Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Fernando Meza Moncada
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- X. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- PETICIÓN DE OFICIO : Cristina Girardi Lavin
- PETICIÓN DE OFICIO : Cristina Girardi Lavin
- PETICIÓN DE OFICIO : Marta Eliana Isasi Barbieri
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN ESPECIAL SOBRE PUEBLOS ORIGINARIOS.
- FUSIÓN DE PROYECTOS DE LEY.
- V. ORDEN DEL DÍA
- EXTENSIÓN DE PLAZOS A SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA PARA ADECUARSE A NORMATIVA DE CONCESIONES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- INTERVENCIÓN : Sergio Bobadilla Munoz
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- DEBATE
- PROYECTO APROBATORIO DEL ACUERDO ENTRE CHILE Y EMIRATOS ÁRABES UNIDOS SOBRE SERVICIOS AÉREOS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INTERVENCIÓN : Jose Manuel Edwards Silva
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- DEBATE
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DEL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Celso Rene Morales Munoz
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- EXTENSIÓN DE PLAZOS A SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA PARA ADECUARSE A NORMATIVA DE CONCESIONES. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO.
- PRIORIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN LA LEY DE PRESUPUESTOS Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS SUFICIENTES PARA ATENDER DEMANDAS CIUDADANAS. (Votación).
- DEBATE
- REVOCACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA DE EX CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS PÚBLICOS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Pepe Auth Stewart
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- Rene Alinco Bustos
- Alberto Robles Pantoja
- Orlando Severo Vargas Pizarro
- Joaquin Tuma Zedan
- Manuel Monsalve Benavides
- Marcos Espinosa Monardes
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Cristian Campos Jara
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- ANTECEDENTE
- PRIORIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN LA LEY DE PRESUPUESTOS Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS SUFICIENTES PARA ATENDER DEMANDAS CIUDADANAS. (Votación).
- VI. INCIDENTES
- INFORMACIÓN SOBRE DEPENDENCIA DE LA COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL Y LOS RECURSOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. Oficios.
- CONEXIÓN DE DIEZ HOGARES DE LA COMUNA DE PENCAHUE AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE PLAN DE DESARROLLO Y RECURSOS PARA TREN DE TROCHA ANGOSTA ENTRE TALCA Y CONSTITUCIÓN. Oficio.
- INFORMACIÓN RELACIONADA CON PUNTAJES DE FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS PARA ENTREGA DE DROGA HERCEPTIN. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO POLICIAL EN PICHIDEGUA. Oficio.
- ADHESION
- Pedro Araya Guerrero
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Pedro Antonio Velasquez Seguel
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- 14. Informe sobre la participación del diputado señor Roberto León Ramírez en la Audiencia Parlamentaria 2011 organizada por Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria, efectuada en Nueva York, los días 28 y 29 de noviembre de 2011.
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Roberto Leon Ramirez
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- 15. Informe sobre participación en las reuniones de las Comisiones Parlamentarias Permanentes de EuroLat.
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Ximena Vidal Lazaro
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcelo Diaz Diaz
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- Alfonso De Urresti Longton
- Marcelo Schilling Rodriguez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Sergio Aguilo Melo
- Gonzalo Arenas Hodar
- Jorge Burgos Varela
- Lautaro Carmona Soto
- Carlos Montes Cisternas
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Matias Walker Prieto
- Carolina Goic Boroevic
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Enrique Accorsi Opazo
- Alfonso De Urresti Longton
- Javier Ignacio Macaya Danus
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- Jose Perez Arriagada
- Guillermo Leon Teillier Del Valle
- Matias Walker Prieto
- Adriana Munoz D'albora
- Karla Rubilar Barahona
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Felipe Harboe Bascunan
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- Jorge Burgos Varela
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Cristian Monckeberg Bruner
- Jose Perez Arriagada
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Adriana Munoz D'albora
- Karla Rubilar Barahona
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 14. Informe sobre la participación del diputado señor Roberto León Ramírez en la Audiencia Parlamentaria 2011 organizada por Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria, efectuada en Nueva York, los días 28 y 29 de noviembre de 2011.
- PROYECTO APROBATORIO DEL ACUERDO EN MATERIA DE SERVICIOS AÉREOS ENTRE CHILE Y KUWAIT. Primer trámite constitucional.
- PROYECTO APROBATORIO DEL ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS ENTRE CHILE Y LA REPÚBLICA POPULAR CHINA. Primer trámite constitucional.
- PROYECTO APROBATORIO DEL ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS ENTRE CHILE Y MALASIA. Primer trámite constitucional.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 359ª
Sesión 122ª, en jueves 15 de diciembre de 2011
(Ordinaria, de 10.17 a 13.08 horas)
Presidencia del señor Melero Abaroa, don Patricio, y Araya Guerrero, don Pedro.
Secretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. Prosecretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 11
II. Apertura de la sesión 15
III. Actas 15
IV. Cuenta 15
- Prórroga de plazo a Comisión Especial sobre Pueblos Originarios 15
- Fusión de proyectos de ley 16
V. Orden del Día.
- Extensión de plazos a servicios de radiodifusión comunitaria para adecuarse a normativa de concesiones. Primer trámite constitucional 16
- Proyecto Aprobatorio del Acuerdo entre Chile y Emiratos Árabes Unidos sobre servicios aéreos. Primer trámite constitucional 28
- Proyecto Aprobatorio del Acuerdo en Materia de Servicios Aéreos entre Chile y Kuwait. Primer trámite constitucional 28
- Proyecto Aprobatorio del Acuerdo de Servicios Aéreos entre Chile y la República Popular China. Primer trámite constitucional 28
- Proyecto Aprobatorio del Acuerdo de Servicios Aéreos entre Chile y Malasia. Primer trámite constitucional 28
- Informe de la Comisión Investigadora del Proceso de Reconstrucción Nacional 40
VI. Proyectos de acuerdo.
- Priorización de la educación en la Ley de Presupuestos y Asignación de Recursos suficientes para atender demandas ciudadanas. (Votación) 46
- Revocación de personalidad jurídica de ex Caja de Ahorros de Empleados Públicos 46
VII. Incidentes.
- Información sobre dependencia de la Comisión Asesora Presidencial y los recursos para su funcionamiento. Oficios 48
- Conexión de diez hogares de la comuna de Pencahue al suministro de agua potable. Oficios. 50
- Información sobre Plan de Desarrollo y Recursos para tren de trocha angosta entre Talca y Constitución. Oficio 50
- Información relacionada con puntajes de Ficha de Protección Social. Oficio 51
- Información sobre recursos para entrega de droga Herceptin. Oficio 54
- Información sobre procedimiento policial en Pichidegua. Oficio 54
Pág.
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
a) que “Modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones.”. (boletín N° 8091-21)
b) que “Establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil.”. (boletín N° 7550-06) 56
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicación sustitutiva al proyecto que “Modifica disposiciones legales en materia de vivienda y urbanismo con el objeto de favorecer la reconstrucción”. (boletín N° 6918-14) 56
3. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que “Modifica ley N° 18.290, de tránsito, incorporando en el certificado de inscripción el kilometraje registrado en el dispositivo y sancionando a quienes lo adulteren.”. (boletín N° 7559-15) 57
4. Oficio del H. Senado mediante el cual comunica que tomó conocimiento del rechazo de la Cámara de Diputados al proyecto que “Modifica el artículo 126 bis de la Constitución Política de la República, sobre territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández.”. (boletín N° 6756-07) (S) 57
5. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje, que “Aprueba el acuerdo de Libre Comercio entre la República de Chile y Malasia, suscrito en Yokohama” el 13 de noviembre de 2010. (boletín N° 7830-10) 63
6. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje, que “Aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Letonia sobre Exención del Requisito de Visa para los Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y de Servicio” suscrito en Nueva York el 23 de septiembre de 2010. (boletín N° 7726-10) 63
7. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje, sobre “Proyecto de Acuerdo entre la República de Chile y el Reino de España, sobre la participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro.”. (boletín N° 7584-10) 63
8. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Aprueba el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de Unasur sobre Compromiso con la Democracia, suscrito en Georgetown, República Cooperativa de Guyana”, el 26 de noviembre de 2010. (boletín N° 7754-10) 64
Pág.
9. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje, sobre “Acuerdo Relativo al Desempeño de Actividades Remuneradas por Parte de Familiares Dependientes de sus Funcionarios en Chile entre el Gobierno de la República de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”, suscrito en Santiago, el 06 de enero de 2011. (boletín N° 7755-10) 64
10. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado en los mismos términos el proyecto, iniciado en mensaje, sobre “Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, suscrito en Caracas el 11 de noviembre de 1989.”. (boletín N° 6152-10) 65
11. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, sobre “Plebiscito y consultas de carácter comunal.”. (boletín N° 7308-06) (S) 65
12. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “ aprueba el Protocolo Bilateral entre la República de Chile y la República de Nicaragua al Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica y sus Anexos, suscrito en Managua, el 22 de febrero de 2011.”. (boletín N° 8037-10) 66
13. Moción de los diputados señores Díaz, don Marcelo; Andrade; De Urresti y Schilling, que “Adecua el sistema de inscripción automática y voto voluntario”. (boletín N° 8093-04) 69
14. Moción de los diputados señores Chahín, Aguiló, Arenas, Burgos, Carmona, Montes, Saffirio y Walker y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina y Sepúlveda, doña Alejandra, que “Modifica la ley N° 19.946, con el objeto de permitir que los consumidores puedan invocar las sentencias dictadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, cuando ellas declaren la asistencia de ilícitos en que aquellos puedan fundar pretensiones civiles contra sus proveedores”. (boletín N° 8092-03) 74
15. Moción de los diputados señores Accorsi, De Urresti, Macaya, Marinovic, Pérez, don José; Teillier y Walker y de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana; Rubilar, doña Karla, y Sepúlveda, doña Alejandra, que “Aumenta las penas en el caso de los delitos del ejercicio ilegal de la profesión”. (boletín N° 8089-07) 90
16. Moción de los diputados señores Harboe, Andrade, Burgos, Chahín, Espinoza, don Fidel; Monckeberg, don Cristián; Pérez, don José, y Sandoval y de las Diputadas señoras Muñoz, doña Adriana y Rubilar, doña Karla, que “Modifica la ley N° 18.833, con el objeto de proteger a las personas que indica del sobreendeudamiento y establecer la indisponibilidad de futuras indemnizaciones”. (boletín N° 8090-13) 93
17. Informe sobre la participación del diputado señor Roberto León en la Audiencia Parlamentaria 2011 convocada por la Unión Interparlamentaria, efectuada con ocasión de la 66ª Sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, los días 28 y 29 de noviembre de 2011, en Nueva York 96
Pág.
18. Informe sobre la participación de la diputada señora Ximena Vidal en las Reuniones de las Comisiones Parlamentarias Permanentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), realizadas entre los días 21 y 23 de noviembre de 2011, en Bruselas (Bélgica) 98
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación:
- Del diputado señor Meza, quien acompaña licencia médica por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de 5 días, a contar del 14 de diciembre en curso.
2. Oficios:
- De la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, por el cual solicita el acuerdo de la Sala, de conformidad con el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para refundir los Boletines N°s 7559-15 y 7565-15.
- De la Comisión Especial sobre Pueblos Originarios, por el cual solicita recabar el acuerdo de la Sala para prorrogar en 6 meses su mandato.
Respuestas a oficios Cuenta 122ª
Contraloría General de la República:
- Diputada Isasi doña Marta, Solicita remitir información relacionada con la situación financiera de la Universidad Arturo Prat de Iquique. (72664 al 2700).
- Diputado Hasbún, Solicita realizar una investigación, remitiendo sus conclusiones a esta Cámara, respecto de la situación que afecta al señor Matías Simón Barreda Rivas, a quien se interrumpió la entrega de la beca indígena. (75063 al 4436).
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita disponer se investiguen eventuales prácticas irregulares por parte de cadenas de supermercados en las ciudades de La Serena y Coquimbo, relacionadas con la doble rotulación de la fecha de envasado y la aplicación de la normativa que regula el peso del contenido neto de algunos alimentos. (76054 al 2538).
Ministerio de Interior:
- Diputado Recondo, Posibilidad de evaluar el proyecto de alarmas vecinales presentado por los habitantes de Purranque, considerando su financiamiento y un aumento en la dotación de Carabineros de la comuna. (24156 al 4249).
- Diputado Auth, Solicita informar sobre los resultados del sumario relacionado con la muerte del señor Raúl Martin Cornejo Vilches y, en el evento que ese procedimiento no haya todavía concluido, señalar las razones de la demora. (24157 al 4557).
- Diputado Burgos, Solicita remitir copia de la denuncia formulada por concejales de la municipalidad de Ñuñoa, por los violentos y graves hechos ocurridos los días 21 y 22 de los corrientes, en el Liceo 7 de esa comuna; y, además, para que, en su calidad de encargado de la seguridad pública, tenga a bien solicitar al mando de Carabineros un informe respecto de aquellos hechos, remitiendo luego copia del mismo a esta Cámara. (24158 al 4461).
- Diputado Alinco, Actual situación de los carabineros involucrados en el homicidio del señor Matías Catrileo, de la etnia mapuche, ocurrido en enero de 2008, especialmente respecto del cabo segundo señor Walter Ramírez Inostroza. (24159 al 4157).
- Diputado Recondo, Solicita remitir una completa evaluación de los daños en la infraestructura de los establecimientos educacionales que se encuentran ocupados por los alumnos u otras personas, en las ciudades de Puerto Montt, Osorno, Ancud y Castro; y, asimismo, de los daños o pérdidas de materiales didácticos y de cualesquier otros atinente al proceso de formación de los educandos, en los mismos establecimientos, con indicación de su monto. (24160 al 4107).
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita instruir al señor Gobernador de la Provincia de Osorno disponer la fuerza pública necesaria para restituir el orden público en el antiguo camino de la ruta internacional en las cercanías del predio que posee el señor Marcos Cea Márquez, en la comuna de Puyehue, debido a la acción de privados que impiden la libre circulación por esta vía pública. (24161 al 2205).
Ministerio de Justicia:
- Diputado Burgos, Remita a esta Cámara todos los antecedentes que posea sobre la Corporación por la Justicia, la Verdad Histórica y el Respeto por el Estado de Derecho en Chile. (8665 al 5244).
- Diputado Teillier, Informe a la brevedad acerca de los motivos que se tuvieron en cuenta para el traslado de los presos desde la cárcel de San Miguel a la ex Penitenciaría; las condiciones en que se llevó a efecto, y la situación en que quedarán los reclusos en la ex Penitenciaría y Colina Dos; como asimismo, sobre el destino que se le dará a la cárcel de San Miguel. (8666 al 5241).
- Diputado Urrutia, Evalúe la posibilidad de designar en forma permanente a un profesional técnico forense, en el Servicio Médico Legal de la comuna de Cauquenes, región del Maule, e informe a esta Corporación (8777 al 5229).
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado Sabag, remitirle copia del oficio enviado al señor Ministro de Obras Públicas , mediante el cual se le solicita la nómina de inversiones en infraestructura vial contenidas el proyecto de Ley de Presupuestos del año 2011 y, en particular, si se consideran los fondos necesarios para la construcción del camino Ñipas-Coelemu, actualmente en ejecución, y de la autopista de Concepción a Cabrero. (2932 al 533).
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Solicita el pago efectivo de las indemnizaciones adeudadas por expropiaciones efectuadas a un numeroso grupo de agricultores de los sectores de Los Aromos y La Cebada, de la comuna de Las Cabras (3037 al 3320).
Ministerio de Bienes Nacionales:
- Diputado Sabag, Posibilidad de establecer una normativa que permita a los parceleros de la ex Corporación de la Reforma Agraria, disponer de los bienes comunes sin requerir el alto quórum que se necesita para adoptar acuerdos a ese respecto. (900 al 4864).
- Diputado De Urresti, Solicita informar sobre la fecha y procedimiento para realizar los mejoramientos, y regularizar la propiedad, de los recintos deportivos de la ciudad de Valdivia considerados en el programa “Juégatela por tu Cancha”. (901 al 5111).
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita informar sobre la situación jurídica de los terrenos en que se encuentra la población El Toro, en la comuna de Andacollo (910 al 4801).
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita prestar su colaboración en la identificación de un terreno fiscal que, en comodato, pueda ser destinado al establecimiento de la sede social del sector del Comité del Futuro, loteo Venezuela, en Las Compañías, en la ciudad de La Serena. (911 al 2767).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social:
- Diputado Robles, Situación que afecta al señor Sixto Aguilera Fuentes, trabajador despedido por su empleadora, Ultramar A.G. Marítima Ltda. (72733 al 3426).
Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
- Diputado Pérez don José, Solicita remitir información relacionada con los subsidios para reparación y construcción asignados en la provincia de Biobío, a consecuencias del terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010. (611 al 4547).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputada Hoffmann doña María José, Informe sobre el eventual inicio de una investigación acerca del accidente del 12 de octubre en la ruta 68, los plazos estimados para ella y sus conclusiones cuando ésta finalice. (5325 al 4984).
- Diputada Molina doña Andrea, Diputado Eluchans, Informar sobre la legalidad de las prácticas comerciales que ejercen tanto las compañías de telecomunicaciones como la locomoción colectiva pública en la Región Metropolitana y el Metro de Santiago, en relación con el servicio de tarjetas de prepago. (8540 al 5028).
Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
- Diputado Rincón , Se sirva considerar, si lo tiene a bien, hacer presenta la urgencia en la discusión del proyecto de ley que extiende los plazos de los Servicios de Radiodifusión Comunitaria para adecuarse a la normativa en materia de concesiones, Boletín N° 8031-19, radicado en la Comisión de Ciencias y Tecnología. (2129 al 2841).
Ministerio Medio Ambiente:
- Diputado Robles, Solicita remitir la opinión del Ministerio del Medio Ambiente, en relación con el reemplazo del órgano encargado de la administración y del mecanismo de asignación de los recursos del Fondo de Desarrollo Sustentable del Proyecto Pascua-Lama, en la provincia de Huasco. (113925 al 4964).
- Diputado Álvarez-Salamanca, Solicita remitir opinión sobre los eventuales daños ambientales que podría ocasionar la construcción, por parte de la empresa Salmones Colbún Ltda., de una piscicultura en el sector de San Pedro, camino a Duao, en la comuna de Maule. (113953 al 4752).
Intendencias:
- Diputado Sandoval, Se sirva considerar la necesidad de efectuar inversiones en infraestructura portuaria para pasajeros en Puerto Chacabuco, informando a esta Cámara. (1469 al 5087).
- Diputado Marinovic, Informe los recursos invertidos por el gobierno regional de Magallanes en programas de promoción turística, el detalle de los recursos sectoriales y privados, y la eventual existencia de convenios de programación, desde 2005 a 2011; además de los recursos que se considera traspasar en esta materia para los años 2012 y siguientes. (2040 al 4909).
Servicios:
- Diputado Pérez don José, Investigue a la brevedad el envío de correspondencia institucional que indica anomalías en la situación tributaria de los contribuyentes y amenaza con sanciones, en numerosos casos en que no existen tales anomalías; y tome las medidas necesarias para solucionar este problema. (2943 al 2746).
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita disponer la instrucción de un sumario en el Servicio Nacional de Menores tendiente a investigar los hechos y circunstancias que provocaron la entrega de la tuición del hijo de doña Kimberly Morales Aranguiz, al padre del recién nacido. (4467 al 2703).
- Diputado De Urresti, Solicita informar sobre el estado del proyecto para la instalación de un sistema ILS, Categoría I, en el aeropuerto Pichoy, en la ciudad de Valdivia, destinado a mejorar las condiciones de visibilidad en la aproximación a dicho recinto aeroportuario; asimismo, acerca de la recepción de las obras y de eventuales observaciones a las mismas; y, por último, respecto de las razones por las que el señalado aeropuerto carece de un sistema de calefacción, de acceso inalámbrico a internet para uso público, de un cajero automático, y de “mangas” adecuadamente impermeabilizadas. (7557 al 5110).
- Diputado De Urresti, Informe sobre el estado de tramitación de los beneficios de la ley sobre Exonerados Políticos, gestionados por el señor José Ignacio Olivera Moya. (960 al 5158).
- Diputado De Urresti, Informe sobre el estado de tramitación de los beneficios de la ley sobre Exonerados Políticos, gestionados por el señor Enrique del Rosario Espinoza Concha, (961 al 5157).
Varios:
- Diputado Espinoza don Fidel, Informe los resultados de las fiscalizaciones respecto a los daños estructurales de la planta de almacenamiento de combustible Pureo, y a su contaminación, que incluye el reciente derrame de aproximadamente 30 mil litros de petróleo; además de las medidas adoptadas al respecto, y si su servicio cursará multas. (436 al 4935).
- Diputado Silber, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, referida a denuncias en contra de la Tesorería General de la República, que estaría llevando a cabo cobranzas extrajudiciales de tributos, vía telefónica. (60611 al 5270).
Municipalidad de Maipú:
- Diputada Zalaquett doña Mónica, Sede numerosos sectores de la comuna de Maipú, especialmente en la Ciudad Satélite, e informar a esta Cámara sobre las medidas que se adoptarán para subsanar este problema. (934 al 5095).
- Diputada Zalaquett doña Mónica, Informe sobre los contratos de lease back que el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Municipalidad de Maipú haya celebrado a partir del año 2009, indicando las partes contratantes, el objeto del contrato, los bienes a los que se refiere y los montos asociados, (934 al 5096).
X. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- Diputada Girardi doña Cristina, Requiere informar acerca de la decisión de expropiar terrenos en la calle Carlos Valdovinos, en la comuna de Quinta Normal, y en seguida, en caso afirmativo, sobre el estado de avance del eventual proceso expropiatorio. (5371 de 06/12/2011). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputada Girardi doña Cristina, Requiere informar acerca de la decisión de expropiar terrenos en la calle Carlos Valdovinos, en la comuna de Quinta Normal, y en seguida, en caso afirmativo, sobre el estado de avance del eventual proceso expropiatorio. (5372 de 06/12/2011). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Diputada Isasi doña Marta, Ordene investigar la situación que aqueja a doña Nivea de Lourdes Garrido González, quien habría sido afectada por una serie de irregularidades cometidas , al ser sometida a sendas operaciones a la cadera en el Hospital El Salvador, de la comuna de Providencia, Región Metropolitana de Santiago ; como asimismo, se sirva brindarle asistencia para solucionar sus problemas de salud y previsionales, informando de sus gestiones a esta Corporación. (5374 de 12/12/2011). A Ministerio de Salud.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (104)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto IND XIV 53
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Kort Garriga, Issa Farid UDI VI 32
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.17 horas.
El señor MELERO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MELERO (Presidente).- El acta de la sesión 116ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 117ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , ayer comenzaron las audiencias de formalización a los ejecutivos de la empresa La Polar.
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, ese tema no está relacionado con el Reglamento ni con la Cuenta.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , tiene que ver con la Cuenta, porque le hemos pedido a la Mesa de la Corporación que ponga en Tabla el informe de la Comisión Investigadora del caso La Polar, porque la Superintendencia de Valores y Seguros está formulando cargos y los tribunales de justicia están formalizando a sus ejecutivos.
La Comisión terminó su informe hace tres meses, pero todavía no podemos votarlo en la Sala.
Pese a que el despacho de algunos proyectos no es de gran urgencia, el Ejecutivo considera, al parecer, que todos los proyectos deben ser calificados con suma urgencia. Sin embargo, para los ciudadanos las urgencias son distintas. Por lo tanto, nos gustaría que la Mesa dé prioridad a la discusión y votación del informe del caso La Polar.
El señor MELERO ( Presidente ).- Señor diputado , la Corporación ha puesto en Tabla ese informe en dos oportunidades, pero desgraciadamente debido a los numerosos informes de otras comisiones investigadoras y la recargada agenda legislativa, todavía no se ha podido tratar. Sin embargo, como la Mesa comparte su inquietud, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para abordar ese informe a la mayor brevedad.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , sugiero poner el informe del caso La Polar en el primer lugar de la Tabla del próximo martes.
El señor MELERO ( Presidente ).- Señor diputado , la Mesa sigue el orden de evacuación de los informes. Hoy, como pueden ver, está en Tabla el de la Comisión Investigadora del Seguimiento del Proceso de Reconstrucción Nacional, anterior al de La Polar.
PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN ESPECIAL SOBRE PUEBLOS ORIGINARIOS.
El señor MELERO (Presidente).- La Comisión Especial sobre Pueblos Originarios solicita recabar el acuerdo de la Sala para prorrogar en seis meses su mandato.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
FUSIÓN DE PROYECTOS DE LEY.
El señor MELERO ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones para, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 A de la ley orgánica del Congreso Nacional, fusionar los siguientes proyectos de ley: el contenido en el boletín Nº 7559-15, que “modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, incorporando en el certificado de inscripción el kilometraje registrado en el dispositivo y sancionando a quienes lo adulteren; moción de las diputadas señoras María José Hoffmann y Mónica Zalaquett y de los diputados señores Auth, Espinoza, don Fidel; García, Hasbún, Hernández, Letelier y Norambuena, con el proyecto boletín Nº 7565-15, que “establece la obligatoriedad de inspeccionar el kilometraje de un automóvil en el procedimiento de revisión técnica, sancionando su adulteración.”, moción de las diputadas señoras Claudia Nogueira y Marisol Turres, y de los diputados señores Hasbún, Hernández, Macaya, Moreira, Norambuena, Silber y Ward y del ex diputado señor Alejandro García-Huidobro.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
EXTENSIÓN DE PLAZOS A SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA PARA ADECUARSE A NORMATIVA DE CONCESIONES. Primer trámite constitucional.
El señor MELERO ( Presidente ).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que extiende los plazos de los servicios de radiodifusión comunitaria para adecuarse a la normativa en materia de concesiones.
Diputado informante de la Comisión de Ciencias y Tecnología es el señor Ricardo Rincón.
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 8031-19, sesión 107ª, en 10 de noviembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 3.
-Primer Informe de la Comisión de Ciencia y Tecnología, sesión 121ª, en 14 de diciembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 13.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor RINCÓN (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Ciencias y Tecnología, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de ley, calificado con urgencia “simple”, que tiene por objetivo ampliar los plazos de los servicios de radiodifusión comunitaria para adecuarse a la normativa establecida por la ley N° 20.433, que creó los servicios comunitarios y ciudadanos de radiodifusión de libre recepción, y regula su concesión, modificación y funcionamiento, moción de los diputados señores Chahín , Farías , García , Hales , Hasbún , Latorre , Lorenzini , Torres; de la diputada Goic, doña Carolina , y de quien habla.
El artículo 1° transitorio de la ley N° 20.433 dispuso que un reglamento del Ministerio Secretaría General de Gobierno regulará los demás aspectos necesarios para la ejecución de la ley, el que debería dictarse en el plazo de 120 días, a contar del 4 de mayo de 2010, fecha contada desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, el 4 de mayo de 2010. El reglamento, si bien fue dictado dentro de plazo, se publicó recién el 30 de mayo de 2011, esto es, vencido ya el plazo de 120 días dispuesto para ello por el legislador.
Además, la citada ley no estableció un procedimiento para que las concesionarias de servicio de radiodifusión de mínima cobertura, regidos por la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, pudieran acreditar el cumplimiento de los requisitos que ella establece para acogerse al régimen regulado en la ley N° 20.433.
Asimismo, esta norma legal no se pronunció expresamente acerca de la subsistencia de las concesiones de radiodifusión sonora de mínima cobertura, lo que impidió que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones convocara a nuevos concursos para estos servicios radiales por haberse eliminado dicha categoría legal. Sin embargo, pueden acogerse al nuevo régimen de los servicios comunitarios y ciudadanos al tenor de su disposición segunda transitoria, ya que durante este proceso, como consecuencia de la imposibilidad de renovar el permiso de concesión, deberían cesar temporalmente en sus transmisiones una vez expirado el término de su vigencia.
Es importante considerar que en Chile existen más de 300 radios comunitarias, de las cuales aproximadamente el 20 por ciento ha realizado la adecuación legal que establece la nueva norma. Eso significará que, de no mediar modificación legal, el próximo 14 de febrero de 2012, es decir, prácticamente en dos meses más, caducará el permiso de funcionamiento de un gran número de radios comunitarias, lo cual determinará que, en la práctica, ellas sigan funcionando en la clandestinidad.
Precisamente, fue la tardanza en la publicación del reglamento que fijaría el inicio del plazo para efectuar las adecuaciones legales a las radioemisoras lo que hace absolutamente necesario ampliar el plazo establecido por la ley, de manera que sea posible que las radioemisoras comunitarias puedan efectuar las adecuaciones legales correspondientes y seguir funcionando en beneficio de la comunidad.
El proyecto de ley consta de un artículo único, el cual, mediante dos numerales, modifica el artículo segundo transitorio de la ley N° 20.433 en las siguientes materias:
a) Se amplía de 180 a 365 días, contados desde la entrada en vigencia de la ley, el plazo para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el funcionamiento de los servicios de radiodifusión comunitaria.
b) Establece la permanencia de los concesionarios de radiodifusión sonora de mínima cobertura vigentes a la fecha de publicación de la ley, hasta que se resuelva la correspondiente solicitud para acogerse a la misma, o hasta la fecha de expiración de la respectiva concesión cuando, siendo esta última posterior a la solicitud para acogerse a la ley, se hubiere desestimado.
c) Determina que las concesiones de radiodifusión sonora de mínima cobertura expirarán si no se presenta solicitud para su renovación en la fecha de vencimiento del plazo máximo para presentarla. Si el plazo de estas concesiones venciera con posterioridad a la fecha para presentar la respectiva solicitud de renovación, la concesión permanecerá vigente hasta el término del período respectivo.
El Ejecutivo decidió respaldar la iniciativa. Al respecto, el subsecretario de Telecomunicaciones , señor Jorge Atton , señaló que la ley N° 20.433, que creó los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana, tiene un contenido complejo, porque transformó el concepto de radios de mínima cobertura al de radios comunitarias, para lo cual estableció una serie de requisitos, tanto para las radios que quisieran funcionar como comunitarias como para aquellas de mínima cobertura que quisieran transformarse en comunitarias.
Una vez que se dictaron los respectivos reglamentos, se presentaron variadas situaciones, las cuales, en lo fundamental, en los concursos vigentes en el período 2006-2007-2008, afectaron a radios de mínima cobertura que postulaban a radios comunitarias a través de una solicitud de renovación de su concesión y a radios a las que, en el período en que se encontraban pendientes la dictación de los reglamentos, se les venció el plazo de tres años de su concesión. Sin lugar a dudas, esa es la situación más grave, porque se podría interpretar que al no haberse llamado a concurso para constituirse como radios comunitarias habrían quedado sin concesión por extinción del plazo de su concesión original.
Por otra parte, debo señalar que existió consenso en la Comisión en cuanto a que la ley N° 20.433 efectivamente requiere mayores modificaciones para que logre cumplir con las expectativas que tuvo el legislador al momento de su dictación. Sin embargo, nos encontramos frente a la necesidad de ampliar el plazo; por ello, de no aprobarse esta iniciativa afectaría la subsistencia de esos medios de comunicación social, los cuales en los sectores más apartados, sobre todo en las comunidades rurales, cumplen una labor de relación social, comunicación y difusión irreemplazable.
No puedo terminar la rendición del informe sin antes agradecer a todos los miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnolo-gía, los que dieron su apoyo unánime al proyecto, también y en forma especial al subsecretario de Telecomunicaciones , señor Jorge Atton , quien tuvo no solo la deferencia de acoger un proyecto transversal de la Corporación, sino también la de concurrir permanentemente a entregar sus aportes técnicos al debate; además, agradezco a su presidente , el diputado señor Farías , quien, consciente de la proximidad del vencimiento del plazo, dio todas las facilidades para tramitar con celeridad la iniciativa.
Por lo tanto, esperamos que la Sala dé su aprobación unánime al proyecto en los mismos términos en que lo hizo la Comisión.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , quiero expresar mi opinión sobre este proyecto que extiende los plazos de los servicios de radiodifusión comunitaria para adecuarse a las normativa en materia de concesiones.
Cada uno de los distritos que representamos cuenta, al menos, con una radioemisora de difusión comunitaria, de manera que conocemos la utilidad y el servicio que prestan a la comunidad, en especial en aquellas zonas más alejadas de los centros poblados.
Quien habla es testigo de la necesidad de ratificar el quehacer de los servicios de radiodifusión comunitaria y de la prórroga del plazo para efectuar la adecuación normativa de esos servicios, el cual vence el 14 de febrero de 2012, es decir, en aproximadamente sesenta días, a fin de evitar que se genere un problema mayor. Por lo tanto, hay que agradecer el consenso que se generó respecto del proyecto de ley en discusión.
Sin lugar a dudas, estas radioemisoras acercan a la ciudadanía al quehacer cotidiano del lugar desde el que transmiten, puesto que son utilizadas para enviar mensajes de las juntas de vecinos, de los clubes deportivos, de agrupaciones juveniles y otras. Como esas radioemisoras son entidades sin fines de lucro, por lo general dan cabida a todos quienes solicitan la difusión de mensajes de bien común.
Quiero decirles a los que no están interiorizados en el proyecto, que fue tremendamente interesante y positivo escuchar, en especial para quienes representamos distritos con zonas rurales y cordilleranas, tanto de la Cordillera de la Costa como de la Cordillera de Los Andes, que las radios comunitarias han prestado -en esa marcha blanca de la que se habló en su momento- un servicio enorme para sus respectivas comunidades. En ese sentido, es importante entender que el objetivo del proyecto es sólo el establecimiento de una prórroga, puesto que las radioemisoras con fines comerciales, con toda razón, seguramente plantearán el tipo de avisos que deben ser difundidos a través de sus ondas. Si bien eso se encuentra regulado, no dejará de ser una complicación.
Por lo señalado, la iniciativa va en la dirección correcta, puesto que tiene por objeto otorgar un plazo mayor para que las radioemisoras puedan cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento de la ley N° 20.433. Eso permitirá que puedan seguir existiendo y que puedan sentirse respaldados los dirigentes radiales que trabajan ad honorem. De esa manera, los ciudadanos que viven en zonas que son comercialmente menos interesantes para las grandes cadenas radiales, podrán seguir contando con este medio de comunicación para la difusión de sus actividades, en especial en aquellos sectores cordilleranos lejanos, que también comienzan a organizarse a través de este medio de comunicación tan importante.
Por lo tanto, me alegro de la solicitud que varios colegas hicimos para que este proyecto llegara a la Sala. Nos sentimos también representantes de aquellos que nos han requerido, hablo de los habitantes de Antilhue, en mi caso, distrito N° 54, y de la localidad de Coñaripe, donde hay dos emisoras que van a tener la suerte de trabajar con tranquilidad en el futuro.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Rodrigo González.
El señor GONZÁLEZ .- Señor Presidente , a mi juicio, este proyecto debiera ser aprobado, ojalá, en forma unánime por la Cámara, debido a que la razón por la cual se generó fue un retraso en la dictación del reglamento dispuesta por la ley N° 20.433. Estas radios son sumamente importantes para las comunidades y cumplen la función de dar amplitud, pluralismo y participación a organizaciones sociales, a entidades sin fines de lucro, para que puedan ser vehículos de la comunicación de sus inquietudes y problemas en sectores locales. Por eso, en su momento fue muy importante la dictación de esa ley, no obstante, quedaron varias insuficiencias que todavía no han sido adecuadamente corregidas. Tal vez se piensa que esta habría sido la oportunidad de introducirle algunas modificaciones adicionales a la normativa; sin embargo, de acuerdo con el debate que se generó en la Comisión y a la necesidad de ampliar el plazo de los servicios de radiodifusión comunitaria para adecuarse a la legislación sobre concesiones, es necesario restringir el proyecto exclusivamente al objeto que plantea.
Habría sido muy justo, por ejemplo, haber dado la oportunidad a más de cien radios de mínima cobertura de mantener su concesión, cuyo plazo de duración se extinguió después de entrar en vigencia la ley, el 4 de mayo del 2010.
También habría sido necesario, por ejemplo, modificar algunas sanciones establecidas en la ley N° 20.433, puesto que son excesivas, demasiado rigurosas e impiden el ejercicio pleno y libre de la función de comunicación que es tan importante para nuestras comunidades, juntas de vecinos, iglesias evangélicas, ONG, municipios y todas las demás organizaciones de la comunidad. Sin embargo, durante el debate de la Comisión se estimó que era importante restringir el ámbito del proyecto exclusivamente a extender los plazos de los servicios de difusión comunitaria para adecuarlos a la normativa en materia de concesiones y dejar para un debate más amplio y profundo las modificaciones que requiere la ley.
En virtud de aquello, es muy importante darles relevancia a las radios comunitarias y, ojalá, aprobar unánimemente este proyecto. Con ese fin, comprometo mi voto favorable e insisto en que la función que cumplen las radios comunitarias debe potenciarse, porque es muy significativa.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , indiscutiblemente, esta iniciativa va a ayudar a quienes cuentan con radios comunitarias, medio a través del cual se comunican las personas en los distritos. En el caso de Alhué, de San Pedro, de Bollenar, de Melipilla, de María Pinto y de Curacaví, sus radios comunitarias dan a conocer las convocatorias a los diversos programas que desarrollan los municipios y otras entidades, además de prestar otros servicios a los ciudadanos.
Extender el plazo de 180 a 365 días, contados desde la entrada en vigencia de la ley, para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el funcionamiento de los servicios de radiodifusión comunitaria, va a ayudar a solucionar el problema que los afecta.
El proyecto también establece la permanencia de los concesionarios de radiodifusión sonora de mínima cobertura vigentes a la fecha de publicación de la presente ley. O sea, esto va a dar tranquilidad a muchos que tienen estas radios y que se han comunicado con nosotros para pedirnos ayuda, dado que el reglamento de la ley no se publicó a tiempo, lo que los dejaba en el aire y con la inquietud de si podrían seguir o no con dicha función; incluso, a algunos, si les convenía continuar con el esfuerzo de mantenerla, que no es de menor costo. Su financiamiento solo se basa en las donaciones, no pueden transmitir avisos ni realizar otras actividades pagadas , lo que les afecta directamente en la mantención de sus radios.
Por lo tanto, despachar prontamente este proyecto de ley y cumplir con los reglamentos correspondientes va a determinar las concesiones de radiodifusión de mínima cobertura o comunitarias -como ellos las llaman, porque así partieron- y va a permitir que nuestras comunidades rurales sigan contando con sus servicios. De esa manera, a través de este medio, sectores lejanos o rurales van a estar más informados; de otro modo, es muy difícil hacerlo en la actualidad.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , felicito el liderazgo del diputado Ricardo Rincón en esta materia, quien nos invitó a formar parte de este proyecto que permite que muchas radios o medios de comunicación, que son espacios de participación ciudadana, estén al servicio de la comunidad. Me parecen una forma de visibilizar el trabajo de la sociedad civil en el ámbito local. Durante mucho tiempo estuvieron bajo el amparo de una legislación que los categorizaba como de mínima cobertura, con un máximo de un kilo de potencia, lo que nadie podía cumplir, porque con esa frecuencia no se escucha ni siquiera en la manzana. Por lo tanto, sus dueños se arriesgaban permanentemente a algún tipo de sanción. Pero, cumplen una misión muy importante, porque establecen una oportunidad de comunicación donde no la había y colocan temas que, muchas veces, no son los que habitualmente tratan los medios de comunicación nacional, son los de interés de la comuna, de la localidad, lo que está ocurriendo en el barrio, en las organizaciones sociales, los problemas cotidianos.
La ley creó la categoría del servicio de radiodifusión comunitaria, a fin de resolver algunos problemas de que adolecía la legislación anterior que solamente los medía por la cobertura, pero no por la naturaleza misma del servicio de radiodifusión. Sin embargo, esta ley generó varias dificultades, como plazos excesivamente cortos para adecuarse a la nueva normativa, lo que se agudizó, además, por la tardanza tanto en el envío del reglamento como por la toma de razón y su posterior publicación. Ello significó, en definitiva, colocar a las radios comunitarias en condiciones prácticamente imposibles, desde el punto de vista de los plazos para adecuarse a la nueva ley. En consecuencia, o dejan de funcionar o sus dueños se arriesgan a sanciones, incluso, privativas de libertad, lo que nos parece absolutamente injusto. No puede ser que esas radios, por hechos que no les son imputables, tengan que dejar de funcionar o sus propietarios se expongan a penas, incluso de cárcel.
Por lo tanto, es fundamental apoyar esta iniciativa. Es cierto que no resuelve todos los problemas que quedaron en la ley que crea los servicios de radiodifusión comunitaria. Probablemente, tendremos que perfeccionar dicha ley, pues presenta varias dificultades. Hemos conversado al respecto con el señor Alberto Cancino , presidente de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile (Anarcich), con quien hemos trabajado durante muchos años. No obstante, el proyecto permite resolver la urgencia, pues establece una ampliación de los plazos para que los servicios de radiodifusión comunitaria se adecuen a la normativa sobre concesiones.
Esperamos que la Sala apruebe esta iniciativa por unanimidad, no solo por respeto a esos medios de comunicación, sino también como una forma de seguir fomentando a través de ellos la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil en la comuna y en el barrio.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente , como informó el diputado Rincón , el proyecto se hace cargo de las tensiones que provoca dejar al reglamento la responsabilidad de establecer requisitos para adecuarse a la nueva normativa. Todos hemos vivido la experiencia de tener que decidir, durante la discusión de un proyecto en las comisiones, si una materia será regulada por una ley o por un reglamento. El Ejecutivo tiene la prerrogativa de dictar el reglamento que se requiere para la aplicación de la ley en su dimensión real. Pero, reitero, muchas veces hemos debido dirimir esa situación durante la discusión legislativa en las comisiones.
El proyecto tiene por objeto ampliar los plazos para efectuar la adecuación normativa de los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana a los requisitos señalados en la ley N° 20.433. Así, por fin, esa normativa será una realidad para las radios comunitarias, de modo que no estén incurriendo en una ilegalidad que podría afectarlas.
Estoy absolutamente a favor de esta iniciativa, que amplía de 180 días a un año el plazo para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el funcionamiento de los servicios de radiodifusión comunitaria. Pero también quiero resaltar la importancia de la ley N° 20.433, que aprobamos después de muchos años de discusión. Desde que asumí como parlamentaria, me hice cargo, con muchos colegas, de impulsar esa iniciativa, porque entrega más cobertura y la posibilidad de que las radios comunitarias realicen menciones publicitarias.
El aumento de la cobertura termina con la ilegalidad permanente que experimentaban muchas radios comunitarias. Además, se reconoce y destaca la promoción y difusión radial en los ámbitos social y cultural, pues permite que esos medios no solo se financien a través de las menciones publicitarias, sino también de fondos concursables. Esto es muy importante.
Durante la discusión de la iniciativa que dio origen a la ley N° 20.433, hubo voces que no querían focalizar de manera distinta a las radios comunitarias. Efectivamente, estas radios están mermadas respecto de las agrupadas en la Archi, las radios comerciales. Por ello, se resguarda su adecuado funcionamiento, pues son importantes no solo para la Anarcich, que es su representante; no sólo para los vecinos y vecinas que las escuchan, no solo para la Subsecretaría de Telecomunicaciones y no solo para los parlamentarios en relación con el aspecto legal. La importancia de las radios comunitarias va mucho más allá en nuestra sociedad, que avanza en el ámbito de las tecnologías de la información y de las comunicaciones a nivel global. Por ello, debemos impulsar y resguardar la cultura que se teje en la identidad local a través de las radios comunitarias. Este es el sentido último de cuidar su buen funcionamiento.
Envío un saludo a las radios comunitarias del distrito N° 25, que represento, conformado por las comunas de San Joaquín, La Granja y Macul y a las radios comunitarias de todo el país. El sábado pasado, la Radio San Joaquín celebró su 10° aniversario, con diversos números musicales.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , el proyecto es de gran significación en las ciudades, pero en sectores aislados de regiones, donde la oferta de radiodifusión es bastante restringida debido al tamaño de las localidades, tiene una connotación adicional. Ello me consta, pues cuando fui alcalde de Coyhaique implementamos radios comunitarias en Ñirehuao, Villa Ortega , El Blanco, Valle Simpson y Balmaceda , comunidades que lisa y llanamente no tenían servicios de radiodifusión, porque, por su tamaño, no eran atractivas para que alguien presentara un proyecto. Por lo tanto, tuvo que ser el municipio el que revirtiera esa situación e implementara esas radios. Lo mismo ha hecho gran parte de los municipios de mi Región de Aysén.
Desafortunadamente, la ley N° 20.433 no contempló en su articulado que los municipios pudieran prestar este tipo de servicios a la comunidad. Desde mi punto de vista, un profundo error.
Probablemente, sea necesario establecer mecanismos de regulación para asegurar la amplitud y el pluralismo suficientes en este tipo de radios. Entiendo que hay algunos municipios que han hecho uso indebido de las radios. Por ello, habría sido conveniente regular el acceso a estos medios de comunicación. Tengo información de que algunos han transformado a las radios comunitarias en verdaderas pantallas de propaganda y han limitado el acceso a las comunidades. Si bien el proyecto no aborda ese punto ni resuelve el problema -ya que los municipios no pueden ser dueños de esas radios, lo que creo que es un error; espero que en el futuro se corrija esa disposición-, establece un aumento del plazo para que las radios de mínima cobertura o las radios comunitarias puedan adecuarse a la normativa vigente, lo que da un espacio para avanzar en esa dirección. Me consta que hay muchos municipios que se han encontrado con dificultades enormes para traspasar su concesión de radio comunitaria. El nuevo plazo que se establece permitirá solucionar aquello.
El proyecto es un avance, aunque creo necesario pedir al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que estudie la incorporación de algunas disposiciones, porque los espacios territoriales son distintos. Piensen que si la Región de Aysén estuviera en el centro del país, por su extensión territorial, abarcaría un espacio que va desde Santiago a Valdivia. Ello implica realidades distintas, pero se aplican las mismas normas. Por eso, si los municipios de la Región de Aysén no pueden tener radios comunitarias, simplemente muchas comunidades quedarán sin ese medio de comunicación.
Por eso, hago un llamado al ministro de Transportes y Telecomunicaciones para que estudie la excepción correspondiente para los territorios aislados. Así como existen leyes especiales para territorios especiales, para este caso también debería considerarse una norma especial; de lo contrario, muchas comunidades pequeñas y aisladas, donde no hay una fundación, una corporación o una organización que se haga cargo de administrar una concesión, quedarán lisa y llanamente condenadas a la incomunicación.
En todo caso, anuncio nuestro apoyo favorable al proyecto.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , manifestarse en favor de algo que pretende beneficiar a la ciudadanía, a la comunidad, con el conocimiento de las cosas que suceden, los ángulos que tienen distintos sectores de la comunidad para abordar temas de interés, sin duda es un acto que está encaminado a ayudar a una convivencia más plena entre quienes constituyen la comunidad, que forma parte del radio de acción de la mínima cobertura que tienen las radios comunitarias.
Desde esa perspectiva, el acceso a la información de los hechos que ocurren ayuda, entonces, a que las personas que son parte de la comunidad, conozcan y potencien la idea, por tanto, del discernimiento con criterio propio, todo ello lleva a que cada uno se ubique en esa interacción a partir de su conclusión. Si a eso agregamos el debido servicio a la comunidad que, en general, prestan las radios comunitarias, podemos imaginarnos una convivencia más plena, con opinión propia y, por tanto, más democrática.
Por eso, es correcto crear condiciones para mantener funcionando las radios comunitarias. Son medios de comunicación sin fines de lucro, lo que no quiere decir que no tengan mecanismos de financiamiento, porque la sola filantropía no podría sostener la cantidad de radios comunitarias que es aconsejable que existan.
Miradas así las cosas, si las radios comunitarias se dedican a la tarea de adecuarse a la nueva normativa de concesiones, para ayudar a garantizar su mantención en el tiempo, y pensando en jornadas de formación profesional, tanto en tecnología como en comunicación, para que el comunicador social sienta el estímulo del Estado y se le ubique en el lugar que corresponde, para que juegue el rol que, por lo demás, ya está desempeñando, nos pronunciaremos favorablemente sobre lo que está en debate. Es principal la valoración que hacemos de los comunicadores sociales, sobre todo, porque muchos de ellos prestan este servicio por vocación más que por resolver su situación profesional y laboral.
Con esas valoraciones y en consideración al origen, a la esencia y al espíritu que da sustento a que una radio comunitaria se mantenga, votaremos favorablemente el proyecto en discusión.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Bobadilla.
El señor BOBADILLA.- Señor Presidente , quiero dejar constancia de mi adhesión y de la valoración que doy a este proyecto. Todo lo que hagamos en beneficio de las radios comunitarias es positivo. Es sabida la importancia que tiene este medio de comunicación en diversas zonas de nuestro país. En muchas comunas, la única posibilidad de acceder a la información, a la cultura o a la comunicación es la radio comunitaria. Yo también represento comunas rurales. Los únicos medios de comunicación en Santa Juana, Florida y Hualqui son las radios comunitarias. Por tanto, toda acción para que se fortalezcan y desarrollen tenemos que apoyarla en forma decidida. Es más, en algunas comunas la única posibilidad de acceder a un medio de comunicación son las emisoras de Santiago. Son radios nacionales, pero el vecino que vive en sectores aislados, no tiene ninguna opción de acceder a estos medios de comunicación. Ahí se aprecia la real importancia de la radio comunitaria.
Por lo tanto, como diputado que representa comunas rurales, apoyo de manera decidida el proyecto, y espero que el pronunciamiento favorable de la Sala sea unánime, porque se trata de generar condiciones para que estos medios de comunicación se fortalezcan y se proyecten en el futuro.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , en el distrito 51 que represento, la mayor pobreza es la falta de información. Las personas vulnerables no tienen recursos para comprar un periódico y muchas veces ningún diario llega a sus comunidades.
Por eso, el vínculo con la sociedad es la radio, medio que pasa a ser indispensable para esas comunidades, para saber qué ocurre en el país, en su región, en fin.
Por la importancia del tema, haré un poco de historia para llegar a este proyecto de ley que extiende plazos para la dictación del reglamento contemplado en la ley N° 20.433, que creó la categoría de radio comunitaria, publicada el 4 de mayo de 2010.
Además, esa ley derogó la subcategoría de radio de “mínima cobertura”, existente hasta ese entonces en la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones.
Los servicios de radios comunitarias, según la ley que les dio origen, estarán en manos exclusivamente de organizaciones sociales sin fines de lucro, a excepción de las corporaciones y fundaciones municipales, de las empresas y organismos del Estado, etcétera. Actualmente, varias municipalidades cuentan con radioemisoras comunitarias.
La ley N° 20.433 fijó un plazo de 120 días para que el Ministerio Secretaría General de Gobierno dictara un reglamento que regulara la aplicación de la ley. Sin embargo, el plazo no se cumplió, ya que su dictación demoró 391 días.
La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) contó con los mismos 120 días, que resultaron ser 391 días, para elaborar el reglamento de aplicación y el procedimiento para acogerse a la nueva ley. Sin embargo, demoró 30 días más, o sea, 421 días.
Publicado ese reglamento, entró en vigencia un plazo de 180 días para que los concesionarios -sólo organizaciones sociales- efectuaren las adecuaciones legales.
A la fecha, solo el 20 por ciento de las concesiones se ha cambiado al nuevo régimen, pero ese porcentaje corresponde a la cantidad de radios que debían transferirse, ya que el espíritu de la ley era que el restante 80 por ciento, actualmente en manos de empresas y municipios, volviera al Estado y quedara disponible para nuevas concesiones.
La Subtel, bajo el nuevo gobierno, ofició oportunamente a todos los actuales concesionarios que son empresas, para indicarles el procedimiento a seguir con el fin de acogerse a la nueva ley y no perder las concesiones. Se vulneró así el espíritu de la norma.
En la Región de La Araucanía y en varias otras, el traspaso de las concesiones a las organizaciones sociales se hizo hace varios meses, y solo están a la espera de la entrada en vigencia de la ley N° 20.433, que hoy se pretende modificar.
De prosperar esta modificación, se producirán los siguientes inconvenientes:
En primer lugar, la demora en un año más para la entrada en vigencia de la ansiada ley, que aún no se aplica.
En segundo lugar, como la ley N° 20.433 derogó la categoría de mínima cobertura, no es posible que la Subsecretaría de Telecomunicaciones ponga en trámite nuevas licitaciones. Si agregamos esa extensión de plazos, se dilata al menos hasta 2014 la posibilidad de nuevas concesiones para radios comunitarias, en circunstancias de que muchas organizaciones están a la espera de una oportunidad para postular.
Está bien establecer una extensión de plazos si la Subsecretaría de Telecomunicaciones necesita tiempo para ordenar la situación interna en temas administrativos, pero estimamos que no es conveniente prolongar esta situación durante un año a costa de radios comunitarias.
Sin embargo, hay aspectos positivos en esta modificación.
La ley N° 20.433 no aclaró en qué situación quedan las radios cuya concesión vence en el período entre la publicación de la ley y su entrada en vigencia. En consecuencia, no pueden renovar la concesión porque no existe la categoría de mínima cobertura, que fue derogada, ni de radio comunitaria, que aún no está vigente.
Por ello, la Subsecretaría de Telecomunicaciones está comunicando por oficio a los concesionarios que se encuentran en esa situación que deben finalizar sus operaciones por no contar con concesión vigente.
Con esta modificación, permanecen vigentes administrativamente hasta la entrada en vigencia definitiva de la ley N° 20.433.
Las radios comunitarias necesitan optimizar la ley para adecuarla aún más a la realidad, pero no en aspectos de plazos, si no en temas de libertad de expresión, de financiamiento y de sanciones.
Termino señalando que apoyaremos el proyecto, pero los temas pendientes debemos abordarlos legislativamente.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente , el proyecto es muy simple, amplía los plazos para la regulación de las radios comunitarias, las que, como ya se ha dicho claramente, cumplen una función muy positiva en los distritos que representamos, porque rescatan la identidad regional e impulsan el desarrollo comunitario.
Sin embargo, también tenemos que ser justos y reconocer que existen problemas al respecto.
En primer lugar, el contralor nos hizo una observación en la Comisión Investigadora de Funcionamiento de la Educación Superior, cual es que muchas leyes establecen la dictación de reglamentos para operar plenamente, los que lamentablemente no están listos en el plazo que la misma ley exige. Eso nos obliga a despachar constantemente modificaciones para soslayar los problemas que se nos van presentando por la falta de reglamentos, lo que contraviene el espíritu de las respectivas leyes.
En segundo lugar, comparto plenamente lo dicho por el diputado Sandoval, en cuanto a que los municipios de muchas comunas se han hecho cargo de esas radios. No obstante, hay que ser justos en reconocer que los alcaldes de turno, de Derecha, de Izquierda o de Centro, las consideran medios de propaganda política personal. Incluso, muchos de nosotros no tenemos acceso a ellas, lo que afirmo con conocimiento de causa.
Por lo tanto, tenemos que pensar que, además de que existe la necesidad de establecer un plazo y una regulación, también tenemos que preocuparnos del uso que se está dando a las radios comunitarias, fundamentalmente las que reciben apoyo económico con el dinero de todos los contribuyentes de una comunidad, como ocurre con las
radios que están bajo el alero de las municipalidades.
Estas son las observaciones que planteamos a este proyecto tan simple que, como dije, amplía plazos para la regulación de estas radios.
Sin embargo, tal como señaló el diputado Tuma, tendremos que analizar varias iniciativas a fin de regular totalmente la existencia de esas radios comunitarias, con el objeto de que permitamos que rescaten nuestra identidad regional, informen plenamente a la comunidad en que están insertas y tengan la importancia que merecen.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, agradezco a los colegas el respaldo transversal que han entregado al proyecto en sus discursos.
No puedo dejar de resaltar que soy el autor principal de la moción, pero debo decir públicamente que he tenido la colaboración de todos los diputados mocionantes. Me refiero a los señores Chahín , Farías , quien presidió la Comisión, García , Hales , Hasbún , Latorre , Lorenzini , Torres y la señora Carolina Goic .
Además, quiero precisar que el diputado Farías , en conjunto con el Ejecutivo , a través del subsecretario Jorge Atton , dieron todas las facilidades para agilizar la tramitación del proyecto y tratar armónicamente la iniciativa, ya que, seamos claros, el Gobierno perfectamente pudo recurrir a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones; pero todos sus miembros, a través de su presidente , el diputado Hasbún , estuvieron de acuerdo en enviar la moción a la Comisión de Ciencias y Tecnología, dado el recargo de trabajo que tienen en la comisión mencionada. Incluso, un diputado que
no es mocionante y que es miembro de la Comisión de Ciencias y Tecnología, me refiero a Ignacio Urrutia, se dio el tiempo para ir a la comisión a apoyar la iniciativa.
También debo aclarar que el plazo no se extenderá hasta 2014, sino que hasta mediados del próximo año. No puedo ser exacto en la fecha, porque la ley siempre habla de días, por lo tanto, se entiende que se refiere a días hábiles, lo que no permite precisar la fecha del término del plazo; no obstante, como dije, no va más allá de mediados del próximo año, pero nunca hasta 2014.
Por cierto, quedan pendientes algunos temas de fondo, pero todos estamos dispuestos a resolverlos, tal como se ha expresado en la Sala.
Por último, anunciamos nuestro apoyo a la iniciativa y agradecemos públicamente el respaldo que nos están dando las distintas bancadas.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley que extiende los plazos de los servicios de radiodifusión comunitaria para adecuarse a la normativa en materia de concesiones.
Hago presente a la Sala que todas sus normas son de ley simple o común.
El señor VARGAS.- Señor Presidente, me inhabilito para votar.
El señor MELERO (Presidente).- En votación general el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
El señor DELMASTRO.- Elimine mi voto, señor Presidente. Estoy pareado.
El señor MONCKEBERG ( don Cristián) .- Por igual razón, solicito lo mismo.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MELERO (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto también queda aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
-Se eliminan los votos de los diputados señores Roberto Delmastro y Cristián Monckeberg, por estar pareados y el del diputado señor Orlando Vargas, por haberse inhabilitado.
PROYECTO APROBATORIO DEL ACUERDO ENTRE CHILE Y EMIRATOS ÁRABES UNIDOS SOBRE SERVICIOS AÉREOS. Primer trámite constitucional.
El señor MELERO ( Presidente ).-
Señores diputados, en la Tabla figuran cuatro proyectos que aprueban acuerdos sobre servicios aéreos entre Chile y otros países. Como los diputados informantes de esas iniciativas serán los mismos, propongo que se rindan todos los informes de una vez y se realice una discusión conjunta de los proyectos.
Se trata de los proyectos aprobatorios de los acuerdos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, sobre servicios aéreos, suscrito en Santiago el 13 de noviembre de 2010; entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Estado de Kuwait y su Anexo, sobre servicios aéreos, suscrito en Santiago el 27 de julio de 2010; entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Popular de China sobre servicios aéreos, suscrito en Singapur el 13 de noviembre de 2009, y entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Malasia y su Anexo, sobre servicios aéreos, suscrito en Kuala Lumpur, Malasia, el 14 de abril de 2010.
¿Habría acuerdo para proceder de esta forma?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente , en su última sesión, la Comisión de Relaciones Exteriores tomó el acuerdo de que dos de esos proyectos fueran informados por el diputado José Manuel Edwards y los otros dos, por quien habla.
Por lo tanto, señor Presidente, pido que solicite a la Sala la autorización para actuar en conformidad con esa resolución.
El señor MELERO ( Presidente ).-
Señor diputado , hay acuerdo para proceder así.
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, los proyectos de acuerdo ya señalados.
Diputados informantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana son los señores René Saffirio y José Manuel Edwards, en conformidad con el acuerdo señalado, y de la Comisión Hacienda es el señor Alberto Robles.
a) Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 7884-10, sesión 75ª, en 30 de agosto de 2011. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 89ª, en 4 de octubre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 15.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 117ª, en 29 de noviembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 7.
b) Antecedentes:
-Mensaje, boletín 7885-10, sesión 75ª, en 30 de agosto de 2011. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 89ª, en 4 de octubre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 16.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 117ª, en 29 de noviembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 8.
c) Antecedentes:
-Mensaje, boletín 7919-10, sesión 81ª, en 8 de septiembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 89ª, en 4 de octubre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 13.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 117ª, en 29 de noviembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 4.
d) Antecedentes:
-Mensaje, boletin 7920-10, sesión 81ª, en 8 de septiembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 89ª, en 4 de octubre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 14.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 117ª, en 29 de noviembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 6.
El señor MELERO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO (de pie).-
Señor Presidente , en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores , Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, me corresponde informar sobre el proyecto que aprueba el acuerdo de servicios aéreos entre el Gobierno de la Republica de Chile y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, suscrito en Santiago, el 13 de diciembre de 2010.
Asimismo, informaré un acuerdo de igual naturaleza, suscrito entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de la República Popular China, suscrito en Singapur, el 13 de noviembre de 2009.
Estos proyectos de acuerdo se encuentran sometidos a la consideración de la honorable Cámara, en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de “simple”, de conformidad con lo establecido en los artículos 32 N° 15 y 54 N° 1 de la Constitución Política de la República.
Como señalan sus mensajes, tienen por objeto facilitar el desarrollo de una política aerocomercial que ha seguido nuestro país desde hace varias décadas, con el fin de conseguir la mayor apertura de cielos con los demás países.
En el estudio de este proyecto de acuerdo, conjuntamente con el suscrito con la República Popular China, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del subsecretario de Relaciones Exteriores , de la asesora del Departamento de Inversiones, Servicios y Transporte Aéreo de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería ( Direcom ), y del jefe del Subdepartamento Internacional del Departamento Jurídico de la Direcom .
El señor subsecretario de Relaciones Exteriores , además de refrendar los fundamentos de los mensajes que les dan origen, explicó que estos acuerdos corresponden al tipo de convenio de transporte aéreo denominado de cielos abiertos y su celebración obedece a la política aerocomercial que ha seguido nuestro país desde hace varias décadas, cuyo objeto ha sido conseguir la mayor apertura de cielos con los demás países y así lograr los objetivos que informan dicha política, esto es, el libre ingreso a los mercados, la libertad de tarifas y la mínima intervención de la autoridad reguladora.
Señaló, asimismo, que los Convenios con los Emiratos Árabes Unidos y la República Popular China están entre los más abiertos que se han negociado, se enmarcan plenamente en los objetivos de la política aérea chilena y han sido muy útil como precedente para las negociaciones de convenios bilaterales de cielos abiertos con otros países de esa región, como Kuwait y Bahrein, que posteriormente han aceptado una apertura de similar naturaleza.
Destacó que los beneficiados con este tipo de convenios son los pasajeros de nuestro país y desde y hacia Chile, la carga chilena y la de importación y las compañías aéreas chilenas, así como el intercambio comercial, que ven aumentadas sus posibilidades mejorando la conectividad del país con estas ricas regiones del planeta.
Agregó que tanto estos convenios como el de Kuwait contemplan todos los derechos de tráfico para las dos partes, incluyendo el cabotaje, y favorecen a la inversión extranjera al no exigir que la propiedad sustancial y el control efectivo de las empresas aéreas se encuentren en manos de la parte que designa a las líneas aéreas o de sus nacionales.
Por su parte, las señoras diputadas y señores diputados presentes expresaron unánimemente su decisión favorable a la aprobación de estos proyectos de acuerdo, que vienen a ratificar el objetivo estratégico del país, cuya finalidad es obtener la mayor apertura de cielos con los demás países y así lograr el libre ingreso a los mercados, la libertad de tarifas y la mínima intervención de la autoridad reguladora o aerocomercial.
Por ello, por 8 votos a favor, ninguno en contra y cero abstención, prestaron su aprobación a los proyectos de acuerdo en informe, los diputados señores Bauer, don Eugenio ; Delmastro, don Roberto ; Edwards, don José Manuel ; Jarpa, don Carlos Abel ; Moreira, don Iván ; Tarud, don Jorge , Teillier, don Guillermo y el diputado que informa.
Por último, me permito hacer presente que vuestra Comisión no calificó como normas de carácter orgánico o de quórum calificado ningún precepto contenido en estos proyectos de acuerdo. Sin embargo, determinó que sus preceptos deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, por tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.
Concluyo señalando que, respecto del Acuerdo suscrito entre el Gobierno de Chile y la República Popular China, existen normas diferenciadoras, que cito para no inducir a error a la honorable Cámara.
El Acuerdo suscrito entre Chile y China corresponde al tipo de convenio denominado liberal; si bien no es de cielos abiertos totales, su celebración obedece a la conveniencia que la relación aerocomercial con un país de la importancia de China tenga la certeza jurídica que otorga un Acuerdo bilateral, a la necesidad de modernizar el acuerdo vigente que data desde 1996, que ha quedado desactualizado, y a la coherencia necesaria de mantener con la política aerocomercial que ha seguido nuestro país desde hace más de veinte años, con el fin de obtener la mayor apertura de cielos con los demás países y así lograr los objetivos que informan dicha política: el libre ingreso a los mercados, la libertad de tarifas y la mínima intervención de la autoridad reguladora o aerocomercial.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).-
Corresponde rendir el informe del proyecto aprobatorio del Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Estado de Kuwait y su Anexo, suscrito en Santiago, el 27 de julio de 2010, y el que aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Malasia y su Anexo, suscrito en Kuala Lumpur, Malasia, el 14 de abril de 2010.
Tiene la palabra el diputado informante .
El señor EDWARDS (de pie).-
Señor Presidente , como lo acordó esta Sala, voy a proceder a informar dos proyectos de acuerdo. Ambos no son exactamente iguales, por lo tanto, haré la salvedad que corresponde para no inducir a error a la honorable Cámara.
En mi calidad de diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores , Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana paso a informar sobre los proyectos de acuerdo que aprueban el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la Republica de Chile y el Gobierno del Estado de Kuwait y su Anexo, suscrito en Santiago, el 27 de julio de 2010, y el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Malasia y su Anexo, suscrito en Kuala Lumpur, el 14 de abril de 2010.
Ambos proyectos de acuerdo se encuentran sometidos a la consideración de la honorable Cámara, en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de “suma”, de conformidad con lo establecido en los artículos 32 N° 15 y 54 N° 1, de la Constitución Política de la República.
Como lo señala el propio mensaje que lo acompaña, corresponde al tipo de Convenio de transporte aéreo denominado de cielos abiertos. En el caso de Malasia, haré algunas especificaciones por existir diferencias.
Su celebración obedece a la política aerocomercial que ha seguido nuestro país desde hace varios años, con el fin de conseguir la mayor apertura de cielos con los demás países y así lograr los objetivos que informan dicha política, esto es, el libre ingreso a los mercados, la libertad de tarifas y la mínima intervención de la autoridad reguladora.
Los acuerdos constan de un Preámbulo, donde las partes manifiestan los propósitos que los animaron a suscribirlos. Veintidós artículos conforman su cuerpo principal y un anexo y han sido refrendados por vuestra Comisión y constan en los informes que tienen en su poder los honorables colegas.
En el estudio de estos proyectos de acuerdo, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del subsecretario de Relaciones Exteriores , Fernando Schmidt Ariztía , de la asesora del Departamento de Inversiones, Servicios y Transporte Aéreo de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, señora Daniela Montañola Martner , y del jefe del Subdepartamento Internacional del Departamento Jurídico de la Direcom , señor Felipe Lopeandía Wielandt .
El señor subsecretario de Relaciones Exteriores , además de refrendar los fundamentos del mensaje que le dan origen, explicó que estos Acuerdos corresponden al tipo de Convenio de transporte aéreo denominado de cielos abiertos y su celebración obedece a la política aerocomercial que ha seguido nuestro país desde hace varias décadas.
Señaló, asimismo, que el Convenio con Kuwait está entre los más abiertos que se han negociado, se enmarca plenamente en los objetivos de la política aérea chilena y ha sido muy útil como precedente para las negociaciones de convenios bilaterales de cielos abiertos con otros países todavía reticentes a aceptar aperturas de esta naturaleza.
Destaco que los beneficiados con este tipo de convenios son los pasajeros chilenos desde y hacia Chile, la carga chilena, la importación y compañías aéreas nacionales, así como el intercambio comercial, que ven aumentadas sus posibilidades, mejorando la conectividad del país con esa región tan rica en recursos naturales.
Agregó que, tanto este Convenio como el de los Emiratos Árabes Unidos contemplan todos los derechos de tráfico para las dos partes, incluyendo el cabotaje y favorecen la inversión extranjera al no exigir que la propiedad sustancial y el control efectivo de las empresas aéreas se encuentren en manos de la parte que designa a las líneas aéreas o de sus nacionales.
Con su permiso, señor Presidente, entregaré información a la Sala sobre las particularidades respecto del acuerdo con el Gobierno de Malasia.
Con ese país, como señala el mensaje, el acuerdo abre, sin restricciones en cuanto a número de vuelos y puntos de operación, las 3ª, 4ª, 5ª y 6ª libertades, es decir, los principales derechos aerocomerciales.
La 5ª libertad permitirá a las empresas chilenas prolongar hasta Malasia sus actuales vuelos a Nueva Zelanda y Australia, pudiendo transportar tráfico hacia ese país desde Nueva Zelanda , Australia, Brunei y Singapur, porque con esos cuatro países de dicha Región Chile tiene acuerdos que permiten la 5ª libertad, lo que facilita una operación entre nuestro país y Malasia .
Por su parte, la 6ª libertad permitirá a las empresas chilenas conectar en Santiago tráfico a Malasia proveniente desde toda su red de rutas. Lo mismo vale para vuelos cargueros.
En virtud de este acuerdo, Malaysian Airline , que cuenta con más de cien aeronaves de gran tamaño, podrá operar a Isla de Pascua , con tráfico turístico desde el oriente, y prolongar hasta Santiago sus actuales vuelos vía Sudáfrica que llegan a Buenos Aires.
El resultado de las negociaciones fue ratificado posteriormente por autoridades superiores de Malasia, con lo que entraron en vigencia provisional los derechos acordados.
Para el caso de ambos proyectos de acuerdo, los señores y las señoras diputadas se pronunciaron favorablemente por unanimidad. Esto viene a ratificar el objetivo estratégico de nuestro país, que tiene por finalidad obtener la mayor apertura de cielos con los demás países y así lograr el libre ingreso a los mercados, la libertad tarifaria y la mínima intervención de la autoridad reguladora o aerocomercial.
Por ello, por 8 votos a favor, ninguno en contra ni abstenciones, prestaron su aprobación al proyecto de acuerdo en informe los señores Bauer, don Eugenio ; Delmastro, don Roberto ; Jarpa, don Carlos Abel ; Moreira, don Iván ; Saffirio, don René ; Tarud, don Jorge ; Teillier, don Guillermo , y quien informa.
Por último, me permito hacer presente que vuestra Comisión no calificó como norma de carácter orgánico o de quórum calificado ningún precepto contenido en los proyectos de acuerdo. Sin embargo, determinó que sus preceptos deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, por tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado, en especial en lo que dice relación con exenciones de derechos de aduana y tasas que ellos contienen.
Es cuanto puedo informar a la Sala.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor ROBLES (de pie).-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Hacienda paso a informar los proyectos de acuerdo que aprueban los Convenios de Servicios Aéreos entre el Gobierno de Chile y los gobiernos de los Emiratos Árabes Unidos, del Estado de Kuwait y su Anexo, de la República Popular China y de Malasia y su Anexo.
Durante el análisis de los convenios asistieron a la Comisión la señora Daniela Montañola , asesora del Departamento de Servicios, Inversiones y Transporte Aéreo de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el asesor de la misma Dirección, señor Patricio Balmaceda .
La descripción de los diferentes convenios se encuentra consignada en los respectivos informes emitidos por la Comisión y que los señores tienen a la vista en sus pupitres.
En el debate de la Comisión, que abordó conjuntamente el análisis de los referidos convenios, la señora Montañola hizo presente que los cuatro acuerdos internacionales en estudio se hallan completamente en línea con la política de cielos abiertos que sustenta Chile con respecto al transporte aéreo.
Dos de dichos convenios, los celebrados con Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, son de cielos abiertos totales, lo cual significa que admiten un número ilimitado de frecuencias y abarcan todo el abanico de posibilidades de realizar vuelos, incluyendo el cabotaje. Los restantes, los suscritos con Malasia y China, son algo más restringidos, pero igualmente positivos para nuestro país.
En respuesta a diversas consultas de los diputados en la Comisión de Hacienda, la asesora precisó que los derechos de tráfico aéreo que se negocian en este tipo de convenios incluyen las libertades técnicas (1ª y 2ª) y las libertades comerciales (3ª, 4ª y 5ª), todas ellas establecidas en el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, de 1944, también conocido como el Convenio de Chicago, y otras libertades (6ª, 7ª, 8ª y 9ª).
A modo de información general, la 1ª libertad es el derecho a sobrevolar el territorio de la contraparte, sin aterrizar. La 2ª libertad permite aterrizar en el territorio de la contraparte por razones técnicas, sin fines comerciales. La 3ª y 4ª libertades dan derecho a transportar pasajeros y carga entre los Estados partes. La 5ª libertad permite transportar pasajeros y carga entre el territorio de la contraparte y un tercer país, partiendo desde territorio propio. La 6ª libertad da derecho a efectuar el transporte aéreo entre los Estados partes, partiendo desde un tercer país ajeno al convenio. La 7ª libertad permite efectuar tráfico aéreo comercial entre el territorio de la contraparte y un tercer país, sin pasar por territorio propio. La 8ª libertad es el derecho a efectuar cabotaje entre dos puntos del territorio de la contraparte, como continuación de un vuelo internacional, partiendo desde el país de la aerolínea. La 9ª libertad es, por último, el derecho a efectuar vuelos internos en el territorio de la contraparte, sin que sean continuación de un vuelo internacional.
Lo anterior nos costó entenderlo en la Comisión; pero, finalmente, después de varias explicaciones de la señora Montañola , logramos resumir estas libertades.
La asesora especificó luego que los convenios con Emiratos Árabes Unidos y Kuwait incluyen las nueve libertades, sin limitación alguna de frecuencias, equipos o carga; el acuerdo con Malasia incluye hasta la sexta libertad, mientras que el convenido con China incluye hasta la cuarta libertad sin limitaciones, a las que se agregan 7 frecuencias de pasajeros y 14 de carga en quinta libertad. En este caso, se adquirió el compromiso de que un año después de la negociación, verificada en mayo de 2009, se volverían a reunir las autoridades para ampliar el convenio. En diciembre próximo se efectuará una nueva reunión para modificar el Anexo, que no es necesario someter a la aprobación del Congreso.
Consultada sobre la posibilidad de que nuestro país otorgue más libertades que alguno de los Estados con los que ha celebrado este tipo de convenios, la asesora señora Montañola expresó que, según el Código Aeronáutico, Chile se rige por el principio de cielos abiertos totales, a menos que no obtenga reciprocidad. Por lo tanto, si algún país no le da acceso a cabotaje, por ejemplo, Chile tampoco se lo dará.
Hay, sin embargo, algunas asimetrías en ciertos acuerdos internacionales, como es el caso del suscrito con Perú, donde nuestro país tiene 28 frecuencias en 5ª libertad y ellos, 42, lo cual se debe a la forma en que se han desarrollado las relaciones entre ambas naciones.
En todo caso, entre los países miembros de la Organización de Aviación Civil Internacional, Chile se ubica entre los pioneros en materia de acuerdos de cielos abiertos.
Interrogada acerca de la semejanza entre los distintos convenios de servicios aéreos celebrados por Chile, sostuvo la asesora que la principal diferencia entre ellos es el cuadro de rutas contenido en el Anexo, que dice relación con el número de frecuencias y otras materias.
Con respecto a los costos asociados a estos acuerdos internacionales, precisó que todos los convenios de servicios aéreos tienen dos beneficios: uno consistente en la exención de derechos aduaneros por la internación de repuestos o piezas de aeronaves que vayan a ser reparadas en el país de destino, pues no tiene sentido desaduanar elementos que van a ser reexportados, en la medida que lo sean, y, otro, consistente en la exención de derechos aduaneros por el combustible ingresado al país de destino, salvo el que se cargue en éste para hacer cabotaje interno.
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento de los referidos Convenios por tener, eventualmente, incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.
Teniendo presente los antecedentes de las iniciativas y las consideraciones expuestas en la Comisión, luego de revisar los artículos pertinentes y sometido a votación el artículo único de los proyectos de acuerdo propuestos por la Comisión técnica, fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes.
Tratado y acordado en sesión de fecha 23 de noviembre de 2011, con la asistencia de los diputados señores Godoy, don Joaquín ( Presidente ); Auth, don Pepe ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Ortiz, don José Miguel ; Robles, don Alberto; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto , y Von Mühlenbrock, don Gastón .
Es cuanto puedo informar a esta Sala.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
En discusión los proyectos de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado Patricio Hales.
El señor HALES.-
Señor Presidente , por supuesto, llamo a votar a favor estos proyectos de acuerdo. Pero quiero referirme en particular a la importancia que tiene la firma del proyecto aprobatorio del Acuerdo, suscrito el año 2010, entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Emiratos Árabes.
En Chile conocemos poco de los Emiratos Árabes, ni siquiera saben mucho de ellos las autoridades de Gobierno. Hoy se está firmando un convenio con un país que tiene más de 4 millones 300 mil habitantes pero si uno entra a la página de ProChile y ve los antecedentes sobre los Emiratos Árabes, señalan que tiene 2 millones y tanto-, que tiene un producto bruto gigantesco, que maneja el 8 por ciento de las reservas mundiales de petróleo, que está interesado en adquirir productos chilenos. Actualmente, compra madera, salmones, manzanas frescas, kiwis, vino, peras frescas, ciruelas, chocolates, frutos secos, telares, yodo, pasas, en fin, y sabemos muy poco de los Emiratos Árabes.
Por eso, tenemos que hacer un esfuerzo no sólo para aprobar este proyecto de acuerdo, sino para conocer más sobre países respecto de los cuales no estamos muy informados, lo que por su lejanía es muy comprensible.
Necesitamos que los órganos de Gobierno sean activos promotores del comercio con estos países, porque, además, son de paz. Es interesante que los propios Emiratos Árabes manifiestan, a través de declaraciones oficiales, que ellos no solo trabajan por la paz, sino que creen que la paz justa y duradera en los conflictos del cercano Oriente se logrará cuando termine la ocupación militar de los territorios palestinos por disposición del Gobierno de Israel; además, respaldan el fin de la ocupación israelí y el establecimiento de un Estado Palestino independiente con Jerusalén como capital.
Son países respecto de los cuales nuestra ignorancia es grande. Son muy jóvenes. A veces, imaginamos estos países solo a partir de las leyendas de Las Mil y Una Noche o de fantasías de algún sheih que haya viajado por Europa, haciendo ostentaciones vergonzosas en algunos escándalos públicos. Sin embargo, son países muy serios. Podemos ver lo que han hecho en materia de tecnolo-gía y de industrialización. Hasta 1971 estuvieron sometidos al Imperio Británico; la organización de esos países es reciente y, para entenderlos, debemos mirarlos desde esa óptica. Nuestros juicios no pueden ser iguales. No es lo mismo juzgar el comportamiento de lo que pueda ocurrir en la institucionalidad política inglesa cuando la Carta Magna fijó derechos a los Comunes sobre la autoridad en el 1215. En cambio, aquí ese mismo Imperio Británico tenía sometido a estos Estados federados ya en 1853. En 1892, a través de acuerdos militares, el Reino Unido se llamaba el Protector Militar y los territorios eran Parte del Protectorado.
Recién, en diciembre de 1971, seis de ellos: Abu-Dhabi , Ajman , Dubai , Fujairah, Ra´s al-Khaimah, Shrarjah y Umm, se unieron para formar los Emiratos Árabes.
La Cámara de Diputados y nuestros propios Gobiernos, se han informado poco sobre estos Emiratos. No saben que cada Estado tiene su propio gobernante. Los Emiratos Unidos forman este Estado federado.
No voy a dar más datos sobre el producto bruto, porque es muy posible que sea conocido. No obstante, quiero destacar que los Emiratos Árabes, en este momento, hacen un enorme esfuerzo para llevar adelante un gran proceso de reforma política para aumentar la participación de la ciudadanía.
Es distinto juzgar la institucionalidad de un Estado que creó órganos de representación en los siglos XIII o XIX, a otro que recién se han independizado. O sea, tenemos que entender que esos Estados partieron en 1971.
En este proceso de modernización política, ellos han diseñado tres fases: la primera, la elección de la mitad de los miembros del Consejo Federal Nacional, a través del colegio electoral; la segunda, la ampliación de los poderes de ese Consejo y el aumento del número de sus miembros y, la tercera, la elección abierta para la mitad del Consejo, a fin de hacer de la institución política un organismo más autorizado.
Se están dando pasos importantes. Valoro los esfuerzos de paz que están haciendo los Emiratos Árabes y lo quiero destacar acá. Otra cosa importante que realizan son las ayudas internacionales. Trabajan en programas de agencias regionales. Su dinero no es para desarrollar actividades exóticas, ni para el paseo de sus autoridades por la Costa Azul, ni por La Rivière, ni, en general, por los países europeos. Su gente es de trabajo, sus líderes son enormemente respetados en la Liga de los Estados Árabes; tienen autoridades de mucho peso, las que alguna vez nos han visitado; hemos conocido personalmente y recibido en el Congreso Nacional a su embajador y cónsul.
Por eso, nos sentimos orgullosos de contribuir a reforzar nuestra amistad con ellos y, por supuesto, queremos que recojan nuestra voluntad en tal sentido, que llevemos a cabo todas las relaciones posibles y que nos visitemos mutuamente, para conocer mejor nuestras realidades. De esa forma nos transformaremos en voceros de esta gente de paz.
Esos países están entregando una enorme ayuda, a través de la Fundación del Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo, de la Media Luna Roja, que es equivalente a la Cruz Roja de nuestro país, de la Fundación Benéfica y Humanitaria Saieh, de la Fundación Khalifa bin Saieh, de la Fundación para las Mujeres Refugiadas Fátima bin Mubarak , la Fundación Benéfica Mohammed bin Rashid y la Fundación Humanitaria y Benéfica Char Já. Además, destinan millones de dólares para materializar distintas formas de ayuda humanitaria.
El incremento del ingreso per cápita que han experimentado estos países ha sido significativo, al punto de que están considerados entre los 25 primeros países del mundo por este concepto. No nos conviene seguir manteniendo nuestra ignorancia y distanciamiento de ellos.
Por eso, mis palabras están orientadas a insistir en que es necesario informarnos mejor, a llamar a los colegas a que voten a favor este proyecto de acuerdo y a promover todo lo relacionado con visitas mutuas entre nuestros países.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente , el 23 de noviembre pasado, después de esa maratónica sesión que comenzó el 21 y terminó pasadas las tres de la madrugada del 22 de noviembre, la Comisión de Hacienda celebró sesión ordinaria, como ocurre todos los martes y miércoles en la tarde, en la cual acordamos tratar en conjunto los cuatro convenios sobre servicios aéreos que la Comisión de Relaciones Exteriores sometió a consideración de nuestra Comisión.
Quiero dejar en claro varias cosas. En esa sesión, tuvimos la oportunidad de escuchar las excelentes intervenciones de dos personas expertas en el tema: el asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Patricio Balmaceda , que lleva muchísimos años desempeñando ese cargo, y la señora Daniela Montañola , asesora del Departamento del Servicio de Inversiones y Transporte Aéreo de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de dicho Ministerio.
Como para este Poder del Estado resulta complicado aprobar este tipo de convenios, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley es conveniente dejar en claro todos sus aspectos.
Acabamos de escuchar una muy buena exposición del colega Patricio Hales sobre la materia.
Los cuatro acuerdos internacionales sobre servicios aéreos que estamos discutiendo en primer trámite constitucional están completamente en línea con la política de cielos abiertos que ha seguido nuestro país respecto del transporte aéreo.
También quiero dejar claro que dos de estos acuerdos, los celebrados con los Emiratos Árabes Unidos y con Kuwait, corresponden al tipo de convenios de cielos abiertos, lo que significa que admiten un número ilimitado de frecuencias y abarcan todo el abanico de posibilidades para realizar vuelos, incluyendo el cabotaje. En cambio, los otros dos acuerdos: los suscritos con la República Popular China y con el Gobierno de Malasia, son un poco más restringidos, pero igualmente positivos para nuestro país.
¿Por qué expreso esto? Porque hay nueve libertades -lo aprendimos en la discusión de los acuerdos- que se negocian cuando se celebran convenios sobre servicios aéreos entre dos países. Las nueve libertades están consideradas en los convenios con los Emiratos Árabes Unidos y con Kuwait, pero no en los dos restantes. Por eso, quiero abundar un poco en esta materia.
La 1ª y 2ª se refieren a las libertades técnicas; la 3ª, 4ª y 5ª son las libertades comerciales, todas ellas incluidas en el Acuerdo sobre Aviación Civil Internacional, de 1944, conocido también como Convenio de Chicago. La 6ª libertad da derecho a sobrevolar el territorio de la contraparte sin aterrizar. El Acuerdo con Malasia solo incluye hasta la 6ª libertad y el Acuerdo con China, solo hasta la 4ª, sin limitaciones. En 2009, se iniciaron las negociaciones y se acordó que en este mes de diciembre se analizará si en estos acuerdos de servicios aéreos con China y Malasia se puede llegar a las nueve libertades.
También se analizó esta posibilidad en el caso específico de un país limítrofe como Perú. A pesar de que mi querido amigo, el diputado Alberto Robles , informante de la Comisión de Hacienda, ya lo hizo, quiero abundar en este tema, a fin de aclarar cualquier duda que tengan nuestros colegas.
Chile se rige por el principio de cielos abiertos totales, a menos que, como es lógico, no exista reciprocidad de la contraparte. Por lo tanto, si un país no permite el cabotaje, nuestro país tampoco lo hará. Sin embargo, subsisten asimetrías en ciertos acuerdos internacionales, como el suscrito con Perú, según el cual nuestro país tiene 28 frecuencias en 5ª libertad; en cambio, Perú tiene 42. Es decir, nos están ganando por 14 frecuencias, lo que se debe a la forma en que se han desarrollado las relaciones entre ambos países. Hago votos para que se aproveche esta oportunidad porque Chile y Perú son países miembros de la Organización de Aviación Civil Internacional y, en este aspecto, nuestro país está entre los pioneros en materia de acuerdos de servicios aéreos de cielos abiertos.
Todas las conversaciones que se están llevando a cabo a nivel diplomático entre Chile y Perú deben llegar a feliz puerto, para lograr que haya simetría. ¿Por qué digo esto? Porque algunos creen que estos acuerdos internacionales implican aumento de los gastos; pero, es al revés, porque generan dos beneficios muy especiales. Uno, la exención de derechos aduaneros por la internación de repuestos o piezas de aeronaves que vayan a ser reparadas en el país de destino, porque no tiene sentido desaduanar elementos que van a ser reexportados (en la medida que lo sean). El otro, consiste en la exención de derechos aduaneros por el combustible ingresado al país de destino, salvo el que se cargue en éste para hacer cabotaje interno.
Después de analizar a fondo estos cuatro acuerdos sobre servicios aéreos, todos los parlamentarios que participamos activamente en la Comisión de Hacienda llegamos a una conclusión muy clara: que son positivos para nuestro país porque se relacionan con el transporte aéreo de cielos abiertos y permiten aprovechar los tratados y acuerdos comerciales que hemos celebrado con diversos países. Con este tipo de acuerdos tenemos más posibilidades, especialmente los productores para exportar sus productos.
Por eso, tomamos la decisión unánime de aprobar estos cuatro acuerdos aéreos.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , celebro este acuerdo entre Chile y los Emiratos Árabes Unidos, con el que se sigue nuestra política de cielos abiertos y, además, favorece la inversión extranjera en nuestro país.
Siempre he sido partidario de que la diplomacia chilena se abra al mundo árabe, no sólo porque tengo ancestros en ese mundo, sino porque principalmente creo que el eje ha cambiado. No sólo el Asia-Pacífico, sino que también los países del mundo árabe están teniendo una relevancia cada vez más importante y es vital para los intereses nacionales que Chile aumente su presencia diplomática en esos países.
Felizmente, en los Emiratos Árabes tenemos representación diplomática, pero tenemos muchos embajadores concurrentes; por ejemplo, nuestro embajador en Turquía es concurrente de muchos países árabes que tienen una gran relevancia en el contexto mundial. Por lo mismo, tal como he señalado en innumerables ocasiones en Incidentes, demando que Chile aumente su representación diplomática en esos países, aunque siempre se me ha respondido que existen problemas de recursos y Chile debe reevaluar su política exterior y sus representaciones diplomáticas, pero este tipo de convenios, que producen mayor interrelación comercial con esos países, permitirá que llegue mayor inversión extranjera.
Estos convenios han sido fruto de muchos viajes de ex presidentes de la República . Por ejemplo, el ex presidente Frei visitó gran parte del mundo durante su mandato y fue muy criticado por eso, pero hoy día ello está rindiendo frutos y es importante que Chile mire hacia el mundo árabe.
He sido criticado por mi amistad con Irán, país catalogado de terrorista por muchos, pero más allá de esas consideraciones, se trata de un país con una población de más de 75 millones de habitantes.
Podré tener mis aprensiones en materia nuclear y otras, pero Irán es un país importante y Chile no puede negarse a dialogar con países de esa área, porque dialogar no significa refrendar una política u otra, sino que acercar a los pueblos y conocerlos primero, las naciones no pueden tener relaciones diplomáticas si no se conocen los pueblos. Eso es lo que hemos tratado de hacer con nuestra diplomacia parlamentaria.
Felicito este acuerdo, que permitirá a nuestro país una mayor inversión extranjera y más conocimiento del mundo árabe.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.-
Señor Presidente , es importante para nuestro país el convenio entre la República de Chile y los Emiratos Árabes. Los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra han señalado su trascendencia, sobre todo porque se sigue la política de cielos abiertos, que permitirá mayor inserción de Chile en el mundo globalizado, especialmente con las economías de Europa y de Asia.
Como lo hice en la Comisión de Relaciones Exteriores, daré mi aprobación al convenio, el que será aprobado también por los diputados de la bancada del Partido Radical.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre los proyectos de acuerdo de la siguiente forma:
El señor MELERO ( Presidente ).-
Se votarán conjuntamente los proyectos aprobatorios de acuerdos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos; entre el Gobierno de Chile y el Gobierno del Estado de Kuwait, y su Anexo, y entre el Gobierno de Chile con el Gobierno de Malasia, y su Anexo, relativos a Servicios Aéreos entre los gobiernos mencionados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 2 abstenciones
El señor MELERO (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MELERO (Presidente).-
Despachado los proyectos de acuerdo.
A petición del diputado señor Jorge Burgos, se votará separadamente el proyecto aprobatorio del Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Popular China.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 6 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MELERO (Presidente).-
Despachados los proyectos de acuerdo.
INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DEL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Corresponde tratar el informe de la Comisión Investigadora del Seguimiento del Proceso de Reconstrucción Nacional.
Diputado informante es el señor Celso Morales.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Investigadora sobre Seguimiento del Proceso de Reconstrucción Nacional, Sesión 78ª, en 6 de septiembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 8.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra su señoría.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , al inicio de la sesión pregunté a qué hora terminaba el Orden del Día, se me informó que a las 12.12 o 12.14. Deseo que me confirme esa información.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Diputado señor Ortiz, el Orden del Día termina a las 12.26 horas.
El señor ORTIZ.- Es decir, hay tiempo para rendir el informe.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Así es, señor diputado .
El señor HALES.- Señor Presidente, cuestión de Reglamento.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra su señoría.
El señor HALES.- Señor Presidente , yo leí el informe y fui miembro de la Comisión Especial Investigadora del Seguimiento del Proceso de Reconstrucción Nacional.
El Presidente de la Comisión ha hecho un muy buen trabajo y sería una pena que faltando apenas veinte minutos para el término del Orden del Día, hiciéramos un intento de aprobación rápida de un informe sobre la reconstrucción, tema que aún está latente en la opinión pública.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Diputado señor Hales, se rendirá el informe y puede quedar pendiente el debate.
El señor HALES.- ¿Podemos establecer que se haga la discusión en la sesión del martes?
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Eso lo determina la Mesa. No puedo asegurarlo.
El señor HALES.- Señor Presidente , ¿puede registrar mi proposición de que se discuta el martes?
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Eso dependerá de las urgencias. No puedo responderle en este momento.
El señor HALES.- Señor Presidente, ¿puede conversarlo con los otros miembros de la Mesa?
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Lo haré el lunes, señor diputado .
El señor HALES.- Muchas gracias, señor Presidente.
El señor ULLOA.- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra su señoría.
El señor ULLOA.- Señor Presidente, respecto de este informe, quiero consultar si hay acuerdo para despacharlo. Es importante la pregunta del diputado Hales…
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- No hay acuerdo, señor diputado .
El señor ULLOA.- Gracias, señor Presidente.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Celso Morales, informante de la Comisión Investigadora sobre el Seguimiento del Proceso de Reconstrucción Nacional.
El señor MORALES (de pie).- Señor Presidente , me corresponde informar acerca del trabajo efectuado por la Comisión Investigadora sobre el Seguimiento del Proceso de Reconstrucción Nacional, integrada por la diputada señora Clemira Pacheco y los diputados señores Pedro Álvarez Salamanca , Cristián Campos , Romilio Gutiérrez , Patricio Hales, Juan Carlos Latorre , José Pérez , Jorge Sabag , Alejandro Santana , Frank Sauerbaum , Jorge Ulloa , Enrique Van Rysselberghe y Celso Morales.
La Comisión inició su trabajo el 3 de agosto de 2010, realizó 35 sesiones y emitió un informe preliminar el 8 de marzo del año en curso, con la información recopilada y las diligencias pendientes. La Sala prorrogó su mandato hasta el 5 de septiembre último.
La Comisión centró su atención en recibir antecedentes de las autoridades encargadas de la ejecución del Plan de Emergencia y de reconstrucción tanto de viviendas como de caletas y de infraestructura pública y de demolición de edificios, para lo cual asistieron las siguientes personas:
Cristóbal Lira Ibáñez , ex director Ejecutivo del Comité de Emergencia del Ministerio del Interior ; Magdalena Matte Lecaros , ex ministra de Vivienda y Urbanismo ; Rodrigo Galilea Vial , intendente de la Región del Maule ; Rodrigo Ubilla Mackenney , ministro del Interior Subrogante ; Miguel Flores Vargas , subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo ; alcaldes de Talcahuano, Tomé y Maule, señores Gastón Saavedra Chandía , Eduardo Aguilera Aguilera e Iván Riveros Silva , respectivamente; Vicente Núñez Pinochet , director de la Oficina Nacional de Emergencia; Ramiro Mendoza Zúñiga , contralor general de la República , Jorge Díaz Anaíz , subsecretario de Salud ; Felipe Kast Sommerhoff, ministro de Planificación ; el general de División Antonio Cordero Kehr , comandante de apoyo a la
Fuerza del Ejército, y Rodrigo Pérez Mackenna , Ministro de Vivienda y Urbanismo.
Asimismo, la Comisión recibió a representantes de los residentes de los edificios colapsados de Concepción y a un gran número de representantes de las aldeas, organizados a través de directivas o de comités, y de las zonas costeras que resultaron más damnificadas de las regiones del Maule y del Biobío.
La señora diputada y los señores diputados integrantes de la Comisión, luego de escuchar a las autoridades responsables tanto del proceso de emergencia como de reconstrucción, y de recibir los informes y documentos reunidos, tanto de los organismos públicos y municipalidades, como de la Contraloría General de la República; examinar las respuestas de los oficios despachados y escuchar a los representantes de las personas más damnificadas de las regiones del Maule y del Biobío, centró su atención en los siguientes puntos:
I. Plan de Emergencia.
Respecto de la emergencia, y habiéndose conformado otras comisiones investigadoras relacionadas con los mismos hechos, no se ahondó sobre este punto, debido a que la Sala ya tomó conocimiento sobre este aspecto.
II. Plan de Reconstrucción.
Acerca del tema central a que se dedicará la Comisión en su análisis, el debate se centró, por una parte, en tener claridad sobre los siguientes y más importantes temas:
-Falta de capacidad de las autoridades regionales y ministeriales y de personal calificado, como asimismo descoordinación en la información por parte del Serviu.
-Falta de participación ciudadana en la búsqueda y ejecución de soluciones.
-Reorganización de los planes reguladores de las zonas costeras que obligarían a los damnificados a trasladarse y dejar sus terrenos propios en beneficio de futuros emprendimientos turísticos y comerciales.
-Poca claridad respecto de la indefinición del plan de recuperación del borde costero.
-Desacuerdo en cuanto al real número de subsidios entregados.
-Desinformación y dificultades respecto de las demoliciones de los edificios siniestrados, particularmente respecto de la falta de recursos para hacerlo las municipalidades.
-Improvisación respecto de localización y anuncio de planes maestros no concordados con la ciudadanía y los afectados.
-Falta de interés de las Entidades Gestoras de Proyectos Inmobiliarios Sociales (EGIS), en enfrentar las soluciones en sitio residente o de reparación de viviendas.
-Criterios de focalización de la Ficha de Protección Social en cuanto al puntaje exigido para enfrentar la reconstrucción de lo perdido, y la modificación que debería sufrir para enfrentar catástrofes.
-Problemas legales para que el Estado se haga cargo de las demoliciones de los edificios privados.
La Comisión, asimismo, centró su atención en los antecedentes recibidos respecto de los principales problemas que se han generado y que atrasarían el proceso de reconstrucción nacional, los que se resumen de la siguiente manera:
1. Responsabilidades del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
Uno de los mayores problemas en la pronta respuesta a los damnificados está dado por la exigencia de llenar una nueva Ficha de Protección Social y el puntaje de las familias que les impide acceder a ciertos subsidios, como la exigencia de variados documentos. Con estos planes, el Ministerio logró identificar a los distintos tipos de damnificados, decidió el número de subsidios que se otorgaría para cada tipo de daño e inició, en los primeros meses de 2011, la entrega de los subsidios como un derecho a ser usados en el momento del acceso a la vivienda definitiva.
A la espera de la ubicación definitiva, se decidió insertar más de cinco mil viviendas en “aldeas”, con el objeto de lograr el concepto de barrio, pues la idea es reconstruir no sólo física sino también psicosocialmente. Sin embargo, como se señaló por las autoridades respectivas, la ausencia de disponibilidad de sitios para construir, la falta de disposición de los damnificados de las caletas para vivir en otros sectores y la falta de interés de las empresas constructoras cuando se trata de agrupaciones menores, como la falta de EGIS en todos los lugares, han dificultado enormemente el proceso de reconstrucción.
Asimismo, y a mayor abundamiento, se decidió que las construcciones contaran con permiso de edificación, las viviendas fueran certificadas y cumplieran con la normativa vigente y con recepción municipal, y cuando se construyera en sitio propio, contaran con el título de dominio, elementos que constituyen una gran complejidad a la hora de avanzar en el proceso.
2. En cuanto a la responsabilidad del Ministerio del Interior en las demoliciones y retiro de escombros de las municipalidades y del Ministerio de Obras Públicas como unidad técnica, se concluyó en que no hay marco legal respectivo para enfrentar este tipo de problema.
Se trabajó primero en determinar las competencias de los distintos actores involucrados, es decir, de los municipios, los ministerios, el Ministerio Público, los propietarios, las inmobiliarias, las compañías de seguros, así como también de todas las autoridades que interve-nían en esta materia, para establecer el marco legal sobre el cual podría el Estado hacerse cargo de una situación como ésta.
Se realizaron entrevistas y reuniones con el contralor general de la República, tendientes a analizar esta situación, con diversos especialistas internacionales en materia de demoliciones.
La obligación primaria de la demolición es del dueño del inmueble; sin embargo, muchos propietarios privados de inmuebles, especialmente de edificios, carecen de los recursos para hacerlo, más cuando hay créditos hipotecarios comprometidos. Debido a ello las municipalidades deberían encargarse de esta tarea, pero carecen de recursos para las demoliciones, por lo que será el Ministerio del Interior, a través de la Subdere, el encargado de proveer los recursos correspondientes.
3. Respecto de la responsabilidad de las municipalidades, el mayor problema fue la falta de personal técnico y administrativo para emprender todas las nuevas tareas y las descoordinaciones entre municipalidades, autoridades regionales y Serviu , por no contar con la legislación apropiada respecto de las funciones de alcaldes, intendentes y gobernadores regionales, frente a una catástrofe.
Las principales conclusiones sancionadas por la unanimidad de los diputados presentes en la votación, son del siguiente tenor:
Ámbito Legislativo y Reglamentario. Previo a la constitución de esta Comisión Investigadora, el Ejecutivo ya había logrado aprobar en el Congreso Nacional, en menos de cuatro meses, una serie de iniciativas tendientes a enfrentar la situación de emergencia que vivía nuestro país tras el terremoto y maremoto del 27 de febrero. Estas iniciativas trataban diversas materias tales como: financiamiento de la reconstrucción, aspectos laborales y previsionales de los trabajadores afectados por la tragedia, adecuación de plazos en actuaciones judiciales y municipales, entre otras.
Inmediatamente después de asumir el Gobierno, se firmaron una serie de decretos orientados a normalizar la situación en las zonas devastadas por el terremoto y a planificar la reconstrucción.
Plan de Emergencia.
Ocurrida la catástrofe, el Presidente de la República ordenó la creación del Comité de Emergencia, el cual se abocó en su primera etapa a resolver situaciones de emergencia inmediatas.
Observaciones de la Contraloría General de la República a las actividades del Comité de Emergencia realizadas por medio de la Onemi.
El informe de la Contraloría General de la República hace hincapié en que la Onemi no tuvo una real capacidad operativa para la magnitud de la catástrofe, y que en dicha etapa fue frecuente la realización de operaciones sin la documentación de respaldo o bien con facturas u órdenes de compras ilegibles. Sin embargo, el contralor manifestó que una vez comenzados los reparos, la entidad fiscalizada inició una regularización ex post de las circunstancias del gasto.
A juicio del contralor, se produjo una dispersión en la forma de hacer el gasto público, circunstancia que de una u otra manera fue paliada por la formación del Comité de Emergencia en el Ministerio del Interior, el cual logró generar una cierta canalización eficiente de los recursos públicos que estaban dispersos.
Otra situación mencionada por el ente fiscalizador es la que dice relación con la administración de las bodegas, pues se observó un sistema de información desactualizado y falta de control del stock de emergencia que debía mantener la Onemi.
Asimismo, existieron problemas de control financiero, pues no se utilizaron los formularios Femer, ocupándose únicamente órdenes de compras, las que no siempre se pusieron en el portal ChileCompra.
4. Sobreprecio en la adquisición de viviendas de emergencia y observaciones de la Contraloría General de la República.
Esta conclusión fue analizada por otra Comisión investigadora creada para tal efecto.
Plan de Reconstrucción.
Actualmente se encuentra en proceso de implementación. Se desarrollará entre los años 2010 y 2014, cumpliéndose en forma paralela con el Programa de Gobierno. Este plan tiene por objeto asegurar que al 11 de marzo de 2014 se encuentre materializada la recuperación de los sectores que se vieron afectados por el terremoto del 27 de febrero. Esta meta deberá ser compatibilizada con los requerimientos que exigen una buena asignación de los recursos públicos y una sana política fiscal.
Vivienda.
Para la reconstrucción de viviendas se elaboró un plan con diversas soluciones y un sistema flexible de asignación de recursos que permitiera adaptarse a las diferentes problemáticas.
La meta fijada por el Ministerio de Vivienda fue asignar 220 mil subsidios. Al respecto, se pudo constatar que se avanzó en subsidios de reparación; sin embargo, en lo que respecta a sitio residente y construcciones nuevas, el avance fue bastante menor.
Reconstrucción de caletas.
En una primera etapa, el Gobierno efectuó planes de emergencia tendientes a recuperar la capacidad de operación de las caletas y puertos pesqueros artesanales. De esta manera, se cumplieron labores como la comercialización de productos en las caletas, retiro de escombros y la habilitación de frentes de atraque, entre otras.
Reconstrucción de infraestructura pública.
El catastro de daños en infraestructura pública bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas arrojó un total de 1.698 puntos de daños. Para enfrentar esta situación se planearon programas de emergencia y reconstrucción.
A la fecha de la exposición del ministro de Obras Publicas , el 96,7 por ciento de la infraestructura pública que sufrió daños con el terremoto había recuperado su funcionalidad básica en forma total o parcial. Los porcentajes de cumplimiento por área eran los siguientes:
-99 por ciento del total de 1.554 kilómetros de caminos dañados;
-92 por ciento de los puentes que presentaron daños;
-98 por ciento de la infraestructura portuaria;
-Ciento por ciento de los sistemas de agua potable;
-83 por ciento de la infraestructura de canales, embalses y colectores de aguas lluvias;
-Ciento por ciento de los aeródromos y aeropuertos que sufrieron algún tipo de daño.
Con respecto a los recursos destinados a demolición y retiro de escombros, se concluyó que faltaron recursos para ser entregados a las municipalidades.
En cuanto a los requerimientos comunes de damnificados en aldeas, campamentos y sitios residentes de las zonas más destrozadas, los damnificados que fueron invitados y recibidos por la Comisión señalaron que el principal problema que los aqueja es el desempleo; la inexistencia de propiedad para arrendar; incertidumbre respecto de la fecha de inicio de las obras de construcción, inseguridad e insalubridad del lugar donde habitan.
Finalmente, el informe y conclusiones fueron aprobados por la totalidad de los diputados integrantes presentes, señores Pedro Álvarez-Salamanca , Germán Becker , Romilio Gutiérrez , Celso Morales, Frank Sauerbaum , Jorge Ulloa y Felipe Ward .
Por la misma votación, se rechazaron las proposiciones y conclusiones que hizo llegar la diputada señora Clemira Pacheco Rivas .
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- En discusión el informe.
Tiene la palabra el diputado señor Ceroni.
El señor CERONI.- Señor Presidente , tengo algunas discrepancias con el informe, fundamentalmente basadas en la experiencia que me ha correspondido vivir y ver en la zona afectada por el terremoto.
Es evidente que la reconstrucción ha tenido un enorme atraso. Solo hemos visto algunas construcciones que se están levantando con subsidios otorgados por el Estado y, otras, la gran mayoría, con el esfuerzo de privados.
Durante este tiempo hemos podido observar una suerte de entorpecimientos que, a lo mejor, podrían ser involuntarios, pero, en definitiva, son ineficiencias del Serviu para procesar en forma ágil la información. Por ejemplo, en los últimos cuatro meses en la Séptima Región hemos tenido tres directores en el Serviu, de un total de siete durante la actual Administración. Obviamente, ello ha impedido una mayor agilidad en la tramitación adecuada para acceder al subsidio.
Por lo tanto, quiero manifestar mi preocupación por el daño y la demora que ello ha ocasionado a tantas familias después del terremoto. No podemos olvidar el sufrimiento que aún viven después de la tragedia.
Según la información que me acaban de proporcionar y que me había comentado el diputado Patricio Hales , a la fecha, se han asignado 17.128 subsidios para la construcción de casas, pero sólo se han construido 2.027. Evidentemente, eso se debe a la ineficiencia de quienes ocupan cargos públicos y son los encargados de lograr que esos recursos que otorga el Estado y que el Parlamento ha aprobado, sean utilizados debidamente en favor de la gente más afectada.
La semana recién pasada renunció otro seremi de Vivienda, es decir, un cuento de nunca acabar en la Región del Maule. Por lo tanto, hablamos de una total falta de cuidado de quienes deben dedicarse a trabajar intensamente por lograr que se entreguen los subsidios en forma adecuada.
Recuerdo que el propio Presidente de la República dijo, incluso en su último mensaje, que a junio de 2011 habría cien mil casas construidas, pero eso no ha ocurrido. Por lo tanto, más que una crítica negativa, que incluso podría hasta ser considerada de mala leche, en representación de las zonas más afectadas por el terremoto y de las personas que aún sufren, quiero hacer un llamado de atención por lo señalado.
El Gobierno no ha tenido la eficiencia que corresponde para solucionar definitivamente el problema. Existen los recursos, pero no ha tenido la capacidad de implementar adecuadamente el sistema para que la gente tenga, de una vez por todas, una vivienda digna.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Ha terminado el tiempo del Orden del Día.
El debate queda pendiente para una próxima sesión.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO.
PRIORIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN LA LEY DE PRESUPUESTOS Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS SUFICIENTES PARA ATENDER DEMANDAS CIUDADANAS. (Votación).
El señor MELERO ( Presidente ).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 477. Hago presente a la Sala que es extemporáneo, porque el Presupuesto ya se despachó.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 5 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
REVOCACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA DE EX CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS PÚBLICOS.
El señor MELERO ( Presidente ).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 479.
El señor LANDEROS ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 479, de los diputados señores Auth, Marinovic, Alinco, Robles, Vargas, Tuma, Monsalve, Espinosa, don Marcos; Ceroni y Campos, que en su parte dispositiva dice:
La Cámara de Diputados acuerda:
“Oficiar al ministro de Justicia para que la personalidad jurídica de la ex Caja de Ahorros de los Empleados Públicos sea revocada por el incumplimiento de los fines para los cuales se ha creado, y de esa forma sea reformada, sometiéndola a los diferentes controles y fiscalizaciones que deben tener todas las instituciones que administran fondos de pensiones”.
El señor MELERO (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.
El señor AUTH.- Señor Presidente , el proyecto de acuerdo que nos ocupa se ha presentado para solucionar un grave problema detectado el año 2010 por el Ministerio de Justicia y la Contraloría General de la República, relacionado con la ex Caja de Ahorros de Empleados Públicos, y que, lamentablemente afecta a más de 50 mil trabajadores que cotizan en ella.
Al momento de crearse dicha ex Caja, no existía una regulación legal específica respecto de la administración de fondos por terceros. Por lo tanto, la normativa aplicable a dicha entidad se encuentra completamente desfasada en el tiempo y carece de las regulaciones actuales para el sector previsional.
En 2009 todos nos enteramos de las graves denuncias de los medios de comunicación y luego ratificadas por los organismos competentes del Estado. Se referían a pagos irregulares y no justificados de honorarios, a la inclusión dentro de gastos de conceptos que se alejaban de los fines propios de la institución, a la contratación ilegal de familiares de directivos, que, además, recibían sueldos millonarios. Ello, por mencionar algunos de los hechos denunciados.
El Ministerio de Justicia impartió instrucciones a la ex Caja para que reformara sus estatutos, a fin de adecuarlos a la legislación vigente. Sin embargo, sus administradores, en lugar de aplicar y responder positivamente a la solicitud estatal, han iniciado una demanda contra el fisco, con el objeto de anular dichas instrucciones.
Por lo tanto, demandamos medidas drásticas para corregir la irregular situación de esos fondos y la revocación de la personalidad jurídica de dicha entidad. Asimismo, pedimos que los fondos sean traspasados a un sistema que permita su control y fiscalización.
No se pueden dejar sin control ni fiscalización las pensiones de miles de trabajadores, especialmente de aquellos más humildes. Como la ex Caja de Empleados Públicos se ha negado sistemáticamente a ser fiscalizada, a cumplir con sus fines y a obedecer cualquier instrucción del Estado, no queda otra opción que la revocación de su personalidad jurídica, además de ofrecer otra opción de previsión a esos miles de trabajadores que confiaron en esa institución, depositaron sus fondos en ella y hoy no está sometida a las reglas mínimas que rigen el sistema previsional chileno.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , las instituciones encargadas de administrar los fondos de los jubilados del sector público, particularmente la ex Caja de Empleados Públicos, en su tiempo llevaron a cabo acciones importantes en favor de esos trabajadores. Sin embargo, con el correr del tiempo, en pleno siglo XXI, los recursos de las personas que aún los tienen depositados en esa Caja están siendo utilizados de mala forma por directivos y personas que no cumplen con los mínimos requerimientos desde el punto de vista de su gestión y control.
El Estado, a través de la Subsecretaría de Justicia, solicitó a esa institución que adecuara su actuar a lo que correspondía a un estado de derecho y a una racional gestión y transparencia del uso de los recursos. Sin embargo, tal como lo planteó el diputado señor Auth , esa entidad no ha resuelto nada en tal sentido ni ha aceptado las indicaciones que le formuló esa instancia de Gobierno, de manera que se ha colocado al margen del estado de derecho y de la acción pública, a diferencia de lo que fue una de las características más importantes que tuvo esa Caja en el pasado.
Tal situación debe ser superada y solucionada de una vez por todas, por el bienestar de las personas que aún mantienen recursos en ella y que deben recibir una atención adecuada. Por eso, esperamos que nuestros colegas apoyen el proyecto de acuerdo que hemos presentado. Sé que es difícil que hoy podamos conseguir la cantidad de votos necesarios para aprobarlo, pero queremos que se entienda que estamos frente a un problema más bien de Estado que de otro tipo, puesto que lo que busca el proyecto de acuerdo es que el Gobierno actúe con prontitud para solucionar un problema grave que afecta a las personas que tienen sus recursos en la ex Caja de Empleados Públicos.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor MELERO ( Presidente ).- No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones
El señor MELERO ( Presidente ).- No hay quórum.
Queda pendiente la votación para la próxima sesión ordinaria.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VI. INCIDENTES
INFORMACIÓN SOBRE DEPENDENCIA DE LA COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL Y LOS RECURSOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. Oficios.
El señor MELERO (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , pido que se oficie a los ministros de Defensa Nacional y de Economía , Fomento y Turismo con el objeto de solicitar nos hagan llegar información derivada de la siguiente materia.
Mañana, como probablemente todos esperamos, se lanzará al espacio el satélite chileno SSOT (Sistema Satelital de Observación Terrestre), al que la FACH también ha denominado Fasat-Charlie, un engendro de más de 70 millones de dólares que, sin lugar a dudas, con sus fotografías contribuirá mucho a la observación de la Tierra. Ese acontecimiento permitirá a Chile incorporarse al selecto grupo de países que tienen satélites, lo que puede marcar un hecho histórico si logramos mantener nuestra posición en el espacio.
Pocos estarán presentes mañana en Guayana Francesa para ese lanzamiento, pero muchos estarán atentos a lo que allí pase, como también a cuál será el devenir para Chile de su incipiente y promisoria carrera espacial.
Sin embargo, hay una serie de dudas que deben resolverse en forma urgente. En primer lugar, se debe determinar qué pasará con la Comisión Asesora Presidencial, organismo que luego de su creación pasó a depender del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, pero respecto del cual nos hemos enterado, con sorpresa, que ahora depende del Ministerio de Agricultura. En verdad, cuesta entender que un Ministerio que aún no logra solucionar los problemas de los ajos, de las papas o de las cebollas vaya a ser capaz de manejar el tema satelital.
A la Comisión Asesora Presidencial no se le asignaron recursos en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2012, entonces, ¿qué pasará con su dependencia y los recursos que requiere para su funcionamiento?
Por eso, pido que se oficie tanto al ministro de Economía , Fomento y Turismo como al de Defensa Nacional, para que nos informen que pasará con aquel grupo pequeño, que aún subsiste, de funcionarios que deben terminar su capacitación en Toulouse, Francia, para completar el proceso de transferencia tecnológica asociado al satélite, y cuyos predecesores concurrieron en años anteriores con cargo a los respectivos fondos asignados en el presupuesto de la nación, los que fueron aprobados por el Congreso Nacional para llevar a cabo esas capacitaciones.
En el presupuesto para 2012 no se contemplan esos recursos. Por lo tanto, queremos saber si lo anterior nuevamente será financiado con el exiguo presupuesto de la Fuerza Aérea. Las preguntas que he planteado deben ser contestadas por el ministro de Defensa Nacional y por el ministro de Economía , Fomento y Turismo, en lo que corresponde, porque entendíamos que la Comisión Asesora Presidencial aún dependía de esa cartera.
Por otra parte, tampoco tenemos ni hemos recibido noticia alguna de la Agencia Chilena del Espacio, que es la continuadora natural y lógica de la Comisión Asesora Presidencial, dada la evolución del desarrollo satelital en Chile. Lo lógico sería que su regulación se establezca a través de una ley, pero, ¿dónde están los estudios que posibilitan la tramitación del respectivo proyecto de ley?
Aun más, desde el minuto en que mañana se lance el satélite chileno entraremos en la dinámica de los relojes de arena, porque comenzará a correr el tiempo, inexorable y rápidamente, para tener un engendro de reemplazo. No tiene sentido comenzar una carrera espacial si no somos capaces de mantenerla; sólo cinco años, cuando mucho, puede durar el satélite que lanzaremos al espacio. Demora mucho contar con un satélite de reemplazo que permita asegurar la continuidad de nuestra carrera espacial, la cual, por cierto, otros países de América Latina ya han iniciado y se aprontan a potenciar con mucha fuerza, como Venezuela, Argentina, Brasil y México, entre otros.
¿Qué está haciendo Chile para que ello sea posible? Esa es otra gran interrogante pendiente de discusión y de respuesta. ¿Cómo se va a administrar ese satélite para usos civiles, que son muchos y, por cierto, jamás limitados exclusivamente a la agricultura? La dependencia de la Comisión Asesora Presidencial del Ministerio de Agricultura constituye una limitante respecto de la cual desde ya queremos llamar a la reflexión.
¿Cómo se va a manejar la fotografía? ¿Cómo van a acceder a ella las universidades? ¿Cómo vamos a intercambiar las fotografías que en el resto del mundo, gracias a este satélite, vamos a obtener? ¿Cómo vamos a pelear por nuestro punto que aún nos falta por ocupar en el espacio y que también es fundamental para potenciar las telecomunicaciones?
Por eso, pido el envío de los oficios solicitados.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican y la Mesa está tomando debida nota.
CONEXIÓN DE DIEZ HOGARES DE LA COMUNA DE PENCAHUE AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. Oficios.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- En el saldo del tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente , el diputado Rincón hablaba de relojes de arena. ¿Qué me diría, entonces, su señoría si le cuento que en el pueblo de Pencahue hay diez familias que, a pesar de vivir al lado de la copa de agua que abastece a toda la ciudad, llevan ocho años esperando la conexión de sus hogares a esa copa? Con el terremoto se les cayeron las casas. Van de la municipalidad; que el papelito, que la corbata, que la charlina, que la encuesta, que la lista, que si es hombre, mujer, prima. ¡Ocho años, señor Presidente , y no pasa nada!
Pido que se oficie al Ministerio del Interior, con copia a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, para que nos diga por qué este proyecto tan pequeño, tan terrenal, no se ha concretado, con el objeto de conectar con la copa de agua, que está a pocos metros, a diez hogares para que esas familias puedan recibir ese servicio. No hablo aquí de los satélites, del modelo SSOT y de esas cosas estratosféricas, que me parecen muy bien. No es algo tan de otro mundo, no obstante apoyar la petición del diputado Rincón .
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que se encuentran levantando su mano.
INFORMACIÓN SOBRE PLAN DE DESARROLLO Y RECURSOS PARA TREN DE TROCHA ANGOSTA ENTRE TALCA Y CONSTITUCIÓN. Oficio.
El señor LORENZINI.- Por otro lado, no cuidamos nuestros monumentos nacionales. El único ramal de trocha angosta que tenemos, que existe en el mundo -diría- y que está funcionando; son cien o ciento veinte kilómetros entre Talca y Constitución. Pero, cada año, hay que pelear los recursos mes a mes. Más de cien mil personas han sido transportadas. Hay universidades que están haciendo estudios -todos hacen estudios, este es el país de los estudios-; pero queremos realidades. Allí hay estaciones intermedias donde existen pequeños enclaves productivos, hay turismo y, sin embargo, mientras Ferrocarriles pide grandes sumas y tiene grandes deudas, allí las platas para operar son pequeñas. Nunca se ha podido establecer un plan.
El ministro de Hacienda , recién, con ocasión de la cuenta pública en La Moneda, nos hablaba del plan a largo plazo, ¡brillante!, un presupuesto de sesenta mil millones de dólares; cinco mil millones para no sé qué; cuatro mil millones de dólares para lo otro; en circunstancias de que ese trencito -usted, señor Presidente , lo conoce y ha viajado en él- que, además, es tan sintomático, entre Talca y Constitución, sólo se requieren doscientos o trescientos millones de pesos para su mantención anual, de una sola vez. Las platas del Transantiago, ésas que usted, señor Presidente , recuerda muy bien, no están llegando a las regiones. A lo mejor, con ellas se están comprando ambulancias u otras cosas. ¡Las platas del Transantiago no son para eso, sino para esto, para la conectividad, para la movilidad, para los paraderos, para un ramal de un pequeño ferrocarril histórico, monumento nacional, como el que tenemos en la zona.
Por lo señalado, pido que se oficie al ministro de Transportes a fin de que nos envíe el plan que tiene para el desarrollo de este bus-carril en los próximos tres años y nos informe sobre las platas asignadas tanto para operación como para inversión, si es que hay algo de ello a través del gobierno regional.
Después de estos temas terrenales, voy a pensar en los satelitales del diputado Rincón.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
INFORMACIÓN RELACIONADA CON PUNTAJES DE FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL. Oficios.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Cristina Girardi.
La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente , solicito que se envíen oficios al ministro de Desarrollo Social y a la superintendenta de Pensiones para requerirles información respecto de la situación que voy a exponer a continuación.
Desde la década de los 80, la política social ha buscado mecanismos para centrar el otorgamiento de los beneficios y prestaciones sociales a los sectores más carentes. Para esto, en julio de 1987, se creó la Ficha CAS que permitiría, supuestamente, detectar a las familias con más carencias materiales y ordenarlas a fin de canalizar los subsidios sociales.
Sin embargo, en 2006, y atendiendo las demandas que por años habían realizado diversos sectores sociales, en cuanto a que este instrumento era fundamentalmente castigador y no daba efectiva cuenta de la realidad social, se creó un nuevo instrumento denominado Ficha de Protección Social (FPS) que produjo un cambio sustancial del criterio de pobreza vinculado a la carencia material y vulnerabilidad. Ello permitió que muchas familias que quedaban fuera de las asignaciones, se beneficiaran con las nuevas políticas sociales y mejoraran así su calidad de vida.
El nuevo concepto se fundó en una protección social basada en derechos que avanzarían hacia una noción de universalidad. Además de recoger datos de riesgo, como la salud, la discapacidad y la empleabilidad precaria, el instrumento considera, igual que su antecesor, la declaración del informante calificado; es decir, que el encuestado, mediante su firma, debe dar su conformidad de los datos efectivamente recogidos en su hogar. Así lo establece el decreto N° 160, del 2008, que aprueba el Reglamento de Información Social, y el decreto supremo N° 291, de 2006, que define los conceptos de la Ficha de Protección Social.
Ahora, desde agosto de 2010, ocurre un fenómeno bastante particular sobre el que debemos poner especial atención, el aumento excesivo de los puntajes de la Ficha de Protección Social, sin que las personas conozcan las razones de ello, lo que, obviamente, trae como consecuencia cambios en las asignaciones de subsidios.
A modo de ejemplo, en 2011, presenté a Felipe Kast el caso de la señora María Pardo Astorga , de 62 años, de la comuna de Cerro Navia, quien vive con su madre, de 95 años, y su hija, de 37 años, con discapacidad mental. Todas son pensionadas y habitan en piezas de material ligero, en estado de precariedad; cocinan con carbón y hasta julio de 2010 no contaban con agua potable, además, carecen de alcantarillado y cuentan solo con un pozo séptico. Esta familia presentaba 10.757 puntos en la Ficha de Protección Social y, a petición mía, la familia fue visitada por representantes de Mideplan para revisar la situación, pero mantuvieron exactamente el mismo puntaje.
Quiero añadir que nunca ese Ministerio me informó del porqué de ese puntaje y qué se tomó en cuenta para mantenerlo, ya que se trata de una familia con un nivel de precariedad social muy importante.
En noviembre de este año, presenté al Ministerio de Desarrollo Social el caso de Ester Urtubia Serrano, domiciliada en la comuna de Quinta Normal, que de un año a otro pasó de tener 4.027 puntos a 8 mil puntos y, finalmente, a 11.021 puntos. Este último puntaje provocó que quedara fuera de la postulación colectiva a vivienda en la que participaba desde hace dos años.
La señora Urtubia vive allegada en la casa de su suegra desde hace aproximadamente veinte años. Su marido, afectado por serios problemas de salud, genera ingresos esporádicos. Su situación socioeconómica no ha variado en términos de ingresos, ni de educación ni de nada que pudiera haber modificado su puntaje. Sin embargo, cuando pregunté al Ministerio de Desarrollo Social sobre su caso, un asesor de esa cartera me respondió que la situación de la señora Urtubia había variado precisamente en el orden educacional y de ingresos, en circunstancias de que eso no ha sucedido.
También expuse el caso de la señora María Moya Ortiz , domiciliada en la comuna de Lo Prado, quien, en el momento de postular este año al Fondo Solidario de Vivienda tenía 2.360 puntos; sin embargo, hoy tiene 9.232 puntos. De esto se enteró al concurrir a su municipio a solicitar apoyo para microemprendimiento. Le indicaron que quedaba fuera de los grupos de ayuda por su puntaje. Cabe destacar que la señora Moya tiene dos pequeños, de uno y tres años, que son portadores de patologías respiratorias crónicas y que fueron visitados en el domicilio por personal de su consultorio, por considerar que el hacinamiento en que viven agrava la condición de salud de los menores.
Notoriamente, en este caso se presentan factores de vulnerabilidad. Sin embargo, en respuesta a mi requerimiento, el señor Agustín Riesco , asesor del Ministerio de Desarrollo Social, me indicó que el padre de familia trabaja formalmente con un ingreso de 175 mil pesos, quedando de manifiesto que la variable evaluada fue el ingreso y no la situación social general de la familia. Con este ingreso es muy improbable que sea sujeto de crédito hipotecario, y de serlo, estamos empujando a familias pobres y vulnerables a acceder a la vivienda vía endeudamiento a muy largo plazo, con las consecuencias ya conocidas y que nos pueden entregar los deudores habitacionales organizados del país.
Me preocupan profundamente estas situaciones y cambios, que podrían estar basadas en la vulneración de derechos, ya que cada vez que cambia el puntaje de las familias, no son consultadas, informadas, ni registradas sus firmas conforme para hacerlas efectivas, como lo es cuando reportan la información con declaración responsable. En mi ejercicio parlamentario he requerido en cada caso las variables que fueron consideradas sin obtener respuesta de ello.
Pese a los cambios favorables que habíamos experimentado en la focalización de las políticas públicas, veo con preocupación cómo se han venido acuñando términos relativos preponderantemente a la focalización a través de los ingresos, estado que habíamos superado en el paso de la Ficha CAS a la Ficha de Protección Social.
En el mensaje presidencial del 21 de Mayo de este año, en lo relativo a previsión social, se señaló: “En 2010 se conformó un comité de expertos que entregó su informe sobre la Ficha de Protección Social en noviembre de ese año. Dicha comisión recomendó un nuevo modelo de cálculo, el que se implementaría en 2011.”. El mismo informe indica como relevante: “Esta comisión ha revisado en detalle la metodología actual de medición de pobreza por ingresos.”. El informe agrega: “Al tradicional puntaje de la ficha se agregarán puntajes sectoriales para disminuir la presión sobre el instrumento y que no exista un solo puntaje.”. También se indica que “a partir de octubre se comenzará a aplicar la Ficha de Protección Social mejorada.”.
Concordante con esto, desde el 1 de julio de 2010 rige el Instrumento de Focalización Previsional, que considera un nuevo cálculo matemático con nuevos rangos de puntaje para la asignación de beneficios generados en el Nuevo Sistema de Pensiones Solidarias, el cual considera, de acuerdo al oficio de la Subsecretaría de Previsión Social, cambiar el concepto de “vulnerabilidad” por “pobreza”, el de “hogar” por “grupo familiar” y eliminar el puntaje especial que tenía el cuidador de una persona discapacitada, un instrumento que considera por sobre todo los ingresos familiares.
A modo de ejemplo y a raíz de casos surgidos después de julio de 2010, fecha de entrada en vigencia de este nuevo instrumento, he solicitado al IPS, a Mideplan y a la Superintendencia de Pensiones las razones por las cuales a don Gabriel Alarcón , RUT 13.239.091-6, de la comuna de Cerro Navia, quien en julio de 2010 fue declarado inválido laboralmente con un 70 por ciento de incapacidad, se le paga una pensión de 8 mil pesos a través de su AFP ING. Se me ha indicado que pese a tener 5.409 puntos en la FPS, el Instrumento de Focalización Previsional implementado a contar del 1 de julio de 2010 arrojaba un puntaje superior al exigido para un aporte previsional solidario, mismo puntaje que impedía nivelarlo al monto mínimo de 75 mil pesos (ajuste al mínimo). En enero de 2011 el IPS me señaló que el puntaje nuevo introducido era evaluado con reportes de Mideplan.
Igual caso sucedió con don Jorge Romo Díaz , de 68 años, quien tiene 3.504 puntos en la FPS, pero que no fue beneficiado debido a que el mismo Instrumento de Focalización Previsional implementado desde julio de 2010 indicaba que no requería el aumento de su pensión por no pertenecer a la población de más escasos recursos. En septiembre solicité antecedentes a la superintendenta de Pensiones, pero, a la fecha, no he tenido respuesta.
Claramente, en estos dos casos, la evaluación realizada elimina el concepto de vulnerabilidad. Ambas personas habrían calificado antes del 1 de julio de 2010, porque se habrían considerado los conceptos de riesgo como son la discapacidad y la incapacidad generadora de ingresos de los adultos mayores.
Tanto el Instrumento de Focalización Previsional, que es interno, como los cambios de puntaje de la Ficha de Protección Social atentan contra el derecho a la información y a impugnar una determinación del Estado, ya que no se cuenta con las variables ni se hace partícipe a los afectados de los cambios, quienes terminan siendo sujetos de una política y no partícipes de ella.
Este martes 13 de diciembre, pobladores de Santiago y de Concepción realizaron diversas manifestaciones por su inconformidad con los cambios que se están produciendo y que los están afectando negativamente, lo que muestra que esta situación es una percepción mas general que de casos aislados.
Sería muy importante que el ministro de Desarrollo Social , señor Joaquín Lavín, aclare estas situaciones, que, como se observa y se constata en documentos, pareciera ser una política de esta Administración y no responsabilidad de la Ficha de Protección Social, como respondió el ministro a la prensa el día de las movilizaciones. Cabe destacar que también indicó ante la prensa que a contar de enero habrá una nueva ficha, información que mantiene preocupados a muchos beneficiarios y potenciales beneficiarios de subsidios sociales.
Las situaciones expuestas provocan un problema serio. Debido al nuevo criterio para medir la situación de pobreza y asignar puntajes, esas personas están quedando fuera de la asignación de los subsidios a que tendrían derecho.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS PARA ENTREGA DE DROGA HERCEPTIN. Oficio.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente , el 17 de diciembre de 2009, el entonces ministro de Salud señor Álvaro Erazo , anunció la inclusión del Herceptin en el Programa de Patologías Complejas del Fonasa, para cubrir el tratamiento de pacientes con cáncer de mama, tipo HER2 positivo, en etapas tempranas y que cumplan con criterios específicos. Para ello, en esa época se definió un plan piloto con una cobertura de 200 pacientes, para lo cual se destinaron 3.200 millones de pesos. La idea es avanzar en la detección temprana del cáncer de mamas.
A diciembre de 2011, no se conoce el resultado de ese plan piloto. No se sabe cuántas mujeres del universo de 200 que están definidas en ese programa han sido efectivamente atendidas. Ello significa la muerte para muchas mujeres, que podrían salvar su vida si recibieran el Herceptin como una quimioterapia preventiva antes del desarrollo de las metástasis.
Por lo expuesto, pido que se oficie al ministro de Salud, a fin de que informe sobre el uso que se ha hecho de los 3.200 millones de pesos destinados al plan piloto para cubrir la entrega de la droga Herceptin a 200 mujeres. Asimismo, que especifique el criterio en virtud del cual se ha determinado qué pacientes deben recibir esa droga, los procedimientos mediante los cuales se ha entregado, el perfil de dichas pacientes, cuántas pertenecen al sistema privado de salud (isapre) y cuántas al Fonasa.
Esperamos con prontitud esta respuesta, porque se trata de la vida de muchas mujeres en el país.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO POLICIAL EN PICHIDEGUA. Oficio.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- En el tiempo que resta al Comité del Partido por la Democracia, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comité Independientes-PRI.
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , la semana pasada, agricultores y pobladores del sector de Codao y de las comunas de Pichidegua y de Las Cabras bloquearon la llamada “Carretera de la Fruta”, cerca del puente Codao , como señal de protesta ante el hecho de que el Gobierno está estudiando autorizar la construcción de una central termoeléctrica en la comuna de Pichidegua. A raíz de ello, se ordenó proceder a las Fuerzas Especiales de Carabineros.
Existe una especial preocupación por lo sucedido, dado que un agricultor, a quien conozco al igual que a su familia, fue impactado con más de 11 balines, tanto en la espalda como en la cabeza. Tengo en mis manos algunas fotos que lo demuestran. El diputado Castro , que es médico, lo examinó ese día. Esos balines no fueron retirados sino hasta una semana después. Ni Carabineros ni el Ministerio del Interior hicieron una investigación de lo ocurrido. Esa persona -reitero- tenía balines en la espalda y en la cabeza. El diputado Castro tuvo que llamar al hospital de Rancagua para gestionar que le retiraran los balines.
El incidente significó para el agricultor una pérdida en términos económicos, pues no pudo trabajar durante alrededor de quince días, y su salud estuvo muy afectada no sólo desde el punto de vista físico, sino también psicológico.
Por lo señalado, pido que se oficie al ministro del Interior para que disponga una investigación de lo ocurrido ese día en relación con el procedimiento llevado a cabo por Carabineros.
Sabemos que al lugar concurrieron efectivos de Carabineros de Rancagua y de Santiago; no fueron de la dotación de la comuna. Al respecto, pido también que se informe quién dio la orden para proceder de la forma como se hizo. Además, solicito que al oficio se adjunten las fotografías que he mencionado y los exámenes médicos del agricultor afectado.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores González, Velásquez y de quien habla.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión
-Se levantó la sesión a las 13.08 horas
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
8091-21
Modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
7550-06
Establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
7559-15
Modifica ley N° 18.290, de tránsito, incorporando en el certificado de inscripción el kilometraje registrado en el dispositivo y sancionando a quienes lo adulteren.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En virtud de mis atribuciones constitucionales, vengo en formular la indicación que más adelante se señala, que tiene por objeto sustituir el texto del proyecto de ley de la referencia.
I. FUNDAMENTOS DE LA INDICACIÓN.
1. El proyecto de ley en trámite.
El Gobierno, con fecha 5 de mayo del año 2010, inició el trámite legislativo del proyecto de ley que modifica disposiciones legales en materia de vivienda y urbanismo con el objeto de favorecer la reconstrucción (Boletín N° 6918-14), en áreas declaradas zonas de catástrofe con ocasión del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010. La iniciativa, se encuentra en actual primer trámite constitucional en la Cámara, para Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de esa Corporación.
Con todo, dado que la iniciativa original no ha logrado despejar las dificultades que se han observado en el proceso de reconstrucción, he resuelto introducir al proyecto de ley en actual trámite legislativo, las necesarias adecuaciones que permitan su pronto despacho por ese H. Congreso Nacional.
De esta manera, la indicación sustitutiva que someto a vuestra consideración, en lo fundamental, avanza en una mayor agilización del proceso de reconstrucción, estableciendo las normas que simplifican los procedimientos para obtener, por una parte, los permisos de obras de edificación y urbanización y las recepciones de las mismas, y por la otra, de los procedimientos para aprobar los planes reguladores o modificaciones de éstos en las áreas afectadas por la catástrofe de febrero de 2010, que no se consideraban en la iniciativa original.
2. Requerimientos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en materia reconstrucción.
La gigantesca tarea de reconstrucción ha exigido y exige una participación preponderante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por esta razón, esa Secretaría de Estado ha puesto en marcha un conjunto de programas habitacionales y llamados a postulación a subsidios en condiciones especiales. Asimismo, a través de la potestad reglamentaria que me confiere la Constitución y lo dispuesto en el artículo 116 bis D) de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se han establecido normas especiales y procedimientos simplificados de aprobación y recepción de construcciones que se realicen en las zonas afectadas por la catástrofe.
No obstante lo anterior, se hace necesario profundizar las modificaciones legales tendientes a crear mecanismos que faciliten el proceso de reconstrucción.
Lo anterior, sin perjuicio de la necesidad que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo continúe liderando el proceso de reconstrucción de las ciudades y localidades afectadas desde el punto de vista urbanístico, con el objeto de resguardar que en ellas se mantenga la identidad cultural que las caracteriza y se facilite la reinstalación de sus bases productivas.
Dentro de las dificultades a enfrentar en el proceso de reconstrucción se distinguen, por una parte, los procedimientos para obtener los permisos de obras de edificación y urbanización y las recepciones de las mismas y, por otra, los procedimientos para aprobar planes reguladores o modificaciones de estos en las localidades afectadas por la catástrofe.
La normativa legal vigente y los medios disponibles para obtener tales aprobaciones no resultan totalmente apropiados para satisfacer las necesidades generadas con ocasión de la catástrofe. En el caso de los permisos y recepciones de las construcciones, las respectivas Direcciones de Obras Municipales han visto multiplicarse las solicitudes, desde obras de gran envergadura hasta simples reparaciones de viviendas, sin que necesariamente cuenten con los medios profesionales y de infraestructura requeridos para hacer frente a la nueva demanda.
Asimismo, en el caso de las aprobaciones de los planes reguladores o sus modificaciones, con el objeto de adecuar las normas de las localidades afectadas, a la incorporación de nuevas áreas de riesgo y a las necesidades de implementar los planes de reconstrucción, es imprescindible simplificar los procedimientos aplicables sobre la materia. Lo anterior, especialmente con relación a los estudios y contenidos de los planes, de los sistemas de evaluación y los pronunciamientos de las distintas autoridades, normalmente exigibles en dicho proceso, cuando no existe la condición de urgencia derivada de una catástrofe. Situación similar ocurre en los casos de nuevos conjuntos habitacionales con subsidio estatal, cuando es necesario modificar los planes reguladores existentes para darles cabida.
Esta tarea exige, por una parte, entregar facultades a las Secretarías Regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que puedan suplir a las Direcciones de Obras en los casos que sea necesario y, por otra parte, complementar las facultades que en materia de planificación urbana tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en el artículo 27 del Título I de la ley N° 16.282, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 104, de 1977, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
II. CONTENIDO DE LA INDICACIÓN SUSTITUTIVA.
1. Focalización de los procedimientos simplificados de aprobación de permisos de construcción y regularizaciones.
Para favorecer la reconstrucción se propone reemplazar el artículo 116 bis D) del decreto con fuerza de ley N° 458, de Vivienda y Urbanismo, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, que otorga facultades al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para simplificar procedimientos de aprobación de permisos de construcción y regularizaciones, a través de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. El nuevo artículo que se propone focaliza los procedimientos y requisitos simplificados en las nuevas construcciones que formen parte de los planes de reconstrucción o estén destinadas a reconstruir o reponer construcciones dañadas por la catástrofe.
Asimismo, faculta a las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo correspondientes a la zona declarada afectada por catástrofe, para otorgar los permisos y recepciones de construcciones en todos los casos que sea necesario, y aclara que para dichas autorizaciones no se requerirán pronunciamientos de otros organismos del Estado o requisitos adicionales que los contemplados en la Ordenanza General de la misma ley.
Adicionalmente acota la exención de derechos municipales solo para los permisos de regularización y de ampliación de viviendas sociales, modificando el texto actual que además incluía a las viviendas sociales nuevas, esto dado que es necesario que dichas viviendas, generalmente conjuntos de distintos tamaños, paguen derechos municipales en contraprestación a las labores de revisión e inspección que desarrollan las Direcciones de Obras Municipales.
2. Perfeccionamiento del procedimiento simplificado de aprobación y modificación de planes reguladores comunales en Zonas de Catástrofe.
Para facilitar la aprobación o modificación de los planes reguladores comunales en las áreas comprendidas en la declaratoria de Zona de Catástrofe establecida por el decreto supremo N° 150, del Ministerio del Interior y Seguridad pública, de 2010 y su prórroga contenida en el decreto supremo N° 148, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de 2011, y que como consecuencia del maremoto deberán contar a la brevedad con instrumentos de planificación, que definan las nuevas áreas de riesgo y generen la normativa necesaria para incorporar las nuevas construcciones, se ha estimado necesario reemplazar el artículo 27 del Título I de la ley N° 16.282, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 104, de 1977, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con el objeto de establecer claramente las condiciones para aplicar el procedimiento simplificado de que trata el citado artículo, junto con limitar las exigencias que corresponde hacer para la aprobación de estos planes reguladores especiales, evitando problemas de interpretación que pudieren dificultar su aplicación.
Para lograr lo anterior, se propone contemplar un plazo de 4 años para ingresar el proyecto de plan regulador o modificación a su fase de aprobación ante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, considerando que solamente en los estudios de riesgo de las numerosas localidades afectadas se ocupan más de dos años, tanto por su complejidad como por la cantidad de estudios simultáneos que son requeridos.
3. Adecuación de las facultades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en los procedimientos relacionados con catástrofe.
Para cumplir las tareas mencionadas en los dos puntos anteriores, es necesario coordinar las nuevas funciones con las atribuciones de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, en materia de otorgamiento de los permisos y recepciones en zonas declaradas afectadas por catástrofe y de aprobación de modificaciones a áreas de riesgo y casos de obras menores de encauzamiento de aguas.
Adicionalmente se incorpora la función de autorizar proyectos tipo de edificaciones que luego puedan ser levantadas por los propietarios sin necesidad de contratar proyectos específicos, proyectos que se entregarán con todos sus planos y especificaciones técnicas, solucionando numerosos casos de construcciones en sitio propio y también en localidades de valor patrimonial arquitectónico, en las cuales se podrán aprobar proyectos tipo adecuados a la arquitectura propia del lugar. Estos proyectos tipo no se refieren solo a viviendas sino también podrán utilizarse para locales comerciales o talleres, por ejemplo en áreas centrales con fachada continua, permitiendo, junto con facilitar la reconstrucción por los propios residentes, mantener el valor urbanístico de la calle o sector.
Finalmente se da rango legal a las autorizaciones de viviendas industrializadas tipo que entrega la División Técnica del Ministerio, generalmente compuestas por elementos prefabricados que pueden ser armados en corto tiempo y en distintos lugares.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, la siguiente indicación sustitutiva al proyecto de ley del rubro, a fin de que sea considerada durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:
- Para sustituir íntegramente el texto del proyecto de ley, por el siguiente:
“Artículo 1°.- Reemplácese el artículo 116 bis D) del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, por el siguiente:
“Artículo 116 bis D).- La Ordenanza General de esta ley podrá establecer normas especiales y procedimientos simplificados de aprobación y recepción, para la regularización de construcciones y la aprobación de nuevas construcciones que se realicen en zonas que hubieren sido decretadas zona afectada por catástrofe, cuando formen parte de los planes de reconstrucción o se trate de reconstruir o reponer construcciones dañadas por la catástrofe.
En zonas declaradas zona afectada por catástrofe que involucren dos o más comunas, tales aprobaciones y recepciones podrán ser otorgadas por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.
Para los efectos de archivo y catastro, los planos y antecedentes de la construcción deberán remitirse a la Dirección de Obras Municipales en un plazo no superior a 30 días contados desde la fecha del permiso, previo pago de los derechos municipales correspondientes.
La Secretaría Regional Ministerial podrá autorizar excepciones respecto de las obligaciones de urbanización, atendiendo a las características especiales de las localidades en que se emplazarán los proyectos.
Los proyectos a que se refiere el presente artículo no requerirán autorizaciones o pronunciamientos de otros organismos del Estado ni requisitos adicionales a los que establezca la Ordenanza General.
Asimismo, la Ordenanza General establecerá los plazos en que se aplicarán las disposiciones que se establecen en el presente artículo, en consideración a la magnitud de la catástrofe.
Tratándose de proyectos habitacionales con subsidio estatal, dirigidos a resolver problemas derivados de la catástrofe, los Servicios Regionales o Metropolitano de Vivienda y Urbanización podrán proponer al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de la respectiva Secretaría Regional Ministerial las modificaciones a los Planes Reguladores que sean necesarias para el emplazamiento de dichos proyectos. El Ministerio aprobará dichas modificaciones previo informe de la Municipalidad respectiva, la que deberá evacuarlo en el plazo de 30 días, desde que fuere requerida para ello. Vencido este plazo, el Ministerio podrá resolver, aunque no se haya emitido dicho informe.
En el mismo plazo las regularizaciones y ampliaciones de viviendas sociales, cuyo valor de tasación de la vivienda no sea superior a 520 unidades de fomento, calculado conforme a la tabla de costos unitarios por metro cuadrado de construcción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, estarán exentas del pago de derechos municipales a que se refiere el artículo 130 de esta ley.”.
Artículo 2°.- Modifíquese el decreto ley N° 1.305, de 1975, sobre reestructuración y regionalización del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el siguiente sentido:
1) Incorporese en el artículo 16, la siguiente letra l), nueva:
“l) Autorizar proyectos y especificaciones técnicas tipo de viviendas industrializadas.”
2) Agréguese en el artículo 24, el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Asimismo les corresponderá:
a) Otorgar permisos y recepciones definitivas de construcciones en zonas declaradas afectadas por catástrofe, conforme a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Para tal efecto podrán nombrar delegados que cumplan dichas funciones en las localidades afectadas, con las mismas competencias que el Secretario Regional Ministerial en esta materia.
b) Autorizar proyectos tipo y especificaciones técnicas de edificaciones que cuenten con visación de los Servicios de Viviendas y Urbanización o las Municipalidades, conforme a los requisitos establecidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
c) Autorizar modificaciones de trazados de áreas de riesgo, previo estudio fundado suscrito por un profesional especialista.
d) Autorizar las modificaciones de cauces naturales o artificiales que fueren necesarias para ejecutar obras de edificación o urbanización, en los casos a que se refiere el artículo 116 bis D), de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en los casos señalados en los artículos 41 y 171 del Código de Aguas. Tales autorizaciones deberán contar con un informe previo favorable de la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas , con consulta a los correspondientes servicios, el cual deberá evacuarse en un plazo máximo de 15 días hábiles, contado desde el requerimiento respectivo. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiere emitido el informe se entenderá informado favorablemente lo requerido. Las modificaciones a que se refiere esta letra quedarán exentas del procedimiento establecido en el párrafo 1 del título I del Libro Segundo del Código de Aguas. Lo anterior no podrá menoscabar o perjudicar derechos de terceros.”.
Artículo 3°.- Modifíquese el Título I de la ley N° 16.282, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra fijado por el decreto supremo N° 104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de 1977, de la siguiente forma:
1) Reemplácese el artículo 27, por el siguiente:
“Artículo 27.- A solicitud de una Municipalidad afectada por sismo o catástrofe el Presidente de la República , mediante decreto supremo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, podrá aprobar planes reguladores o modificaciones de los mismos, necesarios para resolver las dificultades originadas por sismo o catástrofe. Para tal efecto no se requerirán aprobaciones o pronunciamientos de otros organismos del Estado.
El procedimiento de aprobación y los contenidos de dichos planes reguladores o modificaciones serán reglamentados por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, considerando en forma previa a la aprobación del proyecto de plan o modificación por parte del Concejo Municipal una exposición al público por al menos 30 días, durante los cuales se podrán recibir las observaciones y comentarios que sobre el proyecto emita cualquier interesado.
Asimismo, deberán contar con los siguientes antecedentes mínimos: Memoria Explicativa, que incluirá un estudio de riesgos elaborado por profesional especialista; Ordenanza que contendrá las disposiciones reglamentarias necesarias, sobre materias relacionadas, directa o indirectamente, con la catástrofe o los planes de reconstrucción; y Planos, que expresen gráficamente las disposiciones de la Ordenanza.
No se requerirán antecedentes adicionales o requisitos no contemplados en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, la que asimismo fijará el plazo máximo para ingresar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo las respectivas solicitudes de aprobación de los planes o modificaciones, el cual no podrá ser superior a 4 años contados desde la declaración de zona de catástrofe, aun cuando no se encontraren vigentes los respectivos decretos.
En caso de municipalidades que carezcan de los recursos necesarios para elaborar los citados planes o modificaciones éstos podrán ser elaborados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sin costo alguno para la respectiva municipalidad.
El presente artículo también será aplicable a las modificaciones que sea necesario introducir a un Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano de una región con comunas afectadas por sismo o catástrofe.”.
2) Incorpórese el siguiente artículo 27 bis, nuevo:
“Artículo 27 bis.- Las Municipalidades de las zonas afectadas por sismo o catástrofe podrán permutar los terrenos que sean necesarios para ejecutar el plan de reconstrucción.”.
Artículo 4°.-Deróguese el artículo 3° transitorio de la ley N° 20.251, que establece un procedimiento simplificado para los permisos de edificación de viviendas sociales.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Artículo Transitorio.- Las disposiciones de la presente ley regirán también para las Zonas de Catástrofe establecidas por el decreto supremo N° 150 y su prórroga contenida en el decreto supremo N° 148, ambos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de 2010 y 2011, respectivamente, en lo que le fueren aplicables. El plazo de 4 años previsto en el nuevo artículo 27 del Título I de la ley N° 16.282, que se reemplaza por el artículo 3°, número 1), de esta ley, será de 2 años, contados desde la publicación la misma en el Diario Oficial.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; RODRIGO HINZPETER KIRBERG , Ministro del Interior y Seguridad Pública; RODRIGO PÉREZ MACKENNA , Ministro de Vivienda y Urbanismo ; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN , Ministro de Hacienda ; LAURENCE GOLBORNE RIVEROS , Ministro de Obras Públicas ; MARÍA IGNACIA BENÍTEZ PEREIRA , Ministra del Medio Ambiente .”
5. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 14 de diciembre de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado, en sesión del día de hoy, tomó conocimiento del rechazo de esa Honorable Cámara al proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 126 bis de la Constitución Política de la República, sobre territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández , correspondiente al Boletín N° 6.756-07, y del nombre de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 de la Carta Fundamental.
Al respecto, el Senado acordó que los Honorables Senadores miembros de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización concurran a la formación de la aludida Comisión Mixta.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.850, de 13 de diciembre de 2011.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): GUIDO GIRARDI LAVÍN , Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA , Secretario General del Senado .”
6. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 13 de diciembre de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el “Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Chile y Malasia”, suscrito en Yokohama, el 13 de noviembre de 2010, correspondiente al Boletín Nº 7.830-10.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.748, de 5 de octubre de 2011.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): GUIDO GIRARDI LAVÍN , Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA , Secretario General del Senado .”
7. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 13 de diciembre de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el “Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Letonia sobre Exención del Requisito de Visa para los Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y de Servicio”, suscrito en Nueva York, el 23 de septiembre de 2010, correspondiente al Boletín Nº 7.726-10.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.690, de 1 de septiembre de 2011.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): GUIDO GIRARDI LAVÍN , Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA , Secretario General del Senado .”
8. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 13 de diciembre de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el “Acuerdo entre la República de Chile y el Reino de España sobre la participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro”, correspondiente al Boletín Nº 7.584-10.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.689, de 1 de septiembre de 2011.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): GUIDO GIRARDI LAVÍN , Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA , Secretario General del Senado .”
9. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 13 de diciembre de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el “Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de Unasur sobre Compromiso con la Democracia”, suscrito en Georgetown, República Cooperativa de Guyana , el 26 de noviembre de 2010, correspondiente al Boletín Nº 7.754-10.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.756, de 6 de octubre de 2011.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): GUIDO GIRARDI LAVÍN , Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA , Secretario General del Senado .”
10. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 13 de diciembre de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el “Acuerdo Relativo al Desempeño de Actividades Remuneradas por Parte de Familiares Dependientes de sus Funcionarios en Chile entre el Gobierno de la República de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”, suscrito en Santiago, el 6 de enero de 2011, correspondiente al Boletín Nº 7.755-10.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.755, de 6 de octubre de 2011.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): GUIDO GIRARDI LAVÍN , Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA , Secretario General del Senado .”
11. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 13 de diciembre de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el “Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana”, suscrito en Caracas, el 11 de noviembre de 1989, correspondiente al Boletín Nº 6.152-10.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.514, de 9 de junio de 2011.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): GUIDO GIRARDI LAVÍN , Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA , Secretario General del Senado .”
12. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 13 de diciembre de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo del Mensaje, informes y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación a la siguiente iniciativa, correspondiente al Boletín número 7.308-06:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo primero.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades:
1) Modifícase el artículo 99 de la siguiente manera:
a) Intercálase, a continuación de la frase “administración local”, la locución “tales como aquellas”, y a continuación de la expresión “plan regulador”, la frase “, al uso, denominación y conservación de bienes nacionales de uso público como plazas y parques, a otras materias contenidas en ordenanzas”.
b) Incorpórase el siguiente inciso segundo:
“Las materias que según el inciso primero puedan someterse a plebiscito no podrán contravenir las normas legales y reglamentarias, ni afectar derechos adquiridos. Asimismo, las materias que se refieren al ingreso, uso y destino de fondos municipales sólo se podrán someter a plebiscito por el alcalde , con acuerdo del concejo, y la consulta podrá considerar más de una alternativa de inversión de montos similares.”.
2) Incorporánse, en el artículo 100, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:
“El Director Regional del Servicio Electoral , o el funcionario habilitado que éste designe, certificará las firmas de los electores a solicitud de los interesados, quienes sólo deberán pagar derechos equivalentes a los costos de traslado y a horas extraordinarias, según determine el Director del Servicio Electoral . El trámite efectuado ante notario público a que se refiere el inciso primero tendrá el carácter de gratuito para los interesados.
Un reglamento establecerá el procedimiento y las condiciones para la referida certificación de firmas.”.
3) Modifícase el artículo 101 de la siguiente forma:
a) Reemplázanse, en el inciso primero, la expresión “quince días” por “diez días”, y la frase “y en un periódico de los de mayor circulación en la comuna” por “, en un periódico de los de mayor circulación en la comuna y en el sitio electrónico institucional de la municipalidad”.
b) Intercálanse los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto, nuevos:
“La convocatoria a plebiscito, su rechazo u omisión, así como el texto de las cuestiones sometidas a plebiscito, podrán ser reclamadas ante el Tribunal Electoral Regional por al menos dos concejales, en su calidad de tales, los electores requirentes o por cualquier elector, dentro de los diez días siguientes a la publicación del decreto o de vencido el plazo sin que se hubiere dictado. El Tribunal Electoral Regional deberá citar al Alcalde y a los reclamantes o a los requirentes del plebiscito, según corresponda, para que presenten sus observaciones y descargos dentro del plazo de 5 días desde la notificación. Si el tribunal lo estima necesario por existir hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, podrá abrir un término de prueba de un máximo de 10 días, debiendo emitir su fallo en el plazo de 30 días de presentado el reclamo.
Las sentencias del Tribunal Electoral Regional serán apelables por cualquiera de las partes dentro del plazo de 5 días, contados desde la fecha de su notificación, ante el Tribunal Calificador de Elecciones, que deberá fallar dentro de un plazo de 10 días de presentada la apelación.
Los locales de votación se podrán ubicar en la sede comunal u otros lugares públicos que faciliten una mayor participación de los electores. Dicha ubicación deberá contar en todo caso con la aprobación del Servicio Electoral. Las mesas receptoras de sufragios funcionarán con tres vocales elegidos según lo dispuesto en la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.”.
c) Reemplázase en el inciso tercero, que pasa a ser sexto, la frase “de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna”, por la siguiente: “del total de electores que haya sufragado en la última elección de alcalde”.
4) Modifícase el artículo 102 de la siguiente manera:
a) Suprímese su inciso primero.
b) Reemplázase en su inciso segundo, que pasa a ser primero, el vocablo “Tampoco” por “No”.
c) Intercálase como inciso segundo, nuevo, el siguiente:
“En caso de elecciones populares distintas de las elecciones municipales, no se podrán celebrar plebiscitos entre los 90 días anteriores y los 60 días posteriores a ellas, pero se podrán celebrar el mismo día en que se efectúen tales elecciones. En este caso el procedimiento de plebiscito se someterá a la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en lo que sea aplicable. Si en el tiempo intermedio entre la convocatoria y la celebración del plebiscito comunal se convoca a plebiscito nacional o a elección extraordinaria de Presidente de la República , el plebiscito comunal se deberá celebrar en conjunto con esas elecciones.”.
5) Derógase el artículo 103.
6) Reemplázase el inciso primero del artículo 104 por el siguiente:
“Artículo 104.- En todo lo no regulado por esta ley será aplicable a la realización de los plebiscitos comunales lo dispuesto en la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con excepción de lo dispuesto en el Título VI. En todo caso, son aplicables los artículos 115 y 119 de dicha ley.”.
7) Agrégase, a continuación del artículo 104, el siguiente párrafo 4°, nuevo:
“Párrafo 4°
De las Consultas No Vinculantes
Artículo 104 bis.- El alcalde, con acuerdo del concejo, a requerimiento de los dos tercios de los concejales o por iniciativa de la proporción de los electores inscritos con derecho a sufragio en la comuna que determine la ordenanza que se indica en el inciso siguiente, someterá a consulta no vinculante las materias indicadas en el artículo 99, con excepción de la aprobación o modificación del plano regulador, del plan comunal de desarrollo y materias propias de ordenanzas, respetando las condiciones indicadas en su inciso segundo.
Las municipalidades deberán dictar una ordenanza en que se regulen los períodos en que se podrán celebrar consultas no vinculantes. No se podrán efectuar estas consultas durante el año en que se celebren elecciones municipales.
Asimismo, dicha ordenanza deberá regular los plazos y formalidades que deberá cumplir el alcalde para convocar a consulta no vinculante, debiendo a lo menos establecer la publicación de la convocatoria en un medio de comunicación local, en la sede comunal y en el sitio electrónico institucional al menos 15 días antes de su celebración. Deberá regular además la forma en que se efectuará la consulta no vinculante, asegurando la posibilidad de participar en ella a todos los electores de la comuna o del sector donde se celebre.
Si la consulta se celebra en un sector de la comuna, la convocatoria deberá señalar la zona geográfica, unidades vecinales u organizaciones funcionales cuyos electores podrán participar, según la materia de la consulta, debiendo asegurarse la participación de todas las personas habilitadas para votar que tengan interés directo en la materia sometida a consulta no vinculante. Las personas habilitadas para votar serán determinadas según el domicilio inscrito en el respectivo registro electoral. Un reglamento determinará las zonas geográficas, unidades vecinales u organizaciones funcionales que podrán considerarse en las convocatorias a consulta no vinculante para asegurar la participación de todos los electores que tengan interés directo en la materia sometida a consulta no vinculante.
Los resultados de la consulta no vinculante deberán ser publicados en la sede comunal, en el o los medios de comunicación indicados en el inciso tercero y en el sitio electrónico institucional.”.
Artículo segundo.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios:
1) Elimínase, en el artículo 26, la frase “En los plebiscitos comunales dicho texto será fijado por el alcalde.”.
2) Derógase el artículo 171 bis.
Artículo tercero.- Introdúcese, en el inciso primero del artículo 10 de la ley N° 18.593, de los Tribunales Electorales Regionales, el siguiente número 4°, nuevo, pasando su actual número 4° a ser número 5°:
“4°.- Resolver las reclamaciones de que deba conocer según lo dispuesto en el artículo 101 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.”.”.
-o-
Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto afirmativo de 32 Senadores, de un total de 38 en ejercicio.
En particular, todos los numerales del artículo primero, con excepción de la letra c) de su numeral 3), fueron aprobados con los votos de 25 Senadores, en tanto que dicho literal, así como el artículo segundo, se aprobaron con los votos favorables de 23 Senadores, en ambos casos respecto de un total de 38 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
-o-
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): GUIDO GIRARDI LAVÍN , Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA , Secretario General del Senado .”
13. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el protocolo bilateral entre la República de Chile y la República de Nicaragua al tratado de libre comercio entre Chile y Centroamerica y sus anexos, suscrito en Managua, el 22 de febrero de 2011. (boletín N° 8037-10-1)
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana pasa a informar sobre el proyecto de acuerdo del epígrafe, que se encuentra sometido a la consideración de la H. Cámara, en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de “suma”, y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, N° 15 y 54, N° 1, de la Constitución Política de la República.
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios correspondientes, y previamente al análisis de fondo de este instrumento, se hace constar lo siguiente:
1°) Que la idea matriz o fundamental de este Proyecto de Acuerdo, como su nombre lo indica, es aprobar el “Acuerdo que aprueba el Protocolo Bilateral entre la República de Chile y la República de Nicaragua al Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica y sus Anexos, suscrito en Managua, el 22 de febrero de 2011.
2°) Que este Proyecto de Acuerdo no contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado. No obstante, requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
3°) Que la Comisión aprobó el Proyecto de Acuerdo por la unanimidad de los Diputados presentes (9) señores Bauer, don Eugenio ; Delmastro, don Roberto ; Edwards, don José Manuel ; Jarpa, don Carlos Abel ; Moreira, don Iván ; Nuñez, don Marco Antonio ; Saffirio, don René , Tarud, don Jorge , y Teillier, don Guillermo .
4°) Que Diputado Informante fue designado el señor Teillier, don Guillermo.
II. ANTECEDENTES.
Según lo señala el Mensaje, el 14 de febrero del año 2002, fue publicado en el Diario Oficial, previa aprobación del Congreso Nacional, el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica adoptado entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile, Costa Rica, El Salvador , Guatemala , Honduras y Nicaragua, suscrito en Ciudad de Guatemala, el 18 de octubre del año 1999.
Agrega que el Artículo 21.03 (2) de dicho Tratado, estableció un mecanismo de entrada en vigencia progresiva del mismo, con el objeto de recoger la voluntad de los países signatarios, en orden a instituir, por una parte, un ámbito normativo común para todos los países y, por otra, un conjunto de disposiciones que deberían ser negociadas y tratadas en forma bilateral entre Chile y cada uno de los países signatarios de Centroamérica.
Así, añade, conforme al mencionado artículo, el Tratado entrará en vigor, separadamente, entre Chile y cada país de Centroamérica, una vez verificadas las condiciones fijadas en el mismo. Estas condiciones son: suscribir un protocolo que refleje la culminación de la negociación bilateral, en materias principalmente de acceso a mercados de mercancías y un capítulo de comercio de servicios; y, haber realizado el intercambio de los instrumentos de ratificación que certifiquen que han concluido las formalidades jurídicas necesarias con relación al Tratado y al respectivo Protocolo Bilateral. El trigésimo día contado a partir de la fecha en que se hayan verificado tales presupuestos, el Tratado y su Protocolo Bilateral, entrarán en vigor entre Chile y el correspondiente país centroamericano.
Hace presente, asimismo, que desde la fecha de publicación del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica, se han suscrito y entrado en vigor cuatro Protocolos Bilaterales. El primero, con la República de Costa Rica, que fue aprobado y publicado en conjunto con el Tratado de Libre Comercio. El segundo, con la República de El Salvador, suscrito el 30 de noviembre de 2000 y publicado en el Diario Oficial el 1 de junio de 2002. El tercero, con la República de Honduras, suscrito con fecha 22 de noviembre de 2005 y publicado en el Diario Oficial el 28 de agosto de 2008. Y el cuarto, con la República de Guatemala, suscrito el 7 de diciembre de 2007 y publicado en el Diario Oficial el 5 de agosto de 2010.
III. CONTENIDO DEL ACUERDO
El Protocolo Bilateral entre las Repúblicas de Chile y Nicaragua se estructura sobre la base de cinco artículos y sus respectivos Anexos, que contienen las materias contempladas en el Artículo 21.03 (2) del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica, y que se refieren a lo siguiente: el programa de desgravación arancelaria, contemplado en el Anexo 3.04 (2); las restricciones a programas de apoyo a las exportaciones, en el Anexo 3.09; los derechos de trámite aduanero, contempladas en el Anexo 3.11 (1); el entendimiento sobre indicaciones geográficas, contenido en el Anexo 3.12; las reglas de origen específicas aplicables sólo entre Chile y Nicaragua, contenidas en la Sección C del Anexo 4.03; y los Anexos I, II y III del Capítulo 11 sobre comercio transfronterizo de servicios.
Asimismo, el Protocolo Bilateral establece que dentro de un plazo de seis (6) meses a partir de su suscripción, las Partes realizarán consultas sobre la aplicación del Capítulo 16 referido a Contratación Pública y alcanzarán acuerdo sobre la Lista de Entidades de Nicaragua, correspondientes al Anexo 16.01, el cual será parte integrante del Protocolo Bilateral.
Por otra parte, se contempla que con el ánimo de fortalecer los lazos especiales de amistad, cooperación e integración entre ambas naciones, Chile brindará cooperación comercial a Nicaragua, en las áreas que las Partes determinen de común acuerdo.
1. Comercio de Mercancías.-
Chile tuvo en el año 2010 un intercambio comercial con Nicaragua que alcanzó los US$ 21 millones, con una balanza comercial superavitaria que llegó a los US$5 millones.
Comercio con Nicaragua, Año 2010
(Cifras en miles de US$)
Exportaciones
Importaciones
Balanza
Comercial
Intercambio
Comercial
13.250
7.954
5.296
21.204
Este es un Protocolo Bilateral de cobertura amplia, en el cual prácticamente todos los productos tendrán acceso libre de aranceles a los mercados de las Partes, dentro de un plazo máximo de 15 años en Nicaragua y 10 años en Chile. Se estableció, además, la consolidación de los niveles arancelarios para ambas Partes, así como la posibilidad de acelerar la eliminación en el futuro. En el ámbito no arancelario se adoptó el compromiso de no imponer medidas para-arancelarias que puedan afectar el comercio entre los países signatarios. También se estableció el compromiso de eliminar los subsidios a las exportaciones de productos agrícolas entre los socios y promover su eliminación en el ámbito multilateral.
En cuanto a los productos excluidos de la desgravación arancelaria, Chile listó los siguientes: productos en banda de precio (trigo y harina de trigo), glucosa, fructosa y artículos de prendería, entre otros. En el caso de Nicaragua, su lista de exclusión incluye: carnes rojas, carnes de aves, leche líquida fresca, preparaciones de carnes rojas, preparaciones de carnes de aves y cervezas, entre otros productos.
Evaluación de la Desgravación Arancelaria.
Como resultado de las negociaciones, Nicaragua concedió un 66% de sus productos en categoría inmediata, lo que significa que éstos podrán ingresar libres de aranceles desde el primer día de vigencia del Tratado y su Protocolo. En desgravación a 5 años quedó un 19,2% de los productos y en categorías más largas (10 y 15 años), Nicaragua otorgó a Chile el 13,4% de los ítems arancelarios, quedando en excepciones un 1,4%. Cabe mencionar que las desgravaciones son todas anuales e iguales.
Considerando las exportaciones efectivas a Nicaragua, según cifras del año 2010, el 63,5% de las exportaciones chilenas tendrá acceso libre de aranceles a ese mercado desde la entrada en vigencia, lo que lo hace un instrumento internacional ampliamente favorable para Chile. Entre los productos que obtuvieron un acceso inmediato libre de aranceles destacan los siguientes: leche condensada, quesos, nueces, uvas frescas, manzanas, caramelos, chocolates, pastas de tomate, vinos, cigarrillos, etc.
Apertura comercial de Chile.
En cuanto a la desgravación arancelaria que Chile otorgó a Nicaragua, un 97,5% de los productos tendrán acceso inmediato libre de aranceles desde la entrada en vigencia del Tratado, quedando en desgravación a 5 años un 1,79%, en desgravación a 10 años el 0,3% de los productos, en excepciones un 0,4% y en el tratamiento azúcar el 0,01%. Entre los productos de importación de Chile desde Nicaragua podrán ingresar libre de aranceles desde la entrada en vigencia del Tratado y del Protocolo Bilateral los siguientes productos: frutas tropicales, cigarros, puros, ron, suéteres y poleras de algodón; en 5 años los aceites comestibles, artículos de confitería, chocolates; en 10 años el arroz, los cementos, neumáticos.
Entendimiento sobre Indicaciones Geográficas.
El Protocolo Bilateral incorpora el Anexo 3.12, relativo a un Entendimiento sobre Indicaciones Geográficas. Conforme a este Entendimiento, Nicaragua reconocerá la indicación geográfica Pisco Chileno como bebida espirituosa en el plazo de tres años desde la fecha de entrada en vigor del Tratado y este Protocolo.
Adicionalmente, las Partes acordaron establecer mecanismos de cooperación para el desarrollo de indicaciones geográficas en Nicaragua.
2.- Comercio Transfronterizo Servicios.-
El Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica, regula el comercio transfronterizo de servicios, con o sin movimiento del proveedor o consumidor del servicio, incluyendo, de tal manera, a los cuatro modos de prestación.
Se tuvo como referente los respectivos capítulos de servicios contenidos en tratados bilaterales suscritos anteriormente por Chile bajo el enfoque de lista negativa, así como el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC, ampliando los compromisos establecidos en las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay, al incluir casi la totalidad de los sectores de servicios en este Protocolo.
El referido Capítulo establece un marco regulatorio común para los países signatarios para la prestación de servicios transfronterizos, a través de las disciplinas de trato nacional, nación más favorecida y la no obligación de presencia local.
En los Anexos I y II del Protocolo Bilateral, las Partes establecen ciertas excepciones a los principios antes señalados. A este respecto, el Anexo I agrupa todas las medidas existentes en la legislación vigente de cada país, que estén en disconformidad con las obligaciones del Capítulo. En este sentido, todos los sectores se encuentran liberalizados para la prestación de servicios transfronterizos, salvo aquellos expresamente listados en estos Anexos. El Anexo II señala aquellos sectores especialmente sensibles, respecto de los cuales las Partes se reservan el derecho de adoptar nuevas medidas disconformes con las obligaciones del Capítulo, que no necesariamente contengan medidas vigentes. Además, existe un Anexo III, en el que cada Parte indica sus restricciones cuantitativas no discriminatorias, señalando las disposiciones vigentes que limitan el número de prestadores de servicios o las operaciones de los prestadores de servicios en algún sector en particular.
Adicionalmente, se crean reglas específicas relativas a los servicios profesionales, cuyo objetivo es fijar las bases para un eventual reconocimiento de títulos de aptitud. Asimismo, se crea un Comité para que las Partes traten las materias pertinentes del Capítulo.
Por último, en el ámbito de las inversiones, las Partes acordaron incluir una cláusula de negociación futura que les permita abordar las regulaciones relativas a esta materia en su oportunidad.
IV. DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN Y DECISIÓN ADOPTADA.
En el estudio de este Proyecto de Acuerdo la Comisión contó con la asistencia y colaboración del señor Subsecretario de Relaciones Exteriores , don Fernando Schmidt Ariztía , y del señor Pablo Urria Hering , Jefe del Departamento de América Latina de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacional de la Cancillería,
El señor Subsecretario de Relaciones Exteriores , además de refrendar los fundamentos del Mensaje que le da origen, explicó que este proyecto es parte de un objetivo estratégico que tiene por finalidad posicionar a nuestro país en el conjunto de los mercados de Centroamérica y representa un eje fundamental en la política diplomática en dicha región.
Agregó que, cada uno de los acuerdos de libre comercio suscritos entre Chile y Centroamérica contempla un mecanismo de entrada en vigencia progresiva del mismo, con el objeto de recoger la voluntad de los países signatarios, en orden a instituir, por una parte, un ámbito normativo común para todos los países y, por otra, un conjunto de disposiciones que deberían ser negociadas y tratadas en forma bilateral entre Chile y cada uno de ellos.
Así, añade, conforme al mencionado artículo, el Tratado entrará en vigor, separadamente, entre Chile y cada país de Centroamérica, una vez verificadas las condiciones fijadas en el mismo. Estas condiciones son, como lo señala su texto, suscribir un protocolo que refleje la culminación de la negociación bilateral, en materias principalmente de acceso a mercados de mercancías y un capítulo de comercio de servicios; y, haber realizado el intercambio de los instrumentos de ratificación que certifiquen que han concluido las formalidades jurídicas necesarias con relación al Tratado y al respectivo Protocolo Bilateral. El trigésimo día contado a partir de la fecha en que se hayan verificado tales presupuestos, el Tratado y su Protocolo Bilateral, entrarán en vigor entre Chile y el correspondiente país centroamericano.
Concluyó señalando que desde la fecha de publicación del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica, se han suscrito y entrado en vigor cuatro Protocolos Bilaterales. El primero, con la República de Costa Rica, que fue aprobado y publicado en conjunto con el Tratado de Libre Comercio. El segundo, con la República de El Salvador, suscrito el 30 de noviembre de 2000 y publicado en el Diario Oficial el 1 de junio de 2002. El tercero, con la República de Honduras, suscrito con fecha 22 de noviembre de 2005 y publicado en el Diario Oficial el 28 de agosto de 2008. Y el cuarto, con la República de Guatemala, suscrito el 7 de diciembre de 2007 y publicado en el Diario Oficial el 5 de agosto de 2010.
Por su parte, los señores Diputados presentes expresaron unánimemente su decisión favorable a la aprobación de este Proyecto de Acuerdo, que viene a ratificar el objetivo estratégico del país que tiene por finalidad posicionar a Chile dentro de los mercados regionales y, muy especialmente, en los mercados de Centroamérica, además de contener un compromiso por parte de Nicaragua en orden a reconocer la indicación geográfica “Pisco Chileno” como bebida espirituosa en el plazo de tres años desde la fecha de entrada en vigor del Tratado y este Protocolo, lo que estimaron altamente beneficioso en momentos en que su reconocimiento es objeto de imputación por otro país de la región.
Por ello, por 9 votos a favor, ningún voto en contra y cero abstención prestaron su aprobación al Proyecto de Acuerdo en informe, los Diputados señores Bauer, don Eugenio ; Delmastro, don Roberto ; Edwards, don José Manuel ; Jarpa, don Carlos Abel ; Moreira, don Iván ; Nuñez, don Marco Antonio ; Saffirio, don René , Tarud, don Jorge , y Teillier, don Guillermo .
V. MENCIONES REGLAMENTARIAS.
En conformidad con lo preceptuado por el artículo 289 del Reglamento de la Corporación, se hace presente que vuestra Comisión no calificó como normas de carácter orgánico o de quórum calificado ningún precepto contenido en Proyecto de Acuerdo en informe. Sin embargo, ella determinó que sus preceptos deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda por tener, eventualmente, incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.
Como consecuencia de los antecedentes expuestos y visto el contenido formativo del Acuerdo en trámite, la Comisión decidió por la unanimidad antes señalada recomendar a la H. Cámara aprobar dicho instrumento, para lo cual propone adoptar el artículo único del Proyecto de Acuerdo, cuyo texto es el siguiente:
PROYECTO DE ACUERDO
“Artículo único.- Apruébase el Protocolo Bilateral entre la República de Chile y la República de Nicaragua al Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica y sus Anexos, suscrito, en Managua, el 22 de febrero de 2011.”.”
-o-
Discutido y despachado en sesión de fecha 13 de diciembre de 2011, celebrada bajo la presidencia del H. Diputado don Carlos Abel Jarpa Wevar , y con la asistencia de la Diputada señora Zalaquett , doña Mónica , y los Diputados señores Bauer, don Eugenio ; Cerda, don Eduardo ; Delmastro, don Roberto ; Díaz, don Marcelo ; Edwards, don José Manuel ; Moreira, don Iván ; Nuñez, don Marco Antonio ; Saffirio, don René ; Tarud, don Jorge , y Teillier, don Guillermo .
Se designó Diputado Informante al señor Teillier, don Guillermo .
Sala de la Comisión, a 13 de diciembre de 2011.
(Fdo.): PEDRO N. MUGA RAMÍREZ, Abogado, Secretario de la Comisión .”
14. Informe sobre la participación del diputado señor Roberto León Ramírez en la Audiencia Parlamentaria 2011 organizada por Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria, efectuada en Nueva York, los días 28 y 29 de noviembre de 2011.
“Honorable Cámara,
Tengo a honra informar sobre la participación que le correspondió al diputado señor Roberto León Ramírez en la Audiencia Parlamentaria 2011, efectuada los días 28 y 29 de noviembre de 2011, en Nueva York, cuyo tema central fue “Reforzar la responsabilidad política para un mundo más pacífico y más próspero”, donde participaron diversos parlamentarios y representantes de Naciones Unidas. Esta audiencia anual se desarrolla conjuntamente entre Naciones Unidas y la UIP, conforme a las resoluciones de la Asamblea General 61/6 y 63/24.
I. ANTECEDENTES GENERALES.
Dentro del programa • de cooperación que desarrollan ambas organizaciones, se llevan a cabo en forma anual estas reuniones parlamentarias, cuyo objetivo es aportar la visión de los Parlamentos a las discusiones que se desarrollan al interior de Naciones Unidas, con especial énfasis en el proceso de participación ciudadana.
De acuerdo con la declaración adoptada en la Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos del año 2010, la responsabilidad política es el fundamento de la paz, de la prosperidad y del bien común.
En base a lo anterior, se instaura una relación de confianza entre los líderes políticos y los ciudadanos, gracias a los procesos de toma de decisión transparentes y abiertos, lo que supone como consecuencia un enfoque inclusivo y amplio que toma en consideración una amplia gama de puntos de vista. Son estas características las que aumentan las posibilidades de que las expectativas de los ciudadanos en el área política, social y económica que estos tienen en las instituciones democráticas, sean alcanzadas.
La Asamblea General de Naciones Unidas otorga legitimidad a ios esfuerzos emprendidos a nivel mundial para mantener la paz y la seguridad, alcanzar el desarrollo sustentable y proteger los derechos humanos. Esto se expresa mediante las resoluciones adoptadas por los Estados miembros de ONU, con miras a alentar a las autoridades nacionales a actuar y a reaccionar, como por ejemplo, el caso de la resolución de este año, mediante la cual se insta a reforzar el rol de la mediación en la solución de los diferendos, en la prevención y solución de conflictos.
No es menos cierto que la Asamblea General cuenta con pocos medios para hacer aplicar sus decisiones, puesto que la responsabilidad en la implementación efectiva de sus resoluciones recae directamente en los Estados miembros y esto depende de la voluntad política del momento.
Por otra parte, es preciso considerar que tales resoluciones tampoco tienen carácter obligatorio ni establecen plazos para su cumplimiento.
De esta manera, Naciones Unidas no cuenta con ningún mecanismo que le permita exigir la rendición de cuentas acerca del cumplimiento de tales decisiones, lo que representa una debilidad importante y es por ese motivo que se ha planteado el tema relativo a la responsabilidad de la Asamblea General, en el sentido de qué pasa si ésta no cumple sus promesas.
Por este motivo, es indudable que la responsabilidad de la Asamblea General depende de la voluntad de los Estados de dar seguimiento a las resoluciones y decisiones.
II. INAUGURACIÓN.
Usaron de la palabra el Presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas , señor Abdulaziz Al-Nasser, quien excusó al Presidente de la Unión Interparlamentaria , señor Abdelwahad Radi, por no haber podido asistir debido a importantes acontecimientos políticos en Marruecos, siendo reemplazado por el Vicepresidente , señor Alonso Díaz Caneja , de México.
En primer término, el Presidente de la Asamblea destacó el aporte que efectúa la UIP a los trabajos de Naciones Unidas, pues estos representan una valiosa contribución en cuanto significan la implementación de los compromisos mundiales en legislación y políticas nacionales.
De este modo, se refirió a la beneficiosa cooperación que sostienen estas organizaciones internacionales, en que ambas reciben un importante aporte, en donde los parlamentos aportan el conocimiento colectivo, mientras que la ONU proporciona un foro para compartir ideas y enseñanzas, que pueden ser replicadas en los distintos países y aplicadas en la realización de las políticas y en el desarrollo de la normativa legal.
Específicamente en cuanto al tema en discusión, esto es la rendición de cuenta política, destacó su importancia en los tiempos actuales, pues en todo el mundo las poblaciones están demandando gobiernos más sensibles que encaminen su quehacer hacia el bien de la sociedad en su conjunto.
A continuación subrayó que la Asamblea General de Naciones Unidas es el único lugar del mundo donde todos los países se reúnen como iguales, sin tener en cuenta su poder y riqueza. “Un miembro, un voto”, sin perjuicio de que la Asamblea General ha luchado por adaptarse a las nuevas realidades mundiales.
Asimismo, se refirió al proceso de renovación que experimenta Naciones Unidas en que, por una parte, se trata de retener el poder político, pero también continuar dentro de los principios de eficiencia, eficacia y representatividad.
Por este motivo, sostuvo que resultaba esencial que existiera una fuerte voluntad política para llevar a cabo las resoluciones y decisiones de la Asamblea General.
Finalizó sus palabras, instando a los parlamentarios a desarrollar un trabajo fructífero, al intercambio de experiencias innovadoras y a trabajar por objetivos comunes.
El Vicepresidente de la UIP, senador Díaz-Caneja, a su vez, agradeció al Presidente de la Asamblea General , señor Abdulaziz Al-Nasser por la hospitalidad otorgada para el desarrollo del encuentro parlamentario anual.
Asimismo, resaltó la importancia de esta reunión anual que congrega a parlamentarios de todo el mundo, lo que posibilita un importante diálogo político, fortalece y desarrolla la relación entre ambas organizaciones internacionales, con miras a los objetivos de hacer un mundo más estable, libre de guerras y de pobreza.
Hizo un resumen de la labor desarrollada entre ambas instituciones y puso énfasis en los futuros trabajos a ejecutar, y que dicen relación con “la interacción entre ONU, los parlamentos nacionales y la UIP”, como una manera de definir objetivos concretos como son la paz, la democracia y el desarrollo.
“Ya sea en la Plaza Tahrir y en la región árabe en general, o a unas pocas cuadras de aquí en Wall Street, los pueblos de todo el mundo nos están diciendo en alto y claramente que no están satisfechos. La gente quiere justicia social y oportunidades económicas. Ellos quieren que los gobiernos y las instituciones sean transparentes en sus decisiones y rindan cuentas de estas.
La tarea de reconciliar las diferentes y a menudo contradictorias perspectivas de nuestro electorado a través de políticas públicas efectivas representa un enorme desafío. Hacer esto en momentos de profundos cambios en la sociedad, en el panorama político y en las instituciones de gobernanza, es aún más duro. No obstante, esta es la obligación que recae sobre cada uno de nosotros en virtud de nuestro mandato parlamentario.
El debate de hoy y de mañana de involucrar a los jóvenes y a la sociedad civil en los procesos democráticos, y en hacer que el manejo de los fondos públicos sea más transparente y justo implica desafíos que virtualmente cada político en el mundo está enfrentando en este momento.
Esto también ilustrará algunas de las soluciones y oportunidades a nuestra disposición para provocar cambios. ¿Estamos haciendo todo lo que podemos para satisfacer las aspiraciones de nuestros jóvenes? ¿Cómo mejoramos nuestra interacción con las organizaciones de la sociedad civil? ¿No podemos hacer algo mejor para luchar contra la corrupción, la evasión fiscal y otras malversaciones de los fondos públicos que están socavando la confianza en el gobierno en casi todos lados? No existe escape a la urgencia de estas cuestiones.
A nivel mundial, la Asamblea General ofrece una plataforma única para todos los Estados Miembros para abordar cuestiones preocupantes. Sin embargo, muchas de las decisiones de la Asamblea General, y de hecho de otros numerosos organismos, nunca son implementadas. Muy pocas de estas decisiones son compartidas con los parlamentos nacionales, y casi no existe consulta previa a los parlamentos sobre las cuestiones y posiciones que el gobierno intenta promover en las Naciones Unidas. Por tanto, uno se podría preguntar: ¿quién es responsable por las decisiones de la Asamblea General?
Como hemos discutido el año pasado, no puede haber sustituto para la Asamblea General. Los órganos menos representativos, tales como el G20, deben respetar ese hecho. Sin embargo, si la Asamblea General desea mantener su rol de liderazgo, esta debe tornarse más transparente, más eficaz y más responsable. Creemos que la UIP y nuestros parlamentos miembros, a través de nuestra creciente cooperación con las Naciones Unidas, puede ser parte de la solución.
La demanda por una mayor rendición de cuenta política llega en un momento oportuno. Con la brecha entre los ricos y los pobres ensanchándose cada día, y con numerosas personas sintiéndose privadas del derecho de voto en todos los rincones del mundo, toda la comunidad mundial se encuentra en grave peligro de mayor inestabilidad y mayores disturbios. Como dice un reciente eslogan, “solamente la democracia es demasiado grande para fracasar.” Permitamos que esta Audiencia y su seguimiento representen una oportunidad para nosotros de reunirnos y movernos en la dirección correcta”.
Por último, hizo uso de la palabra la Vicepresidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, señora Asha¬Rose Migiro , quien señaló:
“La rendición de cuenta política es vital para enfrentar los desafíos generacionales del mundo de hoy.
La pobreza, el crimen y la violencia prosperan en los Estados que no rinden cuentas. Los países con instituciones corruptas y represivas – donde el estado de derecho es débil – enfrentan un mayor riesgo de guerra civil, violencia criminal y terrorismo. Esto fue documentado en el Informe de Desarrollo Mundial de este año del Banco Mundial. Pero nosotros no necesitamos un estudio para apreciar el daño causado por los gobiernos represivos.
La Primavera Árabe fue un reflejo del anhelo humano fundamental, especialmente entre los jóvenes, por la democracia, la dignidad y los gobiernos que rinden cuentas.
La rendición de cuenta política y la gobernanza democrática son inseparables. Ambos son esenciales para la paz, el desarrollo y los derechos humanos.
Corno parlamentarios, ustedes encarnan la rendición de cuenta política. En el mejor de los casos, ustedes escuchan a los ciudadanos y expresan su voluntad. Ustedes controlan el poder de los gobiernos, aprueban las leyes que favorecen las sociedades justas. Ustedes promueven el diálogo pacífico para superar las tensiones y aseguran que los recursos nacionales sean distribuidos equitativamente.
Honorable Delegación, como ex parlamentaria, aprecio totalmente los desafíos que enfrentan. Pero también entiendo las recompensas. Esta reunión es una oportunidad para ustedes de compartir ideas sobre cómo el sistema de Naciones Unidas puede trabajar mejor con la UIP. Nosotros compartimos los mismos objetivos: promover la gobernanza democrática y traducir los compromisos internacionales en realidades nacionales.
En primer lugar, practicar la rendición de cuentas. Eso implica la realización de elecciones regulares, creíbles y transparentes, y requiere un marco legal sólido que garantice la libertad de expresión, de reunión y de los medios.
Pero la rendición de cuentas va más allá de proporcionarle al pueblo las leyes correctas y una oportunidad de votar. Esta demanda la participación de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes. en los asuntos públicos diarios. Cuando llevan las opiniones de vuestro electorado a sus capitales, ustedes crean un puente fuerte entre los ciudadanos y su gobierno.
En segundo lugar, representar a vuestras poblaciones. En muchos países, una sala repleta de parlamentarios es una muestra de la población del país.
Las mujeres representan menos del 20% de los parlamentarios a nivel mundial. Esto es mucho menos del objetivo de 30%. Necesitamos traer más mujeres a los parlamentos - no solamente por el bien del equilibrio de género o para inspirar a una generación de niñas o para aprovechar los talentos que las mujeres pueden traer, sino porque toda la sociedad se beneficia cuando las mujeres son iguales.
También debemos hacer más para asegurar que los grupos minoritarios tengan escaños en los parlamentos. La mejor manera de alcanzar esto es educando a los ciudadanos de estos grupos y dándoles las habilidades y oportunidades para embarcarse en una vida de servicio público.
En tercer lugar, confrontar directamente la corrupción y el crimen organizado. Estos erosionan la rendición de cuenta política y la gobernanza democrática. Como las termitas, las prácticas corruptas ahuecan las instituciones débiles desde dentro. Y estos destruyen la confianza de la población en el Estado.
Honorables Parlamentarios: Los parlamentos de todo el mundo necesitan reforzarse y bloquear la corrupción en su camino.
Ustedes tienen muchas maneras de hacer esto. Ustedes pueden aprobar la legislación que requiere presupuestos transparentes. Ustedes pueden penalizar los comportamientos corruptos. Y ustedes pueden establecer defensores del pueblo independientes con el personal y el poder que necesiten para luchar contra la corrupción.
En cuarto lugar, asegúrense que las personas dejen el poder cuando hayan terminado. Y cuando la separación de poderes esté bajo amenaza, estén alertas e impónganse. La población de vuestro país cuenta con ustedes para que sean defensores de primera línea de la gobernanza democrática y de la constitucionalidad.
Damas y caballeros, como ustedes saben, el Secretario General comparte vuestra visión de un enérgico partenariado estratégico entre las Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria. Estamos orgullosos de nuestra fuerte relación. Estamos listos para trabajar estrechamente con ustedes para una mayor rendición de cuenta política. Y damos la bienvenida a vuestra nueva estrategia de cinco años “Mejores Parlamentos, Democracias más Fuertes.” Apreciamos profundamente esta contribución.
Saquemos lo máximo de esta reunión hoy y continuemos construyendo nuestro partenariado mañana – por el bien de los miles de millones de personas de nuestro mundo que se merecen una verdadera democracia.”
III. DEBATE.
1.- El primer panel se destinó a discutir acerca de “El rol de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el fortalecimiento de la responsabilidad a nivel mundial”
Los principales aspectos analizados dijeron relación con las siguientes interrogantes:
¿Puede la Asamblea General reforzar la responsabilidad a nivel mundial sin reforzar su propia responsabilidad?
¿Cuál es el rol que pueden jugar los parlamentos y los parlamentarios para reforzar la responsabilidad de la Asamblea General?
Dentro de esta idea se analizó, por ejemplo, la resolución sobre la mediación y se discutió acerca de quién sería el responsable de su implementación o de sus eventuales fracasos.
Se adjunta discurso pronunciado por el diputado señor León en Anexo N° 1.
2.- Un segundo panel sobre “La participación de los jóvenes en el proceso democrático - desafíos y oportunidades”, donde se destacó la importancia de los jóvenes en las agendas de ambas organizaciones internacionales. Se recordó la resolución adoptada por la UIP sobre la participación de los jóvenes en el proceso democrático y la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre los jóvenes, de 2011.
En ellas se destacan las perspectivas y las dificultades ligadas a la evolución demográfica mundial. Más de la mitad de la población mundial tiene menos de 25 años, la mayoría de los jóvenes están concentrados en los países en desarrollo. En la mayor parte de los países desarrollados se presenta la situación inversa, ya que el porcentaje de jóvenes no cesa de disminuir. Los jóvenes constituyen un recurso humano indispensable para el desarrollo político, social, económico y tecnológico. Sin embargo, las oportunidades que puede generar la participación de los jóvenes no ha sido aún comprendida.
Los jóvenes en todo el mundo, especialmente las mujeres jóvenes son excluídas de los supuestos beneficios de la globalización y es más probable que sean negativamente afectadas por la crisis económica y la inestabilidad política.
El desempleo entre los jóvenes es consistentemente más alto que el de la población en general, tanto en los países desarrollados como en los en desarrollo.
Mientras que la población mundial se está tornando más joven, éstos están cada vez menos involucrados en la toma de decisión democrática. Ampliamente desilusionados con las oportunidades para una participación política efectiva a nivel nacional, los jóvenes están cada vez menos involucrados en las formas tradicionales de participación pública, tales como las votaciones y la afiliación a los partidos políticos.
La participación no tradicional, ayudada por la utilización de las TICs, está aumentando entre los jóvenes. La consecuencia de estos desarrollos es una generación que ha perdido la confianza en su capacidad de influir en las decisiones que le conciernen, lo que en sí mismo debilita las estructuras democráticas.
Con el fin de atenuar las consecuencias negativas de la globalización sobre los jóvenes, el documento adoptado en la reunión de alto nivel sobre los jóvenes, organizada en 2011, exhorta a las partes interesadas a adoptar una estrategia mundial que incorpore las soluciones nacionales y regionales centradas en la generación de empleo.
Al mismo tiempo, el documento final reconoce que los jóvenes ya no pueden seguir siendo considerados como simples beneficiarios pasivos. Para poder enfrentar los desafíos que se plantean, los jóvenes deben estar asociados a los procesos de toma de decisión como actores, lo que será particularmente difícil a nivel nacional, ya que estos parecen haber dado la espalda a la vida política nacional.
La discusión anterior se centró en las siguientes interrogantes:
¿Qué medidas pueden tomar los países para alentar la participación de los jóvenes en la toma de decisión y en los procesos democráticos en general?
¿La solución consiste en asegurar una mayor representación de los jóvenes en las instituciones nacionales? Si es así, ¿qué se puede hacer para incrementar el número de jóvenes parlamentarios?
¿Qué enseñanzas pueden sacar los parlamentos de la experiencia de la ONU en aumentar la contribución de los jóvenes en el plano internacional?
Se adjunta discurso pronunciado por el diputado señor León , en Anexo N° 2.
3.- Un tercer panel se destinó a analizar “La rendición de cuentas en la gestión de los fondos públicos -buenas prácticas y legislación modelo en materia de transparencia presupuestaria”.
El conocido eslogan “no a los impuestos sin representación”, implica que los impuestos son aceptables solamente si los representantes electos supervisan la manera en que son administrados los dineros públicos. La mayor parte de los parlamentos tienen constitucionalmente por misión el controlar las finanzas públicas. Esta misión no se limita a aprobar o a rechazar los presupuestos propuestos por el gobierno. Idealmente, y cada vez más, los parlamentos examinan en detalle los proyectos de presupuesto, controlan los gastos y evalúan el impacto de las políticas sobre sus beneficiarios.
En numerosos países, la función de control de la acción del Ejecutivo por medio del control presupuestario y financiero está severamente limitada. Los estudios muestran que la mayor parte de los gobiernos brindan al Parlamento, y al público, información presupuestaria insuficiente, o no brindan ninguna información. Las instituciones de auditoría de las cuentas no tienen generalmente la independencia deseada respecto al Ejecutivo para proceder a evaluaciones presupuestarias fiables.
Aún donde los parlamentos tiene el derecho constitucional para modificar el presupuesto, no se les da el tiempo adecuado para debatir el presupuesto propuesto, y los miembros de las comisiones pertinentes (ej. de Presupuesto y de Cuentas Públicas) con frecuencia no tienen las competencias necesarias para contribuir constructivamente. Al mismo tiempo, pocos parlamentos organizan audiencias públicas antes de la adopción del presupuesto para consultar directamente con los contribuyentes. La combinación de estos factores hace que los ciudadanos no sepan generalmente cómo el gobierno gasta su dinero.
Por otra parte, la transparencia es la piedra angular de la rendición de cuentas. El impacto de la administración no transparente de los fondos públicos sobre el desarrollo social, político y económico del país puede ser grave. La falta de transparencia puede llevar al despilfarro o a la corrupción, y dar lugar a políticas ineficaces e impopulares.
Sin transparencia presupuestaria es imposible medir el progreso alcanzado en la realización de los compromisos internacionales en materia de desarrollo, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Teniendo presente estos impactos, es claro que la gestión transparente de los fondos públicos es la base para legitimar los procesos políticos.
La discusión versó sobre las siguientes interrogantes:
¿Cómo se puede alentar la participación de los ciudadanos en el proceso presupuestario?
¿Saben las personas lo suficiente sobre cómo los gobiernos gastan su dinero?
¿Cómo pueden los parlamentos reforzar su control sobre la manera en que son administrados los dineros públicos?
¿Se deben fijar a nivel mundial las normas aplicables a la transparencia presupuestaria? Si es así, entonces ¿quién debe fijarlas y cómo deben estas ser monitoreadas?
Se adjunta discurso pronunciado por el diputado señor León en Anexo N° 3.
4.- El cuarto panel analizó sobre cómo “Reforzar los vínculos entre las instituciones nacionales y la sociedad civil - hacia sociedades más abiertas”.
La democracia, al igual que la rendición de la cuenta política, solamente puede existir si la relación entre aquellos que ejercen el poder y aquellos que lo delegan va más allá de las elecciones y es mantenida en favor de una comunicación constante y de intercambios interactivos.
La participación de la sociedad civil en el proceso político no es suficiente para garantizar una representación equitativa de los diferentes intereses presentes en la sociedad ni produce necesariamente un sistema caracterizado por una mayor equidad y justicia social.
En base a lo anterior, se formularon algunas preguntas como:
¿Cuáles son algunos de los aspectos de la relación entre parlamento y sociedad civil que permitirían mejorar los resultados democráticos?
Se constató que la relación entre el Parlamento en tanto que institución, los parlamentarios y la sociedad civil es importante para forjar consenso, pero la posibilidad de contribuir al trabajo legislativo y a la misión de control del Parlamento está con frecuencia limitada a unos pocos grupos de presión.
Los parlamentos mantienen diferentes métodos para organizar la participación de la sociedad civil en las diferentes etapas del proceso legislativo, particularmente a través de las audiencias públicas, las asambleas, los referendos y las iniciativas ciudadanas, las consultas de expertos o de ciudadanos ordinarios y de las invitaciones a todos los particulares y a los grupos interesados a presentar propuestas (asociaciones sin fines de lucro, sindicatos, empresas, etc.).
En tanto los parlamentos se tornan más abiertos a la contribución de la sociedad civil, estos enfrentan el desafío de reconciliar intereses y sugerencias muy diversas que son presentados por la sociedad civil. Con frecuencia, estos tienen tendencia a concentrarse en un pequeño número de contribuciones que emanan de un pequeño número de grupos de influencia.
El hecho que sólo un pequeño número de representantes de la sociedad civil tenga acceso al parlamento puede ser perjudicial para el proceso democrático. Mientras que una sociedad abierta requiere que todos los intereses sean expresados en toda su diversidad, en realidad, los medios de que dispone tal o cual grupo de presión, particularmente en término de recursos financieros, de acceso a los medios, de nivel de instrucción y de vínculos con los parlamentos, determinan el impacto que el grupo en cuestión tendrá sobre el proceso legislativo, incluso sobre los resultados electorales.
El que solo un pequeño número de grupos participe en el trabajo legislativo, demandando la rendición de cuentas y luchando contra la corrupción, por ejemplo, puede resultar problemático para los procesos democráticos, ya que la mayoría de los grupos de interés no están centrados en el bien común sino en la defensa los intereses locales o particulares.
El acto de elegir cuáles intereses debería ser tomados en cuenta concierne a la misión de los electos, quienes están encargados de representar los intereses de la sociedad. Sin embargo, el impacto potencialmente negativo de la desigualdad de acceso al Parlamento es más pronunciado cuando los grupos de interés buscan influenciar el proceso político a través de las contribuciones financieras a los partidos políticos o a los parlamentarios.
Sobre el particular, se discutió acerca de los siguientes aspectos:
¿Cómo mejorar la representación política para que esta refleje más la diversidad de inte-reses?
¿Cómo mejorar la interacción entre parlamentos, líderes políticos y sociedad civil?
¿Qué enseñanzas pueden sacar los parlamentos de la experiencia de la ONU en materia de participación de la sociedad civil en la gobernanza mundial y qué experiencias parlamentarias pueden ser trasladadas en la práctica de la ONU?
Se adjunta discurso pronunciado por el diputado señor León , en Anexo N° 4.
Cámara de Diputados, a 6 de diciembre de 2011.
(Fdo.): JACQUELINE PEILLARD GARCÍA , Dirección de Asuntos Internacionales”.
ANEXO N° 1
El rol de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el fortalecimiento de la responsabilidad a nivel mundial Audiencia Parlamentaria 2011 en Naciones Unidas Diputado Roberto León Chile La humanidad, como nunca antes en su historia, se ve enfrentada a una serie de desafíos globales, que trascienden las aspiraciones y posibilidades de los Estados nacionales para encontrar una solución de manera independiente. Esta nueva escala de problemas que enfrenta la sociedad contemporánea, requiere y exige el consorcio de los países para buscar soluciones y respuestas a los riesgos de la modernidad. De no contar con el consenso de voluntades de las naciones, todo esfuerzo resulta infructuoso y estéril.
Fenómenos como el calentamiento del planeta, la guerra, la pobreza, las pandemias, entre muchos otros problemas, representan desafíos de la humanidad en su conjunto; y es justamente el Sistema de las Naciones Unidas el espacio natural y privilegiado para construir grandes acuerdos y coordinar la acción conjunta de los países del mundo.
En este escenario, la Asamblea General de las Naciones Unidas ocupa un lugar protagónico en la generación de consensos globales, pues es el principal órgano representativo, deliberativo y de formulación de políticas en el Sistema de las Naciones Unidas. Por ello, es en quien recae la principal responsabilidad política en temas tan trascendentales como el mantenimiento de la paz, la prosperidad planetaria y del bien común de la humanidad.
En el caso específico de Chile, las Naciones Unidas y más específicamente la Asamblea General, representa un espacio generador de equilibrios en las relaciones internacionales, donde las naciones pequeñas y grandes se encuentran en igualdad de condiciones formales. Esta particularidad de la Asamblea General, la transforma en un espacio de protección para los países más pequeños, los cuales encuentran en el derecho internacional y en las resoluciones que emanan de la Asamblea General, un resguardo ante la acción unilateral o arbitraria de países más poderosos.
Sobre este punto, creo conveniente recordar una intervención de Arturo Alessandri Palma , ex Presidente de Chile en dos períodos, quien en 1917, siendo en ese momento parlamentario como quien les habla, reflexionaba sobre los desafíos que se proyectaban sobre Chile y América Latina como consecuencia de la primera guerra mundial: “Son precisamente los países jóvenes, los que carecen de fuerza material equivalentes a las grandes y poderosas potencias del orbe, los que con fe e indomable energía deben buscar en las soluciones de derecho y justicia internacional, las bases sólidas e indestructibles de su futuro progreso y engrandecimiento”.
Esta preclara reflexión de Arturo Alessandri casi 30.años antes de que se firmara la Carta de las Naciones Unidas, sigue teniendo plena vigencia el día de hoy, y manifiesta el espíritu constante que ha tenido Chile respecto a la importancia del Sistema de Naciones Unidas y de su órgano principal, la Asamblea General. Pues estamos convencidos que es en la legalidad que ha construido Naciones Unidas y el respeto irrestricto a estas normas del derecho internacional, donde las sociedades contemporáneas pavimentan un camino de progreso, justicia y bienestar para sus pueblos y la humanidad en su conjunto.
Es por ello, que los parlamentarios chilenos adherimos, a los principios expuestos en el documento final de la Cumbre Mundial de 2005, donde declara que “Reafirmamos nuestra fe en las Naciones Unidas y nuestra adhesión a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional, que son el fundamento indispensable de un mundo más pacífico, próspero y justo, y reiteramos nuestra determinación de promover su estricto respeto”.
Si se toma en consideración que los problemas y amenazas que actualmente enfrenta la humanidad se muestran cada vez más como polifacéticos, interrelacionados y complejos, surge entonces la pregunta de cómo vigorizar y fortalecer el sistema multilateral de las Naciones Unidas, para que este se muestre eficaz, en consonancia con los desafíos de la sociedad contemporánea y acorde con la complejidad que ha adquirido el derecho internacional, de manera que logre cumplir sus funciones en la promoción de la paz, la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos.
A este respecto, es menester que la Organización y la Asamblea en particular, refleje las nuevas realidades del mundo del siglo XXI, pues en gran medida todavía el funcionamiento y los equilibrios que actualmente exhibe Naciones Unidas, son expresión de un mundo de postguerra, que buscaba generar constantemente un empate para desactivar conflictos. Actualmente, el gran desafío es la generación de acuerdos mundiales y dotar a la organización de instrumentos para hacerlos efectivos, por lo que una orgánica estructurada bajo equilibrios pensados para impedir los acuerdos, deja al desnudo sus limitaciones, como bien lo deja en claro el programa de este evento, cuando plantea que “la realidad es que la Asamblea General tiene pocos medios para hacer aplicar sus decisiones, la implementación continúa siendo esencialmente de responsabilidad de los Estados miembros, si existe la voluntad política necesaria”.
Esta situación plantea la necesidad de construir nuevos espacios de acuerdos, donde los interlocutores deben expandirse más allá de los jefes de gobiernos, dándose en un marco amplio de participación global.
Los desafíos que enfrentamos ameritan compromisos de más amplio espectro, que involucren a la sociedad en su conjunto.
Los parlamentarios podemos ser un gran aliado en el objetivo de colaborar en la ampliación de la base de legitimidad para la aplicación efectiva de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Al ser los parlamentos las instituciones más representativas de la heterogeneidad política y social que conforman nuestros países, somos el espacio por excelencia de los grandes acuerdos y consensos.
Por ello hago un llamado a reforzar y persistir en las Audiencias Parlamentarias anuales y el trabajo conjunto que hemos venido desarrollando la Unión Inter Parlamentaria y las Naciones Unidas, pues son los parlamentos un espacio llamado a aportar en la articulación y generación de acuerdos planetarios, ya sea como apoyo o contraparte de los gobiernos, como también, dentro de nuestra función representativa, como canal de expresión de las demandas ciudadanas.
Muchas gracias.
ANEXO N° 2
La participación de los jóvenes en el proceso democrático - desafíos y oportunidades Audiencia Parlamentaria 2011 en Naciones Unidas Diputado Roberto León Chile
Mi país, Chile, no es uno de estos países en los que predomina la población joven. Más bien, nos encontramos en una fase de transición a ser un país envejecido. No obstante, coincidimos en que las y los jóvenes constituyen actores sociales y políticos importantes y son indispensables para el desarrollo de nuestra democracia.
También en Chile, los jóvenes participan cada vez menos en los procesos de toma de decisión democráticos. Desde 1988 a la fecha, el porcentaje de personas de entre 18 y 24 años que se han inscrito en los registros electorales, procedimiento que en Chile aún es opcional, ha ido disminuyendo de un 42,8% en 1998 a un 9,03% en el año 2009. Podemos observar en los jóvenes chilenos lo que comúnmente se llama una desafección política.
Sin embargo, tiendo a pensar que los jóvenes están desencantados de las instituciones políticas tradicionales, mas no de la política. La desilusión con las oportunidades de participación efectiva en el país han provocado su distanciamiento de los procesos electorales, mas no de la participación social y política no convencional.
En consecuencia estamos viviendo, hace algunos meses, la expresión y articulación de intereses de nuestros jóvenes en torno a la educación secundaria y superior. Observamos una participación ciudadana no convencional a través de un movimiento estudiantil masivo y persistente, que cuenta con el apoyo manifiesto de la opinión pública nacional y que ha logrado instalar el tema de la 'educación como derecho de cada ciudadano' en la agenda política de mi país.
Estamos en la presencia aparente, de una paradoja: jóvenes que - en su mayoría - no militan ni votan, pero que se movilizan y articulan sus intereses sociales y políticos. Pero esta aparente paradoja no es tal. Los jóvenes están desafectados del Estado y de sus instituciones políticas y no creen en un mundo justo, es decir, en que un buen comportamiento ciudadano implicará una retribución por parte del Estado. Es que nuestro Estado no está lo suficientemente comprometido con los jóvenes, pero espera de ellos que asuman un compromiso de ciudadanos.
En Chile, las encuestas de la opinión pública indican que la legitimidad de las elecciones democráticas es alta. Sin embargo, pocas personas -especialmente entre los jóvenes - confían en que el hecho de votar contribuya a hacer algún cambio político. Nuestro sistema electoral genera, en las elecciones parlamentarias, barreras de entrada muy altas por lo que es considerado excluyente por muchos ciudadanos. Asimismo, la forma de presentación de los candidatos - por listas cerradas -dificulta el acceso a la representación política de candidatos independientes, tanto a nivel nacional como municipal. De esta forma, la “clase política” aparece como endogámica y hermética - cúpulas partidarias alejadas de sus bases y de los ciudadanos -perdiendo de esta forma cada vez más su legitimidad, especialmente entre los jóvenes. Un sistema electoral que devuelva la legitimidad a la política y sus instituciones es un imperativo en las agendas políticas nacionales si pretendemos re-encantar a los jóvenes con los procesos de toma de decisión democráticos.
Pero esto no es suficiente. El Estado debe mostrar que se compromete con la juventud, que le interesa su participación ciudadana y no solo la electoral. Nuestras tradiciones democráticas se basan, sobre todo, en un sistema educativo de acceso equitativo y en una larga tradición de Educación Cívica impartida en los colegios. Ya en el año 1939, el entonces Presidente de la República , Pedro Aguirre Cerda , sostuvo magistralmente que “es deber del Estado dar a todos los miembros de la sociedad el mínimo de preparación requerido por la comunidad para la vida cívica y social, laica, con el fin de garantizar la libertad de conciencia.” Hoy en día estamos luchando por volver a incorporar la Educación Cívica como materia obligatoria para cumplir con nuestra normativa que establece que la educación formal debe desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan a los educandos actuar de acuerdo con los valores y normas de convivencia cívica y pacífica, conocer sus derechos y responsabilidades, así como asumir compromisos consigo mismos y con los otros. Consideramos que, con este objeto, las mallas curriculares deberán contar, en cada nivel, con una asignatura de Educación Cívica.
Dentro de poco, operará en Chile un sistema electoral que establece la inscripción automática en los registros electorales junto a el voto voluntario, tal como es realidad hace mucho tiempo en los países con un alto desarrollo de la cultura cívica. No podemos concebir esta realidad sin que exista una educación que aporte a esta cultura cívica. Este es uno de los compromisos que los jóvenes esperan que el Estado asuma.
Tenemos la esperanza que nuestros jóvenes, hoy en día movilizados por una educación equitativa, gratuita y de calidad, vuelvan a tener la confianza en las instituciones republicanas para que canalicen sus inquietudes y demandas a través de ellas. Asimismo, nosotros aprenderemos que las formas de participación ciudadana convencionales no son las únicas y que la articulación de intereses por canales no convencionales constituye un desafío para los políticos actuales. Lo hemos asumido y no defraudaremos a nuestra juventud.
Muchas gracias.
ANEXO N° 3
La rendición de cuentas en la gestión de los fondos públicos buenas prácticas y legislación de transparencia presupuestaria Audiencia Parlamentaria 2011 en Naciones Unidas Diputado Roberto León Chile
Estimadas colegas parlamentarias y parlamentarios,
A fin de situar el tema de la rendición de cuentas en el contexto de las Funciones Parlamentarias, cabe tener presente que resulta interesante lo que la Unión Interparlamentaria ha señalado': “Los expertos difieren a veces acerca de la lista precisa de dichas funciones, pero las que se indican a continuación parecen recoger un amplio consenso: Legislar; aprobar los ingresos y los gastos públicos, por lo general en el contexto del presupuesto nacional; ejercitar control sobre los actos, políticas y agentes del poder ejecutivo; ratificar tratados y supervisar la actividad de los órganos relativos a los tratados; debatir de temas de importancia nacional e internacional; recibir quejas y rectificar abusos; aprobar enmiendas constitucionales”.
En cuanto a las Funciones de Fiscalización o Control de los Parlamentos, existe la opinión de que carece de la eficiencia y eficacia suficiente. Muchos Parlamentos no poseen los recursos humanos, tecnológicos, de conocimiento y de información necesarios para realizar un trabajo fiscalizador más eficaz y autónomo ante un mundo progresivamente complejo.
Quisiera referirme brevemente al caso de mi país. En Chile, en materia de control presupuestario, el año 2003, la Ley 19.875 del Ministerio de Hacienda, crea la Comisión Especial de Ley de Presupuesto, la cual ha continuado funcionando en forma permanente para hacer seguimiento de la ejecución de dicha Ley. Para tal efecto, la comisión puede “solicitar, recibir, sistematizar y examinar la información relativa a la ejecución presupuestaria que sea proporcionada por el Ejecutivo de acuerdo a la ley, poner dicha información a disposición de las Cámaras o proporcionarla a la comisión especial que deba informar el siguiente proyecto de Ley de Presupuestos. Contará para ello con una unidad de asesoría presupuestaria. En caso alguno esta tarea podrá implicar ejercicio de funciones ejecutivas, o afectar las atribuciones propias del Poder Ejecutivo , o realizar actos de fiscalización”. Se ha estimado que esta instancia debe ser potenciada, a fin de poder cumplir mejor su rol de apoyo a este aspecto tan relevante de la labor parlamentaria.
En nuestro país el avance en materia de transparencia, en el último tiempo, reconoce diversos hitos. En noviembre de 2006, la Presidenta de la República Michelle Bachelet , aprobó la Agenda de Transparencia, Modernización y Mejoramiento de la Calidad de la Política, elaborada a partir del Informe de un comité de expertos sobre medidas para favorecer la probidad y eficiencia de la gestión pública.
Las propuestas de esta agenda desarrollan el trabajo de la Comisión Nacional de Ética Pública de 1994, y el Acuerdo Político-Legislativo para la Modernización del Estado, la Transparencia y la Promoción del Crecimiento de 2003.
Las medidas apuntaban a transparentar la información pública, combatir las irregularidades y faltas a la probidad administrativa, perfeccionar los mecanismos de control y los sistemas de contratación, todo lo cual se inserta en el proceso de consolidación de nuestro sistema democrático. Las principales propuestas de la agenda se organizan en cuatro áreas:
-Transparencia
-Probidad
-Calidad de la Política
-Modernización del Estado
Entre diciembre de 2006 y enero de 2007, el Ejecutivo envió al Congreso una serie de proyectos de ley referidos a las materias recomendadas por el comité de expertos. Algunos proyectos propician la regulación de materias nuevas, otros constituyen indicaciones a proyectos de ley en trámite y otros se refieren a perfeccionamientos de normas vigentes.
La transparencia resulta indispensable para el control de los ciudadanos sobre el ejercicio del poder público. En el caso del Poder Legislativo chileno, podemos destacar la Ley N° 20.285, mediante la cual el Congreso Nacional asume algunas obligaciones, como la transparencia activa. Luego, por la Ley N° 20.447, se adscribe a la transparencia pasiva. Sin embargo, a pesar de no ser obligatorio, se han desarrollado diversas iniciativas destinadas a promover una mayor cultura de transparencia acerca del uso de sus recursos y gastos.
Tanto la Cámara de Diputados, como el Senado, en sus respectivas páginas Web, publican lo relacionado con las dietas, gastos en asesorías y oficinas parlamentarias. La Cámara de Diputados publica además la declaración de interés y patrimonial de cada Parlamentario.
Entre las iniciativas más recientes, la ley N° 20.447 profundiza la transparencia, y establece normas sobre ética y determinación del monto, administración y control de las asignaciones para la labor parlamentaria.
Establece la creación de dos instancias que apuntan a transparentar los recursos financieros: por una parte, un Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, que tendrá como tarea determinar “el monto, el destino, la reajustabilidad y los criterios de uso de los fondos públicos destinados por cada Cámara a financiar el ejercicio de la función parlamentaria”.
Por otra parte, se crea el Comité de Auditoría Parlamentaria, el que “será un servicio común del Congreso Nacional y estará encargado de controlar el uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria y de revisar las auditorías que el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional efectúen de sus gastos institucionales”.
En esta misma dirección la ley establece que tanto diputados como senadores “deberán efectuar, dentro del plazo de treinta días contado desde que hubieren asumido el cargo, una declaración jurada de patrimonio” que será de consulta pública, pues la ley obliga además que esta declaración esté publicado en los sitios Web del Senado y la Cámara. Esta declaración deberá ser actualizada “entre los sesenta y los treinta días que anteceden a una elección parlamentaria”.
En síntesis y para finalizar esta breve intervención, debo señalar que en materia de rendición de cuentas en la gestión de los fondos públicos, el Parlamento chileno ha sido un actor de primer orden en los avances registrados y es también una instancia nacional en la que existe plena conciencia respecto de lo mucho que queda por avanzar todavía para alcanzar los estándares que un sistema plenamente democrático reclama. En consecuencia, esta Audiencia Parlamentaria de Naciones Unidas , constituye el escenario propicio para compartir estas experiencias y mejorar nuestras realidades institucionales en materia de gestión y transparencia de los fondos públicos y del rol que a nuestros parlamentos les cabe en este imprescindible desafío.
Muchas gracias.
Anexo: Legislación Nacional
-Constitución Política de la República, artículo 8°, (Obliga a los funcionarios públicos a mantener principios de probidad y establece que, salvo excepciones específicas, los actos y resoluciones estatales deben ser de conocimiento público)
-Ley N° 20.447, Que modifica la ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, de Julio de 2010.
-Ley N° 20.316, Modifica la ley N° 19.885, en materia de donaciones con beneficios tributarios, de 01 de 2009
-Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública
-Ley N° 20.205, Establece normas que protegen a los funcionarios de que buena fe denuncien irregularidades.
-Ley N° 20.088, Establece como obligatoria la declaración patrimonial de bienes a las autoridades que ejercen una función pública, de enero de 2006 Ley N° 20.053, Modifica la Ley N° 19.884, sobre transparencia, límite y control de gasto electoral. 6 de septiembre de 2005
-Ley N° 19.884, Transparencia, limite y control del gasto electoral, de agosto de 2003
-Ley N° 19.885, Sobre el Buen Uso de Donaciones de Personas Jurídicas que Dan Origen a Beneficios Tributarios y los Extiende a Otros Fines Sociales y Públicos, de agosto de 2003 (Epígrafe sustituido por Ley N° 20.016, D.O. de 09.01.2009}
-Ley N° 19.882, Crea la Alta Dirección Pública, de junio de 2003
-Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, de julio de 2003
-Ley N° 19.880, Establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, de mayo de 2003
-DFL N° 1, Ley Orgánica Constitucional de bases generales de la administración del Estado. Secretaría General de la Presidencia , de noviembre de 2001
-Ley N° 19.653, Establece la regulación detallada del principio de probidad, regula el acceso a la información pública, establece la declaración de intereses, de diciembre de 1999
-Ley N° 18.603, Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, Publicada en el “Diario Oficial” No 32.729, de 23 de marzo de 1987, modificada por leyes Nos 18.799, 18.825, 18.905, 18.963, 19.527, 19.806 y 19.884
-Decreto N° 250, Reglamento de la Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. Ministerio de Hacienda, de septiembre de 2004
-Decreto N° 54, Establece política de adquisiciones para el sector público, de abril de 2001
-Decreto N° 826, Complementa regulaciones para él sistema de compras y contrataciones públicas, de diciembre de 2002
-Decreto N° 1.312, Establece sistema de información de compras y contrataciones públicas, de noviembre de 1999
-Decreto N° 423, Crea la Comisión Nacional de Ética Publica, de abril de 1994
-Resolución N° 759, Procedimiento sobre rendición de cuentas de los organismos o entidades que administren fondos públicos. Contraloría General de la República , de enero de 2004
-Auto Acordado N° 81, Sobre funcionamiento del Tribunal de Contratación Pública. Corte Suprema, de diciembre de 2003
ANEXO N° 4
Reforzar los vínculos entre las instituciones nacionales y la sociedad civil. Hacia sociedades más abiertas Audiencia Parlamentaria 2011 en Naciones Unidas Diputado Roberto León, Chile
Estimadas y estimados colegas parlamentarios,
Constituye para mí un honor participar en esta Audiencia Parlamentaria de Naciones Unidas que reúne a representantes de variadas nacionalidades y culturas bajo la premisa de aportar a los objetivos de Naciones Unidas referidos a la paz, la prosperidad y el bien común. Más aún cuando el tema que nos convoca es el de la responsabilidad política para alcanzar, precisamente, sociedades que vivan en paz y con los frutos del desarrollo disponibles para todos.
Este tema es de vital importancia cuando enfrentamos el desafío de reforzar la vinculación entre las instituciones políticas, como es el parlamento, y las múltiples voces y organizaciones de la sociedad civil, pues en esta relación descansa finalmente el éxito de la democracia. Asumimos en consecuencia que la profundización de la misma tiene mucho que avanzar en la dirección del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el poder político -particularmente de los representantes parlamentarios- y que va más allá del rito electoral. El desafío es robustecer los intercambios y la comunicación entre los representantes y la sociedad organizada.
Como en toda relación de poder, los actores convergen en asimetría de recursos y posibilidades de interacción, por tanto, es una realidad que las organizaciones sociales no están todas siempre en condición de hacer presente sus reivindicaciones y sólo las más poderosas o mejor instaladas pueden acceder a incidir en las instancias de toma de decisiones políticas y legislativas. Los parlamentos hacen esfuerzos denodados por mejorar su evaluación ante la opinión pública desarrollando estrategias de apertura, transparencia y comunicación eficiente con sus electores y con las organizaciones sociales y ciudadanas que tienen la legítima aspiración de influir en las diferentes etapas del proceso legislativo. Históricamente los partidos políticos canalizaban esas demandas y en cierta medida aún lo hacen, pero de manera globalizada advertimos hoy una fuerte crisis en su legitimidad como correas de transmisión de la opinión pública y como actores eficientes en la solución de los problemas que preocupan al ciudadano. Pero su rol es todavía fundamental en el momento que atienden los requerimientos, pues deben priorizar las demandas en base al criterio del bien común y general por sobre las demandas más bien locales o particulares, especialmente cuando estas últimas proceden de grupos de presión poderosos. El rol de los parlamentos es interpretar la información recogida y llevarla a la realidad a través de políticas, planes, estrategias de desarrollo y proyectos de los cuales son responsables los gobiernos y también las organizaciones que deben fiscalizar y levantar la voz cada vez que sea necesario.
Por ello resulta clave una instancia como ésta, en que se debate el compromiso de las instituciones políticas y representativas con el aseguramiento que la diversidad de voces sociales sea escuchada, con particular atención a aquellos ciudadanos que permanecen en la periferia de la toma de decisiones por su pobreza, por discriminaciones de género o de etnia, entre otras injusticias, y cuyas voces no tienen la dimensión y la recepción adecuada a la magnitud de sus aspiraciones.
El fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil de incidir efectivamente en las políticas sociales y en las prácticas gubernamentales, así como también a nivel de los organismos internacionales, requiere de la promoción de espacios públicos para su desarrollo, requiere de protección de parte del Estado y de generación de igualdad en las condiciones de acceso removiendo las barreras de entrada -económicas, políticas- para su eficaz llegada a las instituciones.
Por cierto que también se requiere de un esfuerzo contundente por parte de las propias instituciones a través de transparencia, dinamización de la comunicación, apertura de los espacios de debate, proactividad hacia la sociedad, iniciativas inclusivas, entre otras medidas orientadas a la construcción colaborativa de escenarios de diálogo y de trabajo conjunto permitiendo que la experiencia práctica y directa de la sociedad civil incida en el proceso político.
Resulta fundamental recalcar la experiencia al respecto que ha desarrollado Naciones Unidas en los últimos años, reforzando las experiencias de participación social equitativa e inclusiva en torno a los Objetivos del Milenio, puesto que su éxito radica en los compromisos de los gobiernos tanto como en la activa capacidad organizativa de los ciudadanos y de todos los agentes locales por incidir en su cumplimiento. En este sentido, como señala el PNUD en su estrategia para la sociedad civil y la participación cívica “...los Objetivos del Milenio son parámetros para el escrutinio público de la política nacional: los objetivos y las metas ofrecen a la sociedad civil una forma de medir el desempeño en materia de desarrollo.”
El éxito que tengan las propuestas y decisiones políticas, tanto a nivel local y gubernamental como internacional, orientadas a responder a la pobreza, la marginación y el subdesarrollo, descansa en que precisamente las voces de los pobres, marginados y subdesarrollados se hagan oír y tengan la garantía y la protección de sus sociedades para que la institucionalidad incumbente adopte las medidas apropiadas con la fuerza y el respaldo de la legitimidad ciudadana.
El fenómeno de la globalización ha generado asimismo un proceso de diálogo mundial multicultural y que ha determinado que los gobiernos vean a la sociedad civil y sus organizaciones como socios en la discusión de los programas y políticas públicas e interlocutores privilegiados a la hora de auscultar las demandas ciudadanas, al nivel que Naciones Unidas ha desarrollado instancias de análisis como el conocido Grupo Cardoso , cuyas reflexiones permiten advertir que la tendencia actual es a incluir a las organizaciones sociales como parte de la gobernanza mundial.
El objetivo del análisis y la preocupación por la participación inclusiva de la multiplicidad de voces organizadas a nivel local, nacional y mundial, es que la democracia obtenga resultados. Las presiones de la ciudadanía a sus representantes e instituciones de la democracia están orientadas a obtener transparencia, rendición de cuentas, logros en la lucha contra la pobreza, sustentabilidad medio ambiental y justicia social. La incorporación de más sillas en la mesa de discusión y toma de decisiones a niveles locales y mundiales legitima la gobernanza, profundiza la democracia y permite potenciar los esfuerzos de representatividad y participación de manera de alcanzar cada vez mayores y mejores niveles de desarrollo y bienestar.
Quisiera, por último, referirme a la actual coyuntura de las tecnologías de información y la comunicación que, como nunca antes en la historia, y en virtud de la simultaneidad conectiva y la lógica comunicativa, llamada por Manuel Castelis “de muchos a muchos”, ha generado una verdadera ciudadanía digital que presiona a la tradicional lógica vertical que practican los partidos políticos y que precisamente los ha llevado a entrar muy lentamente en el nuevo mundo de las demandas sociales transmitidas por las redes sociales.
Hoy existe allá afuera, un mundo que demanda participación pero no espera que lo inviten, sino que se toma el liderazgo por otras vías y a través de nuevas formas de sociabilidad. Las instituciones debemos estar atentas a esta realidad o la fractura entre la nueva ciudadanía y la vieja práctica política se profundizará aún más. La horizontalidad del debate y la discusión ha llegado para quedarse de la mano de las nuevas tecnologías y constituye un desafío ineludible para la política y para las instituciones de la democracia.
Muchas gracias”.
15. Informe sobre participación en las reuniones de las Comisiones Parlamentarias Permanentes de EuroLat.
“Señor presidente, entre el 21 y el 23 de noviembre en Bruselas, Bélgica, participamos en las reuniones de las Comisiones Parlamentarias Permanentes de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (EuroLat).
Establecida en junio de 1999, en el marco de las cumbres de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, EuroLat es una institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Biregional. Compuesta por 150 miembros, 75 parlamentarios europeos e igual número de legisladores latinoamericanos, presenta recomendaciones y resoluciones a organizaciones, instituciones y grupos ministeriales que tienen como fin el desarrollo de la asociación estratégica entre ambas regiones.
En estas sesiones, que se efectuaron en la sede del Parlamento Europeo, integramos la Comisión de Asuntos Sociales, Intercambios Humanos, Medio Ambiente, Educación y Cultura, instancia que trató el Proyecto de Resolución común “Prevención de desastres naturales en Europa y América Latina”. Asimismo, se planteó el tema de debate “La educación formal, la educación informal y educación continua”. Junto con ello, tuvimos la ocasión de hacer uso de la palabra ante el pleno de la Asamblea, donde abordamos la desigualdad que existe en Chile y que se emparenta con el resto de nuestro continente. De este modo, hicimos notar que este es un problema común para Latinoamérica.
En dicha intervención, destacamos que los Estados y sus modelos de desarrollo están en cuestionamiento hoy, porque no son capaces de absorber la desigualdad. Se mantienen presos en el sistema económico social que conocemos y que hace crisis continuamente, sin sobreponerse para crear la nueva identidad que está ad portas.
Es así como pusimos de manifiesto que es hora de dar vuelta la página para lograr capitalizar las exigencias de millones de personas de vivir en paz, tener un nivel adecuado de seguridad, y un bienestar social y cultural para todos.
De este modo, mientras vemos que en Europa existe una lucha por mantener el bienestar, que como hemos observado se ha visto afectado con la crisis económica y las consecuencias que ello genera, en América Latina se apunta a lograr alcanzar aquel bienestar.
Hemos visto cómo los índices económicos positivos en la dimensión macroeconómica han chocado con la movilización antisistema surgida en los últimos tiempos en diferentes partes del planeta, incluyendo nuestro país, y que es materia de preocupación para el avance necesario de integración y cooperación en un contexto adecuado.
Está planteado el desafío de hacerse cargo de los cambios necesarios, potenciando así interacciones transversales que ayuden a alcanzar este objetivo.
Señor presidente , en esta sesiones también se abordó el tema educacional, que durante el presente año se ha vuelto prioritario en Chile, tanto para la sociedad como para las autoridades políticas. La discusión fundamental se ha dado en el ámbito de la educación formal, aquella que está institucionalizada por medio de los establecimientos educacionales correspondientes para cada etapa de la vida de una persona.
De este modo, expusimos cómo a través de las movilizaciones que se han desarrollado en nuestro país, los estudiantes no sólo han dejado en evidencia que no basta resolver aspectos que son exclusivamente educacionales, sino que es necesario ir más allá y cuestionar, repensar y formular un nuevo proyecto de sociedad más igualitario e inclusivo.
Para esto, resulta fundamental que se implemente una reforma tributaria y se efectúe una adecuación de las leyes y las políticas públicas, para enfrentar de modo diferente la llamada educación informal. Esto está ligado al nuevo modelo de desarrollo humano.
Sin duda, resulta paradójico que pese a los esfuerzos que se han hecho por mejorar la educación pública y los resultados de ello en los últimos años, como por ejemplo el que un número importante de connacionales puedan acceder a educación básica y media completa, hoy tengamos un escenario de mayor desigualdad entre los chilenos.
Esta situación es posible porque no se ha atendido con la preocupación debida a la educación informal, aquel proceso espontáneo que se da por el contacto social. No se ha puesto atención en la fragmentación socioeconómica de los barrios, la distribución desigual de ingresos que hace que muchas familias no puedan acceder a los servicios sociales en condiciones de igualdad y tampoco a espacios de participación cultural que son necesarios para el desarrollo integral de las personas. Y cuando el Estado subsidia a los privados para entregar soluciones se produce un problema.
El objetivo debe ser una mejora transversal de la educación, por cuanto en la medida que los adultos tengan una mejor preparación educacional, mejor será la educación informal que apoye a la que es impartida formalmente. El verdadero desarrollo requiere que aumente el nivel cultural y el capital humano de toda la sociedad. De hecho, existe un ejemplo muy claro para graficar la importancia de esto último, que habla sobre una injusticia que tiene su origen en la educación. Actualmente en Chile, el salario de las mujeres es un 30% menor que el de sus pares hombres, una brecha que se hace más alta en la medida en que es mayor la preparación educacional de las mujeres. Así, una mujer con más estudios ganará más en dinero, pero menos que un hombre que desempeña sus mismas funciones. Lo que queda en evidencia acá es la compleja red de discriminación que se sustenta en la educación informal. El machismo presente en las familias redunda en una legislación que no satisface las necesidades de las mujeres de integrarse a la fuerza laboral.
Señor presidente , ante esta situación, conviene también distinguir la influencia que hoy tienen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que están tan integradas a la vida cotidiana que constituyen formas de experiencia casi homólogas a las de las redes sociales convencionales.
Bajo este contexto, debemos diferenciar cuáles son los agentes que intervienen en la educación informal y potenciarlos para que sirvan en la construcción de experiencias de vida en todos los niveles. De este modo, concuerdo plenamente con la búsqueda de la Unión Europea sobre tener en cuenta, respecto al acceso a la educación superior, no sólo los aspectos derivados de la educación formal, sino también aquellos de la experiencia empírica de las personas.
La reflexión sobre cómo hacer jugar a las distintas dimensiones de la educación es la tarea pendiente que podría llevarnos a crear legislaciones más potentes, y que estén en línea con las necesidades actuales de la educación.
Señor presidente , en estas sesiones también abordamos la importancia de la preparación, planificación y coordinación a la hora de enfrentar una catástrofe natural, con miras al proyecto de propuesta de resolución indicado al comienzo.
Se trata de un tema en el que tenemos experiencia. Es conocida en todo el mundo la condición de país sísmico que tiene Chile, a lo que se suma una intensa actividad volcánica.
La ayuda y la coordinación internacional han sido siempre significativas en situaciones de emergencia y Chile, como muchos otros países, ha sido tributario de la solidaridad internacional. No obstante, queda de manifiesto la necesidad de coordinar mejor y construir protocolos, lenguajes y procedimientos comunes. Mediante una estandarización, se puede canalizar de mejor manera la voluntad de prestar ayuda a los damnificados.
En julio de 2003, la Comisión Económica para América Latina (Cepal), elaboró un manual para la evaluación del impacto socioeconómico ambiental de los desastres. Este manual podría servir de base para desarrollar una metodología de intercambio de información y experiencias entre Chile y otros países de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Incorpora la experiencia acumulada a lo largo de más de 30 años, y en consecuencia, es un reflejo de los últimos conocimientos que existen sobre la evaluación de los daños y las pérdidas causadas por fenómenos naturales.
Este manual recomienda separar claramente los equipos de coordinación y de trabajo, y los recursos y presupuestos asignados a las diferentes etapas de la catástrofe: Emergencia, recuperación y reconstrucción, fases que tienen acentos, plazos y enfoques diferentes.
Posiblemente los problemas de recursos de gestión y los problemas políticos que se encontraron al enfrentar la emergencia y la reconstrucción, tras el terremoto de febrero de 2010 en Chile, podrían haber sido mitigados si se hubiese aplicado esta separación, es decir, la urgencia y la necesidad de contar con la mayor cantidad de recursos y medios de manera inmediata para socorrer la etapa de la emergencia, del análisis más profundo y de la búsqueda de los acuerdos necesarios para definir las soluciones a mediano y largo plazo para la reconstrucción, ya sea el diseño de las soluciones como la magnitud y la forma de financiamiento.
Señor Presidente , de todo esto surgió una propuesta de resolución conjunta en cuanto a la Prevención de desastres naturales en Europa y América Latina, que propone medidas para enfrentar de mejor manera una catástrofe.
Es así como dicha resolución recomienda la cooperación plena en materia de prevención de desastres naturales y mitigación de sus efectos, mediante el intercambio de buenas prácticas y de información sobre los riesgos entre los paises. Asimismo, resalta la importancia de crear un nuevo paradigma que incluya la prevención de los riesgos de desastres en las políticas de desarrollo, con el fin de reducir los costos de catástrofes naturales. También pide a los gobiernos que incluyan las políticas de gestión de riesgo de desastres naturales y la adaptación al cambio climático en la toma de decisiones sobre la inversión en el desarrollo. A esto se agrega que recomienda la creación de un centro Birregional de Prevención de Catástrofes, entre varios otros puntos.
Esta resolución será transmitida al Consejo de la Unión Europea, a la Comisión Europea, los Parlamentos de los Estados miembros de la Unión Europea y de todos los países de América Latina, el Caribe y los Parlamentos Latinoamericano, Centroamericano, Andino , del Mercosur, como así también a la OEA y a las Naciones Unidas.
(FDO.): Ximena Vidal Lázaro ,Diputada.
Moción de los diputados señores Díaz, don Marcelo ; Andrade ; De Urresti y Schilling .
Adecua el sistema de inscripción automática y voto voluntario. (boletín N° 8093-04).
“1. Fundamentos.- El presente proyecto de ley tiene por objeto adecuar diversas normas de nuestro ordenamiento jurídico a los fines perseguidos por un nuevo Sistema de Inscripción Automática y Voto Voluntario. Lo anterior es indispensable atendidos los múltiples efectos que puede significar el nuevo régimen implementado por la reforma constitucional mediante la ley núm. 20.337 que introdujo el sufragio voluntario.
No se puede controvertir que es un deber ineludible del Estado proporcionar a todos sus ciudadanos un sistema educativo que promueva la participación de éstos en la deliberación colectiva, para lo cual debe fomentar y proporcionar las condiciones para su pleno ejercicio tales como programas educativos que recojan los principales hitos de la historia de nuestras instituciones, los valores en que se funda la República, las características e importancia de un sistema democrático de gobierno y los derechos y deberes que corresponde a cada ciudadano_ Todo esto cobra especial relevancia si el objeto de un nuevo sistema electoral, estructurado en la inscripción automática y voto voluntario, es alentar la participación incorporando más electores.
Asimismo, es deber del legislador resguardar que el derecho a elegir y a ser elegido no se vea impedido por otras normas jurídicas que pudieren menoscabarlo o impedir su ejercicio eficaz. En este contexto los efectos de un nuevo régimen basado en la inscripción automática y el voto voluntario, debe ir acompañado de la modificación de diversos cuerpos normativos que requieren una urgente revisión si el propósito es alentar la participación de los ciudadanos en las elecciones y plebiscitos. Tal es el caso a nivel municipal de las normas contenidas en la ley núm. 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, que busca fomentar la realización de plebiscitos comunales; otro tanto ocurre con las normas sobre límite de gastos que, pues de aumentar los inscritos traerá como consecuencia un aumento en el límite de gasto, lo cual ocasiona una distorsión en el sistema.
2. Ideas Matrices.- Es sobre la base de estos antecedentes que el proyecto propone, entre otras materia modificar la Ley General de Educación N° 20.370, para incorporar la asignatura de “Educación Cívica y Participación Ciudadana” atendido que el propósito del nuevo régimen de inscripción automática debe ir acompañado de la promoción de la participación cívica, con especial énfasis en los jóvenes; la ley 19.973, que establece feriados, para resguardar que todos los ciudadanos puedan efectivamente ejercer el derecho a sufragio, y no verse impedido por obligaciones laborales; ley N° 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, con el objeto de que la realización de plebiscitos comunales puedan ser convocados con facilidad; ley núm. 19.884 cuyo objeto es normar el financiamiento y gasto de las campañas electorales en el país, especialmente en lo referido a los gastos de campaña atendido el aumento exponencial de los límites a los gastos por la fórmula de los inscritos, lo que hace necesario congelar sus límites sobre una nueva fórmula consistente en el número de sufragios de la última elección; compensar el esfuerzo de quienes participaron del proceso electoral, otorgándoles un descanso compensatorio mediante la incorporación de un nuevo artículo 38 bis al Código del Trabajo; y, por último, beneficiar a quienes, al momento de postular a una beca y encontrarse en igualdad de condiciones con otro postulante, hayan participado de las elecciones y plebiscitos prefiriéndolo por sobre quien no lo hizo. Además se privilegiará, de igual modo, a quien postule a un cargo público.
En razón de lo anterior, que sometemos a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente:
PROYECTO DE LEY.
Art. 1°. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.370, General de Educación.
i) Incorpórese al artículo 4, a continuación del actual inciso final, el siguiente inciso nuevo:
“Corresponderá al Estado promover la educación cívica en todos los establecimientos educacionales. Aquellos establecimientos educacionales que reciban fondos públicos deberán incorporar en sus programas de estudios la asignatura de “educación cívica y participación ciudadana”, según las instrucciones que imparta el Ministerio de Educación.”.
2) Agréguese a la letra g) del número 2) del artículo 29, la siguiente oración final:
“Con este objeto, los programas de estudios deberán considerar la asignatura de “educación cívica y participación ciudadana.”.
3) Agréguese a la letra j) del número 2) del artículo 30, la siguiente oración final:
“Los programas de estudios de enseñanza media deberán incorporar la asignatura de “educación cívica y participación ciudadana” como una asignatura independiente.”.
4) Incorpórese al artículo 31, a continuación del actual inciso final, el siguiente inciso nuevo:
“El Ministerio de Educación organizará un proceso de postulación para oferentes de programas de educación cívica y participación ciudadana, y elaborará y mantendrá un registro de entidades oferentes de tales programas educativos. Cada establecimiento educacional deberá escoger entre los distintos programas y oferentes seleccionados por el proceso de postulación. Para estos efectos el Ministerio de Educación dictará un reglamento que regulará, entre otras cosas, los contenidos mínimos que tendrán que impartirse por los programas de educación cívica y participación ciudadana; características y requisitos que deberán cumplir las entidades oferentes al momento de postular; y, causales de expulsión de la entidad seleccionada del registro de oferentes.”.
Art. 2°. Agreguese el siguiente artículo 2 bis en la ley N° 19.973, que establece feriados.
Aer. 2 bis.- “Los días en que se realicen elecciones y plebiscitos serán feriados obligatorios e irrenunciables para todos los dependientes del comercio, con excepción los dependientes de expendio de combustibles, farmacias de urgencia y de las farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria”.
Art. 3°. Reemplázase en el inciso tercero, del artículo 101, de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de municipalidades la expresión “...los ciudadanos inscritos en los registros electorales comunales”, por: “la cantidad de ciudadanos que haya sufragado en la última elección de alcalde”.
Art. 4°. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 4° de la ley N° 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral:
1) Reemplázase en el inciso segundo las expresiones “inscritos” las dos veces que aparece y la frase “inscritos en la respectiva circunscripción”, por: “electores que hayan sufragado en la última elección”.
2) Reemplázase el inciso tercero, la frase “inscritos en los registros electorales del respectivo distrito”, por: “electores que hayan sufragado en la última elección”.
3) Sustitúyese, en el inciso cuarto la expresión “inscritos en los registros electorales en la respectiva comuna”, por: “electores que hayan sufragado en la última elección municipal”.
4) Sustitúyese, en el inciso quinto, la expresión “inscritos en los registros electorales del país”, por: “electores que hayan sufragado en la última elección presidencial”.
Art. 5°. Introdúcense la siguiente modificación al Código del Trabajo: 1) Incorpórese, a continuación del artículo 38, un artículo 38 bis nuevo:
“Todos los trabajadores que ejercieren su derecho a sufragio en las elecciones y plebiscitos a que se refiere la ley N° 18700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, tendrán derecho irrenunciable a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo utilizado en el ejercicio de tal derecho. Dicho descanso compensatorio se disfrutará en los tres meses siguientes al día de la votación, de común acuerdo con el empleador.”.
“La infracción de lo dispuesto en el presente artículo por parte del empleador será sancionada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 506 del Código del Trabajo.”.
Art. 6°. El que hubiese ejercido su derecho a sufragio en la elección o plebiscito inmediatamente anterior, regulado por la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, tendrá derecho preferente, respecto a los que no lo hubiesen ejercido, en caso de igualdad de condiciones en la lista de elegibles para un empleo público.
Art. 7°. El que hubiese ejercido su derecho a sufragio en la elección o plebiscito inmediatamente anterior, regulado por la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, tendrá derecho preferente en la adjudicación de becas por parte del Estado, frente a los que no lo hubiesen ejercido, en caso de igualdad de condiciones.
Moción de los diputados señores Chahín , Aguiló , Arenas , Burgos , Carmona , Montes, Saffirio y Walker y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina y Sepúlveda , doña Alejandra .
Modifica la ley N° 19.946, con el objeto de permitir que los consumidores puedan invocar las sentencias dictadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, cuando ellas declaren la existencia de ilícitos en que aquellos puedan fundar pretensiones civiles contra sus proveedores. (boletín N° 8092-03).
“Fundamentos:
En un marco de economía social de mercado los consumidores tienen derecho a una forma de funcionamiento de los mercados, en general, y de cumplimiento de las obligaciones entre proveedor y consumidor, en particular, que responda a la premisa de que los agentes de mercado que intervienen en él lo hacen en condiciones de relativa equivalencia jurídica y económica.
Para preservar o restablecer fas condiciones que naturalmente y de modo genérico proveen o facilitan la equivalencia entre proveedores, consumidores y demás agentes de mercado, la ley ha previsto un marco normativo e institucional de defensa de la libre competencia. Por su parte, para preservar o restablecer las condiciones particulares de equivalencia entre cada consumidor y su proveedor de bienes y servicios, o para indemnizar los daños producidos si ellos han ocurrido por infracción de la ley, ella ha previsto el marco institucional y normativo correspondiente, usualmente conocida como “Protección del Consumidor”.
Como se advierte, ambas áreas de tutela -la libre competencia y la protección del consumidor- tienden a garantizar que se alcancen o mantengan condiciones que se estiman necesarias para que la relación de consumo en carácter general o determinadas relaciones de consumo en particular, tengan condiciones de justicia que, sin esos ámbitos de protección, suelen ser una mera aspiración frecuentemente incumplida.
Es de toda lógica, entonces, que entre estos dos ámbitos del Derecho y la Economía haya una relación más directa, que evite la duplicidad de costos de transacción, judiciales y de otra naturaleza, que hacen que se frustre el objetivo final y común: que el consumidor -tenido por parte débil de la relación de consumo- alcance el respeto a sus derechos u obtenga la debida compensación cuando lo primero no ha ocurrido.
Esta disociación a que hemos hecho referencia ocurre cuando en el ámbito de la defensa de la libre competencia el órgano jurisdiccional ha declarado que en de un mercado determinado han ocurrido conductas que lo han distorsionado, lo han alterado o derechamente han impedido que llegue siquiera a haber propiamente un mercado. Porque en tal caso, aun cuando está judicialmente reconocido que no ha habido mercado o sólo ha habido una apariencia imperfecta de él por obra de uno o más de sus agentes, los consumidores que se han visto afectados por esa circunstancia no pueden actualmente pedir que se les hagan efectivos sus derechos reparatorios, sino en la medida que ejerzan acciones del ámbito de la protección al consumidor tendientes a obtener una declaración análoga a la que ya ha efectuado el tribunal de la competencia. Ello exige, entonces, que la ley cambie para permitir que los efectos de aquella sentencia se extiendan a los espacios propios del interés de cada consumidor.
Como se advierte, se trata de una razón de justicia, de certeza jurídica y de economía procesal similar a la que sustenta la extensión de la cosa juzgada penal en el ámbito civil. En efecto, el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil establece expresamente que “En [os juicios civiles podrán hacerse valer las sentencias dictadas en un proceso criminal siempre que condenen al procesado”. La ley entiende que un delito penal puede ser el fundamento de una reclamación civil y, entonces, extiende a este último ámbito [a cosa juzgada producida en el juzgamiento criminal.
Del mismo modo, idénticas razones de justicia, certeza jurídica y economía procesal nos lleva a sostener que aquellos actos que han sido declarados ilícitos por el tribunal especializado, porque ellos han afectado la competencia, son actos en los que también se afectó [os derechos de los consumidores que acrediten la relación de consumo correspondiente. Si el acto afectó al mercado, ha afectado a cada consumidor que celebró actos de consumo con el proveedor concernido.
Sin embargo, la aplicación de la sentencia al ámbito de la defensa del consumidor no es automática, porque es necesario que para resarcir los perjuicios, el consumidor acredite su condición de tal, y demuestre su naturaleza y cuantía, sin que deba discutirse sobre la ocurrencia de los hechos y su naturaleza ilícita.
En consideración a lo previamente expuesto, es que presentarnos el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
Artículo único:
lntrodúcense las siguientes modificaciones en la ley 19.496:
a) En el artículo 50 A, inciso 1°, agregase la siguiente frase, a continuación del punto final que pasa a ser punto seguido: “Asimismo, esos jueces conocerán de las acciones indemnizatorias que ejerzan los consumidores contra los proveedores de bienes y servicios que hayan sido condenados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, por actos calificados por ese Tribunal como ilícitos de aquellos a que se refiere el artículo 3° del Decreto Ley N° 211, de 1973.”.
b) Agregase un nuevo artículo 50 H, del siguiente tenor: “En los casos a que se refiere la parte final del inciso 1° del artículo 50 H, la copia autorizada de la sentencia dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, con certificación de encontrarse ejecutoriada, tendrá efecto de cosa juzgada respecto de la existencia y circunstancias de los hechos en que ella se fundamente y respecto de la ilicitud de tales hechos. No obstante, para que se conceda indemnización de los perjuicios que reclame el consumidor, éste deberá acreditar de conformidad a las normas de este Párrafo 1° o, en su caso, de conformidad a las del Párrafo 2° que sigue, que tuvo una relación de consumo con el proveedor condenado en circunstancias tales que hagan presumir que los ilícitos anticompetitivos tuvieron efectos en esa relación, así como la naturaleza y cuantía de los perjuicios sufridos, incluyendo los morales.”.
c) Agregase, en el artículo 51 del Título IV, Párrafo 2°, eliminando el primer punto seguido que pasa a ser una coma, la frase: “sea por infracción a las normas de esta ley o por infracción a las normas del Decreto Ley N° 211 declarada mediante sentencia ejecutoriada del tribunal que esa ley establece.':.
d) Agregase, al final del artículo 51, el siguiente nuevo número: “10.-En los casos en que el daño a cada consumidor individual no pueda ser determinado, pero se pueda calcular el daño sufrido por el colectivo de consumidores afectados, el juez podrá fijar en su sentencia la forma de resarcir el daño y fijar la indemnización correspondiente a cada consumidor, de acuerdo con el procedimiento señalado en los artículos 53 A y 53 C.
ANEXO:
-Artículo 50 A, inciso 1° (REDACCIÓN ACTUAL)
Los jueces de policía local conocerán de todas las acciones que emanan de esta ley, siendo competente aquel que corresponda a la comuna en que se hubiera celebrado el contrato respectivo, se hubiere cometido la infracción o dado inicio a su ejecución, a elección del actor.
-Artículo 50 A, inciso 1° (REDACCIÓN PROPUESTA)
Los jueces de policía local conocerán de todas las acciones que emanan de esta ley, siendo competente aquel que corresponda a la comuna en que se hubiera celebrado el contrato respectivo, se hubiere cometido la infracción o dado inicio a su ejecución, a elección del actor. Asimismo, esos jueces conocerán de las acciones
indemnizatorias que ejerzan los consumidores contra los proveedores de bienes y servicios que hayan sido condenados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, por actos calificados por ese Tribunal como ilícitos de aquellos a que se refiere el artículo 3° del Decreto Ley N° 211, de 1973.
-Artículo 51, inciso 1° (REDACCIÓN ACTUAL)
El procedimiento señalado en este Párrafo se aplicará cuando se vea afectado el interés colectivo o difuso de los consumidores. Este procedimiento se sujetará a las normas del procedimiento sumario, con excepción de los artículos 681, 684 y 685 del Código de Procedimiento Civil y con las particularidades que se contemplan en la presente ley. Todas las pruebas que deban rendirse, se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica.
-Artículo 51, inciso 1° (REDACCIÓN PROPUESTA)
El procedimiento señalado en este Párrafo se aplicará cuando se vea afectado el interés colectivo o difuso de los consumidores, sea por infracción a las normas de esta ley o por infracción a las normas del Decreto Ley N° 211 declarada mediante sentencia ejecutoriada del tribunal que esa ley establece. Este procedimiento se sujetará a las normas del procedimiento sumario, con excepción de los artículos 681, 684 y 685 del Código de Procedimiento Civil y con las particularidades que se contemplan en la presente ley. Todas las pruebas que deban rendirse, se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica.
Moción de los diputados señores Accorsi , De Urresti , Macaya , Marinovic , Pérez, don José ; Teillier y Walker y de las diputadas señoras Muñoz , doña Adriana ; Rubilar , doña Karla , y Sepúlveda , doña Alejandra .
Aumenta las penas en el caso de los delitos del ejercicio ilegal de la profesión. (boletín N° 8089-07).
“Fundamentos
1.- En nuestro país durante los últimos años hemos escuchado constantemente informaciones que dan cuenta de personas que realizan actividades propias de profesionales sin contar con los títulos correspondientes y sin contar con la capacitación suficiente para hacerlo, como médicos, abogados, arquitectos, farmacéuticos, etc., lo cual ha redundado en muchas ocasiones en graves daños para la salud, la integridad personal, el patrimonio o la seguridad urbana, debido a la mala ejecución de las labores que la profesión que desarrollan ilegalmente requiere y necesita;
2.- Nuestra legislación penal contiene dos figuras delictivas por las cuales se castiga el ejercicio ilegal de la profesión_ La primera de ellas en el Título IV del Código Penal, relativo a los delitos contra la fe pública, la que en su artículo 213 expresa que “El que fingiere autoridad, funcionario público o titular de una profesión que, por disposición de la ley, requiera título o el cumplimiento de determinados requisitos, y ejerciere actos propios de dichos cargos o profesiones, será penado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa seis a diez unidades tributarias mensuales. El mero fingimiento de esos cargos o profesiones será sancionado corno tentativa del delito que establece el inciso anterior.”
La segunda disposición se encuentra en el Título VI del Código Penal, relativo a crímenes y simples delitos contra el orden y la seguridad pública cometidos por particulares, en su párrafo 14 referidos a Crímenes y simples delitos en contra de la salud pública, la cual en su artículo 313- a señala que “El que, careciendo de título profesional competente o de la autorización legalmente exigible para el ejercicio profesional, ejerciere actos propios de la respectiva profesión de médico-cirujano, dentista, químico-farmacéutico, bioquímico u otra de características análogas, relativas a la ciencia y arte de precaver y curar las enfermedades del cuerpo humano, aunque sea a título gratuito, será penado con presidio menor en grado medio y multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales.
Para estos efectos se entenderá que ejercen actos propios de dichas profesiones: 1° El que se atribuya la respectiva calidad;
2° El que ofrezca tales servicios públicamente por cualquier medio de propaganda o publicidad;
3° El que habitualmente realizare diagnósticos, prescribiere tratamientos o llevare a cabo operaciones o intervenciones curativas de aquellas cuya ejecución exige los conocimientos o las técnicas propios de tales profesiones.
Las disposiciones de este artículo no se aplicarán en ningún caso a quienes prestaren auxilio cuando no fuere posible obtener oportuna atención profesional.
En las mismas penas incurrirá el que prestare su nombre para amparar el ejercicio profesional de un tercero no autorizado para el mismo.”
Como podemos ver la primera disposición se refiere al ejercicio ilegal de la profesión en general y la segunda se refiere al ejercicio ilegal de las profesiones referidas el área de la salud o de las encargadas de “precaver y curar las enfermedades del cuerpo humano” y realiza una distinción relativa a las penas aplicables a unas y otras. Mientras que en la disposición contenida en el artículo 213 del Código Penal establece un rango de penas que van del presidio menor en sus grados mínimo al medio y multa de seis a diez Unidades Tributarias Mensuales, en la disposición del artículo 313-a establece un rango de penas que abarca el presidio menor en su grado medio y multas de seis a veinte unidades tributarias mensuales. Al parecer el legislador otorga un valor distinto al bien jurídico protegido en la situación de las profesiones del área de la salud, que en este caso es la salud y la vida de las personas, ya que en estos casos la sanción penal parte del presidio menor en su grado medio, en tanto que en el caso del artículo 213 del Código Penal el rango varía de mínimo a medio el presidio menor, siendo en los siguientes tipos penales los bienes jurídicos protegidos serían la libertad personal, la propiedad y otros, dependiendo del tipo de profesión que se trate. En todo caso, ambas figuras deben ser consideradas como un atentado a la fe pública y desde nuestra perspectiva deberían tener similar penalidad.
3.- Que al tener este delito en las dos figuras señaladas una baja penalidad, normalmente las personas condenadas por ello lo hacen con pena remitida o en cumplimiento de medidas alternativas a la prisión o privación de libertad y a su vez, las multas son por valores muy bajos, con lo cual el incentivo a volver a delinquir, dada la alta diferencia entre lo obtenido y lo que debe pagar por la comisión del delito, resulta atractivo y se produce la repetición constante de la conducta delictiva y el traslado del delincuente entre diversas partes del territorio nacional en que puede encontrar víctimas, generalmente personas de escasos recursos, con baja preparación y por ello con dificultad para obtener información sobre el falso profesional que están contratando.
4.- Que dadas las razones expuestas anteriormente los patrocinantes de esta iniciativa consideramos necesario aumentar las penas asignadas a este delito ya que con ello se evita el incentivo a delinquir cometiéndolo y se produce además con ello una forma de protección a la vida, la integridad material y moral y los bienes de las personas que se ven expuestas a la acción de estos delincuentes que simulan tener aptitudes y calificación para una actividad que no están autorizados a realizar.
Por las razones antes expuestas, los abajo patrocinantes venimos en presentar el siguiente proyecto de ley:
PROYECTO
Artículo único: Modifíquese el Código Penal de la siguiente manera:
1.- En el artículo 213 sustitúyase la frase “presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa seis a diez unidades tributarias mensuales” por la frase “presidio menor en su grado máximo y multa de 20 a 30 unidades tributarias mensuales”.
2.- En el artículo 313 sustitúyase la frase “presidio menor en grado medio y multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales.” Por la frase “presidio menor en su grado máximo y multa de 20 a 30 unidades tributarias mensuales”.
Moción de los diputados señores Harboe , Andrade , Burgos , Chahín , Espinoza, don Fidel ; Monckeberg, don Cristián ; Pérez, don José , y Sandoval y de las Diputadas señoras Muñoz , doña Adriana y Rubilar , doña Karla .
Modifica la ley N° 18.833, con el objeto de proteger a las personas que indica del sobreendeudamiento y establecer la indisponibilidad de futuras indemnizaciones. (boletín N° 8090-13).
“Vistos:
Lo dispuesto en el capítulo V de la Constitución Política de la República, en la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados.
Considerando:
1.- De acuerdo al artículo 1° de la ley N° 18.833, que Establece Estatuto General de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar —en adelante ley N° 19.883 y Cajas de Compensación, respectivamente-, estas instituciones son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social. A este respecto, es pertinente señalar que a la fecha se encuentran constituidas cinco Cajas de Compensación de Asignación Familiar (De los Andes, La Araucana , Los Héroes, 18 de Septiembre, Gabriela Mistral) ;
2.- Entre las personas que se pueden afiliar a Tina Caja de Compensación se encuentran los trabajadores dependientes del sector privado, los pensionados y los trabajadores del sector público. En dicho, sentido es importante destacar la importancia que este tipo de instituciones ha ido teniendo progresivamente, tanto por las prestaciones que efectúan, como por la cantidad de personas que se encuentran afiliadas.
De acuerdo a las cifras de la Superintendencia de Seguridad Social, organismo que supervigila y fiscaliza a ese tipo de instituciones, el aumento en la afiliación a las Cajas de Compensación ha sido sustancial. En dicho orden de ideas, si analizamos las estadísticas de la Superintendencia de Seguridad Social respecto a la cantidad de empresas afiliadas a las Cajas de Compensación, desde el año 2006 a la fecha ha existido un incremento del 14% de empresas afiliadas, que significa un promedio a Septiembre del año en curso del orden de 80.747 empresas. Asimismo, en el caso de los trabajadores y pensionados el aumento porcentual ha significado un significativo incremento, siendo respecto del año 2006, el aumento ascendente al 36% en el caso de los trabajadores y de los pensionados del 48%, significando con ello, de acuerdo a los promedios a septiembre del 2011, existe un total de 5.446.434 personas afiliadas (4.080.011 trabajadores y 1.366.423 pensionados). Con dicha cifra se puede concluir que alrededor del 30% de la población total del país se encuentra afiliada a algún tipo de las instituciones en comento[1], lo que devela la importancia de esas instituciones en nuestra población.
3.- Luego, debemos indicar que entre las funciones que la ley N° 18.833 establece para cumplir con la administración de prestaciones de seguridad social por parte de las Cajas de Compensación, se contempla en el numeral 3.- del artículo 19, la de “Administrar, respecto de los trabajadores afiliados, el régimen de prestaciones de crédito social”. Dichas prestaciones de crédito social, de acuerdo al artículo 21 de la Ley, pueden consistir en préstamos en dinero, las que se rigen por la normativa establecida en el Decreto Supremo N° 91 de 1979, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba el Reglamento del Régimen de prestaciones de crédito social de las Cajas de Compensación de Asignación familiar.
4.- En dicho contexto, la cantidad de créditos otorgados por las Cajas de Compensación son de particular importancia. En ese sentido, de acuerdo a las cifras de la Superintendencia de Seguridad Social, podemos indicar que respecto de los créditos de consumo otorgados por las Cajas de Compensación de acuerdo a cifras del año 2010, durante dicha anualidad se otorgó un total de 2.101.515 créditos por un monto total de $1.241.487.455 miles de pesos[2].
5.- Con la entrada en vigencia de la ley N° 20.255, desde julio de 2008, se logró la más grande de las transformaciones en el ámbito de la Protección Social, ya que se creó un sistema moderno donde el Estado garantiza derechos en cobertura y beneficios, lo que tiene particular importancia para los grupos de personas más vulnerables de nuestro país. En ese contexto, se contempló la existencia de de la Pensión Básica Solidaria de Vejez y de Invalidez, las que se otorgan a personas que no tienen derecho a recibir jubilación en ningún régimen provisional y se encuentran en el 60% de las familias más pobres del país.
Así es como a la fecha, de acuerdo a las cifras publicadas por el Instituto de Previsión Social a Octubre de 2011, el total de personas beneficiadas con Pensiones Básicas Solidarias de Vejez e Invalidez alcanza a 615.617 personas[3].
Tal como lo establece el. mensaje del proyecto de Ley enviado en su oportunidad por la Presidenta Bachelet , se señalaba que el objetivo de la Reforma Previsional era que las personas tuvieran ingresos más seguros durante la vejez, para así vivir dignamente y en particular establecer un sistema solidario que cubriera a quienes, por diversas razones, no lograban ahorrar lo suficiente para financiar una pensión digna_
6.- Que las indemnizaciones laborales establecidas en favor de los trabajadores, tanto por los años de servicio, como por accidentes u otras compensaciones contemplados en la legislación, dicen relación con la protección al trabajador_ En dicho orden de ideas, en particular en el caso de la indemnización por años de servicio, dichos montos son esenciales para disponer de ingresos mientras se obtiene otro empleo o fuente de sustentación.
7.- Que de manera recurrente se han constatado problemas en tomo al otorgamiento de créditos sociales a personas que cuentan solamente como ingreso de una Pensión Básica Solidaría de Vejez o Invalidez, así como también, se ha advertido los cobro que se efectúan de dichos créditos, al momento en que el trabajador se desvincula y obtiene una indemnización u otros ingresos al momento de su finiquito, descontándosele el saldos insolutos de los créditos solicitados.
Así es como en el primer caso, a pesar del objetivo que se impuso en su oportunidad con la Reforma Previsional en cuanto que aquellas personas que no podían optar a ningún tipo de pensión podrían acceder a una Pensión Básica Solidaria de Vejez o Invalidez de tal manera de vivir con dignidad, en la práctica, muchos pensionados han accedido al sistema de créditos sociales encontrándose a la fecha con altos niveles de deuda, y por lo tanto no logrando de manera alguna, eI principal objetivo que tenía la Reforma en comento, como era, el que tuvieran ingresos para sus necesidades básicas.
Luego, en el caso de los descuentos efectuados al momento de desvinculaciones, es recurrente advertir que al momento que las Cajas de Compensación otorgan créditos sociales, se requiera al trabajador el establecer mandatos y disponer anticipadamente de eventuales indemnizaciones o cualquier otras suma que le correspondiere recibir a cualquier título al momento del finiquito, lo que vulnera directamente el principio de irrenunciabilidad de los derechos en materia laboral, establecido en el artículo S° del Código del Trabajo, lo que ha sido advertido tanto en distintos Dictámenes de la Inspección del Trabajo como en la Jurisprudencia de la Corte Suprema.
8.- En virtud de lo anterior, se hace necesario proteger a los beneficiarios de Pensiones Solidarias de Vejez e Invalidez para efectos de que puedan disponer de su pensión en forma completa y así asumir sus gastos mínimos, superando de dicha manera progresivamente la pobreza estructural en la que algunos se encuentran, limitando para ello la forma en que a la fecha las Cajas de Compensación otorgan créditos a personas son beneficiarias de dichas pensiones. Asimismo, se hace imprescindible proteger a los trabajadores para efectos de que estos puedan gozar y disponer por completo de las indemnizaciones y otros beneficios que la legislación laboral les otorga, no permitiendo disponer anticipadamente a favor de las Cajas de Compensación de dichos dineros que son de gran importancia para los períodos posteriores en que un trabajador busca otra fauna de sustento después de su desvinculación.
9.- Otro aspecto relevante que debe ser considerado para los efectos de establecer un adecuado sistema de fiscalización y supervigilancia de dichas instituciones lo constituye su creciente presencia en el mercado del crédito de consumo e hipotecario en segmentos de mayor riesgo. En efecto, según información entregada por la Superintendencia de Seguridad Social, del total de afiliados al sistema de cajas de compensación (5.339.027 personas) a la fecha dichas instituciones mantienen colocados 2.101.515 créditos de consumo y 134 créditos hipotecarios. Es decir, en la actualidad las cajas de Compensación constituyen en los hechos instituciones financieras y crediticias con la particularidad de gozar de un privilegio legal de descuento por planilla lo que si bien les disminuye sus propios riesgos de incobrabilidad, incrementa el sobreendeudamiento de personas y familias incrementando de manera considerable el riesgo sistemico. En razón de ello es que parece adecuado que la institución fiscalizadora sea aquella que de conformidad a la ley debe supervigilar el mercado bancario e instituciones financieras, es decir, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de conformidad a las normas del D.L. 1.097 de 1975.
Por tanto:
En mérito de lo expuesto y de lo dispuesto en las disposiciones constitucionales y legales citadas, los diputados que suscribimos venimos en someter a consideración del Congreso Nacional el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
Artículo primero.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.833, Establece Estatuto General de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar:
1.- Para reemplazar el actual artículo 3° por el siguiente:
“Las Cajas de Compensación estarán sometidas a la Supervigilancia Y fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, en adelante Superintendencia, sin perjuicio de las facultades que le pudiere corresponder a la Contraloría General de la República de acuerdo a su ley orgánica.”
2.- Al artículo 21, para agregar el siguiente inciso 3° nuevo, pasando el actual inciso 3° a ser 4° y así sucesivamente:
“Respecto de aquellas personas que sean beneficiarias de la pensión básica solidaria de vejez o invalidez, en conformidad a lo establecido en la ley N° 20.255, las Cajas de Compensación no podrán otorgar los préstamos establecidos en el inciso anterior?
3.- Al artículo 22, para agregar el siguiente inciso 2° nuevo, pasando el actual 3° a ser 4°:
“Para el pago de saldos insolutos provenientes de obligaciones emanadas de los créditos sociales al término de la relación laboral del trabajador, éstos no podrán disponer anticipadamente de montos provenientes de las indemnizaciones por años de servicio o cualquier otra suma que le correspondiere recibir y que disponga la legislación laboral en su favor, para el pago de dichos saldos Insolutos.”
Artículo segundo: Introdúcese la siguiente modificación al Decreto Ley 1.097 de 1975 que Crea la Superintendencia de Bancos e Instituciones financieras:
1.- Para intercalar en el inciso primero del articulo 2° a continuación de la expresión “naturaleza” y la interjección “y” una coma (,) seguida de “Cajas de Compensación”
Artículo transitorio. Respecto de aquellos créditos sociales ya otorgados a personas que sean beneficiarias de pensión básica solidaria de vejez o invalidez a la entrada en vigencia de la presente ley, éstos continuarán vigentes no obstante los montos de descuento mensual no podrán exceder en ningún caso el 5% del monto de su pensión”.
PROYECTO APROBATORIO DEL ACUERDO EN MATERIA DE SERVICIOS AÉREOS ENTRE CHILE Y KUWAIT. Primer trámite constitucional.
El señor MELERO (Presidente).-
Señores diputados, en la Tabla figuran cuatro proyectos que aprueban acuerdos sobre servicios aéreos entre Chile y otros países. Como los diputados informantes de esas iniciativas serán los mismos, propongo que se rindan todos los informes de una vez y se realice una discusión conjunta de los proyectos.
Se trata de los proyectos aprobatorios de los acuerdos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, sobre servicios aéreos, suscrito en Santiago el 13 de noviembre de 2010; entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Estado de Kuwait y su Anexo, sobre servicios aéreos, suscrito en Santiago el 27 de julio de 2010; entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Popular de China sobre servicios aéreos, suscrito en Singapur el 13 de noviembre de 2009, y entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Malasia y su Anexo, sobre servicios aéreos, suscrito en Kuala Lumpur, Malasia, el 14 de abril de 2010.
¿Habría acuerdo para proceder de esta forma?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, en su última sesión, la Comisión de Relaciones Exteriores tomó el acuerdo de que dos de esos proyectos fueran informados por el diputado José Manuel Edwards y los otros dos, por quien habla.
Por lo tanto, señor Presidente, pido que solicite a la Sala la autorización para actuar en conformidad con esa resolución.
El señor MELERO (Presidente).-
Señor diputado, hay acuerdo para proceder así.
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, los proyectos de acuerdo ya señalados.
Diputados informantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana son los señores René Saffirio y José Manuel Edwards, en conformidad con el acuerdo señalado, y de la Comisión Hacienda es el señor Alberto Robles.
a) Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 7884-10, sesión 75ª, en 30 de agosto de 2011. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 89ª, en 4 de octubre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 15.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 117ª, en 29 de noviembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 7.
b) Antecedentes:
-Mensaje, boletín 7885-10, sesión 75ª, en 30 de agosto de 2011. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 89ª, en 4 de octubre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 16.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 117ª, en 29 de noviembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 8.
c) Antecedentes:
-Mensaje, boletín 7919-10, sesión 81ª, en 8 de septiembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 89ª, en 4 de octubre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 13.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 117ª, en 29 de noviembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 4.
d) Antecedentes:
-Mensaje, boletin 7920-10, sesión 81ª, en 8 de septiembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 89ª, en 4 de octubre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 14.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 117ª, en 29 de noviembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 6.
El señor MELERO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO (de pie).-
Señor Presidente, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, me corresponde informar sobre el proyecto que aprueba el acuerdo de servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, suscrito en Santiago, el 13 de diciembre de 2010.
Asimismo, informaré un acuerdo de igual naturaleza, suscrito entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de la República Popular China, suscrito en Singapur, el 13 de noviembre de 2009.
Estos proyectos de acuerdo se encuentran sometidos a la consideración de la honorable Cámara, en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de “simple”, de conformidad con lo establecido en los artículos 32 N° 15 y 54 N° 1 de la Constitución Política de la República.
Como señalan sus mensajes, tienen por objeto facilitar el desarrollo de una política aerocomercial que ha seguido nuestro país desde hace varias décadas, con el fin de conseguir la mayor apertura de cielos con los demás países.
En el estudio de este proyecto de acuerdo, conjuntamente con el suscrito con la República Popular China, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del subsecretario de Relaciones Exteriores, de la asesora del Departamento de Inversiones, Servicios y Transporte Aéreo de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería (Direcom), y del jefe del Subdepartamento Internacional del Departamento Jurídico de la Direcom.
El señor subsecretario de Relaciones Exteriores, además de refrendar los fundamentos de los mensajes que les dan origen, explicó que estos acuerdos corresponden al tipo de convenio de transporte aéreo denominado de cielos abiertos y su celebración obedece a la política aerocomercial que ha seguido nuestro país desde hace varias décadas, cuyo objeto ha sido conseguir la mayor apertura de cielos con los demás países y así lograr los objetivos que informan dicha política, esto es, el libre ingreso a los mercados, la libertad de tarifas y la mínima intervención de la autoridad reguladora.
Señaló, asimismo, que los Convenios con los Emiratos Árabes Unidos y la República Popular China están entre los más abiertos que se han negociado, se enmarcan plenamente en los objetivos de la política aérea chilena y han sido muy útil como precedente para las negociaciones de convenios bilaterales de cielos abiertos con otros países de esa región, como Kuwait y Bahrein, que posteriormente han aceptado una apertura de similar naturaleza.
Destacó que los beneficiados con este tipo de convenios son los pasajeros de nuestro país y desde y hacia Chile, la carga chilena y la de importación y las compañías aéreas chilenas, así como el intercambio comercial, que ven aumentadas sus posibilidades mejorando la conectividad del país con estas ricas regiones del planeta.
Agregó que tanto estos convenios como el de Kuwait contemplan todos los derechos de tráfico para las dos partes, incluyendo el cabotaje, y favorecen a la inversión extranjera al no exigir que la propiedad sustancial y el control efectivo de las empresas aéreas se encuentren en manos de la parte que designa a las líneas aéreas o de sus nacionales.
Por su parte, las señoras diputadas y señores diputados presentes expresaron unánimemente su decisión favorable a la aprobación de estos proyectos de acuerdo, que vienen a ratificar el objetivo estratégico del país, cuya finalidad es obtener la mayor apertura de cielos con los demás países y así lograr el libre ingreso a los mercados, la libertad de tarifas y la mínima intervención de la autoridad reguladora o aerocomercial.
Por ello, por 8 votos a favor, ninguno en contra y cero abstención, prestaron su aprobación a los proyectos de acuerdo en informe, los diputados señores Bauer, don Eugenio; Delmastro, don Roberto; Edwards, don José Manuel; Jarpa, don Carlos Abel; Moreira, don Iván; Tarud, don Jorge, Teillier, don Guillermo y el diputado que informa.
Por último, me permito hacer presente que vuestra Comisión no calificó como normas de carácter orgánico o de quórum calificado ningún precepto contenido en estos proyectos de acuerdo. Sin embargo, determinó que sus preceptos deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, por tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.
Concluyo señalando que, respecto del Acuerdo suscrito entre el Gobierno de Chile y la República Popular China, existen normas diferenciadoras, que cito para no inducir a error a la honorable Cámara.
El Acuerdo suscrito entre Chile y China corresponde al tipo de convenio denominado liberal; si bien no es de cielos abiertos totales, su celebración obedece a la conveniencia que la relación aerocomercial con un país de la importancia de China tenga la certeza jurídica que otorga un Acuerdo bilateral, a la necesidad de modernizar el acuerdo vigente que data desde 1996, que ha quedado desactualizado, y a la coherencia necesaria de mantener con la política aerocomercial que ha seguido nuestro país desde hace más de veinte años, con el fin de obtener la mayor apertura de cielos con los demás países y así lograr los objetivos que informan dicha política: el libre ingreso a los mercados, la libertad de tarifas y la mínima intervención de la autoridad reguladora o aerocomercial.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
Corresponde rendir el informe del proyecto aprobatorio del Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Estado de Kuwait y su Anexo, suscrito en Santiago, el 27 de julio de 2010, y el que aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Malasia y su Anexo, suscrito en Kuala Lumpur, Malasia, el 14 de abril de 2010.
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor EDWARDS (de pie).-
Señor Presidente, como lo acordó esta Sala, voy a proceder a informar dos proyectos de acuerdo. Ambos no son exactamente iguales, por lo tanto, haré la salvedad que corresponde para no inducir a error a la honorable Cámara.
En mi calidad de diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana paso a informar sobre los proyectos de acuerdo que aprueban el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la Republica de Chile y el Gobierno del Estado de Kuwait y su Anexo, suscrito en Santiago, el 27 de julio de 2010, y el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Malasia y su Anexo, suscrito en Kuala Lumpur, el 14 de abril de 2010.
Ambos proyectos de acuerdo se encuentran sometidos a la consideración de la honorable Cámara, en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de “suma”, de conformidad con lo establecido en los artículos 32 N° 15 y 54 N° 1, de la Constitución Política de la República.
Como lo señala el propio mensaje que lo acompaña, corresponde al tipo de Convenio de transporte aéreo denominado de cielos abiertos. En el caso de Malasia, haré algunas especificaciones por existir diferencias.
Su celebración obedece a la política aerocomercial que ha seguido nuestro país desde hace varios años, con el fin de conseguir la mayor apertura de cielos con los demás países y así lograr los objetivos que informan dicha política, esto es, el libre ingreso a los mercados, la libertad de tarifas y la mínima intervención de la autoridad reguladora.
Los acuerdos constan de un Preámbulo, donde las partes manifiestan los propósitos que los animaron a suscribirlos. Veintidós artículos conforman su cuerpo principal y un anexo y han sido refrendados por vuestra Comisión y constan en los informes que tienen en su poder los honorables colegas.
En el estudio de estos proyectos de acuerdo, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del subsecretario de Relaciones Exteriores, Fernando Schmidt Ariztía, de la asesora del Departamento de Inversiones, Servicios y Transporte Aéreo de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, señora Daniela Montañola Martner, y del jefe del Subdepartamento Internacional del Departamento Jurídico de la Direcom, señor Felipe Lopeandía Wielandt.
El señor subsecretario de Relaciones Exteriores, además de refrendar los fundamentos del mensaje que le dan origen, explicó que estos Acuerdos corresponden al tipo de Convenio de transporte aéreo denominado de cielos abiertos y su celebración obedece a la política aerocomercial que ha seguido nuestro país desde hace varias décadas.
Señaló, asimismo, que el Convenio con Kuwait está entre los más abiertos que se han negociado, se enmarca plenamente en los objetivos de la política aérea chilena y ha sido muy útil como precedente para las negociaciones de convenios bilaterales de cielos abiertos con otros países todavía reticentes a aceptar aperturas de esta naturaleza.
Destaco que los beneficiados con este tipo de convenios son los pasajeros chilenos desde y hacia Chile, la carga chilena, la importación y compañías aéreas nacionales, así como el intercambio comercial, que ven aumentadas sus posibilidades, mejorando la conectividad del país con esa región tan rica en recursos naturales.
Agregó que, tanto este Convenio como el de los Emiratos Árabes Unidos contemplan todos los derechos de tráfico para las dos partes, incluyendo el cabotaje y favorecen la inversión extranjera al no exigir que la propiedad sustancial y el control efectivo de las empresas aéreas se encuentren en manos de la parte que designa a las líneas aéreas o de sus nacionales.
Con su permiso, señor Presidente, entregaré información a la Sala sobre las particularidades respecto del acuerdo con el Gobierno de Malasia.
Con ese país, como señala el mensaje, el acuerdo abre, sin restricciones en cuanto a número de vuelos y puntos de operación, las 3ª, 4ª, 5ª y 6ª libertades, es decir, los principales derechos aerocomerciales.
La 5ª libertad permitirá a las empresas chilenas prolongar hasta Malasia sus actuales vuelos a Nueva Zelanda y Australia, pudiendo transportar tráfico hacia ese país desde Nueva Zelanda, Australia, Brunei y Singapur, porque con esos cuatro países de dicha Región Chile tiene acuerdos que permiten la 5ª libertad, lo que facilita una operación entre nuestro país y Malasia.
Por su parte, la 6ª libertad permitirá a las empresas chilenas conectar en Santiago tráfico a Malasia proveniente desde toda su red de rutas. Lo mismo vale para vuelos cargueros.
En virtud de este acuerdo, Malaysian Airline, que cuenta con más de cien aeronaves de gran tamaño, podrá operar a Isla de Pascua, con tráfico turístico desde el oriente, y prolongar hasta Santiago sus actuales vuelos vía Sudáfrica que llegan a Buenos Aires.
El resultado de las negociaciones fue ratificado posteriormente por autoridades superiores de Malasia, con lo que entraron en vigencia provisional los derechos acordados.
Para el caso de ambos proyectos de acuerdo, los señores y las señoras diputadas se pronunciaron favorablemente por unanimidad. Esto viene a ratificar el objetivo estratégico de nuestro país, que tiene por finalidad obtener la mayor apertura de cielos con los demás países y así lograr el libre ingreso a los mercados, la libertad tarifaria y la mínima intervención de la autoridad reguladora o aerocomercial.
Por ello, por 8 votos a favor, ninguno en contra ni abstenciones, prestaron su aprobación al proyecto de acuerdo en informe los señores Bauer, don Eugenio; Delmastro, don Roberto; Jarpa, don Carlos Abel; Moreira, don Iván; Saffirio, don René; Tarud, don Jorge; Teillier, don Guillermo, y quien informa.
Por último, me permito hacer presente que vuestra Comisión no calificó como norma de carácter orgánico o de quórum calificado ningún precepto contenido en los proyectos de acuerdo. Sin embargo, determinó que sus preceptos deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, por tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado, en especial en lo que dice relación con exenciones de derechos de aduana y tasas que ellos contienen.
Es cuanto puedo informar a la Sala.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor ROBLES (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda paso a informar los proyectos de acuerdo que aprueban los Convenios de Servicios Aéreos entre el Gobierno de Chile y los gobiernos de los Emiratos Árabes Unidos, del Estado de Kuwait y su Anexo, de la República Popular China y de Malasia y su Anexo.
Durante el análisis de los convenios asistieron a la Comisión la señora Daniela Montañola, asesora del Departamento de Servicios, Inversiones y Transporte Aéreo de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el asesor de la misma Dirección, señor Patricio Balmaceda.
La descripción de los diferentes convenios se encuentra consignada en los respectivos informes emitidos por la Comisión y que los señores tienen a la vista en sus pupitres.
En el debate de la Comisión, que abordó conjuntamente el análisis de los referidos convenios, la señora Montañola hizo presente que los cuatro acuerdos internacionales en estudio se hallan completamente en línea con la política de cielos abiertos que sustenta Chile con respecto al transporte aéreo.
Dos de dichos convenios, los celebrados con Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, son de cielos abiertos totales, lo cual significa que admiten un número ilimitado de frecuencias y abarcan todo el abanico de posibilidades de realizar vuelos, incluyendo el cabotaje. Los restantes, los suscritos con Malasia y China, son algo más restringidos, pero igualmente positivos para nuestro país.
En respuesta a diversas consultas de los diputados en la Comisión de Hacienda, la asesora precisó que los derechos de tráfico aéreo que se negocian en este tipo de convenios incluyen las libertades técnicas (1ª y 2ª) y las libertades comerciales (3ª, 4ª y 5ª), todas ellas establecidas en el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, de 1944, también conocido como el Convenio de Chicago, y otras libertades (6ª, 7ª, 8ª y 9ª).
A modo de información general, la 1ª libertad es el derecho a sobrevolar el territorio de la contraparte, sin aterrizar. La 2ª libertad permite aterrizar en el territorio de la contraparte por razones técnicas, sin fines comerciales. La 3ª y 4ª libertades dan derecho a transportar pasajeros y carga entre los Estados partes. La 5ª libertad permite transportar pasajeros y carga entre el territorio de la contraparte y un tercer país, partiendo desde territorio propio. La 6ª libertad da derecho a efectuar el transporte aéreo entre los Estados partes, partiendo desde un tercer país ajeno al convenio. La 7ª libertad permite efectuar tráfico aéreo comercial entre el territorio de la contraparte y un tercer país, sin pasar por territorio propio. La 8ª libertad es el derecho a efectuar cabotaje entre dos puntos del territorio de la contraparte, como continuación de un vuelo internacional, partiendo desde el país de la aerolínea. La 9ª libertad es, por último, el derecho a efectuar vuelos internos en el territorio de la contraparte, sin que sean continuación de un vuelo internacional.
Lo anterior nos costó entenderlo en la Comisión; pero, finalmente, después de varias explicaciones de la señora Montañola, logramos resumir estas libertades.
La asesora especificó luego que los convenios con Emiratos Árabes Unidos y Kuwait incluyen las nueve libertades, sin limitación alguna de frecuencias, equipos o carga; el acuerdo con Malasia incluye hasta la sexta libertad, mientras que el convenido con China incluye hasta la cuarta libertad sin limitaciones, a las que se agregan 7 frecuencias de pasajeros y 14 de carga en quinta libertad. En este caso, se adquirió el compromiso de que un año después de la negociación, verificada en mayo de 2009, se volverían a reunir las autoridades para ampliar el convenio. En diciembre próximo se efectuará una nueva reunión para modificar el Anexo, que no es necesario someter a la aprobación del Congreso.
Consultada sobre la posibilidad de que nuestro país otorgue más libertades que alguno de los Estados con los que ha celebrado este tipo de convenios, la asesora señora Montañola expresó que, según el Código Aeronáutico, Chile se rige por el principio de cielos abiertos totales, a menos que no obtenga reciprocidad. Por lo tanto, si algún país no le da acceso a cabotaje, por ejemplo, Chile tampoco se lo dará.
Hay, sin embargo, algunas asimetrías en ciertos acuerdos internacionales, como es el caso del suscrito con Perú, donde nuestro país tiene 28 frecuencias en 5ª libertad y ellos, 42, lo cual se debe a la forma en que se han desarrollado las relaciones entre ambas naciones.
En todo caso, entre los países miembros de la Organización de Aviación Civil Internacional, Chile se ubica entre los pioneros en materia de acuerdos de cielos abiertos.
Interrogada acerca de la semejanza entre los distintos convenios de servicios aéreos celebrados por Chile, sostuvo la asesora que la principal diferencia entre ellos es el cuadro de rutas contenido en el Anexo, que dice relación con el número de frecuencias y otras materias.
Con respecto a los costos asociados a estos acuerdos internacionales, precisó que todos los convenios de servicios aéreos tienen dos beneficios: uno consistente en la exención de derechos aduaneros por la internación de repuestos o piezas de aeronaves que vayan a ser reparadas en el país de destino, pues no tiene sentido desaduanar elementos que van a ser reexportados, en la medida que lo sean, y, otro, consistente en la exención de derechos aduaneros por el combustible ingresado al país de destino, salvo el que se cargue en éste para hacer cabotaje interno.
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento de los referidos Convenios por tener, eventualmente, incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.
Teniendo presente los antecedentes de las iniciativas y las consideraciones expuestas en la Comisión, luego de revisar los artículos pertinentes y sometido a votación el artículo único de los proyectos de acuerdo propuestos por la Comisión técnica, fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes.
Tratado y acordado en sesión de fecha 23 de noviembre de 2011, con la asistencia de los diputados señores Godoy, don Joaquín (Presidente); Auth, don Pepe; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Ortiz, don José Miguel; Robles, don Alberto; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón.
Es cuanto puedo informar a esta Sala.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
En discusión los proyectos de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado Patricio Hales.
El señor HALES.-
Señor Presidente, por supuesto, llamo a votar a favor estos proyectos de acuerdo. Pero quiero referirme en particular a la importancia que tiene la firma del proyecto aprobatorio del Acuerdo, suscrito el año 2010, entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Emiratos Árabes.
En Chile conocemos poco de los Emiratos Árabes, ni siquiera saben mucho de ellos las autoridades de Gobierno. Hoy se está firmando un convenio con un país que tiene más de 4 millones 300 mil habitantes pero si uno entra a la página de ProChile y ve los antecedentes sobre los Emiratos Árabes, señalan que tiene 2 millones y tanto-, que tiene un producto bruto gigantesco, que maneja el 8 por ciento de las reservas mundiales de petróleo, que está interesado en adquirir productos chilenos. Actualmente, compra madera, salmones, manzanas frescas, kiwis, vino, peras frescas, ciruelas, chocolates, frutos secos, telares, yodo, pasas, en fin, y sabemos muy poco de los Emiratos Árabes.
Por eso, tenemos que hacer un esfuerzo no sólo para aprobar este proyecto de acuerdo, sino para conocer más sobre países respecto de los cuales no estamos muy informados, lo que por su lejanía es muy comprensible.
Necesitamos que los órganos de Gobierno sean activos promotores del comercio con estos países, porque, además, son de paz. Es interesante que los propios Emiratos Árabes manifiestan, a través de declaraciones oficiales, que ellos no solo trabajan por la paz, sino que creen que la paz justa y duradera en los conflictos del cercano Oriente se logrará cuando termine la ocupación militar de los territorios palestinos por disposición del Gobierno de Israel; además, respaldan el fin de la ocupación israelí y el establecimiento de un Estado Palestino independiente con Jerusalén como capital.
Son países respecto de los cuales nuestra ignorancia es grande. Son muy jóvenes. A veces, imaginamos estos países solo a partir de las leyendas de Las Mil y Una Noche o de fantasías de algún sheih que haya viajado por Europa, haciendo ostentaciones vergonzosas en algunos escándalos públicos. Sin embargo, son países muy serios. Podemos ver lo que han hecho en materia de tecnología y de industrialización. Hasta 1971 estuvieron sometidos al Imperio Británico; la organización de esos países es reciente y, para entenderlos, debemos mirarlos desde esa óptica. Nuestros juicios no pueden ser iguales. No es lo mismo juzgar el comportamiento de lo que pueda ocurrir en la institucionalidad política inglesa cuando la Carta Magna fijó derechos a los Comunes sobre la autoridad en el 1215. En cambio, aquí ese mismo Imperio Británico tenía sometido a estos Estados federados ya en 1853. En 1892, a través de acuerdos militares, el
Reino Unido se llamaba el Protector Militar y los territorios eran Parte del Protectorado.
Recién, en diciembre de 1971, seis de ellos: Abu-Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ra´s al-Khaimah, Shrarjah y Umm, se unieron para formar los Emiratos Árabes.
La Cámara de Diputados y nuestros propios Gobiernos, se han informado poco sobre estos Emiratos. No saben que cada Estado tiene su propio gobernante. Los Emiratos Unidos forman este Estado federado.
No voy a dar más datos sobre el producto bruto, porque es muy posible que sea conocido. No obstante, quiero destacar que los Emiratos Árabes, en este momento, hacen un enorme esfuerzo para llevar adelante un gran proceso de reforma política para aumentar la participación de la ciudadanía.
Es distinto juzgar la institucionalidad de un Estado que creó órganos de representación en los siglos XIII o XIX, a otro que recién se han independizado. O sea, tenemos que entender que esos Estados partieron en 1971.
En este proceso de modernización política, ellos han diseñado tres fases: la primera, la elección de la mitad de los miembros del Consejo Federal Nacional, a través del colegio electoral; la segunda, la ampliación de los poderes de ese Consejo y el aumento del número de sus miembros y, la tercera, la elección abierta para la mitad del Consejo, a fin de hacer de la institución política un organismo más autorizado.
Se están dando pasos importantes. Valoro los esfuerzos de paz que están haciendo los Emiratos Árabes y lo quiero destacar acá. Otra cosa importante que realizan son las ayudas internacionales. Trabajan en programas de agencias regionales. Su dinero no es para desarrollar actividades exóticas, ni para el paseo de sus autoridades por la Costa Azul, ni por La Rivière, ni, en general, por los países europeos. Su gente es de trabajo, sus líderes son enormemente respetados en la Liga de los Estados Árabes; tienen autoridades de mucho peso, las que alguna vez nos han visitado; hemos conocido personalmente y recibido en el Congreso Nacional a su embajador y cónsul.
Por eso, nos sentimos orgullosos de contribuir a reforzar nuestra amistad con ellos y, por supuesto, queremos que recojan nuestra voluntad en tal sentido, que llevemos a cabo todas las relaciones posibles y que nos visitemos mutuamente, para conocer mejor nuestras realidades. De esa forma nos transformaremos en voceros de esta gente de paz.
Esos países están entregando una enorme ayuda, a través de la Fundación del Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo, de la Media Luna Roja, que es equivalente a la Cruz Roja de nuestro país, de la Fundación Benéfica y Humanitaria Saieh, de la Fundación Khalifa bin Saieh, de la Fundación para las Mujeres Refugiadas Fátima bin Mubarak, la Fundación Benéfica Mohammed bin Rashid y la Fundación Humanitaria y Benéfica Char Já. Además, destinan millones de dólares para materializar distintas formas de ayuda humanitaria.
El incremento del ingreso per cápita que han experimentado estos países ha sido significativo, al punto de que están considerados entre los 25 primeros países del mundo por este concepto. No nos conviene seguir manteniendo nuestra ignorancia y distanciamiento de ellos.
Por eso, mis palabras están orientadas a insistir en que es necesario informarnos mejor, a llamar a los colegas a que voten a favor este proyecto de acuerdo y a promover todo lo relacionado con visitas mutuas entre nuestros países.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, el 23 de noviembre pasado, después de esa maratónica sesión que comenzó el 21 y terminó pasadas las tres de la madrugada del 22 de noviembre, la Comisión de Hacienda celebró sesión ordinaria, como ocurre todos los martes y miércoles en la tarde, en la cual acordamos tratar en conjunto los cuatro convenios sobre servicios aéreos que la Comisión de Relaciones Exteriores sometió a consideración de nuestra Comisión.
Quiero dejar en claro varias cosas. En esa sesión, tuvimos la oportunidad de escuchar las excelentes intervenciones de dos personas expertas en el tema: el asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Patricio Balmaceda, que lleva muchísimos años desempeñando ese cargo, y la señora Daniela Montañola, asesora del Departamento del Servicio de Inversiones y Transporte Aéreo de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de dicho Ministerio.
Como para este Poder del Estado resulta complicado aprobar este tipo de convenios, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley es conveniente dejar en claro todos sus aspectos.
Acabamos de escuchar una muy buena exposición del colega Patricio Hales sobre la materia.
Los cuatro acuerdos internacionales sobre servicios aéreos que estamos discutiendo en primer trámite constitucional están completamente en línea con la política de cielos abiertos que ha seguido nuestro país respecto del transporte aéreo.
También quiero dejar claro que dos de estos acuerdos, los celebrados con los Emiratos Árabes Unidos y con Kuwait, corresponden al tipo de convenios de cielos abiertos, lo que significa que admiten un número ilimitado de frecuencias y abarcan todo el abanico de posibilidades para realizar vuelos, incluyendo el cabotaje. En cambio, los otros dos acuerdos: los suscritos con la República Popular China y con el Gobierno de Malasia, son un poco más restringidos, pero igualmente positivos para nuestro país.
¿Por qué expreso esto? Porque hay nueve libertades -lo aprendimos en la discusión de los acuerdos- que se negocian cuando se celebran convenios sobre servicios aéreos entre dos países. Las nueve libertades están consideradas en los convenios con los Emiratos Árabes Unidos y con Kuwait, pero no en los dos restantes. Por eso, quiero abundar un poco en esta materia.
La 1ª y 2ª se refieren a las libertades técnicas; la 3ª, 4ª y 5ª son las libertades comerciales, todas ellas incluidas en el Acuerdo sobre Aviación Civil Internacional, de 1944, conocido también como Convenio de Chicago. La 6ª libertad da derecho a sobrevolar el territorio de la contraparte sin aterrizar. El Acuerdo con Malasia solo incluye hasta la 6ª libertad y el Acuerdo con China, solo hasta la 4ª, sin limitaciones. En 2009, se iniciaron las negociaciones y se acordó que en este mes de diciembre se analizará si en estos acuerdos de servicios aéreos con China y Malasia se puede llegar a las nueve libertades.
También se analizó esta posibilidad en el caso específico de un país limítrofe como Perú. A pesar de que mi querido amigo, el diputado Alberto Robles, informante de la Comisión de Hacienda, ya lo hizo, quiero abundar en este tema, a fin de aclarar cualquier duda que tengan nuestros colegas.
Chile se rige por el principio de cielos abiertos totales, a menos que, como es lógico, no exista reciprocidad de la contraparte. Por lo tanto, si un país no permite el cabotaje, nuestro país tampoco lo hará. Sin embargo, subsisten asimetrías en ciertos acuerdos internacionales, como el suscrito con Perú, según el cual nuestro país tiene 28 frecuencias en 5ª libertad; en cambio, Perú tiene 42. Es decir, nos están ganando por 14 frecuencias, lo que se debe a la forma en que se han desarrollado las relaciones entre ambos países. Hago votos para que se aproveche esta oportunidad porque Chile y Perú son países miembros de la Organización de Aviación Civil Internacional y, en este aspecto, nuestro país está entre los pioneros en materia de acuerdos de servicios aéreos de cielos abiertos.
Todas las conversaciones que se están llevando a cabo a nivel diplomático entre Chile y Perú deben llegar a feliz puerto, para lograr que haya simetría. ¿Por qué digo esto? Porque algunos creen que estos acuerdos internacionales implican aumento de los gastos; pero, es al revés, porque generan dos beneficios muy especiales. Uno, la exención de derechos aduaneros por la internación de repuestos o piezas de aeronaves que vayan a ser reparadas en el país de destino, porque no tiene sentido desaduanar elementos que van a ser reexportados (en la medida que lo sean). El otro, consiste en la exención de derechos aduaneros por el combustible ingresado al país de destino, salvo el que se cargue en éste para hacer cabotaje interno.
Después de analizar a fondo estos cuatro acuerdos sobre servicios aéreos, todos los parlamentarios que participamos activamente en la Comisión de Hacienda llegamos a una conclusión muy clara: que son positivos para nuestro país porque se relacionan con el transporte aéreo de cielos abiertos y permiten aprovechar los tratados y acuerdos comerciales que hemos celebrado con diversos países. Con este tipo de acuerdos tenemos más posibilidades, especialmente los productores para exportar sus productos.
Por eso, tomamos la decisión unánime de aprobar estos cuatro acuerdos aéreos.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, celebro este acuerdo entre Chile y los Emiratos Árabes Unidos, con el que se sigue nuestra política de cielos abiertos y, además, favorece la inversión extranjera en nuestro país.
Siempre he sido partidario de que la diplomacia chilena se abra al mundo árabe, no sólo porque tengo ancestros en ese mundo, sino porque principalmente creo que el eje ha cambiado. No sólo el Asia-Pacífico, sino que también los países del mundo árabe están teniendo una relevancia cada vez más importante y es vital para los intereses nacionales que Chile aumente su presencia diplomática en esos países.
Felizmente, en los Emiratos Árabes tenemos representación diplomática, pero tenemos muchos embajadores concurrentes; por ejemplo, nuestro embajador en Turquía es concurrente de muchos países árabes que tienen una gran relevancia en el contexto mundial. Por lo mismo, tal como he señalado en innumerables ocasiones en Incidentes, demando que Chile aumente su representación diplomática en esos países, aunque siempre se me ha respondido que existen problemas de recursos y Chile debe reevaluar su política exterior y sus representaciones diplomáticas, pero este tipo de convenios, que producen mayor interrelación comercial con esos países, permitirá que llegue mayor inversión extranjera.
Estos convenios han sido fruto de muchos viajes de ex presidentes de la República. Por ejemplo, el ex presidente Frei visitó gran parte del mundo durante su mandato y fue muy criticado por eso, pero hoy día ello está rindiendo frutos y es importante que Chile mire hacia el mundo árabe.
He sido criticado por mi amistad con Irán, país catalogado de terrorista por muchos, pero más allá de esas consideraciones, se trata de un país con una población de más de 75 millones de habitantes.
Podré tener mis aprensiones en materia nuclear y otras, pero Irán es un país importante y Chile no puede negarse a dialogar con países de esa área, porque dialogar no significa refrendar una política u otra, sino que acercar a los pueblos y conocerlos primero, las naciones no pueden tener relaciones diplomáticas si no se conocen los pueblos. Eso es lo que hemos tratado de hacer con nuestra diplomacia parlamentaria.
Felicito este acuerdo, que permitirá a nuestro país una mayor inversión extranjera y más conocimiento del mundo árabe.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, es importante para nuestro país el convenio entre la República de Chile y los Emiratos Árabes. Los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra han señalado su trascendencia, sobre todo porque se sigue la política de cielos abiertos, que permitirá mayor inserción de Chile en el mundo globalizado, especialmente con las economías de Europa y de Asia.
Como lo hice en la Comisión de Relaciones Exteriores, daré mi aprobación al convenio, el que será aprobado también por los diputados de la bancada del Partido Radical.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre los proyectos de acuerdo de la siguiente forma:
El señor MELERO (Presidente).-
Se votarán conjuntamente los proyectos aprobatorios de acuerdos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos; entre el Gobierno de Chile y el Gobierno del Estado de Kuwait, y su Anexo, y entre el Gobierno de Chile con el Gobierno de Malasia, y su Anexo, relativos a Servicios Aéreos entre los gobiernos mencionados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Muñoz D’Albora Adriana; Schilling Rodríguez Marcelo.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Farías Ponce Ramón; Harboe Bascuñán Felipe.
El señor MELERO (Presidente).-
Despachado los proyectos de acuerdo.
A petición del diputado señor Jorge Burgos, se votará separadamente el proyecto aprobatorio del Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Popular China.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 6 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Chahín Valenzuela Fuad; Muñoz D’Albora Adriana; Schilling Rodríguez Marcelo.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Burgos Varela Jorge; Farías Ponce Ramón; Harboe Bascuñán Felipe; Pascal Allende Denise; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Walker Prieto Matías.
El señor MELERO (Presidente).-
Despachados los proyectos de acuerdo.
PROYECTO APROBATORIO DEL ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS ENTRE CHILE Y LA REPÚBLICA POPULAR CHINA. Primer trámite constitucional.
El señor MELERO (Presidente).-
Señores diputados, en la Tabla figuran cuatro proyectos que aprueban acuerdos sobre servicios aéreos entre Chile y otros países. Como los diputados informantes de esas iniciativas serán los mismos, propongo que se rindan todos los informes de una vez y se realice una discusión conjunta de los proyectos.
Se trata de los proyectos aprobatorios de los acuerdos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, sobre servicios aéreos, suscrito en Santiago el 13 de noviembre de 2010; entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Estado de Kuwait y su Anexo, sobre servicios aéreos, suscrito en Santiago el 27 de julio de 2010; entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Popular de China sobre servicios aéreos, suscrito en Singapur el 13 de noviembre de 2009, y entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Malasia y su Anexo, sobre servicios aéreos, suscrito en Kuala Lumpur, Malasia, el 14 de abril de 2010.
¿Habría acuerdo para proceder de esta forma?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, en su última sesión, la Comisión de Relaciones Exteriores tomó el acuerdo de que dos de esos proyectos fueran informados por el diputado José Manuel Edwards y los otros dos, por quien habla.
Por lo tanto, señor Presidente, pido que solicite a la Sala la autorización para actuar en conformidad con esa resolución.
El señor MELERO (Presidente).-
Señor diputado, hay acuerdo para proceder así.
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, los proyectos de acuerdo ya señalados.
Diputados informantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana son los señores René Saffirio y José Manuel Edwards, en conformidad con el acuerdo señalado, y de la Comisión Hacienda es el señor Alberto Robles.
a) Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 7884-10, sesión 75ª, en 30 de agosto de 2011. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 89ª, en 4 de octubre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 15.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 117ª, en 29 de noviembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 7.
b) Antecedentes:
-Mensaje, boletín 7885-10, sesión 75ª, en 30 de agosto de 2011. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 89ª, en 4 de octubre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 16.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 117ª, en 29 de noviembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 8.
c) Antecedentes:
-Mensaje, boletín 7919-10, sesión 81ª, en 8 de septiembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 89ª, en 4 de octubre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 13.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 117ª, en 29 de noviembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 4.
d) Antecedentes:
-Mensaje, boletin 7920-10, sesión 81ª, en 8 de septiembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 89ª, en 4 de octubre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 14.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 117ª, en 29 de noviembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 6.
El señor MELERO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO (de pie).-
Señor Presidente, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, me corresponde informar sobre el proyecto que aprueba el acuerdo de servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, suscrito en Santiago, el 13 de diciembre de 2010.
Asimismo, informaré un acuerdo de igual naturaleza, suscrito entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de la República Popular China, suscrito en Singapur, el 13 de noviembre de 2009.
Estos proyectos de acuerdo se encuentran sometidos a la consideración de la honorable Cámara, en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de “simple”, de conformidad con lo establecido en los artículos 32 N° 15 y 54 N° 1 de la Constitución Política de la República.
Como señalan sus mensajes, tienen por objeto facilitar el desarrollo de una política aerocomercial que ha seguido nuestro país desde hace varias décadas, con el fin de conseguir la mayor apertura de cielos con los demás países.
En el estudio de este proyecto de acuerdo, conjuntamente con el suscrito con la República Popular China, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del subsecretario de Relaciones Exteriores, de la asesora del Departamento de Inversiones, Servicios y Transporte Aéreo de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería (Direcom), y del jefe del Subdepartamento Internacional del Departamento Jurídico de la Direcom.
El señor subsecretario de Relaciones Exteriores, además de refrendar los fundamentos de los mensajes que les dan origen, explicó que estos acuerdos corresponden al tipo de convenio de transporte aéreo denominado de cielos abiertos y su celebración obedece a la política aerocomercial que ha seguido nuestro país desde hace varias décadas, cuyo objeto ha sido conseguir la mayor apertura de cielos con los demás países y así lograr los objetivos que informan dicha política, esto es, el libre ingreso a los mercados, la libertad de tarifas y la mínima intervención de la autoridad reguladora.
Señaló, asimismo, que los Convenios con los Emiratos Árabes Unidos y la República Popular China están entre los más abiertos que se han negociado, se enmarcan plenamente en los objetivos de la política aérea chilena y han sido muy útil como precedente para las negociaciones de convenios bilaterales de cielos abiertos con otros países de esa región, como Kuwait y Bahrein, que posteriormente han aceptado una apertura de similar naturaleza.
Destacó que los beneficiados con este tipo de convenios son los pasajeros de nuestro país y desde y hacia Chile, la carga chilena y la de importación y las compañías aéreas chilenas, así como el intercambio comercial, que ven aumentadas sus posibilidades mejorando la conectividad del país con estas ricas regiones del planeta.
Agregó que tanto estos convenios como el de Kuwait contemplan todos los derechos de tráfico para las dos partes, incluyendo el cabotaje, y favorecen a la inversión extranjera al no exigir que la propiedad sustancial y el control efectivo de las empresas aéreas se encuentren en manos de la parte que designa a las líneas aéreas o de sus nacionales.
Por su parte, las señoras diputadas y señores diputados presentes expresaron unánimemente su decisión favorable a la aprobación de estos proyectos de acuerdo, que vienen a ratificar el objetivo estratégico del país, cuya finalidad es obtener la mayor apertura de cielos con los demás países y así lograr el libre ingreso a los mercados, la libertad de tarifas y la mínima intervención de la autoridad reguladora o aerocomercial.
Por ello, por 8 votos a favor, ninguno en contra y cero abstención, prestaron su aprobación a los proyectos de acuerdo en informe, los diputados señores Bauer, don Eugenio; Delmastro, don Roberto; Edwards, don José Manuel; Jarpa, don Carlos Abel; Moreira, don Iván; Tarud, don Jorge, Teillier, don Guillermo y el diputado que informa.
Por último, me permito hacer presente que vuestra Comisión no calificó como normas de carácter orgánico o de quórum calificado ningún precepto contenido en estos proyectos de acuerdo. Sin embargo, determinó que sus preceptos deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, por tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.
Concluyo señalando que, respecto del Acuerdo suscrito entre el Gobierno de Chile y la República Popular China, existen normas diferenciadoras, que cito para no inducir a error a la honorable Cámara.
El Acuerdo suscrito entre Chile y China corresponde al tipo de convenio denominado liberal; si bien no es de cielos abiertos totales, su celebración obedece a la conveniencia que la relación aerocomercial con un país de la importancia de China tenga la certeza jurídica que otorga un Acuerdo bilateral, a la necesidad de modernizar el acuerdo vigente que data desde 1996, que ha quedado desactualizado, y a la coherencia necesaria de mantener con la política aerocomercial que ha seguido nuestro país desde hace más de veinte años, con el fin de obtener la mayor apertura de cielos con los demás países y así lograr los objetivos que informan dicha política: el libre ingreso a los mercados, la libertad de tarifas y la mínima intervención de la autoridad reguladora o aerocomercial.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
Corresponde rendir el informe del proyecto aprobatorio del Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Estado de Kuwait y su Anexo, suscrito en Santiago, el 27 de julio de 2010, y el que aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Malasia y su Anexo, suscrito en Kuala Lumpur, Malasia, el 14 de abril de 2010.
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor EDWARDS (de pie).-
Señor Presidente, como lo acordó esta Sala, voy a proceder a informar dos proyectos de acuerdo. Ambos no son exactamente iguales, por lo tanto, haré la salvedad que corresponde para no inducir a error a la honorable Cámara.
En mi calidad de diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana paso a informar sobre los proyectos de acuerdo que aprueban el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la Republica de Chile y el Gobierno del Estado de Kuwait y su Anexo, suscrito en Santiago, el 27 de julio de 2010, y el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Malasia y su Anexo, suscrito en Kuala Lumpur, el 14 de abril de 2010.
Ambos proyectos de acuerdo se encuentran sometidos a la consideración de la honorable Cámara, en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de “suma”, de conformidad con lo establecido en los artículos 32 N° 15 y 54 N° 1, de la Constitución Política de la República.
Como lo señala el propio mensaje que lo acompaña, corresponde al tipo de Convenio de transporte aéreo denominado de cielos abiertos. En el caso de Malasia, haré algunas especificaciones por existir diferencias.
Su celebración obedece a la política aerocomercial que ha seguido nuestro país desde hace varios años, con el fin de conseguir la mayor apertura de cielos con los demás países y así lograr los objetivos que informan dicha política, esto es, el libre ingreso a los mercados, la libertad de tarifas y la mínima intervención de la autoridad reguladora.
Los acuerdos constan de un Preámbulo, donde las partes manifiestan los propósitos que los animaron a suscribirlos. Veintidós artículos conforman su cuerpo principal y un anexo y han sido refrendados por vuestra Comisión y constan en los informes que tienen en su poder los honorables colegas.
En el estudio de estos proyectos de acuerdo, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del subsecretario de Relaciones Exteriores, Fernando Schmidt Ariztía, de la asesora del Departamento de Inversiones, Servicios y Transporte Aéreo de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, señora Daniela Montañola Martner, y del jefe del Subdepartamento Internacional del Departamento Jurídico de la Direcom, señor Felipe Lopeandía Wielandt.
El señor subsecretario de Relaciones Exteriores, además de refrendar los fundamentos del mensaje que le dan origen, explicó que estos Acuerdos corresponden al tipo de Convenio de transporte aéreo denominado de cielos abiertos y su celebración obedece a la política aerocomercial que ha seguido nuestro país desde hace varias décadas.
Señaló, asimismo, que el Convenio con Kuwait está entre los más abiertos que se han negociado, se enmarca plenamente en los objetivos de la política aérea chilena y ha sido muy útil como precedente para las negociaciones de convenios bilaterales de cielos abiertos con otros países todavía reticentes a aceptar aperturas de esta naturaleza.
Destaco que los beneficiados con este tipo de convenios son los pasajeros chilenos desde y hacia Chile, la carga chilena, la importación y compañías aéreas nacionales, así como el intercambio comercial, que ven aumentadas sus posibilidades, mejorando la conectividad del país con esa región tan rica en recursos naturales.
Agregó que, tanto este Convenio como el de los Emiratos Árabes Unidos contemplan todos los derechos de tráfico para las dos partes, incluyendo el cabotaje y favorecen la inversión extranjera al no exigir que la propiedad sustancial y el control efectivo de las empresas aéreas se encuentren en manos de la parte que designa a las líneas aéreas o de sus nacionales.
Con su permiso, señor Presidente, entregaré información a la Sala sobre las particularidades respecto del acuerdo con el Gobierno de Malasia.
Con ese país, como señala el mensaje, el acuerdo abre, sin restricciones en cuanto a número de vuelos y puntos de operación, las 3ª, 4ª, 5ª y 6ª libertades, es decir, los principales derechos aerocomerciales.
La 5ª libertad permitirá a las empresas chilenas prolongar hasta Malasia sus actuales vuelos a Nueva Zelanda y Australia, pudiendo transportar tráfico hacia ese país desde Nueva Zelanda, Australia, Brunei y Singapur, porque con esos cuatro países de dicha Región Chile tiene acuerdos que permiten la 5ª libertad, lo que facilita una operación entre nuestro país y Malasia.
Por su parte, la 6ª libertad permitirá a las empresas chilenas conectar en Santiago tráfico a Malasia proveniente desde toda su red de rutas. Lo mismo vale para vuelos cargueros.
En virtud de este acuerdo, Malaysian Airline, que cuenta con más de cien aeronaves de gran tamaño, podrá operar a Isla de Pascua, con tráfico turístico desde el oriente, y prolongar hasta Santiago sus actuales vuelos vía Sudáfrica que llegan a Buenos Aires.
El resultado de las negociaciones fue ratificado posteriormente por autoridades superiores de Malasia, con lo que entraron en vigencia provisional los derechos acordados.
Para el caso de ambos proyectos de acuerdo, los señores y las señoras diputadas se pronunciaron favorablemente por unanimidad. Esto viene a ratificar el objetivo estratégico de nuestro país, que tiene por finalidad obtener la mayor apertura de cielos con los demás países y así lograr el libre ingreso a los mercados, la libertad tarifaria y la mínima intervención de la autoridad reguladora o aerocomercial.
Por ello, por 8 votos a favor, ninguno en contra ni abstenciones, prestaron su aprobación al proyecto de acuerdo en informe los señores Bauer, don Eugenio; Delmastro, don Roberto; Jarpa, don Carlos Abel; Moreira, don Iván; Saffirio, don René; Tarud, don Jorge; Teillier, don Guillermo, y quien informa.
Por último, me permito hacer presente que vuestra Comisión no calificó como norma de carácter orgánico o de quórum calificado ningún precepto contenido en los proyectos de acuerdo. Sin embargo, determinó que sus preceptos deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, por tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado, en especial en lo que dice relación con exenciones de derechos de aduana y tasas que ellos contienen.
Es cuanto puedo informar a la Sala.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor ROBLES (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda paso a informar los proyectos de acuerdo que aprueban los Convenios de Servicios Aéreos entre el Gobierno de Chile y los gobiernos de los Emiratos Árabes Unidos, del Estado de Kuwait y su Anexo, de la República Popular China y de Malasia y su Anexo.
Durante el análisis de los convenios asistieron a la Comisión la señora Daniela Montañola, asesora del Departamento de Servicios, Inversiones y Transporte Aéreo de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el asesor de la misma Dirección, señor Patricio Balmaceda.
La descripción de los diferentes convenios se encuentra consignada en los respectivos informes emitidos por la Comisión y que los señores tienen a la vista en sus pupitres.
En el debate de la Comisión, que abordó conjuntamente el análisis de los referidos convenios, la señora Montañola hizo presente que los cuatro acuerdos internacionales en estudio se hallan completamente en línea con la política de cielos abiertos que sustenta Chile con respecto al transporte aéreo.
Dos de dichos convenios, los celebrados con Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, son de cielos abiertos totales, lo cual significa que admiten un número ilimitado de frecuencias y abarcan todo el abanico de posibilidades de realizar vuelos, incluyendo el cabotaje. Los restantes, los suscritos con Malasia y China, son algo más restringidos, pero igualmente positivos para nuestro país.
En respuesta a diversas consultas de los diputados en la Comisión de Hacienda, la asesora precisó que los derechos de tráfico aéreo que se negocian en este tipo de convenios incluyen las libertades técnicas (1ª y 2ª) y las libertades comerciales (3ª, 4ª y 5ª), todas ellas establecidas en el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, de 1944, también conocido como el Convenio de Chicago, y otras libertades (6ª, 7ª, 8ª y 9ª).
A modo de información general, la 1ª libertad es el derecho a sobrevolar el territorio de la contraparte, sin aterrizar. La 2ª libertad permite aterrizar en el territorio de la contraparte por razones técnicas, sin fines comerciales. La 3ª y 4ª libertades dan derecho a transportar pasajeros y carga entre los Estados partes. La 5ª libertad permite transportar pasajeros y carga entre el territorio de la contraparte y un tercer país, partiendo desde territorio propio. La 6ª libertad da derecho a efectuar el transporte aéreo entre los Estados partes, partiendo desde un tercer país ajeno al convenio. La 7ª libertad permite efectuar tráfico aéreo comercial entre el territorio de la contraparte y un tercer país, sin pasar por territorio propio. La 8ª libertad es el derecho a efectuar cabotaje entre dos puntos del territorio de la contraparte, como continuación de un vuelo internacional, partiendo desde el país de la aerolínea. La 9ª libertad es, por último, el derecho a efectuar vuelos internos en el territorio de la contraparte, sin que sean continuación de un vuelo internacional.
Lo anterior nos costó entenderlo en la Comisión; pero, finalmente, después de varias explicaciones de la señora Montañola, logramos resumir estas libertades.
La asesora especificó luego que los convenios con Emiratos Árabes Unidos y Kuwait incluyen las nueve libertades, sin limitación alguna de frecuencias, equipos o carga; el acuerdo con Malasia incluye hasta la sexta libertad, mientras que el convenido con China incluye hasta la cuarta libertad sin limitaciones, a las que se agregan 7 frecuencias de pasajeros y 14 de carga en quinta libertad. En este caso, se adquirió el compromiso de que un año después de la negociación, verificada en mayo de 2009, se volverían a reunir las autoridades para ampliar el convenio. En diciembre próximo se efectuará una nueva reunión para modificar el Anexo, que no es necesario someter a la aprobación del Congreso.
Consultada sobre la posibilidad de que nuestro país otorgue más libertades que alguno de los Estados con los que ha celebrado este tipo de convenios, la asesora señora Montañola expresó que, según el Código Aeronáutico, Chile se rige por el principio de cielos abiertos totales, a menos que no obtenga reciprocidad. Por lo tanto, si algún país no le da acceso a cabotaje, por ejemplo, Chile tampoco se lo dará.
Hay, sin embargo, algunas asimetrías en ciertos acuerdos internacionales, como es el caso del suscrito con Perú, donde nuestro país tiene 28 frecuencias en 5ª libertad y ellos, 42, lo cual se debe a la forma en que se han desarrollado las relaciones entre ambas naciones.
En todo caso, entre los países miembros de la Organización de Aviación Civil Internacional, Chile se ubica entre los pioneros en materia de acuerdos de cielos abiertos.
Interrogada acerca de la semejanza entre los distintos convenios de servicios aéreos celebrados por Chile, sostuvo la asesora que la principal diferencia entre ellos es el cuadro de rutas contenido en el Anexo, que dice relación con el número de frecuencias y otras materias.
Con respecto a los costos asociados a estos acuerdos internacionales, precisó que todos los convenios de servicios aéreos tienen dos beneficios: uno consistente en la exención de derechos aduaneros por la internación de repuestos o piezas de aeronaves que vayan a ser reparadas en el país de destino, pues no tiene sentido desaduanar elementos que van a ser reexportados, en la medida que lo sean, y, otro, consistente en la exención de derechos aduaneros por el combustible ingresado al país de destino, salvo el que se cargue en éste para hacer cabotaje interno.
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento de los referidos Convenios por tener, eventualmente, incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.
Teniendo presente los antecedentes de las iniciativas y las consideraciones expuestas en la Comisión, luego de revisar los artículos pertinentes y sometido a votación el artículo único de los proyectos de acuerdo propuestos por la Comisión técnica, fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes.
Tratado y acordado en sesión de fecha 23 de noviembre de 2011, con la asistencia de los diputados señores Godoy, don Joaquín (Presidente); Auth, don Pepe; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Ortiz, don José Miguel; Robles, don Alberto; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón.
Es cuanto puedo informar a esta Sala.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
En discusión los proyectos de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado Patricio Hales.
El señor HALES.-
Señor Presidente, por supuesto, llamo a votar a favor estos proyectos de acuerdo. Pero quiero referirme en particular a la importancia que tiene la firma del proyecto aprobatorio del Acuerdo, suscrito el año 2010, entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Emiratos Árabes.
En Chile conocemos poco de los Emiratos Árabes, ni siquiera saben mucho de ellos las autoridades de Gobierno. Hoy se está firmando un convenio con un país que tiene más de 4 millones 300 mil habitantes pero si uno entra a la página de ProChile y ve los antecedentes sobre los Emiratos Árabes, señalan que tiene 2 millones y tanto-, que tiene un producto bruto gigantesco, que maneja el 8 por ciento de las reservas mundiales de petróleo, que está interesado en adquirir productos chilenos. Actualmente, compra madera, salmones, manzanas frescas, kiwis, vino, peras frescas, ciruelas, chocolates, frutos secos, telares, yodo, pasas, en fin, y sabemos muy poco de los Emiratos Árabes.
Por eso, tenemos que hacer un esfuerzo no sólo para aprobar este proyecto de acuerdo, sino para conocer más sobre países respecto de los cuales no estamos muy informados, lo que por su lejanía es muy comprensible.
Necesitamos que los órganos de Gobierno sean activos promotores del comercio con estos países, porque, además, son de paz. Es interesante que los propios Emiratos Árabes manifiestan, a través de declaraciones oficiales, que ellos no solo trabajan por la paz, sino que creen que la paz justa y duradera en los conflictos del cercano Oriente se logrará cuando termine la ocupación militar de los territorios palestinos por disposición del Gobierno de Israel; además, respaldan el fin de la ocupación israelí y el establecimiento de un Estado Palestino independiente con Jerusalén como capital.
Son países respecto de los cuales nuestra ignorancia es grande. Son muy jóvenes. A veces, imaginamos estos países solo a partir de las leyendas de Las Mil y Una Noche o de fantasías de algún sheih que haya viajado por Europa, haciendo ostentaciones vergonzosas en algunos escándalos públicos. Sin embargo, son países muy serios. Podemos ver lo que han hecho en materia de tecnología y de industrialización. Hasta 1971 estuvieron sometidos al Imperio Británico; la organización de esos países es reciente y, para entenderlos, debemos mirarlos desde esa óptica. Nuestros juicios no pueden ser iguales. No es lo mismo juzgar el comportamiento de lo que pueda ocurrir en la institucionalidad política inglesa cuando la Carta Magna fijó derechos a los Comunes sobre la autoridad en el 1215. En cambio, aquí ese mismo Imperio Británico tenía sometido a estos Estados federados ya en 1853. En 1892, a través de acuerdos militares, el
Reino Unido se llamaba el Protector Militar y los territorios eran Parte del Protectorado.
Recién, en diciembre de 1971, seis de ellos: Abu-Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ra´s al-Khaimah, Shrarjah y Umm, se unieron para formar los Emiratos Árabes.
La Cámara de Diputados y nuestros propios Gobiernos, se han informado poco sobre estos Emiratos. No saben que cada Estado tiene su propio gobernante. Los Emiratos Unidos forman este Estado federado.
No voy a dar más datos sobre el producto bruto, porque es muy posible que sea conocido. No obstante, quiero destacar que los Emiratos Árabes, en este momento, hacen un enorme esfuerzo para llevar adelante un gran proceso de reforma política para aumentar la participación de la ciudadanía.
Es distinto juzgar la institucionalidad de un Estado que creó órganos de representación en los siglos XIII o XIX, a otro que recién se han independizado. O sea, tenemos que entender que esos Estados partieron en 1971.
En este proceso de modernización política, ellos han diseñado tres fases: la primera, la elección de la mitad de los miembros del Consejo Federal Nacional, a través del colegio electoral; la segunda, la ampliación de los poderes de ese Consejo y el aumento del número de sus miembros y, la tercera, la elección abierta para la mitad del Consejo, a fin de hacer de la institución política un organismo más autorizado.
Se están dando pasos importantes. Valoro los esfuerzos de paz que están haciendo los Emiratos Árabes y lo quiero destacar acá. Otra cosa importante que realizan son las ayudas internacionales. Trabajan en programas de agencias regionales. Su dinero no es para desarrollar actividades exóticas, ni para el paseo de sus autoridades por la Costa Azul, ni por La Rivière, ni, en general, por los países europeos. Su gente es de trabajo, sus líderes son enormemente respetados en la Liga de los Estados Árabes; tienen autoridades de mucho peso, las que alguna vez nos han visitado; hemos conocido personalmente y recibido en el Congreso Nacional a su embajador y cónsul.
Por eso, nos sentimos orgullosos de contribuir a reforzar nuestra amistad con ellos y, por supuesto, queremos que recojan nuestra voluntad en tal sentido, que llevemos a cabo todas las relaciones posibles y que nos visitemos mutuamente, para conocer mejor nuestras realidades. De esa forma nos transformaremos en voceros de esta gente de paz.
Esos países están entregando una enorme ayuda, a través de la Fundación del Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo, de la Media Luna Roja, que es equivalente a la Cruz Roja de nuestro país, de la Fundación Benéfica y Humanitaria Saieh, de la Fundación Khalifa bin Saieh, de la Fundación para las Mujeres Refugiadas Fátima bin Mubarak, la Fundación Benéfica Mohammed bin Rashid y la Fundación Humanitaria y Benéfica Char Já. Además, destinan millones de dólares para materializar distintas formas de ayuda humanitaria.
El incremento del ingreso per cápita que han experimentado estos países ha sido significativo, al punto de que están considerados entre los 25 primeros países del mundo por este concepto. No nos conviene seguir manteniendo nuestra ignorancia y distanciamiento de ellos.
Por eso, mis palabras están orientadas a insistir en que es necesario informarnos mejor, a llamar a los colegas a que voten a favor este proyecto de acuerdo y a promover todo lo relacionado con visitas mutuas entre nuestros países.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, el 23 de noviembre pasado, después de esa maratónica sesión que comenzó el 21 y terminó pasadas las tres de la madrugada del 22 de noviembre, la Comisión de Hacienda celebró sesión ordinaria, como ocurre todos los martes y miércoles en la tarde, en la cual acordamos tratar en conjunto los cuatro convenios sobre servicios aéreos que la Comisión de Relaciones Exteriores sometió a consideración de nuestra Comisión.
Quiero dejar en claro varias cosas. En esa sesión, tuvimos la oportunidad de escuchar las excelentes intervenciones de dos personas expertas en el tema: el asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Patricio Balmaceda, que lleva muchísimos años desempeñando ese cargo, y la señora Daniela Montañola, asesora del Departamento del Servicio de Inversiones y Transporte Aéreo de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de dicho Ministerio.
Como para este Poder del Estado resulta complicado aprobar este tipo de convenios, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley es conveniente dejar en claro todos sus aspectos.
Acabamos de escuchar una muy buena exposición del colega Patricio Hales sobre la materia.
Los cuatro acuerdos internacionales sobre servicios aéreos que estamos discutiendo en primer trámite constitucional están completamente en línea con la política de cielos abiertos que ha seguido nuestro país respecto del transporte aéreo.
También quiero dejar claro que dos de estos acuerdos, los celebrados con los Emiratos Árabes Unidos y con Kuwait, corresponden al tipo de convenios de cielos abiertos, lo que significa que admiten un número ilimitado de frecuencias y abarcan todo el abanico de posibilidades para realizar vuelos, incluyendo el cabotaje. En cambio, los otros dos acuerdos: los suscritos con la República Popular China y con el Gobierno de Malasia, son un poco más restringidos, pero igualmente positivos para nuestro país.
¿Por qué expreso esto? Porque hay nueve libertades -lo aprendimos en la discusión de los acuerdos- que se negocian cuando se celebran convenios sobre servicios aéreos entre dos países. Las nueve libertades están consideradas en los convenios con los Emiratos Árabes Unidos y con Kuwait, pero no en los dos restantes. Por eso, quiero abundar un poco en esta materia.
La 1ª y 2ª se refieren a las libertades técnicas; la 3ª, 4ª y 5ª son las libertades comerciales, todas ellas incluidas en el Acuerdo sobre Aviación Civil Internacional, de 1944, conocido también como Convenio de Chicago. La 6ª libertad da derecho a sobrevolar el territorio de la contraparte sin aterrizar. El Acuerdo con Malasia solo incluye hasta la 6ª libertad y el Acuerdo con China, solo hasta la 4ª, sin limitaciones. En 2009, se iniciaron las negociaciones y se acordó que en este mes de diciembre se analizará si en estos acuerdos de servicios aéreos con China y Malasia se puede llegar a las nueve libertades.
También se analizó esta posibilidad en el caso específico de un país limítrofe como Perú. A pesar de que mi querido amigo, el diputado Alberto Robles, informante de la Comisión de Hacienda, ya lo hizo, quiero abundar en este tema, a fin de aclarar cualquier duda que tengan nuestros colegas.
Chile se rige por el principio de cielos abiertos totales, a menos que, como es lógico, no exista reciprocidad de la contraparte. Por lo tanto, si un país no permite el cabotaje, nuestro país tampoco lo hará. Sin embargo, subsisten asimetrías en ciertos acuerdos internacionales, como el suscrito con Perú, según el cual nuestro país tiene 28 frecuencias en 5ª libertad; en cambio, Perú tiene 42. Es decir, nos están ganando por 14 frecuencias, lo que se debe a la forma en que se han desarrollado las relaciones entre ambos países. Hago votos para que se aproveche esta oportunidad porque Chile y Perú son países miembros de la Organización de Aviación Civil Internacional y, en este aspecto, nuestro país está entre los pioneros en materia de acuerdos de servicios aéreos de cielos abiertos.
Todas las conversaciones que se están llevando a cabo a nivel diplomático entre Chile y Perú deben llegar a feliz puerto, para lograr que haya simetría. ¿Por qué digo esto? Porque algunos creen que estos acuerdos internacionales implican aumento de los gastos; pero, es al revés, porque generan dos beneficios muy especiales. Uno, la exención de derechos aduaneros por la internación de repuestos o piezas de aeronaves que vayan a ser reparadas en el país de destino, porque no tiene sentido desaduanar elementos que van a ser reexportados (en la medida que lo sean). El otro, consiste en la exención de derechos aduaneros por el combustible ingresado al país de destino, salvo el que se cargue en éste para hacer cabotaje interno.
Después de analizar a fondo estos cuatro acuerdos sobre servicios aéreos, todos los parlamentarios que participamos activamente en la Comisión de Hacienda llegamos a una conclusión muy clara: que son positivos para nuestro país porque se relacionan con el transporte aéreo de cielos abiertos y permiten aprovechar los tratados y acuerdos comerciales que hemos celebrado con diversos países. Con este tipo de acuerdos tenemos más posibilidades, especialmente los productores para exportar sus productos.
Por eso, tomamos la decisión unánime de aprobar estos cuatro acuerdos aéreos.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, celebro este acuerdo entre Chile y los Emiratos Árabes Unidos, con el que se sigue nuestra política de cielos abiertos y, además, favorece la inversión extranjera en nuestro país.
Siempre he sido partidario de que la diplomacia chilena se abra al mundo árabe, no sólo porque tengo ancestros en ese mundo, sino porque principalmente creo que el eje ha cambiado. No sólo el Asia-Pacífico, sino que también los países del mundo árabe están teniendo una relevancia cada vez más importante y es vital para los intereses nacionales que Chile aumente su presencia diplomática en esos países.
Felizmente, en los Emiratos Árabes tenemos representación diplomática, pero tenemos muchos embajadores concurrentes; por ejemplo, nuestro embajador en Turquía es concurrente de muchos países árabes que tienen una gran relevancia en el contexto mundial. Por lo mismo, tal como he señalado en innumerables ocasiones en Incidentes, demando que Chile aumente su representación diplomática en esos países, aunque siempre se me ha respondido que existen problemas de recursos y Chile debe reevaluar su política exterior y sus representaciones diplomáticas, pero este tipo de convenios, que producen mayor interrelación comercial con esos países, permitirá que llegue mayor inversión extranjera.
Estos convenios han sido fruto de muchos viajes de ex presidentes de la República. Por ejemplo, el ex presidente Frei visitó gran parte del mundo durante su mandato y fue muy criticado por eso, pero hoy día ello está rindiendo frutos y es importante que Chile mire hacia el mundo árabe.
He sido criticado por mi amistad con Irán, país catalogado de terrorista por muchos, pero más allá de esas consideraciones, se trata de un país con una población de más de 75 millones de habitantes.
Podré tener mis aprensiones en materia nuclear y otras, pero Irán es un país importante y Chile no puede negarse a dialogar con países de esa área, porque dialogar no significa refrendar una política u otra, sino que acercar a los pueblos y conocerlos primero, las naciones no pueden tener relaciones diplomáticas si no se conocen los pueblos. Eso es lo que hemos tratado de hacer con nuestra diplomacia parlamentaria.
Felicito este acuerdo, que permitirá a nuestro país una mayor inversión extranjera y más conocimiento del mundo árabe.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, es importante para nuestro país el convenio entre la República de Chile y los Emiratos Árabes. Los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra han señalado su trascendencia, sobre todo porque se sigue la política de cielos abiertos, que permitirá mayor inserción de Chile en el mundo globalizado, especialmente con las economías de Europa y de Asia.
Como lo hice en la Comisión de Relaciones Exteriores, daré mi aprobación al convenio, el que será aprobado también por los diputados de la bancada del Partido Radical.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre los proyectos de acuerdo de la siguiente forma:
El señor MELERO (Presidente).-
Se votarán conjuntamente los proyectos aprobatorios de acuerdos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos; entre el Gobierno de Chile y el Gobierno del Estado de Kuwait, y su Anexo, y entre el Gobierno de Chile con el Gobierno de Malasia, y su Anexo, relativos a Servicios Aéreos entre los gobiernos mencionados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Muñoz D’Albora Adriana; Schilling Rodríguez Marcelo.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Farías Ponce Ramón; Harboe Bascuñán Felipe.
El señor MELERO (Presidente).-
Despachado los proyectos de acuerdo.
A petición del diputado señor Jorge Burgos, se votará separadamente el proyecto aprobatorio del Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Popular China.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 6 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Chahín Valenzuela Fuad; Muñoz D’Albora Adriana; Schilling Rodríguez Marcelo.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Burgos Varela Jorge; Farías Ponce Ramón; Harboe Bascuñán Felipe; Pascal Allende Denise; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Walker Prieto Matías.
El señor MELERO (Presidente).-
Despachados los proyectos de acuerdo.
PROYECTO APROBATORIO DEL ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS ENTRE CHILE Y MALASIA. Primer trámite constitucional.
El señor MELERO (Presidente).-
Señores diputados, en la Tabla figuran cuatro proyectos que aprueban acuerdos sobre servicios aéreos entre Chile y otros países. Como los diputados informantes de esas iniciativas serán los mismos, propongo que se rindan todos los informes de una vez y se realice una discusión conjunta de los proyectos.
Se trata de los proyectos aprobatorios de los acuerdos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, sobre servicios aéreos, suscrito en Santiago el 13 de noviembre de 2010; entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Estado de Kuwait y su Anexo, sobre servicios aéreos, suscrito en Santiago el 27 de julio de 2010; entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Popular de China sobre servicios aéreos, suscrito en Singapur el 13 de noviembre de 2009, y entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Malasia y su Anexo, sobre servicios aéreos, suscrito en Kuala Lumpur, Malasia, el 14 de abril de 2010.
¿Habría acuerdo para proceder de esta forma?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, en su última sesión, la Comisión de Relaciones Exteriores tomó el acuerdo de que dos de esos proyectos fueran informados por el diputado José Manuel Edwards y los otros dos, por quien habla.
Por lo tanto, señor Presidente, pido que solicite a la Sala la autorización para actuar en conformidad con esa resolución.
El señor MELERO (Presidente).-
Señor diputado, hay acuerdo para proceder así.
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, los proyectos de acuerdo ya señalados.
Diputados informantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana son los señores René Saffirio y José Manuel Edwards, en conformidad con el acuerdo señalado, y de la Comisión Hacienda es el señor Alberto Robles.
a) Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 7884-10, sesión 75ª, en 30 de agosto de 2011. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 89ª, en 4 de octubre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 15.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 117ª, en 29 de noviembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 7.
b) Antecedentes:
-Mensaje, boletín 7885-10, sesión 75ª, en 30 de agosto de 2011. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 89ª, en 4 de octubre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 16.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 117ª, en 29 de noviembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 8.
c) Antecedentes:
-Mensaje, boletín 7919-10, sesión 81ª, en 8 de septiembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 89ª, en 4 de octubre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 13.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 117ª, en 29 de noviembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 4.
d) Antecedentes:
-Mensaje, boletin 7920-10, sesión 81ª, en 8 de septiembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 89ª, en 4 de octubre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 14.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 117ª, en 29 de noviembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 6.
El señor MELERO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO (de pie).-
Señor Presidente, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, me corresponde informar sobre el proyecto que aprueba el acuerdo de servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, suscrito en Santiago, el 13 de diciembre de 2010.
Asimismo, informaré un acuerdo de igual naturaleza, suscrito entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de la República Popular China, suscrito en Singapur, el 13 de noviembre de 2009.
Estos proyectos de acuerdo se encuentran sometidos a la consideración de la honorable Cámara, en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de “simple”, de conformidad con lo establecido en los artículos 32 N° 15 y 54 N° 1 de la Constitución Política de la República.
Como señalan sus mensajes, tienen por objeto facilitar el desarrollo de una política aerocomercial que ha seguido nuestro país desde hace varias décadas, con el fin de conseguir la mayor apertura de cielos con los demás países.
En el estudio de este proyecto de acuerdo, conjuntamente con el suscrito con la República Popular China, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del subsecretario de Relaciones Exteriores, de la asesora del Departamento de Inversiones, Servicios y Transporte Aéreo de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería (Direcom), y del jefe del Subdepartamento Internacional del Departamento Jurídico de la Direcom.
El señor subsecretario de Relaciones Exteriores, además de refrendar los fundamentos de los mensajes que les dan origen, explicó que estos acuerdos corresponden al tipo de convenio de transporte aéreo denominado de cielos abiertos y su celebración obedece a la política aerocomercial que ha seguido nuestro país desde hace varias décadas, cuyo objeto ha sido conseguir la mayor apertura de cielos con los demás países y así lograr los objetivos que informan dicha política, esto es, el libre ingreso a los mercados, la libertad de tarifas y la mínima intervención de la autoridad reguladora.
Señaló, asimismo, que los Convenios con los Emiratos Árabes Unidos y la República Popular China están entre los más abiertos que se han negociado, se enmarcan plenamente en los objetivos de la política aérea chilena y han sido muy útil como precedente para las negociaciones de convenios bilaterales de cielos abiertos con otros países de esa región, como Kuwait y Bahrein, que posteriormente han aceptado una apertura de similar naturaleza.
Destacó que los beneficiados con este tipo de convenios son los pasajeros de nuestro país y desde y hacia Chile, la carga chilena y la de importación y las compañías aéreas chilenas, así como el intercambio comercial, que ven aumentadas sus posibilidades mejorando la conectividad del país con estas ricas regiones del planeta.
Agregó que tanto estos convenios como el de Kuwait contemplan todos los derechos de tráfico para las dos partes, incluyendo el cabotaje, y favorecen a la inversión extranjera al no exigir que la propiedad sustancial y el control efectivo de las empresas aéreas se encuentren en manos de la parte que designa a las líneas aéreas o de sus nacionales.
Por su parte, las señoras diputadas y señores diputados presentes expresaron unánimemente su decisión favorable a la aprobación de estos proyectos de acuerdo, que vienen a ratificar el objetivo estratégico del país, cuya finalidad es obtener la mayor apertura de cielos con los demás países y así lograr el libre ingreso a los mercados, la libertad de tarifas y la mínima intervención de la autoridad reguladora o aerocomercial.
Por ello, por 8 votos a favor, ninguno en contra y cero abstención, prestaron su aprobación a los proyectos de acuerdo en informe, los diputados señores Bauer, don Eugenio; Delmastro, don Roberto; Edwards, don José Manuel; Jarpa, don Carlos Abel; Moreira, don Iván; Tarud, don Jorge, Teillier, don Guillermo y el diputado que informa.
Por último, me permito hacer presente que vuestra Comisión no calificó como normas de carácter orgánico o de quórum calificado ningún precepto contenido en estos proyectos de acuerdo. Sin embargo, determinó que sus preceptos deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, por tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.
Concluyo señalando que, respecto del Acuerdo suscrito entre el Gobierno de Chile y la República Popular China, existen normas diferenciadoras, que cito para no inducir a error a la honorable Cámara.
El Acuerdo suscrito entre Chile y China corresponde al tipo de convenio denominado liberal; si bien no es de cielos abiertos totales, su celebración obedece a la conveniencia que la relación aerocomercial con un país de la importancia de China tenga la certeza jurídica que otorga un Acuerdo bilateral, a la necesidad de modernizar el acuerdo vigente que data desde 1996, que ha quedado desactualizado, y a la coherencia necesaria de mantener con la política aerocomercial que ha seguido nuestro país desde hace más de veinte años, con el fin de obtener la mayor apertura de cielos con los demás países y así lograr los objetivos que informan dicha política: el libre ingreso a los mercados, la libertad de tarifas y la mínima intervención de la autoridad reguladora o aerocomercial.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
Corresponde rendir el informe del proyecto aprobatorio del Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Estado de Kuwait y su Anexo, suscrito en Santiago, el 27 de julio de 2010, y el que aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Malasia y su Anexo, suscrito en Kuala Lumpur, Malasia, el 14 de abril de 2010.
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor EDWARDS (de pie).-
Señor Presidente, como lo acordó esta Sala, voy a proceder a informar dos proyectos de acuerdo. Ambos no son exactamente iguales, por lo tanto, haré la salvedad que corresponde para no inducir a error a la honorable Cámara.
En mi calidad de diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana paso a informar sobre los proyectos de acuerdo que aprueban el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la Republica de Chile y el Gobierno del Estado de Kuwait y su Anexo, suscrito en Santiago, el 27 de julio de 2010, y el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Malasia y su Anexo, suscrito en Kuala Lumpur, el 14 de abril de 2010.
Ambos proyectos de acuerdo se encuentran sometidos a la consideración de la honorable Cámara, en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de “suma”, de conformidad con lo establecido en los artículos 32 N° 15 y 54 N° 1, de la Constitución Política de la República.
Como lo señala el propio mensaje que lo acompaña, corresponde al tipo de Convenio de transporte aéreo denominado de cielos abiertos. En el caso de Malasia, haré algunas especificaciones por existir diferencias.
Su celebración obedece a la política aerocomercial que ha seguido nuestro país desde hace varios años, con el fin de conseguir la mayor apertura de cielos con los demás países y así lograr los objetivos que informan dicha política, esto es, el libre ingreso a los mercados, la libertad de tarifas y la mínima intervención de la autoridad reguladora.
Los acuerdos constan de un Preámbulo, donde las partes manifiestan los propósitos que los animaron a suscribirlos. Veintidós artículos conforman su cuerpo principal y un anexo y han sido refrendados por vuestra Comisión y constan en los informes que tienen en su poder los honorables colegas.
En el estudio de estos proyectos de acuerdo, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del subsecretario de Relaciones Exteriores, Fernando Schmidt Ariztía, de la asesora del Departamento de Inversiones, Servicios y Transporte Aéreo de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, señora Daniela Montañola Martner, y del jefe del Subdepartamento Internacional del Departamento Jurídico de la Direcom, señor Felipe Lopeandía Wielandt.
El señor subsecretario de Relaciones Exteriores, además de refrendar los fundamentos del mensaje que le dan origen, explicó que estos Acuerdos corresponden al tipo de Convenio de transporte aéreo denominado de cielos abiertos y su celebración obedece a la política aerocomercial que ha seguido nuestro país desde hace varias décadas.
Señaló, asimismo, que el Convenio con Kuwait está entre los más abiertos que se han negociado, se enmarca plenamente en los objetivos de la política aérea chilena y ha sido muy útil como precedente para las negociaciones de convenios bilaterales de cielos abiertos con otros países todavía reticentes a aceptar aperturas de esta naturaleza.
Destaco que los beneficiados con este tipo de convenios son los pasajeros chilenos desde y hacia Chile, la carga chilena, la importación y compañías aéreas nacionales, así como el intercambio comercial, que ven aumentadas sus posibilidades, mejorando la conectividad del país con esa región tan rica en recursos naturales.
Agregó que, tanto este Convenio como el de los Emiratos Árabes Unidos contemplan todos los derechos de tráfico para las dos partes, incluyendo el cabotaje y favorecen la inversión extranjera al no exigir que la propiedad sustancial y el control efectivo de las empresas aéreas se encuentren en manos de la parte que designa a las líneas aéreas o de sus nacionales.
Con su permiso, señor Presidente, entregaré información a la Sala sobre las particularidades respecto del acuerdo con el Gobierno de Malasia.
Con ese país, como señala el mensaje, el acuerdo abre, sin restricciones en cuanto a número de vuelos y puntos de operación, las 3ª, 4ª, 5ª y 6ª libertades, es decir, los principales derechos aerocomerciales.
La 5ª libertad permitirá a las empresas chilenas prolongar hasta Malasia sus actuales vuelos a Nueva Zelanda y Australia, pudiendo transportar tráfico hacia ese país desde Nueva Zelanda, Australia, Brunei y Singapur, porque con esos cuatro países de dicha Región Chile tiene acuerdos que permiten la 5ª libertad, lo que facilita una operación entre nuestro país y Malasia.
Por su parte, la 6ª libertad permitirá a las empresas chilenas conectar en Santiago tráfico a Malasia proveniente desde toda su red de rutas. Lo mismo vale para vuelos cargueros.
En virtud de este acuerdo, Malaysian Airline, que cuenta con más de cien aeronaves de gran tamaño, podrá operar a Isla de Pascua, con tráfico turístico desde el oriente, y prolongar hasta Santiago sus actuales vuelos vía Sudáfrica que llegan a Buenos Aires.
El resultado de las negociaciones fue ratificado posteriormente por autoridades superiores de Malasia, con lo que entraron en vigencia provisional los derechos acordados.
Para el caso de ambos proyectos de acuerdo, los señores y las señoras diputadas se pronunciaron favorablemente por unanimidad. Esto viene a ratificar el objetivo estratégico de nuestro país, que tiene por finalidad obtener la mayor apertura de cielos con los demás países y así lograr el libre ingreso a los mercados, la libertad tarifaria y la mínima intervención de la autoridad reguladora o aerocomercial.
Por ello, por 8 votos a favor, ninguno en contra ni abstenciones, prestaron su aprobación al proyecto de acuerdo en informe los señores Bauer, don Eugenio; Delmastro, don Roberto; Jarpa, don Carlos Abel; Moreira, don Iván; Saffirio, don René; Tarud, don Jorge; Teillier, don Guillermo, y quien informa.
Por último, me permito hacer presente que vuestra Comisión no calificó como norma de carácter orgánico o de quórum calificado ningún precepto contenido en los proyectos de acuerdo. Sin embargo, determinó que sus preceptos deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, por tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado, en especial en lo que dice relación con exenciones de derechos de aduana y tasas que ellos contienen.
Es cuanto puedo informar a la Sala.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor ROBLES (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda paso a informar los proyectos de acuerdo que aprueban los Convenios de Servicios Aéreos entre el Gobierno de Chile y los gobiernos de los Emiratos Árabes Unidos, del Estado de Kuwait y su Anexo, de la República Popular China y de Malasia y su Anexo.
Durante el análisis de los convenios asistieron a la Comisión la señora Daniela Montañola, asesora del Departamento de Servicios, Inversiones y Transporte Aéreo de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el asesor de la misma Dirección, señor Patricio Balmaceda.
La descripción de los diferentes convenios se encuentra consignada en los respectivos informes emitidos por la Comisión y que los señores tienen a la vista en sus pupitres.
En el debate de la Comisión, que abordó conjuntamente el análisis de los referidos convenios, la señora Montañola hizo presente que los cuatro acuerdos internacionales en estudio se hallan completamente en línea con la política de cielos abiertos que sustenta Chile con respecto al transporte aéreo.
Dos de dichos convenios, los celebrados con Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, son de cielos abiertos totales, lo cual significa que admiten un número ilimitado de frecuencias y abarcan todo el abanico de posibilidades de realizar vuelos, incluyendo el cabotaje. Los restantes, los suscritos con Malasia y China, son algo más restringidos, pero igualmente positivos para nuestro país.
En respuesta a diversas consultas de los diputados en la Comisión de Hacienda, la asesora precisó que los derechos de tráfico aéreo que se negocian en este tipo de convenios incluyen las libertades técnicas (1ª y 2ª) y las libertades comerciales (3ª, 4ª y 5ª), todas ellas establecidas en el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, de 1944, también conocido como el Convenio de Chicago, y otras libertades (6ª, 7ª, 8ª y 9ª).
A modo de información general, la 1ª libertad es el derecho a sobrevolar el territorio de la contraparte, sin aterrizar. La 2ª libertad permite aterrizar en el territorio de la contraparte por razones técnicas, sin fines comerciales. La 3ª y 4ª libertades dan derecho a transportar pasajeros y carga entre los Estados partes. La 5ª libertad permite transportar pasajeros y carga entre el territorio de la contraparte y un tercer país, partiendo desde territorio propio. La 6ª libertad da derecho a efectuar el transporte aéreo entre los Estados partes, partiendo desde un tercer país ajeno al convenio. La 7ª libertad permite efectuar tráfico aéreo comercial entre el territorio de la contraparte y un tercer país, sin pasar por territorio propio. La 8ª libertad es el derecho a efectuar cabotaje entre dos puntos del territorio de la contraparte, como continuación de un vuelo internacional, partiendo desde el país de la aerolínea. La 9ª libertad es, por último, el derecho a efectuar vuelos internos en el territorio de la contraparte, sin que sean continuación de un vuelo internacional.
Lo anterior nos costó entenderlo en la Comisión; pero, finalmente, después de varias explicaciones de la señora Montañola, logramos resumir estas libertades.
La asesora especificó luego que los convenios con Emiratos Árabes Unidos y Kuwait incluyen las nueve libertades, sin limitación alguna de frecuencias, equipos o carga; el acuerdo con Malasia incluye hasta la sexta libertad, mientras que el convenido con China incluye hasta la cuarta libertad sin limitaciones, a las que se agregan 7 frecuencias de pasajeros y 14 de carga en quinta libertad. En este caso, se adquirió el compromiso de que un año después de la negociación, verificada en mayo de 2009, se volverían a reunir las autoridades para ampliar el convenio. En diciembre próximo se efectuará una nueva reunión para modificar el Anexo, que no es necesario someter a la aprobación del Congreso.
Consultada sobre la posibilidad de que nuestro país otorgue más libertades que alguno de los Estados con los que ha celebrado este tipo de convenios, la asesora señora Montañola expresó que, según el Código Aeronáutico, Chile se rige por el principio de cielos abiertos totales, a menos que no obtenga reciprocidad. Por lo tanto, si algún país no le da acceso a cabotaje, por ejemplo, Chile tampoco se lo dará.
Hay, sin embargo, algunas asimetrías en ciertos acuerdos internacionales, como es el caso del suscrito con Perú, donde nuestro país tiene 28 frecuencias en 5ª libertad y ellos, 42, lo cual se debe a la forma en que se han desarrollado las relaciones entre ambas naciones.
En todo caso, entre los países miembros de la Organización de Aviación Civil Internacional, Chile se ubica entre los pioneros en materia de acuerdos de cielos abiertos.
Interrogada acerca de la semejanza entre los distintos convenios de servicios aéreos celebrados por Chile, sostuvo la asesora que la principal diferencia entre ellos es el cuadro de rutas contenido en el Anexo, que dice relación con el número de frecuencias y otras materias.
Con respecto a los costos asociados a estos acuerdos internacionales, precisó que todos los convenios de servicios aéreos tienen dos beneficios: uno consistente en la exención de derechos aduaneros por la internación de repuestos o piezas de aeronaves que vayan a ser reparadas en el país de destino, pues no tiene sentido desaduanar elementos que van a ser reexportados, en la medida que lo sean, y, otro, consistente en la exención de derechos aduaneros por el combustible ingresado al país de destino, salvo el que se cargue en éste para hacer cabotaje interno.
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento de los referidos Convenios por tener, eventualmente, incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.
Teniendo presente los antecedentes de las iniciativas y las consideraciones expuestas en la Comisión, luego de revisar los artículos pertinentes y sometido a votación el artículo único de los proyectos de acuerdo propuestos por la Comisión técnica, fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes.
Tratado y acordado en sesión de fecha 23 de noviembre de 2011, con la asistencia de los diputados señores Godoy, don Joaquín (Presidente); Auth, don Pepe; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Ortiz, don José Miguel; Robles, don Alberto; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón.
Es cuanto puedo informar a esta Sala.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
En discusión los proyectos de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado Patricio Hales.
El señor HALES.-
Señor Presidente, por supuesto, llamo a votar a favor estos proyectos de acuerdo. Pero quiero referirme en particular a la importancia que tiene la firma del proyecto aprobatorio del Acuerdo, suscrito el año 2010, entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Emiratos Árabes.
En Chile conocemos poco de los Emiratos Árabes, ni siquiera saben mucho de ellos las autoridades de Gobierno. Hoy se está firmando un convenio con un país que tiene más de 4 millones 300 mil habitantes pero si uno entra a la página de ProChile y ve los antecedentes sobre los Emiratos Árabes, señalan que tiene 2 millones y tanto-, que tiene un producto bruto gigantesco, que maneja el 8 por ciento de las reservas mundiales de petróleo, que está interesado en adquirir productos chilenos. Actualmente, compra madera, salmones, manzanas frescas, kiwis, vino, peras frescas, ciruelas, chocolates, frutos secos, telares, yodo, pasas, en fin, y sabemos muy poco de los Emiratos Árabes.
Por eso, tenemos que hacer un esfuerzo no sólo para aprobar este proyecto de acuerdo, sino para conocer más sobre países respecto de los cuales no estamos muy informados, lo que por su lejanía es muy comprensible.
Necesitamos que los órganos de Gobierno sean activos promotores del comercio con estos países, porque, además, son de paz. Es interesante que los propios Emiratos Árabes manifiestan, a través de declaraciones oficiales, que ellos no solo trabajan por la paz, sino que creen que la paz justa y duradera en los conflictos del cercano Oriente se logrará cuando termine la ocupación militar de los territorios palestinos por disposición del Gobierno de Israel; además, respaldan el fin de la ocupación israelí y el establecimiento de un Estado Palestino independiente con Jerusalén como capital.
Son países respecto de los cuales nuestra ignorancia es grande. Son muy jóvenes. A veces, imaginamos estos países solo a partir de las leyendas de Las Mil y Una Noche o de fantasías de algún sheih que haya viajado por Europa, haciendo ostentaciones vergonzosas en algunos escándalos públicos. Sin embargo, son países muy serios. Podemos ver lo que han hecho en materia de tecnología y de industrialización. Hasta 1971 estuvieron sometidos al Imperio Británico; la organización de esos países es reciente y, para entenderlos, debemos mirarlos desde esa óptica. Nuestros juicios no pueden ser iguales. No es lo mismo juzgar el comportamiento de lo que pueda ocurrir en la institucionalidad política inglesa cuando la Carta Magna fijó derechos a los Comunes sobre la autoridad en el 1215. En cambio, aquí ese mismo Imperio Británico tenía sometido a estos Estados federados ya en 1853. En 1892, a través de acuerdos militares, el
Reino Unido se llamaba el Protector Militar y los territorios eran Parte del Protectorado.
Recién, en diciembre de 1971, seis de ellos: Abu-Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ra´s al-Khaimah, Shrarjah y Umm, se unieron para formar los Emiratos Árabes.
La Cámara de Diputados y nuestros propios Gobiernos, se han informado poco sobre estos Emiratos. No saben que cada Estado tiene su propio gobernante. Los Emiratos Unidos forman este Estado federado.
No voy a dar más datos sobre el producto bruto, porque es muy posible que sea conocido. No obstante, quiero destacar que los Emiratos Árabes, en este momento, hacen un enorme esfuerzo para llevar adelante un gran proceso de reforma política para aumentar la participación de la ciudadanía.
Es distinto juzgar la institucionalidad de un Estado que creó órganos de representación en los siglos XIII o XIX, a otro que recién se han independizado. O sea, tenemos que entender que esos Estados partieron en 1971.
En este proceso de modernización política, ellos han diseñado tres fases: la primera, la elección de la mitad de los miembros del Consejo Federal Nacional, a través del colegio electoral; la segunda, la ampliación de los poderes de ese Consejo y el aumento del número de sus miembros y, la tercera, la elección abierta para la mitad del Consejo, a fin de hacer de la institución política un organismo más autorizado.
Se están dando pasos importantes. Valoro los esfuerzos de paz que están haciendo los Emiratos Árabes y lo quiero destacar acá. Otra cosa importante que realizan son las ayudas internacionales. Trabajan en programas de agencias regionales. Su dinero no es para desarrollar actividades exóticas, ni para el paseo de sus autoridades por la Costa Azul, ni por La Rivière, ni, en general, por los países europeos. Su gente es de trabajo, sus líderes son enormemente respetados en la Liga de los Estados Árabes; tienen autoridades de mucho peso, las que alguna vez nos han visitado; hemos conocido personalmente y recibido en el Congreso Nacional a su embajador y cónsul.
Por eso, nos sentimos orgullosos de contribuir a reforzar nuestra amistad con ellos y, por supuesto, queremos que recojan nuestra voluntad en tal sentido, que llevemos a cabo todas las relaciones posibles y que nos visitemos mutuamente, para conocer mejor nuestras realidades. De esa forma nos transformaremos en voceros de esta gente de paz.
Esos países están entregando una enorme ayuda, a través de la Fundación del Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo, de la Media Luna Roja, que es equivalente a la Cruz Roja de nuestro país, de la Fundación Benéfica y Humanitaria Saieh, de la Fundación Khalifa bin Saieh, de la Fundación para las Mujeres Refugiadas Fátima bin Mubarak, la Fundación Benéfica Mohammed bin Rashid y la Fundación Humanitaria y Benéfica Char Já. Además, destinan millones de dólares para materializar distintas formas de ayuda humanitaria.
El incremento del ingreso per cápita que han experimentado estos países ha sido significativo, al punto de que están considerados entre los 25 primeros países del mundo por este concepto. No nos conviene seguir manteniendo nuestra ignorancia y distanciamiento de ellos.
Por eso, mis palabras están orientadas a insistir en que es necesario informarnos mejor, a llamar a los colegas a que voten a favor este proyecto de acuerdo y a promover todo lo relacionado con visitas mutuas entre nuestros países.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, el 23 de noviembre pasado, después de esa maratónica sesión que comenzó el 21 y terminó pasadas las tres de la madrugada del 22 de noviembre, la Comisión de Hacienda celebró sesión ordinaria, como ocurre todos los martes y miércoles en la tarde, en la cual acordamos tratar en conjunto los cuatro convenios sobre servicios aéreos que la Comisión de Relaciones Exteriores sometió a consideración de nuestra Comisión.
Quiero dejar en claro varias cosas. En esa sesión, tuvimos la oportunidad de escuchar las excelentes intervenciones de dos personas expertas en el tema: el asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Patricio Balmaceda, que lleva muchísimos años desempeñando ese cargo, y la señora Daniela Montañola, asesora del Departamento del Servicio de Inversiones y Transporte Aéreo de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de dicho Ministerio.
Como para este Poder del Estado resulta complicado aprobar este tipo de convenios, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley es conveniente dejar en claro todos sus aspectos.
Acabamos de escuchar una muy buena exposición del colega Patricio Hales sobre la materia.
Los cuatro acuerdos internacionales sobre servicios aéreos que estamos discutiendo en primer trámite constitucional están completamente en línea con la política de cielos abiertos que ha seguido nuestro país respecto del transporte aéreo.
También quiero dejar claro que dos de estos acuerdos, los celebrados con los Emiratos Árabes Unidos y con Kuwait, corresponden al tipo de convenios de cielos abiertos, lo que significa que admiten un número ilimitado de frecuencias y abarcan todo el abanico de posibilidades para realizar vuelos, incluyendo el cabotaje. En cambio, los otros dos acuerdos: los suscritos con la República Popular China y con el Gobierno de Malasia, son un poco más restringidos, pero igualmente positivos para nuestro país.
¿Por qué expreso esto? Porque hay nueve libertades -lo aprendimos en la discusión de los acuerdos- que se negocian cuando se celebran convenios sobre servicios aéreos entre dos países. Las nueve libertades están consideradas en los convenios con los Emiratos Árabes Unidos y con Kuwait, pero no en los dos restantes. Por eso, quiero abundar un poco en esta materia.
La 1ª y 2ª se refieren a las libertades técnicas; la 3ª, 4ª y 5ª son las libertades comerciales, todas ellas incluidas en el Acuerdo sobre Aviación Civil Internacional, de 1944, conocido también como Convenio de Chicago. La 6ª libertad da derecho a sobrevolar el territorio de la contraparte sin aterrizar. El Acuerdo con Malasia solo incluye hasta la 6ª libertad y el Acuerdo con China, solo hasta la 4ª, sin limitaciones. En 2009, se iniciaron las negociaciones y se acordó que en este mes de diciembre se analizará si en estos acuerdos de servicios aéreos con China y Malasia se puede llegar a las nueve libertades.
También se analizó esta posibilidad en el caso específico de un país limítrofe como Perú. A pesar de que mi querido amigo, el diputado Alberto Robles, informante de la Comisión de Hacienda, ya lo hizo, quiero abundar en este tema, a fin de aclarar cualquier duda que tengan nuestros colegas.
Chile se rige por el principio de cielos abiertos totales, a menos que, como es lógico, no exista reciprocidad de la contraparte. Por lo tanto, si un país no permite el cabotaje, nuestro país tampoco lo hará. Sin embargo, subsisten asimetrías en ciertos acuerdos internacionales, como el suscrito con Perú, según el cual nuestro país tiene 28 frecuencias en 5ª libertad; en cambio, Perú tiene 42. Es decir, nos están ganando por 14 frecuencias, lo que se debe a la forma en que se han desarrollado las relaciones entre ambos países. Hago votos para que se aproveche esta oportunidad porque Chile y Perú son países miembros de la Organización de Aviación Civil Internacional y, en este aspecto, nuestro país está entre los pioneros en materia de acuerdos de servicios aéreos de cielos abiertos.
Todas las conversaciones que se están llevando a cabo a nivel diplomático entre Chile y Perú deben llegar a feliz puerto, para lograr que haya simetría. ¿Por qué digo esto? Porque algunos creen que estos acuerdos internacionales implican aumento de los gastos; pero, es al revés, porque generan dos beneficios muy especiales. Uno, la exención de derechos aduaneros por la internación de repuestos o piezas de aeronaves que vayan a ser reparadas en el país de destino, porque no tiene sentido desaduanar elementos que van a ser reexportados (en la medida que lo sean). El otro, consiste en la exención de derechos aduaneros por el combustible ingresado al país de destino, salvo el que se cargue en éste para hacer cabotaje interno.
Después de analizar a fondo estos cuatro acuerdos sobre servicios aéreos, todos los parlamentarios que participamos activamente en la Comisión de Hacienda llegamos a una conclusión muy clara: que son positivos para nuestro país porque se relacionan con el transporte aéreo de cielos abiertos y permiten aprovechar los tratados y acuerdos comerciales que hemos celebrado con diversos países. Con este tipo de acuerdos tenemos más posibilidades, especialmente los productores para exportar sus productos.
Por eso, tomamos la decisión unánime de aprobar estos cuatro acuerdos aéreos.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, celebro este acuerdo entre Chile y los Emiratos Árabes Unidos, con el que se sigue nuestra política de cielos abiertos y, además, favorece la inversión extranjera en nuestro país.
Siempre he sido partidario de que la diplomacia chilena se abra al mundo árabe, no sólo porque tengo ancestros en ese mundo, sino porque principalmente creo que el eje ha cambiado. No sólo el Asia-Pacífico, sino que también los países del mundo árabe están teniendo una relevancia cada vez más importante y es vital para los intereses nacionales que Chile aumente su presencia diplomática en esos países.
Felizmente, en los Emiratos Árabes tenemos representación diplomática, pero tenemos muchos embajadores concurrentes; por ejemplo, nuestro embajador en Turquía es concurrente de muchos países árabes que tienen una gran relevancia en el contexto mundial. Por lo mismo, tal como he señalado en innumerables ocasiones en Incidentes, demando que Chile aumente su representación diplomática en esos países, aunque siempre se me ha respondido que existen problemas de recursos y Chile debe reevaluar su política exterior y sus representaciones diplomáticas, pero este tipo de convenios, que producen mayor interrelación comercial con esos países, permitirá que llegue mayor inversión extranjera.
Estos convenios han sido fruto de muchos viajes de ex presidentes de la República. Por ejemplo, el ex presidente Frei visitó gran parte del mundo durante su mandato y fue muy criticado por eso, pero hoy día ello está rindiendo frutos y es importante que Chile mire hacia el mundo árabe.
He sido criticado por mi amistad con Irán, país catalogado de terrorista por muchos, pero más allá de esas consideraciones, se trata de un país con una población de más de 75 millones de habitantes.
Podré tener mis aprensiones en materia nuclear y otras, pero Irán es un país importante y Chile no puede negarse a dialogar con países de esa área, porque dialogar no significa refrendar una política u otra, sino que acercar a los pueblos y conocerlos primero, las naciones no pueden tener relaciones diplomáticas si no se conocen los pueblos. Eso es lo que hemos tratado de hacer con nuestra diplomacia parlamentaria.
Felicito este acuerdo, que permitirá a nuestro país una mayor inversión extranjera y más conocimiento del mundo árabe.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, es importante para nuestro país el convenio entre la República de Chile y los Emiratos Árabes. Los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra han señalado su trascendencia, sobre todo porque se sigue la política de cielos abiertos, que permitirá mayor inserción de Chile en el mundo globalizado, especialmente con las economías de Europa y de Asia.
Como lo hice en la Comisión de Relaciones Exteriores, daré mi aprobación al convenio, el que será aprobado también por los diputados de la bancada del Partido Radical.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre los proyectos de acuerdo de la siguiente forma:
El señor MELERO (Presidente).-
Se votarán conjuntamente los proyectos aprobatorios de acuerdos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos; entre el Gobierno de Chile y el Gobierno del Estado de Kuwait, y su Anexo, y entre el Gobierno de Chile con el Gobierno de Malasia, y su Anexo, relativos a Servicios Aéreos entre los gobiernos mencionados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Muñoz D’Albora Adriana; Schilling Rodríguez Marcelo.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Farías Ponce Ramón; Harboe Bascuñán Felipe.
El señor MELERO (Presidente).-
Despachado los proyectos de acuerdo.
A petición del diputado señor Jorge Burgos, se votará separadamente el proyecto aprobatorio del Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Popular China.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 6 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Chahín Valenzuela Fuad; Muñoz D’Albora Adriana; Schilling Rodríguez Marcelo.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Burgos Varela Jorge; Farías Ponce Ramón; Harboe Bascuñán Felipe; Pascal Allende Denise; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Walker Prieto Matías.
El señor MELERO (Presidente).-
Despachados los proyectos de acuerdo.