Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Ivan Norambuena Farias
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- PERMISO
- Arturo Squella Ovalle
- PERMISO
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Marcelo Diaz Diaz
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Denise Pascal Allende
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Karla Rubilar Barahona
- PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Delmastro Naso
- PETICIÓN DE OFICIO : Guillermo Leon Teillier Del Valle
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Maria Angelica Cristi Marfil
- PETICIÓN DE OFICIO : Maria Angelica Cristi Marfil
- PETICIÓN DE OFICIO : Cristian Monckeberg Bruner
- PETICIÓN DE OFICIO : Cristian Monckeberg Bruner
- PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Delmastro Naso
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Ignacio Walker Prieto
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ENVÍO DE PROYECTOS A COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.
- MINUTO DE SILENCIO POR FALLECIMIENTO DE LA EX DIPUTADA Y DIRIGENTA DE LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES SEÑORA MARÍA ROZAS VELÁSQUEZ.
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS.
- V. ORDEN DEL DÍA
- PENAS SUSTITUTIVAS DE PENAS PRIVATIVAS O RESTRICTIVAS DE LIBERTAD, MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 18.216. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Pedro Araya Guerrero
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Marcelo Schilling Rodriguez
- INTERVENCIÓN : Cristian Monckeberg Bruner
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- PENAS SUSTITUTIVAS DE PENAS PRIVATIVAS O RESTRICTIVAS DE LIBERTAD, MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 18.216. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- BONO EXTRAORDINARIO PARA FAMILIAS MÁS VULNERABLES. (Votación).
- DEBATE
- CREACIÓN DE SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Gonzalo Arenas Hodar
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Alberto Robles Pantoja
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Victor Marcelo Torres Jeldes
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MODIFICACIÓN DE INSTITUCIONALIDAD PENITENCIARIA
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Jose Ramon Barros Montero
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Eugenio Bauer Jouanne
- Arturo Squella Ovalle
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Enrique Van Rysselberghe Herrera
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- FISCALIZACIÓN DE AUMENTOS DE COSTOS DE PLANES DE SALUD.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Patricio Vallespin Lopez
- Karla Rubilar Barahona
- Enrique Accorsi Opazo
- Juan Lobos Krause
- Pedro Araya Guerrero
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Jorge Burgos Varela
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Alberto Robles Pantoja
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Marco Antonio Nunez Lozano
- INTERVENCIÓN : Javier Ignacio Macaya Danus
- INTERVENCIÓN : Karla Rubilar Barahona
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- BONO EXTRAORDINARIO PARA FAMILIAS MÁS VULNERABLES. (Votación).
- VII. INCIDENTES
- AGRESIÓN A ENCARGADO DE SEGURIDAD DE REGIÓN METROPOLITANA DURANTE PROTESTAS POR PROYECTO HIDROAYSÉN. Oficio.
- FALTA DE EFECTIVO EN CAJEROS AUTOMÁTICOS DE BANCO ESTADO EN COMUNAS DE NUEVA IMPERIAL, CARAHUE Y SAAVEDRA. Oficios
- ADHESION
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- ADHESION
- INVESTIGACIÓN DE INFRACCIONES A LA LIBRE COMPETENCIA EN SUPUESTA ALZA EN PRECIO DEL PAN. Oficio.
- ADHESION
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- ADHESION
- RÉPLICA A INTERVENCIÓN DE DIPUTADO LEOPOLDO PÉREZ. ANTECEDENTE SOBRE MEDIDAS DISUASIVAS APLICADAS POR CARABINEROS EN PROTESTAS POR PROYECTO HIDROAYSÉN. Oficios.
- CARENCIA DE VACUNAS PARA MENORES DE DOS MESES EN CONSULTORIOS DE REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
- PRÓRROGA DE VIGENCIA DE LA LEY N° 20.212 QUE CONCEDE BONO DE RETIRO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Oficio.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE MESA DE DIÁLOGO DE MINISTRO DE EDUCACIÓN CON ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE BENEFICIO A CUIDADORES DE ENFERMOS POSTRADOS. Oficio.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- ADHESION
-
CONTINUACIÓN DE TRABAJOS DE ASFALTADO EN CAMINOS DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Oficio.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- RECHAZO A INSTALACIÓN DE ANTENAS EN QUELLÓN. Oficio.
- REPOSICIÓN DE PUENTE CHAIHUAO, DE QUELLÓN. Oficio.
- INSTALACIÓN DE COLEGIO DE EXCELENCIA EN CHILOÉ. Oficio.
- AGILIZACIÓN DE PROCESO DE ENTREGA DE BENEFICIOS PARA EXONERADOS. Oficio.
- REPARACIÓN DE EX RUTA 5 SUR EN LOS ÁNGELES. Oficio.
- ASFALTADO DE CAMINOS DE ALTA RENTABILIDAD SOCIAL EN LOS ÁNGELES, MULCHÉN Y QUILACO. Oficio
- INFORMACIÓN SOBRE VERTIMIENTO DE LÍQUIDOS CONTAMINANTES EN AGUAS SUBTERRÁNEAS SOBRE CUENCA DE COPIAPÓ. Oficios.
- INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA, CONSTRUCCIÓN DE LOMO DE TORO, MURO DE CONTENCIÓN Y ESCALERA EN SECTOR DE AVENIDA PADRE HURTADO, POBLACIÓN MIRAMAR CENTRAL ALTO, ANTOFAGASTA. Oficio.
- INSTALACIÓN DE ANTENA DE TELEFONÍA CELULAR EN RUTA COSTERA ANTOFAGASTA-TALTAL Y TRAMO PAPOSO. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pepe Auth Stewart
- Cristian Campos Jara
- Alfonso De Urresti Longton
- Joaquin Godoy Ibanez
- Felipe Harboe Bascunan
- Gustavo Hasbun Selume
- Fernando Meza Moncada
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Guillermo Leon Teillier Del Valle
- Orlando Severo Vargas Pizarro
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Joaquin Godoy Ibanez
- German Becker Alvear
- Mario Bertolino Rendic
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Roberto Delmastro Naso
- Cristian Monckeberg Bruner
- Celso Rene Morales Munoz
- Ivan Moreira Barros
- Gaspar Alberto Rivas Sanchez
- Leopoldo Perez Lahsen
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Rene Alinco Bustos
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Pablo Lorenzini Basso
- Gabriel Silber Romo
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Denise Pascal Allende
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Gonzalo Arenas Hodar
- Javier Ignacio Macaya Danus
- Joel Rosales Guzman
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Arturo Squella Ovalle
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 359ª
Sesión 26ª, en martes 10 de mayo de 2011
(Ordinaria, de 11.11 a 14.06 horas)
Presidencia de los señores Melero Abaroa, don Patricio, y Bertolino Rendic, don Mario
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental , el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 10
II. Apertura de la sesión 13
III. Actas 13
IV. Cuenta 13
- Envío de proyectos a Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía 13
- Minuto de silencio por fallecimiento de la ex diputada y dirigenta de la Central Unitaria de Trabajadores señora María Rozas Velásquez 13
- Acuerdos de los Comités 14
V. Orden del Día.
- Penas sustitutivas de penas privativas o restrictivas de libertad, modificación de la ley N° 18.216. Primer trámite constitucional 15
VI. Proyectos de acuerdo.
- Bono extraordinario para familias más vulnerables. (Votación) 41
- Creación de Subsecretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 42
- Modificación de institucionalidad penitenciaria 44
- Fiscalización de aumentos de costos de planes de salud 45
VII. Incidentes.
- Agresión a encargado de seguridad de Región Metropolitana durante protestas por proyecto Hidroaysén. Oficio 48
- Falta de efectivo en cajeros automáticos de Banco Estado en comunas de Nueva Imperial, Carahue y Saavedra. Oficios 49
- Investigación de infracciones a la libre competencia en supuesta alza en precio del pan. Oficio 49
- Réplica a intervención de diputado Leopoldo Pérez. Antecedentes sobre medidas disuasivas aplicadas por Carabineros en protestas por proyecto Hidroaysén. Oficios 50
- Carencia de vacunas para menores de dos meses en consultorios de Región de Atacama. Oficios 51
- Prórroga de vigencia de la ley N° 20.212 que concede bono de retiro a funcionarios públicos. Oficio 51
- Información sobre mesa de diálogo de Ministro de Educación con asistentes de la educación. Oficio 52
- Información sobre beneficio a cuidadores de enfermos postrados. Oficio 52
Pág.
- Continuación de trabajos de asfaltado en caminos de la Región de La Araucanía. Oficio 53
VIII. Anexo de sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 54
- Rechazo a instalación de antenas en Quellón. Oficio 54
- Reposición de puente Chaihuao, de Quellón. Oficio 54
- Instalación de colegio de excelencia en Chiloé. Oficio 54
- Agilización de proceso de entrega de beneficios para exonerados. Oficio 55
- Reparación de ex ruta 5 sur en Los Ángeles. Oficio 55
- Asfaltado de caminos de alta rentabilidad social en Los Ángeles, Mulchén y Quilaco. Oficio 55
- Información sobre vertimiento de líquidos contaminantes en aguas subterráneas de cuenca de Copiapó. Oficios 56
- Instalación de señalética, construcción de lomo de toro, muro de contención y escalera en sector de Avenida Padre Hurtado, población Miramar Central Alto, Antofagasta. Oficio 57
- Instalación de antena de telefonía celular en Ruta Costera Antofagasta-Taltal y tramo Paposo. Oficio 58
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual retira y hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que “Modifica la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, y regula las Asociaciones Municipales.”. (boletín N° 6792-06) 59
2. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del “Proyecto de ley en materia de aprovechamiento y beneficio de tiburones.”. (boletín N° 7489-03) (S) 59
3. Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Modifica ley N° 18.168 de 1982, ley general de Telecomunicaciones.”. (boletín N° 7502-15) 59
4. Primer informe de la Comisión de Gobierno Interior recaído en el proyecto, con urgencia “simple”, que “Modifica ley N° 19.925, sobre Expendio y consumo de Bebidas Alcohólicas, con el objeto de promover las presentaciones de música en vivo” 63
5. Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural constituída en Investigadora de posibles irregularidades en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIA 74
6. Moción de los diputados señores Auth, Campos, De Urresti, Godoy, Harboe, Hasbún, Meza, Saffirio, Teillier y Vargas, que “Permite la renovación de permisos de circulación de vehículos cuyos propietarios adeudan multas por uso de obras concesionadas que indica.”. (boletín N° 7624-15) 125
Pág.
7. Moción de los diputados señores Godoy, Becker, Bertolino, Browne, Delmastro, Monckeberg, don Cristián; Morales, Moreira, Rivas y Pérez, don Leopoldo, que “Establece sanciones quienes vendan o suministren recipientes de pintura aerosol a menores de dieciocho años y dispone medidas para su almacenamiento y expendio.”. (boletín N° 7625-25) 127
8. Moción de los diputados señores Espinosa, don Marcos; Alinco, Jarpa, Jiménez, Lorenzini, Silber, y de las diputadas señoras Isasi, doña Marta; Pascal, doña Denise, y Zalaquett, doña Mónica, que “Establece competencia de Tribunales de Familia en las materias que indica,”. (boletín N° 7626-18) 129
9. Moción de los diputados señores Van Rysselberghe, Álvarez-Salamanca, Arenas, Macaya, Rosales, Sabag, Squella, Vilches, y de la diputada señora Zalaquett, doña Mónica, que “Obliga a las empresas de servicios básicos a cobrar fraccionadamente en las cuentas mensuales los saldos no facturados o no cobrados oportunamente.”. (boletín N° 7629-03) 131
- Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales pone en conocimiento de la Cámara de Diputados los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
10. artículo 38 de la ley N° 18.933. Rol 1933-11-INA. (5865) 132
11. artículo 38 de la ley N° 18.933. Rol 1934-11-INA. (5870) 132
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
- Del Primer Vicepresidente de la Corporación mediante la cual informa que a la invitación de Flacso Argentina para participar el Seminario Internacional sobre “Globalización, políticas públicas y cohesión social”, a efectuarse entre los días 23 y 27 de mayo en Montevideo, Uruguay, asistirán los diputados Sergio Bobadilla y Lautaro Carmona.
- Del Primer Vicepresidente de la Corporación mediante la cual informa que a la convocatoria de la OCDE para participar en la Conferencia Latinoamericana para la Medición del Bienestar y la Promoción del Progreso de las Sociedades, que se llevará a efecto del 11 al 13 de mayo, en Ciudad de México, asistirán los diputados señores Fidel Espinoza y Carlos Vilches.
- Del Primer Vicepresidente de la Corporación mediante la cual informa que el diputado señor Iván Norambuena
- Del Primer Vicepresidente de la Corporación mediante la cual informa que a la Convocatoria de las Comisiones del Parlamento Latinoamericano, que se realizarán los días 26 y 27 de mayo próximo, en La Habana, Cuba, asistirán los diputados señores Gastón Von Mühlenbrock, a Salud; Leopoldo Pérez, a Equidad de Género, Niñez y Juventud, y Cristián Campos, a Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional. Además, el día 25 de mayo las Comisiones de Salud y de Equidad de Género tendrán una reunión conjunta. Asimismo, corresponde que asista a estas reuniones el diputado señor Rosauro Martínez, Vicepresidente del Parlamento Latinoamericano por Chile.
- Del diputado señor Squella, quién de conformidad con el Artículo 195 del Código del Trabajo, hará uso del permiso parental por un plazo de 5 días, a contar del 10 de mayo en curso.
- Del diputado señor Díaz, don Marcelo, quién acompaña licencia médica por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de 12 días, a contar del 09 de mayo en curso.
2. Oficios:
- De la Comisión de Derechos Humanos, por el cual solicita el acuerdo de la Sala, para que le sean remitidos los siguientes proyectos, una vez despachados por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia :a) El que elimina el sistema de declaración protegida establecido en la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad (boletín N° 7610-07).b) El que modifica la Constitución Política de la República respecto a la integración del tribunal que debe conocer de la apelación a la resolución que se pronuncie sobre la libertad del imputado por delito terrorista (Boletín N° 7611-07).
- Del Grupo Interparlamentario Chileno-Neozelandés, por el cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, procedió a elegir como Presidenta a la diputada señora Pascal, doña Denise.
- Del Grupo Interparlamentario Chileno-Armenio, por el cual informa que procedió a constituirse y a elegir como Presidenta a la diputada señora Sabat, doña Marcela.
Respuestas a oficios Cuenta 26ª 359 (10/05/2011)
Contraloría General de la República:
- Diputado Hasbún, Solicita remitir un informe con los estados financieros de la Municipalidad de la Florida y de la Corporación Municipal de Salud y Educación de esa comuna, entre los años 2009 y 2011. (26403 al 2516).
Ministerio de Relaciones Exteriores:
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Solicita priorizar las inversiones que requiere la habilitación del paso estival Las Damas, que une a la Comuna de San Fernando con la República Argentina (531 al 2691).
Ministerio de Agricultura:
- Diputado Edwards, Solicita informar sobre diversos aspectos relativos a la ejecución del Proyecto de Instalación de Riego por Aspersión de la Comunidad de Aguas Taife Dos de la comuna de Carahue (293 al 1868).
- Diputada Molina doña Andrea, Solicita informar acerca de los permisos otorgados para realizar fumigaciones, durante el mes de marzo del año en curso, en diversos sectores de la Provincia de Petorca, y si ellas se ajustan a la legislación vigente sobre la materia. (294 al 2853).
- Diputada Molina doña Andrea, Solicita informe sobre una serie de fumigaciones llevadas a efecto en sectores rurales de la comuna de Quillota (295 al 2804).
- Diputado Jaramillo, Solicita informe sobre los alcances del ajuste fiscal al gasto público, anunciado por el Gobierno, en el Ministerio de Agricultura (302 al 2913).
- Diputado Ceroni, Solicita medidas tendientes a normalizar el precio del arroz, particularmente aquellas que importen la compra de la producción por parte de la Comercializadora de Trigo S.A., acción que iría en directa ayuda de los productores nacionales (303 al 2741).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social:
- Diputado Accorsi, Solicita informe sobre la situación contractual laboral de la totalidad de los empleados de las cadenas de farmacias del país, particularmente respecto de las estructuras de sus remuneraciones, y las acciones o prácticas que se implementan frente a los accidentes del trabajo o enfermedades profesionales que les afectan (1846 al 1893).
Ministerio de Salud:
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita informar sobre problemas que afectan el buen funcionamiento del Hospital de la comuna de Andacollo, a saber, dificultades con la asignación de horas para consultas médicas, faltas de medicamentos en la farmacia, e insuficiente capacitación de personal para el manejo de un aparato de rayos X. (709 al 2873).
Ministerio de Minería:
- Diputado Marinovic, Solicita definir y concretar una fecha para la apertura de nuevas dependencias para el Sernageomin en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (3192 al 2574).
Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
- Diputado Gutiérrez don Romilio, Solicita informe sobre los requisitos que debe cumplir una determinada zona geográfica o ecológica para ser declarada “zona de preservación” (236 al 2862).
Vicepresidente ejecutivo de Codelco :
- Diputado Cerda, Solicita informar sobre las causas y los responsables de la intoxicación por gases provenientes de una de las plantas de la División Ventanas de Codelco, que afectó recientemente a alumnos, profesores y apoderados de la Escuela La Greda, en la comuna de Puchuncaví, y, además, señalar las medidas que se adoptarán para precaver la ocurrencia de hechos de similar naturaleza. (83 al 2759).
Municipalidad de Maipú:
- Diputado Silber, Solicita informar si el señor David Acevedo Gaona presta servicios en ese municipio o en alguna otra entidad relacionada con éste, y, además, de ser el caso, la naturaleza jurídica de la relación laboral. (14 al 2779).
- Diputada Zalaquett doña Mónica, Solicita gestionar la reparación del asfalto de la calle del Pasaje Azorín, ubicado entre la Avenida Amado Nervo y el Pasaje Ramón y Cajal, en la comuna de Maipú, sin perjuicio de informar a esta Corporación lo realizado con el propósito antes referido. (8 al 2707).
XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- Diputado De Urresti, Solicita remitir información relativa a las raciones alimenticias distribuidas por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. (3090 de 03/05/2011). A Ministerio de Educación.
- Diputado De Urresti, Solicita informar sobre la posibilidad de instalar un centro de salud familiar (Cesfam) en el sector Guacamayo, en la ciudad de Valdivia, y, asimismo, acerca de la factibilidad de acelerar la construcción de dicha unidad asistencial. (3091 de 03/05/2011). A Ministerio de Salud.
- Diputada Rubilar doña Karla, Solicita informe sobre diversos antecedentes relacionados con los servicios troncales y alimentadores del sistema Tran-santiago (3100 de 03/05/2011). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputado Delmastro, Solicita informe sobre la situación que afecta a una vecina de la ciudad de Valdivia, quien no ha podido obtener beneficios previsionales por vejez (3101 de 03/05/2011). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
- Diputado Teillier, Solicita información sobre las denuncias formuladas por funcionarios y personal a contrata de esa institución, en contra del Mayor señor Carlos Andrés Dumenes Vargas (3102 de 03/05/2011). A Ministerio de Interior.
- Diputado De Urresti, Solicita remita su parecer a esta Corporación, sobre la posibilidad de desafectar terrenos del Parque Prochelle, declarado monumento histórico, para la construcción de un segundo puente que una Isla Teja con Valdivia, en la Región de Los Ríos. (3117 de 03/05/2011). A Ministerio de Cultura y de las Artes.
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita informe sobre los montos pagados, o comprometidos a pago, por los servicios de arriendo de la embarcación Skorpios, en el marco de las grabaciones de la telenovela “Tempano”, como también respecto de los plazos considerados en los instrumentos suscritos para tal efecto (3120 de 04/05/2011). A presidente del directorio de Television Nacional de Chile .
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita informe sobre el convenio suscrito entre el Estado y la Naviera Skorpios, para los efectos de la prestación del servicio de transporte de carga y pasajeros entre Valparaíso y el archipiélago Juan Fernández (3121 de 04/05/2011). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputada Cristi doña María Angélica, Solicita informe sobre los montos ingresados a arcas municipales, en las comunas de Las Condes, La Reina, Lo Barnechea, Macul, Ñuñoa, Peñalolén, Providencia y Vitacura, por concepto de remates y multas por aplicación de lo dispuesto en los artículos 52 y 57 de la ley N° 19.925 (3122 de 04/05/2011). A Contraloría General de la República .
- Diputada Cristi doña María Angélica, Solicita la reparación de las calles de la comuna de Peñalolén que presentan un alto número de baches, particularmente en el sector de Avenida Consistorial con El Embalse, y Avenida El Valle con 13 Oriente (3123 de 04/05/2011). A Municipalidad de Peñalolén.
- Diputado Monckeberg don Cristián, Solicita la nómina de ciudadanos que, de acuerdo al puntaje obtenido en la ficha de protección social, resultaron favorecidos por el Programa de Asignación Social (3124 de 04/05/2011). A Ministerio de Planificación y Cooperación.
- Diputado Monckeberg don Cristián, Solicita la nómina de beneficiarios del “bono bodas de oro”, y el listado de ciudadanos que resultaron favorecidos por el Programa de Asignación Social (3125 de 04/05/2011). A Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- Diputado Delmastro, Solicita informar sobre los planes y proyectos de mejoramiento de las remuneraciones de los funcionarios, y de las pensiones de los ex funcionarios, del servicio de Gendarmería. (3126 de 04/05/2011). A Ministerio de Justicia.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (111)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto RN XIV 53
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD V 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Mendez, Ernesto UDI RM 23
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Asistieron, además, los ministros de Justicia , don Felipe Bulnes, y de Planificación, don Felipe Kast.
-Concurrió, también, el senador señor Ignacio Walker. -
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.11 horas.
El señor MELERO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MELERO (Presidente).- El acta de la sesión 20ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 21ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
ENVÍO DE PROYECTOS A COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.
El señor MELERO ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía para que se le remitan los siguientes proyectos, una vez despachados por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia:
a) El que elimina el sistema de declaración protegida establecido en la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, boletín N° 7610-07, y
b) El que modifica la Constitución Política de la República respecto a la integración del tribunal que debe conocer de la apelación a la resolución que se pronuncie sobre la libertad del imputado por delito terrorista, boletín N° 7611-07.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
MINUTO DE SILENCIO POR FALLECIMIENTO DE LA EX DIPUTADA Y DIRIGENTA DE LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES SEÑORA MARÍA ROZAS VELÁSQUEZ.
El señor MELERO ( Presidente ).- Señores diputados, como es de público conocimiento, el 6 de mayo recién pasado falleció la señora María Rozas Velásquez, militante del Partido Demócrata Cristiano, quien en 1999 desempeñó el cargo de diputada por el distrito 17, constituido por las comunas de Conchalí, Renca y Huechuraba.
Invito a la Corporación a guardar un minuto de silencio.
-Los señores diputados, los funcionarios y los asistentes a tribunas, de pie, guardan un minuto de silencio.
El señor MELERO (Presidente).- Muchas gracias.
En nombre de la Corporación, hacemos llegar a su familia, a sus padres y hermanos; al Partido Demócrata Cristiano y a la dirigencia de la CUT nuestro pesar por el sensible fallecimiento de la ex diputada señora María Rozas.
-o-
El señor MELERO (Presidente).- Diputado señor de Urresti, ¿sobre la Cuenta?
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , tiene relación con un incidente ocurrido ayer y que afectó a un parlamentario.
El señor MELERO ( Presidente ).- No corresponde, señor diputado .
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , como jefe de bancada tengo derecho. Me gustaría que su señoría, como Presidente de la Cámara , recabe los antecedentes de la detención del diputado Sergio Aguiló . Que se comunique con la jefatura de Carabineros y del Ministerio del Interior, a fin de saber por qué motivo fue detenido y se informe a la Cámara. Creemos que hubo exceso de violencia de Carabineros.
El señor MELERO (Presidente).- La Presidencia va a tomar contacto con el diputado Aguiló para conocer los antecedentes y vamos a averiguar los hechos.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, en lo posible, con Carabineros.
El señor MELERO (Presidente).- Muy bien.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS.
El señor MELERO (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Reunidos los jefes de Comités bajo la presidencia del diputado Patricio Melero, adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Tomar conocimiento de las tablas de la semana.
2. Posponer para el próximo martes 17 de mayo a la misma hora la sesión especial pedida para el día de hoy, con el objeto de abordar el tratamiento de las significativas alzas en los precios de los alimentos que están afectando fuertemente a los sectores populares de nuestro país y las acciones que impulsará el Gobierno para paliar esta situación.
3. Suspender en la sesión de mañana miércoles 11 de mayo el tiempo de proyectos de acuerdo, si fuere necesario, para el despacho del proyecto de ley sobre violencia escolar, boletín N° 7123-04.
4. En la sesión especial pedida para el miércoles 11 de mayo con el fin de analizar la situación de la atención primaria de salud en Chile, su financiamiento, recursos humanos con que cuenta, integración de la red de salud y estado y pertinencia de su actual dependencia, entregar dos invitaciones por cada diputado para la asistencia a las tribunas.
5. Pasar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia el proyecto de ley sobre probidad en la función pública, boletín N° 7616-06, que se encuentra en la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización.
6. Autorizar el ingreso del superintendente de Electricidad y Combustibles a la sesión pedida del miércoles 18 de mayo, para tratar las implicancias de los cortes de suministro eléctrico en las Regiones de La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos y revisar las facultades de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en la materia, a la que se encuentra citado el señor ministro de Minería y Energía .
7. Rendir homenaje en memoria del poeta Gonzalo Rojas, recientemente fallecido, en fecha a determinar.
8. Rendir homenaje, al término del Orden del Día de la sesión del día miércoles 8 de junio, al Instituto de Investigación y Control del Ejército en su 100° aniversario.
9. Rendir homenaje, inmediatamente después de la Cuenta de la sesión del día miércoles 15 de junio a la ex diputada señora María Rozas, recientemente fallecida.
Es todo, señor Presidente.
V. ORDEN DEL DÍA
PENAS SUSTITUTIVAS DE PENAS PRIVATIVAS O RESTRICTIVAS DE LIBERTAD, MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 18.216. Primer trámite constitucional.
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad.
En la Sala se encuentra presente el ministro de Justicia señor Felipe Bulnes.
Bienvenido, señor ministro .
Diputados informantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y de Hacienda son los señores Guillermo Ceroni Fuentes y José Miguel Ortiz Novoa.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 5838-07, sesión 21ª., en 29 de abril de 2008. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Primer Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 12ª, en 13 de abril de 2011. Documentos de la Cuenta N° 4,
-Primer Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 21ª, en 3 de mayo de 2011. Documentos de la Cuenta N° 3.
El señor MELERO ( Presidente ).- Rendirá el informe de la Comisión de Constitución el diputado señor Araya.
Tiene la palabra su señoría.
El señor ARAYA (de pie).- Señor Presidente , en representación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, debido a que el diputado Guillermo Ceroni se encuentra con licencia médica, paso a informar el proyecto de ley que “modifica la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad”, iniciativa que busca mejorar las finalidades contempladas por dicha ley en el sentido de cumplir con los propósitos de reinserción y alternativa a la prisión que la inspiran, sin perjuicio, además, de constituirse en una herramienta real y eficiente de respuesta al fenómeno criminal.
Cabe hacer presente que el proyecto original fue objeto de una indicación sustitutiva total presentada el 28 de octubre de 2009, en virtud de la cual el anterior gobierno se hizo cargo de las observaciones formuladas durante el debate habido en la Comisión de Constitución hasta ese momento, indicación que no alcanzó a ser tramitada en su totalidad y que dio lugar, una vez asumida la actual Administración, a una nueva indicación sustitutiva, que abarcó prácticamente todo el articulado y que, en definitiva, fue la que sirvió de base al texto que se propone a la Sala.
Hecha la aclaración anterior, procedo a exponer sobre los principales objetivos que persigue esta iniciativa:
1. Reemplazar la noción de medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad por la de penas sustitutivas.
En ese sentido, se estima de vital importancia, en lo tocante a la política criminal y carcelaria de nuestro país, instalar un sistema de penas que puedan cumplirse fuera de los recintos penitenciarios y que adquieran un rol protagónico.
La tasa de hacinamiento carcelario es extraordinariamente alta por estos días y ubica a Chile en un lugar prominente en un ranking que no enorgullece a nadie. El índice de sobrepoblación penal a nivel nacional alcanza, en promedio, al 70 por ciento, de modo que en un lugar donde caben 100 personas hoy conviven 170. Ello, sin perjuicio de la situación de algunas cárceles donde la tasa de hacinamiento se eleva al 300 ó 400 por ciento, emblemático es el caso de la ex Penitenciaría, en la que se encuentran recluidas más de 7.500 personas en un espacio que, aparentemente, tendría capacidad para albergar sólo a 2.800 y cuya construcción data de 1845. Esta realidad se replica con matices en las distintas regiones del país, salvo en algunas, donde el avance del sistema de las cárceles concesionadas, aunque lento, ha permitido brindar soluciones más permanentes y dignas.
La primera de las indicaciones sustitutivas ya establecía penas alternativas, en vez de las medidas que actualmente existen, de modo que lo que se busca con esta nueva propuesta es perfeccionar ese trabajo, para lo cual, según consta en el informe financiero, se ha obtenido una importante inyección de recursos, ya que el gasto corriente que implica el proyecto, aparte del gasto inicial de instalación, es del orden de 23 mil millones de pesos, equivalente a alrededor de 50 millones de dólares. Se trata de un incremento sustancial en relación con el aporte inicial que alcanzaba solo a 7 mil millones.
La mayoría de los recursos comprometidos estarán destinados al uso de tecnología electrónica para efectos de configurar una suerte de “cárcel virtual” y al aumento de la cantidad de delegados de libertad vigilada, que se consideran agentes de gran relevancia para el desarrollo de los planes de rehabilitación por parte de los condenados, a fin de asegurar de la mejor forma posible que éstos opten por alejarse del mundo de la delincuencia.
2. Mantener algunas medidas alternativas, que pasarán a denominarse penas sustitutivas e incorporar nuevas figuras que tendrán este carácter.
Entre las medidas existentes que se mantienen, figuran la remisión condicional y la libertad vigilada, constituyendo una novedad las penas de reclusión parcial, que incluye a la actual reclusión nocturna y a la libertad vigilada intensiva, que involucra un mayor control a través del brazalete electrónico.
Durante el transcurso del debate, la Comisión acordó agregar dos nuevas penas sustitutivas: la expulsión del territorio nacional y los trabajos en beneficio de la comunidad.
En el caso de la primera, aplicable solamente a extranjeros condenados a penas iguales o inferiores a cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo, se permite sustituir la pena por la de expulsión una vez cumplido un tercio de la pena privativa de libertad, penalidad que, en todo caso, sólo será procedente en la medida que el sentenciado no acredite tener arraigo familiar o social en el país o que desarrolla permanentemente un trabajo remunerado en él.
Los trabajos en beneficio de la comunidad, penalidad que contemplaba el proyecto original, se conciben como una pena subsidiaria de todas las demás, que sólo tendrá aplicación en la medida en que ninguna de las otras penas sustitutivas pueda aplicarse y su razón de ser son las penas cortas inferiores a un año. En realidad, respecto de este tipo de penas, el cumplimiento efectivo resulta disfuncional porque en tan corto tiempo no es posible que los penados accedan a tratamientos que faciliten su reinserción social, sin perjuicio, además, de que las condiciones de hacinamiento en los centros de reclusión aumentan el riesgo del contagio criminógeno.
3. Establecer una regla general de improcedencia; esto es, determinar aquellos casos vinculados a la comisión de delitos graves en los cuales no podrán imponerse penas sustitutivas, sino que deberá aplicarse efectivamente una pena privativa de libertad, a fin de evitar la pérdida de confianza de la ciudadanía en el sistema judicial y de guardar la debida coherencia del sistema de penas.
Lo anterior, producto del debate habido en el seno de la Comisión antes del ingreso de las indicaciones y de las modificaciones introducidas posteriormente, implica establecer que no procederán las penas sustitutivas respecto de los autores de los siguientes delitos consumados: secuestro calificado, sustracción de menor, violación, violación impropia, es decir, de un menor de catorce años; violación con homicidio, parricidio y homicidio calificado.
No obstante, se configura una excepción a la improcedencia al disponer que, pese a tratarse de un autor de alguno de los delitos consumados a que se ha hecho referencia, podrá imponerse una pena sustitutiva si el juez estima procedente aplicar una eximente incompleta de responsabilidad penal de conformidad con lo establecido en el artículo 11, Nº 1, del Código Penal, por ejemplo, la legítima defensa incompleta o la privación parcial de razón.
4. Establecer reglas especiales de improcedencia en la imposición de penas sustitutivas.
Se propone que éstas no sean aplicables a los autores de:
a) Robo con violencia o intimidación, cuando el sentenciado haya sido condenado anteriormente por alguno de los siguientes delitos contra la propiedad: robo con violencia o intimidación en cualquiera de sus formas, robo por sorpresa o robo con fuerza en lugar habitado o destinado a la habitación.
La mencionada exclusión pretende dar una señal, en el sentido de que si bien puede parecer adecuado brindar una oportunidad a quien delinque cuando tras haber operado una suspensión condicional del procedimiento se impone en otro proceso una condena, resulta conveniente exigir el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad, dado el impacto que produce el robo en cualquiera de sus formas en la sensación de temor de la ciudadanía.
b) La Comisión, durante el extenso debate habido acerca de este tema, acordó excluir, asimismo, a los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes, de la pena sustitutiva de la prestación de servicios en beneficio de la comunidad.
5. Regular, con ciertas modificaciones, la remisión condicional.
Esta pena consiste en una discreta observación y asistencia del condenado ante la autoridad administrativa durante cierto tiempo, y procederá en la medida en que se cumplan los requisitos que se señalan a continuación:
a) La pena impuesta no debe superar los tres años de privación de libertad.
b) La persona a quien se impone no debe haber sido condenada por crimen o simple delito. En todo caso, no se considerarán las condenas cumplidas diez o cinco años antes de la comisión del nuevo ilícito, plazo que coincide con el de la prescripción de la acción penal y de la pena de este tipo de delitos, por cuanto la Comisión estimó que no parecía ajustado estigmatizar a una persona considerándola reincidente a consecuencia de hechos delictuales cometidos tanto tiempo antes.
c) La existencia de una presunción de no reiteración, a partir de los antecedentes personales, de la conducta anterior y posterior al hecho, de las modalidades de comisión y de los móviles determinantes del delito, lo que supone, por parte del tribunal, efectuar un juicio de mérito para determinar si vale la pena aplicar en el caso concreto la remisión condicional y facilitar de esta forma la reinserción social del condenado al no exigirle que cumpla su pena en la cárcel.
d) La circunstancia de que la concurrencia de los requisitos establecidos en las letras b) y c) hagan innecesario un tratamiento o ejecución efectivos de la pena. En este sentido, es posible que el tribunal considere que la persona no califica para la aplicación de la remisión condicional e imponga otra pena sustitutiva que implique un régimen de control más severo.
Esta penalidad que, en síntesis, se aplica a delincuentes primerizos respecto de los cuales se presume que no volverán a delinquir, está concebida con la limitación consistente en su improcedencia en el caso de delitos consumados en calidad de autor que tuvieren asignada una pena mínima de presidio o reclusión menor en su grado máximo, vale decir, tres años y un día a cinco años, o los delitos de microtráfico o conducción en estado de ebriedad, si la pena es de presidio menor en su grado medio, o sea, 541 días a tres años, debiendo imponerse en tales casos la pena de libertad vigilada. Cabe señalar que si bien respecto de estas últimas figuras delictivas la penalidad admitiría la aplicación de la remisión condicional, se opta por un régimen de control más estricto que permita el ingreso a un tratamiento de rehabilitación de drogas y alcohol u otras medidas equivalentes.
La remisión condicional dura un año como mínimo, y tres, como máximo, período en el cual se exige al condenado residir en un lugar determinado, someterse al control administrativo de Gendarmería de Chile y ejercer alguna profesión, oficio, empleo o arte, de conformidad con las propuestas que formule esa institución.
6. Establecer la reclusión parcial como pena sustitutiva.
Esta pena sustitutiva consiste en la reclusión del condenado en su domicilio o en establecimientos especiales durante 56 horas semanales. Para esos efectos, se tomó como base la reclusión nocturna existente, en virtud de la cual las personas beneficiadas con esta medida alternativa pernoctan en un establecimiento fiscal penitenciario entre las 22.00 y las 6.00 horas del día siguiente, ampliando la configuración de la pena sustitutiva que se propone con la incorporación de las modalidades siguientes:
a) Reclusión diurna en el domicilio del condenado durante ocho horas diarias continuas, entre las 8.00 y las 22.00 horas.
b) Reclusión nocturna en el domicilio o establecimiento especial, entre las 22.00 y las 6.00 horas.
c) Reclusión de fin de semana en el domicilio o establecimiento especial, entre las 22.00 horas del viernes y las 6.00 horas del lunes.
Las distintas modalidades que se establecen en materia de reclusión parcial obedecen a que, según el delito cometido, conviene que los jueces impongan la pena sustitutiva con cierta flexibilidad, en el entendido que hay medidas que son más idóneas para atender alguna dificultad que se presente. Así, por ejemplo, en el caso de la persona que roba en casas comerciales, es preferible aplicar una reclusión diurna y no una nocturna, pues con esta medida se le priva del espacio temporal donde está propensa a cometer el delito. Una situación similar puede presentarse con quien maneja en estado de ebriedad recurrentemente los fines de semana, para quien la modalidad más idónea sería la reclusión de fin de semana.
Por otra parte, se consideró un sinsentido que una persona cumpla la reclusión parcial en un establecimiento penitenciario, pues con ello no se logra el propósito rehabilitador. Por eso, se insta, siguiendo la tendencia existente en el derecho comparado, a que el juez, a quien corresponde determinar en qué modalidad se aplicará la reclusión parcial, prefiera que ésta se ejecute en el domicilio del condenado, ya sea en su casa habitación, en su lugar de trabajo o en una combinación de ambos en conjunto con un sistema de monitoreo telemático, previo informe favorable de factibilidad de Gendarmería. En el caso de no darse tal factibilidad por razones de lejanía o carencia de elementos mínimos indispensables, excepcionalmente podrán establecerse otros mecanismos de control similares, en la forma que determine el tribunal.
Esta pena procederá en la medida en que se cumplan los siguientes requisitos:
a) La pena impuesta no debe exceder de tres años.
b) El condenado no debe registrar condenas anteriores. En caso de que haya constancia de ellas, no deben exceder de dos años en total.
c) No se considerarán para los efectos anteriores las condenas por crimen o simple delito cumplidas diez o cinco años antes del nuevo ilícito, pero si dentro de lo diez o cinco años anteriores a la comisión del nuevo ilícito le hubieren sido impuestas dos reclusiones parciales, no será aplicable esta pena sustitutiva.
d) Debe acreditarse la existencia de antecedentes laborales, educacionales o de otra naturaleza similar que justifiquen la imposición de esta pena sustitutiva.
Si bien lo ideal para la aplicación de esta pena sería que el condenado no registrase antecedentes previos, el énfasis que se desea dar al establecimiento de una cárcel virtual que sea más potente que la real justifica otorgar una cierta flexibilidad a fin de que los establecimientos penitenciarios sólo sean usados cuando resulte imprescindible. En este sentido, la existencia de antecedentes del modo planteado permitiría presumir la factibilidad del éxito de una pena sustitutiva de reclusión parcial.
7. Regular la libertad vigilada con ciertas modificaciones y el establecimiento de la libertad vigilada intensiva como nueva pena sustitutiva.
La libertad vigilada consiste en un régimen a prueba que tenderá a la reinserción social del penado, a través de un tratamiento individualizado, bajo la vigilancia y orientación permanente de un delegado.
La libertad vigilada intensiva, a su vez, está configurada como un programa de actividades orientado a la reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral, por medio de un tratamiento y bajo la aplicación de ciertas condiciones especiales que serán vigiladas y orientadas permanente y rigurosamente por un delegado.
El cumplimiento de tales penas es controlado por un delegado y corresponde al juez aprobar un plan de intervención individual donde se establezcan las condiciones que deben satisfacerse, como tratamientos, desarrollo de ciertas habilidades, asistencia a encuentros periódicos e intervención psicosocial.
La primera de estas penas sustitutivas, es decir, la libertad vigilada, procederá si se cumplen los siguientes requisitos:
a) Si la pena es superior a dos años y no excede de tres.
b) Si la pena es de presidio menor en su grado medio (541 días a tres años) y se tratare de los delitos de microtráfico y manejo en estado de ebriedad.
c) Si la persona no ha sido condenada por crimen o simple delito, pero, al igual que en el caso de la remisión condicional y de la reclusión parcial, no se considerarán las condenas cumplidas diez o cinco años antes, respectivamente, de la comisión del nuevo ilícito.
d) Si el juez adquiere la convicción de que el tratamiento de reinserción será eficaz, basado en los antecedentes sociales, en las características de personalidad, en la conducta anterior y posterior al hecho, en la naturaleza, modalidad y móviles del mismo.
Para estos efectos, el juez puede, antes de dictar sentencia en la audiencia a que se refiere el artículo 343 del Código Procesal Penal, relativa a la determinación de la pena, solicitar a Gendarmería, en caso de dudas, antecedentes adicionales para formarse una convicción respecto de la conveniencia o no de imponer esta pena sustitutiva.
A su turno, la libertad vigilada intensiva procederá si se cumplen los siguientes requisitos:
a) Si la pena es superior a tres años e inferior a cinco.
b) Si la persona está condenada a una pena de 541 días a cinco años por delitos cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar (amenazas, parricidio, homicidio, castración, mutilación, lesiones gravísimas, graves y menos graves) o de ofensas sexuales (violación, violación de menor, estupro, introducción de objetos, abuso sexual, abuso sexual infantil, exposición de material pornográfico a menores, preparación de material pornográfico, facilitación de la prostitución, trata de blancas y obtención de servicios sexuales de menores).
En este caso, el tipo de delitos que se comete justifica someter al condenado a un control intensivo que no sólo implica la participación de los delegados, sino también el uso del brazalete electrónico.
c) Si el condenado no lo ha sido antes por crimen o simple delito, pero como en el caso anterior, no se considerarán las condenas cumplidas diez o cinco años antes, respectivamente, de la comisión del nuevo ilícito.
d) Si el juez ha adquirido una convicción respecto de la eficacia que tendría en el caso concreto un tratamiento de reinserción.
La duración del período de observación que implica la libertad vigilada no debe ser inferior al tiempo de la pena privativa, con un mínimo de dos años y un máximo de cuatro. En tanto, en el caso de la libertad vigilada intensiva no puede extenderse por menos de tres años ni superar los seis. En este último caso es posible que el condenado esté sujeto a un período de control de mayor duración que la pena que se le impuso, situación que se producirá sólo cuando las condiciones de rehabilitación así lo exijan.
Tanto en la libertad vigilada como en la libertad vigilada intensiva, los delegados disponen de un plazo de treinta días para proponer al juez un plan de intervención que debe contener nivelación escolar, capacitación e inserción laboral, intervención especializada y un plan de rehabilitación antidrogas y alcohol, en caso de ser necesario.
El plan de intervención debe incluir servicios y recursos para su ejecución y tener objetivos concretos, pudiendo el juez ordenar la realización de exámenes médicos para su correcta confección, lo que será aplicable sobre todo en caso de dudas de que un condenado presente alguna adicción.
Durante el transcurso de ambas penas sustitutivas y a partir de los antecedentes que recabe el delegado, podrá optarse por ampliar el período de observación por seis meses, como sería en caso de que el tratamiento de rehabilitación no haya tenido el éxito esperado; reducirlo al mínimo legal o liberar al condenado de toda supervisión una vez cumplido el período mínimo de observación. En consecuencia, se establece un sistema flexible en el cual el juez y el delegado interactúan y determinan el grado de compromiso del penado con el plan de rehabilitación y la forma en que opera para efectos de que el juez decida la extensión, reducción o liberación de la pena sustitutiva en virtud de una resolución que será apelable.
Las condiciones comunes a ambos tipos de libertad vigilada son:
a) Residencia en un lugar determinado donde exista disponibilidad de delegados.
b) Sujeción a la vigilancia y orientación permanente durante el período fijado, que implica obligaciones laborales, educacionales, de morada y de empleo del tiempo libre.
c) Ejercicio de una profesión, empleo, oficio, arte, industria o comercio en la modalidad que determine el delegado.
d) Tratamiento antidrogas o alcohol, si fuere necesario.
A dichas condiciones se suman otras que el juez puede imponer en el caso de la libertad vigilada intensiva, como son:
a) Prohibición de acudir a lugares determinados, particularmente aquellos asociados a la comisión del delito.
b) Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, familiares u otras personas que determine el tribunal, especialmente en el contexto de violencia intrafamiliar.
c) Obligación de permanecer en el domicilio u otro lugar durante ocho horas como máximo.
d) Obligación de cumplir programas formativos, laborales, culturales, educativos, viales, sexuales y antiviolencia, según el perfil del delito cometido.
Los delegados, cuya actual figura se pretende potenciar por la vía de profesionalizar su labor, son funcionarios dependientes de Gendarmería de Chile que estarán encargados de vigilar, controlar, orientar y asistir a los condenados a las penas sustitutivas de libertad vigilada y vigilada intensiva. En el ejercicio de sus funciones, deberán reportar al tribunal los avances de los planes que sean de su cargo, lo que contribuirá a monitorear el funcionamiento de los mismos.
A fin de facilitar la labor de los delegados, cuyo funcionamiento administrativo será determinado a través de un reglamento, se permite la suscripción de convenios entre el Ministerio de Justicia y personas naturales y jurídicas para el cumplimiento de las condiciones de la libertad vigilada, donde se espera contar, por ejemplo, con la colaboración del Conace, en materia de tratamiento de rehabilitación. Por su parte, se contempla que el Ministerio de Justicia otorgue la acreditación de la calidad de delegado de libertad vigilada.
Cabe señalar que se aumentará significativamente la cantidad de delegados a fin de superar la cobertura actual, en virtud de la cual hay un delegado por cada sesenta vigilados, lo que torna imposible cualquier control para, en definitiva, alcanzar el estándar internacional que contempla la existencia de un delegado por cada treinta personas sujetas a esta pena sustitutiva, situación que, a su vez, permitirá establecer mayores exigencias en relación con el cumplimiento de sus funciones.
8. Incorporar un mecanismo de supervisión tecnológica de las penas o monitoreo telemático, el que puede ser aplicado en los casos en que se impongan las siguientes penas sustitutivas:
a) Reclusión parcial.
Para estos efectos, deberán instalarse monitores en el domicilio o lugar de trabajo de la persona afecta a este tipo de reclusión. Igualmente, según los antecedentes acompañados, podría establecerse un sistema similar al existente en España para aquellos condenados que cuentan con línea fija, en virtud del cual se les llama por teléfono solicitándoles repetir tres veces una misma frase para determinar, con ayuda de una máquina con registro de voz, si ésta corresponde al sujeto de la pena. En todo caso, en la aplicación de este mecanismo se tendrá especial cuidado en que la tecnología que se utilizará sea confiable y probada, a fin de garantizar que no tendrá fallas que pongan en riesgo la credibilidad del sistema.
b) Libertad vigilada intensiva.
A partir de la experiencia de países desarrollados y de México y de Colombia, se pretende incorporar la tobillera o el brazalete electrónico, especialmente para quienes han sido condenados por delitos cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar y por delitos sexuales si la pena impuesta fuere superior a 541 días y no excediere de cinco años. Para su implementación se requerirá de un informe favorable de factibilidad técnica emitido por Gendarmería de Chile, sin perjuicio de que en forma excepcional y en atención a las condiciones imperantes, se pueda recurrir a otros mecanismos de control.
De acuerdo con los antecedentes recibidos por la Comisión, la selección de figuras delictivas efectuada obedece a que en estos ámbitos ha tenido mayor eficacia la utilización de este dispositivo en el derecho comparado, sin perjuicio de permitir su aplicación en el caso de que la pena impuesta sea superior a tres años y no exceda de cinco, cualquiera sea el delito de que se trate, en la medida en que el juez adquiera la convicción de que en el caso concreto es útil el uso del brazalete, por tratarse de una persona con un compromiso delictual bajo o de que el tribunal pueda disponer su uso en otras circunstancias.
Según los mismos antecedentes, en el caso de los delitos cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar, el informe financiero posibilita costear, además del brazalete electrónico del condenado, un dispositivo para la víctima que así lo solicite, consistente en una especie de teléfono móvil más simplificado, que permitirá controlar a la persona sujeta a esta pena sustitutiva y mantener informado al ofendido si aquella ingresó a lugares donde tiene prohibido acudir, como los que frecuenta la víctima, a fin de garantizar que el condenado no podrá acercarse a esta última.
Siempre de acuerdo a los antecedentes, no es posible asegurar la absoluta disponibilidad de tobilleras o brazaletes electrónicos, toda vez que se desconoce el nivel de demanda que tendrá el dispositivo, pero su implementación se llevará a cabo en la medida de lo posible y, posteriormente, se incrementarán los recursos para asegurar una mayor cobertura. Al respecto, cabe considerar que puede haber lugares donde no habrá factibilidad técnica para establecer el sistema de monitoreo telemático, dificultad que tendrá que resolverse en su momento por la vía excepcional.
El plazo para la utilización del brazalete o la tobillera no puede ser inferior a seis meses ni superior a dos años y el tribunal que ordene su utilización deberá hacerlo mediante una resolución fundada.
Los datos obtenidos a través del mecanismo telemático durante el cumplimiento de la pena podrán ser utilizados como fuente de información para otras investigaciones, previa orden judicial, lo cual puede beneficiar o perjudicar al condenado, según sea el caso. En efecto, si mientras una persona cumple su condena en libertad, siendo controlada por medio del monitoreo telemático, surgen dudas respecto de su participación en otro delito, se podrá obtener información del dispositivo a fin de saber si estuvo o no en el lugar donde se cometió. No obstante, en resguardo de la privacidad de desplazamiento del condenado, se sancionará severamente a cualquier persona que, sin una orden judicial previa, utilice los datos que arroja el brazalete para conocer el paradero del condenado. Este punto fue objeto de un arduo debate en la Comisión de Constitución, considerándose que ello podría afectar la privacidad de las personas y constituir una discriminación respecto de los demás ciudadanos que no estuvieran en la situación descrita, quienes no estarían afectos al escrutinio de su intimidad, razón por la cual la Comisión acordó limitar los alcances de esta disposición, y precisó que tal utilización sólo podría efectuarse mientras estuviere pendiente la aplicación del monitoreo y aún no se hubiere cumplido la condena, luego deberá destruirse completamente la información obtenida.
Si el penado inutiliza o destruye el dispositivo de vigilancia, deberá responder penalmente por el delito de daños, sin perjuicio de la eventual situación de quebrantamiento que se pueda generar y de que se disponga el cumplimiento de la pena con privación de libertad. Esto resulta de gran importancia, por cuanto la experiencia comparada da cuenta de intentos de los condenados de romper el brazalete como expresión de malestar por la instalación de este dispositivo de control, razón por la cual es necesario responsabilizarlos por lo que le ocurra.
En este contexto, además, se obliga al condenado a informar acerca de la inoperancia o desperfecto del dispositivo y, en caso contrario, se establece que el tribunal podrá dejar sin efecto la sustitución de la pena.
Por otra parte, se contempla la existencia de un arancel que permita determinar la gratuidad o copago del mecanismo de monitoreo, conforme a la situación económica del condenado, pues se estima que algunos brazaletes podrían ser utilizados por personas con medios económicos suficientes para solventar su arriendo.
9. Establecer una regulación sobre el incumplimiento y el quebrantamiento de las penas sustitutivas.
Una vez firme la sentencia, el tribunal que la dictó deberá informar a Gendarmería de Chile, dentro de las 48 horas siguientes, respecto de la imposición de una pena sustitutiva. En el evento de que, una vez informada la mencionada sustitución, hayan transcurrido cinco días sin que se presente el condenado, Gendarmería deberá informar al tribunal que citará a una audiencia dentro de los 15 días siguientes y podrá dejar sin efecto la pena sustitutiva.
Se conciben tres tipos de incumplimiento:
a) Severo, que es aquel en que se infringen las condiciones esenciales de la pena sustitutiva en forma grave o reiterada;
b) Simple, que es aquel en que se infringen condiciones no esenciales en forma grave o reiterada, y
c) Leve, que es aquel en que se infringen condiciones no esenciales en forma relevante, pero no grave ni reiterada.
Si el juez de garantía determina que el condenado ha incurrido en un incumplimiento leve o simple, podrá intensificar las condiciones de la pena o prorrogarla por un lapso de seis meses.
En tanto, si califica el incumplimiento como severo, podrá reemplazar la remisión condicional por la libertad vigilada o la reclusión parcial, o bien intensificar la libertad vigilada o sustituirla por la libertad vigilada intensiva. Si, en concepto del tribunal, no corresponde sustituir la pena, deberá imponer una prórroga no inferior a seis ni superior a doce meses, la que, en el evento de tratarse de la reclusión parcial, no podrá ser inferior a treinta ni superior a sesenta días. Adicionalmente, se otorga al juez la facultad de dejar sin efecto la pena sustitutiva y disponer el cumplimiento íntegro de la pena privativa de libertad original.
En el caso de no comparecer el penado a la audiencia citada por el tribunal, se despachará una orden de detención.
Todo lo anterior demuestra que el sistema ideado pretende erradicar el esquema actual, que concibe las medidas alternativas como beneficios, cuyo incumplimiento carece de toda importancia.
10. Contemplar un sistema de reemplazo de las penas sustitutivas.
Una vez cumplida la mitad del período de la pena sustitutiva, es posible reducir el nivel de control a que está sometido el condenado. Así, la libertad vigilada intensiva puede ser reemplazada por la libertad vigilada, la que, a su vez, puede trocar en remisión condicional. En todo caso, cabe precisar que si la libertad vigilada que se cumple ha sido en virtud de la sustitución de la libertad vigilada intensiva, sólo puede reemplazarse por la remisión condicional si se han cumplido más de dos tercios de la pena originalmente impuesta.
La aplicación de este mecanismo de reemplazo requiere informe favorable de Gendarmería y se funda en que la persona con buena conducta demuestra que los propósitos de reinserción perseguidos están dando resultados, lo que justifica mayores espacios de libertad.
11. Incorporar la modalidad de las penas mixtas.
Tratándose de personas que fueron condenadas a penas privativas de libertad, se permite al tribunal disponer, previo informe favorable de Gendarmería, la sustitución de estas últimas por la libertad vigilada intensiva con control de delegado y brazalete electrónico, siempre que la pena impuesta fuere de cinco años y un día u otra menor; si al momento de discutir la interrupción de la pena privativa, el penado no registra otra condena por delito o crimen en los mismos términos ya señalados respecto de la remisión condicional, la reclusión parcial y la libertad vigilada intensiva, vale decir, no se considerarán las condenas cumplidas diez o cinco años antes del nuevo ilícito; si ya ha cumplido un tercio de la pena privativa de libertad y si ha tenido un comportamiento sobresaliente, de conformidad al sistema de reinserción social, por su buena conducta.
En estos casos, que tienen una justificación similar al reemplazo de la pena, la solicitud se resolverá en audiencia y el juez debe fijar el período de observación, que comprenderá un plazo no inferior a cuatro años ni superior a seis.
12. Establecer una regla especial para el caso de que el condenado sea un extranjero sin residencia legal en Chile.
Sobre este punto, se señaló que se pretendía abordar un problema que se presenta, sobre todo, en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta, en cuyas poblaciones penitenciarias hay altas tasas de extranjeros. Por ejemplo, en la Región de Tarapacá, hay cárceles donde el 40 por ciento de los reclusos son extranjeros, fundamentalmente peruanos y bolivianos, y los tratados sobre traslado de condenados, al menos en lo que respecta a Bolivia, no se aplican porque los nacionales de ese país no desean ser llevados a cárceles que están en peores condiciones que las chilenas.
Según se señaló, como el costo que implica mantener a una persona privada de libertad es bastante alto, se hacía necesario adoptar medidas para enfrentar este factor, que contribuye al hacinamiento carcelario. En este sentido, se otorga al juez de garantía, en la medida en que el extranjero hubiere cumplido un tercio de la condena, la opción de sustituir el cumplimiento efectivo de la pena impuesta por la expulsión del territorio nacional en el caso de condenados a penas inferiores a cinco años de presidio o a reclusión menor en su grado máximo, que no acrediten arraigo familiar o social o que no desarrollen un trabajo permanente y remunerado. Se dispone, además, que el Ministerio del Interior debe ser citado a la audiencia en que se decida la situación del extranjero, a fin de que se pronuncie sobre la conveniencia o no de sustituir la pena efectiva por la expulsión del territorio nacional.
Por último, luego de un largo debate en que se consensuó la necesidad de exigir, como ya se dijo, el cumplimiento de un tercio de la condena antes de proceder a la expulsión, como una forma de evitar que la mera puesta en la frontera del delincuente se convierta en un verdadero incentivo para continuar delinquiendo en nuestro país, ya que, en la práctica, no habría una verdadera sanción, especialmente en los casos de narcotráfico, muy recurrentes en la zona norte, se estableció, a fin de evitar similitudes con una pena a perpetuidad, la posibilidad de que el extranjero expulsado pueda volver al país, luego de transcurridos diez años desde la fecha de la sustitución de la pena, como asimismo, sancionar el reingreso del expulso antes de dicho plazo, con la revocación de la expulsión y el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad originalmente impuesta.
13. Disposiciones generales.
Cabe señalar que el proyecto contempla algunas disposiciones de general aplicación para todas sus normas, entre las que cabe destacar las siguientes:
a) En el caso de los delitos de acción privada o de acción penal pública previa instancia particular, la decisión del juez de garantía o del tribunal oral de imponer alguna de las penas sustitutivas de que trata el proyecto, debe ser objeto de debate acerca de su procedencia con la víctima, para lo cual deberá citar a la audiencia a que se refiere el artículo 343 del Código Procesal Penal antes de adoptar la decisión.
b) Las decisiones acerca de la concesión, denegación, revocación, reemplazo y prórroga de las penas sustitutivas serán apelables ante el tribunal de alzada respectivo.
c) Para facilitar la reinserción social del condenado, se dispone que una vez impuesta por sentencia ejecutoriada alguna de las penas sustitutivas de que trata esta iniciativa, a una persona que no ha sido condenada dentro de los diez o cinco últimos años por crimen o simple delito, habrá mérito suficiente para la omisión en los certificados de antecedentes de las anotaciones que dieron origen a la sentencia condenatoria, como también que el cumplimiento satisfactorio de dichas penas sustitutivas por parte de las personas señaladas, dará lugar a la eliminación definitiva, para todos los efectos legales y administrativos, de tales antecedentes prontuariales, de lo cual el tribunal deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación para tales efectos.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz, informante de la Comisión de Hacienda.
El señor ORTIZ (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto que modifica la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad, con la finalidad de facilitar las políticas de reinserción a la sociedad y alternativas a la prisión que dicha ley consagra.
Entre los antecedentes del proyecto se especifica que las penas sustitutivas se aplicarán a una población estimada de 26.000 personas, de las cuales 5.100 cumplirían la pena de reclusión parcial; 11.800, la de libertad vigilada simple o intensiva; poco más de 3.000, la llamada pena mixta (sujeción a pena sustitutiva cuando se haya cumplido un tercio de la pena privativa impuesta y se verifiquen otros requisitos), y algo más de 6.000, la de prestación de servicios a la comunidad.
Los condenados a reclusión parcial diurna, nocturna o de fin de semana serán monitoreados a través de un sistema de radiofrecuencia (2.550 el primer año de vigencia de la ley y 5.100 a partir del segundo año), y una parte de los condenados a libertad vigilada intensiva (por delitos sexuales o en contexto de violencia intrafamiliar) serán monitoreados a través del sistema de posicionamiento global, GPS (300 el primer año y un total de 1.535 a contar del segundo).
A ellos se agregarán 1.537 condenados a pena mixta, a partir del tercer año, y 1.253 víctimas de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, 80 por ciento del total, a partir del segundo, con una cobertura inicial, en este caso, de 245 personas el primer año. De ese modo, el sistema de monitoreo electrónico abarcará en régimen a un total de 9.425 personas.
El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 25 de abril de 2008, pero el actual ministro de Justicia introdujo una indicación sustitutiva, como consecuencia de lo cual debió elaborarse un nuevo informe financiero complementario, porque aumentó en forma muy importante el presupuesto.
Las cifras consolidadas señalan que la iniciativa en estudio importa un gasto de operación en régimen (M$ 2011) de 25.925 millones de pesos, que incluye gastos en personal, bienes y servicios de consumo, arriendos y otros ítems, entre los que se destaca el sistema de monitoreo a distancia, cuyo costo es de 16.970 millones. A ello se deben sumar los costos de implementación del proyecto, que ascienden a poco más de 2.000 millones de pesos, por una sola vez, todo lo cual equivale a 56 millones de dólares.
El desglose de las mismas cifras indica que el costo global de operación en régimen del sistema de monitoreo -tanto electrónico como a través de delegados y controladores- asciende aproximadamente a $ 24.406 millones, con un costo de implementación, por una sola vez, de 1.170 millones de pesos. En tanto, el gasto de operación en régimen del sistema de control de la sanción de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, se eleva a 1.519 millones de pesos, con un costo de implementación, por una sola vez, de 888 millones de pesos.
Consecuente con lo anterior, el costo estimado de la iniciativa, en miles de pesos, será de 13.389.560 el primer año; incrementándose a 20.833.375 miles de pesos el segundo año, para llegar a los 24.405.747 miles de pesos a partir del tercer año.
Por su parte, el costo unitario del monitoreo por RF es de poco más de 108.000 pesos, el del monitoreo por GPS es de casi 186.000 pesos y el de monitoreo de víctimas es de 180 mil pesos y fracción.
El costo de instalación y desinstalación del dispositivo de monitoreo es de 46.500 pesos por persona al año, excluyéndose en este caso a las víctimas, ya que ellas utiliza-rían un dispositivo portátil semejante a un teléfono móvil.
En relación con los gastos en personal, hoy en día existen 209 delegados de libertad vigilada, cada uno de los cuales maneja una cartera de sesenta penados, lo cual atenta contra la calidad del servicio que prestan. Por ello, el proyecto considera la incorporación de 287 delegados adicionales, a un costo de 3.262 millones de pesos, para llegar a un total de 496.
Asimismo, se consagra la reconversión de 18 funcionarios actuales de Gendarmería y la incorporación de otras 192 a un costo aproximado de 1.490 millones de pesos, para completar la cantidad de 210 controladores.
Con respecto al sistema de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, la estimación del ahorro por la salida de internos de las unidades penales alcanza, en régimen, a los 903 millones de pesos, lo que da un resultado neto de aproximadamente 1.504 millones de recursos adicionales para el total del informe financiero respectivo y un mayor costo en régimen de 615 millones. Todo ello sin considerar el valor de los servicios que presten eventualmente las personas sujetas a esta sanción.
El gasto en personal se eleva a 1.096 millones de pesos, porque el sistema estará estructurado sobre la base de 1 coordinador nacional; 25 coordinadores provinciales encargados de mantener una oferta adecuada de servicios en sus respectivos territorios; 142 delegados de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, con un estándar de 1 delegado por cada 45 usuarios, que deben monitorear en terreno el cumplimiento de las sanciones impuestas, y 32 choferes para el traslado de los delegados y coordinadores. Se contempla aquí la reconversión en delegados de 94 funcionarios de Gendarmería que hoy están encargados de emitir informes presentenciales, los cuales desaparecen atendida la nueva lógica del sistema, y la incorporación de 48 delegados nuevos, a un costo aproximado de 549 millones de pesos, más los coordinadores y choferes.
En respuesta a las consultas de los diputados presentes sobre el ahorro que significa la excarcelación, la subsecretaria de Justicia explicó que el costo de mantener encarcelada a una persona, aunque sea sólo durante la noche, es bastante elevado, pese a que las condiciones del encierro tampoco son las más adecuadas y frustran toda posibilidad de rehabilitar y reinsertar socialmente a los reclusos. De ahí la conveniencia de financiar un sistema de monitoreo que permita a estas personas cumplir penas sustitutivas en su propio domicilio. Aclaró, en todo caso, que el universo de personas que contempla el proyecto son las condenadas a reclusión nocturna por delitos menores, tales como amenazas, lesiones, manejo en estado de ebriedad y otras, pero no las recluidas como medida de apremio, que sería el caso de los deudores de pensiones alimenticias.
Respecto de la distribución territorial de los coordinadores de prestación de servicios, explicó que habría tres coordinadores provinciales en las regiones de Valparaíso, del Biobío y Metropolitana de Santiago; dos en las regiones de Antofagasta, del Maule, de La Araucanía y de Los Lagos, y uno en cada una de las restantes regiones, lo cual responde a la estimación de la población considerada en el proyecto.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento de los artículos 23 quáter y 23 septies, agregados a la ley N° 18.216 por el N° 29 del artículo 1°, y los artículos 9° y 10. Por su parte, la Comisión de Hacienda acordó incorporar a su conocimiento el artículo 23 quinquies, contenido en el artículo 1º, Nº 29, de la iniciativa en análisis.
Puestos en votación los artículos antes mencionados, fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes señores Auth , Godoy , Jaramillo , Lorenzini , Macaya , Silva , Von Mühlenbrock y quien habla.
La Comisión concluyó que el proyecto es excelente. Por eso, recomienda aprobarlo en general y en particular.
Esto fue tratado y acordado en sesión de fecha 20 de abril de 2011.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS .- Señor Presidente , antes de entrar en algunas consideraciones menores después del completo informe del diputado Pedro Araya , pido votar por separado el artículo 1°, número 2), letra e); el número 21), que sustituye el artículo 16, y el artículo 35 que incorpora el N° 29). Después, daré las razones.
Debo decir que estamos en presencia de un muy buen proyecto y que la complementación entre el trabajo desarrollado por el Ministerio de Justicia y por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia ha sido notable, aunque alguien podría argumentar que viene de muy cerca la recomendación.
El informe indica que el primer mensaje ingresó el 25 de abril de 2008, es decir, durante el gobierno de la Presidenta Bachelet . Ahí se dieron las primeras bases de discusión sobre esta iniciativa, que ojalá aprobemos en la Cámara.
Ahora, voy a expresar algo que no señala el informe y que también puede ser considerado que viene de cerca, pero si no lo decimos nosotros, entonces ¿quién?
En el primer mensaje se dice lo siguiente: “Se ha tenido a la vista además en la elaboración de este articulado, la iniciativa legal presentada recientemente por los diputados Jorge Burgos Varela , Juan Bustos Ramírez , Guillermo Ceroni Fuentes , Gonzalo Duarte Leiva , Edmundo Eluchans Urenda, Jorge Sabag Villalobos , Eduardo Saffirio Suárez , Gabriel Silber Romo , Patricio Vallespín López , y Patricio Waltker Prieto , constituyendo éste un vital insumo para la propuesta que ahora se presenta a vuestra consideración”.
Es decir, también formó parte de este proyecto la moción presentada en 2007, por los parlamentarios que indiqué, aunque el informe no lo señale.
Reitero, se trata de un buen proyecto. La indicación sustitutiva ingresada por este Gobierno, en general, lo enriqueció y permitió una discusión más profunda en los términos que expresó el diputado informante .
Sin duda, aborda varias materias, pero apunta a tres cuestiones fundamentales: reinserción social, alternativa a la cárcel y, como consecuencia de ello, ahora y en el futuro, atenuación del hacinamiento. Esto no es menor, porque somos una sociedad que para enfrentar la inseguridad ciudadana o reducir el delito ha optado, a mi juicio equivocadamente, pura y simplemente por la ciudad.
Este proyecto, originado en las disposiciones que propuso el gobierno anterior y que ahora ha sido enriquecido hace una consideración diversa: ocupemos mejor la ley N° 18.216, demos más posibilidades de reinsertarse a la gente que comete un delito sobre la base de cumplir penas en un medio libre, total o parcialmente.
Para quienes postulen la cárcel como regla general y casi absoluta, ésta no es una buena noticia. Es una mala noticia, afortunadamente. Al contrario, para quienes creemos en la capacidad de reinserción, ésta es una buena noticia.
Les recuerdo que no procederán las penas sustitutivas respecto de los autores de los siguientes delitos: secuestro calificado, sustracción de menores, violación, violación impropia, violación con homicidio, homicidio calificado y parricidio.
En el resto de los delitos, atendidas las circunstancias que valorará el juez, procederán algunas de las medidas sustitutivas. Las más gravosas, para los delitos más complejos, y las menos gravosas, para los delitos menos complejos.
Éste es el avance en reinserción, que es bien esencial. Desde esa perspectiva, es una buena noticia tener un procedimiento de cumplimiento de penas alternativo a la cárcel.
Todos quienes hemos estado de visita o por distintas circunstancias en la cárcel, en Chile o en cualquier parte del mundo, sabemos que es un resumen del fracaso social, de las toxicomanías, de las pobrezas, de la falta de oportunidades.
Una sociedad no puede mirar ese hecho como si no le importara. De alguna manera, esto es un cambio en la lógica de discutir proyectos de esta envergadura sólo cuando se producen hechos tan dramáticos como los ocurridos recientemente en San Miguel y antes en Puerto Montt e Iquique.
La forma en que la sociedad chilena ha enfrentado el problema carcelario no ha sido la mejor. Debemos invertir más en ello, no basta con gastar dinero en carros lanzagua o en aumentar la dotación de carabineros, ello puede ser necesario, pero se requiere una solución mucho más integral. Si seguimos creyendo que única y exclusivamente la prisión resuelve el problema, como suele decirse, estamos equivocados.
A mi juicio, el proyecto va en la línea correcta. Insisto, es una mala noticia para quienes creen que todo se soluciona con cárcel.
En el poco tiempo que me resta, quiero explicar brevemente por qué pido votación separada para las tres disposiciones que señalé. Pienso que es bueno decir por qué se justifica una votación negativa en estos casos.
Primero, la letra a) del N° 2 del artículo 1°, señala la “expulsión” como una pena sustitutiva de las privativas o restrictivas de libertad, y el artículo 35 del N° 29 del artículo 1°, que el diputado informante señaló que se trataba de normas relativas a los extranjeros que cumplen condenas en Chile, indica los requisitos para su procedencia.
Sin duda, existe un problema en el norte de nuestro país, pero, para ser franco, esta norma fue una invitada de última hora en el proyecto; su incorporación requería más estudio. De hecho, los diputados señores Díaz , Schilling , Harboe , Rincón y quien habla pedimos escuchar a diferentes constitucionalistas, porque tenemos dudas respecto de la constitucionalidad de la norma, y podría chocar con tratados internacionales suscritos por Chile. No puedo certificarlo, pero quería convencerme de ello y no lo logré. También me parece que era necesario escuchar a representantes del Instituto de Derechos Humanos, aunque aún es tiempo de hacerlo en el Senado.
Cuando discutimos el tema, probablemente no teníamos mucha conciencia de la competencia que este Instituto tiene en la materia. Por eso, sería conveniente conocer su opinión, particularmente respecto del significado que tiene la norma relativa a la expulsión, acotada a determinados casos frente al derecho internacional, y, también, a nuestro barrio. Si bien es cierto esto no está destinado a precisamente a ellos, en la práctica tiene que ver con ciudadanos peruanos y bolivianos. Como todos sabemos, se trata de relaciones bilaterales complejas, y siempre ha sido así. Por consiguiente, normas de esta naturaleza, deben ser doblemente analizadas y revisadas para no producir efectos y consecuencias que vayan más allá del tema carcelario. Lo señalado justifica dos votaciones separadas a que hice mención en el comienzo de mi intervención.
Por último, la petición de la tercera votación separada dice relación con el numeral 21, que sustituye el artículo 16, que señala: “Al imponer la pena de libertad vigilada -una de las medidas que explicó el diputado Araya - o libertad vigilada intensiva -la más dura de las sustitutivas-, el tribunal establecerá un plazo de tratamiento y observación que, en el caso de la libertad vigilada no será inferior al de la duración de la pena -piso-, con un mínimo de dos años y un máximo de cuatro años; y, respecto de la libertad vigilada intensiva, no inferior a tres años ni superior a seis.”
Pero en un caso teórico podría darse que la pena privativa sustituida sea menor que el número de años que se determina para la libertad vigilada simple o sencilla. A mi juicio, ahí se produce un problema de constitucionalidad, como lo expresé al señor ministro durante la discusión, en el sentido de que me parece complejo, desde el punto de vista del derecho, aplicar como sustitutiva o alternativa una extensión de pena, menos gravosa, por cierto, pero extensión al fin respecto de aquella que original o primeramente resolvió aplicar la sentencia a determinada persona como autor, encubridor o cómplice de un delito.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans.
El señor ELUCHANS.- Señor Presidente , en noviembre de 2007, durante la administración de la Presidenta Bachelet, se llegó a un acuerdo político legislativo en materia de seguridad pública entre el gobierno, la Alianza y la Concertación. Personalmente, lo suscribí en representación de mi bancada, como varios otros diputados, y, en ese entonces, como subsecretario del Interior, lo informó el actual diputado señor Felipe Harboe.
En uno de los puntos de ese documento se menciona, precisamente, la modificación de la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad.
En cumplimiento de ese acuerdo, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet envió un proyecto al Congreso Nacional, en abril de 2008. El mensaje señalaba que las medidas alternativas a las penas restrictivas y privativas de libertad cumplen un importante rol en lo relativo a “la reinserción social de las personas condenadas por delitos, evitando para su intermedio la formación de carreras delictivas.”
El proyecto, que constituía una buena iniciativa, era, sin embargo, muy deficiente en su contenido; tanto es así que don Andrés Baytelman, director Ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana , después de una visita a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, dijo que le parecía que el proyecto tenía por propósito cumplir con un acuerdo político más que contribuir a la solución de la aplicación de la ley N° 18.216.
Luego de ese primer proyecto que adolecía de diversos defectos, el gobierno de la Presidenta Bachelet, en un intento por continuar en el debate legislativo con un tema tan importante, en octubre de 2009 envió una indicación sustitutiva que, de alguna forma, contribuyó a solucionar algunos de los problemas que presentaba el proyecto original, pero que, sin embargo, en opinión de los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, no abordaba todos los aspectos que debían considerase.
En ese escenario, asume el Presidente Sebastián Piñera y el ministro de Justicia , señor Bulnes, concurre a la Comisión para informar acerca de los diversos proyectos del nuevo Gobierno en materia de delincuencia y seguridad ciudadana. Particularmente, se refiere a las medidas alternativas, diciendo que uno de los ejes principales del quehacer del Gobierno lo constituye el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Agregó que, de acuerdo a los índices de temor y encuestas de victimización, la ciudadanía muestra gran preocupación por el fenómeno de la delincuencia y por la sensación de impunidad imperante. Además, señaló que se pretende robustecer el sistema de medidas alternativas a la prisión y transformarlo en un mecanismo de sanción eficaz y efectivo el control de la delincuencia, orientado a evitar la reincidencia y dar protección a las víctimas.
Concluye el ministro solicitando a la Comisión un plazo para presentar una nueva indicación. En agosto de 2010, el Gobierno del Presidente Piñera formula un conjunto de comprensivas indicaciones, de la indicación sustitutiva total anterior, del texto vigente de la ley N° 18.216, del Código Penal, del Código Procesal Penal, del decreto ley N° 2.859, ley orgánica de Gendarmería; la ley N° 20.000, que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas; la ley N° 19.856, que crea el Sistema de Reinserción Social de los Condenados sobre la Base de la Observación de la Buena Conducta.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia empieza su análisis. La primera vez que el ministro señor Felipe Bulnes concurre a una sesión de trabajo, dice que los ejes fundamentales sobre los cuales se sostiene el proyecto son siete:
1. Cumplimiento de penas inteligentes. Es decir, establecer un sistema penitenciario en que la única respuesta no sea la cárcel.
2. Establecimiento de un catálogo de delitos que serán siempre sancionados con cárcel. Tal sería el caso de los autores de delitos graves consumados.
3. Uso de nuevas tecnologías para el control del cumplimiento de las penas sustitutivas. Se parte de la base de que el cumplimiento de una pena en forma distinta que la privación de libertad no puede ser sinónimo de impunidad, por lo tanto, se propone un sistema de control efectivo e intenso de estas penas, con la utilización de los avances tecnológicos en la materia, por medio de la radiofrecuencia y del GPS.
4. Detección de los incumplimientos y quebrantamientos al establecerse deberes de supervisión más intensos para los jueces.
5. El objetivo de las sanciones será evitar la reincidencia delictual.
6. Diversificación de la respuesta penal, por medio de la ampliación del abanico de penas sustitutivas que se adecuen a los perfiles delictuales y criminológicos de los condenados, y
7. Gradualidad de su implementación. Es decir, en consideración a los costos de implementar un sistema de esta envergadura, se plantea establecer el mecanismo de monitoreo telemático en forma gradual.
La iniciativa en discusión es un buen proyecto de ley, lo que obedece, como dijo el diputado señor Jorge Burgos, al trabajo realizado por el Gobierno, en particular, por el ministro de Justicia -quien nos acompaña- y, además, a la excelente labor efectuada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Por lo tanto, estamos frente a un proyecto inteligente, con visión de futuro, que recoge experiencias internacionales y aborda acertadamente un tema muy complejo.
Es importante recalcar que la mayoría de sus disposiciones se aprobaron por amplia mayoría, lo que demuestra el consenso alcanzado.
El resultado final del buen trabajo del Ejecutivo y de la Comisión debería coronarse con la aprobación por amplia mayoría del proyecto.
No quiero detenerme en el contenido del proyecto, porque lo hizo de manera muy completa el diputado informante y primer vicepresidente de la Corporación, señor Pedro Araya. Su informe fue muy completo, ya que se refirió a cada uno de sus aspectos.
En todo caso, antes de concluir, quiero señalar los puntos centrales de la iniciativa, a fin de transmitir a la ciudadanía, de manera reducida, lo que modificará la actual legislación que, como se dijo, tiene bastantes deficiencias.
Primero, habla de penas sustitutivas y no de medidas alternativas. Desde el punto de vista de entender el alcance de la futura ley, esto es muy importante.
Segundo, amplía el catálogo de penas sustitutivas. Se modifica la reclusión nocturna por parcial, admite las modalidades de diurna, nocturna y domiciliaria.
Hoy, la ley habla de libertad vigilada, la que pasa a ser libertad vigilada intensiva.
Se incorpora la prestación de servicios en beneficio de la comunidad como pena nueva.
Tercero, el proyecto aborda la exclusión de la aplicación de la libertad vigilada respecto de ciertos delitos graves, lo que parece importante, por que no todos los delincuentes deben ir a la cárcel, y ésta no es la solución para la delincuencia.
Sin embargo, el proyecto parte de la base de que hay ciertos delitos que, por su gravedad, necesariamente deben ser sancionados con penas privativas de libertad, en la cárcel.
Cuarto, el proyecto perfecciona normas sobre incumplimiento y quebrantamiento. Ello, para que la aplicación de la normativa no sea en el futuro, como ha ocurrido hasta ahora, una forma de impunidad y que, en consecuencia, ciertos delitos queden sin sanción.
Por último, incorpora el sistema de monitoreo electrónico a distancia.
Estamos frente a un buen proyecto; por ello, invito a las señoras diputadas y a los señores diputados a aprobarlo.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el ministro de Justicia , señor Felipe Bulnes.
El señor BULNES ( ministro de Justicia ).- Señor Presidente , muy sucintamente quiero destacar ejes centrales del proyecto. Sin abundar en conceptos ya señalados por los diputados informantes, señores Pedro Araya y señor José Miguel Ortiz, y lo sostenido por los diputados señores Edmundo Eluchans y Jorge Burgos, quiero explicar que, como se ha destacado, prima la necesidad de perfeccionar nuestros mecanismos alternativos a la cárcel, ya que es una aspiración largamente sentida.
Por lo tanto, dicho anhelo se tradujo en distintas indicaciones orientadas a ese fin.
Como bien consignaban los diputados señores Jorge Burgos y Edmundo Eluchans, como Ejecutivo consideramos que los esfuerzos estaban bien encaminados, pero que el proyecto se podía perfeccionar más todavía.
Nos comprometimos, entonces, a hacer cambios importantes. Por ello, en agosto del año pasado, presentamos un conjunto de indicaciones que, como se ha señalado en forma muy justa, que eran un paquete completo, orgánico, racional, muy trabajado y serio. Sin embargo, esto no impidió que en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se efectuaran importantes perfeccionamientos que se reflejan exactamente en el producto del trabajo.
Al expresar que es un buen proyecto, reciben crédito las distintas aspiraciones del Gobierno, y también el trabajo de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que, como bien se indicó, apoyó en forma mayoritaria y, a veces, por unanimidad, varias de las disposiciones del proyecto.
Para el Gobierno, esta iniciativa es una de los ejes claves para enfrentar el sistema penitenciario.
Más que en una mano firme o blanda respecto del uso de la cárcel, creemos en una mano racional. Por eso, el proyecto establece que cierto tipo de delitos necesariamente deben ser castigados con reclusión carcelaria -parricidio, homicidio calificado, violación de menores, violación en general-, porque se produce un descrédito del sistema penal si los autores de delitos tan aberrantes no se sancionan con cárcel, pero ,también creemos -y por eso hablamos de uso racional-, que, algunas veces estamos sobreutilizando la cárcel, en circunstancias de que no puede ser la única respuesta de nuestro sistema penal. A lo mejor, es una de las más importantes, pero queremos dar un paso adelante como país y ampliar el abanico de respuestas.
En tal sentido, proponemos, por ejemplo, que personas que han cometido delitos que nadie calificaría de mayores, sino de menores, y cuya sentencia sea inferior a un año, en vez de mandarlas a la cárcel, reparen el mal causado a la sociedad, por ejemplo, con servicios comunitarios; en definitiva, que no cumplan su condena tras las rejas, donde virtualmente es imposible implementar terapias de rehabilitación en tan corto plazo.
Ha llegado el momento para que nuestro país dé saltos en tal sentido y diversifique la respuesta penal; que no sigamos acudiendo a la cárcel como única respuesta, cuando debería ser, quizás, la última.
Además de la reclusión nocturna, incorporamos el concepto de reclusión diurna o de fin de semana, fundamentalmente controlada en forma telemática; asimismo, esta reclusión, en cualquier modalidad horaria se puede cumplir en los domicilios y no en las cárceles, que lo único que agrega es una potencialidad de contagio criminógeno. Al convertir la reclusión, cualquiera sea su modalidad horaria, en domiciliaria estamos dando un paso fundamental, de acuerdo con la mejor experiencia internacional que tenemos.
También sentimos que estamos dando un paso significativo con el aumento del número de delegados de personas condenadas a libertad vigilada, que están especialmente necesitadas de una terapia de rehabilitación que pueda ser efectivamente supervisada. Hoy, existe un delegado de libertad vigilada para controlar a cerca de sesenta personas bajo ese régimen, cuando la norma internacional dice que debe ser uno por cada treinta. Cuando nos excedemos al doble, no es que el control decaiga a la mitad, sino que derechamente se desborda y no hay terapia de rehabilitación posible que se pueda supervigilar. De los cincuenta millones de dólares destinados a este proyecto, parte importante se usará precisamente, en cumplir con el estándar internacional: un delegado por cada treinta supervisados. Esa es una plata bien gastada, un esfuerzo adecuadamente conducido, porque las posibilidades de rehabilitación son mucho más auspiciosas si las personas condenadas cumplen sus penas en libertad y no en la cárcel.
También damos un paso importante al establecer, como modalidad de pena -que no está en nuestro Código Penal de manera general-, los trabajos en beneficio de la comunidad, según ya lo explicara. Tenemos que construirla; no es fácil. Asimismo, estamos aportando recursos relevantes; pero, como país, debemos empezar a crear modalidades, como lo han hecho otros países, distintas a las penas de cárcel. Por ejemplo, Canadá tiene ciento veinte mil condenados y solo veinte mil de ellos van a establecimientos carcelarios. Los cien mil restantes cumplen sus condenas en otras formas y es lo que en Chile tenemos que instalar, sobre todo, para lograr que las penas alternativas, sustitutivas -como hoy las estamos llamando-, gocen de prestigio y sean una instancia -como bien lo destacaron varios diputados- de rehabilitación efectiva. No podemos desperdiciar esa oportunidad.
Otro hecho que motivó algún disenso, o, más que eso, no hubo unanimidad en las votaciones de las disposiciones correspondientes ya que con algunos diputados se pronunciaron en contra, es lo que planteó el diputado Jorge Burgos: la pena de expulsión del territorio nacional.
¿Por qué creemos que es necesaria una legislación al respecto? Hemos suscrito tratados de traslado de condenados tanto con Bolivia -hace tiempo que está vigente- como con Perú -próximo a ser ratificado-, mediante los cuales se busca dar respuesta, fundamentalmente, a la considerable población penal de esos dos países. Pero estos tratados no son de muy auspicioso pronóstico en cuanto a su eficacia, porque se requiere el consentimiento del condenado para que se concrete el traslado hacia su país de origen. La experiencia demuestra que los condenados, tanto bolivianos -que es lo que conocemos hasta ahora- como peruanos -suponemos-, no están muy dispuesto a cambiarse de sistema carcelario. Muchas veces prefieren el chileno, con todas sus deficiencias, que el de sus países de origen, y nos encontramos con las siguientes dificultades:
En el norte del país hay algunas regiones donde cerca del 40 por ciento corresponde a población penal extranjera y debemos implementar, como país, normas que también han adoptado otros países y que regulan, eventualmente, la posibilidad de expulsión.
En este sentido, en la Comisión de Constitución se planteó una modificación a lo que postulamos inicialmente: que la posibilidad de expulsión existiera desde el día 1; vale decir, que el extranjero -que no necesariamente tiene que ser de Perú o Bolivia- pueda ser condenado inmediatamente a expulsión y con prohibición de reingreso al país por diez años. Pero, en la Comisión se hizo notar la conveniencia de establecer necesariamente la obligación del condenado extranjero a cumplir, a lo menos, un tercio de su condena en cárcel chilena, y solamente ahí considerar la posibilidad de su expulsión, de manera de no generar, por un efecto no deseado, alguna idea de impunidad respecto de los extranjeros.
A nuestro juicio, la indicación aprobada en la Comisión de Constitución fue una buena innovación, porque equilibra el manejo de la población penal con una señal clara respecto de que Chile no es un país donde sea conveniente cometer delitos. En todo caso, esta norma, con la variante introducida por dicha Comisión, existe en otros países. Por ejemplo, en España, que enfrenta un intenso fenómeno migratorio; pero tuvimos la precaución de considerar que en España los cuestionamientos a esta norma radican, fundamentalmente, en que, a veces, se ha expulsado a extranjeros con algún arraigo. Desde siempre incluimos en el proyecto la improcedencia de expulsar a un extranjero condenado en Chile si demuestra que ya tiene una situación de arraigo social en el país. Vale decir, buscamos superar el cuestionamiento a estas normas en otros países, donde no existe un resguardo como el que incorporamos. Si un extranjero tiene domicilio, trabajo -o lo tenía- o demuestra una situación de arraigo social, creemos que su expulsión no corresponde. En cambio, si esas condiciones no están presentes, son muy bajas las posibilidades de rehabilitarlo e reinsertarlo en nuestra sociedad y lo más razonable, en ese caso, es contar con este dispositivo de administración de la población penal.
En síntesis, creemos que el proyecto es un eje clave para el manejo del sistema penitenciario. No es la única herramienta; pero sí fundamental. Con las distintas disposiciones de la iniciativa, más que forzar la mano en una u otra dirección, estamos logrando nuestra aspiración de construir un sistema penal con sentido, una cárcel con uso racional, por lo cual solicito que el proyecto, largamente esperado, se apruebe hoy.
Muchas gracias.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING.- Señor Presidente , en la línea de los parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra, en general, a mi juicio, se trata de un buen proyecto. Como se ha recordado, intervinieron en él, previamente, el gobierno de la Presidenta Bachelet el ex diputado Juan Bustos ; desde luego, la actual administración y, en especial, su ministro de Justicia , señor Felipe Bulnes . Pero, es una pena que en este recuento histórico de los hechos y personas que inspiraron este proyecto, se omita un suceso que detonó el cambio en la manera de pensar: el incendio en la cárcel de San Miguel y la muerte de 81 presos. Tuvo que ocurrir esa desgracia para que abordáramos de otra manera el tema de la cárcel y de la rehabilitación, con una filosofía basada efectivamente en los valores del humanismo cristiano y del socialismo, respecto de los cuales, quienes decimos sostenerlos -me incluyo-, abdicamos de ellos pusilánimemente para dejarnos llevar por la vorágine histérica de quienes decían que la cárcel era la única solución para un problema social, y que se simbolizó en la idea del fin de la puerta giratoria.
Afortunadamente, como lo demuestra este proyecto, esa idea ha quedado atrás y hoy, como lo recordaron el ministro y también el diputado Jorge Burgos , ponemos el acento en la rehabilitación y la reinserción, volviendo a lo que nunca debimos olvidar, que, finalmente, el delito tiene origen en nosotros mismos, en nuestra sociedad, y no es algo que se nos imponga desde afuera, de otro planeta.
Dicho eso, en general, quiero manifestar lo que, a mi juicio -y sólo aquello-, es todavía materia de controversia en relación con el proyecto.
Primero, la opción de la expulsión como pena alternativa para los extranjeros que residen ilegalmente en el país. Creo que no se puede tratar de resolver la carencia de una política migratoria del Estado de Chile con medidas que dicen relación con el Código Penal.
Si queremos que esa migración sea sana, clara, legal, tenemos que imponer penas severas a quienes contratan al margen de la ley y con bajos salarios, a los que estimulan esta inmigración ilegal y no al que es tentado y que, por diversas circunstancias, incurre en la comisión de un delito. Se trata de una medida discriminatoria. Por eso, no es cosa simple decir que vamos darle la pasada a la institucionalización de esta nueva medida alternativa.
En segundo lugar, en el numeral 15) del artículo 1° del proyecto, que sustituye el artículo 13 de la ley N° 18.216, que conserva un trato privilegiado para el personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros, aunque, a mi juicio, resulta incomprensible que se excluya a la Policía de Investigaciones. Pero éste no es el punto que quiero plantear, no propongo la inclusión de la policía civil, sino que considero que los delincuentes de uniforme tienen que cumplir las penas igual que cualquier delincuente. Por eso, pedimos votación separada de la disposición indicada, porque rechazaremos esta medida discriminatoria.
En tercer lugar, el numeral 26), que sustituye el artículo 20 y que en su inicio primero establece: “Los delegados de libertad vigilada son funcionarios dependientes de Gendarmería de Chile,”. Pienso que hay que eliminar el concepto “dependientes” y decir simplemente que los delegados de libertad vigilada son funcionarios de Gendarmería de Chile. A mi juicio, de mantenerse este concepto, podría entenderse que se trata de alguien habilitado por los mecanismos que se proponen en el proyecto, pero que no necesariamente es funcionario de Gendarmería. Bastaría con que tuviera dependencia de la institución. Es decir, cualquier persona contratada por Gendarmería de Chile, sin ser gendarme, será “dependiente” de Gendarmería.
En seguida, el inciso segundo de este artículo 20 no hace más que reforzar la posibilidad de distorsionar el espíritu de la ley al establecer que: “La habilitación para ejercer las funciones de delegados de libertad vigilada será otorgada por el Ministerio de Justicia a quienes acrediten idoneidad y preparación, en la forma que determine el reglamento.”. A mi juicio, dejar esto en manos de un reglamento, hace mayor el peligro que advierto.
Respecto del monitoreo telemático, la responsabilidad de la administración del dispositivo -de acuerdo con el artículo 23 quáter, que se consigna en el numeral 29) del artículo 1° del proyecto- será de cargo de Gendarmería de Chile, la que podrá contratar servicios externos para estos efectos.
Al respecto, a propósito de la inconstitucionalidad de disposiciones que están en proceso de reforma en materia penal, llama la atención que la regularización de “Los requisitos y características técnicas del sistema de monitoreo telemático, así como los procedimientos para su instalación, administración y retiro”, se deriva a un reglamento al que alude el artículo 23 octies. En mi opinión, está en juego parte medular del control de una pena, por lo que esto debería ser regulado por ley y no por un reglamento.
Por último, en la misma dirección de lo señalado por el diputado señor Burgos , corresponde hacer reserva de constitucionalidad en el artículo 16, sustituido en el N° 21 del artículo 1°, toda vez que da pábulo a que el tiempo de porte de los dispositivos de control electrónico sea superior a la pena originalmente impuesta. Claramente eso tiene ribetes de inconstitucionalidad, aun cuando se le justifique diciendo que la prolongación es necesaria para la rehabilitación del sujeto.
Esta pena, por el hecho de ser sustitutiva, no puede prolongarse más allá de la condena original. Distinto sería si continuara siendo una medida alternativa, ya que en ese caso sí podría sobrepasar el tiempo al cual fue condenado el reo. Insisto, como se trata de una pena sustitutiva, su extensión no puede ir más allá del tiempo de la sanción original decretada por los tribunales de justicia.
Con esas advertencias, votaremos en general a favor el proyecto, salvo aquellos artículos cuyo rechazo he anunciado.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Monckeberg.
El señor MONCKEBERG ( don Cristián) .- Señor Presidente , me alegran más las palabras con las que terminó su intervención el diputado señor Schilling , precisamente al anunciar que votarán a favor el proyecto en discusión y me alegran, porque dada la relevancia de la iniciativa, es necesario aprobarlo.
Esta iniciativa la venimos discutiendo desde hace bastante tiempo en el Congreso. El texto en debate, tal como dijo el diputado Eluchans , difiere mucho del que, en su momento, trató la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y que ingresó en el período legislativo anterior.
El proyecto original adolecía de una serie de deficiencias. En todo caso, no fuimos nosotros quienes las descubrimos, sino que nuestros invitados a la Comisión. Luego de desmenuzarlo señalaron que no era suficiente, que no cubría los aspectos necesarios para el cumplimiento de penas en libertad.
Respecto del debate, hay que hacer una serie de precisiones. Primero, lo de la Cárcel de San Miguel y el lamentable fallecimiento de muchos internos no fue lo que gatilló el proyecto ni esta discusión. La decisión de la actual administración de avanzar en la modernización de las cárceles y en la rehabilitación de los reclusos era parte del programa de gobierno, cuestión que se notó desde que el ministro Bulnes asumió la Cartera de Justicia. Fueron este discurso, estos comentarios y estas propuestas las que él levantó al iniciar su gestión. Esto fue lo que le dio mayor envergadura, mayor justificación y más espalda para enfrentar lo que era un conflicto latente, evidenciado con el lamentable fallecimiento de reclusos en la cárcel de San Miguel.
Por lo tanto, desde el primer día el gobierno del Presidente Piñera viene con este planteamiento, y dejó en manos del ministro Bulnes la propuesta, que no pasa solo por modificar las medidas alternativas para dar paso a las penas sustitutivas o cumplimiento de penas en libertad, sino que también a una serie de aspectos que dicen relación con el mejoramiento del régimen penitenciario, para que se respeten los mínimos derechos, lo que no estaba ocurriendo.
El tema siempre ha estado presente, pero como no es glamoroso, no vende ni saca portada en los diarios. Es más, me imagino que en las discusiones presupuestarias no es prioritario. Entiendo que en los gobiernos anteriores estos debates se dieron y me imagino que las respuestas siempre fueron: destinemos recursos a ítems que rinden y se muestran más.
Ésta es una deuda del Estado -no hablo en contra de tal o cual Gobierno- que veníamos arrastrando hace mucho tiempo. Tenemos ejemplos como la ex Penitenciaría, que se construyó en 1845, con una capacidad para 2.800 personas, y hoy, sigue existiendo, pero sus internos son más de 7.500. Por eso, felicito, no sólo a este Gobierno, sino al Congreso y a la Comisión de Constitución de la Cámara por haber abordado con acuciosidad este relevante proyecto de ley. Quizá, no es la solución total, pero es importante, porque las cifras son espeluznantes. Todos sabemos que hay cincuenta y tantas mil personas cumpliendo penas en libertad y una cifra similar, privadas de libertad. Lamentablemente, en esas dos cifras, más o menos similares, tenemos deficiencias muy importantes que llaman la atención. Por suerte, hay consenso en el Congreso en cuanto a qué cosas hacer y también en el Gobierno, que está empujando estos proyectos.
Como señalé, las cifras son espeluznantes. Por ejemplo, en Chile, la tasa es de 303 presos por cada 100 mil habitantes y en otros países no excede de los 150 por cada 100 mil habitantes.
La sobrepoblación penal también es alta, pues alcanza al 70 por ciento. El informe y las exposiciones que ha hecho el ministro en la Comisión dan cuenta de ello. Hoy, en un lugar para 100 personas, hay 170 internos cumpliendo condena. Las tasas de hacinamiento en algunos centros penitenciarios van en el 300 y 400 por ciento.
Por eso, esta es una primera etapa de lo que debe ser una reforma total del sistema penitenciario. Me alegro de que el ministro de Justicia -podía perfectamente haber sido otro, pero le tocó a él-, gracias a Dios, esté abordando el tema como corresponde, poniendo énfasis en lo que señaló el diputado Schilling , que dice relación con la búsqueda de la reinserción de la persona que ha cometido delito.
Claramente, la cárcel no es la única respuesta, pero existe desde hace bastante tiempo. Cuando uno lee y estudia documentos sobre esta materia, se da cuenta de que la cárcel surgió, precisamente, para sacar de la sociedad a ciertas personas, pero que debían ser devueltas a la sociedad, reinsertadas, para que ejecutaran acciones distintas al delito. Eso fue degenerando y llevando la situación al extremo, y hoy tenemos a personas privadas de libertad que entran en un círculo absolutamente vicioso, no virtuoso, del cual es imposible salir. El primerizo pasa a integrarse a una escuela del delito y el Estado difícilmente lo puede recuperar.
Por lo tanto, este proyecto va en la línea correcta. Los diputados aportaron muchísimo. Recuerdo las intervenciones del diputado Harboe , que argumentó positivamente respecto del proyecto. También la de los diputados Cardemil , Eluchans , Burgos y, en general, las de los miembros de la Comisión que llevaron adelante una muy buena discusión que, como señalé, partió en el período legislativo anterior y hoy se está abordando como corresponde.
El proyecto considera el cumplimiento de penas inteligentes. También el establecimiento de un catálogo de delitos que serán siempre sancionados con cárcel, entre otros, el secuestro calificado, la sustracción de menores, la violación propia e impropia, la violación con homicidio, el homicidio simple y calificado.
La iniciativa también contempla el uso de nuevas tecnologías para el control del cumplimiento de las penas sustitutivas.
Uno de los problemas que presentaba la aplicación de la ley N° 18.216, que surgió en los años 80 y que fue una buena respuesta en esa época, era que las personas salían en libertad y no había nadie que las fiscalizara ni controlara, por lo que no se sabía qué pasaba con ellas. Actualmente, el gran problema de la actividad delictual en Chile es la reincidencia. Con esas personas no había ningún control y no se sabía si reincidían o no, si iban a firmar al tribunal y si cumplían efectivamente la medida alternativa. Por lo tanto, el cumplimiento de las sanciones en el medio libre, en verdad, no tenía el efecto deseado. Además, los delegados, que es una especie de chaperón que deben cuidar a las personas que cumplen la pena en libertad, estaban absolutamente sobrepasados. Había uno por cada sesenta y la norma internacional indica uno por cada treinta, como lo han señalado el ministro y algunos diputados. Por lo tanto, el control era relevante. Lógicamente, las tecnologías que se consideran en la iniciativa apuntan al control. Pero hay que tener presente que esto no va a ser masivo, sino que estará orientado a ciertos delitos y materias. Obviamente, muy fiscalizado y controlado por Gendarmería.
Los incumplimientos y quebrantamientos de los condenados serán sancionados enérgicamente. Vale decir, la persona que vulnere la pena sustitutiva será objeto de una sanción importante, porque el Estado y la justicia confiaron en ella. Si no respondió como corresponde, se le debe aplicar una pena.
En definitiva, creo que estamos en presencia de un buen proyecto de ley. Me alegro de que exista consenso. En la Comisión de Constitución, hubo una discusión ideológica, pero de buen nivel, donde estuvieron presentes las propuestas y los planteamientos de lo que cada uno cree que debe ser la sociedad. Eso se refleja en el proyecto de ley, en cuanto a que existan penas sustitutivas, que la cárcel es una respuesta, pero no la única, y que debe venir acompañada de reinserción y que, al mismo tiempo, en el caso de las personas que cometen errores, debe existir la posibilidad de que el Estado se haga cargo de ellas y ayude a devolverlas a la sociedad para que actúen rectamente y no cometan nuevos delitos.
Por eso, me alegro de que este proyecto vaya por buen camino. Anuncio, desde ya, que la bancada de Renovación Nacional va a votarlo favorablemente.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , éste es un proyecto bastante interesante para quienes no somos abogados, y lo miramos desde el punto de vista del sentido común y, por supuesto, de la necesidad de cautelar que los recursos del Estado para combatir los actos delictuales sean utilizados de la mejor manera posible.
Lo cierto es que este proyecto implica una cantidad de recursos muy significativa, los cuales, de una u otra forma, deben ser bien empleados. A mi juicio, hoy, en Chile, dada la reforma procesal penal, se hace imperativa una reforma al Código Penal, porque contiene penas que atentan contra los recursos del Estado para hacerlas cumplir, los que podrían ocuparse en otras cosas que vayan en beneficio de la sociedad, por ejemplo, en medicamentos para todos los consultorios del país, lo que hoy no ocurre.
Por eso, me parece muy razonable que se incorporen penas sustitutivas de las privativas o restrictivas de libertad, como la prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Me parece bien que la sociedad en su conjunto tenga la posibilidad de exigirle a aquella persona que delinque, en vez de mandarla a la cárcel o aplicarle otra pena restrictiva de libertad, que realice actividades de servicio en beneficio de la sociedad contra la cual atentó. Por ello, me parece muy interesante que este tema se aborde en la legislación chilena y se incorpore en el artículo 1° de la iniciativa en discusión.
Ese trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado, por supuesto, por Gendarmería, la cual podrá hacer convenios con instituciones públicas, porque el Estado y la sociedad en su conjunto se vieron afectados por el delito que cometió el individuo.
Pero, me llama la atención que también pueda hacer convenios con privados. No entiendo la lógica, porque ese servicio a la comunidad es gratuito, ya que la persona que delinquió no recibe remuneraciones. Es algo absolutamente razonable que el sector público reciba el beneficio del trabajado de quien delinquió y al cual se le está sustituyendo la pena. Pero, ¿por qué un empresario del sector privado va a tener mano de obra gratuita si al director de Gendarmería se le ocurre celebrar un convenio con él? ¿Por qué el privado va a aumentar sus ingresos con beneficios que debe recibir la comunidad? En mi opinión, la prestación de servicios en beneficio de la comunidad debe estar necesariamente en el orden público y relacionada con convenios con instituciones o empresas públicas o con aquellos que garanticen que el trabajo no remunerado de una persona beneficie a la sociedad en su conjunto y no al bolsillo de un particular; de lo contrario, estaríamos retrocediendo varios siglos, cuando las penas, asociadas al trabajo forzado iban en beneficio de los privados. Me parece que ese tema podría ser perfectamente modificable.
No sé si el trámite del proyecto tiene urgencia calificada de “suma”, y si se le pueden formular algunas indicaciones. A mi juicio, debería eliminarse la posibilidad de que Gendarmería celebre convenios con privados, porque se puede prestar para abusos, lo cual me parece inaceptable.
Por otra parte, cuando revisamos ese tema en la Comisión de Hacienda, me parecía sumamente razonable que se usaran las nuevas tecnologías para cautelar el cumplimiento de las penas que imponen los jueces. Me parece realmente importante y hay que hacerlo de todas maneras. Pero nos debemos detener en un punto muy importante respecto de la facultad que damos a los gobiernos y a Gendarmería sobre el buen uso en la gestión de los recursos. Me parece poco razonable que una de las cosas que incorpora el proyecto sea la posibilidad de contar con monitoreo por radiofrecuencia, de acuerdo con el planteamiento del Ministerio de Justicia. Creo que dicha Cartera tiene un errado concepto de gestión, debido a que se va a orientar principalmente a la industria del monitoreo por radiofrecuencia. Por lo tanto, más que cautelar algunas cosas, el proyecto tiene que ver con la creación de esa nueva industria. Cuando se dice que el costo unitario del monitoreo por radiofrecuencia asciende a un poco más de 108 mil pesos y que, además, a partir del segundo año 5.100 personas estarán controladas por dicho sistema, el Estado va a gastar 550 millones de pesos mensuales en monitorear por radiofrecuencia a quienes el juez ha ordenado dormir en sus casas, porque, por ejemplo, algunos manejaban en estado de ebriedad. En tal caso, el Estado va a gastar 180 mil pesos mensuales en cada una de las personas que infringió la ley para que duerma en su casa. En verdad, me parece algo inaceptable. Considero que ello no está bien. Si una persona maneja en ese estado, hay que quitarle la licencia de conducir, pero no hagamos que el Estado gaste plata en ella.
En la mayor parte de los casos, los jueces decretan una medida de apremio respecto de algunas personas que no pagan las pensiones alimenticias. Sin embargo, la sanción que aquellos imponen es que pasen la noche en la cárcel. Hay una gran cantidad de personas de escasos recursos que no pagan pensiones alimenticias de 30 mil, 40 mil ó 50 mil pesos; no obstante, el Estado pretende gastar 108 mil pesos mensuales por quien no la enteró. Es decir, destinará más en hacer dormir a la persona en su propia casa, que lo que ella debía entregar, lo cual me parece poco razonable. Hay medidas con las cuales se controla de mejor forma si cambiamos el Código Penal en ese sentido. A mi juicio, es adecuado lo que ocurre en otros países. Por ejemplo, el diputado Silber me señalaba que si los españoles no pagan la pensión alimenticia, el Estado se hace responsable por un cierto tiempo y se actúa contra la persona para cautelar los bienes que se deben entregar a los niños. O sea, no las envía a dormir a sus casas, no paga para que sean controladas por ello y no establece otro tipo de penas que vayan en ese sentido.
En este caso, desde el punto de vista de la gestión de los recursos, me gustaría tener más claridad respecto de cómo se emplearán los 550 millones de pesos mensuales, porque si esos dineros se van a usar en una persona que infringe la ley por conducir en estado de ebriedad o en delitos de amenaza o cosas por el estilo, prefiero que se utilicen, por ejemplo, en dotar de medicamentos a todos los hospitales y consultorios para que no haya hipertensión en Chile, ya que eso salvará más vidas y ayudará más a la sociedad que este tipo de penas. En ese sentido, el Ministerio de Justicia debe reformar el Código Penal, con el objeto de que las penas sean razonables. Además, hay que cambiar el esquema y la visión que tenemos, con el fin de cautelar y usar mejor los recursos de que dispone el Estado.
Aparte de los dos puntos señalados, hay un tercer tema que ya han analizado otros señores diputados y que dice relación con los extranjeros que cumplen penas en cárceles chilenas. En verdad, son los tres puntos a los cuales hay que referirse en este proyecto, pues todo lo demás está orientado a la modernización y al mejoramiento de las condiciones para resguardar el cumplimiento de las penas sustitutivas, a fin de que el número de presos en las cárceles chilenas -el mayor en toda Latinoamérica en términos porcentuales-, sea razonable con una condición de un Estado más moderno y, además, cautele los derechos y deberes que tiene respecto de sus ciudadanos.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , difícilmente alguien podría estar en contra de un proyecto de la envergadura y del mérito de esta iniciativa. Para quienes no entendemos mucho de cómo se aplica la justicia, me parece que el proyecto podría haber tenido letra chica; así me lo explicaban en su momento. Sin embargo, los comentarios bastante sólidos e importantes de los diputados que son abogados aclaran la situación y nos dan una alternativa para incluso mejorar o modificar el proyecto. Agradezco las intervenciones de los diputados señores Eluchans , Burgos , Robles , Schilling , Monckeberg y otros, quienes han enriquecido el debate y aclarado mis dudas sobre la iniciativa.
De acuerdo con las cifras que nos entregan los organismos encargados de velar por el cumplimiento de las penas, alrededor de 110 mil personas están cumpliendo condenas, de las cuales más de la mitad lo hacen por la vía de medidas alternativas a las penas privativas de libertad. O sea, aquellas que no se cumplen en la cárcel, sino en el medio libre. En ese sentido, hay una deficiencia que considero enorme.
Las penas alternativas no tienen un resultado claro. El diputado Burgos señaló que aquí ha habido un fracaso social, ya que cuando el Ejecutivo presenta un proyecto, debe tener un resultado, pues sin éste, no hay efectos reales, cosa que el ministro debió haber escuchado, pero que no repetiré por falta de tiempo. Aquí se presentó un proyecto sin un resultado claro sobre la privación de libertad. En economía es muy clara la norma sobre los resultados. Pienso que esta iniciativa, que es de alto costo y que fue analizada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, debió tener un resultado.
De hecho, el común de nuestros ciudadanos reclama por lo que se ha llamado “la puerta giratoria”; a un delincuente que es condenado, se le aplica una medida alternativa, lo que le permite regresar a las calles, en donde normalmente vuelve a delinquir. Con este proyecto, se pretende regular de mejor manera estas medidas alternativas, para transformarlas precisamente en penas sustitutivas que permitan la recuperación y posterior reinserción del que ha delinquido y que no se sigan considerando, como hasta ahora, beneficios carcelarios para algunos condenados.
Considero que el proyecto, ya de larga tramitación y que ha sido objeto de múltiples modificaciones e indicaciones sustitutivas durante los gobiernos de la Presidenta Bachelet y del actual, avanza en la dirección adecuada al establecer como penas alternativas, la remisión condicional de la pena, la reclusión parcial, la libertad vigilada, la libertad vigilada intensiva, la expulsión del país, situación respecto de la que concuerdo en que debe votarse en forma separada, y la prestación de servicios comunitarios.
Como vemos, se plantean con cierta gradualidad, dependiendo de la gravedad del delito que el condenado haya cometido. Se excluye de la aplicación de esas penas sustitutivas a quienes hayan cometido delitos graves consumados como el secuestro, la sustracción de menores, la violación, el homicidio, etcétera, ilícitos sobre los cuales hay reglas especiales. Felizmente, esto no se modifica.
Especial mención me parece que debe hacerse a la creación de la pena de libertad vigilada y de libertad vigilada intensiva, en cuyos casos se somete al condenado a una libertad a prueba, durante la cual debe realizar un tratamiento individual, bajo la vigilancia y orientación permanente de un delegado.
También merece mencionarse el monitoreo telemático de los condenados, con el cual en casos de violencia intrafamiliar, por ejemplo, se podrá saber con precisión la ubicación del condenado durante todas las horas del día.
También ha sido adecuado encargar a Gendarmería de Chile la implementación y el seguimiento de las medidas que se están instaurando para controlar el cumplimiento de las penas sustitutivas, pero considero que los recursos que se están asignando no son suficientes para poner en marcha lo señalado en el proyecto y la contratación del personal necesario que asuma las labores de vigilancia y orientación, como delegados ante los condenados.
Al respecto, difiero de los informes financieros de la Dirección de Presupuestos, ya que, para quien habla, todavía adolecen de algunas falencias en la entrega de medios para cada proyecto.
Reitero, es un proyecto adecuado, pero que tiene imperfecciones -artículos 16 y 35- que deben corregirse.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Señores diputados, ha finalizado el Orden del Día.
La iniciativa está calificada con urgencia de “suma”, el plazo para su despacho vence el 20 de este mes, y la semana próxima deben debatirse varios proyectos.
Por lo tanto, solicito el acuerdo de la Sala para que los diputados señor Letelier, señora Turres, señores Saffirio, Rincón, Harboe, Montes, Marinovic y Araya inserten sus discursos y votar hoy el proyecto.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
No hay acuerdo.
Por consiguiente, queda pendiente para la próxima semana.
El señor MONTES.- Señor Presidente , ¿por qué no se sigue tratando mañana?
El señor BURGOS.- Señor Presidente , ¿no es posible incluirlo, si existe acuerdo, en la Tabla de la sesión de mañana?
El señor MELERO ( Presidente ).- No, señor diputado , porque mañana tenemos una Tabla muy compleja. Figura el homenaje al diputado Juan Lobos y el proyecto relativo al bullying. Pedí el asentimiento de la Sala para insertar los discursos y votarlo de inmediato, porque sé que tenemos una agenda compleja para mañana.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , hay alrededor de ocho diputados inscritos.
Por lo tanto, propongo que mañana se prolongue el Orden del Día, una vez que veamos los otros proyectos, y otorgar cinco minutos a cada parlamentario inscrito, para finalmente votar la iniciativa, porque la considero importante.
El señor MELERO (Presidente).- La Mesa entiende eso; pero, como dije, mañana tenemos el proyecto de ley sobre el bullying, que también es muy importante, y el homenaje al diputado Juan Lobos.
Haremos todo lo posible por incorporar este proyecto en la Tabla de la sesión de mañana; pero, como no puedo garantizarlo,
requerí la unanimidad de la Sala para votarlo hoy y no hubo unanimidad.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
BONO EXTRAORDINARIO PARA FAMILIAS MÁS VULNERABLES. (Votación).
El señor MELERO ( Presidente ).- Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo N° 278, mediante el cual se solicita un bono extraordinario, de cargo fiscal, para las familias más vulnerables.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
CREACIÓN DE SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la parte resolutiva del siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 281, de los señores Torres, Arenas, Van Rysselberghe, Chahín, Rincón, de las señoras Sepúlveda, doña Alejandra; Sabat, doña Marcela; Saa, doña María Antonieta, y de los señores Robles y Gutiérrez, don Hugo, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda solicitar a su excelencia el Presidente de la República que, en el ejercicio de sus facultades exclusivas, presente a tramitación parlamentaria un proyecto de ley para crear una Subsecretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, como órgano desconcentrado funcionalmente del Ministerio de Educación, cuyas principales competencias estarán enfocadas en el diseño de políticas públicas para el fomento de la ciencia y el desarrollo tecnológico”.
El señor MELERO (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , junto con el diputado Víctor Torres , ex presidente de la Comisión de Ciencias y Tecnología, el año pasado visitamos el Centro de Modelación Matemática de la Universidad de Chile, donde varios investigadores nos plantearon la posibilidad de crear una subsecretaría que precisamente tenga que ver con la investigación en cada una de las áreas, no sólo de la Universidad de Chile sino también de otras a lo largo del país. Por eso, sometemos a la consideración de la Sala este proyecto de acuerdo que propone enviar un mensaje de los parlamentarios al Ministerio de Educación, para crear una subsecretaría que en forma específica permita desarrollar la investigación y, además, un proceso de innovación en el país.
Ojalá todos los diputados presentes voten en forma favorable el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Torres.
El señor TORRES.- Señor Presidente , Chile es un país que tiene un incipiente desarrollo en materia de ciencia y tecnología.
Durante el año pasado, nos tocó conocer la realidad de una serie de centros de investigación como también el esfuerzo que realizan muchos investigadores en Chile. Cuando se conocen experiencias en el extranjero, uno se da cuenta de que un país que aspira a ser desarrollado debe invertir en ciencia y tecnología, de forma de salir de los elementos más básicos de desarrollo de la simple generación de conocimientos, que muchas veces no queda en el país de origen, sino que también se traslada al resto del mundo como una fuga de capacidades técnicas y conocimientos.
Chile es un país que invierte poco en ciencia y tecnología. Sólo el 0,4 por ciento del Producto Interno Bruto es dirigido a innovación y desarrollo. Hoy Chile no tan solo necesita aumentar ese porcentaje para acercarse a las cifras de los países de la OCDE, sino también requiere ordenar y organizar una política pública dirigida fundamentalmente a ese objetivo.
En el mundo se pueden encontrar instituciones como subsecretarías que pueden depender del Ministerio de Economía o de Educación. Desde nuestro punto de vista se requiere una subsecretaría que genere políticas públicas, haga diagnósticos y establezca lineamientos para desarrollarnos en la materia, pero bajo el alero del Ministerio de Educación. La ciencia y la tecnología, si bien están al servicio del desarrollo de un país, también generan conocimiento, por ello es la cartera que debería liderarlo.
En consecuencia, invitamos a todos los colegas diputados a acompañarnos en la aprobación del proyecto, que ha sido firmado transversalmente por todos los diputados que integramos la Comisión de Ciencia y Tecnología, porque creemos que si aspiramos a ser un país desarrollado tenemos que darle contundencia y coherencia a una política que hoy está dispersa en una serie de instituciones y no a cargo de un ministerio o servicio, además, sin coordinación ni generación de un fruto que realmente permita dar un salto hacia el desafío futuro.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
MODIFICACIÓN DE INSTITUCIONALIDAD PENITENCIARIA
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 284, de los diputados señores Van Rysselberghe, Barros, Álvarez-Salamanca, Urrutia, de la diputada señora María José Hoffmann, de los diputados señores Bauer, Squella, Vilches, de la diputada señora María Angélica Cristi y del diputado señor Calderón, que en su parte dispositiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia el Presidente de la República que establezca las medidas necesarias para modificar la actual institucionalidad penitenciaria, permitiendo que Gendarmería de Chile se aboque exclusivamente a la custodia y seguridad de los internos y de las unidades penales y que una nueva institución, denominada Servicio Nacional de Reinserción Social, sea la que se dedique a la reinserción social.
Lo anterior, con la finalidad de separar radicalmente la custodia de la rehabilitación de los reclusos, generar incentivos de especialización en determinadas áreas, permitir una adecuada focalización de los recursos en los distintos objetivos y, sobre todo, permitir el mejoramiento de otras políticas de control social a través de una institución profesional”.
El señor MELERO (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Van Rysselberghe.
El señor VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, siempre es sano mirar la experiencia internacional para ver los potenciales ajustes que se realizan en distintas áreas.
En materia penitenciaria, el año pasado vivimos varias tragedias que ayudaron a percibir de mejor forma falencias que se venían arrastrando en la gestión carcelaria y penitenciaria desde hace tiempo.
Inglaterra tiene un modelo que ha sido aplaudido por la investigación internacional. En ese sentido, el presente proyecto de acuerdo pretende motivar a la actual administración, al Presidente de la República y al ministro de Justicia , a observar esa experiencia y sacar enseñanzas de ella.
En sus últimas intervenciones y propuestas, el ministro Bulnes ha avanzado en ajustar nuestro sistema de gestión carcelaria y penitenciaria. Ha tomado elementos de la experiencia internacional y algunos que se señalan en el proyecto de acuerdo.
En la línea de seguir ajustando la manera en que se administran las cárceles, la forma en que trabaja la conducta de quienes han tenido actuaciones que no se condicen con una buena vida social y de ayudar a que las personas logren reinsertarse de mejor forma una vez que salen de las cárceles, pido a los colegas apoyar el proyecto de acuerdo para sumar una nueva señal al Ejecutivo para seguir avanzando con fuerza en la materia.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para impugnarlo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
FISCALIZACIÓN DE AUMENTOS DE COSTOS DE PLANES DE SALUD.
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo N° 286.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 286, del diputado señor Vallespín, de la diputada señora Karla Rubilar, de los diputados Accorsi, ex diputado señor Juan Lobos, Araya, Torres, Burgos, Castro, Núñez y Robles, que en su parte dispositiva dice:
“Requerir del Supremo Gobierno el envío a tramitación de manera urgente de las normas legales pertinentes que modifiquen la situación para poner fin a los abusos que cometen las isapres al continuar aplicando disposiciones que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales. Mientras se tramita la nueva legislación solicitamos que se instruya a la Superintendencia de Isapres para que fiscalice los aumentos de los precios de salud velando por la no aplicación de estas disposiciones”.
El señor MELERO (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , el proyecto de acuerdo, de alguna manera, busca insistir ante el Ejecutivo para que, de una vez por todas, envíe un proyecto de ley que realmente corrija la vulneración flagrante de la garantía constitucional de la igualdad ante la ley con la aplicación de la tabla de riesgos por parte de las isapres a las mujeres en edad fértil y a las personas de avanzada edad. Lamentablemente, se declaró inadmisible en la Cámara una moción de los diputados Burgos y Torres que justamente resolvía el tema.
En fallos contundentes, reiterados y uniformes, el Tribunal Constitucional ha señalado que es inconstitucional la tabla de factores de riesgo que discrimina a las chilenas y a los adultos mayores.
Por eso, y como el proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo no resuelve la materia en los aspectos esenciales, consideramos importante que la Sala apruebe hoy este proyecto de acuerdo para que el Gobierno se haga cargo de los respectivos fallos del Tribunal Constitucional y envíe una iniciativa que cumpla con nuestras normas constitucionales y termine con la discriminación en el acceso a la salud que hoy día viven y sufren miles de chilenas y chilenos.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente , éste fue uno de los últimos proyectos de acuerdo firmados por nuestro querido amigo Juan Lobos . Apenas supimos del envío del proyecto de ley corta de Isapres por parte del Ejecutivo, Juan Lobos se involucró directamente en la materia para ser un actor relevante y fundamental en la solución de este problema que afecta a casi tres millones de chilenos y chilenas.
Él escribió un artículo -apareció el día de su fallecimiento- en La Tercera, diario de circulación nacional, donde dio a conocer su opinión al respecto.
Hago un llamado al Ejecutivo , en particular al ministro de Salud y al Presidente de la República , para que el próximo 21 de Mayo se den las señales requeridas para resolver definitivamente esta situación, que es requisito previo para solucionar las dificultades de acceso a la salud, de dignidad, de calidad y de protección financiera de la gente que ha optado por las isapres y de aquella que ha elegido a Fonasa.
Ello es muy relevante. Se trata de una petición transversal para que el Gobierno resuelva definitiva y equitativamente este gravísimo problema que aflige a tantos chilenos, no sólo escuchando a la Asociación de Isapres.
Por lo tanto, invito a los colegas a aprobar, ojalá por una gran mayoría o de manera unánime, este proyecto de acuerdo que, es cierto, podría sonar extemporáneo -han pasado varias semanas desde su presentación-, pero cuyo espíritu, que es la demanda transversal de una solución al problema de la tabla de factores de riesgo de las isapres, se halla completamente vigente.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Macaya.
El señor MACAYA.- Señor Presidente , concuerdo con el espíritu planteado por este proyecto de acuerdo en el sentido de que es importante solucionar las discriminaciones arbitrarias que hoy genera la tabla de factores de riesgo de las isapres. Sin embargo, no estoy de acuerdo con hacer una petición al Ejecutivo sobre una materia respecto de la que hoy existe una iniciativa en tramitación en el Congreso Nacional. El proyecto de ley ya fue aprobado por la Comisión de Salud de la Cámara y está próximo a ser debatido por la Sala.
Asimismo, tampoco estoy de acuerdo con que aquí se señale el nombre de nuestro extinto amigo Juan Lobos . El diputado Núñez manifestó que el mismo día de su fallecimiento apareció en La Tercera una columna suya en que señalaba que el proyecto de ley corta de isapres, que todavía estamos tramitando en el Congreso, de alguna manera daba una solución al problema en el corto plazo.
El Ejecutivo expresó que dicha iniciativa no es una legislación definitiva, sino una solución para un problema de contingencia constitucional inmediato. Esto se está analizando con el Ejecutivo , con la gente del Ministerio de Salud, y requerimos una solución a largo plazo; por lo tanto, se avanzará en ello. Necesitamos solucionar un problema contingente vinculado a diversos fallos del Tribunal Constitucional.
Pero tampoco podemos decir que el proyecto de ley corta de isapres que hoy estamos tramitando será nuevamente calificado de inconstitucional por el Tribunal Constitucional, porque no sabemos cómo se pronunciará.
Por lo mismo, y quiero decirlo claramente, el diputado Lobos, en su columna publicada en el diario La Tercera el día de su fallecimiento, llamaba a votar a favor el proyecto a que he hecho referencia y que se encuentra en tramitación en el Congreso Nacional.
Por último, se va a solicitar al Ejecutivo que una vez que se solucionen los problemas contingentes, la ley corta de isapres sea el primer paso hacia una solución a largo plazo en el financiamiento de la salud en el país.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente , soy autora del proyecto de acuerdo y quiero aclarar al diputado Chahín que fue presentado cuando el Gobierno todavía no enviaba a al Congreso Nacional el proyecto de ley corta de isapres.
Es importante dejar constancia de ello, porque en su exposición el diputado Chahín manifiesta como que ello se está solicitando de nuevo porque no les gustó el proyecto, y no es así.
En su momento, solicitamos el envío de un proyecto sobre el particular. Y el Gobierno ingresó uno respecto del cual las personas de la Concertación podrán tener diferencias con las de la Alianza; pero la iniciativa se encuentra en trámite, fue aprobada por la Comisión de Salud de la Corporación y en algún momento será debatida por esta Sala.
Si como se señala en el referido acápite había intención, en forma transversal, de debatir acerca de cómo mejorar el sistema de isapres, que cubre a más de dos millones de chilenos, lo primero que debe hacerse antes de volver a solicitarle alguna cosa al Presidente de la República es aceptar la idea de legislar del proyecto correspondiente. Lamentablemente, a la Concertación no le interesó aprobar nada: dijo que no se podía y rechazó en general la iniciativa.
¿Cómo se puede mejorar un proyecto si no existe?
Por lo tanto, lo lógico es entender que para arreglar las cosas, el Parlamento es el medio para dialogar. Y en este caso, se debe partir con la aprobación de la idea de legislar.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos; por la negativa, 18 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo la diputada señora
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
AGRESIÓN A ENCARGADO DE SEGURIDAD DE REGIÓN METROPOLITANA DURANTE PROTESTAS POR PROYECTO HIDROAYSÉN. Oficio.
El señor MELERO (Presidente).- En Incidentes, el primer turno le corresponde al comité Renovación Nacional.
Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Pérez.
El señor PÉREZ ( don Leopoldo).- Señor Presidente , en el marco de las violentas manifestaciones convocadas por ambientalistas tras la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto HidroAysén, el encargado de Seguridad de la Intendencia de la Región Metropolitana y vicepresidente de Renovación Nacional, don Gonzalo Díaz del Río, fue requerido por el oficial a cargo de mantener el orden público en el centro de Santiago.
Pseudoambientalistas, supuestamente pacifistas y defensores de la naturaleza, agredieron con una piedra a dicho funcionario público, quien había acudido al lugar con el objetivo de asegurar la calma en el sector.
El señor Díaz del Río, luego de caer producto del piedrazo que recibió en la cara, fue objeto de patadas y escupitajos por los manifestantes, que defienden a los ríos como si se tratasen de personas, pero no vacilan en dar a un ciudadano un trato que no merece ningún ser vivo.
Lo más grave de todo es que en el lugar se encontraban colegas parlamentarios de la Concertación, quienes no hicieron nada por impedir tal agresión.
Ello no es más que una nueva muestra del doble estándar con que opera la Izquierda en nuestro país. Se hacen llamar defensores de la naturaleza y de los derechos humanos, pero su accionar dista mucho de su discurso. Se les olvida que el primero de los derechos humanos es el derecho a la integridad física y psíquica.
Esto es inaguantable. Es como si otro ser humano no fuese parte de la naturaleza que ellos tanto dicen defender.
Por tal motivo, en nombre de la bancada de diputados de Renovación Nacional solicito oficiar al Ministerio del Interior para que aclare las circunstancias en que el encargado de Seguridad de la Intendencia de la Región Metropolitana y vicepresidente del Partido Renovación Nacional, don Gonzalo Díaz del Río, fue brutal y cobardemente agredido en el marco de las manifestaciones efectuadas por la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto HidroAysén.
Por último, lamentamos la situación sufrida por el diputado señor Sergio Aguiló , respecto de la cual la Mesa recabará los antecedentes necesarios para aclarar los hechos que afectaron a nuestro colega.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de quienes así lo manifiestan a la Mesa.
FALTA DE EFECTIVO EN CAJEROS AUTOMÁTICOS DE BANCO ESTADO EN COMUNAS DE NUEVA IMPERIAL, CARAHUE Y SAAVEDRA. Oficios
.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado José Manuel Edwards.
El señor EDWARDS .- Señor Presidente , en la zona que represento, específicamente en las comunas de Nueva Imperial, Carahue y Saavedra , se me ha hecho notar que durante los fines de semana los cajeros automáticos del Banco del Estado no tienen efectivo, lo que ha provocado serios problemas a los habitantes de la zona y a los turistas, ya que no cuentan con otra alternativa, porque esta entidad financiera es la única que tiene cajeros automáticos en la zona, desde Temuco hasta la costa, en este caso en Saavedra.
Todos sabemos que Nueva Imperial, Carahue y Saavedra constituyen la puerta de entrada del turismo étnico. Por ello, se le hace un flaquísimo favor a esa actividad si los cajeros del único banco que está presente en la zona no tiene efectivo; asimismo, representa un serio problema para los habitantes de la zona.
Por tanto, pido que se envíe un oficio al presidente del Banco del Estado de Chile y al gerente general, don Pablo Piñera Echeñique , para que informe sobre esta situación y se disponga evaluar medidas alternativas para que los usuarios, en particular los turistas de la zona costera de la Región de La Araucanía, no se vean afectados por tal situación.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Alejandro García-Huidobro .
INVESTIGACIÓN DE INFRACCIONES A LA LIBRE COMPETENCIA EN SUPUESTA ALZA EN PRECIO DEL PAN. Oficio.
El señor EDWARDS .- Señor Presidente , la semana pasada nos escandalizó a todos el anuncio de una supuesta alza de 300 pesos en el kilo de pan, más aún cuando todos los peritos en la materia han señalado que los costos en la composición del pan y en las materias primas sería sólo de sesenta o setenta pesos. Asimismo, expertos de la Oficina de Políticas Agrarias del Gobierno y de centros de estudios han señalado que el alza podría alcanzar cerca de los ciento treinta pesos o ciento cuarenta pesos.
Por ello, es muy importante que se investigue esta situación, ya que el pan es uno de los alimentos que más consumen los chilenos. De hecho, por año, cada chileno consume alrededor de 98 kilos de pan; a la vez, si hacemos una multiplicación sobre cuántos recursos desembolsamos en ese producto, hablamos de alrededor de 470 millones de pesos en este delta que supuestamente se quiere incorporar en el precio del pan.
Por esta razón, pido que se envíe un oficio al fiscal nacional Económico para que, dentro de sus atribuciones, considere la posibilidad de investigar, de oficio, un eventual abuso de posición dominante o una posible colusión, aplicando precios abusivos o restricciones a la competencia mediante colusiones o acuerdos expresos o tácitos de los competidores que no se ajusten a derecho u otra infracción a la libre competencia.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores García-Huidobro , Saffirio y Torres.
RÉPLICA A INTERVENCIÓN DE DIPUTADO LEOPOLDO PÉREZ. ANTECEDENTE SOBRE MEDIDAS DISUASIVAS APLICADAS POR CARABINEROS EN PROTESTAS POR PROYECTO HIDROAYSÉN. Oficios.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , quiero contestar las expresiones vertidas en esta Sala por un colega, relacionada con las protestas que ocurrieron como consecuencia de la aprobación del proyecto hidroeléctrico HidroAysén.
En mi opinión, no corresponde calificar a quienes estuvieron en la calle manifestando su rechazo -miles de ciudadanos a lo largo de Chile-, como los autores de la violencia y de situaciones reñidas por la ley. No obstante, lamento que un dirigente de Renovación Nacional haya resultado herido como consecuencia de una pedrada en la cabeza, pero, con la misma fuerza, lamento la enorme violencia que se uso contra personas comunes y corrientes, mujeres, niños, gente de edad, un parlamentario, Sergio Aguiló , quien por el simple hecho de marchar y manifestar en la calle el derecho ciudadano sufrió también los embates de esa violencia.
Estuve en la Plaza Italia con el diputado Vallespín y vivimos en carne propia la violencia. Lo mismo sucedió en Valdivia -donde hay más de quince jóvenes detenidos- y a lo largo de Chile. Esto no puede seguir ocurriendo. El Gobierno tiene que salvaguardar el orden público y el legítimo derecho de las personas de marchar y protestar por las calles para denunciar una situación tan aberrante como la que ocurrió de cara a la ciudadanía: la aprobación del proyecto HidroAysén.
En ese sentido, pido que se envíe un oficio al ministro del Interior y al general director de Carabineros de Chile para que informen quién estaba a cargo del operativo de seguridad, en la Región Metropolitana y en cada una de las regiones del país; asimismo, cuáles fueron las instrucciones y el material utilizado en gases lacrimógenos, porque tenemos la constatación de que hubo varias personas heridas y otras que hoy sufren algunas consecuencias. Además, lamento que hasta hoy en la mañana aún estuviera detenida Sara Larraín , dirigenta que anoche fue esposada y mojada. Me comuniqué con ella a las 23.00 horas, pero esta mañana seguía detenida y esposada. Creo que no es terrorista ni una persona que ejerza la violencia, sino que fue detenida de manera arbitraria por marchar y protestar para expresar su malestar por lo ocurrido, lo cual, ojalá, se transforme en una conducta nacional.
No avalo la violencia, pero pido que el Gobierno resguarde el legítimo derecho que tienen todas las personas a expresarse.
He dicho.
El señor BERTOLINO .- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de todos los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
CARENCIA DE VACUNAS PARA MENORES DE DOS MESES EN CONSULTORIOS DE REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- El tiempo que resta al Partido Socialista lo ha cedido al Partido Comunista.
Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , quiero dar a conocer la carencia de vacunas para los recién nacidos y menores de dos meses en los consultorios de la Región de Atacama, con lo cual se ve gravemente alterado el Plan Nacional de Vacunación. Adjunto un listado de los consultorios que han informado con los cuales se puede constatar mi denuncia.
Los funcionarios de distintos consultorios, con quienes sostuve entrevistas telefónicas, señalaron que éste es un problema que se repite en todos los consultorios de la zona. Es decir, no hay vacunas para guaguas recién nacidas y de menos de dos meses en ningún consultorio de la Región de Atacama, lo que ha sido calificado como una situación de extrema gravedad. Incluso, funcionarios con más de 22 años de experiencia han señalado que es la primera vez que sucede algo así.
Es de público conocimiento que entre los medicamentos e insumos de salud de primera necesidad se encuentran las vacunas, por la importancia que revisten para la salud pública. El respeto al Programa Nacional de Vacunación debe ser absoluto y estar entre las primeras garantías que da el Sistema de Salud Pública. Esto es de total y absoluta responsabilidad de los gobiernos central y regional. De este último, no se han conocido trascendidos comunicacionales ni explicaciones que se refieran a este grave hecho. Lamentablemente, en tal coyuntura, son los funcionarios de la salud los que reciben injustamente los legítimos reproches de las madres que recurren a los consultorios en busca de la vacuna señalada.
Los alcaldes de Diego de Almagro y de Caldera han realizado gestiones para conseguir vacunas; no obstante, la única autoridad que se ha referido públicamente a esta carencia ha dicho, entre otras cosas, que la demora o tardanza de una semana o más días en la colocación de las vacunas no tiene efecto alguno en la salud de los niños, lógica que es inaceptable.
Con vistas a llevar tranquilidad a la población, pido que se envíe un oficio al ministro de Salud , a la Intendenta de la Región de Atacama y al Seremi de Salud; asimismo, que se envíe una copia a los alcaldes de la región, a los concejales, a los representantes de la Fenats, de la Confusam, de la Fenpruss y del Colegio Médico, al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y al presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de las respectivas comunas de la Región, demandando información sobre esta crisis; además, que indiquen las razones de esta situación, las gestiones que se están llevando a cabo para enfrentarla y las medidas que se van a implementar a futuro para evitar que se repita un hecho de esta naturaleza.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan.
PRÓRROGA DE VIGENCIA DE LA LEY N° 20.212 QUE CONCEDE BONO DE RETIRO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Oficio.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- En el turno del Comité Mixto PRSD, PC e Independientes, tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA.- Señor Presidente , en julio del año recién pasado, la honorable Cámara aprobó un proyecto de acuerdo que tenía por objeto solicitar al Presidente de la República , Sebastián Piñera , la prórroga de la vigencia de la ley N° 20.212, que otorgó un bono de retiro a los funcionarios públicos, toda vez, que caducaba el 31 de julio de 2010.
Por lo tanto, era necesario prorrogarla, a fin de hacer justicia a los funcionarios públicos que no alcanzaron a acogerse a ella. Para evitar el llamado agravio comparativo, le solicitamos a su excelencia el Presidente de la República su prórroga. Sin embargo, hasta el momento no hemos tenido respuesta, debido a lo cual no ha sido posible hacer justicia a los funcionarios públicos que se acogen a retiro, puesto que sólo algunos recibirán el bono ya mencionado, a menos que el Presidente se pronuncie al respecto.
Por eso, pido nuevamente que se oficie a su excelencia el Presidente de la República para reiterarle nuestra preocupación relacionada con el bono de retiro y con la prórroga de la vigencia de la ley N° 20.212.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados José Miguel Ortiz y Víctor Torres .
INFORMACIÓN SOBRE MESA DE DIÁLOGO DE MINISTRO DE EDUCACIÓN CON ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. Oficio.
El señor MEZA.- En segundo lugar, pido que se oficie al ministro de Educación , don Joaquín Lavín Infante , con el objeto de que informe a este diputado sobre la situación de la mesa de diálogo que se comprometió a mantener con los asistentes de la educación porque, hasta el momento, no hemos tenido información al respecto.
En Chile, los asistentes de la educación suman más de 60 mil personas y, en su momento, el Gobierno y los ministros de Educación y del Interior se comprometieron a dictar una normativa o un estatuto nacional de los asistentes de la educación, con el objeto de mejorar sus condiciones de trabajo y descanso, de crear un fondo de retiro real, de fijar el sueldo base nacional y beneficios por el desempeño en establecimientos de zonas extremas, de desempeño difícil, por la excelencia académica; para especializar y profesionalizar sus funciones.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados José Miguel Ortiz y Víctor Torres .
INFORMACIÓN SOBRE BENEFICIO A CUIDADORES DE ENFERMOS POSTRADOS. Oficio.
El señor MEZA.- En tercer lugar, durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se estableció un modesto estipendio de veinte mil pesos para las personas que cuidan a los enfermos postrados, personas que sufren parálisis, hemiplejia o enfermedades catastróficas, debido a lo cual no pueden valerse por sí solas. Por lo general, se otorgaba esta modesta suma a una persona perteneciente a la familia, que las cuidaba. Pero, durante el presente año, el Ministerio de Salud no ha entregado a los municipios ni un solo peso por este concepto.
Por eso, pido que se oficie el ministro de Salud , a fin de que nos informe sobre esta situación que afecta gravemente a miles y miles de personas. En Chile, hay más de 50 mil chilenas y chilenos postrados que no pueden valerse por sí mismos; sólo en la Región de La Araucanía son más de dos mil. Los recursos se destinaban a comprar pañales, algún medicamento extra o alimentos, que no son los mismos que ingerimos los que estamos sanos.
Es necesario que se nos aclare por qué no se está entregando este beneficio que, aunque pequeño, es muy valioso para las personas mencionadas.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados José Miguel Ortiz y Víctor Torres .
CONTINUACIÓN DE TRABAJOS DE ASFALTADO EN CAMINOS DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Oficio.
El señor MEZA.- Por último, la Sexta Faja es un camino que une Quitratúe, comuna de Gorbea, Región de La Araucanía, con Villarrica.
Durante el Gobierno pasado, se comprometieron los recursos necesarios para asfaltar ese camino, que uniría Gorbea y la Ruta 5 Sur con un destino tan importante como la zona lacustre. Se asfaltaron los primeros cinco kilómetros, desde Quitratúe hasta Ñancul, en Villarrica; pero, los trabajos fueron interrumpidos, con la excusa -por cierto, aceptable- del terremoto de febrero del año
pasado. Seguramente, los recursos fueron desviados a otras obras.
Por eso, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas , con el objeto de que nos asegure la continuación de los trabajos en ese importantísimo camino que llega a Villarrica. De lo contrario, los vecinos de los sectores de Quitratúe, Gorbea y de toda la Región de La Araucanía se verán impedidos de utilizarlo.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz y Víctor Torres .
Por haber cumplido con su objetivo, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.06 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAIN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 13.49 horas.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
RECHAZO A INSTALACIÓN DE ANTENAS EN QUELLÓN. Oficio.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).-Tiene la palabra el diputado Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente , el sábado 7 de mayo concurrí a Quellón, donde me reuní con vecinos de la calle Pedro Torres, quienes me expusieron que desde hace algún tiempo la empresa Entel pretende levantar una torre para instalar cuatro antenas, seguramente para celulares, en pleno centro de Quellón.
Hay un decreto alcaldicio que prohíbe esa construcción, pero, como igual se inició, la Dirección de Obras emitió una orden para paralizarla.
Estuvo detenida hasta hace aproximadamente una semana, cuando Entel , a través de un contratista, volvió a insistir en la construcción de la antena. Los vecinos no la quieren sobre todo por el perjuicio que provoca a todo el sector, tanto al valor de sus propiedades como a su salud. Tampoco esa municipalidad la quiere.
Sin embargo, los vecinos me dijeron que el seremi de Vivienda de la Región de Los Lagos, cuya nombre no conozco, ha iniciado presiones para cambiar la voluntad del municipio, a fin de que el director de Obras Municipales y el alcalde cambien de opinión y permitan que continúe la construcción de la torre.
Por lo tanto, pido el envío de un oficio al ministro de la Vivienda y Urbanismo, con copia de mi intervención, a fin de que le solicite explicaciones al seremi de la Vivienda de la Región de Los Lagos y me informe al respecto.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
REPOSICIÓN DE PUENTE CHAIHUAO, DE QUELLÓN. Oficio.
El señor ASCENCIO.- Hace algunos días, visité la localidad de Chaihuao, sector rural de la comuna de Quellón, donde la presidenta de la junta de vecinos, doña Julia Cárcamo , me dio a conocer el problema del puente que une esa localidad con la comuna. Sus bases y vigas maestras están podridas, por lo que en cualquier momento puede ocurrir un accidente gravísimo. Los afectados son más o menos doscientos personas.
Se trata de un sector turístico, donde trabajan artesanos y es muy visitado durante el verano.
Por lo tanto, pido oficiar al ministro de Obras Públicas , con el objeto de que, con recursos de emergencia, disponga la reposición de ese puente que ya cumplió su vida útil.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
INSTALACIÓN DE COLEGIO DE EXCELENCIA EN CHILOÉ. Oficio.
El señor ASCENCIO.- Por otro lado, a través de los medios de comunicación me he enterado de que se ha abierto un concurso para treinta nuevos liceos de excelencia en el país.
En verdad, tengo mis dudas sobre si este procedimiento es bueno o no para mejorar la
calidad de la educación. Pero en consideración a la situación de Chiloé, su lejanía, el aislamiento, los esfuerzos que hacen los profesores por enseñar, los padres por mandar a sus niños al colegio y los alumnos por estudiar, la posibilidad de ganar un concurso de esa naturaleza con el objeto de que sean apoyados con distintos recursos, sería extraordinariamente bueno para la provincia.
Por lo tanto, pido enviar un oficio al ministro de Educación para darle a conocer mi parecer respecto de la necesidad de que Chiloé también sea considerado entre los lugares donde se puede ejecutar un proyecto de liceo de excelencia.
He dicho.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
AGILIZACIÓN DE PROCESO DE ENTREGA DE BENEFICIOS PARA EXONERADOS. Oficio.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente , desde que asumió el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera está paralizada la tramitación de los beneficios para los exonerados, muchos de los cuales son de avanzada edad y esperan recibir el beneficio que les corresponde por ley.
He conversado el tema con el subsecretario del Interior, quien me ha manifestado su mejor disposición en la Comisión de Derechos Humanos. Sin embargo, no hemos logrado que el proceso avance. Desde 2010, muchos expedientes están para la firma en el Ministerio del Interior.
Por consiguiente, pido oficiar al ministro del Interior a fin de que agilice el procedimiento, porque nada justifica que esto siga allí, durmiendo el sueño de los justos.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
REPARACIÓN DE EX RUTA 5 SUR EN LOS ÁNGELES. Oficio.
El señor PÉREZ ( don José ).- Por otra parte, desde hace largo tiempo no se pavimentan caminos en la provincia del Biobío, y las necesidades son imperiosas.
El tramo de la ex Ruta 5 Sur, que pasa por la ciudad de Los Ángeles -cuando se construyó la carretera se hizo un baipás-, tiene tanto o más tráfico que el de la Ruta 5 Sur y no se le ha hecho reparación alguna, en circunstancias de que los recursos para ello fueron destinados hace tiempo. Por ese sector trafican camiones, vehículos y movilización colectiva, y las obras se han postergado por una u otra razón.
Por eso, pido oficiar al ministro de Obras Públicas para que instruya al director nacional de Vialidad , con el fin de poner en ejecución la reparación de la ex Ruta 5 Sur en la ciudad de Los Ángeles.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
ASFALTADO DE CAMINOS DE ALTA RENTABILIDAD SOCIAL EN LOS ÁNGELES, MULCHÉN Y QUILACO. Oficio
El señor PÉREZ ( don José ).- Por otro lado, quiero dar a conocer la preocupación por los caminos que tienen pendiente su asfaltado y que son de alta rentabilidad social. Por ejemplo, hay estudios de la propia Dirección de Vialidad respecto del sector Pata de Gallina, que son dos kilómetros en la comuna de Los Ángeles, para unir una escuela con el camino que va a Nacimiento.
También está el estudio realizado hace algunos años sobre el camino de Mulchén a Quilaco, y no se ve señal alguna de que se avance en su asfaltado.
Asimismo, está pendiente el proyecto de la Ruta Q-20, María Dolores-Puente Perales . En una reunión, que contó con la asistencia de muchos dirigentes vecinales, se demandó de manera imperiosa el asfaltado de este camino, que está intransitable, por el que transitan muchos camiones que van con destino a Laja.
Se trata de un tramo de 22 kilómetros de largo, respecto del cual desde hace años se solicita su asfaltado. Al termino de ese camino se construirá una central hidroeléctrica, a la que perfectamente se le puede exigir un aporte para aminorar el gasto.
Otro proyecto pendiente es el de la Ruta Q-15, que une Curanadú con Los Molinos, que son 12 kilómetros.
Estos trabajos pendientes se justifican con la reconstrucción, cuando en verdad, son recursos distintos. El Congreso Nacional ha entregado partidas diferentes para el asfaltado de esos caminos y no se ha hecho ninguna inversión en ese sentido.
Por lo expuesto, pido oficiar al ministro de Obras Públicas, a fin de que instruya al director nacional de Vialidad estudiar y avanzar en el asfaltado de estos caminos que hacen tanta falta.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
INFORMACIÓN SOBRE VERTIMIENTO DE LÍQUIDOS CONTAMINANTES EN AGUAS SUBTERRÁNEAS SOBRE CUENCA DE COPIAPÓ. Oficios.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , uno de los problemas importantes de la provincia de Copiapó, Región de Atacama, que tiene que ver con los recursos hídricos. Al respecto, desde hace bastante tiempo he insistido en que se debe actuar en forma más proactiva, desde el punto de vista del Estado, en particular, del gobierno regional, en la búsqueda de una solución.
La provincia tiene problemas serios relacionados con los recursos hídricos, literalmente el valle se está secando. En este momento, ingresa menos agua de la que emana, producto del uso industrial y agrícola que se está dando en la cuenca.
Por lo tanto, cuidar el agua es un imperativo no sólo para los productores agrícolas, sino también para la supervivencia del valle. Si se contaminaren las aguas, sobre todo los acuíferos, se generarían graves riesgos para el desarrollo de la provincia de Copiapó.
Por las razones expuestas, pido que se oficie a la intendenta de la Región de Atacama , al superintendente de Servicios Sanitarios , a los seremis de Salud y del Medio Ambiente y al director general de Aguas , a fin de que nos informen acerca del resultado de una serie de solicitudes que ha hecho llegar la comunidad de Aguas Subterráneas de Copiapó, Piedra Colgada-Desembocadura. Su directorio ha solicitado en forma reiterada información sobre contaminantes en las aguas subterrá-neas.
Me explico. El decreto supremo N° 46, de 2002, tiene como objetivo la protección ambiental. Es decir, prevenir la contaminación de las aguas subterráneas, mediante el control de la disposición de los residuos líquidos que se filtra a través del subsuelo al acuífero. Por ello, como es muy importante mantener la calidad ambiental de las aguas subterráneas, resulta fundamental saber y conocer qué es lo que sucede con las vertientes. Particularmente, pido que se me informe respecto del cumplimiento del catastro público de aguas que debe determinarse de acuerdo con el decreto supremo N° 1.220, que en su artículo 28 dice que el registro público de vertidos de residuos líquidos en fuentes naturales de aguas contendrá la información referida a las descargas líquidas domésticas e industriales que se efectúen en alguna fuente natural.
Asimismo, pido el registro completo de todas las empresas que están vertiendo residuos líquidos en la cuenca de Copiapó, particularmente Aguas Chañar , empresa de servicios sanitarios. Me interesa saber dónde descargan, qué tipo de descarga se realiza, si existen evaluaciones del seremi de Salud con respecto a la calidad de las aguas que se descargan en los distintos acuíferos; las descargas de riles de las empresas mineras, particularmente de Candelaria y todas aquellas que están vertiendo en la cuenca del Copiapó.
Por último, quiero saber qué sucede con la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales, de acuerdo al decreto supremo N° 90, de 2000. Asimismo, que el seremi del Medio Ambiente informe acerca de si se está cumpliendo o no con las disposiciones planteadas.
La idea es que las autoridades mencionadas informen acerca de si han respondido o no y con qué fecha, si es que lo hicieron, al directorio de la comunidad de Aguas Subterráneas Piedra Colgada-Desembocadura de Copiapó.
Pido que se adjunte copia de mi intervención a los directores de esta organización, señores Sergio Rubí , Rodrigo Moreno , Cristian Palavicino y Carlos Araya , quien es su representante.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención a quienes lo indica.
INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA, CONSTRUCCIÓN DE LOMO DE TORO, MURO DE CONTENCIÓN Y ESCALERA EN SECTOR DE AVENIDA PADRE HURTADO, POBLACIÓN MIRAMAR CENTRAL ALTO, ANTOFAGASTA. Oficio.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente , en la semana distrital me reuní con los vecinos de calle Avenida Padre Alberto Hurtado , entre Galvarino y Sucre, de la población Miramar Central Alto , sector muy hermoso de la ciudad de Antofagasta, quienes desde hace mucho tiempo, están pidiendo al municipio la instalación de señaléticas de tránsito y lomos de toro, con el objeto de evitar accidentes, ya que por el lugar circulan vehículos a alta velocidad.
El municipio efectivamente instaló un semáforo en el sector alto de la Avenida Padre Alberto Hurtado . Sin embargo, los vecinos siguieron insistiendo en su petición, dado que hay un desnivel que hace imposible utilizarlo como corresponde. En consecuencia, solicitaron la instalación de un lomo de toro con la respectiva señalética. Lo curioso del tema es que un representante de la municipalidad les contestó que con la instalación del semáforo, ya se aplicaron todas las medidas de mitigación, pero, al parecer, el funcionario que respondió la solicitud no conoce bien el sector.
Por ello, pido que se oficie al director del Departamento de Tránsito de la Municipalidad , a fin de que se constituya en el lugar y constate personalmente que el semáforo no es aplicable al sector de la Avenida Padre Hurtado , dado que allí hay un desnivel de aproximadamente tres metros que impide su visibilidad. Por una razón que desconozco, la parte baja se sigue llamando Padre Alberto Hurtado . En consecuencia, es de toda justicia instalar un lomo de toro, a fin de, repito, evitar accidentes de tránsito en el sector, dada la alta cantidad de vehículos que circulan por el lugar. Además, los vecinos piden la construcción de muros de contención, ya que se han producido deslizamientos de tierras hacia sus casas, lo cual está generando problemas de polución y contaminación. Asimismo, solicitan la construcción de una escalera para que puedan subir a lo que se denomina Avenida Principal Padre Alberto Hurtado .
Hago entrega a la Secretaría de la Comisión de un set de fotografías, en las que se aprecia perfectamente lo señalado. Resulta necesario visitar el sector, por cuanto es una queja permanente de los vecinos quienes llevan más dos años invitando a la alcaldesa de la Municipalidad de Antofagasta para que se constituya en el lugar y corrobore personalmente que la respuesta de su municipio es realmente absurda.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INSTALACIÓN DE ANTENA DE TELEFONÍA CELULAR EN RUTA COSTERA ANTOFAGASTA-TALTAL Y TRAMO PAPOSO. Oficio.
El señor ARAYA.- Señor Presidente , hace un par de días celebramos con mucha alegría la inauguración de la red de telefonía rural carretera, que permitirá tener señal en la ruta que une a Antofagasta-Taltal por la panamericana. Sin duda, constituye un avance, por el cual dimos una pelea durante mucho tiempo.
En el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se construyó la ruta costera que une a estas ciudades, pero no fue considerada dentro de los proyectos de telefonía rural.
Por ello, pido que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones , a fin de que disponga, vía proyecto, la instalación de antenas de telefonía celular, con el objeto de contar con comunicación efectiva en la ruta costera Antofagasta-Taltal, que cada día está siendo más utilizada por vehículos menores y buses, razón por la cual resulta absolutamente necesario contar con esta señal, toda vez que muchas veces se producen desperfectos mecánicos o accidentes y es necesario comunicarlos. Constituiría un gran paso instalar una señal de telefonía celular en la Ruta 5 norte, especialmente entre Antofagasta-Taltal y tramo Taltal-Paposo.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.01 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, y regula las Asociaciones Municipales. (Boletín 6792-06).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho del proyecto de ley en materia de aprovechamiento y beneficio de tiburones. (boletín 7489-03), en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, la que, para los efectos de los dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que modifica la ley N° 18.168, ley General de Telecomunicaciones.
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda informa el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
1.- Origen y urgencia
La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados por un mensaje de S.E. el Presidente de la República , calificada de “suma” urgencia para su tramitación legislativa.
2.- Disposiciones o indicaciones rechazadas
Ninguna.
3.- Disposiciones que no fueron aprobadas por unanimidad
El artículo único del proyecto.
4.- Se designó diputado informante al señor Robles, don Alberto .
-o-
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto el señor Jorge Atton , Subsecretario de Telecomunicaciones y doña Carolina Tagle , Asesora Legislativa de la Subsecretaría de Telecomunicaciones .
El propósito de la iniciativa consiste en modificar la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, para darle carácter de indefinido en el tiempo al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 14 de enero de 2011, señala que la modificación a la Ley General de Telecomunicaciones no implica mayores gastos. No obstante lo anterior, la extensión de la vigencia indefinida de dicho Fondo conlleva la asignación de recursos a programas y actividades los cuales deberán ajustarse a los montos que se establezcan en la Ley de Presupuestos.
En el debate de la Comisión el señor Jorge Atton hizo presente que el proyecto tiene por objeto extender el plazo de vigencia del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT), programa que nació cuando se creó un subsidio especial para fomentar el desarrollo de la telefonía, hace más de 10 años, asignándose para ello recursos específicos a través de la ley Nº 19.302. Este programa ha ido migrando en el tiempo y hoy está dedicado fuertemente a aumentar la cobertura de banda ancha. De hecho, el presupuesto de los últimos tres años ha estado orientado al proyecto de conectividad que se ejecuta en 1.475 localidades en todo el país, con fondos que alcanzan a la fecha a 8 mil 500 millones de pesos, y que debiera concluir en marzo de 2012.
Sostuvo que, dentro del presupuesto de este año, el Fondo contempla financiamiento para cuatro iniciativas. Una de ellas es el proyecto de conectividad para la educación, que implica dotar a más del 90 por ciento de las escuelas de acceso a Internet, cambiando el antiguo proyecto Enlaces , que otorgaba subsidios para tal objeto a alrededor de 4 mil colegios, por otro que, mediante un convenio con el Ministerio de Educación, suministrará directamente conexión a Internet a 8.200 establecimientos educacionales, a un costo estimado de $ 8.500 millones.
Otra iniciativa en desarrollo es el proyecto de conectividad para Punta Arenas, que consiste básicamente en dotar a la zona de redes de fibra óptica, pero como ha operado el mercado y actualmente hay allí empresas privadas proveyendo este elemento, se está modificando este plan y se volverá a licitar, para que incluya una solución de fibra óptica para Puerto Williams y otra para las rutas australes que carecen de telefonía móvil.
En concreto, puntualizó el señor Atton que la iniciativa legal en estudio persigue transformar en indefinido el plazo de diez años que fijó la ley para la existencia del FDT, el cual vence el próximo 11 de mayo de 2011. De ahí la urgencia asignada a su tramitación.
Agregó que éste es un programa que está previsto en la Ley de Presupuestos vigente, pero que requiere la aprobación del proyecto en comento para poder continuar ejecutándose. Se necesita extender el plazo de duración del mismo para poder efectuar las licitaciones correspondientes. Los gastos de operación del FDT, así como los recursos necesarios para la ejecución de proyectos específicos, que apuntan básicamente a otorgar subsidios para financiar infraestructura de telecomunicaciones, especialmente orientada a banda ancha e Internet, son incluidos anualmente en el presupuesto de la Nación.
Respondiendo a consultas de los Diputados señores Montes y Silva , afirmó el Subsecretario que se optó por establecer un FDT de duración indefinida por tres razones.
Primero, porque el rol subsidiario del Estado debe continuar fomentando el desarrollo de las telecomunicaciones no sólo en lo que respecta a la telefonía, sino que respecto de todas las tecnologías de la información, incluyendo las que surjan en el futuro.
Segundo, porque en el proyecto de ley sobre Televisión Digital Terrestre (TDT) se crea un fondo, administrado por el Consejo Nacional de Televisión, orientado fundamentalmente a la instalación de antenas repetidoras en lugares donde no haya cobertura televisiva; pero dado que la tecnología digital permite transportar indistintamente señales de televisión, internet y telefonía, cada vez que el FDT elabore proyectos de infraestructura, procurará que sean convergentes, a fin de proveer soluciones integrales. En otras palabras, todos los proyectos de instalación de antenas serán desarrollados a través del FDT, de modo que contemplen soluciones tanto de telefonía como de televisión e Internet.
La tercera razón es que hasta ahora el FDT se orienta a subsidiar la oferta de servicios de telecomunicaciones, teniendo en cuenta las necesidades económicas de la población y la rentabilidad social de los proyectos de expansión de infraestructura. Pero, hacia fines del presente año, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para modificar el rol del FDT, de manera que, una vez completada la ampliación de la infraestructura, éste pase a subsidiar la demanda, a objeto de financiar la compra de equipamiento, el desarrollo de nuevas aplicaciones y el pago de la mensualidad para el acceso a internet.
Consultado al respecto, explicó que el fondo para la instalación de antenas a cargo del CNTV es distinto al FDT, pero cada vez que se requiera elaborar un proyecto para transportar señales de televisión digital, éste será construido al alero del FDT, de modo que esas instalaciones permitan transportar también señales digitales de telefonía e Internet. Además, el FDT podría destinarse a financiar proyectos de TDT, dado el amplio concepto de telecomunicaciones con el que está concebido. De hecho, en el presupuesto vigente del FDT, y desde el año 2008, hay aprobada una glosa de mil millones de pesos destinada a estudios y trabajos relacionados con el transportador público de que se ha hablado en materia de televisión.
En cuanto al monto de los recursos con que cuenta el FDT, precisó que los gastos de operación del mismo ascienden a $ 330 millones anuales, que están contemplados dentro del presupuesto de la Subsecretaría de Telecomunicaciones como gasto permanente. Por su parte, los recursos destinados a financiar proyectos específicos ascendieron en promedio a $ 1.500 millones anuales entre 2002 y 2008 (sic). En el periodo 2007-2008, se incorpora la banda ancha, por lo que el presupuesto se eleva a $ 8 mil 400 millones; y en el periodo 2009-2010 aparece el proyecto de conectividad actualmente en desarrollo orientado a internet Móvil, aumentándose el presupuesto a $ 22 mil millones.
Estimaciones de la Subtel sobre lo que falta todavía por construir, aparte de los subsidios para desarrollar televisión digital en zonas apartadas, hablan de $ 20 mil millones que se deberán invertir en los próximos tres años, para subsidiar la oferta. Respecto del subsidio a la demanda, aun cuando recién se está modelando el sistema, se estima que el 30% de la población requerirá ayuda en los próximos cinco años para pagar entre el 40 y el 60 por ciento del costo de acceso a Internet.
Respondiendo diversas consultas de los señores Diputados, el Subsecretario de Telecomunicaciones señaló que los costos de operación del FDT están previstos en los Subtítulos 21 y 22 del presupuesto vigente de la Subtel, que incluyen gastos en personal y en bienes y servicios de consumo, pues se trata de un programa que tiene autorización expresa de acuerdo a los proyectos específicos que se presentan. Si no existiera este programa, no se podrían ejecutar administrativamente las licitaciones de proyectos.
En tanto, el presupuesto asignado para la ejecución de proyectos, como los de conectividad para la educación y fibra óptica para Punta Arenas, es el flujo autorizado en la Ley de Presupuestos vigente, específicamente, “por proyecto” (sic), de manera tal que el programa funciona sólo en la medida en que haya fondos autorizados para la ejecución de proyectos, los cuales son bianuales e, incluso, trianuales.
Acotó que el proyecto de conectividad de escuelas pretende financiar el acceso a internet al 70% de los colegios actualmente existentes, que representan el 90% de la matrícula, para lo cual están los recursos contemplados en la Ley de Presupuestos de este año.
En respuesta a nuevas observaciones de los Diputados señores Jaramillo y Lorenzini , el Subsecretario señor Atton indicó que los recursos destinados a la ejecución de proyectos con cargo al FDT están contemplados en el ítem 01.039 del presupuesto vigente de la Subtel.
La Comisión de Ciencia y Tecnología dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento del proyecto en informe.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:
En el artículo único del proyecto, se modifica el artículo 28° A del título IV de la Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, en la siguiente forma:
“Artículo 28° A.- Créase el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en adelante “el Fondo”, con el objeto de promover el aumento de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones en áreas rurales y urbanas de bajos ingresos.
El Fondo estará constituido por los aportes que se asignen anualmente en la Ley de Presupuestos de la Nación, sin perjuicio de que pueda recibir otros aportes.”.
Puesto en votación el artículo único de la iniciativa, fue aprobado por 12 votos a favor y una abstención. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth , Godoy , Jaramillo , Macaya , Marinovic , Montes, Ortiz , Recondo , Robles , Santana , Silva y Von Mühlenbrock . Se abstuvo el Diputado señor Lorenzini .
Tratado y acordado en sesión de fecha 3 de mayo de 2011, con la asistencia de los diputados señores Godoy, don Joaquín (Presidente); Auth, don Pepe; Jaramillo, don Enrique;
Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto , y Von Mühlenbrock, don Gastón , según consta en el acta respectiva.
Sala de la Comisión, a 6 de mayo de 2011.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión .”
4. Informe de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización recaído en el proyecto de ley que modifica la Ley Nº 19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, con el objeto de promover las presentaciones de música en vivo. (boletín Nº 7449-11)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Gobierno Interior y Regionalización pasa a informar el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, de origen en Mensaje, y con urgencia calificada de simple.
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
Antes de entrar a analizar el proyecto en informe y de consignar la tramitación dada a éste por la Comisión, cabe señalar lo siguiente:
a) Que la idea matriz de la iniciativa es promover y facilitar la actividad artística musical, permitiendo la extensión, en calidad de accesoria, de la figura de la patente de cabaré, a restaurantes, cantinas, bares, pubs y tabernas. Para tal efecto, introduce modificaciones en la ley de alcoholes.
b) Que el artículo único del proyecto es de rango legal común.
c) Que el artículo único del proyecto no debe ser conocido por la Comisión de Hacienda.
d) Que fue aprobado, en general, en forma unánime, con los votos favorables de los diputados señores Becker, don Germán ; Browne, don Pedro ; Campos, don Cristian ; Farías, don Ramón ; Hoffmann , doña María José ; Lemus, don Luis ; Morales, don Celso ; Schilling, don Marcelo , y Ward, don Felipe .
e) Que se designó Diputado Informante al señor MORALES, don Celso.
II. ANTECEDENTES
A) El Mensaje.
Señala el Ejecutivo que la música nacional es una de las expresiones culturales de mayor relevancia en el desarrollo cultural del país, de allí que ha sido preocupación del Estado apoyar, de diferentes maneras, su creación e interpretación y promover su difusión. La ley Nº 19.928, sobre Fomento de la Música Chilena, del año 2004, creó las posibilidades de generar un gran proyecto destinado a establecer nuevas políticas de desarrollo en este ámbito.
Agrega, que numerosos estudios realizados al efecto han destacado la importancia de desarrollar la expresión musical en vivo, la que posee una gran relevancia cultural, sin perjuicio de constituir una fuente importante de recursos para los artistas y de su eficacia en la generación de nuevas audiencias, como lo demuestra el hecho de haber dado un fuerte impulso a los grandes conciertos masivos, y también a espectáculos de cierta importancia, convirtiéndose en el principal sustento de la creación musical y en la vía más importante de ingresos para autores, creadores, artistas, intérpretes y músicos en general.
En tal virtud, resulta prioritario para el Estado promover las condiciones para el desarrollo de las expresiones musicales en vivo, incentivando, así, el desarrollo de nuevos talentos y corrientes musicales.
No obstante, destaca que en nuestro país no se da un panorama muy alentador en materia de presentaciones musicales en vivo, salvo en la capital y en ciertas ciudades de provincia, lo que no alcanza a cubrir toda la oferta musical de los artistas.
Hace ver el Mensaje, además, que la geografía y la concentración demográfica de nuestro país hacen difícil y poco rentable llevar a todos sus rincones la música en vivo.
Por otra parte, señala que existe una falta de espacios públicos adecuados para las presentaciones aisladas y conciertos o para programaciones de festivales y otros, ya sea por lo incómodos que son aquéllos o por no contar con una infraestructura técnica adecuada.
Dado lo anterior, resulta imprescindible, a decir del Ejecutivo , corregir la limitación que, en la práctica, existe respecto del acceso a las patentes de cabaré, introduciendo una modificación en la ley N° 19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, que permita otorgarles a los titulares de otras patentes la posibilidad de obtener la de cabaré ya referida, como un derecho accesorio, sin que sea necesaria la aprobación del concejo municipal, lo que se materializaría pagando el contribuyente el respectivo valor y siempre que dé cumplimiento a los requisitos sanitarios y de distanciamiento, a que hace alusión el inciso cuarto del artículo 8º de la señalada ley Nº 19.925; y de zonificación, referidos en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en las respectivas Ordenanzas Municipales, lo que permitiría ampliar significativamente el número de establecimientos habilitados para ofrecer presentaciones de música en vivo.
Además, estima que se permitirían las presentaciones musicales en vivo a los restaurantes diurnos, siempre que éstas se efectúen sin amplificación.
Todo ello posibilitaría el potenciamiento del desarrollo de la música y de los artistas chilenos, y fomentar nuestro patrimonio artístico y musical, por lo que resulta conveniente establecer la necesaria flexibilización en el otorgamiento de las patentes, buscando que la actividad de los artistas nacionales pueda desarrollarse en la mayor cantidad de establecimientos posibles.
B) Normativa relacionada.
La ley N° 19.925, publicada el 19 de enero de 2004, tiene por propósito regular el expendio de bebidas alcohólicas, las medidas de prevención y rehabilitación del alcoholismo y las sanciones y los procedimientos aplicables a quienes infrinjan las disposiciones pertinentes.
El artículo 3° de la misma, clasifica los establecimientos de expendio de las señaladas bebidas en distintas categorías -que van de la A) a la P)- consignando, respecto de cada una de ellas, el monto de la respectiva patente, expresado en U.T.M.
El artículo 5° de la ley en mención establece la obligatoriedad del pago de la patente en referencia, el que habrá de efectuarse, por semestre anticipado, en los meses de enero y julio de cada año, fijando una multa en contra de quien contravenga esta norma, de 10 UTM, suma que se duplicará en caso de persistencia y que llevará al cierre del establecimiento en el evento de no ser ésta pagada.
También cobra relevancia en esta materia lo preceptuado en el artículo 8° de la ley en referencia, en la medida que entrega, en general, a los municipios la facultad de determinar, en su respectivo plano regulador o a través de ordenanza municipal, las zonas de su territorio en las que podrán instalarse los establecimientos en mención, con las limitaciones, prohibiciones y formalidades que precisa.
El decreto con fuerza de ley N° 458, de 1976, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, aprobó la llamada “Nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones”, texto que ha sido objeto de múltiples modificaciones, correspondiendo la última de ellas a noviembre del año 2010.
Particular importancia para los propósitos del proyecto de ley en estudio, cobra su Título II, que se ocupa de la planificación urbana, la que se efectuará -según señala- en cuatro niveles de acción, a saber: aquél de carácter nacional, el de índole regional, el de carácter intercomunal y, finalmente, el comunal. Este último nivel, naturalmente, es el que, en esta instancia, nos ocupará en forma preferente.
El artículo 41 del texto legal precitado define la planificación urbana comunal como aquélla que promueve el desarrollo armónico del territorio comunal, en especial en centros poblados, en concordancia con las metas regionales de desarrollo económico-social, y que encuentra su expresión en el Plan Regulador Comunal, el cual es concebido como aquel instrumento constituido por un conjunto de normas sobre las adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos, y de comodidad en la relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento, puntualizando que sus disposiciones se refieren al uso del suelo o zonificación, localización de equipamiento comunitario, fijación de límites urbanos, estacionamientos, jerarquización de la estructura vial, densidad y determinación de prioridades en la urbanización de terrenos para la expansión de la ciudad en función de la factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas y demás aspectos urbanísticos.
III. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO
A) En general
Durante la discusión en general de la iniciativa legal en informe, la Comisión escuchó a las siguientes autoridades y expertos:
a) Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, señor Luciano Cruz-Coke Carvallo.
Señaló que el proyecto representa un esfuerzo por fortalecer el trabajo de los músicos chilenos y la música nacional, tanto para su desarrollo y difusión como para el bienestar económico de los artistas. Destacó que en su elaboración el Consejo ha trabajado en conjunto y contando con el acuerdo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y la Asociación Chilena de Municipalidades.
Describió la desmedrada y crítica situación que viven, en general, los artistas musicales nacionales, para quienes la principal fuente de ingresos está dada por las presentaciones musicales en vivo que puedan realizar a lo largo del año; sin embargo, y salvo la posibilidad de unos pocos de realizar conciertos públicos en los pocos lugares disponibles para ello a lo largo del país, la oportunidad de presentarse en pequeños escenarios se ve reducida en virtud de la legislación actualmente vigente, que exige a tales establecimientos contar con patente de cabaré. El proyecto en cuestión justamente se orienta a flexibilizar el régimen de patentes y sus requisitos, sin que ello implique una proliferación de nuevas patentes de alcoholes, y con el único propósito de ampliar el espectro de escenarios aptos de recibir música y a sus ejecutores, en vivo.
Así, el proyecto permite, en primer lugar, que los restaurantes diurnos, en cuanto cuentan ya con una patente vigente, puedan ofrecer a su clientela la presentación de música en vivo sin amplificación, y que, por su parte, los establecimientos “nocturnos”, sean restaurantes, bares, pubs o tabernas, puedan poseer también esa misma autorización, sin la restricción de la amplificación, y en las dos, sin tener que transformar su figura en la de cabaré. En ambos casos, en consecuencia, no se requerirá una autorización especial del Concejo Municipal para operar, prescindiendo así de una traba burocrática y eventualmente discrecional, siempre que se cumpla, en cada uno de ellos, con los requisitos objetivos de carácter urbanístico y constructivo, y muy en particular, con las normas de emisión de ruidos correspondientes al lugar de emplazamiento. Este procedimiento, aseguró, resulta más objetivo y resta cabida a la discrecionalidad de las autoridades municipales correspondientes.
Destacó que la fórmula propuesta es la de complementar la patente que cada establecimiento ya detenta, con otra, que tendrá el carácter de accesoria de la anterior, que les permitirá ofrecer espectáculos de música en vivo; aclarando, explícitamente, que ello no implicará, en modo alguno, dar patente de alcoholes a un establecimiento que no la tenga ya.
Reconoció, sin embargo, que la ausencia de una explícita autorización del Concejo Municipal respectivo pudiera aparecer como contraria al interés de los vecinos; pero, aclaró que no se trata de privar a dicho órgano de una atribución propia, sino simplemente de extender, previo cumplimento de ciertos requisitos, de forma accesoria, los atributos de una patente a otra, mas no en lo que dice relación con alcoholes, sino únicamente en lo que dice atingencia con el espectáculo que se puede ofrecer a la clientela.
b) Presidente de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor , señor Alejandro Guarello .
Señaló que la Sociedad Chilena del Derecho de Autor ha venido denunciando, por diversos medios y en distintas esferas, una negativa realidad para la música nacional, que se refiere a la falta de escenarios y de espacios públicos para la presentación de los artistas de la música de Chile, en sus diversos géneros y manifestaciones. Un reflejo de ello, afirmó, es la creación y funcionamiento de las Salas SCD en Santiago, y un estudio en desarrollo, en orden a ampliar esta iniciativa a Regiones.
Sin embargo, agregó, esta realidad va más allá de los esfuerzos que el colectivo de los autores y artistas chilenos pueden hacer en forma directa por el tema, y por eso SCD estima que lo más importante es promover la eliminación de barreras y crear los incentivos necesarios para que los particulares puedan intervenir en dicho ámbito, y desarrollar en él toda su iniciativa.
Una de las dificultades detectadas es la restricción que, de acuerdo a la legislación vigente, impide que en un local cualquiera, en que se expenda o no algún tipo de bebida alcohólica, pueda ejecutarse música en vivo, ya que para ello es necesario, actualmente, que dicho local cuente con patente de cabaré. Las restricciones legales y la connotación negativa que ello tiene, llevan a que muchos municipios restrinjan o suspendan la entrega de nuevas patentes de cabaré, lo que se traduce en la reducción drástica del campo laboral para los músicos chilenos.
Agregó que, con el ánimo de corregir dicho anacronismo de la legislación y de ampliar el potencial campo laboral de los músicos chilenos, es que SCD, desde mediados del año pasado, ha venido promoviendo la modificación de la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, en orden a estimular la difusión de música en vivo en el mayor número posible de locales públicos.
Para tales efectos, han comunicado esta idea a los sectores del comercio, autoridades de gobierno y parlamentarios y han visto, con agrado, que ella ha empezado a tener eco, lo que demuestra lo acertado que es, para los fines que los alientan: reducir las barreras para la realización de eventos musicales en los establecimientos comerciales y permitir, con ello, impulsar el emprendimiento de los chilenos en el ámbito de las actividades culturales, generando así una mayor presencia de los artistas musicales criollos.
Refiriéndose a los aspectos legales a considerar en este debate, cabe señalar que la ley Nº 19.925, de 2004, al igual que sus predecesoras, establece ciertas categorías de establecimientos en que se expenden bebidas alcohólicas, y que al, fijar dichas categorías, alude tangencialmente a las actividades artísticas que en los locales se efectúan, para efecto de definir algunas de ellas; sin embargo, como ya se ha advertido, ello se ha traducido, en la práctica, en una prohibición injusta para la celebración de actuaciones de músicos en establecimientos que no hayan obtenido patente de cabaré. En efecto, el artículo 3º de la ley indicada, asocia la patente de cabaré a los lugares con espectáculos artísticos (Art. 3º, letra D), mientras que el artículo 19 establece la prohibición de venta de alcoholes en los centros y lugares de espectáculos y diversiones que no cuenten con la señalada patente.
Para la SCD, afirmó, resulta evidente que lo determinante para definir el tipo de patente de alcoholes que le corresponde a un recinto respecto de otro, es la naturaleza de éste, y no la circunstancia de que el público tenga acceso a presenciar un evento con música o a escuchar su interpretación en vivo.
En este sentido, estimó, la norma legal aludida no debe implicar una prohibición para que, en los recintos que no tengan una patente de cabaré, no puedan presentarse artistas musicales, con fines distintos a la realización de una representación de cuadros o estampas musicales de aquéllos que forman parte de los espectáculos propios de tales locales. Así, coincidió con el proyecto presentado por el Ejecutivo , en el sentido que no resulta conveniente mantener, dentro de los requisitos para la presentación de espectáculos musicales, la exigencia de contar con una patente de cabaré con las restricciones actualmente vigentes, lo que ha significado perpetuar una limitación para los artistas nacionales para desarrollar su actividad.
Por eso, aseguró, con el fin de promover el desarrollo de la música y de los artistas chilenos, y de fomentar nuestro patrimonio artístico y musical, los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas debieran cumplir con exigencias menores para obtener una patente de alcoholes, que les permita la presentación de números en vivo de artistas musicales. Para el logro de este fin, sugirió suprimir la referencia a las actividades musicales para definir los tipos de establecimientos y sus patentes, o incorporando una norma que establezca, de un modo general, que la referencia a los espectáculos musicales en el ámbito de las patentes de cabaré y presentaciones en teatros y salas no impide a los demás establecimientos la presentación de artistas musicales en vivo, quedando eximidos de obtener una patente de cabaré; o establecer en cada una de las definiciones de establecimientos, que sean pertinentes, la posibilidad de la ejecución de música en vivo; o la creación de una patente especial para locales con números en vivo, de artistas musicales de aquéllos que no sean considerados espectáculos de variedades, u otras.
En relación al proyecto de ley en estudio, propiamente tal, señaló dos aspectos que le preocupan, y que podrían operar en un sentido distinto al de incentivar a los establecimientos comerciales a incluir, dentro de sus actividades, una mayor presencia de artistas musicales en vivo; el primero de ellos, se refiere a la inclusión, como requisito para optar a una patente accesoria a la principal que les permita la presentación de espectáculos musicales en vivo, de la circunstancia que éstos se desarrollen “sin amplificación”; esto es, sin el concurso de medios eléctricos o electrónicos que amplíen o permitan la emisión del sonido de ciertos instrumentos musicales. Al respecto, hay que señalar que varios instrumentos musicales están dotados de un amplificador o es necesario ejecutarlos con la asistencia de uno, para el solo efecto de hacer que sus sonidos se emitan, lo que se presenta, por ejemplo, con las guitarras, bajos o violines eléctricos y otros; por lo que dicha exigencia restringe, en exceso, la posibilidad que un importante número de artistas pueda presentarse en vivo. La segunda preocupación dice relación con el costo que, en definitiva, va a tener para el comerciante la adquisición de una patente, adicional a su giro principal, que le permita presentar música en vivo, pues justamente una de las razones que ha impedido la presencia de eventos musicales en vivo en los locales, es el alto precio que tienen las patentes de cabaré.
A la SCD le gustaría, afirmó, que la presencia de la música en vivo en los locales comerciales no tuviera un costo adicional en patente; agregó que desconoce las razones legales o administrativas que obliguen a crear una nueva patente para tales propósitos, puesto que ello también va a tener un efecto negativo en una actividad artística, hoy residual, que podría verse afectada, al exigir el pago de una patente especial para ello, particularmente respecto de ciertos locales, en los que es habitual que, algunos días o en ciertas horas, sus propietarios admitan el ingreso de artistas musicales que interpretan un número acotado de canciones y que el publico retribuye con una propina.
c) Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades , señor Claudio Arriagada
La Asociación Chilena de Municipalidades, sin perjuicio de su participación en el debate del proyecto de ley, manifestó por escrito su opinión y análisis del mismo, lo que se transcribe, íntegramente, a continuación:
“El proyecto, en su Mensaje dice que para el Estado de Chile es prioritario promover las condiciones para el desarrollo de las expresiones musicales en vivo, porque por esta vía se puede incentivar el desarrollo de nuevos talentos y corrientes musicales.
Luego, expresa que Chile no ofrece un panorama muy alentador en materia de presentaciones musicales en vivo, ya que si bien, existe hoy en día una interesante oferta en la ciudad de Santiago y en algunas ciudades de provincia, ella no alcanza a cubrir todas las ofertas musicales que nacen de los artistas.
Es por ello, estima, que es necesario facilitar el desarrollo de la actividad artística.
Señala que, en la actualidad, para que en un local en que se expendan bebidas alcohólicas y pueda ejecutarse música en vivo, es necesario que cuente con patente de alcohol Categoría D, esto es, de Cabaré, y para que la actividad de los artistas nacionales pueda desarrollarse en la mayor cantidad de establecimientos posible, se propone modificar la ley Nº 19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, en términos de permitir a los titulares de otras patentes tener la posibilidad de obtener la de cabaré como un derecho accesorio, sin que sea necesaria la aprobación del concejo municipal.
El otorgamiento de la patente accesoria tendría el carácter de obligatoria para los municipios cuando el titular de la principal lo solicita, siempre y cuando el local cumpla los requisitos sanitarios y de distanciamiento, a que hace alusión el inciso cuarto del artículo 8º de la ley Nº 19.925; y de zonificación, referidos en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas Municipales, además del pago de su respectivo valor.
La suma del pago de la patente principal y accesoria no podrá exceder de 4 UTM.
Tendrán el derecho de solicitar la patente accesoria los titulares de la patente de Restaurantes Nocturnos o de la patente de Cantinas, Bares, Pubs y Tabernas.
Sobre su vigencia, ella se mantendrá mientras se encuentra vigente la patente principal.
COMENTARIOS:
A modo general, se puede evaluar como positiva la iniciativa en cuanto a facilitar a los artistas nacionales la posibilidad de desarrollarse, permitiéndoles presentar sus espectáculos en los locales donde hay mayor concurrencia de público.
Sin embargo es necesario señalar, que la propuesta contraviene lo dispuesto en el artículo 65, letra ñ), de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, ello debido a que impide al concejo municipal ejercer la facultad que el propio legislador le había concedido, esto es, otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcohol.
También se contraviene la facultad que tienen las juntas de vecinos para ser oídas sobre el otorgamiento, renovación o el traslado de estas patentes.
La Contraloría General de la República en su dictamen Nº 3.595, de fecha 20 de enero de 2010, dice que la municipalidad tiene atribuciones para denegar el otorgamiento de una patente de alcoholes en base a la evaluación que realice con sus funciones, como seguridad pública, molestias vecinales, y su finalidad de satisfacer necesidades de la comunidad local, debiendo el concejo municipal fundamentar cuales han sido sus razones para no otorgar la patente de alcohol.
La misma entidad controladora, a través de los dictámenes Nº 25.859, de 2005; 39.401, de 2008, y 8.440, de 2009, ha manifestado que los actos de otorgamiento, renovación y traslado de una patente de alcoholes son regulados y se encuentran sujetos al cumplimiento de diversas exigencias, entre las que se cuentan aspectos objetivos, que la autoridad debe limitarse a verificar, y otros que importan una evaluación del municipio, relacionada con las funciones que esas entidades desarrollan en el ámbito de su territorio-como las vinculadas a la seguridad pública, molestias vecinales u otras de similar naturaleza,- ponderación que es concordante con la finalidad última de las municipalidades, consistentes en satisfacer las necesidades de la comunidad local.
En conclusión, la Contraloría ha precisado cual ha sido la intención del legislador al otorgar al concejo municipal esta responsabilidad, la cual no es solamente comprobar el cumplimiento los requisitos que establecen las disposiciones legales sobre los permisos sanitarios, distanciamiento, y demás normas para otorgar la patente de alcohol, sino también, garantizar la seguridad pública y el bienestar de los vecinos.
Al denegar al concejo municipal el ejercicio del derecho de pronunciarse sobre el otorgamiento de una patente adicional, el autor de la iniciativa estaría transgrediendo el rol del concejo municipal, que la propia Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece.
En cuanto a que la suma del pago de la patente principal y accesoria no podrá exceder de 4 UTM, es necesario señalar, que la propuesta implica un menor ingreso para los municipios, teniendo presente que al sumar el valor de la patente de alcohol correspondiente a una cantina, bar, pub o taberna y que es de 2 UTM, más la de cabaré que es de 3,5 UTM, haría un total de 5,5 UTM.
d) Presidente de la Comisión de Concejales de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Carlos Soto.
Manifestó su parecer favorable a la inspiración del proyecto, en cuanto fomentará el desarrollo de los artistas nacionales mediante la creación de una nueva patente especial; pero objetó el hecho de que, en su opinión, se están vulnerando algunas atribuciones de los gobiernos locales, y muy en particular del Concejo Municipal según dispone el artículo 65, letra ñ), de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, hecho que restará de esta instancia, afirmó, la participación de la Junta de Vecinos respectiva, lo que podría en último término atentar contra la tranquilidad de la comunidad vecinal.
B) En particular.
Como se señalara, el proyecto consta de un artículo único que introduce dos modificaciones a la ley N° 19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, las que fueron objeto del siguiente tratamiento por parte de esta Comisión:
I) Su N° 1 se ocupa del artículo 3° del citado texto legal, el cual clasifica en diecisiete (17) categorías los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, indicando las características de cada una de las mismas y el valor de la patente que habrán de ser pagadas, respectivamente:
Las categorías son las siguientes:
A) Depósitos de bebidas alcohólicas, cuya patente es de 1 UTM.
B) Hoteles, Anexos de Hoteles, Casas de Pensión o Residenciales, que han de cancelar 0,7 UTM los dos primeros, y 0,6 UTM los dos últimos
C) Restaurantes Diurnos o Nocturnos, cuyo valor a pagar es de 1,2 UTM.
D) Cabarés o Peñas Folclóricas, debiendo cancelar 3,5 UTM los primeros, y 3 UTM las segundas.
E) Cantinas, Bares, Pubs y Tabernas, cuyo monto a pagar es de 2 UTM.
F) Establecimientos de Expendio de Cerveza o Sidra de Frutas, de 0,5 UTM.
G) Quintas de Recreo o Servicios al Auto, de 3,5 UTM.
H) Minimercados de Comestibles y Abarrotes, de 1.5 UTM.
I) Hoteles, Hosterías, Moteles o Restaurantes de Turismo, de 5 UTM, de 3 UTM, de 2 UTM y de 4 UTM, respectivamente.
J) Bodegas Elaboradoras o Distribuidoras de Vinos , Licores o Cerveza que expendan al por mayor, de 1,5 UTM; monto que sube a 3 UTM si están facultados, además, para ofrecer en ellas degustaciones de sus productos.
K) Casas Importadoras de Vinos o Licores, cuya patente es de 0,5 UTM.
L) Agencias de Viñas o de Industrias de Licores establecidas fuera de la comuna, cuyo valor a pagar es de 1 UTM.
M) Círculos o Clubes Sociales, Deportivos o Culturales, deben cancelar 1 UTM.
N) Depósitos Turísticos, de 3 UTM.
Ñ) Salones de Té o Cafeterías, de 0,5 UTM.
O) Salones de Baile o Discotecas, de 2 UTM.
P) Supermercados, de 3,0 UTM.
La modificación que propone introducir la iniciativa en informe consiste en agregar en el artículo 3°, en referencia, concretamente en su letra C), luego de su punto final, que pasaría a ser punto seguido, una oración que faculta a los Restaurantes Diurnos a realizar espectáculos artísticos de música en vivo, sin amplificación, manteniéndoles el mismo valor de la patente que actualmente deben pagar.
II) Su N° 2, agrega dos incisos, que ocuparían el lugar que precisa, al artículo 5° de la ley N° 19.925.
Cabe recordar que el citado artículo hace presente que las patentes se concederán en la forma que señala esta ley, sin perjuicio de las normas de la Ley de Rentas Municipales y de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que les resulten aplicables (inciso primero). Agrega, en su inciso segundo, que el monto de la patente habrá de cancelarse durante los meses de enero y julio de cada año. A su vez, su inciso tercero, se refiere a la idea de que los establecimientos en mención no podrán funcionar sin estar al día en el pago de la patente, salvo la situación que indica. Para, finalmente, en su inciso cuarto, establecer una multa de 10 UTM, en caso de infracción de esta norma, cantidad que se duplicará si persistiere en incumplimiento el infractor, y que desembocará en la clausura definitiva del local y en la caducidad de la patente, en el evento que no se pague la segunda de las multas precitadas.
La modificación que se propone, como se indicó, intercala dos incisos al artículo, a continuación del primero de ellos, de modo que el inciso segundo dispondrá que, a pesar de lo dispuesto previamente, los contribuyentes titulares de la patente de Restaurante Nocturno (artículo 3º letra C) de la ley) o de la de Cantinas, Bares, Pubs y Tabernas (artículo 3° letra E)) y cuyos locales cumplan con las exigencias sanitarias correspondientes, como asimismo con las de distanciamiento y zonificación (art. 8º), podrán solicitar a la municipalidad correspondiente, se les otorgue, en forma adicional y accesoria, alguna de las patentes referidas en la letra D) del artículo 3º de la ley (Cabarés o Peñas Folclóricas), para el solo efecto de realizar espectáculos artísticos de música en vivo. Luego de verificado el cumplimiento de dichos requisitos por parte de la municipalidad, ella deberá conceder la patente solicitada, previo pago del valor respectivo, la que mantendrá su vigencia por todo el tiempo que perdure la patente principal (nuevo inciso segundo).
Finalmente, como inciso tercero, se propone una norma que fija como tope máximo conjunto del valor de ambas patentes -la principal y la accesoria- la suma de 4 UTM.
La iniciativa sin embargo, fue luego objeto de una indicación sustitutiva por parte del Ejecutivo, mediante la cual reemplazó únicamente el N° 2 del artículo único del mensaje original, optando por, en lugar de modificar el artículo 5° de la ley de alcoholes, introducir en el artículo 3° una nueva figura dentro de la clasificación de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, denominada “salones de música en vivo”, con una patente de carácter accesorio, que les permitirá contar con el señalado tipo de espectáculos.
Posteriormente, la iniciativa fue objeto de una nueva indicación, de los diputados señores Becker , Browne , Campos, Farías y Schilling, destinada a ampliar la nómina de establecimientos que pueden acceder a esta nueva patente accesoria, y exigirles a todos éstos, como requisito para obtenerla, dar cumplimiento a las normas de emisión de ruidos que les resulte aplicables.
Así conformado el texto del artículo único del proyecto, fue aprobado en forma unánime (9) con los votos favorables de los señores Becker, don Germán ; Browne, don Pedro ; Campos, don Cristian ; Farías, don Ramón ; Hoffmann , doña María José ; Lemus, don Luis ; Morales, don Celso ; Schilling, don Marcelo , y Ward, don Felipe .
IV. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS
-El N° 2 del artículo único del texto del Mensaje se encuentra en esta situación, en razón de la interposición de la indicación sustitutiva, ya descrita, que lo reemplaza íntegramente, por la votación unánime señalada en el punto anterior, y que era del siguiente tenor:
“2) Intercálese en el artículo 5° los siguientes nuevos incisos segundo y tercero, pasando los actuales incisos segundo, tercero y cuarto a ser nuevos incisos cuarto, quinto y sexto, respectivamente:
“No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, los contribuyentes que sean titulares, ya sea de la patente de Restaurante Nocturno a que se refiere el artículo 3º letra C) de esta ley o de la patente de Cantinas, Bares, Pubs y Tabernas a que se refiere el mismo artículo en su letra E), y cuyos establecimientos cumplan con los requisitos sanitarios que correspondan y con los de distanciamiento y zonificación a que hace alusión el inciso cuarto del artículo 8º de este cuerpo legal, podrán requerir a la municipalidad respectiva para que se les otorgue, adicionalmente y en carácter de accesoria, alguna de las patentes a que hace referencia el artículo 3º letra D), literales a) o b), para el solo efecto de realizar espectáculos artísticos consistentes en música en vivo. Verificado el cumplimiento de dichos requisitos la municipalidad deberá conceder la patente respectiva, previo pago del valor correspondiente. Así obtenida, y entretanto fuere oportunamente pagada, mantendrá su vigencia por todo el tiempo que se encuentre vigente la patente principal.
Con todo, la suma del pago de la patente principal y accesoria no podrá exceder de 4 UTM.”.”.
-Una indicación, suscrita por la Diputada señora Cristi , doña María Angélica , que se transcribe a continuación:
“Para agregar el siguiente artículo transitorio:
“Artículo transitorio.- “La presente ley empezará a regir 180 días después de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.”.”.
Puesta en votación la indicación descrita, ésta resultó rechazada por ocho (8) votos en contra, de los señores Becker, don Germán ; Browne, don Pedro ; Campos, don Cristian ; Farías, don Ramón ; Hoffmann , doña María José ; Lemus, don Luis ; Schilling, don Marcelo , y Ward, don Felipe ; y uno (1) a favor del diputado señor Morales, don Celso .
IV. ARTÍCULOS E INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES
Una indicación, suscrita por la Diputada señora Cristi , doña María Angélica , del siguiente tenor:
“Para reemplazar el artículo único del proyecto por el siguiente:
“Artículo Único: Para agregar un artículo nuevo, número 3° bis a la Ley 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas:
“La Municipalidad podrá otorgar una patente accesoria de música en vivo o envasada con amplificación a los establecimientos que cuenten con algunas de las patentes establecidas en la letra C, E y M del artículo tercero. Esta patente se concederá en la forma que determina esta ley conforme a lo señalado en el artículo 5° y, previo cumplimiento de los requisitos de zonificación y distanciamiento establecidos en el artículo 8° de esta ley y en las ordenanzas municipales respectivas.
Con todo al momento de presentar la solicitud deberán adjuntar un estudio de evaluación de ruidos, vibraciones o sonidos otorgados por la Autoridad Sanitaria competente u otros organismos autorizados, el cual deberá ser considerado por el Concejo y la Municipalidad al momento de otorgar la patente y deberá contar además con el aislamiento acústico necesario, previamente aprobado por el Servicio de Salud.
Los requisitos señalados en el inciso anterior serán aplicables a los locales que ya cuenten con patentes que les autoricen para tocar música en vivo o envasada con amplificación, al momento de renovar su patente o, en forma anticipada, si existen hechos que así lo ameriten.
Con todo, aquellos locales que requieran música ambiental sin amplificación, no se les exigirá autorización especial para reproducirla, a menos que conste que ocasionan ruidos molestos.
La municipalidad podrá siempre caducar la patente accesoria, si existe comprobación de ruidos molestos por la autoridad competente y no concederá esta patente accesoria a aquellos establecimientos que funciones en conjuntos habitacionales o barrios residenciales.
Los requisitos, prohibiciones y sanciones aquí señalados será regulados por un reglamento que dictará para estos efectos el Ministerio del Interior.”.”.”.
Presentada, la indicación fue declarada inadmisible por el Presidente de la Comisión, en uso de sus facultades reglamentarias, por considerar que se ocupa de materias de iniciativa legal exclusiva del Presidente de la República.
Concluida la discusión y votación del proyecto, la Comisión somete a consideración de la H. Cámara el siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artículo Único.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 3° de la ley N° 19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas:
1) Incorpórase en su letra C), a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:
“Los Restaurantes Diurnos que cuenten con este tipo de patentes podrán realizar espectáculos artísticos consistentes en música en vivo, sin amplificación.”.
2) Agrégase la siguiente letra Q):
“Q) SALONES DE MÚSICA EN VIVO: establecimientos con expendio de bebidas alcohólicas y venta de comidas, según el tipo de la patente principal, donde se realicen presentaciones de música en vivo.
Valor Patente: 3,5 UTM.
Esta patente sólo podrá otorgarse, con carácter de accesoria, a los establecimientos que cuenten con alguna de las patentes establecidas en las letras C), E) y Ñ) de este artículo. Esta patente se concederá en la forma que determina el artículo 5°, previo cumplimiento de los requisitos de zonificación y distanciamiento establecidos en el artículo 8°, en las normas sobre emisión de ruidos y en las ordenanzas municipales respectivas.”.”.
Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones de 8, 15 y 22 de marzo, 5 de abril, y 3 de mayo de 2011, con la asistencia de los señores Ascencio, don Gabriel ; Becker, don Germán ; Browne, don Pedro ; Campos, don Cristián ; Estay, don Enrique ; Farías, don Ramón ; Hoffmann , doña María José ; Lemus, don Luis ; Letelier, don Cristian ; Morales, don Celso ; Ojeda, don Sergio ; Schilling, don Marcelo , y Ward, don Felipe .
Sala de la Comisión, a 6 de mayor de 2010.
(Fdo.): SERGIO MALAGAMBA STIGLICH , Abogado Secretario de la Comisión .”
5. Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, constituida en investigadora “Con la finalidad de avocarse a conocer las eventuales irregularidades ocurridas en el período 2006, a la fecha, en la administración del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y las graves irregularidades y posibles hechos de corrupción ocurridos en la administración de dicho instituto.”
“Honorable Cámara:
La Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, constituida en Investigadora de graves irregularidades y posibles hechos de corrupción ocurridos en la actual y en la anterior administración del INIA, pasa a rendir su Informe acerca de la investigación que le fuera encomendada, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República, por oficio N° 9050, de fecha 13 de octubre de 2010, de la H. Cámara de Diputados, el que señala que ha aprobado en conjunto y, por unanimidad, las siguientes solicitudes:
La primera, de 51 señores Diputados para conocer las graves irregularidades y posibles hechos de corrupción en la administración del INIA; la segunda, de 48 señores Diputados, con el propósito de que, también, la Comisión investigue hechos ocurridos en el anterior periodo 2006-2010, debiendo ocuparse de las rendiciones de cuentas respecto de fondos en el lapso antes mencionado, incluyendo la inversión de los recursos y las personas naturales y jurídicas beneficiadas.
I. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN.
En sesión N° 88ª, celebrada el día 13 de octubre de 2010, la Cámara de Diputados aprobó sendas solicitudes indicadas anteriormente, cuyo texto se transcribe a continuación:
1.- “Valparaíso, 13 de octubre de 2010; Señora Alejandra Sepúlveda O., Presidenta H. Cámara de Diputados, Presente. Los diputados que suscriben vienen en solicitar se disponga, en conformidad a lo establecido en la letra c), del N° 1, del artículo 52 de la Constitución Política de la República, que la Comisión de Agricultura se transforme en una Comisión Especial Investigadora para los efectos de realizar un análisis de eventuales irregularidades ocurridas en el período 2006 a la fecha en la Administración del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).
En especial, análisis de las rendiciones de cuentas respecto de fondos públicos del año 2006 a la fecha, forma de inversión, personas naturales o jurídicas beneficiadas, etc.
La Comisión Investigadora tendrá un plazo de 60 días desde su constitución para evacuar su informe.
Para estos efectos la Comisión tendrá todas las facultades que la Constitución y la Ley les confiere.
Firman a continuación las señoras y señores Diputados: Pedro Pablo Alvarez-Salamanca ; Gonzalo Arenas Hodar ; Nino Baltolú Rasera ; Ramón Barros Montero ; Eugenio Bauer Joyanne ; Sergio Bobadilla Muñoz ; Giovanni Calderón Bassi ; María Angélica Cristi Marfil ; Edmundo Eluchans Urenda ; Enrique Estay Peñaloza ; Alejandro García-Huidobro Sanfuentes ; Romilio Gutiérrez Pino ; Gustavo Hasbún Selume ; Javier Hernández Hernández ; María José Hoffmann Opazo ; José Antonio Kast Rist ; Juan Lobos Krause ; Javier Macaya Danús ; Patricio Melero Abaroa ; Andrea Molina Oliva ; Celso Morales Muñoz ; Iván Moreira Barros ; Claudia Nogueira Fernández ; Iván Norambuena Farías ; Carlos Recondo Lavanderos ; Manuel Rojas Molina ; David Sandoval Plaza ; Felipe Salaberry Soto ; Ernesto Silva Méndez ; Arturo Squella Ovalle ; Marisol Turres Figueroa ; Jorge Ulloa Aguillón ; Gonzalo Uriarte Herrera ; Ignacio Urrutia Bonilla ; Enrique Van Rysselberghe Herrera ; Carlos Vilches Guzmán ; Gastón Von Muhlenbrock Zamora ; Felipe Ward Edwards ; y Mónica Zalaquett Said .
2.- “Sin fecha, Señora Alejandra Sepúlveda O., Presidenta H. Cámara de Diputados; Presente. Los diputados que suscriben, en virtud de los antecedentes expuestos, vienen en solicitar de conformidad con lo preceptuado en la letra c) del número 1 del artículo 52 de la Constitución Política de la República, que esta Cámara de Diputados acuerde otorgar el carácter de Comisión Especial Investigadora, a su Comisión de Agricultura, con la finalidad de abocarse a conocer las graves irregularidades y posibles hechos de corrupción, en la administración del Instituto de Investigaciones Agropecuarias - INIA. (en un plazo de 60 días).
Tomando en consideración lo expuesto por los medios de comunicación social, que informaban el día de ayer, sobre la presentación de querellas por fraude al fisco contra el Director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA.
Por su parte, tanto el Presidente del Sindicato de trabajadores del INIA, Alfonso Valenzuela; como la Presidenta del Sindicato de Profesionales; y el abogado de la entidad, Mauricio Daza, han formulado una cantidad muy importante de denuncias sobre graves irregularidades y posibles hechos de corrupción, en la administración de dicha entidad, en audiencia desarrollada ante esta Comisión.
Considerando al mismo tiempo la importancia que presenta para el desarrollo del país, la investigación agropecuaria que se desarrolla en la institución señalada,
Teniendo presente que:
-La sociedad exige en forma creciente trasparencia a todas las instituciones públicas y los Institutos de ID no pueden estar ajenos a ello,
-Los institutos operan en un escenario cada vez más complejo y competitivo ante la competencia privada por tanto su gestión es vital.
-Que una tarea esencial de los directivos es saber “administrar la complejidad”, y focalizar adecuadamente la acción institucional.
-Que la necesidad de contar y cuidar al personal altamente calificado y competente sobre todo en un escenario como el que enfrenta el INIA.
-Que el INIA debe tener como misión, crear, captar, adaptar y transferir conocimientos científicos y tecnológicos, desarrollando un activo rol como agente de innovación en el ámbito agropecuario.
Es que se hace imperativo para esta Cámara de Diputados, en el ejercicio de su función fiscalizadora, no abstraerse de investigar y esclarecer la situación que se presenta en el INIA.
Firman a continuación las señoras y señores Diputados: Enrique Jaramillo Becker ; Adriana Muñoz D’Albora ; María Antonieta Saa Díaz ; Enrique Accorsi Opazo ; Ximena Vidal Lázaro ; Orlando Vargas Pizarro ; Jorge Tarud Daccarett ; Ramón Farías Ponce ; Cristina Girardi Lavín ; René Alinco Bustos ; Guillermo Ceroni Fuentes ; Pepe Auth Stewart ; Joaquín Tuma Zedan ; Rodrigo González Torres ; Marco Antonio Núñez Lozano ; Cristián Campos Jara ; Fuad Chahín Valenzuela ; Sergio Ojeda Uribe ; José Miguel Ortíz Novoa ; René Saffirio Espinoza ; Matías Walker Prieto ; Gabriel Ascencio Mansilla ; Patricio Vallespín López ; Víctor Torres Jeldes ; Juan Carlos Latorre Carmona ; Gabriel Silver Romo ; Pablo Lorenzini Basso ; Carolina Goic Boroevic ; Ricardo Rincón González ; Jorge Sabag Villalobos ; Jorge Burgos Varela ; Mario Venegas Cárdenas ; Aldo Cornejo González ; Luis Lemus Aracena ; Marcelo Schilling Rodríguez ; Marcelo Díaz Díaz ; Alfonso de Urresti Longton ; Carlos Montes Cisternas ; Juan Luis Castro González ; Osvaldo Andrade Lara ; Clemira Pacheco Rivas ; Denise Pascal Allende ; Sergio Aguiló Melo ; Guillermo Tellier Del Valle ; Hugo Gutiérrez Gálvez ; Marcos Espinosa Monardes ; Carlos Abel Jarpa Wevar ; José Pérez Arriagada ; Fernando Meza Moncada ; Pedro Araya Guerrero ; Alejandra Sepúlveda Órbenes .”.
Vencimiento del plazo de investigación: 26 de abril de 2011.
II. TRABAJO DE LA COMISIÓN.
A. Sesiones realizadas.
En cumplimiento de la labor que le fue encomendada por la Honorable Cámara, la Comisión celebró un total de 13 sesiones, durante el período comprendido entre el 02 de noviembre de 2010 y el 3 de mayo de 2011.
Contó, asimismo, con la participación de las siguientes personas:
1) Ministro de Agricultura , señor José Antonio Galilea , junto con su Jefe de Gabinete señor Fernando Astaburuaga .
2) Director Nacional del INIA, señor Guillermo Donoso , junto con su Secretario Técnico , señor Hugo Contreras .
3) Presidenta Sindicato N° 3 del INIA, señora Virginia Aguilar González .
4) Tesorero Sindicato N° 3 del INIA, señor Francisco Casado Araya .
5) Secretaria Sindicato N° 3 del INIA., señora Yacqueline Valenzuela Segura .
6) Aníbal Cordero Arenas, Nibaldo Riffo Gaete , y Carlos Ortiz Rodríguez , funcionarios del INIA.
7) Investigador del INIA, señor Patricio Hinrichsen .
8) Ex integrante del Consejo Directivo del INIA, en el año 1999, señor Claudio Ortiz Rojas.
9) Presidenta de los trabajadores profesionales del INIA, señora María Inés González .
10) Miembro de la Federación de Operarios del INIA, señora Blanca Toledo .
11) Presidente de Federinia , señor Alfonso Valenzuela .
12) Consejeros de los trabajadores del INIA., señores, Adolfo Montenegro y Gonzalo Palma.
13) Ex Jefe Nacional de Semillas INIA. , Belfor Portilla .
B) Antecedentes recibidos.
1. Vuestra Comisión, en cumplimento de diversos acuerdos adoptados en relación con los hechos materia de esta investigación, dispuso de los siguientes antecedentes:
1) Oficio N° 9050 de fecha 13 de octubre de 2010, de la Presidenta de la Cámara de Diputados, mediante el cual informa que se ha aprobado en conjunto, y por unanimidad, las siguientes solicitudes:
a) De 51 señores Diputados, en orden a que la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, se constituya en Investigadora, “con la finalidad de avocarse a conocer las graves irregularidades y posibles hechos de corrupción en la administración del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)”.
b) De 48 señores Diputados con el propósito, también, de que la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, se constituya en Investigadora para, “realizar un análisis de eventuales irregularidades ocurridas en el periodo 2006 a la fecha en la administración del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)”.
La Comisión tendrá un plazo de sesenta días para evacuar el informe correspondiente.
2) Exposición del Director Nacional del INIA, señor Guillermo Donoso , sobre el estado actual del Instituto, sus objetivos, proyecciones y déficit institucional. (power point).
3) Oficio respuesta del INIA N° 2394, suscrita por el señor Hugo Contreras Gómez , Secretario Técnico , de fecha 15 de noviembre de 2010, a Oficio N° 44/2010 de esta Comisión, por el cual adjunta la siguiente información solicitada:
a) Copia de los Estatutos por el cual se rige el Consejo del INIA;
b) Actas del Consejo del INIA, de sesiones realizadas entre los años 2006 y 2010, y
c) Informe de fuentes de ingresos del INIA y usos de tales recursos en el período 2006 a 2010, así como la evolución presupuestaria en igual período de tiempo.
4) Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional que contiene la “Evolución de los Aportes fiscales al INIA durante el período 2006-2009
5) Cuadros que contienen una tabla donde se muestra que los proyectos con investigadores desvinculados, están siendo liderados por otros miembros de la institución.
6) Análisis que explica el “Sistema de Evaluación de Desempeño Actual” (EDI) que es aplicado anualmente a administrativos, técnicos y profesionales. Del mismo modo, dicho documento afirma la decisión de no utilizarlo para la evaluación de los investigadores.
7) Tres CD’s que contienen todos los contratos entre INIA y las instituciones que financian proyectos de investigación entre los años 2006 y 2010. Además se adjuntan algunas copias físicas de los mismos.
8) Documento: “Situación Semillas INIA en el Mercado y comparación con Semillas Baer”. Este documento se refiere a la participación, en el mercado, de semillas de privados e INIA.
9) Resoluciones sobre el nombramiento de los consejeros de 1999 a 2010. En estos documentos se indica la designación y participación del señor Guillermo Donoso en el Consejo.
10) Listado de las actas del Consejo del INIA, donde se hace referencia a los estados financieros del INIA.
11) Acta de la primera sesión del Consejo del INIA, en que participó el señor Guillermo Donoso como Director Nacional del INIA.
12) Reglamento para administrar el Fondo Patrimonial del INIA.
13) Tabla con información de las transferencias desde la Subsecretaría al INIA, entre los años 2000 y 2010.
14) Respecto del personal desvinculado se recopiló la siguiente información:
14.1.- Análisis del costo productivo de la desvinculación.
14.2.- Análisis del actual sistema de evaluación de desempeño (EDI)
14.3.- Listado de investigadores desvinculados con notas de su evaluación.
14.4.- Remuneraciones de los investigadores desvinculados.
14.5.- Costo de Indemnización del Personal Desvinculado.
14.6.- Porcentaje de trabajadores sindicalizados por estamento y personal desvinculado.
14.7.- Proceso de la notificación de los trabajadores por CRI.
15) Respecto de los proyectos INIA se obtuvo la siguiente información:
15.1.- Proyecto INIA en lo que respecta al uso de controladores biológicos del proyecto TIE.
a).- Perfil del Proyecto presentado al CORE de la VI Región el año 2007.
b).- Informe Técnico, proyecto regional Fontagro del año 2001.
c).- Documento derivado del proyecto regional Fontagro del año 2001, publicado en el año 2003.
d).- Publicación derivada del proyecto regional Fontagro del año 2001, publicado el año 2005.
15.2.- Listado de Beneficiarios del “Convenio de Cooperación y Traspaso de Recursos, para implementar un programa de fomento al riego para los pequeños productores agrícolas de las Regiones VI, VII, VIII y Metropolitana que desarrollen cultivos anuales, especialmente maíz y arroz”.
16) Auditorías Internas:
16.1.- Informe de Auditoría Interna N° 07/2010. Auditoría al Proyecto 501281-15 “Creación de un Centro de Control Biológico para el desarrollo industrial y comercial de enemigos naturales” (CTCB) del CRI Quilamapu.
16.2.- Informe de Auditoría Interna: Relación del personal CRI Quilamapu con la producción y comercialización de hongos entomopatógenos, CRI Quilamapu.
17) La Platina:
17.1.- Copia de Promesa de Compra Venta “INIA - SERVIU Metropolitano”, 160 hectáreas del predio La Platina.
17.2.- Antecedentes del contrato y situación actual de éste.
17.3.- Consejo del INIA que autorizó venta de 160 hectáreas de La Platina al Serviu. (Listado de Consejeros).
18) Uso de Fondo Patrimonial:
18.1.- Consejo del INIA que autorizó uso del Fondo Patrimonial. (Listado de Consejeros).
18.2.- Estado del Fondo Patrimonial.
18.3.- Movimiento del Fondo Patrimonial.
18.4.- Rentabilidad cartera de inversiones del Fondo Patrimonial y su distribución.
19) Antecedentes del déficit del INIA. Presupuesto ejecutado anual INIA donde se presenta la generación del déficit anual.
20) Declaración pública realizada el 20 de octubre de 2010 que da respuesta a las acusaciones de la querella criminal interpuesta por los Sindicatos en contra del Director Nacional del INIA.
21) Comparación de precios de semillas.
22) Respuestas a algunas consultas de la Comisión Investigadora.
23) Oficio N° 9207 de la Presidencia de la Cámara de Diputados, de fecha 12 de enero de 2.011 por el cual amplía el plazo para emitir su informe en 60 días más, contados desde el 15 de enero de 2011.
24) Oficio N° 56, de fecha 12 de enero de 2011, suscrito por el Director Nacional del INIA, por el cual informa a la Comisión el estado actual de la situación laboral de los trabajadores del instituto.
25) Documento sin fecha, recibido por la Comisión el día 18 de enero de 2011, proveniente del Presidente de Federinia en el cual informa listado de funcionarios desvinculados por el INIA, los que alcanzarían a la cifra de 73 trabajadores.
26) Acta de avenimiento judicial, de fecha 14 de diciembre de 2010, suscrita por el Director Nacional ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
27) Acta de acuerdo, suscrita entre los representantes de los sindicatos del INIA y su Director Nacional, de fecha 12 de enero de 2011.
28) Carta, de fecha 25 de febrero de 2.011, suscrita por Alfonso Valenzuela S, Presidente Federinia y dirigida a Guillermo Donoso H., Director Nacional INIA, por la cual solicita reunión con los representantes nacionales de los sindicatos a fin de tocar temas de interés de los trabajadores y de la Dirección Nacional.
29) Carta, de fecha 23 de diciembre de 2010, dirigida a don Guillermo Donoso H., Director Nacional de INIA, por la cual los representantes de los sindicatos manifiestan su disconformidad con la postergación de los retiros mandatorios para el día 31 de enero de 2.011 y de los retiros voluntarios hasta nuevo aviso.
30) Carta, de fecha 17 de febrero de 2.011, en la cual la Asistente de Recursos Humanos del INIA comunica al señor Juan Tay que el plan de retiros mandatorios ha quedado sin financiamiento.
31) Dos cartas, de fecha 22 de diciembre de 2010, en la cual el Director Regional CRI Quilamapu, comunica al señor Hernán Acuña Pommiez que los retiros mandatorios que se cursarían el 31 de diciembre de 2010, se postergan hasta el 31 de enero de 2011.
32) Nómina de retiros mandatorios y voluntarios.
33) Carta, de fecha 22 de marzo de 2011, dirigida al Ministro de Agricultura , señor José Antonio Galilea donde comunican su preocupación por el futuro de la institución además de informar que el Director Nacional se niega a recibirlos.
34) Carta, de fecha 14 de marzo de 2011, dirigida al Director Nacional , señor Guillermo Donoso H. en la cual el señor Alfonso Valenzuela , Presidente Federinia , manifiesta su molestia por el hecho de que el Director Nacional no los recibe y en su nombre mandó al abogado señor René Nuñez .
35) Set de correos electrónicos dirigidos al señor Alfonso Valenzuela , Presidente Federinia , donde dan cuenta de la situación actual de los retiros mandatorios, voluntarios y de la precaria situación financiera del INIA.
36) Presentación aportada por la Dirección Nacional del INIA que muestra los avances en investigación y extensión del Instituto.
37) Presentación aportada por la Dirección Nacional del INIA que contiene el grado de cumplimiento de los acuerdos arribados con los Sindicatos del INIA.
38) Presentación aportada por la Dirección Nacional del INIA que contiene los estados financieros, balance general, estado de resultados y presupuesto ejecutado anual donde se muestra un déficit acumulado de $ M 7.920.585, por parte de dicho Instituto.
39) Informe de programación y resultados esperados del INIA, para el año 2011.
40) Cuadro que muestra el total del personal del INIA, sus investigadores, profesionales de apoyo y técnicos, administrativos y operarios.
41) Oficio N° 800 del Consejo de la Transparencia al señor Contralor General de la República , mediante el cual evacúa el informe solicitado por esta Comisión en calidad de Investigadora del INIA, respecto de la posibilidad de que su Director Nacional pueda contratar parientes.
C. Oficios enviados.
1) Oficio N° 44, de fecha 10 de noviembre de 2.010, dirigido al INIA a fin de que proporcione, a esta Comisión, copia de los Estatutos por el cual se ciñe su Consejo y de las actas de sus sesiones entre los años 2006 y 2010. Del mismo modo, se solicitó a dicha Instituto informe la fuente de sus ingresos y el uso de esos recursos en el periodo 2006 a 2010. Asimismo, indique la evolución presupuestaria en igual período de tiempo.
2) Oficio N° 50, de fecha 05 de enero de 2.011, dirigido al Director Nacional del INIA , a fin de que informe a esta Comisión el estado actual de la situación laboral de los funcionarios del INIA y si han habido nuevas desvinculaciones de trabajadores, detallando en este último caso, el nombre, cargo y sueldo del personal despedido.
3) Oficio N° 51, de fecha 05 de enero de 2.011, dirigido a la Contraloría General de la República , a fin de consultar si el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) en razón de su naturaleza jurídica, está afecto o excluido de dar cumplimiento a la ley N° 20.285 sobre “Acceso a la Información Pública” y a la Ley N° 18.575 sobre “Bases Generales de la Administración del Estado”, en lo que a probidad administrativa se refiere, en específico, sobre la posibilidad de que su Director Nacional pueda contratar a parientes.
III MARCO REGULATORIO.
1.- Acuerdos de la Comisión:
En atención al contenido del mandato de la Corporación, vuestra Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural acordó sesionar como Comisión Especial Investigadora en los mismos días y horas fijados para su funcionamiento ordinario, en tanto no surjan temas emergentes relevantes o proyectos de ley que deba conocer, los que, una vez despachados, la Comisión volverá a avocarse al cumplimiento de su mandato, sin perjuicio de poder obrar, también, en forma paralela entre comisión técnica y especial investigadora.
2.- Legislación vigente:
a) Constitución Política de la República.
El artículo 52, número 1, letra c), que establece: “Son atribuciones exclusivas de la Cámara de diputados: 1) Fiscalizar los actos del Gobierno. Para ejercer esta atribución la Cámara puede: c) “Crear comisiones especiales investigadoras a petición de a lo menos dos quintos de los diputados en ejercicio, con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos del Gobierno.
Las comisiones investigadoras, a petición de un tercio de sus miembros, podrán despachar citaciones y solicitar antecedentes. Los Ministros de Estado , los demás funcionarios de la Administración y el personal de las empresas del Estado o de áquellas en que éste tenga participación mayoritaria, que sean citados por estas comisiones, estarán obligados a comparecer y a suministrar los antecedentes y las informaciones que se les soliciten.
No obstante, los Ministros de Estado no podrán ser citados más de tres veces a una misma comisión investigadora, sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.
La ley orgánica constitucional del Congreso Nacional regulará el funcionamiento y las atribuciones de las comisiones investigadoras y la forma de proteger los derechos de las personas citadas o mencionadas en ellas.”
b) Estatutos del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Publicado en el Diario Oficial N° 36.293 del jueves 18 de febrero de 1999.
c) Código del Trabajo.
d) Disposiciones impartidas por el Consejo del INIA.
IV. PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.
1.- Ministerio de Agricultura.
Objetivos del INIA. Respecto de los objetivos del INIA el señor José Antonio Galilea , Ministro de Agricultura , indicó que el INIA cumple un rol trascendente en la agricultura nacional, sobre todo en la generación de productos de exportación, que está pasando por una situación difícil debido a la caída del tipo de cambio, lo que se traduce en una pérdida de competitividad importante en los mercados internacionales.
Sostiene que la investigación y la tecnología son dos elementos importantes en materia de competitividad. Agrega que a juicio del Ministerio, el Instituto no sólo debe transferir a los agricultores dicha tecnología, que surge de la investigación, sino también hacer extensión, que no es otra cosa que la adopción por los agricultores de dicha tecnología, de modo de mejorar su competitividad, su productividad y su eficiencia, haciendo un mejor negocio no sólo para ellos, sino para el país.
El INIA no es sólo un ente investigador, también hace producción y agricultura, y por esa razón no ha hecho buenos negocios en los últimos años. Sin embargo, no se le puede pedir rentabilidad, puesto que es un ente cuyo destino principal es la investigación. Esto explicaría las razones que hay detrás de ese déficit y de esos malos negocios, que lleva a la necesidad de realizar ciertos cambios en su interior.
Financiamiento del INIA. El INIA ha sido financiado, durante los últimos años, con presupuestos base que dicen relación con transferencias que realiza el Ministerio de Agricultura y a la investigación por proyecto, lo cual si bien genera incentivos, también trae consigo complicaciones. Gran parte de la investigación que se lleva a cabo, se hace con el solo objeto de capturar recursos para resolver problemas de déficit interno. Además, muchas veces esa investigación no es siquiera pertinente y probablemente no interese a ningún agricultor. Por otra parte, si no existen recursos para hacer transferencia, esa investigación, que eventualmente puede ser útil para la agricultura, no llega al sector que lo necesita. Por lo tanto, este “servicio” no está cumpliendo con su principal objetivo, hacer investigación, ponerla en práctica, confirmar que se trata de investigación útil y pertinente y transferirla al sector privado.
Desvinculación de personal. A esta administración, a este director y a este ministro les ha correspondido la necesidad de tomar una decisión tan dura como la de desvincular a un número importante de profesionales del INIA, como una manera de resolver parte de sus problemas en materia de financiamiento y que, a su vez, congelan o impiden el cumplimiento del servicio que está llamado a realizar.
Expresa que esa no es la única medida.
Coloca como ejemplo, el caso de la lechería de Carillanca, que es una actividad productiva, no de investigación, la que genera cuantiosas pérdidas anuales, de modo que si la investigación se está haciendo en Humán y en Remehue, en Osorno, cabe preguntarse cuánto sentido tiene mantener una lechería en Carillanca si está generando cuantiosas pérdidas a la institución.
Afirma que la única investigación que se hace con ese ganado -que por lo demás se podría hacer con otro tipo, no necesariamente lechero- está vinculada a la biotecnología en ganado bovino, para lo cual no se necesitan más de 30 ó 40 cabezas.
Entonces, hay que tomar una resolución respecto de esa lechería, porque no tiene sentido mantenerla, señala.
Aclara que como ese ejemplo hay otras actividades productivas que realiza el INIA que no sólo no generan ningún beneficio para la institución en materia investigativa, sino que, por el contrario, le generan cuantiosas pérdidas, que contribuyen a hacer más difícil, eventualmente imposible, el cumplimiento adecuado del servicio que la institución está llamada a cumplir.
Tampoco gana mucho un organismo de las características del INIA, del Infor o del Ciren cuando cuenta con muy buenos profesionales, eventualmente con doctorados y profesionales de elite, si muchas veces el nivel de compromiso de esos profesionales, o de algunos de ellos, con la institución en la que trabajan, es prácticamente cero.
En lo personal señala, conocer a importantes investigadores que destinan más tiempo a los asesoramientos de carácter particular que al interior del organismo. No dice que sea una cuestión generalizada, simplemente afirma que existe y que, por lo tanto, muchas veces merece la pena estudiar un poco más el caso a caso respecto de muchos profesionales que laboran en esas instituciones. Esa situación es similar a la de los médicos que le dedican muy poco tiempo al hospital público y casi todo el día a la consulta privada.
Como administradores circunstanciales del Ministerio de Agricultura y del INIA, expresa que deben velar porque los mejores profesionales le dediquen el mayor tiempo posible a la investigación y a la transferencia dentro de la institución en beneficio de todos los que a ella recurren, en lugar de estar fomentando o facilitando, para ponerlo en términos justos, el que mucho de ese desempeño profesional sólo beneficie a quien lo ejerce.
Mayores recursos al INIA?. Señala, que no habría tenido ningún resultado solicitar recursos al Ministerio de Hacienda, recién asumida la administración de ese organismo y del Gobierno, para tapar un déficit de más de 5 mil millones de pesos, en circunstancias de que la demostración evidente de su interior es que no hay un adecuado y eficiente uso de los recursos con que ya cuenta y que, además, deja de cumplir uno de sus principales objetivos: transferir los resultados de la investigación. Investigación sin transferencia, en concepto del Ministerio, no tiene ningún sentido. Reunir en la biblioteca del INIA valiosa información que fluye de la investigación que realizan sus profesionales, para que se quede en las estantería y finalmente no llegue al mundo del campo, no tiene ningún sentido.
Afirma que las medidas apuntan a hacer más eficiente el uso de recursos dentro de la organización.
Desmantelamiento del INIA? Indica que ninguno de los servicios a cargo del Ministerio, están en la mente de alguien para desmantelarlos.
Expresa que el Gobierno y, naturalmente, este Ministerio, sienten que tienen no solamente el deber, sino el derecho de reestructurar organismos dependientes de esa cartera para mejorar el cumplimiento de sus funciones.
El Estado debe disponer de recursos para los institutos de investigación, fundamentalmente para mejorar su gestión y su capacidad de investigar, para llegar a áreas de investigación con las que normalmente no se cuenta y que pueden ser trascendentales y muy importantes para la agricultura.
El INIA no está investigando en todos los campos que debiera. Por lo tanto, indica, ese es su principal vacío, de manera que lo que deben hacer es generar condiciones para cubrir las investigaciones que no se están haciendo y que son necesarias para la agricultura. Para eso, necesariamente, es indispensable mejorar la gestión de ese organismo, porque de lo contrario no se puede avanzar en esa dirección, señaló.
La Platina. Respecto del tema Platina - Serviu, expresa que ese es un problema que no crearon ellos, pero que están llamados a resolver y lo han asumido de esa manera, porque encuentran que es absurdo y que no tiene ningún sentido el que finalmente el INIA esté trenzado con el Serviu en juicios en tribunales, de manera cruzada, respecto de recursos que pertenecen a todos los chilenos, independiente de si están en las cajas del Serviu o en las del INIA. Por lo tanto, señala, lo que están haciendo es una gestión antes de que los tribunales emitan un fallo que le va a encontrar la razón a una de las partes, lo que probablemente, va a significar un detrimento, a uno o a otro.
Agrega que en La Platina es imposible hacer investigación con la extensión que tiene, porque lo que no se roban lo destruyen, y no sólo destruyen tiempo y dedicación de un investigador, sino también destruyen y roban recursos que están puestos en los elementos propios y necesarios para hacer esas investigaciones.
Finalmente, no resulta razonable tener una superficie interesante ubicada en ese lugar, que vale mucho dinero, sobre la que hay muchos interesados y en la que INIA no puede hacer investigación, lo que obliga, como autoridades del INIA, a resolver respecto de ella. Lo mismo ocurre en otros lugares, porque en muchos casos las estaciones experimentales estuvieron otrora en lugares despoblados o eventualmente sin habitantes cercanos, pero que en la actualidad están rodeadas de población y de sectores urbanos que hacen muy difícil cumplir con la tarea de los profesionales que laboran allí.
2.- Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).
Del personal del instituto. En sus intervenciones el Director Nacional del INIA, señor Guillermo Donoso , expuso que el instituto tiene hoy día un personal que está compuesto por 246 Investigadores; 238 de Apoyo Técnico; 109 Administrativos y 406 Operarios Agrícolas. Total 999 funcionarios, con un Costo Operacional de 14.163 millones.
Del personal de investigación el 38% son Doctores, el 31% son “Master’s”, el 6% son Diplomados y el 25% son sólo licenciados.
Fondos concursables. Afirma que el INIA tiene una alta tasa de aprobación (50%) en los fondos concursables para investigación obteniendo recursos adicionales por cerca de 7.500 millones.
Baja generación de conocimiento. Sostiene que a pesar de los recursos adicionales que se obtienen en investigación, el INIA tiene una baja capacidad de generación de conocimiento. El promedio es de un 0,3% de publicaciones científicas por año y por investigador. Muy por debajo del promedio de otras instituciones, como son las académicas, que tienen un promedio sobre 1 publicación por año y por investigador. La meta del INIA es, indicó, llegar a ese promedio de una publicación por año y por investigador.
Patentes. Argumentó que las patentes del INIA también son bajas, a razón de 16 solicitas y 1 adjudicada.
Baja tasa de renovación de investigadores. Explica que existe una baja tasa de renovación de los investigadores. Hoy día el promedio de edad de los investigadores es de 49 años, concentrándose el mayor número en la edad de 55 años lo que significa que en un período de 10 años el INIA se quedará sin investigadores -por jubilación- si no implementa una política de renovación de investigadores, lo que hasta la fecha no ha hecho.
Baja investigación sector productivo y falta de actualización investigadores. Como efecto de la escasa renovación de investigadores el INIA ha tenido un bajo impacto en investigación en el sector productivo; ha tenido una falta de actualización de sus investigadores los que no han hecho un esfuerzo por actualizarse, a lo que hay que sumar un bajo nivel de investigación respecto de algunos investigadores.
Pérdidas en producción. Actividades de producción ineficiente con resultados operacionales deficientes, debido a que el INIA es un organismo de investigación y no productivo. La producción del INIA es un subproducto de la investigación. Ej. Las lecherías que están por debajo de la producción de mercado con pérdidas operacionales significativas.
Transferencia tecnológica. Es baja la cantidad de agricultores y profesionales que acceden a las tecnologías INIA. La transferencia tecnológica INIA, en las últimas décadas ha sido claramente insuficiente. Aquí se requiere modernizar el servicio.
Falta de control y déficit. El INIA tiene actualmente una estructura pesada y de alto costo. Hay falta de control en la gestión financiera; hay una acumulación de déficit, hay falta de capital de trabajo y hay una comunicación interna y externa deficiente.
A modo de ejemplo, indica que en diciembre 2006, el INIA tuvo una pérdida producto de haber entregado un cheque para reservar la compra de un piso de edificio para las oficinas de la Dirección Nacional. Esa operación no se llevó a cabo, pero la inmobiliaria cobró el cheque, sin mediar un contrato o carta de resguardo en esta operación. Esta situación se repite muchas veces por la falta de control interno.
Por ejemplo, indica tener pérdidas de 12 mil dólares, entregados en diciembre 2008 a la empresa Paiva y CIA., correspondiente a la patente de Compuestos Atrayentes de Avispas Chaqueta Amarilla. A la fecha, no se han rendido estos fondos. Señala no tener los respaldos para esto.
Hace hincapié que el INIA gasta más de lo que entra. Todos los años hay pérdidas. Hoy el INIA tiene un déficit de caja de 3.300 millones en el año 2009, lo que implica que sólo puede dar cumplimiento al 40% de sus obligaciones. Esto ha llevado a que tenga dificultad para pagar remuneraciones, imposiciones, impuestos, proveedores a quienes se les paga a 120 días y más. También ha implicado una menor ejecución de los proyectos aprobados y financiados.
Altas remuneraciones. Respecto a las remuneraciones, el INIA tiene sueldos muy altos que están fuera de mercado. Las horas extras están sin control y los incentivos en los proyectos están enfocados al gasto y no al ahorro.
Evaluación de los investigadores versus desvinculaciones. Se evaluó a los investigadores del INIA, para corregir el bajo impacto de las investigaciones y también para lograr una mayor actualización de los investigadores. El resultado de la evaluación arrojó a un grupo de investigadores con baja productividad los que fueron desvinculados. En otros estamentos se produjeron cambios en la gestión administrativa y también en el organigrama. En esos casos también se constató la necesidad de reducir personal. Afirma que todo este proceso se hizo cumpliendo el contrato de trabajo y, también, con las indemnizaciones por años de servicio. Indica que se habría pagado una indemnización promedio por profesional de $ 52.500.000 y una indemnización promedio no profesional de $ 22.444.342.
Adicionalmente, se habría acordado con aquellos investigadores desvinculados con 59 o más años de edad que sus cotizaciones previsionales se seguirían haciendo hasta que cumplan 65 años de edad para que no vean mermadas sus jubilaciones.
Proceso de evaluación de los investigadores. Al respecto expresa que éste fue sobre el estamento profesional de investigadores, el cual debe cumplir con investigación y transferencia. La evaluación tiene, en primer lugar, un componente técnico en el cual se evaluó la capacidad productiva, científica y de transferencia de cada uno de los investigadores. Además, explica, se evaluó el número de actividades de transferencia y extensión y, en los últimos años, los proyectos de investigación que ejecutaba y lideraba cada uno de los investigadores, el apalancamiento de recursos, la transferencia a través de publicaciones científicas y divulgativas y otros elementos importantes, como las patentes.
Tomando en consideración todos esos elementos, que son de productividad científica, de transferencia y extensión, se le asignó una nota a la cual se agregó una evaluación respecto del compromiso del profesional con el INIA, que es subjetiva. Se ponderaron ambas calificaciones y se llegó a una nota final, con la cual se decidió a quienes desvincular.
Déficit en línea de crédito del instituto. Respecto al déficit del INIA y de sus causas, el señor Donoso expuso que el Instituto tiene varias fuentes de financiamiento. La más importante es la línea de financiamiento del Ministerio de Agricultura, con la cual cubren los gastos generados por remuneración del personal, excluidos aquellos que están contratados por proyectos, y las indemnizaciones.
Sostiene que la línea de crédito que posee el INIA con CorpBanca y con el banco Santander ha existido desde hace más de 15 años. Afirma que la línea de crédito se usaba todos los años, excepto en 2009. Por lo tanto, señala que tienen 800 millones de pesos en 2004; 2.800 millones de pesos en 2005; 3.700 millones de pesos en 2006, llegando al 2007 a una cifra excesiva de 7.400 millones de pesos. En 2009, aclara que no hay uso de línea de crédito y a octubre de 2010 hay un uso por 1.800 millones de pesos.
Declara que siempre ha existido la línea de crédito como fuente de capital de trabajo, debido a la situación deficitaria. Con el déficit que tienen, indica, no poseen capital de trabajo, por lo que el INIA en toda su historia ha recurrido a la línea de crédito como capital de trabajo.
El déficit generado en esta fuente de financiamiento asciende a 5.422 millones de pesos acumulado, de los cuales sólo 2.155 millones de pesos se generaron en 2009.
Fuentes de financiamiento. Afirma que otras fuentes de financiamiento para sus proyectos son Conicyt, Corfo, Innova y FIA. Estas fuentes de financiamiento tienen un presupuesto en cada proyecto que debe cumplirse. De lo contrario, sostiene, tendrían que devolver fondos al FIA o perder fondos por realizar gastos sin financiamiento. Por lo tanto, concluye, es en esta fuente de financiamiento donde está sobregirado el INIA todos los años.
Causas del déficit financiero. Indica que las causas del déficit financiero son varias. La primera es un acuerdo entre los sindicatos y las direcciones anteriores, en virtud del cual el personal del INIA, a pesar de que el INIA es una corporación de derecho privado, recibe un reajuste de acuerdo al del sector público. Sin embargo, como son una corporación de derecho privado, no reciben el ingreso acorde a ese reajuste. Por lo tanto, afirma, que todos los años generan un déficit importante.
En los últimos años, indica, el INIA se ha caracterizado por usar en forma excesiva y no controlada sus horas extras, estando, además, fuera de la legislación laboral, cosa que hoy están corrigiendo.
Expresa que tienen beneficios salariales permanentes otorgados al personal por direcciones anteriores, que tampoco tienen un financiamiento.
Del mismo modo, hay acuerdos sindicales para indemnización a todo evento, situación que tampoco cuenta con el financiamiento del Ministerio de Agricultura.
Además, hay gastos en proyectos de investigación que no han sido aceptados por las fuentes de financiamiento. En efecto, los proyectos tienen un presupuesto. Explica que si realizan un gasto que no está dentro de ese presupuesto, ese gasto no es aceptado por las fuentes de financiamiento y, por lo tanto, lo tiene que asumir el INIA.
Sostuvo también que, otra de las causas del déficit financiero, es la ejecución de gastos de proyectos externos con recursos INIA, por atraso en la recepción de cuotas. Señala que cuando tienen problemas con un proyecto debido a que se retrasa algún informe técnico o se retrasa la rendición financiera, se atrasa también la cuota siguiente. Con ese atraso, explica, el INIA tiene que financiar las operaciones hasta que entre la cuota.
A través de los últimos años, el personal contratado para proyectos externos ingresa a la planta cuando termina el proyecto, sin que haya financiamiento para ello.
Expresa que hay un descontrol en la ejecución del gasto respecto a lo presupuestado y, además, inexistencia de visitas de control, seguimiento y costeo de los proyectos, lo que conlleva a imputar mayores gastos a los proyectos que tienen.
El presupuesto del INIA ha recibido mayores aportes cada año desde el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, sostiene que a pesar de esos mayores aportes, la situación deficitaria se ha ido agravando.
El gasto en personal, excede siempre al aporte del Ministerio de Agricultura y este gasto debe financiarse con aporte del Ministerio.
Declara que los déficit anuales fueron los siguientes: en 2005, cercano a los mil millones; en 2008, 500 millones, y en 2009 se escapa la situación, pues tienen un déficit de 2.155 millones de pesos. Es un déficit operacional.
Déficit acumulado. Estas cifras, indica, llevan al INIA al déficit acumulado de 5 mil millones de pesos.
Déficit de caja. Sumado a esto, afirma que tienen una situación de caja muy compleja. Desde 2004 hasta 2010 son deficitarios. El año crítico fue 2009, con 2 mil millones de déficit de caja. Entonces, tienen un déficit operacional todos los años y tienen un déficit de caja.
Señala que el INIA en su operación no busca rentabilidad. Lo que busca es ejecutar los proyectos de acuerdo a los plazos establecidos con las fuentes de financiamiento para lograr el objetivo del INIA que es generar conocimiento y tecnologías para transferirlas al sector agrícola. Se busca así, que el INIA disponga de los recursos necesarios para realizar su investigación, transferencia y extensión.
El INIA no está cumpliendo con sus objetivos. Los grandes perdedores de la situación actual del INIA es su investigación y, principalmente, en los últimos años, su transferencia y extensión. El INIA ha mantenido investigaciones financiadas con proyectos externos. Sin embargo, dada su situación crítica financiera, el INIA no ha realizado transferencia y extensión en los últimos años. Señala que esto es un problema serio, porque está dentro del mandato del INIA llegar a los agricultores.
La crítica situación financiera, no permite que se ejecuten los proyectos de investigación ni realizar las transferencias.
Sostiene que el gasto acumulado llega a los 5 mil millones de déficit que es la deuda que tiene el INIA hoy. Esa deuda no es con el sistema financiero, sino que con las fuentes de financiamiento al interior. Lo que hace el INIA para operar con este déficit acumulado es que en la medida que entran recursos, se van tomando para pagar los compromisos más urgentes y así se va “bicicleteando” los recursos que van entrando. El problema es que llegando a una situación crítica como en 2010, con 5 mil millones de déficit, los atrasos y la bicicleta no funcionan.
Expresa que la bicicleta funcionaba hasta 2007 ó 2008, pero ya en 2009 los rayos de la bicicleta se rompieron. Afirma que el INIA tiene problemas serios de subejecución de proyectos, que a diciembre de este año debieran terminarse, pero que no llevan más de 50 por ciento de ejecución de gastos. Sostiene que no van a ser capaces de ejecutar el resto de los proyectos. Es un problema serio, explica.
Costo de despido del personal del INIA. Sostiene que el monto total de indemnizaciones es aproximadamente de 1.840 millones de pesos. El costo efectivo para el INIA es de aproximadamente 2.165 millones de pesos. El mayor costo se debe, entre otros, a las vacaciones, al mes de aviso, a los aguinaldos, a los incentivos de proyectos y al hecho de que a 16 investigadores se les pagó en sus AFP las cotizaciones para que alcanzaran una jubilación como si hubiesen trabajado hasta los 65 años.
Estado de los finiquitos. Indica que hay un 75 por ciento que ha firmado y cobrado sus cheques. Señala que hay una persona con licencia médica, cuya situación ya se ha aclarado. Se le notificó esta semana y estaría cobrando su finiquito a final de esta semana. Por último, aclara que hay 17 personas que, a solicitud de sus sindicatos, no han firmado. De estos 17, afirma, hay dos que están presentando una demanda contra el INIA en Remehue.
Pago oportuno de los finiquitos. Sostiene que los cheques para pagar las indemnizaciones estuvieron disponibles para ser cobrados por cada una de las personas desvinculadas desde el 29 de septiembre. Todos fueron notificados vía telefónica y a aquellos que no fueron ubicados, por este medio, se les envió una carta certificada en la que se les indicaba que los fondos estaban disponibles, que pasaran a firmar sus finiquitos y a retirar su cheque.
Contratación de personal y asignaciones especiales. Expone que desde agosto no se ha contratado a nadie. Afirma que cuando ingresó al INIA contrataron personal para llenar distintos cargos vacantes. Sostiene que a partir de esa etapa, en que lograron eso, no se ha contratado a nadie más. En consecuencia, concluye, no ha habido contrataciones después de las desvinculaciones.
Contratación de créditos. Agrega que en la última sesión del consejo se presentó un proyecto de endeudamiento a largo plazo para transformar la deuda de corto plazo, debido a las indemnizaciones por 2.100 millones, de manera de no seguir ahorcando financieramente a la institución. La propuesta fue aprobada por el consejo y, en estos momentos, se encuentran realizando la solicitud al Ministerio de Hacienda para que les autorice dicho endeudamiento.
Externalización de servicios. Expresa que durante sus visitas a los distintos centros regionales de investigación se le planteó que era necesario realizar los análisis y los estudios para ver si al INIA le era conveniente externalizar algunos servicios. En aquella ocasión, declara, se planteó que de ser externalizables, serían actividades que no están en el centro de la actividad del INIA, es decir, servicios de aseo, de casino, de seguridad, etcétera. Fue un planteamiento, indica, de futuros análisis para ver la conveniencia. Sin embargo, dada la situación crítica financiera del INIA, por el momento, no han contemplando externalizaciones.
La Platina. Señala que hubo algunos anuncios en los diarios respecto de que se estaría vendiendo La Platina para que la ANFP construyera un estadio. Aclara que esa institución no se ha acercado a conversar ni con el Director del INIA ni con el Ministro de Agricultura . Por lo tanto, no hay ningún acercamiento de ese tipo, sostiene.
Explica que el INIA vendió hace más de 10 años La Platina al Serviu. Afirma que existe un compromiso de compraventa firmado, y el Serviu traspasó cerca del 95 por ciento del valor que se acordó en esa fecha. No obstante, se encuentran despejando un tema legal con el Serviu, dado algunos impases que hubo hace varios años derivaron en una demanda por parte del Serviu, por la cual, exige la devolución de todos los fondos. El INIA contrademandó y, en estos momentos, están en negociaciones el Director del Serviu con el Director del INIA, para aclarar esta situación antes de que se emita un veredicto en la Corte.
Aclara que la promesa de compraventa fue por 160 hectáreas de 280 que contiene el predio, la que se celebró el 28 de diciembre de 1999, con un monto 265.582 UF. Se acordó un precio del metro cuadrado de 0,16 UF. El valor actual es, por lo bajo, de 1 UF el metro cuadrado. Las últimas tasaciones indican que, en esa zona, el precio del metro cuadrado es de 1,5 a 1,8 UF el metro cuadrado. Por lo tanto, afirma que fue un mal negocio para el INIA.
Para entender el siguiente punto, agrega, el 20 de noviembre de 2001 se celebra un compromiso de compraventa con plazos, en el cual el Serviu iba a desarrollar un parque ecológico y trasladar el zoológico del Parque Metropolitano a este nuevo parque.
Indica que ese proyecto del Serviu no resulta, y se pasa de los plazos para tener el proyecto finiquitado, que era una condición del compromiso de compraventa. Se volvió a ampliar el plazo para la celebración del contrato definitivo y se estableció que tenía que realizarse el 31 de diciembre de 2002.
El 24 de diciembre de 2002 se hizo una nueva ampliación, llegando al 28 de diciembre de 2003.
El 11 de diciembre, el Serviu ya extendió todos los plazos y solicita al INIA cerrar el negocio, en el sentido de que hagan caso omiso a la promesa de compraventa. El INIA les devolvía los fondos y ellos les devolvían los terrenos. En ese momento el INIA rechazó tal solicitud del Serviu y, por tanto, dicha institución interpuso una demanda en el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, en la que solicita el pago de 265.669 UF que es el monto total pagado. Además, pidieron indemnización de perjuicios y los intereses que se habían acumulado a tal fecha.
El INIA contestó a dicha demanda y, en estos momentos, están en conversaciones con el director del Serviu.
Expresa que el planteamiento que le han hecho es que están en condiciones -ante lo cual quedó de revisar los antecedentes con la ministra- de devolver las 265 mil UF, pero con un costo adicional al INIA, porque es al valor de la UF de hoy y no del año 2000, cuando nos hicieron el traspaso. En tal caso, sostiene, el Serviu les devolvería los terrenos.
Comenta que, dado el contexto donde se encuentra La Platina, es importante entender que no es posible realizar investigación en esos terrenos, pues las personas de las comunidades vecinas entran y se roban los productos. Y sucede que necesitan el total de los productos para los ensayos y para los resultados propios de la investigación. Por lo tanto, ya no es factible. Hace muchos años que no se realiza investigación en esos terrenos, por lo cual, las hacen en terrenos de los productores agrícolas.
Fondo Patrimonial. Agrega que de los pagos de la época, traducidos a pesos, entraron al INIA 5.663.501.000, los cuales fueron depositados en un fondo mutuo, con estrictas reglas de manejo establecidas por el consejo del INIA. Además, se estableció que, para cualquier uso del fondo patrimonial, se requería explícita autorización del consejo, considerando que tenían una situación complicada, en la cual, tal vez, el INIA tuviera que devolver los fondos.
Afirma que, cuando se crea el fondo patrimonial del INIA con fondos del Serviu, entran 5.663. Hoy, el capital final es de 4.478 y la disminución es de 1.184, que corresponde a usos reiterados del fondo patrimonial, tanto para indemnizaciones como para operaciones del INIA.
Señala que los usos del fondo patrimonial parten en 2003 y se pueden observar los últimos usos en 2009. Todos estos están con los Directores anteriores y los consejos del INIA. Agrega, que en el período 2004-2005, son anticipos para financiar operación del GTT. Por lo tanto, sostiene que en esa época, usaron un fondo patrimonial, un activo fijo, para financiar la ejecución de proyectos. En consecuencia, señala que eso es plata a fondo perdido.
Agrega que en 2005, hay dos usos para el convenio IICA, en que tuvieron que financiar fondos para dicha institución, los cuales se reintegraron al INIA.
Luego, hay usos para mejorar infraestructura, respecto de los cuales, como se establece en acta, para su aprobación, hay una exigencia de devolución. Indica que su gran mayoría no fue devuelta al fondo patrimonial, lo que lleva a la disminución significativa de casi 2 mil millones de pesos del fondo patrimonial.
Afirma que todos estos gastos fueron autorizados por el consejo del INIA de la época.
Proyectos que tiene hoy el INIA. El instituto realiza la mayoría de su investigación con fondos externos, como del Innova, del FNDR, del FIA, de la Subsecretaría de Agricultura y del Fondef.
Sostiene que al 30 de octubre, tienen una subejecución de 2.900.000.000 de pesos. Eso quiere decir que, de los fondos que han entrado al INIA desde las fuentes de financiamiento, según los plazos en los presupuestos y en las ejecuciones técnicas de los proyectos, debieran haber gastado 2.900.000.000, lo que a la fecha no han hecho, no porque no hayan entrado los recursos -porque han entrado-, sino por la bicicleta. El problema de la situación crítica del INIA es ésta. El INIA no ha hecho ninguna reinversión en sus infraestructuras ni equipamientos, porque no tiene los fondos.
Sostiene que no están manteniendo las condiciones básicas para llevar a cabo la investigación. Por lo tanto, el gran perdedor al final del día son los mismos agricultores, quienes no están recibiendo la transferencia de conocimientos ni de tecnología.
Proyectos acéfalos por despide de investigadores. El señor Donoso sostiene que cada proyecto asociado a las personas desvinculadas tienen profesionales reemplazantes. Indica que dichos proyectos están siendo ejecutados como corresponde. Señala que hay uno solo pendiente; de la investigadora Claudia Barrientos , que estaba con licencia, pero no había sido desvinculada, de manera que no podían solicitar un reemplazo. Ahora lo está siendo y sostiene que su reemplazo será designado inmediatamente.
Ahorro anual por despidos. Explica que los despidos no van a solventar el déficit actual. Indica que tienen un déficit anual que, en forma acumulada, llega a 5.600 millones en 2010.
Aclara que la desvinculación del personal que se hizo en septiembre implica un ahorro de 1.430 millones de pesos anuales, lo cual reduce el déficit anual de operación del INIA -no lo elimina- en más de 50 por ciento.
Costo de las desvinculaciones. El costo de la indemnización, que es por una sola vez, es de 2.100 millones de pesos, lo que incluye todas las leyes laborales, es decir, un mes por año de servicio, sin tope, para todos los contratados antes de 1981, con 11 meses de tope para los contratados después de ese año. Un mes de aviso, vacaciones proporcionales, aguinaldos, incentivos pendientes. Adicionalmente, indica que ofrecieron a 16 de los desvinculados, que tienen más de 59 años de edad, el depósito en sus AFP, por una sola vez, de las cotizaciones que habrían tenido hasta cumplir 65, para no perjudicar su jubilación posterior.
Desmantelación y privatización del INIA. Manifiesta que no están en la línea de desmantelar, cerrar ni privatizar el INIA. Aclara que están con un solo objetivo: potenciar la investigación, lograr que se haga una referida a las necesidades del agro en la actualidad, generando los conocimientos y las tecnologías que, posteriormente, puedan transferir a los agricultores.
Sobre la privatización del INIA, señala que, no tienen ninguna intención de hacerlo.
Abogados contratados con recursos del INIA. Respecto de la empresa de abogados que contrataron para la defensa de querellas que han interpuesto los sindicatos, éstos fueron presentados en el último consejo del INIA, el cual aprobó en forma unánime que se contratara asesoría legal para hacer frente a esas denuncias en los tribunales de justicia.
Google. El tema de Google, corresponde a una decisión que el INIA tomó hace dos meses en cuanto a modificar el sistema de correos electrónicos, dado que el servidor tenía diversos problemas. Indica que estaban haciendo análisis y cotizaciones para determinar el mejor sistema de correos electrónicos. Después de un análisis técnico, asesorado por gente externa, se optó por cambiar el sistema de correo electrónico al sistema Google, para lo cual se compraron las licencias necesarias. Así se migró todo el sistema de correo electrónico del INIA sin mayor dificultad o perjuicio para el personal.
El señor Donoso explica que para la contratación de estas licencias, se solicitaron cotizaciones, las que analizadas, se optó por las licencias con Google. Afirma que siguieron el procedimiento establecido para el INIA, que era como para cualquier negocio de esa naturaleza.
Multiplicación de semillas. Con relación al tema de la multiplicación de semillas, expresa que quedó acéfalo por la desvinculación del encargado de insumos tecnológicos, hoy ha asumido dicho cargo el señor Carlos Fuentes , que es una de las personas que trabajaba en la multiplicación de semillas y está manejando todos los contratos que teníamos y la proyección para 2011.
Por lo tanto, indica, que están proyectando con las semillas INIA, tal cual como se venía haciendo. También están cumpliendo con la planificación que tenía esa unidad para 2010 y 2011. A la vez, señala, que están avanzando en los contratos de multiplicación para contar con la semilla en la temporada correspondiente para su venta y distribución.
Destaca que no pretenden desmantelar las áreas de producción de semillas, más aún, siendo una de las áreas más valoradas por los agricultores que demandan variedades, a través de nuestras semillas.
Caso del señor Hugo Contreras , secretario técnico. Señala que se ha planteado que el director del INIA habría triplicado su asignación respecto al cargo anterior. Expresa que el secretario técnico anterior a Hugo Contreras , tenía una remuneración de 2 millones 15 mil pesos. Su remuneración actual es de 2 millones 400 mil pesos, en valor monetario. Explica que si hacen la comparación en términos de valor real, las remuneraciones son similares.
¿Por qué uno tiene la asignación más alta? Porque el sistema de sueldos del INIA beneficia por antigüedad y no por currículo, ni méritos académicos, ni metas alcanzadas. Por lo tanto, el actual secretario técnico entra con una remuneración más baja y, por ende, para llegar a una remuneración acorde con las responsabilidades similares al cargo anterior, tiene una asignación más alta.
Caso del señor Belfor Portilla . Indica que el señor Portilla cumplió 65 años y en el INIA hay retiros mandatorios a los 65 años. Por lo tanto, se le desvinculó por retiro mandatorio y no por otras razones.
Caso señor Gonzalo Cortés . Afirma que el señor Cortés entra en el cargo de gestión tecnológica. A través de los años, el INIA ha generado muchas tecnologías que no son fácilmente transferibles a los agricultores, para lo cual se necesita la generación de un producto que pueda ser transferido, por ejemplo, los biopesticidas. Agrega que el INIA investiga. Encuentra un biopesticida. Tienen el ingrediente activo; saben cómo actúa y qué controla, pero, para transferirlo, deben tener un producto, y en su generación hay un proceso llamado empaquetamiento tecnológico, el cual INIA no ha realizado. Haciendo un levantamiento rápido, el INIA tiene muchas tecnologías que, con un buen empaquetamiento tecnológico, pueden ser transferidos.
El señor Gonzalo Cortés , que tenía funciones similares en la Universidad de Chile, asume ese rol en el INIA, cargo que antes no existía.
El señor José María Peralta , asume el cargo de coordinador de investigación, que gana por concurso. Ese cargo estaba vacante hacía más de 6 años. Las personas comparan el cargo y las remuneraciones de José María Peralta con las del señor Ernesto Labra , que actuaba como subdirector de investigación interino del INIA.
Respecto del señor Peralta , señala, recibía una remuneración de subdirector de investigaciones en Carillanca, y para traerlo a Santiago se le agregó una asignación de cargo que corresponde a la responsabilidad de coordinador nacional de investigación, lo que aumenta su sueldo con respecto al que tenía en Carillanca, pero lo deja con un sueldo acorde a las responsabilidades del cargo.
Respecto del caso de la señora Viviana Barahona sostiene que era directora del CRI Raihuen.
Señala que cuando se comenzaron a tomar las medidas de ajuste para lograr eficiencia, se pidió a la señora Barahona que dejara la dirección del Centro Regional, pues tomarían dos centros regionales pequeños manejados por una sola dirección. En el cargo de director de Rayentué y de Raihuen, en la Sexta Región, asumió el profesional Nilo Covacevich .
Sostiene que el INIA tenía contemplado concursar centros de transferencia tecnológica y extensión. Hoy se han asignado tres centros de ese tipo para que comiencen a ser ejecutados. Se le solicitó a la señora Barahona que presentara un proyecto para el secano costero. Eso significa elaborar un proyecto y presentarlo al concurso interno. Lo hizo, pero, lamentablemente, no fue priorizado y, por lo tanto, no obtuvo el financiamiento. No se le ofreció una dirección de extensión, pues no existe.
La señora Viviana Barahona tenía desde hace bastante tiempo, su trabajo y vivienda en Cauquenes donde vivía con su marido. Ella viajaba constantemente a Villa Alegre para ejercer la dirección del CRI Raihuen. Le solicitaron que dejara la dirección, que elaborara un proyecto para el Centro de Transferencia Tecnológica y Extensión, ya que tiene mayor habilidad para eso que para investigación, lo cual aceptó. Sin embargo, agrega, su proyecto no fue priorizado.
2.900 millones de pesos sin ejecutar. El señor Donoso responde señala que los fondos de estas fuentes de financiamiento sólo se pueden gastar en lo que está mandatado de acuerdo a lo que se consiguió.
Aclara que si toma los proyectos que, en su acuerdo técnico, tienen un cronograma de ejecución -lo cual lleva asociado un cronograma de presupuesto de gasto-, a la fecha de hoy, debería haberse ejecutado, por ejemplo, el ciento por ciento. Para financiarlo, entran los recursos de las fuentes de financiamiento. Hoy día, no se han ejecutado 2.900 millones, por lo que ha planteado como la bicicleta. Entra un proyecto; esa plata va a cubrir otros compromisos prioritarios y, cuando entren otros fondos, se traspasan de nuevo al proyecto. Cada plata que entra se gasta en cosas prioritarias, y cuando entra más platas, se asignan al proyecto.
Para ejecutar el proyecto, entra un fondo, pero como el INIA está deficitario, dicho fondo se gasta, inicialmente, en otras prioridades, porque entran más platas de las que se van a ejecutar inmediatamente, con miras a que, cuando entren otros proyectos, se financie y se devuelvan las platas a ese proyecto.
En consecuencia, termina, si hoy día se cierran los proyectos y le piden rendir cuenta de las platas que les entregaron, podrían dar cuenta de todo, menos de 2.900 millones, que no han ejecutado, lo que significaría que el INIA tendría que devolver ese monto a las fuentes.
3.- Federación Nacional de Empleados del INIA.
Maltrato laboral y falta de credibilidad del Director Nacional. La Federación Nacional de Empleados del INIA, por intermedio de su Presidente señor Alfonso Valenzuela Solar , y de su abogado, señor Mauricio Daza Carrasco , sostuvieron que al interior del INIA existe maltrato laboral y que eso ha generado temor e inestabilidad en el trabajo. Esto ha sido causado por el Director Nacional y la forma como está conduciendo el instituto. Indican que se han despedido a trabajadores con más de 40 años de trayectoria y que fueron sacados de sus puestos de trabajo como si fueran delincuentes, todo bajo pretexto, indican, de que el INIA está viviendo una situación financiera compleja.
Afirman que la autoridad ya no tiene credibilidad ante sus trabajadores.
Externalización y privatización del INIA. Anuncian que el Director pretende despedir a los trabajadores, indemnizarlos y luego, recontratarlos por menos sueldo. También pretende externalizar todos los servicios que no tengan que ver con investigación, tales como casino, auxiliares y portería. Además quiere privatizar todo lo que es laboratorio de servicios y producción de semillas. Que para hacer estos cambios, sostienen, cuenta con el apoyo del Consejo y del Ministro de Agricultura .
Irregularidades en contrataciones y asignaciones. Sostienen que se han cometido irregularidades como es contratar personal de confianza que el Director ha introducido en forma arbitraria y sin facultades para hacerlo, además pagándoles sobresueldos, como es el caso del señor Hugo Contreras Gómez , Secretario Técnico que estaría ganando cerca de $ 2.500.000, entre sueldo bruto y asignaciones que el Director le ha dado sin explicación alguna y, además, en forma retroactiva (2 meses anteriores). Otro tanto, ocurre con el señor José María Peralta , Coordinador Nacional, que también se ha visto beneficiado por una “asignación de cargo” o sobresueldo dado arbitrariamente por el Director. Finalmente Gonzalo Cortés, Gestor Tecnológico , también se le paga una asignación de cargo, además del sueldo.
Proyectos acéfalos y modificación unilateral de los contratos de trabajo. Preocupa la idea del señor Director de querer modificar unilateralmente los contratos de trabajo, como también el hecho de que hay muchos proyectos que, hoy día, han quedado acéfalos y no han visto que eso se haya resuelto. Hoy los proyectos se acumulan sin que nadie los atienda, ni menos los ejecuten. Uno de los profesionales despedidos es Carlos Muñoz quien se acababa de adjudicar dos proyectos millonarios en mejoramiento de cerezos. La razón del despido de estos investigadores sería que habían obtenido una nota bajo 4,0 en un ranking nacional que se habría hecho.
Despidos con fines de ahorro. Se han despedido cerca del 10 a 12% de los trabajadores del INIA, que en suma hacen unas 73 personas, de los cuales 39 son profesionales y, dentro de ellos, 29 son investigadores, de los cuales 14 son Doctores, 12 tienen Maestría y 3 tienen Diplomado. Estos despidos no han tenido una razón aparente salvo el ahorro de $ 1.373 millones anuales en planillas de sueldo.
Perversión en la forma de los despidos. La forma como han sido desvinculados ha sido en algunos casos perversa como ocurrió con la Directora Viviana Barahona a quien el Director le ofreció hacerse cargo de un centro de transferencia en Cauquenes, oferta que la señora Barahona aceptó porque eso le significaba estar más cerca de su marido que tiene cáncer y de sus hijos. El caso es que, poco tiempo después de instalada en Cauquenes, es despedida sin razón ni explicación alguna por el señor Donoso .
Despidos sin finiquito. Otra irregularidad es que los trabajadores han sido despedidos sin que se les haya finiquitado, es decir, no se les ha pagado sus derechos laborales como tampoco se les ha adjuntado el comprobante del pago de sus imposiciones. Han dejado al instituto sin un peso, y de esto, ha pasado más de un mes. No es efectivo, por tanto, lo sostenido por el Director en sentido que se han pagado indemnizaciones, en promedio, de 52 millones para los profesionales y de 22 millones para los no profesionales.
Créditos bancarios. Están en conocimiento que el INIA está sin recursos y que el Director piensa acudir a la Banca lo que no es posible, ni aún con la venia del Consejo, pues la ley de presupuesto indica que no lo puede hacer, salvo autorización de hacienda.
Desvío de fondos públicos. Los fondos públicos que el INIA adquiere mediante los concursos de investigación, que son dineros que están afectos al desarrollo de determinados proyectos, son utilizados para fines distintos, como son los despidos de los mismos investigadores o para pagar asignaciones especiales a trabajadores de confianza. Esto constituye, según indican, un desvío de fondos públicos.
Desmantelamiento del INIA. El desmantelar en los hechos al INIA, en lo que a producción y mejoramiento de semillas se refiere, genera un alto riesgo de que, empresas internacionales, tomen dichas semillas las inscriban internacionalmente y después cobren un royalty por su utilización en Chile. También descabezó los grupos de transferencia tecnológica.
Todo indicaría que los despidos masivos de los investigadores, en menos de dos meses de asumido este nuevo Director, más bien apuntan a desmantelar proyectos millonarios adjudicados por ellos, que a cualquier otra razón esgrimida por el señor Donoso , como podría ser la mala evaluación de los profesionales, que, dicho sea de paso, se hizo entre personas desconocidas entre cuatro paredes y sin la posibilidad de reclamo siquiera.
La Platina. INIA sería dueño de un predio de nombre La Platina, que está en litigio, donde el Serviu reclama la restitución del dinero que el INIA habría percibido en virtud de un contrato de promesa de compraventa. La suma reclamada por el Serviu es de 265.669 UF. Esta suma está depositada como un fondo que no ha sido tocado por las administraciones pasadas. Estos dineros no se pueden tocar sin la autorización del Consejo y éste, históricamente, nunca ha dado dicha autorización. Sería prudente ver que ha pasado con este fondo.
En la sesión de Comisión del martes 16 de noviembre señalaron que los despidos significaron 1.400 millones de pesos para el INIA. Al respecto, le preguntaron al Director Nacional cuál era el número de personas que debían despedir para tener las cifras en azul, pero la respuesta fue que no tenía la cifra, de manera que se lo preguntaron en términos de recursos: y les dijo que eran 2 mil millones, los cuales se desglosan en 800 ó 900 millones de pesos correspondientes a retiros mandatorios, que son las personas que cumplen 65 años; a retiros voluntarios, que son personas que manifiestan su deseo de irse del INIA, pero si son necesarios para la institución no se pueden ir y cuyo costo de retiro sería de unos 100 ó 200 millones de pesos. Por lo tanto, hay una diferencia de aproximadamente 900 a 1.000 millones de pesos que sí va a ser cubierta con el despido de trabajadores.
Le plantearon al Director Nacional que no estaban de acuerdo con la situación. Le solicitaron otra reunión para una semana más con todos los dirigentes nacionales para comentar lo conversado a lo que el Director Nacional respondió que les iba hacer llegar el acta. Sostienen que cuando les mandó el acta, colocó al final de la nota que les solicitaba indicar si el relato contenía todo lo conversado y, en principio, lo acordado.
Expresan que el documento mencionado fue enviado por el Director Nacional el sábado en la noche, por lo que decidieron responder el lunes, señalando los aspectos en los que no estaban de acuerdo.
¿Qué pasó ese lunes en los CRI? Afirman que estaban redactando la respuesta cuando los llaman a una reunión el Director de Quilamapu . Llegan allá y ven que en la pantalla dice: infórmese de los acuerdos establecidos entre el director nacional y los sindicatos, en circunstancias que, los sindicatos no habían tenido tiempo de enviarle sus diferencias respecto a la forma de redactar un texto. Más encima, agregan, lo que constituye una práctica antisindical, el Director Nacional tiene la facultad de consultar a sus directores regionales respecto de qué opinan de lo conversado.
Expresan que la gravedad de la situación estaría en que el Director Regional cita a los 130 funcionarios de Quilamapu y después de escucharlo un rato deciden retirarse de la reunión para manifestar su molestia.
¿De qué confianza estamos hablando? Sostienen que ellos de todas maneras van a ir a la reunión del día 22 y le van a decir que le mandaron una carta respuesta donde le manifiestan que no están de acuerdo con lo expresado.
Enfatiza que están desenvolviéndose en una situación de lucha. Los trabajadores están muy angustiados ante esta incertidumbre y lo peor es lo que han dicho aquí varias personas en el sentido de que la solución al problema del INIA pasa por despedir personas. Parece ser que la única solución para que el INIA siga funcionado es despedir funcionarios.
4.- Señor Claudio Ortiz Rojas, ex integrante del Consejo Directivo de INIA, en 1999, época en que se hizo la promesa de venta de una parte de La Platina al Ministerio de Vivienda.
Del Fondo Patrimonial y del Consejo del INIA. El señor Ortiz, don Claudio , afirma haber sido invitado para referirse al fondo patrimonial del INIA. Sostiene que fue invitado por el Ministerio de Agricultura, encabezado por el señor Ángel Sartori , para integrar el primer consejo público del Instituto de Investigación Agropecuaria, en el año 1999, en representación del Colegio de Ingenieros Agrónomos, que presidía.
Indica que el consejo estaba compuesto por el Director de Indap, el Director de la Odepa , el Ministro de Agricultura , el Director del INIA, que en ese entonces era Francisco González Del Rio ; un representante de las universidades, el señor Silva Genneville ; un representante de la SNA, el señor Haeussler, y dos representantes de organizaciones de pequeños productores y campesinos, uno de ellos era Manuel Peñailillo ; el nombre de la otra persona no lo recuerda.
Sostiene que cada uno o dos años se renovaba parcialmente el consejo. Se renovaba el representante de los agrónomos y el de los pequeños productores, y quedaban estables los directores de servicio. Afirma que Guillermo Donoso debe haber entrado bastante después.
El consejo sesionaba dos o tres veces al año, por tanto, señala que los que no estaban relacionados con la institución tenían muy poca información. Sostiene que él era representante de un gremio, no era funcionario del INIA, ni del Ministerio de Agricultura, ni del sector público, sino de una empresa privada.
Sostiene que cuando se confeccionó el reglamento del fondo, el Director Nacional de esa época, señor Francisco González Del Río, le dio la posibilidad de ver el borrador y de hacer sugerencias para mejorarlo. Ahí salió un primer reglamento que se aprobó en el año 2000. Luego se mejoró, y en el año 2002 se le hicieron modificaciones para acotar los instrumentos de colocación y la forma de administración.
Dicho fondo se integraba con los recursos de las ventas de patrimonio del INIA, de cualquier tipo, con los intereses y reajustes que éstos generaban, con donaciones de terceros -lo dice en una cláusula- y con otros recursos que pudieran integrarlo. En cuanto al uso, afirma que estaba permitido para su administración utilizar los intereses, como máximo, y para proyectos específicos que fuesen de carácter patrimonial. Básicamente fue ese el sentido del patrimonio, expresó.
Sostiene que respecto de la operación entre el Serviu y el INIA no tiene mayor información acerca de los detalles. Pero, que hay dos personas que deberían tener información, que es la persona que estaba a cargo de la negociación, que fue a las reuniones y que explicó la venta de terrenos de La Platina al Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Indica que el objetivo era, en el mediano plazo -de esa época-, trasladar el zoológico del Parque Metropolitano a terrenos de la parte posterior de La Platina. Es decir, pasar de 20 hectáreas del terreno actual del zoológico, a 180. La idea era hacer un parque zoológico más que un zoológico reducido, como actualmente está en el cerro San Cristóbal .
Las personas que más tenían relación con ello eran el abogado fiscal del INIA, señor Justiniano -es abogado hasta el día de hoy-, y el señor Belfor Portilla , quien hacía las negociaciones y que fue quien nos explicó el esquema de la operación, en el sentido de que había unos pagos en el tiempo que estaban supeditados a los cambios de uso de suelo, pues La Platina está en el centro de la ciudad, pero está calificada como suelo agrícola. Esto implicó todo un proceso de cambio de uso de suelo -aunque se tratara de un parque-, que pasaba por el tema del plan de desarrollo metropolitano de la Región Metropolitana, con el Serviu y con todos los instrumentos involucrados. Además, había una promesa, para la cual había un calendario de pagos, algunos de los cuales se efectuaron y luego fueron a integrar el fondo patrimonial. Pero los cambios de uso de suelo estaban en sus trámites.
De esa manera, sostuvo, se integró principalmente el fondo, y con algunas ventas de activos, que normalmente se están haciendo.
Precisó que fue consejero hasta inicios del año 2003 y que se preocuparon mucho, junto al director de la época, de que la administración del fondo fuese segura y que todos los acuerdos pasaran por el consejo, aunque técnicamente es el directorio quien debería aprobar su uso, su aplicación y que se cumplieran sus objetivos.
Aclara que los dineros producto de la promesa de venta de La Platina ingresaron físicamente al fondo, pues había un calendario de pagos: desde la firma de la promesa hasta que se terminaran los cambios de uso de suelo y, por ende, se pudiera completar el acuerdo.
Ahora están en un juicio; como esta situación del zoológico no se cambió por decisión de Gobierno, eso quedó paralizado. El alcalde con el concejo no dieron la aprobación para hacer el cambio de uso de suelo.
Respecto de la visión del INIA el señor Ortiz , sostiene que en las instituciones, sobre todo en las de investigación y en las que tienen un “status” no de servicio público o de empresa privada propiamente tal, ha habido una evolución desde la década de los ochenta en adelante, de pasar de programas abiertos de investigaciones, que son de largo aliento y con fondos de disponibilidad para muchas cosas, a lo que es la investigación contra proyecto.
Afirma que la segunda variable es la investigación concursable, en que hay terceros que llaman y uno participa y se integra con las universidades.
De la década de los noventa en adelante, pasar de programas a proyectos fue siendo una realidad, por lo cual una parte importante de los presupuestos de esta institución cada vez son más dependientes de los recursos que ingresan por recursos públicos o por los convenios con empresas privadas y empresas internacionales.
Eso era una realidad en esa época. Sin embargo, la investigación por sí misma no es financiable con el solo concurso de proyectos, y requiere programas de largo aliento.
Cuando hay generación de tecnología, no sólo traspaso de tecnología, uno requiere horizontes largos -en algunos casos no tanto-, y para ello se precisa de un “core budget”, o un presupuesto básico mínimo que mantenga la operación de investigación en el largo plazo.
La realidad en el INIA es que éste tiene mucho patrimonio, que no todo lo usa en investigación. Eso consume recursos de la investigación.
Sostiene que en la historia del INIA ha sido muy difícil separar lo que es investigación de lo que es transferencia y de lo que es producción agropecuaria, ya sea en insumos tecnológicos, como son las semillas, o en producción propiamente tal, como es la carne, la leche, los vinos, la fruta, el trigo y las semillas.
Entonces, cuando ocurre esto se requiere un sistema administrativo financiero bastante potente, en el sentido de que permita permear toda la institución y hacer las separaciones, de tal forma que no haya trasvasije de recursos de un lado para otro.
Personal contratado para proyectos específicos ingresan posteriormente a la planta del INIA. Expresa que hay una serie de legislaciones a las cuales están afectos todos los trabajadores de este país en las distintas formas, que permiten que cuando se obtiene un proyecto, que de suyo es finito, debe haber contratación de personal. Pero ocurre que por la forma y por los acuerdos, ese personal ingresa a la planta, aunque el proyecto no dure más allá de un año, y queda ahí. Y después, del mismo modo, se ingresa a otro personal.
Siempre ha habido déficit. Afirma que si se revisan las actas del consejo, se comprobará que siempre hay déficit. Sostiene que ese déficit lo conoce desde esa época y es casi estructural, constitucional a la operación. Pero eso es así porque hay que hacer conversar los proyectos con la administración financiera y la administración de personal, etcétera.
Uso de fondo patrimonial. Expresa que -a los dos años desde que estuvo en el consejo- hubo que pedir un préstamo de una cantidad importante al fondo patrimonial para hacer las desvinculaciones, con el compromiso de que se devolviera al fondo. Indica que no sabe si esos recursos se devolvieron, porque el ya no estaba.
Señala que esto le pasa a las universidades y a todos los institutos de investigación que conoce en América. Y es porque ha habido una evolución en el sentido de pasar del financiamiento directo público dirigido a programas, a proyectos concursables. Sostiene que hay que buscar un equilibrio.
Bienes que constituyen el Fondo Patrimonial. Aclara el señor Ortiz que el fondo se constituye por todas las ventas de patrimonio, las donaciones y otros. De hecho, afirma que en esa época el INIA tenía una estación experimental frente a la playa de Los Vilos. Se vendió una parte y luego se vendió todo, porque hay un puerto. Ahora está lleno de eucaliptus y se ve bonito, pero -sostiene- no tenía nada que hacer una estación experimental frente a la playa. Pudo ser un muy buen centro turístico, pero no hacía investigación; la hacía en otro lugar.
Ahora, como este acuerdo era de un monto mayor, había que hacer un fondo patrimonial, por lo que se incorporaron todas las formas de ingresar.
Compromiso de no usar el Fondo Patrimonial. Señala que quienes representaban al sector profesional y privado, con la Sociedad Nacional de Agricultura, quienes eran los otros directores, y la universidad, se preocuparon que el fondo no se usara. De hecho, durante los primeros años no se utilizó nada. Sí se prestó, para una operación y hubo un compromiso de devolver en cómodas cuotas trimestrales durante un período. Sostiene que está en las actas. Indica que durante el tiempo que fue consejero se encargó personalmente de que no ocurriera y sólo se permitió el uso de los intereses anuales para administración.
Sobre el financiamiento del INIA. Afirma que una institución de investigación necesita un presupuesto básico para su “staff” de investigación, cualquiera que sea y en la época que sea. El resto se concursa con la dinámica de los concursos de proyectos, tanto de fondos nacionales como internacionales, que el INIA tiene. Dichos fondos no son incompatibles, señala.
Sobre la Producción del INIA. Sostiene el señor Ortiz , que la producción enrarece las cosas porque, por ejemplo, se puede tener una lechería de 500 vacas, pero para investigación no se necesitan 500 vacas. En caprinos se usan 4, 5 ó 10 y se hace una investigación perfecta. Sin embargo, alguien dice: “No, pero el resto de los animales van a producir ingresos.” Y viceversa: “Si hay problemas en la producción, la investigación va a otorgar recursos.” Por lo tanto, es muy bueno separar las cosas. Ahí hay un patrimonio inmenso que se podría vender, lo que ayudaría al déficit. De hecho, La Platina está en el corazón de Santiago.
Malas decisiones administrativas. Todos los ministros cuando asumen traen ideas nuevas, por ejemplo, la creación de centros como Raihuén y Rayentué sin aportes nuevos del Estado. Entonces, esos 7 mil millones de pesos que el INIA tenía como aporte del Estado en los años 2004 al 2006 no fueron engrosados por el Gobierno de turno, sino que se pidió que se crearan turnos y con ello apareció otro Director, un Subdirector de Administración y Finanzas, contadores, etcétera. Es decir, se contrató gente y el costo al final lo está pagando el INIA en general.
Sostiene que Raihuén se creó en el año 2004. Agrega que después, en 2006, se creó Rayentué, el que se instaló a costa de los aportes que se hacían a La Platina, por lo que se desviaron muchos recursos.
Otro ejemplo fue cuando un Director de turno -no recuerda su nombre- en su oficina en la calle Fidel Oteíza , donde está la Dirección Nacional, le molestaba un pilar del edificio y lo hizo sacar, pero resultó ser el pilar base del edificio. A raíz de ello, el INIA tuvo que comprar el piso de arriba para que no prosperara una demanda en contra de la institución.
Guillermo Donoso conocía mal estado de los negocios del INIA antes de asumir. Explicó que cuando el señor Donoso fue nombrado Director Nacional , dijo que fue una mala administración la que ha creado este hoyo, y resulta que él fue parte del Consejo del INIA por muchos años, el cual es el mandante superior del Director, y estuvo de acuerdo en todos los buenos y malos negocios o toma de decisiones que se han hecho en el INIA.
Promesas no cumplidas. Sostiene que el Director del INIA ofreció retiros voluntarios a la gente que tuviera entre 60 y 65 años, en circunstancia que el instituto no tiene esa plata.
Hay gente que está entre los 60 y 65 años y la que se está yendo por retiros mandatorios pendientes y los que les corresponden ahora, creen que el INIA va a colapsar. O sea, las secretarias no tienen cómo trabajar. En La Platina hay dos secretarias que tuvieron que asumir y ni siquiera se les dijo que les va a tocar más trabajo.
Bienestar tiene un convenio con la Fundación Arturo López Pérez, que pagan de su bolsillo un aporte, agrega que no se está cumpliendo, porque echaron al jefe y a la secretaria. Además, echaron al jefe de Prevención y Riesgos , ante lo cual, como presidente del sindicato, tuvo que ir a la Inspección del Trabajo y presentar una denuncia en contra del INIA, porque la ley dice que el instituto no puede trabajar sin un experto en prevención y riesgos. Por ello, fue una inspectora y está cursando una multa.
El Director Nacional tomó esas decisiones que llevaron a que hoy la gente no esté trabajando; lo está haciendo muy mal A nivel nacional, las licencias en el INIA son muy complicadas. Hay gente que no puede dormir.
5.- Señor Patricio Hinrichsen, en representación de la señora Marlene Rosales, delegada de los profesionales en La Platina.
El señor Hinrichsen afirma ser investigador y trabajar hace 18 años en La Platina.
De las desvinculaciones. Afirma que el proceso de desvinculaciones en lo personal y a su equipo les ha afectado muy seriamente. Han perdido a personas muy importantes para su devenir en el ámbito de la captación de recursos vía proyectos concursales.
El actual escenario que se presenta como la salvación del INIA, partiendo por poner los números en azules, es desde nuestro punto de vista un poco ilusorio, considerando lo que significa la dinámica de un proceso de investigación. Ocurre que ésta es una dinámica, es un elástico y, en la medida en que se van consiguiendo proyectos, hay que ir incorporando gente. Eso tiene un costo; hay gastos que hacer. Muchas veces hay que ir creciendo. Muchos de nuestros trabajos son de investigación de punta. Estamos hablando de ingeniería genética, de nanotecnología y de muchas aplicaciones distintas. Hay que estar renovando equipos permanentemente. Por ello, inevitablemente, hay que estar en una dinámica de inversión y de búsqueda de recursos. Eso es algo que tiene que manejar la dirección de un instituto como éste, tal como si fuese una facultad o una universidad entera. Ése es un concepto que en este minuto no veo.
Sostiene que como investigadores han visto que en este proceso de desvinculación se ha puesto la carreta delante de los bueyes, porque ahora, después de que la gente está desvinculada, nos están proponiendo una serie de planes y nos están invitando; hemos sido invitados por el Director Nacional. Ahora, él nos está pidiendo información. Pregunto: ¿no será un poco tarde?
Forma de los despidos. Ahora bien, del porcentaje de personas desvinculadas de INIA, muchas estaban en edad o próximas a pasar a retiro. Pero el proceso y la forma fueron absolutamente inesperados y sorprendentes. Es posible que una persona que ha trabajado 35 ó 40 años tenga sus pecadillos, indica, pero es gente que uno sabe que ha hecho sus mejores esfuerzos por desarrollar sus programas, tengan más o menos capacidad. Eso lo tendrá que evaluar la historia o sus publicaciones. Pero que se les diga, de un día para otro: “Usted, señor, ya no trabaja más con nosotros, tiene dos horas para sacar sus cosas de la oficina, y preocúpese porque hoy en la tarde ya no tiene correo electrónico”, en un ámbito como la investigación, en que uno vive de sus contactos nacionales e internacionales, no dejó de ser una situación bastante incómoda.
Señala que se ha desvinculado a personas que eran claves en la ejecución, dirección y gestión. Esta interfase, que cuesta años construir, que es la relación no sólo con otros investigadores, sino que es una relación múltiple, es una relación con los fondos, es una relación de confianza, es una relación con el mundo productivo, con los consorcios, que están de moda en este minuto.
Indica que quienes trabajan en el INIA se caracterizan por tener la camiseta sumamente puesta. De hecho, en muchas ocasiones han recibido ofertas de trabajo, a veces con sueldos jugosos, del sector privado o de otras instituciones de investigación, pero no les ha importado permanecer en la institución a pesar de ganar un sueldo menor, porque la dinámica del trabajo es una cuestión muy rica. Sin embargo -agrega-, eso ocurría antes, porque en este momento el clima laboral está muy delicado, debido a lo cual mucha gente no sabe qué hacer, por ejemplo, si participar o no de esta propuesta, porque no saben qué es lo que va a pasar en un par de semanas más.
Proyectos descabezados. Se dice: “Debe haber un error. Debe ser un alcance de nombres, no pueden haber echado a tal persona. ¿Cómo van a echar a esa persona si está dirigiendo un proyecto y es un proyecto que está recién aprobado y que todavía tiene que echarse a andar? O sea, ni siquiera está andando. Entonces, ¿cómo lo van a hacer?”
Explica que quienes han quedado dentro les han citado a reuniones en varias oportunidades, porque tienen cierta versatilidad y de alguna forma van a intentar buscar la forma de recomponerlos. Sin embargo, indica, hay algunos casos específicos en los que será muy difícil enmendar la situación.
Al mismo tiempo, indica, resulta curioso que se diga que no se va a traer más gente, en circunstancias de que al menos en La Platina hay una persona nueva, probablemente contratada a honorarios, la que de alguna forma viene a reemplazar en parte las actividades que desarrollaba uno de funcionarios que fue desvinculado.
Trabajo particulares de los investigadores. El otro concepto tiene que ver con los trabajos a particulares que desarrollan algunos investigadores, lo que ha sido un tema muy polémico, incluso, entre ellos, sostiene.
Al respecto, comenta que hay dos conceptos principales, uno de los cuales señala que eso es fundamental, porque les sirve para mantener el pulso de lo que está ocurriendo en el medio productivo, de modo que no se debe considerar como un aprovechamiento del sistema, que sería efectivamente el otro concepto, ya que no se están usando recursos institucionales, pues la gente que realiza esos trabajos lo hace principalmente los fines de semana. Por lo tanto, al agregar esos dos conceptos, no habría inconvenientes, puesto que se crea una ventana para estar vinculado con el medio.
Expresa que producto de ello, hay un grupo de investigadores a los que en estos momentos los consideran líderes de grupo, situación que los tiene sobrecargados de trabajo, pues están pidiendo que los hagan cargo de tal o cual situación que dejó determinada persona, lo que no es un tema menor.
¿Cuánto se demora un investigador en formarse después de que hace su doctorado o incluso después de que hace uno o dos posdoctorados, como ocurre algunas veces? Una persona que termina su carrera y hace su posgrado en cinco o siete años y luego estudia otro poco más, para especializarse, recién está empezando su carrera de investigador, según lo que se considera hoy.
Sostiene que desde que termina su posgrado, se necesitan mínimo entre cinco y diez años más para que una persona esté madura y en condiciones de presentar proyectos con un éxito mínimo promedio, porque de eso se trata; no es que alguien se gane un proyecto ocasionalmente. Expresa que ellos viven de estos proyectos, por lo que deben ir con uno detrás de otro. Incluso deben ir haciendo los cálculos necesarios para encadenarlos de la forma más racional posible. Indica que tienen un tiempo máximo.
Las desvinculaciones masivas perjudican al INIA. Menciona que si Chile quiere ser potencia en esta área debe comenzar imitando los buenos ejemplos que dan otros países. En ese sentido, señala que una persona dedicada a la investigación a los 65 años está, en muchos casos, en el peak de su madurez como profesional, pero en otros casos no. Entonces, la desvinculación de estas personas es una situación que debe ser evaluada caso a caso, y de ser desvinculada de la institución se deben conseguir los recursos para mantenerlos pensando y generando ideas que alimenten a la gente más joven, que son los ejecutores.
Sostiene que ése es el esquema que trataron de implementar y de armonizar en sus equipos de trabajo, al menos en La Platina y entiende que en otros centros regionales de investigación, CRI, sucede lo mismo.
Renovación de investigadores. Agrega que el actual Director señala que el INIA está muy viejo en términos de la edad de su gente. Efectivamente, señala que están todos conscientes de esa situación, pero se viene trabajando en eso desde hace varios años. Se ha dado de baja a los mayores, esperando un par de años para cubrir el pago de sus finiquitos y luego se presenta la posibilidad de incorporar a un profesional más joven. Eso ha costado, pero se ha estado haciendo, tanto es así que si uno revisa el promedio de edad de los funcionarios de La Platina en los últimos diez años comprobará que ha bajado bastante, porque se han incorporado, haciendo uso de nuevas fuentes de financiamiento, como el Fondecyt, una serie de posdoctorantes, gente que tiene 30 ó 35 años y que está empezando su carrera.
Sostiene que algo de eso se venía haciendo en las últimas 2 ó 3 administraciones, por lo que tampoco es novedoso para nosotros ese concepto. El problema es cómo financiarlo.
¿Se encuentra en crisis el INIA? La verdad es que una institución de investigación es una institución viva que tiene que saber manejar las crisis, adaptarse permanentemente a los cambios, a las nuevas demandas. Afirma que sí están en crisis, porque tienen que estar en crisis si queremos ser una institución viva. A su juicio, la crisis no es un concepto que sea muy importante para tomar decisiones.
6.- Señora Virginia Aguilar , Presidenta del Sindicato N° 3 del INIA.
¿Por qué se iba a vender La Platina? Afirma que su venta se iba a producir especialmente porque estaban empezando a rodearse de poblaciones y se entraban a robar los ensayos, de manera que ya no se podía hacer ensayos internacionales, que son grandes, puesto que se robaban todo el maíz. Por lo tanto, sostiene que hacía falta tener un campo en otro lugar que no fuera tan urbano, para desarrollar los ensayos de investigación que tenían que hacer en esa época.
Sostiene que en esa época se decía que no iba a haber despidos y que el dinero de la venta iba a ser ocupada en el INIA o en La Platina, para aumentar los recursos de infraestructura, mejorar los laboratorios, las luces, etcétera, de modo que prácticamente iba a quedar todo ahí. Indica que respecto de un cierto porcentaje no sabían qué iba a pasar, pero sabían que una parte iba a quedar en La Platina.
Trabajos particulares de los investigadores del INIA. Otro tema es que si las personas que fueron despedidas realizaban trabajos particulares en horarios de INIA y si pasaban boletas que iban a sus propios bolsillos. Explica que no tienen claro si la gente que fue despedida realizaba este tipo de trabajos. Era posible que alguno lo hiciera en forma particular y fuera del horario de trabajo en fin de semana.
El hecho de que se diga que los profesionales del INIA realizaban trabajos particulares no fue la razón de los despidos, porque en el instituto no hay nadie que haya dicho: “Señor, usted está haciendo un trabajo particular. Usted no lo puede hacer”. No se manifestó ninguna advertencia tendiente a propagar la información de que aquello no se podía hacer.
7.- Señor Belfor Portilla , ex jefe nacional de semillas INIA .
Sostiene que existen 109 variedades de trigo y todas las demás, como las leguminosas de grano; las únicas variedades que consumen los chilenos en frejol, lenteja y garbanzo han sido generadas por el INIA. Se incluyen también las únicas variedades de arroz y de leguminosas de grano.
¿Qué ha significado esta labor de larga data en términos de impacto en el sector productivo? Señala que en definitiva, no interesa que el INIA deje documentos en los cajones de los investigadores. Lo que interesa es que las variedades lleguen al surco del agricultor. Ahí se cumple la misión del INIA.
Sostiene que este transitar de las variedades a través de las semillas, porque la semilla es la portadora de la genética, al surco del agricultor ha tenido este resultado en los 36 años. Es decir, los rendimientos agropecuarios se han incrementado y, en algunos casos, triplicado.
Los semilleros del INIA, así como algunos agricultores de punta de la zona sur, están sacando sobre 100 quintales. Esto significa que son variedades de alto rendimiento potencial.
Ustedes pueden imaginar lo que ha quedado durante estos 36 años en manos de los agricultores, a quienes les ha tocado luchar contra ciclos de precios, ciclos con problemas, con apertura, etcétera. Sólo por la vía del incremento de los rendimientos hay una masa gigantesca de plata que ha quedado gradualmente en manos de los agricultores. Por eso se dice que la inversión en tecnología es de las más rentables inversiones sociales que hace el Estado.
En el corto plazo, en los últimos 10 años también los rendimientos han ido incrementándose con menores diferenciales, pero sigue la tendencia, porque el trabajo de los fitomejoradores no se detiene.
¿Cuál es la participación del INIA en el mercado de semillas certificadas? Expresa que esto es extraordinariamente importante porque cualquier cambio que piense hacer la actual administración del INIA toca una situación sumamente sensible.
Sostiene que la producción del INIA en el mercado de semillas certificadas corresponde al 45 por ciento; 30 por ciento en los trigos blancos y 98 por ciento en los trigos para hacer pastas. Le sigue una gran empresa con quien han tenido larga data de trabajo, que es Semillas Baer, con la que tienen una oferta complementaria, pues han desarrollado un exitoso trabajo armónico, complementario, con cierta competencia, pero también muy unidos en la lucha contra los piratas. En menor medida le sigue Anasac. Afirma que tienen una gran participación en las semillas de trigo, de avena.
Indica que es muy relevante la participación del INIA en un mercado que es oligopólico, por lo que se debe tener mucho cuidado con los cambios que puedan querer hacerse, pues son tres empresas las que controlan las semillas certificadas de trigo.
Esto significa, también, un vínculo muy estrecho con la agroindustria, como Carozzi, Agromaster, El Globo y distintos consorcios, ya que están encargando al INIA producciones de semillas para luego ellos usarlas en los contratos con los agricultores, lo que genera una cadena bastante interesante para difundir el progreso técnico y homologarlo.
Además, la actividad del INIA es la única que genera números azules, porque tiene la particularidad de disponer de mucho suelo y anualmente sobran potreros que no se usan en investigación, usamos la producción masiva de semillas en nuestros campos. Por lo tanto, estamos vendiendo cerca de 3 mil millones, lo que nos permite generar al INIA, más o menos, 800 millones al año, libres, descontados todos los costos, sin subsidio de ninguna naturaleza.
Para demostrar que el trigo es muy importante, cabe señalar que la plata que genera la venta de la tecnología permite financiar casi en su totalidad los programas de fitomejoramiento del INIA, que tiene un costo de alrededor de 570 millones al año. Las semillas, con los cultivos asociados y las rotaciones, generan alrededor de 800 millones. El Estado se ha fijado la meta -esto ha sido una política de largo plazo- de que en 2025 el 60 por ciento de la inversión en investigación y desarrollo del país la haga el sector privado. En la actualidad, en el ámbito de los programas de fitomejoramiento y semilla, esto se ha cumplido con creces. O sea, es un modelo de punta que se ha venido construyendo con aportes del sector privado, porque toda nuestra distribución de semillas se hace con la red actual de empresas privadas.
Entonces, quería resaltar que se ha cumplido la misión institucional con altos rendimientos, se han financiado los programas de fitomejoramiento y se ha cumplido con la política de Estado.
¿Qué ha sucedido? Declara que hasta el 10 de septiembre su organización la constituían la unidad a la que pertenecía, que normalmente ha dependido muy directamente de los Directores Nacionales por la plata que mueve y por la significación; pero es un cargo netamente técnico; un asistente técnico y tres profesionales en regiones. Una cosa muy importante que resalta es que esta área del INIA, que es una suerte de empresa virtual, no ocupa ningún tiempo ni media neurona de los investigadores. Siempre se ha tratado de confundir, en el sentido de que se está enredando la misión institucional. Eso es falso. Aquí son expertos en producción de semillas distintos de los investigadores. Los espacios que ocupan para producir las semillas son los espacios que no ocupa la investigación. Entonces, están perfectamente separados, con contabilidades individuales.
Retiro mandatorio. El INIA tiene un Reglamento acerca de los retiros mandatorios, en el sentido de que quienes cumplen 65 años de edad se pueden retirar del servicio el 31 de diciembre. El señor Donoso , había dicho que respetaría tales retiros mandatorios, el 10 de septiembre desvincula al señor Portilla del servicio. Despidió, además, a su asistente técnico, un joven que es un buen procurador de propiedad intelectual, que costó años formarlo, sostiene. Agrega que hubo un descabezamiento de dicha unidad. Explica que aquí da la sensación de que se hizo una especie de limpieza de terreno. Que todo lo existente no sirve y se parte de cero.
Trabajo inconcluso por su desvinculación del instituto. Explica que lo echaron del INIA como a toda su cartera de asuntos pendientes, mucha de la cual sólo él conoce, la cual quedó botada, como contratos con la agroindustria, quienes no van a ir a reclamar al Ministro , sino al Presidente de la República , si no se cumple con los contratos de semilla. Sostiene que tienen variedades a mitad de camino en registro de propiedad intelectual y en certificación; hay registro de variedad en el exterior, que si no se pagan los derechos se pierden; hay royalties por cobrar en Chile y por pagar en el exterior; van a llegar reclamos de empresas importantes con las que tienen contratos de licencias; toda la situación de las marcas, los derechos de autor y las denominaciones de origen que llevaba su unidad quedaron todas botadas. Incluso, afirma que hay un juicio pendiente de una empresa que está tratando de conseguir la marca Inial y la tuvieron que demandar. Sostiene que todo esto, quedó botado. El representante del INIA ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, su ayudante, Héctor Puebla , fue despedido, y a nadie se le ha traspasado ese trabajo; está pendiente la modificación de los reglamentos, y el trabajo que desarrolló en Anpros, sobre la nueva ley de propiedad intelectual vegetal, que es esencial para el futuro del INIA. Piensa que aquí hubo inexperiencia, precipitación, o ansiedad por barrerlo de la Dirección Nacional, porque sabía más que el Director Nacional.
Entrega de información privilegiada. Cuando en el INIA se han transferido variedades, parte de ellas se han licitado. Se han convocado a todas las empresas semilleristas que manifiesten interés y a todas hay que proporcionarles información en forma simultánea y no entregarles información privilegiada. Pero en este último tiempo, el señor Donoso ha entregado información privilegiada a una de las empresas del sector, sin tener conversación simultánea con las demás, lo cual puede viciar cualquier concurso público en el que se necesita que todos los postulantes lleguen en iguales condiciones.
Trasgresiones legales y reglamentarias. Afirma que se están violando las normas de la Contraloría General de la República, de la contraloría interna y, además, el reglamento de conflicto de interés que tienen en el INIA, que dispone que está prohibido entregar información confidencial del INIA, tanto tecnológica como comercial, a la competencia y a la empresa privada.
Reajuste del sector público para los trabajadores del INIA. Señala que el tema del déficit del INIA lo ha escuchado cíclicamente en los últimos 20 años. Afirma que es un déficit simple de entender. Los trabajadores del INIA, a través de la historia, lograron una conquista muy importante. ¿Qué lograron los trabajadores del INIA? Que no siendo una figura jurídica legal ciento por ciento pública-fiscal, lograron que sus remuneraciones fueran reajustadas anualmente de acuerdo a lo que la ANEF lograra con el Gobierno. Esa fue la conquista histórica de los trabajadores del INIA. ¿Qué ha sucedido? Que los distintos Ministerios de Agricultura han reajustado su aporte al INIA exclusivamente por el IPC.
Por lo tanto, cualquiera sea la cantidad de gente que despida el señor Donoso , inmediatamente al primer reajuste se va a producir el primer déficit, si el Ministerio no aporta lo que la ANEF negocie. Además, indica, debiera haber un aporte adicional negociado con los sindicatos para los ascensos justos y razonables que cualquier entidad pública o privada tenga.
En el fondo, falta que se ajuste un poco el presupuesto del Ministerio y se dé al INIA lo necesario, en base al reajuste logrado por la ANEF. Así estaría subsanado este déficit. Además, el presupuesto del INIA no es ni del 5 ó el 8 por ciento del presupuesto del Ministerio de Agricultura. El Indap tiene el 50 ó 60 por ciento.
Sostiene que cuando esto se le dijo al señor Donoso , contestó que la vía era decir a los trabajadores que cambiaran sus contratos de trabajo y que renunciaran al reajuste automático de la ANEF. Expresa que esto refleja una ignorancia gigantesca.
Patentes de invención. El señor Donoso utiliza el mecanismo de tirar una cosa que es medio verdad y medio mentira. La verdad es que se trata de 220 variedades más 17 solicitudes de patentes, más 15 softwares y publicaciones, que están registrados en derechos de autor. Y de las solicitudes de patentes es un hito histórico el hecho de que hace poco menos de tres meses por fin el Instituto de Propiedad Industrial les concedió la primera patente al INIA, que es un kit de diagnóstico para diagnosticar en forma temprana una enfermedad fungosa en la papa. ¡Es un hito histórico!. Afirma que a los dos inventores de las patentes Donoso los echó.
Conflicto de interés y las asesorías externas. El conflicto de interés tiene que ver con lo siguiente: ¿Es bueno o malo que los profesionales del INIA, dentro de un margen razonable de la ética, hagan asesorías externas? Ello se ha discutido mucho. Ha habido pasajes en la historia del INIA en que se les ha dicho a los profesiones: “Usted, con un comportamiento ético, use parte de su tiempo en dar asesoría al sector privado. En horas del INIA, con camionetas del INIA, sólo les pedimos una cosa: que la camioneta con el logo del INIA esté visible en la carretera y usted póngase un jockey con el INIA, porque se está haciendo transferencia tecnológica, se está prestigiando al instituto, diciendo que sus profesionales también son contratados por el sector privado para que les transfieran información.”.
Lo anterior ha sido autorizado en algunas etapas del INIA, en forma restringida en algunos otros momentos, pero ésa no es la causa ni de los tiempos ni de los déficits.
7.- Señora María Inés González , Dirigente Sindical INIA e investigadora y fitomejoradora.
Expresa que todo el problema pasa por reducir la planilla de sueldos en 2 mil millones de pesos. En septiembre fue reducida en 1.400 millones con todos los despidos que se realizaron y en diciembre se tiene que reducir en 2 mil millones más la planilla. Sostiene que no pueden aprobar eso.
Además, concluye, el señor Donoso les pide de vuelta, para sellar algún acuerdo, que cedan el reajuste de la ANEF, es decir, que no lo reciban, para no tener problemas a futuro.
8.- Señor Adolfo Montenegro, consejero de los trabajadores del INIA.
Reducción de gastos. Señala que el Director Nacional habló de un estudio que se estaba realizando para ver la forma de reducir los 4 mil millones a través de retiros mandatorios y voluntarios que se iban a ofrecer. Sin embargo, paralelamente a la reunión, comenzaron los despidos que no guardaban relación ni con los retiros mandatorios ni con los voluntarios.
Sostiene que en el consejo se había visto la posibilidad de reducir los gastos como algo positivo, finalmente, los hechos se sucedieron de manera distinta y no fueron informados.
Desvinculaciones. Comenta que en la siguiente reunión de consejo, se mencionó que todo el proceso de desvinculación con los finiquitos firmados estaba en 80 por ciento de avance. En otras palabras, el despido que favorecía la reducción presupuestaria se realizó de manera distinta a la pactada, ya que ni siquiera se tomó en consideración que había gente que necesitaba acogerse a retiro, incluso, por razones de salud.
Entonces, según el parecer del señor Montenegro , faltaron instancias previas de conversación que mostraran tolerancia de las distintas posiciones para así haber llegado a grandes acuerdos que no hubieran resentido al instituto.
¿Qué se ha logrado hoy con esa situación? Pérdida de credibilidad e inquietud generalizada. Indica haber sido testigo de lo que pasó ese día, pues se encontraba en Carillanca, lugar donde trabaja. Allí -indica- hubo un terremoto emocional en la gente, ya que algunos sólo contaban con dos horas para entregar sus cosas, situación que en determinados casos resintió la salud de los afectados, pues algunos funcionarios sufrieron problemas cardíacos. Afirma que esa es la razón por la tuvo que intervenir, pues había que evitar que otros sufrieran lo mismo.
Sostiene que cuando planteó lo sucedido al consejo, el señor Guillermo Donoso manifestó que no había dado esa instrucción y que realizaría las averiguaciones correspondientes.
Los agricultores quieren que haya un Chile desarrollado, y para ello requieren de que no habrá más despidos o que la gente con expertise se reubicará, además de que se efectuarán las mejoras que sean pertinentes para proyectar al INIA de acuerdo con las necesidades futuras del país.
En la década del 90 tenían una área potente en lo relacionado con la transferencia tecnológica, pero señala que hoy no cuentan con eso.
Obsolescencia técnica. Por otra parte, necesitan más infraestructura, pues con el transcurso del tiempo, entre otras cosas, las maquinarias han ido quedando obsoletas, y deben luchar por captar proyectos, con el objeto de que el INIA pueda tener financiamiento sin olvidar responder a las demandas regionales.
9.- Señor Gonzalo Palma , consejero titular INIA.
Indica que en mayo, tuvieron una reunión con el actual ministro de Agricultura , oportunidad en que plantearon y analizaron lo relacionado con las transferencias tecnológicas y el conocimiento, tema que siempre les ha preocupado como organización. En esa ocasión, sostiene, plantearon que querían que algún representante de las organizaciones campesinas estuviera en el consejo del INIA, dada la importancia que otorgaron a las actividades de esa institución. Su respuesta fue que, en primera instancia, vería cómo estaba funcionando todo, pues estaba recién tomando posesión del cargo, y que con posterioridad daría pronta respuesta a nuestra petición.
En agosto, envió un comunicado a la Confederación Nacional La Voz del Campo, en la que expresó su interés en que la representación campesina en el consejo del INIA la tomara el presidente de la Confederación . Señala que el Ministro emitió el nombramiento correspondiente, dejando al señor Palma finalmente como consejero titular del INIA.
Sostiene que ha participado en dos reuniones, celebradas en agosto y septiembre. En la primera de ellas el señor Donoso dio a conocer que la situación del INIA era catastrófica, con un déficit de más de 6 mil millones de pesos, lo que se debía a que había pérdidas en algunas secciones, como en la de experimentación, lechería y otras; que los recursos de los proyectos se estaban usando de mala forma -la plata se ocupaba en una cosa y que después se restituía por otra, lo que iba generando los déficits-; que había un número desmedido de personal que laboraba en la institución, razón por la que había que tomar medidas urgentes, en el sentido de normalizar la situación; que había que buscar la forma de externalizar algunas cosas que hacía el INIA y, también, que había que vender parte del patrimonio de la institución para manejar la situación, porque, en caso contrario, se caería en bancarrota.
Señala que eso fue lo que se señaló en la primera reunión, enfatizando que en ella no se habló del despido de ningún profesional.
Después, agrega, vino la segunda reunión, donde el señor Donoso informó que había hecho el finiquito a 73 profesionales, con el objeto de solucionar el problema del déficit, lo que provocó una situación complicada en el grupo de los consejeros del INIA.
El señor Palma declara haber manifestado, en forma directa, que le parecía que esa actitud tenía un carácter dictatorial, porque no se le había dado posibilidades de apelación a quienes se dejaba sin trabajo, a lo que respondió que, tal actitud, obedecía a que él había establecido una comisión de evaluación que había llegado a ese resultado. Es decir, que no era una decisión propia, sino que la comisión había hecho una evaluación de los profesionales y había recomendado dejar a 73 personas sin trabajo, en el INIA.
Luego, en la misma sesión, se analizó que en lugar de haber dejado sin trabajo a 73 funcionarios, el director podría haber exonerado a 100 personas, sobre la base de los retiros voluntarios y los retiros mandatorios. Por eso, afirma haberle preguntado cuál había sido el motivo de despedir a gente que no estaba en esa condición, puesto que, si el objetivo era disminuir el déficit, tenía la posibilidad de haber exonerado, sin conflicto, a 100 profesionales, pues con él mismo analizaron la situación y aparecían como 8 funcionarios para retiro voluntario y 13 ó 14 para retiro mandatorio, de los 73 que había desvinculado.
Sostiene que en esa reunión, propuso al Director del INIA que, en consideración a ese hecho consumado, que lo que quedaba era dar tranquilidad al resto de los profesionales, para que la institución no cayera en una crisis.
Piensa que el señor Donoso , no sabe si por mala información o por un criterio distinto a lo que el INIA está acostumbrado hacer, quiere buscar una solución a un problema que es mayor en el INIA, y muy serio.
Señala la investigación no es un comercio, no es para ganar plata; la investigación es para tener los elementos suficientes que permitan mantenerlos en competencia y tener cosas propias, conservar semillas, ser independientes, no depender del extranjero. Indica que el patrimonio fitosanitario lo tienen que defender ellos.
Agrega que el Estado debería tener la tremenda obligación de entregar el financiamiento necesario, pero no tender a que la institución arme un verdadero negocio, con proyectos, para financiarse.
Sostiene que el INIA debe ser objeto de una reestructuración de fondo. Así como el Estado gasta grandes recursos en el Ejército de Chile, para su labor de defensa de nuestra soberanía, ¿por qué no es capaz de transformar al INIA en una institución del más alto nivel, en lugar de andar preocupados de los recursos económicos para hacer mil figuras y convertirla en el comidillo de todos, en una organización verdaderamente calamitosa?.
Precisa que lo que se busca es cómo ganar más plata con el INIA, de qué forma obtener más utilidades, sin preocuparse por lo que le acontezca a la agricultura nacional. O sea, si se desvirtúan los reales objetivos de la institución, orientándola hacia fines comerciales, ¡de qué estamos hablando! ¡Qué estamos haciendo de esta institución!
Cómo se permite que una institución como el INIA tenga que buscar ese tipo de salidas para sus problemas presupuestarios, cuando el Estado debería darle todos los elementos de financiamiento para que investigue, pero no en el ámbito de la comercialización o para obtener ganancias, ya que investigar significa otra cosa.
Decir que las vaquitas no dan leche suficiente para financiar los experimentos es un tremendo error; la investigación tiene otro sentido. La multiplicación se va a dar en el desarrollo de la actividad que surja a partir de la investigación. La institución tiene que darse el gusto de gastar la plata del Estado para desarrollar inventos que permitan que los privados ganen plata; pretender lo otro sería una cuestión aberrante.
10.- Señora Blanca Toledo, Dirigente Sindical que representa a los operarios del INIA.
La señora Toledo expuso que es una dirigente sindical que representa a los operarios del INIA y que tiene un nivel educacional bajo, si se compara con el que hoy tienen como promedio en el país, ya sostiene que sólo alcanzó el cuarto medio, en la década de los 80. Señala que la principal escuela, en que se ha formado, ha sido su fuente laboral y el rol de dirigente sindical que ha desempeñado.
Indica que no logra entender cómo es posible que una persona con el nivel educacional del señor Guillermo Donoso defraude cada día más a los dirigentes, por la forma que tiene de envolver las cosas y mentir.
Señala que para los dirigentes, es fuerte tener que decir que su autoridad, quien hoy día maneja al INIA, que fue nombrado por el Gobierno, usa ese tipo de medios para acabar con la institución.
Afirma que el director anda diciendo que necesita ahorrar 2.000 millones de pesos más en la planilla. Que le da vueltas a las distintas posibilidades y se da cuenta de que eso significa que más de la mitad de los funcionarios del INIA se tendrían que ir en diciembre.
No sabe por qué el Gobierno aún mantiene a esa persona a la cabeza de la institución, a la cual, en vez de levantarla, la van a echar más abajo, que la van a matar. Piensa que este caballero, con todo el respeto que le merece, quiere privatizar el INIA a como dé lugar.
V. ANTECEDENTES JUDICIALES
a).- Querella Criminal presentada por María Inés González Aristegui , Alfonso Valenzuela Solar , Carlos Alberto Ortiz Rodríguez y Blanca Toledo , en contra de Guillermo Donoso Harris , Director Nacional del INIA, por el delito de fraude al fisco.
En lo principal:
Querella criminal por el delito de fraude al fisco.
En el primer otrosí:
Expresa diligencias cuya práctica se solicita al Ministerio Público, en los términos prescritos por el artículo 113 letra e) del Código Procesal Penal.
En el segundo otrosí:
Acompaña documentos que indica.
en el tercer otrosí:
Solicita forma de notificación que indica, conforme a lo establecido por el artículo 31 del Código Procesal Penal.
En el cuarto otrosí:
Se tenga presente patrocinio y poder.
SEÑOR JUEZ DE GARANTÍA (8°).
MARÍA INÉS GONZÁLEZ ARÍSTEGUI , chilena, casada, ingeniero agrónomo, cédula nacional de identidad N° 6.376.889 - 8 ; ALFONSO VALENZUELA SOLAR, chileno, casado, ingeniero en ejecución agrícola, cédula nacional de identidad N° 6.543.961-1; CARLOS ALBERTO ORTIZ RODRIGUEZ , chileno, casado, operario agrícola, cédula nacional de identidad N° 8.837.147-K ; BLANCA TOLEDO MACAYA , chilena, casada, operaria, cédula nacional de identidad número 10.243.057-3; todos domiciliados en calle Guardia Vieja N° 255, oficina 602, Providencia, Santiago, a SS. respetuosamente decimos:
Que en conformidad a lo establecido en los artículos 111 y siguientes del Código Procesal Penal, venimos en entablar querella criminal en contra de don GUILLERMO VICTOR DONOSO HARRIS , Ingeniero Agrónomo , cédula nacional de identidad N° 8.667.432-7, con domicilio en calle Fidel Oteíza N° 1956, Piso 12, Providencia, Santiago; en su calidad de autor del delito de fraude al fisco previsto y sancionado por el artículo 239 del Código Penal, y en contra de todos quienes resulten responsables de dicho ilícito ya sea en calidad de autores cómplices y encubridores, en atención a los siguientes antecedentes y argumentos de hecho y de derecho:
I. LOS HECHOS.
1. El Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, es una Corporación de Derecho Privado la cual se encuentra vinculada con el Ministerio de Agricultura, y cuyos objetivos y fines tienen un carácter público. Es así como conforme lo establecido en el artículo tercero de los Estatutos del Instituto, sus objetivos y fines son los siguientes:
a) Contribuir al aumento de la producción agrícola y pecuaria del país, a través de la creación, adaptación y transferencias de tecnologías;
b) Fomentar y apoyar el desarrollo de procesos de transformación industrial o de incorporación de valor agregado a los productos agropecuarios, mediante la ejecución de todo tipo de investigaciones, estudios o prestaciones de servicios; y
c) Procurar, en general, elevar las condiciones de nutrición de la población nacional mediante la ejecución de todo tipo de investigaciones, estudios o prestaciones de servicios; y
2. En cuanto a su organización, la dirección superior de INIA corresponde a un Consejo colegiado, el cual se encuentra integrado por 6 personas designadas por el Ministro de Agricultura conforme los perfiles definidos en sus estatutos, sumado al propio Ministro, quien lo preside.
A su vez existe una autoridad ejecutiva, técnica y administrativa, denominada “Director Nacional”, quien es designado por el Presidente de la República a través de un decreto supremo que es publicado en el Diario Oficial, y el cual se mantiene en sus finciones mientras cuente con la confianza del Jefe de Gobierno.
3. Respecto a su financiamiento, INIA recibe un aporte directo del Fisco a partir de una transferencia anual realizada por la Subsecretaria de Agricultura, la cual es aprobada previamente como una partida en la ley de presupuesto.
De esta forma los referidos dineros son entregados mediante un convenio que suscribe INIA con el Ministerio de Agricultura, por los valores aprobados previamente para el efecto por la ley de presupuestos, y el cual debe ser visado por la Contraloría General de la República. Cabe destacar que en dicho convenio se indican de manera determinada las condiciones y los fines concretos para los cuales se entregan los recursos públicos señalados.
En la especie, y según consta en la resolución N° 27 de fecha 30 de Marzo del presente año de la Subsecretaría de Agricultura que “Aprueba convenio entre la Subsecretaria de Agricultura y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, para la transferencia de los recursos establecidos en la Ley de Presupuestos” (documentos que se acompaña en el segundo otrosí de la presente querella criminal), se autoriza una transferencia a INIA de M$ 11.313.377, (once mil trescientos trece millones, trescientos setenta y siete mil pesos); pero sólo para ser utilizados en los proyectos y fines expresamente descritos en él.
El otro componente relevante de financiamiento de INIA lo constituyen dineros que recibe a partir de proyectos concursables, los cuales corresponden básicamente a fuentes de financiamiento del Estado, tales como el Fondo de Innovación Agraria, CORFO Innova, Conicyt, los Fondos de Innovación asignados por los gobiernos regionales, entre otros. La particularidad de estos recursos, es que deben ser destinados a los fines propios del proyecto respectivo, los cuales se encuentran indicados en cada uno de los convenios que se suscriben con tales fuentes de financiamiento.
4. Para realizar su labor, INIA cuenta a lo largo del país con una infraestructura consiste en centros de investigación con laboratorios y campos de prueba, además de una planta de profesionales y técnicos altamente especializados, cuyo aporte es un elemento fundamental para la realización de aquellas actividades comprometidas con el Ministerio de Agricultura y con las fuentes de financiamiento, en los diversos convenios a partir de los cuales se le con-fían recursos públicos para la concreción de los fines específicos que en ellos se indica. Tanto es así, que en los convenios derivados de fondos concursables se incluye, como cláusula de estilo, el especificar el nombre de la o las personas a cargo de un determinado proyecto.
5. Es el caso que con fecha 21 de agosto de 2010, es publicado en el Diario Oficial el decreto supremo mediante el cual se designa al ingeniero agrónomo, Guillermo Víctor Donoso Harris , como Director Nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias , cuya copia fiel acompañamos en el segundo otrosí de la presente querella criminal.
Al asumir, el querellado de autos comenzó a realizar un conjunto de acciones de carácter ilegal, mediante los cuales realiza una utilización de los fondos públicos asignados al Instituto que sólo son diversos a los fines específicos para los cuales le fueron confiados a dicha institución, sino que además afectan de manera grave la realización del fin público al cual se debe avocar en conformidad a sus normas estatutarias, perjudicando con ello gravemente el patrimonio fiscal.
Dentro de tales actos se identifican los siguientes:
A. El aumento injustificado de las asignaciones económicas del personal de confianza designado a su arbitrio, sin contar con las facultades para hacerlo y en perjuicio del Instituto.
Es del caso que el señor Donoso Harris , una vez que asumió el cargo de Director de INIA, realizó una serie de contrataciones de personas de su confianza, procediendo al cabo de algunas semanas a subirles su remuneración a través de la vía de aumentar de manera considerable y arbitraria las asignaciones de responsabilidad asociadas a los cargos, en algunos casos triplicándolas. Lo anterior, sin conocimiento ni aprobación del Consejo del INIA, y destinando para ello recursos públicos asignados a otros fines. Entre los ejemplos más destacados de esta conducta ilícita encontramos los siguientes:
A.1. Hugo Alejandro Contreras Gómez , Secretario Técnico de la Dirección Nacional de INIA . El querellado, mediante resolución número 0477 de fecha 27 de julio de 2010, ordenó contratar a plazo fijo como Secretario Técnico de la Dirección Nacional de INIA a don Hugo Alejandro Contreras Gómez , asignándole una remuneración correspondiente al denominado “Grado 8”, que asciende a $ 1.114.940.- más una “Asignación de Cargo” equivalente a $ 488.854.-
Es el caso que mediante resolución de fecha 7 de septiembre de 2010, el querellado resolvió modificar el contrato del señor Contreras Gómez , aumentándole en más de dos veces la denominada asignación de cargo a la suma de $ 1.132.000.- sin ningún tipo de explicación, y manteniéndole el sueldo que corresponde al denominado “Grado 8”.
Es más, en dicha resolución se ordena el pago retroactivo del aumento de la asignación a favor del señor Contreras Gómez , lo que resulta especialmente extraño, si se considera que en los demás casos de aumentos ilegales y arbitrarios de estas asignaciones no se ordena el pago retroactivo de tales dineros, los cuales se cubren con fondos fiscales que le han sido confiados al Instituto para la realización de actividades concretas de interés público.
A.2. José María Peralta Alba , Coordinador nacional de Investigación y Desarrollo de INIA. El querellado, mediante resolución número 0531 de fecha 26 de agosto de 2010, ordenó designar a don José María Peralta Alba como Coordinador Nacional de Investigación y Desarrollo, otorgándole una remuneración correspondiente al denominado “Grado 3D” que asciende a la suma de $ 2.152.184.- más una “asignación de cargo” equivalente a la suma de $ 1.788.000.-
Cabe destacar que el profesional que ocupaba la misma función con anterioridad al señor Peralta Alba percibía una remuneración correspondiente al denominado “Grado 3” equivalente a la suma de $ 1.921.622.- más una “asignación de cargo” de $ 579.811.-
Ni el cambio de grado ni la circunstancia de haber aumentado en casi tres veces la asignación de cargo en relación a la misma función, se explica de manera alguna en la referida resolución ni en ningún otro acto.
A.3. Gonzalo Cortés Donoso , Gestor Tecnológico Direccion Nacional INIA. El querellado, mediante la resolución número 0533 de fecha 26 de agosto de 2010, procedió a ordenar la contratación de don Gonzalo Cortés Donoso como Gestor Tecnológico en la Dirección Nacional de INIA, estableciendo el pago por concepto de “asignación de cargo” de una suma equivalente a $ 1.222.000.-
Cabe destacar que la persona que estaba a cargo de dicha función con anterioridad al señor Cortés Donoso percibía por dicho concepto una asignación equivalente a $ 446.003.-
Ni el aumento de grado ni la circunstancia de haber aumentado en más de dos veces la asignación de cargo en relación a la misma función, se explica de manera alguna en la referida resolución ni en ningún otro acto.
Hacemos presente que estos son meros ejemplos de la práctica ilícita realizada por el querellado, y que solicitaremos dentro de la indagación penal respectiva que se requieran los antecedentes de las demás designaciones de personal de confianza realizadas a la fecha por el señor Donoso Harris en su calidad de Director Nacional de INIA , y respecto de quienes ha ordenado realizar onerosos aumentos de asignaciones, de manera ilegal y arbitraria, y con cargo a fondos públicos.
Cabe asimismo destacar que por esta vía el querellado trató obviar de manera engañosa su imposibilidad de aumentar las remuneraciones a las personas referidas, ya que para ello debería dar cuenta al Consejo de INIA, toda vez que se trata de una alteración relevante al presupuesto de dicha organización, materia que en conformidad a la letras b) y c) del artículo Décimo Segundo en relación con la letra h) del artículo Décimo Cuarto de sus Estatutos, le corresponde conocer y resolver al referido órgano colegiado.
Lo anterior reviste especial gravedad si se considera que, como se ha dicho, los gastos operacionales de INIA son cubiertos con los fondos públicos que se obtienen de la transferencia que recibe el Instituto de la Subsecretaria de Agricultura, la cual es aprobada como una partida de la ley de presupuestos de la nación. Cabe destacar que sin perjuicio de que se trata de una actuación que fue realizada sin consulta al Consejo de INIA, ni el texto del convenio por medio del cual se concreta la transferencia señalada, ni en parte alguna de la citada ley, se establece un programa de incentivos o de aumentos sustantivos de ingresos a personal de confianza del Director Nacional de INIA , como aquel que concretó el señor Donoso Harris de manera ilícita.
Además cabe destacar que estos significativos aumentos de asignaciones se producen no obstante que el imputado nos señaló de manera clara y asertiva en diversas reuniones que sostuvo con nosotros, que el Instituto estaría en una situación de crisis económica profunda.
B. La desvinculación súbita, masiva y arbitraria de personal altamente especializado que se encontraba ejecutando proyectos para cuya realización se han asignado recursos públicos.
INIA cuenta con un grupo de profesionales, técnicos y operarios especializados, en su gran mayoría con postgrados y doctorados en el extranjero, a quienes se les confía el desarrollo de las labores de investigación al interior del Instituto, principalmente vinculadas al mejoramiento genético de especies vegetales y animales, a fin de asegurar que existan alimentos de calidad y en cantidad suficiente para garantizar la seguridad alimentaria del país.
Es en atención a lo anterior que se asignan recursos públicos cuantiosos a fin de implementar estos planes de investigación, los cuales por su naturaleza suelen tener una duración que supera los 10 años.
El querellado Donoso Harris nos comunicó en diversas reuniones que hemos sostenido con él, que implementará un cambio general de los contratos de trabajo de todos quienes laboran en INIA, al considerar que estos no estarían formulados en los términos que a él le parecen convenientes, a pesar que estos en muchos casos han estado vigentes durante décadas.
Para implementar lo anterior, comenzó a realizar una serie de despidos masivos a personal del Instituto, de manera arbitraria, sin contar con un parámetro real y objetivo para aquello, y sin el conocimiento efectivo del Consejo de INIA.
Como consecuencia de dicha conducta, de manera súbita se han visto gravemente afectados múltiples proyectos que se realizan a partir de dineros públicos entregados al Instituto con la finalidad de concretar su ejecución en términos precisos, además de dañar de seriamente el desarrollo de aquellas actividades comprometidas en el convenio a partir del cual se le entregaron fondos fiscales aprobados por la ley de presupuestos a INIA.
Es así como en la primera cláusula del referido convenio, correspondiente a los fondos públicos que se recibieron por el Instituto este año 2010, se establecen como objetivos específicos a concretar con cargo a tales recursos los siguientes:
a) Generar conocimientos en el ámbito científico y tecnológico aplicables en el sector silvoagropecuario.
b) Crear tecnologías para la innovación en la Industria silvoagropecuaria.
c) Transferir productos tecnológicos y científicos desarrollados y/o adaptados por el INIA.
d) Contribuir a la sustentabilidad ambiental de la producción silvoagropecuaria por medio del desarrollo de tecnológicas y la creación de conocimiento.
Es del caso que la realización de tales objetivos se encuentra gravemente afectado en los hechos por la desvinculación del personal a cargo de dichas tareas, y que a la fecha alcanza a casi el 10% del total de trabajadores del Instituto. Cabe destacar, manera de ejemplo, que se ha desarticulado la unidad de grupos de transferencia tecnológica, con los cuales el Instituto cumplía con el objetivo indicado en la letra c) de la cláusula primera del convenio señalado. Asimismo, se desarticuló la unidad relacionada con la producción y gestión de semillas, la cual cumplía con los objetivos comprometidos en las letras c) y d) de la cláusula citada. Asimismo, se han desintegrado equipos de trabajo altamente especializado a cargo de concretar los objetivos comprometidos en las letras a) y b) de la cláusula referida.
Es más, el convenio señalado establece en su Cláusula Tercera, letra a) inciso 4° que INIA sólo podrá destinar hasta un 20% del monto total de la transferencia “para gastos de administración, los que deberán ser directos, inherentes o asociados a las actividades propias de administración del convenio, y considerarán: gastos en personal y en bienes y servicios de consumo.”
Es del caso que el querellado Donoso Harris ha superado la cifra máxima señalada, las cuales ha destinado por lo demás no para cubrir gastos como los indicados en la norma citada, sino que para financiar los aumentos arbitrarios e ilegales designaciones, y la desvinculación masiva de quienes estaban a cargo de ejecutar los objetivos del convenio, con grave perjuicio al interés público.
C. La solicitud de créditos sin contar con la autorización legal ni estatuaria.
El programa 02 del capítulo 01 de la partida 13 de la ley de presupuesto para el año 2010 destinado a “Investigación e Innovación Tecnológica Silvoagropecuaria” de la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura, incluye en el subtítulo 24, ítem 371, el traspaso de $ 11.317.377.000.- a INIA. Lo anterior, con una clara exigencia establecida en una glosa efectuada en la misma ley, la cual indica en su inciso segundo lo siguiente:
“El Instituto de Investigaciones Agropecuarias sólo podrá contratar endeudamiento previa autorización del Ministerio de Hacienda.”
Por otra parte, la letra b) del artículo decimosegundo de los estatutos de INIA, establece como parte de las facultades propias del Consejo del Instituto el obligarlo a través de la contratación de créditos.
Es del caso que a fin de cubrir parte de los gastos extraordinarios que de manera intempestiva debe asumir INIA a partir del oneroso aumento de asignaciones del personal de confianza designado por el querellado, sumado a los inmensos costos económicos que significará el plan de reemplazo de las condiciones contractuales de los trabajadores, el señor Donoso Harris no sólo ha utilizado recursos públicos que le han sido confiados en su administración por razón de su cargo de Director Nacional de INIA , destinándolos a un fin diverso de aquel para el cual fue entregado, sino que además ha gestionado la adquisición de créditos a nombre de INIA con la banca privada, sin autorización del Ministerio de Hacienda y sin la aprobación del Consejo del Instituto.
6. Hago presente a SS. que el principio de ejecución del delito se realizan en la Dirección Nacional de INIA, que está ubicada en la Comuna de Providencia, específicamente en calle Fidel Oteíza N° 1956, piso 11; toda vez que en sus dependencias se realizaron las operaciones ilegales y arbitrarias efectuadas por el querellado en autos, en claro perjuicio del patrimonio fiscal y de los intereses de su administrada, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias.
II. EL DERECHO.
1. El artículo 2239 del Código Penal establece que: “El empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las Municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo, inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio y multa del diez al cincuenta por ciento del perjuicio causado.”
Como expresa nuestra doctrina dominante, la figura típica en comento tiende a la protección del correcto desempeño de la función pública, interés que resulta lesionado cuando el sujeto activo, es decir, el funcionario, no cumple con su deber de velar por los intereses patrimoniales del Fisco “de acuerdo con criterios de economía y eficiencia, vulnerando con ello, alternativamente, los principios de objetividad, imparcialidad y transparencia que han de presidir el ejercicio de los cometidos estatales.”
2. En atención a su connotación patrimonial, ya que se requiere para la realización de la figura típica que se produzca un perjuicio, es que nos encontramos ante un delito en que el bien jurídico protegido es el patrimonio público, en directa relación con la función pública al cual está destinado.
3. Coincide este querellante con aquella doctrina que sostiene en forma consistente que estamos ante una figura de administración desleal del patrimonio fiscal; toda vez que el perjuicio fiscal y la lesión al patrimonio público vienen dados por la conducta de quien tiene la obligación de actuar en dicho interés, no obstante lo cual administra deslealmente, esto es, en contra de los criterios de economía y eficiencia en la gestión de los bienes públicos que le han sido confiados, actuando en contra de los intereses del administrado.
4. El Sujeto activo: Es el empleado público, conforme lo definido en el artículo 260 del Código Penal. Como es sabido, dicha disposición prescribe que “Para los efectos de este Título y del Párafo IV del Título III, se reputa empleado todo el que desempeñe un cargo o función pública, sea en la administración central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas u organismos creados por el Estado o dependientes de él, aún que no sean del nombramiento del Jefe de la República ni reciban sueldo del Estado. No obstará a esta calificación el que el cargo sea de elección popular.”
En el Derecho Penal el concepto de empleado público es funcional, ya que se determina y caracteriza por la función que este desempeña. Como expresa Etcheberry , “para el derecho penal, puede decirse que la función crea al empleado y no a la inversa.”
En el caso de que se trata, y no obstante que el Director Nacional del INIA administra una Corporación de Derecho Privado, atendido a los fines de la Institución, y específicamente las funciones del Director Nacional, claramente nos encontramos ante un empleado público en los términos que fija nuestros Código Penal, y conforme a lo que establece el artículo tercero de sus Estatutos.
5. En relación a la acción típica, el artículo 239 del Código Penal hace referencia a defraudar o consentir en que se defraude. Si bien en un principio se podría sostener que se refiere a la concurrencia de alguna de las clases de engaño descritos en el delito de estafa por el cual se causa el perjuicio; lo cierto es que la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia se ha encargado de zanjar esta situación, expresando enfáticamente que: “El art. 239 del C. Penal contempla el delito llamado de “fraude al fisco” o “fraude fiscal”, que tiene una forma activa: “defraudar”, y una pasiva, pero igualmente dolosa: “consentir en que otro defraude”. Con respecto al fraude común, esta figura es por una parte menos específica, ya que no determina las modalidades de fraude, y parece comprender las dos formas clásicas: el engaño y el abuso de confianza.”
Así las cosas, en el caso sub lite claramente nos encontramos ante un caso de fraude por abuso de confianza, toda vez que el querellado de autos precisamente abusó de su especial investidura y de la confianza que se le entregó en la administración del patrimonio público, actuando claramente en contra de los fines para los cuales se efectuó la transferencia de fondos aprobados en la Ley de Presupuestos del año 2010, y en contra de los intereses de la Institución que administra, perjudicando gravemente su patrimonio, y las investigaciones que se encontraban en desarrollo al momento en que asumió su cargo.
Es precisamente la función que desempeña lo que hace que la dinámica defraudatoria no pase necesariamente por el despliegue de un engaño; ya que por su especial capacidad de decisión en el resultado del proceso, por su propia intervención en él, es lo que realiza la conducta defraudatoria que exige el tipo penal en comento.4
6. El tipo penal en comento, no expresa cual debe ser la forma de intervención del funcionario público, solamente hace referencia a que esta debe corresponder a las funciones propias de su cargo. La intervención debe referirse a que al funcionario en cuestión le compete la determinación o vigilancia de la correcta administración directa de los fondos que le son transferidos desde el Ministerio de Agricultura en virtud de la ley de presupuestos. En tal contexto, el querellado no puede aplicar tales recursos de manera diversa a lo establecido en el respectivo convenio, como tampoco puede obrar en contra de los intereses de la institución que dirige en su administración, todo lo cual ciertamente ocurrió en este caso, al aumentar deliberadamente la asignación de cargo de un grupo de trabajadores que se desempeñan en cargos de su exclusiva confianza, sin conocimiento ni autorización del Consejo del Instituto, de manera ilegal y arbitraria, con cargo a fondos públicos, y en contra de los intereses del Instituto y del patrimonio estatal.
7. La figura típica del fraude al fisco, expresa que esta tiene lugar respecto a “operaciones” en las que el funcionario debe intervenir en razón de su cargo. Al expresar el artículo 239 del Código Penal esta terminología genérica y amplia, debemos entender que hace referencia a “Cualquier clase de negocio, contrato o actividad económica entre el Estado y un particular, no habiendo razones para restringir por la vía interpretativa este elemento.”
8. Ahora bien, el fraude al fisco es un delito de resultado que exige que se cause un perjuicio al patrimonio estatal, el cual puede producirse ya sea por una pérdida directa (daño emergente), o por la privación de una ganancia legítima (lucro cesante). Dentro de los ejemplos que entrega la doctrina de la realización del perjuicio se incluye específicamente aquél que se concreta cuando con cargo a fondos estatales se realiza un pago, un acto de disposición patrimonial al que no se estaba obligado, o cuando estipula un contrato en condiciones poco ventajosas.
La circunstancia que con cargo a fondos públicos se aumente deliberada y arbitrariamente las asignaciones de determinados funcionarios que se desempeñan en cargos de “exclusiva confianza” del agente, ciertamente causa un perjuicio en los términos exigidos por el legislador. Además se concreta dicho perjuicio con la conducta del querellado, quien decide prescindir masiva e intempestivamente de funcionarios especializados que estaban a cargo de importantes proyectos de investigación que tenían por finalidad aumentar el patrimonio de INIA, con lo que se está privando al administrado de obtener ganancias legítimas provenientes de actividades acorde con sus fines, en virtud de proyectos, desarrollados con cargo a fondos públicos, que estaban en pleno desarrollo.
Se hace presente que el tipo penal en cuestión no exige algún tipo de enriquecimiento efectivo de parte del sujeto activo, o ánimo de lucro; “En consecuencia, el funcionario puede no recibir ningún beneficio y ni siquiera haber actuado con ánimo de lucro, sino que haberlo hecho por amistad, espíritu de venganza, o cualquier otra motivación no pecuniaria, pese a lo cual, en cuanto se produzca el perjuicio, el delito se habrá consumado.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de hacer presente que se deberá indagar si las actuaciones del querellado han significado algún tipo de beneficio para áquel.
9. Ciertamente el querellado de autos actúo a sabiendas de que estaba lesionando gravemente el patrimonio fiscal ya que sabía que requería autorización expresa del Consejo de INIA para llevar a cabo sus actos, a pesar de lo cual no sometió ninguna de las decisiones descritas en la presente querella criminal ni siquiera al conocimiento del mismo; además de solicitar al Ministerio de Hacienda. Todo lo anterior son claras manifestaciones de que el agente actúo con dolo directo.
10. Se hace presente desde ya, que frente a eventuales concursos que se pudiesen presentar con otras figuras como lo son la malversación y desviación de fondos públicos, consideramos que por el principio de especialidad se debe aplicar la figura prevista y sancionado por el artículo 239 del Código Penal, al establecer una forma especial de administración desleal de patrimonio fiscal o fraude por abuso de confianza.
11. En cuanto a la legitimidad activa. El inciso segundo del artículo 111 del Código Procesal Penal, establece expresamente que: “También se podrá querellar cualquier persona capaz de parecer en juicio domiciliada en la provincia, respecto de hechos punibles cometidos en la misma que constituyeren delitos terroristas, o delitos cometidos por un funcionario público que afectaren derechos de las personas garantizados por la Constitución o contra la probidad pública.” (la negrita es nuestra).
Al encontrarnos en la especie ante un delito cometido por un funcionario público en el desempeño de su cargo, cuya realización afecta la probidad pública; al estar domiciliados en la provincia en que este se cometió; y al ser personas naturales capaces de parecer en juicio; contamos con legitimidad activa para entablar la presente querella criminal.
Sin perjuicio de lo anterior; hacemos presente a SS. que los hechos relatados en la presente querella no nos son ajenos, ya todos y cada uno de quienes entablamos la presente querella criminal por sí; tenemos la calidad de trabajadores y presidentes de todos los sindicatos que existen al interior de INIA: el Sindicato Nacional de Profesionales del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, la Federación de Empleados INIA, el Sindicato número uno de empresas del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, y la Federación Nacional de Operarios del Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Cabe destacar que tales organizaciones reúnen a gran parte de los trabajadores de INIA.
Por tanto; y en virtud de lo expuesto y de lo dispuesto por los artículos 111 y siguientes del Código Procesal Penal, y 239 del Código Penal, normas citadas y demás pertinentes;
Solicitamos a SS. tener por interpuesta querella criminal en contra de don Guillermo Víctor Donoso Harris , ya individualizado en su calidad de autor del delito de fraude al fisco, ilícito previsto y sancionado por el artículo 239 del Código Penal; y en contra de todos quienes resulten responsables del referido ilícito; declarar esta querella admisible; y remitir todos los antecedentes a la Fiscalía del Ministerio Público competente.
Primer otrosí: En conformidad a lo dispuesto por el artículo 113 letra e) del Código Procesal Penal, venimos en individualizar aquellas diligencias cuya práctica solicitamos realice el Ministerio Público:
1. Se despache orden amplia de investigar a la Bridec, de la Policía de Investigaciones de Chile;
2. Se cite a declarar a don Guillermo Donoso Harris, ya individualizado en lo principal del presente libelo, a fin de que en su calidad de imputado preste declaración ante el Ministerio Público;
3. Se cite a declarar a don Alfonso Valenzuela Solar , ingeniero en ejecución agrícola, domiciliado para éstos solos efectos en calle Guardia Vieja N° 255 oficina 602; Providencia; para que en su calidad de testigo preste declaración ante el Ministerio Público.
4. Se cite a declarar a don Carlos Alberto Ortiz Rodríguez , con domicilio en calle Guardia Vieja N° 255 oficina 602; Providencia, a fin de que en su calidad de testigo preste declaración ante el Ministerio Público.
5. Se cite a declarar a doña María Inés González Aristegui , domiciliada en calle Guardia Vieja N° 255 oficina 602; Providencia, para que en su calidad de testigo preste declaración en el Ministerio Público.
6. Se cite a declarar a doña Blanca Toledo Macaya , domiciliada en calle Guardia Vieja N° 255 oficina 602, Providencia; para que preste declaración en su calidad de testigo ante el Ministerio Público.
7. Se cite a declarar a don José Antonio Galilea , Técnico Agrícola, Presidente del Consejo de INIA , domiciliado en calle Teatinos 40, Santiago; para que preste declaración en su calidad de testigo ante el Ministerio Público.
8. Se cite a declarar a don Adolfo Montenegro , miembro del Consejo de INIA, domiciliado en calle Fidel Oteíza N° 1956, piso 12, comuna de Providencia, Santiago, para que presente declaración en su calidad de testigo ante el Ministerio Público.
9. Se cite a declarar a don Claudio Barriga , miembro del Consejo de INIA, domiciliado en calle Fidel Oteíza N° 1956, piso 12, comuna de Providencia, Santiago, para que presente declaración en su calidad de testigos ante el Ministerio Público.
10. Se cite a declarar a don Claudio Cafatti Kompasky , miembro del Consejo de INIA, domiciliado en calle Fidel Oteíza N° 1956, piso 12, comuna de Providencia, Santiago, para que presente declaración en su calidad de testigos ante el Ministerio Público.
11. Se cite a declarar a don Francisco Justiniano Stewart , secretario del Consejo del INIA, domiciliado en calle Fidel Oteíza N° 1956, piso 15, comuna de Providencia, Santiago, para que presente declaración en su calidad de testigo ante el Ministerio Público.
12. Se cite a declarar a doña Paulina Macaya Novoa , Jefa Nacional de Recursos Humanos de INIA , domiciliada en calle Fidel Oteíza N° 1956, piso 15, comuna de Providencia, Santiago, para que presente declaración en su calidad de testigo ante el Ministerio Público.
13. Se cite a declarar a don Hugo Alejandro Contreras Gómez , Secretario Técnico de la Dirección Nacional del INIA, domiciliado en calle Fidel Oteíza N° 1956, piso 15, comuna de Providencia, Santiago, para que presente declaración en su calidad de testigo ante el Ministerio Público.
14. Se cite a declarar a don Hugo Alejandro Contreras Gómez , Secretario Técnico de la Dirección Nacional del INIA, domiciliado en calle Fidel Oteíza N° 1956, piso 15, comuna de Providencia, Santiago, para que presente declaración en su calidad de testigo ante el Ministerio Público.
15. Se cite a declarar a don Hugo Alejandro Contreras Gómez , Secretario Técnico de la Dirección Nacional del INIA, domiciliado en calle Fidel Oteíza N° 1956, piso 15, comuna de Providencia, Santiago, para que presente declaración en su calidad de testigo ante el Ministerio Público.
16. Se cite a declarar a don José María Peralta Alba , Coordinador Nacional de Investigación y Desarrollo de INIA, domiciliado en calle Fidel Oteíza N° 1956, piso 15, comuna de Providencia, Santiago, para que presente declaración en su calidad de testigo ante el Ministerio Público.
17. Se cite a declarar a don Gonzalo Cortes Donoso , Gestor Tecnológico Dirección Nacional INIA, domiciliado en calle Fidel Oteíza N° 1956, piso 15, comuna de Providencia, Santiago, para que presente declaración en su calidad de testigo ante el Ministerio Público.
Segundo otrosí: Solicitamos tener por acompañados los siguientes documentos en la forma legal:
1. Copia fiel del Diario Oficial, correspondiente al día sábado 21 de Agosto del presente año; específicamente las páginas 2 y 3 del Cuerpo I; en que consta el Decreto N° 78 del Ministerio de Agricultura de fecha 15 de junio de 2010 en que se deja sin efecto la designación de don Leopoldo Sánchez Grunert como Director Nacional del Instituto de Investigación Agropecuaria; y el Decreto N° 79 del Ministerio de Agricultura, de fecha 15 de junio del presente año, por medio del cual se Designa al querellado de autos, señor Guillermo Víctor Donoso Harris ; como Director Nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias .
2. Copia simple de Los Estatutos del Instituto de Investigaciones Agropecuarias.
3. Copia de Resolución de fecha 30 de Marzo del año 2010, que aprueba Convenio entre la Subsecretaría de Agricultura y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, para la transferencia de los recursos establecidos en la Ley de Presupuestos para el año 2010.
4. Copia simple de resolución de fecha 2 de diciembre del año 2009, en que se resuelve conforme a la Ley N° 20.403, que a contar del 1° de diciembre de 2009 se reajustarán en un 4,5% los sueldos de los trabajadores del Instituto de Investigaciones Agropecuarias; que a contar de la misma fecha se reajustarán en un 4,5% las asignaciones de cargo; y fija los nuevos valores de la Escala de Sueldo del personal Trabajadores empleados del INIA, la que regirá desde el 1° de diciembre de 2009.
5. Copia de resolución de fecha 26 de agosto del año 2010, en que el querellado de autos resuelve designar y trasladar a don José María Peralta Alba como Coordinador Nacional de Investigación y Desarrollo; en grado 3D; y aumenta deliberada y arbitrariamente la asignación de cargo a la suma de $ 1.788.000.
6. Resolución de fecha 28 de julio de 2010; en que el querellado decide contratar a plazo fijo como Secretario Técnico del INIA a don Hugo Alejandro Contreras Gómez , en grado 8 y con asignación de cargo vigente, y legal ascendente a $ 488.854.
7. Resolución de fecha 7 de septiembre del año 2010, en que arbitraria y deliberadamente, en contra de los intereses patrimoniales de INIA, ordena la modificación del contrato del señor Hugo Alejandro Contreras Gómez , en su calidad de Secretario Técnico ; manteniendo el grado y aumentando la asignación de cargo a la suma de $ 1.132.000.; además de ordenar pagar la diferencia por los meses anteriores en calidad de un bono imponible y tributable ascendente a $ 806.525.
8. Resolución de fecha 26 de agosto del 2010, por medio de la cual el querellado resuelve contratar a plazo fiji en grado 7 a don Gonzalo Cortés Donoso; aumentando deliberadamente y arbitrariamente su asignación de cargo a la suma de $ 1.222.000.
9. Copia simple de la partida correspondiente a la ley de presupuesto para el año 2010, en la cual se autoriza la transferencia de recursos fiscales al Instituto de Investigaciones Agropecuarias, y en la que se incluye la glosa mediante la cual se exige autorización del Ministerio de Hacienda para que dicha institución pueda contratar créditos.
Tercer otrosí: Solicitamos a SS. que se nos notifiquen las resoluciones que se dicten en la presente causa mediante correo electrónico, designando para tal efecto la dirección vhorvath@hdfabogados.cl en conformidad a lo prescrito por el artículo 31 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de la aplicación de las demás normas que sobre esta materia sean pertinentes.
Cuarto otrosí: Solicitamos a SS. tener presente que en este acto venimos en conferir patrocinio y poder a la abogada habilitada para el ejercicio de la profesión doña Valentina Horvath Gutiérrez , quien fija como domicilio para estos efectos el ubicado en calle Guardia Vieja N° 255, oficina 602, Providencia, Santiago, y la cual firma en señal de aceptación.
b).- respuesta a Querella Criminal efectuada por el Director Nacional del INIA, señor Guillermo Donoso , mediante declaración pública.
DECLARACION PÚBLICA
Santiago, 20 de octubre de 2009.
En relación a la querella criminal presentada el pasado martes 11 de octubre por parte de los sindicatos del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), agrupaciones en Federinia, ante 8° Juzgado de Garantía por supuesto fraude al Fisco, en contra del actual Director Nacional de la Institución , Guillermo Donoso Harris , el INIA, declara lo siguiente:
a) Respecto del “aumento injustificado” de las asignaciones económicas del personal de confianza, designado por el Director Nacional, sin contar con las facultades para hacerlo y con un eventual perjuicio para el Instituto, que es el primer punto que trata la querella, esta acusación carece de validez.
Las remuneraciones de las personas aludidas en la querella están dentro del rango de los sueldos para las responsabilidades que los cargos requieren. Adicionalmente, las asignaciones económicas de cargo que se nombran son atribuciones del Director Nacional y no pasan por aprobación del Consejo del INIA, por lo que el aumento o disminución pertenece íntegramente a las facultades de su cargo. La única asignación determinada y aprobada por el Consejo del INIA es la del Director Nacional.
Respecto de la existencia de “cargos de confianza” o “asesores” nombrados por el señor Donoso dentro de la Dirección Nacional de la Institución, no existe actualmente, el cargo de Asesor en el INIA. Además, las personas aludidas no se incorporaron a la Dirección Nacional de manera arbitraria. El puesto de Secretario técnico del INIA, es un cargo de confianza establecido en los estatutos del INIA y se asume por propuesta y nombramiento del Director Nacional.
El cargo de Coordinador de I&D fue asumido por la persona que ganó el concurso respectivo. En la actualidad, dicha persona se desempeña como Subdirector Nacional de I&D interino, a la espera de la designación del Subdirector definitivo por parte del Consejo del INIA. Finalmente, el cargo de “Gestor Tecnológico” es una posición nueva en la institución, para la cual no existe remuneración u asignación comparativa a su nombramiento.
Es importante aclarar que las personas de “confianza” aludidas asumieron sus funciones previamente a las desvinculaciones, por lo que no se ha reemplazado a ninguno de los cargos desvinculados del INIA. Es más, los cargos de Secretario Técnico y de Coordinador de I&D se encontraban vacantes.
b) Un segundo punto de la querella alude a una desvinculación “súbita, masiva y arbitraria” de personal altamente especializado que se encontraba ejecutando proyectos para cuya realización se han asignado recursos públicos.
Si bien es efectivo que el día 10 de septiembre se desvinculó a 72 funcionarios del INIA, entre investigadores, administrativos, técnicos y profesionales, esta decisión, como se ha comunicado en distintas ocasiones, no fue arbitraria, sino que se debió a la estricta necesidad de reestructuración de la entidad, que enfrenta una grave crisis económica, con un déficit de más de $ 4.000 millones de pesos. A esto se suman las pérdidas que sufre la institución anualmente, las cuales equivalen a más de $ 600 millones de pesos adicionales.
Ante este difícil panorama económico, heredado de administraciones pasadas, la continuidad y operaciones del instituto estaban comprometidas. Este fue el principal motivo para esta dolorosa decisión, que se realizó previa evaluación de cada uno de los investigadores del INIA en el territorio nacional.
En la querella se asegura, además, que el Consejo no tuvo conocimiento de esta decisión, información inexacta ya que como consta en el acta de la sesión ordinaria N° 312 del Consejo, realizada el 11 de agosto de 2010, el Director Nacional presentó a los consejeros la grave situación deficitaria de la institución y la necesidad de la aplicación de una política de retiros.
Adicionalmente, los funcionarios desvinculados fueron legalmente indemnizados y se respetaron todos los derechos laborales que correspondían a sus contratos, incluyendo indemnizaciones sin tope de años. Aún más: a los profesionales que adelantaron su retiro a la edad de 59 años o más, se les completaron sus cotizaciones previsionales. Las indemnizaciones se han estado pagando desde el día 30 de septiembre y en los plazos que establece la Ley, estando disponible los recursos para todas las personas que fueron desvinculadas.
Los demandantes incurren en un nuevo error al asegurar que proyectos financiados por fondos públicos o concursos quedaron desarticulados y sin operación luego del alejamiento de ciertos investigadores. Al adoptar esta medida, para no perjudicar la gestión de INIA, se reasignó dentro de cada equipo de investigación nuevos cargos y personal al mando de éstos.
c) El tercer punto del documento se refiere a la presunta solicitud de créditos sin contar con la autorización legal ni estatutaria. Esta afirmación es falsa toda vez que no se han pedido créditos sin autorización del Ministerio de Hacienda. El INIA cuenta con líneas de sobregiro para capital de trabajo con la banca para su operación desde hace más de 15 años, las cuales se renuevan anualmente, conforme a las políticas de las entidades financieras.
La inexactitud de todas estas acusaciones será probada ante tribunales. Hoy la institución se enfoca en el futuro, adecuándose a los requerimientos actuales del sector y potenciando su rol de impulsor del desarrollo de la agricultura del país.
VI. ACUERDO ENTRE INIA y FEDERACIÓN OPERARIOS, SINDICATO NACIONAL DE PROFESIONALES, SINDICATO N° 1 DE OPERARIOS DE LA PLATINA, LA CRUZ Y RAYENTUE; y FEDERACIÓN DE EMPLEATOS DEL INIA
ACTA DE ACUERDO SOBRE LOS PUNTOS QUE SE INDICAN
En Santiago, de Chile, a 12 de enero de 2011.
Don GUILLERMO VÍCTOR DONOSO HARRIS , Ingeniero Agrónomo , cédula nacional de identidad número 8.667.432-7, en representación del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, en adelante INIA, Rol Único Tributario 61.312.000-9, con domicilio en calle Fidel Oteíza N° 1956 piso doce, comuna de Providencia.
Doña BLANCA CAROLINA TOLEDO MACAYA , operaria, cédula nacional de identidad número 10.243.057-3, en representación de la FEDERACIÓN DE OPERARIOS DEL INIA.
Doña MARIA INES GONZALEZ ARÍSTEGUI , Ingeniero Agrónomo , cédula nacional de identidad número 6.376.889-8, en representación del SINDICATO NACIONAL DE PROFESIONALES DE INIA.
Don CARLOS ALBERTO ORIZ RODRÍGUEZ , operario, cédula nacional de identidad número 8.837.147-k, en representación del SINDICATO NUMERO UNO DE OPERARIOS DE LA PLATINA, LA CRUZ Y RAYENTUE DEL INIA.
Don ALFONSO MARIO VALENZUELA SOLAR, Ingeniero de Ejecución Agrícola , cédula nacional de identidad número 6.543.961-1, en representación de la FEDERACIÓN DE EMPLEADOS DEL INIA.
Las personas antes señaladas, en representación de las entidades citadas, han logrado los siguientes acuerdos por escrito y firmado:
1.- En relación a la supuesta externalización de servicios.
En relación a este tema, don GUILLERMO DONOSO HARRIS , en representación del INIA, declara que NO habrá ningún tipo de externalización de servicios (tales como: casino, aseo, auxiliares, y otros).
2.- En relación a los laboratorios de servicios.
En relación a este tema, las partes acuerdan que se realizará una evaluación objetiva y técnica de los laboratorios de servicios, en especial, los de Leche y Suelo, a Diciembre del año 2011.
Esta evaluación estará a cargo de personas de alto nivel técnico cuyas conclusiones serán objeto de un informe por escrito a fin de tomar decisiones de fondos sobre la materia en Marzo de 2012. Que serán acordadas entre la Dirección Nacional de INIA y los Sindicatos firmantes.
3.- En relación a la supuesta privatización del tema semillas.
En relación a este tema, don GUILLERMO DONOSO HARRIS , en representación del INIA, declara que NO habrá ningún tipo de privatización en la producción de semillas de INIA y que no ingresará ninguna persona o empresa privada -ni siquiera con el 1% de derechos o acciones- en asociación con INIA.
VII. AVENIMIENTO ENTRE DIRECTOR NACIONAL DEL INIA Y SINDICATOS DE TRABAJADORES ANTE 2° JUZGADO DEL TRABAJO DE SANTIAGO
DECLARACIÓN
GUILLERMO VÍCTOR DONOSO HARRIS , Ingeniero Agrónomo , cédula nacional de identidad número ocho millones seiscientos sesenta y siete mil cuatrocientos treinta y dos guión siete, en representación del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, también conocido como INIA, Rol Único Tributario número sesenta y un millones trescientos doce mil guión nueve, ambos con domicilio en calle Fidel Oteiza número mil novecientos cincuenta y seis, piso doce, comuna de Providencia, en relación con denuncia de prácticas antisindicales en procedimiento de tutela laboral, caratulados “SINDICATO NACIONAL con INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS”, RIT S-55-2010, seguida ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago declara:
Que a los efecto de lograr una avenimiento en la causa antes referida, y sin reconocer ninguna de las denuncias por prácticas antisindicales, declaro lo siguiente:
1. La Dirección Nacional y el suscrito no tienen objeción alguna para que los trabajadores afiliados a los sindicatos del Instituto como sus dirigentes, puedan ocupar cargos de toda índole y naturaleza dentro de la institución, incluyendo a los Directores y Subdirectores Regionales o cualquier otro. A mayor abundamiento, el actual subdirector de Investigaciones y Desarrollo (recién nombrado) está afiliado al sindicato.
2. En materia de prevención de riesgos, con fecha 10 de septiembre de 2010, se puso término al contrato de don Arturo González , quien se desempeñaba principalmente en el CRI La Platina. En su reemplazo, en reconocimiento a sus méritos y trayectoria, la Dirección Nacional ha promovido en su cargo a don Moisés Manríquez , quien siendo un antiguo funcionario del INIA, en enero de 2010, obtuvo su título de Ingeniero de Ejecución en Prevención de Riesgos, quedando acreditada su calidad por Resolución Exenta N° 9873 del 18 de junio de 2010, de la seremi de Salud de Temuco. Su nombramiento como Prevencionista a nivel nacional se hizo por Resolución N° 964 de fecha 8 de noviembre de 2010 y, con fecha 24 de Noviembre, se emitió el nombramiento oficial para su desempeño a nivel nacional.
3. Es interés de esta Dirección Nacional generar los cauces y canales de información más expeditos y directos entre todos sus trabajadores y las instancias directivas de la misma. No se condicionará la autorización de las reuniones de las organizaciones sindicales al interior del instituto a que estas informen el contenido de las mismas, sin perjuicio de lo cual se solicita encarecidamente que a los efectos de lograr la mayor eficiencia del recurso humano y tiempo de todos los empleados del Instituto, se coordine o al menos informe de la realización de tales reuniones y actividades al Director Regional del cual dependa la unidad que corresponda.
4. Debo manifestar que NO tendremos nuevos despidos al interior del Instituto producto del proceso de racionalización iniciado en agosto de 2010, derivados de la situación financiera por la que atraviesa el Instituto, que nos obligó a llevar a cabo un Proceso de Modernización y Reestructuración para ajustar el cuantioso déficit operacional.
5. Cabe señalar que por estimar beneficiosa para los trabajadores, se mantendrá vigente la política de incentivos para el retiro del personal en edad de jubilación o cercana a ella, tales como Depósitos Convenidos para Jubilación o Retiros Mandatorios (Retiro voluntario del trabajador con derecho a pago de todos los beneficios por antigüedad, es decir, mandatario por la empresa).
6. Con la finalidad de garantizar la debida seguridad y tranquilidad de los trabajadores de INIA, y para el sólo y único efecto de arribar a un avenimiento en los presentes autos laborales, los denunciantes acceden a aquél, atendidas las declaraciones realizadas en esta audiencia por el Director Nacional del INIA, señor Guillermo Donoso Harris .
VIII. CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES.
En consideración a la labor realizada por la Comisión, las intervenciones de los diversos invitados, los antecedentes proporcionados, los informes recopilados, y el mandato otorgado por la H. Cámara, en orden a analizar las eventuales irregularidades ocurridas en el período 2006, a la fecha, en la administración del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y las graves irregularidades y posibles hechos de corrupción ocurridos en la administración de dicho instituto, y por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Álvarez-Salamanca , Barros , Chahín , Hernández ( Presidente ), Martínez , Muñoz , Pascal, Rivas y Urrutia , se aprobaron las siguientes conclusiones y proposiciones.
A) CONCLUSIONES.
Acerca de las Funciones y Misión del INIA.
I. Debilidades en la comprensión de los objetivos del INIA y su financiamiento.
Se constata que el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, si bien tiene un estatuto jurídico de derecho privado con financiamiento mixto, cumple funciones públicas y ha tenido un importante rol en el país en áreas de gran relevancia agropecuaria, tales como el desarrollo de investigación y transferencia de conocimientos relevantes respecto del desarrollo y uso de semillas certificadas, vinculación tecnológica con el sector agroindustrial y generación de patentes, entre otras.
Sin embargo, pese a ello y a no ser parte de sus objetivos institucionales, su presupuesto está altamente condicionado por el resultado de su actividad comercial. Asimismo, se advierte la excesiva dependencia de los recursos obtenidos por la vía de proyectos concursables en el balance anual.
Ante ello, resulta necesario hacer presente la relevancia de los proyectos de investigación que desarrolla, los cuales deben estar siempre orientados a los objetivos estratégicos del país más que a los requerimientos puntuales del mercado, y recalcar que sus rendimientos productivos no se deben transformar en un objetivo central ni la vía de su financiamiento principal.
En virtud de lo anterior, es indispensable que los costos de operación, incluyendo las remuneraciones del personal y sus incrementos anuales, estén asegurados en el futuro por el Ministerio de Agricultura y no dependan de ingresos operacionales ni de la aprobación de proyectos concursables, es decir, se debe asegurar un financiamiento público básico estable que permita que el INIA cumpla su misión y objetivos institucionales.
II. Deficiencias en la gestión directiva.
La Comisión constató graves falencias en el manejo administrativo de la institución respecto de su ex director, señor Guillermo Donoso , los que pueden resumirse de la siguiente manera:
a.- Desorden contable. La Comisión pudo advertir la falta de rigurosidad de la información contable del INIA, representada en los datos contradictorios, confusos e insuficientes aportados a esta instancia investigadora.
Al respecto, a una información inicial presentada en gráficos, han seguido tres entregas de antecedentes que no resultan coherentes entre sí; presentan claras divergencias y resultan incompletas y carentes de sustento técnico para explicar la real situación financiera de la entidad.
b.- Situación financiera deficitaria y eventuales irregularidades. Sin perjuicio de lo señalado en torno a las dificultades económicas permanentes del INIA derivadas de la insuficiencia de recursos para atender en forma estable y permanente sus gastos, la administración actual ha contribuido a agudizar la situación con decisiones tanto desacertadas como eventualmente irregulares.
En efecto, no resulta razonable que, sin contar con fondos suficientes para respaldar las acciones, se proceda a despidos del personal que motivarán elevados gastos en materia de indemnizaciones, bonos y finiquitos.
Lo anterior, además del déficit permanente señalado, tuvo como consecuencia otras decisiones anómalas tales como la aplicación de recursos obtenidos en concursos para fines distintos, lo cual deberá ser indagado por los organismos competentes.
Asimismo, resulta enteramente inapropiado a la situación financiera actual del INIA el aumento injustificado de las asignaciones económicas del personal de confianza del ex director; la adquisición de pasajes aéreos de elevado costo, en clase ejecutiva, para personal institucional (contrariando la política gubernamental al respecto) y la contratación de defensa jurídica, de alto valor, para la máxima autoridad del servicio.
c.- Daño patrimonial irreparable en materia de recursos humanos. Para una entidad cuya finalidad radica esencialmente en la investigación, el personal profesional, técnico y operativo encargado de producirla resulta fundamental.
Este personal se forma y perfecciona en períodos extensos, cuyo ciclo supera la década, los que resultan, además, indispensables para la generación de equipos de trabajo y especialización.
En los últimos años, en el INIA se constituyó un importante staff de investigadores y personal auxiliar, 73 de los cuales (un 8% de la dotación) han sido recientemente despedidos con el objeto de disminuir los costos operacionales.
Lo anterior constituye un grave error que refleja una desacertada visión del servicio y su quehacer. En efecto, por generar un ahorro en planillas de sueldo al año de aproximadamente $ 1.373 millones de pesos se produce una evidente merma en capital humano, cuyo costo de preparación, sólo a nivel profesional (24 funcionarios), se estima en más de $ 2.500 millones de pesos. Los operarios y obreros despedidos, por su parte, también poseían alta especialización en materias relevantes para el servicio.
Asimismo, la Dirección del servicio utilizó las facultades legales que le permiten forzar el retiro de personas que se encuentran en edad de pensionarse, atribución que fue usada, también en el pasado, con mayor cautela.
Dicha política, también motivada en la necesidad de aliviar los costos en personal, no se condice con las prácticas laborales actuales en la materia -más aún en materia de investigación especializada - e incluso con la experiencia del propio INIA, donde destacados funcionarios siguieron realizando significativos aportes investigativos, pese a superar la edad necesaria para jubilar.
Lo anterior revela una gestión que, con el imperativo de disminuir los costos operacionales, ha descuidado los fines de la institución y el capital humano especializado para cumplirlos, como un activo fundamental para el servicio, motivando una grave e irreparable pérdida para el INIA.
d.- Entrega de información confidencial a empresa de la competencia. El INIA es una entidad mixta, privada por una parte pero perteneciente al ámbito público y con parte de su financiamiento proveniente del fisco, dedicada especialmente a la investigación, que busca posibilitar, a través de ella, el mejoramiento de los procesos productivos del país en la materia.
La información que genera y las expectativas de su aplicación comercial son altas, por lo tanto, la transferencia de los conocimientos generados en sus líneas investigativas constituye un asunto crítico y ha sido regulado a través de un reglamento que norma los conflictos de interés en el INIA, el cual entró en vigencia a principios de 2010.
En esta materia la Comisión ha llegado a la convicción de que existen indicios de que la ex Dirección del INIA habría infringido este reglamento al entregar, por intermedio del secretario técnico, señor Hugo Contreras , información comercial privilegiada a la empresa Anasac, relacionada con las ventas de semillas de las variedades del INIA y sus costos.
Tal situación podría tener implicancias administrativas en futuras licitaciones e indudables perjuicios patrimoniales.
e.- Maltrato y abusos laborales graves y reiterados. La situación financiera que vive el INIA ha motivado una ola de despidos de personal que ha producido temor e incertidumbre, constituyendo una situación de maltrato y abusos graves.
En efecto, al número y calidad de los funcionarios despedidos, se agrega la forma en que éstos han sido desvinculados, sin respeto por su trayectoria y mediante un trato vejatorio que ha llegado a dificultar severamente el funcionamiento de las organizaciones representativas del personal y la comunicación con sus afiliados.
Respecto al pago de indemnizaciones y beneficios que emanan de los contratos respectivos cabe señalar que aún subsiste conflicto con 5 desvinculados quienes han presentado requerimientos judiciales reclamando complementos a sus indemnizaciones.
La Comisión ha llegado al convencimiento de que el principal responsable del deterioro de las relaciones humanas y profesionales al interior del INIA es su ex director, señor Guillermo Donoso Harris . En efecto, la incapacidad del citado Director para cultivar relaciones laborales enmarcadas en el respeto y la consideración a que todas las personas tienen derecho, ha generado la legítima protesta de los trabajadores y profesionales del Instituto.
La Comisión estima que no darle al factor humano la importancia que tiene en las relaciones laborales, es un error cuyas consecuencias superan los presuntos beneficios que podrían reportar medidas que sólo consideran aspectos financieros y administrativos. En efecto, el aporte del INIA a la agricultura nacional se debe fundamentalmente a sus trabajadores y profesionales, quienes se han visto impedidos de desarrollar normalmente sus trabajaos y labores de investigación, como consecuencia del ambiente de inestabilidad generado por algunas de las decisiones del ex Director Nacional .
f.- Falta de planificación de la gestión. Como fue reconocido por el ex Director del INIA , señor Guillermo Donoso , el proceso de desvinculación de profesionales se produjo antes de hacer un estudio de rediseño institucional y de objetivos del instituto, lo que contradice las normas básicas de planificación de la gestión, ya que las modificaciones en los recursos humanos deben obedecer a los nuevos desafíos y énfasis institucionales y no al revés como lo hizo el señor Donoso , quien despidió sin siquiera hacer una evaluación seria o tener un claro diagnóstico de la realidad del INIA, menos aún un estudio de rediseño.
g.- Consideración final. La Comisión estima que la solicitud de renuncia del señor Guillermo Donoso Harris como Director Nacional del INIA obedece precisamente a su mala gestión, lo que se pudo comprobar gracias a la profunda labor desarrollada en el marco de la presente investigación.
B) PROPOSICIONES.
I. Solicitar al Ministro de Agricultura que el cargo de Director Nacional de INIA sea ocupado por una persona que entienda y asuma que el elemento más importante del INIA son los trabajadores y profesionales que lo integran, algo fundamental para el cumplimiento de la misión de investigación en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.
II. Solicitar al Ministro de Agricultura y al Ministro de Hacienda , el aumento de la asignación presupuestaria que se entrega al INIA, para que se haga cargo de los gastos operacionales y de este modo, resolver el déficit estructural de la Institución y sobre todo asegurar los recursos mínimos para garantizar el cumplimiento de sus objetivos investigativos.
III. Sugerir al Ministro de Agricultura , la reincorporación de los profesionales y otros funcionarios que fueron desvinculados
IV. Oficiar a la Contraloría General de la República que investigue eventuales actos de falta de probidad en que se han incurrido durante la administración del señor Guillermo Donoso , en particular en relación a la entrega de información privilegiada a la empresa Anasac.
V. Solicitar al señor Ministro de Agricultura que encargue al Banco Mundial un estudio de impacto de la labor investigativa del INIA y establezca recomendaciones para el rediseño institucional de dicho instituto y sobre las fuentes de financiamiento adecuadas para desarrollar en forma apropiada su misión institucional.
IX. DIPUTADO INFORMANTE.
Por la unanimidad de los diputados presentes se acordó designar diputado informante al señor Javier Hernández.
Tratado y acordado según consta en las actas correspondientes a las sesiones de fechas 02, 09, 16 y 30 de noviembre; 14 de diciembre de 2010; 04, 11 y 18 de enero; 15 y 22 de marzo; 05 y 19 de abril y 03 de mayo de 2011, con la asistencia de los Diputados señores René Alinco , Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Ramón Barros , Eduardo Cerda , Fuad Chahín , Javier Hernández ( Presidente ), Enrique Jaramillo , Rosauro Martínez , Adriana Muñoz , Denise Pascal , José Pérez , Gaspar Rivas , Alejandra Sepúlveda e Ignacio Urrutia .
Asimismo, asistió el diputado señor Sabag en reemplazo del señor Chahín , quien posteriormente también reemplazó al diputado Cerda .
Concurrieron, además, los diputados no integrantes de la Comisión señores Sabag , Bauer , García don Manuel y Estay .
Valparaíso, Sala de la Comisión, 3 de mayo de 2011.
(Fdo.): SERGIO PIZARRO ROBERTS , abogado secretario de la Comisión”.
6. Moción de los diputados señores Auth , Campos, De Urresti , Godoy , Harboe , Hasbún , Meza , Saffirio , Teillier y Vargas .
Permite la renovación de permisos de circulación de vehículos cuyos propietarios adeuden multas por uso de obras concesionadas que indica. (boletín N° 7624-15)
ANTECEDENTES
El principal enunciado sobre el cual se ha configurado nuestro sistema de Concesiones de Obras Publicas, está sustentado en un presupuesto que dice relación con la falta de capacidad estatal para la realización de grandes inversiones viales.
Este presupuesto que determino la motivación del legislador para la realización de las modificaciones al marco normativo durante el año 1996 ponían el eje de la inversión de las obras, en un sustrato teórico que daba por sentada la necesidad absoluta del estado (y por lo tanto de los consumidores) de que los grandes grupos económicos realizaran grandes inversiones como único medio para contar con sistemas de transporte aceptable para los estándares de ciudades modernas.
Si era cierta o no esa premisa (o si aún lo es), es un asunto discutible, pero lo que sí sabemos de forma cierta, es que ese supuesto estado de necesidad absoluto que hacia prácticamente indubitada y completamente necesaria la implementación a toda costa (incluyendo de los derechos de los consumidores), del actual sistema concesional establecido en el DFL N° 164 del año 1991, del Ministerio de Obras Públicas, o Ley de Concesiones de Obras Publicas, resultó por decirlo menos un exceso, ya que a poco andar la lesión a los derechos de los consumidores llegó a tal punto que motivó el repudio transversal de los diferentes sectores políticos. Ese sentido de necesidad absoluta de protección de los intereses de las concesionarias de obras públicas, significó que el legislador llegase a generar incentivos incomprensibles, como establecer multas equivalentes al 4.000 por ciento de lo adeudado por las personas por concepto de multas, lo cual era claramente un abuso. Afortunadamente, y luego de sendos fallos de los tribunales de justicia que ratificaron la validez y aplicabilidad de la ley, esta normativa hecha a la medida de las grandes empresas concesionarias, sufrió algunas necesarias modificaciones en el año 2010, por medio de la ley 20.410, motivada por un necesario acuerdo político, que entre otras medidas hizo más restrictiva la aplicación de las multas.
Creemos que actualmente ha quedado demostrado, a través de los miles de juicios y de los miles de problemas que año a año se suscitan para que los consumidores puedan renovar sus permisos de circulación, que debemos generar una nueva forma de entender la relación entre las concesionarias y los particulares, poniendo el énfasis ya no en un supuesto estado de necesidad absoluto de los consumidores para contar con inversión en materia vial, sino en el equilibrio entre la protección de los derechos de estos consumidores y estas grandes empresas que tienen capacidades económicas indiscutidas para cobrarles en juicios ejecutivos a los sujetos pasivos de las acciones generadas por el cobro de las multas, pero, además, por que se da una situación problemática en estos juicios, ya que mientras se están desarrollando, no son informados al sistema del Servicio de Registro Civil y, por lo tanto, un tercero adquirente de buena fe, podría verse afectado gravemente al no poder revisar una multa que ha sido ingresada al sistema meses después de que se cometió la falta que la motiva.
MARCO NORMATIVO
Nuestra ley de concesiones de obras públicas, establece en su artículo 42 que: “Cuando el usuario de una obra dada en concesión no cumpla con el pago de su tarifa o peaje, el concesionario podrá cobrarlo judicialmente, reajustado según la variación del Índice de Precios al Consumidor, más los intereses máximos convencionales y las costas”, y sobre la multa aplicable a dicha obligación señala: “Cuando el juez condene al pago en los términos señalados en el inciso anterior, además de lo debido, aplicará una multa de cinco veces el monto de lo condenado. En caso de reincidencia, esta multa aumentará a quince veces el monto de lo condenado”. La redacción original de la ley de concesiones establecía una multa de cuarenta veces el monto adeudado.
La ley de procedimientos ante los juzgados de policía local, establece a su vez una norma que tiene que ver con un requisito de acreditación para el pago del permiso de circulación en su artículo 24 que señala: “Tratándose de las denuncias señaladas en el inciso tercero del artículo 3º, el Secretario del Tribunal , cada dos meses, comunicará las multas no pagadas para su anotación en el Registro de Multas del Tránsito no pagadas. Mientras la anotación esté vigente, no podrá renovarse el permiso de circulación del vehículo afectado”
Eso en relación con el artículo 42 señalado previamente, obviamente significa que en caso de existir una deuda asociada a un determinado vehículo por no pago a las autopistas concesionarias, los propietarios no podrán renovar sus respectivos permisos de circulación.
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El problema que presenta este sistema, es que origina una situación injusta que tienen que afrontar los usuarios y cuyas implicancias prácticas las podemos resumir en los siguientes aspectos.
1.- En muchos casos, por razones de agregación tardía al sistema de multas impagas del Registro Civil , muchas personas que adquieren vehículos usados pueden ver frustrada la renovación del respectivo permiso de circulación en los términos establecidos en la ley por multas que son agregadas al sistema de registro posteriormente a la adquisición del vehículo. Por eso, creemos que tal prohibición es injusta, y no porque creamos que al nuevo propietario se le deban condonar completamente las obligaciones contraídas, o que deba tener permiso para ser irresponsable al momento de comprar un vehículo, sino que, por una deuda entre un privado concesionario y un contratante, el nuevo propietario no podrá circular por el territorio nacional en su vehículo que ha adquirido de buena fe.
2.- Esa situación de “dualidad” que se da con este tipo de multas, en que por una parte tienen un tratamiento similar al de cualquier multa pública y, por otra, configura luego de un juicio ejecutivo, con los gastos, intereses y costas que ello implica, un castigo enorme para un particular, genera a nuestro entender una situación injusta, pues impide que una persona que ha comprado legítimamente un vehículo pueda circular por el territorio nacional a causa de una deuda con un privado que puede ser anterior a la compra del vehículo y porque, además, esta empresa concesionaria tiene todas las herramientas legales para cobrar esa deuda de forma judicial. Los efectos negativos de esta situación se ven reflejados cada año los meses de febrero y marzo en que muchos propietarios experimentan la sorpresa que sus vehículos tienen multas por este concepto.
3.- Creemos que con el pasar del tiempo, se debe dar un nuevo enfoque al sistema concesional de obras públicas, el cual debe propender a un trato justo con los usuarios, los que actualmente siguen teniendo el peso de financiar la mantención de las inversiones de las concesionarias, las que, además, no tienen obligación de invertir en sistemas mínimos de seguridad de nivel internacional, sin controles de acceso, sin bermas y cuyos riesgos económicos están resguardados completamente por el marco normativo vigente.
Por esas razones, venimos en proponer a esta Honorable Cámara el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único:
i) Modifíquese el artículo 24 de la ley N° 18.287, que establece los procedimientos ante los Juzgados de Policía Local de la siguiente manera:
“En el inciso primero del artículo 24, a continuación de la frase “del vehículo afectado”, reemplazase el punto seguido (.) por una coma(,) y a continuación insértese la siguiente frase “con excepción de las anotaciones por multas cursadas por el no pago de las tarifas o peajes por el uso de una obra vial concesionada.”.
ii) Modifíquese el inciso segundo del artículo 42 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, DFL 164 de 1991 del Ministerio de Obras Publicas, de la siguiente manera:
Suprímase la siguiente frase: “Si las multas no fueren pagadas, se anotarán en el Registro de Multas de Tránsito no pagas, en la forma, plazos y para todos los efectos que establece la ley Nº 18.287.”.
7. Moción de los diputados señores Godoy , Becker , Bertolino , Browne , Delmastro , Monckeberg , don Cristián ; Morales , Moreira , Rivas y Pérez, don Leopoldo .
Establece sanciones a quienes vendan o suministren recipientes de pintura aerosol a menores de dieciocho años y dispone medidas para su almacenamiento y expendio. (boletín N° 7625-25)
“-El graffiti podría definirse como una serie de inscripciones o signos anónimos dibujados o pintados en paredes de o espacios públicos y privados, los que pueden tener un fin artístico, social, delictivo, o, simplemente, de atestiguar la presencia de su autor en un lugar determinado.
-Durante los últimos años, el graffiti ha proliferado en las calles de nuestro país afectando la propiedad pública y privada con los consecuentes costos que ello conlleva a los municipios, al gobierno central y a los particulares.
-En nuestro país, la Ilustre Municipalidad de Valparaíso gasta cerca de quinientos millones anuales en recuperación de patrimonio. Asimismo, la ciudad de La Serena gasta solo por concepto de reparación de las estatuas pintadas, unos diez millones de pesos. A ello, habría de agregarle otro costo difícil de cuantificar y que se refiere al natural deterioro que experimentará una pieza que es intervenida una y otra vez.
-Estadísticas señalan que quienes más incurren en esta conducta son menores de edad, los que incluso sufren severos daños a su salud por las partículas toxicas que aspiran sin tomar las precauciones necesarias. Esto incluso puede traducirse en adicciones, con el consecuente daño personal, familiar y social.
Nuestro ordenamiento jurídico, si bien no tipifica específicamente un delito que reprima el graffiti, si son perseguibles mediante la figura del delito de daños. Estos incluso podrían adquirir el carácter de calificados a partir de la propiedad dañada.
-Estudios han indicado que el graffiti es inconveniente socialmente por cuanto envía un mensaje de indiferencia gubernamental ante la delincuencia. En este sentido, se reduce la sensación de seguridad ciudadana, y suele asociarse a la proliferación de otros ilícitos. Sin ir más lejos, el lumpen ha confeccionado un verdadero sistema de códigos a partir de los símbolos que suelen dibujarse en el exterior de los hogares, con información relevante para la perpetración de delitos. Asimismo, las pandillas utilizan al graffiti como una manera de dejar sus marcas en los lugares donde perpetran sus delitos, como alarde de los crímenes cometidos o de las armas que portan.
-De esta manera, y con miras a combatir las consecuencias económicas y delictivas que el graffiti genera, en algunos estados de Estados Unidos, se ha implementado la política de venta responsable. “La venta responsable” es una combinación de actividades dentro del establecimiento para reducir el hurto de instrumentos potenciales para el graffiti, y para prohibir la venta de pintura en aerosol a menores de edad.
-Esta es una manera de combatir un ilícito, no con la política simplista de aumentar penas o reducir beneficios, sino más bien buscando elementos que permitan que al grafitero se le complique sustancialmente la adquisición de pintura en aerosol. Por otro lado, facilitaría al Ministerio Publico y a las policías la investigación de ilícitos relacionados.
-Quienes firmamos el presente proyecto, apoyamos las diversas manifestaciones artísticas, dentro de las cuales, a nuestro entender, se podría enmarcar el pintado de muros con aerosol u otro tipo de pinturas. Sin embargo, cuando ello se lleva a cabo en propiedad pública o privada, sin el consentimiento del dueño o de quien administra dichos bienes, deriva en vandalismo.
Por lo anterior, venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY.
Artículo 1°: El que vendiere o suministrare a cualquier titulo, directamente o por interpósita persona, recipientes de pintura en aerosol a menores de dieciocho años, será sancionado con multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales.
En caso de reincidencia la sanción será una multa de veinte unidades tributarias mensuales, y para el evento de persistir en la conducta se aplicará, además, el comiso de los recipientes y la clausura del establecimiento cuando corresponda. La incautación se efectuará por Carabineros en el momento de sorprenderse la infracción, debiendo remitir los recipientes a la municipalidad respectiva.
Artículo 2°: Para los efectos de la presente ley, entiéndase como “recipiente de pintura en aerosol”, cualquier envase confeccionado o adaptado para la pulverización de pintura.
Artículo 3°: Los dueños o administradores de los locales de venta al por mayor y por menor, donde se comercialicen pinturas en aerosol, deberán procurar los resguardos adecuados para su debido almacenamiento en vitrinas cerradas, solo accesibles a sus dependientes.
En caso de locales que no puedan dar cumplimiento a lo anterior, éstos deberán almacenar los recipientes en zonas no accesibles al público sin autorización de quienes ahí trabajen.
Artículo 4°: Los locales a los que se refiere el artículo anterior, deberán colocar un cartel a la vista del público señalando las conductas sancionadas por esta ley y las penas que ellas conllevan.
Asimismo, los administradores o propietarios deberán llevar un registro de quienes adquieran estos productos, en el cual consignarán sus nombres completos, cedula nacional de identidad, domicilio, número de unidades adquiridas y sus características”.
8. Moción de los diputados señores Espinosa, don Marcos; Alinco , Jarpa , Jiménez , Lorenzini , Silber , y de las diputadas señoras Isasi , doña Marta ; Pascal, doña Denise , y Zalaquett , doña Mónica .
Establece competencia de tribunales de familia en las materias que indica. (boletín N° 7626-18).
“Considerando:
1. Que en el año 2005, cuando se crearon los Juzgados de Familia en Chile, comenzó de a poco a eliminarse la Judicatura de Menores, que contemplaba la ley N° 16.618 sobre Menores.
2. Que la mencionada Ley de Menores señalaba la competencia de los Juzgados de Menores, en todas aquellas materias que tuvieran relación con los niños, niñas y adolescentes. Específicamente sobre materias de tuición -hoy cuidado personal y patria potestad- y, visitas -hoy relación directa y regular-.
3. Que en estas materias en particular, la normativa legal indicaba que los Juzgados de Menores con competencia territorial eran aquellos correspondientes al domicilio del menor. Los menores de edad al no tener domicilio propio seguían el domicilio del padre que detente el cuidado personal.
4. Que al eliminarse los Juzgados de Menores y al traspasarse la competencia a los Tribunales de Familia, sucesores naturales de éstos, consuetudinariamente la competencia territorial en materia de cuidado personal, patria potestad y relación directa y regular se mantuvo, sin embargo, normativamente, tal regla de competencia se eliminó, lo que produce graves efectos en materia de tramitación, ya que en dicho caso se aplicarían las reglas generales en materia de competencia, cual es demandar en el Tribunal de Familia del domicilio del demandado.
5. Que a simple vista, la regla que se aplica actualmente no es injusta, sobre todo considerando que se trata de la regla general en materia de competencia. Sin embargo, al revisar casos específicos en la práctica de tribunales, podemos apreciar cientos de casos de cuidado personal en los cuales, quien demanda cuidado personal definitivo, ya tiene el cuidado personal provisorio de un menor, y debe llevar a cabo la tramitación en juzgados que quedan fuera de la región donde residen, debiendo incurrir en gastos y desplazamientos que podrían evitarse sobre todo por el interés superior del niño, niña o adolescente involucrado. O aquellos casos en que quien demanda relación directa y regular con su hijo se encuentra en territorio jurisdiccional distinto del demandado, sosteniendo las mismas consideraciones ya expuestas.
6. Que, por lo demás, tal como ya mencionara, en la práctica de los Tribunales de Familia, por discrecionalidad de los Jueces, se sigue aplicando la regla de Tribunal competente del domicilio del menor.
7. Que en los casos de ocurrencia práctica indicados en considerandos anteriores, aplicar la regla de competencia general sería ir en contra del principio general del derecho del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, además de desconocer instituciones procesales como los exhortos y la prórroga de competencia.
8. Que en materia de adopción y de alimentos la regla de competencia es que será competente para conocer las demandas el Tribunal del domicilio del demandado o del demandante, a elección de éste, lo que parece ser una alternativa más adecuada con los intereses vertidos en cada caso particular, dando una regla general, pero aplicable de manera justa para todos.
9. Por todo lo antes mencionado, en suma, venimos a presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY.
Artículo único: Modifíquese los siguientes cuerpos legales:
1.- Código Civil en su artículo 225 agregando un inciso 5º nuevo:
“Las demandas de cuidado personal serán interpuestas ante el Tribunal de Familia del domicilio del demandado o del demandante, a elección de éste último.”
2.- Código Orgánico de Tribunales para agregar un artículo 147 bis nuevo:
“Será Juez competente para conocer de las demandas de cuidado personal, patria potestad, y relación directa y regular, el del domicilio del demandado o demandante a elección de éste último.”
3.- Ley N° 19.968, sobre Tribunales de Familia en su artículo 8º para agregar un inciso 2º nuevo:
“En las causas que se vean involucrados menores de edad, será competente para conocer de las demandas interpuestas, el Tribunal de Familia, correspondiente al domicilio del menor”.
9. Moción de los diputados señores Van Rysselberghe , Álvarez-Salamanca , Arenas , Macaya , Rosales , Sabag , Squella , Vilches , y de la diputada señora Zalaquett , doña Mónica .
Obliga a las empresas de servicios básicos a cobrar fraccionadamente en las cuentas mensuales los saldos no facturados y/o no cobrados oportunamente. (boletín N° 7629-03).
“1. Las empresas de servicios básicos deben, de conformidad con la legislación vigente, facturar sus suministros mensualmente. En efecto, así se desprende del marco regulatorio sectorial de los servicios de agua potable, energía eléctrica, gas y telefonía.
2. No obstante lo anterior, ha ocurrido que tal deber ha sido incumplido por algunas empresas, generando molestias a sus clientes, quienes han sufrido perjuicios por tales hechos que no han sido reparados.
3. Ejemplo de lo anterior es lo que ha ocurrido con las empresas de servicios básicos de las regiones afectadas por el terremoto de febrero de 2010, alguna de las cuales, habiendo suspendido el cobro mensual del suministro, al reestablecerlo, cobraron en una misma cuenta el saldo de los meses no facturados y/o no cobrados mensualmente, enfrentándose los clientes al cobro de saldos difíciles de solucionar.
4. Cuestión similar ha ocurrido en la IV y V Región con la Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica (Conafe) que, por problemas informáticos de facturación, no ha facturado y/o no cobrado mensualmente el suministro a sus clientes.
5. El problema descrito se agrava cuando en las cuentas, además del saldo de meses anteriores, consideran intereses por mora, reajuste e incluso gastos de cobranza por acciones de cobro no ejecutadas.
6. Superar lo anterior supone disponer en nuestra legislación de una norma que de manera general y expresa obligue a las empresas de servicios básicos a cobrar fraccionadamente el saldo no facturado y/o cobrado oportunamente, de manera de facilitar a los consumidores el pago de dicho monto, considerando, sobretodo, que los hechos que lo motivaron no son imputables a estos últimos.
7. Para ello, a continuación, se propone un texto de ley que busca modificar la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, incorporando al párrafo 39, sobre obligaciones del proveedor, del Título II de dicho cuerpo normativo, un artículo nuevo, disponiendo expresamente tal forma de cobro, prohibiendo, además, el cobro de intereses por mora y reajustes, en los supuestos descritos.
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Incorpórase el siguiente artículo 15-A nuevo a la Ley N° 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores:
“Las empresas públicas o privadas que proporcionen servicios de agua potable, gas, alcantarillado, energía eléctrica o teléfono deberán facturar mensualmente sus suministros, debiendo remitir la boleta o factura respectiva a lo menos con 10 días de anticipación a la fecha de pago mensual establecida en ella.
Si por cualquier causa inimputable al consumidor dichas empresas no facturaren y/o no remitieren mensualmente la boleta o factura, el saldo no facturado o cobrado oportunamente no generará intereses ni podrá ser reajustado. Este saldo sólo podrá ser cobrado fraccionadamente en las boletas o facturas siguientes, de manera que la parte del saldo cobrado en cada una de éstas, no exceda un diez por ciento del promedio de las últimas tres facturas o boletas emitidas y pagadas.”.
10. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 26 de abril de 2011.
Oficio Nº 5.865
Remite resolución.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por la Primera Sala de esta Magistratura con fecha 26 de abril de 2011 en el proceso Rol Nº 1.933-11-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos Rol de ingreso Nº 7218-2010, sobre recurso de protección interpuesto ante esa Corte de Apelaciones de Santiago (Secretaria Criminal) en contra de Isapre Cruz Blanca S.A., a los efectos que indica. Asimismo, acompaño copia del requerimiento y de la resolución que declaró su admisibilidad.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO MELERO ABAROA
VALPARAÍSO.”
11. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 26 de abril de 2011.
Oficio Nº 5.870
Remite resolución.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 26 de abril de 2011 en el proceso Rol Nº 1.934-11-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos Rol de ingreso Nº 238-2011, sobre recurso de protección interpuesto ante esa Corte de Apelaciones (Secretaria Criminal) en contra de Isapre Cruz Blanca S.A., a los efectos que indica. Asimismo, acompaño copia del requerimiento y de la resolución que declaró su admisibilidad.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.”
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO MELERO ABAROA
VALPARAÍSO.”