Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- XI. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- PERMISO
- German Verdugo Soto
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Gustavo Hasbun Selume
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Denise Pascal Allende
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Marcelo Diaz Diaz
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Patricio Vallespin Lopez
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Pablo Lorenzini Basso
- PERMISO
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- PERMISO
- Leopoldo Perez Lahsen
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Nicolas Monckeberg Diaz
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Joaquin Tuma Zedan
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Pepe Auth Stewart
- PERMISO
- DEBATE
- X. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Pedro Araya Guerrero
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- V. ORDEN DEL DÍA
- PROPOSICIÓN DE COMISIÓN BICAMERAL RELATIVA AL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA PARLAMENTARIA.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- INTERVENCIÓN : Juan Lobos Krause
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- ATRIBUCIONES AL SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR EN MATERIA FINANCIERA. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Joaquin Godoy Ibanez
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- PROPOSICIÓN DE COMISIÓN BICAMERAL RELATIVA AL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA PARLAMENTARIA.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- PREOCUPACIÓN POR SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE 37 CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE PROPIEDAD DEL CONSORCIO RADIAL IBEROAMERICANA RADIO CHILE. (Preferencia)
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Mario Bertolino Rendic
- Alfonso De Urresti Longton
- Enrique Jaramillo Becker
- Sergio Ojeda Uribe
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Juan Lobos Krause
- Pedro Araya Guerrero
- Jose Antonio Kast Rist
- Clemira Pacheco Rivas
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 181 DE LA OIT, SOBRE AGENCIAS DE EMPLEO PRIVADAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Adriana Munoz D'albora
- Carolina Goic Boroevic
- Ximena Vidal Lazaro
- Carlos Montes Cisternas
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- Jose Perez Arriagada
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Marcelo Schilling Rodriguez
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Rodrigo Gonzalez Torres
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- INTERVENCIÓN : Giovanni Oscar Calderon Bassi
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PREOCUPACIÓN POR SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE 37 CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE PROPIEDAD DEL CONSORCIO RADIAL IBEROAMERICANA RADIO CHILE. (Preferencia)
- VII. INCIDENTES
- PREOCUPACIÓN POR EMPLAZAMIENTOS DE PLANTAS GENERADORAS DE ENER-GÍA A CARBÓN. INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE ENERGÍA MAREOMOTRIZ. Oficios.
- ADHESION
- Patricio Melero Abaroa
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- Nino Baltolu Rasera
- Rosauro Martinez Labbe
- Patricio Vallespin Lopez
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Gabriel Silber Romo
- Luis Segundo Lemus Aracena
- ADHESION
- MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 19.300, SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE, CON EL OBJETO DE SOMETER AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL LA CONSTRUCCIÓN DE CÁRCELES.
- IRREGULARIDADES EN MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR. Oficios.
- SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE CERRO BRAMADOR COMO ZONA PROTEGIDA Y MONUMENTO NACIONAL. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE EXCLUSIÓN DE COMUNAS DE OVALLE, RÍO HURTADO Y MONTE PATRIA DE DECLARACIÓN DE ZONA DE EMERGENCIA AGRÍCOLA. Oficio.
- ANTECEDENTES DE INTENTO DE COMPRA DE INMUEBLE PARA USO DEL JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO. Oficio.
- ADHESION
- Matias Walker Prieto
- Enrique Jaramillo Becker
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Alfonso De Urresti Longton
- Juan Luis Castro Gonzalez
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE ASIGNACIÓN DE FRECUENCIA DE UN CANAL ADYACENTE EN ARICA. Oficio.
- ADHESION
- Matias Walker Prieto
- Enrique Jaramillo Becker
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Alfonso De Urresti Longton
- Juan Luis Castro Gonzalez
- ADHESION
- ANTECEDENTES DE CONCESIONES TELEVISIVAS EN ARICA. Oficio.
- ADHESION
- Matias Walker Prieto
- Enrique Jaramillo Becker
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Alfonso De Urresti Longton
- Juan Luis Castro Gonzalez
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDAD DESARROLLADA EN PASO LAS LEÑAS, COMUNA DE MACHALÍ. Oficio.
- ADHESION
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Enrique Jaramillo Becker
- Alfonso De Urresti Longton
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Alberto Robles Pantoja
- ADHESION
- CELERIDAD A PROYECTO HABITACIONAL EN COMUNA DE GRANEROS. Oficios.
- ADHESION
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Enrique Jaramillo Becker
- Alfonso De Urresti Longton
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Alberto Robles Pantoja
- ADHESION
- PLAN DE RESGUARDO DE LA ARMADA A PESCADORES Y FIELES EN FIESTA DE LA CANDELARIA, EN CARELMAPU. Oficio.
- ADHESION
- Alfonso De Urresti Longton
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Enrique Jaramillo Becker
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- ADHESION
- AMPLIACIÓN DE PISTAS DE AEROPUERTO DE CHILOÉ. Oficio.
- ADHESION
- Alfonso De Urresti Longton
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Enrique Jaramillo Becker
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- ADHESION
- NUEVO ESTUDIO DE COSTOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL CANAL DE CHACAO. Oficio.
- ADHESION
- Alfonso De Urresti Longton
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Enrique Jaramillo Becker
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- ADHESION
- ACCIONES JUDICIALES CONTRA RESPONSABLES DE CORTE DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN COMUNA DE QUELLÓN. Oficios.
- ADHESION
- Alfonso De Urresti Longton
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Enrique Jaramillo Becker
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- ADHESION
- DESCONOCIMIENTO DE PROCESO DE SELECCIÓN DE DIRECTOR DE SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO-SAN ANTONIO E IRREGULARIDADES EN EL MISMO SERVICIO. Oficios.
- ADHESION
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Alberto Robles Pantoja
- Enrique Jaramillo Becker
- Juan Luis Castro Gonzalez
- ADHESION
- SALUDO A COMUNA DE RÍO BUENO CON MOTIVO DE CELEBRARSE SU 233er ANIVERSARIO. Oficios.
- FISCALIZACIÓN DE ACCESO A PLAYAS LACUSTRES DE COMUNAS DE REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficio.
- ADHESION
- Rosauro Martinez Labbe
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Alberto Robles Pantoja
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Alfonso De Urresti Longton
- ADHESION
- INVESTIGACIÓN Y REVISIÓN DE SITUACIÓN QUE AFECTA A PROFESOR POSTULANTE EN CONCURSO PÚBLICO DE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A PLAYAS PUERTO VIEJO Y BARRANQUILLA, REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
- ADHESION
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Alfonso De Urresti Longton
- Juan Luis Castro Gonzalez
- ADHESION
- ANTECEDENTES SOBRE POLÍTICA DE COBRO DE PEAJES A MICROBUSES Y TAXIS COLECTIVOS ENTRE CALDERA Y COPIAPÓ. Oficio.
- ADHESION
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Alfonso De Urresti Longton
- Juan Luis Castro Gonzalez
- ADHESION
- FISCALIZACIÓN A EMPRESA CEMIN, MINA DOS AMIGOS, DE LOCALIDAD DE DOMEYKO. Oficios.
- ADHESION
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Alfonso De Urresti Longton
- Juan Luis Castro Gonzalez
- ADHESION
- PREOCUPACIÓN POR PAGO DE SUBVENCIONES A COLEGIOS CON DEUDAS PREVISIONALES Y DE REMUNERACIONES CON SUS TRABAJADORES. Oficio.
- ANTECEDENTES SOBRE ACCIDENTE DE CATAMARÁN EN BAHÍA DE CORRAL. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR MILLONARIA INVERSIÓN EN OBRAS VIALES EN VALDIVIA. Oficios.
- ADHESION
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Juan Luis Castro Gonzalez
- ADHESION
- ANTECEDENTES SOBRE PAGO DE BONO “BODAS DE ORO”. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN BORDE COSTERO DE COMUNA DE COELEMU, OCTAVA REGIÓN. Oficio.
- PREOCUPACIÓN POR EMPLAZAMIENTOS DE PLANTAS GENERADORAS DE ENER-GÍA A CARBÓN. INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE ENERGÍA MAREOMOTRIZ. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Edmundo Eluchans Urenda
- Ernesto Silva Mendez
- Cristian Campos Jara
- Gustavo Hasbun Selume
- Javier Hernandez Hernandez
- Felipe Ward Edwards
- Andrea Molina Oliva
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rene Alinco Bustos
- Enrique Accorsi Opazo
- Sergio Aguilo Melo
- Pedro Araya Guerrero
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Luis Segundo Lemus Aracena
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rene Alinco Bustos
- Enrique Accorsi Opazo
- Pedro Araya Guerrero
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Luis Segundo Lemus Aracena
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rene Alinco Bustos
- Enrique Accorsi Opazo
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Luis Segundo Lemus Aracena
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rene Alinco Bustos
- Enrique Accorsi Opazo
- Sergio Aguilo Melo
- Pedro Araya Guerrero
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Luis Segundo Lemus Aracena
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Carolina Goic Boroevic
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rene Alinco Bustos
- Enrique Accorsi Opazo
- Sergio Aguilo Melo
- Pedro Araya Guerrero
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Alfonso De Urresti Longton
- Luis Segundo Lemus Aracena
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- Fernando Meza Moncada
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rene Alinco Bustos
- Enrique Accorsi Opazo
- Pedro Araya Guerrero
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Luis Segundo Lemus Aracena
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Sergio Ojeda Uribe
- Enrique Accorsi Opazo
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Alberto Robles Pantoja
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Orlando Severo Vargas Pizarro
- Matias Walker Prieto
- Carolina Goic Boroevic
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Cristian Monckeberg Bruner
- German Becker Alvear
- Roberto Delmastro Naso
- Jose Manuel Edwards Silva
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Rosauro Martinez Labbe
- Gaspar Alberto Rivas Sanchez
- Alejandro Santana Tirachini
- Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Enrique Accorsi Opazo
- Eugenio Bauer Jouanne
- Alfonso De Urresti Longton
- Edmundo Eluchans Urenda
- Gustavo Hasbun Selume
- Jose Antonio Kast Rist
- Patricio Melero Abaroa
- Patricio Vallespin Lopez
- Andrea Molina Oliva
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 358ª
Sesión 130ª, en jueves 20 de enero de 2011
(Ordinaria, de 10.12 a 14.01 horas)
Presidencia de la señora Sepúlveda Orbenes, doña Alejandra, y del señor Becker Alvear, don Germán.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental , el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 10
II. Apertura de la sesión 13
III. Actas 13
IV. Cuenta 13
- Permiso constitucional 13
V. Orden del Día.
- Proposición de Comisión Bicameral relativa al Reglamento del Comité de Auditoría Parlamentaria 13
- Atribuciones al Servicio Nacional del Consumidor en materia financiera. Primer trámite constitucional. (Continuación) 36
VI. Proyectos de acuerdo.
- Preocupación por solicitud de renovación de 37 concesiones de radiodifusión sonora de propiedad del consorcio radial Iberoamericana Radio Chile. (Preferencia) 50
- Ratificación del Convenio 181 de la OIT, sobre agencias de empleo privadas 50
VII. Incidentes.
- Preocupación por emplazamientos de plantas generadoras de energía a carbón. Información sobre proyecto de energía mareomotriz. Oficios 52
- Modificación de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, con el objeto de someter al sistema de evaluación de impacto ambiental la construcción de cárceles 53
- Irregularidades en Municipalidad de Frutillar. Oficios 55
- Solicitud de declaración de Cerro Bramador como zona protegida y monumento nacional. Oficio 56
- Información sobre exclusión de comunas de Ovalle, Río Hurtado y Monte Patria de declaración de zona de emergencia agrícola. Oficio 57
- Antecedentes de intento de compra de inmueble para uso del jefe del estado mayor conjunto. Oficio 57
- Información sobre asignación de frecuencia de un canal adyacente en Arica. Oficio 58
- Antecedentes de concesiones televisivas en Arica. Oficio 58
- Información sobre actividad desarrollada en Paso Las Leñas, comuna de Machalí. Oficio 58
- Celeridad a proyecto habitacional en comuna de Graneros. Oficios 59
Pág.
- Plan de resguardo de la armada a pescadores y fieles en fiesta de La Candelaria, en Carelmapu. Oficio 59
- Ampliación de pistas de aeropuerto de Chiloé. Oficio 60
- Nuevo estudio de costos para construcción de puente sobre el canal de Chacao. Oficio 60
- Acciones judiciales contra responsables de corte del suministro de agua potable en comuna de Quellón. Oficios 60
- Desconocimiento de proceso de selección de director de Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio e irregularidades en el mismo servicio. Oficios 61
- Saludo a comuna de Río Bueno con motivo de celebrarse su 233er aniversario. Oficios 62
- Fiscalización de acceso a playas lacustres de comunas de Región de Los Ríos. Oficio 62
- Investigación y revisión de situación que afecta a profesor postulante en concurso público de municipalidad de Chillán. Oficio 63
- Información sobre medidas de seguridad vial en accesos a playas Puerto Viejo y Barranquilla, Región de Atacama. Oficios 64
- Antecedentes sobre política de cobro de peajes a microbuses y taxis colectivos entre Caldera y Copiapó. Oficio 65
- Fiscalización a empresa Cemin, mina Dos Amigos, de localidad de Domeyko. Oficios 65
- Preocupación por pago de subvenciones a colegios con deudas previsionales y de remuneraciones con sus trabajadores. Oficio 66
- Antecedentes sobre accidente de catamarán en bahía de Corral. Oficios 66
- Información sobre proceso de participación ciudadana por millonaria inversión en obras viales en Valdivia. Oficios 67
- Antecedentes sobre pago de bono “bodas de oro”. Oficio 67
- Información sobre reconstrucción de viviendas en borde costero de comuna de Coelemu, Octava Región. Oficio 68
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República respecto del proyecto que “Modifica ley N° 20.022, con el objeto de establecer un nuevo plazo para el cierre de Tribunales del Trabajo de Santiago, que señala.”. (boletín N° 7434-07) 69
2. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje que “Aprueba la Convención de Asistencia Mutua en Materia Penal”, suscrita en Estrasburgo el 20 de abril de 1959 y sus Protocolos Adicionales suscritos en los años 1978 y 2001. (boletín N° 6786-10) 69
Pág.
3. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Aprueba el Convenio 187, sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo”, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo.”. (boletín N° 7386-10) 69
4. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, que “Modifica ley N° 20.022, con el objeto de establecer un nuevo plazo para el cierre de Tribunales del Trabajo de Santiago, que señala.”. (boletín N° 7434-07) 70
5. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje que “Prorroga plazo de calificación, otorgado a la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, creada por ley N° 20.405 y, concede acceso que indica, para fines particulares que se señala.”. (boletín N° 7435-17) 70
6. Senado comunica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 A, de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, designó a dos de los tres integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria 71
7. Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en moción que “Crea Circunscripción Senatorial de la Región de Arica y Parinacota.”. (boletín N° 7260-06) 71
8. Primer informe de la Comisión de Trabajo recaído en el proyecto, iniciado en moción que “Incorpora a los funcionarios a honorarios, a ley de accidentes del trabajo.”. (boletín N° 7307-13) 75
9. Moción de los señores diputados Álvarez-Salamanca, Eluchans, Silva, Campos, Hasbún, Hernández, Ward, y de las diputadas señoras Molina, doña Andrea; Hoffmann, doña María José, y Zalaquett, doña Mónica, que “Modifica el artículo 1246 del Código Civil, con el objeto de otorgar efectos absolutos a la sentencia que declara la repudiación de una asignación testamentaria.”. (boletín N° 7472-07) 81
10. Moción de los señores diputados Alinco, Accorsi, Aguiló, Araya, Ascencio, Jiménez y Lemus, que “establece reforma constitucional que concede la calidad de ciudadano a los mayores de 16 años.”. (boletín N° 7463-07) 84
11. Moción de los señores diputados Alinco, Accorsi, Araya, Jiménez, Lemus, Marinovic, y de la diputada señora Isasi, doña Marta, que “Reforma la Constitución Política de la República modificando el sistema de reemplazo de Diputados y Senadores.”. (boletín N° 7464-07) 85
12. Moción de los señores diputados Alinco, Accorsi, Ascencio, Jiménez, Lemus, Marinovic, y de la diputada señora Isasi, doña Marta, que dispone “Reforma constitucional estableciendo la elección de Intendente por sufragio universal”. (boletín N° 7465-07) 86
Pág.
13. Moción de los señores diputados Alinco, Accorsi, Aguiló, Araya, Ascencio, Jiménez, Lemus, Marinovic, y de la diputada señora Isasi, doña Marta, que dispone “Reforma constitucional que establece el sueldo mínimo regional y suprime la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.”. (boletín N° 7466-07) 87
14. Moción de los señores diputados Alinco, Accorsi, Aguiló, Araya, Ascencio, De Urresti, Lemus, Jiménez, Marinovic y Meza, que “Establece plazo para el otorgamiento del finiquito del contrato de trabajo.”. (boletín N° 7467-13) 90
15. Moción de los señores diputados Alinco, Accorsi, Araya, Ascencio y Lemus, que “Establece requisitos de edad para acceder a cargos de elección popular a nivel local.”. (boletín N° 7468-06) 91
16. Moción de los señores diputados Ojeda, Accorsi, Castro, Chahín, Robles, Sabag, Torres, Vargas, Walker, y de la diputada señora Goic, doña Carolina, que “Modifica la ley N° 18.490, que establece el seguro obligatorio de accidentes personales causados por vehículos motorizados, incorporando la cobertura de rescate y traslado.”. (boletín N° 7469-15) 92
17. Moción de los señores diputados Monckeberg, don Cristián; Becker, Delmastro, Edwards, García, don René Manuel; Martínez, Rivas, Santana, Sauerbaum, y de la diputada señora Sabat, doña Marcela, que “Modifica el párrafo 4 bis del Título IX del Código Penal, ampliando el tipo penal del abigeato y sancionando a los funcionarios públicos que faciliten su comisión.”. (boletín N° 7470-07) 94
18. Moción de los señores diputados García-Huidobro, Accorsi, Bauer, De Urresti, Eluchans, Hasbún, Kast, Melero, Vallespín, y de la diputada señora Molina, doña Andrea, sobre “generación, tenencia, transporte y almacenamiento de escombros.”. (boletín N° 7471.06) 96
19. Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite opinión respecto del proyecto, iniciado en moción, que “Establece modificaciones al Boletín Comercial.”. (boletín 7376-07). (18-2011) 101
- Oficios del Tribunal Constitucional mediante los cuales remite copia autorizada de las sentencias referidas a los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
20. “artículo 38 de la ley N° 18.933”. Rol 1689-10-INA. (5404) 102
21. “artículo 38 de la ley N° 18.933”. Rol 1725-10-INA. (5408) 103
22. “artículo 38 de la ley N° 18.933”. Rol 1856-10-INA. (5432) 104
- Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales pone en conocimiento de la Cámara de Diputados los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
23. artículo 21 del decreto ley N° 701, de 1974. Rol 1872-10-INA. (5438) 104
24. artículo 26 bis, del Código del Trabajo . Rol 1852-10-INA. (5442) 105
25. inciso primero del artículo 8° de la ley N° 17.322. Rol 1876-10-INA. (5446) 106
XI. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
- Del diputado señor Araya, quién, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 20 de enero en curso para dirigirse a Mongolia.
- Del diputado señor Verdugo, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 21 de enero en curso, para dirigirse a Israel.
- Del diputado señor Hasbún, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 21 de enero en curso, para dirigirse a Palestina.
- De la diputada señora Pascal, doña Denise, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 21 de enero en curso, para dirigirse a Mongolia.
- Del diputado señor Díaz, don Marcelo, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 21 de enero en curso, para dirigirse a Palestina.
- Del diputado señor Chahín, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 21 de enero en curso, para dirigirse a Palestina.
- Del diputado señor Vallespín, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 21 de enero en curso, para dirigirse a Palestina.
- Del diputado señor Lorenzini, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 09 de febrero en curso, para dirigirse a París.
- De la diputada señora Isasi, doña Marta, quién acompaña licencia médica por la cual acredita que debió permanecer en reposo por el día 18 de enero próximo pasado.
- Del diputado señor Pérez, don Leopoldo
- Del diputado señor Monckeberg, don Nicolás, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 20 de enero en curso, para dirigirse a Mongolia.
- Del diputado señor Tuma, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 21 de enero en curso, para dirigirse a Palestina.
- Del diputado señor Auth, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 21 de enero en curso, para dirigirse a Palestina.
2. Oficios:
- Respuestas a oficios Cuenta 130ª
Ministerio de Bienes Nacionales:
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Solicita se investigue e informe acerca del cierre del camino de acceso al condominio Cau Cau y a la playa del mismo nombre en la comuna de Puchuncaví, Región de Valparaíso (32 al 1731).
- Diputado Espinosa don Marcos, Solicita adoptar las medidas del caso tendientes a una pronta solución a las demandas habitacionales de un grupo de pobladores de la Junta de Vecinos Inti Rai, comuna de Calama, e informar respecto de las acciones emprendidas y de los recursos públicos comprometidos (33 al 1871).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social:
- Diputado Robles, Solicita información sobre las acciones desarrolladas por esa Cartera a propósito del deceso, producto de un accidente laboral, de doña Cecilia Ortiz Loaysa en la Región de Atacama, el 23 de enero de 2008 (1021 al 1488).
Ministerio de Energía:
- Diputada Goic doña Carolina, Solicita informe sobre la situación actual de los subsidios al gas domiciliario que se entregan en la Región de Magallanes y la Antártida Chilena, los que se habrían sufrido una fuerte disminución en el número de beneficiarios (102 al 2083).
- Diputada Goic doña Carolina, Solicita informe sobre la situación de la Empresa Nacional del Petróleo, en el marco de los despidos que afectan a un gran número de trabajadores, y respecto de la individualización de los “bloques” que serán llamados a licitación por esa empresa, y sus motivos, permitiendo a empresas privadas internacionales la exploración y explotación de yacimientos de gas natural y petróleo (103 al 2080).
- Diputado Marinovic, Solicita informar sobre el estado de avance de las negociaciones del nuevo contrato entre la Empresa Nacional del Petróleo y la empresa Gasco S.A., para proveer de gas natural domiciliario a la Región de Magallanes y Antártica Chilena, sin perjuicio de acoger las demás peticiones formuladas en la solicitud adjunta. (97 al 2103).
Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
- Diputado De Urresti, Solicita se informe la etapa en que se encuentra el proyecto para la pavimentación de la calzada y veredas de la calle Toribio Medina, en el sector de Barrios Bajos, en la comuna de Valdivia. (23 al 2068).
Ministerio de Planificación y Cooperación:
- Diputado Estay, Solicita informar sobre diversos aspectos relativos a contratos y/o convenios celebrados por las unidades operativas de ese organismo, con consultoras u otras personas jurídicas, destinados a prestar servicios a personas naturales, comunidades o asociaciones indígenas (44 al 1869).
Ministerio Público:
- Diputado Velásquez, Solicita investigar la denuncia formulada por el señor Alcalde de la Municipalidad de Coquimbo , relativa a eventuales actos de espionaje (22 al 869).
- Diputado De Urresti, Solicita informar sobre el estado de tramitación del proceso de investigación relacionado a la muerte de un trabajador de la empresa Asenav, de la comuna de Valdivia, ocurrido el 25 de octubre próximo pasado, en el marco de su jornada de trabajo (25 al 730).
Empresas del Estado:
- Diputado De Urresti, Solicita se informe sobre el estado de avance del proyecto para la reposición del jardín infantil “Esperanza”, ubicado en la calle Arica 2315, en la ciudad de Valdivia. (1 al 834).
Intendencias:
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita se efectúe una revisión completa de la red de grifos en Vicuña, y se considere la posibilidad de realizar un aporte a la Segunda Compañía de Bomberos de la aludida comuna, para que cuente con los elementos necesarios en casos de emergencia (34 al 675).
X. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Solicita informe sobre el cumplimiento de la empresa Saesa de lo dispuesto en la resolución exenta N° 082, de 25 de mayo de 2010, de la Dirección Regional SEC Región de Los Lagos (2348 de 17/01/2011). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Solicita informe sobre la procedencia de la deuda originada en la atención hospitalaria de don Julio Ávila Guajardo en la Clínica Salud Integral de Rancagua (2349 de 17/01/2011). A Ministerio de Salud.
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Solicita informe sobre la deuda que registra la señora María Isabel Muñoz Gutiérrez en la Posta Central de Santiago (2350 de 17/01/2011). A Ministerio de Salud.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (99)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos René PPD XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo IND VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto RN XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Lemus Aracena, Luis PDC IV 9
Lobos Krause, Juan PDC VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo UDI VII 38
Macaya Danús, Javier IND VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag RN XII 60
Martínez Labbé, Rosauro UDI VIII 41
Melero Abaroa, Patricio PRSD RM 16
Molina Oliva, Andrea RN V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos UDI RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Muñoz D'Albora, Adriana UDI V 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván PPD VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PDC V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PS VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PRSD RM 31
Pérez Lahsen, Leopoldo UDI RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos PDC X 56
Rincón González, Ricardo RN VI 33
Robles Pantoja, Alberto UDI III 6
Rojas Molina, Manuel RN II 4
Rubilar Barahona, Karla PPD RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PDC RM 17
Sabag Villalobos, Jorge RN VIII 42
Sabat Fernández, Marcela PDC RM 21
Saffirio Espinoza, René UDI IX 50
Sandoval Plaza, David RN XI 59
Schilling Rodríguez, Marcelo PRI V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silber Romo, Gabriel UDI RM 16
Silva Mendez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo PPD V 12
Teillier Del Valle, Guillermo PDC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PPD V 15
Tuma Zedan, Joaquín UDI IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Bonilla, Ignacio PDC VII 40
Vallespín López, Patricio UDI X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique IND VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando IND XV 1
Velásquez Seguel, Pedro PDC IV 8
Verdugo Soto, Germán PPD VII 37
Vidal Lázaro, Ximena UDI RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón PDC XIV 54
Walker Prieto, Matías UDI IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Asistió, además, el ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, don Juan Fontaine.
-Con permiso constitucional no estuvieron presentes la diputada señora María Angélica Cristi, y los diputados señores Pedro Araya, Mario Bertolino y Javier Hernández.
-En misión oficial no estuvieron presentes los diputados señores Guillermo Ceroni, Fidel Espinoza, Roberto León, Nicolás Monckeberg e Iván Moreira.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.12 horas.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El acta de la sesión 124ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 125ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
El señor MONTES.- Señora Presidenta , ¿llegó respuesta del proyecto de la Alta Dirección Pública?
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- No, señor diputado . Estamos requiriendo nuevamente la información.
El señor MONTES.- El compromiso era en diciembre, señora Presidenta.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra (presidenta).- Así es, señor diputado .
PERMISO CONSTITUCIONAL
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Si le parece a la Sala, se concederá el permiso constitucional solicitado por el diputado señor Pedro Araya para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 20 de enero próximo.
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
PROPOSICIÓN DE COMISIÓN BICAMERAL RELATIVA AL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA PARLAMENTARIA.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde tratar el informe de la Comisión Bicameral, relativo al Reglamento del Comité de Auditoría Parlamentaria, establecido en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, como asimismo la propuesta del nombramiento de los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Bicameral, sesión 128ª, en 19 de enero de 2011. Documentos de la Cuenta N° 2.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO (de pie).- Señor Presidente , honorable Cámara, tengo a bien informar sucintamente la labor desarrollada por la Comisión Bicameral a que se refiere el artículo 66 A de la ley orgánica constitucional del Congreso encargada de formular una proposición de Comité de Auditoría Parlamentaria.
Como esta honorable Cámara recordará, aprobamos dos entidades muy importantes a través de modificaciones a la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. La primera de ellas, que estableció la Comisión de Asignaciones Parlamentarias, tendrá la responsabilidad de establecer los montos, las regulaciones y los usos de aquellos recursos que se dan a cada parlamentario para cumplir con el ejercicio del cargo y la función parlamentaria. Esa Comisión de Asignaciones fue nominada. La preside el ex presidente del Banco Central , don Vittorio Corbo . Ha estado estableciendo algunas normativas, como el aumento del 4,2 por ciento del reajuste de las asignaciones. Debiera, además, en el transcurso del semestre, establecer las demás asignaciones para los parlamentarios.
También se modificó la ley orgánica del Congreso Nacional, con el objeto de establecer un Comité de Auditoría, integrado por un abogado, un contador y un auditor. Estos tres miembros tendrán la responsabilidad de fiscalizar y controlar el uso de las asignaciones.
Ahora, voy a explicar el Reglamento del Comité de Auditoría, que establecerá la forma en que se deberán fiscalizar las asignaciones que entrega el Comité de Audito-ría.
La Comisión Bicameral, encargada de proponer las modificaciones al Reglamento, ya aprobado por el honorable Senado, fue integrada por los senadores José Antonio Gómez , Antonio Horvath , Juan Pablo Letelier y Jovino Novoa , en tanto que, por la Cámara de Diputados, participaron los diputados señores Pedro Araya , Lautaro Carmona , en calidad de alterno; quien habla, Patricio Melero; Ramón Farías y Patricio Vallespín .
Como recordaba, la ley Nº 20.447 estableció un servicio común del Congreso Nacional, denominado Comité de Auditoría Parlamentaria, cuya finalidad es controlar el uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria, y revisar las auditorías que el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso efectúen a sus gastos institucionales.
El artículo 66 A, de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, entregó a una Comisión Bicameral el deber de efectuar una propuesta de Reglamento -que hoy formulo- respecto de la forma en que el Comité de Auditoría cumplirá sus funciones. Este Reglamento debe ser aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes del Senado y de la Cámara de Diputados, y se somete hoy a vuestra consideración.
Quiero también mencionar que el artículo 3º transitorio de esta ley, modificado por la ley Nº 20.464, estableció que el Reglamento del Comité de Auditoría Parlamentaria debería quedar aprobado, a más tardar, dentro de los 180 días siguientes a la publicación de la ley Nº 20.447, plazo que se cumple el 8 de febrero del 2011, razón por la cual debemos votar hoy la modificación.
En lo tocante a la integración del Comité de Auditoría Parlamentaria, sus miembros, como es de su conocimiento, deberán ser nombrados por los 3/5 de los senadores y diputados en ejercicio, a propuesta de la Comisión Bicameral, la que voy a formular a esta honorable Sala una vez que termine de informar el Reglamento que se someterá a consideración.
La selección de los candidatos surgirá de una nómina de tres personas que, en cada caso, propone, previo concurso público, el Consejo de Alta Dirección Pública. Dicho proceso de encuentra en etapas finales. Está pronto a ser sometido a la consideración de la honorable Sala.
Respecto del Reglamento mismo, que se encuentra en el informe que tienen a disposición, me gustaría resaltar sólo algunos elementos que considero de vital importancia, sin perjuicio de otros que sus señorías pueden ver en el documento.
En primer término, se reguló el ámbito de competencia del Comité de Auditoría Parlamentaria, tanto en lo relativo a la revisión de la auditoría de los gastos institucionales del Congreso como de las auditorías sobre el uso de los fondos públicos que cada Cámara ponga a disposición de los señores diputados y señoras diputadas y de los comités para financiar el ejercicio de nuestras funciones.
Se propone que, para cumplir esa función, el Comité deberá atenerse a los criterios que sobre monto, destino, reajustabilidad y uso fije el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, así como a los acuerdos complementarios que adopte la Comisión de Régimen Interno y que sean necesarios para la ejecución de las resoluciones que adopte el mencionado Consejo.
A la Comisión Bicameral le pareció también oportuno fijar, con detalles, las funciones que tendrá este órgano común. Destacan, entre otras, la posibilidad de que el Comité de Auditoría realice propuestas al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias , orientadas a perfeccionar la normativa sobre el uso de las asignaciones a que tendremos derecho como una forma de coordinar ambas entidades y el rol consultivo que se le asigna respecto de las dudas que se generen sobre el cumplimiento de las normas de control de los recursos públicos destinados al ejercicio de la función parlamentaria.
Se trató siempre de recoger las disposiciones que establece la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional sobre nombramiento de integrantes del Comité, pero se le adicionó la obligación de sigilo que deben guardar en sus actuaciones los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria, similares a los que rigen al personal del Senado y de la Cámara de Diputados.
Este precepto prescribe, en su inciso primero, que las auditorías que realice el Comité del uso de fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria y los informes sobre las auditorías que se efectúen de los gastos institucionales del Senado, de la Cámara y de la Biblioteca del Congreso Nacional, tendrán el carácter de anuales.
Un punto importante es que el Reglamento obliga al Comité a elaborar, junto con ambas Cámaras, un plan anual de trabajo, que debe considerar un sistema aleatorio para la realización de las auditorías, un calendario de las mismas y un procedimiento de análisis de las auditorías que se efectúen de los gastos institucionales.
Este plan deberá someterse a la aprobación del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.
También se ha detallado la forma en que se desarrollará el plan anual del Comité de Auditoría, el que debe considerar la normativa constitucional, legal y reglamentaria vigente sobre la materia, junto con las disposiciones emanadas del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y las normas de auditoría general de aplicación en la disciplina.
Por último, se ha establecido un procedimiento, conducido siempre a través del Secretario General de las Corporaciones , para que el Comité de Auditoría pueda solicitar a los parlamentarios, o al jefe del Comité pertinente, los antecedentes o efectuar sugerencias a fin de corregir las deficiencias que se detecten sobre la forma en que se están utilizando los fondos y recursos designados a algún parlamentario.
Mediante un procedimiento se deberán notificar las observaciones que se formulen a los diputados, las que deberán contestarse por escrito dentro de un plazo de treinta días o, de lo contrario, conforme a la ley, tendrá que ponerse en conocimiento de la Comisión de Ética y Transparencia para que resuelva en definitiva.
Las demás normas se explican por sí mismas, y las votaciones y demás constancias reglamentarias se encuentran en el informe que está en los pupitres electrónicos.
Es cuanto puedo informar respecto de la propuesta de Reglamento del Comité de Auditoría.
Con la venia de la señora Presidenta , en segundo lugar, informo la propuesta formulada ayer por la Comisión Bicameral respecto de los nombres que se sugieren y que deben ser aprobados por ambas Cámaras para integrar el Comité de Auditoría.
Hago presente a la honorable Sala que los nombres surgieron del servicio público, a través de la Alta Dirección Pública, en un proceso de selección, que ya finiquitó.
Como dije, los nombres llegaron a la Comisión producto del trabajo de la Alta Dirección Pública y de los head hunters encargados de buscar a esas personas, que son un abogado, un contador y un auditor, que serán quienes tendrán la responsabilidad, por seis años, de fiscalizar, a través del Comité de Auditoría, el uso adecuado o no de los recursos que dispondremos los parlamentarios.
Quiero hacer presente que, además, el Consejo de Alta Dirección Pública tuvo a bien invitar a los integrantes de la Comisión Bicameral, a objeto de que explicitáramos -lo hizo quien habla, junto con el senador Jovino Novoa y el diputado Ramón Farías - en la mejor forma posible, las características de este tipo de profesionales, básicamente respecto del conocimiento de la función que nosotros ejercemos. Al momento de buscar a esos candidatos, debe tenerse muy presente que la labor parlamentaria no solamente se restringe al trabajo legislativo o fiscalizador del Congreso Nacional, sino que también a la función que ejercemos en nuestros respectivos distritos. En tal sentido, es necesario contar con una definición muy clara de la función parlamentaria y del ejercicio del cargo, en su visión más amplia, que contemple también la representación popular, nacional y distrital, y lo que ello conlleva desde el punto de vista de la relación con el electorado y los habitantes de las comunas que representamos; que no haya una visión restrictiva, excluyente, en cuanto a que la labor del Congreso sólo es la que se desarrolla en esta sede del Poder Legislativo , sino que se entienda también extendida a la labor que nos toca desplegar en los distritos.
Con esa prevención, entonces, paso a informar que, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en las normas ya descritas, la Comisión Bicameral, integrada por las mismas personas que señalé, y que tuvo a bien aprobar el Reglamento, resolvió, en sesión celebrada el 17 de noviembre del 2010, solicitar al Consejo de Alta Dirección Pública efectuar el referido concurso público, con el fin de iniciar el proceso para proveer los cargos del Comité de Auditoría Parlamentaria. Junto con lo anterior, hicieron llegar al citado Consejo los perfiles de selección para los mencionados profesionales, de conformidad a los criterios adoptados por la Comisión Bicameral.
El 23 de noviembre de 2010 se realizó en el Consejo de Alta Dirección Pública la apertura del proceso de selección de los tres profesionales que deben integrar el Comité de Auditoría Parlamentaria, según lo establece la ley orgánica del Congreso Nacional. En dicha oportunidad, el Consejo de Alta Dirección Pública tomó conocimiento de los lineamientos estratégicos del mencionado Comité y de sus características centrales, así como de los principales elementos que debía considerar, como el perfil de selección de los cargos que se buscaba proveer, sobre la base de la propuesta que formuló la Comisión Bicameral.
El martes 17 de enero, recién pasado, el Consejo de Alta Dirección Pública hizo llegar a la Comisión Bicameral los antecedentes que daban cuenta del concurso público que había efectuado y las nóminas de las tres personas que podrían ocupar cada uno de los cargos profesionales que forman parte del Comité de Auditoría Parlamentaria.
Teniendo en consideración estos antecedentes, la Comisión Bicameral, en sesiones celebradas el 19 de enero del presente año, tomó conocimiento de la propuesta formulada por el Consejo de Alta Dirección Pública y se abocó a las tareas de de escoger, entre las ternas propuestas, a quienes, cumpliendo con los requisitos señalados precedentemente, podrían desempeñar estas funciones.
Para realizar este cometido, la Comisión Bicameral entrevistó personalmente a los diversos postulantes, quienes tuvieron la posibilidad de exponer, ante el Comité Bicameral, su visión sobre la misión que se les estaba encomendando, y de resolver las preguntas que les formularon los señores diputados y senadores, con el fin de afinar la propuesta que hoy someto a esta honorable Sala.
Concluido así el estudio de estos antecedentes, se acordó someter a consideración de ambas Cámaras la designación de las siguientes personas para los cargos que en cada caso se indican:
En el caso del abogado, la nominación recayó, para la aprobación de esta honorable Cámara, en el señor Eduardo Enrique Pérez Contreras , cédula de identidad N° 7.818.184-2. El señor Pérez Contreras estudió leyes en la Pontificia Universidad Católica de Chile en el período 1978-1984; tiene un diplomado en Probidad y Buen Gobierno, de 106 horas, y una larga trayectoria en el sistema público, en particular en la jefatura de la División Jurídica Legislativa del Ministerio del Interior. Desde 1991 en adelante es abogado y socio de Blanche, Molina y Cía. y asesor jurídico de Willow Crest Investments, cargo que desempeña en la actualidad. Fue abogado del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, secretario general de la Universidad de Tarapacá, en Arica, y abogado y asesor jurídico de la Contraloría General de la República. Fue propuesto por el Consejo de Alta Dirección Pública en segundo lugar de la terna propuesta y, en virtud de los antecedentes de la Comisión Bicameral, tiene a bien proponerlo a esta honorable Cámara.
Para el cargo de especialista en auditoría, la propuesta recae sobre el señor Bernardino Patricio Mateluna Pacheco , cédula nacional de identidad N° 9.393.307-9. El señor Mateluna posee el título de contador auditor de la Universidad de Chile. Período de estudio 1982-1987-. Posee, además, el título de ingeniero en Información y Control de Gestión de la misma universidad; un certificado de Internal Auditors Institute, de Estados Unidos de América; un diplomado del Programa de Desarrollo Ejecutivo en Gestión y Tecnología, en la Universidad Católica, y un diplomado también en la Universidad Diego Portales. Actualmente, se desempeña en el Banco Interamericano de Desarrollo como consultor de apoyo y especialista.
Ha sido gerente corporativo de finanzas de Hidrochile. Fue jefe de la Contraloría de la Minera Los Pelambres. Trabajó en la empresa Ernst & Young; fue manager, pero renunció allí en forma voluntaria a dos cargos. También fue gerente de administración y finanzas de la empresa Dicom Equifax. Ha desempeñado cargos de control de división financiera de auditorías internas y ha sido fiscalizador de la Superintendencia de AFP.
Por último, en relación con el cargo de contador auditor, la Comisión acordó solicitar a ambas cámaras proceder a la formulación de la respectiva propuesta en la primera quincena de marzo, debido a que no pudo concluir con las entrevistas de todos los postulantes propuestos por el Consejo de Alta Dirección Pública para ocupar dicho cargo.
Informo a esta Sala que la Comisión Bicameral se autoimpuso entrevistar personalmente a los postulantes, sin perjuicio de lo que en la materia hicieron los head hunters y el Consejo de Alta Dirección Pública. Respecto del último cargo, de contador auditor, solamente pudimos conocer a uno de los postulantes, dado que los otros dos, por razones muy explicables, no pudieron concurrir ayer a la Comisión Bicameral, razón por la cual la propuesta es dejar el asunto pendiente para la primera quincena de marzo, por las razones que he fundamentado.
La Comisión acordó, asimismo, designar, como lo establece la ley orgánica del Congreso, al abogado Eduardo Enrique Pérez Contreras como coordinador del Comité de Auditoría Parlamentaria.
Estos acuerdos fueron adoptados por la unanimidad de los miembros de la Comisión Bicameral, integrada por los honorables senadores señores José Antonio Gómez , Antonio Horvath , Juan Pablo Letelier y Jovino Novoa , y por los honorables diputados señores Pedro Araya , Ramón Farías , Patricio Vallespín y quien habla, Patricio Melero.
Se adjunta al presente acuerdo los antecedentes profesionales de cada una de las personas seleccionadas por la Comisión Bicameral, si algún señor diputado quiere examinarlos con mayor acuciosidad.
En la forma expuesta, se ha dado cumplimiento a las formalidades previstas en la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional para alcanzar el presente acuerdo, el cual se somete a consideración de ambas Cámaras con el requisito del voto favorable de tres quintos de los diputados en ejercicio.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Muchas gracias, diputado Melero .
Tiene la palabra el diputado Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Gracias, señora Presidenta .
Por su intermedio, quiero hacer algunos comentarios que me merece este proyecto, y algunas sutilezas también.
En cuanto a la aprobación unánime por el Congreso, son muy pocas las leyes que son aprobadas en esa forma. Ojalá que en otras materias también tengamos la misma disposición para con nosotros mismos, cuando trabajemos para la ciudadanía, y también busquemos una cierta unanimidad más allá de los temas políticos. Esto demuestra que sí se puede lograr tal consenso.
No obstante, como digo, me extraña la unanimidad. Esperé que algún senador o diputado miembro tendría alguna diferencia en alguno de los temas. Yo sí la tengo.
En primer lugar, respecto del inciso tercero del artículo 4° del reglamento del Comité de Auditoría Parlamentaria, que establece “que los miembros del Comité de Auditoría y el personal que colabore en sus funciones deberán guardar sigilo de los hechos y antecedentes que tomen conocimiento en razón del ejercicio de sus cargos”, la expresión “guardar sigilo” me parece teórica. Es más, la palabra “sigilo” tiene muchas acepciones en el diccionario. Lo que estamos diciendo es que los miembros del Comité de Auditoría tengan cuidado. Creo que estamos ante un Comité de un nivel de confidencialidad básico, por lo menos al inicio, para hacer su trabajo. Quienes por muchos años hemos sido auditores por el mundo, sabemos que lo primero es la confidencialidad de las cifras de una empresa, hasta que éstas se ponen en conocimiento del directorio o del gerente general.
Pienso que, tal como se plantea, el sigilo que deberán guardar los miembros del Comité no resguarda esa confidencialidad. Es más, el inciso siguiente establece que el Presidente de la Comisión Bicameral tomará juramento a los miembros del Comité de Auditoría. Bien, juramento a los miembros; pero el inciso anterior dice que también deberá guardar sigilo el personal que colabore con ellos. Sin embargo, no está contemplado tomarle juramento. Entonces, juran los miembros del Comité, pero el personal ayudante, que puede ser cualquiera, no es juramentado de guardar sigilo. No me parece adecuado. La toma de conocimiento en razón del ejercicio del cargo debe hacerse con el debido respeto y se transparentará cuando corresponda. No soy abogado, pero entiendo que el acceso a los procesos lo tienen solamente las personas que han jurado. Por lo tanto, me parece que hay un error. La solución pasa por evitar que el personal que colabora tenga acceso a la información o los juramentamos a todos. Primera inquietud planteada.
En seguida, se señala que los integrantes del Comité de Auditoría durarán seis años en sus cargos. Parece arbitrario este período. La Cámara de Diputados se renueva cada cuatro años; el Senado, cada ocho; otros, como la Alta Dirección Publica, cada tres o cada cinco; pero este Comité lo hará cada seis años. No sé si esto es invento de alguien o pensó que podía a cambiar el período presidencial a 6 años, cuestión discutible. A lo mejor, estamos siendo pitonisos al poner seis años. Con todo, no me cuadra este período de renovación del Comité. Me parece que no tiene lógica un período intermedio entre los cuatro años que dura el ejercicio del cargo de un diputado y los ocho de un senador. Por lo tanto, pido que el diputado informante me explique el porqué de los seis años.
Por su parte, el artículo 5° del reglamento establece que el Comité de Auditoría Parlamentaria funcionará en la ciudad sede del Congreso Nacional. ¿Cuál es la ciudad sede? ¿Santiago o Valparaíso? Sería bueno que lo dijéramos aquí, en forma oficial, para que quede claro en este reglamento cuál es la ciudad sede, porque en el reglamento no hay referencia a dos sedes, sino a una ciudad. Quiero que se especifique si esa ciudad es Valparaíso o Santiago.
Ahora, no sé si esta decisión la podemos tomar cuando estamos definiendo un reglamento, toda vez que es una determinación constitucional. Con todo, alguien me tendrá que decir dónde se ubica la sede, para que quede claro, como expresión de este Congreso, qué es lo que está reconociendo hoy. Y ¡ojo! A los regionalistas y los no regionalistas les digo que si la sede del Congreso Nacional está aquí, habrá que revisar el funcionamiento en Santiago de las Comisiones y de otro tipo de actividades.
Otro punto que me preocupa es el plan de trabajo del Comité. El artículo 7° del reglamento señala que las auditorías se iniciarán cada 1 de abril. Que yo sepa, en todas las empresas, incluso para el ejercicio de nuestra Ley de Presupuestos, el año calendario va desde el 1 de enero al 31 de diciembre. De otra forma, cómo confronta una auditoría con cifras a abril, con un presupuesto que es anual. No tendría como verificar, como auditor, las cifras de un año calendario, que es la que está en el Presupuesto de este Congreso, con un Comité de Auditoría que va a funcionar durante enero, febrero y marzo, o sea, tres meses después. Eso es inviable para cualquier técnica de auditoría. No sólo es inviable, sino que es incorrecto y no tiene ninguna lógica. Cualquier informe va a tener explicaciones, por ejemplo, que tal ítem se cargó al Presupuesto del próximo año o que tal otro viene del Presupuesto del año anterior. Esto está bien para los políticos, pero no para la decisión técnica de un Comité de Auditoría. Por lo tanto, que las auditorías se inicien el 1 de abril no tiene sentido, menos cuando, más adelante, se señala que los informes sobre las auditorías considerarán el año calendario. Es decir, la auditoría la inician el 1 de abril, pero el informe lo hacen considerando el año calendario. O sea, el primer año será por nueve meses. No entiendo por qué el 1 de abril. No tiene sentido. Las auditorías son anuales. De acuerdo con la ley de Presupuestos de este Congreso, se auditan los gastos del año.
Ahora, si ustedes me dicen que estamos viendo las funciones parlamentarias, que terminan el 10 de marzo, entonces hagamos las auditorías hasta el 10 de marzo. El diputado Ortiz , cuando después de ocho períodos más deje de ser diputado, lo hará a partir del 10 de marzo siguiente a la elección de la época. La pregunta es si le van a pagar todo marzo. Quiero entender con esto que no nos vamos el 10 o el 11 de marzo. Como nos van a auditar hasta el 31 -si eso es así-, me gustaría que el diputado informante ratificara que a los parlamentarios que se van se les pagará hasta el 31 de marzo. Otra cosa es lo que diga la ciudadanía, pero me quedan dudas.
Se establece un plan de trabajo que deberá contener, en primer lugar, un sistema aleatorio para determinar a los parlamentarios o comités que serán auditados. Está bien, aunque hay varios sistemas aleatorios; pero vamos a confiar en estos muchachos que estamos seleccionando ahora. En segundo lugar, deberá contener un calendario de las auditorías que se realizarán al uso de las asignaciones parlamentarias y, en tercer lugar, un procedimiento de análisis de las auditorías relativas a gastos institucionales del Congreso.
Me pregunto si ese plan de trabajo será público o se va a desarrollar entre cuatro paredes; si la designación aleatoria de parlamentarios y comités y el procedimiento de análisis de los gastos del Congreso van a ser procesos cerrados o, al menos, los parlamentarios vamos a tener acceso. Hago las preguntas porque cuando en una auditoría hay algún tipo de selección, el gerente general tiene acceso a lo que el auditor realiza. Le explican el proceso, lo hacen tranparente.
En el caso nuestro, no me queda claro si el proceso será público. Me parece que debiera serlo. Si lo que buscamos es transparencia, los actos del Comité de Auditoría, que buscan transparentar los gastos y las remuneraciones de los parlamentarios, de-bieran ser públicos; de lo contrario, su actuar se prestará para confusiones. En la empresa privada, la labor del auditor es pública y éste interactúa con los gerentes y con los directores, que son los que contratan. Aquí somos los diputados lo que estamos contratando. Estamos pidiendo que nos revisen para estar tranquilos y para satisfacer la transparencia que exige la ciudadanía, pero también queremos tener acceso a las selecciones y que no sean arbitrarias. En política, muchos se van a dedo, porque técnicamente los sistemas aleatorios son muchos. Me gustaría que todo el que quisiera tuviera acceso -también la prensa- a la decisión de quiénes, cuándo y qué se auditará.
También tenga dudas acerca del rol que le compete a la Contraloría General de la República. ¿Podrá tener acceso a estos informes? Sé que somos un Poder del Estado. El Ejecutivo también lo es, y la Contraloría revisó los gastos de un edificio. Para eso está la Contraloría, para revisar los gastos de los Poderes del Estado. La pregunta es si acaso esto es una cosa interna, privada entre nosotros. ¿Será el juego de la gallina ciega, o los informes -no lo dice el reglamento- podrán ser entregados formalmente a la Contraloría General de la República, para que también dé su opinión? Lo digo por si algún parlamentario o Comité no está de acuerdo con lo que resuelve el Comité de Auditoría, que es un ente externo. Para todo procedimiento existe el derecho al debido proceso. Si algún parlamentario no está de acuerdo con algo de lo obrado por el Comité de Auditoría, más allá de las Comisiones de Ética de ambas Cámaras o de las de Régimen Interior o Régimen Interno, eventualmente podrían enviar los antecedentes a la Contraloría, o a otra instancia, cosa que siempre he pensado que se puede hacer, aunque muchos parlamentarios discrepan. Es decir, ante alguna discrepancia, acceder a la justicia ordinaria, como corresponde a cualquier ciudadano de este país.
Esas son mis dudas sobre el reglamento del Comité de Auditoría Parlamentaria. Ojalá sean resueltas, para así apoyar y votarlo favorablemente, de manera responsable.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Antes de que intervenga el diputado señor Carlos Montes , ofrezco la palabra al diputado informante , señor Melero, para que responda las inquietudes del diputado señor Lorenzini .
El señor MELERO.- Señora Presidenta , quiero agradecer los comentarios del diputado Lorenzini . Me parecen todos muy atingentes, y es necesario aclararlos. En lo que no quede aclarado, pediré el apoyo de la Secretaría de la Cámara.
Respecto del período de seis años, consultado por el honorable diputado Lorenzini , esa materia está establecida en el inciso tercero del artículo 66 A de la ley orgánica del Congreso. Por consiguiente, lo único que hizo el Reglamento fue acogerse a la ley aprobada por este honorable Congreso. En efecto, el inciso tercero del artículo 66 A señala: “Los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria serán nombrados por los tres quintos de los senadores y diputados en ejercicio, a propuesta de la Comisión Bicameral a que se refieren las letras anteriores. Durarán seis años en su cargo, no podrán ser reelegidos y serán inamovibles…”.
Respecto de la consulta relativa a la sede del Congreso Nacional, esta se encuentra en la ciudad de Valparaíso. Sin perjuicio de que esta Corporación, a través de distintas normativas y modificaciones a la ley, ha establecido que el Congreso también puede funcionar en la ciudad de Santiago, los integrantes de la Comisión Bicameral entienden, tal como lo establece la ley, que la sede del Congreso Nacional se halla en la ciudad de Valparaíso.
Respecto del 1 de abril, la explicación es adecuarse, más que a los períodos de calendarios, a los períodos de funcionamiento del Congreso que, como se sabe, comienzan a partir del mes de marzo. Por consiguiente, se estimó que al fijarlo el 1 de abril había un tiempo para acomodarlos y que el año calendario, que termina el 31 de diciembre, siempre iba a ir generando un desfase.
En cuanto a la selección aleatoria, lo que se busca es que, al serlo, impida algún grado de advertencia previa al parlamentario sujeto a fiscalización, para tomar determinadas medidas, adelantar escenarios o figurar situaciones. No se trata de sorprender, sino de que no haya una intencionalidad dirigida respecto de un determinado sector geográfico, político o de otra naturaleza. “Al que le toca, le toca”. Esto será sin advertencia previa, sin que haya algún tipo de intencionalidad en la fiscalización, salvo que sea determinada. Éste es un procedimiento que también utiliza la Contraloría General de la República para controlar algunos servicios públicos del país. En días pasados, hemos visto que fueron seleccionadas determinadas instituciones. El legislador estimó que el carácter aleatorio, justamente, da mejores garantías. Obviamente, una vez efectuada la selección, tendrá el carácter público en los términos que establece la ley.
En relación a si esto está o no sujeto a fiscalización por parte de la Contraloría, para responder pido el apoyo de la Secreta-ría de la Corporación. Entiendo que no, por el carácter independiente que tiene este Poder del Estado, pero agradecería un complemento del secretario de la Corporación, a objeto de darle rigurosidad jurídica a la respuesta.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señora Presidenta , tampoco he tenido el tiempo y, quizá, la dedicación para estudiar exhaustivamente este Reglamento. Todas las observaciones del diputado Lorenzini me hacen sentido. Creo que hay cuestiones de organización y procedimiento que hay que precisar o, por lo menos, aclarar para efectos de que todos tengamos un enfoque similar.
Voy a concentrar mis consultas en el artículo 1°, que habla de que hay que auditar el uso de los fondos públicos que se ponen a disposición de los parlamentarios y de los Comités para financiar el ejercicio de la función parlamentaria.
La letra b) señala que se va a revisar el resto de las auditorías que se efectúen de los gastos del Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca.
Quiero partir por la letra b), para aclarar el alcance del concepto “revisar”. No sé por qué esta instancia se llama Reglamento del Comité de Auditoría Parlamentaria. Más razonable sería que se llamara Comité de Auditoría del Congreso, porque, de acuerdo con la letra b), el objeto de la auditoría no son sólo los parlamentarios, sino que el conjunto del Congreso.
Revisar no es simplemente leer, sino también profundizar. Una auditoría la debe revisar un órgano especializado, lo que representa un costo oneroso para el Congreso. Éste deberá emitir un informe a las Comisiones, preferentemente profundizando aspectos aleatoriamente. Es decir, durante un año puede profundizar el sistema de compras en la Cámara, y otro, por ejemplo, el gasto en movilización.
Deberá revisar a fondo. La revisión no es sólo la lectura del tipo Comité Parlamentario, sino que deberá ser una tarea exhaustiva, ya que será un organismo técnico y caro para el Congreso.
En segundo lugar, la letra a) señala: “Auditar el uso de los fondos públicos que cada Cámara ponga a disposición de los parlamentarios.” Quiero que se aclare si está incluido, porque no está expresado así, todo lo que tiene que ver con el gasto en que incurre la Mesa de la Corporación, los fondos reservados y especiales, y todo lo que tiene que ver con las comisiones de la Cámara. La Mesa tiene gastos de distinta naturaleza que representan un costo para la Corporación, que son distintos del de los parlamentarios o los Comités Parlamentarios. Las comisiones de la Cámara, cuando deben cumplir un cometido dentro o fuera del país, gastan montos determinados, en los que se incluyen no sólo viáticos, sino otros costos asociados.
Por lo tanto, quiero saber si todo eso está incluido, porque no es evidente de la lectura del texto. Creo que sería bastante útil precisarlo para que el punto quede claro. Me inclino porque la auditoría sea completa. Todo lo que tenga que ver con recursos en que intervengan los parlamentarios debería ser auditado, sea la Mesa, las comisiones, etcétera, y no sólo el sistema de asignaciones.
También soy partidario de que, en el caso de la revisión de las auditorías, le saquemos el jugo a este equipo, para que nos ayude realmente a tener una institución más depurada.
Con respecto al resto de los artículos -en parte hizo referencia a esto el diputado Lorenzini -, uno debe partir de la base de que todos quieren hacerlo bien, particularmente los parlamentarios, y cumplir las normas, pero para eso es clave que haya manuales y procedimientos clarísimos. También definiciones claras; algunas van a venir de la otra comisión, que no recuerdo como se llama, y otras van a provenir de acá.
Entonces, creo que la primera tarea de esta instancia es confeccionar un manual de funcionamiento de los parlamentarios, de tal forma de que nadie, por desconocimiento o error, cometa actos inadecuados. Esto es particularmente importante para los nuevos parlamentarios, porque cuando llegan no saben cómo se manejan las cosas. Creo que las auditorías, en lo que se refiere a los parlamentarios, deben ejecutarse a partir de normas muy precisas.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señora Presidenta, los dos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra plantearon varios temas sobre los que iba a hacer preguntas.
El diputado Montes preguntó por qué sólo se habla de los parlamentarios. Creo que el Congreso lo formamos todos, no sólo la función individual de cada uno de los parlamentarios, sino también las comisiones y los diferentes directorios. Lo que tiene que ver con las comunicaciones y administración también produce gastos, porque están en función de la labor de los parlamentarios. Creo que el Comité de Auditoría también debería revisar los gastos de los diferentes departamentos, no sólo lo que corresponde al parlamentario individualmente considerado. Esa parte no me quedó clara y quiero que me expliquen si las revisiones van a ser totales.
Lo otro que no me quedó claro es el numeral 2.- del artículo 3°, que dice: “Proponer al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias medidas y acciones orientadas a perfeccionar la normativa sobre el uso de las asignaciones parlamentarias.”. Pido se aclare ese punto.
Por otra parte, ¿qué papel juega aquí la Contraloría? ¿Esto va a estar a disposición de la Contraloría o no?
El numeral 3.- del artículo 3° señala: “Coordinar con el Senado y la Cámara de Diputados el plan anual de auditoría de las asignaciones parlamentarias.” ¿Con qué órgano de la Cámara va a coordinarse? ¿Con la Mesa o Régimen Interno? ¿Con quién corresponde coordinarse respecto de ese tema? ¿La coordinación sólo será con el secretario de la Cámara?
Por último, una pregunta de género. ¿Por qué sólo hay hombres en este Comité?
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Melero.
El señor MELERO.- Señor Presidente , trataré de responder no sólo la consulta de la diputada Denise Pascal , sino también intentaré resolver otras inquietudes.
El artículo 66 A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional es claro en señalar que el Comité de Auditoría Parlamentaria será un servicio común del Congreso Nacional y estará encargado de controlar el uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria. Por consiguiente, es amplio, no excluyente, sus asignaciones son las que tienen los presidentes y vicepresidentes y comprende a la Mesa y el ejercicio de una comisión legislativa que salga al exterior o a alguna región del país. No se restringe en los términos en que pudiera haber duda, sino que es amplio.
Respecto de la consulta del diputado Montes sobre la letra b) del artículo 1° del Reglamento del Comité de Auditoría Parlamentaria, tendiente a revisar, en forma previa al examen, cabe recordar que la aprobación o el rechazo de las cuentas de la Cámara de Diputados es una potestad de la Sala. En consecuencia, la ley no establece que eso se haya modificado. Por lo tanto, a los auditores les corresponde revisar, pero las que soberanamente aprueban o rechazan son las salas de ambas corporaciones.
Respecto de que el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias proponga medidas y acciones -me refiero al comentario del diputado Montes-, el sentido del legislador es que éste no sólo se restrinja a auditar y a revisar, sino que también sea un ente propositivo, interactivo y que ayude a normalizar y a establecer manuales y procedimientos que orienten la forma como se deben revisar esos gastos. De manera que la función de auditar o revisar no es restrictiva, sino que -lo establece el Reglamento, al darle la facultad de proponer cambios- la idea es que ayude al buen uso de los recur-
sos, a la transparencia y a cumplir con acuciosidad la normativa que el Comité de Asignaciones Parlamentarias va a establecer, siempre con consulta y la participación de la Comisión de Régimen Interno, que establecerá los criterios generales a seguir.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra Señor Presidente , en primer lugar, ésta es la culminación de parte de un proceso en el que trabajamos profundamente lo relacionado con la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, a partir de la cual se crea el Consejo de Asignaciones Parlamentarias. Además, dicho Consejo ha sido objeto de consensos políticos a través de los cuales hemos tenido la capacidad de ponernos de acuerdo en cómo dar origen al mismo y la forma en que operará. La única resolución que ha tomado dicho Consejo, porque en este momento se está interiorizando de cada una de las acciones y asignaciones parlamentarias, es reajustar en 4,2 por ciento todo lo concerniente a las asignaciones de diputados y Comités.
Hoy estamos abocados a revisar el Comité de Auditorías Parlamentarias, segundo órgano que se está creando a la luz de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. A mi juicio, lo más interesante de esto es que, de alguna manera, hemos podido desarrollar en mayor profundidad todo lo relacionado con el ejercicio de las funciones parlamentarias. Antes, eso era algo muy escueto, poco desarrollado y que ni siquiera podíamos definir en las acciones que realizábamos en nuestros distritos. Hoy, tal ejercicio está mucho más desarrollado y será el ámbito de acción en el cual tendremos que aplicar los recursos que se van a otorgar.
Asimismo, quiero destacar el consenso político no de política partidista, sino de cómo debemos desarrollar la función parlamentaria y buscar el bien común para lo que hoy estamos desarrollando para el país.
En cuanto a la consulta sobre la Contraloría General de la República, dicha institución no tiene ninguna función fiscalizadora vinculada con el Congreso Nacional. Éste es un órgano autónomo y no corresponde que dicho órgano contralor emita informes o nos someta a ninguno de sus procesos de revisión. Insisto, no corresponde que la Contraloría revise nada. Por eso se ha creado el Comité de Auditorías Parlamentarias, a la luz de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
Por otra parte, me parece muy pertinente lo planteado por el diputado Montes , en términos de la creación de manuales. Eso es muy importante, no sólo para los diputados nuevos. También debemos ver cómo estandarizar las prácticas que estamos realizando al interior de las oficinas parlamentarias que tenemos en nuestros distritos.
En cuanto a la complejidad territorial y de funcionamiento que hemos tenido los diputados más antiguos, existen ciertas costumbres que no necesariamente hoy están plasmadas en un manual. Creo que nuestras experiencias y lo que pueda revisar y sugerir el Comité de Auditoría Parlamentaria será algo muy importante.
Respecto de la consulta del diputado Lorenzini sobre qué relación existe entre los informes, puedo señalar que aquellos serán entregados posteriormente a la Comisión Revisora de Cuentas, cuya función será revisar todo lo que tenga que ver con ellos. Las Comisiones de Régimen Interno, tanto de la Cámara como del Senado, también tendrán un rol mucho más protagónico en relación con los informes. Además, la Comisión de Ética y Transparencia tendrá un rol distinto y mucho más fortalecido. Por eso, se ha elaborado un reglamento diferenciado en dicha Comisión.
Por último, deseo manifestar que esta materia constituye un tremendo avance para la Cámara de Diputados en términos no de la transparencia, sino de ir estandarizando los procedimientos. Al mismo tiempo, eso significará un enorme aporte para que los futuros parlamentarios realicen de mejor forma sus funciones en el Congreso Nacional. Además, en representación de la Mesa de la Cámara de Diputados, agradezco a los integrantes de la Comisión Bicameral, quienes han hecho un gran esfuerzo para dar a conocer su propuesta a esta Sala, para cuya aprobación se necesita un quórum de 3/5 de los diputados presentes.
En cuanto a una de las observaciones del diputado Montes y de la diputada Pascal , de que si las Mesas debían ser auditadas a través del Comité de Auditoría, eso es efectivo, porque también obtienen asignaciones parlamentarias. Por lo tanto, en ese caso, correspondería el mismo análisis.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , a propósito de la discusión sobre el Comité de Auditoría Parlamentaria, surgen algunas dudas que es importante despejar, a objeto de dejar expresa constancia para la historia fidedigna de la ley.
Como señaló el diputado Lorenzini, nadie se opondrá a que se auditen cada una de las asignaciones que corresponden al Congreso Nacional. Y en buena hora que exista un ente externo, con el debido profesionalismo y con la capacidad de detectar situaciones que no se condicen con la normalidad.
Sin embargo, hay un problema de fondo, que lo ha señalado muy claramente el diputado Carlos Montes : no tenemos manuales de procedimiento ni de funcionamiento operativos para los parlamentarios. Entonces, ¿cómo comparamos situaciones que son claramente diferentes? ¿Cómo comparamos los distritos compuestos por doce comunas con los que tienen sólo una? ¿Cuál es la estructura de funcionamiento de la infraestructura, de los materiales, de la disposición que ahí se realizan? ¿Qué ocurre con las asignaciones de combustibles para parlamentarios de distritos de la capital, quienes se pueden desplazar prácticamente en el Transantiago o en algún medio similar de transporte? ¿Qué ocurre con los parlamentarios de distritos que deben desplazarse a través de enormes distancias? Estas situaciones no están reguladas en un manual de procedimiento, para que el Comité de Auditoría Parlamentaria pueda trabajar sobre datos objetivos. Considero fundamental que se acompañen esos manuales al proyecto.
¿Qué ocurre con las estructuras? Existe un criterio uniforme en relación con el funcionamiento de las oficinas. ¿Cuál es la dotación mínima de materiales y de personal de una oficina? Estimo fundamental establecer eso.
El Congreso no ha abordado esta materia para determinar que si bien los parlamentarios cumplen una misma función, en los sesenta distritos de Chile existen realidades completamente diferentes en materia de desplazamiento y de atención en cada una de las comunas que los conforman. No se acompaña ese dato. Nos hemos preocupado de seleccionar, a propuesta del Consejo de Alta Dirección Pública, a los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria, que deberá ser un abogado, un contador auditor, y un especialista en materias de auditoría; pero, ¿sobre qué van a auditar? ¿Sólo sobre las platas? ¿Sólo sobre asignaciones? Pero, ¿en función de qué? En consecuencia, consideramos fundamental contar con ese tipo de manual, que exista un procedimiento para realizarlo.
De igual manera, es imprescindible en este proceso de discusión que la Cámara tenga la capacidad de analizar cuentas públicas, pero relacionadas con los distritos. Según me enteré, en el Congreso Nacional tenemos un presupuesto de más de mil millones de pesos para comunicaciones. Por lo tanto, pido a la Cámara que tenga la capacidad de objetivar el trabajo parlamentario de sus 120 integrantes para la rendición de cuentas. En dicha información podría figurar el número de leyes publicadas, la cantidad de intervenciones, el trabajo legislativo.
A mi juicio, el Comité de Auditoría Parlamentaria también tiene que auditar eso y no sólo los montos que se entregan a los parlamentarios; es decir, ¿en qué se utilizan los recursos que se les entregan? ¿Utilizan los vales de bencina para recorrer el distrito? ¿Qué ocurre con los diputados que representamos distritos rurales muy extensos? ¿Qué sucede con los parlamentarios que representan distritos de la sede legislativa? ¿Qué ocurre con los parlamentarios, que además de desplazarse desde sus regiones a Santiago, tienen que viajar permanentemente desde la capital a la sede del Congreso Nacional? ¿Cómo comparamos todas esas situaciones?
Señora Presidenta , aquí falta un proceso, ya que la institucionalidad del Congreso Nacional debe estar a disposición de los parlamentarios, pero para informar en relación con hechos objetivos y respecto de la gestión parlamentaria de cada uno de sus integrantes.
Echo de menos que la Mesa de la Cámara -no es un crítica a esta Mesa en particular, sino que a quien ejerce esa representación- tenga la capacidad de transmitir, no comunicacionalmente, sino en términos de audito-ría, lo que hacemos en cada distrito y el trabajo que se proyecta. Ésta debiera ser una materia importante para el Comité de Auditoría Parlamentaria, porque no quiero que sus integrantes estén encerrados en una oficina cuadrando números o justificando situaciones que siempre pueden tener una justificación, sino que propongan modificaciones, anticipen situaciones que pueden ocurrir; pero, especialmente, que den a conocer a la comunidad, a quienes votan por nosotros, el trabajo de los parlamentarios que los representan y el de la Cámara. Eso falta en la labor que se encomendará al Comité de Auditoría Parlamentaria. Su objetivo no es que trabaje sólo con cifras. Mientras no existan esos manuales de procedimiento y esa capacidad de dar cuenta de la labor que realizan los parlamentarios en cada uno de los distritos que representan, no será mucho el avance que se logrará con la contratación de esos profesionales en las funciones que se les están encomendando.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señora Presidenta , entiendo que no podemos hacer modificaciones a la proposición de la Comisión Bicameral. En consecuencia, mis observaciones sólo quedarán, como dice el colega Ortiz , para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, pero espero que motiven algunas modificaciones más adelante.
Se requiere este estatuto para que funcione el Comité. Hemos tenido poco tiempo para estudiar esta materia, a pesar de que es muy importante, porque tiene que ver con la cotidianidad y, como dijo la señora Presidenta , con el funcionamiento de la Cámara. Además, es un paso muy pertinente a partir de la modificación de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
Sin embargo, quiero plantear algo que me complica, señora Presidenta .
El artículo 13 dice: “Las observaciones que formule el Comité de Auditoría serán notificadas al parlamentario o al representante o jefe de Comité respectivo por el Secretario General de la Cámara que corresponda para que, dentro de los treinta días siguientes, realice por escrito sus aclaraciones.
Los reparos u objeciones que no sean corregidos en el término señalado, se pondrán en conocimiento de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado o de la Cámara de Diputados, según sea el caso.”.
Dependiendo del tipo de reparo, se tomarán algunas de las diversas decisiones que contempla la ley orgánica.
Por su parte, el artículo 14 dispone: “Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, dichas comisiones -se refiere a las comisiones de Ética y Transparencia de la Cámara o del Senado-, en cualquier momento y frente a antecedentes graves de que conozcan, podrán solicitar que el mencionado Comité de Auditoría realice un examen pormenorizado de la forma en que un parlamentario o Comité haya utilizado los recursos y fondos que hubieren recibido.”.
De acuerdo con la interpretación que hemos señalado, hay que entender que es una regla que se aplica a todo el mundo, a una comisión, a la Mesa, etcétera.
Me parece complicado el aspecto relativo a la auditoría extraordinaria, que se puede realizar en cualquier momento, “frente a antecedentes graves de que conozcan”. ¿Quiénes? Los integrantes de las referidas comisiones de Ética y Transparencia.
Me parece complicado condicionar una auditoría extraordinaria a la existencia de antecedentes graves, pues es un verdadero antejuicio que no corresponde. La Comisión de Ética y Transparencia será la instancia que determinará si los antecedentes son tan graves que, por ejemplo, justifiquen la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público. En ese artículo, se debe establecer que las Comisiones de Ética pueden determinar en ocasiones una auditoría extraordinaria, pero no vincular ese hecho, en esta etapa procesal, a la eventual existencia de antecedentes graves, porque eso podría significar algún grado de antejuicio o injusticia respecto de la determinación final.
En consecuencia, considero que a futuro será necesario corregir dicha norma.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señora Presidenta , con la promulgación y publicación de la ley N° 20.447, modificada por la ley N° 20.464, el Poder Legislativo demostró que prácticamente todos los aspectos vinculados con sus gastos son públicos y quedan a disposición del juicio y buen criterio de la persona que consulte.
¿Por qué comienzo diciendo esto? Debido a eso, conformamos la Comisión Revisora de Cuentas de la Cámara de Diputados, integrada por nueve diputados que representan a todos los Comités Parlamentarios.
Sus integrantes hemos tomado muy en serio nuestro trabajo y los acuerdos se han adoptado en forma unánime.
Hago presente que existe un plazo perentorio para aprobar el reglamento del Comité de Auditoría Parlamentaria, que vence el próximo 8 de febrero.
El artículo 1° del reglamento en estudio establece lo siguiente: “El Comité de Auditoría Parlamentaria es un servicio común del Congreso Nacional encargado de:
a) Auditar el uso de los fondos públicos que cada Cámara ponga a disposición de los parlamentarios y los comités para financiar el ejercicio de la función parlamentaria. Para cumplir este cometido, el Comité deberá atenerse a los criterios que sobre monto, destino, reajustabilidad y uso fije el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias así como a los acuerdos complementarios adoptados por las Comisiones de Régimen Interior del Senado y de Régimen Interno de la Cámara de Diputados”.
Por su parte, el texto de la letra b) de dicho artículo tiene que ver con el trabajo de la Comisión Revisora de Cuentas. En enero de 2010, aprobamos el informe de la Comisión Revisora de Cuentas de la Cámara correspondiente al ejercicio financiero y contable del año 2009. Se analizaron las cifras y los antecedentes, y la Sala aprobó por unanimidad dicho informe. Pero este año no lo hemos hecho porque tenemos que cumplir con lo relativo al reglamento del Comité de Auditoría Parlamentaria. Si la tramitación se hubiese hecho con antelación, seguramente ayer u hoy la Sala habría conocido el informe correspondiente al ejercicio financiero y contable del año 2010.
Durante la primera semana de marzo, la Comisión Revisora de Cuentas solicitará la auditoría de todos los gastos institucionales de la Cámara de Diputados. Después, analizaremos los antecedentes y los pondremos en conocimiento de la Mesa, y entregaremos a la Sala el informe respectivo.
Por lo tanto, hago un llamado a los colegas a aprobar la proposición de la Comisión Bicameral.
Aclaro que los gastos de la Mesa siempre han sido auditados y sujetos a un análisis completo. Me consta, pues tuve el honor de ser Primer Vicepresidente de la Cámara entre 1995 y 1996. No podemos llegar al extremo de que la Mesa de la Corporación no tenga asignaciones especiales para cumplir sus altas funciones. No puede suceder que se llegue a extremos. Somos partidarios de las revisiones, pero se debe tener claro lo que significa este Poder del Estado.
Se han respondido todos los temas en discusión. Por eso, hago un llamado a aprobar por unanimidad la proposición de la Comisión Bicameral como una señal potente, y así cumplir con lo establecido en el artículo 3° transitorio de la ley N° 20.447, que fijó un plazo perentorio que vence el próximo 8 de febrero.
Hoy es la última sesión ordinaria de la Cámara que retomará sus funciones el 1° de marzo. La próxima semana es de trabajo distrital, no de vacaciones, como señalan algunos medios de comunicación. Quienes lo deseen, pueden constatar el trabajo que realizamos en nuestros respectivos distritos y se encontrarán con sorpresas agradables. Nosotros estamos con la gente, con las organizaciones y con las instituciones. Muchas veces no lo publicitamos porque, en lugar de eso, preferimos hacer otras tareas positivas. Después, en febrero, corresponden las vacaciones del Legislativo y del Poder Judicial .
Por lo tanto, reitero mi llamado a aprobar la proposición de la Comisión Bicameral.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.- Señora Presidenta , comparto la posición del diputado Ortiz en el sentido de que es necesario aprobar la proposición de la Comisión Bicameral.
Asimismo, estoy en absoluto acuerdo con lo planteado por el diputado Carlos Montes en el sentido de que, además de auditar las distintas entidades de la Corporación, también es tremendamente importante que se establezca un buen manual sobre aspectos tales como las partidas, los ingresos y los egresos de los parlamentarios.
Si hoy vemos una liquidación de remuneraciones, advertimos que se quedó en el pasado, corresponde a una realidad de hace treinta o cuarenta años. Son dos o tres glosas.
En ese sentido, debe haber un trabajo importante de la Comisión, para después exponerlo y explicarlo a los parlamentarios. Eso puede ayudar mucho para que los parlamentarios no desconozcan lo que pueden o no pueden hacer. Para eso debemos actualizarnos al siglo XXI y tener un manual o un plan de cuentas como realmente se merece la Corporación. Hoy es un chiste lo que figura en las respectivas liquidaciones de dietas. Eso no puede ser porque se presta para mal uso. Por eso, a veces algunos suman o multiplican y hablan de las cifras millonarias que ganan los parlamentarios.
Creo que es bueno transparentar todo eso, pero también debe existir un riguroso trabajo contable y un plan de cuentas acorde al siglo XXI.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos.
El señor LOBOS.- Señora Presidenta , me parece absolutamente pertinente la proposición de la Comisión Bicameral, que desarrolla la reglamentación de cómo se llevará a cabo algo que ya se encuentra contenido en una ley, que ya está en letra de molde.
Más bien quiero hacer una reflexión respecto de hacia dónde va esto.
Así como estamos en democracia y nos gusta la transparencia, pienso que de repente también enfermamos un poco de transparencia. Y lo señalo así: “enfermamos un poco de transparencia”. No nos vaya a pasar lo que ocurre con el vidrio, que debido a estar tan limpio, hay que ponerle una franja para que alguien no lo atraviese, pues ya nadie lo ve. Éste no es el caso.
Resulta positivo dejar claramente estipulado de dónde provienen, a dónde van y qué se hace con cada uno de los fondos. Pero eso nace también de una suerte de segmentación de estos fondos que se dan y en que se usan.
A mi modo de ver, el pueblo, en un ejercicio democrático, audita cada cuatro años la labor del parlamentario. El pueblo decide si él invirtió bien su dieta, “desquitó la paga” -como dicen los americanos-, hizo la pega y se mereció el premio de ser reelegido. Cualquier otra situación que nosotros queramos incluir es, en el fondo, como señaló el diputado Von Mühlenbrock , hacer un ejercicio contable: tener gastos ordenados y explicitados.
Pero no nos vayamos de la definición. El ciudadano común y corriente hace la verdadera auditoría con su sufragio cada cuatro años. Ésa es la auditoría que importa. Si el parlamentario no hace lo que debe hacer o no invierte lo que debe invertir en su labor legislativa, fiscalizadora y, la más importante de todas, de representación en su distrito, es probable que el pueblo le pase la cuenta y le diga: “Señor, usted no merece la dieta; usted no merece seguir siendo nuestro representante; usted se va para la casa”. Ésa es la auditoría.
En ese sentido, considero que aquí nace una serie de concepciones, a raíz de que la dieta se ha segmentado. Entonces, hay una asignación de bencina, una de pasajes, una de esto, una de lo otro, gastos de representación, cuando lo lógico es determinar el costo que tiene un parlamentario para Chile y trasladarlo a un monto único: la dieta parlamentaria. Así, cada parlamentario, en forma discrecional, decidiría, por ejemplo, de qué manera se transporta; si se viene -tiene que llegar a las sesiones- en avión, auto o tren; cuánta bencina gasta, etcétera. De esa manera, sería mucho más sencillo hacer este concienzudo análisis de lo que significan la acción y la actividad parlamentaria.
En suma, señora Presidenta , obviamente espero que la Cámara apruebe la proposición de la Comisión Bicameral relativa al reglamento del Comité de Auditoría Parlamentaria, porque pone todo lo necesario para que pueda ejecutarse bien algo que el Congreso Nacional ya aprobó. Pero creo que la máxima transparencia -por eso quería referirme al punto- es la que hace uno de cara al pueblo y la que le permite ser reelegido.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señora Presidenta , buscando entre los textos que constantemente consultamos, encontré la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, el Código de Conductas Parlamentarias, la Constitución Política de la República.
Hoy conocemos la proposición de la Comisión Bicameral relativa al reglamento del Comité de Auditoría Parlamentaria.
Creo que nos estamos complicando la existencia en nuestra condición de parlamentarios de la República.
Me agradó mucho el comentario del diputado Lobos en cuanto a que, no obstante los textos a que me referí, el Reglamento y todo el articulado concerniente a nuestra labor, al final del día la ciudadanía decide si el parlamentario actúa bien, porque ella nos elige; si no, no nos encontraríamos acá.
Lamento mucho que llegue a última hora la proposición de la Comisión Bicameral relativa al reglamento del Comité de Auditoría Parlamentaria. La ley estableció un plazo para su aprobación que vence el 8 de febrero de 2011.
Debo manifestar que en mi bancada la iniciativa no ha sido discutida. No obstante, tendremos que cumplir con nuestro cometido. No nos queda otra cosa.
Estamos hablando del reglamento del Comité de Auditoría Parlamentaria, el de la fiscalización de los diputados. ¿Y qué regula todo esto? la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. O sea, estamos sometidos a una reglamentación que colma. Basta-ría, a lo mejor -como aquí se propuso- un manual. Habría sido preferible regirse por él, así estaríamos todos tranquilos y sabríamos a qué atenernos.
Ahora, son varios los aspectos que debemos tener en cuenta, al margen de la ley orgánica del Congreso Nacional: el Comité de Auditoría Parlamentaria, cuyo reglamento conocemos hoy; el Consejo de Asignaciones Parlamentarias, la Comisión de Ética, la Comisión de Régimen Interno, en fin.
Considero que nuestra labor se está complicando debido a la mala opinión que tiene la ciudadanía de los parlamentarios o de la clase política. A lo mejor, estamos cayendo en un juego que no debiéramos aceptar. Nos estamos haciendo cargo de un mal comentario.
No está bien lo que sucede con nosotros, los parlamentarios. Aquí nos vamos a llenar de libritos, de leyes, de códigos, en fin; pero, ¿los leeremos algún día?
Si hubiéramos contado con el tiempo prudente para conocer la proposición sobre el reglamento en debate, quizás sería otra la actitud que reinaría en la Cámara.
El diputado Melero fue bien explícito en su informe, lo que me permitió captar algo sobre este reglamento. También entendí la crítica del diputado Lorenzini , con quien concuerdo.
Reitero -para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, como dice mi amigo José Miguel Ortiz - mi petición de que se tome en cuenta la proposición sobre el manual, pues es bastante inteligente, nace de esta Cámara y es lo que debemos tener para un futuro mejor desempeño como diputados de la República.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Recuerdo a la Sala que estamos conociendo la proposición de una Comisión Bicameral compuesta por cuatro senadores y cuatro diputados, en la cual están representadas todas las fuerzas políticas, y que la iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados el 18 de enero de 2011.
Hago esta aclaración por la preocupación legítima expresada por el diputado señor Enrique Jaramillo .
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señora Presidenta , independientemente de que nos llenemos de manuales -como decía el diputado Enrique Jaramillo -, éste es un avance importante. Creo que la sociedad chilena exige cada vez mayores estándares de transparencia en las actuaciones de sus organismos públicos. A propósito de lo que ocurrió con la casa que iba a adquirir el Ejército o el Ministerio de Defensa para el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa , varios medios editorializaron y dijeron que la demanda de transparencia había llegado incluso a instituciones que antes estaban más bien eximidas de esa exigencia en función de la naturaleza de su labor.
La Cámara de Diputados y el Senado forman parte de las instituciones que más demandas tienen en esta materia. Hace poco, tuvo lugar un debate en la Comisión de Constitución para modificar la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, a propósito de lo que se denominó el secretismo de las Comisiones, e invitamos a representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil y de centros de estudios, quienes nos dijeron que de los que se exige la mayor transparencia es de los diputados y los senadores, precisamente por su condición de ser representantes ciudadanos. A mi juicio, nuestro deber es satisfacer esa demanda.
En los ciudadanos existe una necesidad legítima de tener mayor capacidad de escrutinio de la función pública, y eso incluye también los recursos. Al respecto, no podemos olvidar episodios que han mancillado la imagen del Congreso Nacional y que han afectado el juicio de legitimidad respecto de la función de esta Cámara y del Parlamento en su conjunto, muchas veces sin razón, sin justificación y con prejuicios respecto de lo que nosotros hacemos.
Soy de los que creen que la inmensa mayoría de quienes pertenecemos a esta Corporación hacemos nuestra pega con convicción, entrega, dedicación y pasión, y lamento mucho que eso no tenga el reconocimiento que se merece.
En ese sentido, nos hemos dotado de dos herramientas fundamentales: en primer lugar, el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, que nos libera de la carga de ser nosotros mismos quienes asignemos los recursos que luego usaremos en nuestro trabajo parlamentario. Estamos conscientes de que se trataba de una responsabilidad ingrata y que, además, nos transformaba en juez y parte, y aumentaba el nivel de sospecha respecto de lo que hacíamos no sólo con los recursos, sino en materia de determinación de esas asignaciones.
El segundo componente del cual nos hemos dotado es el Comité de Auditoría Parlamentaria. A mi juicio, es una segunda herramienta para poder señalar con la frente en alto y con la mirada clara que los parlamentarios y las parlamentarias no tenemos nada que esconder y, por el contrario, estamos dispuestos a ser objeto del más exhaustivo escrutinio.
En los años 2007 y 2008 se realizó un estudio que dio cuenta de que la Cámara de Diputados es una de las instituciones con mayor transparencia y entrega de información. Sin embargo, subsiste el prejuicio de que no es así, de que es una institución opaca, de que oculta la información que los ciudadanos deben tener respecto de lo que hacemos.
Desde esa perspectiva, si bien esto nos va a significar un período de acomodo, ya que será necesario cambiar costumbres, ritos, rutina de cómo hacemos las cosas, tengo la impresión de que, en alguna medida, contribuirá a recuperar el lugar de prestigio que nos corresponde y que debe tener esta Corporación frente a los ojos de los ciudadanos. Esta es la expresión de la soberanía popular y es lo que está acá.
Desde esa perspectiva, deberíamos ser objeto de consideración, respeto y estima, y no de sospechas y prejuicios.
Lamento que no tengamos tiempo para hacer un mayor análisis, pero, de igual forma, vamos a concurrir con nuestro voto favorable. Por razones diversas y explicables, no pudimos estar presentes en la Comisión Bicameral en representación de la Cámara, lo que nos impidió acceder al detalle de la discusión. Desde ya, comparto y suscribo la prevención señalada por el diputado Jorge Burgos , y probablemente en el futuro impulsaremos alguna modificación al respecto.
Nos parece razonable que cuando el Comité de Auditoría tenga alguna duda, requiera mayores antecedentes y no que esa duda tenga un calificativo que prejuzgue o que constituya desde ya un castigo. Si la Comisión considera que hay una diputada o un diputado que debe aportar más antecedentes para clarificar las cosas, me parece muy bien que se solicite y se recabe. Eso va no sólo en beneficio de la función del Comité de Auditoría Parlamentaria, sino también del diputado . Pero el rótulo, el concepto, el calificativo de “grave” puede constituir un prejuicio y un sesgo estigmatizador respecto del parlamentario sobre el cual dicho Comité requiera mayor información.
Como el plazo para aprobar este reglamento vence el 8 de febrero de 2011, no tenemos ninguna posibilidad de efectuar cambios ahora, porque el Senado terminó sus sesiones ayer. Por eso, vamos a aprobar la proposición de la Comisión Bicameral, pero, insisto, promoveremos algunas reformas en el futuro.
Quiero dejar meridiana claridad respecto de un punto que se planteó en el debate.
El artículo 66 A de la ley orgánica del Congreso Nacional, que sustenta la creación de este Comité, establece con claridad que “El Comité de Auditoría Parlamentaria será un servicio común del Congreso Nacional y estará encargado de controlar el uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria y de revisar las auditorías que el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional efectúen de sus gastos institucionales”.
El artículo 1° de este Reglamento ratifica lo indicado, a pesar de que lo desglosa en dos letras. Señala que “El comité de Auditoría Parlamentaria” es un servicio común del Congreso Nacional encargado de: a) Auditar el uso de los fondos públicos que cada Cámara ponga a disposición de los parlamentarios y los comités para financiar el ejercicio de la función parlamentaria”. Es decir, es coherente con la primera tarea que se le encomienda en el artículo 66 A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, como es controlar el uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria.
Por su parte, el artículo 1° letra b de este reglamento establece: “Revisar, en forma previa al examen que les corresponde realizar a las Comisiones Revisoras de Cuentas del Senado y de la Cámara de Diputados, las auditorías que se efectúen de los gastos institucionales del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Biblioteca del Congreso Nacional”. La disposición se hace cargo de lo establecido en la segunda parte del artículo 66 A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, es decir, de revisar las auditorías que el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional efectúen de sus gastos institucionales.
Entiendo y lo digo para efectos de la historia fidedigna de la ley -así lo entendimos en el debate de la Comisión Mixta en la que me tocó participar-, que el ciento por ciento de los gastos, el ciento por ciento de la gestión financiera de ambas corporaciones, incluidas sus mesas, sus comisiones, sus departamentos de prensa; el ciento por ciento de los dineros asignados al Congreso Nacional, incluida su Biblioteca, será objeto de auditoría por parte de este Comité. No habrá recurso alguno que que se invierta en el marco del Congreso Nacional que escape del control del Comité de Auditoría Parlamentaria, bien sea por la auditoría que se hace a los fondos entregados para la función parlamentaria por la vía de los Comités y de los parlamentarios, o por la vía de la revisión de las auditorías que cada Corporación y la biblioteca del Congreso Nacional realizan. El Comité de Auditoría Parlamentaria decidirá, por ejemplo, respecto de la consulta del diputado Carlos Montes , en cuanto a si el examen sobre los gastos de los miembros de la Mesa -lo digo como ex Vicepresidente de esta Corporación- corresponderá hacerlo de conformidad con lo establecido en la letra a) o en la letra b) del artículo mencionado; pero, por cierto, tendrán que ser examinado, al igual que los recursos que se entregan a las comisiones para la realización de actividades temáticas, los recursos que se entregan al canal de televisión de la Cámara o a la radio, o a cualquier institución, comisión o unidad del Congreso Nacional que reciba fondos públicos entregados por el Congreso Nacional.
Por lo tanto, creo que eso resuelve y aclara las dudas. Entiendo que así quedó consignado en el debate a propósito de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, en la que está reflejado de manera nítida, como asimismo, en el artículo 1° de este Reglamento, que establece los objetivos del Comité. A mayor abundamiento -entiendo que sobre esto estamos todos contestes- esos son la naturaleza y el mandato que le entregamos a este Comité de Audito-ría Parlamentaria.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación el informe de la Comisión Bicameral relativo al Reglamento del Comité de Auditoría Parlamentaria establecido en la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, con excepción del inciso segundo del artículo 7°, referido al plan anual de trabajo, que ha sido objeto de petición de votación separada.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación el inciso segundo del artículo 7° del Reglamento del Comité de Auditoría Parlamentaria, referido al plan anual de auditoría, para el cual se solicitó votación separada.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 4 abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Por lo tanto, queda aprobado el Reglamento del Comité de Auditoría Parlamentaria.
En votación el nombramiento de los integrantes del Comité de Asesoría Parlamentaria, señores Eduardo Enrique Pérez Contreras y Bernardino Patricio Mateluna Pachecho, de acuerdo a la propuesta que planteó unánimemente la Comisión Bicameral.
Hago la salvedad de que, por decisión fundada de la Comisión Bicameral, queda pendiente para marzo el nombramiento del contador auditor.
Además, recuerdo que para esta aprobación se requiere el voto afirmativo de tres quintos de los diputados y diputadas en ejercicio; es decir, de setenta votos.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 7 abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Aprobada la propuesta de la Comisión Bicameral.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
ATRIBUCIONES AL SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR EN MATERIA FINANCIERA. Primer trámite constitucional. (Continuación).
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, para dotar de atribuciones en materias financieras, entre otras, al Servicio Nacional del Consumidor.
Recuerdo a la Sala que en la sesión de ayer fueron rendidos los informes de las comisiones de Economía, Fomento y Desarrollo, y de Hacienda.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto de ley contenido en el boletín Nº 7094-03, se inició en la sesión 128ª, en 19 de enero de 2011, de la legislatura 358ª.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).-
Tiene la palabra al diputado señor Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).-
Señora Presidenta , sin duda, el proyecto de ley que hoy discutimos en la honorable Cámara es imprescindible y necesario, porque la información a los consumidores y usuarios siempre es fundamental.
Quiero dar a conocer una conversación que sostuve, hace algunos días, con un juez de policía local, precisamente a propósito de la ley sobre protección de los derechos de los consumidores. El juez me señaló -le encontré toda la razón- que la legislación que ampara a los consumidores y que creó el Sernac, organismo que recibe las denuncias y que tiene por finalidad, en cierta forma, mediar para la solución de los conflictos que se produzcan entre proveedores y consumidores, presenta un grave inconveniente, que me lo explicó de la siguiente manera.
La ley sobre protección de los derechos de los consumidores permite que una persona formule una denuncia, demanda o querella ante el tribunal competente. El usuario o consumidor puede presentarse personalmente a hacer su denuncia en contra de una institución bancaria o financiera, de una empresa de retail o de un supermercado. Entonces, estas instituciones envían a sus abogados y deducen excepción, por ejemplo, de cosa juzgada o de litispendencia. El juez me explicaba que, en este caso, se ordena el traslado de la parte denunciante, demandante o querellante, que es un simple consumidor que ha hecho su denuncia particular ante el juzgado de policía local, emplazándosele a que conteste la excepción deducida por la empresa de retail o la institución financiera. El juez me decía que hasta ahí no más llegaba la acción del usuario o del consumidor. De manera que el consumidor no dispone de la mejor asesoría que le podría brindar el Servicio Nacional del Consumidor.
Por eso, aunque sigamos perfeccionando la ley sobre protección de los derechos de los consumidores, mientras éstos no tengan derecho a ser asistidos por un letrado o a ser acompañados por el Sernac en su denuncia, todas sus acciones y toda la información que éste les pueda proporcionar no servirán absolutamente de nada. En consecuencia, si nuestro objetivo es reforzar el rol del Servicio Nacional del Consumidor, mejorar la calidad de la información que recibe el consumidor y apoyarlo ante las instituciones financieras, nada sacamos con seguir aprobando proyectos si no lo amparamos cuando formula una denuncia ante el juzgado de policía local. Si lo dejamos solo frente a empresas de retail o instituciones financieras, créanme que la protección que pretendemos entregarle por medio de una mejor información, no servirá de nada. Ésa es la terrible realidad y la triste constatación.
Lo mismo ocurría con las reclamaciones que se formulan en materia de discriminación por discapacidad. Pero, en este caso, el legislador tuvo la sensatez de que si la contraparte -eventualmente, un retail-, tiene abogado, el Servicio Nacional de la Discapacidad tiene la obligación de asignarle un abogado al discapacitado.
Creo que la mejor forma de proteger al consumidor es que, ante el evento de que una empresa de retail, o una institución financiera tengan abogado, el Sernac esté obligado legalmente a acompañar al consumidor que formula una denuncia. De lo contrario, como me lo decía el juez de policía local, gran parte de las denuncias que formulan los consumidores serán rechazadas, porque están mal presentadas y mal deducidas -no se acompañan los documentos originales, sino fotocopias- o porque no saben responder ninguna de las excepciones que presenta la contraparte, representada por abogados expertos. En consecuencia, las demandas están condenadas al fracaso.
El juez me informó que, al menos, el 90 por ciento de las denuncias formuladas en virtud de la ley sobre protección de los derechos de los consumidores son rechazadas porque los consumidores no saben cómo fundamentar. Imagínense a un simple particular deduciendo una denuncia, demanda o querella en contra de una institución financiera. Si éste no es acompañado por un abogado, obviamente la institución financiera le va a ganar el juicio.
En consecuencia, creo que el proyecto tiene una serie de deficiencias, no obstante que su objetivo es loable y, por lo mismo, uno no puede menos que aprobarlo. Pero si queremos amparar verdaderamente al consumidor, si creemos que es necesario que tenga una protección real, es imprescindible que disponga de acompañamiento legal y asesoría jurídica del Servicio Nacional del Consumidor. Es la única forma de que haga valer el catálogo de derechos que, cada día, se incrementa más, pero que, en términos concretos, nadie se los resguarda, quedando condenado a perder todas las causas que presente en los tribunales competentes.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra al honorable diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, lo cierto es que éstos son los proyectos que nos gusta analizar, porque son proyectos ciudadanos.
Como su señoría lo sabe, dos tercios de los hogares de nuestro país, es decir, 2 millones 700 mil hogares de los 4 millones que existen, son consumidores de servicios financieros. El 56 por ciento de las personas pertenecientes a ellos sólo tiene educación básica, a propósito de lo que decía el diputado Hugo Gutiérrez sobre la necesidad de una defensa adecuada.
Hay casi 3 millones de cuentas corrientes y alrededor de 5 millones de tarjetas de crédito. De eso estamos hablando en este proyecto: de alrededor de 4 millones de líneas telefónicas fijas y de casi 18 millones de teléfonos celulares, porque algunas personas tienen más de uno. Respecto de las conexiones a internet, son casi 2 millones. Éste es un proyecto ciudadano. A veces, discutimos mucho sobre proyectos empresariales, pero no sobre temas ciudadanos.
Tengo en mi poder un informe del Sernac y, por respeto, no voy a decir el nombre de las empresas involucradas, aunque quizás debiera hacerlo. Algunos de los errores más comunes se relacionan con exención de la obligación de rendir cuenta, irrevocabilidad de los mandatos, modificación unilateral de cargos, comisiones y tarifas; término unilateral de los contratos, traslado de los costos operacionales al consumidor, por mencionar sólo algunas de las situaciones que se dan en la mayoría, no sólo de los bancos, sino también de las multitiendas.
¿Cuál era la situación al inicio de la tramitación del proyecto?
Poca información para los consumidores, escasa obligación de entregar información y facultades totalmente mermadas del Sernac.
El proyecto pretende avanzar sobre la materia. Recordemos la discusión sobre las ventas atadas, las ventas conjuntas. Al respecto, hubo un gran trabajo en la Comisión de Economía, en la que sus diputados, como los señores Chahín y Arenas, actuaron muy bien. Lo mismo ocurrió en la Comisión de Hacienda, que preside el diputado Von Mühlenbrock , donde, a pesar de nuestras discrepancias, se hizo un trabajo serio.
Uno podría partir preguntándose -ignoro si el señor Presidente lo sabe, y me gustaría saberlo- si los depósitos de las cuentas corrientes de la ley reservada del cobre en los bancos son venta atada o venta conjunta. ¿Están atados a algo o sólo son venta conjunta? El diputado Rincón sabe mucho de estas cosas, pero entiendo que se trata de una ley reservada. Ésta es una buena pregunta.
A lo mejor, las Fuerzas Armadas, que reciben platas de la ley reservada del cobre, debieran estar atentas al proyecto, para constatar si tienen ventas atadas o conjuntas.
El ministro que nos acompaña, que ha hecho un muy buen trabajo y ha sido muy conceptuoso y atento con los diputados, más allá de las discrepancias, dijo textualmente: “No siempre la preocupación primordial de las instituciones fiscalizadoras o reguladoras coincide con el interés del consumidor”.
Ésa es la clave; por eso estamos aquí. Queremos que los clientes cuenten con una información más estandarizada, que puedan comparar las ofertas de las distintas instituciones en forma estándar: sus costos, sus comisiones, en fin; la idea es que sepan exactamente cómo procede un banco, una multitienda o la institución que le ofrece un servicio en la misma línea, en el mismo concepto, en el mismo lenguaje. En definitiva, saber qué le ofrece y qué le cobra uno u otro.
Esperamos que el cierre de las cuentas se haga con procedimientos claros y en plazos razonables, y que el cliente no siga pagando por un servicio que ya no desea.
Cuando una señora ya no desea al marido, tiene salida: hace una demanda de divorcio y el matrimonio se termina rapidito. Parece que en este país es más fácil divorciarse que cerrar una cuenta corriente o dejar de pagar un servicio.
El proyecto significa avances en el marco tributario, en la información y transparencia hacia el consumidor, hacia el usuario, quien contará con mayor protección. Asimismo, mejora la institucionalidad del Sernac y crea el Sernac Financiero, y garantiza la disminución de los abusos. Al ir al detalle, se revela el trabajo que se hicimos en conjunto con los diputados Godoy y Nicolás Monckeberg , con quienes presentamos varias indicaciones aceptadas por el ministro y por el Ejecutivo , que claramente eliminan las ventas atadas; es decir, se acaban las ventas atadas.
El pronunciamiento del defensor del cliente deberá efectuarse dentro de los treinta días corridos contados desde la interposición de la reclamación. En caso contrario, el reclamo se entenderá resuelto en favor del consumidor.
No se podrán hacer cambios en los cargos, en las comisiones, en las tarifas, salvo que el usuario o consumidor participe de ello. Los proveedores de créditos no podrán retrasar injustificadamente el término de contratos de créditos, su pago o cualquier otra gestión solicitada por el consumidor que tenga por objeto poner fin a la relación contractual entre éste y la entidad que provee dichos créditos
También se consagra que los proveedores estarán obligados a entregar a los consumidores, dentro del plazo de diez días, los certificados y antecedentes que necesiten para renegociar créditos.
En fin, el proyecto dispone una serie de mejoras, que votamos en forma positiva. Al respecto, destaco que el Ejecutivo respaldó nuestras indicaciones.
Pero quiero referirme a lo que quedó pendiente.
Damos las gracias al ministro y a su equipo por el trabajo profesional hecho en conjunto con las Comisiones, pero hay temas que deberemos seguir abordando. Quiero hacer presente tareas pendientes, algunas de las cuales parecerán razonables y otras no.
Claramente, debemos avanzar en la relación entre la Superintendencia del ramo y el Sernac. Aquí vamos a tener conflicto. En los países desarrollados, estos entes están separados, tienen una perspectiva diferente, uno se encarga de la estabilidad económica y financiera, y el otro defiende al consumidor. Por lo tanto, a futuro, hay que buscar una diferenciación entre ambos.
En cuanto a las multas, me parecen bajas; a pesar de que subimos muchísimo sus montos, son insuficientes. Además, lo que se perciba por las multas no debiera ir al erario nacional, sino a potenciar el Sernac, como ingreso, o a los consumidores; que vaya a las asociaciones de consumidores.
Cuando se multe a alguien en regiones, las platas de esas multas debieran ir a la región respectiva: que las platas de las multas a las mineras queden en el norte, las de las pesqueras, en el sur, y las de los agricultores, en nuestras regiones. En este caso, las multas que se apliquen debieran ir a las asociaciones de consumidores, para que puedan tener buenos abogados, buenos estudios, buenos respaldos, como dijo el colega Hugo Gutierrez.
Me gustaría que la opinión del Sernac fuera escuchada cuando la Superintendencia o algún ministerio emita una reglamentación o circular nueva respecto de los consumidores. Me gustaría que al menos se le consultara su opinión.
También se debe potenciar al defensor del cliente, dependiente de los bancos. Debiera tener una estructura mucho más potenciada, más independiente, más objetiva, como los auditores de la Cámara de Diputados o del Senado, de acuerdo con lo que nos informó el diputado Melero en el proyecto anterior. Hay que potenciar al defensor del cliente.
El sello Sernac debe ser no sólo para las instituciones financieras, como lo planteó el diputado Jaramillo. Debe ser un sello amplio para otros sectores del país que están relacionados con los consumidores.
Temas pendientes: cómo educamos financieramente a la población. Decíamos que más del 50 por ciento no tiene más que educación básica. Entonces, hay que invertir en educar a la ciudadanía, para que entienda. También hay que invertir -¡ojo!, lo vamos a conversar con el director del Servicio de Impuestos Internos- en relación con los principios contables que se aplicarán en las ventas conjuntas, en las ventas complicadas. Es evidente que allí hay un manejo contable y puede existir un manejo tributario de parte de las empresas, cosa que no ha sido abordada.
Por último, respecto del financiamiento, se logró lo siguiente: de los 6.600 millones de pesos para el Sernac, alrededor de 440 millones de pesos se destinarán al Sernac Financiero. Esa cifra se elevó a alrededor de 1.121 millones de pesos. Aún es poco. Esperamos ayudar al ministro para que el Sernac Financiero tenga a futuro más recursos.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor Gastón von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señor Presidente , como dijo el diputado Lorenzini , estamos ante un proyecto tremendamente importante para la ciudadanía, para el consumidor. Hay que pensar que de los reclamos que presentaron al Sernac, 46 mil fueron relativos a servicios financieros y seguros, y otros 44 mil respecto de las telecomunicaciones.
Lo importante es que estos reclamos existen, a pesar de que tenemos un mercado regulado por leyes especiales. Eso demuestra que se requiere fortalecer el Sernac, mediante la implementación del Sernac Financiero.
En este proyecto, muy discutido en las Comisiones de Economía, Fomento y Desarrollo, y de Hacienda, respecto del cual trabajamos con el ministro de Economía y sus asesores, se avanzó en temas tremendamente importantes para la ciudadanía. Se establecen requisitos mínimos en los contratos de adhesión. Esto significa que en los contratos de adhesión de servicios crediticios, de seguros y, en general, de cualquier producto financiero -respecto de los cuales la gente nos reclama tanto cuando nos ve en la calle o en nuestros distritos-, elaborados por bancos e instituciones financieras o con sociedades de apoyo a su giro, etcétera, se establecerán ciertos requisitos mínimos.
El objeto es corregir las asimetrías existentes en materia de información. Es una palabra técnica que se usa mucho en la literatura económica. Quiere decir que los proveedores y consumidores no tienen igual acceso a la información.
Por otra parte, también se avanza en comunicar al cliente la información relevante del servicio prestado.
Se fijan multas importantes en el caso de incumplimientos. Además, se prohíben las prácticas comerciales que restrinjan la libre elección del consumidor en la promoción de productos financieros o seguros al público en general.
Se impone a los proveedores de bienes y servicios cuyas condiciones estén expresadas en contrato de adhesión, la obligación de informar al consumidor el cobro de bienes y servicios ya prestados en términos simples.
Se amplía la obligación que en la actualidad tienen los proveedores de dar a conocer al público los precios de los bienes que expendan o de los servicios que ofrezcan, con excepción de los que por sus características deban regularse convencionalmente, adecuando dicha exigencia al uso masificado de internet.
Otro punto muy importante, que conversamos con el ministro Juan Andrés Fontaine , se refiere a la prohibición de las ventas atadas, tema muy difundido, respecto del cual los periodistas nos han preguntado mucho. Se entiende que un producto o servicio financiero es vendido en forma atada si el proveedor impone la contratación al consumidor de otros productos o servicios adicionales, especiales o conexos. Además, si no lo tiene disponible para ser contratado en forma separada cuando se puede contratar de esa manera con otros proveedores; o teniéndolos disponibles de esta forma, esto signifique adquirirlo en condiciones arbitrariamente discriminatorias.
Se crea el sello Sernac para contratos de adhesión. Se regula la forma para acceder a dicho sello.
Respecto del defensor del cliente, se establece la obligatoriedad de sus decisiones. Se especifica que serán siempre voluntarias para el consumidor, pero obligatorias para la entidad que corresponda, si el consumidor la acepta expresamente y renuncia a las demás acciones y derechos que le confiere la ley.
En base a esto, vamos a tener contratos con sello y sin sello y defensor del cliente. Este último deberá emitir su pronunciamiento dentro del plazo de treinta días corridos contados desde la interposición del reclamo.
Si el defensor no hubiere evacuado su respuesta dentro del plazo fijado, el reclamo se entenderá resuelto en favor del consumidor.
Se establecen requisitos para renovar el sello.
Algo inédito. Se dispone que cuando el consumidor haya otorgado un mandato, una autorización o cualquier otro acto jurídico para que se pague automáticamente el todo o parte del saldo de su cuenta, su crédito o su tarjeta de crédito, éste podrá dejar sin efecto dicho mandato, autorización o acto jurídico en cualquier tiempo, sin más formalidades que aquellas que haya debido cumplir para otorgar el acto jurídico que está revocando.
Se fijan infracciones y multas de hasta 200 UTM por negativas o demora en la entrega de información.
Se confiere el carácter de ministros de fe a determinados funcionarios del Sernac, para que puedan certificar las infracciones a la ley de Protección del Consumidor.
Se faculta al Sernac para crear unidades especializadas de monitoreo de los servicios referidos, entre ellas el Departamento de Protección al Consumidor Financiero, y se dispone el personal competente para ello.
Se dictarán diversos reglamentos para complementar la ley.
En cuanto a los temas pendientes, hay que perfeccionar el relacionado con los juzgados de policía local y avanzar en la educación del consumidor, la que no es sólo tarea de un ministerio, sino de todos los entes involucrados.
Lo importante es que con un consumidor más informado, estaremos disminuyendo las asimetrías de información. Además, tendremos sectores financieros mucho más competitivos, porque si al consumidor no le dan lo que creyó contratar, tendrá la libertad de cambiarse a otro competidor.
El proyecto representa un gran avance. Por eso, felicito al señor ministro de Economía , Fomento y Turismo.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Tuma.
El señor TUMA.-
Señora Presidenta , el proyecto en discusión fue presentado por el Gobierno como la gran innovación de esta administración en materia de regulación del mercado de servicios financieros.
Al respecto, debo decir que, de gran reforma, tiene bastante poco. Reconozco que, al menos, ha habido un esfuerzo por ir perfeccionando su contenido. Entre lo que llegó a la Comisión y lo que se despachó, hay muchos mejoramientos, los que, a nuestro juicio, no logran superar una serie de situaciones que están en la base de la relación de abuso en la comercialización de servicios financieros masivos y que en los hechos son las que permiten a la industria bancaria tener utilidades que se escapan a la racionalidad económica.
Por lo anterior, presentamos una indicación para crear un catálogo de derechos del usuario de los servicios de crédito, el cual, entre otras normas, ponía término al anatocismo, esto es, al cobro de intereses sobre intereses; al mismo tiempo, proponía rebajar el interés máximo convencional y establecer otros derechos tan importantes como la no discriminación a la hora de obtener créditos.
El interés máximo convencional, establecido en la década del ochenta, es aquel que no puede extender en más de un 50 por ciento más el interés corriente que rige al momento de la convención. Por lo tanto, cabe preguntarse, ¿por qué otro porcentaje?
La realidad que hoy se vive en el país es diferente, la inflación que había en ese momento también era distinta, lo mismo que la crisis. No teníamos Congreso Nacional, en fin. Son muchas las razones por las cuales creemos que es hora de comenzar a discutir el tema de la tasa máxima convencional, que es, precisamente, una carga muy sustantiva para las pymes, que no tienen el equilibrio de discusión de las grandes empresas. Se deben generar condiciones objetivas de contratación y limitar la extrema libertad de la banca, que linda en la arbitrariedad.
Lamentablemente, ninguna de nuestras propuestas fue aceptada en el seno de la Comisión. A lo más, el proyecto se hizo cargo de algunos tópicos de la contratación por adhesión, es decir, cuando no hay discusión del contenido contractual entre las partes, y de generar instrumentos de acceso a la información, con lo cual se sigue sosteniendo el ideologismo neoliberal que inspiraba el proyecto original, en el sentido de que un consumidor informado tiene toda la libertad del mundo para tomar las decisiones que quiera, orientado por principios de racionalidad económica.
Ese prejuicio es falso. La gente no es libre. La mayor parte de los chilenos del mundo popular y de las capas medias están endeudados entre tres y siete veces su renta mensual. Viven -mes a mes- haciendo una bicicleta financiera. Dejan de pagar una cuota mensual en las multitiendas y pagan otra recurriendo a adelantos en las líneas de créditos abiertas a destajo por estas mismas casas comerciales.
En materia de contratos de cuentas corrientes, por nombrar algo aberrante, se cobran comisiones y seguros por todo, las tasas de interés son exorbitantes y los contratos atados son pan de cada día. Para no mencionar la carencia de otros dispositivos financieros más sofisticados, como podría ser una central única de garantías que permitiera la movilidad de los créditos con garan-tía hipotecaria.
En Chile, vivimos el drama cotidiano de que las familias no deciden qué crédito contratar, sino que deben echar mano a lo que esté disponible, que normalmente es lo más gravoso e inconveniente.
Una economía sostenible socialmente en el tiempo debe saber equilibrar la libertad y la protección, además de la responsabilidad de los consumidores con el compromiso de los proveedores de servicios. A mi juicio, en el proyecto, además de parchar la actual ley del Consumidor, no se ha hecho un esfuerzo por buscar esos equilibrios que son esenciales. No hay una palabra de educación responsable para el consumo. Los jóvenes que egresan de enseñanza media no saben qué es el Sernac ni el Dicom. No conocen los mecanismos de defensa que tienen como consumidores.
A las asociaciones de consumidores se les sigue arrinconando y no tienen apoyo. En otros países cuentan con ayuda.
No se crean sistemas expeditos de reclamo administrativo ni judicial.
El diputado señor Gutiérrez , hablaba de la poca defensa que tiene el consumidor en los juzgados de policía local. ¡Pero si los jueces ni siquiera han sido consultados respecto de la carga de trabajo que se les viene con esta responsabilidad de la defensa del consumidor! Me parece que debemos sostener una conversación con el Ministro de Justicia , a fin de ver cómo podemos implementar un nuevo sistema en los juzgados de policía local, especialmente en las cabeceras de provincia o de región. Es ahí donde están las únicas oficinas que tiene el Sernac y que son, precisamente, aquellas que van a influir en la carga de trabajo.
Por otra parte, se sigue creyendo en la autorregulación de las empresas y en los defensores de los usuarios que dependen del mismo proveedor.
En definitiva, estamos en presencia de un proyecto pobre normativamente que demuestra, y lo decimos con preocupación, cómo el Gobierno evidencia una grave inconsistencia entre lo que anuncia y lo que, en definitiva, construye.
Por las razones expuestas, votaré favorablemente. En los próximos trámites reglamentarios y constitucionales seguiremos insistiendo en las reformas de fondo que hoy están ausentes.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Godoy.
El señor GODOY.-
Señora Presidenta , a diferencia de lo que dijo mi colega y tocayo que me antecedió en el uso de la palabra, diputado Joaquín Tuma , siento que estamos ante un gran proyecto, que continúa en la línea de romper esos grandes mitos planteados durante más de veinte años en nuestro país.
La gente de Izquierda decía que jamás la Centroderecha se iba a preocupar de los ciudadanos y de la defensa de las personas, que sólo se interesaba en la defensa de las grandes empresas y de los grandes empresarios. Sin embargo, lo que hace este proyecto es justamente lo contrario: da la oportunidad a los ciudadanos para que enfrenten, en iguales condiciones, a las grandes empresas e instituciones financieras, lo que hace una diferencia del cielo a la tierra respecto de todo lo que aquí se ha dicho.
Al igual como lo expresó en su momento el diputado Montes, con quien comparto su opinión, estamos en un punto de partida, pero no en cualquier punto de partida, sino en uno muy grande: la oportunidad que va a tener el consumidor de luchar por sus derechos contra un banco, en igualdad de condiciones, algo que también era realmente impensado.
Hoy es posible concretar este anhelo, no sólo gracias al esfuerzo del Gobierno, sino también al de todos los diputados que están presentes en la Sala y que van a votar a favor del proyecto.
Ahora bien, sin entrar al detalle -muchos colegas ya lo han hecho, en especial, el diputado Von Mühlenbrock, Presidente de la Comisión de Hacienda -, quiero mencionar algo que, por lo menos a mí me hace sentir muy orgulloso. Junto a los diputados señores Pablo Lorenzini y Nicolás Monckeberg presentamos cuatro indicaciones. Nos costó mucho convencer al Ejecutivo . Y para ser justo, también quiero agradecer al resto de los miembros de la Comisión de Hacienda que nos acompañaron en estas propuestas, que consideramos fundamentales.
La primera es para que no existan las ventas atadas. De manera que cuando una persona contrate un crédito hipotecario y le exijan abrir una cuenta corriente, no le cambien las condiciones del crédito si posteriormente cierra la cuenta.
Ello constituye un gran avance, por cuanto la venta atada impedía que las personas optaran por mejores beneficios de los distintos productos que ofrecen las diferentes instituciones financieras.
En segundo lugar, cuando un ciudadano quería cerrar una cuenta corriente, muchas veces, debía esperar años. Sobre ello, acabamos de aprobar en la Comisión de Hacienda -espero que hagamos lo mismo en la Sala- una indicación para que el banco, en el plazo máximo de diez días, una vez que el consumidor tenga cumplidos todos los requisitos para cerrar su cuenta corriente, ponga fin a la relación contractual. Ese es un segundo gran avance.
En tercer lugar, en los créditos hipotecarios, la hipoteca caucionará el crédito que se contrata y no otros. Hoy se pacta la mal llamada garantía general.
La indicación, que también acogió el Ejecutivo , va a permitir que no existan garantías generales. Eso nos parece de toda justicia, porque si se asegura por intermedio de una garantía una línea de crédito, la tasa debe ser mucho más baja. Ello, porque el riesgo de que no haya pago es menor. Por lo tanto, en eso se cometía una gran injusticia.
Por último, quiero referirme a algo que nos pasa a todos los chilenos que hemos accedido al sistema financiero: los bancos nos envían productos, sin preguntar; por ejemplo, la ampliación de la línea de crédito. Sin embargo, debemos pagar por el monto determinado en la línea de crédito. Es decir, se nos incorporan productos que ni siquiera queríamos.
En esta materia, el proyecto introduce un cambio de fondo: que la persona decida mediante una carta formal.
Me parece mezquino decir que la iniciativa representa poco esfuerzo. El ministro de Economía ha hecho un gran esfuerzo para que los ciudadanos, en igualdad de condiciones, se enfrenten a las grandes instituciones financieras cuando consideren que hay irregularidades o situaciones injustas.
Insisto, la iniciativa constituye un gran avance y un desafío para seguir perfeccionando el sistema financiero. De esa forma, los chilenos van a lograr igualdad de oportunidades.
Todos sabemos que el sistema financiero permite emprender. Pero, muchos chilenos aspiran al crédito no sólo para emprender, sino también, muchas veces, para pagar los colegios o la universidad de sus hijos.
Como el proyecto es muy importante y va por buen camino, termina por romper las barreras que mencionaba la gente de Izquierda, a quienes quiero recordar que el Presidente Piñera eliminó los depósitos convenidos y las trabas del decreto con fuerza de ley Nº 2, sobre franquicias tributarias a la gente de altos recursos. El Gobierno nos demuestra que está preocupado por los ciudadanos de clase media y de escasos recursos -entrega reglas y normas claras-, a fin de que puedan disponer de recursos para seguir emprendiendo.
Insisto, el proyecto va por la senda correcta y me hace sentir muy orgulloso de este Gobierno,.
En consecuencia, pido encarecidamente votar a favor del proyecto.
He dicho.
El señor CHAHÍN.-
Señora Presidenta, pido la palabra.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor CHAHÍN.-
Señora Presidenta, pido recabar la unanimidad de la Sala para intervenir por cinco minutos.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Señor diputado , hay muchos señores diputados inscritos y está por concluir el tiempo.
Solicito el asentimiento de la Sala para que intervenga por cinco minutos el diputado señor Fuad Chahín.
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el señor ministro de Economía , Fomento y Turismo, señor Juan Andrés Fontaine.
El señor FONTAINE ( ministro de Economía , Fomento y Turismo).-
Señora Presidenta , por su intermedio, quiero agradecer las palabras de apoyo a la iniciativa, más allá de las diferencias y detalles.
Este proyecto recoge el sentir nacional en cuanto a mejorar la protección al consumidor, particularmente en los servicios financieros y de telecomunicaciones. Forma parte del programa de Gobierno, y cae medio a medio en los ejes de acción de nuestro Ministerio en materia de fomento al emprendimiento y competencia.
Sabemos que la competencia requiere de consumidores bien informados y con capacidad para hacer valer sus derechos.
El proyecto crea una suerte de nueva institucionalidad en la protección de los consumidores de servicios financieros a través de modificaciones a la ley, de futuros reglamentos y de la acción que el Sernac va a emprender después del despacho de la iniciativa.
Agradezco el trabajo serio de las Comisiones de Economía y de Hacienda, presididas por los diputados señores Arenas y Von Mühlenbrock, y de todos quienes formularon indicaciones.
Comparto lo que se ha dicho en cuanto a que el proyecto saldrá robustecido de este trámite.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Muchas gracias, señor ministro .
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
En votación general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, para dotar de atribuciones en materias financieras, entre otras, al Servicio Nacional del Consumidor, con excepción del N° 8) del artículo 1° que es propio de ley orgánica constitucional.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos. No hubo votos negativos ni abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Aprobado en general el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
En votación general el N° 8) del artículo 1° mediante el cual se agrega un artículo 59 bis, nuevo, a la ley sobre protección de los derechos de los consumidores, para cuya aprobación se requieren 77 votos afirmativos.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aprobado.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Si le parece a la Sala, también se dará por aprobado en particular, con la misma votación, el N° 8) del artículo 1°, dejándose constancia de haberse alcanzado el quórum requerido para su aprobación.
En votación particular el resto del articulado, con excepción de las siguientes disposiciones que han sido objeto de indicaciones de la Comisión de Hacienda:
El encabezado del número 1 del artículo 1°. El artículo 16 bis agregado por el número 1 del artículo 1°. El artículo 16 ter, agregado por el número 1 del artículo 1°. La letra b) del artículo 16 quinquies, agregado por el número 1 del artículo 1°. El artículo 16 sexies, agregado por el número 1 del artículo 1° (nuevo). El artículo 16 septies, agregado por el número 1 del artículo 1° (nuevo). El artículo 26 (modificación nueva).
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
Aprobado en particular el resto del articulado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Solicito el asentimiento de la Sala para votar en un solo acto los artículos modificados por la Comisión de Hacienda, conjuntamente con las enmiendas de esa Comisión y con una indicación nueva de los diputados señores Chahín, Lorenzini y Rincón, para añadir un inciso nuevo al artículo 16 sexies, que se agrega a la ley sobre protección de los derechos de los consumidores.
Tiene la palabra el diputado Godoy.
El señor GODOY.-
Señora Presidenta , ¿puede votarse aparte la última indicación que mencionó?
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).-
Sí, señor diputado .
Tiene la palabra el diputado Arenas.
El señor ARENAS.-
Señora Presidenta , ¿para votar esa indicación se requiere unanimidad?
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).-
No. La idea era votar todo: los artículos modificados y la indicación; pero se ha pedido votación separada.
En votación los artículos modificados por la Comisión de Hacienda.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos. No hubo votos negativos ni abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
En votación la indicación presentada por los diputados Chahín, Lorenzini y Rincón.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 43 votos. No hubo abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
Despachado el proyecto.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
PREOCUPACIÓN POR SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE 37 CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE PROPIEDAD DEL CONSORCIO RADIAL IBEROAMERICANA RADIO CHILE. (Preferencia)
El señor BECKER (Vicepresidente).- Por acuerdo de los Comités, corresponde tratar, primero, el proyecto de acuerdo N° 267.
El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 267, de los diputados señores René Manuel García, Mario Bertolino, Alfonso De Urresti, Enrique Jaramillo, Sergio Ojeda, René Saffirio, Juan Lobos, Pedro Araya y José Antonio Kast y de la diputada señora Clemira Pacheco, por el cual la Cámara de Diputados acuerda:
“Expresar su preocupación acerca de la situación descrita en el proyecto de acuerdo, con el objeto de que la autoridad competente aplique en su plenitud el espíritu y la letra de la ley N° 19.733, sobre libertad de informar y ejercicio del periodismo, en lo concerniente al principio de reciprocidad, resguardando el interés nacional, el respeto a nuestras instituciones y particularmente el pluralismo y la diversidad en un medio que como la radio ha sido ejemplo en esta materia”.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para impugnarlo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 181 DE LA OIT, SOBRE AGENCIAS DE EMPLEO PRIVADAS.
El señor BECKER (Vicepresidente).- El proyecto de acuerdo N° 214 fue retirado por su autor.
El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de acuerdo N° 216.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 216, de las diputadas señoras Adriana Muñoz, Carolina Goic y Ximena Vidal y de los diputados señores Carlos Montes, Osvaldo Andrade, José Pérez, Tucapel Jiménez, Marcelo Schilling, René Saffirio y Rodrigo González, por el cual la Cámara de Diputados acuerda:
“Solicitar a la ministra del Trabajo y Previsión Social estudiar la pronta ratificación del Convenio 181 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre agencias de empleo privadas”.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente , el año 1997, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 181, sobre las agencias de empleo privadas. El propósito es que los países que lo suscriban esblezcan en sus normativas disposiciones para regular la actividad de estas agencias que realizan la intermediación entre la oferta y la demanda en el mercado laboral.
A través de la ley de subcontratación, nuestro país regula el funcionamiento de empresas de intermediación, las que prestan servicios transitorios. Es decir, tenemos un tipo de intermediación laboral. Sin embargo, en el último tiempo han surgido una serie de agencias de empleo privadas que enganchan trabajadores, los contratan y los entregan en forma de suministro a otras empresas, desentendiéndose del proceso de relaciones laborales. Es decir, las relaciones de dependencia entre los trabajadores y las agencias que los contratan quedan en la más absoluta oscuridad.
La petición de ratificar pronto el Convenio 181 de la OIT surge de la relación que se está dando entre el retail -también en el trabajo doméstico- y las agencias de empleo privadas, que contratan trabajadores para suministrarlos a transnacionales, las que, a su vez, las instalan a los trabajadores suministrados como vendedores en locales del retail. De esta forma, los trabajadores no saben de quién dependen, por ejemplo, de la empresa Manpower que los contrató como promotores y los suministró en calidad de vendedores a la transnacional Sony, la que, a su vez, los instala en tiendas del retail, como Almacenes París, por ejemplo. Al final de la cadena, estos trabajadores reciben órdenes de Sony y de Almacenes París. Es decir, se hace poco clara la relación de dependencia, nadie sabe a quién obedecer ni a quién reclamar los derechos laborales.
Por eso, urge que nuestro Gobierno ratifique el Convenio 181 de la OIT.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Giovanni Calderón.
El señor CALDERÓN.- Señor Presidente , valoro este proyecto de acuerdo, porque tal como lo señaló la diputada Adriana Muñoz , se producen muchos abusos en estas empresas de servicios transitorios, los que se repiten en las empresas que ocupan a los trabajadores suministrados.
Es cierto que nuestra legislación ha avanzado en la regulación de las empresas de servicios transitorios, pero hay una deuda pendiente: corregir el accionar abusivo de las grandes empresas.
Por eso, felicito a la diputada señora Muñoz por su iniciativa y anuncio que prestaré mi aprobación al proyecto de acuerdo.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 21 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 22 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Nuevamente no hay quórum.
En consecuencia, la votación del proyecto de acuerdo N° 216 queda pendiente para la próxima sesión ordinaria.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
PREOCUPACIÓN POR EMPLAZAMIENTOS DE PLANTAS GENERADORAS DE ENER-GÍA A CARBÓN. INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE ENERGÍA MAREOMOTRIZ. Oficios.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- En el turno del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente , en las últimas semanas se ha generado un gran debate en mi región, a raíz del resultado de un estudio que se realizó en 2007, que ha causado mucha inquietud, toda vez que propone seis lugares de referencia para eventuales emplazamientos de plantas generadoras de energía a carbón, la fuente de energía disponible más contaminante.
Éste es un tema técnico. Existe convicción del daño al medio ambiente, especialmente por la diseminación de polvo de carbón y cenizas. El uso de carbón genera gases tóxicos y metales pesados en la atmósfera y sustancias tóxicas en el agua, fauna y, por lo tanto, en los alimentos. Por la naturaleza que la gente busca en Chiloé, el caso particular que me preocupa es la localidad de Chayahue -que se menciona en este documento-, cerca de Pargua, porque puede causar un grave daño a la pesca artesanal y al turismo.
En ese contexto, resulta pertinente recordar que en marzo del año 2009, los ministros de Obras Públicas , don Sergio Bitar , y de Energía, don Marcelo Tokman , realizaron un recorrido en transbordador por el Canal de Chacao, y presentaron las conclusiones de un proyecto de energía mareomotriz, impulsado por ambas carteras, como nueva fuente generadora en Latinoamérica y con experiencias concretas sólo en Europa.
Los ministros informaron que el Canal de Chacao sería una de las zonas de mayor potencial de generación de energía eléctrica proveniente de las mareas, lo que permitiría instalar una central de energía mareomotriz.
Los ministros señalaron que esa información fue recabada gracias a un estudio sobre el potencial de la energía marina en el país, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, Corfo y la Comisión Nacional de Energía, con la coordinación del especialista de este organismo en energías renovables, don Juan Paredes, que contó con la asesoría técnica de la consultora inglesa Garrad Hassan & Partners.
El Canal de Chacao fue descrito como la zona de mayor velocidad de corrientes de Chile y una de las con mayor velocidad de corrientes del mundo, lo que se consideró como idea innovadora en materia de energía y una posibilidad concreta de acompañar al Plan Chiloé.
Junto al potencial existente en el Canal de Chacao, se señaló a Puerto Montt y al golfo de Corcovado como sitios de interés de la Región de Los Lagos.
Además, el estudio concluyó que el potencial bruto de energía de las olas de las costas chilenas se estima en 164 mil megawatts, lo que representa aproximadamente 12 veces la capacidad total instalada en el sistema eléctrico chileno.
Por lo tanto, pido oficiar a los ministros de Obras Públicas y de Energía y al vicepresidente ejecutivo de la Corfo, para que informen a la Cámara sobre el resultado de esos estudios, costos, propuestas y viabilidad.
Además, que expliquen la coherencia de esa propuesta y la otra que sugiere a Chayahue, como emplazamiento de una central a carbón.
Respecto del tema y como no he recabado información oficial, pido oficiar al ministro de Energía y a la ministra de Bienes Nacionales , para que me hagan llegar información sobre la eventual ratificación o no de la propuesta elaborada durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet , porque es un tema que a todos nos preocupa. Se trata de zonas con un potencial turístico tremendo y si existen estudios acerca de otra forma de generar energía limpia y no contaminante como la producida a carbón, debemos tenerlos presentes.
Los pescadores artesanales y la gente de la región, especialmente de Calbuco, Maullín y Ancud, temen bastante la posible construcción de esta central de energía a carbón.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Patricio Melero , Giovanni Calderón , Nino Baltolu , Rosauro Martínez , Patricio Vallespín , Ricardo Rincón , Víctor Torres , Jorge Sabag , Gabriel Ascencio , Gabriel Silber y Luis Lemus .
MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 19.300, SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE, CON EL OBJETO DE SOMETER AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL LA CONSTRUCCIÓN DE CÁRCELES.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO.- Señor Presidente , en la mañana, junto a otros nueve diputados, presentamos un proyecto de ley que busca someter al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental la construcción de cárceles. Es una forma de obligar a todos aquellos recintos penitenciarios, que tengan una población estimada superior a 800 internos, a un estudio de impacto ambiental.
En la actualidad, sólo cuando se cumplen determinadas condiciones los establecimientos penitenciarios deben someterse a una evaluación de impacto ambiental, aun cuando se trata de infraestructuras que, por sus características, resultan difíciles de localizar; por ello es de toda lógica que esta omisión o vacío legal sea subsanado a través de esta iniciativa que hemos presentado.
Como diputado por la provincia de Chacabuco, y por las comunas de Quilicura y Pudahuel, me ha tocado ver los efectos negativos que se generan en las localidades adyacentes a estos recintos. Concretamente, los penales Colina I y II le cambiaron la vida a los habitantes de Colina y más directamente a quienes viven cerca de ellos, porque se generan todos los elementos que también vimos en los recientes hechos de la cárcel de San Miguel: locuciones entre los vecinos y los internos, envío de droga a través de pelotas de tenis, intercambios verbales de alto calibre, groserías y otras situaciones que perturban la vida del entorno. Además, en los días de visita, la locomoción colectiva y el comercio se ven gravemente afectados, y los índices delictuales aumentan.
Claramente, a la población de la zona no le resulta indiferente la instalación de un recinto de ese tipo, porque el impacto negativo para su entorno y la plusvalía de sus propiedades puede ser muy grande. Por ello, a mi juicio, no pueden excluirse, al contrario deben incluirse la mayor cantidad de evaluaciones objetivas, legales y administrativas, que aseguren la más alta transparencia y el menor daño ambiental a quienes viven en el sector aledaño a una cárcel.
Ahora nos toca oponernos a un nuevo proyecto de instalación de un recinto penitenciario en la comuna de Tiltil, concretamente en Punta Peuco. Allí se quiere trasladar el recinto penal Santiago II. No hay estudio de impacto ambiental, ni evaluación, ni participación de la comunidad para señalar, con claridad y bajo el amparo de la ley del Medio Ambiente, las externalidades negativas que un proyecto de esta naturaleza le puede acarrear.
Por consiguiente, presentamos este proyecto de ley para llenar un vacío y fortalecer los derechos ciudadanos. Nadie pone en duda que el país necesita estas obras, porque las cifras de hacinamiento son impresentables, desde el punto de vista de los derechos de los propios reclusos y sus familias. Pero, también, debemos cumplir con el compromiso con la ciudadanía de enfrentar los delitos y perseguir a quienes los cometen, y si tienen que cumplir sus penas privados de libertad, deben existir recintos adecuados para que ello ocurra. Pero, eso no se puede hacer contra la población, vulnerando determinados derechos que tienen los vecinos de un sector que de pronto, de la noche a la mañana, ven que se les instala una cárcel.
La provincia de Chacabuco, del distrito que represento, ha sufrido efectos de gran magnitud por proyectos que afectan la vida: cárceles, rellenos sanitarios, sin mitigación ni compensación y, en alguno de esos casos, tampoco ha habido evaluación. Eso hace necesario este cambio.
Las infraestructuras carcelarias corresponden a una de las actividades calificadas como indeseables y resultan difíciles de localizar, ya que son percibidas como negativas para su entorno, tanto por su función como por las externalidades que provocan.
Por eso, hemos presentado este proyecto de ley que hace dos cosas fundamentales: primero, modifica la ley N° 19.300, sobre bases generales del Medio Ambiente, a objeto de que, en la letra e) del artículo 10, además de los aeropuertos, los terminales de buses, camiones y ferrocarriles, vías férreas, estaciones de servicio, autopistas y los caminos públicos que puedan afectar áreas protegidas, se incorpore también a las cárceles.
Segundo, agrega una letra g) al artículo 11 que dice que, en el caso de las cárceles, además de si generan o presentan, a lo menos, uno de los efectos, características o circunstancias precedentes, en el caso de que su capacidad proyectada sea igual o superior a 800 personas, tengan que someterse a informe o estudio de impacto ambiental.
Creo que éste es un avance importante en la protección de los derechos ciudadanos. Es necesario armonizar la ley del Medio Ambiente con la construcción de recintos penitenciarios, que nadie discute la necesidad y urgencia de construirlos. Esta iniciativa resguarda dichos derechos y obliga a la autoridad a ver los posibles efectos negativos que eso genera, ya sea para descartar el proyecto en un determinado lugar o para obligar a quien lo va a construir a establecer todas las mitigaciones que requiere la construcción de un proyecto de esa naturaleza.
He dicho.
IRREGULARIDADES EN MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR. Oficios.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO.- Señor Presidente , tengo en mi poder el informe final N° 42, de 2010, de la Contraloría General de la República, sobre Auditoría de Transacciones en el Departamento de Educación Municipal de la comuna de Frutillar. Se trata de una actuación rutinaria, cuya finalidad era comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con las normativas contables vigentes.
El primer resultado de dicha auditoría en aspectos de control interno: en la Municipalidad de Frutillar no existe una unidad o un profesional a quien se le haya encomendado la función de control interno, situación que ya se había representado en otras fiscalizaciones anteriores en ese municipio, lo que trasgrede el artículo 17 de la ley orgánica constitucional de Municipalidades.
Por lo tanto, no resulta extraño constatar graves irregularidades, todas ellas causantes de reparos del órgano contralor regional, responsable de verificar esas anomalías en la Administración Pública.
Uno de los aspectos irregulares que se constata el señor Pedro Léniz Villegas , director del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), y además concejal de la comuna -situación a todas luces irregular, por ser jefe de servicio y concejal-, autorizó el pago de distintos servicios en favor de su cuñado, don Erwin Hernán Pérez Ríos , hermano de la cónyuge del citado funcionario. También se verifican trabajos por casi 8 millones de pesos, mediante decretos exentos, suscritos por el señor Pedro Léniz Villegas . Además, esos servicios se contrataron vía trato directo y sin acreditarse los requisitos que establece la normativa vigente para dicho procedimiento excepcional de contratación. Cito textualmente el informe de la Contraloría General de la República: “La conducta anterior contraviene el principio de probidad administrativa, conforme lo establecido en el artículo 62 N° 6, de la ley N° 18.575, al intervenir, en razón de sus funciones, en asuntos en que se tenga interés personal (…)
Asimismo, vulnera el artículo 4° de la ley 19.886, que previene que ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575…”.
Que la autoridad que temporalmente ejerce el cargo de jefe del DAEM, a su solo arbitrio, contrate, pague y fiscalice el cumplimiento de dichos servicios evidencia una situación irregular. Es decir, es juez y parte en actos administrativos en los que claramente mantiene conflictos de interés. Eso no es fruto solamente de la falta de control, sino que lo más grave es la respuesta y justificación entregada por el alcalde a la propia Contraloría, el cual, en lugar de reconocer un hecho cierto y anómalo, pretende disfrazarlo señalando que en esos actos reiterados y sucesivos, ocurridos durante tres años consecutivos -es decir, no se trató sólo de un acto, sino de varios actos similares-, el señor Léniz jamás ha tenido injerencia alguna en la elección del prestador de servicios y que, como los trabajos estaban realizados, firmó los decretos exentos sin advertir siquiera que se trataba de su cuñado. En ese sentido, el municipio indica que con el fin de regularizar las observaciones formuladas habría procedido a dejar sin efecto los decretos de pago suscritos por el señor Léniz .
Esas malas explicaciones sólo agravan la falta. La Contraloría no acepta esas explicaciones y reitera el criterio de que se ha faltado gravemente a la probidad administrativa y que las actuaciones fueron reiterativas en el tiempo, sin que el alcalde u otra jefatura repararan en ello y representaran tal situación para que fuera corregida en forma oportuna. Por lo tanto, esa actuación indebida existió.
Por ello, la Contraloría establece que se debe instruir el sumario correspondiente para determinar las responsabilidades administrativas del jefe del DAEM. Pero eso no es suficiente; no es todo.
En 2008, la Contraloría realizó una auditoría en ese mismo departamento y emitió el informe N° 94, en el cual se constataron pagos indebidos por asignación profesional al funcionario Pedro Léniz . En su oportunidad, la Contraloría ordenó que debían restituirse esos dineros a las arcas municipales y, además, instruir el sumario correspondiente. En esta auditoría, el órgano contralor constata que no había ocurrido ni lo uno ni lo otro; es decir, que no habían reintegrado los dineros ni se había instruido el sumario respectivo.
Es evidente que en este caso hay una responsabilidad directa de la autoridad superior de la municipalidad, el alcalde, puesto que no ha hecho cumplir las órdenes emanadas de la Contraloría, como consecuencia de las auditorías, generando una total impunidad al interior del municipio. Sin duda, eso constituye un notable abandono de deberes.
Por lo tanto, solicito que se oficie a los concejales de esa comuna, a fin de que se hagan cargo de esa falta clara y grave y que, haciendo uso de las facultades que compete al Concejo Municipal, establezcan y denuncien el absoluto notable abandono de deberes del alcalde en las actuaciones detectadas y denunciadas por la Contraloría General de la República.
Además, solicito que se envíe copia íntegra del texto de mi intervención al Concejo de la Municipalidad de Frutillar .
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE CERRO BRAMADOR COMO ZONA PROTEGIDA Y MONUMENTO NACIONAL. Oficio.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente , el cerro Bramador , ubicado en la provincia de Copiapó, Región de Atacama, es un atractivo turístico y un enigma para los científicos, dado que, al deslizarse por sus arenas, éstas emiten un particular sonido, parecido al que hace el denominado palo de agua, instrumento altiplánico hecho de cactus, espinas y semillas. Ciertamente, ese sonido es un misterio para muchos y existen diversas teorías sobre el particular, algunas basadas en creencias populares y otras en estudios geológicos de origen científico. Claro está que el misterio lo hace único.
Nuestros patrimonios naturales deben ser valorados y el cerro Bramador , de la Región de Atacama, es único en el país, por lo que tiene un valor incalculable para los copiapinos y también para todos los chilenos.
Las áreas protegidas son superficies determinadas por el Estado y sujetas a un marco legal e institucional definido para garantizar la conservación de sus particularidades y riquezas medioambientales y culturales, que en el caso del cerro Bramador son evidentes.
Por las razones expuestas, solicito que se oficie a Su Excelencia el Presidente de la República para que, en uso de sus facultades, declare como zona protegida al cerro Bramador e instruya la realización de estudios conducentes a que, en forma posterior a esa declaración, el cerro Bramador sea declarado monumento nacional.
Finalmente, le solicito que instruya a las autoridades regionales para que no autoricen los estudios que posibiliten la construcción de viviendas u otras edificaciones en los sectores aledaños al cerro, como asimismo impidan que las empresas mineras desarrollen proyectos en el lugar.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE EXCLUSIÓN DE COMUNAS DE OVALLE, RÍO HURTADO Y MONTE PATRIA DE DECLARACIÓN DE ZONA DE EMERGENCIA AGRÍCOLA. Oficio.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente , el 17 de enero, el ministro de Agricultura , don José Antonio Galilea , a solicitud del intendente de la Región de Coquimbo , don Sergio Gaona , declaró zona de emergencia agrícola a las comunas de Canela, Los Vilos, Illapel y a algunas localidades de la comuna de Salamanca, de la provincia del Choapa, y a las comunas de Punitaqui y Combarbalá, de la provincia del Limarí; pero excluyó de tal declaración -a nuestro juicio, de manera injustificada- a las comunas de Ovalle, Río Hurtado y Monte Patria.
Hemos podido verificar en terreno, en conjunto con los municipios de Monte Patria y de Ovalle , y con los concejales de la comuna de Río Hurtado, que en el sector del secano de las tres comunas que acabo de señalar la situación es francamente dramática y se requiere con urgencia que la declaración se extienda a las comunas mencionadas.
Tal como le expresé en una carta al Presidente de la República , necesitamos que la máxima autoridad de la nación se constituya en la provincia de Limarí con un equipo de trabajo y con los ministros de Agricultura y de Obras Públicas, para adoptar las medidas necesarias y entregar insumos a los crianceros, cuyos animales se están muriendo en este momento, y también para apoyar pequeñas obras de riego para los asociados al Indap.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Agricultura , señor José Antonio Galilea , a fin de que explique a esta honorable Corporación las razones por las que se excluyó a las comunas de Ovalle, Monte Patria y Río Hurtado de la declaración de zona de emergencia agrícola.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ANTECEDENTES DE INTENTO DE COMPRA DE INMUEBLE PARA USO DEL JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO. Oficio.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , solicito oficiar al ministro de Defensa Nacional , al Estado Mayor Conjunto y al Ejército de Chile, con el objeto de que remitan a la Corporación todos los documentos -decretos, resoluciones, oficios, memorandos internos, e-mails- relativos al intento de comprar un inmueble destinado al uso del jefe del Estado Mayor Conjunto . Los documentos deben incluir todo tipo de comunicación que se hubiera tenido con corredores de propiedades destinada a ubicar inmuebles que respondieran a la pretensión inmobiliaria de quien fuera jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Walker , Jaramillo , Ascencio , Rincón, De Urresti y Castro .
INFORMACIÓN SOBRE ASIGNACIÓN DE FRECUENCIA DE UN CANAL ADYACENTE EN ARICA. Oficio.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , también solicito oficiar a don Jorge Atton Palma , subsecretario de Telecomunicaciones , para que informe a la Corporación sobre la asignación de frecuencia de un canal adyacente en Arica, particularmente sobre los siguientes temas:
1. Si ha recomendado, dirigido u ordenado los trabajos preparatorios que implican la asignación de un canal adyacente en la ciudad de Arica con ocasión de la emisión del Festival de Viña de 2011 o con efectos más permanentes.
2. Que informe del plan de radiodifusión vigente y si lo está modificando, lo cambiará o estudia hacerlo, con el objeto de asignar nuevas frecuencias, despejar bandas, reordenarlas o asignar canales adyacentes en la ciudad de Arica.
3. Que informe si la Subsecretaría de Telecomunicaciones tiene fundamentos técnicos que permitan generar una alteración permanente de la asignación de frecuencias.
4. Que informe respecto de las comunicaciones que existen o hayan existido con el Consejo Nacional de Televisión relativas a la asignación de frecuencias relacionadas con una concesión televisiva específica para Chilevisión en la ciudad de Arica.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Walker , Jaramillo , Ascencio , Rincón, De Urresti y Castro .
ANTECEDENTES DE CONCESIONES TELEVISIVAS EN ARICA. Oficio.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , finalmente, solicito oficiar al Consejo Nacional de Televisión, con el objeto de que informe a la Corporación sobre concesiones televisivas en Arica, en particular acerca de los siguientes temas:
1. Que entregue información relativa a la constancia expresa acerca de todos los canales de televisión que tienen concesión televisiva en la ciudad de Arica y bajo qué frecuencia.
2. La constancia de todos los actos jurídicos que refrendó, autorizó o de los que tuvo conocimiento respecto de la concesión eventual de la Universidad de Chile en esa ciudad.
3. De las comunicaciones sostenidas con la Subsecretaría de Telecomunicaciones relativas a la disposición de una concesión televisiva y de una frecuencia para la eventual incorporación técnica de un canal adyacente en la ciudad de Arica, ya sea con el objeto de transmitir el Festival de Viña de 2011 o con objetos más permanentes en el tiempo.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Walker , Jaramillo , Ascencio , Rincón, De Urresti y Castro .
INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDAD DESARROLLADA EN PASO LAS LEÑAS, COMUNA DE MACHALÍ. Oficio.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , solicito oficiar al intendente de la Región del Libertador Bernardo O´Higgins y presidente del gobierno regional, Rodrigo Pérez Mackenna , con el objeto de que nos informe sobre la importante actividad que se está desarrollando hoy en la cordillera de nuestra región, cercana al Paso Las Leñas , en la comuna de Machalí, integrante del distrito que represento, paso fundamental en la integración latinoamericana, particularmente chilena, argentina, uruguaya, paraguaya y brasileña, que nuestra región demanda para su desarrollo, complemento a los pasos que existen a lo largo de nuestro país.
Esa importante actividad que está desarrollando hoy el intendente en el Paso Las Leñas, junto a personal de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Obras Públicas, refrenda el compromiso personal -que debo felicitar- del intendente y de todas las autoridades de la Región de O´Higgins por impulsar ese paso, por lo que con mayor razón se hace necesario conocer los pormenores de esa actividad, con el objeto de difundirla no sólo en la comuna de Machalí, sino también en las distintas comunas de nuestra región.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados Torres, Jaramillo , De Urresti , Castro , Ascencio , Sabag y Robles .
CELERIDAD A PROYECTO HABITACIONAL EN COMUNA DE GRANEROS. Oficios.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , asimismo, solicito oficiar a la ministra de Vivienda y Urbanismo , con copia al alcalde de Graneros , para que tome especial conocimiento de la existencia de un importante comité -el Comité Bicentenario- de la comuna de Graneros, refundación de varios otros comités.
Dicha organización tiene un proyecto de construcción de casas -que ha sido apoyado, entre otros, por el alcalde de la comuna, Juan Pablo Díaz Burgos -, que tenía un importante reparo, entre varios, cual es que el espacio donde se iban a ubicar las casas tenía un solo acceso, lo que generaba una condición de inseguridad, pero que fue subsanado.
Lamentablemente, en la actualidad el proyecto considera muchas más familias, lo que, a nuestro juicio, podría ir en detrimento de las 370 familias originales, puesto que el aumento restringe notoriamente el tamaño de los terrenos y de las casas, ya que pasamos de terrenos de 110 y 120 metros cuadrados originalmente a pocos más 80 metros, y a casas de poco más de 40 metros, que son mucho más chicas que las originales, lo que va en claro perjuicio de las familias que están esperando desde hace varios años la concreción de este importante proyecto.
Con esos antecedentes, la señora ministra podrá pedir todos los informes necesarios al Serviu y a la Dirección de Obras de la municipalidad de Graneros, con el objeto de que, en conjunto con todas las autoridades locales, podamos imprimir la celeridad que requiere el proyecto, pero respetando las políticas habitacionales que garantizan los metros cuadrados mínimos que debe tener una casa que ocupará una familia.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados Torres, Jaramillo , De Urresti , Castro , Ascencio , Sabag y Robles .
PLAN DE RESGUARDO DE LA ARMADA A PESCADORES Y FIELES EN FIESTA DE LA CANDELARIA, EN CARELMAPU. Oficio.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente , solicito oficiar al ministro de Defensa Nacional , a fin de pedirle que adopte las medidas para que la Armada entregue la protección necesaria y elabore un plan de resguardo para asistir a los pescadores y fieles que participarán en la llamada Fiesta de la Candelaria, el 2 de febrero, en Carelmapu.
Durante la fiesta del 2 de febrero del año pasado, se produjo un grave accidente debido a un temporal, en el cual murieron diez personas.
En esa oportunidad, critiqué la falta de protección de la Armada a esos pescadores que cruzaban el canal de Chacao para participar en esa fiesta, lo que tuvo mortales consecuencias, en circunstancias de que en ese mismo instante resguardaba una regata de yates en Chiloé.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados De Urresti, Castro , Jaramillo y Torres.
AMPLIACIÓN DE PISTAS DE AEROPUERTO DE CHILOÉ. Oficio.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente , en segundo lugar, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas , a fin de que me informe sobre la posibilidad de ampliar el aeropuerto que se está construyendo en Chiloé.
De acuerdo con el Plan Chiloé, esa obra incluye una pista de 1.800 metros, pero, al parecer, para que aterricen aviones comerciales, se necesita una más grande, conforme a los nuevos estándares que han establecido algunas líneas aéreas comerciales.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados De Urresti, Castro , Jaramillo y Torres.
NUEVO ESTUDIO DE COSTOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL CANAL DE CHACAO. Oficio.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente , además, solicito que también se oficie al ministro de Obras Públicas a objeto de que me informe sobre la promesa presidencial de realizar un nuevo estudio de costos para la construcción del puente sobre el canal de Chacao. Ése fue un compromiso del Presidente con Chiloé, por lo que sería positivo que el ministro de Obras Públicas informe sobre el cumplimiento de tal promesa presidencial.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados De Urresti, Castro , Jaramillo y Torres.
ACCIONES JUDICIALES CONTRA RESPONSABLES DE CORTE DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN COMUNA DE QUELLÓN. Oficios.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente , finalmente, pido que se oficie a la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos y al superintendente de Servicios Sanitarios , con el objeto de que informen cuáles son las medidas y acciones judiciales que se emprenderán en contra de los responsables del corte de agua potable que sufrió la población de Quellón desde el martes 18 de enero de este año. Más de mil quinientas casas fueron afectadas por el corte de agua en esa comuna, producto de los errores en los trabajos realizados por una empresa constructora. ¿Cuáles son las acciones judiciales que seguirá la Superintendencia de Servicios Sanitarios o las medidas de reparación que realizará esa empresa de servicios sanitarios en favor de los habitantes de Quellón?
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores De Urresti , Castro , Jaramillo y Torres.
DESCONOCIMIENTO DE PROCESO DE SELECCIÓN DE DIRECTOR DE SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO-SAN ANTONIO E IRREGULARIDADES EN EL MISMO SERVICIO. Oficios.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Víctor Torres.
El señor TORRES.- Señor Presidente , pido que se oficie al contralor general de la República y al ministro de Salud , a propósito de una situación que hemos pesquisado a través de la página web del sistema de postulación en línea de la Alta Dirección Pública.
Específicamente, el tema dice relación con la postulación al cargo de director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio , proceso iniciado el 25 de julio de 2010, que se dio por terminado el 16 de agosto del mismo año. Con mucha sorpresa, hemos observado que el 4 de enero de 2011, en la misma página, se informa que la autoridad facultada para el nombramiento del cargo ha seleccionado al candidato Antonio Infante Barros , ex subsecretario de Salud , quien fuera notificado de su selección. Sin embargo, días después, a través de la misma página web, con mucha sorpresa, nos enteramos de que el Presidente de la República declara desierto el concurso.
A mi juicio, esta situación es grave. Hemos hablado de la necesidad de potenciar el sistema de selección de la Alta Dirección Pública. Durante la campaña presidencial, la coalición que ahora gobierna se refirió a la necesidad de terminar con el cuoteo político, pero ahora se produce esta inesperada situación: entre gallos y media noche se borra con el codo lo que se ha escrito con la mano.
Es inaceptable la situación que afecta a un profesional de la salud como el doctor Infante, que gana un concurso público en buena lid, y que por razones políticas se desconozca lo que antes se afirmó, se niegue el sistema de concursabilidad pública y se mantenga en el cargo a un director de servicio de salud que ha sido cuestionado por los gremios y por el Colegio Médico.
Por esa razón, pido que el contralor General de la República y el ministro del ramo se pronuncien respecto de ese acto administrativo.
Además, me ha llegado un comunicado de la multigremial del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio y del Colegio Médico Regional, en que se hace una serie de denuncias sobre el mismo director suplente, el doctor Jorge Díaz . Primero, me informan sobre una serie de contrataciones e incorporaciones que, a juicio de ambas entidades, son irregulares. No se tiene claridad sobre la calificación técnica de dichas personas ni sobre las funciones y responsabilidades asignadas.
Por ejemplo, se menciona el caso del señor Max Veas, contratado por honorarios excesivos, sin que se tenga claridad sobre cuál es la función que cumple, y otros puntos relacionados con una serie de compras e implementaciones que, a nuestro juicio, no se condicen con las acciones propias que el servicio debe cumplir.
Finalmente, nos alertan de que el director suplente -que a mi juicio se mantiene en el cargo de manera espuria- ha empezado a despedir a gran cantidad de funcionarios públicos, entre ellos directores de hospitales que han obtenido el cargo a través de concursos públicos, como ocurre con el director del hospital Carlos Van Buren.
Sobre este último punto, pido que se oficie al ministro de Salud y se le adjunte copia de mi intervención.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Sabag , Robles , Jaramillo y Castro .
SALUDO A COMUNA DE RÍO BUENO CON MOTIVO DE CELEBRARSE SU 233er ANIVERSARIO. Oficios.
El señor BECKER (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , pido que se envíe, por intermedio de la Cámara, un saludo muy especial a la Municipalidad de Río Bueno, comuna de la Región de Los Ríos.
El viernes 28 se celebra el 233er aniversario de la ciudad de Río Bueno, fundada en marzo de 1778.
Como representante parlamentario de esa hermosa ciudad, quiero saludar, desde esta tribuna, a su alcalde, señor Luis Reyes , al honorable Concejo Municipal y, a través de ellos, a todos sus habitantes en este nuevo aniversario, especialmente al sector campesino, que es muy esforzado y relevante en la vida de la comuna y en la economía del país. No en vano, reitero, se llama a Río Bueno la capital agrícola de la Región de Los Ríos.
Obviamente, también saludo a quienes viven en la ciudad y a las instituciones, las que siempre dan especial importancia a la vida propia de esa querida y respetada ciudad sureña.
Además, el 28 de enero, en Río Bueno se inaugura la feria agrícola, ganadera y artesanal, la conocida Fagar, un encuentro multirregional del sur de Chile y una verdadera muestra de la fortaleza de la agricultura del sur de Chile.
Esa feria es visitada por miles de personas de distintos lugares del país que visitan la ciudad, que también ofrece lugares turísticos de belleza incomparable.
Por lo tanto, deseo a todas las familias riobueninas un feliz aniversario y un verano lleno de agrado.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados Martínez , Sabag , Robles , Castro y De Urresti .
FISCALIZACIÓN DE ACCESO A PLAYAS LACUSTRES DE COMUNAS DE REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficio.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , en segundo lugar, me referiré a un tema que preocupa a los habitantes del sur del país.
He fiscalizado muchas playas que se hacen llamar privadas, pero que son de todos los chilenos. Si bien la legislación no se ha podido mejorar, es evidente que se está cometiendo un atropello, especialmente en el sur de Chile, en las playas lacustres.
Con anterioridad, el ministerio de Bienes Nacionales me respondió que dicha cartera no disponía de funcionarios para realizar las fiscalizaciones que había solicitado en su minuto. Y me precisa que el ministerio sólo cuenta con dos funcionarios en la Región de Los Ríos.
Por lo tanto, solicito que se envíe un oficio a la ministra de Bienes Nacionales a objeto de señalarle que ésa respuesta a un fiscalizador de la república no es pertinente, menos si se trata de la Cámara de Diputados de Chile.
Asimismo, reitero mi petición de fiscalización de la playa de San Pedro, en la ribera oeste del lago Ranco, en la comuna de La Unión. En ese lugar, un particular prácticamente ha cerrado el acceso a parte importante de esa hermosa playa.
Lo mismo ocurre en la playa de Coihueco, del lago Panguipulli, en la comuna del mismo nombre.
Por lo tanto, es conveniente que esta situación esté en conocimiento de la señora ministra de Bienes Nacionales . No se puede responder que simplemente no tienen funcionarios. Tengo la impresión de que tales errores se producen por la premura con que han llegado a estas instituciones muchos funcionarios nuevos, que no entregan las mejores respuestas.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados Martínez , Sabag , Robles , Castro y De Urresti .
INVESTIGACIÓN Y REVISIÓN DE SITUACIÓN QUE AFECTA A PROFESOR POSTULANTE EN CONCURSO PÚBLICO DE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN. Oficio.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- En el tiempo adicional de cinco minutos del Comité de Renovación Nacional, más uno cedido por el Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ .- Señor Presidente , hoy voy a plantear una situación que me parece extremadamente grave. Si bien se trata de un caso en particular, sus alcances y efectos requieren la máxima atención.
La forma para ingresar a la planta de la dotación docente en la educación municipal es a través de un concurso público, que debe cumplir con ciertas formalidades y requisitos, dentro de los cuales los principios de objetividad, transparencia e igualdad para los concursantes son insustituibles.
Sucede que la Municipalidad de Chillán llamó a concurso público para optar a cargos de docentes de aula en educación general básica en las escuelas María Amalia Saavedra Martínez , Oro Verde, Quinchamalí, Los Jardines de Lautaro, Camilo Henríquez , República de Israel , Gabriela Mistral , República de Portugal , Las Canoas y 27 de abril, el 29 de noviembre de 2008.
En dicho concurso participó el profesor Juan Enrique Navarro Avello , quien, una vez conocidos los resultados, solicitó a las autoridades pertinentes revisar su puntaje.
Después de diversas e injustificadas dilaciones, al señor Navarro se le señaló que el puntaje obtenido se mantenía invariable.
Con esa información, el profesional recurrió, el 27 de mayo de 2009, a la Contraloría Regional del Biobío. Y debido a que transcurrieron varios meses sin que el señor Navarro obtuviera respuesta alguna, expuse al señor contralor General de la República , a través de esta Corporación, lo que estaba sucediendo.
Finalmente y después de un año y seis meses de la presentación y, lo que es más grave, de innumerables consultas realizadas a la Contraloría Regional de la República, el afectado obtuvo respuesta, contenida en el Oficio Nº 5.774, de fecha 12 de octubre de 2010.
Dado el tiempo transcurrido era esperable un documento sustancioso que justificara precisamente ese lapso. Lo insólito -y aquí comienzan las preocupaciones- es que la Contraloría Regional concluye lo siguiente: “No advierte que la Municipalidad de Chillán haya incurrido en alguna irregularidad al no designar al señor Navarro Avello en los empleos concursados”, en circunstancias de que el profesor, en su presentación de hace un año y seis meses, jamás pretendió tal cosa; solo pidió que se le revisara su puntaje dada la incongruencia entre las bases y los antecedentes presentados.
Y aquí entramos al fondo del problema.
Ocurre que no se entrega puntaje alguno a la postulación en el ítem del rubro denominado “Excelencia en el Desempeño Profesional”, específicamente en el punto 5.3.1 de las Bases, que dice: “Participación Directa en la Formulación; Implementación del Proyecto Institucional”, no obstante haber presentado la documentación pertinente que así lo acredita, porque “supone la concurrencia de ambas condiciones como exigencia copulativa, de lo que se desprende, también, la necesidad de acreditar ambos requisitos para acceder a la puntuación requerida”.
Lo curioso es que dicha conclusión se contradice total y absolutamente con lo exigido en las bases del concurso, que por su trascendencia no puede dar origen a interpretaciones posteriores particulares imposibles de conocer por el postulante al momento de entregar sus antecedentes. El Informe de la Contraloría Regional dice que para otorgar puntaje es requisito la existencia de ambas condiciones, lo que no es efectivo, como se demuestra con lo que dice la propia Pauta de Evaluación aplicada en el concurso, que señala: “Se otorgará 10 puntos si acredita participación en al menos un proyecto de este tipo”, lo que por cierto está en armonía y consonancia con lo contenido en las bases, donde, según se observa, se intercala un punto y coma (;), lo cual, desde un punto de vista gramatical, implica separación.
En esta materia no existe posibilidad alguna de interpretación. Cabe preguntarse de dónde emana tan singular razonamiento para sostener aquello, si las bases y la pauta aplicada exigen, para otorgar puntaje, acreditar un solo proyecto, que fue efectivamente lo que demostró el profesional, pero que extrañamente la Comisión respectiva lo ignoró. Y el máximo organismo contralor avaló tal arbitrariedad.
Creo que aquí no se ha permitido ejercer oportunamente los derechos de un profesional, primero, por el abuso de la autoridad, según se observa en la documentación entregada oportunamente al director de educación, y después, a la Contraloría Regional del Biobío, donde se mantuvo un año y seis meses en espera con el argumento de que se estaba revisando y se estaban confeccionado los borradores. Y lo que es más grave, en forma posterior a mi intervención de fecha 9 de junio de 2010 en esta Cámara, la profesional encargada de la situación recurrió al propio DAEM para solicitar los antecedentes.
Por lo tanto, solicito al señor contralor general disponga una amplia y completa investigación y revisión de la situación producida con el profesional señor Juan Enrique Navarro , verificando su puntaje con las bases del concurso y la pauta aplicada, las razones que justifican tan insólito proceder, su aplicabilidad respecto de la totalidad de los postulantes y el cumplimiento de los principios de objetividad, transparencia e igualdad que se exige en todo concurso público.
Asimismo, pido que se me hagan llegar los fundamentos que explican la tardanza en la respuesta del máximo organismo contralor a ese profesional de la educación.
Finalmente, solicito la inserción del texto de un segundo planteamiento que quiero hacer a la Contraloría Regional del Biobío y que se envíe copia de éste al órgano contralor.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría y se adjuntará copia de su intervención.
INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A PLAYAS PUERTO VIEJO Y BARRANQUILLA, REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
El señor BECKER (Vicepresidente).- En el tiempo adicional del Comité Mixto Partido Radical Social Demócrata, Partido Comunista e Independiente, tiene la palabra el diputado Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , en la Región de Atacama se está construyendo una obra emblemática desde el punto de vista de la infraestructura, que va a permitir la conectividad real entre la región y el resto del país: la doble vía entre Caldera y Vallenar y la que se construirá entre Vallenar y La Serena.
Se trata de una obra tremendamente importante para la región, por lo que quiero agradecer en forma muy particular al Gobierno de la Presidenta Bachelet por haber determinado su ejecución en Atacama.
Sin embargo, hay aspectos que no se consideraron en términos finos en la obra señalada. Por ejemplo, los taxistas de Caldera, que desarrollan una actividad turística, pues transportan pasajeros entre Caldera y las playas de Barranquilla, a los sectores de playa La Virgen, Puerto Viejo y otros, necesariamente tienen que movilizarse y utilizar estas rutas. Ellos me han hecho ver, sobre todo los que usan la doble vía, que no hay un paso sobre nivel para el ingreso a los balnearios de Puerto Viejo y Barranquilla. Lo mismo ocurre para la salida. En dicho lugar de la carretera hay una curva muy pronunciada y es poco probable que los vehículos que vienen de Caldera a Copiapó y los que van de Copiapó a Caldera disminuyan la velocidad, lo que dificulta aún más el ingreso a estas playas. Además, hay poca visibilidad en el sector, especialmente cuando se levanta mucha neblina.
Por lo tanto, es evidente que se deben tomar las precauciones necesarias en lo que respecta a la construcción de la doble vía.
Por lo anterior, pido que se envíe un oficio al ministro de Obras Públicas y, por su intermedio, al director de Vialidad , para que me informen sobre cuáles serán las medidas que se van a adoptar para que la gente tenga la certeza de que va a haber seguridad al ingresar hacia el sector de las hermosas playas de Barranquilla y de Puerto Viejo.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Sabag , De Urresti y Castro .
ANTECEDENTES SOBRE POLÍTICA DE COBRO DE PEAJES A MICROBUSES Y TAXIS COLECTIVOS ENTRE CALDERA Y COPIAPÓ. Oficio.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , además, los conductores de taxis colectivos amarillos que hacen sus recorridos entre Caldera y Copiapó me han planteado el gran problema que se les produce con motivo del peaje que tienen que pagar en forma continua, sobre todo porque la competencia para transportar a pasajeros entre los taxis colectivos y los microbuses es muy grande.
Como el pago de peaje incide notoriamente en los costos, necesariamente tendrán que aumentar en forma significativa el valor de los pasajes a los usuarios, lo que disminuirá la competitividad de los taxis colectivos respecto de los microbuses. Incluso, es probable que muchos taxistas vean disminuidas sus posibilidades de seguir trabajando en ese rubro.
Por lo tanto, pido que se envíe un oficio al ministro de Transportes y Telecomunicaciones , para que me informe cuál será la política de cobro de peajes en relación con los taxis colectivos y los microbuses de esa zona.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Sabag , De Urresti y Castro .
FISCALIZACIÓN A EMPRESA CEMIN, MINA DOS AMIGOS, DE LOCALIDAD DE DOMEYKO. Oficios.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , además, pido que se oficie a los ministros de Salud y del Trabajo y Previsión Social y, por intermedio de este último, a la directora del Trabajo , a fin de solicitarle que fiscalicen a la empresa Cemin , mina Dos Amigos, en la localidad de Domeyko, ya que fui in-
formado por algunos trabajadores que en el sector sólo existen tres baños para el numeroso personal y las condiciones sanitarias son muy deficientes, lo que es indigno para los trabajadores.
Además, quisiera saber cuál es el grado de accidentabilidad de esta empresa, dado que los trabajadores también me han informado que han ocurrido accidentes que no han sido informados a la Asociación Chilena de Seguridad o a la mutual pertinente, lo que les ha impedido hacer uso de los beneficios que establece la ley sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados Sabag , De Urresti y Castro .
PREOCUPACIÓN POR PAGO DE SUBVENCIONES A COLEGIOS CON DEUDAS PREVISIONALES Y DE REMUNERACIONES CON SUS TRABAJADORES. Oficio.
El señor BECKER (Vicepresidente).- En el tiempo adicional del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado don Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , pido que se envíe un oficio al ministro de Educación para que informe sobre el pago de las subvenciones educacionales en la Región de Los Ríos.
A fines del 2010, recibí una serie de denuncias de profesores y de asistentes de la educación de establecimientos educacionales de la región, a quienes no se les ha pagado su sueldo ni sus cotizaciones previsionales, aun cuando -según lo informado por los propios profesores- a estos colegios se les ha seguido pagando las subvenciones. La principal denuncia la recibí en contra del colegio Immanuel International School, de la ciudad de Valdivia, que mantiene esa situación.
Por ello, me interesa que el ministro de Educación me informe si se están pagando las subvenciones a aquellos colegios que no han acreditado el pago de las remuneraciones de sus profesores y de sus asistentes de la educación. No es posible que se siga lucrando con la subvención para sostenedores que no cumplen las mínimas condiciones laborales que corresponden a los profesores, a los asistentes de la educación y al personal que trabaja con ellos, sobre todo cuando esa plata es precisamente para la educación de los niños y para cumplir las obligaciones laborales que corresponden a un establecimiento educacional.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ANTECEDENTES SOBRE ACCIDENTE DE CATAMARÁN EN BAHÍA DE CORRAL. Oficios.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , en otro orden de cosas, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas y, por su intermedio, al director de Obras Portuarias , así como al ministro de Defensa Nacional y, por su intermedio, al comandante en jefe de la Armada , para que informen sobre las circunstancias que permitieron que el catamarán Marqués de Mancera haya estado a punto de hundirse en la bahía de Corral. Según la información de que dispongo, ello se debió a un choque con restos de una embarcación hundida, lo que habría ocasionado daños en el casco del catamarán, situación que ha provocado un serio daño a la imagen turística de Valdivia y de Corral.
A lo anterior se suma el riesgo al que se vieron expuestos los más de 170 pasajeros que se encontraban a bordo. Afortunadamente, no hubo que lamentar fallecimientos; pero es claro que en este caso ha faltado control.
Por ello, pido que la Armada me informe cuál es el procedimiento que se llevó a cabo y que el ministro de Obras Públicas me informe sobre la política de dragado usada en el río Valdivia, particularmente en la bahía de Corral, solicitud que he reiterado en diversas oportunidades.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su seño-ría.
INFORMACIÓN SOBRE PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR MILLONARIA INVERSIÓN EN OBRAS VIALES EN VALDIVIA. Oficios.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , finalmente, pido que se envíe un oficio a la ministra de Vivienda y Urbanismo para que informe sobre el proceso de participación ciudadana que debiera realizarse a propósito del anuncio de la inversión de 7 mil millones de pesos para la proyección de la costanera y para la pavimentación y ensanche de calle Ecuador y avenida Argentina, de la ciudad de Valdivia. Además, me interesa saber si están contempladas rutas de ciclovías en estas importantes inversiones.
Éstas son obras de enorme importancia, que van a permitir cambiar el rostro de un importante sector de la ciudad, como las poblaciones Corvi , Menzel , Inés de Suárez, Los Jazmines , porque, a través de esas vías, la gente podrá acceder de mejor manera a la costanera.
Este proyecto es de gran importancia y magnitud, ya que va a producir un cambio en el eje de distribución de población y de vehículos, por lo que debe contar con la debida participación ciudadana, de las juntas de vecinos, los comités y las distintas agrupaciones vecinales, para que se sientan comprometidos y tengan pleno conocimiento de lo que esto va a significar.
Finalmente, solicito que se envíe copia de mi intervención a los presidentes de las juntas de vecinos del sector, cuyos nombres y direcciones pondré a disposición de la Secretaría; además, pido que se envíe copia de mi intervención a la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, señora María Eugenia Soto .
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de los diputados Sabag y Castro .
ANTECEDENTES SOBRE PAGO DE BONO “BODAS DE ORO”. Oficio.
El señor BECKER (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, que le ha cedido el resto de su tiempo, tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , pido que se envíe un oficio al ministro de Hacienda a objeto de que me informe sobre el pago del denominado bono “Bodas de Oro”, proyecto que fue aprobado el 2010 por el Congreso Nacional y cuya finalidad era premiar y reconocer la labor realizada por los adultos mayores durante su vida conyugal, quienes representan más del 13 por ciento de la población, como una manera de fortalecer el matrimonio y la familia.
El monto aprobado es de 250 mil pesos para los matrimonios que, a partir del 1° de enero de 2010, hayan cumplido cincuenta años de matrimonio, que posteriormente se extendió a quienes este año hayan cumplido más de 60 años. Pero este bono, otorgado por una ley de la república, aún no se paga.
Por eso, quiero que el ministro de Hacienda me informe qué está pasando con el pago de dicho bono.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN BORDE COSTERO DE COMUNA DE COELEMU, OCTAVA REGIÓN. Oficio.
El señor SABAG.- Señor Presidente , finalmente, pido que se oficie a la ministra de Bienes Nacionales , a fin de que me informe específicamente sobre la situación del sector de Perales, en la costa de la comuna de Coelemu, provincia de Ñuble, Octava Región, que fue afectado por el tsunami, ocasionando la pérdida de una importante cantidad de viviendas, debido a lo cual las familias están viviendo en campamentos.
Específicamente, quiero saber si se podrá construir nuevamente en el borde costero, donde estaban emplazadas las viviendas antes de que se produjera el tsunami.
Los vecinos del sector se han comunicado con el diputado que habla, a fin de obtener una respuesta oficial sobre la materia.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.01 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En respuesta a su oficio Nº 9240 de fecha 20 de enero de 2011, tengo a bien manifestar a V.E. que he resuelto no hacer uso de la facultad que me confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley que modifica la ley Nº 20.022, con el objeto de establecer un nuevo plazo para el cierre de Tribunales del Trabajo de Santiago , que señala. (boletín Nº 7434-07).
Hago presente mi voluntad para los efectos de que el proyecto aprobado se remita al Tribunal Constitucional, para su consideración.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 19 de enero de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba la “Convención de Asistencia Mutua en Materia Penal”, suscrita en Estrasburgo, el 20 de abril de 1959, y sus Protocolos Adicionales, correspondiente al Boletín Nº 6.786-10.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.060, de 26 de octubre de 2010.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA , Secretario General (S) del Senado”.
3. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 19 de enero de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el “Convenio 187, sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo”, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo, correspondiente al Boletín Nº 7.386-10.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.197, de 6 de enero de 2011.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA , Secretario General (S) del Senado”.
4. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 19 de enero de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que modifica la ley N° 20.022 con el objeto de establecer un nuevo plazo para el cierre de Tribunales del Trabajo de Santiago , correspondiente al Boletín N° 7.434-07.
Hago presente a Vuestra Excelencia que el artículo 1° del proyecto fue aprobado, tanto en general cuanto en particular, con el voto afirmativo de 30 Senadores, de un total de 37 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.209, de 12 de enero de 2011.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA , Secretario General (S) del Senado”.
5. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 19 de enero de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que prorroga plazo de calificación otorgado a la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, correspondiente al Boletín N° 7.435-17.
Hago presente a Vuestra Excelencia que el artículo 2° del proyecto fue aprobado, tanto en general cuanto en particular, con el voto afirmativo de 26 Senadores, de un total de 37 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.228, de 18 de enero de 2011.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA , Secretario General (S) del Senado”.
6. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 19 de enero de 2011.
Tengo a honra comunicar a Usía que el Senado, en sesión del día de hoy, de conformidad con lo expuesto en el artículo 66 A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, ha designado a dos de los tres integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria, designando al efecto a las siguientes personas:
1) Para ocupar el cargo correspondiente a un abogado, al señor Eduardo Enrique Pérez Contreras.
2) Para ocupar el cargo correspondiente a un especialista en materias de auditoría, al señor Bernardo Patricio Mateluna Pacheco .
Hago presente a Vuestra Excelencia que este acuerdo fue adoptado con el voto favorable de 23 senadores, de un total de 37 en ejercicio.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA , Secretario General (S) del Senado”.
7. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que crea la circunscripción senatorial de la Región de Arica y Parinacota. (boletín Nº 7260-06)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda informa el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
1.- Origen y urgencia
La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados mediante una moción de los Diputados señores Ascencio , Baltolu , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Salaberry y Vargas .
2.- Disposiciones o indicaciones rechazadas
Ninguna.
3.- Disposiciones que no fueron aprobadas por unanimidad
El artículo 4° del proyecto.
4.- Se designó Diputado Informante al señor Godoy, don Joaquín .
-o-
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Cristián Larroulet , Ministro Secretario General de la Presidencia y Andrés Sotomayor , Asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
El propósito de la iniciativa consiste en terminar con la diferencia que tiene la Región de Arica y Parinacota con otras regiones del país, dotándola de dos Senadores elegidos por sus habitantes con derecho a sufragio.
En el debate de la Comisión el señor Cristián Larroulet manifestó que la Constitución Política de la Republica, en el inciso tercero del artículo 65, establece que los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado, serán de iniciativa exclusiva del Presidente de la República . Por lo que considera que el proyecto iniciado en moción para crear una nueva circunscripción electoral sería inadmisible.
Por otra parte, señaló que el Gobierno del Presidente Piñera tiene una agenda de profundas reformas políticas, entre las cuales destaca: la reforma de la fecha de las elecciones presidenciales; la reforma a la ley orgánica constitucional referente a inscripción automática y voto voluntario; la reforma constitucional que regule el voto de chilenos en el extranjero; iniciativa popular de ley; plebiscitos comunales, y la ley que permita la realización de primarias electorales.
El Ministro señor Larroulet explicó que estas reformas son la prioridad del Ejecutivo en esta materia y que se fundamentan en el perfeccionamiento de la democracia con el fin de superar las dificultades de participación que hoy experimenta el sistema (alrededor de 4 millones de personas que no participan en el proceso electoral), el envejecimiento del patrón electoral y la mala opinión de la ciudadanía respecto del Congreso Nacional y la política en general.
Asimismo, el Ministro afirmó que en virtud de estas reformas, han surgido otros planteamientos, como por ejemplo, la posibilidad de ampliar el número de Senadores y Diputados. Sostuvo que la postura del Gobierno es valorar la discusión y considerarlas oportunamente, es decir, luego de discutir y, eventualmente, aprobar las reformas prioritarias.
El Ministro señor Larroulet sostuvo que, además del argumento formal de la inadmisibilidad, el proyecto que crea una nueva circunscripción senatorial no se encuentra dentro de las prioridades inmediatas del Gobierno, sin restar por ello la preocupación que tiene el Presidente Piñera por la zona de Arica y Parinacota.
El Diputado señor Ortiz argumentó que el artículo 49 de la Constitución Política de la Republica señala que el Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por circunscripciones senatoriales, en consideración a las regiones del país, cada una de las cuales constituirá, a lo menos, una circunscripción. Sin embargo, en octubre del año pasado fue creada la nueva Región de Arica y Parinacota y no le fue asignada la circunscripción senatorial que en virtud de la Constitución le corresponde.
Por otra parte, en la discusión de la Comisión Técnica se determinó que no se aplicaría la disposición del artículo 65 de la Carta Fundamental por cuanto cualquier gasto que pudiese irrogar la creación de una nueva circunscripción senatorial sería financiado con cargo a los recursos asignados al Senado en la Ley de Presupuestos vigente.
El Diputado señor Auth manifestó compartir las prioridades que ha planteado el Ministro en relación con la agenda legislativa en materia política; sin embargo, consideró que existe una deuda constitucional con la nueva Región de Arica y Parinacota y que el Ejecutivo no ha dado cumplimiento al artículo 49 de la Carta Fundamental. Por otra parte, el argumento de la inadmisibilidad no sería aplicable por cuanto el Fisco no tendrá que invertir más recursos si hay mayor número de candidatos, ya que la cantidad de votos serán los mismos, distribuidos de distinta forma. Asimismo, el presupuesto ya asignado al Senado sería el utilizado para financiar la incorporación de nuevos parlamentarios.
El Diputado señor Silva consideró que hay dos ámbitos respecto de los cuales sería discutible la inadmisibilidad del proyecto: en materia de administración financiera o presupuestaria del Estado y la alteración política o administrativa del país. El Diputado estimó que un proyecto que crea una circunscripción senatorial no puede ser otra cosa que una modificación o alteración política del país, en el sentido de que la palabra política se traduce en autoridades y representación, por lo tanto, el proyecto sería inadmisible. Por otra parte, respecto a la discusión financiera o presupuestaria, reconoce haber escuchado argumentos convincentes de los Diputados señores Ortiz y Auth ; sin embargo, propuso a la Comisión invitar al señor Juan Ignacio García , Director del Servicio Electoral , quien planteó la inadmisibilidad del proyecto durante la discusión en la Comisión técnica.
El Diputado señor Vargas señaló que existe una grave discriminación en contra de la Región de Arica y Parinacota, quienes reclaman, con justo derecho, la posibilidad de tener su propia representación senatorial en virtud del artículo 49 de la Carta Fundamental.
El Diputado Baltolu coincidió con la opinión de los señores Ortiz y Auth respecto a que el proyecto no irrogaría mayores gastos para el Ejecutivo , por lo que sería plenamente admisible.
El Diputado señor Robles sostuvo que cualquier gasto adicional que genere este proyecto se financiaría con recursos ya aprobados por la Ley de Presupuestos vigente. Adicionalmente, señaló que cuando se creó la nueva región se consideró la instalación de un servicio electoral en Arica y Parinacota, es decir, el Estado ya incurrió en esos gastos. Este es un proyecto que no genera ningún gasto adicional al Estado, solo produciría una redistribución de los recursos del Senado.
El Diputado señor Macaya planteó que si bien existen argumentos convincentes respecto al financiamiento del proyecto, en su opinión, no cabe duda que todo aquello que tenga relación con cargos de autoridades y representación afecta la división política del país y, por lo tanto, el proyecto sería inadmisible.
El Diputado señor Lorenzini expresó que, en su opinión, el problema es simple, hay una región del país que no tiene representación senatorial, existiendo un mandato constitucional que impone que cada región debe tener al menos una circunscripción de estas características, por lo que llama a aprobar el proyecto.
El Ministro Larroulet reconoció que la realidad de la Región de Arica y Parinacota es compleja. Sin embargo, reiteró que el Gobierno del Presidente Piñera ha planteado una política de Estado para la región, comprometiendo recursos de inversión muy sustantivos, tanto del sector público como del privado.
El Diputado señor Monckeberg solicitó someter a votación la admisibilidad del proyecto. Indicó que, en la doctrina y en la opinión del Tribunal Constitucional, cuando la Constitución se refiere a alteración política o administrativa, no se está refiriendo a las circunscripciones electorales ni a cargos de elección popular, sino que a la administración a nivel de regiones, gobernaciones y municipios. Estimó que el proyecto es admisible y estaría dispuesto a apoyarlo.
Teniendo en cuenta la opinión del Director del Servicio Electoral , remitida por escrito a esta Comisión, en el sentido de que la creación de la nueva circunscripción que se propone no debería irrogar un gasto superior al de las elecciones parlamentarias del año 2009 y que, por consiguiente, tampoco involucraría un mayor gasto operacional para dicho organismo, el Presidente de la Comisión declaró admisible la iniciativa legislativa en comento.
El Diputado señor Silva observó que el razonamiento del Director del Servicio Electoral difiere absolutamente de la opinión que vertiera ante la Comisión de Gobierno Interior, además de estar expresado en forma condicional, por lo cual sigue pensando que el proyecto no ha podido ser de iniciativa parlamentaria.
El Diputado señor Macaya se manifestó a favor de la creación de una circunscripción senatorial para la Región de Arica y Parinacota, pero habría preferido que el proyecto fuera de iniciativa presidencial, para evitar las dudas de constitucionalidad que ha suscitado.
Solicitada la reconsideración de la resolución del Presidente , conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, es ratificada la admisibilidad del proyecto por 8 votos a favor y 2 votos en contra. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth , Godoy , Jaramillo , Lorenzini , Monckeberg don Nicolás , Ortiz , Robles y Von Mühlenbrock ; y, por la negativa, los Diputados señores Macaya y Silva .
La Comisión de Gobierno Interior y Regionalización dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento del artículo 4° del proyecto aprobado por ella.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:
En el artículo 4° del proyecto, se establece que el mayor gasto que pudiera importar esta iniciativa se financiará con cargo a los recursos considerados para el Senado en la Ley de Presupuestos vigente.
Puesto en votación el artículo 4º, es aprobado sin enmiendas, por 8 votos a favor y dos abstenciones. Votan por la afirmativa los diputados señores Auth , Godoy , Jaramillo , Lorenzini , Monckeberg don Nicolás , Ortiz , Robles y Von Mühlenbrock . Se abstienen los Diputados señores Macaya y Silva .
Tratado y acordado en sesiones de fechas 5 y 12 de enero de 2011, con la asistencia de los Diputados señores Von Mühlenbrock, don Gastón ( Presidente ); Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don
^@#@ ^Miodrag ; Monckeberg, don Nicolás ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto , y Silva, don Ernesto , según consta en las actas respectivas.
Asistieron además, los Diputados señores Baltolu, don Nino y Vargas, don Orlando .
Sala de la Comisión, a 19 de enero de 2011.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión ”.
8. Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, recaído en el proyecto de ley que incorpora a los funcionarios a honorarios, a ley de Accidentes del Trabajo. (boletín N° 7307-13-1)
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informar, en primer trámite reglamentario, sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, originado en moción de la Diputada señora Muñoz , doña Adriana , y de los Diputados señores Aguiló ; Andrade ; Monckberg, don Nicolás ; Saffirio ; Salaberry ; Teillier ; Verdugo y Vilches , que incorpora a los funcionarios a honorarios, a la ley de accidentes del trabajo. Boletín 7307-13.
A la sesión que vuestra Comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistieron la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, doña Evelyn Matthei Fornet , el señor Subsecretario del Trabajo , don Bruno Baranda Ferrán , el señor Subsecretario de Previsión Social, don Augusto Iglesias Palau , el asesor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, don Francisco Del Río Correa , y la Agrupación de Funcionarios del Fosis Accidentados.
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
1.- Idea matriz o fundamental del proyecto: El presente proyecto busca incorporar a los trabajadores a honorarios que se desempeñen en el sector público a la ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
2.- Normas de quórum especial: El artículo primero permanente requiere para su aprobación de quórum calificado, en atención a lo dispuesto por el número 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, pues regula el ejercicio del derecho a la seguridad social.
3.- Artículos de competencia de la Comisión de Hacienda: No existen normas que requieran estudio por parte de dicha Comisión.
4.- Aprobación en general del proyecto: Fue rechazado por cinco votos a favor, y siete en contra.
5.- Diputado Informante : Se designó al Diputado señor Salaberry, don Felipe .
ANTECEDENTES GENERALES.
Fundamentos de la moción.-
Los autores de la presente iniciativa legal expresan que, en nuestro sistema jurídico, la regulación relativa al seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales es insatisfactoria, atendida la ambigüedad de algunas normas, y el déficit de cobertura en casos que injustificadamente no contempla. Así, el Estatuto Administrativo, mantiene una regla especial y restringida, parcialmente derogada luego de la vigencia de la ley N° 19.345, que dispuso que “los trabajadores de la administración civil del Estado, centralizada o descentralizada, y de las entidades que indica, [...] quedarán sujetos al seguro contra riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”. Si bien, el artículo 11 de dicho estatuto contiene la posibilidad de contratar a título de honorarios la prestación de ciertas labores accidentales que no sean habituales en la institución, las más de las veces, argumentan sus autores, la contratación bajo esta modalidad supone, en la práctica, la prestación de servicios habituales, configurando una situación precaria para el trabajador en relación a los riesgos a que puede estar expuesto.
En este contexto, agregan, situaciones concretas dan cuenta que en aquellos casos en que personal a honorarios en la administración del Estado, dedicado a labores habituales, han sufrido accidentes de trabajo, se encuentran en una total desprotección atendida la insatisfactoria regulación a que se ha hecho mención. Ejemplo de ello, argumentan, es el accidente que afectó a un número importante de trabajadores del FOSIS a nivel nacional (encuentro de planificación), hace poco más de un año, en que fallecieron funcionarios y otros resultaron gravemente heridos, los que a la fecha mantienen una alta deuda hospitalaria por su recuperación, a consecuencia de no contar con el seguro obligatorio de accidentes de trabajo. Lo anterior, a juicio de los señores Diputados autores de esta iniciativa en Informe, hace necesario buscar una solución legislativa.
El presente proyecto, busca disponer expresamente la procedencia del seguro contra riesgos por accidentes de trabajo en los casos de contratos a honorarios, atendido que diversas prestaciones convenidas configuran actos que deben ser garantizadas mediante la procedencia de este seguro. La no adscripción en calidad de funcionario, no obsta a este razonamiento, atendido que la propia ley sobre accidentes de trabajo resulta obligatoria para los trabajadores independientes y las modificaciones de la ley N° 19.345 utilizó la voz trabajador y no “funcionario público”, sostienen, por último, sus autores.
Declaración de inadmisibilidad.-
Presentada por sus autores a tramitación legislativa con fecha 4 de noviembre de 2010, fue declarada inadmisible por la señora Presidenta de la Corporación , doña Alejandra Sepúlveda Orbenes , con fecha 10 de noviembre del mismo año, en conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65, en relación a lo señalado en el N° 18 del artículo 19 y el N° 6 del inciso cuarto del artículo 65, todos de la Constitución Política de la República.
Reclamada en la Sala de la Corporación, en sesión 98ª. de 10 de noviembre de 2010, dicha declaración de inadmisibilidad, ella fue rechazada por 25 votos a favor, 49 en contra y 3 abstenciones, prosiguiendo, en consecuencia, su tramitación en esta Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
II. MINUTA DE LAS IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.
En conformidad con el N° 1 del artículo 287 del Reglamento de la Corporación y para los efectos de los artículos 69 y 73 de la Constitución Política de la República, como, asimismo, de los artículos 24 y 32 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cabe señalar que la idea matriz o fundamental del proyecto es incorporar a los trabajadores a honorarios que se desempeñen en el sector público a la ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Tal idea matriz se encuentra desarrollada en el proyecto rechazado por vuestra Comisión en dos artículos permanentes y uno transitorio.
Por el primero incorpora un inciso segundo nuevo, en la letra b) del artículo 2° de la ley N° 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, con el objeto de hacer aplicable dicha ley a los contratos a honorarios a que se refiere el artículo 11 del DFL 29, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Por el segundo, incorpora un inciso final al artículo 1° de la ley N° 19.345, que dispuso la aplicación de la ley N° 16.744 a los trabajadores del sector público que señala, con el objeto de incluir en él a los contratados sobre la base de honorarios. Por último, en el transitorio, concede efecto retroactivo a lo dispuesto en sus artículos 1° y 2° permanentes respecto de los trabajadores que se encuentren en funciones con anterioridad a la vigencia de la presente ley y dispone que en caso de haberse producido alguna de las hipótesis previstas en la ley N° 16.744, la autoridad adoptará las medidas necesarias para minimizar los daños sufridos por el trabajador.
III. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES O DE QUÓRUM CALIFICADO.
En relación con esta materia, a juicio de vuestra Comisión, el artículo primero permanente requiere para su aprobación de quórum calificado, en atención a lo dispuesto por el número 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, pues regula el ejercicio del derecho a la seguridad social.
IV. DOCUMENTOS SOLICITADOS Y PERSONAS RECIBIDAS POR LA COMISIÓN.
Vuestra Comisión recibió a la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, doña Evelyn Matthei Fornet , al señor Subsecretario del Trabajo , don Bruno Baranda Ferrán , al señor Subsecretario de Previsión Social, don Augusto Iglesias Palau , al asesor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, don Francisco Del Río Correa , y a la Agrupación de Funcionarios del Fosis Accidentados, representados por las señoras Benita Plaza , Patricia Jorquera y los señores Alfonso Sepúlveda , Cristian Bochard , Cristian Casanova , y Boris Plaza .
V. ARTÍCULOS DEL PROYECTO DESPACHADO POR LA COMISIÓN QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
A juicio de vuestra Comisión y en consideración al rechazo, en general, del proyecto en informe, su articulado no requiere ser objeto de estudio por la Comisión de Hacienda de esta Corporación.
VI. DISCUSIÓN GENERAL
El proyecto en informe fue rechazado, en general, por vuestra Comisión en su sesión ordinaria de 18 de enero del año en curso, por cinco (5) votos a favor, de las Diputadas señoras Muñoz , doña Adriana , y Vidal , doña Ximena y de los Diputados señores Andrade ; Jiménez , y Saffirio ; y siete (7) en contra, de la Diputada señora Nogueira , doña Claudia y los Diputados señores Baltolu ; Rivas , en reemplazo del señor Bertolino ; Monckeberg, don Nicolás ; Salaberry , Silva y Vilches .
Durante su discusión general, la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, doña Evelyn Matthei Fornet , señaló que el Ejecutivo está consciente de la situación que afecta a los trabajadores de la administración pública contratados sobre la base de honorarios, a los cuales, si bien es cierto, en algunas reparticiones o servicios, se les ha tratado de otorgar cobertura en caso de accidentes laborales, estos sólo cubren las prestaciones médicas o curativas, no existiendo hasta la fecha cobertura previsional.
No obstante, agregó, compartir la inquietud y urgencia por el tema, la solución al problema es de suyo compleja, toda vez que la incorporación de estos trabajadores a la ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, supone necesariamente la vinculación de la cotización que trae aparejada su incorporación, que asciende al 0.95% de la remuneración imponible, con la cotización de carácter previsional que asciende en promedio al 12% de la misma remuneración, a la que se debe adicionar la de salud de alrededor de un 7% más.
Señaló, asimismo, que entiende la presentación de esta moción parlamentaria en el marco de las preocupaciones que surgen a partir de la existencia de un grupo importante de trabajadores en el sector público que prestan servicios en condiciones similares a las de los empleados a contrata y de planta, pero que las condiciones contractuales que se asocian al pago de honorarios son precarias y no dan derechos de cobertura en materia de seguridad social y de accidentes del trabajo.
Señaló, del mismo modo, que se trata de un tema que viene postergándose en su solución por varios años y que los compromisos que la actual administración ha adquirido con las mesas del sector público avanzan hacia la solución definitiva de este tema, dejando la contratación a honorarios solamente para los casos que realmente lo ameriten sobre la base de prestaciones de servicios ocasionales o especializados y no para labores corrientes de la administración de un servicio.
Puntualizó que, la aprobación de una moción como la presente, genera diversos tipos de problemas y no ayuda a resolver en ninguna forma el caso de los trabajadores accidentados en una actividad del FOSIS, ocasión en la que murieron 4 personas y resultaron heridas otras 45. Para resolver este punto, ofreció su ayuda y la del Ministerio a su cargo para explorar posibles fuentes de financiamiento a fin de moderar la carga pecuniaria que significa para los trabajadores accidentados el costeo de los tratamientos de recuperación y rehabilitación adecuados; ello sin comprometer desde ya una solución segura, pero sí la gestión y preocupación del Gobierno sobre el punto, como lo ha hecho hasta la fecha la Dirección del Fosis.
Destacó que, de aprobarse la moción en informe, no podría, a su juicio, regir jamás para accidentes ocurridos con anterioridad a su aprobación, aún cuando se apruebe el artículo transitorio que le otorga efecto retroactivo, dado que las instituciones obligadas a la cobertura probablemente ganarían en el Tribunal Constitucional un recurso de inaplicabilidad al establecerse una carga sobre hechos ocurridos fuera de la vigencia de la ley.
Adicionalmente, agregó, se presenta el problema de los trabajadores independientes a honorarios que deberían cotizar a alguna institución administradora del seguro de accidentes del trabajo, pero junto a ello deberían cotizar un porcentaje de su renta que alcanza a cerca del 19% de la misma para el fondo de pensiones y la cobertura de salud. Explicó que ello ocurriría dado que la cotización al seguro de accidentes está indisolublemente unida, reiteró, a las cotizaciones de pensiones y salud, porque la primera de ellas genera el eventual derecho de pensión de invalidez hasta la edad en que la persona se pensiona por vejez a través del uso de sus fondos previsionales y, si no existiera esta obligación conjunta, probablemente la persona dejaría de percibir su pensión de invalidez y no tendría ingresos por vejez en su reemplazo.
Lo anterior, puntualizó, es la razón por la cual la Ley N° 20.255, que contiene la Reforma Previsional, estableció un calendario de gradualidad tanto en el tiempo (obligatoriedad completa en 2015) como en la remuneración imponible (por tramos de porcentajes de la renta por la cual se cotizará), para que los trabajadores a honorarios se puedan incorporar paulatinamente a la cobertura previsional, evitando de esta manera un impacto demasiado severo en las rentas de estos trabajadores.
Un problema diferente a los anteriores, pero que igualmente se debe enfrentar, añadió, es el de los trabajadores que pueden sufrir accidentes durante este período intermedio. Para ello, señaló que explorará la posibilidad de extender el seguro voluntario contra accidentes que han contratado numerosos servicios -aún no todos- a fin de prevenir estas contingencias de sus trabajadores a honorarios. Se trata, recalcó, de seguros que cubren las prestaciones de medicina curativa, mas no generan pensiones similares a las de la ley del seguro puesto que su naturaleza es diversa a los beneficios de la ley 16.744.
Finalizó, reiterando que se trata de una arista de un tema mayor como es el del sistema de contratación de trabajadores que prestan servicios en el aparato público, asunto que a través de diversas políticas, acuerdos sectoriales y medidas legislativas espera se puedan resolver en el mediano plazo.
Por su parte, la señora y señores Diputados que manifestaron su rechazo a la iniciativa legal en informe, expresaron, en síntesis, compartir los fundamentos expuestos por la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, doña Evelyn Matthei Fornet , en cuanto es necesario y urgente abordar el tema de los trabajadores a honorarios en el sector público, el que se ha postergado, como lo señaló la señora Ministra , por demasiado tiempo. No obstante, consideran que la moción en informe no contribuye a dicha solución, pues presenta externalidades negativas que hacen inaplicable sus disposiciones, toda vez que importan el pago de cotizaciones que son de cargo del trabajador y que el proyecto no considera. Más aún, en el caso de que dichas cotizaciones se presumiera son de cargo del empleador, es decir, del Estado, la moción en informe adolecería de un vicio de constitucionalidad que sería fácilmente, a juicio de ellos, declarado por el Tribunal Constitucional.
VII. SÍNTESIS DE LAS OPINIONES DISIDENTES AL ACUERDO ADOPTADO EN LA VOTACIÓN EN GENERAL.
Las opiniones disidentes al acuerdo adoptado en la votación en general, esto es de las señoras y señores Diputados que votaron favorablemente la presente iniciativa legal, se sustentaron en los fundamentos mismos de la moción que le dio origen, como en los testimonios recogidos en la Comisión de boca de los propios trabajadores que, a juicio de ellos, se verían beneficiados por la incorporación en su calidad de honorarios a la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Recalcaron el hecho de que estos trabajadores, al igual que los funcionarios públicos de planta o “a contrata” se ven expuestos a sufrir accidentes del trabajo no teniendo protección alguna que los ampare de los altos costos que demandan las atenciones médicas necesarias para superar sus consecuencias, lo que a todos luces es tremendamente injusto, como es el caso de los trabajadores del FOSIS que, hasta el día de hoy, y a pesar de la ayuda que han recibido de parte del Estado, siguen recibiendo facturas por atenciones médicas por las secuelas que les produjo el accidente a que se vieron expuestos hace más de un año.
Manifestaron, asimismo, su voluntad y disposición para buscar otros mecanismos para lograr la incorporación de los funcionarios a honorarios al régimen de la ley N° 16.744, pero consideraron fundamental aprobar esta iniciativa en informe, como una señal de que existe la voluntad de avanzar en ese camino.
Asimismo, lamentaron que la transversalidad que se había conseguido en la presentación de esta moción se haya diluido en su rechazo, toda vez que, están ciertos, se comparten en el fondo los argumentos que sostienen la conveniencia de su aprobación.
-o-
Como consecuencia de todo lo expuesto y por las consideraciones que dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante, vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social recomienda el rechazo del siguiente:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1° Incorpórese el siguiente inciso segundo nuevo, en la letra b) del artículo 2° de la ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
“Lo dispuesto en el inciso anterior, también será aplicable a los contratos a honorarios a que se refiere el artículo 11 del Decreto con Fuerza de Ley 29 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo.”.
Artículo 2° Incorpórese en el artículo 1° de la ley N° 19.345 el siguiente inciso final.
“Los trabajadores a que se refiere el inciso primero, comprende a los contratados sobre la base de honorarios a que se refiere el artículo 11 del Decreto con Fuerza de Ley 29, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo.”.
Artículo Transitorio Lo dispuesto por la presente ley será aplicable a los trabajadores que se encuentren en funciones con anterioridad a la vigencia de la ley. Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que se hubiere producido alguna de las hipótesis previstas en la ley N° 16.744, la autoridad competente adoptara las medidas necesarias para minimizar los daños sufridos por el trabajador”.”.
Se designó diputado informante , a don Felipe Salaberry Soto .
Sala de la Comisión, a 18 de enero de 2011.
Acordado en sesión del 18 de enero del presente año, con asistencia de las Diputadas señoras Muñoz , doña Adriana ; Nogueira , doña Claudia , y Vidal , doña Ximena , y de los Diputados señores Andrade ; Baltolu ; Jiménez ; Monckeberg, don Nicolás ; Rivas (en reemplazo del señor Bertolino) ; Salaberry ; Saffirio ; Silva y Vilches .
Asimismo, asistieron a la sesión los Diputados señores Aguiló y Alinco .
(Fdo.): PEDRO N. MUGA RAMÍREZ, Abogado Secretario de la Comisión ”.
Moción de los señores diputados Álvarez-Salamanca , Eluchans , Silva , Campos, Hasbún , Hernández , Ward , y de las diputadas señoras Molina , doña Andrea ; Hoffmann , doña María Jose , y Zalaquett , doña Mónica .
Modifica el artículo 1246 del Código Civil, con el objeto de otorgar efectos absolutos a la sentencia que declara la repudiación de una asignación testamentaria.”. (boletín N° 7472-07)
I. ANTECEDENTES.
La repudiación de una herencia o asignación consiste en el rechazo por parte de un heredero o legatario de dicha asignación o herencia.
Por regla general, la repudiación se considera un acto jurídico unilateral, transmisible, que no admite modalidades, indivisible e irrevocable. La mayoría de la doctrina considera además que se trata de un acto que debe ser expreso, lo cual se colige del artículo 1235 del Código Civil, según el cual la repudiación no se presume.
Además debemos consignar que la doctrina nacional no está conteste en que deba manifestarse de forma expresa, pero al señalar que no se presume, el artículo sí deja claro que debe ser manifestada, ya sea en forma expresa o tácita.
En cuanto al asignatario éste no tiene un plazo para repudiar, por lo que puede hacerlo mientras mantenga su derecho vigente, salvo que sea requerido judicialmente para pronunciarse si acepta o repudia la asignación, ahora si nada dice, se entiende que repudia, salvo el caso señalado, la ley no considera una formalidad específica para manifestar el acto de repudiación, simplemente establece que deferida la asignación, nace para el asignatario el derecho de aceptarla o repudiarla.
Doctrinariamente se define la aceptación como el acto mediante el cual el asignatario expresa su voluntad de tomar la calidad de heredero o legatario, mientras que mediante la repudiación el asignatario niega o rechaza asumir la calidad de heredero o legatario y sus responsabilidades inherentes.
Entre las causas que explican la exigencia de que el asignatario emita un pronunciamiento respecto de aceptar o repudiar la asignación que se le ha deferido, se señalan las siguientes; nadie puede adquirir derechos contra su voluntad, y dado que la calidad de heredero impone al asignatario una responsabilidad, se requiere su consentimiento para asumirla.
En cuanto a la oportunidad para repudiar la asignación, ésta puede repudiarse desde el momento en que fallece el causante y se abre la sucesión, aunque se trate de una asignación condicional y se encuentre pendiente la condición (artículo 1226, inciso 2° Código Civil), por ende para determinar hasta cuándo puede el asignatario repudiar una asignación, hay que distinguir si el asignatario ha sido o no requerido judicialmente.
-Si el asignatario ha sido demandado judicialmente para pronunciarse sobre si acepta o repudia la asignación (artículo 1232, Código Civil), tiene un plazo de 40 días siguientes a la demanda (esto corresponde a lo que en doctrina se denomina “plazo para deliberar”) para decidir si acepta o no la asignación, salvo que se encuentre ausente o que los bienes estén situados en lugares distantes u otro grave motivo, en cuyo caso el plazo puede ser prorrogado por el juez, pero nunca por más de un año. Si el asignatario no manifiesta su voluntad dentro de los 40 días señalados, ya no podrá pronunciarse al respecto, ya que la ley entiende que repudia. Así lo dispone expresamente el artículo 1233 del Código Civil, según el cual, “el asignatario constituido en mora de declarar si acepta o repudia, se entenderá que repudia” (este caso constituye una de las situaciones en que la ley atribuye efectos al silencio).
-Si el asignatario no es requerido judicialmente, el asignatario no tiene un plazo para repudiar, por lo que podrá hacerlo mientras mantenga su derecho, el que podría perder si un tercero lo adquiere por prescripción adquisitiva (artículo 2517 del Código Civil).
II. FUNDAMENTOS
La muerte de una persona extingue su vida, pero de ello se siguen consecuencias jurídicas que se traspasan a sus herederos, es por lo anterior que nuestra legislación permite repudiar las asignaciones testamentarias cuando están cargadas o gravadas de deudas.
Si bien no es posible establecer con precisión cuál es la cantidad de asignaciones que se repudian anualmente (por no existir un registro), sí se puede establecer fehacientemente que las demandas por deudas, las cuales se hacen efectivas por medio de juicios ejecutivos, han aumentado cuantitativamente en los Juzgados Civiles, lo cual nos permite establecer un parámetro de lo que ocurre hoy en día con el endeudamiento que afecta a miles de chilenos.
Al examinar las normas regulatorias del acto de repudiación de las asignaciones por causa de muerte contempladas en el Código Civil, otras leyes y reglamentos, se observa que no existe un marco legal regulatorio respecto de las formalidades exigidas para que este acto surta efecto y sea oponible a terceros.
Lo que sí señala la ley es que se trata de un acto que no se presume, es decir, que de alguna forma debe manifestarse.
El problema se suscita en la siguiente hipótesis: cuando una persona fallece puede dejar muchos acreedores, lo que deriva la mayoría de las veces en múltiples juicios ejecutivos en distintos Juzgados en contra de una misma persona. Por otra parte, el sucesor del causante se verá sometido al inconveniente de repudiar una y otra vez la misma herencia o asignación para cada juicio distinto en que fuere demandado, lo anterior sucede debido a que los acreedores no tienen forma de enterarse de que su actual deudor ha repudiado la herencia.
En atención a lo anteriormente señalado, es imperioso establecer un mecanismo de oponibilidad respecto a terceros acreedores, con el objeto que el sucesor repudie la asignación en una sola oportunidad y ésta produzca efectos respecto de todos los demás acreedores.
En atención a lo anteriormente expuesto estimamos necesario que se de certeza a una situación que en la actualidad no está claramente solucionada en la legislación, en la doctrina ni en la jurisprudencia.
Ahora, si bien tampoco existen normas que establezcan específicamente la forma en que debe llevarse a cabo el acto de repudiación (por ejemplo, instrumento público o privado, inscripción en algún registro, etc.), como sí sucede en otras legislaciones, no creemos que sea una buena idea establecer requisitos específicos a ese efecto, además es importante evitar establecer formalidades que actualmente no existen, ya que la tendencia legislativa debe propender a desburocratizar los trámites y no a ir creando nuevas trabas.
Lo que sí pretendemos abordar en este proyecto es el problema de la oponibilidad, independientemente de la forma en que la repudiación se realice (acto cuyas formalidades actualmente se dejan a la libertad de quien repudia), es así como hoy no existe una forma efectiva en cuanto a establecer un mecanismo para que este acto sea oponible a todos los terceros. Además, y como lo expresamos anteriormente, los acreedores pueden llegar a ser varios, caso en el que habría que notificarlos uno por uno del acto de repudiación, o en su caso repudiar nuevamente cada vez, situación inviable y que significa un carga importante para los herederos que necesiten repudiar.
Es por lo anteriormente expuesto que creemos conveniente que se establezca un procedimiento respecto de la manera de entregarle efectos absolutos al acto de repudiación de una asignación testamentaria y así hacerlo oponible a terceros de una manera efectiva.
III. PROYECTO.
Según los fundamentos planteados anteriormente, es de suma relevancia que se establezca un procedimiento que permita hacer oponible la repudiación de una asignación testamentaria a todos los acreedores del causante, para así evitar que el sucesor de éste deba repudiar varias veces una misma herencia o asignación, respecto de los distintos juicios ejecutivos en que sea eventualmente demandado.
Creemos que la mejor solución jurídica es otorgarle efectos absolutos a la sentencia que declare en un juicio que una persona ha repudiado la herencia.
De esta forma, logramos solucionar el problema práctico que genera actualmente la falta de un mecanismo de oponibilidad a terceros del acto de repudiación de una asignación testamentaria, pero al mismo tiempo evitaríamos establecer nuevas formalidades para realizar este trámite (por ejemplo escrituras públicas o publicaciones), formalidades que hoy no existen, y que a la larga serían nuevas cargas para quienes repudian y harían que todo el proceso fuera aún más burocrático.
Así, en caso de que nuevos acreedores demanden a quien ya repudió, éste deberá oponer la excepción de repudiación acompañando en el juicio la sentencia correspondiente.
Se propone llevar a cabo esta propuesta modificando el artículo 1246 del Código Civil, artículo que otorga efecto absoluto a la sentencia que declara que una persona es heredera o que aceptó pura y simplemente o con beneficio de inventario una determinada herencia, para agregar el caso de la repudiación.
La idea es otorgarle también efectos absolutos a la sentencia que declare en un juicio que una persona ha repudiado la herencia o asignación.
PROYECTO DE LEY
Para agregar al artículo 1246 del Código Civil, a continuación de la palabra “inventario”, pasando el punto final a ser una coma, la siguiente frase:
“…y a la de haber repudiado la herencia.”
Artículo 1246: El que a instancia de un acreedor hereditario o testamentario ha sido judicialmente declarado heredero, o condenado como tal, se entenderá serlo respecto de los demás acreedores, sin necesidad de nuevo juicio.
La misma regla se aplica a la declaración judicial de haber aceptado pura y simplemente o con beneficio de inventario, y a la de haber repudiado la herencia”.
Moción de los señores diputados Alinco , Accorsi , Aguiló , Araya , Ascencio , Jiménez y Lemus .
Establece reforma constitucional que concede la calidad de ciudadano a los mayores de 16 años.”. (boletín N° 7463-07)
“Nuestro sistema político-jurídico actual reconoce como ciudadanos a “los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección Popular y los demás que la Constitución o la ley confieran [1].”.
Con esto, quedan excluidos de la participación política los jóvenes menores de 18 años, es decir poco menos del 36, 6% de los jóvenes [2], los que se ven restringidos en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, pese a la conciencia y la valoración que el mundo juvenil da hoy a la Democracia por sobre cualquier forma de Gobierno [3].
De hecho el único reconocimiento de participación, hacia los jóvenes del rango etario señalado, esta dado por la ley de juntas de vecinos que permite en la actualidad que jóvenes desde los 14 años, puedan ejercer el derecho a sufragio en estas instancias de participación local.
Así mismo, es preciso hacer referencia a la Ley Penal Juvenil, que como señala como sujetos imputables a los jóvenes desde los 14 años, es decir que pueden ser juzgados y sancionados penalmente, y si bien entendemos que no se puede comparar la responsabilidad penal con la civil, a lo menos con esto la ley penal está reconociendo la capacidad que tienen los jóvenes de discernimiento para diferenciar entre el bien y el mal, lo justo y lo injusto, lo que ratifica que los jóvenes tienen suficiente capacidad para estar frente a un proceso electoral.
Así tenemos que para nuestro sistema actual los jóvenes menores de 18 años son unos niños para ejercer el derecho de opinar y decidir sobre el futuro del país, pero todos unos hombres para ser sancionados penalmente.
Con todo, adelantar la edad para ejercer la ciudadanía significaría un plus de derechos políticos, en línea con el derecho ciudadano a participar en los asuntos públicos, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos a “toda persona”, sin vincularlo a la mayoría de edad [4].
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, nos parece que la extensión de la ciudadanía a los 16 años, es viable y necesaria porque a esa edad los adolescentes tienen las capacidades intelectuales, afectivas y volitivas requeridas para actuar responsablemente. Por lo demás, los jóvenes de hoy representan sin duda a una generación muchas más informada, alfabetizada e independiente.
Cabe hacer presente que en la legislación comparada países como Brasil, Ecuador , Austria y Nicaragua han implementado reformas en este mismo sentido, y otros como Argentina, Bolivia y España se encuentran en discusión.
Es por todo lo anterior, que venimos en presentar el siguiente,
PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE CALIDAD DE
CIUDADANO A LOS MAYORES DE 16 AÑOS
Artículo 1° Reemplazase en el inciso 1º del artículo 13 de la Constitución Política de la República la voz “dieciocho años” por “dieciséis años”.
Moción de los señores diputados Alinco , Accorsi , Araya , Jiménez , Lemus , Marinovic , y de la diputada señora Isasi , doña Marta .
Reforma la Constitución Política de la República modificando el sistema de reemplazo de Diputados y Senadores.”. (boletín N° 7464-07)
“El inciso primero del artículo quinto de la Constitución Política, establece que “La Soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de las elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece”.
En dicho contexto, sin duda el ejercicio del derecho a sufragio, constituye uno de los actos más importantes para un ciudadano, y este derecho se ejerce entre otras ocasiones, en la elección de diputados y senadores. Es por esto que tanto diputados como senadores ostentan una espacie de representatividad de la soberanía de la nacional, y es esto lo que da legitimidad a su cargo, además de imponerle ciertas obligaciones.
Sin embargo, lo anterior se ve ciertamente alterado con la Reforma Constitucional del año dos mil cinco, que estableció “Las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido”. En otras palabras, se reemplaza al parlamentario que dejo la vacante por quien designe el partido al cual pertenecía al momento de ser electo, sin importar sin con posterioridad el parlamentario se des afilio de dicho partido, y peor aun en el caso de los parlamentarios independientes sencillamente su escaño queda vacio, al no ser reemplazado.
Así, el actual artículo cincuenta y uno de la Constitución instauro un sistema para solucionar la vacancia en el cargo de un diputado o senador, facultando a los partidos políticos para llenar a su arbitrio dicha vacante, cuando el parlamentario que produce dicha vacancia pertenecía a algún partido, pero en el caso de los independientes simplemente no existe reemplazo, por lo cual tenemos que estamos frente a parlamentario de primera y segunda categoría, y por ende electores de primera y segunda categoría, pues son estos quienes en definitiva decidieron, en su momento, entre un candidato de partido o uno independiente. Tenemos entonces que hay parlamentarios reemplazables y otros que pueden dejar al electorado sin representación en caso de vacancia.
Es por todo lo anterior, que proponemos reinstaurar el sistema de elecciones complementarias, para salvaguardar el principio fundamental que establece el artículo quinto de la Constitución Política, “La soberanía reside en la nación. Su ejercicio la realiza el pueblo a través del plebiscito y de las elecciones periódicas…”, ya que no puede pretenderse que sea un partido político el que ejerza la soberanía que corresponde ejercer al pueblo de Chile, tal cual lo consagra la norma Constitucional citada
Es por lo expuesto, que venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL SISTEMA DE REEMPLAZO DE DIPUTADOS Y SENADORES.
ARTÍCULO PRIMERO: Suprímanse los incisos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo del artículo 51 de la Constitución Política. Agréguese a continuación del punto aparte del inciso segundo del mismo artículo los siguientes inciso tercero y cuarto:
“Las vacantes de los diputados y los de senadores producidas antes del último año del período por el cual han sido elegidos, en conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 47 y el inciso segundo del artículo 49 de la Constitución Política serán reemplazados mediante la realización de una elección complementaria a llevarse a cabo en el distrito o circunscripción a la que pertenecía el diputado o senador afectado, conforme a un procedimiento establecido en la ley.
Si las vacantes de los diputados y los senadores se produjeren dentro del último año de periodo por el cual han resultado electos, no serán reemplazados hasta que se efectúe la elección periódica correspondiente”
Moción de los señores diputados Alinco , Accorsi , Ascencio , Jiménez , Lemus , Marinovic , y de la diputada señora Isasi , doña Marta .
Reforma constitucional estableciendo la elección de Intendente por sufragio universal. (boletín N° 7465-07)
“La regionalización ha sido en Chile un constante desafío, y una permanente demanda de los ciudadanos, en particular de aquellos que viven en las regiones más extremas de nuestro país.
Como sabemos, la regionalización tiene su origen en la intención de frenar el centralismo nacional e impulsar el desarrollo nacional. Para ello se realizaron diversos estudios, liderados por la Corfo y la Odeplan en estudios realizados para intentar frenar el centralismo nacional e impulsar el desarrollo del país. Estos fueron efectuados por algunos organismos del Estado, como la Corfo y la oficina de planificación nacional.
Luego, en 1974, fruto del Estudio de la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa, se estableció la división territorial del país en 13 regiones, definiendo además un sistema de administración nacional.
En los últimos años se han seguido realizando esfuerzos, en relación a mejorar los niveles de regionalización y descentralización, así se crearon la región de Arica y Parinacota, y la región de los Ríos, con lo que nuestro país paso de estructurarse en 13 regiones a hacerlo en 15.
Pese a todos estos esfuerzos, el centralismo aun persiste, y la demanda ciudadana por mayor autonomía regional es permanente, por lo que resulta urgente seguir avanzando en la regionalización, aumentando las competencias y atribuciones de los gobiernos regionales, acercando de esa forma las decisiones a la ciudadanía. Poniendo, esa forma, fin al exacerbado centralismo y avanzando en el perfeccionamiento y profundización de la democracia.
En ese sentido, consideramos, resulta un gran avance la dictación de la ley 20.390, que estableció la elección directa por sufragio popular de los consejeros regionales, sin embargo no resulta suficiente en la tarea de entregar mayor autonomía y atribuciones a las regiones.
Y es que la manera más concreta, en democracia, para que la participación de la ciudadanía sea más efectiva, es sin duda la transferencia de poder a los gobiernos más cercanos a los ciudadanos, pues de esa forma las decisiones y la gestión de los asuntos territoriales se encuentran mucho más cercanas.
Es por todo lo anterior, que consideramos hacer realidad el anhelo de que la ciudadanía en cada una de las regiones del país pueda designar a sus autoridades, lo que sin duda les dará mayor legitimidad. Con lo anterior, creemos se deben entregar mayores atribuciones a los gobiernos regionales, con lo que se permitirá generar políticas públicas con una mirada regionalista, atendiendo las necesidades, particularidades e idiosincrasia de cada región del país. Con ello lograremos profundizar nuestra democracia, entregando mayor participación a los ciudadanos, y mayores facultades a las regiones.
Es por todo lo ya expuesto, que venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE ELECCION DE INTENDENTES POR SUFRAGIO UNIVERSAL
Articulo Único: Modifíquese la Constitución Política de la República, del siguiente modo:
- Reemplazase el inciso primero del articulo 111 por el siguiente:
“El gobierno de cada región reside en un intendente elegido por sufragio universal en votación directa, de conformidad a la ley orgánica respectiva”.
-Reemplazase el inciso quinto del Articulo 113, por el siguiente:
“El Consejo Regional será Presidido por el Intendente”
-Elimínese el inciso sexto del Artículo 113, pasando el actual séptimo a ser sexto y el actual octavo a ser séptimo.
-Remplazase el artículo 114, por el siguiente:
“La Ley orgánica constitucional respectiva establecerá una cronograma, y determinara la forma en que el Presidente de la República transferirá a los distintos gobiernos regionales, de manera definitiva las competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, en materias de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social, cultural y deportivo”
Moción de los señores diputados Alinco , Accorsi , Aguiló , Araya , Ascencio , Jiménez , Lemus , Marinovic , y de la diputada señora Isasi , doña Marta . Carolina Goic.
Reforma constitucional que establece el sueldo mínimo regional y suprime la iniciativa exclusiva del Presidente de la República .”. (boletín N° 7466-07)
El Estado de Chile es unitario y se divide político administrativamente en Regiones, en atención a las similares características de las distintas zonas geográficas del país.
Es un deber del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo primero de la Constitución Política de la República, “contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible” para lo cual debe –entre otras, y de acuerdo a lo prescrito en la misma Constitución- asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.
Conforme a lo anterior, el Estado debe crear las condiciones para el desarrollo material y asegurar la igualdad de oportunidades de todas las personas.
Crear las condiciones para el desarrollo material, bajo la inspiración liberal de la Constitución Política de nuestra República, supone un Estado que participa de la actividad económica desde dos perspectivas bien definidas y limitadas; la primera, y de la mayor de las importancias, donde podemos concebir y asimilar el rol del Estado a un árbitro, ya que éste sólo se limita a velar por del correcto desempeño de los actores en la vida nacional, procurando un juego limpio, y; la segunda, también muy importante, en que el Estado cumple un rol subsidiario, ejerciendo activamente, ya sea de un modo directo o indirecto, las actividades que los particulares no pueden o no quieren desarrollar por distintos motivos.
El asegurar la igualdad de oportunidades, se relaciona con la primera de las perspectivas comentadas precedentemente, a propósito de la creación de condiciones para el desarrollo material; esto es, con la noción del Estado árbitro, es decir, del aquél que sólo se ocupa de establecer ciertas y determinadas reglas que los actores privados y públicos deben respetar, en el desarrollo de la actividad económica. Esto supone que el Estado cuenta con una serie de dispositivos institucionales y normativos que le permiten ejercer su rol de árbitro. Es lo que sucede, por ejemplo, con las Superintendencias, que son órganos que no participan de la actividad que supervigilan, limitándose a velar por el correcto desempeño de los actores de un determinado sector. En un sentido similar también encontramos órganos como los tribunales de la libre competencia y la Fiscalía Nacional Económica.
Por su parte el Estado, dentro del complejo de instituciones, órganos y normas con que cuenta para el desarrollo de su rol de árbitro, posee –entre otros- mecanismos normativos que le permiten fijar las remuneraciones mínimo para los trabajadores del sector privado. Se trata de una de las materias que de acuerdo a la Constitución corresponde regular por ley. Nuestro orden constitucional, de un exacerbado presidencialismo, entrega a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República el fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector público, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos.
Mediante el presente proyecto de reforma constitucional buscamos introducir dos modificaciones; la primera, destinada a terminar con la exclusividad presidencial para la presentación de proyectos de ley destinados a fijar las remuneraciones mínimas del sector privado, por las razones que explicamos más adelante, y; la segunda, destinada a introducir un mecanismo de corrección monetaria a nivel regional, en consideración al mayor o menor costo de la vida en las distintas regiones en que se divide el país.
La primera de las modificaciones, se justifica por no existir motivo alguno para entregar la iniciativa exclusiva al primer mandatario. En efecto, si consideramos que el Presidente de la República , con la estrecha colaboración del Ministro de Hacienda , es quien administra los fondos públicos, se entiende que de ellos dependa el fijar, modificar, aumentar o conceder remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos y otro tipo de beneficio o emolumentos a los trabajadores del sector público, porque ellos conocen el estado de la hacienda pública y saben cuánto se puede gastar de esos fondos, en relación con la planificación fiscal de un determinado gobierno, lo que explica la iniciativa exclusiva en materia de gastos o fondos públicos, pero que no explica el por qué sólo el Presidente puede plantear el proyecto de ley destinado a establecer las remuneraciones mínimas del sector privado.
La segunda modificación propuesta, se justifica no sólo en hechos tan objetivos y conocidos como que el costo de la vida en determinadas regiones –las aisladas- es más cara que en otras no aisladas, sino en antecedentes tales como que en la Administración del Estado, una misma actividad es remunerada de un modo distinto si se ejerce en regiones aisladas, lo que se conoce como la asignación de zona.
Como lo señalamos anteriormente, es un deber del Estado el procurar el máximo desarrollo material de las personas, deber que si lo integramos al otro deber al que nos referimos, podemos afirmar que el Estado debe procurar el máximo desarrollo que además mitigue las desigualdades que naturalmente existen a lo largo y ancho de nuestra patria, dado por factores territoriales.
Por otra parte, dentro del catálogo de derechos y garantías fundamentales, es un deber del Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 N° 22 de la Carta Fundamental, no establecer discriminaciones arbitrarias en el trato que deben otorgar el Estado y sus organismos en materia económica; es decir, es lícito, y a nuestro entender, necesario, establecer diferencias, siempre y cuando éstas diferencias no sean caprichosas o injustificadas. Agrega la norma constitucional que, “sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras” a partir de lo cual podemos entender que nuestra idea guarda plena coherencia con el sistema normativo que nos rige en la actualidad.
Finalmente, hacemos presente a la Secretaría de la Cámara por la que ingresa a tramitación el presente proyecto, que este es plenamente admisible, pues no consulta materias de la iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República , ya que sólo se limita a cambiar de lugar la norma que establece como materia de la ley el fijar las remuneraciones mínimas del sector privado, sin pretender fijarlas, y por otra parte, establece requisitos especiales de admisibilidad del proyecto que pretenda fijar las remuneraciones mínimas del sector privado, lo que tampoco invade materias de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República .
Es por todo lo ya expresado que venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE EL SUELDO MÍNIMO REGIONAL Y SUPRIME LA INICIATIVA EXCLUSIVA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
Artículo único.- Se introducen las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República.
1. Eliminase del numeral 4° del artículo 65 la oración “, como asimismo fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos”
2. Agregase en el numeral 4° del artículo 63 el siguiente inciso segundo, pasando el punto y coma actual inciso único a ser punto y a parte. “Fijar el sueldo mínimo de los trabajadores del sector privado, considerando un mecanismo de ajuste para que el ingreso mínimo de los trabajadores de regiones distintas de la metropolitana de Santiago conserven el mismo valor adquisitivo de aquella, aumentar obligatoriamente dicho sueldo o sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos.”
Nota: Con fecha 24 de noviembre de 2011 adhiere a la Moción la Diputada Carolina Goic Boroevic.
Moción de los señores diputados Alinco , Accorsi , Aguiló , Araya , Ascencio , De Urresti , Lemus , Jiménez , Marinovic y Meza .
Establece plazo para el otorgamiento del finiquito del contrato de trabajo. (boletín N° 7467-13)
“El contrato de trabajo, es un vinculo de carácter jurídico, y como tal se encuentra sujeto a diversas causales de termino, establecidas por la ley. El principal efecto de la terminación del contrato de trabajo está referido al cese de los derechos y obligaciones de las partes.
Como sabemos, la ley establece una serie de causas que pueden originar el término del contrato de trabajo, sin embargo, independiente de la causal invocada, el acto del termino de contrato debe ser debidamente formalizado, en los términos que establece la legislación vigente, a través de un finiquito de contrato de trabajo..
En materia laboral, el finiquito es un acto jurídico de carácter bilateral, en que las partes del contrato de trabajo, con motivo del término del mismo, dejan constancia del cumplimiento de las obligaciones de cada parte, y de las excepciones o reservas del caso. El propósito en definitiva del finiquito, es dar constancia del término de la relación laboral, y saldar, o cancelar las cuentas que pudieren existir y que derivan del contrato de trabajo.
Al respecto nuestra legislación no establece plazo alguno para que se otorgue dicho finiquito, quedando al arbitrio del empleador el momento que este se otorgue, causando muchas veces graves perjuicios al trabajador
Con lo anterior cabe señalar que si bien nuestra legislación no ha regulado esta materia, si lo ha hecho la jurisprudencia de la Dirección del Trabajo, que ha establecido que la formalización del finiquito debe ser cumplida otorgando el respectivo documento en forma inmediata al cese de prestación de servicio, con las correspondientes formalidades legales y solo si las partes lo acordare, un plazo para su pago
Sin perjuicio de lo anterior, el solo hecho de no existir un plazo establecido con claridad para otorgar el finiquito por parte del empleador, el trabajador queda en una situación de incertidumbre, e inseguridad jurídica, y por sobre todo económica, sobre todo considerando que en ocasiones el otorgamiento del finiquito, estando al arbitrio del empleador, puede tardar incluso más de un mes, por lo cual resulta pertinente y necesario establecer un plazo perentorio para el otorgamiento del finiquito de trabajo, el cual no puede si no ir en concordancia con lo que ha establecido la jurisprudencia de la Dirección del Trabajo, es decir debe otorgarse a partir de la fecha más próxima a la del cese de la prestación de servicios.
Por lo anterior, es venimos en presente el siguiente:
PROYECTO DE LEY MODIFICA EL CODIGO DEL TRABAJO Y ESTABLECE PLAZO PARA OTORGAR FINIQUITO DE TRABAJO.
Articulo Único. Modifíquese el Artículo 177 del Código del Trabajo, agregando el siguiente inciso final
“Con todo, si el empleador no pusiera el finiquito a disposición del trabajador en un plazo máximo de 72 horas, desde la fecha de la separación de labores, deberá pagar al trabajador las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo durante el período comprendido entre la fecha del despido y la fecha en que pusiere el finiquito a disposición del trabajador.”
Moción de los señores diputados Alinco , Accorsi , Araya , Ascencio y Lemus .
Establece requisitos de edad para acceder a cargos de elección popular a nivel local. (boletín N° 7468-06)
“Nuestra legislación reconoce como ciudadanos a “los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección Popular y los demás que la Constitución o la ley confieran.” [1].
Con esto, quedan excluidos de la participación política los jóvenes menores de 18 años, es decir poco menos del 36, 6% de los jóvenes [2], los que se ven restringidos en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, pese a la conciencia y la valoración que el mundo juvenil da hoy a la Democracia por sobre cualquier forma de Gobierno [3].
De hecho el único reconocimiento de participación, hacia los jóvenes del rango etario señalado, esta dado por la ley de juntas de vecinos que permite en la actualidad que jóvenes desde los 14 años, puedan ejercer el derecho a sufragio en estas instancias de participación local.
Así mismo, es preciso hacer referencia a la Ley Penal Juvenil, que como señala como sujetos imputables a los jóvenes desde los 14 años, es decir que pueden ser juzgados y sancionados penalmente, y si bien entendemos que no se puede comparar la responsabilidad penal con la civil, a lo menos con esto la ley penal está reconociendo la capacidad que tienen los jóvenes de discernimiento para diferenciar entre el bien y el mal, lo justo y lo injusto, lo que ratifica que los jóvenes tienen suficiente capacidad para estar frente a un proceso electoral.
Así tenemos que para nuestro sistema actual los jóvenes menores de 18 años son unos niños para ejercer el derecho de opinar y decidir sobre el futuro del país, pero todos unos hombres para ser sancionados penalmente.
Por lo anterior, y consonancia con el proyecto de Reforma Constitucional, que hemos presentado, y que establece los 16 años como edad para ejercer la ciudadanía, y con el objeto de establecer un plus de derechos políticos, en línea con el derecho ciudadano a participar en los asuntos públicos, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos a “toda persona”, sin vincularlo a la mayoría de edad.[4]
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, nos parece pertinente precisar el requisito de edad para ser candidatos a cargos públicos de elección popular a nivel local, estableciendo los 16 años como edad mínima para postular al cargo de Concejal , y de 18 años para postular al cargo de Alcalde . Creemos que establecer el derecho a ser elegido para ejercer cargos comunales a los 16 años, es viable toda vez que a esa edad los adolescentes tienen las capacidades intelectuales, afectivas y volitivas requeridas para actuar responsablemente. Por lo demás, los jóvenes de hoy representan sin duda a una generación muchas más informada, alfabetizada e independiente.
Por otra parte, en esta propuesta se busca promover de esa forma la participación juvenil en las elecciones municipales, y permitiendo a estos no solo elegir a sus representantes, sino también abriendo la posibilidad a que puedan ejercer su derecho a ser elegidos, al menos en el ámbito local. Como antecedente, en las pasadas elecciones municipales sólo el 7,2% del total de candidaturas a alcaldes y concejales correspondían a personas menores de 35 años, lo que da una clara muestra de la baja participación o las bajas posibilidades de los jóvenes de insertarse en puestos de poder político que les permitan tener alguna injerencia en temas de relevancia local o nacional. Por lo cual con esta propuesta, sin duda se entregara mayor dinamismo a los concejos municipales, al poder contar con Concejales Jóvenes.
Es por todo lo anterior, que venimos en presentar el siguiente,
PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE REQUISITOS DE EDAD PARA
ACCEDER A CARGOS DE ELECCION POPULAR A NIVEL LOCAL
Artículo Único: Modifíquese la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades de la siguiente forma:
Reemplace el inciso segundo del artículo 57, por el siguiente:
“Para ser candidato a alcalde se deberá acreditar haber cursado la enseñanza media o su equivalente, ser mayor de 18 años y cumplir con los demás requisitos señalados en el artículo 73 de la presente ley”
Intercálese la siguiente letra b) en el artículo 73, pasando las actuales letras b), c) y d) a ser c), d) y f), respectivamente
“Ser mayor de 16 años”
Moción de los señores diputados Ojeda , Accorsi , Castro , Chahín , Robles , Sabag , Torres, Vargas , Walker , y de la diputada señora Goic, doña Carolina .
Modifica la ley N° 18.490, que establece el seguro obligatorio de accidentes personales causados por vehículos motorizados, incorporando la cobertura de rescate y traslado. (boletín N° 7469-15)
“Considerando
Vistos:
Que la circulación de vehículos motorizados conlleva riesgos de accidentes de tránsito, donde la mayoría de las veces son con consecuencias gravísimas o fatales.
Que según las estadísticas el año 2005, se produjeron 46.328 accidentes de tránsito en nuestro país. A raíz de ello, fallecieron 1.626 personas y 47.792 terminaron lesionadas. Lo grave de ello, es que estas cifras van en aumento año a año. El año 2009, hubo 56.330 accidentes que dejaron 1.508 fallecidos y 52.175 lesionados graves y leves. El costo social de estos accidentes en este año fue de 246 mil millones de pesos.
Que en la actualidad, en Chile, existe una cobertura de estos riesgos, a través de la obligación de contratar un seguro obligatorio para circular en vehículos terrestres, que está regulado principalmente en la ley 18.490.
Que este seguro otorga coberturas por muerte, lesiones o gastos médicos, pero no hay una cobertura específica para el rescate y traslado, como ambulancias terrestres o aéreas para las personas afectadas.
Que estamos en Chile, ante una situación no muy deseable en cuanto al rescate y traslado rápido y oportuno en accidentes de tránsito, donde es muy importante la celeridad con que se actúa para salvar vidas, así como también obtener un mejor pronóstico de éstas.
Que la extensión urbana en las ciudades y la congestión, hacen difícil y lentos los traslados terrestres de accidentados de tránsito, en que las primeras horas son cruciales y determinantes en el pronóstico de la víctima.
Que los servicios públicos tienen en general una alta demanda en sus servicios de urgencia y de ambulancias, otorgando un servicio no muy expedito o de buena calidad.
Que se hace necesario crear un seguro que garantice este rescate y traslado, contribuyendo a descomprimir y facilitar los servicios públicos de ambulancia.
Que hay una necesidad imperiosa y urgente de contar con un servicio de rescate y traslado aéreo, tanto en zonas urbanas como rurales, que permitiría salvar vidas.
Que proponemos modificar la ley para solucionar este problema con la finalidad de otorgar cobertura al rescate y traslado de las víctimas en accidentes de tránsito, lo que va enfocado en la actuación post accidente y en la atención pre hospitalaria, ya que si bien es importante tomar todas las medidas para prevenir los accidentes de tránsito, también es importante tratar de reducir al mínimo posible el impacto de un accidente de tránsito en el cuerpo humano y esto se logra con la atención en red, rápida y de calidad.
Al incorporar esta cobertura se podría contar con todos los medios físicos y humanos para que en este caso se financiara con el seguro.
Porque si bien el rescate aéreo es el mejor medio de traslado de accidentados de tránsito en ciudades congestionadas, carreteras o lugares rurales, su valor es inalcanzable para la mayoría de la sociedad.
Por lo anterior, es que venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO:
Agregase al art. 25 de la Ley 18.490 el siguiente número e inciso:
5. Una cantidad equivalente de 300 unidades de fomento por concepto de rescate y traslado aéreo o terrestre. Para estos efectos, las compañías de seguro deberán indicar al asegurado, las empresas que ofrecen este servicio de rescate aéreo o terrestre, debiendo indicar su número telefónico a través de pegatinas con colores destacados con un mínimo de 4, a fin de que se adhieran al interior del vehículo del asegurado. Si es transporte público deberán pegarse una en la parte delantera y otra atrás y una en cada lado del vehículo”.
Moción de los señores diputados Monckeberg , don Cristián ; Becker , Delmastro , Edwards , García, don René Manuel ; Martínez , Rivas , Santana , Sauerbaum , y de la diputada señora Sabat , doña Marcela .
Modifica el párrafo 4 bis del Título IX del Código Penal, ampliando el tipo penal del abigeato y sancionando a los funcionarios públicos que faciliten su comisión. (boletín N° 7470-07)
Fundamentos:
-Según datos del VII Censo Agropecuario y Forestal 2007, en Chile existen alrededor de 11.7 millones de cabezas de ganado.
Entre los agentes que operan dentro de la cadena productiva, existen 89 plantas faenadoras autorizadas.
Dieciocho son, en tanto, las certificadoras acreditadas por el Servicio Agrícola y Ganadero, dedicadas a corroborar condiciones de los mataderos de origen, clase de ganado, categoría de las canales, nomenclatura del corte, refrigeración de carnes, medios de transporte de ganado en pie y de carne.
La industria ganadera produjo 740 mil toneladas de carne en vara en 2009, equivalentes a cerca de 7 millones de cabezas de ganado.
-La palabra abigeato etimológicamente procede del latín “abigeatus”, derivado de “ab genere”, que significa echar por delante, arrear o aguijar, voz que usaban para designar la forma material con la cual se consuma el hurto de los animales que no se cargan al hombro para llevárselos.
El Derecho romano dictó normas especiales sobre el abigeato, según lo muestran las leyes del Digesto. Eran circunstancias agravantes el empleo de armas, la asociación, y la repetición del delito. El rigor de las penas variaba según la gravedad o frecuencia del hecho y la condición social del delincuente, pudiendo llegar hasta la muerte.
En España, la Partida 7, título 14, ley 19, trataba del abigeato. Según esa ley, llamábase en latín abigaei a los ladrones que se ocupaban más de hurtar bestias o ganados que otras cosas. Las penas variaban según los casos.
-El abigeato, o robo de ganado, se ha convertido en un problema grave para el gremio ganadero de nuestro país. Si bien es un delito de antigua data, los productores se quejan que hoy los infractores están organizados y equipados con medios tecnológicos que les permiten una acción más rápida y coordinada, la que abarca desde el robo, el faenamiento, el transporte y la venta final en carnicerías de barrios y ferias.
-Este delito ya no es cometido sólo por quienes tienen una necesidad de alimentarse, sino por bandas bien organizadas y que tienen como principal canal de distribución los mataderos ilegales y ferias libres.
Uno de los principales riesgos de comprar esta carne en lugares no autorizados es que algunos de los animales pueden haber sido objeto de tratamiento veterinario con sustancias que pueden provocar serios daños a la salud humana.
-Según datos de Carabineros, sólo durante 2009 se sustrajeron 13.465 cabezas de ganado, se realizaron 267 procedimientos con un total de 519 personas detenidas, y se detectaron 149 faenadoras de carne clandestinas.
Desde 2006 a 2009, en tanto, el número de casos cada 100 mil habitantes se incrementó en un 50%. Este aumento es relativamente alto si se compara con otros delitos, por ejemplo, un delito cometido bajo condiciones similares, como es el robo con fuerza en lugar deshabitado, registró un aumento de sólo un 17% en cada 100 mil habitantes, en el mismo periodo.
-Conscientes de lo anterior, el ejecutivo ingreso durante este mes un proyecto de ley que va en la dirección de mejorar la fiscalización del delito de abigeato. En síntesis, el Mensaje 529-358 busca modificar las normas en relación a la documentación requerida para el transporte de animales y las competencias fiscalizadoras del SAG al respecto.
Es importante señalar que este Mensaje ataca una de las deficiencias más grandes del sistema y que permitirá bajar de manera cuantitativa el delito. Sin ir más lejos, en Argentina, país reconocido por su potencial ganadero, existe la ley 10.891 que establece una guía única de traslado de ganado y que consta de 30 artículos.
-No obstante lo anterior, creemos que si bien el camino correcto no pasa por mayores penas privativas de libertad, sino mas bien por aumentar la fiscalización y sancionar con multas y otras penas accesorias severas tanto a receptadores como a quienes faciliten el delito.
Con relación a la receptación, se encuentra hoy en día en primer trámite constitucional la Moción 7084-07, la que creemos complementaria a los esfuerzos que por presente proyecto estamos haciendo para combatir el delito.
Finalmente, el presente proyecto busca seguir legislaciones comparadas, mas precisamente, los criterios legislativos mejicanos y argentinos, los que buscan ampliar el tipo o agravarlo cuando sin consentimiento de quienes puedan disponer del ganado, se eliminen o se alteraren marcas o señales, o se falsifique la documentación requerida para trasladar los animales.
Por los fundamentos antes expuestos, venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Modificase el párrafo 4 bis del Titulo IX del Código Penal, en el siguiente sentido:
1) Para agregar un inciso final al artículo 448 bis, del siguiente tenor:
“Asimismo, se considerara autor del delito de abigeato al sujeto que sin el consentimiento de quienes pueden disponer del ganado:
1° Altere o elimine marcas o señales en animales ajenos.
2° Marque, señale, contramarque o contraseñale animales ajenos
3° Expida certificados falsos para obtener guías o formularios, o haga conducir animales ajenos sin estar debidamente autorizado.”
2) Para agregar un inciso final al artículo 448 quater, del siguiente tenor:
“Serán sancionados con presidio o reclusión menor, e inhabilitación en sus grados mínimo a medio, los funcionarios públicos que tras la comisión del delito, violando los deberes a su cargo o abusando de sus funciones, participen o faciliten el transporte, faenamiento o comercialización de ganado; conociendo o debiendo conocer su origen ilícito.”
Moción de los señores diputados García-Huidobro , Accorsi , Bauer , De Urresti , Eluchans , Hasbún , Kast , Melero , Vallespín , y de la diputada señora Molina , doña Andrea .
Generación, tenencia, transporte y almacenamiento de escombros. (boletín N° 7471.06)
“Las ciudades modernas requieren una legislación adecuada en lo que respecta al retiro de escombros. Estas normas deben regular de manera pormenorizada y detallada la generación, tenencia, transporte y almacenamiento de escombros para mejorar la calidad de vida de las personas y lograr una adecuada protección del medio ambiente.
En el mismo sentido cabe destacar que el manejo de escombros es un problema en varias Municipalidades de nuestro país, que dan paso a aparcaderos o lotes ilegales, prácticas que generan problemas para la salud y calidad de vida de los habitantes de la República. Por lo mismo resulta indispensable regular de manera general e integral esta materia en una norma de rango legal.
Cabe recordar que la LOC de Municipalidades en su artículo 12 ha encomendado a las Municipalidades para que, mediante ordenanzas, regulen esta materia y establezcan multas a los infractores cuyo monto no excederá de cinco unidades tributarias mensuales, las que serán aplicadas por los juzgados de policía local correspondientes considerando las diversas realidades locales. Esta remisión legislativa es inadecuada, ya que permite a las Municipales establecer tipos penales y multas, remisión que resulta constitucionalmente incorrecta. Esto, porque la Carta Fundamental en su artículo 19 número 3 incisos 7° y 8° señala que “ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado” y que “ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella”. Esta facultad Municipal es una vulneración al propio texto constitucional y a las atribuciones que tiene este Congreso Nacional. Por lo demás, no se sanciona de manera adecuada a quienes le causen un daño a la salud de las personas, su calidad de vida o dañen el medio ambiente.
El presente proyecto de ley es concordante con la institucionalidad ambiental que tiene como eje fundamental la Ley 19.300 sobre Bases del Medio Ambiente y las normas respecto a los residuos líquidos y sólidos. Recordemos que nuestra normativa medio ambiental carece de normas referida a los escombros, tema que por lo demás ha cobrado fuerza después del terremoto del 27 de febrero.
Por lo tanto, con mérito de lo expuesto, venimos en presentar el siguiente proyecto de ley:
Proyecto de Ley sobre la generación, tenencia, transporte y almacenamiento de escombros y residuos domésticos”
Título I
Preliminar
Artículo 1: Objeto de la ley. El presente cuerpo normativo tiene por objeto regular las actividades de generación, tenencia, transporte y almacenamiento de escombros para conseguir una debida protección del medio ambiente en la gestión de estos recursos.
Artículo 2: Ámbito de aplicación. Las normas de este cuerpo legal se aplicarán a la totalidad de los actos relacionados con la generación, tenencia, transporte y almacenamiento de los escombros que se produzcan en una determinada comuna.
Se excluyen de la presente regulación aquellos residuos que conforme a la definición que se contiene en esta disposición no sean escombros y aquellos expresamente señalados en la ley 19.300 de bases del medio ambiente.
También se excluyen expresamente de esta disposición los residuos que constituyan basuras domiciliarias o de servicios, así como los procedentes de la limpieza de parques y jardines, vehículos y enseres domésticos, maquinaria y equipo industrial abandonado, residuos biológicos y sanitarios, incluyendo animales muertos, residuos industriales, los residuos catalogados como “peligrosos” por la normativa vigente y los residuos procedentes de actividades agrícolas y ganaderas.
Artículo 3: Conceptos. Se definen en la presente ley los siguientes conceptos:
a. Escombros: aquellos residuos generados como consecuencia de construcciones, demoliciones o modificaciones que presentan objetos inertes como tierras, yesos, cementos, ladrillos, cascotes o similares.
Para efectos de esta ley también se entenderán como escombros todos aquellos cuerpos voluminosos que se depositen en la vía pública como desechos domiciliarios o industriales, por ejemplo, sofás, colchones, televisores, refrigeradores o baterías de auto.
b. Generador de escombros: cualquier persona natural o jurídica cuya actividad produzca escombros en una cantidad superior a 2 metros cúbicos diarios.
c. Tenedor de escombros: tendrá esta calidad la persona natural o jurídica que posea materialmente escombros, sin tener la calidad de generador de escombros.
d. Pequeño generador de escombros: es la persona natural o jurídica que realizando faenas de construcción de construcción produzca una cantidad de escombros que no supera la cantidad de 2 metros cúbicos diarios.
e. Gestión de escombros: Conjunto de actividades encaminadas a dar a los escombros el destino adecuado, de acuerdo con sus características, para la protección de la salud de las personas, el medio ambiente y el paisaje. Comprende las operaciones de retiro, recolección, transporte, separación y reciclaje de estos productos y cualquier otro proceso intermedio. Se incluyen también la inspección y vigilancia de estas actividades.
f. Depósito autorizado: Lugar habilitado y controlado para el deposito o disposición final de escombros. Estos lugares sólo podrán ser aquellos autorizados por la autoridad y conforme a lo establecido en el Plan Regional de Gestión de Residuos Sólidos.
Estará permitido todo procedimiento que permita aprovechar y recuperar los recursos contenidos en los escombros, incluida la posibilidad de utilizar material como relleno, respetando siempre la institucionalidad ambiental establecida en la ley 19.300.
Título II
Generación y tenencia escombros
Artículo 4: Generación de escombros. Quien genere escombros en una cantidad igual o superior a 1 metro cúbico no podrá dejarlos en la vía pública por un espacio de tiempo superior a 24 horas. Con todo, estos escombros deberán ubicarse en contenedores o sacos en conformidad al Plan Regional de Gestión de Residuos Sólidos.
Todo lo anterior es sin perjuicio de la boleta de garantía que se deberá otorgar al momento de obtener la autorización para la construcción, de conformidad a lo estipulado en el marco de los Acuerdos de Producción Limpia regulados en la ley 20.416.
Artículo 5: Tenencia de escombros. Los tenedores de escombros serán responsables de todos los perjuicios causados a terceros que se deriven de dicha tenencia.
Los tenedores o productores de escombros que entreguen éstos a un tercero no autorizado serán sancionados con una multa a beneficio municipal de hasta 10 UTM.
En el caso de que un infractor sea sorprendido botando los escombros en la vía pública o en un lugar no autorizado se le aplicará la misma sanción contemplada en el inciso anterior más la requisición del vehículo en que se comete el ilícito por el plazo de un mes. En caso de reincidencia se aplicará la pena de requisición del o los vehículos por un plazo de 6 meses.
Título III
Retiro, transporte y aprovechamiento de escombros.
Artículo 6: Retiro y transporte de escombros autorizados. Las personas naturales o jurídicas que se dediquen al retiro y transporte de escombros deberán depositarlos en los lugares autorizados por la respectiva Municipalidad.
El transporte y retiro de escombros en contenedores o sacos se realizará cubriendo la carga de forma que se impida el esparcimiento y dispersión de materiales o polvo durante su manipulación.
Las personas que se dediquen a estas labores serán responsables por los escombros que se caigan de sus respectivos transportes, en cuyo caso deberán pagar una multa a beneficio municipal de hasta 3 UTM.
En todo caso, la persona natural o jurídica que cuente con la autorización para trasladar escombros deberá comunicar a la Municipalidad por escrito cual será la cantidad de metros cúbicos de escombros que se depositarán, su naturaleza y composición, el modo y los medios a emplear en el retiro y el transporte de los mismos.
La Municipalidad deberá exhibir en la Dirección de Obras un listado público de personas, ya sean, naturales o jurídicas, que se encuentran autorizados para depositar escombros en sus predios o transportarlos.
Artículo 7: Contenedores y sacos. Los contenedores de escombros que se encuentren en las distintas faenas de construcción no podrán contener elementos inflamables, explosivos, sustancias nocivas, peligrosas o susceptibles de putrefacción. Si el competente funcionario municipal en el proceso de fiscalización detecta alguna de las sustancias prohibidas en algunos de estos contenedores o sacos deberá enviar los antecedentes al Juez de Policía Local quien podrá aplicar una multa que podrá variar entre 5 UTM a 30 UTM.
Artículo 8: Ubicación de contenedores. Los contenedores de escombros deberán ubicarse al interior de los terrenos donde se desarrollan en las faenas de construcción y sólo aquellos que ocupen un especio menor a un metro cúbico podrán colocarse en la vía pública para el sólo efecto de ser retirados y por un plazo no superior a 24 horas frente a la respectiva faena de construcción. En caso de no poder ubicarse al interior de los terrenos, podrán colocarse provisoriamente de acuerdo a lo señalado en la autorización de la Dirección de Obra Municipal en las calzadas, donde esté permitido el estacionamiento y en el lugar más próximo a la faena de la construcción.
En ningún caso estos contenedores podrán situarse en el acceso a lugares públicos o privados, donde se pueda causar algún daño o dificultad, como puertas de acceso, alcantarillados, telefonía, electricidad y otros.
Artículo 9: Registro público municipal. La persona natural o jurídica que se dedique al transporte de escombros deberá estar inscrita en el Registro Público Municipal respectivo.
El acceso a este registro será gratuito y deberá contener al menos el nombre o razón social de la persona, un teléfono de contacto y dirección.
Igual registro se llevará respecto de los Depósitos de escombros.
Artículo 10: Depósitos de escombros autorizados. Sólo se podrá depositar o verter los escombros en aquellos depósitos que cuenten con la respectiva autorización Municipal de acuerdo al Plan Regional de Residuos Sólidos.
Los depósitos autorizados procederán al vertido y relleno de escombros de acuerdo con lo establecido en el respectivo Plan.
Se requerirá de una licencia especial otorgada por la Municipalidad para que un determinado predio pueda ser utilizado como depósito de escombros. La respectiva autorización tendrá una vigencia de tres años renovables, siempre y cuando se respeten las normas de la presente ley.
Artículo 11: Normas mínimas de sanidad. Los depósitos de escombros deberán estar debidamente cerrados y cercados. Le corresponderá el cierre y cercado de estos depósitos a quien se encuentre debidamente autorizado por la Municipalidad e inscrito en el registro correspondiente.
Los respectivos depósitos recibirán los escombros sin importar su procedencia.
Artículo 12: Responsabilidades. Las personas naturales o jurídicas que asuman la gestión en el tratamiento de los escombros que se encuentran en los depósitos serán responsables de todos los daños que se puedan producir a las personas o sus propiedades como consecuencia de su gestión, en lo particular por los ruidos molestos que se produzcan en los procesos de gestión de escombros, las emisiones de gases y la falta de medidas higiénicas de acuerdo a las normas contenidas en el Código Sanitario.
Artículo 13: Depósito o disposición final de escombros. En el depósito o disposición final de escombros se tomarán todas las medidas para minimizar el impacto ambiental cumpliendo las normas de la ley 19.300, los planos reguladores y las respectivas ordenanzas municipales.
Las autoridades municipales tendrán a la vista la respectiva documentación y autorizarán el respectivo depósito, conforme a ella.
Título IV
Infracciones y sanciones
Artículo 14: De las Infracciones gravísimas. Serán infracciones gravísimas:
a) El abandono, vertido o gestión desproporcionada de escombros en su transporte o depósito siempre y cuando se haya deteriorado gravemente el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas.
b) La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos con escombros, siempre que como consecuencia de ello, se haya producido daño o deterioro grave para el medioambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas.
Artículo 15: De las Infracciones graves. Serán infracciones graves:
a) El depósito y transporte de escombros sin la respectiva autorización o estando ésta suspendida o caducada.
b) El abandono, vertido o gestión desproporcionada de escombros, sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente.
c) La obstrucción de la actividad inspectora o de control de los funcionarios municipales.
d) La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos con escombros, en todos aquellos casos no comprendidos en la letra b) del artículo anterior.
e) El depósito o disposición final en cualquier lugar que no sea un depósito debidamente autorizado por la Municipalidad o en la vía pública.
f) No contar con la autorización del propietario del terreno para que el predio sea utilizado como un depósito de escombros.
g) Generar ruidos molestos u olores que molesten al resto de los vecinos, de acuerdo a la normativa sobre emisión de ruidos y las leyes sanitarias vigentes.
Artículo 16: De las Infracciones leves. Será considerada infracción leve aquella cometida por el solicitante del retiro de escombros cuando éste no certifique que el transportista se encuentre en el registro municipal respectivo.
Artículo 17: De las penas. De acuerdo a lo establecido en la presente ley las infracciones anteriormente tipificadas serán sancionadas de la siguiente manera:
1. Infracciones gravísimas: Multas desde las 31 UTM hasta 50 UTM.
2. Infracciones graves: Multas desde 11 UTM hasta 30 UTM.
3. Infracciones leves: Multas desde 1 UTM hasta 10 UTM.
Para determinar el monto de la multa el Juez deberá atender a un criterio de proporcionalidad en relación con el volumen de escombros que el infractor esté autorizado a generar o transportar.
Artículo 18: Potestad sancionatoria. Corresponderá al Juez de Policía Local del lugar donde se cometió la infracción aplicar las penas que correspondan de acuerdo a esta ley, así como las medidas de vigilancia, control y demás medidas cautelares.
Artículo 19: Prescripción. Las infracciones gravísimas prescribirán a los dos años de cometida la infracción, las graves al año de cometida la infracción y las leves a los seis meses de cometida la infracción.
Artículo 20: Restauración de terrenos. Respecto de aquellos depósitos clandestinos y sólo en el caso en que se haya producido un daño, los infractores tendrán la obligación de restaurar los terrenos afectados recuperándolos al estado anterior al de la infracción cometida, en la forma y condiciones fijadas por la Municipalidad. En todo caso dicha restauración deberá realizarse conforme a lo dispuesto en la Ley 19.300 sobre Bases del Medio Ambiente.
Artículo 21: Medidas de control y de mitigación. Las autoridades Municipales están autorizadas para adoptar y exigir alguna de las siguientes medidas de control y de mitigación:
a) Las necesarias para impedir el depósito, traslado o retiro de escombros cuando no se cumpla con las normas establecidas en el Plan Regional de Residuos Sólidos en conformidad a lo señalado en la presente ley.
b) Colocación de cintado en calles o lugares públicos.
c) Clausurar de manera temporal o definitiva, parcial o totalmente, el predio utilizado como depósito si éste no se encuentra debidamente cercado o cerrado o no cuenta con la autorización respectiva.
Artículo 22. Esta ley entrará en vigencia seis meses después de su publicación en el Diario Oficial. Las Provincias que no contemplen un Plan Regional de Residuos Sólidos deberán dictarlo dentro de este mismo plazo”.
19. Oficio de la Corte Suprema.
“Oficio N° 18-2011
Informe: proyecto de ley boletín Nº 7376-07
Santiago, 18 de enero de 2010.-
Reunida la Corte Suprema en sesión del Tribunal Pleno de diecisiete del mes en curso, bajo la Presidencia del suscrito y con la asistencia de los Ministros señores Segura, Oyarzún , Rodríguez , Ballesteros y Muñoz , señora Herreros , señores Dolmestch , Araya y Pierry , señora Pérez y señora Araneda , señores Künsemüller y Silva , señora Egnem y señor Jacob , acordó transcribir el siguiente acuerdo:
"Santiago, dieciocho de enero de dos mil once.
Vistos y teniendo presente:
Primero: Que por Oficio N° 9168, de 17 de diciembre último, la señora Presidenta de la H. Cámara de Diputados ha solicitado informe de la Corte respecto del proyecto de ley -iniciado en moción- que establece modificaciones al Boletín Comercial. Lo anterior se requiere al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Segundo: Que el proyecto consta de cuatro artículos permanentes y una disposición transitoria:
i) El artículo primero establece que sólo se podrán incorporar al Boletín Comercial u otros análogos, a las personas naturales y jurídicas, una vez que, a solicitud del acreedor, el secretario o el administrador del respectivo tribunal, certifique que en dicha causa ejecutiva o procedimiento incidental de cobro, no existen bienes suficientes del deudor para proceder a la traba de embargo, por cualquier causa.
ii) El artículo segundo establece que al sólo requerimiento escrito del deudor ejecutado, sin necesidad de patrocinio de abogado, si el tribunal respectivo hubiere expedido la certificación a que hace referencia el artículo primero, deberá informar al respectivo Boletín o registro que la deuda se encuentra totalmente pagada, incluidas las costas procesales y personales.
iii) El artículo tercero establece que la ley será obligatoria para cualquier ejecución judicial que tuvieren bajo su competencia los tribunales de la República, ordinarios o especiales establecidos por ley.
iv) El artículo cuarto se refiere a la entrada en vigencia de la ley.
v) Finalmente, el artículo transitorio elimina por el solo ministerio de la ley todos los Registros o listas de deudores, de instituciones públicas o privadas, que existieren antes de la dicha de publicación de la ley (el proyecto) y que no cumplan con lo establecido en sus disposiciones permanentes.
Los tres primeros artículos del proyecto dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales.
Tercero: Que el proyecto pretende regular una materia muy delicada y transversal para quienes, por distintas causas, han cesado en el cumplimiento de sus obligaciones y son sometidos a un juicio ejecutivo. No se observa a primera lectura el objeto de la iniciativa, puesto que ella no se encarga de incorporar una clara restricción de información de manera previa a esa etapa de cobro. En efecto, los cheques protestados, las facturas impagas, las letras y pagarés, entre otros títulos, dan origen a un registro inmediato de la mora del deudor si se han presentado a cobro formal esos instrumentos y no son pagados.
En opinión de la Corte Suprema, encontrándose la labor de los tribunales visiblemente recargada, no resulta apropiado que se disponga que cumplan funciones en interés particular.
Asimismo, desde un punto de vista procesal, también la iniciativa incurre en imprecisiones, tales como exigir que el secretario del respectivo tribunal y/o administrador (quien por lo demás no tiene carácter de ministro de fe) certifique la inexistencia de bienes del deudor para proceder a la traba del embargo. Tal certificación, además de la carga de trabajo que implicaría, en la realidad es imposible, toda vez que antes de la traba del embargo es difícil conocer el activo de un deudor, incluso más muchas veces hasta el remate no es posible determinar el saldo adeudado.
La norma transitoria debiera tener carácter permanente y debiera precisar si se refiere a los registros de deudas impagas y morosas o también a aquellos listados que registran el endeudamiento de las personas, no obstante que no se encuentren en cesación de pagos.
Por estas consideraciones y en conformidad con lo dispuesto en la norma constitucional citada, se acuerda informar desfavorablemente el referido proyecto de ley."
Saluda atentamente a V.S.
(Fdo.): MILTON JUICA ARANCIBIA , Presidente ; ROSA MARÍA PINTO EGUSQUIZA , Secretaria.
A LA SEÑORA
ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
PRESIDENTA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO”.
20. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 13 de enero de 2011.
Oficio Nº 5.404
Remite sentencia.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Tengo a bien remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 13 de enero de 2011, en el proceso Rol Nº 1689-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO V ENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
PRESENTE”.
21. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 13 de enero de 2011.
Oficio Nº 5.408
Remite sentencia.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Tengo a bien remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 13 de enero de 2011, en el proceso Rol Nº 1.725-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO V ENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
PRESENTE”.
22. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 14 de enero de 2011.
Oficio Nº 5.432
Remite resolución.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 14 de enero de 2011 en el proceso Rol Nº 1.856-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos Rol Nº 7096-2010 sobre recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones, en contra de Isapre Colmena Golden Cross S.A. Asimismo, acompaño copia del requerimiento y de la resolución que declaró su admisibilidad.
Saluda atentamente a V.E.
(Fdo.): MARCELO V ENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
PRESENTE”.
23. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 17 de enero de 2011.
Oficio Nº 5.438
Remite resolución.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 17 de enero de 2011 en el proceso Rol Nº 1.872-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos Rol Nº 640-2009 del Juzgado de Policía
Local de Pencahue. Asimismo, acompaño copia del requerimiento y de la resolución que declaró su admisibilidad.
Saluda atentamente a V.E.
(Fdo.): MARCELO V ENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
PRESENTE”.
24. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 17 de enero de 2011.
Oficio Nº 5.442
Remite resolución.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 17 de enero de 2011 en el proceso Rol Nº 1852-10-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 26 bis del Código del Trabajo, en los autos Laborales RIT 103-10-T.L., sustanciados ante el Segundo Juzgado de Letras de Talagante . Asimismo, acompaño copia del requerimiento y de la resolución que declaró su admisibilidad.
Saluda atentamente a V.E.
(Fdo.): MARCELO V ENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
PRESENTE”.
25. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 17 de enero de 2011.
Oficio Nº 5.446
Remite resolución.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 17 de enero de 2011 en el proceso Rol Nº 1.876-10-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos RIT A-1931-2029 del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago. Asimismo, acompaño copia del requerimiento y de la resolución que declaró su admisibilidad.
Saluda atentamente a V.E.
(Fdo.): MARCELO V ENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
PRESENTE”.