Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- PERMISO
- Cristian Monckeberg Bruner
- PERMISO
- DEBATE
- XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Leon Ramirez
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AUTORIZACIÓN A FISCAL NACIONAL ECONÓMICO PARA ASISTIR A LA SESIÓN ESPECIAL EN QUE SE ANALIZARÁ LA POSIBLE FUSIÓN DE LAS EMPRESAS NESTLÉ Y SOPROLE.
- EXHIBICIÓN DE VIDEO ALUSIVO A SEMINARIO SOBRE FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA.
- V. ORDEN DEL DÍA
- INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE PROCESOS DE APROBACIÓN DE PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS Y ENERGÉTICOS POR PARTE DE LAS COMISIONES REGIONALES DEL MEDIO AMBIENTE. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Juan Lobos Krause
- INTERVENCIÓN : Guillermo Leon Teillier Del Valle
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Perez Lahsen
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA ENCARGADA DE RECABAR Y ANALIZAR ANTECEDENTES RELATIVOS A FAENAS MINERAS, SU AUTORIZACIÓN, FISCALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE TRABAJADORES EN LA PEQUEÑA, MEDIANA Y GRAN MINERÍAS. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- INTERVENCIÓN : Giovanni Oscar Calderon Bassi
- INTERVENCIÓN : Carolina Goic Boroevic
- INTERVENCIÓN : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE PROCESOS DE APROBACIÓN DE PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS Y ENERGÉTICOS POR PARTE DE LAS COMISIONES REGIONALES DEL MEDIO AMBIENTE. (Continuación).
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- ACLARACIÓN SOBRE POSIBILIDAD, CONDICIONES Y REQUISITOS PARA AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO DE MENORES DE EDAD. (Votación).
- DEBATE
- REDUCCIÓN DE TIEMPO Y COSTO PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Jose Ramon Barros Montero
- Juan Lobos Krause
- Ivan Norambuena Farias
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Nino Baltolu Rasera
- Eugenio Bauer Jouanne
- Romilio Gutierrez Pino
- Roberto Delmastro Naso
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Enrique Van Rysselberghe Herrera
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CREACIÓN DE CUENTA DE AHORRO PREVISONAL DE INICIO PARA MENORES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Jose Ramon Barros Montero
- Juan Lobos Krause
- Ivan Norambuena Farias
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Nino Baltolu Rasera
- Eugenio Bauer Jouanne
- Romilio Gutierrez Pino
- Roberto Delmastro Naso
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Enrique Van Rysselberghe Herrera
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- SOLUCIÓN A DIFICULTADES DE FUNCIONAMIENTO POR SOBRECARGA EN JUZGADOS DE LETRAS Y GARANTÍA DE LEBU Y CURANILAHUE.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Ivan Norambuena Farias
- Jose Antonio Kast Rist
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- German Verdugo Soto
- Sergio Bobadilla Munoz
- Rosauro Martinez Labbe
- Gonzalo Arenas Hodar
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Andrea Molina Oliva
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ACLARACIÓN SOBRE POSIBILIDAD, CONDICIONES Y REQUISITOS PARA AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO DE MENORES DE EDAD. (Votación).
- VII. INCIDENTES
- RECONSIDERACIÓN DE DICTAMEN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE DIVISIBILIDAD DE AFILIACIÓN PREVISIONAL. ENVÍO AL CONGRESO NACIONAL DE PLAN DE INCENTIVO AL RETIRO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Oficios.
- NUEVOS ANTECEDENTES A INVESTIGACIÓN SOBRE PLAN DE DESARROLLO COMUNAL EN PUYEHUE. Oficio.
- CIERRE DE UNIDAD DE TRATAMIENTO INTERMEDIO EN HOSPITAL REGIONAL DE COPIAPÓ. Oficio.
- FISCALIZACIÓN A EMPRESA ESSBIO POR CORTE DE AGUA NO ANUNCIADO Y COMPENSACIONES PARA AFECTADOS. Oficio.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Rosauro Martinez Labbe
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Cristian Campos Jara
- Juan Luis Castro Gonzalez
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA DISMINUIR EL DESEMPLEO EN OSORNO. Oficios.
- INVESTIGACIÓN SOBRE PROYECTO DE REPOSICIÓN DEL ESTADIO DE QUELLÓN. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Carolina Goic Boroevic
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Pepe Auth Stewart
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Fernando Meza Moncada
- Jose Perez Arriagada
- Manuel Rojas Molina
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Burgos Varela
- Matias Walker Prieto
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Felipe Harboe Bascunan
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Carlos Montes Cisternas
- Mario Venegas Cardenas
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 358ª
Sesión 133ª, en jueves 3 de marzo de 2011
(Ordinaria, de 10.14 a 13.02 horas)
Presidencia de la señora Sepúlveda Orbenes, doña Alejandra, y del señor Becker Alvear, don Germán. Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. Prosecretario accidental , el señor Landeros Perkic, don Miguel
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 14
II. Apertura de la sesión 17
III. Actas 17
IV. Cuenta 17
- Autorización a fiscal nacional económico para asistir a la sesión especial en que se analizará la posible fusión de las empresas Nestlé y Soprole 17
- Exhibición de video alusivo a Seminario sobre Feminización de la Pobreza 17
V. Orden del Día.
- Informe de la Comisión Investigadora de procesos de aprobación de proyectos hidroeléctricos y energéticos por parte de las Comisiones Regionales del Medio Ambiente. (Continuación) 17
- Informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de recabar y analizar antecedentes relativos a faenas mineras, su autorización, fiscalización y protección de trabajadores en la pequeña, mediana y gran minerías. (Continuación) 35
VI. Proyectos de acuerdo.
- Aclaración sobre posibilidad, condiciones y requisitos para ahorro previsional voluntario de menores de edad. (Votación) 47
- Reducción de tiempo y costo para la creación de empresas 48
- Creación de cuenta de ahorro previsional de inicio para menores 49
- Solución a dificultades de funcionamiento por sobrecarga en juzgados de letras y garantía de Lebu y Curanilahue 50
VII. Incidentes.
- Reconsideración de dictamen de la Contraloría General de la República sobre divisibilidad de afiliación previsional. Envío al Congreso Nacional de Plan de Incentivo al retiro de funcionarios públicos. Oficios 52
- Nuevos antecedentes a investigación sobre plan de desarrollo comunal en Puyehue. Oficio 53
- Cierre de unidad de tratamiento intermedio en hospital regional de Copiapó. Oficio 54
- Fiscalización a empresa Essbio por corte de agua y compensaciones para afectados. Oficio 55
Pág.
VIII. Anexo de sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 57
- Ejecución de proyectos para disminuir el desempleo en Osorno. Oficios 57
- Investigación sobre proyecto de reposición del estadio de Quellón. Oficios 57
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicaciones al proyecto que “Regula el tratamiento tributario de los instrumentos derivados.”. (boletín N° 7194-05) 59
2. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que “Modifica ley N° 19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, con el objeto de promover las presentaciones de música en vivo.”. (boletín N° 7449-11) 60
3. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto, iniciado en moción, con urgencia “simple”, que “Tipifica el delito de tráfico de niños y personas adultas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal.”. (boletín N° 3778-18) 60
4. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción, que “Concede nacionalidad chilena por gracia, al señor Eduardo Simon Bernheim.”. (boletín N° 7346-07) (S) 64
5. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción que “Regula el pago de las tarifas eléctricas de las generadoras residenciales.”. (boletín N° 6041-08) (S) 64
6. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje que “Acuerdo de inversión entre las Repúblicas de Chile y Oriental del Uruguay, y sus Anexos.”. (boletín N° 6920-10) 66
7. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Isasi, doña Marta; Goic, doña Carolina; Sabat, doña Marcela; Sepúlveda, doña Alejandra, y de los diputados señores Auth, Castro, Chahín, Meza, Pérez, don José, y Rojas, que “Modifica el artículo 32 de la Constitución Política de la República, con el objeto de limitar las atribuciones del Presidente de la República en el nombramiento de autoridades y funcionarios que indica.”. (boletín N° 7508-07) 66
8. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Burgos, Walker, Ascencio, Harboe, Browne, Espinoza, don Fidel; Montes y Venegas, don Mario, que “Modifica la ley N° 19.327, estableciendo la responsabilidad de los dirigentes deportivos por los daños que causen las barras de sus clubes.”. (boletín N° 7509-07) 67
9. Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite opinión respecto del proyecto, iniciado en moción, que “Modifica ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria en materias de seguridad.”. (boletín 7401-14) 70
Pág.
- Oficios del Tribunal Constitucional mediante los cuales remite copia autorizada de las sentencias definitivas referidas a los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
10. “artículo 38 de la ley N° 18.933”. Rol 1766-10-INA. (5453) 74
11. “artículo 38 de la ley N° 18.933”. Rol 1768-10-INA. (5474) 74
12. “artículo 38 de la ley N° 18.933”. Rol 1810-10-INA. (5510) 75
13. Oficio del Tribunal Constitucional mediante el cual remite copia autorizada de la sentencia definitivas de control de constitucionalidad referida al proyecto aprobado por el Congreso Nacional que “Aprueba el Quincuagésimo Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, sobre el comercio de servicio, celebrado entre los Gobiernos de los Estados Partes del Mercosur y el Gobierno de Chile, en Montevideo, el 27 de mayo de 2009.”. boletín 6690-10. Rol 1898-11. (5563) 75
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones y notas
- Comunicación del diputado señor Calderón, quién acompaña licencia médica por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de 2 días, a contar del 02 de marzo en curso.
- Nota del diputado señor Monckeberg, don Cristián, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 01 de marzo, para dirigirse a Europa y Medio Oriente.
Respuestas a oficios
Contraloría General de la República:
- Diputado Rincón , Solicita se informe sobre la eventual ilegalidad del decreto que nombra, transitoria y provisionalmente, al señor Bernardo Kupfer Matte en el cargo de Director del Parque Metropolitano de Santiago .
- Diputado Ascencio, Solicita al Contralor General de la República instruya al contralor regional de Los Lagos para que investigue, e informe a esta Corporación, sobre el eventual desvío de recursos de la subvención especial preferencial de educación en la Corporación de Educación de Ancud, Chiloé.
Ministerio de Interior:
- Diputado De Urresti, Solicita información relativa al cumplimiento del instructivo sobre compra de leña certificada en los servicios públicos; y, en el caso de la Región de Los Ríos, la cantidad de servicios que utilizan leña y si cumplen con el instructivo para disminuir la contaminación y contribuir al uso sustentable de este combustible.
- Diputado Chahín, Solicita información sobre los recursos empleados y la fiscalización ejercida respecto a programas de casetas y soluciones sanitarias en la comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía.
- Proyecto de Acuerdo 176, Compensación económica a municipios que dejen de percibir recursos por exenciones en el pago del impuesto territorial. (306).
- Proyecto de Acuerdo 196, Creación de un seguro para víctimas fortuitas de la delincuencia.
- Proyecto de Acuerdo 195, Creación de la comuna de Putú. (4).
- Proyecto de Acuerdo 143, Modernización del rol de los concejales.
- Proyecto de Acuerdo 215, Política de Estado sobre desarrollo de la región de Arica y Parinacota.
- Proyecto de Acuerdo 54, Medidas de compensación a regiones.
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo:
- Diputado Marinovic, Solicita se estudie la posibilidad de rebajar las tarifas de navegación por los canales de la zona austral, especialmente de las relativas a faros y balizas, practicaje y pilotaje; y, además, se analice la factibilidad de flexibilizar la norma de la Ley de Navegación que exige el uso de remolcadores.
- Diputado Jaramillo, Solicita informe sobre las acciones que el Gobierno ha adoptado frente a la confirmación de la presencia de plaguicidas en productos, destinados al consumo de menores, de la empresa Nestle.
- Diputado Schilling, Solicita informe sobre la motivación del Gobierno para proceder a la anunciada venta de las empresas sanitarias de propiedad fiscal.
- Diputado Schilling, Solicita se informe con qué finalidad u objetivo el Gobierno procedió a anunciar la venta de su participación accionaria en las empresas sanitarias.
Ministerio de Hacienda:
- Diputada Goic doña Carolina, Solicita informe sobre la situación actual de los subsidios al gas domiciliario que se entregan en la Región de Magallanes y la Antártida Chilena, los que se habrían sufrido una fuerte disminución en el número de beneficiarios.
- Diputado Sandoval, Solicita adoptar las medidas del caso tendientes a fiscalizar la situación tributaria de un gran número de extranjeros con visa de turista, que trabaja, principalmente en servicios ligados a la industria del turismo, en la Región del General Carlos Ibáñez Del Campo, e informar a esta Corporación.
- Diputada Goic doña Carolina, Solicita informe sobre la situación actual de los subsidios al gas domiciliario que se entregan en la Región de Magallanes y la Antártida Chilena, los que se habrían sufrido una fuerte disminución en el número de beneficiarios.
- Diputado Burgos, Solicita informe sobre la existencia de un instructivo que obliga a las empresas públicas a licitar la contratación de asesorías legales externas.
- Diputada Turres doña Marisol, Solicita fiscalizar la legalidad de los instrumentos, procesos de otorgamiento, y garantías, de los créditos de consumo que ofrece la Cooperativa Detacoop, en el marco de la grave situación que afecta a un gran número de familias de escasos recursos de la Región de Los Lagos, que se han visto enfrentadas a numerosas demandas de cobranza.
- Diputado Burgos, Solicita se informe si se ha dictado la normativa a que se refiere el literal b) del numeral 4), del artículo 4° de la ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. En el evento que se encuentre pendiente la dictación de dicha normativa, solicita se informe la fecha en que esa regulación entrará en vigencia.
- Diputado Delmastro, Solicita se informe respecto de la liquidación del seguro de incendio del señor Jovino Carañeda Silva, de la ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos.
- Diputado Van Rysselberghe, Solicita se informe si el Gobierno estudia la eliminación del impuesto específico a los combustibles para el presente año..
- Diputado Sandoval, Solicita se revisen los mecanismos e instrumentos de fomento a la producción y a la actividad económica de la zona del extremo sur de nuestro país, contemplados en la ley 19.606, conocida como la Ley Austral, con la finalidad de detener los resultados del Índice de Actividad Económica Regional, que le otorgan un grave decrecimiento en este rubro, en el período enero a septiembre del presente año, a la Región del General Carlos Ibáñez Del Campo.
Ministerio de Educación:
- Diputado Hasbún, Informar, con relación a la adquisición de productos por parte de ese organismo, la fecha en que fueron recepcionados y la fecha en que fueron emitidas dichas órdenes de compra, durante los años 2008 y 2009.
- Diputado Hasbún, Solicita reiterar el oficio de esta Corporación N° 1507, de 8 de septiembre del presente año, en que se requiere informar, primero, los criterios para adquirir la calidad de alumno del Programa Alumno Prioritario consagrado en la Ley de Subvención Escolar Preferencial; en segundo lugar, la nómina de los beneficiados por el mencionado programa durante el período comprendido entre los años 2009-2010; en seguida, la nómina de los establecimientos incorporados al régimen de subvención escolar preferencial; y, finalmente, los motivos por los que se modificó el listado de alumnos beneficiados con el programa ya referido, quedando algunos de ellos sin dicha subvención.
Ministerio de Justicia:
- Diputado Marinovic, Solicita se evite el traslado de población penal a centros penitenciarios de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
- Diputada Isasi doña Marta, Solicita la realización de una investigación sumaria en la Dirección Regional del Servicio Médico Legal de Tarapacá, debido al incumplimiento de la normativa sanitaria que regula el tratamiento de desechos biológicos y almacenamiento de osamentas humanas, y al uso de “kits” de reactivos vencidos que, entre otros aspectos, establezca la responsabilidad que en estos hechos cabría a la directora del organismo; remitiendo oportunamente sus conclusiones a esta Corporación; sin perjuicio de acoger las demás peticiones formuladas en la solicitud adjunta.
- Diputado Melero, Solicita se informe respecto de la eventual construcción de un nuevo recinto penal en la comuna de Til Til, en un terreno de veintisiete hectáreas que para esos efectos se compró durante el Gobierno de la señora Michelle Bachelet Jeria, particularmente si existen estudios tendientes a llevar a cabo la construcción del Penal Santiago 2 en él.
- Diputada Sabat doña Marcela, Solicita se informe sobre los planes que ha diseñado el Ministerio de Justicia para los Centros de Atención a Víctimas; en particular sobre la eventualidad de modernizar su estructura, organización y funcionamiento.
- Diputado Silber, Solicita se remitan los antecedentes que obren en poder del Ministerio de Justicia, respecto de la instalación de un eventual proyecto penitenciario en la comuna de Til Til; y, en segundo lugar,sobre la política de infraestructura elaborada por el Gobierno, para lo que resta del cuadrienio, con especial mención de los recintos penales proyectados en la Región Metropolitana de Santiago.
- Diputado Silber, Reitera la solicitud para que el Ministerio de Justicia remita los antecedentes que posea, en primer lugar, respecto de la eventual instalación de un proyecto penitenciario en la comuna de Til Til; y, además, sobre la política de infraestructura carcelaria elaborada por el Gobierno; con especial mención de los recintos penales proyectados en la Región Metropolitana de Santiago.
- Diputado Burgos, Diputado Ojeda, Solicitan se remita una detallada cuenta de los hechos referidos en información de prensa del periódico El Mercurio, de 25 de septiembre próximo pasado, misma que se adjunta, referida a las personas que han muerto en riñas en recintos penitenciarios, y sobre la eventual incapacidad del organismo a su cargo para garantizar su seguridad. Además, para que señale la veracidad de la información contenida en la nota de prensa, e informe las medidas que se han adoptado para terminar con el incumplimiento del deber que el Estado tiene de resguardar la integridad física de las personas que, en calidad de reo, imputado, procesado o condenado, se encuentran en las cárceles del país.
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputada Zalaquett doña Mónica, Solicita informe respecto de las medidas adoptadas por Carabineros de Chile, para los efectos del combate contra la delincuencia en el sector “Primo Rivero”, comuna de Maipú.
- Diputado Sandoval, Traslado del retén Río Cisnes a la localidad de La Tapera.
- Diputado Chahín, Solicita se remitan todos los antecedentes relacionados con el sumario administrativo, instruido en el año 1988, originado por el otorgamiento de la denominada “pensión de inutilidad”, por parte de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, al alcalde de Temuco , señor Miguel Becker.
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado Delmastro, Solicita al ministro de Obras Públicas que el camino vecinal a El Tallo, comuna de Lanco, región de Los Ríos, sea enrolado como camino público, para que los habitantes del sector cuenten con conectividad permanente a centros de salud, educación, etc., de la mencionada comuna .
Ministerio de Agricultura:
- Diputado Godoy, Solicita se dé respuesta a una serie de interrogantes relativas a la adquisición, por parte de la Corporación Nacional Forestal, de un helicóptero del fabricante PZL Swidnik, modelo SW-3A Sokol.
- Diputada Pacheco doña Clemira, Solicita informe sobre los programas especiales de apoyo al cultivo de la frambuesa.
Ministerio de Trabajo y Previsión Social:
- Diputado De Urresti, Solicita se informe sobre el estado en que se encuentra la tramitación del beneficio que favorecería a la viuda del exonerado político señor Enrique del Rosario Espinoza Concha.
- Diputado Ojeda, Solicita se informe sobre despidos en cadena de supermercados Bigger, y se realicen gestiones para impedir nuevas desvinculaciones
- Diputado Vargas, Solicita se informen las consideraciones que sirven de base a la decisión de rebajar las remuneraciones de las trabajadoras pertenecientes al programa “Mejor Trabajo”, de la Región de Arica-Parinacota.
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita investigar las eventuales irregularidades producidas en la extensión de la jornada laboral y en la disminución de las remuneraciones de los conductores de buses interprovinciales de la empresa Tur Bus.
- Diputado Farías, Solicita se de respuesta a sendas inquietudes y solicitudes de entrevista que formulara vía misiva la directiva de la Confederación Bolivariana de Trabajadores del Transporte de ChileTransportes.
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita se investigue la participación que le cupo a la señora Secretaria Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la Región de Los Lagos, en el reciente conflicto que terminó con la suspensión de las obras de construcción del nuevo Hospital de Puerto Montt. Y, asimismo, se investigue lo ocurrido con ocasión de la negociación colectiva en la sociedad contractual minera El Toqui, en la que el señor Director Regional del Trabajo de la XI Región , habría solicitado la participación, como mediador, de un funcionario con licencia médica psiquiátrica.
- Proyecto de Acuerdo 224, Medidas sobre seguridad laboral.
Ministerio de Salud:
- Diputado Monsalve, Recaba antecedentes sobre el estado del proyecto de agua potable para la localidad de Pichiarauco, en la comuna de Curanilahue, en la VIII Región.
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita realizar gestiones para aminorar contaminación acústica generada por funcionamiento de máquina betonera en sector Los Perales, comuna de La Serena.
- Diputada Isasi doña Marta, Solicita la realización de una investigación sumaria en la Dirección Regional del Servicio Médico Legal de Tarapacá, debido al incumplimiento de la normativa sanitaria que regula el tratamiento de desechos biológicos y almacenamiento de osamentas humanas, y al uso de “kits” de reactivos vencidos; remitiendo oportunamente sus conclusiones a esta Corporación.
- Diputado Robles, Solicita se realice una investigación, remitiendo sus conclusiones a esta Corporación, sobre las irregularidades registradas en la prestadora de salud Megasalud, Centro Puente Alto, v. gr. realización de procedimientos odontológicos por patologías inexistentes y atención odontológica de personas sin título profesional competente.
- Diputado Espinoza don Fidel, Remite copia de su intervención referida a la situación que está ocurriendo en el Hospital Base de Puerto Montt, particularmente en su servicio de pediatría, por el escaso número de profesionales de enfermería que se encuentran en servicio durante los turnos de noche.
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita estudiar la situación que está ocurriendo en el Hospital Base de Puerto Montt, particularmente en su servicio de pediatría, por el escaso número de profesionales de enfermería que se encuentran en servicio durante los turnos de noche, e informe sobre las medidas de solución adoptadas.
- Diputado Sandoval, Solicita informar sobre el grado de cumplimiento de los anuncios formulados por S. E. el Presidente de la República en orden a dotar de especialistas a los centros de salud de la Región del General Carlos Ibáñez Del Campo.
- Diputado De Urresti, Solicita informar si el proyecto de Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2011 contempla la adquisición de un nuevo acelerador lineal para la Unidad de Oncología del Hospital Clínico Regional de Valdivia; en segundo lugar, los motivos por los que la Contraloría Regional de Los Ríos inició proceso sumarial a la Fundación Oncológica; y, finalmente, qué mecanismos de control posee el Servicio de Salud Valdivia para garantizar el correcto funcionamiento de esta entidad..
- Diputado Monsalve, Solicita informar acerca de las medidas que ese ministerio y el Servicio de Salud de Arauco han adoptado con el objeto de mitigar las precarias condiciones laborales, y de atención de salud, que presenta el Consultorio de la Comuna de Tirúa.
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita al ministro de Salud agilizar proyecto sobre instalación de centro comunitario de salud familiar en la localidad de Tegualda, comuna de Fresia, región de Los Lagos.
- Diputado De Urresti, Solicita informar respecto del resultado del sumario interno instruido a consecuencias del retraso en la construcción del Centro de Salud Familiar Dr. Jorge Sabat de la comuna de Valdivia; y, en segundo lugar, sobre el mecanismo que ha dispuesto el Servicio de Salud Valdivia, para controlar el cumplimiento de horarios de los médicos que laboran en los hospitales de la región.
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Solicita informar sobre la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra la hepatitis a los niños de los campamentos de la comuna de Constitución.
- Diputado De Urresti, Solicita informe sobre el monto considerado en el proyecto de la Ley de Presupuestos para el sector público, correspondiente a 2011, para los efectos de la asignación per cápita correspondiente a la atención primaria, y qué suma, de acuerdo a las fórmulas aplicadas, se destinará a cada una de las comunas de la Región de Los Ríos. Asimismo, requiere se informe respecto de la incorporación en dicho proyecto de ley, de la continuidad del Programa Sapu Dental, y si han sido considerados recursos para los refuerzos médicos de esas unidades .
- Diputado Silber, Solicita se realice una fiscalización, informando luego sus resultados a esta Corporación, sobre el contenido de arsénico y otras sustancias tóxicas en los relaves que en la provincia de Chacabuco poseen las empresas mineras Angloamerican y Codelco.
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita informar, en primer lugar, el per cápita asignado para la atención primaria de salud a cada una de las comunas de la Región de Coquimbo en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2011; y, en seguida, si en esta iniciativa legal se contempla la continuación del programa Sapu Dental y, además, recursos para el reforzamiento médico de sus unidades.
- Diputado Delmastro, Recabar de las autoridades pertinentes el aumento del monto en atención primaria de salud per cápita para el año 2011, de conformidad a las cifras iniciales anunciadas por esa Cartera, lo que permitiría atenuar los déficits que los municipios de la Región de Los Ríos y el país deben afrontar cada año.
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita se informe sobre los recursos de la Ley de Presupuestos correspondientes al año 2010 que, a la fecha, han sido reintegrados a fondos generales por concepto de prestaciones no ejecutadas del Plan AUGE.
- Proyecto de Acuerdo 47, Eliminación del timerosal (mercurio) en vacunas.
Ministerio de Minería:
- Diputado Robles, Solicita se ordene el inmediato retiro de los residuos peligrosos que, desde hace más de cinco años acopia, al margen de la ley en la comuna de Copiapó, la empresa Solenor; sin perjuicio de que se informe sobre las medidas que ha adoptado el Ministerio de Minería respecto de esta situación. (166 al 2443).
Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
- Diputado Schilling, Informar acerca de las modificaciones introducidas al proyecto de pavimentación del pasaje Bavestrello, en la comuna de Villa Alemana.
- Diputado Espinosa don Marcos, Solicita informe sobre los terrenos disponibles para la construcción de soluciones habitacionales en el seccional Topater, de la comuna de Calama.
- Diputado Farías, Solicita informe respecto de la instalación de un centro de talleres de mantención de vehículos motorizados, y oficinas comerciales, en las parcela números 2 y 3, del camino El Copihue s/n, roles de avalúo 20-67 y 20-66, comuna de Calera de Tango, particularmente si dicha actividad es posible atendido el uso de suelo permitido de esos inmuebles.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputado Espinosa don Marcos, Solicita que las plantas de revisión técnica convencionales puedan obtener sus permisos o autorizaciones de funcionamiento por períodos mayores a un año, con el objeto de evitar el constante peligro, que soportan algunas comunas, de perder la única planta existente por la eventualidad de no obtenerse dicha renovación anual, e informe a esta Corporación.
- Diputado Cerda, Solicita informe sobre el proceso de licitación de nuevas plantas de revisión técnica para la Región de Valparaíso, especialmente las fechas de los llamados y las comunas consideradas.
- Diputado Monckeberg don Nicolás, Solicita se disponga estudiar la factibilidad de introducir modificaciones al artículo 1° del decreto supremo N° 53, de 1984, que dicta normas para la placa patente única de vehículos motorizados y remolques y semirremolques que indica, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en lo relativo a la obligación de instalar placas patentes en motocicletas y otros vehículos de dos o tres ruedas.
- Diputada Sabat doña Marcela, Solicita informar acerca de las condiciones de ventilación en la Línea 4 de la red del “Metro de Santiago”; en particular, si estas condiciones son adecuadas y suficientes, y concordantes con el número de usuarios, especialmente en los denominados “horarios punta”; y, además, sobre los planes y proyectos para su mejoramiento.
- Diputado Alinco, Solicita informe sobre las eventuales modificaciones o indicaciones que esa Secretaría de Estado se encuentra estudiando respecto del proyecto de ley que modifica la Ley de Tránsito estableciendo un sistema de puntos en materia de licencias de conducir.
- Diputado Sandoval, Disponer el envío de una iniciativa legal, modificatoria de la ley N° 20.433, que crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana, a fin de dar solución a los problemas que ha producido su aplicación, en las zonas rurales y zonas extremas.
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita informar sobre la efectividad de la información entregada por la empresa Claro, referida a la imposibilidad de realizar llamadas desde teléfonos móviles, de esa compañía, al número 133 de Carabineros de Chile.
- Proyecto de Acuerdo 170, Medidas para institucionalizar el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones a partir de mayo de 2011.
Ministerio Medio Ambiente:
- Diputado Chahín, Solicita información sobre el número de solicitudes recibidas para instalar pisciculturas en la comuna de Melipeuco.
- Diputado Farías, Solicita informe respecto de la instalación de un centro de talleres de mantención de vehículos motorizados, y oficinas comerciales, en las parcela números 2 y 3, del camino El Copihue s/n, roles de avalúo 20-67 y 20-66, comuna de Calera de Tango, particularmente si dicha actividad es posible atendido el uso de suelo permitido de esos inmuebles.
- Diputado Vargas, Solicita informar sobre el estado de avance e implementación del “Programa Maestro de Intervención en Zonas con Presencia de Polimetales en Arica”.
- Diputado Robles, Solicita se informe respecto de la fecha u oportunidad en que se emitirá la resolución que declara como zona de latencia a la comuna de Huasco; sin perjuicio de solicitar promover su pronta dictación.
- Diputado Chahín, Solicita se informe sobre quién recae la responsabilidad de la limpieza y cercado del canal Las Quilas, ubicado en la localidad de Cajón, comuna de Vilcún, Región de La Araucanía.
- Diputado De Urresti, Solicita se investigue el origen de una mancha en los ríos Cruces y Calle-Calle, informando sobre las medidas de mitigación que se adoptarán en el caso.
Intendencias:
- Diputado Marinovic, Solicita remita su parecer sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de las República , que establece las bases y procedimientos de fijación de tarifas de los servicios de gas en la XII Región (boletín N° 7.239-08), en actual tramitación en la Comisión de Minería y Energía del H. Senado.
Municipalidad de Concepción:
- Diputado Campos , Solicita se informe sobre el cumplimiento por parte de las empresas Entel PCS S.A. y Entel Telefonía Móvil S.A. de la legislación pertinente en la construcción y operación de dos estaciones base de telefonía móvil y de una torre tipo monoposte, en la propiedad ubicada en Camino del Amanecer N° 1.864, sector “La Docencia”, en la comuna de Concepción; en segundo lugar, señale las causales que motivaron la dictación de la orden de paralización de obras N° 0908, de 29 de junio del presente, que afectó el levantamiento de las señaladas estructuras en la propiedad ya individualizada; si dichas causales se mantienen; y, finalmente, si la orden ha sido acatada por la empresa encargada de las obras.
Municipalidad de Maipú:
- Diputada Zalaquett doña Mónica, Solicita el control y erradicación de la plaga de tijeretas que afecta a amplios sectores de la comuna de Maipú (1 al 825).
XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- Diputado León, Solicita se remita copia de la totalidad de las resoluciones vigentes que autorizan factores de dilución en los cauces naturales de la provincia de Curicó. (2456 de 28/02/2011). A Ministerio de Obras Públicas.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (120)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos René PPD XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo IND VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto RN XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea IND V 10
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Muñoz D'Albora, Adriana PPD V 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silva Mendez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando IND XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Por contar con permiso constitucional, no asistió el diputado señor Patricio Hales.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.14 horas.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El acta de la sesión 127ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 128ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
AUTORIZACIÓN A FISCAL NACIONAL ECONÓMICO PARA ASISTIR A LA SESIÓN ESPECIAL EN QUE SE ANALIZARÁ LA POSIBLE FUSIÓN DE LAS EMPRESAS NESTLÉ Y SOPROLE.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente , todas las bancadas firmaron un petición para sesionar en forma especial en la próxima semana, con el objeto de analizar la posible fusión de Nestlé con Soprole.
Para que esa iniciativa tenga éxito, necesitamos que asista a la sesión el fiscal nacional económico. Se me ha informado que para que asista dicha autoridad debe pronunciarse la Sala o los Comités. Como estos últimos no se reunirán hasta el martes de la próxima semana, y la sesión se ha citado para el miércoles, le ruego al señor Presidente que tome cartas en el asunto.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- ¿Habría unanimidad para que el fiscal nacional económico asista a la sesión especial mencionada?
Acordado.
EXHIBICIÓN DE VIDEO ALUSIVO A SEMINARIO SOBRE FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Por especial encargo de la Presidenta de la Corporación , señora Alejandra Sepúlveda, queremos compartir con ustedes un breve video, con el objeto de sensibilizar respecto del tema que ha motivado el seminario internacional que se realizará en la Cámara de Diputados el próximo lunes sobre “Feminización de la pobreza”, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que se celebrará el próximo 8 de marzo.
-Se exhibe video sobre feminización de la pobreza.
V. ORDEN DEL DÍA
INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE PROCESOS DE APROBACIÓN DE PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS Y ENERGÉTICOS POR PARTE DE LAS COMISIONES REGIONALES DEL MEDIO AMBIENTE. (Continuación).
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde continuar la discusión sobre el informe de la Comisión Investigadora de los procesos de aprobación de proyectos hidroeléctricos y energéticos por parte de las comisiones regionales del medio ambiente (Coremas).
Recuerdo a la Sala que el diputado señor Leopoldo Pérez rindió el informe de la Comisión en la sesión celebrada el 13 de enero. Además, han hecho uso de la palabra en su primer discurso los diputados señores Robles, De Urresti y Venegas.
Antecedentes:
-El informe de la Comisión Investigadora se rindió en la sesión 126ª, en jueves 13 de enero de 2011, de la legislatura 358ª.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señora Presidenta , sin duda, el trabajo desarrollado por la Comisión Investigadora nos da un pie de ánimo en lo que concierne al medio ambiente y a lo que significa la investigación sobre esos proyectos hidroeléctricos.
En la actualidad, las coremas están sometidas a una legalidad sumamente atrasada, que prácticamente no corresponde a los momentos que se viven.
Durante el receso del Poder Legislativo , tuve la suerte de escuchar una intervención muy importante que realizó su excelencia el Presidente de la República , don Sebastián Piñera , junto a la ministra de Medio Ambiente , señora María Ignacia Benítez , en el distrito 54, Región de Los Ríos. En verdad, se trató de una clase magistral que nos ayuda muchísimo en la discusión de este informe. No estamos conformes, no va con nosotros y no va con la época lo que hoy estamos conociendo en cuanto a las centrales que proveerán la energía necesaria para el país. Según la opinión de muchos entendidos en la materia, su reglamentación está obsoleta.
En esa oportunidad, en la localidad de Llifén, presencié la presentación del proyecto que crea el Servicio de la Biodiversidad y de las Áreas Silvestres Protegidas, que ingresó a tramitación por el Senado de la República.
Este informe denota la falta de una legislación ambiental y de procesos de calificación actualizados, ya que lo que hoy tenemos -como he dicho, a partir de la ley N° 19.300- se encuentra absolutamente sobrepasado por la realidad. Eso queda demostrado en los procesos de evaluación y participación ciudadana para integrar adecuadamente todos los factores que deben ponderarse al momento de autorizar la realización de obras que impactarán de manera permanente el hábitat y el entorno de las áreas en que ellas se ejecutarán.
Me voy a referir al distrito 54, de la Región de los Ríos. Desde mi punto de vista y tal como lo señala el informe, en la central hidroeléctrica San Pedro se han producido irregularidades que no fueron tomadas en consideración al momento de su aprobación por la Corema de la Región de Los Ríos, las cuales han quedado al descubierto; incluso más, se pueden deducir del estudio que presentó la empresa Colbún. Así, por ejemplo, una parte de ese estudio fue elaborada por un ingeniero en minas y no por un geólogo, en circunstancias de que la central proyectada se ubicaría entre dos fallas geológicas de importancia, en una zona de gran actividad sísmica y con un historial de catástrofes naturales que bien reconoce la historia de Chile. En efecto, en esta parte del planeta se han producido importantísimas transformaciones del territorio debido a esas causas.
Dicha central hidroeléctrica de paso, sin regulación de caudal, se ubica a catorce kilómetros del desagüe del lago Riñihue. Muchos recordamos los momentos vividos con ocasión del sismo de 1960, el famoso riñihuazo. Por su edad, seguramente la gran mayoría de los presentes no lo recuerda, pero allí se produjo una situación muy difícil. Sin embargo, en ese lugar hoy se está construyendo la central hidroeléctrica San Pedro , a 50 metros de altura y a doce kilómetros del desagüe del lago Riñihue. Es importante recordar que éste es sólo uno de los siete proyectos que se están planificando en el distrito que represento -por eso, mi reclamo-; la central San Pedro es el primero, y se encuentra aprobado.
Por lo tanto, es de tremenda importancia el cuidado en el estudio de las obras que se pretenden levantar, pues se encuentran ubicadas en medio de fallas geológicas de gran importancia. En consecuencia, un movimiento sísmico de cierta importancia puede provocar daños irreparables e inundaciones en ciudades como Los Lagos e incluso en los barrios bajos de Valdivia, capital de la Región de Los Ríos. Así sucedió en 1960. Hoy, debido a la creación de esa central hidroeléctrica, podría ocurrir una situación similar en caso de que ocurra un sismo.
A mayor abundamiento, es importante recalcar que en San Pedro, la empresa Colbún modificó su programa original, pues cambió la sala de máquinas, dispuesta en un principio en el subterráneo, para ubicarla en la superficie. Eso se justifica debido al hecho de que la roca donde se pretendía construir es de carácter inestable, con lo cual la empresa da la razón a quienes han advertido sobre la mala calidad del terreno y el riesgo que implica la obra. Curiosamente, se trata de un proyecto aprobado, pero la construcción está detenida por los motivos que he mencionado y se está llevando a cabo un nuevo estudio para redefinir su ubicación; seguramente, se hará algunos kilómetros más abajo.
Es un tema que nos hace más fuerza después del informe que hemos tenido a la vista y, por lo tanto, no me cabe duda alguna de su aprobación.
Finalmente, el informe da cuenta de que las herramientas que tenemos no son las que quisiéramos. Por eso, ojalá que el Congreso Nacional apruebe en forma urgente el proyecto a que me referí, al cual ingresó a tramitación por el Senado.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Juan Lobos.
El señor LOBOS.- Señora Presidenta , quiero partir mi alocución pidiendo a la Sala aprobar el informe.
La Comisión funcionó durante mucho tiempo en un horario bastante incómodo. A ella asistió mucha gente para hablar sobre los graves problemas que están sucediendo a lo largo de nuestro país, en diversos ámbitos, ahí donde la necesidad, que tiene cara de hereje, ha hecho que se establezcan ciertos proyectos que la ciudadanía considera lesivos para la vida que lleva y para los proyectos de desarrollo que planea.
En verdad si se analiza el espíritu de la legislación anterior, se comprueba que básicamente estaba hecha para aprobar proyectos. Esa era su esencia: aprobar los que no fueran absolutamente dañinos; pero eso no significa que no alteraran el desarrollo y las aspiraciones, y que muchas veces no vulneraran los derechos de ciudadanos que habían establecido hace mucho tiempo su vida en una región o paraje.
Ejemplos tuvimos muchos. El diputado Jaramillo acaba de mencionar algo gravísimo, en cuanto a la forma como se alteraron estudios para establecer un muro sobre una roca que estaba escindida o que finalmente no existía, o estaba, al parecer, cincuenta metros más abajo, etcétera. Evidentemente, se había falseado la información. Muchas veces tuvimos respuestas de organismos públicos que, en primera instancia, decían que determinados proyectos presentaban una serie de factores que permitían su ejecución sin riesgos ni peligros para la población y, finalmente, aparecían diciendo otra cosa; en el camino variaron su parecer. ¿Por qué? Porque como dije la legislación estaba hecha para aprobar proyectos, era muy susceptible a las presiones económicas -digámoslo claramente- y políticas. Una legislación que estaba constituida para hacer avanzar a Chile se maleó. Pero, ¿la culpa es del chancho o de quien le da el afrecho?
El señor GARCÍA (don René Manuel).- ¡De los dos!
El señor LOBOS.- De los dos, según dice el diputado García . Tiene razón, porque la legislación era feble y quienes la aplicaron lo hicieron a sabiendas mal. Eso se debe dejar establecido.
En mi zona, nos tocó ver cómo se quería dejar sin agua a los regantes del canal Laja , a los regantes del canal Laja Diguillín y, por cierto, eliminar una de las postales más hermosas de nuestro país, como es el Salto del Laja. Primero, le quitaron la carretera para que la gente no lo viera y después le iban a quitar el agua. Con una central supuestamente de paso, que saca el agua de una cuenca y se la lleva a otra distinta -por lo tanto, no es de paso, porque consume el agua y no la devuelve-, se iba a dejar amputado el derecho de desarrollo de una industria de pequeños empresarios de los alrededores del Salto del Laja, quienes iban a quedar sin el único atractivo turístico que les permite sobrevivir. Ellos estuvieron en la Comisión y entregaron su desgarrador testimonio, que quedó plasmado en el informe. Hoy, se está peleando en los tribunales para defender, de alguna manera, los derechos de miles que resultarán perjudicados para el enriquecimiento de unos pocos.
En cierto modo, esta legislación cambió. Hace un tiempo nos tocó votar en la Sala la entrada en vigencia de la nueva legislación ambiental. ¿Es perfecta? Creo que no. Ya la veremos en su andar; pero, al menos, se hizo el esfuerzo. Aprovecho la ocasión para hacer un reconocimiento a la ex ministra Ana Lya Uriarte , quien se jugó por este proyecto, que sacó adelante. Así es, diputado Andrade : siempre se debe reconocer lo bueno, venga del lado que venga.
En esta legislación se reconocen algunos aspectos que considero muy importantes.
Primero, la participación ciudadana, inserta en la planificación estratégica que pueden hacer una comuna y una región. De esa manera, espero que nunca más se efectúen exploraciones geotérmicas, por ejemplo, al lado de Los géiseres del Tatio, porque obviamente las comunidades de esa zona podrían señalar, de acuerdo a su planificación estratégica, que quieren que sea un área turística.
Asimismo, espero que nunca más una compañía vaya a Nevados de Chillán, en la comuna de Pinto -la gente dice que son de Chillán, pero corresponden a Pinto, otra comuna pequeña- a explorar geotermia que ponga en riesgo las Termas de Chillán, o de Pinto, como debieran llamarse.
También esperamos que nunca más se pretenda sacar más agua de la que tiene un río como el Laja. Del mismo modo, que en un breve plazo, con la anuencia de Endesa, soberana y patrona de ese río, se pudiera contar con una junta de vigilancia, cuestión que hasta el día de hoy se ha negado, lo que ha generado un problema tremendo, porque a dicho río se le saca más agua de la que lleva.
En efecto, al no existir una junta de vigilancia, el que está más arriba saca el agua que quiere, y lo que va quedando se lo deben repartir malamente quienes se ubican más abajo.
Por lo tanto, existen algunos defectos que en algún momento deberemos subsanar.
Otro aspecto interesante de mencionar es la creación, a través de esta nueva legislación, de la Superintendencia del Medio Ambiente, lo cual es muy importante porque permitirá evaluar proyectos, zanjar algunas instancias donde se discrepe y, finalmente, llegar a los tribunales especializados, que deberán ver las causas ambientales y estará constituidos por dos jueces y un experto.
Allí deseamos “meter tijera” en algún momento, porque la Octava Región es una de las que más causas ambientales ve en el país. Sin embargo, por un efecto de presión política, el segundo tribunal se establecerá en Valdivia. Nos gustaría que en algún momento la autoridad recapacitara al respecto y dispusiera la instalación de dichos tribunales donde existan más causas y no donde, quizás, el paisaje sea más bonito.
Finalmente, llamo a la honorable Sala a votar a favor este informe, que fue consensuado entre todos los integrantes de la Comisión, recoge las inquietudes de quienes asistieron a ella y entregaron su testimonio y, además, hace una serie de propuestas que, a mi juicio, será muy interesante incorporar en la nueva legislación, que ojalá no echemos a perder.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Teillier.
El señor TEILLIER.- Señora Presidenta , los resultados presentados en el informe dan cuenta de una débil institucionalidad ambiental y dejan en evidencia la carencia de una visión global de la materia, como lo señala el informe.
No obstante compartir gran parte de las conclusiones y propuestas presentadas, me permito exponer las siguientes consideraciones:
Los elementos expuestos en torno a la debilidad institucional se deben esencialmente a que muchas veces en la toma de decisión, al momento de la aprobación de los proyectos, interfieren intereses políticos o de carácter económico, que se superponen a los de la mayoría de la población y a la evaluación científico-técnica.
La carencia de una visión global va más allá del tema medioambiental. En efecto, desde la entrada de los proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental hasta su instalación queda de manifiesto la inexistencia de una política energética y, en consecuencia, de una planificación y un ordenamiento en la materia. Así, se está creando una situación grave para el futuro medioambiental del país con la acentuada disociación entre proyectos energéticos parciales o relacionados con determinados intereses económicos y los proyectos de desarrollo productivo nacional, sustentables, cuyo centro o finalidad sea el bienestar de la mayoría de la población.
Nos queda la inquietud ante la posibilidad de que la nueva institucionalidad ambiental no pueda dar solución cabal a las arbitrariedades que se han evidenciado durante el trabajo de la Comisión Investigadora, porque si bien la nueva institucionalidad amplía los estudios de impacto ambiental a un mayor espectro de proyectos productivos, la toma de decisiones aún permanece en manos de la voluntad política del gobierno de turno y de sus respectivas autoridades regionales, pasándose por alto los informes técnicos, de no ser éstos funcionales a los intereses políticos prevalecientes.
La Evaluación de Impacto Ambiental de un proyecto productivo es un proceso esencialmente técnico mediante el cual se mide el grado en que incidirá la ejecución de dicho proyecto en la calidad del medio ambiente y en qué medida es posible presumir que tal ejecución se puede hacer respetando la totalidad de la normativa ambiental aplicable y colaborando con el desarrollo sustentable de la región y el país.
Debido a ello, una vez que los actores técnicos del sistema han entregado su informe, no parece apropiado que un conjunto de autoridades políticas designadas apruebe o rechace la autorización ambiental. Ni las coremas ni las actuales comisiones evaluadoras tienen razón de ser en este punto del proceso, ya que se prestan para favorecer intereses de tipo puramente económico ante presiones indebidas de carácter político que finalmente burlan la opinión ciudadana. Lo lógico es que una autoridad distinta, participativa y colegiada, como el core, pueda decidir si un proyecto ya aprobado técnicamente en cuanto a su factibilidad ambiental es autorizado para implementarse en la región, considerando motivos políticos, administrativos y económicos. Esto sinceraría el rol de las antiguas coremas y también el de la nueva institucionalidad.
Por último, los incumplimientos legales y administrativos, los vicios de procedimiento y las irregularidades descritas en el informe ameritan que las evaluaciones en las que se determinó que tales vicios existieron deban anularse respecto de las resoluciones de calificación ambiental así extendidas y rehacer el procedimiento, esta vez de manera correcta.
En distintas regiones y comunidades existe gran inquietud por la instalación de centrales termoeléctricas, por la existencia de tranques de relaves cuyo descuido en la aprobación de proyectos ha llevado sólo a lamentar consecuencias, como sucede en el caso del pueblo de Caimanes, hoy prácticamente moribundo.
Comunas como Tiltil, en la Región Metropolitana, y sectores turísticos como las islas de Chiloé o Rapa Nui que sufren el impacto del tratamiento de la basura y desechos sólidos o del tratamiento de aguas servidas, reclaman una legislación y una fiscalización mucho más estricta.
Sabemos que las termoeléctricas se instalan debido a su bajo costo y para favorecer en especial a la industria extractiva del cobre y a la gran minería. Muchos nos preguntamos por qué si este año se habla de una inversión de más de 50 mil millones de dólares en este rubro económico no se exige a las empresas inversoras un aporte superior al del royalty, que es bastante bajo en nuestro país, para el desarrollo de energía renovable. Sería lo más lógico, considerando las enormes utilidades que obtienen por el alto precio del cobre; sería lo más preciado que esas empresas podrían hacer por Chile, que les entrega tantos beneficios sin una justa retribución.
Por ello, planteamos que no basta con comisiones investigadoras, muy valiosas para el conocimiento de los problemas, pero que finalmente rinden muy poco en lo práctico. Puede que ya exista una nueva institucionalidad respecto del medio ambiente, pero ello tampoco basta. Es preciso seguir perfeccionando las leyes medioambientales, acorde con las necesidades, los sentimientos y los anhelos de las chilenas y los chilenos.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , esta Comisión surgió en un momento especialmente necesario, ya que, a propósito de la crisis energética que afectó a Chile con ocasión de la disminución del suministro de gas por parte de Argentina, se fue instalando la sensación de que nuestro país se encontraba al borde del apagón energético.
En ese contexto de efectiva escasez energética o de crisis energética, se instaló una política -que provenía de ciertos sectores de la autoridad pública y de sectores empresariales- que califico de terror energético; es decir, la idea de generar la sensación de que Chile estaba al borde del apagón y, en consecuencia, había que poner en marcha un conjunto de proyectos de emergencia que permitieran satisfacer sus necesidades energéticas.
En ese contexto, proliferaron múltiples proyectos empresariales destinados a la instalación de centrales termoeléctricas, centrales de carbón y de petróleo, que buscaban, esperaban y aspiraban a lograr un mecanismo de agilización en la toma de decisiones para la aprobación, entre otros, de los permisos y de las resoluciones de calificación ambiental. De ahí surgió una figura que algunos calificaron los fast trackers, es decir, agentes públicos que se encargaban de recorrer el país para buscar la forma de agilizar las aprobaciones sectoriales y de calificación ambiental para que estos proyectos se pudieran poner en marcha.
Sin duda, parece razonable y necesario que un país que no cuenta con recursos energéticos propios y que tiene dificultades de suministro energético, ponga en marcha políticas integrales que permitan resolver esos cuellos de botella, esos nudos; pero eso no se puede hacer sobre la base de alterar ni vulnerar la legislación vigente. En nuestro ordenamiento jurídico no existe ninguna norma que permita dar un tratamiento preferencial o especial a unos proyectos por sobre otros en el otorgamiento de permisos sectoriales o de resoluciones de calificación ambiental. Nuestra legislación establece el principio de igualdad ante la ley para todo tipo de proyectos.
Esta Comisión surge porque en distintas regiones empezaron a aparecer evidencias de que estábamos siendo objeto de presión por parte de autoridades públicas para la agilización de este tipo de proyectos, de manera que tuviesen un tratamiento preferente, al margen de lo que establece la ley y más allá de lo que fijan las normativas y los procedimientos en materia de calificación ambiental.
Esta Comisión recibió antecedentes de distintas regiones de Chile, que dan cuenta de ese tipo de gestiones destinadas a obtener la autorización ambiental de la manera más irregular. Pero esto se daba más en el contexto de problemas institucionales evidentes. De hecho, en paralelo, en el Congreso Nacional se tramitaban reformas muy profundas a la institucionalidad ambiental, que había empezado a perder vigencia, vigor y fortaleza para hacerse cargo de las crecientes necesidades que el país tiene en materia de protección ambiental.
En tal sentido, la entonces ministra del Medio Ambiente , Ana Lya Uriarte , presentó un ambicioso proyecto de reforma a la institucionalidad ambiental, que fue objeto de un minucioso estudio en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara y de modificaciones bastante importantes, que lo mejoraron sustantivamente. Sin embargo, la iniciativa sufrió cambios muy profundos y negativos en el Senado.
El acuerdo al que en su momento llegaron el gobierno de la Concertación y la Alianza por Chile terminó desfigurando la versión del proyecto despachado por la Cámara de Diputados y convirtiendo en letra muerta los mecanismos que mejoraban especialmente la participación ciudadana, el control ciudadano respecto de los procesos de calificación ambiental y el control social respecto del modo en que los titulares de los proyectos encaminan las conversaciones con las comunidades que van a verse afectadas por la instalación de los proyectos.
El proyecto volvió en tercer trámite a esta Cámara con modificaciones del Senado, que algunos diputados estimamos que lesionaban la columna vertebral de la nueva institucionalidad ambiental. Por eso, presentamos indicaciones, las que fueron derrotadas en esta Cámara, cuya justicia hoy se hace del todo evidente. En efecto, durante el 2010 -año en que entró en vigor la nueva institucionalidad ambiental- y en el año en curso, tras la aprobación de la central termoeléctrica Castilla, en la Tercera Región de Atacama, hemos visto que la institucionalidad ambiental derivada de esa reforma adolece de los mismos problemas, si no más graves, que los que afectaban a la institucionalidad ambiental que reformó. Sin ir más lejos, se sigue permitiendo que los titulares de los proyectos, en paralelo a la tramitación del permiso de la resolución de calificación ambiental, puedan establecer acuerdos y programas que se encubren con el rótulo de responsabilidad social empresarial, cuando en realidad están destinados a capturar conciencia. Lo hemos visto en el acuerdo con la familia Domínguez , a propósito de la central Castilla; lo vimos en la Región de Coquimbo, a propósito de la central termoeléctrica Barrancones. Se trata de empresas que no existen como tales, sino que están a la espera de permisos de calificación ambiental para constituirse, las cuales, en paralelo, desarrollan campañas comunicacionales, sociales e institucionales destinadas a aplacar el rechazo social que estos proyectos suelen generar en los territorios donde serán emplazados, lo cual no está prohibido en nuestra legislación. Una ministra respondió a la Cámara de Diputados que eso no está expresamente permitido por la legislación ambiental, y tampoco está prohibido, pero que éticamente no corresponde.
La reforma institucional no resuelve ese problema. Por eso es posible que tengamos casos como el que hemos visto, a propósito de la central Castilla, con el acuerdo entre MPX y la familia Domínguez -condición o requisito que, a la hora de la aprobación, según entiendo estuvo presente en la mesa de la Corema-, o que en las coremas ya no haya representantes ciudadanos. Es cierto que los cores todavía no son la expresión más pura de la representación ciudadana -en el Senado está pendiente el proyecto que establece la elección universal de los consejeros regionales-, pero al menos tienen cierto revestimiento de soberanía popular, dado que son elegidos por los concejales, que sí son elegidos por los ciudadanos. Hoy, esta decisión está entregada a las coremas, cuyos funcionarios son de confianza presidencial.
Hace poco, en Chile vivimos una experiencia inédita de movilización ciudadana, gatillada desde las redes sociales a propósito de la aprobación de la central termoeléctrica Barrancones , aprobada por la Corema de la Región de Coquimbo, integrada en su inmensa mayoría por funcionarios de exclusiva confianza presidencial. Luego, esa decisión fue dejada sin efecto, no porque en cuestión de una semana haya existido un cambio en la conciencia ambiental de las autoridades, sino porque hubo una presión popular que obligó al Gobierno a volver atrás.
Entonces, aquí hay una permanente perforación de la institucionalidad ambiental como consecuencia del lobby energético y de la penetración del poder económico en las decisiones vinculadas con ella.
Ayer o anteayer, a propósito de la central Campiche , en esta región, se conoció el contenido de un cable que figura en Wikileaks, en el cual se denuncia que representantes de países extranjeros habrían hecho lobby para resolver los problemas que impedían administrativa y judicialmente su aprobación. Se dice que habría existido actuación de oficinas de lobby en las que, entre otros, participó el actual ministro del Interior y que también habría tenido injerencia el ex ministro del Interior en la resolución de los problemas administrativos y legales para sacar adelante Campiche . Esto fue denunciado en su momento por las comunidades afectadas y también en esta Cámara. Sin embargo, Campiche contó con la resolución de calificación ambiental.
Esto revela que la materia que esta Comisión quería investigar adquiere más certeza y contundencia, porque está indicando que nuestra institucionalidad ambiental es de papel, de mentira; es una mascarada que reviste de cierta formalidad la aprobación de proyectos, cuando en realidad éstos se concretan por la vía del lobby y por la presión que ejercen los poderes económicos, en particular en el caso de la crisis energética. Uno puede ver permanentes campañas en los medios de comunicación que tratan de crear la sensación de que Chile está al borde de un apagón energético. Por esta vía se pretende sacar adelante esos proyectos.
Por eso, creo que debemos aprobar este informe, porque confirma una realidad indesmentible: que en Chile la institucionalidad ambiental, particularmente en materia energética, no garantiza, ni defiende, ni protege los derechos de los ciudadanos. Esos derechos no están siendo cautelados porque el lobby económico está siendo más poderoso que la institucionalidad ambiental a la hora de defender a la comunidad. Afortunadamente, en Barrancones los ciudadanos se movilizaron y lo impidieron, pero en Castilla no se pudo hacer lo mismo. ¿Qué pasará con Hidroaysén? ¿También nos van a decir que si no aprobamos ese proyecto vendrá un representante de un gobierno extranjero o un embajador a hacer lobby con las autoridades para asegurarse los votos de los integrantes de la Corema de la Región de Aysén? ¿Es eso lo que va a ocurrir?
Quiero plantear algo que, tal vez, no es habitual en las comisiones investigadores. Considero que esta comisión debiera ser reactivada, con el objeto de conocer las denuncias que aparecieron en Wikileaks respecto de lo que sucedió en Campiche, y hacernos cargo de las denuncias que, en su momento, formularon algunas personas que concurrieron a los tribunales y asistieron a la Comisión Investigadora. Se trata de nuevos antecedentes de enorme gravedad, que involucran a ministros de Estado , a ex ministros de Estado , a agentes económicos e, incluso, a embajadores de países amigos.
Quiero pedir, además de la aprobación de este informe, que la Sala dé la unanimidad para reactivar esta Comisión Investigadora para que se haga cargo especialmente de las denuncias relacionados con el proyecto Campiche. Creo que es lo que esperan los miembros de la Cámara, que tiene facultades de fiscalización, precisamente el día en que estamos discutiendo el informe de esta Comisión, que investigó la penetración económica y el atropello de la institucionalidad ambiental para lograr la aprobación ilegal de proyectos energéticos, pero ahora respecto de un proyecto específico que investigó y sobre el cual recogió nuevos antecedentes.
Junto con respaldar las conclusiones y propuestas incluidas en el informe, quiero plantear que también nos hagamos cargo de esta grave denuncia y que la Mesa recabe la unanimidad de la Sala para reabrir esta Comisión, a fin de que investigue las denuncias que se han conocido, relacionadas con el caso Campiche.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor Alberto Robles en su segundo discurso.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , lo cierto es que lo planteado por el diputado Marcelo Díaz cobra gran relevancia. Me hace mucha fuerza lo que ha dicho, y creo que sería necesario pedir la unanimidad de la Sala para reabrir la Comisión Investigadora o pedir la formación de otra que se encargue de investigar hechos que son extraordinariamente graves.
La instalación de la central termoeléctrica Castilla en mi región fue aprobada durante el verano, cuando todos estaban en vacaciones. La intendenta citó a una primera reunión en menos de 24 horas para pedir más plazo, con el objeto de elaborar un informe, atendida la resolución del seremi de Salud, quien volvió a calificar dicha central como molesta.
Quiero referirme a las irregularidades señaladas por el diputado Díaz , que han llegado a niveles extremos. Jamás había visto que un ministro de Estado citara a su casa a funcionarios técnicos para conocer un proyecto. Lo cierto es que el ministro Mañalich citó a su casa a los funcionarios técnicos de la Unidad del Medio Ambiente de la seremi de Salud el día 30 de diciembre en la noche, para informarse de lo que pasaba con el proyecto de la central termoeléctrica. Pero lo más raro es que al día siguiente, el 31 de diciembre, los funcionarios que debían conocer el informe técnico, que son técnicos de la secretaría regional ministerial de Salud de la Región de Atacama , fueron conminados a ir a los ministerios de Economía y de Energía, donde no me cabe duda alguna de que trataron de lavarles el cerebro para que aprobaran el informe -cuestión que esperaba el seremi- para lograr, a su vez, la aprobación de la central termoeléctrica.
Durante los gobiernos de la Concertación, los ministros de Estado jamás invitaron -por decirlo así- a funcionarios técnicos de una repartición para que concurrieran a su despacho o a su casa para tratar este tipo de materias. En realidad, me parece que esto es inaceptable, porque nos muestra la fuerza de la presión política sobre los servicios públicos. No sé si esto constituye una irregularidad administrativa o algún tipo de delito funcionario, pero lo cierto es que cuando aquí tramitamos la nueva legislación ambiental, en los años recién pasados, una de las discusiones se centró en tratar de evitar que los sistemas de evaluación se politizaran; incluso, se excluyó a los organismos políticos para que todo fuera más técnico.
El seremi de Salud de la Región de Atacama , señor Nicolás Baeza , tomó la decisión mucho antes de que el proyecto fuera evaluado; antes de conocer la opinión de los técnicos, ya tenía formada la suya, y envió un correo electrónico a los funcionarios, informándoles lo que él quería que hicieran. Esto no puede ser. Aquí vemos que hay un cambio realmente importante en nuestra legislación ambiental y que el lobby, los recursos económicos y la presión política determinan lo que ocurrirá en una región, en relación con la construcción de distintos tipos de industrias, en este caso, energética.
Hace mucho tiempo que vengo planteando que no podemos seguir aceptando este tipo de cosas y que respecto de la energía es necesario que exista una política de Estado. Asimismo, he planteado que deseamos que el Estado defina, primero, cuál será nuestra matriz energética; segundo, qué cantidad de oferta energética requiere nuestro país para los próximos años, y tercero, dónde va a instalar la energía que va a utilizar. Si vamos a tener energía a carbón y termoeléctrica, que se defina como Estado; que decida qué tipo de energía va a requerir y qué tecnología se va a utilizar, porque hay algunas mucho más eficientes que las que se están sugiriendo en estos momentos.
Si necesitamos termoeléctricas, que el Estado exija una tecnología determinada a las empresas que lleguen al país. Además, que produzcan determinada cantidad de megavatios, y que estén enclavadas en territorios que serán sacrificados, de manera que no se produzca daño ni al medio ambiente ni a las personas. Es decir, que se pueda configurar la posibilidad de tener energía, pero no donde quiera algún empresario. El territorio del señor Batista era para desarrollar un complejo turístico, y sólo porque es más rentable instalar allí una central termoeléctrica hizo todo lo posible, incluso en el municipio de Copiapó, para lograr la aprobación del proyecto. La verdad es que esto me parece inaceptable.
Por eso, junto con anunciar que vamos a aprobar el informe de la Comisión Investigadora, acogemos la proposición del diputado Díaz de que la Mesa recabe el acuerdo unánime de la Sala para reabrirla. Ahora, si no es posible, me gustaría que el Presidente se pronunciara al respecto, a fin de pedir la formación de otra comisión que investigue los nuevos antecedentes que hemos tenido a la vista.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Señor diputado , si desea seguir investigando, lo que corresponde es que pida la formación de una nueva comisión investigadora.
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente , no cabe duda de que las empresas termoeléctricas nos producen un dolor de cabeza gigantesco, no sólo a quienes representamos a la ciudadanía, sino que a la propia ciudadanía. Cada vez que una empresa termoeléctrica pretende instalarse en el país comienzan las protestas por todas partes, y con razón, con absoluta razón, porque los proyectos presentados en nuestro país muchas veces carecen de un estudio serio de impacto ambiental, de materias que regulen la seguridad en torno a la instalación de una termoeléctrica.
Así como el informe se refiere a la actuación de las Coremas, hemos tenido también en el pasado, antes de la creación de esta Comisión investigadora, otros estudios y otras Comisiones investigadoras, no sólo de las Coremas, sino que de las propias termoeléctricas.
Con el diputado Pablo Lorenzini , que seguramente luego va a intervenir, lo vivimos y lo seguimos viviendo en la Séptima Región, donde se formó una Comisión Investigadora de la Termoeléctrica Los Robles, que se quiere instalar en el límite entre Constitución y Chanco . Ahí las fallas en la presentación del estudio de impacto ambiental eran gigantescas; sin embargo, de manera inexplicable, absolutamente inexplicable, la Corema, en forma unánime, aprobó ese proyecto.
Entonces, por supuesto que eso nos da para pensar mal. ¿Por qué se aprobó dicha instalación a sabiendas de todas las fallas que presentaba el estudio de impacto ambiental?
Por un lado, unos dicen que falta energía en el país, y es posible que así sea. Pero cuando tenemos una cantidad de agua que se va al mar todos los años de una manera realmente increíble, desde la cordillera al mar, uno se pregunta por qué no aprovechamos esas aguas, en vez de contaminar a nuestro país con la instalación de termoeléctricas a carbón. Hoy, efectivamente, se están instalando muchas centrales de paso en muchos canales, en muchos ríos y en muchos embalses. Bienvenido sea, pese a que algunos se opongan, pero de alguna parte hay que obtener energía.
Las centrales hidroeléctricas no sólo sirven para producir energía, sino que también proveen de riego a los campos y dotan de agua potable rural. Hoy, la escasez de agua potable rural es gigantesca; la única manera de producirla es bajándola de la cordillera. No hay otra manera, pues todas las napas se han ido secando en nuestro país.
Como si eso fuera poco, el terremoto desvió los cursos de agua subterráneos en muchos lugares y regiones del país. Más complicado aún se ha vuelto el tema del regadío y de agua potable rural, y hoy estamos desaprovechando esa inmensa cantidad de agua que botamos al mar todos los días.
Soy absolutamente contrario a las termoeléctricas, al igual que la gran mayoría de los parlamentarios y la gran mayoría de la ciudadanía.
En segundo lugar, creo que, efectivamente, las Coremas no han hecho su “pega”, porque los estudios de impacto ambiental que se han venido presentando con los años, no cumplen y tienen una serie de fallas, de distinta naturaleza; sin embargo, igual se ha aprobado la instalación de termoeléctricas.
Lo he dicho hasta el cansancio: en el caso de la termoeléctrica Los Robles, en la Séptima Región, se aprobó su instalación única y exclusivamente porque era una inversión de dos mil millones de dólares y la región no tenía inversiones de esa magnitud desde hacía muchos años. En consecuencia, primó el tema económico antes que el impacto ambiental y la salud de los ciudadanos.
Eso no puede seguir pasando; de una vez por todas, las Coremas deben actuar con la rigurosidad que corresponde, de manera que el día de mañana, cuando se instale una nueva termoeléctrica, por las razones que sea, las emisiones de contaminantes y la reglamentación respectiva se respeten cabalmente, de modo que no exista ninguna posibilidad de contaminación. Es necesario procurar que no sean perjudicados los pescadores artesanales, porque normalmente cambian los grados del agua como consecuencia de su depósito en el mar, lo que afecta fuertemente la fauna marina.
Aprobaré el informe porque, aunque no lo he leído entero, me dio la impresión de que apunta en la dirección correcta. Por lo tanto, espero, con toda sinceridad, que en el presente y en el futuro, lo que se haga en materia de generación de energía en nuestro país, no contamine el medio ambiente de nuestro país y, consecuentemente, el mundial.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , quienes impulsamos la constitución de esta Comisión investigadora hace más de un año y medio, lo hicimos con el firme propósito de generar una instancia de debate, en la que se pudiera demostrar que el funcionamiento de las Coremas, de esos entes técnicos, para efectos de resolver proyectos energéticos, ya sea termoeléctricos, hidroeléctricos o de otra naturaleza, estaba viciado en su origen, en su funcionamiento, toda vez que las aprobaciones de cada uno de ellos se iban a realizar, sí o sí, simplemente por el impulso político o económico de determinados sectores o empresas que querían sacar adelante determinados proyectos.
No estábamos, de ninguna manera, abordando efectivamente la protección medioambiental en esos proyectos, y determinados actores económicos estaban jugando en el país, con un permanente instinto o llamado agorero de falta de energía en nuestro país que iba a provocar el cierre de empresas y apagones en nuestras ciudades.
Cada una de esas situaciones se abordó en la Comisión y hoy, con mayores antecedentes, ha quedado demostrado que el error que existe en nuestro país, como Estado, es que no tenemos una política energética planificada, sino que simplemente ésta se ciñe a la voluntad de empresas que se ubican en una bahía donde les sale barato desembarcar carbón, o en el curso de un río donde tienen constituidos los derechos de agua, y es ahí donde instalan su proyecto. Luego, la institucionalidad ambiental le hace un traje a la medida para que esos proyectos se concreten.
Eso está ocurriendo en la Central Castilla, en el norte, en la Región de Atacama; en Puchuncaví, con Campiche; en la termoeléctrica Los Robles, como señaló el diputado Urrutia , y en el Alto Maipo, en la Región de Los Ríos, con la represa San Pedro , de Colbún. Eso también puede llegar a ocurrir en el sur de Chile, en una de las zonas más maravillosas de nuestro país y del planeta: me refiero a la Patagonia, donde se quieren instalar centrales hidroeléctricas y transmitir energía a Santiago, a lo largo de una línea de transmisión de prácticamente dos mil kilómetros, haciendo una verdadera herida en el corazón de Chile.
No nos mintamos a nosotros mismos con el argumento de que ésa energía va a ser para el país; no, esa energía va a ser para Santiago, para las mineras, para las grandes empresas del centro de Chile. El resto del país, el resto del territorio, sufrirá externalidades negativas con desastres ambientales.
En la reflexión de la Comisión fue fundamental entender que si no abordamos de manera seria y concisa el ordenamiento estratégico de nuestras cuencas, de nuestras bahías, la política energética de nuestro país, vamos a tener un territorio jalonado, cercenado por centrales termoeléctricas, con nuestros ríos represados y con tendidos eléctricos a lo largo de todo el país, sin ninguna planificación.
Ayer, en una asociación de pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas, se nos expuso de qué manera se puede hacer más eficiente la producción energética y no dejarla entregada a las leyes del mercado, de la voracidad y de la eficiencia económica, y cómo puede resultar más barata para cada uno de los empresarios o empresas que llevan adelante esos proyectos, pero sin una política de Estado, sino simplemente apropiándose de nuestros ríos y bahías, contaminando el medio ambiente.
Esta Comisión debe servir de antecedente para seguir investigando; incluso las declaraciones del ex ministro de Energía , Ricardo Raineri , al que por suerte, le pidieron el cargo. Este manifestó que era necesario que la matriz energética cuente con proyectos como el de HidroAysén. En definitiva, se trata de ex ministros que, antes de tomar la decisión guiados por organismos técnicos de calificación ambiental, emiten su propia opinión.
Esto ocurrió no sólo con ese ministro . También denunciamos casos acaecidos en el gobierno anterior. Por eso, tenemos la autoridad para decir esto. En efecto, algunos ministros, especialmente de Energía y de Interior anticipaban resultados, o, como se expresó acá, determinados ministros invitan a su casa o mandan instrucciones para aprobar un proyecto. Esos hechos deben terminar. En caso contrario, disolvamos la legislación ambiental y aprobemos estos proyectos. Ése es el referente que hoy enfrentamos.
A raíz de las últimas informaciones de prensa sobre la intervención del embajador de Estados Unidos , esta Comisión debería reabrir sus funciones. La gente de Campiche, a la cual se hace referencia, declaró en ella. Por lo tanto, se debería citar a todas esas personas y llegar al fondo del asunto.
Eso es lo que exige la ciudadanía. Es decir, la situación amerita una comisión investigadora, para saber lo que ha ocurrido y prevenir que no vuelva a suceder.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Insisto, si existen nuevos antecedentes, lo que corresponde es crear una nueva comisión investigadora. La actual, según la ley orgánica del Congreso Nacional, no se puede reabrir ni por unanimidad, pues venció su plazo.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , creemos que los antecedentes son de tal magnitud que, asimilándolos al concepto de cosa juzgada, en este caso hay una cosa juzgada formal. Además, hay antecedentes nuevos que inciden sustancialmente sobre el hecho. Creo que sería importante recabar, al menos, la opinión de la Sala para ver si amerita reabrir la Comisión. Si no es así, no le quepa duda que vamos a crear otra comisión investigadora.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Eso es lo que corresponde, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente , en primer lugar, felicito a quienes impulsaron la creación de esta Comisión investigadora.
En segundo lugar, quiero hacer un mea culpa desde el punto de vista del trabajo parlamentario, por dejar estos temas ciudadanos para los jueves, cuando hay menos asistencia. En efecto, no hay prensa ni posibilidad real de plantear asuntos importantes.
No existe la menor duda de que los proyectos de ley que favorecen a las grandes empresas serán vistos los días de mayor asistencia parlamentaria, cuando la ciudadanía y los medios están pendientes de lo que tratamos aquí. Este tópico da vergüenza. Como muy bien lo decía el diputado Urrutia , tenemos el ejemplo evidente de que hasta aquí hemos logrado detener, pero nada garantiza que eso continúe, la instalación en la Región del Maule de una de las centrales a carbón más grandes del país. Su borde costero está virgen, especial para el turismo, para las visitas, para la pesca tradicional. Claramente, una central de este tipo terminaría no sólo con la tradición, sino también con las ciudades costeras, como Constitución, llamada La Perla del Pacífico en su minuto.
Me parece que deberíamos tener una acción más clara y directa. Está bien que debatamos y formemos comisiones investigadoras, pero sabemos que éstas terminan en nada. Quienes hemos participado en muchas de ellas, ya no queremos hacerlo.
Respecto de los temas ciudadanos, que no son de Gobierno ni de Oposición, debiéramos actuar como lo hizo el Presidente de la República el año pasado, quien, para bien o para mal, tomó una determinación acerca de una central.
Recordemos que la Central Los Robles se construyó en nuestro gobierno. La Corema y los seremis participaron no sólo con el lobby y la presión de las empresas, sino con los ministros. En aquella época me reuní con los ministros y con el alcalde, el representante de los ciudadanos. Nos prometieron que estudiarían la materia. ¿Sabe cuándo se tomó la decisión final, la de los ministros? Y no miro al diputado Harboe , que en ese momento era subsecretario, por lo que él no participó: el 17 de septiembre, día en que comenzaba la celebración de las Fiestas Patrias, oportunidad en que no había ningún ministro . Fueron representados por los subsecretarios, quienes no tenían idea de lo que estaban hablando y votando.
Tal como se resolvió en la Corema de la Región del Maule, de los siete u ocho que votaron, cuatro de ellos no habían estado nunca en la playa. Seguramente, no tenían traje de baño o les pagaban poco a los seremis. Ni siquiera fueron a ver dónde se iba a construir y, sin embargo, votaron.
¿Hasta cuándo primará el poder del dinero? Veo que ya no se trata sólo de la banca, pues con ella no se va a meter ni este Gobierno, ni el anterior, ni el futuro. Basta observar las utilidades que obtuvo sólo entre enero y febrero, incluso con terremoto. Hoy, son las empresas eléctricas.
Entonces, si no tenemos claridad en una planificación a futuro -creo que la ministra de Bienes Nacionales está haciendo un catastro al respecto-, imagínense qué pasará con el tema que se nos viene en la agenda.
Acabo de estar en el Parlamento Europeo y en la OCDE, y el asunto claro es que enfocan a Chile. Ya se está realizando lobby; algunos parlamentarios y ministros han estado allá. Y ojo, porque vía Estados Unidos, Francia u otra gran potencia, se nos viene una central nuclear al país.
¿Esto es así, al lote, o empezamos a establecer cuándo, cómo, dónde y en qué condiciones? ¿O vamos a hacer lo mismo que pasó con la televisión digital, esto es que adoptaríamos el sistema americano, el europeo y terminamos con los brasileños y los japoneses? Y no me vengan a decir que no cambiaban las opiniones de los ministros según las visitas de los mandatarios extranjeros, los dueños de esas empresas o gracias a las visitas de los parlamentarios y ministros a esos países. ¡Hablemos con la verdad, con claridad!
Aquí estamos ante una materia que a futuro puede tener más importancia de la que estamos pensando. En la actualidad, los movimientos ciudadanos son mucho más fuertes y más apolíticos. Ya se han expresado en el tratamiento de algunas de ellas. El diputado Robles también tiene una experiencia con la última central, y esto no terminará así. Creo que llegó el minuto en que en el Congreso Nacional -más allá del partido o de la posición que tengamos- debería saber hacia dónde apuntamos.
Se dice que en estos días se bajará el voltaje. Ya se está haciendo. Claro, en Arica o en Punta Arenas la mamá no notará que su juguera, cafetera o lavadora tiene menos voltaje. Pero ¿qué pasa con las empresas, donde está la productividad, la que se logra según la potencia con que trabajan? Producirán menos. ¿Les bajarán los costos, porque las multinacionales siguen ganando lo mismo? Sólo las personas y las pequeñas empresas se ponen y contribuyen, como siempre.
Sé que cuesta ponerse al frente del presidente de un banco o de una gran empresa. Con mucho cariño pregunto cuál es la visita obligada de los mandatarios y los ministros por Europa. Al Banco Santander y a Endesa, por citar dos nombres. Presidente y ministro que ande por Europa y no visite las centrales de estos bancos o empresas, no se precia de tal.
Está bien la visita al Papa. Felicitamos al Primer Mandatario , pues lo acabamos de ver por allá; también estuvo con el Primer Ministro de Italia , Silvio Berlusconi , y va para el Medio Oriente. Pero en algún lado se concretará la visita empresarial. Algún ministro la cumplirá. Siempre son ellos.
No sé si será porque son generosos, graciosos o simpáticos durante las campañas, pero en este país nadie le ha puesto el cascabel al gato a las empresas eléctricas. Tenemos un conglomerado absolutamente enquistado en todos los gobiernos a nivel político y técnico.
Entonces, no me vengan a decir que la responsabilidad compete a las coremas regionales o a los seremis. ¿Quiénes son? En Constitución, 20 mil votantes, 60 mil personas, tomando en cuenta a los chicos, dijeron que no en forma unánime. ¿Quiénes votaron que sí? Siete seremis, nombrados a dedo -estoy hablando de mi gobierno-, ni siquiera por un intendente, sino por algún gobernador o por alguien.
Entonces, esto no puede seguir. La Región del Maule es la que más empresas tiene. Pero la pregunta que cabe hacerse, diputado Álvarez-Salamanca , es si estas ciudades o regiones -donde se encuentran ubicadas centrales como Pehuenche, Colbún o alguna otra nueva empresa- reciben algún beneficio tributario por prestar su terreno, aire o medioambiente. ¡Las platas se pagan en Santiago! ¡En las regiones sólo se tributa! El diputado René Manuel García tiene sus empresas que tributan…
El señor GARCÍA (don René Manuel).- No tengo empresas…
El señor LORENZINI.- No tiene empresas, pero me imagino que habrá alguna en su región que tribute. Es un tema que nunca hemos planteado. Éste es el tipo de externalidades que, al menos, puede servir para lograr obtener más empleos o algunos otros beneficios para la región o, por ejemplo en Constitución. Pero, ¿qué pasa con la pesca o el turismo? Es decir, hay una serie de otros sectores productivos que también se ven afectados.
No tenemos una política clara, estudiada, debatida y discutida al respecto, con todos los bemoles económicos que puedan existir. Además, debemos considerar el tema de las centrales y la energía a futuro que, evidentemente afecta la convivencia y el sentido máximo de lo que significa vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. Insisto, el tema de las centrales nucleares en algún minuto lo debemos discutir, como Congreso, en una sesión especial.
No hay ni ha habido políticas energéticas. ¿Cuántos directorios de la Comisión Nacional de Energía hemos tenido en los últimos cinco o seis años? Por favor, señor Presidente , no me pregunte dónde están o para quién trabajan ahora. Seguramente, en alguna empresa eléctrica. Si alguien sabe de alguno, que mejor no lo diga, porque parecería un chiste. ¡Vean dónde están trabajando ahora los que han sido ministros o jefes de la Comisión Nacional de Energía! ¡Si vamos a hablar con la verdad, hagámoslo! Ni los gobiernos de turno, ni los parlamentarios hemos sido capaces de lograr algún avance en la materia. Por eso, patalea la ciudadanía a través de sus dirigentes sindicales.
Ahora bien, la Comisión investigadora hizo un excelente trabajo, y si hay que hacer o crear una nueva comisión que se haga, pero creo que el tema no pasa por ahí, sino que más bien amerita un planteamiento distinto, como, por ejemplo, invitar a los ministros correspondientes. No estoy hablando de interpelaciones ni de ninguna de esas cosas políticas, sino de un planteamiento serio de la Cámara de Diputados. Tampoco he escuchado a los senadores para saber qué piensan. Sólo algunos se han pronunciado, pero, en general, el Senado no está involucrado en el tema.
Ustedes vieron las encuestas: la Concertación por aquí y la Alianza por allá. La ciudadanía no está con los partidos políticos, ni con la Oposición ni con el Gobierno, porque siente que nadie la defiende. Cortes de luz y cambios de horarios que nadie entiende. Finalmente, las empresas siguen sumando cientos de millones de dólares, como la banca o las isapres. Por lo tanto, es un tema complicado.
Si la gran mayoría de los parlamentarios -creo que casi todos- no recibimos aportes de estas empresas, entonces, no entiendo en qué topamos para enviarles una señal como corresponde. ¡Es una vergüenza! Algunos diputados, como Urrutia y Salaberry , y senadores, como Coloma, Zaldívar y Larraín , nos hemos olvidado de la política y hemos hecho un espacio común para detener la construcción de la Central Los Robles en el borde costero. Y espero que eso se mantenga, porque si en el norte reclaman -no está presente el diputado Robles , pero sí Espinosa-, los mauchos y los maulinos no sólo reclaman, sino que combaten.
He dicho.
El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente , solicito reunión de Comités, sin suspender la sesión.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tendríamos que ver quién puede continuar presidiendo la sesión, señor diputado .
Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Pérez.
El señor PÉREZ ( don Leopoldo).- Señor Presidente , después de escuchar a los colegas que intervinieron para hacer uso de la palabra respecto del informe de la Comisión investigadora, como integrante de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente me alegra que se haya presentado o aparecido una preocupación evidente por el tema energético.
El trabajo de la Comisión -aprovecho de recordar a los señores diputados y señoras diputadas- resume lo que ya se hizo en la Comisión anterior y que no pudo evacuar su informe, que también fue considerado. Es decir, acá hay un trabajo que se viene realizando desde hace bastante tiempo y con bastantes antecedentes.
Ahora bien, la nueva institucionalidad ambiental comenzó tímidamente -lo digo así, porque todavía no se ha concretado- en octubre del año recién pasado; por lo tanto, lleva operando menos de seis meses. Así es que promover una nueva comisión investigadora, que vendrían siendo organismos distintos de los que han manifestado los colegas respecto de los diferentes proyectos que han afectado a sus distritos y regiones, me parece que sería un poco apresurado. Por mi parte, esperaría o le daría un poco más de tiempo a la nueva institucionalidad ambiental, con el objeto de que se afiance y opere. Una vez que el plazo se cumpla, de una u otra manera, evaluemos -cosa que no se hizo anteriormente- cuál es el resultado a un año de entrada en vigencia de la nueva institucionalidad y recién ahí emitamos una opinión al respecto.
Por otra parte, me alegra que se aborde el tema energético. Si bien las coremas estaban enfocadas hacia la generación de hidro y termoelectricidad, el hecho de que el país no cuente con una política energética y que, en definitiva, ésta se haga en función de los intereses del desarrollo económico de las distintas empresas, tanto mineras como las que deben proveer de recursos energéticos, genera un gran debate.
Por último, espero que los diputados de las distintas bancadas puedan, de una vez por todas, consensuar la forma de discutir el tema, incluso a nivel de la propia Cámara, a fin de tener las bases de lo que podría ser una política energética país y saber cuál será nuestra matriz energética a futuro, cosa que no afecte los intereses y la calidad de vida de los ciudadanos, sino también los aspectos medioambientales, que, por lo demás, consagra nuestra propia Constitución Política.
El Presidente de la República , señor Sebastián Piñera , encomendó a la ministra de Bienes Nacionales -se encuentra en estudio- que zonifique el país, a fin de saber cuáles son los lugares que tienen las características o condiciones que ayuden a mitigar o minimizar los impactos que toda obra humana tiene sobre el medio ambiente, en particular la instalación de centrales de energías, sean térmicas o hidroeléctricas.
Por lo tanto, invito a los colegas a aprobar el informe. Se trató de un trabajo bastante arduo que, incluso, recoge experiencias de la legislatura anterior, a fin de continuar avanzado en nuestra nueva institucionalidad.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente , el trabajo que ha realizado la Comisión investigadora es digno de elogio. Como se dijo, es una tarea que viene del período legislativo anterior. Sin embargo, hay que enfatizar algo que es muy importante y que ha quedado absolutamente demostrado: la no participación ciudadana en los procesos de instalación de los grandes proyectos energéticos o de otro tipo que se usan en la evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, es una tarea que debemos relevar.
Por otra parte, hemos visto la percepción que tenemos acerca del lobby que realizan las grandes empresas, donde se compran las conciencias, que fue algo prácticamente común en todos los proyectos. Se llevan a cabo en el mundo empresarial y en los diferentes gobiernos, porque este no es sólo un problema del Gobierno actual, sino un proceso que viene desde hace muchos años. Por eso, reitero que el tema de la participación ciudadana no vale absolutamente nada. Por lo tanto, es un tema que nos queda pendiente.
También hemos visto un documento en WikiLeaks, que no voy a certificar, que consigna lo que ocurrió en Campiche. Había un pronunciamiento nada menos que de la Corte Suprema, pero que mediante el lobby fue cambiado y trucado el dictamen para darle el pase a la empresa. Eso está a la luz de todos quienes lo quieran ver. Ahí hubo una compra de conciencia. Cambió el dictamen de la Municipalidad de Puchuncaví. Por otra parte, vemos cómo con los demás proyectos -Alto Maipo , Castilla , etcétera- pasa exactamente lo mismo.
Ojalá que el informe de la Comisión Investigadora de Coremas logre algún impacto y, entre todos, podamos relevar lo más importante: la participación de los ciudadanos en los proyectos.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente , al escuchar la discusión sobre el informe, me preocupa la relación que deberíamos asumir como Cámara más allá de buscar las exigencias máximas en bien del desarrollo de la matriz energética.
He querido intervenir porque ayer, en la Comisión de Minería y Energía, sostuvimos un diálogo con un representante de la Subsecretaría de Energía y también con personeros del Ministerio de Bienes Nacionales, con quienes se está trabajando, en forma coordinada, a fin de hallar algunas instancias positivas tendientes a fortalecer todo tipo de proyectos energéticos.
Lo que debemos asumir, con mucha responsabilidad, es qué pasa con la matriz energética, la cual tiene una debilidad que fue demostrada: estuvimos sujetos a la voluntad de Argentina cuando nos cortó el suministro de gas. Por lo tanto, quedó al desnudo que nuestra matriz no está diversificada y tampoco goza de cierta seguridad.
El desarrollo energético debe acompañarse de un grado de seguridad nacional. Además, puede haber muchas instancias de reclamos sociales. Ello ha quedado demostrado con energías que son limpias, por ejemplo, con la geotérmica.
También ha habido reclamos sociales respecto de dónde se van a desarrollar dichos proyectos.
Por lo tanto, el llamado de atención dice relación con buscar normas transparentes que regulen el desarrollo energético que tanto requiere el país y mantener los estándares de crecimiento.
Por lo tanto, si aspiramos a que en el norte se concreten proyectos de desarrollo minero por sobre 40 mil millones de dólares, necesitamos contar con una matriz energética fortalecida.
Debemos, entonces, hacer un sacrificio para contar con normas claras y transparentes, además de regular las normas de emisión de contaminantes y hacer que se cumplan con el fin de compatibilizar el desarrollo sustentable con el cuidado del medio ambiente.
Además, debemos darle la posibilidad al país de mantener los actuales estándares de crecimiento que todos queremos.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe en los siguientes términos:
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- En votación el informe de la Comisión Especial Investigadora de los procesos de aprobación de proyectos hidroeléctricos y energéticos por parte de las comisiones regionales del medio ambiente, coremas, en cada una de las regiones del país.
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , se solicitó a la Mesa requerir la unanimidad de la Sala para reabrir la Comisión Investigadora, de acuerdo a los últimos antecedentes que hemos tenido sobre la central Campiche .
Pido que recabe la unanimidad antes de la votación.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Señor diputado , denante explicamos que no se puede reabrir una comisión una vez que finaliza su plazo. No se puede revertir lo que establece el artículo 53 de la ley orgánica del Congreso Nacional. Además, un artículo del Reglamento deja muy clara la situación.
Si fuera una cuestión reglamentaria se podría recabar la unanimidad. Entonces, lo que corresponde es pedir una nueva comisión investigadora.
En votación el informe de la Comisión.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo la diputada señora
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA ENCARGADA DE RECABAR Y ANALIZAR ANTECEDENTES RELATIVOS A FAENAS MINERAS, SU AUTORIZACIÓN, FISCALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE TRABAJADORES EN LA PEQUEÑA, MEDIANA Y GRAN MINERÍAS. (Continuación).
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Corresponde continuar la discusión del informe de la Comisión de Minería y Energía recaído en la investigación sobre seguridad y prevención de riesgos en faenas mineras; el cierre y reapertura del yacimiento San José; el grado de responsabilidad de las autoridades públicas en el derrumbe ocurrido el 5 de agosto de 2010 y la participación que le cabe al Servicio Nacional de Geología y Minería y a otros servicios públicos en materia de autorización, fiscalización y protección de los trabajadores en la pequeña, mediana y gran minerías.
En la sesión de ayer, el diputado señor Alejandro García-Huidobro rindió el informe de la Comisión, e intervinieron alrededor de ocho señores diputados.
Recuerdo que el director del Sernageomin está autorizado por los jefes de Comités para ingresar a la Sala durante la discusión del informe.
Antecedentes:
-El informe de la Comisión Especial Investigadora se rindió en la sesión 132ª, en 2 de marzo de 2011, legislatura 358ª.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , la mina San José se encuentra en la Región de Atacama, comuna de Caldera, provincia de Copiapó. La minería ha sido el eje fundamental del desarrollo del país desde comienzos de la República. El norte ha servido para que el país entero se desarrolle y crezca al amparo de sus riquezas. El mineral de Chañarcillo fue muy importante durante el siglo XIX, como también el salitre. Hoy, el cobre, el oro, la plata y el molibdeno son minerales fundamentales para el sustento y el desarrollo económico de Chile, pero la minería nortina no es sólo la gran minería que todos vemos -la de las grandes empresas y máquinas que trasladan los minerales-, sino también la mediana y pequeña minerías.
También, la minería es explotada por los pirquineros con una pala, un azadón, un huinche y muchas dificultades. La minería del norte chico, en particular, en la Región de Atacama, está plagada de pequeñas y medianas empresas.
La mina San José es una antigua y mediana empresa, de cerca de 300 trabajadores. Ha tenido un desarrollo muy importante en el último tiempo y ha pasado por varios propietarios. Accidentes mineros, como el de la mina San José , son extraordinariamente preocupantes. Como vimos en la Comisión Investigadora, cuando a los empresarios se entrega el deber de cuidar que las faenas sean seguras para los trabajadores, queda demostrado que en la gran minería hay elementos económicos, desde el punto de vista profesional, para apoyar bien el tema de la seguridad.
En la mediana minería, como hemos visto en el informe, es bastante regular la seguridad, ya que los profesionales no son siempre escuchados por los empresarios para tomar todas las medidas que cautelen la seguridad de los trabajadores. Me parece relevante que hayamos acordado en la Comisión una serie de puntos que hemos presentado en este informe. Espero que el Gobierno actual tome conciencia y mire con cuidado y atención las normas a aplicar.
Queremos que gran parte de las medidas que se sugieren se incorporen, porque necesitamos claridad en el trabajo de la mediana y pequeña minerías. No me gustaría que el Gobierno actual, en un afán de imponer criterios, destruya a la pequeña minería de la Región de Atacama, porque la gran minería no deja prácticamente recursos en las regiones.
La pequeña minería es la que otorga poder adquisitivo a los trabajadores. Los proyectos mineros pequeños, por lo general, son los articuladores del desarrollo de Atacama y del norte chico. Por eso, a los pequeños mineros debemos apoyarlos. Enami tiene la misión de entregarles a los pequeños mineros los recursos necesarios para que sus faenas sean seguras.
Cuando tres o cuatro personas laboran en la pequeña minería, en proyectos mineros, esperamos que tengan todas las posibilidades de contar con un trabajo seguro. Ello, corresponde al Estado, en particular a la Enami, es decir, a una empresa que se creó para fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana minería.
A los grandes empresarios debemos exigirles que cumplan la normativa, y tengan los elementos de seguridad. No puede ser que, en el caso de esta mina, no hayan tenido la precaución de contar con la chimenea de escape, que tanto se les pidió, y que Sernageomin planteó muchas veces como necesaria. Incluso, la mina, que fue cerrada en una oportunidad, no tenía una habilitada en el momento del accidente.
Pero, también, me quiero referir a otros temas relacionados con el informe.
Por ejemplo, todavía hay más de 260 trabajadores de la mina San José , a quienes el Gobierno dio seguridad de que iban a ser respaldados en sus justas peticiones, que no pueden buscar trabajo, como corresponde, porque no han sido finiquitados. ¡Paradoja, señor Presidente ! ¡Esto es un accidente! El Presidente de la República dicta un decreto de catástrofe para utilizar los recursos; nadie niega que los recursos fueron bien utilizados; nadie niega que los recursos se dispusieron para poder salvar a los mineros, labor que fue muy bien hecha. Pero, a mi juicio, las regiones deben ser más representadas. No me gusta el sistema presidencial chileno; debemos avanzar hacia un sistema semipresidencial o, de frentón, parlamentario-; no podemos darle al Presidente la posibilidad de que haga y deshaga con los decretos como que si él fuese un pequeño rey. Esto fue un accidente, no una catástrofe. Con el decreto de catástrofe, ¡claro!, puede usar los recursos a su antojo. Repito que esto fue un accidente. En la Comisión pedí a la Contraloría que se me indicara por qué había tomado razón de este recurso y todavía no tengo respuesta. A la Comisión no llegó respuesta al respecto. Y se hubiese provocado un problema mayor a los trabajadores si el empresario hubiere hecho uso del decreto de catástrofe. Afortunadamente, el empresario, tal vez por la polémica que se gestó o por un asunto de tipo comunicacional, decidió no usar el artilugio de despedir a los trabajadores invocando causal de fuerza mayor. Afortunadamente, utilizó otras razones para despedirlos, pero aún no se han suscrito los finiquitos, sin los cuales -usted lo sabe, Presidente - no tienen posibilidad alguna de trabajar en otras empresas, a menos que renuncien a ellos. Reitero, los finiquitos todavía no se cursan, y el Gobierno, que se comprometió a apoyar a los doscientos sesenta trabajadores de la mina San José, que estaban en la superficie y que pudieron haber estado en el interior, aún no entrega una respuesta. Quizás el ministro de Minería y Energía , quien debe cautelar este tema, al parecer, una vez que salieron los mineros, dejó en descampado a los otros doscientos sesenta trabajadores.
Pido a la ministra del Trabajo y Previsión Social que intervenga y que imponga, por lo menos en este tema, un juicio, desde el punto de vista del Gobierno, que apoye a esta gente. La Enami podría hacerlo perfectamente, pues tiene y cautela recursos de esta empresa minera San José ; tiene garantías con respecto a créditos otorgados y, por lo tanto, podría adelantar recursos para que se les pague el finiquito a los trabajadores; gracias a las garantías, podrían pagarse de esos recursos.
La empresa ha tratado de hacer esfuerzos. La síndico de quiebras y los abogados han redoblado esfuerzos para lograr pagar. Por ejemplo, están rematando derechos de agua, pero no lo han podido hacer. Seguimos esperando y, aunque ya estamos en marzo, los doscientos sesenta trabajadores no tienen ningún tipo de resultado de algo que les corresponde: que les paguen su finiquito.
El Gobierno y el propio Presidente Piñera se comprometieron, en la mina San José -yo estaba presente-, a apoyar a esos doscientos sesenta trabajadores que, repito, estaban fuera de la mina.
En la Comisión se trabajó en forma muy mancomunada. Quiero destacar la labor de su presidente , en el sentido de recibir a todas las personas que quisimos escuchar. Con los diputados Carmona , Vilches y Calderón , y con la senadora Isabel Allende y el senador Baldo Prokurica , estuvimos en la mina preocupados por la situación durante todo el tiempo, porque es evidente que para la Región de Atacama éste fue un tremendo accidente, uno de los más grandes de su historia.
Sin embargo, en el mismo sentido, quiero reiterar mi solicitud al Gobierno. Lamento que el ministro de Minería -quien no ha asistido al cierre de la reunión de hoy; solamente vino ayer y era muy importante que estuviese en todas las sesiones- no tome la batuta para apoyar a las doscientos sesenta personas que todavía no logran conseguir trabajo.
Agradezco el trabajo desarrollado en el rescate de los treinta y tres mineros. Lo hicieron muy bien el ministerio, la Asociación Chilena de Seguridad, el Servicio de Salud y los municipios de la región de Atacama. En ese sentido, no hay nada que reprochar. Sin embargo -repito-, hay temas pendientes que son importantes de destacar y que deben ser resueltos en la forma como se comprometen, sin dejar de lado a actores tan relevantes que también pudieron haber sido incorporados en la nómina de las treinta y tres personas que, afortunadamente, están vivas y seguras en sus casas con sus familias.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Frank Sauerbaum.
El señor SAUERBAUM.- Señor Presidente , la Comisión trabajó intensamente durante cuatro meses y con mucho interés, no sólo por el impacto mediático que produjo el accidente de los treinta y tres mineros, que produjo una gran sufrimiento, pero también una gran alegría el día que fueron rescatados.
A lo largo de estos cuatro meses de investigación, hemos descubierto que hay normas de seguridad que no fueron respetadas, empresarios que actuaron irresponsablemente y que algunos organismos del Estado no funcionaron adecuadamente. Pero lo importante de todo el análisis desarrollado en la Comisión es que nos deja una verdadera lección: que los altos niveles del precio del cobre generarán problemas permanentes debido a los pirquenes que se abren continuamente y no tenemos capacidad alguna de poderlos fiscalizarlos.
Por lo tanto, independientemente de la fiscalización y los recursos que podamos seguir asignando al Sernageomin y a otras instituciones para efectuar dicha fiscalización, lo más importante es inculcar en nuestros pequeños y grandes empresarios mineros que la salud de los trabajadores constituye una prioridad y no un costo más, algo que las empresas deben asumir.
Finalmente, el buen actuar, desarrollar una fiscalización adecuada y tener empresarios responsables significará que cientos de mineros, que se ganan el pan con sudor, puedan tener la seguridad de que su labor no se va a transformar en una tragedia.
También felicito a la Comisión por haber aprobado este informe por unanimidad, sin mayores cuestionamientos y sin dejarse apasionar por diferencias políticas. Esperamos contar con el respaldo de toda la Sala.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente , destaco el espíritu con que funcionó la Comisión investigadora, en el sentido de asumir el trabajo con la responsabilidad que el tema ameritaba. Ciertamente, el hecho que conmocionó al país durante el 2010 requería de un debate enfocado a dilucidar las causas, pero también a elaborar un conjunto de propuestas para disminuir la posibilidad de que este tipo de situaciones se vuelva a repetir.
Sin duda, más allá de la investigación misma, el debate fue decantándose poco a poco desde la pasión originaria, propia de la labor legislativa, hacia una reflexión más profunda, más pausada, respecto del contexto. Y la verdad es que el país y nuestra institucionalidad no están a la altura del desafío minero que hoy tenemos. La minería se ha desarrollado mucho más rápido que la institucionalidad pública y también que las normas que regulan las relaciones entre privados en esta industria. Eso se traduce, principalmente, en la proliferación de yacimientos, de pequeños pirquenes, donde no impera la ley y en los que, más bien, es posible observar que las relaciones entre particulares son casuales y esporádicas, donde no hay medidas preventivas y donde se explota el mineral para sacar provecho a diario o semanalmente, pero sin planificación ni medidas de seguridad, poniendo en riesgo a los trabajadores.
El aumento del precio internacional del cobre ha tenido un impacto relevante en la proliferación de apertura de pirquenes que estaban cerrados. Como el actual precio internacional del cobre hace atractiva la actividad, se aumenta la demanda de manera exponencial, poniendo en riesgo la capacidad que tiene la institucionalidad pública para fiscalizarla, que fue lo que ocurrió en este caso.
Un segundo aspecto relevante, que trabajamos en la Comisión, es el relativo al principio de la buena fe que rige las relaciones entre particulares. El supuesto es que el privado ha de cumplir la ley; sin embargo, la experiencia y la cantidad de testimonios recabados en la Comisión dan cuenta de que muchas veces en la industria minera, particularmente en la pequeña y mediana, no es así. Y no se cumple porque las medidas preventivas y de seguridad de los trabajadores son consideradas como gasto de las empresas y no como inversión. Son consideradas una disminución de la utilidad; están dentro de los costos de producción. Ello puede parecer lógico, pero, desde el punto de vista práctico, en lugar de adoptar tales medidas, asumiendo los costos, para después cargarlos al precio de venta, disminuyen las medidas o no las adoptan, poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores. Es decir, la seguridad del trabajador pasa a ser un elemento transaccional de las relaciones comerciales, lo que no corresponde.
Otro punto relevante es la responsabilidad de los dueños de la mina San José.
No es aceptable que aquellos empresarios que en reiteradas oportunidades levantaron la voz para exigir menos regulación o para exigir la disminución de sus aportes tributarios hoy intenten endosar la responsabilidad en la Administración Pública por los daños que han proferido a sus trabajadores.
En el caso de la mina San José, existe responsabilidad directa y clara de los empresarios Bohn y Kemeny en el accidente que afectó a 33 mineros. En la Comisión quedó acreditado que hubo advertencias sobre la necesidad de escalerar la chimenea y que la mala calidad del terreno podía generar algún accidente. Así y todo, en palabras de uno de los 33 mineros rescatados, “los empresarios prefirieron que corriéramos el riesgo en lugar de detener la producción, porque tenían que pagar los sueldos”.
Es decir, quedó demostrada la responsabilidad de esos empresarios.
Sin embargo, hechos como el acontecido en la mina San José, siguen ocurriendo en otros pirquenes por falta de fiscalización, cuestión que hicimos ver al ministro de Minería y de Energía .
Se requiere una actitud más proactiva: aumento de presupuesto, aumento de dotación, pero principalmente un régimen de incentivos al cumplimiento de las normas laborales.
El 28 de febrero pasado, hace unos días, en la mina Palo Blanco, de Taltal, Región de Antofagasta, otro minero falleció atrapado en un pirquén. La respuesta del seremi de Minería fue lógica: “No tenemos capacidad de fiscalización”.
En consecuencia, el gran aporte que hace esta Comisión es entregar un informe que analiza, que diagnostica y que establece responsabilidades, pero que, principalmente, propone alternativas de solución para disminuir los riesgos de accidentabilidad.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Giovanni Calderón.
El señor CALDERÓN.- Señor Presidente , como diputado del distrito donde se ubica la mina San José -al igual que el diputado Robles -, dentro de los límites territoriales de la comuna de Caldera, haré algunas reflexiones de orden general sobre el accidente acontecido en esa mina y sobre las conclusiones a que arribó la Comisión Investigadora, más allá del detalle de las mismas, toda vez que ayer fueron dadas a conocer a la Sala por el diputado informante .
Lo más grave del accidente fue descubrir que la ambición humana es capaz de pasar por encima del respeto por la vida y la salud de las personas. Ésta es la triste lección que nos dejó ese episodio, que no podemos olvidar.
Me quedo con las palabras del diputado Harboe, cuando señaló, con inteligencia y claridad, a mi juicio, que los mismos empresarios que levantan la voz para exigir menos regulaciones, al momento de tener que hacerse responsable de sus actos, delegan tales responsabilidades en los organismos públicos.
La seguridad minera es una de aquellas materias que demuestran que la mano invisible del mercado no funciona en todas las áreas. El Estado tiene una responsabilidad fundamental sobre el aseguramiento del derecho a la vida y a la salud de las personas. En este plano, tiene el deber de intervenir de manera eficiente y adecuada en el cumplimiento de tal obligación.
Otra lección que nos dejó este episodio es que Chile entero aprendió que somos un país minero, que en más del 50 por ciento de su producto interno bruto depende de las exportaciones de cobre. Por lo tanto, una actividad que aporta tal cantidad de recursos al país, requiere la misma atención de parte de las autoridades.
No es posible que no prestemos atención a las necesidades de los mineros, especialmente de los pequeños y medianos, como ocurrió con los de la minera San Esteban , dueña del yacimiento San José , habida consideración de que son ellos quienes aportan más al bienestar del país.
Como consecuencia de ser un país tremendamente centralista, en que la toma de decisiones y la asignación de recursos dependen de Santiago, en el que se presta atención, con suerte, a las tres regiones más grandes y pobladas de Chile, como son la Metropolitana, de Valparaíso y del Biobío, por primera vez muchos chilenos se enteraron de que en el país había minería y de que esta industria era su sustento. Son esos mineros, esos trabajadores, los que aportan más del 50 por ciento de nuestro producto interno bruto.
Quiero destacar que la Comisión no se limitó a establecer responsabilidades, las que quedaron claramente establecidas y consignadas en el informe y que se centran en los propietarios de la mina San José , que por ambición y codicia evitaron invertir en seguridad, cuestión que agravaron contratando trabajadores con sueldos un tanto superiores al promedio de mercado, para que laboraran en esa mina, a sabiendas de los problemas de seguridad que ésta presentaba. La sobreexplotación de la mina y una serie de conductas pusieron en riesgo la seguridad de los trabajadores. Pues bien, esas responsabilidades están claramente establecidas en el informe.
Del mismo modo, quedaron establecidas las responsabilidades de los órganos administrativos. Entre 2007 y 2010 -es decir, en el gobierno anterior-, hubo cinco directores regionales de Sernageomin, lo que dificultó la continuidad de políticas de prevención y seguridad.
La Comisión no se limitó a establecer responsabilidades. Probablemente, esto es una novedad para el tradicional accionar de las comisiones investigadores, porque la Comisión también formuló propuestas, que recogen no sólo la experiencia de la mina San José , sino también, en general, toda la problemática de la accidentabilidad laboral, particularmente en materia minera.
Sernageomin debe ser reestructurado. Es necesario separar la coordinación y fiscalización de la prevención, así como también corresponde separar las funciones relacionadas con los estudios de geología respecto de las vinculadas a la seguridad minera. Es menester descentralizarlo administrativamente y asignarle más recursos a aquellos lugares donde cumple sus funciones. Es absurdo que eso no ocurra en la Región de Atacama, y lo denunciamos en un proyecto de acuerdo que fue aprobado en esta Sala por unanimidad, presentado por diez diputados que representamos a zonas mineras, de todas las bancadas políticas, desde la UDI hasta el Partido Comunista, en el que solicitamos que se ampliara la planta de fiscalizadores del Sernageomin. Por ejemplo, en la Región de Atacama, cuatro fiscalizadores, de los cuales sólo dos estaban en terreno, tenían que fiscalizar más de mil faenas mineras.
Por lo tanto, la descentralización administrativa, la asignación de recursos y el poder de decisión sobre esos recursos por parte de las entidades regionales donde se encuentran ubicadas las faenas mineras son aspectos fundamentales para el futuro de la seguridad minera en Chile.
En cuanto a la ampliación de las facultades fiscalizadoras, más bien hablaría de simplificación, porque el sistema de fiscalización es tan engorroso que, en definitiva, no cumple con su finalidad.
Debiera contemplarse la obligación de recepcionar las obras que el propio Sernageomin impone a las faenas que incumplen sus obligaciones, que fue el caso de la minera San Esteban. La mina había sido clausurada por completo y, en esa oportunidad, Sernageomin la obligó a realizar ciertas labores de seguridad que tenían que ver con las fortificaciones, con el sistema de escaleramiento y con el sistema de ventilación. Esas obras no se realizaron, como quedó constancia en el informe. Pese a ello, Sernageomin autorizó la reapertura de la mina, lo que demuestra las carencias en esta materia.
También la Enami debe ser materia de revisión, porque desarrolla una labor de fomento de la pequeña y mediana minería, en la cual no puede estar ausente la seguridad. Por lo tanto, debería contemplar una línea de crédito que permitiera a los pequeños y medianos mineros desarrollar obras de seguridad en sus faenas. La propia Enami , que es el poder de compra de la pequeña y mediana minería, debería establecer incentivos a la seguridad y desincentivos económicos. Cuando una empresa minera no cumple con las medidas de seguridad, la Enami debería aplicarle sanciones o alguna medida que le signifique un gravamen y que le haga tomar conciencia de la importancia de invertir en la seguridad de sus trabajadores.
También es necesario elevar a rango de ley el Reglamento de Seguridad Minera que, por su naturaleza de reglamento, contempla sanciones que no pueden constituir penas. Constitucionalmente, cualquier sanción penal, incluso aquellas de naturaleza económica, como las multas, debe estar contemplada en la ley, por el principio de legalidad del delito. Las multas que contempla el Reglamento de Seguridad Minera son de carácter meramente administrativo, lo cual implica que su monto es extremadamente bajo y no representa una verdadera sanción o desincentivo al incumplimiento de las normas en materia de seguridad.
Del mismo modo que lo han señalado los diputados de otras bancadas, como los señores Harboe y Robles , quiero destacar el ánimo en que se desenvolvió el trabajo de la Comisión, que fue de unidad nacional, con altura de miras, con una visión que fue más allá de los intereses político partidistas, que dio como resultado un excelente informe que no sólo contempla el establecimiento de responsabilidades, sino también una serie de propuestas que van a ser fundamentales para el futuro de la minería en Chile.
Como reflexión final, me interesa plantear que el rol de este legislador y del Estado en general, en relación con las actividades económicas, es irrenunciable. Desgraciadamente, la codicia y la ambición humana pueden ir más allá de la buena fe.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente , probablemente voy repetir lo que han planteado varios de los colegas que estuvieron en la Comisión Investigadora, pero que es muy importante: el ánimo con que se trabajó. En ese sentido, agradezco a todos los colegas que participaron en la Comisión, especialmente al Presidente , porque cuando se conforman comisiones en torno a un tema que tiene tanto impacto público, siempre está la duda de si va a existir la prudencia para hacer efectivamente un aporte como Corporación. Quiero reconocer que eso se cumplió, pues hubo muy buen ánimo y mucha prudencia. Además, ayudamos a entregar información necesaria, en forma transparente, en un informe de consenso que da cuenta de ello, que aporta antecedentes a la investigación propiamente tal, que establece responsabilidades y que también plantea un debate de fondo. Es en este punto donde quiero plantear ciertos desafíos.
Creo que las comisiones investigadoras deben proyectarse en términos de las recomendaciones que hacen. Lo importante es que el debate que se abrió a partir de un incidente tan grave y de tanto impacto, como el derrumbe de la mina San José , genere efectivamente cambios, no sólo en lo tiene que ver con la actividad minera, sino también con la seguridad laboral en nuestro país.
Hace algunos meses, el tema que todos discutían era la fragilidad y la falta de coordinación en la institucionalidad en materia de seguridad laboral. Existe la necesidad de una reforma sustantiva que permita coordinación e integración, para que no exista la dispersión que se observa hoy entre los distintos servicios. Es necesario analizar cómo hacemos una reforma al sistema de mutuales, cómo posibilitamos que se invierta más en prevención y cómo logramos que las pequeñas empresas también implementen sistemas de seguridad laboral que funcionen, para que no ocurra lo que sucede actualmente, en que, básicamente, están afiliadas a las mutuales las grandes empresas y las otras son una recarga para el sistema público de salud. ¿Cómo se aumenta la fiscalización? Todo eso requiere una batería de proyectos que deben ser discutidos en el Congreso Nacional.
Se formó una comisión especial para analizar el tema de la seguridad laboral, que entregó sus conclusiones. El año pasado también hubo una serie de anuncios de proyectos que serían presentados al inicio del nuevo período legislativo. Quiero recordar ese compromiso. Ojalá que se honre y que el Presidente de la República , a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, envíe los proyectos en marzo, tal cual lo planteó la ministra que estaba a cargo de esa cartera en noviembre del año pasado. Creo que ahí hay una necesidad urgente.
El diputado Walker comentaba que en las empresas de salmonicultura siguen muriendo trabajadores por los accidentes que ahí se producen. Por lo tanto, se requieren modificaciones inmediatas.
Hemos visto -lo han recordado varios colegas en sus intervenciones- cómo siguen produciéndose accidentes en las minas y muchos de ellos, probablemente, podrían ser evitados si hiciéramos los cambios en donde hoy tenemos diagnósticos compartidos, en el sentido de que son necesarios. Entonces, quiero señalar esa urgencia y hacer un llamado al Ejecutivo para que agilice la presentación de esos proyectos.
Sin ir más lejos, en la Región de Magallanes, estamos enfrentando la última etapa de tramitación de un gran proyecto minero. No me voy a referir a la explotación del carbón propiamente tal ni daré mi opinión respecto del proyecto, pero sí señalaré que, a pesar de haberlo pedido en reiteradas ocasiones, todavía no existe representación de Sernageomin en la región, que haga de contraparte y garantice la seguridad de los mineros que van a trabajar en ese megaproyecto.
Entonces, en este mismo ánimo con que trabajamos al interior de la Comisión, el llamado que cabe hacer es a que el duro aprendizaje que tuvimos como país con esta experiencia nos sirva para agilizar la tramitación de los proyectos y que no sea sólo un tema que estuvo en la agenda pública a raíz de un incidente, sino que se asuma en forma responsable.
Nos queda pendiente la ratificación de los convenios de la OIT, no sólo el 155, sobre seguridad y salud de los trabajadores, sino también el 176, sobre seguridad y salud en las minas; el 187, que está relacionado con la seguridad laboral e higiene; el 167, sobre seguridad y salud en la construcción.
Hace algún tiempo, con varios colegas, presentamos un proyecto que busca establecer la responsabilidad penal del empleador cuando se ha puesto en peligro la integridad física y psicológica de los trabajadores.
Hay que recordar que, en este caso, a pesar de que se ha señalado y forma parte de las conclusiones del informe la responsabilidad que tienen los dueños de la mina, al no haber lesiones, no se puede perseguir responsabilidad penal. Sería distinto si cambiáramos nuestra legislación.
¿Cómo otorgamos a los trabajadores el derecho a paralizar las faenas cuando hay un riesgo inminente? Ellos tenían conciencia de lo que estaba ocurriendo y, probablemente, si hubieran podido optar por su seguridad y el valor de sus vidas, no hubieran continuado las faenas. Pero estaban obligados a ello, porque, de lo contrario, serían despedidos. Esos cambios son los que se requieren de forma inmediata. Insisto en que tenemos una responsabilidad como legisladores, pero el Ejecutivo , además, tiene un compromiso.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente , en primer lugar, agradezco a todos los miembros de la Comisión de Minería y Energía por el tremendo trabajo que realizaron durante más de cuatro meses, con el fin de investigar y, como bien señalaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, hacer propuestas de consenso concretas que ¡por Dios que es importante tener en nuestro país!
Ese día de agosto de 2010, en que todos nos vimos atrapados, hasta que logramos saber que los 33 mineros estaban vivos y, posteriormente, al verlos junto a sus familias, fue un momento en las historia de nuestras vidas que difícilmente olvidaremos. Y qué decir en el historial y en la conciencia de nuestro país en cuanto a lo que debe ser la seguridad de nuestros trabajadores, el respeto a la vida y la protección en las acciones laborales, que siempre deben ser parte de los derechos humanos de las personas.
En ese sentido, valoro la enorme labor que realizaron los diputados y senadores de la zona. Me refiero especialmente al diputado Lautaro Carmona , quien hoy está convaleciente de una operación realizada ayer, la cual fue muy exitosa. Desde esta tribuna, le envío un saludo por el gran trabajo efectuado en la Comisión Investigadora.
Para qué hablar de la labor realizada por el diputado Alberto Robles, un hombre que estuvo permanentemente preocupado, al lado de su gente, esperando las buenas noticias y fiscalizando.
Además, cabe mencionar lo realizado por el diputado Giovanni Calderón , quien trasnochó junto con el diputado Vilches , la senadora Isabel Allende y el senador Baldo Prokurica , acompañando a las familias de los mineros, compartiendo con las autoridades, formulando propuestas, representando a todos los diputados y senadores del país en el lugar de los hechos, dejando muy en alto la labor de los parlamentarios.
Quiero reconocer el tremendo trabajo y la preocupación que ellos han tenido, no sólo en esos días, sino también hasta hoy, por esas familias y los mineros, que todavía no han encontrado trabajo.
En segundo lugar, agradezco la confianza y el apoyo que recibí como Presidente de la Comisión por parte de todos los diputados de la Comisión de Minería y Energía, constituida en investigadora. Como bien lo manifestaron la Presidenta y la Mesa de la Cámara de Diputados, nuestra Corporación, en cierto sentido, estaba en deuda en cuanto al trabajo de las comisiones investigadoras.
En un hecho tan importante para el país, cualquiera acción de esta Comisión que no fuera en el camino que el país esperaba, en lugar de hacerle un bien le haría un daño a la imagen de la Cámara de Diputados, que tanto debemos cuidar. Por eso, creo que se hizo un trabajo serio y responsable. Desde la UDI hasta el Partido Comunista, nos pusimos la siguiente meta: primero, resguardar el derecho a la vida, investigar todo lo que correspondía e invitar a la Comisión a todas las personas que se propusieran.
También agradezco a la Mesa y a la Cámara la posibilidad de trabajar con transparencia absoluta en la Comisión Investigadora. Creo que se marcó un hito, porque nuestras sesiones fueron abiertas, a ningún periodista se le impidió ingresar a la Sala y ninguna sesión fue declarada secreta, aun cuando así lo solicitó el abogado de los dueños de la mina San José . Sin embargo, esa petición fue rechazada por los miembros de la Comisión, porque el país no esperaba que hubiera cosas ocultas; lo que se buscaba era la transparencia.
Todo el trabajo realizado por la Comisión Investigadora servirá para la investigación que está llevando a cabo la justicia y el fiscal de Atacama. En ese sentido, pido que este informe sea enviado a dicho fiscal, a fin de que sirva como instrumento para la investigación que está realizando.
Por último, como han planteado otros señores diputados, valoro los acuerdos alcanzados y las propuestas que se han entregado al Gobierno. Estoy seguro de que se acogerá la mayor parte de aquellas, sea por la vía reglamentaria o a través de proyectos de ley que próximamente serán enviados al Congreso Nacional, especialmente relativos a la separación del Sernageomin y a la creación de una Superintendencia de Seguridad Minera. Eso es fundamental, no sólo para que dicha institución sea un organismo serio y esté a la altura de la minería de hoy en nuestro país, sino también para que obtenga los recursos para que sus funcionarios y profesionales estén a la altura del mercado. Eso es clave para contar con los mejores profesionales en nuestros organismos fiscalizadores.
Por otra parte, hemos pedido una serie de acciones de coordinación entre los organismos de fiscalización laboral, las direcciones del trabajo y de salud y especialmente el trabajo que deben realizar las mutualidades. No queremos más secretismo en la información sobre accidentabilidad. Necesitamos que la información sobre lo que ocurre en las mutualidades sea entregada permanentemente a las autoridades sanitarias, del Sernageomin o de cualquiera otra autoridad fiscalizadora. Ayer conversamos con el ministro y el subsecretario del ramo sobre que eso será uno de los puntos clave para abordar la modernización que requiere la fiscalización.
Finalmente, agradezco una vez más a todos los señores diputados por la confianza que depositaron en la Comisión de Minería y Energía. Esperamos que el hito de transparencia y de trabajo mancomunado que desarrollamos sea el norte que siempre tengamos para servir a nuestra patria.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente , he escuchado con mucha atención los comentarios políticos de los señores diputados relacionados con el informe de la Comisión Investigadora sobre el accidente en la mina San José . Por cierto, comparto el grueso de sus opiniones.
Como lo manifesté ayer, también adhiero a los agradecimientos de todas las personas que trabajaron, incluyendo a todas las grandes empresas mineras que con esfuerzo donaron el valor del equipamiento y de las maquinarias utilizadas en el rescate.
Sin embargo, no puedo aceptar que se emitan juicios que dañan a las personas y desprestigian al Gobierno. Acepto las diferencias políticas que tengo con el diputado Robles , pero no que se venga a mentir. En este caso, todos los trabajadores de la mina San José firmaron sus finiquitos. Se ha pagado una cuota de tres y, por lo tanto, hay dos impagas. Pero ninguno de los trabajadores está impedido de buscar otro trabajo. Insisto en que podemos tener muchas diferencias políticas, pero no se puede venir y desprestigiar al gran Partido Radical al hacer afirmaciones que no son verdaderas.
Por eso, exijo que las expresiones del diputado Alberto Robles sean revisadas y que se disculpe, porque él responsabilizó al Presidente de la República y al ministro de Minería y Energía de haber adquirido un compromiso con los trabajadores. Los compromisos se han cumplido. Hay cuotas impagas porque la empresa privada se declaró en quiebra. Pero ése es un tema que no pueden resolver el Presidente de la República ni el ministro , sino la justicia.
Además, considero que la Comisión de Ética también debería tomar partido en esta situación, porque -reitero- podemos tener diferencias políticas y señalarlas con mucha fuerza, pero no debemos mentir en la Sala.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , parece que el diputado Vilches no está bien informado o no entendió lo que quise decir, porque no encuentro otras razones para justificar su discurso.
Lo cierto es que cuando un trabajador necesita trabajar, debe tener su finiquito, ya que si no éste no está pagado, difícilmente podrá trabajar.
El problema es que las cuotas del finiquito no han sido pagadas, a pesar de que, antes de que fueran rescatados los mineros, se adquirió el compromiso de apoyar a los 260 trabajadores de la mina San José que perdieron su fuente de trabajo para que resolvieran su situación. El señor diputado debe recordar que estábamos presentes en esa actividad donde una de las mujeres de uno de los mineros que estaba en el fondo de la mina le planteó al Presidente Piñera la situación laboral desmedrada en que quedarían los 260 trabajadores de la mina San José. El Primer Mandatario le respondió claramente, ante la presencia de muchas personas: “Voy a apoyar a todos los trabajadores de la mina San José”. Pero eso aún no ha ocurrido.
¿Qué pedimos al ministro y al Presidente de la República en distintas intervenciones? Que la Enami entregara los fondos necesarios para pagar esos finiquitos, ya que la ley permite a la Enami, como acreedor de que una empresa que le adeuda, como sucede con la mina San José , le otorgue un préstamo mayor para solucionar el problema de los trabajadores.
Esta petición se la hicimos al Presidente y al ministro de Minería , porque éste último, además, es el presidente del directorio de la Enami .
Por lo tanto, no he mentido en nada de lo que he dicho, porque ésa es la realidad legal. De hecho, el presidente de la CUT de la Región de Atacama es ex funcionario de la mina San José. Mis aseveraciones las corroboré hasta el día de hoy, lo que me permite afirmar que no se ha pagado la totalidad de los finiquitos a estos trabajadores, que es lo que corresponde laboralmente.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- En votación el informe de la Comisión de Minería y Energía, constituida en Comisión Especial Investigadora encargada de realizar un análisis de las disposiciones legales y administrativas que regulan las normas y estándares en seguridad y prevención de riesgos que deben cumplir las empresas respecto a los trabajadores que se desempeñan en faenas mineras.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
ACLARACIÓN SOBRE POSIBILIDAD, CONDICIONES Y REQUISITOS PARA AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO DE MENORES DE EDAD. (Votación).
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo N° 220, sobre ahorro previsional voluntario de menores de edad.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
-Se abstuvo el diputado señor
REDUCCIÓN DE TIEMPO Y COSTO PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- El señor Prosecretario dará lectura al proyecto de acuerdo N° 221.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 221, de los diputados señores Van Rysselberghe, Álvarez-Salamanca, Barros, Lobos, Norambuena, Urrutia, Baltolu, Bauer, Gutiérrez, don Romilio, y Delmastro, que en su parte dispositiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia el Presidente de la República tenga a bien disponer la iniciativa de ley anunciada el 28 de octubre pasado, destinada a reducir tiempos y costos para la creación de empresas a un máximo de una hora y llevar a cero el costo de creación de nuevas empresas en Chile, de manera de permitir al país, en esta materia, competir con naciones que actualmente se destacan en sus índices de facilitación en la creación de empresas, en especial considerando que tanto el factor tiempo para iniciar un negocio como el factor costo asociado al mismo, son los principales índices considerados por el Banco Mundial, para la elaboración del ranking “Doing Business” sobre competitividad internacional.”.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Enrique Van Rysselberghe.
El señor VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente , la Unión Europea ha fijado como objetivos de su política económica hacer más rápidos, económicos y eficientes los procedimientos administrativos para la formación de pequeñas y medianas empresas. Al efecto, en 2008, se dictó la ley de pymes en Europa, la que contiene un conjunto de recomendaciones que establecen un marco estratégico que pretende explotar el potencial de crecimiento e innovación de estas categorías de empresas.
En ese contexto, el Consejo Europeo recomendó a los Estados miembros la adopción de mecanismos para la creación -rápida y sencilla- de empresas en un plazo máximo de cinco días laborales, reduciendo y simplificando la tramitación de licencias comerciales y permisos necesarios, permitiendo a los emprendedores complementar por vía electrónica todas las formalidades y procedimientos necesarios.
En 2005, Portugal amplió tales recomendaciones y emprendió la iniciativa “Empresa en una hora”, la que permite a los ciudadanos cumplir sus trámites de constitución de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada de forma inmediata mediante un solo formulario y en un solo lugar. Los objetivos del programa “Empresa en una hora” fueron, principalmente, reducir el tiempo y la complejidad del proceso de creación de una empresa, aumentar la inversión extranjera, mediante un sistema de creación menos oneroso. Sus objetivos se cumplieron cabalmente y hoy en Lisboa la creación de una nueva empresa demora 36 minutos.
Ahora bien, otros países, entre ellos Dinamarca, han desarrollado igualmente sistemas simplificados y acelerados para la creación de nuevas empresas y se ha optado por el modelo de creación gratuita de nuevas empresas.
El Gobierno ha presentado proyectos de ley que van en esta dirección. Hace un par de meses, a fines de 2010, envió una iniciativa para la constitución inmediata de sociedades. Prontamente, la Comisión Pymes va a presentar un proyecto de sociedades individuales de responsabilidad limitada que también va en la misma dirección. En este contexto, el proyecto de acuerdo solicita fundamentalmente al Presidente de la República seguir en esa dirección, porque la creación de nuevas empresas implica nuevos empleos.
Hay que tener presente que el trabajo es el principal medio para derrotar la pobreza.
Por eso, pido a la Sala apoyar el proyecto de acuerdo para entregar una correcta señal al Ejecutivo.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
CREACIÓN DE CUENTA DE AHORRO PREVISONAL DE INICIO PARA MENORES.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- El señor Prosecretario dará lectura al proyecto de acuerdo N° 222.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 222, de los diputados señores Van Rysselberghe, Álvarez-Salamanca, Barros, Lobos, Norambuena, Urrutia, Baltolu, Bauer, Gutiérrez, don Romilio, y Delmastro, que en su parte dispositiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia el Presidente de la República tenga a bien enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que permita la creación de una cuenta de ahorro previsional de inicio para todo chileno o chilena que nazca en el territorio de la república, con un aporte inicial o préstamo solidario hecho por el Estado de 3 UF, con el propósito de establecer un mecanismo que asegure que todos los chilenos y chilenas cuenten con una base que asegure una pensión digna al momento de cumplir los 65 años de edad.”
El señor BECKER (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Van Rysselberghe.
El señor VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente , muchos abuelitos y abuelitas hoy no tienen cómo pagar sus gastos más básicos. En ese contexto, el presente proyecto de acuerdo describe en detalle una iniciativa legal que junto con algunos colegas de mi bancada le presentaremos al Ejecutivo en las próximas semanas y que describe una forma nueva para solucionar la referida situación.
Fundamentalmente -aludí lo mismo en un anterior proyecto de acuerdo-, se pretende asegurar a los chilenos la apertura, al momento de su nacimiento, de una cuenta de ahorro previsional con un depósito inicial, por ejemplo, de 60 mil pesos, el cual se mantendrá hasta los 65 años y que se traducirá finalmente en un monto acumulado de 60 millones, que podrá mensualizarse a modo de complementar y asegurar una pensión digna a las personas al momento de jubilar.
Por lo tanto, en ese contexto, pido a los colegas aquí presentes que apoyen el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , valoro lo que propone el presente proyecto de acuerdo, pues viene a complementar la reforma previsional de la Presidenta Bachelet , que establece una pensión básica solidaria de 75 mil pesos, pero que siempre se ha pensado como el piso de las pensiones en nuestro país, cifra que es posible incrementar a través de vías como la que se indica y que consiste en abrir una libreta de ahorro previsional desde el nacimiento con un monto que se estudiará en su momento para que cuando las personas cumplan la edad de jubilar reciban algo más que el citado beneficio.
Junto con otros parlamentarios le hemos estado dando vuelta a esta idea en virtud de la futura derogación de la Ley Reservada del Cobre que liberalizará una cantidad importante de recursos que, a mi juicio, deben ser empleados en iniciativas creativas como la que discutimos y otras de carácter productivo para que las personas perciban ingresos propios y a la hora de jubilar perciban una mejor pensión.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
SOLUCIÓN A DIFICULTADES DE FUNCIONAMIENTO POR SOBRECARGA EN JUZGADOS DE LETRAS Y GARANTÍA DE LEBU Y CURANILAHUE.
El señor BECKER (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 226, de los diputados señores Norambuena, Kast, Van Rysselberghe, Verdugo, Bobadilla, Martínez y Arenas, y de las diputadas señoras Hoffmann, doña María José; Molina, doña Andrea, y Zalaquett, doña Mónica, que en su parte dispositiva dice:
“1. Manifestar a su excelencia el Presidente de la República , la preocupación por las dificultades de funcionamiento en condiciones de sobrecarga laboral que en los últimos años experimentan los juzgados de letras y garantía de Lebu y Curanilahue.
2. Manifestar de igual modo a su excelencia el Presidente de la República , la disparidad de criterios, que en su momento se tuvo para establecer juzgados de familia o juzgados de garantía, en comunas de menos habitantes en desmedro de ciudades de más habitantes como Lebu, la cual además es capital de Provincia.
3. Solicitar a su excelencia el Presidente de la República , que ingrese al honorable Congreso Nacional, mediante mensaje presidencial, dos proyectos de ley Orgánica Constitucional que modifiquen el Código Orgánico de Tribunales.
4. El primer proyecto, con suma urgencia, para ordenar el funcionamiento transitorio de los Juzgados de Letras y Garantía de Lebu y Curanilahue, en la forma extraordinaria que indica el artículo 47 y 47 A del Código Orgánico de Tribunales, conocido como funcionamiento bicéfalo o juzgado bicéfalo, distribuyendo la competencia entre el juez titular y el secretario letrado del juzgado, para el tiempo intermedio que medie hasta la creación definitiva de los juzgados de garantía para Lebu y Curanilahue.
5. El segundo proyecto, para crear los juzgado de garantía de Lebu y Curanilahue, que es la solución definitiva a los graves problemas que enfrenta la administración de justicia en las ciudades antes indicadas.”.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación el proyecto de acuerdo N° 226.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
VII. INCIDENTES
RECONSIDERACIÓN DE DICTAMEN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE DIVISIBILIDAD DE AFILIACIÓN PREVISIONAL. ENVÍO AL CONGRESO NACIONAL DE PLAN DE INCENTIVO AL RETIRO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Oficios.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista.
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , voy a dar a conocer una inquietud de la Agrupación Regional de Empleados Fiscales de mi Región de Coquimbo .
Ellos piden que se modifique el dictamen de Contraloría N° 2.901, del 17 de enero del presente año “Sobre Solicitud de Reconsideración del dictamen N° 50.631, de 2003, relativo a la divisibilidad de afiliaciones previsionales.”.
Se pide la modificación del dictamen que emitió la Contraloría General de la República que suspendió, a contar del 17 de enero de este año, el beneficio que tenían los funcionarios públicos en el sentido de que los que cumplían más de 30 años de cotizaciones en la ex Caja de Empleados Públicos y Periodistas podían y tenían el derecho a solicitar la divisibilidad y reserva de períodos impositivos que consecuencialmente permite a los pensionados optar a una segunda jubilación.
Otra de las inquietudes que ellos me transmitieron y que reciben a diario de sus asociados es la reactivación, a la brevedad, de una iniciativa que busca solucionar la situación de muchos funcionarios públicos que no han podido jubilarse porque, de hacerlo, recibirían pensiones muy bajas.
Dicha iniciativa solicitaba al Presidente de la República , en julio de 2010, el envío al Parlamento de un plan de incentivo para el retiro de los funcionarios del sector público que efectivamente estimule a numerosos trabajadores a jubilarse pues, teniendo la posibilidad de hacerlo, se mantienen en sus puestos de trabajo debido a que las pensiones que recibirán son muy bajas en función de la tasa de reemplazo.
Por ello, se plantea mejorar algunos requisitos de la ley 20.212, que venció el 31 de julio del 2010 y que debería ser prorrogada, de manera que, insisto, cuando los trabajadores del sector público cumplan 65
años lo hombres y 60 las mujeres, afiliadas a las AFP o al Instituto de Previsión Social, el beneficio de este incentivo de retiro pueda ampliarse.
Así, se podrá disponer de un plan que realmente favorezca el retiro por la vía de acortar la brecha que se produce entre el ingreso actual y la tasa de reemplazo establecida por la pensión a que tendrían derecho.
En consecuencia, solicito que se oficie al ministro de Hacienda para comunicarle estas inquietudes y nos informe al respecto.
Por último, solicito que se envíe copia de esta intervención al señor Patricio Gómez Gallardo , vicepresidente regional de la ANEF de Coquimbo y al presidente regional de dicha agrupación.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención.
NUEVOS ANTECEDENTES A INVESTIGACIÓN SOBRE PLAN DE DESARROLLO COMUNAL EN PUYEHUE. Oficio.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , solicito se envíe un oficio a la Contraloría General de la República con el objeto de entregar a dicho órgano, a través de esta Cámara de Diputados y en mi rol de fiscalizador, nuevos antecedentes sobre un hecho que denunciamos a fines del mes de enero del presente año ocurrido en la comuna de Puyehue, que forma parte del distrito que represento en esta Corporación.
Allí se conoció un hecho que consideramos tremendamente vergonzoso. El concejal del Partido Socialista, Renato Uribe, logró comprobar que el plan de desarrollo comunal de la comuna de Puyehue, financiado con recursos de todos sus habitantes, era un simple plagio del plan de desarrollo comunal de Buin.
Por lo tanto, y dada la serie de grotescos antecedentes que se copiaron, pedimos a la Contraloría de la República la realización de una exhaustiva investigación de los hechos, toda vez que consideramos una burla para la comuna de Puyehue y sus habitantes que este plan de desarrollo comunal, repito, financiado con recursos de toda la gente de la comuna, haya señalado erradamente, producto de esta vil copia, entre otras cosas, que la comuna de Puyehue tenía rutas como la G-78, que va hacia Melipilla ; la G-46, que va a Carampangue.
Como si ello fuera poco, el plan de desarrollo comunal, financiado por los habitantes de Puyehue, estimaba que hacia el año 2015 la población de la comuna llegaría a las 82.700 personas. Al respecto, quiero decir a mis queridos colegas que Puyehue sólo tiene 14 mil habitantes.
Además, en vez de referirse a los hermosos lagos Puyehue y Rupanco, en la comuna de Puyehue, la copia hablaba, entre otras cosas, del río Mapocho. O sea, nos cambiaron la belleza de los lagos del sur de Chile por el río Mapocho, lo cual demuestra que se trata de un plagio realmente vergonzoso.
En los últimos días, la alcaldesa ha querido hacer entender a la comunidad -sobre la base de mentiras, como está acostumbrada- que el verdadero plan de desarrollo comunal le llegó por otras vías y que éste no era el verdadero, a pesar de que estaba en la página web y fue el que se le entregó a cada uno de los concejales.
Esto constituye un hecho tremendamente vergonzoso. Por tanto, pido que se oficie al Contralor General de la República para que ordene una investigación a fin de saber a través de qué medio, en qué fecha y qué hora fue ingresado el verdadero plan de desarrollo comunal. Si se realizó por la vía formal a través de Correos de Chile o por algún otro mecanismo. Ello, porque estoy seguro de que, una vez más, la alcaldesa está mintiendo.
En consecuencia, en las próximas horas haré entrega de todos estos antecedentes a la fiscalía de Osorno para que se investiguen estos hechos, ya que, independientemente de los montos involucrados, se trata de una actuación vergonzosa de una alcaldesa del Gobierno que ofreció un cambio a los chilenos.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
CIERRE DE UNIDAD DE TRATAMIENTO INTERMEDIO EN HOSPITAL REGIONAL DE COPIAPÓ. Oficio.
El señor BECKER (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Mixto PRSD-PC-Independiente, tiene la palabra el diputado Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , hoy en la Región de Atacama se cerró la Unidad de Tratamiento Intermedio del Hospital Regional de Copiapó, hecho realmente preocupante.
Ese establecimiento hospitalario es el más importante de la Región de Atacama, ya que tiene a su cargo el tratamiento más especializado en salud, pero con esta medida cualquier enfermo que requiera un tratamiento terapéutico especial va a tener que ir a Antofagasta o a La Serena, lo que representa más de 500 kilómetros de viaje. Vallenar tiene una unidad pequeña que funciona para una provincia.
Por lo tanto, el cierre de la Unidad de Tratamiento Intermedio del Hospital Regional de Copiapó constituye un hecho grave y demuestra que en las regiones existen falencias en materia de salud, sobre todo, por la dificultad que las regiones siempre han tenido para conseguir funcionarios especializados en tratamiento intermedio.
Según la dirección del hospital, una importante cantidad de técnicos paramédicos ha emigrado al sector privado, lo que ha provocado una falta importante de profesionales especializados. En el pasado, los técnicos paramédicos se formaban gratuitamente en los mismos hospitales. Con los años, se empezó a cobrar y actualmente su formación está en manos de institutos privados, donde, aun cuando reciben una buena enseñanza, no debemos olvidar que su rol es el lucro.
Por ello, es indispensable que las regiones lejanas tengan nuevamente la tuición en la formación de técnicos paramédicos, dada la notoria escasez de dichos profesionales en ellas. Lo mismo sucede con algunos profesionales del sector de salud público, quienes emigran al sector privado y no son reemplazados, como ocurre en el área de otorrinolaringología del hospital público de Copiapó, donde no hay suficiente personal para atender tan importante especialidad.
Chile necesita una reforma importante en tal sentido. Se le ha planteado este tema al ministro de Salud , pero no veo adelantos.
Por ello, pido que se envíe un oficio al ministro de Salud para que tome cartas en el asunto e informe a la Cámara sobre las medidas que se van a implementar para apoyar a hospitales como el de Copiapó, a fin de que disponga de funcionarios de otras reparticiones para que puedan apoyar el trabajo del hospital San José del Carmen de Copiapó, mientras consigue funcionarios estables y permanentes en su nivel de cuidados intensivos. Lo que no podemos dejar de hacer es dar atención a los pacientes.
Hace un tiempo se me informó -ahora entiendo las razones- que una persona falleció debido a una hemorragia importante durante el traslado desde Copiapó a Vallenar. En ese momento, no entendía las razones que llevaron a su traslado, pero hoy empiezo a comprender. Me parece muy preocupante que esto ocurra.
Reitero, pido que el ministro de Salud nos informe las medidas que va a tomar para solucionar esta situación; además, que señale cómo se va a paliar esto entre tanto. Asimismo, pido que acoja los planteamientos que le hemos hecho de considerar becas de formación distintivas para regiones como la de Atacama y otras más aisladas porque ameritan una mirada distinta de las autoridades del Ministerio de Salud.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
FISCALIZACIÓN A EMPRESA ESSBIO POR CORTE DE AGUA NO ANUNCIADO Y COMPENSACIONES PARA AFECTADOS. Oficio.
El señor ORTIZ ( Presidente accidente ).- El Comité Renovación Nacional cedió cinco minutos de su tiempo al diputado Carlos Abel Jarpa.
Tiene la palabra su señoría.
El señor JARPA.- Señor Presidente , agradezco al Comité de Renovación Nacional la gentileza por cederme parte de su tiempo.
El lunes 28 de febrero de 2011, alrededor de un 40 por ciento de la población urbana de la ciudad de Chillán quedó sin agua en sus hogares, producto de que el río Chillán, de donde se extrae este vital elemento, se encontraba cubierto por una alfombra de algas, lo que impedía el correcto tránsito de las aguas. Esta situación produjo gran alarma en las personas, ya que no hubo un pronunciamiento oficial de Essbio a la ciudadanía antes del supuesto corte programado ni después de la incómoda situación.
Los medios de comunicación locales se abocaron a obtener una respuesta de la empresa, pero ésta no se pronunció hasta pasadas las 19.00 horas del mismo día, aun cuando los cortes y la baja presión comenzaron alrededor de las 14.00 horas.
En razón de esta situación, el municipio tuvo que actuar rápidamente para solucionar el inconveniente y con camiones aljibes llevaron este vital elemento hasta los sectores más afectados. Sin embargo, la molestia de las personas -no sólo la molestia, sino también la preocupación- aumentaba al no tener una respuesta clara y hacerse eco de los rumores que indicaban que el corte se extendería por 72 horas.
Se vivieron momentos complicados, puesto que a muchas personas se les vinieron a la memoria los cortes de agua potable ocurridos como consecuencia del terremoto, lo que generó crisis colectiva porque la gente trató de abastecerse de agua mineral, lo que agotó el stock de todos los establecimientos comerciales que la distribuían.
En mi opinión, la situación puntual y el conflicto producido tienen tres aristas:
1°. Al parecer, Essbío no tiene procedimientos de rutina ni fiscaliza a los centros de agua potable de la ciudad. Si existieran, no se habría acumulado la cantidad de algas que había ese día y que impidieron el libre escurrimiento de las aguas.
2°. No hubo adecuada coordinación entre la empresa y los clientes, puesto que pasaron horas sin que se informara a la opinión pública sobre el corte del vital elemento, lo que causó graves problemas a la población.
3°. Al parecer, la calidad de las aguas que bebemos los chillanejos no es la que la gente se merece ni la que la empresa desea, puesto que la situación dejó de manifiesto una deficiente operatividad de la empresa a cargo.
Por todo lo antes mencionado, pido que se oficie al superintendente de Servicios Sanitarios, con el objeto de que, en primer lugar, fiscalice a la empresa Essbío y sus procedimientos regulares y, en particular, verifique la situación ocurrida el 28 de febrero de 2011 y, en segundo lugar, gestione y tramite todas las compensaciones del caso a la población afectada por este grave inconveniente.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz, Rosauro Martínez, Jorge Sabag, Cristián Campos y Juan Luis Castro.
Por haber cumplido con su objetivo, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.02 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 12.54 horas.
El señor BECKER (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA DISMINUIR EL DESEMPLEO EN OSORNO. Oficios.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente , acabamos de ser informados -así ha aparecido en un medio de comunicación- del índice de desempleo de la Región de Los Lagos elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Tenemos un triste récord: 12,5 por ciento de desempleo, con un aumento de más de 5 por ciento desde el último índice para la provincia. Osorno es la tercera ciudad del país en materia de cesantía y esto, desde luego, no constituye ningún privilegio ni nos puede alegrar; por el contrario, nos entristece y nos preocupa.
Creemos que la nueva forma de gobernar nos ha traído más desempleo que empleo. No se han articulado los instrumentos o procedimientos para aumentar el número de fuentes de trabajo en nuestra región.
Sin duda, esto está causando graves problemas sociales en la ciudad y en la provincia.
Solicito que se oficie al ministro del Interior y a la Subdere, con el objeto de que se destinen recursos extraordinarios para la ejecución de proyectos que signifiquen nuevas fuentes de trabajo.
Esperamos que dichos recursos se envíen a la municipalidad de Osorno, para que se concrete la realización de los proyectos de urgencia que se requieren. De lo contrario, la cesantía seguirá provocando malestar entre los ciudadanos.
Al mediodía de hoy hubo una manifestación bastante fuerte de los cesantes en Osorno, lo que significa que está comenzando a vislumbrarse una inquietud ciudadana y una protesta que no queremos que siga aumentando.
Asimismo, que se oficie a la ministra de Vivienda, con el propósito de que se materialice la entrega de subsidios que no han sido enviados.
La región necesita de mayores proyectos, de más infraestructura, de agilización de otras iniciativas que están atrasadas y la reconsideración de proyectos que han sido cancelados para la provincia.
Solicito que los oficios se envíen a la brevedad, para que los ministerios indicados dispongan la realización de proyectos que puedan absorber mano de obra.
Se trata de un SOS para nuestra ciudad y nuestra provincia.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INVESTIGACIÓN SOBRE PROYECTO DE REPOSICIÓN DEL ESTADIO DE QUELLÓN. Oficios.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente , solicito que se oficie al Contralor General de la República , con el objeto de que disponga una investigación al proyecto denominado “Reposición del Estadio de Quellón”, por un monto de 504 millones de pesos y fracción, que se inició el 5 de mayo de 2009 y cuya fecha de término expiraba el 4 de febrero de 2010.
Quiero saber si se cumplieron las normas administrativas y legales correspondientes y si se ejecutó el proyecto tal como se había adjudicado.
El proyecto denominado “Reposición del Estadio de Quellón”, consiste fundamentalmente en la colocación en la cancha de una carpeta sintética de pasto, que ayuda a la práctica del fútbol.
Luego de bastante tiempo de ejecutada la obra, la cancha no sirve, está llena de dificultades, presenta problemas en varias partes, cuestión notoria y de público conocimiento en la comunidad, porque el proyecto no habría sido hecho de acuerdo con su concepto original, fundamentalmente en lo que se refiere a drenaje. Se habrían realizado modificaciones no autorizadas por ninguna autoridad competente y la Dirección de Obras Municipales no ha fiscalizado adecuadamente la ejecución del proyecto, faltando a las normas que rigen su funcionamiento.
Hay una boleta de garantía por más o menos 25 millones de pesos que vence el 30 de marzo de 2011. La boleta debe ser cobra-
da, de lo contrario, esos 25 millones de pesos no se recuperarán.
Por lo tanto, reitero mi petición a la Contraloría General de la República para que haga la investigación correspondiente y emita un pronunciamiento.
También pido oficiar al alcalde de la municipalidad de Quellón y al concejo, a fin de que exijan el pago de la boleta de garantía por 25 millones de pesos a la empresa constructora que ejecutó mal las obras, la cual, como dije, vence el 30 de marzo de 2011.
He dicho.
El señor OJEDA ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.01 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados
En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:
Al artículo 2°
1) Para reemplazar en la letra b) del N°4, la coma (,) por un punto y coma (;) e incorporar la siguiente frase final:”, salvo lo dispuesto en la letra a), N° 1 del artículo 9 de la presente ley en relación a las opciones de suscripción preferente a favor de los accionistas;”.
Al artículo 5°
2) Para introducir las siguientes modificaciones:
a) En el número 4, letra a) se sustituye el texto a continuación de los dos puntos (:), por el siguiente:”Al momento de la celebración o adquisición del contrato de derivado, los contribuyentes que opten por esta alternativa, deberán contabilizar y valorizar los derechos y obligaciones que de él emanan en la misma forma que deben contabilizarse y valorizarse los activos subyacentes de conformidad al respectivo contrato.
Tales derechos u obligaciones deberán ser corregidos monetariamente, al término de cada ejercicio, en la misma forma que deben ser corregidos los activos subyacentes, de acuerdo al artículo 41 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
Las diferencias positivas o negativas que se produzcan a consecuencia de la valorización señalada en los párrafos anteriores, constituirán una utilidad o pérdida del ejercicio, según corresponda.
En caso de cederse o liquidarse un contrato derivado los resultados que procedan de tal cesión o liquidación, en su caso, deberán considerarse como utilidad o pérdida en dicho ejercicio, entendido ésta como la diferencia entre la valoración efectuada de conformidad a los párrafos anteriores y el valor de cesión o liquidación según corresponda.”.
b) En el inciso segundo del literal iii) de la letra b) del número 4, se sustituye la frase “justo o razonable del derivado a la fecha de la cesión o liquidación(,)”, por la frase “de liquidación o de cesión del mismo, según corresponda(,)”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN , Ministro de Hacienda .”
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica ley Nº 19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, con el objeto de promover las presentaciones de música en vivo. (Boletín 7449-11) en todos sus trámites constitucionales –incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, la que, para los efectos de los dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 2 de marzo de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal, correspondiente al Boletín Nº 3.778-18, con las siguientes modificaciones:
Artículo primero.-
Número 1.
Ha reemplazado, en el artículo 89 bis que propone, la locución “artículos 411 bis y 411 quáter” por “artículos 411 bis, 411 ter, 411 quáter y 411 quinquies”, y el vocablo “corporales” por la expresión “privativas de libertad”.
-o-
Ha consultado un numeral 3, nuevo, del siguiente tenor:
“3. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 369 ter:
a) Elimínase, en su inciso primero, la expresión “367 bis,”.
b) Reemplázase, en su inciso final, la referencia a la “ley Nº 19.366” por otra a la “ley Nº 20.000”.”.
-o-
Número 3.
Ha pasado a ser número 4, con las siguientes enmiendas:
Artículos 411 bis, 411 ter, y 411 quáter
Los ha reemplazado por los siguientes artículos 411 bis, 411 ter, 411 quáter y 411 quinquies:
“Artículo 411 bis.- Tráfico de migrantes. El que con ánimo de lucro facilite o promueva la entrada ilegal al país de una persona que no sea nacional o residente, será castigado con reclusión menor en su grado medio a máximo y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.
La pena señalada en el inciso anterior se aplicará en su grado máximo si se pusiere en peligro la integridad física o salud del afectado.
Si se pusiere en peligro la vida del afectado o si éste fuere menor de edad, la pena señalada en el inciso anterior se aumentará en un grado.
Las mismas penas de los incisos anteriores, junto con la de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo, se impondrá si el hecho fuere ejecutado, aun sin ánimo de lucro, por un funcionario público en el desempeño de su cargo o abusando de él. Para estos efectos se estará a lo dispuesto en el artículo 260.
Artículo 411 ter.- El que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de personas para que ejerzan la prostitución en el territorio nacional o en el extranjero, será castigado con la pena de reclusión menor en su grado máximo y multa de veinte unidades tributarias mensuales.
Artículo 411 quáter.- El que mediante violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra capte, traslade, acoja o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, incluyendo la pornografía, trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a ésta, o extracción de órganos, será castigado con la pena de reclusión mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.
Si la víctima fuere menor de edad, aun cuando no concurriere violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, se impondrán las penas de reclusión mayor en su grado medio y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.
El que promueva, facilite o financie la ejecución de las conductas descritas en este artículo será sancionado como autor del delito.
Artículo 411 quinquies.- Los que se asociaren u organizaren con el objeto de cometer alguno de los delitos de éste párrafo serán sancionados, por éste solo hecho, conforme a lo dispuesto en los artículo 292 y siguientes de este Código.”.
Artículo 411 quinquies
Ha pasado a ser artículo 411 sexies, sustituyéndose el inciso primero por el que sigue:
“Artículo 411 sexies.- El tribunal podrá reducir la pena en dos grados al imputado o acusado que prestare cooperación eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos investigados o permita la identificación de sus responsables, o que sirva para prevenir o impedir la perpetración o consumación de igual o mayor gravedad.”.
Artículo 411 sexies
Ha pasado a ser artículo 411 septies, reemplazado por el siguiente:
“Artículo 411 septies.- Para los efectos de determinar la reincidencia del artículo 12, circunstancia 16ª, en los delitos sancionados en este párrafo, se considerarán también las sentencias firmes dictadas en un Estado extranjero, aun cuando la pena impuesta no haya sido cumplida.”.
-o-
Ha consultado como artículo 411 octies, nuevo, el siguiente:
“Artículo 411 octies.- Previa autorización del juez de garantía competente, el fiscal podrá autorizar, en las investigaciones por los delitos previstos en el presente párrafo, que funcionarios policiales se desempeñen como agentes encubiertos y, a propuesta de dichos funcionarios, que determinados informantes de esos servicios actúen en esa calidad.
Cuando existieren sospechas fundadas de que una persona o una organización delictiva hubiere cometido o preparado la comisión de alguno de los delitos indicados en este párrafo, y la investigación lo hiciere imprescindible, el tribunal, a petición del Ministerio Público, podrá autorizar la interceptación o grabación de las telecomunicaciones de esa persona o de quienes integraren dicha organización, la fotografía, filmación u otros medios de reproducción de imágenes conducentes al esclarecimiento de los hechos y la grabación de comunicaciones. En lo demás, se estará íntegramente a lo dispuesto en los artículos 222 a 225 del Código Procesal Penal.
Estas técnicas podrán ser utilizadas por el fiscal sea que se trate de una persona, un grupo de personas o una organización delictiva que hubiere cometido o preparado la comisión de los delitos señalados en este artículo.
En todo aquello no regulado por este artículo los agentes encubiertos e informantes se regirán por las disposiciones respectivas de la ley Nº 20.000.”.
-o-
Artículo segundo.-
Número 1.
-Ha reemplazado, en su encabezamiento, la frase “los siguientes artículos, nuevos, del siguiente tenor:”, por “el siguiente artículo, nuevo:”.
-Ha sustituido el artículo 78 bis que propone por el siguiente:
“Artículo 78 bis.- Protección de la integridad física y psicológica de las personas objeto del tráfico ilícito de migrantes y víctimas de trata de personas. El Ministerio Público adoptará las medidas necesarias, o las solicitará, en su caso, tendientes a asegurar la protección de las víctimas de estos delitos durante el proceso penal, teniendo presente la especial condición de vulnerabilidad que las afecta.
Cuando se trate de menores de dieciocho años, los servicios públicos a cargo de la protección de la infancia y la adolescencia deberán facilitar su acceso a las prestaciones especializadas que requieran, especialmente, aquellas tendientes a su recuperación integral y a la revinculación familiar, si fuere procedente de acuerdo al interés superior del menor de edad.
En los casos en que las víctimas de los delitos establecidos en los artículos 411 bis y 411 quáter del Código Penal carezcan de representante legal o cuando, por motivos fundados, el juez estime que los intereses de las personas menores de edad son independientes o contradictorios con los de aquel a quien corresponda representarlo, el juez le designará un curador ad litem de cualquier institución que se dedique a la defensa, promoción o protección de los derechos de la infancia.”.
-Ha suprimido el artículo 78 ter.
Números 2. y 3.
Los ha reemplazado por los siguientes:
“2. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 198, la frase “artículos 361 a 367 bis”, las dos veces que aparece, por “artículos 361 a 367”.
3. Sustitúyese, en el inciso sexto del artículo 237, la frase “361 a 366 bis, 367 y 367 bis del Código Penal” por “361 a 366 bis y 367 del Código Penal”.”.
Artículo tercero.-
Número 2.
Ha reemplazado, en el inciso segundo del artículo 33 bis que propone, la conjunción “y” por “o”.
-o-
Ha consultado un artículo séptimo, nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo séptimo.- Reemplázase en el inciso primero, letra a), del artículo 27 de la ley Nº 19.913, la frase “artículos 141, 142, 366 quáter, 367 y 367 bis del Código Penal” por “artículos 141, 142, 366 quáter, 367, 411 bis, 411 ter, 411 quáter y 411 quinquies del Código Penal”.
-o-
Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto afirmativo de 27 Senadores, de un total de 37 en ejercicio.
En particular, el artículo 411 octies propuesto en el número 4 del artículo primero, y el artículo 78 bis propuesto en el número 1 del artículo segundo del texto despachado por el Senado, fueron aprobados con el voto favorable de 23 Senadores, de un total de 32 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 6.762, de 18 de abril de 2007.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA , Secretario General (S) del Senado.”
4. Oficio del H. Senado
“Valparaíso, 1° de marzo de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo de la Moción, informe y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Otórgase la nacionalidad chilena, por especial gracia, al señor Eduardo Alberto Pedro Simon Bernheim .”.
-o-
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA , Secretario General (S) del Senado.”
5. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 2 de marzo de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo de la Moción, informes y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Incorpórase en el decreto con fuerza de ley N° 4, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2007, Ley General de Servicios Eléctricos, el siguiente artículo 149 bis, nuevo:
“Artículo 149 bis.- Los usuarios finales que dispongan para su propio consumo de equipamiento de generación de energía eléctrica por medios renovables no convencionales tendrán derecho a inyectar la energía que de esta forma generen a la red de distribución a través de los respectivos empalmes.
Se entenderá por energías renovables no convencionales aquellas definidas como tales en la letra aa) del artículo 225 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
Un reglamento establecerá las condiciones técnicas mínimas de la conexión, las especificaciones técnicas que deberá cumplir el equipamiento requerido para materializar las inyecciones, el mecanismo para la determinación de los costos de las adecuaciones que deban realizarse a la red, las actividades de mantenimiento e intervención de la misma, las capacidades máximas a instalar, los límites de inyección máxima que podrá realizar un usuario final a la red de distribución y la inyección máxima que podrá recibir una red de distribución de usuarios finales según esta ley. Las inyecciones máximas deberán definirse siguiendo criterios de seguridad operacional y de la configuración de la red de distribución. Asimismo, el reglamento determinará el procedimiento mediante el cual los clientes podrán solicitar a la distribuidora correspondiente la habilitación de la inyección de excedentes, previo informe de la Superintendencia.
Las inyecciones de energía señaladas en el inciso primero serán valorizadas al precio promedio a nivel de subestación de generación-transporte al que compra la energía la concesionaria de servicio público de distribución o cooperativa eléctrica que suministra al usuario final. Los retiros de energía y potencia realizados por los usuarios finales, sujetos a fijación de precios de acuerdo a lo señalado en el numeral 1 del artículo 147, serán valorizados en conformidad con lo establecido en el artículo 181.
Las inyecciones de energía valorizadas conforme al inciso precedente deberán ser descontadas de la facturación del mes en el cual se realizaron dichas inyecciones. De existir un remanente a favor del cliente, el mismo se descontará en la o las facturas subsiguientes. Dichos remanentes deberán ser ajustados de acuerdo al Índice de Precios del Consumidor, o el instrumento que lo reemplace, según el procedimiento que establezca la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
La estructura tarifaria y el valor agregado de distribución que se establezca conforme a los artículos 181 y 182 no podrán significar costos adicionales a los clientes que no dispongan de equipamiento de generación de energía eléctrica conforme al inciso primero de este artículo, correspondiendo al cliente que disponga del equipamiento señalado anteriormente cubrir todos los costos asociados a su implementación.
Para efectos de la aplicación de lo establecido en este artículo las concesionarias de servicio público de distribución o cooperativas eléctricas deberán disponer un contrato tipo, con las menciones mínimas que establezca la Comisión mediante resolución, entre las que se deberán considerar, al menos, el equipamiento de generación del usuario final, la capacidad de generación, la opción tarifaria, la propiedad del equipo medidor y demás conceptos básicos que establezca el reglamento. El contrato tipo deberá estar publicado en la página web de la correspondiente concesionaria de servicio público de distribución o cooperativa eléctrica.”.
Artículo transitorio.- Esta ley entrará en vigencia una vez que se dicte el reglamento a que se refiere el artículo149 bis.
Durante el período comprendido entre la fecha de publicación del reglamento del artículo 149 bis y hasta la entrada en vigencia de la fijación de tarifas del valor agregado de distribución correspondiente al cuadrienio 2012-2015, los clientes que deseen inyectar sus excedentes de energía a la red, de acuerdo a lo señalado en el artículo 149 bis, y para efectos del pago de sus retiros de energía y potencia, podrán seguir adscritos a la opción tarifaria contratada a esa fecha.”.
-o-
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA , Secretario General (S) del Senado.”
6. Oficio del H. Senado
“Valparaíso, 2 de marzo de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el “Acuerdo de Inversión entre la República de Chile y la República Oriental del Uruguay y sus Anexos”, suscrito en Montevideo, Uruguay , el 25 de marzo de 2010, correspondiente al Boletín Nº 6.920-10.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 8.823, de 17 de junio de 2010.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA , Secretario General (S) del Senado.”
7. Moción de las diputadas señoras Isasi , doña Marta ; Goic, doña Carolina ; Sabat , doña Marcela ; Sepúlveda , doña Alejandra , y de los diputados señores Auth , Castro , Chahín , Meza , Pérez, don José , y Rojas.
Modifica el artículo 32 de la Constitución Política de la República con el objeto de limitar las atribuciones del Presidente de la República en el nombramiento de autoridades y funcionarios que indica. (boletín N° 7508-07)
Fundamentos del proyecto.
El artículo 32 de la Constitución Política de la República, contiene en sus diversos numerales, las atribuciones especiales que corresponden al Presidente de la República , estableciéndose en su Nº 7, la de nombrar y remover a su voluntad a los Ministros de Estado , subsecretarios, intendentes y gobernadores, y en su Nº 10º, se señala que puede nombrar y remover a los funcionarios que la ley denomina como de su exclusiva confianza y proveer los demás empleos civiles en conformidad a la ley.
Si bien tales atribuciones son características del sistema presidencialista que caracteriza a nuestro ordenamiento jurídico-constitucional, consideramos que no puede exacerbarse dicha potestad discrecional, en el sentido de nombrarse para tal cargos a autoridades o representantes de la soberanía popular, elegidos en los términos establecidos en el artículo 5º de la misma Carta Fundamental.
Se han visto casos recientes de Senadores que han sido designados Ministros de Estado , en determinadas carteras, con lo cual, además de contravenir la decisión de los electores que han elegido a dichos representantes de sus intereses, en elecciones legítimas, efectuadas conforme a la ley, se les priva injustificadamente de sus representantes, lo cual importa un verdadero desprecio por los resultados de las elecciones que han permitido a dichas autoridades acceder a sus cargos, y se les reemplaza, de conformidad al artículo 51 de la misma Carta Fundamental, por decisiones emanadas de las cúpulas de los respectivos partidos, a los cuales pertenecen los parlamentarios que han sido designados en otros cargos gubernamentales, nominaciones parlamentarias que pueden recaer en personas que no tienen ninguna afinidad o arraigo con el distrito o circunscripción que deberán representar y solo obedecen a motivos de carácter político-partidista.
De igual modo, se ha podido constatar que se han designado en cargos de confianza, propios de representación política del Gobierno, en una determinada región, a personas que desempeñaban un cargo de genuina representación popular, como es el de Alcalde o de Concejal de una comuna, lo cual también constituye un desconocimiento de la voluntad popular que en elecciones legítimas y democráticas dio su preferencia a un candidato o una candidata para que desempeñara dicho cargo comunal.
En tal virtud, y si bien, es necesario dotar a la máxima autoridad de la República de las atribuciones para nombrar a las autoridades y funcionarios de confianza que colaborarán a su gestión, es necesario limitar tales facultades, de modo que tales designaciones no recaigan sobre autoridades que han sido elegidas democráticamente, desconociendo de esta forma la voluntad popular manifestada en las respectivas elecciones.
Consecuente con lo anterior, venimos en someter a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:
Artículo único: Modifícase el texto del artículo 32 de la Constitución Política de la República, en la siguiente forma:
a) En su Nº 7, reemplázase la coma (,) que sigue a la palabra “gobernadores” por un punto final (.), y agrégase la siguiente oración: “Dichos nombramientos no pueden recaer en caso alguno, en autoridades de representación popular en ejercicio, tales como senadores, diputados, alcaldes, concejales y consejeros regionales de Gobierno”.
b) En su Nº 10, a continuación de la palabra “ley” a la que le sigue un punto final, intercálase la siguiente oración: “Tales nombramientos no pueden recaer en caso alguno, en autoridades de representación popular en ejercicio, tales como senadores, diputados, alcaldes, concejales y consejeros regionales de Gobierno”.
8. Moción de los señores diputados Burgos , Walker , Ascencio , Harboe , Browne , Espinoza, don Fidel ; Montes y Venegas, don Mario .
Modifica la ley Nº 19.327, estableciendo la responsabilidad de los dirigentes deportivos por los daños que causen las barras de sus clubes. (Boletín N° 7509-07).
Antecedentes
Han pasado más de 15 años desde la vigencia de la ley Nº 19.327, llamada ley de violencia en los estadios, y varios intentos por perfeccionarla han quedado en el registro de las buenas intenciones.
En todos estos años han sido excepcionales las condenas por hechos de violencia ocurridos con ocasión de eventos deportivos y parece ser evidente el escaso efecto disuasivo que han tenido sus normas, pues los hechos de violencia siguen siendo la principal noticia cuando hay espectáculos deportivos de alta convocatoria.
El ejemplo de países desarrollados con una importante cultura futbolística nos demuestra que esto no es ni lo normal ni lo correcto. Creemos que sí es posible y necesario recuperar los eventos deportivos como un espacio de sano esparcimiento, abierto a la familia y a la comunidad. Algunos sostienen que se trata sólo de mayor desarrollo económico o cultural y que por ello alcanzar el mismo nivel de civilidad de las grandes ligas deportivas del mundo es una meta de largo plazo. No estamos de acuerdo, en esta materia lo fundamental es el convencimiento y el compromiso de las autoridades políticas y de las dirigencias deportivas, se trata de decisiones que las sociedades han tomado para desterrar la violencia de las llamadas barras bravas, en Chile también podemos hacerlo.
En esta decisión social un rol clave lo juegan los clubes deportivos, sin la colaboración y compromiso de ellos y sus dirigentes no será posible terminar con la violencia en los estadios. Lamentablemente, ni siquiera con el cambio mayoritario de régimen jurídico de las organizaciones deportivas a ser sociedades anónimas se ha notado que haya mejoras al respecto.
Tal parece ser que las barras bravas son respaldadas y financiadas por los mismos clubes, en una connivencia que tiende a frustrar los esfuerzos que el Estado y la sociedad han intentado desplegar para terminar con la violencia deportiva.
Un nuevo marco normativo, la misma realidad
Cuando en el año 2005 se aprobó la ley Nº 20.019, que regula las sociedades deportivas profesionales, los chilenos sentamos un marco jurídico adecuado para contribuir a la profesionalización de la gestión deportiva en el país, creyendo que con ello el fenómeno de las barras bravas y de la violencia sería considerado un riesgo para esta profesionalización y también, por qué no decirlo, un riesgo para el negocio, pues ahuyentaba a las personas de los estadios y ofrecía un triste espectáculo de chabacanería y subdesarrollo indignos de una sociedad que pretende alcanzar la modernidad como la nuestra.
Pero tras cinco años de vigencia y la incorporación al nuevo marco jurídico de los tres clubes con principal arrastre entre la afición al esquema de sociedades anónimas deportivas profesionales, aún los hechos de violencia, incluso durante los entrenamientos de los equipos, se mantienen como si nada de esto hubiera ocurrido.
Atendido que las relaciones entre las barras y los clubes ha estado tradicionalmente protegidas por el silencio y la oscuridad, y que ello ha redundado en continuas sospechas y rumores de acuerdos entre dirigentes de clubes y dirigentes de las barras que les otorgan a estos últimos una suerte de inmunidad para actuar, es que estimamos necesario avanzar hacia un esquema en que se obligue a los dirigentes deportivos a ser parte de la solución y dejen de ser, de una vez y para siempre, parte del problema.
Descripción del proyecto
Por una parte el proyecto propone avanzar en materia de transparencia, pues obliga a que cualquier apoyo monetario o avaluable monetariamente con que los Clubes Deportivos beneficien a sus respectivas barras debe ser público. Con ello estimamos quedaría claro para la comunidad y para las autoridades cómo y de qué manera los mismos Clubes que se supone rechazan la violencia en los estadios, por otro lado respaldan o financian a sus principales exponentes. Además, a fin de evitar que por vías indirectas de burle este deber de transparencia, se busca prohibir cualquier traspaso hacia las barras distinto de los anteriores.
En segundo lugar, junto con aumentar las sanciones para los representantes de los clubes deportivos que, por negligencia o descuido culpable en el cumplimiento de las obligaciones que les impone la ley de violencia en los estadios contribuyan o faciliten la comisión de los delitos previstos en la ley, además se establece una presunción simplemente legal de negligencia o descuido culpable cuando se efectúe apoyo financiero a personas que hayan estado involucradas en hechos de violencia.
En tercer lugar, atendido que a partir de la vigencia de la ley sobre sociedades anónimas deportivas es evidente el carácter de negocio privado del fútbol profesional, no es posible seguir aceptando que las externalidades negativas de los espectáculos de alta convocatoria, y protagonizadas por personas y grupos que amparados por los mismos clubes, tengan que sólo ser soportadas por los vecinos a los recintos deportivos o por la sociedad en su conjunto, por ello se propone la responsabilidad solidaria de los clubes y sus dirigentes. Esperamos que ello los disuada acerca de la necesidad de precaver y evitar los hechos de violencia protagonizados bajo la excusa del entusiasmo deportivo.
Finalmente, se contempla un artículo transitorio que establece una vacancia legal de seis meses, tiempo durante el cual deberá dictarse el reglamento para el registro de actividades de promoción indicado en el artículo 4 bis propuesto.
Por las razones expuestas venimos en presentar el siguiente Proyecto de Ley:
PROYECTO DE LEY PARA MODIFICAR LA LEY Nº 19.327:
Artículo 1º.- Agrégase a la ley Nº 19.327 el siguiente artículo 4º BIS, nuevo:
“Artículo 4º BIS.- Toda contribución en dinero o estimable en dinero, efectuada por una organización deportiva a una barra o integrante de ella, en razón de su pertenencia a ésta, sea que se materialice bajo la forma de mutuo, donación, comodato o cualquier acto o contrato a título gratuito, deberá ser registrada contablemente y comunicada a las autoridades del fútbol profesional y a la Intendencia respectiva en la forma, plazos y condiciones determinados por el reglamento a que se refiere el inciso siguiente.
Las organizaciones deportivas deberán, en los términos, plazos y condiciones fijados por un reglamento emitido a través del Ministerio del Interior, llevar un registro con todas sus actividades de promoción y de apoyo a las barras, en el que deberá constar la individualización precisa de las personas beneficiadas, la clase de actividad o promoción, la fecha y el evento deportivo al que estuvieron asociadas.
La omisión del deber de informar, la entrega o registro de información parcial o con infracción a lo señalado por el reglamento será sancionada con multa de 100 a 200 unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal, que se duplicará en caso de reincidencia.
Se prohíbe a los representantes legales de las organizaciones deportivas, socios, miembros de directorio y accionistas de sociedades anónimas deportivas entregar personalmente o por interpósita persona cualquier tipo de financiamiento o apoyo económico o material a la barra o integrantes de ella. La infracción de esta prohibición será sancionada de la manera indicada en el inciso anterior.”.
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 6º de la ley Nº 19.327, en el siguiente sentido:
a) Para reemplazar el inciso séptimo por los siguientes dos incisos:
“Los representantes legales de los clubes participantes en el espectáculo, que, por negligencia o descuido culpable en el cumplimiento de las obligaciones que les impone la presente ley, contribuyeran o facilitaren la comisión de las conductas tipificadas en los incisos primero y segundo, serán sancionados con multa de doscientas a cuatrocientas unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal, que se duplicará en caso de reincidencia. Se presumirá la negligencia o el descuido cuando se hayan facilitado o financiado el transporte o su entrada al recinto deportivo a personas que dentro de los cinco años anteriores hayan sido condenadas por cualquier delito que merezca pena corporal, estén o no registradas como integrantes de la barra.
Las sanciones previstas en el inciso anterior se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades criminales que se deriven de la aplicación del artículo 492 del Código Penal.”.
b) Para agregar el siguiente inciso final, nuevo: “Los clubes y sus representantes legales serán solidariamente responsables de los daños patrimoniales que integrantes de sus barras, identificados o no como tales, pero que actuando al alero de ellas, ocasionen con motivo de la realización de un espectáculo de fútbol profesional.”.
Artículo Transitorio.- Esta ley comenzará a regir seis meses después de su publicación en el diario oficial, dentro de dicho plazo deberá dictarse el reglamento a que hace alusión el artículo 4 bis introducido a la ley Nº 19.327.”
9. Oficio de la Corte Suprema.
“Oficio N° 23-2011
Informe proyecto de ley 2-2011
Antecedente: Boletín N° 7401-14
Santiago, 1 de Febrero de 2011
Por Oficio N° 9187 de 4 de enero último, la señora Presidenta de la H. Cámara de Diputados, en virtud de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, ha requerido de esta Corte informe respecto del proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, en materias de seguridad.
Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión del día 31 de Enero del presente, presidida por su titular don Milton Juica Arancibia y con la asistencia de los Ministros señores Adalis Oyarzún Miranda , Jaime Rodríguez Espoz , señora Margarita Herreros Martínez , señores Hugo Dolmestch Urra , Patricio Valdés Aldunate , Pedro Pierry Arrau , señoras Gabriela Pérez Paredes y Sonia Araneda Briones , señores Haroldo Brito Cruz , Guillermo Silva Gundelach , señoras Rosa María Maggi Ducommun y Rosa Egnem Saldías y señor Roberto Jacob Chocair , acordó informarlo favorablemente al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:
“Santiago, treinta y uno de enero de dos mil once.
Vistos y teniendo presente:
Primero: Que por Oficio N° 9187, de 4 de enero último, la señora Presidenta de la Cámara de Diputados , de conformidad a lo dispuesto en los artículos 77 de Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ha solicitado a esta Corte Suprema informe respecto del proyecto de ley, iniciado por moción, que modifica la Ley N' 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria en materias de seguridad.
El proyecto introduce modificaciones al artículo 36 de citada ley y, además, propone incorporar un nuevo artículo 36 bis.
Segundo: Que el texto del proyecto es del siguiente tenor:
“ARTÍCULO PRIMERO: Agregase el siguiente párrafo al inciso primero del artículo N° 36 de la Ley 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria:
Asimismo, deberá contratarse un seguro contra terremotos, en los mismos términos y condiciones utilizadas para la contratación de seguros contra incendios.
ARTÍCULO SEGUNDO: Agregase el siguiente inciso cuarto al artículo N° 36 de la Ley 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria:
Para cumplir con lo establecido en el inciso anterior, será obligatorio para el Comité de Administración, señalizar claramente cuáles son las vías de evacuación, los lugares de seguridad y toda aquella que sirva para mantener el orden y seguridad que le correspondan a cada unidad del condominio ante un siniestro.
ARTÍCULO TERCERO: Agregase el siguiente inciso quinto al artículo N° 36 de la Ley 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria:
Asimismo, el Comité de Administración deberá realizar una vez cada 12 meses el denominado Plan Cooper (Ex operación DEYSE), para lo cual podrán solicitar ayuda al Cuerpo de Bomberos que se encuentre más cercano al condominio, con el fin de educar e informar a la comunidad acerca de las medidas de seguridad implementadas en el condominio.
ARTÍCULO CUARTO: Agregase el siguiente artículo N° 36 Bis a la Ley 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria:
Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, el Cuerpo de Bomberos que se encuentre más cercano al condominio, deberá fiscalizar su cumplimiento.
Las infracciones a lo dispuesto en el artículo anterior, serán de competencia de los Jueces de Policía Local del lugar en donde se cometió la infracción y se sancionarán con la siguiente pena:
Multa, a beneficio del Cuerpo de Bomberos respectivo, de 3 a 5 Unidades Tributarias Mensuales, cuando el condominio, a través del Comité de Administración, no cuente con lo dispuesto en el artículo anterior. La multa se aumentara al doble en caso de reincidencia”
De aprobarse el proyecto propuesto, el artículo 36 de ley antes mencionada, quedaría de la siguiente manera:
“Articulo 36.- Salvo que el reglamento de copropiedad establezca lo contrario, todas las unidades de un condominio deberán ser aseguradas contra riesgo de incendio, incluyéndose en el seguro los bienes de dominio común en la proporción que le corresponda a la respectiva unidad. Cada copropietario deberá contratar este seguro y, en caso de no hacerlo, lo contratará el administrador por cuenta y cargo de aquél, formulándole el cobro de la prima correspondiente conjuntamente con el de los gastos comunes, indicando su monto en forma desglosada de éstos. Al pago de lo adeudado por este concepto, se aplicarán las mismas normas que rigen para los gastos comunes. Asimismo, deberá contratarse un seguro contra terremotos, en los mismos términos y condiciones utilizadas para la contratación de seguros contra incendios.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, deberá mantenerse en el archivo de documentos del condominio un plano del mismo, con indicación de los grifos, sistemas de electricidad, agua potable, alcantarillado y calefacción, de seguridad contra incendio y cualquier otra información que sea necesario conocer para casos de emergencia.
Todo condominio deberá tener un plan de emergencia ante siniestros, como incendios, terremotos y semejantes, que incluya medidas para tomar, antes, durante y después del siniestro, con especial énfasis en la evacuación durante incendios. La confección de este plan será responsabilidad del Comité de Administración, que deberá someterlo a aprobación de una asamblea extraordinaria citada especialmente a ese efecto, dentro de los primeros tres meses de su nombramiento.
Para cumplir con lo establecido en el inciso anterior, será obligatorio para el Comité de Administración, señalizar claramente cuáles son las vías de evacuación, los lugares de seguridad y toda aquella que sirva para mantener el orden y seguridad que le correspondan a cada unidad del condominio ante un siniestro.
Asimismo, el Comité de Administración deberá realizar una vez cada 12 meses el denominado Plan Cooper (Ex operación DEYSE), para lo cual podrán solicitar ayuda al Cuerpo de Bomberos que se encuentre más cercano al condominio, con el fin de educar e informar a la comunidad acerca de las medidas de seguridad implementadas en el condominio.
El plan de emergencia, junto con los planos del condominio detallados según necesidad, será actualizado anualmente por el Comité de Administración respectivo y copia del mismo, junto con los planos, serán entregados a la unidad de carabineros y de bomberos más cercana, las que podrán hacer llegar al Comité de Administración las observaciones que estimaren pertinentes.
Los copropietarios, arrendatarios u ocupantes de las unidades que componen el condominio están obligados a facilitar la expedición de revisiones o certificaciones en el interior de sus unidades, cuando hayan sido dispuestas conforme a la normativa vigente. Si no otorgaren las facilidades para efectuarlas, habiendo sido notificados por escrito por el administrador en la dirección que cada uno registre en la administración, serán sancionados conforme a lo dispuesto en el artículo 32.
Si se viere comprometida la seguridad o conservación de un condominio sea respecto de sus bienes comunes o de sus unidades, por efecto de filtraciones, inundaciones, emanaciones de gas u otros desperfectos, para cuya reparación fuere necesario ingresar a una unidad, no encontrándose el propietario, arrendatario, u ocupante que facilite o permita el acceso, el administrador del condominio podrá ingresar forzadamente a ella, debiendo hacerlo acompañado de un miembro del Comité de Administración, quien levantará acta detallada de la diligencia, incorporando la misma al libro de actas del Comité de Administración y dejando copia de ella en el interior de la unidad. Los gastos que se origen serán de cargo del o los responsables del desperfecto producido.
Tercero: Que la Ley N° 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria, en su artículo 36, ubicado en el Título III, que trata “De la Seguridad del Condominio y del Término o Modificación de la Copropiedad Inmobiliaria”, junto con establecer la obligación de asegurar los inmuebles que conforman el condominio contra los riesgos de incendio, implanta también otras medidas de seguridad, entre ellas, un plan de emergencia para enfrentar diversas clases de siniestros.
Como quiera, la Honorable Cámara de Diputados considera insuficientes semejantes resguardos ante la realidad de catástrofes a que se encuentra expuesta una comunidad inmobiliaria, como la ocurrida en el país en febrero pasado, se ha elaborado el proyecto de ley en análisis que tiende a fortalecer los mecanismos preventivos contemplados en la legislación vigente, instaurando el seguro obligatorio contra terremotos, la realización anual del Plan Cooper (ex operación Deyse); medidas cuya fiscalización corresponderá al Cuerpo de Bomberos del área; y disponiendo que las infracciones a lo prescrito en el artículo 36 de la Ley (con las normas incorporadas) sean conocidas por el juzgado de policía local correspondiente.
Todo cuanto tienda a robustecer la seguridad y bienes de las personas que viven en comunidades inmobiliarias, poniéndolas a cubierto de los riesgos provenientes de catástrofes naturales o provocadas por el hombre, no pueden sino contar con el beneplácito de la comunidad en general.
Limitando este comentario al marco del proyecto que incide en las materias a que se refieren los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, las que radican en el artículo 36 bis propuesto en dicha iniciativa legal, que trata el régimen sancionatorio de las infracciones a la normativa establecida en el artículo 36 de la Ley N° 19.537, cabe formular las siguientes observaciones:
a) Si se desea mantener la armonía y unidad del ordenamiento positivo, la fiscalización de la normativa en comento debiera ampliarse a Carabineros o Inspectores Municipales, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 3° de la Ley N° 18.287 sobre Procedimiento ante Juzgados de Policía Local.
A ello habría de sumarse, en el contexto de lo propuesto por la iniciativa legal, el riesgo de incentivarse, más allá de lo prudente y necesario, el caudal de denuncias por parte de quienes resultan ser los beneficiarios de las multas aplicadas como sanción de las infracciones denunciadas.
b) En lo concerniente a la competencia para conocer de las denuncias sobre estos asuntos, parece adecuado radicarla en los Juzgados de Policía Local, a los cuales ya el artículo 33 de la misma ley encarga entender en las contiendas que se promuevan entre los copropietarios o entre éstos y el administrador, en lo concerniente a la administración del respectivo condominio; y lo propio hace el artículo 32 de ese cuerpo legal, al confiarles competencia para sancionar aquellas infracciones o conductas atentatorias contra la vida tranquila y ordenada de los habitantes de un condominio.
c) En cuanto al recurso de apelación de la sentencia sancionatoria de las infracciones, impuestas con arreglo a lo previsto en el proyectado artículo 36 de la Ley N° 19.537, cabe, por su parte, precisar lo siguiente.
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 32 de la citada Ley N° 18.287, en contra de las sentencias definitivas pronunciadas por los Juzgados de Policía Local procede el recurso de apelación ante la respectiva Corte de Apelaciones, con excepción de las sentencias definitivas recaídas en procesos por simples infracciones a la Ley del Tránsito que sólo impongan multas y de aquéllas dictadas en procesos por contravención a los artículos 113 inciso 1° y 114 inciso 1° de la Ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres, que impongan sanciones de amonestación privada o multa; casos en que no procede el recurso de apelación.
Atendida la naturaleza meramente pecuniaria y al monto de la sanción propuesta por la norma en comento y con miras a no engrosar la ya atochada agenda de trabajo de las Cortes de Apelaciones, esta Corte Suprema estima recomendable establecer que la sentencia que imponga la medida contemplada no es susceptible de apelación, según lo permite el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.
Por estas consideraciones y en conformidad con lo dispuesto en la norma constitucional citada, se acuerda informar favorablemente el referido proyecto de ley, con las observaciones anotadas precedentemente.
Ofíciese.
PL-2-2011
A LA SEÑORA
ALEJANDRA SEPÚLVEDA ÓRBENES
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO”
10. Oficio del Tribunal Constitucional
?Santiago, 20 de enero de 2011.
Oficio Nº 5.453
Remite sentencia
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Tengo a bien remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 20 de enero de 2011, en el proceso Rol Nº 1766-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, promovida ante este Tribunal en los autos Rol Nº 2339-2010 sobre recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.”
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
PRESENTE.”
11. Oficio del Tribunal Constitucional
?Santiago, 20 de enero de 2011.
Oficio Nº 5.474
Remite sentencia.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 20 de enero de 2011 en el proceso Rol Nº 1768-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, promovida ante este Tribunal en la causa Rol 2767-2010 sobre recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.”
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
PRESENTE.”
12. Oficio del Tribunal Constitucional
?Santiago, 27 de enero de 2011.
Oficio Nº 5.510
Remito sentencia definitiva
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Tengo a bien permitir a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 27 de enero de 2011, en el proceso Rol Nº 1.810-10-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.”
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
PRESENTE.”
13. Oficio del Tribunal Constitucional
?Santiago, 1 de marzo de 2011.
Oficio Nº 5.563
Remite sentencia.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 1 de marzo de 2011 en el proceso Rol Nº 1.898-11-CPR, control de constitucionalidad del proyecto de acuerdo que aprueba el Quincuagésimo Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 35, sobre el Comercio de Servicios, celebrado ante los Gobiernos de los Estados partes del Mercosur y el Gobierno de la República de Chile, en Montevideo, Uruguay , el 27 de mayo de 2009 (boletín Nº 6690-10).
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
VALPARAÍSO.”