Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- V.
FÁCIL DESPACHO
-
ESTABLECIMIENTO DE LEY MARCO DE BOMBEROS DE CHILE
- ANTECEDENTE
- DEBATE
-
ESTABLECIMIENTO DE LEY MARCO DE BOMBEROS DE CHILE
- VI.
ORDEN DEL DÍA
-
MODIFICACIÓN DE NORMATIVA SOBRE PESCA DE INVESTIGACIÓN, PESQUERÍAS ARTESANALES, MANEJO DE RECURSOS BENTÓNICOS Y CUOTA GLOBAL DE CAPTURA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- DEBATE
-
REGLAMENTO PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SENADORES Y COMITÉS PARLAMENTARIOS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- DEBATE
-
ENMIENDA DE PLAZO PARA REINTEGRO PARCIAL POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESPECÍFICO A PETRÓLEO DIÉSEL PARA TRANSPORTE DE CARGA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Pizarro Soto
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Jorge Pizarro Soto
- INTERVENCIÓN : Ximena Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Carlos Anibal Larrain Pena
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Ricardo Lagos Weber
- DEBATE
-
PROHIBICIÓN DE APORTES ESTATALES A ENTIDADES CON FINES DE LUCRO EN EDUCACIÓN
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : Ignacio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
-
MODIFICACIÓN DE NORMATIVA SOBRE PESCA DE INVESTIGACIÓN, PESQUERÍAS ARTESANALES, MANEJO DE RECURSOS BENTÓNICOS Y CUOTA GLOBAL DE CAPTURA
- VII.
INCIDENTES
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Rincon Gonzalez
- CIERRE DE CASA DE ACOGIDA PARA ADULTOS MAYORES EN COMUNA DE ANGOL. OFICIO
-
SALUDOS DE FIN DE AÑO
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
-
EXPLOTACIÓN DE CANTERA POR ARMADA DE CHILE EN COMUNA DE TALCAHUANO. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
PLANES DE MANEJO PARA BOSQUES UBICADOS AL INTERIOR DE BASE NAVAL DE TALCAHUANO. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
REPARACIÓN DE CANAL IFARLE Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUAS LLUVIA EN TALCAHUANO. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
REPARACIÓN DE CALLES EN TALCAHUANO. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
OBSERVACIONES A PROCESO DE LICITACIÓN DE PUERTO DE TALCAHUANO. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
PROCESOS DE TRAMITACIÓN DE TÍTULOS DE DOMINIO EN ISLA SANTA MARÍA. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO EN COSTANERA DE PENCO. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
URGENCIA DE SUBSIDIOS PARA ELECTRICIDAD. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
INSUFICIENTE TASACIÓN FISCAL PARA DEPARTAMENTOS DEMOLIDOS EN SECTOR CAMILO OLAVARRÍA. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
CIFRAS DE REPITENTES POR MOVILIZACIONES ESTUDIANTILES Y PLANES PARA ENFRENTAR AÑO ESCOLAR 2012. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PAVIMENTACIÓN DE CAMINO LAS TRANCAS-TERMAS DE CHILLÁN. OFICIO
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
-
IMPACTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CHACABUCO EN POBLACIÓN AURORA DE CHILE DE CONCEPCIÓN. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
RECONSTRUCCIÓN DE CASAS DE COLIUMO, COMUNA DE TOMÉ. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- 120° ANIVERSARIO DE COMUNA DE DALCAHUE. OFICIO
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
-
ADQUISICIÓN DE TIERRAS EN BENEFICIO DE COMUNIDADES HUILLICHES EN LOCALIDAD DE COMPU, COMUNA DE QUELLÓN. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Camilo Escalona Medina
-
TÍTULOS DE DOMINIO PARA DUEÑOS DE PALAFITOS UBICADOS EN BORDE COSTERO. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Camilo Escalona Medina
- PETICIÓN DE OFICIO
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESION
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES ESCALONA, MUÑOZ ABURTO, SEÑORA RINCÓN, SEÑORES TUMA Y WALKER (DON PATRICIO), CON LA QUE DAN INICO A UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL NUMERAL 9° DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y DETENER EL LUCRO EN LA SALUD (8125-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Camilo Escalona Medina
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Ximena Rincon Gonzalez
- Eugenio Tuma Zedan
- Patricio Walker Prieto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES NAVARRO, LAGOS, QUINTANA, ROSSI Y RUIZ-ESQUIDE, CON EL QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA ERIGIR UN MONUMENTO EN MEMORIA DEL DIRIGENTE SINDICAL Y EX DIPUTADO SEÑOR MANUEL BUSTOS HUERTA (8111-04)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- Ricardo Lagos Weber
- Jaime Quintana Leal
- Fulvio Rossi Ciocca
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE DA INICIO A UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE REFUERZA EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL (8112-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE DA INICIO A UN PROYECTO DE LEY QUE AGRAVA LA PENALIDAD DE LA DETENCIÓN ILEGAL, DESCRITA Y SANCIONADA EN EL ARTICULO 148 DEL CÓDIGO PENAL, CUANDO LA VÍCTIMA SE ENCUENTRE EN EJERCICIO DEL PERIODISMO (8113-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE DA INICIO A UN PROYECTO QUE INCORPORA LA FIGURA DELICTIVA DE ALTERACIÓN FRAUDULENTA DE PRECIOS A LA LEY N° 20.393 SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS POR LOS DELITOS QUE ÉSTA SEÑALA (8114-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE DA INICIO A UN PROYECTO DE LEY QUE EXCEPTÚA A QUIENES EJERZAN CARGOS TÉCNICO-PROFESIONALES NO DIRECTIVOS, EN LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN, SALUD O SERVICIOS DE UNA MUNICIPALIDAD, DE LA INCOMPATIBILIDAD PARA DESEMPEÑARSE COMO CONCEJAL DE ESA MISMA CORPORACIÓN (8115-06)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE DA INICIO A UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY N° 19.948, SOBRE JUNTAS DE VECINOS Y DEMÁS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, AUMENTANDO EL PLAZO PARA INTERPONER RECLAMACIÓN ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL (8120-06)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE DA INICIO A UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY N° 19.884 PARA ESTABLECER EL IMPEDIMENTO DE ASUMIR EL CARGO DE CONCEJAL, ALCALDE, DIPUTADO O SENADOR POR INCUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN SOBRE LÍMITE EN EL GASTO ELECTORAL (8124-06)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE DA INICIO A UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY N° 19.496, SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, ELEVANDO LA PENALIDAD FIJADA POR EL ARTÍCULO 285 DEL CÓDIGO PENAL CUANDO SE COMPROMETA EL INTERÉS DIFUSO O COLECTIVO DE AQUÉLLOS (8117-03)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE DA INICIO A UN PROYECTO QUE INCORPORA, EN LA LEY N° 19.496, UNA NORMA DE EQUIDAD QUE ASEGURA LA INEFICACIA DE PENAS CIVILES ESTIPULADAS EN LOS CONTRATOS PREPARATORIOS O DE PROMESA EN QUE EL CONSUMIDOR ESTÁ AFECTO A UN RÉGIMEN DE ADHESIÓN (8118-03)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE DA INICIO A UN PROYECTO QUE HOMOLOGA LAS PENAS DEL ARTÍCULO 330 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR CON LAS QUE ESTABLECE LA LEY PENAL COMÚN POR DELITOS SIMILARES (8121-02)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE DA INICIO A UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE Y EXIGE AL TITULAR DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL COMUNICAR A BOMBEROS EL TIPO DE RESIDUOS QUE TRATAN O ALMACENAN, LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SUS RIESGOS PARA LA SALUD HUMANA (8116-12)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE DA INICIO A UN PROYECTO DE LEY RELATIVO A LA EXIGENCIA DE FIJAR ADVERTENCIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDAN BEBIDAS ALCOHÓLICAS SOBRE LOS DAÑOS IRREPARABLES A LA SALUD QUE PRODUCE SU MEZCLA CON BEBIDAS ENERGIZANTES (8119-11)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR CHAHUÁN, CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY SOBRE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS Y CHEQUES, TIPIFICANDO Y SANCIONANDO LAS TRANSFERENCIAS INDEBIDAS DE FONDOS REALIZADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS (8123-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Francisco Chahuan Chahuan
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑOR NAVARRO, SEÑORA ALLENDE Y RINCÓN Y SEÑORES LAGOS, MUÑOZ ABURTO Y ROSSI, QUE INSTA AL RECONOCIMIENTO Y LA PREOCUPACIÓN EFECTIVA POR LAS LIBERTADES DE LOS INDÍGENAS MAPUCHE-PICUNCHE DE LA REGIÓN DEL MAULE (S 1436-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Navarro Brain
- Maria Isabel Allende Bussi
- Ximena Rincon Gonzalez
- Ricardo Lagos Weber
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Fulvio Rossi Ciocca
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑORES PROKURICA, BIANCHI, CANTERO, CHAHUÁN, FREI (DON EDUARDO), GARCÍA-HUIDOBRO, HORVATH, KUSCHEL, LARRAÍN PEÑA, PÉREZ VARELA, QUINTANA, TUMA Y WALKER (DON PATRICIO), SOBRE LA NECESIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 19.773 PARA CAUTELAR EL PLENO RESPETO DE LA LIBERTAD DE INFORMAR, EL EJERCICIO DEL PERIODISMO Y EL PLURALISMO EN EL ÁMBITO DE LA RADIODIFUSIÓN Y ASEGURAR LA RECIPROCIDAD ENTRE LOS PAÍSES (S 1437-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Baldo Prokurica Prokurica
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- Carlos Cantero Ojeda
- Francisco Chahuan Chahuan
- Eduardo Frei Ruiz-tagle
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Antonio Horvath Kiss
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Carlos Anibal Larrain Pena
- Victor Perez Varela
- Jaime Quintana Leal
- Eugenio Tuma Zedan
- Patricio Walker Prieto
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES ESCALONA, MUÑOZ ABURTO, SEÑORA RINCÓN, SEÑORES TUMA Y WALKER (DON PATRICIO), CON LA QUE DAN INICO A UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL NUMERAL 9° DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y DETENER EL LUCRO EN LA SALUD (8125-07)
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 359ª
Sesión 84ª, en miércoles 21 de diciembre de 2011
Ordinaria
(De 16:17 a 20:3)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GUIDO GIRARDI LAVÍN, PRESIDENTE;
JUAN PABLO LETELIER MOREL, VICEPRESIDENTE,
Y JAIME QUINTANA LEAL, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, LOS SEÑORES MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR, Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
V. FÁCIL DESPACHO:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece la ley marco de los Bomberos de Chile (7897-22) (se aprueba en general)..............................................
VI. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre pesca de investigación, pesquerías artesanales, manejo de recursos bentónicos y cuota global de captura (8010-03) (se aprueban las modificaciones)..............................................................
Proyecto de acuerdo de la Comisión de Régimen Interior, con el que propone la aprobación del reglamento del artículo 3° A de la ley N° 18.918, sobre contratación de personal para Senadores y Comités parlamentarios, con cargo a sus asignaciones (S 1435-14) (se aprueba).................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el plazo para el reintegro parcial por concepto del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas del transporte de carga (8066-05) (se aprueba en particular).....................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que prohíbe aportes estatales a entidades que persigan fines de lucro en la educación (7856-04) (queda pendiente su discusión general)..................................................................................................
VII. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..............
Cierre de casa de acogida para adultos mayores en comuna de Angol. Oficio (observaciones del Senador señor Quintana).............................................................
Saludos de fin de año (observaciones del Senador señor Cantero)...............................
Explotación de cantera por Armada de Chile en comuna de Talcahuano. Oficios (observaciones del Senador Navarro).........................................................................
Planes de manejo para bosques ubicados al interior de base naval de Talcahuano. Oficios (observaciones del Senador señor Navarro)..................................................
Reparación de canal Ifarle y mejoramiento de sistema de aguas lluvia en Talcahuano. Oficio (observaciones del Senador señor Navarro)....................................................
Reparación de calles en Talcahuano. Oficio (observaciones del Senador señor Navarro).....................................................................................................................
Observaciones a proceso de licitación de puerto de Talcahuano. Oficios (observaciones del Senador señor Navarro)...............................................................
Procesos de tramitación de títulos de dominio en Isla Santa María. Oficios (observaciones del Senador señor Navarro)...............................................................
Proyectos de mejoramiento urbano en costanera de Penco. Oficios (observaciones del Senador señor Navarro)..............................................................................................
Urgencia de subsidios para electricidad. Oficios (observaciones del Senador señor Navarro).....................................................................................................................
Insuficiente tasación fiscal para departamentos demolidos en sector Camilo Olavarría. Oficios (observaciones del Senador señor Navarro).................................
Cifras de repitentes por movilizaciones estudiantiles y planes para enfrentar año escolar 2012.Oficio (observaciones del Senador señor Navarro)..............................
Pavimentación de camino Las Trancas-Termas de Chillán. Oficio (observaciones del Senador señor Navarro)..............................................................................................
Impacto de construcción de puente Chacabuco en población Aurora de Chile de Concepción. Oficio (observaciones del Senador señor Navarro)..............................
Reconstrucción de casas de Coliumo, comuna de Tomé. Oficio (observaciones del Senador señor Navarro)..............................................................................................
120° aniversario de comuna de Dalcahue. Oficio (observaciones del Senador señor Escalona)....................................................................................................................
Adquisición de tierras en beneficio de comunidades Huilliches en localidad de Compu, comuna de Quellón (observaciones del Senador señor Escalona)..............
Títulos de dominio para dueños de palafitos ubicados en borde costero. Oficio (observaciones del Senador señor Escalona)..............................................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros del Interior , señor Rodrigo Hinzpeter Kirberg; de Hacienda , señor Felipe Larraín Bascuñán; Secretario General de la Presidencia , señor Cristián Larroulet Vignau, y de Economía, Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira Montes.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario , el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 17 señores Senadores.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 74ª y 75ª, especiales, 76ª, ordinaria, y 77ª, extraordinaria, en 24, 29 y 30 de noviembre del año en curso, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero comunica que no hará uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política, respecto del proyecto de ley sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones (boletín N° 7.338-07).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar al Excelentísimo Tribunal Constitucional.
Con el segundo retira y hace presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", para el despacho del proyecto de ley sobre pesca de investigación, pesquerías artesanales, manejo de recursos bentónicos y cuota global de captura (boletín N° 8.010-03).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
De la Cámara de Diputados, con el que informa que prestó su aprobación, con las enmiendas que indica, al proyecto de ley sobre pesca de investigación, pesquerías artesanales, manejo de recursos bentónicos y cuota global de captura (boletín N° 8.010-03).
--Queda para tabla.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo:
Con el que responde la petición de antecedentes, enviada en nombre de la Senadora señora Rincón, relativa a la existencia de dos contratos para la ejecución de trabajos del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, tanto en la comuna de Linares como en la de Colbún.
--Queda a disposición de los señores Senadores.
Mociones
De los Senadores señores Escalona, Muñoz Aburto, señora Rincón, señores Tuma y Walker (don Patricio), con la que dan inicio a un proyecto de reforma constitucional que modifica el numeral 9° del artículo 19 de la Constitución Política de la República para garantizar el acceso y detener el lucro en la salud (boletín Nº 8.125-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Senadores señores Navarro, Lagos, Quintana, Rossi y Ruiz-Esquide, con la que inician un proyecto de ley que autoriza erigir un monumento en memoria del dirigente sindical y ex Diputado señor Manuel Bustos Huerta (boletín Nº 8.111-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Del Senador señor Navarro, con las que da inicio a los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de reforma constitucional que refuerza el principio de independencia judicial (boletín Nº 8.112-07).
2.- Proyecto de ley que agrava la penalidad de la detención ilegal, descrita y sancionada en el artículo 148 del Código Penal, cuando la víctima se encuentre en ejercicio del periodismo (boletín Nº 8.113-07).
3.- Proyecto que incorpora la figura delictiva de alteración fraudulenta de precios a la ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, por los delitos que esta señala (boletín Nº 8.114-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
4.- Proyecto de ley que exceptúa a quienes ejerzan cargos técnico-profesionales no directivos, en las áreas de educación, salud o servicios de una municipalidad, de la incompatibilidad para desempeñarse como concejal de esa misma corporación (boletín Nº 8.115-06).
5.- Proyecto que modifica la ley N° 19.948, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, aumentando el plazo para interponer reclamación ante el Tribunal Electoral Regional (boletín Nº 8.120-06).
6.- Proyecto que modifica la ley Nº 19.884 para establecer el impedimento de asumir el cargo de concejal, alcalde, Diputado o Senador por incumplimiento de la regulación sobre límite en el gasto electoral (boletín Nº 8.124-06).
--Pasan a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
7.- Proyecto que modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, elevando la penalidad fijada por el artículo 285 del Código Penal cuando se comprometa el interés difuso o colectivo de aquellos (boletín Nº 8.117-03).
8.- Proyecto que incorpora en la ley N° 19.496 una norma de equidad que asegura la ineficacia de penas civiles estipuladas en los contratos preparatorios o de promesa en que el consumidor está afecto a un régimen de adhesión (boletín Nº 8.118-03).
--Pasan a la Comisión de Economía.
9.- Proyecto que homologa las penas del artículo 330 del Código de Justicia Militar con las que establece la ley penal común por delitos similares (boletín Nº 8.121-02).
--Pasa a la Comisión de Defensa Nacional.
10.- Proyecto que modifica la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente y exige al titular de proyectos de saneamiento ambiental comunicar a Bomberos el tipo de residuos que tratan o almacenan, las medidas de seguridad y sus riesgos para la salud humana (boletín Nº 8.116-12).
--Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
11.- Proyecto de ley relativo a la exigencia de fijar advertencias en los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas sobre los daños irreparables a la salud que produce su mezcla con bebidas energizantes (boletín Nº 8.119-11).
--Pasa a la Comisión de Salud.
Del Senador señor Chahuán, con el que inicia un proyecto que modifica la ley sobre cuentas corrientes bancarias y cheques, tipificando y sancionando las transferencias indebidas de fondos realizadas por medios electrónicos (boletín Nº 8.123-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Proyectos de acuerdo
De los Senadores señor Navarro, señoras Allende y Rincón y señores Lagos, Muñoz Aburto y Rossi, que insta al reconocimiento y la preocupación efectiva por las libertades de los indígenas mapuche-picunche de la Región del Maule (boletín N° S 1.436-12).
De los Senadores señores Prokurica, Bianchi, Cantero, Chahuán, Frei (don Eduardo), García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Carlos), Pérez Varela, Quintana, Tuma y Walker (don Patricio), sobre la necesidad de dar cumplimiento a la ley Nº 19.773 para cautelar el pleno respeto de la libertad de informar, el ejercicio del periodismo y el pluralismo en el ámbito de la radiodifusión y asegurar la reciprocidad entre los países (boletín N° S 1.437-12).
--Quedan para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Terminada la Cuenta.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Señores Senadores, en la sesión de hoy en la mañana quedó aprobado en general el proyecto que modifica el plazo para el reintegro parcial por concepto del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas del transporte de carga, y se acordó por unanimidad que al inicio de la sesión de la tarde iban a hacer uso de la palabra los señores Senadores que quedaron inscritos, cuya lista tiene Secretaría.
En seguida, correspondería votar las indicaciones presentadas. A la Mesa ha llegado hasta el minuto solo una.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , en la Cuenta se dio a conocer una moción cuyo boletín es el Nº 8.125-07.
Quiero solicitar al Ejecutivo -si no me equivoco, se encuentra acá el señor Ministro Secretario General de la Presidencia ; lo vi hace algunos momentos- que le fije urgencia a la iniciativa, a fin de proceder a su tramitación.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Su Señoría se refiere al proyecto de ley que modifica el numeral 9º del artículo 19 de la Constitución para garantizar el acceso y detener el lucro en la salud.
El señor ESCALONA.- Exactamente.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Se formalizará la petición en tanto aparezca el señor Ministro .
Deseo señalar a la Sala lo siguiente.
Tenemos una sesión compleja y se va a necesitar la colaboración de todos para que podamos sacar adelante el conjunto de iniciativas que se nos ha pedido despachar hoy y los acuerdos de Comités.
En primer término, solicito el acuerdo de la Sala para votar sin discusión el proyecto, en tabla de Fácil Despacho, que establece la ley marco de Bomberos de Chile.
--Así se acuerda.
V. FÁCIL DESPACHO
ESTABLECIMIENTO DE LEY MARCO DE BOMBEROS DE CHILE
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece la ley marco de los Bomberos de Chile, con informe oral de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7897-22) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 78ª, en 30 de noviembre de 2011.
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización (verbal): sesión 84ª, en 21 de diciembre de 2011.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- En votación
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (27 votos favorables) y se fija plazo para presentar indicaciones hasta la última semana de enero de 2012.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Frei (don Eduardo), García-Huidobro, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte y Walker (don Patricio).
)---------(
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente , en la Cuenta se informó que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto sobre pesca de investigación, pesquerías artesanales, manejo de recursos bentónicos y cuota global de captura, con las enmiendas que indica. Además, llegó un mensaje del Primer Mandatario en que le fija urgencia de "discusión inmediata" a esta iniciativa en tercer trámite constitucional.
La Comisión de Pesca sesionó esta tarde, a las 15, para analizar el proyecto y acordó solicitar a la Sala no solo que se despache hoy, sino también que, por su facilidad, trámite y conocimiento, se ponga en primer lugar de la tabla.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Como todos sabemos, ese proyecto de ley, que fue votado en el primer trámite por la Sala hace un tiempo y viene de regreso al Senado, requiere ser despachado hoy.
Por lo tanto, recabo el asentimiento unánime para proceder en tal sentido.
--Así se acuerda.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Antes de continuar, me gustaría ofrecerle la palabra al señor Ministro de Economía ¿con qué fin? Esta iniciativa viene con ciertas modificaciones de la Cámara Baja.
Como se recordará, en el proceso de discusión en el Senado el proyecto original fue minimizado o acotado a temas como la regularización de la pesca investigativa, su definición y la delimitación de ciertos procedimientos tanto para la extracción de recursos bentónicos como para la pesca en general. Y se agregaron ciertas normas de transición antes de la reforma a la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Previo a retomar el debate del proyecto de esta mañana, quisiera recabar el acuerdo de la Sala para tratar la iniciativa sobre pesca de investigación sin informe, pues no ha llegado desde la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
Según Secretaría, se precisa contar con la unanimidad para...
El señor HORVATH.- No es necesario el informe escrito.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Se está distribuyendo un texto comparado, por lo tanto, ya no se requiere unanimidad.
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente , antes que nada, me gustaría saber si la Sala estaría en condiciones de adoptar otro acuerdo, pues tenemos un problema: aparte de que se convino seguir debatiendo el proyecto que modifica el plazo para el reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel, debemos tratar la iniciativa que prohíbe aportes estatales a entidades que persigan fines de lucro en la educación.
Entonces, deseo que se solicite la unanimidad para que esta última, si no se alcanza a debatir hoy -porque nos están anteponiendo proyecto tras proyecto-, sea puesta, sin excepción, en el primer lugar de la tabla de la sesión del primer martes de enero. Porque estoy viendo que, por una u otra razón, siempre terminamos postergando ese proyecto de tremenda trascendencia para muchos de quienes pensamos que, de una vez por todas, debe legislarse y regularizarse el lucro en educación.
Por ende, no estoy dispuesta a dar ningún acuerdo si no existe consenso para garantizar que vamos a ver la referida iniciativa en el primer lugar de la tabla del martes próximo en que haya sesión.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- ¿Me permite una aclaración?
No se ha alterado el orden de la tabla. El proyecto que menciona Su Señoría se va a tratar antes del relativo a pesca de investigación.
Lo que estamos viendo...
El señor COLOMA.- ¿Por qué?
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Porque el acuerdo fue despachar la iniciativa sobre pesca en el transcurso del día.
Les pido que puedan seguir el debate. Tenemos la voluntad de ver todos los proyectos que sea necesario.
En cuanto al de pesca de investigación, como no había llegado el informe, pretendía recabar la unanimidad a efectos de asegurar su despacho, para discutirlo sin este documento.
Ese problema reglamentario se solucionó y vamos a analizar la iniciativa cuando corresponda, pues ya no es necesario adoptar un acuerdo.
Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente , solo deseo señalar que este proyecto, en tercer trámite constitucional, contiene enmiendas mínimas: introduce dos nuevas pesquerías, a solicitud de parlamentarios de las Regiones de Atacama y de Los Lagos, y agrega una norma relacionada más bien con un procedimiento de certificación del desembarque.
O sea, perfectamente se podría despachar sin discusión.
Entiendo que se trata de una materia compleja, pero, si nos abocáramos a las modificaciones, no lo sería para nada.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Por un punto de Reglamento, tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente , quizás el Senador Rossi nos puede ayudar a encontrar una solución con su planteamiento. Porque la situación de las otras iniciativas mencionadas no es igual que la del proyecto sobre pesca, porque este tiene "discusión inmediata".
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Ese lo sacamos en el día. Tenemos plazo.
El señor COLOMA.- ¡No! No se trata de sacarlo en el día: debemos sacarlo antes que las otras iniciativas.
Señor Presidente , yo quiero intervenir en el proyecto sobre el lucro. No sé si el Senador Quintana y la Senadora Allende (los menciono porque los tengo enfrente) desean hacer lo propio. Imagino que todos vamos a hablar. Entonces, es perfectamente posible que, llegado el término del Orden del Día, haya aún muchos inscritos.
Desde esa perspectiva, me parece que lo procedente es votar primero el proyecto sobre pesca, que tiene "discusión inmediata", para luego iniciar el debate de la iniciativa atinente al lucro en la educación, respecto de la cual no tengo problema alguno en que, como lo planteó la Senadora Allende, se acuerde su despacho en la próxima sesión ordinaria, el primer martes de enero.
Pero, señor Presidente, hagamos las cosas con estricto rigor reglamentario.
Ahora, para no iniciar una discusión, quizás sea más fácil lo propuesto por el Senador Rossi: votar de inmediato los proyectos con "discusión inmediata" y después de ello abrir debate acerca de las iniciativas que no tienen urgencia de ese carácter. Porque en el Parlamento, nos guste o no, priman las urgencias.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- La urgencia de la iniciativa sobre pesca no vence hoy. No es necesario, pues, debatir ese proyecto hoy día.
El señor COLOMA.- ¿Cuándo vence, señor Presidente?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Si me permite, Su Señoría...
El señor COLOMA.- ¿Cuándo vence?
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Señor Senador, quiero facilitar el acuerdo con el Ejecutivo. Y por eso recabé la anuencia de la Sala al principio.
Pido que me tengan un poco de paciencia.
Queremos despachar todo hoy día.
El señor COLOMA.- Depende, señor Presidente.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Pero debemos cumplir los acuerdos adoptados.
Uno de ellos consiste en que el proyecto referido al lucro en la educación se discuta hoy. Fue un acuerdo tomado ayer. Por ende, el punto no está en debate.
Ahora, queremos ver cómo damos facilidades para despachar otros asuntos con cierta urgencia. Eso es lo que estamos intentando compatibilizar.
Por eso pedí acuerdo para tratar hoy la iniciativa sobre pesca.
El señor COLOMA.- Partamos por esa.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Le consulto a la Sala si existe voluntad para adoptar las siguientes resoluciones.
Primero: ¿hay acuerdo para prorrogar la sesión, si es necesario, a fin de despachar los proyectos que figuran en tabla?
El señor GARCÍA.- No.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- No hay acuerdo de un Comité.
Segundo: los Comités acordaron despachar hoy las iniciativas signadas en el Orden del Día con los números 1 y 2.
Conforme a lo acordado por la Sala esta mañana, debemos despachar en esta sesión el proyecto que modifica el plazo para el reintegro parcial por concepto del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas de transporte de carga.
¿Hay voluntad para votar en particular dicha iniciativa ahora y sin debate?
El señor GÓMEZ.- No.
El señor LARRAÍN.- No.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Entonces, deberemos restringir los tiempos de los discursos.
¿Habría acuerdo para fijar un límite a la fundamentación de voto sobre la referida iniciativa?
¿Les parece reducir el tiempo a dos minutos?
El señor LARRAÍN.- A tres.
El señor COLOMA.- Tres.
El señor CHAHUÁN.- De acuerdo.
El señor GÓMEZ.- No.
El señor LARRAÍN.- Mejor aplique el Reglamento, señor Presidente.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Cabe recordar que ya se votó la idea de legislar. Ahora, en la discusión particular, hay que pronunciarse solo sobre una indicación.
El señor GÓMEZ.- Que quede en cinco minutos nomás.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- ¿Habría acuerdo para limitar las fundamentaciones de voto a cinco minutos?
El señor LARRAÍN.- No doy el acuerdo.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, pido que se aplique el Reglamento. No quiero algo distinto.
¡No podemos usar un criterio un día y cambiarlo al otro!
El Reglamento les da prioridad a las iniciativas con "discusión inmediata". Si no aprobamos hoy día las que se hallan en tal situación, vencerán las urgencias. Y es obligación de la Mesa poner los proyectos en tabla antes de que esto ocurra.
Eso es lo primero.
Por otra parte, le encuentro razón a la Senadora Allende en lo concerniente a la iniciativa sobre el lucro en la educación. Sin embargo, debo aclarar que no hay ningún acuerdo de Comités que establezca que hoy día se tiene que ver obligatoriamente hasta su despacho. Nosotros no hemos dado nuestro asentimiento en tal sentido.
Si se pone en debate el referido proyecto, pediremos segunda discusión, aplazamiento de la votación, en fin, porque no estamos disponibles para saltarnos la "discusión inmediata".
Esta mañana, además, se acordó seguir con la iniciativa referente al reintegro parcial por concepto del impuesto específico al petróleo diésel.
En mi opinión, lo correcto es, primero, dar paso al proyecto sobre pesca; segundo, tratar el relativo al reintegro, y luego, seguir con los asuntos en tabla.
Eso es lo que pido, señor Presidente.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Señores Senadores, la urgencia del proyecto sobre pesca vence el 27 de este mes.
El señor LARRAÍN.- Por lo tanto, debemos ver esa iniciativa hoy.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Como Mesa, informo que vamos a ejercer nuestra facultad.
Segundo, para cumplir con las urgencias, hemos querido cooperar con el Ejecutivo tratando de despachar hoy las iniciativas en que recaen. Es lo que pedí al principio.
Tercero, hay acuerdos que se adoptaron respecto de varios proyectos. Algunos Senadores tendrán otra opinión;...
El señor LARRAÍN.- No es cuestión de opiniones.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- ... es muy legítimo.
En virtud de ellos, en la Sala se deben ver hoy dos proyectos.
El Senador Larraín estaba presente cuando se tomaron esos acuerdos. Si quiere, buscaremos las actas.
No deseo entrar en polémicas. Prefiero usar el tiempo para efectos prácticos.
La iniciativa sobre pesca se verá en el transcurso del día.
El señor NOVOA.- ¿Qué significa "en el transcurso del día"?
El señor COLOMA.- No se entiende.
El señor LARRAÍN.- Para nada.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- A los señores Senadores que están a la izquierda de la testera les vuelvo a decir que la urgencia del proyecto sobre pesca vence el 27 de diciembre.
Con el señor Ministro Secretario General de la Presidencia facilitaremos las cosas para que ese asunto se despache hoy. Y si es necesario, citaremos a otra sesión.
Por eso, les solicito a Sus Señorías que cooperen para avanzar en el tratamiento de las diversas iniciativas. Es lo que pedí al principio.
Ahora, quiero saber si podemos ver el proyecto sobre reintegro con menos tiempo...
El señor ROSSI.- Señor Presidente , yo hice una sugerencia.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi para reiterar su propuesta. Ese es el objeto de esta conversación.
El señor ROSSI.- La propuesta que hice fue acerca del proyecto sobre pesca. Como se trata de modificaciones mínimas, de muy fácil comprensión, podemos votar sin discusión y despachar la iniciativa rápidamente.
Si hubiéramos resuelto eso al inicio, no habríamos perdido el tiempo y podríamos haber estado discutiendo el proyecto sobre lucro en la educación y cualesquiera otros.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Recabé ese acuerdo antes, Su Señoría.
Volveré a consultar a la Sala. Y les pido a todos los Senadores estar atentos.
¿Hay voluntad para votar sin debate ahora el proyecto sobre pesca, solo con una información sobre las enmiendas aprobadas en la Cámara de Diputados y, si es necesario, permitiendo que se solicite votación separada?
El señor WALKER (don Patricio).- Sí.
El señor ROSSI.- Sí.
El señor LARRAÍN.- Claro.
El señor CHAHUÁN.- Sí.
El señor LAGOS.- De acuerdo.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Ya.
Acordado.
VI. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE NORMATIVA SOBRE PESCA DE INVESTIGACIÓN, PESQUERÍAS ARTESANALES, MANEJO DE RECURSOS BENTÓNICOS Y CUOTA GLOBAL DE CAPTURA
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Conforme a lo recién acordado por la Sala, corresponde tratar el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre pesca de investigación, pesquerías artesanales, manejo de recursos bentónicos y cuota global de captura, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8010-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 65ª, en 2 de noviembre de 2011.
En tercer trámite, sesión 84ª, en 21 de diciembre de 2011.
Informes de Comisión:
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura: sesión 67ª, en 9 de noviembre de 2011.
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura (segundo): sesión 77ª, en 30 de noviembre de 2011.
Discusión:
Sesiones 70ª, en 22 de noviembre de 2011 (queda pendiente su votación en general); 76ª, en 29 de noviembre de 2011 (se aprueba en general): 77ª, en 30 de noviembre de 2011 (queda pendiente su discusión en particular); 78ª, en 30 de noviembre de 2011 (se aprueba en particular).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Economía.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- ¿Habría acuerdo para votar de inmediato, sin fundamento de voto, las tres modificaciones?
La señora ALLENDE.- Sí.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- No hay acuerdo.
El señor ORPIS.- Que informe el Presidente de la Comisión.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- ¿Le parece a la Sala?
Acordado.
Para informar, tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero recordar el artículo 150 de nuestro Reglamento, el cual establece que en un proyecto con "discusión inmediata", en cualquiera de sus trámites, el informe puede ser verbal.
Por lo tanto, estamos dentro de la normativa reglamentaria, y también, dentro de las prioridades con relación a los demás proyectos.
Ahora bien, debo señalar, a propósito de lo que dijo el señor Ministro , que hemos de tener alguna cautela en cuanto a las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. Y lo advierto ahora, de manera oportuna.
En el caso de la Tercera Región, una nave está desarrollando actividad con relación al pez espada. Sin embargo, podría abrirse una ventana para meter 40 embarcaciones y con ello poner en riesgo el recurso.
En el del congrio dorado, hay 110 naves en la Décima Región de Los Lagos; pero también existe pesquería de esta especie en la Región de Aysén, y no aparece. Por lo tanto, es una cuestión que deberá verse.
En el artículo 9° bis propuesto para la Ley General se agrega un inciso relativo al procedimiento de certificación de la información de desembarque, diciéndose: "el cual será efectuado, previa licitación, por entidades auditoras externas".
Nos parece bien, señor Presidente . Pero ello es sin perjuicio de lo que pueda certificar el propio Servicio Nacional de Pesca. O sea, no será aquella la única fórmula mediante la cual se va a certificar.
Eso hay que entenderlo así.
Con respecto a los planes de manejo de recursos bentónicos, mariscos y algas que se proponen en la iniciativa, hay que tener particular cuidado, porque pueden ser aplicables solo a una parte de la Región o Regiones. Y aquí puede haber otra vez la intención de que una Región pretenda superponerse a otra a través del mecanismo de consulta previsto, en que finalmente la decisión la toma la autoridad; pero nosotros sabemos que a veces priman más los pescadores que los recursos.
En tal sentido, debemos ser muy cuidadosos, para no afectar la sustentabilidad.
Por otra parte, el artículo 4° transitorio, que la Cámara de Diputados eliminó, tenía como propósito facilitar la inscripción de los pescadores artesanales que estaban realizando pesca de investigación sin cumplir los requisitos para inscribirse en el Registro ; por ejemplo, el de tener octavo año básico cumplido. Dicho precepto los daba por cumplidos y otorgaba un plazo para rendir exámenes de carácter laboral, lo que es mucho más simple.
Pero, señor Presidente , la autoridad nos manifestó aquí que tomará resguardos sobre el particular y que buscará, en conjunto con la Armada, una fórmula a los efectos de que dentro del plazo para la inscripción en el Registro -hasta la mitad del año que viene- se cumplan los requisitos del caso.
Por consiguiente, el Senado puede votar y aprobar en forma unánime las enmiendas que le sugiere la Cámara Baja, pero con las alertas que indiqué.
Gracias, señor Presidente.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Se propone votar en un solo acto las modificaciones que propuso la Cámara Baja.
Acordado.
En votación.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueban las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados (30 votos a favor y un pareo), y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
No votó, por estar pareado, el señor Pérez Varela.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LONGUEIRA ( Ministro de Economía , Fomento y Turismo).- Señor Presidente , solo quiero agradecer muy sinceramente el gesto del Senado, pues el despacho del proyecto nos permitirá promulgar la ley antes del 31 de diciembre.
Se trata de un avance muy importante, dentro de los cambios que estamos introduciendo en un sector de la pesca que requiere muchas modificaciones.
Muchas gracias.
)---------(
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Solicito el acuerdo de la Sala para ver el primer asunto del Orden del Día antes del proyecto que modifica el plazo para el reintegro parcial por concepto del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas de transportes de carga.
Esta materia deberíamos votarla sin discusión.
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente , quiero insistir en un planteamiento muy simple: aprobado el proyecto sobre la pesca, cabe terminar la discusión de la iniciativa sobre el impuesto específico al petróleo diésel, porque eso fue lo que se convino en forma unánime en la mañana, con acuerdo de los Comités. Y luego se seguirá conforme a la tabla.
Siendo eso mucho más sencillo, nos habríamos evitado una larga discusión.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Entiendo que Su Señoría no da la unanimidad para despachar de inmediato el primer punto del Orden del Día.
Como estamos tratando de deshacernos de cierta carga de asuntos pendientes, quiero pedirle que lo reconsidere. Sostuvimos una reunión de la Comisión de Régimen Interior con el objeto de poder despachar esa materia con facilidad en este momento.
Muchas gracias por su comprensión.
Se procederá sin debate y solo con informe y votación.
REGLAMENTO PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SENADORES Y COMITÉS PARLAMENTARIOS
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Proyecto de acuerdo de la Comisión de Régimen Interior, con el que propone la aprobación del reglamento del artículo 3° A de la ley N° 18.918, sobre contratación de personal para Senadores y Comités parlamentarios, con cargo a sus asignaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1435-14) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 82ª, en 20 de diciembre de 2011.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Hago presente que los contratos del personal de los señores Senadores se celebrarán por la Corporación a contar del 1° de enero próximo, para lo cual las disposiciones del reglamento regulan lo señalado en el artículo 3° A de la ley N° 18.918.
Se consideran los casos normales de terminación contemplados en el Código del Trabajo, más las causales excepcionales derivadas del hecho de tratarse de personal de exclusiva confianza de los parlamentarios.
Eso es lo principal.
El señor MUÑOZ ABURTO.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Sí, Su Señoría.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Quiero hacer tres consultas.
La primera es si la aplicación de reajuste se extiende a todas las asignaciones que impliquen personal, vale decir, el de apoyo, de asesoría externa, de la secretaría de Comité y de la asesoría externa de Comité.
La segunda se refiere a si existe la posibilidad de incorporar en el registro de asesores a egresados de carreras profesionales.
En algunas oportunidades no se requiere necesariamente un título, sino conocimiento y experiencia.
Y la tercera dice relación con la factibilidad de suplementar la asignación de personal de apoyo con saldos en gastos de operación.
¿Qué ha ocurrido antes? Se ha podido hacer uso de platas de personal de apoyo, si sobra, para gastos operacionales, o, viceversa, si han faltado recursos en la asignación de personal de apoyo, ha sido posible traspasarlos de gastos operacionales.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Lo que se tratará ahora es solo el documento sometido a la consideración de la Sala.
Como es de conocimiento de los integrantes de la Comisión de Régimen Interior, mañana se realizará una reunión del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, en la cual se dará una respuesta a los tres puntos planteados por el Honorable señor Muñoz Aburto. Estos han sido también expuestos por el conjunto de la Corporación y no son motivo del reglamento que nos ocupa. Se conversó sobre la materia en una extensa reunión de la Comisión.
Reitero que las mismas preocupaciones de Su Señoría han sido entregadas a la resolución del Consejo y que mañana se dará a conocer una respuesta.
En votación.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (31 votos a favor y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
No votó, por estar pareado, el señor Pérez Varela.
ENMIENDA DE PLAZO PARA REINTEGRO PARCIAL POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESPECÍFICO A PETRÓLEO DIÉSEL PARA TRANSPORTE DE CARGA
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el plazo para el reintegro parcial por concepto del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas del transporte de carga, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8066-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 78ª, en 30 de noviembre de 2011.
Informe de Comisión:
Hacienda: sesión 82ª, en 20 de diciembre de 2011.
Discusión:
Sesión 83ª, en 21 de diciembre de 2011 (se aprueba en general y queda pendiente su discusión en particular).
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Quiero recordar que la iniciativa ya se aprobó en general en la sesión de la mañana y que ahora se tiene que votar una indicación, consensuada y aceptada por la unanimidad de la Sala, que apunta a reducir a un año el plazo de vigencia de la ley.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
La indicación es para remplazar, en los incisos primero y final del artículo único, la frase "30 de junio de 2014" por "30 de junio de 2012".
El señor ESCALONA.- El acuerdo se refiere al 30 de diciembre.
La señora ALLENDE.-
Así es.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
El señor Secretario ha leído un texto que no corresponde a lo determinado en los Comités, que fue fijar el plazo de un año calendario, a partir de diciembre de 2011 y hasta diciembre de 2012.
Como el documento no fue entregado a la Secretaría, pido que se haga llegar.
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , lo que acaba de dar a conocer el señor Secretario es la indicación que formulamos algunos Senadores y que establecía un plazo de seis meses. Después tuvo lugar el acuerdo de la Sala y de los Comités de ampliarlo hasta el 31 de diciembre de 2012. Habíamos concluido que por el mero convenio de estos últimos se entendía presentada -así me lo explicó, por lo menos, mi jefe de bancada- la indicación respectiva. Desde el punto de vista reglamentario, entonces, esta última se podría dar por aprobada luego de corregirse la fecha.
En todo caso, me gustaría explicar cuál es su sentido.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , tal como se dio el debate en la mañana, y producto de las distintas conversaciones y búsquedas de diálogo entre los actores del sector Transporte y los parlamentarios, en lo cual también participó el Gobierno, representado por el Ministro del ramo, señor Pedro Pablo Errázuriz , nos pareció pertinente, para posibilitar un avance en términos más ciertos y tal como se establece en la Declaración que se tuvo presente, la fijación de un plazo razonable. Ello, dentro de lo que ha sido la vigencia de estas leyes desde hace tiempo, que han tenido una duración de un año.
En mi opinión, el proyecto apunta a algo positivo, en orden a tratar de hacer factible para los transportistas, como se ha dicho, una mayor capacidad de recuperación del impuesto específico del petróleo. Y esa es la razón por la cual se establece una tabla distinta de la que regía hasta el 30 de noviembre recién pasado.
El acuerdo logrado por el Gobierno con los representantes de la Confederación favorece -y muy bien, en mi opinión- a los más pequeños de los transportistas, lo que la tabla también extiende, tal como está planteada, a los pocos grandes en el país, que facturan claramente por sobre 15 mil unidades de fomento. El punto de reclamación y con relación al cual se busca un tipo de acuerdo radica en los sectores pequeños y medianos del transporte, a los cuales se les disminuye, con la tabla de facturación, la posibilidad de recuperación del impuesto específico.
Ese es el asunto en discusión. Eso es lo que ha estado encima de la mesa.
No voy a entrar en el terreno de cuál grupo es más representativo, ni en si el Gobierno tiene que negociar con uno o en contra de otro. Lo único que digo es que el principio establecido en el proyecto de acuerdo -basta leerlo- trata de beneficiar a todos los transportistas. Y, de hecho, tal como está planteado, favorece a los más pequeños. Estoy haciendo referencia a los que tienen un camión.
Porque, en términos prácticos, cuando se dispone que se podrá recuperar el 80 por ciento en el caso de una facturación anual inferior a 2 mil 400 unidades de fomento, esta cantidad asciende a unos 50 millones de pesos, lo cual, dividido por 12 meses, da alrededor de 4 millones de pesos mensuales. Un camión equipado de un costo aproximado de 100 mil dólares -esto es, 50 millones de pesos-, independiente del sector donde efectúe su servicio, anda del orden de 4 millones, si es mal pagado o realiza transportes más esporádicos, y puede llegar a 6 millones, si es objeto de mejores contratos o accede a una carga mejor remunerada. Con ello, ese transportista va a poder descontar el 80 por ciento, y está muy bien que sea así, porque es el más chico de los chicos.
El problema obedece a que los otros tramos también son demasiado bajos en términos de facturación. Entonces, los que pueden hallarse entre las 2 mil 400 y las 6 mil unidades de fomento -en términos de plata, unos 140 millones de pesos-...
Abreviaré la exposición, señor Presidente, mas el asunto es importante.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Lo sé, Su Señoría. Pero estamos tratando la indicación y queremos evitar que se reabra el debate sobre toda la materia.
El señor PIZARRO.-
Estoy interviniendo respecto de la indicación, señor Presidente . Porque es preciso tener claridad acerca de por qué estamos planteando una reducción del plazo que permita, en relación con lo expresado por los Senadores, los transportistas y el propio Gobierno, a través de su Ministro de Transportes , adquirir un sentido a la mesa de diálogo y buscar una alternativa para cumplir con el objetivo de favorecer la recuperación del impuesto a todos los transportistas.
Y estoy siendo práctico. Si se está favoreciendo a los miles de pequeños transportistas, lo que me parece muy bien, y a los pocos transportistas grandes -me refiero a los de gran envergadura-, entonces carece de sentido que ello no se extienda a los intermedios, a los pequeños de cuatro, seis, ocho, diez, quince camiones. Esa es toda la cuestión.
Entiendo que la lógica de la propuesta de los señores Senadores con el Ministro de Transportes va en esa línea, y estoy dispuesto a respaldarla. Con ese propósito posibilitamos una indicación en orden a reducir el plazo de vigencia de la ley a fin de dar el tiempo necesario para el cumplimiento de uno de los puntos planteados acá, en términos de evaluar nuevamente la tabla de recuperación del impuesto y también plantear derechamente que ello se calcule sobre la base del petróleo consumido y no de la facturación. Porque ahí también surge otro factor de tergiversación.
Ese es el sentido de la indicación y pido que la votemos en esos términos.
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Cabe dar por retirada, en consecuencia, la indicación tendiente a acotar el plazo al 30 de junio de 2012.
El señor PIZARRO.-
Sí.
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Ello, con la conformidad de sus autores.
--Queda retirada la indicación.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Se someterá a votación, entonces, la indicación que fija el plazo al 31 de diciembre de 2012.
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , lamento que el exceso de trabajo y, en forma simultánea, la tramitación de diferentes asuntos complejos haya impedido la correcta transmisión del acuerdo de Comités, pero solicito que la Versión Oficial establezca con exactitud lo aprobado.
Excuso completamente al señor Secretario General . Sé que ha tenido que ocuparse en el problema del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y otros. Así que lo justifico en tanto la situación pudiera afectar su responsabilidad.
Pero el acuerdo al que hemos concurrido, señor Presidente , no tiene ningún tipo de consideración, porque es de carácter político. Cada cual lo interpreta como mejor lo entiende. Y existe el sagrado respeto a la opinión de cada cual.
El que tomaron los Comités es uno solo: se refiere a la modificación del plazo de vencimiento de la ley al 31 de diciembre de 2012. Pido, en consecuencia, que se establezca con claridad lo que determinaron.
El señor CHAHUÁN .- No es acuerdo de Comités.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- La indicación que la Secretaría leyó, por cuanto no estaba retirada, contemplaba el plazo del 30 de junio de 2012.
La nueva indicación no se le hizo llegar.
Y, además, en el acuerdo de la mañana se planteó que los Senadores inscritos tenían derecho a hacer uso de la palabra en la sesión de la tarde. La lista se halla en poder de la Secretaría, que puede certificar exactamente el orden para ese efecto.
Ahora ha quedado retirada esa primera indicación y se ha presentado la segunda, que fija la fecha del 31 de diciembre de 2012, tanto en el inciso primero como en el inciso final del artículo único.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Esta última se someterá a votación, y quienes deseen hacer uso de la palabra...
Puede intervenir el Honorable señor Hernán Larraín.
El señor COLOMA.- Hay una lista.
El señor LARRAÍN .- Seré muy breve, señor Presidente . Es para aclarar el sentido del acuerdo de Comités de la mañana, a fin de que no se generen equívocos. En eso tiene razón el Senador señor Escalona .
Ello no se refirió a aprobar una indicación específica, lo cual es una materia política, que queda entregada a la discusión de los Senadores o a un acuerdo político de estos o de los Comités.
Lo que se convino fue solo votar en la mañana respecto de la discusión en general, sin mayor debate, de manera de poder tratar en la tarde, en el primer lugar del Orden del Día -por eso reclamé antes-, el proyecto y las indicaciones que se presentaran, respetándose a los inscritos el derecho para intervenir.
Ese fue el acuerdo adoptado, no otro.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Estamos diciendo lo mismo de diferente forma. Hay una lista de oradores inscritos. Reglamentariamente, como nos encontramos en la discusión de una indicación, lo que corresponde es otorgar la palabra para referirse a ella, respetando ese listado.
El señor COLOMA.- La lista era para la votación en general.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Efectivamente. Pero ya se votó en general. Por eso tenemos una complejidad reglamentaria, señor Senador.
Hay una indicación. Se puede adoptar el acuerdo de votarla sin fundamentación de voto. Eso resultaría un poquito absurdo. Pero es posible hacerlo, si les parece, respetando la lista de inscritos. En cualquier caso, serán los mismos que iban a hablar.
La indicación propone, como todos saben, cambiar el plazo de vigencia de la ley en proyecto hasta el 31 de diciembre de 2012.
Ofreceré la palabra conforme a la lista de inscritos.
En votación la indicación.
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
--(Durante la votación).
La señora ALLENDE.- Señor Presidente , en primer término, creo que se ha clarificado el tenor del acuerdo tomado esta mañana unánimemente por los Comités. En efecto, ratifico que ese fue el espíritu. Ello respondió en particular a la solicitud del Presidente del Senado , pues estaba programada una actividad con el conjunto del personal de la Corporación. Por eso se suspendió la discusión del proyecto, dejando para la tarde la votación de la indicación y dando la posibilidad de opinar, tomando en consideración la lista de inscritos, en fin.
Hay que ser preciso en la fecha. Lo que plantea la indicación, que es producto de un acuerdo entre todos, es que el plazo de vigencia se extienda hasta el 31 de diciembre. Y expresamente se propuso esa fecha para que no se mezclara con las discusiones del Presupuesto o del reajuste al sector público.
Ahora bien, brevemente -quiero ocupar el menor tiempo posible-, solo deseo manifestar que estoy a favor del proyecto presentado por el Ejecutivo. No aprobarlo, además, implicaría el absurdo de que nos quedaríamos con el 25 por ciento de recuperación, lo cual sería francamente incomprensible para el conjunto del sector.
Me parece positivo que el Gobierno haya hecho el esfuerzo de dialogar con la Confederación Nacional de Dueños de Camiones. Más allá de cualquier otra cosa, es la asociación gremial que ha generado su representación producto de elecciones. Es bueno que el Ejecutivo llegara a cierto consenso.
También me parece positivo que exista un sistema diferenciado escalonado; que se incorpore un cuarto tramo para microempresas. Y claramente creo que se focaliza en las pequeñas. Porque si vemos lo que ya aprobamos en general, el tramo de 0 a 2 mil 400 UF -como ya se dijo- significa uno a tres camiones y aproximadamente un total de 53 millones de pesos en ventas. Este grupo constituye el 60 por ciento de la flota. Y si pensamos en el tramo siguiente, de 2 mil 400 a 6 mil UF, estamos hablando de tres a seis camiones, lo que representa más o menos 23 por ciento de la flota. O sea, ambos tramos suman el 80 por ciento.
Creo que ello es relevante, porque claramente beneficiará a pequeños, pequeños medianos, y entregará una señal importante.
Al mismo tiempo -con esto termino, para no extenderme más-, hemos concurrido a dar el acuerdo para la indicación de los doce meses al objeto de que haya un espacio de conversación, de diálogo. Si efectivamente existen posibilidades de mejorar o perfeccionar algo que seguirá entregando beneficios por lo menos como hasta ahora, ello nos interesa.
Mediante el proyecto en análisis claramente se favorece a un sector que nos parece muy importante, de uno a tres o de tres a seis camiones. Por lo tanto, estamos hablando de un sector que trabaja y al cual podemos considerar como pequeño.
Por lo expuesto, voto a favor de la indicación.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente , a la luz del trabajo y de la conversación que se llevó adelante con las distintas federaciones y asociaciones de dueños de camiones, a las que también representamos quienes somos Senadores de Regiones, vimos que este proyecto sin duda afectaba a muchas Regiones, no digo que en forma negativa. Pero ciertos sectores, fundamentalmente empresarios medianos, se veían tremendamente desfavorecidos con relación al resto.
Hay que valorar que la presente iniciativa apoya de manera muy fuerte a los pequeños dueños de camiones. Pero deja a los medianos prácticamente disminuidos al tener la mitad de descuento del impuesto específico.
En tal sentido, creo que son absolutamente legítimos la propuesta y el trabajo que realizamos los Senadores al acordar que en enero haya una mesa de trabajo, a la que se encuentran todos invitados. Conversé hace poco rato con el Presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones . Le planteé cómo vemos nosotros la situación. Y espero que se produzca un consenso a nivel de todos los transportistas del país. Porque queremos justamente que exista equidad y que ningún sector quede desfavorecido, en especial los medianos, que realizan un esfuerzo muy grande.
Por otro lado, considero muy importante ver el texto de la declaración. Porque lo primero que hace es reconocer a la institución que llegó a ese acuerdo válido con el Gobierno. Y eso lo manifiestan las propias federaciones y asociaciones.
Pero también tenemos claro que hay que revisar lo relativo a la factibilidad. En este sentido, valoro el apoyo entregado por el Ministro de Transportes a esta materia. Pues el transporte en nuestro país es su responsabilidad.
De otra parte, debemos entender que no hablamos solo de un tema legal. La ENAP fija los precios, semanalmente. Y el gremio de transportes requiere mayor estabilidad. Por eso, no se trata necesariamente de una materia de ley, sino que puede responder a una decisión de la empresa. Esto también se incluye en el acuerdo con las distintas instituciones de transportistas que se oponían a algunos aspectos y que manifestaban su molestia a través del paro en los días anteriores.
En consecuencia, quiero felicitar especialmente a los transportistas de mi Región, con quienes estuvimos en un diálogo permanente a fin de que hubiera una salida más equitativa.
Por lo tanto, creo que las aprensiones de algunos colegas al principio de la sesión de la mañana no correspondían. Nunca estuvo en el espíritu de ninguno de los Senadores que firmaron esta declaración pasar a llevar a nadie, sino escuchar a las bases y a los representantes del gremio en las Regiones.
En tal sentido, lo resuelto en orden a fijar un plazo menor obliga a que haya una solución armónica, integrada. Por ello, apoyo la indicación que rebaja el plazo de vigencia a un año.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , me parece bien que se haya logrado reconducir el debate en función del acuerdo de la mañana, porque en esta discusión preliminar de pronto parecía que estábamos frente a un acuerdo de "manitos alzadas" en el tema del transporte, lo que no es así, en absoluto.
Y escuchando al Senador García-Huidobro ello me queda mucho más claro aún.
Efectivamente, en la mañana discutimos por largo rato acerca de la famosa declaración suscrita ayer, 20 de diciembre, por los Senadores Hernán Larraín , Francisco Chahuán y Alejandro García-Huidobro , respecto a compromisos. El documento fue firmado además por el Ministro de Transportes , quien curiosamente no ha estado presente en este debate, en circunstancias de que hablamos de transporte. Eso sí, valoro y reconozco la permanencia durante toda la discusión del señor Ministro de Hacienda .
Debo decir que a ratos no quedaba claro quién llevaba el tema por parte del Gobierno, porque había efectivamente una contradicción en la mañana. Precisamente por esa razón no era partidario de cortar el debate, y en definitiva terminamos partiendo de cero.
Aquí tenemos diferencias bastante profundas. De no haberse presentado la indicación, tendríamos por un lado esta declaración, este acuerdo, y por otro una ley cuya vigencia culminaría el año 2014. Es decir, no existía ninguna posibilidad de darle algún tipo de viabilidad a ese acuerdo.
Tampoco quiero señalar mi adscripción simplemente a quienes firmaron ese documento, porque no estoy tan seguro de que en él se encuentren todos los chicos. Es casi al revés. Durante el día he conversado con varios de los dirigentes de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, y la verdad es que ellos han estado de acuerdo en aprobar el proyecto, fundamentalmente, porque, de no hacerlo, operaría la recuperación de un 25 por ciento parejo para todos.
Ahí también debemos efectuar una distinción de fondo: más de 30 mil empresas tienen solo entre uno a tres camiones. Y se habla de los chicos como si se tratara de segmentos socioeconómicos. Incluso, hoy en la mañana, un señor Senador los relacionó con la clase media. ¡No estamos hablando de clase media! Estos camioneros no son, precisamente, fieles representantes de ese sector social.
De otra parte, es importante señalar que en esta discusión se tiende a decir que las empresas intentan rentabilizar con un aspecto tributario. Pero no es así. Los transportistas deben buscar valor agregado; planificar su carga; conseguir un generador de carga. Por supuesto, el asunto impositivo es un aspecto que hay que considerar, pero no es el que sustenta y le da viabilidad a la empresa.
Insisto: aquí estamos hablando de transportistas, muchos de los cuales no son pequeños. ¿Cuántos se encuentran en esta categoría? Cerca de 300 empresas, que facturan desde 1.500 millones de pesos hasta el infinito. En ellas muchas veces se tercerizan los servicios. O sea, algunas de estas grandes empresas se presentan a licitaciones en la Gran Minería del Cobre -lo sabe bien el Senador García-Huidobro , quien representa a una zona minera- para trasladar 50 mil toneladas de mineral y, finalmente, terminan tercerizando esta actividad a los pequeños transportistas.
Entonces, siento que este debate no podía esperar hasta el año 2014. Y nos parece que la fórmula de solución a la cual se está llegando beneficia también a los pequeños transportistas.
Perdonen que vuelva a la declaración suscrita por los Senadores Hernán Larraín , Chahuán y García-Huidobro , de la cual un señor Senador señaló en la mañana que vale "repoco". Y valdría "repoco" porque el propio Ministro de Hacienda señaló que de ese texto no se desprendía, necesariamente, una modificación legal.
Pero digamos las cosas con claridad. Francamente, pienso que por lo menos el número 1 de la declaración, que señala: "La estructura de descuentos incorporada en el proyecto de ley. El objetivo es revisar la factibilidad de un nuevo acuerdo global definiendo de una manera distinta los montos considerados en el proyecto de Ley", requiere una ley.
Y el número 2: "La factibilidad de que los tramos de recuperación de impuesto selectivo sea en función del petróleo consumido y no de la facturación de las empresas", también precisa una ley.
Es probable que el número 3 solo requiera un decreto.
De modo que cuando el Ministro de Hacienda sostiene que esto es para realizar un estudio, entonces encarguémoselo a la Biblioteca del Congreso Nacional.
Señor Presidente , siento que se intenta debatir algo en serio. Por esa razón, me parece que con la instauración de mesas de diálogo -lo he dicho siempre, no solo en este Gobierno, sino también en los anteriores-, casi como si se tratara de comodines para enfrentar situaciones complejas, no se resuelven los temas centrales.
Con la declaración en comento se pretendió disuadir y sacar los camiones que estaban en la carretera, haciendo firmar a los dirigentes un documento que -como sabemos claramente- carece de valor.
Por lo señalado, y porque pienso que esta indicación permite efectuar en un corto plazo un debate que presenta, incluso, implicancias tributarias, voto a favor.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe duda de que a este Parlamento le corresponde colegislar con el Ejecutivo. Y cada vez que este presenta proyectos habiendo gremios involucrados, trata de buscar acuerdos y entendimientos con ellos.
Eso ocurrió con los trabajadores del sector público; y de 14 organizaciones, 11 estuvieron de acuerdo. Ahora sucede lo mismo con el gremio de los camioneros; y de 11 gremios, 9 suscribieron el acuerdo.
Pero, en el caso de los trabajadores públicos, las organizaciones que no participaron ni votaron ese entendimiento con el Ministerio de Hacienda desconocieron el acuerdo final. Y algo similar ocurre hoy con dos gremios del transporte, que también desconocen lo acordado por otros dirigentes.
Entonces, ¿cómo se entiende el Ejecutivo con las organizaciones? ¿A quién vamos a apoyar nosotros?
Ya dije que aquí decidíamos libremente. Pero es evidente que cuando llegan proyectos con acuerdos entre el Ejecutivo y las organizaciones gremiales, sobre todo si son mayoritarios, ello nos hace fuerza para respaldar también lo acordado.
Por eso, estimo necesario analizar este punto en el futuro, para ver cuál es la representatividad de cada una de las organizaciones y qué tipo de acuerdos contraen estas con el Gobierno. Porque ello nos coloca en una disyuntiva y, a veces, por presiones de distinta naturaleza, las votaciones terminan distorsionándose, creando problemas al interior de la Cámara de Diputados o del Senado.
Evidentemente, en la sesión de la mañana voté favorablemente la iniciativa. Porque entendí que, de no aprobarse, se aplicaría una rebaja pareja de 25 por ciento a los camioneros, lo cual perjudicaría a los más pequeños.
La verdad es que sumados los pequeños y los medianos empresarios del transporte se llega a casi 23 mil, y los grandes solo alcanzan a 1.080. En consecuencia, la iniciativa es ampliamente beneficiosa para la inmensa mayoría.
Ahora bien, respecto al impuesto específico a los combustibles, recuerdo que en las bancadas de enfrente hace algunos años se rasgaban vestiduras para eliminarlo, y muchos parlamentarios presentaron proyectos con tal fin. Pero todos sabemos cuánto representa ese tributo para las arcas fiscales.
También hay otros asuntos que estamos analizando aquí, como el impuesto al tabaco. Entonces, si el tabaco es tan dañino para la salud, por qué no prohibimos definitivamente su consumo. Sin embargo, la recaudación tributaria por ese concepto es también muy importante para el Fisco.
De ahí que sea el Ministro de Hacienda quien lleva el control de estas materias. Y así ha sido durante los 22 años transcurridos desde que se recuperó la democracia, de 1990 en adelante. De modo que yo respeto mucho la responsabilidad del que tiene el manejo económico de nuestro país. Y, precisamente gracias a eso, hoy día somos una isla en el mundo, al compararnos con el descalabro financiero que afecta a diversos países del mundo, especialmente de Europa, e incluso a Estados Unidos.
Aprobamos este proyecto de ley, porque sabemos que representa un claro beneficio para los transportistas más pequeños. Sin embargo, ahora apareció esta declaración del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, referida a un asunto económico. Y sabemos que el área económica la lleva el Secretario de Hacienda , quien ha sostenido aquí que no hay un compromiso con los gremios, sino una conversación. ¡Pero hay una conversación! Porque es evidente que dentro de este arreglo hay algunas organizaciones que no están conformes y se sienten perjudicadas. ¡Por eso es necesario conversar!
En consecuencia, se ha presentado una indicación -con la que la inmensa mayoría está de acuerdo- que disminuye el plazo de vigencia de 31 meses a solo un año. Y pienso que hay votos suficientes para aprobarla y, luego, para despachar el proyecto.
Se establece la vigencia de un año y, de ser necesario prorrogarla, lo haremos en su oportunidad. ¡Cuántas veces lo hemos hecho con otras leyes! Pero, si existe alguna posibilidad de lograr entendimiento con los gremios disconformes, ¡en buena hora! Evidentemente, dentro de ese período lo podremos hacer.
En definitiva, en la mañana me pronuncié a favor del proyecto en general, y ahora voto que sí a la indicación que hemos consensuado.
Gracias.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , quería intervenir en la mañana, porque me interesaba tratar asuntos más de fondo en el transporte de carga.
Lamento profundamente que las organizaciones gremiales tengan diferencias. Pero aún más, que el Gobierno esté transformando en norma el aprovechar las divisiones de los gremios, de los movimientos sociales, de los trabajadores, de los usuarios de diferentes sectores, o bien, derechamente, que las fomente.
El problema de fondo en el transporte radica en que los pequeños, medianos y grandes transportistas deben desenvolverse en un sector de la economía extraordinariamente complejo, difícil, que presenta demasiados elementos que se confabulan para que sea altamente riesgoso.
Por ejemplo, no tienen claridad respecto al principal de sus insumos, que es el combustible, cuyo precio, en el último año, ha subido entre 15 y 16 por ciento.
No tienen claridad sobre cómo va a ser el instrumento de recuperación de ese impuesto, que es lo que estamos discutiendo ahora.
No tienen claridad respecto de la paridad cambiaria. Y el dólar también es un elemento fundamental para el sector del transporte, que funciona con maquinaria importada prácticamente en su totalidad y con equipamiento también importado.
No tienen claridad acerca de cómo puede hacer sus negociaciones, contratos o licitaciones para los efectos de transportar la carga.
Los grandes operadores que manejan las cargas normalmente no suscriben contratos estables. Y con frecuencia los elaboran de manera abusiva, aprovechando, lógicamente, la necesidad de los transportistas de asumir esos fletes, porque las más de las veces, por su estructura de costos, aceptan cualquier flete, porque es la manera que tienen de desenvolverse, dado el alto financiamiento que deben pagar por sus equipos.
Yo hablaba recién acá de que un camión nuevo, equipado, cuesta alrededor de 50 a 60 millones de pesos. Y el 55 por ciento de la facturación de un flete constituye costo directo.
Ello significa que cuando los transportistas se endeudan en ese tipo de equipamiento deben pagar cuotas de un millón y medio de pesos mensuales durante los 5 o 6 años de la vida útil del camión, y después podrán aprovechar otros 5 años, si es que realmente dura el vehículo, el que en la práctica sufre depreciación y su valor último de no más allá del 50 por ciento de su precio inicial.
Es decir, estamos ante un sector del todo complejo y difícil como ninguna otra área de la economía. Y resulta que aquí, en este debate sobre el impuesto específico, no escuchamos absolutamente nada de parte del Gobierno en cuanto a de qué manera va a favorecer la empresarización de dicha actividad; su modernización; la facilitación de créditos para que pueda operar; el otorgamiento de mayores garantías de estabilidad en los precios de sus principales insumos, como el petróleo y los combustibles.
Repito: el Gobierno no ha dicho absolutamente nada al respecto.
Por eso, independiente de quienes hayan firmado el acuerdo, cuando el Ministro de Transportes decide sentarse a conversar con los operadores de carga, pequeños, medianos y grandes, está llevando a cabo una medida positiva. Y debemos posibilitar que ese diálogo se produzca.
No me gusta la actitud del Ministro de Hacienda , quien cada vez que se le plantea la necesidad de entenderse con los representantes de alguna actividad para modificar aspectos tributarios que la perjudican, siempre responde que "no": no discutir, no dialogar, no conversar, no buscar algunos acuerdos.
En el Senado nadie está en contra de modificar la tabla de recuperación. Pero también creo que cualquiera, sensatamente, se da cuenta de que no podemos enmendar esa tabla si con ello perjudicamos, en forma clara, a los dueños de pequeñas empresas que poseen 3, 4, 5, 6 camiones, y que aunque estos fueran 10, 12, 15 o 20 son muy chicas, por lo cual, al revés de lo que se plantea acá, deberíamos ayudarlas a fortalecerse, a modernizarse, a que estén en condiciones de operar con un sistema de transporte de carga moderno, al que aspira nuestra sociedad.
Ese es el tema de fondo. Pero -vuelvo a repetir- el Gobierno no ha dicho absolutamente nada. Y el debate lo tienen que hacer todos los actores del sector transporte, sean de la Confederación o de las distintas federaciones.
Por eso, un plazo mínimo requiere que el Ejecutivo entienda que ha de buscar mecanismos de acuerdo con los transportistas en forma directa.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, es indudable que estamos legislando en forma apresurada.
La ley que regulaba la materia rigió -como precisó el Senador Eduardo Frei - desde el 1° de julio de 2010 hasta el 30 de noviembre de 2011. Eso es algo que se conocía.
El señor Ministro de Hacienda nos ha dicho aquí que, si no aprobamos la iniciativa, significaría un retroceso, pues el reintegro será de 25 por ciento parejo. ¡Es cierto! Pero la normativa no entregaba un reintegro parejo de 25 por ciento, sino una recuperación de acuerdo a otros porcentajes, los que no voy a repetir ya que son conocidos.
El 28 de noviembre el Gobierno envió al Congreso el proyecto que nos ocupa, con acuerdo de algunos, no de todos. Quienes representamos a las Regiones afectadas por esta situación empezamos a hacer consultas respecto de por qué se actuaba con ese criterio; por qué no se recogían las inquietudes de las distintas asociaciones y federaciones en torno de problemas relacionados con homogeneizar las tasas de reintegro y elevarlas al máximo posible para el último tramo. Tal reflexión es producto de algo muy básico y sencillo de entender: el impuesto específico al diésel no es un tributo que grave el combustible, sino una carga impositiva a la industria del transporte de carga.
Lo digo, porque hay otros sectores de la economía que para el funcionamiento de sus procesos productivos usan petróleo diésel. Pero recuperan el 100 por ciento del impuesto específico. Sin embargo, la industria del transporte de carga no puede hacerlo.
Entonces, estamos frente a una situación injusta. Y no solo para la industria del transporte de carga, sino también para las personas más modestas, porque, al final, el impuesto específico se traduce en un alza en el precio de los insumos y de los alimentos. Y estos, Honorables colegas, sirven para fijar el valor de la canasta familiar en nuestro país y, en definitiva, inciden en la canasta básica y en la medición de la pobreza.
Por lo tanto, lo que hagamos o no en el Parlamento redunda no solamente en la industria del transporte de carga, sino también en la gente más modesta.
En 2008 se legisló y se estableció una recuperación pareja de 80 por ciento por concepto de impuesto específico al diésel para todas las empresas de transporte de carga por carretera.
En los años 2009 y 2010 se innovó y se fijó un sistema que discriminaba que afectó la competencia en esta industria. Ya lo explicó el Senador señor Pizarro , por lo cual no entraré en detalles.
Hoy día estamos tratando, con urgencia de "discusión inmediata" y sin mucha posibilidad de reflexión, un mecanismo que también implica discriminación; que no permite homogeneizar; que eleva la tasa de recuperación, pero que no recoge la aspiración de este sector, como se sostuvo en la Comisión de Hacienda.
Por esas razones, muchos Senadores no estábamos dispuestos a apoyar el proyecto, porque nos obligaba a legislar en forma acelerada, poco transparente, sin grandes posibilidades de participación y sin recoger la inquietud de los medianos empresarios del transporte de carga.
En mi opinión, señor Presidente , este es un ejemplo más de la necesidad de discutir sobre reforma tributaria en el país.
Cuando nosotros castigamos a este sector, también lo hacemos respecto de los más pobres y de la clase media. Pienso que los datos sobre el punto -los entregué ayer, en otra intervención, y los reitero esta tarde- son claros y categóricos: Chile no tiene 15 mil dólares de ingreso per cápita, pues 75 por ciento de los trabajadores ganan menos de 300 mil pesos al mes. Y eso debe movernos a la reflexión.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Carlos Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente , sin duda hemos progresado, porque esta mañana la amenaza era que no se aceptaría la ley en proyecto. Ahora se plantea que se aprobará, pero que su vigencia se va a extender solo hasta el 30 de diciembre del próximo año.
En mi opinión, la indicación señalada tendrá un efecto malísimo precisamente para los sectores que no se sienten beneficiados con la iniciativa, pero que pudieron verse favorecidos si el acuerdo adoptado ayer -garantizado por varios señores Senadores y con intervención del Supremo Gobierno- hubiera posibilitado subsanar las deficiencias para incluir a todos aquellos que no estaban incorporados.
Sin embargo, tengo mucho temor de que, frente a una vigencia tan breve del sistema de desgravamen, de recuperación, de reintegro, no haya una mejora en la ley que regirá a partir de enero de 2012.
Es decir, aquellos que quieren beneficiar a todos los propietarios de camiones cualesquiera sean su definición, tamaño, consumo, producirán el efecto contrario, pues durante un año se mantendrán los defectos que esta mañana desde la Oposición se procuró poner de relieve.
Ante eso, el Gobierno podría haber hecho un esfuerzo, ya que los Ministros se habían comprometido a ello y porque ese acuerdo fue garantizado por varios Senadores.
Es posible que, ante un plazo de doce meses para la vigencia del nuevo esquema de recuperación -ojalá me equivoque-, el Gobierno espere hasta octubre o noviembre del año próximo para subsanar las deficiencias que la iniciativa legal podría acarrear.
Para toda persona que se halla en esta actividad de buena fe, es evidente que su labor debe contar con datos estables, por cuanto se trata de una industria sometida a mucha incertidumbre, con un alto grado de competencia, donde muchos actores pequeños y medianos tienen que lidiar, entre otros factores, con las variaciones del tipo de cambio o las fluctuaciones de los precios de los combustibles. Por ejemplo, el barril de petróleo hace exactamente dos años y medio llegó a costar 150 dólares; ahora está en torno a 100 dólares la unidad.
Entonces, si el acuerdo que permitía la recuperación en la forma consensuada se hubiese prolongado hasta junio de 2014, habríamos tenido un horizonte de trabajo más estable y suprimido una variable, al menos.
Insisto: esta indicación, en lugar de beneficiar a las personas que muchos colegas se jactan de querer favorecer, terminará perjudicándolas -el acuerdo suscrito ayer era eliminar las deficiencias y carencias que acusaba el proyecto y en el cual participó el Gobierno-, ya que va a postergar la solución del problema hasta noviembre o diciembre del año entrante.
En resumen, rechazo la indicación, por cuanto estimo que la ley debe tener vigencia hasta junio de 2014.
Asimismo, las palabras vertidas en la mañana acerca de que el Gobierno no opera de buena fe en esta materia resultan francamente inconvenientes y -me atrevo a decirlo- aun injustas, más todavía si el acuerdo aparecía avalado por Senadores de distintos partidos políticos, todos interesados en cooperar a la solución del problema.
Voto en contra de esta indicación tendiente a abreviar el plazo de operación de la ley hasta diciembre del 2012, pues considero que debe conservarse la vigencia original que lo llevaba hasta junio de 2014.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en lo que respecta a la indicación, entiendo que el punto es si se impone un plazo corto o uno largo. Y queda claro que al imponer uno hasta el 2014 el Gobierno se olvida del problema.
A veces los árboles no nos dejan ver el bosque. O sea, el punto de discusión se reduce a qué porcentaje descontamos del impuesto específico para algunos sectores transportistas cuando el debate de fondo -que, al parecer, el Gobierno quiere eludir- debiera ser por qué sigue vigente el tributo.
Tengo en mi poder una declaración del Senador Víctor Pérez, Secretario General de la UDI, que hiciera a la prensa el 26 de noviembre de 2009, en la cual dice:
"En marzo, cuando asuma Sebastián Piñera como Presidente de la República , la UDI le propondrá poner fin al impuesto específico a los combustibles.".
Precisó que "actualmente el impuesto específico a las bencinas equivale a $180 del valor del litro de gasolina, lo que incide fuertemente en los presupuestos familiares, cuando el vehículo en muchos casos forma parte de una necesidad y no de un lujo.".
El Senador añadió que "no existe ninguna justificación para mantener este impuesto, por cuanto todos sabemos que fue creado para financiar la mantención de las carreteras, pero hoy estas están concesionadas y pagamos peaje por utilizarlas.".
En consecuencia, "hoy los chilenos estamos pagando dos veces por un mismo servicio, el peaje y el impuesto específico a los combustibles.".
Agregó que "la Concertación todos estos años se ha negado a eliminar este impuesto argumentando que se beneficia sólo a las familias con mayores ingresos, pero eso es absolutamente falso, pues el precio de los combustibles incide fuertemente, en el valor final de todos los productos, incluyendo aquellos que consumen los sectores de menos recursos, por lo tanto, el beneficio es para todos.".
En seguida, puntualizó que "además los impuestos distorsionan el funcionamiento del mercado en general, y esto se nota aún más en los productos que hoy en Chile son de primera necesidad como es el combustible.".
"Vamos a presentar esta iniciativa y estamos seguros que vamos a contar con el patrocinio del próximo Gobierno" -o sea, el actual- "y ahí veremos quienes están efectivamente con la clase media y quienes sólo buscan utilizarla para obtener votos", concluyó el Secretario General de la UDI .
Esa declaración fue publicada en Internet el 25 de noviembre del año 2009 a las 9:3.
Señor Presidente , el tema de fondo es si este impuesto específico, que recauda entre 1.700 a 2.000 millones de pesos -o la cantidad que fuere-, permanecerá luego de conocerse lo que acabo de leer, cuando el actual Gobierno era Oposición y cuando la actual Oposición era Gobierno anunciaban su término.
¡O sea, consenso pleno!
Celebro el consenso extraordinario producido en la Sala entre ambos sectores para terminar con el impuesto específico. Por lo tanto, si se rebajan los 200 pesos que se agregan al precio de los combustibles se eliminaría este debate y las bencinas tendrían un precio real.
Hemos intentado abordar este problema mediante la subdivisión de los porcentajes, según establece el proyecto, lo que, a todas luces, es beneficioso para los transportistas pequeños: 80 por ciento de recuperación para los contribuyentes cuyos ingresos anuales son inferiores a 2.400 unidades de fomento; 70 por ciento para los que obtienen ingresos entre 2.400 y 6.000 unidades de fomento; 52,5 por ciento para aquellos que alcanzan ingresos superiores a 6.000 unidades de fomento y que no excedan las 15.000 y, por último, 31 por ciento para aquellos que logran ingresos anuales superiores a las 15.000 unidades de fomento.
Esta es una fórmula; ha habido otras.
Y, aprovechando la presencia del Ministro Felipe Larraín , quiero recordar el debate registrado el año pasado sobre el Sistema de Protección al Contribuyente del Impuesto Específico a los Combustibles (SIPCO), en el cual hacíamos un detalle del funcionamiento del FEPCO (Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles derivados del Petróleo) y del FEPP (Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo).
En resumen, se innovó en todos los mecanismos utilizados. Luego, se nos dijo que no era necesario un fondo, pues íbamos a contar con un seguro equivalente a una prima del 4 por ciento del precio del combustible.
Me gustaría preguntar al señor Ministro cómo ha funcionado el SIPCO, porque los precios del combustible han seguido subiendo fuertemente. ¿Estamos pagando la prima debida? Yo pregunté cuándo funcionaría. El período para la medición son dos semanas, y quiero saber si ese mecanismo va a operar, porque fue una fórmula innovadora. Y así lo expresamos.
En esa ocasión manifesté mi extrañeza de que a los Ministros de Hacienda de la Concertación no se les ocurriera antes que, en vez del Fondo de Estabilización -que, además, se lo chupa todo- tuviéramos un seguro, para que, cuando no funcionara el fondo, pagara la compañía, con lo cual ahorraríamos hasta 5 o 6 veces, como dijo el Ministro .
Por lo tanto, resulta necesario conocer cuál será el comportamiento futuro del precio de los combustibles. Tan importante es saber cuánto pagarán los chilenos por tal insumo como cuánto se les va a devolver por concepto del impuesto específico.
Estoy a favor de la tabla que fija una racionalización de la devolución del mencionado tributo. Conversé el punto con los transportistas de la Región del Biobío. Una gran cantidad de pequeños transportistas están de acuerdo con este proyecto de ley, a pesar de que la vigencia de la ley hasta el 2014 elude el debate de fondo planteado.
¿Vamos a terminar con el impuesto específico a los combustibles gradualmente o lo dejaremos como está?
¡No eluda el Gobierno este debate!
Me parece éticamente necesario que tanto la Oposición como el oficialismo sinceren sus planteamientos, porque ambos, en distintos momentos políticos de los últimos años, han concordado en terminar con este gravamen específico y, sin embargo, ello no ocurre.
Voto a favor de la indicación.
¡Nueva Constitución, ahora!
¡Patagonia sin represas!
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente , sin duda, estamos en presencia de una "nueva forma de gobernar". Y ella obliga al Parlamento a discutir proyectos de esta magnitud en plazos que le impiden hacerlo con la tranquilidad que una institución como esta y el país en general requerirían para contar con buenas leyes.
Yo quiero recordar que nosotros sacamos el Presupuesto al límite; el reajuste, el último día; la inscripción automática, con la espada de que era necesario despacharla porque el 1° de febrero debía estar publicada la ley, y ahora estamos analizando el impuesto específico con "discusión inmediata".
Esa es la "nueva forma de gobernar": legislar presionados, sin debate, y además dividiendo a los gremios. Aquí vivimos esa triste situación en relación con los funcionarios públicos. Se logró acuerdo con unos y no con otros; los gremios quedaron divididos. Y hoy día estamos en la misma circunstancia. Y de verdad, señor Presidente , creo que esto no le hace nada de bien al desarrollo político del país.
En este caso en particular, el Senador Navarro recordaba declaraciones formuladas aquí, en la Sala, por parte de quienes entonces eran Oposición y en virtud de las cuales manifestaban su decisión de, cuando llegaran al Gobierno, terminar con este impuesto, que era "totalmente inaceptable", porque las carreteras ya se habían construido, etcétera. Pero hoy día, cuando están en el poder, la decisión que en ese momento manifestaron ha cambiado.
A mi juicio, hay que buscar un diálogo y una manera de resolver esto que vaya mucho más allá de lo que se refiere al transporte de carga, sin perjuicio de los grandes problemas que este pueda tener. Sin embargo, este impuesto afecta no solo a la carga, sino también al valor de los pasajes y a un montón de otros costos que deben asumir nuestros ciudadanos y ciudadanas. Es efectivo que este tributo recauda una gran cantidad de recursos -1.800 millones de dólares-, pero también se debería pensar en cómo trasladar el beneficio que recibe el transporte de carga al ciudadano común, considerando que aquí hay un polinomio, una forma de definir el valor del pasaje que en definitiva hace que este sea demasiado alto, tanto en Regiones -en las del norte es carísimo- como en la Capital.
Aquello exige un análisis mayor, que no debiera realizarse con una inmediatez que, entre otras cosas, termina por tener a dirigentes que representan a diversas instituciones totalmente divididos.
A mí me ha llegado la petición de quienes represento en la Región de Antofagasta. El Presidente de la Federación de la Zona Norte, don Juan Bassi , me señaló que ellos están de acuerdo con esta propuesta. Sin embargo, me parece que lo relevante en este minuto es que se está obligando al Gobierno a volver a discutir el tema. En efecto, con un plazo fijo, en un tiempo más tendrá que conversar de nuevo con cada una de las organizaciones para encontrar una fórmula definitiva mediante la cual, de una vez por todas, el impuesto deje de ser aplicado de la manera en que se está aplicando.
Señor Presidente , creo que "esta nueva forma de gobernar", desgraciadamente, no es buena, ni para el Parlamento ni para el país. Cada vez que discutimos temas importantes y de fondo lo hacemos a presión y, al final, nos vemos en la obligación de decidir sin haber tenido ni el tiempo ni las condiciones necesarias para llegar a un proyecto que favorezca a todos los chilenos, que es lo que uno espera, principalmente cuando muchos se han comprometido de manera pública a eliminar este impuesto o a buscar fórmulas distintas de distribución.
Por mi parte, estimo que hay que tomar el plazo que el Gobierno tiene. Este debe cumplir con su obligación. Y espero que cuando el tema vuelva nuevamente al Parlamento lo haga sin esta "nueva forma de gobernar" que es la "discusión inmediata".
Gracias, señor Presidente.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra a continuación el Senador señor Coloma.
A usted, señor Ministro , se la voy a dar una vez que termine la votación.
El señor COLOMA.- Señor Presidente , ¡gracias por darme la palabra que había pedido hace cinco horas...! Pero no es culpa de usted, porque eso ocurrió en la sesión anterior.
Simplemente, deseo efectuar tres comentarios.
Primero, quiero decir que la originalidad del Senador Gómez excede lo que uno puede aceptar constructivamente, porque venir a reclamar ahora que los proyectos se tramiten con "discusión inmediata", después de que durante 20 años -en algunos de los cuales él fue Ministro - se usó y se abusó en forma constante de las urgencias, me parece un exceso.
El señor GÓMEZ .- ¡Yo no!
El señor COLOMA.- Comparto con Su Señoría que esta no es la mejor manera de legislar -y lo dije ayer respecto del proyecto sobre inscripción automática y voto voluntario-, pero creo que no corresponde que un Senador de las bancadas de enfrente pretenda sostener, o insinuar siquiera, que aquello es parte de la "nueva forma de gobernar". Es, quizás, un resabio menor de la forma en que la Concertación legisló durante 20 años.
El señor NAVARRO .- ¡Aprendieron lo malo de la Concertación...!
El señor COLOMA.- Y me parece bien que el Senador Navarro asuma el nuevo rol de la Concertación y reclame cuando yo planteo este tipo de crítica, que es política y razonable.
Segundo, creo que estamos en un proceso. Esta discusión no parte hoy día. Viene desde hace muchos años y la hemos tenido en este mismo Senado. Y ahora voy a decir algo no muy diferente de lo que planteé en su momento: que aquí enfrentamos un problema severo con el tema del impuesto a los combustibles. Y yo espero que, si hay una reforma tributaria en Chile, ella sea para bajar los impuestos, entre ellos el que nos ocupa.
Esa es la posición que he defendido.
Lo que ocurre -y sigamos la historia- es que la actual fórmula es muy parecida a la que en su oportunidad ideó el Ministro Velasco , quien hizo unas diferenciaciones que siempre son complejas, por los efectos distorsionadores que producen. Una política pro pyme me parece bien. Pero un sistema que ayuda al gran empresario y deja a la clase media de los transportistas, desde mi perspectiva, en claro desmedro, en la lógica de competitividad, merece ser revisado.
Lo dije en su momento y lo repito ahora con la misma convicción.
¿Qué hemos hecho un conjunto de parlamentarios? Tratar de generar ese debate, que no lo es todo. El debate central será el impuesto a los combustibles, que espero -insisto- que este Congreso tenga la voluntad de disminuir o eliminar.
Sin embargo, hemos planteado tres cosas específicas que se pueden hacer sin violentar ninguno de los principios atingentes a este tipo de leyes.
Primero, revisar la estructura de descuentos incorporada en el proyecto. Lo dije en su momento: me parece que al final lo propuesto tiende a generar desincentivos para el crecimiento de determinadas empresas o incentivos para la división arbitraria de otro tipo de empresas y, claramente, no ayuda a que los sectores medios experimenten un progreso importante en esta materia. Por tanto, espero que exista voluntad para lograr un nuevo acuerdo global y que las autoridades de Gobierno -así ya lo han señalado- hagan el máximo esfuerzo en esta línea.
Segundo, que la recuperación del impuesto se realice en función del petróleo consumido y no de la facturación de la empresa. Porque estamos hablando de un impuesto específico y de la forma de recuperarlo, no de gravar a determinados tipos de empresas. Por eso, me parece que el acuerdo suscrito apunta en el sentido correcto. No sé si alguien podrá plantear algo distinto.
Y tercero, una antigua aspiración, no solamente del mundo de los camioneros, sino también de muchas otras instituciones: que las revisiones del precio de los combustibles sean más espaciadas en el tiempo, para tener más lógica de proyección en cuanto a la fijación de los costos de producción, lo que hoy -lo entiendo- no resulta fácil a la luz de los cambios sustanciales que hay semanalmente. Esto tiene que ver con modelos que no son contrarios a ninguna regla y que reflejan, al menos en parte -según he podido ver-, la voluntad del Gobierno.
Para terminar, quiero reivindicar lo útil que fue el acuerdo alcanzado; esperar que la nueva normativa entre en vigor a la mayor brevedad, e insistir en que aquí el problema de fondo, más que de distribución -que también tendremos que analizar-, dice relación a cómo enfrentamos el tema del impuesto específico a los combustibles, que, a mi juicio, está dañando a los sectores emprendedores y productivos de Chile y particularmente a la clase media.
He dicho.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Como no se encuentra en la Sala en este momento el Senador señor Muñoz Aburto, tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA .- Señor Presidente , yo voté a favor de este proyecto en la Comisión de Hacienda. Ahora voy a mantener mi posición y me pronunciaré en contra de la indicación.
Deseo señalar que en una materia de este tipo, donde se establecen determinados tratamientos tributarios, donde se discrimina en función de la venta, el tamaño, puede haber muchas opiniones, todas legítimas, por cierto. Pero creo que en el debate se han cometido algunas injusticias que a mí me interesa reparar.
En primer lugar, se ha criticado la oportunidad en que se presentó el proyecto; se ha reclamado por qué no se hace un análisis a fondo de todo el sistema de los combustibles, e incluso se han emitido opiniones tan valiosas como la del Senador Pérez Varela, a quien me gustaría que siempre se oyera con la misma atención.
Ahora bien, quisiera recordar que aquí estamos discutiendo una normativa muy específica. No estamos hablando del tema de los combustibles ni de la política de transporte, sino refiriéndonos a la modificación de la ley N° 19.764, que en el año 2001 consagró el sistema de reintegro parcial del impuesto.
Dicho cuerpo legal establecía un reintegro inicial de 10 por ciento, y permanente, de 25 por ciento.
¿Qué pasó el 2008? Se produjo una crisis y aumentó el precio de los combustibles. Por eso, se modificó el sistema para incrementar el reintegro por un plazo determinado.
Pasó la crisis y el 2009, mediante otra ley, se dispuso un nuevo mecanismo de reintegro, que terminó su vigencia y fue reemplazado por otro el 2010, también con fecha de vencimiento, porque el Senado siempre acordó aprobar leyes parciales.
Por lo mismo, no tiene nada de extraño que, en el momento de su renovación, el Gobierno decida plantear un cambio, el cual, sin perjuicio de que podrá gustar o no gustar, no requiere de tanto análisis y debate.
Vale decir, a la fecha de extinción del plazo de vigencia de tal normativa, que fijaba ciertas tasas y tramos, el Gobierno presenta un proyecto con otros tramos y otras tasas en una materia que es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
En varias oportunidades nos ha tocado discutir prórrogas de leyes en fechas cercanas a su vencimiento o con el plazo ya vencido. No es ninguna novedad.
El señor LAGOS.- ¡O sea, como que todo está bien hecho...!
El señor NOVOA.- No, no es que todo esté bien hecho. Es parte de lo normal. Estamos discutiendo la prórroga de una ley, que si no se aprueba deja vigente la norma permanente que establece una tasa de 25 por ciento.
Yo examiné el proyecto presentado por el Gobierno y vi que todos los sectores -los pequeños, los más pequeños y los medianos- tienen un buen porcentaje de reintegro: de 50 por ciento, los medianos, y de 30 por ciento, los más grandes. Lo señalo porque acá se dice que los medianos salen perjudicados. Pero no me parece que sea así, según lo aprecio en la iniciativa propuesta, que plantea una tasa que se traduce en un mayor beneficio para los más chicos y en otro un poco menor para los más grandes.
En consecuencia, esto de cambiar a última hora el proyecto para contemplar un plazo más corto creo que no beneficia a nadie, porque es evidente que los temas de fondo no se están discutiendo con motivo de esta normativa y que tampoco se discutirán cuando venza la nueva prórroga.
El señor LAGOS.- ¿Por qué no?
El señor NOVOA.- Porque son materias de otra ley. Si se quiere eliminar el impuesto a los combustibles, hay que avanzar en esa línea.
Como se me acaba el tiempo, me apuro en señalar que a mí tampoco me gustan -lo digo con franqueza- las presiones corporativas que se han efectuado.
El Gobierno llegó a un acuerdo con una Confederación, que constituye un referente. Se realizó una negociación con quien el Ejecutivo estimó que representaba a todos los sectores.
Por lo tanto, el ir cambiando las decisiones a raíz de presiones, por muy legítimos que sean los intereses en juego, nos va a llevar, probablemente, a un caos legislativo.
Gracias.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Por favor, ruego a las tribunas guardar silencio.
Le correspondía el uso de la palabra al Senador señor Chahuán. Como no se encuentra en la Sala, puede intervenir el Honorable señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , quizás hay razones -octubre y noviembre fueron meses agitados en torno al debate de la Ley de Presupuestos, y luego tuvimos que dedicarnos varios días al proyecto de reajuste de remuneraciones del sector público- que explican que esta iniciativa se presentara el último día y que no hayamos tenido más tiempo para discutirla.
Y eso, por lo menos para nosotros, es algo preocupante. No es un buen sistema, aunque, como bien señalaba el Senador Novoa, es el que, lamentablemente, existe desde hace 20 años.
Yo quisiera que de una vez por todas nos pusiéramos colorados y no siguiéramos cortando estos proyectos, tipo "salame", para evitar que tengan una duración temporal. Porque ese es el problema. ¿Por qué no contar con un sistema de reintegro permanente? Si vemos que hay una situación distinta, generemos un mecanismo diferente que sea para siempre y que no estemos discutiendo cada cierto tiempo, según tales o cuales circunstancias, según tales o cuales presiones.
Eso es, a mi juicio, lo que debemos hacer.
Ahora bien, me enteré tarde del problema a través de dirigentes gremiales de mi Región. Y consideré preocupante que el proyecto, si bien, como dije en la mañana, beneficia bastante a los pequeños sectores -que de un 63 por ciento pasan a recuperar el 80 o 70 por ciento, según su nivel de venta- y a las grandes empresas, que tendrán un reintegro mayor que el que hoy día les otorga la ley -pasan de un 29,65 al 31 por ciento-, deja en mal pie a los sectores medianos.
Además, hay otros factores que parece conveniente revisar.
Eso fue lo que convinimos ayer con el Ministro de Transportes, y es lo que creo que tiene valor, porque, como necesitamos salir de este proyecto de ley, que ha sido facturado por el Ejecutivo oyendo a la Confederación de Dueños de Camiones, es bueno que siga avanzando, en la medida en que ciertos planteamientos que han sido formulados por otros -y que al menos yo comparto- puedan ser revisados.
Ese es el sentido que tiene la mesa de trabajo que se va a constituir en enero, que conformará el Gobierno con todos los dirigentes.
Yo he estado conversando con algunos con los cuales no había tenido la oportunidad de hacerlo. Solo lo había hecho con los de mi Región y con otros de las federaciones que nos han estado acompañando en estos días -de las Regiones Primera, Quinta, Sexta y Séptima- y de la Asociación de Dueños de Camiones del Sur. Pero no me había reunido con la directiva de la Confederación Nacional, la que también está interesada en analizar ciertos temas.
De ahí que el plazo -31 o 13 meses- me parece irrelevante. Porque si, como ayer le entendí al Ministro de Transportes , hay verdadera voluntad para estudiar y revisar estas materias, el que tengamos un horizonte conforme a esos plazos carece de importancia, por cuanto espero que, producto de esa mesa y del trabajo que se realizará en enero, podamos elaborar una modificación más sustantiva que diga relación no solo con los tramos, sino también con otros factores que han surgido en esta discusión: la factibilidad de que las tasas de recuperación se fijen en función del petróleo consumido y no de la facturación de venta, por las razones que aquí se han dado; el contar con un horizonte de tiempo, no de una semana, sino de un mes -y ojalá más- para realizar una debida proyección económica de la actividad relacionada con esta industria.
Por eso, estimo que lo concerniente al plazo -reitero- no es lo más relevante. Lo importante es la determinación de revisar el tema para llegar, en lo posible, a una situación permanente.
He visto esa voluntad en el Gobierno, representado por el Ministro de Transportes ; en los dirigentes, que han estado inquietos porque su voz no ha sido acogida en este debate; en quienes nos acompañaron ayer en esta declaración; en la Confederación, para seguir dialogando, y en el Parlamento, donde se ha notado bastante sensatez para buscar una solución.
Por lo tanto, pienso que no tiene ningún sentido cuestionar que algo se vaya a hacer en 13 o en 31 meses más cuando existe la posibilidad de que lo hagamos -es lo que yo espero- en 4 o en 5 meses.
Si esa es la voluntad, yo al menos estoy por facilitarla, y por eso voy a votar a favor de la indicación.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .- Señor Presidente , el proyecto de ley que el Gobierno somete a consideración del Senado -tal como expresé en la mañana- pone su máximo acento en que el mayor reintegro de este impuesto al diésel lo obtengan los dueños de uno, dos o tres camiones; es decir, los pequeños empresarios, las pymes del rubro.
A mi juicio, ello constituye un buen síntoma de focalizar los beneficios fiscales.
Además, señor Presidente , estimados colegas, otra virtud de esta iniciativa era darle un horizonte de tranquilidad al sector, en el sentido de que las reglas del juego se iban a mantener estables hasta junio de 2014. No obstante, dicha estabilidad se pierde con la indicación que se halla en votación.
Les quiero recordar que ya se ha legislado sobre la materia en los años 2008, 2009, 2010 y, ahora, en 2011, cuando, precisamente, una de las demandas del gremio es contar con estabilidad en las normas que lo regulan.
Por ejemplo, una de las peticiones es que el petróleo diésel no cambie de precio todas las semanas, porque cuando eso ocurre, por lo general, la demora en responder las cotizaciones hace que estás pierdan toda validez debido al alza del combustible.
Aquí se estaba logrando un avance tremendamente importante en la legislación para darle estabilidad a las reglas del juego en materia de reintegro respecto del impuesto específico a los combustibles. Y yo lamento, en realidad, que esa estabilidad se esté perdiendo por la indicación que se encuentra en votación.
Por último, señor Presidente , quiero plantearlo también de la siguiente manera.
Ayer el Ministro de Transportes se comprometió a realizar un estudio en 30 días. Los resultados de ese análisis, obviamente, iban a traducirse -en caso de que hubiera acuerdo- en modificaciones a la iniciativa que hoy debatimos. Tales enmiendas, sin lugar a dudas, son para mejorar la situación de los transportistas, no para empeorarla.
Yo prefiero quedarme con el plazo del 31 de enero. Yo prefiero quedarme con la confianza que los gremios le dieron ayer al titular de Transportes, en el sentido de que en 30 días era posible estudiar y construir un acuerdo. No veo por qué haya que cambiar la fecha para el 31 de diciembre del año 2012.
Por eso, señor Presidente, voto en contra de la indicación.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , creo que la indicación que se ha presentado es perfectamente lógica y coincide con lo que nos dijeron los Senadores que conversaron y llegaron a acuerdo con el Ministro .
No obstante, mi preocupación surgió a raíz de las declaraciones que formuló el titular de la Cartera de Hacienda, pues cuando se lo consultó si había un compromiso en cuanto a realizar una modificación legal, respondió que no. Y eso, por supuesto, nos llevaba a una contradicción. Porque para llevar a cabo un análisis, lo dijo aquí otro Senador: "Bueno, podemos encargarle a la Biblioteca del Congreso que efectúe un estudio comparativo acerca de lo que ocurre con el impuesto específico en materia de transportes".
Sin embargo, no se trata de realizar solo un estudio, sino de llegar a algún resultado: establecer -a lo mejor tienen razón quienes lo han dicho en la Sala- una normativa permanente en el tiempo para darle al sector del transporte de carga reglas claras del juego. No obstante, como el plazo va a regir hasta el 2014, si las reglas no son buenas habrá que modificarlas. El propio acuerdo al que arribaron los Senadores con el Ministro lo señala: "Hay que revisar la estructura de los descuentos"; "se requiere una modificación para que la devolución no se haga por factura, sino por petróleo consumido"; y "es preciso examinar periódicamente la fórmula que se emplea para fijar el precio del petróleo.".
Eso es lo que se dice acá. Pero ello exige un proceso de elaboración y espero que llegue aquí, al Parlamento. Lo que necesitamos es una norma permanente que sea estudiada por todo el sector transporte, de tal manera que cada cierto tiempo no tengamos que volver sobre el tema.
No veo la manera de excusar el hecho de que, ante una normativa que vencía el 30 de noviembre, se haya presentado la iniciativa el mismo día y se le pusiera urgencia de "discusión inmediata". Esa no es la forma de legislar en el Congreso y lo voy a hacer presente cada vez que sea necesario. El Parlamento no es un buzón, sino un lugar donde se estudian y discuten seriamente los proyectos que nos envían. Y una iniciativa de esta magnitud, con toda la controversia que ha provocado, no es de Fácil Despacho, ni de "discusión inmediata".
En tal sentido, el Ministro tiene que tomar nota, pues para renovar una ley que está próxima a vencer, debe traer el proyecto al Parlamento a lo menos con 60 o 30 días de anticipación, con el objeto de poder estudiarlo y despacharlo. Pero por ningún motivo se puede otorgar 6 días al Senado para tales efectos, que es el plazo correspondiente a la "discusión inmediata".
Yo soy autor de la indicación primitiva que, incluso, creo que es más coincidente con lo sugerido, pues era partidario de un plazo más corto: hasta el 30 de junio.
¿Por qué era necesario prorrogar la norma? Para evitar un perjuicio al sector del transporte de carga. Porque si no había ley la devolución del impuesto específico caía al 25 por ciento, porcentaje mucho menor que el que nos propone el proyecto del Ejecutivo. Por eso es necesario prorrogarla, para precaver un daño a dicha actividad. Entonces, con ese plazo tenemos la posibilidad de que lo que se ha planteado en conjunto con el Ministro de Transportes se convierta en realidad. Ojalá el titular de Hacienda ponga toda su voluntad para acogerlo. Espero que sus primeras declaraciones no persistan en lo mismo y que el Parlamento haga lo que le corresponde antes del 31 de diciembre, que es la fecha tope.
Si la mesa de trabajo llega a un acuerdo en 30 días, podríamos legislar sobre la materia en marzo. No tenemos por qué estar sujetos ni obligados al 31 de diciembre, que es la fecha máxima que nos hemos puesto.
Espero que en el mes de marzo tengamos un proyecto de ley suscrito por el Gobierno, con las firmas de los Ministros de Hacienda y de Transportes. Y aquí va a ser objeto de una muy buena recepción.
Por tales razones, señor Presidente , he apoyado esta indicación, la cual, a mi juicio, ha sido bien acogida.
Por último, quiero dar una explicación.
Le pedí al Jefe del Comité de Renovación Nacional que me levantara el pareo que mantengo con el Senador Espina, pero no he recibido una respuesta positiva hasta el momento. Por lo tanto, no voy a poder votar ni acompañar esta indicación, como hubiera sido mi deseo y mi voluntad. Y esto no pasa por mí, sino porque el Comité de Renovación Nacional no me ha autorizado para tal efecto.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente , la verdad es que ya intervine en la mañana y creo que está todo dicho. No obstante, a raíz de los planteamientos de los Senadores de Gobierno, quiero referirme a un tema respecto del cual se me adelantó el Honorable señor Zaldívar . Y dice relación con que la fecha que propone la indicación sí establece una diferencia.
Uno parte de la buena fe y, si tiene la convicción de que un Gobierno -cualquiera que sea- va a cumplir en evaluar y estudiar con responsabilidad una materia y a partir de ahí se va a originar un proyecto de ley, uno dice: "Bien". Sin embargo, cuando se pone como fecha el 30 de junio de 2014, si quisiera cobrarle la cuenta a este Gobierno, por más que se eligiera a alguien de su coalición, ya no sería posible.
Mi pregunta es si una fecha no ayuda a generar el estímulo para que tenga lugar el estudio en enero, para que se reflexione en febrero, y para decidir entre marzo y abril. Esperaba que ese tiempo fuera más que suficiente.
El Senador Novoa dijo que este asunto no era muy complejo, sino bastante simple.
Si fuera así, en dos meses se resolvería.
Quiero recordarle a Su Señoría -porque él dio a entender que este proceso era normal, que correspondía al tratamiento de siempre- que aquí ingresó el proyecto, con urgencia de "discusión inmediata", el día que terminaba la vigencia de la ley. La diferencia...
El señor LARRAÍN.- Es lo de siempre.
El señor LAGOS.- Lo que ocurre es que hace un año que se sabe que vencía el 30 de noviembre pasado.
Desde ese punto de vista, no me parece razonable.
No he estado en el Senado durante 20 años -con suerte, voy para el segundo y muy contento-, y me gustaría que la próxima vez la iniciativa ingrese con tiempo, sobre todo porque venía con dificultades. La explicación que dio el Ministro es que le tomó mucho tiempo conversar con los representantes del gremio del transporte de carga. Eso quiere decir que la cosa ya venía complicada.
Desde esa perspectiva, con mayor razón hay que ponerse a trabajar un poco antes. Para ser franco, yo era partidario de un plazo de seis meses, porque con ello se generaba un estímulo real al Ejecutivo . Además, si se enviaba en junio, no se topaba ni con la discusión del Presupuesto ni con el debate sobre el reajuste del salario mínimo, lo cual permitiría abordar los temas de fondo pendientes.
Por consiguiente, mi única intervención es para reafirmar esta indicación, cuya autoría pertenece al Senador José Antonio Gómez , para ser sincero. Otra cosa es que yo anduviera sugiriendo variar el plazo para generar el estímulo adecuado.
¡Y veo bien estimulado al Ministro de Hacienda ahora...!
El señor PIZARRO .- ¡Hable de fútbol...!
¡Más que el Ministro de Economía, en todo caso, a quien observo echado...!
¡Está durmiendo...!
El señor GIRARDI (Presidente).- Evitemos los diálogos, por favor.
El señor LAGOS.- ¡Lo incomodamos...!
Lo que pretendo decir, señor Ministro , es que esperamos que el próximo proyecto, ya sabemos que este va a prorrogar la ley por un año y diez días, no proponga solo una renovación, sino que genere un espacio para que incluso podamos revisar el impuesto al diésel.
Respecto de esto último, hay algo que no comparto. Me parece que el impuesto habría que mantenerlo, pero bajarlo respecto de quienes lo pagan y extenderlo a las industrias contaminantes que hoy "se la llevan gratis". El Estado podría recaudar lo mismo y se diluiría el esfuerzo de los automovilistas y del transporte de mejor manera.
Porque hay que sincerarse: ¿qué deseamos penalizar: la contaminación o el uso de las carreteras? Estas últimas están todas concesionadas en la actualidad. No se justifica; existe doble pago.
En suma, tendremos un año y diez días para revisar estos aspectos. Y me imagino que la siguiente iniciativa contendrá algo distinto.
¡Está archiestimulado el Ministro ...!
He dicho.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba la indicación (25 votos a favor, 6 en contra y 2 pareos); queda aprobado en particular el proyecto, y terminada su discusión en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Navarro, Orpis, Pizarro, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Votaron por la negativa las señoras Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores García, Larraín (don Carlos), Novoa y Prokurica.
No votaron, por estar pareados, los señores Pérez Varela y Zaldívar (don Andrés).
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARRAÍN ( Ministro de Hacienda ).- Señor Presidente , me veo en la obligación de aclarar ciertas cosas, porque he sido emplazado en algunas ocasiones por los señores Senadores.
En primer término, quiero dejar en claro por qué entró el proyecto el 30 de noviembre.
Efectivamente, el 1 de diciembre caduca la vigencia de la ley. Pero tenemos el tiempo necesario -no hay que extremar los argumentos- porque el impuesto específico de diciembre se recupera, en lo correspondiente al porcentaje de reintegro, al momento de pagar el IVA el mes siguiente, es decir, el 12 de enero.
Por lo tanto, estamos a tiempo.
Tampoco se puede acentuar que había un día para aprobarlo.
Como dije, existe un espacio para discutir sobre el particular.
¿Por qué se envía el 30 de noviembre? Porque, efectivamente, durante algo más de tres meses estuvimos conversando con los gremios.
¿Con cuáles? Como corresponde, con la directiva de la Confederación Nacional, que representa en el acuerdo, conforme a la información que tengo, a más del 95 por ciento de los transportistas de carga. No obstante, algunas asociaciones regionales no se sintieron representadas por este acuerdo.
En tal sentido, también tenemos disposición para escuchar. No obstante, llegamos a un acuerdo con quien corresponde: la directiva nacional. Y en él estuvo representada durante todo ese período la Confederación Nacional de Dueños de Camiones y, en la parte final, Chile Transporte.
En segundo lugar, se ha hablado sobre el precio del combustible, el impuesto específico.
Voy a darles una noticia: el valor del diésel, como acaba de anunciar la ENAP -no sé si corresponde que lo diga a esta hora-, va a caer en forma significativa a partir de mañana en más de 5 pesos. La cifra exacta me la guardo -la conozco- hasta que ese organismo la haga pública.
Por lo tanto, ello constituye un buen acontecimiento.
En tercer término, deseo refutar al Senador Pizarro . Porque él me acusó de no dialogar, lo cual no es así.
Este Ministro lo ha hecho: dialogamos durante bastante tiempo con los gremios del sector público, y llegamos a acuerdo con 11 de los 14 con que conversamos; dialogamos con la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, y arribamos a consenso con la directiva nacional.
Por lo tanto, no es correcto, ni es efectivo, ni corresponde a la realidad decir que no dialogamos, porque lo hacemos y llegamos a acuerdo.
Por último, he leído la declaración un par de veces y consultado a alguna gente que la firmó.
Se intenta imponer una cuña en cuanto a que existe una diferencia entre lo que he planteado y la declaración, lo cual no es efectivo.
En la declaración ninguno de sus puntos establece un compromiso de enviar un proyecto de ley; eso, mientras no exista un acuerdo.
El número 1 señala: "El objetivo es revisar la factibilidad de un nuevo acuerdo global definiendo de una manera distinta los montos considerados en el proyecto de ley.".
Cualquier persona de buena voluntad entiende que el Ejecutivo está dispuesto a enviar un nuevo proyecto de ley en la medida que se alcance un acuerdo global que incorpore al gremio completo y al Gobierno, tal como se plantea en el acuerdo a que se llegó.
Por lo tanto, no he expresado -como ha dicho el Senador Zaldívar- que no estoy disponible para ingresar una nueva iniciativa. Lo que dije es otra cosa: que se someterá a tramitación un nuevo proyecto de ley en la medida que exista un acuerdo, y que no hay un compromiso a todo evento de enviarlo.
Eso surgió a raíz de una pregunta del Senador Escalona en la mañana.
Por consiguiente, se debe ser muy preciso. Y he leído con cuidado este acuerdo.
Así es que, señor Presidente , quiero expresar que tenemos siempre la disposición a conversar y que, en la medida que surjan acuerdos, vamos a estar contestes a solucionar en forma más permanente este asunto.
Porque estoy convencido -como señalaba el Senador García- de que un acuerdo de más largo plazo sería importante para el gremio en el sentido de dar estabilidad en las condiciones.
Me parece un punto muy adecuado.
Ese es el acuerdo que teníamos, y tenemos, con el gremio del transporte: llevarlo al 2014, sin perjuicio de la indicación presentada.
Gracias, señor Presidente.
)-----------(
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Antes de pasar al siguiente proyecto, tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente , en el número 3 de la tabla figura, para su discusión en general, el proyecto que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales.
Como viene aprobado por unanimidad de la Comisión de Economía, pido que se recabe el asentimiento de la Sala para que podamos tratarlo antes de la iniciativa que prohíbe los aportes estatales a entidades que persigan fines de lucro en la educación.
Podríamos incluso...
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- No hay acuerdo, señor Senador.
El señor GARCÍA.- ¿No hay acuerdo?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- No.
El señor GARCÍA.- Bueno.
Gracias, señor Presidente.
PROHIBICIÓN DE APORTES ESTATALES A ENTIDADES CON FINES DE LUCRO EN EDUCACIÓN
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Letelier, Bianchi, Cantero, Escalona y Quintana, en primer trámite constitucional, que prohíbe aportes estatales a entidades que persigan fines de lucro en la educación, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7856-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Letelier, Bianchi, Cantero, Escalona y Quintana):
En primer trámite, sesión 42ª, en 10 de agosto de 2011.
Informe de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 49ª, en 6 de septiembre de 2011.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- En el trámite ante la Comisión de Educación, adhirieron a esta iniciativa los Senadores señoras Allende, Pérez (doña Lily) y Rincón y señores Frei, Gómez, Girardi, Lagos, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Ruiz-Esquide, Rossi, Sabag, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Los objetivos de este proyecto son prohibir los aportes estatales directos o indirectos a personas naturales o jurídicas que persigan fines de lucro en materia de educación escolar; prohibir que los centros de formación técnica y los institutos profesionales sean personas jurídicas con fines de lucro, y limitar las relaciones societarias que puedan tener las instituciones de educación superior con personas jurídicas que persigan fines de lucro.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología debatió esta iniciativa solamente en general, con el propósito de efectuar un análisis más profundo durante la discusión particular, y aprobó la idea de legislar por 4 votos a favor (Senadores señores Cantero, Navarro, Quintana e Ignacio Walker) y 1 en contra (Senadora señora Von Baer).
Cabe tener presente que para la aprobación de esta iniciativa se requieren 21 votos conformes.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- En discusión general.
Tiene la palabra el Senador señor Quintana, Presidente de la Comisión.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , no haré una relación como Presidente de la Comisión , sino que intervendré como autor de la iniciativa junto con numerosos otros colegas.
Se requería discutir este proyecto. Y resulta incomprensible que ello se logre solo hoy, después de cuatro meses de estar en tabla, en distintos lugares. Ello, porque no se le dio a la iniciativa la urgencia debida. En algunos casos, por razones muy justificadas; en otros, más bien como subterfugio (lo digo con toda claridad) del Ejecutivo para evitar su tratamiento.
Por lo tanto, estar discutiendo esta materia hoy día, en la última sesión del año, me parece un paso importante.
Pero habría sido mucho más relevante efectuar el debate cuando el proyecto se presentó, en el marco de las movilizaciones estudiantiles y (por qué no decirlo) en el contexto de la discusión del Presupuesto, lo que se intentó hacer.
Durante el debate presupuestario algunos Senadores señalaron que estábamos asistiendo a cambios estructurales en materia de educación.
Yo siento que no hemos arribado a ninguna reforma de fondo.
El propio Presidente Sebastián Piñera dijo acá, en la sesión de Congreso Pleno del 21 de mayo último, que este era el año de la reforma educacional. Y luego, en un programa de televisión, manifestó que se iban a realizar cambios estructurales.
La verdad es que nada de eso ha tenido lugar.
Creo que es muy significativa la discusión que tendremos ahora, porque esta puede ser la primera modificación de fondo, la que lleve a variar el eje de la conversación.
Quienes esta mañana estuvieron en la sesión de la Comisión de Educación -todos sus miembros titulares, más otros Senadores y Senadoras, como la señora Allende y el señor Gómez - presenciaron un debate que en parte apunta en aquella dirección.
Cabe recordar, a propósito de la iniciativa sobre Superintendencia de Educación Superior que el Ministro Bulnes envió al Senado, que en el mensaje del 21 de mayo el Presidente jamás planteó la posibilidad de un órgano de tal índole. En esa oportunidad se anunció una Subsecretaría.
Desde luego, valoramos la voluntad política del Gobierno para establecer un organismo regulador en esa materia. Pero debo puntualizar que la discusión de esta mañana se condujo por una vía diferente de lo que ocurre en la educación general, a cuyo respecto el año pasado se aprobó la ley que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación y la Superintendencia respectiva. Ahí hay una estructura, una arquitectura orgánica. Pero ello no sucede en la educación superior, sobre la cual estamos discutiendo en torno a una Superintendencia cuyo foco (seamos claros) intenta dar respuesta a la cuestión del lucro. ¿En qué sentido? En el sentido de que la ley dice por un lado que no se puede lucrar y, sin embargo, todos sabemos que por la vía de las sociedades espejo se sigue haciendo.
Yo quiero señalar -no se halla en la Sala el Ministro de Educación- que no estoy disponible para aprobar en general el proyecto que crea la Superintendencia de Educación Superior, por necesario que sea, hasta que se desenmarañe el funcionamiento de las universidades. Porque hoy día tenemos planteles universitarios que son verdaderos palos blancos desde donde, como lo reconocieron algunos rectores esta mañana, se lucra por las vías de los fondos de inversión; de los institutos; de las sociedades relacionadas; de las sociedades espejo; de las inmobiliarias.
Entonces, señor Presidente , quise partir con este punto porque pone de manifiesto fundamentalmente la completa desregulación existente en el ámbito de la educación superior.
Y qué bueno que esté aquí el titular de Economía , pues esto tiene directa relación con los asuntos económicos.
Al Ministro Longueira lo hemos visto muy activo en las cuestiones regulatorias. Parece que, al respecto, en el ámbito educacional se requiere también "un Ministro Longueira muy dinámico".
Los rectores reconocieron esta mañana que son muchas las causas que tienen en el SERNAC. Pero la verdad es que, más allá de los cuestionamientos por publicidad engañosa, hay abuso en la forma como, pese a que la ley señala que ello no es lícito, se siguen repartiendo utilidades basadas en platas no reinvertidas.
En la educación general (enseñanzas básica y media), la situación es menos auspiciosa, no es más transparente. Al revés, yo diría que es ahí donde probablemente existe la mayor opacidad.
No olvidemos que en los últimos meses, a consecuencia del mero anuncio de que se presentaría este proyecto, impulsado por el Senador Letelier, se sucedieron en todo el país muchas reuniones de la parte interesada, o sea, de los establecimientos que lucran.
Recuerdo un debate habido en La Araucanía, al cual el Senador Tuma y yo no fuimos invitados, Y quiero ser muy categórico: ¡no fuimos invitados! Lo organizaron sostenedores de colegios particulares subvencionados. Durante él se dijo -hubo gente que se prestó para esta campaña del terror- que se iba a quitar la subvención si la iniciativa pertinente se aprobaba -en la Comisión de Educación, como se manifestó, ya fue acogida la idea de legislar por 4 votos a favor y 1 en contra- y, además, que se cerrarían colegios.
Entonces, los únicos que han abusado de todo esto son los dueños de los establecimientos particulares subvencionados.
Puedo aludir a uno de ellos con nombre y apellido.
En la ciudad de Temuco está el Liceo Camilo Henríquez , establecimiento de muy buena calidad. Aprovechándose de la situación -es uno de los colegios que han liderado el debate hasta ahora-, el sostenedor se permite subir los aranceles y las mensualidades que pagan los padres y familiares de los alumnos por la vía del financiamiento compartido, respecto del cual (diría yo) hay un consenso político con buena parte de la Alianza en cuanto a que debiera desaparecer.
Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor Presidente ? Estamos hablando de algo que parece muy obvio: impedir el lucro con recursos públicos.
A propósito de las cuestiones económicas -recién estábamos en otro ámbito-, sabemos, por ejemplo, que al panadero de la esquina aquí, en la calle Victoria, el Estado no le paga la harina; ni el sueldo de sus empleados; ni la luz, el agua o el gas. Y después le dice: "Señor panadero, todo lo que usted gane, para su bolsillo".
Exactamente eso ocurre en la educación en Chile.
Y digo aquello porque algunos señalan: "No. ¡Por favor! Se puede lucrar. Si se lucra en el agua potable, por qué no en la educación".
Claro: cuando el Primer Mandatario manifiesta que la educación es un bien de consumo, de alguna manera está permitido decir cualquier cosa.
Señor Presidente , lo cierto es que tenemos que reorientar esta discusión hacia donde corresponde. Estamos hablando de un derecho esencial. Probablemente, después del derecho a la vida, es de los derechos más importantes. Se trata de un derecho universal, consagrado en todos los instrumentos internacionales que nuestro país ha suscrito.
Por lo tanto, el lucro -la maximización de la utilidad- claramente debiera estar prohibido.
Pero la subvención, no. Muy por el contrario. En la última discusión del Presupuesto, como los señores Senadores saben, la subvención general aumentó en 8 por ciento. Y eso es muy importante.
Señor Presidente , anoche la Comisión de Educación aprobó en general y particular un proyecto, iniciado por la Diputada María José Hoffmann , Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, destinado a poner más transparencia a la subvención escolar preferencial.
Nos parece muy bien. Y todos los votos de la Oposición estuvieron disponibles para aprobar en general esa iniciativa, que pronto llegará a la Sala.
Entonces, ¿por qué si es tan bueno regular la SEP -nadie discute que es uno de los instrumentos que más han contribuido a mejorar la calidad del aprendizaje- se sigue dejando la mitad de la subvención que reciben todos los establecimientos de Chile adscritos a ese régimen (municipales, particulares subvencionados) como un verdadero fondo de libre disposición?
Aquí hay Ministros, señor Presidente . Ellos no tienen hoy un fondo de libre disposición. Tampoco los intendentes y otras autoridades. Ni el Presidente , quien administra recursos fiscales.
¿Por qué, entonces, los sostenedores de la educación pueden seguir contando con un fondo de libre disposición? ¿Por qué pueden decidir, por ejemplo, si ganar 8 millones en octubre y 14 millones en febrero? ¿Por qué eso tiene que quedar a su arbitrio? ¿Por qué no puede regularse?
Entonces, además de este proyecto -reitero que ha sido impulsado por el Senador Letelier y otros colegas-, hemos iniciado un diálogo transversal (a ratos no ha sido bien comprendido, incluso en nuestro propio sector) con los Senadores señora Lily Pérez y señores Cantero , Bianchi , Zaldívar , Letelier e Ignacio Walker . ¿Qué buscamos en definitiva? Solo mayor transparencia. Y ello será materia de una indicación posterior en la Comisión de Educación.
En consecuencia, lo que estamos exigiéndoles a todos los sectores del quehacer nacional -incluido el económico- y a todas las autoridades públicas, ¿por qué no podemos exigírselo a quienes reciben hoy fondos públicos y tienen nada menos que la misión de entregar conocimiento, impartir educación en nuestro país?
Señor Presidente , partí con la educación superior. Empero, la idea de impedir que se lucre con fondos públicos y lograr que estos se reinviertan en los procesos pedagógicos, en equipamiento, etcétera, cubre todo el espectro del sistema educacional.
A veces se habla mucho de calidad. Bueno: ¡esto es calidad!
Por consiguiente, lo único que pedimos es que se transparenten los fondos. A lo mejor algunos señores Senadores no lo saben. Pero, por ejemplo, un sostenedor puede decir: "Gasté 5 millones en tiza," -y, de hecho, cientos lo hacen en todo el país- "6 millones en cuadernos". ¡Y no se le pide ni una sola boleta!
Eso es, señor Presidente, lo que estamos solicitando en materia de subvención general: que se rinda cuenta.
Por supuesto, habrá gastos de administración; pago de remuneraciones al personal docente y a directivos y asistentes de la educación; adquisición de toda clase de materiales, elementos didácticos, insumos complementarios, etcétera.
Señor Presidente, yo siento que se ha intentado satanizar este proyecto, en circunstancias de que solo se trata de dar mayor transparencia en la materia.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente , es deber del Estado garantizar una educación pública y privada de calidad en condiciones de equidad para todos.
Creo que difícilmente alguien podría oponerse a ese concepto, que tal vez debiera constituirse en la base de un gran acuerdo nacional en torno a la educación.
¿Y qué hace este proyecto como uno de los aspectos de lo señalado anteriormente? Prohíbe el lucro con fondos públicos en la educación.
No prohíbe el lucro en sí, sino el lucro con fondos públicos. Y no en cualquier ámbito: en la educación. No en construcción de viviendas, de carreteras; no en concesiones. Estamos hablando de la educación, que es un bien público.
La educación, la salud, la previsión, el trabajo, la vivienda son derechos humanos fundamentales de tipo social. Yo prefiero denominarlos "bienes públicos".
Ciertamente, la educación se puede proveer o financiar por el sector público y por el privado.
Yo creo en una educación pública de calidad y en una educación privada de calidad; en una educación mixta que sepa conciliar el derecho con la libertad de enseñanza. Y un aspecto fundamental de la libertad de enseñanza es la existencia de la educación particular subvencionada.
El 55 por ciento de la educación que se imparte hoy día en Chile es particular subvencionada; el 8 por ciento, particular pagada, y el 37 por ciento, pública de tipo municipal.
Entonces, uno de los aspectos de la garantía por parte del Estado de una educación de calidad en condiciones de equidad es el lucro.
¿En qué sentido?
En el ámbito universitario la ley ya existe; todos lo sabemos. Otra cosa es si se cumple o no. Ahí están las sociedades espejo, la Superintendencia de Educación Superior. Pero hoy día la ley prohíbe el lucro en materia universitaria.
Por lo tanto, habrá que ver lo concerniente a los centros de formación técnica e institutos superiores. De hecho, hoy día estuvimos analizando esa materia en la Comisión de Educación.
¿Qué es lo importante, señor Presidente ? Aplicar tal principio sobre todo en el ámbito de las educaciones básica y media.
Muchos creemos que hay tres cosas que el 92 por ciento de los sostenedores de establecimientos educacionales que reciben subvención (particulares, 55 por ciento; público-municipales, 37 por ciento) no debieran poder hacer.
Primero: seleccionar alumnos.
Ahí está la Ley General de Educación; aprobamos ese principio. Hay que ver si se cumple. Lo más probable es que no se cumpla, al menos en su espíritu. Pero un establecimiento que recibe fondos públicos no debiera seleccionar.
Segundo: no lucrar en educación con fondos públicos.
Y tercero: evitar el financiamiento compartido, institución que introdujo la Concertación en 1993-1994.
Supongamos que aumentamos la subvención al modelo de educación de calidad -a propósito, este Gobierno está en deuda; porque en el Protocolo de enero último convinimos que en julio siguiente tendría que haber entregado ese modelo, y no lo ha hecho- y decimos que aquella debe ser de 100 mil pesos en el 92 por ciento de los educandos que la reciben. En la medida que nos acercáramos a la subvención óptima de una escuela de calidad, tendríamos que, en forma inversamente proporcional, ir eliminando el financiamiento compartido, porque, sin duda, no se justificaría.
Repito: no seleccionar, no lucrar, evitar el financiamiento compartido.
¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos "No al lucro con fondos públicos en educaciones básica y media"? A algo muy sencillo: a que los recursos fiscales que se transfieren a la escuela subvencionada vayan íntegramente al proyecto educativo, al establecimiento educacional.
Eso es lo que estamos proponiendo en esta minuta, que suscribimos siete Senadores, de Gobierno y de Oposición: Juan Pablo Letelier , Jaime Quintana , Andrés Zaldívar , Ignacio Walker (este modesto servidor), Lily Pérez , Carlos Cantero y Carlos Bianchi .
Transversalidad. No es Oposición contra Gobierno ni Gobierno contra Oposición. Intentamos constituirnos en un germen que permita un acuerdo para resolver que en educación no se lucre con fondos públicos.
¿Qué planteamos? Que la totalidad de los 6 mil millones de dólares que se transfieren anualmente a la educación subvencionada y pública municipal -de más está decirlo: sobre todo, a la particular subvencionada- vayan íntegramente al proyecto educativo y no al bolsillo del sostenedor.
¿Por qué? Porque la subvención establecida por el Estado se dirige al alumno -¡esa es la subvención!-, no al sostenedor, quien la administra. El beneficio debe apuntar al educando y al proyecto educativo o al establecimiento.
Entonces, ¿qué se puede hacer con ella? Pagar remuneraciones al personal docente, directivo, paradocente; adquirir materiales, recursos didácticos, insumos complementarios; comprar o arrendar inmuebles. Obviamente, se puede invertir en educación y recuperar la inversión.
Lo que proponemos siete Senadores, de un grupo transversal, es pura sensatez.
En síntesis ¿cuál es el gran cambio? Que la subvención deje de ser, como hasta ahora, de libre disposición del sostenedor. ¡Mire qué sencillo! Que se regule un mercado desregulado, como el de la educación, y que la ley garantice -y se pueda, por lo tanto, fiscalizar, efecto para el cual creamos en mayo pasado la Superintendencia- que los recursos públicos, ascendentes a 6 mil millones de dólares anuales, que se destinan, vía subvención, a la enseñanza privada, se orienten al proyecto educativo, al alumno, al establecimiento, y no al sostenedor que los administra.
Entonces, no hay ninguna razón para tender una suerte de manto de sospecha o crear una campaña del terror en el sentido de que queremos terminar con la educación particular. Falso. Ella ha aumentado. Recordemos que, en 1990, el 60 por ciento de los alumnos se hallaba en la educación pública y que ahora se llega a 37 por ciento.
Y menos aún tratándose de la particular subvencionada.
Por lo tanto, ¿qué pueden hacer los actuales sostenedores privados? Asumir una de las siguientes tres alternativas.
La primera es transformarse en una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, es decir, en corporaciones o fundaciones. Si esta no es una novedad terrible. Un tercio de la educación particular subvencionada registra hoy esa modalidad.
Segunda, adscribirse al modelo de corporación educacional que creará la ley en proyecto, cuya idea de legislar estamos discutiendo.
Tercera, perder la exención tributaria, si bien pueden mantener su carácter privado, incluidas las sociedades comerciales. ¡Lógico! Si permanecen como sociedades comerciales, o sea, personas jurídicas de derecho privado que persiguen fines de lucro, que dejen de percibir el beneficio que les confiere el artículo 5° del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998.
Eso estamos proponiendo.
¿Expropiación a quién? A nadie.
¿Eliminación de la educación privada? En ningún sentido. Para que exista libertad de enseñanza tiene que haber educación particular subvencionada.
Lo que estamos exponiendo, en consecuencia, es que el Congreso Nacional, como instancia republicana y democrática, se aboque a la idea de un cambio estructural que signifique un nuevo acuerdo social y político en orden a la prohibición de lucrar con fondos públicos en educación; que las subvenciones dejen de ser de libre disposición de los sostenedores privados y que su destinación sea regulada por ley.
En tal sentido, quiero resaltar -con esto termino, señor Presidente - el hecho de que una moción de la cual Su Señoría es autor puede devenir en un acuerdo muy transversal. Es el caso de los siete Senadores que hemos dado a conocer una minuta que aspiramos a que se transforme en una indicación sustitutiva del proyecto, a fin de que se pueda garantizar a todos -porque es deber del Estado hacerlo- una educación de calidad y con equidad, una buena enseñanza tanto pública como particular y que la gente pueda elegir. Porque el 37 por ciento de la población no cuenta hoy con los 5 mil o 10 mil pesos que permiten acceder a una educación particular subvencionada.
Por eso, en esta votación...
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Se le concede un minuto adicional.
El señor WALKER (don Ignacio).- Gracias.
Decía que en la votación con motivo de la idea de legislar ojalá logremos el mayor acuerdo posible para poder acceder a uno de los requisitos de la educación de calidad en condiciones de equidad: terminar, suprimir, el lucro con fondos públicos en materia educacional.
Creo que el proyecto que nos ocupa puede ser el germen -y debe serlo- de un cambio estructural en este ámbito, que haga posible verdaderamente que el Estado garantice una educación de calidad en condiciones de equidad. La idea es asegurar, por cierto, que ella sea un bien público, con provisión y financiamiento estatal y privado, y que se concilie el derecho a la educación con la libertad de enseñanza.
He dicho.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Quiero plantear una cuestión de Reglamento.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente , el Orden del Día comprende el proyecto que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales, calificado con urgencia de "discusión inmediata". Le consulto cuántos señores Senadores se han inscrito para intervenir respecto del asunto en examen, porque, en el caso de terminar a las 20, se tendría que citar a sesión para mañana o pasado mañana a fin de tratar esa otra iniciativa.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Esa no es una cuestión de Reglamento, señor Senador.
Ya se pidió la unanimidad al respecto y no se dio.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¿Se le quitó la "discusión inmediata"?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- No.
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , el proyecto de ley aborda un punto esencial si queremos que se lleve a la práctica lo que establece la Constitución Política de la República en el número 10° del artículo 19, o sea, el derecho a la educación. Pienso que todos los presentes hemos constatado en la realidad que el Estado debe hacer una mayor inversión en ese ámbito, pero también que una parte sustantiva de los recursos respectivos no se destinan finalmente a dicho objeto.
Y lo anterior ocurre tanto en la educación pública municipalizada como en la particular subvencionada.
Digo ello porque quiero despejar desde el comienzo el prejuicio de que media simplemente una añoranza de estatismos superados.
En la Región de Los Lagos es un hecho de público conocimiento que es tanta la contratación de personal para servicios auxiliares o administrativos que se podría establecer un turno de mañana y tarde de una auxiliar por sala de clases. Ello significa claramente que la autoridad edilicia ha hecho completo abuso y dejación de su responsabilidad en función de la educación.
Y lo mismo está sucediendo con la educación particular subvencionada: los recursos que destina el Estado caen allí como si se tratara de un negocio más o de un mercado como cualquier otro.
Sin embargo, los sostenedores privados debieran concordar con quienes impulsamos el proyecto de ley en que ellos se diferencian de cualquier otro empresario por no hacer ningún tipo de rendición.
Las rendiciones en educación fueron incluidas en la iniciativa sobre la subvención escolar preferencial, de 2008, enviada por la Presidenta Bachelet . Afortunadamente, ha quedado establecido que es necesario y posible hacerlas en cuanto a la utilización de estos recursos y que no afecta a nadie, ni mucho menos a los niños, el que se sepa qué se hace con ellos. La experiencia en la subvención indica con claridad la conveniencia del rendimiento.
Los empresarios que lucran con la educación han encontrado en el sistema actual un mecanismo eficaz para evadir el pago de tributos, pues no se hallan afectos al impuesto de primera categoría, es decir, a la renta de capital, en circunstancias de que la actividad de que se trata constituye una de las vías más efectivas para obtener ganancias y rentabilidades exorbitantes.
Entonces, si queremos condenar a la educación a un progresivo debilitamiento, a una pérdida de prestigio y legitimidad; si queremos que continúe segregando seriamente a los niños y estudiantes de nuestra sociedad, en ese caso no vale la pena, como es lógico, aprobar el proyecto de ley.
Pero si mantenemos un compromiso con el derecho a la educación; si consideramos que esta última es un bien público indispensable para la cohesión social, para conservar el sentido de identidad nacional, para entregar herramientas que se encaminen efectivamente en la dirección del ejercicio de la igualdad de oportunidades; si creemos que el número 10º del artículo 19 de la Constitución contiene un concepto real que se debe respetar, entonces, desde nuestro punto de vista, debiéramos aprobar la iniciativa y hacer imposible que con recursos públicos se lucre en la educación.
El anterior ha sido, tal vez, uno de los hechos que han generado una de las consecuencias más imprevistas por sus propios autores. Me parece que quien ideó el sistema de la subvención escolar no pensó en que la educación se iba a transformar en un mercado más y en que, en este momento, sobre dos tercios del sistema educacional corresponden al sector privado, sin ningún tipo de regulación, desde el punto de vista de la utilización de los recursos empleados. Si hay un ámbito en el que ello se desnaturalizó y distorsionó por completo es ese.
Por lo tanto, entiendo que nuestra responsabilidad es iniciar un camino de retorno, que no será breve ni pasajero -posiblemente, constituirá el resultado de múltiples esfuerzos, que traspasarán incluso los límites entre un Gobierno y otro-, con el propósito de restablecer un sistema educacional de calidad y que les entregue a los niños herramientas no exactamente iguales, sino similares. Para ello, los recursos destinados por el Estado a la educación tienen que utilizarse exclusivamente en ella y no para fines de lucro, lo cual carece de regulación.
Por lo tanto, apoyaremos el proyecto de ley y esperamos contar con la mayoría suficiente para aprobarlo en el Senado de la República.
He dicho.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , bien valía la pena hacer una breve reseña de por qué estamos discutiendo la iniciativa en estudio, de por qué hay quienes pensamos que no puede haber lucro con fondos públicos.
Hoy en la mañana nos reunimos con los Rectores de dos universidades: la de Santo Tomás y la de Las Américas.
En la Ley General de Educación, antes Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, se ha establecido con claridad que en la educación superior se halla prohibido el lucro. Es decir, ni los institutos ni las universidades pueden perseguirlo. Y, en ese mercado, que hoy día alcanza a un millón de estudiantes, el 55 por ciento asiste a universidades privadas, las cuales, en los hechos, tienen fines de lucro.
Así lo han reconocido sus propios rectores. Así lo hemos evaluado con María Olivia Mönckeberg , siendo un clásico a estas alturas su libro sobre el funcionamiento de los planteles de enseñanza superior privada.
El país se convulsionó con una demanda estudiantil: "No al lucro en la educación superior"; "No al lucro con recursos públicos en la enseñanza básica y media a través del sistema de subvenciones".
Ese es el debate que se ha dado a nivel nacional. Ese es el debate que puso a Chile en el concierto internacional, llevando incluso a Camila Vallejo, entonces Presidenta de la FECh, a ser destacada como el personaje del año.
Con el inicio de la presente discusión estamos intentando determinar un modelo de educación que centre sus esfuerzos en la calidad y no en el lucro. Porque, en materia de educación superior, todos los estudios, todas las evaluaciones y el ranking de las 500 universidades más importantes del mundo -las Universidades Católica y de Chile se encuentran situadas cerca del lugar 480- permiten comprobar que ninguna de las que exhiben una mayor calidad, como Cambridge, Harvard, Princeton, persigue fines de lucro.
El concepto de universidad incorpora, por cierto, la docencia, la investigación y la extensión. Los rectores con quienes nos reunimos en la mañana nos expresaron que en sus planteles no se hacía investigación ni extensión, sino únicamente docencia. Esa es la definición de la universidad a la cual nos estamos dirigiendo.
En materia de educación básica y media, que concentra a tres millones y medio de estudiantes, se ha generado el lucro que el sistema permite y se han organizado corporaciones educacionales, con múltiples establecimientos.
Y más del 70 por ciento corresponde a un solo propietario, ya sea profesores o pequeños empresarios, con relación a lo cual deseo advertir que no buscamos terminar con esos colegios. Solo quisiera manifestar que podrán seguirlos administrando, pero que, cuando se registre una utilidad que supere la necesaria para la inversión en el bien deseado, ello se reinvierta en el establecimiento educacional. Se puede tener derecho a una utilidad justa, a lo requerido para solventar el gasto de funcionamiento de una unidad educativa. Estamos planteando que no haya lucro con recursos públicos.
Por cierto, continuarán existiendo un servicio privado pagado, un servicio público gratuito y un servicio privado subvencionado. La primera modalidad comprende el 5 por ciento de los estudiantes. El municipalizado gratuito se halla bajo el 30 por ciento. Y más de 60 por ciento corresponde a los particulares subvencionados.
El asunto no debiera alarmar ni provocar temor. Por el contrario, deberíamos iniciar hoy día un camino de evaluación de cuál es el modelo para lograr una educación de calidad y que pueda eliminar un elemento que se distorsionó, como aquí se expuso, y que, en definitiva, ha traído consecuencias negativas. Nadie se halla en condiciones de afirmar que el lucro ha sido beneficioso para la educación en Chile. Al contrario, la OCDE ha dicho que en nuestro país se ha instalado un modelo, conscientemente establecido, de educación acorde con las clases sociales. Eso es lo que queremos evitar con el proyecto de ley al erradicar el lucro con recursos públicos.
Nos encontramos en la discusión general, señor Presidente. Espero que haya oportunidad de poder escuchar...
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Tiene un minuto para concluir.
El señor NAVARRO.- Puede parecer hasta irónico que después de casi seis o siete meses de paralizaciones haya todavía 40 liceos tomados solo en la Región Metropolitana. Esos estudiantes asumieron la pérdida del año. Miles y miles de ellos lo sacrificaron por una lucha que creo justa. Y también lo estima así el país, ya que el 80 por ciento de los chilenos está de acuerdo con la gratuidad en la educación.
Este es el debate más importante de 2011. Lo llevamos a cabo en la última semana de sesiones del Senado, pero va a continuar en enero. Solo espero comprensión, tolerancia, racionalidad de nuestros colegas de la Derecha para entender que el fenómeno que nos hallamos evaluando tiene un solo objetivo: mejorar la calidad. La idea es establecer en educación un modelo de funcionamiento que nos asemeje a la OCDE, cuyos estándares Chile está muy lejos de cumplir. Ese es el proceso.
Y espero, señor Presidente, que este proyecto sea aprobado en el Senado.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra...
--(Manifestaciones en tribunas).
Llamo la atención al público de las tribunas. No se puede interrumpir.
Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente , por fin estamos llegando a una de las materias que han concitado gran atención en nosotros como Senadores y Senadoras y en la opinión pública durante el año 2011, que ya termina.
Me parece importante poner el acento en varias cosas.
Ya el Senador Ignacio Walker explicó el contenido de las indicaciones sustitutivas que hemos trabajado con un grupo transversal de Senadores y Senadoras.
Pero me parece importante señalar, por ejemplo, que ningún sector político tiene patrimonio sobre la educación, al igual que respecto de ningún tema. La transversalidad me parece un valor significativo.
En segundo lugar, en materia de educación ni el Estado resuelve todo, ni tampoco el mercado. Por lo mismo, estoy de acuerdo cuando se habla de una sociedad docente. Pero de una en la que existan reglas del juego claras. Donde, por ejemplo, esté debidamente definido que los dueños de la subvención escolar son los estudiantes, sus familias, y no los propietarios de los establecimientos educacionales.
Durante la discusión del presente año se han manifestado muchísimas cosas.
Una de ellas -un Senador lo mencionó anteriormente- dice relación con que este proyecto busca poner fin a los establecimientos particulares subvencionados. Jamás una iniciativa de esa naturaleza contaría con los votos favorables de los Senadores Cantero y Horvath, ni con el mío. Pero sí estamos disponibles para dar luz verde y entregar una señal relativa al término del lucro con fondos del Estado. Si un privado quiere lucrar con recursos propios, está dentro de las reglas del juego y son platas de él. Pero Chile es el único país del mundo donde con fondos del Estado se permite el abuso de la ganancia.
No nos equivoquemos. Algunos aluden a la Real Academia Española y se van a la definición. La gente es mucho más sabia e intuitiva: lucro es el abuso de la ganancia. Cuando se paga la planilla de directores de un colegio, del profesorado, de los auxiliares; cuando se cancela la mantención de infraestructura, eso no es lucro. Ello corresponde al pago para el funcionamiento y la ganancia que ha de tener un colegio que recibe aporte de privados. El lucro es el abuso de la ganancia.
En tal sentido, me voy a ir a un asunto de principios.
Mucho se ha invocado aquí al Centro de Estudios Públicos. He leído innumerables alusiones a encuestas realizadas por el CEP. ¿Y qué ha dicho el Director de este organismo? Arturo Fontaine manifestó que el lucro no puede ni debe ser permitido en instituciones educacionales que reciben subsidios del Estado. ¡Más claro que el agua!
¿Por qué lo cito? Porque hay gente de nuestro sector -por eso digo que nos encontramos ante un tema transversal, que no es patrimonio de algún sector político- que considera que las personas de centroderecha no podrían estar en contra del lucro, por el contrario, debieran defenderlo.
Y para los que sostienen eso quiero citar a uno de los padres del modelo neoliberal de mercado, el economista liberal Friedrich von Hayek , quien en 1974, en Camino de servidumbre, un libro que muchos de nosotros conocemos, señaló en forma textual: "En ningún sistema que pueda ser defendido racionalmente el Estado carecerá de todo quehacer. Un eficaz sistema de competencia necesita, tanto como cualquier otro, una estructura legal inteligentemente trazada y ajustada continuamente. Sólo el requisito más esencial para su buen funcionamiento, la prevención del fraude y el abuso (incluida en éste la explotación de la ignorancia), proporciona un gran objetivo (...) para la actividad legisladora".
Es decir, quienes creemos en la libre competencia, en la educación mixta, donde los privados deben hacer un aporte y el Estado también tiene un rol importante que cumplir, pensamos que ha de existir una férrea y fuerte fiscalización, supervisión, supervigilancia, y que los padres y los estudiantes deben disponer de un real derecho a elegir. Y esto último se logra con información y con transparencia.
No es posible que no haya reinversión en educación cuando existen recursos del Estado involucrados. Reitero: los excedentes deben ser reinvertidos en educación.
En consecuencia, vamos a dar luz verde a este proyecto, para después elaborar su arquitectura interior, con todas las indicaciones sustitutivas que hemos trabajado durante meses.
Por lo expuesto, concurriré con mi voto favorable a la iniciativa.
He dicho.
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El señor COLOMA.- Señor Presidente, cuestión de Reglamento.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor COLOMA.- Señor Presidente , en la tabla aparece con urgencia de "discusión inmediata" el proyecto que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales.
Como veo que el debate va para largo y es importante, quiero solicitar que se recabe el acuerdo de la Sala para la siguiente sugerencia: que tratemos y despachemos la iniciativa individualizada el martes 3 de enero, suponiendo que el Ejecutivo retire la urgencia. Y que, desde ya, adquiramos el compromiso de que el plazo para presentar indicaciones se extienda hasta el 9 de enero, a fin de aprobar el proyecto con velocidad, porque es relevante.
De accederse a mi propuesta, podríamos cumplir con los compromisos y avanzar en la iniciativa.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Si le parece a la Sala, se acogerá la proposición del Honorable señor Coloma.
--Así se acuerda.
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El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente , hace bastante tiempo que deseábamos que en la Sala se pudiera discutir este proyecto. Por cierto, no es el único. Yo felicito a sus autores, sobre todo por la transversalidad, lo que demuestra que este tema no es tan ideologizado, como algunos han tratado de caricaturizarlo, sino que hablamos de una mirada, una concepción, una forma de pensar cómo debe verse en un país la educación.
Nosotros hubiésemos querido que esta iniciativa se tratara antes, al igual que otras que desde hace bastante rato hemos estado esperando para pronunciarnos en la Sala.
Finalmente, lo que importa es que por fin ha llegado el momento de poder tratar un proyecto que se preocupa de cómo terminar -eso se ha señalado en forma reiterada- con el lucro -entendiéndolo como acumulación, reparto, capitalización de ganancias- a nivel de la educación escolar y de la superior. Por cierto, en este último caso está prohibido, pero todos conocemos la realidad.
La iniciativa en análisis ha adquirido más relevancia que nunca a raíz de todo lo que ha transcurrido en estos largos siete meses de movilización, que aún no ha terminado y que se encuentra lejos de concluir. Y todavía está pendiente saber cuáles serán las verdaderas reformas estructurales para nuestro sistema educativo, que por desgracia -lo hemos dicho tantas veces- es uno de los más desregulados, segregadores. Este no asegura la calidad. Y, lo que es peor, en el sistema de educación superior, estando prohibido expresamente el lucro, todos sabemos que existe.
Por lo tanto, es muy importante saber si el Senado tendrá la capacidad de enviar una señal mediante la cual mostremos inquietud en orden a si un país que no posee -se ha alegado mucho, y más todavía con un incierto panorama internacional- recursos infinitos está dispuesto a que la educación siga siendo un bien de mercado, como se constituyó, y no se cumpla con un objetivo básico: mirarla como un bien público y un derecho fundamental garantizado por el Estado.
Señor Presidente, duele pensar que por sucesivas deformaciones de este sistema tan desregulado no hayamos logrado asegurar una educación de calidad. Por cierto, hemos aumentado la cobertura de la educación en todos los niveles, aunque nos falta desarrollar la preescolar, que es fundamental. Pero no hemos conseguido asegurar su calidad.
Lo más grave es que no solo no logramos asegurar y garantizar la calidad, sino que, además, ni siquiera conseguimos derribar ciertos mitos. Por ejemplo, se nos ha querido convencer de que la educación pública es sinónimo de mala calidad, y la de los colegios privados y particulares subvencionados, de buena calidad.
Sin embargo, los estudios no demuestran eso. Efectivamente, hay escuelas municipalizadas de buena calidad y particulares subvencionadas que no lo son.
Por consiguiente, aquella afirmación sostenida reiteradamente ni siquiera está comprobada.
Además, duele constatar que así como no se respeta el fin del lucro en la educación superior y no hemos tenido la capacidad de fiscalizar, regular y hacer que se cumpla la ley, hemos llegado a algo más grave todavía: se cobran los aranceles más caros del mundo en proporción a nuestro ingreso per cápita. Y esto sí que es doloroso, porque lo único que conseguimos con ello es que las familias chilenas terminen muy endeudadas.
Hay un artículo de CIPER -les recomiendo a mis colegas que lo lean- llamado "Cómo lucran las universidades que por ley no deben lucrar". En él se hace un largo historial de casos, y solamente voy a citar uno.
" Natalia Carrizo (26 años) estudió arquitectura en la Universidad Las Américas y debe $11 millones. El pago de su crédito lo pactó en 143 cuotas mensuales de $153 mil, que deberá pagar hasta el año 2021. Natalia tendrá 36 años para esa fecha y si no se atrasa, habrá pagado el doble de su deuda inicial: $21 millones. Ella cree que no podrá mantener el ritmo.
"Ahora está cesante y ya figura en Dicom, igual que su padre quien la avaló en ese crédito. Por si fuera poco tiene una segunda deuda, con CORFO, la que adquirió para pagar el primer año de su carrera. De ese préstamo prefiere no saber nada porque después de cancelar $1 millón 200 mil, le dijeron que solo había pagado los intereses y que la deuda seguía siendo de $2 millones 900 mil, como al principio".
La historia económica de Natalia es una de las explicaciones de por qué el movimiento estudiantil se ha mantenido a lo largo de estos siete meses con un tremendo apoyo ciudadano, y por qué la gran mayoría de la población se ha sentido identificada con una protesta que va al núcleo del problema con su consigna "No al lucro", mediante la cual se pone de manifiesto esta situación extraordinariamente injusta.
Por otra parte, esta mañana tuve la oportunidad de concurrir a la Comisión de Educación y quedé más preocupada todavía.
Asimismo, leí otros artículos aparecidos en la prensa. Por ejemplo, se ha informado que el Grupo Hurtado y Linzor Capital acordaron comprar el 57 por ciento de la Universidad Santo Tomás en 38 mil millones de pesos; cerca de 12 por ciento más que la oferta inicial.
Repito: ¡38 mil millones de pesos!
Esta Universidad empezó como un pequeño grupo familiar -que dramáticamente salió en la prensa; todos conocemos lo sucedido al señor Rocha -, y se vende ahora en 38 mil millones de pesos, cuando se supone que no persigue fines de lucro.
Cabe preguntarse, entonces -debo reconocer que me duele pensarlo-, cómo en todos estos años no fuimos capaces de tener lucidez para darnos cuenta de que se estaba burlando la ley; que se estaban ocultando utilidades a través de sociedades espejo; que se hacían negocios, y que algunas familias que invirtieron en educación superior lograron acumular capitales realmente exorbitantes. Y, como contrapartida de esto, tenemos a estudiantes y sus familias completamente endeudados.
Por ello, uno empieza a entender la vitalidad y la fuerza de este movimiento estudiantil, y por qué, incluso, algunos jóvenes sacrificaron el año escolar, pues están repitiendo, y por qué sus familias los han apoyado pese al dolor y a lo que tal situación pueda significarles.
El Rector de la Universidad Santo Tomás reconoció que la familia partió invirtiendo parte de su patrimonio y, hoy día, efectivamente, se habla de cifras siderales que sorprenden y chocan. En verdad, hay que preguntarse cuánto tiempo han venido deformando, escabullendo, omitiendo lo que establece expresamente la ley: la prohibición del lucro, logrando amasar una fortuna a costa de los chilenos.
Chile, lamentablemente, tiene un récord que no nos enorgullece: ser uno de los países que menos invierten en educación primaria y terciaria, en comparación al promedio de los que integran la OCDE. El gasto privado en educación primaria y secundaria alcanza al 20 por ciento, mientras que en la universitaria somos campeones mundiales, al llegar a cerca del 85 por ciento.
Es decir, no se ha logrado que el Estado asuma que debe garantizar la educación como un bien público, partiendo de la preescolar. Y tampoco ha entendido que debe estar presente y contar con todos los instrumentos para que exista más transparencia, mayor fiscalización y mejor uso de los recursos, para dar, alguna vez, el salto cualitativo que esperamos: entregar educación de calidad, que se inicie en la etapa preescolar, que siga en el nivel escolar, que sea trasparente, que sea de calidad, que no sea segregadora y que sea regulada por el Estado desde la educación básica a la superior.
Resulta dramático seguir revisando las cifras.
Insisto en recomendar la lectura de lo que aparece en El Mostrador, en La Tercera, en la investigación de CIPER, lo cual nos demuestra cómo se han realizado negocios con sociedades espejo, a través de empresas inmobiliarias. Hoy les reconocí a los rectores que el mejor negocio ha sido el de las sociedades inmobiliarias, porque ha permitido amasar las fortunas a las que me referí, como contrapartida de lo cual tenemos una educación que dista mucho de dejarnos satisfechos, a pesar de haber logrado mayor cobertura e invertir en ella.
Lo que deseamos es otra cosa: que la educación sea efectivamente un bien público y no un elemento del mercado. No queremos que se beneficien solo unos pocos y que se siga segregando.
Por eso, señor Presidente, pienso que esto es un gran desafío para el Senado.
Espero que los colegas muestren que, efectivamente, tienen la voluntad y la disposición de cambiar la situación existente. Este es un primer paso. Vendrán después otros instrumentos. Hay proyectos por discutir, entre los cuales existe uno relativo a la Superintendencia de Educación, que me gustaría que de verdad cumpliera su rol fiscalizador. Porque hoy me dejó preocupada lo que se señaló en la Comisión de Educación. Considero que su texto no está suficientemente bien enfocado, y deseo que sí lo sea para impedir lo que escuchamos en voz de los rectores.
Y con razón comenté, con franqueza, con respeto, que una empieza a desconfiar al conocer las cifras siderales, el tremendo negocio que se realiza vendiendo y transando en el mercado instituciones que nacieron para entregar educación. De hecho, muchas de ellas ni siquiera se encuentran bien acreditadas, ni siquiera realizan labores de investigación o de extensión -ya termino, señor Presidente -, que, a mi juicio, también son muy importantes, de acuerdo con lo que se entiende por una institución de educación superior.
En suma, señor Presidente , llamo a mis colegas para que, en lo posible, seamos capaces de aprobar en general este proyecto, para demostrarle al país que todos estamos preocupados por caminar juntos hacia una educación de calidad, sin segregación y, realmente, no seguir permitiendo lo que hoy día ocurre: una educación que no cumple los estándares y, peor aún, en torno a la cual se realiza un negocio redondo, ya sea a nivel de la básica, media o superior.
Ojalá que avancemos en la línea indicada. Esta iniciativa representa un paso concreto que posibilita demostrarlo. Y deseo que, en el futuro, podamos conseguir aún mayor transparencia y regularización y, lo más relevante, una educación de calidad.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Hemos llegado a la hora fijada para el término del Orden del Día, y hay varios oradores registrados para intervenir.
El señor Secretario dará a conocer sus nombres.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Se trata de los Senadores señora Von Baer y señores Carlos Larraín, Sabag, Kuschel, Cantero, Letelier y Lagos.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Ellos quedarán inscritos para la próxima sesión en que continúe el debate de esta iniciativa, y además, podrán solicitar hacer uso de la palabra otros señores Senadores que así lo deseen.
--Queda pendiente la discusión general del proyecto.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminado el Orden del Día.
VII. INCIDENTES
PETICIÓN DE OFICIO
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Ha llegado a la Mesa una petición de oficio.
El señor GIRARDI (Presidente).- Se le dará curso en la forma reglamentaria.
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--El oficio cuyo envío se anuncia es el siguiente:
De la señora RINCÓN:
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, pidiéndole información sobre DENUNCIA DE DON LUIS MUÑOZ VÁSQUEZ POR SUSTRACCIÓN DE DINERO EN SERVIU DE REGIÓN DEL MAULE (reiteración de oficio).
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El señor LETELIER (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno le corresponde al Comité Partido Por la Democracia.
Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
CIERRE DE CASA DE ACOGIDA PARA ADULTOS MAYORES EN COMUNA DE ANGOL. OFICIO
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , solicito oficiar al Ministro de Desarrollo Social , señor Joaquín Lavín , a raíz de una situación que esa Secretaría de Estado ha venido abordando y que dice relación con el cierre de un sinnúmero de casas de acogida para adultos mayores, fundamentalmente del Hogar de Cristo.
Como se sabe, en Chile tenemos problemas con las donaciones. Paradójicamente, cuando estas son públicas, como en el caso de la Teletón, hay muchos donantes (una familia aportó 1.500 millones de pesos); sin embargo, no ocurre lo mismo cuando son de carácter privado. Y ello se ha traducido en que el Hogar de Cristo -que ha cumplido una labor social insustituible, inspirada en una obra de la Iglesia Católica, que cuenta con una significativa participación privada que la sustenta-, hoy día, lamentablemente, quizás por no existir incentivos para que su labor siga materializándose en el tiempo, ha tenido que proceder a cerrar muchos de esos establecimientos.
Valoro la disposición del Ministro señor Lavín para hacerse cargo, en parte, de la situación descrita.
Entiendo que dicha Cartera está transfiriendo recursos a algunos de esos centros, en consideración al problema que significaría trasladar desde grandes distancias a adultos mayores que no tienen otra opción que vivir en una casa de acogida de estas características, ya sea por carecer de recursos o, en muchos casos, por no contar con familiares que los alberguen.
Dado que en Angol -una de las comunas de La Araucanía norte, que represento- la población ya ha sido notificada de que la casa de acogida o de reposo para adultos mayores no podrá seguir funcionando, quiero que el Ministro señor Lavín sepa que otras instituciones de voluntariado o fundaciones han manifestado su intención de apoyar o de hacerse cargo de la administración del recinto. Sin embargo, si no cuentan con apoyo económico del Estado no podrán cumplir esa tarea.
Por lo tanto, señor Presidente, dado que en esa localidad vive una gran cantidad de adultos mayores en condición de desamparo familiar y en extrema pobreza, se requiere un tratamiento especial como el que esa Secretaría de Estado ha otorgado en otros lugares.
Hemos conversado al respecto con la Directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor de la Región, quien entiende que la única posibilidad de que ese centro siga funcionando es recibir apoyo económico de parte del Ministerio de Desarrollo Social.
Pido remitir el oficio señalado, requiriendo evaluar la situación descrita y su eventual solución.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, el resto del tiempo del PPD se lo cedemos al Honorable señor Navarro.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- El turno siguiente corresponde al Comité Radical Social Demócrata.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Corresponde el turno al Comité Renovación Nacional.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente , la Democracia Cristiana le cede su tiempo al Senador señor Navarro.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En el turno del Comité Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
SALUDOS DE FIN DE AÑO
El señor CANTERO.- Señor Presidente , en atención a que esta es la última sesión antes de las fiestas de fin de año, que convocan a toda la comunidad nacional e internacional, quiero hacer propicia la ocasión para hacer llegar a todos los Honorables colegas y a sus familias; a los funcionarios del Senado y a sus familias, y al mundo político en general, un afectuoso y cálido saludo de Navidad, con los mejores deseos de paz, amor y prosperidad.
Espero que las festividades sean muy, muy positivas; que el año que se avecina sea fecundo en realizaciones y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y que, además, podamos contribuir a un ambiente de mayor encuentro y fraternidad.
La ontología se define en el lenguaje. Lo que hablamos es lo que proyectamos y lo que se va construyendo. En consecuencia, ojalá los políticos, que a veces hablamos más de la cuenta y transmitimos emociones, nos enfoquemos hacia un ambiente de mayor confraternidad, de mayor fraternidad, de mayor respeto, de mayor tolerancia, para que nuestro país deje de avanzar en esa tendencia un poco confrontacional que vivimos durante este año y podamos ir logrando los distintos elementos que nos convocan, a través del diálogo, la conversación y los acuerdos.
¡Feliz Navidad para todos!
¡Feliz Año Nuevo para toda la comunidad política!
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Gracias, Senador señor Cantero.
En el turno del Comité Movimiento Amplio Social, tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
Solicito la autorización de la Sala para que dirija el resto de la sesión el Senador señor Quintana.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Quintana.
EXPLOTACIÓN DE CANTERA POR ARMADA DE CHILE EN COMUNA DE TALCAHUANO. OFICIOS
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , pido que se oficie al Ministerio de Defensa Nacional, a fin de que nos informe respecto de las obras que realiza la Armada de Chile en Talcahuano, particularmente a través de la explotación de una cantera en su territorio jurisdiccional.
El Ministerio de Bienes Nacionales entregó a la Armada esos terrenos -dicho sea de paso, estos representan alrededor del 50 por ciento de la superficie de la comuna de Talcahuano y en ellos se encuentra la base naval-, que explota la cantera con el objeto de proveer roca para los trabajos de reparación de los molos dañados por el terremoto.
No hay inconveniente alguno en que se use la cantera para extraer material con el propósito de reparar los daños generados también por el tsunami. No obstante, debemos señalar que ello no puede quedar exceptuado de un estudio de impacto ambiental.
Señor Presidente , solicito que los Ministerios del Medio Ambiente y de Defensa Nacional nos proporcionen los informes que permitan poner término a la explotación de esa cantera, que no cuenta con un estudio de impacto ambiental. ¡No puede haber excepciones!
Las normas de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente establecen que para fines bélicos habrá excepcionalidad de cumplir determinados requisitos. Pero aquí estamos hablando de obras que, por cierto, impactan a la comunidad por el transporte y la competencia propia del desarrollo de las explotaciones de la cantera.
Resulta imprescindible un estudio de impacto ambiental.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministerio de Defensa Nacional y a la Armada, a fin de que se cumpla esta exigencia ineludible, pues dicha institución castrense debe dar el ejemplo en el cuidado del ambiente del medio marino y no puede basarse en un resquicio.
De paso, solicito también a la Contraloría General de la República los informes pertinentes para determinar, a través de su dictamen, si la Armada fue exceptuada, dado el uso de materiales para reparación y no con fines bélicos, de un estudio de impacto ambiental dentro de una zona sensible, lo cual tiene repercusiones negativas tanto en la población como en el medio circundante.
Asimismo, pido que se oficie al Ministerio de Bienes Nacionales sobre el mismo tema, para que entregue copia del decreto de entrega de la concesión de esos terrenos, porque resulta absolutamente claro que, cuando los predios son utilizados para fines distintos de los indicados en dicha resolución, cesan en su función y deben ser devueltos a Bienes Nacionales.
Esos terrenos fueron entregados para el uso militar y la explotación de la cantera tiene un sentido completamente distinto.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
PLANES DE MANEJO PARA BOSQUES UBICADOS AL INTERIOR DE BASE NAVAL DE TALCAHUANO. OFICIOS
El señor NAVARRO.- Por otra parte, señor Presidente, solicito que se oficie al Ministerio de Agricultura y a la CONAF, a fin de que nos puedan informar y entregar copia de los planes de manejo para la explotación de los bosques de la Armada de Chile al interior del territorio de la Base Naval de Talcahuano.
Hace unos años pedimos tales antecedentes y el Ministro de la época, don Jaime Campos, aclaró que no hay excepcionalidad en Chile y que todo bosque que se explote debe contar con un plan de manejo.
Por eso, quiero saber si los bosques que se están explotando en los terrenos de la Armada en Talcahuano cuentan con dicho plan; si han sido fiscalizados por la CONAF, y qué informes se cursaron respecto de tales explotaciones.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor QUINTANA ( Presidente accidental ).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor GÓMEZ.- Le concedo el de mi Comité, señor Presidente .
El señor QUINTANA ( Presidente accidental ).- Puede continuar en el turno del Comité Radical, Su Señoría.
El señor NAVARRO.- La Democracia Cristiana también me cedió su tiempo, señor Presidente .
El señor ORPIS.- Y el Comité UDI hace lo propio, señor Presidente.
El señor NAVARRO.- Agradezco a mi colega el Senador Orpis el tiempo que me ha facilitado.
El señor QUINTANA ( Presidente accidental ).- Tiene cinco minutos más, señor Senador.
REPARACIÓN DE CANAL IFARLE Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUAS LLUVIA EN TALCAHUANO. OFICIO
El señor NAVARRO.- En otro aspecto, solicito que se oficie a la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, a fin de que nos informe acerca de los montos de inversión destinados a la reparación del canal Ifarle en Talcahuano, el cual resultó muy afectado por el tsunami del año pasado.
Los vecinos de la población San Marcos, particularmente los que rodean el citado canal, están muy preocupados, dado que se están desarrollando obras de revestimiento y concreto en una sola ladera, pero nada en la del frente.
En consecuencia, queremos conocer en detalle los proyectos de inversión que va a desarrollar la Dirección de Obras Hidráulicas en ese sentido, como también que informe sobre los proyectos de aguas lluvia para el gran Talcahuano: cuáles son los montos destinados, las obras que se van a realizar, los plazos establecidos y el tiempo que ellas durarán.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, de acuerdo al Reglamento.
REPARACIÓN DE CALLES EN TALCAHUANO. OFICIO
El señor NAVARRO.- Del mismo modo, solicito oficiar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que informe acerca de la reparación de calles en Talcahuano y la repavimentación de varios sectores de la comuna.
Quiero conocer los montos asignados para el año 2012, qué vías se arreglarán y cuáles son los diversos programas a los que quedarán afectas tales reparaciones; es decir, si se van a realizar con participación ciudadana, con inversión de carácter regional o, directamente, con los fondos sectoriales de dicha Cartera.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
OBSERVACIONES A PROCESO DE LICITACIÓN DE PUERTO DE TALCAHUANO. OFICIOS
El señor NAVARRO.- Asimismo, pido que se oficie a la CORFO y a la Dirección de Empresas del Estado, con el objeto de que detallen el porqué en la licitación del puerto de Talcahuano se presentó un solo oferente para adjudicarse dicho proceso.
Quiero advertir a los choreros que el terminal portuario se hará con contenedores. Y fueron precisamente contenedores los que causaron los mayores daños luego del tsunami del año pasado, al golpear los edificios y viviendas aledañas. Por ese motivo, todos pensamos que un puerto de estas características ya no es necesario en Talcahuano.
Por el contrario, necesitamos un terminal portuario donde atraquen los cruceros para desembarcar a miles de turistas, quienes, en dos horas, podrán subir a las termas de Chillán y a la nieve, recorriendo un circuito turístico que es impecable, adecuado e importante.
Por lo tanto, tengo aprensiones respecto de si Talcahuano requiere que ese sector de la costanera sea utilizado para los fines señalados.
Asimismo, pido que se oficie al Ministerio de Transportes, específicamente a la Secretaría de Planificación de Transporte (SECTRA), para que dé a conocer cuáles serán los accesos de este puerto licitado y si las obras se harán con inversión pública pese a ser un proyecto privado. Preciso tal información para saber si son necesarias, si afectarán la vialidad del puerto y si su diseño es el adecuado. Si el proyecto incorpora obras públicas de accesibilidad vial, deben conocerse pues no pueden ser ni de regalo ni de coincidencia.
En resumen, quiero saber exactamente cuál es el sentido de esta licitación y qué antecedentes legales permitieron la entrega a un solo oferente.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
PROCESOS DE TRAMITACIÓN DE TÍTULOS DE DOMINIO EN ISLA SANTA MARÍA. OFICIOS
El señor NAVARRO.- Solicito dirigir oficio igualmente al Ministerio de Bienes Nacionales, a fin de que informe en detalle sobre la entrega de títulos de dominio en la isla Santa María.
Esta localidad, que depende de la comuna de Coronel, se halla a dos horas y media en lancha y a quince minutos en avioneta. Tiene tres mil habitantes, los cuales todavía sufren un gran aislamiento.
Los títulos de dominio son muy importantes para determinar el uso del suelo, la inversión inmobiliaria y la postulación a subsidios habitacionales.
En razón de ello, queremos saber cuántos títulos de dominio se han entregado en los últimos diez años, cuántos están pendientes y qué responsabilidad cabe en este proceso a la municipalidad de Coronel.
Además, pido que se oficie al municipio de Coronel , a fin de que indique cuántos habitantes se hallan inscritos en el proceso y cuántos están en pleno trámite.
Precisamos de toda la información relativa a los títulos de dominio en isla Santa María.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, según el Reglamento.
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO EN COSTANERA DE PENCO. OFICIOS
El señor NAVARRO.- Asimismo, pido que se dirija oficio al Ministerio de Obras Públicas, para que informe respecto de los trabajos que se están realizando entre Lirquén y Tomé para la culminación de la doble vía.
Me gustaría saber qué empresas participan en la construcción de esta obra, a cuánto ascienden los montos invertidos y qué proyectos de reconstrucción se realizarán en la playa de Penco.
Penco era la playa de Concepción -cabe recordar que la ciudad carece de ella- y, lamentablemente, se encuentra en un notable abandono, sin que haya nuevas inversiones.
Queremos tener copia del proyecto de reposición y construcción de la costanera de Penco y, por cierto, de la recuperación de las playas para el turismo.
En la misma línea, solicito que se oficie a la municipalidad de Penco y al Ministerio de Vivienda para que nos aclaren los montos, los plazos y los proyectos que allí se van a ejecutar.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
URGENCIA DE SUBSIDIOS PARA ELECTRICIDAD. OFICIOS
El señor NAVARRO.- En otro orden de cosas, señor Presidente , pido que se oficie al Intendente Regional del Biobío y al Ministerio de la Vivienda, en relación con la solicitud aprobada por el Senado en el proyecto de acuerdo correspondiente, para el otorgamiento de subsidios eléctricos.
Dijimos al Gobierno que debía poner agua potable en los campamentos. Nos respondió que no. Sin embargo, hoy todos cuentan con dicho recurso.
También pedimos hace un año y medio subsidios para el arriendo. Hoy día el Gobierno los ofrece; pero se va a encontrar con una difícil situación. Esos beneficios son necesarios pero tardíos.
Del mismo modo estamos pidiendo subsidios para el consumo eléctrico. La gente necesita calefaccionarse. Durante el invierno del 2012, las personas gastarán recursos adicionales para ese efecto y, si no se entrega tal beneficio, terminarán colgándose de la red pública. El riesgo de la captación ilegal de electricidad es el incendio, situación que se agrava en sectores donde las viviendas son colindantes.
Algunas personas están imposibilitadas de pagar las cuentas, por lo cual se requiere un subsidio eléctrico, como ya se ha usado en Chile. Creo que las familias que viven en campamentos tanto en la Región del Biobío como en el resto del país deberían contar con la posibilidad de optar a este tipo de beneficios.
El Senado aprobó un proyecto de acuerdo sobre esta materia. Lamentablemente, todavía no tenemos una respuesta del Ejecutivo.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de acuerdo al Reglamento.
INSUFICIENTE TASACIÓN FISCAL PARA DEPARTAMENTOS DEMOLIDOS EN SECTOR CAMILO OLAVARRÍA. OFICIOS
El señor NAVARRO.- Por otro lado, pido que se oficie a la Municipalidad de Coronel y al Seremi de Vivienda del Biobío, en lo referente a la demolición de los edificios en Camilo Olavarría.
En dicho barrio, se llevó a cabo la demolición de departamentos sin una previa tasación fiscal. Allí un grupo muy importante de habitantes, sobre todo de la tercera edad, tenía sus viviendas, motivo por el cual hoy día las tasaciones alcanzan el mínimo fiscal.
Eso es un abuso, un robo. Indudablemente el Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, debió proceder a tasar comercialmente los inmuebles antes de demolerlos. Pero ahora no es posible tasar, pues ya no existen los departamentos, y se quiere pagar el avalúo fiscal.
Me parece que eso es un robo en descampado.
Los vecinos de Camilo Olavarría no tienen la culpa de que no se haya hecho la tasación antes de la demolición. Tal situación debe regularizarse.
En consecuencia, solicito que se oficie al Municipio de Coronel y a la Seremía de Vivienda sobre esta materia. Los montos ofrecidos son insuficientes y nadie quiere judicializar el caso.
Espero que este problema logre una resolución similar a la de Villa Futuro, donde se llegó a un acuerdo incluso con los vecinos que tenían allí su segunda casa, mediante una indemnización más un subsidio para la construcción de la nueva vivienda.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
CIFRAS DE REPITENTES POR MOVILIZACIONES ESTUDIANTILES Y PLANES PARA ENFRENTAR AÑO ESCOLAR 2012. OFICIO
El señor NAVARRO.- De igual modo, señor Presidente , solicito que se oficie al Ministerio de Educación, para que informe en detalle -comuna por comuna, Región por Región- sobre la cantidad de alumnos que repitieron como resultado de las movilizaciones del presente año.
Necesitamos saber cuántos jóvenes de enseñanza básica y media repitieron de curso. Para ello, queremos ver los cuadros comparativos de los años 2011, 2010, 2009 y conocer los planes que se confeccionarán para enfrentar un nuevo año escolar dada la repitencia masiva.
Esta circunstancia va a generar problemas pedagógicos en la configuración de los cursos y los municipios deberán contar con los recursos necesarios para duplicar su capacidad.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor QUINTANA ( Presidente accidental ).- Señor Senador , se completó el tiempo del MAS y también el que le concedieron los demás Comités.
El señor NAVARRO.- ¿Y el de la Democracia Cristiana, señor Presidente?
El señor QUINTANA ( Presidente accidental ).- También, Su Señoría.
El señor NAVARRO.- ¡Pero si entre los dos suman más de 25 minutos, señor Presidente!
El señor QUINTANA (Presidente accidental).- Lo que pasa, señor Senador, es que no hay Comités que le puedan ceder tiempo.
El señor NAVARRO.- ¡Sea generoso, señor Presidente!
El señor QUINTANA (Presidente accidental).- Dos minutos más, señor Senador.
El señor NAVARRO.- ¡Sea generoso, no tacaño, señor Presidente ...!
El señor QUINTANA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro, por tres minutos.
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO LAS TRANCAS-TERMAS DE CHILLÁN. OFICIO
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , quisiera que se oficiara al Ministerio de Obras Públicas respecto de la construcción del camino entre Las Trancas y las Termas de Chillán. Son siete kilómetros.
Lo hemos dicho y lo reiteramos: tiene que haber un circuito turístico que vaya desde Talcahuano (cruceros) hasta la cordillera (nieve). Son dos horas de viaje. Esta es una condición única de la Región del Biobío. Llegan los turistas a Talcahuano, en dos horas están en la nieve y en dos horas más, de vuelta nuevamente en el mar, rumbo a otros destinos.
La pavimentación de este segmento de camino cuenta ya con un aporte de 1.700 millones de pesos del Ministerio de Obras Públicas, compromiso del Ministro Golborne , y también con el acuerdo del Intendente Víctor Lobos de entregar otros 1.700 millones de pesos para su ejecución el año 2012.
Esto es muy importante. Los pequeños comerciantes de Las Trancas son capaces de generar 600 a 700 empleos en la temporada. Y la pavimentación de este camino va a incidir en un mayor flujo turístico.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
IMPACTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CHACABUCO EN POBLACIÓN AURORA DE CHILE DE CONCEPCIÓN. OFICIO
El señor NAVARRO.- Del mismo modo, señor Presidente , pido que se oficie al Ministerio de Obras Públicas, a fin de que nos entregue los antecedentes acerca de la intensidad del uso de vehículos menores en el llamado "puente Chacabuco", que es un puente mecano que se hizo famoso porque tenía un precio simbólico.
Queremos saber cuántos vehículos lo están usando, con qué frecuencia, y cuándo se va a construir el nuevo viaducto. Allí está involucrada la población Aurora de Chile, que estuvo afecta a fuertes cuestionamientos. Esto provocó la salida de la Intendenta, porque se había presentado un proyecto trucho, brujo. La gente -lo hemos dicho- está inquieta.
Vamos a tener un proyecto legal, transparente, casas de buena calidad. Queremos saber cómo va a afectar el futuro puente Chacabuco al sector Aurora de Chile, de manera que los vecinos puedan tomar decisiones con tiempo y con la verdad.
Todavía subsisten muchas dudas. Le hemos planteado esta inquietud al Seremi de la Vivienda , al Director del SERVIU . Yo quiero que haya una respuesta por escrito respecto de la construcción del puente y su impacto en la población Aurora de Chile: cuántos vecinos tienen que salir, cuánto durarán las obras, cuál va a ser el tipo de vivienda que allí se va a construir.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
RECONSTRUCCIÓN DE CASAS DE COLIUMO, COMUNA DE TOMÉ. OFICIO
El señor NAVARRO.- Por último, señor Presidente, solicito que se oficie al Ministerio de Vivienda respecto de las casas de Coliumo.
Allí fueron arrasadas las casas, toda la costanera. Se ha ofrecido una vivienda tipo palafito que tiene precarias condiciones de calidad. Son pilotes de fierro, que se corroen. Los vecinos de Coliumo no están de acuerdo. Incluso, plantean la posibilidad de endeudarse en un crédito hipotecario, pero para construir una vivienda definitiva.
Esto se lo he expuesto al Ministro Rodrigo Pérez . Lo conocen las autoridades de la Región del Biobío. Pero a los afectados se les ha señalado que, si no aceptan el subsidio entregado al 31 de diciembre, lo van a perder. Yo creo que es una amenaza absurda. Tiene que haber un acuerdo consensuado con los vecinos de Coliumo, comuna de Tomé, Región del Biobío.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor QUINTANA ( Presidente accidental ).- ¡Usted, señor Senador , al parecer no ha pensado en los funcionarios de los Ministerios a los cuales ha pedido oficiar, quienes también tienen derecho a descanso y que van a tener que pasar las fiestas de fin de año respondiéndole...!
El señor NAVARRO.- ¡Por la patria, señor Presidente...!
El señor QUINTANA ( Presidente accidental ).- Corresponde el turno al Comité Partido Socialista.
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, voy a solicitar tres cosas.
120° ANIVERSARIO DE COMUNA DE DALCAHUE. OFICIO
El señor ESCALONA.- En primer lugar, señor Presidente , pido que se envíe un saludo a la comuna de Dalcahue en su aniversario número 120, a través de su Alcalde , don Alfredo Hurtado .
Como se sabe, esta comuna está vinculada a la historia de Chile. Allí fue donde, hace ya cerca de 500 años, llegaron colonos a nuestro país, en el sector del mar interior, correspondiente a la actual provincia de Chiloé, específicamente a la localidad de Tenaún, ubicada en Dalcahue.
En consecuencia, esta es una comuna que hunde sus raíces en lo más profundo de la nacionalidad chilena de hoy, en su diversidad, cuyos habitantes se dedican a la pesca, al turismo, a la acuicultura, a la actividad agrícola y a la ganadera. Está constituida por descendientes tanto de diferentes inmigraciones como de algunos de nuestros pueblos originarios, como el huilliche.
Por consiguiente, en esta ocasión quisiera resaltar de modo especial a la comuna de Dalcahue, cuando está cumpliendo su aniversario número 120, pidiendo enviarle, a través de su Alcalde , un caluroso y cariñoso saludo.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
ADQUISICIÓN DE TIERRAS EN BENEFICIO DE COMUNIDADES HUILLICHES EN LOCALIDAD DE COMPU, COMUNA DE QUELLÓN. OFICIOS
El señor ESCALONA.- En segundo lugar, quiero solicitar que se envíe un oficio al señor Ministro de Desarrollo Social , del cual depende la Corporación Nacional para el Desarrollo Indígena, a fin de que se suplementen los recursos para el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas de la Región de Los Lagos con el propósito de que se pueda financiar la adquisición de tierras para las comunidades huilliches de la localidad de Compu, en la comuna de Quellón. Específicamente, estas se refieren a propiedades de la empresa Golden Spring , que no está utilizando los terrenos para los fines inicialmente adquiridos. De hecho, estuvieron a punto de ser rematados por deudas en contribuciones.
Por tanto, es perfectamente posible que el Estado pueda adquirir esa tierra y entregarla a las comunidades indígenas, que la requieren con la finalidad de consolidar su actividad económica y cultural en el sector.
En resumen, solicito que el oficio correspondiente se envíe al señor Ministro de Desarrollo Social , don Joaquín Lavín , y al señor Director Nacional de la Corporación Nacional para el Desarrollo Indígena.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
TÍTULOS DE DOMINIO PARA DUEÑOS DE PALAFITOS UBICADOS EN BORDE COSTERO. OFICIO
El señor ESCALONA.- Por último, señor Presidente , solicito que se oficie a la señora Ministra de Bienes Nacionales , para reiterar una propuesta de ley que he presentado pero que es inadmisible.
En su momento, requerí el patrocinio del Ejecutivo , pero hasta la fecha no se me ha dado respuesta. En concreto, se trata de enviar un proyecto que posibilite resolver el tema de los títulos de dominio en las comunas de Castro, Ancud y otras de la provincia de Chiloé, específicamente para quienes viven en los llamados "palafitos".
Estos, por estar situados exactamente en el borde costero, en el lugar donde termina la llegada de las olas, no pueden ser regularizados por la vía legal habitual, ya que pertenecen a una zona de administración del Territorio Marítimo en la que inciden, por tanto, las atribuciones legales de la Armada de Chile.
El problema, que podría ser resuelto a través de una autorización que involucre a Bienes Nacionales y los municipios respectivos, por un lapso transitorio de cinco años, se arrastra desde hace décadas y no existe actualmente un mecanismo legal que permita dejarlo atrás. Sin embargo, afecta muy decisivamente a las personas que viven en esas casas o instalaciones, cuya precariedad, desde el punto de vista de la propiedad, se prolonga indefinidamente en el tiempo.
Esta es una de las necesidades más importantes para el desarrollo de Chiloé, así como para otros lugares de la Región de Los Lagos: Puerto Montt, isla Tenglo y otras localidades.
Se requiere resolver la cuestión de los títulos de dominio en aquellos lugares donde existe un área de doble administración, en que hay costa, sin playa, pero sí casas y hogares habitados por familias humildes que carecen de títulos de dominio con los que puedan postular a los diferentes subsidios del Estado.
Lo que estoy sugiriendo, entonces, es una solución a través de un proyecto de ley que entregue a la autoridad un tiempo determinado a partir del cual puede resolver el problema descrito.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor QUINTANA ( Presidente accidental ).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:3.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESION
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES ESCALONA, MUÑOZ ABURTO, SEÑORA RINCÓN, SEÑORES TUMA Y WALKER (DON PATRICIO), CON LA QUE DAN INICO A UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL NUMERAL 9° DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y DETENER EL LUCRO EN LA SALUD (8125-07)
Vistos. Lo dispuesto en los artículos 1°, 5°, 19° y en el Capítulo XV de la Constitución Política de la República.
Considerando.
1.- Que la opinión pública ha sido impactada por las ganancias obtenidas por las Instituciones de Salud Previsional, ISAPRES. Sólo en el período Enero - Septiembre de 2011 éstas alcanzan los $ 47.085 millones, constituyendo una de las fuentes de lucro de más rápido acceso, liquidez y elevado monto.
Ello opera sobre la base de clientes cautivos a los que se imponen precios exorbitantes y condiciones inaceptables.
2.- Que es hora de terminar con estos abusos, lo que obliga a una reforma constitucional que permita una regulación que impida la acción abusiva de quienes rentan ilegítimamente de una posición dominante en el mercado de la salud, vale decir, que posibilite la fijación de precios de manera que la autoridad pueda asumir la responsabilidad de establecer tarifas que permitan terminar con las rentabilidades de alto costo social que imponen los controladores de las ISAPRES.
3.- Que la salud de los chilenos no puede ser un bien de consumo. Estamos hablando de un servicio fundamental, necesario e inelástico, donde el Estado tiene un rol fundamental para garantizar el acceso universal y condiciones de financiamiento adecuadas a los diversos sectores de nuestra sociedad, evitando abusos y arbitrariedades.
Por lo anterior, los senadores que suscriben vienen en presentar el siguiente:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Modifíquese el numeral 9º del artículo 19º de la Constitución Política de la República, del siguiente modo:
1.- En el inciso primero, reemplácese la palabra "protege" por "garantizará" y agréguese a continuación del punto aparte que sucede a la expresión individuo I a frase: "Con este objeto deberá asegurar el goce de prestaciones básicas universales a toda la población."
2.- Incorpórese, en el inciso segundo, después de la coma que sigue a la palabra "asimismo", lo siguiente, la responsabilidad de fijar tarifas o precios para la prestaciones o seguros y".
(Fdo.): Camilo Escalona Medina, Senador.- Pedro Muñoz Aburto, Senador.- Ximena Rincón González, Senadora.- Eugenio Tuma Zedan, Senador.- Patricio Walker Prieto, Senador.
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES NAVARRO, LAGOS, QUINTANA, ROSSI Y RUIZ-ESQUIDE, CON EL QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA ERIGIR UN MONUMENTO EN MEMORIA DEL DIRIGENTE SINDICAL Y EX DIPUTADO SEÑOR MANUEL BUSTOS HUERTA (8111-04)
Su biografía
Manuel Antonio Bustos Huerta nació en el sector de San Enrique, comuna de Santo Domingo, el 2 de diciembre de 1943. Fue hijo adoptivo de Armando Bustos y Filomena Huerta. Se casó con Elsa Huina y tuvieron dos hijas; y en un segundo matrimonio, se casó con la periodista Myriam Verdugo y tuvieron dos hijos. Se conocieron con Myriam, en 1981, cuando ella lo entrevistó, en su calidad de líder sindica!.
Durante su infancia vivió junto a sus padres en el fundo San Enrique, cercano a las Rocas de Santo Domingo. Por esta razón caminaba largos kilómetros para asistir a la escuela, lo que le impidió una regularidad en sus estudios. En sexto año básico abandonó la escuela para dedicarse a las labores agrícolas y así poder ayudar a su familia. En esos años, ya comenzó a manifestar su vocación de dirigente, al plantear ante los patrones del fundo las inquietudes deportivas y culturales de los campesinos. Así, por ejemplo, consiguió graderías e iluminación para una cancha de fútbol.
A los 18 años fue llamado al Servicio Militar, realizándolo en el Regimiento de Ingenieros de Tejas Verdes; ahí continuó con sus estudios y llegó hasta el segundo año de Humanidades.
Fue un fervoroso católico, y desde muy joven demostró sus cualidades innatas de dirigente. En el año 1963 realizó los primeros cursos como pre militante de la Democracia Cristiana y posteriormente ingresó en propiedad a este partido. En el año 1967 asistió a una charla de un diputado de la V Región, que hablaba de los derechos de los trabajadores. Esto, lo incentivó aún más, para comprometerse con ese Partido, el Demócrata Cristiano.
Se vino a vivir y se estableció en Santiago; trabajó en un principio como garzón de un restaurant en el Paradero 13 de la Gran Avenida. Luego, ingresó a la Textil Andina por un corto período, pasando después a desempeñarse como aprendiz de maquinista, en la fábrica de textiles Sumar; después pasó a ser mecánico de mantenimiento, trabajando por más de 30 años en esa empresa. En este último lugar germinaría su liderazgo sindical. De hecho, en 1969, asumió como dirigente del sindicato de trabajadores de dicha empresa. En 1972, la Democracia Cristiana lo presentó como candidato a la Central Única de Trabajadores, CUT, resultando electo como dirigente nacional.
Cuando se produjo el Golpe de Estado en 1973, era dirigente de la Federación Textil y de la Central Única de Trabajadores. Tras el Golpe, fue detenido el 12 de septiembre junto con otros sindicalistas, siendo recluido, en primera instancia, en el Estadio Chile, posteriormente en el Estadio Nacional y finalmente en la Cárcel Pública por 15 meses. Fue liberado gracias a los esfuerzos desplegados por el Cardenal Raúl Silva Henríquez.
Durante ese período prosiguió con sus funciones políticas. En 1976 fue uno de ¡os fundadores del denominado Grupo de los 10, integrado, entre otros líderes, por Tucapel Jiménez Alfaro. Su interés por articular el movimiento sindical, lo llevó, en 1981, a formar la Coordinadora Nacional Sindical, CNS, integrada por dirigentes sindicales de todas las corrientes opositoras al régimen militar y que sirvió de base para posteriormente crear el Comando Nacional de Trabajadores. Su participación en estas organizaciones “ilegales” le significó en 1981 la acusación de "falsa representatividad de estas agrupaciones sin personalidad jurídica", por parte del Ministerio del Interior, por lo cual fue condenado por los tribunales, a seis meses de detención. Más tarde, el 2 de diciembre del año siguiente, llamó a una jornada de protestas en la Plaza Artesanos, lo que terminó con su expulsión del país, junto a los también destacados sindicalistas Héctor Cuevas Salvador y Carlos Poldech.
Fuera de Chile se estableció en Roma; allí continuó su labor política apoyado por el sindicalismo internacional. Regresó en Octubre de 1983, retomando de inmediato su liderazgo. Así, en 1985 organizó, junto a Rodolfo Seguel, otra jornada de protestas, lo que nuevamente le costó seis meses de cárcel.
Más tarde, en 1987, asumió interinamente como presidente de la CUT. Sin embargo, inmediatamente vio interrumpida su dirigencia debido a que fue relegado por un año y medio a Parral, por su participación en el paro de actividades para reformar el Plan Laboral, efectuado el 7 de octubre de ese año. En su obligada estadía en esa ciudad se dedicó, junto a un abogado, a asesorar a los lugareños que querían sindicalizarse o adquirir conocimientos sobre Derecho Laboral.
Más tarde fue nombrado vicepresidente de la CIOSL (Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres) y colaboró en el comando por la candidatura presidencial de Patricio Aylwin, al restaurarse la democracia.
De regreso en Santiago, fue oficialmente electo presidente de la CUT en 1990, desde donde consiguió importantes acuerdos con empresarios y el Gobierno. Ese mismo año, fue nombrado Consejero Nacional del Partido Demócrata Cristiano. Más adelante, en 1995, asumió como segundo vicepresidente de la 82a Conferencia Internacional del Trabajo y fue miembro del Consejo Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. En 1996 se retiró de la CUT.
En 1997, después de completar su educación media, se presentó como candidato a diputado. Resultó electo diputado, por el Distrito N°17, comunas de Conchalí, Huechuraba y Renca, en la Región Metropolitana, para el período 1998-2002. En dichas labores integró la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, la que presidió, y la de Vivienda y Desarrollo Urbano. Sin embargo, no pudo cumplir la totalidad de su trabajo parlamentario, debido al prolongado cáncer que lo llevó a la muerte en Santiago, el 27 de septiembre de 1999.
Uno de sus mayores aportes en la Cámara de Diputados, fue la creación de la "bancada social" y la moción parlamentaria, presentada junto al diputado Rodolfo Seguel, para obligar al empresario a acreditar el pago de las cotizaciones previsionales del trabajador al momento de ser despedido. Este proyecto llegó a ser Ley de la República y fue publicada en el Diario Oficial, con el número 19.631, un día después de su muerte.
Como homenaje a la memoria de este gran luchador social, cito las palabras de su esposa Myriam, escritas en la última página del libro "Dicen que es Manuel su nombre. Vida y lucha de un sindicalista", escrito por ella y Patricia Mayorga en el 2009:
Manuel Bustos Huerta, lo entregó todo por quienes él llamaba sus hermanos: los y las trabajadoras de Chile. Pero quiero reiterar lo que seguramente Manuel querría.
El mejor homenaje a una vida de entrega es la existencia de organizaciones responsables, modernas, sólidas y preparadas, para quienes las palabras globalización, tecnologías de la información, políticas medioambientales, tratados de libre comercio representan un desafío. El mejor homenaje son trabajadores activos, inteligentes, construyendo un país nuevo, de oportunidades, con participación plena y ciudadana. Quiero, como él decía cuando terminaba sus alocuciones, un Chile en Justicia, Libertad y Democracia.
Por todo lo anterior es que vengo a presentar el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°. Autorícese erigir un monumento, en la Región Metropolitana, en memoria del destacado dirigente sindical y ex Diputado de la República, Don Manuel Bustos Huerta.
Artículo 2°. Las obras se financiarán mediante la realización de una colecta pública en la Región Metropolitana. Su producto se depositará en una cuenta especial que al efecto se abrirá en el Banco Estado.
Artículo 3°. Créase un fondo especial con e! mismo objeto, que estará constituido por erogaciones, donaciones y aportes privados.
Artículo 4°. Créase una Comisión Especial de diez integrantes ad honorem encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará integrada por los alcaldes de las comunas de Conchalí, Huechuraba y Renca, uno de los cuales presidirá la Comisión, los Senadores de la T Circunscripción, los diputados del Distrito 17, el Secretario Regional Ministerial de Educación, el Intendente de la Región Metropolitana y el presidente de la CUT.
Artículo 5°. La Comisión tendrá las siguientes funciones:
a) Preparar las bases y el llamado a concurso público;
b) Determinar la comuna y fijar la ubicación exacta donde se ubicará el monumento;
c) Seleccionar los proyectos respectivos;
d) Organizar las colectas públicas dispuestas en el artículo 2°;
e) Administrar la cuenta y el fondo especiales establecidos en los artículos 2° y 3°, respectivamente; y,
f) Adquirir los bienes necesarios para el emplazamiento y la erección del monumento."
Artículo 6°. La Comisión iniciará las actividades para ejecutar el monumento a Manuel Bustos Huerta, dentro de 5 años contados desde la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial.
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.- Jaime Quintana Leal, Senador.- Fulvio Rossi Ciocca, Senador.- Mariano Ruiz-Esquide Jara, Senador.
MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE DA INICIO A UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE REFUERZA EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL (8112-07)
Teodoro Ribera, Ministro de Justicia, ha criticado la acción de los jueces de garantía en el ámbito de las movilizaciones ciudadanas y las resoluciones judiciales sobre detenciones que se han verificado en ellas. Los dichos del Ministro aludían a que tras cerca de 100 marchas el último año, de 1.781 supuestos violentistas detenidos, sólo cinco siguieron presos. Datos que fueron acompañados por críticas del ministro Andrés Chadwick (Secretaría General de Gobierno) al rol de los jueces de garantías en estas situaciones. El Ministro, anunció que se revisará el criterio que tuvieron para fallar los jueces cuando el Gobierno deba promocionar a alguien en un cargo.
El día 22 de Octubre de 2011, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Leopoldo Llanos, en declaraciones a radio Cooperativa, dijo que "estamos preocupados por esta situación porque se podría estimar que esto es una suerte de presión o derechamente una intimidación para que los jueces durante su desempeño se guíen por los criterios del Ejecutivo para ser posteriormente nombrados".
"En ninguna otra época de la historia del Poder Judicial chileno se había hecho este tipo de afirmaciones, en el sentido que se van a vetar a los jueces por tener un criterio determinado. Me atrevería a afirmar que ni siquiera en la época de la dictadura", explicó.
El Presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, se refirió en duros términos a esta noticia, y señaló que "Estamos pasando por un momento de turbulencia no provocada por los jueces, impensada, por que deberíamos trabajar con las autoridades en buscar fórmulas de solucionar los conflictos que hay en e! país (...) Las palabras de Ribera han generado polémica, ya que los magistrados sienten que se condiciona y afecta la independencia al momento de emitir sus fallos, lo que podría alterar el debido proceso al colocar una presión en los jueces al momento de fallar, más allá de las pruebas presentadas por fiscales y policías".
Asimismo declaró que "De un tiempo a esta parte han existido cierto tipo de declaraciones políticas que van más allá de una simple crítica, las que nosotros estamos dispuestas a aceptarlas, y que afectan claramente la independencia de los jueces".
Respecto de las estadísticas del Ejecutivo, dijo que "Se basa en informaciones y estadísticas que no corresponden a la realidad de lo que hacen los jueces, eso debilita la independencia de los jueces y por otro lado pone un grado de inseguridad de cómo están actuando los tribunales de justicia (...) No recuerdo que un Ministro haya expresado argumentaciones para entrar en un debate sobre seguridad pública. Nosotros estamos para aplicar la ley y para asegurar las garantías de los ciudadanos y lo hacemos sobre el código y la constitución política".
"Los jueces no se ponen de lado de nadie, ni del bueno ni del malo, porque tienen que aplicar la ley", dijo el Presidente de la Corte Suprema.
Finalmente, señaló que las palabras del ministro "de alguna manera erosiona, dificulta el trabajo de los jueces, pone incertidumbres en el trabajo de los jueces, porque los jueces no pueden estar pensando en el que dirán cuando dictan su resolución".
En una entrevista en el Diario Financiero, Ribera reafirmó sus dichos, descartando de paso que esté arrepentido de haber hecho el planteamiento que detonó la polémica. Y enfatizó que "nadie puede sentirse amenazado cuando el ministerio de Justicia ejerce ¡as atribuciones que le confiere la ley". Luego señaló que "nadie puede sentirse amenazado cuando el ministro de Justicia ejerce las atribuciones que le confiere la ley, ¿Qué tiene que hacer un ministro que busca decidir de manera racional, prudente y adecuada? Obviamente, considerar los informes que el Poder Judicial le ha remitido".
El día 28 de octubre, el pleno de la Suprema redactó un acta en el que se indica que "en su vertiente externa importa que ninguna persona está autorizada para interferir en las determinaciones de los jueces. Para hacerlo deben comparecer al juicio como parte y ejercer los derechos que la ley contempla".
El acuerdo del pleno será remitido al Presidente Sebastián Pinera, por medio del ministro de Justicia. En el documento además se indica que "el contenido de las resoluciones jurisdiccionales no son factores que puedan ser considerados en la formación de los temas que se confeccionen para el nombramiento de los jueces"
Finalmente, ante la propuesta de la Unión Demócrata Independiente, la Asociación de Magistrados, señaló el 13 de diciembre de 2011 que esta resulta equívoca, respecto de la revocación de sentencias, al sostener que se evalúe mal a un juez por sostener un criterio jurídico distinto del tribunal superior. Esto porque para el magistrado "para eso las partes cuentan con un extenso catálogo de recursos para impugnar eventualmente una decisión que resulte desfavorable a sus pretensiones".
Sobre la afirmación, que registra el documento, respecto a que algunos jueces van en contra de la jurisprudencia, Llanos recordó a los militantes de esa tienda que "las sentencias en Chile tienen efectos relativos a diferencia de lo que ocurre en otros países, además de que plantear la sujeción del juez a dicha fuente evitaría su evolución".
Ahora, la independencia judicial es parte inescindible del derecho al debido proceso. Tal como señala la Constitución chilena: "Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá ai legislador establecer siempre ¡as garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos".
Al respecto cabe señalar que la independencia de la Judicatura viene exigida por la Constitución de 1980 en términos tales que se prohíbe tanto al Parlamento como al Presidente de la República ejercer funciones judiciales, abocarse causas pendientes, revisar el fundamento o contenido de sus fallos o reabrir procesos ya concluidos. La idea es que los jueces al desempeñar sus funciones se rijan solamente por el derecho vigente y no sean objeto de presiones, tanto de parte de sus superiores jerárquicos como especialmente de los otros poderes del Estado.
Este sistema -chileno- resulta adecuado y posee ventajas frente a otros, como e! sistema de elección popular de los jueces que rige actualmente en Bolivia. Pero también posee falencias. Una de ellas aparece de manifiesto con los últimos dichos de integrantes de! Gobierno por los cuales se comprometen a revisar, para efectos de futuros nombramientos, la línea jurisprudencial seguida por todo aquel juez que pretenda ascender dentro del escalafón del Poder Judicial. De esta manera ya no estarán ascendiendo los más capaces sino los que demuestren mayor adherencia a las ideas del Gobierno de turno o aquéllos que se dejen llevar por este tipo de presiones y de ahora en más comiencen a fallar de forma amigable con el Ejecutivo.
De esta manera, los dichos del Gobierno comprometen no solamente la futura imparcialidad de los jueces, sino que también, consecuencia mucho más grave, la independencia de los integrantes del Poder Judicial. Se trata en definitiva, de un grave atentado a los pilares fundamentales del sistema judicial y del Estado de Derecho.
Este tipo de declaraciones esconde, además, una grosera ignorancia respecto de cómo ejercen sus funciones los jueces, en especial, los jueces del nuevo sistema de justicia criminal. Efectivamente, los jueces están llamados a fallar los casos sometidos a su conocimiento, pero de una forma bastante particular. Su función debe der desarrollada con estricto apego a la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y demás normas de la República.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ley de la República abunda en este derecho, incluyendo dentro del debido proceso, la Independencia y la imparcialidad del tribunal.
"Artículo 8. Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."
Que el debido proceso legal incluya la independencia judicial y la imparcialidad lo acoge la doctrina chilena. Adolfo Alvarado Velloso, en su artículo sobre El Debido Proceso público, en Revista Gaceta Jurídica, N° 110 de 1989, enseña que el debido proceso no es más que aquel proceso "que respeta los principios que van inscritos en e! sistema establecido desde el propio texto constitucional» reconociendo como tales a "la igualdad de las partes litigantes"; "la imparcialidad del juzgador"; "la transitoriedad de la serie consecuencial"; "la eficacia de esa misma serie" y "la moralidad en el debate".
Asimismo aparece en Alex Carocca Pérez, que señala:
"Tribunal independiente es aquel que no está sometido a otro sujeto o autoridades su actuar, ni física ni moralmente. Tradicionalmente esta nota de los órganos jurisdiccionales ha sido extraída de la clásica doctrina de la separación de poderes, de modo tal que se ha considerado que concurre cuando no se encuentra sometido a los demás poderes del Estado, particularmente de poder ejecutivo.
Por su parte, tribunal imparcial, es el que carece de interés en los resultados del litigio, es decir, es completamente independiente de las partes, pues supone que este no se ve constreñido por ningún tipo de consideraciones a favorecer a una en desmedro de otras".
El lazo entre independencia e imparcialidad es casi causal. No puede haber tribunal imparcial, es decir, que juzgue por igual a las partes en juicio, si no hay independencia. Si un juez es dependiente, no es libre, por lo que rindiendo cuentas a quien lo presiona indebidamente, podrá verá su voluntad condicionada hacia la parte que sea beneficiada por quien lo domina, y no por el puro interés de la ley.
Aliro Abreu Burelli, Ex Vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acoge esta relación íntima entre Independencia e Imparcialidad:
"La independencia de los tribunales corresponde al principio básico de que toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales ordinarios con arreglo a los procedimientos legales establecidos. Por tanto, la independencia de la judicatura, como órgano, es fundamento esencial de la justicia que debe impartir el Estado, así como la independencia personal de los jueces es indispensable para asegurar su imparcialidad y hacer posible que puedan ejercer sus funciones con autonomía y sin presiones, y ambas -independencia de la judicatura e independencia de los jueces- garantizan el derecho al debido proceso de toda persona sometida a juicio de cualquier naturaleza"
"La independencia, como se ha dicho, es fundamental para asegurar la imparcialidad de los tribunales y de los jueces. La Corte Europea, citada por la Corte interamericana, ha señalado que la imparcialidad tiene aspectos tanto subjetivos como objetivos, a saber:
Primero, el tribunal debe carecer, de una manera subjetiva, de prejuicio personal. Segundo, también debe ser imparcial desde un punto de vista objetivo, es decir, debe ofrecer garantías suficientes para que no haya ninguna duda legítima al respecto. Bajo el análisis objetivo, se debe determinar si, aparte del comportamiento personal de los jueces, hay hechos averiguables que podrían suscitar dudas respecto a su imparcialidad. En este sentido, hasta las apariencias podrían tener cierta importancia. Lo que está en juego es la confianza que deben inspirar los tribunales a los ciudadanos en una sociedad democrática, y sobre todo, en las partes del caso".
Tenemos razón en señalar que la medida del Ministro, tal y como señala la Asociación de Magistrados amenazan la independencia judicial y la imparcialidad.
Como señala el profesor Eduardo Aldunate Lizana, la posibilidad de aplicar sanciones a los jueces en virtud de sus fallos, lo hace alejarse de la única fuente de su decisión, que en atención a las altas funciones que desarrolla, no puede ser otra que el cumplimiento de la ley. Estar sometido a presiones, lo hace crear "decisiones ad - hoc":
"La razón de ser de la independencia judicial frente al ejecutivo, como del principio de imparcialidad (...)se funda en ¡a labor a desarrollar por el juez: el concepto de la función jurisdiccional, el agotar el componente jurídico de un conflicto, desde la perspectiva de imperio de la Ley, implica que en el conocimiento y juzgamiento de las pretensiones encontradas el juez debe remitirse al derecho y no verse enfrentado a posibles consecuencias positivas o negativas, favorables o desfavorables para él, derivadas de su fallo (...) Allí donde el juzgador puede quedar sujeto a una instrucción, o a una situación especial que le mueva a adoptar una forma de proceder ad hoc en un caso, la norma, como mandato general y abstracto de conducta, pierde su entidad reguladora. La independencia del juez frente al ejecutivo y frente a las partes no es sino la otra cara de la vinculación del juez al derecho"
El mismo profesor, señala que la independencia judicial tiene una faz "situacional", es un estado, un momento en que el juez no puede prever ninguna sanción o pérdida de derechos por el contenido de su fallo:
"Si se repara en e! hecho de que lo que puede impulsar al juez a seguir una instrucción sobre el proceso, o sobre el cómo configurar su decisión, está dado por su vinculación a quien ordena, y a las posibles consecuencias de la desobediencia (sanción, por ejemplo), se tiene entonces que el núcleo de! concepto de independencia del juez se corresponde a lo esbozado arriba: por independencia del juez se puede entender aquella situación en que, situado el juez, no puede prever ni pueden derivarse para él consecuencias favorables ni desfavorables, ya sean materiales o morales, de su decisión judicial"
Sandra Day O'Connor, Juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, señaló el año 2003: "Al considerar la independencia individual de los jueces, se observa que hay dos medios que garantizan esa autonomía: Primero, los jueces están protegidos de la amenaza de represalias para que el temor no les guíe en la toma de decisiones. Segundo, el método de selección de los jueces y los principios éticos que se les imponen, se estructuran de tal modo que se reduce al mínimo el riesgo de corrupción e influencias externas".
El profesor Bordali, de la Universidad Austral, Doctorado en derecho, señala que las sanciones condicionadas a un fallo determinado afectan ¡a independencia judicial, perjudicando al justiciable: "La independencia judicial viene a representar que el juez que debe decidir un determinado caso sólo debe hacerlo según lo que prescribe el derecho, o según crea entender él qué es lo que prescribe el derecho, sin que en ningún caso pueda recibir órdenes o instrucciones de oíros poderes del Estado ni de los superiores de cómo interpretar el derecho, ni menos sanciones de ningún tipo de esos otros poderes estatales ni de los superiores judiciales por cómo ha interpretado y aplicado el derecho. El juez debe ser independiente tanto externa como internamente".
Queda meridianamente claro que el condicionamiento del ascenso de los jueces o sus nombramientos al contenido o resultado de sus fallos, resultará en pérdida de la independencia y la imparcialidad, que amenaza el derecho al debido proceso.
Sin independencia judicial, y sin imparcialidad, se afecta el derecho a la igualdad ante la ley. Los Carabineros, fiscales y el Ministerio del Interior como eventual querellante, tendrán la batalla ganada por secretaría ante tamaña presión sobre los jueces de garantía y otros.
Con este tipo de propuestas se vulnera una de las bases incontestables de la forma de organización política desde Montesquieu a la fecha, y que ordena la forma de funcionamiento de los estados nacionales modernos, como es la separación de poderes.
Como señala el profesor Eduardo Aldunate Lizana:
"Con respecto a la función jurisdiccional, su rol de control en el Estado de Derecho es de carácter jurídico. La vinculación al derecho como exclusivo criterio decisor exige del juzgador la desvinculación (independencia) en relación a lo juzgado. De aquí que para cumplir el rol de control jurídico, bajo el principio de separación de poderes, la función jurisdiccional deba encontrarse disociada tanto material como orgánicamente de las demás funciones y órganos a controlar: de la función de gobierno y administración, y de la función nomogenética. Esto significa dos cosas: a) que los respectivos órganos de gobierno y administración, y el Parlamento, no pueden ejercer funciones jurisdiccionales, como a la inversa, que los órganos a los que se ha confiado la función jurisdiccional no pueden ejercer funciones de gobierno, administración o legislación; y b) que la titularidad de dichos órganos no debe coincidir en las mismas personas"
Que el Artículo 76 de la Constitución dispone.- "La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverías y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos".
Creemos que la independencia judicial no está suficientemente consagrada en la Constitución, y así queda demostrado con los intentos gubernamentales de sancionar a los ministros y jueces por el contenido de sus fallos.
Proponemos agregar un inciso segundo al Artículo 76 de la Constitución que impida calificar a los jueces por el contenido de sus fallos.
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Agréguese el siguiente nuevo inciso segundo al Artículo 76 de la Constitución Política de la República, modificándose el orden de los siguientes incisos del mismo Artículo, pasando e! inciso tercero a ser el cuarto y así sucesivamente: "Las calificaciones de los jueces atenderán a un carácter técnico en la gestión y desempeño en el cargo y no tendrán jamás por fundamento el fondo de los fallos que emitan".
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.
MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE DA INICIO A UN PROYECTO DE LEY QUE AGRAVA LA PENALIDAD DE LA DETENCIÓN ILEGAL, DESCRITA Y SANCIONADA EN EL ARTICULO 148 DEL CÓDIGO PENAL, CUANDO LA VÍCTIMA SE ENCUENTRE EN EJERCICIO DEL PERIODISMO (8113-07)
Con motivo de las movilizaciones sociales de este año 2011, hemos visto muchas denuncias de detenciones de periodistas y profesionales o técnicos afines sólo por el hecho de grabar agresiones policiales contra la ciudadanía.
Claramente, grabar o fotografiar, sin intervenir, no es un delito. Detener a una persona sólo por esto es una cobardía y un abuso de poder.
Este 20 de diciembre de 2011, y ya con 30 casos acreditados, el Colegio de Periodistas, el Sindicato de Trabajadores de Iberoamericana Radio Holding Chile (ADN Radio), se reunieron con el Fiscal Nacional Sabas Chahuán para denunciar estos hechos.
La presidenta del Sindicato de Periodistas de La Nación y consejera nacional del Colegio de Periodistas, Nancy Arancibia señaló que "Un profesional arrestado injustificadamente, agredido o que su material de trabajo es destruido o sustraído, es un medio que deja de informar y un ciudadano que no puede ver, oír o leer lo que allí ocurrió. Es coartar la libertad de expresión e impedir el trabajo profesional de ¡a prensa".
Juan Avendaño, presidente del sindicato de grupo Iberoamericana Radio, afirmó que "No estamos aquí para jugar, lo que hacemos nosotros no es un capricho, sino que sencillamente estamos legitimando el ejercicio de la democracia y, por lo tanto, nos parece importante plantearle al Fiscal Nacional estas situaciones que son realmente graves y que no pueden quedar en la impunidad, no pueden quedar sin investigarse".
Estas detenciones son a todas luces ilegales, pues vulneran gravemente el derecho a la libertad de información, de informarse y ser informado. El derecho de libertad de expresión y de libertad de información va de la mano. Así se extrae de diversos tratados internacionales de DDH:
Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 19:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 13:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
Ahora bien, la detención ilegal es un delito criminal, tal como lo dispone el Código penal, en su Art. 148.
"Todo empleado público que ilegal y arbitrariamente desterrare, arrestare o detuviere a una persona, sufrirá la pena de reclusión menor y suspensión del empleo en sus grados mínimos a medios.
Si el arresto o detención excediere de treinta días, las penas serán reclusión menor y suspensión en sus grados máximos".
Ahora bien, creemos que este delito debe aumentar su penalidad cuando se comete contra periodistas o profesionales o personas con oficios afines. Por ende, este aumento de penalidad debe estar establecido en la Ley N°19.733, sobre Libertades de Opinión e Información del Periodismo. La pena actual va de 61 días a tres años de privación de libertad. Aumentada en dos grados, la pena mínima partirá, sin atenuantes, desde 5 años.
Proyecto de Ley
Agréguese el siguiente Artículo 8 bis a la Ley Nº19.733, sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo:
"El delito de detención ilegal de Artículo 148 del Código Penal, aumentará hasta en dos grados cuando sea cometido contra periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos y su personal de apoyo en el ejercicio de su profesión u oficio".
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.
MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE DA INICIO A UN PROYECTO QUE INCORPORA LA FIGURA DELICTIVA DE ALTERACIÓN FRAUDULENTA DE PRECIOS A LA LEY N° 20.393 SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS POR LOS DELITOS QUE ÉSTA SEÑALA (8114-07)
En el contexto de la reciente entrada en vigencia de la Ley N° 20.393 "Sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas", desde 2009, procede incluso aplicar, como sanción penal, la cancelación de la personalidad jurídica de las empresas ante la comisión de sus dependientes de los delitos de:
• Lavado de activos
• Financiamiento del terrorismo y
• Cohecho
Así lo dispone su Artículo 1: "Contenido de la ley. La presente ley regula ¡a responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto de los delitos previstos en el artículo 27 de la ley Nº 19.913, en el artículo 8° de la ley N° 18.314 y en los Artículos 250 y 251 bis del Código Penal; el procedimiento para la investigación y establecimiento de dicha responsabilidad penal, la determinación de ¡as sanciones procedentes y la ejecución de éstas."
Con esto se abandona el dogma tradicional societas delinquere non potest, es decir, que las personas jurídicas no pueden delinquir, carecen de responsabilidad penal.
Sin duda la consecuencia más significativa en materia penal de los esfuerzos de Chile por incorporarse a la OCDE ha sido la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Ahora, después de los casos de la colusión de las farmacias y ahora, la colusión en la industria reproducción de pollos, las cosas adquieren un nuevo color.
Como se sabe, Farmacias Ahumada (FASA) reconoció ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) que se coludió con las cadenas Cruz Verde y Salcobrand para subir los precios de al menos 222 medicamentos entre noviembre de 2007 y marzo 2008, en el marco de un requerimiento interpuesto por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de las tres cadenas en diciembre del año pasado. En septiembre de 2011, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones rechazó sobreseer definitivamente la investigación que pretende determinar responsabilidades penales por la presunta colusión de precios en las grandes farmacias. Los ejecutivos farmacéuticos fracasaron al alegar que el delito del Artículo 285 de! Código Penal era inaplicable al caso.
Ahora la Fiscalía nacional Económica investiga y denuncia ante el TDLC, la eventual colusión entre las productoras avícolas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo -que concentran el 92% del mercado-, que habría sido coordinada por la Asociación de Productores Avícolas de Chile A.G. (APA). El Ministerio Público nombró a Francisco Jacir, ligado a la Fiscalía Metropolitana Oriente, como fiscal especial, para investigar la comisión del mismo delito.
Paralelamente, la FNE ha informado que indaga presunta colusión en precios de pollos, pavos, cerdos y detergentes en los supermercados (el famoso "retail").
El Código Penal dispone que: Art. 285. "Los que por medios fraudulentos consiguieren alterar el precio natural del trabajo, de los géneros o mercaderías, acciones, rentas públicas o privadas o de cualesquiera otras cosas que fueren objetos de contratación, sufrirán las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales".
Creemos que nada impide, y que por el contrario, hechos y derecho obligan a incluir a este delito entre los que provocan la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y la eventual cancelación de su personalidad jurídica.
Por tanto, vengo en presentar el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Reemplázase en el artículo 1 de la Ley N° 20.393 "Sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas" de 2009, 'a fórmula "y en los Artículos 250 y 251 bis del Código Penal", por la fórmula "y en los Artículos 250, 251 bis y 285 del Código Penal".
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.
MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE DA INICIO A UN PROYECTO DE LEY QUE EXCEPTÚA A QUIENES EJERZAN CARGOS TÉCNICO-PROFESIONALES NO DIRECTIVOS, EN LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN, SALUD O SERVICIOS DE UNA MUNICIPALIDAD, DE LA INCOMPATIBILIDAD PARA DESEMPEÑARSE COMO CONCEJAL DE ESA MISMA CORPORACIÓN (8115-06)
El Artículo 75, inciso primero, de la LOC de Municipalidades, prescribe que: "Los cargos de concejales serán incompatibles con los de miembro de los consejos económicos y sociales provinciales y consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil, así como con las funciones públicas señaladas en las letras a) y b) del artículo anterior. También lo serán con todo empleo, función o comisión que se desempeñe en la misma municipalidad y en las corporaciones o fundaciones en que ella participe, con excepción de los cargos profesionales no directivos en educación, salud o servicios municipalidades. En el caso de que estos últimos profesionales desempeñen a su vez el cargo de concejal, el alcalde deberá respetar la autonomía en el ejercicio de las funciones de los concejales, especialmente la facultad de fiscalización."
De lo anterior se colige que los profesionales que ejercen cargos directivos no pueden ser concejales o seguir detentando el cargo si quieren ser candidatos a concejal. La explicación es entendible toda vez que profesionales no directivos pueden desempeñar funciones sensibles para la comunidad. Pero cabe preguntarse, ¿en qué situación quedan los técnicos profesionales que no ejercen cargos directivos? Se trata por tanto de un vacío legal y de una distinción odiosa, pues los técnicos profesionales desempeñan funciones tanto o más importantes que profesionales, de este modo no se entiende que por que un técnico no pueda ser candidato a concejal sin dejar su cargo.
A su vez el Artículo 76 del mismo cuerpo legal en su literal f), señala que "Los concejales cesarán en el ejercicio de sus cargos por las siguientes causales: f) Incurrir en una contravención grave al principio de la probidad administrativa o en alguna de las incompatibilidades previstas en el inciso primero del artículo anterior". Esta norma refrenda la prohibición del artículo anterior confirmando que cesan en el cargo de concejal el técnico no directivo que quiere ser candidato.
La Contraloría en diversos dictámenes -47003, 61832 de 2004 y 15220, 20987 y 48434 de 2006- han ratificado el criterio de que esta prohibición no rige tratándose de profesionales no directivos sin entrar a pronunciarse sobre la situación de los técnicos.
Durante el mes de octubre se aprobó en el Senado el proyecto de ley que proscribe la discriminación arbitraria en nuestro ordenamiento jurídico y es del caso de que esta distinción que hace la LOC de municipalidades carece de sustento jurídico y se trata más bien de un vacío legal, más aun considerando que esta norma fue agregada por el artículo 5 N° 8 letras a) y b) de la Ley N° 20033 de julio de 2005 , norma que se justifica en evitar la fuga de profesionales no directivos del servicio aun cuando quieran ser concejales.
Es por eso que este proyecto de ley busca establecer un principio de igualdad en atención a la importancia de las funciones que desempeñan técnicos al interior de los diversos servicios municipales y que no obstante lo anterior desean tener una participación política y aspirar legítimamente a un cargo de elección popular comunal.
No puede constituir un óbice a la participación política el hecho de ser técnico, ya que la única forma es que dicho técnico deje el cargo que ejerce. Por el contrario si fuera profesional esta situación no se daría.
Por todo lo expuesto es que vengo en presentar el siguiente,
Proyecto de Ley
Artículo único: En al artículo 75 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695, inciso primero, agréguese entre las palabras "profesionales" y "no", la frase "o técnicos profesionales".
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.
MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE DA INICIO A UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY N° 19.948, SOBRE JUNTAS DE VECINOS Y DEMÁS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, AUMENTANDO EL PLAZO PARA INTERPONER RECLAMACIÓN ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL (8120-06)
Existen el SERVEL constantes reclamos de elecciones mal realizadas en Juntas de Vecinos, Comités de Vivienda, y otras organizaciones comunitarias municipales.
En efecto, es constante encontrar elecciones en que no se ha constituido un tribunal calificador como señala la ley. Otras veces no se respeta el plazo previo de inscripción de las candidaturas, el cual es requisito de validez de la elección misma. En otras oportunidades no se respeta el hecho de que debe ser realizada y convocada en una reunión ordinaria de la organización, como ordena la ley.
Todo ello sin contar con eventuales falsificaciones de firmas y otros fenómenos análogos.
Uno de los casos más graves lo hemos visto en un Comité de Vivienda de la Comuna de Peñalolén, cuya directiva completa, compuesta por Nicole Pereira Acuña, Yanina Acuña Carilao, Esteban Millanao Pilquiman, José Cabrera Carialo y Yesenia Vargas Acuña, fue excluida por una elección a todas luces ilegal, y ratificada por el Serviu en virtud de la denuncia que ellos han hecho de la entrega de 19 subsidios del Fondo Solidario de la Vivienda a personas que carecían de los requisitos para recibirlos.
El Artículo 25 de la Ley N°19.418, Sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias dispone:
Artículo 25.- Corresponderá a los tribunales electorales regionales conocer y resolver las reclamaciones que cualquier vecino afiliado a la organización presente, dentro de los Quince días siguientes ai acto eleccionario, respecto de las elecciones de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, incluida la reclamación respecto de la calificación de la elección.
Ahora, el recurso de protección es un recurso de urgencia, “cautelar”, como señala la ley, y tiene 30 días de plazo para su interposición. Desde esta perspectiva, no encontramos fundamento para que elecciones con defectos en su organización y gestión como las que hemos descrito, tengan un plazo tan corto de interposición.
El objetivo de este proyecto es ampliar el plazo del artículo 25 de la ley sobre juntas de vecinos, con la finalidad de dar un mayor espacio temporal a las juntas de vecinos en la recolección de antecedentes y elaboración de eventuales reclamos. Más aún si consideramos de que se tratan de juntas de vecinos y en que pueden existir dilaciones en el análisis de un proceso electoral.
Por lo anterior es que vengo en presentar el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Modifícase el Artículo 25 de la Ley N° 19.418, Sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, reemplazando la fórmula “quince días”, por “treinta días”.
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador
MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE DA INICIO A UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY N° 19.884 PARA ESTABLECER EL IMPEDIMENTO DE ASUMIR EL CARGO DE CONCEJAL, ALCALDE, DIPUTADO O SENADOR POR INCUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN SOBRE LÍMITE EN EL GASTO ELECTORAL (8124-06)
Regular la relación entre el dinero y la política es uno de los grandes desafíos que enfrenta toda democracia. Se trata de un desafío no menor por que las campañas políticas requieren de recursos que la mayoría de los candidatos no pueden financiar de su propio bolsillo y por que quienes cuentan con más recursos tienen una ventaja que puede resultar decisiva. Al mismo tiempo, sectores regulados, cuyas utilidades dependen de manera importante de decisiones de las autoridades elegidas, tiene un claro incentivo para mejorar sus posibilidades de influir sobre la agenda pública financiando la política.
Luego del caso MOP-GATE, se creó la ley N° 19.884 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral que tuvo por fundamentos, entre otros, fijar montos máximos de gastos en campañas electorales para garantizar la igualdad de oportunidades económicas de los candidatos y partidos políticos que los postulen y crear un completo sistema de control externo del origen de los recursos empleados en las campañas electorales y de los gastos de propaganda evitando los riesgos de corrupción. En la pasada elección de alcaldes y concejales, primer acto eleccionario regulado por la Ley N°19.884, se constató que muchos candidatos vulneraron sus disposiciones sobre límites de gastos electorales.
La ley entregó a SERVEL la misión de fiscalizar el cumplimiento de la normativa sobre límites de gasto electoral. Dichos límites varían en función del número de votantes de las comunas, desde un máximo de 107 millones de pesos para candidato a alcalde en Viña del Mar, hasta un mínimo de 3 millones en caso de las Isla de Juan Fernández e Isla de Pascua. Sin embargo el SERVEL no tiene ni el presupuesto ni está dentro de sus principales lineamientos institucionales la fiscalización de estos conceptos, en efecto ni en la propia página web existe información certera disponible.
Según cifras del propio SERVEL, 12,9% de los candidatos de las últimas municipales no entregaron declaraciones en tiempo y un 1,4% de las declaraciones fueron rechazadas. Consideremos además, que en las elecciones de 2008 230 candidatos tuvieron excesos en el gasto electoral.
La sanción pecuniaria, a beneficio fiscal, equivalente al quíntuple del exceso de gasto electoral en que se hubiese incurrido no ha el efecto disuasivo proporcionado y relevante para los excesos en que se incurre, como ha pretendido el legislador. Es por ello que para seguir avanzando en la transparencia y en particular para impedir el cálculo frío de incluir el pago de una multa en los gastos electorales y, de este modo, vulnerar la ley y frustrar su espíritu anulando, de paso, su efecto anticorrupción, es menester establecer sanciones que efectivamente tengan un efecto disuasivo.
Por lo anterior vengo en presentar el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Incorpórense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, Agregase el siguiente artículo 5° ter nuevo:
"Artículo 5° ter.- El candidato a concejal, alcalde, diputado o senador que a sabiendas excediere el límite de gasto electoral calculado de conformidad con lo dispuesto en los artículos precedentes no podrá asumir el cargo para el cual fue electo, mientras no esté afirme su declaración por la autoridad competente."
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador
MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE DA INICIO A UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY N° 19.496, SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, ELEVANDO LA PENALIDAD FIJADA POR EL ARTÍCULO 285 DEL CÓDIGO PENAL CUANDO SE COMPROMETA EL INTERÉS DIFUSO O COLECTIVO DE AQUÉLLOS (8117-03)
Después de los casos de la colusión de las farmacias y ahora, la colusión en la industria de producción de pollos, se ha comenzado a discutir acerca de la relevancia penal de la colusión o concertación de precios.
Como se sabe, Farmacias Ahumada (FASA) reconoció ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) que se coludió con las cadenas Cruz Verde y Salcobrand para subir los precios de al menos 222 medicamentos entre noviembre de 2007 y marzo 2008, en el marco de un requerimiento interpuesto por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de las tres cadenas en diciembre del año pasado. En septiembre de 2011, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones rechazó sobreseer definitivamente la investigación que pretende determinar responsabilidades penales por la presunta colusión de precios en las grandes farmacias. Los ejecutivos farmacéuticos fracasaron al alegar que el delito del Artículo 285 del Código Penal era inaplicable al caso.
Ahora la Fiscalía nacional Económica investiga y denuncia ante el TDLC, la eventual colusión entre las productoras avícolas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo -que concentran el 92% del mercado-, que habría sido coordinada por la Asociación de Productores Avícolas de Chile A.C. (APA). El Ministerio Público nombró a Francisco Jacir, ligado a la Fiscalía Metropolitana Oriente, como fiscal especial, para investigar la comisión del mismo delito.
Paralelamente, la FNE ha informado que indaga presunta colusión en precios de pollos, pavos, cerdos y detergentes en los supermercados (el famoso "retail").
A pesar de los fracasados intentos legislativos de tipificar específicamente el delito de colusión, vía Ley de la Libre Competencia, el famoso Decreto Ley N° 211, las fiscalías del Ministerio Público han echado mano al delito establecido en el Artículo 285 del Código Penal.
El Código Penal dispone que: Art. 285. "Los que por medios fraudulentos consiguieren alterar el precio natural del trabajo, de los géneros o mercaderías, acciones, rentas públicas o privadas o de cualesquiera otras cosas que fueren objetos de contratación, sufrirán las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales".
Creemos que nada impide, y que por el contrario, hechos y derecho obligan a elevar las penas de este delito particularmente cuando afectan masivamente a los consumidores, pues la pena actual de privación de libertad es de 61 días a 3 años.
El Artículo 50 de la Ley del Consumidor dispone:
"Son de interés individual las acciones que se promueven exclusivamente en defensa de los derechos del consumidor afectado.
Son de interés colectivo las acciones que se promueven en defensa de derechos comunes a un conjunto determinado o determinable de consumidores, ligados con un proveedor por un vínculo contractual.
Son de interés difuso las acciones que se promueven en defensa de un conjunto indeterminado de consumidores afectados en sus derechos."
Tenemos la firme convicción que cuando los delitos de alteración de precios en fraude a los consumidores, debe elevarse notablemente cuando afectan los derechos colectivos o intereses difuso de los consumidores, vale decir, cuando los afectan de manera masiva.
Al elevarla tres grados, finalmente la privación de libertad puede llegar hasta 15 años de cárcel.
Por lo anterior, vengo en presentar el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Agrégase a la Ley Nº 19.490, sobre derechos y deberes de los consumidores, el siguiente nuevo Artículo 30 bis: "Cuando un proveedor cometa el delito establecido en e! Artículo 285 del Código Penal, y comprometa con ello el interés difuso o derecho colectivo de los consumidores, la pena se elevará hasta en tres grados, y la multa se podrá elevar por el juez hasta el monto del perjuicio total irrogado a los consumidores".
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador
MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE DA INICIO A UN PROYECTO QUE INCORPORA, EN LA LEY N° 19.496, UNA NORMA DE EQUIDAD QUE ASEGURA LA INEFICACIA DE PENAS CIVILES ESTIPULADAS EN LOS CONTRATOS PREPARATORIOS O DE PROMESA EN QUE EL CONSUMIDOR ESTÁ AFECTO A UN RÉGIMEN DE ADHESIÓN (8118-03)
Una práctica común de las instituciones financieras a la hora de dar un crédito hipotecario, consiste en hacer firmar el contrato de promesa y luego verificar si el promitente comprador es sujeto de crédito o no. De este modo ocurre que una vez, suscrito el contrato, e! promitente comprador no es sujeto de crédito por no cumplir los requisitos que la institución exige, sin embargo de igual manera se continua con la ejecución del contrato, pues en él se establece como cláusula, que el deudor debe celebrar el contrato de compraventa. ¿Pero cómo celebrar la compraventa, si no se otorgó el crédito?
Es del caso que la empresa encargada de la venta de los inmuebles, no suscribe este tipo de contratos de promesa, de manera indiscriminada, sino sólo y exclusivamente con quienes reciben la pre-aprobación de un crédito hipotecario.
Luego de la pre-aprobación positiva y la suscripción del contrato de promesa de compra venta de inmuebles, y con la confianza de que el Banco aprobará el crédito hipotecario, es dable de que el banco determine que no es sujeto de crédito. Como consecuencias las personas quedan obligadas a cumplir un contrato de promesa que es imposible de cumplir sin financiamiento necesario y por otra parte quedan sin tener casa habitación.
Las consecuencias se traducen en que empiezan a correr los plazos para el cumplimiento del contrato, y la inminencia de que se hiciera efectiva la multa por incumplimiento de contrato de promesa suscrito, que normalmente asciende al 15% del valor TOTAL del departamento.
Creemos que casos como este revelan un abuso, pues la pre-aprobación de los créditos es un medio legítimo de proyección patrimonial que es un buen índice para determinar si una persona puede o no accederá un inmueble. Pero distinto es utilizar la pre-aprobación como un mecanismo base de multas contractuales. Aquí hay un sospechoso gatillo fácil para pre-aprobar, pactar multas en la letra chica de los contratos de promesa, y después sentarse a esperar que se desapruebe el crédito.
Más injusta es la situación con el consumidor si además, los bancos equiparan el monto de la multa contractual con el del ahorro previo.
Los contratos preparatorios deben estar sujetos al principio de la buena fe, es por ello que una persona no puede ser obligada a firmar una promesa antes de verificar sus datos financieros y en definitiva cumplir con los requisitos de la institución financiera. No puede estar obligado a hacerse responsable por un hecho de un tercero y que responde a su arbitrio.
Por lo anterior vengo en presentar el siguiente,
Artículo único: Agréguese al Artículo 16 de la Ley del Consumidor N° 19.496 la siguiente letra "h" nueva.
"h) Establezcan multas, intereses penales o cláusulas penales, en contratos preparatorios o contratos de promesa antes del que el consumidor tenga aprobado su crédito hipotecario o de consumo para financiar el contrato final o prometido"
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador
MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE DA INICIO A UN PROYECTO QUE HOMOLOGA LAS PENAS DEL ARTÍCULO 330 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR CON LAS QUE ESTABLECE LA LEY PENAL COMÚN POR DELITOS SIMILARES (8121-02)
1. La violencia policial.
A más de 20 años del término del régimen militar, la violencia policial en Chile que afecta a la población civil, es una realidad constatable que lesiona gravemente sus derechos fundamentales, y pone en peligro las bases de un estado democrático de derecho y la convivencia social.
Con preocupación se observa cotidianamente la persistencia de situaciones de abuso, uso innecesario de la fuerza, o de brutalidad por parte de agentes policiales del Estado que resultan en el maltrato físico o en el trato degradante de integrantes de diversos sectores de la población, en particular de aquellos más vulnerables - indígenas, trabajadores, pobladores, niños y niñas, entre otros-. Tales hechos ocurren no tan solo cuando intentan ejercer sus derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica reconocidos por el derecho nacional y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile, sino muchas veces, en sus comunidades, vecindarios y en sus propios hogares, donde son objeto de allanamientos, en ocasiones sin las órdenes competentes, o son víctimas de trato discriminatorio por efectivos de Carabineros o de la Policía de Investigaciones.
Las prácticas ilegales y abusivas de efectivos policiales, que en los años que siguieron el término del régimen militar se atribuían a la herencia de su formación autoritaria, no solo han persistido bajo democracia, sino que se han intensificado. Así lo han denunciado las organizaciones de aquellos sectores más vulnerables que han sido víctimas de ellas, las que han solicitado a las autoridades la adopción de medidas administrativas al respecto para impedir su repetición, o acudido a la justicia para lograr la investigación y sanción de estos actos delictuales cometidos por agentes policiales del Estado.
Lamentablemente, tales solicitudes, así como las acciones judiciales (incluso aquellas en que de persigue la muerte de alguna persona) interpuestas frente a estas actuaciones, no han encontrado acogida, por lo que los hechos delictuales cometidos por dichos agentes permanecen en la impunidad, y las prácticas abusivas en contra de la población civil siguen ocurriendo.
La existencia de las situaciones de violencia policial en contra de la población civil bajo los gobiernos democráticos ha sido demostrada por diversos estudios. De acuerdo con un informe de FLACSO Chile, entre 1990 y 2004 se ingresaron en la justicia militar 6.083 casos por violencia policial imputable a Carabineros sólo en las regiones IV, V, VI y Metropolitana. Casos anuales, han ido en aumento de 164 casos en 1990, a 476 casos el 2000, llegando a un total de 585 casos el año 2004
Diversas entidades dan cuenta de la persistencia de estas prácticas policiales en los años recientes. Así por ejemplo, la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas da cuenta en sus informe trimestrales de 2007 y 2008 del incremento de las denuncias por abusos policiales por parte de la población en e! último año.
El informe anual sobre derechos humanos en Chile 2008 de la Universidad Diego Portales da cuenta con preocupación del recrudecimiento de situaciones de uso abusivo de la fuerza pública, en particular como forma de reprimir la movilización social, tales como las que han desarrollado en el período del informe estudiantes y trabajadores. Dicho Informe sostiene que: "En Chile, la regla general parece ser el que las manifestaciones terminen con serios incidentes y con abusos de parte de los agentes estatales, abusos que no encuentran sanción ni reparación de parte de las instancias establecidas.
Algunos de estos hechos de violencia imputables a Carabineros y a la Policía de Investigaciones revisten características que determinan que puedan calificarse como tortura a la luz de las definiciones contenidas en las convenciones internacionales sobre la materia ratificadas por Chile.
Como resulta lógico, esta realidad ha concitado la preocupación de los órganos de los tratados de que Chile es parte. Así, el Comité de Derechos Humanos de la ONU en su informe sobre el progreso en el goce de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU por parte del Estado chileno el 2007, manifiesta su preocupación por esta realidad al señalar: "El Comité observa con preocupación que continúan dándose casos de malos tratos por parte de las fuerzas del orden, principalmente a! momento de efectuar la detención y, en contra de las personas más vulnerables, incluyendo a las más pobres. (Artículo 7 y 26 del Pacto)
2. La agenda antidelincuencia y nuevas atribuciones Policiales: más facultades vs Mayor responsabilidad para los policías.
En marzo del 2008 comenzó a regir la Ley N°20.253. Ella fue fruto del acuerdo político entre el Gobierno y la Alianza por Chile en torno a la llamada "agenda corta antidelincuencia". Esta ley genera importantes ajustes al proceso penal. Ella viene a dificultar la obtención de la libertad provisional en relación a varios delitos; se encarga de que todo lo realizado sea válido a pesar de que una detención sea declarada "ilegal"; y se cuida de evitar que jueces demasiado "garantistas" puedan favorecer en exceso a las personas imputadas, dando mucho más poder a las fiscalías (cuya planta aumenta notablemente, con casi 100 fiscales más, en abierto desequilibrio con los y las defensores/as públicos/as).
Pero además esta ley se dirige directamente a la protesta social, otorgando a la policía poderes que incluso son mayores que la antigua detención por sospecha, derogada a fines de los 90, pero resucitada sutilmente el 2003 como "control de identidad". Cuando se incorporó esta nueva figura al Código Procesal Penal, se le justificó señalando que no constituía un retroceso, puesto que era sólo un procedimiento para que una persona se identificase ante la policía si ésta consideraba que podía tener que ver con la comisión de un delito. De tal forma, si la persona mostraba su cédula de identidad y no tenía órdenes de aprehensión pendientes, se acababa el procedimiento. En caso de que la persona controlada no portara documentos de identidad, se le podía conducir a una comisaría a efecto de proceder a verificarla, en un proceso que no podía durar más de 6 horas en total. La ley de "agenda corta" modifica considerablemente este poder represivo callejero, de la siguiente forma:
• La policía queda facultada a controlar a quien sea que le parezca que podría tener algo que ver con la comisión de un crimen, simple delito, o falta, o si pudiera "aportar" informaciones sobre ello. Como hasta las manifestaciones pacíficas son consideradas "desorden público" (una falta), en la práctica la policía puede controlar a cualquier persona que pudiera estar dispuesta a participar en ellas (Artículo 85 inciso 1° del CPP).
• Además, se agrega explícitamente que pueden ser controladas las personas que "se encapuchen o embocen para ocultar, dificultar o disimular su identidad"
• La policía puede, "sin necesidad de nuevos indicios", proceder a revisar las vestimentas, equipaje y/o vehículo del controlado. Es decir, aunque una persona se identifique con su cédula de identidad y no tenga antecedentes o asuntos pendientes, puede ser registrada o allanada en la vía pública, lo cual queda al arbitrio de la policía (Artículo 85, inciso 2°).
Dicho comportamiento está a punto de ser penalizado mediante una ley propuesta por el Senador Alberto Espina, que contempla penas de cárcel de hasta 3 años). ALTO AHÍ! - Basta de Violencia Policial.
• Si la persona no se identifica y es conducida a un recinto policial, puede ser mantenida ahí hasta por 8 horas antes de "ser puesta en libertad" (aunque formalmente se supone que nunca estuvo detenida) (Artículo 85, inciso 4°).
Este poder represivo reforzado se utilizó ampliamente por el Estado durante el primer semestre del 2008, sobre todo para reprimir las manifestaciones estudiantiles antes referidas. Además de los ya usuales gases tóxicos de contenido y efectos desconocidos por parte de los servicios de salud, detenciones masivas sin fundamento legal, agresiones durante la detención y la práctica de los montajes para inculpar a luchadores sociales, este semestre se pudo constatar el uso masivo de detenciones disfrazadas de control de identidad (100 estudiantes secundarios fueron "controlados" de esta forma en una ocasión, siendo conducidos a una comisaría mucho antes del inicio de una marcha), y un caso de secuestro de estudiantes por las fuerzas policiales que fueron detenidos bajo pretexto cíe control de identidad, para luego ir siendo liberados desde un vehículo policial en puntos alejados de la capital.
Estas nuevas normas y prácticas afectan de especial forma a estudiantes menores de 18 años de edad, que suelen quedar en una situación desmedrada en relación a las personas adultas detenidas o controladas. En efecto, a pesar de que legalmente ya no tiene sustento alguno la práctica de exigir la presencia de los padres para que menores imputados por delitos leves sean puestos en libertad desde un recinto policial en la contención represiva de la protesta estudiantil se ha seguido utilizando la práctica de la entrega a sus padres, que redunda en mayores tiempos de detención que los que sufren habitualmente las personas adultas por ese mismo tipo de conductas. Mediante este mecanismo, la autonomía de que gozan en principio las personas desde los 14 años de edad desde la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes (N° 20.084) se restringe a efectos prácticos: es casi adulto a efectos de ser detenido, pero vuelve a ser tratado como menor incapaz a la hora de ser puesto en libertad.
Todas estas medidas fueron celebradas como un gran triunfo político de la época y establecidas como medidas medulares para el combate de la delincuencia, sin embargo se observa que la delincuencia no bajó y que la represión aumentó.
Al respecto En la misma línea, la socióloga experta en temas de seguridad ciudadana, Lucía Dammert, comentó que "uno puede perder la perspectiva y pensar que Carabineros actúa libremente, pero la verdad es que no. El que ordena a la Policía es el Gobierno. Los organismos policiales son una herramienta del Estado para mantener el orden y, por ende, las acciones que toman también tienen una responsabilidad política. Hay un deber profesional que se relaciona con el uso de la fuerza. Pero si tienen la orden de cerrar un determinado espacio público para una manifestación, esas son determinaciones políticas", precisó la especialista en violencia urbana.
3. Igualdad en el reproche.
Es altamente reprochable que la ley disponga de distintas sanciones penales para hechos similares. Si un civil mata o lesiona a un carabinero, las sanciones son altísimas. Si un carabinero mata a un civil, las penas son más bajas.
Así puede verse en lo dispuesto en el Código de Justicia Militar.
1. Sanciones para el civil que mate o lesiones a carabineros:
Artículo 416.- El que matare a un carabinero que se encontrare en el ejercicio de sus funciones será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado (De 15 a 20 años a perpetuo calificado).
Artículo 416 bis.- El que hiriere, golpeare o maltratare de obra a un carabinero que se encontrare en el ejercicio de sus funciones, será castigado:
1°. Con la pena de presidio mayor en su grado Medio (de 10 años y un día a 15 años), sí de resultas de tas lesiones quedare el ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme.
2°. Con presidio menor en su grado máximo (de 3 años y un día a 5 años) a presidio mayor en su grado mínimo (5 años y un día a 10 años), si las lesiones produjeren al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días.
3°. Con presidio menor en grado medio a máximo (de 541 días a 5 años), si le causare lesiones menos graves.
4°. Con presidio menor en su grado mínimo (61 a 541 días), o multa de seis a once unidades tributarias mensuales si le ocasionare lesiones leves.
2. Sanciones para el carabinero que mate o lesione a civil:
Art. 330. El militar que, con motivo de ejecutar alguna orden superior o en el ejercicio de funciones militares, empleare o hiciere emplear, sin motivo racional, violencias innecesarias para la ejecución de los actos que debe practicar, será castigado:
1° Con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio (5 años y un día a 15 años) si causare la muerte del ofendido;
2° Con la de presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años); a presidio mayor en su grado mínimo (5 años y un día a 10 años) si le causare lesiones graves.
3° Con la de presidio menor en sus grados mínimo a medio (61 días a 3 años) si le causare lesiones menos graves, y
4° Con la de prisión en su grado máximo (40 a 6o días) a presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) si no le causare lesiones o si éstas fueren leves.
Si las violencias se emplearen contra detenidos o presos con el objeto de obtener datos, informes, documentos o especies relativos a la investigación de un hecho delictuoso, las penas se aumentarán en un grado.
Que en virtud de la Ley N°20.064 (D.O. 29.09.2005) se aumentaron las penas de las lesiones u homicidio a carabineros en funciones. Entre sus fundamentos, señala: "La conocida sobre carga de trabajo del personal operativo y de apoyo, los bajos niveles de remuneración, y el creciente riesgo que lleva implícito la función policial, son factores que de alguna manera influyen en el retiro del personal que abandona prematuramente las instituciones policiales para optar a otros empleos o actividades en la vida civil, perdiéndose así la experiencia acumulada durante toda la trayectoria profesional.
El Gobierno se encuentra empeñado en abordar paulatinamente esos y otros aspectos propios de la carrera profesional de los miembros de las instituciones policiales. No obstante, el aumento de las agresiones de que son víctimas tales funcionarios, así como la mayor gravedad de éstas, requiere adoptar a la brevedad posible las medidas conducentes a revertir dicho fenómeno.
Por tales razones, y considerando el deber del Estado de proporcionar los medios técnicos y jurídicos que conduzcan al pleno cumplimiento del mandato constitucional conforme al cual Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones deben dar eficacia al derecho, garantizar y mantener el orden público, velar por la seguridad pública en todo el territorio del país, y cumplir las demás funciones que le encomiendan la Constitución y las leyes, resulta imperioso elevar las sanciones para aquellos casos en que Carabineros de Chile o la Policía de investigaciones, encontrándose en ejercicio de sus funciones, sean maltratados de obra, con resultado de lesiones graves o muerte de tales funcionarios."
El proyecto no abunda en mayores razones.
Más allá de lo bueno o malo de la medida, es evidente la desigualdad del reproche penal de ambas conductas. Esto vulnera el derecho a la igualdad ante la ley.
Nuestra Constitución Política de la República en su Artículo 19 número 2 consagra la igualdad ante la ley.
Así las cosas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra en su Artículo 26 que: "Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social".
Respecto de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Artículo 24 señala que: "todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación, a igual protección de la ley". Artículo que se refuerza en virtud de lo que señala el artículo 1.1, que establece: "los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social".
La reprochabilidad social y jurídica del civil que mata o hiere a un carabinero es evidente, pues es un funcionario que resguarda el orden y la segundad pública, que arriesga muchas veces incluso su vida en el cumplimiento de su deber
A su turno, la reprochabilidad social y jurídica del carabinero que mata o hiere a civil es de igual gravedad, pues los civiles no son "profesionales del uso de la fuerza", las violencias sancionables suponen el uso ilegítimo de la fuerza por parte de Carabineros, y no el rechazo de violencia ilegítima de parte de Carabineros, y que la desigualdad de fuerzas es evidente.
Asimismo, luego de las muertes de Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío, Alez Lemún, Daniel Meneo, y las lesiones y aún torturas denunciadas durante las movilizaciones estudiantiles (incluso por estudiantes de educación básica), demuestran que las fuerzas de carabineros no están exentas de abuso. Las vidas de los carabineros y de los civiles tienen igual valor.
En consecuencia, creemos que las sanciones de los homicidios y lesiones que cometan Carabineros a civiles, deben ser iguales a las de las que se imponen por la ley a los civiles que cometan lesiones u homicidios contra Carabineros.
Por lo anterior es que vengo en presentar el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Artículo v. Modifícase el artículo 330 del Código de Justicia Militar de ¡a siguiente forma:
"Art 330. El militar que, con motivo de ejecutar alguna orden superior o en el ejercicio de funciones militares, empleare o hiciere emplear, sin motivo racional, violencias innecesarias para la ejecución de los actos que debe practicar, será castigado:
1º. Con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado (De 15 a 20 años a perpetuo calificado), si causare la muerte del ofendido.
2°. Con la pena de presidio mayor en su grado Medio (de 10 años y un día a 15 años), si de resultas de las lesiones quedare el ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme.
3°. Con presidio menor en su grado máximo (de 3 años y un día a 5 años) a presidio mayor en su grado mínimo (5 años y un día a 10 años), si las lesiones produjeren al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días.
4°. Con presidio menor en grado medio a máximo (de 541 días a 5 años), si le causare lesiones menos graves.
5°. Con presidio menor en su grado mínimo (61 a 541 días), o multa de seis a once unidades tributarias mensuales si \e ocasionare lesiones leves".
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador
MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE DA INICIO A UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE Y EXIGE AL TITULAR DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL COMUNICAR A BOMBEROS EL TIPO DE RESIDUOS QUE TRATAN O ALMACENAN, LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SUS RIESGOS PARA LA SALUD HUMANA (8116-12)
Los vertederos fuera de servicio son un problema cuando existe un impacto sobre la salud pública o el ambiente, producido por los residuos o subproductos de los residuos, tales como emisiones de gas y migraciones de los gases de vertederos de los lixiviados. En este contexto, dentro de las comunidades se debate mucho a cerca de los impacto de los vertederos, reales y percibidos.
Cuando se descomponen los residuos de un vertedero, se consolida la superficie del terreno. Muchos vertederos abandonados tienen pavimentación encima, formando parte de desarrollos urbanísticos, y la consolidación de la superficie produce depresiones que destruyen los caminos de circulación del agua superficial. Las acumulaciones de aguas resultantes originan problemas para el tráfico, así como aceleraciones en la rotura del pavimento. Lo anterior es más severo cuando vertederos que
El impacto de un vertedero abandonado sobre los residentes de una comunidad es negativo, produciendo inquietudes y miedo acerca de la contaminación de aguas y posibles explosiones de gas de vertederos. Estas inquietudes y miedo se manifiestan en demandas de acción por parte de las autoridades elegidas, que perciben que están dejando sin resolver un problema importante.
Por ejemplo en California, la legislatura estatal respondió a estas inquietudes aprobando una ley que obligó a realizar investigaciones sobre las aguas subterráneas y el aire en los vertederos, para determinar los impactos sobre los ciudadanos. Estos ensayos de valorización de residuos sólidos, llamado SWAT, se llevan a cabo en los vertederos activos y clausurados, con un costo importante para los residentes. En la mayoría de los casos, estos costos se recuperan cobrando a los usuarios actuales de las instalaciones comunitarias para la evacuación de residuos sólidos. Las opiniones del público pueden tener un impacto económico significativo sobre el costo de un sistema de gestión de residuos.
Lo anterior se ve más agravado cuando se general incendios o emergencias químicas en vertederos mal tenidos o derechamente abandonados, sin que las personas naturales o jurídicas encargadas del funcionamiento del vertedero no advierten y no toman las medidas de seguridad necesarias cuando dan aviso a bomberos de que se trata de una emergencia química.
Un caso concreto
Bajo el título "Bomberos preocupados por no estar informados de materiales peligrosos", la edición del pasado 5 de Noviembre, del Diario "La Discusión de Chillan" se señala que "el posible arribo de nuevos depósitos de residuos industriales a la zona, luego que trascendiera el Interés de dos empresas nacionales ligadas ai transportes de desechos por depositar elementos industriales en el relleno sanitario de Chillan Viejo, abrió un escenario hasta hace poco impensado en materia de seguridad ante posibles emergencias.
Sobre esta posibilidad, Bomberos en Chillan alertó sobre la indefensión en que se encuentra la comunidad en vista de, primero, la escasa indumentaria y equipamiento para sofocar emergencias químicas, en que se encuentra la mayor parte de los cuarteles de Nuble, así como la falta de información que los voluntarios disponen del contenido de los camiones que trasladan a diario desechos industriales hasta el Cita de Hera Ecobío, en Chillán Viejo.
El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Chillan, Carlos Barrientos, señaló a radio La Discusión que aunque los voluntarios de la capital de Nuble presentan una mayor preparación para enfrenar un siniestro de este tipo, de las siete compañías locales, sólo los efectivos de la 5° Compañía, se han especializado en manejo de materiales peligrosos
"En Chillán existe una compañía exclusivamente dedicada a ello, con trajes especiales y espuma, además el próximo año llegará un carro nuevo implementado para estos efectos por un monto de 36 millones de pesos", aseguró Barrientos.
Como contraparte, sin embargo, la autoridad bomberil aseguró que para optimizar el trabajo en eventuales emergencias químicas el ideal sería que Bomberos tuviese a su alcance información previa de los compuestos que son transportados para elaborar un plan preventivo, sobre todo si se trata de material tóxico.
"Nosotros acudimos al lugar de los hechos y actuamos de acuerdo a los protocolo diseñados para los distintos productos que se transportan, por eso es esencial para nosotros saber el tipo de productos que transporta el vehículo o tren dependiendo del caso, puesto que nosotros recién actuamos una vez que la emergencia se produce por lo que no tenemos margen para la prevención", aseguró.
Barrientos puntualizó que las capacitaciones realizadas por la Academia Nacional de Bomberos son permanentes para los voluntarios, sumado a la asesoría de expertos.
Agregó que a partir del próximo año el cuartel central de Chillan contará con un carro bomba Hazmat para extinción de materias peligrosas, a través de fondos regionales, cuyo funcionamiento no sólo será conocido por la compañías locales, sino también por efectivos del restos de las comunas.
No están autorizados
Consultado sobre la posibilidad de que Bomberos pueda conocer el contenido de las cargas transportadas diariamente hacia el relleno sanitario de Chillán Viejo, el delegado provincial de la Autoridad Sanitaria, Giancarlo Garbarino, la estimó poco probable, puesto que "ellos no tienen un roí fiscalizador, aunque su labor es actuar efectivamente en caso de emergencias"."
Idea para legislar
En efecto, parece razonable que los Cuerpos de Bomberos debe saber con antelación a que los siniestros ocurran en vertederos u otros depósitos, el tipo de residuos que se almacenan, su composición, peligros que revisten y las medidas de seguridad con las que cuenta el vertedero o relleno sanitario.
Los niveles de peligrosidad al que se ven expuestos los voluntarios de Bomberos pueden verse disminuido si con anticipación, esto es, a la hora de autorizar la construcción de un relleno sanitario, se pusiera en conocimiento de Bomberos los residuos, su tipo, especificaciones y riesgos de los residuos almacenados.
Por ello, la finalidad de esta moción es establecer una sanción y una exigencia a las empresas que intenten llevar a cabo un proyecto de relleno sanitario, estableciendo que es condición sine qua non de su aprobación, dar la información respectiva al cuerpo de bomberos. Es por ello que en el procedimiento administrativo de Estudio de Impacto ambiental, se deba presentar esta información y notificarle normalmente a Bomberos para que pueda formular sus observaciones.
Por lo anterior es que vengo en presentar el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Agréguese al artículo 12 de la Ley General de Bases del Medio Ambiente N°19.300, el siguiente inciso segundo nuevo: "En el caso de previsto en la letra "o" del Artículo 10 de la ley, los estudios de impacto ambiental deberán contemplar un sistema de comunicación formal previo, al Cuerpo de Bomberos que preste servicios en el área donde está ubicado el proyecto, en que se señalen las especificaciones técnicas y toxicológicas, el tipo de residuos que se tratan o almacenan, las medidas de seguridad adoptadas, y los riesgos que revisten para la salud humana."
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador
MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE DA INICIO A UN PROYECTO DE LEY RELATIVO A LA EXIGENCIA DE FIJAR ADVERTENCIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDAN BEBIDAS ALCOHÓLICAS SOBRE LOS DAÑOS IRREPARABLES A LA SALUD QUE PRODUCE SU MEZCLA CON BEBIDAS ENERGIZANTES (8119-11)
Hoy en día existe una tendencia sobre todo entre las personas más jóvenes a mezclar bebidas energizantes con alcohol, especialmente con vodka. Y según investigadores de Wake Forest University, en Carolina del Norte esta mezcla es un peligro, ya que duplica en quienes las ingieren las probabilidades de tener daños en la salud si se compara con el riesgo de los que sólo beben alcohol.
Los investigadores realizaron un estudio, interrogando a 4000 estudiantes en relación a sus hábitos de consumo de alcohol y encontraron que los que bebían cócteles con la explosiva mezcla, estaban más expuestos a necesitar ayuda médica, sufrir daños o accidentes e incluso a experimentar problemas sexuales.
Según los científicos esto se debe a que las bebidas energizantes por su alto contenido de sustancias estimulantes como la cafeína, disminuyen los síntomas o sensaciones de borrachera, pero no la borrachera en sí misma y la persona puede no darse cuenta de su verdadero estado.
Los "percances" más frecuentes fueron:
• Lesiones traumáticas
• Requirieron atención médica
• Abusaron sexualmente de alguien
• Fueron abusados sexualmente
Algunas bebidas energizantes contienen altas concentraciones de cafeína y otros estimulantes. Al ser mezcladas con bebidas alcohólicas, aumentan los riesgos de conductas peligrosas, debido a que enmascaran la sensación de borrachera que se asocia con el exceso de alcohol. Por ello, los estudiantes que mezclaron bebidas energizantes y alcohólicas bebieron casi 40% más que los que no lo hicieron y por ello duplicaron sus episodios de borrachera.
Aunque la persona no se sienta embriagada cuando utiliza estos peligrosos cocteles, los investigadores consideran que las mezclas empeoran los efectos conocidos del alcohol, tales como: disminución de las habilidades motoras, tiempos de reacción visual y juicio.
Cómo funciona el alcohol y la cafeína
La cafeína contenida en las bebidas energéticas tiene como principal efecto ser un levantador de ánimo, porque aumenta la frecuencia cardiaca y acelera la irrigación sanguínea a los músculos del cuerpo, por lo que también disminuye la sensación de sueño. Por su parte, el alcohol en dosis relativamente elevadas tiene el efecto de ser un depresor, es decir, el efecto totalmente adverso de la cafeína. Baja el ánimo, aumentan las ganas de descanso y se pierden algunas capacidades motoras.
De esta forma, ambos compuestos "compiten" por cuál será el efecto predominante, como señala el toxicólogo, "todo depende de la cantidad que cada uno que ingiera y el que gane es el que va a producir el efecto que tiene asociado a su consumo".
El abuso de estas sustancias puede producir excitación, insomnio, taquicardias y arritmias que incluso pueden terminar en insuficiencias cardiacas y en la muerte. Esto se suma a que el alcohol por sí sólo también es letal si se ingiere en sobredosis.
En algunos países se han Implementado políticas de salud y regulación para las mezclas de alcohol y cafeína dado su carácter peligroso que reviste para La salud humana, en efecto, en Argentina y en Estados Unidos de han implementados regulaciones en cuanto a advertir en los lugares de expendio de alcohol una leyenda, visible y con buena letra que advierta sobre los peligro para la salud de la mezcla, algunos ejemplos:
Argentina
El 14 de Julio de 2011, La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, dio sanción al proyecto de Ley que prohíbe en todo el territorio bonaerense, la publicidad y promoción en todas sus formas que sugiera o induzca a combinar "Bebidas cafeinadas (energizantes)" con otras que contengan alcohol en su composición.
El proyecto presentado por el diputado Gabriel Villegas, especifica que "será considerada 'Bebida cafeinada (energizante)' la bebida no alcohólica, gasificada o no, que tenga en su composición los ingredientes con los valores máximos que se dictan a continuación, acompañados o no de vitaminas, minerales y otros ingredientes: Cafeína: 20 mg / 100 ml; Taurina: 400 mg /100 ml; Clucurunolactona: 250 mg /100 ml; e Inositol: 20 mg /100 ml.
La normativa prevé, en tanto, que sea el órgano de aplicación quien reglamente las composiciones exactas de acuerdo con el Código Alimentario Nacional según la prestación de cada producto.
EEUU
En Estados Unidos varios estados han prohibido la venta de las llamadas bebidas alcohólicas cafeinadas y ahora la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, por sus siglas en inglés) de ese país advirtió a otros cuatro fabricantes que retiren sus productos del mercado. Varios estudios pasados habían revelado un vínculo entre el consumo de estas bebidas y un mayor riesgo de accidentes y trastornos vinculados al alcohol. Tras analizar las bebidas en el laboratorio y después de una revisión científica sobre el tema y una consulta con expertos en toxicología, farmacología, médicos de urgencia y epidemiología, la Agencia admite que "existe evidencia de que la combinación de cafeína y alcohol en estos productos supone una amenaza para la salud pública. Su consumo se relaciona con comportamientos de riesgo y con situaciones que pueden dañar la propia vida".
La bebida de moda en EEUU se llama 'Four Loko' es una consumición energética que esconde unos altísimos niveles de cafeína y un 12% de alcohol, el doble de lo que contiene una cerveza normal .Es el quebradero de cabeza de padres, directores de universidades y servicios de urgencias, ya que los efectos que esta bebida provoca a los que la consumen son similares a los de la mezcla entre el alcohol y la cocaína.
México
En junio de 2008, en México, ante el incremento en la combinación de bebidas energéticas con vodka, ginebra u otro tipo de alcoholes que ponen en riesgo la salud de los jóvenes, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (Cofepris) emitió una advertencia para las denominadas bebidas energizantes.
El riesgo que presenta esta combinación entre ambas bebidas y el consumo sin moderación originó que la Cofepris aliste el documento final de la norma oficial mexicana que regula con claridad este tipo de productos y previene a sus consumidores de los efectos contrarios por la combinación de estas bebidas con el alcohol.
Datos
Se trata de bebidas alcohólicas que mezcladas con el alcohol provoca trastornos como arritmia cardiaca, deshidratación y hasta paros cardiacos, por lo que es necesario regular el contenido de las bebidas energizantes.
De las 577 bebidas cafeinadas que aparecen en la lista del sitio energyfiend.com (una página de internet creada por un grupo de autodenominados "adictos a la cafeína" que reseña todas las bebidas con cafeína de! mercado), al menos 130 superan el límite de cafeína de 0,02% impuesto por la FDA para las bebidas gaseosas.
El mercado en Chile
La primera en irrumpir en el mercado fue la marca Battery, importada de Finlandia y distribuida por la empresa Energy Drink Ltda., posteriormente aparecieron en el mercado las marcas Prívate Energy, importada de Austria y distribuida por Distribuidora Los Valles y Cía. Ltda.; Bliss Energy, fabricada en Chile por Nestlé Chile S.A.; Speed Injection, fabricada en Chile por Laboratorio Internacional Pharmacorp Ltda.; Atomic, fabricada en Chile por Dubesa; XTC, importada de Austria y distribuida por Global Brands y finalmente, Dark Dog, importada de Austria por la empresa Distribuidora y Logística People Ltda. Según información de sus proveedores, se encuentra próxima a aparecer en el mercado la marca Red Bull, importada de Austria por la Distribuidora Comercial Peumo, filial de la Viña Concha y Toro. Las empresas señalan que los mixes o combinación son responsabilidad del consumidor.
El objetivo de esta ley es establecer la obligación de que las empresas importadoras o distribuidoras de bebidas energizantes deban imprimir en sus envases una leyenda que advierta sobre los daños a la salud que provocan dichas bebidas al mezclarlas con el alcohol.
Misma advertencia deberán establecer en sus envases las empresas productoras o importadoras de bebidas alcohólicas.
Por lo anterior es que vengo en presentar el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Agréguese el siguiente Artículo 2 bis a la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas N°19.925
"Artículo 2 bis: Todos los establecimientos que expendan, proporcionen, distribuyan o mantengan bebidas alcohólicas deberán fijar a la vista y con claridad, de manera que todos vean y entiendan, una advertencia con la siguiente leyenda: "el alcohol mezclada con bebidas energizantes provoca daños irreparables a la salud.
Asimismo, en los envases de bebidas alcohólicas deberá ir impresa la misma leyenda señalada en el artículo anterior con un tamaño que cubra a lo menos un tercio de la etiqueta. Misma advertencia deberá ir impresa en los envases de bebidas energizantes."
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador
MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR CHAHUÁN, CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY SOBRE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS Y CHEQUES, TIPIFICANDO Y SANCIONANDO LAS TRANSFERENCIAS INDEBIDAS DE FONDOS REALIZADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS (8123-07)
Con fecha 1° de abril de 2005, se publicó la ley N° 20.009, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas.
En el artículo 5° de dicho cuerpo legal se describen las conductas que constituyen delito de uso fraudulento de tarjeta de crédito y se establece que la pena que debe aplicarse a tales ilícitos es la de presidio menor en cualquiera de sus grados, y, para el caso que la acción realizada perjudique a terceros, se impondrá dicha pena en su grado máximo.
Siendo esta ley un instrumento muy eficaz para la represión de dichas acciones dolosas, estimamos que también ha de sancionarse el vaciamiento de cuentas corrientes a través de internet o mediante transferencias electrónicas indebidas, situación que es de frecuente ocurrencia, conocida también como phising o trapping.
En efecto, el gran desarrollo de la tecnología informática ha posibilitado la aparición de nuevas formas de delinquir, como la manipulación fraudulenta de equipos computacionales con ánimo de lucro, con lo cual se provoca daños económicos a terceros, y en este caso, estimamos que debe contemplarse una figura delictiva relativa a la sustracción de fondos desde una cuenta corriente bancaria, a la vista o electrónica, mediante el empleo doloso de sistemas informáticos.
Consideramos además que debe establecerse una pena más alta para el caso de que sean funcionarios de una institución bancaria o financiera los que cometan tal delito, o terceros ajenos a ellas, pero con acceso autorizado por ellas, a los sistemas de las mismas.
Para tal efecto, se hace necesario agregar un artículo 22 bis nuevo, a la Ley de Cheques y Cuentas Corrientes Bancarias, contenida en el Decreto con Fuerza de Ley N° 707, del Ministerio de Justicia, de 1982, que así lo establezca.
En mérito a lo expuesto, precedentemente, sometemos a la consideración del Senado de la República, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Modifíquese la Ley de Cheques y Cuentas Corrientes Bancarias, contenida en el Decreto con Fuerza de Ley N° 707, del Ministerio de Justicia, de 1982, agregándose un artículo 22 bis nuevo, del siguiente tenor:
"Será penado con presidio menor en cualquiera de sus grados y multa del doble del monto transferido, quien, por medios electrónicos y en forma indebida, obtenga, transfiera o disponga de recursos y valores de las cuentas corrientes, a la vista o electrónica de los clientes de las instituciones bancarias o financieras.
Si quienes cometen el delito descrito precedentemente son funcionarios o empleados de dichas instituciones, o terceros ajenos, pero con acceso autorizado por éstas a los sistemas de las mismas, se aplicará la pena correspondiente, en su grado máximo".
(Fdo.): Francisco Chahuán Chahuán, Senador.
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑOR NAVARRO, SEÑORA ALLENDE Y RINCÓN Y SEÑORES LAGOS, MUÑOZ ABURTO Y ROSSI, QUE INSTA AL RECONOCIMIENTO Y LA PREOCUPACIÓN EFECTIVA POR LAS LIBERTADES DE LOS INDÍGENAS MAPUCHE-PICUNCHE DE LA REGIÓN DEL MAULE (S 1436-12)
Considerando:
1. Que en el presente vivimos una etapa en la cual el mundo indígena ve resurgir una nueva oportunidad de mejorar su relación con el Estado, basada en una lucha por e! reconocimiento de sus derechos, la mantención y visualización de las prácticas ancestrales y en una constante vigilancia respecto la pertinencia en la imposición de medidas legislativas o administrativas que puedan de alguna forma afectarles directa o indirectamente, de acuerdo a lo dispuesto en el Convenio N°169 de la OIT.
2. Que no obstante lo anterior, así como vemos inequidades regionales en el Chile actual, estas también se verifican en el trato que entrega el Estado a los distintos pueblos indígenas dependiendo de las regiones en las que habiten.
3. Que los indígenas de la Región del Maule (VII Región), denuncian esta discriminación y abandono institucional que afecta notablemente sus posibilidades de desarrollo.
4. Que los indígenas Mapuche-Picunche de la Región del Maule son atendidos por la oficina de CONADI de Cañete, VIII Región, a la cual deben acudir mediando 6 a 8 horas de viaje.
5. Que lo anterior ha generado dependencia, privando de visibilidad al mundo indígena de la VII región, pues a la fecha, la distribución de los recursos que administra CONADI por medio de la dirección de Cañete, es alrededor de un 90% destinada a la Región del Biobío, dejando tan sólo un 10% al Maule, situación que obviamente se debe revertir.
6. Que de acuerdo al estudio "Estimando Indigencia y Pobreza Indígena Regional con Datos Censales y Encuestas de Hogares", de Claudio A. Agostini y Philip H. Brown (Cuadernos de Economía, Vol. 47 (Mayo), pp. 125-150, 2010), en la VII Región la tasa de pobreza no indígena asciende al 27 %, y la indígena al 31,6%. La brecha de pobreza no indígena asciende al 09% y la indígena al 10,9%. La tasa de indigencia no indígena es de 7,1% y la indígena asciende a 8,7%.
7. Que abonando a este estado de abandono e inequidad, reprochamos la inexistencia en la Región del Maule de políticas o programas específicos de desarrollo indígena, o bien de algún intento por rescatar y formalizar el conocimiento acerca de las prácticas ancestrales o en un contexto más general, del patrimonio tanto material como inmaterial del pueblo Mapuche-Picunche, en favor del rescate y fortalecimiento de esta cultura, como de las proyecciones de su gente.
8. Que, por ejemplo, no existen proyectos destinados al mundo indígena de la región que aborden la incubación de negocios, capacitaciones laborales, tierras, aguas, desarrollo agrícola, fomento productivo, etc.
9. Que para enfrentar este abandono y exclusión, los indígenas de la Región del Maule se han organizado, y ya han comenzado a exigir sus derechos y el reconocimiento efectivo del Estado.
10. Que es urgente terminar con este tipo de exclusiones que invisibilizan a parte de nuestra sociedad, ante la inexistencia de políticas públicas equitativas entre las distintas regiones, territorios y pueblos.
El Senado acuerda:
Solicitar al Sr. Presidente de la República y a los Sres. Ministros de Desarrollo Social, Salud, Educación y Hacienda:
a) El reconocimiento, protección y preocupación efectiva de las libertades y derechos, de acuerdo a los tratados internacionales y la Ley Indígena Nº 19.253, de los indígenas Mapuche-Picunche de la Región del Maule, para que puedan acceder en igualdad y sin discriminación a ellos, fuera de cualquier consideración geográfica y demográfica.
b) Implementar un programa especial de desarrollo regional indígena, orientado en las áreas de mayor interés del mundo indígena de la VII Región, que en la práctica sobrepasan las ocho mil personas.
c) Desarrollar una investigación multidisciplinaria (que abarque historia, sociología, economía, arqueología, antropología y derecho, principalmente) sobre la realidad y necesidades del mundo indígenas, como así también, de su patrimonio (significación patrimonial), tanto material como inmaterial, tomando siempre en cuenta la protección, visualización y protección de este mundo, su gente y de todos los elementos que en ellas convergen. Esta investigación debe ser la base de la estrategia especial de desarrollo del punto anterior.
d) Instituir una oficina de carácter regional de Conadi en la Región del Maule, independiente tanto económica como administrativamente de la actual dirección regional de Cañete, la cual se encargue de velar por el desarrollo del mundo indígena, como así también de proponer nuevas intervenciones de acuerdo a la realidad local.
e) Ampliar el programa de Salud Intercultural que desarrolla el Ministerio de Salud en la VII Región, para implementar programas de salud indígena en consultorios y hospitales regionales, con participación de actores indígenas con práctica en la medicina ancestral.
f) Implementar programas de educación intercultural en la VII Región, con especial énfasis en el aporte y participación del mundo indígena regional, a través de sus organizaciones, principalmente acerca de cómo se debería implementar dichos programas, y de los desafíos particulares que estos advierten.
g) Implementar programas específico para el mundo indígena de la Región del Maule, en materias tales como incubación de negocios, capacitaciones de competencias laborales, programas de fomento productivo, de desarrollo agrícola, Fondo de Tierras y Aguas, becas indígenas, en igualdad a otras realidades regionales.
(Fdo.): Alejando Navarro Brain, Senador.- Isabel Allende Bussi, Senadora.- Ximena Rincón González, Senadora.- Ricardo Lagos Weber, Senador.- Pedro Muñoz Aburto, Senador.- Fulvio Rossi Ciocca, Senador.
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑORES PROKURICA, BIANCHI, CANTERO, CHAHUÁN, FREI (DON EDUARDO), GARCÍA-HUIDOBRO, HORVATH, KUSCHEL, LARRAÍN PEÑA, PÉREZ VARELA, QUINTANA, TUMA Y WALKER (DON PATRICIO), SOBRE LA NECESIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 19.773 PARA CAUTELAR EL PLENO RESPETO DE LA LIBERTAD DE INFORMAR, EL EJERCICIO DEL PERIODISMO Y EL PLURALISMO EN EL ÁMBITO DE LA RADIODIFUSIÓN Y ASEGURAR LA RECIPROCIDAD ENTRE LOS PAÍSES (S 1437-12)
1.- Que es de público conocimiento que el grupo español PRISA, es propietario de 11 cadenas nacionales de Radio en Chile, a través de la sociedad GLR y que dicho grupo ha solicitado la renovación de 37 de sus 212 concesiones, lo que representa el otorgamiento de 37 nuevos decretos de concesión por 25 años.
2. Que el artículo 9, inciso 3° de la Ley 19.733, establece que "Las concesiones para radiodifusión de Libre recepción solicitadas por personas jurídicas extranjeras o chilenas, con participación de capital extranjero superior al 10%, sólo se concederán en la medida que se acredite en forma previa que en el país de origen se otorgan a los chilenos derechos y obligaciones similares a las condiciones de que gozarán estos solicitantes en nuestro país. Igual exigencia deberá cumplirse para adquirir una concesión existente.", es decir se establece el principio de Reciprocidad en materia de inversiones en comunicación radial.
3. Que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en su Resolución N° 20/2007, reiterada en la N° 36/2011, referida a la operación de el grupo Iberoamerican estableció que: "El capital controlador de las concesionarias de radiodifusión señaladas es de origen español, que el principio de reciprocidad es aplicable a este caso y que las resoluciones de ese alto tribunal en resguardo de la libre competencia no obsta a que, en aplicación del aludido artículo 9° de la Ley N° 19.733 y de sus propias facultades legales, la Subsecretaría de Telecomunicaciones impida la participación de las consultantes en concursos de renovación de frecuencias..." .
4. También el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en el mismo fallo citado, señala en el considerando nonagésimo, por la unanimidad de sus miembros que e principio de reciprocidad "es aplicable no sólo al titular directo de la concesión sino a todas aquellas personas o sociedades que tienen o ejercen control sobre ésta, sea mediante sociedades relacionadas, participación accionaria, acuerdos de control y cualquier otra figura contractual por la que se manifieste dicho control."
5. Que el Consejo de Defensa del Estado en su Oficio ord. N° 27 de 4 de enero de 2008 estableció inequívocamente que: "De lo expuesto es posible deducir que GLR Chile Limitada, al ser filial de "Grupo Latino de Radio S.L", cuenta a lo menos con el 50% de capital de esta última cuya matriz es "Servicios Radiofónicos Unión Radio, S.L." que, a su vez, es de propiedad de las también españolas PRISA y Grupo Godo GLR Chile Limitada. En consecuencia dicha sociedad se encuentra en la situación descrita en el inciso final del artículo 9° de la Ley N° 79.733".
En un informe emitido en Octubre de 2011 el Consejo de Defensa del Estado confirmó su anterior opinión y constata el endurecimiento de la norma de reciprocidad española, promulgada en Marzo de 2011, en el sentido de que aun cuando se acredite reciprocidad en el país de origen del capital, ningún inversionista no miembro de la Comunidad Económica Europea puede controlar más del 25% del capital social de empresas titulares de radiodifusión sonora.
6.- Chile, como un país respetuoso del Estado de Derecho, de los principios de libertad de expresión, comunicación, así como en el acceso equitativo a las oportunidades en particular al derecho del trabajo, al derecho de acceso a la información e informar. Así como a la propiedad privada.
7.- Siendo el espectro radioeléctrico un bien público, administrado por el Estado a través de la Institucionalidad del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, solicitamos que se de el derecho de preferencia a la comunicación radial nacional, en el sentido del cumplimiento del principio de reciprocidad que ha sido nulo en la aplicación en el país de origen de los capitales del grupo Iberoamerican hacia inversionistas chilenos del rubro.
Por tanto:
El Senado acuerda oficiar al Presidente de la República expresar la necesidad de estudiar e informar acerca de esta situación, a fin de que se apliquen en su plenitud al espíritu y letra de la ley Nº 19.733 sobre libertad de informar y ejercicio del periodismo en lo concerniente al principio de la reciprocidad, resguardando el interés nacional, el respeto a nuestras instituciones y particularmente el pluralismo y la diversidad de un medio que como el radial ha sido ejemplo en estas materias, particularmente en el ámbito de la radiodifusión regional.
Y a su vez, solicitarle al Gobierno el resguardo del interés nacional en la difusión y las telecomunicaciones.
(Fdo.): Baldo Prokurica Prokurica, Senador.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Carlos Cantero Ojeda, Senador.- Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Senador.- Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, Senador.-Antonio Horvath Kiss, Senador.- Carlos Kuschel Silva, Senador.- Carlos Larraín Peña, Senador.- Víctor Pérez Varela, Senador.- Jaime Quintana Leal, Senador.- Eugenio Tuma Zedan, Senador.- Patricio Walker Prieto, Senador.