municipales y regionales, porque hubo una distorsión muy grande, puesto que fue percibido como un programa de subsidios. Entonces, hubo una presión muy grande para que se aumentara lo que se llama el “fondo de decisión local”, esto es, que a esas mesas se les diera un dinero, para que las comunidades discutieran qué hacer con eso, como un primer paso hacia la planificación. Pero la gente entendió que era un subsidio directo. En consecuencia, empezaron a reclamar y el gobierno optó por aumentar el fondo de decisión local a costa de empeorar los otros elementos del programa y reasignarlos.
Por ello, se dejó de hacer el esfuerzo que se requería para uniformizar esos planes, hacerlos de más largo alcance y capacitar a la gente para mejorar la capacidad de las comunidades para rendir cuentas. Sin embargo, no se pudo hacer mucho por articular toda esa demanda a la oferta estatal, especialmente en Temuco. Por otro lado, tampoco se pudo trabajar en los temas de empresariado y de articulación.
Referido al aspecto cultural, hizo una evaluación positiva de las sedes comunitarias. Antes los comuneros no tenían donde reunirse, y ahora se están generando toda una serie de sinergias. Comunidades que estaban aisladas se están juntando, están pensando en un territorio y en el futuro. Todavía falta mucho en el sentido de interiorizar un pensamiento más de desarrollo con identidad, en términos de planeación a largo plazo.
Francisco Loes , Jefe del Área Financiera del Bid en Chile, con oficina base en Santiago.
Informes de la Contraloría. Indicó que el ente contralor emite cuatro informes: sobre estados financieros básicos; información complementaria; incumplimiento de cláusulas contractuales, y revisión de adquisiciones y desembolso. Por otro lado, el BID solicita un informe de control interno, que se emite, pero no tiene un dictamen, sino que hace un recuento de las observaciones.
El BID revisa los informes, se reúne con el ejecutor y pide información. En algunas instancias, como es el caso de la auditoría del 2007, la Contraloría le pide una respuesta en un plazo determinado. Entonces, hay una contestación formal que entrega el ejecutor con sus descargos. Cuando al BID le preocupan ciertas observaciones de la Contraloría, se ha recurrido a dicha entidad para saber el alcance de las observaciones y si ha habido un adecuado descargo o entendimiento. Eso pasó con los estados financieros de 2007. Fuimos a Temuco en 2008, que llevaba la auditoría, y realmente hubo explicaciones y no volvió a repetirse esa observación en los períodos siguientes. Existen distintos tipos de observaciones: de dictamen, de salvedad y de control interno.
Posteriormente la Contraloría hace una revisión a junio. Por lo tanto, en lo referente al año 2008, el ejecutor presenta los descargos, teóricamente, durante la auditoría intermedia de los estados financieros, dado que la Contraloría no le está pidiendo respuesta, sino que se declara en el período siguiente.
Explicó que este proyecto tiene un contexto que es importante conocer. Tiene cinco unidades ejecutoras y está en siete regiones; tiene 9.336 proyectos y varios convenios. Se registra y se lleva bajo la contabilidad nacional, que es el sistema Sigfe.
Indicó que el BID comunicó por escrito al Programa Orígenes que tomará medidas en el caso del informe intermedio cuando se conocieron los gastos por rendir. Se le señaló que suspendiera esos gastos y que vaya dando seguimiento. Actualmente se lleva adelante una etapa de revisión de los estados financieros de 2009, porque se postergaron debido al terremoto. La Conadi quedó inhabilitada de operar; pidió postergación y entregó los estados financieros en junio de 2010.
Recordó que la Conadi ha seguido la política de enviar al Consejo de Defensa del Estado los proyectos cuyos desembolsos no han sido justificados transcurridos dos años desde el inicio de la operación. Evidentemente esa circunstancia hace que los antecedentes se deriven al Ministerio Público.
Por último, señaló que cuando un gasto está claramente impugnado y demostrado, es rechazado; se hace un ajuste y se presenta otro nuevo gasto. Eso se rendirá con un aporte local o con presupuesto propio, a través de transferencia de cuentas.
Sesión 6ª, celebrada el 8 de septiembre de 2010.
José Santos Millao Palacios, presidente de la organización Ad Mapu y Consejero Nacional de la Conadi.
Institucionalidad de la Conadi. En la primera parte de su intervención se refirió a la institucionalidad de la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena. Al respecto, informó que está integrada por ocho consejeros nacionales indígenas, que representan a cada uno de los pueblos reconocidos por la ley N° 19.253, y sus funciones están explicitadas en los artículos 41 y 42. La dirección superior de la Conadi corresponde a un consejo nacional integrado por los aludidos consejeros, más ocho consejeros que representan a] Gobierno (tres son representantes de los ministerios Secretaría General de de Gobierno, de Mideplan , de Educación, de Agricultura y de Bienes Nacionales, y tres de confianza del Presidente de la República ). El director nacional es de confianza exclusiva del Presidente de la República y tiene la calidad de presidente de la Comisión
Indicó que la letra A) del artículo 42 de la Ley Indígena encomienda al Consejo Nacional definir las políticas de la institución y velar por su cumplimiento. La letra B) le encomienda a proponer e] proyecto de presupuesto anual del Servicio. Si ello no ocurriere, quedaría en manos del Mideplan, porque el Consejo Nacional está supeditado a dicho ministerio. La ley dispone que el Consejo se reúna por lo menos, dos veces cada tres meses. Por participar en estas reuniones los consejeros reciben una dieta de 3 Unidades Tributarias Mensuales.
Señaló que los pueblos originarios, en particular el pueblo mapuche, han sido excluidos, maltratados, discriminados y fruto de eso es la actual situación que viven y que todos conocen. Ayer fue difundida una evaluación que se hizo de la educación, y nuevamente la Novena Región tiene fas cifras de mayor analfabetismo del país.
A continuación dio respuesta a una serie de consultas que le formularon los miembros de la Comisión, respecto de las materias que se señalan, sin dejar de manifestar su malestar por el hecho de que a los consejeros indígenas se les hace responsables por los problemas de la Conadi, como si fueran los únicos miembros del Consejo.
Política de tierras. Señaló que la Ley indígena es la única que habla de políticas de tierra. El artículo 12 se refiere a la historia y a cuáles son las tierras mapuches; el artículo 13 protege las tierras y se refiere a que son inembargables, imprescriptibles, etcétera, y el 20 señala la aplicación de la tierra, que en su letra b) señala y reconoce los títulos de merced que se otorgan después de la mal llamada pacificación de la Araucanía. También la letra a) se refiere a los subsidios en particular.
Por lo tanto, conforme a la letra b) del artículo 20, el registro dice que se han recuperado, por lo menos, unas 700 mil hectáreas de tierra. El modo de operación es que todo pasa por el Consejo Nacional, que está integrado por representantes de 5 ministerios más 3 representantes de confianza directa del Presidente de la República .
Subsidios individuales. Señaló que cuando se generó esta situación había 2.250 millones de pesos para el subsidio individual. En la Novena Región postularon 3.725 personas y 73 comunidades. Con esos recursos se. alcanzaba beneficiar sólo a 60 6 70 personas y 3 comunidades. En su oportunidad reclamó por la insuficiencia de estos recursos y finalmente se citó a un Consejo Nacional extraordinario que aprobó solicitar una suma total de 7 mil millones.
Emilia Nuyado Ancapichun , Consejera Nacional Indígena Mapuche-Huilliche.
Funciones de los consejeros. Expresó que para los consejeros es importante valorar el gran esfuerzo que se ha hecho durante estos años de la creación de la ley indígena y últimamente en la ratificación e implementación -estamos trabajando en eso- del Convenio 169. Por lo tanto, como representantes indígenas, además de lo que señala la ley indígena en los artículos 41 y 42, tenemos una cantidad de comisiones a las cuáles estamos invitados a trabajar, como es la comisión política, la de políticas públicas, la de becas indígenas, comisiones de derechos internacionales y otras. Pero nuestra fundamental cercanía está ligada al trabajo que llevamos a cabo diariamente con las comunidades indígenas, porque nosotros hemos sido electos, a través de la votación de las comunidades indígenas. Por lo tanto, el territorio que nos corresponde abarcar y trabajar es un territorio muy amplio, mucho más de lo que abarca una circunscripción. Entonces, quiero dejar claro aquello, porque muchas veces se pregunta qué es lo que los consejeros hacen.
Resaltó que el trabajo de los consejeros está en representar a nuestras comunidades indígenas en las reivindicaciones y demandas históricas de nuestros pueblos, y en la creación de planes y programas que permitan a nuestro pueblo responder a sus demandas. Esa es nuestra función.
Aumento del Fondo de Decisión Local (FDL). Respecto de la responsabilidad sobre el aumento del Fondo de Decisión Local (FDL) de 721 mil pesos a 900 mil pesos, aclaró que fue consecuencia de un acuerdo que tomó el Consejo Nacional, que se hizo en coordinación con el Programa Orígenes y con el BID. Por lo tanto, no es una responsabilidad directa y exclusiva de los Consejeros.
En relación con la línea de incremento del 5.2, que son los fondos que se han destinado para fortalecer el rol del Consejo Nacional de la Conadi, debemos reconocer que bajo esa modalidad, en conversaciones con el BID, con el Programa Orígenes, y con el director nacional de la Conadi , surgió un programa que permite a los consejeros recorrer los territorios en los cuales está instalado el Programa Orígenes y tener encuentros de carácter nacional. Efectivamente, esos recursos han servido para el traslado de cada uno de los Consejeros para apoyar las mesas de planificación, desarrollar y apoyar al propio Programa Orígenes. Son 216 millones para aplicarlos en 4 años, que se ha ejecutado a través de licitaciones públicas de ChileCompra.
Recordó que en enero de este año se iba a lanzar el primer concurso en las regiones de Los Ríos y de Los Lagos, pero una vez que asumió la nueva Coordinadora, Kaina Doña , ésta hizo un reordenamiento, que no pasó por el Consejo Nacional de la CONADI. La Coordinadora, de manera arbitraria y autoritaria, tomó las decisiones internas y contrató a una serie de personas para gestiones y otras cosas, porque entendía que su misión era respaldar cada una de las acusaciones que había hecho la Contraloría al Programa Orígenes.
Casos especiales. En respuesta a una consulta sobre los casos especiales, señaló que cuando se discutieron las bases reglamentarias de los casos especiales, se agregó el artículo 7°, que permite incorporar a familias como machis, lonkos, familias desalojadas o que no calificaban y que por años habían solicitado disponer de la tierra, y que se les pudiera otorgar por la vía del subsidio.
Respecto de una denuncia sobre personas a quienes se les habría quitado el subsidio, reconoció que la Asociación Nacional de Funcionarios de la Conadi hizo la denuncia ante la Contraloría, en la que señalan a los Consejeros, al Director y a la gente que participó en el Comité. La Contraloría General de la República hizo la investigación y señaló que el artículo 7° no se ajusta a lo que dice la ley indígena, por lo tanto, los subsidios quedaron nulos. De esta resolución los afectados accionaron ante los tribunales superiores de justicia.
Aseguró que lo más probable es que cuatro o cinco casos pudieran ser la excepción. Pero el resto de las familias a las que se les debiera haber otorgado la tierra por casos especiales, son las que efectivamente la requieren y necesitan. Lo que hizo la Contraloría allí fue generalizarlo todo y no revisó caso a caso.
Participación de los consejeros en las Juntas Evaluadoras. Respecto de la acusación formulada por el Director Nacional de que los Consejeros eran parte de la juntas evaluadoras, señaló que eran comités que se convocaban para determinar los subsidios de tierras, y en los cuales, efectivamente, los Consejeros fueron parte de la asignación de los casos especiales. Sobre lo mismo, recordó que una cantidad mínima se destinó a la situación de los casos especiales.
Evaluación del Programa_ Señaló que el Programa Orígenes, efectivamente, ha entregado dignidad y apoyo a la identidad de nuestros pueblos. El Programa Orígenes no tiene por qué ser visto por los diputados, por el director nacional de la Conadi y por la propia Coordinadora, como el instrumento que viene a resolver las demandas de los pueblos indígenas. Este es un programa creado para fortalecer la organización y la identidad de nuestros pueblos, y no para resolver el tema productivo. Eso lo tiene que resolver el Estado y el Gobierno. Por lo tanto, no es el Programa quien debe cumplir aquella función. Sostuvo que ni el Estado ni el Gobierno les ha resuelto a los pueblos indígenas sus legítimas demandas. Eso explica que el BID quiera firmar un nuevo convenio con el Gobierno de Chile.
Finalmente, señaló que los diputados debieran trabajar para que la Contraloría tenga una forma distinta de mirar a nuestros pueblos, porque ellos existen desde antes del Estado chileno. Esa es la mirada que debieran tener los diputados, y no esa tan pequeña, tan acusadora y en la que siempre están viendo lo negativo. Acá ha habido cosas muy positivas, y sería bueno que cada uno de quienes integran la Comisión Investigadora pueda estar allá, pueda ir a las comunidades y ver cómo las mujeres hoy están tejiendo, cómo se está recuperando la cultura ancestral, cómo la mayoría está recuperando la lengua a través de los programas de cultura, porque esa responsabilidad también la tienen los parlamentarios, y todavía no se ha asumido.
Generalmente, hizo presente que se dice que las comunidades son responsables de recuperar su cultura, pero es el Estado el que tiene esa responsabilidad, y [os diputados son parte de él en su calidad de legisladores.
Miguel Liguempi Huilita , Consejero Nacional Indígena ante la Conadi.
Programa Orígenes en la Región de Biobío. Declaró que el Programa Orígenes en la Región de Biobío, posiblemente no fue lo mejor, por la cantidad de recursos, por lo que se le adeuda a los pueblos indígenas. Pero sí puede decir que fue muy importante porque la gente se organizó y sintió ser mapuche.
Agregó que en Arauco la gente se organizó, le llegó recursos, y hay más comunidades involucradas. Puede ser por cualquier razón, pero a lo mejor hay comunidades y dirigentes que no han rendido algunas platas, pero lo puede entender por muchas razones; se le pudo perder la factura, se le quemó la casa, fue al pueblo o algo pasó, pero no por mala intención. Yo pregunto, agregó, ¿cuántas personas, instituciones y bancos no han pagado? Me pregunto por qué hay una persecución, ¿porque son mapuches, porque son indígenas? Eso me molesta profundamente.
Plazo de 30 días de plazo para hacer la rendición. Con respecto a esta materia, señaló que la Contraloría no conoce la realidad y el ritmo de vida en el campo. Por ejemplo, se le pasa una cantidad de plata a una comunidad para enfrentar sus gastos, pero al llegar el tiempo de la cosecha, primero tiene que hacer esta labor y después tiene que preocuparse de los demás temas.
Ineficiencia del actual Director de Conadi . A su juicio, el director de la CONADI ha sido ineficiente para hacer funcionar este sistema. Deja a un lado el mecanismo del artículo 20 b) y sólo ve el tema de las postulaciones, cuando es impresionante la cantidad de recursos que existen para la compra de tierras. Pidió que, si la Conadi va a administrar recursos del Programa Orígenes en una tercera fase, lo primero que tienen que hacer es poner a una persona eficiente para que esto funcione.
Rafael Tuki , Consejero Nacional ante la Conadi por el pueblo de Rapa Nnui.
Explicó que en las elecciones para consejeros nacionales en Rapa Nui todo el pueblo vota; no es por comunidad. Toda la comunidad tiene el derecho, según la ley indígena, a expresar su voto. Indicó que en Isla de Pascua no se tiene el Programa Orígenes ni varios de los programas que aquí se señalan, y él tampoco recibe el dinero que se asigna para movilización. Por eso se quejó de las acusaciones de corrupción que se hace a los consejeros de la Conadi. Al respecto, estimó que existe una confabulación, porque el Gobierno quiere eliminar el Consejo Nacional de la Conadi, que es la única institución del Estado en que los representantes indígenas tienen poder resolutivo, consultivo y propositivo. Entonces, se desacredita a los consejeros diciendo que son corruptos. Pero en la Corporación la mayoría de los votos son de Gobierno. En el Consejo sólo se aprueba lo que quiere el Gobierno y lo que nosotros queremos no se aprueba si no quiere el Gobierno. Entonces, hacernos responsables de decisiones que se han tomado a nivel de Consejo, donde la mayoría de la participación es de Gobierno, significa que les falta información o que el gobierno está actuando de mala fe.
Sostuvo que si el Gobierno quiere eliminar el Consejo y la representación indígena dentro del Consejo, que es una unidad donde tenemos opinión directa, que lo digan, pero no empiecen a inventar cosas y si hay responsabilidad de alguna persona, para eso está la ley. Pero no se debe ensuciar a todos los consejeros y la representatividad de los pueblos dentro de un Consejo. Eso es feo y no se debe hacer.
Sesión 7ª, celebrada el 29 de septiembre de 2010.
Lohengri Ascencio , presidente nacional (s) de la Asociación Nacional de Funcionarios de Conadi.
Expresó que se referirá a los hechos que muestran las irregularidades ocurridas en la Conadi y que, fundamentalmente, se refieren a la compra de tierras.
Acuerdos para compras de tierras
Indicó que en el año 2000, en una acta, de fecha 24 de agosto de 2010, se dice que los consejeros de la Conadi acusaron al Gobierno de favorecer a los indígenas más radicalizados, en desmedro de las que optan por el diálogo. Esta situación se producía ante la pasividad del director de la Conadi , Edgardo Lienlaf , quien, a juicio de los dirigentes denunciantes, había sido instrumentalizado por la entonces Ministra de Mideplan , Alejandra Krauss .
Resaltó que el procedimiento de compra de tierras implica una solicitud de la comunidad a la Conadi. Luego la Conadi estudiaba si realmente correspondía aplicar el articuló 20 B, mal llamado por la gente como el “fondo de tierras en conflicto”. Los peticionarios deben demostrar a la Conadi que efectivamente había una disminución territorial de los títulos de merced de las comunidades, lo que amerita que se compren tierras por parte de la Corporación. Eso se concreta a través de una resolución que dictaba él fiscal de la Conadi, llamada “aplicabilidad”.
Explicó que, lo que cuestionaban los consejeros era que esos acuerdos que estaba celebrando la ex ministra Krauss con algunas comunidades, se hacían al margen de los procedimientos y se postergaba a las comunidades que estaban haciendo su postulación a las tierras en forma normal.
A continuación se refirió a un acuerdo celebrado entre la ex ministra y la Asociación Ñancucheo, titulado “Acta de acuerdo con la Asociación Indígena Ñancucheo, comunidades indígenas de Lumaco, Ministerio de Planificación y Cooperación y Corporación Nacional de Desarrollo Indígena Referido a Tierras Indígenas y Desarrollo”.[12] En lo principal se acuerda un programa de compra de tierras, porque “en la especie se presentan razones de Estado, las cuales hacen aconsejable dar lugar a la aplicabilidad” (N° 6 del Acuerdo).
Otros casos similares son el “Acta de acuerdo de comunidades mapuches de Collipulli, Ministerio de Planificación y Cooperación y Corporación Nacional de Desarrollo indígena”, firmada en Temuco, 19 de diciembre de 2001 y un siguiente acuerdo que involucró a las mismas partes, celebrado el 15 de enero de 2002.
Recalcó que los documentos exhibidos demuestran que desde Mideplan se firmaban acuerdos con las comunidades sin que la Conadi fuera considerada, lo que obviamente comprometía no sólo la gestión de la misma, sino su patrimonio y recursos por años. Explicó que si bien el período de investigación de la Comisión es del año 2006 en adelante, estos acuerdos incidieron en el presupuesto de la Conadi de los años siguientes.
Hizo ver que en los casos señalados las comunidades se saltaban este procedimiento y la Conadi compró tierras en forma irregular. Es verdad que había conflictos en esas comunidades, pero la paz social no es responsabilidad de la Conadi, sino que el desarrollo de los indígenas; además, el artículo 20, letra b), tiene como finalidad resolver conflictos de tierras que venían en forma ancestral, y no para conflictos de gobernabilidad o de convivencia en la región de La Araucanía.
Se refirió, además, a un instructivo del jefe de la división de Gobierno Interior en cuyo texto se seña: “Como es de conocimiento público, su Excelencia el Presidente de la República , señor Ricardo Lagos , el 19 de marzo de 2002, al referirse sobre la problemática de tierras en las regiones Octava, 'Novena y Décima, señaló que, los organismos dependientes de Mideplan, tales como Conadi y Orígenes, no podrán realizar ni negociar ningún tipo de acuerdo o privilegios con aquellas comunidades indígenas o miembros de aquellas que utilicen la fuerza como medio para la consecución de los beneficios, en lo referido a la compra de tierras.”
Sin embargo, el acta en la que el Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas, acompañado por el Director de la Conadi y el asesor de la Intendencia de Temuco, firmó un acuerdo el 10 de noviembre de 2008 con integrantes del sector Lleupeco, -que ni siquiera estaban organizados como comunidad- se señala: “El comisionado presidencial hace presente que los hechos de violencia, en particular el incendio del fundo Santa Rosa acarrearon la suspensión del proceso, pero si a partir de la presente reunión se dan las condiciones, asume el compromiso de retomar las gestiones en el caso.” Por esa vía se desvirtuó la finalidad de la Conadi, a la luz de estos documentos, que no fue obra de los funcionarios, sino de autoridades externas que comprometieron a la Corporación.
Explicó que el artículo 20, letra b), se refiere a situaciones donde ha habido conflictos entre una comunidad y un particular. Empero, hubo muchos casos en que las comunidades perdieron los juicios en segunda instancia y la Conadi, como una manera de compensar esa pérdida de territorio de la comunidad, intervino a través del fondo artículo 20, letra b).
A su juicio, el artículo 20 letra a) tiene otra finalidad. Es un fondo que administra la Conadi para ayudar a aquellos indígenas que cumplen ciertos requisitos que tienen que ver con su situación socioeconómica. Es decir, los elementos que se tienen a la vista para aplicar este beneficio son la situación económica y social del peticionario, el número de integrantes del grupo familiar y el ahorro previo.
Compra del fundo Chiguaiqüe. Explicó a continuación que existe una investigación por la compra del fundo Chiguaigüe, porque se habría hecho por una cantidad muy superior al precio comercial, razón por la cual un abogado particular de Temuco, el señor Jaime Madariaga , presentó una querella por fraude al fisco. Eso está en etapa de investigación y es producto de la falta de orden en los procesos.
Subsidio de tierras a casos especiales. A este respecto, n informó de qué manera se enteró la Asociación de Funcionarios de Conadi de la existencia de una situación irregular. Aseguró que los casos especiales son una institución que ellos no conocían. El 20 de junio de 2008, el funcionario Julio Caniumán Cheuquelao envió un e-mail al presidente de la Asociación de Funcionarios de la Conadi , señor Manuel Namuncura Rodríguez , en el que fe da cuenta de una irregularidad que él presenció como integrante de un comité de selección, ya que se asignó una cantidad bastante mayor a lo normal para casos especiales. Este dirigente, a su vez, hizo una presentación ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, denunciando las irregularidades en el 11° Concurso de Subsidio para la Adquisición de Tierras para Indígenas.
Después de hechas las denuncias, el Consejo Nacional sesionó en Santiago, el 18 de julio. En esa sesión del Consejo, se acordó por unanimidad, ante las denuncias por irregularidades, designar una comisión que resolviera este problema. Esa comisión estuvo formada por los mismos consejeros que habían integrado el comité de selección, encargado de presentarle al Director la nómina de las personas que pueden recibir el beneficio. Sin embargo, en esa sesión del comité, el señor Caniumán se percató de que, además de los casos normales, se propusieron más de 80 casos especiales.
El funcionario en cuestión no sabía qué eran los casos especiales, pero le hicieron .ver que esa fórmula había sido aprobado en las bases y que consistía en hacer extensivo el beneficio a otras personas, como una mujer que fuera machi, gente que tuviera orden de lanzamiento, etcétera. A la Asociación de Funcionarios le llamó la atención esa situación, porque no corresponde que a una persona se le aplique el artículo 20 letra a) por tener la condición de autoridad religiosa o una orden de lanzamiento, ya que se trata de normas de derecho público, que posibilita hacer sólo lo que está expresamente autorizado.
Recordó que el 10 de septiembre de 2008, la Asociación de Funcionarios le envió una carta al director nacional de la Conadi para solicitarle que paralizara este proceso, por ser absolutamente irregular. La asignación ascendía a 20 millones de pesos por persona, que multiplicados por 79 subsidios individuales, más los que hubo para comunidades, resulta que se habían destinado más de 1000 millones de pesos en subsidios para casos especiales. El documento menciona 1.547 millones de pesos en subsidios para casos especiales individuales, en tanto que la cantidad para los subsidios comunitarios eran 3.085 millones de pesos en total.
En el concurso 2007, la Contraloría había señalado que 126 postulaciones no cumplían con el puntaje. Esto significa que había 126 personas que si cumplían con el puntaje y, sin embargo, quedaron fuera. Este informe de la Contraloría se hizo llegar al Director de la Conadi señor Alvaro Marifil .
Por otra parte, el 12 de septiembre se reunió el Consejo Nacional, a quien se le entregó la carta en la cual se señalaba que los casos especiales eran ilegales. Copia de esa carta se envió a la Presidenta de la República , a la Ministra de Planificación y otras autoridades. El Consejo no autorizó a los representantes de la Asociación Nacional de Funcionarios de Conadi para ingresar a la sesión.
Dio lectura al acuerdo N” 43, del Consejo Nacional, en donde se señala que: “acuerda, por unanimidad, aprobar la propuesta de bases del concurso del subsidio y adquisición de tierras, referido al período de postulación, ahorro previo, etcétera, y los requisitos generales de postulación, presentados por el jefe del Fondo de Tierras y Aguas, don Richard Mansilla Aravena , sin perjuicio de considerar las siguientes observaciones: casos especiales de postulantes con orden de desalojo, ocupantes de terrenos o que se encuentren con extrema minusvalía, familias del sector urbano con pertenencia cultural, postulantes con pertenencia e identidad cultural, que contenga seguimiento, asistencia técnica y que la distribución de presupuestos por región se efectúe según las nuevas regiones creadas”. Es decir, bastantes meses antes de que se hiciera el comité de selecciones, ya se había decidido que hubiera casos especiales.
Indicó que a medida que continuaron investigando se percataron que en el 10 Concurso pasó algo parecido; ni siquiera hubo concurso. En el 2007 ocurrió la misma situación y fue más grosera. Es decir, fue tal la infracción de la ley que ni siquiera se aprobó la figura dentro de las bases del concurso, sino que derechamente se aprobaron los casos con nombres y apellidos. Ese acuerdo dice: “Casos especiales, artículo 20, letra a): “Se acuerda por unanimidad aprobar los casos especiales presentados por el jefe del Fondo de Tierras y Aguas, esto es, 32 subsidios individuales, y 9 de parte de comunidades, equivalente a un monto total de 1.410.149.709 millones de pesos. Se anexa detalle de la presentación que forma parte del acuerdo. “Se exceptúan 14 casos individuales de la Región de La Araucanía y uno de la Región Metropolitana, para su posterior revisión, previo informe jurídico de Fiscalía de la Corporación.” Con posterioridad se aprobaron esos 14 casos pendientes.
En su opinión, hay que revisar las actas del Consejo de 9 de mayo, de 8 de junio y de 30 de octubre de 2007 para saber por qué se aprobaron esos casos especiales puntuales y por qué se aprobó la figura de casos especiales para el concurso siguiente el 30 de octubre de 2007.
Asignación de fondos para tierras a personas que vivían fuera de Chile. Respecto de que se hayan asignado fondos para tierras a personas que hayan estado viviendo fuera de Chile, indicó que no tenía conocimiento de que se hubieren asignado esos recursos, pero sí en el noveno concurso, en las postulaciones del 7 de noviembre al 1 de diciembre de 2005. En sus bases se dispone: “Se concederán, además, hasta diez cupos en la adjudicación a indígenas de nacionalidad chilena residentes en el extranjero, los que se evaluarán de acuerdo a los criterios señalados en la ley, siendo la Organización Internacional para las Migraciones la encargada de certificar tanto el cumplimiento de los criterios antedichos como también la situación social del postulante, motivo de residencia en el extranjero y compromiso de uso y residencia en el predio, en caso de ser beneficiados”.
Sesión 8', celebrada el 6 de octubre de 2010.
José Antonio Viera-Gallo , ex Ministro Coordinador de la Política Indígena .
Inició su exposición señalando que le tocó coordinar la política indígena a partir del 27 de agosto de 2009, en un momento de bastante complejidad, porque la situación en La Araucanía era muy difícil: acaba de morir el comunero Jaime Mendoza Colfío y la política indígena tenía serias dificultades en su implementación.
Ejes principales de su gestión. Explicó que los ejes principales de su gestión fueron, en primer lugar, reponer el diálogo con las comunidades; en segundo lugar, reformar la institucionalidad y, en tercer lugar, rediseñar y dar un nuevo impulso a la política de tierras.
Diálogo político. Sostuvo que la ratificación de Chile del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, presentó esa oportunidad en forma más amplia y sin ninguna exclusión. En este punto, recalcó la dictación del Reglamento de implementación de la parte autoejecutable del convenio en todo lo que se refiere a consultas y participación, decreto del cual tomó razón la Contraloría General de la República y que se encuentra, por tanto, vigente.
Hizo ver que, en el marco de la OIT, Chile aparece como uno de los países que ha realizado más consultas, a pesar de haber ratificado el Convenio con bastante posterioridad a otros países. De la gestión del anterior, gobierno se dejaron dos convenios concordados y que toca implementarlos al actual Gobierno. Uno, con el PNUD por 2 millones 800 mil dólares, que tiene que ver con el Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales para la Prevención y Gestión de Conflictos Indígenas y, el otro, con la Unión Europea por 3 millones 500 mil euros, que tiene que ver con la Participación de los Pueblos Indígenas para la Cohesión Social en Chile.
Reformas institucionales. Abordó este tema, señalando que, a su juicio, lo más importante fue la auditoría externa que se solicitó respecto de todo el funcionamiento de la Conadi. Sobre la nueva institucionalidad, se presentaron proyectos de ley que están a la espera de que se hagan las consultas que corresponden con lo dispuesto en el Convenio 169. Las materias tratadas se relacionaron con la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas, la transformación de la Conadi en una agencia de desarrollo indígena, terminando con el consejo de la Conadi, y la creación de un consejo de pueblos indígenas, como organismo autónomo del Estado, donde puedan participar los pueblos originarios. Además, está el proyecto de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y el proyecto de ley sobre nuevo estatuto de la Isla de Pascua, previa aprobación por el Parlamento de las reformas constitucionales, que establece la región autónoma de la Isla de Pascua y Juan Fernández , por una parte y que, por otra, regula el flujo migratorio hacia la Isla de Pascua, tanto de personas que quieren radicarse como de visitantes.
Sobre la política de tierras, indicó que cuando se produjo la llamada pacificación de la Araucanía, el pueblo mapuche fue reducido, prácticamente, a 3 mil comunidades, y sobre esas tierras se entregaron títulos de merced o títulos de comisario. Tales títulos fueron reconocidos por la ley indígena. Sin embargo, esos mismos territorios fueron transferidos, a veces por vía legal y otras por vía ilegal, a propietarios no indígenas, llámese colonos nacionales o extranjeros, a lo largo de varias décadas. Después el proceso de reforma agraria, intentó devolver parte de esas tierras a las comunidades. Pero, posteriormente, fueron devueltas a sus antiguos dueños, y muchas de ellas terminaron en manos de las empresas forestales. Por lo tanto, existe un problema de tierras porque la ley indígena, reconoce títulos que corresponden a tierras que, a su vez, están inscritos a nombre de otros propietarios en el Conservador de Bienes Raíces.
Regularización de tierras. Indicó que, como lo sostuvo anteriormente, el Estado chileno a través de la ley N° 19.253 dictada en 1993, reconoció títulos que corresponden a tierras que, a su vez, están inscritos a nombre de otros propietarios en el Conservador de Bienes Raíces. Tal situación es, a su juicio, tremendamente explosiva. Además, estableció un Fondo de Tierras y de Aguas, para llevar a cabo este reconocimiento (artículo 2°).
Informó que desde que esto ocurrió, hasta ahora, se han regularizado más o menos 657 mil hectáreas, que han sido entregadas a las comunidades, algunas por el artículo 20 b) y, otras, por el 20 a) de subsidios individuales, que se entregan a familias, a una parte de la comunidad o a personas, por otra vía. Explicó que de [as 657 mil hectáreas, hay 306 mil que provienen de tierras fiscales.
Aseguró que uno de [os problemas más complejos fue no haber tenido una dimensión más precisa de lo que era el reconocimiento que hizo el Estado chileno sobre estos títulos y lo que significaban como dimensión de. demanda. Por ello, se pidió al Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile, de la Universidad de Concepción, que actualizara un estudio que había empezado el 2003, para intentar delimitar el problema. En dicho estudio se estableció que para que una familia indígena pudiera sobrevivir adecuadamente, debía tener un mínimo de 12.7 hectáreas de suelo tipo 3. Este criterio se adoptó por Ganad'. Se hizo una actualización, para determinar cuál era el grado de demanda, y hubo un primer resultado sobre lo que pasaría en las provincias de Arauco, Malleco , Cautín y Valdivia .
Explicó que si se suman el número de predios demandados por provincia, la superficie total de los predios y el avalúo fiscal total las provincias de Arauco, Malleco , Cautín y Valdivia , la superficie total de predios demandada alcanza a alrededor de 140 mil hectáreas. Precisó que predio demandado es la cantidad de tierra que corresponde al título de merced o de comisario y donde, por supuesto, existe una demanda formal de la comunidad. Aclaró que predios demandados son sólo vía artículo 20 letra b).
Principales problemas durante su mandato.
Definió en los siguientes puntos los principales problemas que enfrentó en el período que le tocó dirigir las políticas indígenas.
1.- La asignación de predios era decidida por el Consejo de la Conadi, lo cual se prestaba para todo tipo de clientelismo. Eso se terminó y se entregó la decisión al director de la Conadi , en consulta, cuando fuera necesario, con nosotros.
2.- Especulación en el precio de la tierra.
3.- Falta de delimitación de la demanda.
4.- Debilidad de programas de acompañamiento y desarrollo productivo posterior de los predios que se entregaban, pese a la labor de Indap, de la Conaf, del Programa Orígenes, de la propia Conadi y de otros servicios públicos.
5.- Entorpecimientos administrativos y normativos con los que se encuentran las comunidades para acceder a los programas públicos. Al respecto, las comunidades tienen muchas dificultades para postular a los subsidios que el Estado otorga. Un ejemplo típico es el del Programa de Desarrollo Local, Prodesal , de lndap, que para postular a él se les exigían títulos privados que no tienen.
6.- Estrechez presupuestaria, porque tras cuantificarse la demanda se debe establecer el ritmo con que se puede satisfacer tal demanda y después hay que colocar los recursos para que eso pueda ocurrir.
Señaló que su meta fue transferir predios a 115 comunidades y acelerar los estudios de aplicabilidad de títulos de 308 comunidades demandantes.
Sostuvo que se hizo un primer intento de rediseño de la política de tierra. En primer lugar, las compras las resolvía el director de la Conadi y no el Consejo de la Conadi. En segundo lugar, se determinaba el número definitivo de familias favorecidas al momento del reconocimiento del derecho. Se reconocía la aplicabilidad del derecho y después en el camino iban aumentando el número de familias, con lo cual aumentaba el número de hectáreas, porque como hay que entregar 12,7 hectáreas a cada familia esto se hacía infinito. Por eso, cuando se determina la aplicabilidad de un título, se determina que las familias que viven en esa comunidad al momento de la aplicabilidad son las familias que pueden obtener el beneficio.
Señaló que en el período que le tocó coordinar la política indígena, lo primero que hizo fue suspender el subsidio individual porque se entregaba con absoluta discrecionalidad. Esta situación es la que más había objetado la Contraloría General de la República, pues podía producir algún tipo de clientelismo o irregularidad.
Aseguró que como no existía un reglamento que permitiera entregar el subsidio en forma objetiva, se concentraron todos los recursos en el artículo 20 b) y se suspendió la entrega de los recursos del artículo 20 a). Además, según el estudio del EULA, si se entrega por vía del subsidio individual 12,7 hectáreas por familia, esta demanda es imposible de satisfacer en Chile. No tiene fin y eso puede llevar a una situación de mucha mayor tensión en La Araucanía.
Además, se intentó crear un sistema de control de las tasaciones, para que no hubiera complicidad entre el dueño del predio y el tasador, se adoptaron de criterios de cierre de reivindicaciones de tierra, con el objeto de que las comunidades no se pudieran subdividir y no se pudiera reclamar, en forma indefinida, en nombre de un mismo título, y que la selección de predios no la hicieran los interesados, sino la Conadi, después de hablar con ellos.
Recordó que, a marzo de 2010, se concretó la compra de predios para 51 comunidades y estaba en su fase terminal el proceso de compra de otras 11 comunidades. Además, se avanzó en la obtención de la aplicabilidad de las 308 comunidades. En noviembre de 2009, el Gobierno anunció la compra de 30 nuevos predios, los que se encuentran en diversos estados en el procedimiento de compra.
Lamentó que para concretar esas compras el dinero del fondo de tierras era muy reducido. Aclaró que para subsanar este inconveniente se obtuvo en enero de 2010 que se implementara la partida del presupuesto del año 2010 en 10 mil millones adicionales, que se suponía cubriría desde el mes de enero hasta mediados de marzo, cuando ocurriera el traspaso de fondos. Además, se intentó sensibilizar a algunas grandes empresas, sobre todo forestales, para que se abrieran a la idea de realizar negocios adecuados con las comunidades. Respecto de los predios más conflictivos, se compró el predio de Luchsinger.
En relación, con el problema de la violencia y de la entrega de tierras, explicó que el título de tierras es colectivo, pero en el derecho penal la responsabilidad es siempre individual, como sucedió en la comunidad a la que se le entregó el terreno de Luchsinger, que se vieron envueltos en algunos actos de violencia y se señaló que al comunero involucrado se le suspendía la participación en el título en tanto no se clarificara su situación penal. En la eventualidad que fuera culpable y cumpliera la pena podía volver a participar en la comunidad, y eso se hizo de acuerdo con la propia comunidad. Sin embargo, no parecía jurídicamente posible que se castigara a la comunidad entera por actos que son individuales de tres, cuatro, cinco o diez comuneros. Eso fue lo que se hizo en cuanto al predio del señor Luchsinger.
Acerca del caso del señor Urban , informó que antes de que terminara el Gobierno quedó encaminado un proceso de compra del predio, incluso con aproximación relativa del valor, porque el precio era bastante alto.
Indicó que como sociedad debiera a aspirarse a que haya una línea gruesa de política indígena, la cual debería ser compartida por la sociedad chilena en su conjunto y no sólo por las fuerzas políticas.
Enfatizó que la principal preocupación de la sociedad chilena en esta materia debiera ser que el tema indígena ocupara un lugar preponderante en la agenda pública, independientemente del grado de conflictividad que tenga. Cree que no es lógico que la sociedad chilena oscile su preocupación sobre los temas indígenas según sea “el grado de violencia” que se vaya produciendo, por distintas situaciones que se han arrastrado por mucho tiempo. Creo que lo que más le hace falta a la sociedad chilena en esta materia es un horizonte respectó de qué es lo que se quiere, con plazos razonables, recursos suficientes y ojalá con voluntad política compartida, para que la política indígena se pueda realizar. Lo que más daño le hace a la política indígena es cuando los conflictos de la sociedad política no indígena, de todo tipo, muchos legítimos y otros menos, se traspasan al mundo indígena. Entonces, se llega a una situación sin salida.
Abusos detectados en la transferencia de tierras. Respecto de esta materia contestó diversas peguntas formuladas por los diputados, indicando que todos los presuntos abusos fueron públicos y detectados por la Contraloría General de la República; incluso hubo una Comisión Investigadora en el período legislativo anterior.
Respecto de los compromisos, que van más allá de las 115 comunidades, hubo diálogos con muchos movimientos, salvo con la Coordinadora Arauco Malleco , porque toda su dirigencia estaba detenida. El compromiso del país es con todas las comunidades, porque todas aquellas que tengan un título tienen derecho a qué se estudie su aplicabilidad. Por lo tanto, aunque el no hubiera firmado ningún documento, ellos podían presentar su aplicabilidad y tenían derecho a que la Conadi les hubiese respondido en tiempos razonables, como a cualquier ciudadano chileno.
Explicó que en cuanto a los compromisos, habría que verlos uno por uno, porque siempre se ha atenido a no ser un demagogo, de modo que si dijo alguna vez algo, no cree que haya dicho que el Estado chileno no pudiera cumplir, porque sería como confesar que el Estado chileno no puede cumplir la ley. Lo que dijo fue que el Gobierno de la Presidenta Bachelet no podía cumplir, por las restricciones presupuestarias y el tiempo que quedaba de su administración.
Lo que se hizo fue iniciar un proceso -agregó-, un diálogo con las comunidades, el cual fue difícil, porque estaban en un estado de beligerancia, proceso que fue encauzado por una vía democrática y de renuncia a la violencia. Siempre se les dijo que si volvían a la situación de violencia el diálogo para la compra de predios se acababa.
Por último, aseveró que una de las dificultades que existía es que este tema, desgraciadamente, nunca ha sido prioritario en la sociedad chilena. Textualmente, señaló: “No se cómo será en la actual Ley de Presupuestos, ni me corresponde pronunciarme; pero concluyo, a partir de mi experiencia, que deberíamos encaminarnos a que el tema sea prioritario, a que tengamos conciencia de que es un tema que nos va a acompañar por mucho tiempo, si no para siempre; que tenemos que aprender a vivir con ese tema y, al mismo tiempo, tratar de tener una visión común; de lo contrario, la rotación de distintos gobiernos transformará esto en una situación cada vez más difícil. Por ello, [os antecedentes que les entrego, con total sentido “patriótico”, son para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Ustedes tienen que disponer de todos los antecedentes para que sepan lo que se hizo, los límites que hubo, los problemas que se encontraron, las medidas que se tomaron y fas enormes dificultades de realizar una política indígena en las regiones del sur”.
Sesión 9', celebrada el 13e de octubre de 2010.
Hilario Huirilef Barra , Consejero Regional de La Araucanía .
Precisiones sobre declaraciones del Director Nacional de
Conadi. Señaló que haría, en primer término, precisiones respecto de intervenciones que se han hecho, en especial la del Director Nacional de la Conadi , quien hizo algunas apreciaciones o acusaciones en las que planteaba que miembros o funcionarios se habían autoasignado el subsidio de tierra a la comunidad Mulato Huenulef . También, respecto de que miembros de esa comunidad viven en Arica, Antofagasta o Santiago.
En cuanto al primer punto, señaló que no fue posible obtener la carpeta de la comunidad, a pesar de que, de acuerdo con la ley, la Conadi Sur, en particular, debe conservar en su archivo [a carpeta original de cada comunidad, y la única que no aparece en la oficina de archivo es precisamente la de Mulato Huenulef. Indicó que el 26 de agosto de este año esa carpeta fue retirada por el señor Ignacio Malig Meza , jefe de gabinete del director nacional de la Conadi .
Explicó que el concurso se realizó en septiembre de 1999, la revisión respectiva fue efectuada en octubre por el comité de revisión de la Conadi, la adjudicación se hizo en noviembre, y la publicación de los adjudicados se llevó a cabo a mediados de diciembre de ese año. Por otra parte, el domingo 19 de noviembre de 1999 fue elegido por primera vez como consejero de la Conadi, cuando el concurso ya estaba en proceso de adjudicación. Al mes siguiente se hizo la publicación donde aparece la comunidad Mulato Huenulef , que postulaba por sexta vez, y el decreto de nombramiento del consejo se produjo la última semana de febrero de 2000. Posteriormente asumió como consejero de la Conadi, cargo, en el que ha sido reelecto en tres oportunidades.
Los antecedentes anteriores eran conocidos por el director, porque revisó la carpeta, y debieron ser explicados en esta Comisión Investigadora, de manera que decir que el consejero Hilado Huirilef seleccionó, revisó, adjudicó y se autoadjudicó un subsidio para su comunidad es de falsedad absoluta.
Aseguró que ninguno de los 16 consejeros de la Conadi tiene la facultad de adjudicar o asignar subsidio o proyecto de ningún tipo en la institución. No obstante, cualquiera de los 16 consejeros de la Conadi puede formar parte de un comité de selección, siempre y cuando así esté establecido en las bases del concurso, con la salvedad que el comité de selección sólo propone, puesto que el que finalmente adjudica es siempre el director nacional de la Conadi. Lo anterior se encuentra establecido en el decreto 395 del Fondo de Tierras que estatuye que el director de la Conadi posee esa facultad de manera permanente, tal como lo preceptúa el artículo 20 de la ley sobre la materia. Las bases del concurso no las aprueba el director, sino el consejo de la Conadi.
Agregó que las bases del concurso en que se cuestiona a su comunidad fueron aprobadas por todos los consejeros; sin embargo, el único que aparece mencionado permanentemente es él. Reconoció que hubo un cuestionamiento de parte de la Contraloría General de la República, en el sentido que el artículo 7° de las bases del concurso no debió haber existido.
Recordó que la primera Comisión de la Cámara que investigó esta materia señaló que no había ninguna irregularidad, pero luego esta Comisión vuelve a plantear cuestionamientos, situación que lo complica. Incluso, ante una denuncia que hizo en su contra el señor Namuncura, el 26 de mayo de 2009, el fiscal Moya, de la PDI de Temuco, hizo una investigación acuciosa durante un año, en la que se revisó a todas fas personas que obtuvieron subsidios desde 1993 a la fecha.
Agregó que, por otra parte, se ha señalado que habría personas de la comunidad Mulato Huenulef que viven en Anca o en Antofagasta y que habrían sido beneficiados con el fondo o con cualquier otro proyecto. Plantea la interrogante de las más de 2.900 comunidades constituidas en la Región de La Araucanía y se pregunta ¿cuántas personas o miembros de la comunidad viven fuera? Hay mucha gente de Imperial que en octubre se va a Copiapó o se va a trabajar en la fruta a Rancagua o Curicó: Muchas no vuelven porque encuentran pareja y forman su familia, por trabajo, porque el espacio que tiene la comunidad para siete familias son dos hectáreas, lo que hace absolutamente imposible dividir la explotación entre todos ellos. Por ejemplo, en Malleco dejan sembrado, salen durante 6 á 7 meses a trabajar a otros lugares y vuelven para la cosecha. Por lo tanto, no hay ninguna comunidad en la Región-de La Araucanía en que el ciento por ciento de sus integrantes viva ahí. El párrafo 4 del artículo 9° de la ley N° 19.253 establece cuatro formas para que las personas puedan ser parte de la comunidad.
Procedimiento de constitución de las comunidades. Planteó que la -ley establece un procedimiento de constitución de comunidad en el que perfectamente una persona de una comunidad de Imperial puede estar en Santiago, no hay impedimento legal de hacerlo. Lo único que se exige es que al momento de la constitución de la comunidad las personas deben estar presentes. Ser miembro de una comunidad, para quien está afuera, particularmente, le da un sentido de arraigo muy grande de su territorio.
En su caso personal, explicó que en una carta presentada en diciembre de 1999 renunció no sólo al subsidio, sino que también a la comunidad Mulato Huanulef , pues, como recién había sido electo consejero, quería evitar cualquiera situación a futuro.
Adjudicación de tierras. Explicó que el artículo 6, letra c), del decreto supremo N° 395, dice: “Decidido por el Director de la Conadi el financiamiento respectivo, éste será comunicado a las personas o comunidades beneficiadas, y en todos los instrumentos en los cuales se ponga término a las controversias sobre, tierras, comparecerá algún representante legalmente autorizado de la Corporación, el que hará entrega del financiamiento y adoptará los resguardos que tengan por objeto garantizar su correcto uso”.
Asimismo, el decreto N° 395, de 17 de mayo de 1994, faculta al director de la Conadi para asignar los subsidios de tierra, y esta disposición no se ha derogado. Si se revisara desde el primer concurso -que cree que fue en 1993-, nunca hubo comité de selección, sino sólo uno de admisibilidad y asignación de puntaje.
Explicó que a partir de 2005 ó 2006, se crearon comités de selección, porque se aumentaron los montos. Hay una resolución de la Contraloría General de la República, que señala que el concurso no puede ser regional, sino que debe ser abierto. Por lo tanto, un hermano del pueblo atacameño perfectamente podría postular al subsidio, ganarlo y comprar tierras o comprar en La Araucanía o en otro lado. El decreto N° 395 impide que la comisión seleccionadora adjudique. En todos los departamentos donde hay ejecución de fondos se constituye un comité de selección, el que es sólo proponente. Finalmente, siempre el director tendrá la facultad de decidir. Sin perjuicio de que el artículo 20 establezca asignación de puntaje, el decreto no garantiza que se adjudique el subsidio por orden de prelación, cuestión que debe-ría corregirse.
Programa Orígenes. Respecto de este Programa, señaló que su impresión es que no ha habido una mala intención de los parlamentarios cuando señalan que hubo pérdida de recursos. Sin embargo, en el Programa Orígenes no se ha perdido ni un peso, sin perjuicio de que en la primera fase hubo algunas rendiciones que tuvieron dificultades. En la segunda fase no ha habido pérdida de recursos, sino retrasos en la rendición de los proyectos, por muchas razones, entre otras, porque los ritmos en las comunidades son distintos. Así, si dan un plazo de seis meses, nadie va a rendir en dicho plazo; van a pasar 8 meses, un año y siempre vas a estar retrasado.
Pidió a los parlamentarios que tienen vinculación directa con el Gobierno, y a los de oposición, que colaboren en el presupuesto de 2011 y 2012. Pueden cambiar el nombre del programa y que no se llame Orígenes, sino, tal vez, “Fondo de Desarrollo”. Orígenes colaboró en eso, mal o poco. Faltaron, más o menos, 800 comunidades que no recibieron fondos en la primera fase ni la segunda, por lo que estaban esperanzados en que existiera una tercera. Si no existe una tercera fase, yo la solicitaría. Lo hemos dicho de muchas maneras Hemos conversado con Andrés Molina , intendente de la Región de la Araucanía , acerca de contemplar apoyo para las comunidades que no han recibido fondos en la primera ni en la segunda etapa.
Señaló que le encantaría que la Comisión apuntara a ese tema, independientemente de si encuentra irregularidades. Naturalmente, hay que denunciar en los organismos que correspondan, sean los tribunales si hay delitos o en la Contraloría General de la República si hay irregularidades. Hay que hacerlo y le parece muy bien que se haga.
Aseguró que va a haber rendiciones de cuentas. La comunidad no va a quedar debiendo, pero quiere saber qué se va a hacer con esas 800 comunidades de la región que no están en Orígenes.
Casos especiales. Respecto de la consulta sobre los casos especiales, responde que desde la primera entrega de subsidio hasta 2007, siempre existieron había casos excepcionales. Antes se llamaban casos excepcionales; permanentemente, todos los directores, sin excepción, hacían asignaciones de casos especiales.
Hizo ver que en el año 2007 hubo asignaciones de 10 casos especiales a extranjeros, de lo cual estuvo en absoluto desacuerdo, como consta en actas. Señala que no compartió la idea de que se estableciera esa posibilidad en las bases, las que votó en contra junto a dos o tres consejeros más.
Ejecución presupuestaria. En relación con esta materia dejó para conocimiento de la Comisión el Informe de la ejecución presupuestaria del Programa Orígenes que, en su opinión, ya no tiene dificultad alguna. Tiene una buena calendarización de ejecución, y quedan casi 7 mil millones de pesos por ejecutar. En su gran mayoría, de aquí a fin de año, debería quedar listo. Por lo mismo, pidió apoyo en la ejecución de proyectos de la Conadi, porque hay 97 mil millones de pesos que incluyen a Conadi y a Orígenes, y sólo se han gastado 40 mil millones, por lo que quedan disponibles 57 mil millones de pesos.
Desmintió lo dicho por el director de la Conadi en el sentido que se ha gastado el 75 por ciento, porque no es así. Esa información se encuentra en el Sistema de Información General de Financiamiento del Estado, Sigfe. Por su parte, en el Fondo de Tierras aparecen 44 mil millones de pesos sin ejecutar.
Señaló que siente mucha pena por la situación que se ha originado, pues la Conadi es una institución indígena que pertenece a todos los mapuches, y cuando las cosas no se hacen bien, nos consideran incapaces de ejecutar los proyectos. Más allá de las diferencias políticas que pueda tener con el peñi Painepan, al final, nuestra raza sale mal parada, y no el Gobierno. El de la Concertación y, ahora, el de Derecha, se salvan de toda esa situación. En consecuencia, pidió que los ayuden a verificar si se gastan los recursos en lo que corresponde y si no se devuelven al Estado, puesto que sería muy mala señal para la región devolverlos cuando La Araucanía realmente los necesita. Si hay que reasignar recursos, que se haga. Ahora, si a la actual administración no le gusta comprar tierras, a lo mejor, se podrían reasignar en otros ítem. Por lo demás, toda la información anteriormente señalada es real y se encuentra en el Sistema de Información General de Financiamiento del Estado, Sigfe.
Sesión 10ª, especial, celebrada en la ciudad de Temuco.
La Comisión acordó celebrar una sesión especial en la ciudad de Temuco, con el objeto de recibir el apode de los comuneros y conocer de forma más directa la experiencia de quienes han resultado ser beneficiarios de la Conadi y del Programa Orígenes, conocer sus logros y deficiencias y de esta manera contar con mayores antecedentes para el Informe final que debe evacuar.
Víctor Neculpán Mansilla , Integrante de la Comunidad Indígena Pehuenche de la comuna de Saavedra e integrante de la Asociación Choyún Mapu.
Explicó que la comunidad que representa inició un proceso regular de 'postulación en forma electrónica, en el undécimo concurso, en el cual salieron favorecidos con el subsidio después de postular muchas veces, y fueron llamados por la Conadi para que buscaran terrenos. Sin embargo, el presidente de los funcionarios de la Conadi denunció que había una situación irregular en este concurso, criterio que fue compartido por la Contraloría General de la República, basándose en un artículo de las bases que se contradecía con el reglamento, a pesar de que esas disposiciones se habían aplicado en los diez concursos anteriores.
En tales circunstancias, la Comunidad Neculpán recurrió a la Corte de Apelaciones y obtuvieron una sentencia favorable por tres votos a favor y ninguno en contra. Sin embargo, el 23 de junio la Conadi les comunicó oficialmente que perdían el subsidio, porque habían quedado fuera de plazo, a pesar de que la Corte Suprema había confirmado el fallo anterior. [13]
Por último, señaló que obligaron a la Conadi a entregarles un documento, ya que podría haber un error en la determinación del plazo.
Ana Rosa Huenchún , Integrante de la Comunidad Indígena Huenchuñanco, comuna de Nueva Imperial.
Informó que fue beneficiada en el 11° Concurso de Tierras Indígenas, de 2008, y era la tercera vez que postulaba a dicho subsidio. Se le comunicó por la Conadi que había resultado ser beneficiaria, se le entregó un certificado y se le pidió buscar tierras con compromiso de compraventa. Posteriormente, con un tiempo reducido, se le informó que debía tener depositada la cantidad de 300 mil pesos en su libreta de ahorro. Como pasaron los meses sin que les diera ninguna información sobre la entrega del subsidio, se reunieron todos los comuneros que estaban en la misma situación.
Posteriormente, en reunión con el director de Conadi , se les informó que eran “casos especiales de tierras” y se les entregó una comunicación mediante la cual eran informados que les habían quitado el subsidio de tierras. A algunos de ellos, incluso, les quitaron sus papeles, sus certificados, y hasta el día de hoy nadie da una explicación del hecho. Indicó que cuando recibieron el subsidio por parte de autoridades comunales y de gente de Gobierno, ellos sabían que este concurso estaba viciado.
La señora Jimena Zambrano Saciredo , integrante de la misma comunidad aclaró que en el undécimo concurso postularon alrededor de 120 familias de las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos, pero luego, cuando se quisieron reunir como asociación, solamente lograron reunir 88 personas de las cuatro regiones.
Gabriela Antilén , presidenta de la Comunidad Joaquín Cheuquelén, de la comuna de Temuco.
Explicó que su comunidad pertenece a una asociación indígena que es Newen Lof, de la comuna de Temuco, que reúne en total a 33 comunidades que actualmente trabajan con el programa Orígenes. Reconoció que Orígenes ha sido un buen programa, que los ha unido como mapuches y como personas. Hoy tiene la convicción de que el Programa ha tenido falencias como también ha beneficiado a las comunidades.
Informó que uno de los problemas que se presentan es que las comunidades tienen sedes sociales construidas, con buenos materiales, pero los dineros para ello aún no se les han entregado. Además, existen problemas con los terrenos, porque la Conadi ha estado atrasando la entrega de los títulos de dominio, aunque ya están todos donados.
Por último, informó que el Programa Orígenes contrató a la Consultora Licanco para que hiciera el traspaso de los terrenos, lo cual no se ha cumplido, y por ello no pueden entregar el resto de las platas para terminar las sedes sociales que corresponden al 20 por ciento en la Comunidad Joaquín Cheuquelén.
Sergio Curihual Nahuel, presidente de la Asociación Newen Lof de la comuna de Temuco.
Informó que la Asociación Newen, de Temuco, que agrupa a 33 comunidades, nació bajo el amparo de Orígenes-Conadi; sin embargo, este Programa no es la panacea para que el mundo indígena salga del subdesarrollo, porque es un programa en que no hubo participación de las comunidades y no consideró la participación del mundo indígena.
A pesar de ello, gracias al Programa Orígenes-Conadi la mesa territorial Ralún Coyán -conformada por cuatro comunidades-, pudo constituir lo que es vivir la historia de su comunidad. Reconoció que si no se hubiese contado con esta ayuda, nunca se habrían constituido como asociación. Agregó que con la nueva administración de Conadi y pasados estos nueve meses, aun no han recibido ningún aporte.
En respuesta a una consulta, informó que se les entregó un Programa que venía diseñado para trabajar con consultoras que debían encargarse de todo el proceso. Debían elegir entre tres consultoras, sin saber cuál era la buena o la mala. Con el correr del tiempo entendieron que hubo una descoordinación del Programa Orígenes al no hacer un control y seguimiento de las ellas.
En marzo del año 2010 se enteraron de que vencía el plazo de contratación de muchas consultoras y que se les pagó sin que hubieran terminado sus trabajos. Incluso, algunas consultoras fueron contratadas exclusivamente para regularizar los títulos de sedes sociales. La consultora Licanco , por ejemplo, fue contratada para la regularización de 140 y tantos sitios que estaban cedidos para la construcción de sedes sociales, y a marzo de 2010 no se sabía en qué situación estaban esos predios.
Explicó que para el proceso de selección de las consultoras se constituyeron mesas que estaban reunidas en 8, 10 o 12 lof, y cuatro comunidades de arriba. Había consultoras que estaban priorizadas de acuerdo con un catastro que llevó la Conadi, a las cuales se les dio un puntaje de acuerdo a cual se elegían. Pero, en una sesión especial, los presidentes eligieron a las consultoras, de acuerdo al listado que entregaba la Conadi.
Estiman que el porcentaje destinado a la Asociación era de alrededor del 75 por ciento, pero nunca se les informó cuál era la situación. Extraoficialmente se les dijo que el presupuesto asignado a cada familia era de un millón y medio de pesos, con lo cual tenían que contratar a la consultora y había un margen para administración y trámites propios de los proyectos.
Ángel Flores, presidente de la Comunidad Andrés Huenchún, del sector de Boyeco Sur.
Señaló que las autoridades del Programa Orígenes hicieron proposiciones realmente descabelladas a la mesa de Boyeco Sur. Para regularizar los terrenos de las sedes comunitarias propusieron comodatos, que no sirven, porque en cualquier momento los dueños o sus herederos podrían quitarles los terrenos.
Hizo ver que se ha entregado información errónea en cuanto a que en La Araucanía no hay oficina de la Contraloría General de la República, que la Conadi rebajaría los recursos para regularizar los terrenos de las sedes o que los dirigentes se han robado la plata.
En cuanto al trabajo de las consultoras en la mesa Boyeco Sur, especialmente en la comunidad Andrés Huenchún , la consultora se llevó 60 millones de pesos y a la comunidad le quedó un promedio de 5 millones de pesos. Las consultoras no funcionaron, pero se llevaron la mejor parte.
Ricardo Zambrano , Concejal de la municipalidad de Puerto Saavedra .
Informó que el año 2009 en conjunto con el alcalde, efectuaron una denuncia ante el senador José García Ruminot , sobre un proyecto de riego para hortalizas. Luego, al cabo de dos meses, se acercó a la comunidad el director de Indap de la época, Andrés Montupil , para organizar una reunión con los dirigentes. El señor Montupil culpó a la comunidad de la pérdida de dinero de un proyecto de riego para hortalizas, de alrededor de 25 a 27 millones de pesos, que no se concretó. El proyecto consultaba la construcción de un pozo, y prácticamente se hizo sólo una “L”, obra que se llevó a cabo con el trabajo de los dirigentes del sector José Silva y con el apoyo del municipio de ese entonces, que entregó también unas camionadas de ripio; la madera y el trabajo fue un aportado por las comunidades, mientras que la empresa, simplemente, desapareció.
El proyecto debió haber sido ejecutado entre los años 2002 y 2006. La consultora que se lo adjudicó es Impulsa, cuyo director de la época era el señor Raúl Elgueta , quien después de la denuncia, apareció para realizar el proyecto. Según fueron informados, el proyecto aparece en el Programa Orígenes como firmado y recibido conforme por los comuneros. Aparecen firmando con el pulgar doce personas y tres figuran firmando de su puño y letra, en circunstancias que sólo tres personas no saben firmar.
Respecto de la continuidad del Programa Orígenes, o de cualquier plan que se cree en beneficio de las comunidades, indicó que se requiere una buena aplicación, porque desde que asumió como alcalde hace poco más de un año, no conoce ningún funcionario que no tenga el deber de responder por el manejo de los fondos públicos. En el caso de las consultoras, sus trabajadores no tienen la calidad de funcionarios públicos. Entonces, de parte de la Conadi ha habido una despreocupación sobre el control que debe ejercerse sobre las consultoras.
Por otra parte, declaró que espera que se cree un nuevo programa, pero que contemple todo el proceso, porque las municipalidades, como la de Curarrehue, en las que faltan los recursos, han tenido que asumir costos que no están considerados en su presupuesto. Además, solicitó que se considere la suplementación de aquellos programas que por negligencia no se ejecutaron, como, por ejemplo, la construcción de galpones, dado que luego del terremoto subió el 50 por ciento el valor de los materiales.
Por último, cree que debe proponerse algún tipo de mitigación, de recompensa a la gente, y de aquí en adelante, ante cualquier nuevo programa, las comunidades deben conocer en terreno la cara del funcionario que pone su cargo a disposición si esto no funciona y no echarle la culpa a terceras personas que terminan sus contratos y se van.
Juan Colpihuequi , dirigente de la Comunidad Indígena Juan Colpihuequi Catrihuala, de la comuna de Curarrehue.
Señaló que ha trabajado catorce años como dirigente en una comunidad de muy escasos recursos y por eso le duele la burla que se ha hecho de ellos, porque hace dos años se comprometió la entrega de materiales para la construcción de galpones, hubo gente que pagó por las maderas con las que construyeron el armado, pero al no recibir los demás materiales, todo eso con el sol se echó a perder y lo tuvieron que desarmar. Llevan cuatro años en espera de los materiales que valen 504 mil pesos. En indap le dijeron que necesitaban cambiar el proyecto, porque los materiales habían subido de precio, a lo cual se negó. En estas circunstancias se juntaron diez comunidades y eligieron por mayoría a la consultora Lonco Quilapán para hacer los trabajos, pero pasaron tres años, se fue y nada hizo.
Hay gente a la que se le ha dado, más o menos, 200 mil pesos para construir un cobertizo, pero están esperando [os animales. Les dijeron que tenían que comprar los terneros en una feria, donde cuestan cerca de 200 mil pesos, mientras que en la cordillera o en el campo cuestan 80 ó 90 mil pesos.
Maribel Domínguez , secretaria de la Comunidad Indígena Sellao-Meliqueo.
Denunció que encuentra vergonzoso que quienes hacen las leyes estén incitando a nuestros propios hermanos a denunciar a la gente que tiene consultoras, porque la Lonco Quilapán, como muchas otras consultoras, la componen hermanos nuestros.
Segundo Sandoval, presidente de la Comunidad Indígena Lleuvul Sandóval de Millahueco, comuna de Padre las Casas.
Indicó que la comunidad Lleuvul Sandoval fue noticia importante en su momento, pues vivieron una situación bastante complicada y delicada. Presentaron una demanda en 2008 en la Conadi respecto de los predios de Jorge Luchsinger. Sin embargo, nunca fueron recibidos por el director nacional de la CONADI, que en ese momento era Álvaro Marifil . En definitiva se adjudicó el predio de Jorge Luchsinger a la comunidad de Catrilaf II, que ni siquiera tenía aprobada la aplicabilidad. Tuvieron muchas reuniones y nunca lograron nada. Hasta ahora no tienen ni siquiera la aplicabilidad, que es uno de los procedimientos para adjudicarse las tierras.
Relató que este año tuvieron una reunión con el director nacional actual, Francisco Painepán , con Miguel Mellado y con el Intendente, quienes se comprometieron con la comunidad Lleuvul Sandoval para dar una solución, que a la fecha no existe. Incluso exhibieron un compromiso firmado con el ex ministro Viera-Gallo , que en el punto N° 3, dice: “Comunidades colindantes Fundo Jorge Luchsinger . Establecer un equipo de trabajo conformado por Claudia Novoa , subdirectora de la Conadi sur; Jorge Vargas , representante del ministro Viera - Gallo, y el gobernador Cristián Durán , con el propósito de buscar alternativas de salida a la situación que enfrentan las comunidades colindantes a los fundos Luchsinger, en primera instancia garantizando la seguridad de las personas a partir de este momento”.
Una de las soluciones para la Comunidad Lleuvul Sandoval era hacer una permuta con la comunidad Catrilaf 11, pues la compra ya estaba hecha, pero hasta ahora no hay nada, a pesar de que cuentan con los planos de la usurpación de los predios por parte de Jorge Luchsinger y de la señora María Hoffer Pineda, del fundo Vista Hermosa.
Actualmente la carpeta se encuentra en la fiscalía, pues ahora Conadi está aplicando la letra a) del artículo 20, lo que no corresponde, porque tienen un compromiso firmado según lo que establece la letra b) del artículo 20, y existe una permuta pendiente con Catrilaf 11.
Indicó que ignora qué clase de título de merced tienen, porque el titulo de su comunidad, al menos, dice que somos colindantes y, más aún, tenemos pérdida de tierras. Nos cansamos de reclamar a la Conadi por la forma en que se hicieron las cosas, pero no estoy en contra de que les hayan comprado las tierras, pero les compraron predios que debieron habérseles entregado, por historia, a las comunidades colindantes. Además, tengo en mi poder -porque me la conseguí- la política de la Conadi para la compra de tierras, la que señala, claramente, la imposibilidad de hacer lo que se hizo con Catrilaf 1 y Catrilaf II. Por esa razón, me complico en ese sentido, no por la compra de tierras, sino porque consideramos que se pasa a llevar a otras comunidades. Quizás, eso ha pasado en otros sectores, regiones o comunidades, pero no per ello está correcto. Si bien, se está comprando tierras al pueblo mapuche, pedimos que se les respete, porque aquí lo que hizo la Conadi y el Gobierno fue cambiar paz por tierra, porque Catrilaf 1 y Catrilaf 11 , cuando se le compraron los predios a Jorge Luchsinger , eran un peligro para la sociedad. Es cosa de recordar que a ese señor le quemaron las casas y se cortaron caminos.
Frida Minder Santini , propietaria de una agencia de publicidad de Temuco.
Informó que tiene una agencia de publicidad que fue la encargada de hacer las publicaciones del 6°, 9° y 10° concursos de subsidios para la adquisición de tierras, a través de la publicación en un diario de circulación nacional. Le llamó' mucho la atención que en el 9° concurso, estando impresa la publicación en el diario La Nación y listo para circulación, le hicieran retirar el inserto, de forma rápida, porque debían corregirse algunos detalles, para rehacerlo o reimprimirlo con respecto al concurso en la Novena Región. Se sacaron cincuenta y cinco nombres y se incorporaron otros cincuenta y cinco nombres, diferentes a los que estaban anteriormente beneficiados en el 9° concurso. Para esta realizar esta gestión fue llamada por el fiscal y por la Comisión, donde estaban el jefe de Tierras , Richard Mansilla y los funcionarios Christian Cayuqueo y Aroldo Callupe .
Dando respuesta a una consulta, señaló que la nueva publicación tiene resolución de 24 de febrero, pero la inserción dentro del diario, al menos la definitiva, apareció en la primera semana de marzo de 2006.
Aparte de haber una corrección, hay algunos nombres que se eliminaron de esa nómina y hay otros que tomaron otra ubicación, que no están contabilizados dentro de los cincuenta y cinco que fueron bajados de un total cercano a 200 beneficiarios.
En esta parte de su intervención intervino el señor Carihual , quien le reprochó a la señora Zinder que no diera a conocer esta situación en su momento, cuando había ocurrido y esperó tanto tiempo para hacerlo, ocultando información que era útil para su pueblo.
Evaristo Curical Ñanco , concejal de la municipalidad de Lonquimay.
Sostuvo que si hay que ponerle una nota al Programa Orígenes, en Lonquimay habría que colocarle un 7. Indicó que su pueblo ha venido sufriendo por la falta de comunicación y por el avance de la ciencia y de la tecnología, lo que ha hecho que entre las comunidades ni siquiera nos saludemos, pero el Programa Orígenes, a través de sus tres puntos, trabaja en las comunidades los temas organizacional, cultural y productivo.
Reconoció que si bien hay muchos problemas y conflictos entre !as propias comunidades y el Programa Orígenes no satisface todas las necesidades, es por culpa de quienes usurparon nuestras tierras. Al respecto, recordó que en el año 2009 había 29.580.000 pesos para ejecutar obras, de los cuales se ocupó el 87 por ciento, por lo que aún quedan recursos para seguir comprando tierras, y en el 2010 hay 49.000.810.919, de los que hasta hoy se ha ejecutado sólo el 12 por ciento, según documento que tiene en sus manos.
Jorge Calluán, representante de un Comité de Salud de la Comunidad Indígena de Collileufu, de la comuna de Puerto Saavedra.
Enfatizó que su propósito es reclamar en contra del Programa Orígenes en Puerto Saavedra, porque siente que han sido defraudados en una serie de proyectos: en los talleres laborales de mujeres, al comité de salud y a la posta rural les rebajaron los aportes y quedó en nada la cantidad de diez millones de pesos que se había destinado para comprar una sede. Los trabajos están a cargo de la consultora Trafkin .
Asimismo, criticó la compra de vaquillas a precios absolutamente superiores a lo que tenían en el mercado.
Jimena Zambrano Sagredo , dirigente de la Comunidad Indígena Rosario Huiscallanca, del sector Alto florea, comuna de Nueva Imperial.
Explicó que respecto de la compra de vaquillas la gente sabía cuánto costaban, porque a todos se les entregaba un documento con la cantidad que llevaban. Su disconformidad dice relación con el hecho de que podrían haberse comprado dentro de las mismas comunidades y no a una persona extraña, pero esa era la norma del programa Orígenes.
Por otra parte, señaló que la gente tiene poco pasto en las comunidades y se habla pedido que de la plata que sobraba se pudiera empastar un pedazo del terreno para recibir las vaquillas. El programa Orígenes dijo que no, porque se tenían que entregar fardos.
Juana Tolosa , tesorera de la Comunidad Indígena Pascual Paillalef, sector El Alma.
Informó que su comunidad fue beneficiada con un proyecto para construir una barraca, en la Primera Fase del Programa Orígenes, pero hasta el día de hoy no se ejecuta. A final la barraca explicó la construyeron los propios trabajadores, sin consultora.
Agregó que el dirigente que más sabe de esta situación es el señor Juan Paillafil que recibió los dineros. Además, se está reclamando ahora la suma de 21 millones de pesos, pero la plata que le dieron a la comunidad fueron aproximadamente 80 millones. Con esa plata se hizo una sede y se compró un transformador para la barraca. También se compraron materiales para un taller y un pedazo de terreno. Lamentablemente, el presidente jamás ha mostrado ningún antecedente del proyecto, ni boletas, facturas o actas.
Samuel Jaramillo , presidente de la Mesa de Planificación Local de Huilío , comuna de Freire.
Explicó que en Huilío hay 25 comunidades mapuches; de ellas participaron cuatro en la primera fase y, seis en la segunda. Esto significa que quedan 15 comunidades que todavía no han participado en este proceso.
Anotó que ha hecho evaluaciones del programa Orígenes en su territorio y lo calificaría con nota 6, porque, como presidente , tomó el control y !a consultora sólo es un elemento de apoyo. El Programa ha sido muy beneficioso en cuanto al fortalecimiento de las comunidades, porque muchas de ellas no contaban ni siquiera con sede.
Otras cosas valiosas han sido la creación de las mesas y la identidad cultural. Aseguró que en Huilío estamos escribiendo la historia de nuestro territorio, para lo cual se han contratado historiadores mapuches.
No obstante, lo que realmente le preocupa es el aspecto productivo. Recordó que se les dijo que las comunidades decidirían la línea de trabajo pero lamentablemente no ha sido así. El programa se creó y envasó desde Santiago, a pesar de que el convenio 169 prescribe que a las comunidades hay que consultarles en qué línea de trabajo quieren desarrollarse a nivel territorial.
Ejemplificó con la compra de animales: como mesa, se decidió no comprar los animales, ni tampoco que lo hicieran las consultoras, sino que cada beneficiario. En su primera etapa, el programa otorgaba 504.700 pesos. Luego hubo un incremento de 179.300 pesos, lo que suma 684.000 pesos. Las familias saben, más o menos, que el saldo que les sobró de la primera compra, más el incremento, es de entre 250 mil ó 280 mil pesos. Cuando esa familia compra ún animal se hace para la comunidad o para el territorio.
Por último, señaló que es partidario de que el Programa Orígenes continúe, aunque se le cambie el nombre.
Domingo Jineo , Lonco de la Comunidad José Jineo Ñanco .
Sostuvo que los loncos son los parlamentarios chicos de las comunidades; son la columna vertebral que mantiene viva la organización en las duras y en las maduras.
Informó que postuló al subsidio de tierras individuales en el 11° Concurso, en el cual fue aceptado, pero ahora se le ha informado que el proceso estaba viciado. Pide que el Gobierno actual reconsidere este concurso de tierras y se entregue el subsidio.
Maribel Domínguez Quilipan , integrante de la Comunidad indígena Sellan Meliqueo y dirigente de otras organizaciones.
Señaló que, a su juicio, las consultoras no deberían existir, porque, como dirigentes, estan bastante capacitados y preparados para llevar a cabo por si mismos la parte productiva del Programa Orígenes.
Edith Carileo , integrante de la Comunidad Indígena Felipe Nitrihuala.
Pidió que el territorio del pueblo mapuche deje de ser considerada zona roja y que las comunidades que reclamen esos territorios no sean perseguidas, porque es un derecho legítimo que tienen.
Expresó que espera que se cumpla con voluntad política el proceso de la compra de tierras para las comunidades; que se les reconozca un derecho legítimo. Hoy existen recursos suficientes para hacerlo; hay 199 procesos que todavía no se han cumplido.
Fernando Roñiqueo , representante de las Comunidades Indígenas José Bunster Calbuin y Juan Raliñeo .
Señaló que entregará documentación a la Comisión para probar que en el año 2010 sólo se ha ejecutado un 12 por ciento de los proyectos Conadi-tierras, y no el 70 por ciento como lo ha dicho el actual director.
Asimismo, reconoció que las comunidades que representa fueron perjudicadas por algunas personas que pidieron coimas durante las negociaciones de compra, pero lamentablemente nadie ha querido dar los nombres para no comprometerse. En su caso, tanto el ex ministro Viera Gallo, el director de la Conadi y el Jefe de Tierras, aprobaron la compra de tierras y tiene en su poder las actas correspondientes.
Pidió, además, que se de comienzo a la compra de tierras que establece el artículo 20 letra B), que han sido aplazadas, a pesar de que son 49 mil millones de pesos que están detenidos.
Jacobo Colillanca , presidente de la Comunidad Indígena • Ancapulli.
Señaló que en su calidad de dirigente de la Comunidad Ancapulli fue el primer en denunciar las irregularidades de Conadi en el año 2000. A su comunidad se la dividió políticamente pues se compró un predio llamado Las Vertientes, al sur de Loncoche, en un precio y se le entregó tierras sólo a un pequeño grupo. Sólo después de un largo juicio se logró que Conadi hiciera un nuevo informe donde se determina que se debe continuar el proceso.
Sandra Marín , presidenta regional de Anfuco .
Solicitó mayor respeto para los hombres y mujeres que trabajan en la Conadi, donde hay un compromiso dentro de la institucionalidad, porque Je parece muy irresponsable que se diga que somos parte de irregularidades y siento mucho que no seamos lo suficientemente valientes para manifestar quiénes son aquellas personas que supuestamente están cometiendo irregularidades. Señaló que son funcionarios, que tienen familias y vocación pública. No se les puede hacer responsables de las irregularidades que supuestamente se han cometido, pues, por lo que ella sabe, todavía no se ha podido validar ninguno de esos supuestos.
En consecuencia, como presidenta de Anfuco Regional , pidió mayor responsabilidad, no sólo al emitir una opinión, sino también al escuchar. De esa manera, cuando alguien se refiera a la responsabilidad de un funcionario, que dé a conocer sus nombres y apellidos.
Mario Mondaca , dirigente de catorce comunidades de la comuna de Cholchol.
Calificó a los proyectos Orígenes con más de un 7, porque se va mejorando cada día la calidad de sus hijos en la parte rural, y a las consultoras les pone un cero porque se llevan toda la plata e imponen lo que tiene que comprar. Ejemplificó con la creación de talleres de muebles, porque esa situación ayudó a dividir la comunidad. En vez de comprar un tractor u otra cosa que nos sirviera realmente, ya que somos agricultores, se compraron herramientas que ahora se encuentran botadas y oxidadas, pues ni siquiera se han tocado. En otras palabras, no nos sirve de nada tener talleres sin uso o herramientas oxidadas, ya que, quizá, con esos recursos podríamos mejorar más nuestra calidad de vida y tener más hijos que lleguen a la universidad
Sergio Catricura, integrante de la Comunidad José Chanquec Rapau, de la comuna de Cholchol.
Señaló que en su comuna recién están ejecutando el Programa Orígenes y todo lo que han hecho se relaciona con la construcción de sedes, en lo cual no habido ningún problema.
En cuanto a la compra de tierras, informó que salieron favorecidos con 460 hectáreas en el año 2005, de las cuales llevan compradas 80 y recientemente el subdirector de Conadi les informó que ya no podrían comprar más, a pesar de que hay predios que ya están tasados y negociados: Santa Rosa , de Cunco, Picuta 1 , Picuta 2 y La Vega .
Fidelina Calfumil , secretaria nacional de Anfuco.
En su calidad de secretaria nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios de Conadi solicitó que cuando se hagan denuncias que comprometan la responsabilidad de los funcionarios, éstas se hagan en forma responsable, porque quiere que se transparente la institución que tanto se ha criticado y se hagan efectivos. los procedimientos administrativos -la investigación sumaria y el sumario administrativo-, y se apliquen las sanciones que corresponde en cada caso.
Lucilda Curihuentro , funcionaria de Conadi.
Respecto de las denuncias que se han formulado, señaló que se referirá al articulo 20, letra a), de la Ley Indígena, que tiene que ver con el concurso público del subsidio de adquisición de tierras para indígenas.
Señaló que ése es un proceso que los funcionarios de la Conadi llevan a cabo con mucha transparencia, tanto en sus bases administrativas como en 'su procedimiento general; sólo se viene a desvirtuar al final, al momento de la toma de decisiones, que no la hacemos nosotros, los funcionarios, los técnicos, los que cumplimos la dura tarea de ejecutar los subsidios, sino nuestras autoridades, que han tomado malas decisiones.
Por último, expresó su deseo que en el 12° Concurso de tierras, cuyo plazo de postulaciones termina ahora, se tomen las medidas necesarias para remediar los problemas que se han presentado. Las autoridades deben respetar los procedimientos, porque muchas veces los funcionarios son cuestionados por los beneficiarios que les endosan a ellos la responsabilidad.
VI. CONSIDERACIONES QUE SIRVEN DE BASE A LAS CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN
Como consecuencia de lo precedentemente expuesto en este informe, de los numerosos testimonios y antecedentes recogidos durante el curso de esta investigación y, principalmente, del debate habido en su seno, vuestra Comisión expone a la H. Cámara de Diputados las consideraciones que sirven de base a sus conclusiones y proposiciones que versan sobre las materias señaladas en el Proyecto de Acuerdo que le dio origen.
La Comisión aprobó por 5 votos a favor y 1 en contra las conclusiones y proposiciones formuladas por el• diputado señor Edwards Silva, don José Manuel .
Votaron a favor [os diputados señores Arenas Hódar, don Gonzalo ; Edwards Silva, don José Manuel ; García García, don René Manuel , y Norambuena Farías, don Iván . En contra lo hizo el diputado señor Turna Zedán, don Joaquín .
Los considerandos, conclusiones y proposiciones se estructuran de la siguiente manera.
1.- En primer lugar, se establecen los eventos, acciones u omisiones que a juicio de la Comisión son considerados como irregulares. En algunos casos estos antecedentes ya se encuentran en el Ministerio Público. Para aquellos casos en que el Ministerio Público no cuente con estos antecedentes, éstos serán entregados oportunamente. Los esfuerzos de la investigación se enfocaron básicamente en el Fondo de Tierras y Aguas de la CONADI y en el Programa Orígenes.
2.- En segundo lugar, la Comisión entregará conclusiones sobre responsabilidades políticas por las irregularidades antes presentadas y todas las incluidas en los informes entregados por la Contraloría General de la República relacionados al Programa Orígenes y a la Conadi. Las responsabilidades políticas se centrarán en .los órganos o personas que pudiendo haber actuado para evitar las irregularidades no lo 'hicieron o hubieren actuado favoreciendo dichas irregularidades. Esto incluye decisiones del Consejo de la Conadi, consejeros, directores de la Conadi y ex Coordinador de Políticas Públicas Indígenas José Antonio Viera Gallo .
3.- En tercer lugar, la Comisión entregará recomendaciones de política pública para el manejo futuro de la Conadi, el Programa Orígenes y la Política Indígena en general.
L- Irregularidades,
La Comisión decidió ordenar [as irregularidades en cinco grupos, cuyo detalle es el siguiente:
1) Graves anomalías en el proceso de determinación de beneficiarios del concurso de tierras (20 A) y compras directas (20 B).
El ex ministro y Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas, José Antonio Viera Gallo declaró durante su participación en la Comisión que “las asignaciones de predios eran decididas por el Consejo de la Conadi, lo cual se prestaba para .todo tipo de clientelismos”. Seis irregularidades se presentan a continuación.
a_ Creación de figura ilegal de “casos especiales”.
La Comisión constató que la Contraloría Regional de la Araucanía declaró ilegal las bases del onceavo concurso del subsidio de tierras, cuyo artículo 7° acordado por el Consejo de la Conadi permitía que los beneficios fueran asignados, no bajo criterios objetivos, sino a personas que no cumplían con los requisitos establecidos en la propia Ley Indígena, para lo cual se creó la figura de “casos especiales”. Cabe hacer notar que quiénes aprobaron la creación de esta figura participaron activamente en la designación de los beneficiarios. El monto de los subsidios fue de 19.7 millones de pesos por caso especial.
b, Asignación de subsidios de tierras a personas sin los puntajes suficientes en el décimo concurso.
De manos de la Asociación de Funcionarios de la CONADI (ANFUCO), la Comisión recibió información sobre 10 subsidios que se asignaron en el décimo concurso sin que los titulares tuvieran el puntaje suficiente. Esto fue hecho presente en su momento por la Contraloría Regional de la Araucanía y se entregaron los antecedentes al Ministerio Público. La Anfuco denunció que estas personas habrían sido propuestas por los consejeros Hilado Huirilef y José Santos Milla°. En dicho concurso existían 126 personas con mejor puntaje que los 10 beneficiarios en cuestión.
c. Posible adulteración del registro de beneficiarios en el noveno concurso (antecedentes entregados al Ministerio Público ).
La Comisión recibió antecedentes concretos de un posible cambio en el registro de los beneficiarios en el noveno concurso a partir de la omisión de 55 personas de la lista definitiva de beneficiados. Ello pudo haber sido realizado con el objetó de incluir a “casos especiales” antes de haber sido creada la cuestionada figura, o simplemente consecuencia de un error administrativo. La publicista Frida Minder , quien hiciera la denuncia en la décima sesión de esta Comisión, fue obligada a retirar el suplemento en el Diario La Nación que detallaba la primera lista de beneficiarios y cambiarlo por otro, a horas de la repartición oficial de dicho suplemento. Estos antecedentes ya fueron entregados al Ministerio Publico.
d. Suscripción de acuerdos irregulares por parte de autoridades.
Firma de acuerdos por parte de autoridades de gobierno con comunidades saltándose los mecanismos correspondientes de verificación de aplicabilidad. Estas prácticas se justificaron en algunos casos, según documentos firmados, por “razones de Estado”, concediendo aplicabilidad de forma irregular. Consejeros Indígenas de la época, denunciaron la irregularidad de comprar tierras fuera del conducto regular, mientras que un grupo importante de comunidades estaba siendo postergado. La Comisión posee documentos de esta naturaleza suscritos por las ex Ministras ,de MIDEPLAN Alejandra Krauss y Cecilia Pérez , al ex Subsecretario de Mideplan Jaime Andrade , al ex Comisionado de Asuntos Indígenas Rodrigo Egaña y el ex Ministro José Antonio Viera Gallo .
e. Compromiso de adquisición de predios sin contactar a los dueños.
El ex Ministro José Antonio Viera Gallo se comprometió a adquirir predios sin que hubiera existido, en muchos casos, contacto previo alguno con los respectivos dueños. Esto se materializó a través de un acuerdo firmado a fines de noviembre del 2009 con 10 comunidades de la Alianza Territorial Mapuche, en la que se detallan los predios que se les iban a comprar a cada una. Varios miembros de estas comunidades estaban siendo procesados bajo la Ley Antiterrorista.
f. Arbitrariedad en la entrega de recursos comprometidos verbalmente a comunidades en conflicto.
El ex Ministro José Antonio Viera Gallo hizo promesas verbales de recursos que se entregarían de manera no detallada, que se han ido conociendo en el tiempo. Es así como miembros de la Alianza Territorial Mapuche se presentaron a la SEGPRES una vez asumido el nuevo Gobierno, para cobrar 60 millones de pesos comprometidos por el ex Ministro . Consultado éste, manifestó que estos dineros eran para que personas que estaban siendo juzgadas por la Ley Antiterrorista formaran una ONG y de esa manera dejaran la violencia.
2). Irregularidades por ausencia de rendición de cuentas.
a. La cantidad de 4.561 millones de pesos sin rendir en el Programa Orígenes.
La Comisión Investigadora concluye que al 31 de diciembre del 2009, vencido el plazo legal, existían 4.561 millones de pesos por rendir. La conclusión de la Comisión se fundamenta en la posición de la Contraloría General de la República expresada en la Sesión 4a de la Comisión, en cuanto a que “Ningún Ministerio, Servicio o Programa por si solos, pueden hacer excepciones a las reglas generales para la rendición de cuentas de los fondos públicos contenidas en el Decreto Ley N° 1.263, Ley de Administración Financiera de Estado, la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, y el dictamen 759 de la Contraloría. Estas disposiciones establecen la forma, el modo y la oportunidad para la rendición de cuentas. El Programa en cuestión tiene cofinanciamiento del Estado de Chile y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sin embargo, el contrato celebrado entre ambas partes no genera reglas particulares aplicables a la rendición de cuentas, .así como tampoco al reglamento operativo del Programa. Por lo tanto, las rendiciones correspondientes deben realizarse conforme a las disposiciones establecidas para el gasto público. El plazo de dos años solicitado por sucesivos encargados del Programa Orígenes para rendir los fondos transferidos no está contenido en ninguna norma ni regla particular emanada del contrato con el BID.
b. Entrega de fondos a beneficiarios que no habían rendido transferencias anteriores.
Además de la existencia de fondos sin rendir, la Comisión constató la entrega de fondos a personas y comunidades que no habían rendido transferencias anteriores. El Programa Orígenes, además, no cuenta con mecanismos para resguardar los fondos públicos, toda vez que no se realizaron juicios de cuentas a los beneficiarios que no rindieron en el plazo correspondiente. Este problema también se encuentra en algunos de los organismos sub-ejecutores, como lo son Conaf, Indap y la misma Conadi, que han entregado recursos a receptores que tenían rendiciones pendientes.
3) Irregularidades por no cumplimiento de normativa de rendición de cuentas.
a. Facturas. y boletas utilizadas más de una vez en rendición de cuentas.
La Comisión recabó información relativa a la existencia de montos duplicados en los estados financieros del Programa Orígenes correspondientes a 802 millones de pesos. La Conadi no proporcionó evidencia suficiente para justificar este grave incumplimiento de la normativa de rendición de cuentas. En el dictamen de Contraloría General de la República correspondiente al 24 de junio se detectó que “el Estado Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados al 31 de diciembre de 2009 y el Estado de Inversiones del Ejercicio terminado en esa fecha, incluyen desembolsos rendidos al BID por M$ 802.777, correspondientes a duplicaciones de montos en las rendiciones y otros gastos respecto de los cuales la Conadi no entregó evidencia comprobatoria suficiente, siendo imposible por otros medios establecer la racionalidad de estas rendiciones”. Se constató que existían facturas, boletas de honorarios u otro tipo de documentación fidedigna que se utilizaron más de una vez.
b. Irregularidades en la rendición de cuentas de recursos entregados a Consejeros.
La Comisión considera de suma gravedad las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en la contratación de los servicios de apoyo para la “Ejecución del Componente Plan de Fortalecimiento a Consejeros Indígenas del Plan de Fortalecimiento de la Conadi, Programa Orígenes, Fase II año 2008”. La totalidad de las partidas de los fondos que se les han entregado durante estos últimos años a los Consejeros Indígenas presentan serias irregularidades e incumplimientos en la normativa general. Se encontraron irregularidades en los gastos por traslado por 14.8 millones de pesos, los que fueron justificados con 31 fotocopias de facturas iguales que no detallan el motivo de los viajes, quienes viajaron, los destinos, ni su relación con el Programa Orígenes. También se acreditaron irregularidades en el pago de asesores de los Consejeros, correspondientes a 34.8 millones de pesos, sin que se informe el producto de estas asesorías. Este conjunto de irregularidades no fue reconocido por la Conadi, que a través de la resolución exenta N° 1.105, correspondiente al finiquito del Programa, del 9 de agosto de 2009, renunció de forma expresa a toda acción o reclamación de cualquier naturaleza respecto del Programa. La Comisión cuestiona la legalidad y pertinencia de estos servicios. Estos no benefician a comunidades sino a autoridades de Conadi y del Programa Orígenes. Los Consejeros señores, Zenón Vicente Alarcón Rodríguez , Alberto Hotus Chávez, José Ignacio Llancapan Calfucura , Miguel Audito Liguempi Huilita , Hilado Rodolfo Huirilef Barra , José Santos Millao Palacios y Emilia Nuyado Ancapichun forzaron la aprobación de este Programa mediante la medida de fuerza descrita en el punto 11.1 de estas conclusiones.
4) Sistema contable vulnerable que impide seguimiento de recursos y permite alteración de rendiciones.
Las siguientes irregularidades demuestran falta de interés por parte de los sucesivos Directores del Programa Orígenes, ex directores de la Conadi, como también de ex Ministros Mideplan, de implementar un sistema contable que impida la generación de irregularidades.
Cabe hacer notar que la totalidad de los aludidos en el párrafo precedente estuvieron en antecedente de las irregularidades presentadas en esta sección. Estas irregularidades se mantuvieron durante todos los años de investigación de esta Comisión, a saber, desde el 2006 hasta el 2010, sin que se realizaran los necesarios cambios.
a. Resultados financieros no conciliados y debilidades contables graves que facilitan irregularidades.
En el plano contable, el Programa Orígenes tiene observaciones sustantivas referidas a [a no conciliación adecuada de los resultados financieros del Programa. La Contraloría General de la República, como consta en sucesivos informes y, en particular el Informe 106, determinó debilidades de control que facilitan la ocurrencia de errores o irregularidades por montos que pueden ser significativos. Asimismo, la Conad1 no cuenta con un registro íntegro y análisis detallado de los fondos por rendir. La utilización de planillas Excel para [levar [os registros y el control de las rendiciones y [os estados financieros no garantiza la no alteración de las planillas y sus resultados. No se tiene confiabilidad en los registros de las operaciones.
b. Ausencia de seguimiento de recursos y observaciones de Contraloría no resueltas.
Tal como lo establece la Contraloría General de la República en todos sus informes relativos a la Conadi y el Programa Orígenes, la vulnerabilidad del sistema contable ha impedido resolver el conjunto de observaciones a los estados financieros realizadas por el ente contralor. Al mismo tiempo, vuelve imposible la realización de seguimientos a los recursos. Junto a lo anterior, la precariedad del sistema contable constatado por la Contraloría permite alterar las rendiciones de las partidas correspondientes. La Contraloría ha detectado esta situación para el caso del Programa Orígenes desde el año 2001, no obstante lo cual no se han realizados los cambios necesarios para revertir esa situación. Este desorden administrativo ha sido parte del circuito de irregularidades constatado por el trabajo de está Comisión Investigadora.
c. No implementación de sistema contable y de información SIM II e inexistencia de sistema de control periódico_
Al 31 de diciembre del 2009, Conadi todavía tenía pendiente la implementación del sistema contable SIM Respecto al Sistema de Información e Informes de Progreso y Evaluación Final, el dictamen de auditoría de la Contraloría del 24 de junio concluyó que “Conadi no presentó dentro de los plazos establecidos el diseño del Sistema de Información y Monitoreo SIM II. La Subdirección Nacional de Temuco, Conadi, no ha implementado el Sistema de Información y seguimiento en forma integral. En cuanto al sistema SIM II, está pendiente su desarrollo, implementación e integración de módulos de manera completa, como también la interoperabilidad con los sistemas existentes en Conadi.” La Comisión además pudo constatar la inexistencia de un sistema de control periódico de los recursos entregados por el Programa. Los organismos coejecutores del Programa Orígenes no emiten informes financieros mensuales sobre los gastos efectuados, y no hay aprobaciones formales de las rendiciones. No se cuenta ni con el personal ni los medios suficientes para revisar la gestión de recursos de los proyectos. Según Karina Doña , Encargada del Programa Orígenes, de los 8.600 proyectos que maneja el Programa, éste es capaz de evaluar mensualmente sólo 300, lo cual es absolutamente insuficiente.
d. Rendiciones de cuentas (facturas y boletas) sin respaldo. Necesidad de usar documentación original.
La Contraloría estableció que: “La documentación de respaldo de los gastos tales como facturas y boletas no evidencia controles para evitar que se utilicen como justificación de otros desembolsos. La Conadi no dio cumplimiento a las instrucciones impartidas en su oficio N° 134, de 13 de abril de 2010, por el cual se dispuso mantener a disposición de la Contraloría General de la República, a partir del 17 de mayo de 2010, la documentación de respaldo correspondiente a rendiciones de gastos del año 2009. En algunas rendiciones de cuentas correspondientes a transferencias de fondos a instituciones y corporaciones, Conadi presenta fotocopias como documentos de respaldo, no dándose cumplimiento al artículo 95 de la ley N° 10.336 ni al artículo 3.2, soporte de la documentación de la rendición de cuentas, de la resolución N° 759, de la Contraloría General, que. requieren que la rendición de cuentas sea efectuada con documentación original, para que sea considerada auténtica.”
5. Desidia en el resguardo de los fondos públicos.
El Programa Orígenes tenía, según informe de la Contraloría, alrededor de 4.561 millones de pesos sin rendir al 31 de diciembre de 2009. Según antecedentes entregados a la Comisión por la Encargada actual del Programa, al 11 de agosto los saldos por rendir ascienden a 3.914 millones de pesos.
a. Incumplimientos de servicios prestados por consultoras sin ejecución de las garantía.
El Informe 106 de la Contraloría General de la República verifica incumplimientos en los servicios prestados por algunas consultoras adscritas al Programa para la formulación de Planes de Desarrollo Integral. Ello implicaba la ejecución de garantías por parte de la Conadi y del Programa, procedimiento que, en muchos casos, no se realizaron, constatándose una irregularidad.
b. Inexistencia de monitoreo al trabajo de consultoras ni aplicación de multas.
El Programa Orígenes no cumple su rol de verificación del cumplimiento de las actividades realizadas por los Proveedores de Asistencia Técnica, ni se cursan las respectivas multas. Tal como consta en la sesión décima de la Comisión, las comunidades tienen una negativa evaluación del desempeño de las consultoras. La evidencia recopilada de estos testimonios, así como la información de la Contraloría General de la República, permiten concluir que no hubo un debido seguimiento del Programa al trabajo de las consultoras. Existen denuncias de parte de las comunidades hacia consultoras que recibieron pagos pero no realizaron los trabajos ni la asistencia técnica correspondiente.
c. Desidia ante denuncias de comunidades a consultoras.
Se constató desidia por parte de Orígenes ante denuncias efectuadas por comunidades en contra de consultoras. Algunos ejemplos se presentaron durante la sesión décima de la Comisión.
d. Pago de honorarios sin respaldos y desinformación sobre recursos traspasados por comunidad.
El pago de honorarios por parte del Programa Orígenes, en reiteradas ocasiones, no se realizó con los respaldos requeridos y la supervisión correspondiente. En los informes mensuales del personal a honorarios no se identifican las comunidades que recibieron la asesoría, ni se establece el gasto realizado por cada comunidad en el período correspondiente. El Programa Orígenes no verifica de forma regular el trabajo correspondiente al Programa de Asistencia Técnica, no se realizan de manera cabal las solicitudes de informes que acreditaran el trabajo realizado por la consultora y tampoco se tiene información fidedigna sobre los recursos traspasados a la comunidad asesorada. Esto demuestra desidia en el debido resguardo a los fondos públicos y en la correcta implementación del programa.
e. No se comprueba ejecución de proyectos cancelados.
Las declaraciones entregadas a la Comisión permiten concluir que el Programa no realizó visitas regulares a las comunidades para comprobar la ejecución de los proyectos. Ello explica la existencia de proyectos sin ejecutar u otros cuya implementación está incompleta.
f. Mantención inadecuada de activos.
De acuerdo al Informe 106 de la Contraloría General de la República, las obras y equipos comprendidos en el Programa no son mantenidos adecuadamente de acuerdo con normas técnicas generalmente aceptadas.
g. Entrega de fondos a personas no habilitadas para recibir dineros fiscales.
La Comisión verificó la existencia de comunidades que fueron beneficiadas que no estaban inscritas en el registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos. Ello se agrava al considerar que algunas de estas transferencias se realizaron a receptores que no habían rendido el traspaso precedente.
h. Otras irregularidades relativas al no resguardo de fondos públicos.
Además, se verifican irregularidades por no actuar conforme a políticas en la adquisición de obras y bienes, en la contratación y selección de consultoras, incumplimientos en precios y licitaciones, utilización de información extracontable, control interno y registros insuficientes para verificar transacciones, falsificación de firmas, pagos de servicios de alimentación sin nóminas de beneficiados, 166 construcciones de sedes en terrenos sin acreditación de uso comunitario, entre otras.
II. Responsabilidades Políticas.
La Comisión decidió pronunciarse sobre materias de relevancia al momento de entender porqué la Conadi y el Programa Orígenes concentran tal cantidad de irregularidades. Los cuestionamientos que la Comisión decidió realizar fueron divididos en dos grupos, que se detalla a continuación.
1. Cuestionamientos al Consejo de la Conadi, sus integrantes y la eficacia en el uso de los recursos del Estado.
a. Los Consejeros Indígenas actuaron con rebeldía política frente a la designación de un Director no indígena en la Conadi, con el cual no estaban de acuerdo, lo que provocó la paralización de la constitución del Consejo de la Conadi por ocho meses. Como consecuencia de esta situación no se pudo aprobar el reglamento operativo de la Fase II del Programa Orígenes lo que trajo altos perjuicios en las comunidades indígenas beneficiadas y altos costos para el Estado de Chile.
Como fuera explicado por la Encargada del Programa Orígenes, señora Karina Doña , la Fase 11 comenzó su ejecución con un retraso de 8 meses. El Programa no comenzó en enero del 2007, como estaba programado, dado que no se pudo aprobar su reglamento operativo. Esta aprobación se dilató durante estos meses dada la negativa de algunos consejeros a constituir el Consejo. No constituyéndose el Consejo, tampoco se pudo aprobar las bases de licitación técnica para que las consultoras pudieran acompañar a las comunidades indígenas a generar proyectos de inversión. Durante este tiempo el Programa Orígenes tuvo altísimos costos administrativos sin posibilidad de ejecutar las inversiones e ir en apoyo de las comunidades indígenas favorecidas. Este hecho además explica, según la encargada del Programa, el retraso de 8 meses que tiene actualmente la ejecución del mismo.
b. El Consejo de la Conadi afectó la concepción inicial del Programa Orígenes al asignar recursos bajo el “Plan de Fortalecimiento a Consejeros Indígenas”. Esto fue exigido por los beneficiarios para poder dar inicio a la Fase II de Orígenes.
La Comisión manifiesta su preocupación porque fondos considerados para comunidades indígenas, financiados por el Estado de Chile y el BID, se destinen a personas naturales que participan activamente en política y en los medios de prensa. Todo esto es ajeno al espíritu del referido Programa. La Comisión concluye, además, que la relación entre la aprobación de estos recursos para los Consejeros y el término del conflicto liderado por estos durante el año 2007, es evidente y constituye un hecho reprochable.
e. La Comisión concluye que el Consejo de la Conadi actuó de manera irresponsable al desfinanciar conscientemente la burocracia administrativa de Orígenes.
Por acuerdo del Consejo Nacional de la Conadi se aumentó el Fondo de Decisión Local. Esto significó incrementar dicho fondo en la suma de 6.456 millones de pesos, de los cuales el propio Programa asumió 4.500 millones de pesos y el Fisco 1.500 millones de pesos. Para hacer este aporte extraordinario, el Programa tuvo que desfinanciar otras líneas de acción afectando seriamente el manejo administrativo y creando un problema financiero. Según Karina Doña , nunca se podrá cumplir con las rendiciones de cuentas en las condiciones que lo requiere la Contraloría en su dictamen 759 por falta de recursos. Esto es, a juicio de la Comisión, una de las causales de que los informes de Contraloría hayan detectado miles de millones de pesos (4.561millones a diciembre del 2009, 6.877 millones a diciembre del 2008) sin rendir en sus sucesivas evaluaciones al Programa Orígenes. El daño de imagen a este Programa y a la Conadi será difícilmente reparable. La Comisión considera, por tanto, esta decisión tomada por el Consejo, como irresponsable.
d. En la región de la Araucanía, la eficacia de los proyectos productivos que se han implementado por Orígenes ha sido baja y un gran porcentaje de las tierras entregadas por Conadi están sin uso productivo. Los recursos no han producido los resultados esperados, especialmente en materia productiva.
De las experiencias relatadas por varios participantes en la décima sesión de la Comisión (Juana Tolosa de la comunidad Pascual Paillalef ; Héctor Muñoz , de la comunidad José Silva ; Mario Mondaca , representante de 14 comunidades de Chol Chol), la falta de eficacia queda en evidencia en los numerosos casos en que los proyectos han quedado a medio camino, botados, o simplemente nunca funcionaron. Tanto las consultoras como el Programa Orígenes fallaron en sus responsabilidades en un sinnúmero de ocasiones. Algo similar ocurre con el aprovechamiento actual de miles de hectáreas de tierras entregadas por la Conadi. Muchos de estos predios están en arriendo a sus antiguos dueños, o simplemente sin trabajar.
2. Cuestionamientos políticos al ex ministro Coordinador de Políticas Públicas Indígenas José Antonio Viera Gallo .
a. El ex Ministro actuó con irresponsabilidad al contribuir en la generación de expectativas de adquisición de tierras por más hectáreas que las razonablemente disponibles.
Además de las 308 comunidades consideradas en el “Acuerdo Reconocer”, de junio del 2008, y a las 115 comunidades priorizadas para compras de tierras, en conocimiento de la Comisión obran [os siguientes acuerdos firmados por el ex Ministro : 1) En noviembre del 2009 se compromete con 10 comunidades de la Alianza Territorial Mapuche para compras de tierras e incorpora a 43 comunidades adicionales para estudios de aplicabilidad; 2) En enero del 2010, firmó un compromiso de compra de tierras con 7 comunidades y se incorporó a los estudios de aplicabilidad a 15 comunidades adicionales, y. 3) En enero 2010, en un segundo acuerdo, se le promete aplicabilidad a 7 comunidades.
b. La generación de expectativas de compra de tierras a comunidades mapuches generadas en parte por el ex Ministro, es una de las causales que han aumentado la violencia en la Araucanía durante el año 2010.
En conocimiento de la Comisión obran acuerdos firmados por el ex ministro Viera Gallo para futuras compras de tierras destinadas a 82 comunidades. A muchas de éstas se les prometieron predios sin consulta a los propietarios. Según la información que dispone la Comisión, existirían más de 450 comunidades indígenas con expectativas fundadas en documentos firmados por autoridades para compra de tierras. Si se consideran precios promedios pagados por hectárea por la Conadi durante el año 2009, el Estado tendría que desembolsar entre 500.000 y 600.000 millones de pesos para satisfacer estas expectativas. La Comisión hace notar, además, que varios de los comuneros involucrados en hechos que llevaron al Gobierno anterior a invocar la Ley Antiterrorista, pertenecen a comunidades que firmaron acuerdos con el ex ministro Viera Gallo . Algunos de ellos participaron de la huelga de hambre de comuneros procesados 'bajo la Ley Antiterrorista durante el año 2010.
c. Al desconocer el acuerdo firmado con la Alianza Territorial Mapuche (ATM), el ex ministro Viera Gallo refuerza el sentimiento de que el Estado chileno ?pasa a llevar? al pueblo mapuche.
Consultado el ex ministro sobre el documento firmado el 24 de noviembre del 2009 por él, por Ricardo Brodsky y por Alvaro Marifil , en que se detallan los predios a comprar a 10 comunidades de la ATM y promesa de evaluación de aplicabilidad a 43 más, la respuesta textual fue la siguiente: “respecto del documento señalado, si lo leen atentamente observarán que yo sólo lo suscribo en cuanto lo recibo, y tuve mucho cuidado cuando lo firmé. Fue “recibido” por mí, no que yo me haya comprometido a todo eso. Sí se lee el encabezado, se darán cuenta que al final señala: “Hemos concluido iniciar proceso para la compra de comunidades que se indica”. Al decir “iniciar proceso”, con eso simplemente lo que hago es señalar que estoy de acuerdo en que se inicie el proceso para estudiar eso”.
III. Proposiciones de Política Pública en Materias Indígenas y de Institucionalidad.
Del trabajo realizado, la Comisión ha llegado a algunas conclusiones en materia de política pública respecto de la CONADI, el Programa Orígenes y política indígena en general. Estas conclusiones, que no pretenden ser comprensivas ni cabales, se ofrecen al Gobierno de Chile para su discusión. Estas se presentan con formato de proposiciones, que se detallan a continuación.
1) Política Indígena.
a. Nueva institucionalidad que contenga interacción de múltiples Ministerios y Servicios.
Los profundos cuestionamientos que han afectado a la Conadi y al Programa Orígenes dejan al descubierto la necesidad de fortalecer o crear una nueva institucionalidad. Lo anterior, en el marco de una estructura mayor que contenga una instancia política tanto de ejercicio de funciones de coordinación y negociación, como de representación de los actores e interesados. Se debe aprender de los problemas del pasado potenciando líneas de acción relativas a la fiscalización y la evaluación de resultados e impactos. La nueva institucionalidad debe suponer la interacción de múltiples Ministerios y Servicios. Esta debe ser suficientemente flexible para posibilitar la coordinación con el sector privado en distintas materias, como son la inversión, generación de empleo y encadenamientos productivos.
b. Mayores recursos para fomento productivo, educación, salud y habilitación de predios ya adquiridos.
Los diputados integrantes de esta Comisión recomendamos al Gobierno que en los sucesivos incrementos contenidos en el presupuesto anual de la Nación, se aumenten en especial todas aquellas líneas que tengan relación con educación, cultura, salud intercultural, habilitación de los terrenos ya adquiridos y fomento productivo, ya sea dentro de la Conadi o en la institucionalidad que corresponda. Es importante, además, introducir flexibilidad suficiente para la creación de nuevos fondos especializados, si fuesen necesarios, y poder terminar otros cuando los servicios que ofrezcan ya no sea pertinente. La institucionalidad indígena no debe transformarse en una oficina de compra de tierras. Prácticamente dos tercios del presupuesto de la Conadi está dirigido exclusivamente a la compra de tierras y un porcentaje bajísimo se dedica a otras materias.
c. Cuantificar títulos de Merced y Comisario por honrar.
Se debe medir con precisión y exactitud cuántos títulos de Merced y Comisario quedan por honrar. Se debe cuantificar el número de hectáreas y se deben dar a conocer las cifras con transparencia. Este estudio debe ser difundido y socializado con el pueblo mapuche para después proponer un programa de compras por parte del Estado de Chile, acordado con las comunidades. Este programa debe establecer claramente cuál será la política para aquellos títulos de los cuales cuelgan varias comunidades con personalidad jurídica. Esto es, sin perjuicio de seguir con los concursos regulares de subsidios de tierras amparados bajo el artículo 20 A, de la Ley Indígena como programa social.
2) Respecto a Conadi.
a. Control de precios en la compra de tierras.
Se debe establecer un mecanismo de control de precios de tierra. Este debe incluir un precio máximo por hectárea dependiendo el tipo, calidad y/o ubicación del suelo. La forma en que se ha llevado a cabo el proceso de compra de tierras ha fomentado el aumento exagerado de los precios. El precio por hectárea de 1994 a 2009, subió desde 428 mil pesos a 3.5 millones de pesos, esto es, sufrió un incremento del 826%. Según el director de la Conad, Francisco Painepan , entre 1999 y 2009 se invirtieron 116.586 millones de pesos en la compra directa de 73.785 hectáreas de terreno.
b. Sistemas de contabilidad.
El Programa Orígenes y Conadi deben tener una contabilidad eficiente y transparente.
c. Profunda reestructuración del Consejo de la Conadi
El Consejo de la Conadi debe ser profundamente reestructurado. La calidad de representantes electos de algunos Consejeros, mezcla presiones políticas específicas de comunidades y grupos identificables, con decisiones de tipo técnico. Para evitar los permanentes conflictos que se han producido entre los Consejeros y la administración de la Conadi deben realizarse los siguientes cambios: prohibir que los consejeros individualmente y como parte del Consejo tengan relación alguna con la entrega de beneficios de cualquier especie; el Consejo no debe tener autoridad para emitir ninguna resolución o tomar ninguna acción de ninguna especie que pueda alterar la administración financiera de la Conadi y/o de cualquier programa que dependa de esta; y debe prohibirse la contratación de familiares de miembros del Consejo y la asignación de cualquier beneficio a familiares directos.
3) Respecto al Programa Orígenes.
a. Cambios profundos en el Programa Orígenes, con apoyo a 1098 comunidades que no han sido beneficiadas.
El Estado de Chile en conjunto con el BID, debe buscar la manera de apoyar a las 1.098 comunidades que no fueron consideradas en las Fases I y II del Programa Orígenes. Este apoyo debe ser similar en su concepción al Programa Orígenes y se debe asegurar que, al menos, se destinen igual cantidad de recursos por familia indígena que el actual Programa. Respecto al actual Programa Orígenes, este debe ser profundamente reestructurado dadas sus deficiencias administrativas, la cantidad de proyectos que han quedado botados o nunca se pudieron usar, y el daño irreparable en imagen que ha sufrido producto de las irregularidades detectadas. Cabe destacar que todos quienes participaron de la décima sesión de la Comisión, realizada en la ciudad de Temuco, manifestaron, estar de acuerdo con la concepción del Programa y concordaron con la desprolijidad en su implementación.
b. Mayor autoridad de CONADI sobre sus programas.
La ejecución y desarrollo de las actividades del Programa Orígenes deben estar complementados y coordinados con la misión y políticas de la CONADI. Esto principalmente en lo que se refiere a sistemas de contabilidad; seguimiento; evaluación, y plantas directivas.
c. Mayor flexibilidad en montos otorgados a los proyectos y mayores recursos para procesar la rendición de cuentas.
El diseño del nuevo Programa debe ser más flexible en cuanto a los montos asignados por proyecto. El Programa debe garantizar la adquisición de los elementos necesarios sobre un monto base, más que ajustados a una cantidad de recursos tija. Esto:porque los precios de los productos varían en el tiempo haciendo que en muchas ocasiones comunidades no hayan podido terminar sus proyectos quedando estos incompletos y botados. Al mismo tiempo, se deben aumentar los recursos para la fiscalización y procesamiento de rendiciones de cuentas. Las rendiciones deben realizarse siguiendo las normas establecidas por la Contraloría General de la República. En particular, las rendiciones de recursos deben ser mensuales y prohibir transferencias a personas que no hayan rendido recursos entregados con anterioridad.
d. Rediseño o eliminación de sistema de actual de consultoras.
El sistema de Proveedores de Asistencia Técnica (“consultoras”) debe ser profundamente reestructurado o simplemente eliminado. Se debe diseñar una nueva forma de apoyo técnico y administrativo a las comunidades. Muchas consultoras han sido ácidamente criticadas desde todas partes, incluyendo los Alcaldes, Concejales, Diputados y Comuneros que participaron en la décima sesión de la Comisión.
e. Eliminación de proyecto “Plan de Fortalecimiento al Rol de los Consejeros Indígenas”.
El proyecto “Plan de Fortalecimiento al Rol de los Consejeros Indígenas” debe eliminarse y prohibir toda asignación de recursos del Consejo a cualquiera de sus miembros.
IV.- Consideración miscelánea.
El Gobierno de Chile debe realizar todos los esfuerzos necesarios para indemnizar a los integrantes, a diciembre del 2010, de la Asociación Mapuche “Choyun Mapu”. La Comisión estima que los beneficios obtenidos en el onceavo concurso de tierras de la Conadi por parte de estas personas constituyen un derecho adquirido. Los integrantes de Choyun Mapu no participaron, ni tienen responsabilidad comprobable en la aprobación de la figura de los “casos especiales”, declarada ilegal por la Contraloría e irregular por esta Comisión. La Asociación Choyun Mapu agrupa a beneficiarios del onceavo concurso de tierras de la Conadi a quienes no se les dispensaron los recursos comprometidos. Los certificados de dicho beneficio fueron entregados en acto, público en la ciudad de Temuco.
VII. - CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS
De acuerdo con lo prevenido en el artículo 301 del Reglamento de la Corporación, se deja constancia de lo siguiente:
1.- Por acuerdo de la Comisión, forman parte de las conclusiones y proposiciones aprobadas, las consideraciones que les sirven de fundamento.
2.- Se acordó remitir el presente informe a S.E. el Presidente de la República y al Ministerio Público.
-o-
Se designó diputado informante al señor José Manuel Edwards Silva .
Acordado y tratado según consta en las actas correspondientes a las sesiones de los días 28 de julio; 4, 11, y 18 de agosto; 1, 8 y 29 de septiembre; 6, 13, 15 y 27 de octubre; 1 y 7 diciembre de 2010, y 5 de enero de 2011, con la asistencia de los Diputados señores Arenas Heiclar, don Gonzalo ; Carmona Soto, don Lautaro ; Chahin Valenzuela, don Fuad ; Edwards Silva, don José Manuel ; Espinoza Sandoval, don Fidel ; Estay Peñaloza, don Enrique ; García García, don René Manuel ; Jaramillo Becker, don Enrique ; Norambuena Farías, don Iván ; Saffirio Espinoza, don René ; Tuma Zedán, don Joaquín ; Urrutia Bonilla, don Ignacio , y Von Mühlenbrock Zamora, don Gastón .
Asistieron, además, los Diputados señores Becker Alvear, don Germán y Delmastro Naso, don Roberto , en reemplazo, por una sesión, de los Diputados señores Edwards Silva, don José Manuel y García García, don René Manuel , respectivamente.
-o-
Sala de la Comisión, a 5 de enero de 2011.
(Fdo.): HERNÁN ALMENDRAS CARRASCO, Abogado, Secretario (A) de la Comisión”.
7. Moción de los señores diputados Tarud , De Urresti , Díaz , Jarpa , Montes, Vallespín y Muñoz , doña Adriana .
Reforma la Constitución Política de la República para establecer la existencia de elecciones complementarias en el caso de vacancia de un cargo parlamentario. (boletín N° 7455-07)
FUNDAMENTOS;
1.- La Constitución Política de la República establece en el inciso tercero de su artículo 51 que “Las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido.”
De esta manera nuestra Constitución Política crea una situación absolutamente original respecto del llenado de cargos vacantes de parlamentarios, ya que no existe una disposición similar en ningún ordenamiento constitucional democrático moderno;
2.- Más insólito resulta aún el hecho de que si el que pierde la vacante es un parlamentario elegido como independiente, este puesto no se reemplaza, a menos que el independiente haya ido en un pacto electoral y este señale previamente a qué partido político le corresponderá llenar la vacante que deje ante una eventual pérdida de su calidad de parlamentario. De esta manera, nuestra Constitución permite que en el caso de ser elegido como parlamentario un independiente y su cargo quede vacante, simplemente se deje sin representación a todo un distrito o circunscripción, a menos que el independiente que ha ido en pacto con partidos políticos designe a qué partido del pacto le corresponderá designar a su sucesor;
3.- En la historia de Chile y durante el imperio de otras constituciones políticas, ha sido común el desarrollo de elecciones complementarias para llenar los cargos vacantes de senadores o diputados e incluso, durante épocas de arduo debate político, como fue entre 1970 y 1973, se realizaron elecciones complementarias de parlamentarios. Ellas además fueron muy valoradas por la clase política ya que ellas servían como barómetro para medir el peso de las fuerzas en confrontación en un momento histórico determinado. Una muestra de ello lo constituyeron por ejemplo las elecciones complementarias celebradas en 1972 para elegir un Diputado por Linares y un Senador por O’higgins y Colchagua ;
4.- El actual esquema de la Constitución Política debilita aún más el frágil sistema de representación con que contamos en materia parlamentaria, ya que a un sistema de elección binominal, que excluye a una gran parte de las fuerzas políticas, se suma el hecho de que en el caso del llenado de vacancias son las directivas de los partidos quienes designan a la persona que ocupará el lugar del representante ciudadano que dejó la vacante, en desmedro del ciudadano elector, en quien radica la soberanía;
5.- A todo lo anterior se debe sumar el hecho de que la mayoría de las personas que adoptan la decisión de designar no habitan en el territorio cuya representación pertenecía al parlamentario que dejó la vacante, sino que en el caso de nuestro país, son habitantes de la capital, con lo cual se profundiza la tendencia al centralismo en desmedro de las regiones que deberían tener el derecho a elegir a su nuevo representante.
En consideración a los fundamentos anteriores, los diputados abajo patrocinantes venimos en presentar el siguiente proyecto de reforma constitucional:
PROYECTO
ARTÍCULO ÚNICO: Modifíquese la Constitución Política de la República de la siguiente manera:
1.- En el artículo 51 reemplácese el inciso tercero por el siguiente:
Las Vacantes de diputados y senadores se proveerán mediante elecciones complementarias.
2.- En el artículo 51 deróguense los actuales incisos cuarto y quinto y agréguense los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto nuevos:
Si la vacancia se produjere faltando menos de un año para la próxima elección de diputados o para elegir Senador por la circunscripción correspondiente, el cargo quedará vacante.
Si la vacancia se produjere faltando un año o más para la próxima elección parlamentaria correspondiente, el Presidente de la República convocará a los ciudadanos del distrito o circunscripción en donde se produjo la vacante a elecciones complementarias, las cuales se realizarán al trigésimo día después de la convocatoria. El parlamentario que resulte elegido asumirá su cargo el décimo día después de su proclamación.
3.- En el actual inciso sexto que pasa a ser séptimo, reemplácese la palabra “nominado” por la palabra “elegido”.
8. Moción de los señores diputados Díaz , Arenas, De Urresti , Lemus , Monckeberg , don Cristián ; Montes , Schilling , Tuma y Vallespín .
Establece registro obligatorio de seguros que indica. (boletín N° 7457-03)
1. Fundamentos.- Es un hecho público y notorio que son miles de personas las que tienen contratado un seguro en cualquiera de sus modalidades (seguros de personas, cosas, derechos, patrimonio total, [1] etc.) que cubren una sola o varias de las anteriores contingencias, que tienen una duración variable y genera ahorro para si o para sus beneficiarios, de acuerdo con las cláusulas de cada contrato de seguro.
Estos seguros sea de vida, invalidez, cesantía, incendio, sismo, responsabilidad civil, daños de terceros etc. son tomados por si mismos, o en ocasión de la contratación de operaciones en casas comerciales, operaciones bancarias, créditos hipotecarios, suscripción de seguros de accidente por viajes turísticos, etc. Sin embargo, sucede con demasiada frecuencia, que en caso de fallecimiento del asegurado o sus Posibles beneficiarios, precisamente por desconocer la existencia del contrato de seguro, no están en condiciones de reclamar su cobro, perdiendo unos derechos económicos a los que tienen derecho y debieran por tanto poder percibir. Con independencia de que la ausencia de reclamación por razón del desconocimiento de sus derechos por los propios beneficiarios y la rápida prescripción de estos derechos, pueda producir a las compañías aseguradoras un beneficio indebido, pues muchas pólizas quedan sin cobrar, es preciso buscar una solución justa en esta materia.
2. Historia legislativa y derecho comparado.- En la actualidad la normativa que regula el contrato de seguro, se encuentra en el Código de Comercio, por su parte el DFL N° 251 de 1931, sobre superintendencia de valores y seguros, no contemplan mecanismos que den respuesta adecuada a esta cuestión. Doctrinariamente se le define como “un contrato bilateral, autónomo, a título oneroso, por el que una sociedad de seguros, debidamente- autorizada para el ejercicio de una empresa, asume, contra el precio de una prima, el riesgo de proporcionar al asegurado una prestación determinada en capital o renta, para el caso de que en el futuro, se produzca un evento determinado con templado en el contrato” [2]. Positivamente se encuentra regulado en el Título VIII del seguro en general y de los seguros terrestres en particular, específicamente en la regulación del seguro de vida, en el párrafo cuarto del citado título en los artículos 569 al 578.
En la órbita comparada se puede reconocer un interesante precedente en la Ley 20/05 orgánica sobre creación de registro de seguros, que de acuerdo a su exposición de motivos dictado con la finalidad de que los interesados puedan conocer si una persona fallecida tenía contratada una póliza en caso de muerte, así como la entidad aseguradora con que la lo hubiese suscrito, puesto que con demasiada frecuencia, en caso de fallecimiento del tomador del seguro o del asegurado, sus posibles beneficiarios no están en condiciones de reclamar el cobro de la correspondiente indemnización al desconocer la existencia del contrato de seguro, perdiendo por tanto los derechos que le correspondan y produciéndose un lucro indebido por las compañías aseguradoras. De más amplitud es la ley N° 8357 reguladora del mercado de seguros de Costa Rica con una garantía expresa en materia de acceso a la información de seguros.
3. Ideas matrices.- De esta manera se propone la creación de un registro único de pólizas de seguros, sean estos de personas, cosas, patrimonio total de derecho, etc. Asimismo, se acompaña de una especial regulación del seguro de vida, a fin de consagrar un justo equilibrio entre el derecho a la información de los beneficiarios con el derecho a la intimidad de los asegurados, en el marco de la normativa sobre protección de datos de carácter personal creados por la ley N°19.628. La obligación de comunicación de los datos al Registro recae plenamente sobre las entidades aseguradoras, constituyendo infracción administrativa el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley. El Registro , que actúa únicamente a solicitud de la persona interesada, por regla general el tomador o contrayente del seguro, o el beneficiario, opera también para facilitar información solamente de los datos de la persona asegurada, pues es la muerte de ésta la que genera la prestación, en otras palabras el registro se limita a comunicar la condición de persona asegurada del fallecido, así como a señalar la existencia de los contratos y las entidades aseguradoras con que se hubieran suscrito dichos contratos, facilitando que los posibles beneficiarios puedan reclamar el cobro de sus derechos que es la ratio legis de la presente iniciativa.
Es por eso que sobre la base de los siguientes antecedentes vengo en proponer el siguiente:
Proyecto de ley
Art. 1. Incorpórense los siguientes artículos al párrafo cuarto del Título VIII del Código de Comercio.
Art. 578 bis A.- Creación del registro. Crease un registro de contratos de seguros a que se refiere el presente título al cual podrá acceder cualquier interesado, el que tendrá derecho a obtener la información completa, técnica y veraz en materia de seguros.
Asimismo existirá un registro especial sobre seguro de vida, con la finalidad de dar a conocer a los posibles beneficiarios información acerca de si una persona fallecida estaba asegurada con uno o varios contratos de cobertura de fallecimiento y la identificación de la o las entidades aseguradoras.
A objeto de facilitar el acceso a los datos que regula esta ley el registro estará disponible internet bajo la modalidad que establecen las normas siguientes.
Art. 578 bis B.- Inscripción. Deben inscribirse en el Registro todos los contratos de seguro celebrados en el territorio de la República.
Art. 578 bis C.- Obligación de inscripción. Las entidades aseguradoras que celebren contratos a los que sea de aplicable las disposiciones del presente párrafo tienen el deber de comunicar al Registro dentro del término de cinco días hábiles, los siguientes datos de cada uno de los seguros atendida su naturaleza:
1. Nombres y apellidos del tomador del seguro con su cédula de identidad respectiva;
2. Nombres y apellidos de la persona asegurada con su cédula de identidad respectiva, en caso que no coincida con el contrayente;
3. Nombres y apellidos de la persona beneficiada con su cédula de identidad respectiva, en caso que no coincida con el tomador o asegurado;
4. Individualización de las cosas aseguradas;
5. Entidad aseguradora, con su denominación, rut y domicilio;
6. Número de la póliza del contrato.
El incumplimiento de la obligación descrita en el inciso anterior será sancionado con multa a beneficio fiscal de l00 a 1000 UTM.
Art. 578 bis D.- Derecho de acceso. El derecho a acceder a los datos contenidos en el presente Registro es de carácter público y podrá realizarse en cualquier tiempo.
Tratándose de los seguros de vida los datos podrán ser requeridos a partir del transcurso de cinco días hábiles desde la muerte de la posible persona asegurada y hasta el plazo de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro.
Art. 578 bis E.- Emisión de certificado. El registro emitirá en el plazo que se determine reglamentariamente un certificado en que constará en qué contratos vigentes y que compañía aseguradora.
El mismo certificado emitirá tratándose de seguros de vida, en que conste los contratos en que figuraba como asegurada la persona fallecida, y con qué compañía aseguradora. En caso que la persona fallecida no figurase como asegurada en ningún contrato de cobertura de fallecimiento, se hará constar en el certificado que se emita.
Art. 578 bis F. Colaboración del Registro Civil . Para el conocimiento de la fecha de la muerte de la posible persona asegurada, y para determinar el plazo de vigencia de la información contenida en el Registro que establece esta ley, el Servicio de Registro Civil e Identificación, podrá facilitar un registro de las defunciones que se produzcan y su fecha.
La cesión de los datos de carácter personal al Registro y su tratamiento de acuerdo con las prescripciones de este párrafo no requiere el consentimiento de las personas titulares de los datos a ceder.
Artículo Transitorio.- Las compañías aseguradoras deben proceder a dar cumplimiento de esta ley respecto de los contratos vigentes en el momento de su entrada en vigencia, en el plazo de seis meses desde la citada fecha.
Mientras no se cumpla con esta obligación que señala el inciso anterior, se suspende la prescripción que emane de los contratos no inscritos”.
9. Oficio de la Corte Suprema.
?Santiago, 12 de Enero de 2011
Por Oficio N° 123/2010, de 14 de diciembre de 2010, el Presidente de la Comisión de Educación , Deportes y Recreación de la H. Cámara de Diputados, en virtud de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley N° 18.918, ha requerido de esta Corte informe respecto del proyecto de ley sobre calidad y equidad de la educación.
Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión del día 10 de Enero del presente, presidida por su titular don Milton Juica Arancibia y con la asistencia de los Ministros señores Nibaldo Segura Peña , Adalis Oyarzún Miranda , Jaime Rodriguez Espoz , Rubén Ballesteros Cárcamo , Sergio Muñoz Gajardo , Hugo Dolmestch Urra , Juan Araya Elizalde , Patricio Valdés Aldunate , Héctor Carreño Seaman , Pedro Pierry Arrau , señora Sonia Araneda Briones , señores Carlos Künsemüller Loebenfelder , Haroldo Brito Cruz , Guillermo Silva Gundelach , señoras Rosa María Maggi Ducommun y Rosa Egnem Saldías , acordó informarlo favorablemente, al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:
“Santiago, doce de enero de dos mil once.
Vistos y teniendo presente:
Primero: Que por oficio N° 123/2010, de 14 de diciembre último, el señor Presidente de la Comisión de Educación , Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política, en relación con el artículo 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ha recabado la opinión de esta Corte Suprema respecto del proyecto de ley sobre calidad y equidad de la educación.
Segundo: Que de acuerdo a lo señalado en el mensaje, el proyecto tiene por objeto modernizar el Estatuto Docente “introduciendo modificaciones que se orientan a fortalecer el rol de los directores de los establecimientos educacionales municipales y el ejercicio de la profesión docente.”
Tercero: Que el actual inciso segundo del artículo 75 del Estatuto Docente establece un reclamo de ilegalidad ante el Tribunal el Trabajo competente, por parte del profesional de la educación que estime que la municipalidad o la corporación, según corresponda, no observó para su separación las condiciones y requisitos que se señalan en los incisos primero y segundo del artículo 73 del mismo cuerpo legal, es decir, los requisitos establecidos para aplicar la causal de término de la relación laboral contemplada en la letra i) del artículo 72 (pérdida sobreviniente de alguno de los requisitos de incorporación a una dotación docente).
De aceptarse la modificación legal que se propone al respecto, el artículo 75 quedaría redactado de la siguiente manera:
“Artículo 75. El hecho de que el profesional de la educación reciba parcial o totalmente la indemnización a que se refieren los artículos 73 y 73 bis, importará la aceptación de la causal, sin perjuicio de su derecho a reclamar las diferencias que estime se le adeudan.
Si el profesional de la educación estima que la Municipalidad o Corporación, según corresponda, no observó en su caso, las condiciones y requisitos que señalan las causales de término de la relación laboral establecidas en la presente ley, incurriendo por tanto en una ilegalidad, podrá reclamar por tal motivo ante el tribunal de trabajo competente, dentro de un plazo de 60 días contados desde la notificación del cese que le afecta y solicitar la reincorporación en sus funciones. En caso de acogerse el reclamo, el juez ordenará la reincorporación del reclamante.”
En concepto de la Corte Suprema es importante destacar que el proyecto introduce una modificación al inciso 1° del artículo 75 en el sentido de que también el profesional de la educación puede reclamar por la inobservancia por parte de la autoridad del contenido del artículo 73 bis que se introduce en el artículo 1° N° 26 del proyecto de ley cuyo tenor es el siguiente.
“Art. 73 Bis: Los docentes que dejan de pertenecer a la dotación docente como consecuencia de la causal establecida en la letra i) del artículo 72 de la presente ley, tendrán derecho a una indemnización de cargo del empleador, equivalente al 50% del total de las remuneraciones devengadas en el último mes de contrato, por cada año, o fracción superior a seis meses, servido en la respectiva Municipalidad o Corporación, con un máximo de seis o la indemnización a todo evento que hubieren pactado con su empleador conforme al Código del Trabajo, si esta última fuere mayor.
Sin perjuicio de lo anterior, quienes se hayan negado a ser evaluados de acuerdo a los mecanismos establecidos en los artículos 70 ó 70 bis de la presente ley no tendrán derecho a indemnización alguna.
La indemnización señalada en el inciso primero no será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal y será incompatible con cualquier otro beneficio homologable que se origine en una causal de similar otorgamiento.”
La letra i) a que se refiere el articulado 73 bis antes indicado dice relación con la facultad del sostenedor para que, a proposición del director del establecimiento, pueda poner término a la relación laboral de hasta un 5% de los docentes de los respectivos establecimientos siempre que hubiesen sido mal evaluados según lo dispuesto en los artículos 70 y 70 bis de la ley; y si el establecimiento tiene menos de veinte docentes, sólo se le podrá poner término a la relación de un docente.
En consecuencia, según el nuevo inciso 1° del artículo 75 si el profesional de la educación recibe las indemnizaciones a que se ha hecho referencia derivada de los artículos 73 y 73 bis ello importa la aceptación de la causal.
Cuarto: Que analizando directamente la modificación del inciso 2° del artículo 75, que es la materia consultada, puede concluirse que el legislador amplía la posibilidad de solicitar reincorporación a las funciones ya no sólo por falta de observancia de los mecanismos legales para la desvinculación, por pérdida sobreviniente de alguno de los requisitos de incorporación a una dotación docente o por mala evaluación, sino que hace extensivo el reclamo de ilegalidad a las demás causales de término de la relación laboral establecidas por la ley, como lo son las señalados en su artículo 72, por ejemplo, falta de probidad, incumplimiento grave de las obligaciones que impone la función y otras.
En definitiva, se confiere al docente la posibilidad de recurrir al tribunal laboral competente y pedir su reincorporación a sus funciones cualquiera sea la causa de su desvinculación. Ello implica, en materia de los docentes municipalizados, volver a los mecanismos establecidos en la Ley N° 16A55, sobre inamovilidad.
Atendido que el nuevo reclamo de ilegalidad será conocido por el mismo tribunal que conoce del actual, es decir, el “tribunal del trabajo competente”, puede concluirse que, en sentido estricto, la norma consultada, sin afectar la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, amplía su competencia en la materia en análisis, lo que hace necesario se provean los recursos necesarios para ello.
Por estas consideraciones y en conformidad con lo dispuesto en la norma constitucional citada, se acuerda informar favorablemente el referido proyecto de ley, con la observación anotada precedentemente.
Ofíciese.
PL-57-2010.-”
Saluda atentamente a V.E.
(Fdo.): MILTON JUICA ARANCIBIA , Presidente ; RUBY SÁEZ LANDAÚR , Secretaria Subrogante.
AL SEÑOR DIPUTADO
SERGIO BOBADILLA MUÑOZ
PRESIDENTE COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DEPORTES Y RECREACIÓN H. CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO”
10. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 13 de enero de 2011.
Oficio Nº 5.399
Remite resolución.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 13 de enero de 2011 en el proceso Rol Nº 1.865-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos Rol Nº 985-2007, sobre reclamo de multa sustanciado ante el Séptimo Juzgado del Trabajo de Santiago. Asimismo, acompaño copia del requerimiento y de la resolución que declaró su admisibilidad.
Saluda atentamente a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
PRESENTE”.