Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- PERMISO
- Ivan Moreira Barros
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Maria Angelica Cristi Marfil
- PERMISO
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- DESARCHIVO DE PROYECTO.
- ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE FAMILIA.
- CREACIÓN DE COMISIÓN BICAMERAL PARA AGILIZAR TRAMITACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL.
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA.
- INTEGRACIÓN
- Edmundo Eluchans Urenda
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- Jorge Burgos Varela
- Felipe Harboe Bascunan
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTEGRACIÓN
- V. ORDEN DEL DÍA.
- TRASPASO DE TRAMITACIÓN DE LAS LICENCIAS MÉDICAS AL FONDO NACIONAL DE SALUD. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- INTERVENCIÓN : Javier Ignacio Macaya Danus
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Joaquin Godoy Ibanez
- INTERVENCIÓN : Victor Marcelo Torres Jeldes
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Pedro Antonio Velasquez Seguel
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- INTERVENCIÓN : Javier Ignacio Macaya Danus
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- INTERVENCIÓN : Juan Luis Castro Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Alejandro Santana Tirachini
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- DEBATE
- PAREO
- Andrea Molina Oliva
- Patricio Vallespin Lopez
- Cristian Monckeberg Bruner
- Luis Segundo Lemus Aracena
- Ivan Moreira Barros
- Marcelo Diaz Diaz
- Gaspar Alberto Rivas Sanchez
- Joaquin Tuma Zedan
- Karla Rubilar Barahona
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Matias Walker Prieto
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Maria Antonieta Saa Diaz
- PAREO
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- TRASPASO DE TRAMITACIÓN DE LAS LICENCIAS MÉDICAS AL FONDO NACIONAL DE SALUD. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- INDULTO PRESIDENCIAL A PASTORA AIMARA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Orlando Severo Vargas Pizarro
- Cristina Girardi Lavin
- Enrique Accorsi Opazo
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Adriana Munoz D'albora
- Ramon Farias Ponce
- Lautaro Carmona Soto
- Clemira Pacheco Rivas
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Joaquin Tuma Zedan
- Nino Baltolu Rasera
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Nino Baltolu Rasera
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PLAN DE CHATARRIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE MENOR.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Orlando Severo Vargas Pizarro
- Carolina Goic Boroevic
- Alejandro Santana Tirachini
- Jose Manuel Edwards Silva
- Pepe Auth Stewart
- Luis Segundo Lemus Aracena
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- Ramon Farias Ponce
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Marcos Espinosa Monardes
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Orlando Severo Vargas Pizarro
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MODIFICACIÓN DE NORMATIVA RELATIVA A OTORGAMIENTO DE PREMIOS NACIONALES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Felipe Harboe Bascunan
- Cristina Girardi Lavin
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Cristian Monckeberg Bruner
- Ximena Vidal Lazaro
- Lautaro Carmona Soto
- Marcos Espinosa Monardes
- Ramon Farias Ponce
- Joaquin Godoy Ibanez
- Felipe Ward Edwards
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INDULTO PRESIDENCIAL A PASTORA AIMARA.
- VII. INCIDENTES
- INCREMENTO DE DOTACIÓN POLICIAL EN SECTOR NORORIENTE DE RANCAGUA. Oficio.
- ADHESION
- Marisol Turres Figueroa
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Enrique Accorsi Opazo
- Jose Antonio Kast Rist
- Nino Baltolu Rasera
- ADHESION
- RECONOCIMIENTO A LABOR DESARROLLADA POR MUSEO REGIONAL DE RANCAGUA. Oficio.
- PROTECCIÓN A CLIENTES DE TELEFONÍA CELULAR. Oficios.
- ADHESION
- Issa Farid Kort Garriga
- Javier Ignacio Macaya Danus
- Enrique Accorsi Opazo
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Nino Baltolu Rasera
- ADHESION
- PREOCUPACIÓN POR NO PAGO DE EXPROPIACIONES DE TERRENOS EN LOCALIDAD DE QUILICURA, COMUNA DE LAS CABRAS. Oficio.
- ADHESION
- Issa Farid Kort Garriga
- Enrique Accorsi Opazo
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- ADHESION
- INFORMACIÓN ACERCA DE INGRESOS PROVENIENTES DE LA APLICACIÓN DEL ROYALTY MINERO. Oficios.
- INCREMENTO DE DOTACIÓN POLICIAL EN SECTOR NORORIENTE DE RANCAGUA. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- RATIFICACIÓN DE CONVENIO N° 176, DE LA OIT, SOBRE SEGURIDAD Y SALUBRIDAD EN LAS MINAS. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO GUBERNAMENTAL EN MATERIA DE ENTREGA DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA. Oficios.
- ADHESION
- Alfonso De Urresti Longton
- Alberto Robles Pantoja
- ADHESION
- SOLICITUD DE DIVERSAS DILIGENCIAS VINCULADAS CON INSTRUCTIVO DE JUNAEB, DE ATACAMA, RELACIONADO CON NO PAGO DE BECAS INDÍGENA Y PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Oficios.
- ADHESION
- Alfonso De Urresti Longton
- ADHESION
- APERTURA DE PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR INSTALACIÓN DE CENTRO DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS EN MÁFIL. Oficios.
- INCLUSIÓN DE UNIVERSIDADES TRADICIONALES NO ESTATALES EN APORTE BASAL DEL ESTADO. Oficios.
- RATIFICACIÓN DE CONVENIO N° 176, DE LA OIT, SOBRE SEGURIDAD Y SALUBRIDAD EN LAS MINAS. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO GUBERNAMENTAL EN MATERIA DE ENTREGA DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rene Manuel Garcia Garcia
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 359ª
Sesión 96ª, en jueves 13 de octubre de 2011
(Ordinaria, de 10.11 a 13.09 horas)
Presidencia de los señores Melero Abaroa, don Patricio, Araya Guerreo, don Pedro, y Bertolino Rendic, don Mario.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental , el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 10
II. Apertura de la sesión 13
III. Actas 13
IV. Cuenta 13
- Desarchivo de proyecto 13
- Envío de proyecto a Comisión de Familia 13
- Creación de comisión bicameral para agilizar tramitación del nuevo Código Procesal Civil 13
- Integración de Comisión Mixta 14
V. Orden del Día.
- Traspaso de tramitación de las licencias médicas al Fondo Nacional de Salud. Primer trámite constitucional 14
VI. Proyectos de acuerdo.
- Indulto presidencial a pastora aimara 47
- Plan de chatarrización de vehículos de transporte menor 49
- Modificación de normativa relativa a otorgamiento de premios nacionales 50
VII. Incidentes.
- Incremento de dotación policial en sector nororiente de Rancagua. Oficio 52
- Reconocimiento a labor desarrollada por museo regional de Rancagua. Oficio 53
- Protección a clientes de telefonía celular. Oficios 54
- Preocupación por no pago de expropiaciones de terrenos en localidad de Quilicura, comuna de Las Cabras. Oficio 55
- Información acerca de ingresos provenientes de la aplicación del royalty minero. Oficios 56
VIII. Anexo de sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 57
- Ratificación de Convenio N° 176, de la OIT, sobre seguridad y salubridad en las minas. Cumplimiento de compromiso gubernamental en materia de entrega de recursos extraordinarios a la pequeña y mediana minería. Oficios 57
- Solicitud de diversas diligencias vinculadas con instructivo de Junaeb, de Atacama, relacionado con no pago de becas indígena y Presidente de la República. Oficios 58
Pág.
- Apertura de proceso de participación ciudadana por instalación de centro de manejo y disposición final de residuos industriales no peligrosos en Máfil. Oficios 59
- Inclusión de universidades tradicionales no estatales en aporte basal del Estado. Oficios 60
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S. E. el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que “Crea el ingreso Ético Familiar”. (boletín N° 7992-06) 61
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el que hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyectos que “Regula en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el valor del gas natural, los valores agregados de distribución del gas, crea los subsidios que indica y establece medidas ante una contingencia de gas.”. (boletín N° 7945-08) 77
- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace presente la urgencia “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
3. que “Crea el examen de excelencia profesional docente y la asignación de excelencia pedagógica inicial”. (boletín N° 7784-04)
- que “Otorga beneficios a los deudores del crédito con garantía estatal y modifica la ley N° 20.027.”. (boletín N° 7898-04) 77
4. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado las enmiendas introducidas al proyecto, iniciado en mensaje sobre “Aumento de plazas en el grado de Contraalmirante.”. (boletín N° 7687-02) (S) 78
5. Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Traspasa al Fondo Nacional de Salud la tramitación de las licencias médicas que indica.”. (boletín N° 7899-11) 78
6. Moción del diputado señor García, don René Manuel, que “Permite a profesionales de enfermería asumir labores de anestesiología, con la debida preparación.”. (boletín N° 7991-11) 89
- Oficios del Tribunal Constitucional mediante los cuales remite copia autorizada de las sentencias definitivas referidas a los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
7. “artículo 33 de la ley N° 18.933”. Rol 1946-INA. (6682) 90
8. “artículo 38 de la ley N° 18.933”. Rol 1970-11-INA. (6715) 91
9.. “artículo 1° de la ley N° 19.296, sobre Asociación de Funcionarios de la Administración del Estado”. Rol 1790-10-INA. (6723) 92
10. Oficio del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, por el cual remite resoluciones finales adoptadas sobre la nueva estructura de las asignaciones parlamentarias definidas para esa Corporación. (52)
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Notas:
- Del diputado señor Moreira, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 12 de octubre en curso, para dirigirse a Santo Domingo de Costa Rica .
- De la diputada señora Cristi, doña María Angélica, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 13 de octubre en curso, para dirigirse a Suiza.
2. Oficios:
- De la Comisión de Constitución por el cual solicita recabar el acuerdo de la Sala con el objeto de proceder al desarchivo del proyecto de ley sobre “Protección especial a Víctimas de Delitos Sexuales”, boletín N° 5334-07.
- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por el cual solicita al Presidente de la Corporación , recabar el acuerdo de la Sala a fin de crear una Comisión Bicameral, con la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, a objeto de agilizar la tramitación del “Nuevo Código Procesal Civil”.
- De la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, por el cual solicita el acuerdo de la Sala para prorrogar en 15 días su mandato para investigar posibles irregularidades que hubieren producido la construcción del corredor Pedro Aguirre Cerda en la Región Metropolitana, a cargo de la empresa Kodama.
- De la Comisión de Familia, por el cual solicita el acuerdo de la Sala, para que le sea remitido el proyecto, iniciado en moción, que declara el día 29 de noviembre como día nacional del niño o niña nacidos prematuro, actualmente en la Comisión de Cultura y de las Artes. Boletín N° 7971-24.
- De la Comisión de Régimen Interno mediante el cual informa la participación de la diputada señora Karla Rubilar en el curso del Programa de Sistemas de Salud Internacional en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, entre los días 10 y 14 de octubre, en calidad de misión oficial, para los efectos de justificar su inasistencia a la sesiones de sala correspondientes (331)
- De la Comisión de Régimen Interno mediante el cual informa que tomó conocimiento que el diputado señor Marcelo Díaz, por razones de fuerza mayor, no pudo viajar para participar en la Novena Sesión de la Mesa Redonda de Parlamentarios, en el marco de la décima sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención de Lucha contra la Desertificación de Naciones Unidas, a efectuarse los días 13 y 14 de octubre, en Changwon, República de Corea (332)
- De la Comisión de Régimen Interno mediante el cual informa que a la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento Latinoamericano, a efectuarse entre los días 8 y 10 de noviembre, en Santo Domingo , República Dominicana, asistan los diputados señores Manuel Rojas y Rosauro Martínez (334)
Respuestas a Oficios Cuenta 96ª
Contraloría General de la República:
- Diputado Rincón, Imposibilidad que tendrían los municipios de pactar convenios con intereses; y, se pronuncie respecto de la legalidad del convenio tipo de repactación de deuda de la empresa CGE Distribución S. A. con las municipalidades deudoras de pagos por concepto de alumbrado público, en lo relativo al pago de intereses, cuyo borrador se adjunta. (62833 al 3915).
- Diputado González, Solicita investigación sumaria respecto de eventuales irregularidades en el nombramiento de la Directora Regional de la Dirección Regional de Valparaíso de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (62891 al 2189).
- Diputado Díaz don Marcelo, Diputado Schilling, Solicitan informe sobre la legalidad de la situación de la funcionaria de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Región de Valparaíso , señora Evelyn Mancilla, quien ha sido nombrada “ Directora Regional de Gestión ”, especialmente respecto del cumplimiento de los requisitos para acceder a ese cargo (62891 al 2236).
- Diputado Díaz don Marcelo, Reitera Oficio N° 2236, de 6 de enero de 2011 (62891 al 3925).
Ministerio de Justicia:
- Diputado Robles, Solicita dar pronta tramitación al expediente N° 29304-10 y, en definitiva, conceder personalidad jurídica como corporación a la Comunidad Terapéutica Esperanza, dedicada al tratamiento y rehabilitación de personas drogadictas en la comuna de Vallenar. (7096 al 2540).
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado De Urresti, Solicita informar sobre los plazos, los montos involucrados, y el calendario de inversiones, de cada uno de los 45 proyectos incluidos en el Tercer Convenio de Programación de Infraestructura para la Región de Los Ríos. (2463 al 4321).
- Diputado Alinco, Solicita informe sobre la situación del embalse Río Claro, ubicado en el sector de Panguilemu, comuna de Coyhaique, que a menos de un año de su inauguración se encuentra totalmente destruido (2465 al 3654).
- Diputado De Urresti, Solicita informar sobre el estado de avance del proyecto de alcantarillado del sector en que se construye el colector ?Catrico?, en la ciudad de Valdivia. (2466 al 2878).
- Diputado Estay, Solicita reparar camino Calle del Medio, en comuna de Lautaro, Región de La Araucanía (2472 al 4203).
- Diputado Estay, Solicita reparar puente ubicado en el camino Pehuenco a Pehuenco Alto, comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía (2473 al 4202).
- Diputado Burgos, Diputado Montes, Diputado AUTH, Diputada Pacheco doña Clemira, Solicita informar sobre diversos aspectos relacionados con las transacciones celebradas, durante 2010, con las empresas concesionarias, en el marco de las demandas interpuestas ante las Comisiones Conciliadoras y Arbitrales y ante la Ilustrísima Corte Suprema (2474 al 3262).
- Diputado Montes, Reitera su petición de informe sobre diversos aspectos relacionados con las transacciones celebradas, durante 2010, con las empresas concesionarias, en el marco de las demandas interpuestas ante las Comisiones Conciliadoras y Arbitrales y ante la Ilustrísima Corte Suprema, y que fuere formulada en oficio N° 3262 (2474 al 3809).
- Diputado Estay, Solicita reparar camino Los Mallines, comuna de Curacautín, Región de La Araucanía (2475 al 4206).
- Diputado Estay, Solicita reparar el puente ubicado en el camino La Colonia, comuna de Lautaro, Región de La Araucanía (2476 al 4201).
- Diputado Díaz don Marcelo, Reiterar el oficio N° 1966, de 17 de noviembre de 2010 (2479 al 3931).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social:
- Diputado Chahín, Solicita considerar, para todas aquellas personas beneficiarias de pensiones y subsidios del sistema de seguridad social estatal, con domicilio en sectores rurales, la habilitación exclusiva de uno o dos días para el cobro de sus respectivos beneficios. (12412 al 1996).
Ministerio de Salud:
- Diputado Castro, Situación de los pacientes de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Regional de Rancagua (3235 al 2335).
- Diputado Chahín, Legalidad de los pagos de remuneraciones, especialmente de la asignación de zona, que se efectúan al médico señor Alan Suazo, quien presta servicios en el hospital de Ercilla, encontrándose contratado por el hospital de Curacautín. (3366 al 4433).
- Diputado Melero, Solicita informar respecto de la situación de la señora Marisol Vergara Quelopana, técnico paramédico del Hospital Luis Calvo Mackenna; quien reclama errores en la elaboración del escalafón de mérito, y falta de notificación; hechos presente mediante dictamen N° 45971 de la Contraloría General de la República, de 24 de agosto de 2009, que hasta la fecha no habrían sido subsanadas por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente. (3369 al 4251).
- Diputado Ascencio, Solicita informar las razones del incumplimiento de la obligación de remitir trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la comunicación a que se refiere la Glosa 01, Programa 01 (Programa Contingencias Operacionales), Capítulo 49, Partida 16, Ministerio de Salud, de la Ley de Presupuestos para el Sector Público, correspondiente al año 2011; sin perjuicio de dar debido cumplimiento a la obligación legal, remitiendo la información comprometida. (3370 al 3695).
- Diputada Molina doña Andrea, Diputado Eluchans, Recaba información acerca de los montos y el número de beneficiarios con pagos de licencias médicas a nivel nacional; como también respecto del catastro, a nivel país, de licencias fraudulentas o que no cumplen con los requisitos mínimos exigidos por la autoridad competente; y, por último, el envío de antecedentes en torno a las denuncias que la autoridad sanitaria haya realizado sobre la materia (3372 al 1570).
- Diputado Walker, Contaminación acústica y por emisiones que generan las aeronaves en el aeródromo La Florida, ubicado en la ciudad de La Serena. (3373 al 2230).
- Diputado Chahín, Posibilidad de que el médico señor Alan Suazo, preste servicios efectivos en el hospital de Curacautín, lugar en el que se encuentra contratado, a pesar de haber sido asignado al de Ercilla. (89 al 4633).
Ministerio Medio Ambiente:
- Diputada Turres doña Marisol, Disponga un estudio de impacto ambiental sobre la solicitud de ampliación de biomasa del centro de cultivo de salmones ubicado en el sector de Punta Chaica, seno de Reloncaví, presentada con el N° 206101139 por la empresa Granja Marina Tornagaleones S. A., en atención a que afectaría los caladeros naturales de pesca artesanal de la zona, informando a esta Cámara. (113154 al 4499).
- Diputado Martínez, Investigue e informe respecto de las sustancias tóxicas acumuladas en el relleno sanitario de la empresa Hera Ecobío, ubicado en el fundo Las Cruces de Chillán Viejo, garantizando la participación de las organizaciones comunitarias en el proceso. (113155 al 4704).
Intendencias:
- Diputado Ascencio, Requiere señalar las razones por las que no se ha dado cumplimiento a la obligación de remitir trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la información a que se refiere la Glosa 01, Programa 02 (Inversión regional Región IX), Capítulo 69, Partida 05, Ministerio del Interior, de la Ley de Presupuestos para el Sector Público, correspondiente al año 2011; sin perjuicio de dar debido cumplimiento a la obligación legal, remitiendo la información comprometida. (2503 al 3720).
Servicios:
- Diputado Robles, Solicita informar sobre las condiciones de la pensión que debe recibir la señora Rude del Carmen Carvajal, viuda del exonerado político señor Oscar Enrique Araya Alucema. (10438 al 4182).
- Diputado Pérez don Leopoldo, Solicita informar acerca de la solicitud para el otorgamiento de una pensión de invalidez al señor Jorge Gabriel Gallardo Navarro; sin perjuicio que, en el ámbito de sus atribuciones, disponga urgencia en su tramitación, dadas las precarias condiciones de salud del interesado. (11825 al 4484).
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita disponer la implementación de un mecanismo que asuma financieramente el traslado de pacientes desde localidades rurales apartadas de la Región de Coquimbo, v. gr. Varillar, Huanta, Chapilca, a los servicios de salud, especialmente hospitales y consultorios. (1501 al 2467).
Varios:
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, solicita instruir la composición de las barreras de seguridad del puente sobre el Río Tinguiririca; y, además, en la zona adyacente al mencionado río, en la localidad de Los Huertos, en el sector oriente de la Ruta 5, la habilitación de paraderos para buses interprovinciales. (2478 al 1781).
Municipalidad de Maipú:
- Diputada Zalaquett doña Mónica, evalúe cuál es la señalética de tránsito apropiada para proteger a los peatones en el cruce de Avenida Presidente González Videla y Alfredo Silva Carvallo, y la implemente a la brevedad. (740 al 2560).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (99)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio IND VII 37
Alinco Bustos René PRO XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto IND XIV 53
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Kort Garriga, Issa Farid UDI VI 32
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Asistió, además, el ministro de Salud , don Jaime Mañalich.
-Por encontrarse en misión oficial no estuvieron presentes las diputadas señoras María Angélica Cristi y María Antonieta Saa, y los diputados señores Marcelo Díaz y Roberto León.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.11 horas.
El señor MELERO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MELERO (Presidente).- El acta de la sesión 90ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 91ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
DESARCHIVO DE PROYECTO.
El señor MELERO ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para desarchivar el proyecto sobre “Protección especial a víctimas de delitos sexuales”, boletín N° 5334-07.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE FAMILIA.
El señor MELERO ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Familia para que le sea remitido el proyecto, iniciado en moción, que declara el 29 de noviembre como día nacional del niño o niña nacidos prematuro, que se encuentra en la Comisión de Cultura y de las Artes.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
CREACIÓN DE COMISIÓN BICAMERAL PARA AGILIZAR TRAMITACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL.
El señor MELERO ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para crear una Comisión Bicameral con la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, a fin de agilizar la tramitación del Nuevo Código Procesal Civil.
Al respecto, hago presente que el artículo 229, inciso séptimo, de nuestro Reglamento dispone lo siguiente: “La Cámara podrá promover la designación de Comisiones Bicamerales de Diputados y Senadores para el estudio de materias de interés común o cuya complejidad o importancia haga necesario un sistema excepcional de discusión y aprobación”.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
-o-
El señor MELERO ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se acogerá la petición de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, a fin de prorrogar en 15 días su mandato para investigar “las posibles irregularidades que se hubieren producido con motivo de la construcción del corredor Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana, a cargo de la empresa Kodama, como parte de las obras del Transantiago”.
¿Habría acuerdo?
Tiene la palabra el diputado Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente , ¿podría dar las razones de por qué esta Comisión decidió dividir su reunión normal en dos y no agregar, como Comisión Investigadora, una sesión adicional?
Ahora, a estas alturas pide más tiempo. Si hubiere trabajado como corresponde, como una Comisión Investigadora, habría tenido más tiempo.
Por eso, pido que se vote.
El señor MELERO ( Presidente ).- En votación la solicitud de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano.
Hago presente a los señores diputados que se encuentran en la Sala que deben emitir su voto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 21 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor MELERO ( Presidente ).- No hay quórum.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- ¿Qué pasa si no hay informe?
El señor MELERO ( Presidente ).- Hay informe, señor diputado . No se le daría el plazo adicional.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 23 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor MELERO ( Presidente ).- Nuevamente no hay quórum. Se llamará a votar por el tiempo reglamentario.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor MELERO ( Presidente ).- Se va a votar por última vez la solicitud de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano para prorrogar por quince días su mandato.
En votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada, por falta de quórum.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA.
El señor MELERO ( Presidente ).- Propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación del proyecto iniciado en mensaje, con urgencia suma, que modifica el régimen de libertad condicional y establece, en caso de multa, la pena alternativa de trabajos comunitarios, con los diputados señores Edmundo Eluchans, Giovanni Calderón, Jorge Burgos, Felipe Harboe y Alberto Cardemil.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA.
TRASPASO DE TRAMITACIÓN DE LAS LICENCIAS MÉDICAS AL FONDO NACIONAL DE SALUD. Primer trámite constitucional.
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que traspasa al Fondo Nacional de Salud la tramitación de las licencias médicas que indica.
Diputados informantes de las comisiones de Salud y de la de Hacienda son los señores Nicolás Monckeberg y Javier Macaya, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 7899-11, sesión 77ª, en 1 de septiembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Salud, sesión 90ª, en 4 de octubre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 4.
-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 6, de esta sesión.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Salud.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (de pie).- Señor Presidente , la idea fundamental del proyecto es traspasar al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) algunas de las competencias ejecutadas en la actualidad por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), especialmente en lo que dice relación con la tramitación, resolución y pago de las licencias médicas.
El proyecto consta de dos artículos permanentes y cinco disposiciones transitorias.
La razón por la cual se crea esta nueva institucionalidad se debe a que en la actualidad la tramitación de las licencias médicas por enfermedad común, por reposos maternales y por enfermedad grave del niño menor de un año está radicada en las secretarías regionales ministeriales de Salud, atribución que es realizada a través de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y por las Unidades de Licencias Médicas. Dichas unidades están situadas en los establecimientos asistenciales de los servicios de Salud, sujetas a la tuición y supervisión técnica de las Compin, para los fines de dar cumplimiento a las funciones de tramitación de licencias.
Tras analizar la situación actual y con el objetivo de perfeccionar la entrega de las prestaciones respectivas a los cotizantes de Fonasa, lo que hace el proyecto es traspasar al Fondo Nacional de Salud las funciones que actualmente ejercen las Compin respecto de las licencias médicas por enfermedad común, reposos maternales y enfermedad del niño menor de un año, junto al pago de los subsidios que dichas entidades hoy efectúan.
Al momento de impulsar esta modificación se ha tenido en consideración la necesidad de otorgar a la ciudadanía un servicio que resuelva con más agilidad la procedencia de los reposos prescritos y que, de la misma forma, determine y entere los subsidios que efectivamente corresponden de manera oportuna.
En atención a la situación descrita, el proyecto en examen concentra parte de las funciones de autorización de las licencias médicas y pago de subsidios que actualmente realizan las Compin.
Por otro lado, el nuevo diseño institucional propuesto permitirá que, tanto los afiliados a las Isapres como al Fonasa, reciban un trato similar en esta materia. En efecto, sus licencias médicas serán evaluadas por sus entes aseguradores. Asimismo, en caso de disconformidad con lo dispuesto por aquellos, los cotizantes podrán recurrir ante una misma entidad para la revisión y decisión final sobre la procedencia de sus reclamaciones, es decir, ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de las secretarías regionales correspondientes.
Se debe aclarar que las Compin mantendrán todas las otras funciones, especialmente las relativas a la evaluación de diversas incapacidades y estados de salud, competencias que les han sido entregadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las cuales se agrega servir de instancia de apelación o reclamación respecto de las licencias rechazadas o modificadas por el Fonasa. Al mismo tiempo, las Compin seguirán tramitando las licencias derivadas por otros aspectos, por ejemplo, accidentes laborales y enfermedades profesionales, extendidas para afiliados al Instituto de Seguridad Laboral, régimen que no es financiado por el Fonasa y que posee instancias de reclamación especialmente previstas en la ley.
Contenido del proyecto.
Primero, traspaso de competencias. La ley N° 19.937 entrega a las secretarías regionales ministeriales de Salud todas aquellas atribuciones referidas a la tramitación, autorización, modificación y rechazo de licencias médicas. Sin embargo, por las razones expuestas, algunas de ellas se traspasan al Fonasa, en los casos descritos, con la apelación respectiva a las Compin.
Segundo, las reclamaciones ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, (Compin).
Tercero, tiene normas transitorias que, básicamente, están dirigidas a crear un período de vacancia de la ley. Contienen las normas necesarias para que este traspaso, de hasta de ciento veinte funcionarios desde la Subsecretaría de Salud Pública hacia el Fonasa, se pueda realizar de la mejor manera.
En la discusión general, se escuchó la opinión del subsecretario de Salud Pública , del director de Fonasa , de representantes del Colegio Médico y del presidente de la Asociación de Empleados Públicos .
El director de Fonasa , por los argumentos descritos, justificó la aplicación de este proyecto y solicitó su aprobación.
Entre los beneficios que originaría la aprobación de este proyecto de ley está el propender a obtener mayor igualdad de derechos de las personas pertenecientes a los sistemas públicos y privado de salud; eliminar conflictos de interés existentes en las Compin como tribunales de primera y segunda instancia, y lograr un procesamiento eficiente y un pago más oportuno de las licencias médicas.
Hago presente que algunos de los invitados, como el Colegio Médico y la Asociación de Empleados Públicos, manifestaron su desacuerdo con el proyecto, pues señalaron que debería existir un organismo técnico completamente independiente y diferente a aquel que paga el subsidio de incapacidad laboral, orientado a determinar la prescripción otorgada por el médico, como parte del tratamiento que determine un subsidio de incapacidad laboral temporal mientras dure la enfermedad.
El detalle de los argumentos, tanto a favor entregados por el director de Fonasa como en contra dados por el representante de la Asociación de Empleados Públicos, se encuentra en el informe que está a disposición de mis colegas.
El proyecto fue analizado en general, se expusieron los distintos puntos de vista y se procedió a votar la idea de legislar, la que fue aprobada por siete votos a favor y tres en contra.
En la discusión particular, se aprobó una importante indicación, que reafirma las normas que permiten agilizar el proceso de estudio, resolución y pago de licencias. Esta norma impone un plazo fatal de quince días para que la licencia sea estudiada, resuelta y pagada. Es decir, con esa indicación todas las licencias deberán concluir su tramitación y quedar pagadas en el plazo fatal de quince días.
Por las razones señaladas, la Comisión de Salud recomienda aprobar el proyecto tal como lo propone el informe.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Para dar a conocer el informe de la Comisión de Hacienda, tiene la palabra el diputado señor Javier Macaya.
El señor MACAYA (de pie).- Señor Presidente , en representación de la Comisión de Hacienda, informo el proyecto de ley que traspasa al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), algunas de las competencias de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) en relación con las licencias médicas y pago de subsidios por incapacidad laboral.
Durante el estudio de la iniciativa, asistieron a la Comisión, entre otros, los señores Jaime Mañalich , ministro de Salud ; Jorge Díaz , subsecretario de Salud Pública ; Mikel Uriarte , director nacional de Fonasa , y la señora María José Zaldívar , superintendenta de Seguridad Social .
Concurrieron, además, los señores Ernesto Rojas , presidente AFAS Fenats V Región ; Pablo Jara , presidente de la Asociación de Profesionales de la Seremi de Salud V Región ; Manuel Martínez , dirigente de la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Salud V Región, y la señora María Eugenia Fernández , secretaria de la Asociación de Profesionales de la Seremi de Salud V Región.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, de 8 de agosto de 2011, señala que, con la finalidad de perfeccionar la entrega de las prestaciones respectivas a los cotizantes del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), la iniciativa traspasa las funciones que ejercen las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) de las secretarías regionales ministeriales de Salud al Fonasa , en materia de tramitación y resolución de las licencias médicas por enfermedad común, reposos maternales y enfermedad del niño menor de un año, como también respecto del pago de los subsidios por incapacidad laboral a que ellas dan origen. Esto permitirá otorgar a la ciudadanía un servicio que resuelva con agilidad la procedencia de los reposos prescritos y que, de la misma forma, determine y entere los subsidios que efectivamente corresponden de manera oportuna, además de generar ahorros al Estado al disminuir licencias fraudulentas por aumentos en la fiscalización y mejoras en la resolutividad del proceso.
Cabe destacar que las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) seguirán sirviendo de instancia de apelación o reclamación respecto de las licencias rechazadas o modificadas de cotizantes Fonasa y mantendrán sus demás funciones relativas a la evaluación de diversas incapacidades y estados de salud.
Por lo tanto, este nuevo diseño institucional permitirá que tanto los afiliados a Isapres como a Fonasa reciban un trato similar en la evaluación de sus licencias médicas por parte de sus entes aseguradores, pudiendo los cotizantes, en caso de disconformidad, recurrir ante la misma entidad -la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez- para la revisión y decisión final sobre la procedencia de sus reclamaciones.
A su vez, las Compin seguirán tramitando las licencias derivadas de accidentes laborales y enfermedades profesionales de la ley N° 16.744, extendidas a afiliados al Instituto de Seguridad Laboral, régimen que no es financiado por Fonasa y que posee instancias de reclamación especialmente previstas en la ley.
Para llevar adelante esta tarea, se realizarán cambios en la estructura y en los procedimientos de esta nueva Contraloría Médica. Se introduce un modelo de operación centralizada en un equipo multidisciplinario, con apoyo de procesos tecnológicos y el uso de criterios uniformes a lo largo del país, lo que agilizará la toma de decisiones.
Además, la Contraloría Médica que se integra a Fonasa se compondrá por el Departamento de Contraloría Médica, del que dependen tres nuevos subdepartamentos: Contraloría Médica, Auditoría Administrativa y Cálculo de Subsidio. Este departamento estará integrado por 340 personas, que incluyen personal traspasado desde la Subsecretaría de Salud Pública y la contratación de hasta 304 personas, quienes ingresan escalonadamente en tres etapas para abarcar la totalidad del país, en un período de seis meses. El costo para el primer año es de 4.179 millones de pesos y de 4.762 millones de pesos anuales a contar del segundo año, ya en régimen.
Supone también gastos, por una vez, para la habilitación de espacios físicos y la selección y capacitación del personal por 245 millones de pesos.
Los costos de administración y operación se estiman, suponiendo gastos en arriendos, consumos básicos y los incorporados comúnmente a operación, además de los asociados a la externalización de la digitación, traslado y almacenamiento de información, envío por correspondencia de las notificaciones y de las verificaciones y peritajes propios de la Contraloría Médica.
En consideración a que deben producirse redistribuciones del gasto actual que realizan las Compin, el mayor gasto neto de operación se calcula en 1.306 millones de pesos, el cual dependerá, en todo caso, del número de licencias tramitadas.
Así, el costo directo de implementación del proyecto de ley significa un mayor gasto fiscal de 5.731 millones de pesos el primer año, de 6.204 millones de pesos el segundo y de 6.079 millones de pesos el tercero.
Por otro lado, el proyecto presenta beneficios fiscales por la operación gradual de la licencia médica electrónica, mayor resolutividad y fiscalización de licencias médicas, lo que se proyecta incrementará la detección de improcedencia del subsidio desde el 5,5 por ciento actual al 8 por ciento el primer año, para estabilizarse en 9 por ciento anual los años siguientes.
Si las otras variables que afectan el comportamiento del uso de las licencias médicas se mantienen constantes al nivel actual y, por lo tanto, el ahorro se produjera al disminuir el gasto asociado al subsidio de incapacidad laboral debido a un menor número de licencias a pagar dada la mejor fiscalización, se estima un ahorro para el primer año de 15.958 millones de pesos y para el segundo de 22.341 millones de pesos. Para los años siguientes, se asume que el sistema se encuentra en régimen al nivel del segundo año.
En el debate de la Comisión, el ministro Mañalich hizo presente que el proyecto tiene por objeto modificar la forma de tramitar las licencias médicas para los cotizantes de Fonasa, es decir, los beneficiarios del sector público, y si bien esta iniciativa no tiene relación directa con los cotizantes de las Isapres, su aprobación los beneficiará por las razones que señaló.
Explicó que la ley N° 19.937, dictada bajo el gobierno del Presidente Lagos, modificó la forma en que se tramitaban las licencias médicas de los beneficiarios del sector público y traspasó dicha función desde los servicios de Salud a las secretarías regionales ministeriales de Salud, que pasaron a formar parte de la Subsecretaría de Salud Pública, atribución que se realiza a través de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin). Esta modificación, a su juicio, se llevó a cabo sin medir adecuadamente las consecuencias administrativas, ya que las funciones que ejercen las Compin son múltiples.
El sector público de salud presenta hoy un alto volumen de licencias médicas y ausencia de criterios uniformes para calificar las licencias, lo que produce inequidad en contra del beneficiario público que tiene en las Compines tanto la primera instancia de reclamación frente a un rechazo o reducción de su licencia médica como la instancia de apelación, a diferencia de los cotizantes de las Isapres, para los cuales la primera instancia de reclamación es la propia entidad aseguradora, y, luego, ante las Compin.
Agregó que el proyecto busca traspasar a Fonasa tanto la tramitación de las licencias médicas como el pago de los subsidios por incapacidad laboral derivados de enfermedad común, reposos maternales y enfermedad del niño menor de un año, beneficiándose los cotizantes de Fonasa que verán reducido el tiempo de pago de sus licencias. Esa función se verá enormemente favorecida por el uso de las licencias médicas electrónicas. Además, al restar esas funciones a las Compin, éstas podrán ejercer la función de ser la instancia de apelación ante el rechazo o reducción de una licencia médica en forma correcta, tanto en el sector público como en el privado de salud.
Por las razones expuestas, el proyecto generará igualdad entre los cotizantes de ambos sectores y agilizará el pago de los subsidios por enfermedad.
Por otra parte, el señor Mañalich , en respuesta a diversas inquietudes planteadas por los señores diputados, precisó que el proyecto no tiene por objeto sancionar el mal uso o fraude en la tramitación de las licencias médicas. Esa materia está recogida en un proyecto de ley presentado durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet , el cual se encuentra para resolución de Comisión Mixta.
En cuanto a la institucionalidad vigente para la tramitación y reclamo de las licencias médicas, explicó que en el sector privado los cotizantes de las isapres reclaman, en primer lugar, ante las propias isapres, y en caso de rechazo, se apela ante las Compin. Se puede reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social si las Compin confirman el rechazo. El año pasado en el sector privado se apelaron 86 mil licencias ante las Compin por rechazo de las isapres, 86 por ciento de las cuales fueron acogidas.
En respuesta al diputado señor Robles , sostuvo que la autoridad sanitaria, las respectivas seremi, forman parte del gabinete del subsecretario de Salud Pública , razón por la que se entrega un solo presupuesto, sin perjuicio de que en la Ley de Presupuestos se pueda incorporar una glosa para especificar la distribución de los recursos.
Enfatizó que mantener el actual mecanismo de tramitación de las licencias médicas en las Compin es una falta de propósito para las propias seremi, ya que, por ley, su rol esencial es cuidar a los ciudadanos de situaciones que pongan en riesgo su salud, lo cual realiza a través de campañas de vacunación y de educación para la población, así como mediante la prevención, la fiscalización, la entrega de autorizaciones sanitarias, el establecimiento de barreras sanitarias, etcétera.
Recordó que el año pasado sesionó una comisión de expertos, la que manifestó la necesidad de que todo lo relacionado con las licencias médicas fuera conocido por una institucionalidad completamente diferente a la que financia las acciones de salud, con un fondo separado, que permita manejar la tramitación y el pago de las licencias en forma autónoma
Finalmente, aclaró que los funcionarios que no sean traspasados a Fonasa seguirán trabajando en las Compin. Quienes sean traspasados, lo harán primero en comisión de servicio y, luego, en forma permanente.
Respecto de la preocupación por el personal de las Compin manifestada por varios señores diputados, el señor Mikel Uriarte señaló que hoy trabajan 1.085 funcionarios, de los cuales hasta ciento veinte se traspasarían a Fonasa. Pero agregó que el resto es absolutamente necesario para llevar a cabo las funciones habituales de esta institución que dicen relación con materias de salud.
En cuanto al traspaso, aclaró que es de carácter voluntario, en un número de hasta 120 funcionarios. Los que opten por mantenerse en las Compin conservarán sus empleos y desarrollarán las otras labores que competen a esa institución, entre otras, la certificación de discapacidad y la evaluación de incapacidades permanentes.
Aclaró que en Fonasa existe personal que tiene experiencia en la tramitación de licencias médicas, ya que viene del antiguo Sermena .
En materia presupuestaria, señaló que la Ley de Presupuestos considera recursos adicionales para la Subsecretaría de Salud , a fin de reforzar las funciones en el área de la salud pública.
Reiteró que los pilotos de licencias electrónicas han evidenciado que las licencias van a pagarse antes del plazo de 15 días que establece el proyecto.
Por su parte, el subsecretario de Salud Pública , señor Jorge Díaz , expresó la necesidad de que los asegurados de Fonasa perciban los subsidios por enfermedad a tiempo, no con las demoras que observamos en la actualidad. En materia de atención ciudadana, las Compin han sido calificadas por los usuarios como el segundo servicio peor evaluado después de las cárceles.
La señora María José Zaldívar explicó que el 65 por ciento de la carga de trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social dice relación con las apelaciones de las licencias médicas, de las cuales se acoge el 47 por ciento.
Añadió que tal como lo han señalado los representantes del Ejecutivo , las Compin dependen del Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Salud Pública y de las secretarías regionales ministeriales. Existe una Compin por región y, además, en determinados casos, subcomisiones.
Por lo tanto, el proyecto permitirá optimizar el flujo de información, simplificar el procedimiento y terminar con la asimetría entre el sistema público y privado de salud.
La Comisión de Salud dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento de los artículos tercero y quinto transitorios. Por su parte, la Comisión de Hacienda incorporó a su consideración los artículos 1° permanente y segundo transitorio, de conformidad con lo que establece el inciso segundo del numeral 2° del artículo 220 del Reglamento de la Corporación.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar que los números 1) y 2) del artículo 1° fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes, con la indicación del diputado señor Robles para eliminar en el inciso segundo de la letra g) que se incorpora por el numeral 2) la frase “en forma precisa”.
El diputado señor Robles también formuló una indicación para eliminar los artículos segundo y tercero transitorios, la que fue rechazada por 2 votos a favor y 7 votos en contra.
Puestos en votación los artículos segundo y tercero transitorios, fueron aprobados por 7 votos a favor y 2 votos en contra.
Sometido a votación el artículo quinto transitorio, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes.
Tratado y acordado en sesiones de fechas 4 y 5 de octubre de 2011, con la asistencia de los diputados señores Godoy, don Joaquín ; Auth, don Pepe ; señora Goic, doña Carolina ; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Robles, don Alberto ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto , y Von Mühlenbrock, don Gastón , según consta en las actas respectivas.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , cuando en la Comisión de Hacienda empezamos a analizar el proyecto que traspasa al Fondo Nacional de Salud la tramitación de determinadas licencias médicas, lo primero que pensamos fue que lo que se proponía podría significar un traspaso preliminar de las competencias de las comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez al sector privado.
Celebramos dos sesiones muy largas para efectuar el análisis de la iniciativa, en las que escuchamos las exposiciones del ministro de Salud, del director del Fonasa y de los dirigentes del gremio de las Compin.
¿A qué conclusiones llegamos? En primer lugar, que hay un aspecto muy positivo: que “el pago del subsidio por licencia médica que proceda deberá pagarse dentro del plazo máximo de quince días hábiles contado desde la presentación de la licencia”. En la actualidad, su pago puede demorar entre dos y siete meses. Como las personas que esperan ese pago deben seguir viviendo y enfrentando sus pagos habituales, para hacerlo deben endeudarse, lo que genera un circuito bastante perverso.
En la actualidad, las Compin actúan como tribunales de primera y segunda instancia, pues no sólo reciben y tramitan las licencias médicas, sino que, además, las deben evaluar cuando las fallan en contra. Ese procedimiento no me gusta. Considero que debe existir otra instancia de revisión.
La dotación de las Compin es de 1.085 funcionarios, pero el proyecto establece el traspaso de empleados de esas comisiones al Fonasa, el que no podrá exceder de ciento veinte. Debido a eso, los representantes de los trabajadores que asistieron a la Comisión de Hacienda señalaron su profunda preocupación por la situación en que podrían quedar muchos funcionarios contratados a honorarios que trabajan en las Compin, gran cantidad de ellos pertenecen a empresas externas que les prestan servicios. Afirmaron que aproximadamente el 33 por ciento de los funcionarios de las Compin están contratados bajo esa modalidad. Cuando se analizó la situación del personal de esas comisiones y las funciones habituales que cumplían, no sólo en lo que dice relación con la tramitación de las licencias médicas, llegué a la conclusión de que la falta de personal administrativo, técnico y profesional es muy grande.
Estoy convencido de que la futura ley será positiva para el país, para las personas afectadas por una enfermedad y que deben hacer uso de licencias médicas.
Pero, también en la discusión quedó absolutamente claro que la facultad que se entrega para el traspaso de esos ciento veinte trabajadores no puede prestarse para ningún tipo de situación anómala o extraña. Eso está en el acta respectiva y fue uno de los mandatos que se le dio al diputado informante , de que expresara que somos garantes de que esto no se presta para persecuciones de ninguna naturaleza.
A final, después de muchos análisis y discusiones, pero escuchando, como corresponde a una sociedad democrática, dialogando, haciendo consultas, creemos que esto es lo mejor. Yo, al menos, me convencí de ello; porque no quiero que continúen los reclamos que casi todos los días escucho en mi ciudad de Concepción, de gente a la que no le pagan sus licencias. Allí han sucedido hechos muy gravísimos.
En la discusión de este proyecto de ley en la Comisión de Hacienda quedó absolutamente claro que toda la carga de trabajo de las Compin en la actualidad, al traspasarse al Fondo Nacional de Salud, volverá un poco a una situación que fue positiva hace muchos años. Después, mediante una ley que reformó el sistema de salud, las licencias se remitieron otra vez a las Compin, porque antes dependían de las Seremi, en las que, obviamente, se tomaban todas las providencias del caso para su rápida tramitación.
Quiero destacar que ése fue el compromiso que adquirió el gobierno y lo hago presente aquí, claramente, para que sea parte de la historia fidedigna del establecimiento de la ley.
Por lo demás, nadie puede desconocer que el aumento de las licencias médicas ha sido sostenido en el tiempo; que ha habido situaciones no muy afortunadas de miles y miles de licencias. Eso también se analizó.
Con este traspaso, prácticamente, las licencias de las Isapres van a estar en igualdad de condiciones con las del Fonasa, porque este servicio va a respetar los quince días para el pago del subsidio. Si sucede alguna situación que no corresponde a la realidad y tiene otro tinte, será el momento preciso para operar, pero las platas tienen que estar disponibles de inmediato.
Este es un buen proyecto de ley para la gente; avanza en mejorar la rapidez en la atención y su calidad para personas que viven exclusivamente de su remuneración y que, cuando sufren una enfermedad, tienen serios problemas.
Fuera de eso, quiero destacar que la tercera instancia, como juez, es la Superintendencia de Seguridad Social, porque, actualmente, el Fonasa sólo cumple una función pagadora una vez resueltas las distintas etapas de reclamación.
Las mil y tantas personas que trabajan en el Fondo Nacional de Salud deben estar tranquilas, porque este poder del Estado, tanto en la Comisión de Salud -como me lo informó mi colega Víctor Torres que estudió profundamente el tema y estuvimos conversando al respecto- como en la Comisión de Hacienda, va a garantizar que esto no se preste para otro tipo de situación.
Por eso, voy a votar favorablemente este proyecto de ley.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Joaquín Godoy.
El señor GODOY.- Señor Presidente , estoy muy contento con este proyecto del Presidente Piñera . En la Comisión de Hacienda distinguimos algunas ideas fundamentales.
Hoy, lamentablemente, las Compin están totalmente colapsadas y eso significa que el pago de licencias médicas sea brutalmente distinto del de Fonasa y de las Isapres. De muy buena manera, el ministro de Salud , señor Mañalich , ha planteado que esa desigualdad no puede seguir existiendo. Por eso, ha enviado este proyecto que responde, justamente, a esa excesiva demora como consecuencia de varias razones que nos parecen de fondo:
En primer lugar, en las Compin no existe una estructura organizacional homogénea en el país.
En segundo lugar, su dotación es heterogénea tanto a nivel de médicos como de profesionales y administrativos.
En tercer lugar, en relación con su carga laboral, todas las estadísticas que el ministro y el director del Fonasa dieron a conocer en la Comisión de Hacienda fueron realmente dramáticas. Al respecto, personas con gran conocimiento en otras materias, muy necesarias, debían hacerse cargo de las licencias médicas.
En cuanto a los peritajes que se requerían, era imposible hacerlos debido a los tiempos.
En la Comisión de Hacienda hubo gran consenso respecto a la buena actuación del director del Fonasa y se dio seguridad de que se hará un adecuado manejo de la entrega a dicho Fondo de la facultad de hacerse cargo de las licencias médicas. Hago presente que a la gente de la Concertación estaba muy en la línea nuestra de que dicho director lo está haciendo muy bien. Por tanto, podría hacerse un cambio muy importante.
Por último, ¿cuál es el resultado? Lo que buscamos con este proyecto es que a las personas más necesitadas, se les paguen rápidamente las licencias cuando sufran alguna enfermedad. En algunos casos, vamos a pasar, de más de tres meses de espera a quince días para ese pago. Eso es algo fundamental. El ministro nos dijo que era clave que las licencias médicas de los afiliados al Fonasa sean pagadas en un plazo razonable y, sin duda, quince días constituye un avance muy importante en relación con la necesidad de los ciudadanos.
Pero, más relevante aún es la información del ministro , en el sentido de que había un plan piloto por el cual las licencias médicas electrónicas, en algunos casos, podían tener plazos de pago menores a diez días. Nuevamente, nos damos cuenta de que el gobierno del Presidente Piñera quiere implementar tecnologías avanzadas y ponerlas al servicio de la ciudadanía, sobre todo, de la gente de más escasos recursos que es la que más necesita que este trámite pueda hacerse con rapidez.
Desde mi punto de vista, para la gente que represento en el Gran Valparaíso, éste es un avance muy relevante. ¡Cuántas veces nuestros colegas han escuchado a personas decir que recibieron el pago -lo señalaba el diputado Ortiz - varios meses después de entregada las licencias, lo que les afecta directamente!
Por lo tanto, hago un llamado a los colegas de Oposición y de la Coalición para aprobar este proyecto.
En la Comisión de Hacienda se expresó una duda válida: qué iba a ocurrir con aquellas personas que actualmente trabajan en las Compin. Al respecto, lo expresado por el director del Fonasa y las autoridades del Ministerio de Salud nos deja muy tranquilos. Nos aclararon que los funcionarios que se traspasarán al Fonasa quedarán en igual o mejor condición laboral que la que tenían en las Compin. Asimismo, quienes no serán traspasados, seguirán desempeñándose en sus cargos, porque la labor de tramitar licencias médicas no es la única que tiene que desarrollar esas comisiones. Por el contrario, las Compin deben realizar muchas otras funciones que difícilmente pueden llevar a cabo producto del atochamiento que se produce con la tramitación de las licencias médicas.
Por todo lo expuesto, vamos a aprobar el proyecto, y espero que así lo haga la mayo-ría de la Sala.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Víctor Torres.
El señor TORRES .- Señor Presidente , he escuchado con atención a los colegas de la Comisión de Hacienda que han señalado que están muy de acuerdo con el proyecto. Estoy cierto de que lo estudiaron y pueden compartir con nosotros algunas aprensiones, sobre todo en lo relativo al diagnóstico de lo que ocurre con el pago de las licencias médicas. En ese sentido, coincido -casi en lo único- con lo que han dicho los colegas que me han antecedido en uso de la palabra.
Es verdad, en Chile hay problemas con el pago de las licencias médicas. Lo más probable es que en algún momento todos los parlamentarios hayamos recibido la solicitud para agilizar su tramitación.
Sin embargo, en la discusión de este proyecto hemos visto un problema conceptual respecto de cómo resolver la situación. Podemos entender que hay que disminuir los plazos de pago de las licencias médicas. En efecto, la iniciativa rebaja a quince días el pago de las licencias. Es una declaración de principios, que suscribimos, que es bonita, pero que, en la práctica, no necesariamente tendrá el efecto esperado, puesto que a lo único a que estarán expuestos quienes incumplan esta disposición es a un proceso y a una sanción administrativa. Enhorabuena si ocurre. Vamos a apoyar ese punto.
Sin embargo, respecto del fondo de la reforma, no podemos compartir que se traspasen al Fonasa algunas de las atribuciones que hoy tienen las Compin. Porque lo que ocurre en las Isapres es lo que se pretende hacer con el Fonasa. En la Isapre existe un médico contralor quien, a través del sistema, garantiza a esta institución -que es la que mediante el seguro privado paga la licencia médica- que actuará eventualmente en favor de sus intereses y no del de los pacientes. Aunque el Fonasa sea un organismo del Estado, no me parece adecuado que se le entreguen atribuciones que permitan que los seguros públicos y privados en materia de salud terminen siendo juez y parte respecto del pago de las licencias médicas, aun cuando el sistema, en el caso del Fonasa, cuide los intereses del Estado.
Para garantizar a los pacientes una evaluación objetiva del diagnóstico consignado en sus licencias médicas, se requiere la creación de un organismo que evalúe esos documentos de manera igualitaria para el sistema público y privado. De esa forma sí se puede garantizar que el rechazo de las licencias médicas no se deba a que se están cuidando los intereses de los seguros correspondientes, sino a que se determinó que el médico que la extendió ha transgredido alguna norma respecto de su emisión.
No comparto en absoluto el sentido, la idea matriz y la votación de algunos colegas en la Comisión de Hacienda respecto de este proyecto. Por eso, anuncio que lo votaré en contra.
(Manifestaciones en las tribunas)
De una vez por todas, debemos ser capaces de entender que si queremos avanzar en mejorar nuestro sistema de salud, tenemos que hacerlo de buena forma.
El ministro sabe perfectamente que hemos podido llegar a acuerdos respecto de otras materias, aun cuando tengamos diferencias en el pensamiento de cómo construir la salud pública. La discusión de este proyecto debió haber sido una oportunidad. Lamentablemente, si usted revisa cómo se dio la votación en la Comisión de Salud, comprobará que no hubo ningún espacio para llegar a un acuerdo y a una conversación como corresponde.
En las tribunas hay representantes de los trabajadores. Me dio vergüenza ver cómo el director del Fonasa se reía del presidente de la ANEF y lo trató de dueño de una empresa por defender a los trabajadores, que sienten temor por el traspaso de atribuciones al Fondo Nacional de Salud que se pretende impulsar. Lo dijo sin ningún respeto por los parlamentarios que estábamos presentes y sin ningún respeto a los dirigentes y a los trabajadores, algunos de los cuales hoy están presentes en las tribunas.
Si existe un compromiso de este Gobierno, sentémonos a conversar y avancemos verdaderamente para cambiar el sistema de manera real.
El señor ministro sabe perfectamente que una de las cosas por las que más hemos reclamado respecto del sistema de isapres es la relación contractual que tienen los médicos contralores con los seguros. Debemos ser capaces de garantizar a los pacientes que tendrán una instancia, al menos, en la que realmente se les entregue de manera objetiva una resolución respecto de sus licencias médicas. Hoy, el sistema entrega la posibilidad de apelación. Pero cabe preguntar: ¿Cuánta gente a la que se le rechaza una licencia médica llega a la tercera instancia de apelación o conoce, al menos, cuál es esa tercera instancia? Los casos que llegan a la Superintendencia de Seguridad Social, que es la tercera instancia, son los menos, porque cuando la licencia es rechazada en la primera instancia, muchas veces la gente ni siquiera apela al nivel central, porque desconoce que puede hacerlo o porque no tienen la posibilidad de llegar hasta Santiago , donde están las oficinas de la Superintendencia.
De una vez por todas, debemos ser capaces de transformar este sistema y permitir, de manera descentralizada, que la gente tenga acceso real a ejercer un derecho que le corresponde: el uso de las licencias médicas.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , lo que a mi parecer era un proyecto sólo de forma, con los comentarios vertidos por mi colega Torres se transforma en otro: uno de fondo. A lo mejor, no es lo que me había imaginado, de acuerdo a lo que he escuchado por parte del ministro de Salud y de la superintendenta de Seguridad Social, quienes me aclararon mucho el tema, a raíz de las innumerables consultas que los diputados hemos recibido en nuestros distritos por las demoras en el pronunciamiento respecto de las licencias médicas. En el sector privado demoran diez días, pero en el Fonasa, sesenta y tantos días.
Me complica -a ello me referí en la Comisión de Hacienda- el gran incremento en el número de cotizantes que hoy tiene el Fonasa y el aumento significativo en la Tasa de Incapacidad Laboral (TIL). A lo mejor, eso estamos discutiendo, pero nos hemos ido trasladando a otros espacios, a los que no podemos sustraernos, por su relevancia. La forma en que le hemos dado vueltas a una situación anómala es la que el proyecto aborda.
Cuando nos daba respuesta al tremendo incremento de cotizantes del Fonasa, la superintendenta de Seguridad Social nos dijo, en la Comisión de Hacienda, que en la Compin de la Región Metropolitana, sus médicos están resolviendo 420 licencias médicas diarias, lo que significa que, si sólo se dedicaran a resolver licencias médicas, estarían resolviendo una licencia por minuto. ¡420 licencias médicas diarias! Esto debe solucionarse, y por eso es necesario el proyecto de ley. Claro que la desigualdad seguirá estando presente, si hacemos comparaciones con el sector privado.
Actualmente, las licencias médicas las tramitan las Seremis de Salud, a través de la Compin, y sus pagos los realiza el Fonasa, que es la entidad que recauda las cotizaciones previsionales de salud de los afiliados al sistema. Sin embargo, todos sabemos que la tramitación demora más de lo adecuado, generando más problemas en los enfermos, que a sus dolencias deben sumarle el retraso en el pago de sus licencias, entre 30 y 66 días de promedio, debido al exceso de trabajo de las Compin. Éste es el problema que aborda el proyecto en debate.
El ministro de Salud nos aseguró que por ningún motivo el tema laboral sería problema. Señaló que los trabajadores quedarán protegidos y que serían traspasados a Fonasa de manera escalonada, como corresponde, en tres etapas. Por eso, respecto de los derechos laborales no me hago problema, pero sí me gustaría discutir un poco más a fondo el tema con el diputado Víctor Torres , toda vez que me pareció bastante interesante lo que nos dijo sobre la materia, aunque no concuerde con lo que yo entiendo del proyecto.
Por último, anuncio que voy a apoyar el proyecto, porque lo considero bueno.
He dicho.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor MELERO ( Presidente ).- ¡Silencio en las tribunas!
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros.
El señor BARROS.- Señor Presidente , el proyecto modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que básicamente dice relación con la tramitación y pago de las licencias médicas.
Es cierto que debe preocuparnos la situación de los trabajadores de las Compin, como advirtió el diputado señor Torres , un gran amigo; pero hoy nuestra misión es preocuparnos de las personas que diariamente tienen dificultades en la tramitación de sus licencias. En esto, no podemos equivocarnos ni un minuto. En términos prácticos, se trata de terminar con la angustia de viven miles y miles de chilenos que tiene que tramitar sus licencias médicas. Por ejemplo, los trabajadores de Pichilemu tienen que trasladarse a Rancagua, ciudad donde se ubica la Compin, para tramitar sus licencias, en circunstancias de que oficinas del Fonasa, entre virtuales y reales, tenemos prácticamente en todas las comunas de la región.
Por lo tanto, observo un beneficio práctico que ayudará a terminar con la angustia que viven miles y miles de chilenos enfermos que deben tramitar sus licencias médicas.
Por lo tanto, votaré favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, me voy a referir al fondo y a la forma del proyecto.
Respecto del fondo, la idea de traspasar al Fonasa las funciones de la Compin no es nueva; la presentó el Presidente Ricardo Lagos , mientras era ministro de Salud el doctor Pedro García , el 28 de octubre de 2003, en el proyecto de ley sobre racionalización de subsidios de incapacidad laboral y licencias médicas, que además incluía el traspaso de las funciones de visar y pagar las licencias médicas, en primera instancia, desde las Compin hacia el Fonasa. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto en marzo de 2004. Pero hoy duerme el sueño de los justos en el Senado.
El proyecto en debate busca colocar en la justa medida la tramitación en primera instancia de las licencias médicas de los beneficiarios que son subsidiarios del Fonasa. Este traspaso de funciones desde un organismo del Estado, la Subsecretaría de Salud Pública actual, través de las Secretarías Regionales Ministeriales, donde residen las Compin, a otro, el Fonasa -uno centralizado y otro descentralizado-, me parece una medida acertada. Lo pensé así y lo voté así en 2004, y no he cambiado de opinión.
En cuanto al fondo, estamos ante un buen proyecto, toda vez que busca mejorar la calidad de las prestaciones que entrega el Fonasa a sus usuarios respecto de la tramitación de las licencias en primera instancia, cuestión que logra con el numeral 1) del artículo 1° del proyecto, cuando establece que la tramitación de licencias médicas y pago de los subsidios por incapacidad laboral corresponderán al Fonasa. De esta forma, se acelera el pago de las licencias, cuando corresponda, es decir, una vez que se haya cumplido el propósito de la licencia médica. Recordemos que el propósito de la licencia es contribuir al tratamiento médico. No es simplemente un subsidio del Estado, sino que es parte de un acto médico para la recuperación de la salud de la persona que trabaja; para que el trabajador enfermo se recupere, en el entendido de que mantiene sus ingresos para sustentar a su familia. Si una persona no puede trabajar por algún problema de salud, es evidente que la seguridad social debe entregar a esa persona la posibilidad de restablecer su salud, de acuerdo con los criterios del médico, pero manteniendo su empleo y remuneración.
Por eso, pagar una licencia médica debe ser un acto rápido del Estado. No puede demorarse tanto, como ocurre en la actualidad con algunos casos. Aquí hago un paréntesis, para decir que los funcionarios de la salud han hecho enormes esfuerzos para mejorar su trabajo y pagar con mayor anticipación las licencias. Así lo destacaron los funcionarios de la Compin de Valparaíso en la Comisión de Hacienda.
Es muy racional buscar formulas para mejorar la entrega de los recursos a las personas que lo necesitan en forma rápida. De ahí la importancia de la indicación que se aprobó en la Comisión de Salud que obliga a pagar el subsidio de las licencias médicas dentro del plazo máximo de quince días hábiles, contados desde la aprobación de la licencia.
Por lo tanto, respecto del fondo del proyecto, estamos absolutamente de acuerdo, tal como lo estuve en su momento cuando lo presentó el entonces Presidente Lagos, a través de su ministro Pedro García.
En cuanto a la forma, sí tengo problemas. Considero absolutamente inadecuado restarle a la Subsecretaría de Salud Pública -es decir, a las Seremis de Salud- 120 funcionarios a lo largo del país. Es de todos sabido que la dotación actual de funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública es insuficiente para cumplir todas sus obligaciones. Por lo tanto, me parece absurdo quitarle funcionaros a las Seremis, por muy preparados que estén en el tratamiento de las licencias, toda vez que se necesitan para cumplir todas las demás funciones de las Compin, porque no sólo deben tramitar licencias médicas en primera instancia, sino que también tiene que cumplir una cantidad mucho más importante de labores, que hoy no realiza a satisfacción porque no disponen del tiempo necesario.
Además, la Subsecretaría de Salud Pública realiza funciones de fiscalización en el área ambiental, que tampoco cumple en forma satisfactoria. No he visto ningún informe de esa subsecretaría ni de ninguna Secretaría Regional Ministerial de Salud que controle o fiscalice en forma eficiente el cumplimiento de las normas de la ley del tabaco, a pesar de la importancia que tiene el tabaquismo como una de las principales causas de muerte de muchos chilenos y chilenas.
Por eso me parece un despropósito quitar 120 funcionarios a la Subsecretaría de Salud Pública para trasladarlos al Fonasa.
Tampoco estoy de acuerdo con la forma en que se hace ese traspaso, porque cuando una institución pública debe traspasar funcionarios a otra, debe hacerlo mediante una ley de la República, en lugar de entregar esa atribución al Presidente de la República , ya que eso permite al Congreso Nacional y a los funcionarios tener claridad meridiana respecto de lo que sucederá con esos trabajadores.
En la Comisión expresé que si un funcionario debía ser traspasado desde la Subsecretaría de Salud Pública al Fonasa tenía que hacerse en mejores condiciones. En consecuencia, debería ser traspasado con mejor grado, con mayor remuneración y seguridad laboral.
(Aplausos en las tribunas)
El 80 por ciento de los funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública y de las Seremis están a contrata o a honorarios, mientras que sólo el 20 por ciento de los funcionarios son de planta.
¿Qué dice la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado? Dispone que el 80 por ciento de los funcionarios debe estar en la planta, por lo que, en este sentido, el Ministerio de Salud no está cumpliendo con lo que establece la ley.
(Aplausos en las tribunas)
Por eso, me parece que lo más importante es dar certeza y seguridad a los funcionarios de que la Subsecretaría de Salud Pública, a través de las Seremis, cumplirá con el rol que la ley le asignó.
Por ello, pido votación separada de los artículos segundo y tercero transitorios, porque considero que esas materias deben ser votadas en el Congreso Nacional, con el objeto de asegurar que el trato a los funcionarios del ministerio sea adecuado y que se vele por su seguridad laboral, su capacidad y por la calidad de las funciones que desarrollarán.
Finalmente, anuncio que votaremos a favor lo que tiene que ver con las funciones y con el fondo del proyecto, pero votaremos en contra de los artículos transitorios señalados, que dicen relación con el traspaso de los funcionarios desde la Subsecretaría de Salud Pública al Fonasa, porque nos parece que hay mejores formas de realizarlo.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ .- Señor Presidente , la demora en el pago de las licencias médicas se debe a que no existe una estructura organizacional homogénea en el país; existen distintas cadenas de mando, las dotaciones son heterogéneas a nivel de médicos, de profesionales y de administrativos, con distinta carga laboral a lo largo de Chile, pero no hay un sistema de procedimientos centralizado, falta mucho por hacer en materia de guías y protocolos, aun cuando se han producido mejoras; también hay una baja labor de peritaje y, prácticamente, no existen sanciones a prestadores ni a pacientes cuando corresponde.
Por otra parte, la tramitación de las licencias médicas difiere en los sistemas de salud público y privado.
En el sistema privado, la licencia médica ingresa a través de la isapre respectiva, que tiene su propia contraloría médica, y aquellas que son rechazadas, son conocidas por la Compin, para que resuelva la respectiva apelación por no pago.
En el sistema público, la licencia médica ingresa directamente a la Compin, que la recibe y tramita. Si la falla en contra, va a segunda instancia ante ella misma y a una tercera, cuyo conocimiento corresponde a la Superintendencia de Seguridad Social, todo lo cual provoca una dilación en el pago, lentitud en el fallo de las apelaciones y, por cierto, los más perjudicadas son las personas que requieren que se les cancelen sus respectivas licencias médicas.
Me interesa comentar al señor ministro que existen desigualdades en el número de funcionarios en relación con la población que deben atener en las distintas regiones del país. Por ejemplo, dos regiones tienen la misma cantidad de habitantes, pero una de ellas tiene la mitad de funcionarios comparado con la otra región.
Por lo tanto, se requiere con urgencia aumentar la dotación de personal en las regiones deficitarias y, sobre todo, contratar médicos contralores en las regiones que no lo tienen, porque permitirá agilizar y tomar decisiones oportunamente. Así, el proyecto cumplirá con el objetivo que todos deseamos, que es agilizar el procedimiento y el pago oportuno, eficiente y adecuado de las licencias médicas, en un plazo de entre siete y diez días, a las personas que lo necesitan, con lo que se eliminará la demora que produce la actual tramitación burocrática, que obliga a muchas personas a acudir a nuestras oficinas para pedirnos que intervengamos para que se les cancelen las licencias médicas, lo que, por cierto no es nuestra tarea ni corresponde, independientemente de la buena voluntad que manifestemos.
Por eso, pido al señor ministro que, con este nuevo procedimiento, se amplíe la planta de funcionarios, se respeten sus derechos adquiridos y, sobre todo, se logre lo que busca el proyecto, que no es otra cosa que mejorar y agilizar la tramitación de las licencias médicas.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente , considero que el proyecto contiene una modificación simple, pero de alto impacto, especialmente para los sectores que tienen menos respaldo, apoyo y asesoría cuando tienen que tramitar una licencia médica.
Los que pueden recurrir al sistema privado e, incluso, al sistema público con una adecuada asesoría y con la capacidad de presionar a los funcionarios del Fonasa o a los empleados de las isapres para que tramiten sus licencias médicas a tiempo probablemente logran los pagos en forma oportuna. Si no obtienen sus pagos, interponen los reclamos correspondientes y, si es necesario, llegan hasta la justicia ordinaria, donde lo más probable es que ganen.
Pero hay una inmensa mayoría de chilenos, especialmente los más modestos, que deben agachar la cabeza, resignarse y a esperar eternamente que terminen de pasarse la pelota de una a otra institución, para que finalmente les respondan que no les pagarán las licencias. Entre tanto, ellos han seguido generando licencias, no pueden trabajar, pero siguen con la esperanza de que finalmente se acojan sus licencias médicas.
Sin duda, el proyecto ataca al corazón de una desigualdad que existe en Chile, y debemos analizarlo desde esa perspectiva. Es cierto que podemos analizar los distintos efectos colaterales que produce, pero no debemos perder el foco principal de que el proyecto permitirá lograr una igualdad ante un problema que, a todas luces, es evidente, que no la hemos inventado, ya que todos hemos sido testigos de que se produce en cada uno de nuestros distritos, cuando la burocracia tramita a las personas y evita el pago de sus licencias.
A mi juicio, lo más importante del proyecto está en la indicación que fue aprobada, según entiendo, en forma unánime en la Comisión de Hacienda.
El Gobierno y el Ministerio de Salud se atrevieron, porque creen en lo que están haciendo, a poner un plazo fatal de quince días para que la licencia se estudie, se resuelva y se pague. En definitiva, eso es lo más importante. Una vez que el proyecto se convierta en ley, podremos decir a todos los chilenos, con certeza, que nunca más se responderá en sesenta días después, porque el plazo máximo es de quince, lo que constituye un tremendo avance.
La Cámara de Diputados será muy estricta en velar por el cumplimiento de esa disposición que el propio Gobierno se autoimpone en la tramitación de una licencia médica.
En cuanto a los argumentos que se han dado en contra, voy a profundizar en algunos.
Se ha afirmado que se le quitarán atribuciones a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y que se traspasarán a otra institución estatal: el Fonasa.
Respecto de las atribuciones de la Compin, debo aclarar -quizás, por mi deformación como abogado- que es exactamente lo contrario. Simplemente se establece que la Compin, en lugar de ser primera instancia, ahora será segunda instancia. En ese sentido, cuando a un juez de letras se le dice que va integrar la Corte de Apelaciones, o que a un juez de la Corte de Apelaciones se le dice que va a integrar la Corte Suprema, lejos de sentirse menoscabado, se siente absolutamente apreciado. Es decir, la Compin tendrá las mismas atribuciones que hoy y, aun más, podrá dejar sin efecto una resolución del Fonasa respecto de una licencia médica. Por lo tanto, la Compin pasa a revisar las resoluciones del Fonasa. Eso, a todas luces, es un aumento de facultades respecto de las licencias médicas, en el caso de la Compin. Por lo tanto, por ningún motivo puede entenderse que se le están quitando facultades.
También se habla de que hay conflicto de intereses -por supuesto que lo hay-, pero eso ya existe hoy, pues la Compin, en primera instancia, puede rechazar una licencia -entiéndase que son los mismos funcionarios- y después puede pronunciarse nuevamente, de manera distinta, y aprobarla en una segunda instancia. Eso es ser juez y parte, porque se trata de la misma institución y de los mismos funcionarios. ¡Ése sí que es el peor de los conflictos de intereses!
Se podría decir que la tercera instancia es la Superintendencia de Seguridad Social, que también es estatal. En verdad, son todas estatales, pero deben aceptar que el conflicto de intereses más extremo es el que evita este proyecto: que la misma institución, el mismo departamento y los mismos funcionarios tengan un día fallar A y, al siguiente, fallar B. Obviamente, quien falla A, por naturaleza, intenta defender lo que falló en una primera instancia. Por eso, no es sano que se mantenga ese sistema.
Entonces, ¿qué se logra con este proyecto? Que el Fonasa diga “sí” o “no” a una licencia y que la Compin, con los mismos funcionarios -a todo esto, nadie ha emitido un juicio negativo respecto de su competencia técnica-, que ahora es una instancia superior de revisión, para aprobar o rechazar lo que dice el Fonasa; es decir, su dictamen sube de valoración. Para mayor tranquilidad, la tercera instancia, que es la Superintendencia de Seguridad Social, se mantiene intacta, tanto para las licencias del Fonasa como para las de isapres. Francamente, desde ese punto de vista, es un proyecto impecable.
Reitero mi valoración de este proyecto de ley, porque muchas veces se presentan iniciativas con muy buenas intenciones, pero que no logran sus objetivos. Cuando le pedíamos al Ejecutivo que se comprometiera con un plazo determinado en que se lograría agilizar un trámite, nos respondía que se va a hacer lo posible para que sea en tal o cual fecha. Pero en este caso es completamente distinto. El Ejecutivo , el ministro de Salud y el director del Fonasa expresaron que estaban tan convencidos de que esto va a resultar que pedían que se estipulara el plazo -de quince días- en la norma. Sin duda, eso es un hecho histórico. El Congreso Nacional y la Contraloría podrán controlar que, vía ley, el Gobierno se compromete a que todas las licencias sean resueltas en el plazo fatal de quince días, para no extender la incertidumbre.
A algunos les importará poco esta modificación, porque probablemente conseguían que les pagaran las licencias antes de quince días, pero estoy seguro de que a la gente más indefensa, a los sectores más vulnerables, que muchas veces son víctimas de abusos laborales, en que el empleador ni siquiera les cree que están enfermos y que fiscaliza si realmente lo están, se les tramita y son víctimas de una burocracia excesiva y de incertidumbre respecto de sus licencias. Ello nunca más va a volver a ocurrir. Si eso no es de alto impacto, ¿qué puede ser más importante?
También se ha puesto sobre la mesa la estabilidad laboral de los funcionarios. La forma en que el Ministerio de Salud ha abordado el tema es impecable. No hay un solo despido, ni menoscabo en ninguna condición laboral de los funcionarios. Los funcionarios que serán trasladados seguirán en las mismas condiciones laborales actuales. Y los que seguirán en la Compin mantendrán sus condiciones laborales. Es decir, no se producirá ningún menoscabo.
Francamente, creo que estamos ante una modernización que beneficia directamente a la gente; ninguno de los trabajadores es perjudicado, lo que sin duda, es digno de destacar.
Para finalizar, me hago eco de lo que señaló el Presidente de la Comisión de Hacienda , en el sentido de que estos proyectos se pueden hacer cuando las instituciones funcionan adecuadamente. La forma en que el Ministerio de Salud y, particularmente, la dirección del Fonasa han llevando a cabo el proceso de modernización es digna de destacar. Y si hoy le damos un voto de confianza para que agilicen este trámite y encabecen esta modernización, ello se debe a que las cosas se están haciendo adecuadamente.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Javier Macaya.
El señor MACAYA.- Señor Presidente , generalmente se produce un problema de expectativas con ciertos proyectos que tratan temas bastante acotados, como ocurre en este caso, en que se busca cambiar estructuras y modernizar todo un sistema. En parte, las críticas que ha recibido dicen relación un poco con eso.
Esta iniciativa es bastante simple, ya que pretende darle rapidez y eficacia al pago de las licencias médicas, con una indicación que se presentó en la Comisión de Salud, aprobada por la unanimidad de sus diputados, que persigue que las licencias que se tramiten se paguen, en caso de que corresponda, en un plazo máximo de quince días.
Respecto de muchos proyectos, sucede que las expectativas y la necesidad de pensar en el paso siguiente, en los cambios estructurales, hacen que, finalmente, fracasen iniciativas simples, pero que, como en el caso de este proyecto, tienen un impacto muy importante.
Hace un par de meses, con la tramitación del proyecto que crea la Agencia Nacional de Medicamentos, que tenía un fin bastante acotado, que era la generación de una nueva estructura dentro del Instituto de Salud Pública (ISP), lamentablemente, por un tema de sobreexpectativas, terminó en fracaso, por lo que espero que podamos sacarlo adelante en un tiempo más. Se fue al Senado y en algún momento volverá a la Cámara de Diputados para su tramitación.
Este proyecto de ley, además, va a ser complementado con otras iniciativas legales que serán tramitadas por el Congreso Nacional.
En la Comisión Mixta estamos revisando un proyecto sobre las licencias médicas fraudulentas que, complementariamente con esta iniciativa, permitirá que tengamos una capacidad mayor de fiscalización y de eficiencia en el pago de estos recursos. No debemos olvidar que, anualmente, el país gasta cerca de 800 millones de dólares por concepto de tramitación y pago de licencias médicas.
También se enviará un proyecto de ley que creará una nueva institucionalidad en el sistema de salud privada. Durante la semana pasada, sostuvimos una reunión con distintos miembros del Parlamento, tanto de Oposición como del Gobierno, con el Presidente Piñera , en que estamos llegando a acuerdos importantes en materia de la institucionalidad de la salud privada, de las isapres.
Creemos que éste es un proyecto que, con su expectativa bastante simple, va a generar un impacto profundo y muy importante en muchas personas.
También es importante resaltar que las Compin van a seguir siendo una instancia de revisión, fundándose en el principio de que todas las resoluciones o decisiones de un órgano administrativo tengan la posibilidad de ser revisadas por un órgano superior. Incluso, se mencionó la analogía con los tribunales. En este caso va ocurrir lo mismo: las Compin seguirán siendo los niveles de revisión de segunda instancia de las resoluciones que adopte el Fonasa en torno a la aprobación o el rechazo de una licencia médica.
En cuanto a lo laboral -también se aludió a ese aspecto-, quizás por la heterogeneidad de las Compin a nivel nacional se tiende a ser injustos con ciertos servicios que lo están haciendo bien. Por ejemplo, se presentó gente, sobre todo de la Quinta Región, con excelentes estándares, con indicadores de eficiencia y de gestión muy buenos. Pero, lamentablemente, como señalé, la realidad en esta materia es muy heterogénea. A lo largo de Chile, particularmente en la Región Metropolitana, existen realidades que demuestran que el sistema no está funcionando, pues los tiempos de tramitación de las licencias son bastante largos.
Se califica el funcionamiento de las Compin como deficiente. Cuando vamos a nuestros distritos, recogemos la queja de la gente en cuanto a que la tramitación es larga, que hay mucha espera, burocracia. Pero ciertos servicios -y por eso expresó mi reconocimiento al de la Quinta Región- presentan estándares e indicadores diferentes a los del resto del país.
Así como ocurrió en la tramitación de otros proyectos en este año -por ejemplo, al traspaso de los funcionarios del Mideplan al Ministerio de Desarrollo Social-, creemos que es muy importante resguardar los derechos de los trabajadores.
El ministro , el director del Fonasa y el subsecretario de Salud Pública destacaron en la Comisión, primero, la voluntariedad en cuanto a los traspasos. O sea, si de los 120 funcionarios -es la cifra que, según los cálculos, serán traspasados- algunos no quieren ser trasladados, entonces se considerará la voluntariedad, la decisión particular de esos trabajadores. Obviamente, ése es el primer resguardo de los derechos laborales.
Y lo segundo dice relación con lo planteado por el diputado Robles.
La Contraloría General de la República ya se pronunció sobre la facultad que se le debe otorgar al Presidente de la República para que, por la vía de un decreto con fuerza de ley, fije las plantas de los servicios. Lamentablemente, en este proyecto no podemos colocar con nombre y apellido los funcionarios que serán traspasados, ya que cada vez que se realice una modificación en ese sentido tendría que presentarse uno nuevo.
Considero que éste es un buen proyecto, con expectativas simples -reitero-, pero muy focalizadas en la rapidez, en la eficiencia y en la capacidad de tramitar las licencias en menos de quince días, lo que seguramente cambiará la vida a muchas personas.
Por lo expuesto, los diputados de la bancada apoyamos con fuerza el proyecto.
Del mismo modo, valoramos el trabajo efectuado por el ministro de Salud y, en especial, por don Mikel Uriarte , quien en materias tan importantes como la eliminación de las listas de espera AUGE ha generado un nuevo estándar en la cartera y en las políticas de salud pública que se están implementando en el país.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , la iniciativa de traspasar el conocimiento, la evaluación y la resolución de las licencias médicas de las personas afiliadas al Fonasa y el pago de los respectivos subsidios desde la Compin al Fonasa sigue avanzando, como es usual en este último tiempo, alejada tanto del mundo del trabajo y del trabajador como de la ciudadanía y la opinión pública, por parte de quienes buscan incrementar la riqueza de algunos grupos corporativos con recursos de todos los chilenos, por la vía de un aparente e inocente proceso administrativo.
Este proceso se inició con una agresiva campaña mediática que tuvo como propósito desacreditar a la Compin en cuanto a la tramitación de las licencias médicas, con el argumento del incremento de las licencias falsas hasta llegar al montaje de la existencia de un gigantesco fraude que se encubría con la licencia médica. Así, se pretendía afirmar que los funcionarios de la Compin, en todo Chile, carecían de probidad para el desarrollo de su función.
Sin embargo, es sabido cómo opera esto en la comunidad: se aparenta tratar materias de fondo para campañas mediáticas que buscan instalar en el inconsciente una afirmación que, por aparente seguridad, intenta ser irrefutable.
Quienes promueven esta iniciativa fundamentan el cambio de domicilio en la gestión de las licencias médicas y en el retraso que sufren los usuarios en su pago. Argumentan, además, que los “asegurados” en salud pública no están satisfechos, que existe mala percepción de la Compin por parte de los usuarios.
De acuerdo al tipo de licencia médica, existen estadísticas sobre los porcentajes de cumplimiento de la Compin.
Respecto de la insatisfacción de los usuarios, ésta tiene que ver con el rechazo de la licencia, que obliga a la apelación, y muchas de las apelaciones derivan en peritajes. Es decir, se continúa con un proceso preestablecido, cuya demora no siempre radica en la Compin, lo cual no se informa.
Quienes promueven el presente proyecto plantean que el sistema está mal evaluado. Eso parece extraño, porque el uso de la licencia médica se incrementa año a año.
También se afirma que el fraude del fraude va a terminar con el traspaso de la licencia médica al Fonasa. En el manejo de las licencias, las posibilidades de fraude son muy limitadas, porque el control es muy directo. Para que exista debe producirse concomitancia entre médico y paciente o la sustracción de licencias a un médico, más allá de la truculenta generación de empresas de papel, cuyo seguimiento se puede detectar sin mucha dificultad si existe voluntad para hacerlo.
El director del Fonasa manifestó que las licencias se pagarán en no más de quince días y que su tiempo promedio es de dieciséis días. Con la afirmación de que se pagará en no más de quince días, se notifica que se puede pagar antes de que concluya el período que ella dura. Es decir, se está convocando por sobre la restricción legal en cuanto al plazo para pagarla.
También se anuncia que a la Compin le falta organización, y no se toma nota de que se trata de una estructura única a nivel nacional, que cuenta con documentos y formularios estandarizados para cumplir cada una de las funciones que le son atingentes y con los protocolos para cada una de tales funciones.
¿Cuáles son la preocupación y el tema de fondo de esta agenda?
No se dice que el proyecto que debatimos está abriendo la puerta para cambiar radicalmente el sentido profundo que tiene la concepción de licencia médica. La licencia médica no nace como una medida para asegurar descanso; es un mecanismo que permite asegurar la recuperación de la capacidad de trabajo de un trabajador o trabajadora, que, afectado de salud, no puede aportar al desarrollo del país.
La licencia, como un derecho social, comienza a desnaturalizarse, a transitar hacia una concepción de seguro y a convertir al Fonasa en una especie de isapre estatal. La licencia no es sólo la tramitación de un documento; independientemente de la expedición, detrás de ella hay una persona enferma y la organización debiera preocuparse de su recuperación.
Si además se pretende la generación de una entidad que esté por sobre el Fonasa y las isapres, se hará posible la apertura del negocio a otros actores que busquen su parte en los recursos que los trabajadores aportan al pago de la licencia. Así, su manejo se radicaría en las isapres privadas y públicas, en las cajas de compensación; y en lo referido a las licencias médicas por accidentes del trabajo, los rechazos y las altas tempranas permitirían liberar camas que las cajas de compensación, que se encuentran vinculadas a organismos administradores y, a su vez, a las isapres, podrían ofrecer a pacientes AUGE y no AUGE que el servicio público no estaría en condiciones de cubrir.
Por lo tanto, al recibir esos recursos desde el Estado, se estaría aplicando, una vez más, el dogma de transformar todo en negocio, incluidas las licencias médicas y la salud de los trabajadores.
El traspaso se quiere hacer de cualquier forma. La situación de crisis y descontrol que invita a la privatización de la licencia médica se produce con 1.085 funcionarios, pero se quiere resolver con 300 trabajadores.
Se debe recordar, además, que se pretende reducir la planta de la Subsecretaría de Salud Pública en hasta 120 cargos.
En definitiva, el proyecto, en lugar de abordar el tema de fondo en cuanto a actualizar y modernizar procedimientos administrativos que debe tener una unidad a cargo de las licencias -los que, por lo demás, están preestablecidos y son normas obligatorias que hay que estar dispuestos a seguir en todo servicio público- y de hacer un debate sobre cuál podría ser el proceso que, de acuerdo con las exigencias del Estatuto Administrativo, agilizarían mejor la atención de los usuarios y de los trabajadores que acceden a licencias, con esa argumentación -una aparente ineficacia del funcionamiento de las Compin- lo que se busca es trasladar el sistema a otra unidad administrativa que acerca y hace más fácil la privatización de la licencia médica. Eso es en la práctica.
En el proyecto tampoco se explica qué va a pasar con los más de 750 trabajadores del sector público que quedarían liberados, ya que no existe claridad ni un compromiso respecto de su traspaso.
Las razones expuestas y la experiencia concreta de cómo se han ido traspasando en forma progresiva todos los deberes de Estado, desde el punto de vista de las políticas sociales, tanto en salud pública como en otros planos, nos obligan a no ser ingenuos y a decir que lo que hay detrás de esto no es la carta de presentación de la rémora que puede tener el funcionamiento de un servicio, sino que es buscar la forma de facilitar el acceso de privados a una gestión de este tipo.
Esas son las razones por las cuales, como bancada, votaremos en contra de este proyecto.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.
El señor AUTH.- Señor Presidente, quiero ir al fondo conceptual de lo que está en juego.
Pienso que estamos caminando en la dirección inversa de la que corresponde. La noción de licencia médica que solicita un paciente aquejado por una enfermedad determinada y que necesita días de reposo debiera -en esa dirección debiéramos caminar- ser evaluada y juzgada por un organismo distinto del que financia esa licencia. Actualmente, las isapres, de alguna manera, se autodefinen metas financieras y las logran estrujando al máximo las licencias.
Lamentablemente, no pude votar en general en contra del proyecto en la Comisión, porque se aprobó por mayoría en la Comisión de Salud y en Hacienda sólo votamos en particular, pero, en general, tengo una disposición contraria a este proyecto, porque, so pretexto de eliminar la condición de juez y parte de las Compin para solventar la diferencia entre la apelación y el fallo en primera instancia, se produce otra condición de juez y parte que es peor que la primera, que la que se quiere resolver, ya que el organismo que entrega la licencia es el que va a juzgar; o sea, es el mismo modelo que actualmente rige el sistema de isapres.
¿Qué temo? Que el Estado -eso parece al leer los documentos- se fije una política para ahorrar tantos miles de millones de pesos y dé esa instrucción al organismo que evalúa y juzga las licencias, señalando que las licencias se deben reducir en un número determinado y esa instrucción se traslade a cada uno de los funcionarios y, finalmente, se consigue empatar las metas financieras con las metas médicas.
Me pregunto si eso arranca de una evaluación determinada que se tiene de las Compin. Entiendo que cuando se tiene un diagnóstico de deficiencias, lo que hace es invertir, reorganizar y hacer lo necesario para resolver esas deficiencias. Pero lo que estoy viendo es prácticamente lo mismo que vender el sofá, en la creencia de que con su venta se va a resolver el engaño, y no creo que ése sea el camino más adecuado.
La cuestión central consiste en que estamos ingresando a un modelo exactamente igual al que ya diagnosticamos equivocado, en cuanto a que el organismo rector evalúa si entrega la licencia y, luego, el mismo organismo cancela dichas licencias. Se dice que hay instancias de apelación, pero entiendo que la proporción de personas que apela ante la negación de una licencia es menor respecto de la totalidad que la solicita. En consecuencia, no se puede pretender que se resuelva el problema por la vía de las apelaciones, aun cuando se separan las características de la primera y la segunda instancia, ya que la idea central es convertir a Fonasa juez y parte, y también en protagonista.
Cuando uno escucha al director del Fonasa señalar los objetivos de ahorro que se tienen, evidentemente lo que se está pensando es que el Estado obtendrá un ahorro muy relevante a costa de las licencias de los trabajadores, lo que, en la práctica, significa monetarizar una decisión que debe ser estrictamente médica: entregar o no la licencia.
Por eso, en la votación en general, vamos a votar en contra este proyecto de ley.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, pareciera que de repente estuvimos en otro país, pues no nos damos cuenta o no le damos prioridad y relevancia a los temas que afectan a nuestras comunidades en materias sustantivas.
La urgencia en la necesidad de realizar mejoras sustantivas al sistema de otorgamiento, seguimiento, fiscalización y control de licencias médicas para asegurar a los trabajadores el adecuado descanso y la adecuada tramitación de sus requerimientos, ha significado que el actual sistema en materia de licencias médicas haya entrado en una evidente crisis.
El año pasado, en el país se tramitaron tres millones y medio de licencias médicas. Fui alcalde de la comuna de Coyhaique, en la Región de Aysén, donde al año tramitábamos cerca de once mil días de licencias médicas, en un sistema de los servicios traspasados, donde nosotros solamente teníamos educación.
Es evidente la necesidad de realizar un ajuste y un perfeccionamiento al sistema de Fonasa. Hoy, las Compin realizan una labor integral, la que hace que las personas tengan que realizar una serie de diligencias en diferentes ámbitos, debido a lo cual sienten que no se cumple a cabalidad con lo que ellas requieren.
Creemos que el tema no está centrado en el ámbito de los trabajadores. El proyecto, en su artículo segundo transitorio, realiza un importante planteamiento respecto de los contenidos en materia de resguardo de los temas que dicen relación con el ámbito laboral.
En primer lugar, establece que los traspasos del personal no podrán ser considerados como causal de término de servicio. Se mantiene absolutamente el resguardo de todas las condiciones del personal. Esto no podrá importar cambio alguno, ni siquiera de la residencia de los funcionarios. Asimismo, conservarán todas las asignaciones de antigüedad e, incluso, sus remuneraciones. Es decir, el problema en el cual algunos diputados han puesto el acento no es una cuestión sustantiva. Debemos entregar al país una institucionalidad que asegure que el descanso motivado por licencias médicas se realice como corresponde, que resguarde la recuperación del trabajador enfermo y que el sistema funcione con eficiencia.
Obviamente, en este proceso, las Compin eran juez y parte. Además, eran la segunda instancia en la tramitación que realizaban los trabajadores adscritos al sistema de isapres. Sin duda, el sistema -aquí hay que ponerse de acuerdo en un asunto sustantivo- requería y requiere ser perfeccionado, porque no puede seguir funcionando de la misma forma.
Pues bien, este proyecto de ley muy sencillo, como decía el diputado Jaramillo - apunta a resolver el problema principal: perfeccionar y mejorar el sistema. Ningún trabajador pierde derecho alguno, y, por lo tanto, cualquiera movilización que se realice no apuntará a resguardar el tema laboral, sino, más bien, a poner el acento en algo que no es lo fundamental. A través de este sistema, la gente de nuestro país verá facilitados sus trámites. Un sistema con 3,5 millones de licencias médicas al año, obviamente tiene que entrar en crisis, razón por la cual es necesario modificarlo.
En materia de personal, no tienen sentido ni asidero las dudas e inquietudes expresadas por algunos parlamentarios, porque no hay variación alguna ni daño de ninguna naturaleza que afecte a ningún funcionario adscrito a las Compin. Todos los cambios que se plantean en el proyecto apuntan a respetar, incluso, la voluntad del funcionario, que si no quiere ser traspasado, seguirá cumpliendo las mismas funciones.
De manera que decir que el proyecto debe ser rechazado porque afecta a los funcionarios, nos parece una afirmación desproporcionada y que pone el énfasis en un punto que está debidamente resguardado. A los diputados que han manifestado esta preocupación, les sugiero que lean el artículo segundo transitorio, porque ahí está la explicación que requieren. Repito que si ponen el acento en esta situación y dicen que no están convencidos, como ocurre muchas veces, estarán enfatizando un punto que no es relevante. Lo importante es que el sistema de las Compin debe ser perfeccionado, y el cambio que se introduce, que consiste en traspasar al Fonasa una función que las libera de ser juez y parte, apunta en el sentido correcto; es decir, perfecciona un área que, sin duda, en nuestro país ha entrado en crisis.
Al parecer, en estas discusiones siempre ponemos el acento en materias que generan conflictos absolutamente innecesarios. El convencimiento general era que este sistema tenía que ser perfeccionado, y el proyecto lo hace en forma sustantiva. Considero que más que discursos para la galería, lo que debemos hacer es legislar para que los trabajadores de nuestro país tengan un adecuado sistema de manejo de su descanso por motivos de salud.
Lo único que tenemos que hacer es tener responsabilidad política y poner el énfasis en las prioridades del país, lo que lograremos, lisa y llanamente, aprobando este proyecto de ley.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Luis Castro.
El señor CASTRO.- Señor Presidente , después de escuchar este debate, el país sentirá que durante mucho tiempo el régimen de licencias médicas estuvo basado en sospechas: se sospecha de los médicos, de los pacientes -a algunos de los cuales se los acusa de padecer enfermedades ficticias-, de los empleadores y de los organismos que administran las apelaciones y el pago.
Hasta 2005, todas las Compin del país, que tenían a su cargo las funciones de peritaje y fiscalización, estaban radicadas en los servicios de salud. Luego, vino la ley de autoridad sanitaria, y el Congreso Nacional decidió traspasar todo lo relacionado con las Compin y con las licencias médicas a las secretarías regionales ministeriales de Salud. Por eso, la autoridad sanitaria entendió que para establecer la nueva modalidad, la lógica indicaba que era necesario inyectar recursos y modernizar el sistema rector -ése era el sentido de la ley de autoridad sanitaria-, a nivel sanitario del país, para enfrentar definitivamente el problema. Han pasado seis años y ha habido muchas dificultades para resolver esta materia, denuncias múltiples, etcétera. Hace no más de dos meses, la Cámara aprobó un proyecto que tiene que ver con sancionar los abusos relacionados con las licencias médicas.
Hoy, la percepción ciudadana sigue siendo de que existe burocracia, lentitud, de que se cometen abusos relacionados con el pago de las licencias médicas, en particular en el sistema de isapres, que, en su doble rol de contraloras médicas y pagadoras, han cometido abusos que todo el mundo conoce y que les han permitido disminuir costos, situación que ha sido revertida en las instancias de apelación, es decir, ante las Compin.
Hace un año, la Comisión Presidencial de Expertos discutió largamente el tema y entregó un informe al Presidente de la República , en el cual hizo una propuesta, respecto de la cual podemos opinar a favor o en contra, que abordaba un problema que no está considerado en este proyecto: el sistema de financiamiento que tendrán las licencias médicas. ¿Vamos a terminar con la odiosa discriminación de las licencias por menos de once días o por más de once días y con los días de carencia que tienen algunas, mientras otras se pagan completas, todo lo cual ha facilitado las arbitrariedades ocurridas en el sistema de control del reposo por enfermedad?
Pero nada de esto ha llegado acá; lo que nos llegó es un proyecto de ley que no resuelve los tres grandes aspectos que hoy son motivo de críticas: en primer lugar, la falta de autonomía de una entidad que ejerza las funciones de contraloría médica, que sea independiente de los organismos pagadores, que tenga dotación de recursos humanos, de peritos y de médicos en las Compin; en segundo lugar, que dicha instancia evalúe con presteza cada una de las patologías y que defina, no según protocolos hechos en un escritorio, sino de acuerdo con evaluaciones técnicas de las condiciones de salud de las personas, el mérito de las licencias, y en tercer lugar, que defina efectivamente el pago oportuno que le corresponde al trabajador que está enfermo y que, obviamente, ve encarecido su costo de vida, en la medida en que esté enfermo, invalidado o con secuelas.
En la Comisión de Salud discutimos a fondo este tema, pero no hubo posibilidades de llegar a un acuerdo, porque cuando se nos plantea que el Fonasa, que es financiador del sistema público de salud, sea un organismo de contraloría médica y que se le traspase una cantidad menor de funcionarios y de recursos humanos que le permitan asumir esta tarea, uno siente que nada nos garantiza que lo va a hacer mejor que las Compin, en la medida en que dotemos a éstas de instrumentos, recursos y financiamiento para que hagan bien las cosas.
Segundo, si el proyecto trae cero financiamiento, ¿de qué modernización estamos hablando?
Tercero, cuando decimos que con este sistema habrá un ahorro de 22 mil millones de pesos en régimen, uno puede tener la certeza de que vamos a homologar los malos hábitos que han tenido las isapres para controlar los gastos, a costa de reducir y rechazar licencias médicas, pero ahora en el seguro público que se llama Fonasa, el cual estará revestido con las funciones de contraloría médica, pero sin contar con los recursos médicos y humanos que se requieren para hacer los peritajes. Por lo tanto, estaremos desvistiendo un santo para vestir otro.
Si se apuntara de verdad a solucionar el grave problema de las licencias médicas, dar estabilidad a los funcionarios que serán traspasados -tampoco existe claridad suficiente sobre la forma en que ello ocurrirá- y lograr revertir la tendencia negativa que ha tenido la imagen pública de las licencias médicas, tendríamos una opinión distinta.
Sin embargo, como desgraciadamente no se nos garantizan cambios en el sistema de control y peritaje de las licencias médicas, los diputados socialistas anunciamos, desde ya, nuestros votos en contra de este proyecto de ley, porque no resuelve el problema de fondo, es decir, el problema del reposo por enfermedades en nuestro país.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Santana.
El señor SANTANA.- Señor Presidente , escuché con atención a los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, especialmente a quienes señalaron que rechazarán el proyecto porque no entregaría garantías.
La pregunta que cabe hacerse es: ¿cuáles son esas garantías para los millones de usuarios del sistema público de salud, a los cuales se les está otorgando la oportunidad de tener los mismos derechos que los usuarios del sector privado en cuanto a control y fiscalización de las licencias?
Lo que nos debe preocupar es qué pasará con los trabajadores de las Compin. Hoy existe un compromiso suficientemente bien expresado, en el sentido de que sus derechos laborales serán resguardados y que serán destinadas a otras áreas o tareas igualmente importantes que la administración de las licencias médicas.
La gran novedad que incorpora el proyecto es que el procesamiento y pago de las licencias no superarán los 15 días, lo que representa un gran avance en materia de eficiencia y de oportunidad, especialmente para la gente de menores recursos, la que, muchas veces, tras otorgarle licencia médica, debía esperar mucho tiempo antes de recibir el subsidio correspondiente.
En 2004, el gasto anual en licencias médicas fue de 200 millones de dólares; en 2010, subió a 800 millones de dólares. Ése es un dato duro, un dato importante. Cuando uno analiza el promedio de días por licencia médica, se concluye que en 2004, cuando empieza este crecimiento exponencial, era de 12 días; hoy, supera los 16 días. Ésa es una información de la que cabe tomar nota, generar gestión e iniciar un proceso de homogeneización de la actividad interna de las Compin de cada una de las regiones.
Digo esto porque, por ejemplo, el rechazo -se incluye todo tipo de licencias médicas, de todas las enfermedades- en algunas regiones es de 1,3 por ciento, mientras en otras es de 13 por ciento. En algunas regiones, para la misma enfermedad o grupo de prestaciones, el promedio mínimo de días de licencia es de 10,6, versus el máximo de 16,9 días.
En cuanto a las licencias médicas curativas, la tasa de rechazo fluctúa entre un mínimo de 1,4 por ciento y un máximo de 14 por ciento. Las tres enfermedades más importantes en esta materia son las relacionadas con el sistema respiratorio, el sistema osteomuscular y los trastornos mentales, que representan más del 52 por ciento; es decir, en tres enfermedades o patologías está concentrado más del 50 por ciento del pago de licencias médicas.
Como señalé, el crecimiento ha sido exponencial en los últimos seis años. Así, por ejemplo, en una región tiene un mínimo de 14,2 días y un máximo de 20,4 días.
Hay un tema que merece ser abordado en profundidad y en el que debemos concentrarnos y generar las confianzas. Lo digo pensando en quienes hoy, a mi juicio no apuntando al fondo, sino a la forma, dicen que no van a dar su aprobación al proyecto.
Fonasa ha mostrado un nivel de eficiencia importante en la administración de sus ingresos. No olvidemos que en el último año móvil -junio 2010 a junio 2011-, ha logrado aumentar sus ingresos en 12,7 por ciento. Esa cifra, en moneda real, que nos está mostrando un mejor nivel de eficiencia en el recaudo por procesos o por la administración de la morosidad, también está generada porque ha aumentado en más de 4,39 por ciento el porcentaje de detección de empresas que incurren en evasión en el pago de las cotizaciones, lo que afecta directamente a los afiliados.
El proyecto apunta en la dirección correcta, porque establece un sistema mucho más eficiente, apunta a generar un pago mucho más pronto y contribuye a descongestionar las Compin y a disminuir el fraude en materia de licencias médicas, flagelo que vivimos en nuestro país y que se extiende también al sector privado.
Tenemos la gran oportunidad de administrar este sistema con la misma eficiencia con que se ha logrado mejorar los ingresos de Fonasa en el último año.
Por lo tanto, anuncio que la bancada de Renovación Nacional votará a favor del proyecto, y apelo a la conciencia de la Sala para que le entregue su apoyo, entendiendo que el bien superior son los afiliados del sector público de nuestro país.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro de Salud presente en la Sala.
Este es un tema de larga data, de muchos años, pero volvemos a un tema en el que persistirá la inequidad.
En el sistema privado de salud, las licencias realmente son perjudiciales para sus usuarios, porque el pagador, la isapre, las controla.
El proyecto, al poner el énfasis en el Fonasa, deja el control de las licencias en dicho Fondo, que será el pagador público. Al respecto, es obvio que estamos en presencia de una regulación muy complicada. Todos sabemos -lo digo muy honestamente- que en las isapres, cuando un usuario entrega una licencia que establece, por ejemplo, reposo por 15 días, inmediatamente ocurre que sin pasar por ninguna parte, el número de días se rebaja en 50 por ciento, debido a lo cual el paciente tiene que apelar.
Entonces, ¿qué garantía tiene el usuario cuando, por la potestad que entrega la ley, la isapre le rebaja la cantidad de días de la licencia, sin ningún antecedente? Porque ni siquiera se examina al paciente o se ven sus exámenes; no, porque se trata de una decisión administrativa.
La Comisión de Expertos señaló que es necesario contar con un sistema externo a Fonasa y a las isapres, que no tenga contaminación respecto de la forma como se paga o como se regula; un ente completamente autónomo que regule de una vez por todas el tema de las licencias, tanto en el sector público como en el privado. Ahí sí que los usuarios tendrán aseguradas las garantías, no con la vigencia del proyecto en análisis.
¡Cómo no vamos a querer que paguen una licencia de 15 días a una persona enferma! Las organizaciones consultadas y algunas seremis fueron muy claras al señalar que hoy, sin ley, están pagando a 16 ó 18 días.
La iniciativa es como si se copiara el sistema de las isapres en el Fonasa. No estoy de acuerdo con eso, por lo cual voy a votar en contra.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente , no soy médico. Por lo tanto, mi aproximación al tema va a ser desde un punto de vista jurídico y también de la representación de los usuarios.
El proyecto, según el mensaje, tiene por objeto agilizar los documentos que habilitan para los reposos prescritos y los procedimientos para enterar los subsidios por incapacidad laboral. Sin embargo, al leer su articulado, mi percepción es que más bien intenta buscar un mecanismo para aumentar el financiamiento del Fondo Nacional de Salud.
Digo esto, porque el director del Fonasa , señor Mikel Uriarte , conocido hombre de las entidades de seguro en el mundo privado antes de asumir este cargo, afirmó que el presupuesto de esta entidad está constituido en el 58 por ciento con aporte fiscal, y que el resto se obtiene de cotizaciones de las personas y de ingresos propios. En materia de gastos, el 50 por ciento lo constituyen los niveles secundario y terciario de salud, el 21 por ciento el nivel primario, el 9,4 por ciento la libre elección y el 8,1 por ciento las licencias médicas. Este último ítem, para 2011, se estima en 317 mil millones de pesos.
Luego, señaló que tiene exigencias de parte de las autoridades superiores, en el sentido de aumentar los niveles de autofinanciamiento, es decir, de captación de recursos a través de mecanismos recaudadores.
Textualmente, expresó: “… y se ha logrado maximizar los recursos disponibles, a través del mayor número de empresas fiscalizadas y mayor detección de entidades evasoras, todo lo cual redunda en más recaudación. Sin embargo, no obstante que hay mayor exigencia en recaudación, se gasta cada vez más en licencias médicas”.
En consecuencia, el director del Fonasa objeta el gasto en licencias médicas. Vela más bien por el sistema de financiamiento de la entidad pública que por la debida protección social que debe cumplir, por ley, ante las personas que tienen una incapacidad laboral y merecen una licencia médica.
Prosiguió: “En ese sentido, el gasto en subsidios de incapacidad laboral, incluidos los subsidios maternales -a julio de 2011-, asciende a 175.000.000.000 de pesos, que equivalen al 55 por ciento del presupuesto anual”.
Aquí viene, finalmente, su frase y el corolario que, más bien, devela la intención oculta de este proyecto: “Lo grave es que mientras más alto es el porcentaje, más rápido se acaba el presupuesto”.
Es decir, el director del Fonasa plantea la necesidad de reducir el pago de licencias médicas para financiar su servicio, cuando en realidad su rol, por ley, es completamente distinto.
En consecuencia, mi percepción es que con este proyecto se busca un mecanismo para financiar el servicio y no, necesariamente, el cumplimiento del objetivo establecido en la ley.
A lo anterior, hay que sumar que a partir de la reforma de 2006, el Fonasa pasó a ser un verdadero seguro de salud. Luego, si esta institución es un seguro de salud, vale decir, es el organismo que debe cubrir económicamente los costos de las licencias médicas, obviamente le convendrá que haya menos licencias médicas o que mayor número de ellas sea objetado, porque así se ahorrará recursos y, como sostiene el señor Uriarte , dicho Fondo tendrá un mejor sistema de financiamiento, en desmedro de los usuarios.
Por lo tanto, en la práctica, con esta iniciativa estamos creando una especie de isapre en el sector público.
(Aplausos en las tribunas)
Ello permitirá que cada vez que una persona vaya con una licencia médica, por la que hoy acude a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y al Fonasa, este último buscará un mecanismo para objetarla, porque de esa manera se ahorrará cierta cantidad de recursos. Eso ocurre hoy en el sector privado, en las isapres.
Si sabemos que el sistema de isapres no ha sido bueno desde el punto de vista de la oportunidad y calidad de atención de los usuarios, ¿por qué vamos a importar ese sistema desigual al ámbito público? No parece ser lo aconsejable.
Por último, respecto del procedimiento de evaluación, me permito hacer reserva de constitucionalidad, toda vez que se establece que la misma institución encargada de evaluar la procedencia de la licencia médica, es la que debe pagar.
Al respecto, la Contraloría General de la República, en reiterados dictámenes ha señalado que cuando existen desavenencias entre el usuario y un servicio público, debe haber un procedimiento, reglado por ley, para establecer las garantías de los usuarios. Tanto es así, que en sentencia reciente, el Tribunal Constitucional estableció la inconstitucionalidad de una entidad pública con facultades sancionatorias cuando no existen los procedimientos adecuados. Porque, según lo que he observado, en esta iniciativa se deja la instancia de apelación a las comisiones preventivas, entidades del mundo privado, situación que, desde el punto de vista jurídico, sería distinta en el ámbito de las isapres y en el del Fonasa, al ser público este último.
Por eso, anuncio mi voto en contra de este proyecto de ley.
-Aplausos en las tribunas.
El señor MELERO ( Presidente ).- Tiene la palabra el ministro de Salud , señor Jaime Mañalich.
El señor MAÑALICH ( ministro de Salud ).- Señor Presidente , el proyecto de ley que traspasa al Fondo Nacional de Salud la tramitación de las licencias médicas que indica, ha sido latamente debatido en la Sala y en las comisiones respectivas.
Esta iniciativa del Presidente de la República busca corregir un problema estructural que se hizo patente en la reforma de salud realizada entre 2004 y 2005, cuando, por imperio de la ley de Autoridad Sanitaria, se señaló que la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que hasta ese momento manejaba las licencias médicas a través de los Servicios de Salud, debía consagrar su quehacer sólo a tareas que tenían que ver con la atención de salud de los pacientes. Las tareas de otro carácter, preventivo o relacionado con las licencias médicas, debían estar radicadas en la Subsecretaría de Salud Pública, a través de los seremis.
En ese contexto, a partir de 2005, se creó una figura por la cual los seremis crecientemente han tenido que ver con lo relativo a las licencias médicas.
Como señaló el diputado Robles en su intervención, este tema fue discutido antes en la Cámara, en particular en la Comisión de Salud, porque los síntomas que estamos evidenciando son de carácter estructural y deben ser solucionados mediante un proyecto de ley.
Consultamos a la Contraloría General de la República acerca de si esta normativa podría ser objeto de regulación reglamentaria por parte del Ministerio. Su respuesta fue taxativa en el sentido de que la entrega de esta competencia al Fonasa requiere una iniciativa de ley aprobada por el Congreso Nacional. Por ese motivo, estamos ante esta discusión.
En cuanto a la esencia del proyecto, ésta no dice relación ni con la fiscalización ni con la disminución del gasto en licencias médicas. Ese problema ya fue debatido por la Cámara, a propósito de la iniciativa que sanciona el uso fraudulento de las licencias médicas, iniciada en un mensaje de la Presidenta Michelle Bachelet, de diciembre de 2009, que hoy se encuentra en tercer trámite constitucional.
Quiero destacar que este proyecto de alguna manera está vinculado al que fiscaliza el mal uso de las licencias médicas, porque en la medida en que se requiere fiscalizar lo que realizan los primeros agentes autorizadores de licencias médicas, sea a través del Fonasa o de las isapres, se necesita potenciar fuertemente el rol del tribunal de segunda instancia de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez.
Hoy no pueden cumplir ese rol, debido a que la inmensa mayoría de su trabajo está dedicado, desafortunadamente, a la tramitación, en primera instancia, de las licencias médicas que vienen del Fonasa.
Como se dijo, el proyecto corrige una desigualdad entre los usuarios públicos y privados, porque mientras estos últimos deben tener resuelto el tema de sus licencias médicas en tres días, la reglamentación entrega a los funcionarios de las Compin un plazo de sesenta días para resolver la tramitación de los beneficiarios del Fonasa, lo que me parece una clara inequidad.
Además, en la medida en que entrega potestades de fiscalización adicionales, trata de corregir un problema que para nosotros es extraordinariamente grave. Hemos estimado en no menos de quince mil millones de pesos anuales las transferencias de recursos a los beneficiarios de mutuales de seguridad. Ello se debe a que se entregan licencias médicas financiadas por Fonasa, a pesar de que debieron haber sido pagadas por las mutuales de seguridad, por la Asociación Chilena de Seguridad y otras, en su carácter de beneficios laborables. En gran medida, eso explica el ahorro que está involucrado en el proyecto en discusión.
En ese sentido, quiero referirme a uno de los temas sustantivos que se ha suscitado durante la discusión del proyecto, que dice relación con la estabilidad laboral.
Ayer me reuní en Santiago con los presidentes de todas las oficinas de las Compin y de las contralorías médicas, de todo el país, oportunidad en la que, básicamente se precisó lo siguiente para los trabajadores. En el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 2012, aumenta el financiamiento para la Subsecretaría de Salud Pública en 9 por ciento en particular y en trescientos cargos para potenciar sus tareas de fiscalización, que tienen que ver con alimentos, medio ambiente y autorizaciones sanitarias, y con este rol de segunda instancia relativo al manejo de las licencias médicas. Me parece que se trata de un incremento muy significativo para el próximo período si lo comparamos con el de 2011.
Después de hacer un catastro, constatamos que existe un total de ciento veinte funcionarios extraordinariamente calificados en las Compin, que quisiéramos transferir al Fonasa, con idéntica remuneración y antigüedad laboral, y sin perjuicio laboral alguno para ellos. Sin embargo, como les dije ayer a los funcionarios, este traslado es de carácter voluntario, de manera que si alguien prefiere mantenerse donde está, no tendremos problema en acceder a su solicitud, a pesar de que eso significará capacitar y entrenar potencialidades que hoy no existen en el Fonasa y que estos trabajadores y profesionales sí poseen.
Entiendo la preocupación de los representantes de los gremios médicos que se encuentran presentes, pero hoy existe una transferencia masiva de recursos a operadores médicos terceros, que actúan como consultores de las Compin en materia de buen uso de las licencias médicas. Sólo como información, les puedo decir que la segunda causa de licencias médicas en nuestro país es por enfermedades relacionadas con la salud mental. Efectivamente, como dijo un diputado que me antecedió en el uso de la palabra, en las Compin existe poca capacidad para resolver bien el tema de las licencias médicas. Eso lo saben las isapres, que sistemáticamente las rechazan, porque están al tanto de que existe esta incapacidad.
Dada la heterogeneidad de la infraestructura y capacidad humana que existe a lo largo del país, poco a poco en la medida en que se generen células profesionalizadas al interior del Fonasa para mejor resolver el tema de las licencias médicas, el problema tenderá a resolverse.
Insisto, el objeto de la ley en tramitación -a pesar de lo que dijo un señor diputado en su discurso- es vinculante, en el sentido de que nos obliga a pagar las licencias médicas en un plazo máximo de quince días. Para eso se operativiza el sistema. Esto se transformará en un derecho que los trabajadores tendrán la exigencia de reclamar ante el Fonasa y las Compin.
Me parece que se está avanzando enormemente en un área de inequidad que hoy se hace absolutamente intolerable para los beneficiarios del sector público, es decir, de Fonasa.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Cerrado el debate.
El señor KAST.- Señor Presidente , ¿nos podría informar acerca de los pareos?
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura a los pareos.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).-
Se han registrado los siguientes pareos: de la señora Molina con el señor Vallespín; del señor Monckeberg, don Cristián, con el señor Lemus; del señor Moreira con el señor Díaz; del señor Rivas con el señor Tuma; de la señora Rubilar con la señora Isasi; del señor Walker con la señora Zalaquett; del señor Cardemil con el señor Andrade, y de la señora Cristi con la señora Saa.
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, con urgencia suma, que traspasa al Fondo Nacional de Salud la tramitación de las licencias médicas que indica.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 33 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MELERO (Presidente).- Debido a que el proyecto ha sido calificado con urgencia suma, no procede un segundo informe. Por consiguiente, debe votarse en particular.
Corresponde votar en particular en proyecto de ley con la indicación de la Comisión de Hacienda para suprimir en el artículo 1°, número 2), letra g), inciso segundo, la expresión “en forma precisa”, con excepción de los artículos segundo y tercero transitorios, y del último párrafo del literal g) del numeral 2) del artículo 1° permanente, respecto de los cuales se pidió votación separada.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 35 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
El señor MELERO ( Presidente ).- Corresponde votar el último párrafo del literal g) del numeral 2), del artículo 1° permanente, cuya votación separada fue solicitada por el diputado señor Torres.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
El señor MELERO ( Presidente ).- Corresponde votar el artículo segundo transitorio, cuya votación separada fue solicitada por el diputado señor Robles.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 36 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
El señor MELERO ( Presidente ).- Corresponde votar el artículo tercero transitorio, respecto del cual también se pidió votación separada.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 35 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
El señor MELERO (Presidente).- Despachado el proyecto.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
INDULTO PRESIDENCIAL A PASTORA AIMARA.
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo Nº 461, del señor Vargas; de la señora Girardi, doña Cristina; del señor Accorsi; de la señora Saa, doña María Antonieta; de la señora Muñoz, doña Adriana; de los señores Farías y Carmona; de la señora Pacheco, doña Clemira, y de los señores Cardemil, Ascencio, Tuma, Baltolu y Gutiérrez, don Hugo, que en su parte dispositiva señala:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. el Presidente de la República que estudie y evalúe la posibilidad de otorgar un indulto particular a la pastora aimara Gabriela Blas, dado que así lo han estado solicitando los representantes de su propia cultura, y a que en el caso de su juzgamiento podrían existir alteraciones a las normas de integración y conciliación cultural, desoyendo las particularidades de su etnia y tradición.”
El señor MELERO (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Nino Baltolu.
El señor BALTOLU.- Señor Presidente , como dijo el colega que me antecedió en el uso de la palabra, este proyecto de acuerdo cuenta con el respaldo de la comunidad aimara. Nos referimos a un hecho que tuvo lugar a campo traviesa. Lamentablemente, a raíz del descuido de la madre, el hijo se perdió.
Sin embargo, tener presa a esa desafortunada mujer no tiene sentido. Tal vez sería necesario modificar algunas costumbres de esa comunidad, pero como sabemos, se trata de un aspecto multicultural.
Reitero que en esta materia contamos con la venia de la mayoría de los habitantes de la comunidad aimara.
En consecuencia, hago un llamado a los colegas a prestar su apoyo a proyecto de acuerdo, que solicita al Presidente de la República otorgar el referido indulto.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).- Ofrezco la palabra a algún señor diputado o señora diputada que impugne el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
PLAN DE CHATARRIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE MENOR.
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo Nº 440, del señor Vargas; de la señora Goic, doña Carolina, y de los señores Santana, Edwards, Auth, Lemus, Calderón, Farías, Ascencio y Espinosa, don Marcos, que en su parte resolutiva señala:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. el Presidente de la República instruir a los Ministerios de Transporte y de Energía a fin de elaborar en el marco de los recursos que se entregan a las regiones para el mejoramiento del transporte público, un plan de chatarrización de vehículos de transporte menor, que incluya a aquellos pertenecientes a la locomoción menor, con el objeto de contribuir con ello a la renovación del parque existente a fin de asegurar a los usuarios de estos medios de transporte un servicio más moderno, seguro y menos contaminante para sus respectivas ciudades.”.
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Orlando Vargas.
El señor VARGAS.- Señor Presidente , la ley Nº 20.378, que crea un subsidio para el transporte público y ampara la chatarrización, permite que se renueven los vehículos de transporte y alquiler.
Sin embargo, la citada ley no ha estado amparando a los buses, minibuses, trolebuses y microbuses que, con el paso de los años, se deterioran. Luego, el Gobierno compra dichos vehículos y otorga un subsidio para su renovación.
Hago presente que los taxis colectivos, taxis básicos y taxis de turismo están ajenos al mencionado beneficio.
Por lo tanto, el proyecto solicita que el Presidente de la República instruya a los ministros de Transportes y de Energía , a fin de elaborar, en el marco de los recursos que se entregan a regiones para mejorar el transporte público, un plan de chatarrización para los vehículos de transporte menor.
Experiencias de este tipo se pueden apreciar en muchos países de Europa, y también en Argentina y México, donde se entregan aportes del Estado para el recambio de vehículos de alquiler.
Pido apoyar el proyecto, que es transversal, ya que los taxis de regiones no han podido ser objeto de los beneficios de la ley Nº 20.378.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , felicito al diputado señor Orlando Vargas por la iniciativa.
Cuando me reúno con transportistas de vehículos menores, siempre me señalan que una de las cosas más complicadas es renovar su flota. Además, me han hecho presente que se encuentran bastante afectados por el actual precio de los combustibles. Por lo tanto, se les hace cada vez más difícil modernizar el parque de transporte público menor.
Este proyecto no sólo tiene que ver con los taxis y colectivos, sino también con el transporte escolar. En esa materia, debemos preocuparnos de la seguridad de los escolares, para lo cual es fundamental la modernización de los vehículos de transporte.
Conversé con el diputado señor Pedro Velázquez a fin de incorporar, en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2012, recursos para el programa correspondiente.
En consecuencia, invito a todos los diputados y diputadas a votar favorablemente el proyecto, a fin de conseguir recursos para el transporte menor y escolar.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
MODIFICACIÓN DE NORMATIVA RELATIVA A OTORGAMIENTO DE PREMIOS NACIONALES.
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de acuerdo Nº 441.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo Nº 441, del señor Harboe; de la señora Girardi, doña Cristina; de los señores Torres y Monckeberg, don Cristián; de la señora Vidal, doña Ximena, y de los señores Carmona, Espinosa, don Marcos; Farías, Godoy y Ward, que en su parte dispositiva señala:
“La Cámara acuerda:
Solicitar a S.E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que modifique la normativa sobre otorgamiento de Premios Nacionales, restableciendo la anualidad que poseían antes de 1974, y restableciendo, además, el derecho de la Sociedad de Escritores de Chile a formar parte del jurado que dirime el otorgamiento del Premio Nacional de Literatura .”.
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente , en Chile, desde 1942, se han respaldado diversas iniciativas legales tendientes a otorgar el debido reconocimiento a quienes han tenido un desarrollo relevante en el cultivo del arte, de la ciencia, de la literatura y del periodismo, entre otras disciplinas, con el objeto de comprometer la gratitud permanente para los connacionales que han sido señalados como merecedores de un galardón que distingue y justiprecia la calidad superior de su obra o de su actuación artística o profesional.
Desde la fecha señalada, fueron instituyéndose diferentes premios nacionales, entre los cuales se contaban los de literatura, de arte, de periodismo y de ciencias. En 1992, se eliminaron los premios de arte y de ciencia y se crearon varios premios nacionales para otras expresiones derivadas de esas dos ramas: los de artes plásticas, de artes musicales, de artes de la representación, de ciencias exactas, de ciencias naturales, de ciencias aplicadas, etcétera. En la actualidad, contamos con once premios nacionales.
El Premio Nacional de Literatura tuvo su origen en la preocupación nacida de la Sociedad de Escritores de Chile. Esa entidad cultural, fundada en 1932, hizo gestiones ante el entonces Presidente Pedro Aguirre Cerda para establecer esa distinción, quien ordenó la redacción de la ley para su instauración. Pero su muerte lo interrumpió; fue durante el mandato de Juan Antonio Ríos , su sucesor, que se promulgó la ley.
Según el texto oficial del respectivo cuerpo legal, el Premio Nacional de Literatura sería otorgado cada año, por una vida entera entregada al ejercicio de las letras. Eso se cumplió a cabalidad hasta 1973, año en que ese premio no fue discernido. El 10 de octubre de 1974, el Diario Oficial estableció, por decreto ley, una profunda modificación en su periodicidad. En efecto, su otorgamiento se efectuaría cada dos años, según se dispuso en el artículo 2° de esa norma. Además, se preceptuó que al conferirse se propendiera, sin obligación para el jurado, el establecimiento de una modalidad distinta en los géneros que serían objeto del galardón.
En relación con el jurado, se estatuyó que sería presidido por el ministro de Educación y por un representante de la Academia Chilena de la Lengua del Instituto de Chile y de la Sociedad de Escritores de Chile, entre otras instituciones.
En septiembre de 1992, por medio de la ley N° 19.169, el Ministerio de Educación promulgó otra serie de reformas respecto de la entrega de los premios nacionales, las cuales establecieron, dentro de sus modificaciones, que el jurado es soberano en la selección de postulantes y que, para efecto de la obra, no existiría la obligación de presentar informe documentado de mérito.
En relación con la composición del jurado, se eliminaron los dos asientos de la Sociedad de Escritores de Chile, autora original del proyecto de ley que dio origen a los premios nacionales, los cuales correspondían a dos escritores, en calidad de delegados. En su reemplazo, se agregó un segundo académico, designado por el Consejo de Rectores, y un representante de la Academia Chilena de la Lengua. De esa manera, se excluyó de la asignación del Premio Nacional del Literatura a los representantes de la entidad que promovió y logró la instauración del primer premio nacional en Chile.
Por tales consideraciones, solicitamos a la honorable Cámara de Diputados la aprobación del proyecto de acuerdo que tiene por objeto solicitar al Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que modifique la norma sobre otorgamiento de premios nacionales, con el propósito de restablecer la anualidad que tenía el Premio Nacional de Literatura antes de 1974. Asimismo, solicitamos que disponga que representantes de la Sociedad de Escritores de Chile formen parte del jurado que entrega ese galardón.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , no cabe duda alguna de que el aporte de la literatura, de las letras, impacta directamente en la formación de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, por su contribución al conocimiento y al desarrollo del intelecto.
Establecer eso es darle la significación que merece, por la importancia que tiene en un país que ha sido capaz de aportar dos premios Nobel para todo el mundo artístico e intelectual, como Gabriela Mistral y Pablo Neruda .
En un país en el cual el aporte del arte ha estado presente en sus distintos géneros culturales, ya sea en el folclor, con Violeta Parra y Víctor Jara ; en el teatro, con Roberto Parada ; en la Plástica, con José Balmes , así como también, por cierto, en la literatura, se debe establecer que en la convivencia de la sociedad chilena tendrán una significación de primer orden los valores que lo cultivan, en los cuales aporta, en forma trascendente, el mundo de las letras y de la literatura.
Los respectivos representantes de esas formas de expresión artística son los autorizados para participar al momento de dirimir a quién corresponde otorgar el Premio Nacional de Literatura.
Por lo tanto, apoyo el proyecto de acuerdo, pues tiene por objeto solicitar el restablecimiento de la entrega anual del Premio Nacional de Literatura .
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO ( Presidente ).- No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO ( Presidente ).- No hay quórum.
Queda pendiente la votación para la próxima sesión ordinaria.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
INCREMENTO DE DOTACIÓN POLICIAL EN SECTOR NORORIENTE DE RANCAGUA. Oficio.
El señor MELERO ( Presidente ).- En el turno del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Issa Kort.
El señor KORT.- Señor Presidente, quiero dar a conocer la honorable Sala la gran preocupación que afecta a los vecinos de la ciudad de Rancagua en materia de seguridad.
Lamentablemente, en el sector nororiente de Rancagua hemos visto cómo la delincuencia ha ido ganando espacio, situación que afecta a muchas familias de escasos recursos, pero de mucho esfuerzo, las que hacen un trabajo importante para mantener la paz y la armonía de ese territorio. Ese sector popular, en el cual hay gran presencia poblacional, se ha visto afectado por el flagelo del microtráfico y la delincuencia. Hemos tenido que lamentar dos muertes a causa de ese problema, situación que no sólo ha impactado a las familias afectadas, sino también a los demás vecinos y a los dirigentes vecinales.
Quiero destacar la importante labor de esos dirigentes vecinales, así como el trabajo que realiza el padre Luis, sacerdote del sector de Costa del Sol, quien ha tenido la valentía de asumir la defensa de los pobladores y de dar a conocer su clamor por lo que está sucediendo.
Asimismo, quiero agradecer y dar a conocer a la honorable Sala la disposición que ha tenido el ministro del Interior , señor Rodrigo Hinzpeter, de recibirnos a partir de mañana en La Moneda, con el objeto de buscar una solución para lo que he planteado, reunión a la que asistiremos con los dirigentes vecinales afectados, con el alcalde de Rancagua y con el diputado señor Juan Luis Castro, porque hemos asumido la situación como un problema transversal del distrito.
Deseo señalar la enorme esperanza que tenemos de encontrar una solución al problema, para lo cual se debe disponer de mayor presencia policial uniformada y de civil en el sector nororiente de Rancagua, tanto diurna como nocturna. También se requiere de un mejor funcionamiento del plan cuadrante; la gente de ese sector lo merece.
Por lo tanto, pido que se oficie a la autoridad que corresponda, a fin de solicitar mayor presencia policial en el sector indicado, lo cual requiere ser implementado en el menor tiempo posible.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Turres y de los diputados señores Rincón, Accorsi, Kast y Baltolu.
RECONOCIMIENTO A LABOR DESARROLLADA POR MUSEO REGIONAL DE RANCAGUA. Oficio.
El señor KORT.- En segundo lugar, quiero destacar la importantísima labor que efectúan día a día los gestores culturales de la ciudad de Rancagua, en su calidad de capital regional, así como en el resto de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins. En particular, deseo subrayar el enorme trabajo que realiza el Museo Regional de Rancagua, cuya directora, señora Carmen del Río Pereira, ha tenido la noble misión de dirigir por más de treinta años ese museo y de convertirlo en el principal foco de desarrollo y de exposición artística y cultural de la región. Todas las personas que quieren montar exposiciones de carácter cultural lo hacen siempre bajo el alero del museo regional, el que por más de treinta años se ha ido consolidando como un centro cultural importantísimo, más allá de la propia historia de la ciudad de Rancagua, en la que hace poco celebramos un aniversario más de la Batalla de Rancagua, gesta que recuerda el heroísmo patrio.
En consecuencia, pido que se oficie a quien corresponda, con el objeto de enviar copia de este reconocimiento, por el trabajo anónimo, perdurable y constante que lleva a cabo el Museo Regional del Rancagua en favor de la conservación y difusión del patrimonio artístico y cultural de la región, así como por el interés que demuestra por su desarrollo futuro.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención, con la adhesión de la diputada señora Turres y de los diputados señores Rincón, Accorsi, Kast y Baltolu.
PROTECCIÓN A CLIENTES DE TELEFONÍA CELULAR. Oficios.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente , el Gobierno está haciendo reiterados esfuerzos por mejorar la calidad del servicio y la protección de los derechos de los clientes de empresas de telefonía celular. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2010 había 19,4 millones de teléfonos celulares. Se estima que hoy existen más de 20 millones; es decir, estamos hablando de más de un celular por habitante.
Ejemplo de estos esfuerzos del gobierno por mejorar la competencia, la calidad del servicio y la protección de los usuarios fue el proyecto que despachamos hace un tiempo que garantiza la portabilidad numérica. Desde ahora cada persona puede cambiarse de compañía y llevar consigo su número de celular. Se espera que esta medida elevará la calidad del servicio de telefonía y la competencia entre los planes y precios de las compañías en favor de los consumidores.
Asimismo, este último miércoles entró en vigencia la normativa dictada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), que evita cobros indebidos en la mensajería de celulares (SMS). Esta regulación impide que empresas carguen en la cuenta telefónica, o descuenten del saldo a usuarios, cobros por servicio de mensajería que no han sido solicitados de forma previa y expresa por las personas.
Sin embargo, es posible que estas facultades de la autoridad para sancionar y, en último término, finiquitar las concesiones de las compañías, sean débiles y que no se condigan con los múltiples reclamos de los usuarios, materia que se debe estudiar. Conocer los reclamos que reciben tanto la Subtel como el Sernac en contra de empresas de telefonía celular puede ser una herramienta importante para la toma de decisiones. Basta visitar la página web de la Subtel para ver los actos con efectos sobre terceros y constatar la frecuencia y número de sanciones contra esas compañías.
Asimismo, al visitar la página web del Poder Judicial para saber si existen apelaciones o acciones en contra de las sanciones aplicadas por la Subtel, o multas que, muchas veces, son bajas en relación con las sanciones, pude apreciar que los reclamos ante tribunales alcanzan a 90 por ciento y que éstos suelen rebajar las multas. Por lo tanto, luego de años de tramitación, las compañías deben pagar pequeñas sumas por las infracciones que cometen.
Además, he tomado conocimiento de que el Consejo de Defensa del Estado estudia el inicio de acciones judiciales contra algunas de estas compañías por diversas materias que afectan los intereses del fisco.
En ese contexto, señor Presidente, solicito el despacho de los siguientes oficios:
Al señor ministro de Transportes y Telecomunicaciones para que la Subsecretaría de Telecomunicaciones informe sobre reclamos, procesos de fiscalización y sanciones a las empresas Telmex , Claro, Movistar y Entel , desde 2006 a la fecha, como asimismo si las referidas empresas han reclamado judicialmente acerca de las sanciones o si las multas han sido pagadas; montos o rangos de las sanciones, así como toda otra información útil complementaria.
Al Servicio Nacional del Consumidor, a fin de que informe respecto de reclamos, de procesos de fiscalización y de sanciones a las citadas empresas durante el mismo período.
Al Consejo de Defensa del Estado, con el propósito de que informe sobre las demandas interpuestas contra esas empresas en el mismo lapso, es decir, desde 2006 a la fecha, o que se encuentren en preparación, previo acuerdo del Consejo.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados Issa Kort , Javier Macaya , Enrique Accorsi , Ricardo Rincón y Nino Baltolu .
PREOCUPACIÓN POR NO PAGO DE EXPROPIACIONES DE TERRENOS EN LOCALIDAD DE QUILICURA, COMUNA DE LAS CABRAS. Oficio.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Javier Macaya.
El señor MACAYA.- Muchas gracias, señor Presidente.
En los últimos días, apareció en El Mercurio una nota que dice relación con el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, fundamentalmente con el que se va a destinar a expropiaciones. El presupuesto de este año de dicho Ministerio considera aproximadamente 120 millones de dólares para gastarlos exclusivamente en la cancelación de expropiaciones de terrenos para desarrollar algunas obras públicas.
En este sentido, la carretera de La Fruta, la ruta N° 66, que une la localidad de Pelequén con el puerto de San Antonio, es probablemente la principal receptora de estos recursos por expropiaciones, porque su construcción está bastante atrasada y debemos empezarla.
Pero, hay un punto relacionado con expropiaciones anteriores que no se han pagado hasta la fecha, fundamentalmente en el sector de Quilicura, en la comuna de Las Cabras. El año pasado, hace, por lo menos, once meses, despaché un oficio, en Incidentes, a fin de que el ministro de Obras Públicas me explicara qué sucedía con el pago de expropiaciones a los vecinos de la zona de Quilicura. En ese lugar, además, se van a volver a realizar expropiaciones y otra parte de la carretera de La Fruta va a pasar por un camino, realizado hace tres años, pero aún no se pagan las expropiaciones correspondientes.
Es importante que el Ministerio de Obras Públicas clarifique la situación sobre el pago a la gente del valle de Quilicura y tengamos información de cuándo se hará. No pueden llevarse a cabo más expropiaciones si todavía no se ha solucionado el pago por expropiaciones efectuadas con antelación.
Señor Presidente , pido que, en ese sentido, se envíe un oficio al Ministerio de Obras Públicas para que, repito, clarifique lo que ocurre con dichos pagos. Repito, este año, dicho Ministerio cuenta en su presupuesto con cerca de 120 millones de dólares sólo para pago de expropiaciones, de los cuales, una parte se destinará, fundamentalmente, a la carretera de La Fruta; pero nos interesa saber si una porción de esa suma será destinada al pago de expropiaciones efectuadas con anterioridad.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del los diputados Issa Kort , Enrique Accorsi y Ricardo Rincón .
INFORMACIÓN ACERCA DE INGRESOS PROVENIENTES DE LA APLICACIÓN DEL ROYALTY MINERO. Oficios.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- La Unión Demócrata Independiente ha cedido el saldo de su tiempo al diputado Enrique Accorsi .
Tiene la palabra, señor diputado.
El señor ACCORSI .- Señor Presidente , agradezco a la bancada de la UDI por cederme minutos de su tiempo.
Hoy, quiero tocar un tema relevante, cual es el de los ingresos por la explotación del cobre. Ha sido bien difícil poder contar con información sobre la materia. Por eso, quiero que se envíe un oficio al Ministerio de Minería para que se nos informe sobre las utilidades obtenidas por Codelco, por las empresas mineras privadas y por el Estado chileno con la aplicación del royalty que
aprobamos hace poco meses. Pido que dichas utilidades se dividan según la aplicación de dicho tributo sobre el cobre, el oro y el molibdeno.
Según la información que poseemos, este año, las mineras privadas tendrían un ingreso de alrededor de 34 mil millones de dólares. Sin duda, habría sido muy positivo aprobar un royalty un poco más estricto.
Solicito que se envíe el mismo oficio a Enami, a Sonami y a Codelco.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.09 minutos.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 12.58 horas.
El señor MELERO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
RATIFICACIÓN DE CONVENIO N° 176, DE LA OIT, SOBRE SEGURIDAD Y SALUBRIDAD EN LAS MINAS. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO GUBERNAMENTAL EN MATERIA DE ENTREGA DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA. Oficios.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , como es sabido, hoy se cumple el primer aniversario del rescate de los 33 mineros, enterrados a 700 metros en la mina San José , en la Región de Atacama. Hago extensivo un saludo a don Luis Urzúa , quien fuera el jefe de turno de los 33 mineros que quedaron atrapados en esa condición.
He manifestado desde el primer momento que el principal mérito en esta verdadera proeza, desde el punto de vista humano, lo tienen los propios 33 mineros, quienes pusieron a prueba su temple, su capacidad organizativa, su sentido de pertenencia al grupo, su moral y una actitud de plena disposición al propósito de la sobrevivencia.
El derrumbe de la mina San José puso en evidencia la crisis de la seguridad minera en Chile y la importancia de ratificar el convenio N° 176 de la OIT sobre seguridad y salubridad en las minas. Es la promesa que hizo el Presidente de la República en Inglaterra, pero que no ha sido cumplida. Chile aún no ratifica ese convenio.
Por estos días, la mayoría de los 33 mineros y los trabajadores finiquitados de la empresa San Esteban se encuentran sumidos en la cesantía, y los dirigentes sindicales de estos trabajadores están sometidos a una verdadera persecución al negárseles el derecho al trabajo. El Presidente de la República también manifestó, durante las tareas de rescate, que nadie quedaría abandonado a su suerte y que habría preocupación por que cada uno de ellos tuviera resuelta su situación laboral, incluso en una diversidad de otras actividades que no fueran sólo las vinculadas a la minería.
Tampoco ha habido un efectivo tratamiento para abordar la estabilidad sicológica de los 33 mineros y sus familias.
Tras los sucesos de la mina San José , surgieron varias iniciativas. Entre ellas, estuvo la de realizar en la Región de Atacama algunas inversiones extraordinarias, en materia de seguridad minera, para beneficio de la pequeña y mediana minería, amén de aumentar la fiscalización, en particular de las empresas mayores y la gran minería.
En el caso de las inversiones, para el actual año fiscal se comprometieron 1.160 millones de pesos, monto que se integraría con un aporte de 580 millones de pesos del Fondo Nacional para el Desarrollo Regional, y con otros 580 millones de pesos del gobierno central, a través del Ministerio de Minería.
Tras ese acuerdo, el gobierno regional puso a disposición los recursos asignados, pero no así el gobierno central.
Esa situación fue tratada en Copiapó, con la presencia del subsecretario de Minería , el pasado 23 de agosto, en el seno del Consejo Regional. En esa oportunidad, uno de los consejeros manifestó que se encontraban ante un hecho engañoso de parte del Ministerio ya que el compromiso era entregar recursos frescos, tal como el aporte del Fondo Regional. Sin embargo, al día de hoy, nada ha sucedido.
Ese ejemplo práctico, después de la conmoción mundial y nacional que produjo la acción de sacar mineral de los pilares de sustentación de la mina, acción que fue la clave para dejar atrapados a estos 33 mineros a 700 metros de profundidad, nos debe impulsar a una actitud fiscalizadora más efectiva y cotidiana.
Por eso, y porque el día de hoy está marcado por la memoria de lo que ocurrió en la Mina San José , hace exactamente un año, pido que se oficie a la intendenta de la Región de Atacama para solicitarle que comparta la información sobre su gestión, de manera que el compromiso del Gobierno, de entregar 580 millones de pesos, se cumpla.
También pido que también se oficie al ministro de Minería para que esa Cartera cumpla con lo que se prometió públicamente. Me refiero a ese compromiso que llevó a que el gobierno regional aprobara esos 580 millones de pesos de sus fondos regionales.
Pido que copia de mi intervención se envíe al director Nacional del Sernageomín , a los seremis de Minería, a los sindicatos de la minera San Esteban , a los dirigentes de las centrales unitarias de trabajadores provinciales de la Región de Atacama, y a los alcaldes y concejales, también de la región.
He dicho.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión del diputado señor Alberto Robles y de este presidente accidental .
SOLICITUD DE DIVERSAS DILIGENCIAS VINCULADAS CON INSTRUCTIVO DE JUNAEB, DE ATACAMA, RELACIONADO CON NO PAGO DE BECAS INDÍGENA Y PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Oficios.
El señor DE URRESTI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , ante los hechos que el país ha vivido en los últimos meses, particularmente el movimiento estudiantil, algunas autoridades están cometiendo arbitrariedades extremas, que alarman. Para muestra, un botón.
Doña Claudia Rodríguez Meléndez , de la Junaeb de Atacama, a través de un correo, está dando instrucciones a los encargados de becas de la región, a los jefes regionales de becas, etcétera, del siguiente tenor. Leo textual: “Junto con saludarlos cordialmente, envío archivos de pagos de las becas Indígena y Presidente de la República . Ambos están disponibles desde el viernes pasado.”. Es decir, informa a todos los municipios que las becas están ya disponibles. Pero agrega, en un segundo párrafo: “Cabe señalar que a los estudiantes de educación superior que no han renovado, no se les procesó el pago, al igual que a aquellos estudiantes de media que están en paro y que no se inscribieron en el programa “Salvemos el año escolar”.”.
Ese instructivo es de una arbitrariedad extrema. Es más que un chantaje para los alumnos, que llevan adelante un movimiento absolutamente legítimo y que cuenta con la adhesión mayoritaria de la ciudadanía. Negar las becas Presidente de la República e Indígena a los estudiantes de media o superior, simplemente porque están apoyando un movimiento, que a todas luces es justo, pero que además cuenta con amplio apoyo de la ciudadanía, con amplio apoyo de un país que demanda para su gente, para sus jóvenes, una educación de calidad y gratuita es simplemente una arbitrariedad. No es posible que una funcionaria, sin apegarse a la ley ni a los reglamentos, sino que simplemente, a través de una medida administrativa, niegue el pago de las becas a jóvenes estudiantes que tienen necesidades. Esta arbitrariedad nos obligará a adoptar medidas administrativas y judiciales para resolver el pago de las becas. Por lo pronto, estos jóvenes están viendo postergado el legítimo derecho que tienen de recibir las becas Presidente de la República e Indígena.
El correo en cuestión me fue enviado por la alcaldesa de Caldera , la señora Mónica González , quien está tremendamente preocupada a la espera de una pronta y rápida solución.
Me preocupa que la medida de la funcionaria de la Junaeb de Atacama también se haya adoptado a nivel nacional. Pienso que si esto llegó a la Región de Atacama, entonces llegó a todo Chile.
Por eso, pido que se oficie al ministro de Educación para que me informe si él avala la política de esa funcionaria de la Junaeb. En caso contrario, le pido que adopte las medidas pertinentes; incluso, por ese instructivo merece ser removida del cargo.
También pido que se oficie al ministro de Hacienda, para que me informe si los recursos para esas becas están disponibles.
Por último, pido que se oficie al Contralor General de la República , para que me informe si el director de la Junaeb tiene atribuciones para negar el pago de esas becas a los estudiantes movilizados. También, que me informe en qué regiones del país está sucediendo lo mismo, para tener amplio conocimiento y detalles sobre el tema.
Pido que copia de mi intervención se envíe al Colegio de Profesores y a la directiva regional de Atacama ; a las federaciones de estudiantes secundarios del país y también de la región de Atacama; a los alcaldes y concejales y, por cierto, a la intendenta y al seremi de Educación, todos de la Región de Atacama.
He dicho.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de este presidente accidental .
APERTURA DE PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR INSTALACIÓN DE CENTRO DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS EN MÁFIL. Oficios.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Por mi parte, voy a solicitar una serie de oficios por algunos hechos que están impactando a la Región de Los Ríos.
En primer lugar, pido que se oficie a la ministra de Medio Ambiente , particularmente al director del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Los Ríos , al gobierno regional de Los Ríos y al alcalde de Máfil , sobre una situación que tiene muy preocupada a la comunidad.
Desde hace varias semanas, los vecinos se encuentran movilizados por una declaración de impacto ambiental que dice relación con la instalación del Centro de Manejo y Disposición Final de Residuos Industriales No Peligrosos, Puile Ltda. , en la comuna de Máfil. Tal situación me fue planteada en una reunión que sostuve con el presidente de la Junta de Vecinos del sector La Traca, don Hernán Paredes , y los concejales de la comuna. Esta semana ya se han producido movilizaciones en la comuna, en las cuales han participado una serie de organizaciones y estudiantes que solicitan mayor información y transparencia respecto de este proceso.
Por lo tanto, solicito oficiar al Servicio de Evaluación Ambiental, al ministro de Medio Ambiente , con el objeto de que indiquen cuándo y cómo se va a llevar a cabo el proceso de participación ciudadana vinculado con este tipo de proyectos y de qué manera se va a asegurar que las juntas de vecinos, las organizaciones de estudiantes y los propios concejales, quienes han planteado esta situación a la alcaldía, serán escuchados. Hasta el momento, esta última no se ha pronunciado sobre el particular.
Asimismo, pido enviar copia de mi intervención a don Hernán Paredes Aguilar , presidente de la junta de vecinos de La Traca ; al concejal Claudio Sepúlveda ; a Hernán Huiscañanco , a la señora María Huechupán y al honorable concejo de la municipalidad de Máfil.
INCLUSIÓN DE UNIVERSIDADES TRADICIONALES NO ESTATALES EN APORTE BASAL DEL ESTADO. Oficios.
El señor DE URRESTI.- En otro orden de cosas, quiero solicitar de manera encarecida oficiar al ministro de Educación y de Hacienda .
Nos hemos enterado con preocupación de que dentro del conflicto estudiantil, se ha estado avanzando en la consolidación de aportes basales para las universidades estatales, pero han quedado excluidas y no se han considerado adecuadamente las universidades tradicionales no estatales.
En ese sentido, existen nueve planteles privados que pertenecen al Cruch, que se han asociado para entregar su visión sobre proyectos de educación superior. Son planteles que, no obstante tener una conformación de universidad privada por sus estatutos, no son estatales. Se trata de universidades que, a lo largo de decenas de años, han cumplido un trabajo enorme con sus comunidades. Son universidades privadas, pero con vocación pública: me refiero a la Pontificia Universidad Católica, a la Universidad Católica del Norte, a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a la Universidad Católica del Maule, a la Universidad Católica de Temuco, a la Universidad Católica de la Santísima Concepción, a la Universidad de Concepción, a la Universidad Técnica Federico Santa María y, particularmente, a
la Universidad Austral de Chile, institución que es un símbolo de promoción social, de vinculación con la comunidad, no sólo de la Región de Los Ríos, donde tiene su sede principal, sino que de la Región de Los Lagos, con su sede en Puerto Montt, y de la Región de Aysén, con su sede en Coyhaique.
Resulta tremendamente preocupante que en este conflicto educacional, del cual no me cabe duda de que se van a obtener mayores fondos, se esté afectando a estas universidades tradicionales no estatales. No es posible que no se reconozca su aporte a la sociedad, ni el trabajo que realizan en la formación de pre y posgrado y en investigación vinculada con el ámbito regional donde están radicadas. Por tal razón, no es posible que se les coloque al margen de los aportes basales.
Por eso, solicito que los ministros de Educación y de Hacienda expliquen cuál va a ser el tratamiento que se dará a esas universidades. Es necesario que se respete el aporte que han hecho y que sean consideradas dentro del aporte basal que tiene que asegurar el Estado para las universidades tradicionales no estatales, pero con una clara vocación pública, en las leyes que se están tramitando.
Por último, solicito enviar copia de mi intervención a don Víctor Cubillos , rector de la Universidad Austral de Chile, y a don Carlos Montt , presidente del directorio de dicha universidad.
He dicho.
-Se levantó la sesión a las 13.35 horas
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República , con el que inicia un proyecto de ley que crea el ingreso ético familiar. (boletín N° 7992-06)
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, someto a consideración del H. Congreso Nacional el presente proyecto de ley, que crea el Subsistema de Protección y Promoción Social denominado “Seguridades y Oportunidades”, crea un “Bono por Esfuerzo”, un “Subsidio al Empleo de la Mujer ”, y modifica los cuerpos legales que indica.
Dando cumplimiento a lo expresado en el Mensaje Presidencial del 21 de Mayo del presente año, en lo que respecta a la implementación de un programa al Ingreso Ético Familiar, y en uso de las facultades que la Constitución Política de la República me confiere, vengo en someter a vuestra consideración un Proyecto de ley que crea un sistema de subsidios basados en los pilares de dignidad, deberes y logros de los beneficiarios del mismo.
I. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY.
Para nadie es un misterio que, pese a los significativos y persistentes esfuerzos realizados por los sucesivos gobiernos así como por varias instituciones de la sociedad civil en las últimas décadas, la pobreza y la desigualdad social en Chile siguen siendo inaceptablemente altas.
En efecto, la encuesta Casen 2009 dejó en evidencia que cerca de 2,6 millones de chilenos, el 15,1% de nuestra población, viven inmersos en la pobreza, con ingresos que no les alcanzan para cubrir el costo de una canasta básica; y que casi 600 mil compatriotas, el 3,7%, viven en condición de indigencia, esto es, con ingresos que ni siquiera les cubren sus necesidades de alimentación.
A ello debemos sumar otra dura realidad: la de millones de personas de clase media vulnerable que viven en una situación de pobreza encubierta, es decir, con el constante temor de enfermarse, llegar a la vejez o perder su trabajo, porque cualquiera de esas circunstancia les significaría, con una alta probabilidad, caer en la pobreza. De hecho, entre 1996 y 2006, uno de cada tres chilenos estuvo, al menos una vez, viviendo bajo la línea de pobreza, lo que demuestra que lejos de ser estática ella corresponde a una condición dinámica, de la cual se puede salir y volver a entrar muchas veces.
Detrás de cada una de esas cifras, para algunos frías y distantes, se encuentran los rostros desconsolados, los sueños incumplidos y las esperanzas frustradas de millones de compatriotas, hombres y mujeres, niños y adultos, del campo y la ciudad, que por el hecho de ser pobres quedan no sólo privados de acceder a muchos bienes fundamentales para su desarrollo material y espiritual sino, peor aún, terminan concentrando la mayor parte de los males sociales. Porque si bien los principales trastornos de la sociedad moderna, como la delincuencia, el alcoholismo, la drogadicción, la cesantía, la violencia, la destrucción de la familia y la mortalidad infantil y materna, entre otros, aquejan a la sociedad toda, golpean con una incidencia y crueldad mayor a nuestros compatriotas más pobres y desvalidos.
Vale la pena preguntarnos por qué un país como Chile, que goza hoy del producto per cápita más alto de América Latina, que tiene un territorio extenso, fértil y rico en recursos naturales, que ha logrado consolidar su democracia y estado de derecho, y que no ha tenido guerras ni conflictos religiosos o étnicos como los que han asolado a otras naciones, no ha podido superar este flagelo y sigue condenando, luego de más de dos siglos de vida independiente, a una parte tan importante de sus población, incluidos uno de cada cuatro niños, a vivir en condiciones de pobreza.
Sin duda, las respuestas posibles a esta interrogante son múltiples y variadas. Entre ellas están las bajas tasas de crecimiento económico durante la última década, la escasez de buenos puestos de trabajos especialmente para mujeres y jóvenes; la falta de acceso a educación preescolar y la mala calidad de la enseñanza que se imparte en muchas de nuestras escuelas y liceos; la ausencia de una verdadera cultura de emprendimiento e innovación; la escasa capacitación de nuestra fuerza laboral y la disolución progresiva de la familia. Cada una de ellas está siendo enfrentada con mucha decisión por parte de nuestro gobierno, mediante una batería de medidas que no es del caso entrar a detallar en este mensaje. Pero lo cierto es que, más allá de los primeros frutos notables que ya comienzan a percibirse, lo cierto es que ellas toman tiempo en surtir efecto. Y cuando se trata de luchar contra el flagelo de la pobreza, el tiempo nos apremia. Porque tal como lo recordara el papa Juan Pablo II cuando nos visitó en 1987, “los pobres no pueden esperar”.
Por ello es que tenemos el deber de aplicar toda nuestra creatividad e ingenio para poner en marcha otras medidas que nos permitan enfrentar ahora las consecuencias de la pobreza y aliviar, en todo lo que nos sea posible, las condiciones de vida de aquellos compatriotas más pobres y vulnerables.
A ese objetivo apunta, precisamente, el presente proyecto de ley, que en lo fundamental introduce en nuestra política social un concepto innovador y revolucionario, como es el Ingreso Ético Familiar. Él nos va a permitir cumplir con nuestro compromiso de derrotar la pobreza extrema durante nuestro gobierno y sentar las bases para que, antes que termine la presente década, Chile logre finalmente dejar atrás la pobreza y crear así una sociedad más libre, más justa, más próspera y más fraterna.
Ello constituye no sólo el mayor imperativo moral que enfrenta nuestra generación, la generación del bicentenario, sino además, la mejor inversión que podemos hacer desde un punto de vista político, para fortalecer nuestra democracia, desde un punto de vista económico, para acelerar el camino hacia el desarrollo; y desde un punto de vista social, para promover la paz y hacer de Chile un país más integrado y menos desigual.
II. EL INGRESO ÉTICO FAMILIAR.
El Ingreso Ético Familiar es una política social moderna e inédita en nuestro país. No se trata de un bono, ni de una ayuda transitoria. Es mucho más que eso. Es un verdadero instrumento de promoción y ascenso social, porque establece verdaderas alianzas estratégicas entre las familias que viven en la pobreza o mayor vulnerabilidad, por una parte, y la sociedad chilena representada por el Estado, por la otra. Alianza que, como todo pacto, contempla derechos y obligaciones para ambas partes.
En esencia, el Ingreso Ético Familiar corresponde a un conjunto de transferencias monetarias directas de recursos públicos, que suplementarán los ingresos autónomos de las familias más pobres y de clase media desvalida, de manera que puedan superar su condición de pobreza y aliviar las condiciones derivadas de su alta vulnerabilidad. Pero para evitar transformar a sus beneficiarios en sujetos pasivos y dependientes del Estado, como suele ocurrir con muchas políticas asistencialistas, en este caso se contempla que sólo una parte de esas transferencias se realicen de manera incondicionada, en razón de la pobreza o vulnerabilidad de sus receptores, quedando la parte restante sujeta al cumplimiento de metas muy básicas por parte de las propias familias beneficiarias, de manera de involucrarlas también en este esfuerzo por salir adelante.
Es así como el Ingreso Ético Familiar ha sido diseñado sobre tres pilares fundamentales, que pasamos a describir.
El primero, corresponde al pilar de la dignidad. Éste contempla transferencias incondicionadas dirigidas a todos quienes se encuentran en situación de pobreza extrema, y que actualmente corresponden a cerca de 170.000 familias, o 640.000 personas, con el propósito de asegurarles una calidad de vida compatible con la dignidad humana.
El segundo pilar corresponde al de los deberes. Éste comprende transferencias condicionadas que se entregarán a las familias en situación de extrema pobreza cuyos hijos se encuentren con sus controles de salud al día y tengan una asistencia escolar de al menos un 90% en el caso de la Enseñanza Básica y de un 85% en el caso de Enseñanza Media. Las transferencias asociadas a este segundo pilar serán de $ 8.000 mensuales por cada menor de edad de aquellas familias beneficiarias, que cumpla con los requisitos recién señalados.
Y por último, está el pilar de los logros. Éste prevé transferencias condicionadas dirigidas no sólo a quienes se encuentren en situación de pobreza extrema o pobreza en general, sino al 30% de las familias de menores ingresos, incluida la clase media vulnerable. Los logros que se premiarán serán el rendimiento escolar y el trabajo de la mujer.
III. CONTENIDO DEL PROYECTO.
1. Seguridades.
El proyecto de ley busca otorgar ciertas seguridades socioeconómicas a aquellas familias que se encuentran en situación de pobreza.
Para lograr el cumplimiento efectivo de este objetivo, el proyecto de ley contempla la entrega de una serie de prestaciones monetarias y la asistencia por parte de personas idóneas a quienes se encuentran en situación de pobreza. El pilar en el que se basan tales prestaciones es la dignidad misma inherente al ser humano, permitiendo que tales personas y familias mejoren sus condiciones y calidad de vida.
2. Oportunidades.
Esta iniciativa busca brindar a las personas y familias en situación de pobreza una serie de oportunidades con miras a lograr la superación de la situación de pobreza que las aqueja.
Dichas oportunidades se basan, por una parte, en el cumplimiento de una serie de deberes, los que consisten, básicamente, en la participación de las personas y familias en procesos guiados de habilitación para incorporarse al mundo laboral a través de un empleo, de modo de superar la situación de vulnerabilidad que los afecta y fortalecer sus redes sociales. Además, el pilar de deberes prevé el cumplimiento de ciertas condicionantes mínimas para la obtención de prestaciones monetarias que, en definitiva, mejorarán la calidad de vida de tales personas y familias.
Por otra parte, se contemplan ciertas oportunidades cuyo fundamento es la concreción de ciertos logros, que dependen únicamente del esfuerzo de las personas y familias, cuyo objetivo último es tender a ciertos cambios conductuales que permitirían, en el mediano plazo, la superación de la pobreza en forma sostenible en el tiempo.
En consecuencia y en mérito de lo expuesto precedentemente, someto a vuestra consideración el siguiente
PROYECTO DE LEY:
SOBRE EL INGRESO ÉTICO FAMILIAR
Artículo 1°.- Objeto de la Presente Ley.- Créase el Subsistema de Protección y Promoción Social, denominado “Seguridades y Oportunidades”, en adelante, “el Subsistema” destinado a personas y familias vulnerables por encontrarse en situación de pobreza.
Además, se crean mediante esta ley, el Bono por Esfuerzo y el Subsidio al Empleo de la Mujer, en adelante conjuntamente las “Oportunidades por Logros”, referidos en el Párrafo Segundo del Título Segundo que son aplicables a quienes cumplan con los requisitos para acceder a ellos.
TÍTULO PRIMERO
DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES
Párrafo Primero
Objeto, Ingreso, Participación y Contenido del Subsistema
Artículo 2°.- Objeto del Subsistema.- El Subsistema tiene por objeto brindar seguridades y oportunidades a las personas y familias que participen en él de modo de promover el acceso a mejores condiciones de vida.
El Subsistema formará parte del Sistema Intersectorial de Protección Social creado por la ley N° 20.379. Dicha ley será aplicable en todo aquello que no sea contrario a las disposiciones de la presente ley.
Artículo 3°.- Ingreso y Participación en el Subsistema.- Para ingresar y participar en el Subsistema, las personas y familias a que se refiere el inciso primero del artículo 1° que sean calificadas por el Ministerio de Desarrollo Social, deberán manifestar expresamente su voluntad en tal sentido, así como la de cumplir las condiciones del Subsistema. Dicha voluntad de participación y de cumplir las referidas condiciones, se manifestará mediante la suscripción de un documento de compromiso. A partir de tal suscripción, se considerará que tales personas y familias son “usuarios” del Subsistema y tendrán acceso al Programa Eje establecido en el artículo 5° de esta ley.
La participación de las personas y familias en el Subsistema es compatible con la participación en otros subsistemas, sin perjuicio de las excepciones que otras leyes o decretos establezcan.
Mediante reglamento expedido a través del Ministerio de Desarrollo Social se establecerán las características del Subsistema; las condiciones y términos del compromiso señalado en el inciso primero; las características y requisitos específicos que deberán cumplir las personas y familias para ser usuarias del Subsistema; el procedimiento para efectuar su calificación; y, los sistemas de control y evaluación que permitan revisar el cumplimiento de los requisitos para la participación de los usuarios en el Subsistema y de las prestaciones sociales que éste conlleva.
Artículo 4°.- Contenido del Subsistema.- El Subsistema considera la coordinación y ejecución de acciones y el otorgamiento de prestaciones sociales dirigidas a los usuarios, en el ámbito de las Seguridades y Oportunidades, conforme a los resultados del diagnóstico efectuado en el Programa Eje señalado en el artículo 5°. Dichas acciones y prestaciones serán implementadas durante el período de participación de los usuarios en el Subsistema.
Mediante Resolución del Ministro de Desarrollo Social , se determinará el procedimiento de intervención y los mecanismos de coordinación de las diversas acciones y prestaciones contempladas en el Subsistema.
Párrafo Segundo
De los Programas
Artículo 5°.- Del Programa Eje.- El Programa Eje está destinado a todos los usuarios y tiene por objeto el acompañamiento durante la trayectoria de éstos en el Subsistema, evaluando su desempeño y logros alcanzados mientras participen en él. El Programa Eje podrá contemplar la realización de un diagnóstico, elaboración de un plan de intervención, seguimiento de la participación y evaluación.
El plan de intervención, elaborado en el Programa Eje, propondrá a cada usuario la participación en el o los programas contemplados en el Subsistema. La aceptación del referido plan por parte del usuario será manifestada a través de su suscripción.
Las acciones y prestaciones de este Subsistema sólo resultarán aplicables a aquellos usuarios que acepten dicho plan. En caso contrario, la persona o familia perderá la calidad de usuario del Subsistema y no le serán aplicables las acciones y prestaciones del mismo. Si el usuario acepta parcialmente el referido plan de intervención, mantendrá su calidad de usuario del Subsistema y le serán aplicables, según corresponda, las acciones y prestaciones del mismo.
Artículo 6°.- Del Programa de Acompañamiento Psicosocial.- El Programa de Acompañamiento Psicosocial tiene por objeto promover el desarrollo de las habilidades y capacidades necesarias que permitan a los usuarios su inclusión social y desenvolvimiento autónomo, de manera de contribuir al logro de los objetivos del plan de intervención definido en el Programa Eje.
El Programa de Acompañamiento Psicosocial está dirigido a los usuarios del Subsistema, según lo determine el plan de intervención definido en el Programa Eje.
Los usuarios del Programa a que se refiere este artículo accederán al bono de protección de acuerdo a lo señalado en el artículo 14 de esta ley y en los incisos primero al quinto del artículo segundo transitorio de la ley N° 19.949, durante un período máximo de 24 meses contados desde su concesión, siempre que estén dando cumplimiento al compromiso y al plan de intervención, establecidos en los artículos 3° y 5° de esta ley, respectivamente.
Artículo 7°.- Del Programa de Acompañamiento Sociolaboral.- El Programa de Acompañamiento Sociolaboral tiene por objeto mejorar la capacidad de los usuarios para generar ingresos en forma autónoma, el mejoramiento de sus condiciones de empleabilidad y participación en el ámbito laboral.
El Programa de Acompañamiento Sociolaboral está dirigido a los usuarios del Subsistema que sean mayores de edad; que no se encuentren estudiando o en caso de estarlo, que sus estudios sean compatibles con la participación en el Programa; y, que se encuentren en condiciones de trabajar, según se determine en el Programa Eje.
Artículo 8°.- Del egreso anticipado del Programa de Acompañamiento Sociolaboral.- Del Programa de Acompañamiento Sociolaboral se podrá egresar anticipadamente si en el Programa Eje se evalúa que quien participa del referido Programa Sociolaboral ha demostrado un desempeño exitoso. Un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social suscrito además por el Ministro de Hacienda , determinará los criterios para considerar que el usuario ha tenido un desempeño exitoso para estos efectos.
Con todo, quienes participen del Programa de Acompañamiento Sociolaboral y que hayan egresado anticipadamente de él por haber demostrado un desempeño exitoso, mantendrán su calidad de usuarios del Subsistema y accederán a la transferencia monetaria base y a la transferencia monetaria condicionada en las mismas condiciones que establecen los artículos 13 y 15 y a las prestaciones sociales del Título Primero y del Párrafo Primero del Título Segundo de esta ley, hasta la duración máxima del mencionado Programa Sociolaboral.
Párrafo Tercero
Normas Comunes a los Programas del Subsistema
Artículo 9°.- Encargados de Implementar los Programas.- El Programa Eje, el Programa de Acompañamiento Psicosocial y el Programa de Acompañamiento Sociolaboral serán implementados por personas naturales o jurídicas.
La contratación de personas naturales por los organismos de la Administración del Estado se realizará de conformidad a lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto del artículo 5° de la ley N° 19.949, siéndoles aplicables las prohibiciones y sanciones que establecen dichas disposiciones. Las referidas personas naturales deberán ser profesionales o técnicos idóneos y, excepcionalmente, en aquellas localidades en que no exista acceso a dichos profesionales o técnicos, éstas deberán ser personas calificadas para desempeñar esta labor.
La contratación de personas jurídicas se realizará de conformidad a lo establecido en el artículo 9° de la ley N° 18.575.
Artículo 10.- Plazos de permanencia en los Programas.- El período de permanencia del usuario en el Programa de Acompañamiento Psicosocial y en el Programa de Acompañamiento Sociolaboral, según corresponda, será determinado en el Programa Eje conforme a los resultados del diagnóstico de dicho Programa y la evaluación del desarrollo de las acciones contempladas en el plan de intervención.
El Programa de Acompañamiento Psicosocial y el Programa de Acompañamiento Sociolaboral deberán tener, a lo menos, la duración mínima que determine un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y una duración máxima de 24 meses cada uno. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad de egresar anticipadamente del Programa de Acompañamiento Sociolaboral en los términos del artículo 8°.
Párrafo Cuarto
Normas Comunes a la Transferencia Monetaria Base y a la Transferencia
Monetaria Condicionada
Artículo 11.- Índice de Aporte al Ingreso Familiar.- Para determinar la transferencia monetaria base y la transferencia monetaria condicionada referidas en los artículos 13 y 15 de esta ley, se entenderá por índice de aporte al ingreso familiar, el monto equivalente al 85% de la diferencia entre el umbral de pobreza extrema, determinado según la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional -Casen- correspondiente al año 2009 y el ingreso per cápita potencial de la persona o familia según corresponda, siempre que dicha diferencia sea positiva.
El ingreso per cápita potencial ascenderá a la cantidad que resulte de sumar, cuando corresponda: el promedio nacional del ingreso autónomo per cápita mensual de las familias en situación de pobreza extrema; el valor del alquiler imputado, per cápita mensual promedio de la vivienda de las personas y familias en pobreza extrema respecto de los usuarios que sean propietarios de la vivienda que habitan; y el promedio per cápita mensual de los subsidios pecuniarios, de carácter permanente y de cargo fiscal, concedidos a cada integrante de la familia, durante los últimos doce meses.
El índice de aporte al ingreso familiar se calculará para cada persona o integrante de la familia, según corresponda, con la periodicidad indicada en el reglamento señalado en el inciso final de este artículo.
Para efectos del ingreso per cápita potencial, el umbral de la pobreza extrema se reajustará el 1° de febrero de cada año, en el 100% de la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor, determinado e informado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año calendario anterior.
Un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y suscrito también por el Ministro de Hacienda , establecerá los elementos que se considerarán para cada uno de los componentes del ingreso per cápita potencial, como asimismo la forma como se determinarán y las demás normas que sean necesarias para su aplicación.
Artículo 12.- Concesión, Pago, Suspensión y Extinción de la Transferencia Monetaria Base y la Transferencia Monetaria Condicionada.- El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, administrará la transferencia monetaria base y la transferencia monetaria condicionada referidas en los artículos 13 y 15 siguientes. En especial, le corresponderá concederlas, suspenderlas y extinguirlas.
El pago de la transferencia monetaria base y de la transferencia monetaria condicionada a que se refiere esta ley será de responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social.
En caso de no cobro sin causa justificada, durante un período de tres meses continuos, el pago de la transferencia monetaria base y de la transferencia monetaria condicionada se suspenderá. Con todo, se extinguirá el derecho a percibir estas transferencias monetarias en caso de no cobro durante un período de seis meses continuos, sin causa justificada.
Un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social establecerá el procedimiento de concesión, suspensión y de extinción de las transferencias, cuando corresponda; la entidad pagadora y forma de pago; determinará el orden de prelación respecto de la persona que reciba el pago de la transferencia monetaria base y transferencia monetaria condicionada entre los integrantes de la familia, cuando corresponda; las causas que justifican el no cobro, de acuerdo al inciso anterior y el procedimiento para su verificación; los efectos de la suspensión de las transferencias; y las demás normas necesarias de administración y supervisión de las referidas transferencias monetarias.
Párrafo Quinto
De las Transferencias y Subsidios por Dignidad
Artículo 13.- De la Transferencia Monetaria Base.- La transferencia monetaria base es una prestación social de cargo fiscal a que accederán los usuarios del Subsistema que se encuentren en situación de pobreza extrema; que, adicionalmente, participen del Programa de Acompañamiento Sociolaboral o que participen únicamente del Programa de Acompañamiento Psicosocial por determinación en el Programa Eje; y que cumplan con los demás requisitos señalados en el reglamento. El monto de la transferencia monetaria base corresponderá a la diferencia entre el índice de aporte al ingreso familiar, referido en el artículo 11, y el monto máximo per cápita por concepto de transferencia monetaria condicionada que podría recibir mensualmente la familia si cumpliese con todas las condicionantes que le sean aplicables de conformidad a lo señalado en el artículo 15. La transferencia base se pagará sólo en el evento que la diferencia referida sea positiva.
La transferencia monetaria base se otorgará mensualmente por cada persona o por cada integrante de la familia beneficiaria por un plazo máximo de 24 meses contados desde su concesión, sin perjuicio de los efectos de la suspensión de las transferencias referida en el artículo 12 y de la suspensión de la participación en el Subsistema referida en el artículo 16. Cinco meses antes de que se extinga la transferencia monetaria base, ésta decrecerá linealmente en razón de un sexto por mes. Esta transferencia será compatible con la percepción de cualquier otro subsidio o transferencia que entregue el Estado.
Un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y suscrito también por el Ministro de Hacienda , establecerá las normas necesarias para determinar la transferencia monetaria base y las demás necesarias para su aplicación, funcionamiento y pago.
Artículo 14.- Subsidios por Dignidad.- Los usuarios del Subsistema recibirán los siguientes subsidios por dignidad: Subsidio al Pago de Consumo de Agua Potable y de Servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas en las condiciones que establece el artículo 8° de la ley N° 19.949; y Subsidio Pro Retención Escolar, de acuerdo con lo establecido en la ley N° 19.873. Además, los usuarios que participen del Programa de Acompañamiento Psicosocial, recibirán el bono de protección, establecido en los incisos primero al quinto del artículo segundo transitorio de la ley N° 19.949.
Lo establecido en el inciso anterior es sin perjuicio del acceso preferente a otras acciones o prestaciones que se implementen o coordinen a través del Subsistema. Las prestaciones señaladas serán compatibles entre sí y con las demás prestaciones del Subsistema.
Párrafo Sexto
De la Transferencia por Deberes
Artículo 15.- De la Transferencia Monetaria Condicionada.- La transferencia monetaria condicionada es una prestación social de cargo fiscal a que accederán los usuarios del Subsistema que se encuentren en situación de pobreza extrema; que, adicionalmente participen del Programa de Acompañamiento Sociolaboral o que participen únicamente del Programa de Acompañamiento Psicosocial por determinación en el Programa Eje; que cumplan con determinadas condicionantes en las áreas de educación, salud u otras que establezca el reglamento a que se refiere el inciso final de este artículo; y que cumplan con los demás requisitos señalados en el reglamento.
El monto máximo mensual de la transferencia monetaria condicionada será único para todos los usuarios que podrían potencialmente percibirla y se calculará de modo que esta represente, a lo menos el 35% y, a lo más, el 45% del monto total por concepto de índice de aporte al ingreso familiar, referido en el artículo 11, que correspondería pagar a una familia promedio de la población usuaria, si ésta cumpliese con todas las condicionantes referidas en el inciso anterior. En el caso que respecto de una misma persona se deban cumplir con dos o más condicionantes, el monto de la transferencia monetaria condicionada que recibirá por cada una de las condicionantes cumplidas ascenderá a la cantidad que resulte de dividir el monto antes señalado, por el número de condicionantes que le corresponda cumplir.
La transferencia monetaria condicionada se otorgará por cada persona o integrante de la familia por un plazo máximo de 24 meses contados desde la concesión de la transferencia monetaria base, sin perjuicio de los efectos de la suspensión de las transferencias referida en el artículo 12 y la suspensión de la participación en el Subsistema regulada en el artículo 16.
Un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y suscrito además por el Ministro de Hacienda , establecerá la metodología de cálculo, las condicionantes según rango de edad que serán exigibles respecto de cada usuario del Subsistema, los plazos para su cumplimiento, la periodicidad de pago y las demás necesarias para su aplicación y funcionamiento.
Párrafo Séptimo
De la Suspensión y Término de la Participación en el Subsistema
Artículo 16.- Causales de Suspensión de la Participación en el Subsistema.- La participación de los usuarios en el Subsistema podrá ser suspendida cuando en el Programa Eje se determine que existen causales justificadas para ello.
Un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social determinará las causales justificadas por las que podría suspenderse la participación de un usuario en el Subsistema; el procedimiento para ello; los efectos de la misma; y demás normas necesarias para su aplicación.
Artículo 17.- Causales de Término de la Participación en el Subsistema.- Los usuarios del Subsistema cesarán su participación en él por cualquiera de las siguientes causales:
a) Por haber finalizado su participación en el Programa Eje, sin perjuicio de las prestaciones sociales que se hayan devengado y cuyo pago se encuentre pendiente.
b) Por renuncia voluntaria de la persona usuaria o a quien le corresponda recibir el pago de la transferencia monetaria base, de la transferencia monetaria condicionada o del bono de protección, según sea el caso, con el consentimiento de los integrantes mayores de edad de la familia correspondiente, manifestada por escrito ante el Ministerio de Desarrollo Social, a través del Programa Eje.
c) Por incumplimiento del compromiso o el plan de intervención, que establecen los artículos 3° y 5°, respectivamente, de esta ley.
Un reglamento expedido a través del Ministerio de Desarrollo Social, establecerá las formalidades y demás procedimientos que deberán seguirse para determinar el término de la participación de los usuarios en el Subsistema.
TÍTULO SEGUNDO
DE LAS OPORTUNIDADES POR LOGROS
Párrafo Primero
De los Bonos por Logros del Subsistema
Artículo 18.- Bonos por Logros del Subsistema.- Se establecen los siguientes bonos por logros a que accederán los usuarios del Subsistema referidos en el Título Primero: un Bono de Graduación de Enseñanza Media para los mayores de 24 años de edad; y un Bono por Egreso Anticipado para los usuarios que participen del Programa de Acompañamiento Sociolaboral. El monto de ambos bonos se fijará de acuerdo a los recursos que anualmente contemple la Ley de Presupuestos del Sector Público para ellos.
El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, administrará los bonos por logros del Subsistema. En especial, le corresponderá concederlos, suspenderlos y extinguirlos.
Un reglamento expedido a través del Ministerio de Desarrollo Social y suscrito por el Ministro de Hacienda establecerá los requisitos específicos que deberán cumplir los usuarios del Subsistema para acceder al Bono de Graduación de Enseñanza Media y al Bono por Egreso Anticipado, las condiciones para acceder a los mismos, las normas para su concesión y pago y las demás necesarias para su aplicación y funcionamiento.
Párrafo Segundo
De Otros Bonos por Logros
Artículo 19.- Del Bono por Esfuerzo.- Se establece un Bono por Esfuerzo, de cargo fiscal, para quienes pertenezcan hasta el 30% socioeconómicamente más vulnerable de la población; que logren desempeños destacados o de superación, en áreas tales como educación, salud, empleo, ahorro u otras que establezca el reglamento y que cumplan los requisitos respectivos. El Bono por Esfuerzo se otorgará de acuerdo a los recursos que anualmente contemple la Ley de Presupuestos del Sector Público.
Un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y suscrito además por el Ministro de Hacienda , establecerá el o los montos a que ascenderá este bono según lo dispuesto en el inciso anterior, el cual podrá ser diferenciado según área y grado de desempeños destacados o superación, cuando corresponda; el orden de prelación respecto de la persona que reciba el pago del Bono por Esfuerzo; las áreas de desempeños destacados o de superación, según rango de edad que darán acceso al Bono por Esfuerzo; fijará el umbral de focalización que determinará quienes pertenecen al 30% socioeconómicamente más vulnerable de la población, según el instrumento de focalización y mecanismos de verificación de información que se determinen; los plazos para su cumplimiento; las normas para su concesión y pago; la periodicidad del pago; y, las demás normas necesarias para su aplicación y funcionamiento.
Artículo 20.- Del Subsidio al Empleo de la Mujer .- Se establece un subsidio al empleo de las trabajadoras dependientes regidas por el Código del Trabajo y a las trabajadoras independientes, el que será de cargo fiscal. Tendrán acceso a este subsidio al empleo aquellas trabajadoras dependientes e independientes que tengan entre 25 y 60 años de edad y que pertenezcan hasta el 40% socioeconómicamente más vulnerable de la población, así como sus respectivos empleadores. Este subsidio podrá ser percibido por cada beneficiario por un máximo de 24 meses continuos o discontinuos.
En todo lo que no es contrario a la presente ley y que no resulte contrario a su aplicación, el subsidio al empleo de la mujer se regirá por lo dispuesto en la ley N° 20.338, incluyendo la incompatibilidad establecida por el artículo 9° y lo dispuesto en el artículo 15 de la referida ley. Sin perjuicio de lo anterior, no se aplicará a este subsidio el reglamento cuya dictación ordena el inciso final del artículo 10 de dicha ley. Los pagos mensuales del subsidio a que se refiere el inciso 2° del artículo 3° de la ley N° 20.338, ascenderán a las cantidades que se indican en los literales a), b) y c) de dicho inciso, y se distribuirán en partes iguales entre la trabajadora y el empleador. Los porcentajes establecidos en las letras a), b) y c) del artículo 4° de dicha ley serán de 15%.
El subsidio a que se refiere este artículo es incompatible con el subsidio al empleo establecido por la ley 20.338, en especial será incompatible con lo dispuesto en los artículos 7° y 8° de la referida ley. En caso de incompatibilidad, la trabajadora dependiente o independiente deberá optar por uno u otro subsidio.
Para la calificación de las familias y las personas como usuarias del subsistema creado en el Título Primero, el Ministerio de Desarrollo Social utilizará uno o más instrumentos técnicos de focalización y procedimientos de acreditación y verificación uniformes para toda la población del país. Para ello, utilizará la información contenida en el Registro de Información Social a que se refiere el artículo 6° de la ley N° 19.949, sin perjuicio de poder solicitar información de otros organismos públicos o privados. Mediante reglamento expedido a través del Ministerio de Desarrollo Social y suscrito además por el Ministro de Hacienda , se determinará el o los instrumentos técnicos de focalización antes señalados.
TÍTULO TERCERO
DISPOSICIONES COMUNES AL TÍTULO PRIMERO Y AL TÍTULO SEGUNDO
Artículo 21.- El Ministerio de Desarrollo Social administrará, coordinará, supervisará y evaluará el Subsistema creado en el Título Primero y las Oportunidades por Logros establecidas en el Título Segundo, sin perjuicio de las atribuciones, funciones y responsabilidades de los demás organismos de la Administración del Estado.
Para la implementación y funcionamiento del Subsistema creado en el Título Primero y Oportunidades por Logros establecidas en el Título Segundo, el Ministerio de Desarrollo Social podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas.
Para la calificación de las familias y las personas como usuarias del subsistema creado en el Título Primero, el Ministerio de Desarrollo Social utilizará uno o más instrumentos técnicos de focalización y procedimientos de acreditación y verificación uniformes para toda la población del país. Para ello, utilizará la información contenida en el Registro de Información Social a que se refiere el artículo 6° de la ley N° 19.949, sin perjuicio de poder solicitar información de otros organismos públicos o privados. Mediante reglamento expedido a través del Ministerio de Desarrollo Social y suscrito además por el Ministro de Hacienda , se determinará el o los instrumentos técnicos de focalización antes señalados.
Artículo 22.- Mediante decreto expedido a través del Ministerio de Desarrollo Social “Por Orden del Presidente de la República ” y suscrito además por el Ministro de Hacienda , se identificará la cobertura anual de nuevos usuarios del Subsistema Seguridades y Oportunidades y de las beneficiarias del Subsidio al Empleo a la Mujer, según la disponibilidad de recursos consultados en la Ley de Presupuestos del Sector Público.
Artículo 23.- El Bono por Graduación de Enseñanza Media, el Bono por Egreso Anticipado, las transferencias monetarias establecidas en los artículos 13 y 15 y el bono de protección, son ingresos no constitutivos de renta de aquellos a que se refiere el artículo 17 del Decreto Ley 824 sobre Impuesto a la Renta. Adicionalmente, dichos bonos o subsidios no constituyen remuneración, por lo que no son imponibles para efectos previsionales.
Artículo 24.- Las personas que proporcionen información falsa, parcial, adulterada, la oculten, o hagan mal uso del o los beneficios que esta ley contempla, podrán ser excluidas del Subsistema, de las prestaciones que éste conlleva y de las Oportunidades por Logros establecidas en el Título Segundo, previa verificación de lo anterior por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Esto, sin perjuicio de la devolución de lo indebidamente percibido como consecuencia de su acceso a programas sociales, beneficios, transferencias monetarias base y condicionada o subsidios, y de las responsabilidades civiles o penales que procedan, de conformidad a la legislación común.
Las personas encargadas de implementar el Programa Eje, el Programa de Acompañamiento Psicosocial y el Programa de Acompañamiento Sociolaboral, que proporcionen información falsa, adulterada, la oculten, o se coludan con personas y familias a quienes se han otorgado las acciones y prestaciones del Subsistema, serán sancionadas de conformidad con lo establecido por los artículos 470, N° 8, en relación al artículo 467 del Código Penal o de acuerdo a lo establecido en la Ley 20.393, según corresponda, sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales que resulten aplicables, de conformidad a la legislación común.
TÍTULO CUARTO
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 25.- Respecto de los requerimientos sobre información amparada por la reserva establecida en el artículo 35 del Código Tributario, el Ministerio de Desarrollo Social sólo podrá solicitar al Servicio de Impuestos Internos la información relativa a los ingresos de las personas que sea indispensable para verificar la elegibilidad de quienes solicitan beneficios o son usuarios de los programas sociales. La información entregada al Ministerio de Desarrollo Social mantendrá su calidad de reservada respecto a terceros.
En su requerimiento el Ministerio de Desarrollo Social deberá indicar expresa y detalladamente la información que solicita y los fines para los cuales será empleada. El Servicio de Impuestos Internos informará, en el ámbito de su competencia, de acuerdo a los antecedentes que consten en sus registros.
Artículo 26.- Modifícase el artículo 10° de la ley 19.949 en el siguiente sentido: elimínese la expresión “maliciosamente”.
Artículo 27.- Intercálase, en el inciso primero del artículo 30 de la ley N° 20.403, a continuación de la palabra “Hacienda”, la frase “, Subsecretaría de Servicios Sociales ”.
Artículo 28.- Intercálase, en el inciso primero del artículo 34 B de la ley N° 19.728, a continuación del vocablo “Hacienda”, la frase “, Subsecretaría de Servicios Sociales ”.
Artículo 29.- Agregase a la ley 19.949 el siguiente artículo 11 nuevo:
“Artículo 11.- Causales de Término de la Participación en Chile Solidario. -
Las familias y personas dejarán de formar parte de Chile Solidario, en cualquiera de las siguientes situaciones:
1. Renuncia voluntaria del representante de la familia o de quien le corresponda recibir el pago de los beneficios del Chile Solidario, según sea el caso, manifestada por escrito ante el Ministerio de Desarrollo Social a través de la entidad encargada de la ejecución del Componente de Apoyo Psicosocial.
2. Incumplimiento del documento de compromiso que establece el artículo 5° de esta ley.
3. Término de participación en el apoyo psicosocial regulado en el artículo 4° de esta ley, respecto de quienes no sean beneficiarios del Bono de Egreso regulado en el artículo segundo transitorio de esta ley.
4. Extinción del derecho a percibir el Bono de Egreso, respecto de quienes sean beneficiarios de él según lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de esta ley.
No obstante lo anterior, los sostenedores de establecimientos educacionales que acrediten haber matriculado y logrado la permanencia o egreso regular de educandos que pertenezcan a familias que hayan sido beneficiarias de Chile Solidario y que cumplan los requisitos de la ley 19.873, tendrán acceso al Subsidio Pro Retención Escolar, en los términos establecidos por dicha ley.”
Artículo 30.- Vigencia.- La presente ley comenzará a regir el 1° de abril de 2012 y, en caso que éste no se encuentre publicada en el Diario Oficial a tal fecha, a contar del primer día del mes subsiguiente a aquél de su publicación en el Diario Oficial. Sin perjuicio de lo anterior, podrán dictarse los reglamentos a que hace referencia esta ley a contar de la fecha de su publicación. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo quinto transitorio.
TÍTULO QUINTO
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo Primero.- Durante el año 2012, la cobertura de beneficiarios de los Subsistemas “Chile Solidario” y “Seguridades y Oportunidades”, no podrá exceder, en conjunto, a la determinada para dicha anualidad, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 3° de la ley N° 19.949. Las familias y personas que durante el año 2012 pertenezcan o ingresen a “Chile Solidario” se mantendrán en dicho Subsistema hasta el término de su participación por cualquiera de las formas que establece el artículo 11 de la ley N° 19.949 y, en consecuencia, les será aplicable lo dispuesto en dicha ley, sin perjuicio de lo establecido en el artículo tercero transitorio de la presente ley.
Durante el año 2012 el Subsistema Seguridades y Oportunidades se financiará, en la parte que corresponda, con los recursos asignados al Subsistema “Chile Solidario” en la Ley de Presupuestos del Sector Público del referido año.
Artículo Segundo.- Las personas y familias que a contar del 1° de enero de 2012, ingresen al Subsistema Chile Solidario tendrán acceso a la Bonificación al Ingreso Ético Familiar creada por la ley N° 20.481, y les serán aplicables su reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 29, de 2011, del Ministerio de Planificación y sus modificaciones. A contar de la fecha que señale el reglamento referido en el inciso final del artículo 11 de esta ley, dichas personas y familias dejarán de percibir la Bonificación y pasarán a tener derecho a la transferencia monetaria base y a la transferencia monetaria condicionada establecidas en el Título Primero, Párrafos Quinto y Sexto de la presente ley. En este caso, las referidas transferencias monetarias se devengarán por un período máximo de 24 meses contados desde la fecha de la concesión de la Bonificación antes señalada.
También, a contar del 1° de enero de 2012, serán beneficiarios de la Bonificación al Ingreso Ético Familiar, quienes formen parte de Chile Solidario siempre que al 31 de diciembre de 2011 sean beneficiarios de dicha Bonificación. A contar de la fecha que señale el reglamento referido en el inciso final del artículo 11 de esta ley, dichas personas y familias dejarán de percibir la referida Bonificación y pasarán a tener derecho a la transferencia monetaria base y a la transferencia monetaria condicionada establecidas en el Título Primero, Párrafos Quinto y Sexto de esta ley. En este caso, la duración máxima de esta asignación será de 24 meses contados desde la fecha de la concesión de la Bonificación antes señalada.
Sin perjuicio de lo señalado en los incisos primero y segundo anteriores, este beneficio se extinguirá por cualquiera de las siguientes causales:
a) Término de participación en el apoyo psicosocial regulado en el artículo 4° de la ley N° 19.949, respecto de quienes no sean usuarios del Bono de Egreso regulado en el artículo segundo transitorio de la ley N° 19.949.
b) Término del Bono de Egreso, respecto de quienes sean usuarios de él según lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la ley N° 19.949.
La Bonificación a la que se refiere este artículo será incompatible con cualquier otra de naturaleza homologable establecida en la Ley de Presupuestos del Sector Público de 2012.
Artículo Tercero.- Los beneficiarios de los Programas de Apoyo Integral al Adulto Mayor, de Apoyo a las Personas en Situación de Calle y de Apoyo a Hijos de Personas Privadas de Libertad serán usuarios del Subsistema “Seguridades y Oportunidades” y formarán parte de la cobertura anual del Subsistema.
A los beneficiarios antes señalados que se encuentren percibiendo la Bonificación al Ingreso Ético Familiar creada por la Ley N° 20.481, les será aplicable lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la presente ley, según corresponda.
Un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social determinará las características, casos y formas en que las personas referidas en el inciso primero de este artículo podrán ingresar al Subsistema “Seguridades y Oportunidades”.
Artículo Cuarto.- A contar del primer día del mes subsiguiente a aquél en que se publique en el Diario Oficial el último de los reglamentos referidos en el inciso 3° del artículo 3° y en el inciso final del artículo 11, las normas del subsistema “Chile Solidario” serán aplicables únicamente respecto de aquellos beneficiarios que hubieren ingresado a él hasta antes de dicha fecha. Desde esa misma data, no se admitirán nuevos ingresos al Subsistema Chile Solidario.
Quienes estén participando en el Subsistema “Chile Solidario”, incluyendo las personas que participen en los programas a que hace referencia el artículo tercero transitorio de esta ley, en la fecha que señale el reglamento referido en el inciso 3° del artículo 3 podrán optar por participar en el Subsistema “Seguridades y Oportunidades”, manifestando su voluntad por escrito en tal sentido ante el Ministerio de Desarrollo Social, mediante la entidad ejecutora del Programa Psicosocial del Subsistema “Chile Solidario”, siempre y cuando se encuentren participando en las primeras 8 sesiones de trabajo. Los usuarios que opten por participar en el Subsistema “Seguridades y Oportunidades” tendrán acceso al Bono de Protección, establecido en los incisos primero a quinto del artículo segundo transitorio de la Ley N° 19.949 referido en el artículo 14 de esta ley, en el caso de quienes hayan percibido dicho Bono como beneficiarios del Subsistema “Chile Solidario”, éste se otorgará por un período máximo de 24 meses a contar de la fecha en que comenzó a pagarse en el antedicho Subsistema. Los referidos usuarios también tendrán acceso a la transferencia monetaria base y a la transferencia monetaria condicionada por un período máximo de 24 meses contados desde la concesión de la Bonificación al Ingreso Ético Familiar. A contar de la fecha en que ejerzan esta opción, dejarán de ser beneficiarios del Subsistema “Chile Solidario” y se regirán íntegramente por las normas del Subsistema “Seguridades y Oportunidades”.
Artículo Quinto.- El subsidio al empleo de la mujer establecido en el artículo 20 entrará en vigencia a partir del primer día del mes subsiguiente a aquél en que se publique el reglamento cuya dictación ordena el inciso final del mismo artículo.
Para el año 2012, el subsidio al empleo de la mujer establecido en el artículo 20 de la presente ley, beneficiará a las mujeres que pertenezcan al 30% socioeconómicamente más vulnerable de la población y a sus empleadores hasta un máximo de 100.000 mujeres usuarias.
Durante el año 2012, el monto del subsidio al empleo de la mujer establecido en el artículo 20 ascenderá anualmente a la proporción que corresponda a los meses de vigencia de este subsidio para dicho año.
Artículo Sexto.- El primer reajuste anual que corresponda por aplicación de lo dispuesto en el artículo 11, de la presente ley, se efectuará a partir del 1° de febrero de 2013.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; JOAQUÍN LAVÍN INFANTE, Ministro de Planificación ; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN , Ministro de Hacienda ; EVELYN MATTHEI FORNET , Ministra del Trabajo y Previsión Social .”
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY SOBRE INGRESO ÉTICO FAMILIAR
(Mensaje N° 195-359).
I. ANTECEDENTES.
El presente proyecto de ley crea el Subsistema de Protección y Promoción Social “Seguridades y Oportunidades”, destinado a personas y familias vulnerables por encontrarse en situación de pobreza y además, se crean mediante esta Ley, el Bono por Esfuerzo y el Subsidio al Empleo de la Mujer “Oportunidades por Logros”. El proyecto estará a cargo del actual Ministerio de Planificación y futuro Ministerio de Desarrollo Social.
El Subsistema “Seguridades y Oportunidades” considera la coordinación y ejecución de acciones y el otorgamiento de prestaciones sociales dirigidas a los usuarios y contempla:
Programa Eje: Destinado a todos los usuarios y tiene por objeto el acompañamiento durante la trayectoria de éstos en el Subsistema. Podrá contemplar la realización de un diagnóstico, elaboración de un plan de intervención, seguimiento de la participación y evaluación.
Programa de Acompañamiento Psicosocial: Programa que tiene por objeto promover el desarrollo de las habilidades y capacidades necesarias que permitan a los usuarios su inclusión social y desenvolvimiento autónomo, de manera de contribuir al logro de los objetivos del plan de intervención definido en el programa Eje.
Índice de Aporte al Ingreso Familiar: Monto equivalente al 85% de la diferencia entre el umbral de pobreza extrema, determinado según Casen 2009 y el ingreso per cápita potencial de la persona o familia según corresponda. El ingreso per cápita potencial ascenderá a la cantidad que resulte de sumar, cuando corresponda: promedio nacional del ingreso autónomo per cápita mensual de las familias en situación de pobreza extrema; el valor del alquiler imputado, per cápita mensual promedio de la vivienda de las personas y familias en pobreza extrema respecto de los usuarios que sea propietarios de la vivienda que habitan; y el promedio per cápita mensual de los subsidios pecunarios, de carácter permanente y de cargo fiscal, concedidos a cada integrante de la familia, durante los últimos doce meses.
Transferencia Monetaria Base: Prestación social, de cargo fiscal, que accederán los usuarios de pobreza extrema y que corresponderá a la diferencia entre el índice de aporte al ingreso familiar y el monto máximo per cápita por concepto de transferencia monetaria condicionada que podría recibir mensualmente la familia si cumpliese con todas condicionantes que le sean aplicables.
Transferencia Monetaria Condicionada: Prestación social, de cargo fiscal, que accederán los usuarios de pobreza extrema, cumplan con determinadas condicionantes en las áreas de educación, salud u otras, cuyo monto será único para todos los usuarios que podrían potencialmente percibirla y se calculará de modo que represente, a lo menos el 35% y, a lo más, el 45% del monto total a ser percibido por concepto de índice de aporte al ingreso familiar.
Subsidios por Dignidad: Los usuarios del subsistema recibirán los siguientes subsidios: Subsidio al Pago de consumo de Agua Potable y de Servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas y el Subsidio Pro Retención Escolar, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.873. Para aquellos que participen del Programa de Acompañamiento Psicosocial, recibirán el bono de protección, de acuerdo a la Ley N° 19.949.
De las “Oportunidades por Logros”:
Bonos por Logros del Subsistema: Son aquellos bonos, de cargo fiscal, a que accederán los usuarios del Subsistema “Seguridades y Oportunidades”, un Bono de Graduación de Enseñanza Media para los mayores de 24 años de edad y un Bono por Egreso Anticipado para los usuarios que participen del Programa de Acompañamiento Sociolaboral.
Bono por Esfuerzo: Bono de cargo fiscal, para quienes pertenezcan hasta el 30% socioeconómicamente más vulnerable de la población, que logren desempeño destacados o de superación, en áreas tales como educación, salud, empleo, ahorro u otras.
Subsidio al Empleo de la Mujer: Subsidio, de cargo fiscal, al empleo de las trabajadoras dependientes regidas por el Código del Trabajo y a las trabajadoras independientes, que tengan entre 25 y 60 años de edad y que pertenezcan hasta el 40% socioeconómicamente más vulnerable de la población, el cual se regirá por lo dispuesto en la ley N° 20.338 y con las restricciones que se detallan en la presente ley. Para el año 2012, beneficiará a las mujeres que pertenezcan hasta el 30% socioeconómicamente más vulnerable de la población y a sus empleadores, hasta un máximo de 100.000 mujeres.
Para la implementación del presente proyecto de ley, se dictarán reglamentos, los cuales establecerán las normas y de las demás necesarias para su aplicación y funcionamiento.
Mediante decreto expedido a través del Ministerio de Desarrollo Social “Por Orden del Presidente de la República ” y suscrito además por el Ministro de Hacienda , se identificará la cobertura anual de nuevos usuarios del Subsistema Seguridades y Oportunidades y de las beneficiarias del Subsidio al Empleo a la Mujer, según la disponibilidad de recursos consultados en el Ley de Presupuestos del Sector Público.
Los beneficiarios de los Programas de Apoyo Integral al Adulto Mayor, de Apoyo a las Personas en Situación de Calle y de Apoyo a hijos de Personas Privadas de Libertad serán usuarios del Subsistema “Seguridades y Oportunidades” y formarán parte de la cobertura anual del Subsistema.
II. EFECTO DEL PROYECTO SOBRE EL PRESUPUESTO FISCAL.
La implementación de este proyecto de ley comenzaría en abril del 2012, sin embargo se da continuidad a la entrega de la Asignación Social durante los primeros tres meses del año. La cobertura anual de nuevos beneficiarios alcanza las 65.500 familias, los que se sumarán a los alrededor de 157.000 familias de arrastre o lo que diga la Ley de Presupuestos. Para el año 2012 se beneficiará a 100.000 mujeres con el subsidio al empleo de la mujer.
El gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta Ley, durante el primer año de su entrada en vigencia, considerando su efecto año completo, tiene un costo aproximado de $ 95.000.000 miles, la cual incluye los costos administrativos asociados y los beneficios a otorgar. Esto se financiará con cargo al presupuesto vigente del Ministerio de Planificación y en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida Tesoro Público.
(Fdo.): ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos .?
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho del siguiente proyecto de ley:
7945-08
Regula en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el valor del gas natural, los valores agregados de distribución del gas, crea los subsidios que indica y establece medidas ante una contingencia de gas.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, para el proyecto ante aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE . Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
7784-04
Crea el examen de excelencia profesional docente y la asignación de excelencia pedagógica inicial.
7898-04
Otorga beneficios a los deudores del crédito con garantía estatal y modifica la ley N° 20.027.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, para el proyecto ante aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE . Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
4. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 12 de octubre de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado las enmiendas introducidas por esa Honorable Cámara al proyecto de ley sobre aumento de plazas en el grado de contraalmirante, correspondiente al Boletín N° 7.687-02.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.754, de 6 de octubre de 2011.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): GUIDO GIRARDI LAVÍN , Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA , Secretario General del Senado .”
5. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que traspasa al fondo nacional de salud la tramitación de las licencias médicas que indica. (boletín Nº 7.899-11)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda informa el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
1.- Origen y urgencia
La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados por un mensaje de S.E. el Presidente de la República , calificada de “suma urgencia” para su tramitación legislativa.
2.- Disposiciones o indicaciones rechazadas
Indicación del Diputado señor Robles para eliminar los artículos 2° y 3° transitorios.
3.- Disposiciones que no fueron aprobadas por unanimidad
Los artículos 2° y 3° transitorios.
4.- Se designó Diputado Informante al señor Macaya, don Javier .
-o-
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Jaime Mañalich , Ministro de Salud ; Jorge Díaz , Subsecretario de Salud Pública ; Mikel Uriarte , Director Nacional de Fonasa ; Juan Cataldo , Jefe de Gabinete del Ministro de Salud ; Jaime González , Asesor del Ministerio de Salud; Enrique Arancibia , Jefe de Sector de la Dirección de Presupuestos ; las señoras María José Zaldívar , Superintendenta de Seguridad Social; Elsa Bueno, Abogada de la Dirección de Presupuestos, y María José Lezana , Asesora de la División Jurídica Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Concurrieron además, los señores Ernesto Rojas , Presidente AFAS Fenats V Región ; Pablo Jara , Presidente de la Asociación de Profesionales de la Seremi de Salud V Región ; Manuel Martínez , Dirigente de la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Salud V Región, y la señora María Eugenia Fernández , Secretaria de la Asociación de Profesionales de la Seremi de Salud V Región.
El propósito de la iniciativa consiste en traspasar al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) algunas de las competencias de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), en relación con las licencias médicas y pago de subsidios por incapacidad laboral.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 8 de agosto de 2011, señala que con la finalidad de perfeccionar la entrega de las prestaciones respectivas a los cotizantes del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), la iniciativa traspasa las funciones que ejercen las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud al Fonasa, en materia de tramitación y resolución de las licencias médicas por enfermedad común, reposos maternales y enfermedad del niño menor de un año, como también respecto del pago de los subsidios por incapacidad laboral a que ellas dan origen. Esto permitirá otorgar a la ciudadanía un servicio que resuelva con agilidad la procedencia de los reposos prescritos y que, de la misma forma, determine y entere los subsidios que efectivamente corresponden de manera oportuna, además de generar ahorros al Estado al disminuir licencias fraudulentas por aumentos en la fiscalización y mejoras en la resolutividad del proceso.
Cabe destacar que las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) seguirán sirviendo de instancia de apelación o reclamación respecto de las licencias rechazadas o modificadas de cotizantes Fonasa, así como mantendrán sus demás funciones, relativas a la evaluación de diversas incapacidades y estados de salud. Por lo tanto, este nuevo diseño institucional permitirá que tanto los afiliados a ISAPRES como a Fonasa reciban un trato similar en la evaluación de sus licencias médicas por parte de sus entes aseguradores, pudiendo los cotizantes, en caso de disconformidad, recurrir ante la misma entidad -la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez- para la revisión y decisión final sobre la procedencia de sus reclamaciones.
A su vez, la Compin seguirá tramitando las licencias derivadas de accidentes laborales y enfermedades profesionales de la ley N° 16.744, extendidas a afiliados al Instituto de Seguridad Laboral, régimen que no es financiado por Fonasa y que posee instancias de reclamación especialmente previstas en la ley.
Para llevar adelante esta tarea, se realizarán cambios en la estructura y en los procedimientos de esta nueva Contraloría Médica. Se introduce un modelo de operación centralizada en un equipo multidisciplinario, con apoyo de procesos tecnológicos y el uso de criterios uniformes a lo largo del país, lo que agilizará la toma de decisiones.
Además, la Contraloría Médica que se integra a Fonasa, se compondrá por el Departamento de Contraloría Médica, del que dependen 3 nuevos subdepartamentos: Contraloría Médica, Auditoría Administrativa y Cálculo de Subsidio. Este departamento estará integrado por 340 personas, que incluyen personal traspasado desde la Subsecretaría de Salud Pública y la contratación de hasta 304 personas, quienes ingresan escalonadamente en tres etapas para abarcar la totalidad del país, en un período de seis meses. El costo para el primer año es de $ 4.179 millones y de $ 4.762 millones anuales a contar del segundo año, ya en régimen.
Supone también gastos por una vez para la habilitación de espacios físicos y la selección y capacitación del personal, por $ 245 millones.
Los costos de administración y operación se estiman suponiendo gastos en arriendos, consumos básicos y los incorporados comúnmente a operación, además de los asociados a la externalización de la digitación, traslado y almacenamiento de información, envío por correspondencia de las notificaciones y de las verificaciones y peritajes propios de la Contralo-ría Médica. Considerando que deben producirse redistribuciones del gasto actual que realizan las Compin, el mayor gasto neto de operación se calcula en $ 1.306 millones, el cual dependerá, en todo caso, del número de licencias tramitadas.
Así, el costo directo de implementación del proyecto de ley significa un mayor gasto fiscal el primer año $ 5.731 millones, $ 6.204 el segundo año y de $ 6.079 millones el año tres.
Por otro lado, el proyecto presenta beneficios fiscales por la operación gradual de la licencia médica electrónica, mayor resolutividad y fiscalización de licencias médicas, lo que se proyecta incrementará la detección de improcedencia del subsidio desde el 5,5% actual al 8% el primer año, para estabilizarse en 9% anual los años siguientes.
Suponiendo que las otras variables que afectan el comportamiento del uso de las licencias médicas se mantienen constantes al nivel actual y, por lo tanto, el ahorro se produjera al disminuir el gasto asociado al subsidio de incapacidad laboral debido a un menor número de licencias a pagar dada la mejor fiscalización, se estima un ahorro para el primer año de $ 15.958 millones y para el segundo de $ 22.341 millones. Los años siguientes se asume que el sistema se encuentra en régimen al nivel del segundo año.
El resumen de lo anterior, con el ahorro neto que produce el proyecto de ley analizado, se muestra en la siguiente tabla:
1er año
2do año
3er año
Gastos
5.731
6.204
6.079
-Gastos en Personal
4.179
4.762
4.762
-Bienes y Servicios de consumo
1.306
1.443
1.317
Gastos por única vez
245
0
0
Ahorros Estimados
-15.958
-22.341
-22.341
Ahorro Neto
-10.227
-16.137
-16.262
En el debate de la Comisión el señor Jaime Mañalich hizo presente que el proyecto tiene por objeto modificar la forma como se tramitan hoy las licencias médicas para los cotizantes de Fonasa, es decir, los beneficiarios del sector público, y si bien esta iniciativa no tiene relación directa con los cotizantes de las Isapres, su aprobación los beneficiará por las razones que se expondrán más adelante.
Explicó que la ley N° 19.937, dictada bajo el gobierno del ex Presidente Lagos, modificó la forma en que se tramitaban las licencias médicas de los beneficiarios del sector público, traspasando dicha función desde los Servicios de Salud a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, seremias, que pasaron a formar parte de la Subsecretaría de Salud Pública, atribución que se realiza a través de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin). Esta modificación, a su juicio, se llevó a cabo sin medir adecuadamente las consecuencias administrativas, ya que las funciones que ejercen las Compin son múltiples.
El sector público de salud presenta hoy un alto volumen de licencias médicas y ausencia de criterios uniformes para calificar las licencias, lo que produce inequidad en contra del beneficiario público que tiene en las Compin tanto la primera instancia de reclamación frente a un rechazo o reducción de su licencia médica como la instancia de apelación, a diferencia de los cotizantes de las Isapres, para los cuales la primera instancia de reclamación es la propia entidad aseguradora, pudiendo reclamar luego ante las Compin.
Este proyecto, agregó, busca traspasar a Fonasa tanto la tramitación de las licencias médicas como el pago de los subsidios por incapacidad laboral derivados de enfermedades comunes, reposos maternales y enfermedad del niño menor de un año, beneficiándose los cotizantes de Fonasa que verán reducido el tiempo de pago de sus licencias. Esta función se verá enormemente favorecida por el uso de las licencias médicas electrónicas. Además, al restar estas funciones al Compin, éstas van a poder ejercer en forma correcta la función de ser la instancia de apelación ante el rechazo o reducción de una licencia médica tanto en el sector público como privado de salud.
Por las razones expuestas, este proyecto generará igualdad entre los cotizantes del sector público y privado y agilizará el pago de los subsidios por enfermedad.
El señor Mikel Uriarte sostuvo que cerca de US$ 8 mil millones se destinarán este año para el Ministerio de Salud, lo que implica un alza de 12,5% respecto del año 2010. De este presupuesto el 58%, esto es, MM$ 2.382.321 corresponden a aporte fiscal; 36%, es decir, MM$ 1.187.321 a cotizaciones; 6% a ingresos propios, y 6% a transferencias y otros. Estos ingresos se destinan a financiar los siguientes ítems: nivel secundario y terciario que recibe el 49,9%; nivel primario, 21,2%; libre elección, 9,4%; licencias médicas, 8,1%; inversión sectorial, 7,8%; autoridad sanitaria, 2%; fiscalización y regulación, 1,2% y Cenabast y otros, 0,4%.
Agregó que el mejoramiento de la gestión en el proceso de recaudación y fiscalización ha incrementado la recaudación por concepto de cotizaciones en 12,7% en el último año. El número de empresas fiscalizadas ha crecido 3,19 veces y el número de empresas evasoras detectadas 4,39 veces, en el último año.
En el tema de las licencias médicas, afirmó que el gasto en subsidios de incapacidad laboral (SIL), incluidos los gastos de subsidios maternales al mes de julio alcanza a los MM$ 175.460, equivalentes al 55,2% del presupuesto anual, estimándose que este año el gasto en SIL llegará a los US$ 800 millones, lo que equivale al 10% del presupuesto de Salud; pero independiente de este alto nivel de gasto, los asegurados en salud pública, que llegan casi a los 13 millones de personas, no están satisfechos. El gran reclamo de los Comités de Usuarios que existen en todas las ciudades donde está Fonasa es que las licencias médicas se están pagando en forma tardía a través de las Compin. Esta institución, de acuerdo a una encuesta realizada para evaluar los distintos servicios públicos, es la segunda peor valorada después de las cárceles.
Este proyecto, por lo tanto, tiene por objeto que los asegurados públicos queden en una situación similar a la de los cotizantes del sector privado.
Hoy las licencias médicas del sector privado entran a través de las Isapres donde una contraloría médica se pronuncia. El grueso debe pagarse administrativamente y cuando se rechaza, la apelación debe presentarse en las Compin. En cambio, en el sector público las licencias médicas van directamente a las Compin que emiten el fallo, tanto en primera como en segunda instancia. En ambos casos, la tercera instancia es la Superintendencia de Seguridad Social. El Fonasa hoy sólo cumple una función pagadora una vez que se resuelven las distintas etapas de reclamación.
Las funciones de las Compin son diversas, destacándose:
-Evaluación y pronunciamiento por incapacidades transitorias (licencias médicas) en 1° y 2° instancia para Fonasa y en 2° instancia para las Isapres.
-Evaluación y pronunciamiento por incapacidades permanentes.
-Certificación de discapacidad.
-Otras funciones administrativas.
La mayor carga de trabajo corresponde al procesamiento de licencias médicas en 1° instancia, para asegurados Fonasa.
Agregó que la excesiva demora en el pago de las licencias médicas, obedece a múltiples razones, entre ellas:
1. Estructura. No existe una estructura organizacional homogénea a nivel país.
2. Dotación. Ésta es heterogénea, tanto a nivel de médicos como profesionales y administrativos.
3. Carga laboral. También es heterogénea, tanto para personal médico como administrativo.
4. Procesos y procedimientos. Falta de definición centralizada y homogenización de controles y resultados.
5. Guías o protocolos. Se necesita mayor número de protocolos o guías que apoyen al trabajo, considerando las principales enfermedades, los tiempos de reposo asociados, etcétera.
6. Peritaje. Existe una baja labor de peritaje, el nivel de licencias pendientes en peritaje equivale al 0,05% a nivel país.
7. Sanciones. Prácticamente no existen, ni a prestadores ni a pacientes. Es necesario definir normas específicas para tipificar el delito del uso fraudulento de licencias médicas.
Planteó que este proyecto permitirá obtener los siguientes beneficios: obtener igualdad de derechos de las personas pertenecientes a los sistemas público y privado; eliminar el conflicto de intereses existente actualmente en la Compin, que actúa como tribunal de 1° y 2° instancia; lograr el procesamiento y pago eficiente de las licencias médicas en un plazo no superior a 15 días; contribuir a descongestionar las Compin para que estas puedan abocarse de manera más eficiente a sus otras funciones, y contribuir a disminuir el fraude en licencias médicas.
En cuanto al plazo para pagar las licencias médicas, indicó que se está llevando a cabo un plan piloto con las licencias electrónicas que permitiría el pago de éstas en un plazo menor a 10 días.
La estructura propuesta será centralizada, lo que permitirá una unicidad de criterios; moderna, con una estructura celular y con soporte tecnológico de punta, y eficiente, ya que se contará con un equipo multidisciplinario con distintos niveles de análisis para apoyar la toma de decisiones de los médicos contralores.
Este proyecto, añadió, se implementará en las siguientes etapas:
1. Con la aprobación de la ley comenzará la implementación de la Región Metropolitana (Oriente, Santiago Centro , Sur, Norte, Occidente, Sur Oriente) y Rancagua .
2. Al tercer mes comenzará la 1° etapa con la implementación de la Zona Sur, Malleco , Cautín , Valdivia , Llanchipal, Aysén y Magallanes y de la Zona Centro Sur, Maule , Ñuble , Arauco , Concepción, Talcahuano y Biobío.
3. Al sexto mes se inicia la 2° etapa con la implementación de la Zona Centro Norte, Coquimbo, Aconcagua, Viña del Mar y Valparaíso y de la Zona Norte, Arica, Iquique , Atacama y Antofagasta, y
4. Al noveno mes, se da inicio a la 3° etapa.
El señor Ernesto Rojas manifestó su preocupación por la situación en que van a quedar los funcionarios de las Compin una vez que se apruebe este proyecto de ley, particularmente los que están en calidad de honorarios y los trabajadores de las empresas externas que prestan servicios a la institución, que son casi el 33% de los trabajadores de las Compin a nivel nacional, ya que el mensaje establece que los funcionarios que deben traspasarse de las Compin a Fonasa no pueden exceder los 120. Preguntó, ¿qué ocurre con los demás funcionarios de las Compin, en qué calidad quedan?
Explicó que la tardanza que se produce en las Compin en el pago de las licencias médicas se debe principalmente a la falta de recursos humanos y económicos para llevar a cabo estas funciones.
La señora María Eugenia Fernández sostuvo que este no es el primer proyecto que busca traspasar la tramitación de las licencias médicas de los beneficiarios del sector público a Fonasa. En el año 2004, bajo el gobierno del ex Presidente Lagos, se envió un proyecto con igual objetivo. Quizá el propósito de estas iniciativas ha sido controlar la parte monetaria de las licencias, dejando de lado el aspecto médico social de la persona enferma que se encuentra en reposo, argumentó.
Refutó los dichos del señor Director de Fonasa en el sentido que las Compin sí realizan fiscalizaciones y, además, deben cumplir metas que son fijadas por el Ministerio de Salud. De acuerdo al informe elaborado por la Coordinadora de las Compin, desde el año 2006, se ha incrementado sistemáticamente el número de peritajes que debe efectuar. El 2006 el porcentaje de peritaje obligatorio era de 12% y hoy asciende a 25%. Como las Compin cumplen las metas que año a año les fija el Ministerio, éste les establece para el año siguiente una meta mayor.
Ahora, en cuanto a las licencias médicas que deben ser pagadas antes de los 30 días, el Ministerio también establece una meta, ya que el 90% de éstas, que no son objeto de peritaje deben ser autorizadas. El Compin ha cumplido este año el 94% de la meta. Respecto de las licencias médicas que deben ser peritadas y pagadas antes de 60 días, las Compin han cumplido el 90% de las metas. Las cifras que pondrá a disposición de los señores Diputados están desglosadas por región y dan cuenta que los funcionarios de las Compin en materia de tramitación de licencias médicas están cumpliendo sus labores.
Añadió que el decreto supremo N° 3, de 1984, que regula el tema de las licencias médicas no se ha actualizado a la realidad del país, sólo ha tenido modificaciones parciales, por lo que es imperativo llevar a cabo una revisión de esta normativa y adecuarla a la realidad actual que es completamente diferente a la de la década de los 80. Postuló que más que traspasar la función desde las Compin al Fonasa lo que debe realizarse es una actualización de esta legislación y adoptar otras medidas que permitan disminuir la brecha que existe entre el sector público y privado, y optimizar el pago de las licencias médicas. Entre estas medidas está la implementación de un programa computacional que permitiría optimizar la tramitación de las licencias médicas y cuya aprobación depende de Fonasa, institución que no ha aprobado su ejecución; entregar mayores recursos humanos y mejoras administrativas que permitan a las Compin optimizar la tramitación y pago de las licencias médicas. También en el tema de la fiscalización se requiere mayores recursos porque en la actualidad hay funcionarios que cumplen a la vez labores administrativas y de fiscalización. Por lo tanto, se requieren recursos para que las Compin realicen de mejor manera sus funciones.
Finalmente, señaló que si bien hoy las Compin actúan como juez y parte en la tramitación y apelación de las licencias médicas, perfectamente podría modificarse la ley conservando las Compin la primera instancia y entregando a Fonasa la apelación de las licencias médicas rechazadas y reducidas. Con esta propuesta las Compin conservarían la función de tramitar las licencias médicas, tema en el cual tienen el personal calificado y la expertise necesaria.
El señor Manuel Martínez expresó que el traspaso de los 120 cargos de las Compin al Fonasa va a vulnerar el derecho a la promoción de los cargos de los funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública, que data del año 2007 y, por lo tanto, el derecho a obtener mejoras salariales de 3.500 funcionarios a lo largo de todo el país, de los cuales sólo 1.163 tienen la calidad de titular.
Agregó que en las Compin trabajan 1.060 funcionarios, de los cuales el 80% realizan las funciones relacionadas con la tramitación de licencias médicas, por lo que de aprobarse el proyecto cerca de 600 funcionarios quedarían en la calle, sin trabajo.
Recordó que en las disposiciones transitorias de la ley N° 19.937 se establece la posibilidad de que la función de tramitación de las licencias médicas del sector público se traspasara a Fonasa, pero eso no se concretó porque se convino con el Gobierno del ex Presidente Lagos que este traspaso de funciones suponía una isaprización de la salud pública.
Concluyó solicitando a los señores Diputados mayor análisis de este proyecto, ya que no sólo vulnera los derechos de los trabajadores, sino que también las acciones en salud para las personas más pobres del país, ya que al aumentar la tasa de rechazo de las licencias médicas, se va a generar un costo en la población por no recuperabilidad de mano de obra de los sectores más vulnerables.
El señor Pablo Jara planteó que las Compin como institución que forma parte de la Subsecretaría de Salud Pública tiene un rol fiscalizador que lamentablemente se ha ido debilitando en los últimos años porque no se han realizado los concursos públicos necesarios para contratar personal profesional desde hace 4 años.
En cuanto a la ausencia de criterios nacionales en el rechazo de las LM, argumentó que no es posible establecer protocolos a nivel nacional dado la diversidad geográfica del país.
Hizo presente que faltan recursos humanos en las Compin y que si bien han logrado ser eficientes con los pocos recursos humanos que tienen, cada año el Ministerio de Salud incrementa las metas, las que lamentablemente van unidas al pago de bonos.
El señor Mañalich , respondiendo diversas inquietudes planteadas por los señores Diputados, precisó que el proyecto no tiene por objeto sancionar el mal uso o fraude en la tramitación de las licencias médicas. Esta materia está recogida en un proyecto de ley presentado por el Gobierno de la ex Presidenta Bachelet que actualmente está en tercer trámite constitucional para resolución de Comisión Mixta.
En cuanto a la institucionalidad vigente para la tramitación y reclamo de las licencias médicas, explicó que en el sector privado los cotizantes de las Isapres reclaman en primer lugar ante las propias Isapres y en caso de rechazo se apela ante las Compin, pudiendo reclamarse ante la Superintendencia de Seguridad Social, en caso que las Compin confirmen el rechazo. El año pasado en el sector privado se apelaron 86 mil licencias ante las Compin por rechazo de las Isapres, de las cuales el 86% fueron acogidas.
Respondiendo al Diputado señor Robles , sostuvo que la autoridad sanitaria, seremis, forman parte del gabinete del Subsecretario de Salud Pública , razón por la cual se entrega un solo presupuesto, sin perjuicio de que en la Ley de Presupuestos se pueda incorporar una glosa para especificar la distribución de los recursos.
Enfatizó que mantener el actual mecanismo de tramitación de las licencias médicas en las Compin es una falta de propósito para las propias seremias, ya que su rol esencial por ley es cuidar a los ciudadanos de situaciones que pongan en riesgo su salud, tales como realizar campañas de vacunación, educar a la población, hacer prevención, fiscalizar, entregar autorizaciones sanitarias, establecer barreras sanitarias, etcétera.
Recordó que el año pasado sesionó una Comisión de Expertos que manifestó la necesidad que todo el tema de las licencias médicas fuera conocido por una institucionalidad completamente diferente a la institucionalidad que financia las acciones de salud, con un Fondo separado que permita manejar en forma autónoma la tramitación y pago de las licencias.
Finalmente, aclaró que los trabajadores que no sean traspasados a Fonasa seguirán trabajando en las Compin. Los funcionarios traspasados lo harán primero en comisión de servicios y luego en forma permanente.
El señor Mikel Uriarte , respecto de la preocupación por el personal de las Compin que han manifestado varios señores Diputados, señaló que hoy trabajan 1.085 funcionarios, de los cuales 120 se irían a Fonasa, pero el resto son absolutamente necesarios para llevar a cabo las funciones habituales de esta institución que dicen relación con los temas de salud. En cuanto al traspaso aclaró que es de carácter voluntario, en un número de hasta 120 funcionarios, y los que opten por mantenerse en las Compin van a conservar sus empleos desarrollando las otras labores que le competen a esta institución, como certificación de discapacidad, evaluación de incapacidades permanentes, etcétera.
Aclaró que en Fonasa existe personal que tiene experiencia en la tramitación de licencias médicas, ya que vienen del antiguo Sermena .
En el tema presupuestario señaló que la Ley de Presupuestos considera recursos adicionales para la Subsecretaría de Salud a fin de reforzar las funciones del área de la salud pública.
Respecto de los protocolos, manifestó que se trata más bien de un tema estadístico, pero que a la vez debe ser dinámico, de manera que si la licencia está dentro del promedio debe ser pagada sin dilación y si un caso concreto excede los plazos de los protocolos lo que corresponde es que se investigue, requiriendo un informe al médico tratante, los exámenes practicados, etcétera, pero sin retardar su tramitación. En el sector privado, el 85% de las licencias se resuelven administrativamente en la primera instancia y el Compin acoge el 50% de las apelaciones. Los casos rechazados por las Compin puedan reclamarse ante la Suseso.
Reiteró que los pilotos de licencias electrónicas han evidenciado que las licencias van a pagarse antes del plazo de 15 días que establece el proyecto.
El señor Jorge Díaz expresó la necesidad de que los asegurados de Fonasa perciban los subsidios por enfermedad a tiempo y no como acontece en la actualidad. Las Compin han sido calificadas por los usuarios como el segundo servicio peor evaluado después de las cárceles.
Explicó que el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Salud Pública y de los Secretarios Regionales Ministeriales tiene la responsabilidad de cuidar la salud de la población de diversos factores, ya sea ambientales, personales, epidemiológicos, etcétera. Además, tienen la obligación de adoptar medidas sanitarias como otorgar autorizaciones sanitarias, llevar a cabo fiscalizaciones, y realizar otras labores de índole administrativa. En el tema de la fiscalización, más de 30 áreas deben ser inspeccionadas por cada Seremia, algunas de las cuales simplemente no pueden realizarse, con el grave riesgo que eso implica para la población, por las excesivas funciones que recaen en las Compin, las que van en aumento en virtud de nuevas iniciativas como la que se encuentra radicada en la Comisión de Salud que tiene por objeto establecer mecanismos para proteger a la población de la exposición al humo de tabaco en los lugares de uso público y colectivo.
En el tema de las licencias médicas, en los últimos años ha habido un crecimiento explosivo tanto en el número de licencias como de días de reposo, lo que se suma al aumento en el número de cotizantes que han abandonado las Isapres para ingresar a Fonasa y al incremento del número de personas ocupadas. Para hacer frente a estos requerimientos, la Subsecretaría de Salud cuenta con 554 funcionarios de planta y a contrata, más un número importante de funcionarios a honorarios y el apoyo de los servicios de salud, que en los hechos han duplicado el número de funcionarios dedicados exclusivamente a la tramitación de licencias médicas; pero a pesar de los 1.086 funcionarios, las Compin no dan abasto, lo que ha obligado a las Compin a tener que dejar de realizar otras funciones relacionadas con el área de la salud.
En relación a los derechos de los trabajadores, aclaró que el proyecto protege en forma detallada los derechos de los funcionarios en el artículo segundo transitorio que establece que el traspaso de los 120 funcionarios de las Compin a Fonasa será sin alterar la calidad jurídica de la designación y sin solución de continuidad y en el mismo grado. Además, la letra d) de esta disposición prescribe que “los traspasos de personal dispuestos en los literales anteriores no podrán ser considerados como causal de término de servicios, ni supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral de los funcionarios traspasados”. Por lo tanto, se asegura plenamente la continuidad laboral de todos los trabajadores.
Para la determinación de los 120 cargos, se tuvo en vista las diferencias que existen entre las Compin de gran tamaño y las pequeñas, porque en las primeras se ha producido una especialización de funciones en el personal, lo que no acontece en las más pequeñas, donde los trabajadores realizan múltiples tareas, de manera que los 120 funcionarios se han calculado teniendo a la vista los cargos que hoy se dedican a estas labores, por lo que no se afectará el funcionamiento de las Compin de pequeño tamaño.
El señor Díaz concluyó su presentación explicando que con la aprobación del proyecto las Compin pasarán a ser tribunal de segunda instancia, tanto para el rechazo de las licencias del sector privado como público, lo que permitirá poder aplicar criterios epidemiológicos locales dependiendo de la región.
El señor Uriarte señaló que, en términos generales, las funciones de las Compin son: evaluación y pronunciamiento por incapacidades transitorias (licencias médicas) en primera y segunda instancia para Fonasa y en segunda instancia para las Isapres; evaluación y pronunciamiento por incapacidades permanentes; certificación de discapacidad y otras funciones vinculadas a lo temas de salud, muchas de las cuales no se están realizando correctamente.
La lógica detrás de esta modificación legal es que las Compin mantengan y mejoren sus funciones propias que son las relacionadas con la Subsecretaría de Salud, para lo cual necesitan a todos los trabajadores, y que se desliguen de las funciones de carácter administrativo como la tramitación de las licencias médicas.
El señor Díaz explicó que la licencia médica da origen a una incapacidad transitoria que tiene un límite de tiempo y que permita a la persona recuperar su salud con el correspondiente pago del subsidio. La incapacidad de carácter permanente en el sistema de las AFP es evaluada por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. Mientras la persona está en evaluación por una posible invalidez tanto las Compin como las Isapres están obligadas a mantener el reposo médico hasta que concluya dicho proceso de evaluación. El pronunciamiento de incapacidad que realizan las Compin es respecto de las personas del antiguo sistema, por incapacidades de origen laboral derivadas de la ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, el cual también tiene tres instancias; la primera es la Compin, la segunda la Comisión de Reclamo que depende de la Subsecretaría de Salud y la tercera instancia es la Suseso. Por lo tanto, el único ámbito donde las Compin actúan como juez en primera y segunda instancia es en la tramitación de licencias médicas, lo que terminaría con la aprobación de este proyecto. En todas las otras materias donde intervienen las Compin existen instancias de reclamación independientes.
La señora María José Zaldívar explicó que el 65% de la carga de trabajo de la Superintendencia dice relación con las apelaciones de las licencias médicas, de las cuales se acoge el 47%.
Añadió que tal como lo han señalado los representantes del Ejecutivo las Compin dependen del Ministerio de Salud a través de la Subsecretaría de Salud Pública y de las Secretarías Regionales Ministeriales. Existe una Compin por región, y en determinados casos existen, además, Subcomisiones .
Sus funciones son múltiples, contabilizándose 26, de las cuales sólo 5 se relacionan con las licencias médicas; pero tanto el incremento exponencial en el número de cotizantes de Fonasa como el aumento significativo en la tasa de incapacidad laboral (TIL), entendida como el número de días de subsidio pagado por trabajador cotizante del período, en los últimos 10 años, permiten explicar la sobrecarga de trabajo que tienen hoy las Compin. A modo de ejemplo señaló que en la Compin de la Región Metropolitana, sus médicos están resolviendo 420 licencias médicas diarias, lo que significa que si sólo se dedicaran a resolver licencias médicas, estarían resolviendo una licencia por minuto. Esta situación, sostuvo, no resiste ningún análisis y demuestra que la resolución de las licencias no se está llevando a cabo con la debida diligencia y que las otras 21 funciones no se están realizando en forma adecuada. Esta grave situación produce situaciones muy injustas como un alto rechazo de licencias de personas gravemente enfermas que son apeladas ante la Superintendencia y la aprobación de licencias en caso de personas que no las requieren.
El proyecto tiene por objeto solucionar este grave problema al traspasar a Fonasa las funciones de Contraloría Médica para que las Compin se dediquen a desarrollar sus otras funciones que son las relacionadas al tema de la salud. Con esta modificación también se busca poner término a la desigual situación en que se encuentran hoy los trabajadores adscritos a Fonasa respecto de los cotizantes de las Isapres, porque en el sector privado el plazo fatal para pronunciarse sobre una licencia médica es de 10 días, en cambio en el sector público el plazo máximo para pronunciarse respecto de una licencia es de 66 días.
Este proyecto, por lo tanto, permitirá optimizar el flujo de información; simplificar el procedimiento y terminar con la asimetría entre el sistema público y privado de salud.
La Comisión de Salud dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de los artículos tercero y quinto transitorios. Por su parte, la Comisión de Hacienda incorporó a su consideración los artículos 1° permanente y 2° transitorio, en conformidad con el numeral 2° inciso segundo del artículo 220 del Reglamento de la Corporación.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:
A proposición del Diputado Godoy, don Joaquín ( Presidente ), se sometió a votación el artículo 1° numerales 1) y 2) con la siguiente indicación del Diputado señor Robles : para eliminar en el inciso segundo de la letra g) que se incorpora por el numeral 2) la frase “en forma precisa”, ya que bastaría con que el reclamo conste por escrito y se fundamente, pero la exigencia de que sea en forma precisa puede llevar a que los médicos contralores rechacen los reclamos sólo porque el fundamento no está señalado en forma precisa.
Puesto en votación el artículo 1° con la indicación parlamentaria, se aprobó por la unanimidad de los Diputados presentes señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Pablo ; Marinovic, don Miodrag ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Robles, don Alberto ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón .
El Diputado señor Robles formuló la siguiente indicación: para eliminar los artículos 2° y 3° transitorios, ya que estuvo en desacuerdo en la forma como se regula el traspaso de los funcionarios, mediante la modificación de la planta de Fonasa, a través de decretos con fuerza de ley dictados por el Presidente de la República , en virtud de una autorización del Congreso Nacional. Sostuvo que estas materias deben estar reguladas en la ley, la que debe detallar el traspaso de los funcionarios de las Compin al Fonasa por región, de manera de poder tener claridad de la situación en que van a quedar todas las Compin del país.
Sometida a votación la indicación parlamentaria, se rechazó por 2 votos a favor y 7 votos en contra. Votan a favor los Diputados señores Montes, don Carlos y Robles, don Alberto . Votan en contra los Diputados señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Pablo ; Ortiz, don José Miguel ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón .
Puestos en votación los artículos 2° y 3° transitorios, se aprobaron por 7 votos a favor y 2 votos en contra. Votaron a favor los Diputados señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Pablo ; Ortiz, don José Miguel ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Votaron en contra los Diputados señores Montes, don Carlos y Robles, don Alberto .
Sometido a votación el artículo 5° transitorio, se aprobó por la unanimidad de los Diputados presentes señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Pablo ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Robles, don Alberto ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón .
A solicitud del Diputado señor Montes, don Carlos , se acordó incorporar en el informe la información que proporcione el Ejecutivo a la Comisión sobre la distribución de los funcionarios por región, lo que se incorpora como Anexo.
Tratado y acordado en sesiones de fechas 4 y 5 de octubre de 2011, con la asistencia de los Diputados señores Godoy, don Joaquín ( Presidente ); Auth, don Pepe ; Goic, doña Carolina ; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Robles, don Alberto ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto , y Von Mühlenbrock, don Gastón , según consta en las actas respectivas.
Sala de la Comisión, a 12 de octubre de 2011.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión .”
Moción del diputado señor García, don René Manuel .
Permite a profesionales de enfermería asumir labores de anestesiología, con la debida preparación. (boletín N° 7991-11).
“Antecedentes:
1. Cada vez que se realiza un procedimiento quirúrgico intervienen distintos profesionales, como médicos cirujanos, anestesistas, enfermeras, y auxiliares de la Salud. Cada uno de ellos tiene funciones distintas y complementarias, sin las cuales una cirugía estaría destinada al fracaso.
2. Un problema que se ha advertido en el último tiempo es la falta de médicos anestesistas. Un médico con esta especialidad sólo puede intervenir en un procedimiento quirúrgico a la vez, lo que significa, a la postre, un retraso en la tasa de cirugías que se pueden realizar.
3. Lo anterior no es menor, considerando las consecuencias que tiene para las operaciones que se deben realizar con arreglo al Plan de Garantías Explícitas de Salud (ex Plan Auge): la falta de anestesiólogos implica que muchos procedimientos deban posponerse continuamente, lo que incide negativamente en un plan de mejoramiento de salud nacional.
4. Por su parte, los profesionales de enfermería, dentro de los cuales se encuentran las enfermeras y enfermeros universitarios, tienen a su cargo el soporte clínico del paciente. Esto quiere decir que se deben preocupar, en conjunto con el resto de los profesionales de la Salud que intervienen en un caso clínico, del bienestar de quien adolece de algún problema físico o síquico.
5. Por ello, ha surgido la idea de que los profesionales universitarios de enfermería se puedan especializar en anestesiología, tal como también se especializan en obstetricia o en otras especialidades. Sin duda sería un gran avance para el desarrollo en la medicina, pues nos aseguraríamos que habrían mayor número de profesionales asistiendo a los médicos cirujanos, durante los procedimientos quirúrgicos.
6. En efecto, el Código Sanitario señala, en el inciso final del artículo 113, lo siguiente: “Los servicios profesionales de la enfermera comprenden la gestión del cuidado en lo relativo a promoción, mantención y restauración de la salud, la prevención de enfermedades o lesiones, y la ejecución de acciones derivadas del diagnóstico y tratamiento médico y el deber de velar por la mejor administración de los recursos de asistencia para el paciente.”
7. Luego, sería perfectamente posible incluir, dentro de esta norma, una mención a una nueva especialidad para las enfermeras y enfermeros profesionales. Esta nueva preparación profesional, con todo, debería ser regulada vía Reglamento, por el Ministerio de Salud, haciendo uso de su potestad reglamentaria.
8. En todo caso, las enfermeras con estudios de anestesiología no podrían participar en una operación quirúrgica sin la debida asesoría de un médico anestesista, al que le seguirá correspondiendo realizar las principales labores relacionadas con la proporción de anestesia en un procedimiento quirúrgico.
9. Cabe señalar, consiguientemente, que la especialidad de Enfermería que crearía esta ley en ningún caso podría reemplazar el rol de los médicos cirujanos con especialidad en anestesiología. Al contrario, de aprobarse esta ley, su rol seria aún más trascendente, pues además de seguir realizando labores importantes en una cirugía, deberían estar orientando y dirigiendo a las enfermeras con nociones de anestesiología.
En virtud de lo anterior, los Diputados que suscriben, venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Incorpórese, en el inciso final del artículo 113 del Código Sanitario, la siguiente oración, a continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido:
“Asimismo, quienes hayan realizado y aprobado un curso de anestesiología debidamente acreditado por el Estado, en conformidad con lo señalado en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, podrán participar en operaciones y otros procedimientos quirúrgicos, asesorados por médico-cirujano con especialidad en anestesiología, y cumpliendo labores propias de éste”.
7. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 27 de septiembre de 2011.
Oficio N° 6.682
Remite sentencia.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 27 de septiembre de 2011, en el proceso Rol N° 1.946-11-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos Rol N° 8832-2010, sobre recuro de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago (Secretaría Criminal), en contra de Isapre Banmédica.
Saluda atentamente a V.E.,
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN , Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN , Secretaria.
AL EXCMO. SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO MELERO ABAROA
VALPARAÍSO.”
8. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 30 de septiembre de 2011.
Oficio N° 6.715
Remite sentencia definitiva.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Tengo a bien remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia de 29 de septiembre en curso, dictada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 1970 -11-INA, requerimiento de inconstitucionalidad respecto del inciso 5° del artículo 38 de ley N° 18.933, artículo 2° de la Ley N° 20.015 y artículo 22 de la ley sobre efecto retroactivo de las leyes en los autos rol N° 1683-2011 sobre recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago (Secretaría Criminal) en contra de Isapre Cruz Blanca, a los efectos que indica.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO , Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN , Secretaría.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO MELER ABAROA
VALPARAÍSO
PRESENTE.”
9. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 4 de octubre de 2011.
Oficio N° 6.723
Remite sentencia.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 4 de octubre en curso en los autos Rol N° 1790-10-INA, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 19.296, en los autos RIT I-36-2010, RUC 10-4-0032869-8, sobre reclamación de resolución administrativa sustanciados ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción , a los efectos que ella indica.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO , Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN , Secretaria.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO MELERO ABAROA
VALPARAÍSO.”
10. Oficio del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, por el cual remite resoluciones finales adoptadas sobre la nueva estructura de las asignaciones parlamentarias definidas para esa Corporación. (52)
“Oficio N° 52.
Santiago , 5 de septiembre de 2011.
A: S.E. el Presidente de la Cámara de Diputados, señor Patricio Melero Abaroa.
De: Presidente del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, señor Sergio Páez Verdugo.
En respuesta al oficio N° 200, de 19 de julio del mes próximo pasado, cumplo con informar a V.E. acerca de los acuerdos adoptados por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias sobre las materias contenidas en dicho documento.
A) Asignación personal de apoyo.
1.- La H. Cámara de Diputados consulta si es posible que dos o más parlamentarios puedan contratar a una misma secretaria o asesor, ya que en la actualidad ello resulta posible.
Hasta la fecha, las personas que trabajan para los honorables diputados son contratadas al amparo del Código del Trabajo, en cuya virtud es posible prestar servicios a más de un empleador siempre y cuando se deje claramente señalada la jornada laboral que corresponda en cada caso.
Si la Cámara de Diputados optara por establecer un sistema de contratación mediante la utilización de la figura consagrada en el artículo 3° A de la ley N° 18.918, deberá sujetarse a lo que estipula el Código del Trabajo.
De conformidad a ese cuerpo normativo es perfectamente posible que un trabajador cumpla funciones para dos parlamentarios, lo que no genera una doble relación laboral, sino que una duplicidad de funciones -o polifuncionalidad- que es necesario consignar en el respectivo contrato, además de todas las menciones que se contienen en ese Código.
Por consiguiente, bajo tales circunstancias, el trabajador tendrá un único empleador -la Cámara de Diputados- pero podrá prestar servicios a más de un parlamentario.
A juicio del Consejo, sería conveniente regular esta situación en el Reglamento que debe dictarse en virtud del artículo 3° A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
2.- Esa rama del Poder Legislativo señala que, dado que tienen carácter público los recursos asignados a las asignaciones parlamentarias, el Consejo Resolutivo determinó que las contrataciones de personal deben ser materializadas necesariamente por la Corporación. Indica, asimismo, que recibiría con particular interés el planteamiento que pudiera entregarle el Consejo sobre la forma de superar la eventual colisión de normas entre el Código del Trabajo y el Reglamento que deberá dictarse en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 3° A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, atendidas las peculiares características de la labor parlamentaria.
En lo tocante a la eventual colisión de normas con el Código del Trabajo, el Consejo opina que el artículo 3° A de la ley N° 18.918, constituye más bien un complemento de los preceptos contenidos en el mencionado cuerpo legal, ya que busca solucionar los problemas que presenta la contratación directa de personal por parte de los Diputados, consagrándose un vínculo laboral entre la Cámara de Diputados y dichos trabajadores al amparo del Código del Trabajo.
Resulta menester recordar que, en la actualidad, existe una relación laboral entre los parlamentarios y sus trabajadores, regida por el referido Código , sin que existan normas especiales a su respecto. Es decir, operan en plenitud las disposiciones sobre jornada laboral, descansos, derechos sindicales, protección a la maternidad, fueros y demás derechos y obligaciones que competen tanto a trabajadores como a empleadores, incluida la circunstancia de que luego de un año estos contratos se conviertan en indefinidos.
El artículo 3° A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional provee una forma especial de contratación, de acuerdo a las normas del Código del Trabajo y sus disposiciones complementarias, que es aplicable a quienes presten servicios en los Comités Parlamentarios y a Diputados y Senadores durante el desempeño de sus cargos y en labores vinculadas al ejercicio de tal función.
El citado artículo 3° A obliga a esos trabajadores a cumplir las normas de probidad que se establezcan en el reglamento, los que deberán incluirse en el contrato respectivo.
Además, fija dos nuevas causales para poner término a la relación laboral: la pérdida de confianza y el término del mandato del Diputado para el cual trabaja, con derecho a indemnización en ambos casos. Todo ello, sin perjuicio de que son plenamente aplicables también las demás causales de terminación del contrato de trabajo contenidas en los artículos 159 y 160 del tantas veces citado Código .
Por su parte, el inciso cuarto del artículo 3° A, establece el contenido del Reglamento que corresponde dictar a la Cámara respectiva, el que, aparte las normas de probidad, debe regular los rangos mínimos y máximos del régimen de remuneraciones, los cuales deben fijarse en base a criterios de objetividad, transparencia y no discriminación arbitraria; las formalidades para invocar algunas de las causales de término de contrato consagradas en el precepto; los casos en que se podrá contratar a honorarios y toda norma necesaria para la adecuada aplicación del artículo en cuestión.
Evidentemente, no resultará factible regular en el Reglamento aquellas nuevas materias que pudieran surgir por aplicación del artículo 3° A y que sean propias del dominio legal y cuya adaptación a las especialidades del trabajo parlamentario requieran la dictación de preceptos de ese rango.
Empero, existen en la legislación común diversos casos y circunstancias en que la modalidad de la prestación de los servicios, el cumplimiento de la jornada laboral y otras materias de similar importancia tienen un tratamiento especial que podrían, por la vía del citado Reglamento, adecuarse a las necesidades parlamentarias, en virtud del mandato genérico dado por el legislador en cuanto a que dicho cuerpo normativo debe contener toda norma necesaria para su adecuada aplicación, sin necesidad de modificar el régimen laboral.
B) Asignación Asesorías Externas
1.- La H. Cámara consulta si es posible mantener el actual sistema que permite contratar a un mismo asesor por dos parlamentarios, prorrateando el gasto entre ellos.
Tal como se expresara a propósito de la Asignación de personal de apoyo, desde una perspectiva laboral, no existen inconvenientes para que una persona realice trabajos que impliquen asumir funciones de apoyo a más de un parlamentario. Por ello, con mayor fundamento, no podría aplicarse una limitación de esta naturaleza a un contrato civil de prestación de servicios a honorarios, por cuanto la contratación de servicios profesionales por esta vía, lleva implícita la condición de tratarse de alguien cuya especialización es requerida simultáneamente por más de una persona, lo que se encuentra protegido en nuestro ordenamiento en virtud del principio de libertad de contratación.
No obstante lo anterior, sería conveniente consultar esta situación en el
Reglamento a que se refiere el artículo 3° A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
2.- Respecto a la contratación de un mismo asesor simultáneamente con cargo a la asignación de personal de apoyo y bajo la modalidad de asesorías externas, para efectuar estudios, el Consejo no comparte dicha posición, por cuanto con ello se contraviene el principio general de que los recursos consignados para cada asignación puedan destinarse por los parlamentarios única y exclusivamente a financiar indistintamente cualquiera de los Ítems de gastos comprendidos sólo en la respectiva asignación, de acuerdo a los criterios de uso definidos para las mismas, no pudiendo traspasarse los recursos de una asignación a otra.
3.- El Consejo Resolutivo no ve inconveniente, alguno que, con cargo a la asignación de asesorías externas, se puedan contratar asesorías de imagen, comunicacional, de opinión pública y encuestas, de modo que se consignará este aspecto en la parte pertinente del Acuerdo.
4.- Sobre la posibilidad de acumular más allá del período señalado los recursos contemplados para asesorías externas, el Consejo aprobó modificar su acuerdo primitivo, a fin de autorizar una acumulación de tres meses. El mismo criterio se aplicará para la asignación gastos operacionales.
C) Asignación gastos operacionales
Oficinas parlamentarias
1.- Respecto a incluir en este ítem la contratación de seguros de robo, hurtos y otros para las sedes distritales, el Consejo está de Acuerdo en consignarlo explícitamente en el Acuerdo, no obstante estimar que tales aspectos se hallan comprendidos dentro del concepto de servicios de seguridad.
2.- El Consejo Resolutivo resolvió indicar expresamente en su Acuerdo que, sobre el modo de rendir los servicios básicos, tales como luz y agua, ello se podrá, además, documentar con recibos o comprobantes que entregue el arrendador, cuando se trate de consumos prorrateados por más de un arrendatario.
3.- La Honorable Cámara solicita precisar la modalidad de contratación de servicios de aseo y/o vigilancia para las oficinas parlamentarias y, consiguientemente, su forma de rendición, con el objeto de establecer la naturaleza jurídica y contractual de quienes presten estos servicios, especialmente si se utilizan los servicios de personas naturales.
A juicio del Consejo, tales personas son meros prestadores de servicios, equivalentes a las que operan en la Administración del Estado, sujetos a las reglas de la ley N° 19.886 (artículo 4°), dado que quedan dentro de las categorías de servicios de apoyo, que no deben confundirse con los contratos a honorarios a personas naturales. De este modo, deben ser contratados como proveedores de la respectiva Cámara, para prestar servicios en una determinada localidad.
No existen problemas en cuanto a convenir con personas naturales para que realicen estos servicios. Pero, respecto de la modalidad de contratación, si la persona presta sus servicios en forma permanente en la sede, realizando múltiples actividades, lo procedente es que se le vincule por medio de un contrato. En cambio, si presta sus servicios en forma esporádica corresponde que sea contratada a honorarios.
Resultaría del todo conveniente que la Corporación contara con contratos tipo, para facilitar la celebración de los mismos.
Sin perjuicio de lo anterior, puede suceder que el parlamentario requiera contratar la prestación de servicios menores y ocasionales, efectuados por personas que no han iniciado actividades ante el servicio de impuestos internos y que por lo tanto no cuentan con boleta de servicios. Esto puede suceder, por ejemplo, con la contratación de los servicios de un cuidador, o de una persona que efectúe labores de aseo en forma ocasional, o de un gásfiter para que repare un desperfecto puntual en la oficina parlamentaria.
El Consejo, para cubrir estos casos de una forma adecuada, ha acordado incorporar dentro de la Asignación Gastos Operacionales un ítem de gasto denominado “Servicios Menores”, que contemplará la entrega de fondos (por una suma mensual de hasta $250.000), de los que el parlamentario podrá disponer para contratar este tipo de servicios, y que se encontrarán sujetos a rendición de cuentas.
Vehículos
1.- En lo concerniente a la depreciación de un vehículo destinado a la función parlamentaria, esa Corporación sugiere asimilar tal aspecto a la que rige en la Administración del Estado. El Consejo, recogiendo la inquietud de esa Cámara, optó por aumentar a $200.000.- mensuales la amortización por desgaste. No obstante se mantiene el monto total de la asignación de gastos operacionales.
2.- Sobre la Contratación de Seguros para vehículos y pago de permisos de circulación, el Consejo estima que no corresponde proceder en tal sentido con cargo a esta asignación.
3.- Respecto a la exigencia de indicar la placa patente única del vehículo en la boleta por carga de combustible, el Consejo determinó eliminar dicha obligación, lo que se consignará en el Acuerdo definitivo.
Alojamiento
La Honorable Cámara cree que debiera considerarse el arriendo de un inmueble habitacional, ya sea en Santiago o Valparaíso, como alternativa a un hotel.
Es necesario tener presente que la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional definió a las asignaciones como “fondos públicos destinados por cada Cámara a financiar el ejercicio de la función parlamentaria”.
La inversión de estos fondos se encuentra sujeta a control por parte del Comité de Auditoría, y , por consiguiente, el gasto en alojamiento sólo puede ser imputado a las asignaciones siempre que diga relación con el ejercicio de la función parlamentaria.
El Consejo Resolutivo estima que esta hipótesis se encuentra fuera del concepto gasto en alojamiento transitorio que es lo que la asignación cubre.
Viático
En materia de viáticos, el Consejo Resolutivo mantiene el límite de doce días al mes, salvo que se trate de meses en que se realicen cuatro semanas legislativas, en cuyo caso los Diputados tendrán derecho a los viáticos que correspondan a 15 días.
Gastos de Traslación
En esta materia, la H. Cámara pide aclarar si es posible considerar pasajes aéreos o marítimos para el personal del apoyo, dado que en el Acuerdo se hace referencia sólo a la movilización terrestre.
Sobre este respecto, el Consejo estimó del caso precisar que los pasajes pueden ser en cualquier medio de transporte, con excepción del aéreo, de modo que hará la modificación pertinente.
Correspondencia
En cuanto a mantener el procedimiento vigente sobre gastos en sobres, franqueo, materiales de oficina y fotocopias, el Consejo Resolutivo no tiene inconvenientes en que continúe el sistema actualmente existente, sin perjuicio de que los importes respectivos se imputen a la asignación de gastos operacionales del respectivo parlamentario.
Difusión
1.- El Consejo considera que se encuentran comprendidos en la contratación de medios de comunicación o difusión, los diarios, las revistas y publicaciones de diversa índole, pero a fin de evitar dudas sobre el particular, se explicitará en el Acuerdo definitivo.
2.- La H. Cámara pide precisar quién es el propietario, así como la forma de registro y control, en el evento de que se proceda a la compra de libros o publicaciones especializadas con cargo a este ítem.
La ley señala con claridad que las asignaciones son fondos públicos que no pueden ser utilizados para gastos personales del parlamentario.
De conformidad a las reglas generales, las publicaciones que se adquieran con fondos públicos son de propiedad de la Corporación e ingresan a su patrimonio, de modo que sus adquisiciones, en la medida que sean publicaciones estables (no es el caso de los periódicos) deben inventariarse y dejarse en la Cámara cuando el parlamentario culmine su período.
Si los libros buscan ilustrar al Diputado para el mejor desempeño de su función y han sido adquiridos con fondos públicos, se debe aplicar la misma regla señalada en el párrafo precedente.
3.- La H. Cámara solicita se aclare el régimen jurídico y contractual en materia de difusión por medio de sitios de internet, así como el diseño, desarrollo y mantención de páginas web, cuando el prestador de los servicios sea una persona natural y que los ejecute con habitualidad.
El Consejo Resolutivo cree que la respuesta a esta consulta se encuentra resuelta a propósito de lo señalado en cuanto a la contratación de personas naturales para la prestación de servicios de aseo y/o vigilancia, pudiendo realizarse también este tipo de contrataciones, cuando corresponda, con cargo al nuevo ítem de gasto que se incorporará, denominado “Servicios Menores”.
4.- El Consejo Resolutivo no ve inconveniente alguno en incluir dentro del ítem “difusión” los gastos del servicio de alimentación derivados de las invitaciones hechas por un Diputado a delegaciones para visitar las dependencias de la Cámara de Diputados. En consecuencia, incorporará este aspecto en el Acuerdo final.
5.- Sobre si es posible financiar con cargo al ítem “difusión” la contratación de estudios de opinión y encuestas, el Consejo Resolutivo se limita a señalar que ya se pronunció sobre esta materia en el número 3 de la letra B), a propósito de la asignación de Asesorías externas.
D) Asignación pasajes aéreos nacionales
1.- El Consejo Resolutivo considera que ya se encuentra convenientemente regulado lo atinente a los pasajes aéreos, en razón de que el número de pasajes mensuales considerado es el necesario para el desplazamiento del Diputado desde el distrito que representa hacia la sede del Congreso Nacional y viceversa, y que, además, disponen de seis pasajes anuales ida y vuelta a cualquier punto del país.
2.- La H. Cámara estima que debiera equipararse la situación de los señores Diputados representantes de los distritos 45 y 46 a la regulada para los parlamentarios del distrito 13.
El Consejo considera que tales casos no son equiparables, por cuanto los Diputados del distrito 13 cuentan sólo con 12 pasajes anuales.
No obstante, la situación de los parlamentarios de los distritos 45 y 46 resulta equiparable a la de los diputados que cuentan con pasajes para los denominados “vuelos domésticos”, y, por lo tanto, se incorporará a estos distritos en dicho mecanismo, a fin de que dispongan de pasajes para las islas Santa María y Mocha .
Para tal efecto, se hará la modificación respectiva en el Acuerdo final.
3.- En cuanto a la acumulación de pasajes que no se utilicen durante el mes respectivo, el Consejo Resolutivo se declara partidario de no innovar en este aspecto sobre lo ya resuelto, atendido que ello implicaría dejar sin efecto uno de los principios generales aprobados, los cuales irradian toda la regulación formulada sobre las asignaciones parlamentarias.
Gastos no Asociados a las Asignaciones Parlamentarias
1.- Respecto a la contratación de seguros de vida y de salud para las señoras y señores Diputados y sus conductores, el Consejo no los incluyó en su Acuerdo original por considerar que constituyen un gasto de carácter personal, y, en consecuencia, carece de competencia para pronunciarse sobre la materia.
2.- Sobre si se consideran como gastos no Asociados a las Asignaciones Parlamentarias los pasajes aéreos internacionales motivados en viajes al extranjero en representación de la Corporación o por asistencia a invitaciones oficiales, el Consejo, declara que tienen un tratamiento similar a los viáticos que se entreguen por este concepto.
3.- Corresponde a la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento la regulación de los aspectos atinentes a los gastos en que incurran las Comisiones Permanentes, Especiales e Investigadoras, y, por consiguiente, no toca al Consejo pronunciarse sobre el particular.
Normas Generales
La H. Cámara destaca que, debido a que el 1 de enero de 2012 se producirá un cambio en el sistema de asignaciones, sería necesario contar con un fondo de anticipo respecto de todas las asignaciones.
Sobre esta materia, el Consejo Resolutivo estima que no le corresponde emitir opinión acerca de establecer un fondo de anticipo para el inicio del sistema, esto es, el 1 de enero de 2012.
El Consejo considera que la resolución sobre un único anticipo que sería necesario otorgar, a juicio de esa Cámara, para comenzar la aplicación de la nueva estructura de las asignaciones parlamentarias, cae dentro de las atribuciones propias de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento.
Excelentísimo señor Presidente :
De esta forma el Consejo Resolutivo ha entregado su respuesta acerca de las opiniones formuladas por esa Honorable Cámara de Diputados, relacionadas con el acuerdo adoptado sobre la nueva estructura de las Asignaciones Parlamentarias.
Seguidamente, me permito poner en conocimiento de V.E. diversas resoluciones adoptadas por el Consejo, emanadas de las opiniones emitidas por el Honorable Senado y que también tienen aplicación o incidencia en esa Corporación, según se indicará en cada caso.
1) Asignación personal de apoyo.
a) En cuanto al concepto de habitualidad, el Consejo Resolutivo considera que se refiere a quienes prestan servicios con cierta regularidad a los parlamentarios, es decir, de manera permanente. Para estos efectos, se considerarán como habituales aquellos servicios que se presten con una manifiesta regularidad en el tiempo, no comprendiéndose en dicho concepto, en consecuencia. aquellos servicios discontinuos o esporádicos, que corresponden a necesidades específicas, extraordinarias u ocasionales.
b) Sobre la asignación de complemento de jornada, el Consejo Resolutivo ha resuelto modificar la frase respectiva en el acápite “criterios de uso”, por la siguiente:
“Se incluye en la asignación de personal de apoyo el pago de todo estipendio permanente o esporádico, así como cualquier aporte u otro cargo que recaiga sobre el empleador, con la sólo excepción de la indemnización por año de servicio establecida legalmente.”.
2) Asignación Asesorías Externas:
a) Respecto a que no se incluye en el acuerdo del Consejo la opción de contratos de trabajo, tratándose de la Asignación de Asesorías Externas, el Consejo considera que siempre debe existir contrato de prestación de servicios para efectos de reflejar expresa y claramente las obligaciones y productos que comprende la asesoría, aún cuando se trate de una prestación esporádica.
Por lo demás, no parece recomendable utilizar contratos de trabajo para asesorías externas, pues justamente el objetivo perseguido por el Consejo en esta materia es profesionalizar el uso de estos gastos a través de asesorías especializadas que se obtengan, por ejemplo, de institutos o centros de estudio. No es esta la vía para contratar asesores como trabajadores dependientes, pues el asesor con carácter permanente debe contratarse con cargo a la asignación relativa a personal de apoyo, y no con cargo a ésta asignación.
b) Acerca de la exigencia de que los trabajos o documentos generados por las asesorías externas deban ser entregados, el Consejo precisará en la parte pertinente del acuerdo que dicha obligación consiste en que los documentos estén disponibles a requerimiento del Comité de Auditoría Parlamentaria.
3).- Asignación gastos operacionales oficinas parlamentarias.
a) El Consejo Resolutivo determinó consignar en el acápite “criterios de uso”, que el pago de arriendo incluye la entrega del o los meses de garantía y, si correspondiere, el pago de gastos comunes.
b) Sobre la posibilidad de compartir oficina con diversas autoridades, el Consejo está de Acuerdo en que sólo pueda mantenerse conjuntamente con otro Diputado o con Senadores, para cuyo efecto hará la enmienda del caso en el Acuerdo Final.
c) El Consejo precisará, en “criterios de uso”, que incluye el servicio de transmisión de datos por banda ancha móvil. Asimismo, modificará la parte pertinente en “documentación de respaldo”.
d) El Consejo reemplazará en la columna “documentación de respaldo”, la forma de rendición de cuentas telefónicas por la siguiente:
“Factura (o boleta) de la empresa que presta el servicio de telefonía o de banda ancha móvil mediante los mismos equipos, salvo que sea recibida directamente por la Cámara. En el caso de las oficinas parlamentarias, debe constar su ubicación en la misma factura o boleta”.
e) El Consejo contemplará un nuevo “destino” en el ítem “oficinas parlamentarias” denominado “caja chica” por una cantidad de hasta $200.000.- mensuales, pero sujeto a rendición de cuenta.
^@#@^Traslación.
a) En cuanto a consignar la placa patente en la boleta por carga de combustible, el Consejo determinó eliminar dicha exigencia, lo que consignará en su acuerdo final.
b) El Consejo Resolutivo acordó ampliar la cobertura que se entrega en “criterios de uso” del ítem traslación, a vehículos de terceros que no sean arrendados, pero sólo a aquellos pertenecientes al personal de apoyo del parlamentario.
Materiales de oficina y fotocopias.
a) El Consejo determinó que la compra de libros y revistas también pueda respaldarse con boleta.
4.- Asignación pasajes aéreos nacionales.
a) El Consejo aclarará su Acuerdo en cuanto a que el pasaje mensual adicional de que disponen los señores Diputados de los distritos 1, 2, 45, 46, 57 ,58 ,59 y 60 para vuelos domésticos al interior del distrito, pueda ser de cualquier compañía aérea con o sin convenio con la Cámara.
De igual forma, precisará que los Diputados de los distritos mencionados, podrán usar alguno de los pasajes mensuales también para vuelos domésticos, pero durante el mes correspondiente.
b) En Consejo señalará en su Acuerdo que el pago de pasajes incluye los costos directos asociados, como la tasa de embarque.
c) El Consejo incluirá en su acuerdo final que, en cuanto a los pasajes anuales, estos pueden ser usados sólo por el Diputado, su personal de apoyo o por un asesor externo.
d) El Consejo precisará en su Acuerdo que el convenio con la respectiva línea aérea que suscribe esa Corporación, no se exigirá por cada pago que se efectúe, sino que una sola vez, mientras esté en vigencia.
e) El Consejo Resolutivo, sobre la mención que se hace al informe de la compañía aérea con el detalle de la facturación, puntualiza que no solo se tendrá en consideración la documentación que se acompañe a ésta, sino que el Comité de Auditoría podrá requerir información adicional a la línea aérea si así lo estimare.
Comités Parlamentarios.
El Consejo Resolutivo establecerá un ítem de “caja chica”, a fin de que los Comités puedan disponer de una cantidad de hasta $250.000.- mensuales con cargo a los recursos determinados para la Asignación de personal de apoyo, pero con la obligación de rendir cuenta.
Como consecuencia de las resoluciones adoptadas por el Consejo Resolutivo, me permito adjuntar a V.E. el texto definitivo del Acuerdo que da cuenta del sistema de Asignaciones Parlamentarias, donde se contienen las enmiendas que se consignan en el presente oficio.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V.E. por acuerdo unánime del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.):
(Fdo.): SERGIO PÁEZ VERDUGO , Presidente ; VITTORIO CORBO LIOL, Consejero ; LUIS RIVEROS CORNEJO , Consejero ; ALBERTO ARENAS DE MESA , Consejero ; ANDRÉS EGAÑA RESPALDIZA , Consejero ; CARLOS LOYOLA OPAZO , Secretario Ejecutivo ”.
Resolución N° 01
Santiago , 05 de septiembre de 2011.
A: S.E. el Presidente de la Cámara de Diputados señor Patricio Melero Abaroa
De: Consejo Resolutivo De Asignaciones Parlamentarias Del Congreso Nacional
En cumplimiento de lo preceptuado en el inciso primero del artículo 15 del Reglamento del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, en concordancia con el artículo 66 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y teniendo presente el Oficio N°316, de 14 de diciembre de 2010; la nota de 20 de mayo de 2011, del Secretario General; la comunicación de 31 de mayo de 2011, y el Oficio N° 200, de 19 de julio de 2011, todos de la Cámara de Diputados, el Consejo Resolutivo informa a esa Honorable Comisión de Régimen Interno acerca las resoluciones finales adoptadas sobre la nueva estructura de las asignaciones parlamentarias definidas para esa Corporación.
I. CONSIDERACIONES PREVIAS
El artículo 67 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, estatuye que la Ley de Presupuestos debe consultar anualmente los recursos indispensables para el funcionamiento del Parlamento, sujetándose a la clasificación presupuestaria común para el sector público, para cuyo efecto los Presidentes de ambas Cámaras comunican al Ministro de Hacienda las necesidades presupuestarias del Congreso Nacional.
Por su parte, el artículo 68 de ese mismo cuerpo orgánico prevé que cada Cámara determine la forma como se distribuyen los fondos públicos que les corresponden, es decir, otorga a ambas Corporaciones las facultades necesarias para que, conforme a las normas que respectivamente establezcan, asignen tales recursos al objeto de solventar los diferentes gastos que irroguen las actividades de cada Diputado o Senador, para el cumplimiento de las funciones inherentes a sus investiduras.
Los dos preceptos legales antes citados consagran la autonomía financiera de la Cámara de Diputados y del Senado, atributo considerado determinante para el fortalecimiento del principio fundamental de separación de los Poderes del Estado.
A su vez, en la Ley de Presupuestos no se incluyen descripciones ni reglamentaciones concernientes a las asignaciones parlamentarias. Tampoco se prevé la forma en que éstas se utilizan.
Como consecuencia de lo expresado precedentemente, las normas sobre ejecución de los presupuestos tampoco consignan regulaciones sobre tales aspectos.
En cambio, la dieta parlamentaria se encuentra precisamente definida, atendido que su consagración es a nivel constitucional y, por consiguiente, ella está fuera del ámbito de las atribuciones de Diputados y Senadores.
Derivado de lo expuesto, el examen del empleo de los recursos que componen las diversas asignaciones parlamentarias se radicaba exclusivamente en el Poder Legislativo , que, sobre la base del accionar autónomo de sus dos ramas, determinaba, primero, lo que debía entenderse por cada una de ellas; segundo, los propósitos a cumplir, y, tercero, la manera de regular y fiscalizar su ejecución con relación al Diputado o Senador.
Por último, cabe subrayar que la ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional preceptuaba que el procedimiento para regular el examen y aprobación de las cuentas de gastos también era fijado únicamente por el Parlamento. Para ello, cada Cámara ha de disponer de una Comisión Revisora de Cuentas. Esta debe emitir un informe donde se contenga un examen de los gastos realizados; documento que, para su aprobación, se somete al conocimiento del respectivo pleno y luego se publica en síntesis en el Diario Oficial.
Ahora bien, teniendo en cuenta que se han registrado cambios relevantes en la forma como la sociedad observa el cumplimiento que las autoridades dan a sus cometidos, el Congreso Nacional estimó indispensable materializar un conjunto de reformas modernizadoras, relacionadas con el modo en que sus integrantes desempeñan las funciones legislativa, fiscalizadora y de representación, a fin de dar respuesta satisfactoria a una comunidad que exige cada vez con mayor fuerza el máximo de información y reclama de sus representantes políticos, y de todas sus autoridades públicas, un desempeño más transparente y sujeto a mecanismos de control rigurosos.
En atención a ello, el Senado y la Cámara de Diputados, soberanamente, aprobaron un conjunto de procedimientos que permiten determinar de manera más diáfana las asignaciones que perciben Senadores y Diputados, la finalidad de ellas y las bases en que se sustentan, y, asimismo, los requisitos que han de cumplirse para percibirlas. De esta forma, se persigue, por una parte, robustecer la reputación del Congreso Nacional, dado su carácter de institución fundamental para el desenvolvimiento democrático y republicano del país, y por la otra, reforzar los mecanismos de modernización y transparencia de este Poder del Estado.
Como forma de alcanzar los propósitos expuestos, el Parlamento, mediante el artículo 66 de su Ley Orgánica Constitucional -introducido por la ley N° 20.447-, creó el “Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias”, cuya misión es fijar el monto, el destino, la reajustabilidad y los criterios de uso de los fondos públicos destinados por cada Cámara a financiar el ejercicio de las funciones de Diputados y Senadores. Este órgano se halla integrado por personas ajenas al Congreso Nacional, para garantizar su total autonomía e independencia.
De igual manera, mediante el artículo 66 A previó la existencia de un “Comité de Auditoría Parlamentaria”, servicio encargado de controlar el uso de los recursos públicos destinados a financiar el desempeño de las funciones de los Congresales y de ejercer las demás facultades que le entregan los reglamentos en procura de que su gestión sea absolutamente efectiva y transparente. Este órgano se halla integrado por profesionales seleccionados por el sistema de alta dirección pública y nombrados finalmente por ambas cámaras del Congreso Nacional.
Como es del conocimiento de esa Honorable Comisión, la ley N° 20.447, que introdujo enmiendas a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, reguló las asignaciones parlamentarias al efecto de establecer su objetivo y determinar la conformación de un sistema uniforme en el Senado y en la Cámara de Diputados.
En este contexto, y con la finalidad de definir el contenido, uso y destino de las asignaciones, el Consejo Resolutivo se constituyó el 20 de octubre de 2010. Y su labor, a partir de ese momento, se ha centrado en fijar criterios similares para ambas Corporaciones sobre cuya base se otorguen en el futuro las asignaciones parlamentarias.
El Reglamento del Consejo, que fue aprobado por ambas ramas del Poder Legislativo , define lo que se entiende por “función parlamentaria”. Al efecto, indica que es “toda actividad que realicen Senadores y Diputados, ya sea a nivel distrital, en las circunscripciones senatoriales o en el ámbito nacional, para dar cumplimiento a las funciones y atribuciones que les confieren la Constitución y las leyes. Ella comprende, además, la tarea de representación popular y las diversas labores políticas que llevan a cabo aquéllos y los Comités Parlamentarios.”.
El referido estatuto agrega que, con el propósito de establecer las normas regulatorias de las asignaciones parlamentarias, se deberán considerar los acuerdos y resoluciones adoptados precedentemente por los organismos internos de cada Corporación a los que hubiere correspondido reglar los diversos aspectos y factores: territorio, población y otros de naturaleza similar.
El texto reglamentario en comento dispone que el Consejo debe garantizar, por una parte, que todos los parlamentarios cuenten con una base mínima común de asignaciones y que cada una de estas, a su vez, incluya un monto mínimo común; y por otra, que no se consagre ninguna forma de discriminación arbitraria en la distribución de los recursos destinados al adecuado cumplimiento de la función que llevan a cabo Diputados y Senadores.
En ese contexto, se han tenido en consideración los modelos existentes tanto en el Senado cuanto en la Cámara de Diputados, todo ello con la finalidad de crear un sistema sujeto a los criterios y finalidades determinados por la ley.
Dable resulta afirmar, por ende, que la ley N° 20.447, modificatoria de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, consagra por primera vez a nivel legislativo una regulación integral de las asignaciones parlamentarias. Es posible sostener, entonces, que éstas son un conjunto de fondos públicos que sirven para proveer de facilidades institucionales vinculadas a la labor parlamentaria, conforme los criterios que defina el Consejo Resolutivo, oyendo a las Comisiones de Régimen de ambas ramas del Congreso Nacional.
II. PRINCIPIOS GENERALES
Este Consejo Resolutivo, luego de extensas deliberaciones y tras considerar numerosos antecedentes e informes, así como las observaciones y sugerencias planteadas por ambas ramas del Congreso Nacional en respuesta al primer Acuerdo sobre Asignaciones Parlamentarias emitido por este Consejo, ha determinado sancionar el Acuerdo Definitivo sobre el sistema de asignaciones parlamentarias para el año 2012, teniendo en cuenta los siguientes principios generales:
1.- Los fondos destinados al financiamiento de las asignaciones parlamentarias corresponden a recursos públicos que la Ley de Presupuestos les entrega a las dos ramas del Congreso Nacional, con el objeto de que solventen los gastos en que incurren sus miembros con motivo de las actividades que realizan para cumplir las funciones y ejercer las atribuciones que les fijan la Carta Fundamental y las leyes, las cuales comprenden la tarea de representación popular y las diversas labores políticas que llevan a cabo los Diputados y Senadores y los Comités Parlamentarios.
Por consiguiente, como ya expresamos, se está en presencia de gastos en que incurre el Congreso Nacional para otorgar facilidades institucionales en pro del desarrollo de la actividad de los Parlamentarios. No se trata, pues, de recursos que se asignen personalmente a cada uno de ellos por concepto de renta.
En tal virtud, solo se pueden financiar como asignaciones parlamentarias los gastos que correspondan exclusivamente al objetivo definido por la ley como “función parlamentaria”.
2.- Los gastos se efectúan directamente por cada Corporación. Ello se traduce en que:
a) Las contrataciones de personal, de asesorías y de arrendamiento de inmuebles que soliciten los parlamentarios asociadas a su función, así como los Comités, en ejecución de las asignaciones parlamentarias, serán suscritos únicamente por la respectiva Cámara.
b) Todas las asignaciones parlamentarias reguladas en este Acuerdo quedan sujetas a rendición de cuentas, conforme a las reglas previstas en él, atendido que los recursos públicos que se entregan son para el financiamiento directo del ejercicio de las funciones de Diputado y Senador, y que su uso debe someterse al control del Comité de Auditoría Parlamentaria.
c) En opinión del Consejo Resolutivo, tras la dictación de la ley N° 20.447 y en razón de que los fondos se consignan para ambas Cámaras, a fin de otorgar facilidades institucionales para el desempeño de la labor parlamentaria, el Consejo ha determinado que las contrataciones que para este efecto se realicen deberá materializarlas la Corporación correspondiente.
Tratándose de la contratación de personas naturales, a juicio del Consejo Resolutivo, durante la discusión legislativa que originó la ley N° 20.447, existió consenso en el sentido de que aquellas prestan servicios dirigidos a la función de los Parlamentarios, de modo que no tienen la calidad de “funcionario del Congreso”, sino la de meros prestadores privados para aportar a la labor de los parlamentarios.
Por las consideraciones anotadas, para los efectos de las contrataciones de personas naturales asociadas a las asignaciones parlamentarias dispuestas en este Acuerdo, el Consejo Resolutivo tiene a bien recomendarles al Senado y'a la Cámara de Diputados que se atengan al mecanismo previsto en el artículo 3° A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
d) Los contratos que, financiados con cargo a las asignaciones parlamentarias, se suscriban con personas sujetas a alguno de los vínculos de parentesco a que hace referencia el inciso sexto del artículo 4° de la ley N° 19.886- es decir, los descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575- deberán ser aprobados, mediante resolución fundada, por la Comisión de Ética y Transparencia de la respectiva Cámara, cuando concurran circunstancias excepcionales que lo hagan necesario y siempre que se ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado. No obstante lo anterior, el acto administrativo que dé cuenta de la aprobación del contrato pertinente se efectuará mediante resolución del Secretario General de la Cámara que corresponda, en su calidad de Jefe Superior del Servicio .
3.- Tanto los montos y la ejecución de las asignaciones parlamentarias cuanto los informes de auditorías, en la época en que correspondan, estarán sujetos a las obligaciones de transparencia activa establecidas en los artículos 6° de la ley N° 20.285 y 5° A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, tal como sucede actualmente en ambas Cámaras.
4.- El monto fijado para cada asignación puede destinarse por los Parlamentarios a financiar indistintamente cualquiera de los ítems de gastos comprendidos sólo en la respectiva asignación, conforme a los criterios de uso definidos para los mismos.
Los montos determinados para cada una de las asignaciones en ningún caso son traspasables entre ellas. A su vez, dichos montos tampoco son susceptibles de acumularse mensual o anualmente, con las solas excepciones de las asignaciones Asesorías Externas y Gastos Operacionales, cuyos montos o remanentes mensuales podrán ser acumulados en la misma asignación, aunque sólo por un máximo de tres meses.
5.- Homologación de la estructura de las asignaciones parlamentarias para diputados y senadores.
6.- Los montos de las asignaciones parlamentarias establecidos por el Consejo Resolutivo resultan plenamente consistentes con los recursos presupuestarios que ambas ramas del Poder Legislativo destinarán al financiamiento del ejercicio de la función de Diputado y Senador.
III. ESTRUCTURA DE LAS ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS
El objetivo de las asignaciones parlamentarias es solventar todos los gastos que deban realizar los Senadores y los Diputados en razón del ejercicio de la función parlamentaria, siempre que sean imputables a alguna de las categorías de asignación que se desarrollan a continuación.
A) Asignación Personal de Apoyo.
Su propósito es el financiamiento de todos los gastos relativos a la contratación de personal que colabore directamente con el Senador o Diputado en el cumplimiento de sus funciones y el ejercicio de sus atribuciones.
Como se expresó con anterioridad, el Consejo Resolutivo recomienda que estas contrataciones se sujeten a los términos del artículo 3° A de la Ley Orgánica Constitucional de Congreso Nacional -esto es, que se realicen de acuerdo a las normas del Código del Trabajo y sus disposiciones complementarias. En todo caso, los contratos deberán ser suscritos por la Cámara respectiva.
De igual forma, debieran determinarse los casos en que podrá contratarse a honorarios la prestación de servicios pertinente.
B) Asignación Asesorías Externas.
Su finalidad es financiar la contratación de asesorías externas especializadas en las diversas áreas de la función parlamentaria.
El Consejo Resolutivo considera que las contrataciones de ese tipo, ya sea con personas naturales o jurídicas externas, deberán realizarse mediante contrato de prestación de servicios suscrito por la respectiva Cámara.
C) Asignación Gastos Operacionales.
Su objetivo es solventar los gastos en que se incurre para pagar bienes Y servicios asociados de modo directo al desempeño de la función parlamentaria.
D) Asignación Aéreos Nacionales.
Su propósito es facilitar los desplazamientos del senador o diputado, dentro del territorio nacional, por el cumplimiento de su función parlamentaria.
IV. GASTOS NO ASOCIADOS A LAS ASIGNACIONES
Para los efectos de la determinación de las asignaciones, se precisa que no constituyen gastos asociados a ellas:
a) Los recursos que se destinan para el funcionamiento de la Presidencia y Vicepresidencias de la Cámara de Diputados, por constituir ellos gastos propios del desempeño de representación, de dirección y de funcionamiento de esa Corporación.
b) Los gastos en que incurran las comisiones permanentes, especiales e investigadoras por visitas inspectivas que realicen, que son también de cargo institucional.
c) Los pasajes y los viáticos por viajes al extranjero, dado que se trata de gastos en que incurre la Institución cuando el Diputado concurre a un evento internacional en representación de esa Corporación o cuando debe asistir a un acto de tal índole en respuesta a una invitación oficial.
d) Las indemnizaciones por años de servicio del personal que se contrate.
e) La compra de activos de cualquier naturaleza para apoyo a los Parlamentarios. Los gastos pertinentes serán de cargo de la Cámara de Diputados y formarán parte de su patrimonio.
V. NORMAS GENERALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Los gastos correspondientes a las asignaciones establecidas en el presente acuerdo, deberán ser acreditados mediante los procedimientos generales descritos a continuación, atendiendo a la forma en que se haya incurrido en ellos. Aquellos gastos contratados directamente por la Corporación deberán ser acreditados mediante la documentación que ésta administre.
Respecto de aquellos gastos en los que incurran los parlamentarios directamente, estos deberán ser documentados por medio de un procedimiento de rendición de gastos y reembolso, que deberá seguir los lineamientos a continuación indicados.
1. La rendición deberá ser suscrita personalmente por el Diputado y presentada a los organismos internos de la Cámara que hayan sido encargados del control de las asignaciones, considerando el formato de presentación de la información que estos determinen. En el caso de los Comités Parlamentarios, la rendición deberá ser suscrita por el Diputado a cargo de la Jefatura de Comité.
2. Todo gasto deberá ser oportunamente justificado y respaldado con documentación original.
3. Las rendiciones deberán ser presentadas a más tardar el día 20 del mes siguiente a aquel al que corresponden los gastos, considerando los pagos efectuados entre el primer y último día de dicho mes. Los gastos acreditados, en cualquier caso, no podrán exceder a tres períodos de antigüedad.
4. Los gastos deben respaldarse mediante Facturas emitidas a nombre de la Corporación o cuando ello no sea factible mediante Boletas de Servicios, en cuyo caso se deberá indicar en la rendición el objeto del gasto. En subsidio, y sólo en los casos que se indica en el párrafo VI, se aceptará la utilización de comprobantes y recibos.
5. En cuanto a las boletas de servicios profesionales, de preferencia los parlamentarios deberán solicitar de los prestadores la emisión de boletas electrónicas.
La Cámara de Diputados deberá disponer de los sistemas de administración y control pertinentes en materia de asignaciones parlamentarias.
Cualquier situación no prevista en estas Normas Generales sobre Rendición de Cuentas, deberá ser debidamente comunicada al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias para su pronunciamiento y resolución.
La Documentación de Respaldo requerida para cada uno de los ítems de gastos comprendidos en las Asignaciones Parlamentarias establecidas en el presente Acuerdo, se encuentra detalladas en el párrafo VI siguiente. La referida Documentación es una exigencia común tanto para los Diputados como para los Comités Parlamentarios.
VI. CUADRO ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS: DIPUTADOS
A) Asignación profesional de apoyo
$ 4.750.000 mensual por Diputado
Item Gasto
Destino
Criterios uso
Documentación de respaldo
1) Secretaría
Conratación de personal de secretaría y administrativa para apoyo de la labor parlamentaria.
Apoyo secretaria]ly/o administrativo a la labor parlamentaria (secretarias, choferes, administrativos, etc.). Bajo modalidad de contrato de trabajo tratándose de servicios permanentes. Bajo modalidad de honorarios y con contrato de prestación de servicios, en el caso de servicios no habituales. Se incluye en la Asignación Personal de Apoyo el pago de todo estipendio permanente o esporádico, así como cualquier aporte u otro cargo que recaiga sobre el empleador, con la sola excepción de la indemnización por años de servicio establecida legalmente.
Servicios Simultáneos: este personal podrá prestar servicios a dos o más Diputados simultáneamente, pero bajo un único contrato, estableciéndose expresamente las condiciones contractuales de este personal, especialmente la jornada de trabajo, las tareas y obligaciones que le corresponderá efectuar para cada Diputado y el monto con que cada Diputado concurrirá mensualmente a proveer el pago de la correspondiente remuneración u honorario.
Habitualidad: concepto referido a los servicios que se prestan con cierta regularidad a los Diputados, es decir de manera permanente; no comprendiéndose por tanto aquellos servicios discontinuos o esporádicos, que responden a necesidades específicas, extraordinarias u ocasionales.
Trabajador Dependiente: Contrato de trabajo y Liquidación de Sueldo mensual. Finiquito, cuando corresponda.
^@#@^Trabajador Independiente: Boleta de Honorarios
2) Profesionales
Contratación de personal profesional o técnico para asesoría, asistencia o apoyo de la labor parlamentaria.
Apoyo profesional, técnico y/o político a la labor parlamentaria (jefes de gabinete, asistentes, secretarios, asesores en general). Bajo modalidad de contrato de trabajo tratándose de servicios permanentes. Bajo modalidad de honorarios y con contrato de prestación de servicios, en el caso de servicios no habituales. Se incluye en la Asignación Personal de Apoyo el pago de todo estipendio permanente o esporádico, así como cualquier aporte u otro cargo que recaiga sobre el empleador, con la sola excepción de la indemnización por años de servicio establecida legalmente.
Servicio simultáneos: (Aplican, remitiéndose a los términos definidos en el Ítem 1).
Habitualidad: (Aplica, remitiéndose a los términos definidos en el Ítem 1)
Trabajador dependiente: Contrato de trabajo y liquidación de sueldo mensual. Finiquito, cuando corresponda.
Trabajador independiente: boleta de honorarios mensual y contrato de prestación de servicios en los casos que proceda.
B) Asignación Asesorías externas
$ 2.000.000 mensual por diputado
Ítem Gasto
Destino
Criterios de uso
Documentación de respaldo
3) Asesorías personas naturales
Contratación de profesionales y/o técnicos externos, para la realización de investigaciones, estudios, informes y asesorías en general para asistencia de la labor parlamentaria.
Personas naturalesprofesionales o técnicos- contratados externamente de manera esporádica o permanente, bajo la modalidad de horarios con contrato de prestación de servicios, para la elaboración de estudios, investigaciones, informes y asesorías sobre materias o asuntos científicos, técnicos, económicos, políticos, sociales, estadísticos, comunicacionales, informáticos, tecnológicos, legislativos u otros análogos para asistir a la labor parlamentaria: incluidas asesorías de imagen, estudio de opinión y encuestas. Con título profesional universitario o el grado académico que corresponda a una carrera de a lo menos ocho semestres, y en el caso de técnicos, con título otorgado por entidades acreditadas ante el Ministerio de Educación. Estas personas deberán figurar formalmente en el Registro Especial de Asesores Externos que deberá administrar la Cámara de Diputados.
Servicios simultáneos: (Aplican, remitiéndose a los términos definidos en el Ítem 1).
Habitualidad: (Aplica, remitiéndose a lo definido en el Ítem 1).
Contrato de prestación de servicios de trabajador indpendiente y las correspondientes boletas de honorarios, con detalle de las asesorías prestadas, y, en el caso que proceda, mantener a disposición del Comité de Auditoría Parlamentaria copia de los documentos entregables de la asesoría, de acuerdo a lo estipulado contractualmente.
4) Asesorías personas jurídicas.
Contratación de personas jurídicas para la realización de investigaciones, estudios, informes y asesorías en general para asistencia de la labor parlamentaria.
Personas Jurídicas de carácter técnico o profesional (Universidades, Institutos, Centros de Estudio o de Investigación , Fundaciones, Corporaciones, etc.), contratadas de manera esporádica o permanente, bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, para la elaboración de estudios, investigaciones, informes y asesorías sobre materias o asuntos científicos, técnicos, económicos, políticos, sociales, estadísticos, comunicacionales, inforrnáticos, tecnológicos, legislativos u otros análogos para asistir a la labor parlamentaria; incluidas asesorías de imagen, estudios de opinión y encuestas. Sólo para entidades legalmente constituidas, integradas por profesionales y/o técnicos, y que figuren en el Registro Especial de Asesores Externos que deberá administrar la Cámara de Diputados.
Contrato de prestación de Servicios de la entidad y las correspondientes facturas o boletas de servicios, con detalle de las asesorías prestadas; y en el caso que proceda, mantener a disposición del Comité de Auditoría Parlamentaria copia de los documentos entregables de la asesoría, de acuerdo a lo estipulado contractualmente.
C) Asignación gastos operacionales
$ 4.500.000 Mensual por diputado
Ítem gasto
Destino
Criterios de uso
Documentación de respaldo
5) Oficinas parlamentarias.
Canon de arrendamiento Consumos básicos Servicios de mantención Meses de garantía Gastos comunes Seguros.
Caja Chica (gastos menor cuantía).
Arriendo de oficinas destinadas exclusivamente al cumplimiento de la labor parlamentaria. Los contratos de arriendo de oficinas serán suscritos entre el arrendador y la Cámara de Diputados. Las oficinas deberán localizarse en el Distrito correspondiente. Consumos básicos en las mismas oficinas, tales como electricidad, agua potable, calefacción, TV Cable, Internet, equipamiento computacional u otros análogos. Contratación de seguros para los bienes que guarnecen las oficinas parlamentarias.
Tratándose de oficinas de propiedad del Diputado , se permitirá únicamente el cargo y pago de consumos por servicios básicos, pero sólo para el caso que la oficina esté destinada única y exclusivamente a atender la función parlamentaria.
Las oficinas parlamentarias podrán ser compartidas entre dos o más Diputados, estableciéndose en el contrato a suscribir el monto a prorrata que a cada Diputado corresponde en el gasto (canon de arrendamiento y/o servicios). Si las oficinas se compartieran entre Diputados y Senadores, cada cámara suscribirá el contrato pertinente, estableciéndose en cada uno el monto a prorrata que a cada parlamentario corresponderá en el gasto (canon de arrendamiento y/o servicios).
Caja Chica: con cargo a ésta podrán imputarse gastos de cualquier naturaleza y de menor cuantía, que no se hallaren comprendidos en alguno de los demás ítems establecidos en la presente Asignación, pero solo hasta un monto máximo mensual de $ 200.000.
Contrato de arriendo respectivo.
En el caso de arrendamiento de inmuebles amoblados, el contrato de arriendo respectivo y la factura correspondiente, así como cualquier otro comprobante formal o recibo por pagos adicionales y asociados a la renta del bien arrendado que sean de cargo del arrendador, según lo estipulado contractualmente.
En cuanto a los desembolsos por consumos de servicios básicos (luz, agua, gas u otro), de seguridad y contratos de seguros, éstos deberán respaldarse mediante Factura (o boleta), recibos u otros comprobantes formales que den cuenta del pago realizado. Los conceptos incluidos en la documentación deben ser asociados al uso del bien arrendado.
Respecto de aquellos gastos de caja chica, en que no exista documentación emitida por los prestadores de los servicios, se deberá adjuntar un detalle suscrito por el parlamentario o quien éste designe para estos efectos.
Por documentación formal se entenderá aquella emitida por los administradores relacionados a los inmuebles o los prestadores de los servicios.
6) Telefonía
Consumo telefonía fija - Compra o arriendo de equipos telefonía móvil-Consumo o planes telefonía móvil-Servicios de transmisión de datos por banda ancha móvil.
Equipamientos, planes y servicios de telefonía fija y móvil en oficinas parlamentarias y para su personal de apoyo.
Llamadas Internacionales, incluidas las que se efectúen desde las instalaciones del Congreso Nacional.
Factura o boleta de la empresa que presta el servicio de telefonía o de banda ancha móvil incluyendo los equipos, excepto el caso de aquellos servicios amparados bajo convenios suscritos por la Corporación, en cuyo caso la facturación es emitida a nombre de esta.
En el caso de oficinas parlamentarias, debe constar su ubicación en la factura o boleta.
7) Traslación
Vehículos Tag y peajes Pasajes movilización terrestre, lacustre, fluvial y marítima Alojamiento Alimentación Viáticos.
Vehículos: reparación y mantención de vehículos de propiedad del Diputado . Peajes (incluidas autopistas concesionadas), Tag, televías y consumo de combustible, para todos los vehículos destinados a apoyar la función parlamentaria, tanto de propiedad del Diputado como los tomados por éste en arriendo y los de propiedad del personal de apoyo destinados al mismo propósito. Amortización por desgaste de un vehículo destinado a la función parlamentaria, por un monto máximo de $ 200.000.- mensuales, incluido dentro del monto global de la presente asignación.
Gastos inherentes a la traslación, alimentación y alojamiento del Personal de Apoyo. Alojamiento del Diputado . Viático del Diputado para su traslado entre el Distrito y el Congreso Nacional (sedes Valparaíso y Santiago), equivalente al monto del viático que corresponde a un Ministro de Estado y con un tope de 12 días en el mes, salvo aquellos meses en que se verifiquen cuatro semanas legislativas, en cuyo caso se pagarán los días adicionales que correspondan a 15 días.
Vehículos: Factura (o boleta) emitidas por carga de combustible. También considera Factura (o boleta) por servicios de mantenimiento y/o mecánica general. En el caso de arriendo de vehículos de alquiler se requiere Factura (o boleta).
Peajes: Factura (o boleta) emitida por concesionarias de autopistas urbanas (Tag o Televía) o comprobantes de pago efectuados en peajes de autopistas y carreteras nacionales.
Alimentación: Factura (o boleta) emitida por entidad expendedora de alimentos u otorgadora de servicios, pudiendo para el caso de consumos en la Corporación, documentarse mediante vouchers internos.
Alojamiento: Factura (o boleta) de Hotel por concepto de hospedaje.
Movilización: Boleto o comprobante de Pasaje de cualquier medio de transporte que haya sido utilizado por el Diputado o su personal de apoyo ( Autobús , Tren, Taxi, Transfer u otro).
La amortización de los vehículos y el viático establecido en este numeral, no requerirán de documentación de respaldo.
8) Correspondencia
Correspondencia-Encomiendas-Sobres franqueados.
Envío de Correspondencia. Servicio de Courier y Encomiendas. Emisión de sobres franqueados o personalizad os.
Sobres franqueados: forman parte del inventario de insumos generales administrado directamente por la Cámara, cuyo consumo en unidades se controla en función de los pedidos efectuados y no se genera documentación externa que sea exigible al Diputado o su personal de apoyo.
Servicio de Courier: para envío de valijas o encomiendas, también es gestionado directamente por la Cámara.
Sobres de Navidad: Factura (o boleta) por los servicios de correo.
9) Materiales de oficina
Artículos de escritorio-focopias.
Destinado a proveer de materiales y artículos de escritorio a las oficinas parlamentarias (Congreso Nacíonal-Valparaíso, y Distritos). Fotocopias.
Materiales de Oficina: Factura (o boleta) del proveedor, salvo que correspondan a insumos administrados directamente por la Corporación, en cuyo caso, el consumo se controla en función de los pedidos efectuados.
Fotocopias: Factura (o boleta) del proveedor; salvo los servicios de proveedores externos contratados y administrados directamente por la Corporación, cuyo control es realizado en función de los consumos efectivos.
10) Difusión
Contratación de medios de comunicación o difusión-Diseño y elaboración de impresos en general-Suscripciones-Compra de libros y de publicaciones.
Destinado a financiar la provisión de productos o servicios para difusión de la actividad del Diputado.
Servicios de imprenta, fotografía, grabación y filmación.
Contratación de espacios en radioemisoras, canales de televisión, diarios, revistas, publicaciones diversas y sitios de Internet. Compra y mantención de nombres de dominio (NIC Chile). Suscripciones a diarios, revistas u otras publicaciones periódicas. Compra de libros, revistas y publicaciones en general para apoyo de la labor parlamentaria. Los libros y publicaciones análogas serán de propiedad de la Cámara y quedarán bajo la custodia del Diputado .
Alimentación de delegaciones invitadas por el Diputado para visitar la sede del Congreso Nacional.
Medios: Factura o boleta de servicios u honorarios en la cual se indique el servicio de difusión prestado. En caso de existir contrato, este deberá adjuntarse al documento que acredite el primer pago, y en cada ocasión que el contrato se modifique.
Impresos: Factura (o boleta] de los servicios de imprenta o similares, salvo que no se genere documentación externa por corresponder a un servicio que administre directamente el Senado; debiendo quedar un ejemplar de muestra, adjunto al comprobante de pago respectivo, para lo cual, se privilegiará el uso de ejemplares del trabajo realizado, o bien, dejar un respaldo en aquellos medios que resulten más adecuados.
Suscripciones y compra de publicaciones: Factura (o boleta) por compra de libros o suscripciones contratadas.
Servicios Web. Facturas (o boletas de servicios); y los contratos cuando se suscriban.
Alimentación: Factura (o boleta) emitida por entidad expendedora de alimentos u otorgadora de servicios, pudiendo para el caso de consumos en la Corporación, documentarse mediante vouchers internos.
11) Actividades
distritales
Actividades territoriales del diputado destinadas -entre otras- a su interacción con autoridades, representantes o miembros de la comunidad, eventos y paneles con técnicos y expertos; y la atención a todos ellos.
Gastos que demande la realización de reuniones o encuentros con representantes o integrantes de entidades públicas o privadas, y con organizaciones o miembros de la comunidad; y las reuniones de trabajo, paneles o eventos con expertos y técnicos. Gastos por la atención a autoridades, personalidades o invitados del Diputado . Con cargo a este Ítem no podrá destinarse más de $ 600.000.- mensuales dentro del monto global de la presente Asignación.
De los gastos que se imputen a este ítem, se rendirá cuenta mensual, en forma genérica, y considerando una desagregación por rubro que permita ilustrar sobre el contenido fundamental de dichos gastos, debiendo el diputado acompañar una declaración jurada simple que acredite que los recursos respectivos se han invertido en las actividades parlamentarias establecidas en el presente Ítem.
12) Servicios menores
Servicios menores para la atención, sustento y mantención de oficinas parlamentarias.
Provisión de servicios menores en oficinas parlamentarias, tales como vigilancia, aseo, mantención de páginas web, entre otros de similar naturaleza. Con cargo a este ítem no se podrá destinar mensualmente más de $ 250.000.
Factura, boleta de servicios u honorarios, comprobante o recibo.
D) Asignación pasajes aéreos nacionales
Monto variable según Distrito
Ítem gasto
Destino
Criterios de uso
Documentación de respaldo
13) Pasajes aéreos nacionales
Para desplazamientos del Diputado desde el Distrito que representa hacia la sede del Congreso Nacional, y viceversa, y en el resto del territorio nacional.
Regla general:
Cuatro pasajes mensuales y seis pasajes adicionales anuales, por Diputado .
Los Diputados de los Distritos 1, 2, 45, 46, 57, 58, 59 y 60, adicionalmente tendrán derecho al equivalente a un pasaje mensual, para su uso exclusivo, y para el solo objeto de financiar vuelos domésticos al interior del distrito. Los Diputados de estos Distritos también podrán efectuar vuelos domésticos con cargo a los cuatro pasajes mensuales.
Los pasajes mensuales son ida y vuelta al Distrito del Diputado, y son para uso exclusivo de éste.
Los pasajes anuales son ida y vuelta a cualquier punto del país (excluida Isla de Pascua), son indistintamente para uso del Diputado , de su personal de apoyo y de sus asesores externos, y podrán ser usados en cualquier época del año.
La adquisición de pasajes aéreos incluye los costos directos asociados, como la tasa de embarque.
Situación Especial:
Los Diputados correspondientes a los Distritos 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40, tendrán -con cargo a la presente asígnación-, únicamente derecho a doce pasajes anuales ida y vuelta, a cualquier punto del país (excluida Isla de Pascua) y en cualquier época del año, son indistintamente para uso del Diputado , de su personal de apoyo y de sus asesores externos. En el caso de los Diputados correspondientes al Distrito N° 13, éstos tendrán derecho a destinar, dentro de los señalados doce pasajes anuales, hasta un máximo de cuatro pasajes ida y vuelta a distribuir entre las comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández -según determine el diputado -, para su uso exclusivo, y también para ser usados en cualquier época del año.
Los pasajes aéreos regulados en la presente Asignación -cualesquiera sean éstos- en ningún caso serán acumulables. Por tanto, los mensuales se agotarán en el mes correspondiente y los anuales en el año pertinente; no pudiendo ser endosados o canjeados.
La documentación para el caso de servicios de transporte aéreo amparados en Convenios es administrada directamente por la Corporación.
Esta documentación incluye el convenio con línea aérea, la Facturación e Informe con el detalle de la facturación, incluyendo información de pasajeros transportados bajo el convenio, entre otras.
Facturas (o boletas) en el caso de transporte aéreo provisto por compañía sin convenio suscrito con la Corporación.
VII. ASIGNACIONES DE COMITES PARLAMENTARIOS - DIPUTADOS
En lo concerniente a los Comités Parlamentarios, estos se hallan sujetos a la misma nomenclatura de asignaciones parlamentarias definidas para los Diputados, en los términos que se indican a continuación:
Asignación Personal de Apoyo
$ 750.000.- (mensual por Diputado )
Asignación Asesorías Externas
$ 250.000.- (mensual por Diputado )
Asignación Gastos Operacionales
$ 20.000.- (mensual por Diputado )
* Con cargo a la asignación Personal de Apoyo, los Comités Parlamentarios podrán destinar hasta una suma de $250.000.- mensuales por gastos de menor cuantía, denominado “Caja Chica”.
PREVENCIÓN FINAL
“Honorable Comisión:
El Consejo Resolutivo ha resuelto que el Acuerdo adoptado sobre la nueva estructura, montos, destinos y usos de las asignaciones parlamentarias -es decir, en su integridad-, entre en vigencia el 1 de enero de 2012, dado que será menester que los señores Diputados se adecuen al esquema planteado, lo que implicará establecer mecanismos que les permitan usar eficazmente los recursos que la Cámara ponga a su disposición para el desempeño de las funciones que les corresponden y el ejercicio de las atribuciones de que están dotados.
Igual situación es válida asimismo para esa Corporación, pues deberá ajustar sus estructuras administrativas a las nuevas exigencias derivadas de este Acuerdo, de modo tal que los
órganos internos pertinentes puedan realizar eficazmente su cometido y dar respuestas adecuadas a los diversos requerimientos que se les formulen.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SERGIO PÁEZ VEDUGO , Presidente ; VITTORIO CORBO LIOI, Consejero ; LUIS RIVEROS CORNEJO , Consejero ; ALBERTO ARENAS DE MESA , Consejero ; ANDRÉS EGAÑA RESPALDIZA , Consejero ; CARLOS LOYOLA OPAZO , Secretario Ejecutivo ”.