Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Issa Farid Kort Garriga
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Issa Farid Kort Garriga
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Issa Farid Kort Garriga
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Issa Farid Kort Garriga
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Issa Farid Kort Garriga
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- PETICIÓN DE OFICIO : Arturo Squella Ovalle
- PETICIÓN DE OFICIO : Arturo Squella Ovalle
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Constanza Sabat Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Constanza Sabat Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Antonio Cerda Garcia
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ORDEN DEL DÍA
- FACULTAD A MATRONAS PARA RECETAR ANTICONCEPTIVOS. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- DEBATE
- INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE RELAVES MINEROS EN EL PAÍS.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- INTERVENCIÓN : Luis Segundo Lemus Aracena
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Giovanni Oscar Calderon Bassi
- INTERVENCIÓN : Marcos Espinosa Monardes
- INTERVENCIÓN : Felipe Ward Edwards
- DEBATE
- NORMATIVA ESPECIAL SOBRE REPRESENTACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN TRIBUNALES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Marcela Constanza Sabat Fernandez
- FACULTAD A MATRONAS PARA RECETAR ANTICONCEPTIVOS. Tercer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- INCENTIVOS A PARTICULARES QUE INSTALEN SISTEMAS GENERACIÓN DE ENERGÍAS LIMPIAS, NO CONVENCIONALES Y RENOVABLES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Andrea Molina Oliva
- Edmundo Eluchans Urenda
- Guillermo Leon Teillier Del Valle
- Leopoldo Perez Lahsen
- Patricio Vallespin Lopez
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Manuel Rojas Molina
- Carlos Recondo Lavanderos
- Cristina Girardi Lavin
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Andrea Molina Oliva
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PETICIÓN AL GOBIERNO VENEZOLANO Y A SU ASAMBLEA NACIONAL SOBRE LEVANTAMIENTO DE RESTRICCIONES A LA PRENSA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Felipe Harboe Bascunan
- Jose Perez Arriagada
- Matias Walker Prieto
- Sergio Ojeda Uribe
- Jose Manuel Edwards Silva
- Roberto Delmastro Naso
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- Andrea Molina Oliva
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INCENTIVOS A PARTICULARES QUE INSTALEN SISTEMAS GENERACIÓN DE ENERGÍAS LIMPIAS, NO CONVENCIONALES Y RENOVABLES.
- VII. INCIDENTES
- PLAN PARA ENSANCHAR CALLES CÉNTRICAS DE MELIPILLA Y COMPRA DE AGUA POTABLE PARA LOCALIDADES RURALES DEL DISTRITO N° 31. Oficios
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- INFORMACIÓN SOBRE EVENTUAL CARÁCTER LUCRATIVO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EDUCACIÓN SUPERIOR. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO
- Cristina Girardi Lavin
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Pepe Auth Stewart
- ADHESION
- Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO
- SOLUCIÓN A NECESIDADES EN MATERIA DE RECURSOS, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y PROFESIONALES DE HOSPITAL DE HUASCO. Oficios.
- INCLUSIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A CONSTRUCCIÓN DE DOBLE VÍA LA SERENA-VALLENAR, EN FAVOR DE VECINOS DE CALETA LOS HORNOS, COMUNA DE LA HIGUERA. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE EVENTUAL CARÁCTER LUCRATIVO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EDUCACIÓN SUPERIOR. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- 5. Informe sobre la XIV Reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación, realizada en el marco del XII Encuentro Internacional Virtual Educa; Reunión Conjunta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias con la Comisión de Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos; I Reunión Extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias; XV Reunión de la Comisión de Asuntos Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos del Parlamento Latinoamericano, efectuadas en la Ciudad de México, D.F, México , los días 20 al 24 de junio de 2011.
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Rosauro Martinez Labbe
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- 6. Informes sobre la XV Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo; y XV Reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano, efectuadas en la Ciudad de San Salvador, El Salvador, los días 17 y 18 de junio de 2011.
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Rosauro Martinez Labbe
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Burgos Varela
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Marcelo Diaz Diaz
- Felipe Harboe Bascunan
- Juan Carlos Latorre Carmona
- Carlos Montes Cisternas
- Matias Walker Prieto
- Maria Antonieta Saa Diaz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Pedro Araya Guerrero
- Pepe Auth Stewart
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Juan Carlos Latorre Carmona
- Alberto Robles Pantoja
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Matias Walker Prieto
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 5. Informe sobre la XIV Reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación, realizada en el marco del XII Encuentro Internacional Virtual Educa; Reunión Conjunta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias con la Comisión de Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos; I Reunión Extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias; XV Reunión de la Comisión de Asuntos Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos del Parlamento Latinoamericano, efectuadas en la Ciudad de México, D.F, México , los días 20 al 24 de junio de 2011.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 359ª
Sesión 74ª, en jueves 18 de agosto de 2011
(Ordinaria, de 10.11 a 12.33 horas)
Presidencia de los señores Melero Abaroa, don Patricioy Bertolino Rendic, don Mario
Presidencia accidental del señor Moreira Barros, don Iván.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental , el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 8
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
V. Orden del Día.
- Facultad a matronas para recetar anticonceptivos. Tercer trámite constitucional 11
- Informe de Comisión Investigadora sobre la situación de los depósitos de relaves mineros en el país 14
- Normativa especial sobre representación del adulto mayor en tribunales. Primer trámite constitucional 34
VI. Proyectos de acuerdo.
- Incentivos a particulares que instalen sistemas generación de energías limpias, no convencionales y renovables 37
- Petición al gobierno venezolano y a su Asamblea Nacional sobre Levantamiento de Restricciones a la Prensa 39
VII. Incidentes.
- Plan para ensanchar calles céntricas de Melipilla y compra de agua potable para localidades rurales del distrito N° 31. Oficios 40
VIII. Anexo de sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 42
- Información sobre eventual carácter lucrativo de actividades relacionadas con educación superior. Oficio 42
- Solución a necesidades en materia de recursos, obras de infraestructura y profesionales a favor de Hospital de Huasco. Oficios 42
- Inclusión de obras complementarias a construcción de doble vía La Serena-Vallenar, en favor de vecinos de Caleta Los Hornos, comuna de La Higuera. Oficios 44
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace presente la urgencia “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos:
a) que “Reforma el Código Penal, tipificando los delitos de robo o hurto de vehículos motorizados y, crea nuevas figuras delictivas aumentando su penalidad.”. (boletín N° 7481-07)
Pág.
b) que “Crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia.”. (boletín N° 7408-079 46
2. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje, que “Prorroga la cotización extraordinaria para el Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y modifica la ley N° 19.578.”. (boletín N° 7814-13) 46
3. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado en los mismos términos el proyecto, iniciado en mensaje, que “Exime, total o parcialmente, de la obligación de cotizar para salud a los pensionados que se indica.”. (boletín N° 7570-11) 47
4. Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto, iniciado en moción que “Modifica ley N° 19.946, con el objeto de permitir la solicitud de indemnización por daño moral en demandas colectivas.”. (boletín N° 6904-03) 47
5. Informe sobre la participación del diputado señor Rosauro Martínez en el XII Encuentro Internacional Virtual Educa y XIV Reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación; en la XIV Reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias; en la XIV Reunión de la Comisión de Asuntos Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos y en la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano, realizadas entre los días 20 y 24 de junio de 2011, en Ciudad de México (México) 60
6. Informe sobre la participación del diputado señor Rosauro Martínez en la XV Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo y en la XV Reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate, Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano, efectuadas los días 17 y 18 de junio de 2011, en San Salvador (El Salvador) 73
7. Moción de los diputados señores Burgos, Ceroni, Chahín, Díaz, Harboe, Latorre, Montes, Walker, y de la diputada señora Saa, doña María Antonieta, sobre “Reforma Constitucional que modifica el quórum de Leyes Orgánicas Constitucionales”. (boletín N° 7876-07) 76
8. Moción de los diputados señores Torres, Araya, Auth, Browne, Chahín, Latorre, Robles, Sabag, Walker, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, que “Incorpora numeral 19° en artículo 445 del Código de Procedimiento Civil”. (boletín N° 7877-31) 78
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
- Del Jefe de Bancada de Diputados de la Unión Demócrata Independiente por la cual informa que el Diputado señor Issa Kort reemplazará al Diputado señor Romilio Gutiérrez, en la Comisión Investigadora de extracción ilegal aguas y áridos de los ríos del país. Se autoriza el cambio.
Del Jefe de Bancada de Diputados de Unión Demócrata Independiente por la cual informa que el diputado señor Issa Kort reemplazará al ex diputado señor Alejandro García Huidobro en la Comisión de Minería y Energía. Se autoriza el cambio
Del Jefe de Bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente por la cual informa que el diputado señor Issa Kort reemplazará al ex diputado señor Alejandro García Huidobro, en la Comisión de Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se autoriza el cambio
Comunicación del Jefe de Bancada de diputados de Unión Demócrata Independiente por la cual informa que el diputado señor Issa Kort reemplazará a la diputada señora Andrea Molina, en la Comisión de Cultura y de las Artes. Se autoriza el cambio
Del Jefe de Bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente por la cual informa que el diputado señor Issa Kort reemplazará al diputado señor Gustavo Hasbún en la Comisión de Superación de Pobreza, Planificación y Desarrollo Social. Se autoriza el cambio
- Del Diputado señor Sauerbaum
, quién acompaña licencia médica por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de 5 días, a contar del 08 de agosto próximo pasado. Se tomó conocimiento.
2. Oficios:
- De la Excma. Corte Suprema por el cual remite opinión respecto del proyecto, iniciado en mensaje, que “Crea el Tribunal Ambiental.”. boletín 6747-12(S). (130-2011). A sus antecedentes.
- De la Corte de Apelaciones de Valparaíso por el cual remite copia autorizada de la sentencia de 29 de julio de 2011, pronunciada por la Excma. Corte Suprema en antecedentes Rol N° 189-11 por resolución de 8 de agosto de 2011, sobre solicitud de desafuero presentado por el Sr. Fiscal Regional, don Pablo Gómez Niada contra el honorable diputado Sr. René Alinco Bustos (1362-11 PP). Se tomó conocimiento
Respuestas a oficios Cuenta 74ª
Ministerio de Hacienda:
- Proyecto de Acuerdo 334, “Medidas en relación con el anuncio de alza del precio del pan” (1072).
- Proyecto de Acuerdo 354, “Solicita exención del impuesto territorial para viviendas sociales” (1073).
- Proyecto de Acuerdo 351, “Medidas en relación con minas antipersonales” (1074).
Ministerio Medio Ambiente:
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita informe sobre el proyecto de construcción de líneas de alta tensión denominado “HidroEnsenada” (111421 al 3576).
Servicios:
- Diputado Marinovic, Copia de su petición, en que solicita delegar en el Centro de Gestión Regional del Fondo Nacional de Salud de la Región de Magallanes, la facultad de condonar los copagos de las prestaciones de la red pública de salud a los dirigentes de las juntas de vecinos de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.. (13510 al 1972).
- Diputado Carmona, Se informe a esta Cámara sobre presuntas prácticas antisindicales en que habría incurrido la empresa minera Barrick, en el proyecto Pascua Lama, que habrían afectado a los trabajadores de la empresa contratista Parina Cerro Alto. (726 al 4013).
Varios:
- Diputado Sandoval, Posibilidad de instar por una pronta gestión de la solicitud de exámenes presentada por la señora Norma Báez Navarro, debido a un accidente laboral ocurrido con fecha 24 de diciembre de 2010 en el restaurant “Oriente”, de Coyhaique. (1231 al 1941).
- Diputado Accorsi, Copia de su petición en la que requiere al señor Ministro de Salud remitir a esta Cámara los antecedentes e informaciones que refieren a las causas del alto costo de los medicamentos vendidos en las Clínicas, en relación a los que se expenden fuera de esos establecimientos sanitarios. (618 al 2104).
XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- Diputado Álvarez-Salamanca, Información detallada de la aplicación de la ley N°20.458, que estableció gratuidad en la regularización de la pequeña propiedad raíz por el terremoto. (4335 de 10/08/2011). A Ministerio de Bienes Nacionales.
- Diputado Álvarez-Salamanca, Políticas que se implementarán en la reconstrucción del país luego del terremoto de febrero de 2010. (4337 de 11/08/2011). A Ministerio de Interior.
- Diputado Álvarez-Salamanca, Políticas que se implementarán en la reconstrucción del país luego del terremoto de febrero de 2010. (4338 de 11/08/2011). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Diputado Álvarez-Salamanca, Políticas que se implementarán en la reconstrucción del país luego del terremoto de febrero de 2010. (4339 de 11/08/2011). A delegado presidencial de Aldeas y Campamentos.
- Diputado Squella, Solicita informar sobre el estado del proyecto código BIP 20165951-0, correspondiente a la construcción del puente vehicular y peatonal “Los Naranjos”; y, asimismo, acerca del proyecto para la pavimentación de la arteria del mismo nombre. (4370 de 16/08/2011). A intendente de la Región de Valparaíso.
- Diputado Squella, Solicita informar sobre el estado del proyecto para la construcción de defensas fluviales en el Estero Quilpué, desde el límite de las comunas de Villa Alemana y Quilpué hasta la calle Exequiel Valencia. (4371 de 16/08/2011). A seremi de Obras Públicas de la Región de Valparaíso .
- Diputada Sabat doña Marcela, Solicita informar sobre problemas que afectan a los recorridos 107 y 405 del sistema de transporte urbano de Santiago, Transantiago, y respecto de las medidas que se estudia adoptar para solucionarlos. (4372 de 16/08/2011). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputada Sabat doña Marcela, Solicita remitir la nómina de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias constituidas al amparo de la ley N° 19.418, en la comuna de Providencia; y, además, informar respecto de los presupuestos destinados en ese municipio al funcionamiento y mantención de todas las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias de la comuna. (4373 de 16/08/2011). A Municipalidad de Providencia.
- Diputado Cerda, Solicita informar sobre la entrega de una cuota de pesca de investigación, entre el 1 y el 30 de septiembre del año en curso, para la captura de merluza gayi o común. (4406 de 17/08/2011). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (102)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto IND XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Kort Garriga, Issa Farid UDI VI 32
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.11 horas.
El señor MELERO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MELERO (Presidente).- El acta de la sesión 68ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 69ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
V. ORDEN DEL DÍA
FACULTAD A MATRONAS PARA RECETAR ANTICONCEPTIVOS. Tercer trámite constitucional.
El señor MELERO ( Presidente ).- Corresponde tratar la modificación del Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Sanitario, con el objeto de facultar a las matronas para recetar anticonceptivos.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín N° 7245-11, sesión 68ª, en 10 de agosto de 2011. Documentos de la Cuenta N° 1.
El señor MELERO ( Presidente ).- Hago presente a la honorable Sala que el Senado introdujo sólo una modificación al proyecto aprobado por la Cámara, que reemplaza la expresión “, la salud sexual”, por “, la salud sexual y reproductiva”.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , la modificación del Senado es muy simple, y agrega al ámbito de competencia de las matronas la salud reproductiva, lo que precisa aun más el espíritu que inspiró el proyecto.
La modificación aclara la competencia de las matronas, quienes ahora podrán recetar anticonceptivos, porque así se establece de manera explícita, no obstante la claridad meridiana del artículo 117 del Código Sanitario, relativo a las facultades de esos profesionales, varones y mujeres, en el sentido de que, entre sus facultades se encontraba la de recetar anticonceptivos, cuestión que, en la práctica, se realizaba desde la década de los años 60, si mal no recuerdo.
Como es sabido, un seremi de Salud de la Región de Coquimbo, que representa el diputado señor Matías Walker , emitió una circular que restringía esa facultad de recetar anticonceptivos de uso oral a las mujeres.
Por lo tanto, el proyecto no pretende otra cosa que entregar claridad definitiva respecto de las facultades de esas profesionales en relación con la salud sexual de la población.
Por eso, una de las modificaciones al artículo 117 del Código Sanitario incluye, entre las actividades de las matronas, las relacionadas con la salud sexual. Esa situación pudo discutirse y aclararse mejor. Sin embargo, nos queda claro que ahora se amplía su ámbito de acción en partos, en cuanto a los procedimientos y, además, es-
tablece la prescripción de métodos anticonceptivos, como también la realización de procedimientos anticonceptivos que no impliquen uso de técnicas quirúrgicas. Este último punto es importante porque, en más de una oportunidad, nos hemos enterado, principalmente por los diarios sensacionalistas, de que se han llevado a cabo cirugías de parte de tales profesionales. Ello en el marco de lo establecido en la ley Nº 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad.
Finalmente, propongo a la Sala aprobar la modificación del honorable Senado.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente , me complace que este proyecto, del cual soy autor junto con los diputados Víctor Torres, Marco Antonio Núñez , la diputada Adriana Muñoz y otros colegas, que recibió un férreo apoyo de los miembros de la Comisión de Salud de esta Cámara, se encuentre en su etapa final de tramitación.
Quiero recordar también el rol que le cupo al ex Presidente de la Comisión de Salud, nuestro apreciado amigo Juan Lobos, que en paz descanse, quien se la jugó por que el proyecto fuera tratado con prioridad, aprobado y despachado al Senado.
Como recordaba el diputado Enrique Jaramillo , el proyecto se originó debido a las grandes dificultades que provocó, en 2010, una resolución emanada del seremi de Salud de la Región de Coquimbo , doctor Osvaldo Iribarren , que expresamente señalaba que las matronas no podían prescribir ni entregar métodos anticonceptivos.
Como se comprenderá, dicha medida produjo grandes problemas en nuestra región, sobre todo en los sectores rurales, donde las mujeres estaban habituadas a atenderse con una matrona o con un matrón -siempre hablamos de matronas, pero también existen muchos matrones, lo que me recuerda que no debemos hacer distinción de géneros en este aspecto-, porque no tenían acceso a métodos anticonceptivos.
Todo esto se deriva -hay que reconocerlo- de una ambigüedad contenida en el Código Sanitario, que no entregaba expresamente esta facultad a las matronas. El artículo 117 de dicho Código se había interpretado de distintas formas, en términos de que, cuando se hacía referencia a que los servicios profesionales de las matronas comprendían, además de la atención del embarazo, el parto y del recién nacido, la planificación familiar, entendíamos que, implícitamente, estaba comprendido, dentro de esta facultad, la de entregar y prescribir anticonceptivos. Incluso, resoluciones del gobierno anterior -debemos reconocer esos errores- interpretaron esta norma en sentido equivocado.
Por eso, este proyecto viene a llenar un sensible vacío en nuestra legislación, una contradicción tremenda, porque no tenemos prácticamente ginecólogos en los servicios de atención primaria de salud. A lo más, en la mayoría de ellos existe un médico general y, por lo tanto, el rol de los matrones y de las matronas es fundamental. Las madres están habituadas, en todo lo que signifique su sistema de planificación familiar, sexual y reproductivo, a atenderse con una matrona.
De manera que presentamos este proyecto de ley que establece expresamente que las matronas podrán indicar, usar y prescribir sólo aquellos medicamentos que el reglamento clasifique como necesarios para la atención de partos normales y, en relación a la planificación familiar -a que hacía referencia la antigua redacción del artículo 117 del Código Sanitario- y a la regulación de la fertilidad, podrán prescribir métodos anticonceptivos, tanto hormonales -incluyendo anticonceptivos de emergencia- como no hormonales, y desarrollar procedimientos anticonceptivos que no impliquen uso de técnicas quirúrgicas.
El proyecto fue aprobado casi por unanimidad en la Cámara de Diputados y pasó al Senado. Junto con el diputado doctor Víctor Torres pudimos asistir a la discusión que se desarrolló ahí, durante la semana pasada. Quiero destacar el apoyo que tuvo el proyecto entre senadoras y senadores de diversas bancadas. Recuerdo las intervenciones de las senadoras Lily Pérez , Ximena Rincón , Isabel Allende y del senador Fulvio Rossi , quienes respaldaron el proyecto. Recuerdo que hubo 24 votos por la afirmativa y que solamente votó en contra el senador Carlos Larraín .
A mi juicio, el Senado realizó un buen aporte, mediante una pequeña modificación, sobre la cual debemos pronunciarnos en esta sesión, cual es agregar a la expresión “la salud sexual”, los términos “y reproductiva”, redacción que nos parece adecuada.
Por lo tanto, llamo a esta Cámara a aprobar la modificación del Senado y, de esta forma, contribuir a que este importante proyecto de ley, que están esperando miles de mujeres a lo largo de todo el territorio nacional, sobre todo en los sectores rurales, pueda convertirse en ley de la república.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente , felicito la iniciativa liderada por el diputado Matías Walker , representante de nuestra Región de Coquimbo, donde surgió la bochornosa situación originada por una interpretación del señor seremi de Salud, que revirtió todo lo que hasta ese momento había sido una práctica usual, absolutamente necesaria, asumida por las mujeres de la región y también del país.
El seremi de Salud de la región restringió la posibilidad de que las matronas receten y despachen anticonceptivos de uso oral a las mujeres. Esto provocó, no sólo en la Región de Coquimbo, sino también en todo Chile, una situación de absoluto retroceso respecto de lo que se practicaba en materia de salud sexual y reproductiva en relación con las mujeres.
Me alegro de que este proyecto, que contiene un aporte importante del Senado, cual es agregar el adjetivo “reproductiva”, sea ley de la república a la brevedad, porque con él vamos a llenar ese vacío de interpretación en caso de que, nuevamente, otra autoridad con una visión tan conservadora, como la de aquel seremi de la Región de Coquimbo, interprete y retrotraiga situaciones esenciales para la vida de las mujeres. Ésa visión pretendió quitar derechos adquiridos desde hace muchos años en relación con la anticoncepción de las mujeres.
Por eso, hoy damos un gran paso en el sentido de bloquear esas visiones conservadoras que, muchas veces, dependerán de las autoridades de turno. La salud reproductiva de las mujeres no está para ser tema de interpretación y reinterpretación. Estamos ante derechos adquiridos, ganados. Nuestra sociedad ha avanzado en reconocer las capacidades de las mujeres y el respeto hacia ellas en cuanto al derecho a decidir sobre su salud sexual y reproductiva.
Invito a los colegas a aprobar esta modificación del Senado que, reitero, es un aporte, de manera de dar esta gran noticia a las mujeres chilenas en cuanto a que se ha cerrado, por ley, cualquier revisión, observación o retroceso conservador en materia de su salud sexual y reproductiva.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Corresponde votar las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley que modifica el Código Sanitario, con el objeto de facultar a las matronas para recetar anticonceptivos.
En voatación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Despachado el proyecto.
INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE RELAVES MINEROS EN EL PAÍS.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre la situación en que se encuentran los depósitos de relaves mineros existentes en el país.
Diputada informante es la señora Adriana Muñoz.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Investigadora, sesión 38ª, en 7 de junio de 2011. Documentos de la Cuenta N° 7.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada informante.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (de pie).- Señor Presidente , en mi calidad de diputada informante de la Comisión Investigadora sobre la situación en que se encuentran los depósitos de relaves mineros existentes en el país, paso a informar el trabajo efectuado por dicha Comisión, en cumplimiento del mandato otorgado por la Sala de la Corporación.
La Comisión estuvo integrada por las diputada señora Andrea Molina Oliva y por quien habla, Adriana Muñoz D´Albora, y por los diputados señores Giovanni Calderón Bassi , Eduardo Cerda García , Alejandro García-Huidobro Sanfuentes , Joaquín Godoy Ibáñez , Luis Lemus Aracena, Marco Antonio Núñez Losano , Leopoldo Pérez Lahsen , Alfredo Robles Pantoja , Carlos Vilches Guzmán , Matías Walker Prieto y Felipe Ward Edwards , quien la presidió.
Como antecedente previo, es necesario tener presente que el trabajo de la Comisión debía estar enfocado al cumplimiento del mandato de la Sala de la Corporación, que era analizar la situación en que se encuentran los depósitos de relaves mineros existentes en nuestro país. Se entiende por dichos depósitos toda obra estructurada en forma segura para contener los relaves provenientes de una planta de concentración húmeda de especies de minerales y sus obras anexas. Su función principal es la de servir como depósito, generalmente definitivo, de los materiales sólidos provenientes del relave transportado desde la planta, permitiendo así la recuperación, en gran medida, del agua que transporta dichos sólidos.
Estos depósitos se podrían clasificar en activos y pasivos, entendiendo por pasivos aquellos que han cumplido su vida útil, ya sea porque coparon su capacidad o porque la mina agotó sus existencias. Por ello, la Comisión, para dar cabal cumplimento al mandato, se abocó además al análisis de los denominado “pasivos ambientales mineros” o simplemente “pasivos mineros”, entendidos como el conjunto de residuos dejados atrás cuando una mina termina sus operaciones, de los cuales los relaves son un caso particular.
Un estudio patrocinado por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) determinó que en Chile existe gran cantidad de faenas mineras abandonadas, con el consiguiente volumen de pasivos mineros sin tratamiento que asegure su inocuidad ambiental.
En el programa anual de trabajo 2009-2010, el Sernageomin contempló la realización de siete evaluaciones de riesgos cada año a lo largo del país. Actualmente, se han realizado dieciséis evaluaciones, concluyendo que catorce tienen la categoría de pasivo ambiental minero.
Asimismo, la Comisión abordó los riesgos asociados a los tranques de relaves, tanto durante su operación como después de su cierre, a través del testimonio técnico de expertos y desde la óptica de los representantes de las comunidades afectadas o potencialmente afectadas.
Consideraciones y conclusiones.
En consideración a la labor realizada por la Comisión Investigadora, las intervenciones de los diversos invitados, los antecedentes proporcionados, los informes recopilados, y el mandato otorgado por la honorable Cámara de Diputados, en orden a analizar la situación en que se encuentran los depósitos de relaves mineros que existen en nuestro país, se aprobaron, por la unanimidad de los diputados presentes, las siguientes consideraciones, conclusiones y proposiciones:
Consideraciones.
Primero:
Del trabajo llevado a cabo por la Comisión, se pudo inferir que existe una cantidad catastrada de relaves pasivos y activos, líquidos o sólidos, en varias regiones del país, principalmente en la zona norte y centro norte. De ellos, gran cantidad corresponden a relaves pasivos o históricos de faenas mineras pequeñas o medianas, respecto de las cuales no ha existido un plan de cierre aprobado.
En tal sentido, se destacó la labor del Sernageomin, que elaboró un catastro de tranques de relaves -los colegas lo encontrarán en el informe que tienen en sus pupitres electrónicos- de acuerdo con su disponibilidad de recursos y de personal, concluyendo la existencia de 450 tranques y embalses de relaves, de los cuales 324 están inactivos y 125 se encuentran activos, sin considerar a los más antiguos.
Segundo:
En materia de evaluación de impacto ambiental de los proyectos mineros y del acopio de residuos mineros masivos, se evidenció la necesidad de contar con toda la información necesaria, debidamente analizada por los organismos técnicos competentes, de manera de garantizar que su aprobación cumpla con la normativa vigente. Asimismo, se consideró imprescindible que los organismos implicados en estos procesos evaluativos cuenten con la capacidad de verificar y fiscalizar el cumplimiento de las normas ambientales y de las exigencias contenidas en la Resolución de Calificación Ambiental.
Consecuentemente, la evaluación debe ser eficaz y completa, a fin de armonizar sustentabilidad, rigurosidad y eficiencia con la necesidad de contar con proyectos que no produzcan externalidades negativas en el medio ambiente.
Tercero:
Del mismo modo, se constató que en Chile no existe legislación sobre pasivos ambientales mineros, sin perjuicio de los estudios y conceptualizaciones realizados por Sernageomin, que han servido de base para la realización de catastros preliminares y propuestas normativas sobre el particular.
La inexistencia de regulación sobre el particular motiva que en diversas zonas del país existan faenas abandonadas y residuos, con grave riesgo para la población y para las actividades productivas locales.
Cuarto:
En cuanto a los relaves mineros activos, si bien existe mayor regulación, particularmente en lo referido a su aprobación e impacto ambiental, en cuyo proceso interviene el Sernageomin, se identificaron situaciones preocupantes, como la estabilidad física con que debe contar un depósito de relaves para evitar su colapso; la inestabilidad química, en que el principal problema es la contaminación de acuíferos y los cursos de aguas superficiales. Se suma a ello la contaminación por drenaje ácido, que es producto de la interacción entre el agua y los minerales sulfurados, que generan una solución ácida dañina para el medio ambiente, y, por último, el impacto visual que este tipo de depósitos genera.
Quinto:
Se detectó que la actividad sísmica constituye un peligro latente, porque puede originar un proceso de licuefacción, que se traduce en la pérdida de coherencia del depósito, provocada por la onda sísmica. Así, en un depósito de material particulado fino, tipo arena, saturado en agua, la onda sísmica hace que ese depósito pierda coherencia y se comporte como un líquido, con lo que colapsa.
Conclusiones y proposiciones.
Primero:
Todo proyecto minero sometido a Estudio de Impacto Ambiental debe incorporar y garantizar el cierre de faena y el tratamiento de sus pasivos mineros, de conformidad con las normas que establezca la autoridad competente, así como las medidas de mitigación y compensación por los impactos futuros que la ejecución de esa actividad productiva genere.
Por ello, la Comisión estima necesario solicitar al Ministerio de Minería que agilice la tramitación de las iniciativas legales que permitan perfeccionar la normativa sobre la materia, para asegurar que los propietarios del tranque, relave o embalse se hagan cargo del cierre de los mismos, asumiendo los costos que ello implique.
Segundo:
Las faenas o actividades mineras de tipo mediano o artesanal, que actualmente no están sometidas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental , deberán contar además con aprobación previa del Sernageomin o de la autoridad competente y adoptar las medidas de explotación que permitan minimizar el impacto de los relaves, sean líquidos o sólidos, de acuerdo con las normas técnicas que al efecto imponga la autoridad minera.
Por ello, resulta indispensable crear un órgano que genere las condiciones necesarias para armonizar criterios de aplicación del marco regulatorio medioambiental en la Comisión de Evaluación, a la vez que fiscalice el correcto cumplimiento de la ley por parte de los distintos actores del sistema.
Con tal objeto, la Comisión propone solicitar a los ministerios del Medio Ambiente y de Minería el estudio de una solución normativa e institucional en el sentido señalado.
Tercero:
Las faenas o proyectos mineros que contemplen la construcción de tranques de relave deberán ser visadas y aprobadas por los servicios o entes competentes en la materia, como parte del proceso de autorización de explotación minera y medioambiental.
Asimismo, se concluyó que el emplazamiento de estos tranques no debería localizarse en zonas de cuencas o cursos de agua, sean permanentes u ocasionales.
Con el propósito de cautelar el cumplimiento de esa exigencia-limitación debe contemplarse una amplia participación de la comunidad en todos los procesos destinados a su aprobación. En tal sentido, se hace necesario promover una modificación legal.
Cuarto:
Los pasivos ambientales provocan contaminación no sólo en el aire y en el suelo, sino también en las aguas, lo que cobra mayor relevancia cuando el suministro es para consumo humano.
Por ello, se consideró importante instar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a estudiar que en la constitución de nuevos aprovechamientos de aguas exista siempre una reserva de caudal ecológico, con el objeto de asegurar la disponibilidad del recurso hídrico para el consumo humano y otras actividades productivas de menor escala, como la agricultura y la ganadería.
Con tal fin, se acordó solicitar a la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas que analice la factibilidad de proceder en tal sentido o sugerir las enmiendas legales que lo permitan.
Quinto:
Se comprobó la existencia de asentamientos humanos en los alrededores de los depósitos de relaves, como se puede constatar en el caso de la mina Caracoles, en Rinconada de Los Andes, y en la ciudad de Illapel, en que se ubican dentro de los límites urbanos de la ciudad.
Por ello, se debe contar con una normativa que faculte a las autoridades comunales, regionales o sectoriales para prohibir la instalación de comunidades aledañas al área de explotación minera o de tranques de relaves debidamente autorizados, aun cuando estos asentamientos correspondan a personas que trabajen directa o indirectamente en la faena minera. Es importante que los instrumentos de planificación territorial aplicables al área de explotación consideren la restricción de uso de suelo correspondiente.
Por tal motivo, se estimó que los instrumentos de planificación territorial aplicables al área de explotación deben considerar la restricción de uso de suelo correspondiente. Para tal efecto, la Comisión acordó solicitar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo analizar una modificación legal en tal sentido, al tiempo de dar a conocer este planteamiento a los distintos gobiernos regionales del país.
Sexto:
Si bien se dispone de un inventario y caracterización de 324 faenas mineras abandonadas y/o paralizadas en el territorio nacional y de la identificación de catorce de mayor riesgo en infraestructura física, no existe una categorización de estos pasivos que identifique y evalúe los riesgos derivados de su localización dentro de ciudades, en proximidades de cauces de agua, junto a actividades productivas o a servicios públicos. Tampoco se cuenta con información que permita clasificarlos en relación con su peligrosidad química.
Por tal motivo, se requiere contar con los recursos materiales y humanos necesarios para efectuar dichos estudios.
Con este objeto, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral décimo, se acordó solicitar al Ministerio de Minería destinar, en el Presupuesto de la Nación para el 2012, los recursos necesarios para proceder a dicha categorización.
Séptimo:
Asimismo, se advirtió la necesidad de mejorar la fiscalización respecto de la autorización y operación de los tranques de relaves, particularmente en lo que respecta a su estabilidad química y física, puesto que la actual normativa vigente no aborda el tema en forma global ni contempla disposiciones que permitan actualizar e incrementar las exigencias para soportar fenómenos naturales, especialmente sísmicos.
En materia de autorización, se ha constatado que la actual normativa vigente no aborda el tema en forma global ni contempla disposiciones que permitan la actuación del Sernageomin; en tanto, respecto de la estabilidad, se requiere, a la luz de la experiencia reciente en materia de fenómenos telúricos, incrementar las exigencias para soportar este tipo de situaciones naturales.
Por tal motivo, la Comisión acordó solicitar al Ministerio de Minería que analice una reforma legal que permita asignar facultades al Sernageomin en materia de fiscalización de la estabilidad química de los relaves, al tiempo de modificar los reglamentos vigentes respecto de la autorización de éstos, con el objeto de incrementar las exigencias respecto de la capacidad de estos empozamientos para soportar eventos sísmicos de mayor intensidad.
Octavo:
Por otra parte, la comisión consideró conveniente plantear al Ejecutivo la necesidad urgente de agilizar la elaboración de una iniciativa legal que regule el cierre de los pasivos ambientales mineros (PAM), creando un sistema de gestión que entregue al Estado mecanismos y facultades para intervenirlos, realizar un completo catastro, inventario y caracterización de minas abandonadas y paralizadas, evaluación de riesgos y clasificación, así como propuestas de remediación.
Asimismo, se insta a la creación de un fondo público que financie el cierre y rehabilitación de sitios que hayan servido a las operaciones mineras y cuyos responsables sean desconocidos, inciertos o insolventes, y que contemple mecanismos diferenciados de subsidios.
Con este objeto, se acuerda solicitar al Presidente de la República , a través de los ministerios Secretaría General de la Presidencia y de Minería, el envío de una iniciativa legal sobre la materia, que contemple las atribuciones y recursos referidos.
Noveno:
En materia de construcción, operación y cierre de tranques de relaves, se debe perfeccionar la legislación vigente, con el objetivo de evitar la ubicación de éstos en cuencas de ríos, favorecer la participación de la comunidad en el proceso de localización de los mismos y facultar al Sernageomin para intervenir y expresar su opinión acerca de su estabilidad química, así como incrementar las exigencias acerca de la capacidad para soportar fenómenos telúricos de gran magnitud.
Décimo:
Se constató la necesidad de continuar perfeccionando la información existente respecto de los pasivos mineros y los relaves en actual operación y sus efectos en la salud y en el ambiente, perfeccionando las competencias y medios de los servicios públicos involucrados.
Con este objeto se acordó solicitar al Ejecutivo contemplar, en la Ley de Presupuestos del 2012, el financiamiento necesario para realizar, a través de los servicios de salud respectivos, mediciones respecto de los actuales impactos en la calidad del aire y del agua de los relaves activos y de los pasivos mineros.
Del mismo modo, se pide dotar al Servicio Nacional de Geología y Minería de los recursos financieros necesarios que le permitan mejorar la fiscalización en materia de higiene y seguridad en las faenas mineras operativas, ocuparse con rigurosidad de los procesos de aprobación de la instalación de nuevos relaves y asumir en el futuro las obligaciones legales que derivarán de la aprobación de las normas sobre cierre de faenas y pasivos ambientales mineros.
Es cuanto puedo informar sobre la materia.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- En discusión el informe.
Tiene la palabra el diputado señor Luis Lemus.
El señor LEMUS.- Señor Presidente, la diputada Adriana Muñoz ha entregado un contundente informe.
La comisión trabajó mucho para conseguir toda esa información para entregarla al Parlamento y a las instancias que correspondan. Además, hizo un gran esfuerzo para clarificar con precisión lo que pasa en esta materia.
Se invitó a muchas organizaciones, empresas y especialistas para que nos ilustraran acerca de la situación de los relaves en nuestro país, así como a organismos tan importantes como el Sernageomin y la Enami.
Chile produce alrededor del 40 por ciento de cobre, lo que lo convierte en el país número uno en producción del metal. Al mismo tiempo, extraemos de la tierra y molemos aproximadamente 4 millones de toneladas diarias de material para obtener cobre. De esos 4 millones de toneladas, 3 millones corresponden a estériles, piedras que se tienen que depositar en algún lugar cercano a las faenas mineras. Además, cerca de un millón de metros cúbicos de material tienen que ser depositados en tranques o embalses de relaves, denominación según la normativa técnica.
Primero, queríamos saber cuántos relaves existen en nuestro país. Ese dato lo entregó el Sernageomin y quedó consignado en el informe de la comisión.
También queríamos saber cuáles son los efectos que tiene este tipo de obras sobre el medio ambiente, fundamentalmente sobre el agua y el aire, y si representan algún peligro para la seguridad de la ciudadanía.
Al respecto, debemos señalar que, si bien los tranques de relaves se rigen por una normativa, no es menos cierto que en materia de seguridad física y química existe una falencia, y así lo estipula el informe. Por lo tanto, debemos legislar y elaborar una reglamentación mucho más profunda y completa.
En el tema de la estabilidad física, como se trata de una mezcla, de una pulpa que utiliza mucha agua, se produce un fenómeno que se llama licuefacción, que se produce fundamentalmente gracias a los temblores, especialmente los terremotos, en que se puede romper un tranque o un embalse de este tipo.
Quiero nombrar algunos accidentes que han ocurrido en la materia, situación que nuestra normativa no considera con precisión.
El 27 de febrero de 2010, en Pencahue, se produjo una falla del tranque durante el terremoto. El material liberado fue lodo contaminado con cianuro.
El 3 de octubre de 2003, en Cerro Negro, por una falla en la pared del tranque, se liberaron 50 mil toneladas de material.
En Veta de Agua N° 1, Chile, el 3 de marzo de 1985, por falla durante un sismo, se liberaron 280 metros cúbicos de material.
En Cerro Negro, el 3 de marzo de 1985, también por falla durante un sismo, se liberaron 500 mil metros cúbicos.
Todos estos accidentes se han producido fundamentalmente por temblores o terremotos que suceden cada cierto tiempo en nuestro país.
Por lo tanto, debemos contar con una normativa capaz de asegurar la vida de las personas. Hoy tenemos una producción muy grande y se dice que se van a invertir más de 70 mil millones de dólares en ampliación de proyectos mineros o en nuevas faenas. En consecuencia, si se van a generar grandes volúmenes de estas sustancias, se requiere de rigurosos estudios de impacto ambiental y de normas estrictas en el cierre de faenas y en la consistencia física.
Muchos depósitos de los grandes volúmenes de relaves están muy cerca de valles transversales y de poblados, por lo tanto, su seguridad tiene relación con esos volúmenes.
Otro problema son las faenas abandonadas y activas. Existe un registro del Sernageomin que señala 449 puntos de relaves en el país, cantidad que corresponde a un primer informe. Muchos relaves abandonados son de la pequeña minería. Por ejemplo, en la Región de Coquimbo hay casi 200, es decir, prácticamente el 50 por ciento.
Repito, muchos de esos depósitos de relaves son de la pequeña minería, gran parte de ellos abandonados y -aquí, hay otro problema- en terrenos privados, en algunos casos no se sabe quiénes son sus dueños y, por lo tanto, tampoco quién se hace cargo de situaciones que ocurran en estos sectores.
En el informe se indica que deben existir programas especiales. De hecho, en 2010, Sernageomin inició un proceso para identificar y abordar estos temas, pero solo se quedó ahí.
Es urgente implementar una política para recuperar estos relaves, porque desde el punto de vista minero, muchos se pueden explotar, pues aún tienen metales que se pueden procesar. Por ejemplo, algún programa o plan piloto para muchas comunas de este país, que están cercadas por relaves mineros, como Illapel y Andacollo . Estas comunas tienen serios problemas con sus planes reguladores, por la contaminación que se puede producir en las aguas, en la atmósfera y el peligro que representa para la vida humana.
El informe es absolutamente contundente. Chile ha avanzado en legislación. Existen 37 normas -leyes, decretos, reglamentos-, pero han sido insuficientes respecto de los relaves. Debemos tener una normativa mucho más específica sobre la materia.
La iniciativa sobre cierre de faenas o instalaciones mineras se aproxima bien a normar el tema en discusión, pero es para las obras que se van a iniciar, es decir, proyectos que se van a ejecutar; sin embargo, no aborda los pasivos ambientales que, lamentablemente, tenemos a lo largo de todo el país.
Tenemos un gran desafío. El país tiene puesto los ojos en la minería, pero también los ojos de nuestra población están puestos en el cumplimiento de las normas medioambientales.
Por lo tanto, el Congreso Nacional y, por supuesto, el Ejecutivo tienen el desafío de elaborar una normar para regular esta materia.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente , quiero enfatizar del informe, que la Comisión aprobó en forma unánime, la idea de tramitar las propuestas de sus conclusiones en un intento de remecer a las autoridades en relación con la dramática situación que se vive en el país por la existencia de los pasivos ambientales mineros y el peligro en que se encuentran muchas pequeñas comunas. El diputado Lemus mencionó a Illapel y Andacollo , de la Región de Coquimbo, donde esos pasivos ambientales están enclavados en el centro de la ciudad.
No era una majadería insistir en poner en Tabla el informe de la Comisión -en eso agradezco al diputado Urrutia que, en su calidad de integrante de Régimen Interno, abogó para que se viera en segundo lugar, sino una necesidad urgente. Junto con el colega participamos en la Comisión de Agricultura y comprendemos que estos temas son muy importantes. Agradezco el gesto.
De verdad, necesitamos que el Ejecutivo recoja las propuestas, fundamentalmente las referidas a materias presupuestarias. Sabemos que en agosto ya está en curso, en todos los ministerios, a nivel sectorial, el estudio de las partidas y propuestas que el Gobierno enviará al Parlamento, para el debate del proyecto de Ley de Presupuestos 2012. Muchas de las proposiciones de nuestro informe apuntan a una necesidad urgente de recursos.
Por ejemplo, hoy no tenemos para enfrentar una tarea tan grande de hacer un catastro, no solo como el que hizo el Sernageomin de catorce pasivos ambientales mineros y el nivel de riesgo asociado, sino que, también, respecto de infraestructura, que considere el riesgo de un sismo o de una catástrofe natural y, además, la clasificación de riesgo de los relaves, de esos y muchos más que existen, desde el punto de vista de su composición química y física. Para eso se requieren recursos. El Sernageomin no tiene ni funcionarios, ni profesionales, ni instrumentos suficientes para abordar esta tarea.
Entonces, para que tengan impacto el trabajo y las conclusiones de estas comisiones, estoy convencida de que es importantísimo oficiar a su excelencia el Presidente de la República y a los ministros respectivos en todas las materias que la Comisión ha puesto énfasis, a fin de que sean debidamente consideradas en las partidas presupuestarias.
Este informe fue elaborado con los aportes de muchos invitados. No sólo estuvo el Sernageomin, sino también el alcalde de Illapel , señor Denis Cortés , con quien pudimos constatar la situación de la comuna con relación a los pasivos ambientales; además, participó el Consejo de Desarrollo Sustentable de Chile, representado por el doctor Andrei Tchernitchin , por la doctora Gabriela Morales y por el señor San Martín , quienes tienen una visión sobre la situación medioambiental y el impacto de los relaves.
Contamos con la sabiduría del ingeniero en minas Jorge Oyarzún, profesor de la Universidad de La Serena.
Además, estuvieron representantes de la Mesa Minera de Illapel, la Junta de Vigilancia del Río Illapel, la Asociación de Agricultores del Valle Huasco, la Junta de Vigilancia del Río Mostazal, la Comunidad Río Mostazal, de la comuna de Monte Patria, provincia Río Limarí ; la Junta de Vecinos de la mina Caracoles, la Organización Ciudadana Ambiental de Salamanca (OCAS); la minera Los Pelambres , de la provincia del Choapa.
En consecuencia, la Comisión se nutrió de información de los propios actores que conviven con grandes instalaciones mineras de relaves activos o pasivos.
Por eso, surgió un tema importante de enfatizar, porque es una tarea para el Parlamento. Entiendo que es un tema político complejo de abordar: establecer que los relaves no se instalen en las cuencas de agua.
Por cierto, es un factor de ahorro inmenso y de facilidad para el desarrollo de la actividad, pero, en la actualidad, hay un gran conflicto de intereses en relación con la instalación de un relave en una cuenca de agua, sobre todo en un país en que dicho elemento es cada vez más escaso.
Además, no hemos tenido voluntad política para hacer una reforma constitucional que eleve el agua a nivel constitucional, como un derecho humano, como un bien de todos.
Dada esa situación, es muy importante que, como consecuencia del trabajo y resultado de la Comisión, enfaticemos y avancemos en un acuerdo político para que la instalación de los futuros relaves se normen y se establezcan por la ley que no podrán ubicarse en las cuencas de los ríos.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , en primer lugar, valoro altamente el trabajo realizado por la Comisión Investigadora sobre la situación en que se encuentran los depósitos de relaves mineros o pasivos ambientales, y sus conclusiones.
Está en trámite legislativo una iniciativa sobre el cierre de faenas mineras. El solo hecho de tener que legislar para que todos quienes inician una actividad productiva vinculada a la minería tengan un plan que considere la vida útil de la inversión y que contemple que su tarea termina sólo cuando se desarrolle correctamente el cierre de faenas, incluido lo relacionado con los relaves mineros, responde al hecho de que constituye un problema serio, que tiene que ver con la calidad de vida y la salud de las personas que desarrollan su labor en el entorno de los relaves.
Frente a un hecho consumado, que se produjo por falta de legislación -un vacío legal- y, por tanto, de fiscalización, que algunos empresarios pudieron dejar que cursara “con cierta normalidad”, se va a requerir de medidas análogamente especiales a la gravedad del problema para su solución cuyo costo no es menor.
De ahí aparece nuevamente la necesidad de fortalecer mucho más a los órganos fiscalizadores -en particular al Sernageomin- en estos procesos evaluativos, para que tengan la capacidad de verificar y fiscalizar el cumplimiento estricto de las normas ambientales y de las exigencias contenidas en las resoluciones de calificación ambiental.
El informe dice que en nuestro país no hay legislación sobre los denominados pasivos mineros, sin perjuicio de lo cual existen estudios y conceptualizaciones que ha hecho el Sernageomin, que han servido de base para la realización de los denominados catastros preliminares y propuestas normativas.
Las recomendaciones del informe apuntan a señalar que todo proyecto minero debe garantizar el cierre de faena y el tratamiento de sus pasivos mineros, de conformidad a las normas establecidas por la autoridad competente, incluyendo, en primer lugar, las medioambientales, para evitar efectos dañinos sobre la salud y la calidad de vida de la población.
Actualmente, las faenas mineras medianas y artesanales no se encuentran sometidas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por lo que es determinante que cuenten con el apoyo del Sernageomin, para que, en una tarea de fomento y de orientación, vaya indicando cómo se deben concluir las actividades una vez que termina la vida útil de la explotación minera.
Los relaves mineros son un asunto de plena vigencia entre las cuestiones que afectan la vida urbana; por ejemplo, la de Copiapó, ciudad que, a poco más de cuatro cuadras de su Plaza de Armas , cuenta con uno de los relaves de cobre más grandes de Chile; según información de la Corema, con 7,2 millones de toneladas de material, los que están sobre un sector popular y muy poblado.
En 1994, la Corema de Atacama valoró los trabajos para remover esos relaves en 2 millones de dólares.
El relave Sali Hochschild, que lleva el nombre de quien fue su propietario, y según información que entiendo se ha confirmado, su familia es parte del directorio de la Sociedad Nacional de Minería. En este caso, creo que el Estado tiene un recurso: objetar a quienes son responsables de la existencia de pasivos ambientales para seguir incursionando en actividades mineras que van a crear nuevos relaves, y sugerir a las asociaciones gremiales que reúnen a esos empresarios la creación de una suerte de código ético que les exija cumplir sus responsabilidades, porque, asumir la tarea en un área productiva como empresario, no sólo tiene que ver con dar garantías de que la actividad extractiva, en este caso, se va a hacer de acuerdo a las exigencias legales de Chile, sino también con sentir la responsabilidad social que esa actividad tiene, incluyendo los pasivos mineros.
Otro relave de gran tamaño próximo a la urbe de Copiapó es el denominado Viñita Azul .
Es decir, tenemos la existencia de moles, de verdaderos monumentos al desastre relacionados con una actividad de explotación minera a la vista de casi toda la comunidad de Copiapó.
Uno se pregunta por qué llegamos al punto de acumular tanto relave sin haber tomado medidas en el camino, lo cual habla de una falta de fiscalización mucho más rigurosa y especializada por los respectivos servicios del Estado.
A mi juicio, el trabajo que ha hecho esta Comisión también entrega un aporte para formar mayor conciencia acerca de la importancia que tiene fortalecer la institucionalidad fiscalizadora en cada una de las fases de los proyectos mineros. Entiendo que una de las conclusiones que se está trabajando en la Comisión Investigadora del accidente ocurrido en la mina San José es plantear la dictación de una norma legal que obligue a considerar, antes de incursionar en la actividad económica, cuál va ser el cierre de faenas una vez que concluya la vida útil.
Lamentablemente, en lugar de fortalecer el aparato del Estado que permita fiscalizar eficazmente, se mantiene implícita la idea de trasladar esta responsabilidad a oficinas o servicios privados. Por ese lado, creo que, una vez más, nos podemos dar vuelta en un círculo vicioso que no va a permitir resolver el problema.
Si se parte del hecho de que somos un país minero por excelencia, actividad que es nuestro principal renglón como ingreso directo al erario, por el aporte de Codelco y los impuestos -aunque sean mínimos- a la empresa privada, el camino correcto sería destinar un presupuesto acorde con esos ingresos, que permitan tener eficacia y eficiencia en la fiscalización para impedir que sigan construyéndose estos pasivos que van en desmedro de la calidad de vida de toda la población.
Queda pendiente lo relativo a cuáles van a ser las medidas de emergencia -ya lo planteó un colega-, aun cuando sean transitorias, para abordar y resolver los pasivos “consumados”, construidos de hecho, y que constituyen una amenaza y un riesgo para la vida de la comunidad que vive en los lugares cercanos a estos relaves. Debemos discernir iniciativas que exijan a los primeros responsables, que son quienes incursionaron en esas actividades económicas, aunque el Estado también va a tener que jugar su propio papel, terminar con estos relaves que constituyen una amenaza para un país que se propone avanzar hacia el desarrollo, lo cual incluye el respeto irrestricto en la integralidad de todas las normas de una convivencia en esa condición.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , al leer el informe de la Comisión Investigadora sobre la situación en que se encuentran los depósitos de relaves mineros, recuerdo la situación que en 2006 vivió Alhué .
La minera El Teniente, ubicada en la cordillera de Rancagua, tiene un conducto, que es una canoa con una parte abierta y otra subterránea, que cruza diferentes comunas de la Sexta Región, y llega al estero de Alhué, en la Región Metropolitana.
El embalse se construyó según decreto supremo en 1980, cuando no existían normas medioambientales. En esa oportunidad se señaló que iba a tener una duración aproximada de veinte años. Además, se dijo que su muro iba a ser suficientemente sólido para prevenir cualquier situación de riesgo que se produjere en el futuro. Desgraciadamente, ese muro ha tenido cuatro etapas de levantamiento. Hoy, está en la quinta y se calcula que va a permanecer no sólo uno o dos años más, sino que hasta el 2064. A esa fecha, este tranque de relave, que en la actualidad ocupa aproximadamente 1.643 millones de metros cúbicos, va a llegar a triplicar esa cantidad.
Cuando del tranque de relave se salga el concentrado, él no sólo va a contaminar parte del estero, sino que va a llegar directamente al lago Rapel, del cual se extrae el agua para beber y también se usa para producir electricidad. En el trayecto de la canoa, más de alguna vez se ha producido la salida de material, lo que causa efectos contaminantes en el entorno.
Reconozco que las mineras necesitan construir embalses y, gracias al esfuerzo realizado hace un tiempo, hoy existe una norma legal que establece las obligaciones que deben cumplir para iniciar una actividad minera, tanto respecto a la instalación de sus tranques como a su cierre.
En Alhué existen otros dos tranques, los que pertenecen a La Florida, que explota minas de oro y de plata, y su control es mínimo. Están ubicados sobre las cuencas Alhué y Carén . O sea, el entorno de una comuna que ha tratado de lograr un desarrollo agrícola y turístico, está rodeado de tres tranques, que van limitando ese desarrollo.
Este informe nos debe llamar a reflexionar sobre algunos puntos que tenemos que considerar.
Allí se señala que el señor Patricio Gatica , representante de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), señaló en la Comisión que “la carencia de estudios definitivos ha llevado a conclusiones exageradas y erradas respecto de los efectos de los relaves. Por ello, sugirió reunir antecedentes claros, válidos para todos los actores, esto es, la comunidad, los mineros, los regantes, etcétera”. Agregó que no debemos preocuparnos tanto, porque estos efectos no son tan malignos, como se ha sostenido.
Por un lado, un representante de la Sociedad Nacional de Minería afirma lo que señalé y, por otro, se dice que no están los presupuestos necesarios para fortalecer la función de control de los relaves del Sernageomin. Al respecto, hay que tener en cuenta que la salida del relave de Carén, que pertenece a El Teniente, provocó la contaminación de muchas hectáreas. Es más, El Teniente tuvo que instalar un sistema de agua potable rural (APR) en todo el entorno de la zona, debido a la contaminación de las norias del lugar.
Por ello, que un representante de la Sonami diga que no tiene mayor importancia revisar los relaves, nos hace pensar que en nuestro país aún nos falta mucho por aprender sobre lo que son las contaminaciones medioambientales, cuáles son sus efectos en las comunidades aledañas y cómo tenemos que protegerlas y respetar el medio ambiente, sobre todo, cuando vivimos en un país cuya principal riqueza es el cobre.
Encuentro muy positivo el informe y concuerdo en que se debe hacer llegar al Presidente de la República para que se haga una revisión de las normas legales sobre minería que rigen en el país, se mire esa actividad hacia el futuro y se establezcan los controles que sean necesarios para que no se vuelva a producir la contaminación que ocurrió en 2006 en Alhué y que, hasta la fecha, aún afecta a gran parte del sector agrícola.
He dicho.
El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente , también felicito a quienes participaron activamente en la Comisión Investigadora sobre la situación en que se encuentran los depósitos de relaves mineros existentes en el país.
Aprovecho la presencia de jóvenes estudiantes en las tribunas para aclarar que relave es un tipo de pasivo minero.
Sobre la materia, no podemos desconocer que la excelencia económica que vive el país en gran parte se debe a la minería. Por lo tanto, ante esta situación, estamos obligados a aceptar que la minería trae consigo no sólo cosas positivas, desde el punto de vista económico, sino también aspectos negativos con los cuales tendremos que convivir y lidiar, a fin de mitigar los efectos de los procesos mineros que son nocivos para la comunidad.
A mí, que represento a la Región de Antofagasta, no me asusta hablar de relaves, de depósitos y de transporte de sustancias peligrosas para la comunidad, porque es un problema que debemos enfrentar en nuestro diario vivir. Según lo señalado en el Reglamento para la aprobación del proyecto de diseño, construcción, operación y tenencia de depósitos de relaves, los relaves mineros son “una suspensión de sólidos en líquidos formando una pulpa, que se generan y desechan en las plantas de concentración húmeda de especies minerales que han experimentado una o varias etapas de circuitos de molienda fina.”.
Asimismo, debemos entender que hay distintos tipos de relaves, porque existe una gran diferencia entre un tranque y un embalse. Además, el informe, que considero correcto, hace una descripción, para quienes no lo saben, de los procesos mineros y de los tipos de relaves que existen: espesados, filtrados y en pasta. Estos relaves están formados principalmente por sustancias peligrosas, a lo que se debe agregar nuestra condición de país telúrico, que el día de ma-
ñana podría causar problemas a las comunidades cercanas a ellos.
En todo caso, debemos tener presente que estos procesos mineros han sido modificados; ya no son los mismos de antaño que conocieron nuestros padres y nuestros abuelos. Hoy, las exigencias ambientales son mayores y, por lo tanto, la investigación realizada respecto de esta materia se suma a otras iniciativas legales que hemos analizado, como el cierre de faenas mineras, que establece exigencias ambientales, precisamente, con el objeto de aminorar y mitigar los efectos de estos procesos con los cuales debemos aprender a vivir.
La minería es y será el pilar del desarrollo económico de nuestro país. Por eso, debemos buscar los mecanismos que le den sustentabilidad, ya sea que hablemos de fundición, en el caso de La Greda, de transporte de materiales peligrosos o de depósitos de relaves, problema que estamos analizando en esta sesión.
De manera que sólo me resta señalar que estamos ante un informe superinteresante y educativo, que se acordó enviarlo al ministro de Minería y al Presidente de la República , lo que me parece muy conveniente. Por otra parte, esta investigación se suma a la iniciativa que estudiamos respecto del cierre de faenas.
Para terminar, felicito a quienes participaron en la Comisión Investigadora. Por nuestra parte, debemos lograr, dentro del marco legal, que las actividades mineras sean sustentables, puesto que la minería es el pilar económico de nuestro país.
He dicho.
El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente , tuve el privilegio de formar parte de esta Comisión Investigadora, que surgió de la inquietud de diputados de distintos partidos políticos que representamos a diversas regiones del norte.
Dichas regiones desarrollan una importante actividad minera y aportan un considerable porcentaje al Producto Interno Bruto, por la cantidad de empleos y los recursos que generan para las demás regiones, gracias al gran acuerdo sobre el royalty que se alcanzó el año pasado en el Congreso Nacional, lo que ha permitido que un tercio de los recursos sean destinados, necesariamente, a inversión en las regiones mineras, y que los dos tercios restantes vayan en beneficio de todas las regiones del país. De manera que no debemos satanizar la actividad minera porque es muy importante para nuestro país, en particular, para las regiones. No obstante, tiene una deuda importante en materia ambiental. Por eso, en noviembre de 2010, se formó esta Comisión Investigadora.
Debo reconocer que la diputada Adriana Muñoz y el diputado Luis Lemus hicieron un gran esfuerzo para su creación. Estos diputados representan a las provincias de Choapa y Limarí que, junto con la provincia de Petorca, en la Quinta Región, y otras regiones del norte, son las más afectadas por distintos pasivos mineros y tranques de relaves. Lo mismo ocurre en la comuna de Ovalle, que represento, donde hay un pasivo ambiental importante en Lagunillas, en la ex planta de la Enami, que hoy se trasladó a sus nuevas dependencias. Los integrantes de la Comisión estuvimos en terreno para ver el efecto que provocan estos pasivos mineros en las aguas, en el aire y en los componentes del suelo.
Por otra parte, comprobamos que hay vacíos legales, sobre todo, relacionados con las competencias del Sernageomin en la aprobación y regulación de los depósitos de relaves. Es necesario recordar que en forma paralela al trabajo de la Comisión, el Congreso Nacional aprobó un proyecto de ley, que fue analizado por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara y que, por primera vez, regula todo lo referente a los pasivos mineros. Es decir, hemos avanzado no sólo en investigar, que es una facultad de la Cámara, sino también en legislar sobre la materia. En este aspecto, el Ejecutivo cumplió con su rol de colegislador de manera muy importante.
Básicamente -no quiero reiterar lo que ya se ha dicho-, la Comisión Investigadora llegó a importantes conclusiones que fueron consensuadas y muchas de las cuales figuran en un proyecto de ley que ya fue aprobado.
Otro aspecto, que también está incorporado en una iniciativa que recientemente presentó la diputada Adriana Muñoz , de la cual fue diputada informante y que tuve el honor de copatrocinar, apunta a que todo proyecto minero sometido a estudio de impacto ambiental debe garantizar el cierre de faenas y el tratamiento de sus pasivos mineros. En este sentido, se solicitó al ministro de Minería que agilizara la tramitación de todos los proyectos tendientes a perfeccionar la normativa sobre la materia, a fin de asegurar que los propietarios de tranques, depósitos o embalses se hagan cargo de su cierre y asuman los costos que ello implique. Se ha dicho lo que sucede con las faenas o actividades mineras medianas o artesanales que no están sometidas al sistema de evaluación de impacto ambiental y se estableció que era necesario que contaran con la aprobación previa del Sernageomin.
A su vez, se planteó la necesidad de reforzar las facultades legales, aumentar el presupuesto y las competencias de dicho organismo. Vimos este tema a propósito del accidente ocurrido hace un año en Copiapó, en la mina San José.
También arribamos a la conclusión de que es muy importante que el emplazamiento de los tranques no se localice en zonas de cuencas o de cursos de agua, sean permanentes u ocasionales, porque sabemos que el gran problema de las regiones del norte de Chile se relaciona con la colisión permanente que se produce entre los derechos de aprovechamiento de aguas de las grandes compañías mineras y los escasos derechos de aprovechamiento de aguas que muchas veces perjudican a los agricultores, a las comunidades agrícolas y a las pequeñas comunidades de campesinos.
Esta colisión se genera porque es evidente que los derechos de aprovechamiento de aguas, que están inscritos en los registros de agua de los distintos conservadores de bienes raíces a lo largo del país, exceden con creces la dotación de agua real de los cauces y de las cuencas. De ahí que sea tan importante legislar para que no se instalen los depósitos de relaves en las cuencas o cursos de aguas actualmente existentes.
Por la misma razón, la Dirección General de Aguas, cada vez que concede un derecho de aprovechamiento de aguas a un particular, puede hacer reserva efectiva de un caudal ecológico, con el objeto de asegurar la disponibilidad del recurso hídrico, sobre todo para el consumo humano.
Hemos visto lo que ha pasado en la localidad de Caimanes, en la provincia del Choapa, y cómo muchas veces se ha afectado no sólo el derecho de los agricultores, sino que también el consumo humano.
Cabe destacar la facultad de los municipios, del Serviu, del Ministerio de Vivienda y de las distintas seremis respecto de los asentamientos humanos que se forman en los alrededores de los depósitos de relaves, como ocurrió en el caso de la mina Caracoles, en Rinconada de Los Andes, y en la comuna de Illapel, donde existen depósitos de relaves dentro de los asentamientos urbanos.
También es necesario dotar de más facultades a los municipios, a las seremis de Vivienda y a los gobiernos regionales para impedir esa situación, aun cuando dichos asentamientos humanos puedan destinarse o reservarse para los trabajadores de determinadas faenas mineras. Por eso, la protección de la salud de los trabajadores debe ser fundamental y de manera consistente con el decreto N° 594, del Ministerio de Salud, que regula todo lo referente a las condiciones de salud en el empleo.
Es necesario mejorar la fiscalización respecto de la autorización y operación de los tranques de relaves, fortalecer la facultades del Sernageomin, regular la situación que se produce cuando desaparecen las empresas mineras y no se puede perseguir la responsabilidad efectiva de los administradores de las sociedades mineras, que tienen término de giro o se declararon en quiebra; al respecto, en el informe también se señala que dichas sociedades deben hacerse responsables de sus pasivos mineros.
Es evidente que el Estado debe asumir la situación, de acuerdo con lo dispuesto en el número 8° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Otra de las conclusiones de la Comisión fue propiciar la creación de un fondo público que establezca mecanismos diferenciados de subsidio, para financiar el cierre y rehabilitación de sitios que hayan servido a las operaciones mineras y cuyos responsables sean desconocidos, inciertos o insolventes.
En el informe se piden cosas concretas al Ejecutivo, como asegurar, en la ley de presupuestos para 2012, que ya se está empezando a discutir en el Congreso Nacional, el financiamiento necesario para realizar, a través de los servicios regionales de salud, mediciones permanentes de los actuales impactos en la calidad del aire y del agua de los relaves activos y de los pasivos mineros.
Como bien señalaron la diputada Adriana Muñoz y el diputado Luis Lemus , algunas materias discutidas en la Comisión lamentablemente no formaron parte de las conclusiones. Algunos diputados integrantes de la Comisión, legítimamente, consideraron que dichas materias no se relacionaban con el propósito de aquélla, pero otros consideramos pertinente referirnos a la necesidad de que se legisle sobre el carácter de bien nacional de uso público del agua como recurso, cuestión que está reconocida en el Código de Aguas, para consagrar la facultad del Estado de intervenir en cauces que se encuentran agotados, de modo de asegurar el recurso hídrico para el consumo humano y para el riego, sobre todo de las pequeñas comunidades agrícolas.
Esto no alcanzó a formar parte de los consensos de la Comisión Investigadora. Sin embargo, quisimos contar con un informe consolidado, consensuado, respecto de las principales conclusiones a que arribó la Comisión.
Finalmente, quiero agradecer a la Secretaría de la Comisión por el gran trabajo desarrollado, sobre todo por la sistematización de las conclusiones.
He dicho.
El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , la Comisión Investigadora sobre la situación en que se encuentran los depósitos de relaves mineros existentes en el país desarrolló su trabajo evaluando lo que ha pasado con los tranques y los embalses de relaves en el país desde el punto de vista histórico.
En primer lugar, debo señalar que la zona norte está repleta de pasivos ambientales mineros, el principal de ellos relacionado con los tranques y embalses de relaves activos y no activos y con los depósitos de estériles de la minería. Todos sabemos que, desde el punto de vista histórico, el norte del país, la Región de Atacama, ha sido minera por excelencia y que hay más de 120 tranques y embalses de relaves activos y no activos en toda la extensión de la región. Algunos de ellos son muy importantes, porque se configuran en lugares centrales de la región. Por ejemplo, el pasivo ambiental de la minera Hochschild, a la entrada de Copiapó, capital regional, durante años ha contaminado a todos los habitantes de la ciudad de Copiapó. Se desarrolló en tiempos en que los pasivos ambientales mineros no eran considerados como tales, sino más bien como parte de la vida minera. Sus dueños utilizaron durante muchos años las laderas de los cerros de Copiapó para incorporar esos pasivos, ganaron importantes recursos y posteriormente no se hicieron cargo de los efectos que produjeron en la población.
No podemos seguir repitiendo lo que ocurrió en el pasado. En la Comisión planteé como algo absolutamente necesario que las políticas de Estado, hoy, en pleno siglo XXI, debieran ser capaces de legislar para dar al Estado la posibilidad de hacer frente a los pasivos ambientales, entendiendo lo ocurrido en el pasado -hemos aprendido mucho en relación con los temas mineros- y aplicando las tecnologías del presente.
¿A qué me refiero? Hoy, el principal organismo que autoriza y revisa los tranques de relaves y embalses es el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el que sólo cuenta con dos herramientas para su control. La primera tiene que ver con los permisos ambientales que se autorizan a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que principalmente pone énfasis en aspectos geotécnicos, pero que carece de fortaleza como para exigir el cumplimiento de algunos aspectos vitales desde el punto de vista ambiental y de desarrollo. Por ejemplo, no se exige la colocación de carpetas especiales para impermeabilizar dichos tranques, a fin de que no provoquen daño a los acuíferos a través de la permeación de material químico, sobre todo del drenaje ácido que se produce en esos tranques, o por el deterioro de su construcción por efecto de los sismos, a los cuales el país está tan expuesto.
Los tranques y los embalses de relaves han fallado y producido serios problemas ambientales y en las comunidades, por efecto de una mala aprobación por parte del Sernageomin. Por eso, requiere facultades que le permitan actuar en esta materia y en la de los cursos hídricos, entre otras.
La segunda vía por la cual el Sernageomin se pronuncia, supervisa y revisa la construcción de los tranques de relaves es el Reglamento de Construcción y Operación de Tranques de Relaves. Es muy técnico y uno espera que el Servicio lo actualice en forma permanente. En ese sentido, desde el punto de vista técnico, tenemos muy buenos ingenieros de mina en la región y en el país, porque entendemos que el Sernageomin debe hacer bien su “pega”.
Sin embargo, deseo expresar algo que está ocurriendo en el presente. Lo señaló claramente en la Comisión el presidente de la Comunidad de Aguas de la provincia del Huasco, don Guillermo von Mayenberger , quien planteó entregar una atribución vital al Sernageomin para que pueda actuar. Tiene que ver con una decisión abandonada por el Estado: me refiero a la exigencia a los privados que desarrollan actividad minera para que no puedan colocar los tranques de relaves en cualquier lugar.
El Ejecutivo debe tener la capacidad de exigir que los tranques y depósitos de relaves se conciban con una determinada tecnología y en ciertos sectores. El diputado Matías Walker lo expresó. Seguir permitiendo que las empresas mineras postulen sus tranques de relaves en la emergencia de cuencas o subcuencas que bañan las provincias del norte es un error garrafal. No sólo es un error, sino una inmoralidad que afecta a la gente que hoy vive en esos sectores y la que lo hará en el futuro. Por eso, debemos dotar de herramientas al Sernageomin para que imponga, de alguna forma, una mirada más bien de protección de las cuencas.
Voy a extenderme en un solo caso, que tiene que ver con una empresa minera de mi región que planteó el proyecto El Morro, muy interesante desde el punto de vista local y productivo, pues ha incorporado variables ambientales relevantes en su proceso. Por ejemplo, tiene contemplado desalinizar agua de mar para ocuparla en su proceso productivo. Por lo tanto, no ocupará agua de la cuenca del Huasco. Además, sus caminos los construirá en la zona interior. El único punto negro es que el tranque de relaves que se va a construir en los próximos años estará ubicado en una subcuenca del río Huasco. En su momento, planteamos tal situación al ex ministro Laurence Golborne y a la intendenta de la región.
Es evidente que el tranque ocupará una dimensión cinco o seis veces más grande que la del embalse Santa Juana , que regula las aguas del río Huasco. La gran magnitud de material que se acumulará en ese sector tiene la posibilidad real de provocar algún tipo de accidente en los próximos años. Eso, a final de cuentas, podría contaminar el único río limpio que va quedando en el norte, porque en este instante no tiene tranques de relaves en su cuenca; sin embargo, el actual Gobierno está permitiendo su construcción.
Hablamos con los empresarios de la minera El Morro, quienes estuvieron dispuestos a trasladar su tranque y solucionar el problema. Le fuimos a decir a la intendenta que en el programa ambiental autorice la aprobación del proyecto El Morro, pero con la condición de que cambie su tranque. Tengo entendido que ella no estuvo resuelta a asumir una voluntad de liderazgo para exigir el traslado del tranque de relaves, tal como lo proponían los agricultores. Por lo demás, la empresa estaba dispuesta a ello. Tampoco hizo nada la Corema. Simplemente, se autorizó el depósito de relaves del tranque en el lugar pensado originalmente, en circunstancias de que todos estamos de acuerdo en que no debe construirse ahí. Ahora, sólo hay que esperar la voluntad de la empresa. Es decir, no primó una mirada de Estado, desde el punto de vista de cautelar los recursos de la región.
Por ello, me parece absolutamente necesario que cambiemos el enfoque de lo que tenemos hoy. En consideración al pasado, debiéramos tomar precaución, control y ver qué está pasando en cuanto a contaminación. En cuanto al futuro, es menester contar con líderes capaces de mirar más allá de sus narices y de exigir que los tranques de relaves y los depósitos de estériles se sitúen en lugares adecuados. Esa materia no quedó establecida en la ley de cierre de faenas mineras, por lo que presenté una indicación al proyecto en la Comisión de Hacienda. Lamentablemente, el Ejecutivo no quiso incorporarla.
Hoy, estamos abocados a revisar el pasado, período en el que se hicieron mal las cosas. Hoy, el norte tiene una cantidad enorme de pasivos ambientales mineros, lo que es muy complicado para el desarrollo de las comunidades, pues pueden afectar la vida de muchos habitantes. Seguir haciendo las cosas mal, a pesar de los antecedentes; seguir obstinados en permitir que el mercado resuelva todos los problemas, me parece un absurdo total.
Por eso, dentro de las conclusiones del informe emanado de la Comisión proponemos que el Sernageomin cuente con mayores atribuciones. Pero también es de justicia decir que las autoridades actuales debieran asumir sus cargos, pensando en el liderazgo que deben desarrollar en sus territorios, no como ocurre en la actualidad en la Región de Atacama, donde las autoridades no son capaces de liderar los temas de futuro y de relevar el bien común; por el contrario, entregan todas las atribuciones a las empresas y al mercado, confiando en que sólo éste puede solucionar los problemas.
Por último, también es necesario prestar atención al tema de los acuíferos, comentado por el diputado Walker . Sin duda, es tremendamente importante hacernos cargo de ese tópico en el futuro.
He dicho.
El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Giovanni Calderón.
El señor CALDERÓN.- Señor Presidente , como miembro titular de la Comisión investigadora de la situación de los depósitos de relaves mineros existentes en el país, debo señalar que ésta tuvo su origen en un reportaje televisivo que dio cuenta de un informe del Sernageomin que recién fue publicado durante este Gobierno, después de haber permanecido guardado durante más de dos años en las oficinas de esa dependencia pública. Es importante tenerlo a la vista, porque representa el primer esfuerzo del Estado para determinar cuál es la verdadera situación de los pasivos ambientales. Ese informe -que, como dije, permaneció guardado durante mucho tiempo en las oficinas del Sernageomin- ni siquiera es completo, porque se trató de un estudio selectivo de determinados pasivos a lo largo del territorio nacional.
Como señaló el diputado Robles , con quien representamos el mismo distrito y comparto muchas de sus opiniones, hay que tener una mirada de futuro en lo que respecta a los pasivos ambientales mineros, especialmente en nuestra región, Atacama . Esa mirada de futuro supone plantear exigencias reales que den garantías a la población de que éstos no van a afectar la salud de las personas.
También hay que tener presente el pasado, es decir, qué es lo que se hizo y qué es lo que no se hizo durante todo este tiempo en relación con los pasivos ambientales mineros. Ahí es donde no concuerdo con mi colega, en términos de la falta de decisión política para tener realmente en cuenta las necesidades sanitarias de la población.
Efectivamente, se han hecho grandes esfuerzos y la mejor demostración de ello es la tramitación del proyecto de cierre de faenas mineras, que hoy está terminado y listo para transformarse en ley en el Tribunal Constitucional. Éste es el primer gran aporte del Gobierno del Presidente Piñera a la solución de los problemas de los pasivos ambientales.
La Comisión de Minería del Senado, integrada por el senador Prokurica , que representa a la Región de Atacama, y la senadora Allende , ha propuesto una reforma constitucional para regular el cierre de las faenas mineras, respecto de aquellos yacimientos que no son objeto de concesión, lo que, sin duda, representa un nuevo avance en este camino por respetar el medio ambiente y congeniarlo con el desarrollo.
Ahora, tal como planteaba el diputado Robles , tuvimos la oportunidad de recibir a la Asociación Gremial de Agricultores del Valle del Huasco, liderada por su presidente , Guillermo Von Mayenberger , quien planteó la situación del relave que se piensa instalar en el Valle del Huasco, en relación con la minera El Morro. Es una situación preocupante, porque el valle no tiene pasivos ambientales, a diferencia de todo el resto de la región.
Todos los parlamentarios de la región hemos planteado la necesidad de buscar soluciones que permitan trasladar ese pasivo ambiental.
Aprovecho la oportunidad de comentar a mi colega Robles que ayer fui informado, por el propio presidente de la Asociación Gremial de Agricultores , que se aceptó a tramitación una queja planteada por los agricultores en relación con sus observaciones al proyecto de El Morro, particularmente, la instalación del relave. De manera que aún hay esperanza de que esta situación pueda ser corregida.
Finalmente, el informe de la Comisión Investigadora tiene la virtud de plantear una visión de futuro y propuestas que realmente deben ser analizadas por este Congreso para ser transformadas en ley. A mi juicio, recogen lo más importante de la experiencia pasada. Por ley, necesitamos establecer límites para el establecimiento de pasivos ambientales mineros. Es necesario señalar claramente que un relave minero no puede estar ubicado en la cuenca de un río o en las cercanías de los afluentes de éste, porque los riesgos en el medio ambiente, a pesar de que puedan ser controlados, no están completamente medidos. Cualquier emergencia que se produzca puede significar la contaminación de ese río, como puede ocurrir, por ejemplo, con el Huasco, lo cual significaría la muerte de un hermoso valle, como el que represento en esta Cámara.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente , indudablemente, después de leer las conclusiones contenidas en el informe de esta Comisión Investigadora, uno puede constatar la preocupación que tiene el Estado respecto de la principal actividad económica de nuestro país: me refiero a la minería.
Ahora bien, es de justicia reconocer que el proyecto de ley de cierre de faenas mineras, constantemente aludido por distintos parlamentarios, se comenzó a discutir y analizar durante el Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet . Fueron largas jornadas de discusión para ver de qué manera, a través de indicaciones, podíamos acercarnos a lo que la institucionalidad estaba requiriendo para regular la actividad minera.
En primer lugar, habría que decir que la actividad minera, por definición, genera externalidades negativas. Es altamente demandante el tema de los recursos hídricos, pero, además de generar polución ambiental no deseada, debemos reconocer que constituye uno de los principales aportes al Producto Interno Bruto de nuestro país. Por lo tanto, de acuerdo a esta constatación, debemos hacernos cargo de cómo somos capaces de compatibilizar el desarrollo de esta actividad con el adecuado cuidado de los ecosistemas y del medio ambiente.
En este proyecto de cierre de faenas mineras, que fue votado y aprobado casi al mismo tiempo que se llevaba a cabo la discusión del informe que nos convoca, se incorporaron algunas consideraciones relacionadas con qué vamos a hacer de aquí a futuro en relación con el cuidado y preservación del medio ambiente. Al respecto, se establecieron criterios que, a nuestro juicio, son bastante razonables, en el sentido de que todas aquellas empresas mineras que produzcan más de cinco mil toneladas, tendrán que hacer, necesariamente, una provisión de gastos respecto de los pasivos ambientales y presentar de manera formal el proyecto de cierre de faenas mineras. Una vez incluida esta materia en el articulado del proyecto, la pregunta de Perogrullo era qué hacer con los pasivos históricos, con los relaves mineros que por años han ido depositándose en las distintas faenas mineras.
Al leer las conclusiones de la Comisión, me di cuenta de que la investigación se focalizó en la Cuarta y Tercera Regiones. Sin embargo, en la Segunda Región, específicamente en la provincia de El Loa, tenemos relaves mineros de magnitudes realmente impresionantes. No olvidemos que el mineral de Chuquicamata inició su explotación en 1918 y por años, casi por siglos, ha estado depositando material de relave en la zona desértica del país en donde, indudablemente, producto del viento, se produce una contaminación que hoy tiene a la ciudad de Calama bajo decreto de zona saturada de contaminación por material particulado 10.
Este famoso proyecto de ley de cierre de faenas mineras tuvo su origen en una serie de indicaciones que promovimos junto a otros diputados. Establecimos un criterio para que en esta provisión de recursos económicos, que toda empresa minera debe hacer ante el Ministerio de Hacienda, hubiera un porcentaje en beneficio de los distritos en donde la empresa realizó su explotación, en caso de incumplimiento del cierre de faenas mineras programado. De esa manera, las comunas donde se emplazan los yacimientos podrán mitigar los subsecuentes efectos propios del cierre de faenas.
Indudablemente, ello constituye un avance en cuanto a regular la actividad extractiva minera, pero también es necesario fortalecer la institucionalidad y el servicio de minería, que hoy está separado del servicio de geología. Creemos que en la medida en que avancemos en aumentar los estándares de rigurosidad en el adecuado cuidado del medio ambiente, podremos sin duda estar tranquilos con una actividad minera que va a gozar de la simpatía de todos los ciudadanos y ciudadanas.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Ward.
El señor WARD.- Señor Presidente , concuerdo con lo señalado por los miembros de la Comisión. Como presidente de la Comisión Especial Investigadora sobre la situación de los depósitos de relaves mineros, puedo sostener que todos quedamos satisfechos con las conclusiones que serán votadas en la Sala.
Algunos parlamentarios han mencionado que la materia se entronca directamente con el proyecto de cierre de faenas mineras, que también fue analizado por la Comisión de Minería, y luego por la Cámara y el Senado. Ello es cierto. En efecto, la Comisión se hizo cargo de una realidad, cual es que existen dos tipos de relaves: los activos y los pasivos, ambos sin sujeción a legislación alguna.
El plan de cierre de faenas mineras se refiere a que los nuevos proyectos mineros van estar restringidos en su acción y deberán ceñirse a una nueva legislación que contemple la protección a las personas y al medio ambiente. Solucionará el problema de cientos de relaves, muchos de los cuales no son propiedad de nadie; sin embargo, alguien debe hacerse cargo de ellos, a fin de evitar un perjuicio al medio ambiente o a la población cercana.
Respecto de lo que señaló un parlamentario en relación con las garantías que deben dejar las empresas al momento de iniciar la extracción o plan de exploración o explotación, ello queda clarificado en el proyecto, en el sentido de que esos recursos serán administrados por los distritos. Es evidente que si un yacimiento minero está emplazado, por ejemplo, en Copiapó, Taltal o Sierra Gorda , y no cumple con el plan de cierre de faenas mineras, la garantía debe ser utilizada para dar solución al problema generado en la comuna.
Quedo muy tranquilo con la forma empleada para entroncar el proyecto referido al cierre de faenas con el que aporta las sugerencias formuladas por la Comisión Investigadora de Relaves. Felicito a quienes participaron en dicha Comisión, ya que hubo una asistencia casi perfecta y concurrieron invitados que entregaron información muy valiosa. Funcionó con poco ruido, pero con gran efectividad.
En esta oportunidad, entregamos a la Sala las conclusiones que, estimo, deben ser aprobadas por unanimidad.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Corresponde votar el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre la situación de los depósitos de relaves mineros existentes en el país.
Hago presente a la Sala que, de conformidad a lo establecido en el artículo 301 del Reglamento de la Corporación, la Comisión, además de remitir copia del informe a S.E. el Presidente de la República , acordó remitirlo a los señores ministros de Minería y de Obras Públicas .
En consecuencia, de aprobarse el informe, se remitirá copiade él al Jefe de Estado y a los dos ministros señalados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos. No hubo votos en contra ni abstenciones.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
NORMATIVA ESPECIAL SOBRE REPRESENTACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN TRIBUNALES. Primer trámite constitucional.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica la ley Nº 19.968, que crea los tribunales de familia, estableciendo normas especiales para la representación en juicio de la persona adulto mayor.
Diputada informante de la Comisión Especial del Adulto Mayor es la señora Marcela Sabat.
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 7507-18, sesión 132ª, en 2 de marzo de 2011. Documentos de la Cuenta N° 4.
-Informe de la Comisión Especial del Adulto Mayor, sesión 61ª, en 2 de agosto de 2011. Documentos de la Cuenta N° 19.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada informante.
La señora SABAT, doña Marcela (de pie).- Señor Presidente , en representación de la Comisión Especial del Adulto Mayor, paso a informar el proyecto de ley de mi autoría que modifica la ley sobre Tribunales de Familia, con el objeto de establecer normas especiales para la representación en juicios de la persona adulto mayor.
La iniciativa contó con la adhesión de las diputadas señoras Karla Rubilar y Mónica Zalaquett , y de los diputados señores Pedro Browne , Enrique Estay , Joaquín Godoy , Cristián Monckeberg , David Sandoval y Alejandro Santana .
Asistió, invitado por la Comisión para dar su opinión, el señor Claudio Valdivia , director de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, acompañado de la señora Consuelo Sierra , jefa del Departamento de Asistencia Jurídica del Ministerio de Justicia.
Como fundamento del proyecto, puedo destacar que los adultos mayores, con frecuencia, son víctimas de actos malintencionados que afectan su patrimonio y que suelen ser realizados por miembros cercanos a su familia, ello mediante engaños o abusos de confianza para lograr la firma de documentos, como poderes para cobrar pensiones, cesiones de derechos, simulación de compraventas, etcétera. Esto se denomina abuso patrimonial o maltrato económico, cuya consecuencia es dejar al adulto mayor sin posibilidad de defenderse y despojado de sus ingresos y hasta de su propia casa.
En tal contexto, la institución de la representación ante los tribunales resulta fundamental para los intereses de la persona afectada, y también respecto de terceros. Con mayor razón respecto de personas vulnerables, como los adultos mayores.
El proyecto pretende evitar que un sujeto con intereses independientes o contradictorios represente al adulto mayor cuando, a juicio del juez de familia, existan motivos graves para presumir que la persona representada puede ser objeto de un abuso patrimonial.
La idea matriz del proyecto es entregar, por parte del Estado, una medida de protección a los adultos mayores, a través de la judicatura de familia, la que podrá nombrarle un abogado de la Corporación de Asistencia Judicial o de una institución privada.
La ley N° 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, no considera la violencia patrimonial dentro del artículo 5º, por lo que no podría alegarse como tal, sea o no la víctima persona adulto mayor.
El maltrato patrimonial constituye uno de los tipos de violencia que se verifica contra los adultos mayores, generalmente mediante el uso no autorizado de sus recursos económicos. De esta forma, reconocer esta categoría de violencia en la legislación nacional, ampliando la protección de las víctimas, podría evitar, en este aspecto, el abuso o maltrato de que son víctimas los adultos mayores.
Un intento por incluir en la legislación nacional el abuso mencionado, se formuló en uno de los proyectos refundidos con el mensaje que dio origen a la dictación de la ley N° 20.427, que incluyó el maltrato del adulto mayor, y que proponía, entre otros puntos, comprender la violencia patrimonial como uno de los actos constitutivos de violencia intrafamiliar contra el adulto mayor. Sin embargo, la iniciativa no fue recogida en el texto final de la ley en comento, porque se consideró la proposición del Ejecutivo en orden a modificar el artículo 489 del Código Penal.
En definitiva, se dejó sin aplicación la exención de responsabilidad criminal que excluye de responsabilidad en ciertos delitos a los parientes más cercanos cuando la víctima es un adulto mayor. Es decir, si bien los parientes pueden ser juzgados y condenados, lo son por los otros actos de violencia, como el maltrato físico o el abandono, pero no por el abuso patrimonial.
Los integrantes de la Comisión valoraron la iniciativa en su mérito, porque consideraron necesaria la medida de protección que establece respecto de la persona adulto mayor y sus intereses patrimoniales, materia hasta ahora desprotegida. El diario vivir demuestra que el abuso y el maltrato por parte no solamente de sus parientes más cercanos, sino de quienes los tienen a su cuidado, es de bastante ocurrencia.
En la Comisión estuvieron todos de acuerdo con la idea de legislar. Igualmente, estuvieron contestes en introducir modificaciones al texto propuesto que incorpora como medida de protección del adulto mayor, cuyos intereses patrimoniales podrían verse perjudicados por quien los represente en juicio, la designación por parte del Tribunal de Familia de un abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, o privado que preste asistencia jurídica, con el propósito de dejar establecido que se trata de resguardar de maniobras inescrupulosas a la persona adulto mayor por ser vulnerable, pero no por ser incapaz.
En tal sentido, integrantes de la Comisión estuvieron contestes respecto de desestimar la incorporación de la modificación propuesta en el artículo 19 de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, toda vez que esa disposición legal se refiere a la representación de las personas incapaces cuyos intereses se vean comprometidos durante la tramitación de un juicio ante el Tribunal de Familia, por lo que hacerla extensiva a la persona adulto mayor generaría la impresión de que éstos tienen tal carácter, y podría inducir a la interpretación de que para el legislador el adulto mayor en situación de riesgo patrimonial tiene por esa sola circunstancia la condición de incapaz. Por lo demás, conforme a derecho, la capacidad es la regla general -de acuerdo con el artículo 1.446 del Código Civil- y no hay disposición legal que declare incapaz al adulto mayor.
Además, la propia norma señala, a continuación, que la consecuencia de encontrarse en alguna de las situaciones que requieren de representación es el nombramiento de un curador ad litem y hubo pleno consenso entre sus integrantes en que la sola cuestión patrimonial no justifica la curaduría ad litem, si es que esa situación de riesgo patrimonial no va ligada a otra de abandono y pérdida de las facultades del adulto mayor. A través del proyecto, se intenta, por una parte, evitar el abuso de terceros que quieran despojar o abusar de los bienes del adulto mayor, y, por otra, otorgar las herramientas necesarias al juez de familia para que, dentro de su potestad, pueda cautelar y decretar, con acuerdo del adulto mayor -plenamente capaz-, además, la designación de un abogado que vele por sus intereses en juicio, por tratarse de una persona vulnerable, pero, repito, no incapaz.
La Comisión concluyó en que la modificación debía incluirse dentro de la situación de riesgo que contempla el artículo 7° de la ley N° 20.066, sobre violencia intrafamiliar, toda vez que el maltrato al adulto mayor fue incorporado por la ley N° 20.427 y, específicamente, en la figura de encontrarse en situación de riesgo inminente; sin embargo, la circunscribe a que sea expulsado, relegado o se restrinja su desplazamiento del inmueble en que vive, de manera que la Comisión, en su análisis, estimó procedente agregar, en la disposición citada, la situación de maltrato por abuso patrimonial o económico, en términos amplios.
En consecuencia, los diputados señores Castro , Letelier , Ojeda , Pérez , Sandoval , Silva y la diputada que habla, presentaron una indicación que recoge los términos propuestos en la iniciativa en estudio -en cuanto a la adopción de la medida de protección al adulto mayor-, pero la hace concordante con los términos del debate y de la legislación vigente, en cuanto, por una parte, incluye el abuso patrimonial dentro del maltrato a la persona adulto mayor y, por otra, protege sus intereses mediante la aplicación de una medida cautelar, consistente en el nombramiento de un abogado de la Corporación de Asistencia Judicial o de alguna institución particular, como las clínicas jurídicas de las universidades, en convenio con el Senama, para defender a una persona vulnerable, pero plenamente capaz.
El proyecto que se presenta a la consideración de la Sala fue aprobado en general y en particular por la unanimidad de los integrantes de la Comisión presentes, diputados señores Juan Luis Castro , Cristián Letelier , Sergio Ojeda , Leopoldo Pérez , David Sandoval y Ernesto Silva , y por quien habla, su autora, diputada Marcela Sabat.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo del Orden del Día.
En consecuencia, quedan inscritos para hacer uso de la palabra en la próxima sesión los diputados Sergio Ojeda y Fuad Chahín.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
INCENTIVOS A PARTICULARES QUE INSTALEN SISTEMAS GENERACIÓN DE ENERGÍAS LIMPIAS, NO CONVENCIONALES Y RENOVABLES.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de acuerdo N° 387.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 387, de la diputada señora Molina, doña Andrea; y de los diputados señores Eluchans, Teillier, Pérez, don Leopoldo; Vallespín, García-Huidobro, Álvarez-Salamanca, Rojas y Recondo, y de la diputada señora Girardi, doña Cristina, que en su parte dispositiva dice lo siguiente:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. el Presidente de la República el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley que establezca incentivos, subsidios y créditos, a tasas preferenciales, para los particulares y las pequeñas y medianas empresas que desarrollen sistemas de instalación de energías limpias, no convencionales y renovables, como la eólica, la geotérmica y la solar, y para los particulares y las pequeñas y medianas empresas que instalen dichos sistemas en sus viviendas y en sus talleres, negocios u oficinas.”.
El señor BECKER (Presidente accidental).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina.
La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente , cuando hablamos de diversificación de la matriz energética, sin duda que hablamos de energías renovables no contaminantes. Por eso, es fundamental abrir mercados energéticos para tener otros protagonistas.
En esa línea, le estamos pidiendo al Presidente de la República que genere incentivos, subsidios y créditos, a tasas preferenciales, para las particulares y las pequeñas y medianas empresas que desarrollen e instalen sistemas de generación de energías limpias. Ellos necesitan un impulso, necesitan apoyo para desarrollar proyectos de producción limpia, absolutamente necesaria para el país. En ese sentido, podría crearse un fondo para el fomento de las energías limpias, otra forma de apoyar en el camino de avanzar hacia una matriz energética mucho más equilibrada y, así, salir de la matriz basada en carbón que hemos generado. Como valor agregado, estaríamos dando trabajo a muchos chilenos que hoy lo necesitan, amén de reducir el costo de la energía, una de las más caras del mundo.
Por eso, invito a los diputados presentes en la Sala a aprobar el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor BECKER (Presidente accidental).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , el planteamiento hecho por la diputada Andrea Molina es extraordinariamente interesante. Necesitamos que el Estado financie y apoye el desarrollo de políticas de energía renovables no convencionales.
El país no tiene posibilidades de desarrollar su matriz energética sobre la base de gas o de otro tipo de energía, porque no tenemos combustibles fósiles, no tenemos petróleo; sólo tenemos la energía del sol, del viento y del agua de los ríos y del mar. Por eso, avanzar hacia la generación de energías renovables no convencionales implica un cambio en la mirada del desarrollo del país.
La sala debe votar favorablemente el proyecto de acuerdo que nos proponen la diputada Molina y los demás diputados patrocinantes, porque necesitamos políticas de Estado para desarrollarnos. Al respecto, es muy difícil que el mercado, por sí solo, si no ve ganancias, avance en este tipo de decisiones. Ello, por una razón muy simple: si el sector privado ve que no hay lucro en un negocio, no avanza, y ocurre que las energías renovables no convencionales no generan ganancias de corto plazo, como quieren los privados. Cuando Chile necesitó avanzar en materia energética, fue el Estado, a través de Corfo, el que desarrolló Endesa y otras grandes empresas. Es decir, la solución pasa por tener una política de Estado.
En esa mirada, el planteamiento de la diputada Molina y de los diputados que la acompañan en este proyecto de acuerdo es extraordinariamente importante. Por eso, es necesario votarlo a favor para avanzar, de manera que las solicitudes que se formulan en él se hagan carne en políticas de Estado para el desarrollo energético del país.
He dicho.
El señor BECKER (Presidente accidental).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BECKER ( Presidente accidental ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor BECKER ( Presidente accidental ).- Informo a la Sala que los Comités acordaron que el proyecto de acuerdo N° 409, respecto del cual se había solicitado tratarlo con preferencia hoy, queda pendiente para la sesión ordinaria del martes 30 de agosto.
PETICIÓN AL GOBIERNO VENEZOLANO Y A SU ASAMBLEA NACIONAL SOBRE LEVANTAMIENTO DE RESTRICCIONES A LA PRENSA.
El señor BECKER (Presidente accidental).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de acuerdo N° 389.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 389, de los diputados señores Ricardo Rincón, René Saffirio, Felipe Harboe, José Pérez, Matías Walker, Sergio Ojeda, José Manuel Edwards y Roberto Delmastro, y de las diputadas señoras Mónica Zalaquett y Andrea Molina, que en su parte dispositiva señala lo siguiente:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Manifestar al gobierno venezolano, cuyo Presidente es el señor Hugo Chávez, y a la Asamblea Nacional de ese país, cuyo presidente es el diputado Fernando Soto, su preocupación por las recientes medidas adoptadas por ambos poderes del Estado, que afectan el trabajo de los periodistas y las libertades de expresión y de información.
Solicitan, además, que se revisen a la brevedad tales decisiones, con el objeto de facilitar el trabajo de la prensa y de sus profesionales.”
El señor MELERO (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente , un grupo de diputados presentamos este proyecto de acuerdo para pedir al gobierno de Venezuela que haga efectivas las libertades de información y de prensa. Basamos esta petición en las denuncias que nos transmitieron parlamentarios del Copei, partido venezolano de oposición, y diferentes agrupaciones de medios de comunicación venezolanos sobre restricciones a la libertad de prensa y de información, sobre todo para cubrir el quehacer del parlamento venezolano.
No se trata de condenar al gobierno venezolano, sino simplemente de asegurar el ejercicio de la libertad de prensa y de información, y el acceso de los medios de comunicación a la Asamblea Nacional de Venezuela.
Queremos expresar nuestra preocupación por las medidas que adoptaron ambos poderes del Estado en Venezuela, el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, que afectan el trabajo de los periodistas y las libertades de expresión y de información.
Durante la dictadura, cuando por muchos medios y con mucha violencia se trató de impedir el ejercicio de las libertades de información y de expresión, nuestro país recibió la solidaridad internacional.
El ejercicio de los derechos humanos y de las libertades públicas debe defenderse en todos los países, en toda circunstancia y en todo momento.
La delegación de diputados del Copei denunció directamente en el Grupo Interparlamentario Chileno-Venezolano las restricciones a la libertad de información.
Por eso, pido a la honorable Cámara de Diputados que dé su aprobación al proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para impugnarlo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor MELERO ( Presidente ).- No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor MELERO ( Presidente ).- Nuevamente no hay quórum.
En consecuencia, la votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión ordinaria.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
PLAN PARA ENSANCHAR CALLES CÉNTRICAS DE MELIPILLA Y COMPRA DE AGUA POTABLE PARA LOCALIDADES RURALES DEL DISTRITO N° 31. Oficios
El señor MELERO ( Presidente ).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Cristián Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , me reuní hace algunos días con el concejo de Melipilla, para escuchar los problemas de crecimiento que ha tenido dicha ciudad, particularmente lo que dice relación con las obras públicas. Los señores concejales me manifestaron, lo que he podido constatar, que es fundamental invertir en obras viales.
Hoy resulta peligroso andar por las calles céntricas de Melipilla, porque su parque automotor y su población han crecido explosivamente, por lo que la integridad física de los peatones corre serios riesgos cuando deben transitar por ellas, sobre todo en las calles Ortúzar , Serrano , Vargas y Valdés , por nombrar algunas. En consecuencia, me han pedido que abogue para que se cree un plan de modernización de Melipilla, que permita ensanchar las calles céntricas de esa ciudad.
Por lo tanto, señor Presidente, solicito oficiar al ministro de Vivienda y Urbanismo, con copia al alcalde y a los concejales de Melipilla, con el objeto de que disponga que director nacional del Serviu estudie la posibilidad de crear un plan para Melipilla que permita el ensanchamiento de las calles céntricas de esa ciudad, de tal manera que pueda presentarse como una ciudad moderna y asegurar un eficiente desplazamiento de los peatones y del transporte público y particular.
Asimismo, tal como sucede a nivel nacional, el agua es escasa en las zonas rurales. Es así que en Tantehue, de Melipilla, 137 familias están sin agua, por lo que requieren 15 litros por segundo de ese elemento. Lo mismo sucede en las localidades de El Sauce y Santa Rosa de la Sierra, de la comuna de San Pedro.
Por lo tanto, señor Presidente, solicito oficiar al director general de Aguas y la intendenta regional Metropolitana, a fin de que se estudie la forma de comprar agua, con el objeto de solucionar prontamente el problema de los sectores que señalé.
Finalmente, solicito enviar copia de esos oficios y de mi intervención a las juntas de vecinos de San Pedro y al alcalde y a los concejales de Melipilla.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 12.33 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 12.35 horas.
El señor MELERO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
INFORMACIÓN SOBRE EVENTUAL CARÁCTER LUCRATIVO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EDUCACIÓN SUPERIOR. Oficio.
El señor MELERO ( Presidente ).- Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente , el señor ministro de Educación señaló, en fecha reciente, que las universidades privadas, desde el año ´81, fueron concebidas como corporaciones sin fines de lucro, y nosotros nos vamos a preocupar de hacer cumplir la ley”. Con ello, deja ver que controlará a las entidades que lucren y las sancionará si corresponde hacerlo.
Por lo señalado, en virtud de lo establecido en el artículo 9° de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, pido oficiar al señor ministro de Educación , a fin de que señale si, en su empeño por hacer cumplir la ley, considerará lucro en la educación universitaria las siguientes actividades:
a. Arriendos y prestación de otros servicios por empresas inmobiliarias relacionadas con los fundadores de la universidad o sus familiares;
b. La propiedad de institutos profesionales, que no son considerados entidades sin fines de lucro, relacionados con la universidad;
c. Contratos de publicidad e impresiones con precios sobre mercado, con empresas relacionadas con los fundadores o sus familiares;
d. Pago de remuneraciones con precios sobre mercado a directivos y académicos que forman parte de la fundación;
e. La propiedad y administración de universidades por parte de fondos de inversión, y
f. La intermediación de préstamos por parte de la universidad con instituciones financieras para cubrir gastos de estudio de sus alumnos de pregrado y posgrado.
Firman: María Antonieta Saa, Cristina Girardi Lavín , Rodrigo González y Pepe Auth .
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado señor Robles .
SOLUCIÓN A NECESIDADES EN MATERIA DE RECURSOS, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y PROFESIONALES DE HOSPITAL DE HUASCO. Oficios.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , hace más de cinco años, en la comuna de Huasco se firmó un convenio de programación entre el Servicio de Salud de Atacama, el Ministerio de Salud y el Consejo Regional de Atacama, por medio del cual se asignaban recursos para mejorar y desarrollar una normalización del hospital de Huasco.
Se trata de un establecimiento muy importante, nivel cuatro, que presta atención a la población de la comuna de Huasco y la gran parte de la de Freirina. Por ello, desde un punto de vista estratégico, debe ser normalizado y mejorado, pensando en cómo se está desarrollando la atención en el siglo XXI. Sin embargo, hasta el día de hoy no ha recibido los recursos del referido convenio de programación.
Por cierto, después del terremoto de 27 de febrero de 2010, hubo que hacer estudios a fin de establecer si, dada la cota donde se encuentra emplazado, puede verse afectado por un tsunami y, asimismo, para ver la factibilidad de desarrollar las respectivas inversiones. Se han estudiado distintos tipos de terreno para su eventual relocalización.
La gente, particularmente los representantes del Consejo de Desarrollo del hospital Manuel Magalhaes Medling, de Huasco, se sienten al margen del avance del proyecto y, por supuesto, de la información que se requiere para estar al tanto, como comunidad organizada, de lo que está pasando con su hospital.
Los estudios deben abordarse no solamente desde el punto de vista de la cota de tsunami -el establecimiento, está ubicado pocos metros por debajo de la cota máxima de riesgo-. Al respecto, es perfectamente posible que, sin modificar su ubicación actual, se hagan las obras necesarias para que, en caso de tsunami, se evite que las olas lleguen al hospital. Eso se hace en otras partes del mundo, donde, más que cambiar toda la infraestructura a otra zona, desarrollan obras de infraestructura bien hechas y evaluadas desde el punto de vista de la ingeniería, que permiten subsanar el riesgo de tsunami.
¿Qué he escuchado decir al respecto? Que existiendo tanta necesidad en el sur de Chile, como la reconstrucción de los hospitales que se derrumbaron como consecuencia del terremoto, en este momento no parece oportuno construir un nuevo hospital en Huasco. Sin embargo, sí es claramente oportuno que este hospital reciba la inversión necesaria para seguir prestando servicio en forma adecuada a las poblaciones de Huasco y Freirina. Eso significa no sólo obras de infraestructura, sino también mejoras desde el punto de vista del diagnóstico, es decir, en materia de rayos X, laboratorio, etcétera, y del transporte de personas desde Huasco al hospital provincial de Vallenar, para lo cual se requiere una ambulancia.
Por ello, me parece muy necesario que el seremi de Atacama -espero que sea nombrado a la brevedad, porque ya han pasado varios meses-, la directora del Servicio de Salud, o bien el ministro o el subsecretario, vayan a Huasco a conversar con la gente sobre la evaluación que ha hecho el ministerio respecto del avance de este proyecto.
Señor Presidente , también es necesario introducir cambios en la gestión. Dicho establecimiento está ubicado, más o menos, a 50 kilómetros del hospital provincial de Vallenar. Por ello, sería perfectamente posible que, en vez de trasladar a veinte, treinta, o cuarenta pacientes desde Huasco al hospital de Vallenar, especialistas de este establecimiento se desplacen a Huasco -no demorarían más de treinta o cuarenta minutos-, con el fin de atender en forma ambulatoria, a su población. Eso permitiría establecer una mayor vinculación entre el hospital provincial de Vallenar y el de Huasco, con el objeto de entregar una mejor atención a la ciudadanía.
Señor Presidente , pido que se conteste en forma completa al Consejo de Desarrollo, con el objeto de que quede plenamente informado acerca de lo que está pasando con el proyecto de construcción de un nuevo hospital en Huasco, o, en su defecto, sobre las medidas que se arbitrarán para que, en el marco del programa de desarrollo del área de salud de la Región de Atacama, particularmente de Huasco, se dé cumplimiento a lo firmado en su momento por el Ministerio de Salud y las autoridades sectoriales de la región. Me parece necesario que el Gobierno dé respuesta a lo que está pasando en esta materia.
Finalmente, pido que se envíe copia de mi intervención al alcalde y a los concejales de la comuna de Huasco, a la directora del Servicio de Salud de Atacama, al seremi de Atacama y, por cierto, a don Marcelino Lazo Rojas, presidente del Consejo de Desarrollo del Hospital de Huasco, y a todos los integrantes de dicha entidad.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, a los cuales se adjuntará copia de su intervención.
INCLUSIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A CONSTRUCCIÓN DE DOBLE VÍA LA SERENA-VALLENAR, EN FAVOR DE VECINOS DE CALETA LOS HORNOS, COMUNA DE LA HIGUERA. Oficios.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , pido que se oficie al ministro de Obras Públicas y al intendente de la Región de Coquimbo , para los efectos de transmitirles una inquietud que me han hecho llegar vecinos de la localidad de Caleta Los Hornos, comuna de La Higuera, del distrito que represento en la Cámara.
Hace algunos días, se realizaron reuniones de participación ciudadana con motivo del proyecto de concesión de infraestructura de la doble vía La Serena-Vallenar, en la ruta 5 Norte. En dicha reunión, vecinos debatieron con autoridades sobre las obras complementarias asociadas a la construcción de esta doble vía.
Sin embargo, los vecinos no quedaron satisfechos. Hay tres materias sobre las cuales entienden que las respuestas que recibieron, particularmente de parte del seremi del Ministerio de Obras Públicas, son insatisfactorias.
La primera tiene que ver con la ausencia de construcción de pantallas acústicas en dos sectores: en avenida Las Palmeras y en Tierras Blancas.
La respuesta del seremi de Obras Públicas habría sido que ellos están históricamente acostumbrados al ruido y que, por lo tanto, pueden seguir viviendo con él. En verdad, si ésa fue la respuesta, creo que es francamente inaceptable. Dado que se construirá una obra de infraestructura de esta envergadura, es perfectamente posible mejorar la calidad de vida de quienes viven alrededor de una ruta de esta naturaleza, la principal arteria que une el norte con el sur del país. En consecuencia, me parece legítima su aspiración de contar con pantallas acústicas en dicho sector, de manera de disminuir el impacto acústico que tiene el tránsito por una ruta de esta envergadura, que, insisto, pasa de una vía a doble vía.
En segundo lugar, señalan que en el plano que ellos pudieron ver, se observa que la cancha de fútbol queda muy cerca de la carretera, y no se contempla un cierre para evitar, por ejemplo, que niños salgan corriendo tras el balón, con el consecuente riesgo de que puedan originarse accidentes. En ese sentido, creo perfectamente posible solicitar al concesionario, toda vez que la cancha quedará muy cerca de la carretera, que se contemplen medidas de prevención para la seguridad de los vehículos y de quienes hacen uso de dicha infraestructura deportiva.
En tercer término, plantearon un tema que también me parece muy importante. Se refiere a que el restaurante Miramar , que todos conocemos y al cual acuden muchos turistas que pasan por el lugar, va a quedar sin estacionamientos, como consecuencia de las obras de expropiación. Al respecto, no se ha ofrecido alternativa alguna para paliar esa situación.
¿Cuál será el efecto de esto? Primero, pérdida de clientela y, eventualmente, de fuentes de trabajo. Caleta Los Hornos es una de las localidades con menor desarrollo económico de la región. Es uno de los focos turísticos que se ha ido desarrollando con el tiempo. Sus pobladores viven, básicamente, de los ingresos que perciben de la pesca artesanal -el señor Presidente , en su calidad de miembro de la Comisión de Pesca, es conocedor de esta materia y sabe que no es, precisamente, una actividad muy rentable-, del trabajo de mujeres jefas de hogar y del turismo, lo que permite a esas familias subsistir en las mejores condiciones posibles. Por ello, la pérdida de fuentes de trabajo que representaría la baja de clientela de dicho restaurante tendría un impacto significativo para la comunidad.
Por lo tanto, pido que el ministro de Obras Públicas y el intendente arbitren las medidas necesarias para atender estas tres demandas. Me parece absolutamente razonable y legítimo abordarlas, dada la envergadura del proyecto de concesión de obras públicas de que se trata, de manera de salvaguardar los intereses de los vecinos de ese sector, que se verán impactados, tanto positiva como negativamente, con dicha obra.
Finalmente, solicito que se envíe copia de mi intervención a la señora Silvana Barrera Vergara , presidenta de la junta de vecinos N° 20 de Caleta Los Hornos, comuna de La Higuera; a las tres organizaciones de pescadores artesanales del sector -el sindicato, el gremio y la asociación- y a la alcaldesa de la comuna de La Higuera, señora Sylvia Clavería .
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión
-Se levantó la sesión a las 12.48 horas
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
7408-7
Crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia.
7481-7
Reforma el Código Penal, tipificando los delitos de robo o hurto de vehículos motorizados y, crea nuevas figuras delictivas aumentando su penalidad.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, orgánica constitucional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHEÑIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Secretario General de la Presidencia .”
2. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 17 de agosto de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que prorroga la cotización extraordinaria para el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y modifica la ley N° 19.578, correspondiente al Boletín N° 7814-13.
Hago presente a Vuestra Excelencia que el artículo único del proyecto fue aprobado, tanto en general cuanto en particular, con el voto afirmativo de 30 Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.633, de 10 de agosto de 2011.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): GUIDO GIRARDI LAVÍN , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA , Secretario General (S) del Senado.”
3. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 17 de agosto de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que exime, total o parcialmente, de la obligación de cotizar para salud a los pensionados que se indica, correspondiente al Boletín N° 7570-11.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.590, de 20 de julio de 2011.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JUAN PABLO LETELIER MOREL , Vicepresidente del Senado ; JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA , Secretario General (S) del Senado.”
4. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.496, con el objeto de permitir la solicitud de indemnización por daño moral en las demandas colectivas. (boletín N° 6904-03)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en primer trámite constitucional, el proyecto de la referencia, originado en una moción de los Diputados señora Carolina Goic Boroevic y señores Fuad Chahin Valenzuela , Sergio Ojeda Uribe , Matías Walker Prieto , René Saffirio Espinoza y Víctor Torres Jeldes .
La Comisión conoce de esta iniciativa en virtud del acuerdo adoptado por la Corporación con fecha 3 de agosto de 2010, por el cual se le concedió un plazo de dos semanas para informarla luego de evacuado el segundo informe reglamentario por la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo. Posteriormente, con fecha 12 de julio recién pasado, se acordó un nuevo plazo de dos semanas a la Comisión para emitir su informe.
Para el despacho de esta iniciativa, la Comisión contó con la colaboración de doña Ximena Castillo Faura , Jefa de la División Jurídica del Servicio Nacional del Consumidor; don Alejandro Arriagada Ríos , abogado asesor del Ministerio de Economía; don Jorge Vial Álamos , profesor de Derecho Procesal en la Universidad Católica de Chile; doña Carmen Domínguez Hidalgo , profesora de Derecho Civil en la misma Universidad; don Juan Pablo Lorenzini Paci , abogado, y don Héctor Mery Romero , Director de la Fundación Jaime Guzmán .
I. IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES.
La idea central del proyecto tiene por objeto modificar la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, a fin de permitir solicitar la indemnización del daño moral sufrido por el consumidor en las acciones colectivas por indemnización de perjuicios patrimoniales.
Con tal finalidad introduce modificaciones en la ley N° 19.496 para:
a.- permitir que las indemnizaciones de perjuicios que se determinen en las demandas colectivas, se extiendan también al daño moral sufrido por el actor.
b.- facultar al juez para que en estos juicios indemnizatorios forme grupos y subgrupos atendiendo a las características comunes de los consumidores, a fin de determinar el daño moral.
c.- permitir al juez abrir en estos litigios un término probatorio, no superior a veinte días, para los efectos de que se alleguen al proceso antecedentes de hecho necesarios para la determinación del daño, tanto patrimonial como moral.
d.- facultar al juez para que cuando señale en su sentencia que determinados consumidores o categorías de consumidores, tienen derecho a recibir indemnización por daño moral, pueda siempre conceder esta indemnización en un monto equivalente a la del daño patrimonial, salvo que estimare haber fundamento para conceder un monto superior.
e.- disponer que sólo por razones fundadas, de las que dejará constancia en la sentencia, podrá el juez declarar que no obstante ser procedente la indemnización por daño patrimonial, no lo es por el daño moral.
f.- establecer que para la determinación de la procedencia o la cuantía de la indemnización por el daño moral, el juez deberá aplicar las reglas de la sana crítica.
II. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.
Para los efectos de lo establecido en los números 2°, 4° y 7° del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia de lo siguiente:
1.- Que ninguna de las modificaciones que introduce el artículo único requiere de un quórum especial de aprobación.
2.- Que las disposiciones del proyecto no son de la competencia de la Comisión de Hacienda.
3.- Que se rechazó el artículo único en su totalidad.
III. DIPUTADO INFORMANTE.
Se designó Diputado Informante al señor Matías Walker Prieto .
IV. ANTECEDENTES.
Los patrocinantes de la moción exaltan la necesidad de fortalecer el funcionamiento de la economía, para lo cual estiman indispensable la protección de los consumidores como condición para que el mercado funcione bien. No obstante, señalan que esta circunstancia no siempre es comprendida, como lo demuestra el hecho de que empresas que se encuentran en una posición dominante en la relación de consumo, no se esfuerzan lo necesario para la entrega de un servicio o producto de la calidad esperada y pactada. Citan al efecto los deterioros producidos en las viviendas con ocasión del terremoto de febrero de 2010, la lenta reparación y provisión de algunos servicios como el eléctrico y la telefonía celular, todo lo cual haría indispensable contemplar la posibilidad de los usuarios de accionar por sus derechos conculcados.
Agregan que en tal sentido, la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor no solamente brinda apoyo a éstos desde el punto de vista del daño material que sufren, sino también de los eventuales daños morales que pueden afectarlos, como expresamente lo consagra su artículo 3°, sin perjuicio, además, de la garantía constitucional establecida en el N° 1 del artículo 19 de la Carta Política, el que asegura el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.
A continuación definen el daño moral como todo menoscabo o detrimento de un bien no patrimonial en cuanto afecta la integridad psíquica del individuo, señalando como ejemplos de este tipo de daño la alteración en la tranquilidad de espíritu, las molestias personales, la inversión de tiempo en la solución de un problema, etc.
Explican que este concepto se fundamentaría en el sufrimiento, en el trastorno psicológico, en la afectación espiritual de la persona, agregando que parte de la doctrina no asigna consecuencia pecuniaria alguna a este tipo de daño al que considera agotado en el ámbito de la personalidad, pero otra parte de ella distingue entre daño moral puro y daño moral con consecuencias patrimoniales, el que da lugar a la indemnización en la medida que se acredite.
Señalan que el daño moral, que viene a ser el detrimento que experimenta una persona en su honor, su reputación, su integridad física o psicológica, sus afectos, su estabilidad y unidad familiar, y, en general sus atributos o cualidades morales, está contemplado como causante de indemnización en la ley N° 19.496, pero el artículo 51 N° 2 de esa misma ley, impide que las indemnizaciones que se determinen en el procedimiento iniciado por demandas colectivas, se extiendan al daño moral sufrido por el actor.
Agregan que las demandas colectivas que, de acuerdo a esta ley, pueden iniciarse por el Servicio Nacional del Consumidor, las asociaciones de consumidores establecidas o por cincuenta o más consumidores afectados, persiguen que materias de interés difuso o colectivo que afectan a un conjunto de consumidores, sean discutidas en un solo procedimiento ante un juez civil, siendo una de sus particularidades que la sentencia opera bajo el principio de “erga omnes”, es decir, afecta a todos a quienes se encuentren en la misma situación, aun cuando no hayan sido parte en el juicio.
Recuerdan que este tipo de acción ya era conocida en el Derecho Romano mediante el ejercicio de acciones que cautelaban intereses supraindividuales y, en el derecho comparado, existen en la legislación norteamericana, las llamadas “acciones de clase” que agrupan o representan judicialmente a un conjunto de personas unidas por situaciones de hecho o de derecho similares, que persiguen una reparación económica por un daño sufrido o, en menor medida, una determinada declaración de un tribunal.
Consideran indispensable que se pueda obtener la indemnización del daño moral por la vía de las acciones colectivas, por cuanto los productos y servicios defectuosos ocasionan perjuicios no sólo de naturaleza material sino también moral, por lo que restringir la obtención de indemnización por estos últimos tratándose de acciones colectivas, truncaría los derechos de los consumidores organizados.
Añaden que al estudiarse las modificaciones a la ley N° 19.496 o Ley del Consumidor, que dio origen a la ley N° 19.955, no se hizo distinción alguna en el correspondiente Mensaje acerca de la forma de perseguir la indemnización del daño moral, es decir, por medio de acciones individuales o colectivas, modificación que se hizo posteriormente en el segundo trámite constitucional, en virtud de una indicación senatorial y de la cual no hay constancia de sus fundamentos en la historia de esta ley.
Creen, finalmente, que la premura en despachar la iniciativa, llevó a evitar el trámite de la comisión mixta, en la que podría haberse superado este problema.
V. INTERVENCIONES RECIBIDAS POR LA COMISIÓN.
1.- Doña Ximena Castillo Faura , Jefa de la División Jurídica del Servicio Nacional del Consumidor, señaló que el proyecto trataba un punto respecto del que existía un vacío en lo que se refiere a la protección del consumidor, relacionado precisamente con la protección de los intereses colectivos. Agregó que actualmente no existe la posibilidad de solicitar indemnización del daño moral ni menos de rendir prueba sobre la materia en un juicio colectivo, por lo que a los consumidores no les queda otra posibilidad que obtener una sentencia firme que declare la existencia del daño patrimonial para luego intentar las acciones para el resarcimiento del daño moral.
Hizo presente que para el Servicio la iniciativa parecía positiva, toda vez que tendía a mejorar la protección de los consumidores, pero, en todo caso, pensaba que debía efectuarse un análisis más profundo de sus disposiciones por cuanto el daño moral es un perjuicio muy personal y al demandar su resarcimiento en forma colectiva, puede significar que las víctimas reciban una reparación menor a la que correspondería, o bien, mayor.
Señaló que la facultad que se entrega al juez para la formación de grupos y subgrupos atendiendo a las características comunes de los consumidores demandantes, permite establecer parámetros para resolver la controversia, pero como el proyecto propone modificaciones para la producción de la prueba, creía conveniente tener a la vista el proyecto de ley que modifica las normas sobre juicios colectivos.
2.- Don Jorge Vial Álamos , profesor de Derecho Procesal en la Universidad Católica de Chile, dijo ser partidario del establecimiento de las acciones de clase, las que deberían tener aplicación no sólo en lo que se refiere a la protección de los derechos del consumidor sino también en materias bursátiles o laborales, entre otras. No obstante, ello no significaba que no debiera preceder a tal aplicación un estudio más profundo sobre tal materia.
Explicando el contenido de este tipo de acciones, señaló que se las concebía como una herramienta procesal que permitía la adjudicación de derechos difusos y colectivos en un solo proceso y sin la comparecencia de los titulares de estos derechos. Añadió que su finalidad no era únicamente ser un mecanismo de economía procesal, para lo cual bastaría la acumulación de autos que contempla la normativa, sino que facilitar el acceso a la justicia de personas que, de otra forma, no podrían costear un proceso por la baja cuantía de sus acciones, como también proteger la consistencia de las causas, evitando la dictación de sentencias dispares en situaciones análogas.
Señaló que el origen de este tipo de acciones se encontraría en la legislación norteamericana, en las Reglas Federales sobre Procedimiento Civil, del año 1938 y que su evaluación histórica había sido muy positiva, no obstante haberse constatado en el tiempo que podían prestarse a abusos, utilizándolas en beneficio propio y en desmedro de personas individuales y de empresas.
Explicó que en las Reglas Federales citadas se distinguían en su artículo 23 tres tipos de acciones de clase: la primera tenía por objeto evitar fallos inconsistentes a causa de una multiplicidad de juicios originados en un hecho o acto común; la segunda se refería a casos en que se solicita protección o cautela para un grupo indeterminado de individuos y la tercera se refiere a la indemnización de perjuicios ocasionados a un grupo de personas.
De estos tres tipos de acciones, solamente la primera y la tercera decían relación con la indemnización de perjuicios a un grupo de personas, por lo que en ellas se exige determinar quiénes son los miembros de la clase y el emplazamiento para permitir al interesado salirse de la clase e intentar su acción en un juicio individual aparte, si ello le fuere más conveniente. Insistió en la necesidad de determinación de la clase y la notificación y emplazamiento, porque, en caso, contrario, se estaría sujetando a un conjunto de personas a una sentencia, sin que hubieran tenido la posibilidad de conocer la existencia del juicio y de reclamar su derecho de ser excluidos del mismo si estimaren tener mejores expectativas en un juicio individual.
Precisó que la ley N° 19.496 establecía solamente una acción de la tercera clase, para indemnizar perjuicios, agregando que la esencia del sistema de acciones de clase, radicaba en que todos los miembros de ésta estén unidos o presenten las mismas cuestiones de hecho y de derecho al juez, algo fundamental porque si tales situaciones fueran distintas, el fallo podría ser inconsistente e injusto para las partes.
De aquí que sostuviera la utilidad de este tipo de acciones, pero advirtiera, a la vez, que su mal uso podría dar lugar a una verdadera industria de litigios sin mayor fundamento, traducirse en una amenaza a la actividad económica y en un abuso para los afectados. Por ello, se permitía la formación de grupos para unir en ellos a personas que, dentro de lo común, presentaran ciertas diferencias, de tal manera que dentro de la misma acción de clase, puedan litigar por cuerda separada. No obstante, este mecanismo presentaba ciertas desventajas por cuanto la formación de muchos grupos atentaba contra los fines de este tipo de acciones, como eran la economía procesal y la consistencia de los fallos.
Hizo hincapié en que lo que se trataba con este tipo de acciones era conciliar la economía procesal, el acceso a la justicia y evitar la inconsistencia de los fallos con el derecho de cada afectado a obtener una sentencia justa y adecuada a su situación particular. De aquí entonces, que fuera esencial para el ejercicio de este tipo de acciones, que las circunstancias de hecho y de derecho relevantes para el caso sean las mismas para todos los miembros de la clase o, en otras palabras, que las cuestiones de hecho y de derecho comunes a todos los miembros de la clase, predominen por sobre las diferencias entre esos mismos miembros.
Refiriéndose al proyecto mismo, señaló que buscaba permitir que se demandara por daño moral en acciones colectivas, pero siendo este tipo de daño esencialmente individual, debería determinarse si puede constituirse en un elemento diferenciador entre los distintos actores del proceso.
Reconoció que el daño moral era un daño como cualquier otro y por lo mismo, perfectamente cuantificable. No se presumía y debía probarse y podía desprenderse tanto de la responsabilidad extracontractual como contractual. No obstante, creía que era incompatible con las acciones de clase por cuanto siempre suponía una situación de hecho distinta para cada miembro de la clase, lo que podría dar lugar a fallos injustos para dichos miembros. Citó al efecto el caso norteamericano, en que se permiten este tipo de acciones en materia extracontractual, en los casos de la generación de perjuicios físicos, es decir, detrimento de la salud física o psíquica del consumidor como sucede con el consumo de tabaco y el uso de asbestos, pero en el caso de las infracciones a las obligaciones contractuales, los grados de frustración o sufrimiento de las víctimas pueden ser muy variables, dependiendo de las condiciones personales del consumidor. Así, la compra de una prenda defectuosa provocará un sentido de frustración muy distinta en una persona con medios económicos abundantes que el que experimente otra que en tal adquisición haya invertido parte importante de sus ingresos.
Señaló que el carácter individual del daño moral se encuentra implícitamente reconocido en el artículo 53 A en cuanto permite el establecimiento de grupos, agregando que la legislación vigente no establece un sistema de representación para los subgrupos, lo que significa que éstos no tendrán una representación adecuada que cautele debidamente que no se les perjudique en la indemnización por el daño moral sufrido. Insistió, al respecto, en que si se forman muchos grupos, conviene más a los demandantes actuar individualmente, acumulando sus acciones de acuerdo a la normativa general, de manera tal de representar mejor sus intereses toda vez que la legislación vigente admite un representante de la clase y no por grupo.
Agregó que la ampliación del plazo del probatorio a veinte días que establece el artículo 53 B bis no implica una solución, por cuanto la mera ampliación no mejora la oportunidad de acreditar el daño moral, especialmente si hay un solo representante para todos los miembros de la clase, el que nunca podrá representar adecuadamente los intereses de los integrantes de la misma. Estimaba que la única forma de atender debidamente la predominancia de los aspectos individuales en el daño moral, sería por la vía de establecer un representante por grupo y un emplazamiento de cada miembro de la clase, lo que sería muy costoso.
En cuanto a lo que el mismo artículo citado en el párrafo anterior, disponía en su inciso segundo acerca de indemnizar el daño moral cada vez que exista un daño patrimonial, señaló que la jurisprudencia había negado la posibilidad de tal vinculación, la que, por lo demás, era restrictiva, porque normalmente las indemnizaciones por daño moral son bastante mayores que las de naturaleza patrimonial y, en consecuencia, perjudicaría a los consumidores.
Resumiendo, señaló que para acoger o admitir una acción de clase se requería: 1° que existiera uniformidad de situaciones de hecho y de derecho respecto de todos los miembros de la clase, circunstancia que sólo se producía en los casos de responsabilidad extracontractual con perjuicio o daño a la integridad física o de la salud; 2° que los subgrupos estuvieran debidamente representados, y 3° que los integrantes de la clase deben tener conocimiento de la existencia del litigio, para lo cual se requiere que hayan sido debidamente notificados.
Por último, ante una consulta, reconoció que la demora en la prestación de un servicio genera daño moral y, según se ha señalado, el retraso en obtener una sentencia favorable sería lo que se pretendía reparar con la indemnización, afirmación con la que no estaba de acuerdo, porque si bien el transcurso del tiempo podía incrementar el daño, la evaluación de éste se fija al momento de presentar la demanda, no pudiendo variar de valor durante el transcurso del juicio, porque ello equivaldría a dejar en la indefensión al demandado. La forma de apreciar la espera del resultado del juicio sería por medio de intereses y reajustes y no por el daño moral.
3.- Don Juan Pablo Lorenzini Paci , abogado
Definió el daño moral como todo menoscabo o detrimento de un bien no patrimonial, es decir, tal daño no tendría que ver con el patrimonio de la persona, pero le significaría un menoscabo, un sentimiento de pérdida.
Señaló que este tipo de daño está reconocido en nuestro derecho, en particular respecto de las relaciones de consumo y, así puede demandarse de daño moral conforme al artículo 3°, letra e) de la ley N° 19.496, pero esa misma ley lo limita a que se lo reclame solamente por la vía de las acciones individuales, prohibiendo hacerlo por medio de acciones colectivas.
Explicó que el proyecto original que dio origen a la citada ley N° 19.496, contemplaba el empleo de las acciones colectivas, las que fueron eliminadas durante la tramitación legislativa y repuestas más tarde al modificarse dicha ley, señalando que ello podía atribuirse a la timidez con que se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de los consumidores.
Indicó que el procedimiento a que dan lugar las acciones colectivas es distinto al que corresponde cuando se ejercen las acciones individuales, caracterizándose, además, porque sus efectos se extienden a todos cuantos se encuentran en igual situación, hayan sido o no partes en el proceso, apartándose así del efecto relativo de las sentencias. Con todo, en el fondo no son distintas a las acciones individuales porque unas y otras se refieren a unos mismos derechos y tienen por objeto resguardar derechos garantizados por la ley.
Agregó que la justificación de las acciones colectivas se encontraba en los llamados “costos de transacción”, por cuanto muchas veces el ejercicio individual de este tipo de acciones tiene un costo superior al beneficio que se espera, pero, en cambio, el ejercicio colectivo de la acción permite el prorrateo de los costos entre los demandantes, resultando, en consecuencia, superiores los beneficios esperados. Citó al efecto varios ejemplos en que el costo del ejercicio de la acción individual para reclamar el daño moral, inhibía el ejercicio de dicha acción como sería el caso de clientes equivocadamente enviados a DICOM como morosos en virtud de un error de facturación, o el de las personas afectadas por malformaciones congénitas a consecuencias del consumo del fármaco Talidomida por sus madres durante el proceso de gestación, situación invalidante que les impide incluso valerse por sí mismos frente a necesidades obvias.
Explicó, en seguida, que los reparos más frecuentes que se hacían a la aceptación de intentar el resarcimiento de los daños morales por la vía del ejercicio de acciones colectivas, eran los siguientes:
1° Que la componente psicológica de cada consumidor dañado es distinta a la de los demás, observación que también podría hacerse en el caso del ejercicio de acciones colectivas para el resarcimiento de daños patrimoniales, porque el daño cuantitativo difícilmente sería igual entre los distintos consumidores. Por ello, no veía razón para que si en materia patrimonial podía el juez dividir a los demandantes en clases o categorías, no pudiera hacerlo también en materia de daño moral.
2° Que el daño moral no es susceptible de cuantificación o cálculo. Al respecto, señaló que si así fuera, tampoco debiera admitirse la solicitud de resarcimiento por la vía de acciones individuales, por cuanto la imposibilidad sería absoluta, careciendo de toda relevancia la forma o el procedimiento en que se pretendiera hacer efectiva la reparación del daño. Por lo demás, según una reiterada jurisprudencia, el daño moral no sería susceptible de cálculo, quedando su apreciación al criterio del juez.
3° Que la reclamación de este tipo de daños por medio de acciones colectivas, se prestaría para abusos. Al respecto, recordó que la tasación de estos daños lo hacía el juez, por lo que desconfiar de sus resoluciones en este aspecto, debería significar la necesidad de derogar todas aquellas disposiciones que facultan a los jueces para determinar el monto de la indemnización por concepto de daño moral.
Agregó que esta misma argumentación se había esgrimido para rechazar la incorporación de las acciones colectivas en la ley N° 19.496, pero la realidad había demostrado que no se produjo tal abuso por cuanto el número de demandas colectivas desde julio de 2004 hasta la fecha, no había excedido de cincuenta, lo que arrojaría un promedio de poco más de siete juicios colectivos por año.
4.- Don Héctor Mery Romero , Director de la Fundación Jaime Guzmán .
Expuso que la moción se fundamenta en la idea de que la Ley de Protección al Consumidor, no solamente protege a éstos en cuanto a los daños materiales que puedan haber experimentado por la compra de un bien o servicio, sino también de los eventuales daños morales que los afecten. En ese sentido, la letra e) del artículo 3° de dicha ley, consagra el derecho de los consumidores a la indemnización adecuada y oportuna de todos los daños materiales y morales que hubieren experimentado, en caso de incumplimiento de sus obligaciones por parte del proveedor, derecho ya consagrado en el N° 1 del artículo 19 de la Constitución Política, al asegurar el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.
Definió al daño moral como todo menoscabo o detrimento de un bien no patrimonial en cuanto afecta la integridad psíquica de la persona, por lo que caerían dentro de este concepto las molestias personales, la alteración de la tranquilidad de espíritu, la inversión de tiempo en la solución de un problema, etc. Sus fundamentos se encontrarían en el sufrimiento experimentado, en el trastorno psicológico, en la afectación espiritual.
Agregó que una parte de la doctrina estimaba que el daño moral se agotaba en el ámbito de la personalidad, limitándose al deterioro de los sentimientos, sin ninguna consecuencia pecuniaria, pero que actualmente la tendencia era distinguir entre daño moral puro y daño moral con consecuencias patrimoniales, el que obligaba a indemnizar en la medida que tales daños se acreditaran.
Señaló que no obstante la obligación de indemnizar que imponía la Ley del Consumidor al proveedor que causa un daño o menoscabo al consumidor, el N° 2 del artículo 51 de dicha ley, disponía que las indemnizaciones que se determinaran en las demandas colectivas, no podrían extenderse al daño moral.
Explicó que en el proyecto que dio lugar a la ley N° 19.955, modificatoria de la Ley del Consumidor, se establecía la posibilidad de accionar por intereses difusos y colectivos de los consumidores, como una forma de solucionar problemas que afectaban intereses supraindividuales, agregando que ello permitiría evitar el recargo de los tribunales y de las partes, de manera innecesaria, con centenares y hasta miles de casos iguales.
No obstante, a pesar de no hacerse distingo alguno en el mensaje de dicho proyecto, acerca de la posibilidad de que la indemnización del daño moral se intentara en forma individual o colectiva, una indicación senatorial posterior la excluyó de las demandas colectivas, sin que haya quedado constancia de las razones para tal diferenciación.
En lo que se refería a la moción misma, señaló que se acudía en ella a argumentos de difícil disputa en el ámbito sustantivo, para desprender de eso la necesidad de introducir innovaciones procesales, que parecían no tener en consideración algunos aspectos rituales contemplados en la misma ley N° 19.496, como tampoco que los criterios para fijar la procedencia y extensión del daño moral, no son necesariamente los mismos para todos los que integran un grupo o subgrupo.
Agregó que, a su parecer, para pronunciarse sobre esta materia, había que tener en cuenta diversos factores, como que las relaciones jurídicas regidas por la Ley del Consumidor pertenecen al orden contractual y no al que deriva de la responsabilidad extracontractual; que la doctrina chilena reconoce únicamente la procedencia del daño moral en la responsabilidad contractual; que la jurisprudencia se inclina por estimar que el daño moral, generado a consecuencias del incumplimiento contractual, constituiría un principio general del sistema de responsabilidad civil chileno; que con la fórmula procesal de tutela de intereses colectivos y difusos, se pretende lograr una solución jurisdiccional acorde con el principio constitucional de igualdad ante la ley, procurando que quienes sufren el incumplimiento de sus obligaciones por parte del proveedor, sean indemnizados del mismo modo, evitando decisiones asimétricas o injustas.
Agregó que la regulación especial que se quiere establecer para los consumidores, distinta a la que contempla el Código Civil, tendría una explicación de carácter económico, debido a la desigual situación que presentan las partes en una relación de este tipo, pero tal regulación no apuntaría a las características particulares de una persona, ya que es posible situar en la condición de consumidor a individuos de muy diferente condición económica.
Con la norma de carácter procesal que se pretende modificar, se trataría de reconocer un carácter general al daño moral, sin considerar que una modificación de tal naturaleza podría acarrear consecuencias no deseadas e, incluso, perjudiciales para los mismos consumidores. Si bien para la determinación de las indemnizaciones existen pautas ciertas y concretas sobre daño emergente y lucro cesante, que permitirían al juez la formación de grupos y subgrupos de consumidores, no ocurre lo mismo en el caso del daño moral, el que, en su esencia, depende del criterio de los jueces. En otras palabras, el incumplimiento contractual del proveedor, permite, con relativa facilidad, determinar los perjuicios materiales en un procedimiento colectivo, pero no así los perjuicios de naturaleza moral, los cuales pueden ser muy diferentes entre los que forman un grupo o subgrupo de consumidores.
Por todo lo anterior, concluyó que la reforma no sólo parecía innecesaria, toda vez que los consumidores siempre podrían reclamar del daño moral mediante un procedimiento diverso, conforme a las normas generales, sino que podría llevar a situaciones injustas, forzando a los consumidores a una igual determinación para todos del monto del daño moral.
5.- Doña Carmen Domínguez Hidalgo , profesora de Derecho Civil en la Universidad Católica de Chile.
Hizo notar al comienzo de su exposición, que el daño moral era la expresión más clara de que la jurisprudencia constituía una fuente del derecho en Chile, toda vez que dicho daño era una creación jurisprudencial. Creía, por lo anterior, que pese a que se trataba de un proyecto que modificaba una ley especial, podría aprovecharse esta oportunidad para introducir rectificaciones y principios que podrían servir para ordenar los problemas que plantea el daño moral.
Sostuvo que en el plano de los derechos del consumidor, el daño moral pertenecía al ámbito de la responsabilidad contractual, y que no obstante haber utilizado Chile como modelo el Código Civil francés, sólo en 1994 se habría dictado la primera sentencia que lo acepta para todos los contratos y en el año 2001 se lo acoge como principio en dicho ámbito. En contraste con este retraso, el país ya en 1907, conoce su primera sentencia acogiendo el daño moral en materia extracontractual.
Por todo lo anterior, que demostraba que el reconocimiento del daño moral en nuestra jurisprudencia había sido una conquista de difícil obtención, creía que no debería hacerse un uso abusivo de él, evitando su desprestigio, como también de las acciones colectivas y de la misma ley de protección al consumidor.
Señaló tres condiciones para que se entienda que hay daño moral por responsabilidad contractual en el ámbito de la protección al consumidor:
1° Debe tratarse de un daño moral efectivo, por lo que no concordaba con la idea que parecía inspirar al proyecto, en cuanto a que toda molestia o desagrado que el incumplimiento ocasionara al consumidor, significaría daño moral, porque en tal caso, puesto que siempre el acreedor persigue un interés al contratar, el incumplimiento necesariamente generará molestias y, en consecuencia, siempre habría daño moral. Resaltó que la evolución jurisprudencial extranjera, exigía que la frustración, molestia o desagrado tuviera un carácter relevante para que se entendiera haber daño moral.
Tampoco concordaba con la pretensión de que el tiempo empleado en la resolución de un problema, constituiría tal daño. A su juicio, se trataría de un equívoco que, a lo más, podría incluirse en la noción del lucro cesante. Asimismo, centrar la existencia de este tipo de daño en el sufrimiento o menoscabo psíquico, significaba reducir dicho concepto, por cuanto lo normal era que en materia contractual dicho daño afectara un interés extrapatrimonial, no un sentimiento o un bien.
Explicó que el daño moral sería un tipo de perjuicio extrapatrimonial en el que cabrían muchos otros como el dolor físico, psíquico, la afectación de los derechos de la personalidad como el honor, la imagen y otros. Un ejemplo de este tipo de daño podría encontrarse en la persona que entrega a un joyero para su reparación, una alhaja que se mantiene en su familia por generaciones, pero que éste la extravía.
2° El daño moral debe ser contractual, es decir, debe derivarse directamente del incumplimiento contractual y no con ocasión del vínculo contractual entre proveedor y consumidor.
3° El daño moral es excepcional en materia contractual por cuanto lo normal es que un incumplimiento no produzca tal tipo de daño, dado que las prestaciones consignadas en un contrato, normalmente sólo tienen un contenido económico. En consecuencia, no procedería en todo tipo de contrato, sino sólo en aquellos que por su contenido o su vinculación con intereses extrapatrimoniales o con bienes de la personalidad, como sería el caso de la contratación de servicios médicos, el contrato de transporte de personas o el de trabajo. En otras palabras, debe tratarse de un contrato en que se haya incorporado el daño moral o las circunstancias que rodearon su celebración lo entiendan incorporado, de tal modo que el deudor, al aceptar contratar, consienta también en la protección o en la afectación de esos intereses extrapatrimoniales.
Añadió que otra de las complejidades que significaba incorporar el daño moral en las acciones colectivas, lo representaba su carácter individual, explicando que aún cuando fuera posible encontrar a un conjunto de consumidores que hayan sufrido la misma afectación, el daño moral de cada uno puede ser distinto, como sucede respecto de consumidores que son enviados por una empresa a DICOM, en que la afectación al honor de cada uno será diferente.
Destacó que la Ley del Consumidor razona sobre la base de la existencia de un interés común entre los afectados, exige que la sentencia fije un monto de indemnización y establece que ésta produce efectos “erga omnes”, es decir, beneficia a quienes ,incluso, no demandaron, características que serían inaplicables en materia de daño moral.
Agregó que el tratamiento diverso que se da al daño moral y al patrimonial, no obedece a discriminaciones injustificadas, sino a las particularidades que presenta el primero en lo que se refiere a su evaluación y a su prueba.
Creía que para incorporar el daño moral en las acciones colectivas, debería reformularse el proyecto, para lo cual una de las posibilidades sería fijar un tope para la indemnización, posibilidad que podría afectar el principio de la reparación integral del daño y que, por lo mismo, exigiría su justificación a fin de evitar posibles reparos de constitucionalidad.
Sostuvo que para establecer el daño moral en las acciones colectivas, debería exigirse, en atención a la jurisprudencia contradictoria existente sobre la materia, que se lo probara y que la sentencia fuera fundamentada. Asimismo, dada la gran diversidad asignada por las Cortes al monto de las indemnizaciones concedidas por este concepto, debería exigirse se fundamentaran las consideraciones que el tribunal tuvo a la vista al momento de determinar la indemnización. Finalmente, creía necesario establecer los criterios que debiera evaluar el tribunal al momento de fijar la indemnización y prohibir la utilización de criterios punitivos, de tal manera que el juez solamente considere aquellos vinculados a la determinación de la magnitud del daño.
VI. DISCUSIÓN PARTICULAR DEL PROYECTO.
Durante el debate pormenorizado de la iniciativa, la Comisión acordó tratar separadamente cada uno de los números que componen el artículo único del proyecto.
Número 1).
Modifica el artículo 51 de la ley N° 19.496, disposición que dispone que el procedimiento que se establece en el Párrafo 2°, de que forma parte, se aplicará cuando se vea afectado el interés colectivo o difuso de los consumidores, agregando que se sujetará a las normas del procedimiento sumario, con las excepciones que indica y las particularidades que se señalan a continuación, añadiendo que la prueba que deba rendirse, se apreciará conforme a las reglas de la sana crítica.
Su número 1.- indica quienes podrán iniciar el procedimiento, señalando que podrá ser por demanda del Servicio Nacional del Consumidor; o de una Asociación de Consumidores en los términos que indica o de un grupo de consumidores afectados en un mismo interés, en un número no inferior a cincuenta personas.
Su número 2 señala que sin perjuicio de los requisitos generales de la demanda, en lo que respecta a las peticiones relativas a perjuicios, bastará señalar el daño sufrido y solicitar la indemnización que el juez determine, conforme al mérito del proceso, la que deberá ser la misma para todos los consumidores que se encuentren en igual situación. Con este fin el juez procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 53 A ( formación de grupos y subgrupos atendiendo a la similitud de intereses de los demandantes). Las indemnizaciones que se determinen en este procedimiento, no podrán extenderse al daño moral sufrido por el actor. No habrá lugar a la reserva prevista en el inciso segundo del artículo 173 del Código de Procedimiento Civil.
La modificación suprime la palabra “no” que figura en la oración destacada.
La propuesta, norma básica de este proyecto, busca, simplemente, permitir la indemnización del daño moral solicitada en acciones colectivas.
A este respecto, el Diputado señor Calderón , justificó la propuesta señalando que la base de la teoría del daño moral en nuestra legislación, se encuentra en el artículo 2329 del Código Civil, el que establece que todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado. Agregó que la actual Constitución reconocía explícitamente la existencia del daño moral, transformando en derecho positivo lo que hasta entonces no era más que una práctica jurisprudencial. Añadió que actualmente la teoría del derecho de daños procuraba reparar todo tipo de perjuicios, sea patrimonial o extrapatrimonial y se produzca como consecuencia de responsabilidad contractual o extracontractual.
Resaltó que toda persona puede sufrir daños extrapatrimoniales como consecuencia de la conducta del oferente y que la razón de ser de las llamadas acciones de clase se encontraba no sólo en motivos de economía procesal sino para facilitar el acceso a la justicia de personas que dada la escasa cuantía de su acción, no les resulta beneficioso demandar.
Agregó que, contrariamente a quienes se oponían a esta legislación por considerarla de efectos nocivos para la estabilidad económica o causante directa de una desbordante cantidad de litigios, creía que tales consideraciones carecían de base, toda vez que ninguna de tales prevenciones había ocurrido.
El Diputado señor Chahín sostuvo que el ordenamiento jurídico permite demandar la indemnización de perjuicios por todo tipo de daños, sean éstos patrimoniales o extrapatrimoniales, como por lo demás lo consagra expresamente el artículo 3° de la ley N° 19.496.
Refutando algunas opiniones contrarias a esta iniciativa, señaló que tanto los derechos patrimoniales como los extrapatrimoniales, tienen un carácter individual y que al igual que el perjuicio patrimonial, el extrapatrimonial tampoco es de naturaleza colectiva. Preciso que el proyecto lo que buscaba era permitir que un conjunto de perjuicios morales individuales pudiera ser demandado colectivamente, para lo cual se facultaba al juez para clasificar a los consumidores en grupos o subgrupos, fijando para cada uno de ellos indemnizaciones determinadas.
Recordó, al efecto, que al discutirse el proyecto que introdujo modificaciones en la ley N° 19.496, la indicación que excluyó al daño moral de las acciones colectivas, fue producto de una decisión senatorial ante el temor de que su acogida diera lugar a una verdadera industria de reclamos, cuestión que los hechos mismos han desmentido por cuanto en los siete años de vigencia de la disposición que permite la presentación de acciones colectivas, no se han presentado más de treinta demandas.
Sostuvo que la ley N° 20.443 permitía la aplicación de las acciones colectivas a las personas afectadas por infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, habilitándolas para reclamar con tal procedimiento el daño moral, con lo que se estaría produciendo una situación discriminatoria con respecto a los demás consumidores que no pueden acceder a tal mecanismo.
Terminó señalando que la aprobación de una legislación como la propuesta, serviría de efectivo disuasivo frente a las infracciones de los proveedores, especialmente, en atención a que las indemnizaciones por daños patrimoniales son normalmente bajas.
El Diputado señor Squella señaló que las dificultades que surgían con respecto al daño moral, no decían relación con la naturaleza de la acción sino que con la prueba del perjuicio.
Los representantes del Ejecutivo , junto con señalar que ésta era una cuestión del derecho comparado que se quería trasladar al ordenamiento jurídico nacional, expresaron preocupación acerca de la forma en que se atribuirían los daños, especialmente, la determinación del daño moral sufrido por cada persona. Igualmente, también les preocupaba la distinción entre daño moral y daño punitivo, es decir, el establecimiento de multas inhibitorias de conductas que atentaran contra los derechos de los consumidores.
Por último, en relación a lo afirmado por el Diputado señor Chahín en cuanto a la discriminación que habría en relación a los afectados por daños por infracciones a las normas de urbanismo y construcción, señalaron que esos correspondían a hechos regulados por la legislación civil respecto de las cuales se aplicaban normas procesales propias del derecho de los consumidores.
El Diputado señor Eluchans se mostró contrario a la disposición, no porque rechazara la posibilidad de presentar acciones colectivas demandando el daño moral, sino que porque no concordaba con la forma propuesta, opinión que compartió el Diputado señor Cardemil .
Cerrado el debate, se rechazó la propuesta por no alcanzarse el quórum de aprobación necesario. (4 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención). Votaron a favor los Diputados señores Burgos , Díaz , Harboe y Walker . En contra lo hicieron los Diputados señora Turres y señores Cardemil , Eluchans y Squella . Se abstuvo el Diputado señor Ceroni .
Número 2.-
Modifica el artículo 53 A, norma que dispone que durante el juicio y hasta la dictación de la sentencia inclusive, el juez podrá ordenar, de acuerdo a las características que les sean comunes, la formación de grupos y, si se justificare, de subgrupos, para los efectos de lo señalado en las letras c) y d) del artículo 53 C. El juez podrá ordenar también la formación de tantos subgrupos como estime conveniente.
La modificación agrega un inciso segundo a este artículo para disponer que “Del mismo modo, el juez podrá establecer un ordenamiento por grupos y subgrupos, de acuerdo a las características comunes de los consumidores, para efectos de determinar el daño moral.”.
La propuesta que permite la clasificación en grupos y subgrupos de los consumidores para los efectos de determinar la procedencia de la indemnización y su pago, y la devolución de lo pagado en exceso, respectivamente, no dio lugar a debate, rechazándosela por no haber alcanzado el quórum de aprobación reglamentario. ( 4 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención). Votaron a favor los Diputados señores Burgos , Díaz , Harboe y Walker . En contra lo hicieron los Diputados señora Turres y señores Cardemil , Eluchans y Squella . Se abstuvo el Diputado señor Ceroni .
Número 3.-
Agrega un nuevo artículo del siguiente tenor:
“Artículo 53 B bis.- El juez podrá abrir un término probatorio, por un plazo no superior a veinte días corridos, en todos aquellos casos en que estime que para la determinación del daño, sea patrimonial o moral, requiera de antecedentes de hecho que no se encuentren agregados al proceso.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, cuando el tribunal declare en la sentencia que determinados consumidores o categorías de consumidores tienen derecho a recibir indemnización por daño moral, podrá siempre conceder éste en un monto equivalente a la indemnización por daño patrimonial, salvo que estimare haber fundamento para conceder un monto superior. Sólo por razones muy fundadas, que explicitará en su sentencia, podrá declarar que siendo procedente el pago de indemnización por daño patrimonial no lo es el pago por daño moral.
Para la determinación de la procedencia o la cuantía de la indemnización por daño moral en los juicios de que trata este párrafo, el juez procederá conforme a las reglas de la sana crítica.”.
El Diputado señor Squella quiso conocer los alcances de las expresiones finales del inciso segundo, en cuanto obligaban al juez a fundamentar las razones por las que habiendo concedido el pago de indemnización por el daño patrimonial, no la concedía por el daño moral, a lo que se respondió que ello se debía a que no toda infracción a los derechos del consumidor, generaba daño moral.
El Diputado señor Burgos , a su vez, inquirió acerca de la naturaleza de la decisión judicial descrita en el inciso primero, que permitía al juez abrir un término probatorio si requería antecedentes de hecho que no se encontraban agregados al proceso, lo que le parecía un tanto arbitrario, como también más propio de una medida para mejor resolver. Igualmente, le llamaba la atención la ligazón que se establecía entre el monto de la indemnización por daño patrimonial, con lo que debiera pagarse por concepto de daño moral.
Al respecto se hizo presente que la apertura de ese término de prueba, obedecía al caso en que se estableciera la insuficiencia de la prueba rendida y, en realidad, podía considerársela como una decisión a medio camino de la medida para mejor resolver. En cuanto a la relación de las indemnizaciones, sería sólo la fijación de un parámetro para el cálculo de la indemnización del daño moral.
Cerrado el debate, se rechazó el número por mayoría de votos ( 1 voto a favor, 6 en contra y 2 abstenciones. Votó a favor el Diputado señor Walker . En contra lo hicieron los Diputados señora Turres y señores Burgos , Cardemil , Eluchans , Harboe , y Squella . Se abstuvieron los Diputados señores Ceroni y Díaz.
-o-
Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor Diputado Informante , esta Comisión propone la siguiente indicación al texto propuesto por la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo:
Para rechazar el artículo único.
-o-
Sala de la Comisión, a 9 de agosto de 2011.
Acordado en sesiones de fechas 13 y 19 de julio; 1 y 9 de agosto de 2011 con la asistencia de los Diputados señor Alberto Cardemil Herrera ( Presidente ), señora Marisol Turres Figueroa y señores Jorge Burgos Varela , Giovanni Calderón Bassi , Guillermo Ceroni Fuentes , Marcelo Díaz Díaz , Edmundo Eluchans Urenda , Felipe Harboe Bascuñán , Cristián Monckeberg Bruner , Ricardo Rincón González y Arturo Squella Ovalle .
En reemplazo del Diputado señor Aldo Cornejo González asistió el Diputado señor Matías Walker Prieto .
Asistieron, asimismo, a sesiones los Diputados señores Fuad Chahin Valenzuela y Marcelo Schilling Rodríguez .
(Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO , Abogado Secretario de la Comisión .”
5. Informe sobre la XIV Reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación, realizada en el marco del XII Encuentro Internacional Virtual Educa; Reunión Conjunta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias con la Comisión de Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos; I Reunión Extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias; XV Reunión de la Comisión de Asuntos Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos del Parlamento Latinoamericano, efectuadas en la Ciudad de México, D.F, México , los días 20 al 24 de junio de 2011.
-Presidió la Reunión la H. Diputado Sr. Lelo Coimbra (Brasil).
-Participación chilena: H. Diputado Sr. Alfonso De Urresti Longton .
Agenda:
TEMA I: DEMOSTRACIÓN DEL AULA DEL FUTURO.
Se explica que es un proyecto de las instituciones asociadas a Virtual Educa, que consiste en un espacio totalmente digital para el desarrollo educativo de los niños y niñas. Se explica la experiencia de investigaciones mexicanas y brasileñas.
TEMA II: INFORME SOBRE LA INICIATIVA MULTILATERAL DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO (IMEDH).
Diputado Sr. Alfonso De Urresti (Chile), señala que se hace indispensable ampliar la cobertura de las aplicaciones tecnológicas a otros ámbitos geográficos como el rural, y socioeconómicos, como los diversos estratos de ingresos. Señala además que es indispensable, para tales propósitos, se establezcan formalmente niveles mínimos del presupuesto nacional para aplicar y difundir las nuevas tecnologías.
Acuerdos:
-Aprobación de las actividades realizadas en el marco de la IMEDH y recomendar que se siga trabajando en la línea establecida, incorporando nuevos programas y proyectos cuando corresponda.
-Solicitar a los representantes de Imedh brindar apoyo a las iniciativas y propuestas acogidas por uno o más paises.
-Felicitar a Imedh por el éxito alcanzado en tan poco tiempo.
TEMA III: INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.
Acuerdos:
-Recomendar a sus miembros que consideren como un referente fundamental en los programas educativos de cada país, en el ámbito de las enseñanzas de las matemáticas, las propuestas conceptuales, metodológicas y técnicas de Educa@l0.
-Solicitar a los directivos del proyecto que, a través del Parlatino, hagan conocer los resultados de la reunión de Recife, Brasil, y en general sobre los avances del proyecto.
-Solicitar a los directivos del proyecto su apoyo a aquellos países que deseen implementar iniciativas similares.
TEMA IV: INFORME DE AVANCE SOBRE LA OPERATIVIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LOS DOCUMENTOS FINALES DE LAS CONFERENCIAS INTERPARLAMENTARIAS Y OTRAS REUNIONES INTERNACIONALES IMPULSADAS POR LA COMISIÓN.
Acuerdo:
-Que la Comisión Técnica del Parlatino prepare, en base al documento que contiene las declaraciones finales de las conferencias interparlamentarias y otras reuniones internacionales, un cuestionario y lo envíe a los miembros de la Comisión, con el fin de presentar el informe de avance en la próxima reunión.
TEMA V: INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN SOBRE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA DE CRÍMENES CIBERNÉTICOS O DIGITALES.
Se informa del envío, a la Coordinación Técnica del Parlatino, del documento “Propuesta de lineamientos para la estructura del proyecto de ley marco de tipificación y sanción de los delitos informáticos”, para el análisis de los participantes.
TEMA VI: ENSINO PROFISSIONALIZANTE NO BRASIL.
Acuerdos:
-Recomendar que se utilice el caso brasileño como una referencia adecuada para enriquecer los programas nacionales en el campo de la preparación de trabajadores calificados y fomentar el empleo de los mismos.
-Pedir el apoyo brasileño cuando los países así lo soliciten.
TEMA VII: EL PROYECTO DE “LEY MARCO DEL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA DOCENCIA EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIO Y MEDIO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”.
Acuerdos:
-Que el Proyecto de Ley Marco presentado por el asambleísta Sr. Galo Fernando Vaca Jácome , se incorpore a PARLARED como un insumo importante en el proceso de armonización legislativa.
-Llenar la encuesta distribuida por la Sra. Lucía Puertas Bravo y se la envíen para su procesamiento e interpretación, para que en la próxima reunión de la Comisión pueda informar de los resultados obtenidos.
-Que el trabajo de la Sra. Lucía Puertas Bravo sea coordinado directamente por el Sr. Alfredo Jiménez Barros, a fin de que todo el proceso se vaya constando en Parlared y esté, por tanto, disponible para todos los parlamentarios.
-Que los miembros de la Comisión hagan los esfuerzos necesarios para que todos los Parlamentos tengan designados sus puntos focales en Parlared.
TEMA VIII: Informe DE AVANCE DE LA CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA SOBRE “EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”, PANAMÁ 21 Y 22 DE JUNIO DE 2012.
Acuerdos:
-Ratificar la aprobación para que la Conferencia Interparlamentaria, se realice en el lugar y fecha previstos y con la agenda que se defina en la próxima reunión de la Comisión.
-Agradecer al Virtual Educa y a su Secretario General por la invitación y apoyo para realizar este evento.
-Mantener abierto un espacio de comunicación para ir actualizando y perfeccionando el proyecto, a través del trabajo coordinado entre el Sr. José María Antón y el Sr. Alfredo Jiménez Barros .
TEMA IX: PROYECTOS INNOVADORES EN EL ÁMBITO DE LA FUNDACIÓN Y LA FORMACIÓN PARA LA COHESIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
Acuerdo:
-Consolidar los vínculos de cada país, a través de los canales que correspondan, con la Fundación Cisneros, a fin de poder beneficiarse de sus programas educativos.
TEMA X: LA ESCUELA ABIERTA.
Acuerdos:
-Que el proyecto presentado sirva de referencia para replicar la experiencia en los paises donde ésta no exista, adaptándola a las particularidades socioeconómicas, culturales y jurídicas políticas de cada nación y solicitando para efecto la colaboración del “Abriendo Escuelas para la Equidad”, cuando sea necesario.
-Dar continuidad a la próxima reunión.
ASUNTOS VARIOS:
Acuerdos:
-Solicitar el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes, de México con el fin de establecer mecanismos para: hacer cursos presenciales, semipresenciales y a distancias sobre el registro de obras y otros temas relacionados como museología y sus diversas materias, conservación preventiva y manejo de obras, coleccionismo, movilización internacional de bienes culturales, repatriación de patrimonio, entre otros, en el ámbito latinoamericano.
-Realizar actividades de armonización legislativa en el campo cultural.
-Encomendar a al Sr. Alfredo Jiménez Barros que adelante las gestiones que correspondan.
-Realizar la segunda reunión del año, tentativamente en Panamá en el mes de diciembre, sujeto a confirmación.
-Plantear como parte de la agenda tentativa, los siguientes temas: Seguimiento del proyecto de Escuelas Abiertas; informe sobre actividades en los países en materias de innovación educativa, con bases en !a encuesta realizada; informe sobre las gestiones con el Instituto Nacional de Bellas Artes de México, Virtual Educa e IMEDH, ya avance del proyecto; informe de avance sobre la operativización de las propuestas de los documentos finales de las conferencias interparlamentarias y otras reuniones internacionales impulsas por la Comisión; informe de avance del grupo de trabajo sobre armonización legislativa en materia de crímenes cibernéticos o digitales; el software libre como herramienta de aplicación de las TICS en los procesos educativos; informe de avance de la Conferencia Interparlamentaria sobre “Educación en la Sociedad del Conocimiento”, Panamá 21 y 22 de junio de 2012 y reunión conjunta con la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlatino, para tratar el tema del cambio de tecnología de analógica a digital para radio y televisión.
* INFORME SOBRE LA REUNIÓN CONJUNTA DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS Y ETNIAS CON LA COMISIÓN DE LABORALES, PREVISIÓN SOCIAL Y ASUNTOS JURÍDICOS.
-Presidió la Reunión el H. Diputado Sr. Alfredo Asti Carli (Uruguay).
-Participación chilena H. Diputados Sres. Pedro Pablo Álvarez Salamanca y Rosauro Martínez Labbé .
Temario:
Derecho al Trabajo y Seguridad Social de los pueblos indígenas.
CONCLUSIONES:
-Que en las legislaciones nacionales se incluya el Derecho Laboral y la Seguridad Social y haya un capítulo especial de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Etnias.
-Reconocer que existe un problema de discriminación y de trata de personas en la región.
-Revisar la Convención del 2004 sobre el trabajo infantil sobre niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas.
-Impulsar la educación primaria, secundaria y terciaria para defender los derechos de los pueblos indígenas.
-Penalizar la discriminación racial, de género, de religión y de política.
-Que se incluya en las constituciones el reconocimiento del trabajo doméstico como trabajo formal.
-Discutir cómo el Parlatino se involucra oficialmente en la constitución de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños “Celac”.
-Promover el trabajo autónomo y digno de los pueblos indígenas.
-Promover acciones afirmativas para reducir la discriminación y la exclusión de los indígenas.
RECOMENDACIÓN:
Conformar una subcomisión conjunta integrada por cinco miembros para trabajar una propuesta viable sobre Ley Marco sobre Derecho Laboral y Seguridad Social que incluya los conceptos establecidos en las conclusiones precedentes.
*INFORME SOBRE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA Y POLÍTICAS CARCELARIAS, EFECTUADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE JUNIO DE 2011
-Presidió la Reunión el H. Diputado Sr. Oscar Alfaro . (Costa Rica).
-Participación chilena H. Diputado Sr. Ricardo Rincón .
Temario:
1. Exposición sobre el nuevo modelo de gestión Penitenciaria de la República Dominicana, que ha sido establecido como un centro de excelencia en materia penitenciaria por la Unodc.
2. Alfabetización Digital de los niños y los adolescentes estudiantiles. Como Derecho Humano a la Educación y el acceso a las nuevas tecnologías.
3. Informes de la Subcomisión de Denuncias.
4. Medio Ambiente como un Derecho de todo ser humano a preservar la naturaleza, al agua y un ambiente ecológicamente equilibrado.
5. Convenios Interinstitucionales, con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos con los Parlamentarios para la Acción Global y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
6. Incidencia de los Medios de Comunicación en la construcción o destrucción de valores (Acciones a adoptar en torno al tema).
TEMA 1: Modelo de Gestión Penitenciaria de la República Dominicana. A cargo de diputado Eugenio Cedeño .
-Da cuenta que hay varios centros penitenciarios que tienen como eje fundamental para la rehabilitación del interno la educación, el acceso a programas de Salud Fisica y mental, la cual ha sido posible porque la custodia de estas cárceles se ha puesto en manos de expertos.
-Otro factor que ha contribuido al éxito de estos centros de readaptación es hacer una clasificación de los internos basándose en: sexo, edad, tipo de delito que cometió, nivel escolar, entre otros.
-Después de señalar los detalles que han llevado a que este sistema sea exitoso se acuerda que la Subcomisión de Políticas Carcelarias llevará a cabo una visita a dos de estos centros penitenciarios en el mes de agosto.
-El Presidente de la Subcomisión de Denuncias , el Dip. Roque Arregui presentó una moción para postergar el tema del Proyecto de Ley Marco contra todo tipo de Discriminación para la próxima reunión, en virtud de que el Dip. Trobo y la Dip. Incháustegui se encontraban ausentes por motivos de trabajo. Esta moción fue votada y aprobada por unanimidad.
-El Dip. Ricardo Rincón , Presidente de la Subcomisión de Políticas Carcelarias , consultó acerca de la posibilidad de que a la visita a la República Dominicana a parte de los miembros de dicha Subcomisión se abriera la posibilidad de que todo aquel miembro que se quiera unir a esta visita pudiera hacerlo. Este punto se consultó con la Lic. Norma Calero quien señaló que al participar otros miembros que no formaran parte de la Subcomisión se convertiría en una Reunión de Comisión, la cual tiene que ser aprobada por la Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano.
Tema 2: La Alfabetización Digital
-Estuvo a cargo del Dip. Roque Arregui , Vicepresidente de esta Comisión y el cual se refirió en concreto al plan Ceibal, el cual se está llevando a cabo en su país. Consiste en que cada niño de primaria y del ciclo básico de Educación cuente con una computadora, esto ha dado como resultado que el 100% de los niños en edad escolar cuenten con acceso a Internet, inclusive los niños con capacidades diferentes, ya que las máquinas son adaptadas de tal manera a que su posibilidades físicas no sean un impedimento para utilizarla.
-Mencionó que lo que hasta hace algunos años era un privilegio, ahora se ha convertido en un derecho de todos los niños uruguayos.
-Señaló que la combinación de equidad, aprendizaje y tecnología han sido los factores determinantes para que este programa sea un éxito.
-Por otro lado ofreció la asesoría y ayuda necesaria a nombre de su país a todos los países miembros del Parlatino, que tengan interés en establecer un sistema similar dentro de sus territorios.
-Como conclusión el Presidente de la Comisión Oscar Alfaro propuso que junto con la Comisión de Ciencia y Tecnología se busque la elaboración de una Ley Marco que regule la alfabetización digital de los niños y niñas de los países miembros del Parlatino.
-El vicepresidente respalda la moción, cuyo texto queda redactado de la siguiente manera: La Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlatino, considerando que la alfabetización digital para todos los niños, niñas y adolescentes forma parte del derecho insoslayable a la educación y es factor de igualdad e integración social, propone trabajar en forma integrada con la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología para tomar resoluciones conjuntas sobre el tema que abarquen:
1 Impulsar en todos los Parlamentos y los Gobiernos de los países miembros la alfabetización digital de todos los niños, niñas y adolescentes.
2. Para que ello sea posible sugerir aspectos básicos indispensables: Destinar los recursos económicos necesarios, prever las normas legales que se adecuen a cada país, por ejemplo leyes presupuestales, adjudicación de responsabilidades en la instrumentación del plan de alfabetización digital, etc. y hacer un seguimiento de lo que cada país vaya realizando al respecto, como así mismo brindarles el asesoramiento correspondiente.
Informe de la Subcomisión de Denuncias.
CASO BRADLEY ROLAND WILL
-Se propone: Continuar con el seguimiento del caso.
CASO ROBERTO OCHOA MATOS
-Habiéndose recibido la presente denuncia y dado traslado de la misma al señor Vicepresidente ante el Parlatino por Panamá para recibir la respuesta que estime adecuada.
-No habiendo transcurrido todavía el plazo de 60 días que prevé el Reglamento.
Se resuelve:
-Esperar la respuesta en el plazo estipulado.
-Volver a considerar el tema en la próxima reunión de la subcomisión de denuncias.
CASO CASITAS DEL SUR (MÉXICO)
Se resuelve:
-Dar a conocimiento del Vicepresidente por México ante el Parlatino, solicitándole opiniones e informaciones en torno al tema.
-Pedir opiniones a los miembros de la subcomisión.
-Acusar recibo e informar a las denunciantes que se ha comenzado el proceso de tratamiento de la denuncia.
SUBCOMISION DE DENUNCIAS CASO PRESOS POLITICOS PERUANOS VICTOR POLAY Y OTROS
Firma la denuncia el Dip. uruguayo Gonzalo de Toro
RESOLUCIÓN:
-Reforzar la solicitud de información y opinión hecha ante el Vicepresidente por Perú ante el Parlatino, realizando idéntica solicitud ante el Presidente del Parlamento peruano.
CASO FRANCISCO VÁSQUEZ , EL SALVADOR
-Se señala así mismo como violador de los DDHH, miembro de los “escuadrones de la muerte”, actualmente se encuentra en Suecia y está solicitado ser trasladado a su país para ser juzgado.
-Se informa que se dio cumplimiento a lo acordado en la Resolución tomada en la sesión de los días 22 al 24 de marzo del presente año.
-Habiéndose trasladado el tema al Presidente de la Asamblea Legislativa salvadoreña para que dándole participación al gobierno de esa nación adopte las providencias del caso.
-Habiéndosele solicitado al presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador mantenga informado del curso de la comunicación que se le envió y no habiéndose recibido respuesta al respecto.
Se resuelve:
-Volver a solicitar al presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador directamente y a través del Vicepresidente de ese país ante el Parlatino, se informe a esta subcomisión del curso de las acciones. En ambos casos se otorga un plazo de 60 días para las respuestas pertinentes.
CASO DYLAN CÓRDOBA GALEANO (PARAGUAY)
-Se informa que agotadas las gestiones de la Comisión, de conformidad con lo que establece el Reglamento y atendiendo a las atribuciones de la Subcomisión,
Se resuelve:
Remitir la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
CASO LEOPOLDO LÓPEZ (VENEZUELA)
-El presente caso fue recibido por el actual Coordinador de la Subcomisión de Denuncias de Violaciones a los Derechos Humanos el 14 de junio próximo pasado, con materiales conteniendo informaciones al respecto.
Surge del estudio de ello:
-Que este caso fue tratado en reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias realizada en Caracas el 28 de abril.
-Que se denuncia la violación de derechos políticos del ciudadano venezolano Leopoldo López .
-Que en los materiales que se aportan no figura el fallo del Tribunal Supremo de Justicia ante quien recurrió el ciudadano referido.
Resuelve:
-Habiéndose recibido, en oportunidad de las reuniones de la Comisión de DDHH, material complementario donde se hace referencia a: Fallo del Tribunal Supremo de Justicia negativo a lo peticionado, material complementario sobre actuaciones en torno al caso de la Comisión Interamericana de DDHH, en la cual declara admisible la petición del ciudadano Leopoldo López y demanda ante la Corte Interamericana de DDHH contra la República Bolivariana de Venezuela.
-Se resuelve que en función de que el Reglamento de la Subcomisión de Denuncias establece que esta Comisión de DDHH puede remitir la denuncia a la Comisión Interamericana y que la misma ya está y pasó por esa órbita a la Corte Interamericana, continuar con el seguimiento del tema que se encuentra en dicho ámbito.
Tema N° 3: derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Se propone:
Implementación del programa Agenda Siglo XXI:
-Plan que desarrolla acciones que deben ser acometidas a nivel mundial, nacional y local, por mandato de la ONU.
-Armonización legislativa en los pueblos de America Latina, en consecuencia se propone la creación de un grupo de trabajo de esta Comisión que se dedique a la elaboración de una Ley Marco relativa a esta materia.
Tema N° 4: convenios interinstitucionales con el IIDH, el PGA y la CIDH
-El Dip. Arregui informa sobre el convenio con el PGA. Propone que el próximo año, dentro de las reuniones de la Comisión, se realice una reunión conjunta con este grupo en su sede en Nueva York.
-Esta propuesta es respaldada por el Presidente de la Comisión y acuerda pasar el punto a la Directiva para su aprobación y coordinación.
Tema N° 5: incidencias de los medios de comunicación en la construcción o destrucción de valores. Expositor dip. Arregui.
Propone:
-Reuniones conjuntas periódicas.
-Premiar y estimular programas que promuevan la creación de valores. Involucrar a la escuela y la familia es fundamental. Se propone que en los sistemas educativos se eduque para la adecuada exposición a los medios de comunicación social.
-El Dip. Roy Daza, de Venezuela, propone que en virtud de la importancia del tema y de la indiscutible influencia que ejercen los medios sobre nuestras sociedades, se considere la elaboración de una Ley Marco sobre la materia.
-El Dip. Rincón, de Chile, expone la necesidad de regular el tema de la televisión digital. Expresa que las nuevas tecnologías y negocios no pueden menoscabar los derechos de quienes tiene menos recursos económicos. Plantea que debiera ser un derecho esencial que todos tengan acceso a los mismos programas sin tener que pagar por ello.
-En cuanto a la reunión extraordinaria de la Comisión que estaba prevista para realizarse en Perú, se acuerda pasar a Secretaria de Comisiones la propuesta de realizar dicha reunión pendiente en la ciudad de Panamá los días 21 al 23 de julio.
-El Dip. Rincón, de Chile propone que cuando se realice la próxima reunión de la Subcomisión de Denuncias quede facultado para constituir la misma cuando exista ausencia de sus miembros.
-El Dip. Arregui propone lo mismo por lo que respecta a la Subcomisión de Políticas Carcelarias.
-El Presidente se manifiesta de acuerdo con la propuesta. Se acuerda por unanimidad.
AGENDA DE LA PROXIMA REUNIÓN:
-Informe de relevamiento del sistema carcelario de los países que faltan por informar.
-Derechos migratorios. Situaciones y acciones a adoptar.
-Fomento del Derecho de la Protección a la Salud de toda la población. Formas de promoción y prevención y sistemas de atención. Expositor: Oscar Alfaro
-Torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantePs. Experiencias de implementación de la Convención y su Protocolo Facultativo.
-Fortalecer la inclusión social en temas de discapacidad.
-Proyecto de Ley Marco de Eliminación de toda forma de Discriminación contraria a la Dignidad Humana.
INFORME SOBRE LA XV REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
LABORALES, PREVISIÓN SOCIAL Y ASUNTOS JURÍDICOS, EFECTUADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., LOS DÍAS, 23 y 24 DE JUNIO DE 2011
Presidió la Reunión el H. Diputado Sr. Alfredo Asti Carli (Uruguay).
Temario:
-Trabajo Informal.
-Trabajadoras del Hogar.
-Primer Empleo Juvenil.
-Ley Marco del Proceso Laboral.
TEMA I: Trabajo Informal.
-La exposición versó sobre la formalización del trabajo e inclusión social en Uruguay. Se partió de definiciones conceptuales a nivel internacional sobre Trabajo Informal, informalidad, desprotección social. A continuación se analizó al trabajo como derecho humano fundamental y a la inclusión social y la extensión de las redes de protección social contributivas y no contributivas.
-El abordaje del tema de la informalidad debe ser tan flexible como diversos en su origen y consecuencias.
TEMA II: Trabajadoras del Hogar.
-Se distribuyó el documento “La Legislación en América Latina en materia de Derechos Laborales de las trabajadoras y trabajadores del hogar” presentado por la Dip. Rosario Ortiz Magallón , de México en la reunión realizada en Ecuador en julio de 2009, donde se aprobó elaborar un Proyecto de Ley Marco.
-Dicho trabajo será revisado por los integrantes de la Comisión a los efectos
de verificar algunos errores que pudieron encontrarse en el comparativo.
TEMA III: Primer Empleo Juvenil.
-El problema del Desempleo Juvenil en Latinoamérica asume características propias en cada región. El discurso dominante en las políticas públicas que abordan la temática son constantes siendo la precariedad en la práctica la causa del fenómeno de la exclusión socio-laboral de la juventud, además de la débil implementación de las estructuras institucionales y jurídicas, así como sus subsiguientes deficiencias.
-En 2010, la Organización Internacional del Trabajo (01T) anunció que para finales de 2009 se registraron 81 millones de personas jóvenes desempleadas en el mundo; calculó una tasa de desempleo de 12.3 por ciento para personas entre 16 y 24 años en 2011. Ante esto, declaró: “Las tasas de desempleo no reflejan la gravedad en que la crisis ha afectado a los jóvenes, cuya participación en la fuerza de trabajo se ha visto fuertemente afectada”. Este dato se presentó en el Año Mundial de la Juventud, declarado por la Organización de las Naciones Unidas a partir del 12 de agosto de 2010.
Propuestas:
-Invertir en el desarrollo del capital humano a través de la educación formal, la capacitación para el trabajo y el desarrollo de competencias laborales.
-Ampliar las oportunidades laborales para que las y los jóvenes que no estudian ni trabajan cuenten con opciones para su desarrollo personal, familiar y social mediante el trabajo
-Establecer programas y proyectos orientados a la atención de los sectores vulnerables de la población como son los jóvenes indígenas, jornaleros agrícolas, con discapacidad, entre otros.
-Generar espacios laborales con equidad y no discriminación por motivo de raza, género, religión y condición.
Propuestas para promover el empleo entre los jóvenes:
1. El empleo de los jóvenes debe estar ligado a la economía incentivando, por ejemplo, a las empresas que contraten jóvenes.
2. Ampliar la cobertura de la educación media y media superior.
3. Establecer en el sistema de salud una línea de atención para jóvenes.
4. Impulsar el trabajo del Instituto Mexicano de la Juventud para que apoye de manera más eficaz a los diferentes segmentos juveniles.
5. Garantizar el derecho de los jóvenes a la participación política en todos los niveles de gobierno.
-Dentro de los procesos de integración debe verse cómo el Parlatino logra que el problema del desempleo joven se incorpore a su agenda.
CONCLUSIONES:
-El Dip. Alfredo Asti presentó como conclusión el texto “Trabajo Informal” que a la letra dice: La informalidad del trabajo en sus diferentes visiones es uno de los temas más graves en la problemática social y económica de los Estados Latinoamericanos por su importancia en términos de magnitud y factor determinante en la dignidad, vulnerabilidad y explotación social, y pobreza y, por consiguiente, también retardatario en términos de desarrollo (económico y humano).
-Deben implementarse políticas de Estado flexibles y coordinadas institucionalmente con todas las instituciones públicas centrales y descentralizadas y con activa participación de las organizaciones gremiales de empresarios y trabajadores y la sociedad civil.
-La facilitación de acceso a la formalización y la seguridad social será un objetivo que deberá focalizarse en los sectores más vulnerables (jóvenes, mujeres, minorías étnicas, etc.)
-Como ejemplo de una forma de acceso a la misma se ha presentado como instrumento el ?monotributo? que rige en Uruguay.
RESOLUCIONES:
1. Se continuará con el análisis sobre el trabajo informal de forma de sistematizar la información, hacer comparaciones sobre diversas soluciones en las distintas legislaciones. Se continuará en la próxima sesión de la Comisión.
2. Se continuará con los trabajos del tema de primer empleo juvenil en la próxima reunión del Parlatino que tendrá lugar en Aruba, por lo que el Dip. Reginaldo Rivera de la Torre se compromete a continuar el análisis del mismo, y se realizará una consulta a las instituciones públicas y políticas respecto a lo que piensan los jóvenes en este tema.
3. Se continuará con el análisis del tema de “Trabajadoras del Hogar” en la próxima sesión.
4. Se incluirá también en ese tratamiento el trabajo doméstico no dependiente de carácter familiar. Los legisladores de Bolivia y El Salvador se comprometieron a elaborar documentos acerca del trabajo doméstico de carácter familiar no remunerado.
5. Se ratifica que se continuará impulsando una propuesta que permita avanzar unitariamente en una ley marco procesal del trabajo bien consensuada. Los parlamentarios de Venezuela la presentarán en la próxima reunión.
6. Formas de Trabajo: elevar la solicitud a la Secretaría de Comisiones los siguientes temas:
6.1. Dotar de un apoyo por Comisión para facilitar y agilizar los trabajos de la misma y que asista al arduo y eficiente trabajo de la Asesora de Comisiones y Asesores de los Grupos Parlamentarios nacionales teniendo en cuenta la simultaneidad de reuniones consecutivas de todas las comisiones a que ellos asisten.
6.2 Actualización permanente de la nueva legislación nacional de todos los países miembros a través de la página Web de cada Comisión del Parlatino.
6.3. Sistematización de la información que surja del punto anterior para permitir su comparación y buscar la forma de equilibrar el reconocimiento y tratamiento generalizado de los derechos sociales y laborales ya vigentes en algunos países y de nuevos que puedan implementarse de acuerdo a las nuevas realidades sociales y económicas de la región y la globalización.
6.4. Utilización más asidua, regulada y eficiente de la página Web, mails u otros medios similares (como por ejemplo las video llamadas gratuitas vía Skype) para el contacto permanente entre los miembros de la Comisión y de las autoridades del Parlatino como forma de adelantar el trabajo de las reuniones bianuales.
6.5. Transversalidad del tratamiento de los temas (Seguridad Social, Equidad de Género, Niñez y Juventud, Etnias, Asuntos Económicos, Integración, etc.). Se toma como ejemplo el tema de la discapacidad que está siendo tratado por varias comisiones.
7. Se solicita a los parlamentos de los países miembros que ratifiquen o rectifiquen la integración de los Grupos de Trabajo y Subcomisión de Asuntos Jurídicos a los efectos que en la próxima reunión de la Comisión en Aruba, los mismos puedan conectarse para definir formas y temas a tratar.
8. Agradecer al Senado Mexicano y a sus funcionarios las atenciones recibidas y los trabajos realizados.
TEMAS QUE HAN QUEDADO PENDIENTES EN ESTA REUNION:
-Trabajo Informal
-Trabajo Doméstico
-Primer Empleo Juvenil
-Ley Marco de Proceso laboral
PRÓXIMA REUNIÓN:
-Septiembre 22 al 24 en Aruba.
TEMARIO A TRATAR
-Trabajo informal.
-Trabajo doméstico.
-Primer empleo juvenil.
-Ley marco de proceso laboral.
(Fdo.): ROSAURO MARTÍNEZ LABBÉ , Diputado , Vicepresidente del Parlamento Latinoamericano ”.
6. Informes sobre la XV Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo; y XV Reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano, efectuadas en la Ciudad de San Salvador, El Salvador, los días 17 y 18 de junio de 2011.
-Presidió la Reunión la H. Diputada Sra. Ana Elisa Osorio Granado (Venezuela).
-Participación chilena: H. Diputado Sr. Rosauro Martínez Labbé .
Temario:
TEMA I: PROYECTO DE LEY MARCO SOBRE GLACIARES.
Se procedió a la lectura del Proyecto de Ley sobre Glaciares, trabajado por la Sub-Comisión delegada para el estudio de este tema, integrado por: Diputada Sra. Cristina Girardi de Chile, Senadora Sra. Graciela Di Perna de Argentina, Diputado Sr. Freddy Huayta de Bolivia, Diputado Sr. Ernesto De Lucas de México y Representante del PNUMA.
Acuerdos:
-Se aprueba por unanimidad el Proyecto de Ley Marco sobre Glaciares.
-Se resuelve habilitar un proceso de consulta sobre el artículo 8, que trata de las “Actividades Restringidas”, que se encuentra incorporado en el Proyecto de Ley Marco sobre Glaciares.
-Los integrantes de la Comisión emitirán sus opiniones sobre el artículo 8 hasta una semana previa a la próxima reunión de la Comisión, momento en el cual se decidirá su aprobación para ser incluido como parte en el texto final de la Ley Marco sobre Glaciares.
TEMA II: PROYECTO DE LEY MARCO CAMBIO CLIMATICO.
Acuerdos:
-Se aprobó la Ley Marco de Cambio Climático quedando únicamente pendiente la aprobación del Artículo 2 referente a las definiciones, las cuales se tomarán de la Convención de las Naciones Unidas de Cambio Climático, y serán discutidas en la próxima reunión.
-Los integrantes de la Comisión emitirán sus opiniones sobre el artículo 2 hasta una semana previa a la próxima reunión de la Comisión, momento en el cual se decidirá su aprobación para ser incluido como parte en el texto final de la Ley de Cambio Climático.
TEMA III: PROYECTO DE DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA.
Se le dio lectura al proyecto de declaración que fue presentado por el Diputado Sr. Freddy Huayta Véliz , Estado Plurinacional de Bolivia, el cual incluye un preámbulo y 4 Artículos que consideran lo que significa la madre tierra, los derechos inherentes de la Madre Tierra, la obligaciones de los seres humanos hacia la madre tierra y definiciones que contemplan dicho proyecto de declaración.
Acuerdo:
-La Comisión acordó aprobar por unanimidad la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, debiendo ser elevada por la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano a la Organización de las Naciones Unidas.
TEMA IV: CONFERENCIA DE LAS PARTES DE LA ONU SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO (COP XVI) CANCUN, MEXICO
El Diputado Sr. Francisco Moreno Merino (México), expuso que los acuerdos de Cancún sientan las bases de una nueva era de cooperación internacional en materia de cambio climático y definen la agenda de trabajo para los siguientes años.
Los acuerdos tomados en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de Cancún, Quintana Roo, fueron los siguientes:
-Adopción de una meta global para mantener el incremento de la temperatura media global por debajo de los 2°C.
-Un paquete de mitigación con metas de reducción de emisiones de países desarrollados y acciones nacionales de mitigación de países en desarrollo.
-Una sólida arquitectura institucional en apoyo al mundo en desarrollo, a través del establecimiento de: un Mecanismo para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+), el Fondo Verde Climático; un Mecanismo de Adaptación, un Mecanismo de Tecnología; continuación de la implementación del Programa Especial de Cambio Climático y su vinculación con la planeación a largo plazo; elaboración de la 5a Comunicación Nacional; elaboración de la Estrategia Nacional de REDD+; creación del Centro de Investigación sobre Desarrollo Sustentable y Cambio Climático; fortalecimiento de la capacidad de los países para acceder a los beneficios derivados de mecanismos de mercado; fortalecimiento del marco jurídico nacional para incentivar acciones en materia de cambio climático; mantener un diálogo permanente respecto a la implementación de los Acuerdos de Cancún a nivel nacional, así como del estado general de las negociaciones.
TEMA V: REINCORPORACION DE LA AGENDA DEL TEMA DE LA CARTA AMBIENTAL LATINOAMERICANA Y LA FACTIBILIDAD DE ESTABLECER UNA CORTE LATINOAMERICA Y DEL CARIBE.
Los Diputados acordaron la reincorporación en la agenda de la comisión el Tema de la Carta Ambiental Latinoamericana, para estudiar la factibilidad de establecer una Corte Latinoamericana y del Caribe, para la próxima sesión de trabajo. Expondrá el Diputado Sr. Juan Carlos Souza ( Uruguay ).
Acuerdos.
-Solicitar a la Junta Directiva del Parlatino convoque a una reunión conjunta de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo y la Comisión de Servicios Públicos y Defensa del Usuario y Consumidor para estudiar una Ley Marco del Consumidor con el objeto que en el marco del Proyecto de Ley Marco del Consumidor analizar la generación de mecanismos de defensa del consumidor específicos que tiendan el turismo.
-Incorporar en la Agenda de la próxima sesión de trabajo el tema del agua, cuyo ponente será El Salvador, solicitándoles a los legisladores remitir la información que dispongan a nivel legislativo respecto al manejo en sus países de los hídricos.
XV REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, COMBATE Y PREVENCIÓN AL NARCOTRÁFICO, TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO
-Presidió la Reunión la H. Diputado Sr. Felipe González González (México) .
-Participación chilena: H. Diputado Sr. Ignacio Urrutia
TEMA I: PROYECTO DE LEY MARCO CONTRA EL LAVADO DE DINERO.
Diputado Sr. Ignacio Urrutia (Chile), hace una relación al procedimiento de debate seguido por esta Comisión, en cuanto a que expone que se debería de realizar el respectivo análisis integral de la ley marco; es decir artículo por artículo. Lo anterior no obstante que es de conocimiento general que las leyes marcos no tienen carácter vinculante.
Acuerdos:
1. Tomar como base el documento del Diputado Sr. Gonzalo Mujica , para que se eleve a la Ley marco desde el punto de vista de cada uno de los participantes.
2. Solicitar al Parlatino, realizar una reunión extraordinaria para tratar el tema de lavado de dinero.
3. Compromiso de revisar nuestras leyes nacionales, para ver sus efectos si se sube a nivel marco.
4. Remitir a la Secretaria de Comisiones sus aportes en la materia, en el entendido de que de no recibirse dicha información, con un tiempo prudencial, no justificaría la convocatoria a reunión extraordinaria.
5. Ver el tema en el contexto del secreto bancario y fiduciario que algunos países tienen.
TEMA II: PROYECTO LEY MARCO ANTIALCOHOLISMO.
Acuerdos:
1. Que cada país, dirija por escrito a la presidencia del Parlatino sus respectivas opiniones respecto al considerar por qué el tema objeto de estudio es o no competente de esta Comisión.
2. Para las futuras reuniones especificar quien es el legislador o el país proponente de determinada ley; lo anterior a fin de delimitar o especificar un documento base a estudiar por parte de ésta Comisión.
TEMA III: EXTORSIÓN.
Acuerdos:
1. Solicitar a la Secretaria de Comisiones que por su intermedio las autoridades del Parlatino hagan llegar la correspondiente justificación respecto a la ausencia de la Presidencia de esta Comisión; lo anterior al considerar que es sumamente importante el mantener la dirigencia de la misma.
2. Para futuras reuniones los proponentes de los distintos temas en estudio deben de justificar sus respectivas propuestas a fin de evitar inconvenientes a futuro respecto a la falta de documentación respectiva de la misma.
(Fdo.): ROSAURO MARTÍNEZ LABBÉ , Diputado , Vicepresidente del Parlamento Latinoamericano ”.
Moción de los diputados señores Burgos , Ceroni , Chahín , Díaz , Harboe , Latorre , Montes, Walker , y de la diputada señora Saa, doña María Antonieta .
Reforma Constitucional que modifica el quórum de Leyes Orgánicas Constitucionales. (boletín N° 7876-07)
“Una de las modificaciones más trascendentes que la Carta Constitucional de 1980 incorporó al ordenamiento jurídico chileno, fueron las denominadas leyes orgánicas constitucionales. Se trata de normas legales que requieren de un alto quórum de aprobación y, además, son sometidas al control preventivo del Tribunal Constitucional.
Debe recordarse, a su respecto, que un conjunto de ideas subyacía en el constituyente de 1980 al establecer este tipo de leyes. Por una parte, dar estabilidad a ciertas materias que provocaron traumas durante los años setentas, como por ejemplo lo relativo a la enseñanza. Se pensó regular de esta manera un grupo de materias que se consideró básicas para el funcionamiento de la República, evitando así, que estas instituciones fundamentales sean cambiadas por mayorías circunstanciales. Pero también hubo situaciones en las cuales se trató simplemente de postergar decisiones sobre las cuales no había consenso, entre los órganos asesores de la Junta de Gobierno, respecto a la forma constitucional de regularla. A lo anterior, se sumó luego la interpretación del Tribunal Constitucional de lo que en doctrina se denomina el “complemento indispensable” que por tal vía extendió las materias de las leyes orgánicas constitucionales a cuestiones no consideradas en el texto de la Ley Matriz, doctrina que la reforma de la ley N° 18.825, plasmó constitucionalmente el señalarse que ya no eran las leyes orgánicas constitucionales, sino las normas legales las que requería de un determinado quórum, interpretación de perniciosas consecuencias en nuestro derecho vigente, pues hay casos, como el Código Orgánico de Tribunales que prácticamente, en rigor, se encuentra disperso en toda la legislación..
Ha de recordarse, por otra parte, que la Comisión de estudio de la Nueva Constitución (Comisión Ortuzar) en el artículo 69 propuesto proponía que estas leyes fueran aprobadas con el quórum de mayoría absoluta de los miembros de Cada Cámara, similar a lo que ocurre en España y Francia, y fue la Junta de Gobierno, la que le elevó el quórum a tres quinto similar a una ley interpretativa de Constitución, y sólo con la ley N° 18.825 se rebajó el quórum a los actuales cuatro séptimos, salvo en la materia regulada en la disposición transitoria decimotercera, que requiere de tres quintos.
Existen dos formas de modificar la leyes orgánicas constitucionales, una, que podría denominarse integral que implica eliminar del texto constitucional toda la referencia a las leyes orgánicas, como lo propone Pablo Ruiz Tagle en su ensayo “La Constitución del Bicentenario” (Propuesta de Reforma. Constitucional del Senador Eduardo Frei en la Comisión Especial sobre Régimen Político de la Cámara de Diputados de la República de Chile, 3 de diciembre de 2008)” y una segunda, más modesta, que implica sólo una rebaja del quórum de aprobación de tales leyes y que las asimila a las que la Constitución denomina “leyes de quórum calificado” en que su aprobación, modificación y derogación requiere de la mayoría de los Diputados y Senadores en ejercicio, volviendo a la propuesta original de la Comisión Ortuzar.
Como se ha indicado, en el Derecho Comparado, Francia y, especialmente, España existe estas normas orgánicas de quórum especial, pero sin que se exija una mayoría tal alta para su aprobación que hace, como señala Ruiz-Tagle, que exista un verdadero amarre o empate legislativo que impida la concreción de ciertas políticas públicas.
El sistema consagrado en la Carta Constitucional, además, ha hecho que las leyes interpretativas de la Constitución prácticamente no tengan sentido, pues su quórum similar a la mayoría de lo requerido para una reforma constitucional y el control preventivo que ejerce el Tribunal Constitucional en tales preceptos, induce a que las enmiendas se hagan directamente a la Ley Matriz, por lo que se propone rebajar también el quórum de este tipo de leyes.
La propuesta que sometemos a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados equipara en cuanto a su votación a ambos tipos de leyes, pero las diferencia en que sólo las orgánicas constitucionales tendrán el control constitucional preventivo, pues las de quórum calificado sólo pueden ser objeto de una revisión constitucional ex post, sea por la vía de un requerimiento o por el ejercicio de la acción de inaplicabilidad.
También se busca, volver al concepto de que son leyes orgánicas constitucionales y no normas o materias las que se regulan, de manera que tales cuestiones sean reguladas en un conjunto orgánico coherente y no disperso y esparcido por toda la legislación.
En cuanto a las materias que tratan una y otras leyes, serían las mismas que hoy están consignadas en el texto constitucional, por entender que una reforma de ese tipo implica un ejercicio más propio del constituyente original y no del derivado. Finalmente, se propone corregir una anomalía generada por la negociación política del 2005 que estableció que el quórum para modificar el sistema electoral para el senado requiere de los tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio.
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
“Artículo único. Introdúcense las siguientes modificaciones en la Constitución Política de la República:
a) Reemplázase el artículo 66, por el siguiente:
“Artículo 66. Las leyes que interpreten preceptos constitucionales necesitarán, para su aprobación, modificación o derogación, de las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio.
Las leyes a las cuales la Constitución confiere el carácter de orgánicas constitucionales o de quórum calificado requerirán, para su aprobación, modificación o derogación, de la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio.
Las demás leyes requerirán la mayoría de los miembros presentes de cada Cámara, o de las mayorías que sean aplicables conforme a los artículos 68 y siguientes.”.
b) Derógase el inciso segundo de la disposición transitoria decimotercera.”.
Moción de los diputados señores Torres, Araya , Auth , Browne , Chahín , Latorre , Robles , Sabag , Walker , y de la diputada señora Sepúlveda , doña Alejandra .
Incorpora numeral 19° en artículo 445 del Código de Procedimiento Civil. (boletín N° 7877-31)
“Considerando:
Que, en el artículo 449 del CPC, establece que si ni el acreedor ni el deudor designan bienes, el receptor seguirá el siguiente orden de prelación para la traba de embargo: dinero, otros bienes muebles, bienes raíces y finalmente, salarios y pensiones
Que, el nivel de endeudamiento de los chilenos en el Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central se sostiene que la deuda de los hogares chilenos creció a una tasa de 12,8% real anual entre 2000 y 2009, lo que ha significado un aumento de la relación deuda a ingreso de 35,4% a 59,9%
Que, hasta el año 2009 más del 34% de los jóvenes entre 15 y 29 años de Chile se encuentra endeudado, entonces al menos 3 de cada 10 jóvenes tiene deudas con el sistema crediticio, los cuales son los principales afectados en el embargo de las cuentas de ahorro para la vivienda.
Que, por otra parte, el acto de embargo si bien, corresponde al pago del saldo de una deuda, esta no puede ir en desmedro de lo esencial para una familia como lo es su vivienda.
Que, el numero de subsidios del Fondo Solidario de Vivienda I, II, III llegaron a ser un total de 64.349 en el año 2010.
Que, el sueño de la casa propia no puede ser enajenado por una deuda impaga, a pesar de que sea una obligación la cancelación de esta.
Que, los fondos serán exclusivamente para el uso de la obtención de la vivienda.
En virtud de lo expuesto, los Diputados abajo firmantes vienen en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
1) Artículo único: Agregase numeral 190 al artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, del siguiente tenor: “19°) Los fondos que se encuentran en una libreta de ahorro para la vivienda, con un tope máximo de 40 UF”.