Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VIII. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- PERMISO
- Carolina Goic Boroevic
- PERMISO
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Cristina Girardi Lavin
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- IX. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley o rgánica constitucional del Congreso Nacional.
- PETICIÓN DE OFICIO : Monica Beatriz Zalaquett Said
- PETICIÓN DE OFICIO : Monica Beatriz Zalaquett Said
- PETICIÓN DE OFICIO : Monica Beatriz Zalaquett Said
- PETICIÓN DE OFICIO : Monica Beatriz Zalaquett Said
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Ward Edwards
- PETICIÓN DE OFICIO : Fernando Meza Moncada
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- Ignacio Walker Prieto
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL.
- INTERVENCIÓN : Cristian Letelier Aguilar
- PERMISO CONSTITUCIONAL.
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- SALUDO A EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA, SEÑOR ALOYSIUS LELE MADJA.
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS.
- RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL.
- V. ORDEN DEL DÍA
- ATRIBUCIONES AL SERNAC EN MATERIA FINANCIERA. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Manuel Edwards Silva
- INTERVENCIÓN : Aldo Cornejo Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Arenas Hodar
- INTERVENCIÓN : Rene Alinco Bustos
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Jose Manuel Edwards Silva
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Arenas Hodar
- NORMATIVA DE EXCEPCIÓN EN MATERIA DE SUBVENCIONES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Jose Hoffmann Opazo
- INTERVENCIÓN : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- INTERVENCIÓN : Manuel Monsalve Benavides
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Eduardo Antonio Cerda Garcia
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Sergio Bobadilla Munoz
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- INTERVENCIÓN : German Becker Alvear
- DEBATE
- DEBATE
- ATRIBUCIONES AL SERNAC EN MATERIA FINANCIERA. Tercer trámite constitucional.
- VI. HOMENAJE
- HOMENAJE A LA SOCIEDAD CHILENA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA, CON MOTIVO DE SU CENTÉSIMO ANIVERSARIO.
- ANTECEDENTE
- HOMENAJE : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- HOMENAJE A LA SOCIEDAD CHILENA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA, CON MOTIVO DE SU CENTÉSIMO ANIVERSARIO.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- 5. Informe sobre participación de los diputados señores Patricio Melero ( Presidente de la Cámara de Diputados), Juan Luis Castro , Pablo Lorenzini y Carlos Recondo , en el 20° debate anual ampliado de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) sobre las actividades desarrolladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), período 2010-2011, realizado en Estrasburgo, los días 4 y 5 de octubre de 2011.
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Pablo Lorenzini Basso
- Carlos Recondo Lavanderos
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Enrique Accorsi Opazo
- Lautaro Carmona Soto
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Jose Perez Arriagada
- Carolina Goic Boroevic
- Andrea Molina Oliva
- Adriana Munoz D'albora
- Karla Rubilar Barahona
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Ximena Vidal Lazaro
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Antonio Velasquez Seguel
- Cristian Letelier Aguilar
- Sergio Ojeda Uribe
- Leopoldo Perez Lahsen
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Andrea Molina Oliva
- Claudia Nogueira Fernandez
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Antonio Velasquez Seguel
- Rene Alinco Bustos
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- Jose Perez Arriagada
- Leopoldo Perez Lahsen
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- Adriana Munoz D'albora
- Karla Rubilar Barahona
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- Sergio Bobadilla Munoz
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Javier Hernandez Hernandez
- Gustavo Hasbun Selume
- Issa Farid Kort Garriga
- Juan Carlos Latorre Carmona
- Ivan Norambuena Farias
- Joaquin Tuma Zedan
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 5. Informe sobre participación de los diputados señores Patricio Melero ( Presidente de la Cámara de Diputados), Juan Luis Castro , Pablo Lorenzini y Carlos Recondo , en el 20° debate anual ampliado de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) sobre las actividades desarrolladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), período 2010-2011, realizado en Estrasburgo, los días 4 y 5 de octubre de 2011.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
/
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 359ª
Sesión 106ª, en miércoles 9 de noviembre de 2011
(Ordinaria, de 10.39 a 14.40 horas)
Presidencia de los señores Melero Abaroa, don Patricio; Araya Guerrero, don Pedro, y Bertolino Rendic, don Mario.
Secretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario , el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- HOMENAJE
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VIII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 13
II. Apertura de la sesión 17
III. Actas 17
IV. Cuenta 17
- Réplica a alusión personal 17
- Permiso constitucional 17
- Saludo a embajador de la República de Indonesia, señor Aloysius Lele Madja 18
- Acuerdos de los Comités 18
V. Orden del Día.
- Atribuciones al Sernac en materia financiera. Tercer trámite constitucional 20
- Normativa de excepción en materia de subvenciones a establecimientos educacionales. Primer trámite constitucional 51
VI. Homenaje.
- Homenaje a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, con motivo de su centésimo aniversario 65
VII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso segundo del artículo 73 de la Constitución Política de la República respecto del proyecto que “Moderniza y fomenta la competencia del sistema financiero.”. (boletín N° 7440-05) 69
2. Informe de la Comisión de Economía recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, que “Modifica ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, para dotar de atribuciones en materias financieras, entre otras, al Servicio Nacional del Consumidor.”. (boletín N° 7094-03) 69
3. Primer informe de la Comisión de Educación recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, que “Establece normas de excepción en materia de subvenciones a establecimientos educacionales.”. (boletín N° 8021-04) 74
4. Certificado de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, que “Establece normas de excepción, en materia de subvenciones a establecimientos educacionales.”. (boletín N° 8021-04) 79
Pág.
5. Informe sobre la participación de los diputados señores Patricio Melero (Presidente de la Cámara de Diputados), Juan Luis Castro, Pablo Lorenzini y Carlos Recondo en el 20° Debate Anual Ampliado de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) sobre las actividades de la OECD, realizado los días 4 y 5 de octubre de 2011, en Estrasburgo (Francia) 81
6. Moción de los diputados señores Accorsi, Carmona, Castro y Pérez, don José, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina; Molina, doña Andrea; Muñoz, doña Adriana; Rubilar, doña Karla; Sepúlveda, doña Alejandra, y Vidal, doña Ximena, que “Norma el uso de camas solares y prohíbe su uso para menores de 18 años y para embarazadas”. (boletín N° 8027-11) 85
7. Moción de los diputados señores Velásquez, Letelier, Ojeda, Pérez, don Leopoldo; Sabag y Saffirio y de las diputadas señoras Hoffmann, doña María José; Molina, doña Andrea; Nogueira, doña Claudia, y Sabat, doña Marcela, que “Tipifica la adulteración del odómetro en vehículos motorizados”. (boletín N° 8028-15) 87
8. Moción de los diputados señores Velásquez, Alinco, Marinovic, Pérez, don José; Pérez, don Leopoldo; Saffirio y Sauerbaum y de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana; Rubilar, doña Karla, y Sepúlveda, doña Alejandra, que “Modifica la Ley General de Enseñanza, estableciendo la obligatoriedad de impartir una hora semanal de educación vial y normas del tránsito”. (boletín N° 8029-04) 92
9. Moción de las diputadas señoras Hoffmann, doña María José, y Zalaquett, doña Mónica, y de los diputados señores Bobadilla, García, don René Manuel; Hernández, Hasbún, Kort, Latorre, Norambuena y Tuma, que “Modifica la ley N° 18.290, estableciendo el porte y uso obligatorio de chaleco reflectante en los casos que indica”. (boletín N° 8030-15) 98
10. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 41 del D.F.L. N° 850, del Ministerio de Obras Públicas. Rol 2079-11-INA. (6788) 99
VIII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
- Del diputado señor Chahín, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 19 de noviembre en curso, para dirigirse a Gaza.
- De la diputada señora Goic, doña Carolina, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 10 de noviembre en curso, para dirigirse a Hawaii, Estados Unidos.
- De la diputada señora Girardi, doña Cristina, quien acompaña licencia médica por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de 05 días, a contar del 07 de noviembre próximo pasado.
2. Oficios:
Respuestas a Oficios Cuenta 106ª
Contraloría General de la República:
- Diputado Accorsi, Determine la juridicidad del acto administrativo que no da lugar a la solicitud ciudadana de plebiscito por parte del alcalde de Coyhaique , señor Omar Muñoz Sierra, y se pronuncie sobre las eventuales infracciones en que habría incurrido. (67676 al 2636).
- Diputado Robles, Solicita informar acerca de las razones jurídicas esgrimidas para negar a los profesores que legítimamente no se sometieron a la evaluación docente, el bono por retiro voluntario establecido en la ley N° 20.501, sobre Calidad y Equidad de la Educación (68159 al 3442).
Ministerio de Interior:
- Diputado Pérez don Leopoldo, Solicita una solución al caso de la señora María José Esquivel Améstica, quien resultara herida de bala mientras viajaba en un bus del Transantiago (21228 al 1704).
- Diputada Goic doña Carolina, Se sirva informar a esta Cámara acerca de los recursos por concepto de zona franca que se adeudan al gobierno del XII Región (5722 al 4889).
Ministerio de Relaciones Exteriores:
- Proyecto de Acuerdo 429, ?Incorporar la fiesta religiosa de Guadalupe de Ayquina como Patrimonio Cultural inmaterial de Chile y de la humanidad.? (14369).
Ministerio de Hacienda:
- Diputado Monckeberg don Cristián, Informe los montos de las transferencias realizadas por el Estado chileno a la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) desde el año 2000 a la fecha, con especificación de los conceptos por los cuales se realizaron y de las rendiciones de dicho organismo. (1370 al 4707).
Ministerio de Educación:
- Diputado Sabag, Solicita la pronta reanudación de las tareas de reconstrucción del inmueble que alberga al Liceo Carlos Montané Castro, de la comuna de Quirihue (2467 al 3098).
Ministerio de Justicia:
- Diputado Schilling, Estado de avance del proceso de regularización de la Corporación de Desarrollo de la Comunidad Las Palmas (ex Comunidad Las Palmas), RUT 75.613.600-03, remisión de la última auditoría realizada a dicha Corporación o Comunidad y suspensión de toda enajenación de bienes de la citada Corporación. (7639 al 4421).
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado Díaz don Marcelo, Fecha de inicio de las obras del proyecto de mejoramiento del camino de acceso a la localidad de Villaseca, en la comuna de Vicuña. (2699 al 4120).
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Posibilidad de modificar el artículo 6° transitorio, de la ley N° 20.017, que modificó el Código de Aguas, con el objeto de otorgar un nuevo plazo para la presentación de solicitudes de constitución de derechos de aprovechamiento permanente sobre aguas subterrá-neas, permitiendo la ejecución de proyectos de agua potable rural que se encuentran pendientes. (2700 al 4641).
- Diputado Estay, Solicita se instruya la reparación del camino que une las localidades de Galvarino y Chol Chol, especialmente en el tramo comprendido entre los kilómetros 10 al 13, medido desde el cruce de los caminos Lautaro-Galvarino con el de Galvarino - Chol Chol. (2701 al 1743).
- Diputada Molina doña Andrea, Solicita informe sobre la factibilidad de extender en seis meses el plazo de vigencia del decreto de emergencia que declaró zona de escases hídrica a las provincias de Petorca y Quillota (2702 al 3310).
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Posibilidad de incluir en los programas de mejoramiento global de caminos de la Dirección de Vialidad a los que conducen hasta las localidades de Peor es Nada y Rincón de Peor es Nada, de la comuna de Chimbarongo. (2703 al 4512).
- Diputado Robles, Avance que presenta el proyecto de construcción del terminal de buses de Copiapó. (2704 al 4308).
- Diputado Martínez, Ejecución del proyecto de pavimentación de la Ruta N° 55, que une Pinto con las Termas de Chillán, en la provincia de Ñuble, Región del Biobío. (2706 al 4165).
- Diputado Sabag, Solicita la construcción de un muro de contención en las riveras del estero que desemboca en la localidad de Perales, comuna de Coelemu (2708 al 2749).
- Diputado Martínez, Solicita disponer la ejecución del proyecto de pavimentación asfáltica de la ruta que conecta las comunas de San Carlos y Quirihue, a través de la localidad rural denominada Torrecillas, en la provincia de Ñuble. (2709 al 2131).
- Diputado Ascencio, Razones que permitieron efectuar la recepción del proyecto de agua potable rural del sector de Putique, comuna de Quinchao, a pesar de las imperfecciones que presenta, las que harían imposible su funcionamiento, con indicación de los responsables de las fiscalizaciones a la obra y las medidas que se adoptarán para ponerla en funcionamiento. (2709 al 4161).
- Diputada Pacheco doña Clemira, Solicita informe sobre diversos aspectos relacionados con la compleja situación del tránsito de vehículos por los viaductos del río Biobío, en el Gran Concepción (2711 al 3277).
- Diputado Ascencio, Solicita informar respecto del proceso de expropiación de los inmuebles ubicados en Portales S/N, en la localidad de Gamboa, e inscritos a fojas 274, N° 288, del Conservador de Bienes Raíces de Castro, y, además, remita los antecedentes en poder del ministerio a su cargo relacionados con esta materia. (2712 al 4223).
- Diputado Sabag, Estudio de ingeniería efectuado para la construcción del puente Lanqui Poniente, en la comuna de Bulnes, provincia de Ñuble, que la unirá con la de Chillán Viejo y constituirá un acceso directo a la Ruta del Itata. (2713 al 4279).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social:
- Diputado Robles, Solicita se informe sobre razones médicas por las que cuatro de los treinta y tres mineros atrapados en yacimiento San José, Región de Atacama, durante el año pasado, fueron dados de alta, en tanto que los restantes veintinueve continúan con licencia médica, quedando los primeros sin protección laboral y de salud (12531 al 2200).
- Proyecto de Acuerdo 404, “Medidas para mejorar la forma de pago de pensiones a jubilados.” (12532).
Ministerio de Salud:
- Proyecto de Acuerdo 437, “Oficiar al señor Ministro de Hacienda para los efectos de que considere en la Ley de Presupuesto dotar de mayores recursos al Programa de Recambio de Calefactores.” (3704).
Ministerio de Energía:
- Diputada Sabat doña Marcela, Solicita informar sobre lo que, en el marco de la legislación vigente, corresponde que las empresas de suministro eléctrico cobren por reposición del servicio, y, por qué conceptos, vgr., multas, manos de obra, etc. (11206 al 2267).
Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
- Diputado De Urresti, Inversiones efectuadas en los años 2010 y 2011 en el Programa de Mantención de Vías Urbanas, en la comuna de Valdivia y sus etapas de desarrollo. (538 al 4411).
- Diputado Jaramillo, Reitera la solicitud para que se estudie la posibilidad de habilitar un acceso sur a la ciudad de La Unión, capital de la provincia del Ranco. (539 al 2475).
- Diputado De Urresti, Solicita informar sobre los programas y proyectos para la erradicación de los campamentos en la Región de Los Ríos, además, acerca del catastro de personas que viven en aquellos campamentos, y, por último, respecto de los programas de construcción de viviendas en esa región, desglosados por comuna. (541 al 3551).
- Diputado Monsalve, Solicita una fiscalización, en terreno, en la comuna de Curanilahue, acerca del beneficio de de subsidio para reparación de vivienda (542 al 2910).
- Diputado Jaramillo, Catastro del estado en que se encuentran las calles más céntricas y con más tráfico de La Unión. (543 al 4389).
- Diputado Ascencio, Situación que afecta a la señora Gloria Carvallo Campos, contratista de obras menores del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en la provincia de Palena, quien ha sufrido la postergación del pago por la construcción de una vivienda y no ha obtenido información oficial sobre las resoluciones dictadas en su carpeta de cobro. (544 al 4457).
- Diputado De Urresti, Solicita informar sobre el programa de mejoramiento urbano que se desarrollará en el sector de Collico, en la comuna de Valdivia, en especial, respecto de su fecha de inicio y de los recursos involucrados. (547 al 4445).
- Diputada Pascal doña Denise, Solicita informe sobre la situación que afecta a un grupo de 144 familias de la comuna de El Monte, quienes habrían sido rechazados en sus postulaciones a beneficios Serviu (550 al 2916).
- Diputado Ortiz, Solicita informe respecto de las razones por las cuales las obras de ensanchamiento de la Avenida Andalién, comuna de Concepción, presentan un importante atraso en su ejecución (551 al 3321).
- Diputado Rincón, Entrega de copia del informe del Idiem a los presidentes de juntas de vecinos o representantes de conjuntos habitacionales afectados por el terremoto, y, postergación subsidios para compra viviendas usadas. (552 al 322).
- Diputado Rincón , Solicita una pronta solución a la problemática que afecta a las familias miembros del Comité Habitacional Bicentenario, de la comuna de Graneros (552 al 2684).
- Diputado Rincón, Solicita poner a disposición de los comités para la vivienda de la localidad de Rosario, comuna de Rengo, un terreno de propiedad del Serviu (552 al 3491).
- Diputado Rincón, Solicita reiterar oficios Nos. 322, de 22 de abril de 2010, y 2684 y 3491, de 17 de marzo y 9 de junio de 2011, respectivamente. (552 al 4691).
- Diputado Delmastro, Urgente reposición de la calle Alejandro Flores de la ciudad de Valdivia, en subsidio de someterla al proceso de Pavimentación Participativa. (554 al 4358).
- Diputado Monsalve, Solicita se fiscalice la ejecución de los subsidios de reparación para damnificados - a consecuencias del terremoto del 27 de febrero de 2010- en la comuna de Curanilahue, remitiendo, posteriormente, sus conclusiones a esta Corporación. (556 al 2375).
- Diputado Monsalve, Solicita una investigación en torno a los hechos denunciados por vecinos de la comuna de Cañete, en orden a que las reparaciones efectuadas a sus viviendas, en el marco del “subsidio de reparación” de inmuebles dañados por el sismo de 27 de febrero de 2010, no representan el total de dicho beneficio (556 al 2580).
- Diputado Sabag, Situación que afecta al Comité de Vivienda Ebenezer, de la comuna de San Carlos, debido a las deficiencias que presentan sus viviendas recién entregadas, disponiendo una fiscalización. (557 al 4280).
- Diputado Robles, Solicita informar sobre la construcción de un edificio de viviendas en el sector aledaño a Callejón Martínez, en la comuna de Vallenar, en especial, acerca de los adjudicatarios de los mencionados inmuebles. (560 al 4381).
- Proyecto de Acuerdo 437, “Oficiar al señor Ministro de Hacienda para los efectos de que considere en la Ley de Presupuesto dotar de mayores recursos al Programa de Recambio de Calefactores.” (549).
- Proyecto de Acuerdo 438, “Oficiar a la señora Ministra del Medio Ambiente con el objeto de que adopte medidas elgales y administravias destinadas a dar solución a la contaminación que afecta a diversas localidades del país.” (549).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputado Díaz don Marcelo, Causas de la falta de implementación del subsidio establecido en la letra b) del artículo 4° de la ley N° 20.378, respecto de la entrega a los usuarios de una tarjeta o voucher que les permita hacer uso del transporte colectivo mayor y/o del que efectúan taxis y taxis colectivos, a su arbitrio, precisando si se debe a una falta de cumplimiento de la ley o a la necesidad de una reglamentación especial (4650 al 2096).
Ministerio de Planificación y Cooperación:
- Diputado De Urresti, Solicita remitir información relacionada con los proyectos de reposición del Centro de Salud Familiar del sector Las Ánimas y de la posta rural de Huellelhue, en la comuna de Valdivia, y con el proyecto de construcción de una posta en la localidad de Cayumapu, en la misma comuna. (2767 al 4556).
- Diputado Marinovic, Solicita informar sobre el estado de avance del proceso de revisión de las metodologías de evaluación de proyectos, comenzando por el ámbito de la conectividad, acordado en un Protocolo de Acuerdo suscrito entre parlamentarios de la Comisión Mixta de Presupuestos y el Ministerio de Hacienda (2768 al 3227).
Ministerio Público:
- Diputado Pérez don José, Expone falta de atención del Fiscal Regional en las recurrentes causas de abigeato y solicita que agilice las gestiones para controlar este delito en Los Ángeles. (633 al 2705).
Ministerio Medio Ambiente:
- Diputado Campos , Disponga un sumario sanitario para determinar la naturaleza de las emisiones que emergieron el pasado sábado 24 de septiembre desde las instalaciones de la Refinería Biobío, de la Empresa Nacional de Petróleo, ubicada en la comuna de Hualpén, e informe a esta Cámara. (113298 al 4763).
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita gestionar se resuelva prontamente la solicitud de nulidad de la resolución de calificación ambiental que aprobó el proyecto energético Hidroensenada y, asimismo, disponer se instruya un sumario administrativo por las declaraciones emitidas, en días recientes, en una entrevista radial, por el señor Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos , y, eventualmente, proponga su destitución. (113491 al 2494).
- Proyecto de Acuerdo 437, “Oficiar al señor Ministro de Hacienda para los efectos de que considere en la Ley de Presupuesto, dotar de mayores recursos al Programa de Recambio de Calefactores.” (113490).
Empresas del Estado:
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Se sirva informar a esta Cámara acerca de la posibilidad de instalar una sucursal del Banco del Estado de Chile en la comuna de Pichidegua. (1 al 4894).
- Diputado Urrutia, Solicita disponer los recursos necesarios para instalar una barrera, con banderillero, en el cruce Arrau-Méndez, en la comuna de Parral. (98 al 1326).
Intendencias:
- Diputado Carmona, Fiscalizaciones efectuadas para velar por el cumplimiento de la normativa que regula los tiempos de espera de los conductores de vehículos de carga terrestre interurbanos, establecida en el artículo 25 bis del Código del Trabajo, la intervención de los organismos del Estado en conflictos originados en su aplicación, y, recaba información sobre causa seguida por el Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Transportes Pietro Depetris e Hijos y Compañía Limitada con su empleadora. (1098 al 2225).
Servicios:
- Diputado Espinosa don Marcos, Informe a esta Cámara sobre el estado del sumario administrativo N° 315, seguido en contra del cabo primero, señor Cristián Avendaño. (2390 al 4578).
- Ex Diputado García-Huidobro, Solicita fiscalizar en la División El Salvador de la Corporación Nacional del Cobre, el cumplimiento de las disposiciones de la ley N° 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de la empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios. (4276 al 1824).
- Ex Diputado García-Huidobro, Solicita disponer una fiscalización en las Divisiones Ventanas y Andina, de la Corporación Nacional del Cobre, el cumplimiento de las disposiciones de la ley N° 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de la empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios. (4276 al 1826).
- Ex Diputado García-Huidobro, Solicita disponer una fiscalización en las Divisiones Chuquicamata y Radomiro Tomic, de la Corporación Nacional del Cobre, el cumplimiento de las disposiciones de la ley N° 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de la empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios. (4276 al 1827).
Varios:
- Diputado De Urresti, Solicita informar sobre la situación que afecta a la pensión de invalidez del señor Raúl Monsalve Núñez. (25126 al 4760).
IX. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley o rgánica constitucional del Congreso Nacional.
- Diputada Zalaquett doña Mónica, Informe acerca de los cupos de camas siquiátricas existentes en el país, tanto a nivel nacional como regional, para tratar a los menores que son derivados a la red del Servicio Nacional de Menores por ser infractores de ley o haber sido vulnerados en sus derechos, e indique la estimación que tiene esa cartera de cuántas plazas adicionales se requerirían para cubrir esa demanda y su costo. (5075 de 03/11/2011). A Ministerio de Salud.
- Diputada Zalaquett doña Mónica, Informe acerca del estado de avance de la restructuración del Servicio Nacional de Menores e indique al efecto la planificación de de las etapas en que se llevará a cabo y los plazos establecidos para ello. (5082 de 03/11/2011). A Ministerio de Justicia.
- Diputada Zalaquett doña Mónica, Informe sobre la cantidad de niños, niñas y adolescentes que integran la lista de espera para ser incorporados a los programas del Servicio Nacional de Menores o a los hogares colaboradores de esa entidad e indique el tiempo estimado en que estos niños podrán ser atendidos. (5090 de 03/11/2011). A Ministerio de Justicia.
- Diputada Zalaquett doña Mónica, Informe respecto a la realización de aportes de financiamiento reembolsables con el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Municipalidad de Maipú o directamente con esa Municipalidad. (5098 de 03/11/2011). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Diputado De Urresti, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, referida al programa del control de la tuberculosis. (5100 de 03/11/2011). A Ministerio de Salud.
- Diputado De Urresti, Instruir un sumario administrativo para determinar eventuales irregularidades en el llamado a licitación para la ejecución del Plan de Medios del Gobierno Regional de Los Ríos, e informar a esta Corporación. (5101 de 03/11/2011). A Contraloría General de la República .
- Diputado De Urresti, Informe si la Junta Nacional de Jardines Infantiles solicitó a la Municipalidad de Valdivia, Región de Los Ríos, efectuar descuentos a los funcionarios que participaron en las movilizaciones del 24 y 25 de agosto pasado y si existe disposición a nivel nacional de recomendar descuentos en estos casos. (5102 de 03/11/2011). A Ministerio de Educación.
- Diputado De Urresti , Informe acerca de la factibilidad de aumentar los recursos para el Fondo de Medios 2012 y qué participación tuvo la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno en la licitación del Plan de Medios del Gobierno Regional de Los Ríos, incluyendo la individualización del funcionario a quien compete esa tarea. (5103 de 03/11/2011). A Ministerio Secretaría General de Gobierno.
- Diputado De Urresti, Informe sobre eventuales actos de discriminación respecto de parlamentarios de oposición, en actos oficiales organizados por el Ministerio de Agricultura. (5104 de 03/11/2011). A Ministerio de Agricultura.
- Diputado De Urresti , Informe acerca de la situación que afecta a agricultores de la Región de Los Ríos, por las cenizas volcánicas emanadas del volcán Caulle, como asimismo sobre las acciones de apoyo y la evaluación del impacto que ello tendrá en la economía regional. (5105 de 03/11/2011). A Ministerio de Agricultura.
- Diputado Marinovic, Informe sobre los alcances de las diversas partidas de la ley de Presupuestos 2012 detalladas en la solicitud adjunta, referidas a la Región de Magallanes y Antártica Chilena, (5107 de 03/11/2011). A Intendencias.
- Diputado Marinovic, Informe sobre los alcances de las diversas partidas de la ley de Presupuestos 2012 detalladas en la solicitud adjunta, referidas a la Región de Magallanes y Antártica Chilena, (5107 de 03/11/2011). A Ministerio de Hacienda.
- Diputado Marinovic, Informe sobre los alcances de las diversas partidas de la ley de Presupuestos 2012 detalladas en la solicitud adjunta, referidas a la Región de Magallanes y Antártica Chilena, (5107 de 03/11/2011). A Ministerio de Hacienda.
- Diputado Ward, Remita copia de los antecedentes que aportó el Ministerio Público relativos a las viviendas entregadas en Tocopilla, sin que los postulantes a dichas viviendas cumplieran con los requisitos legales. (5123 de 04/11/2011). A director Serviu, Región Antofagasta.
- Diputado Meza, Adopte las medidas necesarias, con el objeto de brindar más seguridad policial y tranquilidad a los vecinos de las comunas de Villarrica y Gorbea, Región de La Araucanía, e informe a esta Corporación. (5124 de 04/11/2011). A Varios.
- Diputado De Urresti, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, en especial todos los antecedentes relacionados con la denuncia que la señora Ingrid Mayor realizó en julio pasado ante esa entidad, y que aún no tiene respuesta. (5125 de 07/11/2011). A Varios.
- Diputado De Urresti, Informe sobre las acciones que ha llevado a cabo esa entidad, en orden a proteger las ruinas encontradas en el recinto donde se construyó el hotel Casino Dreams, en la ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos, de qué forma se está protegiendo el sitio Marifilo, de la comuna de Panguipulli de la misma región, como asimismo indique qué importancia tiene ese lugar en la historia cultural de la zona y del país. (5126 de 07/11/2011). A secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (113)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio IND VII 37
Alinco Bustos René PRO XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto IND XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Kort Garriga, Issa Farid UDI VI 32
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Asistieron, además, los ministros de Economía , Fomento y Turismo, don Pablo Longueira; de Educación Pública, don Felipe Bulnes, y de la Secretaría General de la Presidencia, don Cristián Larroulet.
-Concurrieron, también, los senadores señores Juan Antonio Gómez e Ignacio Walker.
-Por encontrarse en misión oficial no estuvieron presentes los diputados señores Rosauro Martínez y Manuel Rojas. -
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.39 horas.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- El acta de la sesión 100ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 101ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor LANDEROS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- El diputado señor Cristián Letelier ha solicitado hacer uso de la palabra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento.
Tiene la palabra su señoría.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , en Incidentes de la sesión de ayer, mi distinguido colega, señor Enrique Jaramillo , señaló en forma airada que en la sesión especial convocada para tratar el caso de los exonerados políticos, el diputado que habla habría hecho graves acusaciones en contra de su honra.
La verdad es que jamás he proferido expresiones injuriosas en su contra; muy por el contrario, ¿quién podría ofender a un caballero como don Enrique Jaramillo? Lo único que hice fue señalar dos cosas fundamentales. En primer lugar, que lamentaba mucho que hubieran ocurrido irregularidades relacionadas con los exonerados políticos y que, entre todos, teníamos que descubrir la verdad. En segundo término, leí una lista, que apareció en la prensa -creo que el diputado Jaramillo de-biera pedir explicaciones a la prensa por haber publicado su nombre-, sobre el número de certificados que habría emitido cada uno de los parlamentarios que aparecen en ella.
Como sólo me remití a entregar una información objetiva, lo manifestado por el diputado Jaramillo en Incidentes de la sesión de ayer no se condice con la verdad.
Por lo tanto, espero que el colega reconsidere su decisión de ponerme a disposición de la Comisión de Ética, toda vez que sólo me remití a entregar una información objetiva que, a mi juicio, es relevante porque tenemos que investigar la conducta de parlamentarios en relación con los certificados que habrían entregado. El diputado Jaramillo debiera haber desmentido al medio de comunicación nacional que entregó la información.
He dicho.
PERMISO CONSTITUCIONAL.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Si le parece a la Sala, se concederá el permiso constitucional solicitado por el diputado señor Fuad Chahín , quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar del 19 de noviembre en curso, para dirigirse a Gaza.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
SALUDO A EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA, SEÑOR ALOYSIUS LELE MADJA.
El señor MELERO ( Presidente ).- Señores diputados, en la Tribuna de Honor se encuentra el excelentísimo embajador de la República de Indonesia en Chile, señor Aloysius Lele Madja.
Bienvenido a la Cámara de Diputados, señor embajador.
-Aplausos en la Sala y en tribunas.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS.
El señor MELERO (Presidente).- Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Suspender la votación del proyecto para dotar de atribuciones en materias financieras al Sernac hasta la sesión del próximo martes.
2. Proceder de inmediato al homenaje a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, con motivo de cumplir un siglo de existencia, con el discurso del diputado señor Alberto Cardemil.
3. Tratar el proyecto de ley que establece normas de excepción en materia de subvenciones a establecimientos educacionales, con las intervenciones de los dos diputados informantes, del ministro de Educación , señor Felipe Bulnes, y un debate con un tiempo máximo de cinco minutos por bancada, para que sea votado hoy.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Pido la palabra, señor Presidente .
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra su señoría.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , ¿me podría informar qué ocurre con la constitución de la Comi-sión Mixta que deberá resolver las discrepancias suscitadas entre la Cámara y el Senado, durante la tramitación del proyecto de ley sobre antenas de telefonía celular? No sé si se constituyó esta semana; pero es una cuestión urgente para la ciudadanía.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Señora diputada , en estos momentos la Mesa no tiene información al respecto, pero la recabaremos durante la mañana y se la haremos llegar oportunamente.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Gracias, señor Presidente .
El señor MARINOVIC.- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra su señoría.
El señor MARINOVIC.- Señor Presidente , sólo para señalar que los diputados no podemos multiplicarnos. Hay numerosos proyectos de ley que están ingresando a tramitación, pero como sólo somos trece los integrantes de cada comisión, no podemos estar en dos partes al mismo tiempo. Además, algunos somos informantes o hemos participado activamente en la discusión de un proyecto tan importante como es el relativo al Sernac Financiero.
Ayer en la tarde, haciendo uso de su legítimo derecho y como también están discutiendo un proyecto muy importante, los señores senadores hicieron fracasar la Comisión Mixta a la cual se refirió la diputada señora Alejandra Sepúlveda . Hoy, debemos seguir trabajando en la Sala y participar en ella.
Por lo tanto, pido a la Mesa que coordine esto con las instancias que corresponda, a fin de evitar estos problemas.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- La Mesa tomará nota de lo solicitado por su señoría.
-o-
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, pido la palabra sobre la Cuenta.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra su señoría.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , en el número 1 de la Tabla de la presente sesión figuran las modificaciones del Senado al proyecto de ley sobre protección de los derechos de los consumidores, con urgencia de discusión inmediata.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Así es, señor diputado .
El señor JARAMILLO.- Para que los colegas entiendan un poco lo que significa esto -a mí me ha costado entenderlo, pero uno nunca termina de aprender-, sería conveniente que la Mesa entregara una explicación.
Este proyecto fue tratado por la Comisión de Hacienda y, prácticamente, fue dejado de lado debido a las numerosas modificaciones que le introdujo el Senado. De manera que no tuvimos tiempo suficiente para votarlas.
Entonces, como en dicha Comisión no fueron votadas, la Mesa debe explicar a la Sala por qué pasaron directamente a la Sala con discusión inmediata. Si la Comisión hubiera dispuesto de más tiempo, probablemente habríamos tenido algunas diferencias respecto de ellas.
Tal vez, fue necesario enviarlas de inmediato a la Sala, pero el Presidente de la Comisión , señor Joaquín Godoy , también lamentó mucho que no las hubiéramos tratado más detenidamente.
Gracias, señor Presidente.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Señor diputado , al respecto, sólo le puedo informar que, como tiene urgencia de discusión inmediata, el tratamiento del proyecto se debe realizar dentro del plazo reglamentario que vence el 14 del mes en curso. Como es posible que la próxima semana empecemos a tratar el proyecto de Ley de Presupuestos, es necesario cumplir con las urgencias.
El señor JARAMILLO.- Sí, señor Presidente , pero sería conveniente explicar a la Sala por qué la discusión de las modificaciones del Senado en la Comisión de Hacienda no tuvo efectos posteriores, porque prácticamente no se trataron. Comenzamos su discusión, pero no las votamos.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Señor diputado , como se trata de un proyecto que se encuentra en tercer trámite constitucional, no correspondía y fue derivado a la Comisión de Economía, de acuerdo con el artículo 119 del Reglamento.
Tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock .
El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente , como debemos asistir nuevamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, le pido que nos avisen cuando se voten los proyectos, porque en más de una ocasión no hemos alcanzado a llegar a votar.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Así se procederá, señor diputado ; es lo que se hace regularmente.
V. ORDEN DEL DÍA
ATRIBUCIONES AL SERNAC EN MATERIA FINANCIERA. Tercer trámite constitucional.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, para dotar de atribuciones en materias financieras, entre otras, al Servicio Nacional del Consumidor.
Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor .
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín N° 7094-03, sesión 104ª, en 3 de noviembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 3.
-Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo. Documentos de la Cuenta N° 2, de esta sesión.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor EDWARDS (de pie).- Señor Presidente , en representación de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, paso a informar sobre el proyecto de ley sobre protección de los derechos de los consumidores para dotar de atribuciones en materias financieras al Servicio Nacional del Consumidor -Sernac Financiero-, de origen en un mensaje, en tercer trámite constitucional y con urgencia calificada de discusión inmediata.
En este trámite, la Comisión contó con la asistencia de los señores Tomás Flores Jaña , subsecretario; Eduardo Escalona , jefe de la División Jurídica , y Alejandro Arriagada , asesor legislativo, todos del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Se hace presente que la Comisión estimó conveniente recomendar el rechazo de las modificaciones introducidas por el Senado, por cuatro votos en contra de los diputados señores Ceroni , Chahín , Tuma y Vallespín , y tres abstenciones, de la diputada Zalaquett y de los diputados Edwards y Velásquez .
Los principales cambios introducidos por el Senado son los siguientes:
El Senado ha incorporado una lista detallada de los derechos del consumidor de productos o servicios financieros, tales como recibir la información del costo total del producto o servicio financiero, ser informado por escrito de las razones del rechazo en la contratación de éste; conocer las condiciones objetivas que el proveedor de tal servicio establece, la oportuna liberación de las garantías y la liquidación total del crédito con su solo requerimiento.
Asimismo, el Senado establece nuevas obligaciones para los proveedores de productos o servicios financieros, debiendo expresar sus contratos de adhesión en términos simples, con indicación del precio total de la operación, sus costos, periodicidad y sus mecanismos de reajuste; con un desglose de todos los costos, cargos, comisiones y tarifas que expliquen el valor del servicio prestado; las causales que darán término anticipado del contrato y su duración, además de indicar si la institución cuenta con servicio al cliente y señalar su funcionamiento.
En la contratación de productos o servicios financieros que importe la contratación de otros productos conexos, deberá estipularse cuáles son obligatorios y cuáles no, debiendo ser aprobados expresa y separadamente por el consumidor.
Se prohíben los mandatos en blanco que no admitan revocación por parte del consumidor. Se prohíbe, además, la venta atada de productos, que es aquella que impone la contratación de otros servicios adicionales especiales o conexos.
Se elimina, sin embargo, la referencia a que el silencio del consumidor no obsta a su derecho a reclamo respecto de los cambios que no se ajusten al contrato. El Ejecutivo explica que esto se debe a que ya existe como regla general en el artículo 16, y agregarlo en el proyecto debilitaría la defensa del consumidor.
Establece determinada información como obligatoria, la cual deberá estar contenida en una hoja con un resumen estandarizado de sus principales cláusulas y sus cotizaciones, la duración de la cotización, sus precios y condiciones.
Además, establece la obligación de informar al consumidor, a su requerimiento, en un plazo máximo de tres días, la información referente al servicio prestado.
Los proveedores no podrán efectuar cambios a favor ni en contra en los contratos, con ocasión de la renovación, restitución o reposición del soporte físico con que se use el servicio, por ejemplo, la tarjeta plástica. Además, se fija un precio único de salida.
Se aumenta de diez días corridos a diez días hábiles el plazo para considerar que un proveedor de créditos ha retrasado el término de contratos de este tipo.
También se obliga a otorgar la escritura de cancelación de hipotecas, una vez que estén todas las obligaciones extinguidas, con un plazo que se reduce de treinta a quince días para extender la escritura de cancelación.
El texto del Senado, pide que los proveedores que ofrezcan el pago automático de cuenta, lo restrinjan a que sea en su misma institución.
Se suprime la prohibición, aprobada por la Cámara, a la venta directa de productos financieros en la vía pública, en recintos educacionales o de concurrencia habitual de adultos mayores, pues atentaría contra la libre elección de los adultos. La modificación del Senado exige para los créditos que la publicidad informe la carga anual equivalente con un tratamiento similar a la cuota o tasa de interés de referencia. La letra siguiente, en tanto, agrega entre los casos de ventas atadas prohibidas, la que condiciona -no sólo la que imponga- al consumidor la contratación de otros productos o servicios.
Entre las supresiones del artículo 16 sexies, reemplazado por el artículo 17 H del Senado, se cuenta la de la resciliación como caso en que no se puede efectuar cambios en los precios o tasas de un producto, además de la eliminación del siguiente inciso: “Los proveedores tampoco podrán cambiar los precios, tasas, cargos, comisiones, costos o tarifas de los productos contratados en forma conjunta o accesoria a un crédito hipotecario o de consumo, mientras se encuentre pendiente el plazo de vencimiento final de éstos.”.
El Senado, además, establece el detalle de la información que se deberá entregar en un folleto que deberá ser repartido a todos quienes actúen como aval, fiador o codeudor solidario, según el caso, con sus deberes y obligaciones, medios de cobranza, etcétera. El Presidente de la República dictará un Reglamento al respecto.
Cabe señalar que el artículo 16 quáter aprobado por la Cámara fue disgregado: en el artículo 17 K, su inciso primero, y en el artículo 17 B, sus incisos segundo y tercero. El antiguo inciso segundo es modificado en resguardo de la debida independencia del Poder Judicial , pues no le impone una voluntad sancionatoria al juez.
El Senado incorpora la suspensión del plazo de prescripción de las acciones que persigan la responsabilidad contravencional, cuando el consumidor interponga un reclamo ante el servicio de atención al cliente, el mediador o el Servicio Nacional del Consumidor, según sea el caso.
En el número 5, el Senado modifica los requisitos y obligaciones a que estarán sujetos los proveedores que quieran acceder al sello Sernac que se está creando.
El sello Sernac se otorgará en la medida en que tales contratos se ajusten a los requisitos legales y reglamentarios revisados por Sernac, y que se cuente con servicio de atención al cliente de alcance nacional y con un sistema de solución de controversias autónomo y eficiente, que permita al consumidor recurrir a un mediador o a un árbitro financiero que resuelva las controversias, quejas o reclamaciones, incluso sin acudir previamente al señalado servicio de atención al cliente.
El artículo 55 C incorporado, señala como una de las causas de pérdida del sello Sernac, haber sido formalizado por un delito que afecta a un colectivo de consumidores.
El artículo 55 D establece que “los proveedores que promocionen o distribuyan un contrato de adhesión de un producto o servicio financiero sin Sello Sernac como si lo tuviere, o que no cumplan las obligaciones establecidas en el inciso final del artículo 55 C, serán sancionados con multas de hasta mil unidades tributarias mensuales.
La reincidencia será sancionada con el doble de la multa aplicada.”.
Con todo, la Cámara había aprobado que el sello Sernac se adjudicara contrato por contrato. El Senado, en tanto exige que todos los contratos de un proveedor tengan que certificarse para obtener el sello Sernac, evitando su uso publicitario si no se obtiene el sello para todos los contratos de ese proveedor.
El proyecto establece la obligación de certificación para determinados productos y servicios financieros, como tarjetas de crédito y de débito, cuentas corrientes, cuentas vista y líneas de crédito, cuentas de ahorro, créditos de consumo, créditos hipotecarios, las condiciones generales y particulares de los contratos colectivos de seguros de desgravamen y, en general, los asociados a los productos y servicios señalados anteriormente.
El servicio de atención al cliente será gratuito para el consumidor que suscriba un contrato que cuente con el sello Sernac . Este, una vez en conocimiento de un reclamo o queja, tendrá un plazo de diez días para pronunciarse sobre la propuesta de solución.
De no aceptar tal propuesta, el consumidor podrá recurrir al mediador o árbitro financiero, en su caso, sin perjuicio del ejercicio de las acciones que confiere la ley al tribunal competente.
El Senado introduce las figuras del mediador y del árbitro financiero, quienes estarán inscritos en una nómina elaborada por el Sernac, cumpliendo determinados requisitos. Estos serán elegidos de común acuerdo por el proveedor y el consumidor, y, en su defecto, serán designados por el Sernac. El pago de los honorarios será de cargo del proveedor, que pagará de acuerdo a un arancel fijado por el Sernac. En otras palabras, los consumidores no pagarán cantidad alguna cuando se trate de que se respeten sus derechos en este tipo de servicios.
El mediador sólo podrá realizar propuestas de acuerdo en materia de controversias, que no excedan de 100 unidades de fomento, es decir, de 2.200.000 pesos. El árbitro financiero, por su parte, podrá conocer de controversias cuya cuantía supere las 100 unidades de fomento. Ambos tendrán un plazo de tres días para aceptar su encargo y plazos para presentar propuestas de acuerdo y pronunciarse sobre el asunto.
El árbitro financiero se sujetará a las reglas de los árbitros de derecho con facultades de arbitrador. El procedimiento se llevará a cabo mediante audiencias, pudiendo comparecer personalmente o representado, según el caso, para garantizar el derecho a defensa del consumidor. La sentencia será susceptible del recurso de apelación, dentro de los cinco días hábiles desde la notificación de la sentencia, y deberá cumplirse dentro de quince días de vencido el plazo para interponer recursos.
Por el número 6 (actual 7), el Senado agrega la obligación de los servicios de atención al cliente de informar trimestralmente a los proveedores financieros, de los reclamos interpuestos, mediaciones efectuadas y sentencias definitivas de árbitros financieros.
De no cumplirse lo acordado en la propuesta del mediador o en la sentencia del árbitro financiero, el consumidor podrá denunciarlo ante la autoridad judicial correspondiente para su cumplimiento y sanción.
Los proveedores deberán aportar la información solicitada y que diga relación con la información básica comercial, tanto documentación escrita como antecedentes relacionados. Esto no obsta al derecho a requerir información o a exhibir documentación de acuerdo con las reglas de las medidas precautorias y las normas que rigen los medios de prueba del Código de Procedimiento Civil.
Por el número 9 (actual 10), se otorga la calidad de ministro de fe a determinados funcionarios del Sernac, según su grado y cargo, quienes solo podrán certificar los hechos relativos al cumplimiento de la normativa contenida en la ley. Los hechos certificados constituirán una presunción legal en los procedimientos contemplados en el Título IV de esta ley en tramitación.
Por el número 10 (actual 11), el Senado modifica la redacción del artículo 62, reduciendo los plazos para que los proveedores modifiquen los contratos suscritos con anterioridad a la vigencia de los reglamentos que se dictarán en esta materia.
De las modificaciones a las disposiciones transitorias, voy a destacar dos.
Se disminuye de seis meses a un mes el plazo para dictar los reglamentos necesarios. También se obliga a las instituciones financieras, establecimientos comerciales y otros a modificar, a su costa, los contratos de adhesión suscritos con anterioridad a la vigencia de esta ley en tramitación, sin afectar la esencia de los derechos adquiridos por el régimen legal anterior. Deberán, además, enviar a los consumidores un detalle de las modificaciones, dentro de noventa días desde la entrada en vigencia de la ley.
Por el artículo séptimo transitorio, se establece como excepción a la entrada en vigencia de esta ley el inciso tercero del artículo 55 A, que entrará en vigencia el 1 de julio de 2012.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- En discusión las modificaciones del Senado.
Tiene la palabra el diputado Aldo Cornejo.
El señor CORNEJO.- Señor Presidente, no voy a referirme propiamente al contenido de las modificaciones del Senado al proyecto sobre el Sernac Financiero, sino a expresar una preocupación.
Al realizar un análisis, nos damos cuenta de que el Senado introdujo modificaciones sustanciales a lo aprobado por la Cámara de Diputados; se sustituyeron artículos completos. Eso hace que, en la práctica, estemos frente a un proyecto distinto del aprobado por esta Corporación.
Hago esta observación, porque el proyecto se encuentra en tercer trámite constitucional y con discusión inmediata. En consecuencia, no hay posibilidad alguna de introducir modificaciones mediante indicaciones.
En el caso de que la Cámara de Diputados tenga una opinión distinta a la manifestada por el Senado en el segundo trámite constitucional -como de hecho ocurre; así lo refleja el resultado de la votación de la Comisión-, nos veremos obligados -como debiera ocurrir hoy- a votar en contra las modificaciones. Cada vez que estemos frente a una situación de esta naturaleza, debiéramos votar en contra para hacer presente nuestras observaciones a las modificaciones que formule la Cámara Alta, para el solo efecto de generar una comisión mixta y discutir allí las diferencias entre ambas cámaras.
Sería bueno que la Mesa arbitrara las medidas necesarias, como ya se hizo en alguna oportunidad, en legislaturas anteriores, para evitar que se produzca esta situación que cercena las atribuciones de la Cámara de Diputados. De esa manera, se la deja con la única opción de rechazar las modificaciones del Senado, a fin de generar una comisión mixta en la cual discutir, con las limitantes del caso, los criterios que sostuvo nuestra Corporación durante el primer trámite constitucional.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Señor diputado , la Mesa ha tomado debida nota de su propuesta y tratará de adoptar medidas al respecto.
Tiene la palabra el diputado Joaquín Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, estamos abocados a estudiar un importante proyecto para el consumidor, de una larga tramitación.
Ayer, los miembros de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo sentimos que fuimos poco menos que atropellados, debido a la gran cantidad de modificaciones que se le introdujeron al proyecto en el Senado, donde estuvo radicado cinco meses. A nosotros nos dan dos horas para su análisis, pese a que existe mucha diferencia entre el proyecto que enviamos y el que recibimos.
El breve tiempo de que dispusimos no nos permitió analizar todas las modificaciones del Senado. Por lo tanto, creemos que el proyecto debería ir a comisión mixta para plantear nuestras diferencias. En lo personal, tengo dos muy importantes, que no se alcanzaron a discutir. La primera tiene que ver con que el proyecto prohíbe los mandatos en blanco y los que no admitan su revocación por parte del consumidor. Esto puede tener una mirada de protección al consumidor, pero la irrevocabilidad del mandato que se otorga en favor de un tercero, especialmente del acreedor, es una institución de antigua data, que en nuestra legislación ha permanecido vigente desde la dictación del Código de Comercio, en 1865, precisamente por ser un gran facilitador de los negocios.
La necesitad de respaldar los créditos con títulos ejecutivos llevaría a la industria, con gran probabilidad, a recurrir a pagarés a la vista, suscritos por el deudor, con un máximo del cupo de la línea de crédito otorgada al momento de la apertura, los cuales deberían ser cambiados cada vez que aumente el cupo o, al menos, una vez al año, plazo de prescripción de la acción que cambiaría los pagarés a la vista, con el consiguiente costo por concepto de impuesto de timbres y estampillas, generación de pagarés y autorización notarial, de cargo del deudor. Por lo tanto, estaríamos entrabando una gestión que, finalmente, será de mucho mayor costo para el deudor.
La segunda situación que me parece que debe ser discutida tiene que ver con el proceso que se ha generado. Cuando se produzca una discusión sobre algún producto que al consumidor no le satisfaga, existirá una larga tramitación que pasaré a explicar a continuación. Primero, habrá un departamento de atención al consumidor. Si éste no satisface las demandas de queja del consumidor, existe la posibilidad de ir a un proceso de mediación, y si éste tampoco le satisface, le quedará como última instancia el proceso de arbitraje. Este será muy oneroso si no se indica, por lo menos, un mínimo o un piso. Les recuerdo que aquí estamos hablando no sólo de cadenas de empresas, sino también de personas que tienen una sola tienda y que, por supuesto, no están en condiciones de contratar, a su costo, un árbitro para satisfacer demandas de quejas de consumidores por bajos montos. Por consiguiente, se deben separar los montos, pues existen tiendas que tienen un promedio de préstamos a sus clientes que no superan las 18 unidades de fomento. ¿Acaso vamos a obligar a esa tienda a que contrate un árbitro por las quejas de sus clientes? Por eso, creo que se hace necesario separar los montos.
Debemos buscar la solución de las controversias cuando se trate de montos de, por ejemplo, cincuenta o sesenta unidades de fomento, y cuando se trate de montos superiores al indicado, por supuesto que se deberá recurrir a un árbitro. Pero no podemos enviar una queja a un árbitro por montos de, por ejemplo, sólo diez unidades de fomento.
Como miembro de la Comisión de Economía, llamo a los colegas a rechazar las modificaciones del Senado, con el solo propósito de discutir en comisión mixta las diferencias existentes.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Miodrag Marinovic.
El señor MARINOVIC.- Señor Presidente , parece que hay algunas autoridades que piensan que los diputados somos magos, porque en sólo dos días debemos analizar, evaluar y votar lo que los senadores, con su vasta experiencia, demoraron más de cinco meses en tramitar para proponer estas modificaciones al Sernac Financiero. Por lo tanto, lamento -en general, coincido con lo planteado por colegas de distintos partidos políticos- que tengamos que ver esto con tal apresuramiento.
El proyecto en discusión, uno de los más importantes que se han presentado a tramitación durante este período legislativo, busca resguardar los derechos de los consumidores respecto de la situación en que se encuentran hoy frente a bancos, casas comerciales, industrias del retail, grandes tiendas y entidades financieras. Celebro que así sea. He trabajado con mucha fuerza, como impulsor de esta iniciativa, en distintas comisiones de la Cámara.
¿Por qué es necesario preocuparse de proteger a los clientes del sistema financiero? Primero, porque la clase media chilena se encuentra con la soga al cuello. Todos sus integrantes están endeudados pagan tarjetas de créditos y créditos de consumo. Es un producto que ha crecido con mucha fuerza y vigor durante los últimos años, y los parlamentarios, el aparato legislativo y el Estado no hemos generado una ley que proteja a esa gente de esta situación que se está viviendo en el mercado financiero.
Pedir un préstamo de dinero no es lo mismo que comprar un televisor, un equipo de música o cualquier cosa. Muchas veces, la gente recibe un préstamo de bancos o casas comerciales, sin hacer mayor cuestionamiento de las tasas de interés cobradas o de las características que tiene el producto, porque necesita ese dinero para cubrir un problema urgente de salud o para pagar la educación de sus hijos, como vemos hoy, pues muchos padres se deben endeudar para que sus hijos puedan estudiar. Evidentemente, son materias de relevancia familiar, por lo cual debemos otorgarles un tratamiento y cuidado especial. ¡Cuántos padres están endeudados por este concepto! Los que no pueden pagar, terminan en Dicom, y los que pueden hacerlo, deben sacrificar años de trabajo para pagar la educación de sus hijos.
¿Por qué debemos preocuparnos? Porque la banca es una industria especial. El año pasado ganó más de tres mil millones de dólares; obtuvo mejores rentabilidades que cualquier otro negocio. Me gustaría preguntar al dueño de algún almacén de barrio si estaría feliz con las utilidades de la banca; si estaría feliz con esa rentabilidad respecto del patrimonio invertido. Claro, porque estamos hablando de un pequeño patrimonio y de prestar la plata de terceros, que son los mismos chilenos endeudados que pagan altísimas tasas de interés al momento de pedir un préstamo.
Estas situaciones nos obligaron a impulsar el Sernac Financiero, para que el día de mañana la gente tome decisiones con información, transparencia, equilibrio y justicia, lo que hasta el momento no ha ocurrido.
En los últimos años hemos visto los abusos existentes en el ámbito financiero, el más atroz y vergonzoso de los cuales tuvo lugar en los últimos meses en la tienda La Polar. Aún estamos esperando que los delincuentes financieros que tramaron una estafa contra miles de chilenos, terminen en la cárcel; todavía no se ponen el traje a rayas, como esperan los chilenos que están en Dicom y la gente endeudada. Hoy, estamos empeñados en introducir una modificación para terminar con el abuso relacionado con las tasas expropiatorias que debemos pagar muchos chilenos. Estamos hablando de un interés máximo convencional de más de 50 por ciento.
En cuanto al cambio de cláusulas introducido por bancos e instituciones financieras, por todos es sabido que cambian las condiciones de créditos, plazos, tasas, cobro de comisiones y muchas otras cosas en los productos financieros, sin informar adecuadamente al cliente ni pedir su consentimiento.
Otro aspecto importante dice relación con la venta atada de productos. Es lo que ocurre cuando alguien abre una cuenta corriente, pues lo primero que hacen es comprometerlo a sacar la tarjeta de crédito. Lo mismo ocurre con los créditos hipotecarios. En suma, se trata de obligar, de una u otra manera, a la gente a terminar más endeudada.
Hoy tenemos un Sernac débil, que hace lo posible, pero requiere de mayores atribuciones legales y recursos para defender a los consumidores, porque los juicios son costosos. Esto no lo digo yo; lo dice la Fiscalía Nacional Económica, que ha analizado en profundidad la industria financiera, bancaria y del retail en nuestro país. Señala que hay problemas de competencia y de transparencia en los cobros, empaquetamiento de productos financieros, barreras de entrada, etcétera. No podemos elegir. La otra vez, sostuvimos una reunión para tratar el tema de la Tasa Máxima Convencional, y un representante de la banca dijo: “¡Bueno, si no le gusta la tasa, váyase al banco de al lado!”. Los chilenos no pueden hacer eso, es irreal, porque están atrapados por el banco dueño de sus productos y del crédito.
Por eso, debemos estimular la competencia -es lo que, en definitiva, necesitamos- y generar las barreras que permitan regular la industria financiera a cabalidad.
El proyecto introduce mejoras importantes. Ventas atadas, es decir, uno va por un producto y le terminan vendiendo tres o cuatro cosas asociadas. Debemos terminar con esas ventas. Por eso, pido votación separada del artículo 17 H), porque la votación que introdujo el Senado permite la existencia de ventas atadas en lo que respecta a los créditos hipotecarios.
Cláusulas abusivas y transparencia en los contratos. ¿Cuántos chilenos hemos sido esquilmados y violentados respecto de las cláusulas que nos imponen los bancos? En definitiva, no tenemos derecho a alegar. En la medida en que los créditos son más modestos y más necesarios, mayor es el abuso que comete el banco o la institución financiera.
Es necesario que sea exigible la información total. Muchos clientes de bancos han denunciado que piden información de los costos y de los cobros, pero los bancos se lavan las manos y no la entregan.
En cuanto a los cobros indebidos en tarjetas de crédito de casas comerciales, bancos y otras instituciones, son pan de cada día.
Señor Presidente , la mediación es otro tema positivo, pero hay que analizarlo. También se establece el arbitraje. El reclamo ante la Corte de Apelaciones es finalmente un arbitraje. ¿Qué deudor va a contratar a un abogado para alegar en la Corte de Apelaciones respecto de un crédito de 200 mil, 300 mil ó 400 mil pesos? Un abogado cobra más que eso. Por lo tanto, hay que corregir ese problema.
En consecuencia, pido votación separada del artículo 56 H.
En cuanto a los desafíos pendientes, puedo expresar que la Tasa Máxima Convencional debería venir en el proyecto. Es fundamental abordar esa materia.
En cuanto a la eliminación de los cobros por los prepagos, puedo decir que cuando alguien tiene un crédito a largo plazo, queda atado de manos o retenido. Al respecto, no hay movilidad entre los distintos bancos.
Es necesario elevar las penas de los delitos económicos en que hay fraudes colectivos. Lo planteamos en el caso de La Polar. Queremos trajes a rayas para los ladrones y sinvergüenzas que urden estafas. Las personas quieren que ellos vayan presos.
Además, queremos que los bancos informen sobre los cobros, que el historial de los créditos -como lo hemos planteado- sea de propiedad del cliente y no de la entidad bancaria, y que se reduzcan las barreras de entrada al negocio.
Señor Presidente, pido votación separada del artículo 56 D.
Finalmente, lamento la celeridad para abordar uno de los proyectos más importantes que el Gobierno ha ingresado a tramitación al Parlamento, pues busca defender a millones de chilenos que están endeudados y con la soga al cuello, los cuales hoy dependen de lo que diga el banco o la casa comercial.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , este proyecto, esperado y necesario, ha generado muchas expectativas, porque busca dar mayor protección a los clientes de uno de los mercados más desiguales y asimétricos, que tiene lugar entre quienes otorgan créditos y quienes los piden. Se trata de un mercado en el que se ha generado un conjunto de abusos, como el de La Polar y muchos otros, como las ventas atadas, el empleo de cláusulas abusivas, el colmo de tasas de interés injustificadas y la firma de contratos a ciegas.
Hicimos un gran esfuerzo para mejorar el proyecto que ingresó el Gobierno a la Cámara de Diputados. Era tan pobre que la Comisión de Economía, en forma unánime, dijo que sus integrantes no estaban dispuestos ni siquiera a comenzar a legislar.
Después se presentó una indicación, se trabajó intensamente en la Comisión de Economía, pedimos muchas cosas de iniciativa exclusiva del Presidente de la República , en algunas de las cuales no nos fue bien. Posteriormente, el proyecto pasó a la Comisión de Hacienda, y ocurrió lo mismo. La Cámara lo aprobó y lo despachó, y estuvo seis meses en el Senado, cámara revisora que modificó íntegramente el proyecto. Ahora, nos piden que, en doce horas, en la Cámara de Diputados seamos capaces de estudiar, analizar y votar modificaciones que el Senado tardó seis meses en despachar. Pedimos que se quitara la calificación de urgencia de discusión inmediata, para darnos el tiempo necesario, pero nos dijeron que no, y nos presionan y amenazan a través de los medios de comunicación.
Aquí, lo importante es que seamos capaces de lograr un buen proyecto, no un proyecto a la rápida. Fue objeto de mejoras sustantivas en el Senado. Eso debemos reconocerlo. Sin embargo, contiene un conjunto de vacíos y de modificaciones que derechamente perjudican los intereses de los consumidores.
¿Cuáles son algunos de esos vacíos? Algo que pidió en la Comisión Investigadora del caso La Polar el director nacional del Sernac: facultades sancionatorias y la posibilidad de aplicar multas cuando no se cumpla con la ley del Consumidor. Nosotros también lo pedimos. Ésta era la oportunidad para hacerlo, pero no se logró.
Nos hubiese gustado mejorar el rol fiscalizador del Sernac con un fortalecimiento integral, y establecer una defensoría pública de los consumidores, gratuita, con financiamiento público.
Lo que se hace es generar un procedimiento largo, engorroso, que parte por una defensoría al cliente, quien después tiene que ir a una mediación o arbitraje y, por último, si no está contento, debe llegar a los tribunales ordinarios. Pero el consumidor no tendrá asesoría jurídica, un abogado que lo defienda. Por lo tanto, el gran paso de acceso a la justicia, es decirle: “Mire, usted puede ir sin un abogado”. Pero cuando un consumidor vaya sin un abogado a discutir temas técnicos y complejos como éste, con abogados de la banca o del retail, ¿qué le pasará?
¿Por qué no creamos una defensoría del consumidor pública gratuita, a través de las organizaciones de consumidores? Las multas, en vez de ir a beneficio fiscal, podrían destinarse a esas organizaciones. Así, con las multas cursadas a empresas, se podría financiar la defensoría del consumidor. Al respecto, existe un silencio. ¿Por qué no nos damos la oportunidad de mejorar esto en comisión mixta?
El proyecto tiene algunas cosas que no nos gustan. Así, por ejemplo, el sello Sernac , que es su corazón, primero, será voluntario. Si la empresa quiere, lo obtendrá. Seguramente, será un incentivo, y esperamos que así sea. El Sernac otorgará ese sello por sí y ante sí; no consultará a los consumidores, quienes tendrán cero participación.
Pero, lo que es peor, una vez que se pronuncie sobre las solicitudes del sello Sernac , la empresa tendrá derechos, no sólo a la reposición que da la ley de procedimiento administrativo, porque se crea una acción especial de reclamación ante el ministro , ya que aquí no hay recurso jerárquico.
Reitero, se crea una acción especial de reclamación si no se entrega el sello del Sernac a la empresa. Si le entregan el sello del Sernac, los consumidores no podrán reclamar ante el ministro , por ejemplo, porque a juicio de ellos esté mal otorgado. En suma, se entregan más derechos y más acciones a las empresas que a los consumidores para reclamar respecto del corazón del proyecto.
¿Es bueno eso, señor Presidente ? ¿Por qué no lo corregimos? ¿Por qué no entregamos las mismas facultades y los mismos derechos a empresas y consumidores, al menos en esta materia? Me parece que debemos darnos tiempo para resolver este asunto.
De la misma manera, nos parece también importante el tema de las sanciones. El catálogo de sanciones tiene cierto techo muy alto respecto de las multas, pero no tiene piso: pueden partir de una unidad tributaria mensual. Nos parece apropiado establecer un piso, de manera de contar con sanciones ejemplarizadoras para las empresas, a las cuales muchas veces les resulta mucho más rentable incumplir la ley y pagar la multa, que cumplir la norma y evitar la multa. Por eso, tenemos que mejorar el catálogo de sanciones.
Algunas normas carecen de sentido. Venía una en el texto aprobado por la Cámara de Diputados, a la cual se le introdujeron algunos cambios. Me refiero a la posibilidad de aumentar, por ejemplo, los costos, tarifas o comisiones de un producto, cuando se cierra otro producto. Al respecto, la Cámara de Diputados incorporó la resciliación, pero el Senado la eliminó. ¿Cuál es su efecto jurídico y práctico? Que basta con que la empresa, el banco, la institución financiera o el retail, preste su consentimiento de cierre, que concurra su voluntad, para cambiar el precio. Es decir, un derecho del consumidor queda a la mera voluntad del proveedor del servicio.
Eso nos parece inaceptable. Debiese incorporarse la hipótesis de resciliación en esa protección.
Las ventas atadas. Nosotros hicimos un gran esfuerzo por evitarlas. Por lo mismo, nos parece incomprensible que el Senado suprimiera una norma de toda lógica que aprobamos en la Cámara de Diputados. La voy a leer textualmente, para que me digan si tiene sentido su supresión. Dice: “Los proveedores tampoco podrán cambiar los precios, tasas, cargos, comisiones, costos o tarifas de los productos contratados en forma conjunta o accesoria a un crédito hipotecario o de consumo, mientras se encuentre pendiente el plazo de vencimiento final de éstos”. ¿Para qué? Para evitar el efecto que se produce con las ventas atadas, porque si alguien cierra la cuenta corriente, le sube la tasa de interés en el crédito hipotecario. El Senado suprimió esa norma, con lo cual abre la puerta nuevamente a la presión, mediante el cambio de las condiciones del crédito hipotecario, si el cliente cierra algún producto. Por lo tanto, debemos reponer la norma aprobada por la Cámara.
Existe otro tema que nos parece complejo. Nosotros discutimos respecto del sobreendeudamiento. ¿Quiénes son los más sobreendeudados? ¿A quiénes se les cobran tasas de interés más caras? A los jóvenes y a los adultos mayores. Diversos economistas lo han señalado en la Cámara de Diputados. Debido a eso, incorporamos en el proyecto una norma que prohíbe, no la publicidad, sino la venta directa de productos financieros, como cuenta corriente, línea de crédito, créditos de consumo y tarjetas de crédito, en establecimientos educacionales y en lugares de concurrencia habitual de los adultos mayores. Sin embargo, el Senado suprimió esa disposición. Por lo tanto, seguiremos viendo a estudiantes universitarios que en el segundo año de su carrera ya tienen línea de crédito y tarjeta de crédito, a pesar de que no perciben ningún ingreso. Cuando ellos egresen de su carrera, además de deber a la universidad, deberán al banco la línea y la tarjeta de crédito. Probablemente, muchos estarán en Dicom y no podrán encontrar trabajo.
¿Cómo es posible aquello? ¿Cómo es posible que se siga permitiendo que en los lugares de pago de los adultos mayores se les vaya a ofrecer créditos, en circunstancias de que muchos de ellos se encuentran en situación de vulnerabilidad? Reitero, el Senado suprimió la normativa que establecía esa prohibición.
Por lo tanto, creo que debemos darnos la oportunidad de legislar bien y de establecer una institucionalidad y una legislación que realmente proteja a los consumidores financieros de los abusos.
Me parece muy breve el plazo de doce horas que se dio a esta Corporación para analizar las modificaciones del Senado, que cambió completamente lo aprobado por la Cámara. Eso impidió que ellas pudieran ser tratadas por la Comisión de Hacienda y la Comisión de Economía alcanzó a revisar sólo la mitad. Además, el ministro de Economía no se encuentra presente en la Sala.
¡Démonos la oportunidad para mejorar el proyecto! ¿Tiene aspectos buenos? ¡Claro que sí! Sin embargo, con las modificaciones del Senado, da un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Nosotros no podemos aprobarlas de esta manera en la Cámara de Diputados.
Por eso, pido votación separada de cada una de las enmiendas que introdujo el Senado, con el objeto de que en comisión mixta se resuelvan las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional. ¿Queremos que el proyecto se apruebe? ¡Claro que sí! Sin embargo, deseamos aprobar una buena iniciativa, con un sentido constructivo, porque así lo demanda la ciudadanía. Si aprobamos las enmiendas del Senado con los vacíos que he señalado, después probablemente seremos criticados y sumaremos un punto más a la opinión no muy favorable que la ciudadanía tiene de nosotros.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.- Señor Presidente , es cierto que nos hubiese gustado tener más tiempo para discutir el proyecto en la Comisión de Economía, pero considero injustas las críticas que se hacen al respecto.
En las modificaciones introducidas por el Senado no hay ningún cambio relevante en relación con las ideas matrices aprobadas en la Cámara de Diputados. Aun más, creo que el proyecto se perfecciona y abarca más allá de la protección del consumidor. Si bien se pudo haber ampliado el plazo de tramitación para hacer posible la discusión de las enmiendas en la Comisión de Economía de la Corporación, eso no obsta a que hoy estemos ante un muy buen proyecto, que crea el Sernac Financiero, el cual, además, cumple con estándares internacionales.
Hace una semana se aprobó en España la ley de transparencia del consumidor bancario. Si uno revisa esa legislación, que cumple o debe cumplir con todos los estándares de la Unión Europea, y la compara con el proyecto modificado por el Senado, se puede observar que la señalada ley española, en algunos aspectos, tiene estándares más bajos que los establecidos en esta iniciativa.
Por lo tanto, el proyecto constituye un avance enorme en nuestra legislación y está a la altura de lo que dispone la legislación internacional en materia de trasparencia.
¿Puede haber algunas imperfecciones o aspectos que nos generen dudas en el proyecto? ¡Sí, puede haberlos! Pero, ¿qué ocurre? El sistema del Sernac Financiero y de protección al consumidor financiero es nuevo, incluso a nivel mundial, de manera que todavía se está probando y se puede avanzar más en la materia. En Estados Unidos de América, hace muy poco tiempo -menos de un año-, el Presidente Obama estableció una especie de sernac financiero norteamericano, pero con muchas dudas sobre cuál era la institucionalidad más eficiente para proteger al consumidor financiero. De hecho, en Estados Unidos de América esa materia no es algo que esté relacionado con el consumidor propiamente tal, sino más bien con las formas que requiere la superintendencia del mercado financiero. Es decir, si seguimos el esquema norteamericano, el organismo debería ser una institución independiente, en cuyo directorio estuviesen representados los superintendentes o comisiones de valores, tal como ocurre en el caso norteamericano. Por lo tanto, tiene una dinámica muy distinta a lo que se propone establecer en el proyecto de ley.
¿A qué me refiero con lo anterior? A que no se trata de que haya un sistema mejor o peor que otro, puesto que la experiencia a nivel mundial demuestra que ese sistema está recién implementándose. Por lo tanto, tiene que haber pasado un tiempo de la aplicación de la ley para determinar qué mejoras se pueden hacer en la práctica.
Por eso, más allá de las dudas que pueda haber respecto de determinados artículos, considero que es un muy buen inicio y que algunas perfecciones que se le puedan hacer a futuro al sistema solamente serán posibles de llevar a cabo una vez que el Sernac Financiero esté operando en la práctica, en régimen, y podamos ver qué mejoras se le pueden introducir.
Considero que el proyecto enmendado por el Senado es muy positivo, porque plantea proposiciones que por años hemos intentado tratar de establecer en la legislación. Por primera vez, en veinte años, hemos logrado incluirlas, como ocurre con el caso de la carga o tasa anual equivalente, la cual siempre hemos mencionado como necesaria para dar mayor claridad a los consumidores. El proyecto establece eso con claridad, aspecto que tratamos de incluir, por primera vez, en el MKB, propuesta que fue presentada al Ministerio de Hacienda, pero no logró prosperar.
Cuando discutimos el crédito universal, también tratamos de hacer esa incorporación, pero no se logró una solución. Lo que tratamos de establecer ahora es la carga anual equivalente, que es la mejor forma para alcanzar mayor transparencia.
En la iniciativa que ha sido modificada por el Senado se establece, en forma clara, qué es la liquidación total del crédito y se señala la necesidad de levantar las garantías cuando sean inadecuadas o hayan cumplido las obligaciones que las justificaban.
Además, por primera vez, se dispone el desglose real de todos los cargos de las comisiones, de los costos y de las tarifas asociadas al consumidor financiero. También, se prohíbe, en forma expresa, los mandatos en blanco y aquellos que no admiten revocación por parte del consumidor, lo cual, como todos sabemos, era una práctica habitual de la banca.
Asimismo, se preceptúa algo que es fundamental, que se relaciona mucho con lo señalado respecto de la legislación de transparencia del consumidor financiero español: la elaboración de formularios u hojas de resúmenes tipo por parte de la administración, para que sean fácilmente comparables por parte de los consumidores. La forma de presentar la información es fundamental en lo referido a las garantías para ese tipo de usuarios. En ese sentido, el artículo 17 C del proyecto modificado establece que los contratos deben incluir una hoja de resumen de sus principales cláusulas, lo cual está en concordancia con los reglamentos que la propia ley establece que debe dictar el Ministerio de Economía.
Por otra parte, se establecen los plazos que debe haber para el cierre de todo tipo de contratos, situación que siempre se alega, por ejemplo, en el caso del cierre de las tarjetas asociadas a las cuentas corrientes. Del mismo modo, no habrá más hipotecas generales si no es a petición expresa del consumidor.
Por otro lado, la prohibición de envío a los hogares de productos no solicitados también es un avance gigantesco, así como el establecimiento de la carga anual equivalente y la prohibición de las ventas atadas, problema que motivó una gran discusión en el Congreso Nacional y cuyas disposiciones lograron quedar establecidas en el proyecto.
Asimismo, se proponen sanciones para el incumplimiento de los reglamentos respectivos, lo que también es un gran avance. El establecimiento de esos reglamentos es algo por lo que veníamos peleando desde hace años. Incluso, el Ministerio de Economía del anterior gobierno intentó elaborar un reglamento de crédito, pero no pasó el trámite de Contraloría, de manera que no se pudo concretar. Hoy, por fin, se plantean cuatro tipos de reglamentos, los que serán de gran eficacia, porque incluirán sanciones de hasta 750 unidades tributarias mensuales.
Así como el sello Sernac es un gran avance, no es menor la disposición que plantea la creación del sistema de atención al cliente. La obligación de contar con un servicio de atención al cliente para optar al sello Sernac sin duda será un avance muy notable en la relación que deberá haber entre los sistemas financieros o los proveedores de productos financieros y el cliente final. Lo que se ha dicho acá, en cuanto al grave riesgo que se corre con los mediadores o árbitros financieros, puesto que los costos de dichos arbitrajes o mediaciones van a ser de cargo del proveedor, es que constituirá un gran incentivo para que los servicios de atención al cliente sean eficientes y busquen, hasta el último, una solución real. Eso va a dar dinamismo al sistema y, más allá de burocratizarlo, lo harán más expedito, porque van a ser las propias empresas las que van a tratar de llegar a acuerdos, de la mejor forma posible, con sus usuarios o consumidores.
Señor Presidente , quiero hacer notar lo que veníamos señalando desde el inicio de esta discusión: me refiero a lo bueno que existan ministros de fe que sean funcionarios del Sernac; el tema de la solicitud de información básica comercial, que es una nueva atribución; la necesidad de pedir nuevos antecedentes, que también es un gran avance, y, por último, los reglamentos del Ministerio de Economía que consideramos buenos y necesarios.
En resumen, estamos ante un proyecto que constituye un avance histórico en la protección de los consumidores y, especialmente, del consumidor financiero. Es una iniciativa que, estoy seguro también, no va a establecer la institucionalidad definitiva ni tampoco el catálogo de derechos y acciones definitivas relativas a la protección de los derechos del consumidor financiero; pero, sí, al menos, va a ser uno de los inicios más potentes que, considerando la legislación comparada, se puedan hacer sobre la materia.
Después, en la práctica, vamos a tener que ver cómo se perfecciona el sistema, cómo logramos adecuaciones que lo hagan expedito y que no generen costos, obligaciones o sobrecargas a las pequeñas y medianas empresas, que siempre tienen problemas para poder cumplir con este tipo de normas.
Espero, señor Presidente , que esto, de una vez por todas, imponga una cultura que es necesaria en nuestro sistema financiero: la del respeto al derecho de los consumidores, y termine con el dilema que tanto se señala, pero que resulta falso en la práctica. En efecto, siempre se dice que las personas son libres de firmar y de contratar lo que quieran, y que, por lo tanto, la libertad de contratación no puede verse afectada por normas que condicionen la relación entre proveedores financieros y consumidores. Hoy, nos damos cuenta de que eso no es real. La gente no lee o no entiende debido a lo difícil que es la entrega de información.
Por eso, señor Presidente, por su intermedio, pido a todos los parlamentarios su voto favorable a este importante proyecto.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente , este es un nuevo anuncio del Gobierno en el que la letra chica refleja que es falso lo que se dice por los medios de comunicación. Cuando el gobierno anunció el proyecto del Sernac Financiero, todos los chilenos nos pusimos contentos, especialmente los de clase media y baja, para los cuales el hecho de solicitar un crédito en la banca no es un lujo, sino una necesidad.
A la hora de analizar el proyecto vemos que trata de grandes anuncios y los beneficios reales y efectivos para los trabajadores son muy pocos. ¿El Sernac Financiero va a tener las mismas facultades del actual Sernac? El actual Sernac pesa menos que un paquete de cabritas; no tiene ningún poder sobre la fijación de precios de los artículos de primera necesidad, que es lo que nos interesa. Y, como está este proyecto, el Sernac Financiero va a ser algo similar. ¿Quién fija los intereses? Los dueños del negocio, los bancos. Ellos determinan, y van a seguir determinando qué tasas, qué intereses y qué condiciones imponen al usuario.
Es más, esta honorable Cámara de Diputados, en el proyecto que se aprobó, incluyó un artículo que protegía al usuario y prohibía a la banca cambiar las reglas del juego una vez iniciado el proceso. Pero, lamentablemente, el Senado hizo modificaciones y anuló dicho artículo que, insisto, protegía al usuario. No tengo la menor duda de que la anulación de ese artículo se llevó a cabo por presión de los bancos y lamento que el Senado haya cedido a ella.
Se ha dicho acá que el Senado discutió durante seis meses este proyecto y que a nosotros nos dan un par de horas para examinarlo. Eso, sin duda, refleja que el Gobierno nos está presionando. Al mismo tiempo la banca privada -tampoco lo dudo- está presionando al Gobierno. Y nosotros debemos aprobar este proyecto sin el tiempo suficiente para una discusión en profundidad. Hay créditos y créditos. Por ejemplo, no es lo mismo solicitar un crédito para algún artículo de lujo que para dar educación a un hijo, para una vivienda o un problema de salud, o para salvarle la vida a un familiar. Esas cosas no se determinan en este proyecto.
Creo que si esta Cámara de Diputados quiere ser consecuente con las necesidades de la gente o con el anuncio que hizo el Gobierno, un par de meses atrás, referente al Sernac Financiero, este proyecto, sin lugar a dudas, debe rechazarse por respeto a nuestra gente, porque si no, va a ser más de lo mismo: grandes anuncios y a la hora de los quiubos no pasa nada. Es tiempo de que legislemos a fondo. Aquí, el problema es el sistema político-económico vigente en Chile. El mercado jamás ha regulado para beneficiar a los pobres, a los trabajadores. El mercado regula hacia arriba, no hacia abajo.
Por lo tanto, señor Presidente, anuncio mi voto en contra, porque este proyecto, sin lugar a dudas, no va a favorecer a los millones de chilenos que solicitan un crédito, sino que va a seguir fortaleciendo las arcas de los económicamente poderosos, es decir a los representantes de la banca privada.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente , comparto con los colegas en que estamos frente a un grave problema. Por una parte debemos reparar en nuestra responsabilidad legislativa, y por otra, en el rigor de nuestras decisiones en temas fundamentales para los ciudadanos. Porque, efectivamente -lo dijo el diputado Chahín -, en doce horas no se nos puede pedir un análisis serio, fundado, responsable, de las innumerables modificaciones que este proyecto de ley ha suscitado. De hecho, fuimos extremadamente críticos sobre la primera propuesta que hizo el gobierno respecto al Sernac Financiero, porque dotaba a una institución -lo dijimos con mucha fuerza- con balas de agua. Era una pistola de agua frente al potencial y la fuerza de los proveedores de servicios financieros. Pensábamos que las medidas contenidas en el proyecto, prácticamente, les iba a dar lo mismo.
Dicho eso, se avanzó igual, nos obligaron a votar en ese minuto, se aprobó una cosa absolutamente insuficiente -muchos estuvimos en contra- y el Senado entró a su redefinición.
En este caso, de acuerdo con nuestro rol colegislador, tenemos el deber de perfeccionar un proyecto muy importante que reduce el abuso del sector financiero y del retail, pero cuyas disposiciones no podrán ser ejercidas en plenitud en las condiciones en que hoy se presentan.
Por su intermedio, señor Presidente , quiero decir al ministro que ésa esa la razón por la que ninguno de los siete parlamentarios que estuvimos presentes en la discusión habida ayer en la Comisión de Economía recomendó aprobar las modificaciones introducidas por el Senado, porque son tan significativas y tienen tanta implicancia, que no era responsable aprobarlas en esas condiciones. Por eso, decidimos tomar una posición al respecto, lo que se tradujo en cuatro votos de rechazo y tres abstenciones, a fin de que las modificaciones del Senado sean revisadas en una Comisión Mixta. El diputado Edwards dijo con mucha claridad que hay aspectos que perfeccionar; sabemos que los hay. ¿Por qué no hacerlo en una comisión mixta, para que efectivamente los ciudadanos y los consumidores queden protegidos?
Creemos que el proyecto, en esencia, no es malo, pero es claramente perfeccionable. Es nuestro deber, como órgano colegislador, mejorarlo. No podemos renunciar a ello por la urgencia que se nos impone. La responsabilidad parlamentaria en esta materia es fundamental. Soy un convencido de que corregir ciertos numerales en una comisión mixta sin duda será positivo para los consumidores.
Ahora, no considero que esto sea lo ideal, de ninguna manera. La bancada de la Democracia Cristiana ha dicho con mucha fuerza que no basta con el Sernac Financiero. Ha llegado el minuto, a raíz de casos como el de La Polar -el informe que al respecto elaboró la Comisión Investigadora pronto será presentado a consideración de la Sala-, de avanzar en una regulación y en una fiscalización integral del retail. Eso significa crear una superintendencia de control del retail o crear un área en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras explícitamente dedicada a esa regulación, a fin de evitar que suceda otro caso como el de La Polar, en el que un conjunto de directivos se coludió para defraudar a un millón de chilenos y chilenas. Pero un proyecto de esa naturaleza es facultad del Ejecutivo y no podemos imponerlo.
Por eso entramos en la discusión de las atribuciones que se otorgan al Sernac con una mirada profunda, orientada a defender el derecho de los consumidores. El Senado hizo un cambio sustantivo, de enfoque, en las formas de actuar de esta nueva institucionalidad, varias de las cuales, insisto, van en la línea pertinente, pero con vacíos y con ciertas incongruencias. Además, eliminó ciertas condiciones que habíamos establecido, en forma unánime, en la Cámara de Diputados. Por tanto, no podemos dejar de remediar esas falencias, esos vacíos y esas incongruencias.
Permítanme señalar algunas de ellas, para demostrar que estamos pensando en mejorar y perfeccionar esta legislación y no en trabarla o destruirla. No somos irresponsables, sino consecuentes con la idea de proteger a los consumidores.
Primero, el sello del Sernac es voluntario. La idea es generar una diferencia entre los proveedores de productos y servicios financieros a través de este sello entregado por el Estado. Pero creemos que debe haber una adecuación del mismo. No puede ser entregado en forma permanente. Las cosas cambian, las prácticas cambian, la tecnología cambia. Por ello, es necesario establecer un plazo de revisión, para determinar si el sello se otorga nuevamente o no. Asimismo, creemos que en la decisión sobre dicho otorgamiento deberían participar las organizaciones de consumidores. ¿Por qué temer que tengan un rol respecto de ese sello? Creemos que es fundamental; sin embargo, no está considerado en las modificaciones del Senado.
Se establece un nuevo sistema de atención al cliente y un sistema de solución de controversias entre el proveedor y el consumidor. En una primera etapa, este sistema de protección es manejado por la empresa. Si no se llega a una solución, se pasa a una segunda etapa, en que es administrado por esta nueva institucionalidad. Pero esta última etapa, en la que se establecen requisitos, límites de acción y montos de las operaciones, a nuestro modo de ver requiere mayores precisiones. Es demasiado relevante para que no quede resguardada la protección de los consumidores. Se requiere un esquema compatible con la magnitud de la deuda. Asimismo, hay otras temáticas que ameritan mayor precisión.
El rol de las organizaciones de consumidores prácticamente no se considera en este proyecto modificado por el Senado. El hecho de que las organizaciones de consumidores -constituidas para proteger sus derechos- no tengan ningún rol en el Sernac Financiero nos parece preocupante. Si se niega el sello Sernac a una empresa, ésta podrá apelar al ministro para que esa decisión se reconsidere. Pero la organización de consumidores no puede apelar al ministro cuando se aprueba el sello a una institución que, según esos consumidores, ha demostrado incompetencia, irresponsabilidad y abuso. No está equilibrada la balanza para proveedores de servicios financieros y consumidores.
Se habla de las nuevas funciones de esta institucionalidad. Sin embargo, no tuvimos espacio ni tiempo para discutir y respaldar los recursos que garanticen que esas nuevas funciones se van a cumplir. El diputado Lorenzini se va a referir al tema de los recursos.
Respecto de las ventas atadas hicimos un sólido planteamiento. Si bien las modificaciones del Senado resguardan mejor esa materia, no garantizan plenamente que ellas no vuelvan a producirse. Y esto no lo podemos permitir. Debemos garantizar que no habrá ventas atadas nuevamente. Según nuestra mirada, el texto propuesto por el Senado deja espacios para que ellas se produzcan. Ningún consumidor podrá quedar plenamente tranquilo de que no se repetirán. Por ello, hay que perfeccionar ese aspecto en una comisión mixta.
En síntesis, creemos que este proyecto modificado por el Senado avanza en la protección del consumidor, pero no resguarda adecuadamente las funciones regulatorias que el Sernac debe tener. Por eso, nos parece que varios de sus numerales deben ser revisados en una comisión mixta, en la que senadores y diputados, de Gobierno y de Oposición, seamos capaces de perfeccionarlos en la búsqueda de mayor equilibrio y justicia en la relación entre proveedores de servicios financieros y consumidores. Si no se perfeccionan en esa instancia, los senadores y diputados podríamos ser calificados como personas que hacen publicidad engañosa, pues aprobaremos un proyecto que dice un montón de cosas, pero que finalmente no será capaz de responder ante los derechos de los consumidores. En la Democracia Cristiana no nos queremos prestar para eso.
Por lo expuesto, anuncio que vamos a votar en contra del proyecto para que sea tratado en una comisión mixta, a fin de que se perfeccione en pro de los consumidores, en pro de terminar con los abusos y en la búsqueda de mayor equilibrio entre consumidor y proveedor de servicios financieros.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor José Manuel Edwards.
El señor EDWARDS .- Señor Presidente , discrepo especialmente del tono usado por muchos diputados que me han precedido en el uso de la palabra a la hora de referirse al proyecto. Quiero dejar las cosas bastante claras: creo que éste es un gran proyecto. Como nunca una coalición de Gobierno y un Presidente se han “puesto las pilas” para defender de verdad a los consumidores.
Recordemos algunas cifras.
Uno de cada tres reclamos al Sernac es por servicios financieros; los otros, por telecomunicaciones y transportes. Por lo tanto, la sola idea de legislar para crear un Sernac, un servicio especializado en temas financieros es un gran avance y tenemos que apoyarla con la máxima de las fuerzas.
El proyecto nos entrega cosas muy novedosas. Por ejemplo, el Estado, a través del Sernac, crea un sistema por el cual las empresas proveedoras someterán al Sernac, voluntariamente, a revisión, los nuevos contratos de adhesión. Estamos hablando de tarjetas de crédito, de créditos hipotecarios, en fin, de todos los servicios financieros. Es decir, someterán a la revisión del Sernac todos los nuevos contratos, cláusula por cláusula, y si esas cláusulas no son abusivas, o sea, están en consonancia con los derechos de los consumidores, entonces el Servicio les otorgará un sello Sernac.
¿Qué es este sello? El sello Sernac es una garantía que tendrá el consumidor de que el contrato que está negociando con el proveedor es serio y que respeta sus derechos de consumidor. Por esto, el proyecto tenemos que aprobarlo con la mayor de las fuerzas y dejar a un lado las críticas injustas que se le han hecho.
Es más, a quienes hablan de rechazar las modificaciones del Senado les digo que hay que tener un poco más de ojo, porque el trabajo que realizaron los senadores durante seis meses estuvo enfocado, principalmente, en la defensa de los consumidores.
Déjenme dar un ejemplo.
Una de las modificaciones que plantea el Senado se relaciona con el sello Sernac. Esa modificación establece que el proveedor que quiera contar con el sello Sernac está obligado a someter todos sus contratos de adhesión a revisión. Por lo tanto, el sello Sernac se entregará sólo al proveedor que acredite y garantice el respeto por los derechos de los consumidores. En síntesis, si los contratos de adhesión están en línea con lo que pretende el Sernac, como sistema de defensa del consumidor, el proveedor obtendrá el sello Sernac. Ahora, la revisión es a todos los contratos que ofrece el proveedor y no a uno en particular. Es decir, ningún proveedor financiero podrá ofrecer, por ejemplo, un crédito hipotecario con sello Sernac, y, al mismo tiempo, no hacerlo con el resto de los productos o servicios financieros de que dispone.
Por lo tanto, las modificaciones del Senado van en línea de defender al consumidor y están en consonancia con lo que este gobierno y, por lo menos, la coalición de Gobierno quiere.
Otra modificación está referida a las ventas atadas. Este proyecto hace una muy buena defensa de los consumidores y prohíbe las ventas atadas de productos, es decir, ya no se podrá obligar al consumidor a tomar varios servicios cuando sólo le interesa uno. Cuando pida un crédito hipotecario, ya no estará condicionado a la contratación de otro producto, como cuenta corriente, cuenta vista o tarjeta de crédito. Tampoco podrá estar atado el pago de la cuota al pago automático de una cuenta corriente de la entidad financiera que otorgó el préstamo.
Por lo tanto, la prohibición de la venta atada es una novedad, y todos los diputados que representamos a los consumidores que han visto vulnerados sus derechos debemos defenderla con mucha fuerza.
Otras modificaciones del Senado, aunque muy interesantes, necesitan, a mi juicio, más estudio, más trabajo en detalle. Por ejemplo, todo proveedor que tenga sello Sernac deberá contar con un servicio de atención al cliente. En caso de que ese servicio no resuelva el eventual reclamo de un consumidor o que no quede satisfecho con lo resuelto, el cliente, sin costo alguno, podrá acceder a un mediador. Esta instancia mediará entre los desavenidos, es decir, entre proveedor y consumidor. Ahora, si el consumidor no está conforme con la propuesta del mediador, podrá recurrir a un árbitro financiero, que será la última instancia en el proceso de impugnación. Repito, todo el proceso es gratis para el consumidor. Por lo tanto, es de toda lógica defender esta propuesta.
Con todo, este sistema de solución de controversias es altamente complejo. Por eso, requiere de un estudio más acabado de parte de las Comisiones de Economía y de Hacienda de esta Cámara.
Por lo anterior, pido votación separada de los artículos 17 D y 17 F, del texto aprobado por el Senado. ¿Cuál es el problema con el artículo 17 F? Muchos proveedores de productos y servicios financieros promocionan tarjetas de crédito en ciertos lugares donde no queremos que se entreguen este tipo de servicios, por ejemplo, en los locales de pago de los beneficiarios del Instituto de Previsión Social, IPS (ex INP). Me refiero a los locales de pago que administra una Caja de Compensación. Son muchos los adultos mayores que reciben una pensión solidaria de 75 mil pesos y que están muy endeudados. Pero, a través de ciertas ofertas financieras -muchas veces no les entregan la información completa- se endeudan más. Me parece que los proveedores financieros no debieran estar cerca de los locales de pago de los adultos mayores, especialmente cuando hablamos de gente que recibe pensiones básicas solidarias.
Por lo tanto, la modificación del Senado de suprimir la prohibición que se contemplaba en el artículo 17 F, aprobado por la Cámara, de vender productos financieros en recintos de concurrencia habitual o de adultos mayores o en establecimientos educacionales, cuando sabemos que muchos estudiantes no tienen la capacidad de generar recursos para pagar esas deudas, merece una discusión más profunda.
Respecto del artículo 55, pediré que se reponga un inciso que eliminó el Senado. La Cámara Alta suprimió algo que para nosotros es bastante importante: la validez del sello. Independientemente de la fiscalización que haga el Sernac, ésta debe estar limitada en el tiempo, para obligar a los proveedores a revisar los contratos.
¿Por qué es tan importante reponer ese inciso? Recuerden que en el caso de La Polar, desde 2006 en adelante, eran cientos los reclamos que se hacían anualmente, hasta llegar a 2011, cuando nos encontramos ante una estafa masiva, de alrededor de un millón de personas, más los pequeños accionistas. ¿Y qué pasó? Fíjense que el director del Sernac , el señor José Roa , quien tenía todas las atribuciones para iniciar una demanda colectiva, amén de que estaba obligado por reglamento, no lo hizo y dejó que se siguiera incubando la estafa o el timo del siglo, como ha sido llamado el fraude de La Polar.
Por lo tanto, y a pesar de que el Sernac, en general, actúa bien y que su actual director ha hecho un excelente trabajo, muchas veces las leyes no se cumplen. Por eso, y como una forma de asegurar la defensa del consumidor, el sello Sernac debe tener un plazo máximo de validez, amén de las fiscalizaciones que realice el Servicio Nacional del Consumidor.
Por último, quiero expresar mis razones para abstenerme de votar el artículo 56.
Esta disposición, en general, la considero positiva, porque crea la figura del servicio de atención al cliente e introduce las figuras del mediador y del árbitro financiero. Sin embargo, una disposición que genera un cambio tan sustantivo y profundo en nuestra institucionalidad no pudo ser revisada como corresponde por la Comisión de Economía.
Con todo, tenemos que defender este gran proyecto, que crea el Sernac Financiero, sobre todo por la defensa implacable de los consumidores que ha efectuado este Gobierno, el Gobierno de Sebastián Piñera. Por eso, debemos aprobarlo con la mayor rapidez posible.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente , ¡cómo ha cambiado el país! Me permito recordar la frase de un senador dicha a principios de la década del 90, cuando se discutía la primera ley del Consumidor: “No debemos intervenir en las relaciones entre consumidores y proveedores. El mercado es y debe ser el encargado de regular dichas relaciones.”. La frase pertenece al entonces senador Sebastián Piñera .
¡Gracias a Dios, todo el mundo tiene derecho a cambiar sus posiciones! Ya no discutimos la existencia de una ley del Consumidor, sino que estamos debatiendo algo distinto: cómo creamos un mecanismo para proteger a los consumidores en una sociedad estructuralmente abusiva.
Estamos analizando un muy buen proyecto, porque avanza en otorgar competencia en el ámbito financiero a la institución llamada a proteger a los consumidores. Ya se dijo acá que uno de cada tres reclamos que se presentan ante el Sernac dice relación con el sistema financiero, porque nuestra economía está bancarizada. Tenemos una obsesión por bancarizarlo todo, porque el crédito, en nuestra sociedad de consumo, genera estatus y calidad de vida, pero en forma aparente.
En consecuencia, se nos está produciendo el problema de que tenemos una cultura ciudadana del endeudamiento. Somos 16 millones de habitantes, pero tenemos 24,8 millones de tarjetas de crédito y bancarias. Ésta es nuestra realidad.
Por lo tanto, si tenemos ciudadanos convertidos en verdaderos consumidores permanentes, resulta fundamental evitar los abusos, para lo cual existen dos alternativas en política económica: por la vía de la autorregulación o de la regulación. La autorregulación ha imperado durante mucho tiempo; pero, lamentablemente, los parlamentarios y las parlamentarias sabemos que no ha dado el resultado esperado, ya que nuestros electores nos piden protección cuando las entidades financieras abusan de ellos, porque no se han autorregulado con la debida prontitud ni profundidad para evitar esos abusos.
Por lo anterior, se requiere establecer una ley que regule a las financieras, pero a la autoridad no le gusta meter mano a la ley general de Bancos, la que me di la “lata” de leerla completa, lo que me permite afirmar que no contiene ni una letra relativa al consumidor. Ello se debe a que sólo regula el mercado de la oferta, pero no dice nada en relación con la protección de los clientes.
Señor Presidente , insisto en que el proyecto avanza en facultar al Sernac para sancionar esos abusos, lo que indica que asumimos que el mercado será abusivo, en circunstancias de que debiéramos evitar que se cometan esos abusos a través de una regulación de derecho sustantivo y adjetivo, más que entregar facultades a alguna institución para que, ex post, una vez que la persona ha sido abusada, aplique una sanción a una entidad financiera correspondiente o la obligue al cumplimiento de alguna obligación.
En ese sentido, señor Presidente , el proyecto avanza en cierta regulación de los contratos de adhesión, dispone multas por publicidad engañosa, establece el famoso sello del Sernac, al cual se podrán adherir las empresas en forma voluntaria, por lo que estimo que éste es el momento de redactar una norma que establezca algún incentivo económico, que podría ser del siguiente tenor: “Tendrán un perjuicio tributario aquellos que no se quieran someter al sello del Sernac.”
Me imagino que el señor ministro está tomando nota de todas estas ideas.
Señor Presidente , es muy importante destacar que el proyecto tiene ciertos vacíos, que son propios de la discusión que estamos sosteniendo en el Parlamento. El Senado tuvo seis meses para analizar la iniciativa. Después de ese plazo, se llegó a un acuerdo muy rápido. ¡Claro, cómo no va a haber un acuerdo rápido si las diferencias que había en el Senado finalmente no fueron “negociadas”, sino que más bien transadas en función de la rapidez! Lo digo con mucha preocupación, porque cuando el artículo 17 H se hace cargo de las ventas atadas, sólo describe dos situaciones. Señala: “Artículo 17 H.- Los proveedores de productos o servicios financieros no podrán ofrecer o vender productos o servicios de manera atada. Se entiende que un producto o servicio financiero es vendido en forma atada si el proveedor:
a) Impone o condiciona al consumidor la contratación de otros productos o servicios adicionales, especiales o conexos, y
b) No lo tiene disponible para ser contratado en forma separada cuando se puede contratar de esa manera con otros proveedores, o teniéndolos disponibles de esta forma, esto signifique adquirirlo en condiciones arbitrariamente discriminatorias.”.
Mucha gente contrata un crédito hipotecario. Con posterioridad, contrata en el mismo banco una cuenta corriente con línea de crédito. Lo que no sabe el cliente es que le pueden rematar la casa aunque nunca se haya atrasado en pagar su crédito hipotecario, porque tiene una deuda en la línea de crédito, ya que en el contrato que firmó existía una garantía general. En consecuencia, su casa garantiza el pago de la línea de crédito. Eso es inaceptable, señor Presidente ; pero no está contemplado en el proyecto.
Por lo tanto, esta buena decisión de defender a los consumidores parece acertada, pero la restricción del debate podría generar impactos negativos, de los cuales no serán responsables el ministro , ni su asesor, ni el Presidente : somos nosotros, los legisladores, quienes deberemos pagar los costos cuando los ciudadanos nos reprochen que aprobamos una ley que no contemplaba esta situación de abuso y que no establecimos una sanción específica.
Señor Presidente , nos hemos acostumbrado a que la buena política sea la inmediata. No obstante, reivindico el debate y la reflexión, porque tenemos que reflexionar y debatir lo que corresponde para elaborar buenas leyes; de lo contrario, la actividad política sufre un profundo descrédito en forma transversal.
También debieran eliminarse los mandatos en blanco y los irrevocables. Es más, debiera establecerse en el proyecto que cualquiera venta o cesión de la cartera de crédito sea aceptada en un documento separado, porque muchas personas contrataron un crédito de consumo con un banco en atención a la calidad del acreedor; pero después ese banco vende la cartera a empresarios que no son regulados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. En consecuencia, la persona termina siendo deudor de un empresario que después le puede modificar las condiciones, lo que, en definitiva, termina por mermar su calidad de vida. No obstante, el proyecto tampoco se hace cargo de ese tema.
Por eso, señor Presidente , considero que, más que seguir con la obsesión de despachar hoy el proyecto, debiéramos continuar debatiendo algunos aspectos que no están resueltos.
Señor Presidente , he sido autor de dos iniciativas legislativas relacionadas con las cajas de compensación y he presentado sendas denuncias respecto de los créditos sociales que otorgan. Como bien señaló el diputado José Manuel Edwards , hemos permitido que las cajas de compensación efectúen descuentos legales por planilla, sin ningún riesgo, a personas de la tercera edad que perciben pensiones básicas, lo cual está generando mayor pobreza en esos ancianos. No obstante, el proyecto no se hace cargo de eso.
En consecuencia, hago un llamado a la dignidad parlamentaria. Insisto en que no podemos despachar en doce horas un proyecto de tanta relevancia para los consumidores y para los usuarios. Somos un Poder del Estado. Más allá de la premura que puede tener el Ejecutivo, debemos tener claridad de que seremos juzgados por los ciudadanos por despachar una ley que no contempla esas situaciones de ocurrencia diaria.
El artículo sexto transitorio establece el plazo de adecuación de los contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley. La norma aprobada por el Senado es bastante más flexible que la que aprobó la Cámara de Diputados, la que establece de manera clara y precisa un plazo perentorio para que las empresas de servicios financieros adecuen sus contratos a la nueva ley. Su redacción es bastante más laxa, lo que, obviamente, llevará a que se generen situaciones judiciales.
Por último, quiero referirme al tema de las multas.
Aquí, el Presidente de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo de la Cámara de Diputados ha hecho mención a una ley muy importante recientemente publicada en España: la ley de Transparencia de Servicios Bancarios. Existe una gran diferencia entre ésta y el proyecto en discusión. Esa ley establece multas que van desde los 15 mil hasta los 600 mil euros; sin embargo, aquí la multa máxima es de 750 Unidades Tributarias Mensuales.
Según la información publicada hoy, entre enero y mayo, los bancos obtuvieron utilidades por 1.704 millones de dólares. ¡Perdónenme! Una multa de 750 UTM hará letra muerta los derechos establecidos en esta ley.
No llamo a los parlamentarios a rechazar el proyecto de ley, pero sí a lograr acuerdos para avanzar en el tema. Si eso significa llegar a Comisión Mixta, tendremos que hacerlo, pero no se puede despachar del Congreso Nacional un proyecto de ley con tantos vacíos, pues seremos nosotros quienes pagaremos los costos ante la ciudadanía.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente , me voy a referir a otro aspecto tan confuso como los que han analizado mis colegas Harboe , Vallespín y Chahín , pero siempre pensando en las finanzas.
En este momento se discute el proyecto de Ley de Presupuestos. Hace algún tiempo el diputado Venegas me dijo: “Pablo, quien pone el billete pone la música”. Entonces dije: “Veamos en qué se traduce esta filosofía tan entretenida de respaldo económico”.
Fui al Senado de pasadita -a algunos les gustaría ir y quedarse; el diputado Jaramillo va mucho para allá- y me traje calentito -aquí está el documento si alguien quiere verlo- el presupuesto del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Seguramente, el ministro lo está viendo por allá, porque no lo está pasando bien su Ministerio. Quise ubicar el presupuesto del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y no encontré nada sobre el Sernac Financiero para 2012. Por lo tanto -dije- “el camino está errado” y cerré el texto.
Luego, revisé la discusión de la Subcomisión Mixta de Presupuesto. Su informe lo conocerán en los próximos días. Quienes estamos en esta Subcomisión lo tenemos a disposición desde esta mañana. En exclusiva les informo que el subsecretario de Economía -no estuvo presente el ministro - dijo que es muy bueno el presupuesto para el Sernac y que además -lo reproduzco textual- este presupuesto no contempla los recursos para implementar el Sernac Financiero.
Ahora, siguiendo la norma legislativa -he aprendido mucho de algunos diputados expertos en ella-, revisé el proyecto de ley. Examino los cambios hechos en el Senado y no aparece el informe financiero. Si no hay informe financiero no sé cómo se puede dictar una ley.
Señor Secretario , según entiendo, una ley no se puede promulgar si no acompaña el informe financiero. Me pregunté si estaría en alguna parte. Con la colaboración de los asesores del Ministerio de Hacienda y del Ejecutivo, cuestión que agradezco, empecé a buscar y ahora tengo en mi poder tres informes financieros.
El primero señala que el primer año -es sólo un ejemplo- se contratarían veintitrés personas en 2010, pero luego se cambio la fecha y se colocó 2011. Quizás, para cuando el proyecto sea evacuado por la Comisión Mixta se deba poner “2012”. A veces cuesta pensar las cosas. O quizás, diputado Rincón , los 267 millones se despacharán para la Pascua. En fin, se tiene que contratar un ingeniero informático, seis abogados, con dos millones mensuales cada uno, etcétera. Todo está calculado. Se trata de buenas “peguitas”. Un gerente de proyectos gana cinco millones mensuales, es decir sesenta millones al año. Diputado Jaramillo , ¡postule aquí!
El segundo informe financiero señala que se van a cobrar multas y que ingresarán 526 millones de pesos.
El tercer informe financiero -cuidado Rosanna Costa , directora de Presupuestos - señala que de veintitrés cupos de la planta directiva vamos a dejar veinte para profesionales y tres para jefes, con un costo de 1.080 millones de pesos -695 millones de pesos para personal, para los jefes dos millones y medio de pesos, y un millón y medio de pesos para los profesionales. Son veinte personas. Luego, vamos a gastar en bienes y servicios y activos financieros. Aquí está todo.
¿Sabe qué más, señor Presidente ? Me da la impresión de que la tramitación de este proyecto no es legal. Aquí debemos tener un informe final con todos los cambios que hizo el Senado. Desde un punto de vista económico y financiero, ¿qué significa? Obviamente, la Cámara debe pronunciarse respecto del proyecto con los recursos asociados al mismo. Si no, diputados Venegas y Saffirio , esto es letra muerta; son bengalas que dan mucha luz, pero que no tienen nada de práctico. No se puede mantener un Sernac Financiero con estos recursos. Esto es inviable.
Más aún, cuando esta tarde veamos la Partida del Ministerio de Hacienda -aprovecho esta oportunidad para que no escuche el ministro, quien se va a enojar-, constataremos que las platas que se entregan a las instituciones financieras, como la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la Superintendencia de Valores y Seguros -obvia-mente, La Polar estará feliz- y el Sernac Financiero son insuficientes.
En resumen, tenemos tres o cuatro informes de presupuesto; no vienen en el presupuesto formal, sino que en el proyecto de la Ley de Presupuestos, y no los conocen los diputados-; no los conoció la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo ni la de Hacienda . Y aunque se quisiera enmendar esa situación, ello no es posible desde el punto de vista legal -me lo dice el Secretario -, porque el proyecto se discute en tercer trámite constitucional.
Estamos obligados a que se busquen los acuerdos en la comisión mixta para conocer los números. Eso es lo que corresponde. Los informes financieros se ven en la Comisión de Hacienda, más allá de las cuestiones técnicas que se han dicho acá. Repito, no tenemos informe financiero y no sabemos cuánto cuesta el Sernac Financiero. Aún así, suponiendo que estuvieran las platas suficientes alcanza solamente para veinte personas; es decir, la plata no alcanza ni para una sola Región. ¡Se acabó el cuento! Seguramente, a Arica no le tocará, y entre Arica e Iquique se radicará una oficina. ¿Con eso quieren fiscalizar cientos de miles de contratos, cláusulas, árbitros y mediadores?
En verdad, uno se pierde. Varios diputados se acordarán de que la idea era tener un Sernac Financiero aparte y no dentro del Servicio Nacional del Consumidor, ello por el número de transacciones y de personas involucradas. Se trata de un tema que afecta a todas las regiones, comunas y lugares del país. No se dio aquello. En cambio, se considera un departamento, un área, una jefatura o una subjefatura dentro del Sernac Financiero, cuyo presupuesto ni siquiera se conoce. O sea, ni siquiera da para gastar del presupuesto del Sernac. ¿Y qué la vamos a decir a la gente? “Ahora sí, venga al Sernac Financiero; cálmese; pasó lo de La Polar y nunca más la banca ni las tarjetas de créditos, ni las empresas financiadoras van a tener el sartén por el mango”. Pero, en la práctica, sin recursos, sin plata, sin funcionarios de alto nivel, sino sólo con la compra de un par computadores adicionales, es decir sin presencia, en regiones esto será inviable.
Entonces, si vamos a hacer una nueva legislación, como ayer lo vimos respecto del sistema de Alta Dirección Pública, señalo que para eso estamos acá. ¡Si aquí están los votos! Y esto debiera ser unánime. Pero hagamos una ley bien hecha, completa, con recursos, con su regionalización, no con reglamentos que se dictarán algún día. ¡Si para eso nos eligen a los parlamentarios!
El diputado Cornejo , nuestro jefe de bancada, señaló como un asunto de Reglamento que este sistema va y viene sin derecho a que se le efectúe ninguna indicación ni cambio. Y el hecho de que no exista un informe financiero -y en esto apelo al Secretario y a la decisión de la Mesa-, convierte esto en algo que no es legal.
Por lo tanto, solicito que se me envíe -también a la Sala y a la Comisión de Hacienda- un informe financiero consolidado que señale cuánto costará este proyecto, qué significará en cuanto a ingresos y gastos, porque en el proyecto de Ley de Presupuestos ello no está considerado. Hoy, la iniciativa se encuentra sin financiamiento.
Los diputados que quieran despachar este proyecto estarán aprobando la letra, pero no la parte financiera y económica de la iniciativa, en circunstancias de que ello debe considerarse en un proyecto de ley.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , como bien lo señaló el diputado Felipe Harboe , este proyecto constituye un avance respecto de la situación que hoy existe en la materia que nos ocupa.
Hace pocos días, un reportaje dio cuenta de que las telecomunicaciones y el sistema financiero son, probablemente, dos de los segmentos donde hay más denuncias, más reclamos y mayor insatisfacción de los consumidores. Pero, además, son los ámbitos en que más abusos se producen y donde la capacidad natural y lógica de los ciudadanos de poder inteligir razonablemente la información para la suscripción de los contratos es fundamental.
Por lo tanto, la labor de la legislación y la autoridad pública de resguardar las condiciones de protección de los derechos de los consumidores se hace esencial.
No en vano en la última campaña presidencial la situación de los abusos del sector financiero se convirtió en parte del debate, a tal punto que se adquirieron ciertos compromisos en campaña que hoy día forman parte de la reflexión que nos encontramos realizando en esta Corporación.
Lamento mucho el fugaz paso del ministro de Economía por aquí, porque algo que ha sido reconocido transversalmente en esta Sala es que parece poco razonable que la Cámara de Diputados de Chile no cuente con el tiempo que corresponde para poder efectuar un análisis de fondo sobre las normas que debate.
Los miembros de las comisiones de Economía y de Hacienda nos informaron que ayer no tuvieron tiempo suficiente para estudiar las modificaciones de fondo que el Senado le introdujo a este proyecto. Porque dichas enmiendas no son menores; son de fondo.
Asimismo, el hecho de que acá ni siquiera tengamos la posibilidad de sostener un debate con el ministro de Estado a cargo de esta materia y que el poco rato que estuvo presente en la Sala lo haya pasado conversando dan cuenta de que, primero, o al Gobierno no le importa el tema o, segundo, que lo tiene sin cuidado que la legislación resuelva lo que los ciudadanos reclaman constantemente: el abuso al que de manera permanente son sometidos en la celebración de este tipo de contratos.
Cito un ejemplo: hace un par de años, junto con un concejal de la comuna de Rancagua, el señor Edison Ortiz , acompañamos a jubilados de esa comuna para concurrir al Sernac para denunciar que éstos habían sido captados como clientes a la salida del lugar de pago de sus pensiones por parte de algunas cajas de compensación, quienes en el mismo lugar habían generado condiciones para que ellos se cambiaran de una caja a otra y contrataran nuevos créditos.
A través de la Cámara de Diputados, en varias ocasiones consultamos al Sernac y a la Superintendencia de Seguridad Social sobre la respuesta a nuestra denuncia que condenaba a muchos adultos mayores, que tenían pensiones básicas de no más de 80 mil pesos, al pago de cuotas de 10 mil pesos durante ocho o diez años. Esa respuesta llegó hace pocos días, firmada por la ministra del Trabajo y Previsión Social. Para resolver ese problema, la Superintendencia de Seguridad Social dictó un instructivo para prohibir a las cajas de compensación ofrecer créditos a menos de cien metros de distancia de los lugares de pago de las pensiones. O sea, la solución es genial. Ahora las camionetas se tendrán que mover desde los lugares en que captaban a los clientes a cien metros de distancia de los puntos de pago de pensiones. Como pueden apreciar, la respuesta es ridícula, risible y absurda.
¿Qué modificaciones introduce el Senado? Elimina la norma que salió de la Cámara de Diputados y que prohibía la captación de clientes por parte de las cajas de compensación en las condiciones antes descritas.
Entonces, si la Superintendencia de Seguridad Social cree que la solución es impedir que las camionetas se pongan a la salida de las sucursales del INP y se les pida que se muevan cien metros, y que así se resuelve el problema, no sabría decir si quien redactó ese oficio de la Superintendencia sabía lo que estaba colocando, si tuvo un mal día o no entendió el problema. Pero para todos está claro que ésa no es la solución. Y cuando la Cámara de Diputados propuso una solución, el Senado la eliminó.
Entonces, si queremos tener un Servicio Nacional del Consumidor en condiciones de proteger debidamente los derechos de los consumidores, debemos contar con un tiempo prudente para poder abordar las modificaciones que se necesitan para corregir los cambios que introdujo el Senado.
Existe un conjunto de normas que van en la dirección exactamente contraria. El Senado incorporó cambios que tienden a deteriorar el procedimiento.
Conversé la materia con el diputado Fuad Chahín , que ha trabajado muy detenida y pormenorizadamente el proyecto. Por ejemplo, los recursos de apelación no establecen en el procedimiento la obligación del Sernac de comparecer en defensa de los derechos del cliente, en circunstancias de que sabemos que uno de los problemas que tienen los consumidores para ejercer sus derechos es el desincentivo debido a que para ello muchas veces se debe recurrir a un abogado. Entonces, si el Sernac no concurre, no comparece en defensa de los derechos del consumidor frente a una gran empresa del retail, esa defensa se transforma en una verdadera lucha de David contra Goliat. Y lo que estamos intentando hacer aquí es justamente emparejar la cancha: que el consumidor no sienta que no podrá defenderse porque le está reclamando a una gran multitienda, que tiene presencia en todo el país, que cuenta con un staff de abogados y porque el monto del perjuicio es pequeño, pues ahora habrá alguien que lo va a acompañar: el Sernac. Ésa y otras facultades fueron cercenadas por el Senado.
Por consiguiente, respaldamos lo manifestado por el diputado Fuad Chahín respecto de un conjunto de modificaciones que introdujo el Senado a la iniciativa en un acuerdo del que no entendemos su lógica, porque generó el efecto exactamente inverso al que habíamos logrado en la Cámara, que era mejorar las condiciones institucionales del Servicio Nacional del Consumidor para defender los derechos de las personas frente a los abusos del mercado y, específicamente, del sistema financiero. Pues bien, esas facultades fueron cercenadas en el Senado.
Entonces, para lograr el objetivo de contar con un marco regulatorio apropiado, con una institucionalidad fortalecida, capaz de defender los derechos de los consumidores, particularmente respecto de un mercado profundamente abusivo, este proyecto debe ser objeto de modificaciones. Espero que la Cámara de Diputados lo entienda así y que rechacemos buena parte de las enmiendas del Senado para que la iniciativa vaya a comisión mixta, con el objeto de que en esa instancia podamos introducir los ajustes que nos aseguren los resultados declarados por varios señores parlamentarios.
Finalmente, quiero referirme a un punto fundamental. Lo que corresponde es simplificar el procedimiento. Las normas de mediación y de arbitraje, si bien constituyen un avance respecto de lo que existe hoy, siguen siendo engorrosas. Hay problemas de claridad sobre el piso de las multas, sobre quién debe aplicar las sanciones, sobre cuáles son los derechos de las partes en el procedimiento mismo, sobre el rol de las organizaciones de consumidores, que, a mi juicio, también ha quedado insuficientemente precisado en algunas materias.
En consecuencia, pedimos al Gobierno, que no tuvo buena disposición en los días previos, que entienda que, si lo importante es aprobar una buena ley, entonces el proyecto debiese ir a Comisión Mixta, para realizar los ajustes que aseguren una legislación que da cuenta efectivamente de la necesidad de proteger en debida forma los derechos de los consumidores.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , mi bancada ha dado bastantes razones para rechazar este proyecto en aquellos artículos que, en nuestra opinión, no consagran una adecuada defensa de los consumidores. Por ello, a través del diputado Fuad Chahín , hemos pedido su desagregación y votación separada, en la medida en que las modificaciones introducidas por el Senado no satisfacen, a nuestro juicio, una adecuada defensa de los derechos de los consumidores en el ámbito financiero.
Para nosotros, esto es de suyo importante, porque entendemos que, en definitiva, el Sernac Financiero, al igual que el Sernac, en general terminan actuando ex post, porque ésa es su misión, es decir, después de que se comienzan a producir los problemas. A veces, producto de información que son capaces de levantar y comunicar -entendemos que será la tónica también del Sernac Financiero-, son capaces de informar a la comunidad, a la ciudadanía y a los consumidores, lo que demuestra que se pueden prevenir ciertas situaciones que pudieran tornarse abusivas, complejas e, incluso, graves, en forma más masiva. La tónica esencial es que el Sernac -y así va a ocurrir con el Sernac Financiero- termina actuando cuando el problema se ha producido y trata de ver la forma de repararlo, ya sea vía mediaciones o mecanismos vigentes en la ley, que se establecen para el área financiera en este nuevo proyecto.
Como hay un déficit fundamental en las propuestas que hace el Senado, nos vemos en la obligación de rechazar todos los artículos que ha citado claramente el diputado Fuad Chahín , más aún cuando lo que debiéramos hacer es legislar respecto de aquellas normativas e instituciones jurídicas que son causantes de problemas que después otra institución, como el Sernac, tiene que entrar a reparar.
Me explico. Cuando el Sernac habla de cláusula abusiva, que también se da en el sector financiero, tiene que entrar a reparar leyes o normas que derechamente no hemos sido capaces de modificar -lo he dicho en más de una oportunidad- para que así no ocurra. Un ejemplo concreto de ello son los mandatos mercantiles irrevocables, sin la obligación de rendir cuenta, que se autootorgan los bancos en cada una de las escrituras para los respectivos créditos hipotecarios. ¡Eso no puede ocurrir!
Por lo tanto, por ley, ese mandato debiera contemplar la obligación de rendir cuenta, porque, obviamente, en la lógica de la dinámica del comercio y para la facilitación de la respectiva operación comercial y bancaria, cualquiera puede entender la necesidad del mandato mercantil, como, por ejemplo, para la contratación de una serie de seguros que el propio deudor decidiera no contratar, que es su posibilidad, su elección, su voluntad de no contratar individualmente los respectivos seguros de desgravamen, sismo, incendio, etcétera. Entonces, obviamente, porque el interés asegurable es recíproco, tanto del deudor como del acreedor, finalmente, los va a terminar contratando el banco.
Para prevenir ello y evitar nuevas escrituras, porque en estos casos el mandato debe constituirse en debida forma, se otorgan estos mandatos mercantiles irrevocables a los bancos para suplir esa decisión que opera por silencio, y por lo tanto tácitamente, de que el deudor no contrate esos seguros. Pero no puede hacerse sin la obligación de rendir cuenta, situación que nunca se ha corregido en nuestra legislación.
El diputado Harboe señaló, con justa razón, y yo lo refrendo y afirmo con la misma intensidad: no se ha querido entrar a la Ley General de Bancos. Ahora, seamos claros: este gobierno no ha querido entrar a la Ley General de Bancos, pero los gobiernos anteriores tampoco lo quisieron hacer. Es fácil hacer una crítica de manera poco objetiva o sesgada. Por lo tanto, en decenas de años no se ha querido tocar a la Ley General de Bancos. Estoy señalando un ejemplo de legislación común, porque el mandato mercantil es de legislación común, pero si vamos a legislaciones especiales, como la Ley General de Bancos, evidentemente, hay que entrar a esa legislación si queremos generar un igualamiento del consumidor en el área de servicios financieros que le permita estar protegido ex ante, porque habría vulneración de la ley si hacemos las correcciones que se deben hacer, y no tener una institución financiera que finalmente trate de reparar lo que debió de haber estado reparado desde el origen con una legislación pertinente, para que no se produjeran los abusos.
El tema de la licitación de los seguros es otro ejemplo. Ahí reconocemos la vocación del Ejecutivo en términos de tener una legislación que permita la licitación en los seguros, pero el proyecto original era un chiste que entre todos contribuimos a reparar, incluido el Ejecutivo y, por cierto, todos los parlamentarios de esta Corporación, para que la licitación no terminara siendo un tongo y se pudiera adjudicar, incluso, a mayor valor; ahora vamos a tener una licitación de seguros que se adjudique a aquellas compañías que ofrezcan los seguros más baratos para el cliente. Es decir, de una vez por todas, tenemos que ir a la legislación de fondo y no -lo grafico con esos dos ejemplos- con instituciones que, además de hacerlo mal, no van a reparar en nada las consecuencias de legislaciones que debieran ser reparadas de una vez por todas. ¡Ése es el tema de fondo en nuestro país!
Si no regulamos la licitación en los seguros -lo estamos haciendo-; si en nuestra legislación no regulamos el tema de los mandatos mercantiles irrevocables sin obligación de rendir cuenta; si en Chile no regulamos, de una vez por todas, que los seguros no deben aplicarse sólo al saldo insoluto de deuda, sino que sobre el valor comercial de la propiedad, que es la misma que se pide en garantía; si no ponemos trabas a la posibilidad de que el Estado licite con proveedor único nacional, entonces no estamos entrando en los temas de fondo. Reconozco que el ministro Longueira tuvo la fuerza de llamar a otro ministro de Estado para decirle que debían terminar los proveedores únicos nacionales, pero fue el propio Ejecutivo el que impidió que eso se materializara, por lo que, al final, el ministro Longueira no tuvo piso para impedir los proveedores únicos nacionales o de alcance nacional, aunque estaba dispuesto a hacerlo, porque terminan matando a las pymes, que son tan importantes como los consumidores, porque son los pequeños proveedores del Estado que le dan pega, trabajo y sueldo a mucha gente.
Es decir, tenemos que entrar a los temas de fondo, lo cual no es tan complejo técnicamente, ya que bastan tres palabras, dos líneas, para impedir en Chile el anatocismo, una Tasa Máxima Convencional desmesurada, proveedores únicos nacionales o de alcance nacional que matan a las pymes, mandatos mercantiles irrevocables sin obligación de rendir cuenta que matan a los consumidores, licitaciones adecuadas en los contratos de seguro; o sea, sólo hay que modificar líneas de las leyes, pero igual no entramos a los temas de fondo. Y puedo seguir enumerando situaciones que son absolutamente absurdas, inconsistentes y de permanente vulneración de los derechos de los consumidores en el sector financiero. Frente a ello, ¿qué hacemos? Proponemos una institución deficitaria para reparar esos abusos ex post.
Por eso, la bancada de la Democracia Cristiana va a votar en contra todos aquellos artículos respecto de los cuales hemos pedido expresamente su desagregación, que ha señalado con toda claridad el diputado Fuad Chahín .
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , ayer hice una petición formal al interior de la Comisión de Hacienda para que se analizaran las variadas modificaciones al proyecto propuestas por el Senado. Si se hubiesen tratado en esa instancia, sin la premura de la calificación de discusión inmediata, no esta-ríamos en un debate que, seguramente, nos va a llevar a la comisión mixta.
En tal sentido, se debe considerar que la Comisión de Hacienda solicitó formalmente a la Mesa que se le quitara la urgencia de discusión inmediata, porque queríamos discutir las modificaciones del Senado en la Comisión, y aprobarlas o rechazarlas allí. Pero ahora nos encontramos con que la mayoría de sus integrantes se sienten defraudados, porque no pudimos desarrollar esa discusión y no pudimos expresar nuestros planteamientos, como el relativo a la defensoría pública al consumidor que estamos planteando. Por lo demás, el proyecto estuvo en el Senado durante seis meses. En fin, son muchos los aspectos que pudimos analizar y sobre los que se pudieron presentar indicaciones.
Por lo tanto, voy a votar en contra las modificaciones del Senado, porque no tuve oportunidad de discutirlas en la Comisión de Hacienda.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.- Señor Presidente , sólo me interesa precisar algunas ideas generales que expresé en mi primera intervención.
Éste es un gran proyecto, una muy buena iniciativa sobre el Sernac Financiero, que costó mucho gestar. Hubo acuerdos importantes y se avanzó en forma lenta, aunque no todos quedaron conformes con el texto definitivo. Eso es propio de proyectos complejos que requieren acuerdos políticos.
Si bien cada uno puede tener su opinión, en cuanto a que algunos artículos pueden ser perfeccionados, en general, es un gran comienzo del Sernac Financiero. En esta Cámara, jamás podremos aprobar un proyecto de esta naturaleza ciento por ciento correcto e impecable, porque la forma en que puede ser perfeccionado estará determinada por la aplicación práctica del sistema. Es lo que ha ocurrido en todos los países en los que se ha implementado la defensa del consumidor financiero; es lo que ha pasado en Estados Unidos y es lo que está sucediendo en España.
Personalmente, quiero pedir a todos los parlamentarios que hagan lo posible para evitar que este proyecto vaya a comisión mixta. ¿Por qué? Porque si ello ocurre, se van a romper todos los acuerdos alcanzados con tanto esfuerzo en la Cámara de Diputados y en el Senado, con el objeto de lograr un producto coherente. Además, como el proyecto no contiene normas de quórum especial, con la buena voluntad de la mayoría de los diputados podemos sacarlo adelante en esta sesión, porque es muy esperado e importante para los consumidores.
Aunque podemos tener reparos respecto de algunas normas que pueden ser perfeccionadas, ninguna es tan mala como para decir que el proyecto no cumple con los objetivos propuestos. Repito que sólo la práctica, la implementación del Sernac Financiero nos va a dar luces sobre la forma de perfeccionarlo sobre la marcha.
Por lo tanto, pido a todos los parlamentarios, en particular a los de la UDI y de Renovación Nacional, a los independientes y a varios de la Concertación, que siempre han estado involucrados en las materias que son propias de la Comisión de Economía, que den su voto favorable al proyecto porque nunca antes habíamos logrado tantos consensos importantes en materia de protección de los derechos de los consumidores financieros. De manera que, rechazar las modificaciones del Senado por uno o dos artículos o una o dos ideas que, por lo demás, no constituyen la esencia ni la columna vertebral de la iniciativa, sin duda, perjudica la idea general y, finalmente, afectará a los propios consumidores.
Es un proyecto equilibrado, que da garantías y establece procedimientos que la legislación internacional, en este momento, considera más acordes con las mejores prácticas.
Hace pocos días, fue publicada la ley sobre protección y transparencia del consumidor financiero español, la cual cumple con todos los estándares internacionales de la Unión Europea sobre la materia. Si comparamos esa ley europea con nuestro proyecto sobre el Sernac Financiero, puedo asegurar que estamos en igualdad de condiciones; incluso, en algunos aspectos, el nuestro es mucho mejor en lo que se refiere a la protección de los derechos de los consumidores.
En consecuencia, en beneficio de los consumidores y para evitar que, nuevamente, tengamos que lograr consensos, para lo cual tendríamos que empezar de cero, considero necesario aprobar las modificaciones del Senado en esta sesión, a fin de que no vaya a Comisión Mixta.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el ministro Pablo Longueira.
El señor LONGUEIRA ( ministro de Economía , Fomento y Turismo).- Señor Presidente , honorables diputados y diputadas, hoy la Cámara debe pronunciarse sobre un conjunto de modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que crea el Sernac Financiero, que ya fue tratado por esta Corporación en primer trámite constitucional.
Aparte del perfeccionamiento de que fue objeto durante dicho trámite, es mi deber como ministro señalarles que, al asumir la cartera, éste fue uno de los primeros proyectos que me correspondió defender en el Senado, después de que fuera despachado por la Cámara de Diputados.
En la Comisión de Economía del Senado se logró un consenso para introducirle una serie de mejoras, lo que permite hoy presentar en esta Corporación un proyecto diferente y mejorado en relación con el que ya había aprobado esta Cámara.
En el Senado, la iniciativa no sólo cumplió su trámite reglamentario en la Comisión de Economía, sino que, simultáneamente, producto de un acuerdo con los senadores de la Concertación que integran dicha Comisión, que preside el senador Zaldívar, concurrí a la Comisión de Hacienda, la cual no sólo analizó los artículos que le correspon-día conocer reglamentariamente, sino que se abrió un debate sobre el proyecto y se le introdujeron modificaciones que, de acuerdo con el planteamiento del Ejecutivo , fueron bastante más amplias que las que debía conocer en esa oportunidad. Incluso, el proyecto fue tratado por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Economía.
Después de ser votadas y aprobadas algunas modificaciones que son muy importantes, hoy tenemos un proyecto que es el resultado de un amplio consenso. Lo señalo aquí en forma muy clara, porque el trabajo realizado por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Economía del Senado fue aprobado por la Sala prácticamente en forma unánime, salvo tres normas que después fueron aprobadas por amplia mayoría.
Por lo tanto, luego de una larga discusión en el Senado, hoy llega a la Cámara un proyecto cuyos artículos más importantes fueron aprobados en forma unánime, y el resto del articulado, por amplia mayoría.
En un intento por ordenar las modificaciones más importantes que hace el proyecto a la ley sobre protección de los derechos de los consumidores, podría decir, primero, que introduce cambios a las instituciones del país que ofrecen contratos por adhesión en el sistema financiero o a todas las entidades que otorgan algún tipo de crédito o tarjeta en el retail, en el sistema financiero, en las cajas de compensación, etcétera. Es decir, cualquiera institución financiera que provea contratos por adhesión a cualquier chileno tiene que someterse a las modificaciones que contiene el proyecto.
Adicionalmente, después de una larga tramitación en el Congreso Nacional, la calificación de la urgencia como de discusión inmediata es muy importante, porque también se acordó adelantar la puesta en marcha del Sernac Financiero.
Como ustedes recordarán, durante el primer trámite constitucional, la iniciativa tenía por objeto revisar todos los contratos por adhesión que ofrece hoy el sistema financiero al 31 de diciembre del próximo año. Pero el Presidente de la República decidió introducir un cambio, incluso, con destinación de recursos, para contratar los equipos profesionales adecuados, a fin de tener implementado en ciento por ciento el Sernac Financiero el 31 de junio del próximo año; es decir, hemos adelantado los objetivos del proyecto en un semestre; a eso obedece la urgencia que se le ha puesto a la iniciativa.
Por eso, desde el punto de vista del Ejecutivo , después de un amplio consenso con todas las fuerzas políticas representadas en el Senado, al igual que en la Cámara de Diputados, proponemos un perfeccionamiento importante, que viene aprobado unánimemente, como ocurrió en la Comisión de Hacienda y de Economía, que actuaron como Comisiones Unidas en el Senado.
No sólo se ganó un semestre y se adicionaron recursos para que el Sernac Financiero esté a disposición de los consumidores, sino que, además, en las encuestas de opinión es bien valorada esta iniciativa y lo único que desean los chilenos es que pongamos en marcha lo antes posible un sistema de acceso al crédito muchísimo más transparente del que hemos tenido hasta el momento.
Uno de los cambios importantes que se introdujeron, y tal vez el más significativo en el segundo trámite, es que el sello Sernac, que inicialmente lo iban a recibir aquellas instituciones en que al menos uno de sus instrumentos financieros fuese visado por el Sernac, ahora sólo lo recibirán aquellas instituciones que tengan todos sus contratos por adhesión, sea que se trate de créditos hipotecarios, tarjetas de débito, en fin. Para que una institución que provee de servicios crediticios en Chile pueda tener acceso y derecho al sello Sernac, que va a entregar el Estado chileno, previamente deberá tener aprobados todos sus contratos por adhesión, de todos sus servicios financieros, con el propósito de que, por ejemplo, si una institución lo obtiene por una tarjeta de crédito, pero no por las cuentas corrientes o por los créditos hipotecarios, entonces finalmente no podrá acceder al sello Sernac, porque es requisito indispensable tener el ciento por ciento de sus servicios financieros y crediticios aprobados por el Sernac.
¿Cuál es la ventaja para el consumidor de que las instituciones tengan el sello Sernac? Que todos los contratos por adhesión de las instituciones que tengan el sello Sernac serán visados previamente por el Sernac, y eso será muy importante, porque el problema que hoy enfrentan miles de compatriotas es que, cuando finalmente acceden a los instrumentos financieros, no tienen capacidad para entender, no tienen asesoría financiera, no tienen la educación o el conocimientos necesarios para comprender lo que leen y, por lo tanto, firman contratos por adhesión que tienen muchas cláusulas abusivas que, finalmente, se convierten en un verdadero problema.
Con la implementación del Sernac Financiero los chilenos tendrán la confianza y la tranquilidad de saber que, al firmar un contrato, éstos serán previamente visados. Quiero resaltar un punto importante que, obviamente, no le gusta a algunas instituciones financieras: la mediación y el arbitraje.
¿Qué se ofrece adicionalmente? A las instituciones que tengan contratos por adhesión en el sistema financiero, retail, cajas de compensación, cualquiera sea el instrumento financiero, para tener el sello Sernac, no sólo deberán ser visados previamente sus contratos, al igual que todos los que hoy están en circulación -tenemos plazo hasta el 31 de junio para revisar los contratos vigentes y hacer las modificaciones que sean necesarias con este perfeccionamiento-, sino que, adicionalmente, todas esas instituciones deberán contar con un servicio de atención al cliente.
Quiero ser muy preciso respecto de este punto, porque algunos han dicho que establecer la obligación de contar con esos servicios de atención al cliente va a encarecer el sistema a las “pequeñas” empresas de retail o de servicios financieros. Ello no es así, porque el sistema de atención al cliente es muy flexible, y nos pusimos en el caso de instituciones financieras de provincia que provean tarjetas de crédito a sus clientes, como ocurre en muchas ciudades, regiones y provincias del país.
El sistema de atención al cliente podrá ser muy sofisticado, si se trata de una empresa de retail o del sistema financiero, grande y con patrimonio, o podrá ser muy flexible, pero todas estarán obligadas a atender a los consumidores y contar con un servicio de atención al cliente. Ése es el segundo beneficio que consagra el proyecto, relativo al sello Sernac que podrán recibir ciertas instituciones.
Un tercer beneficio es la mediación y el arbitraje financiero.
La iniciativa mantiene exactamente los actuales derechos de los consumidores a través de la defensa del consumidor del Sernac; por lo tanto, estamos adicionando, en forma gratuita -quiero ser muy preciso, porque nada de esto significa un mayor costo para los consumidores-, un sistema de mediación y arbitraje financiero.
De igual forma que el servicio de atención al cliente, el servicio de mediación y arbitraje es muy flexible. Se trata de un registro nacional, que estará regionalizado y llegará al nivel de comunas, para que a lo largo de todas las comunas de Chile se puedan inscribir como mediadores o como arbitradores financieros las personas que cumplan con los requisitos profesionales establecidos en el proyecto.
Por lo tanto, no es un sistema centralizado, no es caro; será un registro que llevará el Sernac y que se renovará cada cinco años, con el propósito de tener a lo largo de todo Chile un sistema de mediación y arbitraje rápido, expedito y gratuito para todos los consumidores.
Dentro del conjunto de cambios importantes que se introdujeron, se perfeccionaron todos los instrumentos que apuntan a una mayor transparencia en el acceso al crédito. Se terminan las ventas atadas y se precisa qué significa una venta atada. Se tiene que establecer claramente, en cualquier sistema de créditos, cuáles son los seguros obligatorios y cuáles los seguros voluntarios. Toda la información deberá entregarse en forma separada, en todos los créditos y trámites, y no sólo para acceder a un crédito o contrato por adhesión.
Además, se establecen mecanismos de mayor transparencia que permitirán una comparación. Ahora se establece la obligación de que cualquier crédito tenga la carga anual equivalente, la que debe ser publicitada exactamente igual como se publicitan las cuotas y las tasas de interés.
Esa carga anual equivalente, que es parte de la obligación que introduce el proyecto, permitirá que los chilenos comparen en forma adecuada los créditos, no como ocurre en la actualidad, en que miles de familias chilenas que, al asumir la compra de un bien o de un servicio, lo hacen a través de cuotas, pero detrás de esa cuota hay comisiones, intereses y distintos mecanismos de cobro que, luego de la aprobación del proyecto y de la promulgación de la correspondiente ley, deberán ser claros, transparentes y precisados en los contratos del Sernac.
Las modificaciones del Senado son el resultado de un acuerdo amplio de todos los sectores políticos…
El señor MELERO ( Presidente ).- Señor ministro , disculpe que lo interrumpa un minuto.
Cito a reunión de Comités, sin suspender la sesión.
Puede continuar con el uso de la palabra, señor ministro.
El señor LONGUEIRA (ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Termino de inmediato, señor Presidente.
Éste es un proyecto muy anhelado por los chilenos, fruto de un amplio consenso.
Espero que en este trámite en la Cámara de Diputados evitemos la comisión mixta, porque es muy importante que logremos implementar la iniciativa lo antes posible. Es una institución fundamental para garantizar los derechos de los consumidores en el acceso a los bienes del sistema financiero del país y, tal como he dicho en reiteradas ocasiones, es fruto de un amplio consenso político que se obtuvo en el Senado y que introdujo modificaciones que perfeccionan claramente la iniciativa, que se suman a las que ya había aprobado la Cámara de Diputados en su primer trámite constitucional.
Muchas gracias.
El señor MELERO ( Presidente ).- Señores diputados, la Mesa ha citado a reunión de Comités sin suspender la sesión, porque desea formular una propuesta sobre el proyecto de ley que establece normas de excepción en materia de subvenciones a establecimientos educacionales, que se votará con posterioridad.
Además, en la Tribuna de honor se encuentran representantes de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, a la que se le rendirá homenaje en un momento más, con motivo de cumplir un siglo de existencia.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , a fin de evitar eventuales inconvenientes, ¿no podría recabar la unanimidad de la Sala para que el proyecto que modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, para dotar de atribuciones en materias financieras al Sernac, entre otros servicios, sea visto por la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, a objeto de que emita un informe acerca de los cambios introducidos por el Senado?
Sólo pido una semana; en el Senado estuvo seis meses.
Por su intermedio, señor Presidente , se lo planteo también al señor ministro . De esa manera, podríamos evitar una serie de problemas.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , quiero reiterar lo que propuso el diputado Jorge Burgos , en el sentido de que el proyecto tendría que volver a las Comisiones Unidas de Economía, Fomento y Desarrollo y de Hacienda, que trataron la materia.
Tenemos la mejor disposición para ello. Por lo tanto, sería bueno fijar una reunión para ese efecto.
Por otro lado, en cuatro minutos más, la Comisión Mixta de Presupuestos votará las partidas de Agricultura y Justicia. Por eso, me gustaría que fijara una hora de votación de los proyectos de la Cámara de Diputados, para alcanzar a votar también en esa Comisión.
El señor MELERO ( Presidente ).- Señores diputados, en este momento se está desarrollando la reunión de Comités, para resolver algunos temas; además, está pendiente el homenaje a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía.
Para avanzar, propongo a la Sala realizar, en primer lugar, el homenaje, que consiste en un discurso del diputado Alberto Cardemil. Después, se procedería a las votaciones de los proyectos y las propuestas.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
NORMATIVA DE EXCEPCIÓN EN MATERIA DE SUBVENCIONES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. Primer trámite constitucional.
El señor MELERO (Presidente).-Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece normas de excepción en materia de subvenciones a establecimientos educacionales.
Diputados informantes de las Comisiones de Educación, Deportes y Recreación y de Hacienda son la señora María José Hoffmann y el señor Miodrag Marinovic, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 8021-04, sesión 105ª, en 8 de noviembre de 2011. Documentos de la cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Educación, Deportes y Recreación y Certificado de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N°s 3 y 4, de esta sesión.
El señor MELERO ( Presidente ).- Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Educación , Deportes y Recreación.
La señora HOFFMANN, doña María José (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Educación, Deportes y Recreación, paso a informar el proyecto de ley que establece normas de excepción en materia de subvenciones a establecimientos educacionales.
La idea matriz o central del proyecto se dirige a establecer un régimen de excepción aplicable a los establecimientos educacionales cuya asistencia se ha visto afectada producto de las movilizaciones estudiantiles del presente año, relativo al mecanismo de cálculo de la subvención educacional.
En el mensaje que da inicio a esta iniciativa, el Presidente de la República hace presente: “Los movimientos estudiantiles que han tenido lugar a contar de mediados del presente año han afectado el desarrollo normal de las actividades de los establecimientos educacionales, ya sea por la ocupación de sus locales escolares o por la inasistencia masiva de su alumnado. Dichos establecimientos han debido recalendarizar las actividades lectivas, presentando propuestas de recuperación de las clases no realizadas en extensiones horarias luego de la jornada escolar, en días sábados y en los días posteriores al término del año escolar regular.”
Lo anterior significa que “el régimen regular de financiamiento educacional, basado en la asistencia media de los alumnos, se mantuvo sin mayores variaciones al no considerar como días trabajados aquellos en que no hubo actividad y cuya recuperación ha sido solicitada y autorizada. Sin embargo, respecto de muchos establecimientos, la recuperación de las clases no realizadas ya ha copado totalmente los días disponibles para ello en el calendario escolar, por lo que no les será posible seguir solicitando” dicha recuperación. “En ese contexto, los sostenedores deberán declarar la asistencia diaria que se registre efectivamente, la cual será nula o muy baja, impactando directamente en el monto de la subvención a percibir.”
Para enfrentar esta difícil situación “se requieren formas excepcionales para compensar las inasistencias, evitando que la institucionalidad vigente profundice los perjuicios sufridos por los sostenedores de establecimientos educacionales.”
Por otra parte, agrego: “las particulares condiciones del presente año escolar implican para los sostenedores una carga financiera imposible de soportar, por cuanto la subvención que reciben, y que constituye su principal fuente de financiamiento, se ha visto alterada al verse impedida o fuertemente afectada la asistencia a clases debido a las movilizaciones estudiantiles. Este proyecto de ley busca solucionar el problema recién planteado -de los sostenedores- sin con ello alterar la esencia del sistema de subvenciones, que tiene como fundamento el pago por asistencia de los alumnos.”
Para lograr este objetivo, el proyecto de ley “establece un mecanismo para considerar que la asistencia media de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, es igual al mayor valor entre la asistencia media efectiva de cada uno de esos meses y el promedio de las asistencias medias declaradas durante los meses de marzo, abril y mayo de 2011. Asimismo, se faculta al Ministerio de Educación para reliquidar la subvención fiscal mensual que corresponda, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley.”
Durante el análisis de esta iniciativa, el señor ministro de Educación , señor Felipe Bulnes , precisó “que el movimiento estudiantil ha tenido un impacto ostensible en la asistencia de los alumnos a sus establecimientos escolares, lo que se tradujo en la necesidad de recandelarizar la jornada escolar. Esto permitió a los sostenedores que continuaran recibiendo la subvención escolar durante los primeros meses de las movilizaciones y paros estudiantiles, pero llegó un momento que esto fue imposible de concretar por falta de tiempo y, por ende, ha sido imposible para los sostenedores obtener el pago de subvenciones, cuyo sistema de cálculo se basa en la asistencia promedio de los alumnos.”
En este sentido, el Ejecutivo , atendida la urgencia de los sostenedores, propone permitir que entre septiembre y diciembre, meses determinados como los más críticos, se pague a los sostenedores el mayor valor de la asistencia efectiva en dichos meses o el promedio de asistencia que hubieran registrado los establecimientos entre marzo y mayo del 2011, pe-ríodo en el cual no se habían iniciado los paros ni las tomas en los colegios.
Asimismo, el ministro señor Bulnes , informó que, de acuerdo con los cálculos realizados por la Dirección de Presupuestos, el costo estimado de esta aprobación legal no es adicional, por cuanto ya se encontraban contemplados para el pago de las subvenciones escolares de este año.
En relación con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo único del proyecto, expresó que se pretende garantizar que los sostenedores de establecimientos educacionales no dejen de lado las actividades docentes que les son propias, no obstante las movilizaciones y paros que se han producido. Por ello, se les exige que cumplan con su obligación de determinar la situación final de promoción de sus alumnos al término del año escolar respectivo, de acuerdo a las normas de evaluación y promoción de aplicación general, y, en caso contrario, se deberán reliquidar las subvenciones pagadas.
Por su parte, el representante de la Asociación Chilena de Municipalidades señaló que, desde hace tiempo, han estado planteando el problema que significa la caída de las subvenciones como consecuencia de la baja asistencia de los alumnos. Destacó que el sistema se sustenta en la subvención regular; es decir, ninguna otra subvención tiene la finalidad de pagar las remuneraciones de docentes y asistentes de la educación ni de financiar los gastos operacionales (luz, agua, etcétera).
Añadió que la situación de los municipios se ha tornado compleja, puesto que deben destinar 120 mil millones de pesos adicionales al año para administrar la educación. Por ello, obligarlos a aportar 41 mil millones de pesos, suma que no percibirían de no aprobarse esta iniciativa legal, significaría el desplome financiero de las municipalidades sostenedoras.
Por último, quiero resaltar el hecho de que la Comisión aprobó esta iniciativa por unanimidad y espera que esta Sala lo haga en iguales términos.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Para rendir el informe de la Comisión de Hacienda, tiene la palabra el diputado señor Miodrag Marinovic.
El señor MARINOVIC.- Señor Presidente , en representación de la Comisión de Hacienda, paso a informar el proyecto de ley, originado en un mensaje de su excelencia el Presidente de la República , con urgencia de “discusión inmediata”, que establece normas de excepción en materia de subvenciones a establecimientos educacionales.
Ayer, a la discusión de la iniciativa en la Comisión de Hacienda, asistieron el ministro de Educación , señor Felipe Bulnes , y algunas otras autoridades.
El ministro Bulnes expresó que, aproximadamente, el 80 u 85 por ciento de los establecimientos educacionales que se van a beneficiar con la aplicación de esta norma de excepción es de dependencia municipal y que alrededor del 15 o 20 por ciento es particular subvencionado.
En respuesta a inquietudes planteadas por los señores diputados, expuso que la promoción de alumnos no es requisito para el pago de las subvenciones que autoriza esta iniciativa y mucho menos lo es que se hayan inscrito en el plan Salvemos el Año Escolar promovido por el Ministerio de Educación.
Aclaró que el sentido del inciso tercero del artículo único del proyecto es que los sostenedores lleven a efecto todos los actos pedagógico-administrativos necesarios para cerrar el año escolar; esto es, que efectúen las evaluaciones finales que correspondan, de acuerdo a las normas generales o de excepción autorizadas, que acrediten su aprobación o reprobación por los alumnos que se hayan sometido a ellas y que certifiquen, en consecuencia, quiénes son promovidos al curso superior y quiénes deben repetir, sin que la paralización de actividades que les ha afectado sirva de excusa para no hacerlo.
Con todo, a petición del diputado señor Montes, se acordó votar separadamente el citado inciso tercero.
Puestos en votación los incisos primero y segundo del artículo único del proyecto, fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes, señores Auth , Godoy , Jaramillo , Lorenzini , Macaya , Montes , Ortiz , Recondo , Robles , Silva , Von Mühlenbrock y Marinovic.
El inciso tercero fue aprobado por 9 votos a favor, de los diputados señores Auth , Godoy , Jaramillo , Macaya , Ortiz , Recondo , Silva , Von Mühlenbrock y Marinovic; 1 voto en contra del diputado señor Robles y las abstenciones de los diputados señores Lorenzini y Montes .
La Comisión acordó que el informe se emitiera en forma verbal a través de la certificación emitida, y señalar que, desde el punto de vista financiero, este proyecto de ley no involucra recursos adicionales a los ya aprobados en los textos legales de presupuestos del 2011.
En consecuencia, se propone a la Sala el texto siguiente:
“Artículo único.- Para los establecimientos educacionales regidos por el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, se considerará que la asistencia media de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, de 2011, es igual al mayor valor entre la asistencia media efectiva de cada uno de esos meses y el promedio de las asistencias medias declaradas durante los meses de marzo, abril y mayo de 2011. Lo anterior es sin perjuicio de la obligación de los establecimientos citados de declarar su asistencia efectiva, de conformidad al decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación.
La subvención fiscal mensual será reliquidada, cuando corresponda, al momento de la entrada en vigencia de esta ley.
A los establecimientos educacionales que durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011 impetren subvención educacional de acuerdo al promedio de las asistencias medias declaradas durante los meses de marzo, abril y mayo de 2011, y no cumplan con su obligación de determinar la situación final de promoción de sus alumnos al término de año escolar respectivo, de acuerdo a las normas de evaluación y promoción de aplicación general o a aquellas excepcionales que autorice el Ministerio de Educación, se les reliquidará la subvención pagada durante los meses señalados, considerándose la asistencia media efectiva registrada en cada período. Las diferencias negativas que se generen en este proceso serán reintegradas mediante descuento sobre la subvención a pagar en el mes siguiente a aquel en que termine el año escolar, el cual no podrá ser superior al 50 por ciento de la subvención a pagar. El monto restante, si lo hubiere, deberá descontarse de igual forma en los meses siguientes.”.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el ministro de Educación, señor Felipe Bulnes.
El señor BULNES ( ministro de Educación ).- Señor Presidente , atendida la hora y los completos informes de la diputada señora Hoffmann y del diputado señor Marinovic, no voy a extenderme sobre los fundamentos de la iniciativa, cuyo objetivo es evitar que las movilizaciones y las tomas que han afectado a algunos establecimientos educacionales impacten negativamente en los sostenedores y en los compromisos financieros que de todos modos deben enfrentar. Por ello, con el fin de que esos establecimientos educacionales, fundamentalmente los municipales, no experimenten un deterioro, hemos presentado este proyecto, respecto del cual creo importante hacer ciertas aclaraciones, a petición de algunos señores diputados.
La primera es cómo se calcula el monto de la subvención. Algunos diputados me plantearon la duda de si se efectuará un promedio entre las dos alternativas señaladas o se elegirá aquella que arroje el valor más alto. El proyecto lo establece con claridad, no obstante, lo explicaré para la historia fidedigna del establecimiento de la ley. En los meses de septiembre a diciembre se considera la asistencia efectiva y se compara cuál es el pago resultante de esa asistencia efectiva -que es la forma en que se calcula la subvención escolar- con el promedio de asistencia que existió durante marzo, abril y mayo, que fueron meses en que no hubo ningún impacto producto de las movilizaciones. Luego, se elige cuál de los dos valores es más alto, y ese es el que se le paga al sostenedor.
Por lo tanto, si el promedio de asistencia registrado durante los meses de marzo, abril y mayo, en los que la jornada escolar se desarrollaba con plena normalidad, es de 97 ó 98 por ciento, y en septiembre la asistencia efectiva es de 80 por ciento o cualquier cifra inferior a 97 por ciento, se elegirá la cifra mayor que resulta de este promedio de los tres primeros meses, que se consideraron de normalidad de la actividad educacional.
En consecuencia, no hay un promedio entre ese trimestre y la asistencia de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, según el mes que corresponda.
La segunda cuestión respecto de la cual se me formularon consultas dice relación con el inciso tercero del artículo único del proyecto. En la Comisión de Hacienda me pidieron aclarar qué actividades se requieren. Primero, vuelvo a ratificar que el pago de la subvención no está condicionado a que aprueben los alumnos, sino, como dice el inciso tercero, a que se determine su situación final de promoción, es decir, si aprueban o reprueban. Lo importante -esta es la conducta que estamos pidiendo a los colegios y establecimientos educacionales en toma- es que, por el hecho de efectuarse el pago, los profesores no dejen de realizar los trámites finales, esto es, terminar el proceso, tomar los exámenes en aquellos casos en que corresponda y certificar si el alumno fue promovido o reprobado. De otra manera, estaríamos mandando una señal incorrecta en cuanto a que los profesores quedarían liberados de esa obligación, no obstante estar garantizado el pago. Pero, reitero, no hay una condición especial ni está estipulado bajo la forma de un bono ni nada que se le parezca. Simplemente, se pide que los establecimientos desarrollen las actividades pedagógicas normales, que permitan que los alumnos puedan aprobar o reprobar, según las reglamentaciones vigentes en ese minuto.
En tercer lugar, el diputado Cerda me pidió aclarar qué pasará con los meses de enero y febrero, cuando no funciona la actividad escolar. Por la estructura de la subvención escolar, ese problema está resuelto con este proyecto. Para los meses de enero y febrero, que no están comprendidos en el año escolar, la subvención se calcula sobre la base de la asistencia media efectiva registrada en los meses del período escolar inmediatamente anterior. Como en este caso, producto del proyecto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre quedarán con una asistencia calculada en la forma que se ha señalado, automáticamente se generará un efecto reflejo sobre los meses de enero y febrero. Tanto es así, que el informe financiero no sólo cuantifica o valoriza los alcances del proyecto para septiembre a diciembre, sino que también para enero y febrero de 2012.
En consecuencia, es la mecánica de la ley la que, por efecto reflejo, soluciona la inquietud planteada por el diputado Cerda.
Es cuanto puedo señalar, sin perjuicio de responder las consultas adicionales que surjan del debate.
Muchas gracias.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve.
El señor MONSALVE.- Señor Presidente , es indispensable establecer algunos criterios generales.
La bancada del Partido Socialista ha planteado en el debate del sistema educacional, que ha tomado la agenda pública de 2010 y, particularmente, de 2011, la necesidad de superar el modelo de subvenciones. Quiero ser muy claro en esto. Existe un compromiso del Gobierno de enviar un proyecto que resuelva la institucionalidad, pero también el del modelo de financiamiento. Queremos reiterar la necesidad de que este modelo de subvenciones sea superado y de que el financiamiento de la educación pública tenga un trato preferente del Estado.
Este no ha sido un año normal para la educación, porque la sociedad chilena y los establecimientos educacionales llevan hasta seis meses de movilización. Nos habría gustado que, en lugar de estar discutiendo esta iniciativa para compensar financieramente a los establecimientos educacionales por las movilizaciones, el Gobierno hubiese llegado a un acuerdo oportuno con el movimiento estudiantil y estuviéramos debatiendo un proyecto para resolver los problemas estructurales de la educación chilena.
Pero entendiendo que ha habido un impacto muy fuerte en la asistencia a los establecimientos, este proyecto busca solucionar los temas de financiamiento, porque la baja asistencia produce una disminución severa de la subvención que reciben los establecimientos educacionales. En este caso, el 80 u 85 por ciento de los afectados por la merma en el financiamiento son establecimientos educacionales públicos, que dependen de los municipios, a los que concurren los niños más vulnerables de Chile.
Por lo tanto, por su intermedio, señor Presidente , le decimos al ministro que votaremos favorablemente la idea de legislar y también los incisos primero y segundo del artículo único.
El proyecto dispone que los establecimientos reciban las subvenciones de acuerdo con el promedio de asistencia más alto, comparado con los meses de marzo, abril y mayo, lo que nos parece muy bien. Pero el inciso tercero de su artículo único establece como requisito el término del año escolar. En definitiva, determinar la situación final de promoción de sus alumnos. El ministro aclaró que el sentido de este inciso es que los sostenedores lleven a cabo todos los actos pedagógicos y administrativos necesarios para el cierre del año escolar.
Al respecto, queremos saber cuál será el plazo para cumplir esta disposición, pues este no ha sido un año normal. Muchos establecimientos no van a cerrar el año escolar en diciembre, sino, posiblemente, en enero o febrero. No queda claro el plazo del cierre del año escolar. Si bien el ministro señala que no es requisito haberse inscrito en el plan “Salvemos el año escolar”, no queda claro si habrá un mecanismo para que el resto de los alumnos que no se inscribieron en este plan puedan terminar el año. Por lo tanto, tenemos inquietudes y dudas sobre el inciso tercero del artículo único del proyecto.
Reitero, en general vamos a votar a favor de los incisos primero y segundo, pero vamos a rechazar el inciso tercero porque no tenemos total y absoluta claridad sobre sus efectos.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente , el proyecto hay que analizarlo en su mérito. Así lo hicimos en la Comisión de Educación, la instancia técnica, y concluimos en forma unánime que la iniciativa era pertinente, toda vez que resolvía un problema efectivo y que tiene que ver con la esencia del sistema de pago de subvenciones. Uno podrá compartirlo o no -tengo mis dudas-, pero en la actualidad la subvención se paga por asistencia promedio de los alumnos. El problema es que en muchos establecimientos educacionales las movilizaciones han generado asistencias muy por debajo de lo normal y, en algunos casos, ninguna durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, y se estima que también en diciembre. Al respecto, planteamos qué ocurría con los meses anteriores, con julio y agosto, que también fueron afectados por las movilizaciones.
Se propone como solución un mecanismo excepcional -cuestión que ya hemos hecho con anterioridad, existen antecedentes previos- para beneficiar a esos establecimientos, muy especialmente a unos que están en el centro de nuestras preocupaciones, los colegios que nosotros entendemos públicos, los municipales. Si se aplicara la ley, estos establecimientos serían los más perjudicados, porque la merma en sus ingresos pondría en serio riesgo el pago de las remuneraciones. Es lo que nos han planteado los alcaldes y los directores de las Direcciones de Administración de Educación Municipal (DAEM). De manera que el mecanismo que plantea el proyecto, como tituló malamente ayer un vespertino, efectivamente es un salvavidas para esos establecimientos. El informe financiero habla de 41 mil millones para los cuatro meses y de 20 mil millones para cubrir los meses de enero y febrero, lo que no significará mayor gasto, porque estos recursos estaban contemplados en el presupuesto de la Nación, dado que en épocas normales igual habrían tenido que pagarse las subvenciones.
Respecto del inciso tercero, que inquieta a mi estimado amigo, el diputado señor Monsalve , pienso que no hay una solución práctica, porque este proyecto tiene un artículo único y, según entiendo, no se vota por inciso.
En todo caso, es deseable y hasta conveniente que los alumnos, cualesquiera que sea el sistema, municipal o particular subvencionado, que hubieran estado en movilizaciones, terminen sus procesos. Ojalá satisfactoria y positivamente, pero hay que terminarlo; de lo contrario, y para efectos del sistema y de la institucionalidad vigente, quedarían en el limbo. No habría pasado nada, no habrían sido ni aprobados ni reprobados, es decir, no habrían terminado el proceso. Y lo que señala la iniciativa es que se hará conforme a las normas actualmente vigentes o a aquellas excepcionales que el Ministerio autorice, en los casos que corresponda, como es la necesidad de extender el tiempo de recuperación de aquellas clases que son susceptibles de recuperar más allá de lo que habitualmente ocurre, no todas, es claro.
Hay razones más que suficientes para acoger la iniciativa, lo que demuestra que cuando se trata de proyectos razonables, estamos disponibles para su aprobación. Es decir, no hay obstrucción por obstrucción. Como este proyecto nos parece absolutamente razonable y beneficioso, invitamos a la Sala a votarlo favorablemente.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- En el tiempo que resta a la bancada democratacristiana, tiene la palabra el diputado señor Eduardo Cerda.
El señor CERDA.- Señor Presidente , agradezco lo que nos señaló el ministro en la conversación que sostuvimos. Para que quede bien claro en la historia de este proyecto, quiero expresar que la subvención -no solo para los municipios sino que para toda la educación subvencionada- por los meses de enero, febrero y marzo, es el promedio de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Por lo tanto, queda claramente establecido que ese promedio, de octubre, noviembre y diciembre de 2011 será el que se pague en enero, febrero y marzo del próximo año, de acuerdo con este proyecto.
Reitero mis agradecimientos al ministro y anuncio nuestro voto favorable.
He dicho.
El señor MONSALVE.- Señor Presidente, pido la palabra para una aclaración reglamentaria.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor MONSALVE.- Señor Presidente , a propósito de la intervención del diputado señor Venegas , pido una aclaración reglamentaria. En la Comisión de Hacienda, donde se discutió el proyecto, se votó por separado el inciso tercero del artículo único. Entiendo que está pedida la votación separada del inciso en la Sala. Por eso, me gustaría que la Secretaría nos aclarara, desde el punto de vista reglamentario, lo que nos ha señalado el diputado señor Venegas .
El señor MELERO ( Presidente ).- En la votación general no hay votación separada; sí en la particular, y así procederemos.
Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.
El señor AUTH.- Señor Presidente, nosotros vamos a aprobar en general este proyecto, como lo hicieron las Comisiones de Educación y de Hacienda, que lo aprobaron por unanimidad.
En todo caso, quiero decir un par de cosas. La primera es que queremos que esta actitud, que sigue a una primera, distinta en relación con las consecuencias para los colegios municipales y particulares subvencionados que participaban en el movimiento estudiantil a través de tomas. Muchos sintieron la sensación respecto de gran parte de las autoridades de que serían castigados. Reconozco hidalgamente que este proyecto es una señal clara de que no hay una relación distinta con ese colegio que participó en el movimiento estudiantil y aquel que no lo hizo. Me parece buena la fórmula planteada para impetrar la subvención correspondiente.
Respecto de qué significaba tramitar el término del año escolar y determinar la situación final de promoción de los alumnos, es evidente que el Estado no puede entregar recursos por alumnos que no han asistido a clases por el movimiento social, porque eso estamos haciendo, ni tampoco por alumnos -creo que esto sería objetado por la Contraloría que no siguen vinculados al colegio respectivo. Por eso, el proyecto plantea que tiene que haber un trámite de determinar la situación final de promoción o de no promoción. No se está estableciendo una exigencia nueva, sino que la habitual, la de todos los años, con la posibilidad de que, a diferencia de lo normal, que se entrega la lista de asistencia mes a mes, al final del año, el colegio tendrá que decir: estos alumnos repitieron y estos fueron promovidos. Como esto va a corresponder al número promedio por el cual se les ha pagado la subvención, los municipios no deberían devolver ningún recurso por eso.
Nosotros tuvimos dudas en la Comisión de Hacienda, pero fueron convenientemente aclaradas por el ministro. Por lo tanto, en lo que a mí respecta, votaré a favor e invito a los colegas a proceder de igual manera.
Además, la Asociación de Municipalidades se hizo presente en la discusión y manifestó su opinión de que el proyecto fuera votado a favor y a la brevedad.
Finalmente, pido esta misma disposición cuando se discuta el presupuesto de educación en el proyecto de Ley de Presupuestos.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).- Tiene la palabra la disputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente , es importante que quede muy claro aquí que los municipios van a poder cerrar el año escolar y, tal como dice el proyecto: “determinar la situación final de promoción de sus alumnos al término del año escolar respectivo, de acuerdo a las normas de evaluación y promoción de aplicación general o a aquellas excepcionales que autorice el Ministerio de Educación,”.
Reitero, tiene que quedar muy claro que no sólo serán promovidos los alumnos que están en el plan Salvemos el Año Escolar, sino que también tiene que haber una salida para los alumnos que no se inscribieron en él, porque fue presentado por el Gobierno como una excepción con respecto al paro; pero muchos alumnos, por consecuencia con su compromiso estudiantil, no participaron en ese plan porque sentían que era una “traición” a los principios de su movimiento.
Vuelvo a repetir, que quede claro en la historia fidedigna del establecimiento de la ley que los municipios tienen todo el derecho para promover a los alumnos del plan Salvemos el Año Escolar y a los regidos por las reglas generales, porque, de lo contrario, muchos estudiantes van a quedar repitiendo por su consecuencia con las banderas del movimiento social, lo que no se puede aceptar.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Bobadilla.
El señor BOBADILLA.- Señor Presidente , anuncio nuestros votos favorables al proyecto, porque consideramos que viene a resolver un problema no menor.
Sin embargo, me gustaría precisar dos o tres cuestiones que me parece importante dejar establecidas.
Todos estamos conscientes de que las movilizaciones estudiantiles han producido consecuencias. Podemos compartir o no sus motivaciones; pero, sin duda, por lo menos dos hechos claros y evidentes se traducen en consecuencias negativas.
Primero, el daño académico irreparable que se genera a los alumnos que no asisten a clases. Cualquier persona, aun cuando no sea entendida en esta materia, puede concluir que el daño académico para los alumnos que no han asistido a clases, reitero, es irreparable.
Otro daño irreparable se genera a los ingresos financieros de los sostenedores. Como ha quedado establecido, la subvención se paga por asistencia; por lo tanto, si no hay asistencia, no hay subvención.
Al respecto, nuestro Gobierno acogió una demanda expresa de los municipios formulada por la Asociación Chilena de Municipalidades para entregarles recursos, a través del proyecto en discusión, destinados a solventar gastos que no son menores.
Todos sabemos que los ingresos de los municipios por concepto de subvenciones no alcanzan a cubrir los gastos que requiere la administración de la educación. Por lo tanto, si no aprobamos el proyecto, esa insuficiencia de recursos de los sostenedores se verá incrementada, con consecuencias quizás más graves para la operación de los establecimientos educacionales.
Reitero nuestro voto favorable, porque el proyecto acoge una petición formulada por los sostenedores.
Quiero responder al diputado Monsalve , quien no está presente, que nuestro Gobierno sí tiene iniciativa y presentará algunos proyectos que pretenden resolver parte de los problemas que afectan a la educación y que hemos heredados del pasado.
Por ejemplo, todos sabemos que la subvención se paga por asistencia en un ciento por ciento. Nuestro Gobierno ha planteado la idea, esperamos contar con los votos favorable de la Concertación cuando esos proyectos ingresen a la Cámara, de establecer un sistema de subvención que entregue un porcentaje variable y otro fijo, lo que resolvería de alguna forma los graves problemas de financiamiento que tienen los sostenedores, particularmente los municipios.
Reitero, nuestro Gobierno sí tiene iniciativas, sí quiere dar respuestas a los requerimientos y a las necesidades de los establecimientos educacionales a través de proyectos que en las próximas semanas o días hará llegar al Congreso Nacional, mediante los cuales propondrá, por ejemplo, una modificación al sistema de subvenciones.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité Independientes-PRI, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , la bancada Independientes-PRI votará favorablemente el proyecto, al igual que el diputado Marinovic y espero que usted haga lo mismo.
Sin duda, el proyecto obedece a una flexibilidad del Gobierno. Me alegro que hoy podamos despacharlo sin mayor discusión, lo que hace un rato fue manifestado en forma unánime por las bancadas.
Debemos entender, además, que hoy está en juego no sólo lo que tiene que ver con los sostenedores y con las municipalidades, sino que con el sueldo de muchos profesores y de asistentes de la educación del país.
Como me aclara el diputado Ortiz, está en juego el sueldo de muchas familias que dependen de esos sostenedores, las municipalidades.
Nos alegra la flexibilidad que ha mostrado el Gobierno y que se haya podido encontrar una fórmula de cálculo que no signifique una disminución ostensible en los ingresos que van a recibir las municipalidades.
Sin embargo, además del proyecto no puedo evitar la tentación de referirme a la necesidad urgente de llegar a un acuerdo, señor ministro , por intermedio del señor Presidente , para buscar soluciones a todos los problemas educacionales. Considero que el Gobierno y el país tienen una oportunidad inédita en los últimos veinte o treinta años de resolver estos problemas.
Esperamos discutir iniciativas relacionadas con el sistema preescolar, unificar los criterios que tienen que ver con la Junji, Integra, etcétera; y crear un gran sistema de educación preescolar que converja con la educación escolar y nos permita desmunicipalizar en forma urgente la educación y buscar una forma más inteligente, dado el fracaso que hemos tenido con las municipalidades.
Sin duda, es urgente discutir lo relativo a la educación, sobre todo, con la superior, ya que los estudiantes han puesto este debate en las narices de los políticos, pero nos han excluido -¡y, puchas que tienen razón para ello!- de la discusión profunda sobre la educación universitaria.
Por eso, la iniciativa es una pincelada de lo que hay que hacer, es un proyecto pequeño que tiene que ver con algo absolutamente práctico; pero quienes estamos en el Parlamento tenemos la responsabilidad tremenda de llevar a cabo la reforma a la educación quizás más importante de la historia del país.
Por eso invito al ministro y a los parlamentarios a actuar con capacidad de crítica y buscar la flexibilidad que se necesita, pero también de entender que ésta es una situación urgente para el país.
Vamos a concurrir con nuestros votos favorables al proyecto, y esperamos que el ministro envíe las iniciativas que tienen urgencia y que necesitamos discutir en el Congreso.
Señor Presidente , por su intermedio, pido al señor ministro , con todo el cariño que le tengo, que espero discutir pronto en el Congreso las materias importantes que están pendientes en educación, porque afuera ya no nos están esperando, quieren entrar al Congreso. Ojalá demos solución a miles de chilenos.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Mixto, Partido Radical Social Demócrata, Partido Comunista e Independientes, tiene la palabra el diputado Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , desde hace muchos años los radicales hemos peleado por la desmunicipalización de la educación y por su financiamiento estatal.
Por otra parte, los municipios requieren recursos para pagar a los profesores.
Sin embargo, quiero formular algunos alcances al proyecto. El inciso tercero del artículo único -desde ya pido su votación separada- plantea algo que me parece inaceptable e innecesario. El decreto 146 exento del 8 de octubre de 1988, dispone que para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos, al 85 por ciento de las clases establecidas en el calendario escolar anual. No obstante, por razones debidamente justificadas, el director del establecimiento, consultado el Consejo General de Profesores, podrá autorizar la promoción de los alumnos con porcentajes menores de asistencia.
Por lo tanto, el inciso tercero lo único que busca es avalar una política del Gobierno, que me parece innecesaria, el plan “Salvemos el año escolar”. La disposición indica, en definitiva que podrá pagarse la subvención si los alumnos que no pueden retornar a clases por la toma de un liceo o colegio, salven el año escolar estudiando por su cuenta, en base a los temarios de recuperación que serán entregados, y a fin de año rindan un examen que evaluará los contenidos mínimos; pero sólo podrán hacerlo los estudiantes que se inscribieron en el registro que abrió el ministerio. Por cierto, quienes no lo hicieron -miles de jóvenes- no tienen derecho a rendir el examen ni los colegios a recibir la subvención.
Por lo tanto, se podrá descontar a fin de año lo que se les haya entregado.
Se debe cumplir con la ley -la norma está-, para recibir la subvención. Entonces, ¿cuál es el objeto de este inciso tercero? ¡Claro! Su objeto es avalar una política con la cual los radicales no estamos de acuerdo, decirle a los jóvenes que si se inscriben en el plan “Salvemos el año escolar”, están con la posición del Gobierno, y quienes no lo hacen, están en rebeldía. Eso, es ir en contra de los jóvenes y del movimiento estudiantil, a fin de lograr dividirlos. Eso busca el inciso tercero.
No vamos a avalar esta proposición del Gobierno, porque creemos que va en contra el movimiento estudiantil, que ha peleado por las reformas educacionales.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , la base de estas medidas están en el marco de la crisis del sistema de educación pública, representada por seis meses de movilizaciones de la comunidad estudiantil que la defiende. Su contraparte el titular de esta crisis es la actitud del Estado de Chile a través del Gobierno.
Por lo tanto, la asfixia económica del funcionamiento del sistema educacional tiene como su primer responsable al Gobierno. A partir de eso, las medidas deberían ir al tema de fondo que se ha instalado en el debate de la educación pública. ¿Cuál es su sistema de financiamiento? No se puede seguir insistiendo en que sea según los promedios de asistencia, incluso, según la cantidad de estudiantes, porque hay costos fijos de la educación que se producen al margen de la cantidad de alumnos en las aulas, de su asistencia. Eso también tiene que ver con el respeto al magisterio.
Me parece que vincular, sin haber debate en los contenidos del proyecto -que implica no alterar la esencia del sistema de subvenciones basado en el pago por asistencia de los alumnos-, es insistir en un tema que, en la práctica, está colapsado después de las jornadas de movilización por demandas legítimas de carácter nacional y con sentido de país.
Preocupa que los aspectos que se incluyen en este debate se vinculen al término del año escolar respectivo. Cuando hay una crisis, la solución también debe ser a su medida, pero relacionar esto a terminar con el año escolar respectivo, sin tomar nota de lo que debe ser la flexibilidad a nivel de la dirección de cada colegio, que es donde está la discreción para ver cómo se cierra el año escolar, es volver a presionar para tratar de sacar algo en beneficio no precisamente de quienes están por el movimiento por la educación.
Por lo tanto, no vamos a pronunciarnos a favor de este proyecto de ley.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Germán Becker.
El señor BECKER.- Señor Presidente , este proyecto de ley tiene relación con la contingencia de la movilización estudiantil.
Como las subvenciones hasta el día de hoy se pagan por asistencia de los alumnos a clases, cuestión que esperamos cambiar aunque sea parcialmente dentro de los próximos meses, muchos colegios que han estado en paro han sufrido un deterioro muy grande en sus finanzas. La Asociación Chilena de Municipalidades ha expresado en varias oportunidades que hay municipios que están con serios problemas para pagar los sueldos de los profesores, de los paradocentes, en fin.
Actualmente, los municipios aportan aproximadamente 120 mil millones de pesos a la educación chilena. Con estas movilizaciones, hay 40 mil millones adicionales que deben financiar y no tienen los recursos suficientes para ello; además, algunos municipios tienen muchos otros problemas.
Por lo tanto, es un proyecto urgente y necesario para los municipios.
La bancada de Renovación Nacional lo va a aprobar. Nos parece adecuada la fórmula que ha encontrado el Gobierno para pagar las subvenciones haciendo un promedio de las asistencias medias declaradas durante marzo, abril y mayo, cuando no había movilizaciones.
En cuanto al inciso tercero que ha dado lugar a alguna polémica, pensamos, al igual como lo hizo ver el diputado Auth , que es absolutamente necesario para garantizar que los estudiantes terminen el año escolar y sean promovidos o no, pero, de alguna forma, debe finalizar; de lo contrario los municipios y sostenedores tendrán que devolver los recursos. A mi juicio, es muy necesaria la aprobación del inciso tercero.
Aprovecho de contestar a la diputada Alejandra Sepúlveda, quien decía al señor
ministro que esperaba que llegaran los proyectos de verdad a la Comisión de Educación, Deportes y Recreación de la Cámara. Le digo que tenemos varios proyectos de verdad, como el de la prueba Inicia, el que renegocia los créditos universitarios, el de readecuación del crédito con aval del Estado, que es muy importante y que, entre otras cosas, baja la tasa de interés.
Esperamos que los diputados de Oposición se allanen a trabajar en esas iniciativas que tanto pide la diputada Alejandra Sepúlveda.
La bancada de Renovación Nacional aprobará el proyecto de ley.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto de ley, originado en mensaje, con urgencia de discusión “inmediata”, que establece normas de excepción en materia de subvenciones a establecimientos educacionales.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado en general.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Giovanni;
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MELERO ( Presidente ).- Por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado en particular, con excepción del inciso tercero del artículo único, respecto del cual se ha pedido votación separada.
En votación el inciso tercero del artículo único.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 16 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MELERO (Presidente).- Despachado el proyecto.
VI. HOMENAJE
HOMENAJE A LA SOCIEDAD CHILENA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA, CON MOTIVO DE SU CENTÉSIMO ANIVERSARIO.
El señor MELERO ( Presidente ).- Corresponde rendir homenaje a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, con motivo de cumplir un siglo de existencia.
En la Tribuna de Honor se encuentran presentes los señores Sergio Martínez Baeza , presidente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía; Isidoro Vásquez de Acuña , vicepresidente, y varios miembros honorarios y directores de la sociedad.
Por los institutos culturales, se encuentran presentes la señora Regina Claro , miembro de número de la Academia Chilena de Historia; don Jacinto Pavez Rivera , presidente del Centro de Estudios Históricos Lircay ; don Octavio Campusano Tapia , director del Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Carrera ; don José Toribio Pantoja , del Instituto de Aeronáutica, y don Bernardino Bravo Lira , Premio Nacional de Historia 2010 .
Doy a todos una cordial bienvenida a la Cámara de Diputados, que resolvió en forma unánime rendir este homenaje.
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL (de pie).- Señor Presidente , distinguido señor presidente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, miembros de su Consejo de Administración, socios, amigos de la sociedad, que incluye a dos diputados, señores David Sandoval e Issa Kort ; estimados amigos y amigas:
No ha faltado pensador que aluda a una especie de hipersensibilidad histórica del chileno, que le permite olvidar el pasado para poder volver a recordarlo.
Tengo para mí -ésta puede no ser más que una intuición huasa- que nuestro carácter subsoleano y subrealista presupone, más bien, la ausencia de una conciencia histórica y la persistencia de un presente perpetuamente suspendido entre el ayer, que se concibe como un mito, y el mañana, entrevisto como una utopía.
Sea lo que fuere, Chile ha sido un país de grandes poetas e historiadores. Nuestra Cámara de Diputados se honra hoy en homenajear el centenario de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, fundada el 21 de septiembre de 1911, en el salón central de la Biblioteca Nacional, sin duda la más antigua y fructífera de la América Iberoamericana.
Antes de la fundación, en marzo de 1911, aparece el primer número de la “Revista Chilena de Historia y Geografía”, iniciativa del abogado señor Enrique Matta Vial, de cuyo trabajo de historiador, paradójicamente, poco o nada se sabe. Fue intendente de Tarapacá y subsecretario del Interior y de Instrucción Pública .
Esa revista tuvo a su haber nada menos que la publicación del “Diario Militar de don José Miguel Carrera” y la excepcional “Colección de Historiadores y de Documentos Relativos a la Independencia de Chile” y la “Colección de Viajeros Extranjeros en Chile”, obras indispensables para conocer nuestro pasado.
La sesión inaugural -que no se anduvo con chicas y reunió a lo más granado de nuestra intelectualidad- fue presidida por don Tomás Guevara ; actuó como secretario don Ramón A. Laval . En la ocasión, se leyó una carta de don Carlos Silva Cruz , director de la Biblioteca Nacional , quien desde su lecho de enfermo escribió: “Consideró una honra para el establecimiento a mi cargo el servir de cuna a la institución que hoy nace y de la cual tanto puede esperar el país”.
La asamblea nombró presidentes honorarios a don Ramón Barros Luco , que también lo era de la República; al presbítero don Crescente Errázuriz , futuro arzobispo de Santiago , y al eminente polígrafo americano, tal vez el más grande, don José Toribio Medina .
Fueron electos integrantes de la primera junta de administración los señores Domingo Amunátegui Solar , Enrique Blanchard-Chessi , Gonzalo Bulnes , autor de la monumental obra “ Guerra del Pacífico ”; don Guillermo Chaparro , Alberto Edwards , uno de los pensadores políticos más profundos del país; Joaquín Figueroa , Ramón A. Laval , Enrique Matta Vial , Ricardo Montaner Bello , Julio Pérez Canto , Luis Risopatrón , Federico Ristempart , Ramón Serrano Montaner , Carlos Silva Cruz , Gaspar Toro Hurtado y Julio Vicuña Cifuentes . Tras la votación, la asamblea dio un voto de aplauso al gestor, don Enrique Matta Vial .
En julio de 1913, la Sociedad de Folklore Chileno pasó a ser una sección especializada de la Sociedad. Hoy, en su seno coexisten además las secciones de Historia, Geografía, Genealogía y Heráldica . También, desde esta institución surgió, hace más de una década, la Sociedad Chilena de Radiestesia, cuyos integrantes practican la mágica ciencia de los zahoríes, tan cara a nuestra ruralidad, que permite encontrar, mediante péndulos y varillas, las vetas de agua subterránea que vivificarán los campos chilenos en tiempos de seca.
A mi juicio, la acción más relevante al haber de la sociedad es la cantidad, variedad y calidad de los textos publicados en su revista, que alcanza a 170 números publicados interrumpidamente, y varias ediciones especiales dedicadas a personajes y cuestiones relevantes.
Hay volúmenes claves en honor del Libertador Bernardo O'Higgins, de don José Miguel Carrera, de don Enrique Matta Vial, de don José Toribio Medina, de don Miguel Luis Amunátegui, de don Diego Barros Arana, de don Benjamín Vicuña Mackenna, de don Crescente Errázuriz y de don Ricardo Donoso Novoa .
También hay textos dedicados a la Constitución de 1833, que son notables, al cuarto centenario de don Alonso de Ercilla , al cincuentenario de la Sociedad, al segundo centenario de la expulsión de los jesuitas -hecho gravitante en nuestra historia-, a la Guerra del Pacífico y se sabe que actualmente está en preparación uno dedicado al primer centenario de la Sociedad y de su revista, que contendrá estudios de especialistas, para destacar, desde distintas perspectivas, los aportes a la cultura nacional en su siglo de existencia.
Por otro lado, parte contundente de la historia del denominado “Reino de Chile” se ha conocido por la publicación de las Actas del Cabildo de Santiago, de gran parte del siglo XVIII y, asociada con la Academia Chilena de la Historia, ha publicado otros cinco volúmenes de esta serie, hasta completar el proyecto original, que se extiende hasta 1810.
Desde sus primeros años de existencia, la sociedad fue depositaria de las valiosas colecciones que había iniciado don Enrique Matta Vial: la “Colección de Historiadores y de Documentos Relativos a la Independencia de Chile” y la “Colección de Viajeros Extranjeros Relativos a Chile”, cuya entrega se oficializó por decreto supremo N° 4.716, de 5 de agosto de 1914.
En la primera de estas series, la Sociedad ha publicado los primeros cincuenta números del “ Monitor Araucano ”, periódico de los inicios de la República, y en la segunda, ha entregado a la luz pública varios libros de viajes -a los que soy un impenitente aficionado, porque permiten vislumbrar, al menos, la idiosincrasia chilena con el acusado perfil definido por el que mira desde afuera, generalmente con cariño- y que, entre otros aportes, concretamente el de don Jorge Juan y Antonio de Ulloa, identificaron y nombraron al huaso chileno, que antes no tenía nombre. Era simplemente un jinete americano.
Esta gigantesca labor editorial, fundamental para entender la historia de nuestra patria, se ha extendido a otros quehaceres. La sociedad participó hasta 1994 en la publicación de diecisiete volúmenes del “Archivo de don Bernardo O'Higgins”, más un apéndice.
También publicó la significativa obra “Mensuras de Ginés de Lillo”, y ha editado trabajos de numerosos historiadores, geógrafos, genealogistas y folcloristas, como Alonso Ovalle , Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán , Francisco Cavada , Ernesto Greve , Wilhelm de Moesbach , Fernando de Montessus de Ballore, Luis Montt , Gustavo Opazo Maturana , José Toribio Medina , Carlos Reiche , Pedro Armengol Valenzuela , Julio Vicuña Cifuentes y Félix Gajardo , además de un “Atlas del Folklore de Chile” y una “Bibliografía del Folklore Chileno”. Para que todos los investigadores conozcan esta amplia bibliografía, que recomiendo, ha publicado cuatro índices en su revista.
Tras varios avatares, algunos felices y otros no tanto, en 1956, es elegido presidente de la Sociedad el señor Manuel Montt Lehuedé , quien dio un nuevo impulso al organismo. Al asumir se preocupa de su financiamiento y, con la ayuda de algunos socios que eran parlamentarios en la época -recuerdo a don Exequiel González Madariaga , quien fue un importante senador, y don Guillermo Donoso Vergara y don René León Echaíz , que eran diputados-, lograron la promulgación de la ley Nº 12.930, publicada en 1958, que aportaría recursos a la Sociedad, lo que permitió poner el día la Revista Chilena de Historia y Geografía y comprar la actual sede de la sociedad, ubicada en pleno distrito que represento junto al diputado señor Harboe , la cual funciona hasta hoy en calle Londres 65, Santiago .
La tercera etapa y actual de la vida institucional se inicia con la inauguración de esa sede, la cual está llena de vida y de actividad cultural, en pleno centro de Santiago, con la remodelación del edificio y con su alhajamiento. Ello contribuye a dar un nuevo dinamismo a las actividades sociales. Se restablecen las antiguas secciones y se resuelve crear instituciones filiales o corresponsales en diversas ciudades del país, coincidiendo con los propósitos de la regionalización. Hoy existen filiales en Iquique, Antofagasta, Copiapó , La Serena, Illapel , Valparaíso , Algarrobo, Talca, Cañete , Puerto Varas, Calbuco , Coyhaique y en el últimamente trágico archipiélago de Juan Fernández . Actualmente, la revista continúa apareciendo y en su casa se realizan mensualmente diversas actividades, se incorporan nuevos socios, se efectúan charlas, conferencias, tertulias y congresos, el último de los cuales fue muy concurrido, el Congreso Nacional del Folklore, celebrado en julio del 2009.
Nada indica que la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, presidida eficazmente por el distinguido abogado don Sergio Martínez Baeza , secundado lealmente por la Junta de Administración, no esté preparada para enfrentar los desafíos del presente y del futuro.
Contando única y exclusivamente con el desinteresado aporte de cada uno de los cientos de socios dispersos a lo largo del país que tanto aman, ha abordado significativos proyectos de modernización, entre los que se cuentan la creación de una página web, con información para los establecimientos educacionales y al público en general; la realización de programas radiales con microespacios con notas históricos de tipo anecdótico; la producción de entrevistas a protagonistas de nuestra historia y patrimonio, y la trasmisión directa de sus interesantes tertulias a través de su página web.
Al inicio afirmé lo obvio: que éste es un país de historiadores. Pero omití agregar, además, que es un país de historiadores convincentes. Nuestras apasionadas “Historias Generales” y las imprescindibles monogra-fías y erudiciones que las sostienen -que son otra obstinación nuestra- son lo más cercano a las grandes obras de reflexión en clave ético-filosófica que ha producido el genio europeo. A las aproximaciones ilustradas de corte liberal o conservador del siglo XIX, se agregaron después los enfoques seculares y meritocráticos; enseguida, aproximaciones ideológicas de izquierda y de derecha, y vendrá hoy y mañana una mirada que pivotee y haga centro en la etnografía, la antropología, el folklore y los mitos y utopías fundantes de nuestro imaginario colectivo.
Todas han sido importantes para establecer los programas de nuestros educadores y estadistas, para tratar de aprender lo que Chile es y, sobre todo, lo que debiera seguir siendo. Al menos quien habla se aficionó al estudio de la historia, considerando, con su viejo maestro Polibio de Megalópolis, que ella es la mejor consejera de una persona dedicada a la política.
La ingente y admirable tarea de la corporación, pocas veces reconocida en público, necesita hacer evidente su trascendente aporte a la conservación y proyección de nuestro patrimonio cultural, rescatado de la incuria y el olvido por los prácticos intelectuales que la dirigen y conforman, con poca o escasa ayuda estatal.
¡Pido un aplauso para la corporación que hoy homenajeamos!
(Aplausos en la Sala y en las tribunas).
Pero no podemos quedarnos en la alabanza verbal. El esfuerzo de la corporación necesita apoyo y ayuda, porque inmensa es la utilidad social de su trabajo para un país como el nuestro, sumido en un esfuerzo globalizador, en el que todo producto cultural se mercadea.
En función de lo anterior, pronto presentaremos un proyecto de acuerdo que ayude a la sociedad homenajeada a aprovechar alguno de los voluminosos fondos públicos destinados a la cultura, y que espero sea apoyado por un gran número de diputados, para
cooperar a que la institución, a la cual hoy tengo el gusto de rendir testimonio público de homenaje, en nombre de toda la Cámara de Diputados, tenga un futuro condigno con su ilustre pasado.
He dicho.
-Aplausos en la Sala y en tribunas.
El señor MELERO ( Presidente ).- En nombre de la Cámara de Diputados, hago llegar nuestros saludos a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, con motivo de una fecha tan importante como es el cumplimiento de cien años de investigación y de divulgación de las tradiciones históricas y geográficas de Chile, las cuales esa sociedad plasma tan bien a través de la Revista Chilena de Historia y Geografía, que ha editado cerca de ciento setenta volúmenes, en los que se recupera y escribe nuestra historia, así como nuestra loca geografía, como alguien señaló alguna vez.
¡Muchas gracias por estos cien años! ¡Muchas gracias por su aporte y por la voluntad de hacerlo! Esperamos poder seguir ayudándolos.
¡Muchas felicitaciones!
De esta forma, la Cámara de Diputados ha rendido homenaje a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, con motivo de cumplir su centésimo aniversario.
(Aplausos en la Sala y en tribunas)
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.40 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En respuesta a su oficio Nº9795 de fecha 02 de noviembre de 2011, tengo a bien manifestar a V.E. que he resuelto no hacer uso de la facultad que me confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley que Moderniza y fomenta la competencia del sistema financiero, (boletín 7440-05). Hago presente mi voluntad para los efectos de que el proyecto aprobado se remita al Tribunal Constitucional, para su consideración.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
2. Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo sobre el proyecto de ley que modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, para dotar de atribuciones en materias financieras, entre otras, al Servicio Nacional del Consumidor.
“Honorable Cámara:
La Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo informa el proyecto de ley, de origen en un Mensaje, en tercer trámite constitucional y con urgencia calificada de discusión inmediata, que trata sobre la materia individualizada en el epígrafe.
En este trámite, la Comisión contó con la asistencia de los señores Tomás Flores Jaña , Subsecretario ; Eduardo Escalona , Jefe de la División Jurídica , y Alejandro Arriagada , asesor legislativo, todos del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Por acuerdo de fecha 8 de noviembre del año en curso y en virtud de lo señalado en el artículo 119 del Reglamento, la Sala de esta Cámara dispuso el envío a esta Comisión del proyecto en informe, devuelto por el Senado en tercer trámite constitucional, con el fin de que se pronuncie acerca de los alcances de las modificaciones introducidas por aquél, recomendando su aprobación o rechazo.
Se hace presente que para el tratamiento del articulado se va a tomar como referencia la numeración dada por la Cámara, seguida de la del Senado entre paréntesis.
La Comisión estimó conveniente recomendar el rechazo de las modificaciones introducidas por el Senado, por cuatro votos en contra de los diputados señores Ceroni , Chahín , Tuma y Vallespín , y tres abstenciones, de la diputada Zalaquett y de los diputados Edwards y Velásquez .
Artículo 1º
Nuevo número 1
Incorporado por el Senado, consagra los derechos del consumidor de productos o servicios financieros, tales como recibir la información del costo total del producto o servicio financiero, ser informado por escrito de las razones del rechazo en la contratación de éste; conocer las condiciones objetivas que el proveedor de tal servicio establece, la oportuna liberación de las garantías y la liquidación total del crédito con su solo requerimiento (artículo 3° de la ley sobre protección de los derechos de los consumidores. En adelante las referencias de articulado se entenderán hechas a esta ley).
Nuevo número 2
Suprime una mención al artículo 55 ya derogado, número que este proyecto usa para una nueva norma. Se trata de una simple adecuación de texto, para evitar errores.
Número 1 (actual 3)
El Senado establece nuevas obligaciones para los proveedores de productos y servicios financieros, debiendo expresar sus contratos de adhesión en términos simples (artículo 17 A), con indicación del precio total de la operación, sus costos, periodicidad y sus mecanismos de reajuste; con un desglose de todos los costos, cargos, comisiones y tarifas que expliquen el valor del servicio prestado; las causales que darán termino anticipado del contrato y su duración (artículo 17 B); además de indicar si la institución cuenta con servicio al cliente y señalar su funcionamiento (artículo 17 B letra e).
En la contratación de productos o servicios financieros que importe la contratación de otros productos conexos, deberá estipularse cuáles son obligatorios y cuáles no, debiendo ser aprobados expresa y separadamente por el consumidor.
En el proyecto se prohíben los mandatos en blanco que no admitan revocación por parte del consumidor (artículo 17 B letra g). Se prohíbe además la venta atada de productos, que es aquella que impone la contratación de otros servicios adicionales especiales o conexos.
Se elimina, sin embargo, la referencia a que el silencio del consumidor no obsta a su derecho a reclamo respecto de los cambios que no se ajustan al contrato. El Ejecutivo explica que esto se debe a que ya existe como regla general en el artículo 16.
Establece determinada información como obligatoria, la cual deberá estar contenida en una hoja con un resumen estandarizado de sus principales clausulas y sus cotizaciones, la duración de la cotización, sus precios y condiciones (artículo 17 C). Además, establece la obligación de informar al consumidor a su requerimiento, en un plazo máximo de tres días, la información referente al servicio prestado.
Los proveedores no podrán ahora efectuar cambios en los contratos, ni a favor ni en contra, con ocasión de la renovación, restitución o reposición del soporte físico con que se use el servicio, por ejemplo la tarjeta plástica. Además, se fija un precio único de salida.
Se aumenta de diez días a diez días hábiles el plazo para considerar que un proveedor de créditos ha retrasado el término de contratos de este tipo.
También se obliga a otorgar la escritura de cancelación de hipotecas, una vez que estén todas las obligaciones extinguidas, con un plazo que se reduce de 30 a 15 días para extender la escritura de cancelación. El Senado impide que los proveedores que ofrezcan el pago automático de cuenta lo restrinjan a que sea en su misma institución (artículo 17 D).
El artículo 17 F suprime la prohibición aprobada por la Cámara a la venta directa de productos financieros en la vía pública, en recintos educacionales o de concurrencia habitual de adultos mayores, pues atentaría contra la libre elección de los adultos.
La modificación del Senado exige para los créditos que la publicidad informe la carga anual equivalente con un tratamiento similar a la cuota o tasa de interés de referencia (artículo 17 G). La letra siguiente, en tanto, agrega entre los casos de ventas atadas prohibidas, la que condiciona (y no sólo la que imponga) al consumidor la contratación de otros productos o servicios.
Entre las supresiones del artículo 16 sexies, reemplazado por el artículo 17 H del Senado, se cuenta la de la resciliación como caso en que no se puede efectuar cambios en los precios o tasas de un producto, además de la eliminación del siguiente inciso: “Los proveedores tampoco podrán cambiar los precios, tasas, cargos, comisiones, costos o tarifas de los productos contratados en forma conjunta o accesoria a un crédito hipotecario o de consumo, mientras se encuentre pendiente el plazo de vencimiento final de éstos.”
Se establece que debe ser informados por medio de una ficha explicativa, a las personas, que actúen como aval, fiador o codeudor solidario, según el caso, con sus deberes y obligaciones, medios de cobranza, etc. Art. 17 J).
Cabe señalar que el artículo 16 quáter aprobado por la Cámara fue disgregado: en el 17 K su inciso primero, y en el 17 B sus incisos segundo y tercero. El antiguo inciso segundo es modificado en resguardo de la debida independencia del Poder Judicial , pues no le impone una voluntad sancionatoria al juez.
Número 2
Suprimido por el Senado, pues su contenido se desglosó en el número 1 (actual 3).
Número 3 (actual 4)
El Senado incorpora la suspensión del plazo de prescripción de las acciones que persigan la responsabilidad contravencional, cuando el consumidor interponga un reclamo ante el servicio de atención al cliente, el mediador o el Servicio Nacional del Consumidor, según sea el caso.
Número 4 (actual 5)
No tiene enmiendas.
Número 5 (actual 6)
Con la modificación del Senado, aquellos contratos de adhesión que cumplan con los requisitos establecidos en el proyecto, se les certificará con el sello Sernac . Se otorgará en la medida que tales contratos se ajusten a los requisitos legales y reglamentarios revisados por Sernac, que cuenten con servicio de atención al cliente de alcance nacional y con un sistema de solución de controversias autónomo y eficiente, que permita al consumidor recurrir a un mediador o a un árbitro financiero que resuelva las controversias, quejas o reclamaciones, incluso sin acudir previamente al señalado servicio de atención al cliente (artículos 55 al 55 D).
El incorporado artículo 55 C señala como una de las causas de pérdida del sello Sernac , haber sido formalizado por un delito que afecta a un colectivo de consumidores, lo cual genera dudas de constitucionalidad en la Comisión. La revocación del sello será por resolución exenta del Director del Sernac y no existía en el proyecto aprobado por la Cámara.
Produce resistencia la inexistencia de una multa mínima en el artículo 55 D, que consagra 1.000 U.T.M. como la máxima. La reincidencia será sancionada con el doble de la multa aplicada. También provoca reparos que en el proyecto los consumidores no tengan la facultad de reclamar ni de opinar sobre el otorgamiento de un sello Sernac .
Con todo, la Cámara había aprobado que el sello Sernac se adjudicara contrato por contrato, en tanto el Senado evita que se publicite este sello para la institución, si no lo obtuvo para todos sus contratos (artículo 55 inciso 2°).
El proyecto establece la obligación de certificación para determinados productos y servicios financieros, como las tarjetas de crédito y débito, cuentas corrientes, cuentas vista y líneas de crédito, cuentas de ahorro, créditos de consumo, créditos hipotecarios, las condiciones generales y particulares de los contratos colectivos de seguros de desgravamen, y en general, los asociados a los productos y servicios señalados anteriormente.
El Sernac tendrá plazos para pronunciarse de la solicitud de otorgamiento de sello. De no pronunciarse, se entenderá aprobado, sin perjuicio de la naturaleza revocable que tiene tal acto. Ante la modificación de tal contrato certificado, se deberá someter nuevamente al proceso de certificación ante el Sernac.
El servicio de atención al cliente será gratuito para el consumidor que suscriba un contrato que cuente con el sello Sernac , el cual una vez en conocimiento de un reclamo o queja, tendrá un plazo de 10 días para pronunciarse sobre la propuesta de solución (artículo 56).
De no aceptar tal propuesta, el consumidor podrá recurrir al mediador o arbitro financiero en su caso, sin perjuicio del ejercicio de las acciones que le confiere la ley al tribunal competente.
El Senado introduce las figuras del mediador y del árbitro financiero, quienes estarán inscritos en una nómina elaborada por el Sernac, cumpliendo determinados requisitos. Estos serán elegidos de común acuerdo por el proveedor y consumidor y, en su defecto, serán designados por el Sernac. El pago de los honorarios será de cargo del proveedor, quien pagará de acuerdo a un arancel fijado por el Sernac.
El mediador sólo podrá realizar propuestas de acuerdo de una controversia, que no excedan de 100 UF. El árbitro financiero por su parte, podrá conocer controversias cuya cuantía supere las 100 UF. Ambos tendrán un plazo de 3 días para aceptar su encargo y plazos para presentar propuestas de acuerdo y pronunciarse sobre el asunto.
El árbitro financiero se sujetará a las reglas de los árbitros de derecho con facultades de arbitrador. El procedimiento se llevará a cabo mediante audiencias, pudiendo comparecer personalmente o representado, según el caso, para garantizar el derecho a defensa del consumidor. La sentencia será susceptible del recurso de apelación, dentro de los 5 días hábiles desde la notificación de la sentencia (artículo 56 E) y deberá cumplirse dentro de 15 días vencido que sea el plazo para interponer recursos.
Número 6 (actual 7)
El Senado agrega la obligación de información de los servicios de atención al cliente, a los proveedores financieros, trimestralmente, de los reclamos interpuestos, mediaciones efectuadas y sentencias definitivas de árbitros financieros.
De no cumplirse lo acordado en la propuesta del mediador o la sentencia del árbitro financiero, el consumidor podrá denunciarlo ante la autoridad judicial correspondiente para su cumplimiento y sanción.
Los proveedores deberán aportar la información solicitada y que diga relación con la información básica comercial, tanto documentación escrita como antecedentes relacionados. Esto no obsta al derecho a requerir información o a exhibir documentación de acuerdo con las reglas de las medidas precautorias y las normas que rigen los medios de prueba del Código de Procedimiento Civil.
Número 7 (actual 8)
Sustituye el texto “resoluciones que dicten y que tengan origen en denuncias realizadas por dicho Servicio en aplicación del inciso tercero del artículo anterior” por “resoluciones que impongan sanciones”.
Número 8 (actual 9)
Intercala, en el inciso segundo que agrega al artículo 59, a continuación de la expresión “ley N° 18.575,”, lo siguiente: “cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001,”.
Número 9 (actual 10)
Otorga la calidad de ministro de fe a determinados funcionarios del Sernac, según su grado y cargo, quienes solo podrán certificar los hechos relativos al cumplimiento de la normativa contenida en la ley. Los hechos certificados, constituirán una presunción legal en los procedimientos contemplados en el Titulo IV de esta ley.
Número 10 (actual 11)
El Senado modifica la redacción del artículo 62, reduciendo los plazos para que los proveedores modifiquen los contratos suscritos con anterioridad a la vigencia de los reglamentos que se dictarán en esta materia.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículos primero, segundo, tercero y quinto (actual cuarto)
Establecen modificaciones formales.
Artículo cuarto
Elimina el siguiente texto aprobado por la Cámara: “Los contratos de adhesión de los oferentes de productos financieros que se encuentran actualmente vigentes, deberán adecuarse en su próxima renovación a lo dispuesto en el artículo 16 bis que se incorpora en la ley N° 19.496 en virtud de esta ley.”
Artículo sexto (actual quinto)
Disminuye de seis meses a un mes el plazo para dictar los reglamentos necesarios.
Nuevo artículo sexto
Obliga a las instituciones financieras, establecimientos comerciales y otros a modificar a su costa los contratos de adhesión suscritos con anterioridad a la vigencia de esta ley, sin afectar la esencia de los derechos adquiridos por el régimen legal anterior.
Deberán, además, enviar a los consumidores un detalle de las modificaciones dentro de 90 días desde la entrada en vigencia de la ley.
Artículo séptimo
Se establece como excepción a la entrada en vigencia de esta ley el inciso tercero del artículo 55 A, que entrará en vigencia el 1 de julio de 2012.
-o-
Se designó Diputado Informante al señor EDWARDS, don José Manuel .
Sala de la Comisión, a 8 de noviembre de 2011.
Acordado en sesión de fecha 8 de noviembre de 2011, con la asistencia de las diputadas señoras Zalaquett , doña Mónica , y Saa , doña María Antonieta , y de los diputados señores Ceroni, don Guillermo ; Chahín, don Fuad ; Edwards, don José Manuel ; Kort, don Issa ; Montes, don Carlos ; Sauerbaum, don Frank ; Tuma, don Joaquín ; Vallespín, don Patricio ; Van Rysselberghe, don Enrique , y Velásquez, don Pedro .
(Fdo.): ROBERTO FUENTES INNOCENTI, Abogado Secretario de la Comisión .”
3. Informe de la Comisión de Educación, Deportes y Recreación, recaído en el proyecto de ley que establece normas de excepción en materia de subvenciones a establecimientos educacionales.
“Honorable Cámara:
La Comisión de Educación, Deportes y Recreación pasa a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, originado en un Mensaje de S. E. el Presidente de la República , quien, para el despacho de esta iniciativa, ha hecho presente la urgencia calificándola de “discusión inmediata” para todos sus trámites constitucionales, contando, en consecuencia, esta Cámara con un plazo de seis días para su despacho, término que vence el día 14 de noviembre de 2011, por haberse dado cuenta de la urgencia en la Sala el día 8 de noviembre de 2011.
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
1.- IDEA MATRIZ DEL PROYECTO.
La idea matriz o central del proyecto se orienta a establecer un régimen de excepción aplicable a los establecimientos educacionales cuya asistencia se ha visto afectada producto de las movilizaciones estudiantiles del presente año, relativo al mecanismo de cálculo de la subvención educacional.
2.- NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL.
El articulado del proyecto no contiene normas de carácter orgánico constitucional ni de quórum calificado.
3.- ARTÍCULOS DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.
El artículo único del proyecto debe ser conocido por la Comisión de Hacienda, de acuerdo a lo establecido en el artículo 220 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
4.- APROBACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR DEL PROYECTO.
La iniciativa fue aprobada en general y en particular por la unanimidad de las señoras y señores diputados presentes (10 votos a favor).
5.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS POR LA COMISIÓN.
No hay.
6.- DIPUTADO INFORMANTE.
Se designó Diputado Informante a la señora María José Hoffmann Opazo .
-o-
II. ANTECEDENTES GENERALES.
a. Fundamentos del proyecto.
En el mensaje que da inicio a esta iniciativa, el Presidente de la República hace presente que los movimientos estudiantiles que han tenido lugar a contar de mediados del presente año han afectado el desarrollo normal de las actividades de los establecimientos educacionales, ya sea por la ocupación de sus locales escolares o por la inasistencia masiva de su alumnado. Dichos establecimientos han debido recalendarizar las actividades lectivas, presentando propuestas de recuperación de las clases no realizadas en extensiones horarias luego de la jornada escolar, en días sábados y en los días posteriores al término del año escolar regular.
Lo anterior significa que el régimen regular de financiamiento educacional, basado en la asistencia media de los alumnos, se mantuvo sin mayores variaciones, al no considerar como días trabajados aquellos días en que no hubo actividad y cuya recuperación ha sido solicitada y autorizada. Sin embargo, respecto de muchos establecimientos, la recuperación de las clases no realizadas ya ha copado totalmente los días disponibles para ello en el calendario escolar, por lo que no les será posible seguir solicitando la recuperación de clases ya que no habrá días disponibles para ello. En ese contexto, los sostenedores deberán declarar la asistencia diaria que se registre efectivamente, la cual será nula o muy baja, impactando directamente en el monto de la subvención a percibir.
A juicio del Gobierno, para enfrentar esta difícil situación, se requieren formas excepcionales para compensar las inasistencias, evitando que la institucionalidad vigente profundice los perjuicios sufridos por los sostenedores de establecimientos educacionales.
b. Contenidos del proyecto.
Señala en su mensaje el Primer Mandatario, que la iniciativa legal en informe -compuesta de un único artículo- aborda los siguientes aspectos fundamentales:
Las particulares condiciones del presente año escolar han implicado para los sostenedores una carga financiera imposible de soportar, por cuanto la subvención que reciben y que constituye su fuente de financiamiento se ha visto alterada al verse impedida o fuertemente afectada la asistencia a clases debido a las movilizaciones estudiantiles. Este proyecto de ley busca solucionar el problema recién planteado sin con ello alterar la esencia del sistema de subvenciones, que tiene como fundamento el pago por asistencia de los alumnos.
Para lograr el objetivo señalado, el proyecto de ley establece un mecanismo para considerar que la asistencia media de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, es igual al mayor valor entre la asistencia media efectiva de cada uno de esos meses y el promedio de las asistencias medias declaradas durante los meses de marzo, abril y mayo de 2011. Asimismo, se faculta al Ministerio de Educación para reliquidar la subvención fiscal mensual que corresponda, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley.
c) Informe Financiero.
El informe financiero de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, que se adjunta, señala que este proyecto, no tiene efectos en los ingresos del Fisco y que, dado los recursos que contempla el presupuesto vigente del año 2011 y el proyecto de ley de Presupuestos para el año 2012, haría innecesario suplementar el presupuesto del Ministerio de Educación para enfrentar esta medida de excepción.
III. DISCUSIÓN DEL PROYECTO.
Durante el análisis de esta iniciativa, la Comisión de Educación contó con la asistencia y colaboración del señor Felipe Bulnes Serrano , Ministro de Educación ; del señor Raúl Figueroa Salas , Jefe de la Unidad Jurídica de dicha Secretaría de Estado , y de los representantes de la Asociación Nacional de Municipalidades, señores Roberto Delpin Aguilar , asesor, y Nalik Mograbi , abogado.
a) Discusión en general y en particular del proyecto.
El texto del artículo único propuesto por el Ejecutivo es el siguiente:
“Artículo Único.- Para los establecimientos educacionales regidos por el DFL Nº 2 de 1998 del Ministerio de Educación se considerará que la asistencia media de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, es igual al mayor valor entre la asistencia media efectiva de cada uno de esos meses y el promedio de las asistencias medias declaradas durante los meses de marzo, abril y mayo de 2011. Lo anterior, es sin perjuicio de la obligación de los establecimientos citados de declarar su asistencia efectiva de conformidad al D.F.L. Nº 2 de 1998 del Ministerio de Educación.
La subvención fiscal mensual será reliquidada, cuando corresponda, al momento de la entrada en vigencia de esta ley.
A los establecimientos educacionales que durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011 impetren subvención educacional de acuerdo al promedio de las asistencias medias declaradas durante los meses de marzo, abril y mayo de 2011, y no cumplan con su obligación de determinar la situación final de promoción de sus alumnos al término del año escolar respectivo, de acuerdo a las normas de evaluación y promoción de aplicación general o a aquellas excepcionales que autorice el Ministerio de Educación, se les reliquidará la subvención pagada durante los meses señalados considerándose la asistencia media efectiva registrada en cada período. Las diferencias negativas que se generen en este proceso serán reintegradas mediante descuento sobre la subvención a pagar en el mes siguiente a aquél en que termine el año escolar, el cual no podrá ser superior al 50% de la subvención a pagar. El monto restante, si lo hubiere, deberá descontarse de igual forma en los meses siguientes.”.
El Ministro de Educación señor BULNES reiteró los argumentos expuestos en el Mensaje, precisando que el movimiento estudiantil ha tenido un impacto ostensible en la asistencia de los alumnos a sus establecimientos escolares, lo que se tradujo en la necesidad de recalendarizarla jornada escolar. Esto permitió a los sostenedores que continuaran recibiendo la subvención escolar durante los primeros meses de las movilizaciones y paros estudiantiles, pero llegó un momento que esto fue imposible de concretar por falta de tiempo, y por ende, ha sido imposible para los sostenedores obtener el pago de subvenciones, cuyo sistema de cálculo se basa en la asistencia promedio de los alumnos.
En razón de lo anterior, el Gobierno recogió la inquietud planteada por la Asociación Chilena de Municipalidades y preocupado porque no se vea afectada la educación pública del país, presentó esta iniciativa legal, que posibilitará que los establecimientos que se han visto afectados puedan seguir funcionando y mantengan sus ingresos.
Agregó que, concretamente, la propuesta permite que entre los meses de septiembre a diciembre, que se han determinado como más críticos, se pague a los sostenedores el mayor valor de la asistencia efectiva en dichos meses, o el promedio de asistencia que hubieran registrados los establecimientos entre marzo y mayo del 2011, período en el cual no se habían iniciado los paros ni las tomas a colegios.
Asimismo, informó que de acuerdo a los cálculos realizados por la Dirección de Presupuestos, el costo estimado de esta aprobación legal significará 41 mil millones de pesos para regularizar la situación del año 2011 y 20 mil millones para cubrir el costo de enero y febrero de 2012. Hizo hincapié en que estos recursos no son adicionales y que ya se encontraban contemplados para el pago de subvenciones escolares, correspondiendo precisamente a los montos que no se pagarían de no existir esta iniciativa legal.
El señor Delpin (Asesor de la Asociación Chilena de Municipalidades) indicó que la Asociación que representa ha planteado desde hace tiempo el problema que significa la caída de las subvenciones como consecuencia de la baja asistencia de los alumnos. Destacó que el sistema se sustenta en la subvención regular, es decir, ninguna otra subvención tiene la finalidad de pagar las remuneraciones de docentes y asistentes de la educación ni de financiar los gastos operacionales (luz, agua, etc).
Por lo tanto, señaló que la situación se ha tornado compleja para los municipios, entidades que deben destinar 120 mil millones de pesos adicionales al año para administrar la educación municipal. Por ello, obligarlos a aportar 41 mil millones de pesos, suma que no percibi-rían de no aprobarse esta iniciativa legal, significaría el desplome financiero de las municipalidades.
Concluyó manifestando el apoyo de la Asociación Chilena de Municipalidades a el proyecto en estudio, indicando que, sin embargo, habrían preferido que la re liquidación se produjera a partir de junio, fecha en la que se iniciaron las movilizaciones estudiantiles.
Consultado al respecto por el Diputado Aguiló , el ministro señor Bulnes puntualizó que, si bien el conflicto se inició antes de noviembre del año 2011, la iniciativa legal no se refiere a la subvención a pagar en los meses de junio, julio y agosto, porque se estimó que el impacto en ese período de tiempo fue menor.
Además, indicó que el inciso tercero del artículo único del proyecto en estudio, busca garantizar que los sostenedores de establecimientos educacionales no dejen de lado las actividades docentes que les son propias, no obstante las movilizaciones y paros que se han producido, y por ellos se les exige que cumplan con su obligación de determinar la situación final de promoción de sus alumnos al término del año escolar respectivo, de acuerdo a las normas de evaluación y promoción de aplicación general y en caso contrario se deberán reliquidar las subvenciones pagadas.
Finalmente, aclaró que la aprobación de este proyecto de ley beneficiará tanto a los establecimientos educacionales subvencionados municipales como aquellos con sostenedores particulares.
b) Votación en general y en particular del proyecto de ley.
La Comisión de Educación, Deportes y Recreación, compartiendo los fundamentos y objetivos generales tenidos en consideración por el Ejecutivo para legislar en el sentido propuesto, y luego de escuchar las explicaciones de la autoridad antes señalada, procedió a dar su aprobación al proyecto por la unanimidad de las diputadas y diputados presentes, señoras Hoffmann y Saa , y señores Aguiló , Becker , Bobadilla , González , Gutiérrez , Kast , Venegas y Verdugo .
-o-
Proyecto de Ley aprobado por la Comisión.
Por las razones expuestas y por las que en su oportunidad dará a conocer el señor Diputado Informante , la Comisión de Educación recomienda aprobar el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo Único.- Para los establecimientos educacionales regidos por el DFL Nº 2 de 1998 del Ministerio de Educación se considerará que la asistencia media de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, es igual al mayor valor entre la asistencia media efectiva de cada uno de esos meses y el promedio de las asistencias medias declaradas durante los meses de marzo, abril y mayo de 2011. Lo anterior, es sin perjuicio de la obligación de los establecimientos citados de declarar su asistencia efectiva de conformidad al D.F.L. Nº 2 de 1998 del Ministerio de Educación.
La subvención fiscal mensual será reliquidada, cuando corresponda, al momento de la entrada en vigencia de esta ley.
A los establecimientos educacionales que durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011 impetren subvención educacional de acuerdo al promedio de las asistencias medias declaradas durante los meses de marzo, abril y mayo de 2011, y no cumplan con su obligación de determinar la situación final de promoción de sus alumnos al término del año escolar respectivo, de acuerdo a las normas de evaluación y promoción de aplicación general o a aquellas excepcionales que autorice el Ministerio de Educación, se les reliquidará la subvención pagada durante los meses señalados considerándose la asistencia media efectiva registrada en cada período. Las diferencias negativas que se generen en este proceso serán reintegradas mediante descuento sobre la subvención a pagar en el mes siguiente a aquél en que termine el año escolar, el cual no podrá ser superior al 50% de la subvención a pagar. El monto restante, si lo hubiere, deberá descontarse de igual forma en los meses siguientes.”.
-o-
Sala de la Comisión, a 8 de noviembre de 2011.
Tratado y acordado en sesión de igual fecha, con la asistencia de los miembros titulares de la Comisión, diputadas señoras María José Hoffmann Opazo ( Presidente ) y María Antonieta Saa Díaz ; y diputados señores Sergio Aguiló Melo , Germán Becker Alvear , Sergio Bobadilla Muñoz , Rodrigo González Torres , Romilio Gutiérrez Pino, José Antonio Kast Rist , Mario Venegas Cárdenas , y Germán Verdugo Soto .
(Fdo.): HERNAN ALMENDRAS CARRASCO, Abogado, Secretario de la Comisión .”
4. Certificado de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, que “Establece normas de excepción, en materia de subvenciones a establecimientos educacionales.”. (boletín N° 8021-04)
“Valparaíso, 8 de noviembre de 2011.
El Secretario de Comisiones que suscribe, certifica:
Que el proyecto de ley originado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República , con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que establece normas de excepción en materia de subvenciones a establecimientos educacionales (Boletín Nº 8021-04), fue tratado en esta Comisión, en sesión de fecha de hoy, con la asistencia de los Diputados señores Godoy, don Joaquín ( Presidente ); Auth, don Pepe ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto ; Silva, don Ernesto , y Von Mühlenbrock, don Gastón . Concurrió además el Diputado señor Monckeberg, don Nicolás .
Asistieron a la Comisión durante el estudio de la iniciativa el Ministro de Educación , señor Felipe Bulnes , acompañado por el Abogado de dicha Secretaría de Estado , señor Raúl Figueroa , y los representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades, señores Roberto Delpín , Asesor del Área de Finanzas Municipales , y Malik Mograby , Abogado.
La Comisión de Educación, Deportes y Recreación dispuso en su informe que el artículo único de la iniciativa debía ser conocido por la Comisión de Hacienda.
Durante su debate, el Ministro señor Bulnes especificó que el 80 u 85 por ciento de los establecimientos educacionales que se beneficiarán con la aplicación esta norma de excepción es de dependencia municipal, y sólo el 15 ó 20 por ciento restante es particular subvencionado.
En respuesta a inquietudes planteadas por los señores Diputados, señaló que la promoción de los alumnos no es requisito para el pago de las subvenciones que autoriza la iniciativa y mucho menos lo es que se hayan inscrito en el plan Salvemos el Año Escolar promovido por el Ministerio a su cargo. Aclaró que el sentido del inciso tercero del artículo único es que los sostenedores lleven a efecto todos los actos pedagógico-administrativos necesarios para cerrar el año escolar, esto es, que efectúen las evaluaciones finales que corresponda de acuerdo a las normas generales o de excepción autorizadas; que acrediten su aprobación o reprobación por los alumnos que se hayan sometido a ellas y que certifiquen en consecuencia quiénes son promovidos al curso superior y quiénes deben repetir, sin que la paralización de actividades que les ha afectado sirva de excusa para no hacerlo.
Con todo, a petición del Diputado señor Montes, se acordó votar separadamente el citado inciso tercero.
Puestos en votación los incisos primero y segundo del artículo único del proyecto, fueron aprobados por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Godoy , Jaramillo , Lorenzini , Macaya , Marinovic , Montes , Ortiz , Recondo , Robles , Silva y Von Mühlenbrock .
El inciso tercero fue aprobado por 9 votos a favor, de los Diputados señores Auth , Godoy , Jaramillo , Macaya , Marinovic , Ortiz , Recondo , Silva y Von Mühlenbrock ; 1 voto en contra, del Diputado señor Robles , y las abstenciones de los Diputados señores Lorenzini y Montes .
La Comisión acordó que el informe se emitiera en forma verbal, directamente en la Sala, para lo cual designó Diputado Informante al señor MARINOVIC, don MIODRAG .
Al presente certificado se adjunta informe financiero de la Dirección de Presupuestos, de fecha 2 de noviembre en curso.
En consecuencia, se propone a la Sala el siguiente texto, con algunas modificaciones formales:
PROYECTO DE LEY
“Artículo único.- Para los establecimientos educacionales regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, se considerará que la asistencia media de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, es igual al mayor valor entre la asistencia media efectiva de cada uno de esos meses y el promedio de las asistencias medias declaradas durante los meses de marzo, abril y mayo de 2011. Lo anterior, es sin perjuicio de la obligación de los establecimientos citados de declarar su asistencia efectiva de conformidad al decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación.
La subvención fiscal mensual será reliquidada, cuando corresponda, al momento de la entrada en vigencia de esta ley.
A los establecimientos educacionales que durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011 impetren subvención educacional de acuerdo al promedio de las asistencias medias declaradas durante los meses de marzo, abril y mayo de 2011, y no cumplan con su obligación de determinar la situación final de promoción de sus alumnos al término del año escolar respectivo, de acuerdo a las normas de evaluación y promoción de aplicación general o a aquéllas excepcionales que autorice el Ministerio de Educación, se les reliquidará la subvención pagada durante los meses señalados, considerándose la asistencia media efectiva registrada en cada período. Las diferencias negativas que se generen en este proceso serán reintegradas mediante descuento sobre la subvención a pagar en el mes siguiente a aquél en que termine el año escolar, el cual no podrá ser superior al 50% de la subvención a pagar. El monto restante, si lo hubiere, deberá descontarse de igual forma en los meses siguientes.”.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Secretario de la Comisión .”
5. Informe sobre participación de los diputados señores Patricio Melero ( Presidente de la Cámara de Diputados), Juan Luis Castro , Pablo Lorenzini y Carlos Recondo , en el 20° debate anual ampliado de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) sobre las actividades desarrolladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), período 2010-2011, realizado en Estrasburgo, los días 4 y 5 de octubre de 2011.
“Honorable Cámara,
Tengo a honra informar sobre la participación de los diputados señores Patricio Melero ( Presidente de la Cámara de Diputados), Juan Luis Castro , Pablo Lorenzini , y Carlos Recondo en el 20° Debate Anual Ampliado de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) sobre las actividades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), período 2010-2011, efectuado en Estrasburgo los días 4 y 5 de octubre de este año.
I. ANTECEDENTES GENERALES.
Dentro del marco de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) se lleva a cabo en forma anual un debate en torno a las actividades desarrolladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) durante el año precedente.
Esta sesión plenaria se basa en el trabajo previo realizado dentro del marco de las comisiones permanentes de la PACE, con un especial énfasis en la Comisión sobre Asuntos Económicos y de Desarrollo.
Cabe señalar que la PACE constituye la dimensión parlamentaria del Consejo de Europa, organización internacional de carácter regional creada el año 1949, que reúne a los países del continente europeo que cumplen con los requisitos democráticos para optar a la membresía. Está compuesta por 318 miembros titulares y otros tantos suplentes, elegidos por los parlamentos nacionales.
El número de representantes depende de la población de cada Estado, estableciéndose un máximo de 18 y un mínimo de 2 miembros.
Con ocasión de la sesión especial sobre la OECD, se constituye una asamblea ampliada con la participación de delegaciones de los países miembros de la OECD que no integran el Consejo de Europa.
II. AGENDA.
La agenda contempló la revisión de las enmiendas enviadas por los distintos participantes para la redacción final de la resolución, sobre lo cual Chile envío una propuesta que fue ampliamente acogida y finalmente incorporada en la resolución aprobada, documento que se adjunta en Anexo N° 1.
A continuación, se analizó una solicitud presentada por el Consejo Nacional Palestino para ser miembro asociado de la Asamblea Parlamentaria.
Asimismo, se llevó a cabo un debate acerca del impacto del Tratado de Lisboa en el Consejo de Europa, otro relativo al tema de la explotación sexual comercial en niños y adolescentes, y la pornografía infantil y otro acerca de la pornografía violenta: una amenaza contra la dignidad y los derechos de la mujer. Se adjunta material preparado para la delegación en Anexo N° 2.
El tema principal fue una evaluación a las actividades desarrolladas por la OECD en el período 2010-2011, especialmente en el campo económico, pero también en lo concerniente a la cultura, ciencia y educación.
Las actividades claves de la OECD en este campo, se centran en las estadísticas e indicadores sobre conocimiento y competencias. Los miembros revisan las políticas de los Estados, temáticas y proyecciones de futuro.
En esta área de la educación resultan de gran importancia los indicadores de la educación.
También en el campo de las estadísticas, especialmente en cuanto a la cooperación en el análisis y políticas en un amplio espectro de los distintos tópicos de la educación.
Los indicadores son publicados anualmente en el informe de la OECD denominado "Educación al instante". Permite a los países revisar sus procedimientos a la luz de otras experiencias y, de esta manera, enriquecer su quehacer y actualizarse en estas materias de modo de compararse con otros países y así tener una visión más amplia.
Se adjunta documento in extenso en Anexo N° 3.
Se analizó, además, la crisis financiera y económica y la resolución emitida sobre el particular por el Parlamento Europeo (P7 JA-PROV (2011) 0331, que se adjunta en Anexo N°4.
III. INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OECD, SEÑOR ÁNGEL GURBIA.
El Secretario General de la OECD , señor Ángel Gurría , señaló que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa era un socio clave dentro de lo que han sido las actividades de la OECD, desde su creación, esto es hace 50 años.
Destacó la importancia de esta reunión en cuanto otorgaba una oportunidad especial para reflexionar acerca del futuro de la economía mundial, dentro de las políticas a implementar, que sintetizó en "buenas prácticas para mejor vida", lo que a su parecer resulta fundamental dentro del clima económico imperante en el mundo, por lo que el resultado de las deliberaciones resultaba de gran importancia.
Entre los aspectos más importantes de su alocución se pueden destacar los siguientes puntos:
a) Mejores políticas para una mejor vida.
b) Vencer el alto desempleo actual.
c) Subsidio a las redes de contratación.
d) Paquete de reformas tendientes a mejorar el mercado laboral.
e) Mejoras en el inicio de la vida laboral, destinadas especialmente a la juventud.
f) Avanzar en el tema de la equidad, por cuanto se ha comprobado que representa uno de los factores importantes dentro de la crisis financiera.
g) Revisar y redistribuir el impacto impositivo, no solamente en el sector privado, sino también en el público en áreas como la salud, la educación y la vivienda.
h) Incluir en las políticas mayores beneficios en torno a la calidad de la educación y la capacitación.
Las prioridades de la OECD miran a futuro y contemplan la incorporación de nuevas fuentes de crecimiento, como pudieran ser la estrategia del "crecimiento verde", la incorporación de la igualdad de género y el empoderamiento económico de la mujer.
Se refirió, asimismo, al progreso de las sociedades como clave prioritaria en los años venideros y dentro del contexto de una mejor calidad de vida.
Con respecto a la colaboración futura de la OECD, señaló que la actual crisis representó algo así como una "tormenta perfecta", con un número de fuerzas interactuando a la vez, lo que provocó un evento único y difícil de prever. Recalcó que la OECD en repetidas oportunidades advirtió sobre los riesgos que se podrían desatar por los desequilibrios de crecimiento a nivel mundial, la disminución de los estándares para el otorgamiento de préstamos y un alto grado de preocupación por la denominada "innovación financiera".
Finalmente, concluyó en la necesidad de contar con una retroalimentación entre los distintos expertos en los temas centrales de actualidad, como son el desempleo juvenil, la inequidad de género, y el tema impositivo, de manera de compartir experiencias en forma regular, divulgando sus trabajos con antelación a las reuniones de los distintos comités.
Asimismo, anunció la pronta creación de una red parlamentaria de la OECD para los efectos de intercambiar experiencias y legislación comparada.
Se adjunta en Anexo N° 5 el documento que contiene las observaciones del señor Gurría.
IV. REUNIÓN BILATERAL CON EL SECRETARIO GENERAL DE LA OECD, SEÑOR ÁNGEL GURRIA.
La delegación fue recibida por el Secretario General de la OECD , señor Ángel Gurría , donde se sostuvo un activo diálogo sobre la situación de Chile y también sobre el proyecto que desarrolla la Corporación con la OECD sobre la evaluación de la ley.
V. INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, SEÑOR PATRICIO MELERO, EN LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA.
Durante la Asamblea hizo uso de la palabra el Presidente de la Cámara de Diputados, señor Patricio Melero , quien en su alocución felicitó a la OECD por su reciente aniversario número cincuenta y recordó la exposición que se realizó en la Corporación para dicha oportunidad, donde se dio a conocer la labor que ha desarrollado durante estos años, todo dentro de las actividades con que el Congreso Nacional celebró el Bicentenario.
Recalcó que nuestro Parlamento era uno de los cuatro más antiguos del mundo, motivo por el cual se sentía orgulloso dada la larga senda democrática, motivo por el cual el compromiso con las futuras generaciones era aún mayor, como también vencer los obstáculos que nos impone nuestra compleja geografía.
Luego hizo un recuento sobre los hechos más relevantes de la OECD y de nuestro reciente ingreso a ella, destacando lo importante del diálogo parlamentario en el marco de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), valorando su nueva composición, porque de esta manera otorga una voz y presencia del mundo parlamentario asociado a una organización que promueve los valores de la democracia pluralista.
Así también, destacó el hecho de que contaran con reglas claras de trabajo, que posibilitan acoger y dar representación en la instancia a todos los países miembros de la OECD, a la vez que celebró el nuevo reglamento que establece de forma equitativa la participación de parlamentarios europeos y no europeos, así como de observadores parlamentarios e invitados especiales.
De esta manera, subrayó el establecimiento de las bases para alcanzar un crecimiento global mediante el cual la OECD podrá contar con el correlato de la dimensión parlamentaria.
Expresó su beneplácito como representante chileno respecto de la ampliación experimentada por la OECD durante el año 2010, en que amplió su membresía a 34 países.
A continuación, se refirió a la situación chilena, recordando que nuestro país había ingresado recientemente, en mayo del año pasado, lo que a su parecer constituía una expresión concreta del interés de la Organización por extender globalmente su alcance, y en particular por acoger en su seno a los países latinoamericanos y sobre todo a los de América del Sur.
Recalcó que para nuestro país constituía un desafío y una oportunidad para mejorar nuestras prácticas y políticas públicas, las cuales serán evaluadas periódicamente de manera objetiva y rigurosa, teniendo como referencia a las políticas y estrategias más exitosas de los países desarrollados.
Recordó cómo nuestro país fue evaluado durante las negociaciones que se llevaron a cabo para que finalmente su ingreso fuera aceptado, al mismo tiempo que se le formularon recomendaciones que fueron oportunamente consideradas de manera de cumplir con los estándares exigidos por la OECD, lo que posibilitó el ingreso expedito de nuestro país y en la actualidad manifestó estar predispuestos para el ejercicio continuo del aprendizaje y evaluación, y por tanto de un enriquecimiento mutuo, lo que en la práctica realzará más aún el reconocido liderazgo global de la OECD.
Desde otro punto de vista, hizo referencia a las políticas públicas implementadas por Chile, mediante las cuales se ha innovado para poder lograr una mayor equidad social y de esta forma acortar la brecha entre ricos y pobres.
De esta manera, recordó los principales logros del actual gobierno y el empeño puesto para actuar con determinación en cuanto a aplicar la regla del balance fiscal estructural, la mantención de un nivel del gasto público controlado y de un régimen de flotación cambiada que otorga mayor estabilidad y previsibilidad a la economía chilena en un contexto económico mundial más volátil.
Lo anterior lo graficó con ejemplos concretos, como la extensión del postnatal a 6 meses, la ley que exime total o parcialmente de la obligación de cotizar para salud a los pensionados, la creación del ingreso ético familiar o la creación del Ministerio de Desarrollo Social, herramientas desarrolladas por el actual gobierno para mejorar las condiciones de vida de los chilenos.
Por último, se refirió a la creación del Departamento de Evaluación de la Ley, que permitirá analizar la eficacia y eficiencia de ciertos cuerpos legales y al mismo tiempo profundizar los vínculos con la sociedad civil, labor a la que se ha dado inicio mediante el análisis de la Ley de Donación de Órganos.
Finalizó su intervención señalando que de esta manera la Cámara de Diputados había iniciado una importante labor de innovación y modernización, transformándose en unos de los primeros países miembros de la OECD en implementar este nuevo sistema.
VI. RESOLUCIÓN FINAL.
Se adjunta en Anexo N° 6 la resolución final que incluye todas las modificaciones propuestas por Chile.
Cámara de Diputados, a 4 de noviembre de 2011.
(Fdo.): JACQUELINE PEILLARD GARCÍA , Dirección de Asuntos Internacionales”.
Moción de los diputados señores Accorsi , Carmona , Castro y Pérez, don José , y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina ; Molina , doña Andrea ; Muñoz , doña Adriana ; Rubilar , doña Karla ; Sepúlveda , doña Alejandra , y Vidal , doña Ximena Norma el uso de camas solares y prohíbe su uso para menores de 18 años y para embarazadas. (boletín N° 8027-11).
FUNDAMENTOS
1.- Conforme a antecedentes entregados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año se producen en el mundo 132.000 casos de melanoma maligno (cáncer a la piel) y fallecen más de 70.000 personas por causa de ello y de otros cánceres a la piel. De hecho, se estima que en países de Europa se han multiplicado por más de tres los casos en los últimos treinta años y por dos en los Estados Unidos (USA);
2.- La subsecretaria General de la OMS, la Dra. Kerstin Leiner , ya en el año 2005 expresaba la preocupación de la Organización ante el uso preocupante y excesivo de las camas solares, “en particular, entre los adolescentes, con el fin de lucir una piel bronceada, algo que se considera envidiable desde el punto de vista social. Con todo, el uso de las camas solares ha dado lugar a un aumento vertiginoso de casos de cáncer de piel” y ha solicitado que los organismos reglamentarios de los países que pertenecen a la OMS adopten medidas de control estrictas en relación al uso de estas camas solares;
3.- En reciente estudio elaborado por el Comité científico de los productos de consumo de la Comisión Europea (CCPC), se ha llegado a las siguientes conclusiones:
Las tumbonas solares no eran de uso generalizado antes de 1990 y los efectos en la salud total de su uso, incluyendo su papel en la inducción de cáncer de piel, aún no se conocen totalmente.
-Para las empresas que las fabrican, el uso de camas solares puede tener efectos positivos para la salud. Por ejemplo, la exposición de UVB podría aumentar los niveles de vitamina D en los usuarios. Muchas personas también afirman que se sienten mejor después de usar una tumbona, pero no hay evidencia de una base bioquímica para esto.
-Los efectos adversos para la salud de la radiación UV incluyen quemaduras, inflamación del ojo, formación de cataratas, el melanoma del ojo y los diferentes tipos de cáncer de piel. La radiación UV también puede reducir el funcionamiento del sistema inmunológico humano, que puede ser importante en el cáncer de la piel y las enfermedades infecciosas. El riesgo de desarrollar un determinado tipo de cáncer de piel depende de la pauta de la exposición.
-Los factores importantes de riesgo biológicos para el melanoma maligno son la edad, el sexo (en algunas poblaciones), tipo de piel (en los tipos I y II), lunares, pecas y los antecedentes familiares. Factores de riesgo del comportamiento y del medio ambiente incluyen quemaduras solares de forma intermitente, especialmente en la juventud.
-La radiación ultravioleta natural y artificial tienen las mismas propiedades físicas y biológicas, pero las diferencias en la cantidad de rayos UVA, UVB y UVC emitida puede tener consecuencias biológicas. Es muy difícil comparar sus efectos a largo plazo. No hay necesidad de especificar los límites de diferentes dosis de UVB y UVA y no hay justificación para la presencia de UVC en hamacas. UVB es el tipo más dañino de la radiación para los efectos a corto y largo plazo.
-Valores seguros límite de exposición a la radiación UV sólo se pueden dar a corto plazo. No hay límite por debajo del cual el cáncer no se producirá. En consecuencia, cualquier límite anual de dosis dadas es arbitrario. Intensidad máxima de radiación UV de camas de bronceado nunca deben superar el 0,3 W/m2, el equivalente de sol tropical, que la OMS describe como extremo.
-El CCPC considera que el uso de camas solares es probable que aumente el riesgo de melanoma maligno de la piel y posiblemente cáncer de ojo. Por lo tanto, las personas con factores de riesgo conocidos para el cáncer de piel, melanoma maligno, especialmente, deben ser advertidos de no usar camas solares. Por ejemplo, las tumbonas no debe ser usado por personas menores de 18 años, el riesgo de melanoma parece ser particularmente alta a una edad temprana. Además, la protección de los ojos siempre debe ser usada cuando se utilizan camas solares.
3.- En la actualidad algunos países han comenzado a hacer realidad las recomendaciones de la OMS sobre el uso de camas solares. Bélgica , Francia y Suecia ya cuentan con una normativa que regula las camas solares y su uso y disponen un límite a la cantidad máxima de radiación UV-B, a un 1,5% del total de las radiaciones ultravioletas emitidas (similar al límite de las radiaciones cancerígenas del sol);
A su vez, Francia exige que todos los aparatos capaces de emitir radiaciones ultravioleta sean declarados ante la autoridad sanitaria. Prohíbe además su uso por menores de 18 años y exige que todos los establecimientos comerciales que presten servicios de ese tipo sean supervisados por personal competente y prohíbe además que estos servicios sean publicitados como tratamientos con efectos saludables.
4.- En los Estados Unidos, en el Estado de California se encuentra prohibido que menores de 18 años utilicen camas de bronceado o hagan uso de los centros de bronceado que las utilicen en sus tratamientos. Sin embargo, su aplicación efectiva ha tenido dificultades en su implementación. Hasta que a principios del mes de octubre del 2011, el Gobernador Jerry Brown , decidió darle máxima prioridad en la aplicación de esta normativa para “proteger a niños y adolescentes de los riesgos del cáncer a la piel”. Todo lo anterior al conocerse el último estudio de la OMS que señala que la forma de cáncer más común en Estados Unidos en mujeres entre 25 y 29 años, se incrementa en 75% por el uso de camas de bronceado.
5.- La OMS recomienda que únicamente se considere la posibilidad de utilizar camas solares bajo control médico en casos muy excepcionales y específicos. Hay aparatos médicos de rayos ultravioleta que se utilizan con buenos resultados para tratar algunas afecciones cutáneas como la dermatitis y la psoriasis. Esos tratamientos han de administrarse únicamente bajo control facultativo y en centros médicos homologados, y no deben realizarse sin supervisión ni en establecimientos comerciales de bronceado ni en casa con camas solares para uso doméstico.
Por las consideraciones antes señaladas los diputados abajo patrocinantes venimos en presentar el siguiente proyecto de ley:
PROYECTO DE LEY
Artículo 1: Dispóngase de un límite a la cantidad máxima de radiación UV-B, en el uso de las camas solares o de bronceado, a un 1,5% del total de las radiaciones ultravioletas emitidas.
Artículo 2: Prohíbase el uso de camas solares o de bronceado para las personas menores de 18 años y para aquellas que se encuentren embarazadas.
Artículo 3: La autoridad sanitaria será la encargada de fiscalizar y de velar por el cumplimiento de estas normas y su infracción será sancionada con multa de 3 UTM a 30 UTM.
Moción de los diputados señores Velásquez , Letelier , Ojeda , Pérez, don Leopoldo ; Sabag y Saffirio y de las diputadas señoras Hoffmann , doña María José ; Molina, doña Andrea ; Nogueira , doña Claudia , y Sabat , doña Marcela . Tipifica la adulteración del odómetro en vehículos motorizados. (boletín N° 8028-15).
Teniendo en consideración:
1° Que, analizados los principales aspectos de la comercialización de vehículos usados en Chile, según el Código Civil, el Código de Comercio, el D.L. N° 825, de 1974, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, y el D.F.L. N° 1, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito y la Ley N° 18.433. A partir de ello se puede concluir que:
-No existe un estatuto específico para la comercialización de vehículos usados, aplicándose las reglas generales sobre contratos civiles y mercantiles.
-Excepcionalmente se eximen de IVA las operaciones sobre vehículos usados, con la consecuente exención de IVA sobre intereses, y la no emisión de factura.
-En materia de transferencias, ella deben ser inscritas en un registro público que mantiene la historia de la propiedad automotriz y da publicidad de ella.
-Está prohibida la importación de vehículos usados, salvo a zonas francas y ciertos vehículos especiales, utilitarios o de emergencia.
2° Que, la comercialización de vehículos usados puede ser un acto civil o comercial, dependiendo de la intención de las partes. Un mismo acto puede ser comercial para ambos contratantes, o sólo para uno de ellos y civil para el otro (regla general del artículo 3° N° 1 del Código de Comercio). La importancia de si el acto es comercial radica en que a quien realice éste tipo de actos se aplican las normas del Código de Comercio, mientras que a quien realice un acto civil se aplicarán las normas generales del Código Civil (artículos 1°, 2° y 3°, N° 1°, del Código de Comercio).
3° Que, el artículo 38 de la Ley de Tránsito dispone que “La constitución del dominio, su transmisión, transferencia y los gravámenes sobre vehículos motorizados se sujetarán a las normas que el derecho común establece para los bienes muebles.”.
El artículo 41 de dicha ley dispone que las variaciones de dominio de los vehículos se inscribirán en el Registro de Vehículos Motorizados, y que si el acto que sirvió de título a la transferencia de un vehículo fuere consensual, se acreditará mediante declaración escrita conjunta que suscribirán ante el Oficial de Registro Civil e Identificación el adquirente y la persona a cuyo nombre figure inscrito el vehículo, o mediante instrumento público o instrumento privado autorizado ante Notario.
4° Que, desde una perspectiva tributaria, la venta de vehículos usados presenta los siguientes aspectos:
Impuestos a la Renta
Es una actividad gravada con Impuesto a la Renta (LIR) de Primera Categoría , clasificada en el artículo 20 N° 3, de la LIR por lo que la utilidad tributa con Impuesto a la Renta de Primera Categoría para la empresa, y con Impuesto Global Complementario o Adicional para los dueños o socios de la empresa.
IVA sobre el precio de compraventa
El artículo 12, letra A, N° 1°, del D.L. N° 825, de 1974, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, exime de IVA las ventas y demás operaciones que recaigan en vehículos motorizados usados, con las siguientes excepciones:
a. Venta de estos vehículos que realicen las empresas antes de que haya terminado su vida útil normal (artículo 31 N° 5, LIR), o que hayan transcurrido cuatro años contados desde su primera adquisición y que no formen parte del activo realizable efectuada por contribuyentes que, por estar sujetos a las normas sobre IVA, han tenido derecho a crédito fiscal por su adquisición, fabricación o construcción.
b. Importación de estos vehículos (artículo 8°, letra a, del D.L. N° 825), sin perjuicio de la prohibición de importación de ellos, comentada más adelante.
c. Cuando se trate de la venta de un vehículo motorizado usado, cedido nuevo en arrendamiento con opción de compra, con motivo del ejercicio de tal opción por el arrendatario. En éste caso se entiende que la venta opcional es sólo una modalidad del contrato de arrendamiento de cosa mueble, según las reglas generales del artículo 2°, N° 2, del D.L. N° 825, en relación con el artículo 20 N° 3 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, y éste con el artículo 3° N° 1) del Código de Comercio.
IVA sobre intereses cobrados por automotoras
Como consecuencia de lo anterior, al estar exenta de IVA la venta de vehículos usados, los intereses cobrados por su venta también lo están, por lo que no se facturan con IVA.
Impuesto municipal
Los municipios pueden cobrar un derecho de 1,5% sobre el precio de venta, teniendo como mínimo el avalúo fiscal determinado por el SIL Este derecho es de cargo del vendedor, salvo que en la compra se pacte lo contrarío[1].
Documentos tributarios
En la adquisición de un vehículo nuevo debe emitirse factura, y en la adquisición de un vehículo usado sólo se exige contrato de compraventa, en las condiciones antes señaladas. Si la venta se realiza entre comerciantes y se cumplen los requisitos del artículo 8°, letra m), del D.L. N° 825, debe emitirse factura.
5° Que, en relación a la prohibición de importación de vehículos usados y su excepción:
El artículo 21 de la Ley N° 18.433[2] prohibe la importación a Chile de vehículos usados (automóviles, motocicletas y camiones) desde una Zona Franca o desde el exterior.
Sólo los residentes de Zonas Francas (Iquique y Punta Arenas), y de sus respectivas Zonas de Extensión, pueden adquirir vehículos usados (y también nuevos), sin cancelar los impuestos ni derechos de internación; sólo pagan un 1,7% del valor CIF[3], pero quedan sujetos a una restricción de uso, consistente en que sólo pueden circular dentro de dichas regiones.
La ley autoriza que estos vehículos puedan salir al resto del territorio nacional, previamente autorizados por Aduana mediante un documento denominado “pasavante” (salidas temporales que otorga la Aduana), hasta por 90 días por cada año calendario[4], computándose para tales efectos, tanto la permanencia del vehículo en el resto del país como en el extranjero. El pasavante tiene una vigencia de un año, desde la fecha de emisión, y un número único asociado por toda la vida del vehículo, aunque posteriormente cambie de dueños[5].
Excepcionalmente, la prohibición de importación no se aplica a los vehículos usados, importados al amparo de la Subpartida 00.33 de la Sección 0, del Arancel Aduanero[6], que se refiere a los vehículos que importen los chilenos mayores de edad que hayan permanecido en el extranjero, sin solución de continuidad, durante un año o más, y que regresen al país después del 30 de marzo de 1979; esta autorización es limitada a un solo vehículo automóvil por persona.
Esta prohibición tampoco es aplicable a los residentes con único domicilio en las Zonas Francas de Extensión, que se trasladen definitivamente de ellas, quienes pueden internar al resto del país un vehículo motorizado usado, adquirido a lo menos dos meses antes de la fecha del traslado[7].
6° Que, respecto a la adulteración del kilometraje de vehículos usados, se ha encontrado que la instalación y operación del odómetro sólo está contemplada en normas de rango legal y administrativo relacionadas con el establecimiento y regulación de la locomoción colectiva urbana, Compañía de Petróleos de Chile S.A., cobro de derechos municipales y certificación de dispositivos electrónicos de registro para vehículos de transporte interurbano de pasajeros.
Analizado el Código Penal y el D.F.L. N° 1, de 2011, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, se constata que no existe una figura delictiva que sancione específicamente la adulteración del odómetro de los vehículos motorizados.
Sin embargo, en una operación recaída sobre un vehículo motorizado, la adulteración del odómetro puede ser vista como constitutiva del delito de estafa, bajo las siguientes hipótesis:
1. Bajo el artículo 470, inciso 1°, del Código Penal, que dispone: “Artículo 467.- El que defraudare a otro en la sustancia, cantidad o calidad de las cosas que le entregare en virtud de un título obligatorio, será penado: (...).”. En este caso puede interpretarse que el kilometraje constituye parte de la calidad de la cosa sobre la que recae la operación. La pena es de presidio menor en su grado mínimo a máximo y multa de 5 a 30 UTM, dependiendo del valor de la defraudación (61 días a 5 años y $191.440 a $1.148.640[8], respectivamente).
2. Bajo el artículo 469, N° 2, del Código Penal, que dispone: “Se impondrá respectivamente el máximum de las penas señaladas en el artículo 467: (...) 2° A los traficantes que defraudaren usando de pesos o medidas falsos en el despacho de los objetos de su tráfico.”. En este caso puede interpretarse que la cifra que marque el odómetro adulterado constituye una medida falsa, utilizada por el comerciante (traficante) en el despacho de vehículos, que serían los objetos de su tráfico. La pena aplicable es de presidio menor en su grado máximo y multa de 21 a 30 UTM (3 años y 1 día a 5 años y $804.048 a $938.640, respectivamente).
3. Bajo el artículo 473 del Código Penal, que contiene la llamada “estafa residual”, y que dispone: “El que defraudare o perjudicare a otro usando de cualquier engaño que no se halle expresado en los artículos anteriores de este párrafo, será castigado con presidio o relegación menores en sus grados mínimos y multas de once a veinte unidades tributarias mensuales.” (61 a 540 días y $421.168 a $765.760, respectivamente).
7° Que, por último y dada la inexistencia de una sanción específica para esta forma de engaño, y las diversas posibilidades de interpretación, puede ser útil tipificar específicamente la adulteración del odómetro en vehículos motorizados. Para ello se propone un texto que reúna todas las virtudes de los proyectos de ley señalados, y que subsane sus defectos. La propuesta tendría las siguientes características:
1. Establecer en el D.F.L. N° 1, de 2011, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, la obligación de instalación y mantención de odómetro en todos los vehículos motorizados, y su inclusión en la Revisión Técnica
2. Tipificar como delito la adulteración del odómetro. Para ello se propone hacer aplicable la pena del delito de estafa, según el valor del vehículo, ya que puede estimarse que éste último puede ser un parámetro relativamente aceptable para medir el eventual perjuicio económico de la víctima.
Para ello se propone el siguiente texto (las secciones en negrita corresponden al nuevo texto propuesto):
Introdúzcanse las siguientes modificaciones al D.F.L. N° 1, de 2011, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito.
1°.- Agréguese al artículo 75 el siguiente número 10: “10.- Odómetro.”.
2°.- Sustitúyase el artículo 89 por el siguiente: “Artículo 89.- Las Municipalidades no otorgarán permisos de circulación a ningún vehículo motorizado que no tenga vigente la revisión técnica o un certificado de homologación, según lo determine el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
La revisión técnica que señala el inciso anterior comprenderá, en forma especial, los sistemas de dirección, frenos, luces, neumáticos, combustión interna y odómetro.
La adulteración del kilometraje que registre el odómetro será sancionada conforme el artículo 467 del Código Penal. La persona responsable de la revisión señalada en los incisos anteriores que verifique tal adulteración, denunciará el hecho ante el Ministerio Público o las Policías en el plazo de 36 horas.”.
Por consiguiente:
Los diputados que suscriben vienen en someter a vuestra consideración el siguiente:
PROYECTO DE LEY: PROYECTO DE LEY: TIPIFICA LA ADULTERACIÓN DEL ODÓMETRO EN VEHÍCULOS MOTORIZADOS
Artículo Único: Introdúzcanse las siguientes modificaciones al D.F.L. N° 1, de 2011, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito.
1°.- Agréguese al artículo 75 el siguiente número 10: “10.- Odómetro.”.
2°.- Sustitúyase el artículo 89 por el siguiente:
“Artículo 89.- Las Municipalidades no otorgarán permisos de circulación a ningún vehículo motorizado que no tenga vigente la revisión técnica o un certificado de homologación, según lo determine el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
La revisión técnica que señala el inciso anterior comprenderá, en forma especial, los sistemas de dirección, frenos, luces, neumáticos, combustión interna y odómetro.
La adulteración del kilometraje que registre el odómetro será sancionada conforme el artículo 467 del Código Penal. La persona responsable de la revisión señalada en los incisos anteriores que verifique tal adulteración, denunciará el hecho ante el Ministerio Público o las Policías en el plazo de 36 horas.”.
Moción de los diputados señores Velásquez , Alinco , Marinovic , Pérez, don José ; Pérez, don Leopoldo ; Saffirio y Sauerbaum y de las diputadas señoras Muñoz , doña Adriana ; Rubilar , doña Karla , y Sepúlveda , doña Alejandra Modifica la Ley General de Enseñanza, estableciendo la obligatoriedad de impartir una hora semanal de educación vial y normas del tránsito. (boletín N° 8029-04).
“Teniendo en consideración:
1° Que, según las estimaciones de las Naciones Unidas, “en el mundo, más del 40% de todas las muertes en colisiones de tránsito ocurren en personas de O a 25 años”.[1] Esto habla de una alta participación de los segmentos de menor edad en la estadística respectiva.
En Estados Unidos, los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte entre los jóvenes. Se calcula que el año 2007 murieron 14.229 jóvenes entre 15 y 29 años edad[2]. Otras causas no intencionales (principalmente intoxicaciones) aparecen en segundo lugar, seguido por homicidios y suicidios. Cabe advertir que la suma de estas dos últimas causas, superan por poco el total de muertes contabilizadas sólo en los accidentes del tránsito del mismo año (ver tabla 1 en anexo).
En Argentina, el ranking de las causas de defunción para los jóvenes de 15 a 24 años[3] en el año 2008, es liderado igualmente por los accidentes[4] (con 1.939 fallecidos), seguido por los suicidios en número bastante menor (817 fallecidos) que los contabilizados en la primera causa señalada[5] (ver tabla 3, en anexo).
2° Que, considerando las defunciones por causas de muerte y edad en Chile[6], los accidentes del tránsito aparecen como la segunda causa de muerte en el tramo de 15 a 29 años de edad[7]. Esto es, después de los suicidios[8], siendo aquélla también cuatro veces mayor que la cantidad de jóvenes fallecidos por homicidios[9], que representan la tercera causa de muerte, según a cifras del año 2007[10] (ver tabla 2, en anexo).
Atendiendo que Chile se diferencia de los países antes reseñados, en que el número de fallecidos en accidentes es superado ampliamente por los suicidios[11], vale la pena preguntarse aquí por el sentido autodestructivo que subyace a la conducción temeraria.
De acuerdo con datos consolidados por Carabineros de Chile, durante el período comprendido entre los años 2000 a 2009, se cuenta que 277.338 jóvenes entre 15 y 29 años han participado en accidentes de tránsito, registrándose un total de 3.863 fallecidos y 155.377 lesionados (con diverso nivel de gravedad)[12].
A partir de los datos proporcionados por Carabineros, es posible identificar las diferentes causas que han provocado los accidentes de tránsito que afectaron a la población de interés aquí (ver tabla 4, en anexo). Así, del análisis de estas cifras Conaset[13] concluye que “Durante este período, la causa donde se registró la mayor participación de jóvenes en siniestros de tránsito fue imprudencia del conductor, con un total de 112.697 jóvenes, dejando un total de 52.100 lesionados de diversa consideración. Mientras que el alcohol en conductores dejó el número más alto de fallecidos, llegando a 764 víctimas fatales”.[14]
3° Que, de acuerdo a la Organización Mundial de La Salud (OMS), los accidentes de tránsito son la principal causa de defunción entre los jóvenes de 10 a 24 años[15] y varios millones más sufren heridas o quedan discapacitados por esta causa. Se constata también que: “Los jóvenes de ambientes económicamente desfavorecidos son los que más riesgo corren en todos los países”16. El mayor riesgo al que se exponen estos grupos se relaciona con el hecho de que los usuarios más vulnerables de la red vial son los peatones, los ciclistas, los motociclistas y los usuarios del transporte público.[17]
En cuanto a los factores que determinan la elevada implicación de los jóvenes en accidentes de tránsito, a la vista de la situación mundial, la OMS destaca los siguientes[18]:
-la red vial está planificada sin tener suficientemente en cuenta sus necesidades específicas; sus características físicas y de desarrollo (por ejemplo, el pequeño tamaño de los niños) aumentan su riesgo;
-su tendencia a adoptar comportamientos de riesgo y la presión de los compañeros, especialmente entre los adolescentes, y otros factores de riesgo tales como el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol o el hecho de no usar el caso o el cinturón de seguridad.
En el ámbito más local, el estudio realizado por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito del Estado de Chile (Conaset) sobre “Los jóvenes en el tránsito”[19] ahonda en estos aspectos, destacando especialmente los siguientes factores explicativos:
Sujetos de mayor inexperiencia (participación de conductores novatos, con aprendizajes menos instaurados)
-Temeridad y menosprecio del riesgo (omnipotencia psicológica característica de la edad y bajo uso de medidas de seguridad como conductores, pasajeros o peatones)
-Ausencia de una tolerancia aprendida al consumo de alcohol (cultura etílica poco desarrollada y un limitado autoconocimiento sobre como consumirlo)
4° Que, la principal estrategia sobre seguridad de tránsito dirigido a la población de niños y jóvenes impulsada por el Estado a través de Conaset, es el programa denominado “Manéjate Por La Vida”[20], orientado a desarrollar una cultura vial en el país.
El Objetivo del programa es reducir en un 20% los fallecidos en accidentes de tránsito al 2014, para lo cual este se ha desarrollado recurriendo a la cooperación público-privado en su implementación[21].
El programa busca enmarcar todas las iniciativas en materia de seguridad vial del Estado y se centra en 4 pilares de acción para prevenir accidentes:
-Alcohol en la conducción,
-reflectancia,
-velocidad y
-el uso de elementos preventivos (como casco y cinturón de seguridad)
El programa está dirigido principalmente a los segmentos más jóvenes, considerando que son más permeables para adoptar nuevas conductas, en la perspectiva que éstos puedan inducir también el cambio de comportamiento en población adulta[22].
A continuación se detallan otras actividades específicas dirigidas a los distintos grupos objetivos (diferenciados por nivel de escolaridad)[23]:
1) En el ámbito pre escolar Conaset junto a Junji se encuentran en proceso de elaboración del primer manual de educación vial para párvulos, el cual se repartirá (digital y/o físicamente) a lo largo de todo el país.
2) En el ámbito escolar, la estrategia de Conaset para dar sustentabilidad al trabajo preventivo-educativo se compone de las siguientes líneas de acción:
a) Incorporación curricular (incorporar la seguridad vial en el currículo escolar en Chile)
b) Formación docente (formar permanentemente a profesores en todo Chile para enseñar la temática.
c) Formación en futuros docentes (insertar contenidos de educación vial en las escuelas de pedagogía de Chile)
d) Fortalecimiento de Brigadas Escolares (aumentar su número y participación a lo largo de todo el país)
e) Acompañamiento técnico a las escuelas (fomentar el desarrollo y/o potenciamiento de Consultoras, Fundaciones, principalmente desde la figura Asistencia Técnica Educativa Externa- ATE para obtener fondos de la Ley de Subvención Escolar Preferencial- SEP)
5° Que, en lo que sigue se recogen algunas recomendaciones de la Organización Mundial de La Salud (OMS), fundados en las conclusiones de la Primera Semana Mundial de la Naciones Unidas para la Seguridad Vial[24], realizada el año 2007:
a. “Durante la construcción de carreteras y la planificación de iniciativas de seguridad vial, las instancias normativas tienen que reconocer la vulnerabilidad de los niños, su relativa inexperiencia, las diferencias propias de su etapa de desarrollo y la necesidad que tienen de jugar y viajar en condiciones seguras”[25].
b. Los permisos de conducir graduales prohiben a los conductores noveles la conducción en carreteras con límites de velocidad elevados.
c. Se deben fijar y hacer respetar tasas de alcoholemia apropiadas para los conductores noveles[26].
d. También se debe fomentar el uso del casco en los niños cuando montan en bicicleta, así como, y especialmente, en motociclistas.
6° Que, en el caso de EEUU, entre las soluciones más costo-efectivas, el Centers for Disease Control and Prevention -a través del National Center for lnjury Prevention and Control-, el año 2010 destacaba las siguientes líneas de prevención[27]:
a. Perfeccionar la seguridad de los niños que van como pasajeros (supone fortalecer legislaciones estaduales, y financiar programas de distribución y educación para promover el uso de asientos y cinturones de seguridad adecuados para niños de diferentes peso y edad).
b. Reducir la conducción bajo el efecto del alcohol (incluye implementar políticas para que infractores reiterados requieran utilizar dispositivos de bloqueo del encendido de vehículos, mantener el mínimo legal de 21 años de edad para consumo de alcohol, obligar el uso regular de puntos de chequeo de sobriedad).
c. Fortalecer las licencias de conducir graduales para controlar la inexperiencia (limitando el número de acompañantes adolescentes de jóvenes conductores, restringir la conducción nocturna para los menores de 18 años que manejen sin supervisión)
d. Incrementar el uso del cinturón de seguridad (actualizando la legislación, incrementando las multas, financiando campañas de promoción).
Por consiguiente:
El diputado que suscriben viene en someter a vuestra consideración el siguiente,
“PROYECTO DE LEY: MODIFICA LA LEY GENERAL DE ENSEÑANZA, ESTABLECIENDO LA OBLIGATORIEDAD DE IMPARTIR UNA HORA SEMANAL DE EDUCACIÓN VIAL Y NORMAS DEL TRÁNSITO
Artículo Único: Agrégase, al artículo 5° de la ley N° 20.370 General de enseñanza, un inciso segundo del siguiente tenor:
“Los planes y programas de estudio de educación media deberán considerar los objetivos y contenidos destinados a preservar la vida y crear conciencia de la intrínseca responsabilidad que acarrea manejar vehículos motorizados y, en general, respetar las leyes del tránsito a todo nivel Para el efecto, se deberá impartir una hora semanal de Educación Vial y Normas del Tránsito en todos los establecimientos educacionales del país que impartan enseñanza secundaria
Moción de las diputadas señoras Hoffmann , doña María José , y Zalaquett , doña Mónica , y de los diputados señores Bobadilla , García, don René Manuel ; Hernández , Hasbún , Kort , Latorre , Norambuena y Tuma . Modifica la ley N° 18.290, estableciendo el porte y uso obligatorio de chaleco reflectante en los casos que indica. (boletín N° 8030-15).
“Vistos:
Lo dispuesto en los numerales 2, 3 y 20 del artículo 63 de la Constitución Política de la República.
Considerando:
1. La seguridad vial es un tema fundamental en las sociedades modernas. Las altas tasas de accidentes que nos enseñan las estadísticas resultan en una obligación tanto para el Gobierno como para el Legislador en orden a combatir sus causas. Si bien la educación es uno de los aspectos fundamentales, otro de relevancia es la modificación de nuestro ordenamiento jurídico estableciendo exigencias más altas para los ciudadanos y sanciones para su incumplimiento, que permitan generar las mayores condiciones de seguridad posible para la población. En este último aspecto se enmarca esta iniciativa legal.
2. Según datos de la Comisión Nacional de seguridad del Tránsito (CONASET), el año 2010 hubo 57.746 siniestros que dejaron 54.559 víctimas, 1.595 fatales.
3. El parque vehicular tiene un aumento progresivo y constante, así el año 2010 este alcanzo los 3.375.523.
4. La mejora ostensible de las condiciones de nuestras carreteras en las últimas décadas, que ha permitido el aumento de las velocidades de circulación en las mismas, sumado al crecimiento exponencial del parque vehicular ha producido que inexorablemente aumenten las situaciones de riesgo de siniestro en las mismas.
5. La educación en las normas del tránsito en Chile es del todo deficitaria, lo que es reconocido transversalmente. Cuando un conductor en carretera se enfrenta a un desperfecto o avería que hace imprescindible su descenso a la calzada, se desconocen los formas y lugares seguros de realizarlo.
6. En derecho comparado, con distintos alcances y sanciones, países como Italia, Francia o España, han establecido el uso obligatorio de los denominados “chalecos reflectantes” para los ocupantes que desciendan del vehículo a efecto de verificar las averías o reparar los desperfectos que hicieron necesaria su detención, con el fin de evitar atropellos en zonas de alta velocidad.
7. La razón de tal exigencia se fundamenta en que el uso de material reflectante disminuye considerablemente la posibilidad de atropello en la carretera, máxime en situaciones de poca visibilidad, alertando a los conductores de la situación de riesgo. Si usando el chaleco reflectante se permite una visibilidad de 150 metros, distancia que permite esquivar al reflectante, ésta se reduce a cerca de 30 metros cuando no se le porta, la que imposibilita una reacción adecuada por parte del conductor.
8. En tal sentido el contenido del presente proyecto de ley es establecer como obligatorio el porte del chaleco reflectante en el vehículo en un lugar accesible con anterioridad al descenso del mismo, su uso desde el momento que en que se desciende a la calzada a efecto de verificar alguna avería o reparar un desperfecto o por cualquier situación en general y tipificar su incumplimiento como falta grave en la Ley del Tránsito, con la consiguiente multa que significa.
Por las consideraciones precedentes, tengo a bien presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Modifíquese la Ley N° 18.290 en el siguiente sentido:
1) Agréguese al artículo 79 un numeral 11, nuevo, del siguiente tenor:
“Un chaleco reflectante que cuente con las exigencias técnicas establecidas en el reglamento.
2) Agréguese al artículo 198 un numeral 45, nuevo, del siguiente tenor: “No cumplir con lo dispuesto en el número 11 del artículo 79”
El uso del chaleco reflectante será obligatorio para los ocupantes que se vean obligados a detener el vehículo en carretera, desde el momento en que desciendan a la calzada.”
10. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 21 de octubre de 2011.
Oficio N° 6.788
Remite resolución.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.S.I. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 20 de octubre de 2011 en el proceso Rol N° 2.079-11-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en la causa sobra cobro de pesos en juicio de hacienda caratulada “Fisco con Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.”, de que conoce actualmente esa Corte de Apelaciones, bajo el Rol de ingreso N° 4277-2010, a los efectos que indica. Asimismo, acompaño copia del requerimiento de fojas 1 y de la resolución que declaró su admisibilidad.
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO , Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN , Secretaria.
A S.E.
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO MELERO ABAROA
CONGRESO NACIONAL
AVDA. PEDRO MONTT S/N
VALPARAÍSO.”