Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- XI. Otros documentos de la Cuenta.
- XII. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Bobadilla Munoz
- PETICIÓN DE OFICIO : Guillermo Leon Teillier Del Valle
- PETICIÓN DE OFICIO : Guillermo Leon Teillier Del Valle
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcelo Schilling Rodriguez
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Adriana Munoz D'albora
- PETICIÓN DE OFICIO : Marisol Turres Figueroa
- PETICIÓN DE OFICIO : Marisol Turres Figueroa
- PETICIÓN DE OFICIO : Aldo Cornejo Gonzalez
- PETICIÓN DE OFICIO : Javier Hernandez Hernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Constanza Sabat Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Javier Hernandez Hernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Javier Hernandez Hernandez
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Juan Antonio Coloma Correa
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. FÁCIL DESPACHO
- AUMENTO DE PENALIDAD A DELITO DE ROBO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Marcos Espinosa Monardes
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INTERVENCIÓN : Orlando Severo Vargas Pizarro
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Ernesto Silva Mendez
- INTERVENCIÓN : Eugenio Bauer Jouanne
- DEBATE
- DEBATE
- AUMENTO DE PENALIDAD A DELITO DE ROBO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- VI. ORDEN DEL DÍA
- ESTABLECIMIENTO DEL 29 DE NOVIEMBRE COMO DÍA NACIONAL DEL NIÑO Y NIÑA NACIDOS PREMATUROS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carolina Goic Boroevic
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- INTERVENCIÓN : Carolina Goic Boroevic
- INTERVENCIÓN : Monica Beatriz Zalaquett Said
- INTERVENCIÓN : Karla Rubilar Barahona
- INTERVENCIÓN : Pedro Antonio Velasquez Seguel
- DEBATE
- REGULACIÓN EN MATERIA DE TENENCIA Y EXTRAVÍO DE EQUIPOS Y TARJETAS DE TELEFONÍA MOVIL PARA PREVENIR SU USO EN HECHOS DELICTIVOS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- INTERVENCIÓN : Arturo Squella Ovalle
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Sergio Bobadilla Munoz
- DEBATE
- DEBATE
- ESTABLECIMIENTO DEL 29 DE NOVIEMBRE COMO DÍA NACIONAL DEL NIÑO Y NIÑA NACIDOS PREMATUROS. Primer trámite constitucional.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- INCENTIVO A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- Andrea Molina Oliva
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Carolina Goic Boroevic
- Jose Antonio Kast Rist
- Enrique Accorsi Opazo
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Lautaro Carmona Soto
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ADOPCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MITIGAR LA CONTAMINACIÓN INTRADOMICILIARIA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- David Sandoval Plaza
- Manuel Rojas Molina
- Enrique Accorsi Opazo
- Guillermo Leon Teillier Del Valle
- Leopoldo Perez Lahsen
- Enrique Estay Penaloza
- Javier Hernandez Hernandez
- Celso Rene Morales Munoz
- Alfonso De Urresti Longton
- Patricio Vallespin Lopez
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN HUASCO Y TIERRA AMARILLA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- Adriana Munoz D'albora
- Andrea Molina Oliva
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Sergio Bobadilla Munoz
- Jose Ramon Barros Montero
- Claudia Nogueira Fernandez
- Eugenio Bauer Jouanne
- Javier Hernandez Hernandez
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Giovanni Oscar Calderon Bassi
- INTERVENCIÓN : Pedro Antonio Velasquez Seguel
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INCENTIVO A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
- VIII. INCIDENTES
- HOMENAJE A LA COMUNA DE MARÍA ELENA EN SU 31° ANIVERSARIO. Oficios
- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA UBICACIÓN DE NUEVA CÁRCEL EN COYHAIQUE. Oficios.
- ADECUACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN A PESCADORES ARTESANALES DE CALETAS DUAO Y LLICO. Oficio.
- PROBLEMA PREVISIONAL DE PROFESORA DE COMUNA DE LINARES. Oficio.
- RESTRICCIÓN EN OFERTA DE NIVELES PREKÍNDER Y KÍNDER EN JARDINES INFANTILES ADMINISTRADOS POR FUNDACIÓN INTEGRA. Oficio.
- FACTIBILIDAD DE TRASLADO DE PEAJE DE TRONCAL RETIRO, EN RUTA 5 SUR, AL SECTOR DE PERQUILAUQUÉN. Oficio.
- INAUGURACIÓN DE CUARTELES DE CARABINEROS EN LOCALIDADES DE CATAMUTÚN Y PUERTO NUEVO, COMUNA DE LA UNIÓN. Oficios.
- MANTENCIÓN DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO EN 2012. Oficios.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- Lautaro Carmona Soto
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Manuel Monsalve Benavides
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Eduardo Antonio Cerda Garcia
- ADHESION
- FELICITACIONES A ESTUDIANTES DEL LICEO “PEOPLE HELP PEOPLE”, DE PANGUIPULLI. POR DESTACADA PARTICIPACIÓN EN CONCURSO “DELIBERA”. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE LEGALIDAD DE COBRO DE EMPRESA SANITARIA. Oficio.
- ADHESION
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Lautaro Carmona Soto
- Eduardo Antonio Cerda Garcia
- ADHESION
- ANTECEDENTES SOBRE PROCESO DE FIJACIÓN TARIFARIA DE EMPRESA AGUAS MAGALLANES. Oficio.
- ADHESION
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Lautaro Carmona Soto
- Eduardo Antonio Cerda Garcia
- ADHESION
- DESIGNACIÓN DE FISCAL CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA POR ABUSOS SEXUALES CONTRA MENORES EN ESCUELA DE QUILLOTA. Oficio.
- ADHESION
- Pablo Lorenzini Basso
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Manuel Monsalve Benavides
- Juan Luis Castro Gonzalez
- ADHESION
- RETRASO EN CONSTRUCCIÓN DE NUEVA CÁRCEL EN REGIÓN DEL MAULE. Oficio.
- RECHAZO A INSTALACIÓN DE PLANTA DE RECICLAJE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN COMUNA DE CABRERO. Oficios.
- ADHESION
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Lautaro Carmona Soto
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- ADHESION
- ALCANCES A DICTAMEN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE PLAN “SALVEMOS EL AÑO ESCOLAR”. Oficios.
- PREOCUPACIÓN POR FALTA DE UCI PEDIÁTRICA EN REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
- ADHESION
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX ANEXO DE SESIÓN
- ANTECEDENTES SOBRE DERRAME DE ÁCIDO SULFÚRICO EN ACCIDENTE CARRETERO, SOBRE PERMISOS PARA TRASLADO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y EVENTUAL MEJORAMIENTO DE RUTA D-85. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE REACTIVACIÓN DE COMISIÓN PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE LA DEUDA HISTÓRICA CON LOS PROFESORES.
- INSTRUCCIÓN DE SUMARIO POR DEFICIENTE ATENCIÓN DE SALUD A NIÑO EN HOSPITAL REGIONAL DE COPIAPÓ. Oficios .
- EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE CALBUCO. Oficio
- CIERRE DE LA SESIÓN
- X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Cristian Monckeberg Bruner
- German Becker Alvear
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Rosauro Martinez Labbe
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Leopoldo Perez Lahsen
- Gaspar Alberto Rivas Sanchez
- Alejandro Santana Tirachini
- Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- Karla Rubilar Barahona
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Orlando Severo Vargas Pizarro
- Enrique Accorsi Opazo
- Rene Alinco Bustos
- Pepe Auth Stewart
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Lautaro Carmona Soto
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Jose Perez Arriagada
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Adriana Munoz D'albora
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 359ª
Sesión 114ª, en miércoles 23 de noviembre de 2011
(Ordinaria, de 10.37 a 14.20 horas)
Presidencia de los señores Melero Abaroa, don Patricio; Araya Guerrero, don Pedro, y Bertolino Rendic, don Mario.
Secretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- FÁCIL DESPACHO
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- ANEXO DE SESIÓN
X.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XII.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 10
II. Apertura de la sesión 13
III. Actas 13
IV. Cuenta 13
V. Fácil despacho.
- Aumento de penalidad a delito de robo de vehículos motorizados. Primer trámite constitucional. (Continuación) 13
VI. Orden del Día.
- Establecimiento del 29 de noviembre como Día Nacional del Niño y de la Niña Nacidos Prematuros. Primer trámite constitucional 20
- Regulación en materia de tenencia y extravío de equipos y tarjetas de telefonía móvil para prevenir su uso en hechos delictivos. Primer trámite constitucional 30
VII. Proyectos de acuerdo.
- Incentivo a la contratación de personas con discapacidad 46
- Adopción de políticas públicas para mitigar la contaminación intradomiciliaria 48
- Instalación de estaciones de monitoreo de la calidad del aire en Huasco y Tierra Amarilla 51
VIII. Incidentes.
- Homenaje a la comuna de María Elena en su 31° aniversario. Oficios 53
- Estudio de alternativas para ubicación de nueva cárcel en Coyhaique. Oficios 54
- Adecuación de procedimiento de fiscalización a pescadores artesanales de caletas Duao y Llico. Oficio 55
- Problema previsional de profesora de comuna de Linares. Oficio 55
- Restricción en oferta de niveles prekínder y kínder en jardines infantiles administrados por Fundación Integra. Oficio 56
- Factibilidad de traslado de peaje de Troncal Retiro, en Ruta 5 Sur, al sector de Perquilauquén. Oficio 56
- Inauguración de cuarteles de carabineros en localidades de Catamutún y Puerto Nuevo, comuna de La Unión. Oficios 57
- Mantención de programas de empleo de la Región del Biobío en 2012. Oficios 58
- Felicitaciones a estudiantes del liceo “People Help People”, de Panguipulli, por destacada participación en concurso “Delibera”. Oficio 58
- Información sobre legalidad de cobro de empresa sanitaria. Oficio 59
Pág.
- Antecedentes sobre proceso de fijación tarifaria de Empresa Aguas Magallanes. Oficio 59
- Designación de fiscal con dedicación exclusiva por abusos sexuales contra menores en escuela de Quillota. Oficio 60
- Retraso en construcción de nueva cárcel en Región del Maule. Oficio 60
- Rechazo a instalación de planta de reciclaje de residuos hospitalarios en comuna de Cabrero. Oficios 61
- Alcances a dictamen de la Contraloría General de la República sobre Plan “Salvemos el Año Escolar”. Oficios 62
- Preocupación por falta de UCI pediátrica en Región de Atacama. Oficios 64
IX. Anexo de Sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 66
- Antecedentes sobre derrame de ácido sulfúrico en accidente carretero, sobre permisos para traslado de sustancias peligrosas y eventual mejoramiento de Ruta D-85. Oficios 66
- Información sobre reactivación de comisión para resolver el problema de la deuda histórica con los profesores 67
- Instrucción de sumario por deficiente atención de salud a niño en Hospital Regional de Copiapó. Oficios 68
- Equipamiento del Centro de Salud Familiar de Calbuco. Oficios 68
X. Documentos de la Cuenta.
- Mensajes de S.E. el Presidente de la República por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos:
1. sobre “Acuerdo de Asunción sobre Restitución de Vehículos Automotores Terrestres y/o Embarcaciones que Trasponen Ilegalmente las Fronteras entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile”, suscrito en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 7 de diciembre de 1999. (boletín N° 8058-10) 70
2. que “Modifica la ley N° 20.305, sobre condiciones de retiro de los funcionarios públicos con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones, reconoce pagos y otorga beneficios”. (boletín N° 8059-13) 74
3. Moción de los diputados señores Monckeberg, don Cristián; Becker, Browne, Martínez, Monckeberg, don Nicolás; Pérez, don Leopoldo; Rivas, Santana, Sauerbaum y de la diputada señora Rubilar, doña Karla, que “Modifica el Código del Trabajo, estableciendo el deber de retención del principal o contratista en caso de incumplimiento de obligaciones laborales o previsionales”. (boletín N° 8060-13) 80
Pág.
4. Moción de los diputados señores Vargas, Accorsi, Alinco, Auth, Cardemil, Carmona, Gutiérrez, don Hugo, y Pérez, don José, y de las diputadas señoras Hoffmann, doña María José, y Muñoz, doña Adriana, que “hace extensiva la Beca de Integración Territorial a los alumnos de las provincias de Parinacota y Tamarugal”. (boletín N° 8061-04) 82
5. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de artículo 11 de la ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo. Rol 2099-11-INA. (6856) 83
XI. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación:
- Del diputado Alinco, don René, mediante la cual informa que ha dado autorización a la diputada Goic, doña Carolina, para que adhiera al proyecto de ley sobre “Reforma Constitucional que establece el sueldo mínimo regional y suprime la inciativa exclusiva del Presidente de la República ”. Boletín N° 7466-07.
2. Oficios:
Respuestas a Oficios Cuenta 114ª
Contraloría General de la República:
- Diputado Espinosa don Marcos, Remita el informe en investigación especial N° 3 de la Contraloría Regional de Antofagasta u otros que traten sobre los viáticos y cometidos funcionarios de la Gobernación Provincial de El Loa. (70395 al 4975).
Ministerio de Interior:
- Diputado Marinovic, Solicita una visión de Estado que integre a todos los habitantes del territorio nacional, especialmente a los que viven en la Patagonia (21873 al 1069).
- Diputado Hasbún, Investigue e informe el motivo por el cual se suspendió la beca Valech al señor José Ramón Olmedo Araya. (22224 al 4780).
Ministerio de Hacienda:
- Diputada Girardi doña Cristina, Solicita liberar del pago del Impuesto al Valor Agregado a los pequeños comerciantes de ferias libres y persas (2653 al 3270).
- Diputado Monckeberg don Nicolás, Solicita dejar sin efecto las multas cursadas a pequeños comerciantes de ferias libres y mercados persas por infracciones al decreto ley N° 825, sobre impuesto al valor agregado (2653 al 3280).
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita marginar de la investigación por la muerte del conscripto señor Esteban Saitz Villanueva, perteneciente al Regimiento de Infantería N° 12, “Sangra”, acaecida el 16 de agosto de los corrientes, al Fiscal militar, señor Rodrigo Cuadra. (10089 al 2641).
Ministerio de Agricultura:
- Diputado Letelier, Se sirva considerar la posibilidad de decretar como zona de emergencia hídrica a las comunas de Alhué, San Pedro y los sectores de la comuna de Melipilla, que indica, en atención a la fuerte sequía que afecta a su agricultura, informando a esta Cámara. (858 al 5077).
Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
- Diputado Espinoza don Fidel, Se sirva remitir a esta Cámara un informe estadístico detallado por programa y desglosado por cada una de las Regiones, de los subsidios habitacionales entregados a partir del año 2003, especialmente respecto de los correspondientes al Fondo Solidario I, Sin Deuda, y al nuevo Sistema Integrado del Subsidio Habitacional. (926 al 4911).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Proyecto de Acuerdo 428, “Solicita a S.E. el Presidente de la República considerar a Alto del Carmen entre las beneficiarias del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones II.” (7876).
Empresas del Estado:
- Diputado Sandoval, Informe sobre los planes, plazos e iniciativas orientadas a implementar el Plan Maestro del Puerto de Chacabuco, comuna de Aysén, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (589 al 5042).
- Diputado Sandoval, Se sirva considerar la necesidad de efectuar inversiones en infraestructura portuaria para pasajeros en Puerto Chacabuco, informando a esta Cámara. (589 al 5088).
Intendencias:
- Diputado Carmona, Transmite su preocupación por el accionar de Carabineros de Chile en las manifestaciones efectuadas el día jueves 29 de septiembre, en la ciudad de Copiapó, con motivo del llamado a movilización nacional por reformas a la educación pública, y solicitarle que se suspendan las prácticas policiales que denuncia, en la intervención adjunta (1244 al 2716).
Servicios:
- Diputada Girardi doña Cristina, Mantención del proceso de regularización tributaria destinado a los pequeños comerciantes de la feria libre Fanaloza, de la comuna de Cerro Navia y del Persa Los Tamarindos, de la comuna de Lo Prado, y, acerca de las infracciones cursadas en recientes fiscalizaciones insertas en el programa “Barrio Comercial en Paz”, del Ministerio del Inte-rior (2653 al 3765).
Varios:
- Diputado Meza, Informe a esta Cámara sobre la posibilidad de disponer una rigurosa fiscalización a las empresas proveedoras de electricidad, por el cobro de las tarifas a sus usuarios. (11692 al 4771).
- Diputado Sandoval, Suspensión del suministro de energía eléctrica en la localidad de Caleta Tortel, Región de Aysén. (11854 al 4418).
Municipalidad de Estación Central:
- Diputada Zalaquett doña Mónica, Disponga el estudio y ejecución de un proyecto que permita mejorar el entorno del puente peatonal ubicado sobre el canal Ortuzano, en la intersección de avenida 5 de Abril y Lo Errázuriz, informando a esta Cámara. (1100 al 4508).
XII. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- Diputado Bobadilla, Considere en los planes presupuestarios de esa cartera la pavimentación de la ruta que une las localidades de Hualpi, Quilacoya, Unihue y Talcamavida, pasando por la cuesta Variante Quilacoya, Región del Biobío , e informe a esta Corporación. (5240 de 17/11/2011). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado Teillier, Informe a la brevedad acerca de los motivos que se tuvieron en cuenta para el traslado de los presos desde la cárcel de San Miguel a la ex Penitenciaría, las condiciones en que se llevó a efecto, y la situación en que quedarán los reclusos en la ex Penitenciaría y Colina Dos, como asimismo, sobre el destino que se le dará a la cárcel de San Miguel. (5241 de 17/11/2011). A Ministerio de Justicia.
- Diputado Teillier, Informe sobre el concurso público convocado por el Servicio de Salud Arauco, para proveer el cargo de Encargado de Adulto Mayor, en el hospital de Cañete, Región del Biobío, y que habría sido ganado por la trabajadora social, doña María Elena Parra Sáez. (5242 de 17/11/2011). A Ministerio de Salud.
- Diputado Schilling, Remita copia de los estatutos de la Cooperativa Vivienda y Servicios Habitacionales “Villa Sincamar Ltda.”, con los antecedentes relacionados con su procedimiento del liquidación. (5249 de 17/11/2011). A jefe del Departamento de Cooperativas .
- Diputada Molina doña Andrea, Ordene iniciar una exhaustiva investigación acerca de las causas que provocan el constante derrame de sustancias tóxicas en la caleta de Ventanas, comuna de Puchuncavi, Región de Valparaíso, e informe sobre acontecimientos similares ocurridos en el pasado, y si al efecto se han adoptado medidas de mitigación de daño ambiental en la referida zona. (5250 de 18/11/2011). A Ministerio Medio Ambiente.
- Diputada Molina doña Andrea, Ordene realizar una medición de los decibeles existentes en la calle Camino Viejo, comuna de Puchuncaví, Región de Valparaíso, lo anterior como consecuencia de los ruidos molestos que causaría el funcionamiento de una discoteca emplazada en ese sector, e informe a esta Corporación si ello contraviene la normativa legal vigente. (5251 de 18/11/2011). A seremi de Salud Región de Valparaíso.
- Diputada Molina doña Andrea, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, referida a los graves problemas de delincuencia y de violencia que afectan a los habitantes de la calle Camino Viejo, comuna de Puchuncaví, Región de Valparaíso, que serían motivados por el funcionamiento una discoteca emplazada en el referido sector. (5252 de 18/11/2011). A Ministerio de Interior.
- Diputada Molina doña Andrea, Informe acerca de cuántos puntos de captación de agua se han entregado en los últimos tres meses en la comuna de Petorca, Región de Valparaíso, (5253 de 18/11/2011). A Servicios.
- Diputada Muñoz doña Adriana, Informe respecto del resultado del proceso de revisión de los expedientes administrativos de calificación de la calidad de exonerados políticos y de concesión de beneficios previsionales, como asimismo, indique la individualización de cada una de las personas involucradas, las presuntas irregularidades detectadas, y las vías de invalidación o impugnación jurídica de las resoluciones que otorgan los referidos beneficios. (5256 de 18/11/2011). A presidente del Consejo de Defensa del Estado .
- Diputada Turres doña Marisol, Ordene investigar si la empresa Salmoconcesiones SA: ha sometido al sistema de estudio de impacto ambiental que señala la ley las obras que está ejecutando, consistentes en la instalación de un centro de cultivo de salmones en la ribera norte del río Maullín, sector Chuyaquén, Región de Los Lagos, e informe a esta Corporación. (5257 de 18/11/2011). A Ministerio Medio Ambiente.
- Diputada Turres doña Marisol, ordene -de conformidad a la legislación en vigor- declarar caducada la concesión marítima que fuera otorgada a la empresa Salmoconcesiones SA., e informe a esta Corporación. (5258 de 21/11/2011). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
- Diputado Cornejo, Informe si efectivamente el proyecto vial entre Reñaca y Valparaíso, Región de Valparaíso, ha sido considerado de interés público, y si se ha estimado una construcción de alto tráfico en esa ruta, como asimismo, indique en qué etapa se encontraría el referido proyecto. (5259 de 21/11/2011). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado Hernández, Considere y evalúe la factibilidad de trasladar al funcionario de Gendarmería de Chile , don Rodrigo Alexis Tapia Garrido, desde la Unidad UCEP de Santiago, donde actualmente se desempeña, a la ciudad de Talca o Linares, Región del Maule , e informe a esta Corporación. (5260 de 21/11/2011). A Servicios.
- Diputada Sabat doña Marcela, Informe respecto de la procedencia de instalar un semáforo en la intersección de las calles Dublé Almeyda con Monseñor Eyzaguirre, comuna de Ñuñoa, región Metropolitana de Santiago. (5261 de 21/11/2011). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputado Hernández, Informe acerca del estado de tramitación de la postulación que realizó don Armando Guarda Carillo, para la obtención de los beneficios que otorga la ley N° 19.992 (Ley Valech), y el tiempo estimado para su conclusión. (5262 de 21/11/2011). A Ministerio de Interior.
- Diputado Hernández, Informe acerca del estado de tramitación de la presentación que efectuó doña Zoila Olivia Vera Fuentes, en que manifiesta su voluntad de acogerse a retiro voluntario, de conformidad al artículo 9° transitorio de la ley N° 20.501, y el tiempo estimado para la conclusión de este procedimiento, considerando al efecto el documento anexo. (5263 de 21/11/2011). A subsecretario de Educación.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (111)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Alinco Bustos René IND XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto IND XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Kort Garriga, Issa Farid UDI VI 32
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Asistió, además, el senador señor Juan Antonio Coloma.
-Con permiso constitucional, no estuvo presente el diputado señor Fuad Chahín.
-Por encontrarse en misión oficial, no estuvo presente la diputada señora Ximena Vidal. -
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.37 horas.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ARAYA (Vicepresidente).- El acta de la sesión 108ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 109ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ARAYA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
V. FÁCIL DESPACHO
AUMENTO DE PENALIDAD A DELITO DE ROBO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que reforma el Código Penal, tipificando los delitos de robo o hurto de vehículos motorizados, y crea nuevas figuras delictivas y aumenta su penalidad.
Diputado informante de las Comisiones de Seguridad Ciudadana y Drogas y de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Matías Walker.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto de ley contenida en el boletín N° 7481-07, se inició en la sesión 109ª, en 16 de noviembre de 2008.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Hago presente a la Sala que los informes de las Comisiones de Seguridad Ciudadana y Drogas y de Constitución, Legislación y Justicia se encuentran rendidos y que el proyecto ha sido ampliamente debatido.
El tiempo destinado a Fácil Despacho es de media hora y hay seis señores diputados inscritos. Por eso, propongo que cada uno pueda hacer uso de la palabra por cinco minutos.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado Schilling.
El señor SCHILLING.- Por favor, elimíneme de la lista, señor Presidente . En cinco minutos no alcanzo a concluir mi intervención.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Así se hará, señor diputado .
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente, he querido hacer uso de la palabra, precisamente, por lo que se ha dicho durante la discusión del proyecto.
No sacamos nada con aumentar la penalidad respecto de un delito determinado, como es el robo de un vehículo -que conocemos muy de cerca en nuestras regiones-, si éstas se encuentran colapsadas, saturadas y con serios problemas de hacinamiento. Por eso, resulta fundamental -porque el tema no es menor- resguardar a quienes sufren y son víctimas de este tipo de delitos. Basta con
seguir preocupándonos de los delincuentes, porque quienes roban un vehículo o cometen algún delito están en la cárcel y han fallado a nuestra sociedad.
Junto con resguardar a las víctimas, debemos buscar la forma de solucionar el problema. El proyecto asume una forma persuasiva de hacerlo, en el sentido de que quien sabe que va a robar o que va a cometer un delito, también sabrá que tendrá que enfrentar una pena o condena con mayor sanción.
Ahora bien, en esta nueva tipificación del delito, que me parece correcta, también nos encontramos con ciertas debilidades, porque no se hace cargo de determinadas prácticas que se cometen en países vecinos. En el caso de Bolivia, recientemente hubo una modificación de un artículo relacionado con el tema. Como se sabe, en ese país se pueden blanquear vehículos robados que ingresaban desde el norte de Chile.
Por lo tanto, sabiendo que aún existe vulnerabilidad y aumento de este tipo de delitos, creo que el proyecto representa un camino positivo que puede persuadir a quien pretenda robar un vehículo.
Por las razones expuestas, votaré a favor del proyecto. Muchos de nosotros aspiramos a tener un vehículo. Desgraciadamente, en Antofagasta y Calama , zonas que represento, el robo de vehículos es uno de los delitos más comunes. Lamentablemente, a eso debemos agregar la vulnerabilidad de frontera, por donde cruzan todo tipo de vehículos, como asimismo el blanqueo que se hace de los mismos en otros países. Todo ello configura motivos más que suficientes para aprobar el proyecto y despacharlo lo antes posible.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente , indudablemente, el proyecto contribuye a mitigar las nefastas consecuencias del aumento o incremento del robo de vehículos en nuestro país, más aún en aquellas regiones que por sus condiciones geográficas o limítrofes hacen más fácil su traslado hacia países vecinos, una vez que son sustraídos.
El robo de vehículos es una de las conductas delictuales de mayor incidencia en el país. Incluso, puede afirmarse que en Chile no existe una persona que no haya sido víctima directa o indirecta del robo de un vehículo. Sin embargo, no existe una tipificación específica del mismo, tal como advirtiera la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta Cámara al vincularlo sólo con la figura de robo o hurto, tipificado en el Código Penal como delito contra la propiedad.
Además, como consecuencia directa, tampoco tiene una penalización específica y determinada hipótesis de comisiones de delitos, como, por ejemplo, el envío o transporte o facilitación de vehículos motorizados; la utilización o facilitación de vehículos robados para la comisión de otros delitos; robo de vehículo destinado al transporte público, de carga o de pasajeros, o delitos cometidos por funcionarios públicos encargados de la prevención o persecución de delitos.
De acuerdo a estadísticas internacionales, anualmente desaparecen en el mundo alrededor de cuatro millones de vehículos. Según estos cálculos, la frecuencia promedio es de un robo cada diez segundos. En Chile, los niveles están por debajo de dichas cifras; sin embargo, no estamos lejos de contar con cifras alarmantes a nivel nacional.
Según estadísticas del informe anual del INE, correspondiente al período 2009, Carabineros realizó 2.206 aprehensiones por el delito de robo de vehículos motorizados y las denuncias en el mismo sentido fueron 26.404. Las regiones más afectadas son la Metropolitana, con 16.837 denuncias, y Antofagasta, con 2.062 denuncias.
Hago énfasis en que aquí están demostrados los datos crudos. Debemos hacer la corrección en términos de la proporción y de lo alarmante que resulta el número de vehículos robados, si lo comparamos con la población de la Segunda Región. En esa región, como ha quedado dicho, 2.062 vehículos son sustraídos anualmente, delitos que terminan siendo ventilados en tribunales.
En otros términos, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pudo comprobar, según datos estadísticos de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, que entre abril y junio de 2010 las denuncias por robo con fuerza alcanzaron a 27,7 por ciento; robo de objeto de o desde un vehículo, 15,2 por ciento; robo a un vehículo, 16,5 por ciento.
Por lo anteriormente dicho, y estando consciente del alto porcentaje del robo de vehículos motorizados en las regiones del norte del país, particularmente en Antofagasta, en marzo de 2009, junto a otros colegas parlamentarios, presentamos un proyecto de ley que iba en la misma dirección de esta iniciativa. Aunque no fueron refundidos, comparten el mismo fundamento y espíritu, cual es dar una correcta tipificación a este acto delictual y, por ende, establecer penas que sean acordes con la alta connotación social que tiene este delito.
El 15 de junio del año en curso, esta Cámara aprobó el proyecto de acuerdo N° 365, para solicitar un pronunciamiento oficial de la Cancillería de Chile ante los dichos del Presidente Evo Morales en Bolivia, particularmente sobre la promulgación de una ley que tiene por objeto legalizar todos aquellos vehículos indocumentados que ingresan a dicho país. Se implementaron medidas para reforzar la seguridad en la frontera chileno-boliviana y existen antecedentes de un preacuerdo entre ambas naciones para combatir el tema e identificar los vehículos encargados por robo en Chile, antes de que sean legalizados en Bolivia, de acuerdo con la ley de saneamiento legal de vehículos indocumentados.
En resumen, el proyecto apunta a fortalecer la legislación chilena. Por ello, creemos indispensable e imprescindible aprobarlo.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente , el proyecto ha sido ampliamente debatido. Concita bastante interés no sólo porque se trata de una moción parlamentaria, sino porque aborda un delito de permanente ocurrencia, como se ha señalado en intervenciones anteriores.
Por lo tanto, es importante que busquemos alguna solución para tratar de evitar, en parte, lo que está ocurriendo hoy. Pero lo que es más grave aún es que la mayoría de estos robos se realizan principalmente para cometer otro tipo de delitos. Habitualmente vemos en la prensa que cada vez que hay un asalto o se roba algún cajero automático, o se produce cualquier otro tipo de delito, se encuentra involucrado un vehículo robado. Al mismo tiempo, vemos con estupor lo que ocurre en países vecinos cuando se legalizan vehículos robados.
Por lo tanto, me parece bien que se haya agregado, al artículo 449 del Código Penal, la frase: “Con la misma pena de los autores se castigará a quienes envíen o transporten fuera del país vehículos robados.”. Con esa medida se agrega una nueva tipificación que, tal vez, sirva para ahuyentar a los delincuentes de cometer el delito de robo de vehículos.
No tengo las cifras exactas sobre la cantidad de vehículos robados que se venden diariamente, pero sin duda ha ido aumentando con fuerza la cantidad de vehículos que se venden anualmente.
En la medida en que los delitos aumenten, lo más probable es que también siga creciendo el número de vehículos robados. Por eso, es importante aumentar las penas. Ojalá se logre disminuir el robo de vehículos.
Por último, felicito a los autores del proyecto, el cual me deja bastante contento.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , entre los grandes esfuerzos que deben hacerse en el ámbito legislativo, y en el mundo del derecho en general, está el relacionado con la necesidad de recoger las señales que la comunidad da para adecuar la legislación en cualquiera de sus ámbitos, ya sea comercial, industrial o tecnológico. En el caso particular de materias penales, se debe responder a los actuales requerimientos.
En primer lugar, el proyecto nace con la idea de tipificar el delito específico de robo de vehículos motorizados en bienes nacionales de uso público, y después muta en la Comisión -lo que me parece muy bien- como iniciativa que busca establecer, dentro de las mismas normas del robo en bienes nacionales de uso público, el aumento de la pena para tal delito en un grado. En consecuencia, no se está creando ni tipificando un nuevo delito.
Respecto del robo en bienes nacionales de uso público, el proyecto aumenta la pena cuando el objeto materia del delito es un vehículo motorizado, y aumenta las penas a los autores, cómplices y encubridores en un grado. Sin embargo, se aumentan las penas después del ejercicio de aplicar todas las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, sean éstas agravantes o atenuantes.
La pena actual es la misma para un robo en un bien nacional de uso público, cualquiera sea el objeto del delito.
El proyecto propone pasar de la pena de presidio menor en su grado máximo -tres años y un día a cinco años- a presidio mayor en su grado mínimo, esto es de cinco años y un día a diez años.
Para el caso específico de la receptación, hoy para los jueces es facultativo aumentar la pena en un grado. Como consecuencia del proyecto, se transforma en imperativo para éstos aumentar la pena en un grado.
En la legislación actual, la pena es de presidio menor en cualquiera de sus grados, es decir de sesenta y un días a cinco años. El proyecto propone aplicar la pena de presidio menor, pero partiendo de su grado medio a máximo, es decir, elevando el piso de la pena de sesenta y un días a quinientos cuarenta y un días. De esta manera, estamos adoptando la decisión correcta respecto de un tipo de delito que se ha hecho común en nuestro país, pero que, además, está comprometiendo delictivamente a las comunidades vecinas.
Desde mi punto de vista, señor Presidente -y con esto concluyo-, no se puede dejar de legislar en materia referida a cambios de fondo en nuestra legislación penal, como ahora, bajo el pretexto de no disponer de una política carcelaria eficiente. No es razonable confundir ambos temas o planos cuando tratamos de poner freno, por la vía del proyecto, a uno de los delitos que más daña el patrimonio, y de un modo importante, de gran cantidad de chilenos.
En el caso de la receptación, se va a sancionar con la misma pena aplicada a las salidas ilegales de vehículos motorizados de nuestro país.
Pido, entonces, a mis colegas que voten el proyecto favorablemente.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Orlando Vargas.
El señor VARGAS.- Señor Presidente , en mi región, al igual que en otras del norte, las fronteras son bastante amplias. Se trata de más de 800 kilómetros de frontera con Bolivia y de 210 kilómetros con Perú. Por lo tanto, en ellas se presentan los más grandes robos de vehículos, como también el traslado de vehículos de Chile a Perú y Bolivia.
El proyecto de ley, a fin de cuentas, aumenta la penalidad, y esperamos aprobarlo a fin de que los robos vayan mermando. Además, castiga a las personas que transporten vehículos robados fuera del país.
La norma que establece el delito de receptación señala que éste se produce cuando la persona, conociendo el origen, o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, a cualquier título, especies hurtadas o robadas.
Señor Presidente, se han creado grandes mafias que controlan el robo de vehículos, ya sea con fines de desarme o de clonación. Por lo tanto, se ha convertido en un robo popular y con menos castigo.
En consecuencia, invito a mis colegas a votar favorablemente el proyecto, porque busca solucionar un problema que afecta a muchos civiles que han perdido sus vehículos, los cuales han sido trasladados por los delincuentes a países vecinos para venderlos.
El problema es grave, porque el Presidente de Bolivia ha dictado una ley para permitir el ingreso de muchísimos vehículos a su país. Tal medida no es la que buscamos con los países vecinos.
Por lo tanto, pido aprobar el proyecto de ley.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente , estamos discutiendo un proyecto de ley que es de suma importancia, puesto que el robo de vehículos ha ido en aumento en los últimos años. Ese delito resulta ser un negocio estupendo para los delincuentes, ya que los vehículos robados, algunos relativamente nuevos, son sacados del país o enviados a una desarmaduría para ser vendidos por piezas. Por consiguiente, tal como lo señaló el diputado señor Saffirio , es muy importante el aumento de la penalidad de ese delito en un grado, con el objeto de que se sancione a los responsables.
Sin embargo, sería conveniente la modificación del procedimiento que se sigue en los casos en que los hechores de esos delitos son detenidos, pues se les permite que se cubran la cara y que en lugar del nombre completo se den a conocer sus iniciales. Con eso, en cierta medida, se está amparando a los delincuentes, al no permitir que la gente conozca su rostro y sepa cuál es su nombre e, incluso, su residencia.
Me parecen muy positivas las disposiciones de la iniciativa. Ojalá se le otorgue la urgencia que requiere, con el objeto de darle rápida tramitación, ya que es muy importante y necesaria para terminar, en forma definitiva, al menos en un alto porcentaje, con el robo de vehículos, delito que se ha hecho frecuente en el país, especialmente en el norte, donde son trasladados hacia países vecinos, muchas veces a cambio de droga, lo que complica aún más la situación.
Por lo tanto, vamos a aprobar con mucho entusiasmo el proyecto, debido a que nos parece tremendamente necesario.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva.
El señor SILVA.- Señor Presidente, quiero felicitar a los autores de la iniciativa y a quienes han trabajado en ella, pues creo que es de gran valor.
El robo de vehículos contribuye a la sensación de inseguridad en comunas como Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, en las que ese delito es un problema muy importante, pero las disposiciones que propone el proyecto ayudan a enfrentarlo.
Además, espero que sea una señal y un incentivo para las policías y los fiscales, pues si bien el Congreso Nacional dará su aprobación al aumento de las penalidades para el robo de vehículos, lo cual atribuye mayor gravedad a ese delito, tal vez se requiere un mayor esfuerzo en su persecución, porque quienes se ven afectados por ese tipo de robos muchas veces tienen la sensación de que la tramitación de la causa que los afecta no es considerada con la preocupación debida.
Por lo tanto, el cambio que propone la iniciativa en el grado de la penalidad, la que aumenta en un grado, me parece una estrategia adecuada, la cual esperamos que se transforme en una señal para las policías y los fiscales, a fin de que la persecución de ese delito se haga con más fuerza y que se adopten sanciones rápidas y efectivas para reducirlo.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:
El señor BAUER.- Señor Presidente , quiero valorar la iniciativa en debate porque recoge una inquietud y pesar de muchos ciudadanos al sancionar de manera más efectiva un ilícito que afecta a veces desmedidamente a muchos compatriotas. Un vehículo motorizado, con independencia del valor real comercial que éste tenga, constituye un bien muy preciado para quien lo posee, por ser éste muchas veces una herramienta valiosa de trabajo o simplemente porque permite realizar con fluidez el quehacer diario, lo que lo convierte en un bien material mueble de un valor no equiparable.
Para pesar de las víctimas de robo de vehículos motorizados, pocas veces hay identificación de la o las personas que cometieron el ilícito y, en caso que se encuentre a alguien haciendo uso del vehículo, el castigo es el de la receptación. Así, quienes han sido despojados de un vehículo motorizado por robo, ven de antemano frustradas sus posibilidades de hacer justicia, debiendo conformarse, para resarcir los perjuicios materiales causados, con activar los seguros contratados. Por eso rescato la moción de los diputados autores, y destaco asimismo que el texto propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia haya buscado más finamente perfeccionar el texto.
Quiero destacar la urgencia con que el Ejecutivo ha calificado a este proyecto de ley, lo cual refleja su interés por adecuar las sanciones a que se hacen merecedores quienes cometen el robo de vehículos motorizados y su permanente compromiso con adoptar medidas que tiendan a minimizar los efectos de los actos delictivos a que se expone la ciudadanía. Es de esperar que en el Congreso Nacional logremos aprobar finalmente el presente proyecto de ley, el cual nos entregaría un Código Penal en esta materia con una normativa más adecuada a los tiempos que corren, en relación a la propiedad y uso de vehículos motorizados.
He dicho.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor MELERO ( Presidente ).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que reforma el Código Penal para la tipificación de los delitos de robo o hurto de vehículos motorizados, la creación de nuevas figuras delictivas y el aumento de su penalidad.
Hago presente a la Sala que se trata de normas propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MELERO ( Presidente ).- En votación particular el proyecto, según el texto aprobado por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, con las indicaciones de las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Hacienda.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 2 abstenciones
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MELERO (Presidente).- Despachado el proyecto.
VI. ORDEN DEL DÍA
ESTABLECIMIENTO DEL 29 DE NOVIEMBRE COMO DÍA NACIONAL DEL NIÑO Y NIÑA NACIDOS PREMATUROS. Primer trámite constitucional.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que declara el 29 de noviembre como el Día Nacional del Niño y Niña Nacidos Prematuros.
Diputada informante de la Comisión de Familia es la señora Carolina Goic.
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 7971-24, sesión 89ª, en 4 de octubre de 2011. Documentos de la cuenta N° 19.
-Informe de la Comisión de Familia, sesión 105ª, en 8 de noviembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 6.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada informante.
La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Familia, paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley -del cual soy autora- que declara el 29 de noviembre como el Día Nacional del Niño y Niña Nacidos Prematuros, moción que, además, cuenta con la adhesión de las diputadas señoras María Angélica Cristi , Adriana Muñoz , Karla Rubilar , Alejandra Sepúlveda , Mónica Zalaquett , y de los diputados señores Jorge Sabag , René Saffirio y Víctor Torres .
La idea matriz del proyecto es crear conciencia en la sociedad respecto de las dificultades que deben enfrentar los niños y las niñas nacidos prematuros, así como sus familias, debido a la anticipación del nacimiento.
Asimismo, busca hacer un llamado de atención de las autoridades destinadas a orientar las políticas públicas para tal efecto.
Quiero recordar que en la reciente tramitación del proyecto que proponía la extensión del postnatal a seis meses, visibilizamos y consideramos la situación de los niños y de las niñas prematuros, para lo cual contemplamos, en los casos de aquellos que nacen antes de 32 semanas, que se pudieran mantener las seis semanas de prenatal.
Con eso, de alguna manera, dimos un primer espacio en nuestra legislación para contemplar la realidad de esas familias.
En nuestro país, el 6 por ciento de los partos son prematuros, dentro de los cuales, en forma aproximada, el 2 ó 3 por ciento se producen hacia las 35 semanas, y alrededor del 1 ó 1,5 por ciento antes de las 32 semanas de gestación. Se registran cerca de 2.400 partos prematuros extremos o menores, con menos de 32 semanas de gestación, y los nacidos tienen menos de 1.500 gramos de peso.
Nuestro país ha avanzado, de manera sustantiva, en su nivel de sobrevida, en la capacidad que tienen los niños y las niñas nacidos prematuros para completar su desarrollo. De esa cifra, el 15 por ciento no logra sobrevivir. No obstante, quienes lo hacen presentan una tasa importante de secuelas, como consecuencia de la prematurez.
No obstante, la regulación nacional no contempla las dificultades que deben enfrentar los niños prematuros. Más bien, lo que hace, en materia sanitaria, es establecer algunos aspectos que tienen que ver con la regulación de determinados productos farmacéuticos. Sin embargo, hay ausencia de un marco normativo claro y sistemático.
Por lo tanto, el proyecto busca dar la señal de que es importante abordar, en forma más sistemática, la realidad de los niños y las niñas prematuros.
Se escogió el 29 de noviembre para ser declarado como el Día Nacional del Niño y Niña Nacidos Prematuros sobre la base de la experiencia internacional que hay al respecto.
Quiero señalar mi respaldo a la iniciativa, la cual si bien es bastante simple, es muy importante desde el punto de vista simbólico, pues representa en un hito respecto de cómo nos hacemos cargo en nuestra legislación de la realidad particular de esas familias.
Existió algún grado de discusión en la Comisión de Familia respecto de si de algún modo se estigmatizaba a un grupo de niños. Sin embargo, esas aprensiones fueron despejadas en la discusión, pues se señaló que lo que hacía la moción era reconocer el valor y el esfuerzo de padres y madres de niños y niñas prematuros, recién nacidos que muchas veces tienen que pasar los primeros meses de vida en una incubadora o en condiciones especiales en una sala de neonatología, lo cual acarrea muchas consecuencias para sus familias, pues en muchos casos sus madres no cuentan con una red de apoyo y deben dejar de trabajar para cuidarlos.
La Comisión consideró que valía la pena apoyar el proyecto, a cuya tramitación se quiso dar cierta celeridad al tomar en cuenta que estamos en noviembre y que la próxima semana será 29. Su aprobación significará una señal pública de apoyo.
Asimismo, quiero destacar que la propuesta recoge los planteamientos de la Asociación Nacional de Padres de Prematuros (Asprem), organismo junto al cual hemos trabajado en forma directa en la Comisión de Familia, en la elaboración de distintos proyectos.
En consecuencia, por la mayoría de sus integrantes presentes, las diputadas señoras María Angélica Cristi , María José Hoffmann , María Antonieta Saa , Mónica Zalaquett y quien habla, y los diputados señores Ramón Barros , Carlos Abel Jarpa , Nicolás Monckeberg y Jorge Sabag , la Comisión de Familia procedió a aprobar el proyecto en general y en particular, y recomienda a la Sala hacer lo propio.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Para iniciar el debate de este proyecto, tiene la palabra al diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , me habría gustado ubicar este proyecto en Fácil Despacho. Se me dijo que esto debería ser de despacho rápido y que nadie podría abstenerse o rechazarlo, pero sí comentarlo durante su tramitación.
La iniciativa me parece novedosa y me motiva. A los que hemos vivido algunos años más que otros, nos llama profundamente la atención que hoy, en el Congreso Nacional, tengamos ya una Comisión de Familia. ¡Quién lo hubiera imaginado cuando recién nos iniciamos en esta tarea simpática, dura, y que acoge todas las vertientes de preocupación de la sociedad! Y allá, en esas épocas, en que muchos iniciamos nuestra tarea parlamentaria, no pensábamos en que debía existir una Comisión de Familia y que podíamos tratar estos temas. Eran otros tiempos.
Por eso, digo que me motiva esta novedosa iniciativa. Agradezco a las señoras diputadas y señores diputados que intentan despachar este proyecto. Lo vamos a lograr, porque muchos lo vamos a apoyar. Diría que no se restará nadie.
Se pretende llamar la atención acerca de la situación que enfrentan niños y niñas nacidos prematuramente que, de acuerdo al proyecto, son aquellos que nacen antes de las treinta y siete semanas de gestación. Y es motivante, porque la sola presentación del proyecto nos hace poner atención sobre un grupo de riesgo que, de no ser visibilizado en la forma que se señala, podría escapar de la atención de las políticas públicas, como, de hecho, está ocurriendo en la actualidad.
Estos temas deben mantenernos agradados, porque son los avances de la sociedad chilena en que vivimos. Esto es hablar con orgullo del siglo XXI y este pequeño y gran detalle habla de aquello.
Sabemos que la legislación laboral y las directrices y decretos que emanan del Ministerio de Salud se ocupan de manera tangencial de la situación de los nacidos prematuros, ya sea otorgando facilidades de descanso a la madre o prohibiendo el consumo de determinadas substancias que pueden perjudicar el desarrollo de las criaturas en el vientre materno. Sin embargo, considero que hace falta una política -como siempre, queremos más, por supuesto; nunca quedamos relativamente conformes, porque así somos los seres humanos- respecto del tratamiento, prevención y cuidado de estas criaturas, que se encuentran bajo supervisión en unidades de tratamiento fetal en distintas reparticiones de nuestro sistema de salud.
Digo esto con algún tipo de conocimiento, ya que hace algunas semanas, en el hospital Gustavo Fricke , de Viña del Mar, se produjo la noticia de que un grupo de médicos había operado con éxito, en el útero de una madre, el riñón de una criatura. De no haberse procedido de tal manera ésta habría fallecido antes de nacer. Se señalaba que esa operación era la primera realizada en Latinoamérica, lo cual, por supuesto, nos debiera llenar a todos de orgullo. El que habla, incluso, fue a conversar y a demostrar su agrado hacia los médicos del referido hospital, pero como simple ciudadano, sin decirles, al principio, que era parlamentario, porque, a veces, de esa forma nos mueve más hacia lo humano el asunto de que se trata y pude decirles lo que sentía.
Quiero que este pequeño detalle, esta frase de mi comentario, también sea parte de todos nosotros. Son profesionales nacidos, criados y educados aquí, y, por lo tanto, llevan más allá de las fronteras el éxito de su profesión. Al entrevistar a esos médicos, expresaron que se encontraba en proceso de desarrollo una unidad de tratamiento fetal, pero que necesitaban más recursos humanos y técnicos para poder salvar más vidas. Y fue allí cuando supieron que era parlamentario. Me dijeron: “ Diputado , hágalo notar cuando se trate el proyecto de ley sobre niños prematuros. Así podremos salvar más vidas.”. Y para poder prevenir eventuales problemas en la criatura en desarrollo necesitaban, por ejemplo, mejores aparatos para ecografías y dependencias hospitalarias. Hoy se están abocando a esa tarea.
Considero que experiencias como la relatada son dignas de imitar y deberían ser consideradas por las autoridades de salud para, quizá, mejorar las cifras estadísticas sobre la mortalidad infantil que, de todas maneras, ya son buenas para el país.
Señor Presidente , con esta iniciativa estamos colocando un granito de arena al pilar fundamental de una política para la protección de los nacidos prematuros. Quienes están a cargo de las políticas de salud en Chile deben colocarse en el lugar que este proyecto les indica. Así, avanzamos para ser un país más desarrollado y preocupado de los niños y niñas que están y de los que están por venir.
Este proyecto agrada a quienes tenemos la suerte de tener nietos.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , sin duda, la propuesta en debate cuenta con nuestra alta valoración. Está poniendo de manifiesto un hecho que permite visibilizar una situación que cambia o modifica, incluso, las condiciones de vida e intensidad de quienes son padres y familia directa de los niños y niñas nacidos prematuros. Así, mis primeras palabras son de consideración, valoración y respaldo a esta iniciativa en debate.
Las razones que explican el gran porcentaje de recién nacidos prematuros provienen, por una parte, de los avances de la medicina en cuanto a apoyar a las parejas y a las mujeres que buscan un embarazo y están disponibles para someterse a técnicas como fecundación in vitro u otras que permiten superar sus dificultades para alcanzar el embarazo y el nacimiento de hijos vivos. Pero, por otra parte, también las condiciones sociales y de pobreza de gran parte de la población, que se traduce en una mala alimentación, en un sistema de salud insuficiente, en adicciones u otras conductas, explican embarazos no cuidados, complicaciones en su desarrollo, como la preeclampsia, que culmina con el término del embarazo adelantado y, por ende, con niños nacidos prematuros.
Al señalar esta realidad a través de una medida tan simple como declarar el 29 de noviembre de cada año Día Nacional del Niño y Niña Nacidos Prematuros, se alentarán políticas y presupuestos públicos destinados a paliar o mitigar los problemas de sus familias o madres.
Pero, lo más importante es que ello va a permitir avanzar en una línea de trabajo en pro de una carta de los derechos del niño y niña nacidos prematuros, en el contexto de los Derechos Universales de los Niños, garantizado a nivel de las Naciones Unidas y que cada estado deberá ratificar y cumplir.
Esa carta de derechos deberá contemplar cuestiones tan básicas como el hecho de que los procesos de avance y de superación de las dificultades de un niño prematuro no deben ser forzados, sin perjuicio de que debe hacerse el mejor esfuerzo por ayudarlo en un contexto ético.
Los problemas de un recién nacido prematuro son multisistémicos, desde el punto de vista de su organismo, y sociales, en relación con el medio ambiente que los rodea. La sociedad está éticamente convocada a apoyarlos.
Los especialistas que trabajan a diario con niños prematuros necesitan tranquilidad, en términos de estabilidad profesional, y seguridad de que contarán con los recursos necesarios para enfrentar procesos que en materia de costos se empinan varias veces por sobre los que implica el nacimiento de un niño tras un embarazo de término normal.
Si hay coincidencia en declarar el 29 de noviembre como Día Nacional del Niño y Niña Nacidos Prematuros, debería asumirse por el Estado una responsabilidad notoriamente mayor, toda vez que la vida de un niño nacido en esa circunstancia depende de un nivel de recursos que un porcentaje muy menor de la población dispone. Dicho de otra forma, quien no tiene recursos económicos y materiales para abordar el cuidado de un niño nacido prematuro estará en una situación de adversidad, que va a agudizar los problemas de salud que podrían afectar al menor.
El sistema de salud público debería considerar el trabajo con el entorno familiar y social del recién nacido prematuro, en la perspectiva de otorgarle una mejor calidad de vida, no sólo en esta etapa, sino también en su fase posterior de desarrollo. Ello se vincula con la debida capacitación en el cuidado del menor, con la atención oportuna a sus requerimientos y con criterios adecuados para abordar las potenciales crisis que puedan sobrevenir como consecuencia de haber nacido en forma prematura.
En síntesis, la clave para otorgar un apoyo efectivo al menor nacido prematuramente está en considerar esta realidad en las políticas de salud pública, independientemente de las capacidades financieras de la familia a la cual pertenece el menor. Por eso, este proyecto será el punto inicial para que se elaboren nuevas políticas públicas y se mejoren las vigentes, pues contribuirá a llamar la atención, a crear conciencia y a sensibilizar sobre la necesidad de que el Estado destine recursos para atender los requerimientos de los niños y niñas nacidos prematuros y para potenciar al máximo su desarrollo.
Desde esa perspectiva, con ese concepto, el proyecto contribuye a cambiar la mirada de la sociedad respecto de esta materia y plantea una exigencia a lo que deben ser las políticas de Estado en salud pública.
Por lo expuesto, anuncio que votaremos a favor el proyecto.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , sólo para manifestar que apoyo este proyecto de la diputada Carolina Goic , a quien agradezco la generosidad de haberme hecho partícipe.
La verdad es que se trata de una iniciativa sencilla, pero muy importante, puesto que releva el tema de los embarazos de mayor riesgo, como son los que dan lugar al nacimiento de niños y niñas prematuros. Lo normal es que el parto se produzca sobre las treinta y siete semanas. Cuando se produce antes de ese tiempo o, incluso, antes de las treinta semanas, estamos en presencia de un embarazo prematuro grave. Por ello, es necesario que la salud pública ponga este tema entre sus obligaciones, debido a las consecuencias que un parto prematuro puede traer no sólo a los niños y niñas en términos de salud, sino también a sus padres, que deben incurrir en muchos gastos -las familias de escasos recursos y de clase media no cuentan con los recursos necesarios para ello- a fin de sacar adelante a sus hijos.
Los partos de niños prematuros tienen un costo muchísimo más alto, al igual que los procedimientos para rescatar a esos niños -como se dice en jerga pediátrica-, pues requieren mayor cuidado, mayor tiempo en incubadoras en la etapa de neonatología, etcétera, a fin de evitar secuelas como la discapacidad -estamos cerca de la Teletón-, la ceguera, las hemorragias cerebrales y otras complicaciones de salud.
De acuerdo con cifras entregadas por la Organización Mundial de la Salud, entre el 10 y el 15 por ciento de los niños en el mundo nacen prematuros. En nuestro país se registran 2.400 partos prematuros extremos o menores al año, lo cual es una cantidad no menor, que debería llamar la atención de los legisladores. Es una realidad que viven miles de mujeres chilenas.
Estamos ante una iniciativa que permitirá con el tiempo ir mejorando las políticas públicas para atender a la mujer con embarazo de alto riesgo, para prestarle toda la atención que se merece y para prevenir posibles consecuencias en su hijo. De esa forma, estaremos concretando el principio de igualdad ante la ley.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente , como señaló su autora, la diputada Carolina Goic , esta iniciativa busca hacer visible una realidad que hoy no está considerada ni reconocida en las políticas públicas ni en la legislación. Se trata de lo que viven muchos niños y niñas pequeños que no logran completar su gestación y que al nacer prematuramente se ven expuestos a una situación de desarrollo y de vida muy distintos al que por naturaleza tenían en el útero. Están expuestos a un sistema de alimentación distinto, de acuerdo con su nivel de gestación, a una temperatura distinta y a posibles consecuencias, producto de un desarrollo gestacional que no es el normal.
Por eso, valoro esta iniciativa, que establece el Día del Niño y Niña Nacidos Prematuros, porque busca llamar la atención de las autoridades para que generen políticas públicas, como existen en muchos otros países en relación con esta realidad. Colombia y Argentina, desde hace mucho tiempo, cuentan con políticas públicas que instalan el concepto del niño nacido prematuramente. Ambos países cuentan con leyes y disposiciones en materia de seguridad social que abordan la situación de esos niños.
En nuestro país existe un atraso grande, pues no está reconocida esta realidad. Por ello, para elaborar esta iniciativa, la diputada Goic trabajó estrechamente con la Asociación Nacional de Padres de Prematuros, que ha planteado la difícil realidad de vida económica, social, humana y psicológica que deben enfrentar los padres para resguardar que sus hijos nacidos prematuramente vivan y se desarrollen en normalidad.
Creemos de la máxima importancia llamar la atención sobre esta realidad. Los legisladores tenemos una carencia de preocupación al respecto desde el punto de vista de la legislación. De acuerdo con información de la OMS, entre el 10 y el 15 por ciento de los niños en el mundo -alrededor de 13 millones- nacen prematuramente. En nuestro país, en 2010, el 6 por ciento de los partos fueron prematuros; esto es, alrededor de 14 mil niños y niñas.
Por lo tanto, es preocupante que no tengamos políticas públicas sobre el particular. Y cuando revisamos la legislación comparada, nos irrumpe una suerte de culpa de no estar legislando y proponiendo políticas públicas para enfrentar esta realidad.
Por eso, respaldo la moción de la diputada Goic y convoco a mis pares a darle su aprobación. Esta moción marca el inicio de una preocupación política nacional para incorporar en la agenda legislativa y en las políticas públicas formas de ayudar a las familias para hacer frente a las dificultades de nacimiento y de desarrollo del niño prematuro.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente , antes que todo, agradezco el respaldo que los colegas y las colegas ha dado a esta iniciativa, que aunque sencilla, es muy importante. Será un hito para visibilizar la realidad de las familias, de las madres y de los padres de niños y niñas nacidos prematuros, quienes tienen que asumir algo que altera el ritmo natural. Todas esperamos, cuando estamos embarazadas, tener un parto de término, pero muchas veces eso no se da. Es más, hay aumento de la prematurez en nuestro país. Leve, por cierto, pero está aumentando. Esto está asociado a la incorporación de la mujer al trabajo, a las exigencias y al estrés propio de nuestra vida cotidiana.
Por eso, amén de visibilizar la realidad de prematuros y prematuras, es sumamente importante empezar a implementar políticas públicas más sistemáticas. Lo hicimos cuando discutimos la ley del posnatal. Nos costó mucho encontrar datos sobre niños prematuros. Para la prematurez extrema, es decir, nacidos antes de las 32 semanas de gestación o con menos de 1.500 gramos, logramos mantener el prenatal y trasladar, en forma automática, esas seis semanas íntegras al postnatal. Pero aún así, tenemos muchos otros aspectos que abordar.
Conversamos con integrantes de la Asociación Nacional de Padres de Prematuros. Nos señalaban que no pocas veces las mamás tienen que dejar de trabajar, no sólo porque durante los primeros meses prácticamente viven en la UCI neonatal, sino porque el tratamiento posterior requiere la presencia permanente de ellas para lograr superar eventuales secuelas en los recién nacidos. Los partos prematuros son responsables del 50 por ciento de las secuelas neurológicas posnatales a nivel mundial. Por eso, debemos resolver cómo garantizamos el buen desarrollo de estos niños y, sobre todo, en un mundo donde la ciencia médica y la tecnología han logrado mejorar la sobrevida de los prematuros.
Junto con esa señal de compromiso, quiero dar cuenta de un trabajo que hemos venido realizando y que esperamos informarlo dentro de las próximas semanas a las familias de niños y niñas nacidos prematuros: se trata de la tramitación de las licencias por enfermedad grave del hijo menor de un año, tema que presentamos a la ministra del Trabajo . No tiene sentido que se rechacen constantemente las licencias por niños o niñas nacidos prematuros. Esto se transforma en un ir y venir a la Compin. Además de las largas esperas, no pocas veces las mamás deben acudir a hacer trámites con sus hijos o hijas, que por su condición de prematuros son de salud más frágil.
Hemos trabajado este tema con la superintendenta de Seguridad Social para que envíe una circular específica -no se requiere modificación legal- que garantice que las licencias no serán cuestionadas y que los padres podrán acompañar en los cuidados y en el tratamiento a sus hijos o hijas nacidos prematuros por el tiempo que sea necesario.
Temas como éstos no son de difícil tramitación. Ésta es la invitación: aprobar el proyecto y movilizar las redes de apoyo del sistema público, en materia de salud y educación, para que los niños prematuros reciban el respaldo que necesitan, se integren en buenas condiciones, se desarrollen y aporten al país todo el potencial que tienen, ellos y sus familias.
Reitero mis agradecimientos por el respaldo a la iniciativa. Espero que el proyecto tenga también una rápida tramitación en el Senado.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Mónica Zalaquett.
La señora ZALAQUETT (doña Mónica).- Señor Presidente , comparto lo dicho por la diputada Goic . Hoy tenemos la gran oportunidad de simbolizar en una fecha, que no sería feriado legal, al recién nacido prematuro, de manera de crear conciencia sobre la necesidad de apoyo que requiere la familia y el niño prematuro. No olvidemos que la defensa y promoción de la vida es uno de los valores más sagrados que recibe tutela constitucional.
Como sociedad, debemos acoger ese petitorio y nuestras políticas públicas tienen que simbolizar la preocupación ciudadana.
Por eso, apoyo el proyecto y lo mismo pido a nuestros colegas. Si logramos generar conciencia pública sobre temas como éste -apoyo al recién nacido prematuro y su familia-, habrá sido un gran aporte impulsado por nuestra Cámara.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente , el proyecto será de gran ayuda para crear conciencia pública sobre la situación de los niños prematuros.
Niño prematuro se considera al que nace antes de completar las 37 semanas de gestación. En esta calidad se concentra el mayor porcentaje -entre 75 y 90 por ciento- de la mortalidad neonatal. Es la principal causa de muerte de niños en el mundo.
Alrededor de 13 millones de niños nacen prematuros y aproximadamente un millón muere cada año. Entre 10 y 15 por ciento de todos los nacimientos a nivel mundial son prematuros.
El porcentaje que más preocupa es el relacionado con los nacimientos antes de las 32 semanas. Son los llamados prematuros extremos, que necesitan cuidados intensivos. Sin embargo, no tenemos una política pública enfocada a apoyar a las familias de estos prematuros extremos, que requieren mayores recursos y más tiempo. Muchos padres tienen que dejar de trabajar para acompañar a sus hijos; en muchas oportunidades, las familias deben enfrentar situaciones agobiantes.
Por eso, es importante que hayamos tenido avances sustantivos en materia de prematuros. La prevención del parto prematuro existe en el AUGE. Es una garantía. Esto demuestra que hemos dado al tema la relevancia que merece. Sin embargo, faltan mayores facilidades, sea para que los padres estén con sus hijos prematuros extremos, accedan a las incubadoras, etcétera. Estamos hablando de prematuros extremos, que nacen con muchas complicaciones. La prematurez extrema es una de las principales causas de discapacidad mental y de otras secuelas neurológicas. Por lo tanto, hacerse cargo de esta realidad y de la necesidad de una política pública es relevante.
Por eso, el Presidente Piñera , en el proyecto de postnatal, incluyó el tema de los niños prematuros extremos, toda vez que las madres y los padres habitualmente perdían semanas completas del prenatal, porque las criaturas nacían mucho antes. El Presidente Piñera , en la ley del postnatal agregó seis semanas por cada prematuro. En el caso de prematuros gemelares, se agrega una semana por gemelo, habida consideración que los gemelares nacen por lo general prematuros.
¿Qué esperamos con este proyecto? Visualizar la realidad de que el 6 por ciento de los nacimientos en nuestro país corresponde a niños y niñas prematuros que necesitan ayuda. ¡Imagínense que la ropita talla 0 les queda nadando a estos niños! Acceder a esta ropa tan pequeñita es muy difícil, porque no se visualiza como un problema real. Por otro lado, cuando no se puede continuar con los seis meses de lactancia materna exclusiva, ésta se reemplaza por formas de alimentación bastante caras.
Sucede algo similar con los exámenes, ya que son pacientes que tienen muchas secuelas y enfermedades asociadas, por lo que en algunas oportunidades necesitan cirugías que no necesariamente están cubiertas. Es decir, garantizamos el parto en el Auge, pero no damos seguridad para que esos niños reciban una atención de calidad.
Esperamos aprobar el proyecto, con el objeto de que la celebración de ese día en nuestro país permita que el trabajo de las agrupaciones de niños prematuros llegue más fácilmente a la sociedad, sobre todo ahora que se están produciendo más embarazos tardíos en nuestro país, lo que podría provocar un aumento de la prevalencia de embarazos prematuros en Chile.
Estoy muy contenta con la iniciativa y espero que la honorable Cámara la respalde.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ .- Señor Presidente , por su intermedio felicito a la diputada y amiga Carolina Goic , y a todos quienes adhirieron al proyecto de su iniciativa, que declara el 29 de noviembre como Día Nacional del Niño y Niña Nacidos Prematuros.
Cuando un niño nace prematuro, provoca un dolor muy grande a sus padres. También puede generar emociones muy fuertes en la familia cuando se sabe que un hijo tan esperado nace antes de lo que corresponde. Además, estos partos prematuros en sectores rurales o muy alejados, muchas veces, causan la muerte de los niños, porque no se cuenta con las condiciones adecuadas. Así, por ejemplo, en Río Hurtado, sector rural que represento, no hay ambulancias, por lo que la madre embarazada y con síntomas de pérdida o algún familiar deben solicitar un vehículo a algún vecino que vive a cinco o seis kilómetros para llevarla a algún centro asistencial. Es decir, la falta de implementación de políticas de salud pública en ciertos lugares puede provocar que un hijo nazca muerto o prematuro.
También puede suceder que en los hospitales que cuentan con más recursos humanos y materiales no se dé un buen trato a las familias y a los padres del niño que está por nacer, los cuales deben soportar largas esperas e incertidumbre.
Por lo tanto, el hecho de colocar esa fecha como un día importante en el calendario, en la mente y en las políticas de los gobiernos, colaborará a que esos pequeños se puedan recuperar en hospitales que cuenten con la tecnología apropiada.
También sucede muchas veces que se envía a su casa a un bebé prematuro sin el alimento y los remedios necesarios para que el niño se desarrolle como corresponde.
Por lo tanto, las políticas de gobierno que permitan que el niño y la madre sean bien atendidos durante este proceso, que el niño prematuro sea enviado a su hogar con los elementos necesarios para su desarrollo y que se le realicen las visitas médicas posteriores, generarán mejor calidad de vida para nuestros niños.
En consecuencia, pido a los colegas que aprobemos el proyecto en forma unánime, porque toca lo más profundo de nuestra sociedad: nuestros niños.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor MELERO ( Presidente ).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que declara el 29 de noviembre como el Día Nacional del Niño y Niña Nacidos Prematuros.
Hago presente a la Sala que se trata de normas propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor MELERO ( Presidente ).- Por no haber sido objeto de indicaciones, también queda aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
REGULACIÓN EN MATERIA DE TENENCIA Y EXTRAVÍO DE EQUIPOS Y TARJETAS DE TELEFONÍA MOVIL PARA PREVENIR SU USO EN HECHOS DELICTIVOS. Primer trámite constitucional.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que regula tenencia y extravío de equipos y tarjetas de telefonía móvil, con el objeto de prevenir su uso en hechos delictivos.
Diputados informantes de las Comisiones de Seguridad Ciudadana y Drogas, y de Constitución, Legislación y Justicia son los señores Felipe Harboe y Edmundo Eluchans, respectivamente.
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 7003-07, sesión 41ª, en 17 de junio de 2010. Documentos de la Cuenta N° 13.
-Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, sesión 76ª, en 15 de septiembre de 2010. Documentos de la Cuenta N° 12.
-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 102ª, en 2 de noviembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 6.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas.
El señor HARBOE (de pie).- Señor Presidente , en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, paso a informar, sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en moción de la diputada señora María Antonieta Saa y de los diputados señores Jorge Burgos, Juan Luis Castro , Marcelo Díaz , Edmundo Eluchans , Fidel Espinoza , Cristián Monckeberg , Carlos Montes y Felipe Harboe, que regula la tenencia y extravío de equipos y tarjetas de telefonía móvil, con el objeto de prevenir su uso en hechos delictivos.
El proyecto de ley tiene los siguientes objetivos:
1) Obligar a los proveedores de telefonía celular a mantener a disposición de las investigaciones criminales, por un lapso adecuado, la información sobre el tráfico de llamadas telefónicas, no en lo referido a su contenido -lo que se regula en las normas sobre interceptación-, sino en lo que respecta a los datos de localización, tráfico de las mismas, como números de origen y destino y duración.
2) Identificar a los adquirentes de equipos de telefonía móvil, de tarjetas SIM o módulo de identificación del suscriptor y de prepago, a través de un registro actualizado que deberán mantener las empresas concesionarias de servicio telefónico móvil de las personas a quienes se les entreguen equipos para la prestación del servicio telefónico.
3) Fortalecer las medidas tendientes a suspender el servicio de teléfonos móviles robados, ya que son utilizados frecuentemente en la comisión de ilícitos.
De hecho, la experiencia práctica en la lucha contra el delito, en especial contra el microtráfico y tráfico de drogas, demuestra que el uso de aparatos de prepago y tarjetas SIM comprados en el comercio ha adquirido una importancia creciente en ese tipo de delitos para intentar burlar la acción de los persecutores.
En 2006 se presentó una moción que regulaba la tenencia y el extravío de los equipos de telefonía celular. Entre otras consideraciones, sus autores indicaban la importancia de las comunicaciones en la calidad de vida de las personas, así como la creciente utilización de la telefonía celular en la planificación y ejecución de hechos delictivos, sumado a la escasa o nula posibilidad de obtener la identificación de sus propietarios, hecho que dificultaba la labor del Ministerio Público y de las policías.
Asimismo, destacaban que el registro de tráfico que las proveedoras del servicio llevan de sus clientes tiene un fin comercial, vinculado a la facturación, sin la obligación de mantener los datos por un período de tiempo suficiente para asegurar el éxito de las investigaciones que pudieran realizar las policías.
Por otra parte, se destacaba que, en materia telefónica, existía una enorme preocupación internacional en este tema, por lo que en 2001 se suscribió una Convención del Consejo de Europa sobre la Cibercriminalidad, en Budapest.
Dicho tratado, respecto de las comunicaciones de telefonía móvil, permite a las partes, a fin de asegurar la conservación de los datos de tráfico, adoptar medidas legislativas o de otro tipo necesarias para la conservación de los datos de tráfico, y asegurar la comunicación inmediata a la autoridad competente del Estado, de datos de tráfico suficientes para permitir la identificación de los prestadores de servicio y de la vía por la que la comunicación se ha transmitido.
Por esas razones se presentó el referido proyecto, que obligaba a los proveedores de telefonía celular a mantener a disposición de las investigaciones criminales, por un lapso adecuado, la información sobre el tráfico de llamadas telefónicas, identificación de los adquirentes de equipos de telefonía móvil, de tarjetas SIM y de tarjetas de prepago, a través de un registro, y que pretendía fortalecer las medidas tendientes a suspender el servicio de teléfonos móviles robados o hurtados.
Dicha iniciativa legal, patrocinada por la Presidenta Michelle Bachelet , fue incorporada en un acuerdo político, como parte de la “agenda corta de seguridad ciudadana” del gobierno anterior, y fue aprobada en el primer trámite en la Cámara de Diputados; pero, lamentablemente, fue rechazada por el Senado, por estimar que no conseguiría los fines buscados y que, además, existía un grave peligro de afectar la privacidad de las personas. Igualmente, esa instancia parlamentaría rechazó la proposición de la Comisión Mixta.
Los autores del proyecto en informe expresaron estar convencidos de que aún se mantiene la necesidad de legislar sobre la materia, pues en la actualidad el número de teléfonos móviles asciende a 22 millones en operación, de los cuales cerca de 12 millones son de prepago, es decir, equipos respecto de los cuales se desconocen sus propietarios o usuarios, toda vez que han sido adquiridos en el comercio o bajo una modalidad que no implica la existencia de datos respecto de sus propietarios.
Abordando las críticas que se formularon respecto de la moción original, tales como que el registro de equipos violaría la privacidad de la numeración y no reportaría beneficios para las investigaciones, los autores del proyecto recodaron que el derecho a comunicarse privadamente es distinto al de invocar un eventual derecho a hacerlo en absoluto anonimato. El contenido de las conversaciones se encuentra amparado por norma constitucional, pero los datos de registro de los teléfonos de acceso y de destino de las llamadas no se encuentran amparados por dicha privacidad.
Sobre el argumento de que los delincuentes no estarán registrados, expresaron que ello no resulta atendible, pues de seguirse esa lógica, se harían innecesarias, por ejemplo, la inscripción de armas o el registro de precursores de drogas.
Por último, en este sentido, indicaron que las eventuales incomodidades que afectarían a los usuarios están orientadas principalmente a la protección del interés común y pueden ser salvadas con plazos extensos para adherir al registro, aprovechando el lapso de renovación de los equipos de telefonía.
En relación a la mantención de datos de tráfico y su eventual afectación de garantías individuales y a la privacidad, sumado a que la facultad se entrega directamente al Ministerio Público, reiteraron que el tráfico y localización de llamadas es una herramienta muy importante de investigación criminal, como lo ha demostrado el éxito de las investigaciones realizadas para dar con el paradero de prófugos, particularmente en los delitos de microtráfico y tráfico de drogas.
Reiteraron, además, que se trata de una disposición similar a la ya aprobada en materia de acceso y tráfico de internet contenida en el artículo 222 del Código Procesal Penal, sin que, en ese caso, hubiera observaciones respecto de la privacidad.
Con todo, con el propósito de salvar las observaciones realizadas, estimaron conveniente incorporar que la solicitud del Ministerio Público sea autorizada en forma previa por el juez de garantía, para salvaguardar el secreto de tales registros. De esa manera, se hicieron cargo de la principal observación esgrimida por algunos parlamentarios, en especial por algunos senadores.
Votación general del proyecto
La Comisión, compartió los objetivos del proyecto de ley, por lo cual lo aprobó en general por la unanimidad de los diputados presentes, señora Marcela Sabat (en reemplazo del señor Pedro Browne) , y señores Jorge Burgos , Giovanni Calderón , Juan Luis Castro , Carlos Montes , Cristián Monckeberg y Felipe Harboe
Discusión particular
El texto de la moción original fue reemplazado por una indicación sustitutiva, que consta de dos artículos permanentes:
Por el 1° se agregan los artículos 222 bis y 222 ter al Código Procesal Penal:
1) El artículo 222 bis permite al juez de garantía, a petición del Ministerio Público, ordenar a las empresas de servicios de telefonía a entregar información sobre tráficos de llamadas, números de origen y destino, duración y localización de los equipos utilizados para realizarlas. Asimismo, establece que las empresas telefónicas y de comunicaciones deberán conservar, a lo menos por un año, la localización y los datos de tránsito de las llamadas que realicen sus usuarios.
Durante la discusión, se destacó que, si bien la facultad de persecución penal recae en los fiscales, quienes poseen múltiples herramientas intrusivas establecidas por ley, no obstante, tratándose de medidas como ordenar el registro de tráficos de llamadas entrantes y salientes, que afectan garantías constitucionales como la protección a la vida privada y a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada -consignadas en los numerales 4° y 5°, respectivamente, del artículo 19 de la Constitución Política de la República-, es necesaria la autorización del juez de garantía.
Es precisamente esta última disposición la que deja a la ley y no a otra fórmula el mecanismo para la interceptación de las comunicaciones privadas, a fin de asegurar el rango normativo de su regulación, impidiendo el ejercicio de la potestad reglamentaria. Su aplicación debe ser excepcional y previa autorización de una institución diversa de aquella encargada de la persecución criminal. Por ello, al persecutor se le pone un límite: la autorización del órgano jurisdiccional competente.
En efecto, el persecutor, como encargado de dirigir las investigaciones, puede realizar un conjunto de actuaciones procesales e investigativas destinadas a comprobar la responsabilidad de sus investigados. Pero su límite natural aparece cuando dentro de sus acciones requiere vulnerar o afectar alguna garantía constitucional. Éste es un caso típico. Es allí, entonces, donde aparece un tercero -ajeno a la institución persecutora- el juez de garantía, quien se encarga de evaluar y ponderar, en atención a los antecedentes objetivos presentados, si excepcionalmente se puede autorizar la afectación y limitación de dicha garantía constitucional.
2) El artículo 222 ter establece que, a solicitud del fiscal, las empresas de servicios de este rubro deberán proceder a la activación, desbloqueo o habilitación de equipos de telefonía, cuando ello sea necesario para el éxito de las diligencias de investigación. De igual manera, en caso de pérdida, robo o hurto de equipos y dispositivos, el Ministerio Público podrá solicitar a las compañías su bloqueo o desactivación.
El artículo 2° introduce en la ley N° 18.168, general de Telecomunicaciones , dos artículos nuevos:
1) El artículo 24 ter dispone la obligación de mantención de un registro actualizado de sus abonados, a las empresas concesionarias de servicio público telefónico móvil, sean éstos contratados o de prepago, estableciendo el contenido de éste. De igual manera, deberán contar con un registro de los datos de localización y tráfico de las comunicaciones.
Además, se dispone que la información contenida en este último registro tendrá el carácter de reservado, sin perjuicio de la facultad del Ministerio Público para requerirla, y deberá ser conservada con esta finalidad por el plazo de un año.
2) El artículo 6° transitorio que se agrega establece que las empresas concesionarias de servicio público de telefonía móvil deberán adoptar las medidas tendientes a la inscripción de sus actuales abonados de prepago en el registro establecido en el artículo 24 ter de la ley N° 18.168, que se incorpora por esta iniciativa. Con tal propósito, se contempla el bloqueo de todos los equipos que no se encuentren incluidos en dicho registro, transcurridos treinta meses desde la publicación de esta ley.
Se deja constancia de que la iniciativa legal no contiene disposiciones orgánicas constitucionales o que requieran aprobarse como ley de quórum calificado, y que sus normas no son de competencia de la Comisión de Hacienda, por cuanto no incurre en ningún tipo de gasto.
En razón de lo expuesto, solicito a la honorable Sala la aprobación de este proyecto de ley, en los términos expuestos.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Arturo Squella, quien rendirá el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El señor SQUELLA (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que regula la tenencia y extravío de equipos y tarjetas de telefonía móvil, con el objeto de prevenir su uso en hechos delictivos.
Las principales modificaciones introducidas por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia al texto aprobado por la Comisión de Seguridad Ciudadana, son las siguientes:
En primer lugar, en el nuevo artículo 222 bis del Código Procesal Penal, que esta moción incorpora, se establece que en la investigación de todo crimen o simple delito, el juez de garantía, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar a las empresas concesionarias de servicios públicos de telefonía, entregar la información correspondiente a los tráficos de llamadas entrantes y salientes, números de origen y destino de las comunicaciones, duración y localización de los equipos utilizados para realizarlas.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia acordó exigir que tal petición que efectúa el Ministerio Público sea fundada, de modo de evitar que el ejercicio de esa facultad quede entregado al mero arbitrio del fiscal, en atención a que, a diferencia de lo dispuesto en el actual artículo 222 del mismo Código, que se refiere a las interceptaciones telefónicas, el proyecto autoriza la petición no sólo en el caso de la investigación de crímenes, como lo hace la norma señalada, sino también en el de simples delitos.
En segundo lugar, cuando fuere necesario activar equipos de telefonía cuyo suministro de servicio ha sido suspendido por pérdida, robo o hurto, o desbloquear los mismos aparatos, se exige que el fiscal cuente con la autorización del juez de garantía para requerir de las empresas concesionarias de servicios públicos de telefonía tal activación o desbloqueo.
Igual exigencia se efectúa en caso de que el Ministerio Público decida requerir a las compañías el bloqueo o la desactivación de equipos en caso de pérdida, robo o hurto de los mismos.
En tercer lugar, cabe hacer presente que el proyecto incorpora un nuevo artículo 24 ter a la ley general de Telecomunicaciones, imponiendo a las empresas concesionarias de servicio público telefónico la obligación de mantener un registro actualizado de las personas a las que presten sus servicios, independientemente de la modalidad en que éstos se provean. Igual obligación se exige a aquellos que comercialicen tales artículos.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia acordó sugerir la eliminación de esta última exigencia que se efectúa a quienes comercialicen los equipos, dado que los responsables del registro serán los concesionarios y no quienes los comercialicen. En este mismo sentido, el subsecretario de Telecomunicaciones señaló en la Comisión que cuando el concesionario procede a la habilitación de un número, debe exigir al interesado los datos o antecedentes necesarios para incluirlos en el registro, agregando que la tarjeta SIM es válida en la red una vez que el concesionario del servicio público telefónico la habilita.
Por último, la Comisión acordó sugerir la supresión de la parte final del artículo 24 ter que se incorpora a la ley general de Telecomunicaciones, que establece que la activación, desbloqueo o habilitación de los equipos de telefonía cuyo suministro de servicio ha sido suspendido por pérdida, robo o hurto, estará exenta de toda clase de derechos e impuestos, manteniendo el carácter gratuito de tales medidas.
Tal decisión se adoptó por dos motivos: primero, porque la exención de impuestos es siempre una materia propia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República , y, en segundo lugar, dado que, por tratarse de una acción gratuita, que, por ende, no genera ingresos para la empresa, no es un hecho gravado con impuestos.
También se acordó suprimir, en el mismo artículo 24 ter, la oración “Un reglamento establecerá los demás requisitos a que deberán sujetarse los registros señalados en este artículo”, primero, por estimarla innecesaria, dado que el Presidente de la República siempre cuenta con la potestad reglamentaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32, N°6°, de la Constitución Política de la República, y segundo, porque se trata de una materia de su iniciativa exclusiva.
Las modificaciones recién expuestas fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados presentes en la Comisión durante la discusión de esta iniciativa.
Es todo cuanto puedo informar a la Sala.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , sólo quiero agregar un par de conceptos a los informes precisos rendidos por los diputados Harboe y Squella en representación de las comisiones encargadas del estudio de este proyecto.
En ambas instancias hubo una mayoría muy amplia que entendió el sentido de esta moción parlamentaria, que recoge una petición de antigua data del Ministerio Público, en el sentido de contar con un instrumento que le permita mejor investigar ciertos tipos de simples delitos.
Se debe recordar que, en general, en Chile sólo se autoriza la intervención telefónica en caso de crímenes, es decir, delitos que tengan una penalidad mayor a cinco años. Eso es particularmente distinto en algunos casos. En las leyes de Drogas y de la Unidad de Análisis Financiero podría no corresponder a un crimen. Pero la regla general es en los crímenes, y siempre, en cualquier evento, como es obvio, la intervención telefónica o de cualquier correspondencia o comunicación está sujeta a la decisión de un juez de garantía. Ella jamás corresponde al fiscal, al Ministerio Público, lo que es muy importante.
Eso lo cuidamos esencialmente en el informe de la Comisión de Constitución; ahí hay una diferencia sustancial entre lo que llegó de la Comisión de Seguridad Ciudadana y lo que salió de la de Constitución.
El diputado Squella apuntó a otras diferencias técnicas, que son correctas; pero yo me refiero a las procesales-jurídicas.
Señor Presidente , mediante una indicación presentada con los diputados Harboe y Díaz -se aprobó unánimemente- quisimos cuidar el concepto de que jamás una autoridad no judicial, por sí y ante sí, decida sobre un acto que podría terminar constituyendo una infracción o un riesgo para la intimidad de las personas.
Por eso, en el comparado que aparece al final del informe, en la columna del texto que incluye las modificaciones aprobabas por la Comisión de Constitución, que probablemente será lo que la Mesa ordenará votar, donde figura el artículo 222 ter, se destaca en negrita la frase “debidamente autorizado por el juez de garantía competente,”.
Ése es el elemento central que respaldamos en la Comisión. Apoyamos el proyecto, pero con la consideración de que el fiscal podrá, por sí y ante sí, requerir la activación del servicio, el desbloqueo de los equipos, etcétera, sino que ello podrá hacerlo después de ser “debidamente autorizado por el juez de garantía competente”. Y la oración termina señalando el objetivo mencionado en los dos informes aquí rendidos.
Después, al final de ese mismo artículo, reiteramos la frase “debidamente autorizado por el juez”, porque lo consideramos necesario.
Más adelante, es posible ver que en las modificaciones a la ley general de Telecomunicaciones volvemos a hacer referencia a la intervención del juez, al establecer: “sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222 bis del Código Procesal Penal”, que modificamos.
Hago énfasis en el punto porque me parece muy importante y distingue un informe del otro, en el sentido de que el rendido por la Comisión de Constitución da lugar a la petición, a la moción, a lo que hay detrás de la moción: la creación de un mejor instrumento para el combate de cierto tipo de delitos, que se hace necesario desde el punto de vista de allegar pruebas y elementos; pero siempre con el acuerdo previo a cualquier acto intrusivo, del garante de los derechos en el proceso: el juez de garantía, como corresponde.
Es lo que quería agregar a los informes.
Por último, tras la aprobación del informe de la Comisión Constitución en forma unánime por parte de sus integrantes, propongo a la Sala despachar hoy este proyecto.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente , ahora no como diputado informante , sino como miembro de las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Constitución, quiero destacar la importancia práctica de este proyecto.
En Chile tenemos 22 millones de teléfonos móviles en uso. De ellos -lo señalé en el informe-, casi 12 millones son de prepago, es decir, teléfonos móviles respecto de los cuales no sabemos quiénes los tienen, porque se adquieren como equipos móviles en el comercio, o bien sólo se compran las denominadas tarjetas SIM.
Lo anterior ha significado que de esos 12 millones de teléfonos móviles, que benefician y democratizan el acceso a la telefonía móvil, algunos sean utilizados por un segmento de la sociedad, particularmente por algunos delincuentes, en una modalidad creciente para burlar la acción persecutoria, toda vez que si se realizan contactos mediante llamadas entre teléfonos adscritos a un plan que tiene determinado quiénes son sus propietarios, obviamente la posibilidad de interceptación telefónica a través de la autorización judicial es mucho más fácil.
A sabiendas de ello, los delincuentes, en especial los microtraficantes y los narcotraficantes utilizan multiplicidad de tarjetas SIM y las van cambiando en los aparatos que arriendan o compran sin ningún tipo de registro.
Por lo tanto, la iniciativa legal tiene por objeto evitar que se coordinen o se concierten acciones delictuales a través de este tipo de teléfonos, con un alto grado de impunidad. Para ello se contempla, entonces, la creación de un registro que deberán llevar todas las empresas de telefonía móvil. O sea, una vez publicada la ley en tramitación, habrá un plazo de treinta meses para que todas las personas que tienen un teléfono móvil, se incorporen en un registro que llevará la compañía, y cuando alguien vaya a adquirir un teléfono móvil al retail o a alguna casa comercial, al momento de la compra le exigirán llenar un formulario para los efectos del referido registro.
Esto va a permitir que, si por alguna razón ese teléfono está siendo vinculado a una acción delictual, se pueda saber quién lo adquirió; porque puede ocurrir que, a causa de la buena voluntad o de la mala intención de parte del adquirente, transfiera a cualquier título el aparato telefónico, y un tercero, de buena fe, comience a utilizar ese teléfono que ha sido objeto de investigación y se le impute un delito del cual es completamente inocente, porque el delito fue cometido por el dueño o adquirente original del teléfono. Por eso, esta norma crea ese registro, que solucionará un problema práctico.
Fue muy importante lo que se planteó en la discusión que se dio en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en cuanto a que en nuestro ordenamiento jurídico constitucional le hemos encomendado a una institución autónoma, el Ministerio Público, la persecución de los delitos. Así los fiscales tienen un conjunto de herramientas para poder perseguir los delitos, pero ello no los habilita para afectar derechos fundamentales. Cuando para el éxito de su investigación requiera afectar algún derecho fundamental garantizado por la Constitución Política, como la libertad, la violación de las comunicaciones privadas, la protección de la vida privada u otros, el fiscal va a requerir de la autorización de un tercero no persecutor, de un tercero imparcial: el juez de garantía.
Entonces, el juez de garantía deberá autorizar a ese fiscal para ejercer una acción intrusiva que pueda significar la afectación de un derecho fundamental; él deberá ponderar el respeto a esa garantía constitucional con la importancia del éxito de la investigación para proteger otro derecho fundamental, que es el acceso a la justicia y la pronta resolución de los jueces.
En consecuencia, parece muy apropiada la incorporación del requisito de que el juez de garantía sea quien autorice y no el persecutor, que tiene un interés directo en el proceso. Al fiscal no le interesa juzgar, sino constituir elementos de prueba, para ponerlos a disposición del tribunal, que afirmen que su perseguido es efectivamente responsable. Como tiene ese interés, va a usar todas las herramientas, pero limitadas por el juez de garantía para salvaguardar los derechos fundamentales que todo imputado debe tener en un juicio.
Por eso, es muy importante la incorporación de la participación del juez de garantía, no sólo para la posibilidad de establecer el proceso de interceptación, que lo establece la ley común y corriente, sino que, incluso, en la solicitud a las compañías telefónicas del bloqueo, porque tampoco parecía correcto que, por un lado, el juez autorizara el bloqueo o desbloqueo de determinado tipo de teléfono y por otro, le deje la posibilidad de que sólo el fiscal pueda hacer el registro. Me parece una mínima coherencia lo que hemos hecho en el proyecto.
Por último, creo que este proyecto aportará de buena forma a las medidas de seguridad, con los debidos resguardos para evitar que signifique algún tipo de vulneración de garan-tías fundamentales, particularmente en lo que dice relación con la violación de información o la protección de datos personales.
El registro que llevará la empresa telefónica es para el sólo efecto de las investigaciones criminales, y manejados en reserva para ese fin. Por lo tanto, no puede ocurrir que la empresa de telecomunicaciones cree este registro de teléfonos móviles para después comercializar los datos personales de las personas mediante la venta a un tercero. Por eso, en virtud del principio de finalidad del dato, que está incorporado, es tan importante que se establezca claramente que, al final del día, esto es sólo para efectos de beneficio en materia de investigaciones criminales cuando los jueces lo han autorizado debidamente.
Por eso, pido a la honorable Cámara la aprobación de este proyecto de ley.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente , quiero partir afirmando algo que es bastante obvio; pero, a veces, por ser obvias las cosas no se dicen, y por no decirse, se olvidan. Hoy, nuestra ciudadanía está preocupada y, diría, angustiada y molesta, por los crecientes grados de delincuencia, de inseguridad pública, de inseguridad ciudadana y de desorden público, con su secuela de vandalismo, que afecta a nuestras ciudades, calles y campos.
Cuando se producen estos problemas, a la gente se le hace cada vez más evidente que el Estado tiene la obligación de gestionar adecuadamente el bien común, que consiste en tener tranquilidad, orden y paz social, garantía de que cada chileno pueda desarrollar su vida en paz y armonía. El Estado tiene la obligación de asegurar estos valores que, aun cuando son intangibles todos echamos de menos cuando se pierden. Por eso es bueno que exista una reacción en el Congreso Nacional en ese sentido.
Quiero informar a la Sala -tal vez lo han visto en algún medio de comunicación- que en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia dedicamos dos sesiones para analizar este problema, a las cuales convocamos a los ministros del Interior y de Justicia , al Presidente de la Corte Suprema , al Fiscal Nacional y a las máximas autoridades de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones. Ahí quedó en evidencia algo que vale la pena afirmar en esta Sala: todos los organismos del Estado, todos los poderes públicos que he nombrado, tienen responsabilidades en materia de seguridad pública y de orden público. No tiene mucho sentido, aun cuando puede ser interesante desde el punto de vista académico, esta idea de endosar responsabilidades, de decir “hasta aquí llego yo”. Podríamos decir que, en relación con la delincuencia y la inseguridad, la culpa es del ministro, de Carabineros , o sólo de la fiscalía, o de los jueces, que pecan de un exceso de garantismo y no se acuerdan de que las víctimas también tienen derechos; pero eso no es así. Todos los poderes públicos existen en función de la solución de los problemas de la gente, pero cada uno en su rol: preventivo, sancionatorio, policial y de persecución criminal. En esta materia, todos ellos tienen obligaciones y tareas, empezando por el final de la cadena: los jueces; después, los fiscales, el ministro , que tiene que definir las políticas; la Subsecretaría de Prevención del Delito, que debe hacer su trabajo de prevenir, como lo indica su nombre -es decir, tratar de evitar que se produzca el delito-, y la policía, que debe hacer un trabajo prolijo. Todos tienen obligaciones y tareas en esta materia. Pero el Congreso Nacional también tiene obligaciones: legislar bien, aclarar los tipos penales y llevar a cabo reformas de nuestros códigos y de los sistemas procesales para que la gente esté más segura. A diez años de aplicación de una buena Reforma Procesal Penal, el sistema, el Código Penal y el Código Procesal Penal requieren ser revisados, modernizados y reformados para que hagan más eficaces estos verdaderos instrumentos de seguridad y orden público.
En segundo lugar, de alguna manera, la Cámara no se ha escapado a esto; hemos pecado de cierta bipolaridad. Tal vez, voy a hacer una caricatura con lo que voy a mencionar a continuación: algunos plantean que lo peor es llevar a los delincuentes a la cárcel; que, idealmente, no debiera haber cárceles. En cambio, otros piden cárcel para todos.
Creo que con estas dos caricaturas se evidencia esta especie de bipolaridad apasionada con que enfrentamos los problemas. Pero el problema no radica en que no haya cárceles; por el contrario, debe haber un número mayor de ellas y ser más seguras. Evidentemente, no podemos mandar a todos los delincuentes a la cárcel; debemos tener un sistema que permita discriminar, de manera que algunas personas condenadas deberán estar en la cárcel, y otras podrán estar fuera de ellas.
El dilema tampoco es si debemos rehabilitar o reprimir. El Presidente de la Corte Suprema decía que necesitamos un sistema de represión penal más seguro, mejor y más eficaz que el que existe actualmente. Debe haber represión penal -es su nombre técnico-, pero también debe haber rehabilitación. Así como el cuerpo humano tiene dos brazos, el Estado también necesita dos brazos y dos manos: una sancionadora y otra rehabilitadora. Tampoco hay un dilema entre mano dura y mano blanda. Se requiere mano firme, pero que acoja a los que tenemos que rescatar de la delincuencia; pero se requiere mano dura para quienes se empeñan en ocasionar problemas a la sociedad, porque ésta tiene derecho a defenderse.
Los diputados de la bancada de Renovación Nacional nos alegramos mucho por la presentación de dos proyectos relacionados con esta materia, razón por la cual los vamos a votar favorablemente. Uno reforma el Código Penal, tipificando los delitos de robo y hurto de vehículos motorizados, que es un grave problema en nuestro país, y el otro regula la tenencia y extravío de equipos y tarjetas de telefonía móvil, con el objeto de prevenir su uso en hechos delictivos.
Con esto estamos dando un paso adelante, estamos definiendo en mejor forma los tipos penales, previniendo y aumentando las sanciones, y haciendo un ejercicio que está al margen de esta bipolaridad un poco histérica, pues pone las cosas en su lugar, reacciona bien e interpreta bien la angustia de los ciudadano al entregar soluciones concretas.
Por supuesto, la bancada de Renovación Nacional va a aprobar el proyecto.
Para terminar, quiero anunciar que en nuestra bancada estamos trabajando en lo que hemos definido como agenda antidelincuencia de última generación, es decir, una agenda antidelincuencia 2.
Hace algunos años, cuando el problema se acentuó en alguno de los gobiernos de la Concertación, los que éramos diputados de Oposición planteamos la idea de una agenda antidelincuencia, que finalmente el gobierno acogió, lo que dio lugar a diversas reformas al Código Procesal Penal, a las fiscalías; las reformas constitucionales que entregaron a las víctimas la posibilidad de tener un abogado; es decir, defensa jurídica no sólo a los delincuentes, sino también a las víctimas. En realidad, se lograron grandes avances.
Creo que los problemas que hoy vive nuestro país ameritan establecer una agenda antidelincuencia 2 o de segunda generación, que incluya una revisión del Código Procesal Penal, que ponga al día algunas cosas, que dé más atribuciones a las policías, etcétera. Hoy, la mitad de los partes que llegan al sistema judicial deben ser archivados -500 mil partes todos los años-, porque no se hicieron bien las primeras diligencias después de cometido el delito. Esto sucede porque Carabineros de Chile no tiene atribuciones para investigar, porque todo el monopolio de la investigación lo tiene la fiscalía, y para poder hacer alguna diligencia, Carabineros requiere la autorización de ésta.
Por eso, se puede avanzar perfectamente en autorizar a Carabineros para que lleve a cabo las primeras diligencias, por supuesto, informando a la fiscalía y corrigiendo lo que sea necesario. También sería necesario entregar atribuciones a Carabineros para que realice controles de identidad preventivos, en caso de que existan fundadas sospechas sobre la comisión de un delito en lugares públicos. Asimismo, es necesario regular otras normas procesales -algunos de nuestros diputados ya lo han planteado-, tales como apelaciones de las sentencias que concedan la libertad, porque se anula la orden de aprehensión por algún motivo formal. Es necesario hacer modificaciones de esta naturaleza.
Asimismo, debemos avanzar en una adecuada modernización del sistema de fiscales. Será necesario darles más plata, pero también podremos exigirles más; por ejemplo, que evidencien ante el Congreso Nacional cuál es su política de persecución criminal; que tengan normas más claras sobre las quejas de las personas, relacionadas con su función, porque pueden pecar de exceso o de falta de auxilio a las personas que solicitan su intervención, por cuanto tienen el monopolio de la acción penal.
Vamos a tener que mejorar el sistema de evaluación de los jueces. Es evidente que tendremos que avanzar en esta materia, en rehabilitación y en defensa de las víctimas.
Todos los diputados de Renovación Nacional estamos trabajando en esto, y muy pronto le haremos al país una propuesta concreta de modernización de nuestro sistema penal, para lo cual vamos a proponer proyectos de ley muy específicos que mejoren los aspectos señalados. Pediremos un fast track, es decir, un trámite rápido para todas las iniciativas que están durmiendo en la Cámara y en el Senado, relacionadas con mayor eficacia en la lucha contra la delincuencia. De esta manera, estaremos cumpliendo con la obligación que nos entregó la ciudadanía, en el sentido de terminar con esta verdadera angustia que vive, y también estaremos apuntando a la necesidad de que todos los organismos del Estado lleven a cabo una lucha eficaz contra la delincuencia.
Mientras tanto -reitero-, vamos a votar con mucho gusto a favor estos dos proyectos de ley que salieron de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que corresponden a mociones transversales, lo que demuestra el buen ánimo de diputados de todas las bancadas en cuanto a hacerse cargo de este problema. Por eso, después de la positiva discusión que tuvo lugar en dicha Comisión, que tengo el honor de presidir, espero que muy pronto se conviertan en leyes de la República.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente , honorables colegas, en verdad, este proyecto de ley tiene algo curioso. Fue analizado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia porque modifica dos cuerpos legales: el Código Procesal Penal y la ley general de Telecomunicaciones; pero no fue visto por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, a pesar de que se trata de un tema específico y técnico que está relacionado con ésta. De manera que en mi condición de miembro de esta Comisión, me voy a referir al proyecto desde esta perspectiva.
Evidentemente, respecto de lo relacionado con la modificación del Código Procesal Penal, con su sapiencia de abogados, mis colegas han dado suficientes fundamentos respecto de ella.
Comparto plenamente la idea matriz del proyecto y felicito a sus autores, porque se trata de contar con una mejor herramienta para combatir el delito. Desgraciadamente, hay muchos delitos asociados al uso de la telefonía móvil.
Es por todos conocido cómo han aumentado los delitos, las estafas en las que se usa este medio. Por lo tanto, el artículo 1° del proyecto, que modifica el Código Procesal Penal, apunta en la dirección correcta.
En cuanto a las modificaciones a la ley general de Telecomunicaciones, el proyecto impone nuevas obligaciones a las concesionarias, como mantener un registro con un conjunto de datos del tráfico de llamadas, su origen, su destino, y conservar esa información durante un año, la que tendrá el carácter de reservada, de la cual podrán hacer uso los tribunales y las fiscalías, en el proceso de persecución de un determinado delito.
Incluso, existirá la posibilidad de desbloquear los aparatos de telefonía móvil y de habilitar las correspondientes tarjetas SIM. Estas, al no existir un registro de quien las adquiere, son prácticas para el uso de los delincuentes, porque de esa manera se invisibiliza su acción.
Me llamó la atención que el subsecretario de Telecomunicaciones , señor Atton , nos señalara que en Chile hay más de 21 millones de teléfonos móviles. Hace pocos meses, en la Comisión hablábamos de 17 millones, es decir, ha habido una expansión enorme. También entregó datos acerca de la postura de las concesionarias. En ese sentido, señaló que alguna concesionaria habría presentado reparos al proyecto, por un elemento que no deja de ser importante: el costo que tendría la obligación de mantener este registro. El costo de aumentar de seis meses a un año la mantención de la información contenida en el registro sería de unos 180 mil dólares, según se señaló.
Mi preocupación es que ese costo no se traspase a los usuarios, como suele ocurrir, y que terminemos encareciendo un servicio que ya es bastante caro si lo comparamos con la realidad de otros países. En Chile se ha institucionalizado el hecho de que pagamos los precios más caros en muchas cosas. Así, por ejemplo, cuando asistimos a un espectáculo que viene del exterior, los precios más caros se cobran en Chile; los aranceles universitarios son los más caros si los comparamos con los del resto del mundo; igual cosa ocurre con la telefonía, los medicamentos, etcétera.
Ésa es mi única preocupación: que ojalá los aspectos contenidos en la iniciativa no signifiquen mayor costo para los usuarios.
El proyecto es absolutamente necesario para combatir de mejor forma el delito. Como hemos analizado en el último tiempo, existe un problema bastante serio en esta materia.
Me alegran las palabras del diputado Cardemil , en el sentido de que están preparando una batería de proyectos de ley de nueva generación para combatir el delito y mejorar la seguridad ciudadana, porque hasta ahora no ha habido buenos resultados, sino más bien cierta ineficiencia en el combate de este flagelo que, sin duda, nos preocupa a todos.
Con estas observaciones, anuncio mi voto favorable al proyecto.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente , no pretendo repetir las opiniones de los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, sino que primero sintetizar de mejor manera el propósito del proyecto, cual es introducir pequeñas enmiendas al Código Procesal Penal y a la ley general de Telecomunicaciones, dado el creciente aumento del uso de la telefonía celular en la planificación de hechos constitutivos de delitos.
Ése es el objetivo: introducir dichas pequeñas enmiendas; porque el proyecto no va a solucionar el problema de la delincuencia, pero, de alguna manera, constituye un paso desde el punto de vista jurídico. Ojalá que su tramitación no sea demasiado larga.
Sin embargo, quiero comentar que durante la tramitación de otros proyectos, que apuntaban a adoptar medidas para hacer frente a la criminalidad, se discutió una iniciativa muy parecida a la que estamos debatiendo, que se frustró porque el Senado fue del parecer de que la existencia de un registro atentaría contra la protección de la vida privada, que debe asegurar siempre, a todos, nuestra Constitución.
Creemos que el problema planteado en esos términos no existe. No se trata de interceptar el contenido de las comunicaciones -situación que, por lo demás, está expresamente normada en el artículo 222 del Código Procesal Penal-, sino de contar con información respecto de identidad y datos de los usuarios de servicios de telefonía celular para facilitar la actividad investigativa de la fiscalía en materia criminal, sin que por ello se produzca infracción a las libertades personales.
Entonces, la autorización judicial es un paso indispensable para que tal actuación sea válida.
Se ha estimado necesario y oportuno, para evitar abusos o el uso indebido de esos datos, exigir, además, que el Ministerio Público fundamente al juez de garantía su petición de informes al concesionario del servicio de telefonía móvil. Tal información sólo puede consistir en el tráfico de llamadas entrantes y salientes, números de origen y destino de las comunicaciones, duración y localización de los equipos utilizados para realizarlas.
El concesionario estará obligado a mantener esa información en su poder por el plazo de un año. Esto se explica porque los costos asociados a mantener esa información por tiempo indefinido, a menudo deben ser soportados por el usuario final, situación que es necesario evitar.
Nos parece que esta reforma apunta en la dirección adecuada, pues facilita una práctica investigativa que hoy se efectúa de manera informal por el Ministerio Público, cuando es posible y sólo en la medida en que el concesionario disponga de esa información. De aprobarse este proyecto, estará obligado a retenerla por el plazo de un año.
Ahora, la necesidad de fundamentar el pedido y la necesaria intervención del juez de garantía son requisitos esenciales, orientados a la tutela efectiva del derecho a la vida privada, de modo que el resultado final será una actuación del Estado en materia criminal, dotada de resguardos razonables a favor de la persona.
Por eso, a nuestro parecer, el proyecto debe ser votado favorablemente. Pero quiero reiterar que contiene sólo pequeñas enmiendas al Código Procesal Penal. No es más que eso; son útiles y necesarias. No podemos evitar la astucia permanente de la delincuencia, la que siempre buscará mecanismos tecnológicos distintos para cometer ilícitos. Pero es importante consignar estas modificaciones en el Código mencionado, por muy pequeñas que sean.
Después de efectuar los estudios, de discutir en la UDI con los institutos que nos asesoran y de revisar legislación comparada, hemos decidido votar favorablemente este proyecto de ley.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente , los organismos internacionales cuestionaron la existencia del delito de desacato y sugirieron varias recomendaciones para eliminar esa figura delictiva de nuestro ordenamiento jurídico.
Efectivamente, la ley N° 20.048 eliminó ese delito del Código Penal y del Código de Justicia, que eliminó ese delito, por supuesto en cumplimiento de las recomendaciones y observaciones formuladas por el sistema internacional de protección a los derechos humanos.
En el Código Penal, esta ley modificó el libro II, Título VI, Párrafo 1, que antes se llamaba “Atentados y desacato contra la autoridad”. Hoy, se denomina “Atentados contra la autoridad”.
El proyecto en discusión precisa que el Juez de Garantía , a petición del Ministerio Público, podrá ordenar a las empresas concesionarias de servicios públicos de telefonía entregar determinada información. Si los encargados no la entregaren, su conducta será constitutiva del delito de desacato.
Eso no guarda relación con los avances experimentados por nuestra legislación penal. De esa manera, volvemos sobre los pasos ya andados. La figura del desacato ya es parte de la historia del derecho penal. Con lo que propone esta iniciativa, otra vez se crean sanciones para aplicarlas a quien no presta toda su colaboración, como espera el Ministerio Público.
Esas conductas no pueden ser castigadas por el derecho penal. Deben buscarse medidas alternativas, pero no condenar penalmente a quien no presta toda la colaboración que se espera de él.
En cuanto a la interceptación de la telefo-nía celular, tenemos una vasta experiencia de lo que han significado los atentados a la privacidad de los que muchos hemos sido testigos.
En el Ministerio Público hay varias investigaciones en curso, por el mal uso de las facultades otorgadas a las policías en la ley de inteligencia, que les permiten interferir los teléfonos, con la orden de un juez o de un ministro de corte.
La interceptación telefónica en los términos planteados, sin duda, vulnerará aún más el derecho constitucional a la privacidad que nos asiste.
Con el ánimo que todos tenemos de reprimir la delincuencia, estamos haciendo lo mismo que realizaban hace algunos días -lo que se logró determinar por las investigaciones en curso- muchos funcionarios policiales, fundamentalmente de Carabineros, que utilizaban sus facultades -ya consagradas en el Código Procesal Penal-, incluso, para intervenir los teléfonos de sus cónyuges, a fin de saber si los engañaban.
El uso indebido de la facultad que les concede la ley, se ahondará mucho más con lo que propone este proyecto.
Respecto de que en diez años más habrá que introducirle otras modificaciones a este Código, hago presente a los colegas que ya ha sido objeto de más de treinta. Si mal no recuerdo, son 32. Entre ellas hay dos grandes reformas, que muchos las consideran contrarreformas, pues han hecho del Código Procesal Penal una normativa inquisitiva, vuelve al código anterior y, en definitiva, de garantista le queda muy poco.
Como consecuencia de la aplicación del sistema procesal inquisitivo, del cual todos hablaban mal, en Chile había 23 mil personas privadas de libertad. Hoy, de acuerdo con el Código Procesal Penal vigente, supuestamente garantista -muchos lo cuestionan por garantizar derechos de las personas-, hay cerca de 100 mil personas en prisión.
En consecuencia, eso de garantista y de la puerta giratoria es una absoluta falsedad. Con ello, lo único que se busca es atemorizar a la gente y exacerbar el aparato de control de los funcionarios policiales y de otros más, para que actúen en contra de los derechos de las personas que se manifiestan legítimamente en contra de este modelo económico y de la institucionalidad que todavía no es del todo democrática, como la requiere el país; fundamentalmente, estudiantes, mapuches, okupas, entre otros.
En consecuencia, permitir más modificaciones al Código Procesal Penal me parece impropio, porque atenta contra los derechos de las personas.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , el proyecto me parece de gran trascendencia.
Mi distinguida colega, la diputada señora María Angélica Cristi , me dijo que el proyecto podría haber sido más sólido con un articulado mayor.
Estimo que también debió considerarse a los cibercafé, porque muchas personas causan daños a vecinos, ya que en esos negocios no queda registrada ninguna referencia personal. En ellos, se pueden entregar números y nombres falsos. A los clientes ni siquiera les exigen la cédula de identidad.
El proyecto me crea un problema, porque en el artículo 2º, letra a), se agrega un artículo 24 ter, cuyo contenido me parece que ya ha sido considerado en otra normativa.
Al respecto, consulto a los diputados señores Harboe o Burgos, quienes seguramente conocen mejor el proyecto, ¿por qué se dispone que las empresas concesionarias de servicios públicos de telefonía deben mantener un registro actualizado de las personas a las cuales atienden? Tengo entendido que se trata de un referente.
Además, señala: “dicho registro al menos contendrá:
“a) Nombre completo, domicilio, número de cédula de identidad u otro documento de identificación y número de teléfono de contacto de la persona a quien se le presta el servicio.”.
b) Número de identificación de la o las tarjetas SIM o módulo de identificación del suscriptor o su equivalente.
Ello, me llama la atención, porque estaba convencido de que esta situación está incorporada en iniciativas ya tratadas.
Por lo tanto, el diputado señor Jorge Burgos , quien en forma muy eficiente siempre explica aspectos que requieren de precisión jurídica, podría aclarar dicha materia.
Me refiero al artículo 2º, que introduce dos letras. Comprendo que lo que abunda no daña, pero considero que estamos legislando respecto de una misma cosa.
El inciso sexto, por ejemplo, señala: “La activación, desbloqueo o habilitación dispuesta en el artículo 222 ter del referido Código será gratuita y exenta de toda clase de derechos e impuestos.”
Esta situación está prevista en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, no entiendo el sentido de aumentar el volumen de un articulado que creo ya existe en la legislación. No sé si me he explicado bien. Espero que el diputado señor Burgos pueda aclarar las dudas. Reitero, el artículo 24 ter ya está contemplado en nuestra legislación. Sería redundante legislar nuevamente sobre la misma materia.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Bobadilla.
El señor BOBADILLA.- Señor Presidente, el proyecto viene a dar respuesta al robo de teléfonos celulares.
Quiero reconocer la labor de los autores de esta moción suscrita transversalmente por varios señores diputados.
Ésta es una de las respuestas que la ciudadanía espera del Congreso Nacional, en particular, de la Cámara de Diputados.
Reitero, la iniciativa se hace cargo de una necesidad planteada, no sólo a través de los medios de comunicación -las noticias a diario informan sobre cómo se roban los teléfonos celulares-, sino también por las miles de víctimas anónimas de los malhechores que a diario campean por las calles céntricas de nuestras ciudades robando teléfonos celulares.
Por lo tanto, manifiesto mi disposición a votar favorablemente, como espero lo hagan todos mis colegas, a fin de dar una sólida respuesta a un problema evidente.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que regula la tenencia y extravío de equipos y tarjetas de telefonía móvil, con el objeto de prevenir su uso en hechos delictivos.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
El señor MELERO ( Presidente ).- En votación particular el proyecto de ley, según el texto aprobado por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas con las indicaciones de las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Hacienda.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 93 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
De
El señor MELERO (Presidente).- Despachado el proyecto.
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
INCENTIVO A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del primer proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo N° 466, de las diputadas señoras María Angélica Cristi, Mónica Zalaquett, Andrea Molina, María Antonieta Saa, Carolina Goic y de los diputados señores Kast, Accorsi, Sabag, Carmona y Browne, que en su parte dispositiva señala:
La Cámara de Diputados acuerda:
“Solicitar a su excelencia el Presidente de la República don Sebastián Piñera Echenique, y a la ministra del Trabajo , señora Evelyn Matthei, a través de los ministerios pertinentes, la adopción de las siguientes medidas:
1°.- Que se instruya a todas las reparticiones y empresas públicas para que contraten personas discapacitadas, reservando en lo posible un porcentaje de sus puestos de trabajo para trabajadores que, siendo idóneos para la función, posean alguna discapacidad.
2°.- Que respecto de aquellas personas discapacitadas que trabajan bajo la modalidad de honorarios, conforme a su desempeño, procedan a ser promovidas o incorporadas en la planta para garantizarles una mayor tranquilidad.”
El señor MELERO ( Presidente ).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente , el proyecto de acuerdo fue presentado por la mayoría de los diputados que participamos en la Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, y dice relación con la promoción a la contratación de las personas con discapacidad.
Un estudio efectuado por la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica Raúl Silva Henríquez señala que el 56 por ciento de las personas con discapacidad es indigente, que 81 por ciento vive con Pensión Básica Solidaria de Invalidez por 75 mil pesos y que el 19 por ciento no califica para obtener Pensión Básica Solidaria ni tiene trabajo.
Hay 1.625.000 personas con discapacidad en edad de trabajar; existe 90 por ciento de cesantía en el universo de potenciales trabajadores; el 9 por ciento se dedica a labores informales, por ejemplo, vendedor ambulante, y sólo el 1 por ciento encuentra trabajo estable.
En la Comisión de Superación de la Pobreza de la Cámara se discuten distintas iniciativas tendientes a mejorar la legislación para la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Además, en 2007, Chile ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo, adoptada en Nueva York. Allí fue firmada, por la diputada Marisol Turres .
Dicha Convención estatuye, entre los principios generales que la inspiraron y que deben tenerse en consideración al momento de aplicar e interpretar sus disposiciones, el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; la no discriminación; la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas, y la igualdad de oportunidades.
Por eso, mientras tanto se aprueban los proyectos que se discuten en la Comisión, decidimos solicitar al Presidente de la República , señor Sebastián Piñera , y a la ministra del Trabajo , señora Evelyn Matthei , que, a través de los ministerios y las instituciones del Estado se adopten las siguientes medidas:
Que se instruya a todas las reparticiones y empresas públicas a fin de que contraten personas con discapacidad, reservando, en lo posible, un porcentaje en sus puestos de trabajo para trabajadores que, siendo idóneos en su función, posean alguna discapacidad.
Que, asimismo, aquellas personas discapacitadas que trabajan a honorarios, conforme a su desempeño, procedan a ser promovidas o incorporadas a la planta para garantizarles tranquilidad.
Ése es el proyecto que solicitamos a la Cámara aprobar y al Presidente de la República , fomentar en las distintas reparticiones públicas.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , hace pocos días se realizó un seminario vinculado a personas con discapacidad, organizado y acordado por la Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social de la Cámara.
Entre los temas planteados y las sensibilidades creadas al respecto, está, sin ninguna duda, garantizar el derecho al trabajo a todas las personas con discapacidad y en condiciones de hacerlo. De lo contrario, se da una suerte de segregación, una nueva limitación o discapacidad constituida por la falta de una política pública que comprometa al resto de la sociedad a interactuar, con el debido respeto y en igualdad de condiciones, con las personas con discapacidad.
Por ello, parece oportuno que, en primer lugar, sea el Estado, a través de los servicios públicos, el que dé los primeros pasos a fin de abrir camino para que, a plenitud, se respete y se considere el legítimo derecho al trabajo de las personas con discapacidad, incluida la promoción a la planta de los servicios respectivos, de las contratadas a honorarios, de acuerdo con su desempeño.
Solicito la aprobación de este proyecto de acuerdo y ojalá haya una recepción que indique públicamente que esta consideración que hace la Cámara de Diputados será acogida e incorporada como política de Estado desde el Gobierno de Chile.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
ADOPCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MITIGAR LA CONTAMINACIÓN INTRADOMICILIARIA.
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario procederá a dar lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario ).- El proyecto de acuerdo N° 467, de los diputados señores Sandoval, Rojas, Accorsi, Teillier, Pérez, don Leopoldo; Estay, Hernández, Morales, De Urresti y Vallespín, que en su parte dispositiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a los Ministerios del Medio Ambiente y de Salud la adopción de políticas públicas tendientes a mitigar de un modo eficaz los perniciosos efectos que para la salud de las personas genera la contaminación intradomiciliaria y, particularmente:
1.- La implementación de un sistema de medición de la contaminación intradomiciliaria, como consecuencia del uso de agentes altamente contaminantes.
2.- El diseño e implementación de políticas públicas tendientes a mitigar, de un modo claro, los niveles de contaminación intradomiciliaria existentes en las viviendas de nuestro país.
3.- La confección de un catastro que identifique a los sectores más afectados por este problema, como asimismo orientar con mayor ahínco las políticas públicas destinadas a la disminución de esta clase de contaminación en estos lugares.
4.- La elaboración de un Plan de Medición de la Contaminación Intradomiciliaria en aquellas ciudades más afectadas y, en especial, en los hogares de las familias más vulnerables.
5.- Identificar instrumentos sociales y políticos que permitan educar y sensibilizar a la población respecto al correcto uso de los medios de calefacción intradomiciliaria.
6.- Desarrollar opciones tecnológicas de corto, mediano y largo plazo, en base a subsidios para el desarrollo de un programa de recambio acelerado de artefactos no contaminantes; de mejoramiento de la aislación térmica de las viviendas e impulso a la calefacción distrital a distancia, y
7.- Fomentar una política nacional de instalación de ecofiltros en equipos de combustión a leña”.
El señor MELERO (Presidente).- Para apoyar este proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , este proyecto es la continuación de una sesión especial que realizamos en esta Corporación y en la cual analizamos la contaminación atmosférica que está afectando, principalmente, las ciudades del sur, desde Rancagua hasta Coyhaique.
En ese sentido, es fundamental avanzar en abordar la contaminación intradomiciliaria que, claramente, afecta a la salud y calidad de vida de muchos ciudadanos, lo cual redunda en mayores consultas en los establecimientos de salud y en una dificultad en la calefacción.
Por eso, solicitamos al Ejecutivo, que se adopten una serie de medidas a fin de contar con mejores incentivos para la renovación de los artefactos de combustión.
También hemos aprobado, en la glosa presupuestaria correspondiente, que sean los gobiernos regionales quienes aporten recursos para que se modifiquen y reemplacen los artefactos que funcionan con leña, la que debe certificarse, y se implemente una política sobre filtros para que haya menos emisiones.
Para avanzar en la materia, hay que seguir poniendo en el centro de la discusión que la contaminación ya no solo es un problema de Santiago, sino que también de decenas de ciudades, como Coyhaique, Puerto Montt, Valdivia , Temuco y otras localidades intermedias, que están sufriendo estragos por este motivo.
Hay que contar con una política sistemática que aborde la situación y que los gobiernos regionales, principalmente, dispongan de los recursos asignados en la Ley de Presupuestos, de manera de redistribuirlos y, con la Asociación de Consumidores, el Ministerio de Energía, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Vivienda -a través de los fondos de protección del patrimonio familiar-, se vaya mejorando la aislación de las casas.
Por eso, pedimos la aprobación de este proyecto, firmado transversalmente por diputados de la zona sur.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado David Sandoval.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, como decía el diputado De Urresti, este proyecto de acuerdo fue patrocinado de manera transversal.
En muchas ciudades la contaminación se ha transformado en un problema complejo de enfrentar. Algunas, como Rancagua, Temuco y Coyhaique, están en situaciones muy extremas.
Los estudios señalan que cuando la contaminación atmosférica es muy alta, en el interior de los hogares es mucho más. Curiosamente, aun cuando a veces uno quiere pensar que no es así, hay combustibles que son la causa fundamental de este gran problema de contaminación: el carbón y la leña. El uso de la leña está muy extendido en el país; con ella se realiza más del 65 por ciento de la combustión de calefacción. Al respecto, normalmente el acento lo hemos puesto en las medidas de mitigación y de descontaminación en el contexto de la salud pública, de la ciudad; pero hay un componente que no ha sido considerado y que se produce en los hogares. Como ya señalé, los análisis indican que si la contaminación es alta en las calles, en el ambiente, ese nivel se multiplica varias veces más en el interior de los hogares y es la causa fundamental de los problemas de salud, principalmente respiratorios, que afectan a la población y que se agravan en período de invierno.
Por ello, el desarrollo de un programa piloto de medición de la contaminación intradomiciliaria permitirá generar estrategias y planes para mejorar las condiciones de ventilación y de aislación al interior de los hogares, lo que beneficiará directamente la salud de la gente.
Felicitamos la idea de que se lleve a cabo un recambio de los sistemas de combustión -calefactores, estufas, calentadores- al inte-rior de los hogares. Apunta en la dirección correcta.
El proyecto de acuerdo se orienta a cautelar la salud de las familias, sobre todo de las más vulnerables, que son las que utilizan los sistemas de combustión más complejos.
Este es un gran proyecto de acuerdo. Felicito a quienes transversalmente lo suscribieron y hago un llamado a la Sala para que lo apruebe en forma unánime.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN HUASCO Y TIERRA AMARILLA.
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de acuerdo N° 468.
El señor LANDEROS ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo N° 468, del diputado señor Calderón, de las diputadas señoras Adriana Muñoz y Andrea Molina, de los diputados señores Vilches, Von Mühlenbrock, Bobadilla, Barros, de la diputada señora Claudia Nogueira y de los diputados señores Bauer y Hernández, que en su parte dispositiva dice lo siguiente:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia el Presidente de la República que se instalen estaciones de monitoreo de la calidad del aire administradas por el Ministerio del Medio Ambiente en las comunas de Huasco y Tierra Amarilla.”.
El señor MELERO (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Giovanni Calderón.
El señor CALDERÓN.- Señor Presidente , este proyecto de acuerdo es similar al que acabamos de aprobar y tiene por objeto solicitar que se adopten medidas para paliar la contaminación que hoy afecta prácticamente a todo el país.
De las nueve comunas que integran la región a que pertenece el distrito que represento, al menos tres presentan altísimos índices de contaminación por distintos motivos. En la comuna de Huasco, por material particulado (MP10) y por material particulado sedimentable (MPS).
En junio del presente año, la ministra del Medio Ambiente visitó la comuna y anunció su declaración como zona de latencia, debido a que los niveles anuales de ambos tipos de material eran superiores al 80 por ciento de la norma respectiva.
Además, en la provincia del Huasco, que represento, transitan trenes que transportan hierro pulverizado, que también contamina el aire, carga que hasta no hace mucho iba completamente descubierta. De modo que la contaminación era bastante evidente y lo sigue siendo.
Por su parte, Tierra Amarilla , otra comuna pequeña de la Región de Atacama, sufre una altísima contaminación ambiental producto de las emanaciones de la planta Paipote, que en abril de este año presentaron, en dos oportunidades, índices más allá de lo permitido, lo que dio origen a un sumario administrativo.
Existen estaciones de monitoreo de la calidad del aire en ambas comunas y, en general, en toda la Región de Atacama, pero dependen de las propias empresas que producen la contaminación, lo cual, pese a la eficiencia con que funcionan, generan un grado de desconfianza en la ciudadanía.
Por ello, estimamos necesario que existan estaciones de monitoreo independientes, administradas por el Estado, para que la ciudadanía conozca, ojalá online, al instante, cuál es la situación del aire que están respirando. Ello permitirá adoptar las medidas urgentes que sean del caso, cada vez que se produzcan situaciones de emergencia.
Por lo expuesto, llamo a la Sala a votar a favor el proyecto de acuerdo, que además ha sido suscrito por la diputada Adriana Muñoz , que representa a comunas que también registran un alto índice de contaminación.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ .- Señor Presidente , lo señalado por el diputado Giovanni Calderón es una realidad de la que existe la más absoluta certeza, y afecta tanto a Huasco como a Tierra Amarilla. Por tanto, vamos a apoyar con todas nuestras fuerzas esta petición al Gobierno.
Esa petición también debería abarcar otras zonas del país -por cierto, es importante que se considere la situación en Huasco y Tierra Amarilla- en las cuales la contaminación es grande. Por ejemplo, Andacollo o el puerto de Guayacán, en Coquimbo, donde pasa el tren cargado con mineral de hierro, lo que genera contaminación, especialmente cuando hay mucho viento.
Es importante que este tipo de monitoreo se establezca como una política de Estado, una política nacional, porque hemos visto una serie de situaciones vinculadas a la contaminación en diversas comunas, respecto de las cuales los diputados han hecho reclamos en esta Sala. Por ejemplo, a menos de cinco kilómetros de Andacollo se están llevando a cabo grandes trabajos, que implican movimientos de tierra y tránsito de grandes camiones por el centro de este pequeño pueblo histórico y religioso.
Por lo demás, cuando los monitoreos son efectuados por las empresas privadas, generan dudas sus resultados, ya que podrían ser trajes a la medida. Por lo tanto, si el monitoreo de la calidad del aire se transformara en una política a nivel nacional, lograríamos que el Estado haga una mayor fiscalización.
Felicito al diputado Calderón por este proyecto de acuerdo, que vamos a apoyar con el mayor entusiasmo. Ojalá que el Gobierno haga suya la petición contenida en él.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VIII. INCIDENTES
HOMENAJE A LA COMUNA DE MARÍA ELENA EN SU 31° ANIVERSARIO. Oficios
El señor MELERO ( Presidente ).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente , quiero rendir un homenaje a una zona, una comuna, una tierra que sin duda me refleja, me identifica y me liga plenamente como familia, la pampa salitrera.
El 20 de noviembre no pasa desapercibido para quienes hemos tenido el placer y el orgullo de ser parte de la gran familia pampina. En esta fecha, la nueva institucionalidad celebra el aniversario de la comuna de María Elena. Quizás, el tiempo transcurrido se siente vertiginoso y nos ha impedido darnos cuenta de lo que sucede en esta comuna, que sigue haciendo el esfuerzo por mantenerse altiva y pujante a pesar de las vicisitudes que ha debido enfrentar en su desarrollo.
María Elena , como otras oficinas salitreras al día de hoy, está silente y polvorienta de olvido. Sin embargo, nadie puede olvidar que fueron ellas, las oficinas salitreras de nuestra querida pampa, las que cimentaron la posición económica que la Segunda Región ha alcanzado al amparo de la actividad minera. Son estas oficinas las que marcaron la senda, gracias al esfuerzo de hombres y mujeres que permiten señalar que la pampa salitrera está más viva que nunca.
María Elena cumple 31 años como comuna -institucionalmente-, aunque ha vivido muchos más desde su fundación. Hoy se muestra ante nosotros como una localidad con obras de alto beneficio para la comunidad, lo cual llena de satisfacción y orgullo a este profesor de la pampa salitrera, porque fue su alcalde durante 10 años. El tiempo no pasa en vano.
Aprovecho de rendir homenaje a quienes fueron sus alcaldes: Me refiero a Gonzalo Pinto , Nelson Avendaño y Santiago Lambert , con quienes compartí una gestión y también una gran amistad.
Son muchas las expectativas sobre el futuro de nuestra pampa y sé que con el esfuerzo de todos, gobierno y empresa, podremos asegurar que esta salitrera, que se ubica en el desierto más árido del planeta, seguirá siendo la única del mundo que se mantenga activa por muchos años más.
Celebramos este nuevo aniversario con la convicción y el estímulo de quienes vivimos en la pampa salitrera y experimentamos infinitas dificultades para impulsar el desarrollo que se ha logrado y que se ha materializado en obras emblemáticas que hoy disfruta nuestra comunidad. Me refiero a las instalaciones del centro comunitario, a la modernización del estadio de fútbol, a la remodelación de la Plaza de Armas y su entorno, en fin, tenemos un sinnúmero de espacios públicos que fueron remodelados en nuestra época y con el trascurrir del tiempo para brindarle mejor calidad de vida a la gente que hace patria en la comuna de María Elena.
La comuna de la pampa está expectante por su futuro. Se aleja el fantasma de su desaparición y se instalan alternativas que pueden generar cambios radicales para quienes forman parte de ella. Por eso, con más fuerza que nunca, en esta celebración me sumo a lo que ella representa y renuevo mi compromiso de apoyo a su gente, que por siempre será mi gente.
¡Feliz aniversario, querida comuna de María Elena!
Pido que se envíe copia de esta intervención al alcalde , don Jorge Godoy Bolvarán ; al concejo y a los funcionarios de la Municipalidad de María Elena.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA UBICACIÓN DE NUEVA CÁRCEL EN COYHAIQUE. Oficios.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , el pasado sábado 19, asumí un compromiso con los vecinos de Coyhaique Bajo, comunidad que se localiza en las inmediaciones suburbanas de la ciudad de Coyhaique, que están bastante preocupados por el hecho al que me referiré.
La cárcel de Coyhaique es muy antigua, está colapsada y las condiciones para la atención de los internos son precarias. En todo caso, la necesidad de un nuevo recinto se viene planteando desde hace muchos años.
Pero como siempre sucede en este tipo de cosas, el problema que surge es dónde instalar el establecimiento penitenciario. Por eso la legítima y natural preocupación de la comunidad de Coyhaique Bajo.
Ese lugar tiene varias particularidades. Es un sector que se ha venido desarrollando con mucho afán y preocupación de los vecinos, con proyectos inmobiliarios y de desarrollo turístico. Se ubica en el acceso este de la ciudad de Coyhaique, por donde transitan miles y miles de personas que cruzan por el paso internacional de Coyhaique Alto. Esta ruta, que fue pavimentada hace poco, tiene un gran potencial para el desarrollo de proyectos inmobiliarios en la zona suburbana. Por lo tanto, con el coordinador del movimiento, don Roberto Valenzuela , creemos que proyectos de esta naturaleza -la ubicación de la cárcel- no pueden ser impuestos, tienen que ser socializados adecuada y debidamente. En los alrededores de la ciudad de Coyhaique existen espacios alternativos para concretar ese tipo de proyecto. No puede repetirse lo que ocurrió con la comunidad de Alhué.
Por ello, y como me comprometí con los vecinos de Coyhaique Bajo, pido que se oficie al Ministro de Justicia , al secretario regional ministerial de Justicia y a la intendenta de la Región de Aysén -que ya sabemos de las complejidades que acarrean estos proyectos por la ubicación, por la firma de gestarse y de llevarse a cabo, no es lógico ni razonable que los últimos en enterarse de estos procesos sean precisamente las comunidades- para solicitarles que busquen otras opciones de ubicación, otras alternativas. Un sector poblacional tan importante, que ya fue intervenido con el cementerio y el relleno sanitario, no puede ni debe ser afectado nuevamente. En definitiva, pedimos que corrijan esa mala decisión.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
ADECUACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN A PESCADORES ARTESANALES DE CALETAS DUAO Y LLICO. Oficio.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Celso Morales.
El señor MORALES.- Señor Presidente, los pescadores artesanales de las caletas de Duao y Llico se han visto afectados por el momento de fiscalizar de los funcionarios del Sernapesca, y que se relaciona con la cantidad del producto extraído cuando regresan de la mar.
Sin duda, la fiscalización es necesaria, sobre todo porque hay que cuidar los recursos, que siempre son escasos. Pero, en opinión de los pescadores -por los antecedentes que me han entregado, me hago parte de la inquietud- la fiscalización se efectúa con poco criterio y en el momento menos oportuno: a la llegada de los pescadores artesanales a las respectivas caletas con la captura. En ese instante, el fiscalizador del Sernapesca se acerca y les pregunta por la cantidad de cajas extraídas, lo que para el pescador artesanal es difícil responder en forma cierta y categórica, porque el producto viene a granel. El pescador indica una cantidad tentativa de cajas. El problema radica en que si el funcionario de Sernapesca descubre que la respuesta no es efectiva; es decir, si la captura no coincide con la cifra tentativa, la multa que se debe aplicar sobrepasa el millón de pesos.
Por eso, pido que se oficie al subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, para que instruya que la fiscalización se realice al momento en que termina la actividad en los botes, de manera que los fiscalizadores comprueben en ese momento las cajas de producto capturado y no que se queden con la cifra tentativa que da cada pescador. De esa forma, se tendrá la correcta relación entre la captura y la cantidad de cajas.
Ahora, si el problema es la cantidad de fiscalizadores o el tiempo de que disponen para realizar su labor, pido al subsecretario de Pesca que instruya o implemente otro sistema, pero que los pescadores artesanales, en este caso de Duao y Llico, no se vean afectados y tengan que pagar multas de un millón de pesos, sanción que se resuelve en los tribunales ordinarios de justicia, lo que agrava la situación porque estos pescadores no tienen recursos para contratar un abogado que los represente.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
PROBLEMA PREVISIONAL DE PROFESORA DE COMUNA DE LINARES. Oficio.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Romilio Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Romilio).- Señor Presidente , en primer lugar, quiero plantear el problema que afecta a doña María Antonieta Figueroa , profesora recién jubilada, que vive en la comuna de Linares.
Ella ha visto afectada su situación previsional por haber tenido una cédula de identidad coincidente con la de otra persona.
Hace algunos años, el Servicio de Registro Civil e Identificación le retiró la cédula N° 5.170.008-K y la reemplazó por la actual, N° 4.465.173-K.
Esta situación se corrigió en 1989. En esa oportunidad se instruyó informar ese cambio para regularizar sus cotizaciones previsionales.
La señora Figueroa se acogió al programa de retiro que implementó el Ministerio de Educación; pero, lamentablemente, hace quince meses que no recibe su remuneración ni se ha hecho efectiva su jubilación, porque no están reflejadas en su registro las cotizaciones de los años 1982 a 1989, por lo que tiene una laguna que incide en su proceso de jubilación. Este tema se ha planteado a diferentes organismos, pero no ha sido resuelto.
Por lo tanto, solicito oficiar al director nacional del Instituto de Previsión Social , señor Juan Bennett Urrutia , con el objeto de que informe sobre las acciones que se pueden emprender para resolver, a la brevedad, esta grave situación que afecta a la señora María Antonieta Figueroa .
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
RESTRICCIÓN EN OFERTA DE NIVELES PREKÍNDER Y KÍNDER EN JARDINES INFANTILES ADMINISTRADOS POR FUNDACIÓN INTEGRA. Oficio.
El señor GUTIÉRREZ (don Romilio).- Señor Presidente , en segundo lugar, solicito oficiar al director ejecutivo de la Fundación Integra , con el objeto de que me informe sobre los antecedentes que existen respecto de un acuerdo que se adoptó hace algunos años, destinado a restringir la oferta de niveles prekínder y kínder en los jardines infantiles administrados por la fundación, a favor de los administrados por las municipalidades.
Evidentemente, esta situación afecta la legítima libertad de elección de los padres, especialmente en el caso del jardín infantil Los Naranjitos , de Estación Villa Alegre, de la comuna de Villa Alegre, donde se llevaría a cabo en los próximos meses.
Esta situación también afecta a todas las madres que trabajan en la temporada, que no tienen dónde dejar a sus hijos durante enero y febrero, porque los establecimientos educacionales no tienen ese programa.
Por lo tanto, solicito oficiar al señor Sergio Domínguez, director ejecutivo de la Fundación Integra, con el objeto de que me informe respecto de la inquietud planteada.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano, de lo que la Secretaría está tomando debida nota.
FACTIBILIDAD DE TRASLADO DE PEAJE DE TRONCAL RETIRO, EN RUTA 5 SUR, AL SECTOR DE PERQUILAUQUÉN. Oficio.
El señor GUTIÉRREZ (don Romilio).- Señor Presidente , solicito oficiar al ministro de Obras Públicas , Laurence Golborne , para pedirle que tenga a bien estudiar la factibilidad técnica de trasladar el peaje ubicado en la comuna de Retiro, a la altura del kilómetro 325 de la Ruta 5 Sur, hacia su antigua ubicación, en el sector de Perquilauquén, ya que afecta gravemente la actividad económica de la provincia, tanto de las comunas que están al sur del peaje, como a la cabecera de provincia, y encarece el tránsito para muchos vecinos.
Este tema se ha planteado en anteriores oportunidades, por lo que espero tener una respuesta afirmativa, con el objeto de mejorar la conectividad, facilitar el traslado al interior de la región y trasladar ese peaje a la ubicación anterior, de la cual nunca se debió cambiar.
Ésta es una preocupación muy sentida de los ciudadanos y también de las organizaciones de nuestra provincia, especialmente de la Cámara de Comercio y de los gremios agrícolas.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican, de lo que la Secretaría está tomando debida nota.
INAUGURACIÓN DE CUARTELES DE CARABINEROS EN LOCALIDADES DE CATAMUTÚN Y PUERTO NUEVO, COMUNA DE LA UNIÓN. Oficios.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Gastón von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente , hoy es un día muy especial para nuestra ciudad de La Unión, porque se acaban de inaugurar dos cuarteles policiales, en Catamutún y en Puerto Nuevo, obras que costó mucho conseguir y sacar adelante para dignificar la labor de Carabineros en nuestra región y en nuestra comuna de La Unión.
El cuartel de Catamutún atiende a una población aproximada de 1.800 personas, y el de Puerto Nuevo, a cerca de 3.600 vecinos. Ambos cuarteles tienen las siguientes características: una casa de 80 metros cuadrados para el jefe de retén, completamente equipada; el retén en el primer piso, sala de guardia, sala de reuniones, casino, dos celdas modernas, pequeñas salas de identificación de imputados, tecnología de aislamiento técnico, calefacción central, caldera a leña y tecnología que permite que el cuartel se encuentre conectado las veinticuatro horas del día, incluso sin suministro eléctrico, ya que cuenta con equipos electrógenos y comunicación satelital, lo que es muy importante para las vecinas y vecinos, sobre todo cuando es azotado por las inclemencias del tiempo. El segundo piso cuenta con dependencias para doce personas, habitaciones, camas equipadas, infraestructura en baños. Tienen 350 metros cuadrados cada una y caballerizas y corrales para seis caballos.
La ceremonia de inauguración, en la que me hubiese encantado estar presente, ya que no pude asistir por cumplir con mis obligaciones en el Congreso Nacional, fue presidida por el director nacional de Logística de Carabineros, general inspector Eduardo Muñoz Poblete.
En el retén de Catamutún se invirtieron 341 millones de pesos, y en el de Puerto Nuevo, 348 millones de pesos.
Como miembro titular de la Comisión Mixta de Presupuestos, hemos estado trabajando mucho en analizar el presupuesto de Carabineros de Chile. La dependencia de esta institución pasó recién este año desde el Ministerio de Defensa Nacional al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Además, hemos luchado por sacar adelante varios planes cuadrantes en nuestra región, especialmente en algunas comunas.
Es muy importante respaldar a nuestros sectores rurales, donde vive tanta gente con mucho sacrificio, sobre todo en los momentos en que nos azota fuertemente el clima. Vamos a proseguir en esta tarea para que los carabineros de nuestros sectores rurales cuenten con retenes dignos, para que puedan llevar adelante su gestión.
Nos alegramos profundamente de que esos cuarteles se hayan inaugurado oficialmente, porque es importante que nuestros vecinos de Catamutún y Puerto Nuevo se sientan más protegidos las veinticuatro horas del día, gracias a la conexión satelital, sobre todo en casos de emergencia, cuando es imposible trasladarse a la ciudad de La Unión debido a las inclemencias del tiempo.
Por lo tanto, junto con saludar y felicitar a los vecinos de Catamutún y Puerto Nuevo, solicito enviar copia íntegra de mi intervención a la alcaldesa de La Unión , señora Hilda Carvallo , y a cada uno de los concejales.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Castro , Jaramillo , Campos, Monsalve , Carmona , Cerda , Sabag y Baltolu y de la diputada señora Pascal, doña Denise .
MANTENCIÓN DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO EN 2012. Oficios.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el diputado señor Cristián Campos, por cuatro minutos, debido a que el Comité cedió cinco minutos al Partido Comunista.
El señor CAMPOS.- Señor Presidente, en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos desarrollada el lunes y martes quedaron algunas incertidumbres.
Particularmente, me voy a referir a la partida 15, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Junto con el colega Monsalve , hemos manifestado nuestra preocupación por lo que va a ocurrir con los programas de empleo que se implementan en el país, especialmente en la Región del Biobío, tanto en la provincia de Arauco y en la comuna de Lota, como en las comunas de Talcahuano y Hualpén, que represento en esta Cámara.
Pido oficiar a la ministra del Trabajo y Previsión Social y al intendente de la Región del Biobío , a fin de solicitarles que den respuesta a los dirigentes que se manifestaron ayer en las puertas de la Intendencia de la Región del Biobío y les aseguren que efectivamente la cobertura de programas de empleo para el 2012 seguirá siendo financiada por el Gobierno y que no quede en el aire una variable económica muy presente por el ministro de Hacienda , señor Felipe Larraín , quien señaló que, de acuerdo al crecimiento económico, se evaluará trimestralmente la posibilidad de reducir esos programas.
Toda la información nos indica que el 2012 será un año complejo. Por eso, a diferencia de lo que expresa el ministro de Hacienda , la señal del Gobierno debe ser otra. El Ejecutivo debe garantizar que para el 2012 mantendrá los cupos del programa de empleo, pues, de lo contrario, muchas mujeres jefas de hogar, que solamente tienen este ingreso familiar, verán con mucha incertidumbre su situación laboral y los efectos en sus hogares. Seguramente, sus esposos serán despedidos por la crisis, si es que llega y se introduce en los distintos sectores del ámbito económico a nivel nacional y regional. Por consiguiente, consideramos que la señal debe ir en sentido contrario y que deben existir programas de empleo durante el 2012. Muchas de estas mujeres llevan más de diez o doce años en tales programas de empleo.
Espero que la ministra del Trabajo y Previsión Social aclare este punto al diputado que habla, a través de un oficio, y que el intendente de la Región del Biobío -quien señala que, al parecer, nuestra opinión respecto del tema es intencionada- responda a los distintos dirigentes de los programas de empleo de la Región del Biobío y explique qué va a ocurrir el próximo año y garantice la cobertura, a fin de que tengan tranquilidad y mejores condiciones de trabajo en la región en estos programas de empleo tan necesarios y urgentes, particularmente para la gente más vulnerable, en especial mujeres.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados Jaramillo , Carmona , Castro , Hugo Gutiérrez , Monsalve , Sabag y Cerda .
FELICITACIONES A ESTUDIANTES DEL LICEO “PEOPLE HELP PEOPLE”, DE PANGUIPULLI. POR DESTACADA PARTICIPACIÓN EN CONCURSO “DELIBERA”. Oficio.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , he recibido con mucho agrado a una delegación del liceo People Help People , de la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos, compuesta por cuatro alumnas y tres alumnos, que resultó clasificada para la final del Concurso Delibera Bicentenario Congreso Nacional, con motivo del Bicentenario de la Nación , en representación de la Región de Los Ríos.
En estos escasos segundos que se me han concedido, pido que se oficie a la dirección del liceo People Help People, de la localidad de Panguipulli, a objeto de que se le haga llegar mis felicitaciones y expresiones de satisfacción por el logro conseguido por los estudiantes de ese establecimiento educacional.
Tuve la oportunidad de recibirlos y de compartir algunas referencias sobre el puerto de Valparaíso, por lo que expreso mi inmensa satisfacción y orgullo por su sobresaliente participación.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados Marinovic , Castro , Carmona , Cerda , Von Mühlenbrock , Sabag y Campos.
INFORMACIÓN SOBRE LEGALIDAD DE COBRO DE EMPRESA SANITARIA. Oficio.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité Independientes-PRI.
Tiene la palabra el diputado señor Miodrag Marinovic.
El señor MARINOVIC.- Señor Presidente , pido oficiar al ministro de Economía , Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira , y que se envíe copia a la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Durante los últimos días, vecinas y vecinos se han acercado a mi oficina parlamentaria de mi región, para mostrar sus boletas de la cuenta del servicio de agua y, además, para contarnos lo que está ocurriendo con esos cobros.
Considero que en los servicios sanitarios y servicios públicos se producen muchos abusos y situaciones que, a lo menos, son irregulares, por lo que me interesa referirme al tema, especialmente ahora que se está desarrollando el proceso de fijación tarifaria.
En primer lugar, pido que el ministro de Economía , Fomento y Turismo me informe respecto de la legalidad de efectuar un cobro por visita de corte. Ni siquiera se trata de la visita para cortar el suministro, sino de una visita domiciliaria en que un móvil de la empresa se dirige a la vivienda y avisa al residente que se le va a cortar el agua, debido a que se ha generado una orden en tal sentido. Éste asegura que se va a poner al día o que va a repactar su deuda y los funcionarios de la empresa se retiran sin cortar el agua, pero lo hacen firmar una boleta equivalente a 3 mil pesos que después se cobra en la boleta correspondiente.
Me parece que es, al menos, irregular el hecho de que una empresa de servicio público haga esta gestión en que, básicamente, no hace nada, pero cobra igual. Y esto no ocurre sólo con una vivienda, sino con miles en que se produce esa situación, de manera que esos cobros se van sumando y, por esa vía, se lucra a costa de la gente.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados Sabag , Castro , Carmona y Cerda .
ANTECEDENTES SOBRE PROCESO DE FIJACIÓN TARIFARIA DE EMPRESA AGUAS MAGALLANES. Oficio.
El señor MARINOVIC.- Señor Presidente , en segundo lugar, pido al ministro de Economía , Fomento y Turismo que solicite antecedentes a la Superintendencia de Servicios Sanitarios respecto de todo el proceso de fijación tarifaria de la empresa Aguas Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, toda vez que, al no existir acuerdo, se entra en un proceso de mediación a través de un comité de expertos.
Por lo tanto, es importantísimo que la máxima autoridad política en esta área de economía, que fija las tarifas de los servicios públicos, se informe y se pronuncie respecto de este proceso de fijación de tarifas del agua potable en la ciudad de Punta Arenas.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados Sabag , Castro , Carmona y Cerda .
DESIGNACIÓN DE FISCAL CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA POR ABUSOS SEXUALES CONTRA MENORES EN ESCUELA DE QUILLOTA. Oficio.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- El turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano, por nueve minutos y medio.
Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Cerda.
El señor CERDA.- Señor Presidente , en esta oportunidad me referiré a una situación muy grave de abusos sexuales cometidos en perjuicio de menores de la escuela Girasol, en la comuna de Quillota.
Este hecho ha causado conmoción pública, porque de una denuncia inicial que comprendía cuatro casos se ha pasado a alrededor de 25 más.
En la tarde de ayer, asistí a una reunión sobre la materia invitado por padres y apoderados de dicho establecimiento educacional, a la que también asistió el fiscal a cargo de la causa, el jefe de la PDI de Quillota, psicólogas, el concejal Mauricio Ávila y más de cien personas, entre padres y apoderados.
Es muy grande la desesperación de los padres -justificadísima, por lo demás- ante este gravísimo caso.
Por esa razón y porque -reitero- la situación señalada ha causado conmoción pública en la ciudad de Quillota, solicito que se oficie al fiscal regional de Valparaíso, señor Pablo Gómez , para pedirle que tenga a bien designar un fiscal especial, con dedicación exclusiva, que investigue en forma urgente los delitos de abusos sexuales denunciados.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Lorenzini , Rincón , Marinovic , Saffirio , Hugo Gutiérrez , Monsalve y Castro .
RETRASO EN CONSTRUCCIÓN DE NUEVA CÁRCEL EN REGIÓN DEL MAULE. Oficio.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente , usted es un hombre afortunado, porque entiendo que en una localidad de su distrito, Huachalalume -para que vea que tengo buenos antecedentes-, se construyó una cárcel concesionada nueva.
¡Qué suerte la suya! Le voy a contar un cuento: Cinco Presidentes de la República , cinco intendentes y cuatro seremis de la Región el Maule anunciaron en su minuto la construcción e inauguración, cerca de Talca, de una cárcel nueva para la Región del Maule.
“Los sueños, sueños son”, recordó ayer el diputado Rincón , quien nos daba clases de poeta. Y parece que ése es el mejor camino, porque llevamos más de diez años con un proyecto anunciado con bombos y platillos, pero que ha tenido cero avance.
El seremi de Justicia de la Región del Maule , don Javier Ramírez , en octubre de 2010 expresó: “Estamos listos. Se nos viene el penal talquino. Vamos a licitar; están todos los estudios.”.
Eso ocurrió en octubre de 2010. Hubiera sido entendible si hubiese sido el 28 de diciembre del 2010. Porque parece que todos los maulinos somos inocentes.
¿Qué viene en el nuevo proyecto de Ley de Presupuestos? Platitas para empezar a estudiar el proyecto de cárcel. Uno puede entender los rediseños del proyecto: partió con 1.800 presos, después aumentó a 2 mil, luego la cifra se elevó a 2.500 y ya van en 3 mil. Parece que hay muchos malandras en la Región del Maule. Vamos terminar haciendo la cárcel del 2025 para 10 mil presos.
¡Así no se hacen las cosas! ¿Dónde está el intendente de nuestra Región? ¡Él es el Gobierno en la Región del Maule! ¡No le vamos a cargar esto al Presidente de la República!
Claramente, aquí hay desidia y una burla, porque nada explica tales retrasos.
Huachalalume; bonito nombre. No me importa cómo se llame la cárcel del Maule, pero sí me interesa que se construya. Pero ello no ocurrirá en este gobierno, como muchos problemas que no se están solucionando hoy, como la reforma educacional y otros que estamos analizando en el actual proyecto de Ley de Presupuestos. Quizás exista voluntad en el próximo, tengamos un gobierno ciudadano.
¡Cárceles! Es lo que estamos pidiendo a propósito de la delincuencia. Por todos lados se pelean los poderes, el Ministerio del Interior, la Fiscalía, etcétera. Y nuestra capital regional no tiene cárcel. Y sobre la ubicada en la Alameda, en el centro de la ciudad de Talca, que todo el mundo esperaba que se terminara, se nos señala que continuará funcionando para los distintos condenados. No sé si da para reírse o para enojarse. Al final, ¿quién hace la pega?
Usted, señor Presidente , conoce al ministro Golborne -de hecho, el otro día estuvimos con él en Constitución-, pero espero que el ministro de Obras Públicas , a quien solicito oficiar, tome cartas en el asunto.
El ministro de Justicia también conoce la Región del Maule, porque ha desarrollado actividades en ella. Pero, básicamente, es el intendente quien debe acercarse a La Moneda. ¡Si los intendentes están para trasladar la región a Santiago! A lo mejor, al igual que en el caso del Transantiago, la orden es: “No hay plata para regiones; se queda todo en Santiago”. ¿Hasta cuándo? ¿A quién se le protesta? ¡Y después se enojan cuando uno vota en contra algunas materias! ¡Pero si no escuchan a las regiones, a los parlamentarios ni a las fuerzas vivas de las ciudades!
Talca necesita una cárcel para su región; necesita su propio “Huachalalume”. Pero resulta obvio que deberemos esperar a ser parte de un nuevo gobierno y probablemente nos harán más caso, aunque, para ser claros, en el pasado tampoco consideraron mucho nuestra opinión.
Usted, señor Presidente , está feliz con su cárcel concesionada y puede pasearse tranquilo. Y como lo manifestaron el seremi y el intendente el 2009, el 2010, el 2011 y seguramente lo repetirán el 2012: será para mayo; el problema es que no precisan de qué año. Probablemente, será para el 28 de diciembre.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
RECHAZO A INSTALACIÓN DE PLANTA DE RECICLAJE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN COMUNA DE CABRERO. Oficios.
El señor BERTOLINO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , en esta ocasión quiero manifestar mi oposición a la instalación de la planta de reciclaje de residuos hospitalarios de la empresa Alphomeg de Chile S.A. en el sector Quinta Poniente, comuna de Cabrero, altamente poblado, porque constituye un riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de afluentes, emisiones y residuos que se tratarán en dicha planta, por los efectos adversos y significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, el agua y el aire.
Los residuos hospitalarios que reciclará la planta son altamente tóxicos e infecciosos para toda la comunidad, no sólo para el sector de Quinta Poniente, lo que se puede manifestar por vía aérea, por contacto directo o indirecto, por derrames o accidentes que no sean controlados y que contaminen las napas subterráneas, lo que podría generar un contagio masivo a través del agua.
Las cosas son lo que son, no lo que se dice que son. La empresa Alphomeg de Chile S.A. se ha amparado en el hecho de que no se ha modificado oportunamente el plan regulador de la comuna de Cabrero para instalarse en el lugar. Dicho plan señala que la zona donde se pretende ubicar la planta es industrial, pero en verdad se trata de un sector habitacional, donde se han hecho inversiones en proyectos de agua potable y muchas familias han pedido permisos de edificación al Serviu antes y después de la anunciada instalación de la mencionada planta.
Asimismo, se ven seriamente amenazadas las condiciones actuales de habitabilidad, lo cual significa que deberían ser erradicadas muchas familias.
Por ello, ante esta amenaza a la salud pública, no sólo del sector Quinta Poniente de Cabrero , sino que de toda la comuna, solicito oficiar a la ministra del Medio Ambiente , al presidente de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío , al intendente regional y al gobernador de la provincia de Ñuble, para pedirle que tengan a bien hacer todos los esfuerzos para que se respete la legalidad vigente y se rechace la instalación de dicha planta, especialmente en lo relacionado con el proceso de participación ciudadana, que no se ha hecho efectivo.
Asimismo, pido que se oficie a la municipalidad de Cabrero, al alcalde y a su concejo, para que, si lo tienen a bien, declaren zona habitacional el sector Quinta Poniente, a fin de que se pueda modificar el plan regulador de la comuna a la brevedad, para fundamentar el rechazo a la instalación de esa planta de reciclaje de residuos hospitalarios, que, como ya señalé, constituye una amenaza para la salud pública de la población de la comuna.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados, con la adhesión de los diputados señores René Saffirio , Lautaro Carmona y Miodrag Marinovic .
ALCANCES A DICTAMEN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE PLAN “SALVEMOS EL AÑO ESCOLAR”. Oficios.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don Lautaro Carmona, a quien el Comité del Partido por la Democracia le ha cedido el resto de su tiempo, más los cinco minutos a que cada bancada tiene derecho una vez cada tres semanas.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , quiero dar cuenta de una preocupación que conmueve al país y a la opinión pública internacional.
En días pasados, con el diputado Hugo Gutiérrez , nos entrevistamos con el contralor general de la República para conocer los alcances respecto del plan “Salvemos el Año Escolar”.
Con fecha 22 de noviembre de 2011, la Contraloría General de la República emitió un dictamen en relación con dicho plan, el que sostiene que el artículo 5° de la Constitución Política señala que es deber de los órganos generales de la administración del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana garantizados por la Carta Magna. A su vez, plantea que el número 10° del artículo 19 de la Constitución garantiza el derecho a la educación.
La Contraloría también nos recuerda en su dictamen que, de acuerdo con el artículo 22 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, los ministerios son los órganos superiores de colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno y de administración de sus respectivos sectores y que la educación es un derecho de todas las personas, correspondiendo preferentemente a los padres el derecho y la obligación de educar a sus hijos y al Estado el deber de otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.
La resolución de la Contraloría señala también que corresponderá especialmente al Ministerio de Educación, entre otras funciones, la de elaborar instrumentos, desarrollar estrategias e implementar, por sí o a través de terceros, programas de apoyo educativo.
Como se ha señalado, el plan “Salvemos el Año Escolar” tiene como propósito evitar que la paralización impida a sus alumnos finalizar el año escolar; que en la aplicación de dicho plan se debe cautelar que el local cuente con las condiciones que la ley exige, así como asegurar que la educación que reciban sea de calidad.
Muy trascendente en el dictamen de la Contraloría General de la República es su mención directa a la normativa que señala que, en situaciones excepcionales, el jefe del Departamento Provincial de Educación que corresponda administrará todas las medidas que fueran necesarias con el objeto de llevar a buen término el año escolar y que, habida consideración de la autonomía de los establecimientos educacionales, lo dicho anteriormente es sin perjuicio de las providencias que las autoridades de esas entidades puedan seriamente adoptar para resolver acerca de la evaluación y promoción de sus alumnos, con el idéntico propósito de hacer efectivo el derecho constitucional a la educación.
En lo concerniente a si la no inscripción en el plan “Salvemos el Año Escolar” por parte de un alumno puede implicar la adopción de una sanción respecto de él, cabe señalar que ello no resulta pertinente, toda vez que no consta la existencia de disposición alguna que autorice la aplicación de dicha clase de medidas por tal circunstancia.
En virtud de lo expuesto, considero que no es efectivo que aquellos que no se han inscrito en dicho plan vayan a perder su año escolar, en la medida en que esos establecimientos educacionales tomen las providencias necesarias para terminar el año escolar de acuerdo con las normas vigentes. Establecer lo contrario, sería una sanción. Una cosa es la legalidad que tenga el plan “Salvemos el Año Escolar” y otra distinta es que eso implique que los no inscritos pierdan el año escolar. Hay que agregar que los estudiantes de enseñanza media que potencialmente serían afectados son parte de una movilización multisectorial, que tiene expresión nacional y que defiende la educación pública.
La justeza de sus contenidos y su profundo sentido de principios respecto de la sociedad también están ratificados por el impacto y la solidaridad internacional que ha despertado esta movilización. Plantearse una medida en esa dirección respecto de estos estudiantes, a mi juicio, sería un abuso de autoridad que más bien busca desolidarizarlos de su compromiso con el movimiento que defiende la educación pública. Más se asoma como un castigo a una conducta que legítimamente los estudiantes han sostenido.
Por ello, considero que presentar como un logro el dejar repitiendo, por decreto, a sobre 70 mil estudiantes constituye una derrota para un Estado que debe garantizar la educación pública. Espero que el Ministerio de Educación tenga presente estas consideraciones.
Por tanto, hago un llamado al ministro de Educación para acoger las propuestas de los establecimientos educacionales, con el fin de impedir que esos miles de estudiantes pierdan su año escolar, lo cual, si se consumara, constituiría una grave violación y vulneración del derecho a la educación consagrado constitucionalmente.
Finalmente, pido que se envíe un oficio al ministro de Educación , a los dirigentes de las organizaciones de estudiantes de enseñanza media a lo largo del país, al presidente del Colegio de Profesores y a los dirigentes de las organizaciones de trabajadores.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los señores diputados y señoras diputadas que así lo indican a la Mesa.
PREOCUPACIÓN POR FALTA DE UCI PEDIÁTRICA EN REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , en segundo lugar, quiero manifestar mi preocupación por una situación que conmueve a los habitantes de la Región de Atacama al conocer la situación que compromete a la familia Bustamante Contreras , de la ciudad de Copiapó, a raíz de un problema de salud que aqueja a su hijo menor.
En ese esfuerzo, la familia anunció lo que le aconteció a su hijo, de un año y cuatro meses, quien sufrió una quemadura de tipo AB-B en su brazo izquierdo, razón por la cual le tuvieron que realizar un injerto. Durante el período posoperatorio, el niño siguió decaído, sin apetito y con poco ánimo, pero nada de esto fue considerado por los profesionales. No se buscaron las razones médicas de los síntomas mostrados en el posoperatorio. Según la familia, nada se hizo ante los vómitos y diarreas que padecía el niño. Le tomaron un examen de sangre, que nadie vio y al que nadie dio importancia. El deterioro del niño fue en aumento, hasta el punto en que el propio médico a cargo señaló que lo veía mal y que estaba grave.
La mayor dificultad es que en Copiapó no se cuenta con una UCI pediátrica. Por lo tanto, para poder apoyarlo, hubo que ingresarlo a la Unidad de Neonatología, donde permaneció más de tres días. Finalmente, las propias autoridades del sistema de salud recurrieron a una acción extrema y lo trasladaron a Santiago. Actualmente, el niño se encuentra hospitalizado en estado grave y con daño cerebral, aun cuando no fue ésa la causa de su incorporación a un servicio médico.
La razón sería que este niño no fue atendido oportunamente en la UCI pediátrica. El diagnóstico que tuvo el menor al ingresar al centro hospitalario señalado fue de sepsis total, con un síndrome convulsivo y la posibilidad de una enfermedad metabólica, aparecida por el estrés traumático al que fue sometido desde la quemadura hasta la operación quirúrgica.
Saber lo que le ocurre a don José Luis Bustamante Rivera , padre del menor Eduardo Alonso , es un relato fuerte que nos expone ante un conjunto de preguntas. Quizás la más relevante es la siguiente: ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué Atacama no cuenta con una unidad de UCI Pediátrica? Según la doctrina imperante, no la tendrá hasta que un privado no vea en aquello una oportunidad de negocio.
La comunidad de Atacama necesita una explicación por lo ocurrido a este menor, ya sea por negligencia, cansancio, falta de especialistas, malos diagnósticos, etcétera; quizás se juntó de todo un poco. Atacama necesita que las autoridades del sector Salud, tras dar explicaciones, tomen medidas al respecto y le entreguen a la comunidad la seguridad de que casos de este tipo se puedan tratar y resolver en nuestra región. A lo menos, deberían tener un acercamiento con la familia para entregarle no sólo el apoyo, sino también las disculpas y explicaciones del caso.
Debo agregar que el tema de la salud pública en Atacama es recurrente, por la falta de profesionales. Incluso, esa realidad ha tenido un impacto tan fuerte en este último tiempo que se ha constituido una agrupación de familiares, de padres, gente muy joven, que frente a la atención de salud de sus hijos, especialmente recién nacidos y de pocos meses de vida, ha vivido situaciones con desenlace fatal; esto le ha ocurrido a sobre una veintena de padres.
Por lo anterior, para que esto sea tomado en serio, pido que se oficie a la seremi de Salud de la Región de Atacama , a la intendenta, a los consejeros regionales, a los alcaldes y a los concejales de la región, a la familia Bustamante Contreras , a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, a la CUT provincial de la Región de Atacama, a la ANEF de la Región de Atacama, de la cual es miembro el padre de este niño; a la Aprus y a la Fenats del hospital de Copiapó.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados Hugo Gutiérrez y Jorge Sabag .
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.20 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 13.40 horas.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
ANTECEDENTES SOBRE DERRAME DE ÁCIDO SULFÚRICO EN ACCIDENTE CARRETERO, SOBRE PERMISOS PARA TRASLADO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y EVENTUAL MEJORAMIENTO DE RUTA D-85. Oficios.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Luis Lemus.
El señor LEMUS.- Señor Presidente , el lunes 21 del presente, en la ruta D-85, que une las comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca , sucedió un accidente en el que se vio involucrado un convoy de cinco camiones que trasladaban ácido sulfúrico a una mina del sector, llamada minera Vale, más conocida como minera Tres Valles en la provincia del Choapa.
Lamentablemente, este accidente provocó el derrame de siete metros cúbicos de ácido sulfúrico en la ruta, situación que fue abordada rápidamente por Carabineros, bomberos, el Servicio de Salud y el Servicio Agrícola y Ganadero.
Solicito que se oficie a la directora del Servicio de Evaluación Ambiental de la Cuarta Región para que informe cuáles fueron los procedimientos para retener el ácido sulfúrico derramado en dicho sector.
Además, pido que dé a conocer cuáles fueron las conclusiones a que arribó cada uno de los organismos competentes que participaron en esta emergencia, que duró aproximadamente 18 horas, en que estuvo detenido el tránsito entre las comunas de Los Vilos, Salamanca e Illapel , y cuáles fueron las medidas adoptadas desde el punto de vista ambiental, tanto por parte de ese servicio como de los otros involucrados.
Asimismo, dado que en esa ruta y en ese mismo lugar, denominado curva de Catafao, entre Illapel y Los Vilos , se han producido cinco accidentes del mismo tipo, en la misma curva, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas para solicitarle que tenga a bien realizar un estudio que indique la inversión necesaria para rectificar esa curva, que ha ocasionado cinco accidentes consecutivos de cargas peligrosas, de traslado de combustibles y, ahora, de ácido sulfúrico.
Adicionalmente, me interesa que informe si esa Cartera tiene algún estudio o va a realizar algún estudio de factibilidad de la Ruta D-85, puesto que se trata de una vía muy transitada, que tiene dos cuestas: la de Cavilolén, que tiene una altura aproximada de 800 metros de altura y una prolongación cercana a los 16 kilómetros, bastante larga, y la que une las comunas de Illapel con Salamanca, la cual, a mi juicio, también debiera ser objeto de estudio.
Deseo que se me informe si existen estudios de factibilidad que consideren la construcción de una tercera vía para los camiones, porque el tránsito se hace muy lento debido a los convoyes de vehículos que participan en actividades mineras, y de una doble vía en esos tramos, muy necesaria, y si se ha evaluado la posibilidad de construir un túnel en el sector de la cuesta de Cavilolén.
Finalmente, pido que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, a objeto de consultarle, a propósito de estos convoyes, de aproximadamente cinco camiones, que transitan por una ruta muy complicada, en que se hace muy lenta la circulación, si la empresa Tres Valles tenía los permisos correspondientes para trasladar sustancias peligrosas, en un convoy con cinco camiones, si el horario de transporte era el adecuado y si los permisos estaban debidamente autorizados.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE REACTIVACIÓN DE COMISIÓN PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE LA DEUDA HISTÓRICA CON LOS PROFESORES.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos del año pasado, gracias a la intervención de la Presidenta de la Cámara de ese entonces, diputada Alejandra Sepúlveda , se llegó a un acuerdo entre once parlamentarios de distintas bancadas y el Gobierno, para instaurar una comisión que revisara el tema de la deuda histórica que el Estado de Chile mantiene con los profesores, tal como fue reconocido por una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.
A pesar de los esfuerzos realizados por distintos diputados, por miembros del Senado, donde se elaboró un proyecto de acuerdo para solicitar al Presidente de la República que ponga en marcha o reactive esa Comisión, del Colegio de Profesores y de los dirigentes de la Comisión Deuda Histórica, el Ejecutivo no ha mostrado disposición a reactivar la Comisión mencionada. No ha habido avances en la materia y los más de 84 mil profesores afectados por ese problema siguen esperando.
El tiempo pasa, algunos tienen bastante edad y otros han fallecido, pero aún no se entrega una respuesta del Estado a este problema.
En virtud de disposiciones de la Constitución Política, es urgente que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación contesten claramente la petición que les hicimos el 7 de julio de 2011, ocasión en que solicitamos que nos informaran sobre los resultados del informe que debía emitir la comisión en comento, a más tardar el 30 de junio de 2011, lo que no ocurrió.
Estamos en noviembre, terminando la discusión presupuestaria del próximo año, pero aún la Comisión que debió haber enviado la información sobre la deuda histórica no ha desarrollado su labor.
Así quedamos mal los parlamentarios que suscribimos el acuerdo; la diputada Alejandra Sepúlveda , ex Presidenta de la Cámara de Diputados, el Gobierno, pero los que quedan en peor situación son los propios profesores, que siguen esperando una respuesta.
Por lo tanto, solicito que se oficie a los ministros de Educación y de Hacienda , para que respondan si van a reactivar dicha Comisión; en caso de que sea así, que nos señalen fechas determinadas y nos precisen con claridad quiénes van a incorporarse a esa Comisión.
De acuerdo con lo señalado en la Constitución Política de la República, el Ejecutivo tiene 30 días para contestar a este parlamentario, pero espero que la respuesta llegue antes de fin de año.
Solicito que se envíe copia de mi intervención a las señoras Verónica Monsalve Anabalón , Gladys Castillo Delgado , y a los señores Gustavo Méndez Araya , Francisco Seguel Leal , Carlos Bastías Pérez , Mario Priore Pozo y Darío Vásquez Salazar , todos dirigentes de la Comisión Nacional de Deuda Histórica del Colegio de Profesores.
Asimismo, pido que se envíe copia al presidente nacional del Colegio de Profesores, al presidente regional de Atacama del Colegio de Profesores y al presidente provincial, dado que me parece que en temas como éste todos debemos estar bien informados.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INSTRUCCIÓN DE SUMARIO POR DEFICIENTE ATENCIÓN DE SALUD A NIÑO EN HOSPITAL REGIONAL DE COPIAPÓ. Oficios .
El señor ROBLES.- Señor Presidente , me ha llegado un oficio del presidente de la ANEF de la Región de Atacama , en el que me expone el caso de un representante y directivo de esa organización que tuvo una dolorosa experiencia con su hijo en el Hospital Regional de Copiapó.
El niño Eduardo Alonso Bustamante Contreras , de un año y cuatro meses, sufrió una quemadura. Con posterioridad, hubo complicaciones de todo tipo, que hoy lo tienen hospitalizado en Santiago, en estado grave y con serios problemas de salud. En la misiva me expone la falta de atención adecuada y digna por parte del hospital.
Me llama la atención que haya sido derivado a la Unidad de Cuidados Intensivos pediátricos de un hospital de Santiago. Eso significa que algo ocurrió en el intertanto, que no fue bien evaluado.
Según la carta, hubo maltrato, desde el punto de vista funcionario, a los padres del niño Eduardo Alonso , RUN 23.353.038-7, que ingresó al hospital el 22 de octubre de 2011, por una quemadura, y fue reingresado el 1 de noviembre para ser intervenido quirúrgicamente.
Por lo expuesto, pido oficiar al ministro de Salud y, por su intermedio, a la Dirección del Servicio de Salud de Atacama y al hospital de Copiapó, a fin de que se sirva instruir un sumario para aclarar los hechos acontecidos con el niño, dado que una quemadura de este tipo, que si bien era profunda, no era de gran magnitud.
Asimismo, pido que se envíe copia de mi intervención al presidente de la ANEF de la Región de Atacama.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE CALBUCO. Oficio
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , pido oficiar al ministro de Salud para que solicite al Servicio de Salud Reloncaví la agilización de todos los trámites que permitan una pronta licitación de la adquisición de todos los utensilios que se necesitan para la implementación y apertura del Centro de Salud Familiar de Calbuco.
Esta obra fue construida durante el gobierno de la entonces Presidenta Michelle Bachelet , pero hasta ahora no ha podido materializarse su utilización, debido a la falta de equipamiento. Todos sabemos que dentro de los aspectos médicos hay elementos fundamentales y necesarios para permitir la operatividad del sistema.
Es un centro de salud con una construcción maravillosa, que no está siendo utilizada. A pesar de los esfuerzos desplegados por el alcalde de la comuna de Calbuco, señor Rubén Cárdenas , para buscar una solución a ese problema, ésta todavía no ha llegado. Sin embargo, hace algunos minutos me ha confirmado que esa problemática que lo aqueja se encuentra en proceso de solución
No obstante lo anterior, también quería intervenir para respaldar al alcalde de las críticas infundadas y malintencionadas, desde mi punto de vista, de la diputada de la UDI de la zona, que lo ha responsabilizado y culpado de esta situación.
Eso es injusto, toda vez que la diputada, parlamentaria por esa zona, debe saber que Calbuco, si bien es una comuna pequeña, tiene una gran cantidad de habitantes que vive en sectores rurales, en particular en las islas. A todo esto, debo aclarar que Calbuco tiene diecinueve postas que funcionan en diferentes islas de la comuna, lo que implica un esfuerzo denodado para el equipo de salud municipal y para el municipio para proveer las mejores condiciones de atención a miles de personas que viven en islas como Puluqui, Huar y tantas otras.
Por lo tanto, responsabilizar exclusivamente al alcalde de este problema, y de manera pública, como lo ha hecho la parlamentaria aludida, no tiene otra intencionalidad que ponerlo mal ante la comunidad, pretendiendo endosarle una responsabilidad que no le corresponde, ya que se debe a las demoras que se han generado en la implementación de dicho Centro de Salud Familiar que, sin duda, prestará una importante atención a la población.
Por lo tanto, más allá de las críticas, lo relevante sería que la diputada se preocupara de solicitar a su gobierno la agilización de todas las acciones que permitan que entre en funcionamiento.
Los municipios no tienen la capacidad económica para implementar un Centro de Salud Familiar de estas características, que necesitó una inversión de más de 1.300 millones de pesos.
Finalmente, pido oficiar al ministro de Salud para solicitarle que tenga a bien informar cuándo estará en operación dicho centro.
Además, pido que se envíe copia de mi intervención a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Calbuco y al alcalde y al concejo de la Municipalidad de Calbuco.
He dicho.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de quien habla.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.57 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones.
X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de acuerdo que aprueba el “Acuerdo de Asunción sobre restitución de vehículos automotores terrestres y/o embarcaciones que trasponen ilegalmente las fronteras entre los estados partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile”, suscrito en Montevideo, República Oriental del Uruguay , el 7 de diciembre de 1999. (boletín N° 8058-10)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a Vuestra consideración el “Acuerdo de Asunción sobre Restitución de Vehículos Automotores Terrestres y/o Embarcaciones que Trasponen Ilegalmente las Fronteras entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile”, suscrito en Montevideo, República Oriental del Uruguay , el 7 de diciembre de 1999.
I. ANTECEDENTES
El Consejo del Mercado Común, considerando que era necesario promover la cooperación en el área de seguridad a fin de combatir ilícitos relacionados con el tráfico ilegal de vehículos y/o embarcaciones, aprobó, mediante la Decisión 17/99, el Acuerdo de Asunción sobre Restitución de Vehículos Automotores Terrestres y/o Embarcaciones que Trasponen Ilegalmente las Fronteras, el 7 de diciembre de 1999, en Montevideo.
Este Acuerdo tiene por objeto implementar diversas medidas de orden regional destinadas a combatir acciones que dicen relación con el desplazamiento forzoso de vehículos sin documentación o con documentación falsa, desde el territorio de uno de los países signatarios hacia otro Estado signatario, con el fin de ser enajenados en forma ilícita en este último.
Este instrumento entró en vigor internacional el 23 de junio de 2004, con las ratificaciones de la República Argentina y de la República de Bolivia.
II. ESTRUCTURA Y CONTENIDO
Este Acuerdo consta de un Preámbulo, el cual consigna los motivos por los cuales las Partes decidieron suscribirlo, y veintiséis Artículos, distribuidos en seis Capítulos, donde se despliegan las normas que conforman su cuerpo principal y dispositivo.
1. Preámbulo
Las Partes reconocen en el Preámbulo la importancia de llevar adelante una acción de conjunto, coordinada y acordada en toda la región, para luchar contra la delincuencia organizada, que ha adquirido una creciente dimensión transnacional. Esta acción conjunta está destinada a reducir el impacto negativo que los delitos tienen en relación con las personas, asegurando una pronta recuperación de los bienes que les fueran sustraídos sin los deterioros que demoras burocráticas suelen introducirles. Lo anterior, respetando los principios de soberanía nacional, de cooperación fraterna entre los países de la región y los ideales que inspiran todo el proceso de integración del Tratado de Asunción.
2. Capítulo I. Disposiciones Iniciales
El Capítulo I comprende desde el Artículo 1 al 4.
El Artículo 1 establece que será interdicto, incautado o secuestrado y puesto a disposición de la autoridad judicial o aduanera local, según corresponda, el vehículo automotor terrestre y/o embarcación originario o procedente de uno de los Estados Partes que haya ingresado o que intente hacerlo al territorio de cualquiera de los otros Estados Partes y no cuente con su documentación que acredite propiedad y origen, o quien lo conduzca no acredite autorización para trasladarlo; o cuando la documentación tuviera características de falsa o el vehículo haya sido denunciado por robo, hurto o infracción aduanera.
A su turno, el Artículo 2 indica que, en todos los casos, el vehículo se pondrá a disposición de la autoridad competente local, quedando éste bajo su custodia, sin derecho a uso, excepto para su guarda. La entrega se formalizará dentro del plazo de dos (2) días hábiles bajo inventario, de todo lo cual se labrará acta en presencia de dos testigos, con indicación del estado en que se encuentra al momento de la interdicción, incautación o secuestro, previa constatación de que el mismo no está debidamente registrado en el país.
El Artículo 3 consigna que, a los efectos de los artículos precedentes, el secuestro, interdicción o incautación del vehículo originario o procedente de alguno de los Estados Partes se efectuará:
a) Como consecuencia de disposición judicial recaída en procedimiento promovido por el propietario, subrogatario o representante legal.
b) Como consecuencia de la acción de control de tráfico realizada por las autoridades de seguridad, policiales o aduaneras.
c) Por solicitud formal de autoridad consular del país de origen y/o radicación del vehículo con asiento en el país donde el mismo fuera habido.
Finalmente, el Artículo 4 dispone que los organismos competentes de los Estados Partes procederán al intercambio de información, por intermedio del Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del Mercosur, Bolivia y Chile, de los registros de hurtos o robos de vehículos, factibles de ser trasladados de un Estado Parte a otro con el objeto de procurar su secuestro, incautación o interdicción y, de este modo, contrarrestar la modalidad delictiva en toda la extensión del territorio del Mercosur.
3. Capítulo II. Restitución Judicial
El Capítulo II abarca desde el Artículo 5 al 13.
El Artículo 5 estipula el procedimiento a seguir por las personas, físicas o jurídicas, para reclamar la restitución de un vehículo de su propiedad, que le hubiere sido robado o hurtado. Éstas deberán formular su pedido a la autoridad judicial del territorio en que éste presumiblemente se encuentre, pudiendo hacerlo directamente, por su representante legal, subrogatario o a través de las autoridades consulares o judiciales del Estado Parte del cual sea nacional o en el que tenga su domicilio real y/o legal:
a) La demanda deberá formularse en un plazo que no excederá de cinco (5) años, contados a partir del día siguiente de efectuada la denuncia ante la autoridad competente del lugar donde se produjo el robo o hurto o desde la fecha efectiva del certificado de pago o cesión de derechos del propietario en el caso de compañías de seguros y/o terceros.
b) A los efectos de facilitar la individualización del vehículo, el pedido de restitución podrá ser acompañado de los antecedentes de la persona que presuntamente lo tiene en su poder, proporcionando todo dato que pudiere resultar de interés para lograr la recuperación del mismo.
c) Transcurrido el plazo mencionado sin haberse efectuado la demanda de restitución, caducará el derecho a hacerlo en lo sucesivo en los términos del procedimiento previsto en el presente, debiendo procederse según las normas generales del derecho aplicables al caso.
d) El procedimiento de restitución previsto en el presente acuerdo, continuará su trámite si la medida de secuestro, interdicción o incautación pudo hacerse efectiva. En caso contrario, el procedimiento se sustanciará conforme a la legislación interna del Estado Parte que corresponda.
El Artículo 6 indica cuál es la documentación que se debe acompañar a la demanda de restitución, previa intervención consular, si correspondiere de conformidad con las normas vigentes internas del Estado Parte donde el vehículo se encuentre. Ésta es:
a) Título de propiedad del vehículo o copia certificada del mismo (para los vehículos que ya hubieren sido comercializados al público).
b) Certificado de fabricación, documentación de salida de fábrica al mercado, o documento equivalente que acredite la titularidad del vehículo (para vehículos nacionales aún no comercializados al público).
c) Certificado de importación, factura de compra y/o conocimiento de embarque, despacho de importación o documento equivalente que acredite la titularidad del vehículo (para vehículos importados aún no comercializados al público).
d) Constancia de la autoridad competente del país de origen en la que se radicó la denuncia del robo o hurto del vehículo.
e) Cuando el reclamante fuera una compañía de seguro o un tercero titular del dominio del vehículo, deberá acompañar, además, la respectiva cesión de derechos o certificado de pago del mismo.
A su vez, el Artículo 7 dispone que recibida la demanda de restitución, el Juez competente del país en que fuere habido el vehículo, dispondrá el pronto secuestro, interdicción o incautación del vehículo, lo que deberá hacerse bajo caución, de acuerdo al ordenamiento dispositivo correspondiente a cada Estado Parte. Luego, el Artículo 8 prevé el traslado al demandado del pedido de restitución, por el término de cinco (5) días hábiles, y, en relación a los derechos que se invoquen, la prueba se limitará a lo documental; sin perjuicio de las otras medidas que el magistrado actuante pudiera disponer a fin de verificar la autenticidad de la documentación presentada.
Más adelante, el Artículo 9 prescribe los requerimientos que el Juez competente librará, sin perjuicio de otras medidas que éste disponga, cuales son:
a) Oficiará a la autoridad aduanera para que en el plazo de diez (10) días hábiles informe sobre las circunstancias relativas al ingreso del vehículo, a efectos de determinar si además del ilícito por el cual se emprendió la acción de restitución, se ha configurado el delito de contrabando o algún otro.
b) Oficiará a los Registros que correspondan a la naturaleza del vehículo secuestrado para que en el plazo de diez (10) días hábiles informen sobre el registro del vehículo, a efectos de determinar su legítimo tenedor o propietario.
Seguidamente, el Artículo 10 regula el proceso de tramitación, determinando que será sumario, que la entrega del vehículo se resolverá por sentencia, y que no podrá extenderse por más de sesenta (60) días hábiles. A su turno, el Artículo 11 norma que la resolución judicial de primera instancia será apelable dentro de los plazos y según los procedimientos previstos en la legislación vigente de cada uno de los Estados Parte, debiendo elevarse los autos a la instancia superior. El Artículo 12 dispone que una vez firme la sentencia que haga lugar al pedido de restitución, el Juez dispondrá la devolución inmediata del vehículo al propietario, subrogatorio o representante legal, directamente o por intermedio de las autoridades consulares, policiales o aduaneras del Estado Parte. Finalmente, el Artículo 13 trata del conocimiento que deberán tener las aduanas de frontera de la entrega del vehículo, a efectos de tramitar la habilitación de tránsito y la internación del mismo en el territorio del Estado Parte requirente y/o de otro Estado Parte a través del cual deba cumplirse el recorrido de retorno, según sea el caso.
4. Capítulo III. Restitución Administrativa
El Capítulo III incluye desde el Artículo 14 al 20.
El Artículo 14 preceptúa que la custodia del vehículo interdicto, incautado o secuestrado como consecuencia directa del control realizado por las autoridades policiales o aduaneras, quedará en la autoridad aduanera, policial o judicial que corresponda, del territorio en el cual fue localizado. Enseguida, el Artículo 15 contempla el procedimiento que debe seguir la autoridad aduanera, policial o judicial una vez recibido el vehículo, en orden a solicitar por escrito a las autoridades del Estado Parte del cual se presume originario el vehículo, información sobre registro policial de robo o hurto del mismo en territorio de procedencia. Además, el organismo interviniente intimará al tenedor del vehículo secuestrado para que, en un plazo determinado, presente la documentación que justifique su tenencia legal.
El Artículo 16 regula que la autoridad consultada deberá dar respuesta en un plazo máximo de diez (10) días de recibido el requerimiento y asimismo notificará al presunto propietario del vehículo sobre su secuestro en el territorio de la otra Parte, instruyendo acerca del procedimiento de restitución. Los Artículos 17 y 18 aluden a las funciones de la autoridad interviniente una vez recibida la respuesta formal confirmando el origen delictuoso del vehículo. El Artículo 19 recoge la situación en la cual siga siendo desconocido el propietario del vehículo secuestrado y el mecanismo a que debe sujetarse la autoridad interviniente. Por último, el Artículo 20 trata de la posibilidad de que ningún interesado se presente para ejercer su derecho, cumplidos los plazos establecidos en los Artículos 15 y 19, situación en la cual las autoridades intervinientes quedan facultadas para disponer del vehículo y adoptar las medidas establecidas en su respectiva legislación y/o devolverlo al Estado Parte de origen del mismo cuando éste acepte la restitución y se haga cargo del traslado.
5. Capítulo IV. Concurso de peritos
El Capítulo IV establece en su Artículo 21 que siempre que existan indicios de adulteración de los números de motor, chasis y/o carrocería o de los componentes identificatorios de un vehículo, el Juez deberá solicitar el concurso de un perito, sin perjuicio de la facultad de los interesados de proponer sus respectivos peritos matriculados.
6. Capítulo V. Disposiciones generales
El Capítulo V abarca desde el Artículo 22 al 24.
El Artículo 22 se refiere a la caducidad del derecho del promotor de la acción o titular del vehículo a reclamar la entrega material del mismo. El Artículo 23 consigna que los plazos para las medidas procesales no previstas serán en todos los casos los más breves que resulten aplicables de acuerdo con la legislación del Estado Parte en el que se tramita el proceso, y el Artículo 24 dispone que las autoridades intervinientes de los Estados Partes establecerán mecanismos para la fijación u obtención de tasas preferenciales por la guarda del vehículo, la que deberá ser afrontada por quien resulte ser legítimo propietario.
7. Capítulo VI. Disposiciones finales
Finalmente, el último Capítulo VI regula, en sus Artículos 25 y 26, la entrada en vigor del Acuerdo y la denuncia del mismo, respectivamente.
En mérito de lo expuesto y teniendo presente la importancia de este instrumento para promover la cooperación a fin de combatir ilícitos relacionados con el tráfico ilegal de vehículos y/o embarcaciones, solicito a Vuestras Señorías aprobar el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Apruébase el “Acuerdo de Asunción sobre Restitución de Vehículos Automotores Terrestres y/o Embarcaciones que Trasponen Ilegalmente las Fronteras entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile”, suscrito en Montevideo, República Oriental del Uruguay , el 7 de diciembre de 1999.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; ALFREDO MORENO CHARME , Ministro de Relaciones Exteriores .”
2. Mensaje de S.E. el Presidente de la República , con el que inicia un proyecto de ley que modifica la ley N° 20.305, sobre condiciones de retiro de los funcionarios públicos con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones, reconoce pagos y otorga beneficios. (boletín N° 8059-13)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por objeto introducir modificaciones a la ley N° 20.305 y regularizar la situación de aquellas personas a quienes les fue rechazado el pago del bono, o se les suspendió su pago por no haberse acreditado la calidad jurídica de funcionario público al momento de postular al beneficio.
I. ANTECEDENTES.
Con la finalidad de dar respuesta a las inquietudes planteadas por los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo en sus pensiones, que se encontraban prestando servicios a contar de la entrada en vigencia del Nuevo Sistema de Pensiones, se tramitó una iniciativa que luego se convertiría en la ley N° 20.305, publicada el año 2008.
Desde el inicio de su vigencia y hasta la fecha, si bien los beneficios que estableció dicha ley se han otorgado a un importante grupo de personas, otros han quedado excluidos por cuestiones de orden administrativo, por interpretaciones erróneas de la ley y por las complejidades que su aplicación ha dejado de manifiesto.
En atención a lo expuesto y con el fin de determinar las situaciones ocurridas durante la aplicación de la ley N° 20.305, se procedió a solicitar información al Servicio de Tesorerías acerca de los casos de suspensión o rechazo en el pago del bono post laboral y sus razones. Lo anterior, permitió contar con un diagnóstico de la situación, en especial respecto del personal dependiente de servicios traspasados a las Municipalidades, quienes presentan la mayor incidencia de problemas en la aplicación de la ley ya señalada.
II. OBJETIVO
Por tanto, esta iniciativa tiene por finalidad introducir modificaciones a la ley N° 20.305, las que facilitarán la aplicación de algunas de sus normas. Asimismo, el presente proyecto de ley contribuirá a regularizar la situación en que se encuentran aquellas personas a quienes les fue rechazado o suspendido el pago del bono por parte de la Tesorería General de la República, por no haber acreditado el requisito contemplado en el artículo 2° N°1 de dicho cuerpo legal.
III. CONTENIDO
En razón de lo anterior, la presente iniciativa pretende corregir algunos as-pectos de la ley en lo que dice relación con la fecha de pago del beneficio por parte del Servicio de Tesore-rías. Al efecto, dicho organismo debe efectuar el pago del bono a los beneficiarios a contar del día primero del mes siguiente a la dictación del acto administrativo de concesión del beneficio, circunstancia que dificulta la revisión de los antecedentes e impide disponer el pago en tan breve plazo. En consecuencia, se propone remplazar en el artículo correspondiente la obligación de pagar el bono al mes subsiguiente a dicha data.
Por otra parte, el proyecto incorpora una norma que establece de manera expresa la responsabilidad administrativa del Jefe Superior del Servicio o Jefatura máxima que corresponda, que no efectúe o efectúe extemporáneamente las gestiones necesarias para que el solicitante acceda a los beneficios de la ley N° 20.305.
En relación con el grupo de funcionarios que no pudieron acceder a los beneficios de la ley o que habiendo recibido el pago del bono, éste les fue suspendido por el Servicio de Tesorerías, por no haberse acreditado el requisito establecido por el artículo 2° N° 1 de la ley N° 20.305, se establecen normas especiales que permiten a los afectados volver a percibir el beneficio. Ello a contar de la fecha de vigencia de la presente ley, de acuerdo con los plazos, requisitos y formalidades que se establecen.
El proyecto contempla adicionalmente una norma aclaratoria referida a las leyes que se dicten sobre bonificación por retiro voluntario, que establezcan plazos especiales para solicitar el beneficio dispuesto en la ley N° 20.305, diferentes de los contemplados en la referida ley, los que prevalecerán sobre esta última.
Por otro lado, se precisa una de las actuales competencias que el Servicio de Tesorerías posee conforme a nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que dicha entidad se encuentra facultada para suspender o rechazar egresos de carácter no tributario, tales como bonificaciones o subvenciones, cuando los antecedentes del caso lo ameriten.
Finalmente, el proyecto contempla una norma especial que permite a las personas que obtuvieron una pensión de invalidez del decreto ley N° 3.500, de 1980, y a quienes por diversos motivos no pudieron postular al pago del bono, dentro del plazo que señalaba la ley, solicitar el pago del bono a contar de esta fecha.
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°.- Modifícase la ley N° 20.305 del siguiente modo:
a) Incorpórase en el artículo 3°, el siguiente inciso final:
“El Jefe superior del servicio o la jefatura máxima que corresponda que no efectúe o efectúe extemporáneamente las gestiones necesarias para que los funcionarios accedan a los beneficios de esta ley, incurrirá en responsabilidad administrativa conforme a las normas generales”.
b) Reemplázase en el artículo 8, inciso final, en la segunda oportunidad en que aparece mencionado, el vocablo “siguiente”, por “subsiguiente”.
Artículo 2°.- Las leyes que se dicten para un determinado sector de la administración pública, referidas a bonificaciones al retiro voluntario, que dispongan plazos especiales de postulación y cesación en el cargo para efectos del bono establecido en la ley N° 20.305, prevalecerán sobre los plazos establecidos en aquélla.
Artículo 3°.- Decláranse bien pagados por el Servicio de Tesorerías los bonos establecidos en la ley N° 20.305 percibidos en el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y la fecha de publicación de esta ley, por los funcionarios que postularon al beneficio dentro del plazo legal o en los 30 días siguientes, a quienes les fue suspendido el pago del referido bono por no haber acreditado el requisito exigido en el numeral 1 del artículo 2° de dicha ley.
El Servicio de Tesorerías, en el plazo de 60 días contados desde la publicación de la ley, enviará a los respectivos empleadores un oficio en el que deberá individualizar a las personas que se encuentren en la situación descrita en el inciso anterior.
El empleador, dentro de los 60 días siguientes a la notificación del oficio señalado en el inciso precedente, deberá certificar el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el inciso primero del presente artículo y dictar el decreto o resolución respectiva. Además, en el mismo plazo, deberá remitir un ejemplar de dicho acto administrativo y de sus antecedentes a la Tesorería General de la República, como asimismo del decreto o resolución respecto del cual se suspendió el beneficio. El bono se devengará a contar de la fecha del decreto o resolución que se dicte de conformidad con la facultad conferida por esta ley y se pagará a contar del día primero del mes subsiguiente a su fecha de dictación.
Artículo 4°.- El Servicio de Tesorerías, en el plazo de 60 días contados desde la publicación de la ley, deberá notificar a los respectivos empleadores de aquellos trabajadores que habiendo presentado la solicitud para postular al bono establecido por la ley N° 20.305, dentro del plazo legal, aquél no hubiere dado curso al pago por no haberse acreditado el requisito exigido en el número 1 del artículo 2° de la citada ley. Lo anterior se aplicará a los actos administrativos remitidos por los empleadores entre el 1 de enero de 2010 y la fecha de publicación de esta ley.
Facúltase a los empleadores mencionados en el inciso anterior para que, dentro del plazo de 60 días siguientes a la fecha de la notificación, procedan a dictar la resolución o decreto que conceda el beneficio establecido en la ley N° 20.305, a los trabajadores que se encuentren en la situación descrita en el inciso primero de este artículo. Excepcionalmente esta facultad podrá ser ejercida respecto de aquellos trabajadores que encontrándose en la situación descrita en el inciso primero de este artículo, hubieren postulado con justa causa de error dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del plazo legal para presentar la solicitud al bono.
Dentro del plazo señalado en el inciso segundo, el empleador deberá remitir al Servicio de Tesorerías el acto administrativo que otorgue el bono de la ley N° 20.305, de conformidad con lo establecido en esta ley. Asimismo, deberá adjuntar el acto administrativo respecto del cual no se dio curso al pago y sus antecedentes.
El bono se devengará a contar de la fecha del decreto o resolución que se dicte de conformidad con la facultad conferida por esta ley y se pagará a contar del día primero del mes subsiguiente a la fecha de dictación de dicho acto administrativo.
Artículo 5°.- Agrégase al final del inciso segundo del artículo 13 de la ley N° 19.041 la siguiente oración: “, en especial suspender o rechazar el pago respectivo cuando los antecedentes lo ameriten”.
Artículo 6°.- Los trabajadores señalados en el artículo 1° de la ley N° 20.305, que hubieren obtenido pensión de invalidez que establece el decreto ley N° 3.500, de 1980, y que cumpliendo los requisitos del artículo 12 de la citada ley, no hubiesen presentado la solicitud para acceder al bono dentro del plazo indicado en su inciso segundo; podrán excepcionalmente presentar la solicitud para acceder al bono, a contar de la fecha de vigencia de esta ley. Para ello, den¬tro de los 60 días siguientes a la publicación de esta ley, los referidos trabajadores deberán presentar una solicitud ante su ex empleador, quien deberá requerir a la Superintendencia de Pensiones la estimación acerca de la tasa de reemplazo líquida del trabajador, de conformidad con lo señalado en al artículo 3°. Asimismo, el ex empleador verificará el cumplimiento de los demás requisitos legales necesarios para dictar la resolución o decreto que conceda el beneficio.
Facúltase a los empleadores mencionados en el inciso anterior, para que procedan a dictar la resolución o decreto que conceda el beneficio establecido en la ley N° 20.305, de conformidad con las normas de este artículo, a los trabajadores que se encuentren en la situación descrita en el inciso primero.
El bono se devengará a contar de la fecha del decreto o resolución que se dicte de conformidad con la facultad conferida por esta ley y se pagará a contar del día primero del mes subsiguiente a la fecha de dictación de dicho acto administrativo.
Artículo 7°.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante el presente año se financiará con cargo al Fondo Bono Laboral establecido en el artículo 6° de la ley N° 20.305. El aporte fiscal que se establece en la letra c) del citado artículo, en caso de ser requerido, se financiará con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público de la ley de presupuestos.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN , Ministro de Hacienda .”
Informe Financiero
Proyecto de ley que modifica la ley N° 20.305 sobre condiciones de retiro de los
funcionarios públicos con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones, reconoce
pagos y otorga beneficios
(Mensaje N° 269-359)
I. ANTECEDENTES.
El proyecto de ley introduce modificaciones a la ley N° 20.305 con el objetivo de facilitar la aplicación de algunas de sus normas y de regularizar la situación en que se encuentran aquellas personas a quienes les fue rechazado o suspendido el pago del bono por parte de la Tesorería General de la República, por no haber acreditado el requisito contemplado en el artículo 2° N°1 de dicho cuerpo legal.
Por una parte, se ajusta la fecha de pago del bono laboral por parte del Servicio de Tesorerías a los plazos operativos necesarios se establece de manera expresa la responsabilidad administrativa del Jefe del Servicio o Jefatura que corresponda que no efectúe o haga extemporáneamente las gestiones necesarias para que el solicitante acceda a los beneficios de la ley N° 20.305.
Por otra parte, con el proyecto de ley, se declaran bien pagados por el Servicio de Tesorerías los bonos establecidos en la ley N° 20.305 percibidos entre el 1 de enero de 2010 y la fecha de publicación de esta ley, por los funcionarios que habiendo postulado al beneficio dentro del plazo legal, o en los 30 días siguientes, se les hubiere suspendido el pago del referido bono por no haber acreditado el requisito exigido en el numeral 1 del artículo 2° de dicha ley. Para estos trabajadores se dictará un nuevo decreto o resolución y el bono se devengará a contar de la fecha del decreto o resolución que se dicte y se pagará a contar del día primero del mes subsiguiente a su fecha de dictación.
Igualmente se faculta a los empleadores para que procedan a dictar la resolución o decreto que conceda el beneficio establecido en la ley N° 20.305, a aquellos trabajadores que habiendo presentado la solicitud para postular al bono dentro del plazo legal, no se hubiere dado curso al pago por no haberse acreditado el requisito exigido en el número 1 del artículo 2° de la citada ley. Lo anterior se aplicará a los actos administrativos remitidos por los empleadores entre el | de enero de 2010 y la fecha de publicación de esta ley.
El bono se devengará a contar de la fecha del decreto o resolución que se dicte y se pagará a contar del día primero del mes subsiguiente a la fecha de dictación de dicho acto administrativo.
Finalmente, el proyecto contempla una norma especial que permite solicitar el bono a las personas que obtuvieron pensión de invalidez y que, cumpliendo los requisitos, no postularon el pago del bono dentro del plazo que señalaba la ley. El bono se devengará a contar de la fecha del decreto o resolución que se dicte y se pagará a contar del día primero del mes subsiguiente a la fecha de dictación de dicho acto administrativo
II. EFECTOS DEL PROYECTO SOBRE EL PRESUPUESTO FISCAL
El proyecto de ley, implica un mayor gasto fiscal asociado a la posibilidad que se otorga de acceder, a los beneficios de la ley N° 20.305, a aquellas personas a quienes ya les fue rechazado el pago del bono o se les suspendió su pago por no haber acreditado la calidad jurídica de funcionario público al momento de postular al beneficio. Igualmente representa un mayor gasto fiscal la posibilidad que las personas que obtuvieron pensión de invalidez y que por diversos motivos no pudieron postular al pago del bono, dentro del plazo que señalaba la ley, puedan hacerlo con este proyecto de ley.
En las estimaciones de beneficiarios se utilizó la información proporcionada por la Tesorería General de la República acerca de las personas a quienes les fue rechazado o suspendido el pago del bono por no haber acreditado la calidad jurídica de funcionario público al momento de postular al beneficio, así como, la información disponible de los pensionados por invalidez en el sector bajo la cobertura del bono laboral. Para 2012 se estima un total de 635 beneficiarios.
Se espera que el número de beneficiarios e impacto fiscal del proyecto de ley sean los siguientes:
Año
Número
de Beneficiarios
Mayor Gasto
(millones de $ 2011)
2012
635
315
2013
629
416
2014
622
412
2015
615
407
2016
608
402
2017
600
397
2018
592
392
2019
583
380
2020
574
380
2021
564
373
2022
554
359
2023
543
351
2024
531
351
2025
518
342
Nota: En 2012 se contemplan 9 meses de pago del Bono considerando los tiempos establecidos para el otorgamiento. El acceso al bono laboral implicará un mayor gasto fiscal en los años posteriores a 2025, el cual registrará una trayectoria decreciente hasta su extinción por el fallecimiento de los beneficiarios.
El mayor gasto que represente la aplicación de este ley durante el presente año se financiará con cargo al Fondo Bono Laboral establecido en el artículo 6° de la ley N° 20.305. El aporte fiscal que se establece en la letra c) del citado artículo, en caso de ser requerido, se financiará con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público de la Ley de Presupuestos. El resto de los años se financiará con los recursos que contemple la Ley de Presupuestos para estos efectos.
(Fdo.): ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos .?
Moción de los diputados señores Monckeberg , don Cristián ; Becker , Browne , Martínez , Monckeberg, don Nicolás ; Pérez, don Leopoldo ; Rivas , Santana , Sauerbaum y de la diputada señora Rubilar , doña Karla .
Modifica el Código del Trabajo, estableciendo el deber de retención del principal o contratista en caso de incumplimiento de obligaciones laborales o previsionales. (boletín N° 8060-13)
Fundamentos:
El principio tutelar o protector alude a la función esencial que cumple el ordenamiento jurídico laboral, esto es, el establecer un amparo preferente a la parte trabajadora, que se manifiesta en un desigual tratamiento normativo de los sujetos de la relación de trabajo asalariado que regula, a favor o en beneficio del trabajador.
La intervención del Estado en las relaciones laborales, fijando derechos mínimos a favor de la parte más débil (trabajador), le da una nueva configuración jurídica a la regulación de las relaciones de trabajo asalariado.
La realidad del trabajo asalariado justificó y justifica plenamente el tratamiento normativo diferente que entrega el Derecho del Trabajo. La idea central en que se inspira todo el Derecho Social no es la igualdad entre las personas, sino la nivelación de las desigualdades que entre ellas existen. La igualdad deja de ser así punto de partida del derecho, para convertirse en la meta o aspiración del orden jurídico.
La subcontratación es un fenómeno que adquiere fuerza en Chile durante las últimas décadas. Si bien no existen cifras exactas respecto al número de trabajadores que se encuentran bajo este régimen, el Ministerio del Trabajo estima que constituirían al menos un tercio de la fuerza laboral total.
Esta suerte de “externalización” de labores constituye una nueva forma de enfrentar las demandas de la actividad productiva de la empresa. La subcontratación se presenta como una formula exitosa de resolver la necesidad de servicios como aseo, informática, etc.
Sin embargo, esta figura que a primera vista se asoma como una forma exitosa de enfrentar necesidades en la empresa moderna, para muchos se vincula con abusos, alta inestabilidad e incertidumbre laboral. Los trabajadores reclaman que tienen una posición disminuida frente a los trabajadores de planta, lo que se manifiesta principalmente en salarios más bajos, incertidumbre respecto a la solvencia futura, escasos beneficios sociales de la empresa, etc. Además, según un estudio elaborado por la Inspección del Trabajo, las empresas utilizarían la subcontratación “como un modo de eludir el cumplimiento de sus obligaciones laborales”. “La empresa que contrata busca reducir los costos laborales al abastecerse de personal a través de la intermediación de un tercero que le permite disponer y prescindir de él según sus necesidades económicas y evitarse los trámites administrativos y otros costos”, concluye el estudio.
Después de una larga discusión legislativa se publicó la Ley N° 20.123 sobre Trabajo en Régimen de Subcontratación y Empresas de Servicios Transitorios. Esta constituye una de las reformas más importantes y emblemáticas de las últimas décadas en materia laboral, y en su génesis se tuvo como inspiración el término de abusos que tenían lugar con el régimen de subcontratación.
Sin embargo, aún existen reclamos por parte del mundo laboral en relación a abusos de los cuales serían victimas trabajadores bajo régimen de subcontratación.
El no pago de las cotizaciones, o su declaración sin el pago posterior, constituyen una práctica cada día mas erradicada en nuestro país, pero aún no estamos libres de ella.
Son muchos los trabajadores que día a día ven menoscabados sus derechos laborales y previsionales por el incumplimiento de estas obligaciones.
Este incumplimiento también conlleva consecuencias negativas para la empresa y su giro, tales como el auto despido o despido indirecto por incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato por parte del empleador, y la aplicación de la Ley Bustos (si una empresa despide a un trabajador, cualquiera sea la causal que haya invocado, y a esa fecha no tiene pagadas todas las cotizaciones previsionales de este trabajador, el despido no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo, por lo tanto este trabajador seguirá devengando remuneraciones todos los meses hasta que el empleador haga pago de las cotizaciones adeudadas).
La presente moción busca brindar mayor protección a los trabajadores en régimen de subcontratación, cambiando la nomenclatura de lo que se ha consagrados como un derecho de retención o información.
Se trata de intensificar la posición de garante de la empresa principal o contratista en su caso.
En este orden de cosas, lo que hoy es facultad eventual de la empresa principal o contratista, esto es, el derecho de retención, pasa a tener el carácter de obligación, cuya inobservancia puede y debe ser perseguida por la Institucionalidad Laboral, más precisamente, la Inspección del Trabajo.
Asimismo, se impone el deber a las empresas contratistas o subcontratistas de informar a la empresa principal o contratista, según corresponda; acerca del estado y monto de las obligaciones laborales que a estos correspondan respecto de sus trabajadores.
En síntesis, se trata de un cambio en la nomenclatura vigente, estableciendo como deberes para quienes se beneficien del régimen de subcontratación, la retención y pago de las deudas previsionales que se generen a favor de los trabajadores contratistas o subcontratistas que desempeñen sus labores en dicho régimen laboral.
Por lo anterior, venimos en proponer el siguiente proyecto de ley:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Modificase el Título VII, del Libro 1, del Código del Trabajo, de la siguiente manera:
1) Reemplazase el artículo 183-C por uno del siguiente tenor:
“Artículo 183-C.- La empresa principal, deberá ser informada por los contratistas sobre el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a éstos correspondan respecto a sus trabajadores, como asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. Idéntica obligación tendrán los subcontratistas respecto de los contratistas.
El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales a que se refiere el inciso anterior, deberá ser acreditado mediante certificados emitidos por la respectiva inspección del Trabajo, o bien por medios idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social deberá dictar, dentro de un plazo de 90 días, un reglamento que fije el procedimiento, plazo y efectos con que la Inspección del Trabajo respectiva emitirá dichos certificados. Asimismo, el reglamento definirá la forma o mecanismos a través de los cuales las entidades o instituciones competentes podrán certificar debidamente, por medios idóneos, el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de los contratistas respecto de sus trabajadores.
En el caso que el contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales en la forma señalada, la empresa principal deberá retener de las obligaciones que tenga a favor de aquél o aquéllos, el monto de que es responsable en conformidad a este Párrafo; y con él estará obligado a pagar al trabajador o institución previsional acreedora. La misma obligación tendrá el contratista respecto de sus subcontratistas.
La Dirección del Trabajo deberá poner en conocimiento de la empresa principal, las infracciones a la legislación laboral y previsional que se constaten en las fiscalizaciones que se practiquen a sus contratistas o subcontratistas. Igual obligación tendrá para con los contratistas, respecto de sus subcontratistas.”
2) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 183-D:
A) Reemplazase en el inciso primero la expresión “Si la empresa principal hiciere efectivo el derecho a ser informada y el derecho de retención a que se refieren los incisos primero y tercero del artículo anterior”, por “La empresa principal que practique la retención de acuerdo a lo señalado en el artículo anterior”.
B) Reemplazase el inciso final por uno del siguiente tenor: “Lo dispuesto en el inciso precedente, se aplicara también en el caso de empresas principales o contratistas notificadas por la inspección del trabajo respecto de infracciones a la legislación laboral y previsional cometidas por sus contratistas o subcontratistas, según corresponda.”
Moción de los diputados señores Vargas , Accorsi , Alinco , Auth , Cardemil , Carmona , Gutiérrez, don Hugo , y Pérez, don José , y de las diputadas señoras Hoffmann , doña María José , y Muñoz , doña Adriana .
Hace extensiva la Beca de Integración Territorial a los alumnos de las provincias de Parinacota y Tamarugal. (boletín N° 8061-04).
Fundamentos del proyecto
1.- Actualmente el Estado entrega la beca para estudiantes de zonas extremas, también denominada de integración territorial, la cual tiene por objeto otorgar recursos para gastos de alojamiento, alimentación y traslado a aquellos estudiantes que se encuentren cursando una carrera universitaria o técnica profesional en una institución de educación superior o en los centros formadores de las Fuerzas Armadas o de seguridad, en una ciudad distinta a aquella en la cual tiene su residencia el grupo familiar del estudiante;
2.- De acuerdo a la normativa de la Junaeb y en base a la ley 18.681, en su artículo 56, sólo acceden a estas becas los estudiantes que ingresen a primer año de Educación Superior y que quieran estudiar una carrera que no se imparte en sus territorios de residencia, sólo de Isla de Pascua , Juan Fernández , Provincia de Patena y Región de Magallanes , quedando por lo tanto excluidos de postular a este beneficio los estudiantes de las zonas del extremo norte de nuestro país;
3. Que según el oficio enviado el 26 de septiembre del 2011, por el secretario General de la Junaeb , la demanda potencial estudiada por la Junaeb es de 150 beneficiarios en la región de Arica y Parinacota y 160 en la Región de Tarapacá.
4. Según el estudio de Junaeb el costo de la implementación de la beca de Integración Territorial para las provincias de Parinacota y Tamarugal, es marginal al aporte en el desarrollo de los futuros profesionales de esta parte del país.
4.- Que en Chile la mayor parte de las instituciones universitarias, de educación superior y de formación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad se encuentran ubicadas en la zona central del territorio, específicamente en las regiones V y Metropolitana, distantes de la Regiones de extremo norte de Chile, es decir, Arica Parinacota y Tarapacá a no menos de 2.000 kilómetros de distancia.
4.- En las regiones mencionadas existe un pequeño número de Universidades, cuatro para ser específicos, distribuidas entre las dos capitales regionales, Arica e Iquique , que no cuentan con todas las carreras que se encuentran en la zona central y por ello muchos estudiantes deben trasladarse al centro del país para poder cursarlas. A lo anterior, se debe agregar el hecho de que las dos ciudades capitales se encuentran distanciadas por más de 300 kilómetros, por lo cual si un estudiante de Arica quiere estudiar una carrera que se imparte en una universidad de Iquique, debe necesariamente radicarse en la ciudad en donde está el centro de estudios, ya que por distancia y costos se hace imposible el traslado diario entre las dos ciudades. Si a su vez pensamos en las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, los alumnos que quieran cursar estudios en ellas deben necesariamente trasladarse a la zona centra! ya que todas ellas están en Santiago y Valparaíso.
5.- Que dadas las consideraciones anteriores no se justifica la exclusión de que son objeto los estudiantes de las zonas del extremo norte de nuestro país para postular a !a beca de integración territorial o para estudiantes provenientes de zonas extremas, ya que por distancias, costos y oferta educativa, son merecedores de postular a ella como los estudiantes provenientes de las zonas del extremo sur de Chile.
En atención a los fundamentos anteriormente entregados, los(as) diputados(as) abajo patrocinantes venimos en presentar el siguiente proyecto de ley.
ACUERDO
Artículo único: Modifíquese el artículo 56 de la ley N° 18.681 agregando la siguiente letra e):
e) 5,79 UTM para los estudiantes de Educación Superior y de Institutos y Centros de Formación del personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública de las provincias de Parinacota y Tamarugal.
5. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 8 de noviembre de 2011.
Oficio N° 6.856
Remite resolución.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 8 de noviembre de 2011, en el proceso Rol N° 2.099-11-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos Rol N° 1345-2011, caratulado “Romero con Ministerio del Interior” en actual tramitación ante la Corte de Apelaciones, a los efectos que indica. Asimismo, acompaño copia del requerimiento de fojas 1 y de la resolución que declaró su admisibilidad.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO , Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN , Secretaria.
A S.E.
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO MELERO ABAROA
CONGRESO NACIONAL
AVDA. PEDRO MONTT S/N
VALPARAÍSO.”