Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- PERMISO
- Alberto Espina Otero
- Jovino Novoa Vasquez
- Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- PERMISO
- ACUERDOS DE COMITÉS
- DEBATE
-
PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE PUBLICIDAD DE TABACO Y RESTRICCIÓN DE SU CONSUMO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Pizarro Soto
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Guido Girardi Lavin
- DEBATE
- V.
FÁCIL DESPACHO
-
INSTITUCIÓN DE 6 DE OCTUBRE COMO DÍA NACIONAL DEL TRABAJADOR FERROVIARIO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- DEBATE
- PRÓRROGA DE PERMANENCIA DE TROPAS Y MEDIOS NACIONALES EN BOSNIA-HERZEGOVINA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- DEBATE
- DIVISIÓN DE CONDOMINIOS SOCIALES
-
INSTITUCIÓN DE 6 DE OCTUBRE COMO DÍA NACIONAL DEL TRABAJADOR FERROVIARIO
- VI.
ORDEN DEL DÍA
-
REGULACIÓN DE INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA, SERVICIO ELECTORAL Y SISTEMA DE VOTACIONES
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Patricio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Jorge Pizarro Soto
- INTERVENCIÓN : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : Ricardo Lagos Weber
- INTERVENCIÓN : Ximena Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Ignacio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Carlos Anibal Larrain Pena
- INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
- DEBATE
-
REGULACIÓN DE INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA, SERVICIO ELECTORAL Y SISTEMA DE VOTACIONES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- PETICIÓN DE OFICIO : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Rincon Gonzalez
- PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Rincon Gonzalez
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESION
- 11. MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES LETELIER, GÓMEZ Y WALKER (DON PATRICIO), CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE PERMITE EL ACCESO JUDICIAL A INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN LOS PROCESOS DE DIVORCIO Y DE NULIDAD MATRIMONIAL (8100-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Juan Pablo Letelier Morel
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- Patricio Walker Prieto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 12. MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORA PÉREZ (DOÑA LILY) Y SEÑORES CANTERO Y HORVATH, CON LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE AÑADE LA MULTA A LA PENA CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 268 BIS DEL CÓDIGO PENAL, POR DELITO DE FALSA ALARMA, Y FACULTA AL JUEZ PARA CONMUTAR LA SANCIÓN (8099-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Lily Perez San Martin
- Carlos Cantero Ojeda
- Antonio Horvath Kiss
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 13. MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE PRECISA EL CONCEPTO DE ACUSACIÓN EN EL ARTÍCULO 16 Nº 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA Y PERMITE EL SUFRAGIO DEL CIUDADANO PRIVADO DE LIBERTAD QUE NO HA SIDO CONDENADO A PENA AFLICTIVA (8101-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 14. MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO, CON LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL INCORPORANDO EN EL TIPO DE LA INJURIA AL QUE SE REALIZA CONTRA GRUPOS DE NIÑOS (8102-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 15. MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES LETELIER, CANTERO, GIRARDI Y MUÑOZ ABURTO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE EXCLUYE DE LA DEFINICIÓN DE RELACIÓN LABORAL A LA QUE EXISTE ENTRE EL PROPIETARIO DE UN TRANSPORTE MENOR Y EL TITULAR DE UNA CONCESIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO (8098-13)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Juan Pablo Letelier Morel
- Carlos Cantero Ojeda
- Guido Girardi Lavin
- Pedro Hector Munoz Aburto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 16. MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES LETELIER, LARRAÍN (DON HERNÁN), TUMA Y WALKER (DON IGNACIO), QUE RECONOCE LA RAYUELA COMO DEPORTE NACIONAL (8097-04)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Juan Pablo Letelier Morel
- Hernan Larrain Fernandez
- Eugenio Tuma Zedan
- Ignacio Walker Prieto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 17. MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO, CON LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE DEFINE Y REGULA EL CONCEPTO DE MODIFICACIÓN DE UN PROYECTO SUJETO A ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (8103-12)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 18. MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, EN MATERIA DE DETERMINACIÓN DE LOS ARANCELES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE NIVEL SUPERIOR (8104-03)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 19. PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 3° A DE LA LEY N° 18.918, SOBRE CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LOS SENADORES Y COMITÉS PARLAMENTARIOS, CON CARGO A SUS ASIGNACIONES (S 1435-14)
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- Guido Girardi Lavin
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- 11. MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES LETELIER, GÓMEZ Y WALKER (DON PATRICIO), CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE PERMITE EL ACCESO JUDICIAL A INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN LOS PROCESOS DE DIVORCIO Y DE NULIDAD MATRIMONIAL (8100-07)
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 359ª
Sesión 82ª, en martes 20 de diciembre de 2011
Ordinaria
(De 16:24 a 20:5)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GUIDO GIRARDI LAVÍN, PRESIDENTE ; JUAN PABLO LETELIER MOREL, VICEPRESIDENTE;
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA Y EUGENIO TUMA ZEDAN, PRESIDENTES ACCIDENTALES
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
Acuerdos de Comités.................................¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que prohíbe todas las formas de publicidad del tabaco y restringe su consumo (7456-11) (se fija plazo de presentación de indicaciones).....................................................................................
V. FÁCIL DESPACHO:
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que instituye el 6 de octubre de cada año como Día Nacional del Trabajador Ferroviario (7974-13) (se aprueba en general y en particular)...............................................................................................
Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, con el que solicita el acuerdo del Senado para prorrogar, por el plazo de un año, la permanencia de tropas y medios nacionales fuera del territorio de la República y continuar integrando la Misión de Estabilización de la Unión Europea en Bosnia-Herzegovina (S 1434-05) (se aprueba)..........................................................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre división de condominios sociales (7342-14) (se aprueba en particular por no haberse presentado indicaciones en el plazo fijado)..................................................................................
VI. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones (7338-07) (se aprueban las modificaciones)..........................................................................................................
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿...............
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, el Ministro Secretario General de la Presidencia , señor Cristián Larroulet Vignau.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario , el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:24, en presencia de 24 señores Senadores.
El señor GIRARDI (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 74ª y 75ª, especiales, y 76ª, ordinaria, en 24 y 29 de noviembre del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor GIRARDI (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Tres de Su Excelencia el Presidente de la República, con los que retira y hace presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", para el despacho de los siguientes asuntos:
1.- Proyecto que modifica el plazo para el reintegro parcial por concepto del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas del transporte de carga, establecido en la ley N°19.764 (boletín Nº 8.066-05).
2.- Proyecto de ley sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones (boletín Nº 7.338-07).
3.- Proyecto de ley que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales (boletín N° 7.328-03).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Seis de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha tomado conocimiento del rechazo de las enmiendas propuestas por esa Corporación al proyecto de ley sobre derecho a defensa de los imputados (boletín Nº 7.854-07) (con urgencia calificada de "suma") y comunica la nómina de Diputados que integrarán la Comisión Mixta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República.
--Se toma conocimiento y, de acuerdo con el artículo 46 del Reglamento del Senado, se designa a los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento integrantes de la referida Comisión Mixta.
Con el segundo informa que prestó su aprobación, en primer trámite constitucional, al proyecto de ley que extiende los plazos de los servicios de radiodifusión comunitaria para adecuarse a la normativa en materia de concesiones (boletín N° 8.031-19) (con urgencia calificada de "simple").
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Con los cuatro últimos comunica que ha dado aprobación, en primer trámite constitucional, a los siguientes proyectos de acuerdo:
1.- "Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Popular China", suscrito en Singapur el 13 de noviembre de 2009 (boletín Nº 7.919-10) (con urgencia calificada de "simple").
2.- "Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Malasia y su Anexo", suscrito en Kuala Lumpur, Malasia, el 14 de abril de 2010 (boletín Nº 7.920-10) (con urgencia calificada de "simple").
3.- "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos sobre Servicios Aéreos", suscrito en Santiago el 13 de diciembre de 2010 (boletín Nº 7.884-10) (con urgencia calificada de "simple").
4.- "Acuerdo en materia de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Estado de Kuwait y su Anexo", suscrito en Santiago el 27 de julio de 2010 (boletín Nº 7.885-10) (con urgencia calificada de "simple").
--Pasan a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Remite copia autorizada de la sentencia definitiva dictada en la acción de inaplicabilidad de los artículos 4° y 292 del Código del Trabajo y 238 del Código de Procedimiento Civil.
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento.
Del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública:
Atiende petición de información, cursada en nombre del Senador señor Walker (don Patricio), respecto de la inquietud planteada por la Agrupación de ex Presos Políticos y Torturados José Felmer Klenner, de Coyhaique, sobre el plazo de funcionamiento de la Comisión Asesora Presidencial para la calificación como víctimas de prisión política y tortura.
Responde solicitud de antecedentes, requerida en nombre del Senador señor Navarro, acerca de los allanamientos ocurridos en la Región Metropolitana, en especial, en el Colegio Polivalente San José de la comuna de Maipú.
Del señor Ministro de Defensa Nacional:
Da a conocer gestiones realizadas en relación con la petición, remitida en nombre del Senador señor Horvath, para que se transfiera al Servicio de Vivienda y Urbanización de Aysén un inmueble fiscal destinado al Ministerio de Defensa, Subsecretaría de Marina de la Armada de Chile .
Del señor Ministro de Salud :
Informa, al tenor de la solicitud enviada en nombre de la Senadora señora Rincón, respecto de intervención quirúrgica urgente de un niño domiciliado en la comuna de Pelluhue que sufre una grave enfermedad renal.
Contesta solicitudes de antecedentes, requeridos en nombre del Senador señor Navarro, acerca de las siguientes materias:
1.- Fiscalización de residuos industriales líquidos sin tratar vertidos por una planta de celulosa en estero Velenunque, comuna de Ránquil.
2.- Situación de recuperación de gastos resultante del cierre del relleno sanitario Santa Alicia, ubicado en el sector Patagual, comuna de Coronel.
3.- Estadísticas relativas a presencia en Chile de hipoacusia, presbiacusia y trauma acústico diagnosticados y tratados durante los últimos cinco años.
4.- Presencia de material particulado que estaría afectando a vecinos de los sectores Lagunillas, Escuadrón y Jorge Alessandri de la comuna de Coronel.
Responde consulta, realizada en nombre del Senador señor Frei (don Eduardo), acerca de la factibilidad de construir un centro de salud familiar en el sector Miraflores de la comuna de Valdivia.
Atiende petición, efectuada en nombre del Senador señor Rossi, sobre instrucción de una investigación sumaria en el Servicio de Salud Arica ante la negativa de practicar una autopsia a mortinato de una paciente sometida a una operación cesárea el 24 de febrero pasado.
Del señor Director de Presupuestos (s):
Contesta solicitud de información, recabada en nombre del Senador señor Bianchi, sobre recursos para aumento de dotación de profesionales y técnicos en la Partida Ministerio de Salud; bono de zonas extremas, e incentivo a retiro de funcionarios públicos.
Del señor Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena:
Expone, en respuesta a una consulta formulada en nombre del Senador señor Frei (don Eduardo), las razones por las que no se prosiguió el trámite de adquisición del predio de un particular.
Del señor Director de Obras Municipales de La Florida:
Informa, contestando una petición de antecedentes enviada en nombre de la Senadora señora Alvear, respecto de los antecedentes en que se fundan las resoluciones de aprobación que esa Dirección hizo de los anteproyectos de loteo y de edificación en el Fundo El Panul, comuna de La Florida.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, recaído en el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República en que solicita el acuerdo del Senado para prorrogar, por el plazo de un año, la permanencia de tropas y medios nacionales fuera del territorio de la República y continuar integrando la Misión de Estabilización de la Unión Europea en Bosnia-Herzegovina (Misión EUFOR-ALTHEA) (con la urgencia del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental) (boletín N° S 1.434-05).
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el plazo para el reintegro parcial por concepto del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas del transporte de carga, establecido en la ley N°19.764 (boletín Nº 8.066-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, relativo a transparencia de establecimientos educacionales que reciben aportes estatales (boletines Nos. 7.913-04 y 7929-04).
De la Comisión de Economía, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales (boletín N° 7.328-03) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Senadores señores Letelier, Gómez y Walker (don Patricio), con la que dan inicio a un proyecto de ley que permite el acceso judicial a información tributaria en los procesos de divorcio y de nulidad matrimonial (boletín Nº 8.100-07).
De los Senadores señora Pérez San Martin y señores Cantero y Horvath, con la que inician un proyecto de ley que añade la multa a la pena contemplada en el artículo 268 bis del Código Penal, por delito de falsa alarma, y faculta al juez para conmutar la sanción (boletín Nº 8.099-07).
Dos del Senador señor Navarro, con las que da inicio a los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de reforma constitucional que precisa el concepto de acusación en el artículo 16, Nº 2, de la Constitución Política de la República y permite el sufragio del ciudadano privado de libertad que no ha sido condenado a pena aflictiva (boletín Nº 8.101-07).
2.- Proyecto de ley que modifica el Código Penal para incorporar, en el tipo de la injuria, a la que se realiza contra grupos de niños (boletín Nº 8.102-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Senadores señores Letelier, Cantero, Girardi y Muñoz Aburto, con la que dan inicio a un proyecto de ley que excluye, de la definición de relación laboral, a la que existe entre el propietario de un transporte menor y el titular de una concesión de transporte público (boletín Nº 8.098-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
De los Senadores señores Letelier, Larraín (don Hernán), Tuma y Walker (don Ignacio), con la que inician un proyecto de ley que reconoce a la rayuela como deporte nacional (boletín Nº 8.097-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Del Senador señor Navarro, con la que da inicio a un proyecto de ley que define y regula el concepto de modificación de un proyecto sujeto a estudio de impacto ambiental (boletín Nº 8.103-12).
--Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
Del Senador señor Navarro, con la que inicia un proyecto que modifica la ley que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, en materia de determinación de los aranceles de establecimientos educacionales de nivel superior (boletín Nº 8.104-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
Permisos constitucionales Solicitudes de los Senadores individualizados a continuación, para ausentarse del territorio nacional en las fechas que en cada caso se señala: Del Senador señor Espina Del Senador señor Novoa Del Senador señor Zaldívar (don Andrés) --Se accede.
Comunicación
De la Comisión de Régimen Interior, con la que propone la aprobación del Reglamento del artículo 3° A de la ley N° 18.918, sobre contratación de personal para los Senadores y Comités Parlamentarios, con cargo a sus asignaciones.
--Queda para tabla.
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, solicito ampliar en dos semanas el plazo para formular indicaciones al proyecto que elimina las vacunas multidosis con timerosal.
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se fijará como nuevo plazo el lunes 2 de enero, a las 12.
--Así se acuerda.
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El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , pido recabar la autorización para que la Comisión de Educación pueda sesionar en paralelo con la Sala, a partir de las 19.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Si no hay objeción, así se procederá.
--Se autoriza.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- En sesión del día de hoy los Comités adoptaron los siguientes acuerdos:
1) Tratar en la presente sesión, como si fuera de Fácil Despacho, la solicitud de acuerdo del Senado para prorrogar por el plazo de un año la permanencia de tropas y medios nacionales fuera del territorio de la República y continuar integrando la Misión de Estabilización de la Unión Europea en Bosnia-Herzegovina, con informe de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas.
2) Tratar en primer lugar del Orden del Día de esta sesión el proyecto de ley sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones, y en segundo lugar, el proyecto de ley que prohíbe aportes estatales a entidades que persigan fines de lucro en la educación.
3) Retirar de la tabla del día de hoy el proyecto de ley sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, que figura en el número 1 del Orden del Día.
4) Citar a sesión especial para el día de mañana, de 12 a 14, con el objeto de tratar el proyecto que modifica el plazo para el reintegro parcial por concepto del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas del transporte de carga, establecido en la ley N°19.764.
5) Tratar, en la sesión ordinaria de mañana, miércoles 21 de diciembre, en tabla de Fácil Despacho, el proyecto que establece la ley marco de los Bomberos de Chile, y autorizar a la Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización para emitir un informe oral.
6) Poner en votación, en la sesión ordinaria de hoy, el proyecto de acuerdo (signado con el número 18) que propone la constitución de una Comisión Especial del Senado para el estudio de reformas al sistema de administradoras de fondos de pensiones.
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El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente , la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura solicita ampliar hasta las 19 de hoy el plazo para formular indicaciones a la iniciativa legal sobre fomento de la pesca artesanal, Comisión Nacional de Acuicultura y Consejos Zonales de Pesca.
La materia se encuentra con urgencia "suma", y está en tabla para la sesión de mañana.
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición.
--Así se acuerda.
PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE PUBLICIDAD DE TABACO Y RESTRICCIÓN DE SU CONSUMO
El señor GIRARDI ( Presidente ).-
Corresponde fijar plazo para la presentación de indicaciones al proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Girardi, Chahuán, Rossi y Ruiz-Esquide, que prohíbe todas las formas de publicidad del tabaco y restringe su consumo.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7456-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Girardi, Chahuán, Rossi y Ruiz-Esquide):
En primer trámite, sesión 87ª, en 18 de enero de 2011.
Informe de Comisión:
Salud: sesión 59ª, en 4 de octubre de 2011.
Discusión:
Sesión 81ª, en 14 de diciembre de 2011 (se aprueba en general).
El señor GIRARDI (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
Señores Senadores, en la sesión anterior se aprobó la idea de legislar, pero quedó pendiente el establecimiento de un plazo para formular indicaciones.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- ¿Qué plazo sugiere el Senador Rossi , Presidente de la Comisión de Salud?
El señor ROSSI .- Dos semanas.
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala...
El señor PIZARRO .- ¡Más semanas!
El señor GIRARDI (Presidente).- Tres semanas. Y se acompañará de un informe de...
El señor PIZARRO .- ¡Dejémoslo para marzo, señor Presidente!
El señor GIRARDI ( Presidente ).- ¡Mucho!
El señor PIZARRO.- Lo digo de verdad, Presidente.
Tuvimos un debate tremendo aquí la semana pasada. Y la mayoría de los colegas no se quedó hasta el final de la discusión. Si lo hubiera hecho,...
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Acaba de salir un estudio de la Universidad Johns Hopkins hecho en Chile....
El señor PIZARRO.- ...lo más probable es que la votación hubiera sido distinta.
Por lo tanto, pido que se fije como plazo para presentar indicaciones la primera semana de marzo.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- No.
El señor ROSSI .- ¡Es mucho!
El señor PIZARRO.- ¡El fundamentalismo contra el tabaco...!
El señor GIRARDI ( Presidente ).- No.
Hay un estudio de la Universidad Johns Hopkins hecho en Chile que demuestra los efectos dramáticos del tabaco en los trabajadores. Se los haré llegar a todos los Senadores. Me parece relevante, pero...
El señor PIZARRO.- Presidente , si quiere hacer uso de la palabra, baje a su escaño. Si va a argumentar, hágalo desde acá.
El señor GIRARDI (Presidente).- Creo que dos semanas...
El señor PIZARRO.- Si no, limítese a dirigir el debate nomás. De lo contrario, ¡es mucho el abuso!
El señor GIRARDI (Presidente).- No es abuso. Es sentido común.
El señor PIZARRO.- No, no. No es sentido común.
El señor GIRARDI (Presidente).- Sí es sentido común.
El señor PIZARRO.- Debe tener respeto por lo que pensamos los Senadores acá abajo en la Sala.
El señor GIRARDI (Presidente).- Sí. Está bien.
Pero dos semanas para un proyecto...
El señor PIZARRO.- ¡No!
Sea práctico, Presidente. Estamos hablando de enero. Disponemos de tres semanas de sesiones en ese mes.
Por eso solicito que se fije el plazo para marzo, como corresponde.
Además, tenemos otras materias que analizar.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente , debo señalar que, independiente de que todos los parlamentarios pueden tener una opinión al respecto y presentar las indicaciones que estimen necesario, estamos viendo este proyecto desde hace un año en la Comisión de Salud. ¡Un año en enero!
Ya lo discutimos en general. Y, en verdad, dos semanas para formular indicaciones es un plazo más que suficiente.
Si queremos que la iniciativa no salga nunca, entonces dejémosla para marzo.
Propongo someter a votación lo propuesto, señor Presidente .
Dos semanas de plazo nos permitirá trabajar en enero en este asunto y despacharlo a la Cámara de Diputados.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Carlos Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente , yo apoyo lo solicitado por el Honorable señor Pizarro .
El proyecto puede haber sido estudiado a fondo por la Comisión de Salud, pero presenta muchos alcances de orden legal y, aun, constitucional, que despiertan mucho interés.
No se trata de impedir que se legisle. La cosa es que se legisle bien.
Por lo tanto, respaldo lo pedido por el Senador señor Pizarro, en cuanto a fijar el plazo para marzo de 2012.
Gracias.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- El Senador señor Rossi sugirió dar dos semanas para formular indicaciones. Mediante otra proposición se pide extender el plazo hasta marzo.
Yo planteo, para ser ecuánime, fijar a tal efecto la tercera semana de enero, que en la práctica es lo mismo que dejar el plazo para marzo.
El señor ROSSI .- ¿Quién está legislando? ¿Las tabacaleras...?
El señor GIRARDI (Presidente).- Me parece que de esa forma se resuelve todo.
Entonces, si la Sala está de acuerdo, determinaremos la tercera semana de enero.
¿Le parece, Senador señor Pizarro?
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , yo no quiero hacer un debate a este respecto, porque no tiene mucho sentido.
Ahora, mi planteamiento también es en términos prácticos.
Usted sabe mejor que nadie, señor Presidente , que fijar el plazo para marzo es razonable, pues en enero, mes en el cual celebraremos varias sesiones, deberemos despachar numerosas iniciativas con urgencia.
El proyecto de ley antitabaco, que tiende a rigidizar mucho más todavía las normas existentes, fue muy discutido en esta Sala durante la semana anterior. Y la mayoría de los colegas se quedaron al debate y emitieron su pronunciamiento; otros, por distintas razones, no escucharon todos los argumentos, y, además, la votación fue muy reñida.
Entonces, estoy planteando lisa y llanamente que, teniendo vigente una ley que ya es bastante dura y cuyos efectos desconocemos, no hay ningún apuro para tratar de sacar una legislación más severa.
Mi proposición es, entonces, de sentido común. No se trata simplemente de decir "Dejémoslo para marzo", como para no aprobar el proyecto. Al revés, queremos hacer un debate un poquito más serio que el realizado hasta ahora. Porque, en materia de normas prohibitivas, lo ideal es enemigo de lo bueno, pues en casos como este se termina favoreciendo el clandestinaje y otras prácticas que a nadie en esta Sala le interesa fortalecer.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente , existe evidencia científica en el sentido de que en 2010 murieron 41 mil personas a causa del tabaco; de que los costos en salud ascendieron a 2 mil 500 millones de dólares, y de que los no fumadores que trabajan en locales para fumadores tienen 30 veces más riesgo de morir por un infarto que una persona no fumadora que no labora en un ambiente con humo de tabaco.
No sé, entonces, si hay o no emergencia.
Además, me asalta una preocupación.
Si pasa mucho tiempo, puede acontecer lo que en la Cámara Baja: los parlamentarios empiezan a dejarse convencer con los argumentos científicos de las tabacaleras, de los dueños de restoranes, de los propietarios de bares, y se termina con el espectáculo que se exhibió ayer en esa Corporación, donde varios Diputados defensores acérrimos de la legislación antitabaco empezaron a "darse vuelta".
En tal virtud, creo que dos a tres semanas es tiempo suficiente. Y si no, señor Presidente , sométalo a votación. Por último, que la gente sepa quién quiere avanzar en esta materia y quién no.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Está inscrito a continuación el Senador señor Ruiz-Esquide, quien no se halla presente en la Sala.
Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, estamos determinando el plazo para formular indicaciones al proyecto que restringe el consumo de tabaco, que en esta Sala fue motivo de un debate bastante intenso y de una votación estrecha.
Los parlamentarios que defendían esta iniciativa expresaron que su texto era perfectible y que había que hacerle ajustes.
Bueno: si es necesario efectuar ajustes y lo plantean los propios autores de la moción, con mayor razón quienes no la presentamos debemos disponer de tiempo para formular indicaciones destinadas a perfeccionar el articulado.
Por mi parte, sugiero fijar plazo a tal efecto hasta el segundo lunes de marzo. Ello nos abrirá espacio para hacer preguntas, consultar a expertos, en fin. Porque imagino que los autores de la iniciativa recurrieron también a la asesoría de especialistas en la materia.
Gracias, señor Presidente.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, me parece que hay que clarificar algunas cosas, porque esta discusión la vamos a efectuar en serio.
El colega Tuma acaba de señalar algo absolutamente equivocado. Este proyecto fue elaborado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile; por todas las asociaciones ciudadanas; por la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Para hacerlo se contó con la asesoría de la Organización Mundial de la Salud. Se trata de un texto colaborativo, que trabajamos varios Senadores. De manera que en torno a él nada hay de improvisación.
Quiero dejar constancia en esta Sala de que el despacho de esta iniciativa reviste urgencia.
Estas son legislaciones internacionales. Chile suscribió con la Organización Mundial de la Salud un compromiso que no está cumpliendo.
La Escuela de Salud Pública y la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile acaban de hacer con el Instituto de Salud Pública y la Universidad Johns Hopkins un estudio donde se demuestra que en los restoranes de nuestro país para fumadores los trabajadores están defendiendo sus derechos con bastante ahínco porque, tratándose de ambientes con hidrocarburos policíclicos cancerígenos, tienen en la sangre niveles mil por ciento superiores a los de quienes no laboran en lugares para fumadores, y en la orina, mil por ciento más nicotina que estos, aun no fumando.
El Senado dispondrá por cierto de la posibilidad de considerar, si le parece, todos esos antecedentes.
Señor Presidente, estas son legislaciones planetarias.
¡Y cuidado! A mí me parece muy grave señalar que aquí existe una especie de talibanismo, porque se trata tal vez de las recomendaciones que concitan los mayores consensos mundiales.
Con este proyecto se está intentando resguardar un bien común superior: el derecho a la salud que les asiste a quienes no fuman y sufren por el humo del tabaco que expelen quienes sí lo hacen.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Estamos, diría yo, ante una cuestión administrativa y frente a problemas sustantivos.
La Mesa ha recibido dos propuestas de plazo para formular indicaciones: lunes 10 de enero y lunes 7 de marzo.
Las someteré a consideración de la Sala.
Quienes están por el día 10...
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Pido la palabra.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- ¿Para un punto sustantivo o administrativo?
El señor LARRAÍN (don Carlos).- ¿Por qué lo pregunta, señor Presidente ?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Porque Su Señoría ya intervino, según me informa Secretaría.
Tiene la palabra, señor Senador.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente , varios colegas han intervenido más de una vez. Supongo que podré asilarme en esa misma prerrogativa.
Ahora, ¡el asunto debe de ser sustantivo si el Presidente deja la testera para bajar al valle y opinar sobre él¿!
Yo estoy aquí, en el valle, a permanencia. Entonces, puedo decir que la idea de legislar se ganó por escaso margen.
Frente a esta materia, no existe ningún desprecio por la salud de nadie (contrariamente a la caricatura que se ha hecho), sino el deseo de que la legislación resultante se elabore bien.
Porque hay involucramiento de cuestiones constitucionales, de libertades en sus distintos aspectos. No existe el propósito de que la gente muera de todas las enfermedades que describió el doctor Girardi . Hay el ánimo de que las cosas se hagan bien. Pero la verdad es que, con la tarea que tendremos en el mes de enero, será difícil que en un tiempo reducido podamos ponderar adecuadamente los problemas de fondo.
Mayor plazo es todo lo que se está pidiendo. Y hay virtual acuerdo transversal en la materia.
Yo no soy fumador; no tengo conflicto de intereses; no soy dueño de restorán. No llevo ni una vela en este entierro, salvo aquella de que se legisle bien, con resguardo para las libertades personales.
Insisto en que se fije para marzo el plazo para presentar indicaciones.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Se propone el primer lunes de marzo.
El señor ROSSI.- No.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- No hay acuerdo.
Entonces, voy a hacer una sugerencia: que quienes están por el segundo lunes de marzo voten que sí, y aquellos que están en contra de ello, que no, entendiendo que el rechazo implica que el plazo queda para la primera semana de dicho mes.
El señor LAGOS.- No entendí.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Se somete a votación el plazo de indicaciones.
Quienes optan por enero votan que sí.
El señor PIZARRO.- Al revés, pues.
El señor BIANCHI.- Que no.
La señora RINCÓN.- Que no.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Yo les pido a Sus Señorías que pongan atención.
El señor COLOMA.- ¡Esta es la votación más rara que he visto...!
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Quienes apoyan enero -es la primera propuesta del Presidente de la Comisión - votan que sí; aquellos que están contra enero, que no. Y si gana la opción "no", el plazo queda para marzo.
En votación.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Terminada la votación.
--Se fija plazo para presentar indicaciones hasta el 12 de marzo, a las 13 (20 votos en contra y 13 a favor).
Votaron por la negativa las señoras Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Cantero, Coloma, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Kuschel, Lagos, Larraín (don Carlos), Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende y Pérez (doña Lily) y los señores Bianchi, Escalona, Girardi, Gómez, Horvath, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Quintana, Rossi y Ruiz-Esquide.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- ¡Esta va a ser historia planetaria...!
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Pido la palabra.
El señor GIRARDI (Presidente).- La tiene, Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE .- Perdóneme, señor Presidente , pero quiero hacer un reclamo por la conducta de la Mesa mientras presidía el señor Vicepresidente .
Aquí no se puede permitir una discusión partiendo de la base de que todo se ha hecho mal.
¡Excúseme!
Los miembros de la Comisión de Salud somos tan respetables como los demás Senadores; probablemente, menos inteligentes. Pero no se puede realizar un debate, antes de votar, sobre los supuestos de que "Hay que hacer bien las cosas", "El proyecto es malo", "No se pudo hacer bien y hay que mejorarlo".
Señor Presidente, si quiere, vamos a la discusión de inmediato.
Yo le ruego a la Mesa que entienda que los debates recaídos en cuestiones previas no se pueden basar en intervenciones sobre el fondo de la materia. Porque, de otra manera, debemos ponernos a gritar a fin de que nos den la palabra para poder decir algo.
Señor Presidente , o se hacen las cosas bien desde allí y pidiéndoles a los Senadores que respeten a sus colegas, o vamos a tener que discutir de otra manera. Porque, en verdad, el Senado está funcionando bastante mal.
Gracias.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Solo quiero aclararle, señor Senador, que le di la palabra, pero, lamentablemente, Su Señoría no se hallaba en la Sala.
Puede intervenir el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente , yo entendía que esta era una decisión administrativa. Pero al final, por sus ribetes, la cuestión ya está tomando otro color.
Y, como usted "bajó al valle" -según expresó el Senador Carlos Larraín -, quiero decirle que todos estamos de acuerdo en que hay que regular lo relacionado con el cigarrillo en Chile. Pero no me parece...
El señor ROSSI .- ¿Me permite, señor Senador ?
El señor LAGOS.- Déjeme terminar, Su Señoría.
Señor Presidente, tenemos aprobado en general un proyecto (el segundo en tres años) que se va a discutir en particular, y estamos pidiendo cuatro semanas para formularle indicaciones a su articulado, que contiene cosas inusitadas, unas muy buenas y otras increíbles, como la de que los ciudadanos, cuando hagan denuncias, van a agarrar en beneficio propio el producto de la multa.
¡Dónde se ha visto...!
Entonces, señor Presidente , le quiero decir, con todo respeto, que el hecho de que estemos pidiendo cuatro semanas para presentar indicaciones a una iniciativa -la segunda en tres años- que se va a aprobar y que será buena para Chile -¡esa sí que es noticia planetaria!- no puede dar pie para sostener que nos encontramos en manos del lobby de las tabacaleras, porque eso sí que es denigrar el debate.
Ahora, si se quiere hablar en esos términos, podemos hacerlo. Pero habrá, entonces, un sinnúmero de distintos sectores económicos de los cuales vamos a poder decir lo mismo. Y se va a generar aquí un ambiente remalo.
V. FÁCIL DESPACHO
INSTITUCIÓN DE 6 DE OCTUBRE COMO DÍA NACIONAL DEL TRABAJADOR FERROVIARIO
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señoras Alvear y Allende y señores Bianchi, Frei y Muñoz Aburto, en primer trámite constitucional, que instituye el 6 de octubre de cada año Día Nacional del Trabajador Ferroviario , con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7974-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señoras Alvear y Allende y señores Bianchi, Frei (don Eduardo) y Muñoz Aburto):
En primer trámite, sesión 59ª, en 4 de octubre de 2011.
Informe de Comisión:
Trabajo y Previsión Social: sesión 65ª, en 2 de noviembre de 2011.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- El objetivo de esta iniciativa -como señaló el señor Presidente - es declarar el 6 de octubre de cada año Día Nacional del Trabajador Ferroviario.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social la discutió en general y particular, por ser de artículo único, y la aprobó por dos votos a favor (Senadores señores Bianchi y Muñoz Aburto) y una abstención ( Senador señor Kuschel).
La declaración en comento obedece a que el 6 de octubre de 1973 algunos trabajadores ferroviarios de la Maestranza de San Bernardo fueron detenidos en sus domicilios y lugares de trabajo, hechos consignados en el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación y en investigaciones judiciales sobre el particular.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- En discusión general y particular.
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente , en primer lugar, les agradezco a los Comités la posibilidad que abrieron para que viéramos hoy este proyecto de ley, que me parece de gran relevancia.
Con los Senadores señora Allende y señores Muñoz Aburto , Bianchi y Frei presentamos esta iniciativa como un pequeño reconocimiento que queremos hacer, en cuanto Poder Legislativo , a los trabajadores ferroviarios (varios de ellos nos acompañan esta tarde desde las tribunas), quienes por generaciones han entregado muchísimo al país.
Hasta el siglo pasado, el progreso de Chile solo se entiende de la mano del desarrollo del ferrocarril.
Con 161 años de existencia, el ferrocarril ha contribuido a la consolidación de la soberanía nacional, a la integración de la república, a la formación de poblados y ciudades, al avance de la economía, al progreso de sus habitantes. Y el trabajador ferroviario formó parte de nuestra cultura, de nuestras urbes, de nuestra identidad.
Elegimos el 6 de octubre porque corresponde al día en que partieron de la Maestranza de San Bernardo 11 trabajadores ferroviarios que perecieron fusilados en los cerros de Chena en 1973.
Si bien corresponde a una fecha triste, se ha transformado en una época de reencuentro de la familia ferroviaria y sus vecinos, de reencuentro con su historia y su cultura; en una demostración de que la convivencia es más sólida cuando se cimenta en el respeto por las ideas y las personas, y en una constatación de que la paz, la libertad, la democracia, siempre triunfarán por sobre la intolerancia y la violencia.
Presentamos el proyecto a instancia de diversas organizaciones ciudadanas que plantearon la idea, en especial el Centro de Desarrollo Social Amigos del Parque Ferroviario Mártires de la Maestranza, de la ciudad de San Bernardo, y la Agrupación Maipo Contigo.
No deseo ocupar más tiempo, señor Presidente . Creo que esta es una idea a la que todo el Senado puede concurrir y así valorar y reivindicar la actividad fundamental de este sector laboral por el país.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente , quiero saludar, en primer lugar, a los trabajadores o ex trabajadores ferroviarios que nos acompañan en las tribunas.
Felicito a la Senadora señora Alvear por su iniciativa, sencilla pero extraordinariamente relevante, y también le agradezco por invitarnos a patrocinarla. Ha sido realmente un gusto poder hacerlo junto a los Honorables señores Bianchi , Frei y Muñoz Aburto . Concurrimos a ello con satisfacción, ante la tradición exhibida por la familia ferroviaria y el muy importante rol que ha desempeñado. Aquí se expresó, en breves palabras, la significación que ha tenido el ferrocarril en Chile.
Cabe solo lamentar lo ocurrido ese 6 de octubre de 1973, cuando 11 ferroviarios fueron detenidos y fusilados, y convertir esa fecha -que conlleva dolor, por supuesto- en la que rememore y recuerde justamente el Día Nacional del Trabajador Ferroviario. Creo que es esencial mantener la memoria, pero, al mismo tiempo, manifestar la capacidad de formular precisamente tal sugerencia, como lo hicieron todas las organizaciones que se pusieron de acuerdo.
Por lo tanto, espero que el Senado pueda apoyar -ojalá, unánimemente- una iniciativa de estas características, reconocimiento indispensable a la familia del trabajador ferroviario.
Igualmente deploramos que, a partir de 1973, Ferrocarriles perdiera su significación, su rentabilidad, su potencialidad. Ha representado un arduo trabajo el intento de que pueda seguir desempeñando un papel en el transporte de carga. Ojalá ello pueda extenderse algún día al transporte de pasajeros, como es posible observarlo en los países desarrollados, en Europa, donde juega un rol destacado y sirve cada vez más para conectar ciudades, con tecnologías evidentemente muy modernas. Sentimos que Chile haya quedado tan rezagado en ese plano y no haya podido diseñar un futuro para algo tan vital en su territorio, de larga extensión, y donde históricamente ha cumplido una función.
Como este es un proyecto de Fácil Despacho, solo declaro mi satisfacción por su contenido y espero que sea acogido. Quizás hemos tardado más de la cuenta en hacerlo, y, por eso, creo que hoy día, cuando nos acompañan trabajadores y ex trabajadores ferroviarios, corresponde aprobarlo y felicitar a mi Honorable colega Alvear por su iniciativa.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Hago presente que en las reuniones de Comités se ha considerado el criterio de que lo deseable es que en los asuntos de Fácil Despacho intervengan dos Senadores,...
El señor BIANCHI.- Eso es.
El señor GIRARDI (Presidente).- ...porque, si no, se pierde el sentido de tramitarlos en esa forma.
El señor BIANCHI.- Está bien.
El señor GIRARDI (Presidente).- De todas maneras, no puedo inhibir para usar de la palabra.
Una de las posiciones que se mantengan debe ser la de sostener la iniciativa, y otra, la de impugnarla, según el Reglamento.
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
Pido brevedad, para poder pasar a las otras materias en tabla.
El señor BIANCHI.- Estamos listos. Votemos.
El señor GIRARDI (Presidente).- Va a intervenir el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , seré muy breve.
Deseo felicitar a los cinco colegas que han presentado el proyecto que establece el Día Nacional del Trabajador Ferroviario.
Me parece que a este último se le hace justicia, porque no he visto a otros trabajadores con la camiseta más puesta. Incluso los jubilados siguen pensando todos los días en cómo se podría ampliar su Empresa, en cómo se podría rehabilitar. ¡Sufren por lo que ha estado pasando en ella!
Por eso, creo que este es un gran reconocimiento que se le hace al sector, y con mucho agrado, por supuesto, votamos a favor de la iniciativa.
Y ojalá se cumplan sus aspiraciones -también son nuestras- de que se reponga la situación de los ferrocarriles. Estimo que no podemos seguir construyendo nuevas carreteras. Ferrocarriles está a lo largo de todo Chile y es el transporte natural para la carga y el más seguro para los pasajeros.
Felicito a todos los trabajadores ferroviarios.
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (34 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
PRÓRROGA DE PERMANENCIA DE TROPAS Y MEDIOS NACIONALES EN BOSNIA-HERZEGOVINA
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República , con el que este solicita el acuerdo del Senado para prorrogar, por el plazo de un año, la permanencia de tropas y medios nacionales fuera del territorio de la República y continuar integrando la Misión de Estabilización de la Unión Europea en Bosnia-Herzegovina, con informe de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1434-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 80ª, en 13 de diciembre de 2011.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, unidas: sesión 82ª, en 20 de diciembre de 2011.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Las Comisiones recibieron información sobre la materia de parte del Subsecretario de Defensa y del Subdirector de Operaciones de Paz de la Dirección de Seguridad Internacional y Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores, y, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Coloma, Kuschel, Larraín Fernández, Letelier, Muñoz Aburto, Pizarro, Prokurica, Tuma y Walker, don Patricio, resolvieron recomendar que se otorgue el acuerdo solicitado por Su Excelencia el Presidente de la República .
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión.
Harán uso de la palabra los Senadores señores Prokurica y Tuma.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente , Chile participa activamente en operaciones de paz bajo el mandato de la Organización de las Naciones Unidas, para lo cual se ha definido una política de intervención nacional en ellas que se recoge ampliamente en la ley Nº 19.067 y el decreto supremo Nº 75. Estas normativas, junto con otras disposiciones legales y reglamentarias, configuran el marco jurídico que la regula.
La labor del componente militar, destinada a promover un entorno seguro y estable, se materializa a la fecha en el contexto de un esfuerzo multinacional en el cual nuestro país ha recibido altos niveles de reconocimiento, tanto de las autoridades locales como de dicho organismo internacional.
Por ser considerado fundamental para continuar con nuestra contribución en la misión de la Unión Europea EUFOR-ALTHEA, el Presidente de la República ha solicitado el acuerdo del Senado para prorrogar por un año la permanencia de tropas y medios chilenos en la zona de Bosnia-Herzegovina.
A partir de la resolución 1551 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 9 de julio de 2004, que otorga el visto bueno al traspaso del mando desde la OTAN a la Unión Europea el 2 de diciembre de ese año, se constituye la Misión de esta última en Bosnia-Herzegovina, dentro del marco de la Política Europea de Seguridad y Defensa. Su componente militar es heredero de la Fuerza de Protección de la ONU y de las operaciones de la OTAN.
La finalidad de la misión es asegurar el cumplimiento de los aspectos militares de los acuerdos de Dayton, por medio de programas de asistencia y de misiones de observación y policiales que se encuentran en marcha.
Para que esta Corporación tome conocimiento, la fuerza chilena en Bosnia-Herzegovina no es muy considerable. Se trata de hasta 17 hombres, los que incluyen un Oficial Comandante de Contingente y "Chief LOT DESK"; un Oficial Segundo Comandante de Contingente y "Maintenance Specialist"; un Oficial Administrativo y "Training Controller"; un Oficial " Systems Standarization Specialist "; un Suboficial Jefe de Plana Mayor de Contingente y "LOT Desk Assistant"; dos Suboficiales "Watchkeepers", y un Suboficial "Secret Registry Supervisor/Admin", todos ellos en el Cuartel General EUFOR, en Sarajevo. En general, el grupo es bastante reducido, mas no por eso sin importancia.
Estimo que la participación de nuestros efectivos en la misión de las Naciones Unidas ha traído una serie de beneficios para el país, al interactuar en Europa junto con las mejores Fuerzas Armadas del mundo y haber tenido la posibilidad de operar con ejércitos de primera línea.
Uno de los principales objetivos de estas actividades es cooperar con la mantención de la paz mundial y solidarizar con los pueblos que sufren la guerra o la agresión de otras naciones, sin perjuicio de que Chile ha constituido su desarrollo finalmente a partir del comercio internacional, y no existen relaciones económicas lógicas y permanentes cuando tiene lugar un conflicto bélico.
Me parece que nuestra actuación en Bosnia-Herzegovina, en Haití y en otros países ha generado una presencia muy importante del nombre de Chile y también de sus Fuerzas Armadas, por lo cual llamo a votar a favor de la solicitud del Primer Mandatario.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , el Senador señor Prokurica ha intervenido como Presidente de la Comisión de Defensa .
Por mi parte, me correspondió encabezar las Comisiones unidas en mi calidad de Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
El asunto que nos ocupa se originó en un oficio del Jefe del Estado mediante el cual este pide prorrogar por un año el plazo para la permanencia del contingente de nuestras Fuerzas Armadas en la ex Yugoslavia.
Como se ha señalado, se trata de un grupo bastante pequeño, pero el hecho de ser el primer país latinoamericano presente en ese ejercicio significa un aporte sustantivo, desde el punto de vista político, de imagen, de aprendizaje, ante lo cual las Comisiones unidas aprobaron por unanimidad lo solicitado.
Por lo demás, como lo expresó el propio Subsecretario de Defensa , señor Izurieta , de continuar la situación de estabilidad en la región mencionada, el próximo sería el último año en que Chile participaría de la misión.
Destacó también que nuestro país tiene un Tratado de Asociación Estratégica con la Unión Europea, por lo cual debe cumplir con las obligaciones que de ello derivan. Añadió que Bosnia-Herzegovina es un problema que preocupa a ese bloque, que valora nuestra presencia allá por ser la única que se registra de un país latinoamericano.
A la vez, debo hacer presente que los costos se están compartiendo con otros Estados. Se trata de montos bastante bajos, los que ahora disminuyen con la reducción de personal.
Así como las Comisiones unidas se pronunciaron a favor por unanimidad, invito a la Sala a aprobar de la misma manera la prórroga por un año de la autorización para la permanencia de nuestros efectivos en Bosnia-Herzegovina.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Cerrado el debate.
En votación.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba la solicitud del Presidente de la República (27 votos a favor, una abstención y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Se abstuvo el señor Frei (don Eduardo).
No votó, por estar pareado, el señor Zaldívar (don Andrés).
DIVISIÓN DE CONDOMINIOS SOCIALES
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- El Senado, en sesión de 22 de noviembre, aprobó en general el proyecto, en segundo trámite constitucional, sobre división de condominios de viviendas sociales. Cumplido el plazo fijado para formular indicaciones, no se presentó ninguna, por lo que corresponde darlo por aprobado también en particular, a menos que se solicite un nuevo plazo para efectuarlas.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7342-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 46ª, en 30 de agosto de 2011.
Informe de Comisión:
Vivienda y Urbanismo: sesión 56ª, en 27 de septiembre de 2011.
Discusión:
Sesión 70ª, en 22 de noviembre de 2011 (se aprueba en general).
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Los incisos primero, quinto y séptimo del artículo 46 quáter contenido en el artículo único tienen rango orgánico constitucional, por lo que debe dejarse constancia del quórum respectivo.
--Se aprueba en particular el proyecto, dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional requerido (27 votos).
VI. ORDEN DEL DÍA
REGULACIÓN DE INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA, SERVICIO ELECTORAL Y SISTEMA DE VOTACIONES
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Conforme a un acuerdo de Comités, corresponde ocuparse en el proyecto, en tercer trámite constitucional, sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones, con informe de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, unidas. La urgencia fue calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7338-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 72ª, en 1 de diciembre de 2010.
En tercer trámite, sesión 81ª, en 14 de diciembre de 2011.
Informes de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 9ª, en 13 de abril de 2011.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Gobierno, Descentralización y Regionalización, unidas (segundo): sesión 68ª, en 15 de noviembre de 2011.
Hacienda: sesión 68ª, en 15 de noviembre de 2011.
Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, unidas (tercer trámite): sesión 82ª, en 20 de diciembre de 2011.
Discusión:
Sesiones 15ª, en 4 de mayo de 2011 (queda pendiente su discusión en general); 16ª, en 10 de mayo de 2011 (se aprueba en general); 68ª, en 15 de noviembre de 2011 (se aprueba en particular).
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
El proyecto se presentó en esta Corporación, y, en el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados efectuó diversas enmiendas a su texto, las cuales fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, unidas, salvo en lo referente a la supresión de los artículos octavo, noveno y décimo, que fue acordado por mayoría de votos.
La eliminación del artículo octavo se aprobó con los pronunciamientos favorables de los Honorables señores Orpis, Hernán Larraín, Bianchi, Kuschel y Pérez Varela, y los votos en contra de los Senadores señora Alvear y señores Sabag, Zaldívar (don Andrés) y Walker (don Patricio).
Por su parte, los artículos noveno y décimo se suprimieron con el pronunciamiento afirmativo de los Honorables señores Orpis, Hernán Larraín, Bianchi, Kuschel y Pérez Varela, y la abstención de los Senadores señora Alvear y señores Pizarro, Zaldívar (don Andrés) y Walker (don Patricio).
En caso de que la Sala acepte lo propuesto por las Comisiones unidas, las enmiendas recaídas en los artículos primero y segundo, permanentes, y 1°, 3° y 9°, transitorios, requerirán 21 votos favorables para su aprobación, por ser normas de rango orgánico constitucional.
El boletín comparado está a disposición de los señores Senadores en sus computadores.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- El proyecto se encuentra en tercer trámite constitucional.
Entiendo que, en general, existe la voluntad de despachar en una sola votación todas las enmiendas introducidas por la Cámara Baja, con excepción de la relativa al artículo octavo.
A fin de asegurar que se reúna el quórum requerido, las someteré a pronunciamiento.
En votación las modificaciones de la Cámara de Diputados, salvo la referente al artículo octavo.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueban (24 votos a favor y un pareo), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
No votó, por estar pareado, el señor Zaldívar (don Andrés).
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente , en el sistema electrónico no quedó registrada mi votación.
El señor TUMA.- Tampoco la mía.
El señor NAVARRO.- Lo mismo sucedió en mi caso, señor Presidente .
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Se dejará constancia de las intenciones de voto afirmativo de los Senadores señores Gómez, Navarro y Tuma.
El asunto que ha sido objeto de discusión se refiere a los incentivos, lo cual se halla en los artículos octavo, noveno y décimo. Las modificaciones recaídas en estos últimos ya fueron votadas, de modo que solo falta pronunciarse respecto a la relativa al artículo octavo.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- En discusión la enmienda de la Cámara de Diputados al artículo octavo.
Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente , hoy en mañana, las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, unidas, tratamos el proyecto que nos ocupa.
La verdad es que logramos un amplio consenso en la mayoría de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. Sin embargo, en el artículo octavo aprobado por el Senado se plantea, más que un incentivo, que las personas que concurran a votar tengan derecho a un descanso compensatorio, dentro de los tres meses siguientes al día de la votación, de común acuerdo con el empleador.
A mi juicio, la norma acordada originalmente por nuestra Corporación -después fue rechazada por la Cámara de Diputados- constituye un incentivo de importancia, dado que con el voto voluntario se busca fortalecer la participación de la mayor cantidad de ciudadanos en nuestro país.
Asimismo, hemos acogido con entusiasmo el compromiso del Gobierno en cuanto a concretar el voto de los chilenos en el exterior.
¿Qué nos interesa con la disposición en análisis, señor Presidente ? Que más personas se motiven a sufragar.
Todos sabemos que en muchos países donde existe el voto voluntario el porcentaje de quienes concurren a las urnas es bajo. Y nosotros deseamos que, ojalá, lo haga la gran mayoría de los 5 millones de nuevos votantes que tendremos para las próximas elecciones municipales.
Por eso, nos parece relevante establecer este tipo de incentivos, porque, efectivamente, los trabajadores podrán disponer de un descanso compensatorio por el hecho de concurrir a sufragar.
Cabe recordar, señor Presidente , que en el Senado habíamos aprobado otros incentivos. Sin embargo, en aras de avanzar y despachar rápidamente esta iniciativa legal para que rija en las elecciones municipales de octubre próximo, resolvimos mantener solo el que contempla el artículo octavo.
En cuanto al argumento esgrimido en las Comisiones unidas, respecto a que esto podría retrasar la tramitación del proyecto al tener que ir al Tribunal Constitucional, debo aclarar que su texto contiene normas de carácter orgánico constitucional, por lo cual igual debe ser visto por dicho Tribunal.
En definitiva, hoy en la mañana las Comisiones unidas estudiaron las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados que ahora analizamos, y en caso de que se aprobara el artículo octavo en los términos en que lo acordó originalmente el Senado, sería posible constituir mañana la Comisión Mixta, y analizar su informe en la sesión ordinaria de la tarde.
Por lo tanto, no habría ningún retraso, porque su tramitación legislativa terminaría antes del 1° de febrero del 2012, con lo cual se respetaría el plazo legal requerido para que el voto voluntario rija en las próximas elecciones municipales.
He dicho.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , en esta oportunidad no deseo entrar en la discusión de fondo de la iniciativa, porque ya la tuvimos en el primer trámite constitucional, cuando debatimos las indicaciones presentadas por un grupo de Senadores de la Concertación para incentivar a las personas, por distintos caminos, a sufragar.
En el contexto del voto voluntario, como una manera de generar entusiasmo cívico, pensando que existe poca educación, poco compromiso o que se corre un riesgo, se presentó una indicación que incorporaba tres artículos, que en su momento fueron muy discutidos y, finalmente, aprobados por mayoría en la Sala.
Sin embargo, la Cámara de Diputados los rechazó. Y quienes votaron en contra no lo hicieron necesariamente por estar en desacuerdo con su contenido, sino porque, en consideración a la necesidad de contar lo más pronto posible con la ley, prefirieron excluir aquellos aspectos que dieran motivo a discusión y que originaran ante el Tribunal Constitucional una acción que significara prolongar en forma indebida su tramitación. Ello, por cuanto esta, en razón del tiempo que la ley requiere a los efectos de su implementación, podría implicar una amenaza para su aplicación y, por lo tanto, que no tuviéramos inscripción automática en las elecciones municipales del próximo año.
Parto de la base de que, independiente de que algunos Senadores, legítimamente, no son partidarios del voto voluntario -ello ha quedado de manifiesto en el debate habido en el último tiempo-, este ya fue adoptado por el país y forma parte de nuestra Constitución. En consecuencia, no nos encontramos en el minuto adecuado para paralizar la inscripción automática, que posibilita el voto voluntario.
Además, si introducimos este tipo de incentivos, aunque sea uno solo, ya que por lo menos hemos avanzado, podremos abrir un espacio de debate en el Tribunal Constitucional que demore su decisión. Porque muchos Senadores pensamos que la iniciativa en examen es de dudosa constitucionalidad. Y si se aprueba, nos vamos a ver obligados a hacer presente una reserva de constitucionalidad, como dijimos, y a llevar la discusión pertinente ante dicho Tribunal.
Lo anterior puede prolongar el despacho del proyecto más allá de lo necesario. ¿Por qué? Porque para contar con inscripción automática el último plazo para promulgar la ley es el 1° de febrero.
En consecuencia, sin perjuicio de la legitimidad de la opinión de quienes desean establecer este y otros incentivos, solicito que no los incorporemos en la iniciativa que nos ocupa, para evitar el correspondiente debate en el Tribunal Constitucional que pondría en riesgo la promulgación de la ley en tiempo.
El Gobierno ha sido requerido no solo respecto al proyecto sobre voto de los chilenos en el exterior o del de educación cívica, como recién recordaba la Senadora Alvear -quien preside nuestra Comisión de Constitución-, sino que también, a solicitud nuestra y mía en particular, ha concordado en fijarle urgencia a una eventual iniciativa de ley que pudieran presentar los autores de la indicación que dio origen a las normas en comento. De manera que, si estas no son aprobadas e incorporadas en el texto y, por ende, se evita la formación de una Comisión Mixta, igual habrá tiempo para tratar y aprobar dicho proyecto, de ser esa la voluntad del Congreso, antes de la elección municipal.
Pero ello tiene un timing distinto. Y nosotros no queremos poner en riesgo la iniciativa de inscripción automática. De ahí que, más allá de entrar a la discusión de fondo, lo que realmente deseamos, a fin de asegurar este compromiso de que el Senado ha dado testimonio, es que no se aprueben las disposiciones mencionadas, no por las observaciones que algunos pudieran formular, sino por un sentido práctico.
Y ya que se plantea realizar esa discusión, ¡hagámosla con tiempo! Si esa normativa la despachamos en agosto o en septiembre del próximo año, podrá entrar a regir en las elecciones de octubre. Pero, si ahora ponemos en riesgo la inscripción automática por sacar adelante una disposición tendiente a concretar la idea que con legítimo derecho plantean algunos Senadores, nos vamos a arrepentir para siempre.
Entonces, por una razón estrictamente práctica y habida cuenta del compromiso del Gobierno de que una vez presentada esa iniciativa de ley le pondrá urgencia, lo que significará su despacho en 2, 3 o 4 meses -incluida la discusión sobre su constitucionalidad, si la hubiere-, estimo que hay suficientes garantías para quienes deseen insistir en ella.
Por consiguiente, anuncio que voy a apoyar la propuesta de las Comisiones unidas.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente , está llegando a su fin la tramitación de un proyecto relevante para nuestra vida democrática, pues implica incorporar a alrededor de 5 millones de personas al padrón electoral y, al mismo tiempo, rejuvenecerlo, ya que, según las cifras que tengo en mi poder, más de 4 millones de esos nuevos electores tienen entre 18 y 34 años de edad.
Por lo tanto, estamos dando un paso significativo para mejorar nuestra democracia, para hacerla más participativa y extraordinariamente inclusiva.
Lo anterior nos debe llevar a pensar, con bastante prudencia y profundidad, qué debemos hacer para lograr una mayor participación de la ciudadanía, teniendo presente que la inscripción automática va unida al voto voluntario.
Por eso, más allá de los motivos prácticos esgrimidos por el Senador Larraín -que comparto-, creo que en el Congreso tenemos que analizar, con mucho mayor capacidad de reflexión, qué hacer para mejorar la participación de los ciudadanos. Y, a lo mejor, en ese debate encontramos esta u otras medidas sobre las cuales sea menester legislar.
Ya se ha hablado, en la discusión al interior de las Comisiones unidas y aquí en la Sala, de la educación cívica. Y cuando se aprobó la última parte del proyecto, el Gobierno se comprometió a mandar como iniciativa legislativa un trabajo que se ha venido desarrollando con los distintos actores políticos y con especialistas en la materia.
Pero pueden surgir muchas otras cosas.
El mecanismo de otorgar un descanso compensatorio a quienes sufraguen ¿es un verdadero incentivo?
El trabajador que, en uso de la estructura jurídica del voto voluntario, no ejerza su derecho a sufragio y, por tanto, no tenga un sistema compensatorio, ¿no se va a sentir discriminado?
Y con relación a las proposiciones en orden a que quienes voten tengan derecho preferente, en caso de igualdad de condiciones, a obtener becas o a acceder a un cargo público, las personas que, conforme a la institucionalidad, decidan no votar -cosa que les estamos permitiendo al caminar hacia la voluntariedad- ¿no se van a sentir discriminadas?
Por ende, más allá de las razones prácticas mencionadas, nosotros, a partir de la aprobación de este proyecto; a partir de incorporar a casi 5 millones de electores al padrón electoral; a partir del rejuvenecimiento de este, deberemos ver con calma, con profundidad, con capacidad reflexiva, qué medidas reales tendremos que tomar para que los chilenos y las chilenas, y en especial los jóvenes, se sientan motivados a participar efectivamente en nuestros procesos electorales.
Estimo que ese aspecto no se agota con una medida en particular; no se agota con una proposición fruto del debate de este proyecto que, en verdad, ha sido importante y fecundo.
Pienso que la Cámara de Diputados resolvió adecuadamente el punto rechazando los artículos introducidos por el Senado. Pero se abre la posibilidad de que de aquí a septiembre podamos estudiar qué otras medidas es factible utilizar para que la estructura legal que rige la materia incentive a los chilenos y las chilenas a concurrir a los distintos centros de votación.
Un mero descanso compensatorio puede generar problemas de discriminación y no cumplir en forma apropiada con el objetivo de estimular a votar, que es lo que les interesa a los autores de la respectiva indicación que, bienintencionadamente, formularon aquí en el Senado.
Por los motivos expuestos, señor Presidente , llamo a la Sala a aprobar el texto despachado por la Cámara de Diputados y a trabajar, desde hoy hasta el mes de septiembre, por una legislación más completa, más compacta, más sistemática, que permita incentivar la participación ciudadana en los actos electorales.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro Secretario General de la Presidencia.
El señor LARROULET ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).- Señor Presidente , estamos culminando un proceso de trabajo donde el Honorable Senado ha cumplido un rol muy importante con relación al proyecto en debate, el cual permite, finalmente, la inscripción automática y, por tanto, la incorporación de aproximadamente 4,5 millones de chilenos al padrón electoral.
Además, esta iniciativa legal consagra muchas innovaciones en el sistema electoral. Por ejemplo, crea el Consejo Directivo del Servicio Electoral que estará integrado por cinco miembros propuestos por el Presidente de la República , previa aprobación de los tres quintos de los miembros en ejercicio del Senado, con lo cual también avanzamos hacia una modernización de la institucionalidad electoral del país.
Es muy importante -y en ello se ha centrado el esfuerzo del Ejecutivo y del Congreso Nacional- que esta ley rija para las elecciones municipales de alcaldes y concejales que se celebrarán en octubre del 2012, por lo cual su urgencia fue calificada de "discusión inmediata" durante el último tiempo, a fin de cumplir los plazos correspondientes.
De acuerdo a los tiempos necesarios para asegurarnos el buen funcionamiento de la inscripción automática -como se dijo durante el debate en esta Sala hace más o menos un mes y medio-, la ley respectiva debe publicarse el 1º de febrero del próximo año. A esa fecha estaremos cumpliendo con lo que el texto de esta iniciativa señala: se requieren 270 días para garantizar el buen funcionamiento del importante logro que el país está alcanzando, a través de los distintos pasos que dará el Servicio Electoral.
Quiero comentar que el 70 por ciento de los países de la OCDE tiene un mecanismo de inscripción automática y 82 por ciento de ellos cuenta con un sistema de voto voluntario. Y si uno analiza los últimos cincuenta años de vida electoral de esas naciones, podrá concluir que los niveles de participación de la ciudadanía son claramente superiores a los que nosotros mostramos hoy.
El padrón electoral -como todos sabemos- se ha envejecido. En la actualidad, solo 9 por ciento de la población joven se halla inscrita en los registros electorales, mientras que a principios de los 90 llegábamos a 36 por ciento.
En suma, el proyecto que nos ocupa significa un avance sustancial en lo que a todos nos convoca: el perfeccionamiento de la participación, el respaldo y el respeto por nuestras instituciones democráticas.
Sin embargo, como ya se planteó en este Hemiciclo, se han formulado varias inquietudes sobre distintos aspectos que se relacionan con el impacto que esta iniciativa puede tener en la participación ciudadana.
Por ello, dada su acción en los debates de este proyecto, el Ejecutivo hoy día quiere manifestar su preocupación, al igual como lo señaló en la reunión de las Comisiones unidas celebrada hoy en la mañana, en el sentido de que si bien creemos que el proyecto avanza sin duda alguna en la inscripción automática y comparte el resultado y el efecto que genera la reforma constitucional aprobada en el Gobierno de la entonces Presidenta Michelle Bachelet , cuya consecuencia fue consagrar el voto voluntario, también debemos progresar en ámbitos vinculados a la participación y a las salvaguardias que apunten en esa dirección.
Por eso, debo puntualizar expresamente que acogimos los planteamientos expresados en el Senado, en especial una indicación presentada en su momento por los Senadores señores Gómez , Walker ( don Patricio) y Quintana , y las observaciones de otros miembros de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Gobierno, Descentralización y Regionalización, en orden a introducir un cambio a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.
Si se lee el artículo 29 de dicho cuerpo legal, podremos concordar en que claramente resulta insuficiente desde el punto de vista de lo que necesitamos en materia de educación cívica. Por eso, el Ejecutivo se compromete a enviar a más tardar en el mes de enero del próximo año -ya estamos ad portas de él- una indicación a ese proyecto, que nos permita avanzar en materia de educación cívica.
Asimismo, fue planteada hoy día en las Comisiones unidas la preocupación por el mal uso hecho por distintos sectores -no quiero mencionar a nadie en particular- de la influencia en el electorado respecto de su decisión voluntaria y secreta en el voto. Por ello, el Ejecutivo está abierto a considerar un aumento en las sanciones de aquellas prácticas.
Y, por último -como indicó el Senador señor Hernán Larraín -, también estamos dispuestos a estudiar nuevas propuestas que en esta línea se puedan realizar para que el Gobierno dé las prioridades correspondientes, con el objeto de que se puedan trabajar en el Congreso y, de esa manera, seguir perfeccionando nuestra institucionalidad.
No obstante, debo subrayar -en este aspecto quiero ser muy transparente y honesto- que para que la ley en proyecto se aplique en las próximas elecciones municipales requiere ser publicada -como dije- el 1º de febrero del 2012.
Debo informar asimismo que esta iniciativa legal se encuentra acompañada de otra muy transcendente que forma parte de la agenda de reformas democráticas impulsadas por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera: el proyecto de ley sobre primarias que probablemente estará en tabla para la sesión de mañana de la Cámara de Diputados, lo que también es la consecuencia de un amplio consenso entre todos los sectores políticos.
Queremos que las normativas de ese proyecto estén en condiciones de ser aplicables para las elecciones municipales de octubre del 2012.
En suma, llevaremos al Tribunal Constitucional a lo menos dos iniciativas legales trascendentes durante el mes de enero que deben ser aprobadas a más tardar a fines del mismo mes, con la finalidad de que puedan ser aplicables en la elección municipal de octubre del 2012.
En vista del espíritu que se registró en la Cámara de Diputados a lo largo de la tramitación de ambos proyectos y del ánimo observado en las conversaciones que sostuve con la mayoría de los Senadores presentes para que ojalá en el día de hoy podamos respaldar las modificaciones de la Cámara de Diputados, espero que concurramos inmediatamente al Tribunal Constitucional con la importante iniciativa legal que nos ocupa.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , no son pocos los ciudadanos que no creyeron en el avance que este proyecto ha tenido, a pesar de que estamos a treinta días o poco más de que venza el plazo en que el Congreso Nacional debe despacharlo.
Muchos creíamos que jamás vería la luz una iniciativa legal que posibilitase, sin necesidad de acudir a un registro electoral, un procedimiento de inscripción automática para que todos los ciudadanos puedan, a partir de ese reconocimiento, concurrir, sin previo trámite, a elegir a las autoridades.
Me parece muy importante el compromiso asumido por el Ministro el día de hoy en materia de enseñanza. Porque la mayor parte de los ciudadanos -los inscritos que elegían y, con mayor razón, los que no elegían- no ha tenido muy claro cuáles son las facultades de un concejal, un alcalde, un diputado , un senador, un intendente. No lo saben. Y, por tanto, es indispensable que los electores -que ahora podrán votar sin trámite alguno y en forma voluntaria- cuenten con la información debida en cuanto a quién elegir y para qué.
A veces se distorsiona el rol de los representantes populares, porque se vota por alguien creyendo en una expectativa o en un rol que no posee. Por tanto, es indispensable reponer lo que regía en el Chile republicano: las clases de educación cívica, la capacitación a los ciudadanos respecto del significado de cada una de las autoridades.
El voto voluntario quiere decir que todos los ciudadanos están en igualdad de condiciones. Y deseo corregir a quienes han señalado que iniciativas como la compensación del medio día serían subsidios o incentivos. Al respecto, es preciso comparar la situación de igualdad de oportunidades del ciudadano que por ir a votar, sacrificarse, hacer cola y esperar, va a perder medio día en que podría ir a la playa, al campo, o quedarse en su casa descansando, con la de quien prefiere no participar en la elección y descansar. Es claro que ambos no están en igualdad de condiciones. Porque alguien puede decir que no acudirá a sufragar, que va a quedarse en su casa o que va a ir a la playa.
Lo lógico es compensar, lo que no constituye incentivo, sino la justa compensación a quien sacrifica un día de descanso -normalmente las elecciones se hacen los domingos-, para concurrir a las urnas. No lo entiendo como incentivo, sino como la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos para elegir, voluntariamente, si van a votar o no. Porque, de no darse una compensación a quien hace un esfuerzo para participar en los comicios, sacrificando un día de descanso, en verdad se le está poniendo una barrera.
Lo del transporte también es muy importante. Porque la situación no es la misma para aquel que está a tres o diez cuadras del lugar de votación que aquel que se encuentra a 40 kilómetros y carece de locomoción propia. Este último puede querer ir a votar para hacer uso de su derecho, pero no tiene cómo llegar al local respectivo.
Por tanto, puede ser que algunos ciudadanos tengan la sede de votación muy cercana a su domicilio y otros tengan la dificultad de la lejanía del local y la ausencia de medios de transporte por ser festivo. De manera que el Estado también debe obligarse a colocar el transporte necesario, especialmente en los sectores rurales, que son los más afectados.
Invito al Ministro -quien ha planteado una serie de condiciones relativas a la democratización- a poner urgencia a los proyectos vinculados con las facultades de los consejeros regionales y con su elección.
Constituye una burla que los parlamentarios y también el Ejecutivo estemos incumpliendo el compromiso de avanzar en esa materia simultáneamente con esta iniciativa legal. Queremos elegir a alcaldes, concejales y a los consejeros regionales con inscripción automática y voto voluntario.
Como el Ministro va a tener la oportunidad de seguir interviniendo, lo insto a decirnos qué va a hacer con el compromiso en materia de transporte, para dar igualdad a todos en la votación, y qué va a hacer con el compromiso relativo a la elección de los consejeros regionales.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente , sin duda alguna, estamos dando un paso importante para rejuvenecer y revitalizar el padrón electoral y nuestra democracia, ya que en 1989 los menores de 30 años representaban el 30 por ciento del electorado y hoy en día, solamente el 9 por ciento.
Y qué bueno que 4,5 o 5 millones de chilenos puedan participar en las próximas elecciones.
Deseo dejar claro que queremos que la inscripción automática y el voto voluntario -ya aprobado- rijan a partir de las próximas elecciones municipales. Y tenemos plazo hasta el 1° de febrero para que esté publicada esta ley y, en consecuencia, podamos encuadrarnos dentro de los 270 días de plazo que se requieren.
En cuanto al riesgo de la no participación o de la baja participación y de la elitización del voto, quiero recordar la experiencia de Suecia, donde, como decía la Senadora Allende, a pesar de que el voto es voluntario, la gente participa. Pero en países de América Latina las personas participan menos que en naciones donde el sufragio es obligatorio.
Por eso, hemos planteado el incentivo mínimo del descanso compensatorio. Es decir, que a la persona que vota el domingo, en los próximos tres meses su empleador le tiene que dar media jornada libre.
Algunos dicen que eso es una discriminación arbitraria, que afecta la igualdad ante la ley, que sería inconstitucional. En mi opinión, no es así. Por ejemplo, en el caso de la conscripción militar en Chile -que en la práctica es voluntaria-, ella opera con incentivos: al joven que hace el Servicio Militar le dan subsidios, puntaje para la universidad, becas; en fin, diversos beneficios que no son discriminatorios, arbitrarios ni inconstitucionales. Porque la igualdad se mira en función de los que mantienen la misma conducta -tema relativo-, y no en relación con la generalidad. Y por supuesto en el caso en debate va a haber el mismo incentivo para todos los que sufraguen o participen en el acto electoral.
Esto no es un invento. Rige en Colombia, donde se buscó el incentivo, precisamente, para contrarrestar la baja participación de la ciudadanía.
A todos nos encantaría que la inmensa mayoría votara, como en el caso de Suecia, por un gran compromiso cívico, por una gran conciencia cívica; pero sabemos que eso es el ideal y, desgraciadamente, lo perfecto en este caso es enemigo de lo bueno.
Algunos se preguntan por qué establecer incentivos si es un deber ir a votar. Bueno, entonces para qué el voto voluntario, que ya fue aprobado.
En consecuencia, considero que no hay incompatibilidad entre ambos elementos.
Señor Presidente , estamos hablando de un incentivo general. Porque algunos Senadores han planteado que con el voto voluntario, única y exclusivamente, puede haber cohecho o incentivos particulares de algunos candidatos para que vayan a votar por ellos. Yo prefiero un incentivo general, donde no haya motivación económica y la posibilidad de acarrear a los votantes el día de la elección.
Claramente, todos estamos por la inscripción automática y el voto voluntario. Eso ya está aprobado. No hay discusión; y queremos que operen a partir de las próximas elecciones municipales.
Algunos han planteado que sería popular implementar la inscripción automática y el voto voluntario. Para mí eso no es lo importante. Pero, si entramos en esa lógica, yo creo que también es tremendamente popular que haya un descanso compensatorio. Es decir, a la persona que vota y que dedica una mañana completa a ello, que le den media jornada como descanso compensatorio.
De todos modos, el articulado del proyecto igual va al Tribunal Constitucional, porque es ley orgánica constitucional. En consecuencia, con aprobar esto no se retrasaría en nada el proceso.
Me alegro de que el Ministro se haya comprometido a patrocinar un proyecto para impulsar la educación cívica. ¡Qué bueno! Pero no de que no se haya comprometido a patrocinar una iniciativa que establezca el descanso compensatorio, por lo cual no vamos a contar con los incentivos necesarios para que efectivamente la gente vaya a votar, participe y se logre el objetivo que todos pretendemos: que exista más participación y no menos participación, que no se produzca elitización del voto. En la última elección, en La Pintana, de 10 mil jóvenes que podían emitir sufragio y cuyas edades iban de los 18 a los 19 años, votaron 200; en Las Condes, 4 mil. Eso es elitización y afecta la calidad de nuestra democracia.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente , desde hace algún tiempo, estamos tratando -y creo que tenemos coincidencia en el diagnóstico- de buscar los mecanismos para compensar lo que ha venido aconteciendo crecientemente en nuestro país. Mientras no contemos con inscripción automática -ahora, como todos sabemos, la inscripción es voluntaria- irá envejeciendo cada vez más el padrón electoral, pues muchos jóvenes, teniendo la edad y las condiciones para votar, no se inscriben. Las últimas elecciones nos han demostrado cómo ha ido disminuyendo el número de electores.
Aquello, claramente, afecta a la democracia, porque lo ideal es que participe la mayor cantidad posible. Y en ese sentido estamos completamente a favor del proyecto, que nos parece positivo.
Por otro lado, celebramos el anuncio del Ministro en cuanto a que mañana ya estará en condiciones de votarse en la Sala de la Cámara de Diputados la iniciativa sobre elecciones primarias. Creemos que es un muy buen instrumento, y lo felicito a él porque ello sea posible.
Ahora bien, comparto lo manifestado por el Senador Tuma en cuanto a que ojalá pudiéramos agregarle a eso la elección directa de los consejeros regionales.
Hay que acelerar esta materia y el mecanismo para hacerlo, señor Ministro , es la "discusión inmediata", puesto que, de lo contrario, se nos irá quedando atrás. Ella debiera ser tan válida como la de este proyecto para la próxima elección municipal.
Por cierto, no puedo dejar de mencionar -y es un debate que ya hemos tenido, pero, como el Ministro se refirió a algunos aspectos generales, no me es posible soslayarlo- que, en mi opinión, le haría bien a nuestra democracia si alguna vez incorporáramos la consulta o el plebiscito, así como también, obviamente, el compromiso adquirido por este Gobierno -espero que lo cumpla, como personalmente me lo dijo el Presidente Piñera en abril del año pasado- respecto del voto de los chilenos en el exterior.
Pienso que ya es hora de abordarlo, no darle más vueltas y no seguir con discusiones que no nos llevan a ningún lado, como la de las condiciones, algunas bastantes absurdas y claramente discriminatorias y elitistas. Llegó el momento de que los chilenos también puedan votar en el exterior, sin otra limitación que la de inscribirse en los respectivos consulados.
Por lo tanto, yo espero -está presente el Ministro - que ese compromiso se haga realidad y contemos con la correspondiente normativa, la cual no reviste la premura de este proyecto, necesario para la próxima elección municipal, pero de todas maneras queremos tener la garantía de que estará lista para la siguiente elección presidencial.
Dicho eso, señor Presidente , deseo precisar que la inscripción automática permitirá la incorporación de 4 o 5 millones de personas que ojalá ahora concurran a votar.
En un año en que hemos visto tantas demostraciones ciudadanas en las calles, confío en que esto sea una lección que sirva para darnos cuenta de que, en la medida en que se participa en un proceso eleccionario, este adquiere mayor legitimidad y hay un creciente grado de compromiso de las personas en cuanto a qué tipo de autoridades eligen y para qué las eligen.
En tal sentido, es de esperar que todas estas movilizaciones nos dejen aquella lección y los jóvenes entiendan que ya no tendrán que ir a inscribirse -lo estarán automáticamente- para usar la herramienta de la democracia, votando y decidiendo quiénes serán sus autoridades en todos los niveles: local, regional, presidencial.
Ahora bien, señor Presidente , yendo directamente a la materia que ahora está en debate, deseo señalar que me parece necesario que haya un compromiso del Gobierno en cuanto a facilitar el transporte de los electores. No es lo mismo facilitarlo a través de las gobernaciones, cuando el voto es obligatorio, que hacerlo ahora, cuando el voto será voluntario.
En consecuencia, le ruego al Ministro -que en este momento está conversando con un colega- que escuche este planteamiento, porque no es menor. Repito: no es lo mismo asegurar el transporte cuando el voto es obligatorio que hacerlo cuando el voto es voluntario. Por eso, espero que haya un compromiso del Gobierno, por la vía de las gobernaciones, en orden a garantizar el traslado de los ciudadanos, para que realmente exista igualdad. Todos sabemos que hay localidades rurales alejadas de los centros de votación donde los pobladores deben incurrir en un gasto para concurrir a sufragar.
Por otro lado, aquí se ha mencionado un hecho que, desgraciadamente, atentaría contra el más rápido despacho del proyecto. Al respecto, deseo manifestar con claridad mi total rechazo a aquellas insinuaciones según las cuales nosotros pretenderíamos dilatarlo. Es todo lo contrario. Varias veces -y al Ministro le consta- insistí en que se le pusiera "discusión inmediata", pues, de lo contrario, no saldría. Por tanto, la situación es al revés: nuestra posición -por lo menos la que yo he sustentado- ha sido la de apoyarlo.
En lo personal, me parece bastante razonable otorgar medio día de descanso a la gente que concurra a votar. Y, ¡ojo!, si participan varios millones más, el tiempo de espera en las colas se triplicará en comparación al que se observa en la actualidad, que es de dos o tres horas en los recintos más concurridos. Por consiguiente, habrá que contar con una organización bastante mejor.
En definitiva, señor Presidente , voy a votar a favor para que este proyecto salga lo antes posible, porque no quiero oír ninguna excusa, ¡ninguna!, ni siquiera la de su revisión por el Tribunal Constitucional, para tolerar una dilación que implique que la ley no esté publicada el 1° de febrero.
Por último, anuncio que me voy a adherir a la moción que se presentará y respecto de la cual esperamos tener patrocinio, a objeto de que efectivamente existan compensaciones para quienes concurran a sufragar.
Por supuesto, voy a votar a favor para facilitar el despacho de esta iniciativa.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , creo que aquí hay algo claro: todos queremos que este proyecto sea despachado a la brevedad para que sus normas entren en aplicación en la próxima elección municipal.
Ahora bien, muchos -yo lo planteé varias veces- estiman que el voto voluntario no era lo mejor para el sistema electoral chileno. Sin embargo, es un tema ya resuelto. La experiencia en el mundo, salvo excepciones, demuestra que la participación ciudadana disminuye con esa modalidad.
No olvidemos que el año 88 se inscribieron voluntariamente 8 millones y medio de chilenos, para recuperar la democracia. En esta oportunidad se destaca la incorporación de 4 millones de electores; pero, en esa época -repito-, fueron más de 8 millones. Había voluntad de participación democrática.
Con el transcurso del tiempo el padrón se ha ido reduciendo. Efectivamente, se han marginado del derecho a votar más de 4 millones de chilenos, en especial gente joven. En mi opinión, la inscripción automática responde a esa situación, y me parece muy bien. Ojalá todo resulte como se espera.
Nosotros hemos planteado algunas observaciones y precauciones en cuanto a la forma en que se elaborará el nuevo padrón, el cual esperamos que sea lo menos impugnado posible en la próxima elección municipal. El Gobierno tendrá que asumir tal responsabilidad, por supuesto con el concurso de todos, para que aquel sea un padrón ejemplar, que permita mantener el prestigio electoral que ha exhibido nuestro país durante toda su historia cívica, donde los resultados se entregan en menos de dos o tres horas, en el caso de elecciones unipersonales, y en menos de tres o cuatro, si se trata de elecciones pluripersonales.
Yo soy partidario de otorgar, no incentivos, sino motivaciones para la participación, con el fin de evitar una baja concurrencia y hacer que el voto sea menos optativo.
Por eso, me pronuncié a favor del Artículo Octavo, que no contiene ningún incentivo; en el fondo, es el reconocimiento del sacrificio que realiza el ciudadano que va a votar y que no hace quien decide permanecer en su casa. Por lo tanto, la compensación de medio día es razonable y lógica.
Ahora, se ha dado el argumento -y respeto a los colegas que lo han utilizado, algunos de los cuales han señalado incluso que su deseo es facilitar el despacho de la iniciativa evitando el trámite de Comisión Mixta- de que el rechazo de la modificación propuesta por la Cámara de Diputados retrasaría la entrada en vigor de la ley porque eso significaría ir al Tribunal Constitucional. A ellos quiero decirles que el proyecto de todas maneras debe pasar por dicho órgano, pues sus normas, de rango orgánico, requieren una revisión de esa índole, de tal modo que serán los miembros del Tribunal los que deberán tomar las acciones necesarias para no ser responsables de que la normativa no se pueda aplicar.
Ahora, el Senador Hernán Larraín señalaba que a lo mejor esto iba a tener que ser objeto de un requerimiento constitucional. Si todos estamos de acuerdo y se aprueba la motivación -es decir, el Artículo Octavo-, les pido que no lo presenten y dejen que el Tribunal resuelva el asunto de acuerdo con su propia apreciación. No tiene para qué llegarse a un requerimiento.
Por lo tanto, si acaso se llega a aprobar esta disposición motivacional, de participación, desde ya le solicito a quien pretenda recurrir a dicho mecanismo que no lo haga.
Por lo demás, en la Cámara de Diputados se presentó, en el día de hoy, una moción que tiene por objeto establecer incentivos para votar. Así que yo le pido al Gobierno que haga efectivo su compromiso de darle su patrocinio -por supuesto, nosotros la apoyaremos-, a fin de lograr algo que es esencial en el sistema democrático: ampliar, motivar y facilitar la participación ciudadana.
Por otro lado, ¿cómo se transporta a la gente el día de la elección? ¿Cómo se la motiva a que vaya?
Ahí surge el tema de la educación cívica. Resulta absolutamente necesario que la población sepa qué significa elegir a un representante, así como las funciones que este cumple y los compromisos que adquiere con la ciudadanía.
Señor Presidente , yo me voy a abstener, con el objeto de evitar que alguien piense que mi idea es impedir la aprobación del proyecto. Pero, normalmente, yo hubiera votado por rechazar el informe de la Comisión y, en consecuencia, aprobar el Artículo Octavo, que considero bueno, conveniente y necesario, aunque tal vez insuficiente.
Gracias.
El señor CANTERO.- Pido la palabra, señor Presidente, para referirme a un punto de Reglamento.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- La tiene, Su Señoría.
El señor PIZARRO.- ¡Estamos en votación!
La señora ALLENDE.- ¡No!
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Todavía no estamos en votación, señor Senador.
El señor CANTERO.- En nombre del Comité Independientes, solicito que, de ser posible, se abra la votación, sin perjuicio de mantener los tiempos.
El señor BIANCHI.- Me opongo, señor Presidente .
El señor GIRARDI ( Presidente ).- No hay acuerdo para abrir la votación.
Su compañero de Comité no lo permite.
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente , hoy estamos votando uno de los cambios más trascendentales y de fondo en el ámbito político.
A mi juicio, el hecho de incorporar a casi 5 millones de votantes -personas que no han manifestado su opinión en elecciones- es uno de los cambios más revolucionarios que se va a producir en el tiempo y que va a obligar a la política a realizar ciertas reformas en cuanto al modo en que ella se practica y a lograr que la gente crea lo que plantea cada uno de los candidatos. Por eso, considero que es una de las transformaciones más relevantes en este ámbito.
Sin embargo, hay cosas que a uno le preocupan.
Lo importante es sacar una buena ley, no una ley apurada. Quiero decir que el Gobierno demoró seis meses en propiciar su discusión a raíz del voto de los chilenos en el extranjero. O sea, el proyecto lo podríamos haber sacado hace mucho tiempo si ese punto se hubiera resuelto con prontitud. Sin embargo, entiendo que el Gobierno se comprometió -y espero que cumpla- a que la iniciativa sobre voto de los chilenos en el exterior estaría vigente para las próximas elecciones presidenciales, porque ese fue el acuerdo a que se llegó durante la discusión que permitió continuar con el debate de la materia en estudio.
En cuanto al punto específico que estamos viendo ahora, pienso que una buena ley también debe contar con incentivos que permitan a los ciudadanos tener razones para emitir su sufragio. Y eso parte, primero, porque exista educación cívica. El Ministro dijo -¡qué bueno que así vaya a ser!- que se va a presentar un proyecto de ley que en definitiva facilitará su enseñanza. Hay que educar a los jóvenes para que sepan lo importante que es, en un sistema con inscripción automática y voto voluntario, manifestar la opinión, sobre todo cuando el sufragio de cada uno de ellos será determinante para elegir a quienes ocuparán cargos de senadores y diputados, de alcaldes y concejales y hasta de Presidente de la República .
Por lo tanto, es indispensable contar con educación cívica y me alegra que así lo haya entendido el Gobierno.
Sin embargo, hay otros temas que también han quedado fuera y que son muy relevantes, como las facilidades que hay que darle a la gente para que vaya a votar. Por eso, planteamos que era indispensable la gratuidad en la movilización el día de las elecciones. No se trata de acarrear personas, ni de que cada candidato agarre una micro y traslade a los votantes, sino de que el sistema de transporte funcione en forma gratuita durante la jornada, ya que, de lo contrario, los electores de escasos recursos deberán gastar 600 pesos de ida y 600 de vuelta para ir a votar, lo cual constituye una limitación.
Nos parece relevante que ello quede establecido como un incentivo, pues no significa regalar nada, sino facilitar la participación de quienes van a emitir su sufragio, cuestión que es muy trascendente.
Desgraciadamente, señor Presidente, estos temas no se resolvieron bien, aunque espero que sean considerados en leyes posteriores. Porque, si vamos a hacer un cambio estructural y de fondo, deben existir condiciones para que todos los chilenos voten. Si no, la votación disminuirá.
Hay dos cosas que me preocupan aún más, que también planteamos como indicaciones y que tampoco fueron aceptadas. Ellas tienen que ver con el aumento del gasto electoral.
Yo le quiero decir, señor Presidente , que con el actual sistema, para las elecciones presidenciales había un límite de gasto electoral de 5 mil 339 millones de pesos, monto que con la nueva inscripción subirá a 8 mil 110 millones de pesos. O sea, hay un aumento de 2 mil 771 millones de pesos para gastar en elecciones. Y esto hay que ampliarlo al resto de los procesos eleccionarios.
En el caso de la municipalidad de Antofagasta, actualmente el gasto límite asciende a 88 millones, cifra que con la nueva ley aumentará a 172 millones.
En consecuencia, esto en verdad debió haber sido resuelto con anterioridad, tal como se lo planteamos al Gobierno.
Ahora, a los independientes -aquí está presente el Senador Bianchi- les subieron a un 40 por ciento las firmas que requieren para poder participar en el sistema electoral.
Si bien nos parece muy importante generar este espacio, también lo es evitar que existan restricciones a quienes no forman parte de los grandes bloques políticos y que tienen capacidad o intención de participar en la política de una manera distinta.
A pesar de estar de acuerdo con dar incentivos, no tengo ninguna intención de que la tramitación del proyecto demore más. Por eso -se lo he dicho al Ministro -, existiendo voluntad de parte del Gobierno para cumplir lo que se ha manifestado tanto en la Sala como en la Comisión, consideramos valioso aprobar la iniciativa a fin de que se concrete el compromiso de ingresar el proyecto de ley que tiene que ver con educación cívica y para que se establezcan criterios claros respecto de ciertos incentivos que son relevantes.
En mi concepto, señor Ministro, el tema de la movilización es significativo. Para una familia que gana 150 mil o 200 mil pesos, el costo de acudir a votar es tremendamente alto, de manera que el Gobierno y todo el Estado pueden y deben buscar fórmulas para dar las mayores facilidades.
Con las prevenciones que he formulado, y porque no quiero que el proyecto se demore, así como tampoco que se ocupe el subterfugio de decir que estamos en contra de la inscripción automática y el voto voluntario, me pronunciaré a favor.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, lo primero que quiero manifestar es que lamento mucho el rechazo de la Cámara de Diputados a la posibilidad de otorgar incentivos para que los ciudadanos puedan expresar su voto en forma voluntaria.
Digo esto porque el debate que tuvimos respecto de la inscripción automática prácticamente no generó mayor controversia. Todos estuvimos de acuerdo en posibilitarla con el objeto de incorporar al padrón electoral a todos aquellos chilenos y chilenas que voluntariamente habían decidido no inscribirse.
La discusión, entonces, se centra en torno a si el voto, una vez que se concreta la inscripción, debe ser voluntario u obligatorio.
Yo era partidario de la inscripción automática y el voto obligatorio. Sin embargo, se aprobó el voto voluntario, producto de la campaña y de compromisos asumidos. No es del caso repetir ahora ese debate.
Lo fundamental entonces es que, habiendo inscripción automática, posibilitemos que los chilenos vayan a votar. Eso significa otorgar las máximas facilidades para que, quienes voluntariamente quieran ir a sufragar el día de la elección, lo puedan hacer.
Y este proyecto de ley no garantiza ninguna de esas cosas, pues no establece -como se ha dicho acá- que se dispondrá de transporte para permitir el desplazamiento de aquellos chilenos y chilenas de los sectores rurales o más aislados, por ejemplo. Dado el costo que implica para cada persona, si no se provee de locomoción, en algunas zonas lisa y llanamente será imposible que esos electores lleguen a los locales de votación.
Por consiguiente, no estamos procurando las facilidades suficientes.
Esa es la razón por la cual los incentivos empiezan a adquirir sentido. Y el que se plantea en el artículo octavo, relativo a media jornada de descanso para los trabajadores dependientes, me parece elemental. Porque digamos las cosas como son: si el voto es obligatorio, los empleadores de toda faena, trabajo o servicio cuyos funcionarios se encuentran en operaciones el día de la elección, están obligados a darles facilidades a estos para ir a sufragar; en cambio, si es voluntario, no tienen por qué hacerlo.
Entonces, mi pregunta es: ¿qué va a pasar con la gente que trabaja en turnos mineros, en el sector de hotelería o en el área de servicios o de transportes? Aunque alguien quiera ir a votar, bastará que el patrón le diga, por distintas razones, que no irá y se acabó la factibilidad de que ese ciudadano pueda expresar voluntariamente su voto.
Ese es un problema gravísimo para nuestro sistema democrático.
Por lo tanto, se trata de que a todos aquellos que van a estar inscritos se les otorguen facilidades para ir a sufragar. Es ahí donde realmente se puede garantizar el principio de la voluntariedad. Eso es lo que posibilita su aplicación.
Porque aquí algunos han rasgado vestiduras con que se está violentando ese principio y con que no se puede obligar a las personas.
En esta misma Sala establecemos regulaciones y obligaciones a las personas y les prohibimos cualquier cosa. Sin embargo, no les damos facilidades para que puedan manifestar su voto en consciencia y de manera secreta.
Discrepo de aquellos colegas que se alegran por el proyecto de ley de primarias. Quiero decir con todas sus letras que es el mal menor.
Lo que me gustaría escuchar del Ministro es que el Gobierno se va a comprometer a modificar el binominal. Este es una camisa de fuerza, que tiene atragantada, atravesada, a la gente en un sistema que no posibilita la diversidad de candidatos, ni que los partidos lleven varios postulantes, ni que los independientes presenten las listas que quieran, ni que haya representatividad al momento de elegir.
¿Qué son las primarias? Estas vienen en solucionar el conflicto que se produce por los pocos espacios que hay en las listas para llevar candidatos.
Eso son.
Pero ese no puede ser el fin. El objetivo de un sistema electoral es posibilitar la participación ciudadana, la representatividad real de los distintos puntos de vista en una sociedad.
Como el Ministro "está pololeando" y no escucha mi exposición acerca de este tema -el Gobierno no ha oído-, voy a volver a insistir en que lo importante, señor Ministro , es el envío de un proyecto de ley que modifique el sistema electoral binominal. Sobre el particular, hemos visto voladores de luces, pero no hemos escuchado ningún compromiso en la Sala. Se han referido a esta materia el Presidente de la República y algunos Secretarios de Estado. Sin embargo, el Ministro Larroulet , el responsable legislativo, no ha dicho nada respecto de la única reforma electoral importante y fundamental para la democracia en nuestro país.
Así es que, yo por lo menos, voy a seguir la línea de abstenerme de votar en esta iniciativa. Tampoco he oído que el Ministro se comprometa a asumir como propio un proyecto que incluya el derecho a media jornada de descanso para aquellos trabajadores que votan.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente , he escuchado muy atentamente todas las intervenciones. La última, del Senador Pizarro, sin duda, me ha hecho mucho, mucho sentido. Y reclamo acá lo mismo que él, y que seguramente compartimos la gran mayoría: cuándo vamos a abordar de verdad una reforma al sistema binominal.
Quiero intentar reflexionar, por si alguien está viendo a esta hora este debate, sobre el esfuerzo que despliega un elector para ir a votar y cuál podría ser el incentivo.
Más allá del legítimo estímulo de otorgar media jornada libre a una persona si va a votar un día domingo, siento que, de una buena vez, el principal incentivo debería ser que la clase política recupere su credibilidad, renueve lo desgastado que se halla.
Eso son verdaderos estímulos.
El real incentivo es recoger el clamor de un país, de una ciudadanía que reclama por innúmeros temas. Porque, desgraciadamente, no hemos sido capaces ni de adelantarnos ni de atender sus demandas, lo cual nos han llevado en el último tiempo a desafortunados desencuentros.
Me parece que ese es el verdadero incentivo que cualquier elector, que cualquier chileno, va a preferir por sobre el estímulo que hemos debatido durante toda esta tarde.
En cuanto a que habrá 4 millones y medio de futuros electores, debo señalar, con sinceridad, que lo peor que uno puede hacer es mentirse a sí mismo, creerse su propia invención de que se va a incrementar el padrón electoral o de que va a aumentar el número de personas que irán a votar si sigue existiendo la misma clase política.
Por eso tiene tanto sentido, señor Presidente , una reforma al sistema binominal, que efectivamente oxigenaría.
Deseo aclarar que yo soy el que menos pretende entrabar este proyecto de ley. No obstante, como contiene normas que revisten rango orgánico constitucional, va a pasar sí o sí por el Tribunal Constitucional.
Voy a hacer reserva al respecto, porque en toda esta discusión no encontré jamás voluntad ni en el Gobierno ni, desafortunadamente, en muchos colegas para lograr lo que establece el artículo 18 de la Constitución: la igualdad entre independientes y personas que tienen militancia política.
Por eso, creo que hoy más que nunca estoy obligado a realizar esta presentación, pues no puedo dejar pasar una posibilidad como esta para hacer verdadera justicia; para intentar que existan iguales condiciones, que se abra esta posición tan cerrada, tan estrecha, donde unos pocos pueden participar y la gran mayoría carece de la opción de hacerlo.
De paso, agradezco una vez más la contribución que en esta materia ha hecho el Senador Gómez y también lo que acaba de señalar el Honorable señor Pizarro , quien me antecedió en el uso de la palabra.
Sin el ánimo de no querer avanzar, todo lo contrario, me reservaré el derecho de formular esta presentación al Tribunal Constitucional. Como de todos modos el proyecto tiene que pasar por el control de ese organismo, no se producirá un retraso en su tramitación debido a ella.
Reitero que un verdadero incentivo que apreciaría todo el país sería que la clase política se abocase a trabajar en los asuntos que nos reclama la ciudadanía y no a llevar a cabo discusiones estériles que no nos han permitido recuperar algo esencial en política: la credibilidad.
He dicho.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide; después, el Senador señor Orpis.
El señor RUIZ-ESQUIDE .- Señor Presidente , estimados colegas, voy a votar que sí, al igual que anteriormente, sobre la inscripción automática, que es una obligación, para que pongamos las cosas en perfecto castellano.
La inscripción automática es exactamente lo mismo que la inscripción obligatoria.
Segundo: pareciera que ahora todos estamos hablando de que el voto debería ser obligatorio, no obstante, hubo que votar que sea voluntario.
Eso es verdad. Así son los hechos políticos. No me arrepiento de haberme pronunciado en tal sentido, porque también tengo que cumplir las obligaciones que mi Partido y mi Comité me indican.
Tercero: no voy a votar a favor, de manera alguna y bajo ninguna circunstancia, los llamados "incentivos" para que la gente vaya a sufragar.
La democracia es algo que debemos hacer carne en el pueblo, a fin de que este comprenda su obligación en tanto ciudadanos con el resto de los compañeros de vida, de situación y de hábitat de un país.
Lo que estamos haciendo aquí, con distintos nombres y capotes, no es más que una compra de conciencia. Excúsenme que lo diga con tanta claridad. Yo sé que esa idea violenta a algunos de mis colegas, especialmente de mi Partido. Lo lamento mucho. Pero es hora de decir lo que uno siente y piensa dentro de la prudencia misma.
Sin embargo, también es cierto que no hay razón alguna para creer que una persona va a ir a votar porque se le ofrece medio día libre, y que no lo hará si no se lo dan.
Ahora, si el problema radica en el gasto que ello significa. En verdad, estamos hablando, según lo que he escuchado, de mil a mil 200 pesos, lo mismo que vale una cajetilla de cigarros, que pareciera ser tan importante para la gente.
Lo que ocurre es que todos en esta Sala hemos sido responsables de no abrir realmente el espacio a la conciencia democrática del pueblo de Chile. Hemos hecho -nuestros Gobiernos y el actual, con la participación de quien habla- una cosa triste: tratar de convencer a las personas con incentivos de otra naturaleza. Porque, aun cuando son más subalternos, la apariencia de lo que hoy se propone es mucho más legítima; pero, en la práctica, resulta exactamente lo mismo.
Un Senador consultó qué pasará con las empresas que no den facilidades para concurrir a votar. Yo respondo: démosle entonces carácter obligatorio al derecho a sufragar.
Asimismo, se ha hablado de la incidencia que ello tiene en la gente que posee menos dinero. Yo lo entiendo. Sé desde hace muchos años -¡muchos años, señores Senadores!-, porque lo he verificado, que la gente con más riqueza, por distintas razones, va más a votar. Por lo mismo, he visto perderse muchos gobiernos y candidatos progresistas en el tiempo que llevo en política.
Si lo anterior es efectivo, hagamos lo que corresponde: mejoremos los salarios y no otorguemos un reajuste mísero como el que se aprobó aquí.
Si se trata, en definitiva, de generar posibilidades para que las personas se entusiasmen en participar de las elecciones, entonces llevemos a cabo lo único que debemos hacer como políticos: abordar los temas que importan a la gente, en especial a los jóvenes.
A los estudiantes que salieron a la calle a protestar no les preocupa un día más o un día menos de licencia. ¡Perdónenme que se los diga! Si se trata de comprometerlos, levantemos su espíritu interesándonos en las cosas que a ellos les importan: la reforma educacional; lo que pasará con el cobre chileno; las utopías que son relevantes para la gente.
No nos quedemos siempre mirando los asuntos pequeños, pues, a la larga, no nos satisfacen y con ello no conseguimos ni un voto más ni uno menos.
Señor Presidente, termino diciendo, con franqueza -quiero ser muy claro, aunque ello cause molestias; normalmente no quiero incomodar a nadie, independiente de la persona-, que lo que estamos haciendo con las normas en comento es buscar la adhesión a la democracia simplemente mediante el ofrecimiento de un pedazo de descanso o de algo que se llama "incentivo".
Ya en la tarde de hoy en la Cámara de Diputados se presentaron otros proyectos de incentivo. Y mañana habrá nuevas cosas en el mismo sentido. Al final, vamos a tener un cohecho legalizado.
Por eso, señor Presidente, votaré en contra de la normativa.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Solicito autorización de la Sala para que el Senador señor Gómez asuma como Presidente accidental .
Acordado.
--Pasa a presidir la sesión el Honorable señor Gómez, en calidad de Presidente accidental.
El señor BIANCHI.- Abra la votación, señor Presidente.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- ¿Hay disposición para iniciar la votación?
El señor NAVARRO.- No.
El señor LAGOS.- No, porque los Senadores se van a ir.
El señor BIANCHI.- Votemos.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Es que no todos están de acuerdo.
El señor WALKER (don Ignacio).- Sigamos con el debate.
La señora RINCÓN.- Sí.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Señoras y señores Senadores, aclaro que la solicitud para abrir la votación implica mantener los tiempos de los discursos.
El señor NAVARRO.- Es que los colegas se van a retirar.
El señor LAGOS.- Efectivamente. Si votan, luego se irán; no se quedarán al debate.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Entonces no hay acuerdo.
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, creo que el debate desarrollado en esta tarde es tremendamente válido.
Formo parte de los seis Senadores que votaron en contra del voto voluntario, aunque aprobé lo relativo a la inscripción automática.
Si se analiza lo que plantea el proyecto, se aprecia que estamos discutiendo no un incentivo, sino tres.
¿A qué apuntan estos? A limitar el voto voluntario; a obligar a ir a votar.
El artículo octavo da facilidades para el traslado al establecer el derecho a medio día libre.
¿Qué dice el artículo noveno? Que, en las listas para funciones públicas, se da preferencia, en condiciones de igualdad, a quienes hayan ido a votar. En el fondo, se está obligando a sufragar por la vía de este incentivo.
El artículo décimo también propone un estímulo preferente para los que votan a diferencia de quienes no lo hagan. Por lo tanto, de alguna manera el derecho a voto se está convirtiendo en obligatorio. En este caso, se discrimina entre quienes sufragan y los que no.
¿Por qué sucede esto? Porque existe temor respecto de lo que ocurrirá en la próxima elección con el voto voluntario.
No tengo la menor duda de que esta fronda de proyectos de ley que se está presentando en la Cámara de Diputados va a aumentar mucho más cuando se conozca el resultado de la próxima elección. Entonces veremos cómo baja el universo electoral que efectivamente participa.
Señor Presidente , por lo que he escuchado en el debate público y parlamentario, observo que muchos Senadores, Diputados, académicos y representantes de distintos ámbitos están llamando a reflexionar más a fondo sobre esta materia.
En consecuencia, manteniendo aquello en lo existe unanimidad: la inscripción automática, lo que deberíamos efectivamente reponer, más que los incentivos, es el debate acerca del voto obligatorio.
Ese es el tema de fondo.
Sin duda, tal discusión se va a producir mucho más profundamente después de la primera elección con el nuevo sistema.
En esta tarde, señor Presidente , estamos por facilitar que se materialice la inscripción automática. Sin embargo, advierto la tendencia, reflejada en el contenido de los artículos noveno y décimo y de las iniciativas parlamentarias presentadas recién en la Cámara de Diputados, a ir restringiendo, de manera indirecta, por la vía de los incentivos, la voluntariedad del voto.
¡Por qué mejor no afrontamos derechamente el debate sobre el voto obligatorio! Lo digo con mucha convicción, señor Presidente .
En mi opinión, en una sociedad las personas deben tener no solo derechos, sino también obligaciones y cargas. Lo mínimo para quienes asumen las mayores funciones públicas ( Presidente de la República en el país, alcalde en una comuna) es obtener legitimidad en el cargo. Por eso resulta fundamental que las personas deban ir a votar.
La sociedad se llena de derechos en todos los ámbitos, pero carece de obligaciones. Creo que lo más relevante para un ciudadano es el deber de elegir a las propias autoridades.
Señor Presidente -y con esto concluyo-, todos los incentivos planteados solo reflejan una duda respecto de los efectos que provocará el voto voluntario. Por ello, tal como lo señalé, definitivamente estoy decidido a establecer la inscripción automática y a reponer el voto obligatorio.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , no puedo estar más en desacuerdo con lo que planteó el Senador de la UDI señor Jaime Orpis con relación al intento de reponer el voto obligatorio. Y eso muestra que este es un debate bastante transversal y que, finalmente, aquí no existe una pelea entre progresistas y conservadores.
Acá debemos actuar con total convicción. Yo, si voy a dar mi aprobación, no será para facilitar el trámite, sino porque estoy absolutamente convencido de que esto, entre otras cosas, es lo que nuestro sistema democrático necesita.
Ahora, comparto lo que señaló el colega Pizarro . Se trata de un paso importante, pero lo sustancial es el cambio del sistema electoral, el cambio del sistema binominal. Mientras mantengamos este, por más que hayamos aprobado el voto voluntario, subsistirá un sinnúmero de inequidades.
Con la misma claridad, quiero manifestar que en abril de 2009, cuando acompañé a la Presidenta Bachelet a aprobar la reforma constitucional que establecía el voto voluntario (ello hacía necesario modificar la Ley Orgánica Constitucional respectiva -esto se ha prolongado más de la cuenta- para hacer viable lo que ahora se contiene en el proyecto en debate), lo hice con plena conciencia y convicción.
Por tanto, hoy día procede, al menos desde mi punto de vista, que otorguemos nuestra aprobación, fundamentalmente porque hay detrás de esta iniciativa una larga lucha.
Y por eso mi discrepancia con el Senador Orpis, pues soy de los que creen que el votar no es un deber.
¿Por qué tiene que serlo?
Deber es el pago de impuestos, insertar a los niños en el sistema escolar. Creo asimismo que, como sociedad, tenemos deberes en torno a la gratuidad de la educación pública, en fin.
Los deberes podrían ser muchos.
¿Pero quién dice que el votar es un deber?
El sufragio es la expresión política de la voluntad individual de las personas.
Dicho sea de paso, costó numerosas luchas conquistar ese derecho, por allá por 1789, en plena Revolución Francesa, y en 1848, cuando finalmente se consagra, pero no como imposición, no como imperativo, sino como prerrogativa, como facultad: lo ejerzo o no lo ejerzo.
Por eso comparto el planteamiento de la birmana premio nobel de la paz San Suu Kyi: "El pueblo tiene derecho a votar. Pero también lo tiene a no votar".
Señor Presidente , cuando se plantean incentivos para que la gente concurra a votar, no puedo menos que lamentar que la Derecha, en la discusión anterior que tuvimos en esta Sala, haya rechazado la educación cívica, para mi gusto el más importante de todos.
El incentivo que está quedando y que algunos quieren salvar es el menos relevante.
En mi concepto, insistir en medio día de descanso laboral compensatorio implica desvirtuar completamente el derecho a voto, con todo lo que conlleva.
Ahora bien, como a algunos les gusta mirar la realidad de Colombia solo en ciertas cosas, quiero subrayar que, 10 años después de que se implementó en dicho país la reforma que contenía el incentivo de medio día laboral, una fundación electoral de Nicaragua hizo un estudio donde se expresaba que no se habían dado los frutos esperados, por cuanto los índices de ausentismo y abstención en las urnas que se pretendía contrarrestar con aquella medida presentaban los mismos guarismos que una década antes.
O sea, el argumento es falso: en Colombia tampoco sirvió el referido incentivo.
Yo quisiera decir que de los 33 países de la OCDE, nuestros nuevos socios, solo 4, incluido Chile, tienen hoy día un sistema de voto obligatorio en la práctica. O sea, en la ley es voluntario, pero no hemos podido implementarlo hasta ahora.
Por lo tanto, si Diputados o Senadores plantean incentivos de esta índole o de otra, por esa vía están estableciendo discriminaciones con respecto al voto.
Además, se parte de un supuesto equivocado: el de que la inmensa mayoría de los votantes serían trabajadores.
A ratos olvidamos, señor Presidente, que estamos hablando de 4 millones 800 mil nuevos votantes, esencialmente jóvenes.
Siento, pues, que la clase política, con una decisión como esta, sigue chuteando el debate para más adelante.
Hoy día la responsabilidad es de los partidos. Por eso, a la lista de proyectos que plantea el Senador Pizarro yo agregaría uno modificatorio de la ley de partidos políticos, más moderna, con capacitación. Pero hagámonos cargo de que debemos hablarles fundamentalmente a los jóvenes incluidos en los 4 millones 800 mil nuevos votantes. Lo que ocurre es que estamos más acostumbrados a dirigirnos siempre al mismo auditorio.
Entonces, siento que se trata de incentivos que claramente desvirtúan nuestro sistema democrático. Porque en la práctica no vamos a tener voto obligatorio ni voto voluntario, sino un voto obligado, que para quienes lo impulsen será un "error no forzado".
Asumamos la incertidumbre que todo esto significa; asumamos los compromisos, y con convicción, tal como lo hicimos en 2009, empujemos este proyecto, pero no solo por lo que va a ocurrir en el Tribunal Constitucional, sino además porque tenemos la certeza de que Chile necesita un sistema que prevea el voto voluntario en los términos aquí expuestos.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, en estos escasos 5 minutos, quiero decir primero que finalmente estamos aprobando una reforma política que va a tener consecuencias.
Esto no es el cambio de fecha de una elección; si trasladamos la segunda vuelta de enero a diciembre, lo que, en todo caso, es bueno. Se trata de una reforma real.
Faltan muchas otras, muy importantes; y las voy a mencionar.
Lo de ahora es un impacto que significará elevar el universo electoral a 8 millones 100 mil votantes, pues, de aprobarse este proyecto, se sumarán sobre 4 millones 700 mil.
Ciertamente, el voto será voluntario. Pero hoy también lo es: me inscribo y no sufrago. Esa es la verdad.
La ley en proyecto le introducirá a la política chilena un grado de incertidumbre que aplaudo y al que le doy la bienvenida. Y lo digo porque tengo convicción al respecto.
Conozco Chile. Hice campaña. Daba lo mismo que la gente que se frustró dos veces al día porque los buses del Transantiago no pasaban estuviera inscrita o no, pues igual generaba opinión. Quienes reciben por el AUGE remedios para la diabetes; aquellos que son sometidos a trasplantes; los que reciben una buena diálisis, se encuentren inscritos o no, también tienen opinión sobre la marcha del país. Y lo mismo ocurre con los jóvenes que estudian, con la señora que está en su casa trabajando, aunque sin recibir remuneración.
Entonces, lo que estábamos haciendo crecientemente era que cada vez menos chilenos fueran a las urnas a decir qué querían que ocurriera en Chile.
Por eso la inscripción automática es importante. Y, por lo mismo, yo la aplaudo.
Me gustarían otras reformas.
Me van a decir: "Otra vez con la cantinela".
Sí: la reforma del binominal es básica, porque se trata de un sistema excluyente, que no permite, por ejemplo, que una gran mayoría de personas se sienta representada en este Senado.
Siempre pongo como ejemplo al colega Chahuán y al Senador que habla en esta oportunidad: ¿los estudiantes de la Universidad de Playa Ancha se sienten representados por nosotros? Me asaltan dudas a ratos. Tal vez con un sistema proporcional ellos podrían tener el Senador que les gustara.
Estoy estirando el argumento, y espero hacerlo carne.
Sin embargo, señor Presidente , quiero decir que esta discusión parte de supuestos (y lo anoté): hablaron de "incentivos, motivaciones o compensaciones para hacer frente al voto voluntario".
Ante todo, aquí hubo una decisión del Congreso Nacional.
Yo lamento sinceramente que algunos hayan votado como lo hicieron y que hayamos debido tener acá comisarios para ver cómo se sufragaba.
Se me dice: "Hay que tener un incentivo, una motivación, un financiamiento, porque es un sacrificio. De lo contrario, la gente no irá a sufragar y los que más van a votar serán los ricos".
Mis amigos, me dan ganas de decirles: "¿Y ustedes pensaron eso cuando estaban dispuestos, para tener un gobierno de 4 años, a hipotecar el futuro?".
¡No, pues!
Entonces, siento que el voto voluntario sí es importante en Chile.
Eso es opinable. Nadie es bueno ni malo. Y las sociedades se dan la solución que quieren. Pero me parece contradictorio que, si digo que el voto es voluntario, al mismo tiempo sostenga que ir a sufragar envuelve un sacrificio.
¡No, pues!
Ahora va a depender de nosotros o de quienes nos remplacen entusiasmar a los 8 millones 100 mil inscritos para que vayan a pronunciarse.
Otra cosa es que alguien me diga "Quiero facilidades para votar".
Me las compro altiro.
Ley especial para que durante los días de elecciones haya en las calles más microbuses que de costumbre y dispongamos de mayores recursos para tener más lugares de votación.
Y ya tomamos medidas sobre el particular.
¿Qué resolvimos con respecto a los vocales? ¿No les asignamos 7 mil 500 pesos?
¿Alguien afirma que eso es cohecho? No. Se trata de dar facilidades para que quienes estarán cumpliendo un deber legal puedan, por ejemplo, comprar un almuerzo.
Entonces -con esto termino, señor Presidente; y le pido desde ya un minuto adicional-, deseo enfatizar que no comparto la afirmación de que votar es un sacrificio. Y nosotros y quienes nos sucedan deberemos hacer el sacrificio de sintonizar con los nuevos electores.
Por eso creo profundamente en el voto voluntario, señor Presidente.
Yo no soy tonto (o no creo serlo, ¡a pesar de parecerlo...!). Entonces, sé que en los sectores altos se inscribe más gente para sufragar. Pero eso es como tratar de tapar el sol con un dedo. Porque ya se dio el paso del voto voluntario, lo que, por lo demás, corresponde a aquello que la gran mayoría de la gente responde en las encuestas. Y ahora se procura introducir un nuevo elemento, a un costo que muchos no estamos dispuestos a aceptar: el derivado de otorgar un incentivo que puede provocar que la iniciativa se caiga.
Señor Presidente , la democracia no es gratis: cuesta. Y yo preferiría que invirtiéramos recursos en una ley de partidos políticos que les diera a estos financiamiento real y que, sobre todo, previera mecanismos de control del gasto electoral.
No se saca nada con tener financiamiento si después cada uno hace una rendición de cuentas que nadie chequea.
Por ejemplo, no es creíble que en la Quinta Región Costa, donde competí, quien gastó más plata, de acuerdo a las declaraciones presentadas, fue Ricardo Lagos Weber, con 380 millones, mientras Joaquín Lavín , que tapizó de propaganda la zona completa, declaró 360 millones, y Francisco Chahuán , quien publicitó tanto como ese ex candidato presidencial, 190 millones.
¡Eso es reírse de la legislación!
Entonces, no saco nada con ponerle lucas al sistema si no controlo la veracidad de lo que se declara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente , me gustaría que estuviéramos discutiendo una reforma al sistema político en serio. Siento que este debate, necesario, es una pequeña parte de todo lo que requerimos.
En esta Sala escuché hoy afirmaciones fuertes; muchas de ellas, dolorosas. He oído a un camarada una expresión que me duele. Todo ello me parece lamentable.
Cuando en la discusión legislativa se establece que votamos en el Senado incentivos como el descanso de medio día; la preferencia, ante igualdad de condiciones, en empleos públicos y en la adjudicación de becas educacionales, en fin, simplemente se está dando cuenta de la manera como motivamos la participación política de hombres y mujeres.
Este año hemos visto cómo en el debate nacional se instaló la indignación, la que se arrastraba por años. Y ella dice relación con discusiones que quienes estamos mandatados por la ciudadanía, por el pueblo, no hacemos en el Parlamento.
Esas discusiones tienen que ver con el trabajo justo y decente; con la calidad de vida en materia de educación, de salud, de vivienda; con la equidad en el país.
Nos conformamos con los macroindicadores, que muestran a un Chile de 15 mil dólares de ingreso per cápita, cuando los mismos datos dicen que 75 por ciento de nuestros trabajadores ganan menos de 300 mil pesos mensuales.
Señor Presidente , quienes apoyábamos los incentivos en comento lo hacíamos pensando en cómo estimular la participación ciudadana en las elecciones.
Y quiero ser clara al respecto.
No lo hacíamos para evitar la inscripción automática, porque ya se encuentra aprobada con los votos de todos los integrantes del Senado.
Tampoco, para demorar el trámite legislativo del proyecto de ley que nos ocupa, que -y aquí todos lo sabemos- debe ir de todas maneras al Tribunal Constitucional.
Por lo tanto, la norma pertinente, rechazada por muchos Senadores y Senadoras, no significaba un retardo adicional.
Pero más pena me da el hecho de que en la Cámara Alta se hayan opuesto a la educación cívica. Porque, finalmente, al proponerla estamos hablando de la falta de formación ciudadana existente en Chile.
Y recojo las últimas expresiones de quien me antecedió en el uso de la palabra, el colega Lagos, para señalar que necesitamos discutir en serio las reformas políticas, y dentro de ellas, por cierto, el financiamiento de los partidos.
Porque, probablemente, no tendremos financiamiento para nuestras próximas campañas por no estar dispuestos a mantener el statu quo de las pesqueras, del retail, de las farmacias, de un sinnúmero de empresarios que no lo hacen bien.
Estimo que esa discusión es urgente.
No es admisible que los partidos políticos no tengan financiamiento; que quien no disponga de dinero o no sea sujeto de crédito no pueda ser candidato.
Ese es un debate de fondo que no hacemos.
También es inaceptable que aún no discutamos en torno a la elección de consejeros regionales y a la reforma al sistema binominal -se trata de algo que nos preguntan todos; y fue una de las grandes virtudes del movimiento estudiantil haber puesto en el tapete esas cuestiones-, y que hoy día nos demoremos en una discusión que (¡perdónenme!) no tiene incompatibilidad alguna con el ejercicio del derecho a voto voluntario ni con la inscripción automática.
Lamento de verdad que no hayamos hecho el debate de fondo en esta iniciativa y que nos enfrascáramos en una discusión absurda respecto de incentivos que solo pretenden lograr más participación en un país donde cada día hay menos alicientes para respaldar la política y la actividad pública de quienes nos hallamos aquí.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , no cabe duda de que este proyecto de ley ha concitado el interés de la inmensa mayoría del Parlamento. La Cámara de Diputados lo aprobó; el Senado ya lo había acogido en el primer trámite constitucional.
Todos queremos dar facilidades para que cuatro millones y medio a cinco millones de nuevos electores sean inscritos automáticamente, pues ello les permitirá participar en los próximos comicios de alcaldes y concejales.
Muchos hemos manifestado nuestro pleno acuerdo con la inscripción automática. Sin embargo, varios nos pronunciamos contra el voto voluntario cuando modificamos la Carta y también al aprobar este proyecto de ley en su primer trámite constitucional.
Eso ya pasó. Nosotros mantenemos nuestro punto de vista. Empero, no deseamos obstaculizar el despacho de la iniciativa en examen, que es pedido por la ciudadanía.
No me cabe duda de que, en el ánimo de depurar y sacar rápidamente este proyecto, se han ido quedando atrás cosas importantes; por ejemplo, el voto de los chilenos en el extranjero. El Ministro se comprometió a que se ponga urgencia a la iniciativa respectiva. También, a la referida a la educación cívica; muchos de nosotros la recibimos en nuestros primeros años de enseñanza, y ¡por Dios que nos abrió el abanico de cuanto significa ser chileno y participar en las diversas instituciones de la patria!
Esas dos cosas son fundamentales, señor Presidente.
El Ministro señaló, y con razón: "Nos apura que el proyecto sobre inscripción automática se despache ahora a fin de que los nuevos votantes puedan sufragar en las próximas elecciones de concejales y alcaldes. Al relativo al voto de los chilenos en el extranjero se le va a asignar urgencia, pero ellos votarán solo para elegir Presidente de la República , para lo cual quedan todavía más de dos años".
Es razonable. Y confiamos en lo que ese personero nos dijo.
Señor Presidente , nuestros procesos electorales se caracterizan por su transparencia. Y todos nos sentimos orgullosos de ello. Pero hay algo que debemos modificar, porque se registró un fraude burdo. Y espero que podamos hacerlo en las próximas iniciativas.
Me refiero al caso ocurrido en Talcahuano -todos lo recordamos-, en que se pretendió robar la votación del alcalde Leocán Portus . Y nadie pensaba que se podía repetir el acto, pero así se hizo, y el resultado fue matemáticamente el mismo. ¿Pero qué pasó en el Tribunal Electoral Regional? Cambiaron todos los sufragios y apareció otro señor ganando la elección de jefe comunal.
Por tal razón, ese fue el peor fraude registrado en nuestro país. Y espero que nunca más vuelva a ocurrir, porque fue una mancha grande en nuestro sistema electoral.
Aquí se señala que no es posible dar facilidades ni prestar apoyo para que los campesinos voten; que el Gobierno pondrá buses. ¡Pero si eso lo conocemos! ¿Cuántos comicios hemos visto en que este último ha quedado de mandar micros a los sectores rurales? ¡Y ha enviado uno solo a una comuna donde viven miles de campesinos!
Entonces, ahora se están tomando medidas para que nadie pueda ayudar a que los campesinos lleguen a votar libremente. El Gobierno no les coloca vehículos y tampoco permite que lo hagan otros. Es decir, se aplica la política del perro del hortelano: no lo realizan ellos ni quieren que otros puedan llevarlo a cabo.
Deseo consignar también, antes de terminar, que hemos escuchado a varios colegas. Mi amigo Mariano Ruiz-Esquide hacía presente que algunos se violentaban. Quisiera decirle que ese no es mi caso. Es más, me ha resultado muy grato ver cómo Su Señoría y los Senadores señora Allende y señores Rossi , Quintana y Lagos votan libremente.
¡No hay peor cosa para un parlamentario que se le obligue a pronunciarse en contra de su conciencia y voluntad! Nosotros llegamos aquí por el apoyo de la ciudadanía, para interpretarla, y, muchas veces, uno u otro grupo trata de mandar al resto de los Senadores. Quiero expresarles a esos Honorables colegas que me agrada que hagan uso de su libertad de conciencia y que me alegro mucho de que hayan votado como piensan en cada uno de los proyectos, especialmente en el que nos ocupa.
Gracias.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- He pedido en dos oportunidades que se permita abrir la votación, y ahora voy a explicar por qué.
El Orden del Día termina a las 19:30. Como se encuentran inscritos 10 señores Senadores para usar de la palabra, el tiempo no sería suficiente. Si no se abre la votación, el proyecto quedará para mañana. Entonces, solicito unanimidad para acoger el planteamiento de la Mesa.
El señor CANTERO.- Que se abra.
El señor WALKER (don Ignacio).- Pero que sea posible intervenir.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- ¿Hay acuerdo, entonces?
En votación.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, quisiera partir con una frase que usted empleó al exponer su punto de vista: que este es un cambio revolucionario. Efectivamente, es muy profundo, de tremendas y desconocidas consecuencias.
Cuando digo "desconocidas consecuencias", no me refiero a que sospeche que la participación bajará, argumento que utilizan muchos para plantear la necesidad de reponer el voto obligatorio, sino a que la incertidumbre...
Voy a esperar que mi Honorable colega Ignacio Walker termine su conversación, señor Presidente .
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Por favor, continúe, Su Señoría.
El señor ROSSI.- Lo que expreso obedece a que no deja de llamarme la atención -he escuchado muchas intervenciones y son sumamente legítimas- que se sostenga que en algún minuto determinado se tomó una decisión pensando en las elecciones; en que era lo que se requería; en que no teníamos otro camino; en que constituía un compromiso de campaña; en que era preciso suscribir un compromiso con los jóvenes, y una cantidad de argumentos que no valen nada, en verdad.
La salvedad es un cambio de opinión. Porque alguien podría manifestar, en efecto: "Dados todos los antecedentes que he recabado y habiendo leído textos de connotados cientistas políticos, me doy cuenta de que la voluntariedad del voto daña la democracia, por lo cual quiero transformarlo de nuevo en obligatorio". Eso es absolutamente legítimo. De hecho, los seres humanos pensantes, inteligentes, pueden cambiar de parecer cuando escuchan buenos argumentos.
Pero lo que no pueden señalarme -repito- es que era necesario decidir de esta manera porque se había contraído un compromiso; porque el Gobierno; porque las elecciones, etcétera.
Por eso, me quedo un poco con la posición del Senador señor Orpis , colega de circunscripción, porque por lo menos se pronunció siempre a favor del voto obligatorio.
Abrigo una convicción muy honda de que el voto voluntario es bueno. ¿Y por qué? Básicamente, porque el no sufragar -quiero plantearlo al revés- significa algo respecto de la mirada de un ciudadano en relación con su sistema político, "democrático". En el no sufragio también media una crítica muy profunda.
La democracia tiene que...
Esto ya es un poco de "bullying", señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Solicito a la Sala prestar atención.
El señor ROSSI.- Sé que mantenemos diferencias respecto de los incentivos, pero...
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Pido escuchar las intervenciones, porque el mismo respeto que se solicita para la propia...
El señor ROSSI.- Mi Honorable colega Ignacio Walker es siempre muy bueno para escuchar y cuenta con grandes argumentos, en todo caso, respecto del voto obligatorio.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Les pido a los señores Senadores sentarse y no interrumpir...
El señor CANTERO.- Estamos muy atentos, señor Presidente.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).-... la exposición del Honorable señor Rossi.
Puede proseguir, Su Señoría.
El señor ROSSI.- Muchas gracias, señor Presidente.
Así que mantengo, como decía, una convicción muy profunda de que el cambio le va a hacer bien a Chile y de que, finalmente, el desafío de la clase política, de todos los que trabajamos en la actividad pública, va a ser el de convocar a los jóvenes, el de seducir a la ciudadanía a interesarse en los procesos electorales.
Ahora, quiero también desmitificar algo que me parece superimportante. Porque al afirmarse que va a disminuir la participación; después, que ella zigzaguea; en seguida, que eso es normal, en fin, se genera la sensación de que con este sistema se podría experimentar una baja muy significativa.
Fíjense Sus Señorías en los países de la OCDE: de 33, solo 6 tienen voto forzado y 27, en cambio, voto voluntario, y, en este último caso, las tasas de participación no son bajas -lo conversamos con el Senador señor Quintana -, pues en Alemania es de 81 por ciento; en España, de 77 por ciento; en Francia, de 67 por ciento. Es falso, entonces, que la voluntariedad determine justamente la no participación de la gente.
Finalmente, creo que si estamos contemplando la voluntariedad, no podemos hacer obligatorio el sufragio. Me parece que cualquier tipo de incentivo vulnera el principio básico que la informa -porque podríamos llegar a plantear la entrega de una bicicleta que les ayudara a las personas a transportarse al lugar de votación-, que es la posibilidad de ejercer la libertad. Y si lo hubiera, es evidente que esta última se ve de alguna manera menoscabada.
Por eso, mantengo una cierta convicción respecto de esa materia.
En todo caso, cabe expresar, finalmente, que este es un muy buen día para la democracia y felicitar al Gobierno, al Ministro señor Larroulet. Es de esperar que avancemos también en otras cosas, como los plebiscitos; el cambio de sistema electoral, lo que es fundamental; las primarias abiertas.
Solo deseo consignar que el Partido Socialista organizó primarias el domingo antepasado, en un hecho inédito -es la primera colectividad política que lo hace-: voluntarias, abiertas, vinculantes. Y en 10 comunas registramos una participación tremendamente importante. En muchas de ellas se llegó a cerca del 10 por ciento del padrón electoral. Y puedo dar un dato más significativo: el 90 por ciento de la gente que votó no es militante del Partido Socialista. Creo que es un dato interesante para la reflexión.
Gracias.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Para los efectos de la votación, pronunciarse en contra es para mantener el Artículo Octavo y hacerlo a favor es para rechazarlo. Ello, para que quede claro.
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente , quisiera hacer a esta hora un recuerdo, una reflexión y una afirmación.
El recuerdo tiene que ver con que este es un proyecto de larga data -no nació ayer ni con este Congreso, sino que se relaciona con varios anteriores- y con que lo que estamos presenciando es reflejo del funcionamiento de la democracia.
La primera vez que intervine en el Hemiciclo sobre el tema expuse mi posición. Estimo que el voto se halla mucho más vinculado a los deberes que a los derechos. Y lo considero de verdad. Mantengo una concepción democrática o republicana que va en esa línea.
Incluso señalé, adicionalmente, que me parecía que la forma más conveniente de mejorar en verdad la participación, con seriedad, era generar un sistema de inscripción voluntaria, en el cual uno pudiera desinscribirse, si lo estimaba del caso, y con voto obligatorio. A mi juicio, eso armonizaba adecuadamente el sistema republicano con el representativo y era una correcta afirmación de la validación de los derechos.
Pero en la democracia y en la vida a veces se puede convencer y a veces no. Y, en su momento, se dieron primero votaciones en el Congreso y después en la instancia interna del Partido, en las que uno sigue las mayorías, obviamente.
Mas no quiero que no se entienda, por lo menos, lo que es la posición personal, la cual, en la instancia histórica, puede tenderse a descontextualizar, en ocasiones.
En seguida, la reflexión es que no me ha gustado, en general, la forma como se ha tramitado el proyecto, ni en los Gobiernos pasados ni en el actual. Pienso que el uso de las urgencias por razones electorales -en particular, en la Administración anterior- no puede ser nada más lejano de lo que juzgo que deben ser los temas permanentes de Chile. Este es uno de ellos, mucho más importante que los impuestos, porque tiene que ver con las instituciones. Y creo que ello merecía una reflexión distinta, al igual que en el último período, donde no entiendo cómo un asunto de esta naturaleza es tratado con "discusión inmediata". Por lo menos el Senador que habla era partidario de haberlo planteado en términos muy diferentes.
Y la afirmación, señor Presidente , es que, aprobado lo que se expone, sostener la validez del Artículo Octavo, en este caso, es completamente kafkiano, por contradecirse exactamente toda la discusión de fondo que se dio en la instancia respectiva, algo que es importante y que se vincula con el sentido del derecho y deber del voto. Me parece este último un debate lo más legítimo y transversal que hay, y tiene que ver con la forma como se asumen las responsabilidades o los derechos públicos. ¡Cómo no va a hallarse justificado que ello tenga lugar!
A partir de una opción que es plantear el voto en los términos que aquí se señalan, me parece que la inclusión de un sistema de incentivo, como la jornada de descanso para los que sí sufraguen y el restarla a quienes no lo hagan, es una violación evidente del sentido republicano y de los derechos de los ciudadanos. Y no puedo entenderlo habiéndose tomado la decisión a la que se llegó.
Entonces, despejadas las cuestiones anteriores, no de la mejor forma, no con los mejores sistemas, no con los mejores tiempos -pero la vida es así-, y abocados al punto específico de que se trata, formulo un llamado al sentido común, a la lógica, a una ilación respecto de lo que queremos generar. Porque si, al final, se opta por el sentido del derecho, por la voluntariedad, lo que no se puede hacer es coaccionar simultáneamente con la sujeción a un determinado beneficio, resultando completamente insólito el caso de los artículos Noveno y Décimo, como veíamos.
Pero también aquí existe una matriz de una contradicción vital. Y las que me inquietan son las contradicciones de esa índole. Porque eso, en definitiva, origina resultados muy negativos, obviamente.
Sobre la base del recuerdo que he querido hacer, de la reflexión respecto del procedimiento, deseo afirmar que, desde mi perspectiva, el Artículo Octavo es profundamente contradictorio con la discusión realizada y lo determinado en el sentido genérico de la votación. Y, por eso, voy a votar en contra de esa norma y a favor de la eliminación, en la esperanza de que la coherencia por lo menos llegue al final de la discusión del proyecto.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente , para qué vamos a volver al debate de fondo. Claramente, perdimos la batalla legislativa los partidarios del voto obligatorio. El Senador que habla no era parlamentario en ese momento, pero en 2009 se aprobó, como sabemos, una reforma constitucional que estableció el voto voluntario. Y creo que ese es un gran error, que va a pesarnos durante muchas décadas, porque, desgraciadamente, una reforma constitucional o político-institucional es bastante irreversible. Por lo tanto, es preciso acostumbrarse a la idea de que vamos a tener voto voluntario, y esa es una mala noticia para la República y, especialmente, para quienes tenemos una concepción republicana de la democracia.
En lo personal, soy partidario de inscripción automática, sufragio obligatorio y desafiliación voluntaria, o, en subsidio, de la posibilidad de dejar constancia de que una persona no va a votar o participar en algún acto electoral, lo que sería mi margen de voluntariedad. Ello, a partir de la convicción de que la democracia -insisto-, bajo una concepción republicana, se halla compuesta de derechos, pero también de deberes y responsabilidades.
La educación básica y media, señor Presidente , es obligatoria. No es voluntaria. ¿Cuál es la pregunta? ¿Que se eduquen los que quieren? No, pues. Que se eduquen todos, en básica y media. En una perspectiva histórica, eso ha sido visto como una conquista republicana. Nadie podría afirmar que se está atentando contra los derechos y libertades individuales desde el momento en que establecemos una educación obligatoria.
Lo mismo vale para el voto. El sufragio es y debiera ser un derecho y también una responsabilidad.
Entonces, estamos tomando una decisión acertada en materia de inscripción automática. Entiendo que media unanimidad al respecto. La estamos impulsando para que exista un padrón universal por el hecho de cumplirse 18 años. Es una gran noticia para el país. Pero, tratándose del voto voluntario, no vaya a ser cosa de que terminemos borrando con el codo lo escrito con la mano, y esa es una mala noticia para el país.
En cuanto a la inscripción automática acompañada del voto voluntario, en general soy contrario a la idea de incentivos -porque, si se establece la voluntariedad, este último camino constituye una opción-, salvo uno, respecto del cual me he convencido de que es muy necesario, que es la posibilidad del medio día de descanso como compensación justa, razonable, a las personas que sufragaron.
¿Por qué? Porque la evidencia empírica -hablo como cientista político- demuestra, invariablemente, que el voto voluntario causa dos efectos.
El primero de ellos es una baja participación electoral. Invito al Senador señor Rossi a observar las Américas, no solo América Latina, que es nuestro barrio, nuestro vecindario, de donde somos. Todos los estudios demuestran que donde se establece el voto voluntario hay baja participación electoral. Ejemplos: Colombia, Guatemala y Estados Unidos, paradigmas del sufragio voluntario en las Américas.
¿Cuánta gente vota en esos países? Entre 40 y 50 por ciento. Ahí está la evidencia empírica de nuestro barrio, de nuestro vecindario.
En cambio, en Brasil, Uruguay , Argentina, donde se aplica el voto obligatorio, ¿cuánta gente vota? Entre 80 y 90 por ciento.
Por lo tanto, para quienes creemos en una ciudadanía de alta intensidad, el sufragio obligatorio presenta esa ventaja.
Segundo efecto del voto voluntario: subrepresentación de los sectores populares. Existe evidencia empírica en la Ciencia Política de que, cuando rige ese sistema, participan más los sectores altos y medios-altos, y menos los sectores bajos y medios-bajos.
Por lo tanto, el incentivo modesto de medio día de descanso compensatorio estimula especialmente el voto de los sectores populares, que estarán subrepresentados en el sistema político.
Queda pendiente lo relativo a la educación cívica -valoro el compromiso del Ministro al respecto- y al sufragio de los chilenos en el exterior.
Para terminar, señor Presidente , me referiré a una materia que varios han mencionado.
El punto de fondo radica en el sistema binominal. La crisis de representación en Chile está relacionada con la existencia de ese sistema. Falta por tratar el tema de las supermayorías, de los "quórums calificados" que significan un veto para las minorías.
Cinco parlamentarios de la Democracia Cristiana presentamos nueve reformas político-institucionales a los tres Ministros políticos hace cinco meses. Ministro Larroulet , no hemos recibido respuesta a esas propuestas. Esperamos tenerla en tiempo y en forma.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente , por lo menos para mí es un día muy importante, porque tengo convicción total respecto a la inscripción automática y, sobre todo, al voto voluntario.
Me siento orgullosa, además, de que mi Gobierno, el que yo apoyo, se haya jugado por este proyecto de ley, lo haya empujado con fuerza, lo haya incorporado a su Programa y lo esté sacando adelante.
Me siento orgullosa, también, de escuchar en la Sala muchas intervenciones de apoyo, porque esta materia es muy transversal y tiene que ver con los principios sustentados por cada uno.
Para mí, el voto ha de ser ejercido como un derecho, no como una obligación. No es deber del Estado el impulsar a la gente a sufragar. El no querer votar o desear abstenerse es sinónimo de no querer participar en la elección. Por esa razón, no le tengo miedo a la abstención.
Seguramente, hay elecciones de alcaldes o concejales -yo fui concejal- que, de pronto, motivan muchísimo a la gente de determinada comuna, porque ahí se juega el todo por el todo. O bien, de parlamentarios, donde tener un Diputado o determinada Diputada , un Senador o determinada Senadora, ¡por Dios! que le cambia la vida a la ciudadanía. Y para qué hablar de la elección de un Presidente o una Presidenta de la República . A veces, nuestro país se juega por completo en cada cambio de Gobierno.
Por tal motivo, estimo muy relevante lo que estamos votando.
Obviamente, respeto las distintas posiciones. Me parece que todas son muy interesantes y que los argumentos son muy atendibles. Pero crear incentivos le quita, en efecto, voluntariedad al voto. Por lo mismo, tampoco comparto que existan incentivos, de ninguna especie. A mi juicio, su ejercicio debe ser lo más libre posible.
De otro lado, señor Presidente, considero que a la política le hace bastante falta un remezón de verdad, una movida de piso en serio.
La reforma política de inscripción automática y de voto voluntario, por sí misma, no será suficiente si no la unimos a un paquete de reformas políticas que vaya más allá y que limite la reelección permanente de los representantes populares.
Estimo que la reelección consecutiva de personas que llevan muchos períodos en el Senado, la Cámara de Diputados, las alcaldías y los concejos municipales no permite el tiraje de la chimenea, ni que más gente joven y más mujeres ingresen a la política.
Repito: hay que moverle el piso a la política.
También es una deuda pendiente el voto de los chilenos en el exterior.
De otra parte, se debe modificar el sistema binominal. Porque, además de estar agotado -no lo digo solo ahora, sino desde hace muchos años-, es perverso en sí mismo, por la lógica de competencia que hace imperar al interior de los pactos.
Por último, debo agregar que, efectivamente, comparto algunos de los planteamientos del Senador Bianchi.
Yo fui una de las cinco personas que votaron en contra de la iniciativa de ley que obligaba a quienes desearan postular como independientes en la próxima elección -que serán las municipales- a desvincularse un año antes de su celebración del partido político en que militaran.
A mi juicio, en nuestro país se habla mucho de incentivar a la gente a participar en política, pero se le impide ser elegida y hacerse elegir. Lo importante es que los partidos políticos motiven a la ciudadanía a integrar esas colectividades, a trabajar en las campañas electorales no solo mientras estas duren, sino también durante todo el tiempo, generando y buscando liderazgos.
Pienso que se le debe mover el piso a la política con reformas políticas de fondo, que generen incertezas, porque en política las incertezas son una buena noticia.
Jamás hay que temerle a la democracia. Porque, con o sin sistema binominal, un buen candidato o una buena candidata, que tenga llegada a la gente, que sea creíble, que genere confianza y que cumpla sus compromisos, siempre será elegido o elegida. Las personas que se aferran al actual sistema son, precisamente, quienes más susto le tienen a la democracia.
Por lo mismo, considero importante que hoy -con esto concluyo- se dé este primer paso.
Como señalé, señor Presidente , me siento muy orgullosa de que nuestro Gobierno haya impulsado esta iniciativa y que estemos por sacar adelante la inscripción automática y el voto voluntario.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Pido el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Tuma asuma como Presidente accidental, por un momento, para que yo pueda intervenir.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión el Senador señor Tuma, en calidad de Presidente accidental.
El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , el debate sobre la inscripción automática se contaminó, por desgracia, con el referente al voto voluntario u obligatorio.
Todos estamos de acuerdo en que el actual sistema de inscripción en los Registros Electorales es arcaico e ineficiente y en que desincentiva la inscripción. Resulta difícil disponer de tiempo para registrarse en ellos, debido a que, por regla general, sus oficinas no están siempre abiertas durante la semana.
Por consiguiente, actualmente existe enorme consenso en avanzar en la inscripción automática, que es uno de los requisitos fundamentales para fortalecer nuestra democracia.
Donde no hay acuerdo, al parecer, es en cuanto a si la democracia requiere ciudadanos activos o pasivos, a qué es mejor para ella.
Hay otra forma de plantear lo anterior: ¿Vivir en sociedad impone obligaciones para, a su vez, recibir derechos?
Creo que en sociedad -nuestra especie vive así- uno tiene deberes y derechos.
Por ende, la pregunta es cuáles son los deberes de un ciudadano respecto del colectivo: ¿Es suficiente con pagar impuestos? ¿Es suficiente con este gravamen colectivo para financiar la producción de bienes públicos?
A mi juicio, no. Es una condición necesaria, pero no basta con ello. Al Estado le asiste el deber colectivo de producir bienes públicos, y para eso requiere políticas del mismo carácter. Y, en tanto somos signatarios de convenciones internacionales, tenemos obligaciones no solamente internas, sino también colectivas para producir bienes públicos.
Hay peticiones para subsidios de vivienda; hay demandas estudiantiles. Pero me pregunto: ¿cuántos de esos maravillosos jóvenes que marcharon este año pidiendo reforma educacional, gratuidad de la enseñanza, se hallan inscritos en los registros electorales? Según algunos estudios, a lo menos 7 de cada 10 no lo están.
Y, curiosamente, quienes lograron provocar un debate societal se han marginado, en forma voluntaria, de ser decisorios en él.
A mí me preocupa eso. Y me parece, señor Presidente, que el concepto sobre la libertad que usaron un par de colegas -no quiero que esto se entienda como algo ofensivo- es absolutamente falaz. No hay libertad en abstracto, porque los ciudadanos no son iguales entre sí.
¿Cuál es la libertad de un ciudadano con 4 hijos que gana 180 mil pesos mensuales? ¿Tiene la posibilidad de elegir dónde vivir? ¿Tiene la posibilidad real de elegir dónde estudian sus hijos? ¿Tiene la posibilidad real de decidir dónde, con quién o cuándo trabaja? ¡No!
No es así la vida. No es así el contexto social en el que vivimos.
Las libertades son relativas a la condición histórica, material, cultural de una sociedad y del lugar de ella donde uno está inserto.
Los seres humanos no eligen en qué cuna nacen. Hay cierto determinismo, dirán algunos. ¡Sí, es probable! Lo único que sí es claro es que ese concepto de libertad al cual algunos apelan al hablar del voto voluntario esconde, a mi juicio, otra cosa: una falacia tremenda. Porque no todos los ciudadanos pueden tomar en la misma forma la decisión de si votan o no votan. Y para todos no es igual si la mayoría vota o no vota.
¿Queremos una sociedad con ciudadanos activos o nos da lo mismo? Lo que yo percibo, señor Presidente , es que hay personas que, con calculadora en mano, prefieren a ciudadanos no activos; que prefieren este concepto del voto voluntario que suena bonito: ¡el de conquistar con los proyectos y las propuestas las voluntades ciudadanas! Pero que esconde -sin querer queriendo, dirían algunos, y en esto me hago parte del análisis realizado por el Senador Ignacio Walker, en su calidad de cientista político- lo que le conviene a la sociedad.
¿Y qué pasa cuando hay voluntariedad de voto? Que la sociedad tiende a elitizarse; las políticas públicas tienden a elitizarse. Y eso, muchas veces, lleva a la inestabilidad en países en desarrollo, como el nuestro; en lugar de generar estabilidad, provoca dificultades. Y creo que la historia lo va a demostrar así.
Señor Presidente, me hago corresponsable de haber llegado a este punto. Porque la reforma constitucional se votó en un momento inadecuado: en medio de una contienda electoral presidencial, donde se tomaron decisiones sin la madurez y el reposo necesarios.
Repito que asumo mi cuota de responsabilidad en eso.
Y al momento de explicar por qué me voy a pronunciar como lo haré, termino diciendo: "Sí, soy partidario del voto obligatorio".
Y en forma derivada, hablo de los incentivos, no como lo efectuaron aquí algunos Senadores, que en privado los calificaron de cohecho, de estímulos perversos.
Señor Presidente , me pregunto nuevamente: ¿nos interesan los ciudadanos activos? ¿Nos da igual un ciudadano activo que uno pasivo?
Creo en el sistema de incentivos. Y votaré en esa línea en esta ocasión.
Entiendo que el Ejecutivo se ha comprometido a que se realice ese debate y, si es necesario, a patrocinar, con todos sus elementos, el respectivo proyecto.
Espero que ello ocurra. Porque, en lo personal, creo que a quienes conforman el Ejecutivo no les gustan los incentivos; que políticamente prefieren el voto voluntario, pues les parece más atractivo que no participen todos.
En efecto, hay quienes prefieren -es legítimo- una democracia que cuente con la participación de algunos, no de todos. Y esto tiene que ver con la historia de Chile.
¡Si recién hace 50 años a los analfabetos se les permitió votar!
¡Si recién hace 60 años las mujeres adquirieron el derecho a sufragio!
Somos una sociedad que históricamente ha preferido que las élites tomen las decisiones.
Por lo mismo, señor Presidente , en Chile nunca ha habido una Asamblea Constituyente. ¡Es el único país de América Latina que nunca les ha consultado a los ciudadanos el acuerdo institucional en el cual vivimos! ¡Nunca! Y creo que la actitud que hoy estamos evidenciando forma parte de una corriente que refleja una de las debilidades de nuestra democracia.
Voto a favor del artículo, para mantener el incentivo que consigna.
El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra, para fundamentar su voto, el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , habíamos autorizado abrir la votación manteniendo los tiempos de las intervenciones.
El señor TUMA ( Presidente accidental ).- Si bien la Sala autorizó la apertura de la votación, todos los señores Senadores han respetado los cinco minutos reglamentarios para fundar su pronunciamiento.
El señor NAVARRO.- No voy a dar más esa autorización.
Haré uso de mi facultad como Comité en tal sentido.
El señor TUMA ( Presidente accidental ).- Su Señoría puede ocupar diez minutos, si lo desea.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , ¿voto voluntario e inscripción automática? Por cierto, ¡sí! Lo dijimos. Además, así piensa la mayoría de los chilenos. Y 4,7 millones de jóvenes van a sufragar.
Algunos están asustados. Hay incertidumbre. ¿Cómo van a votar esos 4,7 millones de personas? ¡Nadie lo sabe! Todas las estadísticas señalan que se dividirán conforme a la campana de Gauss: en forma más o menos normal; que nadie debiera asustarse.
Sin embargo, claramente, vamos a tener la posibilidad de una revolución electoral. Se los dije a los jóvenes en Concepción; se los dije a los jóvenes en Santiago. ¡La verdad es que quienes deseaban hacer la revolución en las calles, lo cual no fue posible, tendrán que optar por la revolución electoral!
Porque, si hay algo que los políticos tememos, es el castigo electoral. Y el 80 por ciento de los chilenos quería gratuidad en la educación.
Deseo expresarles a aquellos que aún demandan una educación gratuita, como yo y muchos otros, que el plebiscito para la gratuidad en educación; que el plebiscito para reformar el sistema binominal; que el plebiscito para una nueva Constitución; que el plebiscito para cambiar las isapres y crear una AFP estatal tendrá lugar el 11 de noviembre del 2013, en la elección presidencial.
Para ello, es preciso tener claridad: el voto premia y el voto castiga.
¡Esa es la gracia!
Y el voto de los grandes empresarios, como Luksic, vale igual que el del último empleado de cualquier municipio rural. En ambos casos, el sufragio que emiten vale lo mismo.
Sin embargo, efectivamente existen enormes desigualdades, que provocan que no todos se acerquen a la participación ciudadana o electoral de modo similar. En Las Condes, el 53,3 por ciento de los jóvenes de 18 y 19 años vota; en La Pintana, el 3,2. Y todos los especialistas coinciden en que los muchachos de mayores ingresos sufragan mucho más que los de menores ingresos.
Por lo tanto, no existe igualdad. Hay diferenciación cultural; hay diferenciación educativa. Y, por eso, señor Presidente , me extraña que haya tanto debate sobre la -entre comillas- perversidad de los incentivos.
Yo soy partidario de los incentivos para que la gente concurra a votar. Porque, en definitiva, en el país existe un doble estándar: hay incentivos para los médicos rurales, como la asignación de zona, para que se vayan a trabajar lejos; hay incentivos para el servicio militar; hay incentivos para la investigación y el desarrollo; hay incentivos para la inversión; hay incentivos para el ahorro; hay incentivos para la inversión extranjera, como el decreto ley N° 600; hay incentivos para comprar; hay incentivos para el crédito (la propaganda es un incentivo permanente).
Para todo, y particularmente en una economía neoliberal, sostenemos que debe haber incentivo, a fin de exista una mayor participación en el mercado.
Entonces, ¿por qué no aceptar que también exista incentivo para la participación democrática?
Cuando discutimos el proyecto sobre plebiscitos comunales, voté en contra de que se aumentaran de 5 a 10 por ciento las firmas para posibilitar la realización de un plebiscito y de que se cargara a los vecinos el pago de su costo.
Quiero abrir las puertas a la participación ciudadana. Y los incentivos, en este caso, ¡son bienvenidos!
Se trata de incentivos -digámoslo francamente- voluntarios. ¡No son obligatorios! Si el ciudadano quiere se toma el medio día de descanso; si el ciudadano quiere hace uso de su derecho, en igualdad de condiciones, a un empleo público.
Reitero: son incentivos voluntarios. Y la inmensa mayoría de los electores quizás no los va a utilizar. Pero sí, quienes consideren que tienen derecho a ejercer uno de ellos en las mismas condiciones.
En cuanto a los deberes y derechos, es un deber votar y los incentivos constituyen un derecho de los ciudadanos.
Me preocupa que la Derecha haya votado en contra de la educación cívica, porque si sostiene que no hay la necesidad de incentivos, cabe preguntar, entonces, cómo educar a los jóvenes, particularmente a los que provienen de los sectores de menores ingresos.
La Derecha rechazó la educación cívica. Eso me hace recordar el debate sobre la educación primaria obligatoria en 1920, cuando el Partido Agrario Laborista, el latifundismo y la aristocracia de la época vaticinaban que los campos se iban a despoblar y que se terminaría la mano de obra para trabajar la tierra.
¡Se asustan con la participación ciudadana!
Pienso que el voto voluntario y la inscripción automática harán bien a la democracia, porque Chile va a contar con un batallón electoral de 4,7 millones de personas que, cuando descubran la fuerza de su voto, entenderán la capacidad transformadora de la democracia y de la participación.
¡Y cuando la ejerzan, que tiemblen los que tengan que temblar, pues tendrán que rendir cuentas!
Señor Presidente , hasta ahora el voto es cautivo. El binominal -como decía la Senadora Lily Pérez - hace que el mayor adversario no sea el candidato del frente, sino el compañero de lista. Y, por tanto, como sostuvo el ex Presidente Lagos , este sistema terminará destruyendo a la política y a los partidos, ya que, en definitiva, hace que 66 por ciento sea igual a 33 por ciento.
Cuando me ha correspondido informar sobre este tema en el resto del mundo, nadie lo cree. ¿En qué otro país hay un sistema binominal como el nuestro donde el que obtiene 66 por ciento es igual al que saca 33? ¡Eso solo existe en Chile y hay que cambiarlo!
Claramente, este proyecto representa un paso revolucionario. ¡Inscripción automática y voto voluntario es un paso revolucionario!
Y considero que Chile está preparado, entonces, para llevar adelante el debate de fondo.
¡Nueva Constitución ahora para dejar atrás la Carta pinochetista que no se aprobó mediante plebiscito, que no permite elegir a los intendentes, que no establece referéndum revocatorio, que no ofrece participación a los indígenas ni da garantía alguna para que los ciudadanos puedan expresarse!
Señor Presidente , voto a favor de la inscripción automática, del voto voluntario y de los incentivos, porque estos últimos son estímulos que generan equidad, más aún cuando algunos sectores de la población se animarán a sufragar por ese incentivo, en circunstancias de que otros no lo harán ni lo reclamarán.
Por ejemplo, los gerentes generales no utilizarán esos incentivos, pero sí los modestos trabajadores van a poder reclamar su medio día libre. Y si esos incentivos son necesarios para propiciar mayor participación, bienvenidos, pues, al final del día, el voto se ejerce en conciencia y es secreto.
Basta que los trabajadores pidan a su jefe que les dé permiso para ir a votar. Y los viejos votan en conciencia. Nosotros les decimos a ellos que si les ofrecen regalos reciban todo lo que les den y, después, voten en conciencia, porque el voto es secreto.
Por lo tanto, pensar que el voto de ese electorado será manejado mediante estos incentivos constituye un error. La inmensa mayoría de los que sí tienen educación cívica tal vez no los van a usar, pero un importante sector de la población -el más humilde, el de menor educación- se motivarán a utilizarlos y, por tanto, tendremos una democracia mucho más participativa y amplia.
Voto a favor de la inscripción automática, del voto voluntario y de los incentivos para impulsar a los chilenos a participar en las votaciones.
¡Nueva Constitución, ahora!
¡Patagonia sin represas!
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en primer lugar, valoro la altura con que se ha realizado el debate.
Estamos llegando al término de un proceso bastante complejo y comparto la opinión de mi compañero de circunscripción, en el sentido de que este debate fue puesto en medio de un momento electoral, lo cual no le hace bien a la democracia porque, de alguna manera, los incentivos no son de mucha reflexión.
Por ello, pienso que cada Senador tiene gran parte de razón en todos los argumentos vertidos aquí.
Por otro lado, señor Presidente , quiero entender que cuando se habla de inscripción automática, nos estamos refiriendo a inscripción forzada. Se dice que podrán votar todos. ¡Claro! Pero hoy día es bastante fácil inscribirse, y puedo asegurar que es más rápido el trámite en los registros electorales que ir a votar.
Por lo tanto, sostener que la gente no se inscribe por esa razón es erróneo y responde a una cuestión mucho más profunda. En ese sentido, el problema no se está tomando con la seriedad que corresponde.
En la UDI asumimos hace un tiempo una decisión que consistía en inscripción, voto y desafiliación voluntarios. Desgraciadamente, esa idea no prosperó.
Sin embargo, acordamos un programa presidencial y, en esa línea, estamos cumpliendo con él a través del proceso legislativo que termina con este proyecto en su tercer trámite constitucional, con el cual aseguramos inscripción automática y voto voluntario, pero no desafiliación voluntaria. Es decir, en ese esquema el país va a avanzar.
Por otra parte, señor Presidente , lamento que, al hablar de un sistema de votación voluntaria, libre y soberano, no medie incentivo alguno para ejercer ese derecho.
Cabe destacar que tampoco hay restricciones, por cuanto hoy día la ley vigente -desafortunadamente el Senador Pizarro, quien planteó este problema no se encuentra en la Sala- no impone prohibiciones para votar a las personas que trabajan.
Por lo general, nuestras elecciones se desarrollan en días festivos. Todos los chilenos, exceptuando algunos casos de servicios de emergencia, pueden ejercer su voto sin dificultades.
El artículo 155 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios -normativa vigente y que no se ha derogado- dispone claramente: "Ninguna autoridad o empleador podrá exigir servicio o trabajo alguno que impida votar a los electores.". (La norma queda igual).
"En aquellas actividades que deban necesariamente realizarse el día en que se celebrare una elección o plebiscito, los trabajadores podrán ausentarse durante dos horas, a fin de que puedan sufragar, sin descuento de sus remuneraciones.".
En consecuencia, está vigente un permiso legal para que los trabajadores vayan a votar y, en ese sentido, no se advierte riesgo que amenace esa situación.
En cuanto a los vocales, el artículo 156 del referido cuerpo legal consagra: "Los empleadores deberán conceder los permisos necesarios, sin descuento de remuneraciones, a los trabajadores que sean designados vocales de Mesas Receptoras de Sufragios, miembros de Colegios Escrutadores o delegado de la Junta Electoral.".
Por lo tanto, queda absolutamente resguardada la posibilidad de que los trabajadores puedan acudir a sufragar.
El debate que viene, sin duda, se centrará en el sistema electoral. Nuestro país cuenta con tres modelos: el uninominal, para elegir al Presidente de la República y los alcaldes; el binominal, el cual rige para los parlamentarios y el proporcional que se utiliza en los comicios de concejales.
Pero ¿qué ocurre? Curiosamente, en Chile participan más electores en el sistema binominal que en el proporcional.
Si Sus Señorías estudian las cifras, se encontrarán que en ese ámbito la participación es mayor -y no quiero meter el sistema uninominal con que se elige al Presidente de la República , porque trata de una situación distinta-, lo cual, sin duda, es un asunto que amerita ser producto de debate.
Como anunció el Presidente de la República , esta discusión requerirá mucha altura de miras por tratarse de un asunto complejo y que -lo advierto al señor Ministro - no veo fácil. Y lo afirma un parlamentario que fue capaz de romper el sistema electoral binominal como muchos otros en la Cámara de Diputados y algunos en el Senado.
Me parece que ese debate será muy interesante, pues se darán razones de todos lados.
Por ello, opino que el sistema electoral binominal da estabilidad al país. El proporcional, a nivel de concejales, es prudente y razonable; y, en cuanto al uninominal, no veo otra posibilidad para elegir Presidente de la República o alcaldes.
Anuncio mi voto positivo en este artículo.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Carlos Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente , los artículos octavo, noveno y décimo que se discuten en esta oportunidad, a mi entender, contradicen frontalmente el presupuesto subyacente en la modificación constitucional que estableció la voluntariedad del voto. Esto se halla incorporado en nuestro ordenamiento constitucional y no está en cuestión.
El propósito de crear estos llamados "incentivos" traduce un temor latente que aquí ha sido invocado de manera oblicua: que la voluntariedad del voto genera indiferencia y pasividad. Algunos Senadores han ido más lejos y han asegurado que en lugar de votar más gente va a votar menos. El tiempo va a decir cuál es la apreciación acertada.
No puedo dejar pasar la referencia hecha por varios en cuanto a las circunstancias en que se aprobó la modificación constitucional. Se ha afirmado que se hizo en un clima inadecuado por haberse planteado en período preelectoral. Y eso es efectivo. De pronto se legisla sin tener en cuenta el futuro del país y las instituciones constitucionales y sociales. Las que tienen que ver con la forma en que se vive son de difícil recuperación posterior.
Tampoco puedo dejar de lamentar las urgencias y contraurgencias que han presidido el proceso durante este Gobierno. Estas materias no se pueden manejar como si fueran un yoyó. Tendría que hacerse con más reflexión y frialdad y mayor profundidad técnica. En fin, es un poco tarde para quejarse. Estamos enfrentados a esta decisión hoy día sobre los artículos octavo, noveno y décimo de la propuesta legal.
Efectivamente, cuando se votan estos temas de fondo, muchos se guían por eslóganes y por lugares comunes: la supuesta apertura, la democratización universal , con lo cual se desploma la última valla que tendría el impulso participativo de la gente, en circunstancias de que en realidad el interés de muchas personas por ello hoy día francamente no se vislumbra por ninguna parte.
Quienes votaron por dar carácter voluntario al voto de cada ciudadano y hoy día quieren introducir incentivos tangibles, como los previstos en los mencionados artículos, incurren en una contradicción verdaderamente muy aguda.
Los Senadores de estas bancadas, en especial los de Renovación Nacional, tenemos derecho a pedir más consecuencia. Los que votaron por la voluntariedad tenían que aceptar que ella fuera absoluta, completa, irredargüible.
El voto voluntario hoy día no debe ser enturbiado. No parece conveniente que se ponga en cuestión la efectiva perfección de la voluntariedad del voto incorporada en la Constitución. De otro modo, tendríamos que hacer una suerte de reserva de constitucionalidad.
Estimamos nosotros -y yo, en lo particular- que esta es una dupla: el derecho universal a votar de manera libre y voluntaria debe ser protegido por el sistema legislativo; la voluntariedad ha de ser eficaz y completa.
Estimo que introducir las nociones que aquí se han discutido pondría en duda, precisamente, esa voluntariedad. No sería una buena cosa en esta etapa de la discusión.
Lo que hoy es una norma constitucional debe ser acatada en su integridad. Quienes votaron a favor de la voluntariedad del voto -yo no lo hice, no pertenecía a esta Cámara- deben enfrentar las consecuencias, como lo ha señalado el Senador Letelier hace poco rato. Él, al menos, dijo que aceptaba la consecuencia de sus actos propios, lo que en política no suele verse.
Por estas razones, votaré que sí, lo que equivale, según entiendo, a rechazar los incentivos consignados en los artículos octavo, noveno y décimo del proyecto.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra, por último, el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente , las reformas políticas como la impulsada en esta ocasión por el Gobierno del Presidente Piñera son necesarias y urgentes. Ello, porque el sistema político necesita oxigenarse, dejar de mirarse el ombligo y dar cabida, escuchar adecuadamente a esos 4 millones 700 mil chilenos que no han sentido interés en participar en los procesos electorales.
Esta incorporación es la más grande ocurrida en la historia de nuestro país. Y, por supuesto, genera incerteza. ¡En buena hora! Los actores políticos van a tener que reencantar a la ciudadanía para los efectos de que concurra a votar. Y, naturalmente, las temáticas van a cambiar. Los actores políticos van a tener el desafío de plantearse frente a grupos etarios que no estaban en el debate público: los sectores más jóvenes, que han dado una lección respecto a cómo son capaces de poner un tema en el debate nacional, como fue el caso de la educación este año.
Estas reformas políticas las está impulsando este Gobierno, mi Gobierno, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Y en buena hora se ha develado -nosotros lo sostuvimos hace tres años en la Cámara de Diputados- que parlamentarios de la Concertación señalaban en público que eran partidarios de la voluntariedad del voto, pero, en privado, hacían ver su temor de que en las zonas agrícolas habría pocos electores. Y algunos partidos -entre ellos, la Democracia Cristiana- han sostenido derechamente ser partidarios de la inscripción automática con voto obligatorio.
La reforma constitucional que se aprobó fue de Senadores de la Coalición , de Renovación Nacional. Y este proyecto ha sido impulsado finalmente por el Presidente Sebastián Piñera , frente a la incredulidad de muchos.
Algunos sostenían que el Primer Mandatario no se iba a atrever a que en la próxima elección municipal hubiese efectivamente inscripción automática y voto voluntario. Y estamos acelerando todo el proceso para que ello ocurra, a fin de que los ciudadanos libremente se entusiasmen, se motiven, sueñen y sean capaces de concurrir a las urnas y sufragar.
Esto es relevante. Pero, claramente, la inscripción automática y el voto voluntario no constituyen la única reforma. El Gobierno del Presidente Piñera ha puesto sobre la mesa otra: las primarias. El dar mayor poder al ciudadano o empoderarlo es una cuestión de fondo.
Y no queda ahí: el propio partido del Presidente ha señalado, a través de su mesa directiva, que está dispuesto a estudiar, entre otras, la modificación al sistema de gobierno. Se trata de ser capaces de abordar, en forma responsable, con altura, la posibilidad de ir evolucionando de un sistema excesivamente presidencialista como el actual a uno semipresidencial, donde haya mayor contrapeso de los poderes públicos, una mayor fiscalización y control de la ciudadanía respecto de los actos del Ejecutivo y del Parlamento, con mayor poder de este último en relación con los poderes casi omnímodos que hoy día tiene el Jefe de Estado .
Esta agenda libertaria, esta agenda de participación ciudadana, esta agenda que tiende a oxigenar el sistema político no fue impulsada por los Gobiernos de la Concertación, aunque lo prometieron en muchos de sus programas. Ha sido este Gobierno el que está respetando la palabra empeñada, y lo va a seguir haciendo. Va a cumplir su Programa de la "A" a la "Z". Los temas de participación ciudadana, las iniciativas que tienden a refrescar el sistema político y a dar poder al ciudadano están en primera línea.
Nosotros hemos propuesto otros proyectos. ¿Por qué no? El límite a la reelección indefinida de los diputados, senadores, alcaldes y concejales es uno de ellos. Lamentablemente, el proyecto respectivo lo perdimos por dos votos en la Cámara de Diputados -¡por dos votos!-, porque no alcanzamos el quórum. Y espero que mi Gobierno, el Gobierno del Presidente Piñera, lo ponga sobre la mesa.
Entonces, tenemos inscripción automática, voto voluntario y se establecerá un sistema de elecciones primarias que va a permitir que los ciudadanos se pronuncien respecto de cuáles son los mejores candidatos, aquellos que pueden cautivar sus sueños, sus aspiraciones.
Por supuesto, se van a analizar fórmulas para reestudiar nuestro régimen político. Esto igualmente estará sobre la mesa.
Y ha sido mi Partido, Renovación Nacional, el que ha relanzado la comisión, a cargo del Senador Baldo Prokurica, que el año 2007 entregó una propuesta al Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet...
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Fue el año 2006.
El señor CHAHUÁN.- ...el 2006, sin que hasta ahora haya habido alguna respuesta.
Ajustes al sistema electoral: ¡los propuso Renovación Nacional! Ajustes al sistema binominal: ¡ni una respuesta por parte de los Gobiernos de la Concertación!
¡Pero el actual Gobierno, señores Senadores, va a cambiar la historia!
¡El actual Gobierno va a dar mayor participación ciudadana y cumplirá con la palabra empeñada!
He dicho.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Ha pedido la palabra el señor Ministro .
Puede hacer uso de ella.
El señor LARROULET ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).- Señor Presidente , por su intermedio, quiero agradecer, en nombre del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, las intervenciones de las señoras Senadoras y los señores Senadores, que demuestran un enorme respaldo a esta iniciativa de inscripción automática y voto voluntario.
Como dijeron quienes me antecedieron, estamos, sin lugar a dudas, frente a un momento histórico. Termina el tercer trámite de esta legislación, que se traducirá en un incremento de aproximadamente 55 por ciento del padrón electoral.
En la historia de Chile solo ha habido un episodio similar, el año 1952, cuando se permitió el voto femenino en las elecciones parlamentarias y presidenciales, que también significó un aumento de 55 por ciento en los registros electorales.
Por lo tanto, estamos ante un hecho que, con toda rigurosidad, puede ser calificado de histórico, el cual implicará una inyección de renovación y optimismo en la acción política, como, igualmente, de mayor valorización de la actividad política, tan importante para una democracia.
Considero, además, que el voto voluntario va a acercar a los parlamentarios, los alcaldes, los concejales y a los distintos actores políticos con la ciudadanía, lo cual interesa, por sobre todas las cosas, al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, para que se tomen en cuenta los problemas de la población, relacionados con la delincuencia, la educación, etcétera.
Por eso, estamos muy satisfechos con el resultado de este debate y de las votaciones efectuadas.
Queremos agradecer al Senado, a la Cámara de Diputados y a cada uno de los integrantes de ambas Cámaras, en particular a los parlamentarios que hicieron un esfuerzo muy importante por llegar a este momento.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Terminada la votación.
--Se acoge la enmienda propuesta por la Cámara de Diputados y, por consiguiente, se suprime el Artículo Octavo del proyecto (25 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Muñoz Aburto, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide y Uriarte.
Votaron por la negativa la señora Rincón y los señores Frei (don Eduardo), Letelier, Navarro, Pizarro, Sabag, Tuma y Walker (don Ignacio).
Se abstuvieron la señora Alvear y los señores Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Queda despachado el proyecto sobre inscripción automática y voto voluntario.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora ALVEAR:
Al señor Ministro del Interior, para que informe acerca de EVENTUAL IRREGULARIDAD EN PROCEDIMIENTO DE CARABINEROS DE COMISARÍA DE PROVIDENCIA SOBRE ACCIDENTE DE TRÁNSITO,
y a la señora Ministra de Bienes Nacionales, solicitándole ACLARACIÓN RESPECTO A LICITACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS.
Del señor FREI (don Eduardo):
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, en cuanto a SOLICITUD DE SEÑORA GISELA LITVANYI P. PARA PERFECCIONAMIENTO DE NORMATIVA SOBRE CEMENTERIOS EN ZONAS URBANAS.
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro de Educación, formulando RECONOCIMIENTO POR ESTABLECIMIENTO DE BECA PATAGONIA-AYSÉN, CONSTRUCCIÓN DE LICEO EN LA JUNTA, INSTALACIÓN DE SEDES UNIVERSITARIAS Y ESTUDIO DE MODIFICACIÓN A LEY GENERAL DE EDUCACIÓN,
y al señor Ministro de Justicia, pidiéndole dejar sin efecto POSIBLE CONSTRUCCIÓN DE RECINTO PENITENCIARIO EN COYHAIQUE BAJO (ambos de la Región de Aysén).
De la señora RINCÓN:
A la señora Ministra del Trabajo, pidiéndole información relativa a DESPIDOS POR SEREMI DE SALUD DE REGIÓN DEL MAULE, Y EN ESPECIAL DE DISCAPACITADA SEÑORA JESSICA VALENZUELA, DE TALCA,
y al señor Ministro de Salud, para que informe acerca de POSIBLE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ASISTENCIAL AL LADO DE COPA DE AGUA EN COMUNA DE LONGAVÍ, así como sobre factibilidad de INTERVENCIÓN URGENTE DE HOSPITAL DE TALCA (los tres de la Región del Maule Sur).
)-------------(
--Se levantó la sesión a las 20:5.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESION
11. MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES LETELIER, GÓMEZ Y WALKER (DON PATRICIO), CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE PERMITE EL ACCESO JUDICIAL A INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN LOS PROCESOS DE DIVORCIO Y DE NULIDAD MATRIMONIAL (8100-07)
Fundamentos:
La Ley N° 19.947, de Matrimonio Civil, en su artículo 3°, inciso primero, prescribe:
“Las materias de familia reguladas por esta ley deberán ser resueltas cuidando proteger siempre el interés superior de los hijos y del cónyuge más débil.”
En congruencia con el principio legal de protección al interés del cónyuge más débil, la precitada Ley, en su Capítulo VII, Párrafo 1°, establece el derecho a una compensación económica a favor del cónyuge que no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería.
Este derecho, cuando proceda, será reconocido en el proceso de divorcio o en aquel en que se declare la nulidad del matrimonio.
Específicamente el artículo 63, de la Ley N° 19.947, dispone que para determinar la existencia del menoscabo económico y la cuantía de la compensación, se considerará, entre otros aspectos, la situación patrimonial de ambos cónyuges.
Sin lugar a dudas, para la ponderación integral que deben realizar los Tribunales de Familia respecto de la situación patrimonial resulta de imprescindible necesidad disponer de los antecedentes relativos a cuantía y fuente de las rentas de los cónyuges.
El artículo 35, inciso tercero, del Código Tributario (Decreto Ley N° 830, de 31 de diciembre de 1974) dispone:
“El precepto anterior no obsta al examen de las declaraciones por los jueces o al otorgamiento de la información que éstos soliciten sobre datos contenidos en ellas, cuando dicho examen o información sea necesario para la prosecución de los juicios sobre impuesto y sobre alimentos; ni al examen que practiquen o a la información que soliciten los fiscales del Ministerio Público cuando investiguen hechos constitutivos de delito, ni a la publicación de datos estadísticos en forma que no puedan identificarse los informes, declaraciones o partidas respecto de cada contribuyente en particular.”
Es evidente que precepto legal citado representa un obstáculo, carente de justificación plausible, que impide a los jueces de familia lograr un conocimiento acabado acerca de la situación patrimonial de los cónyuges en aquellos juicios de divorcio o nulidad de matrimonio, en los cuales uno de los puntos controvertidos resulte la compensación económica. Consecuencialmente, la mencionada limitación opera también en detrimento de la especial tuición que por expresa disposición legal debe dispensarse al cónyuge más débil.
Con el fin de corregir la situación precedentemente expuesta -perfeccionando con ello la armonía que debe existir en todo ordenamiento jurídico-, se hace necesario modificar el Código Tributario, estableciendo la posibilidad de que los jueces de familia puedan conocer antecedentes tributarios de quienes figuren como partes en juicios de divorcio o nulidad de matrimonio, cuando ese conocimiento resulte necesario para un acertado pronunciamiento acerca de la compensación económica.
De acuerdo a los fundamentos expuestos, vengo en presentar el siguiente:
Proyecto de Ley
Artículo Único: Modifíquese el Decreto Ley N° 830, de 1974, que fija el texto del Código Tributario en siguiente sentido:
Intercalar en el inciso tercero de su artículo 35, a continuación de la expresión “y sobre alimentos” la siguiente frase: ", divorcio o nulidad de matrimonio", quedando la redacción de este inciso de la siguiente manera:
“El precepto anterior no obsta al examen de las declaraciones por los jueces o al otorgamiento de la información, que éstos soliciten sobre datos contenidos en ellas, cuando dicho examen o información sea necesario para la prosecución de los juicios sobre impuesto y sobre alimentos, divorcio o nulidad de matrimonio; ni al examen que practiquen o a la información que soliciten los fiscales del Ministerio Público cuando investiguen hechos constitutivos de delito, ni a la publicación de datos estadísticos en forma que no puedan identificarse los informes, declaraciones o partidas respecto de cada contribuyente en particular.”
(Fdo.): Juan Pablo Letelier Morel, Senador.- José Antonio Gómez Urrutia, Senador.- Patricio Walker Prieto, Senador.
12. MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORA PÉREZ (DOÑA LILY) Y SEÑORES CANTERO Y HORVATH, CON LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE AÑADE LA MULTA A LA PENA CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 268 BIS DEL CÓDIGO PENAL, POR DELITO DE FALSA ALARMA, Y FACULTA AL JUEZ PARA CONMUTAR LA SANCIÓN (8099-07)
El Código Penal en su artículo 268 bis tipifica el delito de falsa alarma de la siguiente forma: "el que diere falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública a los cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública...". Imponiendo una pena que va desde los 61 a 540 días, reclusión menor en su grado mínimo, una penalidad baja, toda vez que nos encontraríamos ante una situación que no es cierta por lo que la afectación al bien jurídico protegido no sería tal y el peligro al cual es expuesto, falso.
Sin embargo, pese a ser este un delito que se ubica dentro de los delitos contra el orden y seguridad públicos cometido por particulares y que en general, el legislador a ubicado los distintos delitos en aquellos títulos en que se identifica el bien jurídico afectado, tratándose de este delito en particular, consideramos que no sólo se ve afectado el orden y seguridad públicos de una manera falsa, en cuanto es falsa la alarma, sino que también y de manera real, existe un menoscabo a la integridad psíquica de las personas frente a una situación como esta, incluso pudiendo llegar a afectar su integridad física, ante una situación de tumulto o conmoción como reacción a la comisión de este ilícito.
Esta norma, fue incorporada el año 2002 por la ley 19.830 que modificó el Código Penal para proteger la seguridad de los voluntarios de los cuerpos de bomberos en actos de servicio y sin duda alguna, representa un avance en la protección de la seguridad de quienes realizan esta importante labor, como es el Cuerpo de Bomberos. Sin perjuicio de ello, a nuestro juicio no hay que desatender las tremendas consecuencias que estas conductas generan en aquellas personas que se ven afectadas por estas irresponsables conductas, apuntando no sólo a los perjuicios económicos que puede generar por ejemplo, una falsa alarma de bomba en un aeropuerto, en que sin duda hay costos económicos importantes para las aerolíneas, pasajeros y todos quienes se involucran en este mercado, por cambio en los horarios, por pérdidas de vuelo, etc. como también los costes humanos y económicos que el despliegue de las fuerzas de orden y seguridad pública y bomberos implican. Hay que recordar que además hay una presión psicológica y emocional importante en las personas, una angustia que, siguiendo con el ejemplo anterior y poniéndonos en ese escenario, puede incluso llegar al terror.
Así, como un ejemplo de los egoístas móviles que podemos invocar, se puede recordar el caso de la mujer quien en febrero de este año "por amor" dio un falso aviso de bomba en el aeropuerto internacional de Santiago Comodoro Arturo Merino Benítez para evitar el vuelo de su pareja. Hechos egoístas como estos son precisamente los que este proyecto busca evitar, prevenir y finalmente sancionar, pues no hay que olvidar que, además de todo el despliegue operativo que existió, 312 pasajeros fueron evacuados de ese vuelo con destino a Madrid y no sólo evacuados, sino expuestos a angustiantes momentos, incertidumbre, pérdida de tiempo y programación.
Es por todos estos factores:
i) Afectación económica en cuanto al servicio o evento interrumpido, despliegue de fuerzas de orden y seguridad pública y bomberos.
ii) Afectación psicológica de los individuos afectados por la falsa alarma.
iii) Eventualmente afectación física de las personas involucradas, es que consideramos que la penalidad establecida para este delito es muy baja, más aun considerando las salidas alternativas que el sistema procesal penal ofrece, lo que significa que en los hechos, una persona sin antecedentes penales finalmente no cumplirá pena alguna y tampoco será obligado al pago de una multa. Es por este motivo que hemos considerado apropiado imponer a este delito la pena accesoria y obligatoria de multa, pues de esta manera existirá una sanción efectiva a quienes incurran en este ilícito.
Además, previendo la posibilidad que no se cuente con los medios para enterar el monto de la pena pecuniaria, para evitar que por aplicación del artículo 49 del Código penal se sufra por la vía de la substitución y apremio la pena de reclusión, al no contar con bienes suficientes para cubrir la multa, es que hemos optado por utilizar la fórmula que se previo para el hurto falta tipificado en el artículo 494 bis del Código penal, esto es, facultar al juez para conmutar la pena de multa por la de trabajos en beneficio de la comunidad.
Consideramos que esta facultad y per se, la pena de trabajados en beneficio de la comunidad, sobre todo, habida consideración del hacinamiento que hoy existe en las cárceles de nuestro país, permite por un lado cumplir el objeto de la pena en su aspecto preventivo especial, pero por otro, se adecúa a las necesidades sociales de nuestro país siendo un arma efectiva en el control del delito.
II. - CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY
El presente proyecto consta de un artículo único por el cual se busca remplazar el actual 268 bis del Código Penal imponiendo la pena accesoria y obligatoria de multa y facultando al juez para conmutar la multa por la de trabajos en beneficio de la comunidad graduando la pena en función de si la falsa alarma generó caos o conmoción, suspensión del servicio, evento o reunión o afectó el orden o seguridad pública, aumentando su penalidad.
III. - PROYECTO DE LEY
Es por todas las consideraciones anteriores que venimos a presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
“Artículo Único.- Sustitúyase el artículo 268 bis del Código Penal por el siguiente:
“El que diere falsa alarma de incendio, emergencia bomba, aparato explosivo o calamidad pública a los Cuerpos de Bomberos, Carabineros u otros servicios de utilidad pública, sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 20 Unidades Tributarias Mensuales. El tribunal podrá conmutar la pena por la realización de trabajos determinados en beneficio de la comunidad, señalando expresamente el tipo de trabajo, el lugar donde debe realizarse, su duración y la persona o institución encargada de controlar su cumplimiento. Los trabajos se realizarán, de preferencia, sin afectar la jornada laboral o de estudio que tenga el infractor, con un máximo de 10 horas semanales. La no realización cabal y oportuna de los trabajos determinados por el tribunal dejará sin efecto la conmutación por el sólo ministerio de la ley y deberá cumplirse íntegramente la sanción primitivamente aplicada.
Si producto de la alarma se generó la suspensión del servicio, evento o reunión; o se provocó caos, congestión, o afectó el orden o la seguridad de la población o de una parte de ella, se aumentará la pena privativa en un grado y la multa al doble. Si el juez hace uso de la facultad de conmutar la pena en este caso, el máximo de horas que podrá imponer de trabajos en beneficio de la comunidad será de 14 horas semanales.
(Fdo.): Lily Pérez San Martín, Senadora.- Carlos Cantero Ojeda, Senador.- Antonio Horvath Kiss, Senador.
13. MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE PRECISA EL CONCEPTO DE ACUSACIÓN EN EL ARTÍCULO 16 Nº 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA Y PERMITE EL SUFRAGIO DEL CIUDADANO PRIVADO DE LIBERTAD QUE NO HA SIDO CONDENADO A PENA AFLICTIVA (8101-07)
1. Antecedentes
Expertos como Mandeep K. Dhami, Doctora en Derecho, Profesora de Criminología en el Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge, sostienen que “los principios básicos de la democracia electoral son establecidos en el derecho internacional. El artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos declara que “Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: [...] (b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”; el artículo 2, establece que esto se aplica "sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social". Aunque el derecho internacional no siempre forma parte del derecho interno de los países, él tiende a influir en la legislación nacional y ser utilizado como referencia para evaluar esa legislación.”
Dhami ha señalado que "dentistas políticos tales como Robert A. Dahl también sostienen que el proceso democrático debe permitir que todos los miembros adultos de un estado tengan una igual y efectiva oportunidad de contribuir a la agenda política y votar sobre ella, de manera que cada voto cuente por igual. Históricamente, no hubo sufragio universal de la población adulta. Por ejemplo, en muchos países a las mujeres, a los pobres, a los negros y a los pueblos indígenas se les negó el derecho a voto. Hasta la fecha, un segmento de la población adulta, es decir, los presos y los ex delincuentes en algunos países, son marginados en muchas democracias. El que sean excluidos del proceso cívico es una amenaza para la democracia (...) La eliminación del derecho a votar de los presos puede tener ramificaciones negativas para los ideales democráticos de igualdad y justicia. Por el contrario, incluir a los presos puede promover su rehabilitación y reinserción social, y puede tener un impacto real sobre el clima político de un país." [1]
Según los estudios de Dhami "Internacionalmente, las políticas en materia de derechos de voto de los presos transitan a lo largo de un abanico de alternativas. Por un lado, hay países que permiten a los presos votar (por ejemplo, Canadá, Ucrania, Sudáfrica e Irán). Por otro, hay países que prohíben votar a los presos, y esta política de privación varía. Varios países restringen la votación a determinados grupos de presos. Por ejemplo, en Australia los condenados a más de 5 años no pueden votar, mientras que en China es para los condenados a muerte que está prohibido votar. Muchos países tienen una prohibición más o menos indiscriminada respecto del voto de los presos (por ejemplo, el Reino Unido y Rusia). Por último, hay unos pocos países, tales como Finlandia, que prohíben votar a los presos por algún tiempo después de finalizado su encarcelamiento.
Algunos estados en los Estados Unidos tienen una de las más restrictivas políticas en este sentido; privan del derecho a voto permanentemente o los criminales. Aunque la mayoría de las políticas de privación del voto se refieren a los presos condenados, los presos en espera de juicio o de condena son a menudo "prácticamente" privados del voto, con poca oportunidad de votar en la cárcel. Se estima que casi 4,5 millones de personas, en 54 países, han sido privados de su derecho al voto debido a la encarcelación."
De hecho, se estima que sólo en Estados Unidos alrededor de 4 millones de personas están privadas del derecho a votar, aun cuando más de un millón de esas personas ya han cumplido su condena. [2]
2. ¿Muerte cívica de los reclusos?
La profesora Dhami ha recordado que las leyes de privación del voto reflejan el concepto de "muerte civil" o de retirada de la vida política y jurídica y del ejercicio de los derechos civiles, todas ellas originarias de la antiguas sociedades griega y romana y adoptadas por la Europa medieval y que entre las razones comúnmente invocadas para descalificar a los presos de la votación se incluyen, que ello promueve la responsabilidad cívica y el respeto de la ley; que los delincuentes han perdido el derecho de voto desde que violaron el "contrato social"; que éste es un método de control de la criminalidad; que la "pureza de las urnas" debe ser protegida de los delincuentes que podrían corromperla, actuar subversivamente o cometer fraude electoral, y que es costoso y poco práctico permitir a los presos votar.
A menudo, la privación del voto a los presos es considerada simplemente como otra restricción a la libertad de las personas que están encarceladas.
Sin embargo, el argumento de que permitir que los presos voten sería costoso y poco práctico es éticamente injustificable. Del mismo modo, el hecho de que los presos pierden muchas libertades no implica que deban perder todos sus derechos civiles.
Negar a los presos el derecho a voto posiblemente socava el respeto al imperio de la ley desde que los ciudadanos que no pueden participar en la elaboración de las leyes probablemente no reconocerán su autoridad. Permitir que los presos voten, por el contrario, puede reforzar sus vínculos sociales y su compromiso con el bien común, por lo tanto, promover la participación lícita y responsable en la sociedad civil. Sugerir que los presos han perdido el derecho a votar porque han violado el contrato social implica que ellos escogieron deliberada y racionalmente la actividad criminal con e! conocimiento de que pueden perder sus derechos de voto. En muchos casos, las causas de la criminalidad van más allá de la elección individual y los delincuentes suelen ser ignorantes de las políticas de privación del derecho a voto.
Como método de lucha contra la criminalidad o como objetivo del sistema penal, la privación del voto es retributiva en la medida en que el delincuente sea privado de algo que él o ella valore. La privación puede no ser retributiva, si los delincuentes ya se sienten alienados de la vida civil y política, y no enmienda el daño ya causado.
Tampoco hay pruebas para demostrar que la privación del voto rehabilita, incapacita o disuade a los delincuentes. La privación del voto socava el objetivo rehabilitador de desarrollar la personalidad de los delincuentes y reinsertarlos a la sociedad en cuanto ella puede reducir la autoestima de los delincuentes y alienarlos de la comunidad. De hecho, como se señalará más adelante, la privación del voto puede fomentar aún más el comportamiento criminal. La disuasión a través de la privación del voto es difícil de lograr porque las personas rara vez son conscientes de esta consecuencia, y es poco probable que encuentren en ello un factor de disuasión suficiente (sobre todo cuando no son disuadidos por largas penas de cárcel). En efecto, los Estados o países con discapacidades civiles resultantes de una condena, por ejemplo, la reducción de los derechos de orden familiar (por ejemplo, la terminación de la patria potestad y los motivos legales para el divorcio) y la reducción de derechos que involucran confianza y seguridad (por ejemplo, la privación del derecho a servir como jurado y a poseer un arma de fuego) no necesariamente tienen un menor índice de criminalidad. Por último, el uso de la privación del voto como una incapacidad no es plausible para los delincuentes que no son culpables de delitos relacionados con las elecciones.
La idea de que la pureza de las urnas debe ser preservada destaca tres preocupaciones. La primera preocupación es que los delincuentes "corromperían", "mancharían" o "infectarían" la sociedad, es vaga y mal definida. ¿Permitiendo que los delincuentes voten realmente se pone en peligro la sociedad civil? La segunda preocupación es que los delincuentes pueden votar subversivamente en las urnas. Para ello sería necesario que los candidatos presentaran políticas rebeldes, y un número suficiente de delincuentes organizados. Tampoco hay pruebas de que los delincuentes tienen más probabilidades que otros grupos de votar en una forma subversiva o rebelde. De hecho, Casper [3] encontró que los criminalmente acusados creían que la ley es digna de respeto. Al igual que otras personas, los delincuentes tenderán a emitir su voto basado en algo más que el propio interés o un tema en particular. De todos modos, excluir a un grupo sobre la base de cómo vota es antidemocrático. La tercera preocupación es que los delincuentes puedan cometer fraude electoral. Sin embargo, no hay relación entre la comisión de delitos electorales y otros tipos de delitos. Además, una persona que cometió un delito electoral en el pasado no necesariamente cometerá un crimen similar en el futuro.
El desempoderamiento político de un segmento de la sociedad pone en peligro la legitimidad cíe una democracia. La futura investigación psicológica podría explorar los motivos que justifican las políticas de privación del voto a los presos. Por ejemplo, ¿en qué medida el acto de votar afecta los sentimientos de pertenencia a una comunidad más amplia? ¿Las personas perciben la votación como un comportamiento egoísta o altruista? ¿Las personas creen que la eliminación del derecho de voto actuará como una disuasión suficiente para los criminales? ¿Qué se les atribuye a las personas que están privadas del derecho a voto? ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre la visión de las víctimas y la de los delincuentes acerca de la privación del voto? ¿Cómo el patrón de voto de los presos difiere del comportamiento del electorado en general?
3. La desigualdad
En el estudio ya citado de la profesora Dhami ella señala que las leyes de privación del sufragio pueden llevar a la desigualdad. Teniendo a los Estados Unidos como ejemplo, ella dice que es evidente que hay una tasa desproporcionada de condena y encarcelamiento de los afroamericanos. Por ejemplo, en 2003, los reclusos negros de sexo masculino representaban aproximadamente el 44% de todos los reclusos con una pena de 1 año o más, mientras que los reclusos blancos representaban el 35%, y hombres negros fueron encarcelados en una tasa de 3.405 por cada 100.000 habitantes, en comparación con una tasa de 465 para los hombres blancos. [4] Un patrón similar emerge para las mujeres negras. Los perfiles raciales y la "guerra contra las drogas", que discrimina sistemáticamente, pueden explicar en parte estas tasas desproporcionadas. [5]
Sin embargo, esto ha llevado también a la desigualdad de la privación del sufragio de estos grupos. Por ejemplo, alrededor del 13% de todos los hombres afroamericanos (1,4 millones) están privados de su derecho a sufragio [6]. Comprenden el 36% del total de población de los privados de sufragio a pesar de que constituyen sólo el 6% de la población total. Está previsto que tres de cada diez de la próxima generación de hombres afroamericanos perderá el derecho a voto, ya sea de forma temporal o permanente. [7]
Aunque las cifras comparables para los latinos aún no se han presentado, es probable que un patrón similar emerja para este grupo minoritario. Harvey se refiere a la erosión o al desempoderamiento de los grupos minoritarios como "dilución del voto racial".[8]
La práctica de la privación del sufragio, junto con los desproporcionados índices de encarcelamiento de afroamericanos es discriminatoria y frustra los esfuerzos del movimiento de derechos civiles (Harvey, 1994). De hecho, varios autores han señalado la relación entre el racismo y el desarrollo de leyes de privación del sufragio a criminales en los Estados Unidos [9]. Preuhs encontró, después revisar varios factores, que indicadores raciales tales como el tamaño de la población minoritaria explican mejor la variación de la política de privación del sufragio a través de los estados, y que cuando la proporción de la población minoritaria aumenta también lo hace la severidad de las leyes de privación del sufragio [10]. Behrens demostró que, después de revisar otros factores relevantes, los estados con mayor población penitenciaria no blanca fueron más propensos a privar a los criminales condenados que los estados con proporciones menores de presos no blancos, y estas políticas de privación tienden a ser más restrictivas. [11]
Similares patrones de desigualdad en la privación del sufragio son evidentes en otros países. Por ejemplo, en Australia, los indígenas son 16 veces más propensos a ser encarcelados que los no indígenas, y la privación del sufragio tiene un efecto desproporcionado sobre ellos [12]12. El impacto desproporcionado que la política de privación del sufragio de Canadá ha tenido en su población aborigen fue reconocida por la Corte en Sauvé v. Cañado. La investigación psicológica podría examinar el impacto psicosocial que la "dilución del voto racional" tiene sobre las minorías privadas de sufragio y en los estereotipos de los grupos mayoritarios acerca de ellos.
4. El voto como parte de la reinserción social
El estudio citado de la Dra. Mandeep K. Dhami recuerda que "El artículo 10 del PIDCP (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) establece: "1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano". "3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados". Esto, según su opinión, es lo que ha sido reconocido por los tribunales como la Corte Suprema del Canadá (2002) y el Tribunal Constitucional de Sudáfrica (1999) cuando se pronunció en contra de la privación del sufragio. Las elecciones enfatizan que todos somos miembros de una comunidad, trabajando para un bien común, y que tenemos vínculos sociales. La votación representa una forma de crear y mantener esos vínculos. Por lo tanto, psicológica y socialmente, el derecho a voto podría permitir a los presos percibirse a sí mismos como útiles, responsables, confiables y como ciudadanos respetuosos de la ley. Esto podría favorecer su rehabilitación y ayudarles a reintegrarse en la sociedad después de la liberación.
La privación del sufragio, por el contrario, serviría para aumentar la distancia social entre el delincuente y la comunidad, y reafirma sus sentimientos de alienación y aislamiento. Esto puede impedir, de su parte, la aceptación y el respeto de las normas sociales y el imperio de la ley. La privación del sufragio también etiqueta negativamente a los individuos como ciudadanos "de segunda clase". En una encuesta a 33 criminales condenados en los Estados Unidos, Uggen y Manza encontraron que la privación del sufragio fue estigmatizador y un signo de aislamiento social, incluso si las personas no habían ejercido su derecho a voto en el pasado [13]. Los criminales dieron cuenta de la necesidad de sentirse como ciudadanos plenos. El estigma y la humillación de que se les niegue el derecho a votar pueden ser perjudiciales para la adquisición de esta imagen de sí mismo. De hecho, la privación permanente del sufragio sugiere que una persona no cambiará nunca y siempre será un desviado. Tal etiquetamiento puede llevar a nuevas actividades delictivas [14]
Hay algunas pruebas que indican que el comportamiento electoral y el comportamiento criminal están relacionados. En un estudio longitudinal de 1.000 adultos jóvenes, Uggen y Manza encontraron que sólo alrededor del 5% de los votantes habían sido detenidos o encarcelados en comparación con los no-votantes de los cuales el 16% había sido detenido y el 12% había sido encarcelado [15]. Entre los detenidos con anterioridad, aproximadamente el 27% de los no votantes habían sido otra vez detenidos en comparación con el 12% de los votantes. Patrones similares surgen cuando se examina el crimen autorreportado de tal manera que los electores reportaron significativamente menos delitos que los no votantes. Por lo tanto, la votación parece ser parte de un "paquete de comportamiento prosocial".
Una investigación psicológica podría también ayudar a identificar los mecanismos por los cuales la privación del sufragio afecta el autoconcepto y cómo éste media en el impacto de la política de privación del sufragio sobre la conducta delictual futura.
Negar a los presos el derecho a votar puede tener un impacto real en la política de un país. La mayoría de los delincuentes son pobres o de clase trabajadora, y como se ha señalado, en muchos países hay un número desproporcionado de miembros de minorías étnicas representadas entre sus filas. Estos grupos son propensos a votar por liberales o demócratas en lugar de conservadores o republicanos. En los Estados Unidos, Uggen y Manza estiman que desde 1972, en promedio, 35% de los crimínales privados de sufragio habría votado en las elecciones presidenciales y el 24% habría votado en las elecciones del Senado [16]. Alrededor de siete de cada diez votos emitidos por los delincuentes condenados habrían sido para el Partido Demócrata. Históricamente, por lo tanto, siete elecciones senatoriales se podrían haber volcado en favor de los demócratas si los criminales hubieran podido votar. Se ha estimado que el resultado de la elección presidencial de los EE.UU. del año 2000, cuando G.W. Bush ganó por 537 votos, pudo haber sido determinada por la prohibición permanente sobre los derechos a sufragio de más de 400.000 ex criminales en el estado de Florida (incluso después de excluir de la prohibición a criminales). El impacto de la restitución del voto en las elecciones a nivel local o de distrito sería mayor, ya que existe una mayor concentración de delincuentes y ex delincuentes en las zonas urbanas.
Una observación similar de los efectos políticos de la privación del sufragio se ha hecho en el Reino Unido. La Prisión Reform Trust ha argumentado que en las elecciones generales de 1997, la prohibición del derecho de voto puede haber afectado los resultados en ocho circunscripciones marginales que alojan un gran número de presos. Por ejemplo, en Dorset South, que incluye tres cárceles que acogen cerca de 1.500 presos, un candidato conservador ganó por una mayoría de sólo 77 votos. Por lo tanto, la restitución del derecho a voto a los presos y ex delincuentes ofrece amplias oportunidades para pensar contrafácticamente acerca de cómo esas políticas pueden haber alterado las democracias.
5. La legislación comparada
Canadá
En octubre de 2002 la Corte Suprema de Canadá, en Sauvé v. Canadá, rechazó la legislación federal que prohibía a los presos votar por una mayoría de 5 a 4. El Gobierno había afirmado que la privación del voto estaba justificada en el argumento de que aumentaría la responsabilidad cívica y el respeto del imperio de la ley, y que proporcionaría un castigo adicional. La visión de la mayoría, resumida por el Juez McLachlin, fue la siguiente:
La legitimidad de la ley y la obligación de obedecer la ley se derivan directamente del derecho de todo ciudadano a votar. Denegar a los reclusos el derecho a votar es perder un medio importante de enseñarles los valores democráticos y la responsabilidad social [...] La negación del derecho de voto sobre la base de atribuir indignidad moral es incompatible con el respeto de la dignidad de cada persona [...] También es contrario a la idea [...] de que las leyes exigen obediencia, ya que son hechas por aquellos cuya conducta rigen. Negar el derecho de voto no cumple con los requisitos de un castigo legítimo, a saber, que el castigo no debe ser arbitrario y debe servir a un propósito válido para el derecho penal [...] En cuanto a un propósito penal legítimo, ni el reporte ni el sentido común apoyan la afirmación de que la privación disuade a los criminales de delito o los rehabilita.
Por supuesto, este cambio en la política no significa que la privación del voto no será nuevamente reintroducida. En el futuro, los presos de Canadá que cumplen condenas por delitos específicos podrán ser privados del derecho a voto. Además, los jueces pueden dar poderes para eliminar el derecho a votar como parte de una pena judicial. Sin embargo, por ahora, los presos de Canadá tienen derecho a voto. Aproximadamente un tercio estaba registrado para votar en las elecciones federales de 2004, aunque se desconoce cuántos ejercieron este derecho. [17]
Reino Unido
La sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos en Hirst v. United Kingdom, en marzo de 2004, puso en tela de juicio la validez de la prohibición sobre el derecho de voto de los presos. El Gobierno había afirmado que la privación se dirigía a prevenir el delito y castigar a los delincuentes, y mejorar la responsabilidad cívica y el respeto del imperio de la ley. Se argumentó que los presos condenados habían incumplido el contrato social y así perdido el derecho a participar en el proceso cívico durante la duración de su condena. El Tribunal siguió el razonamiento de la mayoría en el caso Sauvé v. Canadá. Además, el tribunal declaró que
El hecho de que un recluso condenado esté privado de su libertad no significa que pierde la protección de otros derechos fundamentales [...], a pesar de que el disfrute de esos derechos debe inevitablemente ser atemperada por las exigencias de su situación [... J No hay una ciara y lógica relación entre lo pérdida del voto y la imposición de una pena de prisión, where no bar applies to a persona culpable de delitos que pueden ser igualmente antisociales o 'anticiudadanos', pero cuyo crimen no se encontró con tal consecuencia.
Una vez más, sin embargo, la corte dejó abierta la posibilidad de eliminar el voto de los presos condenados por determinado tipos de delitos, o para permitir a los jueces prohibir votar a los presos como parte de su condena. Juliet Lyon, directora de la Prison Reform Trust, afirmó en ese momento, ante los alegatos del gobierno apelando contra este pronunciamiento, estar "preocupada de que el gobierno esté usando este prolongado proceso como forma de asegurarse de que no tendrá que lidiar con la rehabilitación del derecho a voto de los presos en las próximas elecciones generales" (comunicación personal, 18 de enero de 2005). De hecho, los presos en el Reino Unido no pudieron votar el 5 de mayo de 2005.
Costa Rica
El Artículo 168 del Código Electoral (Ley Nº 1536 del 10 de diciembre de 1952) prohibía la instalación de juntas receptoras de votos en cualquier "cárcel u otro centro semejante de reclusión"; disposición que, por sus efectos, resultaba negatoria del derecho fundamental a sufragar que la Constitución formalmente reconocía a la población penitenciaria, traicionando con ello la regla constitucional según la cual la ley debe ofrecer garantías de que el sistema para emitir el sufragio les facilitará a todos los ciudadanos el ejercicio de ese derecho (Art. 95.4). La Licenciada Elizabeth Odio Benito, en su condición de Ministra de Justicia durante la administración 1990-1994, lo hacía ver al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a través de oficio N° DM-930075 del 27 de enero de 1993. En dicha oportunidad mostró expresamente el interés por lograr la derogatoria de tal disposición, con lo cual respaldaba oficialmente una gestión que en ese sentido ya había formulado con anterioridad el Defensor de los Derechos del Interno del Sistema Penitenciario, Licenciado Vernor Muñoz Villalobos. El Tribunal acogió tal iniciativa y, a través de oficio N°4329 del 4 de febrero de 1993, se dirigió al Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa para presentarle un proyecto de reforma al citado numeral del Código Electoral, sobre una base argumental similar a la expuesta por las autoridades del Ministerio de Justicia. Dicha propuesta fue finalmente recogida, en términos prácticamente idénticos, en la Ley N° 7.653, del 28 de noviembre de 1996, que -entre otros- modificó el ya citado Artículo 168 del Código Electoral. Con fundamento en esa norma, el 1° de Septiembre de 1997 el TSE promulgó el "Reglamento para el ejercicio del sufragio en los centros penitenciarios", Decreto Nº 10-97.8 Sobre la base de esas disposiciones, los privados de libertad han podido sufragar en Costa Rica de manera ininterrumpida a partir de las elecciones generales de 1998, con lo cual el país se coloca en una posición de vanguardia internacional en la adopción de políticas incluyentes respecto de ese sector social, verdaderamente pioneras en América Latina.
Argentina
Con fecha 3 de Agosto de 2011, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se pronunció respecto de la causa en que el Defensor Oficial en turno ante el Fuero de la Responsabilidad Juvenil del Departamento Judicial de La Plata y la Asociación Civil "AJUS", presentaron lo que denominaron una "demanda autosatisfactiva" contra la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, con la finalidad de que, previa declaración de inconstitucionalidad del Artículo 3.2."c" de la Ley 5.109 -Ley Electoral de la Provincia de Buenos Aires-, se ordenara disponer a la demandada todos los medios necesarios para que el día 14 de agosto de 2011, "... las personas con 18 años de edad que se encuentran detenidas sin condena firme en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires estén incluidas en el padrón electoral para que puedan elegir cargo de gobernador provincial". En este fallo la Suprema Corte señaló que "En cuanto respecta a la verosimilitud del derecho, cabe advertir que la cuestión relativa a los derechos políticos de ¡as personas que se encuentran privadas de su libertad es objeto de regulación en diversos tratados de raigambre constitucional y ha motivado el dictado de distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En tal sentido, puede afirmarse que sobre esta cuestión ha sido fijado un estándar que pregona que la limitación del sufragio a las personas detenidas debe circunscribirse a aquéllas que han sido condenadas, mientras dure su detención, pues lo contrario implicaría una violación a los principios de inocencia e igualdad, que son dos de los pilares fundamentales sobre los que se asienta el Estado de Derecho (arts. 16, ^8, 19, 37 y 75 inc. 22, Constitución Nacional; 11, 16 y 25 de la Constitución de la Provincia; 14 inc. 2° y 25 ínc. "b" del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8 y 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos; C.S.J.N., Fallos: 324:3143, 325:524).". Con posterioridad a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara la inconstitucionalidad del Código Electoral Nacional (Ley Nº 19.945), éste fue modificado, incorporándosele una norma (Art. 3 bis) que establece que "los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva tendrán derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebren durante el lapso en que se encuentren detenidos" (art. 4 delaley, 25.858). [18]
Otros países que recientemente han revisado, actualizado y modificado sus normas respecto del derecho a voto de las personas privadas de libertad cuando éstas no tuvieran condena, son Colombia, Brasil, Perú y Venezuela.
6. La CIDH
Con fecha 13 de Marzo de 2008, en Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó la Resolución 1/08 "Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas", surgida a instancia de su Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, teniendo presente que las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma, la readaptación social y la rehabilitación personal de los condenados; la resocialización y reintegración familiar; así como la protección de las víctimas y de la sociedad; y recordando que los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos se han comprometido a respetar y garantizar los derechos de todas las personas privadas de libertad sometidas a su jurisdicción.
De esta forma en el Principio II de dicha Resolución, bajo el título de "Igualdad y no-discriminación" señala
Toda persona privada de libertad será igual ante la ley, y tendrá derecho a igual protección de la ley y de los tribunales de justicia. Tendrá derecho, además, a conservar sus garantías fundamentales y ejercer sus derechos, a excepción de aquéllos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente, por disposición de la ley, y por razones inherentes a su condición de personas privadas de libertad.
Bajo ninguna circunstancia se discriminará a las personas privadas de libertad por motivos de su raza, origen étnico, nacionalidad, color, sexo, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física, mental o sensorial, género, orientación sexual, o cualquiera otra condición social. En consecuencia, se prohibirá cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos internacionalmente reconocidos a las personas privadas de libertad.
Más adelante, respecto de los Principios relativos a las condiciones de privación de libertad, el Principio VIII "Derechos y restricciones" señala que
Las personas privadas de libertad gozarán de los mismos derechos reconocidos a toda persona en los instrumentos nacionales e internacionales sobre derechos humanos, a excepción de aquéllos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente, por disposición de la ley y por razones inherentes a su condición de personas privadas de libertad.
7. La pena aflictiva
En el considerando decimoquinto de un pronunciamiento emitido con fecha 6 de Agosto de 2009, el Tribunal Constitucional señala, respecto de la pena aflictiva
"IV. Efectos Constitucionales de la condena a pena aflictiva
Decimoquinto: Que, enseguida, el concepto de "pena aflictiva" que emplea la Constitución en sus artículos 13,16 y 17, es el mismo concepto legal desarrollado por el legislador en el Código Penal. En efecto, la Carta Fundamental no define este tipo de pena ni introduce un nuevo concepto de la misma, sino que se limita a asignarle diversos efectos, a pesar de que el artículo 37 del Código Penal, cuando define la pena aflictiva, lo hace "para los efectos legales". Por de pronto, dispone que no pueden ser ciudadanos quienes hayan "sido condenados a pena aflictiva" (artículo^)- Enseguida, establece que el derecho a sufragio se suspende "por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva" (artículo 16 N°2). Finalmente, declara que la calidad de ciudadano se pierde "por condena a pena aflictiva (artículo 17 N°2) [19].
Las consecuencias de la norma del artículo 16 de la Carta Fundamental, pueden ser tan importantes que pueden llevar a que por ejemplo un alcalde por el sólo hecho de estar acusado (formalizado en la nomenclatura del Código Procesal Penal) no pueda ejercer su cargo, mientras está en curso la investigación pertinente. Clara es la resolución de N° 52.001 de 16 de noviembre de 2007 de la Contraloría Regional de Los Lagos, en que pronunciándose respecto de una solicitud que hiciera el otrora diputado Claudio Alvarado Andrade, señaló:
"Mediante sus Oficios N°s 9.644 y 9.792, de 2007, la Contraloría Regional de Los Lagos ha remitido a esta Sede Central una presentación del Honorable Diputado Claudio Alvarado Andrade mediante la cual denuncia un eventual Incumpliendo de la Constitución y las leyes en la Municipalidad de Ancud, ya que el alcalde de ese municipio se encontraría acusado por el delito de cohecho, por lo que debería precederse a su remplazo, sin que a la fecha tal circunstancia haya acontecido.
Sobre el particular, cumple anotar que el artículo 61 de la ley N° 18.695, establece que el alcalde o concejal cuyo derecho a sufragio se suspenda por alguna de las causales previstas en el artículo 16 de la Constitución Política de la República, se entenderá temporalmente incapacitado, para el desempeño de su cargo, debiendo ser remplazado mientras dure su incapacidad, en la forma que indica.
Por su parte, el aludido artículo 16 de la Carta Fundamental dispone, en lo que interesa, que el derecho de sufragio se suspende por tres causales, entre las cuales interesa destacar, en relación con la consulta planteada, la contenida en su N° 2, que, en lo pertinente, expresa: "Por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva".
Como puede apreciarse, es la calidad de acusado por delito que merece pena aflictiva la que determina la pérdida del derecho a sufragio, la que, a su vez, origina la incapacidad temporal del alcalde, por lo que debe tenerse presente el artículo 248, letra b), del Código Procesal Penal, en cuanto dispone que corresponde al fiscal del Ministerio Público "formular acusación, cuando estimare que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento del imputado contra quien se hubiere formalizado la misma".
Ahora bien, estando pendiente la presentación en estudio, se ha tomado conocimiento que don Ch. A., Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de Ancud del Ministerio Público, se ha dirigido a la Contraloría Regional de Los Lagos; mediante su Oficio N° 3218, de 2007, comunicando que el día 31 de agosto del presente año, en causa RUC 0500464729-9, RIT 25-2006, fue deducida ante el Juzgado de Garantía correspondiente la acusación en contra del alcalde de la Municipalidad de Ancud "por el delito de COHECHO, art. 248 bis del Código Penal, que merece pena aflictiva de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37 del Código Penal".
En ese contexto, y teniendo en especial consideración la referida comunicación, mediante, la cual se acredita que el alcalde de la Municipalidad de Ancud se encuentra en la actualidad acusado por el delito antes señalado -el que, según se informa, merece pena aflictiva-, no cabe sino sostener que se ha producido la suspensión del derecho de sufragio a que alude el artículo 16, N° 2, de la Carta Fundamental, por lo que esa máxima autoridad edilicia, acorde con el citado artículo 61 de la ley N° 18.695, se encuentra temporalmente incapacitada para el desempeño de su cargo, debiendo precederse a su reemplazo según las normas contempladas en el artículo 62 del mismo texto legal, esto es, mediante el mecanismo de la subrogando, o a través de la designación de un alcalde suplente por parte del concejo municipal, de acuerdo con esa normativa.
En consecuencia y atendido que en el referido Oficio N° 3218, de 2007, emanado del Ministerio Público, consta que el Alcalde de la Municipalidad de Ancud se encuentra acusado por un delito que merece pena aflictiva, procede que ese municipio adopte las medidas tendientes a reemplazar al alcalde suspendido, en los términos antes indicados."
Vistas las consecuencias que puede traer esta norma, y considerando su imprecisión, es necesario replantearse el ámbito de acción de la norma del artículo 16 de la Constitución. En efecto, es menester precisar a qué personas -considerando su situación procesal- pueden verse privadas se sus derechos políticos. Así las cosas, como se trata de una sanción, debe ser aplicada con estricto apego a la ley tomando en cuenta el real significado de las instituciones. De este modo, cabe preguntarse a que institución procesal la voz "acusación" se refiere. ¿Será posible asimilar la "acusación" a la "formalización de la investigación", o bien asimilarla a la "acusación que realiza el fiscal del ministerio público luego de cerrada una investigación?
La vigencia de la presunción de inocencia debe prevalecer durante todas las fases del procedimiento penal, sólo de esta manera las personas pueden estar seguras de! respeto y observancia de sus garantías y derechos constitucionales. Es por esto último, que se requiere de total certeza y precisión a la hora de aplicar sanciones tan graves como lo es la suspensión de! derecho a sufragio.
Por otra parte la Carta Magna utiliza la frase "pena aflictiva" que como se señalara más arriba, no está debidamente conceptualizado en nuestro ordenamiento jurídico, pero se entiende objetivamente que son aquella penas asignadas a los simples delitos y a los crímenes (3 años y un día en adelante) en abstracto, esto es tomando en consideración la pena señalada en el tipo y no la que en definitiva o en concreto obtenga el imputado una vez condenado (la que pueda ser menor a la pena aflictiva asignada para la conducta).
Por tanto sin fundamento legal se extiende la suspensión del derecho a sufragio a personas sin estar "acusadas" en el sentido del Artículo 248 letra b) del Código Procesal Penal, a personas condenadas por delitos que no merezcan pena aflictiva, y a personas privadas de libertad sea por medidas cautelares o por estar cumpliendo condena en prisión.
En razón de lo anterior, tengo a bien en proponer la siguiente reforma Constitucional,
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo único: Reemplácese el actual numeral 2 del artículo 16 de la Constitución Política de la República, por el siguiente numeral 2 nuevo, del siguiente tenor:
"2°. Por hallarse la persona notificada conforme a la ley de la acusación por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista.
Quienes estén habilitados para sufragar, pero se encontraren privadas de libertad podrán hacerlo del modo que dispone la ley al interior de los recintos penitenciarios."
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.
14. MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO, CON LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL INCORPORANDO EN EL TIPO DE LA INJURIA AL QUE SE REALIZA CONTRA GRUPOS DE NIÑOS (8102-07)
En virtud de la movilización estudiantil de este año 2011, alumnas del Internado Nacional Femenino, Liceo Carmela Silva Donoso, tomaron la decisión de proceder a la toma de su establecimiento, la que se realizó con fecha 22 de junio de 2011, como lo han hecho muchas escuelas y liceos del país, como medida de presión para la reforma de la educación chilena, que de acuerdo a organismos internacionales como la UNICEF y la OCDE, fomenta la segregación escolar y es discriminatoria, entre otros efectos perniciosos.
En medio de las actuales movilizaciones, en el Diario La Tercera, en su versión electrónica de 25 de agosto de 2011, apareció la siguiente noticia:
"Alcalde Sabat dice que tomas se están convirtiendo en "casas de remolienda"
Se trata del Internado Nacional Femenino que está ocupado hace unas semanas. "Se dedican a hacer fiestas y se llena de hombres", dijo la autoridad de Ñuñoa.
El alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, señaló que uno de los colegios en toma de la comuna "se está convirtiendo en una casa de remolienda". Se trata del Internado Nacional Femenino.
"Es uno de los recintos que no pudimos desalojar pues habían alumnas de regiones que no tenían donde quedarse. Pero nos consta que acogen a hombres en el colegio y que se dedican a hacer fiestas, con música alta y toman alcohol hasta tarde", precisó Sabat.
Este establecimiento en conjunto con el República de Argentina y Augusto D'halmar son los recintos que siguen en toma en Ñuñoa. A estos, se restaron el Liceo técnico Brígida Walker y Liceo 7, este último los estudiantes trataron nuevamente de tomárselo ayer en la tarde.
"El intento fue muy violento. Varios de los funcionarios municipales resultaron con heridas de palos y fierros, de ellos un par está con licencia", explicó la autoridad comunal. DAÑOS EN RECINTOS
Según Sabat, más de 20 millones de pesos tendrán que invertir para reparar los daños de los dos establecimientos desalojados. En tanto, precisó que la inversión para los otros tres rodeará los 500 e incluso mil millones de pesos.
Ante este panorama, el alcalde reiteró que la petición de desalojo ya está solicitada en Carabineros".[1]
Las alumnas se acercaron a nuestra oficina parlamentaria, tremendamente afectadas y ofendidas ante la gratuita acusación del Alcalde. Evidentemente, estas se alejan absolutamente de la verdad y fueron proferidas con el ánimo de denigrar a las alumnas, casi absolutamente menores de edad y por ende sujetos especiales de protección legal.
Esto afecta evidentemente su honor y su honra: Tal y como señala e! destacado constitucionalista don Humberto Nogueira Alcalá, "El derecho a la protección de la honra constituye una facultad que emana de la dignidad humana y de su realidad de persona inserta en la sociedad, que tiene una dimensión de heteroestima constituida por el aprecio de los demás por nuestros actos y comportamientos, como asimismo, una dimensión de autoestima dada por la conciencia de la autenticidad de su accionar, protegiendo la verdad e integridad de la persona y sus actos y comportamientos societales. La honra de la persona se afecta así, tanto por el hecho de serle atribuida una fama que no le corresponde, por estar basada en hechos falsos, como asimismo, por sus actuaciones y comportamientos que implican una vulneración del orden jurídico o de sus obligaciones éticas. La protección de la honra debe posibilitar recomponer las cosas en su justo término y preservar la verdad de la persona y sus actuaciones" (Humberto Nogueira Alcalá. Pautas para Superar las Tensiones entre !os Derechos a la Libertad de Opinión e Información y los Derechos a la Honra y la Vida Privada. Abogado, Doctor en Derecho, Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Talca, Director del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca. Rev. derecho (Valdivia) v.17 Valdivia dic. 2004, p. 139-160).
Además estos dichos afectan gravemente la integridad psíquica de este grupo de niñas la cual está protegida constitucionalmente. Esto se confirma ya que según palabras de las propias alumnas "producto de las declaraciones de Sabat ha comenzado un bulliyng sistemático a través de las redes sociales como Facebook por parte de personas que nos ven con el uniforme o insignias del colegio, han comenzado a tratarnos de putas o de mujeres de vida fácil"
Casa de remolienda es una expresión popular para "Casas de prostitución". El alcalde calificó a las alumnas, a menores de edad, de prostitutas, de mujeres que cobran por sexo, las acusó de libertinaje, de promiscuidad sexual.
Nos parece que los dichos del alcalde son extremadamente ofensivos, particularmente si lo hace en contra de niñas, de menores de edad. Como menores de edad, el alcalde ha sexualizado imagen de las menores mediante imputaciones falsas.
Evidentemente, cuando las alumnas llegaron a nosotros, les señalamos que en Chile no existe el delito de injurias colectivas. El sujeto pasivo de la injuria siempre debe ser una persona individual o física. E! mismo Código Penal lo dispone así, amarrando la tipicidad a las injurias respecto de "otra persona"
"De las injurias
Art. 416. Es injuria toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona".
Por ende, optaron por presentar un recurso de protección por el derecho al honor, pues tal y como señala el Capítulo III de la Constitución Política de la República, "DE LOS DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES", Artículo 19:
"La Constitución asegura a todas las personas: (...)
4°.- El respeto y protección a la vida privada y ala honra de ¡a persona y su familia;"
El artículo 20 señala a su vez que "El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, (...) 4° (...) podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes".
Sin perjuicio de las normas internas, los tratados internacionales señalan disposiciones especiales sobre el derecho al honor:
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, (en adelante "el Pacto") establece en su Artículo 17 que:
"1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarías o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación;
2. Toda .persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques".
Por su parte, el Artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) dispone:
"Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
3. Toda persona tiene .derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques." Estos artículos disponen claramente: Toda persona merece la protección de su honra. Nadie debe sufrir estos ataques ilegales.
Ahora, la Corte no dio lugar a la admisibilidad del recurso presentado, alegando que "debía utilizarse otra acción idónea" para amparar el derecho de las niñas. Pero esa acción no existe. Y si se quisiera haber acudido al derecho de rectificación y respuesta, se expondría a las niñas a un escarnio mayor, lo que fue advertido a la Corte en el mismo escrito del recurso. Por esta razón creemos que ante la impunidad constitucional y penal de las injurias colectivas, creemos que debe abrirse una puerta a estas desde la perspectiva del terrible daño que puede causar a la integridad de los niños y niñas, como en este caso.
Creemos que por ello debe abrirse el tipo de las injurias a los niños, como sujetos vulnerables. Esto encuentra fundamento en la "especial protección de los niños en el sistema internacional". La protección que ellos merecen no es la normal. Es superior, es especial. La Convención Internacional de Derechos del Niño de Naciones Unidas, ordena:
"Artículo 16
1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.
2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques".
Todo ello debe ser interpretado teniendo en cuenta el Preámbulo de la Convención, que señala que en cuanto niñas, las recurrentes tenemos derecho a una ESPECIAL PROTECCIÓN:
"Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales (...)
Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”.”
Por tanto, vengo en presentar el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Artículo 1:
Agrégase al Artículo 416 del Código Penal, la siguiente frase final, después del punto aparte:
"Excepcionalmente constituirá injuria aquella que se realizare contra grupos de niños. La palabra niño se entenderá de acuerdo a lo dispuesto en la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas".
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.
15. MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES LETELIER, CANTERO, GIRARDI Y MUÑOZ ABURTO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE EXCLUYE DE LA DEFINICIÓN DE RELACIÓN LABORAL A LA QUE EXISTE ENTRE EL PROPIETARIO DE UN TRANSPORTE MENOR Y EL TITULAR DE UNA CONCESIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO (8098-13)
Considerando:
Que el sector transporte de Pasajero menor cumple una función fundamental en el país.
Que la dinámica del sector tiene especificidades que la diferencia de otros sectores económicos.
Que una de las características propias del sector transporte pasajero menor es la relación entre el dueño del vehículo y quien lo conduce, cuando en un tercero, cuando el dueño del taxi colectivo o taxi básico, es distinto al conductor, es difícil de sostener que existe una relación de subordinación y dependencia con aquel, y que es necesario establecer regulación clara se presenta el siguiente proyecto de ley.
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Agréguese un nuevo artículo 8°bis al Código del Trabajo del siguiente tenor:
Artículo 8 bis.- Tampoco dan origen a un contrato de trabajo, los servicios prestados directamente al público, por una persona, quien, invocando un título de propiedad o subrogándose en el lugar jurídico del propietario del vehículo, tenga un vínculo jurídico con las entidades o personas que, de acuerdo al artículo 3° de la ley N° 18.696 sean titulares de concesiones de servicios de trasporte público o hayan inscrito sus servicios en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros. Lo anterior, siempre que dichas personas jurídicas o entidades, sean responsables de los servicios de transporte entregados, conforme dictaminan las bases de licitación definidas por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones o en los términos establecidos en el Decreto 212 de 1992, del mismo Ministerio y actúen coordinando los vehículos encargados del transporte menor de pasajeros en un determinado recorrido.
La aplicación del inciso anterior queda sujeta a que entre las partes descritas en él, no exista una relación de subordinación y dependencia, sino que sean autónomas para el desarrollo de su actividad, dándose sólo directrices que tienen por finalidad la obtención de un resultado y no la forma de llegar a él. Se entenderá que existe dicha autonomía, al verificarse copulativamente los siguientes requisitos:
a) Que el conductor del vehículo, sea el propietario del mismo o quien subroga en su lugar, tenga un vínculo jurídico que conste por escrito con la persona o entidad que, de acuerdo al artículo 3º de la Ley Nº 18.696 sean titulares de concesiones de servicios de transporte público o hayan inscrito sus servicios en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros. Dicho acuerdo deberá contener las condiciones necesarias para la prestación de los servicios, debiendo, el propietario del vehículo o quien se subrogue en su lugar, aceptarlas expresamente.
b) Que el riesgo de la actividad sea asumido por el propietario del vehículo o quien se subroga en su lugar. Dicho riesgo, está dado por la obtención o no de un determinado beneficio económico, el cual no queda sujeto a la aprobación de la entidad o persona descrita en el inciso primero.
c) Que el conductor de dichos vehículos, sea propietario o quien se subroga en sus derechos, no quede sujeto al cumplimiento de una jornada de trabajo. No se considerará como tal, las meras coordinaciones internas, realizadas en atención al flujo necesario de vehículos requeridos de acuerdo a lo señalado en respectivas bases de licitación definidas por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones o en el Decreto 212 de 19922 del mismo Ministerio.
d) Respecto a las suspensiones y/o sanciones aplicadas por la persona o entidad que, de acuerdo al artículo 3° de la ley N° 18.696 sean titulares de concesiones de servicios de trasporte público o hayan inscrito sus servicios en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, ellas deberán referirse al vehículo y jamás respecto del conductor de éste, sin distinción de tratarse del propietario del vehículo o de quien se subrogue en su lugar.
(Fdo.): Juan Pablo Letelier Morel, Senador.- Carlos Cantero Ojeda, Senador.- Guido Girardi Lavín, Senador.- Pedro Muñoz Aburto, Senador.
16. MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES LETELIER, LARRAÍN (DON HERNÁN), TUMA Y WALKER (DON IGNACIO), QUE RECONOCE LA RAYUELA COMO DEPORTE NACIONAL (8097-04)
La rayuela es un deporte genuinamente chileno, ligado corno ningún otro a nuestras tradiciones desde la época colonial. Se dice incluso que se jugaba ya entre los araucanos a la llegada de los conquistadores españoles.
Es la rayuela una actividad deportiva, tanto recreativa como competitiva, de plena vigencia. Su práctica se encuentra ampliamente extendida por todo el país, como lo evidencia el elevado número de asociaciones y clubes que existen en la actualidad, que agrupan a miles de entusiastas expertos competidores y aficionados.
De acuerdo a los fundamentos expuestos, vengo en presentar el siguiente
Proyecto de Ley
ARTICULO 1°. Declárese la actividad deportiva de la rayuela como deporte nacional.
ARTICULO 2°. El Instituto Nacional del Deporte, en cumplimiento de las funciones que le vienen asignadas en la Ley N° 19.712, propondrá al Presidente de la República las políticas destinadas al desarrollo de la rayuela, en coordinación con las respectivas asociaciones y clubes de ese deporte, propendiendo a hacer de esa disciplina deportiva parte de la imagen de Chile, no solo como deporte, sino como símbolo cultural y patrimonial de la Nación.
(Fdo.): Juan Pablo Letelier Morel, Senador.- Hernán Larraín Fernández, Senador.- Eugenio Tuma Zedan, Senador.- Ignacio Walker Prieto, Senador.
17. MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO, CON LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE DEFINE Y REGULA EL CONCEPTO DE MODIFICACIÓN DE UN PROYECTO SUJETO A ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (8103-12)
La Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente establece en su artículo 2° letra i) que el Estudio de Impacto Ambiental es el documento que describe pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad que se pretenda llevar a cabo o sus modificaciones. Seguidamente, la norma establece que este documento debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir la o las acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos significativamente adversos.
Por otro lado, la misma ley en su artículo 10 determina los proyectos o actividades que requieren de un Estudio de Impacto Ambiental y en el artículo 11 regula los contenidos de los Estudios de Impacto Ambiental.
A su vez el artículo 8° establece que los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental.
Sin embargo, la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente no regula directamente las características y requisitos que deben cumplir las modificaciones de un Estudio de Impacto Ambiental y remite a través de su artículo 8°, a una norma reglamentaria su regulación.
Por su parte, el Reglamento de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente por medio de una norma contenida en el artículo 2° letra d) define la modificación de proyecto o actividad como la realización de obras, acciones o medidas tendientes a intervenir o complementar un proyecto o actividad ya ejecutado, de modo tal que éste sufra cambios de consideración.
Ante la falta de normas suficientes que regulen adecuadamente la tramitación de una modificación de un proyecto o actividad, la CONAMA, ha suplido esta falencia dictando una serie de guías para la presentación de modificaciones, las cuales obviamente no tienen imperio de ley y menos aún de rango reglamentario.
En efecto, la CONAMA a través del establecimiento de "Criterios para decidir sobre la pertinencia de presentar al SEIA la modificación de un proyecto o actividad", señala que de la definición del artículo 2° letra d) del Reglamento, se desprende claramente que, para que se esté frente a una modificación de un proyecto o actividad y consecuentemente para que exista la obligación de ingresar tal modificación al SEIA requiere que concurran los siguientes requisitos:
a) Que se pretenda desarrollar determinadas obras, acciones o medidas.
b) Que dichas obras, acciones o medidas tiendan a intervenir o complementar un proyecto o actividad.
c) Que dicho proyecto o actividad se encuentre ya ejecutado.
d) Que dicho proyecto o actividad sufra cambios de consideración.
En virtud de lo expuesto, es posible que la modificación de un proyecto o actividad calificada favorablemente a través de un Estudio de Impacto Ambiental sea solicitada mediante una Declaración de Impacto Ambiental o bien no se cumplan con los estándares de calidad que fueran aprobadas originalmente.
Por ello, no solamente es necesario otorgar rango legal a la definición de modificación de un proyecto o actividad que actualmente se contiene en el Reglamento de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, sino que también es imprescindible establecer en la ley que, aprobado un proyecto por la vía de un Estudio de Impacto Ambiental, necesariamente su modificación debe contenerse en un estudio de igual naturaleza y que la modificación propuesta no pueda tener por objeto disminuir los estándares de calidad aprobados en su oportunidad.
De esta forma efectivamente se asegura que las modificaciones cumplan con las mismas exigencias y estándares que el proyecto aprobado originalmente. La idea es por tanto, que exista un principio de continuidad en las exigencias ambientales a un determinado rubro que ha impuesto la ley.
Un ejemplo concreto de lo anterior viene dado por la experiencia que significó la aprobación de una Declaración de Impacto Ambiental, por la cual la empresa Gener y otras más lograron instalar una tercera unidad de generación de energía en la ciudad de Huasco, en el centro denominado Guacolda. Lo que se hizo fue cambiar la tecnología a través de una mera Declaración de Impacto Ambiental, contraviniendo seriamente el Estudio de Impacto Ambiental -que es la norma básica por la cual se aprueban determinados proyectos. Entonces lo que regula este proyecto es que aquellas actividades o proyectos relacionados o coligados con un proyecto al cual se le exige E1A, se sujeten de igual modo a esta exigencia.
PROYECTO DE LEY:
Modifíquese la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente en ¡os siguientes términos
1.- Agréguese en el artículo 2° el siguiente literal v) nuevo:
"v) Modificación de proyecto o actividad: Realización de obras, acciones o medidas tendientes a intervenir o complementar un proyecto o actividad ya ejecutado, de modo tal que éste sufra cambios de consideración."
2.- Agréguese el siguiente artículo 17 bis nuevo:
"Artículo 17 bis.- Resuelta favorablemente la calificación ambiental de un proyecto o actividad que requiera ¡a elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, éste sólo podrá ser modificado a través de la presentación al sistema de evaluación de impacto ambienta/ de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental.
En ningún caso la modificación tendrá como objeto la disminución de los estándares de calidad aprobados con anterioridad."
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.
18. MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, EN MATERIA DE DETERMINACIÓN DE LOS ARANCELES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE NIVEL SUPERIOR (8104-03)
I. Introducción:
Como ya es sabido, ha sido tema de preocupación nacional constante el alza de aranceles para las carreras universitarias que se hacen efectivas año tras año. Parece patente la necesidad de atender la preocupación de los jóvenes y sus familias que ven con preocupación cómo los fuertes incrementos en los aranceles ponen en riesgo la continuidad de sus estudios, y genera una situación de incertidumbre que deben enfrentar cada año, porque a diferencia de otros servicios, en educación no se sabe cuánto se terminará pagando al final de una carrera.
Resulta incomprensible para muchos jóvenes y sus familias, que hasta el último momento no sepan cuanto les costará efectivamente la carrera, por la discrecionalidad que existe para reajustar aranceles, no sólo al ingreso sino que en cualquiera de los años que dure ésta, dado que dicho incremento puede determinar la incapacidad de pago.
Un alza de hasta el 11% de los aranceles deja a la vista una situación increíble: cuando uno compra una casa, sabe cuánto tendrá que pagar cada mes y cada año, porque sabe la tasa de interés y las condiciones están claras desde el principio. Sin embargo en el tema universitario se llega a primer año y no se sabe el valor real de los aranceles que se tendrá que pagar y menos aún se sabe cuánto subirá para el año siguiente. Creo que dejar esta situación en la Incertidumbre y en la posibilidad de un alza infinita, que puede ser legal, pero que es inmoral e condiciones de oscuridad de poca transparencia, por lo que a nuestro juicio se lesiona los derechos de padres y alumnos.
Es por ello que nos parece necesaria la presentación de un proyecto de ley que transparente la oferta arancelaria de la educación superior, para que los estudiantes y sus padres, como "clientes" del sistema, sepan con antelación al menos el costo total proyectado que cancelarán al finalizar su carrera y los parámetros fijos y variables en el alza de aranceles. Es decir, tasas conocidas de intereses y reajuste, como ocurre con cualquier otro servicio.
Para complejizar la situación, se creó un arancel de referencia, que ha sido cuestionado por algunos rectores, como el de la Universidad Católica, Pedro Rosso, por constituir una medida diseñada para disminuir la presión que ejercen sobre El Fondo Solidario el aumento desmedido de vacantes y la baja recuperación del crédito universitario. Además, no existiría ninguna relación entre el reajuste de aranceles, que son fijados de acuerdo a la variación del IPC y el reajuste del sueldo de los empleados fiscales, y los aranceles de referencia, donde se clasifica a las universidades según los años de acreditación institucional y la calidad de la investigación [1].
II. Alza de aranceles y enriquecimiento injusto
Ahora bien, las Universidades no pueden hacer ejercicio arbitrario de su facultad de subir los precios. El mercado no es tierra de nadie. Tiene normas, y equilibrios que la ley protege a través de normas de orden público económico.
Hay grandes espacios, pero no arbitrariedad para subir aranceles. Los aranceles suben, de acuerdo a las leyes de la economía según la variación del IPC, alza proyectada del crecimiento de la Universidad (infraestructura), el principio de subsidio que existe entre las carreras (se alzan carreras baratas para financiar las más caras), y otros fundamentos económicos. Caso contrario, si el alza no tiene fundamento económico, tampoco tiene fundamento jurídico, pues hay enriquecimiento ilícito o sin causa.
Cada vez que una persona se enriquece sin derecho a expensas de otra, esté el caso contemplado o no por una disposición legal, el que se ha empobrecido tiene una acción en contra del que se ha beneficiado injustamente para obtener la restitución del monto del enriquecimiento. ¿En virtud de qué?; en virtud del principio superior que ordena dar a cada uno lo suyo, en virtud del principio de la equidad [2].
En los códigos nacionales no contienen ninguna disposición que consagre de modo general el enriquecimiento sin causa como fuente de las obligaciones. El legislador sólo ha reglamentado casos particulares inspirados en este principio, como, por ejemplo: el sistema de recompensas que por diversas causas se deben por la sociedad conyugal a los cónyuges y viceversa; las prestaciones mutuas que se deben entre sí el reivindicante y el poseedor vencido; los actos ejecutados por el marido que ceden en utilidad personal de la mujer y que dan acción a los acreedores sobre los bienes de ésta, hasta concurrencia del beneficio que obtenga. No obstante, ha tenido amplia y eficaz aceptación jurisprudencial.
En el plano del Derecho comparado, al cual aludimos, destacan el Código Civil Alemán, en su artículo 812, y el Código Federal Suizo, en el artículo 62, que consagran formalmente al enriquecimiento sin causa como fuente de las obligaciones. Este último señala "El que sin causa legítima, se enriquece a expensas de otro, está obligado a la restitución".
Igualmente explícito es el Nuevo Código Civil Italiano: "Quien, sin una justa causa, se ha enriquecido en daño de otra persona está obligado, dentro de los límites del enriquecimiento, a indemnizar a esta último de la correlativa disminución patrimonial" (Art. 2041).
En el Derecho Francés y en las codificaciones bajo su influencia, entre las cuales se encuentra la chilena, no se introdujo el enriquecimiento sin causa como figura de las fuentes de las obligaciones. En efecto, la introducción de la causa como elemento esencial de validez de los actos jurídicos y la nulidad subsecuente si ésta no existe, importó que eliminara la tradición romana que emanaba del texto de Pomponio y de las Condiciones.
Se partió del supuesto, en estas codificaciones que la regulación de todas las acciones de repetición por falta de causa, quedaba comprendida dentro de la doctrina general de los actos jurídicos y en especial de los contratos y de las obligaciones contractuales.
Se deja el enriquecimiento sin causa como principio inspirador del cuasi contrato del pago de lo indebido como algo residual, como algo que estará fuera de lo normal dentro de las relaciones jurídicas. La formación del enriquecimiento injusto en e! Derecho chileno es jurisprudencial, al igual que ha ocurrido en el Derecho francés y el Derecho español. Sin embargo, ha tenido gran relevancia como fuente de las obligaciones. Como puede verse, el enriquecimiento injusto tiene amplia aceptación en Chile y en el Derecho Comparado.
Cuando se señala el arancel de referencia [3], se dice que los indicadores para calcularlos son académicos. Primero, la relación entre doctorado y magíster y alumnos de pre-grado, con el fin de tener claramente una muestra de los académicos altamente calificados, con un indicador del 18 por ciento. Se pide el número de proyecto al FONDECYT, con magíster y doctorado; se pide el número de publicaciones. Respecto de la eficiencia docencia, también como indicador, se habla de la tasa de titulación oportuna. Se refiere a qué porcentaje de estudiantes que ingresan el año primero logran titularse en el año previsto para la carrera. O tasa de retención de primer año: muestra aquí porcentajes de alumnos que ingresó y cuáles se mantienen como alumnos regulares al segundo año. O como la acreditación, que es el número de años de acreditación que la institución tiene para determinar el arancel de referencia de cada grupo.
Pero en ninguna parte está el costo de la carrera. Efectivamente, el arancel de referencia no tiene relación alguna en sus indicadores con el costo real de la carrera universitaria a la cual está afecto el cobro, con alza indiscriminada. En efecto, en la edición de la Tercera del sábado 10 de diciembre de 2011 [4], se publica sobre el congelamiento de los aranceles de algunas Universidades del Consejo de Rectores, como una suerte de promoción que sirva de publicidad invitando a la incorporación a esos planteles. Pero, este aparente congelamiento no es tal, pues no puede saberse con certeza sobre que concepto se calcula el arancel, o bien se congela. Por otra parte llama poderosamente la atención, que algunas Universidades cobran aranceles distintos, por la misma carrera, pero ubicadas en sedes distintas. Lo anterior es un claro reconocimiento de que en los aranceles, van traspasados los costos de infraestructura, nivel de preparación de los profesores, ubicación del inmueble, todos elementos y conceptos que no son identificables ni proyectables por los alumnos en el tiempo, a la hora de pagar los aranceles, pero que sin embargo, ven expresados anualmente al momento de sus matrículas.
Aquí tenemos que si el alza de aranceles no tiene fundamento económico, el SERNAC, una asociación de consumidores, o al menos 50 estudiantes, pueden exigir judicialmente, mediante acciones colectivas, la rebaja de aranceles, o la devolución de lo excesivamente pagado [5].
No obstante, como instrumento preventivo, nos parece que deben establecerse de acuerdo a normas reglamentarias los criterios para subir los aranceles de los establecimientos de educación superior
III. Aranceles y el gasto de las familias en educación
Tal como lo señala el informe "Los desafíos de la Educación Superior Chilena", elaborado por el Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior el año 2008, en el numeral 2 de la sección "Recomendaciones Específicas", titulado "El financiamiento del sistema": "...el rasgo más peculiar del sistema de educación superior chileno es su alto grado de participación privada. Él se manifiesta también en el financiamiento. El Consejo pudo constatar que la inversión en educación superior alcanza en Chile, según cifras recientes, a un 2,1% del PIB, de los cuales 0,3 puntos porcentuales se originan en financiamiento público y 1,8 puntos porcentuales en financiamiento privado. El anterior es un rasgo excepcional en los sistemas comparados. Lo anterior explica que las familias chilenas -como lo ponen de manifiesto esas cifras- hagan hoy un ingente esfuerzo por educar a sus hijos." [6]
En la misma línea un estudio elaborado por las federaciones de estudiantes integrantes de la Comisión de Financiamiento de las Universidades del CRUCH, señala textualmente:
"1) Destino Gasto Público en Educación Superior, para Chile y países QECD
El gasto en Educación Superior en Chile es uno de los más altos en el mundo como porcentaje del Producto interno Bruto. Nuestro país gasta casi un 2,2% del PIB en Educación Superior, 0,8 puntos porcentuales más que el promedio de los países pertenecientes a la OECD, siendo sólo superado por Corea del Sur y Estados Unidos.
Sin embargo, el desglose de estas cifras pone en manifiesto que la gran carga de inversión en educación superior está siendo absorbida por el sector privado, es decir por los propios estudiantes-componentes de la población estudiantil de la formación superior y por las familias de estos, los cuales realizan el porcentaje mayoritario de todo el gasto en materia de educación superior que se lleva a cabo efectivamente en Chile.
Comparativamente, existe una marcada diferencia con otros países paradigmas en materia de desarrollo económico y de capital humano y social cuando se observa la composición de este gasto. Mientras en los países desarrollados sólo el 23,6% del gasto proviene de fuentes privadas, en Chile este porcentaje se eleva hasta un 84,2%. Significando esto una diferencia porcentual respecto de la inversión con aportes fiscales de casi cuatro veces lo que se invierte en nuestro país.
En términos generales, $84 de cada $100 que se gastan en la Educación Superior es financiado por las familias chilenas, lo cual equivale a 25 veces más de lo deben gastar las familias en Dinamarca en proporción al gasto total." [7]
A mayor abundamiento, una nota de prensa publicada en el diario español El País en agosto pasado, reproducida en Chile por el diario electrónico El Mostrador, señala:
"21 de Agosto de 2011
Según diario El País
Aranceles universitarios chilenos son los más caros del mundo después de Estados Unidos
Las cuotas de los centros de educación superior triplican a las de Italia, cuadriplican a las de España, quintuplican a las de Bélgica y son 19 veces mayores que las de Francia, de acuerdo a un estudio hecho por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
De acuerdo a un artículo publicado este domingo en el diario El País de España, las universidades chilenas son las más caras del mundo, después de Estados Unidos, situación que ha llevado a muchas familias a endeudarse y destinar hasta el 50% de sus ingresos en el pago de las cuotas al banco o a los propios establecimientos de educación superior.
Según la publicación, las "universidades estatales chilenas, que reciben muy pocas aportaciones del Estado en comparación con otros países, son las más caras de América Latina y sus cuotas triplican las de Italia, cuadruplican las de España, quintuplican las de Bélgica y son 19 veces mayores que las de Francia, según un estudio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). El esfuerzo de las familias chilenas para pagar los aranceles, considerando los ingresos, "es el más alto de todos los países después de Estados Unidos", señala la OCDE".
La crisis de la educación contrasta con los aplausos que recibe la economía chilena, que este año crecerá sobre el 6%, situación que ha llamado mucho la atención en el exterior.
Miles de familias están actualmente asfixiadas por las deudas que han contraído para que sus hijos puedan estudiar en las universidades, lo cual ha llevado a los estudiantes a movilizarse en masivas marchas por las calles de Santiago y regiones del país.
Todos los estudiantes, tanto secundarios como universitarios, a los que se unió el gremio de los profesores, demandan un cambio estructural a un sistema que fue diseñado en la época de Augusto Pinochet.
A pesar que los defensores del sistema arguyen que este ha permitido aumentar la matrícula de estudiantes de 250.000 en 1990 a casi un millón en 2010, esto no ha sido "suficiente para revertir la marcada estratificación de las oportunidades en este nivel educativo", explica la directora ejecutiva de la Fundación Equitas, Pamela Díaz-Romero.
Agrega que en el 10% más pobre de la población, la tasa de acceso a la universidad es de un 16%, mientras que en el 10% más rico es del 61%.
Se podría decir que uno de los beneficios del sistema es que los hijos de familias de ingresos medios y bajos llegarán por primera vez a la universidad, pero como su educación secundaria es de baja calidad ingresan a la educación superior con menos nivel de exigencia.
Además, existe un consenso respecto a que las universidades estatales tienen escasa financiación, mientras que las privadas operan casi sin fiscalización y todas con costos altísimos, mientras que en la educación secundaria a pesar que existen colegios privados sin fines de lucro, muy pocos lo han respetado." [8]
III. Propuesta legislativa
Es por todas las circunstancias y razones anteriores que planteamos la obligación de informar los aranceles proyectados durante la duración de la carrera. Esto no implica fijación de precios, son un instrumento de mercado para que se transparente el mismo, y padres y estudiantes tengan información de referencia para elegir.
Asimismo, ya establecimos que no se puede fijar precios por ley, pero si por contrato, por lo que postulamos que tal como los mecanismos de invariabilidad tributaria pactada con grandes inversionistas extranjeros, los Universitarios puedan pactar invariabilidad arancelaria con las Universidades, para evitar alzas desmedidas. Las condiciones de estos contratos o pactos serán fijados por Reglamento.
Paralelamente, para evitar el futuro enriquecimiento injusto con las alzas de aranceles, los criterios de aumento de ellos estarán determinados por Reglamento.
Ahora bien como sabemos, constitucionalmente estamos vedados de establecer funciones públicas a órganos estatales. En este sentido, será imposible imponer estas obligaciones a las universidades estatales. Las del ámbito privado, están reguladas en principio por la Ley del Consumidor. Este es el cuerpo legal en el cual proponemos la existencia de estas normas. Esperamos que el Ejecutivo acepte presentar indicaciones a este proyecto de ley para abarcar al resto de las instituciones de Educación Superior.
Por todo lo anterior vengo en presentar el siguiente,
Proyecto de Ley
Agréguese el siguiente nuevo Artículo 3 quater a la Ley de Defensa de los Derechos del Consumidor, N°19.496:
"Los establecimientos educacionales de nivel superior, tales como centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades estatales o del ámbito privado, al momento de ingreso a alguna de sus carreras, deberán pactar con sus alumnos, mandatarios, o representantes legales, el arancel, en moneda nacional, correspondiente a todos los años electivos de dicha carrera y su reajuste anual, de carácter fijo o variable con arreglo a lo prescrito en el Artículo 1 numeral 3 de esta ley.
Asimismo, deberán hacer públicos el último trimestre de cada año el arancel proyectado por carrera, para el año siguiente, y por el tiempo de duración de la misma.
También, se indicarán, desagregadamente, los conceptos, criterios y servicios incorporados en el cálculo del arancel y su respectivo valor.
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.
19. PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 3° A DE LA LEY N° 18.918, SOBRE CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LOS SENADORES Y COMITÉS PARLAMENTARIOS, CON CARGO A SUS ASIGNACIONES (S 1435-14)
HONORABLE SENADO:
Considerando lo dispuesto en la Resolución N° 2, de 5 de septiembre de 2011, del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, la Comisión de Régimen Interior propone la aprobación del siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
Apruébase el siguiente:
“REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 3° A DE LA LEY 18.918, SOBRE CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LOS SENADORES y COMITÉS PARLAMENTARIOS, CON CARGO A SUS ASIGNACIONES.
Artículo 1°.- El presente reglamento se dicta de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° A de la Ley 18,918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y tiene por objeto regular las materias contenidas en dicha disposición, en relación a la contratación del personal necesario para prestar servicios en los Comités Parlamentarios o para los señores Senadores, Este reglamento no será aplicable a las personas naturales o jurídicas que los Senadores dispongan contratar con cargo a su asignación de asesoría externa, definida en la letra B) del Capítulo III del Acuerdo del Consejo Resolutivo de asignaciones parlamentarias de fecha 5 de septiembre de 2011, que se regirá por su respectivo reglamento, ni a los servicios menores de gastos operacionales establecidos en el mismo Acuerdo.
Artículo 2°.- La prestación de servicios del personal a que se refiere este reglamento se efectuará en la modalidad de contrato de trabajo, cuando los servicios se presten bajo vínculo de subordinación y dependencia o como contrato de prestación de servicios civiles a honorarios, cuando no exista dicha dependencia o sean prestados por personas jurídicas.
Cuando los servicios a prestar sean bajo dependencia y subordinación, el contrato de trabajo del personal a que se refiere el artículo anterior será celebrado por el Secretario General del Senado, y esta corporación tendrá la calidad de empleador para los efectos legales.
La retribución por la prestación de servicios del personal del inciso primero se financiará con cargo a las respectivas asignaciones parlamentarias.
Artículo 3°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, será de responsabilidad privativa de cada Senador o del Comité parlamentario respectivo, en su caso:
a) La selección de la persona a contratar, determinando en cada caso los requisitos de capacidad, calificación, idoneidad y rendimiento que sean exigibles.
b) La asignación de tareas y labores a desempeñar, así como la fiscalización superior inmediata del cumplimento de las obligaciones emanadas del contrato,
y
c) Indicar el monto de la remuneración u honorario de los servicios y las demás condiciones del contrato dentro del marco establecido en este reglamento.
En todo ello, se deberá dar cumplimiento a las exigencias de idoneidad, competencia laboral y profesional, probidad, y demás contenidas en el artículo 2° del Código del Trabajo en relación a la no discriminación.
Artículo 4°.- Cada Senador o Comité parlamentario deberá informar por escrito a la unidad administrativa del Senado encargada de la administración de los contratos del personal a que se refiere el presente reglamento, la identidad de cada persona a contratar junto con la información y documentación necesaria para la confección del correspondiente contrato y los demás trámites administrativos correspondientes.
Será obligación del Senador o Comité comunicar oportunamente por escrito las modificaciones a introducir en los respectivos contratos.
Artículo 5°.- El personal regido por el presente reglamento que preste servicios en la modalidad de contrato de trabajo, se regirá por las normas del Código del Trabajo en las materias específicas contenidas en el artículo 3°A de la Ley 18.918 y por las contenidas en este reglamento.
Artículo 6°.- El personal contratado para prestar servicios en forma independiente o por personas jurídicas se regirá por las normas correspondientes del Código Civil y por lo prescrito en el presente reglamento.
Artículo 7°.- Los contratos de trabajo de los trabajadores que se contraten de acuerdo a las normas del presente reglamento contendrán, al menos, las cláusulas obligatorias establecidas en el articulo 10° del Código del Trabajo, sin perjuicio de aquellas otras que, de acuerdo a lo convenido entre el Comité Parlamentario o el Senador y el trabajador, sea necesario incorporar.
Artículo 8°.- En atención a que el trabajador prestará servicios sin la fiscalización directa inmediata del Senado, como empleador, quedará excluido de la limitación de la jornada de trabajo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 22 del Código del Trabajo, por lo que no tendrá derecho al pago de horas extraordinarias.
Artículo 9°.- Los trabajadores tendrán la obligación de observar estrictamente el principio de probidad, para lo cual especialmente deberán:
1. Desempeñar honesta y lealmente sus labores, con preeminencia del interés general de la Corporación por sobre el interés particular, absteniéndose de utilizar bienes de la Corporación, distintivos oficiales o el nombre del Senado o de un Senador para asuntos de carácter personal, sean o no comerciales.
2. Mantener una conducta intachable, con una actitud de respeto y cortesía para con los parlamentarios, autoridades, invitados y otros trabajadores que se desempeñen en la Corporación.
3. Abstenerse de ejercer, mientras se desempeñen como trabajadores contratados por el Senado, cualquier actividad que pugne con sus deberes para con el Comité Parlamentario al que pertenece el Senador para el cual se desempeñe o para con el Senador bajo cuya dependencia directa se encuentre.
Se entiende que no pugnan con las labores contratadas las actividades político partidistas que se efectúen para el Comité o Senador respectivo.
4. Mantener en reserva todos los documentos, informes, cartas, oficios y, en general, todos los antecedentes que reciban, incluso aquellos que le sean proporcionados verbalmente, o a lo que tengan acceso en razón de sus labores, como direcciones particulares de autoridades, teléfonos celulares y correos electrónicos, ya sea que la información conste en instrumentos, cintas, videos, formatos digitales o cualquier otro soporte físico o virtual, salvo la expresa autorización escrita del Senador.
La infracción a las normas de probidad establecidas en este artículo será constituirá una infracción grave a las obligaciones del contrato, que dará lugar a la terminación inmediata del contrato de trabajo, sin derecho a indemnización.
Artículo 10°.- Cada Comité Parlamentario y Senador contará con el personal contratado por la Corporación que estime conveniente y necesario para el cumplimiento de sus cometidos y siempre que disponga de los recursos suficientes para tal fin.
El pago de las remuneraciones de este personal sólo se hará con cargo a los recursos que se consignen para la asignación fijada por la letra A) del Capítulo III del Acuerdo del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, de fecha 5 de septiembre de 2011.
Para la provisión de estos trabajos el representante de cada Comité y cada Senador indicará por escrito a la unidad administrativa correspondiente, las personas que se desempeñarán en labores de apoyo en las dependencias de la Corporación o en sus oficinas regionales.
En las contrataciones con cargo a las asignaciones de los Senadores o de los Comités el monto de las remuneraciones mensuales brutas se ajustará a un rango mínimo equivalente al valor del ingreso mínimo mensual y tendrá como rango máximo el monto de recursos fijado por el Consejo Resolutivo para la respectiva asignación, y su reajustabilidad no podrá ser superior al incremento que para tal asignación determine anualmente el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, sin que el total de las asignaciones en caso alguno pueda superar esta última cantidad.
Artículo 11°.- Los Comités parlamentarios o los Senadores, en su caso, podrán convenir con el personal contratado de acuerdo a las normas del presente reglamento, en forma adicional a los sueldos, devoluciones de gastos necesarios que realice el trabajador para la prestación de sus servicios, tales como asignaciones de locomoción o colación, viáticos y otros, los que no constituirán remuneración para ningún efecto legal, y que sumadas al total de los compromisos contraídos con cargo a la respectiva asignación parlamentaria, no podrán exceder el monto máximo fijado para ésta por el Consejo Resolutivo.
Artículo 12°.- Serán aplicables a los trabajadores regulados por este reglamento las normas contenidas en el Código del Trabajo referidas a capacidad, nacionalidad, feriado, descanso semanal, protección de las remuneraciones, servicio militar obligatorio, todas ellas del Libro I de dicho cuerpo legal y, las normas referidas a protección de los trabajadores, protección a la maternidad y permiso postnatal parental y demás títulos contenidos en el Libro II del mismo Código.
Artículo 13°.- El contrato de trabajo de los trabajadores regidos por este reglamento terminará por los casos de terminación y causas de caducidad contemplados en los artículos 159 y 160 del Código del Trabajo.
Con todo, en virtud del inciso tercero del artículo 3° A de la Ley 18.918, que califica a dichos trabajadores como de la exclusiva confianza del Comité o parlamentario para quien presta servicios, procederá por ello el término de sus contratos.
Además, el contrato de estos trabajadores terminará, en todo caso, por la cesación en el cargo del parlamentario para quien fue contratado o la expiración del Comité, aplicándose a dicho respecto lo previsto en el número 5 del artículo 159 del código laboral.
Artículo 14°.- Las formalidades a aplicar para la terminación de un contrato de trabajo del personal regido por este reglamento serán las establecidas en el Código del Trabajo.
Artículo 15°.- Será obligación del Comité o del Senador beneficiario de la prestación de los servicios, informar oportunamente por escrito a la unidad administrativa encargada de la administraron del contrato, los hechos fundantes de una causa de caducidad del contrato y, en especial, de la pérdida de confianza, a fin de proceder a la terminación del contrato correspondiente, en los términos contenidos en las disposiciones precedentes.
Artículo 16°.- La interpretación de las normas contenidas en el presente reglamento será de competencia de la Comisión de Régimen Interior del Senado.
Artículo transitorio.- Los trabajadores que al 31 de diciembre de 2011 tengan contrato de trabajo vigente con un Comité Parlamentario o con uno más Senadores, y cuya contratación solicite el Comité o Senador de conformidad al artículo 4°, podrán celebrar un nuevo contrato de trabajo teniendo como empleador al Senado.
El Senado reconocerá a dichos trabajadores el tiempo servido bajo contrato de trabajo para el respectivo Senador o Comité para los efectos del cálculo de las indemnizaciones por años de servicio a que dé lugar el nuevo contrato, sólo considerando los años cuya indemnización no se haya pagado en forma previa a la suscripción de este nuevo contrato.”.
(Fdo.): Guido Girardi Lavín, Senador.