Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Andrea Molina Oliva
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDO DE LOS COMITÉS.
- V. ORDEN DEL DÍA.
- FOMENTO DE LAS DONACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE SUS PROCEDIMIENTOS. Modificación de las leyes Nos 20.444 y 19.885. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Joaquin Godoy Ibanez
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Ernesto Silva Mendez
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Eduardo Antonio Cerda Garcia
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Issa Farid Kort Garriga
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- DEBATE
- DEBATE
- PROYECTO APROBATORIO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO-MILITAR ENTRE CHILE Y LA FEDERACIÓN DE RUSIA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Eduardo Antonio Cerda Garcia
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 19.451 CON LA FINALIDAD DE REFORZAR LA DONACIÓN DE ÓRGANOS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Victor Marcelo Torres Jeldes
- INTERVENCIÓN : Karla Rubilar Barahona
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- INTERVENCIÓN : Gabriel Silber Romo
- DEBATE
- FOMENTO DE LAS DONACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE SUS PROCEDIMIENTOS. Modificación de las leyes Nos 20.444 y 19.885. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- DESTINACIÓN DE 2 POR CIENTO DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON FINES SOCIALES Y BENÉFICOS. (Preferencia).
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Carolina Goic Boroevic
- Patricio Melero Abaroa
- David Sandoval Plaza
- Mario Bertolino Rendic
- Pedro Araya Guerrero
- Pepe Auth Stewart
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Alfonso De Urresti Longton
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Guillermo Leon Teillier Del Valle
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Juan Carlos Latorre Carmona
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Mario Venegas Cardenas
- Roberto Leon Ramirez
- Pablo Lorenzini Basso
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Carolina Goic Boroevic
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ADMINISTRACIÓN PLENA DE LOS LICEOS EMBLEMÁTICOS DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA A CARGO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Lautaro Carmona Soto
- Alberto Robles Pantoja
- Sergio Aguilo Melo
- Marcelo Schilling Rodriguez
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Guillermo Leon Teillier Del Valle
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Cristian Campos Jara
- Cristina Girardi Lavin
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- DESTINACIÓN DE 2 POR CIENTO DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON FINES SOCIALES Y BENÉFICOS. (Preferencia).
- VII. INCIDENTES
- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN RESERVA HISTÓRICA DE ISLA NEGRA. Oficios.
- PREOCUPACIÓN DE TRABAJADORES DE TAXIS COLECTIVOS DE PROVINCIAS DE TALAGANTE Y MELIPILLA POR PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES. Oficios
- CUESTIONAMIENTO A FACULTADES DE LOS CONSEJEROS REGIONALES DE ATACAMA. Oficios.
- PREOCUPACIÓN POR DISMINUCIÓN DE TRIBUNALES CIVILES EN LA COMUNA DE PUENTE ALTO. Oficios.
- CONFECCIÓN DE EVENTUAL LISTA NEGRA EN ISAPRE CONSALUD. Oficios.
- FABRICACIÓN DE BILLETES EN CASA DE MONEDA. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- PROBLEMAS PREVISIONALES DE TRABAJADORES DE HOSPITAL HERMINDA MARTÍN DE CHILLÁN. Oficios.
- ADHESION
- Alfonso De Urresti Longton
- ADHESION
- IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE APROXIMACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE PROCESO DE MEJORAMIENTO DE TERMINAL AÉREO DE PICHOY, VALDIVIA. Oficios.
- MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO DE TERRENOS DESTINADOS A CANCHAS PARA CLUBES DE VALDIVIA. Oficios.
- INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIA EN PASAJE LAS IRIS, POBLACIÓN LOS JAZMINES, VALDIVIA. Oficios.
- ADHESION
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- ADHESION
- PROBLEMAS PREVISIONALES DE TRABAJADORES DE HOSPITAL HERMINDA MARTÍN DE CHILLÁN. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Claudia Nogueira Fernandez
- Marisol Turres Figueroa
- Jose Ramon Barros Montero
- Eugenio Bauer Jouanne
- Enrique Estay Penaloza
- Romilio Gutierrez Pino
- Ivan Norambuena Farias
- Felipe Salaberry Soto
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Celso Rene Morales Munoz
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- Enrique Estay Penaloza
- Gustavo Hasbun Selume
- Issa Farid Kort Garriga
- Cristian Letelier Aguilar
- Ivan Norambuena Farias
- Manuel Rojas Molina
- Joel Rosales Guzman
- David Sandoval Plaza
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Felipe Ward Edwards
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Gonzalo Arenas Hodar
- Jose Antonio Kast Rist
- Patricio Melero Abaroa
- Celso Rene Morales Munoz
- Carlos Recondo Lavanderos
- Felipe Salaberry Soto
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Celso Rene Morales Munoz
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Sergio Bobadilla Munoz
- Javier Hernandez Hernandez
- Patricio Melero Abaroa
- Ivan Norambuena Farias
- Carlos Recondo Lavanderos
- Manuel Rojas Molina
- Ernesto Silva Mendez
- Felipe Ward Edwards
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Carolina Goic Boroevic
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Claudia Nogueira Fernandez
- Eugenio Bauer Jouanne
- Gustavo Hasbun Selume
- Cristian Letelier Aguilar
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Felipe Salaberry Soto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Informe de la delegación de parlamentarios que concurrió a la 125ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas, desarrollada en Berna, Suiza, entre el 14 y el 19 de octubre de 2011.
- AUTOR DE INFORME DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA
- Juan Antonio Coloma Correa
- Juan Pablo Letelier Morel
- Patricio Walker Prieto
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Claudia Nogueira Fernandez
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Roberto Leon Ramirez
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- AUTOR DE INFORME DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 359ª
Sesión 104ª, en jueves 3 de noviembre de 2011
(Ordinaria, de 10.11 a 13.08 horas)
Presidencia de los señores Melero Abaroa, don Patricio; Araya Guerrero, don Pedro, y Bertolino Rendic, don Mario.
Secretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario , el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 10
II. Apertura de la sesión 13
III. Actas 13
IV. Cuenta 13
- Acuerdo de los Comités 13
V. Orden del Día.
- Fomento de las donaciones y simplificación de sus procedimientos. Modificación de las leyes Nos 20.444 y 19.885. Primer trámite constitucional 14
- Proyecto aprobatorio del convenio de cooperación técnico-militar entre Chile y la Federación de Rusia. Primer trámite constitucional 31
- Modificación de la ley N° 19.451 con la finalidad de reforzar la donación de órganos. Primer trámite constitucional 37
VI. Proyectos de acuerdo.
- Destinación de 2 por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional al desarrollo de actividades con fines sociales y benéficos. (Preferencia) 46
- Administración plena de los liceos emblemáticos de la comuna de Providencia a cargo del Ministerio de Educación 49
VII. Incidentes.
- Construcción de edificio en reserva histórica de Isla Negra. Oficios 51
- Preocupación de trabajadores de taxis colectivos de provincias de Talagante y Melipilla por precios de los combustibles. Oficios 51
- Cuestionamiento a facultades de los consejeros regionales de Atacama. Oficios 52
- Preocupación por disminución de tribunales civiles en la comuna de Puente Alto. Oficios 53
- Confección de eventual lista negra en Isapre Consalud. Oficios 54
- Fabricación de billetes en Casa de Moneda. Oficio 54
VIII. Anexo de sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 55
- Problemas previsionales de trabajadores de Hospital Herminda Martín de Chillán. Oficios 55
- Implementación de sistema de aproximación e información sobre proceso de mejoramiento de terminal aéreo de Pichoy, Valdivia. Oficios 55
- Mejoramiento y saneamiento de terrenos destinados a canchas para clubes de Valdivia. Oficios 56
Pág.
- Instalación de sistema de evacuación de aguas lluvia en pasaje Las Iris, población Los Jazmines, Valdivia. Oficios 54
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual retira la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “Establece Ley Marco de los Bomberos de Chile.”. (boletín N° 7897-22) 58
2. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, estableciendo requisitos alternativos para obtener licencia profesional.”. (boletín N° 7319-15) 58
3. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, que “Modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, para dotar de atribuciones en materias financieras, entre otras, al Servicio Nacional del Consumidor.”. (boletín N° 7094-03) 58
4. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha rechazado en general el proyecto iniciado en mensaje sobre “Voto de chilenos en el extranjero.”. (boletín N° 7335-07(S), de acuerdo al artículo 68 de la Carta Fundamental) 74
5. Moción de las diputadas señoras Nogueira, doña Claudia, y Turres, doña Marisol y de los diputados señores Barros, Bauer, Estay, Gutiérrez, don Romilio; Norambuena, Salaberry, Van Rysselberghe y Von Mühlenbrock, que “Establece un reglamento de convivencia vecinal en relación a problemas derivados de ruidos molestos”. (boletín N° 8016-06) 75
6. Moción de los diputados señores Morales, Calderón, Estay, Hasbún, Kort, Letelier, Norambuena, Rojas, Rosales y Sandoval, que “Obliga a destinar entradas para los espectáculos de fútbol profesional al club visitante”. (boletín N° 8017-25) 76
7. Moción de los diputados señores Ward, Álvarez-Salamanca, Arenas, Kast, Melero, Morales, Recondo, Salaberry, Vilches y de la diputada señora Hoffmann, doña María José, que “Sanciona a quien fraudulentamente obtenga algún beneficio del Estado”. (boletín N° 8018-07) 77
8. Moción de los diputados señores Morales, Álvarez-Salamanca, Bobadilla, Hernández, Melero, Norambuena, Recondo, Rojas, Silva y Ward, que “Establece un seguro obligatorio a los establecimientos donde se imparte artes marciales en la forma que indica”. (boletín N° 8019-29) 79
9. Moción de las diputadas señoras Zalaquett, doña Mónica; Cristi, doña María Angélica; Goic, doña Carolina; Hoffmann, doña María José y Nogueira, doña Claudia, y de los diputados señores Bauer, Hasbún, Letelier, Monckeberg, don Nicolás, y Salaberry, que “Modifica la Ley de Filiación, crea la figura del defensor de ausentes en juicios de paternidad y faculta la realización de pruebas biológicas a parientes consanguíneos”. (boletín N° 8020-18) 80
Pág.
10. Informe sobre la participación de las diputadas señoras María Angélica Cristi, Claudia Nogueira, María Antonieta Saa, y de los diputados señores Carlos Abel Jarpa, Roberto León y Miodrag Marinovic en la 125ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) y Reuniones Conexas, realizada entre los días 14 y 19 de octubre de 2011, en Berna (Suiza) 82
11. Oficio del Tribunal Constitucional mediante el cual remite copia autorizada de la sentencia de control de constitucionalidad referida al proyecto aprobado por el Congreso Nacional que “Regula el cierre de faenas e instalaciones mineras.”. Boletín 6415-08(S). Rol 2036-11-CPR. (6760) 90
- Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales pone en conocimiento de la Cámara de Diputados los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
12. artículo 206 del Código Civil. Rol 2081-11-INA. (6723) 91
13. artículo 70 del Código de Minería. Rol 2053-11-INA. (6771) 92
14. artículo 70 del Código de Minería. Rol 2054-11-INA. (6775) 92
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
- De la diputada señora Goic, doña Carolina, por la cual autoriza a la diputada señora Zalaquett, doña Mónica y al diputado señor Sabag, don Jorge, para que adhieran al proyecto que “Declara el 29 de noviembre como día nacional del niño y niña nacidos prematuros”. Boletín N° 7971-24.
- Del Jefe de Bancada de Diputados de Unión Demócrata Independiente por la cual informa que la diputada señora Molina, doña Andrea reemplazará al diputado señor Van Rysselberghe en la Comisión Especial de la Juventud.
2. Oficios:
Respuestas a Oficios Cuenta 104ª
Contraloría General de la República:
- Diputado Campos , Solicita se informe sobre la observancia de la legalidad en la construcción de una torre y de una estación base de telefonía celular en la propiedad ubicada en Camino del Amanecer N° 1.871, comuna de Concepción, por parte de la empresa de telecomunicaciones Claro Chile S.A. (65396 al 2133).
Ministerio de Interior:
- Diputado Hasbún, Solicita informar sobre la implementación de la ley N° 20.487, que otorga ascenso extraordinario al personal de Carabineros como reconocimiento póstumo, en particular, los casos que se encuentran pendientes, así como las razones de la demora en el cumplimiento de esta normativa. (21220 al 3434).
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado Saffirio, Razones del retraso en la ejecución del estudio de diseño para el proyecto del Comité de agua potable rural Llamaico Puculfel. (2616 al 4404).
- Diputado Sauerbaum, Solicita informar sobre la factibilidad de asfaltar o pavimentar los doce kilómetros de ripio de la ruta entre San Carlos y Nahueltoro, en la provincia de Ñuble, Región del Biobío , en los tramos Torreón-La Ribera de Ñuble, La Ribera de Ñuble-Tres Esquinas, y Las Arboledas-Camino a San Fabián, asimismo, acerca de los plazos en que se podría realizar esta obra vial, y además, para que, si lo tiene a bien, considere la reparación del camino Las Camelias, que une el sector de la Ribera de Ñuble con el camino de San Fabián, en la referida provincia. (2617 al 4450).
- Diputado Ortiz, Factibilidad de iniciar, a la brevedad, el proceso de licitación de los estudios de ingeniería para las obras de la Costanera Concepción-Chiguayante, que ya cuenta con el proceso de factibilidad técnica económica afinado. (2619 al 4343).
- Diputado Sabag, Informe a esta Cámara sobre el tráfico aéreo anual y mensual, en los últimos años, entre las ciudades de Santiago y Concepción, y, el número de vuelos fallidos por inclemencias del tiempo, evaluando posibles soluciones tecnológicas que permitan superar la niebla en Carriel Sur y una nueva localización para un aeropuerto entre Chillán y Los Ángeles. (2620 al 4400).
Ministerio de Agricultura:
- Diputado Martínez, Informe acerca de los estudios científicos sobre el impacto del proyecto de levantamiento de una planta de tratamiento de lodos en la cuenca hidrográfica del río Itata, sus características, su estado actual, la empresa a cargo, el cronograma establecido y sus consecuencias productivas y sobre la salud de los residentes, además de la adopción de medidas que incluyan la realización de un Estudio de Impacto Ambiental y la participación de la comunidad. (801 al 4832).
Ministerio de Bienes Nacionales:
- Diputado Bertolino, Posibilidad de buscar una solución que permita a las empresas que participaron en la licitación efectuada, por este Ministerio, para la instalación de un parque acuático en la localidad de Puerto Aldea, en la comuna de Coquimbo, contar con un plazo mayor para establecerse, en atención a la necesidad de contar con los trabajos de mantención que requiere el camino de acceso. (776 al 4184).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social:
- Diputado Meza, Solicita informar a esta Corporación acerca del estado de avance de los estudios destinados a diseñar una fórmula que permita resolver el daño previsional que afecta a los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (263 al 4238).
- Diputado Robles, Solicita instruir a la Dirección del Trabajo de la Región de Atacama para que fiscalice las condiciones de trabajo y el respeto de los derechos laborales de las trabajadoras temporeras en esa región. (4182 al 2142).
Ministerio de Minería:
- Proyecto de Acuerdo 370, “Solicita un representante de Codelco División El Teniente en la mesa de diálogo de los trabajadores contratistas de esa División.” (675).
Ministerio de Energía:
- Diputada Turres doña Marisol, Solicita se informe el resultado del estudio sobre potencial de energía mareomotriz en Chile, realizado, en 2007, por la consultora inglesa Garrad Hassan & Partners, particularmente lo que dice relación con costos, propuestas y viabilidad (1625 al 2403).
- Diputado De Urresti, Solicita información acerca del grado de avance de los proyectos de electrificación rural en los sectores Tres Chiflones y Cadillal Alto, comuna de Corral, Región de Los Ríos (1629 al 2632).
- Diputado Sandoval, Solicita informe sobre la factibilidad de acceder a la petición formulada por el Consejo de Desarrollo Armónico de la Región de Aisén, consistente en la implementación de un subsidio al consumo de leña (1691 al 2732).
- Diputado Saffirio, Estado de las negociaciones para que la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, venda gas natural líquido, (GNL), para ser distribuido en las redes subterráneas de la ciudad de Temuco, a precio competitivo con el de la leña, a fin de disminuir la emisiones de material particulado. (1707 al 3932).
- Diputado Robles, Solicita se informe sobre la profesión y el nivel de capacitación de los directores regionales y los fiscalizadores del Servicio de Electricidad y Combustibles (1730 al 1644).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputada Sabat doña Marcela, Solicita informar acerca del pronunciamiento favorable al proyecto vial que elimina una extensión aproximada de doscientos metros de superficie a la Plaza Alessandri, Comuna de Providencia (4496 al 1927).
- Diputado Walker, Medidas compensatorias que se adoptarán a favor de los trabajadores que queden cesantes con ocasión de la próxima licitación de los puertos a un mono operador, especialmente la entrega de un bono de mitigación y/o pensiones de gracia a favor de quienes presentan lagunas previsionales . (4596 al 4544).
- Diputado Díaz don Marcelo, Causas de la falta de implementación del subsidio establecido en la letra b) del artículo 4° de la ley N° 20.378, respecto de la entrega a los usuarios de una tarjeta o voucher que les permita hacer uso del transporte colectivo mayor y/o del que efectúan taxis y taxis colectivos, a su arbitrio, precisando si se debe a una falta de cumplimiento de la ley o a la necesidad de una reglamentación especial (4645 al 2096).
Ministerio Secretaría General de Gobierno:
- Proyecto de Acuerdo 407, “Otorgar a dirigentes sociales tarjeta de rebaja en transporte público.” (30).
- Proyecto de Acuerdo 458, “Apoyar las iniciativas de ley tendientes a reforzar la Agenda Democrática del país.” (30).
Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
- Diputado Auth, Solicita informe sobre el destino que se le dará a los terrenos del ex aeropuerto Cerrillos, en su calidad de principal zona para el crecimiento y desarrollo urbano de la Región Metropolitana (1740 al 2480).
Ministerio de Planificación y Cooperación:
- Diputado De Urresti , Posibilidad de reevaluar la situación de extrema vulnerabilidad en que se encuentra la señora Magaly Ivonne Aguilera Rodríguez y su grupo familiar, domiciliados en la localidad de Malahue, comuna de Lanco, Región de Los Ríos, y considerar el otorgamiento de ayuda social. (2680 al 3970).
- Diputado Tuma, Informe los parámetros de evaluación que se usan para asignar los puntajes en la ficha de protección social. (2681 al 4619).
Ministerio Medio Ambiente:
- Diputada Molina doña Andrea, Informe sobre la calificación que posee la actividad productiva de Marine Farms en la península de Curaumilla y las conclusiones a que arribó al respecto el Servicio de Evaluación Ambiental con ocasión de los oficios 1.578 y 1.579. (111887 al 4613).
Ministerio de Cultura y de las Artes:
- Proyecto de Acuerdo 441, “Solicitar a S.E. el Presidente de la República que remita a tramitación legislativa una iniciativa de ley que modifique la normativa de otorgamiento de Premios Nacionales.” (1148).
Intendencias:
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita gestionar la pronta dictación de la resolución sanitaria para el sistema de alcantarillado San Isidro - Calingasta, en la comuna de Vicuña, necesaria para el comercio y nuevos proyectos habitacionales en el mencionado sector. (1316 al 2490).
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita apresurar la entrega de ayuda a pescadores artesanales de la comuna de La Higuera, cuyas embarcaciones fueran dañadas por el maremoto del 27 de febrero del año 2010. (1317 al 2600).
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita informar sobre el estado y cronograma del proyecto para la construcción de una posta en la localidad de Huanta, en la comuna de Vicuña, y acerca de la factibilidad de adelantar los plazos para su ejecución. (1330 al 4524).
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita atender las demandas de los vecinos de Caleta Los Hornos, en la comuna de La Higuera, relacionadas con algunas obras complementarias que es necesario realizar, en esa localidad, en el proyecto de doble vía de la Ruta 5, entre La Serena y Vallenar, a saber pantallas acústicas en los sectores de la Avenida Las Palmeras y Tierras Blancas, un cierre u otra medida adecuada de seguridad en el lugar en que se ubica la cancha utilizada para la práctica de fútbol, y, finalmente, un estacionamiento para el restaurante “Miramar”. (1331 al 2385).
Servicios:
- Diputado Díaz don Marcelo, Traspaso, a la municipalidad de Vicuña, del terreno ubicado en las calles Cabo de Hornos y Golfo de Penas, de la localidad de Villaseca, para ser destinado a la construcción de una multicancha deportiva. (5197 al 4121).
- Diputado De Urresti, Solicita informar sobre el estado del proyecto denominado Centro de Valorización de Materiales Reciclados Los Ríos, y, asimismo, acerca de las razones por las que la mencionada iniciativa no ha sido sometida a un estudio de impacto ambiental. (521 al 4754).
Varios:
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita informe respecto de la fórmula de solución presentada por la empresa Conafe en el marco de errores en la facturación a sus clientes, particularmente de la Región de Coquimbo, de su eficacia y de la forma en que se ha implementado. Y, además, solucionar la problemática que afecta al domicilio de don Carlos Díaz Marín, de la Villa Potrerillos, comuna de Coquimbo, debido a la existencia de un cable o tirante de un poste de baja o media tensión del tendido eléctrico de la empresa Conafe (108880 al 3965).
- Diputado Marinovic, Considere en la fijación de las nuevas tarifas de las empresas sanitarias, situaciones extraordinarias como el crédito tributario y la bonificación a la mano de obra, además de excluir el cobro de la “visita de corte” y acordar una rebaja significativa para los próximos cinco años. (4492 al 2514).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (111)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio IND VII 37
Alinco Bustos René PRO XI 59
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto IND XIV 53
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Kort Garriga, Issa Farid UDI VI 32
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Asistió, además, el ministro de Hacienda , don Felipe Larraín.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.11 horas.
El señor MELERO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MELERO (Presidente).- El acta de la sesión 98ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 99ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
El señor MELERO (Presidente).- Para un asunto de la Cuenta, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , en la Cuenta de ayer figuraba el primer informe de la Comisión Especial de Bomberos recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece Ley Marco de los Bomberos de Chile. Según tengo entendido, se retiró la urgencia a dicho proyecto. Por lo tanto, pido que la Mesa lo ponga en Tabla para tratarlo la próxima semana, porque su despacho apremia.
El señor MELERO ( Presidente ).- Señor diputado , la Mesa comparte su criterio, pero el Ejecutivo señaló que presentará algunas indicaciones. Esperamos recibirlas pronto para ponerlo en Tabla.
ACUERDO DE LOS COMITÉS.
El señor MELERO (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a un acuerdo de los Comités.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario ).- Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios, bajo la presidencia del diputado señor Pedro Araya, adoptaron el siguiente acuerdo:
Considerar con preferencia en la sesión de hoy, el proyecto de acuerdo Nº 489, que solicita a su excelencia el Presidente de la República que integre al proyecto de Ley de Presupuestos para el 2012, en la Partida del Ministerio del Interior, Seguridad Pública y Gobiernos Regionales, 2 por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para el desarrollo de actividades con fines sociales y benéficos.
-o-
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , la Comisión Mixta de Presupuestos, con la participación de los trece diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, sesionó ayer todo el día, y hoy va a comenzar sus labores a contar de las 10.15 horas.
Por lo tanto, pido destacar que hay comisiones sesionando, y que se nos avise al momento de votar.
El señor MELERO (Presidente).- Esperamos que la Corporación funcione con la misma eficiencia de ayer, a fin de cumplir nuestras labores en la Sala y en Comisiones, especialmente respecto de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , me llama la atención que no se haya puesto en Tabla el informe de la Comisión Investigadora del caso La Polar. Se trata de un tema de alta sensibilidad pública, por lo cual, creo que ya debiésemos haber discutido y votado el informe en la Sala, pues la Comisión lo aprobó hace prácticamente un mes. A ello hay que agregar que la justicia también avanza, pues se formalizará a los ejecutivos.
En consecuencia, estimo que las conclusiones del informe pueden resultar extemporáneas si se posterga su discusión y votación en la Sala.
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, no colocamos en Tabla el informe sobre el caso de La Polar, porque tenemos una agenda legislativa de mayor urgencia. Vamos a hacer todo el esfuerzo posible para ponerlo en Tabla la próxima semana.
V. ORDEN DEL DÍA.
FOMENTO DE LAS DONACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE SUS PROCEDIMIENTOS. Modificación de las leyes Nos 20.444 y 19.885. Primer trámite constitucional.
El señor MELERO ( Presidente ).- Corresponde tratar el informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica las leyes Nos 20.444 y 19.885, con el objeto de fomentar las donaciones y simplificar sus procedimientos.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Carlos Montes.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 7953-05, sesión 86ª, en 28 de septiembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 102ª, en 2 de noviembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 5.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor MONTES (de pie).- Señor Presidente , en representación de la Comisión de Hacienda, me corresponde informar sobre el proyecto de ley que busca adecuar las leyes Nos 19.885 y 20.444, en materia de donaciones, de manera que puedan cumplir de mejor modo el objetivo para el cual fueron diseñadas, tanto en el ámbito de los fines sociales, la Nº 19.885, como en el de la reconstrucción, la Nº 20.444.
Voy a entregar los antecedentes económicos a fin de comprender la magnitud del proyecto.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, de 31 de agosto del 2011, señala que respecto de la modificación que se plantea a la ley Nº 20.444, suponiendo que los mayores beneficios tributarios que se proponen tuvieran como efecto la duplicación de los montos donados en 2011 respecto de 2010, se estima un mayor costo fiscal de unos 5.700 millones de pesos. Por otra parte, si la mitad de las donaciones ingresaran al Fondo Nacional de Reconstrucción, se registrarían mayores ingresos fiscales por unos 4.700 millones de pesos. Por lo tanto, se estima un costo fiscal neto de 1.000 millones de pesos para 2011, en virtud de la modificación de la ley N° 20.444.
Las enmiendas propuestas a la ley N° 19.885 eliminan trabas para efectuar donaciones y amplían el universo de potenciales donatarios. Por lo tanto, cabe esperar un incremento de los montos donados al amparo de ella. Si el incremento fuera tal que las donaciones totales se duplicaran respecto de las registradas en 2010, se estima que el costo fiscal sería de aproximadamente 2.000 millones de pesos anuales.
En síntesis, si se considera que las modificaciones a la ley N° 20.444 tendrán efecto fiscal sólo mientras esté vigente el decreto que declara las zonas de catástrofe, el proyecto de ley tendrá un costo fiscal de 3.000 millones de pesos en 2011 y de 2.000 millones de pesos anuales a partir de 2012.
En el debate, el ministro de Hacienda hizo presente que transcurridos 16 meses desde la entrada en vigencia de la ley N° 20.444, que crea el Fondo Nacional de Reconstrucción, que discutimos al año pasado, se han detectado ciertos aspectos que sería recomendable corregir -la ley no ha funcionado como se esperaba-, a fin de hacer más expedita su aplicación.
En tal sentido, sostuvo que el proyecto de ley en comento propone cambios puntuales que buscan facilitar la administración de la ley y que servirán para reimpulsar las donaciones en la etapa final de la reconstrucción.
Asimismo, puntualizó que el proyecto contempla modificaciones acotadas a la ley N° 19.885, sobre donaciones sociales, que tienen por objeto eliminar ciertas trabas y restricciones que han dificultado su correcta implementación.
Al hacer un balance del rendimiento de la primera ley que se propone enmendar, la ley N° 20.444, el ministro de Hacienda señaló que se han acreditado donaciones por un total de 8.905.442.937 pesos para obras específicas y de 361.172.518 pesos para el Fondo Nacional de Reconstrucción, lo que da un total de 9.266.615.455 pesos. Ese es el resultado de la entrada en vigencia de la ley de donaciones para la reconstrucción, que discutimos a comienzos del año pasado.
Están en tramitación donaciones adicionales por aproximadamente 26.209.509.000 pesos. Siempre la estimación fue que habría una recaudación muy superior a esa.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda, dentro del marco de la reconstrucción, ha gestionado con otros ministerios, donaciones por un monto aproximado de 9.472 millones de pesos, al amparo de otras leyes, tales como la ley sobre donaciones con fines culturales y la ley que fija disposiciones para casos de sismos o catástrofes.
Finalmente, detalló que a la fecha existe un total de 227 proyectos específicos postulados, de los cuales 157 se encuentran aprobados, 67 están en trámite y 3 han sido rechazados. De ellos, 25 pertenecen a la categoría “sector público”, 101 a la categoría “sector privado” y 101 a la categoría “municipales”.
Al describir el contenido del proyecto, explicó que de acuerdo con los artículos 1° y 8° de la ley vigente, las donaciones realizadas a obras específicas se entiende que forman parte del Fondo Nacional de la Reconstrucción, lo que deriva en que para su traspaso se requiere una serie de actos administrativos que demoran y dificultan el uso de los recursos donados. Por ello, se propone que en las donaciones para obras específicas los donantes transfieran los fondos directamente a los beneficiarios o a sus representantes, tal como opera en la mayoría de las leyes de donaciones vigentes. Como contrapartida, se incorpora una norma equivalente a las existentes en otras leyes de donaciones, que hace responsables a los donatarios por el mal uso de estas, debiendo restituir aquella parte del impuesto que hubiere dejado pagar el donante, con los recargos y sanciones pecuniarias que correspondan, de acuerdo con lo que establece el Código Tributario.
En cuanto al régimen tributario, señaló que prácticamente el ciento por ciento de las donaciones amparadas por la ley N° 20.444 han sido realizadas por contribuyentes de primera categoría del Impuesto a la Renta y destinadas a obras específicas. De ahí que con el objeto de incentivar las donaciones por parte de personas naturales, se equiparan respecto de todos los contribuyentes contemplados en la ley, salvo los de primera categoría, los beneficios tributarios entre las donaciones efectuadas al Fondo y las destinadas a obras específicas, ya que actualmente estos últimos equivalen a dos tercios de aquéllos. Respecto de los contribuyentes de primera categoría, en tanto, se modifica exclusivamente el beneficio tributario contemplado para las donaciones al Fondo, otorgando derecho a descontar como crédito el 50 por ciento del monto donado, a fin de equiparar su tratamiento con el de otras leyes de donaciones, como son aquellas con fines culturales o educacionales.
En términos de simplificación de trámites, se incorporan algunas modificaciones al proceso de identificación de obras específicas, que en la actualidad demora entre 45 y 90 días, con las que se espera que ese tiempo se reduzca a la mitad.
En el artículo 8° bis se establece expresamente que en el caso de donaciones a obras públicas específicas, el beneficiario de la donación estará habilitado para contratar la ejecución de la obra mediante el mecanismo de trato directo, regulado en la ley N° 19.886. Es decir, el objeto es que no haya licitación pública, por ser un factor de demora.
Por último, se modifica el artículo transitorio de la ley N° 20.444, a fin de prorrogar por una única vez su vigencia, desde la fecha original de expiración, contemplada para el 28 de mayo de 2012, hasta el 31 de diciembre de 2013.
Sobre la forma de evitar que las donaciones redunden en utilidad propia del donante, observó que el artículo 8° de la ley en enmienda priva de los beneficios establecidos en ella al donante que se encuentre relacionado con el donatario en los términos del artículo 100 de la ley N° 18.045 y prohíbe que la obra privada a que se destine la donación beneficie directamente al donante, sancionando el incumplimiento de esto último conforme a su artículo 17, sin perjuicio de la pena de presidio que corresponda conforme con lo que establece el N° 24 del artículo 97 del Código Tributario.
Todo eso fue el resultado de una serie de modificaciones a la ley de donaciones con fines educacionales, por lo que ha estado ocurriendo con las universidades privadas.
En relación con el beneficio específico para el contribuyente de Global Complementario, explicó que este se encuentra establecido en cada categoría por la tasa marginal del respectivo impuesto. Eso quiere decir que, en el caso de las personas naturales, se puede aplicar contra el Impuesto Global Complementario un crédito equivalente al 40 por ciento de lo donado, que baja al 35 por ciento tratándose del Impuesto Adicional. En el caso de las empresas, al poder deducir como gasto el importe de la donación, ganan el equivalente a la tasa del Impuesto de Primera Categoría, actualmente en 20 por ciento.
Todo lo señalado tiene que ver con la ley N° 20.444, que crea el Fondo Nacional de la Reconstrucción.
En relación con la ley N° 19.885, el ministro de Desarrollo Social , el señor Joaquín Lavín , señaló que ese cuerpo legal ha funcionado muy mal y que entre los años 2003 y 2008 no se recibió ninguna donación a través de ella.
Recordó que la referida ley tiene por objeto fomentar donaciones en favor de personas de escasos recursos, con discapacidad o afectadas por adicción al alcohol o drogas. Aquellas pueden destinarse directamente a proyectos en beneficio de personas vulnerables, elaborados por fundaciones o corporaciones sin fines de lucro, o bien al Fondo Mixto de Apoyo Social, cuyos recursos se distribuyen, mediante concurso, a fundaciones, corporaciones sin fines de lucro u organizaciones comunitarias funcionales o territoriales. A la fecha, se encuentra abierto un concurso para distribuir 500 millones de pesos, pudiendo postular a ellos un total de 270 instituciones registradas por Mideplan.
Respecto de los beneficios tributarios que otorga la referida ley, explicó que tratándose de donaciones inferiores a 1.000 UTM -aproximadamente, 40 millones de pesos-, el 50 por ciento de lo donado se puede imputar como crédito contra el impuesto respectivo, y el otro 50 por ciento puede deducirse como gasto, de la base imponible. En el caso de las donaciones superiores a 1.000 UTM, se debe hacer una distinción: si se dona directamente a una fundación o corporación, sin efectuar aporte alguno al Fondo Mixto, el 35 por ciento de lo donado puede imputarse como crédito y el 65 por ciento como gasto. Sin embargo, si se dona a lo menos el 33 por ciento al Fondo Mixto, se vuelve a la regla general.
En cuanto a las instituciones beneficiadas, ratificó que las empresas prefieren donar siempre a fundaciones o corporaciones específicas y que no les gusta donar a un fondo ni que se les obligue a donar a otra institución además de la que han elegido. Tampoco les gusta hacer una donación y desvincularse del donatario, sino hacer de ello una experiencia que vivan sus empleados, por ejemplo, ayudando a construir mediaguas.
Puntualizó que las instituciones que más se han beneficiado con esa ley, que ha tenido pocos resultados, son las grandes fundaciones, tales como el Hogar de Cristo, Un Techo para Chile, la Fundación de la Familia, el Fondo Esperanza y la Fundación Las Rosas, entre otras.
Estas modificaciones han sido conversadas y concordadas con la Comunidad de Organizaciones Solidarias y apuntan, fundamentalmente, a cuatro objetivos: fomentar el financiamiento de pequeñas fundaciones, eliminar trabas para el registro de nuevas fundaciones, simplificar los trámites para los donantes y dotar de mayor transparencia a las donaciones.
Las presentaciones de los invitados se encuentran consignadas en el informe que todos tienen en sus escritorios.
Este proyecto fue aprobado en general y en particular, por 11 votos a favor y 1 abstención.
Solamente se introdujeron modificaciones formales, que están consignadas en el informe que los señores diputados y las señoras diputadas tienen en su poder.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Godoy.
El señor GODOY.- Señor Presidente , no voy a entrar en detalles, porque el diputado Montes hizo una muy buena presentación del proyecto; pero sí quiero poner énfasis en algunas materias y contar lo que ocurrió en la Comisión de Hacienda, pues, a mi juicio, será clarificador para los señores diputados al momento de decidir sobre la votación del proyecto.
En primer lugar, la razón por la cual se hacen estas modificaciones -lo dijo bien el diputado Montes - dice relación con que la ley ha obtenido malos resultados. O sea, lo que se pretendía lograr con la primera ley de donaciones no tuvo los resultados esperados. Por lo tanto, se introducen estos mecanismos para cambiar esa realidad mediante una homologación, es decir, se introduce un criterio similar al existente respecto de las donaciones en materias educacionales y culturales en la actualidad. En consecuencia, en este proyecto no se está haciendo una gran innovación, sino homologando o poniendo en igualdad de condiciones las donaciones sociales con las educacionales y culturales.
En segundo lugar, se están simplificando los trámites. Al respecto, en la sesión de la Comisión de Hacienda el diputado Ortiz formuló una consulta directamente a los representantes de organizaciones y fundaciones, tanto grandes como pequeñas, muchas de las cuales reciben donaciones. Por lo tanto, el proyecto de ley se consensuó con ellos; no surgió únicamente por iniciativa del Ejecutivo. Nos explicaron que esta iniciativa contiene simplificaciones para que los donantes puedan hacer efectivas sus donaciones, de manera de limitar la tramitación y lograr mayor eficiencia y, por lo tanto, mayor rapidez y más donaciones.
En tercer lugar, hubo una discusión relativa a la importancia de que se donara de manera directa. En ese sentido, varios parlamentarios plantearon su preocupación respecto de que donantes pudieren pretender beneficiarse ellos mismos. La verdad es que este proyecto en nada disminuye los controles sobre las donaciones. Es más, el Ministerio de Hacienda continuará visando; existe un control absoluto. Además, se cuenta con un listado en la página web del Gobierno donde aparecen todas las instituciones a las cuales se puede donar. En suma, el control sobre las donaciones es exhaustivo y, por lo tanto, dudo que haya gente que intente beneficiarse de las exenciones tributarias.
En cuarto lugar, deseo plantear un tema respecto del cual quiero poner énfasis. Algunos parlamentarios expresaron sus dudas acerca de si las donaciones deben ir con nombre y apellido o directamente a obras específicas. En la Comisión, invitamos a donantes y les preguntamos cuál de las dos metodologías es más relevante. Nos contaron que, organizacionalmente, se involucran no solamente los dueños de la empresa, sino también sus trabajadores en una obra concreta, y que les gusta ver la evolución que va teniendo en el tiempo la obra que se realiza con los recursos donados. En consecuencia, nos plantearon la importancia de poder donar, en igualdad de condiciones, directamente a una obra o a una institución.
Quiero hacer hincapié en que para aquellas personas que donan es fundamental que ocurra eso.
Este es un muy buen proyecto, que tendrá los resultados que esperamos. En otras leyes que contienen facilidades para hacer donaciones, específicamente en las relacionadas con materias educacionales y culturales, los resultados han sido mucho mejores que los esperados. No podemos dejar en desigualdad de condiciones a organizaciones que efectúan un trabajo social muy importante y para las cuales los aportes del mundo privado son muy relevantes.
Señor Presidente , por su intermedio, pido a los colegas que aprueben este proyecto, ojalá de manera unánime, y desde ya comprometo el voto a favor de la bancada de Renovación Nacional.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente , sin duda, este proyecto permitirá corregir los errores en que se incurrió durante la tramitación de la ley N° 20.444. Lo digo con pesar, porque se han perdido diecisiete meses en materia de implementación de donaciones.
Ya lo dijo, en su oportunidad, el fundador de Desafío Levantemos Chile, con quien tuve oportunidad de intercambiar opiniones a este respecto durante una larga jornada. En su momento se hicieron observaciones, que muchos de nosotros planteamos en la Cámara de Diputados durante la discusión del proyecto que se convirtió en la ley N° 20.444. ¿Cómo va a ser lógico -lo dijimos en su oportunidad- que una ley considere, como parte del objeto de la donación, al Ministerio del Interior? Es lo que consignó la ley anterior. Se trata de una aberración desde el punto de vista del derecho administrativo. Nunca el Ministerio del Inte-rior debió ser parte integrante de esto. Pero el Ejecutivo se empecinó en mantenerlo.
En la ocasión, dijimos que esa ley no produciría los efectos de manera oportuna, por la cantidad de tramitación que se estableció en ella y las numerosas autoridades que participarían. Los números son elocuentes. Cuando uno conversa con los donantes, con representantes legales de personas jurídicas con intención de donar, muchos de ellos dicen existe la disposición, el compromiso social y los recursos disponibles, pero que, lamentablemente, los procedimientos contemplados en la ley han ocasionado que la donación material, para llegar al donatario, se haya retrasado en seis, ocho y hasta diez meses. Con ello, en la práctica, no es que haya sido un trámite burocrático de los recursos, sino que, finalmente, dicho trámite se tradujo en que, por ejemplo, la caleta o el colegio tuvieron una demora de cinco o seis meses en su construcción. En definitiva, ocurrió que las obras de reconstrucción se retrasaron no por mala voluntad, sino porque la ley no era adecuada.
Por último, señor Presidente , respecto del proyecto de ley que finalmente se transformó en la ley N° 20.444, soy autor de una indicación, rechazada en la Comisión de Hacienda en su oportunidad, para incluir, entre las instituciones que pueden ser receptoras de dineros, aquellas relativas al patrimonio arquitectónico; es decir, buscaba lograr que las donaciones no sólo se destinen a la reconstrucción, que implica, por de pronto, la destrucción total de los inmuebles originarios, sino también a la restauración del patrimonio arquitectónico.
Señor Presidente , espero que el proyecto en discusión incorpore el concepto de restauración no sólo de iglesias, porque hay mucho patrimonio arquitectónico que fue dañado por el terremoto, pero no es necesario destruirlo completamente, porque se puede restaurar. En él está la historia del patrimonio arquitectónico de nuestra República. Como diputado por Santiago , he visto con pesar la destrucción permanente del patrimonio arquitectónico, y cuando se plantea la posibilidad de que privados vayan en ayuda de éste, nos dicen que la ley no lo contempla.
Ojalá que en esta oportunidad se considere este criterio, a diferencia de lo que se hizo en el proyecto anterior, que excluyó la posibilidad de que las donaciones se destinaran a obras de restauración, y las circunscribió sólo a las de reconstrucción.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , no puedo hablar de este proyecto sin recordar cómo nació. Luego del terremoto del 27 de febrero, llamé a Felipe Cubillos , a quien conocía, y le pedí apoyo para la reconstrucción de la escuela Vega Redonda, ubicada en un sector rural de Vilcún, cuya matrícula es ciento por ciento de alumnos mapuches. Inmediatamente partió a Vilcún, fue a ver la situación de la escuela y se comprometió a ayudar. Conseguimos algunos recursos. De hecho, hubo una donación de una empresa minera por más de 200 millones de pesos, que se pretendía hacer a través de la ley N° 20.444, que en ese momento estábamos discutiendo. En junio de 2010 esa donación estaba materializada, pero recién en abril de 2011 pudimos utilizar esos recursos. ¿Por qué? Porque, probablemente, el exceso de celo para evitar el mal uso de una ley de donaciones nos hizo cometer un error, pues obligamos que los recursos ingresaran al erario y pasaran por un conjunto de trámites burocráticos antes de que pudieran ser utilizados. Fueron innumerables las conversaciones que, junto con Felipe Cubillos , sostuvimos con el ministro de Hacienda , con el ministro del Interior y con la Contraloría General de la República, para lograr que esos recursos pudieran ser empleados, a fin de que los niños de la escuela Vega Redonda tuvieran su establecimiento reparado. Sin embargo, no logramos que la escuela estuviera lista para el inicio del año escolar 2011, y la inauguramos recién el 2 de agosto pasado, con la presencia de Felipe Cubillos.
En enero, junto con el diputado Lorenzini , después de conversar con Felipe, hicimos una conferencia de prensa y planteamos la necesidad de modificar la ley N° 20.444. En febrero, nos reunimos con el entonces subsecretario de Hacienda , Rodrigo Álvarez , quien nos dijo: “Empecemos a trabajar; nos parece bien”. Nuevamente hicimos una conferencia de prensa junto con otros diputados de zonas afectadas por el terremoto. En marzo, el subsecretario nos citó a una reunión, en la que nos dijo que en dos semanas íbamos a tener el proyecto en el Parlamento. No ocurrió así. Hubo cambio de gabinete, cambio de subsecretario y ese proyecto durmió en la subsecretaría de Hacienda .
Después del trágico accidente de Juan Fernández , el Gobierno envió a tramitación este proyecto, que estamos discutiendo, diría, de manera extemporánea.
Quiero saber cuánto recursos donados mediante la ley N° 20.444 todavía no se ejecutan. ¿Es posible seguir recaudando recursos para las obras pendientes de reconstrucción? Quiero saber por qué este proyecto no considera un aspecto sobre el que tantas veces discutimos con el diputado Lorenzini y con Felipe Cubillos , cual es la posibilidad de hacer donaciones no sólo para el tema del patrimonio, que nos parece muy bien, sino también para beneficiar a pequeños comercios. Mucha gente quería donar para reconstruir caletas de pescadores, ferias artesanales y pequeños puestos de locatarios de la costa, que fueron destruidos. Sin embargo, este proyecto los dejó fuera. El compromiso del Gobierno era incluirlos como beneficiarios de la ley N° 20.444. Lamentablemente no fue así, porque el proyecto, reitero, durmió por meses en la subsecretaría de Hacienda , y después se impulsó a la rápida, sin continuar la conversación, después del accidente de Juan Fernández . Lo lamentamos profundamente.
Dado que no podemos presentar indicaciones en la Sala, ya que esta iniciativa tiene urgencia calificada de suma, esperamos que en el Senado se corrijan estos vacíos. Lo importante es que entreguemos una señal. Felipe Cubillos nos decía que los donantes, más que el beneficio tributario, quieren ver la obra, saber lo que pasa con su plata y ver resultados. También nos decía que, más que control de procesos, burocracia o trámites para donar, se debe facilitar este proceso y hacer un duro control de resultados. Ello significa aplicar las penas del infierno a quienes no cumplan, a quienes usen en mala forma los recursos de las donaciones y a quienes vean en la ley N° 20.444 y en la N° 19.885, que también era necesario modificar, una oportunidad para pasarse la plata de un bolsillo a otro con franquicias tributarias y no para hacer auténtica filantropía. Estoy de acuerdo con sancionar a quienes usen de mala manera esos recursos. Pero no pongamos trabas a la responsabilidad social empresarial o para que se haga filantropía y donaciones, en circunstancias de que, a veces, el Estado llega demasiado tarde, llega mal o simplemente no llega. Por lo tanto, debemos ser capaces de generar las facilidades necesarias.
En términos generales, estoy de acuerdo con el proyecto pero me habría gustado ver incorporadas en su texto las observaciones que hicimos junto con Felipe Cubillos , nombre que se ha dado a este proyecto. Esperamos que los vacíos que han quedado se corrijan en el Senado, de modo que tengamos una mejor ley de donaciones para la reconstrucción y para las fundaciones y corporaciones que trabajen con fines sociales, es decir, para abordar temas de discapacidad y pobreza.
Anuncio que votaremos favorablemente el proyecto, sin perjuicio de reiterar que es bueno recordar su génesis y hacer presente que, lamentablemente, estamos legislando tarde. Esta iniciativa debió haber ingresado a tramitación en marzo de este año y haber estado aprobada en abril o mayo. Estamos en noviembre y recién se encuentra en su primer trámite constitucional.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente , como dijo el diputado Chahín , esto partió a fines del año pasado. En marzo tuvimos una reunión aquí con el señor Cubillos , quien estaba muy preocupado por estos temas, sobre todo en relación con una zona como la que represento, de la Región del Maule, una de las más afectadas por el terremoto y el maremoto. Las platas estaban empozadas, no obstante estar entregadas. Había cientos de millones de dólares cuya ejecución no podía avanzar debido a toda la tramitación burocrática. El subsecretario Álvarez acogió esta inquietud, que planteamos junto con los diputados Chahín , Rincón , Romilio Gutiérrez y otros, en una participación transversal.
Pero la iniciativa anunciada por la subsecretaría de Hacienda durmió durante un largo período. Posteriormente, luego de una conversación, fue reactivada por el subsecretario y ex diputado Julio Dittborn , tras lo cual se envió el presente proyecto de ley.
Comparto lo que dijo el diputado Chahín en términos de que debemos aprobarlo; es un avance. Pero la cuchufleta está entremedio, señor Presidente . Si uno lo revisa, se encuentra con que arregla algunos trámites burocráticos y agiliza el sistema, pero abre la entrada a las donaciones directas. No me gusta, porque se podrían destinar recursos para una cancha de tenis o una cancha de golf -sé que a algunos diputados les gusta ese juego del palito con la pelotita-, pero no es el objetivo de una donación. Sin embargo, con este proyecto se abre la llave para permitirla. Sus disposiciones son muy genéricas. Esos recursos también se podrían invertir en cosas propias, como proyectos de educación. Uno podría interpretar que será para abrir universidades o unas buenas salas de reunión en los fundos; no sé. Creo que se abrió una llave que no estaba en la ley original. En Hacienda me han asegurado que eso no es así, porque existen los controles adecuados. Me queda la duda.
Respecto de lo que decía el diputado Chahín , si uno tomara este proyecto en términos globales y genéricos, sí podrían sus beneficiarias -era lo que más nos pedían- las pequeñas farmacias, las ferias libres, el pequeño comercio y, en general, lo que se cayó con el terremoto y el maremoto, porque el concepto básico es beneficiar a la comunidad e incentivar la parte productiva, el comercio y el empleo. Habría sido bueno que el ministro nos lo aclarara, pero no vino, porque está preocupado del proyecto de Ley de Presupuestos.
Felicito al subsecretario Dittborn por haber tomado este proyecto y llevarlo a terreno. Faltan algunas precisiones, que ojalá se hagan en el Senado. Vamos a votarlo favorablemente, aunque la apertura para la entrada de donaciones de multinacionales o de grandes empresarios, no me parece. Lo señalé en la Comisión y hoy insisto en ello. Dijeron que mi interpretación no es la adecuada; sin embargo, de la evaluación de las normas que se suprimen de la ley vigente y de las que se agregan, me surgen dudas.
Ojalá no demore más la tramitación de este proyecto para emplear esas platas, esos cientos de millones de dólares que la gente necesita en distintas regiones. Las platas están entregadas. Por lo tanto, falta entregarlas, con los debidos controles y fiscalizaciones posteriores para que lleguen donde tienen que llegar y que no se haga toda una parafernalia y la aprovechen unos pocos. Estos son los miedos que a uno le generan este tipo proyectos. Aquí me detengo, porque estos proyectos no son de gobierno o de oposición, son proyectos para los damnificados por las emergencias, para la ciudadanía, tarea en la cual todos debiéramos colaborar.
Finalmente, más allá de las interrogantes que planteé, anuncio nuestro voto a favor.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva.
El señor SILVA.- Señor Presidente, valoro que el diputado Lorenzini apoye el proyecto.
Tal como lo señaló el diputado informante , el proyecto fue aprobado en la Comisión de Hacienda con el voto favorable de 12 diputados y una abstención. Su idea matriz es adecuar un par de leyes para hacer más operativa y rápida la forma de implementar las donaciones que están en trámite y las que puedan darse en el futuro.
Por una parte, se exime de pasar por el Fondo Nacional de la Reconstrucción a las donaciones efectuadas para financiar obras específicas. Actualmente, la donación va al Fondo y de ahí a la obra específica. Con la modificación, el circuito se reduce, permitiendo que muchos recursos que ya están en camino lleguen más rápidamente a destino.
También se modifica la ley N° 19.885, haciendo más operativas y viables las donaciones a las que acceden muchas fundaciones o corporaciones sin fines de lucro. Al respecto, quiero destacar que durante la tramitación de esta iniciativa participaron representantes de muchas instituciones de beneficencia, que son las que, en la práctica, hacen operativas las donaciones. Ellos tuvieron una opinión muy favorable a las modificaciones y fueron una gran contribución al debate.
¿Qué cosas creo que es necesario destacar? En primer lugar, observamos que el Estado no es el único que tiene la tarea de resolver los problemas relacionados con la reconstrucción o el bienestar o apoyo social a la ciudadanía. En esto, una ley de donaciones colabora, porque facilita el camino para que la sociedad civil, las empresas y las personas puedan ayudar. En la medida en que generemos más cultura, más espacio y más incentivos para las donaciones, estaremos avanzando. En este sentido, el proyecto en debate es un aporte, porque facilita los trámites de operación.
En segundo lugar, en la Comisión de Hacienda se plantearon algunas inquietudes, una de las cuales se relaciona con la transferencia directa a los beneficiarios y no al Fondo Nacional de la Reconstrucción. Esto tiene cierta lógica, toda vez que una donación para un fin especifico no tiene para qué pasar dicho Fondo para después destinarse a la obra. Se pierde mucho tiempo, y para reconstruir hay que avanzar rápido. Para este efecto, la modificación permite que las donaciones vayan en forma directa a la obra. Ahora se toman algunos resguardos, como que la donaciones no pueden destinarse a cualquier obra, sino que previamente deben ser aprobadas y calificadas. De esta manera, se evita que pueda existir algún abuso, que fue una inquietud válida y legítima planteada en el debate de la Comisión. Creo que este fue el punto más relevante en la discusión. Además, las normas de fiscalización también se fortalecen, porque la flexibilidad va de la mano con un control más adecuado.
Considero que la sociedad civil tiene un rol muy importante en tareas como la reconstrucción y en obras de carácter social. Por eso, las donaciones destinadas a esos fines son fundamentales.
Por último, quiero destacar que en la construcción de este acuerdo participaron muchos actores sociales, amén del buen trabajo realizado en la Comisión y de las proposiciones de parlamentarios de Gobierno y de Oposición, que fueron recogidas por el Ministerio de Desarrollo Social. En suma, pienso que estamos ante un buen proyecto. Por eso, espero que hoy sea aprobado en la Sala y que tenga una pronta tramitación en el Senado.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.- Señor Presidente , no cabe duda de que el proyecto en debate tiene bondades. Es importante el perfeccionamiento que se introduce a la legislación vigente, de manera de propiciar y facilitar las donaciones de empresas o de personas, destinadas a financiar la reconstrucción de nuestro país y los aspectos sociales que de ella se deriven.
Quienes vivimos en las zonas afectadas por el terremoto fuimos testigos del eficiente accionar de muchas empresas, lo que permitió, en forma rápida, levantar establecimientos educacionales que estaban totalmente destruidos. Así, por ejemplo, en Cauquenes tenemos la reconstrucción de los liceos Politécnico y Antonio Varas con salas modulares; en Pelluhue y en Loanco; la de caletas de pescadores; en Retiro, la de salas modulares en sus liceos, etcétera.
Sin embargo, el Estado debería jugar el papel más importante en estas materias. No por la eficiencia de muchas empresas, el Estado va a ser menoscabado en su rol tan significativo. Es cierto que, tras el terremoto, el accionar del Estado ha sido deficiente y demoroso. Pero esto no es culpa de él, toda vez que su eficiencia depende del gobierno que lo encabece. En este caso, las responsabilidades recaen en el gobierno de turno, que no ha tenido la capacidad requerida.
Repito, no por la eficiencia que hemos visto en el accionar de empresas vamos a concluir que es mejor potenciar el papel que cabe a los privados en esta materia. No es así. El Estado tiene un rol muy significativo en el desarrollo del país. Le compete solucionar los problemas sociales más significativos, lograr mayor equidad, etcétera. Por eso, es obligación esencial del Estado actuar con eficiencia ante catástrofes, como la que vivimos el año pasado.
A mi juicio, es bueno hacer conciencia de que las empresas, aun cuando tengan un accionar eficiente, no donan por generosidad, sino por interés, porque les conviene. No olvidemos que recuperan gran parte de lo invertido mediante descuentos tributarios. Me preocupa que la gente crea que las empresas hacen donaciones tremendamente generosas, y que no hay ningún interés detrás de ese acto. Esto tiene que decirse con claridad ante la opinión pública: las empresas actúan porque, por ley, obtienen un importante beneficio tributario.
Por eso, nunca fui partidario de lo que establece la actual ley de Donaciones, en el sentido de que existiera la posibilidad de instalar una placa recordatoria del donante en la obra realizada con esos fondos, como un reconocimiento casi póstumo para la eternidad, porque, como dije, las empresas actúan por conveniencias tributarias.
Considero positivo que existan leyes que fomenten las donaciones, pero hay que poner las cosas en su lugar y destacar la importancia que tiene el fortalecimiento del Estado para que actúe con los recursos que corresponden, a través de gobiernos eficientes y en forma adecuada para enfrentar catástrofes como ésta.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente , nuestra legislación cuenta con diversos cuerpos legales que otorgan beneficios tributarios a las donaciones que hacen personas o empresas para diversos fines de interés público o social, tales como la reconstrucción, educación, superación de la pobreza, cultura, fomento del deporte, entre otros.
Luego de transcurrido algún tiempo de la entrada en vigencia de dichos cuerpos normativos, se ha vuelto imperativo corregir ciertos aspectos puntuales de los mismos, que, por diversas razones, han desalentado o impedido la materialización de muchas donaciones para reconstrucción, superación de la pobreza, ayuda a personas con discapacidad y prevención o rehabilitación de adicciones a drogas y alcohol.
En este ámbito, el proyecto de ley en trámite no altera las bases ni principios de las leyes vigentes en materia de donaciones, sino que sólo busca modificar ciertas disposiciones, con el objeto de permitir que los regímenes de donaciones vigentes relacionados con la reconstrucción y con fines sociales puedan cumplir el objetivo para el cual fueron establecidos.
Señor Presidente, hay muchas experiencias en el país relacionadas con las donaciones que demuestran que las empresas no se benefician con los descuentos tributarios que establece la ley, porque en muchas ocasiones el Servicio de Impuestos Internos rechaza las donaciones para ciertas instituciones. He conocido muchos casos sobre el particular.
Por eso mi intervención tiene por objeto que las adecuaciones que hace el proyecto a la normativa actual sean lo suficientemente claras para que el Servicio de Impuestos Internos no pueda actuar en forma discrecional en la calificación de las donaciones que se entregan y en los descuentos de impuestos que corresponden, porque las donaciones eran calificadas normalmente como gastos. La modificación permite que el 50 por ciento de esas donaciones beneficien a la empresa que dio la donación.
Reitero, quiero hacer fuerza en la idea de que las modificaciones que se aprueben sean claras, con el objeto de que no quede sujeto a interpretaciones que las donaciones entregadas gentilmente pueden ser descontadas de las declaraciones de impuesto de la empresa, de acuerdo con lo que establece el proyecto.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente , el proyecto de ley que estamos analizando, que fomenta las donaciones y simplifica sus procedimientos, es muy importante para el país.
Tal como señaló el diputado Ceroni , desde hace un tiempo a esta parte las empresas han sido más generosas cuando el país ha sufrido necesidades, catástrofes, terremotos o inundaciones; pero no es menos cierto que esa generosidad es a medias, puesto que lo que donan lo descuentan de su tributación.
Después del terremoto, llegaron donaciones de distinta naturaleza de particulares del país, de instituciones chilenas, de empresas; se hizo una Teletón, que permitió juntar muchos miles de millones de pesos, y llegaron donaciones en bienes y en recursos desde el extranjero. No obstante, como estamos tan preocupados de la ley sobre Transparencia, debiera confeccionarse una página web para dar cuenta de los recursos recibidos por el país como consecuencia del terremoto y la destinación que se les dio, porque no me parece bien que esas donaciones se otorguen a un ministerio, al Estado o al Gobierno, pero que la ciudada-nía no sepa cuál es el destino de esos recursos. Debemos tener absoluta claridad al respecto, para que no nos encontremos después con que las donaciones no cumplen con el objetivo deseado por el donante.
Ésta es una advertencia para que hagamos las cosas en forma transparente para evitar problemas posteriores, o la creación de comisiones investigadoras para determinar el destino de algunos recursos.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Cerda.
El señor CERDA.- Señor Presidente , lo importante del proyecto de ley en discusión, que los diputados de la Democracia Cristiana aprobaremos y que estimo que la Cámara lo sancionará prácticamente en forma unánime, es que corrige la ley N° 20.444, que permite hacer descuentos de impuestos por donaciones, aprobada con motivo del terremoto del 27 de febrero de 2010.
Quiero referirme a algunas materias importantes que incluye el proyecto.
En primer lugar, la ley N° 20.444 establece que las donaciones inferiores a mil unidades tributarias mensuales tienen que destinarse, a los menos, a dos instituciones distintas, y que ninguna de ellas puede ser superior a 700 unidades tributarias mensuales. En consecuencia, quienes querían donar 1.000 unidades tributarias mensuales a alguna entidad, sólo podía entregarle 700 unidades tributarias mensuales y debían donar el resto a alguna institución que no conocía, lo que limitó mucho las donaciones.
En segundo lugar, el proyecto mejora la transparencia de las donaciones. Como la confianza demanda transparencia, elimina las normas que resguardan con secreto la información relativa al donante y al donatario, al monto de las donaciones y a las instituciones beneficiarias, por nombrar algunas, haciéndola pública y accesible, lo que es muy importante.
Como resta un año para que los donantes se puedan acoger a los beneficios establecidos en la ley N° 20.444, se debe ser eficaz para enfrentar emergencias similares a las del 27 de febrero de 2010, con el objeto de aplicar descuentos tributarios del 50 por ciento a ese tipo de donaciones. Sabemos que en Chile estamos siempre sujetos a catástrofes y lo lógico es que exista una sola ley que pueda actuar con eficacia y en el momento preciso.
También debo destacar que el proyecto uniforma los beneficios tributarios otorgados a las donaciones efectuadas por contribuyentes del impuesto de primera categoría de la ley de la Renta con los existentes en otras leyes, para lo cual se otorga un crédito equivalente a la mitad de las donaciones efectuadas al Fondo Nacional de la Reconstrucción. A través de la ley N° 20.444, esos contribuyentes pueden descontar de su renta líquida imponible exclusivamente como gasto el ciento por ciento de la donación, no existiendo derecho a utilizar como crédito ningún porcentaje de la misma.
Por eso estimo importante reflexionar que la ley N° 20.444 dificultaba en muchos de sus aspectos las donaciones que se necesitan con urgencia en las zonas afectadas por el terremoto o en futuras catástrofes que ocurran en el país. Con estas correcciones se harán más factibles y transparentes los beneficios tributarios por las donaciones efectuadas por empresas y particulares.
Anuncio nuestro voto a favor del proyecto de ley.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente , el proyecto de ley nace justamente en un momento en que el país vivió un desastre natural, para buscar la forma y manera de cómo el privado puede ir en ayuda de quien lo necesita, como sucedió con el tema de la reconstrucción.
Aquí se han dicho algunas cuestiones que vale la pena rescatar del proyecto de ley que fomenta las donaciones y simplifica sus procedimientos y que constituyen el camino correcto que debemos asumir, en particular en lo relacionado con la participación de lo público-privado.
Ciertamente, hay otras leyes que han presentado problemas en materia de donaciones -existe mucha gente que quiere donar, pero el trámite es muy engorroso- como, por ejemplo, la ley de Donaciones Culturales y la ley del Deporte.
Como bien se ha dicho, esta colaboración trae aparejado un incentivo para las empresas, porque hay un beneficio tributario de por medio. En el fondo, el Estado deja de percibir recursos, pero participa en una acción noble que en un momento determinado se lleva a cabo, como ocurrió en el caso de la reconstrucción.
El fomento de las donaciones y su simplificación permite, también, mirar otros cuerpos legales que tienen relación con donaciones, en particular la ley de Donaciones Culturales. Entiendo que, por un lado, se enviará un proyecto de ley para modificar ese cuerpo legal y, por otro, queremos perfeccionar la ley de Deporte, que también considera donaciones.
Con todo, hago un llamado de atención a las grandes empresas que efectúan donaciones.
Efectivamente, se ha dicho acá -no es irregular- que muchas empresas obtienen incentivos por concepto de imagen comercial, corporativa y beneficios que obtienen por efectuar donaciones. En este sentido, hago un llamado de atención a las grandes empresas que se benefician con estas leyes -por ejemplo, la gran industria minera- para que no pongan término a la responsabilidad social que les asiste, que es parte del desarrollo de una empresa. Esa responsabilidad social es el compromiso de una empresa con la comunidad donde se desarrolla, y debe respetarla entregando recursos o cualquier otro beneficio para el desarrollo y calidad de vida de la comunidad. Espero que el día de mañana las empresas no se confundan y dejen a un lado la responsabilidad social empresarial, aduciendo el hecho de que realizan donaciones.
Por lo tanto, vamos a perfeccionar positivamente la ley, para simplificar y facilitar el trámite de las donaciones que se lleven a cabo, de modo que tengan el efecto que todos queremos: el bien para nuestro país.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , como lo han señalado varios colegas de mi bancada, la Democracia Cristiana va a votar favorablemente este proyecto de ley.
Va en la línea de lo que anunciamos cuando se discutió el proyecto de ley sobre la reconstrucción, discutido luego de ocurrido el terremoto de febrero de 2010. Esa iniciativa se tramitó con bastante rapidez, porque había conciencia de que se necesitaba en forma urgente.
En esa oportunidad, varios parlamentarios, en forma transversal -supongo que algo similar debe haber ocurrido en el Senado-, manifestamos nuestra preocupación por que un buen proyecto pudiera presentar dificultades para su implementación, habiendo disposición de personas para aportar.
Claramente, una serie de instituciones necesitan apoyo y, sobre todo, recursos en las zonas afectadas por el terremoto. Ocurre en la región del Libertador General Bernardo O´Higgins, que represento en este Hemiciclo. Allí ha habido problemas concretos para materializar y ejecutar obras con cargo a dichas donaciones. De una u otra forma, hubo parlamentarios que señalamos que existía exceso de trabas y de burocracia, que terminaron impidiendo la materialización de una buena iniciativa que el Ejecutivo , el Presidente Piñera , a través del Ministerio de Hacienda, defiende y hace suya, pero que termina siendo compleja.
Lamentablemente, la historia fidedigna de la ley, a todos, en forma transversal, nos da la razón. El propio ex subsecretario de Hacienda , Rodrigo Álvarez , hoy ministro de Energía , con quien nos reunimos para buscar destrabar esos inconvenientes, señaló que el Ejecutivo estaba consciente del tema.
Con este primer punto quiero sentar el precedente de que el Parlamento, particularmente la Cámara, señaló a tiempo lo que podría terminar ocurriendo. Repito, no fue una preocupación atribuible a una sola coalición, sino que provino de todos los parlamentarios.
El Ejecutivo confió en exceso en la buena voluntad, en la capacidad de hacer y no en la necesidad de implementar normas que agilicen el proceso de donación para la reconstrucción. Sin embargo, con la misma capacidad para reconocer ese error, el Ejecutivo ha tenido la buena idea de enviar un proyecto de ley para enmendarlo.
Por lo tanto, todos esperamos que, a partir de ahora, esto signifique -como lo dijo el propio ministro de Hacienda en la Comisión de Hacienda de la Corporación- un reimpulso en materia de donaciones para ejecutar la etapa final de la reconstrucción. Todos lo queremos, pues tenemos necesidades agobiantes. Todos podríamos dar muchos ejemplos. Yo me voy a permitir sólo uno.
Cuando me reuní con monseñor Goic , arzobispo de nuestra Arquidiócesis, me señaló, con ocasión del terremoto, que había más de 20 mil millones de pesos en daños en infraestructura, patrimonio cultural y de valor histórico -incluidas las iglesias- de la Región del Libertador General Bernardo O ´Higgins . Imagínense hasta donde llega la cifra si sumamos escuelas, consultorios, hospitales o cualquier otro tipo de infraestructura, amén de todas las viviendas afectadas en mi región.
Obviamente, saludamos positivamente este proyecto de ley. Nos hubiese gustado que ingresara en marzo de este año. No tenemos capacidad -hay que decirlo con toda claridad- para presentar alguna indicación, dado que ha sido calificado con suma urgencia. Siempre indicaciones consensuadas transversalmente resultan ser positivas para solucionar determinados aspectos de los articulados, como los que ha señalado con toda claridad el diputado Harboe . Y si eso no se puede solucionar en esta Corporación, que al menos la Sala manifieste, en conjunto con el despacho de este proyecto de ley, en su segundo trámite constitucional, en el Senado, y con el oficio vinculante respectivo, la expresa preocupación de la Sala -porque esto va a ser transversal-, en cuanto a recoger los aspectos planteados por el colega Felipe Harboe -espero que suceda lo mismo en el Senado-, porque creo que responden al espíritu que todos estamos demandando en cuanto a la finalidad específica de este proyecto de ley, que es ayudar a la reconstrucción.
Claramente, hay un avance en la forma de materializar los beneficios tributarios y en cómo va a operar el Fondo, porque -hay que decirlo- esa exigencia total de que las donaciones para fines específicos tengan que ser recepcionadas, primero, por el Fondo para luego ser destinadas a la institución específica, por lógica, genera una serie de limitantes y trabas burocráticas que no hacen sino entorpecer la materialización de la respectiva donación.
Se levantan normas de secreto o de reserva respecto del donante, del donatario y de los montos, lo que también nos parece bien, porque contribuye a transparentar todo el proceso de levantamiento de recursos por la vía de las donaciones. Y si tenemos más confianza en esta institución y esta confianza es transversal y prácticamente unánime, con mayor razón tenemos que hacer ese levantamiento de reserva respecto de los donantes, donatarios y montos involucrados.
Por ello y porque esperamos que este proyecto de ley sea claramente una contribución a destrabar un área que ha estado lenta en cuanto a materializar las donaciones para ir en beneficio de nuestra reconstrucción, sobre todo en el ámbito patrimonial, histórico y arquitectónico de zonas típicas, entre otras, anunciamos nuestro voto favorable a este proyecto de ley, con la solicitud que formalmente dejo entregada a la Mesa.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Issa Kort.
El señor KORT.- Señor Presidente , quiero destacar la gran alegría que produce la discusión de este proyecto en las regiones que están en proceso de reconstrucción.
Como lo decía el diputado Rincón, en la Región de O´Higgins, la aplicación de la ley N° 20.444 ha tenido un efecto muy importante en el proceso de reconstrucción, principalmente, en aquellos edificios que forman parte de nuestro patrimonio material, histórico y cultural, pero cuya propiedad pertenece a privados.
Como todos sabemos, el Estado no puede financiar directamente la reconstrucción de edificios patrimoniales que son de propiedad de privados, porque no tienen necesariamente un uso público. En este sentido, en la Región ha habido empresas que se han comprometido realmente a financiar y a recuperar nuestro patrimonio material. En este caso, quiero destacar que el primer edificio recuperado a nivel nacional al cual se le aplicó la ley N° 20.444 fue la histórica Catedral de Rancagua, ubicado en la plaza Los Héroes de la misma ciudad.
Como experiencia regional, hemos tenido la posibilidad de ver el buen efecto generado por la aplicación de la Ley de Reconstrucción que aprobó el Congreso Nacional en conjunto con el Ejecutivo.
Cuando estuve a cargo del Consejo Regional de la Cultura, en la Región de O´Higgins, me tocó constatar los efectos producidos por la aplicación de la ley N° 20.444. Muchas empresas, a través de la responsabilidad social empresarial que les asiste, se comprometieron a la reconstrucción no sólo de un edificio, de una casa, o de un inmueble, sino de los efectos y afectos de las personas, a la reconstrucción del alma de la gente.
En este sentido, quiero destacar, una vez más, el esfuerzo que está haciendo el Poder Ejecutivo , en conjunto con el Congreso Nacional, para modificar y hacer una actualización muy necesaria frente a la realidad que se vive en esas zonas, sobre todo en las regiones que aún se hallan en proceso de reconstrucción.
Además, quiero destacar el compromiso que significa para las empresas y para el sector privado el hecho de que puedan dirigir ciertos proyectos emblemáticos a nivel nacional en este proceso de reconstrucción. Cada uno de nosotros tenemos el compromiso con nuestros distritos, con nuestras regiones y con nuestra gente, de ir avanzando en el proceso de reconstrucción. La modificación a la Ley de Reconstrucción va a permitir una agilización y actualización muy necesaria para llevar a cabo este proceso.
Por ello, anuncio mi voto afirmativo a este proyecto, a la vez que felicito al Ejecutivo por esta iniciativa y a los miembros de la Comisión de Hacienda que trabajaron en ella. También quiero hacer un reconocimiento al trabajo transversal que están realizando todas las bancadas para mejorar esta iniciativa.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , quiero destacar algunos puntos de este proyecto, que va a contribuir a destrabar muchos aspectos burocráticos que han impedido que lleguen más donaciones a los beneficiarios.
Un aspecto que sin duda va a incentivar la entrega de mayores donaciones es la eliminación de aquella norma que resguarda con secreto la información relativa al donante y al donatario. Desde ahora, con este proyecto se va a saber claramente quién realiza la donación, a quién la realiza y cuál es su monto, lo cual, por cierto, va a aumentar la transparencia y la confianza de los donantes para aumentar esos montos.
Además, quiero destacar que, con la ley vigente, es el donante quien debe realizar todas las operaciones administrativas para concretar la donación. Con este proyecto, se traspasa esa carga administrativa a las instituciones beneficiarias, lo cual va a aumentar la diligencia y va a acortar el tiempo de concreción de la donación.
Este proyecto no sólo está enfocado a la reconstrucción, sino también a beneficiar a instituciones que en forma permanente luchan por superar la pobreza y contribuyen al desarrollo de personas con discapacidad y colaboran con organizaciones sin fines de lucro que trabajan a favor de la rehabilitación de las personas que han caído en la droga o el alcohol. De manera que también es posible concretar donaciones para estas instituciones sin fines de lucro.
Quiero destacar, también, algo que ha señalado el diputado Rincón , en cuanto a que esto es algo muy esperado por la Iglesia Católica y por las iglesias evangélicas, ya que muchas de ellas han sido gravemente afectadas por el terremoto, al igual que toda nuestra sociedad. Se ha impuesto la carga a esta generación de reconstruir templos que han sido levantados y mantenidos por varias generaciones. Por lo tanto, el Estado no podía quedar al margen de esta colaboración para reconstruirlos.
El año pasado, presentamos un proyecto de acuerdo transversal, en el que pedimos al Gobierno crear un fondo para ayudar a la reconstrucción de las iglesias, porque ellas forman parte del alma de la Nación. Ese proyecto fue aprobado, pero aún no se ha concretado ningún fondo. Con este proyecto, está la posibilidad de que muchas iglesias, monumentos históricos, hogares de ancianos, escuelas y caletas que aún esperan ser reconstruidas, tengan un financiamiento concreto.
En Ninhue, donde nació nuestro héroe nacional Arturo Prat , la casona donde él vivió fue afectada por el terremoto y su reconstrucción está siendo financiada al alero de la ley de Reconstrucción, con 150 millones de pesos aportados por la empresa minera BHP Billiton .
Finalmente, este proyecto va a permitir el aumento de los fondos. Muchas instituciones puedan ser beneficiadas, de modo de lograr que la reconstrucción sea inclusiva.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:
El señor MELERO ( Presidente ).- En votación general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, con urgencia calificada de suma, que modifica la ley N° 20.444 y la ley N° 19.885, con el objeto de fomentar las donaciones y simplificar sus procedimientos.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
De
El señor MELERO (Presidente).- En votación particular el proyecto de ley.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
-Se abstuvieron los diputados señores:
De
El señor MELERO (Presidente).- Despachado el proyecto.
PROYECTO APROBATORIO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO-MILITAR ENTRE CHILE Y LA FEDERACIÓN DE RUSIA. Primer trámite constitucional.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).-
Corresponde tratar el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de “suma”, que aprueba el Convenio de Cooperación Técnico-Militar entre el Gobierno de la Republica de Chile y el Gobierno de la Federación de Rusia, suscrito en Santiago el 19 de noviembre de 2004.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Eduardo Cerda.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 7968-10, sesión 89ª, en 4 de octubre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 4.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 93ª, en 11 de octubre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 7.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor CERDA (de pie).-
Señor Presidente , distinguidos colegas, en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de Cooperación Técnico-Profesional entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la Federación de Rusia, suscrito en Santiago, el 19 de noviembre de 2004.
El proyecto de acuerdo se encuentra en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de “suma”, de conformidad con lo establecido en los artículos 32, N° 15 y 54, N° 1, de la Constitución Política de la República.
Según señala el mensaje, este instrumento internacional se celebró, con el objeto de dar cumplimiento al Memorándum de Intenciones en la Esfera de la Cooperación Técnico-Militar, suscrito entre Chile y la Federación de Rusia, con fecha 4 de octubre de 2002, materializando el interés de ambas partes de facilitar los procedimientos para relacionarse en el ámbito de la Defensa.
Consigna, asimismo, que la Federación de Rusia comunicó, con fecha 15 de febrero de 2011, el cumplimiento de sus procedimientos oficiales internos para la entrada en vigor internacional del Convenio, evitando con ello que Chile efectúe dicho trámite.
El Convenio consta de un Preámbulo, que consigna los motivos por los cuales las Partes decidieron suscribirlo, y ocho artículos, donde se despliegan las normas que conforman su cuerpo principal y dispositivo, y cuya lectura omitiré, porque los distinguidos colegas tienen en sus pupitres electrónicos el informe que los contiene.
En el estudio de este proyecto de acuerdo, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del ministro subrogante de Relaciones Exteriores, don Fernando Schmidt Ariztía , quien, además de refrendar los fundamentos del mensaje que le dio origen, señaló que el Convenio que se sometía a consideración de la Comisión tenía por objeto la cooperación a nivel estratégico con el Gobierno de la Federación de Rusia, país tremendamente sofisticado en materia de equipamiento y tácticas militares, no incluyéndose en él la venta o transacción de armamento.
Por su parte, los señores diputados presentes en la Comisión expresaron, unánimemente, su decisión de aprobar el proyecto de acuerdo, que viene a consolidar los lazos de amistad con la Federación de Rusia y constituye un valioso aporte en materia militar, por el alto nivel de sofisticación que tiene su industria militar.
Por último, me permito hacer presente que la Comisión no calificó como norma de carácter orgánico o de quórum calificado ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo en informe.
Del mismo modo, determinó que sus preceptos no deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES.-
Señor Presidente , es extraño este Convenio militar suscrito con la Federación de Rusia que se nos propone, razón por la cual no estoy en condiciones de votarlo a favor.
Soy miembro de la Comisión de Defensa, y estoy sorprendido porque este Convenio no fue conocido por ella. Se pretende que resolvamos sobre un instrumento relacionado con materias delicadas, desde el punto de vista militar. Lo digo porque no se trata de cualquier cooperación técnico-militar. Incluso, se establece la idea de la fabricación conjunta de armamento. ¿Qué vamos a fabricar nosotros con los rusos? Me habría gustado saberlo, pero en presencia del general Mardones , jefe del Estado Mayor Conjunto , de los equipos de desarrollo de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y del Estado Mayor. ¿Acaso se trata de una forma de mejorar las relaciones diplomáticas recurriendo a un disfraz militar? Como digo, no lo comprendo. Además, quien está presente en la Sala es el subsecretario de Relaciones Exteriores , pero las Fuerzas Armadas no están representadas.
En este momento, recuerdo la misión a la Federación de Rusia que viajó entre 2006 y 2007, oportunidad en que los oficiales del Ejército chileno tuvieron que rechazar las adquisiciones que iban a realizar en ese país porque no les satisfacían. ¿Quién ha visitado Rusia por asuntos militares? ¿Quiénes han viajado a ver, a recorrer, a informarse? Rusia ha tenido una gran industria óptica, desde siempre, incluso, desde antes de la instauración del socialismo. Sus industrias química y ferrocarrilera son históricas. Es un país con una gran tradición en estas áreas. Para qué hablar de la cohetería. El mundo llamado occidental recurre, hasta hoy, a la cohetería rusa. Por ejemplo, el satélite chileno va a ser transportado por un cohete ruso.
¿Por qué no analizamos más lo que podemos hacer con Rusia, desde el punto de vista militar, pero conociendo un poco mejor los antecedentes? ¿Por qué no exploramos la posibilidad de fabricar en conjunto con otros países?
Se me viene a la memoria el caso del King Abdullah Design and Development Bureau (Kaddb), que funciona sobre la base de lo que hoy se conoce en jerga comercial -utilizando un anglicismo- como joint venture, es decir, bajo la modalidad de cooperación con otros países. Como se trata de relaciones militares comerciales, se deben llevar a cabo con países similares, no con países tan disímiles. Militarmente, entre Rusia y Chile existe una desigualdad extraordinariamente desproporcionada. ¿Usted se imagina, señor Presidente , a los rusos, que vienen lanzando satélites desde 1957, interesados en fabricar armamento militar con nosotros, en la calle Rondizzoni? Francamente, hay una gran desproporción. Entonces, digamos la firme: estamos estableciendo una especie de tratado comercial para comprar armamento a los rusos. ¿Por qué no lo planteamos derechamente así? Veamos qué están vendiendo y decidamos si vale la pena comprarles. No me niego a ello. Ya estuvimos estudiando la posibilidad de comprar helicópteros rusos. Pero, ¿también estamos fabricando helicópteros? Para nada.
Distinto es lo que sucede con el Kaddb, de Jordania, que es una oferta extremadamente interesante. Los jordanos decían que eran un país pequeño, pero otros no lo eran tanto. Decían que, como eran un país pequeño, no podían competir con las grandes empresas de la industria militar. Sin embargo, decían que les gustaría desarrollar algunos tipos de reparaciones -también utilizaban un anglicismo que me molesta-, como el upgrade; es decir, transformar tanques y material de artillería obsoleto para que fueran usados de nuevo.
El caso de Jordania es muy interesante porque como tienen un desierto parecido al de Atacama, que es una zona de relativa tensión y de posibles conflictos, tenemos condiciones climáticas parecidas e intereses comunes para desarrollar la construcción de algunos elementos que podríamos vender a países similares al nuestro. En este caso, hay cierta similitud, lo que posibilita hacer comercio militar.
Cuando viajé al Medio Oriente, por cierto, no financiado por la Cámara ni por el Gobierno, sino con mis propios recursos, conocí esta realidad en reuniones que sostuve con militares y, como no tengo interés en ser promotor de negocios militares, entregué todos los antecedentes a las autoridades respectivas, a fin de que ellas resolvieran. No me interesa ser confundido con un comisionista militar. Creo que deberíamos explorar con otros países, antes de anunciar que vamos a fabricar conjuntamente con Rusia elementos militares, para equipamiento de sus propias fuerzas armadas.
A ver, ¿qué es esto, señor Presidente ? ¿Que los que lanzan cohetes al espacio nos van a comprar el Pillán?
Este convenio militar de cooperación con Rusia es una cosa curiosa. No entiendo por qué la Comisión de Defensa no tiene la posibilidad de hacer las preguntas que yo hago ahora en la Sala. Podría -no digo hoy, sino por historia- tener especial animadversión por Rusia; sin embargo, no la tengo en absoluto, a pesar de que me han acusado de rusófilo.
No soy ni lo uno ni lo otro; soy chileno, y quiero que mi país tenga convenios con los países que más nos convengan, y me gustaría que tuviéramos convenio con países que estén a la altura de nuestro PIB o un poco más abajo; a la altura de nuestras necesidades militares o un poco más abajo, y que estén interesados en ganar plata con nosotros y hacer desarrollo militar con nosotros, no sobre nosotros.
Incluso, alguien me podría contestar con una serie de argumentos sólidos para destruir la argumentación que he planteado como duda; pero lo grave es que me lo tendrían que decir aquí en la Sala o en el pasillo, porque no me lo dijeron en la Comisión de Defensa, donde llevo varios años y alguna vez la he presidido.
No pido nada personal, señor Presidente ; pido algo institucional. La Cámara de Diputados recibe hoy día un informe en sesión de día jueves, que son un poco más termales que las habituales, y a lo mejor pasa soplado el convenio con Rusia para fabricación militar de armamento.
Señor Presidente, votaré en contra el proyecto e invito a hacer lo propio a los colegas, para que haya una revisión y nos convenzan de si es realmente necesario.
El artículo 4 trata de la protección de la información, estableciéndose que las Partes se comprometen a garantizar la protección de la información confidencial o de carácter de secreto estatal recibida en razón de este Convenio.
¿Cuál es el desarrollo de la democracia en Rusia para garantizar la propia información de sus propios ciudadanos? ¿Entonces, además debemos, en virtud de este convenio, garantizar la confidencialidad de determinado tipo de información? Lo único que falta es que hagamos un convenio de libertad de prensa con Rusia.
Si sigo hablando esto irá de mal en peor y terminaré pidiendo un convenio de repudio del convenio que se nos presenta.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente , la verdad es que debiera continuar en el mismo esquema, y sin el ánimo de ser pesimista, en la misma línea conductora que ha planteado el diputado Hales .
Siento que algo no está funcionando bien, en el sentido de que no resulta lógico, no resulta normal, no resulta procedente que un elemento importante, como es un convenio de cooperación técnico-militar, con una potencia militar -digámoslo con claridad, con una gran potencia militar- por la que en lo personal siento una profunda admiración respecto del desarrollo tecnológico que alcanzó y que sigue manteniendo o intenta mantener, se aborde como lo estamos haciendo ahora.
En esa perspectiva, por cierto que para Chile firmar un convenio de esta naturaleza resulta útil, pero lo que no es procedente, lo que es pernicioso, es que los diputados, los chilenos electos por la ciudadanía para preocuparse de determinados temas, en particular los chilenos que han sido electos en esta Corporación para preocuparse de hacer las leyes, de firmar estos convenios, y los que, a su vez, tienen una mayor especialización, no sean informados.
Eso constituye un mal precedente, y sugiero que se corrija. El Ministerio de Relaciones Exteriores no puede seguir por la vida como una cosa ajena al resto.
Fíjese que hoy hay Parlamentos del mundo en que las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa son únicas, funcionan simultáneamente y constituyen un solo cuerpo.
Sin duda, un proyecto de acuerdo de convenio es interesante e importante, pero lamento profundamente que el esquema que se ha utilizado sea inapropiado. Siento, además, como me lo dijo el propio diputado Salaberry, que estas materias no debieran seguir tratándose de esta forma.
Por esa razón, siendo un buen convenio, por un profundo desconocimiento, no puedo manifestarme apoyando un proyecto como éste, y creo necesario que quienes lo han revisado en la Comisión de Relaciones Exteriores nos debieran dar un poco más de luces sobre una materia como ésta.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente , en la misma línea de los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, debo solicitar que este proyecto vaya derechamente a la Comisión de Defensa de la Corporación. Lo contrario nos obliga a votarlo en contra. Así de claro y preciso.
Tanto el diputado Ulloa , que anticipó este tema en alguna sesión de Sala, como el diputado Hales , que ha sido de una claridad meridiana, llevan a esa conclusión, amén de que si uno lee el contenido del proyecto, se encuentra con que surgen algunas preguntas evidentes, toda vez que, a lo menos, la propia intervención del subsecretario de Relaciones Exteriores en la Corporación genera algunas interrogantes. No olvidemos que entre los objetivos de este convenio con Rusia está la fabricación conjunta de artefactos de carácter militar para el equipamiento de sus propias fuerzas armadas. Coincido con el diputado Hales en que nos llevan bastante ventaja en la capacidad para construir y equipar. Así las cosas, habría que preguntarse quién va a equipar a quién.
El artículo 1 señala que el material podrá ser suministrado a terceros países. ¿Esto quiere decir que vamos a regalar, donar, proveer gratuitamente? El propio subsecretario señaló que no se incluía en este convenio la venta o transacción de armamento. Si no hay venta ni transacción, ¿entonces vamos a suministrar con carácter gratuito a algún país lo que fabriquemos conjuntamente en virtud de “las casi igualitarias” capacidades tecnológicas de ambos países, que, por cierto, no son igualitarias?
Si nos ceñimos a la legislación vigente -me refiero a la ley orgánica del Ministerio de Defensa Nacional, vigente desde principios de 2010- y al proyecto ya en tramitación, existe clara unanimidad respecto de que existe una vía por la cual debe moverse nuestro país en materia de sistemas de armas: me refiero al proyecto que suprime la ley Reservada del Cobre y reemplaza ese sistema por uno nuevo para adquisición de armamento mayor, bajo control parlamentario, con todas las normas que se están analizando en la Comisión de Defensa Nacional.
Ahora bien, si a lo anterior sumamos la ley orgánica constitucional vigente, la conclusión natural es que el control de estos temas debe ser realizado de manera conjunta entre el Ejecutivo de turno y el Parlamento, a través de sus respectivas Comisiones de Defensa Nacional, y con un nivel de rigurosidad extremo y con la mayor información posible.
En ese contexto, con mayor razón, cualquier convenio que el Estado quiera suscribir en esta área debe pasar por el informe de las Comisiones de Defensa del Senado y de la Cámara de Diputados.
Aunque me merecen mucho respeto la Federación de Rusia y el Convenio que se quiere suscribir, solicito formalmente a la Mesa que pida nuevamente el asentimiento de la Sala para que el proyecto sea enviado a la Comisión de Defensa Nacional. De lo contrario, tendré que votar en contra -lo que no me alegraría- de un proyecto de acuerdo que fue firmado con el mejor de los espíritus y la mejor de las intenciones con una nación que tiene competencias probadas en ésta y en muchas otras áreas.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).-
Señores diputados, ayer se recabó el asentimiento de la Sala para que el proyecto fuera visto en la Comisión de Defensa Nacional, pero como no hubo unanimidad para ello, obviamente, no pudo enviarse a esa Comisión.
Ahora bien, después de escuchar las intervenciones de los diputados señores Hales, Ulloa y Rincón, más el sentido común que esta Mesa siempre ha procurado aplicar, recabaré nuevamente la unanimidad de la Sala, cuando tengamos el quórum necesario, porque me parece de toda lógica que el convenio lo analice la Comisión de Defensa Nacional. Aún disponemos de tiempo, porque, de acuerdo a la urgencia con que ha sido calificada, el plazo vence el 17 de noviembre.
Aprovecho la oportunidad de hacer un llamado a los jefes de los Comités para que podamos proceder de esa manera y finalmente el proyecto de acuerdo vaya a la Comisión de Defensa Nacional.
Tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.-
Señor Presidente , efectivamente, en la Comisión de Relaciones Exteriores, recibimos al señor Fernando Schmidt Ariztía , en su condición de ministro de Relaciones Exteriores subrogante, quien nos dio a conocer cuáles eran las ventajas y los compromisos que tenía el Gobierno de Chile con el Gobierno de la Federación de Rusia.
Tal como lo dijo el diputado Rincón , quedó claramente establecido que el convenio no incluía la compra y venta de armamentos, razón por la cual lo aprobamos. Sin embargo, coincido con las intervenciones de los colegas Hales , Ulloa , Rincón y con el señor Presidente en cuanto a que el proyecto de acuerdo debe ser revisado por la Comisión de Defensa Nacional.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Señores diputados, todos quienes intervinieron hoy sobre este proyecto de acuerdo han hecho notar que sería deseable contar también con un informe de la Comisión de Defensa Nacional. Disponemos del tiempo necesario para ello, porque el plazo de la urgencia vence el 17 de noviembre.
¿Habría acuerdo para proceder en tal sentido?
No hay acuerdo.
Por lo tanto, debe votarse hoy.
El señor HALES.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor MELERO (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor HALES.-
Señor Presidente , sé que se rechazó la solicitud de que el proyecto de acuerdo sea remitido a la Comisión de Defensa Nacional. Sin embargo, le solicito que nuevamente recabe el acuerdo en ese sentido, a fin de evitar que tengamos que votarlo en contra.
El señor MELERO (Presidente).-
Muy bien, señor diputado.
¿Habría acuerdo para acceder a la petición de enviar el proyecto de acuerdo a la Comisión de Defensa Nacional.
No hay acuerdo.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de acuerdo en los siguientes términos:
El señor MELERO ( Presidente ).-
En votación el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de Cooperación Técnico-Militar entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la Federación de Rusia, suscrito en Santiago, el 19 de noviembre de 2004.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 22 votos. Hubo 14 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MELERO (Presidente).-
Despachado el proyecto de acuerdo.
MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 19.451 CON LA FINALIDAD DE REFORZAR LA DONACIÓN DE ÓRGANOS. Primer trámite constitucional.
El señor MELERO ( Presidente ).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción que reemplaza a los artículos 2° bis y 9° de la ley N° 19.451, que establece el modo de determinar quienes pueden ser considerados donantes de órganos.
Diputado informante de la Comisión de Salud es el señor Víctor Torres.
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 7849-11, sesión 66ª, en 9 de agosto de 2011. Documentos de la Cuenta N° 3.
-Informe de la Comisión de Salud, sesión 102ª, en 2 de noviembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 8.
El señor MELERO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor TORRES (de pie).-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Salud, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de ley, iniciado en moción de los diputados señores Enrique Accorsi Opazo , Jorge Burgos Varela, Juan Luis Castro González , Javier Macaya Danús , Manuel Monsalve Benavides, Marco Antonio Núñez Lozano , Alberto Robles Pantoja , de la diputada señora Karla Rubilar Barahona , del diputado señor Matías Walker Prieto y de quien habla, Víctor Torres Jeldes, que reemplaza los artículos 2° bis y 9° de la ley sobre donación de órganos.
La idea matriz o fundamental del proyecto es modificar la ley N° 19.451, sobre donación de órganos, con la finalidad de reforzar la idea central de que toda persona es donante de órganos, salvo que expresamente señale lo contrario.
Para el logro de ese objetivo, el proyecto de ley está estructurado en base a un artículo único, que consta de dos numerales, para modificar los artículos 2° bis y 9° de la ley vigente.
En los fundamentos de la moción se menciona una serie de considerandos en los cuales se indica que se ha presentado la moción en estudio atendido que la actual legislación que regula la extracción de órganos, que fue modificada hace poco más de un año, no ha producido los resultados esperados por el legislador de la época. En efecto, la modificación introducida en la ley original tuvo por objeto permitir y facilitar la donación de órganos, tanto de personas vivas como fallecidas; sin embargo, la tasa nacional de donantes no sólo no aumentó, sino que, por el contrario, disminuyó. Varios son los argumentos que, se estima, han predispuesto a esa situación, pero uno de ellos, el principal, dice relación con el desconocimiento generalizado de la ley y por la imposibilidad de que la persona pueda adoptar una resolución certera e informada, por la rapidez con que debe dar una respuesta a la autoridad administrativa que se lo consulta cuando, por lo demás, su intención ha sido realizar un trámite distinto al de declarar si es donante o no de órganos, como, por ejemplo, al momento de renovar su cédula de identidad o su documento para conducir.
¿Cuál es la realidad en relación con la legislación vigente y la modificación propuesta?
En términos generales, la legislación vigente consagra el principio del donante universal, esto es, que toda persona mayor de dieciocho años es donante, salvo que exprese lo contrario. Como regla general, puede expresar lo contrario al momento de renovar su cédula de identidad ante el oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación o al momento de obtener o renovar su carné de conducir en la municipalidad respectiva.
En la práctica, lo que ocurre es que una persona que concurre a los lugares indicados para obtener sus documentos de identidad o de conducir es consultada por el funcionario que lo atiende si desea o no ser donante de órganos. Sin quererlo, esa persona se encuentra sorprendida por esa consulta y, frente al desconocimiento real de las consecuencias, manifiesta, sin necesariamente pensarlo mucho, que no desea ser donante. Al menos, eso ha ocurrido en la práctica.
El presente proyecto de ley propone, como regla general, continuar con el principio del donante universal, pero con una variante: que la persona que desee no ser donante de órganos deba manifestarlo expresamente ante notario público. Sin embargo, y para mayor abundamiento, si quiere ser donante puede manifestarlo también al momento de renovar su cédula de identidad u obtener carné de conducir, pero sólo para efectuar una manifestación positiva.
En la discusión general del proyecto, la Comisión escuchó la exposición del subsecretario de Salud Pública, señor Jorge Díaz ; del coordinador Nacional de Trasplantes del Ministerio de Salud , doctor José Luis Rojas , y de la presidenta de la Sociedad de Trasplantes , doctora Viola Pinto .
En términos generales, todos estuvieron de acuerdo en que la legislación actual, modificada en enero de 2010, no ha dado los resultados esperados, por cuanto no sólo no han aumentado las donaciones de órganos, sino que también han disminuido en número, como dije anteriormente.
Todos están de acuerdo en la necesidad de modificar la ley para avanzar en el sistema de donaciones; sin embargo, si bien los representantes del Ejecutivo están por aprobar esta ley, la representante de la Sociedad de Trasplantes estima que ella es absolutamente insuficiente para obtener los resultados esperados por dicha entidad.
En esta etapa de la discusión, se conocieron algunas cifras actuales en relación al tema. Se señaló que en 2011, desde la perspectiva del ministerio, se está avanzando en la expansión presupuestaria, atendido que la disminución en las tasas de donantes es inquietante. En 2010, la cantidad de donantes mantuvo su descenso, con el valor más bajo en los últimos doce años, con una tasa de donantes de cinco por cada millón de habitantes, en circunstancias de que, hasta 2008, había sobre diez donantes por millón de habitantes y en los países desarrollados se espera que existan cuarenta donantes por cada millón de habitantes.
El incremento de la negativa a ser donante se asocia a que los familiares de las personas fallecidas argumentan que éstas no quería donar sus órganos, y éste es un trámite que siempre cumplirá un médico para efectuar todo el proceso de procuramiento de órganos.
Se hizo presente que, en Santiago, la tasa de donantes es mayor que en regiones, pero que igualmente está marcada por el descenso. En el caso de regiones, la disposición a donar es menor.
Se hizo presente que, en la actualidad, la lista de espera para trasplantes es de 2 mil pacientes registrados, aproximadamente; en el área renal, hay 17 mil pacientes en diálisis, de los cuales 1.600 están en lista de espera para trasplante de riñón, además de otros órganos, como corazón, hígado, páncreas o pulmón.
A juicio de todos los invitados a la Comisión, el principal problema ha consistido en la implementación de la ley vigente, en la cual se contempla gran facilidad para decir que no en determinados momentos, sin una información más profunda.
Se recalcó la necesidad de promover el principio del donante presunto, pero con un sistema eficiente, para lo cual es relevante mantener involucrada a la familia y eliminar los mecanismos distractores, los documentos que se exigen hoy para que la gente se inscriba como no donante. En la actualidad, el mayor problema es que el registro de no donantes crece de manera automática.
¿Cuál ha sido la secuencia o la realidad del registro de no donantes desde la vigencia de esta ley en 2010? Desde el inicio del registro de no donantes, en enero de 2010, se han registrado un millón seiscientas mil personas, lo que corresponde al 30 por ciento de las personas que obtuvieron o renovaron cédula de identidad. El mayor problema con este registro es que al ser de no donantes, aunque se le consulte a la familia y ésta quiera ser partícipe de la donación, tenderá a mantener la negativa en concordancia con lo establecido por el fallecido. En algún momento, simplemente, no existirán donantes.
Se expresó que en la actualidad es relevante el momento en que la persona realiza inscripciones relacionadas con ser donantes; el 87 por ciento de los inscritos como no donantes lo ha manifestado al momento de renovar la cédula de identidad; el 11 por ciento, al renovar la licencia de conducir, y sólo el 2 por ciento corresponde a quienes fueron voluntaria y específicamente a manifestar su voluntad en ese sentido.
Por ello, pareciera que la manifestación de voluntad no debe estar vinculada a un trámite obligatorio, por lo que todas las personas donantes deben tener la libertad de manifestarse en contra de ello, pero no vincularse a trámites obligatorios.
Otro elemento que se hizo notar por los invitados es que en el ámbito administrativo se ha aumentado la coordinación en materia de trasplantes, con coordinadores a cargo en cada hospital. Sin embargo, ello no es del todo útil si no existen donantes.
Finalmente, el Ejecutivo informó que estos temas se están considerando en los respectivos presupuestos, para dotar a los hospitales con los recursos humanos, asignando al presupuesto del Ministerio de Salud los recursos necesarios para los traslados aéreos.
El traspaso de la ONG Coordinadora Nacional de Trasplantes al Ministerio de Salud se produjo durante 2011, de manera que no se consideraba presupuesto para dichas funciones, por lo que hubo que asumir esas deficiencias, pero sí se ha considerado en el presupuesto para 2012.
Cabe hacer presente, también, que la Comisión escuchó al jefe del Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados -es la primera que se somete a evaluación por ese departamento-, que ha efectuado un estudio y análisis de la implementación, aplicación y operatividad de la ley N° 20.413, que modificó en enero de 2010 la ley N° 19.451, sobre donación de órganos.
En las conclusiones de ese estudio, se exponen los resultados a los que se llegó luego de entrevistar y analizar las distintas variables del sistema, y se expusieron algunas recomendaciones.
El texto de ese estudio, que contiene más de cien páginas, se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados.
Los diputados miembros de la Comisión estuvieron de acuerdo en que la actual legislación no ha producido los efectos previstos y deseados en la oportunidad en que se dictó la ley. En base a ello, se han detectado deficiencias en la normativa, que dicen relación con la forma en que ésta se ha debido llevar a la práctica. En ese sentido, no se considera que sea oportuno ni conveniente que una persona que concurre al Servicio de Registro Civil o al ente municipal para obtener o renovar su cédula de identidad o su carné de conducir, respectivamente, sea consultada, al pasar y por un funcionario que no cuenta con la preparación para ello, si desea o no ser donante de órganos. Se ha constatado que, en la mayoría de los casos, las personas así consultadas se ven sorprendidas, y frente a lo imprevisto de la pregunta y la premura con la que deben entregar la respuesta, señalan que no serán donantes, sin tener la oportunidad real de pensar mucho en las ventajas o en las consecuencias que dicho acto y declaración implican.
Votación general del proyecto
La Comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración en la moción, y luego de recibir las explicaciones de sus autores, de representantes del Ministerio de Salud, y la opinión de la Sociedad de Trasplantes de Chile, que permitieron a sus miembros formarse una idea sobre las implicancias y la incidencia real que tiene la modificación propuesta en el proyecto de ley, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de los diputados presentes, señores Enrique Accorsi Opazo, Juan Luis Castro González, José Antonio Kast Rist , Issa Kort Garriga (en reemplazo de Cristián Letelier), Javier Macaya Danús, Marco Antonio Núñez Lozano , señora Karla Rubilar Barahona , y señores Víctor Torres Jeldes, Enrique Van Rysselberghe Herrera (en reemplazo de Marisol Turres) y Gastón von Mühlenbrock Zamora (diez votos a favor).
En la discusión particular, la Comisión aprobó una indicación sustitutiva de la moción, mediante la cual se propuso y se aprobó modificar el artículo 2° bis de la ley vigente, y derogar el artículo 9°, por cuanto su contenido se incorporó en el 2° bis propuesto.
En términos generales, se propone continuar con la vigencia de la existencia del donante universal, esto es, que toda persona mayor de 18 años es potencial donante a menos que expresamente determine lo contrario.
Para manifestar la negativa a ser donante, debe expresarlo ante un notario público, quien deberá enviar copia de dicho documento al Servicio de Registro Civil e Identificación para que inscriba a esa persona en el registro de no donantes.
La persona, de todas maneras, puede manifestar su intención positiva de ser donante al momento de renovar cédula de identidad o carné de conducir.
Si existiere duda razonable en cuanto a si la persona era o no potencial donante, se contempla un listado de familiares o personas que pueden ser consultadas en el orden de prelación que se determina en la disposición legal que se propone.
Por las razones señaladas, en forma muy resumida, la Comisión de Salud recomienda a la Sala aprobar la idea de legislar contenida en el proyecto de ley, y su articulado, tal como fue aprobado y está propuesto en el informe.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).-
Señor Presidente, nos corresponde pronunciarnos sobre la modificación de un proyecto de ley que discutimos no hace mucho tiempo en esta Cámara, a fines del período legislativo anterior.
En ese entonces, todo Chile lamentaba la muerte del menor Felipe Cruzat , y la mayoría de los chilenos pensaba que la solución estaba en modificar la ley de donación de órganos.
Por lo tanto, el Congreso Nacional se abocó a trabajar con entusiasmo y premura a fin de despachar un proyecto de ley que estaba durmiendo durante bastantes años. Una vez despachado el proyecto y promulgada la ley, después de un extenso debate legislativo, los resultados no fueron los esperados.
La ley en cuestión probablemente va a marcar un hito, en el sentido de que va a ser la primera norma sujeta a revisión por el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados. Y sus resultados indican que tenemos más o menos un millón de personas que, por el trámite obligatorio de consulta, cuando concurren a solicitar un documento, han dicho “no” a la donación de órganos, una negativa que tiene repercusiones fundamentales, porque puede significar la muerte de una persona que necesita un órgano.
Un grupo de diputados, liderados por el diputado Víctor Torres , nos abocamos a trabajar y a revisar el informe del Departamento de Evaluación de la Ley, con el objeto de tratar de determinar cuáles habían sido los problemas que había presentado la ley vigente y cómo podíamos corregirlos. Así surgió la moción en debate, la cual, probablemente, recoge todas las inquietudes de
personas que han dedicado su vida al trasplante de órganos, como el doctor José Luis Rojas .
A grandes rasgos, lo que propone el proyecto es la separación de esos trámites, muchas veces obligatorios para las personas, con la consulta sobre si acceden a ser o no donantes de órganos, y dejar establecida la negativa ante notario público, el que, a su vez, deberá remitir esos antecedentes al Servicio de Registro Civil e Identificación, a efectos de incluirlos en el Registro Nacional de No Donantes .
Asimismo, se propone mantener la declaración de donantes en tales trámites. Todos somos presuntos donantes -eso se mantiene-, pero se disponen fórmulas para manifestar la voluntad en contrario. Queremos que las personas tengan que hacer un esfuerzo para establecer que no desean ser donantes, para que no quepan dudas de tal negativa, y dar facilidades para que puedan señalar su voluntad de serlo, lo que constituye un refuerzo para sus familias en el difícil momento de tener que tomar una decisión cuando ésta sea requerida, en el sentido de respetar esa decisión.
No queremos que el rechazo familiar a la donación de órganos sea una razón por la cual algunas personas fallezcan en espera de recibirlos. En el país tenemos demasiadas personas en espera de un órgano y demasiadas que no saben que pueden ser donantes una vez que ya fallecieron, con ausencia de latidos cardíacos, y no cuando se les diagnostica la muerte cerebral. Ellas pueden ser donantes de tejidos, huesos, córneas y otros órganos que pueden contribuir a cambiar la vida de muchas personas.
Necesitamos hacer un esfuerzo como sociedad para entender la importancia de donar órganos. A nadie nunca se le va a preguntar si es donante para determinar si puede recibir un órgano. La base y la esencia de esta ley es que no es necesario dar algo para poder recibirlo, lo cual constituye un cambio de mentalidad en la sociedad.
También, debemos hacer esfuerzos por superar los miedos y las dudas que existen en cuanto a si existe una suerte de tráfico de influencia o de órganos.
¿Cómo se puede avanzar para que la lista de pacientes en espera de trasplante sea absolutamente transparente y que no haya dudas respecto del procedimiento que se emplea? ¿Qué debemos hacer para demostrar que en Chile no existe el problema de otros países relacionado con el negocio del tráfico de órganos, para que las personas no tengan miedo de tomar su decisión con libertad y puedan contribuir, de ese modo, a tener un país más solidario y que salve vidas?
Creo que esta pequeña modificación a la ley vigente contribuirá a enmendar el error que los legisladores cometimos respecto de ese cuerpo legal.
El presupuesto de salud ya fue aprobado por la subcomisión técnica, y espero que también lo sea por la Comisión Mixta de Presupuestos, puesto que se incorporan los recursos necesarios para que la Coordinadora Nacional de Trasplantes, instancia que ahora depende del Ministerio de Salud, que fue una de las modificaciones pasadas que se establecieron a la ley sobre la materia, disponga de los recursos suficientes para que existan profesionales procuradores de órganos idóneos, para que se realicen exámenes de histocompatibilidad las veinticuatro horas del día y para la contratación de servicios de transporte de órganos por vía aérea o terrestre.
No basta con que las personas accedan a ser donantes; se necesita también un mecanismo ejecutor eficiente del ministerio del ramo para que en este país exista un sistema de procuración de órganos como corresponde.
Hoy hemos dado un paso enorme para avanzar en la materia, de modo que agradezco a todos los integrantes de la Comisión de Salud de la Corporación que trabajaron con urgencia para sacar adelante el proyecto.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, ésta es la tercera vez que intervengo en la discusión de un proyecto de ley sobre donación de órganos o de trasplante de órganos. Lo hice con ocasión de la tramitación de la ley N° 19.451, sobre donación de órganos, publicada el 10 de abril de 1996; cuando se discutió el proyecto que dio origen a la ley N° 20.413, publicada en enero de 2010, y lo hago nuevamente ahora, con motivo de esta iniciativa.
Creo que tan importante como lo que establece la ley es lo que está fuera de ella. En ese sentido, deberíamos preguntarnos por qué reformamos la legislación que disponía que las personas tenían que manifestar su voluntad de una manera libre y expresa para ser donantes, y después se establece la donación presunta o universal, mediante la cual se presumía que la persona era donante si no manifestaba lo contrario. Se efectuó esa modificación legal porque se estimó que con ello aumentarían los registros de donantes de órganos. Sin embargo, como aquí se ha dicho, las donaciones han disminuido dramáticamente. Eso es lo que nos debe preocupar.
¿Por qué la gente no dona sus órganos y por qué las familias se oponen a las donaciones? Puede ocurrir que una persona sea donante, pero, al momento de fallecer, su familia manifieste su oposición, con lo cual la voluntad del donante no prevalece. Asimismo, debemos preguntarnos por qué a pesar de haberse cumplido con todo lo establecido, en algunos casos no se realiza el trasplante correspondiente. Es decir, debemos aclarar una serie de preguntas.
Alguien dijo que el proyecto de ley hace una modificación de carácter semántico, es decir, que no resuelve los problemas de fondo. Estimo que es válido todo esfuerzo, trabajo y gestión que se realice tendiente a aumentar la donación y los trasplantes de órganos. Por eso, reconozco el trabajo que ha desarrollado la Comisión de Salud en relación con la iniciativa.
La donación de órganos es un acto voluntario de disposición humana para prolongar la vida de otra persona. Así se señaló en las ocasiones en que se discutió por primera vez la ley vigente y su posterior modificación. Sin embargo, pareciera que la gente no entiende esos valores y manifestaciones humanas y se resiste a donar órganos.
Por ello, creo que se debe realizar un trabajo tendiente a sensibilizar a las personas, a las familias de los donantes y a toda la comunidad, con el objeto de que se adquiera conciencia respecto de la importancia y el sentido que tiene la donación de órganos humanos: dar vida a otros después de la vida de algunos.
Por más leyes que tengamos, vamos a caer en lo mismo; va a resultar lo mismo. Hoy no se dona por desconocimiento de la ley y por la celeridad del procedimiento de donaciones. Cuando a las personas se les pregunta si van a ser o no donantes, se ven sorprendidas por esa consulta, no hallan qué decir y finalmente se niegan a ser donantes.
Estamos ante un problema cultural, de tradición, de interpretación humana, porque mucha gente no acepta la donación de órganos porque quiere ver íntegros los cuerpos de sus seres queridos; le causa miedo que se les extraigan los órganos.
La ley original sobre la materia está muy bien estructurada, porque establece una serie de condiciones para la realización del trasplante de órganos humanos. Al respecto, valoro mucho un estudio elaborado por el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, a cargo del señor René Arrayet y de la abogada señora Verónica Seguel . La ley es pedagógica: enseña, educa, indica lo que hay que hacer y así la gente no hace lo que se prohíbe.
Ese estudio expresa que el problema sólo se solucionará de la siguiente forma: “Con una fuerte y sostenida campaña de información acerca de la ley del sistema de donación y trasplante de órganos, incluyendo el diagnóstico de la muerte cerebral,…” -hay que explicar también lo que es la muerte cerebral, que está establecida en el artículo 11 de la ley N° 19.451, porque hay gente que tiene miedo de que a las personas se les pueda extraer órganos cuando todavía están vivas; sin embargo, esa ley hace un diagnóstico sobre lo que se entiende por muerte cerebral, donde ya no hay ningún signo de vida; por lo tanto, también hay que precisar este punto- “…dirigida al público en general, y a los medios de comunicación, en particular, y a la decisión de incorporar contenidos relativos a estos temas tanto en la educación básica y media, como en la universitaria, especialmente en las áreas de salud, del derecho, periodismo y comunicación social.
Aumentando la eficacia de los procedimientos de procuramiento y trasplante de órganos, para lo cual se requiere contar con una entidad coordinadora a nivel nacional dotada de las atribuciones, personal y recursos necesarios para desempeñar sus funciones.”.
Es decir, es necesaria mayor coordinación en la realización del trasplante correspondiente y, además, mayor presupuesto para la Coordinadora Nacional de Trasplantes e infraestructura hospitalaria. ¿Cómo se conocen las listas de trasplantes y cómo se suministran los datos?
El proyecto de ley ratifica la donación presunta; es decir, una persona, por el solo hecho de cumplir dieciocho años, es considerada potencial donante de sus órganos una vez fallecida, a menos -se precisa- que por escritura pública ante notario haya expresado lo contrario. También se señala cómo se puede donar.
Todo esfuerzo o gestión que se haga, o todo proyecto que despachemos, dirigido a aumentar las donaciones e incentivar los trasplantes de órganos, bienvenido sea.
Por lo tanto, este proyecto va en la dirección correcta y habría que aprobarlo sin ningún inconveniente.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.-
Señor Presidente, este proyecto de ley es muy importante. Quienes provenimos del área de la salud consideramos prioritarios los trasplantes y la donación de órganos, por lo que vemos con mucha preocupación la gran disminución de donantes. En la actualidad, Chile es prácticamente el último país de América Latina en materia de donaciones.
Con este proyecto de ley se busca que vuelva la confianza de la ciudadanía. Con la donación universal, se trató de ampliar las donaciones, pero la gente, a lo mejor, se sintió un poco violentada. Reitero que con este proyecto se pretende recobrar la confianza, lo cual es muy importante. Podemos elaborar todas las leyes que queramos en materia de trasplantes, pero si no recuperamos la confianza de la ciudadanía en el proceso de donación de órganos, todo lo que esté escrito será letra muerte. En esa línea, consideramos que esta iniciativa constituye un tremendo paso.
Asimismo, hemos pedido que en el presupuesto del próximo año se destinen los fondos necesarios para poder hacer campañas y educación, que es lo más importante.
Estamos dando un paso adelante en cuanto a donaciones de órganos. Se trata de que los miles de personas que están esperando un trasplante tengan una mejor posibilidad.
Esto también habla mucho de nuestra sociedad, que ha sido incapaz de ser solidaria al respecto. Asimismo, es importante conversar en familia sobre esta materia, porque los jóvenes, mayoritariamente, son donantes, pero, al momento de la muerte, la familia se opone a la donación.
Ahora, no solamente estamos fomentando la donación de órganos, sino también la de tejidos, de piel, de huesos, de válvulas cardíacas y de córneas, que son muy importantes. Hoy, las posibilidades de hacer trasplantes de córneas y devolver la visión a las personas que la necesitan son muy precarias.
De manera que este proyecto de ley es muy bienvenido. Lo vamos a apoyar con mucha fuerza, a fin de que la ciudadanía recobre la confianza en la donaciones de órganos.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).-
Por último, tiene la palabra el diputado Gabriel Silber.
El señor SILBER.-
Señor Presidente, comparto el fondo y las buenas intenciones de los autores del proyecto; sin embargo, tengo tres disensos sobre el particular.
El primero es que, a mi juicio, cambiar el concepto de “donante” por el de “potencial donante” da una interpretación lapsa respecto de lo que se quiere reforzar, en el sentido de que todos somos donantes, salvo aquellos que, técnicamente y por razones sanitarias, médicas, no están en condiciones de serlo.
El segundo es que, si bien la ley se supone conocida por todos -una ficción jurídica-, una vez que es promulgada y publicada, a mi entender, al no considerar esta iniciativa como obligatoria la consulta al momento del otorgamiento de la cédula de identidad o del carné de conducir respecto a la condición de donante, en el futuro puede generar un efecto búmeran. El hecho de actuar en silencio o preterir la voluntad de una persona, sin hacerle las consultas correspondientes y, por lo tanto, sin que se emita un pronunciamiento, positivo o negativo, puede traer consecuencias graves sobre quienes aprobemos este proyecto.
El tercero -a mi juicio, el más grave- es que el proyecto dispone que si existiere duda fundada -se señala cuando se está en ese caso- respecto a la calidad de donante, se podrá preguntar a los familiares más directos. En mi opinión, cuando existe duda fundada, cuando el propio médico tiene dudas, por existir elementos contradictorios en relación con las declaraciones del donante, la consulta debe ser obligatoria y no facultativa ante un acto tan importante como es la donación de órganos.
Quería hacer presente estas tres objeciones a un proyecto bien intencionado, que constituye una buena medida sanitaria, pero que en el futuro puede generar efectos adversos.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:
El señor MELERO ( Presidente ).-
En votación general el proyecto de ley, iniciado en moción, con urgencia calificada de simple, que regula los artículos 2° bis y 9° de la ley N° 19.451, que establece el modo de determinar quienes pueden ser considerados donantes de órganos.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MELERO (Presidente).-
Y por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular.
Despachado el proyecto.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
DESTINACIÓN DE 2 POR CIENTO DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON FINES SOCIALES Y BENÉFICOS. (Preferencia).
El señor MELERO ( Presidente ).- El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del proyecto de acuerdo N° 489, que será tratado con preferencia por acuerdo de los Comités.
El señor LANDEROS ( Prosecretario ).-Proyecto de acuerdo N° 489, de la diputada señora Carolina Goic y de los diputados señores Melero, Sandoval, Bertolino, Araya, Auth, Rincón, De Urresti, Browne, Teillier, Chahín, Jarpa, Latorre, Saffirio, Venegas, León y Lorenzini “La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia el Presidente de la República que, en uso de sus atribuciones constitucionales y atendidas las materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo , integre en el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2012, en la partida 5 Ministerio del Interior, Seguridad Pública y Gobiernos Regionales, glosa 02, un 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para el desarrollo de actividades con fines sociales y benéficos, teniendo en consideración los siguientes aspectos:
a) El referido 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, mediante concurso de proyectos, se adjudique a instituciones privadas sin fines de lucro cuyas finalidades sean de tipo social y benéfico, tales como, y solo a modo de ejemplo, la Cruz Roja, el Hogar de Cristo, Un Techo para Chile, Bomberos de Chile, Damas de Verde, Fundación Las Rosas, Fundación Rodelillo, Apoyo Positivo, entre otras tantas del país.
b) A modo referencial, según sea la naturaleza y sentido de los proyectos presentados, podrán tener, entre otros, los siguientes objetivos respecto de los beneficiarios y/o usuarios:
Brindar protección (socorro, alimentación, vestimenta, salud, educación, trabajo, etcétera) y cuidado físico y psicológico.
Promover su dignidad como personas y contribuir a la restitución de sus derechos.
Otorgar prestaciones especializadas y acorde a sus necesidades y desarrollo, que contribuyan a su calidad de vida.
Promover y/o fortalecer su integración familiar, social y comunitaria.
c) Que con cargo a este 2 por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se otorgue especial atención a los proyectos de funcionamiento de los centros u hogares de larga estadía para adultos mayores, sobre todo para financiar sus gastos operacionales.
d) Que dentro del conjunto de actividades que puede financiar dicho 2 por ciento para los diversos proyectos que se presenten, se considere, entre otros, el financiamiento de las necesidades de personal, los gastos en insumos corrientes, la adquisición de equipamientos y la ejecución de obras menores de infraestructura, tales como rampas, accesos, baterías de baños, de cocina, dormitorios, etcétera.
Para efectos de llevar a cabo los respectivos concursos de proyectos con fines sociales y benéficos, los gobiernos regionales deberán dictar un reglamento ad hoc, mediante el cual se sentarán las bases y demás antecedentes de tales concursos. El reglamento deberá dictarse mediante la correspondiente resolución exenta, que para el efecto determine el intendente regional, la que será objeto de la debida publicidad y difusión, de forma tal que se aseguren los principios de transparencia y participación.”.
El señor MELERO (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente , agradezco la disposición de los Comités para tratar con preferencia este proyecto de acuerdo, que hemos elaborado con el diputado Sandoval . Se trata de una idea que surge de la experiencia de lo acontecido desde hace un par de años. En 2007 se estableció en la Ley de Presupuestos, para las glosas que norman el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que se utilizara un 2 por ciento para financiar actividades culturales y deportivas. Del mismo modo, este año, un 2 por ciento de dicho Fondo se destina a actividades de seguridad ciudadana. Ello ha permitido flexibilizar el uso de un fondo que habitualmente se destinaba solo a infraestructura y equipamiento, y dotar a la región de una herramienta para financiar lo que habitualmente se llama gastos de operación o gastos corrientes. De esa manera se pueden apoyar iniciativas culturales y deportivas que no tenían financiamiento en las líneas regulares de las instituciones respectivas.
En la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, tanto en la partida de la Subdere como en la del Servicio Nacional del Adulto Mayor, planteamos la idea de que un 2 por ciento del FNDR pueda destinarse a financiar actividades de instituciones sin fines de lucro de tipo social o benéfico, precisamente a raíz de los planteamientos que han hecho muchas de ellas cuidan a adultos mayores, como el Hogar de Cristo, la Fundación Las Rosas, San Vicente de Paul , que se han enfrentado a cerrar sus centros por falta de financiamiento. Por eso planteamos la alternativa de que el gobierno regional aporte recursos directamente a este tipo de actividades. Todos conocemos las dificultades que hay en la ejecución del gasto en las regiones. Muchas veces existen recursos disponibles, pero hay una limitación respecto de su uso, lo que queremos salvar con esta glosa.
El próximo martes nos reuniremos con el ministro de Desarrollo Social , Joaquín Lavín , para plantearle que le dé viabilidad a esta iniciativa, lo que no implica aumentar los recursos del presupuesto, sino la capacidad de decisión regional para iniciativas que hoy se financian solo con el apoyo de la comunidad. Para estas agrupaciones y organizaciones, se trata de recursos significativos, pero que se enmarcan absolutamente dentro de lo que pueden disponer los gobiernos regionales.
En el proyecto de acuerdo se destaca que los concursos de proyectos con fines sociales y benéficos se llevaran a cabo de acuerdo con un reglamento ad hoc, de manera de garantizar la participación y la transparencia en la asignación de recursos.
Agradecemos a quienes apoyan este proyecto y llamamos al resto de los colegas a pronunciarse favorablemente, de manera de dar un respaldo a toda esa gente que trabaja en forma anónima, que entrega su tiempo en forma gratuita, y a la que podríamos potenciar su trabajo con la aprobación del proyecto.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, felicito a los autores del proyecto, toda vez que va en la línea correcta de descentralizar recursos para focalizarlos en los adultos mayores.
Hay importantes experiencias respecto del mecanismo planteado. Está el 2 por ciento para cultura y el deporte. Con esos recursos, las regiones podrán dedicarse a elaborar políticas enfocadas en los adultos mayores.
Tal como señaló la diputada Carolina Goic , es importante que en cada región y rincón de nuestro territorio tengamos recursos descentralizados para llevar adelante esas políticas. No esperemos que desde el nivel central nos destinen los recursos. Si los focalizamos en regiones, si logramos que se modifique la glosa, en ese 2 por ciento vamos a tener una importante cantidad de recursos que las autoridades, los consejeros regionales, por la cercanía con la gente, van a tener la capacidad de focalizarlos de mejor forma e invertirlos de manera adecuada, descentralizada y territorialmente equitativa, en una infinidad de iniciativas, en muchas de las cuales se trabaja con los adultos mayores, quienes no solo se concentran en las grandes ciudades, en las capitales regionales, sino que también están en importantes localidades y comunas pequeñas, donde es fundamental contar con recursos.
Por eso, apoyemos la iniciativa y votémosla favorablemente. Aprovechemos que se está tramitando el proyecto de Ley de Presupuestos para que incorporemos la propuesta en la Partida 5 del Ministerio del Interior.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
ADMINISTRACIÓN PLENA DE LOS LICEOS EMBLEMÁTICOS DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA A CARGO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
El señor MELERO ( Presidente ).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de acuerdo N° 452, que solicita al Ministerio de Educación asumir la administración plena de los liceos emblemáticos de la comuna de Providencia.
El señor LANDEROS ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 452, de los diputados señores Carmona, Robles, Aguiló, Schilling, Chahín, Teillier, González, Rincón y Campos y de la diputada señora Cristina Girardi, que en su parte dispositiva dice lo siguiente:
“La Cámara de Diputados acuerda:
“Solicitar al Presidente de la República , y con el fin de superar plenamente la crisis de administración de los establecimientos emblemáticos, hoy bajo la administración de la Corporación de Desarrollo Social de la comuna de Providencia, asumir directamente por el Ministerio de Educación y la Secretaria Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, la administración de los establecimientos que se señalan; Liceo N° 7, de Providencia, Luisa Saavedra de González, fundado en 1942; Liceo Carmela Carvajal, de Providencia, fundado en 1961; Liceo José Victorino Lastarria, fundado en 1913; Liceo Tajamar, fundado en 1971; el Liceo Polivalente “Arturo Alessandri Palma” (A-N° 12), fundado en 1952, con el fin de garantizar una educación pública de calidad para todos los estudiantes”.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , la ubicación de los liceos más significativos del país, particularmente los de la Región Metropolitana, no está determinada por orientaciones de los actuales alcaldes. Muchos se ubican en el centro de Santiago, y a ellos acceden estudiantes de distintas comunas de la Región Metropolitana.
Por consiguiente, cualquier medida que discrimine a sus estudiantes, nada tiene que ver con la historia ni con las competencias de los actuales ediles, incluido el alcalde Labbé, de la comuna de Providencia.
La movilización estudiantil nacional, cuyo carácter transversal une a universitarios y secundarios, compromete a padres y apoderados, a profesores y alumnos, desde las principales capitales regionales hasta las comunas más pequeñas, pasando por la comuna de Providencia. A pesar del alcalde Labbé , esta comuna también pertenece a la geografía de Chile; por lo tanto, sus estudiantes son parte de la comunidad educacional que está movilizada.
Por eso, las afirmaciones del alcalde Labbé , que anunció que no habrá matricula en 2012 para quienes repitan el año y no sean de Providencia, ni tampoco para estudiantes nuevos de otras comunas, sobrepasan las competencias de un alcalde y ponen en cuestión el derecho que tiene cualquier joven a estudiar en esos liceos, sin importar si vive fuera de la comuna o en otra ciudad. No se trata de restringir a las uniones comunales o a las juntas de vecinos de la comuna de Providencia, sino que a quienes estudian allí.
En función de defender el derecho que tienen los estudiantes de acceder a la educación media en los liceos emblemáticos, incluidos los que se ubican en Providencia, pensamos que la autoridad nacional vinculada a la educación, es decir, el Ministerio de Educación, debe hacerse cargo de la administración de los liceos de Providencia, por la falta de competencia y de capacidad que podría tener el municipio que encabeza el alcalde Labbé .
Por eso, pido aprobar el proyecto de acuerdo, para que el Presidente de la República instruya al Ministerio de Educación asumir la administración plena de los liceos emblemáticos de la comuna de Providencia, garantizando calidad y posibilidades de ingreso para todos los estudiantes.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- No hay quórum nuevamente.
En consecuencia, en la próxima sesión ordinaria se votará por última vez.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN RESERVA HISTÓRICA DE ISLA NEGRA. Oficios.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , a tres cuadras de la casa de Pablo Neruda, en Isla Negra, la constructora Santa Beatriz decidió construir edificios en una zona de reserva histórica, a pesar de la importancia que tiene Pablo Neruda en la cultura de nuestro país.
Los habitantes de Isla Negra y las juntas de vecinos N°s 1 y 2 han tocado todas las puertas que han podido, han recurrido al municipio, han conversado con los diputados y senadores de la zona en busca del apoyo necesario no para impedir que se construya, sino para que no se levante un edificio a tres cuadras de la casa de Neruda, que es la atracción turística más importante de Chile.
Realmente es preocupante, no sólo porque afectaría a ese valor histórico, sino también al medioambiente. ¿Qué trabajos se realizarán? ¿Se va a arrasar con el bosque que fue plantado por nuestros antepasados y también en parte por Pablo Neruda , para lo que se trajeron plantas de diferentes partes del mundo y que constituye el único pulmón vegetal de Isla Negra?
También resulta preocupante que pasemos a llevar la historia y la cultura de nuestro país como si sólo existiera la sociedad de consumo y lo único importante fuera el valor de pequeños departamentos de 33 metros cuadrados que se construirían en esa zona.
No estamos en contra de la construcción ni del derecho de la gente a tener esos departamentos para veranear, pero sí de un proyecto que afectará a toda la zona.
Nos preguntamos, ¿por qué no construyen cabañas o viviendas acordes a esa zona?
Me han golpeado la puerta muchas personas para plantearme esta situación, porque soy cercana a la Fundación Pablo Neruda y porque creo que es el valor cultural más importante que tiene Chile. Debemos defender este patrimonio.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Cultura y las Artes y al Presidente de la República , con el objeto de salvaguardar nuestra historia, nuestros valores culturales y la zona de atracción turística que es Isla Negra , sobre todo por Pablo Neruda .
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
PREOCUPACIÓN DE TRABAJADORES DE TAXIS COLECTIVOS DE PROVINCIAS DE TALAGANTE Y MELIPILLA POR PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES. Oficios
La señora PASCAL (doña Denise).- El segundo lugar, me referiré a la situación que afecta a los taxistas de colectivos.
En días pasados, en Santiago hubo un paro de varios grupos de taxistas de colectivos. A algunos de ellos se les va a aplicar la ley de Seguridad Interior del Estado.
Los taxis colectivos unen las comunas de zonas rurales y acercan a nuestra gente a sus casas desde el centro de las ciudades.
Sin embargo, los taxistas de colectivos están sufriendo el alza del costo de la gasolina, que hace imposible seguir adelante con su actividad. Debemos defender a este grupo de personas que se dedican al traslado de la gente de clase media desde mediados del siglo XX.
Solo en la Región Metropolitana tenemos 25 mil taxis colectivos, de 58.415 que hay en el país. Las taxistas y los taxistas están siendo afectados por el precio de la gasolina, que oscila entre 800 y 820 pesos el litro en mi zona, lo que les resulta imbancable.
Por lo tanto, hay que moverse, y golpear diferentes puertas y buscar diferentes formas de apoyar a los taxistas, porque el Sipco no funciona. Los colectiveros de las provincias de Talagante y de Melipilla están unidos para defender su derecho al trabajo. Sólo en esas dos provincias tenemos alrededor de 3 mil taxis coletivos, que unen Curacaví con San Pedro y Alhué , Padre Hurtado con Melipilla , Melipilla con Peñaflor . Es la manera en que se traslada la gente de nuestra zona.
En todo caso, el aumento del precio de los pasajes de este servicio afecta directamente a la clase media.
Por lo tanto, solicito oficiar a la brevedad al Presidente de la República y a los ministros de Transportes y Telecomunicaciones y de Hacienda , con el objeto de que tomen nota de la situación que están viviendo los taxistas de colectivos de nuestro país, en especial los de Talagante y Melipilla , y se tomen las medidas pertinentes para evitar un nuevo foco social que afecte la tranquilidad del país. No queremos otro foco social que se levante para defender la fuente laboral digna, de los colectiveros, a fin de que sigan trasladando a nuestra gente donde necesita ir.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
CUESTIONAMIENTO A FACULTADES DE LOS CONSEJEROS REGIONALES DE ATACAMA. Oficios.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- En el turno del Comité Mixto Partido Radical Social Demócrata, Comunista e Independientes, tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , como es de público conocimiento, cada región cuenta con el 2 por ciento de su presupuesto para el financiamiento de proyectos culturales y/o deportivos, provenientes de la comunidad.
Dicha política ha significado la presentación anual ante el Gobierno Regional de Atacama de proyectos para el fomento del deporte financiados con la glosa del 2 por ciento por unos 290 millones de pesos aproximadamente, que benefician a unas 150 organizaciones deportivas y sociales y al conjunto de las municipalidades de la región.
Para sorpresa de la ciudadanía y de las organizaciones culturales y deportivas de Atacama, este año el gobierno regional planteó una postura destinada a restringir las facultades de los consejeros para asignar los recursos señalados.
Muchos interpretaron esa posición como una actitud política, dado que en el gobierno regional se encontraría en minoría en el consejo regional, por ende, vería limitadas sus intenciones de dar una determina orientación al uso de esos fondos.
Para materializar su cuestionamiento a las facultades de los consejeros, el gobierno regional envió una consulta a la Contraloría Regional para inhibir por esa vía las facultades asignadoras. Este recurso lo presentó en junio recién pasado. Esa acción detuvo todo el proceso de asignación, que, como es de entender a la distancia, consiste en un proceso normado en plazo y formalidades. Como todo presupuesto, ese fondo necesariamente debe ser ejecutado antes del 31 diciembre de cada año.
Con fecha 26 de octubre de este año, la Contraloría General de la República emitió un dictamen sustentando la facultad asignadora del CORE. Por esta razón, el consejo regional aprobó ayer 133 proyectos de los 150 presentados.
Obviamente, el gran retraso en la aprobación de la asignación de fondos ha acarreado un gran perjuicio para las organizaciones sociales relacionadas con la cultura y el deporte, las que han visto alteradas las actividades programadas en calendarios de gestión determinados con mucha antelación.
Esta acción proveniente del Gobierno Regional de Atacama se puede calificar como una negligencia grave, porque ha atentado contra la democratización del ejercicio en el uso de esos fondos.
No deja de llamar la atención que todo este tiempo el senador Prokurica, haya defendido al gobierno regional, por lo que ha quedado al trasluz el error en el que incurrió al dar su apoyo público a la tesis de falta de capacidad del CORE, para asignar el 2 por ciento del Fondo de Desarrollo Regional para la cultura y el deporte.
Por lo expuesto, pido oficiar a la señora intendenta de la Región de Atacama , a fin de que indique las razones y motivos para formular esa consulta a la Contraloría General de la República y haber atrasado la asignación de los fondos mencionados, y la necesidad de que dicha aclaración traiga tranquilidad a las organizaciones sociales de base de cultura y deporte para los próximos ejercicios en relación con este 2 por ciento del presupuesto regional.
Pido que se envíe copia a los consejeros regionales, a los alcaldes y concejales, a las asociaciones deportivas, a las uniones comunales de juntas de vecinos y a las CUT provinciales de la Región de Atacama.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indiquen a la Mesa.
PREOCUPACIÓN POR DISMINUCIÓN DE TRIBUNALES CIVILES EN LA COMUNA DE PUENTE ALTO. Oficios.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Pérez.
El señor PÉREZ ( don Leopoldo).- Señor Presidente , me referiré a dos temas que preocupan a mi distrito.
El primero tiene que ver con la elevación de cuarta a tercera categoría de los tribunales de garantía, familia y penal, con asiento en la comuna de Puente Alto, capital de la provincia Cordillera. Esto, por dos razones. La primera, validada por la Ilustre Corte de Apelaciones de San Miguel, que ratifica el informe de elevación de esos tribunales, en virtud del número de causas y de los problemas que se han presentado a partir de la reforma procesal penal, dada la gran cantidad de habitantes que la jurisdicción reconoce en esta provincia. Particularmente, en el informe de la Corte se señala que los continuos urbanos, más allá de las comunas, han llevado a que los juzgados sean los que tienen la mayor cantidad de causas de Chile. Desde el punto de vista de tribunales, está asimilado a una comuna equivalente a Curacaví, cuestión que, obviamente, en los números y en el acceso a la justicia de los ciudadanos no tiene ninguna justificación.
En segundo lugar, a raíz de la reforma procesal penal, los tribunales civiles fueron disminuidos de tres a uno, cuestión que ha provocado demora en las sentencias de diversas causas civiles. Por ejemplo, fallos que debían estar para el 2007, recién se ejecutoriarán en 2011, por la gran cantidad de causas que quedaron pendientes al momento de cerrarse el Segundo y Tercer Juzgado Civil, con asiento en la comuna de Puente Alto.
Por lo señalado, solicito que se oficie al Presidente de la República y al ministro de Justicia, para que se adopten las medidas correspondientes.
Adjuntaré los informes a los oficios respectivos.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indiquen a la Mesa.
CONFECCIÓN DE EVENTUAL LISTA NEGRA EN ISAPRE CONSALUD. Oficios.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- El Comité de Renovación Nacional ha cedido dos minutos al diputado señor Enrique Accorsi.
Tiene la palabra su señoría.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente, en los medios de comunicación aparece la denuncia de una lista negra de Consalud, en la que figuran 619 empresas o instituciones -municipalidades, isapres- cuyos trabajadores no pueden afiliarse a esa isapre.
Consideramos gravísimo este hecho. A la discriminación por sexo y edad que hacen las isapres, ahora se agrega una lista negra de Consalud, para no vender planes de salud a los trabajadores de las empresas que figuran en ella.
Junto con dejar a disposición de la Mesa la lista señalada, pido al ministro de Salud y al superintendente de Salud tomar cartas en el asunto.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indiquen a la Mesa.
FABRICACIÓN DE BILLETES EN CASA DE MONEDA. Oficio.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- El Comité de Renovación Nacional ha cedido el resto de su tiempo al diputado señor Carlos Vilches.
Tiene la palabra su señoría.
El señor VILCHES.- Señor Presidente , los billetes de mil, dos, cinco, diez y veinte mil pesos fabricados en el exterior y que hoy se usan en Chile, están hechos de polietileno, material que hace difícil su manejo y que a la gente no le gustan porque no es muy cómodo llevarlos en los bolsillos, incluso, a veces se salen solos.
Los billetes de buena calidad son de papel de algodón, -como los que teníamos antes- material que facilita su tenencia.
Por la información que tengo, la Casa de Moneda -con una historia de más de 300 años, tal vez, la empresa más antigua del país- en los últimos años ha tenido una inversión que le permitirá competir. Su personal está capacitado para fabricar billetes de buena calidad y a un precio competitivo, no sólo para Chile, sino que, también para otros países. Hace muchos años que esta institución ha sido postergada.
Por lo tanto, solicito al ministro de Economía, Fomento y Turismo disponer que se estudie la posibilidad de cambiar la fabricación de los nuevos billetes.
También pido que se envíe copia de mi intervención a los dirigentes del sindicato de la Casa de Moneda y a sus ejecutivos.
Agradezco el tiempo que me cedió el Comité de Renovación Nacional.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.08 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 12.53 horas.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión.
PROBLEMAS PREVISIONALES DE TRABAJADORES DE HOSPITAL HERMINDA MARTÍN DE CHILLÁN. Oficios.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.- Señor Presidente , durante la semana distrital, sostuve una conversación con dirigentes de la Fenpruss del Hospital Herminda Martín, de Chillán, quienes están muy inquietos por la situación que se está viviendo en los diferentes hospitales del Servicio de Salud de Ñuble.
En esa oportunidad, me señalaron que hace algunos meses, cuando fue inaugurado el hospital modular en la ciudad de Chillán, en reunión con el ministro de Salud , don Jaime Mañalich , le señalaron las inquietudes que voy a plantear, respecto de las cuales se habría comprometido a dar una respuesta antes de treinta días, lo cual aún no ha sucedido.
En este momento, la Fenpruss, a nivel nacional, agrupa a 20 mil profesionales no médicos que se desempeñan en diferentes servicios de salud en nuestro país.
A los dirigentes de la Fenpruss les preocupa, en primer lugar, el incentivo al retiro.
Quienes no se acogieron a jubilación antes del 1 de julio de 2010 hoy no tienen incentivo.
A la fecha, aún no se ha hecho la presentación de la iniciativa correspondiente, pero, lo que más les preocupa es que en la ley anterior sobre la materia el incentivo para los profesionales de la Fenpruss era de 527 unidades de fomento; no obstante, en el proyecto que se comprometió a presentar el ministro se disminuiría a 132 unidades de fomento, merma que estaría afectando a aproximadamente 1.200 profesionales, quienes estarían en condiciones de acogerse a retiro.
En segundo lugar, el ministro de Salud se habría comprometido a pasar a contrata a todos o a gran parte de los funcionarios a honorarios de los hospitales del servicio de Salud de Ñuble, pero eso aún no ha sucedido. Según la información que ellos manejan, en el presupuesto sólo se estipula el traspaso a contrata de 15 profesionales a honorarios, por lo que sería el servicio de salud del país en el que menos personas a honorarios pasarían a contrata. Asimismo, se debe aumentar el número de personas a contrata incorporadas a la planta.
Por último, les preocupa la posible externalización de algunos servicios.
Por lo expresado, pido que se oficie a los ministros de Salud y de Hacienda, con copia de mi intervención, a fin de que se entreguen los fondos para dar respuesta a las inquietudes de estos profesionales, lo que es muy importante para el mejor funcionamiento del tan importante Servicio de Salud de Ñuble.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión del diputado Alfonso de Urresti .
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE APROXIMACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE PROCESO DE MEJORAMIENTO DE TERMINAL AÉREO DE PICHOY, VALDIVIA. Oficios.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , pido que se envíe un oficio al ministro de Obras Públicas y al Director General de Aeronáutica Civil para que informen en qué etapa se encuentra el proceso de implementación del sistema ILS Categoría 1, que es el sistema de aproximación para mejorar las condiciones de visibilidad del terminal aéreo de Pichoy, de la ciudad de Valdivia. Debo reconocer que se han hecho importantes obras de mejoramiento de la infraestructura en el aeropuerto, pero es fundamental contar con dicho instrumental para asegurar una plena visibilidad.
Señor Presidente , usted representa en la Cámara a la ciudad de La Serena, donde también hay muchos inconvenientes en la aproximación debido a la niebla que se levanta en forma frecuente por otras condiciones, por lo que sabe de lo que hablo. Es importante tener terminales aéreos con toda la infraestructura tecnológica para facilitar la mayor cantidad de aterrizajes, cualesquiera sean las condiciones.
Por ello, quiero saber cuándo se va a instalar dicho sistema.
También es necesario que el director general de Aeronáutica Civil informe sobre la recepción de obras de mejoramiento del aeropuerto.
Con mucha alegría, la comunidad de Valdivia ha visto que el terminal aéreo de Pichoy ha mejorado su infraestructura, donde hay dos mangas, pero existen serias deficiencias. Por tanto, es importante que la Dirección General de Aeronáutica Civil informe por qué no hay un sistema de calefacción, ni disponibilidad de WI-FI o de otro sistema para que los pasajeros durante la espera puedan conectarse a internet.
Tampoco hay cajero. Además, algunas mangas de los sitios de embarque y desembarque tienen goteras.
Por eso, es fundamental tener un informe de la Dirección General de Aeronáutica Civil sobre el proceso de recepción de las obras. Esto es relevante, en consideración al aumento del tráfico de aviones que existe en nuestra ciudad y que esperamos siga aumentando.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO DE TERRENOS DESTINADOS A CANCHAS PARA CLUBES DE VALDIVIA. Oficios.
El señor DE URRESTI.- En otro orden de cosas, quiero señalar que, con mucha alegría recibimos la información de que en virtud del programa “Juégatela por tu Cancha”, del Ministerio de Bienes Nacionales, se seleccionaron distintas canchas para que los clubes cuenten con esa infraestructura. Fueron beneficiados con este programa los clubes Libertad, San Luis , Palestino , Gil de Castro, Naval Calle Calle y Deportivo Rural de la ciudad de Valdivia.
Por eso, pido que se oficie a la ministra de Bienes Nacionales, a fin de que nos informe sobre el procedimiento y la fecha en la cual se va a llevar adelante el mejoramiento y saneamiento de los terrenos que, repito, son muy importantes para las instituciones beneficiadas, así como también para otras que serán favorecidas en el futuro.
Por último, pido que se envíe copia del oficio a las directivas de los clubes deportivos, cuya dirección entregaré a la Secretaría.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIA EN PASAJE LAS IRIS, POBLACIÓN LOS JAZMINES, VALDIVIA. Oficios.
El señor DE URRESTI.- Por último, durante la semana distrital, en un recorrido por la población Los Jazmines , numerosos vecinos me plantearon un problema que existe en el pasaje Las Iris, de la población mencionada.
Después de diversas gestiones realizadas por los vecinos; recién fue pavimentado pero aún no ha sido recibida la obra, porque el sistema de evacuación de aguas lluvia no está funcionando, debido a lo cual después de cada lluvia colapsa y el pasaje termina completamente inundado.
Así me lo señalaron varios vecinos, razón por la cual pido que se oficie al ministro de Vivienda y Urbanismo y al director del Serviu provincial, con el objeto de que me informen cuándo se van a recibir definitivamente las obras del pasaje Las Iris, población Los Jazmines, y si la empresa constructora que efectuó la pavimentación tiene alguna boleta de garantía o va a solucionar los problemas que producen las lluvias.
Para terminar, pido que se envíe copia de mi intervención a la vecina del pasaje y presidenta del Club Palestino , de Los Jazmines, señora Dorila Andrade Moncada , cuya dirección dejaré a disposición de la Secretaría.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión del diputado Carlos Abel Jarpa .
Por haber cumplido con su objetivo, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.03 horas
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
7897-22
Establece Ley Marco de los Bomberos de Chile.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
7319-15
Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, estableciendo requisitos alternativos para obtener licencia profesional.
Hago presenta esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
3. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 2 de noviembre de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, para dotar de atribuciones en materias financieras, entre otras, al Servicio Nacional del Consumidor, correspondiente al Boletín Nº 7094-03, con las siguientes modificaciones:
Artículo 1°.-
-o-
Ha consultado como números 1 y 2, nuevos, los siguientes:
“1. Agrégase en el artículo 3° el siguiente inciso segundo:
“Son derechos del consumidor de productos o servicios financieros:
a) Recibir la información del costo total del producto o servicio, lo que comprende conocer la carga anual equivalente a que se refiere el artículo 17 G, y ser informado por escrito de las razones del rechazo a la contratación del servicio financiero, las que deberán fundarse en condiciones objetivas.
b) Conocer las condiciones objetivas que el proveedor establece previa y públicamente para acceder al crédito y para otras operaciones financieras.
c) La oportuna liberación de las garantías constituidas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, una vez extinguidas éstas.
d) Elegir al tasador de los bienes ofrecidos en garantía, entre las alternativas que le presente la institución financiera.
e) Conocer la liquidación total del crédito, a su solo requerimiento.”.
2. Suprímese, en la letra c) del artículo 10, la frase “, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 55”.”.
-o-
Número 1
Ha pasado a ser número 3, con las siguientes enmiendas:
Encabezamiento
Lo ha sustituido por el que se indica a continuación:
“3. Agréganse, a continuación del artículo 17, los siguientes artículos 17 A a 17 L:”.
-o-
Ha consultado como artículo 17 A el que sigue:
“Artículo 17 A.- Los proveedores de bienes y servicios cuyas condiciones estén expresadas en contratos de adhesión deberán informar en términos simples el cobro de bienes y servicios ya prestados, entendiendo por ello que la presentación de esta información debe permitir al consumidor verificar si el cobro efectuado se ajusta a las condiciones y a los precios, cargos, costos, tarifas y comisiones descritos en el contrato. Además, toda promoción de dichos bienes y servicios indicará siempre el costo total de la misma.”.
-o-
Artículo 16 bis
Ha pasado a ser artículo 17 B, reemplazado por el que se indica:
“Artículo 17 B.- Los contratos de adhesión de servicios crediticios, de seguros y, en general, de cualquier producto financiero, elaborados por bancos e instituciones financieras o por sociedades de apoyo a su giro, establecimientos comerciales, compañías de seguros, cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito, y toda persona natural o jurídica proveedora de dichos servicios o productos, deberán especificar como mínimo, con el objeto de promover su simplicidad y transparencia, lo siguiente:
a) Un desglose pormenorizado de todos los cargos, comisiones, costos y tarifas que expliquen el valor efectivo de los servicios prestados, incluso aquellos cargos, comisiones, costos y tarifas asociados que no forman parte directamente del precio o que corresponden a otros productos contratados simultáneamente y, en su caso, las exenciones de cobro que correspondan a promociones o incentivos por uso de los servicios y productos financieros.
b) Las causales que darán lugar al término anticipado del contrato por parte del prestador, el plazo razonable en que se hará efectivo dicho término y el medio por el cual se comunicará al consumidor.
c) La duración del contrato o su carácter de indefinido o renovable automáticamente, las causales, si las hubiere, que pudieren dar lugar a su término anticipado por la sola voluntad del consumidor, con sus respectivos plazos de aviso previo y cualquier costo por término o pago anticipado total o parcial que ello le represente.
d) Sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero del artículo 17 H, en el caso de que se contraten varios productos o servicios simultáneamente, o que el producto o servicio principal conlleve la contratación de otros productos o servicios conexos, deberá insertarse un anexo en que se identifiquen cada uno de los productos o servicios, estipulándose claramente cuáles son obligatorios por ley y cuáles voluntarios, debiendo ser aprobados expresa y separadamente cada uno de dichos productos y servicios conexos por el consumidor mediante su firma en el mismo.
e) Si la institución cuenta con un servicio de atención al cliente que atienda las consultas y reclamos de los consumidores y señalar en un anexo los requisitos y procedimientos para acceder a dichos servicios.
f) Si el contrato cuenta o no con sello SERNAC vigente conforme a lo establecido en el artículo 55 de esta ley.
g) La existencia de mandatos otorgados en virtud del contrato o a consecuencia de éste, sus finalidades y los mecanismos mediante los cuales se rendirá cuenta de su gestión al consumidor. Se prohíben los mandatos en blanco y los que no admitan su revocación por el consumidor.
Los contratos que consideren cargos, comisiones, costos o tarifas por uso, mantención u otros fines deberán especificar claramente sus montos, periodicidad y mecanismos de reajuste. Estos últimos deberán basarse siempre en condiciones objetivas que no dependan del solo criterio del proveedor y que sean directamente verificables por el consumidor. De cualquier forma, los valores aplicables deberán ser comunicados al consumidor con treinta días hábiles de anticipación, al menos, respecto de su entrada en vigencia.”.
-o-
Ha consultado como artículo 17 C el siguiente:
“Artículo 17 C.- Los contratos de adhesión de productos y servicios financieros deberán contener al inicio una hoja con un resumen estandarizado de sus principales cláusulas y los proveedores deberán incluir esta hoja en sus cotizaciones, para facilitar su comparación por los consumidores. Los reglamentos que se dicten de conformidad con esta ley deberán establecer el formato, el contenido y las demás características que esta hoja resumen deberá contener, los que podrán diferir entre las distintas categorías de productos y servicios financieros.”.
-o-
Artículo 16 ter
Ha pasado a ser artículo 17 D, reemplazado por el siguiente:
“Artículo 17 D.- Los proveedores de servicios financieros pactados por contratos de adhesión deberán comunicar periódicamente, y dentro del plazo máximo de tres días hábiles cuando lo solicite el consumidor, la información referente al servicio prestado que le permita conocer: el precio total ya cobrado por los servicios contratados, el costo total que implica poner término al contrato antes de la fecha de expiración originalmente pactada, el valor total del servicio, la carga anual equivalente, si corresponde, y demás información relevante que determine el reglamento sobre las condiciones del servicio contratado. El contenido y la presentación de dicha información se determinarán en los reglamentos que se dicten de acuerdo al artículo 62.
Los proveedores no podrán efectuar cambios en los precios, tasas, cargos, comisiones, costos y tarifas de un producto o servicio financiero, con ocasión de la renovación, restitución o reposición del soporte físico necesario para el uso del producto o servicio cuyo contrato se encuentre vigente. En ningún caso dichas renovación, restitución o reposición podrán condicionarse a la celebración de un nuevo contrato.
Los consumidores tendrán derecho a poner término anticipado a uno o más servicios financieros por su sola voluntad y siempre que extingan totalmente las obligaciones con el proveedor asociadas al o los servicios específicos que el consumidor decide terminar, incluido el costo por término o pago anticipado determinado en el contrato de adhesión.
Los proveedores de créditos no podrán retrasar el término de contratos de crédito, su pago anticipado o cualquier otra gestión solicitada por el consumidor que tenga por objeto poner fin a la relación contractual entre éste y la entidad que provee dichos créditos. Se considerará retraso cualquier demora superior a diez días hábiles una vez extinguidas totalmente las obligaciones con el proveedor asociadas al o los servicios específicos que el consumidor decide terminar, incluido el costo por término o pago anticipado determinado en el contrato de adhesión. Asimismo, los proveedores estarán obligados a entregar, dentro del plazo de diez días hábiles, a los consumidores que así lo soliciten, los certificados y antecedentes que sean necesarios para renegociar los créditos que tuvieran contratados con dicha entidad.
En el caso de los créditos hipotecarios, en cualquiera de sus modalidades, no podrá incluirse en el contrato de mutuo otra hipoteca que no sea la que cauciona el crédito que se contrata, salvo solicitud escrita del deudor efectuada por cualquier medio físico o tecnológico. Extinguidas totalmente las obligaciones caucionadas con hipotecas, el proveedor del crédito procederá a otorgar la escritura de cancelación de la o las hipotecas, dentro del plazo de quince días hábiles.
Los proveedores de créditos que ofrezcan la modalidad de pago automático de cuenta o de transferencia electrónica no podrán restringir esta oferta a que dicho medio electrónico o automático sea de su misma institución, debiendo permitir que el convenio de pago automático o transferencia pueda ser realizado también por una institución distinta.”.
Artículo 16 quáter
Ha pasado a ser artículo 17 E, con las siguientes enmiendas:
-Ha eliminado su inciso primero.
-En el inciso segundo, que ha pasado a ser primero, ha reemplazado la referencia al artículo “16 bis” por otra al artículo “17 B”; la expresión “en caso que” por “en caso de que”; el vocablo “además” por “sin perjuicio”, y la palabra “determine” por “pudiere determinar”.
Artículo 16 quinquies
Ha pasado a ser artículo 17 F, sustituido por el que sigue:
“Artículo 17 F.- Los proveedores de servicios o productos financieros y de seguros al público en general, no podrán enviar productos o contratos representativos de ellos que no hayan sido solicitados, al domicilio o lugar de trabajo del consumidor.”.
-o-
Ha consultado a continuación un artículo 17 G, del siguiente tenor:
“Artículo 17 G.- Los proveedores deberán informar la carga anual equivalente en toda publicidad de operaciones de crédito en que se informe una cuota o tasa de interés de referencia y que se realice por cualquier medio masivo o individual. En todo caso, deberán otorgar a la publicidad de la carga anual un tratamiento similar a la de la cuota o tasa de interés de referencia, en cuanto a tipografía de la gráfica, extensión, ubicación, duración, dicción, repeticiones y nivel de audición.
Con todo, las cotizaciones no podrán tener una vigencia menor a siete días hábiles a contar de su comunicación al público, según determine el reglamento de acuerdo a la naturaleza de cada contrato.
Asimismo, deberán informar en toda cotización de crédito todos los precios, tasas, cargos, comisiones, costos, tarifas, condiciones y vigencia de los productos ofrecidos conjuntamente. También deberán informar las comparaciones con esos mismos valores y condiciones en el caso de que se contraten separadamente. Esta información deberá tener un tratamiento similar a la de la cuota o tasa de interés de referencia, en cuanto a tipografía de la gráfica, extensión y ubicación.”.
-o-
Artículo 16 sexies
Ha pasado a ser artículo 17 H, sustituido por el siguiente:
“Artículo 17 H.- Los proveedores de productos o servicios financieros no podrán ofrecer o vender productos o servicios de manera atada. Se entiende que un producto o servicio financiero es vendido en forma atada si el proveedor:
a) Impone o condiciona al consumidor la contratación de otros productos o servicios adicionales, especiales o conexos, y
b) No lo tiene disponible para ser contratado en forma separada cuando se puede contratar de esa manera con otros proveedores, o teniéndolos disponibles de esta forma, esto signifique adquirirlo en condiciones arbitrariamente discriminatorias.
Los proveedores no podrán efectuar aumentos en los precios, tasas de interés, cargos, comisiones, costos o tarifas de un producto o servicio financiero que dependa de la mantención de otro, ante el cierre o resolución de este último por parte del consumidor, cuando ello no obedece a causas imputables al consumidor.
Tratándose de aquellos contratos con el sello al que se refiere el artículo 55 de esta ley, si el servicio de atención al cliente, el mediador o el árbitro financiero acoge un reclamo interpuesto por el consumidor por incumplimiento del inciso anterior, el proveedor deberá dejar sin efecto el cambio y devolver al consumidor los montos cobrados en exceso.
El proveedor de productos o servicios financieros no podrá restringir o condicionar que la compra de bienes o servicios de consumo se realice exclusivamente con un medio de pago administrado u operado por el mismo proveedor, por una empresa relacionada o una sociedad de apoyo al giro. Lo anterior es sin perjuicio del derecho del proveedor a ofrecer descuentos o beneficios adicionales asociados exclusivamente a un medio de pago administrado u operado por cualquiera de los sujetos señalados.”.
Artículo 16 septies
Ha pasado a ser artículo 17 I, con las siguientes modificaciones:
-En el inciso primero, ha eliminado la palabra “éste” escrita antes de la forma verbal “podrá”.
-En el inciso tercero, ha reemplazado el sustantivo “bien” por “producto”, e intercalado el artículo “la” antes de la palabra “indemnización”.
-En el inciso cuarto, ha suprimido la coma (,) escrita después de la palabra “proveedor”; intercalado la preposición “de” luego del vocablo “circunstancia”, y sustituido la locución “puesta en práctica” por el término “ejecutada”.
-o-
Ha consultado como artículos 17 J, 17 K y 17 L los siguientes:
“Artículo 17 J.- Los proveedores de productos o servicios financieros deberán elaborar y disponer, para cada persona natural que se obliga como avalista o como fiador o codeudor solidario de un consumidor, un documento o ficha explicativa sobre el rol de avalista, fiador o codeudor solidario, según sea el caso, que deberá ser firmado por ella. Este folleto deberá explicar en forma simple:
a) Los deberes y responsabilidades en que está incurriendo el avalista, fiador o codeudor solidario, según corresponda, incluyendo el monto que debería pagar.
b) Los medios de cobranza que se utilizarán para requerirle el pago, en su caso.
c) Los fundamentos y las consecuencias de las autorizaciones o mandatos que otorgue a la entidad financiera.
Artículo 17 K.- El incumplimiento por parte de un proveedor de lo dispuesto en los artículos 17 B a 17 J y de los reglamentos dictados para la ejecución de estas normas, que afecte a uno o más consumidores, será sancionado como una sola infracción, con multa de hasta setecientas cincuenta unidades tributarias mensuales.
Artículo 17 L.- Los proveedores de servicios o productos financieros que entreguen la información que se exige en esta ley de manera que induzca a error al consumidor o mediante publicidad engañosa, sin la cual no se hubiere contratado el servicio o producto, serán sancionados con las multas previstas en el artículo 24 en sus respectivos casos, sin perjuicio de las indemnizaciones que pueda determinar el juez competente de acuerdo a la presente ley.”.
-o-
Número 2
Lo ha suprimido.
Número 3
Ha pasado a ser número 4, reemplazado por el siguiente:
“4. Intercálase en el artículo 26 el siguiente inciso segundo, pasando el actual a ser inciso tercero:
“El plazo contemplado en el inciso precedente se suspenderá cuando, dentro de éste, el consumidor interponga un reclamo ante el servicio de atención al cliente, el mediador o el Servicio Nacional del Consumidor, según sea el caso. Dicho plazo seguirá corriendo una vez concluida la tramitación del reclamo respectivo.”.”.
Número 4
Ha pasado a ser número 5, sin enmiendas.
Número 5
Ha pasado a ser número 6, sustituyéndose su encabezamiento por el siguiente:
“6. Añádese, a continuación del artículo 54 G, el siguiente Título: “Título V del sello Sernac , del servicio de atención al cliente y del Sistema de Solución de Controversias”, pasando a ser VI el actual Título V, y agréganse bajo su epígrafe los siguientes artículos 55, 55 A, 55 B, 55 C, 55 D, 56, 56 A, 56 B, 56 C, 56 D, 56 E, 56 F, 56 G y 56 H:”.
Artículo 55
Lo ha reemplazado por los siguientes artículos 55, 55 A, 55 B, 55 C, 55 D, 55 E, 56, 56 A, 56 B, 56 C, 56 D, 56 E, 56 F, 56 G y 56 H, nuevos:
“Artículo 55.- El Servicio Nacional del Consumidor deberá otorgar un sello Sernac a los contratos de adhesión de bancos e instituciones financieras, establecimientos comerciales, compañías de seguros, cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito y otros proveedores de servicios crediticios, de seguros y, en general, de cualquier producto financiero, cuando dichas entidades lo soliciten y demuestren cumplir con las siguientes condiciones:
1.- Que el Servicio Nacional del Consumidor constate que todos los contratos de adhesión que ofrezcan y que se señalan en el inciso siguiente se ajustan a esta ley y a las disposiciones reglamentarias expedidas conforme a ella;
2.- Que cuenten con un servicio de atención al cliente que atienda las consultas y reclamos de los consumidores, y
3.- Que permitan al consumidor recurrir a un mediador o a un árbitro financiero que resuelva las controversias, quejas o reclamaciones, en el caso de que considere que el servicio de atención al cliente no ha respondido satisfactoriamente sus consultas o reclamos por cualquier producto o servicio financiero del proveedor que se otorgue en virtud de un contrato de adhesión de los señalados en el inciso siguiente.
Los proveedores de productos y servicios financieros que deseen obtener el sello Sernac deberán someter a la revisión del Servicio Nacional del Consumidor todos los contratos de adhesión que ofrezcan, relativos a los siguientes productos y servicios financieros:
1.- Tarjetas de crédito y de débito.
2.- Cuentas corrientes, cuentas vista y líneas de crédito.
3.- Cuentas de ahorro.
4.- Créditos hipotecarios.
5.- Créditos de consumo.
6.- Condiciones generales y condiciones particulares de los contratos colectivos de seguros de desgravamen, cesantía, incendio y sismo, asociados a los productos y servicios financieros indicados en los números anteriores, sea que se encuentren o no sujetos al régimen de depósito de modelos de pólizas, conforme a lo dispuesto en la letra e) del artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 251, del Ministerio de Hacienda, de 1931.
7.- Los demás productos y servicios financieros de características similares a los enumerados precedentemente que señale el reglamento.
Artículo 55 A.- El Servicio Nacional del Consumidor tendrá sesenta días para pronunciarse sobre una solicitud de otorgamiento de sello Sernac , contados desde la fecha de recepción del o los contratos respectivos, en la forma que determine dicho Servicio mediante resolución exenta.
Excepcionalmente, y previa solicitud fundada del Servicio Nacional del Consumidor, el Ministro de Economía , Fomento y Turismo, mediante resolución exenta, podrá extender este plazo hasta por ciento ochenta días adicionales, si el número de contratos sometidos a su consideración excede la capacidad de revisión detallada del referido Servicio.
Si el Servicio Nacional del Consumidor no se pronuncia en el plazo indicado en el inciso primero o, en su caso, dentro del plazo extendido conforme al inciso anterior, el o los contratos sometidos a su conocimiento contarán con sello Sernac por el solo ministerio de la ley.
Artículo 55 B.- El proveedor que tenga contratos con sello Sernac y ofrezca a los consumidores la contratación de un producto o servicio financiero de los enumerados en el inciso segundo del artículo 55 mediante un nuevo contrato de adhesión, deberá someterlo previamente al Servicio Nacional del Consumidor para que éste verifique el cumplimiento de las condiciones establecidas en dicho artículo.
El proveedor de productos y servicios financieros que modifique un contrato de adhesión con sello Sernac deberá someterlo previamente al Servicio Nacional del Consumidor, para que éste constate, dentro del plazo indicado en el inciso primero del artículo anterior, que las modificaciones cumplen las condiciones señaladas en el inciso primero del artículo 55, en caso de que quisiera mantener el sello Sernac .
Artículo 55 C.- El sello Sernac se podrá revocar mediante resolución exenta del Director del Servicio Nacional del Consumidor .
La pérdida o revocación del sello Sernac se deberá fundar en que por causas imputables al proveedor de productos o servicios financieros se ha infringido alguna de las condiciones previstas en este Título; en que se han dictado sentencias definitivas ejecutoriadas que declaren la nulidad de una o varias cláusulas o estipulaciones de un contrato de adhesión relativo a productos o servicios financieros de los enumerados en el inciso segundo del artículo 55, según lo dispuesto en el artículo 17 E; en que se le han aplicado multas por infracciones a lo dispuesto en esta ley en relación con los productos o servicios financieros ofrecidos a través de un contrato con sello Sernac; en que se le han aplicado multas por organismos fiscalizadores con facultades sancionadoras respecto de infracciones previstas en leyes especiales; en el número y naturaleza de reclamos de los consumidores contra la aplicación de los referidos productos o servicios; o, finalmente, en que el proveedor, sea persona natural o jurídica, o alguno de sus administradores, ha sido formalizado por un delito que afecta a un colectivo de consumidores. El reglamento previsto en el número 4 del inciso segundo del artículo 62 establecerá parámetros objetivos, cuantificables y proporcionales al tamaño de los proveedores y el número de sus clientes sujetos a contratos con sello Sernac que permitan determinar la procedencia de las causales señaladas.
La resolución del Director del Servicio Nacional del Consumidor que niegue el otorgamiento del sello Sernac o que lo revoque, será reclamable ante el Ministro de Economía , Fomento y Turismo, en el plazo de diez días hábiles, contados desde su notificación al proveedor. La reclamación deberá resolverse en el plazo de quince días hábiles desde su interposición.
La resolución que ordene la pérdida o revocación, obligará al proveedor a suspender inmediatamente toda publicidad relacionada con el sello y toda distribución de sus contratos con referencias gráficas o escritas al sello, según lo dispuesto en el reglamento.
Artículo 55 D.- Los proveedores que promocionen o distribuyan un contrato de adhesión de un producto o servicio financiero sin Sello Sernac como si lo tuviere, o que no cumplan las obligaciones establecidas en el inciso final del artículo 55 C, serán sancionados con multa de hasta mil unidades tributarias mensuales.
La reincidencia será sancionada con el doble de la multa aplicada. En el caso de este artículo no regirá el límite temporal de un año establecido en el inciso tercero del artículo 24 para calificar la reincidencia.
Artículo 56.- El servicio de atención al cliente requerido para dar cumplimiento a la condición dispuesta en el número 2 del inciso primero del artículo 55 será organizado por los proveedores indicados en este Título, en forma exclusiva o conjunta, y será gratuito para el consumidor que haya suscrito un contrato de adhesión de los señalados en el inciso segundo del artículo 55, con un proveedor que cuente con el sello Sernac .
El servicio de atención al cliente deberá responder fundadamente los reclamos de los consumidores, en el plazo de diez días hábiles contado desde su presentación. Esta respuesta se comunicará al consumidor por escrito o mediante cualquier medio físico o tecnológico y se enviará copia de ella al Servicio Nacional del Consumidor.
El proveedor deberá dar cumplimiento a lo señalado en la respuesta del servicio de atención al cliente en el plazo de cinco días hábiles, contado desde la comunicación al consumidor.
En caso de incumplimiento de las obligaciones indicadas en los dos incisos anteriores, el Servicio Nacional del Consumidor deberá denunciar al proveedor ante el juez de policía local competente, para que, si procediere, se le sancione con una multa de hasta cincuenta unidades tributarias mensuales, sin perjuicio del derecho del consumidor afectado para denunciar el incumplimiento de las obligaciones referidas.
Artículo 56 A.- El mediador y el árbitro financiero requeridos para dar cumplimiento a la condición dispuesta en el número 3 del inciso primero del artículo 55, sólo podrán intervenir en una controversia, queja o reclamación presentada por un consumidor que no se conforme con la respuesta del servicio de atención al cliente y que no hubiere ejercido las acciones que le confiere esta ley ante el tribunal competente.
El mediador y el árbitro financiero deberán estar inscritos en una nómina elaborada por el Servicio Nacional del Consumidor, que deberá mantenerse actualizada y disponible en su sitio web. Esta nómina deberá dividirse regionalmente, especificando las comunas y oficinas en las que cada mediador y árbitro financiero estará disponible para realizar su función.
La inscripción del mediador y del árbitro financiero durará cinco años y para su renovación deberá acreditar que mantiene los requisitos previstos en este Título.
El mediador o el árbitro financiero, según corresponda, será elegido de la nómina señalada en el inciso segundo, por el proveedor y el consumidor de común acuerdo, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la controversia, queja o reclamación del consumidor respecto de la respuesta del Servicio de Atención al Cliente. En caso de que no haya acuerdo o venza el plazo indicado sin que se haya producido la elección de común acuerdo, el consumidor podrá requerir al Servicio Nacional del Consumidor para que éste lo designe, dentro de los miembros inscritos en la nómina a que se refiere el inciso segundo de este artículo, mediante un sistema automático que permita repartir equitativamente la carga de trabajo de los mediadores y árbitros financieros inscritos en la nómina.
Los recursos para el pago de los honorarios del mediador y del árbitro financiero serán de cargo de los proveedores, quienes ingresarán, de conformidad a lo que señale el reglamento, semestralmente su cuota respectiva al Servicio Nacional del Consumidor, la que corresponderá a los honorarios de los mediadores y de los árbitros financieros que hayan conocido reclamos respecto de ese proveedor durante el semestre inmediatamente anterior.
Los servicios del mediador y del árbitro financiero serán gratuitos para el consumidor y sus honorarios serán pagados semestralmente por el Servicio Nacional del Consumidor, de acuerdo a un arancel fijado por resolución exenta del Ministro de Economía , Fomento y Turismo, el que podrá establecer honorarios diferentes para mediaciones y arbitrajes, según el tipo de servicios o productos financieros.
Artículo 56 B.- Para integrar la nómina indicada en el artículo anterior, los postulantes a mediadores deberán acreditar al Servicio Nacional del Consumidor que poseen título profesional de una carrera de a lo menos ocho semestres de duración, otorgado por un establecimiento de educación superior reconocido por el Estado, y experiencia no inferior a dos años en materias financieras, contables o jurídicas. Además, no podrán tener relaciones de dependencia o subordinación o de asesoría, con alguno de los proveedores señalados en este Título, ni haber sido condenados por delito que merezca pena aflictiva.
Los postulantes a árbitros financieros deberán poseer el título de abogado, acreditar cinco años de experiencia profesional y no podrán tener relaciones de dependencia o subordinación o de asesoría, con alguno de los proveedores señalados en este Título, ni haber sido condenados por delito que merezca pena aflictiva.
El reglamento establecerá los plazos que deberán cumplir los interesados, así como la forma de presentación y los medios que éstos deberán utilizar para acreditar las circunstancias enumeradas en este artículo, y los antecedentes que con tal fin deban acompañar a las solicitudes de inscripción.
Los mediadores y los árbitros financieros deberán informar al Servicio Nacional del Consumidor cualquier cambio o modificación de los antecedentes o condiciones que permitieron su incorporación a la nómina. El modo y periodicidad en que deberán informar estas modificaciones serán establecidos en el reglamento.
La resolución que inscribe a un mediador o a un árbitro financiero en la nómina podrá revocarse cuando aquél incurra en alguna de las siguientes causales:
1.- Pérdida sobreviniente de los requisitos señalados en este artículo.
2.- Incumplimiento reiterado de la obligación establecida en el inciso primero del artículo 56 F, de notificar al consumidor, al proveedor y al Servicio Nacional del Consumidor sus mediaciones o sentencias definitivas, según corresponda, dentro del plazo que se señala.
3.- Incumplimiento de la obligación de inhabilitarse establecida en el inciso quinto del artículo 56 C.
Sin perjuicio de lo anterior, el Director Nacional del Servicio Nacional del Consumidor podrá suspender al mediador o al árbitro financiero que haya sido formalizado por un delito que merezca pena aflictiva, y mientras no se dicte sentencia definitiva.
El Director del Servicio Nacional del Consumidor deberá inscribir al solicitante que cumpla con los requisitos de inscripción mediante resolución fundada exenta. La resolución que rechace o la que revoque la inscripción serán reclamables ante el Ministro de Economía , Fomento y Turismo, en el plazo de diez días hábiles, contados desde su notificación al postulante, mediador o árbitro financiero, en su caso. La reclamación deberá resolverse en el plazo de quince días hábiles desde su interposición.
El procedimiento de inscripción, el de revocación y el recurso de reclamación se sujetarán a la ley N° 19.880 en lo no previsto en este artículo.
En todo caso, el postulante a quien se le hubiere rechazado la inscripción, y el mediador o el árbitro financiero a quienes se les hubiere revocado su inscripción, podrán ejercer las acciones jurisdiccionales que estimen procedentes.
Artículo 56 C.- El mediador sólo podrá realizar propuestas de acuerdo en una controversia, queja o reclamación de su competencia de acuerdo al inciso primero del artículo 56 A, si la cuantía de lo disputado no excede de cien unidades de fomento.
El árbitro financiero sólo podrá conocer una controversia, queja o reclamación de su competencia de acuerdo al inciso primero del artículo 56 A, si la cuantía de lo disputado excede de cien unidades de fomento, salvo que respecto de cuantías inferiores haya asumido esta calidad en el caso previsto en el inciso tercero del artículo 56 D.
Con todo, el mediador y el árbitro financiero no podrán intervenir en los siguientes asuntos:
1.- Los que deban someterse exclusivamente a un tribunal ordinario o especial en virtud de otra ley.
2.- Los que han sido previamente sometidos al conocimiento de un juez competente por el consumidor recurrente.
3.- Los que han sido previamente sometidos al conocimiento de un juez competente en una acción de interés colectivo o difuso en la cual haya comparecido como parte el consumidor.
En todo caso, no será aplicable al árbitro financiero la prohibición del artículo 230 del Código Orgánico de Tribunales de someter a conocimiento de un árbitro las causas de policía local, siempre que se funden en una controversia, queja o reclamación de las señaladas en el número 3 del inciso primero del artículo 55, pero el Servicio Nacional del Consumidor deberá denunciar la infracción ante el juez de policía local competente, quien podrá aplicarle al proveedor la multa que correspondiere según la naturaleza de la infracción.
El mediador y el árbitro financiero, según corresponda, deberán inhabilitarse en caso que tomen conocimiento que les afecta una causal de implicancia o recusación de las previstas en el párrafo 11 del Título VII del Código Orgánico de Tribunales.
El mediador y el árbitro financiero, según corresponda, deberán asumir sus funciones dentro de los tres días hábiles siguientes al requerimiento o, en su caso, comunicar en el mismo plazo la razón legal que les impide hacerlo.
Artículo 56 D.- El consumidor que no hubiere aceptado la respuesta del servicio de atención al cliente, podrá solicitar la designación de un mediador o de un árbitro financiero ante este servicio, para lo cual formulará su controversia, queja o reclamación por escrito o por cualquier medio tecnológico apto para dar fe de su presentación y que permita su reproducción. El servicio de atención al cliente la comunicará inmediatamente al proveedor, dejando constancia escrita de la comunicación y de su fecha, para que acuerde con el consumidor dentro del plazo señalado en el inciso cuarto del artículo 56 A, el mediador o el árbitro financiero que asumirá la función, según corresponda. De no haber acuerdo en el plazo referido, el consumidor podrá requerir directamente al Servicio Nacional del Consumidor para que proceda a su designación.
La mediación deberá concluir dentro de los treinta días hábiles siguientes a la aceptación del nombramiento por parte del mediador y, en su caso, la propuesta de acuerdo aceptada por las partes deberá cumplirse en el plazo de quince días hábiles contados desde la suscripción por ambas partes del documento que dé cuenta de las condiciones del acuerdo y de su fecha, el que deberá otorgarse ante un funcionario del Servicio Nacional del Consumidor que se encuentre investido de la calidad de ministro de fe conforme al artículo 58 bis de esta ley o ante el oficial del Registro Civil correspondiente al domicilio del consumidor.
Transcurrido el plazo indicado sin que las partes hubieren aceptado la propuesta de acuerdo, el consumidor podrá ejercer las acciones que le confiere la ley ante el juez competente o solicitar al Servicio Nacional del Consumidor que se designe a un árbitro financiero dentro del plazo previsto en el inciso cuarto del artículo 56 A.
Sin perjuicio de las alternativas del consumidor señaladas en el inciso anterior, si al término del plazo en que debe concluir la mediación el mediador no hubiere formulado una propuesta de acuerdo a las partes, el consumidor podrá requerir al Servicio Nacional del Consumidor que lo reemplace por otro mediador que figure en la nómina, y dicho Servicio podrá eliminarlo de ésta mediante resolución fundada exenta.
Artículo 56 E.- El árbitro financiero se sujetará a las reglas aplicables a los árbitros de derecho con facultades de arbitrador en cuanto al procedimiento, el que se deberá iniciar necesariamente con una audiencia que se celebrará con ambas partes dentro de los cinco días hábiles siguientes a la aceptación de su designación. En esta audiencia, el árbitro financiero dará lectura a la reclamación o queja del consumidor, a la respuesta del servicio de atención al cliente y a la propuesta del mediador, si correspondiere; escuchará de inmediato y sin más trámite a las partes que asistan y recibirá los documentos que éstas acompañen, otorgando un plazo mínimo de tres días hábiles para que hagan presentes sus observaciones. La citación a esta audiencia y las resoluciones del árbitro financiero se notificarán por correo electrónico o carta certificada según acuerden las partes, debiendo dar cuenta de las actuaciones realizadas y de su fecha.
El consumidor podrá comparecer personalmente ante el árbitro financiero, pero éste podrá ordenar, en cualquier momento, la intervención de abogado o de un apoderado habilitado para intervenir en juicio, en caso que lo considere indispensable para garantizar el derecho a defensa del consumidor.
El árbitro financiero dictará sentencia definitiva dentro de los noventa días hábiles siguientes a la aceptación del cargo. Transcurrido el plazo indicado sin que hubiere dictado su sentencia definitiva, el Servicio Nacional del Consumidor deberá reemplazarlo por otro árbitro financiero y podrá eliminarlo de la nómina mediante resolución fundada exenta.
Toda sentencia definitiva que acoja la controversia, queja o reclamación del consumidor deberá condenar al proveedor a pagar las costas del arbitraje, determinando los honorarios del abogado o del apoderado habilitado del consumidor según el arancel del Colegio de Abogados de Chile. En cambio, sólo la sentencia definitiva que rechace la controversia, queja o reclamación por haberse acogido la excepción de cosa juzgada interpuesta por el proveedor, podrá condenar al consumidor a pagar los honorarios del árbitro financiero establecidos en el arancel señalado en el inciso sexto del artículo 56 A.
En contra de la sentencia interlocutoria que ponga término al juicio o haga imposible su continuación, y de la sentencia definitiva, sólo procederá el recurso de apelación, el que deberá interponerse al árbitro financiero para ante la Corte de Apelaciones competente, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación de la sentencia que se apela.
Presentado el recurso, el árbitro financiero enviará los antecedentes a la Corte de Apelaciones dentro del plazo de cinco días hábiles para que ésta se pronuncie sobre su admisibilidad.
No será aplicable a este recurso lo dispuesto en los artículos 200, 202 y 211 del Código de Procedimiento Civil y sólo procederá su vista en cuenta.
No procederá el recurso de casación en el procedimiento a que se refiere este artículo.
Si no se interpusiere el recurso señalado en contra de la sentencia definitiva o éste fuere rechazado, dicha sentencia deberá cumplirse en el plazo de quince días hábiles, contado desde el vencimiento del plazo para interponer el recurso o desde la notificación de la sentencia que lo rechaza, según corresponda.
Artículo 56 F.- El mediador y el árbitro financiero notificarán la propuesta de acuerdo o la sentencia, según corresponda, al consumidor, al proveedor a través de su servicio de atención al cliente y al Servicio Nacional del Consumidor, en el plazo de tres días hábiles, contado desde su adopción.
La notificación de la propuesta de acuerdo del mediador y la sentencia del árbitro financiero, según corresponda, se efectuará por correo electrónico o por carta certificada enviada al domicilio indicado en el reclamo, a elección del consumidor expresada en el documento en que formule su controversia, queja o reclamación. La notificación se entenderá efectuada a contar del tercer día hábil siguiente al de su envío. El mediador o el árbitro financiero, según corresponda, deberán dejar constancia en los antecedentes del reclamo de la fecha de envío de la notificación, mediante copia del correo electrónico o del certificado correspondiente en caso que se efectúe mediante carta certificada.
Adicionalmente, el mediador o el árbitro financiero, según corresponda, enviará por correo electrónico, al consumidor que lo solicite, todos los antecedentes que forman parte de su reclamo.
Artículo 56 G.- Los servicios de atención al cliente deberán comunicar a los administradores de los proveedores señalados en este Título y, en el caso de proveedores constituidos como sociedades anónimas, a su directorio, al menos trimestralmente, una cuenta sobre los reclamos recibidos, los acuerdos suscritos por las partes en las mediaciones efectuadas y las sentencias definitivas de los árbitros financieros que les hayan sido notificadas.
Artículo 56 H.- En caso de que el proveedor no cumpla con la propuesta de acuerdo de un mediador debidamente aceptada por las partes, o con la sentencia definitiva de un árbitro financiero en el plazo establecido en los artículos 56 D o 56 E, según corresponda, el Servicio Nacional del Consumidor deberá denunciarlo ante el juez competente para que se le sancione con una multa de hasta setecientas cincuenta unidades tributarias mensuales. Además, el Servicio podrá revocar el Sello SERNAC otorgado al proveedor de productos y servicios financieros, sin que pueda éste solicitarlo nuevamente antes de transcurridos tres meses desde la revocación. El deber de denuncia del Servicio Nacional del Consumidor no obsta al derecho del consumidor afectado para denunciar el incumplimiento, por parte del proveedor, de la propuesta de acuerdo o sentencia definitiva, según corresponda.”.
Número 6
Ha pasado a ser número 7, con las siguientes enmiendas:
Literal i)
Lo ha sustituido por el número 1) que se indica a continuación:
“1) Intercálase en la letra a), a continuación de la expresión “consumidor”, el siguiente texto: “, especialmente sobre sus derechos y obligaciones en relación con servicios financieros, garantías y derecho a retracto, entre otras materias”.”.
Literal ii)
Ha pasado a ser número 2), reemplazándose los incisos que propone por los siguientes:
“Los proveedores estarán obligados a proporcionar al Servicio Nacional del Consumidor los antecedentes y documentación que les sean solicitados por escrito y que digan relación con la información básica comercial, definida en el artículo 1º de esta ley, de los bienes y servicios que ofrezcan al público, dentro del plazo que se determine en el respectivo requerimiento, el que no podrá ser inferior a diez días hábiles.
Los proveedores también estarán obligados a proporcionar al Servicio Nacional del Consumidor toda otra documentación que se les solicite por escrito y que sea estrictamente indispensable para ejercer las atribuciones que le corresponden al referido Servicio, dentro del plazo que se determine en el respectivo requerimiento, que no podrá ser inferior a diez días hábiles. Para estos efectos el Servicio Nacional del Consumidor publicará en su sitio web un manual de requerimiento de información, el cual deberá señalar pormenorizadamente los antecedentes que podrán solicitarse. El proveedor requerido en virtud de este inciso podrá interponer los recursos administrativos que le franquea la ley.
El requerimiento de documentación que se ejerza de acuerdo al inciso anterior sólo podrá referirse a información relevante para el consumidor o que éste consideraría para sus decisiones de consumo. La solicitud de documentación no podrá incluir la entrega de antecedentes que tengan más de un año de antigüedad a la fecha del respectivo requerimiento, o que la ley califique como secretos, o que constituyan información confidencial que se refiera a la estrategia de negocios del proveedor, o que no se ajusten a lo dispuesto en el manual referido en el inciso anterior.
Lo anterior no obstará a que el Servicio Nacional del Consumidor ejerza el derecho a requerir en juicio la exhibición o entrega de documentos, de acuerdo a las disposiciones generales y especiales sobre medidas precautorias y medios de prueba, aplicables según el procedimiento de que se trate.
La negativa o demora injustificada en la remisión de los antecedentes requeridos en virtud de este artículo será sancionada con multa de hasta cuatrocientas unidades tributarias mensuales, por el juez de policía local.
Para la determinación de las multas se considerarán, entre otras, las siguientes circunstancias: el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción investigada, la gravedad de la conducta investigada, la calidad de reincidente del infractor y, para los efectos de disminuir la multa, la colaboración que éste haya prestado al Servicio Nacional del Consumidor antes o durante la investigación.”.
Número 7
Ha pasado a ser número 8, sustituyéndose, en el inciso segundo que propone agregar al artículo 58 bis, el texto: “resoluciones que dicten y que tengan origen en denuncias realizadas por dicho Servicio en aplicación del inciso tercero del artículo anterior” por “resoluciones que impongan sanciones”.
Número 8
Ha pasado a ser número 9, intercalándose, en el inciso segundo que agrega al artículo 59, a continuación de la expresión “ley N° 18.575,”, lo siguiente: “cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001,”.
Número 9
Ha pasado a ser número 10, con las siguientes modificaciones:
Artículo 59 bis
Inciso cuarto
Lo ha sustituido por el que sigue:
“Los hechos establecidos por dicho ministro de fe constituirán presunción legal, en cualquiera de los procedimientos contemplados en el Título IV de esta ley.”.
Inciso quinto
Ha reemplazado, en el inciso quinto del artículo 59 bis, la locución inicial “En caso que” por “En el caso de que”; sustituido la frase “a su superior jerárquico” por “al superior jerárquico de dicho funcionario”, y agregado una coma (,) después de la palabra “administrativa”.
Número 10
Ha pasado a ser número 11, reemplazándose el artículo 62 que propone por el siguiente:
“Artículo 62.- El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo dictará uno o más reglamentos para regular las disposiciones de esta ley. Tratándose de materias regidas por leyes especiales, el reglamento correspondiente llevará, además, la firma del ministro del respectivo sector.
En el ejercicio de esta facultad, se dictarán, a lo menos, los siguientes reglamentos:
1. Sobre información al consumidor de tarjetas de crédito bancarias y no bancarias.
2. Sobre información al consumidor de créditos hipotecarios.
3. Sobre información al consumidor de créditos de consumo.
4. Sobre la organización y funcionamiento para la constatación de las condiciones de otorgamiento, mantención y revocación del sello SERNAC por el Servicio Nacional del Consumidor, incluyendo las normas necesarias para la organización y funcionamiento del servicio de atención al cliente y del Sistema de Solución de Controversias.
Los proveedores que deban modificar los contratos de adhesión suscritos con antelación a la entrada en vigencia de los reglamentos señalados en este artículo, para adecuarlos a las disposiciones de éstos, en aquellas materias que no afecten la esencia de los derechos adquiridos bajo el régimen legal anterior, deberán, a su costa, enviar por cualquier medio físico o tecnológico a los consumidores un anexo que detalle las modificaciones, en un plazo que no exceda de noventa días contado desde la publicación de dichos reglamentos, o de su modificación, en su caso.”.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo primero
Ha sustituido la referencia al año “2010” por otra al año “2011”.
Artículo segundo
Ha iniciado con minúscula el vocablo “División” y reemplazado la palabra “efectué” por “efectúe”.
Artículo cuarto
Lo ha suprimido.
Artículo quinto
Ha pasado a ser artículo cuarto, reemplazándose la expresión “segundo permanente” por el ordinal “2°”.
Artículo sexto
Ha pasado a ser artículo quinto, sustituido por el siguiente:
“Artículo quinto.- Los reglamentos indicados en el inciso segundo del artículo 62 de la ley N° 19.496, agregado por el numeral 11 del artículo 1° de la presente ley, deberán dictarse dentro del mes siguiente a la entrada en vigencia de esta ley.”.
-o-
Ha consultado un artículo sexto transitorio, nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo sexto.- Los bancos e instituciones financieras, las sociedades de apoyo a su giro, los establecimientos comerciales, las compañías de seguros, las cajas de compensación, las cooperativas de ahorro y crédito, y toda persona natural o jurídica proveedora de productos y servicios financieros deberán, a su costa, modificar los contratos de adhesión que hayan suscrito con antelación a la entrada en vigencia de esta ley, para adecuarlos a sus disposiciones en aquellas materias que no afecten la esencia de los derechos adquiridos bajo el régimen legal anterior, y enviar por cualquier medio físico o tecnológico a los consumidores, un anexo que detalle las modificaciones, en el plazo de noventa días contados desde la entrada en vigencia de esta ley. Si no lo hicieren, todo lo contenido en esos contratos que sea contrario a los preceptos de esta ley se tendrá por no escrito.”.
-o-
Artículo séptimo
Lo ha sustituido por el siguiente:
“Artículo séptimo.- Las normas de esta ley entrarán en vigencia noventa días después de su publicación en el Diario Oficial, salvo el inciso tercero del artículo 55 A, que entrará en vigencia el 1° de julio de 2012.”.
-o-
Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto afirmativo de 34 Senadores, de un total de 38 en ejercicio.
En particular, el artículo 17 E propuesto en el numeral 3, y el artículo 59 bis propuesto en el numeral 10 del artículo 1° del texto despachado por el Senado fueron aprobados con el voto favorable de 26 Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.245, de 20 de enero de 2011.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): GUIDO GIRARDI LAVÍN , Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA , Secretario General del Senado .”
4. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 2 de noviembre de 2011.
El Senado, en sesión 13°, de 3 de mayo de 2011, desechó en general el proyecto de reforma constitucional sobre voto de chilenos en el extranjero, iniciativa correspondiente al Boletín N° 7335-07, originada en Mensaje N° 509-358.
En uso del derecho que le confiere el artículo 68 de la Carta Fundamental, Su Excelencia el Presidente de la República ha solicitado la remisión del referido Mensaje, a la Honorable Cámara de Diputados para los efectos contemplados en dicha norma constitucional.
Remito, por consiguiente, a Vuestra Excelencia el Mensaje N° 509-358 y la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): GUIDO GIRARDI LAVÍN , Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA , Secretario General del Senado .”
Moción de las diputadas señoras Nogueira , doña Claudia , y Turres , doña Marisol y de los diputados señores Barros , Bauer , Estay , Gutiérrez, don Romilio ; Norambuena , Salaberry , Van Rysselberghe y Von Mühlenbrock .
Establece un reglamento de convivencia vecinal en relación a problemas derivados de ruidos molestos. (boletín N° 8016-06).
“Los ruidos molestos constituyen generalmente una pesada carga que forzosamente soportan las personas, muchas veces, a consecuencia de la negligencia de sus responsables, es así como inclusive su propia denominación denota el gran inconveniente de estos ruidos, materializándose en momentos dedicados al descanso luego, quizá, de largas jornadas de trabajo, razón por la cual el legislador se ha encargado de efectuar una exhaustiva reglamentación con la finalidad de determinar los márgenes a través de los cuales las personas pueden hacer ruidos y que de acuerdo a las normativas legales no sean considerados como “molestos”.
La ley no define qué se entiende por ruidos molestos; sin embargo, el Decreto 146 del año 1998 entrega los niveles máximos permitidos de emisión sonora generados por fuentes fijas para la comunidad, disponiendo que el ruido máximo para las zonas residenciales debe ser de 55 decibeles en horarios de 7 a 21 horas, que equivale al ruido que produce el aire acondicionado de ventana, por ejemplo, y de 45 decibeles de 21 a 7 horas, que equivale al ruido de la calle con poco tráfico.
Nuestro país para la regulación de los denominados ruidos molestos ha utilizado dos grandes variables o factores que la identifican a saber: a) el horario de tales ruidos y b) La magnitud del sonido. Es así como en base a los elementos descritos, una persona, que es víctima de molestias a partir de la sonoridad, puede dirigirse a las instancias judiciales o administrativas que franquea la ley, haciendo con ello valer sus derechos frente al abuso de una determinada posición por parte del infractor.
Se trata de una normativa que protege a la comunidad que se ve afectada por problemas de contaminación acústica desde el punto de vista de la salud pública, protegiendo a las personas que pudieran estar afectadas por altos niveles de ruido generado por fuentes fijas o que pudieran sufrir molestias en lugares habitables, tales como sus viviendas, su lugar de trabajo, de descanso o de esparcimiento, entre otras.
Por su parte, las municipalidades en Chile poseen la facultad para regular, por medio de ordenanzas, los ruidos producidos en la respectiva comuna. De esta manera, buscan proteger a sus habitantes de la contaminación acústica.
Existe por lo indicado una normativa clara al respecto; sin embargo, también existe una clara falta de protagonismo de los actores más importantes del problema y quizá a quienes más interesa el asunto, estos son los vecinos, los que agrupados en las juntas vecinales deben establecer criterios comunes a la hora de establecer reglamentaciones, acordes y claras, con el objeto de implementar métodos más eficientes, fundamentalmente, de coordinación para la sanción y determinación de los responsables de la emisión de ruidos molestos, a través de una acción conjunta de los vecinos.
Es por lo anterior que el presente proyecto de ley establece que las juntas de vecinos dentro de sus estatutos deben instaurar mecanismos de coordinación y determinación de los responsables de ruidos molestos, dentro de los márgenes establecidos jurídicamente.
La normativa busca abordar el problema desde una perspectiva comunitaria, toda vez que los efectos de éste tiene generalmente una pluralidad de sujetos víctimas de tales ruidos, haciéndose necesario abordar el asunto desde una perspectiva general en la comunidad y no tan sólo particular como se ha abordado hasta hoy.
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Agréguese una nueva letra f) en el número 3 del artículo 43 del Decreto 58 que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 19.418, sobre Juntas de Vecinos y Demás Organizaciones Comunitarias, disposición que reza de la siguiente forma:
“Crear un reglamento de convivencia vecinal, destinado a canalizar los problemas derivados de ruidos molestos y otros inconvenientes suscitados en la comunidad vecinal”
Moción de los diputados señores Morales, Calderón , Estay , Hasbún , Kort , Letelier , Norambuena , Rojas , Rosales y Sandoval .
Obliga a destinar entradas para los espectáculos de fútbol profesional al club visitante. (boletín N° 8017-25).
“Las actividades deportivas constituyen un fenómeno de masas arraigado dentro de la cultura popular en prácticamente todos los lugares del mundo. Trascienden de un modo claro a las fronteras de los países y constituye, por lo general, el analgésico necesario para soslayar -al menos- momentáneamente los problemas y desafíos que impone la sociedad moderna al ciudadano de hoy.
Determinar las causas de esta pasión por los deportes en las sociedad, constituye una cuestión de orden sociológico que escapa a los márgenes de este instrumento legal; sin perjuicio de lo anterior, la labor de los legisladores constituye precisamente incorporar regulaciones destinadas a normar las relaciones de hecho que surgen a partir del carácter masivo de esta competiciones deportivas.
Así las cosas el tenis, boxeo, el atletismo, la hípica por mencionar algunas, constituyen competiciones deportivas que despiertan la pasión de multitudes, generando con ello lucrativos negocios para promotores, dirigentes, y deportistas que practican a nivel profesional estos deportes en todo el mundo.
En este contexto, el fútbol es el deporte que sin temor a equívocos, se erige como el más popular de todos; a través de él se desatan las más enconadas polémicas y la gente disfruta alentando al equipo de fútbol de sus amores, estableciéndose entre el hincha de fútbol y su equipo una suerte de relación filial indisoluble que incluso se transmite a sus hijos y nietos.
Bajo este orden de ideas, el Fútbol profesional representa el alma de una nación, que como diría el destacado escritor Eduardo Galeano “que da de ganar esa locura (el fútbol) que hace que el hombre sea niño por un rato...”. Lo anterior genera evidentemente una cantidad de fanáticos de este deporte que evidentemente generan suculentos ingresos para los promotores o sostenedores de la actividad.
Así visto el tema, debemos concebir al fútbol profesional como una gran industria que mueve millones de dólares, no sólo en cantidad de personas que asisten a tales espectáculos deportivos, sino que además a partir de la publicidad que esta actividad genera, y como asimismo por la transmisión televisiva a vastos sectores del país y el mundo.
Es de esta manera que una actividad tan importante y de esta dimensiones debe necesariamente generar relaciones económicas que el Derecho no puede bajo ninguna manera soslayar.
Es así como por ejemplo, la ley implementó las sociedades anónimas deportivas; la creación del estatuto laboral del futbolista; o la ley de violencia en los estadios, las que han ido incorporando a fa actividad mayores regulaciones con la finalidad de evitar con ello el fraude o conductas nefastas para el desarrollo armónico de esta actividad.
Así las cosas, la actividad futbolística se vuelve compleja y bajo esta perspectiva también son aplicables los principios generales de nuestra legislación, constitucionalmente establecidos; y uno de ellos lo constituye el principio de la no discriminación, el cual de un modo genérico, es aquel que prohíbe hacer distinciones a partir de criterios antijurídicos como pueden ser la raza, creencia religiosa, adscripción a un determinado conglomerado político o incluso la simpatía a un determinado club de fútbol.
En efecto dichas formas o causas de discriminación deben ser repudiadas por la sociedad y bajo esta perspectiva deben ser objeto de un fuerte rechazo a nivel legislativo.
Es por lo anterior que el presente proyecto de ley busca garantizar la no discriminación de trato en materia de eventos o acontecimientos deportivos, consagrando como obligación al club de fútbol dueño del espectáculo que destine, a lo menos, el 5% de las entradas a hinchas del club visitante en los estadios cuyo dueño es el fisco o las entidades municipales, con el objeto no caer en discriminaciones fundadas en criterios obsoletos e inconstitucionales que no aportan al desarrollo de nuestra sociedad, todas vez que institucionalizar la discriminación implica en cierta medida retroceder en los valores que deben imperar en una sociedad abierta y democrática como la chilena.
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Incorpórese un nuevo Inciso Final al artículo 4° de la ley N° 19.327 sobre Violencia en los estadios de fútbol profesional en el siguiente sentido:
“El club de fútbol dueño del espectáculo deberá reservar a lo menos un 5% de las entradas a los hinchas del club de fútbol visitante en todos los estadios cuya propiedad corresponda al fisco, tomando las medidas necesaria para proteger la integridad física de tales asistentes”
Moción de los diputados señores Ward , Álvarez-Salamanca , Arenas , Kast , Melero , Morales , Recondo , Salaberry , Vilches y de la diputada señora Hoffmann , doña María José .
Sanciona a quien fraudulentamente obtenga algún beneficio del Estado. (boletín N° 8018-07)
“El Estado constituye aquella organización política y jurídica a través de la cual se desenvuelve la sociedad; así las cosas esta entidad tiene para con los ciudadanos una relación jurídica sustentada en derechos y obligaciones, reguladas en la Constitución Política de la República.
Por ello el Estado cumple con la sociedad en determinadas prestaciones, y las personas a su vez, cumplen con el Estado en determinadas cargas impuestas generalmente por ley, como por ejemplo el pagar impuestos.
Es así que en cumplimiento de su labor alguna veces compensatoria, reparatoria, asistencial, etcétera, el Estado de Chile concede a las personas beneficios cuyos favorecidos, naturalmente, es un sector determinado de la población, la que para acceder a tales asistencias deben cumplir con ciertos y determinados requisitos o condiciones.
En efecto, para recibir pensiones de gracia, indemnizaciones, compensaciones, reparaciones, devolución de impuestos, subsidios, bonos, y otros tantas prestaciones, las personas deben cumplir con exigencia por ley establecidas, toda vez que para ser acreedor de un beneficio estatal, se requiere tener una causa; vale decir un antecedente lo suficientemente valedero como para recibir una regalía proveniente del Estado.
De esta manera quien naturalmente no posea las calidades establecidas para ser beneficiario de una determinada prestación no tendrá derecho a percibirlas, toda vez, y tal como se indicó precedentemente, los beneficios sociales sólo se encuentran destinados a ciertas y determinadas personas que la misma ley contempla.
Tradicionalmente el patrimonio público, como instituto jurídico y más aún como interés penalmente tutelado, ha recibido escasa atención por parte de la doctrina, quienes suelen aludirlo de un modo inorgánico, a propósito de varias figuras delictivas como son los delitos tributarios, fraudes de subvenciones, delitos aduaneros o la malversación de caudales públicos o el fraude al fisco.
Así las cosas, el presente proyecto de ley viene en regular de un modo efectivo una situación del todo nefasta para el sistema de prestaciones y que claramente debe ser combatida para que de esta forma se pueda perfeccionar todo este sistema.
Lo anterior dice relación con que dicha situación son una serie de actuaciones fraudulentas de no pocas personas, las que haciéndose pasar por carenciados, indigentes, o atribuyéndose calidades que no le corresponden, burlan el sistema para percibir los beneficios propios de estos sectores de nuestra sociedad a quienes precisamente van dirigidos estos beneficios, situación que evidentemente ocasiona que los realmente beneficiarios de la prestación no perciban la ayuda por ley establecida.
Es así como el presente proyecto de ley propone la implementación de un nuevo artículo 470 bis, pasando el actual número 8° del artículo 470 a este nuevo artículo. La finalidad de lo anterior es otorgarle a esta deleznable conducta una mayor penalidad a partir de la trascendencia que ha asumido para la sociedad chilena mucho de las hipótesis que contempla el actual numeral 8” del artículo 470 del Código Penal, por ejemplo en materia de pensiones o asignaciones, las que obtenidas fraudulentamente hacen que el sistema se vuelva poco creíble y corrupto, situación que evidentemente los firmantes del presente proyecto repudiamos de plano.
Así las cosas el presente proyecto de ley viene en consagrar una regulación directa a esta situación, otorgando penas de cárcel a quienes incurran en estas nefastas actitudes perjudicando a vastos sectores de la sociedad.
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Incorpórese un nuevo artículo 470 bis en el Código Penal, pasando el actual número 8° del artículo 470 íntegramente a esta nueva disposición; en el siguiente sentido:
“A los que fraudulentamente obtuvieren del Fisco, de las Municipalidades, de las Cajas de Previsión, y de las Instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado, prestaciones improcedentes, tales como remuneraciones, bonificaciones, subsidios, pensiones, jubilaciones, asignaciones, devoluciones o imputaciones indebidas serán penados con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de quince a veinte unidades tributarias mensuales”
Moción de los diputados señores Morales, Álvarez-Salamanca , Bobadilla , Hernández , Melero , Norambuena , Recondo , Rojas , Silva y Ward Establece un seguro obligatorio a los establecimientos donde se imparte artes marciales en la forma que indica. (boletín N° 8019-29).
“Como sabemos la práctica de deportes representa una virtud que toda sociedad debe promover. Es así como el Poder Ejecutivo ha impulsado políticas públicas tendientes a incentivar la práctica de actividades deportivas, otorgándole con ello a la ciudadanía una mejor calidad de vida en todos los aspectos.
Con todo, en materia de práctica de deportes y como en toda actividad recreativa en general, se deben adoptar todas y cada una de las medidas de seguridad disponibles posibilitando una actividad con el menor riesgo de producirse lesiones o incluso la muerte del deportista.
Frente a esto la seguridad es entonces un factor que siempre hay que considerar a fa hora de comenzar la práctica de algún ejercicio o actividad de índole deportiva. En efecto, la salud de los deportistas debe ser considerada como elemento central en la materia, sin el cual no puede ser concebida.
Es así como en materia del ejercicios de disciplinas como las artes marciales, que por definición implica el contacto físico, el factor seguridad debe tener una mayor importancia a partir de que por esencia la práctica de tales disciplinas deportivas importa un componente importantes de riesgo o peligro de sufrir algún accidente que conlleve lesiones de las más diversas consideraciones y a partir de muchos aspectos.
Que es por lo indicado precedentemente que los firmantes del presente proyecto de ley venimos en promover como herramienta de protección hacia los deportistas y sus familias la consagración, a nivel legal, de un seguro obligatorio que cubra los riesgos propios de estas actividades
Por lo anteriormente indicado la presente iniciativa obliga a todas aquellas instituciones que impartan disciplinas de artes marciales reguladas en la ley 18.356, a contratar un seguro que cubra las eventualidades de daños personales, concediendo con ello un mayor soporte económico a estas personas por los desafortunados daños que pueda acarrear la práctica de tales disciplinas relacionadas con el contacto físico y los golpes.
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Agréguese un nuevo inciso final en el artículo 5° de la ley 18.356 que establece normas sobre el Control de las Artes Marciales el que a continuación se reproduce:
“Los establecimientos encargados de impartir enseñanza de artes marciales deberán contratar un seguro obligatorio contra los riesgos personales de los alumnos que entrenan en tales recintos”
Moción de las diputadas señoras Zalaquett , doña Mónica ; Cristi , doña María Angélica ; Goic, doña Carolina ; Hoffmann , doña María José y Nogueira , doña Claudia , y de los diputados señores Bauer , Hasbún , Letelier , Monckeberg, don Nicolás , y Salaberry .
Modifica la Ley de Filiación, crea la figura del defensor de ausentes en juicios de paternidad y faculta la realización de pruebas biológicas a parientes consanguíneos. (boletín N° 8020-18).
“1. Antecedentes
La promulgación de la Ley W19.585 en 1998, creó un nuevo régimen jurídico en materia de filiación. Transcurridos más de 10 años desde la promulgación de la mencionada ley, se han podido apreciar ciertas falencias de la ley y la ocurrencia de situaciones que no fueron contempladas por ésta.
Sin embargo, los principios que la inspiraron siguen vigentes y deben iluminar también las propuestas y modificaciones que se hagan a la ley. Estos principios son:
1. Igualdad de los hijos, de manera tal que no sean discriminados por el origen o circunstancias de su nacimiento. Este principio busca proteger a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio.
2. Derecho a la identidad. Toda persona tiene el derecho a conocer su origen biológico y pertenecer a una familia. En virtud de este principio, todas las personas tienen la posibilidad de investigar la paternidad y maternidad.
3. Supremacía del interés superior del niño, quien debe ser considerado como sujeto de derecho, procurando su mayor realización espiritual y material posible, guiándolos en el ejercicio de sus derechos esenciales conforme a su edad y desarrollo.
Uno de los avances de la ley fue incluir las pruebas periciales de carácter biológico para la determinación de la paternidad y la maternidad. El legislador, previendo la dificultad generada por la oposición del demandado, otorgó al juez la posibilidad de dar a este tipo de pruebas, por si solas, valor suficiente para establecer la maternidad o paternidad, o para excluirla Así también, estableció que la negativa injustificada de una de las partes a practicarse el examen, hará presumir legalmente la paternidad o maternidad, o la ausencia de ella, según corresponda.
Por otra parte, en caso que la persona demandada manifestare su duda respecto a la demanda o negara su paternidad o maternidad, el juez tiene la obligación de decretar de inmediato, la práctica de la prueba pericial biológica.
Podemos apreciar, que el legislador contempló la prueba pericial biológica como el mecanismo que permitiría al juez resolver los conflictos que pudiesen generarse en el juicio, a saber, la negativa o duda de la persona demandada. Sin embargo, todas estas disposiciones están construidas sobre la base de que la persona demandada sea habida para la notificación de la demanda y de la resolución que ordena la realización de la pericia biológica. La realidad ha demostrado que ello muchas veces no ocurre, generando un perjuicio a aquellos niños respecto de los cuales su padre o madre, según sea el caso, tiene antecedentes que le permiten presumir o suponer la paternidad o maternidad del niño.
Asimismo, se contraviene el principio de la identidad cuando la legislación limita el ejercicio de la acción de reclamación cuando el padre fallece antes del nacimiento del hijo o dentro de los 180 días siguientes al parto. En ese caso, la ley sólo faculta al hijo póstumo a ejercer la acción contra los herederos dentro del plazo de tres años contados desde la muerte o desde que el hijo alcanza la plena capacidad. ¿Qué pasa con el hijo cuyo posible padre o madre fallece después de los 180 días?
Estas situaciones contravienen uno de los principios que inspiraron el régimen de filiación: el derecho a la identidad. En primer lugar, resulta incuestionable que el conocer sus orígenes es una aspiración natural de toda persona, especialmente, quiénes son sus padres pues ello es parte determinante de la construcción de identidad. Así lo ha recogido la Convención Americana de Derechos humanos en su artículo 18, que señala: “Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario”, y la Convención sobre los Derechos del Niño que en su artículo 7 señala: “El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida”.
La protección que distintos tratados internacionales ratificados por Chile le dan a estos principios, constituye una señal importante para nuestra legislación en esta materia. Además, la Ley N°19.585 no sólo consagró este principio sino que aseguró la amplia investigación de la paternidad y la maternidad, estableciendo también la imprescriptibilidad y la irrenunciabilidad del derecho de reclamar la paternidad o maternidad (artículo 195).
Actualmente, el desarrollo de la ciencia ha permitido que las pruebas periciales biológicas sean cada vez más certeras y permitan establecer la identidad de una persona a través de la prueba de ADN de sus familiares más cercanos. Así lo hemos podido apreciar en múltiples tragedias, como el terremoto y maremoto de febrero de 2010, el incendio de la cárcel de San Miguel donde fallecieron 80 reclusos y, recientemente, en la tragedia del Archipiélago Juan Fernández . Nuestra legislación no puede obviar los avances de la tecnología, sino que debe valerse de ellos para resolver con mayor eficacia, prontitud y exactitud los conflictos que se producen en la sociedad.
Atendidas todas estas consideraciones, resulta del todo conveniente la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de un artículo que venga a subsanar las omisiones de nuestra actual legislación en materia de filiación, permitiendo que no siendo habida la persona demandada, ya sea por muerte o por ignorarse su paradero, se pueda demandar a sus herederos o designarse un defensor público, según sea el caso. Asimismo, para la determinación de la filiación en los casos expuestos, se propone permitir que la prueba pericial biológica sea efectuada a los ascendientes y parientes por consanguinidad en segundo grado.
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°: Incorpórese al Código Civil el siguiente artículo nuevo bajo el número 197 bis:
“En el caso de no ser habida la persona demandada en juicio sobre determinación de la filiación, y desconociéndose su paradero actual, ésta será representada por el defensor público a que se refieren los artículos 365 y siguientes del Código de Orgánico de Tribunales.”
Artículo 2°: Agréguese al final del inciso segundo del artículo 199 del código civil, la siguiente frase:
“Asimismo, en caso de fallecimiento del padre o de no ser habido éste, el juez podrá ordenar la realización de la prueba pericial biológica a los ascendientes de la persona demandada o a sus parientes por consanguinidad en segundo grado”.
Artículo 3°: En el artículo 206, remplazase la frase “Si el hijo es póstumo, o si alguno de los padres fallece dentro de los ciento ochenta días siguientes al parto” por la siguiente: “Si alguno de los padres fallece,”.
Informe de la delegación de parlamentarios que concurrió a la 125ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas, desarrollada en Berna, Suiza, entre el 14 y el 19 de octubre de 2011.
“Honorable Senado, Honorable Cámara,
La delegación de parlamentarios integrada por los senadores señores Juan Antonio Coloma ( Presidente del Grupo Interparlamentario Chileno ), Juan Pablo Letelier ( Vicepresidente del Senado ), Patricio Walker , y los diputados señoras María Angélica Cristi , Claudia Nogueira , María Antonieta Saa y señores Carlos Abel Jarpa , Roberto León y Miodrag Marinovic , pasan a informar sobre su participación en la 125a Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, efectuada en Berna, Suiza, entre el 14 y el 19 de octubre de 2011.
I. INAUGURACIÓN.
Usaron de la palabra la Presidenta del Parlamento suizo, señora Micheline Calmy-Rey , el Secretario General de Naciones Unidas , señor Ban Ki-moon , el Presidente de la Unión Interparlamentaria , señor Theo-Ben Gurirab, el Presidente Consejo Nacional Suizo (Cámara Baja) señor Jean-René Germanier , el Presidente del Consejo de Estado (Cámara Alta) señor Hansheiri Inderkum , y el alcalde de Berna , señor Alexander Tschappat , quienes resaltaron la importancia de la 125a Asamblea por el alto nivel de la discusión en materias de relevancia mundial dentro del contexto y la problemática que se vive actualmente.
II. AGENDA.
A) PUNTOS DE URGENCIA.
Se presentaron 3 solicitudes, en los términos siguientes:
-La hambruna que azota a Somalia y los esfuerzos que hacen los miembros de la UIP por solucionarlo (Namibia).
-El derecho del pueblo palestino a la autodeterminación (Palestina).
-Sobre la necesidad de la movilización internacional para reforzar los esfuerzos para asistir a las personas de Somalia frente a la hambruna (Irán).
Se aprobó el primero, por unanimidad, mientras que los otros dos fueron retirados.
Se adjunta punto de urgencia aprobado en Anexo N° 1.
B) COMISIONES PERMANENTES.
Las tres Comisiones Permanentes celebraron paneles sobre los temas que se indican a continuación, con la finalidad de interiorizarse sobre las materias sobre las cuales se prepararán los proyectos de resolución que serán discutidos durante la 126a Asamblea, a realizarse en Kampala, Uganda, del 31 de marzo a 5 de abril, del 2012.
La primera comisión permanente de la paz y seguridad internacional se abocó al tema “Promoción y práctica de la buena gobernanza como medio de favorecer la paz y la seguridad: sacar enseñanzas de los recientes acontecimientos en el Medio Oriente y en África del Norte”.
Se adjunta proyecto de informe en Anexo N° 2.
La delegación chilena estuvo representada por la diputada señora María Angélica Cristi , quien señaló que muchos países habían sacado lecciones de los acontecimientos ocurridos recientemente en el Medio Oriente y en el Norte de África y, especialmente, frente a la posibilidad de que la ciudadanía se organice masivamente para hacerse escuchar y así poder plantear sus demandas.
Subrayó que hoy se denominan “los indignados”, pertenecen preferentemente a países democráticos y que no necesariamente son sindicados como pobres.
Señaló que las manifestaciones o protestas obedecen a distintas razones: algunas van dirigidas contra gobiernos dictatoriales, como fue el caso de Medio Oriente o Norte de África . Otras se originan en las desigualdades sociales, la falta de oportunidades laborales, los bajos salarios, las demandas por mejor salud y educación, mayores beneficios sociales y, en otros casos, en que se pide la gratuidad total de los beneficios.
Los problemas asociados van de la mano con altos grados de intransigencia y populismo frente a demandas de solución de problemas que se arrastran por años. El clamor popular exige que éstos deben ser resueltos “hoy y ya”, sin mediar ni cómo ni con qué recursos, los cuales nunca están disponibles en forma inmediata, y sin considerar los procesos de cambio que se requieren para satisfacer las demandas.
Acotó que las manifestaciones denominadas “pacíficas” van generalmente asociadas a la violencia y vandalismo por parte de antisociales que aprovechan la oportunidad para acometer su furia y rabia. En Chile se denominan “encapuchados”, destruyen la propiedad pública y privada, agreden y atacan a la policía encargada de guardar el orden y la seguridad pública.
Subrayó que la violencia afecta la moral de quienes desean vivir en paz, incluyendo a los propios manifestantes que luchan por encontrar soluciones. También afecta a la policía cuyo desempeño se ve mermado y su quehacer cuestionado por los enormes esfuerzos que deben efectuar para controlar una violencia desmedida y nunca antes vista, a lo menos en Chile.
De esta manera, en este proceso, los gobiernos deben encauzar un gran esfuerzo para reconstruir el tejido social que sustenta la estabilidad y el equilibrio de la misma sociedad, lograr fortalecer una educación formativa y de calidad para intensificar y promover los valores, entre ellos, la familia, el respeto a la solidaridad, la tolerancia y la libertad pero con responsabilidad.
Hizo presente que el ejercicio de los derechos también conlleva obligaciones.
A continuación formuló una reflexión, preguntándose en qué se había fallado o dónde nos habríamos perdido, pese a los grandes esfuerzos desplegados para lograr el desarrollo y bie-nestar de nuestros pueblos.
Por otra parte, señaló que desde un punto de vista eminentemente práctico, la gobernabilidad se asocia indisolublemente al fortalecimiento de la democracia, con la descentralización y modernización del Estado, poniendo al ciudadano en el centro de las políticas públicas y no generando grandes burocracias en que unos cuantos miles de funcionarios privilegiados se benefician de una riqueza mal administrada por el Estado o la corrupción, el poder o los intereses personales.
Por tales motivos, abogó por un gobierno transparente, administración eficaz y políticas públicas orientadas a promover una sociedad de oportunidades, en que cada persona disponga de las herramientas fundamentales para emprender, innovar y crecer integralmente, constituyendo las claves de un buen gobierno.
Recordó que estos elementos eran precisamente los que estaban ausentes en las autocracias del Medio Oriente, del Norte de África y en otros lugares del planeta, y por tanto, estas son las enseñanzas que debemos asimilar.
Finalizó señalando que sobre estas bases, nuestros países alcanzarán grados superiores de gobernabilidad, y de esta forma lograremos metas tan ansiadas como igualdad de oportunidades, mejor competitividad en la sociedad global y acceso equitativo a la sociedad del conocimiento, y por sobre todo paz y seguridad.
“Redistribuir no solamente las riquezas sino también el poder: ¿quién fija las agendas internacionales?”
Se adjunta el proyecto de informe en Anexo N° 3.
La delegación chilena estuvo representada por el diputado señor Roberto León , Vicepresidente de esta Comisión, quien destacó que desde que el mundo es mundo, la riqueza ha generado poder, situación que ha ido cambiando lentamente como lo demuestran las últimas agendas internacionales, y esto tiene que ver en cómo se administra la riqueza y el poder.
Los cambios sociales han influido en gran proporción, sin embargo, pese a los esfuerzos efectuados, no ha sido posible anticiparse a hechos de tanta relevancia como la denominada “primavera árabe” o el reciente movimiento de los indignados” que llegaron a tomarse Wall Street .
Subrayó que, por otra parte, ninguna de las últimas Asambleas desarrolladas por la UIP ha sido capaz de anticiparse a estas manifestaciones y movimientos sociales.
Por ello, señaló que resulta de vital importancia evaluar a las redes sociales, considerar sus requerimientos como también el twitter y otros sistemas similares que, finalmente, se han traducido en movilizaciones sociales como las que hemos visto el último tiempo por diversas partes del mundo.
Señaló que hoy ya no se puede sostener que el poder vaya de la mano con la riqueza, pues el primero avanza más rápido de lo esperado. Ya nadie puede garantizar que durante los próximos encuentros parlamentarios no contemos con un movimiento como el que sostienen los indignados.
La lenta evolución de los acuerdos de la Ronda de Doha o los relativos al cambio climático, son temas de suma importancia pero que aún no han dado entera satisfacción a las demandas. Ambos aspectos llevan muchísimos años en la agenda, sin evolucionar ni responder a las verdaderas demandas y necesidades de la población, y aquí en este punto solicitó incorporar la temática de los recursos marinos como tema central a debatir en las próximas Asambleas.
La tercera comisión permanente de la democracia y derechos humanos debatió sobre “¿Cuál es el rol que los parlamentos pueden desempeñar para garantizar la salud a las mujeres y a los niños?”
Se adjunta proyecto de informe en Anexo N° 4.
Uno de los temas debatidos fue el “arriendo de vientres”.
La delegación chilena estuvo representada por el senador señor Juan Antonio Coloma, quien expuso sobre los alcances de la ley que extendió el periodo de postnatal a 6 meses.
Lo destacó como un avance significativo, en términos de la promoción efectiva de los derechos de las mujeres y los niños.
Explicó la nueva normativa destacando sus alcances y beneficios.
Precisó la aplicabilidad del texto legal en comento, en cuanto será automáticamente aplicable a las mujeres que estén con su pre o posnatal, y además a todas aquellas que, habiendo terminado su postnatal, tengan un hijo o hija menor de 24 semanas.
Puntualizó que con esta nueva normativa, Chile cumple con los estándares de la Organización Mundial de la Salud que recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad, toda vez que permite entregar al lactante los nutrientes indispensables para su salud, garantizando un desarrollo corporal adecuado de los niños, además que posibilita una oportunidad única de establecer lazos de apego que favorecerán su desarrollo integral.
Recalcó que junto con asegurar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses del niño, la nueva ley incorpora la posibilidad de traspasar al padre las últimas semanas de postnatal, promoviendo así una participación más activa del varón en la crianza, asegurando que ello va en beneficio directo del desarrollo psicosocial de los niños en la etapa más relevante para la generación de sus potencialidades futuras.
Finalizó su intervención, señalando que esta nueva normativa legal constituye un instrumento concreto y eficaz de respeto de los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad en Chile.
C) COMISIÓN SOBRE ASUNTOS DE LAS NACIONES UNIDAS.
La Comisión adoptó su agenda al tenor de los recientes acontecimientos y se abocó a las siguientes materias:
-Se desarrolló una Audiencia con el Alto Representante de la Alianza de las Civilizaciones de las Naciones Unidas, donde se expusieron los principales objetivos e iniciativas de la Alianza de las Civilizaciones de ONU, y específicamente acerca de cómo los parlamentos podrían asociarse más estrechamente en la promoción del diálogo intercultural, con énfasis en la elaboración e implementación de las estrategias nacionales relacionadas y también sobre la implementación de la Resolución de la UIP relativa a “Asegurar el respeto de todas las comunidades y creencias religiosas y su coexistencia en la era de la globalización”, adoptada en Nusa Dua, Bali, el año 2007.
Concurrió el diputado señor Marinovic .
-Asimismo, se desarrollaron dos paneles:
El primero sobre “Reforma de los mercados financieros”, donde concurrieron el senador señor Coloma y el diputado señor Jarpa .
El segundo relativo a las “Armas nucleares, hacia la opción cero”, como una manera de hacer un seguimiento a la Resolución de la UIP titulada “Promover la no proliferación y el desarme nuclear y asegurar la entrada en vigencia del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares: el papel de los Parlamentos (CTBT), adoptada en Addis Abeba , el año 2009.
-Se evaluó el progreso y examinó las visiones políticas y nuevas propuestas sobre la eliminación de las armas nucleares.
-Se discutió acerca de cómo los Parlamentos podrían reforzar una acción tendiente a alcanzar el objetivo descrito.
-En tercer lugar, se analizó el tema “Los parlamentos y el Programa de Acción de Estambul (IPOA)” para los países menos avanzados (PMA), los países en desarrollo sin acceso al mar y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
-Se dio cuenta pormenorizada acerca de la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los PMA-IV, del mes de mayo de este año, en particular sobre las conclusiones del Foro Parlamentario que se llevó a cabo en dicha ocasión.
-Se informó sobre una propuesta conjunta de la UIP y Naciones Unidas acerca de los PMA y se intercambiaron opiniones relativas a la participación futura de los parlamentarios en el período 2011/2010.
Finalmente, se tocaron otros temas como:
-Cooperación entre Naciones Unidas y los Parlamentos.
-La economía verde: ¿un avance para el desarrollo sustentable?
-Estado de los preparativos para la próxima Reunión Parlamentaria con ocasión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (COP17/CMP7), a realizarse en Durban, Sudáfrica , el día 5 de diciembre de este año.
D) REFORMAS A LOS ESTATUTOS.
Correspondía someter a votación una modificación al artículo 5° de los Estatutos, la cual fue aprobada en los términos siguientes:
“Artículo 5.- El Miembro que esté en mora en el pago de sus contribuciones financieras para los gastos de la Organización no tendrá voto en los órganos estatutarios de la Unión Interparlamentaria si la suma adeudada es igual o superior al total de sus contribuciones financieras correspondientes a los dos años anteriores completos. El Consejo Directivo podrá, sin embargo, permitir que dicho Miembro vote si llega a la conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas a su voluntad. Antes de examinar esta cuestión, el Consejo Directivo podrá recibir explicaciones por escrito del Miembro de la Unión interesado. No obstante lo dispuesto en el artículo 10.2 de los Estatutos, el Miembro en cuestión no podrá estar representado por más de dos delegados en las reuniones convocadas por la Unión. Un Miembro Asociado que esté en mora en el pago de sus contribuciones financieras por un monto igual o superior al total de sus contribuciones financieras correspondientes a los dos años anteriores completos, no podrá estar representado por más de un delegado en las reuniones convocadas por la Unión.
3. Cuando un Miembro o Miembro Asociado de la Unión se encuentre en mora por tres años en el pago de sus contribuciones a la Unión, el Comité Ejecutivo examinará la situación y expresará su opinión al Consejo Directivo. El Consejo Directivo tomará una decisión sobre la suspensión de la afiliación de ese Miembro o Miembro Asociado a la Unión.”
E) INFORMES DE OTROS ÓRGANOS DE LA UIP.
-Informe del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios. Participó el senador señor Letelier . y se analizaron numerosos casos de 22 países y se realizaron encuentros con parlamentarios para tomar mejor conocimiento de los casos en estudio.
-Informe del Comité de Coordinación de las Mujeres Parlamentarias. Se reunió en su versión décimo sexta para formular un aporte dentro de los trabajos efectuados durante la 125 Asamblea; para lo cual tomó en cuenta las recomendaciones que efectuó el Comité de Partenariado, analizó el Plan Estratégico de la UIP 2012/2017 y celebró la incorporación de los criterios de género en las estructuras de la organización.
De este modo presentó propuestas para los pre informes de las tres comisiones permanentes.
Recibió a los dos candidatos a la presidencia de la UIP
También, debatió acerca de la organización de su reunión décimo séptima.
Acordó llevar a cabo una reunión para tratar el tema relativo a las próximas generaciones de parlamentarias, como también organizar un panel sobre desnutrición infantil.
Finalmente, manifestaron satisfacción por la decisión de Arabia Saudita en torno a que las mujeres puedan sufragar y ser candidatas a cargos políticos.
El Comité de Partenariado, a su vez, llevó a cabo su reunión vigésimo octava, donde se constató que concurrieron 154 mujeres de 529 delegados, lo que equivale al 29, 1%, porcentaje inferior al de otras Asambleas recientes.
De las 126 delegaciones que concurrieron, 117 estuvieron compuestas a lo menos por dos miembros. De estas, 15 estuvieron compuestas exclusivamente por hombres (12,8%). 7 delegaciones fueron sancionadas por asistir por tercera vez sin parlamentarias.
Se discutió acerca del presupuesto de género y de la disminución anunciada.
Se dio a conocer una nueva publicación sobre sensibilidad de género en los parlamentos y de medidas para concretarlo.
Se adjunta cuadro comparativo en Anexo N° 5, que da cuenta de la presencia de mujeres en la Asamblea 125a.
El Comité de Asuntos del Medio Oriente, a su vez, rindió un brevísimo informe sobre las actividades desarrolladas en beneficio de la paz en la región. Se anunció una misión que realizará una visita a Israel y Palestina en el primer trimestre del año 2012. Se instó a continuar desarrollando acciones de paz y a mantener un diálogo continuo.
F) REUNIONES DEL GRULAC.
El Grupo Latinoamericano y del Caribe (Grulac) destinó un día a preparar y revisar la propuesta de modificaciones al Reglamento, donde participó el diputado señor León , quien presentó un texto sustitutivo que abarcó muchas de las modificaciones que fueron finalmente adoptadas.
El Presidente del Grulac , señor Carlos Jiménez (México) , reconoció y agradeció ampliamente el trabajo desarrollado por Chile, donde el diputado señor León planteó además de un texto sustitutivo que agrupó y dio un nuevo ordenamiento a la normativa por la cual se regula el grupo, algunas mociones en torno a los quórum para abrir las sesiones y para adoptar acuerdos en torno a la necesidad de reformular la norma que establecía dos subgrupos, de manera tal de que, finalmente, se optó por que los países que lo conforman formarán una sola unidad, pero estableciendo los principios de alternancia en los cargos, la prohibición de acumulación de más de 3 cargos titulares y dos suplencias por país, el establecimiento de un nuevo capítulo que contempla las responsabilidades y sanciones. En este sentido, se estableció que cada candidatura de un miembro del Grulac que se presente tanto al interior del grupo como dentro de los órganos que conforman la UIP, debe venir con el aval de su respectivo Parlamento, a modo de asegurar su participación.
Asimismo, celebró otras reuniones de acuerdo con su agenda, donde los principales temas tratados fueron:
Recuento de actividades por parte del Presidente , senador señor Carlos Jiménez (México) , donde destacó el plan de estrategia a seguir por la UIP, trabajos a desarrollar durante la 125a Asamblea, con miras a fortalecer la cooperación entre los Parlamentos del mundo con el objeto de obtener un reconocimiento en cuanto a la defensa de los valores democráticos.
Se refirió las candidaturas presentadas para el cargo de Presidente de la UIP, al estado de las reformas de los estatutos del Grulac y a la necesidad de hacer un seguimiento sobre la labor ejecutada por el Grupo.
A continuación, dio la palabra al Presidente del Parlamento Latinoamericano ( Parlatino ), señor Elías Castillo , quien hizo una presentación acerca del trabajo realizado e instó a los parlamentos a continuar trabajando en pos de los ideales americanos y para concurrir a la Asamblea General a realizarse en el mes de diciembre en Panamá.
Se informó acerca de la vacante que dejara la parlamentaria señora Beteta (Perú), quien dejó de ser parlamentaria, en el Comité de Coordinación de Mujeres Parlamentarias y de la presentación de la candidatura de la señora Fernández , ( Ecuador ), para reemplazar a la primera en calidad de titular, elección que se llevará a cabo durante la 126a Asamblea, en el mes de abril del próximo año.
-Proyecto de Estrategia de la UIP 2012-2017.
-Se recibió a los candidatos a la Presidencia de la UIP, señora Nurhayati Ah Assegaf (Indonesia) y también del señor Radi (Marruecos).
Se puso en discusión las vacantes a llenar con ocasión de la 125' Asamblea de la UIP:
Un cargo para el Comité Ejecutivo para reemplazar a la diputada señora Saa por la señora Ivonne Passada ( Uruguay ); otro como titular en el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios, para lo cual se aprobó ampliamente la postulación del senador señor Juan Pablo Letelier y un cargo de titular para la Comité de Asuntos del Medio Oriente, donde se presentó la candidatura de la diputada señora María Angélica Cristi , a quien el grupo dio su total apoyo y que fue ratificada ampliamente por la Asamblea.
-Se designó a los parlamentarios señora Guerra (México) y senador Romero (Argentina) para integrar el Comité de Redacción para el punto de urgencia.
-Se nominó a 10 parlamentarios para realizar una visita al Aeródromo de Payerne (Solar Impulse) durante la tarde del martes 18 de octubre, de 14.00 a 18.20 horas. Por Chile fue nominado el diputado señor Marinovic.
Posteriormente, el Vicepresidente señor Lins (Brasil) formuló una invitación para realizar un encuentro en Brasil durante el mes de febrero, con antelación a la realización de la 126a Asamblea.
Asimismo, se trató la situación financiera de Bolivia y la deuda que mantiene con la UIP, por lo que se encomendó al Presidente del Parlatino para que tuviera una reunión destinada a resolver esta situación.
A su vez, usó de la palabra un parlamentario de Colombia, quien dio cuenta de la situación que aflige a una gran cantidad de parlamentarios que han sido privados de libertad.
Solicitó que Colombia pudiera ser sede de la 128' Asamblea como una manera de afianzar y dar apoyo a la democracia en su país.
Secretaría dio lectura del estado del pago de las contribuciones de los países del Grulac-UIP.
En lo que dice relación con los puntos de urgencia, se dieron a conocer el relativo a la hambruna en Somalia (Namibia), otro sobre la situación de Palestina y un tercero, presentado por Argentina, que fue retirado, relativo a las islas Malvinas.
Informe de los Miembros del Comité Ejecutivo, a cargo de la diputada señora María Antonieta Saa (Chile) y del senador señor Ángel Alonso Díaz Caneja (México) , particularmente sobre el proyecto de estrategia a desarrollar por la organización, sobre aspectos financieros y otras materias de relevancia, sobre el nuevo ingreso de Nigeria y Guinea, y la situación de deudor de Bolivia en los aportes a la UIP.
G) COMITÉ EJECUTIVO.
Concurrió la diputada señora María Antonieta Saa . Los principales temas debatidos fueron:
-Informe del Presidente y del Secretario sobre actividades desarrolladas desde la última reunión del Consejo.
-Cuestiones relativas a los miembros, afiliación, reafiliación, status de observador y situación financiera de algunos miembros. - Proyecto de Programa y Presupuesto para el 2012.
Estrategia de la UIP para el período 2012/2017.
-Cooperación con Naciones Unidas.
-Información sobre la 126' Asamblea de la UIP a desarrollarse en Kampala, Uganda, entre el 31 de marzo y el 5 de abril del 2012, y también sobre otras reuniones temáticas y sobre la elección de Presidente de la UIP y de miembros del Comité Ejecutivo.
H) COMITÉ DIRECTIVO.
Participaron los senadores señores Coloma y Patricio Walker y los diputados señores Jarpa, León y señora Cristi .
Este Comité se reunió para analizar el proyecto de Programa y Presupuesto para el año 2012.
Informes sobre recientes reuniones especializadas.
Cuestiones relativas a los miembros, afiliación, reafiliación, status de observador, situación financiera de algunos miembros.
El Presidente rindió informe sobre las actividades desarrolladas desde la última sesión del Consejo Directivo y sobre la labor del Comité Ejecutivo. Lo mismo realizó el Secretario General .
I) ESTRATEGIA DE LA UIP PARA 2012-2017.
Se dio a conocer un documento que da cuenta de la Estrategia de la UIP 2012-2017, que se adjunta como Anexo N° 6 y donde se analizan diversos objetivos y estrategias a desarrollar con miras a ayudar a los miembros a alcanzar una institucionalidad universal, dinámica y eficaz, capaz de promover la cultura y los valores de la democracia y las instituciones democráticas mediante la cooperación entre los Parlamentos.
Por otra parte, se sugiere que los miembros de la UIP puedan difundir la repercusión política de la organización al interior de sus respectivos Parlamentos, de manera de reforzar la labor en apoyo de los parlamentos y la democracia.
“Mejores parlamentos para democracias más fuertes”, a través de impulsar la igualdad de género y proteger y promover los derechos humanos.
Sobre la base de esta estrategia, los Parlamentos podrán desarrollar todos los objetivos previstos, intensificando la cooperación parlamentaria.
Asimismo, se expresa que las estrategias se aplicarán mediante actividades concretas, establecidas en el programa anual y con la asignación presupuestaria correspondiente. En este último aspecto, se subraya que esto no implicará aumento de las contribuciones ordinarias y que las actividades suplementarias se financiarán con contribuciones voluntarias.
J) PRÓXIMAS REUNIONES DE LA UIP.
Se adjunta calendario próximas reuniones en Anexo N° 7.
K) ELECCIONES.
Se presentaron las candidaturas de la señora Nurhayati Ali Assegaf, de Indonesia, y del señor Abdelwahad Radi, de Marruecos, a la Presidencia de la UIP.
Resultó elegido Presidente de la UIP el señor Radi por 137 votos a favor, mientras que la señora Ali Assegaf obtuvo 130 votos, de un total de 268 votos emitidos y uno nulo.
Para el Comité Ejecutivo, para el Comité de los Derechos Humanos de los Parlamentarios, y para el Comité de Asuntos del Medio Oriente resultaron elegidos la señora Passadas ( Uruguay ), el senador señor Letelier , y la diputada señora Cristi , respectivamente.
Cámara de Diputados, a 27 de octubre de 2011.
(Fdo.): JACQUELINE PEILLARD GARCÍA , Dirección de Asuntos Internacionales”.
11. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 18 de octubre de 2011.
Oficio N° 6.760
Remite sentencia.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 18 de octubre en curso en el proceso Rol N° 2.036-11-CPR, sobre control de constitucionalidad del proyecto de ley que regula el cierre de faenas mineras. (boletín N° 6415-08).
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO , Presidente ; RODRÍGO PICA FLORES , Secretario Subrogante.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO MELERO ABAROA
CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO.”
12. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 18 de octubre de 2011.
Oficio N° 6.723
Remite sentencia.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución de octubre en curso, dictada por el Pleno de esta Magistratura en los autos Rol N° 2081-11-INA, acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 206 del Código Civil, que deduce el Juez de Familia de Pudahuel , a los efectos que ella indica. Asimismo se adjunta copia del requerimiento.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO , Presidente ; RODRIGO PICA FLORES , Secretario Subrogante.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO MELERO ABAROA
CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO.”
13. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 18 de octubre de 2011.
Oficio N° 6.771
Remite resolución.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por la Primera Sala de esta Magistratura con fecha 18 de octubre de 2011, en el proceso Rol N° 2.053-11-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en el marco del recurso de casación en el fondo Rol N° 4384-2011, en actual tramitación ante la Corte Suprema, a los efectos que indica. Asimismo, acompaño copia del requerimiento de fojas 1 y de la resolución que declaró su admisibilidad.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO , Presidente ; RODRIGO PICA FLORES , Secretario Subrogante.
A S.E.
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO MELERO ABAROA
CONGRESO NACIONAL
AVDA. PEDRO MONTT S/N
VALPARAÍSO.”
14. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 18 de octubre de 2011.
Oficio N° 6.775
Remite resolución.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por la Primera Sala de esta Magistratura con fecha 18 de octubre de 2011, en el proceso Rol N° 2.054-11-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en el marco del recurso de casación en el fondo, Rol N° 4974-2011, en actual tramitación ante la Corte Suprema, a los efectos que indica. Asimismo, acompaño copia del requerimiento de fojas 1 y de la resolución que declaró su admisibilidad.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO , Presidente ; RODRIGO PICA FLORES , Secretario Subrogante.
A S.E.
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO MELERO ABAROA
CONGRESO NACIONAL
AVDA. PEDRO MONTT S/N
VALPARAÍSO.”