Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Javier Ignacio Macaya Danus
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- ANÁLISIS DE EVENTUAL USURPACIÓN DE AGUAS EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS LA LIGUA Y PETORCA. Proyectos de acuerdo.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Rene Alinco Bustos
- INTERVENCIÓN : Andrea Molina Oliva
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- INTERVENCIÓN : Luis Segundo Lemus Aracena
- INTERVENCIÓN : Eduardo Antonio Cerda Garcia
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Gaspar Alberto Rivas Sanchez
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Javier Hernandez Hernandez
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Andrea Molina Oliva
- Patricio Melero Abaroa
- Celso Rene Morales Munoz
- Jose Antonio Kast Rist
- Leopoldo Perez Lahsen
- Gustavo Hasbun Selume
- David Sandoval Plaza
- Jose Ramon Barros Montero
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Guillermo Leon Teillier Del Valle
- Eduardo Antonio Cerda Garcia
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Edmundo Eluchans Urenda
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rene Alinco Bustos
- Fernando Meza Moncada
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Jose Perez Arriagada
- Eduardo Antonio Cerda Garcia
- Adriana Munoz D'albora
- Cristian Campos Jara
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Sergio Aguilo Melo
- Lautaro Carmona Soto
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Denise Pascal Allende
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANÁLISIS DE EVENTUAL USURPACIÓN DE AGUAS EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS LA LIGUA Y PETORCA. Proyectos de acuerdo.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 359ª
Sesión 18ª, en miércoles 20 de abril de 2011
(Especial, de 16.08 a 18.10 horas)
Presidencia del señor Melero Abaroa, don Patricio.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental , el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- OBJETO DE LA SESIÓN
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 4
II. Apertura de la sesión 7
III. Actas 7
IV. Cuenta 7
V. Objeto de la sesión.
- Análisis de eventual usurpación de aguas en las cuencas de los ríos La Ligua y Petorca. Proyectos de acuerdo 7
VI. Documentos de la Cuenta.
- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos:
1. sobre “Reforma constitucional para adecuar los plazos vinculados a las elecciones presidenciales.”. (boletín N° 6946-07). (108-359) 34
2. sobre “otorgamiento y uso de licencias médicas”. (boletín N° 6811-11) (S). (131-359) 34
3. Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, relativo al uso de los fondos públicos destinados al ejercicio de la función parlamentaria, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre del mismo año, como también el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2011 35
4. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual remite copia de la sentencia definitiva recaída en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del “artículo 38 de la ley N° 18.933”. Rol 1636-10-INA. (5775). (Acoge) 48
VII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación: - Del diputado señor Álvarez-Salamanca
2. Oficio:
- De la Comisión de Salud, por el cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, procedió a elegir como Presidente al diputado señor Macaya, don Javier.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (112)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos René IND XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto RN XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD V 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Mendez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Asistieron, además, el ministro de Obras Públicas , don Hernán de Solminihac, y el director general de Aguas , don Matías Desmadryl.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16.08 horas.
El señor MELERO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MELERO (Presidente).- El acta de la sesión 12ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 13ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
ANÁLISIS DE EVENTUAL USURPACIÓN DE AGUAS EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS LA LIGUA Y PETORCA. Proyectos de acuerdo.
El señor MELERO ( Presidente ).- Esta sesión está motivada en una presentación suscrita por 40 honorables diputados y diputadas, con el objeto de analizar la situación que afecta a la provincia de Petorca, debido a los problemas derivados de la eventual usurpación de aguas en las cuencas de los ríos La Ligua y Petorca.
El tiempo previo de 15 minutos, contemplado en el artículo 74 del Reglamento, que corresponde al Comité del Partido por la Democracia, ha sido cedido al diputado señor René Alinco.
A esta sesión ha sido citado el ministro de Obras Públicas , señor Hernán de Solminihac Tampier, que se encuentra presente.
Doy la bienvenida al numeroso público que nos acompaña en las tribunas, que me imagino tendrá especial interés en este tema.
(Aplausos en las tribunas)
A quienes asisten por primera vez, les informo que nuestro Reglamento prohíbe expresamente al público asistente a las tribunas expresarse o manifestarse durante el debate. Ustedes están invitados sólo a presenciarlo.
Solicito el asentimiento de la Sala para que ingrese a ella el director general de Aguas , señor Matías Desmadryl, porque el ministro de Obras Públicas considera que contribuiría al mejor desarrollo de la sesión.
¿Habría acuerdo en tal sentido?
Acordado.
Tiene la palabra, hasta por 15 minutos, el diputado señor René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente, ante todo, saludo a los habitantes de la provincia de Petorca y sus alrededores; a sus dirigentes que con gran esfuerzo han querido estar presentes en esta sesión, la cual es consecuencia de las demandas de su gente.
Asimismo, agradezco a los parlamentarios -cuartenta y tres, exactamente- que firmaron esta convocatoria. Pido disculpas a los que, tal vez, no alcanzamos a incluir. No fue nuestra intención excluir a nadie en la citación de esta sesión especial, porque creo que a todos nos interesa que un bien de uso público, como el agua, sea bien manejado y administrado, de manera que nadie quede privado de ese vital elemento.
¡Qué difícil resulta pedir justicia en un país como Chile, donde ésta, en rigor, es privilegio de algunos poderosos! Son poderosos que usan el derecho como la voluntad de su clase, la clase dominante, erigida como fuerza de ley.
“Justicia en los ríos”, puede resultar una frase intangible, una consigna más, si no se aplican los antecedentes históricos y presentes. En 1981, en plena dictadura militar, se formuló el Código de Aguas, que estableció que las aguas eran un bien público, pero también un bien económico. Esto dio origen al mercado de las aguas.
El Código de Aguas se encargó de separar la propiedad del agua del dominio de la tierra, transformando el vital elemento en un bien de capital susceptible de ser privatizado, como ocurre en los días actuales. Chile es el único país del mundo -que se escuche bien, el único país del mundo- que mantiene sus aguas privatizadas, lo que ha provocado enormes inequidades.
Además, el Código de Aguas creó dos categorías de derechos de uso de las aguas: consuntivos y no consuntivos. La diferencia entre ambas categorías radica en la obligatoriedad de devolver o no las aguas a los ríos, en el caso de derechos de aguas consuntivos. Estas aguas se utilizan en la minería y en la agricultura. Más del 90 por ciento de los derechos no consuntivos se encuentran en manos del sector exportador, y son utilizados para la generación de electricidad. El 85 por ciento de estos derechos se encuentran en manos de Endesa España.
A lo anterior debemos agregar que las empresas sanitarias, responsables de proveer de agua potable a los ciudadanos chilenos, también son privadas. Este proceso de privatización se inició en los gobiernos de Frei y Lagos y el actual gobierno de Piñera quiere concluirlo, entregando definitivamente a las empresas sanitarias el control total de la provisión de agua potable domiciliaria.
En Chile, un bien nacional de uso público, es decir, el agua, está librado al arbitrio de la oferta y de la demanda, al arbitrio de los especuladores, que se han enriquecido a costa de un recurso natural que nos pertenece a todos. Es imposible comprender en toda su dimensión la frase “justicia en los ríos”, que han defendido los hombres y las mujeres de la provincia de Petorca, en la Quinta Región, si no se explica el contexto concreto en que se formula.
La provincia de Petorca, concretamente, las comunas de La Ligua, Cabildo y Petorca , tienen una marcada vocación agrícola y son las más importantes productoras de paltas. En rigor, Chile es uno de los principales productores de este frutal de origen tropical. En La Ligua, Cabildo y Petorca , el 90 por ciento de toda la superficie cultivada está destinada a la producción de paltas. Del mismo modo, la falta de instrumentos de ordenamiento territorial permite que en el país y, en particular, en la provincia de Petorca, se plante en los suelos de los cerros, que no tienen aptitudes para cultivos, a pesar de lo cual se usan para plantar paltos, que son regados con sistemas tecnificados. Es decir, son suelos de secano que han sido transformados en suelos de riego.
Los caudales ecológicos de los ríos La Ligua y Petorca han sufrido enormes presiones y, como dicen los campesinos, hoy los ríos están para museos, porque ni una sola gota escurre por ellos; las napas subterráneas se encuentran agotadas de tanto bombear agua a los cerros. Empresarios inescrupulosos han construido drenes en las hoyas de los ríos para llevar agua, en forma impropia, a sus plantaciones.
Los organismos encargados de fiscalizar el buen uso de las aguas -al respecto, me gustaría que pusieran mucha atención el ministro y el director general de Aguas- no han sido capaces de cerrar los drenes ilegales. Además, continúan concediendo derechos de aguas en cuencas declaradas agotadas, como ocurre con las cuencas de los ríos Petorca, agotada en 1997, y La Ligua, agotada en 2004. Parafraseando a los dirigentes campesinos, en la provincia de Petorca hay más árboles plantados que agua disponible.
La privatización del principal recurso natural, el agua, indispensable para la vida y la provisión de alimentos; el monocultivo, como estrategia de desarrollo; el uso irracional de recursos naturales finitos, como el agua y el suelo; la falta de instrumentos de ordenamiento territorial; la sobrequimización de los medios de cultivo, son características distintas del modelo de producción agrícola chileno y reflejo de la actual conducción de la provincia de Petorca.
El modelo imperante de producción agrícola, en Chile, es un escenario de cambio climático. Concretamente, un escenario de sequía, irreversiblemente, hipoteca la vida de las personas y la vida de las generaciones futuras. El tema de la sequía y sus efectos no se resuelve con soluciones cosméticas; no se resuelve comprando más o menos bidones para juntar agua; tampoco con autoridades complacientes que señalan que la propiedad del agua y su conflicto es un problema que debe ser resuelto en tribunales y entre privados.
Es cierto que poco o nada se puede esperar de un gobierno neoliberal como el actual, a lo que debemos agregar que, durante veinte años, tampoco se tocó el tema de fondo. El problema del agua jamás estuvo en la agenda del Ejecutivo , con excepción de las últimas elecciones presidenciales, donde uno de los candidatos, en segunda vuelta y con claras intenciones electorales, incorporó en su programa la demanda de recuperar el agua como un bien de uso público.
Hombres y mujeres de las ciudades y de los campos de la provincia de Petorca, se han movilizado exigiendo respuesta a los efectos de la sequía, exigiendo respuesta a la usurpación de agua que un puñado de empresarios ha llevado adelante en forma sistemática.
Las primeras fiscalizaciones en la hoya del río Ligua y sus esteros adyacentes se realizaron los días 22 y 24 de febrero de 2011. En esa fiscalización se detectaron más de treinta drenes, y como señalaron diversas fuentes periodísticas, entre ellas el diario La Tercera, Televisión Nacional de Chile y otras, los drenes eran de propiedad de grandes empresarios, entre ellos, quien fuera ministro del Interior , Edmundo Pérez Yoma , el mismo empresario y ex ministro que fue denunciado por una situación similar en 2008. Pero, además, y debemos decirlo con rigor, las mismas fuentes periodísticas han sostenido que en esta Corporación existen algunos parlamentarios sindicados como propietarios de obras irregulares -es posible- y que tienen como propósito acaparar agua de forma impropia.
Esta situación es francamente inaceptable, como inaceptable también es que se continúe con la impunidad que protege a poderosos empresarios.
Debemos asumir un compromiso ante el país, es decir, llegar al fondo de la situación.
Por esa razón, propongo la formación de una Comisión Investigadora, pues la situación es de tal gravedad que compromete a la fe pública.
(Aplausos)
Asimismo, hago un llamado a la Comisión de Ética de la Corporación, para que analice la situación de los parlamentarios que pudiesen estar involucrados.
Si la Cámara de Diputados rechaza la idea de crear una Comisión Investigadora, sentará un grave precedente, se estará haciendo cómplice de la usurpación de aguas en Petorca y La Ligua, y estará dejando en la indefensión a cientos de pequeños agricultores afectados hoy por el abuso de unos pocos poderosos.
Debido a los antecedentes existentes, y en mi calidad de diputado de la República , sostengo la imperiosa necesidad de iniciar un debate profundo, que tenga como objetivo poner fin a la privatización de los recursos hídricos chilenos. Es fundamental realizar una exhaustiva revisión de todos los derechos de aprovechamiento de aguas concedidos por la Dirección General de Aguas, en particular, aquellos derechos concedidos provisoriamente y que, curiosamente, se entregaron en cuencas como las del río Petorca y La Ligua, con posterioridad a su declaración de cuencas agotadas.
Concluyo señalando que, como resulta evidente, la problemática del agua trasciende ampliamente las fronteras locales o provinciales.
Recuperar el agua para los chilenos es recuperar la soberanía nacional, sobre todo, nuestros recursos naturales; recuperar el agua para los chilenos es recuperar la dignidad como nación, ya que, como sostiene la Organización de las Naciones Unidas, el acceso al agua es un derecho humano esencial e irrenunciable.
Ésa es la responsabilidad que tenemos quienes debemos legislar en nombre de todos y cada uno de los ciudadanos chilenos.
Pido a esta honorable Sala que tomemos decisiones, sin importar a veces la amistad, sin importar el que quien sea responsable pertenezca o no a nuestras filas políticas.
El derecho de las aguas pertenece a todos y a cada uno de los chilenos y chilenas, y basta ya de que nosotros, los diputados de la República, hagamos “vista gorda” sobre algunas situaciones para proteger a los poderosos de nuestro país.
Los campesinos de Petorca, de La Ligua y de muchas partes de Chile, piden justicia, porque el agua debe pertenecer a todos los chilenos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MELERO (Presidente).- Cumplidos los minutos iniciales, restan dos minutos 39 segundos de la bancada del Partido por la Democracia.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En el tiempo correspondiente a la bancada de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina.
La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente , primero que todo, quiero decir que estoy absolutamente de acuerdo con lo planteado por el diputado René Alinco . Creo que gran parte de las cosas que él ha dicho son absolutamente ciertas, preocupantes y ameritan que tomemos rápidamente cartas en el asunto.
Este Gobierno, nuestra gobernación, ha tomado la decisión, junto con las instituciones que correspondan, de hacerse cargo de los drenes ilegales, realizar las visitas que sean pertinentes, pedir la información que sea necesaria, a todos por igual. Aquí no hay nombres más ni nombres menos; vamos a pedir la información a quienes sea necesario y la DGA está cumpliendo con su rol investigativo en este caso, con un informe preliminar, y luego se decidirá cuáles son las decisiones que se deben adoptar.
Como diputada del distrito afectado, estoy alineada con las necesidades de mi gente. Sé perfectamente lo que ellos están sufriendo y sé también que han esperado durante muchos años para que se tomen medidas que cautelen sus derechos.
El tema de los embalses es casi una leyenda, un mito; se ha hablado durante toda una vida de los embalses; sin embargo, hoy podemos decir que este Gobierno, la Coalición por el Cambio, está definitivamente empeñada en construir dichos embalses y ya se han hecho los anuncios para empezar inmediatamente con los estudios necesarios para que así sea, tanto el embalse Alicahue , en Los Ángeles, como el embalse La Paloma, de Pedernal, en Petorca. Es importante también dar esta información.
Si es necesario constituir Comisiones que investiguen, las vamos a crear. Vamos a utilizar todos los recursos de que dispongamos para dar tranquilidad a nuestra gente e informar de manera transparente lo que se está haciendo. Si hay personas que tienen drenes ilegales, serán multadas por ello y deberán pagar como corresponde a cualquier ciudadano. Es lo que corresponde, es lo que vamos a hacer.
Quiero decir también que hay un tema que no es menor y que tiene que ver con esta sesión especial. Lamento mucho -y lo dijo el diputado Alinco - que no se haya acercado a los diputados del distrito afectado, porque hay personas en las tribunas que me han preguntado cómo es posible que yo no haya suscrito esta sesión. ¡Perdón! Nosotros nos informamos cuando la sesión ya estaba solicitada. Si lo hubiera sabido, habría sido la primera en suscribir esta sesión en la Comisión de Derechos Humanos, pero las cosas se dieron de otra manera y aquí estoy, de cara frente a todos, y no tengo ningún problema en seguir reuniéndome, como lo he hecho hasta ahora, con cada una de las comunidades, con los agricultores pequeños, medianos y grandes, para abordar en forma seria y comprometida este tema.
Durante veinte años se entregaron derechos de agua sin que hubiera agua; hoy tenemos petitorios gigantescos que están trabados, paralizados, porque es imposible seguir entregando agua cuando no hay; es imposible seguir regando cerros y cerros cuando sabemos que no hay agua.
¿De dónde sale esa agua? ¿Cómo llega tan arriba, a un lugar donde se supone que no hay agua, donde vemos que la tierra está seca y muchos de los presentes en las tribunas han tenido que cortar sus paltos y otros productos y no van a obtener ningún tipo de producción en más de tres años?
Ésa es la realidad de la provincia de Petorca y de Quillota.
Tenemos también la extracción de áridos, otro tema que no se ha abordado. ¿Quién se hace cargo de la extracción de áridos, quién da los permisos para ello? Los municipios. ¿Quién fiscaliza la extracción de áridos? Los municipios. ¿Y quién recibe los dineros de la extracción de áridos? Los municipios.
Aquí no sólo vemos una situación que a lo menos es extraña, porque no contamos con un fiscalizador externo que vele por aquello que se está sacando y por el daño medioambiental que se está generando, pero, sobre todo, estamos rompiendo toda la protección de nuestros ríos, de nuestros canales.
¿Qué significa eso, señores, ustedes que saben y que viven de la agricultura? Que nos quedamos sin agua, que desaparecen las napas, que el agua no llega a donde debe llegar.
Por eso, me sumo a cada una de las acciones que se estén haciendo y me comprometo a llegar hasta el final, hasta las últimas consecuencias en cada una de las investigaciones que se realicen.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , se nos ha convocado a esta sesión especial, con el objeto de debatir en torno a la presunta comisión de delito de usurpación de aguas en las provincias de La Ligua y Petorca.
Permítaseme partir mi intervención recordando una norma constitucional que, al parecer, no se tuvo a la vista al momento de convocarnos: me refiero al artículo 76 de la Constitución Política de la República, que establece: “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos.”
Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el vocablo conocer significa entender, advertir, saber, echar de ver; y la voz avocar: dicho de una autoridad gubernativa o judicial, atraer a sí la resolución de un asunto o causa cuya decisión correspondería a un órgano inferior”.
Por eso, no deja de llamar la atención la manera en que se expresa la convocatoria a esta sesión, mejorada, por cierto. Hasta ayer decía para conocer “de la usurpación”. Se le agregó “la eventual”. A mi juicio, eso no es suficiente.
Por esa misma razón, y con el objeto de respetar el artículo de la Carta Fundamental antes citado, es que me referiré a la preocupación que existe en materia de aprovechamiento de aguas en nuestro país, en particular de las provincias más afectadas, y a la actuación de algunas autoridades gubernamentales desarrolladas en esta materia.
Refresquemos un segundo la memoria. Siempre viene bien en estas cosas. Me gustaría saber cuántos diputados y diputadas que están aquí presentes recuerdan la discusión del proyecto de ley de reforma del Código de Aguas de 1981, cuya aprobación demoró 13 años. Para quienes no la recuerdan, quiero decirles que uno de los temas que generó mayor debate fue el rol del Estado en materia de asignación del agua y el control frente a las extracciones ilegales de agua.
En efecto, la ley sobre reforma del Código de Aguas de 1981 dispuso que el recurso hídrico, los derechos originales de aprovechamiento, siendo éste un bien nacional de uso público, son otorgados gratuitamente por el Estado a los particulares que los solicitan para un uso exclusivo; quien pretende derechos de agua no está obligado a justificar la cantidad solicitada; la conservación de los derechos en el tiempo no tiene costo real alguno; y, por último, no existe obligación para sus titulares de usar las aguas.
Todo ello permitió que los particulares puedan solicitar el recurso hídrico por cualquier caudal, sin que necesariamente existan proyectos para su utilización, quedando la autoridad pública en la obligación de otorgarlo.
Un ejemplo claro de esta realidad es que se han solicitado derechos de agua para fines no consuntivos por 50 mil metros cúbicos por segundo, lo que equivale a casi cinco veces la totalidad del agua que escurre por los ríos entre Arica y Puerto Montt, aunque los desarrollos de que puedan ser objeto tales recurso, en ningún caso pudieran materializarse ante de la segunda mitad del presente siglo. Asimismo, se ha dado el caso de que una sola petición comprometa la totalidad de los recursos en un área de 2,5 millones de hectáreas.
Trece años tuvimos que esperar para que la Derecha se decidiera a aprobar una reforma a esta inusual situación, lo que ocurrió con la ley N° 20.017, de 2005. Sin embargo, nunca pudimos obtener de parte de la Alianza por Chile, ayer Oposición, hoy Gobierno, mayores atribuciones para el Estado, con el objeto de que éste pueda ejercer un control respecto de las extracciones ilegales de agua.
Para que no se diga que lo que estoy expresando es sólo discurso, seré específico en esta materia.
Cuando propusimos, desde el gobierno y los parlamentarios de la Concertación, una norma que le otorgaba a la Dirección General de Aguas la facultad para recurrir al tribunal competente frente a extracciones ilegales de agua, la Alianza no estuvo de acuerdo, y la norma aprobada quedó reducida sólo para las aguas superficiales -las subterráneas quedaron fuera- y sólo en los lugares donde no existan organizaciones de usuarios.
Asimismo, cuando intentamos dotar del carácter de ministros de fe a los funcionarios de esa repartición pública con el objeto de invertir el peso de la prueba, y dejar en manos del extractor ilegal la labor de probar que no estaba haciendo uso ilegal, también recibimos un rotundo no.
¿Cuál fue el argumento para esa negativa? Que era peligroso otorgarle tantas atribuciones al Estado, ya que ello podía generar corrupción y un abuso por parte de la autoridad. Como vemos, parece que la Derecha tenía razón, porque es lo que está ocurriendo en las provincias.
Ahora, voy a referirme a la usurpación de aguas en la legislación penal.
El artículo 461 del Código Penal establece: “Serán castigados con las penas del artículo 459, los que teniendo derecho para sacar aguas o usarlas se hubieren servido fraudulentamente, con tal fin, de orificios, conductos, marcos, compuertas o esclusas de una forma diversa a la establecida o de una capacidad superior a la medida a que tienen derecho”.
En consecuencia, a este respecto, la conducta prohibida y sancionada, tanto administrativa como penalmente es la extracción de aguas de ríos, arroyos o fuentes:
a) Sin título (por no tener derecho de aprovechamiento de aguas) con invasión de derechos ajenos; o
b) De manera fraudulenta y en una dotación mayor a la autorizada; o
c) De manera fraudulenta y en una forma diversa a la autorizada.
Por lo tanto, quiero recordar a mis honorables colegas que, cuando hemos sido citados a una sesión para tratar la posible comisión de un ilícito de aguas en los Valles de La Ligua y Petorca, se nos está pidiendo que, en el fuero y la inviolabilidad de que gozamos en esta Sala, reflexionemos sobre hechos abstractos y conceptuales, toda vez que, si nos referimos a situaciones concretas, hechos, personas, conductas, ausencias de títulos e invasión de derechos ajenos, claramente estamos invadiendo la esfera judicial, lo que está expresamente prohibido en la Carta Fundamental.
La actuación del gobernador en la provincia de Petorca, al parecer, ha ido más allá de toda prudencia y huele a persecución política. Debido al poco tiempo que me queda, haré una simple cita: “Al menos una decena de extracciones ilegales en ríos y cuencas afectan a cuatro mil pequeños agricultores de la zona interior de la Región de Valparaíso. La Gobernación Provincial asegura que se trata de diez o doce casos, y apunta a personeros que trabajaron en anteriores administraciones y que mantienen gigantescas plantaciones…”.
¿Qué tiene que ver eso con el tipo penal? La decisión de configurar un hecho ajeno a cualquier posible conducta a partir de una posición política.
Quiero formular un par de reflexiones sobre esos hechos.
¿Qué habría pasado si en alguno de los gobiernos de la Concertación un gobernador hubiera encabezado un grupo de funcionarios que ingresara a un inmueble privado, cercado y cerrado, sin su autorización; esa autoridad pide el informe para entregarlo a la prensa, sin esperar siquiera los descargos de los hechos investigados, y se le imputa públicamente a un ex ministro de Estado la comisión de un delito? Claramente, esta sesión no habría tratado sobre los hechos investigados, sino sobre la actuación de la autoridad política responsable de ese proceso.
No quiero, ni por un solo minuto, referirme a los hechos investigados. Esperemos que la autoridad administrativa emita su dictamen final, libre de presiones y amenazas. Estaremos pendientes, pero no del resultado mismo, sino de velar, en nuestro rol fiscalizador, por los actos de la administración del Estado.
Como en todo estado de Derecho -y lo somos-, será la justicia la que resuelva. Ni más que la ley, ni menos que la ley; sólo la ley.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , el tema en discusión no nos es extraño ni somos ignorantes respecto de él, en tanto crecientemente se ha ido despertando una sensibilidad a propósito de la crisis hídrica que está viviendo todo el planeta y, por supuesto, nuestro país.
En el caso de la región que represento, a propósito del tema del mercado de los derechos, esto ha significado un exceso de derechos otorgados, ya que si fueran exigidos por todos haría colapsar la actual cuenca y capacidad del río Copiapó.
Como todos sabemos, el agua ha sido definida como un bien nacional de uso público, cuyo dominio es de toda la nación. Por lo tanto, debe estar garantizada para asegurar la vida y la seguridad de todas las personas. Por consiguiente, la propiedad del agua es de todos los chilenos y chilenas, pero -se ha recordado aquí- la fundación de un Estado neoliberal ha permitido concesionarla y entregársela a privados.
Según la definición de Naciones Unidas, el agua es un derecho fundamental que garantiza la vida de las personas.
Éstos son los temas que deben ordenar las políticas en la perspectiva de un desarrollo real que integre a toda la comunidad nacional al desarrollo.
Desde esa perspectiva, acojo la inquietud de la comunidad de la provincia de Petorca, provincia que, en tanto aporte desde el punto de vista agrícola, debiera ser motivo de preocupación, a propósito del tema de la crisis alimentaria, pues está directamente vinculada a los pequeños y medianos agricultores.
Hace muchos años, tuve la oportunidad de conocerla en mi condición de estudiante, cuando se construyó, con aportes solidarios, el dren de Cabildo, que hoy reclama una fiscalización a propósito de las reiteradas denuncias que hablan de un uso abusivo de este elemental recurso, que discrimina contra la posibilidad de producción de los pequeños y medianos agricultores.
Por ello, en nuestra condición de órgano fiscalizador, corresponde que lleguemos hasta el fondo del asunto respecto de esos usos abusivos, pero también corresponde ir al debate de fondo, para que analicemos cómo la Cámara de Diputados va a ser contribuyente activo para que quienes constituimos la sociedad chilena recuperemos realmente este bien nacional de uso público, en beneficio del desarrollo de quienes la componen.
Quienes forman parte del movimiento de defensa por el acceso al agua, a la tierra y por la protección del medio ambiente de la provincia de Petorca, así como sus comunidades, pueden contar, en esta reivindicación legítima y vital reclamada por Naciones Unidas, con el parlamentario que habla y con la bancada del Partido Comunista en beneficio de la economía para todos y del resguardo de los intereses de los pequeños y medianos agricultores.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MELERO (Presidente).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Luis Lemus.
El señor LEMUS.- Señor Presidente , las provincias de Choapa y Petorca, vecinas, de las regiones Cuarta y Quinta, respectivamente, se han visto fuertemente afectadas por la sequía. Si observamos el mapa de la sequía, podremos constatar que las zonas más golpeadas por el problema, en que hay mayor agotamiento de las cuencas de los ríos, que se encuentran prácticamente secos, son precisamente estas dos provincias.
Vengo de la provincia del Choapa y me ha correspondido intervenir en nombre de mi bancada para analizar la situación que se está viviendo en las cuencas del río Petorca, que es muy similar a lo que está sucediendo en mi provincia del Choapa.
Lo que tenemos es una situación absolutamente crítica, en que las cuencas hoy están absolutamente secas, con los acuíferos totalmente agotados. Realmente, se está viviendo una situación complicada para la agricultura, sobre todo para los pequeños agricultores, y para los comités de agua potable rural que se abastecen justamente de esas cuencas, incluso poniendo en riesgo el agua potable de las ciudades que están en las cuencas aludidas. Si a ello incorporamos el tema de la minería, estamos ante una situación bastante grave, en la que es necesario intervenir.
La legislación ha permitido que muchas de esas cuencas estén absolutamente agotadas debido a solicitudes indiscriminadas que no pudieron ser racionalizadas para la explotación de estos recursos, lo cual ha generado situaciones como las que se están viviendo en Petorca.
Puede que muchos empresarios agrícolas hayan solicitado la captación de aguas subterráneas a través de pozos profundos, pero cuando a éstos se agregan drenes que atraviesan ríos y cauces naturales de agua, estamos hablando de otra cosa.
En ese caso, se trata de situaciones absolutamente ilegales y, por lo tanto, lo que corresponde es que la Dirección General de Aguas intervenga en su justa medida en relación con lo que está sucediendo. En ese sentido, comparto plenamente el término que aquí se ha utilizado: usurpación de aguas. Efectivamente, se está produciendo un robo de agua.
Resulta necesaria la intervención del Estado y el control que debe tener sobre el agua.
(Aplausos)
Estamos hablando de zonas que tienen una demanda muy grande de este recurso, porque la agricultura ha crecido enormemente. Sin embargo, hay otro factor que está agotando las cuencas y está compitiendo con la agricultura: la minería. Por lo tanto, si no intervenimos, continuarán ocurriendo situaciones que afectarán a las personas. En algunos pueblos de esas provincias, ni siquiera hay agua para el consumo humano. ¡Ése es el problema! Entonces, cuando decimos que el agua no puede quedar estrictamente en las manos del mercado, de los privados, queremos centrar la atención en estos problemas.
Desde la Quinta Región hacia el norte, la vida es muy difícil. Cada gota de agua debe aprovecharse de la mejor forma posible. Reitero que se hace necesaria la intervención del Estado y del Parlamento para legislar urgentemente en el tema.
¡No puede ser que la Dirección General de Aguas entregue agua donde la cuenca se ha agotado! ¿Con qué argumentos se pueden entregar pozos y drenes si están agotadas las cuencas? ¿Cuál es el fundamento técnico para ello si la Dirección General de Aguas no cuenta con un estudio de la cantidad de agua concentrada en los acuíferos? Por lo demás, los drenes son una gran mentira, porque cuando atraviesan los ríos absorben toda el agua que pasa en forma superficial. Entonces, además, son drenes mentirosos que ayudan a producir el agotamiento.
Por las razones expuestas, aprovechando la presencia del ministro de Obras Públicas, pido que la Dirección General de Aguas revise y revoque los derechos de aprovechamiento de aguas concedidos en cuencas declaradas agotadas y, en particular, de aquellos derechos concedidos provisoriamente.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Cerda.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor MELERO (Presidente).- ¡Silencio en las tribunas, por favor!
Puede intervenir, señor diputado .
El señor CERDA.- Señor Presidente , no se preocupe por la asistencia de personas que quieren hacer política con un problema tan serio y crítico.
Saludo a los habitantes de mi tierra que se encuentran en las tribunas y con quienes he compartido toda una vida.
Tengo la moral muy alta, porque he trabajado con ellos cuando muchos estaban escondidos, en el tiempo de la reforma agraria, ayudando y creando asentamientos, a fin de lograr mejores condiciones de vida para ellos.
Celebro la realización de esta sesión especial. Conversé con la diputada Andrea Molina y con el diputado René Alinco y lamento que no nos hayan invitado a suscribir la presentación para realizar esta sesión, que habríamos firmado con el mayor gusto.
La Ligua y Petorca se encuentran en una situación absolutamente crítica, por diferentes razones, principalmente por la falta de lluvias. Nos encontramos ante un cambio climático que debemos afrontar. Además, sufrimos una carencia absoluta de obras de infraestructura, en embalses y en pavimentación de canales. Las altas cumbres de los valles de la Ligua y Petorca no tienen agua.
En la cordillera nace el río Leiva, que corre de sur a norte, y es el principal afluente del río Choapa. Si hace cien años hubieran existido las obras actuales, ya se habría construido un túnel de pasada para los ríos Petorca y La Ligua.
Otra de las causas principales de la crisis -la razón de esta sesión- es la extracción ilegal de aguas de los ríos La Ligua y Petorca, que hoy están absolutamente secos.
También debo mencionar la falta de juntas de vigilancias legalmente constituidas. Actualmente, ellas están en proceso de formación y van a permitir un ordenamiento de los ríos.
Aprovecho la presencia del señor ministro de Obras Públicas para señalar que urge destinar recursos adicionales al presupuesto del 2012.
Como lo han dicho varios señores diputados y el Comité de Paltas, en la zona afectada la producción de paltas de los años 2010 y 2011 fue de sólo 42 mil toneladas. Es decir, hubo un promedio de 4 mil kilos por hectárea. Si hubiera habido agua suficiente, dicha producción habría sido de 120 mil toneladas, 78 mil toneladas más, que equivalen a alrededor de 100 millones de dólares y la creación de muchas fuentes de trabajo.
En la provincia de Petorca hay alrededor de 12 mil hectáreas plantadas con paltos y alrededor de 2 mil hectáreas de cítricos, nogales y almendros, con una inversión aproximada del sector privado de más de 500 millones de dólares.
A quien habla, que ha dedicado una vida entera a mejorar las condiciones de vida y de regadío de los habitantes de la provincia de Petorca, le resulta doloroso que le hayan hecho acusaciones absolutamente infundadas y publicadas en los diarios en forma irresponsable, como fue comprobado por el director regional de Aguas , señor Francisco Hargous , y por el fiscalizador jefe. Se me achacaba un dren que no tenía nada que ver con mi propiedad, pues fue construido hace más de 40 años, presumiblemente por la Cora, que llevaba agua hacia otros sectores y canales de pequeños propietarios, como consta también al director general de Aguas .
Duele cuando se ataca la honra de una persona. El objetivo de tal actitud es generar una causa política desde la Gobernación hacia mi persona, un diputado de Oposición . Este tema es muy delicado y quienes están jugando a hacer política y a sacar provecho lo único que están consiguiendo es hacerle daño a la solución de los problemas de la zona.
Desgraciadamente, cuento con poco tiempo. Sin embargo, quiero agregar que hay un problema de fondo, no sólo en mi región, sino también en Chile entero: la falta de recursos para obras de riego.
El total de la inversión del país es de 5.290.952.923 millones de pesos y el total de inversión del Ministerio de Obras Públicas es de 1.533.055.279 millones. Le entregaré un documento oficial sobre el particular al señor ministro .
Y el total de inversión para riego, sumado la Comisión Nacional de Riego y la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, asciende a 85.579 millones de pesos, aproximadamente 1,60 por ciento de la inversión país y equivalente a sólo el 5,45 por ciento de la inversión del MOP. Chile puede crecer al doble en regadío.
Veamos qué hacen otros países. En Estados Unidos, han construido 500 kilómetros de canales entubados para llevar agua. Y en Perú se está construyendo un túnel de 20 kilómetros para trasladar agua desde la cordillera y mejorar la producción de paltos y otros productos.
Ésa es nuestra tarea. Debemos aumentar la inversión, porque las cifras actuales son ridículas. Hemos hablado con el Presidente de la República y con el ministro de Hacienda para que esto salga adelante.
Quiero decir a los habitantes de mi tierra que tengan confianza en que saldremos adelante. Los cuatro embalses que se han anunciado para nuestra región no son sólo producto del presente, sino también de los gobiernos de los Presidentes Lagos y Bachelet , en lo que respecta a los estudios para su ubicación. Si se asignan recursos para el 2012, podremos iniciar su construcción.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , me alegra que esta sesión especial pueda abordar un problema tan complejo y con tantas aristas.
Conversé con los diputados Saffirio y Sabag sobre la idea de crear una Comisión, aunque quizás no con carácter permanente, destinada a estudiar todo lo relacionado con los recursos hídricos y con la forma de abordar las distintas aristas del problema.
Cuando veo a los asistentes a las tribunas, me pregunto si lograremos encontrar una solución a los problemas de las cuencas de los ríos La Ligua y Petorca. Y creo que la respuesta será negativa, porque no vamos a encontrar una solución específica para este caso. Tendríamos que enfocar el tema con mayor racionalidad y en forma más sistémica.
Cuando se hizo la reforma agraria, en los años 60, recuerdo que se decía: “La tierra es para quien la trabaja”. Me habría gustado entender lo mismo respecto del recurso hídrico: que el agua sería para quien la usa y no para quien quiere retenerla.
Perdonen el desorden en mi exposición, pero creo que debemos ser capaces de estudiar los distintos factores relacionados con el tema. Cuando se habla de embalses y de acumulación de aguas, creo que ésa no es la solución.
¿Cuánto cuesta hoy un litro de agua para ser utilizado en los distintos rubros? Por ejemplo, tenemos la complicación del embalse Convento Viejo. ¡300 mil pesos por hectárea! ¿Qué pequeño agricultor utilizará agua a ese costo?
También se habla de conducción. ¿Qué hemos hecho en esa materia, especialmente con la ley Nº 18.450, de fomento a la inversión privada en obras de riego, y con la Comisión Nacional de Riego? Hoy tenemos más de 30 por ciento de pérdida en la conducción de aguas. Es decir, no hemos sido sistemáticos para crear un programa de acumulación o un sistema de conducción de aguas permanente.
¿Qué hemos hecho respecto del fortalecimiento de las organizaciones de regantes? Tenemos asociaciones de regantes, pero son las mismas de hace cincuenta o sesenta años. No hemos hecho absolutamente nada para fortalecer dichas organizaciones.
Cuando en esta Sala tratamos la modificación al Código de Aguas -en su minuto compartí el tema con el diputado Barros en la Comisión de Agricultura-, nos preguntamos qué hicimos con las patentes. Hoy existe una discusión enorme en relación con las patentes. Dijimos que había que cobrar más, pero ¿cuál fue la repercusión de esa medida? Absolutamente ninguna, porque sigue existiendo acumulación y centralismo en relación con esas empresas que no están utilizando el agua.
Cuando se trata de competir con la minería, el sector agrícola no tiene absolutamente nada que hacer. Si los derechos de agua van a competir al mercado del agua, ¿qué pueden hacer los agricultores ante los millones de pesos que ofrecen las mineras?
Sólo estoy proponiendo temas a la discusión porque no tuve la oportunidad de conversar con el director general de Aguas . En todo caso, nos atendió la subdirectora, y muy bien. Además, actualmente se presenta otra arista: ¿qué pasa con las centrales hidroeléctricas de pasada? Una cosa es el robo de agua, pero ahora también se está produciendo un tipo elegante de robo con las centrales hidroeléctricas, y esa elegancia significa que están acumulando agua en los distintos ríos del país, y ello implica que los agricultores no tienen agua disponible para riego.
El señor MELERO ( Presidente ).- Señora diputada , ha terminado su tiempo.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Concluyo de inmediato, señor Presidente .
Espero que la DGA realice su función…
(Aplausos en las tribunas)
…y fiscalice con la rigurosidad que es necesaria, sobre todo en lo que respecta a la utilización del agua para riego de los pequeños agricultores.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Gaspar Rivas.
El señor RIVAS.- Señor Presidente , para nadie resulta sorpresiva la sequía por la que atraviesa nuestra Quinta Región de Valparaíso y, en particular, la provincia de Petorca. Lo cierto es que la falta de agua es un problema que se está convirtiendo en un tema prácticamente nacional y no solamente local.
Según el Ministerio de Obras Públicas, a la fecha, los embalses en el país se encuentran en 33,6 por ciento de su capacidad total de almacenamiento y, lo que es más grave, el volumen actual de los embalses es 45,4 por ciento menor al promedio histórico para esta fecha.
En todo caso, el problema nacional se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, es de larga data, y no corresponde precisamente a un efecto como consecuencia del fenómeno La Niña, sino a una mala gestión de gobiernos anteriores que ha provocado que más del 50 por ciento de los cultivos estén actualmente en riesgo.
En abril del 2006, un estudio realizado por la Dirección General de Aguas ya sostenía que las cuencas de los ríos La Ligua y Petorca son de carácter pluvial y con fuertes estiajes en verano. Además, a la fecha, han aparecido informes que declaran agotadas dichas cuencas. Estamos hablando de una situación que se conocía hace, por lo menos, cinco años, desde el 2006. ¿Por qué no se construyeron embalses para ayudar a conservar y administrar recursos vitales para nuestros vecinos y para las actividades que ahí se desarrollan? Algo tan simple como eso nos habría ahorrado, por ejemplo, tener que convocar a esta sesión, porque no se habría producido el problema en general.
Desde 1997, para el río Petorca, y desde el 2004, para el río La Ligua, se decretaron agotadas sus cuencas y, por lo tanto, estaba prohibida la constitución de derechos de aguas en forma permanente. ¿Cómo es posible que se haya seguido otorgando algo que se consideraba agotado, que no existía? La ley señala que, en ese caso, solamente se pueden otorgar derechos provisionales y, sin embargo, hay pruebas de que se habrían entregado, por lo menos, dos derechos permanentes, lo que contraviene expresamente la norma legal. Reitero: se ha detectado el otorgamiento de dos concesiones de derechos de aguas en forma permanente.
Además, se han otorgado más derechos que los disponibles -otra muestra de negligencia por parte de las autoridades del momento-, de acuerdo con los caudales de los ríos mencionados y sin considerar que se han otorgado -insisto- derechos definitivos.
Finalmente, para coronar esta situación, en ese otorgamiento se habría saltado olímpicamente el orden de prelación en la entrega de tales derechos de aguas.
Como lo señala el informe de la DGA del 2006, recién citado, es inconcebible que, en general, la gran mayoría de los derechos de aguas que se ejercen en las cuencas de los ríos Petorca y La Ligua no estén condicionados a respetar un determinado caudal ecológico.
A lo anterior debemos sumar el hecho de que vecinos han construido tranques ilegales, drenes, o han desviado los cursos de los ríos para apropiarse del agua de manera ilegal.
El problema es que la administración anterior no sólo careció de proactividad en la implementación de soluciones, sino que jamás construyó un solo embalse. Además, fue ineficaz en el combate contra la sustracción ilegal del agua. A pesar de haber variadas denuncias, éstas jamás se investigaron eficientemente. Los expedientes donde constaban solían extraviarse e, incluso, en variadas ocasiones, los mismos vecinos no eran oídos.
(Aplausos en las tribunas)
Sin duda, la anterior administración quedó absolutamente al debe en la fiscalización de una materia que es de total trascendencia para los cientos de agricultores que habitan en las zonas de Petorca y de La Ligua. Como diputado de la Quinta Región y miembro de la Comisión de Agricultura, no puedo hacer oídos sordos a esos clamores.
(Aplausos en las tribunas)
Por eso, señor Presidente, por su intermedio, quiero expresarles a estos agricultores que, en estos momentos, el Gobierno no quiere seguir la senda de apatía demostrada por administraciones anteriores y ha dispuesto una serie de medidas, conocidas por todos, tendientes a ayudar de manera inmediata a las personas afectadas por la sequía.
En primer lugar, decretar como zona de escasez hídrica a la provincia de Petorca y disposición para habilitar nueve pozos en el valle de La Ligua y catorce en el valle de Petorca, para apoyar el riego. Simultáneamente, para suplir las necesidades de diferentes servicios de agua potable rural, utilización de otros siete pozos mientras sean habilitados drenes de manera transitoria para suministrar agua a los vecinos durante el período de verano.
Los vecinos de Petorca y de La Ligua pueden estar tranquilos, aun sabiendo que se trata de soluciones que no atacan el problema de fondo. Esto lo sabe el Gobierno; por eso, su diseño también incluye acciones definitivas, como la construcción de ductos para trasladar agua desde un pozo ubicado en el sector de Hierro Viejo, a través de cañerías de casi dieciocho kilómetros de longitud, que permitirán dotar de agua en forma simultánea a Hierro Viejo, Manuel Montt , Santa Julia y Pedegua .
En su compromiso, el Gobierno ha anunciado, además, el estudio para las futuras construcciones de cuatro embalses en los ríos La Ligua y Petorca . Me refiero a los embalses Los Ángeles, Alicahue , Las Palmas y Pedernal . Estas obras hídricas, de gran importancia para el desarrollo productivo de la región, implicarán un desembolso de más de 6.000 millones de pesos. Son construcciones que los gobiernos anteriores, de la Concertación, no fueron capaces de realizar en veinte años.
No obstante, todavía queda mucho por hacer, como supervisar el actual funcionamiento de la Dirección General de Aguas y revisar la legislación vigente relativa al agua, a fin de buscar su perfeccionamiento y otorgar derechos de aguas de acuerdo con las condiciones actuales, de manera que sea una legislación mucho más eficiente.
Finalmente, creo que durante la anterior administración hubo hechos que podrían dar lugar a infracciones, que deberían ser sancionados. Por lo mismo, solicito al ministro de Obras Públicas -por su intermedio, Presidente - que investigue los casos aquí señalados para atar todos estos cabos que presentan carácter de irregularidad …
(Aplausos en las tribunas)
… y que han hecho que el problema del agua en Petorca y La Ligua sea de proporciones -lo que motivó que la Cámara de Diputados se abocara a su estudio éste esta tarde- el cual se debe resolver para tranquilidad de los vecinos de la Quinta Región.
Señor Presidente, por su intermedio, le ruego al ministro que si se determina que existen hechos ilícitos que revistan caracteres de delito, se pongan los antecedentes en manos de la justicia criminal.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente , la situación que afecta a la provincia de Petorca, la viven desgraciadamente muchas regiones y provincias de nuestro país. Particularmente en la Región de Coquimbo, las provincias de Choapa y Limarí, que represento en esta Cámara, están viviendo una situación muy similar, como lo señaló el diputado señor Lemus . No tener acceso al agua es un drama humano que se vive a diario. No hay agua para el riego o para la bebida animal, lo que ya es dramático, pero tampoco hay agua para la bebida humana, lo que hace aún más dramática la situación. El camión aljibe que dispone la municipalidad para las localidades rurales más alejadas, se ha transformado en una institución, porque distribuye el agua dos veces al mes. Es una vergüenza que, en pleno siglo XXI, compatriotas dependan de un camión para tener agua para la bebida.
En las zonas de mayor sequía, de mayor rezago en acceso al agua, es donde más se siente que, desde hace mucho tiempo, el agua dejo de ser un derecho humano esencial para la vida y pasó a ser un bien que se transa en el mercado, un bien con el cual se especula. Nuestra legislación avala esa realidad. Por lo tanto, aquí hay una tarea pendiente para los parlamentarios.
No es posible que la legislación consagre la propiedad privada del agua, que consagre la gestión económica del recurso de acuerdo con lógicas de mercado y que ampare la concentración de la propiedad de los derechos de agua en muy pocas manos. Aquí se mencionó la agricultura: el 85 por ciento de los derechos privados de agua está en manos de la gran agricultura; la minería, con 8 ó 10 por ciento de los derechos de agua, amén de todo el impacto que conlleva su intervención, como es el daño al medio ambiente.
Hace algún tiempo iniciamos un debate sobre la materia. La entonces Presidenta Bachelet envió un proyecto de reforma constitucional para hacer del agua un bien nacional de uso público. En esa ocasión se nos dijo que no era necesaria, porque la legislación chilena consagra, en los Códigos Civil y de Aguas, que al agua es un bien nacional de uso público.
Pero eso no es así, porque, a renglón seguido, la Constitución de 1980 establece que el agua es propiedad privada y que los que constituyen derechos de agua, constituyen titularidad sobre el agua.
Entonces, aquí tenemos una dicotomía en la legislación. Es importante que, como diputados, asumamos esta disociación entre la Constitución y la legislación.
Ese proyecto de reforma constitucional estuvo radicado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y posteriormente lo conoció la Comisión de Agricultura. Se aprobó en las comisiones y vino a la Sala. Sin embargo, hoy está retirado del debate. Esto es lamentable, sobre todo por las razones que se nos dieron en la Comisión de Agricultura, en la cual se nos señaló que no era necesario hacer una reforma constitucional porque en la legislación ya está la declaración del agua como un bien nacional de uso público.
Si estuviera consagrado en la Constitución que el agua es un bien nacional de uso público, el Estado podría realizar muchos de las acciones que aquí se han señalado. Por de pronto, podría inmediatamente, por definición y de acuerdo con la facultad constitucional, revocar los derechos de agua que se han entregado en cuencas agotadas.
(Aplausos)
En la provincia de Choapa, los ríos Illapel, Choapa y Quilimarí están con resolución de cuencas agotadas; pero, ¿de qué sirven esos decretos y esas resoluciones si la situación sigue exactamente igual?
Voy a mostrar un par de fotografías que retratan lo que ocurre en la provincia de Choapa, específicamente en el valle de Quilimarí. Estas son fotos que saqué durante una visita en la semana distrital. Impacta ver seco el embalse Culimo , que nos muestra esta foto. Como contrapartida, otra foto nos muestra un valle de Quilimarí verde, plantado de arándanos y paltos.
Señor Presidente , por su intermedio, le pido al ministro que investigue por qué el valle se prende de verde en circunstancias de que el embalse está seco. Aquí se han entregado derechos de agua en forma misteriosa, lo que está perjudicando a la mediana y pequeña agricultura, y a la agricultura familiar campesina.
(Aplausos)
Nadie entiende que se seque un embalse en el que el Estado invirtió 2 mil 400 millones de pesos para reparar sus filtraciones. Si recorremos el valle, nos encontramos, de repente, con ocho grandes piscinas para embalsar agua, mientras medianos empresarios agrícolas, que han hecho grandes inversiones, no tienen agua, porque se abastecían del embalse Culimo.
Si quisiéramos intervenir, quizás ni siquiera necesitaríamos darnos el trabajo de tramitar una reforma constitucional, aunque sí sería muy importante materializarla. Si existiera voluntad política, podríamos estar interviniendo todo estas cuencas. Hay resoluciones, hay decretos, pero se hace la vista gorda.
En el valle de Quilimarí, medianos empresarios que producen aceite de oliva están al borde de la quiebra, debido a la instalación de empresarios fantasmas, la gran mayoría de los cuales viene del centro del país, los que están secando nuestras fuentes de riego.
(Aplausos)
Están invadiendo humildes valles, como ha ocurrido en Petorca, en Limarí, en Choapa, que han desarrollado una agricultura propia. Nos hemos esforzado incluso con proyectos y con programas públicos, para producir un gran aceite de oliva y los mejores paltos en Quilimarí; pero llegan grandes empresas que secan los embalses y las cuencas, que profitan y ganan haciendo aparecer derechos brujos, que no sabemos cómo ni de dónde los sacan, porque no tenemos el instrumento para fiscalizar sus inversiones.
Señor Presidente , hace días que estoy tratando de conseguir una entrevista con el ministro De Solminihac para plantearle esta dualidad de existencia en el valle de Quilimarí. Hay algunas soluciones, pero requieren inversión. Desgraciadamente, al final el Estado tiene que ponerse con los recursos, después de que esta usurpación de derechos nos deja en esas condiciones. Pero hay que intervenir, porque no hay agua. Desaparecerá la producción, no sólo de Quilimarí, sino también de Combarbalá y de muchos sectores de la pequeña y mediana agricultura en el valle de Limarí, en Monte Patria.
Hay que buscar fórmulas de inversión. Desgraciadamente, repito, el Estado tendrá que invertir a propósito de situaciones provocadas por privados.
Señor Presidente , reitero que hace muchos días intento conseguir una entrevista con el ministro de Obras Públicas para que se investigue la situación de Quilimarí y de Petorca. Tenemos que investigar qué sucede en nuestras provincias. Esto le hará bien al país, porque es un tema de transparencia y de coherencia.
Chile quiere ser potencia alimentaria. Sin embargo, con esta escasez de agua, con esta concentración de la propiedad del agua en manos de unos pocos, sin un Estado alerta y sin instrumentos para regular el uso del agua, estaremos enviado a la pequeña y mediana agricultura a la desaparición, para dejar concentrada en grandes manos la producción agrícola. Esto es igual que lo que ocurre en la gran minería: invierten, explotan, destruyen nuestros suelos, sacan todo lo que tienen que sacar y desaparecen. Debemos evitar eso.
Señor Presidente , por su intermedio le pido al ministro de Obras Públicas que nos conceda una entrevista para hacer realidad un sueño que hace mucho tiempo tiene el valle de Quilimarí, que es transvasar aguas de los ríos, que hoy se pierden en el mar, para llenar en parte el embalse Culimo , de manera de hacer productiva la mediana y pequeña agricultura de la zona.
Hay que investigar para erradicar, de una vez por todas, ese aprovechamiento, ese pirateo del agua, porque con esa práctica están destruyendo la mediana y pequeña agricultura, sobre todo la agricultura familiar campesina.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero felicitar a quienes convocaron a esta sesión, porque es tremendamente oportuno discutir, de una vez por todas, el derecho de miles de pequeños agricultores a lo largo de nuestro país, en especial los de la provincia de Petorca, a utilizar el agua. Por lo demás, se trata de un derecho fundamental el cual está consagrado en la legislación internacional.
Resulta tremendamente preocupante que grandes intereses económicos, en especial agrícolas, estén amparados, muchas veces, por autoridades que miran hacia el lado -al parecer, quieren ver crecer a los grandes-, mientras se usurpa el agua.
Señor Presidente, las autoridades presentes tienen algo que decir y, por su intermedio, quiero preguntarles qué acciones judiciales van a interponer para perseguir a estos depredadores del agua.
(Aplausos)
Quiero preguntar, especialmente al ministro de Obras Públicas , sobre las políticas públicas que se implementarán para que el recurso hídrico esté disponible para las grandes mayorías, para los pequeños agricultores, para las comunidades campesinas e indígenas.
Deseo expresar al ministro y al director general de Aguas que soy diputado por Valdivia , donde el agua era abundante, un bien respecto del cual existía una tremenda disponibilidad. Hoy, como consecuencia del modelo forestal, pequeñas comunidades alejadas tienen sequía. En Valdivia, la capital del agua, tenemos los mismos problemas, porque las grandes empresas forestales e hidroeléctricas se apropian del recurso hídrico, tienen constituidos los derechos.
Aprovechando la concurrencia de estas dos autoridades, sería bueno que nos informaran qué pasó con los derechos de agua en los ríos de Aysén y cómo se hizo un traje a la medida para que ahora pretendan hacer esas megarrepresas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cambió el criterio? ¿Por qué se favoreció a esas empresas?
Para terminar, quiero solicitar formalmente -lo pedimos a través del proyecto de acuerdo- que se revoquen los derechos de agua concedidos respecto de las cuencas en donde el recurso está claramente agotado.
(Aplausos)
Ésa es la decisión, la voluntad, lo mínimo que se le puede pedir a una autoridad que ejerce el gobierno de un país: que gobierne para todos, también para los pequeños, no sólo para las grandes mineras, para las grandes empresas forestales y para algunos grandes agricultores inescrupulosos que han usurpado estas aguas.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros.
El señor BARROS.- Señor Presidente , valoro profundamente esta sesión. Siempre que exista la posibilidad de hablar de agricultura, voy a defender la causa por la cual estoy en la Cámara de Diputados. En particular, en lo que respecta a la pequeña agricultura, siempre he sostenido que nuestra actividad, más que un negocio, es una forma de vida. Por lo tanto, siempre que un tema de esta naturaleza lo requiera, voy a estar acá, señalando mi punto de vista.
Adhiero a las palabras del diputado Gaspar Rivas, en el sentido de que en la Quinta Región Cordillera es fundamental realizar la investigación y aplicar la respectiva sanción, caiga quien caiga.
(Aplausos)
Creo que, en conjunto con el Gobierno -agradezco la presencia del ministro de Obras Públicas-, tendremos que buscar una forma de garantizar que las personas hagan uso y tengan derecho de las aguas de las cuales son propietarias.
¿Por qué debemos buscar un mecanismo? El 80 por ciento o más de la agricultura en Chile la desarrollan los pequeños agricultores. Las personas de trabajo que están en las tribunas, y también las de las regiones Sexta y Séptima, no tienen el tiempo ni la forma de defender sus derechos. Estamos hablando de gente que se levanta todos los días en la mañana y que probablemente, por el año agrícola que acaba de terminar, intenta regar y hacer sus cultivos. Por lo tanto, se trata de pequeños agricultores que no tienen la posibilidad de pagar a alguien para hacer valer sus derechos. Por eso, debemos encontrar una forma, a través de las instituciones del Estado, de garantizar que los vivos de siempre, los frescos de siempre, permitan que los pequeños agricultores desarrollen su actividad como corresponde.
(Aplausos)
Pero esto también requiere de una visión en otro sentido. Claro, ahora nos quejamos de que hay poca agua, quizá debido a que durante décadas no se han hecho inversiones. No quiero identificar a uno u otro gobierno, porque en relación con la agricultura nunca politizo. Yo quiero y siento a la agricultura; eso estudié, más allá de mis convicciones políticas. El punto está en que en nuestro país, dos tercios del agua dulce se pierde en el mar. Se utiliza sólo un tercio del agua para el consumo de la población, la agricultura y la minería. En la Quinta Región Cordillera, cuando uno observa plantaciones de paltos o cultivos sobre piedra, constata que, a veces, el suelo es sólo un sustrato y el agua es el elemento fundamental. Debido a las nuevas tecnologías, es posible fertilizar y, por lo tanto, producir.
El punto está en cómo embalsar una mayor cantidad de agua como un objetivo, no de este Gobierno, sino de mediano y largo plazo. Aquí hay obras que no se hicieron, como el embalse Puntilla del Viento, que, al igual que lo ocurrido respecto del puente sobre el Canal Chacao, se transa y se echa para atrás y para adelante. Reitero, en Chile se pierden dos tercios del agua. Si nuestro país invirtiera en sus sistemas de riego para efectos de llegar a ser realmente una potencia agroalimentaria, no debería tener estos problemas. Quizá, estaríamos abocados a una mejor utilización y a un uso racional del agua.
Insisto, esto lo veo como un objetivo de mediano y largo plazo. Chile podría contar con un millón de hectáreas adicionales, es decir, duplicar producción y empleos.
¿Por qué es fundamental que exista voluntad política en ese sentido? Cuando se subsidia el Transantiago con 800 millones o mil millones de dólares, al final se está subsidiando el crecimiento de las ciudades, en este caso, de Santiago. Nuestro mundo rural se está despoblando, porque, muchas veces, la gente no ve un destino en el lugar en que nació, en el lugar donde está su familia, en el lugar que representa su identidad. Entonces, se subsidia con tanta facilidad a los sectores urbanos y, en cambio, en el mundo rural las cosas cuestan tanto. Cuesta tener agua potable, electricidad, pavimento, incluso antenas de telefonía celular, todo lo cual en el mundo urbano se da como regalado, pues sus habitantes tienen agua potable, pavimento, telefonía, todo. Por lo tanto, debemos trabajar por quebrarle la mano al destino. De alguna manera, lo hemos ido logrando, porque existen avances.
Señor Presidente , por su intermedio quiero decirle al ministro que, en relación con los sectores de riego, es fundamental efectuar una revisión y una racionalización de todo lo que dice relación con las juntas de vigilancia. Existen comunidades de aguas particularmente precarias. También se debe invertir en marcos reguladores. Reitero, se pierde una buena proporción de las aguas. Por lo tanto, vamos a insistir al Ministerio de Agricultura para que disponga su uso racional, porque, al final, como decía mi profesor de riego en la Universidad Católica, se riegan más los caminos que los potreros. Por lo tanto, debemos tener voluntad.
Asimismo, existe otro tema importante. Hace dos años, la Superintendencia de Servicios Sanitarios dictó una resolución en relación con las empresas sanitarias, que venden agua para el consumo de la población, las cuales nos cobran por el agua que consumimos y por tratar las aguas servidas. La resolución de dicha Superintendencia otorga a las empresas sanitarias la facultad de tratar las aguas, embalsarlas y volver a venderlas para la agricultura.
Consideramos que eso constituye un precedente lamentable, porque mientras más crecen las comunidades urbanas se va consumiendo una mayor cantidad de agua. No queremos que la facultad que se otorga a dichas sanitarias de captar, vender y tratar las aguas signifique que puedan bombear aguas arriba para vender el recurso, en circunstancias de que su misión es devolver esas aguas a los cursos naturales de los ríos para que funcione el sistema de riego.
No debemos mirar el tema del agua sólo en la perspectiva de un año seco, sino que debemos proyectarnos en el mediano y largo plazo. Son tareas que van mucho más allá del período de un gobierno. Tras ese objetivo debe estar la tarea y la suma de la voluntad política de todos los gobiernos. Es necesario darse cuenta de que los dos tercios del agua se está perdiendo en el mar. Existe gente comprometida y esforzada que está dispuesta a emprender en el área agrícola, en la medida en que existan las perspectivas para hacerlo. Si eso implica inversiones por parte del Estado, muy bien. Asimismo, deberán existir subsidios para los pequeños agricultores. Pero no puede ser que exista una “danza” de millones para subsidios a favor de los sectores urbanos. Muchas veces, se arma una inmensa alharaca cuando se habla de entregar subsidios a los sectores rurales, pero cuando se subsidia a los sectores urbanos, nadie dice nada, lo que me produce mucha rabia.
Por lo tanto, siempre voy a sostener este discurso, porque soy nacido, criado y vivo en una zona campesina. Estoy orgulloso de vivir en mi mundo rural y de representar en la Cámara a un distrito rural.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).- En el tiempo del Partido Radical, tiene la palabra el diputado señor José Pérez, por 2 minutos 55 segundos. Además, la UDI le ha cedido generosamente 3 minutos más para que realice su intervención.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente , agradezco la generosidad de la Unión Demócrata Independiente por concederme ese tiempo.
El tema que estamos tratando en esta oportunidad tiene una tremenda importancia no sólo para los habitantes de los sectores de Petorca y La Ligua, sino para Chile y el resto del mundo. El agua se está agotando en el planeta. Por cierto, ahora estamos abocados a ver lo que sucede en Chile, razón por la cual deberíamos analizar con relativa frecuencia el Código de Aguas y la legislación relativa a esta materia a lo menos cada dos años, a fin de ir adecuando la normativa a los nuevos tiempos, que cambian en forma rápida.
En Chile han desaparecido humedales, se han secado vertientes y hoy ya no existen algunos esteros. Por lo tanto, el tema es muy dramático. Incluso, se prevé que en los próximos años el agua dulce escaseará en el planeta. ¡Cómo no cuidar, entonces, ese vital elemento, que conforma el 80 por ciento del cuerpo del ser humano y de los seres vivos! A mi juicio, en primer lugar debemos dar prioridad al uso y consumo del agua para las personas; en segundo lugar, cuidarla, a fin de que alcance para la mayor superficie regable de la tierra que produce alimentos, y en tercer término, ordenar lo que hacen, cómo lo hacen y qué deben hacer las empresas sanitarias, que se adueñan, incluso, de las aguas subterráneas de las comunas donde entregan el vital elemento. Ellas tienen inscritas las aguas subterráneas que hay bajo nuestras propiedades, como ocurre con la empresa Essbio , en la comuna de Los Ángeles. ¡Qué se han imaginado! ¡Cómo pueden llegar a ese extremo! Como dijo el diputado Barros , de acuerdo con una interpretación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, las empresas sanitarias, después de tratar las aguas, pasan a ser sus dueñas. ¡Qué se han imaginado! ¡Se les está pagando para su tratamiento! Muchas veces, ni siquiera lo hacen de buena forma, ya que las entregan tan contaminadas como cuando las reciben en sus plantas de tratamiento.
La situación se repite en el caso de Endesa y de algunas empresas cupríferas, que se adueñan de las aguas, que constituyen un bien de uso público que pertenece al Estado y, por consiguiente, a todos los chilenos.
Debemos regular cómo se usan las aguas y a quién se autoriza. Asimismo, los permisos deben tener una duración definida, de cinco o diez años, renovables, siempre y cuando se haga uso adecuado de las aguas. No es posible que estemos desatendiendo algo fundamental para la vida humana. Debemos ver la posibilidad de incrementar los proyectos de agua potable rural en todos los sectores rurales. No sacamos nada con tener construidos miles de metros cuadrados en hospitales, si la gente que vive en los campos -y nos interesa que siga en esos lugares, esperanzada en que puede vivir de la agricultura, es decir, alimentar y proyectar a sus familias- está bebiendo agua contaminada. No obstante, debemos ser responsables y hacer las instalaciones para que las personas consuman agua sana y no contaminada, como la que hoy beben no sólo en el centro y sur del país, sino que también en muchas otras zonas. Por eso, este es un tema de la mayor importancia para Chile y su gente.
A mi juicio, deberíamos realizar sesiones de esta naturaleza para analizar con especialistas qué y cómo se hace aquello, cómo está nuestra legislación y cómo la podemos adecuar de mejor manera a los tiempos modernos.
Así como en el pasado se nacionalizó el cobre, hoy debemos pensar en una legislación para nacionalizar el agua, porque es de todos los chilenos. El agua debe cumplir roles muy importantes. Primero, satisfacer las necesidades de la gente y, luego, los requerimientos del mundo agrícola. Finalmente, si las empresas generadoras de energía quieren utilizar las aguas, deben construir embalses de manera adecuada, con responsabilidad y los debidos resguardos, a fin de no exponer la vida de personas que viven aguas abajo de los embalses, lo que acontece en el caso de las empresas hidroeléctricas Pangue y Ralco , en la Octava Región, que no tienen un segundo muro de contención, después del principal; en el caso de la Central Pangue, además, hay fisuras en uno de sus muros.
Por eso, los diputados radicales estamos muy contentos de analizar un tema tan relevante para Chile y su pueblo. Pensamos que la solución definitiva pasa por la nacionalización del agua, porque, insisto, es un bien de uso público que pertenece a todos los chilenos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MELERO (Presidente).- En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González.
El señor GONZÁLEZ .- Señor Presidente , en primer lugar, felicito a los diputados que solicitaron la realización de esta sesión especial.
El sistema normativo e institucional que rige las aguas tiene inmensas deficiencias. Su visión es exclusivamente patrimonial, comercial y productiva; no ambiental, holística e integradora del uso del agua para el desarrollo del país y de la utilización humana.
Según el Código Civil, las aguas son bienes nacionales de uso público, pero ese carácter es una mera ilusión, porque dicho código, que morigera ese carácter, otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento sobre ellas, asimilable al derecho de propiedad. El derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio o propiedad de su titular, quien puede usar, gozar y disponer de él a su arbitrio, en conformidad con el artículo 6° del Código de Aguas, en los mismos términos que la propiedad tradicional, lo que, de acuerdo con toda la legislación moderna, está absolutamente obsoleto.
Al otorgársele el carácter de derecho real y los atributos del dominio, el legislador pretendió fortalecer el derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento, en la práctica, privatizó todo el sistema de aguas chileno, lo que ha ido en beneficio especialmente de las grandes empresas hidroeléctricas del país.
Los derechos no consuntivos fueron pensados y creados casi exclusivamente para la generación hidroeléctrica.
El Código de Aguas separó los derechos de aprovechamiento de las aguas del dominio de los predios superficiales donde ellas se desplazan, eliminó la antigua categoría de cosas accesorias a un inmueble o de inmuebles por destinación. Por eso, los pequeños propietarios y los dueños de la tierra no pueden usar el agua para el desarrollo de su producción agrícola, lo que ha causado todos los abusos que se han denunciado en relación con los derechos de agua en las provincias de Petorca, de Limarí y en otras regiones de Chile.
(Aplausos)
Nuestra legislación eliminó el listado de prioridades en el uso del agua. Por eso se requiere una nueva legislación y una reforma constitucional en relación con los derechos del agua en Chile, normativas que están empantanadas en el Senado, porque no ha habido voluntad política para aprobarlas.
Por eso, cuando se plantea aquí la necesidad de una comisión investigadora sobre lo que ha ocurrido en Petorca, su ámbito de competencia debe extenderse a muchas otras regiones de Chile, para que se investigue a fondo, se establezcan las responsabilidades por todos los abusos y usurpaciones en relación con los derechos de agua.
Por eso, me sumo a la petición de los diputados señores Lemus , de Urresti y la señora Adriana Muñoz , entre otros, para que se revisen y deroguen los derechos de agua mal otorgados.
(Aplausos)
El señor MELERO ( Presidente ).- Ha terminado su tiempo, señor diputado .
El señor GONZÁLEZ .- Señor Presidente , concluyo insistiendo en que debemos aprobar la nueva legislación de agua que Chile necesita urgentemente.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MELERO (Presidente).- La UDI ha cedido tres minutos de su tiempo a la señora Denise Pascal.
Tiene la palabra señora diputada.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, agradezco a la UDI el tiempo que me ha cedido.
Podemos hablar de lo que sucede con el agua en nuestro país desde Arica a Punta Arenas, ya que la situación es grave.
Represento a una zona de la costa de la Región Metropolitana, que es muy similar a la zona de Petorca. Tenemos el río Maipo, que miramos pasar, pero no somos dueños de él, porque sus aguas van directo al mar y no tenemos embalses para recogerlas.
Las aguas de la alta montaña de los ríos Mapocho y Maipo son de propiedad de grandes empresas de agua potable que abastecen a Santiago. Recogen el agua, la cloran, la reparten y nos cobran. También recogen el agua servida, la depuran y debemos pagar. Además, hoy nos quieren cobrar por devolverlas a los cauces y a los agricultores por usarlas en sus canales de regadío.
¿Qué significa eso para mañana? Lo que sucede con Aguas Chañar, que recoge y depura las aguas para después venderlas a las mineras en vez de devolverlas al cauce del río Copiapó. Significa que el día de mañana, por la falta de equidad en la entrega de agua -que, según nuestra Constitución y como han dicho los que me han antecedido en el uso de la palabra, es un bien público de todos-, pasa a ser un bien privado no sólo de quien ha recibido el derecho de agua, sino también de quienes han adquirido los derechos de agua para que sean depuradas. Desgraciadamente, por interpretaciones equívocas de la Superintendencia de Aguas, se ha autorizado a esa empresa para vender el agua depurada.
Por eso, trasversalmente, todos los diputados que integramos la Comisión de Agricultura hemos elaborado y presentado un proyecto que interprete el uso que se debe dar al agua una vez depurada. No queremos que nuestras tierras sigan siendo de secano.
¿Qué ha significado la construcción de grandes pozos? Que las norias de nuestra zona no tengan agua. San Pedro es un ejemplo de eso. Durante veinte años se autorizó a grandes empresas la construcción de pozos profundos, y ahora los pequeños agricultores no tienen con qué regar sus tierras.
Hemos planteado la necesidad de que se construyan pequeños embalses, pero no debemos seguir con la separación de la venta del agua y de las tierras. El Código de Aguas lo permite, error que se cometió en los años ochenta.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MELERO ( Presidente ).- La UDI también otorgó dos minutos al diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, agradezco a la bancada de la UDI el tiempo que me ha cedido.
No comparto la convocatoria de esta sesión especial, pero sí el tema de fondo que se debe discutir.
Según la historia de la humanidad por distintas razones se han originado las guerras: por la tierra, por la religión, por las ideas, por el petróleo. Probablemente, mañana sea por el agua.
Hoy en nuestro país tenemos conflictos entre la minería y la agricultura en el norte, entre los grandes y pequeños campesinos en la zona central, entre las hidroeléctricas, el turismo, las comunidades indígenas y los pequeños campesinos en el sur. En consecuencia, es el momento de determinar si el agua debe estar al servicio del capital y transformarse en un elemento más de especulación o si este vital elemento tiene que estar al servicio de las personas, del ser humano y de su desarrollo integral.
(Aplausos)
Si nos inclinamos por lo segundo, lo primero que tenemos que hacer es contar con una política pública y una legislación que establezcan la siguiente prioridad: en primer lugar, el consumo humano, y, en segundo lugar, la producción agrícola, fundamentalmente de los pequeños campesinos, quienes con poca extensión de tierras y con una agricultura de secano no tienen ninguna posibilidad de desarrollarse. Es fundamental una inversión pública en serio para que nuestros ríos dejen de causar daño en el invierno y esa agua se acumule para regar y dar vida a la actividad agrícola en verano.
Tenemos que llegar a un gran consenso para cambiar la naturaleza jurídica de este vital elemento y elevar a rango constitucional su rol de bien nacional de uso público, para que esté al servicio de todos los chilenos y que el Estado sea el que lo regule, y no al servicio del capital; de lo contrario, va a seguir pendiente el problema y generará conflictos al interior de nuestro país y, por qué no, con potencias vecinas o extranjeras.
Hago un llamado para que juntos retomemos el debate para la Constitución y modificar el Código de Aguas, así aseguraremos que el agua llegue a cada uno de los chilenos para beberla y producir con dignidad.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Javier Hernández.
El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente , saludo a las personas que están en las tribunas. Observo el respeto con que escuchan la discusión. Eso revela que vienen del mundo campesino al que también pertenezco en la ciudad de Osorno. Gente respetuosa y sencilla que tiene sus problemas.
Todos sabemos que para generar un producto agrícola, con el que se vive en determinadas regiones, necesitamos tierras ricas y agua. No existe otro mecanismo. El agotamiento del agua y la tierra es sinónimo de erosión y pobreza. Tierras pobres, campesinos pobres y agricultores pobres. Por lo tanto, la discusión debe centrarse en ordenar la situación actual.
Agradezco la presencia del señor ministro . Enfrentar el desorden acumulado durante mucho tiempo le ha significado un tremendo trabajo. Ordenar ha sido una tarea titánica, complicada, pues se han entregado derechos sobre derechos. No sé de acuerdo a qué criterios. Derechos brujos, como se ha dicho acá; ha habido usurpación de aguas, casos en los cuales el ministerio debe aplicar todo el rigor de la ley. En eso, hay consenso transversal de hacer uso de toda la legislación vigente, y si existe déficit normativo en cuanto a fiscalización y sanciones, debemos presentar nuevos proyectos de ley para arreglar la situación. No es menor lo que vemos en las tribunas: si ha concurrido gente es porque realmente tiene un problema grave que se debe solucionar.
Las políticas públicas deben ser coordinadas. Aquí hay problemas. Por ejemplo, por un lado, se entregan subsidios para obtener proyectos de regadío y, por otro, para drenajes. Todo eso, con el afán de que la tierra produzca más. Pero ahí hay un contrasentido, porque con los drenajes se secan los mallines, ñadis y humedales. Según la zona en que nos encontremos los vamos a llamar de diferentes maneras. Se están secando las reservas de agua. Es un problema explosivo.
En nuestra zona, que llueve harto más que en la zona central, en los veranos se da la paradoja que estamos teniendo sequías, producto de las políticas descoordinadas entre un ministerio y otro. No digo que no haya que tenerlas, pero se deben cuidar las reservas hídricas y enfrentar la situación con mayores recursos para tener el vital elemento.
Se han hecho planes pilotos para pequeños agricultores de la zona, fundamentalmente ligados a los pueblos originarios de la comuna de San Juan de la Costa. Este año hay tres, su objetivo es hacer pequeños tranques para acumular el agua durante el invierno, con el fin de abastecerse durante la primavera, el verano y la mitad del otoño, así los pequeños agricultores o campesinos, como llamamos, tendrán posibilidades de desarrollo futuro y se mantendrán en el campo. La única forma de evitar que la emigración campo-ciudad se siga acentuando, lo que provoca una grave crisis por la escasez de mano de obra en el campo. Hoy se escucha que hay que liberar la mano de obra para que vengan extranjeros a cultivar nuestras tierras. Ante eso, necesitamos que se adelanten políticas públicas para enfrentar los fenómenos que ocurren en todo el país.
Veinte años de desorden debemos arreglarlos ahora, pues hoy se han superpuesto derechos. ¡Hubiesen visto algunas imágenes que nos entregaron las autoridades de la Dirección de Aguas hace dos o tres años en la Comisión de Obras Públicas! Según lo que señalaron, era imposible continuar con el desorden en las Regiones Segunda, Tercera, Cuarta y, al parecer, también en la Quinta, que ha ido en progresión y agravándose. Por lo tanto, hay que ponerle término.
Ojalá que el señor ministro pueda cambiar la historia que ha significado el desorden en la entrega de derechos de agua.
He dicho.
-Aplausos
El señor MELERO (Presidente).- Han concluido los tiempos de los Comités.
Tiene la palabra el señor ministro de Obras Públicas.
El señor SOLMINIHAC ( ministro de Obras Públicas ).- Señor Presidente , he escuchado con mucha atención todas las intervenciones y he tomado nota de lo que se ha dicho.
El Gobierno tiene muy clara la situación hídrica del país y que en muchas de sus zonas es compleja por efecto de diversos factores y por mucho tiempo: el cambio climático, el desarrollo, la falta de inversión, el inadecuado uso del agua por algunas personas, etcétera. Por eso, hemos diseñado una política para el uso sustentable del recurso hídrico. Se plantea la búsqueda de nuevas formas y fuentes de agua y que el uso de este vital elemento sea más eficiente. Por cierto, se considera mejorar la gestión para disminuir los plazos de tramitación, aumentar la fiscalización y capacitar a las organizaciones de usuarios.
Hemos tomado medidas especiales en el caso de la Ligua y Petorca, que hoy nos convoca. En ese sentido, hay cuestiones que ya han mencionado algunos señores diputados. La primera, en el caso de la escasez puntual, en noviembre del año pasado se decretó escasez en las cuencas. A través de la Dirección de Obras Hidráulicas hemos puesto en servicio nueve pozos en el valle de La Ligua, 14 en el de Petorca y hacemos esfuerzos y mejoras para trabajar agua potable rural en 36 servicios en la zona. Por cierto, hay una intensa fiscalización, punto que se ha planteado con mucho énfasis aquí y del cual estamos conscientes.
Quiero destacar que la actual Administración no ha entregado ningún derecho de agua fuera de los caudales disponibles y en las cuencas que corresponda.
También se cambió el criterio de uso predecible. Por lo tanto, se ha sido más cauteloso en la entrega de los derechos de agua.
En la zona señalada se han analizado presuntas irregularidades en 20 casos. De esos, 18 denuncias fueron hechas por terceros y otras directamente por la Dirección General de Aguas.
De estas 18 denuncias, dos se rechazaron, siete fueron acogidas y están en tramitación de acuerdo con la ley, y nueve se encuentran en proceso de análisis, de búsqueda de antecedentes, para tomar las medidas respectivas.
Haremos uso de todas las herramientas que proporciona la ley para fiscalizar el otorgamiento de los derechos de aprovechamiento de aguas y sancionar el uso ilegal del recurso o la construcción ilegal de obras para su obtención. Estamos trabajando para hacer efectiva la legislación en esta materia de modo de tener claridad sobre los derechos entregados. Y si fueron mal otorgados, aplicaremos la ley de que disponemos para subsanar tal situación.
Asimismo, nos encontramos trabajando en una política de largo plazo a fin de hacer más eficiente el uso del agua, con la tecnificación del riego, la certificación hídrica, la disminución de los plazos de tramitación, como mencioné anteriormente.
En consecuencia, como Gobierno nos estamos haciendo cargo de los problemas recibidos para ser más eficientes en el control y la fiscalización.
Se han aumentado en 30 por ciento los recursos de la Dirección General de Aguas para mejorar la fiscalización y el manejo de la información en esta materia. No descansaremos hasta terminar de analizar todas las denuncias formuladas, a fin de que se haga justicia respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas en las cuencas que correspondan.
Muchas gracias.
-Aplausos en la Sala y en las tribunas.
El señor MELERO ( Presidente ).- El señor Secretario dará lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 318, de la diputada señora Molina, doña Andrea, y de los diputados señores Melero, Morales, Kast; Pérez, don Leopoldo; Hasbún, Sandoval, Barros; Monckeberg, don Cristián; Teillier, Cerda, Sabag y Eluchans, por el cual la Cámara de Diputados acuerda:
“1.- Que atendida la gravedad de la situación hídrica de la V Región, particularmente en la cuenca de La Ligua y Petorca, se oficie al MOP para que disponga de todos los recursos necesarios para cerrar las investigaciones en relación al uso ilegal de aguas. Asimismo, que se adopten las medidas que permitan un aprovechamiento sustentable y respetando los derechos de aguas existentes.
2.- Que el MOP adopte todas las medidas conducentes para que se sancione a quienes hagan uso ilegal de aguas, y que ponga en manos de los tribunales los antecedentes conducentes a acreditar tales infracciones, y se aplique las multas y penas a los delitos que puedan haberse cometido.”
El señor MELERO (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
-Aplausos en la Sala y en las tribunas.
El señor MELERO (Presidente).- El señor Secretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 319, de los diputados señores Alinco, Meza, Saffirio; Pérez, don José; Cerda; de la diputada señora Muñoz, doña Adriana; de los diputados señores Campos, González, Aguiló, Carmona, Jiménez, Castro; de la diputada señora Pascal, doña Denise, y del diputado señor Gutiérrez, don Hugo, por el cual la Cámara de Diputados acuerda:
“Solicitar a S.E. el Presidente de la República
a) Instruya al señor ministro de Obras Públicas a objeto de que la Dirección General de Aguas revise y revoque los derechos de aprovechamiento de aguas concedidos en cuencas declaradas agotadas, y en particular aquellos derechos concedidos provisoriamente.”
b) Se instruya una revisión de la institucionalidad encargada de otorgar los derechos de aguas y su fiscalización, y se proponga a este Parlamento un proyecto de ley que modernice dicha institucionalidad.
c) Se instruya, a partir de los resultados de las fiscalizaciones realizadas en la provincia de Petorca, que el Ministerio del Interior se querelle contra todos quienes resulten responsables de la usurpación de aguas en dicha localidad.”
-Aplausos en la Sala y en las tribunas.
El señor MELERO (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
-Aplausos en la Sala y en las tribunas.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Van
-Votó por la negativa el diputado señor
-Se abstuvo la diputada señora
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
El señor MELERO ( Presidente ).- En nombre de la Cámara de Diputados, quiero agradecer la buena actitud y el respeto que guardaron durante el desarrollo de la sesión las personas que se encuentran en las tribunas. Asimismo, agradezco la presencia y disposición del señor ministro de Obras Públicas , don Hernán de Solminihac Tampier.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 18.11 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de reforma constitucional para adecuar los plazos vinculados a las elecciones presidenciales (6946-07).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley sobre otorgamiento y uso de licencias médicas. (boletín N° 6811-11).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Informe de la Comisión Revisora Cuentas
“Honorable Cámara:
La Comisión Revisora de Cuentas, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ha procedido a revisar y evaluar la liquidación y el Balance de las cuentas del Departamento de Finanzas correspondiente al ejercicio financiero y contable del año 2010, como asimismo el informe complementario sobre el uso de los fondos públicos destinados para el ejercicio de la función parlamentaria, por el período comprendido entre 1 de enero y el 31 de marzo de 2011, entregados por la Mesa de la Corporación a esta Comisión para su dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 N° 5 del Reglamento de la Corporación y en el inciso segundo del artículo 4° transitorio de la ley N° 20.447.
I. ANTECEDENTES PREVIOS.
Conforme con el artículo 68 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, le corresponde a esta Comisión el examen y aprobación de los gastos efectuados con cargo a los fondos destinados al ejercicio de la función parlamentaria. A su vez, con fecha 3 de julio de 2010, se publicó en el Diario Oficial la ley N° 20.447, que introduce en la ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la ley N° 20.050, que reformó la Constitución Política de la República.
En el marco de estas adecuaciones se introdujeron diversas normas modernizadoras en materia de transparencia y control, entre las cuales, en lo que nos atañe, cabe destacar la creación de dos órganos bicamerales, que son el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y el Comité de Auditoría Parlamentaria.
El primero será el encargado de determinar, con cargo al presupuesto del Congreso Nacional y conforme a los principios que rigen la actividad parlamentaria, el monto, el destino, la reajustabilidad y los criterios de uso de los fondos públicos destinados por cada Cámara a financiar el ejercicio de la función parlamentaria. A estos efectos, se define el concepto de “función parlamentaria”, entendiendo por tal todas las actividades que realizan senadores y diputados para dar cumplimiento a las funciones y atribuciones que les confieren la Constitución y las leyes. Ella comprende la tarea de representación popular y las diversas labores políticas que llevan a cabo aquéllos y los comités parlamentarios.
El segundo órgano bicameral estará encargado de controlar el uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria y de revisar las auditorías que el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional efectúen de sus gastos institucionales. Este control se efectuará mediante auditorías anuales, por el período de doce meses que se inicia cada 1 de abril. El Comité deberá emitir su informe antes del 30 de junio de cada año.
Finalmente, se consideraron algunos artículos transitorios relativos a la elección y constitución del primer Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y del primer Comité de Auditoría Parlamentaria, y a la elaboración del reglamento que regulará al Comité de Auditoría Parlamentaria. Al mismo tiempo se dispuso que, mientras no inicie su funcionamiento el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, las respectivas comisiones de régimen de cada Cámara conservarán sus atribuciones para establecer el destino de los fondos públicos para el ejercicio de la función parlamentaria. Asimismo, en tanto no comience a funcionar el Comité de Auditoría Parlamentaria, las comisiones revisoras de cuentas de cada Corporación seguirán efectuando el control de los fondos públicos destinados al ejercicio de la función parlamentaria. Por esta razón, específicamente, se preceptúa que ellas, además del informe respecto del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010, deberán emitir un Informe complementario, relativo al uso de los fondos públicos destinados al ejercicio de la función parlamentaria, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de marzo del mismo año, fechas estas últimas fijadas en virtud de la ley N° 20.464, publicada en el Diario Oficial el 12 de octubre de 2010, que prorrogó los plazos para que las comisiones informaran, a las fechas antes señaladas.
El Comité de Auditoría Parlamentaria ya está constituido y le corresponderá comenzar a ejercer sus funciones en lo sucesivo, comenzando por efectuar la auditoria anual, por el período de doce meses que se inicia el próximo 1 de abril, conforme con el artículo 66 B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
-o-
Asistieron a la Comisión durante el estudio de esta materia los señores Orlando Catalán , Director de Finanzas ; Patricio Leiva , Jefe de Finanzas , y Juan Pavéz , Contralor Interno.
Se designó Diputado informante al señor José Miguel Ortiz Novoa .
II. DEBATE.
En el debate de la Comisión, el Director de Finanzas de la Corporación , señor Orlando Catalán , realizó una breve exposición informando respecto al uso de los fondos públicos destinados al ejercicio de la función parlamentaria en el período correspondiente al año 2010 y al primer trimestre del año 2011.
A continuación, se puso a disposición de la Comisión un informe correspondiente al año 2010 y uno complementario correspondiente al primer trimestre del año 2011, elaborado por la Dirección de Finanzas y presentado a la Mesa de la Corporación por su Director, los cuales la Mesa remitió para el dictamen de esta Comisión, conforme con lo dispuesto en el artículo 44 numeral 5° del Reglamento de la Corporación y en el artículo 68 de la ley N° 19.818, orgánica constitucional del Congreso Nacional.
-o-
Ingresos y Gastos Institucionales año presupuestario 2010
El texto definitivo de la Ley de Presupuesto de la Nación, aprobado por el Congreso Nacional, consultó para la Cámara de Diputados la cantidad de $47.498.636.000.- (cuarenta y siete mil cuatrocientos noventa y ocho millones seiscientos treinta y seis mil pesos) que posteriormente se complementó, en el transcurso del año 2010, con las cantidades asignadas por decretos que se detallan a continuación:
Decreto
Fecha
Complementos
Monto $
746
06/07/2010
Ley Nº 19882 (Anef)
582.320.000
747
06/07/2010
Reajuste Legal
745.499.000
766
12/07/2010
Saldo Inicial Caja
754.290.000
861
06/08/2010
Saldo Inicial Caja
371.602.929
1678
30/12/2010
Reajuste Diciembre
134.006.000
30/12/2010
Subsidios y otros ingresos
35.760.660
Total
2.623.478.589
Por lo tanto, el Presupuesto final con que contó la Corporación fue de $50.122.114.589.- (cincuenta mil ciento veintidós millones ciento catorce mil quinientos ochenta y nueve pesos) de acuerdo al siguiente detalle.
Período 1º de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010.-
Sub-Título Ingresos $
08 Otros Ingresos Corrientes 136.447.389
09 Aporte Fiscal 48.818.959.000
10 Venta Activos No Financieros 38.815.271
15 Saldo Inicial de Caja 1.127.892.929
Total $ 50.122.114.589
/
Los gastos e inversiones ascendieron a la suma de $49.088.542.863 (Cuarenta y nueve mil ochenta y ocho millones quinientos cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y tres pesos), y se desglosan de la siguiente manera:
Sub-Títulos Gastos $
^@#@^21 Gastos en Personal 25.576.424.902
(Dieta, Sueldos, Viáticos, Honorarios
Asesorías Legislativas)
22 Bienes y Servicios 13.952.320.531
de Consumo
^@#@^23 Prestaciones Previsionales 159.321.417
24 Transferencias Corrientes 7.710.745.415
(a Organismos Internacionales, Sala
Cuna y Secretarios Diputados)
29 Adquisic. de Activos No Financieros 528.748.071
Deuda Comprometida 405.692.555
Servicio Deuda Período Anterior 755.289.972
Total $ 49.088.542.863
/
En resumen, los recursos en moneda corriente alcanzaron a $ 50.122.114.589.- (cincuenta mil ciento veintidós millones ciento catorce mil quinientos ochenta y nueve pesos) y los egresos a $ 49.088.542.863 (Cuarenta y nueve mil ochenta y ocho millones quinientos cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y tres pesos), lo que dejó un Saldo Final de Caja de $ 1.033.571.726.- (Un mil treinta y tres millones quinientos setenta y un mil setecientos veintiséis pesos) el cual se descompone de la siguiente manera:
Depositado en la Cta Cte Nº 901386-5, Cuenta Única Fiscal del Banco Estado
1.382.215.321.-
Anticipos Varios y Cajas Chicas para gastos menores.
57.048.960.-
Saldo disponible
1.439.264.281.-
Deuda Comprometida
Bienes y Servicios Consumo
(405.692.555.-)
(*) Saldo Final de Caja
1.033.571.726.-
Destino del Saldo de Caja
-Actos Bicentenario
Congreso Nacional
- Reparaciones por terremoto Valparaíso y Santiago
(140.114.063.-)
(893.457.663.-)
Saldo Final
0.-
(*) Este Saldo de Caja se origina en los ahorros, ajustes y racionalización de gastos efectuados por la Corporación durante el periodo para hacer frente a las reparaciones en los Edificios de Valparaíso y Santiago, derivados del terremoto del 27 de febrero de 2010, y con la provisión los recursos necesarios para desarrollar las actividades del Bicentenario del Congreso Nacional. Conforme a los acuerdos de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento.
BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS
CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESUPUESTO AÑO 2010
INGRESOS
$
GASTOS
$
11108
Otros Ingresos
Subsidios licencias y otros
136.447.389
12121
Gastos en
^@#@^Personal
25.576.424.902
11109
Aporte Fiscal
48.818.959.000
12122
Bienes y Servicios de Consumo
Alimentos, mantención, reparaciones, etc.
13.952.320.531
11110
Venta Activo No Financiero
38.815.271
12123
Prestaciones Previsionales
159.321.417
12124
^@#@^Transferencias Corrientes
Sala cuna, organismos internacionales, secretarios diputados
7.710.745.415
11115
Saldo Inicial de Caja
1.127.892.929
12129
Adquisición Activos no Financieros
528.748.071
Adquisición muebles, equipos, vehículos, etc.
Deuda comprometida
405.692.555
Servicio Deuda Periodo Anterior
755.289.972
12135
Saldo Final de Caja
1.033.571.726*
Total ingresos ($)
50.122.114.589
Total gastos ($)
50.122.114.589
*Este Saldo de Caja se encuentra comprometido según lo indicado en el cuadro anterior.
La documentación que respalda todas las operaciones contables, que dieron origen a las partidas registradas en la contabilidad de la Corporación, se encuentran a disposición de los señores Diputados miembros de la Comisión Revisora de Cuentas, en el Departamento de Finanzas de esta Institución.
Los Certificados del Banco y la conciliación bancaria se agregaron a esta Rendición de Cuentas, como anexos Nºs. 1 y 2.
También se agregó como anexo Nº3 el detalle relativo a viajes al extranjero, autorizados por la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento.
Se adjuntaron como anexo 4, los Informes Mensuales remitidos a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuesto, relativos a los avances mes a mes de los recursos económicos recibidos y los gastos ejecutados en cada uno de los períodos.
Informe Complementario sobre uso de fondos públicos destinados al ejercicio de la función parlamentaria entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2011
El texto definitivo de la Ley de Presupuesto de la Nación, aprobado por el Congreso Nacional, consultó para el año 2011 para la Cámara de Diputados la cantidad de $ 50.888.167.000.- (Cincuenta mil ochocientos ochenta y ocho millones ciento sesenta y siete mil pesos), este presupuesto se complementará con el saldo inicial de caja que asciende a la suma de $1.439.264.281.-(Un mil cuatrocientos treinta y nueve millones doscientos sesenta y cuatro mil doscientos ochenta y un pesos)
Por lo tanto, el Presupuesto preliminar con que cuenta la Corporación para el año 2011, es de $ 52.327.431.281.-(Cincuenta y dos mil trescientos veintisiete millones cuatrocientos treinta y un mil doscientos ochenta y un pesos)
Y al 31 de marzo de 2011 se cuenta con los siguientes recursos disponibles:
Sub-Título Ingresos $
08 Otros Ingresos Corrientes 34.422.403
09 Aporte Fiscal 12.950.000.000
15 Saldo Inicial de Caja 1.439.264.281
Total $ 14.423.686.684
/
Los gastos e inversiones al 31 de marzo de 2011 ascienden a la suma de $ 11.585.858.996.- (Once mil quinientos ochenta y cinco millones ochocientos cincuenta y ocho mil novecientos noventa y seis pesos), y se desglosan de la siguiente manera:
Gastos $
21 Gastos en Personal 6.691.331.653
(Dieta, Sueldos, Viáticos, Honorarios
Asesorías Legislativas)
22 Bienes y Servicios 2.955.292.074
de Consumo
24 Transferencias Corrientes 1.746.500.844
(a Organismos Internacionales, Sala
Cuna y Secretarios Diputados)
29 Adquisic. Activos No Financieros 105.880.790
34 Deuda Comprometida 86.853.635
Total $ 11.585.858.996
/
Los fondos disponibles, en relación con su destino, se estructuran de la siguiente manera:
Fondos utilizados en el funcionamiento corporativo
$
%
En Personal, Honorarios y Otros
3.942.395.004
34.03%
En Bienes y servicios corrientes
1.069.799.408
9.23%
En transferencias a Organismos Internacionales
26.397.056
0.23%
En activos no financieros
105.880.790
0.91%
En servicio de la deuda
86.853.635
0.75%
Fondos destinados a la función parlamentaria
A. De Asignación Directa
Dieta
2.676.144.240
23.10%
Viáticos al Extranjero
48.974..730
0.42%
Asignación Combustibles
211.567.680
1.83%
Traslado adicional Sres. Diputados
40.196.352
0.35%
Asignaciones para el desempeño del cargo
1.041.778.800
8.99%
Asignaciones para el desempeño del cargo de los miembros de la Mesa
4.981.311
0.04%
B. De Asignación Indirecta
Asesorías varias
184.139.497
1.59%
Cotizaciones Previsionales Aporte Corporativo
6.148.434
0,05%
Materiales de uso
18.236.362
0.16%
Pasajes aéreos nacionales e internacionales
194.779.431
1.68%
Asignación arriendo y telefonía Diputados
180.405.600
1.56%
Seguros
27.076.878
0.23%
Secretarios privados señores Diputados
1.710.456.704
14.76%
Desahucios e indemnizaciones Secretarios
9.647.084
0.08%
Total Gastos del Período (enero a marzo 2011)
11.585.858.996
100,00%
Al agrupar por el destino de los recursos se obtiene el siguiente cuadro:
/
El siguiente cuadro muestra el comportamiento de cada uno de los gastos antes detallados:
/
Gastos Corporativos
Asignaciones Directas Parlamentarios
Asignaciones Indirectas Parlamentarios
En resumen, los recursos disponibles en el período alcanzaron a $ 14.423.686.684 (Catorce mil cuatrocientos veintitrés millones seiscientos ochenta y seis mil seiscientos ochenta y cuatro pesos) y los egresos a $ 11.585.858.996 (Once mil quinientos ochenta y cinco millones ochocientos cincuenta y ocho mil novecientos noventa y seis pesos), lo que dejó un Saldo de Caja de $ 2.837.827.688 (Dos mil ochocientos treinta y siete millones ochocientos veintisiete mil seiscientos ochenta y ocho pesos).
BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS
CÁMARA DE DIPUTADOS
Período 1° de enero al 31 de marzo de 2011
Ingresos
$
Gastos
$
11108
Otros Ingresos
34.422.403
12121
Gastos en Personal
6.691.331.653
Subsidios licencias y otros
11109
Aporte Fiscal
12.950.000.000
12122
Bienes y Servicios de Consumo
2.955.292.074
Alimentación, mantención, reparaciones, etc.
12124
^@#@^Transferencias Corrientes
1.746.500.844
Sala cuna, organismos internacionales,
secretarios diputados
11115
Saldo Inicial de Caja disponible
1.439.264.281
12129
Adquisición Activos no Financieros
105.880.790
Adquisición muebles, equipos, vehículos, etc.
12134
Deuda Comprometida
86.853.635
12135
Saldo de Caja
2.837.827.688
Totales iguales
14.423.686.684
14.423.686.684
Se adjuntan, en anexo N°5, los Informes Mensuales remitidos a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuesto, relativos a los avances mes a mes de los recursos económicos recibidos y los gastos ejecutados en cada uno de los períodos.
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Vuestra Comisión, examinados los antecedentes anteriores, con respecto a los pagos habituales, mensuales y esporádicos que deben hacerse, tales como dietas, asignaciones, sueldo de personal y secretarios de Diputados, asignación de combustibles y otros, operaciones que se practicaron de acuerdo con los procedimientos contables para el sector público e incluyeron, por tanto, comprobaciones parciales de contabilidad y la aplicación de otros procedimientos de revisión en la medida que se consideró necesario, pudo comprobar que las operaciones efectuadas durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, como en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2011, relativas al uso de los fondos públicos destinados al ejercicio de la función parlamentaria, están conformes en su uso e inversión.
En consideración a las razones expuestas, la Comisión recomienda a la Sala aprobar el siguiente:
Proyecto de acuerdo:
“Artículo único.- Apruébase el Balance de las Cuentas de la Mesa de la H. Cámara de Diputados correspondiente al año presupuestario y contable 2010 y el informe complementario del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2011, sobre uso de los fondos públicos destinados al ejercicio de la función parlamentaria, respectivamente, que presentó el Director de Finanzas señor Orlando Catalán , remitidos por la Mesa de la Corporación a la Comisión Revisora de Cuentas conforme con el artículo 44 N° 5 del Reglamento Interno. El presupuesto final con que contó la Corporación para el año presupuestario y contable 2010 fue de $50.122.114.589 (cincuenta mil ciento veintidós millones ciento catorce mil quinientos ochenta y nueve pesos); por su parte el presupuesto final con que contó la Corporación para el primer trimestre del año 2011 fue de $14.423.686.684 (catorce mil cuatrocientos veintitrés millones seiscientos ochenta y seis mil seiscientos ochenta y cuatro pesos), de acuerdo con el siguiente detalle:
Período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010:
Sub-Título Ingresos $
08 Otros Ingresos Corrientes 136.447.389
09 Aporte Fiscal 48.818.959.000
10 Venta Activos No Financieros 38.815.271
15 Saldo Inicial de Caja 1.127.892.929
Total $ 50.122.114.589
Los gastos e inversiones ascendieron a la suma de $49.088.542.863 (Cuarenta y nueve mil ochenta y ocho millones quinientos cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y tres pesos), y se desglosan de la siguiente manera:
Sub-Títulos Gastos $
^@#@^21 Gastos en Personal 25.576.424.902
(Dieta, Sueldos, Viáticos, Honorarios
Asesorías Legislativas)
22 Bienes y Servicios 13.952.320.531
de Consumo
^@#@^23 Prestaciones Previsionales 159.321.417
24 Transferencias Corrientes 7.710.745.415
(a Organismos Internacionales, Sala
Cuna y Secretarios Diputados)
29 Adquisic. de Activos No Financieros 528.748.071
Deuda Comprometida 405.692.555
Servicio Deuda Período Anterior 755.289.972
Total $ 49.088.542.863
En resumen, los recursos en moneda corriente alcanzaron a $50.122.114.589.- (cincuenta mil ciento veintidós millones ciento catorce mil quinientos ochenta y nueve pesos) y los egresos a $49.088.542.863 (cuarenta y nueve mil ochenta y ocho millones quinientos cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y tres pesos), lo que dejó un Saldo Final de Caja de $ 1.033.571.726.- (Un mil treinta y tres millones quinientos setenta y un mil setecientos veintiséis pesos) el cual se descompone de la siguiente manera:
Depositado en la Cta Cte Nº 901386-5, Cuenta Única Fiscal del Banco Estado
1.382.215.321.-
Anticipos Varios y Cajas Chicas para gastos menores.
57.048.960.-
Saldo Disponible
1.439.264.281.-
Deuda Comprometida
Bienes y Servicios Consumo
(405.692.555.-)
(*) Saldo Final de Caja
1.033.571.726.-
Destino del Saldo de Caja
-Actos Bicentenario
Congreso Nacional
-Reparaciones por terremoto
Valparaíso y Santiago
(140.114.063.-)
(893.457.663.-)
Saldo Final
0.-
(*) Este Saldo de Caja se origina en los ahorros, ajustes y racionalización de gastos efectuados por la Corporación durante el periodo para hacer frente a las reparaciones en los Edificios de Valparaíso y Santiago, derivados del terremoto del 27 de febrero de 2010, y con la provisión los recursos necesarios para desarrollar las actividades del Bicentenario del Congreso Nacional. Conforme a los acuerdos de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento.
Período comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2011.
Sub-Título Ingresos $
08 Otros Ingresos Corrientes 34.422.403
09 Aporte Fiscal 12.950.000.000
15 Saldo Inicial de Caja 1.439.264.281
Total $ 14.423.686.684
Los gastos e inversiones al 31 de marzo de 2011 ascienden a la suma de $ 11.585.858.996.- (Once mil quinientos ochenta y cinco millones ochocientos cincuenta y ocho mil novecientos noventa y seis pesos), y se desglosan de la siguiente manera:
Gastos $
21 Gastos en Personal 6.691.331.653
(Dieta, Sueldos, Viáticos, Honorarios
Asesorías Legislativas)
22 Bienes y Servicios 2.955.292.074
de Consumo
24 Transferencias Corrientes 1.746.500.844
(a Organismos Internacionales, Sala
Cuna y Secretarios Diputados)
29 Adquisic. Activos No Financieros 105.880.790
34 Deuda Comprometida 86.853.635
Total $ 11.585.858.996
En resumen, los recursos disponibles en el período alcanzaron a $ 14.423.686.684 (Catorce mil cuatrocientos veintitrés millones seiscientos ochenta y seis mil seiscientos ochenta y cuatro pesos) y los egresos a $ 11.585.858.996 (Once mil quinientos ochenta y cinco millones ochocientos cincuenta y ocho mil novecientos noventa y seis pesos), lo que dejó un Saldo de Caja de $ 2.837.827.688 (Dos mil ochocientos treinta y siete millones ochocientos veintisiete mil seiscientos ochenta y ocho pesos).
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Tratado y acordado en sesiones de fechas 13 y 20 de abril de 2011, con la asistencia de los Diputados señores (as) José Miguel Ortiz Novoa ( Presidente ); Roberto Delmastro Naso ; Hugo Gutierrez Gálvez ; Enrique Jaramillo Becker ; Denise Pascal Allende ; Carlos Recondo Lavanderos ; Alberto Robles Pantoja , y Felipe Ward Edwards , según consta en las actas respectivas.
Sala de la Comisión a 20 de abril de 2011.
(Fdo.): JOSÉ MIGUEL ORTIZ NOVOA , diputado ; ROBERTO DELMASTRO NASO , diputado ; HUGO GUTIÉRREZ GÁLVEZ , diputado ; ENRIQUE JARAMILLO BECKER , MIODRAG MARINOVIC SOLO DE ZALDÍVAR, diputado ; DENISE PASCAL ALLENDE , diputado ; CARLOS RECONDO LAVANDEROS , diputado ; ALBERTO ROBLES PANTOJA , diputado ; FELIPE WARD EDWARDS , diputado ; PATRICIO VELÁSQUEZ WEISSE , Abogado Secretario de la Comisión (A)”.
4. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 14 de abril de 2011.
Oficio N° 5.775
Remite sentencia.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 14 de abril de 2011 en los autos Rol N° 1636-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en la causa Rol N° 242-2010, deducido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra de Isapre Cruz Blanca S.A.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO , Presidente (S); MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO MELERO ABAROA
PRESENTE”,