Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- PERMISO
- Jaime Orpis Bouchon
- PERMISO
- DEBATE
- FIJACIÓN DE NUEVO PARÁMETRO PARA CÁLCULO DE INTERÉS MÁXIMO CONVENCIONAL
-
DISCONFORMIDAD CON VOTACIÓN DE REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHO A EDUCACIÓN
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- V. ORDEN DEL DÍA
- MODERNIZACIÓN Y FOMENTO DE COMPETENCIA DE SISTEMA FINANCIERO
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
-
CREACIÓN DE TRIBUNAL AMBIENTAL
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Alejandro Navarro Brain
- Maria Soledad Alvear Valenzuela
- Hernan Larrain Fernandez
- Alberto Espina Otero
- Maria Isabel Allende Bussi
- INTEGRACIÓN
-
PROTECCIÓN A DEUDORES DE CRÉDITOS EN DINERO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Carlos Anibal Larrain Pena
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- DEBATE
-
NUEVO CONCEPTO DE EMPRESA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ximena Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- DEBATE
- MODERNIZACIÓN Y FOMENTO DE COMPETENCIA DE SISTEMA FINANCIERO
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Rincon Gonzalez
- PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Rincon Gonzalez
- PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Rincon Gonzalez
- PETICIÓN DE OFICIO : Ignacio Walker Prieto
- PETICIÓN DE OFICIO : Ignacio Walker Prieto
-
ANIVERSARIO DE REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
- INTERVENCIÓN : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
-
HOMENAJE A PROFESOR JUVENAL HENRÍQUEZ
- HOMENAJE : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
-
LIBERACIÓN DE SOLDADO ISRAELÍ. OFICIOS
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
-
PREOCUPACIÓN POR PRESUPUESTO DE SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA COMPETITIVIDAD. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
-
DESMEDRADA SITUACIÓN DE PYMES EN NUEVAS LICITACIONES DE JUNAEB. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
-
ANIVERSARIO DE REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. COMUNICACIÓN
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
-
PREOCUPACIÓN POR FALTA DE EQUIDAD EN PRESUPUESTO PARA EDUCACIÓN
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
-
CRÍTICAS A PRESUPUESTO 2012 PARA EDUCACIÓN. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑOR BIANCHI, SEÑORA PÉREZ (DOÑA LILY) Y SEÑORES GIRARDI, HORVATH Y TUMA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE DERECHO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE (8000-09)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- Lily Perez San Martin
- Guido Girardi Lavin
- Antonio Horvath Kiss
- Eugenio Tuma Zedan
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES LETELIER, GARCÍA, GIRARDI, SABAG Y TUMA, CON LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE REGULARIZA LA CONSTRUCCIÓN Y POSESIÓN DE BIENES RAÍCES DE ENTIDADES RELIGIOSAS (8001-14)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Juan Pablo Letelier Morel
- Jose Garcia Ruminot
- Guido Girardi Lavin
- Hosain Sabag Castillo
- Eugenio Tuma Zedan
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑOR BIANCHI, SEÑORA PÉREZ (DOÑA LILY) Y SEÑORES GIRARDI, HORVATH Y TUMA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE DERECHO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE (8000-09)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 359ª
Sesión 64ª, en miércoles 19 de octubre de 2011
Ordinaria
(De 16:22 a 20:1)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GUIDO GIRARDI LAVÍN, PRESIDENTE;
JUAN PABLO LETELIER MOREL, VICEPRESIDENTE;
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, ALEJANDRO NAVARRO BRAIN Y JAIME QUINTANA LEAL, PRESIDENTES ACCIDENTALES
SECRETARIO, EL SEÑOR JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
Fijación de nuevo parámetro para cálculo de interés máximo convencional (7786-03)...............................................................................................................................
Disconformidad con votación de reforma constitucional sobre derecho a educación....................................................................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza y fomenta la competencia del sistema financiero (7440-05) (se aprueba en particular).................
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que crea el Tribunal Ambiental (6747-12) (pasa a Comisión Mixta)...........................................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre protección a deudores de créditos en dinero (7932-03) (se aprueba en general)................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un nuevo concepto de empresa (4456-13) (se aprueba en general)..................................................
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Aniversario de Región de Magallanes y de la Artártica Chilena (intervención del Senador señor Bianchi).............................................................................................
Homenaje a profesor Juvenal Henríquez (intervención del Senador señor Bianchi)......................................................................................................................
Liberación de soldado israelí. Oficios (observaciones del Senador señor Cantero)......................................................................................................................
Preocupación por presupuesto de Sistema Nacional de Innovación para Competitividad. Oficio (observaciones del Senador señor Cantero).........................
Desmedrada situación de pymes en nuevas licitaciones de JUNAEB. Oficios (observaciones del Senador señor Ruiz-Esquide)......................................................
Aniversario de Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Comunicación (intervención del Senador señor Muñoz Aburto).......................................................
Preocupación por falta de equidad en presupuesto para educación (observaciones del Senador señor Quintana)............................................................................................
Críticas a presupuesto 2012 para educación. Oficio (observaciones del Senador señor Navarro).....................................................................................................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia , señor Cristián Larroulet Vignau; del Trabajo y Previsión Social, señora Evelyn Matthei Fornet, y del Medio Ambiente, señora María Ignacia Benítez Pereira. Asimismo, se encontraban presentes el Subsecretario de Hacienda , señor Julio Dittborn Cordua y el Subsecretario del Medio Ambiente , señor Ricardo Irarrázabal Sánchez.
Actuó de Secretario , el subrogante, señor José Luis Alliende Leiva, y de Prosecretario , el subrogante, señor Julio Cámara Oyarzo.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:22, en presencia de 18 señores Senadores.
El señor GIRARDI (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 61ª y 62ª, ambas ordinarias, en 11 y 12 de octubre del año en curso, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor GIRARDI (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor CÁMARA ( Prosecretario subrogante ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Tres de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero hace presente la urgencia, calificada de "suma", para el despacho del proyecto de ley sobre fomento de la pesca artesanal, Comisión Nacional de Acuicultura y Consejos Zonales de Pesca (boletín N° 7.947-03).
Con el segundo retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto del proyecto de ley sobre plebiscito y consultas de carácter comunal (boletín N° 7.308-06).
Con el tercero hace presente la urgencia, calificada de "simple", para el despacho del proyecto que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, creando el sistema de licencias de conducir con puntaje (boletín Nº 3.376-15).
--Queda retirada la urgencia, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Remite copia autorizada de la sentencia definitiva dictada en el ejercicio del control de constitucionalidad del proyecto de ley que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras (boletín N° 6.415-08).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República.
Envía copia autorizada de la resolución dictada en la acción de inconstitucionalidad del artículo 206 del Código Civil.
--Se toma conocimiento y se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro de Economía , Fomento y Turismo:
Responde a un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Senadores señor Bianchi, señora Allende y señores Cantero, Escalona, Girardi, Horvath, Letelier, Muñoz Aburto y Sabag, sobre proyectos turísticos en áreas silvestres protegidas (boletín N° S 1.384-12).
Atiende a un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Senadores señores Chahuán y Lagos, sobre establecimiento de un Área Marina Protegida de Múltiples Usos en el Archipiélago Juan Fernández (boletín N° S 1.392-12).
Del señor Ministro de Obras Públicas:
Da respuesta a solicitud de información, remitida en nombre del Senador señor Quintana, sobre pavimentación del camino Purén-Boyeco, comuna de Purén.
Responde un oficio, también enviado en nombre del Honorable señor Quintana, al que adhirió el Senador señor Navarro, acerca del proyecto "Embalse", en la comuna de Purén.
Del señor Ministro de Salud :
Atiende una solicitud, enviada en nombre del Senador señor Navarro, relativa a publicación sobre denegación de atención a mujeres portadoras del virus VIH.
Responde oficio, remitido en nombre del Senador señor Larraín Peña, sobre falta de medicamentos en centros de salud de atención familiar de la comuna de Osorno.
Del señor Subsecretario para las Fuerzas Armadas:
Contesta un oficio, solicitado por la Senadora señora Alvear, acerca del número de atenciones prestadas en el nuevo Hospital Militar -de la comuna de La Reina- a pacientes del sistema público de salud.
Del señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado:
Da respuesta a un oficio, requerido a nombre del Senador señor Navarro, sobre acciones judiciales incoadas por gastos en que incurrió el Ministerio de Salud por cierre de vertedero Santa Alicia, comuna de Coronel.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Economía e informe de las Comisiones de Hacienda y de Economía, unidas, recaídos en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, para dotar de atribuciones en materias financieras, entre otras, al Servicio Nacional del Consumidor (boletín N° 7.094-03) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Senadores señor Bianchi, señora Pérez San Martín y señores Girardi, Horvath y Tuma, con la que dan inicio a un proyecto de ley sobre derecho al servicio de agua potable (boletín Nº 8.000-09).
--Pasa a la Comisión de Obras Públicas y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
De los Senadores señores Letelier, García, Girardi, Sabag y Tuma, con la que inician un proyecto de ley que regulariza la construcción y posesión de bienes raíces de entidades religiosas (boletín Nº 8.001-14).
--Pasa a la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
Permiso constitucional Solicitud del Senador señor Orpis --Se accede.
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor GIRARDI (Presidente).- Se ha pedido recabar la autorización de la Sala para que ingrese el Subsecretario de Hacienda, señor Julio Dittborn.
--Se accede.
FIJACIÓN DE NUEVO PARÁMETRO PARA CÁLCULO DE INTERÉS MÁXIMO CONVENCIONAL
El señor GIRARDI ( Presidente ).- En sesión de ayer se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Tuma , Bianchi , Escalona , Letelier y Zaldívar (don Andrés) , sobre interés máximo convencional, y quedó pendiente fijar el plazo para presentar indicaciones.
Si no hay inconveniente, se fijará el lunes 14 de noviembre, a las 13.
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar acerca de este asunto.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , el proyecto que figura en el tercer lugar de la tabla de hoy también dice relación a la tasa máxima convencional.
La Comisión acordó pedir, luego de despachado en general por la Sala, fusionarlo con el originado en moción del Senador señor Tuma , el que habla y otros Honorables colegas y que aprobamos ayer, para que sean tratados en conjunto.
Por lo tanto, solicito que, una vez aprobada la iniciativa a que hice alusión, se establezca un solo plazo para presentarles indicaciones a ambos proyectos.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, quedará pendiente la solicitud formulada por Su Señoría.
Acordado.
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
DISCONFORMIDAD CON VOTACIÓN DE REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHO A EDUCACIÓN
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , solicito su atención, pues voy a pedir un pronunciamiento de la Mesa sobre lo siguiente:
1.- Según lo informado por el Secretario de la Comisión de Educación , Cultura, Ciencia y Tecnología, el miércoles 12 de octubre pasado, se acordó someter a votación, con relación a la reforma constitucional sobre el derecho a la educación, "cuales deberían ser las ideas fundamentales del proyecto".
2.- Desde mi punto de vista, tal votación infringe la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
¿Por qué razón?
2.1.- El derecho de iniciativa legislativa esta residenciado en el Presidente de la República y en los Diputados y Senadores (artículo 65 de la Constitución Política de la República).
La iniciativa parlamentaria se traduce en moción, la que se estructura en una parte expositiva y otra dispositiva, conteniendo ideas matrices o fundamentales, las que son inescindibles de la preceptiva propuesta.
2.2.- El artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional faculta a la Sala para que, a propuesta de la Comisión respectiva, pueda refundir dos o más proyectos de ley radicados en esa Cámara, siempre que estén en el primer trámite constitucional y sus ideas matrices o fundamentales tengan entre sí relación directa; consultándose en lo posible a sus autores.
2.3.- El Texto Fundamental, reformado el año 2005, hace aplicable al procedimiento de reforma constitucional las reglas del procedimiento legislativo (artículo 127, inciso final, de la Constitución Política de la República).
2.4.- En consecuencia, el proceso de reforma a la Carta Fundamental se estructura sobre la base de un principio de doble lectura en cada uno de sus trámites constitucionales.
Por consiguiente, un proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, deberá ser votado, tanto en su trámite de discusión general, como en el de discusión particular, en las modalidades que adopta este, reguladas por los artículos 117 y siguientes del Reglamento del Senado.
2.5.- Conforme a lo anterior, la Comisión del rubro, para refundir proyectos de reforma constitucional, debe someter el producto de la refundición, en su primer trámite constitucional, a discusión general, la que dice relación con sus ideas matrices o fundamentales y que está regulada en los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en el artículo 118 del Reglamento del Senado.
Es propio de este trámite y discusión en general, que haya un proyecto o conjunto de proyectos, en el caso de refundición, estructurados bajo la modalidad de mociones, que se distribuyen en una parte expositiva y otra dispositiva.
2.6.- En la especie, la Comisión de Educación ha votado "ideas", cuatro en total, sin que ello corresponda a ningún procedimiento previsto en la tramitación de una reforma a la Carta, ni en la Constitución Política ni en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
En suma, desde nuestro punto de vista, en el primer trámite constitucional la eventual aprobación de la idea de legislar exige un proyecto refundido de mociones de reforma de la Carta, con preceptiva o articulado congruente con estas y con sus ideas matrices o fundamentales.
Es decir, no pueden votarse ideas matrices sin el articulado que se propone.
En consecuencia, señor Presidente , estimamos -y solicitamos la opinión de la Mesa, no necesariamente de inmediato; puede tomarse el tiempo que considere conveniente para analizar el tema- que la actuación de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología al separar y votar ideas matrices sin un articulado, debe quedar sin efecto.
He dicho.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Propongo a la Sala que la Mesa estudie el asunto -para ello, podrá solicitar que lo evalúe alguna Comisión, quizás la de Constitución- y después entregue una respuesta.
¿Les parece a Sus Señorías?
--Así se acuerda.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , voy a referirme al planteamiento reglamentario que ha hecho el Senador Escalona acerca de la votación que tuvo lugar, hace exactamente una semana, en la Comisión de Educación -que presido- a propósito de siete mociones, de distintos señores Senadores, con las que dieron inicio a sendos proyectos de reforma constitucional, uno de ellos presentado por el Honorable señor Escalona , más otra iniciativa originada en mensaje del Ejecutivo.
En cuanto a los puntos reglamentarios señalados por el colega, no tengo mayor objeción. Pero tal vez carezca de sentido que otra Comisión se pronuncie al respecto, como insinuó el señor Presidente . Quisiera que se respetaran los tiempos y el ámbito de acción de cada órgano técnico.
Debo manifestar que en la Comisión de Educación no se ha votado la idea de legislar en relación con ninguna reforma constitucional. Lo que se hizo fue discutir ciertas ideas matrices articuladoras que -como señaló el propio Senador Escalona -, naturalmente requieren de un texto para llegar a la Sala.
Creo que es bueno precisar eso, porque algunos colegas denunciaron una serie de cosas que en realidad se apartan bastante del principio por el cual debería llevarse adelante el trabajo en las distintas instancias especializadas. Porque se proporciona a la prensa información parcial sobre un debate que recién está comenzando en el órgano técnico. Y no hubo ninguna votación general de reformas constitucionales.
Esta Sala mandató a la Comisión de Educación para refundir nada menos que siete proyectos iniciados en mociones, más otro generado en mensaje del Ejecutivo. No es una tarea fácil.
En consecuencia, no obstante que el planteamiento del Senador Escalona es válido, hay que esperar que la Comisión lleve adelante su trabajo con total normalidad y que dicho procedimiento siga su curso.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Esta discusión es apasionante, pero ya la Mesa tomó la decisión de entregar una respuesta en su oportunidad.
Pido a Sus Señorías dejar ese debate para un momento posterior.
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El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, quiero exponer un tema que hemos conversado con varios Senadores y Senadoras.
Se trata de lo siguiente.
Se encuentra en trámite el proyecto de Ley de Presupuestos. Me consta, por experiencia propia, que resulta muy difícil asistir a las Subcomisiones Especiales y, al mismo tiempo, a las sesiones de Sala para que existan los quórums necesarios.
Yo sé que esto se ha planteado en muchas oportunidades. Sería conveniente -y esta no es una opinión solo personal- que durante un lapso determinado nos dedicáramos mañana y tarde a analizar el referido proyecto, como ocurre en los demás Congresos del mundo.
Eso nos permitiría -en mi caso, soy miembro de la Comisión de Medio Ambiente y, de esa manera, cuando se analice el Presupuesto del Ministerio del ramo podría asistir a la Subcomisión pertinente- concurrir al estudio de las diferentes Partidas.
Así, dichas Subcomisiones realizarían un trabajo más rápido y efectivo. Porque, en verdad, cuando uno está viendo todo el año un asunto específico es más sencillo concretarlo en el proyecto de Ley de Presupuestos.
Si tanto la Sala como las Subcomisiones Especiales funcionan en forma paralela, por un lado cuesta mucho que estas sesionen, y por otro, mantener el quórum en aquella.
Esa es una dificultad real que estamos viviendo día a día. Sé que en una ocasión anterior incluso se presentó un proyecto de ley -entiendo que por el Senador García- para resolver este problema práctico, en que terminamos quedando muy mal.
La Comisión de Constitución -que presido- invita, por ejemplo, a algunos profesores y cuando estos llegan no hay quórum para sesionar porque cuatro de sus cinco integrantes se encuentran en las Subcomisiones Especiales de Presupuestos, que funcionan simultáneamente.
Entonces, no me queda sino pensar que es mejor no citar a aquel órgano técnico y que sería de mayor interés participar en la respectiva Subcomisión Especial.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Le sugiero a Su Señoría que analicemos el punto en reunión de Comités, para ver cómo resolverlo en el corto plazo. Y después podríamos estudiar una medida más permanente.
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El señor GIRARDI (Presidente).- Se ha solicitado que se autorice el ingreso a la Sala del Subsecretario del Medio Ambiente, señor Ricardo Irarrázabal.
La señora ALVEAR.- Conforme.
--Se accede.
V.ORDEN DEL DÍA
MODERNIZACIÓN Y FOMENTO DE COMPETENCIA DE SISTEMA FINANCIERO
El señor GIRARDI (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza y fomenta la competencia del sistema financiero, con segundo informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7440-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 16ª, en 10 de mayo de 2011.
Informes de Comisión:
Hacienda: sesión 27ª, en 21 de junio de 2011.
Hacienda (nuevo): sesión 51ª, en 7 de septiembre de 2011.
Hacienda (segundo): sesión 62ª, en 12 de octubre de 2011.
Discusión:
Sesiones 32ª, en 12 de julio de 2011 (queda para segunda discusión); 34ª, en 13 de julio de 2011 (vuelve a Comisión de Hacienda); 54ª, en 14 de septiembre de 2011 (se aprueba en general); 63ª, en 18 de octubre de 2011 (queda pendiente su votación).
El señor GIRARDI (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante).-
En la sesión de ayer quedó pendiente la votación particular de esta iniciativa.
En primer lugar, deben darse por aprobados reglamentariamente los artículos 1° -con excepción de los numerales 2) y 8), nuevos-, 2°, 3°, 4° y 5° permanentes y los artículos 1°, 3° y 4° transitorios, en atención a que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.
Se debe dejar constancia del quórum de aprobación respecto de las disposiciones de ley orgánica constitucional y de quórum calificado contenidas en los artículos 2° y 3°, que requieren 20 votos a favor las primeras, y 18 las segundas.
En seguida corresponderá pronunciarse sobre las enmiendas efectuadas por la Comisión de Hacienda al texto despachado en general, todas las cuales se acordaron por unanimidad.
El señor GIRARDI ( Presidente ).-
Se van a votar, para el solo efecto de dejar constancia del quórum, los artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones en la Comisión de Hacienda.
En votación.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueban (29 votos favorables), dejándose constancia de que se reunieron los quórums constitucionales exigidos.
Votaron las señoras Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Espina, Frei, García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Tuma, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante).-
En seguida, corresponde votar las enmiendas efectuadas por la Comisión de Hacienda al texto despachado en general, todas las cuales se acordaron por unanimidad. Recaen en los artículos 1°, números 2 y 8, nuevos; 6° y 7°, nuevos, y 2°, 5°, 6° y 7° transitorios (los dos últimos, nuevos). Para su aprobación se precisa quórum simple.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , por el número 8 del artículo 1° del proyecto se introduce al decreto con fuerza de ley N° 251 un artículo 40 que les impone a los bancos, cooperativas, agentes administradores de mutuos hipotecarios endosables, etcétera, el cumplimiento de ciertas normas en el proceso de licitación previsto en dicho precepto.
En el número 1 del referido artículo 40 se dice: "Los seguros deberán ser contratados en forma colectiva por la entidad crediticia, para sus deudores, por medio de una licitación pública con bases preestablecidas.".
Entre otras cosas, se señala (número 2 del mencionado artículo) que "Las compañías cuya menor clasificación de riesgo sea igual o inferior a BBB, no podrán participar en la licitación.". O sea, les estamos colocando a las empresas un alto nivel de calidad para poder participar en la licitación.
A renglón seguido, en el número 3 del artículo 40 se expresa que "Los seguros serán asignados por la entidad crediticia al oferente que presente el menor precio, incluyendo la comisión del corredor de seguros, si correspondiere".
Hasta ahí está bien la norma.
Pero yo quiero pedir votación separada de lo que se dice a continuación: "... salvo que, después de iniciado el proceso de licitación y antes de su adjudicación, se hubiese deteriorado notoriamente la solvencia de ese oferente por un hecho sobreviniente.".
A mi entender, en el período que media entre el inicio del proceso de licitación y la adjudicación -una semana, quince días- es casi imposible que una compañía de seguros con alta clasificación, de acuerdo a las exigencias impuestas en las bases, se vea en una situación tan deteriorada que haga necesario que, conforme a la facultad que se entrega al efecto, el directorio o máximo órgano directivo de la entidad crediticia, pública y fundadamente, adjudique la licitación al segundo menor precio.
Señor Presidente , las normas que estamos colocando acá, mediante las cuales se imponen obligaciones a las instituciones crediticias y se procura la transparencia, tienen como propósito que el seguro en comento se licite, sobre la base de un procedimiento público, al menor precio y a la mejor calidad.
Debido a que los bancos también están autorizados para oficiar como corredores de seguros, yo no me atrevería a colocar en la ley una normativa tan flexible como para que, habiendo una compañía de seguros que ya cumplió las elevadas condiciones de calidad exigidas, el directorio de la entidad crediticia pueda adjudicar la licitación al segundo precio: debe adjudicarla al primer precio más económico y beneficioso para los deudores.
Por tanto, yo sugiero, primero, rechazar la parte del articulado que faculta a los directorios de las entidades crediticias para adjudicar en una situación cuya ocurrencia es poco factible. Puede ser un caso excepcional. Pero aquí va a quedar como norma general. Y ello envuelve el riesgo de que los directorios de los bancos usen abusivamente la facultad.
Se dice: "La entidad crediticia podrá sustituir al corredor incluido en la oferta adjudicada, manteniendo la misma comisión de intermediación considerada en dicha oferta, siempre y cuando ello esté previsto en las bases.".
Eso me parece bien.
Lo que no me parece bien es darle al directorio del banco la posibilidad de que reemplace al primero por el segundo.
Por eso, pido votación separada en el inciso que señalé, para los efectos de establecer una licitación transparente y al mejor postor. He dicho.
El señor GIRARDI ( Presidente ).-
Le propongo a la Sala que votemos todos los artículos aprobados unánimemente en la Comisión, con la salvedad que hizo el Senador señor Tuma .
¿Les parece?
Acordado.
En votación.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).-
El señor Presidente pone en votación todas las enmiendas aprobadas en la Comisión de Hacienda de manera unánime (4 votos favorables, de los Honorables señores Frei , Escalona , Kuschel y Novoa), que corresponden a los artículos 1º, Nº 2, nuevo; 1º, Nº 8, nuevo, con excepción de la parte que el Senador señor Tuma pidió votar separadamente; 6° y 7°, nuevos, y 2º, 5º, 6° y 7° transitorios (estos dos últimos, nuevos).
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueban las enmiendas en los términos indicados por el señor Secretario General subrogante (26 votos favorables).
Votaron las señoras Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Tuma, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Pido que se agregue mi voto, señor Presidente .
El señor CHAHUÁN.-
También el mío.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente...
El señor GIRARDI ( Presidente ).-
Se dejará constancia de la intención de voto afirmativo de los Senadores señora Pérez y señores Novoa y Chahuán.
El señor NOVOA.-
No, señor Presidente . Yo ya voté. Solo estoy pidiendo la palabra.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Entonces, exceptuamos a Su Señoría, quien tiene la palabra.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, con respecto al punto planteado por el Senador Tuma, me parece conveniente mantener la excepción.
No se trata de una facultad discrecional.
En efecto, se dice: "... salvo que, después de iniciado el proceso de licitación y antes de su adjudicación, se hubiese deteriorado notoriamente la solvencia de ese oferente por un hecho sobreviniente." (o sea -insisto-, tiene que haber un deterioro notorio de la solvencia y por un hecho sobreviniente). "En tal caso, el directorio, (...) pública y fundadamente, podrá adjudicar la licitación al segundo menor precio.".
Señor Presidente , debo señalar que en materia de compañías de seguros es muy posible que se den situaciones como esta: que una aseguradora filial de una compañía de Italia se presente a una licitación con antecedentes perfectos y que, a raíz de la crisis económica que afecta a Europa, y en particular a dicho país, la matriz pierda su solvencia.
Ahora, el uso abusivo de la norma en cuestión no solo va a implicar la intervención de la Superintendencia de Bancos. Porque, ¡ojo!, aquí la entidad crediticia no está peleando con una viejita, sino con una compañía de seguros que logró el primer lugar en la licitación. Entonces, no se encuentran en desigualdad de condiciones.
Si un banco dice, por ejemplo, "A esta aseguradora no le voy a adjudicar la licitación porque es notorio que se halla en insolvencia", se arriesga a que la compañía lo enjuicie no solo para que cumpla la adjudicación, sino además para que la indemnice por esa muy grave aseveración.
Sé que es una situación a lo mejor poco frecuente, porque el período entre la licitación y la adjudicación puede ser de dos semanas o de un mes. Pero también hay casos de compañías de seguros, y de las más grandes del mundo, que han caído en insolvencia de un día para otro. La crisis del 2008 en Estados Unidos, por ejemplo, significó que aseguradoras tremendamente solventes perdieran su posición patrimonial.
Por eso, siendo una medida excepcional, que el directorio deberá adoptar pública y fundadamente, y existiendo, aparte la fiscalización de la Superintendencia, recursos que le posibilitarán a la entidad crediticia que se vea perjudicada hacer valer sus derechos, no creo que la norma planteada se preste para abusos.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, lo que plantea el Senador Novoa dice relación con una facultad excepcional del directorio.
En todo caso, debemos tener presentes las vinculaciones de la banca en general con las compañías de seguros (recordemos que ya legislamos para que los bancos puedan desempeñarse también en este sector). Entonces, es factible que la entidad crediticia tenga nexos con algunas de las aseguradoras postulantes.
Desde esa perspectiva, no me parece apropiado que el directorio esté facultado para modificar la adjudicación en el evento, muy ocasional, de que en alrededor de 15 días se haya deteriorado de modo notorio la solvencia de una compañía de seguros. Para este caso, podrá estipularse en las bases de la licitación, por ejemplo, que esta quedará sin efecto de sobrevenir tal hecho. Pero no me parece adecuado que se adjudique al segundo menor precio solo por una apreciación del directorio, la que puede ser bastante subjetiva.
Por tanto, insisto en votar negativamente el párrafo y eliminarlo del texto, para no abrir la puerta a abusos y para mantener la transparencia de la licitación.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor DITTBORN ( Subsecretario de Hacienda ).-
Señor Presidente , considerando los argumentos de los Senadores señores Tuma y Novoa , que comparto en parte, quiero sugerir un camino quizá positivo y posible, por cuanto este proyecto igual deberá ir a tercer trámite a la Cámara de Diputados, por los cambios que le introdujo el Senado.
Lo que me parece más controvertible de la norma es el hecho de que el mismo directorio o máximo órgano directivo de la entidad crediticia deba juzgar el deterioro de la solvencia. Eso, porque evidentemente, de alguna manera, es juez y parte en el asunto.
Por ende, pienso que habría que trabajar una redacción conforme a la cual un tercero, una agencia calificadora de riesgo, determinara si la compañía de seguros se halla o no con su solvencia notoriamente deteriorada y si, por consiguiente, es necesario mantener la licitación o dejarla sin efecto.
Eso habría que corregirlo.
En tal sentido, sugiero que, si les parece a los señores Senadores, dejemos el punto para el tercer trámite, que será obligatorio...
El señor LARRAÍN .-
No se puede.
El señor DITTBORN ( Subsecretario de Hacienda ).-
¿No se puede corregir en dicha instancia?
El señor NAVARRO .-
No.
El señor DITTBORN ( Subsecretario de Hacienda ).-
¿Tendría que verse en Comisión Mixta?
El señor LARRAÍN .-
Así es.
El señor DITTBORN ( Subsecretario de Hacienda ).-
Parece que mi sugerencia no es viable desde el punto de vista reglamentario, señor Presidente .
El señor GIRARDI (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
En efecto, señor Presidente , el planteamiento del señor Subsecretario no tiene factibilidad reglamentaria. Para generar la Comisión Mixta, la Cámara Baja deberá rechazar la disposición pertinente en el tercer trámite. En caso contrario, se aprobará lo que despache el Senado.
En cuanto al problema de fondo, pienso que, si bien puede ser objetable que el propio directorio haga la calificación, la exigencia que se le impone (no olvidemos que dicho órgano está sujeto a las regulaciones de la Superintendencia de Bancos) en el sentido de que la adjudicación al segundo menor precio se efectúe pública y fundadamente constituye una garantía suficiente. No creo que el directorio de una entidad crediticia, exponiéndose a una situación inconfortable e inclusive a sanciones de la Superintendencia, pase injustificadamente la adjudicación al segundo menor precio. Lo hará por una consideración vinculada con el riesgo, en fin.
Ahora, no considero factible solucionar el problema acá, salvo que el Senado apruebe la norma y el Gobierno se preocupe de que, en el tercer trámite, la Cámara de Diputados la rechace, de tal manera que en la Comisión Mixta se incorpore a un tercero.
A mi juicio, lo más delicado sería que no existiera una disposición sobre la materia.
Porque, según se expresó, es posible que una compañía de seguros caiga en situación de insolvencia en el momento menos pensado, a raíz de que un país entró en crisis, etcétera.
Por lo tanto, yo prefiero que exista la norma. Y si se quiere corregirla, que el Ejecutivo se preocupe de provocar su rechazo en el tercer trámite para que en la Comisión Mixta se busque una nueva redacción, en los términos que planteó el señor Subsecretario de Hacienda .
El señor GIRARDI (Presidente).-
Yo quiero hacer una propuesta: que después de las palabras "pública y fundadamente" se agregue la frase "sobre la base del pronunciamiento favorable de una agencia clasificadora de riesgo".
Ello podría ayudar a resolver el problema.
El señor TUMA.-
Eso es.
El señor GIRARDI (Presidente).-
¿Les parece?
El señor GÓMEZ .-
De acuerdo.
El señor NOVOA .-
Sí.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Es lo mismo que planteó el Senador señor Tuma.
Las enmiendas propuestas son exactamente iguales. Pero yo prefiero que agreguemos la sugerida por el Senador señor Tuma, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley.
El señor TUMA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor GIRARDI (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , me parece conveniente tomar el resguardo de que una clasificadora de riesgo, de acuerdo a las bases de la licitación, defina la situación excepcional que pueda registrarse.
El señor GIRARDI (Presidente).-
El proyecto se despacharía con esa modificación.
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Creo que no le corresponde a una calificadora de riesgo declarar desierto el proceso, señor Presidente . El que tiene que hacerlo es el directorio, en forma fundada, previo informe de una de esas entidades.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Eso es lo que se propone, Su Señoría.
El señor TUMA.-
Así es.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
De acuerdo. Ahí sí.
El señor GIRARDI ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, ello se acogerá en forma unánime.
--Se aprueba, quedando despachado el proyecto.
El señor GIRARDI (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente , en la Cuenta se incluyen el segundo informe de la Comisión de Economía y el informe de las Comisiones de Hacienda y de Economía, unidas -despachado este último en forma unánime-, recaídos en el proyecto de ley sobre el Sernac Financiero.
Solicito a la Mesa recabar la unanimidad de la Sala para poder tratar el asunto durante la presente sesión y despacharlo.
Gracias.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- No la hay, Su Señoría.
CREACIÓN DE TRIBUNAL AMBIENTAL
El señor GIRARDI ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que crea el Tribunal Ambiental, con informe de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas, con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6747-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 61ª, en 3 de noviembre de 2009.
En tercer trámite, sesión 41ª, en 9 de agosto de 2011.
Informes de Comisión:
Constitución y de M. Ambiente y B. Nacionales, unidas, sesión 84ª, en 20 de enero de 2010.
Constitución y de M. Ambiente y B. Nacionales, unidas, (segundo), sesión 53ª, en 15 de septiembre de 2010.
Hacienda, sesión 53ª, en 15 de septiembre de 2010.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas (tercer trámite): sesión 63ª, en 18 de octubre de 2011.
Discusión:
Sesiones 84ª, en 20 de enero de 2010 (se aprueba en general); 57ª, en 5 de octubre de 2010 (se aprueba en particular).
El señor GIRARDI (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).-
La iniciativa comenzó su tramitación en el Senado y la Cámara de Diputados efectuó una serie de enmiendas que fueron analizadas por las Comisiones unidas, las cuales, al término de su trabajo, recomiendan rechazar nueve de ellas y aprobar el resto.
Tal resolución la adoptaron por unanimidad, con excepción de la relativa a incorporar un artículo 10, nuevo, referido a la subrogación de los ministros de los tribunales ambientales, lo que contó con el voto en contra del Senador señor Navarro.
En caso de que la Sala acuerde aprobar la proposición, las modificaciones recaídas en los artículos 3°, incisos primero, tercero y quinto; 7°, 9°, 10, 27, 42 y 45, y los artículos transitorios primero, segundo, tercero, cuarto y quinto requieren el voto conforme de 20 señores Senadores.
El señor GIRARDI (Presidente).-
En discusión las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente , quisiera nada más que recordar que el proyecto, tal como lo expresó el señor Secretario , se encuentra en tercer trámite constitucional.
Se crearán tres tribunales ambientales, los que van a ser órganos jurisdiccionales especiales sujetos a la superintendencia directiva correccional y económica de la Corte Suprema.
Su función será la de resolver controversias medioambientales y ocuparse de los demás asuntos que se sometan a su conocimiento conforme lo señala la ley.
La iniciativa, además, define la organización que tendrán y las incompatibilidades, inhabilidades y prohibiciones de sus integrantes.
Señala dónde se instalará cada uno de ellos, la planta de personal con que contarán y las materias que van a ser de su competencia.
Además, regula el procedimiento al cual deberán ceñirse.
Reitero que se establecen tres organismos jurisdiccionales -el proyecto original del Ejecutivo solo contemplaba uno-, y existe un compromiso de irlos incrementando en la medida en que vayan surgiendo nuevas necesidades.
La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, introdujo un número importante de enmiendas a más de cuarenta artículos que componen el texto. Las Comisiones unidas de Medio Ambiente y de Constitución examinaron cada una de ellas y aprobaron la gran mayoría, pues, fundamentalmente, son más bien de forma o de redacción, pero, tal como lo dio a conocer el señor Secretario , acordaron rechazar nueve.
No sé, señor Presidente , si explico cuáles son o si avanzamos artículo por artículo exponiéndolas, para que pueda resultar más comprensible cuál es la razón por la que fueron desechadas.
De acuerdo con el procedimiento, entiendo que el resto de los artículos, por haberse aprobado...
El señor PROKURICA.-
Es el tercer trámite.
La señora ALVEAR.-
Así es.
Sugiero más bien una explicación, al ir votando, de la modificación introducida por la Sala de la Cámara de Diputados y de cuál es la opinión del Senado.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Son cerca de cuarenta enmiendas, por lo que...
El señor ESPINA.-
Deseo plantear una cuestión de Reglamento, señor Presidente.
El señor GIRARDI (Presidente).-
De inmediato.
Sugiero que se proporcione la información y que después se vote el conjunto.
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Coincido totalmente con usted, señor Presidente.
Se trata de disposiciones que registraron, mayoritariamente, unanimidad. Entonces, pido aprobarlas en la misma forma. Y solicito piedad y compasión para los Senadores que participan en las Subcomisiones de Presupuesto. Si medió un acuerdo transversal y el proyecto será sometido finalmente a una Comisión Mixta.
Por lo tanto, pido que votemos de inmediato, salvo que alguien formule algún planteamiento sobre una norma, y sin perjuicio de que la exposición de nuestra Honorable colega Alvear , con el detalle respectivo, quedará consignada en la Versión Oficial. Lo sugiero para tratar de no prolongar la sesión.
El señor GIRARDI ( Presidente ).-
Puede intervenir el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , el proyecto de ley tiene por objeto complementar la institucionalidad medioambiental al crear tribunales, regular su constitución y funcionamiento, fijar su competencia y describir el procedimiento de acuerdo con el cual tratarán los asuntos sometidos a su conocimiento y resolución.
Los artículos transitorios se refieren a la entrada en vigencia; los concursos para proveer los cargos de ministro , como lo hizo presente recién la señora Senadora que me antecedió en el uso de la palabra; la renovación parcial de los jueces y el financiamiento de la iniciativa.
Pero quizás el mayor valor de la propuesta que nos ocupa -y quiero destacarlo- radica en que hoy día, existiendo una institucionalidad, una legislación, al aprobar o rechazar la autoridad un proyecto con implicancias medioambientales surgen distintos sectores, ya sea parlamentarios, medioambientalistas o a favor de lo que se plantea, e intervienen ante la opinión ciudadana afirmando que no se ha respetado ningún tipo de interés público. Y se presentan recursos de protección, algunos de ellos muy pobres.
Se desvirtúa, se deslegitima el Estado de Derecho cuando se hacen tales declaraciones en los medios de comunicación.
Posteriormente, esos recursos se fallan a favor o en contra en la instancia judicial, pero ya nadie se acuerda del asunto. Mas lo que sí queda en la opinión pública es que la autoridad actúa permanentemente en forma arbitraria y en contra de la ley y que nadie hace nada o no pasa nada.
Los tribunales ambientales han sido concebidos como entidades especializadas, conocedoras de la materia, en la resolución de conflictos ambientales y que vienen a suplir la falta de un órgano de este tipo en el sistema judicial. La nueva judicatura dará las garantías a mi juicio necesarias de una estructura independiente del Ejecutivo.
Esta es otra virtud de la iniciativa. Por largo tiempo, señor Presidente , ha ocurrido especialmente en Regiones donde existen empresas estatales contaminantes, como las mineras, que el Estado ha mantenido una actitud totalmente distinta en la fiscalización, aprobación y ejecución de sus proyectos, en comparación con las privadas. Y en una situación en la que se es juez y parte, por supuesto, las empresas públicas, las mineras estatales, como ENAMI, CODELCO, han tenido manga ancha para enfermar a sus trabajadores y contaminar poblados -por ejemplo, Ventanas, que queda cerca de aquí- durante décadas en que nadie les dijo nada.
Hoy día, la creación de tribunales que son independientes determinará que el Estado deje de ser juez y parte y, de una vez por todas, de asumir una actitud distinta entre el sector público y el privado. Debe garantizar esa condición en sus entidades por una obligación constitucional. Y resulta fundamental fortalecer el Estado de Derecho mediante el establecimiento de organismos jurisdiccionales como los que ahora estamos aprobando.
En el transcurso del tiempo, señor Presidente , será preciso considerar, sí, la solicitud que varios Senadores hemos formulado en orden a que estos tribunales se instalen también en otras Regiones. La iniciativa dispone que los primeros funcionen en Antofagasta, Santiago y Valdivia . Y me parece bien que eso se señale de alguna manera en el origen, como una forma de partir. Pido al Gobierno llevar a cabo un estudio para que podamos pensar también, según la carga de juicios por tramitar, en un mayor número de ellos, porque la justicia no reviste el carácter de tal cuando es lejana o lenta. Y aquí se dará el caso de personas de las cuales distarán miles de kilómetros, lo cual no facilita ni simplifica las cosas.
Es necesario considerar en la implementación la necesidad de especialistas en distintas áreas del medioambiente y no únicamente de los magistrados. Estos son tres titulares y dos suplentes que durarán seis años en sus cargos y podrán ser reelectos hasta por dos períodos sucesivos.
Me parece que estamos dando un paso importante en materia de institucionalidad y evitando que Chile aparezca frente a la opinión pública internacional como un país transgresor del medioambiente y de las leyes, débil en el otro aspecto, a diferencia de lo que se desprende de la lectura de los medios de comunicación cada vez que se instala un proyecto con implicancias en ese campo.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Sugiero referirse a las enmiendas, porque la iniciativa ya la discutimos. La idea es avanzar.
El señor LARRAÍN.-
¿Me permite una moción de orden, señor Presidente?
El señor GIRARDI ( Presidente ).-
Sí, Su Señoría.
El señor LARRAÍN .-
Señor Presidente , este es el tercer trámite. Las Comisiones unidas estudiaron en forma pormenorizada las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados y, a mi juicio, sería bueno acoger la solicitud de pronunciarse formulada por algunos señores Senadores.
Una sola disposición no registró unanimidad, pero todas las demás sí, ya sea para aprobarlas o rechazarlas. Sugiero llevar a cabo esas dos votaciones. Cabe abrir debate sobre el artículo con votación dividida, pero, en lo demás, acoger el criterio de los órganos técnicos.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Votemos.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, comparto absolutamente lo que aquí se ha expresado.
Recuerdo a los señores Senadores presentes que la materia se trabajó en las Comisiones de Constitución y de Medio Ambiente, unidas. Entonces, no se ha excluido la visión ni de una ni de otra, en cuanto a los procedimientos, a las mayores facultades de la primera de ellas para explicitar, a las consideraciones medioambientales. En efecto, participaron los integrantes de ambos órganos técnicos.
Sugiero aprobar todas las disposiciones acogidas por unanimidad...
El señor WALKER (don Ignacio) .-
¡Lógico!
La señora ALVEAR.-
...y que los casos en que planteamos reparos -son nueve- sean explicados uno por uno. Se registra un voto de mayoría con relación a una sola norma.
De ese modo sería posible avanzar bastante rápido, porque repito que se contempla la visión de todos los miembros de las Comisiones de Constitución y de Medio Ambiente.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Definamos primero lo que cuenta con unanimidad.
El señor LARRAÍN.-
Hice una proposición, señor Presidente .
El señor GIRARDI ( Presidente ).-
Puede intervenir el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente , con todo respeto, y a pesar de la piedad que ha pedido mi Honorable colega Espina , creo que el asunto amerita una breve información sobre ciertos aspectos.
Por ejemplo, quiero plantear un aspecto reglamentario. En el boletín comparado figura el rechazo unánime, por ocho votos, del nuevo inciso cuarto incorporado por la Cámara de Diputados en el artículo 3° y que expresa lo siguiente:
"Los ministros no podrán ejercer la abogacía, pudiendo solamente defender causas personales o de sus cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos o pupilos.".
Sería interesante conocer la razón de ese pronunciamiento.
El señor PROKURICA.-
Es algo que explicará la Senadora señora Alvear.
El señor GÓMEZ.-
No, Su Señoría, ya que eso fue acordado por unanimidad, de modo que el punto no se someterá a discusión. Quisiera saber, entonces, cuál es el motivo de que la norma haya sido desechada.
Por ello estoy planteando lo que me parece relevante.
Lo segundo...
El señor LARRAÍN .-
Tiene toda la razón.
El señor GÓMEZ.-
...dice relación con que el boletín comparado consigna el rechazo por parte de las Comisiones unidas del artículo 11 con el cual la Cámara de Diputados reemplazó al artículo 10 y que se encuentra redactado en estos términos:
"Prohibiciones. Los ministros de los Tribunales Ambientales no podrán asesorar o prestar servicios profesionales a personas naturales o jurídicas en cualquier tipo de gestiones ante dichos Tribunales, por el lapso de dos años, contado desde la cesación en el cargo.".
En consecuencia, hay dos aspectos que me parece importante que queden claros. Eso es todo. No tengo ningún problema en lo demás y podré opinar acerca de lo general. No estoy solicitando otra cosa que se entregue al menos una explicación -a lo mejor, mi apreciación es equivocada- respecto de lo que me parece extraño.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Se podría votar y señalarse aquello respecto de lo cual se plantea un pronunciamiento separado.
El señor LARRAÍN .-
Que se apruebe todo lo acordado por unanimidad, señor Presidente , de modo que es preciso exceptuar lo que registre votación dividida y lo expuesto por el Honorable señor Gómez .
El señor GIRARDI (Presidente).-
La salvedad, en efecto, dice relación con el pronunciamiento dividido y con lo que se solicite votar en forma separada.
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente , deseo contestar la consulta formulada por el Senador señor Gómez en cuanto a por qué las Comisiones unidas rechazaron la norma que impide a los ministros "ejercer la abogacía, pudiendo solamente defender causas personales o de sus cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos o pupilos.".
Lo anterior obedeció a una solicitud de una Honorable colega, por cuanto existe una duda con relación a si ello debe restringirse solo a tales casos o, en definitiva, permitirse. De tal manera que se prefirió dejar la cuestión para la Comisión Mixta, por cuanto algunos estábamos de acuerdo con la limitación, e incluso, con repensarla más allá de esos términos, y otros, legítimamente, no pensaban igual. Por esa razón, rechazamos la propuesta de la Cámara, y la diferencia se dirimirá en la instancia mencionada.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).-
El señor Presidente pondrá en votación todas las proposiciones unánimes de las Comisiones unidas -varias de ellas requieren quórum orgánico constitucional para ser acogidas-, con excepción del artículo 10, nuevo, aprobado por 6 votos a favor y uno en contra, correspondiente al Senador señor Navarro , y del rechazo del nuevo inciso cuarto del artículo 3°, a lo cual hizo referencia el Honorable señor Gómez .
El señor GIRARDI (Presidente).-
En votación.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueban las proposiciones unánimes de las Comisiones unidas (23 votos favorables), con excepción de las referidas al nuevo inciso cuarto del artículo 3º y al nuevo artículo 10, dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional exigido.
Votaron las señoras Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Gómez, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Tuma, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).-
A continuación, corresponde tratar la propuesta unánime recaída en el nuevo inciso cuarto del artículo 3º, a la que se refirió hace unos momentos el Senador señor Gómez .
El texto incorporado por la Cámara de Diputados dice:
"Los ministros no podrán ejercer la abogacía, pudiendo solamente defender causas personales o de sus cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos o pupilos".
Las Comisiones unidas proponen rechazarlo.
El señor GIRARDI (Presidente).-
En discusión.
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, acabo de explicar lo acordado respecto de este inciso.
En el fondo, la idea es dejar a la Comisión Mixta la decisión de determinar en qué casos los ministros que forman parte del Tribunal Ambiental pueden ejercer la abogacía.
El señor PROKURICA .-
Pero no ante el mismo tribunal.
La señora ALVEAR.-
Exacto.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente , solo quiero manifestar que, por tratarse de la creación de tribunales de tanta importancia, sería razonable que existieran las mayores inhabilidades e incompatibilidades para ejercer la profesión de abogado, no solo respecto de los tribunales ambientales, sino también de cualquier otro, como ocurre con todos los miembros del Poder Judicial.
Por eso formulé mi observación.
Mi pregunta reglamentaria es: ¿Tenemos que aprobar lo propuesto en el informe a fin de que se resuelva el asunto en Comisión Mixta? ¿Debemos votar que sí en este caso?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Por cierto.
El señor GÓMEZ.-
Muy bien.
Entonces, que así sea, señor Presidente.
El señor GIRARDI ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se acogerá la proposición de las Comisiones unidas con la misma votación anterior.
--Con la misma votación anterior (23 votos a favor), se aprueba la proposición unánime de las Comisiones unidas para rechazar el nuevo inciso cuarto del artículo 3°, incorporado por la Cámara de Diputados.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).-
La siguiente enmienda se refiere a la intercalación de un artículo 10, nuevo, cuyo texto dice:
"Subrogación. Si por cualquier impedimento un Tribunal careciere de ministros titulares o suplentes para formar quórum, se procederá a la subrogación de éstos por ministros suplentes de otros Tribunales Ambientales, debiendo, aplicarse, al efecto, las siguientes reglas:
"1.- En el Primer Tribunal Ambiental la subrogación se efectuará por ministros suplentes del Segundo Tribunal Ambiental.
"2.- En el Segundo Tribunal Ambiental la subrogación se efectuará por ministros suplentes del Primer Tribunal Ambiental.
"3.- En el Tercer Tribunal Ambiental la subrogación se efectuará por ministros suplentes del Segundo Tribunal Ambiental.
"La subrogación deberá efectuarse por ministros suplentes que provengan de la misma área profesional que el ministro subrogado.
"Si un Tribunal Ambiental careciere de la totalidad de sus miembros titulares y suplentes, será subrogado por otro Tribunal Ambiental, de conformidad a las siguientes reglas:
"1.- El Primer Tribunal Ambiental por el Segundo Tribunal Ambiental.
"2.- El Segundo Tribunal Ambiental por el Primer Tribunal Ambiental.
"3.- El Tercer Tribunal Ambiental por el Segundo Tribunal Ambiental".
Votaron a favor todos los integrantes de las Comisiones unidas, salvo el Senador señor Navarro, quien se pronunció en contra.
El señor GIRARDI (Presidente).-
En discusión.
Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, esta norma tiene que ver con la subrogación.
En definitiva, se establece la prohibición para los ex ministros de los tribunales ambientales de efectuar asesorías o prestar servicios profesionales a personas naturales o jurídicas.
Ello figura en el artículo 10 del texto aprobado por el Senado, que pasó a ser 11 en la Cámara de Diputados.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , la disposición en debate determina el sistema de subrogación en los tribunales. Se trata del artículo 10, nuevo, incorporado por la Cámara Baja.
Voy a votar a favor de la proposición, porque me parece una buena forma de subrogación.
El señor GIRARDI ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo para aprobarla con la misma votación anterior?
--Con la misma votación anterior (23 votos a favor), se aprueba la proposición por mayoría de las Comisiones unidas que acoge el artículo 10, nuevo, incorporado por la Cámara de Diputados, dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional exigido, y queda despachado el proyecto en este trámite.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Corresponde designar a los representantes del Senado en la Comisión Mixta que deberá formarse.
Hay una nómina propuesta, integrada por los Senadores señor Navarro ( Presidente de la Comisión de Medio Ambiente ), señora Alvear ( Presidenta de la Comisión de Constitución ), señores Hernán Larraín y Espina y señora Allende. --Se aprueba.
PROTECCIÓN A DEUDORES DE CRÉDITOS EN DINERO
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , en primer trámite constitucional, sobre protección a deudores de créditos en dinero, con informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7932-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 52ª, en 13 de septiembre de 2011.
Informe de Comisión:
Economía: sesión 63ª, en 18 de octubre de 2011.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).- El objetivo principal de la iniciativa es cambiar el factor establecido en la ley Nº 18.010 para calcular la tasa máxima convencional respecto a los créditos de hasta 200 unidades de fomento, no reajustables y con un plazo igual o superior a 90 días.
La Comisión de Economía discutió en general este proyecto y le dio aprobación a la idea de legislar por dos votos a favor, de los Senadores señores García y Andrés Zaldívar, y uno en contra, del Honorable señor Tuma. Su texto se transcribe en la parte pertinente del primer informe.
Cabe señalar que dicho órgano técnico, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores García, Tuma y Andrés Zaldívar), acordó proponer a la Sala refundir esta iniciativa del Ejecutivo con el proyecto, iniciado en moción de los Senadores señores Tuma, Bianchi, Escalona, Letelier y Andrés Zaldívar, que fue aprobado ayer en este Hemiciclo.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- En discusión general.
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA .- Señor Presidente , esta iniciativa persigue esencialmente dos propósitos:
Primero, establecer una fórmula que permita reducir la tasa de interés máximo convencional. De acuerdo con los estudios que nos presentó el Ministerio de Hacienda, esta bajaría de 51 por ciento, aproximadamente, para créditos de hasta 200 unidades de fomento, a una cercana a 36 por ciento.
Segundo, entregar a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras la tarea de supervisar que no se cobre un interés máximo convencional superior al que resulte del cálculo de la tasa.
Este último punto, en mi opinión, reviste extraordinaria importancia por lo siguiente:
Hasta hoy, en nuestro ordenamiento jurídico no existe institución alguna que supervise el cumplimiento de la legislación sobre tasa máxima convencional y, por ello, cuando un consumidor de crédito siente que le están aplicando un interés superior al fijado por ley, probablemente recurre al SERNAC o a tribunales. Esto, como es obvio, conlleva un costo alto, y muchas personas no se encuentran en condiciones de asumir los gastos que implica llevar adelante un proceso de esta naturaleza.
En consecuencia, considero que el proyecto en debate es bueno, completo y que, además, logra un justo equilibrio entre lo que significa la disminución de la tasa máxima convencional como un hecho económico deseado, de tal manera de evitar situaciones de abuso, y, al mismo tiempo, la mantención del crédito para las miles de familias que hoy tienen acceso a él, a fin de que puedan continuar reprogramando sus condiciones crediticias y seguir optando a nuevas fórmulas de financiamiento; es decir, para que no queden al margen de los sistemas formales de crédito.
Lo anterior, señor Presidente , resulta extraordinariamente importante. No olvidemos que, ante la imposibilidad de acceder a un préstamo a través de los sistemas formales, hay familias que recurren al mercado informal, donde son brutalmente estafadas y despojadas de los bienes que han logrado obtener después de numerosos años de esfuerzo y sacrificio.
A manera de ejemplo, citaré el caso de los deudores de Eurolatina: muchos de estos perdieron sus casas, sus propiedades, precisamente por recurrir a mecanismos de crédito no regulados ni supervigilados por alguna institución del Estado.
En consecuencia, este proyecto, que no solo permite una disminución significativa de la tasa máxima convencional, sino que además somete su aplicación a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, apunta en la dirección correcta y me parece equilibrado y completo.
Por otro lado, señor Presidente , la iniciativa del Ejecutivo da cuenta de numerosas mociones que a través de los años han presentado distintos señores parlamentarios, tanto Senadores como Diputados.
Obviamente, señala con claridad la de los Senadores Carlos Bianchi, Camilo Escalona, Juan Pablo Letelier , Eugenio Tuma y Andrés Zaldívar , aprobada en general en el día de ayer. Pero también menciona la de los Diputados Germán Becker , Mario Bertolino , Pedro Browne , Alberto Cardemil , Roberto Delmastro, José Manuel Edwards, René Manuel García , Alejandro Santana , Frank Sauerbaum y Germán Verdugo ; la de los Diputados Pedro Araya , Fuad Chaín , Carolina Goic , Pablo Lorenzini , Miodrag Marinovic , Ricardo Rincón , René Saffirio , Alejandra Sepúlveda , Patricio Vallespín y Matías Walker ; la de los Diputados Fuad Chaín , Carolina Goic , Felipe Harboe, Juan Carlos Latorre , Pablo Lorenzini , Ricardo Rincón , René Saffirio , Alejandra Sepúlveda , Gabriel Silber y Patricio Vallespín ; la de los Diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Gonzalo Arenas , Ramón Barros , Romilio Gutiérrez , Javier Hernández , María José Hoffmann , Marisol Turres , Carlos Vilches , Gastón von Mühlenbrock y Mónica Zalaquett ; una del Senador Juan Pablo Letelier ; otra de los Diputados Pedro Araya , Jaime Mulet , José Miguel Ortiz , Alejandra Sepúlveda , Eugenio Tuma (hoy Senador), Patricio Vallespín , Mario Venegas , Pablo Galilea , Jaime Mulet y Esteban Valenzuela , y una de los entonces Diputados Eugenio Tuma y Antonio Leal .
Como puede apreciarse, señor Presidente , desde hace mucho tiempo que se vienen presentando en el Congreso iniciativas de ley destinadas a moderar o disminuir la tasa máxima convencional. Y el Gobierno se ha hecho cargo de ello. Ya en el documento que contenía las medidas para favorecer la competitividad del país el Ministro de Hacienda , don Felipe Larraín , señalaba como una de las tareas pendientes legislar sobre la materia.
Sin embargo, quiero recalcar que tan importante como legislar y disminuir la tasa máxima convencional lo es entregarle a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras la facultad de fiscalizar el cumplimiento de dicha tasa y sancionar a quienes no la respeten, cobren otra más alta y abusen de los consumidores.
De lo contrario, seguirá ocurriendo lo mismo que se aprecia hasta hoy, en el sentido de que cuando a ellos les aplican una tasa ilegal más alta que la máxima convencional quedan absolutamente desprovistos de toda protección legal, salvo que tengan medios suficientes para recurrir a los tribunales de justicia.
Por las razones expuestas, y también por lo manifestado por el Senador Andrés Zaldívar hace algunos momentos, propongo acoger la sugerencia de que tanto este proyecto de ley como la iniciativa aprobada ayer sean vistos en conjunto por la Comisión de Economía. Ello, a fin de hacer los mayores esfuerzos para darle al país una ley que signifique disminuir la tasa máxima convencional, proteger a los buenos deudores, sin debilitar el acceso al crédito de las familias y las micro y pequeñas empresas a través de un mecanismo no equilibrado que resulte perjudicial.
Tomando en consideración todo lo indicado, pido a esta Honorable Sala aprobar también la idea de legislar respecto de este proyecto.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Se me ha solicitado abrir la votación.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
Cerrado el debate.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , efectivamente, esta discusión ya la realizamos ayer en relación con la iniciativa encabezada por el Senador Eugenio Tuma y secundada por varios otros colegas.
Cuando él me la planteó, le dije que creía necesario abrir debate sobre un asunto que ya llevaba bastante tiempo en mociones parlamentarias en las cuales se exigía su regulación.
Además, esta materia forma parte de los reclamos de la sociedad chilena. Mucha gente se siente abusada por el sistema financiero debido a las altas tasas de interés que le cobran, sobre todo en los ámbitos menos regulados.
En tal sentido, considero muy positiva la moción presentada por el Honorable señor Tuma y otros Senadores que lo acompañamos, como también las otras iniciativas propuestas sobre el particular, tanto en la Cámara de Diputados como en esta Corporación.
No obstante, quiero llamar la atención de la Sala sobre algo que señalé en la Comisión y le representé al señor Subsecretario , a quien le advertí que lo haría presente durante mi exposición.
Es bueno que el Ejecutivo , cualquiera que este sea en el tiempo, respete en algo las mociones parlamentarias. Lo lógico sería que, cuando hubiera una o más en trámite, se limitara a efectuar indicaciones.
El Gobierno, en este caso, quiso salvar la situación haciendo mención en el mensaje de todas y cada una de las mociones formuladas en materia de interés máximo convencional.
Sin embargo, creo que eso no resuelve mi observación. En mi concepto, lo sensato, por respeto a la limitada capacidad legislativa que tenemos los parlamentarios para iniciar proyectos de ley, sería que el Ejecutivo , que es colegislador, se circunscribiera más bien a colaborar en los textos en trámite, perfeccionándolos y enriqueciéndolos por la vía de las indicaciones.
En el caso que nos ocupa no sucedió así. El proyecto de ley que estamos conociendo en este momento efectivamente persigue el mismo objeto señalado por el Senador señor García y que ayer mencionó el Senador señor Tuma : regular la tasa de interés máximo convencional, lo que coincide con la inquietud manifestada por parlamentarios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado durante mucho tiempo.
No obstante, establece un mecanismo diferente.
La iniciativa del Senador señor Tuma , que también patrociné con mi firma, instaura un sistema que -como lo hice presente- no es el mejor, porque la forma de cálculo puede llevar a muchos problemas, pues la tasa de política monetaria que el Banco Central fija una vez al mes, puede ser muy baja. Incluso en Estados Unidos ha llegado a cero y en Chile a 1 por ciento. Por lo tanto, si aplicáramos el coeficiente de 3 o 4 veces, la tasa máxima convencional podría alcanzar a 4 por ciento.
Eso lo entendió el Senador señor Tuma cuando se lo expliqué. Me expresó que teníamos que aspirar a establecer un buen mecanismo para fijar tasas máximas convencionales aceptables y funcionales para el sistema financiero.
Por ello, estimo que debe acogerse la iniciativa del Ejecutivo en el sentido de estudiar de qué manera podemos arribar a un mecanismo de fijación de tasa máxima convencional. Y eso lo tenemos que hacer en la Comisión.
Hemos escuchado ya a los señores Ministros de Hacienda y de Economía y a diversos actores. Seguramente en el siguiente trámite los volveremos a invitar, a los efectos de despachar un buen proyecto. Porque tienen razón algunos cuando sostienen que hay que tratar de hallar un equilibrio entre una tasa de interés razonable y el acceso al crédito del mayor número de personas, a fin de que no haya marginados de dicha posibilidad.
Eso es lo que hay que estudiar, con mucha claridad, con mucha transparencia, a fin de obtener el mejor resultado.
El proyecto del Ejecutivo presenta una cosa positiva de la que carecen las otras iniciativas: incluye en la tasa máxima convencional a instituciones de crédito no bancarias, regidas por la Superintendencia de Bancos. Y con ese fin, propone incorporar en la ley 18.010 un artículo 31, nuevo, mediante el cual se somete también a esas otras entidades financieras a regulación y sanción.
Por lo tanto, me parece que, en tal sentido, lo planteado enriquece la idea de una nueva tasa máxima convencional.
Por ese motivo, en la Comisión llegamos a la conclusión -que contó con apoyo unánime- de solicitar a la Sala la fusión del proyecto del Ejecutivo con la moción del Senador señor Tuma y también con las otras iniciativas relacionadas con la misma materia, como la del Senador señor Ruiz-Esquide , quien presentó un texto vinculado con los intereses sobre intereses y la tasa máxima convencional. Pero hay otras.
Y, asimismo, que participen todos los Senadores que nos quieran brindar su esfuerzo para aprobar la mejor legislación.
Por las razones expuestas, pido a la Sala que apruebe en general el proyecto. En la Comisión, fusionaremos las iniciativas mencionadas, a fin de volver después con un texto que cumpla todos los requisitos: una tasa máxima convencional razonable, no abusiva y que proteja el acceso al crédito de los sectores más débiles.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , ayer debatimos extensamente lo que significa para los chilenos el que se siga manteniendo un sistema similar al que existía en las pulperías de las salitreras.
Diversas son las mociones presentadas a través del tiempo sobre la materia. Yo formulé una como Diputado en el año 2006; y debo señalar que este tipo de iniciativas no requieren patrocinio del Ejecutivo. Al menos, aquellas que dicen relación a reglamentar la tasa máxima convencional y el modo de calcularla.
En consecuencia, la solución del problema es responsabilidad exclusiva del Parlamento. Y no podemos echar la culpa a los Gobiernos el que no se haya resuelto antes. Porque el Congreso no se ha sensibilizado, por lo menos hasta hace poco, en cuanto a la necesidad de legislar sobre una práctica tan injusta para la gran mayoría de los chilenos.
Es cierto que la moción que presenté con los Senadores señores Escalona , Bianchi , Andrés Zaldívar y Letelier no soluciona quizás la cuestión técnica. Pero pone en discusión el problema. Y ayer decía el Honorable señor Lagos que hoy nos hallamos debatiendo el proyecto del Ejecutivo , pese a que los parlamentarios iniciamos antes una iniciativa similar.
Las pocas atribuciones que posee el Parlamento permiten presentar proyectos sobre asuntos de su competencia. Y lo lógico sería que el Ejecutivo les formulara indicación, aunque sea sustitutiva.
Yo no estoy enamorado de mi iniciativa, pero tampoco comparto el modo en que el Gobierno ha planteado su proyecto: haciendo creer que las cosas cambian. ¡Es el gatopardismo más puro! Aquí no cambia absolutamente nada. Reemplaza el 50 por ciento por el 1.5 para todos los créditos, con excepción de aquellas operaciones menores a 200 unidades de fomento, que se van a multiplicar no por 1.5, sino por 1.35. ¿Qué multiplicar por ese factor? El promedio de la tasa de interés. ¿Y quién lo establece? Los bancos. ¡Nunca había visto que los propios regulados fijen el modo en que se va a actuar! En el proyecto del Ejecutivo que estamos debatiendo, se dispone que se mantenga el modo de cálculo de la tasa máxima según las tasas de interés promedio.
Lo anterior resultaría adecuado si el interés promedio fuera reflejo de un mercado competitivo. Pero el mercado bancario nacional es bastante extraño en términos de competitividad, porque 70 por ciento se concentra en tres instituciones. Así de simple. Y los clientes, en su mayoría, están cautivos porque poseen muy poca movilidad.
Por esa razón, el Poder Legislativo tiene la obligación de mirar la realidad y adecuar la ley a ella, sin pretender resolver el tema con una normativa que no da cuenta de la injusticia que afecta a los usuarios de crédito en el país.
De modo que, cuando se nos dice que se limitará hasta cierto mínimo la tasa de interés a los usuarios -que son los abusados- por créditos menores a 200 unidades de fomento, ¿por qué no fijar para todos el mismo techo? Porque ahí nunca van a llegar los que disponen de capacidad de negociación.
Claro que hay que perfeccionar el proyecto y trabajarlo en conjunto y buscar formas que aseguren que las familias accedan a un crédito justo, con una tasa pequeña.
La taza que estoy mostrando me la envió un pyme; y es la que estamos buscando: una "tacita" de crédito justa.
No se trata de criminalizar el crédito ni al acreedor. Pero tampoco de votar un proyecto de Gatopardo, que hace creer que las cosas cambian, en circunstancias de que se mantienen exactamente igual.
Por lo tanto, en mi opinión, debemos realizar una innovación en la forma de calcular la tasa de interés, no aplicando el promedio, sino considerando el costo de fondo, lo que no se halla incorporado en la presente fórmula.
Pido al Ejecutivo que busquemos la manera de llegar a un acuerdo y que no se ponga el acento en los pies de la industria. Porque la iniciativa en debate, según leo en el informe, está hecha a la medida, porque pone un piso de 2 por ciento anual para el cálculo de la tasa de interés.
El Senador señor Andrés Zaldívar me manifestó reparos a la fórmula planteada en nuestra moción, porque en algún momento la tasa de política monetaria podría ser de 0 o 0,75 por ciento. Aquí se encuentra muy bien resguardado el interés de la banca, porque el Ejecutivo en su proyecto garantiza que, en la eventualidad de un bajo promedio de colocaciones, haya un piso de 2 por ciento sobre el interés anual.
Es decir, esta iniciativa cautela muy bien a la banca, pero muy mal a los usuarios del crédito. Además, refleja las peticiones de la industria bancaria, que ha dicho que debe tenerse cuidado, porque aquí hay una amenaza, pues algunas familias podrían quedar al margen del crédito. ¿Por qué? ¡Porque, de no permitirse el cobro de altas tasas de interés o seguir aplicando tasas usurarias, van a fuera los más modestos o riesgosos!
O sea, ¿para asegurar el pago de los más riesgosos, hay que mantener una alta tasa de interés? ¡No puede ser que el Gobierno comulgue con tales ruedas de carreta! ¡Eso no es admisible! Lo entendería si el sector bancario entregara ese argumento al público, pero no a la propia Administración gobernante, que tiene asesores, que ha estudiado el asunto.
Creerse el cuento de que por bajar las tasas de interés la banca no atenderá a los más riesgosos, me parece una ingenuidad que no me atrevo a calificar.
El Ejecutivo dijo que la Superintendencia de Bancos ahora tendrá capacidad de fiscalización. En la mañana, en la Subcomisión Especial de Presupuestos respectiva, analizamos el presupuesto de dicha entidad, y observamos que se mantiene exactamente igual. El número de funcionarios que la integran a nivel nacional es mucho menor que el del SERNAC.
Sin embargo, a dicha Superintendencia se le impondrá mediante esta iniciativa la facultad de fiscalizar también a todos los acreedores, a los que dan crédito y hasta a los negocios pequeños o medianos. Pero no controlará nada, pues, por no tener capacidad, difícilmente podrá hacerlo.
En definitiva, creo que el Ejecutivo debe ponerse en los zapatos de los usuarios, de quienes toman créditos, de los indignados por su endeudamiento con un sistema que no les permite salir a flote, porque la propia legislación, que es responsabilidad del Congreso y no del Gobierno -¡no del Gobierno!-, impide obtener un crédito justo.
En un reportaje transmitido hace poco por un canal de televisión, se mostraba a una misma persona recorriendo varias instituciones bancarias con la idea de pedir un préstamo, comprobándose las diferencias abismantes en las tasas de interés.
Es posible llegar a un acuerdo sobre una tasa máxima convencional más ajustada y razonable. Pero, si no regulamos los cobros adicionales -comisiones, seguros, mantención de cuenta, información u otros inventados por los acreedores para seguir esquilmando a los deudores-, esta iniciativa no podrá cumplir su objetivo.
Por eso, solicito al Ejecutivo que encaminemos nuestras acciones con tal finalidad. No me importa si las iniciativas se fusionan o no. Lo que interesa es sacar adelante una ley que proteja a los deudores de todos los cobros, incluidos los intereses, gastos, comisiones, etcétera; y que la actividad sea fiscalizada no solo por la Superintendencia de Bancos, sino también por el SERNAC, para asegurar el acceso de los deudores a un crédito justo y así sus familias se sientan tranquilas y puedan decir que el Congreso protege no solo a los bancos, sino también a los chilenos.
En consecuencia, señor Presidente, para ser coherentes, deberíamos votar en contra del proyecto en debate o que vuelva a Comisión, porque es absolutamente contradictorio con las facultades del Parlamento.
Si hay presentadas mociones sobre el particular -el Senador García dio lectura a muchas de ellas-, ¿por qué el Ejecutivo no manda un veto sustitutivo?
El señor Subsecretario de Hacienda , que fue parlamentario, puede gestionar el envío de una indicación sustitutiva respecto de qué debe contener la iniciativa pertinente. Y discutámosla sobre la base de nuestras atribuciones y no de las del Ejecutivo, que se niega a reconocer las prerrogativas del Senado y de la Cámara de Diputados.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Carlos Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente , me referiré al proyecto de ley sobre protección a deudores de créditos en dinero.
Ayer se aprobó en general una iniciativa con finalidades similares a la que nos ocupa, la cual voté favorablemente, aun cuando hice la precisión de que contenía defectos y que confiaba en que durante su tramitación se subsanarían.
Sin embargo, desconocía que hoy se iba a tratar una normativa del Gobierno. Si lo hubiese sabido, ayer me habría abstenido y ahora me estaría pronunciando a favor de la que se halla en debate, lo cual anuncio en este momento.
En todo caso, la idea del proyecto del Gobierno es la misma: procurar limitar la carga financiera de los deudores cualquiera sea su definición, no refiriéndose solo a sectores específicos, sino a la población deudora en su conjunto, que es, a mi juicio, el criterio que debe emplearse.
Las dudas que rodean la presente iniciativa -al igual que a la de ayer- se refieren, ni más ni menos, que a la eficacia de sus normas, y también al peligro señalado por el Honorable señor García de que se desarrolle en paralelo un sistema informal, fuera de todo control, usualmente muy destructivo y dañino para la vida de las familias y de las empresas de cualquier tamaño.
La normativa que votamos ayer -a la cual se refirió el Senador señor Tuma -, efectivamente utiliza un múltiplo de la tasa de política monetaria que fija el Banco Central. No sabemos si esa es una buena o una mala idea.
Personalmente, me inclino por la fórmula contenida en el proyecto del Gobierno. Creo que es más científica y puede permitir de mejor manera la formación de un valor determinante para la operación de la economía en cuanto al precio del dinero.
La rebaja gradual del interés máximo convencional en él propuesta, según los tramos de endeudamiento, me parece la forma correcta de abordar una definición de lo que puede llegar a ser una tasa de equilibrio. Sus valores no se deciden a través de la intervención del Legislativo, por amplia que sea su discusión. Al respecto tienen mucho que ver -mal que nos pese- las tendencias presentes en los mercados, sobre todo en el del dinero.
De otro lado, me permito decir que la referencia hecha a los indignados tiene que ser cualificada. Porque entre ellos, si consideramos a los deudores, hay muchos que adquieren algo a cambio del pasivo que suscriben. O sea, no se obtiene un pasivo por nada. Tiene una contrapartida: la ganancia de conocimientos; de un bien físico durable o no, en fin, dependerá del caso de que se trate.
Por lo tanto, la afirmación de que toda forma de endeudamiento es la causa directa de la indignación general en la que tantos hoy parecen debatirse, no me parece correcta, sobre todo considerando que son menos de los que figuran en las fotos publicadas por alguna prensa.
Pero en fin, no es lo mismo deber dinero que otra cosa. Bien lo sabemos, porque todos debemos algo. Alguna vez señalé que, cuando hablábamos de las tasas de interés, yo me sentía levemente inhibido, pues aparte de encontrarnos en la era del conflicto universal de intereses, todos somos deudores.
La semana pasada analizamos una limitación en el consumo de alcohol para conducir. Y me pregunté si podía opinar al respecto, porque acostumbro tomar vino tinto, que es muy sano, a pesar de algunas tendencias calvinistas.
En cuanto a la indignación, quiero decir que tal término debe usarse con un poco más de tranquilidad.
Por otro lado, se dijo que la Superintendencia de Bancos carecerá de los recursos necesarios. Desde luego, yo siempre tengo algún grado de escepticismo sobre cuánto pueden realizar los controladores en esta esfera. Pero sé que ella contará con los recursos, pues no se trata de un gasto anual, sino de carácter permanente.
En consecuencia, el Senador señor Tuma puede tener tranquilidad, porque habrá dineros para que tal organismo aborde el problema, aun cuando uno pueda tener dudas sobre su eficacia.
Señor Presidente, por los fundamentos que acabo de mencionar, voto a favor del proyecto.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente , sin duda, estamos frente a una discusión relevante que aborda aspectos técnicos significativos, y ella es fruto de la voluntad política de avanzar en terminar con los abusos y en permitir que sectores importantes de nuestra población accedan a créditos a tasas verdaderamente razonables.
Hemos escuchado una serie de conceptos, en particular expresados por el Senador Tuma, en el sentido de que el proyecto del Ejecutivo es gatopardismo, comulga con ruedas de carreta, oye solo a la banca.
Sobre el particular, quiero decir que, si estamos acercándonos a una solución en esta materia, es porque el Gobierno ha manifestado la voluntad política de avanzar.
Hace más de diez años el país se conmocionó con las denuncias por el caso Eurolatina. En él se les cobraban tasas usurarias a personas modestas por sus créditos, y se colocaban en riesgo todas sus propiedades, sus viviendas, sus enseres. Y en dicha ocasión no hubo ninguna respuesta legislativa para enfrentar la situación. La sociedad se tuvo que contentar con denuncias muy espectaculares en la prensa, con largos juicios. Pero no existió ninguna acción legislativa que nos permitiera verdaderamente mejorar la transparencia, la información, las condiciones en las cuales las personas accedían al crédito.
Por lo tanto, aquí no hay gatopardismo, sino la voluntad política decidida de señalar: "Este es un tema que tenemos que debatir y sobre el cual debemos avanzar". Y ello se hace a través de una propuesta técnica adecuada y responsable.
Estamos hablando de que en un año alrededor de 9 millones de personas efectúan operaciones crediticias. Es ahí donde mayormente hay que actuar. Se trata de un número significativo de chilenos. Ante ello, se debe expresar voluntad política y tomar decisiones técnicas a fin de permitirles acceder a créditos a tasas realmente razonables.
Si uno mira con detención el informe de la Comisión de Economía, constata que los créditos de monto moderado, inferiores a 200 unidades de fomento (4 millones y medio de pesos) y a plazos superiores a 90 días, son tomados por una cantidad importante de personas. Durante 2010 esta categoría registró más de 7 millones y medio de operaciones. Y la Encuesta Financiera de Hogares, elaborada por el Banco Central en 2007, reveló que el 53 por ciento de los hogares chilenos, que comprende -como dije- a 9 millones de personas, tenía deudas vigentes en la misma categoría.
En consecuencia, creo que ahí se encuentra el elemento central de nuestra discusión.
Reconocemos -y el Gobierno así lo ha hecho- que muchos Senadores y Diputados han tratado de avanzar en este asunto.
Cabe preguntarse: ¿Por qué nunca se pudo concretar nada? ¿Por qué nunca fue posible siquiera llegar a discutir en la Cámara de Diputados y en el Senado una materia de esta naturaleza? Porque los Gobiernos de la época no manifestaron ninguna voluntad política de hacerlo.
Y ahora, cuando esta existe, cuando se presenta una iniciativa concreta, específica, con una alternativa técnica -es posible tener una opinión distinta de ella, pero nadie puede calificarla de irracional-, se trata de hacer aparecer al Ejecutivo como responsable de todo lo que está pasando: se le acusa de gatopardismo, de comulgar con ruedas de carreta y de estar escuchando solo a la banca.
Creo que esa apreciación es realmente injusta.
Hoy día en Chile es factible avanzar en esta materia porque el Gobierno ha manifestado voluntad política de discutir el tema y de someterlo a la consideración del Congreso Nacional.
Ojalá hubiera existido esa misma voluntad cuando estallaron los casos de Eurolatina, de Inverlink y de tantos otros que significaron que ahorrantes y deudores pequeños y medianos sufrieran tantas consecuencias.
Por lo tanto, me alegro de que se haya formulado el presente proyecto.
También expreso la satisfacción de votarlo favorablemente, porque pienso que por fin estamos señalando un camino, con seriedad y responsabilidad, para apoyar a esos 9 millones de chilenos que concurren no solo a la banca, sino también al retail y a distintas entidades (cajas de compensación, etcétera).
Esta iniciativa, que establece una fórmula para rebajar la tasa máxima convencional, también contiene mecanismos de fiscalización para el conjunto de los organismos que prestan dinero a los chilenos.
Por consiguiente, estimo que el debate que llevaremos adelante, no solo en el Senado, sino en todo el Congreso, será fructífero.
Y reitero: a mi juicio, lo más relevante es que hoy podemos avanzar en esta materia porque existe un Gobierno que ha manifestado voluntad política de hacerlo.
Voto a favor.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Gómez asuma como Presidente accidental.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión el Senador señor Gómez, en calidad de Presidente accidental.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente , valoro muchísimo que varios Diputados y Senadores hayan formulado proyectos respecto al tema que nos ocupa. Y también destaco que el Ejecutivo haya hecho lo mismo.
Ayer votamos favorablemente una iniciativa presentada por el Senador Tuma y otros colegas. Y acerca de ella se vertieron varias opiniones en la Sala.
Creo que es muy raro votar un día un proyecto de origen parlamentario y al día siguiente, otro similar enviado por el Gobierno, si bien ello me alegra.
Se trata de una actitud reiterada, señor Presidente .
Formuladas las mociones, al Ejecutivo le pueden parecer malas, caso en el cual puede presentar una indicación sustitutiva; o merecer reparos, ante lo cual puede plantear indicaciones al articulado. Pero, en mi opinión, no resulta adecuado que de manera permanente se esté ninguneando la labor del Congreso respecto de las iniciativas de origen parlamentario mediante la presentación de un proyecto totalmente distinto.
¡No es posible que en este momento nos encontremos votando una iniciativa sobre una materia respecto de la cual nos pronunciamos ayer! Que son diferentes: sí, lo son.
Pero creo que el Gobierno habría hecho muy bien, para mantener la buena relación que normalmente ha de existir entre el Parlamento y el Ejecutivo, en formular las indicaciones pertinentes al proyecto planteado por los parlamentarios.
No hablo de una moción en la que yo haya participado. Por lo mismo, me siento en el libre derecho de decirlo.
Tal situación es permanente, señor Presidente.
Llamo la atención al Congreso y al Gobierno para que, dado que somos Poderes colegisladores, ambos nos respetemos. En ese contexto, recomiendo al Ejecutivo que, acogidas a trámite las mociones, formule indicaciones para agregar los puntos de vista que estime del caso o, incluso, para sustituir todo el texto.
Me parece que ese es el mecanismo adecuado para respetarnos unos y otros.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , escuché con atención al colega Pérez Varela , que me antecedió en el uso de la palabra.
Esta no es la primera vez que se discute en el Parlamento lo relativo al costo del dinero para los chilenos. ¡No!
Esta no es la primera vez que, en la Cámara de Diputados o en el Senado, se cuestiona -no me refiero a este proyecto específico, sino al debate suscitado en los últimos dos días- que se cobren en nuestro país intereses sobre intereses, o se aborda lo concerniente a la tasa máxima convencional. Porque, en el fondo, el principal problema es lo que les cuesta el dinero a la clase media y al mundo popular.
No es primera vez que esto se debate.
En ese sentido discrepo de mi colega, quien se siente muy contento de que su Gobierno mande un proyecto sobre la materia y de que el Ministro de Economía lo defienda. Solo quiero recordarle que, en otras ocasiones, su sector votó en contra de abaratar el costo del dinero para la clase media y el mundo popular. Porque de eso estamos hablando: de cuánto cobra la industria bancaria o financiera a los pobres y a la clase media por el dinero. Nos referimos al precio del dinero.
Se dice que ellos son los más riesgosos. Me parece que las estadísticas demostrarán que los campesinos y los pobres son mejores pagadores que la gente de más recursos. Porque, además de pagar oportunamente, pagan más por la poca plata que les prestan. En cambio, los ricos negocian las tasas de interés, pues tienen condiciones distintas para hacerlo. Pero esta no es la realidad del mundo del trabajo ni de la clase media.
Si el Ejecutivo hoy se ha abierto a cambiar en este ámbito lo que históricamente fue la posición de la UDI y de Renovación Nacional, es porque hubo una tremenda crisis de legitimidad, que golpea en particular al empresariado, producto de lo ocurrido en La Polar.
Por lo tanto, no estamos debatiendo el asunto en el aire, señor Presidente.
En nuestro país, el retail, que se ha metido al negocio financiero, ha tenido una actitud profundamente abusiva y usuraria, como varios han señalado.
Me satisface en primer término que esta materia finalmente se discuta. Espero que, al concluir el debate, los partidos de la Derecha estén más dispuestos a regular el sector financiero nacional, para ponerle un techo a lo que pueden cobrar, más bajo de lo que hay ahora.
Las utilidades de dicho sector y del retail son vergonzosas. Es increíble la ausencia de mecanismos de regulación en este aspecto. Tal situación en verdad resulta dolorosa.
La gran diferencia entre los dos proyectos -voy a decirlo en términos gruesos; después podremos entrar en tecnicismos- es que los autores de la iniciativa legal que se debatió ayer deseamos que el techo del interés máximo convencional sea más bajo del que se propone en la del Ejecutivo, por mucho que en ella se mencione a los autores de las otras mociones sobre el particular.
Hay una diferencia en los márgenes que los bancos deben aplicar al prestar plata a la clase media y al mundo del trabajo. Existen discrepancias de fondo; por ejemplo, en cuanto a si se deben capitalizar los intereses de la forma como se hace en nuestro país: mensualmente, por regla general, para algunos créditos, incluso en situaciones desventajosas.
En ese sentido, hago presente que me interpreta bastante más el proyecto de ley que se discutió ayer. Y no entiendo por qué el Ejecutivo envió otro distinto, más allá de un afán publicitario, político populista, electorero. ¡No veo otra razón!
Si el Gobierno tuviese una intención tan bien inspirada, como indicó el colega Pérez Varela , habría presentado indicaciones a los proyectos en trámite, como ha sido la práctica que al menos yo he conocido en el Parlamento durante más de 20 años.
Antes las Administraciones respetaban el derecho de autor del debate y no trataban de apropiarse de los temas, como ha ocurrido en esta ocasión y, por desgracia, también en otras.
Ayer se votó la otra iniciativa. Algunos Senadores de la Alianza se manifestaron en contra; otros se abstuvieron. Estos últimos -supongo-quieren aprobar el texto que analizamos hoy día. No cabe otra explicación.
Señor Presidente, ratifico lo que plantea el proyecto aprobado en general ayer, porque deseo una tasa más baja. Por eso voto en contra de la iniciativa del Gobierno.
Ya existe una propuesta legislativa para establecer un criterio que implica un valor más bajo del dinero para el segmento C2, C3 -como dirían los "encuestólogos"-; o sea, para la clase media, para el mundo popular. La gente de esos sectores paga demasiado caro por el crédito.
El nivel actual de sobreendeudamiento en nuestro país obedece al hecho de que las personas están pagando demasiado por el dinero. Por ejemplo: compran una plancha, terminan pagando el valor de tres; adquieren un living, les sale más de un millón de pesos. Por cualquier cosa terminan pagando cifras sideralmente abusivas. Y esto no pasa en ningún otro país del mundo.
Señor Presidente, voto en contra del proyecto, porque es menos avanzado que la iniciativa que aprobamos ayer.
Si el Ejecutivo desea complementar la propuesta legislativa presentada por Senadores de la Oposición, de la Concertación, puede formularle indicaciones.
En todo caso, considero bueno lo que ha pasado: la Derecha ha entendido que la situación tan abusiva en el cobro del precio del dinero no daba para más.
Esta es la razón por la que están protestando en Estados Unidos, en Wall Street. Esta es la razón por la que salieron a reclamar los europeos. ¡Están todos indignados, en particular, con el sistema financiero!
Los chilenos no se han manifestado aún por ese motivo. Han protestado por el endeudamiento en la educación. El día en que el mundo popular salga a reclamar por los niveles de la deuda veremos bastante más gente en la calle de la que hemos presenciado en las marchas estudiantiles.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA .- Señor Presidente , en la misma línea de lo que recién planteaba el Senador Letelier, hago presente que esta materia también se vincula, como ayer lo establecí, con el conflicto en la educación.
Estamos hablando de sujetos de créditos por montos inferiores a 200 UF (alrededor de 4 millones de pesos). Uno se pregunta: ¿para qué se endeuda la gente en esa cuantía? Para cubrir aspectos básicos; no para gastar en elementos suntuarios, en lujos. Las personas se endeudan en esa cantidad para satisfacer necesidades de alimentación, de vestuario, de medicamentos y, esencialmente, de educación, como señaló el Honorable señor Letelier.
El Ministro Bulnes , en la Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos que analiza la Partida del Ministerio de Educación, delineó lo que viene. Pues bien, lo que se viene, en definitiva, es más endeudamiento.
En mi opinión, el proyecto de Ley de Presupuestos en lo relativo a Educación -y en esto hubo amplio consenso entre Senadores de Oposición y de Gobierno- no da respuesta a lo que el país ha vivido en el último tiempo. Solo implica traspaso al mundo privado e incentivo a los estudiantes para irse a las universidades privadas, generando un nivel de endeudamiento muy alto.
Por lo tanto, tienen razón quienes hoy día protestan. Aquí, de alguna manera, estamos tratando de responder a eso que en el mundo se conoce como "el fenómeno de los indignados". La situación en nuestro país se ha prolongado ya por demasiado tiempo, y no hay argumento para seguir manteniéndola.
Por ello, distintos parlamentarios -no solo hoy, en que el Senador Tuma encabezó el debate, sino desde hace mucho tiempo- hemos venido planteando la necesidad de regular el mercado financiero, que no es tan grande. Como se sabe, cuatro bancos tienen cerca del 72 por ciento de las colocaciones. Es decir, aquí hay una concentración muy importante de las instituciones financieras.
Luego de analizar el proyecto del Gobierno, pareciera que estuviéramos ante una iniciativa presentada por la Asociación de Bancos o por algunas cámaras de comercio, entidades que han señalado que, si se intenta modificar lo que hoy día en Chile se conoce como "usura", van a sacar a los pobres del mercado crediticio.
Sin embargo, como muy bien han sostenido diversos señores Senadores, los pobres, las mujeres de más bajos ingresos son los mejores pagadores del país, los más responsables.
Entonces, no hay ninguna razón para pensar que subiéndoles la tasa de interés a estos deudores -que, en opinión del Gobierno, son riesgosos-, se los sujeta dentro del sistema crediticio, el cual, como dije ayer durante la discusión del proyecto del Senador Tuma , no estamos por cambiar. Somos partidarios de mejorar las condiciones del crédito, no de reemplazarlo.
Para muchas de esas familias, el crédito es la única oportunidad que tienen. No puede ser que parlamentarios, incluso de Gobierno, hagan suyo el planteamiento de la Asociación de Bancos de que, cuando los clientes son riesgosos, es preciso tenerlos en el tope de las tasas de interés para mantenerlos en el sistema. ¡Muy por el contrario! Es al revés: mientras más altas son las tasas de interés, el riesgo de que esas personas finalmente no paguen será mucho mayor.
En seguida voy a referirme al artículo 6° y al 6° bis de este proyecto del Ejecutivo. Pero antes, pido respeto por las atribuciones del Parlamento.
Nuestra afirmación de que en Chile las bases del sistema de representación de alguna forma están en crisis, tiene mucho que ver con esto. Ayer se aprobó, con un respaldo bastante significativo, una iniciativa sobre la materia originada en moción del colega Tuma y otros Senadores, y hoy día el Gobierno nos presenta este proyecto -el que, naturalmente, si no estuviera aquella, no hubiese llegado a la Cámara Alta- con las mismas ideas matrices. Quizás haya alguna diferencia en la fórmula.
¡Veamos la fórmula!
La fórmula propuesta por el Ejecutivo consiste en multiplicar por 1,5 la tasa de interés corriente para los créditos superiores a 200 UF. ¡Pero el hecho de multiplicar esa tasa por 1,5 significa llegar a 50 por ciento anual! ¡No es otra cosa!
Entonces, seamos claros. El colega Tuma tiene razón al hablar de "gatopardismo". Esta normativa es para que las cosas queden igual. Y en los créditos de más de 90 días y por menos de 200 UF, que -podríamos decir- constituyen la innovación que ofrece, ¡claro, multiplicando la tasa por 1,35 se llega a 42 por ciento!
¡O sea, por esa diferencia tan mínima debemos aprobar dos proyectos!
Señor Presidente , yo, francamente, a raíz de algunas experiencias en Comisiones en los últimos días en cuanto a refundir proyectos, pienso que existe similitud entre la iniciativa mencionada y las ideas matrices de la que ahora debatimos, la que, como se ha señalado, busca disminuir de manera considerable la tasa de interés máximo convencional. El matiz radica en la fórmula para lograrlo; pero la idea, los propósitos, lo que se busca es lo mismo.
Por ello, creo que al Gobierno le asiste todo el derecho a presentar indicaciones para sustituir o modificar algunas disposiciones, pero no tiene sentido aprobar un proyecto que persigue similares propósitos.
En definitiva, si quisiéramos entrar a discutir el fondo del asunto, aunque la tasa quedara en 42 por ciento anual para los créditos inferiores a 200 UF (4 millones de pesos), a ello hay que agregarle los seguros; los gastos de administración, de mantención, en fin. De aprobarse esta iniciativa del Ejecutivo , se corre el serio riesgo de que las cosas queden exactamente en el punto que hoy día tiene indignados a miles de chilenos.
Por lo expuesto y porque considero del todo posible incorporar mediante indicaciones lo que en este proyecto se plantea, voto en contra.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (17 votos contra 11 y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Pérez Varela, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa la señora Rincón y los señores Escalona, Girardi, Gómez, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Quintana y Tuma.
No votó, por estar pareada, la señora Alvear.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Dado que no hay quórum para adoptar acuerdos, el plazo para formular indicaciones se definirá en la próxima sesión.
Tiene la palabra al señor Subsecretario .
El señor DITTBORN ( Subsecretario de Hacienda ).- Señor Presidente , el Ejecutivo agradece los votos a favor que ha obtenido esta iniciativa y, por ende, su aprobación.
Nos asiste el ánimo de buscar un acuerdo en la Comisión de Economía que permita alcanzar un texto que -como decía el Senador Andrés Zaldívar- cumpla con dos objetivos: primero, bajar en algo la tasa máxima de interés para aquellos créditos de menos de 200 UF y a más de 90 días, y segundo, no pagar un costo en términos de marginar a parte importante de nuestros compatriotas del mercado formal del crédito. Y ello se logra con un proyecto prudente, equilibrado, que es lo que esperamos convenir con quienes, junto con el Senador Tuma , presentaron la otra iniciativa sobre la misma materia, pero que a nosotros nos parece que no se encuadra en los adjetivos que acabo de señalar, pues propone una tasa de interés máximo convencional anual consistente en multiplicar por 3 la tasa de política monetaria del Banco Central.
Cabe recordar que nuestro país ha registrado tasas de política monetaria de 1 o 2 por ciento. Por consiguiente, el llevar la tasa máxima de interés, para todo tipo de créditos, a 3 o 6 por ciento anual es, a mi juicio, una cuestión claramente imprudente, que puede marginar de los mercados formales de crédito a muchos chilenos.
Por lo tanto, en la Comisión de Economía esperamos tener una discusión serena, con los antecedentes que nosotros vamos a aportar como Ejecutivo y escuchando, obviamente, a la contraparte, a fin de alcanzar un acuerdo que vaya en beneficio de aquellos compatriotas con menos formación financiera, que se preocupan más de si pueden o no pagar la cuota que de la tasa de interés que les cobran.
Tal vez a varios señores Senadores la gente les ha dicho: "Esto yo lo puedo comprar porque puedo pagar la cuota". Pero ello muchas veces les significa cancelar tasas de interés absurdamente altas.
Hace algunos meses, el Presidente del Banco Central manifestó su inquietud y afirmó en un seminario que para él eran incomprensibles las tasas de interés sobre los créditos de consumo de corto plazo. Y eso es lo que nosotros pretendemos corregir mediante este proyecto.
El Ejecutivo lamenta el tono de algunas de las intervenciones, al igual que la afirmación de que, como Gobierno, estamos preocupados de defender los intereses de la banca o que somos populistas.
Creo que tales aseveraciones se salen del marco de la que debiera ser una discusión seria, con argumentos, para lograr un acuerdo que favorezca a todos los chilenos y especialmente a los que se endeudan a plazos breves.
Señor Presidente , no quiero abundar en mayores razones para fundamentar nuestra iniciativa. Ya los Senadores García y Andrés Zaldívar han entregado argumentos que el Ejecutivo comparte. Ahora solo nos resta comenzar la siguiente etapa de la tramitación y poder convenir algo que sea beneficioso para el país.
Gracias.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, fijemos el plazo para presentar indicaciones. Hay quórum.
La señora ALVEAR.- Sí.
La señora RINCÓN.- Claro.
El señor GIRARDI (Presidente).- Es necesario tomar dos acuerdos: uno para refundir este proyecto con el del Senador señor Tuma, y otro relativo al plazo para formular indicaciones.
El señor GÓMEZ.- Sí.
La señora RINCÓN.- En efecto.
El señor PIZARRO.- ¿Cuánto tiempo necesita el señor Subsecretario ? ¿Quince días?
El señor DITTBORN ( Subsecretario de Hacienda ).- Estaría bien.
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le pareciera a la Sala, se fijaría el 14 de noviembre, a las 13, como plazo para presentar indicaciones, y se refundirían ambos textos.
--Así se acuerda.
NUEVO CONCEPTO DE EMPRESA
El señor GIRARDI ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un nuevo concepto de empresa, con primer y nuevo primer informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4456-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 82ª, en 9 de enero de 2007.
Informes de Comisión:
Trabajo y Previsión Social: sesión 47ª, en 7 de septiembre de 2010.
Trabajo y Previsión Social (nuevo): sesión 62ª, en 12 de octubre de 2011.
Discusión:
Sesión 50ª, en 8 de septiembre de 2010 (vuelve a Comisión de Trabajo y Previsión Social).
El señor GIRARDI (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
El objetivo principal de la iniciativa es establecer un nuevo concepto de empresa en materia de legislación laboral para proteger los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social emitió dos informes sobre el particular.
En el primero se deja constancia de las intervenciones efectuadas por diversos representantes de agrupaciones de trabajadores, de entidades empresariales, y expertos laborales.
En el informe complementario del primer informe se consigna que el Ejecutivo hizo llegar a la Comisión una indicación que, en lugar de incorporar un nuevo concepto de empresa en la legislación laboral, establece un sistema que fortalecería los derechos de los trabajadores.
Por su parte, los Senadores señora Rincón y señor Muñoz Aburto también hicieron presente una propuesta de nueva redacción del proyecto de ley.
La Comisión, en su nuevo primer informe, resolvió despachar esta iniciativa para el conocimiento de la Sala, considerando que ya en el primer informe aprobó la idea de legislar con los votos a favor de los Senadores señora Rincón y señores Bianchi y Muñoz Aburto, y las abstenciones del Honorable señor Kuschel y la entonces Senadora señora Matthei.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , como tenemos quórum, pido abrir la votación.
El señor GIRARDI ( Presidente ).-
Se abrirá la votación.
En votación general la iniciativa.
--(Durante la votación).
El señor GIRARDI (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente , hemos preparado una presentación en power point que expondré de manera muy rápida y que posteriormente haremos llegar a todos los Honorables colegas.
Un nuevo concepto de empresa. Una reforma necesaria.
El derecho del trabajo y toda su legislación se rigen por principios, entre los cuales destaca el de primacía de la realidad.
Nuestra legislación laboral contempla, paralela y confusamente, dos conceptos sobre un mismo sujeto laboral: empresa y empleador. Pero, a diferencia de la mayoría de las legislaciones, ellos no son sinónimos, lo cual se presta para que prime la figura formal (RUT) y no la real (empleador).
En todas partes, el empleador o empresario es la contraparte laboral de los trabajadores. Y, en todas partes, las empresas están a cargo de un empleador. Ambos conceptos no pueden ser contrarios o contradictorios, prestándose para eludir el cumplimiento de derechos.
Sin embargo, el artículo 3º del Código del Trabajo define que estamos frente a una empresa en tanto esta tenga una determinada identidad legal o RUT, que es un elemento esencialmente formal y no refleja de modo ineludible la realidad sobre quién es el verdadero empleador (O SEA, QUIÉN RECIBE LOS SERVICIOS Y QUIÉN MANDA).
Este esquema de división se puede graficar de la siguiente manera. Tal como se aprecia en el gráfico, hay un RUT 1, un RUT 2 y un RUT 3.
Normalmente, en esta división el empleador del RUT 1 es, en la realidad, también el empleador de los trabajadores de las otras razones sociales o RUT, en la medida que los RUT 2 y 3 son entidades legales o sociedades sin mando directo sobre aquellos (son empresas ficticias o aparentes).
Es importante aclarar, para no confundir la estructura propietaria de un holding, que no necesariamente es una sola empresa si sus filiales o coligadas efectivamente tienen a cargo y dirigen trabajadores en el logro de un negocio.
No queremos que haya confusión al respecto. La estructura propietaria de un holding es distinta de aquella figura que se ha utilizado en nuestro país para no cumplir con la normativa legal de seguridad social.
Sin embargo, los derechos de estos trabajadores no se pueden ejercer con respecto a su verdadero empleador, porque es SIMPLEMENTE otra sociedad o RUT. Desde el punto de vista formal, estos deberían ejercerse solo sobre esta última y no sobre la real o verdadera (aparentemente es otra empresa y estos derechos se radican en la "empresa").
Este esquema es aplicado abusivamente desde la década de los 80. Sin embargo, debo decir que tales prácticas son llevadas a cabo solo por algunos, no por todos. Tenemos muchos ejemplos de empleadores que cumplen con la norma.
¿Por qué ocurre lo anterior? Porque la ACTUAL definición de empresa se introduce en el decreto ley Nº 2.200, de 1978. Diversas iniciativas de la Concertación (en 1991, 1999 y 2001) han propuesto eliminar o enmendar el concepto de empresa. Lamentablemente, en el pasado no existió la voluntad de respaldar esta modificación por parte de quienes hoy gobiernan. En la actualidad, eso ha cambiado.
¿Cuáles son las consecuencias para los trabajadores?
Caso 1. El conjunto de trabajadores sujetos a los tres RUT suman 35 personas, pero solo la empresa 1 cuenta con más de 20, y las otras 2 tienen contratos escriturados con 12 y 3 trabajadores, respectivamente.
La empresa 1 contrata 21 trabajadoras, por lo que les asiste el derecho a sala cuna. Las empresas 2 y 3 contratan (FORMALMENTE) 12 trabajadoras cada una. ¿Qué ocurre entonces? Que estas últimas no acceden a sala cuna ya que formalmente sus contratos corresponden a otra empresa, aunque todas tengan un mismo empleador.
Caso 2. La empresa 1 concentra las utilidades del negocio, pero factura servicios a las empresas 2 y 3, de tal forma que las utilidades de estas son cero pesos.
Los trabajadores de las empresas 2 y 3 no tienen derecho a gratificaciones, ya que sus contratos fueron suscritos con otra empresa, sin utilidades; aun cuando todos tengan el mismo empleador.
Caso 3. Solo en dos de las empresas pueden constituirse sindicatos (una tiene menos de 8 trabajadores), no obstante que en total sumen 35.
En vez de haber un solo sindicato y una sola negociación colectiva, únicamente en dos RUT se puede negociar y por separado, o sea, con un poder de negociación fragmentado, y tres trabajadores no tendrían derecho ni a sindicalizarse ni a negociar colectivamente.
Las empresas 1, 2 y 3 cuentan con sindicatos que presentan un proyecto de negociación colectiva en su respectiva empresa (a su empleador). Los trabajadores no tienen derecho a negociar si su empleador no lo desea, puesto que sus contratos corresponden a empresas diferentes y la negociación interempresa es voluntaria, aun cuando todos tengan el mismo empleador.
Lo que ocurre, en definitiva, señor Presidente, es que NO PUEDEN SER UN SOLO SINDICATO Y NEGOCIAR TODOS JUNTOS, a pesar de que trabajan todos para la misma empresa.
¿Qué hacer?
Cualquier solución -y hay varias- pasa por la voluntad política del Gobierno de cumplir con su programa y no entrabar esta discusión.
El Gobierno, durante el año y medio que lleva de gestión, ha ido cambiando su posición y creo que hoy podemos avanzar en una respuesta a los trabajadores. Y esperamos en este Senado sumar la voluntad del empresariado para modificar una realidad que -como discutíamos a propósito del proyecto que analizamos con anterioridad- indigna y habla del abuso.
El señor GIRARDI ( Presidente ).-
Terminó su tiempo, señora Senadora.
Si le parece a la Sala, se le concederá un par de minutos más para que concluya su exposición.
El señor CANTERO .-
Claro.
El señor BIANCHI .-
¡Cómo no!
El señor GÓMEZ .-
Por supuesto.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Muy bien.
Puede proseguir, Su Señoría.
La señora RINCÓN.-
Gracias, señor Presidente.
La solución técnica de este problema pasa por los siguientes ejes:
1.- Respetar la posibilidad de elegir la forma de organización LEGAL de las empresas.
2.- Determinar que los derechos laborales no se podrán vulnerar, eludir o disminuir cuando los diferentes RUT respondan a una división artificial o formal de una misma organización productiva que tiene un mismo mando laboral y un mismo negocio (o giro, de acuerdo al punto siguiente).
3.- Acotar los efectos societarios, tributarios y comerciales que se pudieran producir a raíz de la determinación de que dos o más RUT son considerados, para efectos laborales, una misma empresa.
Tener presente la idea de responsabilidad solidaria conjuntamente con el establecimiento de un solo sujeto negociador.
Señor Presidente, es posible avanzar en esta materia si todos estamos de acuerdo en ello.
Muchas gracias.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente , una de las principales falencias de nuestra legislación laboral la constituye el denominado "multirrut" o, dicho de otro modo, las deficiencias en el concepto de empresa contenido en nuestro Código del Trabajo.
Esta fue una de las modificaciones más profundas realizadas en el marco del nefasto Plan Laboral implementado por la dictadura, que dejó atrás más de un siglo de avances en seguridad social y legislación laboral.
Hasta antes de ello, el Código del Trabajo funcionaba solo bajo los conceptos de empleador y trabajador. Claro, simple y preciso. Las verdaderas partes en la relación laboral son aquellos, los cuales pueden ser uno o varios de ellos, indistintamente.
El texto ideado por el ex Ministro José Piñera incorporó la noción de empresa para diluir la responsabilidad del empleador y permitir que una empresa se subdividiera en tantas razones sociales como para desvirtuar completamente sus obligaciones.
Las consecuencias son evidentes y las conocemos: se eluden obligaciones que requieren cierta envergadura en la empresa como la sala cuna; se alteran las bases esenciales para el pago de gratificaciones; se dificulta la creación de sindicatos y, especialmente, se impide extender la negociación colectiva.
Ello está en la raíz de las profundas desigualdades y arbitrariedades que tenemos en el ámbito laboral.
Ya se ha dicho muchas veces, pero vale la pena repetirlo, por lo burdo, por lo grotesco, por tratarse de una triquiñuela inaceptable: empresas gigantescas que claramente tienen una dirección única, que en esa condición negocian con proveedores y adoptan decisiones de administración, a la hora de contratar y pagar sueldos son cientos de empresas distintas, con una escasa cantidad de trabajadores, e incluso, con abultadas pérdidas.
¡Una burla! ¡Una burla a la ley! ¡Una burla a los trabajadores! ¡Una burla al sentido común más elemental!
Se han hecho diversos intentos para cambiar tal situación. Los más recordados son el de la reforma laboral del año 2000 y el de la ley de subcontratación, que fue reparado ante el Tribunal Constitucional.
Espero que hoy todos nos demos cuenta de que aquello no puede seguir. Esa clase de acciones deben condenarse sin ambigüedades.
Ese es el tipo de prácticas que tienen en las calles a miles de chilenos que sienten que una y otra vez se abusa de ellos: en el otorgamiento de créditos, en el lucro en la educación superior, en los cobros de las empresas de suministros domiciliarios, en las AFP y en las isapres.
Se trata de vulneraciones flagrantes del espíritu de la ley, y en algunas ocasiones, también del texto, las cuales no son reparadas, quedan sin sanción y permanecen por años, afectando a millones de chilenos, mientras unos pocos se enriquecen a su amparo de un modo grosero.
Digámoslo claramente: en esas acciones inaceptables en materia laboral y en las prácticas abusivas de créditos y cobranzas se halla fundada buena parte del éxito del retail chileno.
Eso tiene que terminar. Una cadena de tiendas o supermercados debe asumir su carácter en todas sus facetas y no escudarse en una norma que no resiste análisis y que tampoco ha podido ser reformulada por la vía de la jurisprudencia.
La situación es conocida y asumida por todos. Como decía, los Gobiernos y parlamentarios de la Concertación intentamos modificarla en varias ocasiones. También fue recogida en el programa de Sebastián Piñera.
Sin embargo, lamentablemente, la solución está empantanada en el Parlamento. Con la Ministra Merino hubo bastantes acercamientos, e incluso, extraoficialmente, una proposición bastante interesante.
Luego se volvió atrás y se insistió en fortalecer la sanción de la simulación y en mecanismos rebuscados de análisis de la situación de las empresas, que eludían al juez del trabajo, por lo que estamos discutiendo la idea de legislar sobre la base del articulado que viene de la Cámara Baja.
Señor Presidente, creo que este proyecto es muy relevante, ya que puede ayudar a mejorar enormemente las condiciones de trabajo de millones de chilenos.
Es una iniciativa en que todos debiéramos estar de acuerdo. No hay forma de defender tal martingala leguleya. Tampoco creo que sea necesaria una ley rebuscada como la que se ha propuesto.
Esperamos que se vaya al fondo, e incluso, al sentido común. No disfracemos las realidades. Quien tiene una organización empresarial con una gestión común debe asumir ese carácter y no puede pretender que solo se lo considere así cuando le conviene.
Este doble estándar y esa manga ancha son lo que tiene molestos a millones de chilenos, especialmente con el Parlamento, al que ven como una instancia que no soluciona los problemas aun cuando sean tan evidentes.
Hago, por tanto, un llamado a respetar los compromisos de campaña y enfrentar esa deficiencia, que afecta a millones de trabajadores. Pero, especialmente, pido hacerlo con decisión, sin calculadora, sin buscar cómo arreglamos un poco para que todo quede igual.
Terminemos con el multirrut y hagámoslo de un modo simple, sin subterfugios. Y en eso creo que hemos avanzado durante las innumerables conversaciones que hemos sostenido con la actual Ministra del Trabajo, quien se ha mostrado asequible a introducir las modificaciones necesarias para terminar con lo que ella considera, al igual que nosotros, abusos que se cometen mediante el uso de ese mecanismo.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI (Presidente).-
El Honorable señor Navarro, quien tiene la palabra.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , la votación en general de este proyecto de ley nos abre la posibilidad de entrar en los temas de fondo, para luego, durante la discusión particular, centrar la atención en los detalles. Porque resulta muy importante ir a la casuística y reflejar fielmente el resultado en un sentido concreto: terminar con la situación existente en la actualidad.
La estructuración del negocio del retail en torno a un sinnúmero de razones sociales -fenómeno conocido como "multirrut"- no solo obstaculiza el ejercicio de diversos derechos de los trabajadores -la sindicalización, la negociación colectiva-, sino también la reclamación judicial en el sentido de que todas las razones sociales corresponden a una sola gran empresa. En otras palabras, ni siquiera se podría obtener una sentencia judicial que así lo declarase. Por lo tanto, se trata de una enorme paradoja.
Yo pregunto por qué se produce aquello. Por qué Falabella o Almacenes Paris, por ejemplo, pueden contar con 150 o más razones sociales. Así, los calcetines tienen una; los electrodomésticos, otra; los artículos juveniles una, los femeninos otra, los masculinos una distinta. En definitiva, cuantas actividades se realizan poseen un RUT diferente.
Lo lógico sería poder interponer una sola demanda contra todas las razones sociales ante un mismo tribunal. Y si hay domicilios pertenecientes a territorios jurisdiccionales distintos, a los trabajadores les debería ser factible recurrir ante cualquier tribunal con competencia en ellos, pues las reglas de la competencia no solo los habilitan para demandar ante el correspondiente al lugar donde prestan servicios, sino también ante aquel en que se domicilia el empleador. Como este es uno solo pero tiene varios domicilios, cualquiera de estos puede fijar la competencia del juez. De esta forma, si una empresa posee sucursales en varias Regiones, no debiera existir impedimento para que los trabajadores de todas las sucursales solicitaran la declaración de unidad económica ante un solo tribunal en cualquiera de ellas.
Sin embargo, en la práctica está ocurriendo otra cosa. Las empresas señaladas no tienen ningún empacho en alegar que cada razón social es una empresa distinta y que, por consiguiente, no se las puede demandar ante tribunales de otro territorio jurisdiccional, pues estos no tendrían competencia. La consecuencia es que no podría jamás demandárselas en conjunto.
Eso fue lo que ocurrió en un caso concreto, en que, habiéndose demandado a 15 razones sociales de Ripley ante los tribunales del trabajo de Santiago, argumentándose que todas ellas conformaban una misma empresa para fines laborales, los abogados de las razones sociales de Regiones alegaron que los tribunales de Santiago eran incompetentes para conocer del juicio en su contra, posición con la cual el tribunal estuvo de acuerdo.
No hay sala especializada laboral en la Corte Suprema.
Señor Presidente , aprovechando la presencia de la Ministra Matthei , quien tiene larguísima experiencia en estas materias, expreso mi deseo de que, a propósito de este proyecto de ley o de otro, hagamos el debate sobre dónde se resuelven las causas judiciales de los trabajadores. Como digo, no hay sala especializada. Y eso opera en contra de los más débiles.
Los trabajadores confían en revertir la decisión ante la Corte de Apelaciones de Santiago, para reivindicar su derecho a que se reconozca que Ripley Corp. S.A., Ripley Chile S.A., Ripley Retail Ltda . y todas las sucursales de Regiones son una misma empresa, máxime cuando a comienzos de año Ripley Corp. anunció la unificación de las razones sociales de sus sucursales.
Mientras tanto, los trabajadores quieren denunciar lo ocurrido como otra mala práctica laboral de la empleadora Ripley y formular un llamado a legislar urgente, pronta y adecuadamente -eso es lo que estamos haciendo- frente a la ilegalidad de los multirrut, a fin de que cesen los obstáculos judiciales, para que los trabajadores puedan defender sus derechos y enfrentar al verdadero empleador, aquel que utiliza todos los artilugios legales para esconderse detrás de otras razones sociales a su conveniencia.
Estos hechos son insostenibles; ofenden a la razón y, sobre todo, desprestigian al mundo empresarial.
Yo espero que esto sea bien entendido. Estamos tratando de que operen el Derecho, la Justicia, y de que, en definitiva, haya equidad entre las partes, se limite el uso del multirrut y exista la posibilidad de interponer demandas y, en especial, evitar esta diversificación, que al final termina anulando los derechos de los trabajadores.
Voto a favor, y anuncio que presentaré muchas indicaciones.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (24 votos a favor y 1 pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Pizarro, Quintana, Ruiz-Esquide, Tuma, Uriarte y Zaldívar (don Andrés).
No votó, por estar pareada, la señora Alvear.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Corresponde fijar plazo para la presentación de indicaciones.
Se proponen dos meses, a partir de esta fecha.
¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MATTHEI ( Ministra del Trabajo y Previsión Social).-
Señor Presidente , desde que se planteó este proyecto, hemos estado absolutamente de acuerdo en que los problemas que causa el multirrut son inaceptables. Y todos hemos tenido la firme voluntad de corregir las injusticias derivadas de que sencillamente, mediante el subterfugio de acudir a distintos RUT, un mismo empleador se enmascara en diversas empresas, lo cual puede significar que los trabajadores pierdan derechos en términos de constituir sindicatos, negociar colectivamente, acceder al beneficio de las salas cunas y recibir gratificaciones.
Desde hace mucho tiempo los trabajadores notan fuertemente la iniquidad que envuelve tal figura. Su percepción de ser tratados injustamente da origen a sentimientos muy complejos, que a su vez generan problemas graves en las relaciones laborales. Y esto es razonable, porque, en el fondo, se rompen las confianzas.
La cuestión estriba en que tan complejo como tener multirrut, lo que puede complicar considerablemente los derechos de los trabajadores, es irse al otro extremo. Por ejemplo, a que alguien determine que el Banco de Chile es la misma empresa que la minera Los Pelambres simplemente porque tienen en común un accionista mayoritario. Esa conclusión es del todo inaceptable, por cuanto, obviamente, en dicha institución bancaria y en la referida empresa minera hay accionistas minoritarios que nada tienen que ver con los intereses del ente a que no pertenecen ni con las decisiones tomadas en él.
En consecuencia, hemos tropezado con muchas dificultades para redactar un proyecto que por un lado proteja los derechos de los trabajadores ante la figura del multirrut y por otro no se vaya al extremo opuesto, en el sentido de que empresas totalmente distintas sean consideradas una sola. Ambas situaciones pueden provocar efectos muy complejos en la vida económica.
Hemos ido avanzando, y concordamos en que quizá contribuya a superar tal situación la denominada -en el Derecho comparado y en la doctrina- "Teoría del levantamiento del velo", conforme a la cual, básicamente, se prescinde de la formalidad de si existen o no diferentes RUT y se examina el interior de cada empresa para determinar si los intereses existentes detrás de ellos son o no los mismos. La materia es compleja, señor Presidente . Pero, como señalé, en lo fundamental se trata de prescindir de la ficción, de la consideración legal, de la cosa netamente formal del RUT para ir descubriendo si se trata o no de un mismo empleador.
Muchas veces estamos en presencia de sociedades aparentemente autónomas e independientes pero que responden a una unidad económica y de organización que, en la práctica, las hace una sola entidad que contrata los servicios del trabajador bajo dependencia y subordinación. Ese es el caso que queremos solucionar.
Al efecto, creemos que lo señalado debe aplicarse solo respecto a las situaciones en que existe tal unidad de propiedad e interés, y que el reconocimiento como personas jurídicas separadas llevaría necesariamente a permitir el fraude u otro resultado injusto para los trabajadores.
Nos parece, además, que la desestimación de la personalidad jurídica solo puede ser declarada a petición de parte interesada.
Asimismo, pensamos que se requiere una declaración jurisdiccional fundada en argumentos técnicos y avalada por un panel de mayor especialización que la de un juez laboral.
Estimamos que la conclusión de que estamos frente a un grupo societario adoptado a fin de evadir determinados derechos laborales no puede fundarse en un solo factor, sino que debe involucrar varios factores, a los que ha de agregarse un elemento de injusticia con respecto a los trabajadores.
Debe ser una solución correctora. No basta con cursar multas. Es necesario restaurar los derechos perdidos de los trabajadores.
Además, tiene que tratarse de una medida excepcional, aplicable solo cuando la utilización del grupo de sociedades desvirtúe el propósito de bien público considerado al permitirse su existencia.
Debe tratarse, igualmente, de una resolución que no produzca cosa juzgada, al objeto de revertirla en caso de que cambien las circunstancias que le dieron origen; por ejemplo, si se vende una de las empresas o si ellas se separan del todo.
Finalmente, la declaración judicial debe limitarse a restablecer el derecho en concreto, pero no tiene que dar derechos a terceros, como los acreedores.
En todo caso, será muy complejo redactar todo aquello.
Señor Presidente , celebro el espíritu absolutamente transversal habido en la Comisión en cuanto a zanjar una situación que ha dado origen a numerosas injusticias y provocado muchos dolores. Pero no nos vayamos al otro extremo, pues eso podría significar un caos en materia comercial y perjudicar fuertemente la inversión y la generación de empleo en nuestro país.
Queremos una solución justa y que nadie pueda escudarse en tecnicismos para evadir sus propias responsabilidades.
Gracias, señor Presidente.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Terminado el Orden del Día.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor GIRARDI (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)--------------(
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
Al señor Ministro de Defensa Nacional , solicitándole envío de proyecto de ley para INCORPORACIÓN DE TRABAJADORAS CÓNYUGES DE PERSONAL CASTRENSE COMO BENEFICIARIAS DE SISTEMA DE SALUD DE FUERZAS ARMADAS.
Del señor HORVATH:
A los señores Ministro de Obras Públicas y Director de Vialidad de Aysén , planteándoles MEJORAMIENTO DE ACCESO A SECTOR LAGO LARGO (comuna de Coyhaique).
De la señora RINCÓN:
Al señor Ministro de Salud , requiriéndole información en torno a DENUNCIA DE DON MIGUEL GÓMEZ CONCHA POR NEGLIGENCIA MÉDICA EN HOSPITAL DEL SALVADOR.
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, solicitando información sobre GESTIONES DURANTE VISITA EN TERRENO PARA EVALUACIÓN DE PROBLEMAS DE FAMILIAS DE VILLA ESPERANZA (comuna de Cauquenes).
Y al señor Intendente de la Séptima Región , consultándole sobre FACTIBILIDAD DE ENTREGA DE RECURSOS PARA LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE FOSAS EN MAULE SUR.
Del señor WALKER (don Ignacio):
Al señor Intendente de Valparaíso , pidiéndole EXPLICACIONES POR NO ENTREGA DE RECURSOS APROBADOS POR CORE PARA FERIA EXPO DE QUILLOTA Y FIRSUR DE LOS ANDES,
y al señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego , requiriéndole información sobre CARTERA DE PROYECTOS CONTRA SEQUÍA PARA QUINTA REGIÓN CORDILLERA DURANTE 2011 Y 2012.
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El señor GIRARDI (Presidente).- Solicito autorización de la Sala para que el Honorable señor Navarro me reemplace en la testera
Acordado.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Navarro, en calidad de Presidente accidental.
El señor NAVARRO ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente , utilizaré el tiempo que me cedió la bancada de la Democracia Cristiana.
El señor CANTERO.- Pero le registraron 4 minutos, y son 6.
El señor BIANCHI.- No: son 14.
ANIVERSARIO DE REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
El señor BIANCHI.- Señor Presidente , pasado mañana, 21 de octubre de 2011, la Región que me honro en representar celebrará un nuevo aniversario desde su descubrimiento, hecho en el año 1520 por el navegante portugués Hernando de Magallanes .
Cito al historiador magallánico y Premio Nacional de Historia don Mateo Martinic Beros , quien sostiene que Hernando de Magallanes descubrió Chile el 21 de octubre de 1520, dieciséis años antes de que Diego de Almagro llegara por el norte.
Con el paso de los años, pocas son las personas que se atreven a defender que Chile fue descubierto por el sur y que Hernando de Magallanes le entregó al Reino de España este nuevo territorio.
Somos un área bicontinental; ocupamos el extremo sur del territorio chileno continental y una porción del territorio chileno antártico, lo cual nos convierte en la Región más extensa del país.
Es necesario reivindicar la gran importancia geopolítica que tiene nuestra Región, donde se encuentran los principales pasos bioceánicos: el estrecho de Magallanes, el mítico cabo de Hornos y el paso Drake.
En tan austral territorio han convergido múltiples culturas: desde nuestros ancestros aborígenes -onas (selknam), tehuelches, yaganes y kawashkar-, hasta inmigrantes de los más diversos continentes.
Mención especial merece la colonización llevada adelante por los inmigrantes chilotes que, a bordo de la goleta Ancud, tomaron posesión del estrecho en el año 1843 y permitieron que esa zona sea parte hoy de nuestro país y no una colonia francesa.
Me parece de plena justicia que el Estado de Chile, a través del Congreso Nacional y del Gobierno, reconozca de una vez a los pioneros patagónicos.
Quizás puede resultar hasta reiterativo, pero no me cansaré de destacar, una y mil veces, que vivir en Magallanes es muy distinto de hacerlo en cualquier otro lugar de nuestro territorio.
Las características climáticas, de aislamiento y, por ende, económicas, son particulares, diferentes.
Es la única zona sin conexión terrestre directa con el resto de Chile, sino solo a través de vías internacionales. Por eso, el transporte marítimo y el aéreo adquieren mayor importancia que en otras partes.
En nuestra Región nunca hemos mendigado tratos preferenciales: únicamente planteamos que se entienda en forma objetiva que los costos de habitar en ella son más elevados.
Solo como una muestra de lo anterior, los últimos estudios del Banco Mundial cifran el costo de la vida en Magallanes en un 30 por ciento más caro que en la zona central.
Sin duda, esas particularidades fueron las que motivaron, hace ya diez meses, una de las movilizaciones sociales más importantes del país en las últimas décadas. Hago referencia a la verificada en enero, cuando las autoridades no quisieron entender que un alza desmedida en los valores del gas residencial motivaría un levantamiento ciudadano de la magnitud que Chile conoció.
En aquel entonces demostramos, una vez más, que las reivindicaciones se pueden conseguir de forma organizada, con sólidos argumentos y sin violencia. Con unidad, coraje, fuerza y respeto por las instituciones, logramos hacer entender que el gas es un bien público de primera necesidad en nuestra Región. Y es así como el Congreso se encuentra pronto a discutir un proyecto de ley que fijará la tarificación residencial e industrial en Magallanes.
Reconocemos ser parte de un país unitario, pero hoy, con más fuerza que nunca, hago el llamado a descentralizar y regionalizar en forma efectiva. Debemos empoderar a las Regiones por la vía de traspasarles nuevas responsabilidades y autonomía para adoptar decisiones, para dejar de ser meras administraciones o buzones del nivel central, para no seguir siendo "de papel", de modo de poner fin a una asfixiante centralización.
Confío en que iniciativas legales que pronto discutiremos en el Senado sigan esta línea.
HOMENAJE A PROFESOR JUVENAL HENRÍQUEZ
El señor BIANCHI.- Señor Presidente , hoy, cuando se halla tan en boga el tema de la educación, deseo rendir un justo homenaje a un gran hombre y educador. Me refiero al profesor Juvenal Henríquez , director de la Escuela Padre Alberto Hurtado, de Punta Arenas , a quien la Región ha decidido otorgarle, en forma merecida, la distinción de ser "Ciudadano Ilustre de Magallanes".
Juvenal Henríquez , sus docentes y toda la comunidad educativa hacen carne el compromiso de formar a mejores ciudadanos y son una muestra tangible de que se puede entregar educación pública de calidad, dando testimonio de vida en el sentido de que, en una escuela erigida en un sector poblacional donde casi la mayoría de los alumnos provienen de familias de escasos recursos, se pueden obtener los mejores resultados en todas las mediciones que se realicen.
Magallanes sabe que la Escuela Padre Alberto Hurtado es sinónimo de enseñanza de excelencia. Y, claramente, ese proyecto educativo ha sido liderado por un hombre comprometido con los niños y jóvenes de su Región.
Estimado Juvenal, desde el Senado expreso mi admiración y respeto a vuestra labor.
Señor Presidente , no elegimos donde nacer, pero sí donde vivir. Y quienes habitamos en la Región lo hacemos con orgullo, con nuestros propios emblemas, con un gran sentido de pertenencia.
Vaya un reconocimiento a nuestra gente grande; a nuestros adultos mayores, hombres, mujeres, jóvenes, niños de la zona; a quienes decidieron hacer su vida y echar raíces en cada recóndito lugar de nuestras provincias, desde Puerto Edén hasta Villa Las Estrellas, en la Antártica.
Desde el Congreso Nacional los convoco a seguir trabajando juntos, con lealtad y total compromiso por una Región cada día más pujante.
He dicho.
El señor NAVARRO ( Presidente accidental ).- Restan aún 6 minutos del tiempo del Comité Demócrata Cristiano. En su oportunidad los ocupará el Honorable señor Ruiz-Esquide, quien ha solicitado intervenir.
Tiene la palabra el Senador señor Cantero en el turno del Comité Independientes, a lo que se sumarán minutos cedidos por el Comité Renovación Nacional.
LIBERACIÓN DE SOLDADO ISRAELÍ. OFICIOS
El señor CANTERO.- Señor Presidente, me referiré a dos materias.
En primer lugar, deseo expresar mi beneplácito -y espero representar a la Sala- por la liberación del soldado israelí Gilad Shalit , detenido, secuestrado o prisionero durante cinco años, tres meses y veintitrés días.
En efecto, el 25 de junio de 2006, una facción armada de Hamas lo capturó en terrenos fronterizos, habiendo permanecido cautivo hasta ayer, 18 de octubre, luego que ese grupo y el Gobierno de Israel llegaron a un acuerdo conforme al cual se llevó a cabo un intercambio. La entrega de Shalit permitió a mil 27 presos palestinos salir de cárceles de ese país.
Alguien se preguntará en la Sala: ¿y qué tiene que ver eso con Chile?
El Parlamento israelí, en su momento, envió una comunicación a nuestro Congreso, tanto al Presidente del Senado -en la época, el Senador señor Frei - como al de la Cámara de Diputados, documento en el cual nueve colectividades que lo componían pidieron solidaridad y la intervención en el ámbito internacional. Ello decía relación con los padres, las esposas y los hijos de tres soldados: Gilad Shalit, de 19 años; Eldad Regev , de 26, y Ehud Goldwasser, de 31.
Al Senador que habla le correspondió preparar y plantear en la Sala el pronunciamiento de adhesión llamando a la comunidad internacional a cautelar la seguridad de esos efectivos capturados por fuerzas palestinas. Y ello, en atención a que en ese caso no se permitió que organizaciones internacionales intervinieran.
Esa no es la única oportunidad en que estuve vinculado personalmente a la situación. En el año 2008, junto al entonces Senador señor Ricardo Núñez y un grupo de Diputados, en una visita oficial con motivo del 60° aniversario del Estado israelí, tuve ocasión de reunirme, junto a la delegación, con los padres de los soldados. En nombre del Congreso chileno, les manifestamos nuestra solidaridad y les entregamos un presente recordatorio de la ocasión, en la esperanza de que sus hijos pudieran volver al seno del hogar.
En lo humano, debo manifestar que fue un momento solemne, emotivo, para quienes estuvimos en la cita, pues ver a los padres conmovidos por la desaparición de sus hijos, sin referencias ni antecedentes de ellos, en realidad conmovía a cualquiera que abrigara sentimientos y emociones de parentesco.
En esa ocasión se generó un ambiente de fraternidad y solidaridad en una zona acostumbrada a enfrentamientos, bombardeos y combates. Fue un instante de paz, armonía y esperanza que agradecieron esos padres.
En verdad, nos estremecíamos, porque, mientras tanto, sonaban las sirenas y veíamos cómo niños, ancianos, hombres y mujeres corrían a esconderse para protegerse de los bombardeos.
Uno ve las imágenes en televisión y no dimensiona su significado. Es algo sobrecogedor. Se respira el sufrimiento de las familias. Conversar sobre estos casos con los padres, compañeros de armas y los representantes de la Cancillería y el Gobierno fue realmente emocionante.
Hoy, con la alegría de saber que uno de esos soldados ha regresado sano y salvo a casa, que está compartiendo con los suyos, pido formalmente el envío de una comunicación del Congreso, primero, al seno del hogar de Gilad Shalit, a fin de saludar a sus padres y expresarles nuestra alegría por el suceso, y luego, al Parlamento, al Gobierno y al Primer Ministro de Israel , así como también al Presidente de la Autoridad Nacional Palestina , Mahmud Abbas , para manifestarles nuestra satisfacción.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
PREOCUPACIÓN POR PRESUPUESTO DE SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA COMPETITIVIDAD. OFICIO
El señor CANTERO.- El segundo tema que deseo tratar hoy, señor Presidente, tiene que ver con el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad.
Quisiera referirme a la importancia de la innovación en nuestro país.
Schumpeter , un austriaco que la estudió, expuso que ella abarca cinco casos relevantes:
1. La introducción en el mercado de un nuevo bien o servicio, con el cual los consumidores no están aún bien familiarizados.
2. La introducción de un nuevo método de producción o metodología organizativa.
3. La creación de una nueva fuente de suministro de materia prima o productos semielaborados.
4. La apertura de un nuevo mercado en un país.
5. La implantación de una nueva estructura en un mercado.
Michael Porter , en su visita a Chile, señaló: "La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las empresas consiguen ventajas competitivas si consiguen innovar", destacando la importancia de esta tarea.
Al momento de asumir, el Ministro de Economía , señor Pablo Longueira , expresó que el Gobierno ratificaba su compromiso con la innovación y la competitividad y reiteró la prioridad que este les asigna.
Manifestó que la innovación debe ser el camino que el país elija para alcanzar el desarrollo.
Destacó "la voluntad resuelta del Presidente de la República , del Ministerio de Economía, de asumir con mucha más energía y prioridad las tareas relacionadas" con el Consejo.
Estos aspectos me parecen relevantes, porque los esfuerzos han dado frutos, aún precarios. El Índice Global de Innovación nos posiciona como líderes en América Latina y el Caribe. Estamos entre los top 40, pero todavía muy lejos de los países desarrollados.
En el ambiente para la innovación influyen ítems como instituciones, capital humano, investigación, infraestructura y sofisticación de los negocios. Ello es lo que mide el Índice.
Y existe una vinculación con resultados científicos, salidas creativas y eficiencia de la innovación.
Según el informe elaborado por la Escuela de Negocios Insead, las fortalezas de Chile están dadas en los indicadores de Aranceles Aplicados, en el cual se ubica muy ventajosamente a nivel global; Capitalización del Mercado, donde ocupa el lugar Nº 11; Regulación, en el Nº 18; Gobierno en Línea, en el cual también destaca, y Tasa Impositiva.
Las mayores dificultades, sin embargo, se registran en Capital Humano e Investigación, pues se encuentra en una posición muy poco deseable.
Ahora, el problema más grave es que nos hallamos en el fondo en materia de educación, lo cual afecta el índice de Eficiencia y nos pone finalmente en una situación un tanto comprometida.
Por eso, a pesar de que liderar América Latina y el Caribe es meritorio, no estamos en la competencia de los países desarrollados.
Al respecto, la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, Katherine Villarroel , explicó que decisiones como la creación del organismo, al igual que la delegación del impuesto a la minería a la aplicación para la innovación a partir de 2005, fueron dos de las medidas principales para garantizar el progreso de Chile en estas materias.
Hizo presente que "ha existido una apuesta decidida por parte del Gobierno para invertir en innovación y emprendimiento empresarial, ciencia, educación superior, capital humano y demás, que constituye hoy los buenos resultados que se clarifican en este ranking". Este último es aquel al cual hice referencia.
Con relación a una mirada de futuro, necesitamos ser capaces de responder a un mundo altamente competitivo y en permanente cambio. La innovación emerge como una respuesta adecuada y urgente que nos permite avanzar hacia una nueva economía, fundada en el poder creador y emprendedor de sus ciudadanos, la investigación científica y el desarrollo y la aplicación de la tecnología.
El Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, como órgano de Estado asesor del Presidente de la República , está llamado a mantener una visión sistémica y dinámica y a generar orientaciones con miras en el futuro. Es una mirada prospectiva.
Este organismo comprende el Sistema de Innovación, en el cual se pueden distinguir cinco grandes componentes: capital financiero, es decir, disponibilidad de recursos; capital de conocimiento, comúnmente entendido como I+D+i; capital humano, referido a competencias y habilidades de las personas; capital social, relacionado con la confianza y el uso de redes, y capital de emprendimiento, capaz de poner en movimiento al resto de los factores para originar crecimiento económico y bienestar. Todo ello, con el aporte de académicos, empresarios y emprendedores, quienes contribuyen a la generación o fortalecimiento de redes y conversaciones nacionales e internacionales.
En los últimos años, particularmente desde 2005 a 2010, se han registrado progresos en el sentido de establecerse una visión estratégica compartida sobre los desafíos del país en innovación; de implementarse políticas consistentes con ello; de un fuerte compromiso presupuestario que permite impulsar estas decisiones y avances hacia una renovada institucionalidad que dé mayores garantías de coherencia y de una mirada de largo plazo.
El gasto en ciencia, tecnología e innovación se elevó, en promedio, un 17,5 por ciento real anual entre 2005 y 2011, a una tasa concordante con el ritmo mínimo calculado por el Consejo para cumplir las metas propuestas por la Estrategia Nacional de Innovación proyectada a 2021. Como porcentaje del PIB, el crecimiento fue de un 0,21 a un 0,32 por ciento durante el período.
Respecto de los recursos del Sistema para 2012, los cálculos del Consejo indican que el presupuesto general para ciencia, tecnología e innovación aumentará en torno a un 3,5 por ciento, inferior al PIB proyectado para ese año -este último, según declaraciones del Banco Central, será cercano a un 4,7 por ciento, a raíz de la posible crisis económica- y al porcentaje en que lo hará el Presupuesto de la Nación.
La cifra resulta preocupante, porque rompe una tendencia de fuerte alza registrada por el Sistema desde 2006: un incremento promedio de 17,5 por ciento anual, y significa un retroceso en cuanto a la meta de subir la inversión en innovación como porcentaje del PIB.
Intranquiliza también el desequilibrio en el Sistema, ya que, mientras sube el presupuesto para Ciencia y Capital Humano Avanzado -es decir, Conicyt y Educación Superior-, se reduce el de Innovación y Absorción de Tecnología en Empresas, o sea, Innova y CORFO .
Las tareas del Consejo, para el presupuesto de 2012, se vinculan principalmente con los siguientes ámbitos:
1.- Hacer el mejor esfuerzo para que el gasto presupuestario destinado al Sistema Nacional de Innovación , incluidos tanto los fondos para ciencia, tecnología e innovación como aquellos orientados a educación terciaria y capacitación, mantenga una tasa de crecimiento superior al 12 por ciento.
2.- Realizar un esfuerzo especial por aumentar la productividad de las empresas y fortalecer los programas orientados a reducir las brechas de productividad mediante la adopción de mejores prácticas (especialmente enfocado a las de menor tamaño relativo); estimular la innovación al interior de las empresas; incentivar la calificación y capacitación de trabajadores basadas en competencias, y promover la entrada de nuevas empresas innovadoras.
Entre las recomendaciones del CNIC en este ámbito destacan:
-Fortalecer los programas de extensionismo y difusión de mejores prácticas y tecnologías, impulsando la conformación de un Sistema Nacional de Institutos y Centros Tecnológicos de clase mundial.
-Promover de manera masiva, con foco en sectores clave, la certificación de competencias.
-Facilitar la inversión en bienes de capital de la pyme.
-Fortalecer la oferta de capital semilla y potenciar las capacidades de administradores especializados.
-Realizar un impulso especial para la atracción de inversión extranjera tecnológica.
En fin, una serie de iniciativas en esa línea.
3.- Insertar el esfuerzo de formación de Capital Humano Avanzado en una estrategia integral que dé cuenta del necesario balance que debe existir entre la formación y las capacidades que ha de tener el sistema para absorber a esos nuevos profesionales.
Por supuesto, se está haciendo un gran esfuerzo, pero todavía queda un desafío muy intenso por desarrollar.
Dentro de las sugerencias del CNIC destacan:
-Asegurar que el presupuesto de Ciencia de Base se incremente en términos reales en los próximos años para aumentar el número de nuevos proyectos en los concursos de FONDECYT de Iniciación y Regular.
-Mantener los programas colaborativos de tamaño medio (relativos a anillos y núcleos), los cuales no han tenido la continuidad necesaria.
-Proseguir con el programa MECESUP y coordinar sus esfuerzos con CONICYT, de modo que las capacidades de formación de posgrado en el país sean consistentes con las estrategias y prioridades de desarrollo de capacidades científicas en los centros académicos.
Todo este trabajo se orienta, efectivamente, a darle a Chile la competitividad que requiere.
Por eso me parece tan importante enfocarnos en los recursos que se destinen en 2012 al Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad.
Para cumplir con las tareas descritas, el CNIC necesita que el próximo año su presupuesto se mantenga al menos en los niveles considerados en 2011, del orden de los 1.465 millones de pesos. De estos, 550 millones corresponden a gastos en personal; 160 millones se destinan a gastos operacionales, y 755 millones se orientan al pago de servicios técnicos y profesionales, a la contratación de estudios y consultorías y a la generación de instancias de diálogo con expertos nacionales e internacionales.
En el proyecto de ley de Presupuestos para el año 2012 se le asignan al Consejo de Innovación fondos por 1.229 millones de pesos, lo que impactará en el financiamiento de estudios, la traída de expertos internacionales y la generación de procesos de diálogo relevantes para la revisión estratégica.
En esta materia, creo que hay que pedir al Gobierno, y fundamentalmente a los Ministros involucrados, que el esfuerzo sea coherente con las declaraciones en cuanto a la importancia otorgada al impulso en innovación y competitividad.
Quiero hacer propicia la ocasión para agradecer el trabajo que en este sentido realiza un ex Senador que hoy se desempeña como Presidente del Consejo Nacional para la Innovación y la Competitividad. Me refiero a don Fernando Flores , quien actúa como nexo internacional: la mitad del tiempo en Chile, la otra mitad fuera del país, particularmente con base en California, cuyo centro es el corazón del desarrollo de la ciencia y la tecnología y, en especial, de la sociedad de la información y el conocimiento.
Valoro mucho el esfuerzo que se pueda realizar desde allí, estableciendo vínculos para que la industria, la tecnología y los científicos chilenos sean capaces de conectarse con el mundo global.
Por lo tanto, señor Presidente , solicito oficiar al Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, adjuntándole copia de esta intervención, a fin de expresarle mi interés por que el presupuesto de la entidad para el próximo año sea considerado de la manera descrita, y saludar a sus miembros por la importante labor que realizan en pos del desarrollo de nuestro país.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor NAVARRO ( Presidente accidental ).- En los 6 minutos que le quedan al Comité Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
DESMEDRADA SITUACIÓN DE PYMES EN NUEVAS LICITACIONES DE JUNAEB. OFICIOS
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, me voy a referir a un asunto que, desde la perspectiva de las políticas globales del Gobierno, vale la pena mencionar.
Las pymes que distribuyen las raciones alimenticias de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) son 19 y manejan el 6,8 por ciento del total.
Hasta la última licitación, ellas competían entre sí, es decir, entre empresas del mismo tamaño, lo cual les daba la posibilidad de lograr determinada participación.
En la licitación actual se observan condiciones adversas, que no solamente limitan la competencia en el proceso, sino que presentan fuertes barreras de entrada a nivel de las pequeñas y medianas empresas, tales como:
a) Deben competir todos contra todos.
Las pymes deben competir en la misma condición que una empresa grande o transnacional. Hasta la licitación anterior, las empresas se clasificaban según ciertos indicadores y, de acuerdo al resultado, competían de igual a igual, con lo cual se mantenía cierta equidad, dentro de sus diferentes niveles de desarrollo.
b) Techo derivado del volumen histórico.
Como medida para determinar el volumen al cual se puede licitar, se establece que son las raciones históricas lo que más influye, por lo que las pymes se ven disminuidas, ya que, como se mencionó, son 19 y manejan solo el 6,8 por ciento del mercado.
c) Boletas de garantía.
A diferencia de las licitaciones anteriores, hoy se solicitan garantías correspondientes al 5 por ciento del valor bruto del contrato por tres o cuatro años; es decir, del 4,5 por ciento del valor neto del contrato anual que se pedía hasta ahora, se ha pasado a solicitar el 5 por ciento del valor bruto del total del contrato.
d) Opciones de ofertas.
Según las nuevas bases, cada oferente podrá presentar hasta 12 mil ofertas. Sin embargo, en realidad, las pymes solo alcanzarán a efectuar, como máximo, 9.
e) Concentración de raciones.
Otro cambio se observa en la concentración de raciones, lo que se expresa en una reducción de las unidades territoriales de 68 a 54, dejando menos espacio para las pymes y mejorando la posición para las grandes empresas.
Por el poco tiempo que me resta, señor Presidente, solo quiero resaltar tres aspectos.
En primer lugar, no cabe ninguna duda de que la situación descrita representa un retroceso en la concepción manifestada de manera reiterada por el Senado en orden a que el desarrollo del país se basa, fundamentalmente, en el proceso de crecimiento de las organizaciones de menor tamaño -sean industriales, comerciales, agrícolas, etcétera-, llamadas "pymes". A estas se les ha ofrecido en forma permanente nuestro apoyo y el del Gobierno, lo que no ha ocurrido en este caso, pues en la actual licitación quedan en peores condiciones que antes.
En segundo término, señor Presidente , ello es contradictorio con las políticas y, eventualmente, con los programas llevados a cabo por el Ejecutivo . Este ha realizado una fuerte campaña publicitaria y mediática en orden a que su tarea primordial apunta a las pymes, frente a la tesis de los miembros de la Oposición, quienes sostenemos que este es un Gobierno concentrador, que de manera permanente va ahogando a las entidades económicas de menor tamaño, hasta terminar, en todos los ámbitos, con una concentración brutal.
El caso en comento ratifica esta crítica al Gobierno.
Por último, lo anterior significará que las 19 empresas a las que me referí tendrán necesariamente que cerrar si acaso no se cambia el modelo de licitación aplicado este año.
Nos reunimos con sus representantes, quienes nos manifestaron que han hablado con personeros de Gobierno tanto del ámbito de Educación como de Economía. Y consultado el Ministro de esta Cartera por el Senador que habla, nos hizo saber que era consciente de que tal modelo debía cambiar.
Señor Presidente , pido que se oficie en mi nombre a los Ministros de Educación y de Economía, adjuntando el texto que leí y los planteamientos que formulé, a los efectos de que se considere el revertir la situación descrita, por la cantidad -entre otras cosas- de trabajadores que quedarán fuera del sistema en un momento en que el índice de cesantía no es, precisamente, una de nuestras virtudes.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor NAVARRO ( Presidente accidental ).- En el tiempo del Comité Partido Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
ANIVERSARIO DE REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. COMUNICACIÓN
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente , la actual conformación del territorio nacional se gestó a través de diversos hechos que permitieron ir consolidando nuestra soberanía. En el caso de la zona austral, ello constituyó una sentida preocupación del propio Padre de la Patria , Libertador General don Bernardo O ´Higgins , quien expresó permanentemente y hasta sus últimas palabras la necesidad de afianzar la presencia chilena en esas tierras, por su enorme extensión y potencialidades.
Dicha inquietud fue recogida por don Manuel Bulnes , quien, para llevar adelante esta empresa, nombró Gobernador de Chiloé a don Domingo Espiñeira y le encomendó la organización de una expedición conformada por habitantes de la isla, por su mayor acostumbramiento al clima y sus conocimientos de navegación en el sur del país. Tras diversas peripecias, los heroicos tripulantes de la goleta Ancud consiguieron tomar posesión del Estrecho de Magallanes un 21 de septiembre de 1843.
El episodio mencionado no ha sido reconocido en forma suficiente en los textos de historia ni en los programas de estudio escolares.
Lo mismo ocurre con otro hito. La llegada de la expedición de don Hernando de Magallanes, quien el 21 de octubre de 1520, tras 13 meses de navegación, accede con sus embarcaciones a la desembocadura oriental del que denomina Canal de Todos los Santos y que hoy conocemos, en su honor, como Estrecho de Magallanes.
Se trata, en rigor, del descubrimiento de Chile, pues es el primer arribo de las potencias coloniales de la época a territorios que actualmente componen nuestro país. Mucho más tarde llegaría por el norte don Diego de Almagro .
Por ello, en Magallanes se conmemora cada 21 de octubre el "Día de la Región", como una manera de reiterar la circunstancia de que nuestra patria fue descubierta desde el austro y no por el norte.
Sin embargo, poco se conoce de esto. La Patagonia y sus principales hitos son sistemáticamente desatendidos, lo que resulta doloroso y mezquino.
Parte muy importante de la postergación que muchas veces sentimos respecto de la zona central, que se expresa en decisiones inconsultas y en eternas dificultades para fomentar nuestro desarrollo, se deben, precisamente, al desconocimiento de amplios sectores de la población acerca de Magallanes, en particular, y de la Patagonia, en general.
Revertir ese olvido requiere, desde luego, continuar poniendo énfasis en la necesidad de que existan mayor preocupación e inversión estatal en la zona y de que se promuevan las reformas políticas e institucionales que lo posibiliten. Pero también se precisa que los magallánicos seamos capaces de mostrar lo que somos, de difundir estos hitos.
El desafío es avanzar en lo que tan acertadamente el premio nacional de historia Mateo Martinic ha denominado como la necesidad de "magallanizar Chile".
Si queremos que en el centro del país se comprendan la importancia y potencialidades de nuestra zona y la valía de sus habitantes, resultaría muy significativo que, junto con las reivindicaciones económicas, pusiéramos el acento en difundir acontecimientos tan representativos y simbólicos, que engrandecen el alma y la identidad de la Región de Magallanes y de su gente.
Por eso, al conmemorarse un nuevo aniversario del descubrimiento de Chile y de la Región de Magallanes, quiero saludar a sus habitantes y expresar el orgullo de quienes somos herederos de tantos hombres y mujeres que, venidos desde múltiples rincones del mundo, han conformado esta zona de gente pionera, valiente y esforzada, con amor a su terruño y con firme identidad propia.
Finalmente, no puedo dejar de saludar y de reconocer la extraordinaria valía de quien será, en justicia, investido como ciudadano ilustre: el director de la escuela Alberto Hurtado, don Juvenal Henríquez . Él, junto a su equipo docente, ha transformado su establecimiento en un lugar de excelencia para la formación educacional de niños y niñas.
Muchas felicidades, don Juvenal ; el reconocimiento que se le brindará es merecido.
Señor Presidente, solicito que mi intervención sea enviada al Intendente de Magallanes, don Arturo Storaker, en su calidad de presidente del Consejo Regional.
He dicho.
--Se anuncia el envío de la comunicación pertinente, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor NAVARRO (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Partido Por la Democracia, tiene la palabra el Senador señor Quintana.
PREOCUPACIÓN POR FALTA DE EQUIDAD EN PRESUPUESTO PARA EDUCACIÓN
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , ayer se inició en la Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos la discusión que, sin duda, será más compleja: la de la Partida del Ministerio de Educación.
Digo lo anterior porque, como el país sabe, han transcurrido seis meses de movilizaciones por una agenda -lo he reiterado en este Hemiciclo- que no ha sido puesta ni por el Congreso ni por La Moneda, sino por los estudiantes.
Esa agenda demanda transformaciones profundas, cambios estructurales, como los que el propio Presidente Piñera señaló que su Gobierno iba a hacer. Es más, en la última asamblea general de las Naciones Unidas, celebrada en la segunda quincena de septiembre, él manifestó que el movimiento estudiantil era "noble, hermoso, grande".
Sin embargo, no veo que el proyecto de ley de Presupuestos puesto a disposición del Congreso en estos días sea noble, hermoso y grande. Por el contrario, siento que bien podría corresponder al último del Gobierno de la Presidenta Bachelet o al primero de la Administración del Presidente Piñera. Lo señalo porque no da cuenta de lo ocurrido en Chile durante los últimos seis meses ni responde a la profundidad de la expresión ciudadana, de su discurso político, que ha sido bien traducido por los estudiantes, quienes por algo alcanzan en todas las encuestas un apoyo cercano al 80 por ciento.
Lo que nos llama profundamente la atención en este presupuesto es la falta de aportes basales para las universidades estatales. En términos reales -lo conversábamos recién con el Senador Ruiz-Esquide, representante de la Región del Biobío (al igual que el señor Presidente ), quien, naturalmente, se halla muy preocupado por lo que pasa en universidades como la del Bío-Bío, la de Concepción-, no hay aumentos para los planteles tradicionales.
Como el presupuesto se inflacta en 2,8 por ciento, por la estimación de la inflación, recién sobre dicho porcentaje podríamos hablar de crecimiento real.
Por lo tanto, tenemos un aumento del aporte fiscal directo de cero. ¡Insólito! Ese es el aporte para el CRUCH: ¡nada!
El aporte fiscal indirecto, que va también a universidades privadas, tampoco crece.
Sin embargo, otras ayudas al sistema de educación superior privado sí aumentan.
El MECESUP se incrementa en 8,8 por ciento, pero, en esta ocasión -escúchenme bien, estimados Senadores-, se abre para todas las universidades del país. Es decir, ni siquiera se respeta el acuerdo tomado con el Congreso sobre la gestión presupuestaria 2011: 80 por ciento para las universidades tradicionales y 20 por ciento para las privadas. No, es general. Se otorga en forma indiscriminada, sin una discusión previa respecto a los aranceles ni tampoco sobre la calidad y la acreditación de muchas universidades que sabemos que actúan de manera bastante laxa.
Hay un tema todavía mucho más complejo, que el propio ex Ministro de Educación señor Lavín había comprometido: un fondo de 72 millones de dólares para las universidades estatales y de 15 millones de dólares para las tradicionales del CRUCH. Nada de eso viene en este presupuesto, pese a que el propio Presidente Piñera lo había ratificado.
Se advierten algunas ausencias importantes en el presupuesto de Educación. Me llama profundamente la atención que, siendo claras las tareas de reconstrucción -ayer se refirió a ellas el Ministro -, no figuren los fondos. Tampoco los hay para Humanidades ni para Ciencias.
La aplicación de la ley Nº 20.374, de retiro para funcionarios y académicos de las universidades estatales, igualmente no se consigna.
El beneficio permanente para las zonas australes -hace un momento intervino el Senador señor Muñoz Aburto al respecto- no se encuentra.
En materia de becas -escuchen bien los señores Senadores, porque es lo más insólito-, la llamada " Juan Gómez Millas " -ayuda por cierto importante y necesaria, porque va dirigida a jóvenes de escasos recursos, pero todos de las universidades privadas- crece en 373 por ciento; y la "Bicentenario", dirigida a los jóvenes de los planteles del CRUCH, que han estado movilizados, solo se aumenta en 6,5 por ciento.
Repito, por la cara de asombro que veo en el Senador Ruiz-Esquide,...
El señor RUIZ-ESQUIDE .- ¡Nada me asombra de este Gobierno!
El señor QUINTANA.- Nada asombra en realidad.
Decía que la beca "Bicentenario", destinada a las universidades estatales y tradicionales, es decir, para quienes han estado movilizados, tiene un reajuste de 6,5 por ciento; y 373 por ciento crecen las becas para los estudiantes de las universidades privadas.
Insisto: los jóvenes merecen, por supuesto, un incremento de becas. Pero lo curioso de todo es que, como sabemos que la beca "Juan Gómez Millas" tiene un tope de un millón 150 mil pesos, ¿cómo los beneficiados van a cubrir la diferencia? Con más crédito, con más CAE, con más anatocismo, con más tasas -a propósito del proyecto que estábamos discutiendo hace un rato-, que se hallan completamente disparadas. Entonces, están obligados a endeudarse.
Todo el discurso y todo a lo cual ha adherido la familia chilena con tanta fuerza en este movimiento obedecen al deseo de parar el endeudamiento.
Este Presupuesto para el 2012 es proendeudamiento; es proprivados.
Respecto de los 400 millones de dólares de incremento para la Subvención Escolar Preferencial, el Senado apoyó aumentarla en 21 por ciento, porque, dicho sea de paso, esa ayuda permitió en los últimos 3 años subir puntajes. Y así lo dicen el SIMCE, el PISA y otros test internacionales. ¡En buena hora!
Sin embargo -seamos claros- eso va para los estudiantes de colegios municipales y también para los de escuelas con fines de lucro. Por ello el debate sobre este resulta tan importante. Queremos efectivamente limitar el lucro, reducirlo, eliminarlo y fiscalizarlo en la ley. Porque, como se sabe, para viabilizar su término tenemos que usar la vía constitucional -algunos parlamentarios no lo entienden así y critican la proposición-, pero como en el Congreso no hay los dos tercios necesarios, es imposible lograrlo.
Yo no estoy para saludos a la bandera ni para dar testimonio y decir a los estudiantes un día que logramos ganar que en la Constitución se establezca el fin al lucro y a la semana siguiente confesar que no encontramos los votos.
Entonces, seamos serios.
A mi juicio, este es un Presupuesto que muestra inequidad en todas sus dimensiones: en el ámbito de la educación superior, que es a lo que me estoy refiriendo, y también en lo relativo a la educación general.
En definitiva, nos preocupa el monto en que crecen las ayudas estudiantiles. Eso es lo que estamos cuestionando, porque lo propuesto favorece solo el crecimiento de las universidades privadas.
Lo que hay es un aumento a la demanda. No se potencia en lo mínimo una oferta pública. Lo que tendremos que resolver es cómo se beneficia la competencia entre universidades sin regulación.
El último informe sobre el crédito con aval del Estado dice que los estudiantes que egresan tienen un desajuste entre los ingresos que van a percibir y los aranceles en que se endeudaron. Eso hace que las deudas sean impagables.
Por lo tanto, como el sistema no se modifica y no nos acercamos a un arancel justo, vamos a seguir permitiendo que todas las universidades suban los aranceles. Los aumentarán las de "cota mil" y también por cierto las del Estado. Estas últimas probablemente por otras razones. Porque tienen que subsistir y porque tienen en promedio entre 5 y 15 por ciento del presupuesto. En efecto, el Estado les aporta ese porcentaje; y el resto de su financiamiento lo proporcionan las familias.
Hay otro tema más complejo: el Fondo de Educación. Se dice que tiene un presupuesto de 4 mil millones de dólares en la Partida Tesoro Público. Pero no es permanente, porque va a durar un año. Se crean fondos nuevos, pero muy pequeños.
Por ejemplo, los recursos para la innovación son de 1.542 millones de pesos. Pero es una reasignación, porque se rebajaron los del MECESUP de la línea de innovación. Por lo tanto, en la práctica -esto no es nuevo-, el presupuesto para innovación en el Fondo de Educación de 4 mil millones de dólares ya no será de un sexto como se dijo en un comienzo, sino solamente de un 10 por ciento en esta primera asignación.
Para el Fondo de Educación Regional -la mayoría del Senado somos parlamentarios de Regiones- hay 1.500 millones y otros 1.000 millones para gastos corrientes y otra suma igual para gastos de capital. Obviamente esto se halla abierto a las universidades privadas. ¡Todos los recursos están abiertos para las universidades privadas!
Es decir, las casas centrales de universidades regionales -les ha ido muy bien y han tenido tremendas utilidades- van a poder participar de esos fondos. Entonces, ¿qué va a quedar para las universidades del Estado o tradicionales?
La San Sebastián, la del Mar, la Autónoma, la del Desarrollo, con sedes regionales o centrales en Regiones, van a acceder a esos fondos.
Yo pregunto si el Estado debe apoyarlas, cuando muchas de ellas son de propiedad de fondos de inversión incluso extranjeros.
El financiamiento al CRUCH es de 5.140 millones, concursables. No es aporte basal ni para todas. Esto representaría como 3,3 por ciento del aporte fiscal directo.
El otro fondo, el de Educación Superior -esto es lo más interesante y atractivo-, de 38.550 millones, queda sin asignación. Al igual que la Copa América: "Se mira, pero no se toca". Se dice que solo se puede usar para gastos autorizados por ley, pero no dice en qué. En definitiva, esto es para reasignación. No quisiera ser mal pensado, pero el próximo año hay elecciones. Por lo tanto, debe quedar asignado claramente en la Ley de Presupuestos en qué se gasta. Y obviamente si queremos aportar a solucionar la crisis estudiantil tendrían que ser aportes basales.
Señor Presidente, no quiero ahondar más a ese respecto.
En cuanto a la gratuidad, que es un tema fundamental en esta discusión, los Senadores de Renovación Nacional y de la UDI ayer se sumaron al planteamiento impulsado por Senadores como el que habla y los señores Navarro , Ruiz-Esquide y Gómez , entre otros, en cuanto a su consideración como concepto universal.
Las bancadas oficialistas están pidiendo al Gobierno 60 por ciento de gratuidad, pero no para becas; es decir, cubrir también la brecha, el diferencial, para llegar al arancel real.
Yo creo que este proyecto no tiene cómo aprobarse. El Gobierno tiene una salida: retirarlo y reemplazarlo por otro que realmente se haga cargo del momento político, de la crisis política, de lo complejo del escenario que estamos viviendo en materia educacional, particularmente en la educación superior.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor NAVARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente , deseo adherir a las observaciones del Honorable señor Quintana.
El señor NAVARRO ( Presidente accidental ).- Se dejará constancia de ello, Su Señoría.
Pido al Senador señor Quintana reemplazarme en la testera.
--Pasa a dirigir la sesión el Honorable señor Quintana, en calidad de Presidente accidental.
El señor QUINTANA (Presidente accidental).- En el turno del Partido MAS y de otros Comités que le cedieron su tiempo, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
CRÍTICAS A PRESUPUESTO 2012 PARA EDUCACIÓN. OFICIO
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , hemos conocido por parte del Ministro de Educación , señor Felipe Bulnes , el presupuesto para la educación chilena correspondiente al año 2012. Y quedamos estupefactos. El Gobierno viene a ofrecer algo que no contiene todo lo que esperábamos y, por tanto, queda muy claro quién rompió la mesa de diálogo con los estudiantes. Con el proyecto presentado, estos no tenían otra opción que marcharse y tomar el edificio del Ministerio. Porque el proyecto de Ley de Presupuestos es una burla, pues propone un presupuesto ratón, humillante, mediocre, de hambre, toda vez que no considera para nada la gratuidad, no recoge el término del lucro ni contiene aportes basales.
Cuando escuché al Ministro señor Bulnes , por más serio que se puso, en verdad sentí que nos estaban tomando el pelo. Eso no se explica en un Gobierno que ha manifestado su deseo de resolver el conflicto estudiantil, que lleva cuatro meses y medio, con el riesgo de perder el año en centenares de liceos y en decenas de universidades.
Y algunos dirán que el Gobierno viene a negociar al Parlamento. Pero en verdad ni los ojos del mencionado Secretario de Estado ni su expresión eran los de un negociador.
Lo que se ha hecho es plantear un presupuesto que quiere acabar con el movimiento estudiantil. Digámoslo francamente. Desea liquidarlo de una vez. Porque, si el Senado lo apoya, se terminó la esperanza que cientos y miles de jóvenes han devuelto a la ciudadanía, al 80 por ciento de chilenos que efectivamente está con la movilización y a todos aquellos que ganan menos de 750 mil pesos mensuales. El 83 por ciento de nuestros compatriotas percibe menos que esa cifra. Y para ellos los jóvenes han exigido gratuidad en las calles, se han tomado liceos y universidades y han arriesgado su año de estudio.
A quienes pudiera parecerles duro mi discurso, solo quiero mencionarles lo señalado por los rectores de las universidades estatales, en una declaración del 14 de octubre.
Ellos, en sesión extraordinaria y por acuerdo unánime, manifiestan la convicción de que la reforma de la educación superior planteada por los estudiantes y las comunidades universitarias, debe contener cambios estructurales y una decidida voluntad de fortalecer la educación pública.
Y añaden:
"En esta perspectiva creemos que el proyecto de presupuesto 2012 presentado por el Ejecutivo representa una política que no considera incrementos permanentes en educación superior, porque no tienen una mirada de largo plazo. Nos preocupa que el Fondo de Educación no tenga carácter permanente.
"El proyecto de ley de presupuesto profundiza la mercantilización y privatización del sistema a través de mecanismos de financiamiento competitivo, dirigido principalmente a la demanda, y a soportar un sistema de créditos que continuará traspasando recursos a la banca privada y no a las instituciones de educación superior, ni mucho menos a los estudiantes. El discurso del Gobierno, sobre su real preocupación por la educación superior pública no se condice con la realidad de este proyecto de ley de presupuestos 2012.".
Así de duros y claros son los rectores.
Es más, algunos párrafos me llaman profundamente la atención, porque dicen lo siguiente:
"No compartimos las presiones indebidas que el gobierno está ejerciendo sobre nuestras universidades, a través de la condicionalidad de las becas y de la retención de los aportes directos, comprometidos por ley.".
"Estamos convencidos que la resolución del conflicto no se alcanzará con presiones y amenazas.".
¡Los rectores de las universidades chilenas denuncian a este Gobierno de que han sido amenazados! Esa es la forma en que actúa el Ministro . Con amenazas. Eso es lo que declaran los rectores de las universidades públicas. Y proponen un diálogo para establecer las propuestas a nivel nacional.
Señor Presidente, de igual modo, el proyecto de Ley de Presupuestos mantiene el crédito con aval del Estado (CAE) sin mayores modificaciones.
Desde 2006 a la fecha, ¿cuánto les ha reportado el CAE en ganancias a los bancos intermediarios? 400 millones de dólares. Y el Estado ha comprado el 41 por ciento de los créditos cursados. Dichas ganancias brutas equivalen al 20 por ciento de los aproximadamente dos mil millones de dólares colocados a los estudiantes por concepto de CAE hasta el momento. Sin embargo, considerando la recompra del Banco del Estado, la banca ha aportado solo unos mil 200 millones de dólares. Por lo tanto, las ganancias brutas hasta ahora equivalen a un tercio del capital aportado por aquella. ¡No está mal!
O sea, han hecho de esto un verdadero negocio. Por cierto, hay responsabilidad de los Gobiernos anteriores. Pero la actual Administración, que criticó duramente el CAE, hoy lo mantiene.
A ello debe agregarse que, aparte de seguir endeudando a los estudiantes en 800 millones de dólares anuales y consumir el 30 por ciento del Presupuesto de educación superior de 2012, casi todos los CAE van a instituciones de educación superior privada y la mitad a solo tres de ellas, las que, por cierto, persiguen fines de lucro.
Señor Presidente , al Gobierno le asiste la obligación de establecer claridad respecto al destino de los recursos extraordinarios para afrontar las consecuencias del terremoto y del tsunami y también de los gastos corrientes. Y no lo hace, porque no quiere. Estamos ante un Presupuesto críptico.
Todos los especialistas han concordado en que el Presupuesto se presenta por pedazos y que el del 2011 ha tenido una pésima ejecución.
El Gobierno, a agosto de 2011, solo ha hecho efectivo el 45 por ciento del total de la inversión pública del Presupuesto. Si se compara esta cifra con el 60 por ciento promedio ejecutado en los años 2006 a 2009, llegamos a que efectivamente esta Administración no sabe gastar la plata. Los gobiernos regionales, según lo informado por el propio Ejecutivo , han realizado a agosto el 51 por ciento de la inversión. Es decir, estamos frente a una ineficiencia en el gasto y frente a una focalización en el sector privado.
El Presupuesto para el próximo año es un suicidio asistido para las corporaciones municipales de educación, es decir, para la educación pública que ofrecen los municipios.
Yo no sé en qué mundo vive el Ministro . Se lo señalé el otro día. Esto es una burla.
Aquí se quebró la mesa de diálogo. Y si la Oposición aprueba este Presupuesto, habremos sido cómplices de una situación inaceptable.
Espero que la fuerza contraria al Gobierno haga su pega y plantee alternativas. El Senador Quintana lo mencionó en su intervención: aquí la focalización de recursos no aumenta para la educación pública, y se centra en lo privado.
Y respecto de lo que venía mencionando, la Senadora señora Von Baer señala minuto a minuto en la Subcomisión: "Más becas, más becas".
¡No sirven las becas!
Queremos aportes basales y que el 80 por ciento de los jóvenes estudien de manera gratuita, porque sus padres no están en condiciones de pagar su educación, pues los aranceles de las universidades, como sostiene un estudio de la radio Bío-Bío, entre los años 1989 y 2011, han subido 194 por ciento por sobre el IPC.
Solo a modo de ejemplo, en 1989 la carrera de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile costaba 359 mil 500 pesos anuales. Con el incremento del IPC debería alcanzar un valor de un millón 789 mil 985 pesos. Sin embargo, dicha casa de estudios está cobrando 5 millones de pesos.
Por tanto, no sirven las becas, porque no hay equivalencia entre el arancel referencial, es decir, la beca, y el precio real. Por consiguiente, los estudiantes se endeudan igual.
Señor Presidente , solicito que se oficie al Ministerio de Educación a fin de que informe, con exactitud, cuáles son los aportes del Estado para el CAE; cuál es la proyección de las ganancias de los bancos por su intermediación para 2012 -según el Presupuesto que se está ejecutando-; qué control de aranceles desarrolla la Cartera para tener una relación real de las becas que hoy se ofrecen, y, en especial, en qué se van a gastar los recursos que han quedado sin asignar en el Presupuesto.
Solicito lo anterior en esta instancia, porque en la Comisión respectiva pediré que se profundice en el análisis de varios asuntos.
Lo más importante es saber lo relativo al CAE y al arancel referencial que se fijará para 2012, con el objeto de entender exactamente de qué estamos hablando.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor QUINTANA ( Presidente accidental ).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:1.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO
I. Ámbito Internacional Del Derecho Humano al Agua.
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑOR BIANCHI, SEÑORA PÉREZ (DOÑA LILY) Y SEÑORES GIRARDI, HORVATH Y TUMA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE DERECHO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE (8000-09)
El agua es esencial para la vida humana, para la salud básica y para la supervivencia, así como para la producción de alimentos y para todas las actividades económicas que se desarrollan por el hombre.
En estos tiempos en que nos enfrentamos a una emergencia global en la cual más de mil millones de personas carecen de acceso al suministro básico de agua potable y más de dos mil millones no tienen acceso a un saneamiento adecuado, siendo este hecho la causa primaria de enfermedades relacionadas con el agua, ha ido tomando fuerza en el ámbito internacional el reconocimiento del agua como derecho humano, para así dar un paso importante en cuanto a abordar el desafío de brindar a la población el elemento más básico de la vida.
Un tema recurrente en el debate sobre el agua como derecho humano ha sido reconocer que el agua es una condición necesaria para todos nuestros derechos humanos. Se sostiene que sin el acceso equitativo a un requerimiento mínimo de agua potable, serían inalcanzables otros derechos establecidos -como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, así como los derechos civiles y políticos. Comúnmente se piensa que el lenguaje de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ha constituido el cimiento para declaraciones posteriores, no estuvo destinado a incluir todo, sino más bien a reflejar los componentes de un nivel de vida adecuado. La exclusión del agua como un derecho explícito se debió sobre todo a su naturaleza -al igual que el aire- fue considerada tan fundamental que se creyó innecesaria su inclusión explícita.
Es por esto que en los últimos tiempos han surgido políticas que han realizado un llamamiento para que se reconozca el agua como un derecho humano y como un paso esencial para asegurar que se lleven a cabo acciones en nombre de aquellos que carecen de acceso a suministros de agua potable. La obligación legal proveniente de dicho reconocimiento motivaría a los gobiernos de los países en vías de desarrollo, y de los países donantes, a realizar cambios efectivos en las políticas internas y de ayuda y en la asignación de los recursos, así como a brindar a los grupos de ciudadanos bases sólidas sobre las cuales puedan ejercer presión sobre los gobiernos.
El derecho humano al agua es el derecho de todos: disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico, esto tiene como consecuencia necesaria que:
1- El agua es un bien común de la humanidad, perteneciente a todos los organismos vivientes.
2- El acceso al agua es un derecho humano y social, individual y colectivo.
A principios de la década de los 70, una serie de conferencias internacionales sobre agua y medio ambiente abordaron el tema del acceso a los recursos básicos y los derechos al agua. La revolucionaria Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua llevada a cabo en Mar del Plata en 1977, acordó que todos los pueblos tienen derecho al acceso al agua potable para satisfacer sus necesidades básicas. La Declaración de 1986 sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de la ONU, incluye un compromiso por parte de los Estados de asegurar la igualdad de oportunidades para todos para disfrutar de los recursos básicos. La Declaración implícitamente incluye el agua como un recurso básico, al afirmar que las condiciones persistentes de subdesarrollo en las cuales a millones de seres humanos "se les niega del acceso a recursos esenciales tales como alimento, agua, vestido, vivienda y medicinas en proporciones adecuadas representan una flagrante violación masiva de los derechos humanos.
El concepto de satisfacer las necesidades básicas de agua se fortaleció aún más durante la Cumbre de la Tierra de 1992, en Río de Janeiro, y se expandió al incluir las necesidades ecológicas. En la Agenda 21, los gobiernos acordaron que al desarrollar y usar los recursos hídricos, debe darse prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas y a la conservación de los ecosistemas. Más allá de estos requerimientos, a los usuarios del agua se les debe cobrar adecuadamente por este recurso.
De igual forma, en el Plan de Implementación adoptado en la Cumbre de Johannesburgo de 2002, los gobiernos se comprometieron a emplear todos los instrumentos de políticas, incluyendo la regulación, el control y la recuperación de costos de los servicios de agua, sin que los objetivos de recuperación de costos se conviertan en una barrera para el acceso de la gente pobre al agua limpia.
En virtud de esto se han emitido numerosas resoluciones de organismos internacionales que reconocen los principios mencionados precedentemente; así por ejemplo, en 1995 se interpreta la existencia del agua como derecho humano por interpretación en la Observación General N° 6 en el 13° período de sesiones del Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - CPIDESC de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde se establece que: "Las personas mayores de edad deberán tener acceso a la alimentación, agua, vivienda, vestuario y atención de salud adecuada mediante la provisión de ingresos, el apoyo de sus familias y de la comunidad y su propia autosuficiencia".
De la misma manera el año 2002 en la Observación General N° 15 sobre la aplicación del Art. 11 y Art. 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales el CPIDESC de la ONU en el 29° período de sesiones interpreta incorporar como uno de los factores más importantes para una buena salud: el acceso al agua limpia para uso personal y doméstico; que es indispensable para llevar una vida digna, además de que el derecho al agua es pre-requisito para la realización de otros Derechos Humanos.
El 20 de Noviembre de 1981 fue adoptada la Convención Sobre los Derechos del Niño exigiéndose en el párrafo 2 del Art. 24, inciso c); a los Estados Partes que luchen contra las enfermedades y la malnutrición mediante "... el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable saludable".
El 3 de septiembre de 1981 entró en vigor la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer que en el Art. 14, párrafo 2 dispone que los Estado Partes asegurarán a las mujeres el derecho: "... a gozar condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas del abastecimiento de agua...".
II. Consecuencias inmediatas del reconocimiento del derecho humano al agua para nuestra legislación sanitaria.
Aunque estamos orgullosos de que nuestro país haya alcanzado un alto crecimiento en desarrollo humano y somos líderes en cuanto a desarrollo económico y servicios de agua, entre otras cosas, aún nuestro marco regulatorio en materia de servicio de agua no se ha esforzado lo suficiente como para asegurar el derecho humano al agua, en términos satisfactorios para nuestros ciudadanos. Resulta relevante precisar que el marco regulatorio actual no refleja apropiadamente el estado socio-económico permanente de una cantidad significativa de nuestros ciudadanos. Del 60% de los más pobres, el 20% no recibe subsidios por agua.
Ahora bien, nuestro país tiene que priorizar de qué manera práctica puede avanzar más respecto del derecho humano al agua y qué aspectos deben ser priorizados dentro de la toma de decisiones en torno a cómo a avanzar en el aseguramiento del derecho al agua para la población, a fin de que se aseguren para las personas condiciones mínimas de acceso y disponibilidad del recurso agua.
a) -. No Cortar El Agua
Se encuentran pocas instancias (Brasil y Bélgica en particular) donde hay legislación o jurisprudencia que asegurar una cantidad mínima y continua (sin corte y/o gratis) de agua para sus ciudadanos1. Bien conocido es el hecho que el agua se pueda considerar tanto por sus aspectos económicos como por sus aspectos culturales. Pues, una opción práctica, entre otras, es fortalecer el marco de regulación en materia de corte de suministro.
Como el agua podría considerarse un "pre-requisito" para la realización de otros derechos humanos (como el derecho a la vida, la salud, a vivir en un ambiente saludable, etc.), creemos que la ley actual no es apropiada en materia del derecho humano al agua. La actual ley de servicios sanitarios, Decreto con Fuerza de Ley número 382 de 1988, señala el siguiente:
Las empresas sanitarias tiene derechos a:
Suspender, previo aviso de "15 días" los servicios a los clientes que adeudan una o más cuentas y cobrar el costo de la suspensión y de la reposición correspondiente."
De acuerdo con la ley, una empresa puede interrumpir el suministro de agua por el atraso de sólo "una cuenta" (es decir un mes) sin consideración de:
(1) Las circunstancias "económicas" y "físicas" del cliente y/o
(2) el monto de la deuda.
Por ejemplo, una deuda puede ser de $10.000 y las empresas sanitarias tienen el derecho de cortar el servicio; ello no se corresponde con circunstancia reales en cantidad significativa de ciudadanos a lo largo de nuestro país.
Si la empresa corta el agua o no es un tema aparte. El punto clave es el derecho que se les confiere en términos tan rigurosos y poco flexibles. A todas luces, el tiempo de un mes (sólo una cuenta) y por un monto tan bajo parece poco razonable cuando se trata de un derecho humano, como el agua.
Por justicia y respeto de los derechos humanos, la comunidad internacional ha dado pasos que se alejan de nuestra legislación en materia de servicios de agua. Por ello, planteamos las siguientes sugerencias para introducir a Chile en el movimiento internacional que asegura la mayor protección posible y práctica del derecho humano al agua:
(1) Legislar para que se requiera una autorización judicial previa para cortar agua; y/o
(2) Ampliar el plazo que debe otorgar una empresa antes de enviar el aviso de corte
(3) Legislar para que las empresas acepten pagos parciales de las cuentas, hasta un punto razonable.
Muchas veces las empresas sanitarias de acuerdo a sus políticas de atención, permiten que algunos clientes paguen en forma parcial sus obligaciones, dentro de procesos de reprogramación, pero ello no es una obligación legal. Es más, la práctica de las sanitarias es ofrecer convenios de pago después de que se ha cortado el suministro, con lo cual el convenio resulta más oneroso para el cliente dado que debe reprogramar sobre un saldo que ahora incluye cargos por corte y reposición de suministro. En este estadio de la relación, el no pago de una cuota del convenio deriva en un corte inmediato, en un círculo vicioso de sobreendeudamiento y carencia del vital elemento.
Además, las deudas y los incumplimientos en los pagos anulan el otorgamiento del subsidio estatal que se haya otorgado a esa familia, de acuerdo a la calificación socioeconómica que las haya acreditado como beneficiarios de estas ayudas.
b) . Cobros por los gastos en corte y reposición del suministro de agua
Otro aspecto sensible en cuanto al acceso al agua, dice relación con el derecho de la empresa sanitaria establecido en el mismo artículo 36 de la ley de servicios sanitarios para hacer de cargo del usuario los costos de corte y reposición del servicio en caso de incumplimiento. Este derecho consagrado legalmente constituye una gran carga para muchos deudores, quienes encuentran además de su deuda por consumo un cobro adicional en sus cuentas, que en definitiva dificulta más aún la posibilidad de regularizar cualquier situación de morosidad.
Esta posibilidad de hacer de cargo del deudor los costos que signifiquen para la empresa el cobro forzado de la obligación, resultan del todo excepcionales en nuestro país, puesto que la regla general es que los costos que signifiquen la ejecución forzada de la obligación deban ser costeados por el acreedor.
Es por esto que creemos necesario, a lo menos morigerar de alguna forma estos cobros que se realizan, de manera que por lo menos se compartan en términos más equitativos entre usuario y empresa los gastos que signifiquen el cobro de una deuda por consumo de agua , en virtud de las consideraciones anteriores es que vengo en presentar el siguiente:
Proyecto de ley
Artículo 1°. Modifíquese el Decreto con Fuerza de Ley número 382 de 1988 en la forma que indica:
1.- Agregue en el artículo 35 el siguiente inciso final nuevo:
Sin perjuicio de lo anterior, el prestador deberá siempre mantener una relación con el usuario que tenga en consideración el carácter del agua como un derecho humano insustituible y básico, dando según cada caso en particular, un trato que permita mantener un continuo e ininterrumpido acceso al servicio, otorgándose todas las facilidades que sean necesarias para el pago de deudas por cuentas atrasadas, y manteniendo siempre un mínimo de suministro asegurado, cualquiera sea la circunstancia de morosidad que afecte al usuario.
2.- Reemplázase el artículo 36 letra d por lo siguiente:
d) Suspender en forma parcial, previa autorización judicial, y dando un aviso no menor a 20 días, los servicios a usuarios que adeuden dos o más cuentas. Sin perjuicio de ello el prestador siempre deberá asegurar un abastecimiento mínimo definido por el reglamento respectivo.
3.- Agréguese al final del artículo 36 bis la siguiente frase:
Igualmente será obligación de los concesionarios otorgar a sus deudores acuerdos de pago que permitan renegociar deudas vencidas, considerándose en esta negociación todas las circunstancias económicas y sociales que afecten al deudor usuario.
4.- En el artículo 38 sustitúyase la expresión “seis meses” por “un año”.
(Fdo.): Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Lily Pérez San Martín, Senadora.- Guido Girardi Lavín, Senador.- Antonio Horvath Kiss, Senador.- Eugenio Tuma Zedan, Senador.
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES LETELIER, GARCÍA, GIRARDI, SABAG Y TUMA, CON LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE REGULARIZA LA CONSTRUCCIÓN Y POSESIÓN DE BIENES RAÍCES DE ENTIDADES RELIGIOSAS (8001-14)
En diversos momentos la realidad nacional ha puesto de manifiesto la conveniencia de establecer leyes temporales que permitan llevar a situación de regularidad estados de hecho consolidados en materia de edificaciones que perfectamente pueden ser confirmadas, y que, de someterse a un extremo rigor formal, estarían condenadas a la ilegalidad.
Este remedio legal ha permitido regularizar viviendas sociales, instalaciones deportivas y de salud, inmuebles destinados a microempresas y equipamiento social, entre otros.
No es un secreto la disparidad en el tratamiento que hasta hace poco existió respecto de las diversas entidades religiosas existentes en nuestro país.
La libertad de religión se encuentra consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Constitución Política de la República y en la Ley N° 19.638, que establece normas sobre la constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas, la que resultó un hito importante en el establecimiento de la igualdad de trato a las diversas entidades religiosas.
Corresponde hacerse cargo hoy de una realidad incontrovertible: por una parte, la existencia de edificaciones destinadas al culto religioso y construcciones anexas que, construidas y/o poseídas por entidades a que se refiere la Ley N° 19.638, no han podido ser regularizadas y, por otra parte, la falta de un instrumento legal vigente que permita remediar esa problemática, a través de un procedimiento simplificado y dentro de un plazo determinado.
Sin perjuicio de la relevancia nacional del proyecto que se presenta, es de justicia destacar que esta iniciativa intenta recoger las legítimas aspiraciones que han hecho presente representantes de las iglesias evangélicas de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, en especial los señores José Mateluna Berríos, Enrique Caro, José Patricio Ugalde, Manuel Segundo Millahuala, Javier Espinoza, Darío Morales, entre otros.
De acuerdo a los fundamentos expuestos, vengo en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Las entidades religiosas cuyas edificaciones destinadas al culto y/o sus anexos que hayan sido construidos con o sin permiso de edificación, y que no cuenten con recepción definitiva, o que hayan materializado de hecho el cambio de destino de los inmuebles existentes en forma no concordante con los usos de suelo permitidos por los planes reguladores, o que no tengan la calidad de poseedores regulares de dichos inmuebles, podrán, dentro del plazo de un año, a contar desde la fecha de publicación de esta ley, regularizar su situación de acuerdo a las normas y al procedimiento simplificado que se señala más adelante.
Artículo 2º.- Podrán acogerse a la presente ley las edificaciones destinadas a culto y sus anexos, construidas con anterioridad a su publicación, que pertenezcan a entidades religiosas y/o personas jurídicas constituidas por éstas de conformidad con la Ley N° 19.638.
Asimismo, podrán acogerse a las disposiciones de esta ley las entidades religiosas que no hubieren regularizado su constitución legal de conformidad con la ley N° 19.638.
Artículo 3°.- Para la regularización de edificaciones a que se refiere la presente ley, sólo serán de aplicación las disposiciones de los planes reguladores y las normas técnicas que se indican a continuación:
a) Disposiciones de los planes reguladores referidas a zonas de riesgo o protección. Esta limitación sólo se aplicará a la parte del inmueble que se encuentre afectado por algunas de las áreas o declaratorias señaladas. Con todo, en las áreas de riesgo se podrán regularizar construcciones, siempre que se acompañe un informe de un profesional especialista, aprobado por el organismo competente, que dé cuenta de las acciones y obras desarrolladas para mitigar los riesgos.
b) Normas técnicas de habitabilidad, seguridad, estabilidad y de las instalaciones interiores de electricidad, y, cuando corresponda, de agua potable, alcantarillado y gas.
El cumplimiento de dichas disposiciones y normas será certificado sólo por el profesional competente que suscriba la solicitud del permiso de edificación y de recepción de obras.
Artículo 4°.- Para efectos de la regularización, los interesados deberán presentar una solicitud ante la Dirección de Obras Municipales respectiva, acompañada de los siguientes documentos:
a) Croquis de ubicación a escala 1:500.
b) Planos de arquitectura elaborados por un profesional competente a escala 1:50, salvo que el Director de Obras Municipales autorice una escala distinta.
c) Especificaciones técnicas resumidas.
Tratándose de inmuebles cuya superficie total edificada no sea superior a cien metros cuadrados, sólo deberán adjuntarse a la solicitud las especificaciones técnicas resumidas y un croquis a mano alzada, que deberá realizarse en una hoja cuadriculada que indique las medidas.
Artículo 5º.- En lo referido a la aplicación de esta ley, los funcionarios municipales quedarán exentos de lo dispuesto en el artículo 22 del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones, sobre responsabilidad de los funcionarios.
Artículo 6°.- Para efectos de esta ley, se entiende por regularización el acto administrativo del Director de Obras Municipales por el cual se otorga simultáneamente el permiso de edificación y la recepción final de la edificación.
Admitido a tramitación el expediente de regularización se suspenderán todas las acciones contra el propietario vinculadas con el proceso de regularización.
Artículo 7°.- Los profesionales a que se refiere esta ley, son aquellos señalados como tales en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Artículo 8º.- Modifícase el Decreto Ley N° 2695 de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, de la manera que se expresa:
Intercálese, como nuevo inciso segundo al artículo 1°, el siguiente:
“Asimismo, si el poseedor material del bien rural o urbano a que se refiere el inciso precedente fuere una entidad religiosa conforme lo enunciado en el artículo 5° de la ley N° 19.638, podrá solicitar el reconocimiento de la calidad de poseedor regular a los fines indicados, sea cual fuere el avalúo fiscal del inmueble.”.
Artículo 9°.- En el supuesto que prevé el artículo precedente, el plazo establecido en el artículo 1° comenzará a contarse a partir de la inscripción de la respectiva resolución en el correspondiente Conservador de Bienes Raíces.
(Fdo.): Juan Pablo Letelier Morel, Senador.- José García Ruminot, Senador.- Guido Girardi Lavín, Senador.- Hosaín Sabag Castillo, Senador.- Eugenio Tuma Zedan, Senador.