Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- ACUERDOS DE COMITÉS
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
DECLARACIÓN DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011 COMO FERIADO IRRENUNCIABLE PARA TRABAJADORES DEL COMERCIO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
- INTERVENCIÓN : Ricardo Lagos Weber
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Jorge Pizarro Soto
- DEBATE
-
REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIVERSIDADES NO ESTATALES, CON RELACIÓN AL LUCRO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Ricardo Lagos Weber
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
- INTERVENCIÓN : Ena Von Baer Jahn
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Ignacio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- INTERVENCIÓN : Ximena Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- DEBATE
-
DECLARACIÓN DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011 COMO FERIADO IRRENUNCIABLE PARA TRABAJADORES DEL COMERCIO
- VI.
TIEMPO DE VOTACIONES
- RECONOCIMIENTO DE PALESTINA COMO INTEGRANTE DE ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. PROYECTO DE ACUERDO
- AUMENTO DE FRANQUICIA TRIBUTARIA PARA FORTALECIMIENTO DE FORMACIÓN LABORAL DE TRABAJADORES EN REGIONES. PROYECTO DE ACUERDO
- MAYOR FISCALIZACIÓN DE SISTEMA BANCARIO, ELIMINACIÓN DE ANATOCISMO Y REBAJA DE TASA MÁXIMA CONVENCIONAL. PROYECTO DE ACUERDO
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Camilo Escalona Medina
- PETICIÓN DE OFICIO
- Eduardo Frei Ruiz-tagle
- Ricardo Lagos Weber
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Rincon Gonzalez
- PETICIÓN DE OFICIO : Camilo Escalona Medina
-
PREOCUPACIÓN POR RENUNCIA DE SECRETARIO EJECUTIVO DE DESARROLLO DIGITAL Y POR INCERTIDUMBRE EN POLÍTICAS DEL ÁREA. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
-
INCREMENTO DE FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Ignacio Kuschel Silva
-
ESTADO DE AVANCE DE TRABAJOS Y PROGRAMAS EN AYACARA, DÉCIMA REGIÓN. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- ESTADO DE AVANCE DE CAMINO A HUEQUI SUR Y DE RUTA COSTERA CASA DE PESCA-LOYOLA, DÉCIMA REGIÓN. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Ignacio Kuschel Silva
-
PAGO DE SUBVENCIONES EN COLEGIOS EN TOMA. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
ABUSOS POLICIALES EN COLEGIOS EN TOMA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD ADECUADAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
INFORMACIÓN SOBRE EFECTIVIDAD DE EXISTENCIA DE CULTIVOS TRANSGÉNICOS EN TERRITORIO NACIONAL. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Juan Pablo Letelier Morel
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESION
- 6. MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑOR MUÑOZ ABURTO, SEÑORAS ALLLENDE Y RINCÓN Y SEÑ0RES ESCALONA Y ROSSI, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHO A OPTAR ENTRE SISTEMAS PREVISIONALES DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL O DE REPARTO (7924-13)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Maria Isabel Allende Bussi
- Ximena Rincon Gonzalez
- Camilo Escalona Medina
- Fulvio Rossi Ciocca
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 7. MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑOR MUÑOZ ABURTO, SEÑORAS ALLLENDE Y RINCÓN Y SEÑ0RES ESCALONA Y ROSSI, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE EXCLUYE DE LICITACIONES REFERIDAS AL TRANSPORTE PÚBLICO A OPERADORES QUE SE INDICA (7925-15)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Maria Isabel Allende Bussi
- Ximena Rincon Gonzalez
- Camilo Escalona Medina
- Fulvio Rossi Ciocca
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 8. MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORA RINCÓN Y SEÑORES GIRARDI, GÓMEZ, NAVARRO Y ROSSI, CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO DE LEY SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL Y LA REGULACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN PESQUERA (7926-03)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Ximena Rincon Gonzalez
- Guido Girardi Lavin
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- Alejandro Navarro Brain
- Fulvio Rossi Ciocca
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 9. MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑOR GÓMEZ, SEÑORA RINCÓN Y SEÑORES LAGOS, QUINTANA Y ROSSI, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY RELATIVO A TRANSPARENCIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES QUE RECIBEN APORTES ESTATALES (7929-04)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- Ximena Rincon Gonzalez
- Ricardo Lagos Weber
- Jaime Quintana Leal
- Fulvio Rossi Ciocca
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 10. MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR CANTERO, CON LA QUE DA INICIO A UN PROYECTO DE LEY RELATIVO AL FORTALECIMIENTO DE LA RADIODIFUSIÓN REGIONAL Y LOCAL (7931-15)
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑORES TUMA, KUSCHEL, LETELIER Y PIZARRO, SOBRE RECONOCIMIENTO DEL ESTADO DE PALESTINA COMO INTEGRANTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (S 1409-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Eugenio Tuma Zedan
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Juan Pablo Letelier Morel
- Jorge Pizarro Soto
- Francisco Chahuan Chahuan
- Hosain Sabag Castillo
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- 6. MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑOR MUÑOZ ABURTO, SEÑORAS ALLLENDE Y RINCÓN Y SEÑ0RES ESCALONA Y ROSSI, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHO A OPTAR ENTRE SISTEMAS PREVISIONALES DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL O DE REPARTO (7924-13)
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 359ª
Sesión 52ª, en martes 13 de septiembre de 2011
Ordinaria
(De 16:21 a 19:48)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GUIDO GIRARDI LAVÍN, PRESIDENTE;
JUAN PABLO LETELIER MOREL,VICEPRESIDENTE;
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA Y ALEJANDRO NAVARRO BRAIN, PRESIDENTES ACCIDENTALES
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
Acuerdos de Comités.................................¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que declara feriado irrenunciable el día 19 de septiembre de 2011 (7900-13 y 7893-13, refundidos) (se aprueba en general y en particular)............................................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre requisitos de funcionamiento de universidades no estatales, en relación con el lucro (7760-04) (se aprueba en general).......................................................................................................................
VI. TIEMPO DE VOTACIONES:
Reconocimiento de Palestina como integrante de Organización de Naciones Unidas. Proyecto de acuerdo (S 1409-12) (se aprueba)..........................................................
Aumento de franquicia tributaria para fortalecimiento de formación laboral de trabajadores en Regiones. Proyecto de acuerdo (S 1402-12) (se aprueba)...............
Mayor fiscalización de sistema bancario, eliminación de anatocismo y rebaja de tasa máxima convencional. Proyecto de acuerdo (S 1403-12) (se aprueba)....................
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿...............
Preocupación por renuncia de Secretario Ejecutivo de Desarrollo Digital y por incertidumbre en políticas del área. Oficio (observaciones del Senador señor Cantero)......................................................................................................................
Incremento de Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Oficios (observaciones del Senador señor Kuschel)..............................................................................................
Estado de avance de trabajos y programas en Ayacara, Décima Región. Oficio (observaciones del Senador señor Kuschel)...............................................................
Estado de avance de camino a Huequi Sur y de ruta costera Casa de Pesca-Loyola, Décima Región. Oficios (observaciones del Senador señor Kuschel).....................
Pago de subvenciones en colegios en toma. Oficio (observaciones del Senador señor Navarro).....................................................................................................................
Abusos policiales en colegios en toma y medidas de seguridad adecuadas en establecimientos educacionales. Oficios (observaciones del Senador señor Navarro).....................................................................................................................
Información sobre efectividad de existencia de cultivos transgénicos en territorio nacional. Oficios (observaciones del Senador señor Letelier)...................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda , señor Felipe Larraín Bascuñán, y del Trabajo y Previsión Social subrogante, señor Bruno Baranda Ferrán.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario , el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 23 señores Senadores.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Las actas de las sesiones 49ª, ordinaria, 50ª, especial, y 51ª, ordinaria, en 6 y 7 de septiembre del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Siete de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con los tres primeros retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificada de "discusión inmediata", en relación con las iniciativas que se indican a continuación:
1.- Proyecto que modifica la ley N° 20.248, de subvención escolar preferencial (boletín N° 7.187-04).
2.- Proyecto que modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, para dotar de atribuciones en materias financieras, entre otras, al Servicio Nacional del Consumidor (boletín N° 7.094-03).
3.- Proyecto de ley que declara feriado irrenunciable el día 19 de septiembre de 2011 (boletines N°s 7.900-13 y 7.893-13, refundidos).
Con el cuarto retira la urgencia y la hace presente de nuevo, calificada de "suma", respecto del proyecto que modifica la ley N° 18.290, a fin de aumentar las sanciones por manejo en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, y bajo la influencia del alcohol (boletín N° 7.652-15).
Con el quinto hace presente la urgencia, calificada de "suma", en cuanto al proyecto de ley que establece normas especiales sobre publicidad y reserva de las actuaciones procesales tratándose de ciertos delitos, y refuerza las sanciones en materia de delitos contra los miembros de las policías (boletín N° 7.217-07).
Con el penúltimo hace presente la urgencia, calificada de "simple", en relación con el proyecto de ley sobre plebiscito y consultas de carácter comunal (boletín N° 7.308-06).
Con el último retira la urgencia que hizo presente para el despacho del proyecto que modifica los incisos primero y segundo del artículo 50 de la ley N° 19.712, del Deporte, en la forma que indica (boletines N°s 3.455-04, 4.522-29, 4.783-29, 4.871-29, 5.519-29, 6.143-04, 7.230-29 y 7.378-29, refundidos).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados:
Con los dos primeros comunica que aprobó los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley que declara feriado irrenunciable el día 19 de septiembre de 2011 (boletines N°s 7.900-13 y 7.893-13, refundidos) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Se exime del trámite de Comisión y se incorpora, como si fuera de Fácil Despacho, en la tabla del Orden del Día de la presente sesión.
2.- Proyecto de ley que modifica límites intercomunales entre Combarbalá y Punitaqui, en la Región de Coquimbo, y entre Puerto Varas y Puerto Montt, en la Región de Los Lagos (boletín Nº 6.733-06).
--Pasa a las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, unidas.
Con el tercero indica que rechazó algunas de las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que modifica la ley N° 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos irregulares, y renueva su vigencia (boletín N° 6.830-14) (con urgencia calificada de "simple"). Asimismo, informa la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe formarse, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política.
--Se toma conocimiento y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del Reglamento del Senado, se designa como miembros de la referida Comisión Mixta a los señores Senadores integrantes de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
Con el cuarto señala que aprobó, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, el proyecto de acuerdo aprobatorio del "Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada, aprobado, el 22 de noviembre de 2009, por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en su 36º período de sesiones" (boletín N° 7.160-10).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República.
Del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública:
Da respuesta a un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Senadores señor Girardi, señora Rincón y señores Bianchi, Escalona, Gómez, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Quintana, Rossi, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés), referido a la actuación de las fuerzas policiales durante las manifestaciones en contra de las centrales hidroeléctricas en Aysén (boletín N° S 1.360-12).
Del señor Ministro (s) de Economía, Fomento y Turismo:
Atiende solicitud, enviada en nombre del Senador señor Navarro, relativa a las utilidades que le han reportado a la Corporación de Fomento de la Producción las acciones que posee de la empresa sanitaria ESSBIO, y al destino de esos recursos.
Da respuesta a un oficio, remitido en nombre de los Senadores señor Horvath, señora Pérez San Martín y señores Bianchi, Cantero, Chahuán, García y Prokurica, en el que solicitan información acerca de licitación y privatización de acciones que el Estado posee en ESVAL, ESSBIO y ESSAL.
Del señor Ministro de Obras Públicas:
Contesta un oficio, cursado en nombre del Senador señor Navarro, en el que pide antecedentes respecto de solicitudes de extracción de arena en sector Puente Viejo-Chacabuco, comuna de Concepción.
Responde un oficio, solicitado por el Senador señor Eduardo Frei, relativo al avance del proyecto de asfaltado de Ruta U-22 Misión Rahue-Misión San Juan de la Costa Ruta U-30.
Da respuesta a un oficio, dirigido en nombre del Senador señor Navarro, en el que pide información sobre seguridad en Ruta del Itata, especialmente en nudos de acceso a Chillán y Penco.
Contesta una solicitud del Senador señor Horvath, a fin de considerar integralmente los proyectos hidroeléctricos que se están evaluando para la Región de Aysén.
Del señor Intendente de la Región del Biobío:
Da respuesta a un oficio, enviado en nombre del Senador señor Navarro, respecto de ayuda social para trabajadores de Ferrol (ex Calzados Gacel).
De la señora Jefa del Departamento de Transparencia y Documentación del Instituto de Previsión Social:
Responde petición de información, remitida en nombre del Senador señor Cantero, tocante a solicitud de revaluación del porcentaje de invalidez que afecta al señor Hugo Navarro Rojas.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señor Bianchi, señora Rincón y señores Chahuán, Gómez y Muñoz Aburto, en primer trámite constitucional, sobre derechos de empaquetadores de supermercados u otros establecimientos comerciales (boletín N° 7.592-13) (con urgencia calificada de "simple").
De la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señor Letelier, señora Allende y señores Girardi y Gómez, en primer trámite constitucional, acerca de beneficios y publicidad respecto de proyectos en proceso de calificación ambiental (boletín N° 7.552-12).
--Quedan para tabla.
Mociones
Dos de los Senadores señor Muñoz Aburto, señoras Allende y Rincón y señores Escalona y Rossi, con las que inician los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de reforma constitucional sobre derecho a optar entre sistemas previsionales de capitalización individual o de reparto (boletín Nº 7.924-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
2.- Proyecto de ley que excluye de licitaciones referidas al transporte público a operadores que se indica (boletín Nº 7.925-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
De los Senadores señora Rincón y señores Girardi, Gómez, Navarro y Rossi, con la que dan inicio a un proyecto de ley sobre el fortalecimiento de la pesca artesanal y la regulación de la explotación pesquera (boletín Nº 7.926-03).
--Pasa a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
De los Senadores señor Gómez, señora Rincón y señores Lagos, Quintana y Rossi, con la que inician un proyecto de ley relativo a transparencia de establecimientos educacionales que reciben aportes estatales (boletín Nº 7.929-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Del Senador señor Cantero, con la que da inicio a un proyecto de ley referido al fortalecimiento de la radiodifusión regional y local (boletín Nº 7.931-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Declaración de inadmisibilidad Moción del Senador señor Gómez --Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , de conformidad con lo dispuesto en el N° 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señores Tuma, Kuschel, Letelier y Pizarro, acerca de reconocimiento del Estado de Palestina como integrante de la Organización de las Naciones Unidas (boletín Nº S 1.409-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- En este momento ha llegado a la Mesa un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , con el que da inicio a un proyecto de ley sobre protección a deudores de créditos en dinero (boletín N° 7.932-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Terminada la Cuenta.
Tiene la palabra el señor Secretario, para dar a conocer los acuerdos de Comités.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- En reunión celebrada el día de hoy, los Comités adoptaron unánimemente los siguientes acuerdos:
1.- Autorizar a las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, unidas, para discutir en general y en particular, en el primer informe, el proyecto de ley que fomenta el mercado de cruceros turísticos (boletines N°s. 7.528-06 y 7.285-06, refundidos).
2.- Incorporar en el Tiempo de Votaciones de esta sesión el proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señores Tuma, Kuschel, Letelier y Pizarro, acerca de reconocimiento del Estado de Palestina como integrante de la Organización de las Naciones Unidas (boletín N° S 1.409-12).
3.- Eximir del trámite de Comisión e incorporar en la tabla de esta sesión, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de ley que declara feriado irrenunciable el día 19 de septiembre de 2011 (boletines N°s. 7.900-13 y 7.893-13, refundidos).
4.- Enviar a las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, unidas, el proyecto de ley que modifica límites intercomunales entre Combarbalá y Punitaqui, en la Región de Coquimbo, y entre Puerto Varas y Puerto Montt, en la Región de Los Lagos (boletín N° 6.733-06).
5.- Abrir un nuevo plazo para formular indicaciones respecto del proyecto de ley que crea juzgados de policía local en las comunas que indica (boletín N° 5.906-07), hasta las 13 del lunes 26 de septiembre, en la Secretaría de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
6.- Retirar del Orden del Día de la presente sesión y colocar en la tabla de Fácil Despacho de la de mañana, el proyecto de ley -signado con el número 7-, que regulariza construcción de bienes raíces destinados a microempresas y equipamiento social (boletín N° 6.531-14).
7.- Una vez que se dé cuenta en el Senado de las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley en materia de duración del descanso de maternidad (boletín N° 7.526-13), enviar dicha iniciativa a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud, unidas.
V. ORDEN DEL DÍA
DECLARACIÓN DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011 COMO FERIADO IRRENUNCIABLE PARA TRABAJADORES DEL COMERCIO
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Conforme al acuerdo adoptado por los Comités, corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto que declara el día 19 de septiembre de 2011 como feriado irrenunciable para los trabajadores del comercio, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7900-13 y 7893-13, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 52ª, en 13 de septiembre de 2011.
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
El proyecto tuvo su origen en un mensaje del Ejecutivo y en una moción de varios señores Diputados.
Su objetivo principal es establecer el día 19 de septiembre de 2011 como feriado obligatorio e irrenunciable para los trabajadores dependientes del comercio, con excepción de aquellos que se desempeñan en clubes, restoranes, establecimientos de entretenimiento y de expendio de combustibles, farmacias de urgencia y farmacias que deban cumplir turno.
Las infracciones a esta normativa serán sancionadas con multa a beneficio fiscal.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente , la semana pasada el Senado se pronunció por unanimidad sobre un proyecto similar: 31 señores Senadores que nos hallábamos en la Sala lo votamos favorablemente.
Por lo tanto, ya dimos a conocer nuestro parecer en ese momento, a través de una votación absolutamente unánime.
Lo que hizo el Ejecutivo fue llegar a un acuerdo con un sector político de la Cámara de Diputados e ingresar una iniciativa legal en esa dirección. En virtud de ello, solicitamos hoy día en la reunión de Comités votar sin mayor discusión este proyecto, cuyo propósito es idéntico al que ya fue sancionado por nosotros.
Solo deseo señalar que, para poder organizarse, para poder estructurarse, el país espera que, en lo posible, esta iniciativa sea aprobada en el día de hoy -entiendo que se despachará sin mayor debate- y, por eso, llamo a mis colegas una vez más -tal como lo hicimos la semana pasada de manera unánime- a aprobar el 19 de septiembre como feriado irrenunciable.
Asimismo, cabe agregar que en nuestra Corporación hay varios proyectos de ley que apuntan a reconocer y establecer el 19 de septiembre de cada año como un día feriado irrenunciable permanente.
Desde ya, por supuesto, anticipo mi voto favorable a la iniciativa.
Gracias, señor Presidente.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente , en la misma línea, debo hacer notar que el proyecto de ley que presentamos junto con los Senadores señores Bianchi , Horvath y Sabag tenía por objeto acabar con los trabajadores de primera y de segunda clase, en términos de que a algunos les asistía el derecho al feriado irrenunciable y a otros no.
En ese contexto, valoramos que el Ejecutivo haya presentado el proyecto. Nos habría gustado que patrocinara el formulado por los Senadores y no el de los Diputados, pero lo importante es que finalmente se cumple el propósito de darles a todos y cada uno de los chilenos la posibilidad de festejar este 19 de septiembre, pues hace mucha falta.
El país lo ha pasado bastante mal, sobre todo hoy día que nos enteramos de una muerte más en Juan Fernández , en este caso, de un suboficial de la Fuerza Aérea que participaba en las labores de rescate.
Por eso, creemos necesario generar un espíritu colectivo en el país, y declarar feriado irrenunciable el 19 de septiembre, por supuesto, ayuda en ese sentido.
En consecuencia, es importante aprobar este proyecto en el día de hoy y felicitarnos de que el Senado lo haya puesto sobre tabla, a efectos de despacharlo a la mayor brevedad posible.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos; luego, el Honorable señor Muñoz Aburto, y procederemos a la votación.
El señor LAGOS.- Señor Presidente , en verdad esta es una gran ocasión por cuanto, al menos por el presente año, los trabajadores chilenos podrán contar con un feriado de carácter irrenunciable. Y no me cabe duda alguna de que el proyecto será aprobado prácticamente por unanimidad.
Me hubiese gustado, sí, haber visto en la vereda de enfrente esa misma unanimidad el año pasado cuando votamos los feriados del Bicentenario, pues solamente los que nos sentamos en los escaños de este lado, más un par de Independientes, aprobamos ese beneficio para los trabajadores...
La señora PÉREZ ( doña Lily ).- Yo también, señor Senador.
El señor COLOMA .- ¡Fueron varios!
El señor LAGOS.- La gran mayoría se negó y el Gobierno no quiso patrocinar el proyecto que declaraba feriado para los trabajadores el 20 de septiembre del año pasado.
Entonces, me alegra mucho el darles ahora a los dependientes del comercio un feriado irrenunciable y ver que hemos logrado sensibilizar a algunos Senadores para que este año sí otorguen un día feriado a los trabajadores del comercio, dado que el año pasado no estuvieron en condiciones de hacerlo.
Por ello, señor Presidente, estoy muy contento de votar favorablemente esta iniciativa.
--(Aplausos en tribunas).
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Advierto a quienes se hallan en las tribunas que no tienen derecho a realizar manifestaciones. Lo digo porque, si estas continúan, ejerceré la facultad reglamentaria.
Quiero dejarlo claro.
Están todos invitados a ser parte de este debate y también del que se lleve a cabo respecto de otras materias, pero la Mesa no aceptará interrupciones ni que se emitan opiniones a favor o en contra durante ningún momento de la discusión.
Recuerdo a la Sala que, por tratarse de un proyecto que debe ser despachado como si fuera de Fácil Despacho, después de la intervención del Senador señor Muñoz Aburto, procederemos a la votación.
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente , solo deseo expresar que reglamentariamente -lamento que así sea- no se halla resuelto el problema de cómo proceder cuando un proyecto es aprobado en el Senado y otro relativo a la misma materia es despachado por la Cámara de Diputados.
No se produce, desgraciadamente, la integración en una sola iniciativa. Y hemos venido manifestando este inconveniente hace bastante tiempo, pues a mi juicio paraliza la tramitación de determinados proyectos.
Hay una serie de iniciativas -y citaré el ejemplo- como la que garantiza los derechos de los pasajeros de las líneas aéreas, que fue aprobada por el Senado y se envió a la Cámara de Diputados. Sin embargo, la otra rama legislativa también aprobó otro proyecto más o menos similar que ahora se encuentra en nuestra Corporación.
Lamentablemente, ninguno de los dos registra avances porque no existe una disposición reglamentaria que habilite a ambas ramas del Parlamento para refundir iniciativas legales que tratan de la misma materia.
Es por eso que el esfuerzo realizado por algunos Senadores para que el día 19 de septiembre sea declarado feriado irrenunciable en beneficio fundamentalmente de los trabajadores del comercio no se verá reflejado en un solo proyecto de ley, como sí ocurre con el que presentó el Ejecutivo en la Cámara Baja y que fuera formulado por algunos Diputados.
En consecuencia, deseo resaltar y relevar esta falla de nuestro Reglamento y desde ya anunciar que, al igual que los señores Senadores que aprobaron el otro proyecto por unanimidad, votaré a favor de la iniciativa en debate que declara feriado irrenunciable el día 19 de septiembre.
Gracias, señor Presidente.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Muy bien.
A continuación, pondré en votación el proyecto...
El señor PIZARRO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , quiero hacer una consulta al Ejecutivo .
Cuando leí la iniciativa que públicamente presentó el Gobierno, yo entendí que la idea era declarar feriados obligatorios e irrenunciables para los trabajadores dependientes del comercio los días 19 de septiembre de cada año. Sin embargo, en el proyecto vemos que el beneficio se aplica solo por este año.
Entonces, consulto directamente al Ejecutivo -y no veo la razón para dejar de hacerlo- por qué no se declara este día feriado irrenunciable de manera permanente, al igual que el 18 de septiembre, el 1º de enero, etcétera, pues a eso aspiramos todos.
El año pasado se llevó a cabo un debate acerca de los efectos que esto generaría en el país, los cuales iban desde el desabastecimiento y la anarquía hasta lo que finalmente sucedió: un derecho ejercido de manera total y absoluta por los trabajadores sin mayores problemas. Al revés: siguiendo la argumentación de algunos señores Senadores, me parece que ese día feriado fue en beneficio de la familia y lo natural sería que fuese declarado de manera permanente, tal como ocurre con otros ya establecidos.
Por eso, antes de entrar a la votación de la iniciativa, pregunto directamente al representante del Gobierno, el señor Ministro del Trabajo subrogante, por qué no se hizo de esa forma.
El señor LETELIER (Vicepresidente).-Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE .- Señor Presidente , me sumo a lo planteado por los Honorables señores Muñoz Aburto y Pizarro .
La semana pasada voté favorablemente el proyecto presentado por varios Senadores. A mí me resulta incómodo pronunciarme ahora sobre un texto idéntico, pero que viene de la Cámara de Diputados. Eso nos pone en una situación bastante absurda, por no decir ridícula: votar dos veces una misma iniciativa porque hay distintos padres.
Quisiera que definiéramos ese punto.
Yo estoy de acuerdo con la idea del proyecto. Entonces, me doy por satisfecho, pues ya otorgué mi aprobación la semana pasada.
No me siento cómodo con votar dos veces lo mismo, pues se sienta un precedente que puede llevar a las peores aberraciones.
Quiero saber cuál es la iniciativa que vale, señor Presidente .
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Señor Senador, no nos hallamos, como Mesa, en condiciones de resolver esa interrogante.
Está registrado de dónde nació cada proyecto. Conocemos esta parte de la historia.
Tiene la palabra, antes de pasar a la votación, el señor Ministro del Trabajo subrogante.
El señor BARANDA ( Ministro del Trabajo y Previsión Social subrogante).- Señor Presidente , el proyecto del Ejecutivo procura fundamentalmente el bienestar de los trabajadores y sus familias. La idea es que dispongan de más tiempo para compartir en el hogar y participar en las festividades patrias y en las actividades tradicionales.
Pero también existe un interés social: aprovechar este gran momento como una oportunidad para, reviviendo las tradiciones patrias, trabajar y profundizar nuestra identidad. Y, por cierto, la unidad y el sentido de nación son elementos sustanciales, importantes.
Si bien esta es un iniciativa de ley propuesta por el Gobierno, reconocemos noblemente el trabajo y el aporte que, a través de mociones, han realizado tanto los Senadores señores Chahuán , Bianchi , Sabag y Horvath cuanto los Diputados señoras Goic , Muñoz y Vidal y señores Andrade , Browne , Nicolás Monckeberg , Saffirio y Vilches .
Aunque formalmente las diversas mociones no se pueden fusionar con el proyecto del Ejecutivo, este las reconoce y, en los hechos, las absorbe. Por lo tanto, los parlamentarios que mencioné son también autores intelectuales. Ellos mismos nos habían pedido, al igual que los trabajadores del comercio, hacer la propuesta de ley que ocupa al Honorable Senado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En votación la idea de legislar.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (28 votos afirmativos); no habiéndose formulado indicaciones, se aprueba también en particular, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
--(Aplausos en tribunas).
REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIVERSIDADES NO ESTATALES, CON RELACIÓN AL LUCRO
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Escalona, Frei (don Eduardo), Gómez, Navarro y Rossi, en primer trámite constitucional, sobre requisitos de funcionamiento de las universidades no estatales con relación al lucro, informado por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7760-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Escalona, Frei (don Eduardo), Gómez, Navarro y Rossi):
En primer trámite, sesión 30ª, en 5 de julio de 2011.
Informe de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 42ª, en 10 de agosto de 2011.
Discusión:
Sesiones 45ª, en 17 de agosto de 2011 (queda para segunda discusión); 48ª, en 31 de agosto de 2011 (se aplaza su votación).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- La votación en general de esta iniciativa se encuentra aplazada.
Corresponde tener presente que para la aprobación de la idea de legislar se requieren los votos conformes de 22 señores Senadores.
El señor BIANCHI.- ¿Me permite, señor Presidente ? Quiero plantear un punto de Reglamento.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente , voy a dejar que los autores de la iniciativa den cuenta de ella. Yo solo quiero hacer una observación vinculada con el artículo 5° B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Me parece importante, en la línea de lo que deseamos transparentar y entregar como mensaje al país.
La norma referida dice textualmente:
"Los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción. Con todo, podrán participar en el debate advirtiendo previamente el interés que ellas, o las personas mencionadas, tengan en el asunto.
"No regirá este impedimento en asuntos de índole general que interesen al gremio, profesión, industria o comercio a que pertenezcan, en elecciones o en aquellas materias que importen el ejercicio de alguna de las atribuciones exclusivas de la respectiva Cámara.".
Sé que la Honorable señora Alvear hizo ver su caso particular. Otros señores Senadores están en la misma línea. Y a mí me interesa despejar todo manto de duda con respecto a esta materia.
Me parece que es lo procedente.
Señor Presidente , creí que antes de las intervenciones de los autores de la moción y del inicio de la votación era necesario recordar lo preceptuado por nuestra propia Ley Orgánica en su artículo 5° B.
Muchas gracias.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Su Señoría, de acuerdo a la Ley y al Reglamento, es responsabilidad de todo Senador que tenga interés directo o personal en los asuntos puestos en discusión inhabilitarse.
Fue lo que anunció la Honorable señora Alvear en sesión de la semana pasada.
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , me he inscrito por tercera vez para hacer uso de la palabra pensando esencialmente en que este proyecto de ley ha motivado el interés de ciudadanos de la Quinta Región que nos acompañan en las tribunas.
Mi intención es precisarles a ellos que esta normativa tiene un propósito muy concreto: si las corporaciones sin fines de lucro reconocidas oficialmente por el Estado como universidades privadas llevan adelante operaciones contractuales, financieras o comerciales, con entidades que persiguen fines de lucro conformadas por personas que integran aquellas (es decir, en la jerga de los economistas, constituidas en sociedades espejo), lo que por disposición expresa del artículo 53 de la Ley General de Educación está prohibido, se pondrá término al referido reconocimiento, conforme a un artículo nuevo que se agrega mediante el proyecto en debate.
Ese es el sentido de esta iniciativa: sancionar con el término del reconocimiento oficial del Estado a las llamadas "sociedades espejo", que tienen como propósito inflar artificialmente los costos de los estudios universitarios, acción que provoca el efecto de abultar los aranceles y golpear con dureza en particular a las familias de clase media.
En la sesión anterior citamos el caso de universidades privadas que contratan sociedades de servicios con fines de aseo, por ejemplo, constituidas por integrantes de aquellas, a las cuales les pagan la cuarta parte, treinta por ciento o más del precio de mercado, con lo que se suben artificialmente los aranceles y se hace recaer el mayor costo, por completo ilegítimo y fraudulento, sobre las espaldas de las familias y, en consecuencia, de una porción muy importante de la clase media del país.
Lo propio ocurre con empresas inmobiliarias con las que se inflan de manera artificial los costos de edificación de instalaciones deportivas, de laboratorios, en fin, repitiéndose el fenómeno de capturar ganancias fraudulentas. O sea, a través del mecanismo de las sociedades espejo se encuentra el subterfugio para lograr elevadísimas utilidades que la misma Ley General de Educación vigente prohíbe.
El proyecto que presentamos agrega un artículo 53 bis que pone término al reconocimiento oficial del Estado en caso de violación de lo que preceptúa el artículo 53, esto es, que no se puede llevar a cabo ese tipo de actividades con fines de lucro.
Se trata, en consecuencia, de una iniciativa que aborda uno de los aspectos prácticos y concretos que se han puesto en el debate en el curso de los últimos meses, pero no toca el conjunto de las cuestiones planteadas por el movimiento estudiantil mediante sus movilizaciones y que, según entiendo, motivan la inquietud y la presencia de las ciudadanas y los ciudadanos que nos acompañan en las tribunas.
En este caso -repito- apuntamos a poner término a las sociedades espejo como mecanismo fraudulento para obtener rentabilidades ilegítimas.
He dicho.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Le solicito al Senador señor Gómez que dirija la sesión un momento para que yo pueda hablar desde el Hemiciclo.
El señor LARRAÍN.- Supongo que Su Señoría está pidiendo el asentimiento de la Sala.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Al afecto, solicito el acuerdo de la Sala.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
--El Senador señor Gómez pasa a dirigir la sesión en calidad de Presidente accidental.
El señor LAGOS.- Señor Presidente , este proyecto de ley, como señalaba recién el colega Escalona , uno de sus autores, persigue hacerse cargo de una parte muy específica de lo que ocurre desde hace mucho tiempo en la educación superior: que universidades privadas están utilizando distintos subterfugios o mecanismos al objeto de transferir utilidades de manera poco transparente y por esa vía ejercer el lucro, respecto del cual hoy día existe una prohibición clara en la Ley General de Educación.
Pero eso no va a resolver los problemas estructurales de nuestra educación. Es la primera vez en 21 años que, como sociedad, tenemos la posibilidad de discutir a fondo, de manera abierta y transparente y en democracia, qué tipo de educación queremos para Chile. Y esto, gracias a las movilizaciones y los debates -todos ellos legítimos- que se están registrando.
Son múltiples las dificultades de la educación superior.
Un reciente estudio del doctor en Economía Patricio Meller señala cinco elementos preocupantes.
Primero, el costo de las universidades chilenas es el más alto del planeta: equivale a 41 por ciento del ingreso per cápita de nuestro país.
Segundo, el aumento de los aranceles -no solo su magnitud- es fortísimo: más de 60 por ciento sobre la UF en únicamente 15 años.
Tercero, un hijo universitario implica un gasto superior al 40 por ciento de la entrada familiar de los tres menores quintiles de ingresos; esto es, las familias de más bajos recursos destinan sobre 40 por ciento del ingreso familiar a pagar la universidad de un solo hijo.
Cuarto, el gasto público chileno en educación superior es de únicamente 0,5 por ciento del producto interno bruto (el más reducido del mundo). Tenemos los aranceles más altos y el aporte público más bajo del orbe, en términos relativos.
Y quinto, los estudiantes universitarios chilenos registran el mayor endeudamiento, considerados todos los países. La relación deuda total-ingreso anual es de 174 por ciento.
¿Qué quiero decir con aquello? Que este proyecto de ley va apenas a procurar que se cumpla la ley que se está vulnerando.
Recibimos en la Comisión de Educación a un número importante de universidades. Ninguna dijo perseguir fines de lucro. Pero basta ver las sociedades relacionadas: ¡los dueños de la universidad con una inmobiliaria al lado...!
Sabemos de un Ministro de este Gobierno que dice tener acciones de una universidad privada y que se trata de un fideicomiso ciego.
¿Qué importa aquello si la universidad sigue generando recursos y tal autoridad es parte de ella?
Eso es lo que hay: ¡un Ministro de este Gobierno tiene acciones de una universidad privada!
La pregunta es si esa universidad lucra de manera subrepticia o no; si actúa en forma transparente o no.
Entonces, este proyecto de ley es bien acotado y modesto. No aborda -y ello es importante para quienes nos acompañan hoy desde las tribunas- el problema de la educación escolar; no se pronuncia sobre la educación particular subvencionada ni acerca de los subsidios. Tales materias no se verán hoy día acá, en el Senado. Lo que se está analizando en esta Sala es el subterfugio de que se valen las universidades privadas para generar utilidades altísimas mientras hay estudiantes y familias sobreendeudados a raíz de los elevadísimos aranceles y del muy bajo aporte fiscal.
Es por eso, señor Presidente, que voy a apoyar entusiastamente esta iniciativa.
Por cierto, quienes nos están siguiendo por Twitter van a preguntar qué se hizo en las Administraciones anteriores.
Mi respuesta, digna y franca, es "No sé". No sé qué hicieron los Ministros de Justicia, de Educación.
Pero no se trata solo de lo que hicieron los Gobiernos, sino también de qué hicimos nosotros, de qué hicieron los medios de comunicación.
¿O acaso el libro de María Olivia Mönckeberg que denunciaba toda la situación existente no estaba circulando en Chile desde hacía cinco o seis años?
Las responsabilidades primeras son de los Gobiernos, que deben asumirlas (y tal vez por eso no estamos en el Poder). Pero no es menos cierto que acá hay una suerte de complicidad de toda la sociedad. Porque el problema estaba en el tapete, y nadie fue capaz de abordarlo. No lo hicieron las Administraciones anteriores. Pero tampoco lo hizo la Oposición de entonces. Y tampoco lo hicieron los medios de comunicación. Y tal vez las universidades no actuaron con la fuerza con que debieron hacerlo (me refiero en particular a las privadas que no lucraban, que veían a otras de la competencia que sí lo hacían).
Entonces, apuntar con el dedo a un solo responsable en una cuestión tan gruesa me parece muy injusto.
Este proyecto -insisto- no resuelve todo el problema. Sin embargo, va a ser una señal potente en el sentido de que estamos reaccionando ante la forma tan violenta en que opera el sistema y donde, además, ha habido muy poco que decir. Y eso incluye a todos los actores políticos.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Desde el punto de vista reglamentario, se halla aplazada la votación de este proyecto.
Por lo tanto, corresponde que Sus Señorías fundamenten el voto durante cinco minutos.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , estimados colegas, este proyecto tiene como propósito abordar uno de los temas que se están debatiendo actualmente en la sociedad: cómo lograr que se respete la ley y que las universidades, sean públicas o privadas, no la violen.
Del concepto de "lucro" hay varias interpretaciones. Pero, en términos económicos, significa exclusivamente una cosa: retirar utilidades obtenidas en una sociedad.
Cuando hay retiro de utilidades el concepto se transforma en lucro. No se trata de excedentes, sino -repito- de retiro de utilidades. Y esto es válido en cualquier actividad empresarial.
Aquí no está en discusión -y tampoco en el otro debate, el relativo a los colegios particulares subvencionados- el que las universidades paguen las inversiones. No está en discusión la amortización de las inversiones. No está en discusión la cancelación de los sueldos de los profesores. No está en discusión lo relativo a solventar la mantención del establecimiento. No está en discusión el pago de administración que efectúan hoy los municipios con la unidad de subvención escolar.
¡Esos no son los temas en debate, ni en la ley en proyecto ni en la otra!
Lo que se quiere puntualmente con la iniciativa en examen es evitar el abuso; evitar que algunos se sirvan, para fines privados, de recursos destinados a la educación superior universitaria.
El sistema tuvo su origen histórico en el siglo XIX, señor Presidente , cuando la educación era solo impartida por particulares más bien vinculados a las clases dominantes, las elites y las oligarquías. Y en Francia, primero, y en Estados Unidos, después, se decidió, en tanto fue reconocida como un derecho fundamental, que el Estado financiara y garantizara el acceso a ese bien público.
A mi juicio, el tratamiento del asunto no debe causar ningún temor como el expresado por algunos planteles, si estos quieren ser universidades, educadores de nivel superior, y respetar la ley.
Aquí no se halla controvertida la importancia, no de los colleges, no de los establecimientos "de tiza y pizarrón", sino de aquellos con mayor densidad. No se encuentra en debate, por ejemplo, el trabajo del campus clínico ni de la Universidad Católica ni de la Universidad de Chile. Están al margen departamentos técnicos como el DICTUC u otros, que generan excedentes y prestan y venden servicios. Eso no es lo que se prohíbe.
¡En buena hora que se generen muchos excedentes! Lo que se está pidiendo es que se reinviertan en educación. Si se registran en un campus clínico, que se traduzcan en más inversión en el hospital o en actividades de investigación en la universidad. Ello se permite y es lo que la ley estimula y alienta, y no la vía de inmobiliarias paralelas, de sociedades espejo, con miras a sacar los recursos, como lucro, para fines particulares.
¿Por qué este principio, señor Presidente ? ¿Por qué se incluye en nuestra historia como país? ¿Por qué se contempla en la Ley General de Educación?
Porque se entiende que los fondos destinados a la educación superior no son para un fin privado -ni de quien la recibe ni de quien ejerce la libertad de impartirla, sea el Estado o un particular-, sino para el ejercicio de un derecho fundamental. No es un servicio cualquiera. Probablemente, de los derechos políticos y sociales de primera categoría, el que señalo es el más relevante después de los relativos a la vida y la libertad de expresión. Por eso se encuentra en esta categoría.
Es efectivo que el Estado no ha sido capaz de controlar el fenómeno que nos ocupa. La Ministra señora Aylwin le preguntó a Impuestos Internos si podía hacerlo y la Contraloría señaló que no se contaba con la facultad de evitar el funcionamiento de sociedades espejo, sino que se requería una legislación especial.
En la historia del Congreso, las discusiones sobre temas de educación implican siempre una situación bastante álgida, bastante "animada", por decirlo suavemente. Creo que hoy existe consenso, a diferencia de antes, en orden a que tenemos que asegurar que en la educación superior universitaria se respete la ley. Ese es el sentido del proyecto en estudio.
Entiendo que se necesitan indicaciones para perfeccionar el texto. ¿Con qué propósito? No con el de obstaculizar en lo más mínimo a las universidades, sino con el de garantizar que los recursos se destinen a la educación y no se retiren para fines particulares.
Voy a votar a favor.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .- Señor Presidente , en la sesión anterior en que se trató la iniciativa declaré ser partidario de regular la relación entre las universidades privadas y el tipo de compañías conocidas como "sociedades espejo", pero no de prohibirlas, que es lo que se hace ahora.
Y lo digo porque son muchos los planteles de enseñanza superior que han construido sus edificios y los están pagando. Operan bajo la modalidad de recurrir al sistema financiero y conseguir fondos, y la manera de pagar los créditos es, obviamente, con el arriendo posterior a la universidad.
Estoy en completo acuerdo con que no se puede cometer un abuso, con que los arriendos no pueden ser sino en el valor comercial, en el valor de mercado, para evitar precisamente "figuras" que signifiquen sacar excedentes de mala manera. Pero impedir la existencia de las sociedades sí va a causarle un daño enorme a la proyección, crecimiento y desarrollo de las universidades privadas.
He relatado que en Temuco, por ejemplo, existe una de estas últimas, de carácter nacional, que no sé si tiene o no sociedades inmobiliarias. Sinceramente, lo desconozco. Pero sí sé que fue capaz de construir un pabellón completo con clínicas odontológicas y que todo lo que está haciendo en este último campo va en beneficio directo de las personas más humildes, más necesitadas de la comunidad.
¿Cómo vamos a prohibir que las universidades realicen ese tipo de inversiones? ¿Cómo vamos a prohibir que lleven a cabo, por citar otro caso, consultorías jurídicas? Muchas veces, la manera de verificarlas es constituyendo este tipo de entidades.
Por lo demás, las universidades públicas también lo hacen. Se llegan a constituir incluso sociedades anónimas.
Entonces, me parece que el problema de fondo son los aranceles, como aquí se ha señalado. A mí también me impacta cuando don Patricio Meller dice que registramos, en relación con el ingreso per cápita, los más caros del mundo. Tenemos que ver, por lo tanto, cómo los regulamos; cómo vamos en apoyo de la familia, de tal manera que nadie que quiera estudiar y sea talentoso se quede sin hacerlo por falta de financiamiento o en razón de la situación socioeconómica en que ella se encuentra. Todo eso tenemos que arreglarlo, mejorarlo, solucionarlo.
Pero lo único que busca el proyecto, señor Presidente , es estigmatizar a la educación privada -digamos las cosas por su nombre-, y, particularmente, en este caso concreto, a las universidades de dicho sector, por referirse a ese tipo de planteles. Y me parece que, en la mayoría de los casos, si bien habrá excepciones, tales entidades están efectuando un enorme aporte al progreso del país y, en especial, al desarrollo de los jóvenes.
Por eso, voto en contra.
--(Aplausos en tribunas).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Dirijo una segunda advertencia a las tribunas. Y las personas que se encuentran en ellas pueden creerme cuando afirmo que haré cumplir el Reglamento, lo que deseo expresarles con todo respeto.
)-----------------(
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Solicito autorización para que las Comisiones de Gobierno y de Hacienda, unidas, sesionen simultáneamente con la Sala a partir de las 18, con el objeto de tratar un proyecto en tabla.
--Así se acuerda.
El señor BIANCHI.- ¿De qué iniciativa se trata?
El señor LARRAÍN.- Perdón, señor Presidente . ¿Qué se acaba de resolver?
Los Senadores somos parte de lo que se determina.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Es preciso estar siempre atento, Su Señoría. La petición provino de su propia bancada.
El señor LARRAÍN.- Aunque así sea, se debe informar a quienes forman parte de la Corporación.
)------------------(
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , solicito que también se recabe la autorización para que las Comisiones de Transportes y Telecomunicaciones -este órgano técnico es presidido por el Senador señor Novoa- y de Educación, unidas, sesionen simultáneamente con la Sala a partir de las 19, a fin de iniciar la discusión en particular del proyecto sobre televisión digital terrestre.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá.
No hay acuerdo.
)-----------------(
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra para fundamentar el voto el Honorable señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente , en los últimos meses hemos visto cómo los estudiantes han logrado llamar la atención de la opinión pública, del Congreso Nacional y del Ejecutivo sobre la grave situación por la que atraviesa la educación.
El debate ha sido largamente postergado por los Gobiernos de turno y tenemos hoy día la oportunidad histórica de enfrentarlo con una reforma, a nuestro juicio, estructural.
Esta última presenta claramente distintos aspectos, uno de los cuales dice relación con la educación secundaria. Al respecto, nosotros, aparte de salvaguardar el derecho y el deber del Estado de entregar una instrucción de carácter gratuito y laico, también hemos considerado importante que los principios de la sociedad docente y la libertad de enseñanza se incluyan en una solución tendiente a garantizar lo que debe inclinar la balanza, a nuestro parecer, entre la buena y la mala educación: la calidad.
En tal contexto, en Renovación Nacional, partido del cual soy uno de los jefes de bancada, hemos sostenido que es preciso dotar a la Superintendencia de Educación de todas las facultades pertinentes a fin de salvaguardar dicho factor, para que, en definitiva, existan colegios particulares subvencionados con infraestructura adecuada y un cuerpo docente calificado.
De igual forma, hemos señalado, respecto de la educación universitaria, que debe cumplirse la ley. Y ello tiene que ser así en caso de que un cuerpo legal prohíba el lucro en las universidades privadas hace más de 30 años. Por tanto, pedimos que no se siga mirando para el lado, como ha ocurrido en el pasado, en relación con esta materia.
Sobre esa base, un grupo de Senadores hemos presentado un proyecto de ley que apunta a comprender todos los elementos que permitan transparentar los contratos de universidades privadas con sociedades relacionadas, a fin de abocarnos a una adecuada y oportuna fiscalización.
Asimismo, conversamos con el Presidente de la Comisión, mi Honorable colega Quintana, para agregar a la iniciativa en análisis una indicación en el mismo sentido.
Deseo consignar que un grupo importante de Senadores de Renovación Nacional estima que es preciso avanzar en términos de que efectivamente se logre transparencia y, en definitiva, no se burle la ley. En consecuencia, vamos a votar a favor de la idea de legislar, pero pediremos también, tal como lo tratamos con el señor Presidente de la Comisión , que nuestra indicación sea acogida a trámite y discutida en ese órgano técnico.
Además, hemos sostenido que la redacción del proyecto debe ser reformulada, porque los rectores de las universidades de Chile y Católica de Santiago nos han señalado, en algunos contactos que hemos realizado, que la aprobación del texto impediría, por ejemplo, el funcionamiento del IDIEM o del DICTUC, pues se trata de sociedades relacionadas. Es sabido que no son organismos con fines de lucro y que reinvierten los recursos en la respectiva universidad. Lo mismo sucede con los centros clínicos.
Por eso, independientemente de aprobar la idea de legislar, esperamos que se acoja a tramitación la indicación a que he hecho referencia, como nos ha garantizado el Honorable señor Quintana .
Estimamos deseable, adicionalmente, que se pueda afinar la redacción a efectos de no perjudicar a las universidades estatales y tradicionales en lo relativo a las sociedades relacionadas que no persiguen fines de lucro.
En cuanto a las universidades privadas, la idea es que se cumpla la ley como corresponde. Creemos que no se puede seguir mirando para el lado en circunstancias de que hay una normativa vigente.
Voto a favor.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente , deseo reiterar algo dicho en la Sala en el sentido de que, respecto de la iniciativa, contrariamente a lo ocurrido con otras tratadas en la Comisión de Educación, no se escuchó ni a rectores universitarios, ni a académicos, ni a estudiantes.
Hemos conocido el parecer de representantes de distintos actores de nuestro sistema educacional en relación con otros proyectos; pero, específicamente con relación al que nos ocupa, no se recibió la opinión de nadie.
En tal sentido, juzgo que en este caso se está actuando de manera rápida, repitiendo en forma fácil y sin asumir con calma la responsabilidad que significa legislar. Cabe considerar que en el Senado tenemos que ver bien qué efectos provocan nuestras decisiones en la realidad del sistema mencionado.
De hecho, la semana pasada asistió a la Comisión de Educación el rector de la Universidad Católica, quien no había sido escuchado respecto de la iniciativa y expuso su planteamiento. Manifestando su preocupación, expresó que las universidades complejas cuentan con sociedades interrelacionadas para efectuar actividades de investigación y de generación de valor.
Ello quiere decir que ese tipo de planteles de enseñanza superior -aquellos que realizan investigación, que originan valor e innovación- recurren a tales entidades para verificar dichos aportes. Doy solo algunos ejemplos. Cuando un profesor logra una patente a través de la investigación, a menudo forma una sociedad con un tercero para poder desarrollarla. Una universidad puede asociarse con un laboratorio farmacéutico a fin de elaborar vacunas. Una sociedad interrelacionada con grupos de inversión permite sostener un colegio, como también es el caso de universidades complejas.
Por lo tanto, en el proyecto se repite lo mismo que en aquel que termina con el lucro en todo nuestro sistema educacional. Porque también es necesario leer bien este último y decir las cosas como son. Si ciertos legisladores consideran que no debe existir ningún tipo de sociedad relacionada, okay. Si piensan que un colegio particular subvencionado con fines de lucro no puede recibir una subvención, okay. Pero es preciso hacerse cargo de las consecuencias de estas iniciativas. Aquella tendiente a terminar con el lucro no afecta a colegios particulares donde pagan papás que disponen del dinero suficiente, pero sí a establecimientos privados que se financian con la subvención del Estado. En efecto, les dice a los padres que esta última ya no se va a recibir. Por consiguiente, estamos afectando a alrededor de 3 mil 500 establecimientos y, directamente, a un millón 200 mil alumnos.
Tenemos que hacernos cargo, entonces, de las repercusiones que causan en la realidad las decisiones que aquí tomamos.
Si se interpreta correctamente ese texto, se advierte que prohíbe absolutamente todas las entidades interrelacionadas. Expresa que las corporaciones sin fines de lucro "no podrán sostener vínculos contractuales, societarios, financieros o comerciales con sociedades que involucren a quienes integren los órganos de dirección, administración, ejecución", etcétera.
¿Qué pasará, por lo tanto, con la investigación? ¿Qué pasará con las sociedades con terceros para desarrollar innovación? ¿Qué pasará con nuestras universidades complejas, que incluyen a algunas tradicionales como la Católica y la de Concepción? ¿Qué pasará con esos planteles de enseñanza superior que generan valor e innovación en nuestro país? ¿Queremos frenar eso?
Además, el proyecto dispone que la prohibición es absoluta y que, por tanto, "su violación será causa suficiente para poner término al reconocimiento oficial otorgado por el Estado". Ello significa que, en caso de que una persona quebrante la ley, quienes "pagarán el pato" -dicho en castellano, para que todos entiendan- serán los padres y alumnos de la universidad en cuestión.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Concluyó su tiempo, señora Senadora.
Le doy un minuto más, para que termine de fundamentar el voto.
La señora VON BAER.- Gracias, señor Presidente.
En consecuencia, debemos hacernos cargo del efecto que provoca esta iniciativa legal.
Nosotros presentamos un proyecto que busca transparentar, por una parte, y regular, por otra, la situación de las universidades privadas, a fin de que cumplan con la ley. ¡Porque hay que cumplirla! Sin embargo, antes de enviar a tramitación cualquier materia, es preciso prever que no se produzcan efectos colaterales indeseados.
Por consiguiente, creemos que aquí tenemos que legislar en la línea de la iniciativa que presentamos varios parlamentarios de la Coalición por el Cambio.
Por último, señor Presidente , estimo que debemos actuar en forma responsable, sin originar consecuencias no buscadas, específicamente con relación a la generación de valor y al desarrollo de la investigación que realizan, muchas veces de manera muy abnegada, universidades tradicionales y también privadas.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, entiendo que estamos fundamentando el voto, y en esa condición intervengo.
A diferencia de lo que acaba de señalar la Senadora Von Baer, este proyecto ya lo hemos debatido en la Sala al menos en dos oportunidades. Su votación fue postergada, las bancas de enfrente pidieron segunda discusión, en fin, se dilató. Pero ahora nos toca votar y entiendo que esa es la razón por la cual podemos intervenir, ya que, efectivamente, esta iniciativa ya la hemos visto. Y no solo la hemos visto, sino que, al revés de lo que se acaba de expresar, la Comisión de Educación ha sido particularmente receptiva en recibir a muchísimas instituciones. Yo asistí a sesiones en las que se escuchó a actores de distinta índole: por cierto, a estudiantes de universidades y de otras entidades y, en fin, a todos aquellos quienes consideran a la educación como un tema central.
Por ello, me cuesta entender que se afirme que, una vez más, aquí estamos legislando a la rápida, que no se toman en cuenta las opiniones de los involucrados. Para mí, esas son solo buenas excusas.
Prefiero que de una vez por todas se diga con claridad: "Vamos a apoyar este proyecto para hacer cumplir la ley". Yo escuché al Presidente Piñera y al Ministro Bulnes señalar que la ley se debe cumplir. Y lo mismo acaba de repetir el Senador Chahuán. Entonces, hay que hacer un gesto, que no puede ser otro que aprobar en general esta iniciativa.
Al fundar mi voto favorable, señor Presidente, quiero recordar que, enhorabuena, gracias a tres meses de movilización de los estudiantes, hemos podido poner sobre el tapete uno de los temas centrales que afectan a nuestro país.
Hoy día en el diario "La Segunda" aparece el último informe anual sobre educación de la OCDE, donde Chile figura como el país con mayor segregación socioeconómica. Y, realmente, somos el país que tiene mayor segregación; somos, por tanto, el país que tiene menos integración; somos el país que cobra los aranceles más caros del mundo con relación al ingreso per cápita; somos el país que hace endeudarse a las familias de una manera increíble, y somos un país que tiene un sistema muy desregulado. ¡Muy desregulado!
Y aquí queremos terminar con un resquicio que ha permitido lucrar a las universidades sin fines de lucro. Y digo "lucrar" no en el sentido de pago de remuneraciones -como muchos lo han afirmado, tratando de confundir a la opinión pública-, sino de acumular ganancias, retirarlas y no invertirlas en el ámbito propiamente universitario.
Lo más terrible de todo es que en no pocos casos, desgraciadamente, la educación se ha visto como un bien de mercado y no como un bien público, no como una obligación del Estado, que debe garantizar el acceso a ella, su calidad y, en porcentaje importante -ojalá fuera en la totalidad-, su carácter gratuito.
Esos son los temas de fondo que los estudiantes han puesto sobre la mesa. ¡Y enhorabuena! Porque la verdad es que aquí hay un descontrol absoluto.
Nada se dice sobre la alta deserción estudiantil; nada se dice sobre el alto nivel de endeudamiento; nada se dice sobre el egreso de jóvenes de carreras sin ninguna relación con el mercado laboral; nada se dice de universidades que ni siquiera merecen el nombre de tales, porque lo que en realidad tienen son profesores express que corren de un lado para otro, sin contar con una trayectoria de investigación o de extensión, como corresponde.
Aquí incluso se planteó que, si se aprobara esta iniciativa, no podrían funcionar el DICTUC ni el IDIEM. Eso es un error, a mi juicio, por cuanto el proyecto es -se señala con claridad- sobre requisitos de funcionamiento de universidades no estatales en relación con el lucro. Es muy específico y muy acotado y constituye un primer paso.
Yo espero, señor Presidente , tal como señaló el Senador Chahuán, que aprobemos la idea de legislar. Si queremos ser coherentes con lo que han expresado públicamente las máximas autoridades del país, ¡debemos hacer cumplir la ley! Enhorabuena los estudiantes, con mucho sacrificio y luego de tres meses, han sido capaces de colocar en el meollo del debate el problema general de la educación.
Sin embargo, en este caso estamos analizando un proyecto específico, originado en una moción -o sea, por iniciativa parlamentaria-, mediante el cual nosotros queremos dar la señal de que nos importa solucionar lo que hoy día, desgraciadamente, ocurre: que no se está cumpliendo la ley. Reconocemos, por cierto, que en su oportunidad pudimos haber fiscalizado mucho más la situación y hay que asumir que no fuimos capaces de hacerlo. Pero ha llegado la hora, no solo de fiscalizar lo que sucede con las sociedades espejo, sino también de abordar una reforma más profunda sobre todo el sistema escolar. Porque, ¿saben?, es triste tener prácticamente el récord de segregación.
En consecuencia, señor Presidente, voto a favor de la idea de legislar.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, en el Senado hay dos proyectos de ley sobre el tema del lucro en la educación que abordan materias absolutamente distintas.
Uno, que no se ve en el día de hoy, dice relación con la prohibición que se pretende consagrar para que los colegios particulares subvencionados con fines de lucro no sigan recibiendo subvención. En la práctica, eso significa que 4 mil 500 establecimientos educacionales, donde estudian un millón 250 mil alumnos, dejarán de percibir la subvención escolar, cuyo valor es del orden de 40 mil pesos, más 30 mil pesos adicionales si se trata de la subvención escolar preferencial para el 40 por ciento de los alumnos más pobres.
Considero que ese es un mal proyecto: apunta en la dirección equivocada y perjudica gravemente a los dueños de dichos establecimientos (quienes, entre paréntesis, corresponden, en 70 por ciento, a profesores, y que, en 84 por ciento, poseen un solo colegio, de los cuales 65 por ciento son absolutamente gratuitos y los que tienen financiamiento compartido cobran, en promedio, 14 mil pesos, cifra incluso inferior a la de los colegios particulares subvencionados sin fines de lucro).
Ese es un asunto distinto que ya habrá momento de debatir. Solo quiero dejar sentado un principio. Lo importante es que, persigan o no fines de lucro, los malos establecimientos salgan del sistema y los buenos permanezcan en él, de acuerdo a las exigencias de calidad que establezcan la nueva Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación.
Ese, señor Presidente, va a ser un debate conceptual de fondo.
El otro proyecto dice relación con una materia totalmente distinta: la expresa prohibición legal de que las universidades chilenas lucren. Algunas son muy buenas y otras muy malas. Pero lo que esta iniciativa busca es que la ley se cumpla, de modo que aquellas que la han infringido gravemente y que, a través de subterfugios, han lucrado, sean sancionadas y, si han cometido delitos penales, respondan por ellos.
La fórmula para regular lo anterior es donde tenemos una diferencia. Algunos creen que no debe existir vínculo de ninguna naturaleza entre los miembros del directorio, los fundadores de la entidad, los integrantes de una universidad sin fines de lucro, y cualquier empresa que le preste servicios.
Otros -entre quienes estamos nosotros- estiman que lo razonable y correcto es que exista una adecuada regulación, donde se cuente con toda la información necesaria y se sepa exactamente el valor en que terceras sociedades arriendan sus inmuebles o prestan sus servicios, donde se tenga que levantar permanentemente antecedentes para determinar si se ha cometido algún fraude o engaño, como el arrendamiento de un bien raíz en un valor distinto al real, con el propósito de lucrar ahí donde la ley lo prohíbe.
Esas son las dos fórmulas. La primera constituye una prohibición, que también se puede prestar para mil martingalas, porque alguien puede traspasar sus inmuebles a un tercero y lucrar. Y la segunda, que apoyamos, consiste en la mayor información y transparencia posibles.
Yo voy a rechazar el otro proyecto, pero voy a aprobar el que estamos analizando, pues regula una materia que hoy no se encuentra bien normada. Discrepo de la forma como la regula, ya que estimo que no servirá para nada, pero creo que durante el debate legislativo se presentarán indicaciones que permitirán cumplir con la ley, que es más clara que el agua: las universidades no pueden lucrar. Y eso se debe acatar sin ningún tipo de vaguedades ni de ambigüedades.
Repito que voy a votar a favor de la idea de legislar respecto de esta iniciativa, por considerar que apunta en el sentido correcto, es decir, establecer una regulación para cumplir con la prohibición legal del lucro en los planteles de educación superior, sin perjuicio de mis discrepancias de fondo, ya manifestadas, en lo que dice relación con la enseñanza escolar.
Le pido que me otorgue un minuto adicional, señor Presidente , tal como lo ha hecho con otros Honorables colegas.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Por supuesto.
El señor ESPINA.- Muchas gracias.
Quiero aprovechar de hacer una observación a los parlamentarios.
Nosotros estamos perdiendo una tremenda oportunidad para generar un acuerdo en materia educacional. Tenemos a nuestro Gobierno con una evaluación positiva baja, y a la Concertación, prácticamente en el piso: 17 por ciento. Y ello se debe, en parte, a que no hemos sido capaces de alcanzar un entendimiento. Si uno fuera serio y tratara de ver a fondo los aspectos en los cuales podemos coincidir, como las tremendas injusticias del actual sistema de financiamiento, los graves problemas que existen hoy en la calidad de la educación, la legítima ganancia, que también debe ser regulada, nos daríamos cuenta de que es posible aunar voluntades.
Solo quiero pedir, señor Presidente, que la fiesta del Dieciocho sirva para refrescar las memorias, ablandar los espíritus y ser capaces de generar acuerdos como los que han hecho prestigiosa a nuestra Corporación.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , el proyecto que ahora discutimos, para su aprobación o rechazo, tiene que ver con la existencia del lucro en la educación universitaria.
Sobre el particular, bien vale la pena recordar que en la historia de Chile la educación universitaria nunca ha tenido fines de lucro, y que la actual legislación que rige la creación de nuevas universidades, que viene de 1981, mantuvo esa tradición en la esfera universitaria.
No ha ocurrido así en otros ámbitos de la educación chilena, como en la básica y la secundaria, en donde, por el contrario, desde el comienzo de la República el lucro -las posibilidades de obtener recursos y utilidades a partir de proyectos educacionales- ha estado siempre presente en instituciones que reciben subvención escolar.
Por lo tanto, es bueno recordar la historia para reafirmar los principios que han inspirado la educación chilena. Y resulta particularmente importante hacerlo a propósito de este proyecto, porque concuerdo con sus autores en que, probablemente, en más de alguna iniciativa universitaria los principios que prohíben el lucro en esas corporaciones han sido violados, alterados, y, por consiguiente, es sano corregir aquello.
Sin embargo, estamos frente a un proyecto que en su contenido específico es muy malo.
La Senadora Von Baer ha dicho, con razón, que la Comisión no estudió esta iniciativa con ningún tercero: solo tuvo discusiones internas entre sus miembros, pero no escuchó a nadie más. Y un proyecto de esta envergadura a mi juicio lo exigía.
Ese es un dato de la realidad.
Ahora, ¿por qué digo que esta iniciativa es de mala factura? En primer lugar, porque no se sabe exactamente cuál es su ámbito. Dispone que las corporaciones sin fines de lucro establecidas conforme a la ley N° 20.370 no podrán establecer sociedades espejo -para decirlo en simple-. ¿Esto excluye, entonces, a otras corporaciones universitarias sin fines de lucro, como las universidades estatales? Es decir, ¿será un proyecto que tendrá regulaciones para algunas universidades y no para otras? ¿O las incluye a todas? Si las incluye a todas, estaría cometiendo un disparate mayor, porque existen muchas universidades, como la de Chile y la Católica, que -ya se ha dicho- cuentan con entidades particulares con fines de lucro cuyas utilidades son retiradas para beneficio de la institución central y, por cierto, reinvertidas.
Sin embargo, eso, en conformidad a las normas de este proyecto, ya no estaría permitido y, en tal caso, la Universidad de Chile tendría que disolverse ipso facto.
Parece absurdo, señor Presidente.
Ahora, si ello estuviera circunscrito solo a algunas universidades, sería discriminatorio e inconstitucional.
En seguida, tampoco es correcto afirmar que la prohibición de que las sociedades relacionadas estén constituidas por quienes son parte del directorio o de la plana mayor de una universidad sea la fórmula para evitar el lucro. Si de eso se trata, aquello se puede hacer por mil otros caminos. Pero la vía elegida impide también el funcionamiento de muchas universidades sin fines de lucro que tienen sociedades con las cuales pueden relacionarse normalmente. ¡Si lo que se debe prohibir es que se utilice una universidad para obtener recursos en forma indebida!
¡Eso es lo que debe prohibirse!
Pero si alguien posee una propiedad y la arrienda bajo su valor de mercado para que allí funcione una universidad, esta no debería ser sancionada por efectuar un negocio de esas características. No hay allí ningún inconveniente desde un punto de vista moral ni legal.
En consecuencia, hay que regular esta materia, pero de distinta manera.
Ahora bien, el tema de los aranceles no tiene absolutamente nada que hacer aquí. Porque los más caros son los cobrados por universidades estatales y algunas tradicionales que, probablemente, no son las que estuvieron en la mente de los autores de esta iniciativa. De modo que tampoco puede esgrimirse tal argumento.
Por otra parte, señor Presidente , el proyecto establece una sanción francamente violenta, desproporcionada. Dispone que la violación de la ley será causa suficiente para el término del reconocimiento oficial otorgado por el Estado. Obviamente, hay una desproporción en el castigo, porque incluso puede tratarse de una situación casual. Pero, como aquí no se distingue, la sanción resulta ser gravemente desproporcionada.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Quiero recordar a los señores Senadores que se está fundando el voto.
Por lo tanto, les pido que se restrinjan a los cinco minutos reglamentarios, para que así alcancemos a ver los otros asuntos en tabla.
El señor LARRAÍN .- Muy bien.
Señor Presidente , por los antecedentes indicados, nos hallamos frente a un mal proyecto, que tiene visos de inconstitucionalidad. Si la interpretación es restrictiva, ¿a quiénes se va a aplicar?
Además, plantea una fórmula que no permitirá conseguir el objetivo buscado y que, al contrario, puede producir más daños que los que se procura evitar, fuera de imponer una sanción completamente desproporcionada.
Sin embargo, lo voy a votar a favor, porque quiero que se regule la materia que aborda. Pero quiero anticipar que si la Comisión no cambia su texto e insiste en él, lo rechazaremos cuando sea discutido en particular, quedándonos sin la posibilidad de regular como corresponde un asunto de esta naturaleza.
Así que confío en que exista un buen espíritu para lograr un acuerdo que nos ayude a todos.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente , solo intervengo para reafirmar lo que tantos Honorables colegas han dicho: la idea matriz de la moción -cuestión relevante en el momento de votar la idea de legislar- es garantizar que, efectivamente, se cumpla la ley en cuanto a que, como las universidades son instituciones sin fines de lucro, se debiera eliminar la posibilidad de que por la vía del resquicio de las sociedades espejo eso se vulnere.
Es todo lo que se discute, y a eso obedece el presente proyecto de ley, que no tiene nada que ver con la educación básica ni la media, sino únicamente con hacer cumplir la ley, en su espíritu y en su letra, en materia de universidades.
Tan mala no es la iniciativa, porque estoy viendo que va a ser aprobada en general -me alegro de que así sea- por una inmensa mayoría.
En mi opinión, habrá que aclarar en el debate en particular que la moción no pretende impedir que las universidades desarrollen actividades lucrativas, como proyectos de investigación u otros -no es ese su objeto ni debiera serlo-, sino evitar que las utilidades que obtengan por ellas no se reinviertan y que se retiren a través de las sociedades espejo.
Adicionalmente, estimo relevante complementarla mediante la regulación de los llamados "precios de transferencia", a fin de garantizar que correspondan a los de mercado.
Aquí se pide transparencia. Pues bien, avancemos en ella, evitando que por la vía de abultar dichos precios se retiren excedentes de manera encubierta o subrepticia.
Es un segundo punto por aclarar.
En tercer término, considero importante establecer la obligación de que los contratos a que den lugar se informen a la Superintendencia de Educación Superior que se creará por ley -el proyecto respectivo debiera ingresar a trámite este mes-, que será la encargada de fiscalizar precisamente el cumplimiento de tal obligación.
En cuarto lugar, también es relevante tomar en consideración la experiencia del Servicio de Impuestos Internos en materia de fiscalización de precios de transferencia no ajustados entre empresas relacionadas, a fin de pagar menos impuestos.
Lo anterior debiera propender a una coordinación entre la Superintendencia de Educación Superior que se creará -según entiendo, hay unanimidad en ello- y el Servicio de Impuestos Internos, para aprovechar estas sinergias institucionales, de modo de impedir que se sigan burlando el espíritu y la letra de la ley.
Finalmente, en lo relativo a la tipificación de las infracciones que dispone el proyecto -tiendo a compartir lo último mencionado por el Senador señor Hernán Larraín -, debe establecerse una adecuada graduación de las sanciones a las infracciones sobre las cuales se apliquen. Obviamente, hay que arreglar el texto.
Por lo tanto, hay mucho trabajo que hacer en la discusión en particular, en la "ingeniería de detalle", por así decirlo. Aquí estamos aprobando a grandes rasgos, el diseño, la arquitectura.
Señor Presidente , el que está en discusión es absolutamente distinto al proyecto sobre lucro con fondos públicos, que discutiremos en su momento. Entiendo que el interés del público en las tribunas hoy día va más bien en esa dirección.
En lo que atañe a la Democracia Cristiana, partido que tengo el honor de presidir, queremos fortalecer -y lo vamos a demostrar- y no debilitar la educación particular subvencionada, como un aspecto de la libertad de enseñanza. Hay toda una historia del socialcristianismo de nuestro partido desde fines del siglo XIX y principios del XX -por ejemplo, la ley de 1951 firmada por don Bernardo Leighton Guzmán - sobre cumplimiento de esos propósitos. Y escúchenme bien: ¡aumentando y no disminuyendo, menos eliminando, el monto de la subvención dirigida a ella!
De hecho, en las próximas semanas aprobaremos en el Congreso un aumento de la subvención hasta el punto de hacer irrelevante el financiamiento compartido, en la medida en que se acreciente la ayuda -y no disminuya y menos se elimine- hacia esa modalidad de educación.
Lo anterior es muy parecido a lo que ocurrió en enero cuando, después de haberse suscrito un acuerdo entre los cuatro partidos de la Concertación, se montó una verdadera campaña del terror. Finalmente, demostramos que el proyecto sobre calidad y equidad en la educación -fue aprobado por una inmensa mayoría en este Senado- era para bien y no para mal.
Así que cada cosa a su tiempo.
Por eso, votaré a favor de la idea de legislar.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Se suspende la sesión.
)----------(
--Se suspendió a las 17:46.
--Se reanudó a las 17:52.
)----------(
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente , el que está en debate no es un asunto fácil.
A veces uno piensa que el mundo está al revés, porque ve hundirse los corchos y flotar las piedras. ¡Todo al revés!
Acá estamos intentando, ni más ni menos, que la ley se cumpla. ¡Punto! Y algunos lo acatarán y otros, no. Es así de simple.
Por lo tanto, me hacen mucho sentido la mayoría de las intervenciones escuchadas, y muy poco las reacciones claramente intencionadas que no nos permiten avanzar en lo que todos deseamos.
Sin embargo, me veo obligado a intervenir -no pensaba pedir la palabra- después de las expresiones de la Senadora señora Von Baer -desgraciadamente, no se halla presente, lo cual lamento-, quien señaló que en esta materia había que votar con responsabilidad.
Yo comparto aquello, pero también el que debemos pronunciarnos en conciencia. Y en eso nos encontramos: emitiendo nuestro parecer en conciencia y de manera responsable, respecto de una iniciativa que se halla en su discusión general y que trata de una materia en la que todos queremos avanzar para que la situación actual se transparente.
Al respecto, algunos políticamente podrían decir: "Mire, esto no se hizo en los Gobiernos anteriores, pero sí en la actual Administración". Pero da lo mismo. Había que proponerlo. ¡Qué bueno poder progresar en la solución del asunto!
Señor Presidente, resulta positivo que se abra la posibilidad de presentar indicaciones para perfeccionar el proyecto -entre otros de sus autores figura el Senador señor Escalona- pues se refiere a una situación que debemos transparentar.
Por lo tanto, gustoso, y de manera responsable y consciente, manifiesto desde ya mi pronunciamiento favorable.
Otra cosa importante: debo recordar que no hemos dicho nada en relación con la iniciativa que figura en el sexto lugar de la tabla de hoy -se analizará en las próximas semanas-; pero, para tranquilidad de miles y miles de mamás, papás y apoderados, respecto de ella el Senado está actuando con la mayor responsabilidad. Quiero rescatar eso, porque sobre el particular tenemos una tremenda oportunidad. De ahí que me hace mucho sentido también lo dicho por el Senador Espina en cuanto a que no se debe dejar pasar la ocasión que se nos presenta hoy día para alcanzar los mejores acuerdos. Ojalá tengamos la inteligencia y la altura de miras para poder conseguirlos respecto de una cuestión que, en parte, ha logrado detener la marcha del país.
Un grupo de Senadores queremos avanzar en despejar algunas dudas en tal sentido. Y así como quien dirige en estos momentos el debate nos hizo participar del proyecto de ley que se verá en las próximas semanas, nosotros también lo hemos invitado a ser parte de otras iniciativas, como la que pretende aclarar que los establecimientos educacionales que cobijan a niños con problemas de aprendizaje o que imparten educación diferencial, tienen que recibir mayor aporte del que hoy les entrega el Estado, para aliviar la carga económica que significa para los padres el que sus hijos presenten retraso, dificultades de enseñanza, problemas de salud.
En consecuencia, queremos dar una señal potente al país diciéndole que estamos preocupados de que no sea parte de la discusión lo relativo a la educación especial, diferencial, requerida por los niños con problemas de aprendizaje. Y, en tal virtud, hemos propuesto una iniciativa mediante la cual el Estado se hace responsable y aporta lo que más puede al financiamiento de ese tipo de educación.
Ya vendrá el debate sobre el lucro propiamente tal.
Pero hoy día lo que debemos despejar no es ni más ni menos que la ley en materia de educación superior debe cumplirse. Obviamente, las universidades no pueden tener fines de lucro. ¡Punto! Y los que estamos votando a favor del proyecto lo hacemos para que la situación actual se transparente. Quienes se pronuncien en contra deberán hacerse cargo de su decisión. Lo importante es que el Senado trata de perfeccionar y supervigilar tal circunstancia, lo cual, en definitiva, nos motiva a votar favorablemente.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, parece paradójico el hecho de que se debata una ley que busca hacer cumplir la ley.
El lucro está prohibido en la educación superior, según lo establece el artículo 53 de la Ley General de Educación, que dice: "Las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica estatales sólo podrán crearse por ley. Las universidades que no tengan tal carácter, deberán crearse conforme a los procedimientos establecidos en esta ley, y serán siempre corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro para el efecto de tener reconocimiento oficial".
Por lo tanto, quien no respeta la legislación vigente comete un delito, y es un delincuente por tal violación. Y en nuestro país la cárcel es para las personas que transgreden la ley.
Sin embargo, nuestras instituciones de educación superior han usufructuado del lucro a sabiendas de su prohibición legal. Y el Presidente Piñera en una de sus alocuciones al inicio del conflicto estudiantil, con el ex Ministro Lavín de edecán, inaugurando una forma muy particular de mensajes presidenciales, dijo que había que transparentar el lucro; o sea, las utilidades obtenidas de manera ilícita, en circunstancias de que esperábamos que el Gobierno señalara: "Hay que terminar con el lucro y hacer respetar la ley".
Lo que mencionó el Senador Chahuán no es lo que el Ejecutivo hace, no es lo que el Presidente manifestó . Este habló de transparentar la ley. El Senador Chahuán se refirió a que se respetara la ley. Y nosotros debemos decir que se tiene que respetar la ley. Y para que se respete estamos elaborando una nueva legislación que establece sanciones: aquel que obtenga lucro perderá el reconocimiento oficial otorgado por el Estado. Porque, como los abogados muy bien saben, cuando una norma carece de sanción puede ser violada sin ninguna consecuencia.
Fernando Atria , en su artículo "La angustia del privilegiado", sostiene: "Para el que tiene privilegio, el sistema educacional chileno es el mejor mundo posible. Por supuesto, se podría imaginar uno todavía mejor, que le garantizara legalmente el derecho a mantener sus privilegios a través de las generaciones. Pero eso (tener una clase nobiliaria y voto censitario, etc.) es claramente imposible. Y en rigor innecesario: el sistema chileno es casi perfecto para asegurarle al que tiene privilegio que lo mantendrá.".
El sistema universitario funciona como un reactor fuera de control. Se incrementa en número de alumnos a velocidades crecientes y sin pensamiento estratégico alguno. Nadie define su tamaño, su costo y su nivel de calidad real. En 2011 se contabilizan 630 mil alumnos, distribuidos en dos sistemas de universidades: el privado y el público.
Por ejemplo, hay 36 mil estudiantes de Derecho, repartidos en 180 programas o carreras; 25 mil de Psicología, y 6 mil 500 de Periodismo.
Adicionalmente, la existencia del crédito con aval del Estado, desde 2006, produce el efecto perverso de que las universidades puedan expandir su matrícula de pregrado sin riesgo financiero y sin tener que preocuparse por la empleabilidad a futuro.
En la práctica, Chile posee un sistema con casi ninguna regulación, que no coloca a la calidad en el centro ni realiza investigación. Según los rectores de las Universidades Católica y de Chile, ¿quiénes financian la investigación? Los estudiantes. ¿Cómo se financia el lucro en la educación superior privada? Con el arancel de los alumnos. ¿Y quiénes financian a estos últimos? Las familias.
Ha transcurrido tiempo; ya no está cercano el momento en que nos compramos el cuento de que la educación debe ser pagada, y nos acostumbramos a ello.
Lo repito: en Finlandia -cuna del neoliberalismo; uno de los países más neoliberales- la educación, la mejor del mundo, es cien por ciento gratuita, totalmente pública. En Chile el 85 por ciento del costo de la educación superior lo asumen las familias, proviene del bolsillo de las más humildes.
El presente proyecto busca limitar el lucro en la educación superior, es decir, persigue hacer cumplir la ley.
Por ello, nos pronunciaremos a favor. Porque creemos que las universidades que persiguen fines de lucro son malas, como lo demuestra el hecho de que las mejores instituciones de educación superior en el mundo no lo hacen.
En consecuencia, pido un debate leal y transparente.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
Voto a favor.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente , esta tarde se da en la Sala una discusión en blanco y negro, porque pareciera que los buenos están a un lado de la mesa y los malos, al otro.
Al menos para mí lo referido a la educación constituye un tema valórico, de derechos de las personas. Y lo que hoy nos llama a debatir tiene que ver con algo muy profundo: la sociedad que estamos construyendo, el Chile del futuro.
El proyecto que nos convoca debe ser coherente con el respeto a las leyes vigentes. La normativa en vigor prescribe que no pueden usarse subterfugios legales en las universidades privadas para realizar retiros, muchas veces a través de sociedades inmobiliarias, con fines distintos de la reinversión en educación.
Aquí nadie está hablando en contra de los establecimientos de educación superior privados. Los hay grandes en Chile. En muchos de ellos la deserción es infinitamente menor que en las universidades estatales. En numerosas universidades privadas la calidad es inmensamente superior incluso a la de las públicas.
Eso sí, bastantes cosas le llaman la atención a la gente. Entre otras, los aranceles sorpresa, en el sentido de que se entra a una carrera pagando determinado arancel y tres o cuatro años después se termina cancelando tres o cuatro veces más. También hay alumnos y alumnas a quienes se les hace pagar un semestre entero por asistir a clases durante dos horas a la semana. Existen casos en que les exigen cancelar su titulación. Incluso ocurre que no se registran roles de matrícula.
Y eso pasa en todo tipo de universidades, no necesariamente en uno solo.
Por tal razón, la semana pasada presenté un proyecto de ley para aplicar las normas de transparencia que rigen en Chile desde abril de 2009 a todas las instituciones que reciben aportes del Estado en materia de educación, tengan fines de lucro o no.
Y ahí entran todos. En la medida que haya transparencia, acreditación de calidad de la educación -el Gobierno lo ha anunciado y se está implementando-, Superintendencia de Educación -el Ministro de Educación se encuentra trabajando para ponerla en marcha lo más pronto posible-, los jóvenes y sus padres poseerán mayor libertad para elegir de verdad. Porque los establecimientos recibirán el mismo tratamiento que las sociedades anónimas con la aplicación de la Ley sobre Transparencia y podrán acceder a información respecto de los ingresos y egresos, además de temas curriculares y de calidad, que al final son muy relevantes.
En consecuencia, obviamente votaré a favor de esta iniciativa. Porque lo que importa es seguir el espíritu de la ley. Y esta es muy clara. No se le debe torcer la nariz ni incurrir en subterfugios legales. Indudablemente, una vez aprobada la idea de legislar se tendrá que lograr, a través de diversas fórmulas, que las universidades privadas que realicen avances en materia de investigación o de becas puedan postular a fondos concursables del Estado. Habrá que ayudar a que eso suceda.
Pero seamos claros: lo que se vota es el financiamiento de las universidades no estatales con relación al lucro, es decir, se busca impedir las sociedades espejo. Es eso, ni más ni menos.
Entonces, no es posible vincular esta iniciativa con el otro proyecto concerniente al lucro, que apunta a un tema muy de fondo: ¿a qué tipo de sociedad aspiramos? ¿A una donde la educación sea un negocio o a una donde sea un derecho?
No soy de quienes creen que el mercado resuelve todo en materia de educación, como tampoco de aquellos que piensan que eso lo hace el Estado. Creo en una sociedad docente, donde los privados tienen mucho que decir, mucho que aportar, pero también donde debe haber controles cuando existen recursos del Estado involucrados y cuando los proyectos educativos poseen fines de lucro.
Por lo tanto, que no se siga insistiendo en que se intervendrán colegios y se terminarán los establecimientos particulares subvencionados.
Eso no es real. Lo que se busca es dar luz verde a la discusión de un asunto de fondo, relativo a los proyectos educativos que persiguen fines de lucro y que no reinvierten. Hay colegios particulares subvencionados con fines de lucro que lo hacen muy bien, y otros que lo hacen muy mal.
El punto radica en poner el foco en la calidad. Y una de las aristas de la discusión que se dan hoy en la sociedad chilena dice relación con la calidad, el financiamiento, el acceso, las becas, la integración y también el lucro. Se trata de un debate que, a mi juicio, no podemos esquivar.
Por lo expuesto, votaré a favor del proyecto. Y me alegra mucho oír en la Sala que habrá más Senadores de la coalición a la que pertenezco que también lo harán. Creo que es una señal coherente con el respeto a la ley vigente defendido por el Presidente de la República , Sebastián Piñera , y por el Ministro de Educación , Felipe Bulnes .
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE .- Señor Presidente , seré muy breve, porque tenemos apenas cinco minutos para referirnos a una materia excepcionalmente difícil.
En primer lugar, debo decir que me habría gustado que respecto a a la educación hubiésemos sostenido una discusión más holística y más coherente, en que fuéramos capaces de abordar todas las materias como un todo e ir elaborando proyectos parciales, pero dentro de una suerte de carta Gantt -por decirlo así-, para poder llevarlas adelante.
En segundo término, a propósito de lo sostenido por algunos colegas de la coalición de Gobierno, el Presidente de la Comisión de Educación , Senador Quintana, me ha informado que en el debate de esta iniciativa se escuchó a muchísima gente.
Por lo tanto, voy a pedirle al Presidente del Senado que le solicite a la Secretaría de ese órgano técnico que dé a conocer el listado de los participantes para saber a quiénes se invitó y a quiénes no. Porque no basta con decir que no se ha escuchado a nadie o, como indicó su Presidente , que sí se hizo. Queremos conocer los nombres de los invitados.
Respecto al asunto de fondo, señor Presidente , considero que lo que analizamos ahora es bastante más simple. No se trata de una discusión sobre el lucro, sobre la forma en que debemos organizar la educación, o sobre cómo vamos a relacionar el gasto de las universidades estatales con la inversión que realizan.
Cabe destacar que cuando nos aboquemos al otro proyecto concerniente a esta materia intentaremos ponernos de acuerdo acerca de qué se entiende por lucro; qué se entiende por lucro exagerado; qué se entiende por lucro no permitido, y qué se entiende por la lógica y natural inversión que debe hacer una universidad.
Sin embargo, señor Presidente , aquí hay un punto mucho más sencillo. Según el articulado que se propone, en las universidades no estatales que también reciben recursos del Fisco no es pertinente que sus autoridades se involucren o participen -como han señalado algunos Senadores- en las actividades que se emprendan para aumentar el patrimonio de esos establecimientos o para mejorar sus condiciones de investigación o de otro tipo.
Lo anterior ni siquiera tiene que ver con el lucro, sino, sencillamente, con la obligación de cumplir con la norma ética que señala que en tales conductas existen conflictos de interés.
No es el caso de las universidades no estatales que celebran acuerdos con un laboratorio, que abren una clínica de salud o lo que sea. ¡No! La idea es que los rectores o las directivas no puedan realizar negociaciones de naturaleza alguna con cualquier empresa para levantar un edificio o ejecutar otras obras en las que ella o las instituciones de educación superior no estatales ganen. Y, si se revierten a estas los dineros, significa que se utilizan como "palos blancos" a fin de efectuar inversiones que, a la larga, generan ganancias fuera de la norma para determinados personeros de esas universidades.
Por eso, señor Presidente , la iniciativa me parece muy simple.
Espero que en la tramitación de los otros proyectos en marcha podamos definir lo que significa "lucro". Porque uno de los problemas que nos confunde es que de ello existen diez versiones, y cada una vista desde perspectivas distintas. Por lo tanto, hay una verdadera Torre de Babel en cuanto al uso de ese término.
Voto que sí.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana y, a continuación, el Honorable señor Gómez.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , Chile vive momentos muy difíciles. Veintiún ciudadanos han partido en el último tiempo producto del episodio ocurrido en Juan Fernández , y hace poco se ha sumado una nueva víctima.
Uno de ellos corresponde al conocido animador Felipe Camiroaga , cuyos funerales se celebraron hoy. Debo decir que durante su trayectoria él ayudó en diversas campañas ambientales, sociales. Y en una de sus últimas intervenciones apoyó a los estudiantes movilizados, sumándose a las demandas por una educación pública gratuita y de calidad.
En un video difundido a través de YouTube, el animador dijo:
"Quiero aprovechar esta instancia para dar todo mi apoyo desde mi cabeza, mi corazón y mi alma a los estudiantes chilenos.". Luego, agregó: "Creo que han dado una lucha impecable, creativa, sensible, tremendamente valiente, y de verdad, como chileno, siento un orgullo gigante (...). Creo que la educación no puede ser un negocio para nadie, y también creo que la educación es lo que cambia este mundo de raíz (...). Creo que pueden lograr un cambio histórico -les dice a los estudiantes-, un cambio tremendamente necesario y que paradójicamente no nace de quienes tiene que nacer, de la autoridad, sino de ustedes: los estudiantes chilenos.".
Esa fue la declaración que formuló este conocido y querido animador, quien -repito- falleció en la tragedia de la cual todos estamos al tanto y acaba de ser sepultado.
A mi juicio, el mejor homenaje que le podemos brindar a Felipe Camiroaga es oír muy atentamente sus palabras. Porque, como recién manifestó la Senadora Von Baer , a lo mejor no escuchamos mucho. Aunque yo creo que sí oímos a la ciudadanía.
Aquí hubo un sentido de urgencia. Ello hizo posible que el presente proyecto llegara finalmente a la Sala. Hemos observado que en todas las encuestas el 80 por ciento de los chilenos manifiestan que no se puede seguir lucrando con recursos del Estado. No estamos hablando de cualquier lucro, sino del proveniente de dineros fiscales. Porque el Fisco no le entrega al panadero de la esquina la harina, ni le paga la luz, el gas, el agua o las remuneraciones de sus trabajadores para que finalmente las utilidades vayan a su bolsillo. ¡De eso estamos hablando!
Entonces, esa tremenda verdad mencionada por el desaparecido animador nos debiera permitir avanzar hacia la realización de una reforma a la educación. Porque este Gobierno anunció un gran cambio, y ahora tenemos la gran oportunidad de hacerlo. Sin embargo, no es fácil impulsar estas transformaciones, pues naturalmente muchos se resisten a ellas. Y no hablo solo del plano político, de esta Sala o del Parlamento, sino además de quienes tienen intereses reales.
Por ejemplo, no sé si algunas personas presentes en las tribunas eran apoderados. A mi juicio, más bien se trata de sostenedores que ven cómo su negocio, lucrativo y rentable durante muchos años, hoy día se transforma en algo incierto.
Ello también lo he constatado en mi Región. Parece que los sostenedores privados que lucran han anunciado una marcha para los próximos días. Y tienen todo el derecho a hacerlo.
Además, este debate ha sido difícil, porque corresponde a un asunto profundamente ideológico.
Según mis cálculos, ya se han alcanzado los 22 votos que precisa esta iniciativa para ser aprobada, lo cual representará un paso importante, histórico.
Al escuchar la intervención de la Senadora Lily Pérez recordaba cómo en las últimas tres semanas le han llovido críticas desde su sector. No obstante, hoy día diversos Senadores de su coalición han comprometido su apoyo al proyecto. Y eso no los hace menos gobiernistas.
Pienso que aquí ha habido una sabia lectura por parte de parlamentarios de Gobierno, al igual que por el colega Escalona y los Senadores que presentaron esta moción, pues han entendido con precisión el momento histórico que vive el país. De eso se trata, fundamentalmente.
Con relación a la propia iniciativa, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué se persigue con el término de las sociedades espejo? Muy simple: las universidades -como han mencionado varios Senadores- no persiguen fines de lucro, pero sí las sociedades inmobiliarias, a las que apunta el proyecto.
A lo mejor, las personas que se hallaban en las tribunas no sabían -tal vez estaban pensando en otro proyecto que todavía no está en discusión- que en la gran mayoría de los casos los dueños de las universidades también lo son de las inmobiliarias relacionadas con ellas.
Estamos hablando de dos, tres, cuatro universidades que lucran y que concentran -escuche bien, señor Presidente- el 50 por ciento del crédito con aval del Estado.
Por eso, cuando los estudiantes agrupados en la CONFECH dicen: "¡Qué gran logro que el Gobierno nos dé el CAE!" -al parecer, el proyecto pertinente está en discusión en la Cámara de Diputados-, ello me preocupa, ya que esos recursos solo van a las universidades privadas que lucran. Entonces, no veo que ahí se halle la solución.
¿Qué hemos escuchado en estos días de quienes representan y defienden a las propias universidades privadas que lucran?
Que se limite la rentabilidad; que se realicen transacciones abiertas, a precios de mercado; que haya un tercero imparcial, internacional.
¿Por qué estas cosas no las impusieron ellos mismos con anterioridad?
Entonces, finalmente lo que se está haciendo con eso es reconocer que en este ámbito ha habido no solo una acción artificiosa: la de las inmobiliarias, sino múltiples subterfugios para violar la ley.
Señor Presidente , con respecto a las universidades tradicionales, estatales, a las cuales también se refirió la Senadora Von Baer , a ratos aquí la discusión y la argumentación por parte de quienes no son partidarios de terminar con las sociedades espejo ni de transparentarlas, apuntan más bien a otro asunto: al contenido de un proyecto que no estamos discutiendo hoy día...
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor QUINTANA.-...y al tema -termino en seguida, señor Presidente- de las...
El señor KUSCHEL .- Concédale un par de minutos más, señor Presidente .
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Bien.
El señor QUINTANA.-...universidades complejas -como se ha dicho-, las que, en verdad, no tienen nada que ver con la iniciativa que nos ocupa.
Efectivamente, la Comisión de Educación recibió, la semana recién pasada, al Rector de la Universidad Católica. Y lo cierto es que, después de oírlo, no veo por dónde -se lo dijimos- este proyecto pueda tocar a instituciones complejas como esa.
Él ponía el caso de los spin-off, o sea, los investigadores, sociedades o empresas incubadores de desarrollo científico, los que en Estados Unidos (en Silicon Valley) y en otros países partieron con las pantallas táctiles, que son fruto de una investigación universitaria. Acá en Chile podría ser, por ejemplo, el descubrimiento de una cepa para un nuevo vino "carmenere" por algún investigador o profesor, quien es susceptible de ser parte, en una primera etapa, de la empresa que se genera. Pero yo no creo que ese investigador busque pertenecer a tal sociedad comercial o ser dueño de la viña en el futuro.
Esa es la diferencia, señor Presidente. Y, a mi juicio, a dichas universidades no les va a pasar nada con la iniciativa en estudio.
El señor KUSCHEL .- ¡Está bueno ya, señor Presidente!
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Honorable señor Quintana, le pido comprensión: nos encontramos en la fundamentación de voto. Y ya se le otorgaron dos minutos adicionales.
Si no hay objeciones, se le concederá un minuto más.
El señor PROKURICA .- Conforme.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Puede continuar Su Señoría, hasta por un minuto.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , simplemente, quiero expresar cómo voy a votar, porque parece que no está claro.
Con respecto a la indicación planteada por el Senador Chahuán, debo manifestar que, pese a que se encuentra en el límite de la admisibilidad, con el ánimo de analizar el punto en la Comisión permitiremos que se discuta. Pero yo no la comparto. Creo que desnaturaliza la iniciativa. Y, por supuesto, la Concertación la va a rechazar.
Es necesario avanzar más bien en otras líneas de control.
El proyecto de ley que ha impulsado la Senadora Lily Pérez, en orden a transparentar a todas las universidades, contribuye en mucho mayor medida al propósito que estamos buscando.
En los veinte segundos que me quedan, señor Presidente, deseo aclarar que nadie está pensando en cerrar colegios, y la normativa que figura más adelante en la tabla tampoco persigue ese objetivo.
Reitero: no se va a cerrar ningún colegio. Y si alguno llegase a tal situación, será por tener la intención de lucrar y no de educar.
Voto a favor.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente , pienso que una de las peores formas de legislar, sobre todo en materia educacional, es cuando uno plantea las cosas haciendo la distinción entre buenos y malos.
Por ejemplo, la Senadora Lily Pérez , tanto respecto a este proyecto como a los otros ha mostrado una actitud de apertura. No obstante pertenecer a la coalición de Gobierno, ha buscado ampliar los criterios de discusión.
Es preciso reconocerle su capacidad de sostener su posición en una situación difícil,...
El señor CANTERO .- ¡Muy bien, colega!
El señor GÓMEZ.-...grave como la que enfrenta dentro de su propio sector.
El señor CANTERO.- ¡Bien!
El señor GÓMEZ.- Me parece relevante poner eso arriba de la mesa.
Lo digo porque, cuando se señala que hablamos entre buenos y malos, yo estoy convencido de que no hay ni los unos ni los otros, ni al frente ni acá.
El proyecto aborda un aspecto, en materia educacional, que al menos para nosotros es importante discutir en serio. Y no creo que en las bancadas oficialistas ni en las nuestras haya Senadores que estén de acuerdo en que existan establecimientos que operen al límite de la ley.
Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto que establece criterios importantes en materia de control.
Yo no soy partidario de satanizar a todas las universidades privadas, y tampoco a todos los sostenedores de instituciones que, de acuerdo a la ley, pueden recibir recursos del Estado.
Entonces, si no discutimos en serio ¿de qué estamos hablando?; ¿qué queremos hacer? Es cierto que el proyecto contiene una sanción durísima. Lo que procede es modificarlo. Y esto ¿qué significa? Que en el segundo trámite reglamentario deberemos presentar las respectivas indicaciones. A través de estas será factible resolver los problemas que planteó el Rector de la Universidad Católica. Porque entiendo que la iniciativa no comprende solo a las universidades privadas, sino también a aquellas casas de estudios superiores que ocupen la institucionalidad en forma inadecuada.
Además, no todas las corporaciones referidas son responsables. Será la institucionalidad la que lo determine. Entonces, no podemos estar en contra de la iniciativa.
¿Cuál es el problema de fondo? -y por eso he dicho que debemos analizar las cosas como corresponde, sin satanizar o utilizar palabras como esta para referirnos al lucro-: que necesariamente se cumplan las normas establecidas. ¿Para qué? Para que exista buena educación desde el punto de vista universitario; para que los recursos del Estado que se usen contribuyan a entregar una mejor educación.
En ese sentido, el problema no radica en la fiscalización, la cual se ha de realizar, sino en otra cosa: en disponer, por ejemplo, una forma de financiamiento que no impida a las familias, a los niños, a los jóvenes participar en debida forma en el actual sistema educativo.
Esa es la cuestión de fondo. ¿Y qué significa? Establecer, de alguna manera, una referencia desde la perspectiva de lo que se le cobra a cada estudiante para que pueda acceder a buenas universidades.
¿Qué tiene que hacer el Estado? Lograr, en definitiva, que las universidades sean de calidad. Y esa es la tarea que debemos enfrentar nosotros: legislar, de una vez por todas, para que las cosas se hagan bien.
Pero ¿qué se sostiene? Que unos son buenos y otros malos.
Yo estoy dispuesto -lo digo con toda claridad- a llegar a los acuerdos que sean necesarios para que en Chile exista educación pública gratuita y de calidad; para que nuestros niños y jóvenes puedan estudiar en colegios de educación básica y media y en las universidades.
Pero es menester que nos preocupemos también de la enseñanza preescolar. Es la de que menos se habla, en circunstancias de que es la más importante para conseguir que los niños tengan capacidades educacionales en el futuro.
Reitero que me hallo absolutamente disponible para analizar y llegar a acuerdos que nos lleven por ese camino; pero no para discutir si unos son buenos y otros malos. Al final lo que le importa a la gente e incluso a quienes en las tribunas se enojaron porque la mayoría del Senado iba a votar favorablemente el proyecto, es que sus hijos reciban una educación de calidad.
En ese sentido, nuestra obligación es legislar bien y tratar de que las cosas resulten de manera tal que por fin el país cuente con un sistema educacional adecuado y no segregador, donde la institucionalidad permite que los niños de familias con recursos y, por ende, bien alimentados, vayan a buenos jardines infantiles; después, a buenos colegios; en seguida, a buenas universidades; luego, a perfeccionarse fuera de Chile, y, por último, que consigan las mejores pegas.
Es fundamental romper ese círculo. ¿Y cómo se rompe? Legislando seriamente, con claridad, mejorando los proyectos que presenten dificultades; pero no destruyendo la conversación, la discusión.
Por eso, señor Presidente, los llamados que se hacen en esta Sala deben transformarse en realidad. Y, para ello, insisto en que nosotros -en este caso, hablo por el Partido Radical- estamos disponibles para conversar y alcanzar los acuerdos que vayan en el camino correcto.
Lo hago presente porque consideramos indispensable que exista educación pública en la enseñanza prebásica, básica y media.
Ese es el punto central. Ahí es donde debemos poner los esfuerzos. ¿Para qué? Para que los niños y jóvenes tengan oportunidad de seguir el camino que señalé con anterioridad. Y estamos completamente disponibles para alcanzarlo.
Creemos que lo realizado por el Gobierno y las propuestas que ha efectuado no son suficientes; no van en la dirección correcta o, al menos, en la de nuestro planteamiento. Sin embargo, no hay que cerrar las puertas a la conversación.
Es imprescindible legislar con responsabilidad, con la mirada hacia la gente, no entre nosotros para que el discurso sea más o menos, sino para que, en definitiva, se cumpla un objetivo que ha generado el movimiento estudiantil: vivir en una sociedad que permita un desarrollo equitativo, y no desigual como el que actualmente existe.
Basta revisar la última publicación de la OCDE para darse cuenta de las diferencias que hay en la educación y de la necesidad de avanzar introduciendo cambios profundos en ella.
Termino señalando que, en nuestra opinión, es imperativo legislar respecto a los problemas que la comunidad nos está pidiendo resolver. Y estoy convencido de que para ello no hay otro camino que lograr educación pública, gratuita y de calidad, con responsabilidad del Estado, sin romper la línea histórica del país: la enseñanza mixta. ¡No estamos en contra de eso! Pero sí nos oponemos a que las alternativas que elija la ciudadanía para ir a una u otra casa de estudio obedezcan a los recursos y no a la calidad.
Y, para lograr lo anterior, es indispensable el trabajo directo, serio del Senado, del Gobierno y de quienes tenemos la posibilidad de legislar, votar y avanzar sobre el particular.
Por ello, entre buenos y malos a mi juicio no existe una forma razonable ni lógica de legislar.
La Senadora Lily Pérez -y ahora sí concluyo- ha pasado por momentos difíciles. Y lo digo porque no me parece aceptable que, por sostener una posición distinta, reciba los golpes que hemos visto y escuchado en los medios de comunicación.
He dicho.
La señora PÉREZ ( doña Lily ).- ¡Muchas gracias, Senador Gómez!
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , hemos oído ya un sinnúmero de argumentos a favor de la idea de legislar acerca del proyecto de ley que nos ocupa y, por supuesto, también a algunos Senadores que han manifestado su intención de rechazarla.
Y eso a mí me parece delicado.
He escuchado al Presidente de la República y estoy seguro de que si él estuviera sentado en estas bancas se pondría a trabajar en cómo legislar sobre esta materia. Y lo mismo haría el Ministro de Educación , porque ambos han sostenido, y con razón, que resulta imperativo hacer cumplir la normativa. Y tanto la ley Nº 20.370 como el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2010, establecen claramente que estas universidades no pueden tener fines de lucro.
He podido constatar de parte de casi todos los sectores que, al parecer, se registran infracciones y abusos en dicho ámbito.
Entonces, si acaso existe la convicción de que se precisa cumplir la ley -el propio Presidente de la República , el Ministro del ramo y muchos Senadores de distinto signo político así lo reconocen-, votar en contra de la idea de legislar es una contradicción absoluta, inentendible.
¿Por qué? Porque es dable interpretar que quien rechaza en general el proyecto está tratando o -no deseo ser tan directo- posibilitando, a lo mejor sin querer, que se sigan cometiendo infracciones a la ley.
Indiscutiblemente aquí existe la figura llamada "elusión" que, si bien no constituye una transgresión legal plausible de ser sancionada, es una manera de impedir la aplicación de la ley o de beneficiarse de ella por la vía de un subterfugio.
Y, en el caso de la propuesta legislativa que se nos presenta, yo la entiendo en ese sentido.
¿Qué se pretende? Que no exista vinculación alguna entre los integrantes de los órganos directivos de las universidades y quienes, a su vez, celebran contratos con ellas o forman parte de sociedades que les prestan servicio. Es decir, el objetivo del proyecto es evitar lo que se denomina "conflicto de intereses". Y resulta innegable que cuando alguien pertenece al órgano directivo de un plantel de educación superior y, al mismo tiempo, aparece integrando una sociedad que le brinda asistencia de cualquier tipo se produce un conflicto de intereses.
Eso hay que evitarlo por el bien de la propia casa de estudios superiores, la cual puede ser objetada en tal sentido aun cuando realice actos totalmente lícitos. Ello queda refrendado en la conocida frase "La mujer del César no solo debe serlo, sino también parecerlo.".
En consecuencia, debemos aprobar esta legislación, máxime cuando nos hallamos en la discusión en general. Luego, iremos a la Comisión y veremos aquellos aspectos susceptibles de corregir.
La finalidad del proyecto es evitar el conflicto de intereses; impedir que alguien pretenda beneficiarse patrimonialmente en su relación como dueño de la universidad y, a la vez, propietario o partícipe de una sociedad que le presta servicios. No se trata -como se ha dicho en la Sala- de prohibir los contratos que realizan las universidades sin fines de lucro para impulsar áreas como la investigación y otras, sino de impedir que ciertas personas se enriquezcan patrimonialmente.
Por eso me parece que la iniciativa es muy importante.
Por otro lado, debemos dejar en claro lo siguiente. Si bien puede creerse que en las universidades privadas el mercado estaría operando en favor de los estudiantes, basta leer el trabajo hecho por Patricio Meller para darse cuenta de que ello no es así por cuanto, desde los últimos nueve años, las universidades privadas -y también las públicas- subieron sus aranceles, en promedio, más de un 60 por ciento en términos reales y no han bajado pese a haber más de ellas, como debería ocurrir de acuerdo con el funcionamiento del mercado.
Por lo tanto, también resulta necesario regular a estas universidades y su sistema de aranceles. Para eso se requiere seguramente un mecanismo de regulación a través de alguna autoridad que así lo permita.
Por tal motivo, no entiendo que algunos voten en contra de la idea de legislar. Quien así lo haga puede aparecer como que estuviera tratando de impedir el cumplimiento de una ley, respecto de la cual todos reconocemos su existencia y nadie puede excusarse de acatarla.
En tal virtud, votaré a favor y espero que en la Comisión se corrijan aquellos aspectos que realmente sean necesarios para precisar el alcance del proyecto.
Gracias, señor Presidente.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , en verdad estoy sorprendido. No sé qué pasó en nuestro país, pues ahora tenemos la disposición y los votos para realizar algo que nunca hicimos.
Sin duda, ello se relaciona con los cambios registrados en nuestra realidad nacional, con las movilizaciones, no solamente de los estudiantes sino también de los ciudadanos, mediante las cuales nos piden enmendar un conjunto de normas.
La baja cotización de los partidos políticos, de la política, del Gobierno, de la Oposición deja en evidencia que hemos llegado tarde -no obstante, más vale tarde que nunca- con las modificaciones legales que la ciudadanía nos está pidiendo en una serie de ámbitos.
Yo me alegro mucho de que el Senado lleve a cabo este debate y felicito a los autores del proyecto.
Sin embargo, quiero expresar también que no hay una explicación para la ciudadanía acerca de por qué razón no efectuamos tales cambios antes, en circunstancias de que es nuestro deber como autoridades, como parlamentarios detectar y hacer la lectura de qué ocurre en el país, qué piensan nuestros compatriotas, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto.
La verdad es que este fenómeno que ha surgido con las universidades no es nuevo, sino, por el contrario, muy antiguo y conocido. No en vano este sistema comenzó a regir a partir de la publicación, en el Diario Oficial, de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza el 10 de marzo de 1990.
Ello no sucedió en esa fecha por casualidad, sino porque al día siguiente el entonces Presidente -el General Pinochet- debía entregarle al Presidente Patricio Aylwin , al nuevo Gobierno democrático, el mandato de la nación. Por lo tanto, venía avanzando la democracia y nos quedamos con el mismo sistema establecido en el mencionado cuerpo legal sobre educación, pudiendo haber hecho antes esos cambios, dadas las palabras de aquiescencia en cuanto a la necesidad de llevarlos a cabo.
Estoy muy contento de que los hagamos ahora, aun cuando -reitero- lo estamos haciendo tarde. No obstante, tiene su mérito abordar esta problemática hoy.
Debo dejar en claro que no pretendemos eliminar las universidades privadas. Al contrario, queremos que continúen funcionando, pero con transparencia.
El Ministerio de Educación se ha hecho cargo de regular estas sociedades y corporaciones sin fines de lucro, al revés de lo que ocurrió siempre, porque todas esas entidades son reguladas por el Ministerio de Justicia. Y el Consejo de Defensa del Estado tiene la obligación de perseguir a quienes violan los preceptos que prohíben realizar actividades lucrativas. Sin embargo, en este caso, cuando se trata de la educación, el Ministerio del ramo aplica un criterio diferente.
Por tanto, además de vulnerar la ley, esos establecimientos quedan exentos de impuesto a la renta y de IVA.
Entonces, es el abuso total, pues les damos exenciones y, encima, utilizan la legalidad para incurrir en ilegalidades.
Porque, en verdad, ¿tienen utilidades? No. Pero nadie les va a discutir eso, pues han celebrado contratos con sociedades espejo, con sociedades "por fuera" que generan las ganancias. Y si queremos sancionarlas, no podemos, porque su accionar no es ilegal.
En la actualidad, las universidades -algunas o muchas de ellas- siguen prestando servicios a través de terceras personas. Están haciendo algo legal; pero, en el fondo, es una ilegalidad.
¿Y por qué no lo persiguió el Ministerio Público? ¡Porque no tiene sanción en la ley! Esta dice "Se prohíbe", pero no fija penalidad.
Así pues, ahora estamos recogiendo un sentir ciudadano y estableciendo una modalidad que debe ser ejemplo de las numerosas modificaciones que deberíamos realizar, no solo en el ámbito educacional, sino en muchas áreas.
Por tanto, voy a votar favorablemente este proyecto, para iniciar un cambio profundo en nuestra sociedad.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente , quiero formular cuatro planteamientos.
En primer lugar, nuestro país ha desplegado grandes esfuerzos para incorporar al sector privado en diversos ámbitos de la esfera social. Y hemos incrementado nuestra cobertura, nuestra calidad y nuestra oportunidad en muchos sectores, lo que de otra forma no habría sido posible.
Por ejemplo, en educación, salud, vivienda, obras públicas. Además de las carreteras, tenemos licitada la construcción de hospitales, cárceles y otros establecimientos que de otro modo no habríamos podido edificar, administrar o gestionar.
En el caso de la educación, si restamos la particular, se reduce a menos de la mitad la cobertura actual. Pero más importante que eso es la oportunidad. Porque gracias a la participación del sector privado se ha podido avanzar en varias décadas en cuanto a la disponibilidad de los servicios pertinentes.
En segundo término, no me parece razonable que se dicte una ley para hacer cumplir otra. ¡Tendríamos que duplicar toda la legislación...!
Como se sabe, vienen una Superintendencia y una Agencia de Acreditación de la Calidad de la Educación. Esas son las instancias que se van a encargar de tales aspectos.
En tercer lugar, en cuanto a la forma, no me parece apropiado que aquí no contemos con antecedentes. No tenemos opiniones de expertos ni de los afectados. Se nos dice que el Rector de la Universidad Católica se refirió al proyecto, pero en el informe no figura su intervención. Y, al parecer, fue el único que opinó sobre la materia.
En cuarto término, no soy partidario de seguir estigmatizando o satanizando a la educación privada o al sector privado. Si hay deficiencias, ellas obedecen a fallas de diseño o de control de parte nuestra. Y, como he dicho, espero que se vayan resolviendo con la Superintendencia y la Agencia. Pero no se debe estigmatizar ni satanizar.
Finalmente, hago un nuevo llamado a los padres y a los alumnos para que pongan atención sobre el establecimiento donde se estudia. Porque a veces se critica a tal o cual universidad, pero de los resultados son igualmente responsables esta y los educandos que concurren a ella. Hay infinidad de indicadores y de informaciones que permiten conocer el equipamiento, las salas, los laboratorios, la infraestructura, los profesores; saber cuántos de estos son doctorados, cuál es su calidad académica, en fin. Sin embargo, parece que la gente no los ve y se matricula en cualquier establecimiento.
Por todas esas razones, que son principalmente de forma (porque la idea me parece bien; y creo que la cuestión se va a resolver mejor con la Superintendencia y la Agencia), voto que no.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente , durante estos meses se ha hablado de muchas cosas. Entre ellas, de "ideología".
Y, en verdad, ha habido ideología en este debate. Pero ideología en el peor sentido de la palabra. Es decir, como "falsa conciencia de la realidad". Por defender sus intereses e ideas, algunos se niegan a ver lo obvio.
Según lo ha denunciado nuestra premio nacional de periodismo María Olivia Mönckeberg , la inversión en publicidad de las instituciones de educación superior es impresionante. Anualmente gastan cerca de 60 millones de dólares solo en ese rubro, ubicándose después de las grandes tiendas y de la telefonía celular.
La pregunta obvia es quién paga eso. La respuesta: los padres de familia, quienes deben financiar una de las educaciones universitarias más caras del mundo. Y ahora tenemos que pagarla todos los chilenos, a través de becas y créditos blandos del Estado, para financiar estudios de mala calidad -muchos de ellos no se terminarán- y de incierto futuro laboral.
Agrego que la experiencia demuestra que cuando manda el lucro las medidas de selección de alumnos se reducen, aceptándose a todos los que puedan pagar; las salas de clases se amplían y los profesores se proletarizan; la investigación y la extensión desaparecen, y algunas profesiones se reproducen en forma totalmente inorgánica. Finalmente, faltan técnicos en Chile, pues los dineros que debían ir a CFT e IP, que sí pueden legalmente lucrar, se han ido a universidades que han abusado del afán profesionalizante de los chilenos y de la bondad y sacrificio de miles y miles de familias.
Ideológicos son los que se niegan a ver esa realidad, que sí es observada por el 80 por ciento de nuestros ciudadanos.
Yo apoyo este proyecto de ley, señor Presidente, porque vuelve las cosas a su lugar.
Nuestras Constituciones Políticas, desde los albores de la república, garantizaban a todas las personas la igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados.
El artículo 34 de la ley N° 18.962 establece que las instituciones de educación superior no públicas deberán constituirse en corporaciones privadas sin fines de lucro para ejercer actividades educativas.
Sin embargo, todos los chilenos -nosotros también- sabemos que altísimas autoridades educativas -se llaman "rectores", "decanos" y "consejeros universitarios"- han hecho del espíritu de la ley letra muerta.
Por eso estamos hoy día hablando sobre esta materia.
En efecto -y cito el informe que dio nacimiento a una Comisión investigadora en la Cámara de Diputados-, "En los últimos años se han implementado transacciones comerciales con recursos de inversiones extranjeras, que llaman la atención cuando estamos en presencia de un negocio que no tiene fines de lucro".
Se describen compras.
El 2009, 70 millones de dólares, por el 60 por ciento de una universidad privada.
Luego la prensa ha informado que grupos norteamericanos invirtieron 40 millones de dólares por una universidad en 2008, y otro consorcio, 250 millones de dólares en la compra de universidades en 2003, 2006 y 2009.
Ley pareja no es dura, señor Presidente. Y cuando ella no lo es y los más poderosos y educados de Chile no la respetan, la gente se indigna y sale a protestar.
No es raro que cuatro de cada cinco habitantes señale que en nuestro país no existe igualdad ante la ley.
¡El Senado no puede tolerar que haya grupos de privilegiados que eluden la aplicación de la ley!
Finalmente, no estoy de acuerdo con el lucro porque en su nombre se está envileciendo a toda la educación particular chilena.
Considero, al igual que Juan Pablo II, en su encíclica Centesimus annus, que son derechos humanos "la iniciativa, la propiedad y la libertad en el sector de la economía".
Sostengo que emprendedores particulares, buscando el bien común en el fomento de la educación, hacen ganar a Chile en pluralismo espiritual y riqueza material.
No creo en un Estado todopoderoso, del mismo modo como no creo en un mercado omnipotente.
Pienso, sí, que un Estado y un mercado fuertes deben ser acompañados siempre por una comunidad capaz y organizada. Lo estimo así porque así lo viví.
Partí estudiando en la Universidad de Concepción, creada por la comunidad penquista, aprobada por ley y motivada por la masonería chilena.
Conozco también la calidad de la Universidad Católica, pues estudié ahí. Pero no se me pasa por la cabeza ver a sus fundadores, Enrique Molina Garmendia y Mariano Casanova , frotándose las manos al final del año y destinando las utilidades devengadas a negocios privados y ajenos a sus universidades. Cuando ellos ganaban un centavo, lo reinvertían en laboratorios, libros, pupitres y salarios decentes para sus profesores.
Los que quieran lucrar, que lo hagan, pero respetando la ley y con dineros privados.
Por todo ello, digo "no" al lucro en la educación universitaria chilena y "sí" al presente proyecto de ley.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , quiero valorar el respaldo que la iniciativa que nos ocupa está teniendo tanto en las bancadas de los Senadores que la presentamos, a quienes hoy nos corresponde estar en la Oposición, cuanto en las de aquellos que, encontrándose ahora en el Gobierno, han anunciado su voto a favor.
En todo caso, si algunos colegas de enfrente van a aprobarlo, como se dijo en algunas de las intervenciones, parece que el proyecto no es tan malo.
Juzgo que el mérito de esta iniciativa, asumiendo la responsabilidad que me corresponde por haberla impulsado, lo constituye precisamente el hecho de que no afecta a la existencia del sistema mixto en la educación superior.
Es decir, habrá universidades estatales y no estatales; no se modifican las grandes vertientes del referido sistema. Y, como la Ley General de Educación lo permite, se legisla separando las universidades no estatales de las estatales. Y la iniciativa que nos ocupa se refiere a las universidades no estatales.
En consecuencia, el argumento de que el proyecto es inconstitucional por discriminar, como lo adelantó un Senador que está en contra de él, no tiene validez.
La Ley General de Educación, siendo orgánica constitucional, ya estableció una preceptiva para las universidades no estatales. Respecto de ellas determinó un conjunto de requisitos; entre ellos, el de que no tengan fines de lucro. Lo que ocurre es que no dispone la sanción aplicable cuando se rompe la normativa legal y se lucra, que es lo que ocurre hoy en la realidad.
En cuanto a la intervención mediante la cual se pretende generar un clima de miedo al señalarse que la ley en proyecto afectaría a establecimientos como la Universidad Católica, debo puntualizar que es profundamente equivocada.
El propio Rector de esa casa de estudios superiores manifestó en la Comisión de Educación del Senado que los excedentes se registran porque los institutos -tanto el DICTUC, en el caso de la Universidad Católica, cuanto el IDIEM, en el de la Universidad de Chile- tienen rentabilidades. Sin embargo, agregó que ellos no se distribuyen como ganancia personal, sino que contribuyen al desarrollo de esas propias instituciones de educación superior.
Tratándose de la Universidad Católica, su Rector lo expresó con mucha claridad: 10 por ciento queda en la Casa Central; 40 por ciento en la facultad correspondiente, y 50 por ciento en el grupo investigador, que lo recibe por ser parte de la Universidad, como retribución a su esfuerzo científico, investigativo y académico.
Es decir, no hay lucro. No existe un retiro irregular e ilícito de ganancias, al revés de lo que lamentablemente acontece en el caso de las sociedades espejo, problema que con este proyecto de ley deseamos resolver.
Por eso la iniciativa que nos ocupa tiene tal singularidad: les permite a las universidades no estatales operar, desarrollar su función; pero, lógicamente, pone término a la generación de una rentabilidad del todo especulativa y mercantilista, que irrita a la opinión pública, por cuanto ha distorsionado absolutamente el sentido original que tenía en la ley de 1981 la creación de esas corporaciones sin fines de lucro.
En consecuencia, creo que aquí se hace un esfuerzo para resolver ese problema concreto. Y este proyecto precisamente elude entrar en un debate inconducente, artificial, ideologizado, respecto a qué sería o no sería el lucro. En este caso se termina con una práctica fraudulenta que no está permitida por la ley.
Por cierto, la iniciativa se puede perfeccionar en su trámite particular. Y bienvenido todo lo que contribuya a que así ocurra. Tenemos absoluta disposición, manteniendo su idea matriz, a aceptar cuanto enriquezca el proyecto, lo perfeccione y permita que se haga realidad y cumpla el propósito para el cual lo presentamos.
Voto a favor.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe duda de que esta iniciativa merece ser tratada con la mayor altura de miras porque envuelve grados de justicia absoluta.
El artículo 53 de la ley N° 20.370 señala claramente: "Las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica estatales sólo podrán crearse por ley. Las universidades que no tengan tal carácter, deberán crearse conforme a los procedimientos establecidos en esta ley, y serán siempre corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro para el efecto de tener reconocimiento oficial.".
Es evidente que todas las universidades que están funcionando han tenido reconocimiento oficial. Sin embargo, no se ha transparentado que muchas persiguen fines de lucro y que obtienen utilidades a través de inmobiliarias, de sociedades espejo, desde donde sí retiran las ganancias que se generan.
Hay universidades privadas que no persiguen fines de lucro (muchas de ellas, de credos religiosos) y que prestan un gran servicio a la patria.
Señor Presidente , la participación de los privados en la enseñanza pública de nuestro país viene de hace muchísimos años -del siglo XIX- y ha sido relevante en la formación educacional de los chilenos. Ahora debemos transparentar su situación, para que sigan funcionando de acuerdo a las normas legales vigentes.
La Senadora Ena von Baer -me interesó mucho lo que dijo- nos señaló que no se escuchó a los sectores involucrados. Pero el informe de la Comisión, que está firmado incluso por ella, expresa que se recibió en audiencia a los representantes de la CONFECH, encabezados por uno de sus dirigentes; al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, encabezado por el Rector Víctor Pérez; a la Federación Nacional de Académicos de las Universidades Estatales de Chile, y a los Rectores de las Universidades del Desarrollo, Alberto Hurtado , Finis Terrae , de Los Andes y Andrés Bello. Y agrega que las opiniones de cada uno de los participantes están, no en dicho documento, sino en la Secretaría de la Comisión.
Por lo tanto, se escuchó a muchos de los sectores involucrados.
No sé a quiénes se refiere la señora Senadora. En todo caso, sería bueno tenerlos presentes, para que en la instancia de la discusión particular sí pudieran ser oídos. Porque lo importante es que todos los sectores expresen su opinión.
Ahora bien, aquí se trata solo de la idea de legislar. Y, por supuesto, la aprobaré, en la esperanza de que a través de las indicaciones se absuelvan las dudas surgidas y se encauce a las universidades en comento. Porque a lo mejor actuaron como lo hicieron porque el sistema lo permitía y porque nosotros, que estuvimos 20 años gobernando, nunca le colocamos el cascabel al gato.
En consecuencia, ahora no podemos hacer grandes alardes tras haber conducido los destinos del país durante dos décadas. Lo lógico es buscarle una solución adecuada al problema descrito.
Seiscientos cincuenta mil jóvenes estudian en universidades privadas, en institutos profesionales y en centros de formación técnica. Obviamente, ellos no pueden quedar sin establecimientos educacionales.
Las sociedades en cuestión han invertido ingentes recursos en infraestructura, en modernización. No podemos, de la noche a la mañana, expropiarlas ni detenerlas en su accionar. Lo razonable es, entonces, buscar una salida a través de las indicaciones.
De otro lado, nosotros nunca hemos considerado como lo hacen muchos países los ingentes gastos en que incurren los padres para educar a sus hijos en las universidades. En muchas naciones se les permite rebajar esos desembolsos de su tributación, de los impuestos que deben pagar. En cambio, aquí no se considera absolutamente nada. A mi juicio, es algo que también conviene sopesar.
Ahora bien, la educación es un servicio público. Existen muchos otros, como el agua potable, la electricidad, y como son monopólicos, el Estado les fija el precio. Creo que nosotros también debemos establecer las reglas del juego a las que es preciso ceñirse si se quiere participar como colaborador de la educación pública.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.- En primer lugar, señor Presidente , me alegro de esta situación. Voté a favor en la Comisión y expuse mis razones. Juzgo que el proyecto, como todos, es perfectible, pero su mérito principal es que pone un tema sensible en el centro del debate que se lleva a cabo donde corresponde: en el Congreso, no en las calles, no en otras instituciones, por muy dignas que sean. Es aquí donde debe darse la discusión, por la dignidad institucional y porque tenemos que cumplir nuestro rol republicano.
En segundo término, quisiera consignar que la iniciativa, en mi opinión, permite cuidar la fe pública; obviar evidentes conflictos de interés; evitar que se tuerza el espíritu de la ley, la cual se transforma, así, en algo solo declarativo que la gente sabe que se está burlando. Se regula una situación que se ha prestado para claros abusos. No es algo generalizado, pero estos han sido de conocimiento público.
Es sano que el Congreso haga un esfuerzo para que se aplique la norma legal. Y todo lo que se pretende es que las sociedades espejo o inmobiliarias no sean la vía para sacar utilidades impropias, truchas, a veces falseadas, para beneficio particular.
Ese es el sentido del asunto en análisis.
Repito que no constituye una situación generalizada, pero, con una que se dé, tenemos la obligación de corregirla.
Ahora, ¿de qué se trata en esta instancia? De legislar, es decir, de plantear en el Congreso una idea que se aprueba en general para que luego, por la vía de las aproximaciones, los perfeccionamientos, las adiciones o las sustracciones, podamos ir acotando y estableciendo un proyecto mucho más consensuado, mucho más compartido.
Por cierto, la tarea reclama la mayor humildad, disposición al diálogo y que nadie se sienta dueño de la certeza. Rechazo, en términos generales, la política del terror que he estado observando en algunos parlamentarios y, particularmente, en algunas parlamentarias. Lo de poner las cosas en blanco y negro, entre buenos y malos, entre responsables e irresponsables, entre los que se hacen cargo y los que no se hacen cargo, me suena un poco a la lógica de verdades objetivas, conforme a la cual alguien estima ser propietario de la verdad y lo que piensan los otros corresponde a algo que se aleja de ella. Lo cierto es que se ha demostrado que tal concepto se aleja de la objetividad, particularmente en cuestiones opinables como la que nos ocupa, y tiene que ver más con la subjetividad.
Responsablemente, me hago cargo de reparar en algo falso, de falsedad absoluta, y que desmiento categóricamente. Lo consigné en el primer discurso, a propósito del otro proyecto que tiene que ver con el lucro. Advertí que ese texto carece de contenido. Categóricamente, no se va a afectar a un millón 200 mil alumnos, que se anuncia que quedarán sin subvención. Declaro mentiroso ese argumento. Porque el no reconocimiento de lo que señalan en el Congreso todos los sectores me parece que se aleja del sentido del trámite legislativo, tensiona las relaciones en forma inadecuada y, en definitiva, genera un espacio de aprovechamiento, de pelea corta, que estimo inconveniente.
Quedará demostrado que no se van a cerrar 4 mil colegios particulares subvencionados. En las pocas semanas que quedan por delante se comprobará que no es así.
Hemos pedido encarecidamente al Gobierno un proyecto sustitutivo o, si lo estima pertinente, una indicación de esa índole que nos permita poner toda esta temática en un plano de discusión apropiado.
Por eso, hago un llamado en el sentido de actuar con prudencia cuando se califica el proceder de otros parlamentarios que, conforme a su propia verdad, observan las cosas desde una perspectiva distinta. Porque, si no, nos hallamos frente a una actitud absolutista y totalitaria que, francamente, no condice con los estilos en nuestro ámbito.
Por favor, le pido un minuto más, señor Presidente .
Quiero valorar, además, la actitud de Senadores como Francisco Chahuán y Lily Pérez , pionera esta en empujar aperturas para diálogos, en votar en general para lograr acuerdos y entendimiento, para abrirnos a la conversación con la gente de la Concertación, que no se encuentra en la trinchera de los malos, ni de los tontos, ni de los que abrigan malas intenciones hacia la ciudadanía. Son personas que buscan el bienestar de Chile, como todos nosotros, y es por eso que más vale pronunciarse a favor de la idea de legislar y aceptar el debate, y no simplemente atrincherarse haciendo imputaciones que, muchas veces, dificultan la interlocución más que facilitarla.
Esa es la razón por la cual me alegro de que algunos señores Senadores hayan ido cambiando de posición y sumado a los que parecen sarracenos dentro de este ámbito, que se ha puesto tan fundamentalista en el último tiempo.
Espero que ello cambie y que todos manifestemos una mejor voluntad y disposición. Soy el primero en actuar con humildad y expresar que estoy dispuesto a escuchar argumentos.
Voto a favor.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA .- Señor Presidente , me llama la atención a veces escuchar un discurso y leer después el proyecto de ley en análisis, sin encontrar una concordancia entre lo que se plantea y lo que se somete a votación.
La iniciativa en debate, en especial, no tiene necesariamente que ver con el lucro. Está prohibiendo una cantidad de contratos que pueden ser perfectamente legítimos entre entidades que no lo persiguen como fin. Y si se celebra uno de ellos, la universidad perderá su reconocimiento. De acuerdo con lo que leo, si un plantel de enseñanza superior sin fines de lucro contrata con un instituto sin fines de lucro y existen relaciones entre ambos, el primero perderá -repito- su reconocimiento como tal.
Entonces, me dicen: "Seamos indulgentes. Aprobemos en general y arreglemos después".
Por mi parte, mantengo un mínimo de rigurosidad, porque aquí estamos legislando. Entonces, así como un Honorable colega, al justificar su voto, dijo que quien se pronunciara en contra podría estar legitimando el fraude a la ley o la actuación ilegal, el Senador que habla también podría afirmar que quien presenta un proyecto de este tipo está realizando una maniobra política, lanzando una bengala, con el objeto de aprovechar un momento y no preocuparse de cuál es la legislación que estamos dictando.
Me parece que estamos enfrentados, como legisladores, a un proceso de elaboración de leyes que exhiban un propósito, que presenten un sentido y que persigan la corrección de errores que pueden existir, pero no crear nuevos.
Como políticos, podemos pronunciar un discurso y señalar lo que queramos. Pero si estamos legislando tenemos que cumplir con nuestra función de manera que las leyes sean razonablemente coherentes. Y no juzgo que lo sea la aprobación en general de un proyecto expresando: "Tendremos que cambiarlo entero, porque no va a servirnos".
Políticamente, tampoco estimo lógico, desde nuestro punto de vista, que la Concertación nos diga: "Dejaremos que presenten la indicación, pero vamos a votar en contra".
¿Por qué no nos vemos la cara altiro y votan a favor los partidarios del proyecto, que no considero razonable?
El señor LAGOS.- ¿Para qué formula una indicación, entonces?
El señor NOVOA .- No voy a hacerlo, Su Señoría.
Voto en contra.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Puede intervenir el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente , el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra me interpretó casi plenamente. Como es obvio, ello me va a ahorrar comentarios.
Deseo hacer una breve reflexión respecto del sentido de la iniciativa, que es lo que es y no lo que sus autores dicen que es.
He escuchado que el texto ha sido denominado "de las sociedades espejo", lo que no tiene nada que ver con lo que la normativa pertinente implica respecto a la legislación bancaria.
En resumen, la idea matriz, que es la que debe interesarnos para trabajar, según el inciso tercero del artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, -complementado por el fallo del Tribunal Constitucional de 26 de septiembre de 1997, que define la importancia de las ideas fundamentales o matrices-, es completamente distinta del propósito para el cual algunos señores Senadores presentaron la moción.
¿Qué plantea, básicamente, el proyecto? Establece una forma de terminar con ciertas corporaciones sin fines de lucro y dispone que cesará el reconocimiento oficial otorgado por el Estado respecto de aquellas que sostengan "vínculos contractuales, financieros o comerciales con entidades que involucren a quienes integren los órganos de dirección, administración, ejecución", etcétera.
¡Y ojo! No tiene nada que ver el que ese segundo organismo persiga o no fines de lucro. Aquí quiero corregir a un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra y aludió al IDIEM y al DICTUC. La mala noticia que le tengo al Honorable señor Escalona es que, más allá de lo que desee expresar el rector de la Universidad Católica, la disposición causa el efecto señalado, no porque se persigan o no fines de lucro, sino porque las entidades con las cuales se contrata...
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Le pido dirigirse a la Mesa, Su Señoría.
El señor COLOMA.- Señor Presidente , me refiero al Senador señor Escalona , quien intervino antes. Para estos efectos, cabe retirar lo de "Senador señor Escalona " y aludir a " don Camilo "...
La norma no señala el caso de una institución sin fines de lucro que contrate con otras que sí los persiguen. No contempla la diferencia. Simplemente alude a hacerlo con entidades que involucren a quienes integren la dirección o ejecución de la corporación.
No me cabe duda de que el texto ha estado bien inspirado, pero obedeció a una lógica política del momento y no se reflexionó adecuadamente sobre los efectos -a mi juicio, indeseados- que se generaban.
De aprobarse ahora -imaginemos que ello se haga sin más-,...
El señor LAGOS.- Imaginemos lo que es.
El señor COLOMA.- Como el proyecto es de artículo único, podría ocurrir, técnicamente, la catástrofe o "tormenta perfecta" en virtud de la cual terminaríamos con todas las universidades -¡ojo!- sin fines de lucro, incluso estatales, en circunstancias de que se está intentando legislar sobre las privadas.
¿Qué se debe hacer, desde mi perspectiva, en la materia? Dos cosas básicas.
Primero, velar por la transparencia en las relaciones de los planteles de enseñanza superior privados o públicos -ya que también existe mucho por investigar en el caso de estos últimas que mantienen contratos con organismos dependientes- y por que se disponga de información en cuanto a que los contratos se verifiquen a precio de mercado, no se registre enriquecimiento ilícito ni se pueda aprovechar la estructura de una sociedad con fines distintos a los definidos.
En segundo término, se deben regular los conflictos de interés. Si el problema no radica en que existan o no en la vida. Lo importante es -repito- que se regulen, que se sancionen cuando no corresponden o que se valoren cuando sean posibles.
Entonces, desde mi punto de vista, la iniciativa en examen pasa a ser casi "histórica". Es la tercera vez que la tratamos: hubo una primera discusión, una segunda y un aplazamiento de la votación, encontrándonos ahora fundando nuestro pronunciamiento.
Al final, uno va deduciendo, más allá de la intención de sus autores, que el proyecto generaría el término, virtualmente, de toda universidad que mantenga contacto con un organismo de alguna dependencia similar, como sucede con la Universidad Católica o la Universidad de Chile.
Como se halla mal formulado, estimo que no corresponde votar a favor la idea de legislar.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (26 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido, y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el 3 de octubre.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores García, Kuschel y Novoa.
Se abstuvieron la señora Von Baer y los señores Coloma, García-Huidobro, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Uriarte.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminado el Orden del Día.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES
RECONOCIMIENTO DE PALESTINA COMO INTEGRANTE DE ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. PROYECTO DE ACUERDO
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Conforme a lo resuelto por los Comités, corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señores Tuma, Kuschel, Letelier y Pizarro, sobre reconocimiento del Estado de Palestina como integrante de la Organización de las Naciones Unidas.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1409-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 52ª, en 13 de septiembre de 2011.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo que se persigue es solicitar al Presidente de la República que nuestro país, en la próxima sesión plenaria de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, reconozca al Estado de Palestina como miembro pleno de la entidad.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (13 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa la señora Pérez (doña Lily) y los señores Cantero, Chahuán, Escalona, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Navarro, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Se abstuvo el señor Quintana.
AUMENTO DE FRANQUICIA TRIBUTARIA PARA FORTALECIMIENTO DE FORMACIÓN LABORAL DE TRABAJADORES EN REGIONES. PROYECTO DE ACUERDO
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señora Rincón y señor Patricio Walker.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1402-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 51ª, en 7 de septiembre de 2011.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El propósito de la iniciativa es solicitar al Presidente de la República que analice la posibilidad de aumentar el monto de la franquicia tributaria establecida en la ley Nº 19.518, para fortalecer la formación laboral, conducente a títulos técnicos, de los trabajadores de empresas de Regiones.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En votación.
Pido a todos los Senadores presentes en la Sala que se pronuncien. Se trata de un proyecto para fortalecer a las Regiones.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (13 votos a favor).
Votaron la señora Pérez (doña Lily) y los señores Cantero, Chahuán, Escalona, Gómez, Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Navarro, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
MAYOR FISCALIZACIÓN DE SISTEMA BANCARIO, ELIMINACIÓN DE ANATOCISMO Y REBAJA DE TASA MÁXIMA CONVENCIONAL. PROYECTO DE ACUERDO
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señoras Rincón y Lily Pérez y señores Bianchi, Escalona, Frei, García, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Muñoz Aburto, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte y Patricio Walker.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1403-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 51ª, en 7 de septiembre de 2011.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es solicitar al Ejecutivo el envío a tramitación legislativa de un proyecto que asegure el rol estatal de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, mediante el aumento de sus facultades fiscalizadoras.
Asimismo, se pide que se otorgue urgencia a diversas iniciativas en tramitación en el Senado que buscan eliminar el cobro de intereses sobre intereses y rebajar la tasa máxima convencional.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (13 votos afirmativos).
Votaron la señora Pérez (doña Lily) y los señores Chahuán, Escalona, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Navarro, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
El señor GÓMEZ.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor GÓMEZ.- Sugiero que pida el asentimiento de la Sala para votar los demás proyectos de acuerdo en la sesión del día de mañana.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Como estamos ya en el término del Tiempo de Votaciones, los proyectos restantes quedarán para la sesión ordinaria de mañana.
PETICIONES DE OFICIOS
El señor LABBÉ (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)----------(
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
De los señores ESCALONA, FREI (don Eduardo) y LAGOS:
A los señores Ministros de Hacienda y de Planificación, para que informen sobre CUMPLIMIENTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2011 EN MATERIA DE INGRESO ÉTICO FAMILIAR.
Del señor HORVATH:
A los señores Ministro de Obras Públicas, Director Nacional de Vialidad, Director Nacional de Obras Hidráulicas y Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de Aysén, requiriéndoles resolver problemas surgidos con motivo de EJECUCIÓN DE OBRA "PROTECCIÓN DE TRABAJOS DE ENROCADOS" EN PUENTE TRAIGUANCA, COMUNA RÍO IBAÑEZ,
y al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, solicitándole considerar SOLUCIÓN PARA PROBLEMAS SECTORIALES EXPUESTOS DURANTE VISITA A UNDÉCIMA REGIÓN.
Del señor NAVARRO:
Al señor Ministro de Obras Públicas, pidiéndole información en cuanto a FACTIBILIDAD DE REPAVIMENTACIÓN DE CAMINO ENTRE COMUNA DE PINTO Y VÍA DE ACCESO A TERMAS DE CHILLÁN y respecto de POSIBILIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE AEROPUERTO EN PROVINCIA DE ÑUBLE;
al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, requiriéndole antecedentes sobre RECONSTRUCCIÓN EN COMUNA DE COBQUECURA;
al señor Subsecretario de Pesca, para que informe acerca de AUTORIZACIONES A V&P CONSULTORES EN RECURSOS NATURALES LIMITADA Y UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN PARA PESCA DE INVESTIGACIÓN Y NÓMINA DE PERMISOS PARA TAL ACTIVIDAD EN ÚLTIMOS DIEZ AÑOS;
al señor Director Nacional de Gendarmería, a fin de que remita información estadística desagregada, respecto de los últimos cinco años, sobre PERSONAS DE ORIGEN INDÍGENA RECLUIDAS EN PENALES DE REGIONES DE TARAPACÁ Y DE ARICA Y PARINACOTA,
y al señor Superintendente de Electricidad y Combustibles, con el objeto de que informe resultados acerca de FISCALIZACIÓN DE SISTEMÁTICOS CORTES DE LUZ EN COMUNA DE HUALQUI, REGIÓN DE BIOBÍO.
De la señora RINCÓN:
Al señor Ministro de Educación, con la finalidad de que dé cuenta de MEDIDAS EN LICEO DIEGO PORTALES DE LINARES PARA MEJORAR CONVIVENCIA ESCOLAR (Región del Maule).
-
)----------(
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- A solicitud de varios señores Senadores, otorgaré el uso de la palabra a los Honorables señores Cantero, Kuschel y Navarro.
Puede intervenir, en primer lugar, el Senador señor Cantero.
PREOCUPACIÓN POR RENUNCIA DE SECRETARIO EJECUTIVO DE DESARROLLO DIGITAL Y POR INCERTIDUMBRE EN POLÍTICAS DEL ÁREA. OFICIO
El señor CANTERO.- Señor Presidente, hago uso de la palabra para expresar mi preocupación y molestia por un hecho puntual.
Una vez más, las políticas sobre tecnologías de la información y la comunicación están en entredicho.
El Subsecretario de Economía , en representación del Ministerio del ramo, pidió la renuncia al Secretario Ejecutivo de Desarrollo Digital ; en mi opinión, de forma bastante cuestionable.
Otra vez ha quedado acéfala esta institución. No tenemos claridad respecto de sus políticas. No tenemos claridad acerca de cuál es, efectivamente, el impulso que el Gobierno quiere dar a las tecnologías de la información y la comunicación. No hay claridad en cuanto a los recursos involucrados para ese propósito, ni a cómo se están gestionando. Están dispersos en la Administración del Estado, sin una cohesión, sin una coordinación, sin un sentido de coherencia. Tampoco se conocen los proyectos específicos que se pretenden llevar a cabo en tal dirección.
La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Senado realizó una sesión especial para debatir la materia. Se solicitó una serie de antecedentes. Han pasado muchos meses y no hemos recibido respuesta alguna.
Se me ha indicado que el oficio Nº 57, de la referida Comisión, fue entregado al señor Ministro de Economía . Se supone que ahora está en manos de la Subsecretaría. Lo concreto es que, luego de varios meses desde la petición de antecedentes, no se ha recibido ninguna respuesta.
Expreso mi preocupación porque, en materia de tecnologías de la información y la comunicación, de inserción en la sociedad del conocimiento, veo más improvisación que un sentido claro de gestión.
He recibido algunos antecedentes de cómo se procedió con relación a la salida de don Alfredo Barriga , aunque en realidad fue él, que se desempeñaba como Secretario Ejecutivo del Comité de Ministros para el Desarrollo Digital, quien declinó seguir en su cargo.
Lo cierto es que la forma en que fue notificado resultó bastante inadecuada.
Le solicité información sobre el particular en su condición de autoridad. Me señaló que, en realidad, le mandaron a dejar sus artículos personales a la casa.
Esa es, pues, la forma en que se operó.
Se le cerraron las passwords de acceso a la red de su servicio. Simplemente, ha llegado a término su gestión.
Todo esto me parece muy irregular, señor Presidente.
¿Cuál será la política en materia de tecnologías de la información y la comunicación? Desgraciadamente, no lo podemos afirmar porque -repito- la respuesta al oficio N° 57, de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Senado, sigue estando en manos de la Subsecretaría de Economía, de tal modo que aún no recibimos contestación a los antecedentes solicitados ya hace mucho tiempo.
Pido, entonces, que se oficie al señor Ministro de Economía para que informe cuál es la situación que afecta a la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Digital y quién será su nuevo titular; cuáles son los procedimientos de selección, y en qué plazos se va a definir ese concurso, si lo hubiera.
Se me informó que interinamente ha asumido dicho cargo don Jorge Alé , de quien carezco de mayores antecedentes, pero, con toda seguridad, poca relación debe tener con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, dado el currículum que ha llegado a mis manos.
Solicito, pues, que el señor Ministro de Economía se haga cargo de estas consultas y me informe -reitero- cuál es el proyecto que se quiere desarrollar en esta área y en qué plazos, cuáles son sus financiamientos y en qué fecha se resolverá quién será el encargado de dirigir la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Digital .
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- La Mesa respalda el oficio solicitado por Su Señoría.
Tiene la palabra el Senador señor Kuschel.
INCREMENTO DE FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL. OFICIOS
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente , solicito que se envíe un oficio, no sé si al Ministro de Hacienda o al del Interior, para que se nos entreguen más detalles sobre el anuncio presidencial de ayer en el sentido de que este año se incrementarían en 50 por ciento los recursos el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
En el caso de Los Lagos, algunos consejeros regionales me han pedido que por favor se informe de qué forma van a quedar disponibles tales recursos, con el objeto de presentar a la brevedad los proyectos pertinentes, dado que cualquier uso de ellos implica entre 30 a 45 días y la idea sería aprovechar la primavera.
Calculo que con el incremento anunciado se llegaría a cerca de 90 mil millones de pesos, lo cual le permitiría a mi Región experimentar un gran avance.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por el señor Senador, tanto al Ministro de Hacienda como al Ministro del Interior, conforme al Reglamento.
ESTADO DE AVANCE DE TRABAJOS Y PROGRAMAS EN AYACARA, DÉCIMA REGIÓN. OFICIO
El señor KUSCHEL.- En segundo lugar, señor Presidente , pido que se oficie al señor Intendente Regional con el fin de que nos informe sobre el estado de avance de la rampa de abrigo en el sector de Poyo, de la implementación del Servicio de Registro Civil, de la construcción de la escuela de Buil, y de los programas pro empleo, todos en Ayacara.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
ESTADO DE AVANCE DE CAMINO A HUEQUI SUR Y DE RUTA COSTERA CASA DE PESCA-LOYOLA, DÉCIMA REGIÓN. OFICIOS
El señor KUSCHEL.- Por último, señor Presidente , pido oficiar, seguramente a Vialidad, a fin de que entregue antecedentes sobre el estado de avance del camino a Huequi sur, donde hay acopiados ya más de 7 mil cubos de material, pero que no se han aprovechado, y del camino costero de Casa de Pesca a Loyola, especialmente en el sector de Chaingo.
He dicho.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por el señor Senador al Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Vialidad, conforme al Reglamento.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
PAGO DE SUBVENCIONES EN COLEGIOS EN TOMA. OFICIO
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , es por todos conocida la profunda preocupación que ha generado un movimiento estudiantil que ya supera los noventa días en huelga, en paros y en movilizaciones.
Es palpable, visible, la existencia de una doble estrategia en el Gobierno: por una parte, accede a dialogar, y los estudiantes concurren a La Moneda para ello, pero, por la otra, el Ministro Bulnes inicia la campaña "Salvemos el año escolar", con la que ha presionado a los estudiantes, a través de los directores de colegios, de los seremis y de los profesores, quienes, a su vez, también se encuentran bajo presión, para asistir a clases.
"Salvemos el año escolar". ¿Para quién? ¿Para los que han debido ceder a la presión y al chantaje?
Señor Presidente , quiero que se oficie al Ministerio de Educación, a fin de que determine cuántas subvenciones por asistencia se han cancelado y cuál ha sido el procedimiento para su cálculo en los establecimientos que hoy día se encuentran en movilización o en toma.
Hemos sumado múltiples denuncias de estudiantes, a los cuales, no obstante haber faltado a clases por hallarse sus colegios en paro, los sostenedores los hacen aparecer como asistentes. Algunos de ellos han logrado fotografiar con sus celulares el libro de asistencia.
El programa "Salvemos el año escolar" ha dispuesto un sistema de clases a distancia, a través de métodos digitales, no presenciales, en establecimientos y condiciones diferentes de los originales.
Entonces, la pregunta que cabe hacer es: ¿el reglamento sobre subvenciones permite cualquier modalidad de clases, cualquier cantidad de alumnos para dar por sentado que la subvención debe ser pagada?
Señor Presidente , creo que ahí existe una irregularidad, porque el reglamento es estricto en señalar las condiciones en que se considerará la asistencia de cada uno de los estudiantes respecto de los cuales los sostenedores privados y también los municipales recibirán la subvención.
Por consiguiente, pido al Ministro de Educación que nos entregue en detalle, liceo a liceo, establecimiento por establecimiento, cuál va a ser la metodología en el pago de dichas subvenciones.
Estamos ante un paro estudiantil y los profesores no tienen por qué pagar los costos de esta movilización. Sin embargo, también son beneficiarios de ella, al igual que el conjunto de los actores de la educación.
Pero cabe hacer el siguiente comentario.
Creo que los profesores han estado muy lejos de cumplir un rol adecuado durante estos meses. Por el contrario, muchos se fueron de vacaciones. La verdad es que me han defraudado respecto de su compromiso con la educación, con sus alumnos, con su establecimiento. Definitivamente desaparecieron. ¡No se movilizan, no marchan, no colaboran, no existen!
Ese ha sido -en su mayoría, salvo muy contadas excepciones- el papel que han jugado los docentes durante esta movilización.
Es lamentable.
Por lo tanto, pido que el Ministerio de Educación, a través del departamento respectivo, detalle, por región y por comuna, cuántas subvenciones por asistencia se han pagado y cómo se han calculado respecto de cada uno de los establecimientos que hoy día se encuentran en paro.
Planteo esto pensando en la discusión del Presupuesto para el 2012. Porque si hay algo que queremos modificar es el mecanismo de pago a través de la asistencia.
Las pruebas que tenemos y que haremos llegar a la Contraloría son contundentes: un número importante de sostenedores han falseado la asistencia de sus estudiantes para percibir las subvenciones durante este período de paralización.
Resulta clave, y así lo ordena la ley, que los inspectores, en particular el Ministerio, tengan claro dónde se han realizado clases, quiénes han asistido y quiénes no.
Se da el caso del colegio Gran Bretaña , en Hualpén, donde alumnos expulsados, que se encuentran impedidos de asistir a clases, y otros a los que se les canceló la matrícula por haber protestado con carteles fuera del colegio, aparecen presentes.
Siento que estamos frente a una situación de extrema gravedad, que no viene sino a señalar la precaria condición de credibilidad del sistema en torno a la idoneidad de los sostenedores, en especial de los privados, pero también de los municipales.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
ABUSOS POLICIALES EN COLEGIOS EN TOMA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD ADECUADAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. OFICIOS
El señor NAVARRO.- En segundo lugar, señor Presidente , pido que se oficie tanto al Ministro del Interior como a la Dirección General de Carabineros -haremos llegar los antecedentes de manera concreta-, para que nos informen sobre los allanamientos, ya denunciados, a colegios que se encuentran tomados en la Región Metropolitana, en particular los verificados en el liceo San José, de Maipú, y otros.
Hemos tenido casos increíbles: allanado el establecimiento, Carabineros ha entrado arrojando decenas de bombas lacrimógenas a las dos o tres de la madrugada, a estudiantes que dormían. Han irrumpido en las salas de clases; apuntaron a la cabeza de un alumno, obligándolo a ponerse de rodillas y a confesar dónde se escondía el resto de los jóvenes, que habían huido por los techos.
Eso es tortura sicológica y violación de los derechos humanos y del niño.
Se tiene el nombre del policía, porque su placa fue recordada por el propio estudiante. Hemos realizado la denuncia ayer. Lamentablemente, ella ha tenido muy escasa cobertura periodística. Pero cuando un grupo de vándalos encapuchados levanta barricadas y realiza saqueos, entonces hay un amplio despliegue para cubrir esos hechos, llevados a cabo por un porcentaje ínfimo de quienes hoy participan en las marchas o movilizaciones.
A los abusos que anoto se suman otros, como hacer desnudarse por seis veces consecutivas a los jóvenes en los calabozos, dar malos tratos a las mujeres detenidas y, ahora, imponer las nuevas prácticas de los sostenedores del liceo San José de Maipú: tener cercos electrificados, cámaras de televisión, guardias con perros.
Señor Presidente, quiero un pronunciamiento del Ministerio de Educación respecto a tales modificaciones en la seguridad de los establecimientos educacionales.
¿Es admisible que donde se alberga a menores de seis a siete años, de primero básico, se electrifiquen sus rejas y se contraten guardias privados de dudosa procedencia sin mayor tipo de calificación?
Pido a Carabineros certificar y al Ministerio de Educación regular cuándo se puede contar con guardias privados en los colegios. En el caso que menciono, no sabemos si tienen antecedentes, si son idóneos, si pueden controlar una crisis. Además, en el liceo San José de Maipú los estudiantes encontraron rifles a postones, esposas, linchacos; en definitiva, elementos altamente agresivos, contundentes, que fueron entregados a la policía uniformada por los propios alumnos, según un acta que haremos llegar a la fiscalía militar en las próximas horas.
Señor Presidente, el Ministerio citado tiene que velar por que se garantice el derecho de los jóvenes a estudiar; pero, asimismo, el deber de establecer las condiciones y los requisitos con que los sostenedores particulares deben administrar sus establecimientos cuando hay niños en su interior.
Tal tipo de educación en Chile hoy es un negocio, pero no se puede admitir que los planteles se constituyan en verdaderas cárceles.
Seguiré apoyando y defendiendo a los estudiantes expulsados y sancionados. La política del garrote y la zanahoria del Ministro Bulnes cada vez queda más en evidencia. Espero que al final del día el problema de la educación se resuelva y que cada cual asuma sus responsabilidades y sus costos. Estimo que si los jóvenes son nuevamente traicionados, vamos a tener un reventón social de impredecibles consecuencias. Ojalá me equivoque.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
¡Nueva Constitución, ahora!
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
INFORMACIÓN SOBRE EFECTIVIDAD DE EXISTENCIA DE CULTIVOS TRANSGÉNICOS EN TERRITORIO NACIONAL. OFICIOS
El señor LETELIER- Uno de los principios básicos de la democracia es el respeto a la ley. Y uno de los elementos innovadores de la nuestra -que sin duda ha significado un avance en los últimos años- dice relación a la legislación que contribuye a la transparencia del accionar público.
En tal sentido, resulta lamentable que órganos del Estado se nieguen a entregar antecedentes sobre algo que debería ser de dominio público.
Por eso, solicito oficiar a los señores Ministro de Agricultura y al Director del Servicio Agrícola y Ganadero para que hagan llegar al Senado toda la documentación pertinente sobre la ubicación geográfica por comuna, provincia y Región de los cultivos transgénicos.
Si llegara a ser efectivo lo que dicen los medios de comunicación, sería muy peligroso que por presiones del padre de una señora Senadora , se niegue informar por un órgano estatal, sobre la base del derecho de propiedad.
Por ley, el SAG debe poseer todo lo relativo a cultivos transgénicos. Y la información es pública. Por eso, en primer término, resulta muy negativo para nuestro país que se cuestione su entrega y que incluso se acojan ciertos procedimientos judiciales que ponen en entredicho el ejercicio de dicha facultad ciudadana; y, en segundo lugar, más llamativo es que se esté recurriendo al Tribunal Constitucional para cuestionar la entrega de información por los órganos públicos.
Todos sabemos que Chile tomó la opción de poner restricciones al uso de transgénicos, tanto por consideraciones de salud como por las repercusiones secundarias que tal tipo de cultivos provoca en la tierra, por el uso masivo de plaguicidas y herbicidas.
Y más curioso es que una de las empresas que cuestiona el carácter público de tal información sea la transnacional Monsanto , principal productora de semillas transgénicas y también productora de los agroquímicos utilizados en dichas siembras, donde radica buena parte del negocio que se cuestiona a nivel planetario.
Las consecuencias del uso de transgénicos ya están a la vista en Argentina y en Paraguay.
Pero ahí no radica el tema en discusión hoy, sino en el hecho de si la información de los órganos del Estado es o no pública. La ley es clara al respecto. Y en esta ocasión quiero formalizar la solicitud de información al señor Ministro de Agricultura y al Servicio Agrícola y Ganadero, so pena de que, de no darse cumplimiento a la norma legal, el Congreso tendrá motivos más que suficientes para sostener que no se está respetando la ley ni se están cumpliendo obligaciones legales frente a un poder del Estado.
Considero grave lo que está ocurriendo. Más aún, por haber un particular envuelto que está emparentado con una Senadora. Se puede llegar a entender que aquí hay tráfico de influencias; porque hay una transnacional que quiere, sin duda, hacer tremendos negocios. (El que llegue a finiquitarlos no es el asunto de esta intervención, aunque soy uno de sus críticos). Pero más grave sería que un particular -sea un productor chileno de semillas o una transnacional que vende los agroquímicos y sus semillas- llegase a impedir u obstaculizar que órganos del Estado, en este caso el SAG o el Ministerio de Agricultura, cumplan con la ley.
Pido oficiar en la forma señalada.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Letelier, conforme al Reglamento.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:48.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESION
6. MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑOR MUÑOZ ABURTO, SEÑORAS ALLLENDE Y RINCÓN Y SEÑ0RES ESCALONA Y ROSSI, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHO A OPTAR ENTRE SISTEMAS PREVISIONALES DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL O DE REPARTO (7924-13)
Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 1°, 5°, 19°, 20° y en Capítulo XV de la Constitución Política de la República; en la Declaración Universal de Derechos Humanos; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el D.L. 3500 y sus modificaciones.
Considerando:
1.- Que es deber del Estado propender al bien común, contribuyendo a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible.
2.- Que, al respecto, una de las principales herramientas del Estado es la seguridad social, entendida, a partir del Convenio 102 de la OIT, como aquél conjunto de normas que comprende las medidas oficiales, cuya finalidad es proteger a la población, o a gran parte de ésta, de las consecuencias de los diversos riesgos sociales, como la enfermedad, el desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, las cargas de familia, la vejez, la invalidez y el fallecimiento del sostén de la familia.
3.- Que entre aquéllas tiene especial importancia la protección ante la vejez e invalidez y las prestaciones de sobrevivencia, riesgos que son cubiertos por los sistemas previsionales.
4.- Que nuestro país fue pionero en el continente al constituir, ya en 1924, un régimen básico de pensiones que, posteriormente se iría complementando con la creación de diversas Cajas de Previsión, vinculadas a gremios o sectores laborales, las que poseían su propia regulación y catálogo de beneficios basados en un sistema de reparto.
5.- Que la enorme diversidad de Cajas de Previsión (32 a 1979) y su normativa específica generó un sistema con algunas inequidades y anomalías que dificultaba su operación práctica, muchas de las cuales han sido exageradas en forma interesada.
6.- Que con el objetivo de corregir dichas imperfecciones, el Gobierno Militar implemento, en 1980, a través del D.L. 3500, una completa reestructuración del sistema previsional que, en lo específico contempló los siguientes pilares:
Reemplazar el mecanismo de reparto por la capitalización individual.
Encomendar la gestión de los fondos previsionales a entidades privadas, denominadas Administradoras de Fondos Previsionales, AFP.
Refundir las ex Cajas en el Instituto de Normalización Previsional, sólo para efectos de continuar su funcionamiento respecto de los actuales cotizantes, pero suspendiendo la incorporación de nuevos afiliados.
Mantener el sistema previsional de las Fuerzas Armadas y de Orden.
7.- Que diversas naciones han recogido la capitalización individual, existiendo diversas variables respecto de la relación del nuevo sistema con el anterior. Algunos estudios han pretendido sistematizar esta superposición o reemplazo, en las siguientes categorías:
i) Substitutivo, modelo en el que se reemplaza el sistema público de reparto y beneficio definido por uno privado de capitalización individual y contribución definida. Corresponden a esta categoría los sistemas vigentes en Bolivia, El Salvador y Chile, que fue el país pionero a este respecto.
ii) Mixto, en el que no se clausura el sistema público, sino que es mantenido como un elemento solidario y básico del sistema, al que se incorpora un componente de capitalización individual complementario. De esta manera, las pensiones quedan compuestas por partes provenientes del sistema público y del privado. La reforma efectuada en Argentina fue de este tipo.
iii) Paralelo, en el cual también se mantiene el sistema público, pero se le introducen reformas y tiene que competir con un nuevo esquema de capitalización individual. Esto significa que los ciudadanos deberán optar por uno de los dos. A este modelo corresponde el sistema de pensiones de Colombia.
Como se señaló, el nuevo sistema previsional chileno fue del tipo substitutivo, cancelándose la opción de optar por el régimen antiguo.
8.- Que a mayo de 2011, el sistema previsional de capitalización individual implementado en el país cuenta con 8.854.861 afiliados, de los cuales sólo unos 4.871.269 cotizan regularmente.
El número de pensiones pagadas en el mes de marzo de 2011 ascendió a 856.029 con un monto promedio de $175.215, de las cuales 418.678 corresponden a la modalidad de Rentas Vitalicias y 411.891 a la modalidad de Retiro Programado, con un monto promedio de $213.193 y $127.127, respectivamente.
9.- Que el sistema previsional de capitalización individual ha suscitado, desde sus comienzos numerosas críticas.
Al respecto, además, de aquélla de carácter política vinculada a su origen ajeno a la discusión parlamentaria e impuesto, con enormes presiones para que los trabajadores se adscribieran, podemos señalar como las principales, las siguientes:
Precariedad. Éste se construyó y masificó sobre supuestos que no se han prolongado en el tiempo, como consecuencia de variaciones en los mercados laborales y de capitales.
En efecto, las altas tasas de rentabilidad de los inicios, producto del ciclo positivo de la salida de la crisis de los '80 y las privatizaciones, han tendido a estabilizarse en torno a un 6-7%, a lo que se suma una rotación laboral muy lejana al 70% proyectado y una densidad acumulada de imposiciones que apenas alcanza a 52% como porcentaje de meses de afiliación en que se registran cotizaciones.
Ello redunda en que no se ha logrado entregar a los beneficiarios el nivel de pensiones comprometido en la publicidad de los primeros años, en que se ofertó una tasa de reemplazo cercana al 75%.
Costos. Según estudios especializados, las administradoras de pensiones y compañías de seguro han recibido, como primas y comisiones, uno de cada tres pesos cotizados por los afiliados desde 1981, siendo particularmente evidentes las situaciones en que ante fuertes caídas en la rentabilidad de los fondos las sociedades administradoras no registran resultados igualmente negativos.
Cobertura. La alta rotación laboral, la falta de densidad y deficiencias estructurales vinculadas especialmente a las características del mercado laboral han motivado que un grupo significativo de chilenos, especialmente mujeres hayan sido sistemáticamente perjudicados por el sistema de capitalización individual.
10.- Que éstas y otras falencias motivaron, durante el Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, la aprobación de una reforma previsional, que recogió las conclusiones de una Comisión Asesora creada al efecto, proponiendo, en lo esencial, la incorporación de un Pilar Solidario que permitiera ampliar la cobertura a sectores excluidos.
11.- Que, sin embargo, en dicha ocasión se postergó la discusión acerca de la posibilidad de incorporar competencia en la administración de los fondos, como una forma de impulsar la disminución de sus costos.
Tampoco tuvo lugar algún debate serio acerca del sistema mismo y de la existencia de alternativas a éste que introduzcan, de un modo más decidido, reformas estructurales en materia previsional.
Lo anterior resulta muy diverso al camino seguido, por ejemplo, por Hungría y Solivia que han abandonado la capitalización individual, en tanto Argentina ha nacionalizado los fondos de pensiones administrados por privados.
12.- Que el advenimiento de síntomas de crisis en los mercados bursátiles internacionales ha ocasionado, en las últimas semanas, un nuevo retroceso en los ahorros previsionales, generando preocupación entre los afiliados y sembrando nuevas dudas sobre el sistema.
Al mismo tiempo, surgen interesantes estudios respecto al funcionamiento de los sistemas de reparto, que corregidos y administrados adecuadamente, arrojan un importante superávit fiscal al comparar las cotizaciones y las pensiones pagadas en cada año.
El caso chileno a 1981 no era diverso, generándose, a partir de ese año un déficit presupuestario como consecuencia de absorber el Fisco las pensiones y a la vez los traspasos y subsidios asociados a la capitalización individual.
13.- Que estamos convencidos que como en las diversas prestaciones a que pueden tener acceso los chilenos se requiere que, en materia previsional existan alternativas.
Mientras en educación y salud coexiste un sistema público con uno privado, en esta materia los usuarios no disponen de opción alguna.
Si es posible que alguien desee asumir sus riesgos, respecto de la vejez, invalidez y sobrevivencia, en forma individual, debe permitirse también que quienes aspiren a solidarizar estas contingencias inciertas cuenten con algún mecanismo que se los permita, lo que resulta perfectamente factible y viable.
14.- Que, por tanto, venimos en proponer una reforma constitucional que permita que los chilenos cuenten con alternativas en materia previsional, pudiendo optar por un sistema de capitalización individual o por uno de reparto o, incluso, por alguna fórmula mixta complementaria e intermedia. Sugerimos, asimismo, que dicha libertad de elegir sea cautelada por el recurso de protección.
15.- Que, evidentemente, una definición constitucional de estas características debiera ser complementada, posteriormente, con definiciones respecto de las características del sistema de reparto, la administración de sus fondos y los beneficios y requisitos asociados, cuidando, en dicha regulación, de no incurrir en las falencias existentes hacia 1980.
Por lo anterior, los senadores que suscriben venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo Único: Modifíquese la Constitución Política de la República de la forma que sigue:
a) Agréguese en el inciso tercero del numeral 18° del artículo 19°, entre la expresión "obligatorias" y el punto que le sigue, la frase final: "y deberé ofrecer a los afiliados distintas opciones previsionales entre sistemas de capitalización individual y de reparto."
b) Incorpórese, en el inciso primero del artículo 20°, a continuación de la coma que sucede a la palabra "cuarto", la segunda vez que ella aparece, la expresión “18° en lo tocante a la libertad de afiliación a diversos sistema previsionales,”
(Fdo.): Pedro Muñoz Aburto, Senador.- Isabel Allende Bussi, Senadora.- Ximena Rincón González, Senadora.- Camilo Escalona Medina, Senador.- Fulvio Rossi Ciocca, Senador.
7. MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑOR MUÑOZ ABURTO, SEÑORAS ALLLENDE Y RINCÓN Y SEÑ0RES ESCALONA Y ROSSI, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE EXCLUYE DE LICITACIONES REFERIDAS AL TRANSPORTE PÚBLICO A OPERADORES QUE SE INDICA (7925-15)
Vistos. Lo dispuesto en los artículo 1°, 19° y 63° de la Constitución Política de la República y en las Leyes 18.696, 19.886 y 20.238.
Considerando.
1.- Que la Ley 20.238, entre otros aspectos, contempló la exclusión por dos años, de las empresas sancionadas por prácticas antisindicales, de la posibilidad de ser proveedores de bienes y servicios de los organismos e instituciones públicas.
Para ello, se modificó la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y de Prestación de Servicios, que regula el sistema de adquisiciones públicas, conocido inicialmente como ChileCompra y, más recientemente, como Mercado Público, introduciendo en su artículo 4° la siguiente disposición (para mejor ilustración se transcribe el texto completo del precepto):
Artículo 4°.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que exige el derecho común. Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años.
2.- Que esta medida constituye un complemento a las sanciones pecuniarias (multa) y al castigo social (publicación del listado de empresas infractoras) respecto de esta grave infracción que atenta contra el derecho básico de los trabajadores a organizarse en defensa de sus derechos.
Se ha razonado que no resulta lógico que el propio Estado, que debe fiscalizar el cumplimiento de la ley, comercie con estas entidades, más aun comprendiendo que al afectar la capacidad de organizarse de los trabajadores, dicho proveedor se está dotando de un entorno más favorable para reducir sus costos de operación y postular a las respectivas licitaciones, afectando con ello la libre competencia.
Como se desprende de la norma citada ella tiene una amplísima extensión, que abarca todas las operaciones de contratación de la administración pública, incluyendo las licitaciones y las contrataciones directas, regidas por la ley 19.886, con la sola excepción de aquéllas establecidas en el artículo 3° del mismo texto.
La norma aludida se complementa con la del artículo 294 bis del Código del Trabajo, que dispone que la Dirección del Trabajo publicará semestralmente las empresas sancionadas por prácticas antisindicales.
http://www.dt.gob.cl/1601/w3-article-94445.html
3.- Que en los últimos años diversas empresas de transporte urbano de la ciudad de Santiago han sido sancionadas por la ocurrencia de prácticas antisindicales, de lo que da cuenta el siguiente listado.
1
Fuente. Elaboración propia con datos de la Dirección del Trabajo.
* Infracción incluida en segundo semestre de 2009. Se desconoce si corresponde a un error en la fecha de la sentencia.
** En los próximos días debiera publicarse el listado correspondiente al Primer Semestre de 2011.
4.- Que el Sistema de Transportes de la Ciudad de Santiago, conocido como Transantiago comenzó su operación el año 2003. Éste fue implementado a través de la licitación de diversas unidades de negocios troncales y alimentadores.
El proceso de adjudicación de las unidades respectivas concluye en un Contrato de Concesión de uso de Vías de la Ciudad de Santiago para la Prestación de Servicios Urbanos de Transporte Público Remunerado de Pasajeros.
Dichos contratos fueron suscritos respectivamente por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y los operadores.
5.- Que encontrándose próximo a su vencimiento los contratos de los alimentadores, se ha abierto un proceso de renovación de éstos, dirigido por el Ministerio de Transportes, que ha comenzado con la expresión de manifestación de interés por participar por parte de actuales operadores troncales y alimentadores.
En dicha oportunidad, han manifestado su intención de participar empresas que durante los últimos años han violado sistemáticamente, en forma contumaz, los derechos más elementales de sus trabajadores, como es su posibilidad de organizarse.
Siguiendo el espíritu y letra de la ley 19.886 no cabe duda alguna que dichos operadores debieran ser excluidos del proceso.
6.- Que, sin embargo, la Contraloría General de la República, en su dictamen 11.526 de 2009 ha sostenido "que el ámbito de regulación del referido cuerpo normativo no comprende la licitación de vías ni los contratos de transporte público y remunerado de pasajeros, por ende, tampoco rigen a su respecto la utilización de los sistemas electrónicos o digitales que establezca la Dirección de Compras y Contratación Pública.
En efecto, al tenor de lo consignado en el artículo 1° de la ley precitada sus preceptos rigen exclusiva mente para los contratos que celebre la administración, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones.
Siendo ello así, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en consideración a la existencia de una regulación legal específica -Ley N° 18.696, de 31 de marzo de 1988 en el ámbito de sus facultades, se ciñó estrictamente a su contenido y no a la normativa aplicable a la administración para la celebración de contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, totalmente diversos a los acuerdos en comento."
7.- Que tal conclusión excluye la aplicación de las disposiciones sancionatorias de la ley 19.886, generando una evidente disparidad de criterios para las contrataciones de la administración pública que creemos necesario corregir, excluyendo también de las próximas licitaciones referidas al transporte público a los operadores que incumplan en forma sistemática las normas sobre prácticas antisindicales y derechos fundamentales del trabajador.
La incorporación de una norma de esta naturaleza debiera operar en forma preventiva alentando un mejoramiento en las prácticas de estas empresas.
Por lo anterior, los senadores que suscriben vienen en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Incorpórese la siguiente parte final del inciso sexto del artículo 3° de la ley 18.696:
''Quedarán excluidos de cualquier proceso de licitación o contratación directa referida al uso de vías, quienes al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años."
(Fdo.): Pedro Muñoz Aburto, Senador.- Isabel Allende Bussi, Senadora.- Ximena Rincón González, Senadora.- Camilo Escalona Medina, Senador.- Fulvio Rossi Ciocca, Senador.
8. MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORA RINCÓN Y SEÑORES GIRARDI, GÓMEZ, NAVARRO Y ROSSI, CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO DE LEY SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL Y LA REGULACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN PESQUERA (7926-03)
Fundamentos:
El 31 de Diciembre del año 2012 vence la actual ley de límites máximos de captura por armador (Ley 19.713). Si bien esta ley ha sido un avance importante hacia la consolidación de una institucionalidad pesquera moderna, durante sus años de aplicación se han detectado una serie de falencias, especialmente en lo referente a la sustentabilidad de los recursos pesqueros, la concentración económica, la promoción económica, social y cultural de la pesca artesanal y el justo pago a todos los chilenos por recursos que son y serán de todos.
En efecto, en el año 2001 se pescaban en Chile 1.400.000 toneladas de jurel, nuestro principal recurso pesquero. Durante el 2011 no se podrán pescar más de 300.000 toneladas. Desde el 2001, los científicos del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) han declarado anualmente en sus informes, sin excepción, que existe sobre explotación pesquera fuera de los límites biológicos seguros o precautorios. Sin embargo, cada año la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) y la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) han votado en el Consejo Nacional de Pesca (CNP) por aumentar las cuotas pesqueras recomendadas por los científicos. Sólo para el año 2009 y 2010, la cuota votada por Sonapesca y Asipes en el CNP, fue un 86,6% y 73,3% mayor que la recomendada por los científicos para asegurar la sustentabilidad del recurso. Esta sobre explotación pesquera ha llevado a que en los últimos años miles de personas hayan quedado desempleadas. Adicionalmente, cabe recalcar que los industriales pesqueros han sobre explotado de manera gratuita recursos que pertenecen a todos los chilenos.
Asimismo, los niveles de concentración e integración vertical de esta industria es un problema que debemos resolver en la regulación pesquera de las próximas décadas. Sólo seis empresas controlan el 95.2% de los principales recursos pesqueros [1]. Accedieron a esta cuota por estar de manera “histórica” en el sector pesquero, mediante un reconocimiento transitorio que hiciera la ley 19.713, sin que hayan tenido que pagar por esta asignación.
Uno de los problemas que genera la concentración tiene relación con el destino del recurso y la posibilidad de agregar valor y crear empleo en nuestro país. En efecto, desde el año 2001 a la fecha, 67% de las PYMES pesqueras de la región del Bio Bio han desaparecido. Las grandes empresas no les venden materia prima, y algunas PYMES han tenido que importar pescado desde Asia para poder cumplir con sus contratos. Las grandes empresas están integradas verticalmente, no permitiendo a las pequeñas empresas acceder a materia prima para trabajar. Mientras la generalidad de la industria destina el pescado a la producción de harina, las PYMES pesqueras dedican su labor a generar productos de alto valor agregado para el consumo humano, generando beneficios a toda la comunidad, tanto en la generación de empleos (especialmente femeninos) como en la posibilidad de acceder a un alimento sano, pero lamentablemente, consumido escasamente en nuestro país. De acuerdo a un estudio publicado por la Unidad de Tecnología Pesquera de la Universidad de Concepción, dos mil toneladas de pescado generan en las PYMES pesqueras 350 empleos directos, 180 indirectos, durante 3 meses; por su parte la misma cantidad de recurso la industria lo transforma en harina de pescado en no más de 48 horas, y con un uso limitado de mano de obra.
La industria pesquera tampoco ha demostrado ser un empleador especialmente preocupado de las condiciones laborales. En efecto, se registran entre los años 2006 a la fecha a lo menos un total de 356 multas cursadas por la Inspección del Trabajo a diversas empresas pesqueras.
Por otra parte, como hemos señalado anteriormente, las industrias jamás han pagado un peso al Estado por la asignación de estos recursos naturales renovables. Al igual como ha ocurrido en otros sectores de recursos naturales renovables, estamos en presencia de un sector desregulado, donde los derechos de pesca se entregaron de manera gratuita y arbitraria a un grupo reducido de familias en Chile.
Sin embargo, a diferencia de otros sectores económicos, donde las leyes y la asignación de derechos venían desde hace más de 20 años, haciendo muy difícil modificaciones estructurales a las reglas del juego, el sector pesquero industrial goza de una ley ventajosa, próxima a caducar (31 de diciembre del año 2012). Ante este escenario, este Congreso Nacional tiene una oportunidad histórica de demostrar a todos los chilenos, cual es la política que queremos ofrecer a las futuras generaciones en materia de regulación de nuestros recursos naturales.
Este proyecto de ley, tiene por finalidad, resguardar el bien común, a través del respeto al medioambiente, los pescadores artesanales, los trabajadores de la industria pesquera, y responder ante todos los chilenos, por la explotación de un recurso que pertenece a todos, y por tanto, debe generar riquezas que sean justamente distribuidas.
Contenido:
a) Pesca Artesanal:
El proyecto que aquí presentamos, contiene normas que garantizarán que los pescadores artesanales sean beneficiados por un nuevo fraccionamiento de las cuotas pesqueras, por cuanto, desde el 2000 a la fecha, han demostrado que son un sector que hace un manejo sustentable de los recursos pesqueros. Como se puede apreciar en el cuadro 1, desde el año 2000 hasta hoy, el sector pesquero artesanal ha aumentado y mantenido constantemente sus desembarques pesqueros, dando cuenta de una manera sustentable de administración de los recursos. A diferencia de éstos, el sector industrial en el año 2000, más que triplicaba los desembarques pesqueros en comparación a los artesanales, sin embargo, una administración irresponsable de los recursos pesqueros, ha llevado a una sobre explotación constante de los mismos, y un manejo absolutamente no sustentable, llegando hoy a desembarcar un volumen anual menor que los pescadores artesanales, a pesar de que el fraccionamiento de las cuotas pesqueras es claramente beneficioso para el sector pesquero industrial.
Cuadro 1: Desembarques Industrial / Artesanal en toneladas, años 2000 a 2010
2
Fuente: Ministerio de Economía
En el cuadro 2 que se presenta a continuación, se puede observar que la cuota (fraccionamiento) que le fue entregada en la ley 19.713 al sector industrial es muy superior a lo asignado en el sector artesanal, existiendo diferencias abismantes como en el caso del jurel, donde el 95% pertenece a los industriales, Asimismo, este fraccionamiento no da cuenta de la capacidad de generación de empleo y desarrollo local que las pesquerías artesanales generan en sus zonas de influencia. Tal es el caso de la merluza del sur, en la que un 50% le fue asignada a este sector, el que utiliza más de un millar de pequeños botes, beneficiándose de este recurso miles de pescadores y sus familias; por su parte, al sector industrial le fue asignada la misma cuota, la que es capturada por una decena de barcos industriales.
Cuadro 2.Fraccionamiento de Pesquerías por sector industrial y artesanal 2011
3
Dada esta realidad, se presenta en el cuadro siguiente el nuevo fraccionamiento que propone este proyecto de ley, dando cuenta de una manera más justa de la potencialidad de pesca que tiene el sector artesanal:
4
Asimismo, con el objeto de promover una pesca artesanal que agregue valor, genere trabajo y mejore las condiciones de este sector, un 50% de los recursos que se recauden por concepto de subastas del sector pesquero industrial, se deberá destinar a la transformación del Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal, en un Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal, como una entidad pública nueva que sea un verdadero promotor de la productividad, capacidad y tecnología de los pescadores artesanales, convirtiéndose en lo que representa para el sector agrícola el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) o para las pequeñas empresas el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), por lo que los recursos deberán invertirse en capacitación, asistencia técnica y desarrollo de la pesca artesanal. Nuestros pescadores artesanales deben ser un modelo de desarrollo para otras naciones. Dado que de acuerdo a las normas constitucionales la modificación de la creación de un servicio público es de atribución exclusiva del Gobierno, instamos al Ejecutivo a patrocinar esta parte de la iniciativa.
Finalmente, esta moción extiende las 5 millas más allá del paralelo 41º28,6' de latitud sur, con el objeto de dar efectiva protección a importantes zonas de reclutamiento y desove, junto con hacer efectivo el fraccionamiento que plantea el proyecto en favor de la pesca artesanal, dado que más de un 40% de este sector se concentra en esta zona.
Asimismo, es nuestro parecer que se debe poner término a una práctica conocida como “perforaciones de las 5 millas”, autorizadas en los incisos tercero y cuarto del artículo 47 de la ley general de pesca, conforme a los cuales los barcos industriales pueden de manera excepcional pescar en el espacio reservado para el sector artesanal. Esta excepcionalidad se ha transformado en una situación permanente, por lo que si bien no tenemos facultades para -mediante esta moción- suprimir dichos incisos, solicitamos al Gobierno patrocinar esta parte del proyecto.
b) Acceso al mercado y pago justo por la explotación del recurso
Dado que los recursos pesqueros pertenecen a todos los chilenos, su aprovechamiento y la riqueza que éstos generan deben favorecer de manera sustentable a toda la comunidad nacional. Así pues, en materia de asignación de cuotas para el sector pesquero industrial, el método de asignación elegido debe resguardar la oportunidad de entrada de todos los emprendedores a participar en la explotación de los recursos pesqueros, de manera transparente y competitiva, como asimismo los recursos generados por la venta de estos derechos transitorios de pesca, deben ir a beneficio de la pesca artesanal, los trabajadores, la creación de empleo y la protección de la biomasa pesquera.
Estudios preliminares calculan que por concepto de subastas de cuotas pesqueras en Chile, se podrían recaudar sobre los 2.000 millones de dólares en 20 años. En consecuencia, los últimos 12 años el país ha dejado de recibir más de $1000 millones de dólares por no haber subastado en su momento los recursos pesqueros. En definitiva, cientos de millones de dólares hemos dejado de recibir los chilenos por la entrega gratuita de este recurso natural, cuestión que debe ser remediada en el nuevo marco regulatorio del sector industrial. En este sentido, más allá de los estudios que se puedan realizar, el mecanismo más idóneo para determinar el valor real y justo por los peces de todos los chilenos es el mecanismo de la subasta de la cuota industrial que establece esta moción.
Por ello, se propone modificar las normas sobre subasta de la fracción industrial de las unidades de pesquería declaradas en estado de plena explotación. La iniciativa de subastar la fracción industrial de pesca no puede estar sujeta a la autoridad sectorial de turno y menos a la decisión de los gremios interesados agrupados en el Consejo Nacional de Pesca. Para cumplir este objetivo la subasta será obligatoria y no facultativa, debiendo eliminarse la participación del Consejo Nacional de Pesca en dicha decisión, cuestión esta última que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por lo que se requiere su patrocinio.
Asimismo, las subastas serán periódicas y progresivas. De esta manera, se asegura que no existan cambios bruscos en el sistema, que puedan llevar a despidos o un aumento en el desempleo. Por el contrario, se espera que las empresas que entren a competir, crearan más y mejores puestos de trabajo, con una producción alta en valor agregado. Mientras se llega a la subasta del 100% de la cuota industrial, el remanente no subastado se administrará con cuotas individuales transferibles conforme el sistema actualmente vigente. Se elimina el requisito de que los participantes en la subasta sean armadores de manera de permitir que plantas de proceso y PYMES, que no tienen cuota, puedan participar en los procesos de subasta, como asimismo que no sea necesario ex ante contar con una nave.
Además, se disponen otras medidas que aseguren un proceso de subasta abierto y transparente, evitando la colusión y favoreciendo la mayor cantidad de postores. Se establece, en el caso de las especies declaradas en estado de plena explotación, un máximo de acumulación de cuotas de pesca del 15% por Unidad de Pesquería, de manera de promover un mercado competitivo, desconcentrado económicamente y precaver conductas colusivas por parte de los incumbentes.
Asimismo, creemos que los objetivos que debe perseguir este nuevo modelo de administración pesquero industrial debe generar el mayor valor para todos los chilenos, lo que se debe traducir en recursos financieros, empleo y emprendimiento. Por ello, una parte de las subastas serán adjudicadas de acuerdo al precio ofertado; otra parte de acuerdo a la cantidad y calidad de empleo y producto que ofrece generar; y finalmente otra porción se reservará para que participen exclusivamente pequeñas y medianas empresas. Así, creemos que estas cuotas sociales son elementos claves para el desarrollo y fomento local.
Finalmente, para asegurar las fuentes laborales en el país, se establece la obligación por parte del adjudicatario de constituir sociedad en Chile en caso de ser extranjero y procesar sus productos en suelo chileno.
Con todo, hay aspectos de la regulación de las subastas cuyas modificaciones deberán ser patrocinados por el Ejecutivo, pues inciden en funciones de organismos públicos, para dotar el proyecto de la debida coherencia en relación con disposiciones vigentes de la ley de pesca que no pueden ser derogadas, por el señalado argumento, con la sola iniciativa parlamentaria.
c) Protección de los trabajadores
En materia laboral, la explotación de un recurso natural que pertenece a todos los chilenos, conlleva no sólo el pago económico que hace la sociedad adjudicataria de la cuota de pesca, sino que también, el respeto irrestricto a ciertos aspectos fundamentales de los derechos laborales de las personas que trabajen para las empresas ganadoras. En otros ámbitos de la administración del Estado, se hacen exigencias laborales específicas a las empresas que quieran participar de una licitación, como es el caso de las compras públicas, o incluso se llegan a caducar derechos, como es la caducación de concesiones acuícolas en caso de que los empresarios no respeten los derechos fundamentales de los trabajadores. En este sentido, la ley que aquí presentamos, contiene políticas tendientes a proteger a los trabajadores y trabajadoras, a entregar garantías que resguarden sus derechos laborales, y que en definitiva, las riquezas pesqueras, permitan que quienes trabajan con ella, reciban beneficios que mejoren la calidad de vida de las familias de los trabajadores ligados a la industria.
Por esta razón, junto con lo señalado precedentemente, creemos necesario que el país desarrolle una plataforma social de protección para sus trabajadores pesqueros, invirtiendo recursos en su formación y desarrollo de competencias, fomentando su emprendimiento, garantizando la independencia financiera de las organizaciones sindicales y amparando a aquellos que deban dejar de trabajar de manera anticipada. Las características de esta fuente laboral, muchas veces temporal, dependiente de los recursos pesqueros disponibles, y calificada de “trabajo pesado”, exige que el país cree un Fondo de Compensación Pesquero, el que debe ser solventado por los recursos que se obtengan de las subastas del sector pesquero industrial, y cuyos objetivos den cuenta de los lineamientos planteados. Dado que de acuerdo a las normas constitucionales la creación de este tipo de Fondos es de atribución exclusiva del Gobierno, instamos al Ejecutivo a patrocinar esta parte de la iniciativa.
d) Sustentabilidad de la biomasa:
En materia de explotación sustentable de los recursos, es deber del Estado garantizar una institucionalidad e investigación científica, que garantice que las cuotas pesqueras que se están explotando sean sustentables en el tiempo, y no ponen en riesgo biológico a los recursos pesqueros.
En la actual institucionalidad pesquera, las medidas de administración se basan fundamentalmente en informes que no emanan de entes científicos ni independientes. Por ello, este proyecto requiere que el Ejecutivo patrocine la regulación en forma expresa, de que todas las decisiones relativas a la administración pesquera deben ser fundadas en informes de carácter técnico y científico, las que son de carácter vinculante.
Adicionalmente, el mecanismo de asignación de la cuota industrial es relevante para este objetivo. En efecto, las subastas garantizan que los criterios científicos serán los que primarán al momento de diseñar el proceso y sus condiciones, como así también para determinar la cuota global anual, dado que en primer lugar a los participantes de una subasta les será esencial tener la certeza de la realidad de la pesquería licitada y su proyección efectiva en el tiempo (para realizar una oferta real); como así también, el adjudicatario de la subasta estará interesado en que se le asigne anualmente la biomasa efectivamente disponible, porque de lo contrario deberá pagar por su permiso de pesca en exceso, sin que se traduzca en pesca efectiva.
Asimismo, se destinará un porcentaje de los fondos recaudados por concepto de subastas, al Instituto de Fomento Pesquero, creándose becas especiales para alumnos universitarios que quieran especializarse en áreas vinculadas a la explotación y conservación de los recursos pesqueros, a un mejoramiento de las condiciones laborales de los funcionarios que ahí trabajan, y a una inversión fuerte y constante en infraestructura científica que permita garantizar un desarrollo científico sólido que garantice que las decisiones técnicas que deben tomarse para resguardar la sustentabilidad de los recursos pesqueros, cuenten con los mejores fundamentos científicos posibles. Chile, con más de 6000 kilómetros de costa, requiere tener una institución científica líder a nivel internacional.
Adicionalmente, sostenemos que el Instituto de Fomento Pesquero debería transformar su institucionalidad en una nueva, que garantice su autonomía de la Subsecretaría de Pesca y que cuente con financiamiento asegurado, proveniente tanto de las subastas pesqueras como de la ley de presupuesto, con el objeto de asegurar que los criterios que éste adopte en sus decisiones sean efectivamente técnicos y encaminados a proteger la sustentabilidad del recurso pesquero. Asimismo, consideramos que los informes científicos y vinculantes que esta moción incorpora deberían ser provistos por una entidad técnica, el Instituto de Fomento Pesquero, y no por un ente político como la Subsecretaría de Pesca. Dado que de acuerdo a las normas constitucionales la modificación de la institucionalidad pública y la determinación de funciones de un servicio público son de atribución exclusiva del Gobierno, instamos al Ejecutivo a patrocinar esta parte de la iniciativa.
En consideración a los argumentos antes expuestos, los Senadores aquí patrocinantes, venimos a proponer el siguiente proyecto de ley, sobre la explotación de los recursos pesqueros de todos los chilenos.
Artículo 1°: Modifíquese el Decreto Supremo N° 430, del año 1991, del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.892, de 1989 y sus modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura, de la siguiente forma:
1) En el artículo 2°, numeral 27), suprímese la expresión “extraordinario”.
2) En el artículo 27:
a. Incorpórense los siguientes incisos segundo al sexto, nuevos, del siguiente tenor, pasando los demás a numerarse correlativamente:
“El total de la fracción industrial de las pesquerías en plena explotación será subastada públicamente. Se subastará, en uno o más procesos, un 10% anualmente hasta completar el 100% de la fracción industrial.
Del total de la cuota industrial subastada anualmente, deberá reservarse un mínimo de 10% de la subasta anual para que de manera exclusiva participen empresas de menor tamaño definidas en la ley 20.416. De la misma manera, un 10% deberá reservarse para la creación de una cuota social, cuyo objeto será la creación de empleo y desarrollo local, para lo cual estas subastas deberán considerar en sus criterios de evaluación la cantidad y calidad del empleo ofrecido, el tipo de producto que generará y la estabilidad laboral, entre otros factores.
En el caso que el adjudicatario de la subasta sea una persona natural, deberá ser chileno o extranjero que disponga de permanencia definitiva. En el caso de ser una persona jurídica, deberá estar constituida legalmente en Chile. Si en ella hubiere participación de capital extranjero, deberá acreditarse cuando corresponda, el hecho de haber sido autorizada previamente la inversión, conforme con las disposiciones legales vigentes.
Quedan excluidos para participar en un proceso de subasta, quienes al momento de la presentación de la oferta o de la suscripción de la convención, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años. Asimismo, será causal de término del permiso de pesca el reiterado incumplimiento grave de las normas laborales y de seguridad social con sus trabajadores. Se tendrán como vulneraciones de este tipo, entre otras, los atrasos u omisiones en el pago de remuneraciones, cotizaciones previsionales o de salud que excedan tres períodos mensuales o la existencia de más de cuatro condenas ejecutoriadas por infracciones a los derechos fundamentales del trabajador y a las normas sobre jornadas de trabajo, remuneraciones, feriados, protección a la maternidad, sindicalización y prácticas antisindicales.
Ninguna persona natural o jurídica podrá tener, directa o indirectamente a través de sus empresas relacionadas, más de un 15% de la fracción industrial de cualquier pesquería.”
b. En su actual inciso segundo, que ha pasado a ser séptimo, reemplácese la expresión “diez” por “máximo veinte”, y
c. En su actual inciso tercero, que ha pasado a ser octavo, reemplácese la expresión “los armadores medianos y pequeños” por “pequeñas y medianas empresas”.
3) Incorpórese un artículo 27 bis nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo 27 bis. Las normas del título I de la Ley 19.713 regirán la parte no subastada de la fracción industrial, de manera transitoria, hasta que se alcance la adjudicación por subasta de la totalidad de ésta. Los asignatarios de cuotas conforme este régimen deberán pagar, por cada tonelada de pesca asignada, el precio promedio pagado en la última subasta por cada tonelada de pesca de la respectiva unidad de pesquería.”
4) En el artículo 29:
a. Suprímense las expresiones “extraordinario” y “extraordinarios” todas la veces que aparecen en el texto, y
b. En su inciso primero, intercálese a continuación de la expresión “multiplicar la”, la frase “fracción industrial de la”.
5) Suprímese el artículo 30.
6) En el artículo 31:
a. Suprímese la expresión “extraordinario” las dos veces que aparece en el texto, y
b. Agréguese en su inciso segundo, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración:
“El permiso obtenido de la reserva señalada en el inciso segundo del artículo 27, destinada exclusivamente para empresas de menor tamaño, se podrá transferir, arrendar o dar en comodato exclusivamente a alguna persona natural o jurídica que pueda ser sujeto de estas reservas.”
7) En el artículo 35 suprímese la expresión “extraordinario”.
8) En el artículo 36 suprímese la expresión “extraordinario”.
9) En el artículo 37 suprímese la expresión “extraordinario”.
10) En el artículo 39, inciso primero incorpórese a continuación de la expresión “captura”, la siguiente frase “, debiéndose conformar a las normas de los artículos 27 y siguientes de esta ley”.
11) En el artículo 40, inciso primero, incorpórese a continuación de la expresión “captura”, la siguiente frase “, debiéndose conformar a las normas de los artículos 27 y siguientes de esta ley”.
12) En el artículo 46, inciso primero, suprímese la expresión “extraordinario”.
13) En el artículo 47, reemplácese la frase “paralelo 41º28,6' de latitud sur” por la frase “límite sur”.
Artículo 2°: Modifíquese la ley 19.713 de la siguiente forma:
1) En el artículo 1°:
a. En su inciso segundo, reemplácese la expresión “la cuota global” por “la parte no subastada de la cuota global”, y
b. Incorpórese un inciso final nuevo del siguiente tenor:
“De este modo, las normas del título I de esta ley regirán la parte no subastada de la fracción industrial, de manera transitoria hasta que se alcance la adjudicación de la totalidad de ésta.”
2) En el artículo 4°:
a. En su inciso primero, reemplácese la expresión “la cuota global” por “la parte no subastada de la cuota global”, y
b. Incorpórese un inciso segundo nuevo del siguiente tenor, pasando los demás a numerarse correlativamente:
“De este modo, las normas del título I de esta ley regirán la parte no subastada de la fracción industrial, de manera transitoria hasta que se alcance la adjudicación de la totalidad de ésta.”
3) Reemplácese el artículo 23 por el siguiente:
“Artículo 23. El título I de esta ley estará vigente hasta que el 100% de la fracción industrial de la cuota global de las pesquerías individualizadas en el artículo 2º se encuentre subastada.”
4) En el artículo 24:
a. En su letra a), reemplácese el guarismo “5” por “35”, y el guarismo “95” por “65”;
b. En su letra b), reemplácese el guarismo “35” por “55”, y el guarismo “65” por “45”;
c. En su letra c), reemplácese el guarismo “50”, la primera vez que aparece en el texto, por “100”, y suprímese la frase “50% para el sector pesquero industrial”;
d. Reemplácense los párrafos primero y segundo de su letra d) por la siguiente:
“d) Sardina española (Sardinops sagax) y Anchoveta (Engraulis ringens), en el área marítima entre el límite norte de la I Región y el límite sur de la II Región, el 90% para el sector pesquero artesanal y el 10% para el sector pesquero industrial.”
e. En su letra e) reemplácese el guarismo “600”, por “1.000”, las tres veces que aparece en el texto; el guarismo “20” por “40”, y el guarismo “80” por “60”.
f. En su letra f) reemplácese el guarismo “700”, por “1.000”, las dos veces que aparece en el texto.
g. En su letra g) reemplácese el guarismo “350”, por “500”, las tres veces que aparece en el texto; el guarismo “33” por “40”, y el guarismo “67” por “60”.
h. Incorpórense las siguientes letras h) a la o) nuevas:
“h) Sardina (Sardinops sagax) y anchoveta (Engraulis ringens), en el área marítima correspondiente a la III y IV Regiones, 90% para el sector pesquero artesanal y 10% para el sector pesquero industrial.
i) Sardina común (Clupea bentincki) y anchoveta (Engraulis ringens), en el área marítima comprendida entre el límite norte de la V Región y el límite sur de la X Región, 90% para el sector pesquero artesanal y 10% para el sector pesquero industrial.
j) Merluza de cola (Macruronus magellanicus), en el área marítima comprendida entre el límite norte de la V Región y el límite sur de la X Región, 50% para el sector pesquero artesanal y 50% para el sector pesquero industrial.
k) Merluza de cola (Macruronus magellanicus), en el área marítima comprendida entre el límite norte de la XI Región y el límite sur de la XII Región, 50% para el sector pesquero artesanal y 50% para el sector pesquero industrial.
i) Congrio dorado (Genypterus blacodes), en el área marítima comprendida entre los paralelos 41º 28,6 L.S. y 47º L.S., 80% para el sector artesanal y 20% para el sector pesquero industrial.
m) Congrio dorado (Genypterus blacodes), en el área marítima comprendida entre los paralelos 47º L.S. y 57º L.S., 80% para el sector artesanal y 20% para el sector pesquero industrial.
n) Merluza de tres aletas (Micromesistius australis), en el área marítima comprendida entre el paralelo 41º 28,6 L.S. y el límite sur de la XII Región. 50% para el sector artesanal y 50% para el sector pesquero industrial.
o) Merluza común (Merluccius gayi), en el área marítima comprendida entre el límite norte de la IV Región y el paralelo 41º 28,6 L.S. 55% para el sector artesanal y 45% para el sector pesquero industrial.”
p) Bacalao de profundidad, en al área marítima desde el paralelo 47 sur, 50% para el sector artesanal y 50% para el sector pesquero industrial.
Artículo Transitorio. Transcurridos 12 meses desde la publicación de esta ley, comenzará a contarse la anualidad para subastar el primer 10% de la fracción industrial que establece el artículo 27 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, contándose a partir de ese año los restantes 10 que se requieren para subastar el 100% de la cuota pesquera de la fracción industrial.
(Fdo.): Ximena Rincón González, Senadora.- Guido Girardi Lavín, Senador.- José Antonio Gómez Urrutia, Senador.- Alejandro Navarro Brain, Senador.- Fulvio Rossi Ciocca, Senador.
9. MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑOR GÓMEZ, SEÑORA RINCÓN Y SEÑORES LAGOS, QUINTANA Y ROSSI, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY RELATIVO A TRANSPARENCIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES QUE RECIBEN APORTES ESTATALES (7929-04)
1. “La rendición de cuentas abarca de manera genérica tres maneras diferentes para prevenir y corregir abusos de poder: obliga al poder a abrirse a la inspección pública; lo fuerza a explicar y justificar sus actos, y lo supedita a la amenaza de sanciones”. [1]
2. Los establecimientos e instituciones educacionales gozan de gran autonomía para operar una vez que han conseguido el Reconocimiento Oficial del Estado. Sin embargo, esta libertad para funcionar no puede significar irresponsabilidad de sus directivos, ni la imposibilidad de los contribuyentes de contar con mecanismos institucionales para evaluar la conducción de estos establecimientos e instituciones que, finalmente, son financiadas, en todo o parte, por todos los chilenos a través de los aportes fiscales y por cada familia en el caso de los establecimientos e instituciones que operan con financiamiento mixto.
3. En este entendido es necesario plantear la posibilidad de extender el deber de transparencia en los establecimientos e instituciones educacionales que reciban financiamiento estatal por cualquier mecanismo, cuya trascendencia para el devenir cultural y social del país, en algunos casos, puede llegar a equipararse con todas las instituciones públicas que están sometidas a la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública.
4. Por otra parte, tenemos que el principio de transparencia activa en el ejercicio de la función pública se encuentra establecido de manera general para todos los órganos del Estado, sin distinguir el tipo de actividad que realizan. En este sentido, los establecimientos e instituciones educacionales, sean de carácter estatal o privados, por el solo hecho de recibir aportes fiscales, también deberían ser alcanzadas por dicho principio.
5. Esta propuesta busca someter a los establecimientos e instituciones educacionales a la transparencia activa, de modo de obligarlos a poner a disposición de cualquier persona principalmente la información relativa al origen y destino de los aportes públicos que reciben del Estado, entre otras obligaciones de acceso a información relevante.
En consideración a estos antecedentes es que vengo en presentar el siguiente:
Proyecto de ley
Artículo único.- Modifíquese el DFL Nº 2, del año 2010, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del DFL Nº 1, de 2005, en el siguiente sentido:
1) Agrégase, el siguiente inciso nuevo, a continuación del inciso segundo de la letra a) del artículo 46:
Asimismo, los sostenedores, deberán mantener a disposición permanente del público, de forma física y a través de sus sitios electrónicos, si los hubiere, los siguientes antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes, de los establecimientos a su cargo:
i) Su Estructura orgánica.
ii) Las facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos.
iii) El marco normativo que les sea aplicable.
iv) La planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones.
v) Las contrataciones para el suministro de bienes muebles e inmuebles que se requieran para la prestación de los servicios que le son propios, y las contrataciones de estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, con indicación de los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras, en su caso.
vi) Las transferencias de fondos que efectúen, incluyendo todos sus gastos, inversiones y retiro de utilidades si es que las hubiese.
vii) Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios que preste el respectivo establecimiento.
viii) La información sobre el monto de los ingresos financieros recibidos del Estado, cualquiera sea su naturaleza y origen.
ix) La información sobre el monto de los ingresos financieros recibidos por matrículas, colegiaturas y cualquier otro ingreso financiero que no sea de origen Estatal.
x) Las declaraciones de intereses y patrimonio de los sostenedores, directores y socios.
xi) Balances Financieros Auditados.
2) Agrégase el siguiente inciso final al artículo 114:
Asimismo, las instituciones de educación superior deberán mantener a disposición permanente del público, de forma física y a través de sus sitios electrónicos, los siguientes antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes:
i) Su Estructura orgánica.
ii) Las facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos.
iii) El marco normativo que les sea aplicable.
iv) La planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones.
v) Las contrataciones para el suministro de bienes muebles e inmuebles que se requieran para la prestación de los servicios que le son propios, y las contrataciones de estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, con indicación de los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras, en su caso.
vi) Las transferencias de fondos que efectúen, incluyendo todos sus gastos, inversiones y retiro de utilidades si es que las hubiese.
vii) Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios que preste el respectivo establecimiento.
viii) La información sobre el monto de los ingresos financieros recibidos del Estado, cualquiera sea su naturaleza y origen.
ix) La información sobre el monto de los ingresos financieros recibidos por matrículas, aranceles y cualquier otro ingreso financiero que no sea de origen Estatal.
x) Las declaraciones de intereses y patrimonio de los rectores, directores, personal ejecutivo y socios.
xi) Balances Financieros Auditados.
(Fdo.): José Antonio Gómez Urrutia, Senador.- Ximena Rincón González, Senadora.- Ricardo Lagos Weber, Senador.- Jaime Quintana Leal, Senador.- Fulvio Rossi Ciocca, Senador.
10. MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR CANTERO, CON LA QUE DA INICIO A UN PROYECTO DE LEY RELATIVO AL FORTALECIMIENTO DE LA RADIODIFUSIÓN REGIONAL Y LOCAL (7931-15)
Boletín Nº 7.931-15
1. Con fecha 6 de Febrero de 2009, se publicó la Ley 20.335 que modificó el sistema de asignación de concesiones de radiodifusión sonora.
2. Con el objeto de “preservar la implantación regional y local de la radiodifusión y que dicha implantación no sucumba ante una excesiva concentración de este mercado en unas pocas manos”1, se reconoció un derecho preferente a las emisoras AM con mayor antigüedad en la misma plaza.
3. Para acceder a este beneficio, los concesionarios AM que no posean una concesión FM en la misma plaza, pueden postular a los concursos de FM y hacer valer su derecho preferente ante otros postulantes.
4. Sin embargo, este beneficio se acotó a 3 años desde la entrada en vigencia de la ley, por estimarse un tiempo prudente para que los radiodifusores AM pudiesen hacer uso del mismo, situación que ha ocurrido sólo en tres casos a la fecha.
5. Con el objeto de posibilitar el fortalecimiento de la radio regional y local y la sostenibilidad de los radiodifusores de amplitud modulada, se propone extender el plazo estipulado en el artículo transitorio de la Ley 20.335 para que una mayor cantidad de radiodifusores puedan hacer uso de este mecanismo.
PROYECTO DE LEY
REEMPLÁZASE en el artículo transitorio de la LEY Nº 20.335, INCISOS PRIMERO y FINAL las palabras “tres años” por “seis años”.
(Fdo.): Carlos Cantero Ojeda, Senador.
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑORES TUMA, KUSCHEL, LETELIER Y PIZARRO, SOBRE RECONOCIMIENTO DEL ESTADO DE PALESTINA COMO INTEGRANTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (S 1409-12)
Considerando:
1º Que durante el mes de enero del presente año, el Estado de Chile a través de una declaración oficial de nuestra Cancillería ha otorgado su reconocimiento oficial a la existencia del Estado de Palestina y a su plena libertad, independencia y soberanía.
2º Que las bases de la política exterior del Estado, son el multilateralismo, la defensa de la plena vigencia del Derecho Internacional y el respeto de los derechos humanos y en especial el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
3º Que existe un consenso mayoritario en la Comunidad Internacional que la mejor forma de asegurar la paz, la seguridad y la estabilidad política en Medio Oriente es mediante la coexistencia armoniosa de dos estados, Palestina e Israel, que deben superar sus conflictos de larga data, con arreglo al derecho internacional.
4º Que Chile debe mantener en el tiempo su posición en la materia, razón por la cual, es conveniente y necesario que nuestro país, durante la próxima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, apoye la solicitud que realizará el Estado de Palestina de ser admitido como miembro de esta Organización Internacional.
Por tanto:
Los Senadores que suscribimos venimos en presentar el siguiente:
Proyecto de Acuerdo
El Senado acuerda:
Oficiar a S.E. el Presidente de la República y al señor Ministro de Relaciones Exteriores con la finalidad de solicitarles, que durante la próxima sesión plenaria de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Chile proceda a reconocer como miembro pleno de ella al Estado de Palestina.
(Fdo.): Eugenio Tuma Zedan, Senador.- Carlos Kuschel Silva, Senador.- Juan Pablo Letelier Morel, Senador.- Jorge Pizarro Soto, Senador.- Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Hosaín Sabag Castillo, Senador.