Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Romilio Gutierrez Pino
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- PERMISO
- Ernesto Silva Mendez
- PERMISO
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Cristian Letelier Aguilar
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Juan Antonio Coloma Correa
- Hernan Larrain Fernandez
- Jovino Novoa Vasquez
- Victor Perez Varela
- Gonzalo Uriarte Herrera
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS.
- PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN INVESTIGADORA.
- ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
-
JURAMENTO O PROMESA DE ESTILO DEL SEÑOR CRISTIÁN LETELIER AGUILAR.
- JURAMENTO
- Cristian Letelier Aguilar
- JURAMENTO
-
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA.
- INTEGRACIÓN
- Javier Hernandez Hernandez
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Joaquin Tuma Zedan
- Rene Manuel Garcia Garcia
- INTEGRACIÓN
- V. ORDEN DEL DÍA
- PROHIBICIÓN DE CURSAR INFRACCIÓN, A TRAVÉS DE CITACIÓN, A DUEÑO DE VEHÍCULO EN MOVIMIENTO. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gustavo Hasbun Selume
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Gustavo Hasbun Selume
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Raul Andrade Lara
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Pedro Antonio Velasquez Seguel
- DEBATE
-
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA ENCARGADA DE RECABAR Y ANALIZAR ANTECEDENTES RELATIVOS A AUTORIZACIÓN, FISCALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE TRABAJADORES DE LA PEQUEÑA, MEDIANA Y GRAN MINERÍA CON MOTIVO DEL DERRUMBRE OCURRIDO EN LA MINA SAN JOSÉ.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- INTERVENCIÓN : Luis Segundo Lemus Aracena
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Guillermo Leon Teillier Del Valle
- INTERVENCIÓN : Mario Bertolino Rendic
- PROHIBICIÓN DE CURSAR INFRACCIÓN, A TRAVÉS DE CITACIÓN, A DUEÑO DE VEHÍCULO EN MOVIMIENTO. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO.
- RECURSOS PARA BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS DE ISLA ORREGO DE CONSTITUCIÓN, DEBIDO AL MAREMOTO DEL 27 DE FEBRERO DE 2010. (Preferencia).
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Celso Rene Morales Munoz
- Manuel Rojas Molina
- Ivan Norambuena Farias
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Cristian Monckeberg Bruner
- Gustavo Hasbun Selume
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Pablo Lorenzini Basso
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- RECALIFICACIÓN DE TRABAJADORES EXONERADOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Marcelo Diaz Diaz
- Enrique Accorsi Opazo
- Gabriel Silber Romo
- Guillermo Leon Teillier Del Valle
- Marcelo Diaz Diaz
- Jose Perez Arriagada
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Pablo Lorenzini Basso
- Cristina Girardi Lavin
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ACLARACIÓN SOBRE POSIBILIDAD, CONDICIONES Y REQUISITOS PARA AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO DE MENORES DE EDAD.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Nino Baltolu Rasera
- Juan Lobos Krause
- Ivan Norambuena Farias
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Jose Ramon Barros Montero
- Eugenio Bauer Jouanne
- Romilio Gutierrez Pino
- Roberto Delmastro Naso
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Enrique Van Rysselberghe Herrera
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- RECURSOS PARA BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS DE ISLA ORREGO DE CONSTITUCIÓN, DEBIDO AL MAREMOTO DEL 27 DE FEBRERO DE 2010. (Preferencia).
- VII. INCIDENTES
- OTORGAMIENTO DE BONO MARZO PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Adriana Munoz D'albora
- DEBATE
- PREOCUPACIÓN POR POSIBLE HABILITACIÓN DE EX AERÓDROMO LOS CERRILLOS Y POR DESTINO DE SUS TIERRAS. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Pepe Auth Stewart
- ADHESION
- Denise Pascal Allende
- Jorge Burgos Varela
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- Pedro Antonio Velasquez Seguel
- Carlos Montes Cisternas
- Joaquin Tuma Zedan
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Alfonso De Urresti Longton
- Manuel Monsalve Benavides
- Enrique Jaramillo Becker
- PRONUNCIAMIENTO DEL GOBIERNO SOBRE AMPLIACIÓN DEL BONO DE INCENTIVO AL RETIRO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Oficios.
- RECHAZO A OBSTRUCCIÓN PARA TRATAR CON PREFERENCIA PROYECTO DE ACUERDO REFERIDO AL BONO MARZO.
-
INFORMACIÓN SOBRE MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE EMERGENCIA EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Roberto Leon Ramirez
- Patricio Vallespin Lopez
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Enrique Jaramillo Becker
- Manuel Monsalve Benavides
- Juan Luis Castro Gonzalez
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
-
INVESTIGACIÓN POR ELIMINACIÓN DE ANTECEDENTES INTERCAMBIADOS ENTRE LA ASOCIACIÓN DE BANCOS Y LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Roberto Leon Ramirez
- Patricio Vallespin Lopez
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Enrique Jaramillo Becker
- Manuel Monsalve Benavides
- Juan Luis Castro Gonzalez
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- PREOCUPACIÓN POR FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN ISLA QUEHUI, COMUNA DE CASTRO.Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Ascencio Mansilla
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Patricio Vallespin Lopez
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Enrique Jaramillo Becker
- Juan Luis Castro Gonzalez
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Ascencio Mansilla
-
CONCESIÓN DE BONO SOLIDARIO DE 40 MIL PESOS A FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jose Miguel Ortiz Novoa
- OTORGAMIENTO DE BONO MARZO PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- NECESIDAD NUEVO CONVENIO DE PROGRAMACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS EN LOCALIDAD DE ALERCE. Oficios.
- ADHESION
- Alberto Robles Pantoja
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- ADHESION
- INVESTIGACIÓN EN SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE ATACAMA POR EVENTUALES PRESIONES EN RECALIFICACIÓN DE PROYECTO TERMOELÉCTRICO CASTILLA. Oficios.
- EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS EN LOCALIDAD DE ALERCE NORTE. Oficios.
- PREOCUPACIÓN POR ABUSOS DE PESQUERA MULTIEXPORT, DE PUERTO MONTT, EN CONTRA DE TRABAJADORAS EMBARAZADAS. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA HUMEDAL DEL RÍO CRUCES. Oficios.
- NECESIDAD NUEVO CONVENIO DE PROGRAMACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS EN LOCALIDAD DE ALERCE. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Karla Rubilar Barahona
- Joaquin Godoy Ibanez
- Cristian Monckeberg Bruner
- Sergio Ojeda Uribe
- Leopoldo Perez Lahsen
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Alejandro Santana Tirachini
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- Karla Rubilar Barahona
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Enrique Estay Penaloza
- Joaquin Godoy Ibanez
- Cristian Monckeberg Bruner
- David Sandoval Plaza
- Alejandro Santana Tirachini
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 358ª
Sesión 132ª, en miércoles 2 de marzo de 2011
(Ordinaria, de 10.36 a 13.47 horas)
Presidencia de la señora Sepúlveda Orbenes, doña Alejandra, y el señor Becker Alvear, don Germán.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. Prosecretario accidental , el señor Landeros Perkic, don Miguel
REPÚBLICA DE CHILE
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 17
II. Apertura de la sesión 21
III. Actas 21
IV. Cuenta 21
- Acuerdos de los Comités 21
- Prórroga de plazo a Comisión Investigadora 21
- Envío de proyecto a Comisión de Ciencia y Tecnología 22
- Juramento o promesa de estilo del señor Cristián Letelier Aguilar 23
- Integración de Comisión Mixta 24
V. Orden del Día
- Prohibición de cursar infracción, a través de citación, a dueño de vehículo en movimiento. Primer trámite constitucional 24
- Informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de recabar y analizar antecedentes relativos a autorización, fiscalización y protección de trabajadores de la pequeña, mediana y gran minería con motivo del derrumbe ocurrido en la mina San José 33
VI. Proyectos de acuerdo. 54
- Recursos para búsqueda de desaparecidos de Isla Orrego de Constitución, debido al maremoto del 27 de febrero de 2010. (Preferencia) 54
- Recalificación de trabajadores exonerados de Televisión Nacional de Chile 56
- Aclaración sobre posibilidad, condiciones y requisitos para ahorro previsional voluntario de menores de edad 57
VII. Incidentes
- Otorgamiento de bono marzo para familias de escasos recursos. Oficio 58
- Preocupación por posible habilitación de ex aeródromo Los Cerrillos y por destino de sus tierras. Oficios 60
- Pronunciamiento del gobierno sobre ampliación del bono de incentivo al retiro de funcionarios públicos. Oficios 60
- Rechazo a obstrucción para tratar con preferencia proyecto de acuerdo referido al bono marzo 61
- Información sobre modalidad de ejecución de programas de empleo de emergencia en Región de La Araucanía. Oficios 61
Pág.
- Investigación por eliminación de antecedentes intercambiados entre la Asociación de Bancos y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Oficios 62
- Preocupación por falta de suministro de agua potable y energía eléctrica en Isla Quehui, comuna de Castro. Oficios 63
- Concesión de bono solidario de 40 mil pesos a familias en extrema pobreza. Oficio 63
VIII. Anexo de sesión
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 65
- Necesidad de nuevo convenio de programación para ejecución de obras en localidad de Alerce. Oficios 65
- Investigación en Secretaría Regional Ministerial de Salud de Atacama por eventuales presiones en recalificación de proyecto termoeléctrico Castilla. Oficios 66
- Ejecución de proyectos y obras en localidad de Alerce Norte. Oficios 67
- Preocupación por abusos de pesquera Multiexport, de Puerto Montt, en contra de trabajadoras embarazadas. Oficios 68
- Información sobre plan integral de gestión ambiental para humedal del río Cruces. Oficios 69
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicación al proyecto sobre “Contrato especial de trabajo a distancia.”. (boletín N° 7199-13). (614-358) 71
2. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha asumido el cargo de senador el señor Gonzalo Uriarte Herrera 72
3. Moción de las diputadas señoras Sabat, doña Marcela; Isasi, doña Marta; Rubilar, doña Karla, y de los diputados señores Godoy, Monckeberg, don Cristián; Ojeda, Pérez, don Leopoldo; Sabag, Santana y Torres, que “Modifica el artículo 175 del Código Procesal Penal, señalando la obligación de denuncia de las personas que indica.”. (boletín N° 7506-07) 73
4. Moción de las diputadas señoras Sabat, doña Marcela; Rubilar, doña Karla; Zalaquett, doña Mónica, y de los diputados señores Browne, Estay, Godoy, Monckeberg, don Cristián; Sandoval y Santana, que “Modifica la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, estableciendo normas especiales para la representación en juicio de adultos mayores.”. (boletín N° 7507-18) 74
- Oficios del Tribunal Constitucional mediante los cuales remite copia autorizada de las sentencias referidas a los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
5. “artículo 38 de la ley N° 18.933”. Rol 1784-10-INA. (5478) 76
6. “artículo 38 de la ley N° 18.933”. Rol 1765-10-INA. (5507) 77
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
- Del Jefe de Bancada de Diputados de Renovación Nacional, por la cual informa los diputados que integrarán las Comisiones Permanentes y Especiales, a partir del 1 de marzo del año en curso.
- Del Jefe de Bancada de Diputados de Unión Demócrata Independiente , por la cual informa que el diputado señor Gutiérrez, don Romilio, reemplazará al ex diputado señor Uriarte en la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano.
- Del Jefe de Bancada de Diputados de Unión Demócrata Independiente , por la cual informa que la diputada señora Hoffmann, doña María José reemplazará al ex diputado señor Uriarte, don Gonzalo, en la Comisión de Cultura y de las Artes.
- Del diputado señor Silva, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentó del país entre los días 14 y 21 de febrero, para dirigirse a Brasil.
2. Oficios:
- De la Comisión Investigadora sobre seguimiento del Proceso de Reconstrucción Nacional, por el cual solicita el acuerdo de la Sala para prorrogar en 90 días su mandato considerando que el proceso de reconstrucción se encuentra en curso.
- Del Presidente del Partido Unión Demócrata Independiente, mediante el cual comunica que se ha designado al señor Cristián Letelier Aguilar para reemplazar al ex diputado señor Gonzalo Uriarte Herrera, quien asumió el cargo de senador, y adjunta documentación que indica.
Respuestas a oficios Cuenta 132ª
Contraloría General de la República:
- Diputado García don René Manuel, Solicita informar respecto de la situación que afecta a varios funcionarios pertenecientes a la planta de la Municipalidad de Pucón, quienes a pesar de haber cesado en sus funciones el 26 de mayo del presente año, aún no son sujetos de los correspondientes decretos de cesación. (10057 al 1885).
- Diputado Cornejo, Solicita instruir una investigación sobre el uso de los recursos del préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo realizó para la implementación del denominado Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso, remitiendo, ulteriormente, sus resultados a esta Corporación. (10064 al 2101).
- Diputada Pascal doña Denise, Solicita informar sobre la fórmula de cálculo de la indemnización por años de servicio, aplicable a un grupo de ex Directores Regionales del Instituto de Desarrollo Agropecuario (10775 al 1861).
- Diputado Bertolino, Informe en relación con los servicios prestados por la Empresa T&T a las municipalidades de la Región de Coquimbo, la Asociación de Municipalidades Turísticas, la Asociación de Municipalidades Rurales y el Gobierno Regional de la Cuarta Región (4612 al 8639).
- Diputado Chahín, Solicita se remitan todos los antecedentes relacionados con el sumario administrativo, instruido en el año 1988, originado por el otorgamiento de la denominada “pensión de inutilidad”, por parte de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, al alcalde de Temuco , señor Miguel Becker. (4757 al 2136).
- Diputado González, Solicita informar sobre la legalidad y oportunidad de la resolución exenta N° 2773, de 2 de agosto de 2010, suscrita por el Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), que recorta recursos del Programa de Apoyo Integral a la Retención Escolar, dependiente de ese organismo. Por otra parte, solicita disponer Ud., se analicen a fondo los procesos licitatorios en curso en la Junaeb, desde el 11 de marzo de 2010 al presente. (4775 al 1359).
- Diputado Monckeberg don Cristián, Irregularidades denunciadas en la municipalidad de Las Cabras (5091 al 9565).
- Ex Diputado Díaz don Eduardo, Solicita al contralor general de la República investigar en la municipalidad de Padre Las Casas la existencia de diversas irregularidades. (5524 al 6678).
- Diputado Díaz don Marcelo, Informar respecto del eventual conflicto de intereses de parte de la titular de la Secretaría Regional Ministerial de Minería de la Región de Coquimbo , habida consideración de los vínculos comerciales y profesionales de su cónyuge con algunas compañías mineras de la región indicada. (6496 al 1052).
- Diputado Rojas , Solicita pronunciamiento sobre el ámbito de aplicación del beneficio denominado bono post laboral, contemplado en la ley N° 20.305, en lo que dice relación con los docentes, particularmente a partir de la aplicación de las normas de la ley N° 20.403. (6962 al 1838).
- Diputado Morales , Solicita informar sobre el estado de tramitación de la investigación recaída en las obras realizadas a la Escuela Casablanca de la comuna de Molina, Región del Maule, y sobre la investigación recaída en el proyecto de conectividad Sercotec, emprendido por un grupo de vecinos del sector La Pesca, localidad de Iloca, comuna de Licanten, que habría sido ejecutado sólo parcialmente (7480 al 1972).
- Diputada Zalaquett doña Mónica, Solicita se realice una fiscalización al proceso de licitación de los contratos de retiro de basura, en la comuna de Maipú; remitiendo sus conclusiones, posteriormente, a esta Corporación. (7570 al 2396).
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Investigación por entrega de alimentos para animales en gimnasio municipal de Chol Chol junto a propaganda política (8290 al 10824).
- Diputado Recondo, Legalidad de la extracción de áridos en la localidad de Las Cascadas, en beneficio de la empresa Valco. (8294 al 499).
- Diputado Schilling, Solicita se informe sobre los sumarios administrativos iniciados en la Universidad Tecnológica Metropolitana en contra de los funcionarios individualizados en el documento adjunto (9018 al 1447).
Ministerio de Interior:
- Diputado Jaramillo, Solicita fiscalizar e informar sobre las dificultades que afectan a vecinos y turistas en el acceso a las playas de los lagos de la Región de Los Ríos, debido a los cercos que levantan los propietarios ribereños (927 al 1895).
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita informar sobre factibilidad de asignar recursos faltantes para ejecución de proyecto sanitario en el sector Crucero de la comuna de Purranque, Región de Los Lagos (928 al 1875).
- Diputado Rincón, Informar respecto de la infraestructura de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) en el área de la infraestructura de telecomunicaciones, destinada a dar respuesta a las emergencias y de haber transcurrido siete (7) meses del terremoto que afectara a la zona centro sur del país. (929 al 1793).
- Diputado De Urresti, Solicita se informe sobre eventuales denuncias por modificaciones incorporadas al proyecto de la represa San Pedro, Región de Los Ríos (932 al 1834).
- Proyecto de Acuerdo 176, Compensación económica a municipios que dejen de percibir recursos por exenciones en el pago del impuesto territorial. (1).
- Proyecto de Acuerdo 181, Solicita atender demandas de los trabajadores asistentes de la educación. (930).
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo:
- Diputado Ojeda, Solicita se remita el parecer sobre la propuesta de realizar un “joint venture” entre las empresas Soprole y Nestlé para operar parte de sus negocios lácteos; a la vez, le solicita a intervenir ante la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para impedir esta fusión, misma estima atentatoria contra las normas (623 al 2014).
- Diputada Turres doña Marisol, Solicita fiscalizar la legalidad de los instrumentos, procesos de otorgamiento, y garantías, de los créditos de consumo que ofrece la Cooperativa Detacoop, en el marco de la grave situación que afecta a un gran número de familias de escasos recursos de la Región de Los Lagos, que se han visto enfrentadas a numerosas demandas de cobranza (685 al 761).
- Proyecto de Acuerdo 174, Reposición del poder de compra en la Región del Biobío, a través de Enacar, para apoyar a pequeños pirquineros. (1076).
Ministerio de Hacienda:
- Diputado Sabag, Solicita informe sobre el estado del proceso de pago del denominado ?bono bodas de oro?. (117 al 2423).
- Diputado Meza, Solicita aclarar eventual cobro erróneo del impuesto territorial a persona que especifica (31 al 1443).
- Diputado Sandoval, Informar, en el marco de la denominada “ley austral” la nómina de todos los proyectos que, desde su vigencia, se han adscrito al beneficio tributario para las grandes inversiones en las regiones de Magallanes y Aysén, y en la provincia de Palena; con especial señalamiento del tipo de proyecto, la empresa beneficiaria y la situación actual del proyecto. (63 al 1471).
- Diputada Cristi doña María Angélica, Solicita informar sobre la situación tributaria y financiera de la Comunidad Bahá'i de Chile. (66 al 1814).
- Diputado Meza, Solicita informar sobre eventual propuesta del Gobierno de pagar asignación a docentes, prevista en el artículo 40 del decreto ley N°3551, de 1980. (78 al 1287).
- Proyecto de Acuerdo 176, Compensación económica a municipios que dejen de percibir recursos por exenciones en el pago del impuesto territorial. (1698).
- Proyecto de Acuerdo 186, Medidas sobre explotaciones mineras, estandarización de condiciones de higiene y seguridad y cierre de faenas mineras. (87).
Ministerio de Educación:
- Diputada Saa doña María Antonieta, Informar acerca de la situación que afecta a los estudiantes Luisa Alexandra Guerra y Francisco Antonio Cornejo. (22 al 1279).
- Diputado Robles, Solicita se informe sobre denuncia formulada por directora de liceo de música de Copiapó, quien suspendió al profesor de violín de ese establecimiento por presuntos abusos deshonestos en contra de menores (244 al 2293).
- Diputado Sandoval, Solicita se revisen las exigencias contenidas en el decreto supremo N° 170, de 2009, del Ministerio de Educación, reglamento de la ley N° 20.201, en el marco del peligro que representan para la continuidad de la educación especial que requiere un gran número de menores en Chile, e informe respecto de las decisiones adoptadas en torno a esta problemática (40 al 2071).
- Proyecto de Acuerdo 151, Incorporación de trabajadores de las Corporaciones Municipales en la percepción de la bonificación establecida en el artículo 30 de la ley N° 20.313. (49).
Ministerio de Justicia:
- Diputado Sabag, Solicita una mayor dotación de recursos y personal al Servicio Médico Legal de la ciudad de Chillan, al tenor de la intervención adjunta (595 al 704).
- Diputado Sandoval, Solicita informar sobre la situación de la oficina de esa repartición pública en Caleta Tortel, y la factibilidad de dotarla de los medios necesarios para su correcto funcionamiento (596 al 1968).
- Diputado Ascencio, Solicita informar los días y horario en que la señora Ana María Pacheco Rodríguez, realiza su práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, señalando la fecha de inicio de dicha práctica (607 al 2054).
- Diputado Pérez don José, Disponer se estudie la factibilidad de transferir a recintos penitenciarios más cercanos a la comuna de Los Ángeles a los internos que, a consecuencias del terremoto y maremoto del 27 de febrero próximo pasado fueron trasladados, desde el Centro de Detención Preventiva de Los Ángeles, a diversos otros establecimientos penales; y, además, instruya se analice la posibilidad de disponer un nuevo emplazamiento, en la periferia de la ciudad de Los Ángeles, para dicho centro; hoy día ubicado en las cercanías de varias poblaciones. (705 al 406).
- Proyecto de Acuerdo 197, Evaluación de condenados para recibir beneficios carcelarios. (704).
- Proyecto de Acuerdo 177, Cambio de emplazamiento de la nueva cárcel de Chillán y Chillán Viejo. (707).
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado Torres , Se solicita agilizar la tramitación de la solicitud realizada por la I. Municipalidad de San Antonio, en relación al traspaso de terrenos en la conexión de Avenida Chile-Acceso al Puerto, en el sector de Llo-lleo, del retazo de aproximadamente 4.186 m2 que se encuentra sin uso, a fin de desarrollar diversos proyectos de tipo social. (166 al 510).
- Diputado De Urresti, Se informe sobre la situación jurídica del camino situado entre el sector El Corte y Cutipay, en la comuna de Valdivia, en la Región de Los Ríos (351 al 1474).
- Diputado Rincón , disponer la renovación de los durmientes del puente El Romeral y el arreglo del callejón Anita Castro, éste último en el camino la Isla Norte, ambos en la comuna de Codegua, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins . (353 al 664).
- Diputado De Urresti, Solicita informar sobre el estado de la ruta T-350 de Niebla, en la comuna de Valdivia, Región de Los Ríos, en especial, en lo relativo a la situación del sector correspondiente a la calle Del Castillo; y, además, señale las acciones que la cartera a su cargo ha realizado durante el presente año para mantener el óptimo tránsito por esta vía, en especial, en el sector de Niebla. (354 al 1909).
- Diputado Sandoval, Informar sobre los planes para la rehabilitación del tramo del camino que une Coyhaique Alto con el sector de Baño Nuevo o Ñiriguao, en la ruta X-518. (355 al 1522).
- Diputado Meza, Solicita información sobre planes de pronta recuperación de playas y de otros sectores de la comuna de Villarrica, para asegurar el éxito de la próxima temporada estival (357 al 1441).
- Diputado Sandoval, Informar sobre las políticas en estudio o ejecución destinadas al mejoramiento integral de la infraestructura portuaria de las rutas que unen las ciudades de Puerto Montt y Chacabuco; y que apunten a mejorar la eficiencia en el traslado de los habitantes de la zona. (358 al 1613).
- Diputado De Urresti, Solicita informar sobre la existencia de un proyecto de mejoramiento de la ruta T-205, si este contempla ampliación de la doble vía y ciclo vías, y si su financiamiento se encuentra incorporado a los recursos sectoriales del Ministerio de Obras Públicas, y sobre la factibilidad de construir una pasarela peatonal en la localidad de Cayumapu, Comuna de Valdivia (379 al 1907).
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita se adopten medidas y se informe de las mismas, respecto al grave problema de falta de agua que amenaza a los vecinos del sector El Arenal, comuna de Vicuña, Región de Coquimbo (380 al 2061).
- Diputado De Urresti, Solicita se informe sobre el grado de avance en la implementación de la resolución N°120, de 2001, de la Corfo, relativa al traspaso de inmuebles, derechos de agua y servidumbres en diversas comunas de las Regiones de Los Ríos y de Los Lagos, para la materialización de proyectos de agua potable rural (APR) (381 al 1938).
- Diputado Chahín, Solicita información sobre el número de solicitudes recibidas para instalar pisciculturas en la comuna de Melipeuco (382 al 2009).
- Diputado Díaz don Marcelo, Recaba antecedentes sobre falta de mantenimiento de camino entre La Capilla y Las Lajas, comuna de Andacollo, Región de Coquimbo (383 al 1759).
- Diputado Tuma, Solicita informar sobre el estado de ejecución del proyecto “Mejoramiento Camino Puerto Peral-Trovolhue”, en la comuna de Carahue, Región de la Araucanía. (384 al 1865).
- Diputado Robles, Solicita se informe si los ingresos provenientes la venta de agua que la empresa sanitaria Aguas Chañar efectúa a la concesionaria Sacyr, encargada de la construcción de la carretera entre Vallenar y Caldera, y a la empresa Candelaria, son considerados en el cálculo de la tarifas de agua potable del resto de los clientes de la provincia del Huasco. (385 al 2020).
- Diputado Jaramillo, Solicita la realización de una visita inspectiva en la Ruta T 70, en la comuna de La Unión, Región de Los Ríos, que presenta un severo peligro en una de sus bermas. (386 al 1386).
- Diputada Turres doña Marisol, Solicita informe respecto de la construcción de la doble vía de la carretera que une a Puerto Montt y Pargua, particularmente sobre la falta de un número adecuado de pasarelas, la ausencia de calles laterales o caleteras, y la inexistencia de sectores para el atravieso de animales (400 al 2072).
- Diputado Espinoza don Fidel, Ejercer sus buenos oficios ante la empresa Eulen Chile, encargada del área peajes de la Concesionaria Los Lagos S.A., para que, entre otras medidas, dote a sus instalaciones con efectivas medidas de seguridad v. gr. guardias, “botones de pánico”, etc.; y contrate seguros de vida a las trabajadoras de dicha empresa que, en la X Región, han sido objeto de frecuentes asaltos a mano armada, con el evidente riesgo para sus vidas. (402 al 470).
- Diputado Gutiérrez don Romilio, Solicita informar sobre el estado del proyecto de conservación de caminos en la Provincia de Linares, financiado con el fondo de compensación, en la Región del Maule, en las rutas L-190, L-240, L-275, L-250, L-419 y la L-523; con especial señalamiento de la fecha proyectada de termino de los trabajos y las garantías y el período de garantía otorgados; y asimismo, se informe si es efectivo que la empresa Quinguz Ltda., que se adjudicó el contrato, mantiene deudas con empresas que le han prestado servicios para la ejecución de los mismos. (403 al 1661).
- Diputado De Urresti, Solicita informar el estado de avance del proyecto de denominado “Ruta Costera”, de la Región de Los Ríos, tanto en su tramo norte como en el tramo sur, toda vez que dicha iniciativa se suspendió en atención a las condiciones de la zona y a la necesaria protección de la biodiversidad (404 al 1908).
- Diputado García don René Manuel, Disponer una inspección y ordene efectuar la reparación de los puentes de Añihuarraqui, Quiñenahuín y Cares, situados en el sector Basas Grande, comuna de Curarrehue, Región de La Araucanía, de reciente construcción y que ya presentan un mal estado. (405 al 568).
- Proyecto de Acuerdo 238, Solicita al Gobierno aceleración del proceso de reconstrucción en materia de salud. (231).
Ministerio de Bienes Nacionales:
- Diputado De Urresti, Solicita se informe sobre el estado de la tramitación de los títulos gratuitos de dominio de nueve vecinos de la localidad de Tres Chiflones, en la comuna de Corral, Región de Los Ríos. (58 al 2155).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social:
- Diputado Ascencio, Solicita se realice una investigación, remitiendo sus conclusiones a esta Corporación, sobre la legalidad de las relaciones contractuales laborales de jugadores de fútbol profesional con el Club Deportivo Unión Española Sociedad Anónima Deportiva. De confirmarse la ilegalidad se requiere, además, se apliquen las multas a que haya lugar. (172 al 1954).
- Diputada Muñoz doña Adriana, Solicita informar las razones por las que los funcionarios de la Dirección del Trabajo de Illapel no cumplen con la obligación de informar a los trabajadores acerca de sus derechos; especialmente, en lo que respecta a las vías legales que les favorecen cuando los dineros que se les descuentan, por concepto de imposiciones previsionales y de salud, no son debidamente enteradas por sus empleadores, en las instituciones correspondientes. (187 al 1711).
- Diputada Muñoz doña Adriana, Solicita informar sobre la totalidad de las denuncias relacionadas a las empresas mineras Tambillo y Los Pelambres, relacionadas a las condiciones de higiene y seguridad en que laboran sus trabajadores, en el marco de los accidentes de 30 de noviembre próximo pasado, que costaron la vida a dos trabajadores (259 al 2047).
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Solicita se disponga realizar una investigación en la sede San Fernando de la Universidad de Los Lagos, acerca de eventuales irregularidades en el pago de sus remuneraciones al profesorado; remitiendo oportunamente sus conclusiones a esta Corporación. (261 al 2143).
- Diputado De Urresti, Solicita información respecto a las acciones, medidas de fiscalización y demás antecedentes en torno a la situación que afecta a los empaquetadores de la ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos. (314 al 1316).
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Disponer una fiscalización con motivo de la desvinculación laboral que en documento adjunto denuncia el señor Arturo Lucares Basso, en el hospital clínico Fusat, en la ciudad de Rancagua, VI Región (429 al 404).
Ministerio de Salud:
- Diputado De Urresti, Solicita opinión del Ministerio de Salud sobre cobro por tratamiento de diálisis efectuado al padre de un paciente fallecido, especificando si proceder de Fonasa en este caso obedece a política del gobierno en la materia (1330 al 2287).
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita información sobre el mecanismo de reingreso de pacientes al sistema público de salud, y aboga porque lo anterior funcione de manera automática (143 al 2306).
- Diputado Marinovic, Solicita que se implementen las medidas del caso tendientes a la fiscalización de la venta de productos perecibles en la vía pública, particularmente en el sector de las calles Errázuriz, Balmaceda y Chiloé, de Punta Arenas (18 al 711).
- Diputada Rubilar doña Karla, Informar respecto de los eventos que motivaron el deceso, con fecha 7 de septiembre de 2006, en el hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, de la señora Marta Adasme. Asimismo, proporcionar antecedentes acerca del cumplimiento del acuerdo celebrado con la hija de la fallecida. (187 al 1219).
- Diputado Hernández, Se informe sobre las medidas que sería posible aplicar para combatir la contaminación ambiental en la ciudad de Osorno, antes de la declaración formal como Zona Saturada; si existe un plan de descontaminación en estudio que permita implementar desde ya algunas de estas disposiciones. (19 al 1085).
- Diputado Castro, Solicita informar sobre el riesgo que representa para la salud de los vecinos del pasaje Parinacota, en la comuna de Rancagua, las emisiones de la planta de la empresa Sorepa S.A.; en segundo lugar, remitir copia de los informes de las fiscalizaciones e inspecciones realizadas, en la misma ciudad, a las empresas colindantes a la instalación antes señalada, en el pasaje 1, y en el canal de regadío derivado “Las Coloradas”; y, finalmente, copia de los informes de las fiscalizaciones realizadas a la empresa Interagro. (20 al 1986).
- Diputado Castro, Informar sobre los niveles de toxicidad por sílice, y otras sustancias tóxicas, al interior de la mina El Teniente, en el sector de Colón Bajo. (28 al 1496).
- Diputado Jaramillo, Solicita información sobre el estado de avance en los estudios de los proyectos de nuevos hospitales para las ciudades de La Unión y Río Bueno, Región de los Ríos (33 al 1621).
- Diputado León, Informar si se estudia reconstruir el hospital de la localidad de Hualañé, en la VII Región del Maule y, en el caso que sea efectivo, su prioridad. (3537 al 686).
- Diputado De Urresti, Informar sobre el estado de la construcción del nuevo hospital para la comuna de Corral; explicite los problemas que impiden, hasta hoy, su materialización; y, finalmente, señale las razones de las versiones equívocas sobre la ejecución del proyecto. (3624 al 1153).
- Diputada Molina doña Andrea, Diputado Eluchans, Solicitan informar sobre el gasto estimado por adulto mayor en el Plan Universal de Garantías Explícitas. (420 al 2113).
- Diputada Molina doña Andrea, Diputado Eluchans, Solicitan informar sobre el gasto mensual per cápita de un adulto mayor, según el grupo a que pertenezca el beneficiario, a saber, A, B, C ó D; y, además, señale las prestaciones médicas específicas a los adultos mayores que están cubiertas por el Fondo y que se pagan a instituciones privadas, v. gr. Hogar de Cristo, Fundación Las Rosas. (421 al 2112).
- Diputado Robles, Solicita se informe sobre razones médicas por las que cuatro de los treinta y tres mineros atrapados en yacimiento San José, Región de Atacama, durante el año pasado, fueron dados de alta, en tanto que los restantes veintinueve continúan con licencia médica, quedando los primeros sin protección laboral y de salud (685 al 2199).
- Proyecto de Acuerdo 91, Calificación en Fonasa del estimulador vagal como tratamiento alternativo a las cirugías para las epilepsias refractarias. (185).
- Proyecto de Acuerdo 238, Solicita al Gobierno aceleración del proceso de reconstrucción en materia de salud. (22).
Ministerio de Minería:
- Proyecto de Acuerdo 173, Establecimiento del domicilio del Sernageomin en Antofagasta. (66).
Ministerio de Energía:
- Diputado De Urresti, Solicita se estudie la factibilidad de reubicar un poste de luz ubicado en la calle Arturo Prat N°1152, de la ciudad de San José de la Mariquina, Región de Los Ríos, por la razón que se especifica (440 al 1612).
Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita el listado completo de los proyectos habitacionales que cada Servicio de Vivienda y Urbanismo tiene ingresado en su sistema, segregados por región y por comuna (100 al 2085).
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita información al ministerio de Vivienda y Urbanismo acerca de los proyectos de mejoramiento de viviendas en comunas del distrito 7 (La Serena, Vicuña, etc.) (103 al 276).
- Diputado Jarpa, Solicita informar sobre alternativas para solucionar problema habitacional a familias afectadas por el terremoto, especialmente en la provincia de Ñuble. (104 al 1101).
- Diputado Monsalve, Solicita a la ministra de Vivienda agilizar trámites para la entrega de subsidio a familias que integran el comité de vivienda Nueva Esperanza, de Lebu, región del Biobío (105 al 634).
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita a la ministra de Vivienda se de solución habitacional a familias de pescadores que viven en el sector La Estaquilla, comuna de Los Muermos, región de Los Lagos, debido a falla geológica en el lugar donde se encuentran sus actuales viviendas (191 al 636).
- Diputado Martínez, Solicita antecedentes acerca de la factibilidad de disponer la implementación de mecanismos de información y control del “Programa de mejoramiento del plan de patrimonio familiar” de esa Cartera, especialmente respecto del rol y atribuciones de las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS). (192 al 1325).
- Diputado Espinosa don Marcos, Solicita adoptar las medidas del caso tendientes a una pronta solución a las demandas habitacionales de un grupo de pobladores de la Junta de Vecinos Inti Rai, comuna de Calama, e informar respecto de las acciones emprendidas y de los recursos públicos comprometidos (203 al 1870).
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita se informe sobre el estado de avance en el diseño del Parque Mirador de Gualliguaica, en el Valle de Elqui, Región de Coquimbo. (34 al 1946).
- Diputado Monsalve, Solicita remitir el estudio de suelos realizado por el Servicio de la Vivienda y Urbanismo a los terrenos donde se encuentra el “Campamento Belén”, ubicado a un costado de la ruta 160, en la comuna de Lota, Región del Biobío. (53 al 1889).
- Diputado Marinovic, Solicita informar la factibilidad de asignar, a la Región de Magallanes y la Antártida Chilena, mil subsidios al reacondicionamiento térmico en vivienda existente, en el marco del Programa País de Eficiencia Energética, para el 2011 (91 al 1991).
- Diputado Monsalve, Solicita información a la Ministra de Vivienda sobre el estado de avance en las postulaciones a subsidios presentadas por diversos comités habitacionales de la comuna de Cañete, Región del Biobío (98 al 768).
- Diputado Lemus, Implementación, en definitiva, de los programas para la vivienda en la IV Región. (99 al 426).
- Proyecto de Acuerdo 145, Equiparación de valor de subsidios tradicionales para viviendas con subsidios para damnificados por terremoto de 27 de febrero de 2010. (37).
- Proyecto de Acuerdo 202, Estudio de la situación de deudores habitacionales que indica. (54).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputado Pérez don Leopoldo, Solicita se informe sobre el estado de tramitación de la solicitud de concesión de una señal de radiodifusión sonora para la Radio Comunitaria de San Expedito, en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana de Santiago . (420 al 2248).
Ministerio Secretaría General de Gobierno:
- Proyecto de Acuerdo 213, Reconocimiento a integrantes de Selección Femenina de fútbol Sub-15 a través del Instituto Nacional de Deportes. (977).
Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
- Proyecto de Acuerdo 140, Creación de Programa de Centro Diurno para Cuidado Integral de Adultos Mayores. (68).
Ministerio de Planificación y Cooperación:
- Diputado De Urresti, Solicita se informe sobre el estado de avance del proyecto para la reposición del jardín infantil “Esperanza”, ubicado en la calle Arica 2315, en la ciudad de Valdivia. (132 al 2156).
Ministerio Público:
- Diputado Burgos, Solicita se remitan los antecedentes documentales relativos al déficit de fiscales que afecta al Ministerio Público. (42 al 903).
- Diputada Isasi doña Marta, Solicita copia de los antecedentes relacionados con el concurso público para proveer el cargo de Fiscal Regional de Valparaíso, particularmente aquellos relativos al listado de postulantes y los motivos que motivaron el hecho de ser o no seleccionados (45 al 841).
Ministerio Medio Ambiente:
- Proyecto de Acuerdo 185, Dictación de reglamento para hacer operativa la Evaluación Ambiental Estratégica. (110321).
Ministerio de la Mujer:
- Diputado Ascencio, Solicita informar los días y horario en que la señora Directora del Servicio Nacional de la Mujer de la Región de Valparaíso , Ana María Pacheco Rodríguez, desempeña dicho cargo (36 al 2053).
Empresas del Estado:
- Diputado Sandoval, Solicita información sobre las condiciones en que se prestan los servicios financieros de BancoEstado en las comunas de la Región de Aysén, particularmente en la comuna de Villa O'Higgins (2 al 2166).
Intendencias:
- Diputado Díaz don Marcelo, Denuncia sobre depredación de dunas en playa La Despensa, sector Caleta Hornos, comuna de la Higuera, región de Coquimbo. (58 al 220).
Servicios:
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita informe sobre cambios incorporados al producto “Cuenta RUT” y el impacto de dicha medida en el acceso al mismo por parte de los pequeños y medianos empresarios (1 al 2284).
- Diputado Hasbún, Solicita se considere la factibilidad de conceder en comodato, a los propietarios del “Condominio Social 3 de Mayo”, el terreno que limita con dicha comunidad, ubicado en calle María Angélica con Las Araucarias, en la comuna de la Florida. (606 al 840).
Presidente directorio BancoEstado:
- ORA-00904: “Acuerdo Sala”: identificador no válido, Solicita se informe la factibilidad de instalar una “caja vecina” en la comuna de Villa O'Higgins, Región de Aysén, con el objeto de atender los requerimientos bancarios de sus vecinos (2 al 2178).
Municipalidad de Teodoro Schmidt:
- Diputado Edwards, Pide antecedentes sobre las organizaciones comunitarias y sociales que se indican. (36 al 1342).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (108)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos René IND XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto RN XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Muñoz D'Albora, Adriana PPD V 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silva Mendez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Asistieron, además, los ministros de Minería y de Energía , don Laurence Golborne, y de la Secretaría General de la Presidencia, don Cristián Larroulet, y el director nacional del Sernageomín , señor Enrique Valdivieso.
-Concurrieron, también, los senadores señores Juan Antonio Coloma, Hernán Larraín, Jovino Novoa, Víctor Pérez y Gonzalo Uriarte.
-Por encontrarse con permiso constitucional no asistió el diputado señor Patricio Hales. -
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.36 horas.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El acta de la sesión 126ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 127ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios bajo la presidencia de la diputada Alejandra Sepúlveda, adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Considerar, sobre Tabla, en la sesión de hoy, el proyecto de acuerdo N° 214, sobre recursos para búsqueda de desaparecidos de Isla Orrego, en Constitución, luego del maremoto de 27 de febrero de 2010.
2. Incorporar en el tercer lugar de la Tabla, en la sesión del día jueves, el informe de la Comisión Investigadora de los Procesos de Aprobación de Proyectos Hidroeléctricos y Energéticos por parte de las comisiones regionales del medio ambiente en cada una de las regiones del país.
3. Considerar el informe de la Comisión Investigadora sobre el Programa Orígenes en alguna de las tablas a programar durante la próxima semana.
PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN INVESTIGADORA.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Si le parece a la Sala, se accedería a la petición de la Comisión Investigadora del proceso de reconstrucción nacional de prorrogar por noventa días el plazo para cumplir su cometido.
El señor MONTES.- Señora Presidenta, pido la palabra.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Para referirse a este punto, tiene la palabra su señoría.
El señor MONTES.- Señora Presidenta , ¿será posible, dado que la reconstrucción está en curso, que la Comisión Investigadora entregue un informe preliminar? Estoy de acuerdo en prorrogar su mandato en noventa días, pero pido que en un plazo de quince nos entregue un informe sobre los avances en la investigación. Eso le serviría al conjunto de la Sala.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Me parece bien la propuesta del diputado señor Montes.
¿Habría acuerdo, entonces, en pedir a la Comisión Investigadora que emita un primer
informe dentro de 15 días y, asimismo, autorizar la prórroga de su plazo de funcionamiento?
Acordado.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Pido la palabra.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta , me corresponde rendir el informe de la Comisión Investigadora de la mina San José. A ese respecto, le pido que recabe la unanimidad de la Sala para que tanto el nuevo director de Sernageomin como el subsecretario de Minería ingresen al Hemiciclo y puedan responder las inquietudes de los diputados sobre cómo ocurrieron los hechos y expliquen también cuál será la reacción del Gobierno ante lo sucedido. Dicha asistencia es muy importante, y con ella se mantendrá el espíritu de trabajo habido en la Comisión.
Hago esta solicitud, pues el ministro asistirá a una reunión en el Senado a la misma hora en que deberemos pronunciarnos acerca del informe.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- ¿Habría acuerdo para autorizar el ingreso del subsecretario a la Sala?
No hay acuerdo.
ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La Comisión de Ciencia y Tecnología ha solicitado revisar en primera instancia el proyecto de telefonía digital, dado que, además, todas las modificaciones que se plantean en él se relacionan con un proyecto de acuerdo generado en la propia Comisión. ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por la Comisión de Ciencia y Tecnología? Acordado.
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, pido la palabra.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor de Urresti .
El señor DE URRESTI .- Señora Presidenta , me llama la atención que en la Tabla de hoy no figure la discusión del informe de la Comisión Investigadora sobre el funcionamiento de las Coremas, el que se rindió antes del receso parlamentario y cuyo debate comenzó ayer con un par de intervenciones. Me parece prudente que hubiéramos continuado con la discusión durante la presente sesión, más aún cuando a través de WikiLeaks nos enteramos de que existiría alguna intervención incluso de gobiernos extranjeros en proyectos energéticos en nuestro país.
Lo anterior es de la máxima importancia y tendrá una serie de consecuencias, por lo que considero que se le debe dar continuidad a la discusión del informe y no hacerla semana por medio o mes por medio.
Por eso, me gustaría saber por qué el referido debate no figura en la Tabla de hoy.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Señor diputado , analizamos el punto en la reunión de Comités de hoy y, debido a los mismos argumentos por usted planteados, debatiremos el informe hasta su total despacho.
El señor DE URRESTI .- Señora Presidenta , no comparto ese criterio, pues considero que los antecedentes a que he hecho referencia son suficientes para reabrir la Comisión e investigar las filtraciones de WikiLeaks antes mencionadas. Pero, en fin, como usted ya ha señalado, eso lo veremos mañana.
-o-
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Así, es señor diputado . Y si usted plantea así el punto, con mucho gusto acogeremos su petición.
JURAMENTO O PROMESA DE ESTILO DEL SEÑOR CRISTIÁN LETELIER AGUILAR.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
Corresponde tomar el juramento o promesa de estilo al señor Cristián Letelier Aguilar.
Por lo tanto, solicito al señor Secretario que lo invite a ingresar a la Sala.
-El señor Cristián Letelier Aguilar hace ingreso a la Sala.
-Aplausos.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
De acuerdo con lo preceptuado en el inciso tercero del artículo 51 de la Constitución Política de la República y en el inciso final del artículo 5° de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, en consideración a la notificación efectuada por el Presidente del Partido Unión Demócrata Independiente, mediante la cual comunica a esta Corporación el nombre del ciudadano con que se proveerá la vacante dejada por el señor Gonzalo Uriarte Herrera, que ha asumido el cargo de senador de la República, y después de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para desempeñar el cargo de diputado, de acuerdo con el artículo 32 del Reglamento de nuestra Corporación, procederé a tomar el juramento o promesa de estilo al señor Cristián Letelier Aguilar.
Ruego a los señores diputados, señoras diputadas, funcionarios y asistentes a las tribunas ponerse de pie.
-Las señoras diputadas, los señores diputados, funcionarios y asistentes a las tribunas se ponen de pie.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta) [de pie].
- Señor Cristián Letelier Aguilar, ¿juráis o prometéis guardar la Constitución Política, desempeñar fiel y legalmente el cargo que os ha confiado la Nación, consultar en el ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses y guardar sigilo acerca de lo que se trate en sesiones secretas?
El señor LETELIER, don Cristián (de pie).
- Sí, juro, señora Presidenta.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra, Presidenta (de pie).
- En consecuencia, declaro que su señoría queda investido del cargo de diputado de la República de Chile e incorporado a esta Sala. ¡Bienvenido!
-Aplausos.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para hacer aplicable la normativa de las bicicletas a los vehículos de cilindrada que indica, con los diputados Javier Hernández, Alejandro García-Huidobro, René Saffirio, Joaquín Tuma y René Manuel García.
¿Habría acuerdo?.
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
PROHIBICIÓN DE CURSAR INFRACCIÓN, A TRAVÉS DE CITACIÓN, A DUEÑO DE VEHÍCULO EN MOVIMIENTO. Primer trámite constitucional.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.287, sobre procedimiento ante los juzgados de policía local, prohibiendo el envío de citaciones en caso de que las infracciones sean registradas con el vehículo en movimiento.
Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es el señor Gustavo Hasbún.
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 7292-15, sesión 97ª, en 9 de noviembre de 2010. Documentos de la Cuenta N° 9.
-Primer Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, sesión 127ª, en 18 de enero de 2011. Documentos de la Cuenta N° 11.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor HASBÚN.- Señora Presidenta , en nombre de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, paso a informar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en una moción de los diputados señores Auth , García , García-Huidobro , Hernández , Meza , Norambuena , Tuma , Venegas ; de la diputada señora Zalaquett , doña Mónica , y de quien informa, que modifica la ley N° 18.827, sobre procedimiento ante los juzgados de policía local, prohibiendo el envío de citaciones en caso de que las infracciones sean registradas con el vehículo en movimiento.
La iniciativa en informe fue despachada por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados el 11 de enero de 2011.
La idea matriz del proyecto consiste en prohibir que se cursen infracciones a vehículos en movimiento, salvo que sean cursadas por carabineros y certificadas por pruebas fotográficas.
No hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
No hay normas de quórum o de rango orgánico constitucional.
Actualmente, la legislación contempla la citación al juzgado de policía local por infracciones de tránsito de vehículos en movimiento, presenciadas por carabineros e inspectores fiscales o municipales. Estas infracciones se empadronan a un responsable -el dueño, por regla general- cuya individualización puede ser errada por falta de control presencial u otro medio de prueba, pues sólo se cuenta con el testimonio de un servidor público, el que no tiene el carácter legal de ministro de fe.
El proyecto de ley contempla un artículo único, por el que se incorpora una oración dentro del inciso tercero del artículo 3° de la ley N° 18.287, de Juzgados de Policía Local . Por medio de este agregado, se limita la obligación de los inspectores municipales y fiscales de denunciar contravenciones o faltas al juzgado de policía local, por cuanto, para el caso de vehículos en movimiento, sólo podrá hacerlo Carabineros de Chile. Éstos deberán, además, certificar las infracciones con pruebas fotográficas.
El proyecto permite la aplicación efectiva de la ley N° 19.676, que hace una década modificó la misma Ley de Juzgados de Policía Local al exigir la individualización del denunciado.
A mayor abundamiento, los señores diputados señalaron que actualmente los partes empadronados son una especie de caja pagadora de las municipalidades y no contribuyen a disminuir los niveles de accidentabilidad.
El proyecto fue aprobado en general y en particular por seis votos a favor, de los diputados señores Auth , García , García-Huidobro , Hernández , Meza y quien informa, y una abstención del diputado señor Pérez, don Leopoldo .
Finalmente, recuerdo a la Sala que el informe que contiene el texto aprobado por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, así como el comparado que contiene la ley vigente y el texto aprobado por esta Comisión, se encuentran en poder de los señores diputados.
Es todo cuanto puedo informar a la Sala.
He dicho
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señora Presidenta , brevemente deseo señalar que no me cabe duda de que este proyecto -hubo varios proyectos de acuerdo que reflejaban la imperiosa necesidad de un cambio profundo respecto de lo que acaba de relatar el diputado Hasbún - se aprobará por unanimidad. Podrá haber alguna discusión al respecto, pero se trata de una necesidad que es planteada en muchas oportunidades en nuestras oficinas parlamentarias.
Se ha discutido bastante acerca de lo que sucede con los llamados partes empadronados a vehículos sin que necesariamente se constate la identidad del conductor, porque ello simplemente se realiza por medios electrónicos y, posteriormente, aparece como responsable de su pago quien figura como dueño del vehículo en los respectivos registros públicos.
Por lo mismo, no resulta justo para la persona que recién ha vendido un vehículo y se encuentra haciendo el traspaso de propiedad el daño que pueda ocasionarle el nuevo dueño a causa de este tipo de multas.
En esta ocasión, la intención de los colegas que presentaron el proyecto -es bueno que haya sido acogido- tiene como principal objetivo lograr que estas infracciones sean cursadas por Carabineros de Chile y que se certifique con algún medio de prueba que ellas fueron efectivamente cometidas, a fin de que exista certeza de que fueron cursadas en regla y de esa manera evitar la generación de múltiples infracciones sin que exista claridad de que hayan sido cometidas por el dueño del vehículo que aparece mencionado en el parte.
Hago todo este comentario porque también fui autor de un proyecto de ley que llevaba el mismo argumento y que no fue tomado en consideración en su momento.
Sin embargo, la situación es de real necesidad.
Cuando sucede lo que acabo de describir quien aparece como dueño del vehículo infraccionado debe hacerse, entonces, responsable del pago de la multa y las posteriores consecuencias, a pesar de que no existe la claridad de que esa persona haya estado conduciendo el vehículo al momento en que se produjo la eventual falta a la ley de Tránsito. Eso es lo fundamental del proyecto.
Concuerdo en que esto va a suplir realmente la situación de infractor de las normas de tránsito a la cual se puede ver expuesta una persona que ha sido objeto de un parte de esta naturaleza, sobre todo, porque es una situación que se repite en muchas partes del territorio nacional.
Por ello, pido que esta Sala dé su apoyo unánime a esta iniciativa.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado don Gustavo Hasbún.
El señor HASBÚN.- Señora Presidenta , el objetivo del proyecto es modificar la legislación vigente respecto de la responsabilidad que puede recaer sobre una persona al infringir la ley, lo cual queda registrado a través de los medios dispuestos por los organismos de control para eliminar el envío de citaciones producto de una infracción de tránsito, cuando ésta haya sido observada mientras el vehículo está en movimiento.
En la actualidad, la ley considera el envío de citaciones al juzgado de policía local en caso de que la infracción a la ley de Tránsito haya sido presenciada por carabineros e inspectores fiscales o municipales, aunque el vehículo infractor se encuentre en movimiento. Sin embargo, esto no considera factores presentes en la ley N° 18.290, de Tránsito, que exige la debida comprobación de la identidad del individuo que está infringiendo la norma, la verificación de que la licencia extendida corresponda al tipo de vehículo que conduce, que las restricciones estipuladas en la licencia se estén cumpliendo, o algunas de las especificaciones indicadas en el artículo 172 de la ley mencionada en referencia a la responsabilidad en caso de accidente.
Este tipo de infracciones deben ser cursadas a un vehículo específico y no a la persona, aunque finalmente el dueño del vehículo en cuestión sea el responsable de la infracción, a menos que compruebe que éste fue utilizado sin su consentimiento, según lo señala el artículo 174 de la ley N° 18.290. Estas infracciones deben empadronarse, lo que significa asignar un responsable, quien debe ser debidamente individualizado para que responda por su falta.
La ley N° 19.676 modificó sustancialmente el procedimiento en materia de denuncias de infracciones a las normas de tránsito efectuadas por escrito sin estar presente el conductor.
En el punto número 4, en los incisos primero y segundo del artículo 4° de dicha ley, se especifica que la citación al juzgado de policía local debe incluir la individualización del denunciado, hecho que no se puede cumplir si no hay un control presencial y directo con éste, lo cual sólo puede ocurrir si se realiza con detención del vehículo. De igual manera, no se considera el hecho de que el denunciante cometa un error al escribir u obtener los datos del registro del vehículo, hecho que en los juzgados de policía local es bastante común, de acuerdo con lo que plantearon los representantes de la Asociación de Jueces, quienes señalaron que cerca del 60 por ciento de las infracciones cursadas a través de partes empadronados a vehículos en movimiento no corresponden o muchas de ellas tienen información errónea o incorrecta.
La ley mencionada anteriormente modifica los medios de prueba de la infracción, validándolos con material audiovisual, de manera que en ausencia de ellos no se produzcan problemas en el registro de la infracción. No obstante lo anterior, los medios de los cuales se dispone también pueden estar sometidos a alteraciones dependientes de factores inherentes a su funcionamiento.
Pese a que no existen estadísticas formales al respecto, no han sido pocos los reclamos de personas a las cuales se les ha enviado citación sobre una infracción que no cometieron, existiendo casos en los cuales los involucrados incluso residían en ciudades muy distantes. Por ejemplo, está el caso específico de una persona de Iquique que aparecía cometiendo infracción en la comuna de Santiago; o de Osorno, que también aparecía supuestamente con infracciones cuando el vehículo estuvo detenido por fallas mecánicas durante dos años.
Tanto los carabineros, como los inspectores municipales y fiscales no son considerados ministros de fe y por su condición de empleados públicos los jueces de policía local sólo los consideran testigos abonados. Los ministros de fe están expresamente señalados en el Código Orgánico de Tribunales y son los notarios, conservadores de bienes raíces, archiveros, receptores judiciales y secretarios de tribunales de la República. De esta forma, las infracciones cometidas y presenciadas por ellos sin un medio efectivo de prueba, no constituyen un método, un medio, ni un testimonio efectivo.
Por lo tanto, creemos que el proyecto va a regular debidamente las infracciones de tránsito cursadas a través de partes empadronados a vehículos en movimiento, ya que se han transformado en verdaderas cajas pagadoras de los municipios. Sin duda, ello no está contribuyendo a bajar los índices de accidentabilidad, sino sólo a que los municipios puedan tener más dinero en efectivo en sus arcas, cometiendo abusos permanentes en contra de mucha gente inocente cuyos derechos se ven vulnerados al existir en el fondo estos vacíos legales.
Los inspectores municipales y fiscales muchas veces son mandados a cursar los partes empadronados y la mayoría de ellos se realizan a través de engaños, porque los inspectores están escondidos en las esquinas o detrás de los árboles para sorprender a las víctimas que cometen infracciones de tránsito.
Por lo tanto, aquí hay que ser justos, lo que significa en el fondo que los partes por infracciones de tránsito sólo se puedan cursar una vez que el vehículo se encuentre detenido y que sólo sea facultad de Carabineros decidir lo que corresponda.
Con esto no le estamos quitando la facultad que tienen los propios inspectores municipales de poder cursar las infracciones a los vehículos en movimiento, ya que, ante la presencia de carabineros, el infractor puede ser detenido y los propios inspectores pueden seguir cursando sus infracciones; en el caso de los vehículos que cometen infracciones por mal estacionamiento, los inspectores municipales y fiscales también van a poder seguir cursando los partes correspondientes.
El proyecto pretende corregir un vacío legal que se ha transformado en un abuso permanente que muchas veces afecta a gente inocente que se ve expuesta a un parte empadronado por desconocimiento o por datos erróneos que ha recibido quien lo cursó y tiene que asumir la responsabilidad de otra persona; además, muchas veces los jueces de policía local hacen oídos sordos a los permanentes reclamos de la gente que ha sido víctima de estos abusos.
Por eso, lo que hemos sostenido es que se debe buscar la forma de entregar a los municipios mayores recursos, pero que no sea a través de abusos que se están cometiendo en contra de gente inocente que, muchas veces, por un tema de capacidad o disponibilidad o porque no cuentan con los medios adecuados, no tienen la posibilidad de reclamar ante los organismos competentes para evitar que ese parte empadronado de que fueron objeto en forma injusta siga su curso.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado don Osvaldo Andrade.
El señor ANDRADE.- Señora Presidenta , éste es un mal proyecto y lo voy a votar en contra porque el enfoque está equivocado. Las prevenciones en las que se funda también son equivocadas.
Entiendo que el cumplimiento de las normas legales -y por cierto también las de tránsito- debe ser un tema que nos interesa a todos y, en consecuencia, esta Corporación debe promover su cumplimiento, particularmente las de tránsito, por las consecuencias sociales, económicas y de vidas humanas que ello significa.
Generar mecanismos para producir impunidad no es una buena señal; al contrario, atenta precisamente con lo que debe ser el objetivo de una Corporación de esta naturaleza, sobre todo porque desde un punto de vista práctico, el fundamento de hecho estimula un comportamiento mucho más atentatorio contra la norma, que es “arrancarse” ante una eventual situación. Eso es lo que estamos estimulando. Si para generar la infracción el vehículo tiene que estar detenido ¿cuál es el estímulo para el infractor? No detenerse y, de esa manera, obviar el control. Por eso, pienso que está absolutamente equivocado el estímulo que genera este proyecto.
Además, el fundamento de que hay que asumir con pruebas una denuncia creo que también está equivocado, ya que las pruebas se presentan al momento de evaluar la infracción y eso lo hace un tribunal. Muchas veces, estas pruebas se constituyen en el mismo tribunal sobre la base de la confesión del propio infractor. Entonces, ¿por qué habría que asumir que el ministro de fe , sea carabinero o funcionario municipal, tiene que garantizar que al momento de la configuración de la infracción la prueba esté previamente establecida? Esa es una exigencia que ni siquiera se establece para los procedimientos penales; sin embargo, se pretende incorporar en este proyecto.
Después, se parte de otra premisa equivocada: que los funcionarios municipales reciben instrucciones para generar recursos por esta vía. ¿Y qué ocurre con Carabineros? Muchas veces, las subvenciones que se otorgan a los funcionarios de esta institución están íntimamente ligadas a esta práctica. Quienes han sido alcaldes, incluidos algunos colegas presentes, tienen alguna experiencia al respecto.
El funcionario municipal es venal; en cambio, el carabinero es incorruptible. Ése es el concepto que existe; uno sí, pero el otro no. ¿Dónde está la diferencia? Si el punto es evitar la eventual indefensión en que se encuentra un infractor inocente, esa situación se debe resolver en el tribunal. Es allí donde se debe garantizar equilibrio en el tratamiento del caso, pero no de esta manera. Discrepo de la premisa de que el funcionario municipal es, per se, un funcionario venal y que, por el contrario, el carabinero está en una situación de privilegio. ¿Desde cuándo? Si ambos son funcionarios públicos y, por lo tanto, debemos tener el mismo respeto por ambos.
Ahora, si hay que debatir sobre la naturaleza del ministro de fe, ésa es otra discusión; si hay que resolver los problemas de los eventuales infractores ocasionados por una relación desequilibrada con éste, realicemos esa discusión, pero no sobre la base de hacer distinciones entre los ministros de fe. El proyecto también está equivocado en esta materia.
Considero que el objetivo del proyecto es equívoco y la fórmula propuesta, absolutamente equivocada y, por eso, me parece que es un mal proyecto.
Termino manifestando que si para hacer una denuncia se exigen pruebas, ¿de qué sirve el tribunal? Es allí donde se deben efectuar las pruebas, y si tenemos la convicción de que hay un desequilibrio en el tratamiento de los infractores por el tribunal, resolvamos esa situación; pero, lo que estamos haciendo -permítanme usar una expresión muy chilena- sólo sirve para estimular que uno se arranque para no cumplir con la ley.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra al diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA.- Señora Presidenta , precisamente, es en el Congreso Nacional donde los diputados vierten sus opiniones, con el objeto de buscar una solución a los problemas que -entendemos- aquejan a la ciudadanía. Por lo tanto, en el libre ejercicio de la democracia, discrepo de lo manifestado por mi estimado amigo y Presidente del Partido Socialista , Osvaldo Andrade .
Creo que este proyecto de ley, cuyo auto-res el diputado Gustavo Hasbún y que también suscribimos algunos parlamentarios, tiene méritos suficientes para que sea aprobado por la honorable Cámara.
Estamos hablando de una iniciativa que tiene por finalidad modificar la ley N° 18.287, con el objeto de prohibir el envío de citaciones a los dueños de vehículos que hayan cometido una infracción y cuyo vehículo se encuentra en movimiento.
Para nadie es un secreto esta situación, y todos hemos denunciado los abusos que se cometen con los automovilistas de nuestro país que pertenecen, fundamentalmente, a nuestra sufrida clase media. Se trata de los partes empadronados que cursa un inspector municipal, a diestro y siniestro, a vehículos en movimiento, y que muchas veces terminan esquilmando los bolsillos de taxistas y de personas sencillas que no han cometido o no han sido testigos de infracción alguna. Sin embargo, las multas aplicadas pasan a engrosar las arcas de los municipios. Sin ir más lejos, durante 2010, la municipalidad de Santiago recaudó alrededor de 1.000 millones de pesos por concepto de partes empadronados. En otras regiones, a lo largo y ancho de Chile, se ha transformado en un verdadero abuso que los alcaldes ordenen cursar partes y más partes, en las carreteras y calles del país, al extremo de premiar a los inspectores que cursen mayor número de partes empadronados.
No estoy diciendo que todos los partes sean injustificados; seguramente, muchas son infracciones reales; pero, muchísimas corresponden a los abusos que estamos denunciando y que ameritaron que este proyecto presentado por el diputado Hasbún y suscrito también por diversos diputados de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones fuera aprobado en forma unánime en dicha Comisión. Por eso, espero que hoy también sea aprobado por esta honorable Sala.
Tal vez, la mitad de los más de dos millones de partes empadronados cursados en 2010 -por dar una cifra- fueron bien cursados; pero, los parlamentarios chilenos debemos velar por que se haga justicia con quienes reciben una citación al juzgado de policía local por partes empadronados de los cuales no habían tenido noticia alguna.
Una de las tantas funciones que debe cumplir Carabineros de Chile es cursar estos partes, porque sus funcionarios son los únicos ministros de fe que están autorizados para “sacar” partes -como se dice en la jerga popular-, cuando corresponda. No pretendemos terminar con los partes empadronados, sino corregir una anomalía, es decir, cursar infracciones a vehículos en movimiento en tanto existan medios de prueba reales.
Por eso, la bancada del Partido Radical Social Demócrata va a aprobar entusiastamente -incluido el colega Alinco- este proyecto de ley.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra al diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señora Presidenta , en realidad, este proyecto me sorprende porque me deja la sensación de que transita en la dirección exactamente opuesta a lo que desea la mayoría de los habitantes, en particular, de los grandes centros urbanos.
Estamos en presencia de centros urbanos absolutamente colapsados, debido a la circulación de vehículos de todo tipo y a que existe una infraestructura vial absolutamente incapaz e insuficiente para permitir un flujo seguro y permanente de los mismos, tanto al interior de nuestras ciudades, como en nuestras carreteras.
El señor MEZA .- Su señoría fue alcalde.
El señor SAFFIRIO.- Sí, señor diputado , no es pecado haber sido alcalde; a mucha honra, fui alcalde de Temuco , durante 12 años.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Señor diputado , le ruego que se dirija a la Mesa.
El señor SAFFIRIO.- Muy bien, señora Presidenta .
Creo que cuando les quitamos facultades a los inspectores municipales para que cursen este tipo de partes, indirectamente estamos recargando el trabajo de Carabineros de Chile.
Debo recordar que había una época en que las infracciones de tránsito eran cursadas por funcionarios de Carabineros, quienes utilizaban armamento de guerra para llevar a cabo tal cometido. Era insólito, chocante, ver algo similar; daba la impresión de que si uno viraba sin señalizar, el efecto de esa acción no sería recibir un parte y una citación a un juzgado de policía local, sino un disparo.
Si a esto sumamos una cultura de conducción que dista mucho del respeto a las normas de tránsito, sino que se acerca, más bien, a la búsqueda constante y permanente de la infracción impune, diría que el proyecto genera grandes dificultades y que estamos dando una señal equívoca, errónea. No cabe la menor duda de que pueden cometerse abusos; pero, no sólo se comete un abuso cuando los inspectores municipales cursan un parte; los carabineros también lo cometen cuando cursan partes por infracciones de tránsito. Entonces, quitémosle a Carabineros de Chile la facultad de cursar este tipo de partes y definamos aquí quién debe hacerlo. Tal vez, podría ser el ministro de Justicia el que transite por nuestras calles para que curse las infracciones correspondientes. ¡Insólito!
Lo que yo espero es que la Cámara apruebe un proyecto de ley que aumente las facultades de los fiscalizadores municipales para que puedan realizar efectivamente un control riguroso por parte de personal civil, para el resguardo y cumplimiento de aquellas normas que sólo tienen que ver con la conducción de un vehículo motorizado en un bien nacional de uso público.
Por estas razones, me parece fundamental que la Cámara dé una señal clara a los ciudadanos y que rechace este proyecto de ley que, por cierto, también voy a votar en contra.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señora Presidenta , en cuanto a las infracciones a las reglas de tránsito y a los partes que provocan tanto dolor de cabeza y verdaderos dramas a las personas, que en el momento menos pensado pueden cometer infracciones y son “parteadas” por Carabineros, el proyecto se ajusta a un criterio de justicia y de equidad.
Estaría de acuerdo en establecer la prohibición de que se cursen infracciones a vehículos en movimiento, a menos que éstas, como se estipula en la modificación, sean cursadas por Carabineros de Chile sobre la base de pruebas fotográficas. Sin embargo, a veces los ministros de fe y los instrumentos para medir la velocidad no son tan certeros o precisos.
Últimamente, hemos sabido de denuncias de aparatos que marcaban la velocidad de manera inexacta, con lo cual los automovilistas son sancionados de manera injusta. En consecuencia, hay que analizar esa parte y probar las infracciones, como corresponde.
Respecto del tema, me pregunto por qué los funcionarios municipales están autorizados para pasar partes por infracciones a las leyes de tránsito. Se me ocurre que los verdaderos ministros de fe, los que tienen la función, la atribución concreta y obligación de hacerlo son los carabineros, quienes están imbuidos de este conocimiento, necesidad o deber ciudadano, cual es hacer respetar la ley.
Puede suceder que algún funcionario municipal, en una actitud de persecución, por diferencias políticas o de otro orden, quiera vengarse de algún dirigente gremial o político y “sacarle un parte”. Por eso, prefiero que sólo sean cursados por Carabineros.
Creo que el proyecto responde a una inquietud de los conductores. Los partes empadronados son bastante ingratos. Los papelitos o citaciones que aparecen en los vehículos son muy desagradables. A veces somos sorprendidos por ellos y nos defendemos en la creencia de que hemos actuado correctamente.
Luego, habría que hacer un estudio para ver de qué forma se puede acreditar una infracción con certeza, porque los actuales instrumentos no son totalmente seguros o confiables. Carabineros tampoco puede dar fe con precisión absoluta acerca de una infracción.
Por eso, voy a votar el proyecto favorablemente, porque viene a hacer justicia y evita posibles errores en esta materia.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ .- Señora Presidenta , por su intermedio, quiero felicitar al autor de la iniciativa y a quienes la apoyaron, porque viene a ordenar la forma de ejecutar las infracciones, lo que se había ido desvirtuando.
En este tema, cumple un rol fundamental Carabineros de Chile, la autoridad asignada para ello. La ley también da ciertas facultades a los funcionarios municipales, pero a veces estos toman atribuciones que van mucho más allá de la ley. Por ejemplo, muchas veces reciben atribuciones precisas de las autoridades municipales, en el sentido de recaudar una mayor cantidad de recursos para cubrir el déficit de los distintos servicios. Por eso, nos encontramos con funcionarios municipales que se esconden detrás de un poste, arriba de un puente y empiezan a anotar cuánto vehículo pasa, sin ningún tipo de instrumentos ni de pruebas.
Muchas veces se equivocan, escriben patentes erradas, no culpan al autor que va conduciendo, sino al dueño del vehículo, el cual no necesariamente es el responsable.
Por lo tanto, esta normativa viene a solucionar y a colocar en su justo lugar las infracciones que correspondan. Si voy a exceso de velocidad, está el fotorradar autorizado, que maneja Carabineros. Pero no puede llegar un parte empadronado inexplicable, que no se sabe cuándo, dónde ni a qué hora fue sacado; que sólo queda ir a pagar, porque no hay otra justificación.
Comparto la opinión del diputado Meza acerca de que acá los más perjudicados son los taxistas y las personas de clase media y media baja, quienes muchas veces son afectados por los municipios más populares y no por los que poseen más recursos. En consecuencia, siempre se les carga la mano a los trabajadores que utilizan sus propios medios de transporte, a los que frente a un juez no les queda más que pagar.
El proyecto sólo viene a regular, a ordenar. Si pretendiera dar mayores facultades a los funcionarios municipales, sería de otro tipo, materia de otra ley, lo que, por cierto, habría que estudiar.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.287, sobre procedimiento ante los juzgados de Policía Local, prohibiendo el envío de citaciones, en caso de que las infracciones sean registradas con el vehículo en movimiento, a menos que sean cursadas por funcionarios de Carabineros de Chile.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 21 votos. Hubo 8 abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Aprobado en general el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Por no haber sido objeto de indicaciones, también queda aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA ENCARGADA DE RECABAR Y ANALIZAR ANTECEDENTES RELATIVOS A AUTORIZACIÓN, FISCALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE TRABAJADORES DE LA PEQUEÑA, MEDIANA Y GRAN MINERÍA CON MOTIVO DEL DERRUMBRE OCURRIDO EN LA MINA SAN JOSÉ.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Corresponde tratar el informe de la Comisión de Minería y Energía, recaído en la investigación sobre seguridad y prevención de riesgos en faenas mineras, el cierre y reapertura del yacimiento San José, el grado de responsabilidad de las autoridades públicas en el derrumbe ocurrido el 5 de agosto de 2010, la participación que le cabe al Servicio Nacional de Geología y Minería y a los servicios públicos en materia de autorización, fiscalización y protección de los trabajadores de la pequeña, mediana y gran minería, y las acciones concretas realizadas en cumplimiento de su mandato legal.
Diputado informante de la Comisión de Minería y Energía es el señor Alejandro García-Huidobro.
Antecedentes: -Informe de la Comisión Investigadora, sesión 131ª, en 1 de marzo de 2011. Documentos de la Cuenta N° 20.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Hago presente a la Sala que ayer se acordó autorizar el ingreso del director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería durante la discusión del informe.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.- Señora Presidenta, ¿es posible que solicite la unanimidad de la Sala para que ingrese el subsecretario de Minería? Mi petición se basa en el hecho de que se trata de un tema transversal.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Se pidió al inicio de la sesión, pero no hubo acuerdo. ¿Habría acuerdo en proceder en el sentido señalado por el diputado señor Ulloa? No hay acuerdo.
Para rendir el informe de la Comisión investigadora, tiene la palabra el diputado Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, honorable Sala, director Nacional de Sernageomín, señor Enrique Valdivieso, paso a informar acerca de las diligencias realizadas y conclusiones alcanzadas por la Comisión de Minería y Energía, constituida en Especial Investigadora encargada de realizar un análisis de las disposiciones legales y administrativas que regulan las normas y estándares en seguridad y prevención de riesgos que deben cumplir las empresas respecto de los trabajadores que se desempeñan en faenas mineras; recabar los antecedentes que los servicios públicos tuvieron a la vista para decretar el cierre del yacimiento San José, perteneciente a la empresa San Esteban, en 2007, y para su reapertura, en 2008; determinar las causas y el grado de responsabilidad de las autoridades públicas en el derrumbe ocurrido el 5 de agosto de 2010; analizar la participación que le cabe al Servicio Nacional de Geología y Minería y a otros servicios públicos en materia de autorización, fiscalización y protección de los trabajadores de la pequeña, mediana y gran minería, y las acciones concretas realizadas en cumplimiento de su mandato legal.
La Comisión tuvo un carácter profundamente propositivo, de lo que dará cuenta mi exposición, en la que sucesivamente me referiré al acuerdo de la honorable Sala, a los personeros citados y a una breve síntesis acerca de la fiscalización de la mina San José, para luego centrarme en las conclusiones y dedicar la mitad de mi intervención a las propuestas aprobadas.
La Cámara acordó, en sesión celebrada el 10 de agosto de 2010, constituir una Comisión Investigadora que se encargara de estudiar el desplome de la mina San José, ubicada en la Región de Atacama. La petición fue patrocinada por 49 Diputados.
Posteriormente, en sesión celebrada el 11 de agosto de 2010, aprobó una nueva petición, solicitada por 48 de sus miembros, para ampliar la competencia de la Comisión. La suma de ambas solicitudes es la redactada al comienzo de esta exposición.
La Comisión realizó 25 sesiones, con un total de 81 horas de trabajo; es decir, un promedio de 3 horas y 24 minutos por sesión. Puso a disposición de la ciudadanía un novedoso sistema de información por vía de la página web, en la que publicó permanentemente los videos de las sesiones, los oficios enviados y documentos recibidos, y las actas de acuerdo y taquigráficas, con el objeto de cumplir plenamente con el principio de transparencia activa, que es muy importante para nuestra Corporación.
En nombre de la Comisión, agradezco a la Mesa por el irrestricto apoyo logístico prestado para la consecución de los objetivos por los cuales ésta se constituyó.
La Comisión citó y escuchó a los siguientes personeros:
Al ex director regional del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomín), señor Anton Hraste Carrasco; al ex director nacional del Sernageomín, señor Alejandro Vio Grossi; al ex subdirector nacional de minería de Sernageomín, señor Exequiel Yanes Garín; por la Asociación Chilena de Seguridad, al gerente de prevención, señor Martín Fruns Quintana, y al subgerente de operación y prevención, señor Horacio Soissa Stephens; al jefe del Departamento de Propiedad Minera de Sernageomín, señor Patricio Leiva Urzúa; por la Compañía Minera San Esteban Primera S.A. SEP, los dueños señores Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny; al ex director regional de Sernageomín, señor Marcelo Guzmán Díaz; al asesor del jefe del Departamento de Prevención de Riesgos de Sernageomín, señor Santiago Pinilla; por Enami, al vicepresidente ejecutivo, señor William Díaz Román, y el fiscal, señor Felipe Barros, además del gerente comercial, señor Jorge Jorratt, y al subgerente de abastecimiento minero, señor Sergio Zúñiga.
Por los sindicatos de la Compañía Minera San Esteban Primera, asistieron los representantes del sindicato N° 2, señora Evelyn Olmos Munizaga, presidenta, y los señores Javier Castillo Julio, secretario, y Arnoldo Avilés Godoy, tesorero; por el Sindicato N° 1, el señor Horacio Vicencio Araya, presidente. Además, participaron el gerente general de la empresa E-Mining Technology S.A., señor Nolberto Contador Villegas; por Enami, el ex vicepresidente ejecutivo, señor Jaime Pérez de Arce, y el ex fiscal, señor Sergio Hernández; el ex Ministro de Mine-ría, señor Santiago González; el ingeniero geomecánico y de planificación de la Compañía Minera San Esteban Primera, señor Hugo Yáñez; el ex superintendente en prevención de riesgos de la mina San José, señor Vincenot Tobar; el ex director nacional de Sernageomín, señor Patricio Cartagena Díaz; los ex directores regionales de Sernageomín, señores René Rojas San Martín y Rodolfo Díaz Godoy, y el director regional, señor Mariano Gajardo Morales. El Presidente del directorio de Codelco, señor Gerardo Jofré Miranda; por la división El Teniente de Codelco, el ingeniero jefe de minas, señor André Sougarret Larroquet; el gerente de sustentabilidad, señor Jorge Sanhueza, y el superintendente de gestión de producción de la gerencia de recursos mineros y desarrollo, señor Manuel Montecinos; el ministro de Minería, señor Laurence Golborne Riveros; por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la ministra, señora Camila Merino Catalán; el subsecretario, señor Bruno Baranda, y la directora nacional del Trabajo, señora María Cecilia Sánchez; Además, los acompañó el subsecretario de Minería, señor Pablo Wagner San Martín.
Por último, la Comisión contó con el valioso testimonio de algunos de los mineros rescatados, señores Samuel Ávalos, Jorge Galleguillos, Daniel Herrera, Juan Illanes y Franklin Lobos.
Los accidentes previos en la mina San Antonio.
Cabe hacer una breve mención a dicha mina, en razón de que el Sernageomin calificó en situación de riesgo operacional la actividad de la Compañía Minera San Esteban Primera, desde el fallecimiento de un trabajador en esa mina, ubicada a un kilómetro de la mina San José, en 2004. Desde entonces, realizó dieciséis inspecciones a las faenas, reforzadas luego de la muerte de don Fernando Contreras Véliz, el 30 de noviembre de 2006, por un desprendimiento de roca en la misma mina. Por ese hecho, el Sernageomin ordenó la paralización de las faenas.
La mina San José se explotó por 47 años consecutivos, de acuerdo con la declaración del señor Yanes. El 5 de enero de 2007 falleció don Manuel Villagrán Díaz, técnico geólogo, por un desprendimiento de material de la caja, debido a un estallido de roca en la intersección de la rampa con el acceso del nivel 135 de esta mina. El Sernageomin paralizó las faenas hasta que se concluyeran “las investigaciones, se identifiquen las causas basales de los accidentes, se establezcan responsabilidades y eventuales sanciones administrativas (multas, cierre definitivo parcial o total)”, de acuerdo al oficio N° 92, de 23 de enero de 2007, en respuesta a la ex ministra Poniachik, y que el mismo servicio aprobara los estudios de geología estructural para la rampa y geomecánico para la estructura mayor. Si se determinaba la reapertura, la empresa debía presentar un nuevo proyecto minero.
El 16 de febrero de 2007, don Pedro Hiplan, director regional subrogante de Atacama, solicitó al subdirector Nacional de Minería la tramitación de la resolución que paralizara temporalmente la mina San José. Con fecha 22 de marzo de 2007, el señor Cartagena, director nacional, dictó la resolución N° 316 al efecto.
Autorización de labores.
El señor Bohn, gerente general de la mina, envió dos cartas al director nacional de Sernageomin, fechadas el 3 y 6 de julio de 2007, solicitando su autorización para realizar trabajos exploratorios en los niveles superiores de la mina San José, ubicados a cuatrocientos metros sobre el lugar del accidente, con el objetivo de reabrirla. El director nacional autorizó la inspección inicial de un profesional geomecánico.
El señor Yanes, subdirector nacional de Minería subrogante, se reunió con el señor Bohn el 17 de julio y, por el oficio N° 1.128, de 23 de julio de 2007, coordinó una visita inspectiva que se habría realizado el 1 de agosto, de la cual no consta documentación. Tampoco consta de la conversación del 1 de octubre, acerca de la propuesta de reapertura a la que hizo mención el señor Bohn en su carta del 17 de octubre. En ésta, señala los nombres de ocho profesionales y un técnico que harían los estudios geotécnicos, visitando las faenas periódicamente. El trabajo sería supervisado y monitoreado por la empresa E-Mining Technology, que subcontrataría a Geosinergia. El señor Bohn pidió autorización para acceder a los niveles inferiores de la mina San José, para completar los estudios solicitados por el Sernageomin al momento de resolver su cierre temporal. El señor Yanes así lo aprueba por carta del 29 de octubre.
En consideración del informe de la inspección geotécnica de la rampa principal y del nivel 90 de producción, además de la estrategia para la puesta en marcha de la mina, realizados por E-Mining Technology S.A., el señor Yanes autorizó la iniciación de faenas bajo el nivel 500 hasta el nivel 75 y la explotación del nivel 90, como trabajo previo a la reapertura total de la mina, por medio del oficio N° 1.773, fechado el 19 de diciembre de 2007. Allí exigió que, para el reinicio de la explotación del resto de la mina, se presentaran un proyecto de ventilación, uno eléctrico, uno geotécnico completo y una política de fortificación y monitoreo.
La reapertura.
El señor Yanes autorizó la continuación de las labores “en el nivel 75 y la construcción de la rampa al nivel 60, como trabajos previos a la reapertura total de la mina San José”, por medio del oficio N° 369, de 7 de marzo de 2008, pese a que el informe geotécnico solicitado aún no había sido entregado por el señor Bohn. Reiteró la necesidad de entregar los informes señalados en el oficio N° 1.773 para autorizar la reapertura total.
Ésta sucedió por medio del oficio N° 756, y no por una resolución, firmada por el señor Leiva el día 30 de mayo de 2008, en calidad de subdirector nacional de Minería subrogante. El oficio señala que se habrían revisado y aprobado por el Sernageomin los proyectos de ventilación y eléctrico, y el estudio geomecánico. Sin embargo, manda a que no ingresen trabajadores durante la ventilación de las tronaduras de producción, a que las puertas sean dobles para evitar cortocircuitos, a escalerar las chimeneas y a comprobar con aforos el sistema de ventilación.
Comunicaciones posteriores.
El señor Guzmán, director regional de Atacama, firmó el 3 de julio de 2008 el oficio N° 4.080, por el que comunica las negativas conclusiones de la visita inspectiva realizada el 18 de junio. Señaló que el Sernageomin no fue atendido por empleados con poder de decisión, lo que constituye una infracción gravísima, al igual que la no paralización de los equipos diésel. El oficio hace hincapié en el uso del refugio como “choquera” (lugar para la colación) y en la “pésima ventilación” existente, la cual debía funcionar en un máximo de sesenta días; si no, se paralizaría la mina nuevamente. No se vio fundación alguna para la instalación de los generadores eléctricos, y la descarga de mallas se consideró ineficiente como fortificación.
El señor Bohn replicó el día 7 de julio, pidiendo aumentar a 120 días el plazo para realizar el trabajo de ventilación y a tres semanas el necesario para informar la cotización de los generadores. Señaló que la fortificación cumplía con altos estándares, de acuerdo a la empresa externa. Se desconoce lo resuelto por el Servicio.
El 10 de noviembre de 2009, don René Rojas, director regional de Atacama, aprobó las respuestas entregadas por don Vincenot Tobar, superintendente de Prevención de Riesgos de la empresa, tras la fiscalización efectuada el 13 de abril de ese año. El señor Rojas instó a controlar los aspectos geomecánicos de la roca para evitar derrumbes, a contar con una segunda labor conectada a la superficie para escapar en caso de emergencias y a mejorar la ventilación.
El último accidente.
El 3 de julio de 2010, un mes antes del suceso por el cual se constituyó esta Comisión Investigadora, don Gino Cortés Calderón sufrió la amputación de una pierna, debido a una explosión de roca en la misma mina San José.
Por el oficio N° 4.074, don Rodolfo Díaz, director regional de Atacama, autorizó el reinicio de las labores el día 21 de julio, pues se habría dado “cumplimiento a las medidas dejadas por este Servicio”.
Consideraciones y conclusiones.
La Comisión centró su investigación en los siguientes temas: la conducta previa en seguridad de la Compañía Minera San Esteban Primera, de acuerdo a los hechos que acabo de enunciar; la sobreproducción del yacimiento; la remoción de don Anton Hraste y el autodespido de don Vincenot Tobar; la operación y retiro de E-Mining y otros operadores; la falta de ventilación y de una salida alternativa escalerada; la señalada reapertura de la mina San José por oficio y no por resolución, y la eventual reapertura de la mina San Antonio.
En cuanto al rol de Enami, la Comisión investigó la compra de concentrados por parte de esta empresa estatal, además del cambio en la decisión de su directorio respecto de la deuda que con ella tenían los dueños del yacimiento en cuestión.
Se investigaron las circunstancias del accidente de don Gino Cortés; la relación entre la falta de fiscalización y el accidente del 5 de agosto; la falta de recursos y atribuciones de Sernageomin, y, por último, el costo del rescate.
Luego de cinco meses de sesiones con invitados y decenas de oficios respondidos por las autoridades y ciudadanos pertinentes, la Comisión arribó a las siguientes conclusiones:
1. Del contexto. 1.1. La fluctuación del precio internacional de los minerales impacta directamente en la proliferación o disminución de aperturas y reaperturas de pequeños yacimientos mineros, muchos de los cuales se verifican al margen de la normativa vigente, influyendo en la tasa de accidentabilidad.
1.2. Las medidas preventivas de seguridad laboral y fortificación de faenas mineras se consideran como un costo de producción y no como una inversión indispensable para el desarrollo de la industria. 1.3. El órgano fiscalizador no debe limitar su accionar al principio de la buena fe, que rige la relación entre los particulares. 1.4. La evolución de los presupuestos del Sernageomin no es proporcional al desarrollo de la industria minera.
2. De las responsabilidades.
2.1. De la Compañía San Esteban Primera.
2.1.1. Los principales responsables del accidente son los empresarios señores Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny. 2.1.2. Resultan preocupantes las denuncias de órdenes de sobreexplotación de la mina y de prohibiciones de evacuarla el día del accidente. 2.2. Del Sernageomin.
2.2.1. Por su falta de fiscalización de las faenas mineras. 2.2.2. Por la falta de control de los actos administrativos emanados de sus funcionarios.
2.2.3. Existió una falta de rigurosidad en la coordinación entre las autoridades laboral, sanitaria y el Sernageomin para la reapertura del año en curso.
2.2.4. La mutual verificó el aumento de las tasas de accidentabilidad de la empresa por incumplimiento de las normas de seguridad laboral, pero esta información no se coordina con los órganos estatales. Propuestas. 1. Respecto del Sernageomin.
1.1. Separación de los roles de coordinación y fiscalización (por denuncias), de aquel de prevención. Resulta indispensable que el Sernageomin se reestructure, tal como ha señalado el subsecretario de Minería en esta Comisión. Por lo demás, se recomienda que el Sernageomin tenga dos roles fundamentales en materia de seguridad que a la fecha no ha cumplido o lo ha hecho de manera imperfecta. El primero de ellos es un rol coordinador y fiscalizador de los distintos antecedentes en materia de seguridad minera. Fueron muchos los antecedentes y datos que permitían prever el desplome de la mina, esto sin considerar los lamentables accidentes y las últimas muertes ocurridas en las minas San Antonio y San José, que, por sí mismas, eran una señal de alerta más que suficiente. El Servicio debiese ser un canalizador de las denuncias en materia de seguridad y coordinador de los distintos servicios relacionados, como la autoridad de Salud y las inspecciones del Trabajo. El segundo rol que debería tener el Servicio es uno relacionado con las tareas de prevención, debiendo ser el principal motor en materia de seguridad, ya que es imposible que el Servicio esté presencialmente en todas las faenas.
1.2. Separación de las áreas de Geología y Minería, creándose un servicio geológico constituido por geomecánicos, geólogos, ingenieros civiles de minas y geomensores de experiencia. Ambas áreas son cada vez más distintas, por el conocimiento técnico que requieren. Es una idea orgánica que puede hacer del Sernageomin un ente mucho más eficiente.
1.3. Descentralización administrativa. Se recomienda establecer una estructura administrativa que radique la mayor cantidad de funcionarios expertos en las zonas mineras, debiendo su director nacional y su gabinete instalarse en una de las regiones mineras.
1.4. Ampliación de las facultades fiscalizadoras, incluso con el auxilio de la fuerza pública, para cerrar las faenas y coordinar a los demás servicios legalmente. Actualmente, el Sernageomin no tiene esta facultad, lo que le resta imperio para imponer sus observaciones. Frente a los accidentes graves, tienen la facultad de exigir el cierre temporal la autoridad de Salud, del Trabajo y del Sernageomin. Suele suceder también que las mutuales de seguridad lleguen antes al lugar del accidente, pero hoy sólo se relacionan con la Superintendencia de Seguridad Social, que las fiscaliza. Se requiere, por tanto, modificar la normativa de modo de exigir una coordinación comunicacional entre todos estos organismos, centrada en el informe técnico del propio Sernageomin, que es el único servicio que cuenta con la experiencia profesional en materia minera. Así se evitarán las frecuentes contradicciones. De igual forma, se propone revisar sus facultades fiscalizadoras, ampliándolas incluso para poder requerir el auxilio de la fuerza pública cuando surja de manifiesto una infracción gravísima que pueda poner en riesgo la seguridad de los trabajadores.
1.5. Establecimiento por ley de los procedimientos, atribuciones y competencias de las autoridades mineras. Se propone establecer en normas legales las competencias y atribuciones de cada una de las autoridades máximas del Servicio, debiendo consignar, incluso, el rango normativo de las decisiones de la autoridad. Resulta indispensable delimitar más claramente en la ley dónde comienzan y dónde terminan las funciones de los distintos servicios ligados a la seguridad laboral. Esto se hace extensivo al interior del mismo Sernageomin, lo que habría evitado reaperturas irregulares de la mina.
1.6. Obligarlo a recibir las obras que manda a ejecutar. Es fundamental que el Sernageomin vise que las exigencias dictadas a las compañías mineras sean cumplidas por éstas para seguir operando. Esto es fundamental para nosotros, porque se solicitan, por lo general, ciertas acciones, proyectos, pero posteriormente se dan de buena fe por realizados, cosa que no ocurrió en el caso de esta mina.
1.7. Incremento de las exigencias a los docentes de los cursos de capacitación. En la actualidad, es insuficiente la formación de las personas que imparten los cursos en el Centro de Capacitación del Sernageomin. Por la importancia de su función, éstas deben previamente tener una educación formal en seguridad. Los profesionales de la minería que presten dichos servicios deben demostrar conocimientos técnicos y académicos sobre prevención de riesgos. Las funciones de capacitación del Sernageomin y de la autoridad sanitaria son determinantes al momento de aspirar a un cambio drástico en la accidentabilidad de la mediana y pequeña empresa minera.
2. Respecto de la Enami.
2.1. Facultarla para que certifique el cumplimiento de las normas laborales y sanitarias del mineral que compra. El Estado tiene una buena oportunidad de apoyo a la mediana y pequeña minería, desarrollando su capacidad de regulador y fiscalizador, junto al fomento de buenas prácticas, otorgándole a la Enami nuevas funciones y desarrollando las actuales en favor de nuevos mecanismos y herramientas que permitan cambios en los actuales índices de accidentabilidad y secuelas sanitarias por las operaciones de la minería. Es necesario lograr que la Enami exija un sello de seguridad en las faenas, otorgado por el Sernageomin, para lograr que las medianas y pequeñas empresas, al vender su producción, cumplan con las normas de seguridad establecidas por el legislador y fiscalizadas por dicho servicio. Actualmente, la Enami tiene un sistema de empadronamiento que puede ser mejorado mediante la exigencia de que quienes postulen a él sean los dueños efectivos de la mina, para evitar triangulaciones maliciosas. Con todo, es indispensable diferenciar las exigencias en relación al tamaño de las compañías mineras. Ésta ha sido una permanente preocupación de la Comisión, puesto que la gran minería y la mediana minería son muy distintas de la pequeña minería del país.
2.2. Que capacite y cumpla su rol de fomento en seguridad minera, coordinado con Sernageomin. Los hechos investigados y analizados señalan con absoluta claridad que se hace necesario involucrar a la Enami en funciones que hasta hoy le han sido ajenas, como es la capacitación en seguridad minera para el ejercicio de la explotación de las empresas reconocidas como medianas y pequeñas, y, más aún, aquéllas con prácticas artesanales, que son las que le llevan sus minerales, dado su rol de poder comprador de dichas explotaciones. A la Enami le corresponde desarrollar un rol de fomento de la seguridad en quienes le venden su producción.
2.3. Que dé créditos y plazos para invertir en seguridad. La Comisión tomó conciencia de que la orientación hacia la producción, considerando la seguridad minera como un costo, hace que muchos pequeños y medianos mineros no inviertan en la materia. Los limitados recursos, al momento de emprender actividades de este tipo, llaman a que el Estado tome un rol más activo en fomentar su desarrollo.
3. Incentivos de cumplimientos y desincentivos de incumplimientos en seguridad. Debido a los puntos anteriores, queda de manifiesto que aún con un explosivo incremento de fiscalizadores de las diversas reparticiones que tienen competencia en esta materia, la accidentabilidad laboral en la industria minera no sufrirá reducciones considerables si no se crea un mecanismo de incentivos para la adopción de medidas de seguridad laboral y de faenas en esta industria. Así, la Comisión propone diseñar instrumentos de asignación de recursos y puntajes que permitan a la empresa optar a beneficios económicos en atención a su alto nivel de cumplimiento de normas y medidas que protejan a sus trabajadores. De igual forma, la Comisión propone desincentivar a los empresarios a incumplir estas exigencias. Señor Presidente, el hecho de tener bajos índices de accidentabilidad es muy importante para la postulación como contratistas de empresas grandes y medianas; pero aquí se produce una situación muy compleja, puesto que muchas veces se ocultan accidentes con el propósito de poder optar a ello. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que exista transparencia y se castigue con el máximo rigor de la ley a quienes oculten accidentes y no se preocupen de la seguridad de sus trabajadores.
3.1. Creación de un Fondo de Seguridad Minera, con recursos provenientes del royalty o de los excedentes de los precios. En materia de financiamiento de las medidas destinadas a mejorar las condiciones de seguridad de las pequeñas faenas mineras, esta Comisión propone la creación de un fondo, a fin de apoyar a pequeñas empresas mineras a adoptar medidas que mejoren la seguridad de sus trabajadores. La idea es que se ayude a segmentos que el mercado no soluciona. Si el aporte proviene del royalty, podrá ser estable, en tanto que si proviene de los excedentes, será variable.
3.2. Levantamiento a rango legal de las materias de seguridad y afines del Reglamento de Seguridad Minera. Éstas son, a juicio de la Comisión, los objetivos, el campo de aplicación y las atribuciones de Sernageomin; las obligaciones de las empresas y trabajadores de faenas mineras, con especial énfasis en los planes de emergencia; las condiciones sanitarias mínimas en faenas mineras y las obligaciones ambientales y relativas al cierre de faenas (específicamente a las medidas que se deben tomar para evitar daños a la integridad y seguridad de las personas); la fiscalización, infracciones y sanciones (estableciendo los procedimientos de fiscalización, aplicación y reclamación).
Es fundamental elevar a rango de ley parte del Reglamento de Seguridad Minera.
3.3. Obligación de que los comités paritarios y el prevencionista de riesgos estén en las faenas y deban constituirse con menos trabajadores.
Se propone que se establezca en una norma de rango legal la obligación de los comités paritarios y del prevencionista de riesgos de encontrarse instalados en los lugares de las faenas, ya que en múltiples ocasiones se observa que estas entidades funcionan en la matriz de las sociedades, sin contacto directo con las condiciones de trabajo de los mineros.
Es indispensable formalizar y exigir la existencia de los comités paritarios, otorgándoles los atributos y las potestades que les reconoce la moderna legislación. Es decir, las normas basadas en la búsqueda de nuevos resultados. Dichos comités paritarios deben ser obligatorios, y sus representantes deben gozar de los necesarios fueros para su gestión. Sus recomendaciones deben ser respetadas e implementadas.
Los hechos de la mina San José y otros demuestran que en la práctica no se cumple con las normas del Reglamento Minero, que propicia la participación de los trabajadores en las actividades de prevención de accidentes y enfermedades profesionales, a través de los comités paritarios de higiene y seguridad. Al parecer, se hace necesario establecer, con claridad y sin equívocos, que éstos deben formarse siempre a partir de faenas con un mínimo de diez trabajadores. Hoy se señala 25 como número base. Quienes actualmente son parte de esos comités paritarios viven la falta de empoderamiento, dado que no gozan de los beneficios del fuero laboral.
Cabe aclarar que los miembros del comité paritario son los mismos trabajadores, por lo que es un requisito sin costo, y opera como una garantía de seguridad. Por último, se recomienda un cambio en el Reglamento de Seguridad Minera, que fija en cien trabajadores la exigencia de un departamento de prevención de riesgos. Se hace recomendable legislar para que dicho numeral baje a cincuenta trabajadores.
3.4. Aumento de las multas y su calificación según gravedad, llegando a sanciones penales de personas jurídicas. Resulta indispensable para disuadir efectivamente a las empresas del incumplimiento del Reglamento de Seguridad Minera. Para ello, se sugiere establecer una calificación de las infracciones en simples, graves y gravísimas y la consagración de multas progresivas, en atención a la capacidad patrimonial de las empresas, con un piso mínimo a las de menor tamaño. Además, se propone incorporar al actual catálogo de responsabilidad penal de las personas jurídicas los accidentes laborales por incumplimiento grave de la normativa vigente, sin necesidad de que acontezca el resultado para la aplicación de la norma sancionatoria. Esto operará como un poderoso desincentivo a la despreocupación de las normas de seguridad. En efecto, la gravedad de la situación se manifiesta en que las actuaciones de los dueños de la mina lindan con lo delictual, no sólo por un tema de culpabilidad, sino, a veces, con un proceder similar al requerido en el dolo eventual, donde la representación del hecho para el agente es absolutamente previsible, situación que se da en la especie, y éste lo acepta con la más absoluta indiferencia de su resultado, sin necesidad de que quiera que se produzcan dichos efectos.
3.5. Creación de un catastro reservado del historial sanitario, laboral y minero de la industria. Para evitar nuevos accidentes, se recomienda el establecimiento de un organismo técnico nacional centralizado, que lleve el catastro de minas. Actualmente existen sobre 3 mil faenas empadronadas por Enami. Habría que avanzar en el apoyo de las pequeñas mineras, para que Enami compre a todos los que cumplan efectivamente el artículo 21 del Reglamento de Seguridad Minera. Se propone al Gobierno la creación de ese registro integrado y reservado del historial de la industria minera, donde confluya la información relativa a los cumplimientos e incumplimientos sanitarios, laborales y mineros, para distinguir a los que cumplen las disposiciones vigentes y los requerimientos de la autoridad, de aquellos que habitualmente incumplen las normas legales y reglamentarias, poniendo en riesgo la seguridad de sus trabajadores. Entre los ítems a medir, deberá incluirse la existencia de los comités paritarios.
3.6. Creación de un registro de revisores independientes. Este listado de revisores calificados permitirá comparar y revisar los informes emitidos por las empresas consultoras, debiendo el Sernageomin tener a la vista todos los antecedentes al momento de decidir, responsabilizándose cada firmante por el informe emitido.
3.7. Creación de una Superintendencia de Minería. Sus funciones deberán ser, a lo menos, el control de las compañías y de la seguridad minera, la implementación de las políticas de seguridad y el control de auditoría de las empresas mineras públicas y de la información estadística de las empresas privadas.
3.8. Formación de una comisión ministerial de expertos en seguridad minera senior para actualizar los programas de formación en seguridad minera. Los análisis realizados con ocasión de la investigación apuntan a que la actual crisis de seguridad en las minas, en particular en la pequeña y mediana minería, hace recomendable formar una comisión ministerial del más alto nivel, constituida por expertos en seguridad minera senior, que se preocupe de la actualización de los planes y programas de formación de expertos. En la actualidad, los expertos en seguridad minera son marginados en la toma de decisiones trascendentes para lograr un estándar de seguridad en la mina misma. La toma de decisión crítica recae en los departamentos de ingeniería y en los de operaciones. Así, su rol queda limitado al desarrollo y ejecución de recomendaciones que apuntan a la seguridad de las personas, como un subsistema inconexo con el sistema general de explotación minera. El derrumbe en la mina San José es un ejemplo de lo señalado. El Departamento de Seguridad e Higiene Minera no conocía los problemas de estabilidad local y global de las minas subterráneas y en nada incidía en las propuestas que a los dueños hacían los departamentos antedichos.
3.9. Urgencia para la aprobación del convenio 187, sobre el marco promocional general para la seguridad y salud en el trabajo. Las normas del Convenio 187 de la OIT, inspiradas en los acuerdos de la reunión de los jefes de Estado, en París, durante octubre de 1972, son modernas y reflejan no sólo las responsabilidades colectivas en materia de seguridad y salud en el trabajo, sino también las funciones, los derechos, las responsabilidades y los ámbitos de cooperación respectivos de los empleadores, los trabajadores y sus representantes. Sus recomendaciones se expresan sobre la base de que la expansión económica no es un fin en sí mismo y que antes deben permitir atenuar la disparidad de las condiciones de vida, traduciéndose en un mejoramiento de la calidad y el nivel de vida de los trabajadores. La Cámara ratificó recientemente el Convenio 187 de la OIT. Por lo tanto, se solicita al Ejecutivo disponer del trámite de suma urgencia para su pronta aprobación por el Senado.
3.10. Que las mutuales informen la tasa de accidentabilidad al Sernageomín. Se señala en las conclusiones que la coordinación entre la información que manejan las mutualidades y el Sernageomin podría haber evitado este accidente, pues habría obligado a una mayor fiscalización, basada en el nefasto historial del yacimiento. Por ello, se propone obligar a que las mutualidades informen al ente estatal sus estadísticas y tasas de accidentabilidad. Además, es de la más alta preocupación para esta Comisión el ocultamiento de los accidentes, lo cual se ve estimulado por los mayores puntajes en las licitaciones que logran las empresas con menos accidentes. También debería ser considerado como delito. Se propone, como contrapartida, el establecimiento de incentivos para la denuncia, tales como disminuir la carga de la mutual si es el mismo empleador el que denuncia el accidente.
3.11. Implementación de un servicio estatal de rescate minero. El Ejecutivo debe implementar un servicio profesional y especializado en rescate minero. En Chile existen bomberos voluntarios que se han especializado en esta materia. Se debe asimilar esa experiencia y adecuarla a la necesidad de formar un cuerpo profesional, de modo que ante un eventual accidente no se dependa exclusivamente de la voluntad de la empresa privada o de alguna empresa pública. Puestas en votación las conclusiones, fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados presentes, señores Giovanni Calderón, Eduardo Cerda, Lautaro Carmona, Marcos Espinosa, Felipe Harboe, Luis Lemus, Miodrag Marinovic, Manuel Rojas, Germán Verdugo, Carlos Vilches y quien les habla, Alejandro García-Huidobro.
Por último, agradezco el tremendo apoyo que nos brindó la Secretaría de la Comisión de Minería y Energía y el que nos entregó la Mesa para reforzar el trabajo de la Comisión, constituida en Especial Investigadora, a fin de alcanzar el objetivo encomendado. Es todo cuanto puedo informar a esta honorable Sala.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- En discusión el informe.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente, hoy la Cámara ha recibido un informe que detalla minuciosamente la investigación hecha por la Comisión de Minería y Energía, presidida en forma brillante por el diputado Alejandro García-Huidobro, que logró un informe final aprobado por unanimidad.
El accidente ocurrido el 5 de agosto de 2010 mostró, una vez más, las dificultades que tiene la pequeña y mediana minería en el país. Sin duda, esta noticia dio la vuelta al mundo, porque 33 mineros quedaron sepultados a 700 metros de profundidad. Gracias a Dios, fueron rescatados con vida. Como era de prever, en un principio toda la atención estuvo centrada en buscar las fórmulas para saber si esos 32 compatriotas más un ciudadano boliviano estaban con vida.
La Comisión fue mandatada por esta Sala para investigar todos los hechos.
Durante su período de trabajo recibió los testimonios de muchas personas, de muchos profesionales, y también los de mineros que estuvieron atrapados, y sus conclusiones son muy relevantes. Sin duda, en la minería de Chile existe un antes y un después de ese accidente.
No cabe duda de que los responsables son, en primer lugar, los dueños de la mina San José, de la Compañía Minera San Esteban, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, porque ellos solicitaron la reapertura de una mina que presentaba un alto riesgo y no cumplía con las normas mínimas de seguridad minera.
Así se comprobó en la investigación y en los testimonios que nos entregaron; no es un invento. Esa mina tenía labores de explotación a 700 metros de profundidad y, sin embargo, no se cuidó la seguridad de sus trabajadores.
Por eso, sin duda, las conclusiones que dio a conocer el diputado García-Huidobro tendrán que ser tomadas en cuenta para el normal funcionamiento de la minería en los próximos años. En la Comisión, los mineros señalaron que ellos avisaron con antelación de los riesgos existentes y de los ruidos que se escuchaban, y, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, escaparon a la zona del refugio, ubicada en el fondo de la mina, en la cota 100.
Por eso, es preciso decir en esta Sala que esos mineros anunciaron y avisaron lo que ocurría, pero les fue impedido salir de la mina. Hay personas que tienen responsabilidades en esos hechos.
En ese contexto, es importante señalar que el informe será entregado a los tribunales de justicia para que investiguen si las actuaciones, tanto de los dueños como de los ejecutivos de esa empresa, son constitutivas de delitos.
El Sernageomin, que autorizó la reapertura de la mina, obligaba a construir proyectos en su interior que nunca se hicieron, por ejemplo, una salida auxiliar escalerada, con la que cuentan todas las minas.
Ese proyecto nunca se hizo. Por eso, si se producía algún accidente en cualquier nivel de la mina, era imposible que los mineros pudieran escapar.
Es un hecho relevante que los tribunales de justicia deberán investigar, y sancionar a los responsables. Si el Sernageomin, órgano fiscal que nos representa a todos en la fiscalización en este ámbito, ordenó hacer esos proyectos y no se hicieron, esa mina nunca debió reabrirse. Ésa es la decisión que deberían haber impuesto los respectivos servicios del Estado para evitar cualquier riesgo de accidentes.
Aún más, la mina San José es vecina de la mina San Antonio, que también sufrió un derrumbe atroz, donde murieron personas. Eso demuestra aún más que debido a la falla de Atacama existen altos riesgos para estas minas. Por eso, la forma de explotación y los recursos que se utilizan en ella deben ser del mejor nivel para evitar accidentes de este tipo.
Es necesario agradecer a muchas personas por el rescate de los mineros. Al respecto, el Presidente Sebastián Piñera y su ministro de Minería, Laurence Golborne, tomaron cartas en el asunto desde el día del accidente y se la jugaron por completo para buscar a los mineros atrapados. Durante 17 días no se supo si estaban vivos o muertos. Sin embargo, Dios bajó a la mina para salvarles la vida. Por eso, con satisfacción, deseo expresar que el gobierno del Presidente Piñera jugó una carta dura, difícil, pero el logro de rescatar a los mineros paga todo. Públicamente, quiero decir que el Presidente Piñera se la jugó y eso permitió que se pudieran hacer faenas de alto costo, que llegaran máquinas de gran tamaño para proceder al rescate. Al respecto, deseo aclarar que no existen máquinas para rescate minero a esas profundidades. Por eso, se tuvo que utilizar tecnología de exploración para llegar hasta donde se encontraban los mineros.
También quiero agradecer a la Presidenta de la Cámara, diputada Alejandra Sepúlveda, y a la Mesa, porque entregaron todas las facilidades a los diputados que representamos a esa zona, señores Lautaro Carmona, Giovanni Calderón, Alberto Robles y quien habla para estar presentes durante los trabajos de rescate. Son miles las personas a las que habría que agradecer, porque también estuvieron presente en el lugar; por ejemplo, personal de Carabineros de Chile y de las Fuerzas Armadas, y funcionarios del gobierno regional de Atacama, que tuvieron una actuación brillante con ocasión del rescate.
Termino señalando que las enseñanzas que dija este accidente no deben olvidarse. A partir de ahora, se requiere un Sernageomin con profesionales, equipamientos y recursos para fiscalizar minuciosamente a las pequeñas y medianas minas de todo el país, porque las grandes mineras tienen sus propios servicios de seguridad minera que permanentemente fiscalizan. Esas enseñanzas nos permiten mirar con optimismo y mucha fe lo que viene. Señor Presidente, por su intermedio deseo la mejor suerte al director nacional de Sernageomin, aquí presente, para que la minería siga siendo la palanca de desarrollo y el orgullo de todos los chilenos.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Miodrag Marinovic.
El señor MARINOVIC.- Señor Presidente, como parlamentario de una región minera del extremo sur del país, mi querida Región de Magallanes, me siento muy orgulloso de haber participado en una Comisión tan importante, muy bien dirigida por su Presidente.
Por lo demás, la minería no es una actividad cualquiera, pues, como se dice, representa el sueldo de Chile.
En el transcurso de su trabajo, vimos la cara pobre, oculta y, en muchas ocasiones, irregular de la minería de nuestro país, lo que demuestra que existe una relación entre el mundo privado y público que, a todas luces, ha sido perjudicial y que detonó ese “accidente”. Finalmente, los tribunales de justicia determinarán las responsabilidades de cada uno de los que participaron en eso. Aprovechando que se encuentra presente en la Sala el director del Sernageomin, a quien le doy la bienvenida, quiero referirme a la trascendencia que debe tener el tema. Sin duda, lo ocurrido en Chile debe tener alguna trascendencia y servir para algo. Como muy bien señaló el diputado Vilches, debe haber un antes y un después de lo ocurrido en la mina San José. De lo contrario, todo lo sucedido y la casi muerte de 32 chilenos y de un boliviano no habrían servido de nada.
En esta oportunidad, deseo referirme a dos temas: al rol empresarial y al rol del Estado. Como se ha señalado, la principal y profunda responsabilidad de lo ocurrido en esa mina, lo que, en general, se reproduce en muchas otras actividades de nuestra economía, dice relación con la forma mala, inmoral, equivocada y poco ética en que algunos empresarios han administrado su negocio, generando condiciones de explotación absolutamente sobredimensionadas a la realidad y poniendo en riesgo vital a sus trabajadores, como finalmente ocurrió tras el derrumbe de la mina.
Debemos empezar a abordar con seriedad y con reformas a las leyes sobre seguridad laboral, esas conductas inseguras a fin de impedir que en la actividad más rica de este país, la minería, ocurran ese tipo de descuidos y de conductas atentatorias contra la seguridad de los trabajadores. Como se ha manifestado, los principales responsables son, por lo tanto, el señor Bohn y su socio, es decir, los dueños de la mina San José, por haber puesto en riesgo a sus trabajadores al hacer uso de un mecanismo de explotación absolutamente equivocado. También quiero referirme a la relación con el Sernageomin. Voy a leer la parte final de la carta que el señor Bohn envió, a mediados de 2008, al director del Sernageomin de Atacama, señor Guzmán, en la cual señalaba: “Espero muy pronto poder contar con su presencia en la faena para demostrarle personalmente la alta calidad de nuestro sistema y la efectividad de toda nuestra estrategia de seguridad”. Y termina diciendo lo siguiente: “El yacimiento está en perfectas condiciones. Su explotación a la fecha es normal y los proyectos indicados ya están en curso”. No obstante, la experiencia nos demostró que el dueño de la mina faltó a la verdad. Esas son las cosas de las cuales debemos tomar nota y, por lo tanto, tratar de rectificar mediante nuestra acción legislativa.
Respecto del rol del Estado, representado por el Sernageomin, llegó la hora de que en el país se regule lo que significa el cierre temporal versus el cierre definitivo de una faena minera. Aquí las empresas mineras usan y abusan de ese concepto para no cumplir las normas en los ámbitos ambiental y de seguridad laboral cuando hay cierres temporales, aduciendo bajas temporales o variaciones de precios en los mercados que hacen que ellos deban efectuar ajustes.
Señora Presidenta, por su intermedio deseo expresar al director nacional del Sernageomin que es necesario modificar ese tema en el país. Los cierres temporales deben ir de la mano del cumplimiento estricto de cierres ambientales parciales y, también de cierres en el ámbito de seguridad minera.
Uno de los temas fundamentales es que el Sernageomin tiene escasez de fiscalizadores, debido a aspectos económicos que limitan su accionar. Pero hay que ir más al fondo del asunto. El tema central es que se debe reformar la relación entre el fiscalizador y el fiscalizado. No basta con tener cien fiscalizadores en una región si no reciben sanciones cuando se equivoquen o se continuará con esa relación perniciosa entre la empresa minera y el fiscalizador del Sernageomin. Ahí es donde hay que cortar el tema para que eso no se vuelva a producir. Dicho Servicio no puede ni debe seguir actuando sobre la base de los compromisos y de la buena fe de empresas. Toda la documentación que el Sernageomin exigía se hacía sobre la base de compromisos que esos señores asumían con dicho Servicio, pero que finalmente nadie fiscalizaba porque no había fiscalizadores. Hay que abrir las minas sólo cuando se cumplen las normas de seguridad y ambientales, para no poner en riesgo la vida de los trabajadores. Es necesario cambiar ese criterio. No se debe actuar a base de compromisos, sino de hechos concretos. Por lo tanto, no podemos seguir manteniendo esa relación.
Las conclusiones a que llegamos son muy claras. El Presidente de la Comisión y el colega que me antecedió en el uso de la palabra han mencionado varias. Hay que reformular el Sernageomin para hacerlo independiente de la industria minera del país. La relación entre funcionarios de dicho Servicio con representantes de la Sonami y de las empresas mineras no le hace bien al país. Aquí volvemos a la idea de que el fiscalizado no tenga una relación impropia con el fiscalizador. Por lo tanto, hay que cambiar el rol fundamental que cumple el Sernageomin y aumentar las sanciones a los empresarios.
Gracias a Dios, no hubo víctimas en esta oportunidad y, por lo tanto, no se produjo un asesinato. Sin embargo, espero que se apliquen sanciones durísimas a los dueños de la mina San José y que no se aprovechen los sondajes que se hicieron para vender el mineral a un mayor precio y explotarlo de otra forma en los próximos meses. También es necesario aumentar las sanciones a los funcionarios que cometen errores graves respecto de materias de seguridad, del medio ambiente, etcétera.
Existe un tema fundamental al cual deseo referirme, que no se trató en las conclusiones: al proyecto sobre el cierre de faenas mineras, que está durmiendo en el Senado de la República. El año pasado presentamos un proyecto de acuerdo sobre esa materia. Vamos a reiterar la petición al ministro Golborne para que califique con la urgencia necesaria dicha iniciativa de ley, que es indispensable para el país.
Finalmente, deseo plantear la importancia de lo que hoy estamos viendo para la región que represento. Ayer se notificó la resolución ambiental del proyecto carbonífero más grande de la historia de Chile; sin embargo, no tenemos oficina del Sernageomin en Magallanes. El año pasado el ministro Golborne nos contestó que este año sí contaremos con ella. De manera que espero que eso se traduzca en una promesa cumplida durante este año, porque la necesitamos. Más de mil personas trabajarán en la industria del carbón en nuestra región y ya hay más de 2 mil trabajadores en el área de los hidrocarburos. Necesitamos un Sernageomin que sirva, fiscalice y vele por la seguridad de los trabajadores en la Región de Magallanes y en el resto del país.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Luis Lemus.
El señor LEMUS.- Señora Presidenta, todo el mundo estuvo expectante durante los más de sesenta días en que la televisión transmitió en directo las labores para el rescate de los 33 mineros atrapados en una mina de nuestro país. A nosotros y al mundo entero nos pareció espectacular el rescate de esos trabajadores.
Sin embargo, en esta materia subyace una contradicción que para nosotros, como país, es difícil de explicar. Nos sentimos orgullosos de los ingenieros, de la tecnología, del desarrollo y del conocimiento que tiene nuestro país en esta materia, todo lo cual permitió el rescate de esos mineros; pero debemos tener la humildad para decir que recibimos ayuda en esa tarea que se constituyó en un orgullo para este Gobierno y, en cierta manera, todos nos sentimos parte de ella. Las condiciones de trabajo en la mina San José eran absolutamente inhumanas. Los hombres laboraban con sus torsos desnudos porque debían soportar temperaturas extremas de 45 ó 50 grados y respiraban un aire que estaba contaminado en 20 por ciento. Además, se trata de una mina antigua, centenaria, que en algún momento fue explotada en forma absolutamente rudimentaria y que tuvo un desarrollo de ese tipo. Su historia es un ejemplo de cómo se ha desarrollado la minería en nuestro país.
Antes del derrumbe de agosto, tres o cuatro sucesos marcan muy bien lo que ocurrió. Como consecuencia de accidentes, en 2006 fallece un minero y en 2007 otro, lo que obliga a tomar una medida radical: el cierre de la mina por un tiempo determinado.
En 2008, se reabre, pero sujeta al cumplimiento de una serie de exigencias impuestas por el Sernageomín, como la realización de rigurosos estudios geotécnicos, mejoramientos en la chimenea y en el sistema de aireación de la mina y fortalecimiento de su estructura.
Dichas medidas fueron cumplidas a medias, y un mes antes de que quedaran atrapados los 33 mineros, un accidente le costó la amputación de una pierna a un trabajador. En la investigación señalamos que se trataba de un hecho gravísimo que debería haber determinado que los organismos competentes tomaran la decisión de cerrar esa mina, al menos, temporalmente, lo que no se hizo. Así lo dejamos consignado en el informe, al igual que las eventuales responsabilidades.
Posteriormente, se produjo el accidente que todos conocemos.
Quiero destacar que al principio el Gobierno y la Oposición buscaron responsabilidades políticas en torno al tema.
El informe de la Comisión es extenso y significó muchas horas de trabajo. Debo destacar la buena dirección del Presidente de la Comisión, el diputado Alejandro García-Huidobro, quien logró que nosotros mismos, luego de estudiar toda la legislación que existe sobre el tema, concluyéramos que tenemos una institucionalidad débil respecto de una actividad inmensamente relevante para el país, cuyo vacíos permitieron que se produjeran situaciones de esta naturaleza.
Por lo tanto, se ha hecho un gran esfuerzo para sugerir en el informe, que fue aprobado unánimemente, medidas correctivas y propositivas, que me parecen inmensamente relevantes para el futuro de la minería.
Aprovecho la presencia del señor ministro de Minería y del director nacional de Sernageomín para decirles, por intermedio de la señora Presidenta, que serán muy importante las medidas que se implementarán. Sabemos que la gran minería se defiende sola y que la mediana minería perfectamente puede cumplir las exigencias. No obstante, estimo que la mina San José es un híbrido que no se puede catalogar como mediana minería, porque todos sabemos que en ésta se ubican los yacimientos que extraen un tonelaje mayor y que cumplen con las normas sobre seguridad laboral, lo que está muy lejos de lo que ha ocurrido con esta mina.
Debemos determinar qué es este híbrido que produce alrededor de mil toneladas diarias, es decir, 30 mil toneladas mensuales, en que ocurren accidentes como los mencionados, porque a pesar de los precios internacionales del cobre, no resultaría rentable, lo que lo obligaría a realizar el trabajo con una tecnología que expone a los trabajadores.
Sin embargo, es muy importante que nos preocupemos de los pequeños mineros, ya que así como existe pesca artesanal, también hay minería artesanal, que no logrará nunca los niveles de producción ni a las profundidades en que se puede desarrollar la mediana minería.
Los yacimientos de los pequeños mineros son muy distintos.
Por lo tanto, tenemos que poner énfasis en un órgano de apoyo a la pequeña minería tan importante como es la Enami y, además, en los programas que desarrolle el Ministerio de Minería para fortalecer esta actividad que permite vivir a muchos chilenos. En el norte tenemos miles de pequeños empresarios que dependen de los buenos precios del cobre de esta actividad.
Reitero, debemos adoptar estas medidas pensando en los trabajadores de Chile, en su dignidad, en que hay una actividad relativamente importante de pequeños artesanos mineros que deben seguir sobreviviendo y en que el Estado debe cumplir un rol relevante para la economía de muchas familias. Agradezco a los miembros de la Comisión y a todos los que trabajaron para hacer posible la concreción de la inmensa labor realizada.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señora Presidenta, como han dicho los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, estamos frente a un informe que tiene que producir cambios radicales en nuestra legislación y reglamentación de seguridad, especialmente minera, para que, ojalá, no se vuelvan a repetir situaciones como las que publica la prensa de Antofagasta, por ejemplo, “Fatal explosión en yacimiento minero: un muerto y dos heridos en las cercanías de Taltal”.
Y la verdad sea dicha. En la Comisión hicimos el trabajo con altura de miras, más allá de la connotación pública que generó el exitoso rescate, del cual nos sentimos orgullos, labor en la que intervino el ministro Golborne, quien nos acompaña. Queremos y proponemos un cambio que se haga realidad en el corto plazo, para evitar la repetición de hechos como las que informa la prensa de Antofagasta.
Aquí se ha dicho que no es lo mismo la gran minería que la mediana o pequeña minería. Creemos que tiene que haber voluntad del Gobierno y del Estado, más que del gobierno de turno, para asumir la responsabilidad correspondiente. La gran minería está cumpliendo un rol importante en materia económica y social en el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, también tenemos pequeños yacimientos que le dan sustento a trabajadores de comunas como Taltal.
Sin duda, lo que presentamos en el informe tiene validez para mirar la crisis que vivimos. Tuvimos que tocar fondo para elevarnos con la fuerza necesaria a fin de buscar y proponer los cambios legislativos que se requieren.
Quienes conocemos la minería sabemos que la fluctuación del precio del cobre generó y genera -de hecho, está ocurriendo en Taltal- un problema que, lamentablemente, no sabemos cuánto tiempo puede durar. En el mundo minero llamamos “golondrinas” a los pequeños yacimientos mineros que son explotados al amparo del buen precio del cobre con una, dos, tres o cuatro personas, sin ninguna seguridad ni medio de resguardo, solo con el afán de sacar el cobre de la tierra, la piedra y los dividendos económicos correspondientes.
En el accidente de la mina San José hubo problemas de seguridad. Lo dice el informe que tienen en sus pupitres. Claramente señalamos que en ese yacimiento las medidas preventivas de seguridad laboral y fortificación de las faenas mineras se consideraron como un costo de producción y no de inversión en la seguridad y en el desarrollo industrial de nuestros trabajadores. Y aquí viene el problema. Se saca la producción que se quiere, pero no se mide ni cuantifica el daño o riesgo al que se exponen nuestros trabajadores, con el afán de lucrar mucho más al explotar la mina correspondiente.
Con la llegada del señor Alejandro Bohn a la gestión de la mina, cambió radicalmente lo que en principio se estaba haciendo por la empresa E-Mining. Se optó -aquí hay un problema y se debe buscar la forma de solucionarlo- por los incentivos económicos frente al riesgo. Hoy, la necesidad tiene cara de hereje; a los trabajadores les ofrecen más plata -lo que ocurrió en esta mina- e ingresan al yacimiento a pesar de todas sus debilidades para funcionar. Por lo tanto, aquí también hay un llamado de atención a nuestros trabajadores en el sentido de que deben exigir las normas de seguridad correspondientes. A lo mejor, en un futuro cambio legislativo se puede establecer que para formar un comité paritario se requieren menos de diez trabajadores y no veinticinco como se exige actualmente, y que el dueño, el empresario no esté presionando a los trabajadores para que ingresen a la mina con los riesgos que eso significa.
También hemos señalado que el órgano fiscalizador no debe limitar su accionar al principio de la buena fe. Lamentablemente, ese principio, que puede ser un incentivo, no dio ni dará los resultados requeridos. Por tanto, debe haber un cambio radical en la fiscalización que realiza el Sernageomín en la actividad minera. Eso dice relación con muchas exigencias a la empresa, pero que, lamentablemente, nunca se fiscalizó su cumplimiento como correspondía.
A pesar de eso, siguió funcionando.
En la discusión presupuestaria, el Congreso Nacional debe asumir que Sernageomin necesita más recursos y que la actividad minera es el motor de desarrollo del país, le guste a quien le guste. Así como se beneficia a los agricultores y a la zona sur, de una vez por todas preocupémonos del norte, de lo que significa sustentar la economía del país con el esfuerzo que hacen nuestros mineros.
También se debe señalar que la relación del órgano fiscalizador privado no es vinculante con el órgano fiscal, esto se refiere a lo que hacen las mutualidades. En este caso, la empresa tenía un alto costo por prima de seguridad, pues las condiciones de la mina eran riesgosas y ya habían muerto y accidentado trabajadores en las faenas. Aquí no hubo una vinculación de conocimiento ni de la información que tenía, en este caso, la Asociación Chilena de Seguridad respecto de la fiscalización de Sernageomín. Nadie duda de que las mutuales tengan la capacidad, los conocimientos y elementos para cumplir su cometido, porque si no hacen un buen trabajo, por cierto, deben pagar altos montos en seguros.
Por otro lado, Sernageomín no se vincula con la información del servicio de salud ni con la de los órganos de la Dirección del Trabajo para actuar en determinado yacimiento. Por eso, pedimos que dentro de las modificaciones haya vinculación de la información respecto de los yacimientos. Queremos que no solamente se aumenten los fiscalizadores, sino que, además, se den al Sernageomin las competencias reales tecnológicas y de todo tipo para que pueda desarrollar sus funciones.
Quienes vivimos en la Segunda Región -Antofagasta, Calama, Tocopilla, en fin-, podemos asegurar que Sernageomín no tiene la capacidad para fiscalizar los mil yacimientos pequeños que existen desde la cordillera hasta la costa. Ni siquiera se cuenta con una camioneta apropiada para desarrollar su labor. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de entregar en la ley de Presupuestos, con menos cuestionamientos, los recursos necesarios para que el órgano fiscalizador actúe como corresponde.
Sin duda, en el trabajo realizado hay propuestas interesantes. Me gustaría que una empresa articuladora de la compra de los minerales de la pequeña minería, de los pirquineros, como Enami, debería contar con la información respectiva. La Enami tendría que exigir la certificación de seguridad para ser comprador de los materiales. ¿Por qué? Porque los mineros “golondrinas” les da lo mismo la seguridad, y como Enami no fiscaliza, llega y compra, también se hace responsable de la situación. Es imperioso que la Empresa Nacional de Minería participe activamente en la fiscalización del cumplimiento de las exigencias que se les hacen a los yacimientos, especialmente a los pequeños. Pero cuando pido fiscalización para ellos, también tenemos que tener criterio, porque no es lo mismo exigir a una mina con un socavón de treinta metros que a una con un socavón de quinientos metros donde sí puede haber un resguardo, un lugar de seguridad; en estas últimas, muchas veces entran camiones o camionetas a sacar el material, en circunstancias de que en los pirquenes chiquititos apenas caben una o dos carretillas.
Por lo tanto, en seguridad laboral, a la pequeña minería y a la gran industria minera no se les hacen los mismos requerimientos. Es más, tampoco son iguales las exigencias en la producción minera, porque existen yacimientos superficiales de distintos tipos, no metálicos y metálicos.
Vale la pena que, así como la Enami ha otorgado créditos para la producción, también coopere en esta actividad con créditos para capacitar y dar seguridad a la gente que trabaja en las minas. Es importante que la Empresa Nacional de Minería vuelva a ser como nació: una empresa de fomento para la pequeña minería. Y debemos ser claros en ello, porque localidades y pequeñas comunas, como Taltal, Tocopilla, Sierra Gorda, necesitan de esta actividad, pues la pequeña minería es la que sustenta sus economías.
Por lo tanto, debemos fomentar y no erradicar la actividad en los aspectos señalados. También se planteó la creación de un Fondo de Seguridad Minera. Ésa es una materia que se puede discutir. La pregunta era de dónde sacamos los fondos para ello. Se habla del mal llamado royalty. Ojalá tuviéramos uno real y concreto a la minería. O que, para este caso se consideraran los excedentes del precio del cobre. Pero la verdad es que necesitamos imperiosamente generar los recursos necesarios para darle vida a ese Fondo, al cual postulen nuestros pequeños yacimientos mineros, en especial para que las regiones mineras tengan la posibilidad de acceder a seguridad.
Muchos otros aspectos ya fueron expuestos en el debate de este informe. En todo caso, quiero reiterar que el trabajo en la Comisión se hizo con altura de miras. Esperamos que después de este informe se hagan las respectivas correcciones legislativas al Reglamento de Seguridad Minera y sea una normativa legal como corresponde, que evite los dantescos hechos que hoy suceden en la minería.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Teillier.
El señor TEILLIER.- Señora Presidenta, en realidad en esta oportunidad debía intervenir el diputado señor Lautaro Carmona, pero ello no será posible porque el colega se encuentra aquejado de un repentino problema de salud: fue operado. Felizmente, el diputado se está recuperando bien.
En primer lugar, deseo manifestar que me parece que la Comisión Investigadora ha realizado un muy buen trabajo.
En segundo término, debo señalar que los sucesos ocurridos en la mina San José alcanzaron trascendencia nacional e internacional debido al aprecio y reconocimiento del aporte productivo de los trabajadores chilenos que, como se ha visto, muchas veces laboran en condiciones muy difíciles.
La opinión pública, tanto de Chile como la de otros países, ha percibido los valores y la valentía de esos trabajadores nortinos.
El tiempo dirá si se logró el buen propósito de esta Comisión Investigadora de aportar a una nueva realidad en el país para que hechos de la naturaleza que nos ocupa no se vuelvan a repetir y las tasas de mortalidad y accidentabilidad de la minería se reduzcan al mínimo, de acuerdo con los estándares internacionales de países que poseen una industria minera avanzada.
El tiempo dirá si se cumplieron o no las promesas de marcar un antes y un después en seguridad minera tras los hechos ocurridos en la mina San José.
Con el accidente ocurrido en Antofagasta que recién mencionó el diputado Rojas, ya suman 11 los fallecidos después del derrumbe de la mina San José.
Es decir, los problemas de seguridad subsisten. Y para que una comisión investigadora no se quede sólo en eso, en una comisión investigadora, y que esta Corporación también cumpla su papel fiscalizador, propongo la realización, en un breve plazo, de un análisis del estado de avance de las medidas concretas en relación con la legislación minera adoptadas por el Ejecutivo y el Congreso Nacional. Ello, para ver si estamos cumpliendo o no con esta promesa que creo que no sólo el mundo minero, sino todo el país espera se cumpla de la mejor forma posible.
Se señaló en las conclusiones del informe que los principales responsables son los empresarios dueños de la mina. Yo concuerdo en que es así. Pero que no se nos llame a engaño, porque también debemos reconocer que existe un sistema que permite que se produzcan estas faltas a la probidad. Por ello, de los hechos conocidos e investigados surge la convicción de que se hace necesario pasar a una fase de reedición y modernización de nuestra legislación minera, sobre la base de que las disposiciones vigentes tienen la debilidad de no ser respetadas por las empresas de la industria y, tenemos que decirlo, en particular, por las empresas privadas de la mediana y pequeña minería, lo que nos preocupa enormemente.
Resulta imperioso estudiar y revisar el actual Reglamento de Seguridad Minera. Tras los hechos investigados se ha desarrollado una mayor conciencia de la necesidad de evaluar las cuestiones sobre salubridad en conjunto con la temática de seguridad. Éstas quedaron al descubierto a partir del momento en que se tomó contacto visual con los 33 mineros atrapados y, aún más, por la impresión de los rescatistas, quienes no sólo se refirieron a las condiciones de seguridad, sino también a las de insalubridad en las que estos mineros se encontraban laborando.
La legislación minera, a pesar de que tiene que considerar el conjunto de la industria, debe tener éxito al regular la realidad de la mediana y pequeña minería, dado que éste es el segmento más débil de la industria minera y más expuesto a la accidentabilidad. El Poder Legislativo y también el Ejecutivo deben despejar el gran temor existente entre los pequeños mineros de que una ley más drástica sobre seguridad les impediría realizar su actividad.
Por lo tanto, los organismos del Estado deben cumplir un gran papel a fin de posibilitar que esta seguridad sea efectiva también en la pequeña y mediana empresa, para lo cual se deberá entregar toda la ayuda técnica y financiera posible.
Los antecedentes tenidos a la vista señalan que se hace indispensable -en eso estamos muy de acuerdo con lo planteado por la Comisión- una vinculación más estrecha entre Sernageomín y Enami. Las instituciones públicas relacionadas con la minería deben cruzar información y analizarla para sacar conclusiones que se traduzcan en nuevas iniciativas a favor de un cambio en las actuales condiciones de seguridad minera.
Es necesario exigir que los empresarios y ejecutivos tengan un cambio radical en la forma de apreciar el rol de los trabajadores en materia de seguridad y salubridad. No se puede seguir viendo a los trabajadores como meros objetos de medidas de seguridad. Ellos deben ser sujetos activos capaces de colaborar de un modo determinante en la baja de los índices de accidentabilidad y secuelas sanitarias. Los comités paritarios, de higiene y seguridad deben acompañar a los ingenieros e inspectores del Sernageomín cuando visitan las empresas; del mismo modo, tienen que estar presentes los dirigentes sindicales.
Afortunadamente, esta investigación ha permitido valorar los contenidos del Convenio 176 de la OIT y su regulación de las faenas mineras y el reconocimiento del derecho de los trabajadores a paralizar faenas cuando éstas tengan condiciones riesgosas para la vida, la salud y la integridad física.
Valorando la voluntad del Gobierno de ratificar el Convenio 187 de la OIT sobre Seguridad en el Trabajo, es necesario señalar que ambos Convenios deben ser ratificados por su condición de complementarios.
También se requiere un aumento drástico de las multas a los reincidentes. Es recomendable un conocimiento público, abierto al país y al ámbito internacional, de estas empresas o ejecutivos responsables de reincidencias, como ocurrió en reiteradas oportunidades con la mina San José; debe existir un control ciudadano en estas materias y publicarse las tasas de accidentabilidad en cada uno de los casos en los cuales la empresa se haya visto envuelta.
Por último, quiero expresar el deseo de que todo este sentimiento crítico respecto de la seguridad minera, sea dado a conocer por la Cámara a todo el mundo laboral.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Mario Bertolino.
El señor BERTOLINO.- Señora Presidenta, después de un arduo y largo trabajo, la Comisión emitió su informe que fue aprobado por unanimidad, lo cual valoramos, más aún, cuando todos los sectores estuvimos de acuerdo en cómo se llevó a cabo esta investigación.
Por ello, saludo tanto al Presidente de la Comisión, el diputado Alejandro García-Huidobro, como a todos sus integrantes por el trabajo efectuado.
En primer lugar, la principal conclusión que uno puede sacar es que, lamentablemente, existió una decisión de sobreexplotación de esta mina que llevó a este desastre, donde la responsabilidad primera y última es de sus propietarios, quienes, para tratar de obtener la mayor rentabilidad, en algunos momentos hicieron caso omiso y en otros no se cumplió con las medidas conectivas de seguridad que los organismos pertinentes recomendaban.
En segundo lugar, también es importante reconocer que toda actividad minera tiene internalizado el riesgo. Obviamente, en nuestro país la pequeña y mediana minerías no tienen los estándares de la gran minería. Dicho sea de paso, los grados de accidentabilidad de la gran minería son, incluso inferiores al de otros rubros, como el propio comercio. Pero, lamentablemente, cuando los ciclos de precio del mineral hacen atractiva la apertura de faenas, muchos inician las actividades sin cumplir con las exigencias y, en reiterados casos, sin darla a conocer al Sernageomín.
En la mina San José se produjo un desastre que, afortunadamente, gracias a la decisión del Presidente Sebastián Piñera y de su Gobierno, tuvo un final feliz, que fue el rescate de los 33 mineros, lo que llevó a que nuestro país se hiciese conocido por la forma profesional y técnica en que se actuó.
También creo que en estos hechos hubo responsabilidades de organismos del Estado, particularmente del Sernageomín, que falló en la fiscalización. Y esto hay que decirlo. Es obvio que no son responsabilidades que le atañen a este Gobierno, pero hubo actuaciones de personeros de administraciones anteriores en las que, por lo que personalmente me pude dar cuenta, existió cierta desidia en la tramitación y toma de decisiones. Por ejemplo, la mina fue cerrada en 2007 y reabierta en 2008. El cierre fue producto de un accidente mortal, pero se volvió a abrir sin cumplir con las exigencias que se habían impuesto. Los mismos funcionarios públicos que la cerraron fueron quienes dieron la autorización para reabrirla sin cumplir todas exigencias que se habían impuesto. Eso llama la atención y muchas veces es comprensible, pero no aceptable, porque para ninguna autoridad es recomendable cerrar una faena que da trabajo a 400 ó 500 personas. Es decir, como se producen situaciones puntuales de cesantía, se hace la vista gorda a las disposiciones legales vigentes.
Pero esto nos dejó una enseñanza: la seguridad en el trabajo está por sobre cualquier otra acción, por legítima que sea. Tanto es así, que el propio Presidente Piñera formó una Comisión Asesora Presidencial en Seguridad Laboral. Con sus conclusiones se están trabajando los proyectos respectivos y tomando las medidas para que la sinergia entre las instituciones del Estado funcione en forma efectiva.
También es importante aclarar la disposición del Gobierno del Presidente Piñera, ya que, apenas asume se duplica el presupuesto del Sernageomín, lo que antes no se había realizado. Se pasa de 7.000 millones a 20.000 millones de pesos anuales; además, se sube de 17, lo cual es insuficiente, a 42 fiscalizadores de faenas mineras para Sernageomín. Ello demuestra la disposición del actual Gobierno de poner atajo a esta situación.
Nos dimos cuenta también de la gran descoordinación que existía entre los organismos del Estado. Por ejemplo, informes de una mutual de seguridad, que es un organismo privado, que señalan que la accidentabilidad de la empresa estaba aumentando por incumplimiento de las normas de seguridad laboral no son tomados en cuenta por nadie. Esta situación debe ser enmendada, ya que si un organismo como la Asociación Chilena de Seguridad u otras mutuales que velan para que no se produzcan accidentes del trabajo son actores relevantes e importantes, dada su especialización en la información que emiten, debería establecerse la exigencia de que se envíe en forma obligatoria a los organismos respectivos, en este caso al Sernageomín, para que lo internalice y siga la fiscalización sobre la base de esos antecedentes.
No nos podemos olvidar de que si bien lo que sucedió en la mina San José fue muy grave, tuvo un final feliz; pero se puede dar que los finales de otras situaciones, que esperamos no se repitan, no sean tan felices y ahí las responsabilidades podrían pasar a ser incluso penales. Tampoco nos podemos olvidar de que esta mina había sido cerrada y se reabrió sin cumplir las condiciones exigidas.
Las nuevas autoridades, a pocos meses de haber asumido, tuvieron que subirse a este carro, que era una herencia pesada de cómo estaban organizados y funcionando estos organismos. Todos pensábamos que por ser organismos especializados y técnicos, sus funcionarios también lo eran. Seguramente, muchos cumplían con esa condición, pero también pudimos apreciar que había personas que, por lo menos ante la Comisión, dieron claras muestras de no tener la preparación adecuada para comandar este tipo de instituciones de tanta importancia y relevancia.
Por eso, llamo a la honorable Cámara a aprobar el informe y a que las autoridades competentes lo consideren en la toma de decisiones y en las medidas en que todos concordamos deben adoptarse para que en el futuro nunca más sucedan estos hechos.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Ha terminado el Orden del Día, pero hay tres señores diputados inscritos.
Como la idea es votar el informe en esta sesión, propongo a la Sala que esos diputados hagan uso de la palabra hasta por un tiempo de dos minutos.
¿Habría acuerdo? El señor ROBLES.-
Pido la palabra. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra su señoría.
El señor ROBLES.- Señora Presidenta, soy diputado por la región en la cual está ubicada la mina San José, y me parece que no corresponde que me limiten el tiempo para hacer uso de la palabra. Gracias, señora Presidenta. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).
- Si su señoría no da la unanimidad, la votación del informe queda pendiente para la próxima sesión.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Recabo el acuerdo unánime de la Sala para tratar sobre Tabla el proyecto de acuerdo, mediante el cual se solicita la concesión de un bono de marzo.
No hay acuerdo.
RECURSOS PARA BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS DE ISLA ORREGO DE CONSTITUCIÓN, DEBIDO AL MAREMOTO DEL 27 DE FEBRERO DE 2010. (Preferencia).
El señor BECKER (Vicepresidente).- Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, corresponde considerar, primero, el proyecto de acuerdo N° 214.
El señor Prosecretario va a dar lectura a su parte dispositiva.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 214 de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Morales, Rojas, Norambuena, Ulloa, Monckeberg, don Cristián; Hasbún, Monckeberg, don Nicolás; Sepúlveda, doña Alejandra, y Lorenzini, por el cual la Cámara de Diputados acuerda:
“Solicitar a S.E. el Presidente de la República que instruya al ministro del Interior otorgar los recursos necesarios, a fin de proceder a la búsqueda de los desaparecidos de la Isla Orrego, en Constitución. Como bien es sabido, esa trágica madrugada del 27 de febrero de 2010 se celebraba la “noche veneciana”, motivo por el cual muchas familias acampaban en la isla mencionada, siendo en realidad la noche más trágica que vivieron los sobrevivientes, ya que una vez ocurrido el terremoto, que afectó con gran intensidad a Constitución, aproximadamente 20 minutos después se desató el maremoto que inundó por completo dicha isla, dejando como consecuencia un número de 15 víctimas fatales y 10 desaparecidas, las últimas de las cuales aún no son encontradas”.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Pedro Pablo Álvarez-Salamanca.
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.- Señor Presidente , a pocos días de haber conmemorado un año del pasado terremoto, el cual le cambió la vida a cientos de personas; además de la destrucción de casas, puentes, caminos, hospitales y escuelas, se perdieron muchas vidas humanas, en particular en Constitución, donde fallecieron 102 personas, diez de las cuales aún se encuentran desaparecidas.
El proyecto de acuerdo apunta a buscar la forma de allegar recursos para continuar con la búsqueda de esas diez personas desaparecidas en las riberas del río Maule, cuyos nombres daré a conocer a continuación: don David Vásquez, don Juan Francisco Gatica, doña Antonia Muñoz , doña Sandra Muñoz , doña Estefanía Gatica, don Juan Carlos Gatica , doña Millaray Palma , doña Fanny Henríquez, don Luis Guillermo Castro y el menor de edad Emilio José Gutiérrez .
Sin duda, sus familias se sentirán mucho más acompañadas y respaldadas por las autoridades regionales y ministeriales.
Por eso, solicitamos a su excelencia el Presidente de la República y al intendente del Maule a no parar la búsqueda de sus cuerpos y se entreguen recursos para realizar un rastreo o limpieza del río Maule, lo que favorecerá a los pescadores artesanales, porque se encuentra muy sucio debido al tsunami.
Ojalá que el Presidente de la República asigne recursos frescos para continuar la búsqueda de esas personas.
Por último, quiero decir que no sólo debemos preocuparnos por la reconstrucción material, sino también por la del alma y de la mente de muchos compatriotas.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente , esperamos el respaldo unánime de la Sala para este proyecto de acuerdo, porque hay ciertos temas ciudadanos que están por encima de la política.
Como decía mi colega Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, podremos discutir sobre el avance de la reconstrucción o de lo que falta, pero aquí hablamos de sentimientos.
No son muchos los recursos que se necesitan para mantener la ilusión, al menos, de una despedida para estas personas desaparecidas, algunas de poca edad.
Aquí falta lo directo, lo práctico, no sé. Si uno tuviera a alguien desaparecido, como sucede con las diez personas mencionadas, dejaría de lado cualquier aspecto monetario y buscaría los recursos, que no son muchos.
Entiendo que las Policías de Carabineros e Investigaciones y las Fuerzas Armadas han abandonado la búsqueda, porque deben cumplir sus procedimientos. Pero hay gente disponible, buzos. Sin embargo, se necesitan recursos para continuar. Los papás, las mamás, los parientes están disponibles. Ellos desean seguir adelante.
El Presidente de la República estuvo el fin de semana pasado en un acto simbólico. El proyecto de acuerdo también es simbólico y razonable, en cuanto le pide sólo dar las instrucciones necesarias.
Si para ello se debe realizar algún tipo de actividades, por supuesto los parlamentarios, las fuerzas vivas, los concejales y alcaldes estarán de acuerdo. Pero, al parecer, no se trata de un tema de plata, sino de decisión, de demostrar desde La Moneda el interés por estas familias que todavía no terminan la parte más dura, la del corazón, la sentimental. Luego vendrá la reconstrucción. Pero deben cerrar un ciclo.
Sin duda, la bancada de la Democracia Cristiana respaldará el proyecto de acuerdo. Reitero, no se trata de un tema en que estemos enfrentados Gobierno y Oposición, sino de una causa humana.
Constitución fue una de las ciudades más afectadas del país, en la que hubo más de noventa muertos, y lo mencionados desaparecidos. Primero se requiere sanar el alma y la mente. Luego, veremos cómo reparamos la parte física.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó la negativa el diputado señor Gutiérrez Gálvez Hugo.
RECALIFICACIÓN DE TRABAJADORES EXONERADOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE.
El señor BECKER (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 219 de los señores Jiménez, Jarpa, Díaz, Accorsi, Silber, Teillier, Díaz, Pérez, don José; González, Lorenzini y de la señora Cristina Girardi, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia el Presidente de la República que instruya a los organismos respectivos la recalificación de todos los trabajadores exonerados políticos de Televisión Nacional de Chile, dada su calidad de servidores públicos al momento de la exoneración”.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
Barros Montero Ramón; Sandoval Plaza David; Van Rysselberghe Herrera Enrique.
ACLARACIÓN SOBRE POSIBILIDAD, CONDICIONES Y REQUISITOS PARA AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO DE MENORES DE EDAD.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Se va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 220, de los diputados señores Van Rysselberghe, Álvarez-Salamanca, Baltolu, Lobos, Norambuena, Urrutia, Barros, Bauer, Gutiérrez, don Romilio, y Delmastro, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia el Presidente de la República , don Sebastián Piñera Echenique, tenga a bien disponer que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social ordene a la Superintendencia de Pensiones la dictación de una circular -como instrucción de carácter general-, que aclare la posibilidad, las condiciones y requisitos para que menores de edad ingresen al sistema de ahorro previsional voluntario consagrado en el párrafo 2° del Título III del Decreto Ley N° 3.500.”.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Para intervenir a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Enrique Van Rysselberghe.
El señor VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente , si un padre o una madre decide abrir una cuenta de ahorro previsional a su hijo o hija, con una tasa de interés equivalente a la mayor rentabilidad promedio anual mostrada por el sistema de AFP desde su creación, en 1981, a la fecha, y se abonara a la cuenta de ese recién nacido sólo 3 UF -es decir, aproximadamente 60 mil pesos de hoy-, a los 65 años esa persona tendría acumulado más de 60 millones de pesos, lo que se traduciría en una mensualidad de más de 260 mil pesos, hasta los 85 años.
Hoy no se está aprovechando esta simple matemática, entre otras razones, porque las actuales reglas del juego no lo permiten o no están claras, al menos en lo que respecta al ahorro previsional voluntario.
Junto a un grupo de técnicos, hicimos el ejercicio de llamar a la Superintendencia de Seguridad Social y aclarar este hecho. Sin embargo, después de comunicarnos con distintas AFP y consultar a los ejecutivos de ventas acerca de la posibilidad de abrir una cuenta de ahorro previsional voluntario a un niño recién nacido, no tuvieron la claridad ni tampoco la capacidad de darnos una respuesta a nuestra solicitud.
Por ello, este proyecto de acuerdo solicita al Presidente de la República , señor Sebastián Piñera , que tenga a bien disponer que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social ordene a la Superintendencia de Pensiones la dictación de una circular, como instrucción de carácter general, que aclare la posibilidad, las condiciones y requisitos para que menores de edad recién nacidos puedan ingresar al sistema de ahorro previsional voluntario consagrado en el párrafo 2°, del Título III, del decreto ley N° 3.500.
Otro proyecto de acuerdo, que se presentará prontamente, busca crear un sistema mucho más completo, con mayor participación del Estado, que permita aprovechar de mejor forma esta lógica financiera. Si miramos la realidad que viven actualmente nuestros adultos mayores, no podemos perder la posibilidad de dar un crecimiento significativo a un depósito inicial al momento de nacer, lo cual permitiría solucionar los problemas de dignidad que tienen muchos abuelitos y abuelitas.
Como servidores públicos, debemos buscar sistemas y políticas públicas nuevas, como ésta, que permitan que nuestros adultos mayores vivan dignamente llegado el momento de su jubilación.
Por las razones expuestas, pido a esta honorable Cámara apoyar esta solicitud al Presidente de la República, con el objeto de aumentar la posibilidad de que como país aprovechemos los beneficios que he explicado.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para intervenir a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para intervenir en contra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 24 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Por no haber alcanzado el quórum, se repite la votación.
En votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Nuevamente, no se alcanzó el quórum.
Queda pendiente su votación para la próxima sesión.
VII. INCIDENTES
OTORGAMIENTO DE BONO MARZO PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. Oficio.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- En el turno del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz, hasta por dos minutos.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente , durante estos días, innumerables personas de los distintos distritos que representamos se nos han acercado para preguntarnos sobre el bono marzo.
Como recordaremos, el año pasado aprobamos un proyecto enviado por su excelencia el Presidente de la República para pagar a las familias de menores ingresos un bono de 40 mil pesos. Sin embargo, también se estableció que ese bono se pagaría por una sola vez.
Al respecto, hemos presentado un proyecto de acuerdo para solicitar al Presidente de la República que tenga a bien enviar un nuevo proyecto de ley, con el propósito de entregar nuevamente este año un bono marzo a las familias de más escasos recursos.
Existen razones fundadas para realizar tal solicitud: un crecimiento importante en la economía del país y un inédito incremento en el precio del cobre, que sustenta una base económica sólida para que el Gobierno, el Estado, el país retribuya ese crecimiento a las familias de más escasos recursos, a través de un nuevo bono marzo 2011.
Por las razones expuestas, solicito que la Cámara de Diputados oficie al Presidente de la República , don Sebastián Piñera , para pedirle el urgente envío de un proyecto que establezca para marzo de 2011 el pago de este bono a las familias más necesitadas.
Insistentemente, se afirma que nuestra economía tiene un crecimiento permanente, y todos somos testigos del enorme incremento que ha tenido el precio del cobre. Por lo tanto, no es posible que el país actúe en forma mezquina con las familias de más bajos ingresos y no retribuya ese crecimiento a través de un bono.
Asimismo, cabe destacar el aumento significativo del precio de los combustibles, del gas y de los alimentos, por lo que las familias deben enfrentar ese aumento importante en los precios de estos recursos básicos para la sobrevivencia familiar con los mismos ingresos que han tenido hasta ahora.
Insisto en oficiar al Presidente de la República, con el objeto de solicitarle que, a la brevedad, envíe un proyecto de ley para pagar este 2011 un bono marzo a las familias de más escasos recursos.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- De acuerdo con el artículo 52, número 1), letra a), de la Constitución Política de la República, se someterá a votación la petición de la diputada señora Adriana Muñoz.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
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PREOCUPACIÓN POR POSIBLE HABILITACIÓN DE EX AERÓDROMO LOS CERRILLOS Y POR DESTINO DE SUS TIERRAS. Oficios.
El señor BECKER (Vicepresidente).- En el tiempo que resta al Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.
El señor AUTH.- Señor Presidente, la Federación Aérea de Chile y el grupo industrial Arrigoni han propuesto al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo un proyecto para reinstalar en la comuna de Cerrillos, en medio de la ciudad -donde actualmente hay un parque y se pretendía desarrollar un importante proyecto inmobiliario que incluía viviendas sociales y de sectores medios-, un aeropuerto para que aterricen allí los Boeings 747, 727 y 767, con los consiguientes riesgos ambientales y de seguridad que implica su instalación en el corazón de la ciudad. El proyecto se encuentra en poder del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y su presentación ha sido posible por la postergación inexplicable e inaceptable de la decisión gubernamental sobre el destino que se dará a esas tierras que hoy pertenecen al Estado. El parque y sus cincuenta hectáreas están perfectamente habilitados para el disfrute de las familias populares de Cerrillos, Pedro Aguirre Cerda y comunas aledañas. Sin embargo, de manera inexplicable, permanece todavía cerrado. Recibí el compromiso personal de la ministra de Vivienda y Urbanismo de abrir ese parque antes de que comenzara el 2011. Pues bien, estamos a 2 de marzo y todavía los habitantes de esas comunas no pueden disfrutar del parque. En segundo lugar, para nadie es un misterio la escasez manifiesta de tierras para construir viviendas, en particular viviendas sociales. En ese lugar hay espacio para viviendas que podrían aceptar entre 50 mil y 80 mil personas dentro de esa área urbana, dentro del perímetro interno de la circunvalación de Américo Vespucio. Es una de las pocas áreas de desarrollo urbano de la ciudad. Por lo tanto, pido el apoyo de los diputados presentes para oficiar a la ministra de Vivienda y Urbanismo, con el objeto de exigirle la inmediata apertura del parque, que ya está listo para el disfrute popular. Asimismo, pido que se oficie al ministro Secretario General de la Presidencia y a la misma ministra de Vivienda, para pedirles que el Estado de Chile resuelva, de una vez por todas, con los antecedentes de que dispone, el destino que le va a dar a la principal área posible de desarrollo urbano con que cuenta la Región Metropolitana.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Denise Pascal Y de los diputados señores Burgos, Saffirio, Ortiz, Ascencio, Chahín, Marinovic, Velásquez, Montes, Tuma, González, Castro, De Urresti, Monsalve y Jaramillo.
PRONUNCIAMIENTO DEL GOBIERNO SOBRE AMPLIACIÓN DEL BONO DE INCENTIVO AL RETIRO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Oficios.
El señor BECKER (Vicepresidente).- En el turno del Comité Independientes-PRI, tiene la palabra el diputado señor Miodrag Marinovic.
El señor MARINOVIC.- Señor Presidente , en junio del año pasado, ingresó a la Cámara el proyecto de acuerdo Nº 79, que fue suscrito y aprobado por diputados y diputadas de todas las bancadas.
Dicho proyecto dice relación con la ampliación del bono especial de incentivo al retiro para los funcionarios públicos que han sufrido menoscabo previsional.
Durante el año pasado, el tiempo nos dio la razón, porque de haberse renovado, hoy no tendríamos más de 5 mil funcionarios públicos que están esperando el bono compensatorio para acceder al merecido descanso y a la jubilación. Se habrían ahorrado muchos conflictos, como los que se produjeron a fines de año.
Por lo tanto, insistimos en tal sentido, vía oficio, en julio del año pasado, pero se nos señaló, por parte del Ministerio de Hacienda, que el tema se estaba tratando en una mesa de diálogo.
En concreto, queremos insistir en el punto, a fin de llevar justicia a muchos trabajadores del sector público.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Hacienda para pedirle que se pronuncie respecto de esta materia y para saber cuál es la voluntad del Ejecutivo respecto del bono de incentivo al retiro.
En segundo lugar, dado que se nos ha contestado por oficio que hay una mesa de trabajo, queremos que se nos informe respecto de cuáles han sido las acciones concretas que ha realizado la autoridad de Hacienda y el Gobierno durante el segundo semestre del año pasado para concretar y avanzar en el establecimiento de un mecanismo para prorrogar el incentivo al retiro que venció en julio del año pasado.
Esta solicitud la formulo en nombre de los cinco parlamentarios del Comité Independientes-PRI.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
RECHAZO A OBSTRUCCIÓN PARA TRATAR CON PREFERENCIA PROYECTO DE ACUERDO REFERIDO AL BONO MARZO.
El señor BECKER (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, en primer lugar, lamento que el jefe de la bancada de Renovación Nacional no haya dado la unanimidad para tratar con preferencia el proyecto de acuerdo referido a la solicitud de otorgar nuevamente este año, como política pública, el bono marzo, que esperan tantas familias. Ese proyecto fue presentado en forma transversal, por lo que agradezco que, al menos, con los votos de la Concertación, del Partido Comunista y de los diputados independientes se pueda oficiar al Presidente de la República para pedirle que se pronuncie al respecto.
INFORMACIÓN SOBRE MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE EMERGENCIA EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Oficios.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, en la Región de La Araucanía, en febrero, se empezaron a ejecutar 2.500 planes de empleo de emergencia, con una novedad: ya no son los municipios, a través de las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL), las que tienen que seleccionar, de entre sus nóminas, a las personas beneficiarias de esos programas, sino que los está ejecutando el Gobierno, en forma absolutamente paralela, y fuera de la institucionalidad de los municipios. Por lo tanto, son los concejales y los parlamentarios de Derecha, además de los asesores de los parlamentarios de Derecha, quienes eligen los beneficiarios de los programas de empleo en el denominado Plan Araucanía. A mi juicio, esto es gravísimo e ilegal. Por lo tanto, pido oficiar a la ministra del Trabajo, con el objeto de que nos informe cuál es la modalidad de ejecución de los programas de empleos que se iniciaron en febrero en la Región de La Araucanía; cuáles son las nóminas exactas, con nombres y RUT, por comuna, de cada uno de los beneficiarios; que se indiquen cuáles fueron los criterios de selección y si esas personas estaban o no inscritas en las OMIL de sus respectivas municipalidades y con qué antigüedad; cuáles son las empresas que están ejecutando estos programas en cada comuna; cuáles fueron los criterios de selección de estas empresas intermediarias para ejecutar tales programas; si hubo o no licitación pública y cómo operó. A nuestro juicio, se está cometiendo una gravísima irregularidad. En el mismo sentido, pido oficiar al contralor general de la República, a fin de que investigue el proceso de selección de los beneficiarios de estos programas; cuál es el fundamento presupuestario; si efectivamente la asignación de los recursos se hizo de acuerdo con la ley y los reglamentos; si se cumplió con los principios de probidad, equidad y objetividad que exigen la Constitución y las leyes para la selección de los beneficiarios. En definitiva, pido que lleve adelante una investigación, porque no puede ser aceptable que se politice la selección de los beneficiarios de los empleos de emergencia y que se deje fuera a las instituciones del Estado como los municipios y sus OMIL.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados Ortiz, León, Vallespín, Ascencio, Sabag, Jaramillo, Monsalve y Castro.
INVESTIGACIÓN POR ELIMINACIÓN DE ANTECEDENTES INTERCAMBIADOS ENTRE LA ASOCIACIÓN DE BANCOS Y LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS. Oficios.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, además, pido que se oficie al fiscal nacional, porque me ha llegado una grave denuncia que dice relación con la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. En la Comisión de Economía le solicitamos al superintendente, por acuerdo unánime de la Comisión, que entregara todos los antecedentes respecto de las comunicaciones, minutas y documentos de intercambio de criterios entre la Asociación de Bancos y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en relación con el cambio de criterio sobre las ventas atadas. El superintendente entregó una respuesta vaga, imprecisa y pobre, que la propia Comisión declaró insuficiente, y le pidió que complementara los términos en que se le había solicitado la información. Han pasado meses y no hay ninguna respuesta. Eso le da sentido a una denuncia que señala que la Superintendencia habría ordenado eliminar todo antecedente, comunicación, correo electrónico y minuta relacionados con el intercambio entre la Asociación de Bancos y la Superintendencia, entre la primera circular, de septiembre, y la segunda, en noviembre. Esto nos parece gravísimo, no sólo desde el punto de vista ético, del cumplimiento de la función pública, sino por el hecho de que aquí estaríamos en presencia de la comisión de delitos. Por lo tanto, solicito que se oficie tanto al fiscal nacional como al contralor general de la República, para que indaguen estos hechos, de manera de constatar si son efectivos o no, porque, insisto, nos parecen de la máxima gravedad.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados Ortiz, León, Vallespín, Ascencio, Sabag, Jaramillo, Monsalve y Castro.
PREOCUPACIÓN POR FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN ISLA QUEHUI, COMUNA DE CASTRO.Oficio.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, solicito enviar tres oficios referidos a una situación dramática que viven más de ciento veinte familias de la isla Quehui, en la comuna de Castro, provincia de Chiloé. Como describe un reportaje del diario La Estrella de hace algunos días, esas familias viven en condiciones precarias, pero, desde el punto de vista de sus necesidades de energía eléctrica y agua, sus condiciones son absolutamente deplorables. Esas personas no disponen de esos servicios y sobreviven gracias a que aprovechan el agua de las lluvias. En definitiva, no ha habido una solución para ellas. El Plan Chiloé contemplaba instalar una red de agua potable y, además, otra de electricidad, que permitirían resolver esos problemas; pero, lamentablemente, el año pasado, con el recorte presupuestario que aplicó el Gobierno y las excusas que dieron sus representantes, se quitaron también los recursos para esos proyectos. Por lo tanto, pido los siguientes oficios: Uno al señor intendente de la Región de Los Lagos a fin de que informe sobre la solución que está implementando para resolver los problemas de suministro de agua y energía eléctrica en la isla Quehui. Otro a la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, para que informe por qué se dejó fuera de financiamiento al proyecto de agua potable para la isla Quehui. Y un tercero al subsecretario de Desarrollo Regional y a la Comisión Nacional de Energía para que informen acerca de la solución definitiva para el problema del suministro de energía eléctrica en la isla Quehui y cuándo se implementará, dado que unos plantean una solución, pero otros proponen una diferente.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados Ortiz, Vallespín, Sabag, Jaramillo y Castro.
CONCESIÓN DE BONO SOLIDARIO DE 40 MIL PESOS A FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA. Oficio.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en la Ley de Presupuestos para este año, 2011, aprobamos una partida de 130 millones de dólares para un bono destinado a familias beneficiarias del sistema Chile Solidario, de extrema pobreza, que representan el 4,2 por ciento, pero aún el ministro de Mideplan no tiene claro cómo lo va a pagar, si mensualmente, trimestralmente o semestralmente. En relación con el bono de marzo del 2010, el Presidente de la República planteó que era una importante y merecida ayuda para que las familias puedan contrarrestar los mayores gastos que suele representar dicho mes. Ese bono del año pasado fue otorgado para el 60 por ciento de las familias hasta el tercer quintil, y, reitero, el bono Chile Solidario ingreso ético solamente alcanza al 4,2 por ciento. ¿Cuál es la realidad actual del país? La pobreza ha aumentado de 2,7 millones a 3,2 millones de chilenos que viven en esa situación.
Habrá un rebrote inflacionario preocupante para este año, que significará que el 40 por ciento de la población más vulnerable tendrá una inflación que fluctuará entre 5,5 y 6 por ciento, superior en 35 por ciento al quintil más pudiente, cuya inflación será de alrededor de 3,7 por ciento. Y todo el país sabe que habrá un alza desmedida del transporte público, en especial en la Región Metropolitana, en el Transantiago, que alcanzará el 35 por ciento. Ahora, más que nunca, existen muchas razones para otorgar el bono solidario de 40 mil pesos, ya que hay más chilenos en condiciones de pobreza.
Insisto en que existe un aumento de la inflación y hay alzas tarifarias. Un solo ejemplo. El costo fiscal del bono es de 336 millones de dólares -hasta el momento el Gobierno se niega a entregarlo-, que equivalen a un cuarto de los mayores ingresos fiscales generados por el alto precio del cobre en los últimos años. Antes adherí a la solicitud que hizo la representante del PPD, diputada Adriana Muñoz, respecto del bono de marzo, pero ahora solicito que se oficie al señor ministro de Mideplan con el propósito de que informe sobre cómo se pagarán esos 130 millones de dólares que aprobamos, para que lleguen rápidamente a ese 4,2 por ciento de las referidas familias.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.47 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 13.31 horas.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
NECESIDAD NUEVO CONVENIO DE PROGRAMACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS EN LOCALIDAD DE ALERCE. Oficios.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señora Presidenta , en primer lugar, manifiesto mi alegría por la decisión del Concejo de Puerto Montt de aprobar la propuesta que modifica los límites comunales para integrar al sector de Alerce Norte a la comuna de Puerto Montt. Sin embargo, esto no basta para solucionar la cantidad de problemas que tienen los habitantes de esta localidad.
Quiero recordar que el 2000, cuando se dio inicio al proyecto de la ciudad satélite de Alerce, el gobierno regional firmó un Convenio de Programación con las municipalidades de Puerto Montt y de Puerto Varas, con los Ministerios de Vivienda y Urbanismo, de Educación y de Obras Públicas y con Chiledeportes, en que se comprometió una inversión cercana a los 51 mil millones de pesos para materializar obras que permitieran el adecuado desarrollo de la localidad.
Pero han pasado once años y muchas de esas obras aún no se materializan. Por lo tanto, es muy necesario firmar un nuevo convenio de programación entre los citados ministerios, el gobierno regional y la municipalidad de Puerto Montt.
Quiero destacar que en Alerce existe una extensa y activa red de organizaciones sociales y que gracias a la constante demanda de sus dirigentes se han realizado muchas obras en pos de una mejor calidad de vida.
Entre las obras que urge materializar figura una escuela municipal, para que los miles de niños de Alerce -recordemos que esta localidad tiene una población cercana a los 60 mil habitantes- puedan educarse en el sector, evitando los largos traslados a Puerto Montt. Entonces, es necesario contar con una nueva escuela municipal.
También se requiere mejorar su conectividad vial. Actualmente, existe una única calle que conecta Puerto Montt con Puerto Varas. Además, el Río Negro separa el Alerce histórico de Alerce Norte, por lo que urge construir un puente que conecte estos dos sectores.
Igualmente, se necesita la ciudad deportiva que se prometió para Alerce; faltan campos deportivos poblacionales y sedes sociales para cerca de 60 mil habitantes. No todos los conjuntos habitacionales cuentan con sus sedes sociales, porque muchas fueron traspasadas para habilitar jardines infantiles.
Asimismo, para evitar inundaciones, deben construirse colectores de aguas lluvia. La gente lleva muchísimos años viviendo allí y todos los inviernos, incluso en verano, cuando llueve mucho, se inundan grandes sectores de Alerce por la falta de colectores de aguas lluvia.
También es urgente contar con una comisaría. Treinta funcionarios no dan abasto para cubrir las necesidades de tal cantidad de habitantes.
Se requiere un centro cívico. Comunas y localidades con mucha menor población cuentan con servicios públicos; sin embargo, Alerce, que tiene una gran población, no los tiene, lo que obliga a la gente a trasladarse hasta Puerto Montt para realizar sus trámites.
Uno de los mayores anhelos de la comunidad es la construcción de las obras necesarias para dar viabilidad al Parque Industrial de Alerce, lo que permitiría dar empleo a la gente cerca de sus domicilios. La mayoría debe desplazarse a Puerto Montt, lo que significa un considerable gasto en transporte.
Por eso planteo celebrar un nuevo convenio de programación para efectos de concretar algunas de esas obras.
Por lo expuesto, pido que se oficie a los ministros del Interior , de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo, para que informen e instruyan subsanar las observaciones a una serie de proyectos para Alerce, toda vez que no pueden optar a financiamiento porque, conforme a la información pública disponible en la web del Banco Integrado de Proyectos del Mideplán , fueron objetados técnicamente o tienen la recomendación técnico económica (Rate) de falta de información (FI). Una vez ejecutados esos proyectos, deberían solucionarse muchos de los problemas que señalé.
Me refiero a la reposición de la subcomisaría de Carabineros, cuestión que depende de la institución; a la construcción del sistema de aguas lluvia de Alerce Norte; a la construcción del puente sobre el Río Negro, para conectar Alerce Sur con Alerce Norte, y empalmes a vía; al mejoramiento de la avenida Norte Sur 2 y de las calles Norte Sur 1 y Uno Oriente, todas obras que dependen de la Seremi de Vivienda y Urbanismo.
Asimismo, pido oficiar al intendente regional de Los Lagos, a través del Ministerio del Interior, y a las comisiones del CORE, para que me informen sobre la cartera de proyectos existentes para la localidad de Alerce, indicando el estado de tramitación, la fuente de financiamiento y el calendario de financiamiento de las inversiones contempladas para el sector.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Alberto Robles y Fidel Espinoza .
INVESTIGACIÓN EN SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE ATACAMA POR EVENTUALES PRESIONES EN RECALIFICACIÓN DE PROYECTO TERMOELÉCTRICO CASTILLA. Oficios.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, la última semana de febrero asistí a la puesta en escena de un “show” que desarrolló la intendenta de la Región de Atacama para anunciar que se aprobaba el proyecto termoeléctrico Castilla. El proyecto, que es altamente contaminante, se aprobó después de que el actual seremi de Salud resolviera, ante una petición de la empresa encargada de desarrollar la termoeléctrica, invalidar la calificación ambiental del proyecto como “contaminante”.
Desde todo punto de vista, sea sanitario, normativo y de sentido común, en cualquier parte del mundo una termoeléctrica es una empresa altamente contaminante. Sin embargo, pareciera ser que en Chile las termoeléctricas no son contaminantes. Si así fuera, entonces no hay nada contaminante en Chile. En seguida, y a raíz de la aprobación que dio la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama al proyecto de la termoeléctrica, pido que se oficie al contralor general de la República, habida consideración de una información que recibí y, respecto de la cual, quiero estar seguro de su veracidad.
Me interesa que el órgano contralor realice una investigación muy acuciosa en la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Atacama, dado que la denuncia advierte que los técnicos de la Unidad de Medio Ambiente de esa Secretaría fueron conminados a apoyar y aprobar el cambio de calificación medioambiental de la termoeléctrica Castilla por el seremi señor Baeza. Según la información de que dispongo, la Unidad de Medio Ambiente se habría opuesto, dado que no se presentó ningún nuevo antecedente para reconsiderar la calificación que estaba solicitando la empresa.
Éste es un requisito esencial en un proceso de invalidación, sobre todo cuando se trata de revisar por segunda vez la calificación de contaminante, lo que había sido denegado por el anterior seremi. En esas circunstancias, el procedimiento para invalidar la calificación en cuestión podría repetirse indefinidamente hasta que alguna autoridad decida apoyar a la empresa en sus peticiones. De esa forma no podría funcionar el estado de derecho.
Por eso, la Contraloría debe desarrollar una investigación profunda para determinar si hubo presiones a los funcionarios técnicos de la Unidad de Medio Ambiente de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Atacama; si la empresa MPX, que pretende desarrollar la central termoeléctrica Castilla, presentó nuevos antecedentes que justificaran la recalificación; si efectivamente el seremi concurrió a este decreto sólo con el apoyo de sus abogados o contó con el apoyo de abogados de la empresa, pues, según la información que tengo, estuvieron asesorándolo permanentemente para elaborar el nuevo decreto.
Asimismo, pido que la Contraloría realice una evaluación de las presiones que tuvieron los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental y de la Conama regional, porque la información de que dispongo es que los distintos representantes de la Conama también fueron presionados para entregar una opinión afirmativa respecto de este proyecto termoeléctrico. En este mismo sentido, pido que se haga una auditoría y que me envíen información respecto del plan regulador del sector de Punta Cachos, por parte del municipio de Copiapó, a fin de saber si se cumplieron todos los procedimientos administrativos para el cambio de uso de ese territorio a fines de 2008.
Quiero que la Contraloría me informe si los procedimientos, no sólo administrativos, sino también de consulta ciudadana, fueron cumplidos por parte del municipio en esa oportunidad. Por último, pido que me envíen copia completa del plan regulador actual de Copiapó, de los planes reguladores de Copiapó desde el 2007 y del plan intercomunal costero vigente al 31 de diciembre de 2010 en la Región de Atacama.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS EN LOCALIDAD DE ALERCE NORTE. Oficios.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, en esta oportunidad, quiero pedir dos oficios.
El primero dirigido al intendente de la Región de Los Lagos, señor Juan Sebastián Montes, y a los ministros del Interior y de Hacienda, con el objeto exponerles la situación planteada en esta Sala por la diputada Marisol Turres: la anexión de Alerce Norte a la comuna de Puerto Montt.
Alerce Norte pertenecía -aún pertenece- a la comuna de Puerto Varas, del distrito que represento, y, por razones de diferente índole, más del 90 por ciento de sus ciudadanos ha tomado la decisión de anexarse a Puerto Montt, lo que ha sido refrendado ayer por el Concejo Municipal de Puerto Montt, en sesión ordinaria de dicha instancia.
Me sumo a cada una de las palabras de la diputada Marisol Turres, en relación con los temas que quedan pendientes, como seguridad, infraestructura deportiva, conectividad, porque es importante que sean abordados en este momento propicio, en que se está generando esta anexión tan importante y esperada por todos los habitantes.
Espero que el gobierno de la Región de Los Lagos y a nivel nacional entreguen los recursos necesarios para paliar todas aquellas dificultades que tiene aún Alerce Norte y que nunca fueron atendidas por el municipio de Puerto Varas, mientras formó parte de esta comuna.
Hay que decirlo con todas sus letras, porque así fue. Ése fue el reclamo ciudadano de los dirigentes toda la vida. Por lo tanto, espero que ahora se concreten todos los proyectos que están estancados, aquellos a los que les falta información, que están con calificación FI, y aquellos que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de Alerce Norte, que se merecen un estándar de vida mucho mejor que el que tienen actualmente. Además, pido que copia de mi intervención sea enviada a los consejeros regionales de la Región de Los Lagos y a los presidentes de las juntas de vecinos de Alerce Norte.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia íntegra de su intervención.
PREOCUPACIÓN POR ABUSOS DE PESQUERA MULTIEXPORT, DE PUERTO MONTT, EN CONTRA DE TRABAJADORAS EMBARAZADAS. Oficios.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, por otra parte, pido oficiar a las ministras del Trabajo y Previsión Social y del Sernam, con el objeto de darles a conocer la grave situación que están viviendo más de 40 mujeres embarazadas, que están con posnatal, en la pesquera Multiexport, de Puerto Montt.
Encuentro lamentable que, mientras ayer el Presidente de la República, en un acto rimbombante, muestra al país una nueva ley de posnatal de seis meses, continúen los abusos de las salmoneras con las mujeres embarazadas. Tuve un diálogo, que consideré franco y cordial, con el gerente señor Andrés Lyon, de quien tengo una muy buena impresión como persona, pero lamento que no se estén cumpliendo los compromisos asumidos en la reunión que sostuvimos. Él señaló que se iba cumplir con el respeto irrestricto a las mujeres embarazadas, sus posnatales y fueros respectivos.
Sin embargo, hoy, la empresa está finiquitando a la gran mayoría de ellas con el 50 por ciento de su fuero, dejándolas sin su fuente laboral.
En el mínimo de los casos han sido recontratadas.
Por lo tanto, pido que las ministras del Trabajo y Previsión Social y del Sernam se pronuncien respecto de las labores que han realizado en este caso la directora del Trabajo, la seremi del Trabajo y la directora del Sernam, de la Región de Los Lagos, que también son mujeres. ¿Cuántas veces han ido a visitar a esas mujeres? ¡No lo han hecho nunca! Han sido las dirigentas sindicales, encabezadas por un grupo de los sindicatos N° 1 y 2, las que han golpeado las puertas de las autoridades para contarles el drama que están viviendo. Aquí hay una sostenida y manifiesta práctica antisindical.
Se quiere dejar sólo a los dirigentes sindicales. Por lo tanto, lo que se está haciendo es violentar gravemente los propios principios de protección de los derechos de las mujeres que ha establecido el Gobierno. Cuando a una mujer no se le respeta el fuero que tiene legalmente, se están infringiendo sus derechos elementales, que están establecidos en la ley. En ese sentido, lo que está haciendo Multiexport es violento, particularmente el jefe de Recursos Humanos, señor Marcelo Urrutia, quien no deja, incluso, que las trabajadoras humildes lleguen con una representante sindical a este tipo de reuniones, sino que se les coloca una pistola en la mesa para negociar. Eso no corresponde ni se enmarca dentro de las gestiones que realizó este Gobierno para que sacáramos adelante la ley del salmón, que buscaba la reactivación de la actividad salmonera, pero no para que ocurrieran estas prácticas antisindicales ni menos que se violentaran los derechos de las mujeres. Cuando aprobamos en el Congreso Nacional la ley del salmón, lo hicimos para reactivar la actividad salmonera, porque entendíamos que era importante, por el tema del empleo.
Estamos viendo que, en mi región, la reactivación sólo se está dando para los empresarios, que están volviendo a niveles de exportación importantes -y me parece bien que así sea-, pero está siendo un retroceso para los trabajadores. Lo que está ocurriendo en Multiexport lo encuentro lamentable. Pensaba que esas prácticas iban a quedar erradicadas, porque fueron los compromisos que SalmonChile hizo con el Congreso. Se está atentando contra la buena fe y la fe pública, y eso lo considero lamentable. Finalmente, pido que copia de mi intervención sea enviada a los presidentes de los sindicatos Nos 1, 2 y 3 de la empresa Multiexport.
He dicho.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia íntegra de su intervención.
INFORMACIÓN SOBRE PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA HUMEDAL DEL RÍO CRUCES. Oficios.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, hace varios años se elaboró, a consecuencia del desastre ambiental producido en el santuario del río Cruces, el Plan Integral de Gestión Ambiental para el humedal del río Cruces. Dicho plan, como su nombre lo indica, buscaba establecer un mecanismo para la recuperación y la sostenibilidad de ese importante humedal, el cual, además, está protegido por la Convención Ramsar, de enorme importancia medioambiental. En estos días, hemos escuchado con mucha sorpresa que el actual director de la Conaf de la Región de Los Ríos ha señalado que no se ha llevado adelante nada de lo propuesto en dicho plan.
Eso genera una enorme preocupación, por cuanto no se está cumpliendo un compromiso asumido con la comunidad valdiviana y especialmente con la protección del medio ambiente.
Por lo anterior, solicito que se oficie a la ministra del Medio Ambiente, al ministro de Agricultura, al director nacional de la Conaf y al intendente de la Región de Los Ríos, para que señalen cuáles son los procedimientos y las etapas de implementación que contempla el Plan Integral de Gestión Ambiental, el cual tuvo un importante costo y estableció una serie de medidas para recuperar la población de cisnes de cuello negro y otras especies que habitan en el humedal.
Asimismo, quiero saber cuál es el financiamiento y, de existir, en qué partida presupuestaria se encuentra considerado y qué ministerio o que instancia pública lo va a generar. Es muy relevante destacar que ése es un compromiso contraído con la comunidad y con el medio ambiente, que no es materia de discusión. Es necesario aclarar a qué instancia corresponde o si se ha realizado o no. Lo importante es que se haga y se recupere ese santuario y nunca más tengamos ese tipo de desastres ambientales. Si no hay financiamiento, me gustaría saber cuál es la estrategia que las actuales autoridades del medio ambiente, de agricultura y de la región llevarán adelante para implementarlo.
He dicho.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia íntegra del texto de su intervención.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.53 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Vicepresidente de la República
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones adicionales a aquellas contenidas en el mensaje presidencial N° 516-358, de noviembre de 2010, del proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:
AL ARTÍCULO ÚNICO
- Para modificar su numeral 3 del siguiente modo:
a) Reemplázase el inciso cuarto del artículo 86 bis por el siguiente:
“Para los efectos del artículo 227 inciso cuarto, se considerará como un solo establecimiento a los trabajadores que presten servicios mediante la utilización de medios informáticos o de telecomunicaciones, en su hogar o en un lugar libremente elegido por ellos, a excepción de quienes celebren los pactos a que se refiere el artículo 86 bis E.”.
b) Modifícase el artículo 86 bis B, que ha pasado a ser 86 bis A, del siguiente modo:
1. Suprímase en su numeral 2 las expresiones “maquinarias y herramientas”.
2. Reemplázase en su numeral 2 la coma (,) que sigue a la palabra “equipos”, por la conjunción “y”.
3. Suprímase en el numeral 3 la expresión “y distribución”.
4. Reemplázase en el numeral 3 la coma (,) que sigue a la palabra “mantenimiento”, por la conjunción “y”.
c) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 86 bis D, que ha pasado a ser 86 bis C:
“Con todo, si los servicios se ejecutan mediante conexión por medios informáticos o de telecomunicaciones que implique la disponibilidad del trabajador, por un número determinado de horas, se observarán las siguientes reglas:
a) Las horas de conexión o disponibilidad podrán ser continuas o discontinuas, distribuidas en bloques de trabajo de un mínimo de tres horas, separados por a lo menos una hora de descanso dentro de la jornada.
b) La suma de las horas de los bloques de trabajo, no podrá exceder de diez horas en un lapso de veinticuatro horas;
c) El trabajador tendrá derecho a un descanso mínimo de doce horas continuas en un lapso de veinticuatro horas;
d) El empleador deberá mantener en la empresa y a disposición del trabajador, un sistema de registro que permita conocer la hora de conexión y desconexión entre bloques de trabajo.”.
d) Suprímase el artículo 86 bis F, que ha pasado a ser 86 bis E, modificándose la numeración correlativa.
e) Reemplázase el artículo 86 bis G, que ha pasado a ser 86 bis E, por el siguiente:
“Artículo 86 bis E.- Los trabajadores cuyos servicios se presten conforme a lo señalado en el inciso segundo del artículo 86 bis C, gozarán de un descanso mínimo de veinticuatro horas continuas después de seis períodos de veinticuatro horas.
En estos casos, las partes podrán convenir que los servicios a prestar se ejecuten en días domingos y festivos. En tal caso, el trabajador tendrá derecho a un descanso de, a lo menos, dos domingos en cada mes calendario, o de un mínimo de ciento cinco horas continuas en igual período, en las cuales deberá comprenderse un sábado y un domingo. La modalidad de otorgamiento de los descansos establecidos en este artículo, deberá consignarse en el respectivo contrato de trabajo.
Lo dispuesto en el inciso precedente debe entenderse sin perjuicio de los descansos compensatorios que pudieren corresponder por los festivos laborados en conformidad al artículo 38 de este Código.”.
f) Elimínase el artículo 86 bis H, que ha pasado a ser 86 bis F, modificándose la numeración correlativa.
g) Para agregar el siguiente artículo 86 bis G, nuevo:
“Artículo 86 bis G.- Lo dispuesto en los incisos quinto y sexto del artículo 86 bis, será aplicable a toda prestación de servicios, bajo dependencia y subordinación, ejecutada desde el hogar y que no se encuentre regulada por las normas de este capítulo.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RODRIGO HINZPETER KIRBERG , Vicepresidente de la República ; EVELYN MATTHEI FORNET , Ministra del Trabajo y Previsión Social .”
2. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 1º de marzo de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, en sesión del Senado del día de hoy, ha prestado juramento y asumido el cargo senador don Gonzalo Uriarte Herrera.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en atención a lo dispuesto en el inciso del artículo 51 de la Carta Fundamental.
Dios guarde a Vuestra Excelencia
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUÍS ALLIENDE LEIVA , Secretario General (S) del Senado.”
3. Moción de las diputadas señoras Sabat , doña Marcela ; Isasi , doña Marta ; Rubilar , doña Karla , y de los diputados señores Godoy , Monckeberg , don Cristián ; Ojeda , Pérez, don Leopoldo ; Sabag , Santana y Torres.
Modifica el artículo 175 del Código Procesal Penal, señalando la obligación de denuncia de las personas que indica. (Boletín N° 7506-07).
Fundamentos:
- Nuestra Sociedad ha comenzado a tomar conciencia durante los últimos años de los maltratos que son víctima tanto niños como mujeres a nivel domestico e institucional.
La Organización Mundial de la Salud afirma que al maltrato doméstico e institucional, debiéramos incorporar el maltrato “estructural y social”, y precisa señalando que: “los drásticos cambios sociales y económicos a escala mundial -como la organización, la transformación de la familia, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo remunerado, combinado con la persistencia, cuando no el empeoramiento de la pobreza y la desigualdad- proporcionan un terreno abonado para que surjan los malos tratos a las personas mayores.”
- Dos serian las causas que explican el desinterés social en relación al abuso de personas mayores:
a) Geronto fobia pasiva: nuestra sociedad no valora los aspectos positivos de la vejez, y tiende a evitar y defenderse de las carencias y deterioros de la misma. Como si no tuviera que ver con nosotros. De hecho, cuando no valoramos algo como positivo tampoco tenemos conciencia (cognitiva) y sensibilidad (emocional y axiológica) para percatamos de que los derechos de esa realidad puedan estar siendo vulnerados. El Etaismo -la discriminación por la edad- ha sido una norma a lo largo de la historia y hoy sigue siendo una realidad palpable.
b) Dificultad para detectarlo y denunciarlo: sólo se diagnostica en lo que se piensa y el maltrato no se suele tener en la cabeza como diagnóstico diferencial. Se necesita un elevado índice de sospecha para detectar el maltrato, sobre todo cuando muchos de los factores de riesgo no están presentes. La resignación ante el maltrato puede cursar en forma de depresión o de comportamiento pasivo aprendido.
-Por otro lado, la persona mayor maltratada puede sentirse culpable por denunciar la actuación de aquel de quien depende para los cuidados y mucho más si se trata de un familiar, y por otra parte, puede tener miedo a denunciar al entender que no existen alternativas reales, efectivas, seguras y rápidas.
-La inquietud por la problemática que aqueja a las personas mayores, se basa no solo en un reconocimiento por lo años, sino también al crecimiento exponencial que ha experimentado la población mayor de 65 años.
-Según estudios a nivel nacional, más del 30% de los adultos mayores encuestados habían sufrido algún tipo de maltrato. Dichas cifras coinciden a su vez con trabajos efectuados en Argentina y Brasil. Las cifras son inquietantes, pues estamos hablando que uno de cada tres adultos mayores sufre algún tipo de maltrato. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre el 4% al 6% de los adultos mayores son víctimas de malos tratos. Eso significa que de los 600 millones de adultos mayores que hay en el globo, 36 millones son agredidos.
-Concientes de lo anterior, la directora del Senama , presentó una serie de normas para regular el funcionamiento de los asilos de ancianos, el que entro en vigencia a mediados del año pasado. Se trata del “Reglamento de Establecimientos de Larga Estadía”, Eleam , elaborado por el Senama, el Ministerio de Salud y Fonasa.
-Sin embargo, esto se hace insuficiente, y es así como cada cierto tiempo conocemos a través de la prensa escrita o la televisión, como las personas mayores son víctimas de abusos y maltratos. Por ello, es que el presente proyecto de ley busca establecer la obligación de denuncia de quienes se desempeñen como directores, jefes o administradores de establecimientos, públicos o privados donde reciban atención los adultos mayores.
Se hace evidente que por los argumentos antes expuestos, es necesario suplir la voluntad de quienes ya sea por temor o incapacidad, no pueden denunciar personalmente las lesiones o maltratos de las cuales son objeto.
Por lo anteriormente expuesto, venimos en proponer el siguiente proyecto de ley:
PROYECTO DE LEY.
Artículo único: Modificase el artículo 175 de la ley 19.696 que establece el Código Procesal Penal, agregando una letra f del siguiente tenor: “f) Los directores, jefes o administradores, de organismos públicos o privados, donde reciban atenciones y cuidado las personas adultas mayores, cuando existiese cualquier sospecha razonable de abuso, maltrato o abandono cometido contra estas.”
4. Moción de las diputadas señoras Sabat , doña Marcela ; Rubilar , doña Karla ; Zalaquett , doña Mónica , y de los diputados señores Browne , Estay , Godoy , Monckeberg , don Cristián ; Sandoval y Santana .
Modifica la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, estableciendo normas especiales para la representación en juicio de adultos mayores. (Boletín N° 7507-18)
Fundamentos:
El inciso segundo del artículo primero de la ley N° 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor ( Senama ), señala que: “Para todos los efectos legales, llámase adulto mayor a toda persona que ha cumplido sesenta años.”
Si consideramos la serie histórica de las proyecciones de población entre 1990 y 2020, en términos de la distribución porcentual de la población por tres grandes grupos de edad, menores de 15 años, 15-59 años y 60 años o más, el porcentaje infanto-juvenil está disminuyendo y, a su vez, el de adultos mayores está aumentando. Esto se produce principalmente por dos motivos: la disminución de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida de la población, como consecuencia de la reducción de la mortalidad. Para la próxima década, en nuestro país la población adulta mayor alcanzaría los 3,2 millones de habitantes, mientras que la correspondiente a menores de 15 años no superaría los 3,8 millones. La cifra implica-ría un aumento del 45% de la población adulta mayor y una reducción de casi 2% de los menores de 15 años para el 2020.
Tomando en consideración la proyección anterior, se hace urgente resguardar y crear condiciones dignas y seguras socialmente para este importante segmento de la población. En el caso de nuestro país, 13 de cada 100 chilenos son mayores de 60 años.
En un país con una de las mejores expectativas de vida de América Latina (81,5 años para las mujeres y 75,5 años para los hombres), casi un cuarto de la población mayor de 60 años tiene algún tipo de limitación o incapacidad para efectuar las actividades de la vida diaria, según una encuesta encargada por el Senama. El documento concluye que el 24,1% de las personas mayores en Chile -sobre todo a partir de los 75 años- sufre algún nivel de dependencia, asociada a condiciones alteradas de salud física o mental. La mitad de este porcentaje, unas 208 mil personas, tiene una dependencia severa que les impide realizar labores cotidianas, como vestirse, comer o salir de su casa por sí solos.
-Nuestro país, desde hace algunos años ha ido transitando en la senda de brindar mayor protección a los adultos mayores. En ese orden de cosas, se crea el Senama y se dicta el año 2010 la ley 20.427, publicada en el Diario Oficial el 18 de marzo. Dicha ley incluye a los adultos mayores como grupo vulnerable en todo el contenido de la ley de Violencia Intrafamiliar, que no los mencionaba explícitamente. Con ello, las personas mayores deben ser también sujeto de las políticas de prevención, que el Estado debe adoptar en esta temática.
-Constantemente los adultos mayores son victimas de actos mal intencionados que afectan su patrimonio. Estos suelen ser realizados por los miembros más cercanos de su familia, los que mediante engaños o abusos de confianza logran la firma de documentos tales como poderes, para el cobro de pensiones, cesiones de derechos, simulación de compraventas, entre otros. Esto es lo que se denomina “Abuso Patrimonial”.
-Cuando hablamos de abuso patrimonial o maltrato económico nos referimos al mal uso o explotación de dinero o de las posesiones del anciano, así como el bloqueo de acceso a éste de dichos bienes; lo que implica daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o falsificación de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las personas mayores.
En este sentido, se ha constatado que muchas veces es el propio entorno familiar más cercano el que provoca este tipo de abusos, dejando al adulto mayor sin posibilidad de decidir en que gastar su dinero. Esto incide directamente en la pérdida de autonomía del Adulto Mayor. Muchos de estos adultos mayores no satisfacen sus necesidades básicas de alimentación y salud, porque han sido despojados de sus ingresos.
-Los ciudadanos pueden llevar sus asuntos a los tribunales personalmente o a través de sus representantes. La representación es una relación en cuya virtud una persona lleva a cabo actuaciones procesales dentro de los limites de las facultades legales, que le hayan sido concedidas en nombre e interés del representado, a consecuencia de lo cual los derechos y obligaciones nacen directamente para este ultimo. La institución de la representación ante los tribunales tiene una gran importancia para la defensa de los derechos subjetivos y de los intereses legales de las partes y de terceras personas que participan en el proceso
-Lo que el presente proyecto intenta, es evitar que un sujeto con intereses independientes o contradictorios con los del adulto mayor lo represente, cuando a juicio del juez de familia existen motivos graves para presumir que la persona representada podría ser objeto de un abuso patrimonial.
-No se pretenden alterar las normas sobre incapacidad ni forzar a los adultos mayores a comparecer mediante representantes que el tribunal designe para el caso particular, sino mas bien entregar una medida de protección a uno de los grupos mas vulnerables de la sociedad. De hecho, la actuación del juez de familia es una facultad eventual, que tendrá lugar toda vez que este estime que hay peligro de abuso patrimonial en la persona del adulto mayor.
Por los motivos anteriores, venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY.
Articulo único: Modificase el artículo 19 de !a ley 19.968, que crea los Tribunales de Familia, incorporando un inciso cuarto del siguiente tenor:
“Cuando el juez, por motivos fundados, estimare que los intereses patrimoniales de un adulto mayor pudieren verse perjudicados por quien sus derechos represente en juicio; podrá designar a un abogado de la respectiva Corporación de Asistencia Judicial o de cualquier institución publica o privada que preste asistencia jurídica.”
5. Oficio del Tribunal Constitucional
?Santiago, 20 de enero de 2011.
Oficio Nº 5.478
Remite sentencia
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 20 de enero de 2011 en el proceso Rol Nº 1784-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, promovida ante este Tribunal en la causa Rol 2919-2010 sobre recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
PRESENTE.”