Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDOS DE COMITÉS
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
DEROGACIÓN DE DERECHO PREFERENTE COMO CRITERIO PARA RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO DE PERMISO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- DEBATE
-
AUTORIZACIÓN DE DESCUENTOS DE REMUNERACIONES DESTINADOS A COOPERATIVAS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
- INTERVENCIÓN : Ximena Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Jorge Pizarro Soto
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Carlos Anibal Larrain Pena
- DEBATE
-
BENEFICIOS Y PUBLICIDAD CON RELACIÓN A PROYECTOS EN PROCESO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Carlos Anibal Larrain Pena
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : Guido Girardi Lavin
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- DEBATE
-
DEROGACIÓN DE DERECHO PREFERENTE COMO CRITERIO PARA RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO DE PERMISO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Lily Perez San Martin
- PETICIÓN DE OFICIO : Lily Perez San Martin
- PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Rincon Gonzalez
- PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Rincon Gonzalez
- PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Rincon Gonzalez
- PETICIÓN DE OFICIO : Patricio Walker Prieto
- PETICIÓN DE OFICIO : Patricio Walker Prieto
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESION
- 13. PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑOR ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), SEÑORAS ALLENDE, ALVEAR Y RINCÓN Y SEÑORES BIANCHI, CANTERO, ESCALONA, FREI (DON EDUARDO), GIRARDI, GÓMEZ, LAGOS LETELIER, MUÑOZ ABURTO, NAVARRO, PIZARRO, QUINTANA, ROSSI, RUIZ-ESQUIDE, SABAG, TUMA, WALKER (DON IGNACIO), Y WALKER (DON PATRICIO), SOBRE CREACIÓN DE COMISIÓN BICAMERAL PARA ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA (S 1411-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- Maria Isabel Allende Bussi
- Maria Soledad Alvear Valenzuela
- Ximena Rincon Gonzalez
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- Carlos Cantero Ojeda
- Camilo Escalona Medina
- Eduardo Frei Ruiz-tagle
- Guido Girardi Lavin
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- Ricardo Lagos Weber
- Juan Pablo Letelier Morel
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Alejandro Navarro Brain
- Jorge Pizarro Soto
- Jaime Quintana Leal
- Fulvio Rossi Ciocca
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- Hosain Sabag Castillo
- Eugenio Tuma Zedan
- Ignacio Walker Prieto
- Patricio Walker Prieto
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- 13. PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑOR ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), SEÑORAS ALLENDE, ALVEAR Y RINCÓN Y SEÑORES BIANCHI, CANTERO, ESCALONA, FREI (DON EDUARDO), GIRARDI, GÓMEZ, LAGOS LETELIER, MUÑOZ ABURTO, NAVARRO, PIZARRO, QUINTANA, ROSSI, RUIZ-ESQUIDE, SABAG, TUMA, WALKER (DON IGNACIO), Y WALKER (DON PATRICIO), SOBRE CREACIÓN DE COMISIÓN BICAMERAL PARA ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA (S 1411-12)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 359ª
Sesión 56ª, en martes 27 de septiembre de 2011
Ordinaria
(De 16:2 a 18:13)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GUIDO GIRARDI LAVÍN, PRESIDENTE;
JUAN PABLO LETELIER MOREL, VICEPRESIDENTE,
Y ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
Acuerdos de Comités.................................¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones derogando el derecho preferente a que se refiere el artículo 13 C) (7617-15) (queda aplazada la votación)...........................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que autoriza descuentos de remuneraciones destinados a cooperativas (6991-13) (se aprueba en general)..........
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre beneficios y publicidad respecto de proyectos en proceso de calificación ambiental (7552-12) (se aprueba en general)..........................................................................
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia , señor Cristián Larroulet Vignau, y de Transportes y Telecomunicaciones, señor Pedro Errázuriz Domínguez.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario , el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:2, en presencia de 31 señores Senadores.
El señor GIRARDI (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 52ª, ordinaria, 53ª, especial, y 54ª, ordinaria, en 13 y 14 de septiembre del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor GIRARDI (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Tres de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero da inicio a un proyecto de ley sobre fomento de la pesca artesanal, Comisión Nacional de Acuicultura y Consejos Zonales de Pesca (boletín N° 7.947-03).
--Pasa a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y a la de Hacienda, en su caso.
Con el segundo retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificada de "discusión inmediata", en relación con el proyecto de ley en materia de duración del descanso de maternidad (boletín N° 7.526-13).
Con el tercero retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificada de "suma", respecto de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto de reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas de Chile (boletines N°s 5.324-07 y 5.522-07, refundidos).
2.- Proyecto que modifica el Código Orgánico de Tribunales y la ley N° 19.665, en las materias que indica (boletín N° 6.244-07).
3.- Proyecto de ley sobre responsabilidad por daños ocasionados por animales potencialmente peligrosos (boletín N° 6.499-11).
4.- Proyecto de ley que regula el tratamiento tributario de los instrumentos derivados (boletín N° 7.194-05).
5.- Proyecto de ley que autoriza el levantamiento del secreto bancario en investigaciones de lavado de activos (boletín N° 4.426-07).
6.- Proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre (boletín N° 6.190-19).
7.- Proyecto de ley que moderniza y fomenta la competencia del sistema financiero (boletín N° 7.440-05).
8.- Proyecto de ley sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones (boletín N° 7.338-07).
9.- Proyecto de ley sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad (boletín Nº 4.921-11).
10.- Proyecto que modifica la ley N° 19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, con el objeto de promover las presentaciones de música en vivo (boletín Nº 7.449-11).
11.- Proyecto de ley que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece registro de dichas inhabilidades (boletín N° 6.952-07).
12.- Proyecto de ley relativo a las facultades de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones para practicar, sin orden previa, las primeras diligencias de investigación de un delito (boletín N° 7.050-07).
13.- Proyecto que modifica la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad (boletín N° 5.838-07).
14.- Proyecto de ley que crea el Tribunal Ambiental (boletín N° 6.747-12).
15.- Proyecto de ley que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales (boletín N° 7.328-03).
16.- Proyecto de ley que fomenta el mercado de cruceros turísticos (boletines N°s 7.528-06 y 7.285-06, refundidos).
17.- Proyecto de ley que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos (boletín Nº 7.689-07).
18.- Proyecto de ley que regula el contrato de seguro (Boletín N° 5.185-03).
19.- Proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, suscrito en Caracas el 11 de noviembre de 1989 (boletín N° 6.152-10).
20.- Proyecto de ley sobre otorgamiento y uso de licencias médicas (boletín N° 6.811-11).
21.- Proyecto que modifica la ley N° 20.241, que establece un incentivo tributario a la inversión privada en investigación y desarrollo (boletín N° 7.503-19).
22.- Proyecto de ley sobre derechos de empaquetadores de supermercados u otros establecimientos comerciales (boletín N° 7.592-13).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia el Presidente de la República:
Comunica su ausencia del territorio nacional entre los días 20 y 24 de septiembre del año en curso para participar en el Sexagésimo Sexto Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, y realizar una visita de trabajo al Estado de Massachusetts.
Informa, además, que durante ese lapso será subrogado, con el título de Vicepresidente de la República , por el Ministro titular de la Cartera del Interior y Seguridad Pública, señor Rodrigo Hinzpeter Kirberg.
--Se toma conocimiento.
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que prestó su aprobación, con las enmiendas que indica, al proyecto de ley en materia de duración del descanso de maternidad, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (boletín N° 7.526-13).
--Pasa a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud, unidas.
Con el segundo comunica que aprobó el proyecto de ley que mejora la fiscalización para la prevención del delito de abigeato, con urgencia calificada de "suma" (boletín Nº 7.411-01).
--Pasa a la Comisión de Agricultura.
Con el tercero expresa que acordó designar a los miembros de la Comisión de Hacienda de dicha Corporación para que integren la Comisión Especial Mixta que deberá informar el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2012.
--Se toma conocimiento y se remite el documento a la referida Comisión Especial Mixta.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Remite copia autorizada de las sentencias definitivas dictadas en el ejercicio del control de constitucionalidad de los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley que crea el Ministerio de Desarrollo Social (boletín N° 7.196-06).
2.- Proyecto de ley relativo al procedimiento aplicable para la protección del interés colectivo o difuso de los consumidores (boletín N° 7.256-03).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República.
Por otra parte, envía copia autorizada de las resoluciones dictadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 206 del Código Civil; 5° transitorio de la ley N° 19.585; 207, letra b), del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.290; 43 de la ley N° 19.966; 6°, letra b), N° 6°, 53, 115, 120, 125, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141 y 142 del Código Tributario; 19, letra b), del decreto con fuerza de ley N° 7, de 1980, Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos; 70 del Código de Minería; 2° de la ley N° 19.573; 237 del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Defensa Nacional, de 1997, que establece el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, y en cuanto a la acción interpuesta en contra de Isapre Vida Tres S.A.
--Se toma conocimiento y se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública:
Responde oficio, remitido en nombre del Senador señor Cantero, referente a creación de comuna en sector Alto El Loa, Región de Antofagasta.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores:
Da respuesta a acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Senadores señor Navarro, señora Allende y señores Lagos, Muñoz Aburto y Quintana, relativo a ratificación del denominado "Protocolo de Nagoya" (boletín N° S 1.381-12).
De los señores Ministros de Relaciones Exteriores (s) y de Defensa Nacional:
Adjuntan, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley N° 19.067, informe semestral de situación de tropas nacionales que participan en operaciones de paz.
Del señor Ministro de Planificación :
Contesta petición, enviada en nombre del Senador señor Bianchi, para considerar factor territorial en Ficha de Protección Social.
Del señor Ministro de Justicia :
Da respuesta a oficio, cursado en nombre del Honorable señor Gómez, al que adhirieron los Senadores señores Quintana y Andrés Zaldívar, referido a problemas que ocasiona la aplicación de la ley N° 18.314, sobre conductas terroristas.
Del señor Ministro de Salud :
Contesta petición de información, remitida en nombre del Senador señor Horvath, relativa a avance de proyecto de reposición de hospital de Cochrane, Región de Aysén.
Responde oficio, enviado en nombre de la Senadora señora Rincón, en el cual solicita información respecto de obras en centros de salud familiar de Linares.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones:
Da respuesta a petición, remitida en nombre del Senador señor Muñoz Aburto, respecto a homologación de vehículos y equipos de gas en Regiones del país.
Del señor Subsecretario para las Fuerzas Armadas:
Responde solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Navarro, acerca de estudiantes de escuelas matrices de las Fuerzas Armadas que han hecho uso de crédito fiscal.
Del señor Subsecretario General de la Presidencia :
Acusa recibo de oficio, remitido en nombre del Senador señor Gómez, acerca de envío de proyecto de ley relativo a información y cobro de cotizaciones previsionales adeudadas.
Da respuesta a otro oficio enviado en nombre del Senador señor Gómez, donde solicita envío de proyecto de ley que condiciona nuevos reconocimientos oficiales a establecimientos educacionales.
Da respuesta a petición, dirigida en nombre del Senador señor Letelier, relativa a envío de proyecto de ley sobre regulación de concesiones de exploración minera.
Atiende oficio, cursado en nombre de los Senadores señores Bianchi, Chahuán, Horvath, Prokurica y Patricio Walker, sobre envío de proyecto de ley que aumente coberturas de salud para personal en retiro de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.
Contesta oficio, remitido en nombre de los Honorables señores Escalona, Eduardo Frei y Lagos, acerca de envío de proyecto de ley que cree agencia estatal para la administración del Crédito con Garantía Estatal.
Del señor Subsecretario de Pesca :
Responde oficio, dirigido en nombre de la Senadora señora Rincón, relativo a eventual cierre de Planta PESCAMAR, en Concepción.
De la señora Subsecretaria de Turismo:
Contesta oficio, enviado en nombre del Honorable señor Bianchi, respecto a desarrollo de proyectos turísticos en áreas silvestres protegidas.
De la señora Superintendenta de Servicios Sanitarios:
Responde solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Navarro, respecto del mecanismo para fijación de precio del agua, en especial en Región del Biobío.
Del señor Rector de la Universidad de Chile:
Contesta oficio, remitido en nombre del Senador señor Horvath, relativo a requisitos para obtener determinados títulos profesionales.
Del señor Jefe de Gabinete del señor Ministro de Hacienda:
Da respuesta a acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Honorables señores Chahuán, Bianchi y Sabag, sobre mejoramiento de condiciones de retiro de funcionarios públicos y docentes (boletín N° S 1.364-12).
Contesta oficio, enviado en nombre del Senador señor Horvath, respecto a medidas de control de plaga de roedores en Región de Aysén y provincia de Palena.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.248, de subvención escolar preferencial, con urgencia calificada de "suma" (boletín N° 7.187-04).
Segundo informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula el tratamiento tributario de los instrumentos derivados, con urgencia calificada de "suma" (boletín N° 7.194-05).
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos, con urgencia calificada de "suma" (boletín N° 7.689-07).
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.241, que establece un incentivo tributario a la inversión privada en investigación y desarrollo, con urgencia calificada de "suma" (boletín N° 7.503-19).
De la Comisión de Salud, recaído en tres proyectos de ley, en primer trámite constitucional, que despenalizan la interrupción del embarazo (boletines N°s 7.373-07, 6.522-11 y 6.591-11).
De la Comisión de Vivienda y Urbanismo, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, para la división de condominios de viviendas sociales (boletín N° 7.342-14).
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba el "Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Consejo Federal Suizo sobre el ejercicio de actividades remuneradas por parte de los familiares dependientes de miembros de las misiones diplomáticas, representaciones consulares y misiones permanentes", suscrito en Santiago, Chile, el 16 de marzo de 2011 (boletín N° 7.775-10).
De la Comisión de Economía, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Tuma, Bianchi, Escalona, Letelier y Andrés Zaldívar, en primer trámite constitucional, sobre interés máximo convencional (boletín N° 7.786-03).
--Quedan para tabla.
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señor Andrés Zaldívar, señoras Allende, Alvear y Rincón y señores Bianchi, Cantero, Escalona, Eduardo Frei, Girardi, Gómez, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker, sobre creación de Comisión Bicameral para estudio de anteproyecto de nueva Constitución Política (boletín Nº S 1.411-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Los Comités, en sesión del día de hoy, adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:
1) Abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones respecto de los siguientes asuntos:
-Proyecto de ley que crea juzgados de policía local en comunas que indica (boletín N° 5.906-07), hasta las 13 del lunes 3 de octubre, en la Secretaría de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
-Proyecto de ley que facilita el cobro del seguro de desempleo y los seguros de cesantía involuntaria asociados a créditos de consumo (boletín N° 6.749-13), hasta las 13 del lunes 17 de octubre, en la Secretaría de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
2) Reducir hasta el lunes 3 de octubre, a las 13, el plazo fijado para formular indicaciones al proyecto de ley que moderniza y fomenta la competencia del sistema financiero (boletín N° 7.440-05).
3) Autorizar a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud, unidas, para que sesionen hoy en forma simultánea con la Sala, a partir de las 17 y hasta las 18:30, para pronunciarse sobre las enmiendas introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley en materia de duración del descanso de maternidad (boletín N° 7.526-13), y colocar dicha iniciativa en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana miércoles 28.
4) Tratar en Fácil Despacho de la sesión ordinaria de mañana el proyecto de ley que regula el tratamiento tributario de los instrumentos derivados (boletín N° 7.194-05).
5) Eximir del trámite de Comisión e incorporar en el Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, una vez que se haya dado cuenta de su despacho por parte de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que modifica el artículo vigésimo transitorio de la ley N° 20.501 (boletín N° 7.948-04).
V. ORDEN DEL DÍA
DEROGACIÓN DE DERECHO PREFERENTE COMO CRITERIO PARA RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO DE PERMISO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, derogando el derecho preferente a que se refiere el artículo 13 C, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7617-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 46ª, en 30 de agosto de 2011.
Informe de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 51ª, en 7 de septiembre de 2011.
Discusión:
Sesión 54ª, en 14 de septiembre de 2011 (queda para segunda discusión).
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Cabe recordar que en sesión del 14 de septiembre pasado el Comité Independientes solicitó segunda discusión para el proyecto.
El objetivo principal de la iniciativa es derogar el derecho preferente como criterio para resolver la adjudicación o el otorgamiento de un permiso de servicios de telecomunicaciones.
Dicho criterio se reemplaza por la adjudicación al postulante cuyo proyecto ofrezca las mejores condiciones técnicas. Si dos de ellos presentan igualdad de condiciones, se resolverá mediante licitación.
La Comisión discutió el presente proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y le dio su aprobación por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Chahuán, Pizarro, Prokurica y Novoa, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente , el proyecto de ley en debate tiene por objeto reemplazar el actual inciso segundo del artículo 13 C de la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, derogando el denominado derecho preferente como criterio para resolver la adjudicación o el otorgamiento de un permiso de servicios de telecomunicaciones, en caso de que hubiese dos o más peticionarios en igualdad de condiciones.
En la experiencia práctica, la norma no se aplica ni a las concesiones de radio ni de televisión, porque hablamos de 4G, algo que actualmente no existe.
Transcurridos más de 16 años de vigencia de la norma y con múltiples procesos concursales de este espacio radioeléctrico en que se ha dado aplicación práctica al precepto, ninguno de ellos aporta evidencia que permita afirmar que se ha cumplido el objetivo pretendido: innovación o investigación.
Por el contrario, el reconocimiento de los derechos preferentes, lejos de fomentar el desarrollo de las telecomunicaciones, ha sido fuente de conflictividad y judicialización en el sector. Además, esta materia es propicia para la realización de gestiones de orden especulativo por parte de las personas que piden este tipo de concesiones; porque, si se las otorgan, después las venden, generándose verdaderos mercados secundarios de tales derechos.
En consecuencia, se trata de una iniciativa bien encaminada, y hay que aprobarla.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente , en el mismo sentido señalado por el Senador Prokurica, el proyecto en comento, que viene a modificar la ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, deroga el derecho preferente a que se refiere el artículo 13 C, el cual dice relación con la posibilidad de resolver la adjudicación u otorgamiento de un permiso para servicio de telecomunicaciones en caso de que hubiese dos o más peticionarios en igualdad de condiciones.
Ese derecho preferente se sustituye por la adjudicación al postulante cuyo proyecto ofrezca las mejores condiciones técnicas que aseguren una óptima transmisión o excelente servicio. Y, de existir dos o más postulantes en iguales condiciones, se resolvería mediante licitación.
Esta iniciativa se originó en una moción de los Diputados señores Gustavo Hasbún Selume , Hugo Gutiérrez Gálvez , Fernando Meza Moncada , Joaquín Tuma Zedan y señora María José Hoffmann Opazo , y fue aprobada en la Cámara Baja en forma unánime, por 84 votos a favor. Inició su trámite en el Senado el 30 de agosto de 2011, dándose cuenta en la sesión Nº 46, ordinaria, de la misma fecha, y pasó a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, que la acogió por 4 votos favorables.
En definitiva, queremos pedirles a los miembros de la Sala que aprueben el proyecto en discusión.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , aquí estamos hablando de servicios de telecomunicaciones: los que existen hoy y los que pueda generar mañana el desarrollo tecnológico.
Es evidente que lo establecido actualmente: un criterio de derecho preferente para adjudicar una concesión u otorgarles un permiso a quienes hayan efectuado postulaciones previas, constituye un pésimo sistema.
Entonces, concordamos con el Ejecutivo en cuanto a que en muchas concesiones existe especulación por parte de quienes postulan a servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión, como en el caso de los grupos que se organizan para pedir espacios o permisos con el objeto de traficar después con ellos, ya sea arrendándolos o vendiéndolos. Eso resulta bastante perverso.
Por ende, soy partidario de cambiar dicho sistema.
Sin embargo, no me gustan las consecuencias que se podrían producir con el mecanismo planteado. Entiendo que este obedece a necesidades específicas, o tal vez a que el Ministerio piensa en la realización de licitaciones concretas en el área de las telecomunicaciones dentro del corto plazo.
Respecto a una de esas necesidades -quizás los miembros de la Comisión puedan colaborar con nosotros en esta materia-, como la relativa al 4G, entiendo que habrá una licitación, y deseamos que ella sea transparente, a fin de que el proceso de búsqueda de quien se haga cargo de este tipo de concesión se lleve a cabo de la mejor forma posible.
Pero como el precepto en cuestión es permanente y, en general, para todos los concursos, existe el temor de que ocurra algo que no se desea: que la toma de decisiones se realice considerando solo los recursos económicos en caso de producirse un empate técnico, lo cual podría llevar a una sobreconcentración en pocas manos de la propiedad de las concesiones.
Me gustaría -el Ministro estaba en la Sala, pero imagino que tuvo que ausentarse para atender otra situación- que tal norma, que se desea dejar en forma definitiva, permitiera excepciones, ya que el avance de la tecnología puede posibilitar mañana concesiones a nivel regional y no quisiera que se repitieran situaciones ya ocurridas, como la generación de cadenas o especulaciones indebidas.
Señor Presidente , ya planteé tal inquietud la vez pasada. Me informé con más detalle acerca de cuál es la preocupación actual del Ejecutivo. Para enfrentar las concesiones y lo relativo a los servicios de 4G estamos contestes en que este mecanismo es, sin duda, mejor que el existente. Sin embargo, las repercusiones que puede acarrear en el futuro me preocupan sobremanera.
Por eso, me gustaría que alguien de la Comisión explicitara el punto. Porque, existiendo igualdad de condiciones, entendería que para el caso del 4G o durante los próximos 6 meses la asignación de una concesión se efectuara mediante licitación. Pero establecer que todos los procesos se decidan siempre considerando el monto de los recursos invertidos puede resultar muy perverso o generar una puerta de entrada indeseada en otros subsectores de servicios de telecomunicaciones.
Reitero -porque ahora se encuentra presente el Ministro - que comprendo que lo propuesto responde a una necesidad puntual del momento. Sobre eso no tengo inconveniente alguno. Pero fijarlo como sistema permanente me genera serias aprensiones.
En consecuencia, deseo que algún integrante del órgano técnico o el Ministro precise el punto, a fin de sacar un buen proyecto.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente , en la ocasión anterior en que analizamos esta iniciativa pedí segunda discusión, al tener legítimas dudas. Por eso, recién hablé con el señor Ministro para que nos aclare si, en el fondo, lo que se propone afectará o no a las radios, a los canales de televisión, fundamentalmente de Regiones.
Lo relativo al derecho preferente no es menor considerando a las pequeñas empresas existentes a lo largo del país versus el enorme negocio realizado por las cadenas transnacionales, que se apoderan absolutamente de todos los servicios de telecomunicaciones de nuestro territorio.
El artículo 13, en sus letras A, B, C, me deja la sensación de que también se abarcaría a las radios, a la televisión, principalmente -insisto- a nivel regional.
Estoy en contra de toda esa especulación; de todo ese negocio de venta, arrendamiento de concesiones efectuado por unos pocos, que, al contar con información privilegiada, terminan obteniendo grandes utilidades.
Me parece bien abordar tal materia. Pero encuentro inapropiado que no haya claridad sobre el particular.
En consecuencia, apoyaré la iniciativa siempre y cuando el Ministro nos aclare que no guarda relación alguna con las radios y la televisión. No hay mucho más que descubrir.
El artículo 13 A, B o C, en lo personal, me da la sensación de que sí tiene que ver con los medios de comunicación. Y de ahí que prefiero que dicho Secretario de Estado -si lo estima pertinente- responda a tal interrogante. De lo contrario, obviamente quedará la duda en cuanto al efecto negativo que esto podría producir en todos los medios de comunicación del país.
Nos encontramos frente a un derecho que posee valor. Las pequeñas empresas, las personas, fundamentalmente en Regiones, cuando invierten en una concesión lo hacen pensando en comprar ese legítimo derecho. Y no estoy de acuerdo en que lo pierdan por culpa de unos pocos inescrupulosos, sobre todo si les ha costado tanto mantenerlo en el tiempo y que para ellos representa un activo verdaderamente importante.
Así es que, señor Presidente , solo pido que el señor Ministro conteste mi consulta, a fin de despejar este manto de dudas con respecto a que lo propuesto puede conllevar, en definitiva, un efecto negativo para los medios de comunicación de todo Chile.
Gracias.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , he pedido copia del informe pertinente. Este proyecto se originó en una moción de los Diputados señores Hasbún , Gutiérrez , Meza , Tuma y señora Hoffmann. Se trata de una iniciativa con amplitud política.
Entre los fundamentos consignados en el informe se señala que, habiendo transcurrido más de 16 años de vigencia y siendo múltiples los procesos concursales en que se ha llevado a la práctica el precepto en cuestión, ninguno de ellos aporta evidencia que permita confirmar que se ha cumplido el objetivo pretendido y, por el contrario, los derechos preferentes, lejos de fomentar el desarrollo de las telecomunicaciones, han sido fuente de conflictividad, de judicialización en el sector y, a la vez, materia propicia para gestiones de orden especulativo.
Estamos debatiendo el proyecto de ley sobre televisión digital terrestre. Hoy en la mañana revisamos un conjunto importante de indicaciones relativas a qué va a pasar con el espectro electromagnético en materia de televisión digital. Y todavía no entramos en la discusión concerniente a si el Estado, tratándose de un bien nacional de uso público, cobrará por su utilización o si se mantendrá el privilegio de aquellos canales que obtuvieron su concesión de manera gratuita cuando pertenecían a universidades y no poseían fines de lucro, pero que se han convertido en instituciones que los persiguen claramente: Chilevisión; Canal 13, vendido al grupo Luksic. También se da el caso de Mega. Es un debate que aún se encuentra pendiente.
Creo que eliminar el derecho preferente, en particular acerca de las radios, necesariamente debe tener una contraparte. Si no va a haber derecho preferente en las concesiones para las radios de todos los tamaños, tampoco debiera existir en materia de televisión, con el objeto de lograr un equilibrio en el concepto del espectro.
Por lo tanto, el debate en las Comisiones unidas de Educación y de Transportes se anticipa con el presente proyecto. Porque lo que tenemos que discutir es, primero, si el Estado va a ejercer usufructo respecto de las concesiones, y segundo, si -entre comillas- se respetará el derecho preferente, histórico, de los concesionarios actuales.
Por consiguiente, la eliminación de tal derecho -podría entenderse que abre espacios, que genera mayor competitividad-, tratándose de concesiones en zonas extremas, en Regiones, y considerando que el modo de resolver será la licitación -porque siempre habrá dos propuestas; es cosa de concertarse-, provocará que no se defina por la necesaria amplitud, por la diversidad, sino mediante la licitación, es decir, por quien posea más lucas. Y está claro quién ganará esas licitaciones: la cadena nacional o internacional dispuesta a pagar más. Eso llevará obligadamente a que el que compre estos derechos -un bien nacional de uso público- pueda concentrarlos y lucrar con ellos.
El proyecto resulta insuficiente en sus alcances, porque se aplica a un solo elemento: la eliminación del derecho preferente. Se trata de una materia que debemos discutir, porque puede haber especulación y también mucho daño a causa de la concentración.
Nos encontramos frente a un debate muy incipiente, que requiere más amplitud.
Señor Presidente, tengo entendido que ya se pidió segunda discusión acerca de este proyecto.
El señor BIANCHI .- Sí. Yo lo hice.
El señor NAVARRO.- Si hubiera consenso en la Sala, se podría aplazar la votación. Lo solicito formalmente. Es posible, sí, efectuar el debate.
Planteo mi petición a fin de considerar todos los elementos antes de tomar una determinación. Porque veo que hay una discusión paralela con el mismo objetivo, tanto en la televisión digital como en el aspecto radioeléctrico, en este caso, las radios. Y si a nivel legislativo se va a adoptar un criterio, este debiera ser concordante, no dispar. De eliminarse el derecho preferente en las radios -espectro radioeléctrico-, tendría que hacerse lo mismo en el espectro electromagnético de la televisión digital.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor NAVARRO.- ¿Me concede un minuto para terminar, señor Presidente?
El señor GIRARDI (Presidente).- Puede continuar.
El señor NAVARRO.- Gracias.
En consecuencia, entendiendo que otros Senadores han planteado una inquietud similar, pido que continuemos hasta terminar el debate de la iniciativa, pero que se aplace su votación, y si es necesario, que regrese a la Comisión. Entiendo que se trata de la de Transportes y Telecomunicaciones, la misma en la que estamos discutiendo lo relativo a la televisión digital.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ERRÁZURIZ ( Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).- Señor Presidente , aquí, por causales completamente distintas, se apunta al mismo asunto: a si este artículo pretende referirse a los derechos preferentes en todos los ámbitos.
La iniciativa aborda algo muy sencillo. Específicamente, dice relación con los derechos en telecomunicaciones y se orienta a un desafío del país en orden a que exista la capacidad de licitar un espectro que no está siendo usado en la actualidad: el 4G.
Como antiguamente la gente pensaba que había una oportunidad de lucrar con derechos, estos se postularon. Pero no se utilizan. Necesitamos tener el espectro libre para que todos puedan postular en igualdad de condiciones. Por eso estamos planteando en este ámbito en particular -no entramos en la discusión de los derechos preferentes en radio o en televisión, completamente fuera del alcance del artículo en debate- la fijación de condiciones iguales y que, en la eventualidad de que proponentes que deseen usar este espectro lleguen empatados técnicamente, se proceda a una licitación.
Reitero: la iniciativa apunta a un espacio que no está siendo utilizado. No se trata de la radio ni de la televisión. Se persigue un proceso de transparencia que garantice que derechos especulativos pasados no abusen de una posición inadecuada a la hora de hacer uso del espectro futuro.
Muchas gracias.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Senador señor Navarro, ¿pidió aplazamiento de la votación?
El señor NAVARRO.- Sí, señor Presidente.
Se me informa que el proyecto posee urgencia, pero para los efectos pertinentes el señor Ministro se encuentra en la Sala.
Además, quiero señalarle al Secretario de Estado -tengo la mejor opinión de él- que, si vamos a llevar adelante el debate en esta discusión, yo ya tomé mi decisión en televisión digital, y promoveré la inexistencia de los derechos preferentes. Porque no veo por qué se va a discriminar en el tema de las radios y de la televisión. O sea, ni la Universidad Católica, ni la Universidad de Chile, ni todos los canales de televisión estarán en condiciones de reclamar derechos preferentes para mantener las concesiones y no postular en un concurso amplio, donde todos puedan participar.
Estamos instalando un punto que envía una señal. Si el Gobierno marca este hito y quiere que haya licitación y no derechos preferentes, entiendo que el Ministro estará en la misma posición respecto de la televisión digital. ¡No podría ser diferente! La coherencia y la razón así lo demandan.
En consecuencia, como no hemos contado con el tiempo suficiente para discutir la materia y las razones planteadas de manera breve por el Ministro no me parecen suficientes, he pedido aplazamiento de la votación, a fin de profundizar en estos temas.
La señora ALLENDE.- Me parece bien.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Entonces, quedaría aplazada la votación. De acuerdo al Reglamento, al Senador señor Navarro le asiste el derecho a efectuar dicha solicitud.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente , el Senador Navarro tiene todo el derecho a pedir aplazamiento de la votación. Pero deseo explicarle que la iniciativa se orienta justamente a lo contrario de lo que él plantea.
No hablamos de renovación de concesiones, sino de adjudicación de un espacio radioeléctrico que hoy no es utilizado. Y durante 16 años de vigencia de la norma nunca se ha producido lo que supuestamente se propone.
Y, si no se refiere ni a la radio ni a la televisión, que es lo que al Senador le preocupa, entonces no veo por qué se solicita aplazamiento de la votación, aunque reconozco que Su Señoría se encuentra en todo su derecho para hacerlo. Creo que lo que plantea es al revés.
Además, él argumenta que no es partidario de que se entreguen en forma gratuita este tipo de concesiones. Este artículo precisamente establece una competencia entre dos oferentes que llegan en igualdad de condiciones. Y se licita para que paguen al Estado.
El proyecto va, precisamente, en la línea de lo que ha planteado Su Señoría.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ERRÁZURIZ ( Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).- Señor Presidente , no tiene sentido argumentar más sobre la materia, salvo intentar convencer al Senador Navarro para que levante su solicitud de segunda discusión, pues la cuestión es bien simple...
El señor NAVARRO .- Aplazamiento de la votación, señor Ministro.
El señor ERRÁZURIZ ( Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).- Efectivamente, lo que Su Señoría pide es aplazar la votación.
En el fondo, coincidimos en la inquietud acerca del punto. No obstante, independiente de eso, podría discutirse en otros proyectos de ley.
Sin embargo, dado que se trata de algo tan sencillo y teniendo presente que el postergar la votación retrasa los desafíos que tenemos como país, solicito al señor Senador que revise su decisión.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Pido autorización a la Sala para hacerle una consulta al señor Ministro desde la testera.
Cuando intervine le pregunté si esa norma se aplicaba o no a todos los sistemas de licitación de telecomunicaciones.
El señor ERRÁZURIZ ( Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).- No.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Porque, según la redacción del texto -no la intención-, puede interpretarse que es para cualquier tipo de licitación, ya sea regional, subregional, sin conocer los avances tecnológicos.
Por eso algunos esperan que la disposición pueda ser acotada al tema puntual que les inquieta hoy.
El señor ERRÁZURIZ ( Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).- La modificación afecta solo al artículo 13 C, y se refiere precisamente a derechos específicos. De modo que queda acotado al espectro de que estamos hablando. De hecho, ni siquiera se trata de una norma técnica, sino que apunta hacia donde esta se debe aplicar.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- ¿Mantiene la petición de aplazamiento de la votación, Senador señor Navarro?
El señor NAVARRO.- Sí, señor Presidente. Porque el tema es suficientemente importante y hay dudas razonables que podemos aclarar a la brevedad, para luego proceder a votar.
Solo he pedido postergación de la votación. Mientras tanto, tendremos oportunidad de conversar con el Ministro y los miembros de la Comisión sobre los criterios que he planteado.
El Senador Prokurica está en lo correcto al decir que quienes tengan concesiones paguen al Estado. Pero deseo que al licitar haya diversidad y pluralismo, y que no ganen los poderosos. En el fondo, mi anhelo es que existan garantías para la diversidad.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- De acuerdo al Reglamento, se aplaza la votación hasta la sesión de mañana.
--Queda aplazada la votación del proyecto.
AUTORIZACIÓN DE DESCUENTOS DE REMUNERACIONES DESTINADOS A COOPERATIVAS
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Proyecto de ley, originado en moción del Senador señor Chahuán, en primer trámite constitucional, que autoriza descuentos de remuneraciones destinados a cooperativas, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6991-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción del Senador señor Chahuán):
En primer trámite, sesión 29ª, en 16 de junio de 2010.
Informe de Comisión:
Trabajo y Previsión Social: sesión 49ª, en 6 de septiembre de 2011.
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
El objetivo principal de la iniciativa es hacer extensivo el incremento de hasta un 25 por ciento aplicable a los descuentos voluntarios que el Código del Trabajo permite efectuar en las remuneraciones, destinados a cooperativas de consumo o de ahorro y crédito, tanto a los trabajadores en servicio activo -sean del sector privado o público-, como a las personas que se encuentren pensionadas, cualquiera que sea el régimen previsional al que se encuentren adscritas.
La Comisión discutió el proyecto en general y particular por tratarse de aquellos de artículo único y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señora Rincón y señores Chahuán y Muñoz Aburto).
El texto de la iniciativa que propone la Comisión se transcribe en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a la vista.
Cabe anunciar que los Senadores señora Rincón y señor Chahuán presentaron una indicación al proyecto.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
En la discusión en general y particular, tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente , Honorable Sala, esta es una moción muy simple, pero no menos importante, cuyo objetivo es poner término a una situación que, en nuestro concepto, resulta discriminatoria.
En efecto, tal como se señaló en la fundamentación del proyecto, el artículo 54 de la Ley General de Cooperativas autoriza a que se puedan incrementar los descuentos de los emolumentos de los trabajadores hasta un 25 por ciento, cuando se hagan en favor de cooperativas de consumo o de ahorro y crédito, de las cuales el trabajador sea socio.
No obstante que ese tipo de descuentos se realizaba tanto respecto de personas en servicio activo como pensionadas, hace algún tiempo la Contraloría General de la República dictaminó que tales descuentos solo debían circunscribirse a quienes conforman la fuerza laboral activa.
Por esta razón, muchos pensionados -mayoritariamente de CAPREDENA y DIPRECA- que pertenecen a diversas cooperativas y que durante muchos años han ejercido una verdadera cultura del descuento por planilla, se contactaron conmigo, a fin de que, mediante una modificación a la citada ley, se amplíe la facultad de efectuar ese tipo de descuentos a los trabajadores tanto del sector público como privado, sean activos o pensionados, y de cualquier régimen previsional.
Esto último, porque actualmente existe otra limitación legal contenida en la ley N° 18.108, que faculta a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y al General Director de Carabineros para fijar, dentro de sus respectivas instituciones, el monto máximo de descuentos por planilla a favor de cooperativas, pero solo de consumo o de vivienda, excluyendo a las de ahorro y crédito.
En consecuencia, hemos considerado necesario formular una indicación con el objeto de modificar el artículo 169 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, y el artículo único de la ley N° 18.108, con el propósito de eliminar la expresión "de consumo o de vivienda", y de que no se produzcan discriminaciones que limiten el tipo de cooperativas respecto de las cuales se pueden efectuar descuentos. Más aún cuando los pensionados de CAPREDENA y DIPRECA tienen la posibilidad efectiva de optar a créditos con tasas de interés más bajas en esas cooperativas de ahorro y crédito.
Por lo anterior, solicito a mis Honorables colegas aprobar tanto este proyecto, que viene a corregir una situación que en nuestro concepto no se justifica, como la indicación que hemos presentado con la Senadora señora Rincón, que persigue la misma finalidad correctiva.
He dicho.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente , estimados colegas, el proyecto de ley que estamos discutiendo busca, en su idea original, hacer extensivo el incremento de hasta un 25 por ciento aplicable a los descuentos voluntarios que el Código del Trabajo permite efectuar en las remuneraciones, destinados a cooperativas de consumo o de ahorro y crédito, tanto a los trabajadores en servicio activo -sean del sector privado o público-, como a las personas que se encuentren pensionadas, cualquiera que sea el régimen previsional al cual se encuentren adscritas.
Antes de seguir más adelante me gustaría señalar algunos aspectos que considero interesantes para contextualizar el debate en esta Sala.
El decreto con fuerza de ley N° 5, del Ministerio de Economía, publicado el 17 de febrero de 2004, que contiene el texto que regula las cooperativas, establece en su articulo 1° que "las cooperativas son asociaciones que de conformidad con el principio de ayuda mutua tienen por objeto mejorar las condiciones de vida de sus socios".
De acuerdo al artículo 3° de ese mismo texto legal, puede haber cooperativas de objeto único, como las de vivienda abierta y las de ahorro y crédito.
Conforme al artículo 54 de dicho cuerpo normativo, se permite que los descuentos voluntarios que se autorizan en el artículo 58 del Código del Trabajo se puedan incrementar hasta en un 25 por ciento cuando los descuentos adicionales sean a favor de cooperativas de consumo o de ahorro y crédito de las que el trabajador sea socio.
Al tenor de lo establecido en esa disposición, tal autorización solo es permitida para personas que formen parte de la fuerza laboral activa, no pudiendo extenderse a los pensionados, cualquiera que sea su régimen previsional, lo que, en nuestra opinión, resulta una evidente discriminación, toda vez que la mayor parte de los jubilados siguen perteneciendo a cooperativas, gozando de sus respectivos beneficios. Y, por el solo ministerio de lo dispuesto en la norma legal, no se les pueden efectuar los descuentos pertinentes de sus correspondientes emolumentos.
Ahora bien, la razón de la ley que propuso el Honorable señor Chahuán , se hace cargo de la situación que generó una interpretación que efectuó la Contraloría General de la República en su dictamen N° 55.939. En él se señaló que el inciso primero del artículo único de la ley N° 18.108 estableció que los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros, en sus respectivas instituciones, fijarán y podrán modificar los montos máximos de descuentos en las planillas de pago del personal que indica, a favor de cooperativas de consumo o de vivienda, mutuales, entidades aseguradoras y servicios médicos o de bienestar.
A su vez, el inciso segundo de la mencionada normativa dispone que, tratándose de las personas acogidas a retiro o beneficiarias de pensiones de montepío, "el monto máximo de los descuentos, para los efectos señalados en el inciso anterior, será fijado por la respectiva institución previsional".
De lo expresado en dicho cuerpo legal se infiere, como puede apreciarse, que la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile solo puede efectuar descuentos por planilla a favor de sus imponentes respecto de las entidades que en él se detallan, entre las cuales se encuentran las cooperativas de consumo o de vivienda, no contemplando otra clase de instituciones de similar naturaleza jurídica.
Y la Contraloría agrega que la ley en comento es de carácter especial, razón por la que debe interpretarse en forma estricta, de modo que no cabe extenderla a situaciones no consignadas en ella, como es el caso de los descuentos a favor de cooperativas de ahorro y crédito.
De acuerdo a lo anterior y debido a la interpretación de la Contraloría, tanto DIPRECA como CAPREDENA se ven imposibilitadas de descontar de las pensiones de sus beneficiarios todas aquellas sumas de dinero que dicen relación con préstamos que otorgan las cooperativas de ahorro y crédito a sus socios. Ello, porque la norma actual permite el descuento solo para las cooperativas de consumo y de ahorro para la vivienda, dejando fuera a las cooperativas de ahorro y crédito, lo que nos parece una evidente discriminación en contra de instituciones tan importantes para miles de pensionados del país.
Colega Chahuán , estoy tratando de convencer al Senador Bianchi.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Ruego a los señores Senadores guardar silencio.
La señora RINCÓN.- Una vez aprobado en general y en particular el proyecto en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, varias organizaciones, como la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, nos plantearon, al colega Chahuán y a quien habla, que si bien la iniciativa propuesta significa un avance con respecto a la situación de las cooperativas, no resuelve de manera integral el asunto en cuestión, ya que no dejaría clara la solución al problema de la discriminación en contra de este tipo de organizaciones.
Pues bien, recogiendo lo que nos expresaron los directivos de las cooperativas, con el apoyo del autor del proyecto presentamos, para su discusión en la Sala, una indicación con el objeto de acoger la propuesta de ellos y abordar la materia en forma integral, modificando dos disposiciones que dicen relación con este tema: una contenida en la ley N° 18.108, que establece normas sobre descuentos por planillas al personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, y la otra en el artículo 169 del decreto con fuerza de ley N° 1, del año 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, que establece el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas (ambas normas muy similares), eliminando la distinción que se hace entre los distintos tipos de cooperativas, y dejando en las dos disposiciones solo la palabra "cooperativas",...
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Concluyó su tiempo, señora Senadora.
El señor BIANCHI .- Concédale algunos minutos más, señor Presidente.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Puede continuar, Su Señoría, para terminar la idea.
La señora RINCÓN.-...sin distinción de qué tipo sean, de modo de eliminar directamente la evidente discriminación que hoy existe en nuestra legislación contra ese tipo de organizaciones y, por tanto, la imposibilidad que hoy tienen de hacer efectivos los cobros mediante descuentos por planilla.
Señor Presidente, las cooperativas fueron creadas en Chile hace muchos años, con el fin de entregar mejor acceso al crédito a campesinos y personas de menores ingresos.
El modelo cooperativista dio espectaculares resultados. Desgraciadamente, durante muchos años y también en los Gobiernos de la Concertación, a menudo esas entidades fueron dejadas de lado. Y hoy, con el dictamen de la Contraloría acerca de las cooperativas de ahorro y crédito, se las excluye aún más y se las coloca en una evidente y triste situación de discriminación.
Eso afecta no solo a las cooperativas, sino también a los clientes-socios de las mismas, que ven perjudicada su única posibilidad de acceder a crédito con tasas de interés razonable y sin afán de lucro.
Por lo tanto, pido a la Sala aprobar el proyecto de ley de nuestro colega Chahuán, que la Comisión aprobó por unanimidad, como asimismo la indicación que presentamos y que busca corregir una situación que está afectando gravemente a decenas de cooperativas a lo largo y ancho del país.
He dicho.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente , lo que no pudo hacer el colega Chahuán lo logró la Senadora Rincón: ¡me convenció!
Hace algunos minutos le estaba preguntando a él sobre la indicación que presentaron junto con la señora Senadora, y lo felicité por la presente iniciativa.
Me dijo que se trataba de algo muy simple.
Puede que sea simple, pero es tremendamente relevante para las miles y miles de personas pensionadas de las Fuerzas Armadas.
Y, efectivamente, el tema de las cooperativas de ahorro y crédito me hace sentido, a pesar de los dictámenes de la Contraloría, porque ellas implican entrega de plata menos cara para los pensionados -¡eso es!- y que paguen menor interés por el crédito. ¡Punto!
En consecuencia, no veo por qué vamos a negarnos a apoyar la iniciativa. Todo lo contrario. Concurriremos gustosos a votarla favorablemente por cuanto, en definitiva, permite que los pensionados consigan dinero más barato y que paguen menos por el préstamo que piden.
Pero no quiero dejar pasar la oportunidad, señor Presidente , de hacer ver un hecho que me llama la atención.
Existen algunas cajas de compensación, en particular, que descubrieron un negocio no menor: les prestan plata a las personas que perciben una Pensión Básica Solidaria.
Es decir, hoy día, con el aval del Estado, quienes reciben dicha pensión son, además, clientes de cajas de compensación que, indudablemente, obtienen un significativo lucro sobre la base del crédito que les otorgan a personas cuyo único ingreso es la Pensión Básica Solidaria.
Quiero manifestar, de manera muy responsable -y les solicito a los colegas un poco de atención-, que a mí no me agradaría, me resultaría penoso, triste, que miles de mujeres y hombres que perciben la Pensión Básica Solidaria como único ingreso para su sustento y que han obtenido créditos a través de una caja de compensación -otorgados, con toda seguridad, no con las mejores garantías ni con las tasas más convenientes, sino con la misma que se cobra por cualquier otro préstamo-, dentro de uno o dos años vean mermado el monto de su pensión.
Lo mínimo que deberíamos pedirles a esas instituciones es una consideración particular, especial, al respecto, toda vez que ellas han lucrado -de manera legítima- con el aval del Estado, que es el que entrega la Pensión Básica Solidaria, al otorgar créditos a personas que como único ingreso cuentan con ese tipo de pensión.
Yo concurro con mi voto favorable a esta iniciativa, y lo mismo haré después con la indicación de la Honorable señora Rincón y del colega Chahuán , reiterando que este no me convenció, pero sí la Senadora.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón, para plantear un punto de Reglamento.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente , las Comisiones unidas de Salud y de Trabajo y Previsión Social se encuentran citadas para analizar el proyecto de posnatal.
Pido que se abra la votación a fin de emitir nuestro pronunciamiento antes de ausentarnos para poder constituirnos.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.
--Así se acuerda.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma, por el tiempo correspondiente a su discurso.
No se afectará la duración de las intervenciones.
El señor TUMA.- Señor Presidente , no me preocupa el tiempo del discurso, sino la votación, porque voy a solicitar algo distinto.
Yo celebro la presentación de este proyecto de ley, pero me parece que está incompleto, por cuanto -como manifestó el colega Bianchi - no protege a los pensionados de las altas tasas de interés que existen en el mercado.
Ojalá que la Senadora Rincón no abandone la Sala todavía, porque como Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social debe haber conocido una iniciativa, originada en moción, en el mismo sentido, que regula la materia de otra manera e introduce competencia en el sistema de descuentos por planilla que hasta ahora aplican las cajas de compensación y con el cual no cuentan otras instituciones acreedoras.
El proyecto en debate les permite a las cooperativas ampliar ese sistema de descuentos a sus socios que son pensionados. Y me parece bien.
Sin embargo, se sigue manteniendo en cautividad a los pensionados, a quienes les prestan siempre al máximo de la tasa, en circunstancias de que en definitiva se le presta al Estado. Por consiguiente, no hay riesgo. Y a pesar de no haber riesgo les aplican la mayor de las tasas.
Ello ocurre en este mercado debido a que no hay competencia.
El proyecto al que aludí y que se halla radicado en la Comisión de Trabajo, introduce competencia al permitir que cualquier entidad financiera pueda descontar las cuotas por planilla.
Entonces, quiero solicitar que la iniciativa en análisis vuelva a la Comisión de Trabajo en segundo trámite reglamentario; que el proyecto que presentamos otros Senadores y que se encuentra en ese órgano técnico sea despachado por este y llegue a la Sala para complementar este debate, y que de ese modo posibilitemos que no solo los pensionados socios de cooperativas puedan recibir este beneficio, sino también que todos los demás que quieran hacer uso del descuento por planilla puedan operar con la institución financiera que les cobre la tasa de interés más baja.
Así se incorporaría competencia al mercado, a propósito de la preocupación acerca del endeudamiento y de las altas tasas de interés que existen hoy en el país.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- El proyecto -y le pido al Senador señor Tuma que ponga atención a mis palabras- se está votando solamente en general. De manera que volverá a la Comisión, donde Su Señoría podrá formular el planteamiento de fusionarlo con la iniciativa que mencionó, a fin de recoger sus ideas matrices.
Anticipo que ya han llegado indicaciones a la Mesa.
Para fundar su voto, tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , quiero ratificar la adecuada orientación de este proyecto de ley, que busca resguardar derechos, particularmente de los pensionados adscritos a cualquier régimen previsional.
Tras conversar con dirigentes de diversos sindicatos, tanto del sector privado como del público, he podido constatar que el límite de 45 por ciento no se cumple.
A algunos trabajadores se les descuenta de sus remuneraciones 80 a 90 por ciento por los más diversos motivos: créditos de consumo, prestaciones de salud, anticipos, en fin. Se usan las más variadas fórmulas para permitir que distintos proveedores de servicios tengan garantizado el pago, porque es contra planilla.
¡El descuento por planilla no tiene el tope de 45 por ciento: llega a entre 80 y 90 por ciento del sueldo!
Por eso, yo presenté un proyecto de ley que establece la inviabilidad del descuento por planilla si se supera el margen legal, con una excepcionalidad hasta el 55 por ciento tratándose de créditos para la vivienda. Y se consigna la sanción del caso.
Ahora bien, si al artículo 54 del decreto con fuerza de ley Nº 5, que contiene la Ley de Cooperativas, le incorporamos la frase "o pensionado de cualquier régimen previsional", surge la pregunta de si se fiscalizará para evitar que dicha irregularidad siga ocurriendo o solo vamos a dejar el precepto como letra muerta.
Porque hoy día, señor Presidente , el artículo 58 del Código del Trabajo no se cumple, sea por la dificultad de fiscalizar, sea por el consentimiento mutuo; en este último caso, el trabajador está informado, conoce la legislación, pero llega a un pacto de silencio con el empleador ("la bicicleta" con las tarjetas de crédito es el mecanismo permanente de subsistencia; y lo saben muy bien los profesores de mi país) para violentar la ley.
El sentido original del artículo 58 del Código Laboral es el de que ninguna familia puede subsistir si más del 45 por ciento del sueldo mensual es descontado de manera automática. Y el descuento por sobre ese límite es lo que explica el alto endeudamiento existente en Chile.
En consecuencia, si modificamos el artículo 54 del decreto con fuerza de ley Nº 5, que fija el texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas, estamos ante la dificultad de que, por tratarse de un texto de artículo único, la aprobación general puede conducir a la aprobación particular del proyecto.
Quiero que la Mesa me aclare esa situación. Porque, a decir verdad, existen otros elementos que podrían agregarse a esta iniciativa, como el que planteó el Senador Tuma o el que indiqué yo con relación al límite máximo de los descuentos por planilla y a la nulidad de los que excedan de los porcentajes señalados. De lo contrario, los propósitos perseguidos no se van a alcanzar.
Señor Presidente , aunque estoy de acuerdo con el texto que se nos presentó, creo factible mejorarlo, ampliarlo e introducirle las enmiendas destinadas a permitir que la ley en proyecto se cumpla, que no sea letra muerta como lamentablemente ocurre con el artículo 58 del Código del Trabajo en lo que respecta al tope de los descuentos por planilla, que en varios sectores de la producción exceden con mucho el monto autorizado por ley.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Debo indicar lo siguiente.
De acuerdo al artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Sala puede refundir dos o más proyectos en uno.
En tal virtud, solicito autorización para refundir la iniciativa que ocupa al Senado ahora -la presentada por el Honorable señor Chahuán - con la que se individualizó hace algunos momentos.
Es posible hacerlo, pero siempre que ambos proyectos se encuentren en el primer trámite constitucional, no importando si ya se aprobaron en general.
El señor TUMA.- Conforme.
El señor ESCALONA .- No doy mi acuerdo.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- No hay acuerdo en la Sala.
Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO .- Señor Presidente , este proyecto abre la posibilidad de realizar una reflexión muy profunda acerca de las instituciones que han tenido el privilegio de descontar por planilla los créditos que otorgan a gente tanto del sector pasivo como del activo.
Lo planteado por el Senador Tuma es muy real: algunos entes que conceden préstamos tienen asegurada la cobranza y las tasas de interés que aplican son superiores o iguales a las fijadas por una institución financiera que carece de la ventaja que significa el descuento por planilla.
Aquí, ciertamente, se abre un espacio para analizar la posibilidad de que todas las instituciones hagan descuentos por planilla.
Obviamente, para un jubilado o para un trabajador de pocos recursos resulta muy difícil acceder a un banco. Entonces, muchas veces su única alternativa son las cajas de compensación. Y ustedes conocen las tasas que cobran estas, sobre todo al sector pasivo.
Uno ve las tremendas inversiones que efectúan las cajas de compensación en el ámbito recreacional y en otros aspectos sin duda importantes para nuestra comunidad. Pero eso lo financian fundamentalmente con los recursos que obtienen de gente de los sectores populares, a la que para el servicio de los créditos le cobran las mayores tasas, no obstante tener la posibilidad del descuento por planilla.
Pienso que debe haber un sistema que permita la competencia de la totalidad de las instituciones que otorgan préstamos.
Todos entendemos la argumentación del Senador Navarro en el sentido de que el sobreendeudamiento lleva a la desesperación y abre cauces a través no solo del descuento por planilla sino también de las tarjetas de crédito y las deudas informales.
Por eso, valoro el planteamiento del Senador Chahuán en cuanto a abrir una discusión muy importante, pues queremos competencia y nos interesa que las tasas de interés sean lo más bajas posible.
Si ello no ocurre y nos limitamos al proyecto de Su Señoría, yo estaré de acuerdo. No obstante, me parece necesario dar pie a un debate que lleve el análisis mucho más allá.
En consecuencia, creo que el Senado debe legislar sobre la materia del modo indicado, precisamente para avanzar en lo que espera nuestra comunidad.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , voy a votar en contra de este proyecto porque me parece sumamente peligrosa la autorización para que se les descuente por planilla a los pensionados -como dice el artículo único- "de cualquier régimen previsional".
Siento que aquí se está abriendo una puerta para que, a la postre, se cometa todo tipo de tropelías contra los pensionados.
No quiero hacerme parte de la irresponsabilidad que veo flotando en esta iniciativa.
Voto que no.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , ¿puedo hacer una consulta antes de que intervenga el colega García?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Senador señor García , el Honorable señor Pizarro quiere plantear un punto de Reglamento.
El señor GARCÍA.-
Conforme, señor Presidente.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Más bien, señor Presidente , deseo formular una consulta a propósito de la intervención del Senador Bianchi sobre la realidad de los pensionados, a quienes hoy día les ofrecen préstamos, les pasan la plata y después les hacen descuentos durante tres, cuatro o cinco años, en cuotas que significan altísimos porcentajes de sus ingresos.
Mi pregunta es si actualmente existe algún tipo de autorización o si se hace solo por voluntad del beneficiario.
¿Cuál es exactamente la situación?
Aquí se aumenta el tope. Pero a mí me gustaría conocer la realidad actual.
Porque el Senador Escalona tiene toda la razón: nosotros nos encontramos a diario en las Regiones con la situación dramática de gente a la que en determinado momento le prestan plata para una urgencia y después no halla cómo subsistir mes a mes.
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA .- Señor Presidente , deseo solicitar que esta iniciativa vuelva a Comisión, por varias razones.
La primera, porque su nombre induce a error. En efecto, se dice: "proyecto de ley que autoriza descuentos de remuneraciones destinadas a cooperativas". Pero el artículo 54 del decreto con fuerza de ley N° 5, de 2004, del Ministerio de Economía, señala: "Increméntase hasta el 25% el límite de descuentos voluntarios por planilla establecido en el inciso segundo del artículo 58 del Código del Trabajo, cuando los descuentos adicionales sean a favor de cooperativas de consumo o de ahorro". O sea, el descuento de remuneraciones destinado a cooperativas ya está autorizado por ley. Lo que hace esta iniciativa es extender la autorización a las pensiones de cualquier régimen previsional.
Yo no sé si la ubicación es adecuada. Porque no olvidemos que se está haciendo referencia al artículo 58 del Código del Trabajo, cuerpo normativo que regula las relaciones entre trabajadores y empleadores. Y aquí se quiere agregar el descuento por planilla para pensionados, quienes ya no se rigen por ese Código, pues se encuentran en el sector pasivo.
Es muy probable que aquello esté correcto. Pero, francamente, no tengo certeza, no tengo seguridad.
A mi juicio, el proyecto es bastante bien intencionado. No obstante, señor Presidente , desearía que se revisara, porque no me parece razonable que la situación se adose al artículo 58 del Código del Trabajo, ya que, como dije, se está permitiendo el descuento a las pensiones y eso ya no tiene nada que ver con el referido cuerpo legal.
Por tanto, yo preferiría, para no cometer algún error (involuntario, por supuesto), que la Comisión revisara el punto.
Gracias, señor Presidente.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Señor Senador, reglamentariamente, estamos en votación general. Por ende, el proyecto va a volver a Comisión.
Ahora, como algunos Senadores se han retirado para asistir a una sesión de Comisiones unidas, no podemos revisar el proceso de votación que está en curso.
Tiene la palabra el Senador señor Carlos Larraín.
El señor GARCÍA .- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor LETELIER (Vicepresidente).- ¿Es un punto de Reglamento?
El señor GARCÍA .- Sí.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GARCÍA .- Señor Presidente , hallándose el proyecto en la situación que usted describe, voy a votar a favor de la idea de legislar, pero pidiéndole encarecidamente a la Comisión que revise el aspecto que señalé.
Gracias.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Carlos Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente , yo he votado que sí porque el proyecto en general me parece adecuado y constructivo. Sin embargo, pienso que su idea central, cual es aumentar la velocidad de retorno en los pagos a favor de los acreedores, debe ser acompañada de una reducción en la tasa de interés, que es lo que ocurre habitualmente cuando el retorno es más rápido. Y esto, acoplado con el hecho de que son deudores muy seguros.
Pero para conseguir ese efecto hay que abrir el número de los prestamistas posibles. De otro modo se tiene una especie de público cautivo y el efecto procurado se ve derrotado.
Yo vi la lista de los acreedores y me pareció que...
El señor CHAHUÁN .- Antes eran solo las cajas de compensación.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Bueno. Pero yo lo ampliaría a otras instituciones financieras, de tal manera de conseguir que el propósito laudable se tradujera efectivamente en una rebaja en la tasa de interés.
Es cuanto puedo opinar sobre el proyecto. Y espero que en la Comisión se hagan las correcciones del caso.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se ofrece la palabra.
Se ofrece la palabra.
El señor CHAHUÁN.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Estamos en votación, Su Señoría. Y el voto se fundamenta una vez, no tres.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (21 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma y Walker (don Ignacio).
Votaron por la negativa los señores Escalona y Quintana.
Se abstuvieron la señora Alvear y los señores Letelier, Pizarro y Walker (don Patricio).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Corresponde fijar plazo para la presentación de indicaciones.
¿Les parece el martes 11 de octubre, a las 12?
--Así se acuerda.
BENEFICIOS Y PUBLICIDAD CON RELACIÓN A PROYECTOS EN PROCESO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Allende y señores Girardi, Gómez y Letelier, en primer trámite constitucional, sobre beneficios y publicidad acerca de proyectos en proceso de calificación ambiental, con informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7552-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Letelier, señora Allende y señores Girardi y Gómez):
En primer trámite, sesión 4ª, en 22 de marzo de 2011.
Informe de Comisión:
Medio Ambiente y Bienes Nacionales: sesión 52ª, en 13 de septiembre de 2011.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Esta iniciativa tiene por objeto obligar a los proponentes de un proyecto que deba someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental a informar al Servicio de Evaluación Ambiental si han convenido antes, durante o después del proceso de evaluación ambiental cualquier acuerdo que importe el ofrecimiento o entrega a personas de algún beneficio de carácter ambiental o de cualquier otra naturaleza que pudiese incidir en la evaluación o calificación.
Asimismo, señala que la infracción a esa obligación será sancionada por la Superintendencia del Medio Ambiente, de acuerdo a la normativa establecida en el artículo 35 de su ley orgánica.
La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales discutió este proyecto de ley en general y en particular, por ser de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señoras Allende y Von Baer y señores Muñoz Aburto y Patricio Walker. El texto despachado se consigna en el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus computadores.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- En discusión general.
Ofrezco la palabra.
Pidió la palabra la Honorable señora Alvear.
Senadora señora Allende, usted es Presidenta de la Comisión, ¿no?
La señora ALLENDE.- No.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- ¿Quién la preside?
La señora ALLENDE.- El Senador Navarro.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Muy bien.
Tiene la palabra la Senadora señora Alvear, a quien le doy mis disculpas.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, este proyecto fue ampliamente debatido en la Comisión de Medio Ambiente.
Fruto de la experiencia que existe en la tramitación de diferentes emprendimientos o empresas tendientes a realizar trabajos que, en definitiva, implican un deterioro para la población. En el caso de empresas termoeléctricas, por ejemplo, es importante conocer antes de la aprobación del impacto ambiental cuáles son las promesas que, muchas veces, se formulan a los habitantes de una comuna determinada para los efectos de obtener su aceptación.
La iniciativa obedece a una moción de Honorables colegas ya mencionados por el señor Secretario. Sin duda, en el transcurso de la discusión fuimos llegando a diferentes acuerdos para mejorar la comprensión del texto y sus alcances normativos.
La primera parte del artículo 13 bis que se contempla expresa: "Los proponentes de un proyecto que deba someterse para su aprobación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental , o cualquier interesado en su aprobación o rechazo".
Aquí, señor Presidente , se ha optado por imponer la obligación de informar respecto de negociaciones que puedan incidir en el pronunciamiento sobre un proyecto sometido al Sistema y se determina quiénes deben cumplirla. Es una norma amplia, ya que no solo obliga a las empresas que lo realicen, sino también a cualquier interesado en que sea acogido, o bien, desechado.
En tal sentido, esta parte de la disposición permite cubrir todas las hipótesis de negociación posibles en torno de alguna obra respecto de la cual existieran personas que pudiesen influir indebidamente, a través de negociaciones, para su aprobación o rechazo.
A continuación expresa el artículo que los proponentes "deberán informar al Servicio de Evaluación Ambiental, a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental".
Ello establece dos cuestiones muy importantes.
Primero, se precisa a qué autoridad ambiental se le debe informar y cómo hacerlo, dado que con la redacción actual se ha registrado cierta confusión respecto de cuál es el destinatario y, por lo tanto, no queda clara la utilidad que presta la norma en este momento.
El texto vigente tampoco garantiza que los antecedentes que se proporcionen sean de carácter público. No se señala cómo se tiene que proceder.
Con la propuesta formulada, al señalarse que se deberá informar "a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", estamos expresando que ello se debe hacer al Director del Servicio de Evaluación Ambiental , pero, a la vez, en el marco del Sistema. Eso obliga a que los antecedentes respectivos queden en el expediente público que contempla dicho organismo en su página web, la cual es bastante visitada y, por lo tanto, permite que sean públicos y conocidos por cualquier persona.
Se determina que se deberá informar "si han convenido, ya sea por sí o por medio de un tercero, antes, durante o después del proceso de evaluación ambiental, cualquier acuerdo que importe el ofrecimiento o entrega a personas, de algún beneficio de carácter ambiental o de cualquier otra naturaleza que pudiese incidir en la evaluación o calificación del proyecto.".
Esta redacción, señor Presidente , tiene por objeto ampliar la hipótesis de los obligados a proporcionar antecedentes y no considerar únicamente al solo titular o proponente de un proyecto, sino también a terceros que se presten para tales fines.
Asimismo, se fijan distintos momentos en que la exigencia debe ser cumplida, de acuerdo con la oportunidad en que se pueden verificar tales negociaciones, dado que la norma actual se refiere a la obligación de informar solo durante la evaluación del proyecto.
En virtud de la propuesta, obligamos a las empresas que hayan iniciado o materializado cualquier tipo de acuerdo previo a informarlo en el estudio o la declaración de impacto ambiental al momento de ingresar el proyecto, antecedente que, como señalé, será de carácter público, dado que deberá incluirse en la página web del Servicio de Evaluación Ambiental.
Por otra parte, extendemos el deber de informar de tales negociaciones incluso después de la aprobación. Ello, porque puede darse perfectamente el caso de que una empresa que esté desarrollando un proyecto ya acogido efectúe algún tipo de negociación o donación respecto de un servicio público con competencias fiscalizadoras en la resolución de calificación ambiental respectiva. Estimamos que tal situación podría inhibir a este último, eventualmente, para realizar un cometido adecuado.
Igualmente se establece la necesidad de informar de toda clase de negociaciones o beneficios, cualquiera que sea su índole, y con todo tipo de personas, naturales o jurídicas. Es decir, no solo estamos haciendo referencia a tratativas o acuerdos de carácter ambiental, sino también de cualquier orden.
Por último, para el evento de que las personas obligadas por estas normas a informar no lo hagan, se introduce una infracción que faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente , mediante la incorporación de una letra ñ), nueva, al artículo 35 de la ley Nº 20.417, para aplicar cualquiera de las sanciones previstas en ese cuerpo legal, incluso la revocación de la resolución de calificación ambiental.
Señor Presidente , la moción es de gran importancia y fue trabajada muy seriamente en la Comisión, y, finalmente, llegamos a un acuerdo respecto de una redacción para los efectos de incluir todas las hipótesis que conocemos que se han dado o que pudieran darse en este tipo de evaluación de proyectos, especialmente de grandes empresas que pretenden materializarlos en distintas comunas o Regiones.
He dicho.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente , quisiera partir por felicitarlo en su calidad de autor de la iniciativa, a la cual hemos adherido gustosamente los Senadores Girardi , Gómez y quien habla, como aquí se ha mencionado.
En todo caso, tal como lo expresó mi Honorable colega Alvear, nos ocupamos del asunto en la Comisión de Medio Ambiente, donde recibimos a algunos invitados y revisamos el articulado. Este es bastante simple, en apariencia, pero de un profundo contenido.
En la actualidad, Chile está viviendo un momento en el que se registra cada vez más conciencia ciudadana acerca de la importancia que reviste para el desarrollo de un país la protección del medioambiente y la forma de conjugar -los que creemos necesario hacerlo- crecimiento económico con desarrollo sostenible. Tiene que existir armonía, cuando estamos haciendo referencia a un proyecto, con el entorno y el medioambiente.
Hoy día, una serie de estudios, tanto en energía hidráulica como en combustión de fósiles, están levantando claramente mucha tensión social. La gente incluso se ha manifestado en las calles. Es crecientemente perceptible cómo desfilan los ciudadanos que necesitan expresar su inquietud frente a la aprobación o no de determinados proyectos.
Deseo partir por consignar, señor Presidente , que todavía tenemos, por desgracia, a pesar de recientes reformas, una institucionalidad medioambiental bastante débil. Lo he dicho, no una, sino varias veces en la Comisión de Medio Ambiente y en la de Minería y Energía. Y, lamentablemente, tal característica ha significado para nuestro país que terminemos judicializando casi todos los proyectos, en la medida en que se presenta ese factor, o que no media la confianza suficiente, o que el espacio de participación es escaso.
Pero no se trata solo de eso, sino que también ha faltado mucha transparencia. Es un hecho que vienen grandes proyectos. En la Región de Atacama, a la que tengo el gusto de representar, se contemplan algunos enormes en la minería y, también, una gran termoeléctrica a carbón, como Castilla.
En lo personal, he expresado varias veces públicamente mi oposición a esta última; pero, además, junto con el Diputado señor Robles fuimos incluso a conversar con el Contralor y le pedimos un informe, porque, a nuestro juicio, se celebraron reuniones innecesarias, incluida una en la casa del propio Ministro de Salud. Ello, a mi juicio, genera una distorsión de lo que debiera ser la opinión de los técnicos: independiente, autónoma y respetada.
Cabe deplorar que en nuestra débil institucionalidad no siempre se respeten estos espacios.
Ese es el contexto por el cual creo que corresponde aprobar un proyecto de las características del que nos ocupa, muy sencillo, aparentemente, pero con la virtud de proporcionar transparencia a conversaciones que puedan realizarse en forma previa a la evaluación de impacto ambiental y durante esta.
Por desgracia, en la Comisión Evaluadora establecida en la ley no participan hoy día, como sabemos -y creo que es un error que es preciso asumir-, los consejeros regionales, sino solo los secretarios regionales ministeriales, y me parece que eso le ha restado diversidad y pluralidad. Lamentablemente, como se ha visto en algunos casos, estos últimos responden, jerárquicamente, ante los ministerios y, muchas veces, su opinión, más que con fundamentos técnicos, tiene que ver, simplemente, con directrices que responden a determinados intereses.
En consecuencia, es muy importante que la ciudadanía tenga la posibilidad de conocer si ha habido conversaciones, compromisos, acuerdos, directamente o a través de terceros, en fin, para otorgar a las personas algún beneficio de carácter ambiental o de otra naturaleza.
Aprovecho para hacer presente que si bien se contempla la información a la población cuando existe un gran proyecto, la verdad es que se plantea una situación de tal desnivel que, muchas veces, resulta lamentable. Por un lado, una empresa llega acompañada de una plana mayor de supertécnicos especializados, quienes exponen un asunto complejo, y, por el otro, intervienen algunos dirigentes sociales o miembros de la comunidad que no poseen, por supuesto, ese nivel de asesoría ni de información técnica. En consecuencia, la desigualdad es enorme.
Es importante que, a lo menos, con la iniciativa en debate podamos "incitar" -llamémoslo así- a la transparencia respecto de todos los interesados en un procedimiento administrativo. A mi juicio, vamos a dotar de mayor independencia a las autoridades en la medida en que se registre tal factor, cosa que no observo hoy día, y lo que me preocupa es que no siempre se puede confiar en forma plena en que ellas actúan realmente, a la hora de la evaluación, con el nivel de autonomía con que deben hacerlo.
Además, como siempre lo hemos dicho, la transparencia fortalece la democracia. Por lo tanto, es necesario que la ciudadanía se halle bien informada, que conozca a fondo un proyecto, que se sienta con derechos garantizados o que la institucionalidad sea capaz de absorber las dudas, la necesidad de mayores antecedentes; pero, más aún, queremos saber si efectivamente median ofrecimientos, conversaciones, negociaciones o compromisos. Y aquí viene lo relevante, ya que si estos existen, no solo es preciso transparentarlos, sino que también interesa, en definitiva, que no sean vinculantes a la hora de la evaluación. Porque hemos visto muchas veces que se dice: "¡Pero cómo! Si se van a entregar 60 millones de dólares, algo inédito, a la Asociación de Regantes," -lo pongo como ejemplo-, "¡cómo no se va a aprobar un proyecto de estas características!".
Repito que estimo muy trascendente que la ciudadanía tenga la posibilidad de hallarse mejor informada, que haya transparencia, que los criterios de evaluación sean, en lo posible -y así debiera ser-, de carácter técnico y no condicionados por beneficios inmediatos que pudieran otorgarse en términos ambientales o de otros intereses, incluso, para la población.
Es una cuestión compleja. A veces, resulta positivo obtener provechos, pero lo significativo es la evaluación en el mérito. Y eso es lo que quiero reforzar: que una iniciativa se pondere sin condicionarse a traer aparejada la entrega de luz aquí o una ventaja allá. Porque, desgraciadamente, tenemos una institucionalidad débil, como ya he señalado. Recién ahora estamos a punto de aprobar la creación de los tribunales ambientales, asociados a la Superintendencia, único organismo que podrá efectuar el seguimiento de los proyectos, de evaluarlos.
A la hora de evaluar, justamente, no son raras las promesas que después no se cumplen, o bien, que falte transparencia con relación a compromisos contraidos antes del proceso o durante este, de modo que no necesariamente ello representa el criterio por el que es preciso guiarse.
Señor Presidente , por todas las razones expuestas, creo que al sustituirse el artículo 13 bis se da un paso más hacia la transparencia, hacia una mejor información, y, también, en el sentido de que si han existido negociaciones ello no significa que tengan que ser vinculantes.
En consecuencia, considero que debemos aprobar la iniciativa.
He dicho.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente , comparto todo lo dicho por la señora Senadora que me antecedió en el uso de la palabra en orden a que el proyecto es muy positivo porque se trata de contar con más información. De verdad es muy importante, cuando la aprobación de una iniciativa debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que el Servicio de Evaluación Ambiental logre todos los antecedentes necesarios respecto de qué beneficios ofrece a la comunidad una empresa que se propone realizar una inversión y que va a afectar el medioambiente.
Pero asimismo me gustaría saber, considerando que toda información es buena, qué relación han mantenido con la comunidad los grupos que, muchas veces, salen en legítima y natural defensa del medioambiente. Porque también me ha tocado conocer el caso al revés de ofertas que le hacen a ella personas que afirman interesarse mucho en ese aspecto. Con esto no pretendo descalificar, pero me parece muy importante que igualmente se sepa qué le ofrecen. En efecto, hay casos en que se prometen mitigaciones -en el fondo, se trata de una negociación-, compensaciones, a veces bastante curiosas, de parte de una empresa que va a hacer la inversión.
Si es negativo que esta última termine construyendo plazas o centros sociales o entornos a cambio de poder realizar un proyecto que, no obstante esas obras, va a provocar igual un grave efecto en el medioambiente -y se puede calificar en esa forma la situación, porque, en la práctica, significa utilizar de alguna manera el poder económico para llevar a cabo una iniciativa que no cumple con los requisitos necesarios, pero respecto de la cual se logra tranquilizar a la comunidad-, de igual modo lo es que grupos le señalen a una comunidad que se oponga a cambio de ser ellos los que negocien, proceso en que pueden obtener mitigaciones de la contraparte. Porque esto otro también es engañar.
Entonces, señor Presidente , me gustaría una indicación en tal sentido, para que existiera toda la transparencia que se requiere y se supiese exactamente quiénes se han contactado con la comunidad y han sido intervinientes en la decisión medioambiental, sea de parte de la empresa que presenta la petición, sea de parte de quienes en algún momento están defendiendo -entre comillas- el medioambiente. Insisto en que con esto no hago descalificaciones ni de unos ni de otros. La idea es solo que la información sea lo más transparente, abierta y pública posible, para que la decisión no se tome por razones externas que no digan relación con velar efectivamente por la protección del medioambiente.
Voy a votar a favor del proyecto, pero me parece importante incorporar una norma como la señalada, de modo que vamos a presentar las indicaciones respectivas.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente , quisiera destacar la oportunidad y conveniencia de la iniciativa en debate, así como también el texto finalmente aprobado por la Comisión.
A propósito de la intervención del Senador señor Espina , cabe recordar que el nuevo artículo 13 bis hace referencia a cualquier interesado en la aprobación o rechazo de un proyecto. O sea, la transparencia rige para las dos partes: para los que están a favor y para los que están en contra.
Pero no deseo pasar por la materia en forma tan simple. La verdad es que la institucionalidad ambiental que hemos creado en el Congreso ha resultado francamente débil, independientemente de que falta todavía la implementación de los tribunales ambientales y de que la Superintendencia respectiva recién está tomando algún grado de vuelo. No podemos negar el hecho de que la instancia regional de evaluación exhibe una dependencia del nivel central que, en el análisis legislativo del proyecto y de la modificación de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente y de la institucionalidad, quisimos cortar sanamente. Derechamente, no cabe una intervención. Ya se registró una, por ejemplo, del biministro Jaime Ravinet , quien, no conforme con la decisión de un secretario regional ministerial de Bienes Nacionales de Valparaíso , optó, constituyendo la instancia de apelación, por sacarlo del cargo. Obviamente, esa no es la idea.
En tal sentido, creo que tenemos que avanzar mucho. El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad se encuentra muy cargado hacia el sector productivo y no hacia el de los servicios y la conservación. De paso, vamos a pedirle al Ejecutivo que incorpore a la Ministra de Bienes Nacionales en una instancia clave en cuanto al ordenamiento territorial y todo lo que significa el manejo del borde costero.
En seguida, tampoco podemos dejar pasar los megaproyectos sin señalar nada al respecto.
Ellos tienen la característica de ser, como lo dice su nombre, proyectos que concentran mucho el poder económico, político, comunicacional. Y sus dueños, como hemos visto en otros países, terminan tomando decisiones de interés público.
Ese es un punto central de la iniciativa.
Cuando se presenta un megaproyecto, cualquiera que sea, suele realizarse todo un trabajo previo para mostrarlo como la solución a todos los problemas de tal Región o comunidad. Y empieza a sustituir de algún modo las labores propias del Estado. O sea, si la luz está muy cara, la bajan; si existen dificultades en los hospitales, ofrecen clínicas; si hay complicaciones en educación, dan becas; si faltan computadores, reparten equipos nuevos.
Una ley básica de la economía es que nadie da algo a cambio de nada. Obviamente, en esos casos existe una clara intención de influir.
Lo que hace el proyecto es transparentar esas acciones.
Ahora bien, algunos dicen que quienes rechazan determinados proyectos están influenciados por intereses desde el extranjero o por la competencia. Ello también se da dentro de las reglas del juego, y debe ser igualmente transparentado. No podemos negarnos a esto.
En particular, quiero referirme de manera muy objetiva al proyecto que se pretende instalar en la Patagonia chilena, el de HidroAysén, el cual tiene un nivel de publicidad verdaderamente estratosférico.
Se hace gran escándalo porque las organizaciones ecologistas realizan algún tipo de intervención. Sin embargo, siendo bastante objetivo, la campaña que estas han efectuado se orientan más bien por el lado de la creatividad, considerando la pobreza de sus medios, y no por el de comprar todos los espacios publicitarios en los canales abiertos a la misma hora y en los medios escritos de difusión nacional, llegando tal propaganda a influir incluso en las líneas editoriales y en las entrevistas.
Al final, como no pueden basar toda su estrategia en publicidad -de hecho, los medios escritos se financian fundamentalmente con los avisos y no con los suscriptores o con quienes compran los ejemplares-, hacen aparecer francamente disminuidas las alternativas a los referidos proyectos.
A algunos los presentan como románticos, como ecologistas profundos, y a otros, como personas que plantean cosas que no corresponden.
Y resulta curioso que, en el caso del mencionado megaproyecto, las energías renovables no convencionales sean sistemáticamente ninguneadas por la propaganda y que las autoridades se informen a través de esta. La idea de los autores de tales avisos es que no se vea una mejor opción para el país con un desarrollo armónico de la Patagonia.
La iniciativa que nos ocupa -insisto- busca transparentar el accionar de quienes están a favor o en contra de los proyectos en proceso de calificación ambiental. En general, a mi juicio, constituye un avance.
Desde luego, la votaremos a favor.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , estimados colegas, el proyecto de ley que inicialmente se presentó no está reflejado plenamente en el texto que llegó a la Sala.
En la moción original se plantearon dos cosas.
En primer término, la obligación de que los proponentes se abstuvieran de realizar ofrecimientos, efectuar promesas, entregar presentes o desarrollar actividades en beneficio de la comunidad. No es esa su responsabilidad. La idea era que la empresa postulante no hiciera ofertones.
Y en segundo término, la prohibición -me llama la atención que no haya quedado nada de esto en el articulado de la iniciativa- de efectuar cualquier tipo de publicidad a través de los medios de comunicación.
En la Comisión algunos dijeron: "¿Por qué prohibirle publicitar a un proponente si los adversarios pueden hacerlo?". Por una razón muy obvia: aquel debe cumplir la ley. Si los proyectos presentados cumplen los requisitos legales, se aprobarán; en caso contrario, se rechazarán.
No debería existir publicidad respecto de un proyecto. ¡Jamás! No hay razón que la justifique. En nuestra institucionalidad su aprobación o rechazo se funda en una evaluación de naturaleza técnica.
En concreto, la iniciativa en debate no recoge las dos ideas centrales de la moción que le dio origen, de la cual soy autor.
Una de ellas es que las empresas no puedan comprarse a las comunidades, no puedan hacer ofertones, por una razón obvia: no es legítimo ni correcto que una compañía con grandes intereses esté influyendo para que la opinión de la comunidad se incline a su favor. Lo único que debe hacer el proponente de un proyecto es cumplir la ley, cumplir los requisitos técnicos.
De la misma forma, como dijo el Senador Horvath, resulta incomprensible que HidroAysén patrocinara este año hasta el Festival de Viña del Mar. Es una vergüenza tremenda el mal uso de la publicidad en este caso.
Y algunos tratan de igualar la responsabilidad del proponente con la opinión legítima de quien está en contra del proyecto en cuestión.
La diferencia, señor Presidente , radica en que quienes nos oponemos a proyectos como el de Castilla o el de HidroAysén y somos sumamente críticos de la instalación de una termoeléctrica en Pichidegua (Sexta Región) no somos los que decidimos; somos parte de la opinión pública.
El proponente debe someterse a la ley y no estar tratando de comprar voluntades con ofertones o llevar a cabo campañas de publicidad.
Entiendo que por el momento en el Senado, desgraciadamente, solo hay voluntad para avanzar en la entrega de información sobre las ofertas y conversaciones involucradas en la presentación de un proyecto.
Se ha tratado de igualar a los que están a favor de un proyecto con quienes se oponen a él. Y no se expresa que los primeros son proponentes y que su obligación es cumplir la ley para conseguir la aprobación de un proyecto, y que los detractores forman parte de la opinión pública y que su derecho a manifestarse está garantizado por la Constitución.
Señor Presidente , el órgano técnico nos propone un texto distinto del que se le presentó. Porque el objetivo original era prohibir que el proponente entregara beneficios a la comunidad e hiciera publicidad.
Espero que en algún momento el Senado repare en este punto. Porque el mercado "sacrosanto" le ha causado mucho daño a Chile. Ello sucede cuando se deja que las grandes empresas actúen a cualquier nivel.
Una dimensión de ese mal se aprecia cuando se trastoca el procedimiento legislativo que solo obliga a los proponentes a cumplir con las bases técnicas. Porque no tienen por qué estar realizando ofertones a la comunidad y haciendo publicidad, como hemos visto en algunos casos.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Carlos Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente , he seguido con atención la discusión y no puedo menos que tratar de reequilibrar la forma en que se ha efectuado el planteamiento.
Nuevamente se saca a paseo a los promotores de proyectos con algún impacto ambiental, mostrándolos como un conjunto de personas que salen a destruir la naturaleza, casi por un prurito personal, y que, para conseguir sus fines, son capaces de entrar en grandes dispendios.
Eso constituye, a lo menos, una simplificación.
Me parece que esta propuesta legislativa implica un paso adelante. Pero tendría que ser ampliada y perfeccionada -espero que así ocurra en la Comisión- para contemplar, en la misma obligación de informar sobre los gastos incurridos que afecta a los proponentes de un proyecto, la exigencia de transparentar la forma en que se financia la actividad de quienes formulan observaciones o declaran oposición a él.
Porque en esta materia se dan cosas verdaderamente "milagrosas". Conozco casos en que algunos de los opositores están al servicio de quienes se ven amagados por el desarrollo de un proyecto. Y a veces se hallan involucrados dineros provenientes precisamente de la competencia potencial.
Esa es una realidad. Y no tiene nada que ver con la operación del mercado. Todo lo contrario: se quiere adquirir una posición de privilegio protegida.
Por lo tanto, creo que la disposición que se intenta introducir debiera ampliarse para conocer mejor el origen de los fondos con que actúan quienes se oponen a los proyectos sujetos al Servicio de Evaluación Ambiental, sea que la actividad planteada se traduzca o no en un ofrecimiento o en la percepción de una ventaja o un beneficio para una o más personas.
Ocurre también que las desventajas de un proyecto casi siempre se cristalizan en un ámbito reducido, en tanto que sus ventajas o beneficios se manifiestan en un nivel mayor, que no siempre es perceptible para quienes tienen algún grado de inmediatez en relación con una iniciativa de impacto ambiental.
A mi juicio, cuando los promotores de un proyecto invierten o gastan dinero en su explicación, lo hacen precisamente por consideración a la opinión pública, no con la idea de comprar a los organismos competentes.
Hago tales alcances en atención a un fenómeno muy conocido en Estados Unidos llamado "NIMBY" ("Not in my back yard"). No es por dármelas de gringo, pero la interpretación de esa sigla es: "Nada que ocurra cerca de mi casa". Y la verdad es que, si nos ponemos en esa posición, no podremos tener ni represas, ni cárceles, ni tranques, ni canales, ni industrias -con o sin humo-, ni hoteles, ni carreteras, ni puentes. ¡Nada! Todo debería seguir intangible, como estaban las cosas desde el primer día de la Creación, lo cual también implica una simplificación.
En consecuencia, voy a aprobar la iniciativa.
Sin embargo, espero que en la Comisión se amplíe el alcance de la obligación de informar, para que el resultado sea más equilibrado.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, creo que el ejemplo que el Senador señor Horvath puso para graficar lo que ocurre con la presente normativa permite mirar las dos caras de la moneda.
Todo el país pudo constatar lo que sucedió a propósito de HidroAysén. Efectivamente se ofrecieron mejoras tarifarias y una serie de elementos que bien podrían ser considerados compensación, pero claramente ello no era lo que aquí señaló el Senador Carlos Larraín: una explicación del proyecto.
Comparto con Su Señoría todo lo relacionado con brindar tal explicación y con otorgar mayor claridad a la ciudadanía. En ese entendido, no se está hablando de comprar a las autoridades, sino de cómo se plantea a la comunidad -y se le sensibiliza, si es el caso- un proyecto que sin duda generará efectos; es decir, cómo se permite que los objetivos y alcances perseguidos sean finalmente comprendidos por los afectados.
En ese sentido, la asimetría con la cual se enfrenta el asunto es realmente importante.
Por eso yo separaría de la discusión el caso de HidroAysén, donde, probablemente, se presentaron los dos aspectos referidos. Porque ahí también se ha dado una gran y vistosa campaña publicitaria por parte de quienes se oponen al proyecto desde hace mucho tiempo, por las razones que hayan sido. Tal vez las fuentes de financiamiento de ello no estaban claras, pero contaba con un enorme respaldo ciudadano para la no construcción de las centrales.
Sin embargo, proyectos de ese tipo no son frecuentes en nuestro territorio. Yo diría que constituyen la excepción. Lo normal son centrales de paso, termoeléctricas, rellenos sanitarios, donde se da una tremenda asimetría para que la comunidad pueda defenderse.
Por un lado, están los aspectos legales; o sea, el titular de un proyecto preparado para la argumentación correspondiente con todos los elementos del caso y el financiamiento necesario, aspecto en el cual él es un especialista. Y por otro, una ciudadanía que se ve sorprendida con un proyecto que se pretende instalar en su comunidad y que muchas veces no tiene cómo enfrentar.
El aspecto comunicacional se transforma en un distractor. Incluso se pueden sumar las voluntades de los afectados por la vía de los ofertones.
Podría dar muchos ejemplos sobre la materia ocurridos en mi Región, la de La Araucanía.
Cuando ENDESA anunció la construcción de Ralco, comprometió una posta, una escuela, en fin, una serie de cosas a la comunidad que hasta el día de hoy no existen. Sin ir más lejos, las cien familias que aún viven en Contraco, el poblado más cercano a la central, ubicado en el límite de las comunas de Alto Biobío y Lonquimay , a casi quince años del comienzo de las faenas y aunque parezca paradójico, todavía no tienen luz eléctrica.
Todas esas compensaciones, esos ofertones solo distraen la atención. Como bien señaló el Senador Letelier, se realizan en el momento en que lo único que se exige es cumplir con la ley. Tales ofrecimientos finalmente son distorsionadores de la realidad y hacen aparecer a los opositores del proyecto como un grupo de románticos ambientalistas.
Otro caso es el de SONACOL, que va a tender un gasoducto en las Regiones del Biobío y de La Araucanía. Aunque el proyecto aún no se concreta, la empresa ofreció construir sedes sociales y las llevó a cabo. La gente, en consecuencia, piensa que la empresa es algo maravilloso, pues tales obras se encuentran a lo largo de toda la red longitudinal, en todas las comunidades. Dicha compañía se ganó la voluntad de los afectados con inversiones como las señaladas.
Otro ejemplo es el de una central hidroeléctrica de Hidroangol en la comuna de Angol. El Senador Espina conoce muy bien esta realidad. Conversamos en múltiples oportunidades con los vecinos y nos pusimos de su lado. Allí la empresa prometió mejorar el balneario La Peta. Y eso fue suficiente. El proyecto fue aprobado.
Muchas veces se logra persuadir o disuadir a la comunidad, inmovilizarla o desmovilizarla con el ofrecimiento de beneficios que no tienen mayor impacto.
Y así podríamos seguir enumerando situaciones parecidas.
Lo importante es que ahora se retome la idea original de la iniciativa: que los proponentes se limiten a cumplir la ley y no realicen ofertas ni publicidad engañosa respecto de obras que probablemente nunca se materializarán y que lo único que hacen es allanar el camino de la empresa en condiciones de mucha asimetría y desigualdad para la comunidad.
Hoy, así como se requieren defensorías ambientales fuertes, también se precisa que no se tuerza la voluntad de las comunidades con propaganda de ese tipo, para que la gente reciba información de la realidad tal y como es.
En consecuencia, voy a votar a favor de la presente iniciativa, en la esperanza de que sea reconducida a su idea original, que no es otra que impedir los ofertones durante el proceso de calificación ambiental de los proyectos y prohibir la difusión de publicidad, para evitar que suceda lo que ha venido pasando hasta el día de hoy.
He dicho.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Se ha solicitado cerrar el debate y abrir la votación.
¿Hay acuerdo?
--Así se acuerda.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- En votación general la iniciativa.
--(Durante la votación).
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, este proyecto, que parece marginal, tiene gran trascendencia pues, lamentablemente, la política ambiental chilena es un verdadero coto de caza, por cuanto permite algo que no ocurre en ninguna parte del mundo: que muchas veces se entreguen falsos certificados ambientales.
¿Por qué digo esto? Porque cualquier proyecto que se someta a un sistema de evaluación de impacto ambiental debe cumplir requisitos técnicos antes de ser aprobado. Es lo mismo que ocurre cuando uno desea obtener licencia de conductor: primero debe sortear con éxito un test de conocimientos y luego, una prueba de manejo. A nadie se le ocurriría recibir tal permiso sin haber satisfecho las exigencias mínimas.
Pues bien, en materia ambiental un proyecto puede ser aprobado sin cumplir ninguno de los requisitos técnicos. La ley en esta materia se hizo precisamente para poder gestar -entre comillas- fraudes ambientales, ya que la decisión técnica no es vinculante con la decisión política.
Entonces, ya hay una primera anormalidad cuando los interesados en un proyecto -muchas veces necesita de grandes recursos económicos- pueden contratar directamente a la empresa que efectúa el estudio de impacto ambiental, la cual les hace un verdadero traje a la medida.
En otras legislaciones eso está prohibido, pues debe elegirse a quienes realizan dicho estudio de un equipo ciego, certificado y calificado. Y ello se lleva a cabo por sorteo, no siendo factible contratarlos directamente.
Luego, esa empresa realiza el estudio de impacto ambiental, que ya tiene una relación incestuosa con el interesado -en este caso, la empresa-, y la evaluación se lleva a cabo respecto de los aspectos técnicos. Y estos pueden señalar que no se cumple con los requisitos de salud, porque sobrepasa normas de calidad ambiental, emite sustancias tóxicas cancerígenas, daña la biodiversidad.
La paradoja es que se llega a un cuerpo colegiado -antes era la Corema; ahora hay una nueva institucionalidad-, donde unos señores, con gran ignorancia, teniendo a la vista informes técnicos negativos, muchas veces votan a favor.
Entonces, además de lo que señalo, por qué permitir que la empresa, a través de la publicidad, dé donativos, compre voluntades, en un proceso que puede "mercenarizarse" totalmente, e influya mucho más allá de lo que la ley permite.
Con el Senador señor Navarro , presentamos mil indicaciones para cambiar eso cuando se discutió el proyecto de ley respectivo. Pero la última iniciativa, que se aprobó durante el Gobierno anterior, fue nuevamente un traje a la medida, que no hace vinculante la decisión técnica con la de carácter político.
Por eso, en ese contexto, el dejar que estas empresas gasten cifras millonarias para doblegar voluntades, financiar actividades o adquirir camisetas, lo que único que hace es deteriorar más aún el sistema vigente.
Muchas veces, en los grandes proyectos, los municipios o las Regiones con requerimientos muy urgentes deben transar su voluntad para defender el medio ambiente so pretexto de que si estos se aprueban les darán apoyo en materia tecnológica para una escuela, etcétera.
Señor Presidente , en mi opinión, lo que no podemos construir en Chile es una política ambiental mercenaria, que dependa de la compra de voluntades. Además, esto se presta para situaciones muy ingratas.
Me explico: me ha tocado defender causas ambientales con determinados actores, a los cuales los interesados en aprobar grandes proyectos les han pagado convirtiéndolos en los principales promotores de la causa.
El Senador Prokurica sabe muy bien de lo que hablo, pues se ríe.
El señor PROKURICA.- ¡Eso vale para los dos lados!
El señor GIRARDI.- Para los dos lados, señor Senador, y eso no es bueno.
Me correspondió luchar contra la termoeléctrica Castilla, donde una parte de los actores que eran contrarios a ella, después de habérseles ofrecido una muy suculenta suma, dejaron de ser sus opositores.
A quienes nos interesa el medio ambiente no nos motiva mejorar el precio de venta a determinados actores.
Nos pasó también en otros casos en el pasado, como en el del gasoducto GasAndes, donde se hizo una negociación económica. Y muchos de los que habíamos defendido el medio ambiente en la zona nos dimos cuenta de que finalmente ello había sido en beneficio no del medio ambiente, sino de los propietarios de los terrenos.
Pero puede suceder al revés, como señaló el Senador Carlos Larraín.
Entonces, me parece que hay que eliminar en su totalidad el que el interesado en aprobar un proyecto lo haga a expensas de comprar voluntades y con publicidad engañosa. Porque el que puede publicitar es el que tiene dinero, y quienes defienden sus comunidades son pequeños grupos de pescadores, de campesinos, localidades rurales, que carecen de toda posibilidad de enfrentar esa captura económica que estimo absolutamente inadecuada.
Por ello, considero muy importante haber suscrito esta iniciativa y votarla a favor.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , discutimos largamente este proyecto con la visión expresada por el Senador señor Girardi.
Tenemos experiencias muy complejas, como la de Puchuncaví, en donde la Contraloría invalidó el acuerdo a que había llegado el municipio, porque no es admisible establecer restricciones a lo que es estrictamente el procedimiento de evaluación ambiental.
Sabemos cómo actúan las empresas. En definitiva, la forma de convencer y atrapar la aceptación ciudadana no es ofrecer el mejor proyecto, sino algunas compensaciones. Y, entonces, muchos proyectos terminan aprobados, porque se donan canchas de fútbol, de babyfootball, sedes sociales.
La iniciativa en debate tiene dos modificaciones. Su texto actual es el resultado de un consenso -quisimos traerlo a debate en la Sala-, conforme al cual si se realizan donaciones o aportes, estos no serán vinculantes para la calificación del proyecto o actividad,
No son vinculantes. Pero soy de la idea de que, si una empresa de corazón blando quiere realizar un proyecto y regalar una escuela o construir una cancha de fútbol, que lo haga, independiente del resultado de la calificación ambiental. Que se comprometa, aprobado o rechazado el proyecto, a cumplir igual su ofrecimiento. O sea, que no haya condicionamiento, y que no se diga: "Voy a hacer este aporte social; pero, si mi proyecto no se aprueba o no avanza por cualquier motivo, no cumpliré el compromiso de la donación".
Esta iniciativa establece la no vinculación. Pero hoy día no es así. Porque quien decide es el órgano de evaluación ambiental, constituido por un conjunto de "técnicos".
Reitero que, junto con el Senador Girardi, en su oportunidad, propusimos muchas indicaciones. Al final, fue peor. Saltamos del fuego a las brasas. Antes por lo menos estaban los consejeros regionales. La Corema tenía algún grado de civilidad, pues no solo había en ella funcionarios públicos. Hoy día quedan solamente estos últimos, quienes votarán de acuerdo a lo que indique el Gobierno de turno.
Entonces, no hay vinculación, según se halla establecido.
El proyecto lo discutimos en la Comisión. Ahora viene a la Sala. Se va a aprobar y habrá plazo para presentar indicaciones.
Estimo que se requiere más tiempo para debatir un conjunto de elementos que surgieron durante su análisis.
Consensuamos el actual texto, pero no es todo lo que podríamos hacer.
Se pide informar si los proponentes de un proyecto que deba someterse a evaluación de impacto ambiental han convenido algún acuerdo. Antes las empresas no lo hacían, aunque lo conocieran. No le decía al sistema que había comprometido aportes a la comunidad.
Nos pasó con ENDESA, con Ralco, por ejemplo.
No se informaba, pero -como digo- se sabía. A veces, era parte de la información que daba la empresa, pero otras, no.
Señor Presidente , dije -acabo de leer el informe- que deberán ser prohibidos todos los aportes antes del proceso de evaluación. Sin embargo, existen los compromisos, los métodos indirectos, las llamadas "fundaciones sin fines de lucro". Estas en realidad no forman parte de la empresa, mas son financiadas por ella. Por lo tanto, las donaciones indirectas también pueden ocurrir.
Aquí, lo de fondo, es una revisión completa al procedimiento, lo que sigue pendiente.
Avanzamos en ello, pero sigue siendo insuficiente.
Antes algunos decían que debemos avanzar "en la medida de lo posible". Hoy señalamos que hay que avanzar con todo lo posible. Si lo posible fue lo que despachó la Comisión, espero que en la Sala tengamos suerte.
Hay que informar al Servicio de Evaluación Ambiental. Las negociaciones no son vinculantes. Pero estos ofrecimientos o convenios deberán resolverse de manera positiva, contractual, se apruebe o no el proyecto.
Porque esa es la cuestión de fondo.
Si hay ofrecimientos, que se informen y que no sean vinculantes.
Los ciudadanos no votan en el procedimiento de aprobación. Realizan observaciones; pero, solo si se quiere serán consideradas. Las más de las veces no lo son. Por eso la gente se frustra.
Hay, pues, un procedimiento de participación ciudadana.
Durante la discusión del proyecto de reforma a la Ley del Medio Ambiente y creación del Ministerio del ramo, propusimos que tuviera carácter vinculante, pero las indicaciones que presentamos no se aprobaron.
Ahora, hemos acordado un procedimiento que da más transparencia porque obliga a informar, pero que no es vinculante.
Insisto, señor Presidente : como el proyecto en análisis permite donaciones de carácter no vinculante -solo se deben comunicar-, soy partidario de establecer la obligación de que los compromisos contraídos se cumplan, para lo cual hay que emitir una boleta de garantía, cualquiera sea el resultado del proyecto, se realice o no. Solo así se podría comprender que la intencionalidad del ofrecimiento no persigue causar adhesión, sino que el legítimo bien al prójimo y que responde al buen corazón de las empresas; es decir, a una acción de filantropía. Si no, sería una acción de compra. Y eso no lo vamos a permitir.
Voy a votar a favor, teniendo presente que con las indicaciones podremos ampliar la norma en el sentido que he señalado.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente , creo que el debate es extraordinariamente interesante. Porque si se habla de transparencia en todas las líneas, como lo han planteado los autores de la moción, me parece evidente que ella debe aprobarse.
Pero en la discusión no se ha mencionado algo que un señor Senador me recordaba hace unos minutos: exigir también transparencia a las empresas del Estado.
Aquí estamos frente a la total impunidad de que han gozado por décadas las empresas estatales para contaminar y para maltratar a sus trabajadores. Por ejemplo, en la fundición de la división Salvador de CODELCO hemos visto cómo se superan hasta en 30 veces los niveles permitidos para la salud de las personas -es bueno que algunos señores Senadores estén preocupados del asunto- sin que pase nada.
¿Por qué esos trabajadores han heredado tales condiciones laborales? ¿Por qué han heredado los niveles de contaminación de la fundición Paipote en Tierra Amarilla y en Copiapó? Porque hubo un Estado irresponsable que jamás exigió el cumplimiento de la ley.
Por eso, al hablar de transparencia -me alegro que esa sea la intención de la iniciativa en debate-, es necesario asimismo ver qué pasa con esas empresas. Al parecer, tienen baranda alta para hacer lo que quieran en materia medioambiental y en otras áreas.
Queremos transparencia, pero para todos.
Nadie puede desconocer lo planteado ahora por el Senador señor Girardi : proyectos millonarios prometen ciertos beneficios para las comunidades. Y después, ciertos personajes, que eran los que más se oponían, llegan a acuerdo mediante abogados que los representan, acabándose su preocupación por el medio ambiente; o sea, este les importaba un carajo. ¡Lo que les interesaba eran los pesos que les ponían encima de la mesa!
Cada vez que se instala o se promueve algún proyecto, especialmente de empresas privadas, se forma una fila de caballeros oponiéndose. Pero después, estiran la mano. Eso es malo.
Estimo que con un proyecto como el que nos ocupa, que transparenta los beneficios, se podrá evitar la ocurrencia de aquello. Por otro lado, también debiera existir el interés de fiscalizar a las empresas del Estado, que han contado con baranda alta para hacer lo que quieran en materia medioambiental.
Aquí, señor Presidente, llegó la hora para ello.
En el texto se menciona a las empresas privadas. Pero hay un programa completo llamado "CODELCO Buen Vecino". ¿Para qué? ¡Para eso mismo! La empresa quiere hacer una ampliación y, entonces, "el buen vecino" regala a la gente del sector neumáticos viejos y calaminas y ejecuta el proyecto, porque la autoridad mira para el lado.
¡Transparencia, sí, muy bien, pero que sea para todos, incluso para las comunidades que viven alrededor de las empresas del Estado!
El Senador Horvath me recordaba que Chañaral soportó por 50 años la contaminación de sus playas. Incluso un Presidente de la República y la Intendenta de la época se bañaron en sus aguas para demostrar que aquella había terminado. La acabaron con una varita mágica, en circunstancias de que la bahía era la más contaminada del mundo. Sin embargo, hicieron un show. ¿Por qué? Porque era una empresa del Estado. ¡Si hubiera sido privada, el trato habría sido distinto!
Entonces, señor Presidente, creo que llegó el momento de que, mediante la presente iniciativa -me parece bien intencionada-, hagamos las cosas parejas tanto para el sector público como para el privado, y que, de una vez por todas, transparentemos los recursos que las empresas del Estado invierten a fin de sacar adelante sus proyectos.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (22 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Alvear y Von Baer y los señores Cantero, Coloma, Espina, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Navarro, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Sabag, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor GIRARDI (Presidente).- Hay que fijar plazo para presentar indicaciones.
El señor NAVARRO.- Dos semanas es más que suficiente.
El señor GIRARDI (Presidente).- Propongo el lunes 17 de octubre, a las 13.
--Así se acuerda.
El señor GIRARDI (Presidente).- En este momento no hay quórum para tratar el siguiente proyecto ni para entrar al Tiempo de Votaciones.
Antes de levantar la sesión, daré curso a las peticiones de oficio que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío anunció el señor Presidente son los siguientes:
Del señor NAVARRO:
Al señor Ministro de Defensa Nacional, a fin de que, por su intermedio, la Fuerza Aérea informe sobre RECIENTE ACCIDENTE AÉREO EN ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ.
A los señores Ministros de Planificación y de Obras Públicas, para solicitarles antecedentes sobre PETICIÓN DE DERECHOS DE AGUA SOBRE RÍO QUEUCO POR EMPRESA GENERADORA COLBÚN (Región del Biobío).
Al señor Ministro de Salud, requiriéndole información acerca de EVENTUAL LEVANTAMIENTO DE CIERRE, POR AUTORIDAD SANITARIA DE REGIÓN DE LOS LAGOS, DE 5 CENTROS DE CULTIVO EN POZA PUREO.
A la señora Ministra del Medio Ambiente, para que informe acerca de RESULTADOS DE MUESTREOS EN POZA PUREO TRAS DERRAME DE COMBUSTIBLE DESDE PLANTA COPEC (Décima Región).
Al señor Director Nacional de la JUNAEB, para que remita estadísticas sobre PROGRAMAS DE SALUD ESCOLAR Y NÚMERO DE RACIONES ALIMENTICIAS VERSUS POSTULACIONES TOTALES, y envíe antecedentes relativos a INVERSIÓN EN RESIDENCIAS ESTUDIANTILES EN CADA REGIÓN.
De la señora PÉREZ (doña Lily):
Al señor Ministro de Planificación, requiriéndole antecedentes sobre PERSONAS AUTORIZADAS COMO DIGITADORAS DE FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL (reiteración de oficio).
Al señor Director Nacional del Servicio Electoral, pidiéndole información acerca de PROBLEMAS TÉCNICOS PARA NO IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA Y VOTO VOLUNTARIO EN COMICIOS MUNICIPALES DE 2012.
De la señora RINCÓN:
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, requiriendo antecedentes sobre ENTREGA DE VIVIENDAS CON SUBSIDIOS DE RECONSTRUCCIÓN DE 2010, EN COMUNA DE RETIRO.
Al señor Ministro de Agricultura, a fin de que se informe sobre POSIBILIDAD DE CONDONACIÓN PARA INTEGRANTES DE SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES ALGUEROS, ACUICULTORES Y RECOLECTORES DE ORILLA CALETA DE CARDONAL, COMUNA DE PELLUHUE.
Al señor Ministro de Agricultura, solicitándole informar sobre REBAJAS PRESUPUESTARIAS EN OFICINAS SECTORIALES DEL SAG, EN PARTICULAR DE REGIÓN DEL MAULE.
Del señor WALKER (don Patricio):
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, haciéndole presente PETICIÓN DE AGRUPACION DE EX PRESOS POLÍTICOS Y DE TORTURA "JOSÉ FELMER KLENNER" CON RELACIÓN A FUNCIONAMIENTO DE COMISIÓN ASESORA DE DETENIDOS DESAPARECIDOS, EJECUTADOS POLÍTICOS Y VÍCTIMAS DE PRISIÓN Y TORTURA,
y al señor Director General de Aeronáutica Civil, pidiéndole informe respecto de VERACIDAD DE DATOS PUBLICADOS EN DIARIO "LA SEGUNDA" (9 DE SEPTIEMBRE DE 2011), RELATIVO A RANKING DE PISTAS DE ATERRIZAJE MÁS COMPLEJAS DE CHILE.
)----------(
El señor GIRARDI (Presidente).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:13.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESION
13. PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑOR ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), SEÑORAS ALLENDE, ALVEAR Y RINCÓN Y SEÑORES BIANCHI, CANTERO, ESCALONA, FREI (DON EDUARDO), GIRARDI, GÓMEZ, LAGOS LETELIER, MUÑOZ ABURTO, NAVARRO, PIZARRO, QUINTANA, ROSSI, RUIZ-ESQUIDE, SABAG, TUMA, WALKER (DON IGNACIO), Y WALKER (DON PATRICIO), SOBRE CREACIÓN DE COMISIÓN BICAMERAL PARA ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA (S 1411-12)
Antecedentes:
1. La Constitución Política de la República de Chile fue dictada a través del Decreto N° 3.464 publicado el año 1980. Desde la fecha de su publicación, el texto original ha sido objeto de 29 reformas, siendo una de las más relevantes la que se introdujo el año 2005 a través de la Ley N° 20.050.
2. Asimismo desde la dictación de la Constitución se han presentado 579 proyectos de ley (entre mensajes y mociones) tendientes a introducir modificaciones al texto constitucional., hecho que es demostrativo de la existencia de una voluntad política de reformar la Carta Fundamental.
3. Por su parte, la ciudadanía se ha manifestado en el mismo sentido, señalando como una de las demandas públicas la necesidad de cambiar el texto Constitucional y llevar a cabo diversas reformas políticas tendiente a recoger demandas, relacionadas con la exigencia de mayor participación ciudadana a través de plebiscito nacionales y comunales, reformas del sistema electoral, descentralización, elección popular de los representantes regionales, mayor autonomía y poder de los gobiernos comunales, propuestas para un régimen político semipresidencial o parlamentario.
En Internet, a través de distintos portales, circula una carta dirigida a la máximas autoridades y firmada por más de tres mil ciudadanos que exigen una nueva Constitución para Chile, y señalan que es indispensable que el nuevo instrumento “nos represente a todas y todos, que promueva la democracia, la transparencia, el pluralismo, el bienestar general, los derechos sociales y la participación ciudadana como ejes orientadores de nuestra convivencia”.
4.- Uno de los argumentos más utilizados para fundamentar la necesidad del cambio de texto constitucional radica en la falta de legitimidad de origen de la Norma ya que esta fue redactada “en el marco de un gobierno de facto y luego ratificada en un procedimiento que no ofreció garantías democráticas”. Para otros “el argumento decisivo para reemplazar el actual texto no está en su ilegitimidad de origen sino en su eventual incapacidad para dar cuenta de la transformación que ha experimentado Chile en los últimos 30 años”.
Así existe consenso ciudadano en que “una nueva Constitución ganaría en legitimidad y adhesión social, ambas cuestiones deseables en todo sistema político”.
5 En lo que respecta a los mecanismos para dar curso al proyecto de nueva Constitución una de las posibilidades es trabajar sobre la base de una Asamblea Constituyente. Sin embargo actualmente no se cuenta con los mecanismos que permitan el establecimiento de esta institución, a menos que existiese un acuerdo parlamentario de parte de todas las fuerzas políticas, lo que requerirá tiempo y consensos.
Frente a lo anterior se requiere buscar otros mecanismos que permitan avanzar en la generación de la nueva Constitución.
Con la finalidad antes indicada, los Senadores que suscribimos, venimos a proponer lo siguiente:
Proyecto de Acuerdo
Se propone la creación de una comisión bicameral cuya tarea será estudiar y proponer un nuevo texto de Carta Fundamental, escuchando la opinión de los diversos actores sociales en los temas que sean de su interés, contando además con la asesoría de especialistas expertos en las materias. El texto final deberá ser ratificado posteriormente mediante un plebiscito ciudadano.
(Fdo.): Andrés Zaldívar Larraín, Senador.- Isabel Allende Bussi, Senadora.- Soledad Alvear Valenzuela, Senadora.- Ximena Rincón González, Senadora.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Carlos Cantero Ojeda, Senador.- Camilo Escalona Medina, Senador.- Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Senador.- Guido Girardi Lavín, Senador.- José Antonio Gómez Urrutia, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.- Juan Pablo Letelier Morel, Senador.- Pedro Muñoz Aburto, Senador.- Alejandro Navarro Brain, Senador.- Jorge Pizarro Soto, Senador.- Jaime Quintana Leal, Senador.- Fulvio Rossi Ciocca, Senador.- Mariano Ruiz-Esquide Jara, Senador.- Hosaín Sabag Castillo, Senador.- Eugenio Tuma Zedán, Senador.- Ignacio Walker Prieto, Senador.- Patricio Walker Prieto, Senador.