Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- PERMISO
- Alejandro Navarro Brain
- Jorge Pizarro Soto
- Eduardo Frei Ruiz-tagle
- Francisco Chahuan Chahuan
- PERMISO
- DEBATE
- ACUERDOS DE COMITÉS
- V.
ORDEN DEL DÍA
- CAMBIO DE NOMBRE DE MUSEO FOLCLÓRICO ARAUCANO POR "RUKA MOÑEN TAYU FOLIL, JUAN CAYUPI HUECHICURA"
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- DEBATE
-
ERECCIÓN DE MONUMENTO EN MEMORIA DE POETA GONZALO ROJAS PIZARRO
- ANTECEDENTE
-
PROTOCOLO DE ENMIENDA A CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE CHILE Y VENEZUELA
- ANTECEDENTE
-
PRÓRROGA DE PERMANENCIA DE TROPAS Y MEDIOS CHILENOS EN HAITÍ
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Patricio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- DEBATE
- DEFENSA JURÍDICA DE VÍCTIMAS DE DELITOS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Patricio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- DEBATE
- CAMBIO DE NOMBRE DE MUSEO FOLCLÓRICO ARAUCANO POR "RUKA MOÑEN TAYU FOLIL, JUAN CAYUPI HUECHICURA"
- VI.
TIEMPO DE VOTACIONES
- MEDIDAS SOBRE USO DE EXTINTORES DE INCENDIOS. PROYECTO DE ACUERDO
- RESTABLECIMIENTO DE DERECHO EN BENEFICIO DE SINDICATO DE FOLKLORISTAS Y GUITARRISTAS DE CHILE. PROYECTO DE ACUERDO
- INCLUSIÓN DE ENFERMEDAD DE CROHN EN RÉGIMEN DE GARANTÍAS EXPLÍCITAS DE SALUD. PROYECTO DE ACUERDO
- SOLICITUD DE MORATORIA DE FIRMA DE PROTOCOLOS O CONVENIOS SOBRE ENERGÍA NUCLEAR CON ESTADOS UNIDOS. PROYECTO DE ACUERDO
- MEJORA EN ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. PROYECTO DE ACUERDO
- FUSIÓN DE EMPRESAS NESTLÉ Y SOPROLE. PROYECTO DE ACUERDO
- PROMOCIÓN DE CONSUMO DE PRODUCTOS DEL MAR. PROYECTO DE ACUERDO
- PROTECCIÓN A MUJERES CON VIH EN CUANTO A DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. PROYECTO DE ACUERDO
- PREVENCIÓN, GESTIÓN Y TRATAMIENTO FINAL DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS COMPUTACIONALES. PROYECTO DE ACUERDO
- PETICIÓN DE APOYO DE GOBIERNO A PELÍCULA CHILENA ESTOY EN DICOM. PROYECTO DE ACUERDO
- INCLUSIÓN DE DISTONÍA EN SISTEMA AUGE. PROYECTO DE ACUERDO
- ACTIVACIÓN DE COMISIÓN PARA SOLUCIÓN A DEUDA HISTÓRICA CON PROFESORES. PROYECTO DE ACUERDO
- REPUDIO A ACTUACIÓN POLICIAL EN MANIFESTACIONES CONTRA HIDROAYSÉN. PROYECTO DE ACUERDO
-
PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Maria Isabel Allende Bussi
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Baldo Prokurica Prokurica
- PETICIÓN DE OFICIO : Baldo Prokurica Prokurica
- PETICIÓN DE OFICIO : Baldo Prokurica Prokurica
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXOS
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES CHADWICK Y LONGUEIRA, CON LA QUE DAN INICIO AL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE MATRIMONIO (7656-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- Pablo Longueira Montes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES CHADWICK Y LONGUEIRA, CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO DE LEY QUE SANCIONA LA TEMERIDAD MANIFIESTA EN LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS (7657-15)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- Pablo Longueira Montes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR PÉREZ VARELA, MEDIANTE LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY, EN CUANTO A PATROCINIO DE ABOGADO RESPECTO DE DENUNCIAS, QUERELLAS O DEMANDAS POR INFRACCIÓN A LA LEY SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES (7658-03)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Victor Perez Varela
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES GÓMEZ, BIANCHI, GIRARDI, HORVATH Y WALKER (DON PATRICIO), CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL RELATIVO A PLEBISCITOS EN MATERIA AMBIENTAL (7659-12)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- Guido Girardi Lavin
- Antonio Horvath Kiss
- Patricio Walker Prieto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES WALKER (DON PATRICIO), Y SABAG, SEÑORAS ALVEAR Y RINCÓN Y SEÑOR QUINTANA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE CONTROL DE INGRESO A CALLES CON MÁS DE UNA VÍA DE ACCESO Y SALIDA (7660-06)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Patricio Walker Prieto
- Hosain Sabag Castillo
- Maria Soledad Alvear Valenzuela
- Ximena Rincon Gonzalez
- Jaime Quintana Leal
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR GÓMEZ, MEDIANTE LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY RESPECTO DE DETERMINACIÓN DE FARMACIAS DE TURNO (7661-11)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES TUMA Y GIRARDI, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE PROHÍBE EL USO DE GASES LACRIMÓGENOS Y OTROS COMPUESTOS QUÍMICOS PARA DISOLVER MANIFESTACIONES PÚBLICAS (7667-11)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Eugenio Tuma Zedan
- Guido Girardi Lavin
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR BIANCHI, CON LA QUE DA INICIO A UN PROYECTO DE LEY QUE DECLARA FERIADO, PARA LA COMUNA DE PUERTO NATALES, EL 31 DE MAYO DE 2011 (7666-06)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- Victor Perez Varela
- Hosain Sabag Castillo
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑOR BIANCHI, SEÑORAS ALVEAR Y RINCÓN Y SEÑORES ESCALONA, GARCÍA, GÓMEZ, HORVATH, ORPIS, PÉREZ VARELA, PIZARRO, PROKURICA, QUINTANA, RUIZ-ESQUIDE, SABAG, TUMA, WALKER (DON PATRICIO), Y ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), SOBRE FINANCIAMIENTO PARA LA DIGITALIZACIÓN DE CANALES DE TELEVISIÓN DE CARÁCTER REGIONAL O LOCAL (S 1361-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- Maria Soledad Alvear Valenzuela
- Ximena Rincon Gonzalez
- Camilo Escalona Medina
- Jose Garcia Ruminot
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- Antonio Horvath Kiss
- Jaime Orpis Bouchon
- Victor Perez Varela
- Jorge Pizarro Soto
- Baldo Prokurica Prokurica
- Jaime Quintana Leal
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- Hosain Sabag Castillo
- Eugenio Tuma Zedan
- Patricio Walker Prieto
- Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES CHADWICK Y LONGUEIRA, CON LA QUE DAN INICIO AL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE MATRIMONIO (7656-07)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 359ª
Sesión 18ª, en martes 17 de mayo de 2011
Ordinaria
(De 16:18 a 19:00)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR GUIDO GIRARDI LAVÍN, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
Acuerdos de Comités.................................¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que denomina "Ruka Moñen Tayu Folil, Juan Cayupi Huechicura" al Museo Folclórico Araucano Juan Antonio Ríos (7023-04) (vuelve a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología)................................................................................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre monumento en memoria del poeta Gonzalo Rojas Pizarro (7622-04) (se aprueba en general y en particular).......
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Protocolo de Enmienda al Convenio de Seguridad Social entre las Repúblicas de Chile y Bolivariana de Venezuela", suscrito en el año 2009 (7214-10) (se aprueba en general y en particular)...............................................................................................
Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para prorrogar por el plazo de un año la permanencia de tropas y medios nacionales en Haití (S 1356-05) (se aprueba).............................................
Proyecto de reforma constitucional, en tercer trámite, que establece la obligación de otorgar defensa penal y asesoría jurídica a las personas naturales que han sido víctimas de delitos y que no pueden procurárselas por sí mismas (5408-07) (se aprueba)......................................................................................................................
VI. TIEMPO DE VOTACIONES:
Medidas sobre uso de extintores de incendios. Proyecto de acuerdo (S 1331-12) (se aprueba)..........................................................................................................
Restablecimiento de derecho en beneficio de Sindicato de Folkloristas y Guitarristas de Chile. Proyecto de acuerdo (S 1342-12) (se aprueba)...........................................
Inclusión de enfermedad de Crohn en Régimen de Garantías Explícitas en Salud. Proyecto de acuerdo (S 1343-12) (se aprueba).........................................................
Solicitud de moratoria de firma de protocolos o convenios sobre energía nuclear con Estados Unidos. Proyecto de acuerdo (S 1345-12) (queda pendiente su votación)...............................................................................................................
Mejora en atención y comunicación de personas con discapacidad auditiva. Proyecto de acuerdo (S 1338-12) (se aprueba)..........................................................................
Fusión de empresas Nestlé y Soprole. Proyecto de acuerdo (S 1341-12) (se retira)..........................................................................................................................
Promoción de consumo de productos del mar. Proyecto de acuerdo (S 1351-12) (se aprueba)......................................................................................................................
Protección a mujeres con VIH en cuanto a derechos sexuales y reproductivos. Proyecto de acuerdo (S 1352-12) (se aprueba)..........................................................
Prevención, gestión y tratamiento final de residuos electrónicos de equipos computacionales. Proyecto de acuerdo (S 1357-12) (se aprueba)..............................
Petición de apoyo de Gobierno a película chilena Estoy en Dicom. Proyecto de acuerdo (S 1353-12) (se aprueba)..............................................................................
Inclusión de "distonía" en sistema AUGE. Proyecto de acuerdo (S 1358-12) (se aprueba)......................................................................................................................
Activación de comisión para solución a deuda histórica con profesores (S 1359-12) (se aprueba)................................................................................................................
Repudio a actuación policial en manifestaciones contra HidroAysén. Proyecto de acuerdo (S 1360-12) (se aprueba)..............................................................................
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Víctor
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedán, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Relaciones Exteriores , señor Alfredo Moreno Charme; Secretario General de la Presidencia , señor Cristián Larroulet Vignau; de Justicia, señor Felipe Bulnes Serrano, y de Agricultura, señor José Antonio Galilea Vidaurre, y el Jefe del Estado Mayor Conjunto, señor Hernán Mardones Ríos.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario , el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:18, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor GIRARDI (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Las actas de la sesiones 16ª y 17ª, ambas ordinarias, en 10 y 11 de mayo del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor GIRARDI (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", al proyecto de ley sobre violencia escolar (boletín N° 7.123-04).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Cinco de la Honorable Cámara de Diputados:
Con los dos primeros informa que aprobó, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de acuerdo que aprueba el "Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Dominicana", suscrito en Santiago el 3 de abril de 2009 (boletín N° 7.227-10).
2.- Proyecto de acuerdo aprobatorio del "Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Federativa del Brasil", suscrito en Sao Paulo el 30 de julio de 2009 (boletín N° 7.228-10).
--Se toma conocimiento y se remiten los proyectos a Su Excelencia el Presidente de la República.
Con el tercero señala que prestó su aprobación, con las enmiendas que indica, al proyecto de ley sobre violencia escolar (boletín N° 7.123-04) (con urgencia calificada de "simple").
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Con el cuarto expresa que aprobó el informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de reforma constitucional que adecua los plazos vinculados a las elecciones presidenciales (boletín N° 6.946-07) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Queda para tabla.
Con el último comunica los nombres de los Honorables Diputados que, en representación de la Cámara Baja, integrarán las Comisiones de Reja y de Pórtico que recibirán el día 21 de mayo a Su Excelencia el Presidente de la República , con ocasión de la sesión de Congreso Pleno en que se dará cuenta al país del estado político y administrativo de la nación.
--Se toma conocimiento.
Cinco del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con el primero envía copia autorizada de la sentencia definitiva, recaída en el requerimiento de inconstitucionalidad del decreto supremo N° 264, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de 2010, promovido por 36 Honorables Diputados.
Con los cuatro restantes remite copia autorizada de las sentencias definitivas dictadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 29, inciso tercero, de la ley N° 18.216; 406, inciso final, del Código Procesal Penal, y 38 ter de la ley N° 18.933 (correspondiente al actual artículo 199 del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2005).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos.
Dos del señor Ministro de Defensa Nacional:
Con el primero remite, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, ejemplares del Balance de Gestión Integral 2010 de dicha Secretaría de Estado y de los servicios dependientes o relacionados.
Con el segundo responde una solicitud de información, dirigida en nombre del Senador señor Navarro, relativa a los monitoreos de la calidad del agua realizados en la bahía de Quintero durante los últimos cinco años.
De la señora Ministra del Medio Ambiente y del señor Intendente de la Región de Los Ríos (s), con los que dan respuesta a sendas peticiones de antecedentes, enviadas en nombre del Senador señor Eduardo Frei, relacionadas con la preocupación de comunidades indígenas por la construcción de la central hidroeléctrica Neltume y de la línea de alta tensión Neltume-Pullinque.
Del señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo , mediante el cual contesta una solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Horvath, respecto de la vía para que la Municipalidad de las Guaitecas pueda obtener recursos que solventen la generación eléctrica en Melinka.
Del señor Subsecretario General de la Presidencia , con el que indica que se ha solicitado informe al señor Ministro de Hacienda para resolver la petición, remitida en nombre de los Senadores señores Bianchi, Chahuán, Horvath, Prokurica y Rossi, relativa a iniciar la tramitación de un proyecto de ley que amplíe el concepto de empresas hoteleras para efectos de exención del impuesto al valor agregado.
Del señor Subsecretario de Previsión Social , por medio del cual da respuesta a una solicitud, enviada en nombre del Senador señor Eduardo Frei, para que se estudie una iniciativa legal tendiente a reponer los beneficios de incentivo al retiro establecidos en las leyes Nos 19.882 y 20.282, y a prolongar la vigencia de la ley N° 20.212.
Del señor Director del Servicio de Impuestos Internos , con el que atiende una solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Navarro, sobre donaciones con fines culturales efectuadas con arreglo al artículo 8° de la ley N° 18.985, entre 2006 y 2009, correspondientes a los años tributarios 2007 a 2010.
Del señor Director del Instituto Nacional de Estadísticas , mediante el cual adjunta cuatro documentos: Índice de precios al por mayor; Índice de precios al productor; Índice de ventas de comercio al por menor, y Serie de precios al por mayor, todos correspondientes al mes de marzo de 2011.
Del señor Director Nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias , con el que atiende una petición, enviada en nombre del Senador señor Navarro, con relación al proyecto denominado "Determinación de la huella del agua y estrategias de manejo del recurso hídrico".
Del señor Director del Servicio de Salud del Maule (s), por medio del cual informa que, a contar del día 1° del mes en curso, ha asumido dicha jefatura en calidad de subrogante, mientras que el doctor Eduardo Peña lo ha hecho en el cargo de Subdirector de Gestión Asistencial de Servicio (s).
De la señora Secretaria Ministerial de Educación de Valparaíso , con el que da respuesta a una petición de antecedentes, cursada en nombre del Senador señor Navarro, referida al nivel de contaminación del recinto en que funciona la escuela de La Greda, comuna de Puchuncaví.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre indulto general (boletín N° 7.533-07) (con urgencia calificada de "suma").
Dos de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaídos en los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que denomina "Ruka Moñen Tayu Folil, Juan Cayupi Huechicura" al Museo Folclórico Araucano Juan Antonio Ríos (boletín N° 7.023-24) (con urgencia calificada de "simple").
2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre monumento en memoria del poeta Gonzalo Rojas Pizarro (boletín N° 7.622-04).
Informe complementario del nuevo primer informe de la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Girardi, Kuschel y Ruiz-Esquide y del entonces Senador señor Ominami, en primer trámite constitucional, sobre responsabilidad por daños ocasionados por animales potencialmente peligrosos (boletín N° 6.499-11) (con urgencia calificada de "simple").
Segundo informe de la Comisión de Economía, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de datos de carácter personal, para garantizar que la información entregada a través de predictores de riesgo sea exacta, actualizada y veraz (boletín N° 6.800-03).
--Quedan para tabla.
Mociones
Dos de los Senadores señores Chadwick y Longueira, con las que dan inicio a los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de reforma constitucional en materia de matrimonio (boletín N° 7.656-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
2.- Proyecto de ley que sanciona la temeridad manifiesta en la conducción de vehículos motorizados (boletín N° 7.657-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Del Senador señor Pérez Varela, mediante la cual inicia un proyecto de ley sobre patrocinio de abogado respecto de denuncias, querellas o demandas por infracción a la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (boletín N° 7.658-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
De los Senadores señores Gómez, Bianchi, Girardi, Horvath y Patricio Walker, con la que dan inicio a un proyecto de reforma constitucional relativo a plebiscitos en materia ambiental (boletín N° 7.659-12).
--Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
De los Senadores señores Patricio Walker y Sabag, señoras Alvear y Rincón y señor Quintana, con la que inician un proyecto de ley sobre control de ingreso a calles con más de una vía de acceso y salida (boletín N° 7.660-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Del Senador señor Gómez, por medio de la cual inicia un proyecto de ley relativo a determinación de farmacias de turno (boletín N° 7.661-11).
De los Senadores señores Tuma y Girardi, con la que dan inicio a un proyecto de ley que prohíbe el uso de gases lacrimógenos y otros compuestos químicos para disolver manifestaciones públicas (boletín N° 7.667-11).
--Pasan a la Comisión de Salud.
Del Senador señor Bianchi, con la que inicia un proyecto de ley que declara feriado, para la comuna de Natales, el 31 de mayo de 2011 (boletín N° 7.666-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señor Bianchi, señoras Alvear y Rincón y señores Escalona, García, Gómez, Horvath, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar, sobre financiamiento para la digitalización de canales de televisión de carácter regional o local (boletín N° S 1.361-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
Solicitud de desarchivo
Del Senador señor Bianchi, con la que requiere el desarchivo del proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, para asegurar el acceso igualitario a las distintas modalidades de atención para los beneficiarios del régimen de prestaciones de salud (boletín N° 5.915-11).
--Se accede a lo solicitado y vuelve el proyecto al estado en que se encontraba al momento de archivarse.
Permisos constitucionales
De los señores Senadores individualizados a continuación para ausentarse del país en las fechas que en cada caso se señalan, todas del presente año:1.- Honorable señor Navarro 2.- Honorable señor Pizarro 3.- Honorable señor Eduardo Frei 4.- Honorable señor Chahuán
--Se autoriza.
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la Cuenta.
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente , se acaba de informar que el proyecto de reforma constitucional relativo a plebiscitos en materia ambiental pasó a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
¿No será visto por la de Gobierno o por la de Constitución? En general, todas las enmiendas a la Carta son analizadas por este último órgano técnico.
Por tal motivo, solicito que dicha iniciativa se remita también a la Comisión de Constitución.
El señor GIRARDI (Presidente).- El proyecto pasa en primer lugar a la Comisión técnica.
El señor ORPIS.- Mi inquietud es otra, señor Presidente .
Pido que se acuerde que también vaya a la de Constitución.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo?
El señor LARRAÍN.- ¡Por supuesto! Mientras más gente discuta la reforma, mejor.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente , como usted señaló, me parece bien que el proyecto pase primero al órgano técnico. Pero, dado que se trata de una reforma a la Carta Fundamental, con posterioridad también debería ser remitida a la Comisión de Constitución.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Si hay acuerdo, procederemos de esa manera.
El señor PÉREZ VARELA.- Conforme.
El señor LARRAÍN.- ¿Pasará a las dos Comisiones?
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Así es. Una vez que la Comisión de Medio Ambiente despache la iniciativa en general será conocida por la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor PÉREZ VARELA.- Una primero y después la otra.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Claro.
--Así se acuerda.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- En sesión de hoy, los Comités adoptaron los siguientes acuerdos:
1) Incorporar en primer lugar de la tabla y tratar como si fueran de Fácil Despacho los siguientes asuntos:
-Proyecto de ley que denomina "Ruka Moñen Tayu Folil, Juan Cayupi Huechicura" al Museo Folclórico Araucano Juan Antonio Ríos. (Acuerdo adoptado por mayoría de votos).
-Proyecto de ley sobre monumento en memoria del poeta Gonzalo Rojas Pizarro.
2) Tratar en tercer lugar, también como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de acuerdo que figura con el número 9 en el Orden del Día, es decir, el que aprueba el "Protocolo de Enmienda al Convenio de Seguridad Social entre las Repúblicas de Chile y Bolivariana de Venezuela", suscrito en 2009.
3) Retirar de la tabla de la sesión ordinaria de hoy la iniciativa que modifica la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas, y colocarla en la tabla de la sesión del martes 7 de junio próximo.
4) Retirar de la tabla de hoy y tratar en Fácil Despacho de la sesión del miércoles 1 de junio el proyecto que enmienda el Código Sanitario con el objeto de facultar a las matronas para recetar anticonceptivos.
5) Por último, autorizar a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud, unidas, para discutir en general y en particular, durante el primer informe, el proyecto de ley en materia de duración del descanso de maternidad, con urgencia calificada de "suma". (Acuerdo adoptado por mayoría).
V. ORDEN DEL DÍA
CAMBIO DE NOMBRE DE MUSEO FOLCLÓRICO ARAUCANO POR "RUKA MOÑEN TAYU FOLIL, JUAN CAYUPI HUECHICURA"
El señor GIRARDI ( Presidente ).- En virtud de lo acordado recién, corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de ley que denomina " Ruka Moñen Tayu Folil, Juan Cayupi Huechicura" al Museo Folclórico Araucano Juan Antonio Ríos, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7023-24) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 59ª, en 12 de octubre de 2010.
Informe de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 18ª, en 17 de mayo de 2011.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- El objetivo de la iniciativa es modificar el nombre del Museo Folclórico Araucano por el de " Ruka Moñen Tayu Folil, Juan Cayupi Huechicura", que significa en castellano "Casa de Vida de Nuestras Raíces".
Cabe hacer presente que Juan Cayupi Huechicura fue el último lonco que vivió en la localidad donde hoy se encuentra el museo.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología discutió esta iniciativa en general y en particular, por tratarse de aquellas de artículo único, y le dio su aprobación por cuatro votos a favor (Senadores señores Chadwick, Quintana, Navarro e Ignacio Walker) y una abstención (Honorable señor Cantero).
El texto del proyecto es el mismo que despachó la Cámara de Diputados y se puede consultar en la parte pertinente del informe del mencionado órgano técnico.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- En discusión general y particular.
Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , como señaló el señor Secretario General , este proyecto, iniciado en mensaje, tiene urgencia calificada de "simple" y fue visto en días pasados por la Comisión de Educación, que presido.
La finalidad de la iniciativa es modificar la ley Nº 16.750, que creó el Museo Folclórico Araucano Juan Antonio Ríos Morales -en homenaje al ex Presidente de la República - en el inmueble donde este nació, a fin de cambiar su denominación por la de " Ruka Moñen Tayu Folil , Juan Cayupi Huechicura ".
Con tal enmienda, se pretende incorporar una mayor identificación cultural: que el nombre represente de mejor forma lo que guarda el museo.
El mensaje hace presente que desde el año 2002 la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos viene desarrollando un Plan Nacional de Mejoramiento Integral de los Museos, con activa participación ciudadana. En tal sentido, como sugiere el Convenio Nº 169 de la Organización Mundial del Trabajo, se convocó a diferentes comunidades indígenas de la comuna de Cañete para que manifestaran su opinión respecto del proyecto de mejoramiento y proyección del referido museo.
En ese contexto, 25 comunidades mapuches que viven en la localidad de Arauco, Región del Biobío, luego de realizar un guillatún, propusieron cambiar el nombre del museo por el que se ha indicado.
Cabe señalar que la consulta se hizo en los mismos términos en que se efectuó hace algún tiempo. Porque hoy día, como se sabe, se está pidiendo a las comunidades su opinión para ver la forma como se va a llevar adelante dicho proceso en el futuro.
La designación elegida significa "Casa de Vida de Nuestras Raíces" y la alusión a Juan Cayupi Huechicura se justifica porque fue el último lonco de la comuna de Cañete, figura que corresponde a la principal autoridad o al jefe tradicional de la comunidad familiar mapuche.
Es del caso destacar que los descendientes de dicho lonco aún residen en Cañete y en Elicura-Contulmo.
El proyecto consta de un artículo único, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento del Senado, puede ser analizado en general y en particular a la vez, como lo hizo la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Por último, según información que nos proporcionó la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, este inmueble no corresponde exactamente a la casa donde nació el ex Presidente Juan Antonio Ríos , la cual se encuentra en un lugar próximo. De hecho, ella nunca ha sido expropiada ni nada que se le parezca.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente , yo iba a hacer uso de un artículo del Reglamento, pero me solicitaron que discutiéramos este proyecto.
Como planteé en la Comisión de Educación, me parece bien que se deseen establecer denominaciones que releven al pueblo mapuche. Pero no estimo apropiado que a raíz de eso el nombre de " Juan Antonio Ríos", ex Presidente de la República , sea simplemente borrado de un museo sin que el órgano técnico -lo dije en esta instancia y lo repito aquí- haya recibido la totalidad de los antecedentes.
Yo le pedí al señor Subdirector Nacional de Museos que al menos incorporara datos fidedignos que dieran cuenta de las razones que se tuvieron en vista para cambiar la denominación del inmueble. Así y todo, los que votan en la Comisión -porque yo fui invitado no más- tomaron la decisión, sin esperar esos documentos, de pasar el proyecto a la Sala. Y, a mi juicio, cuando uno hace cambios de esta magnitud debe contar con toda la información necesaria.
Por consiguiente, la iniciativa debiera volver a la Comisión, en espera de que lleguen esos antecedentes, a fin de tomar la decisión como corresponde.
Don Juan Antonio Ríos fue un gran Presidente de Chile . Reitero: no estoy en contra de que se le rindan los homenajes que correspondan al pueblo mapuche, pero no considero lógico ni conveniente que eso pase por afectar finalmente el nombre de un ex Presidente de la República , a cuya familia, según entiendo, ni siquiera se ha consultado.
En consecuencia, la decisión respecto de esta materia debiera postergarse hasta que se cuente con los antecedentes a que he aludido.
He dicho.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- ¿Pidió segunda discusión, Senador Gómez?
El señor GÓMEZ.- No, señor Presidente . He solicitado que el proyecto vuelva a la Comisión.
El señor COLOMA.- Conforme.
El señor GIRARDI (Presidente).- El Honorable señor Chadwick fue quien pidió tratarlo hoy, pero no se encuentra en la Sala en este momento.
Vamos a poner en votación la solicitud de que la iniciativa vuelva a la Comisión, porque no hay unanimidad para ello.
En votación.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba la solicitud de que el proyecto vuelva a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (15 votos a favor, 6 en contra, 2 abstenciones y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende y Alvear y los señores Coloma, Frei (don Eduardo), Gómez, Horvath, Kuschel, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Prokurica, Sabag, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Chadwick, Espina, Girardi, Lagos, Longueira y Quintana.
Se abstuvieron los señores Chahuán y Walker (don Ignacio).
No votó, por estar pareado, el señor Pérez Varela.
ERECCIÓN DE MONUMENTO EN MEMORIA DE POETA GONZALO ROJAS PIZARRO
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Conforme a lo convenido, corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre monumento en memoria del poeta Gonzalo Rojas Pizarro, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7622-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Quintana, Navarro, Pérez Varela, Ruiz-Esquide y Sabag):
En primer trámite, sesión 15ª, en 4 de mayo de 2011.
Informe de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 18ª, en 17 de mayo de 2011.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal del proyecto es la construcción de un monumento, en la ciudad de Lebu, en memoria del destacado poeta don Gonzalo Rojas, recientemente fallecido.
La Comisión aprobó esta iniciativa en general y en particular por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Cantero, Chadwick, Navarro, Quintana e Ignacio Walker).
El texto aprobado se transcribe en la parte pertinente del informe que Sus Señorías tienen a la vista.
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular el proyecto.
PROTOCOLO DE ENMIENDA A CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE CHILE Y VENEZUELA
El señor GIRARDI ( Presidente ).-
En seguida, corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Protocolo de Enmienda al Convenio de Seguridad Social entre las Repúblicas de Chile y Bolivariana de Venezuela", suscrito en el año 2009, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7214-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 66ª, en 10 de noviembre de 2010.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores: sesión 16ª, en 10 de mayo de 2011.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
El objetivo del Protocolo es enmendar el Convenio de Seguridad Social aludido, permitiendo extender la política de protección social a una de las más importantes comunidades chilenas residentes en el exterior. Son 45 mil los chilenos que residen en Venezuela y 4.338 los venezolanos que viven en Chile.
La Comisión aprobó el proyecto de acuerdo por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Hernán Larraín, Kuschel, Letelier, Pizarro y Tuma), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Cabe señalar que esta iniciativa requiere, para su aprobación, el voto conforme de 19 señores Senadores.
El señor GIRARDI (Presidente).-
En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no hay objeción, se aprobará.
--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que emitieron pronunciamiento favorable 26 señores Senadores.
PRÓRROGA DE PERMANENCIA DE TROPAS Y MEDIOS CHILENOS EN HAITÍ
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Corresponde tratar el oficio mediante el cual Su Excelencia el Presidente de la República solicita el acuerdo del Senado para prorrogar por el plazo de un año la permanencia de tropas y medios nacionales en Haití, con informe de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, y con la urgencia establecida en el inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Constitución Política.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1356-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 13ª, en 3 de mayo de 2011.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, unidas: sesión 17ª, en 11 de mayo de 2011.
El señor GIRARDI (Presidente).- Solicito la anuencia del Senado para que ingrese a la Sala el señor Hernán Mardones, Jefe del Estado Mayor Conjunto.
--Se accede.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- El informe de las Comisiones unidas consigna los fundamentos presentados por el Gobierno para la renovación del mandato en Haití, que se extendería hasta el 1° de junio de 2012.
Las Comisiones unidas, luego de analizar los antecedentes relativos a esta materia, aprobaron la solicitud del Ejecutivo por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Coloma, Gómez, Kuschel, Hernán Larraín, Muñoz Aburto, Pizarro, Prokurica y Tuma).
El señor GIRARDI ( Presidente ).- En discusión la solicitud presidencial.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente , haciendo un poco de historia, nuestro país fue requerido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mediante resolución N° 1.542, en 2004, para participar en la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití.
El Primer Mandatario de la época don Ricardo Lagos , procedió a solicitar la salida de las tropas según nuestra legislación, esto es, conforme al artículo 53 de la Constitución Política y las leyes N°s 19.067 y 20.297. Esta última, en sus artículos 4º y 7º, establece las normas de participación de las tropas chilenas en operaciones de paz.
Al día de hoy, el Consejo de Seguridad ha prorrogado el mandato de Naciones Unidas en todos los aspectos humanitarios y de paz. A esto hay que sumar la situación que presenta el país caribeño -a pesar de toda la ayuda humanitaria recibida- luego de haberse visto afectado por un terremoto que dejó a la mayoría de las instituciones públicas -y también las privadas- en el suelo. Por ello, la presencia de nuestras Fuerzas Armadas y la de organizaciones humanitarias, tiene por objeto enfrentar dicha realidad y sacar adelante a una nación que, literalmente, es un Estado fallido.
Las discusiones que se han presentado en las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, se basan, en primer lugar, en precisar la orientación de nuestra concurrencia en Haití.
Es cierto que ya no se mantiene la situación de guerra y que en este minuto las Fuerzas Armadas de distintos países del mundo, especialmente de Latinoamérica, han logrado establecer un control al respecto.
Por eso, cuando un Presidente de la República nos solicita autorización para prorrogar la permanencia de las tropas chilenas en Haití, en reiteradas ocasiones ha rondado la idea de que es importante reorientar la presencia de nuestras fuerzas en dicho territorio, en la línea de reconstruir dicha nación y trabajar en aquellas materias que signifiquen ponerla de pie para que sea autovalente.
Quiero destacar que tanto el Ministro de Defensa como nuestro Canciller nos han planteado que en el mes de junio se va a realizar una reunión, con todos los países que brindan apoyo en Haití, para reformular el trabajo que se ha venido desarrollando.
La tarea no es menor. Nuestras Fuerzas Armadas cumplen una labor extraordinariamente importante, pero también la llevan a cabo Carabineros, la Policía de Investigaciones y las organizaciones civiles que participan de variadas maneras en dicha nación.
Yo podría sostener, señor Presidente , que esa es la cara de la medalla que le importa a Haití, país que atraviesa por una realidad demasiado compleja. Pero también debiéramos decir que Chile, que sustenta su desarrollo en las exportaciones y en el comercio exterior, no puede volver la vista hacia el lado cuando se genera un conflicto como el que tiene lugar en la nación caribeña. Porque no hay comercio exterior ni exportaciones cuando no existe paz en el continente donde vivimos.
Si a lo anterior le agregamos la proximidad de la ruta por donde transita el 60 por ciento de las exportaciones chilenas, cual es la del canal de Panamá; si le sumamos el hecho de que Haití se halla en una zona muy sensible en cuanto al narcotráfico que ingresa a Estados Unidos, no habrá ni una sola opinión que señale que la presencia de nuestro país y de las restantes naciones latinoamericanas no es necesaria.
A mi juicio, es indispensable plantear hoy, con motivo de esta discusión, que en otras ocasiones, cuando el Ejecutivo nos pidió esta autorización, hubo votos en contra porque algunos señores Senadores expresaron que nuestra Constitución no consideraba, dentro de los objetivos de las Fuerzas Armadas, este tipo de misiones. Para remediar aquello, los Senadores Coloma , Chadwick y Longueira presentaron una reforma constitucional que, coincidentemente, se encuentra en la tabla de la presente sesión para ser vista.
En mi concepto, ella soluciona la mayoría de los temas que se plantearon originalmente.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente , Honorables colegas, después de escuchar la exposición del Presidente de la Comisión de Defensa Nacional es bien poco lo que se puede agregar. Sus palabras fueron muy claras acerca de las materias y de las diferentes observaciones que formulamos quienes integramos las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas.
Sin embargo, quiero añadir que la presencia militar de Chile en Haití es menester para garantizar la seguridad vinculada con la reconstrucción y el desarrollo de esa nación tan devastada.
Como ya se señaló aquí, diversos Senadores plantearon la necesidad de enfocar la ayuda de Chile a ese país no solo en el aspecto militar -el cual ha sido relevante, pues nuestra presencia en ese ámbito ha sido valorada en forma positiva-, sino también en lo que se refiere al desarrollo institucional, dado que se trata de un Estado frágil, donde no existen instituciones y es necesario crearlas.
Por eso, como también sostuvo el Presidente de la Comisión de Defensa, esperamos que de aquí al 15 de junio los países latinoamericanos emitan un informe que permita determinar en qué forma se va a canalizar la ayuda para el desarrollo institucional de la República de Haití.
Llama la atención, sí, que los países desarrollados no hayan cumplido su promesa de ayuda y que sí lo hayan hecho naciones de Latinoamérica. Vale decir, las grandes potencias se han desentendido del problema que vive la población haitiana.
Como señaló el Ministro de Defensa , señor Andrés Allamand , el Banco Interamericano de Desarrollo ha destinado 2 mil millones de dólares para la reconstrucción de Haití. Sin embargo, en este país no hay una institución competente para canalizar tales recursos hacia la inversión. Por cierto, la capacidad humana del BID podría funcionar paralelamente con el Estado para lograr ese objetivo.
Señor Presidente , ya se mencionó que estas materias serán tratadas en un proyecto de reforma constitucional que se verá en el transcurso de la tarde. En todo caso, reitero mi apoyo a la solicitud del Gobierno para prorrogar la permanencia de tropas nacionales en Haití.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , en mi calidad de titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, me correspondió el honor de presidir las Comisiones unidas que analizaron la petición para que el Senado otorgue su acuerdo a los efectos de prorrogar por un año la permanencia de tropas de Chile en Haití.
En la sesión en que se discutió ese asunto estuvieron presentes el Ministro de Relaciones Exteriores , don Alfredo Moreno ; el Ministro de Defensa Nacional , don Andrés Allamand ; el Jefe del Estado Mayor Conjunto , General de División don Hernán Mardones . Y la materia fue objeto de un largo debate, el que ha sido reiterativo año tras año tanto en las Comisiones de Defensa y de Relaciones Exteriores cuanto en la Sala.
Señor Presidente , quiero hacer notar que, coincidentemente, me corresponde relatar lo ocurrido ahora en las Comisiones unidas. Y digo "coincidentemente" porque, recién instaladas las tropas en Haití, viajé a este país como Diputado , junto con el entonces Diputado Jaime Quintana . Nos entrevistamos con sus autoridades; con grupos políticos, religiosos y de otro tipo, quienes manifestaban con mucha simpatía su aprobación a la presencia de la fuerza multinacional que estaba ayudándolos a enfrentar la crisis que los afectaba.
Ahora, a los Senadores nos preocupa el establecimiento de un plan de salida de Haití: cómo, cuándo y en qué condiciones dejamos esta nación y de qué manera hacemos un mayor aporte para su desarrollo.
La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, que se va renovando todos los años, evaluará nuevamente lo que realizan las fuerzas conjuntas en dicho país para resolver su situación.
El tema ya no es militar. Los haitianos eligieron con mucho éxito un Presidente y se encuentran restableciendo el sistema democrático. Pero hay objetivos pendientes, los que no necesariamente, a juicio de varios miembros de las Comisiones unidas, se resuelven con la presencia de la fuerza multinacional.
En todo caso, es indispensable renovar la presencia de tropas.
A decir verdad, señor Presidente , sería poco acertado retirar las de Chile. Porque, además, estamos participando en alianza con las Fuerzas Armadas de países latinoamericanos (principalmente con las de Brasil, que son muy importantes), en una acción inédita y que va a fortalecer los lazos regionales.
Empero, consideramos indispensable analizar si el objetivo que estamos persiguiendo es el que desea la población. Porque no es conveniente el retiro, pero tampoco lo es crear la sensación de una ocupación permanente por tropas extranjeras.
Queremos ayudar a que Haití tenga más oportunidades.
Ahora existe una interlocución con su nuevo Presidente . Entiendo que la habrá con el conjunto de las fuerzas que colaboran en la Misión. Y, como Senado, estamos disponibles para colaborar en tal dirección.
Yo desearía que el próximo año no estuviéramos en un debate para decidir la prórroga de la permanencia de tropas en las mismas condiciones, sino en una discusión acerca del cambio de las expectativas de desarrollo, de crecimiento y de oportunidades para Haití y sus habitantes.
Señor Presidente , la preocupación fue transversal en las dos Comisiones. Hubo una aprobación condicionada un poco a que veamos qué va a suceder con las fuerzas conjuntas y hasta qué punto estaremos disponibles, como Senado, a respaldar las decisiones que se tomen sobre su permanencia.
En el aspecto financiero, se les explicó a las Comisiones unidas que Chile, descontando los reembolsos realizados por las Naciones Unidas, ha gastado 85 millones de dólares en 7 años, con un promedio de 12 millones anuales. Y se les expresó que la inversión se recupera vía equipamiento, entrenamiento, particularmente en horas de vuelo en helicóptero, lo cual es muy relevante para la formación de los efectivos.
Después de los comentarios que he formulado, debo señalar que las Comisiones unidas aprobaron la solicitud de prorrogar por un año la permanencia de tropas chilenas en Haití -para ello no se requiere quórum especial-, acuerdo al que concurrió la unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores Coloma . Gómez , Kuschel , Larraín (don Hernán) , Muñoz Aburto , Pizarro , Prokurica y Tuma.
Por consiguiente, las Comisiones unidas le recomiendan a la Sala aprobar la petición.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , he solicitado la palabra con el propósito de manifestar que durante el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos respaldamos la decisión de que nuestro país estuviera presente en la misión de paz en Haití con un contingente de sus Fuerzas Armadas, en particular del Ejército. Sostuvimos la misma posición durante la Administración de la Presidenta Michelle Bachelet . Y la mantenemos ahora, en el Gobierno que encabeza Sebastián Piñera .
Consideramos que se trata de una política de Estado que uno debe respaldar tanto cuando tiene responsabilidades de Gobierno como cuando está en la Oposición, ya que la situación va mucho más allá de las circunstancias de la política cotidiana e involucra una obligación del país y una decisión que, desde nuestro punto de vista, honra a nuestra patria en el sentido de prestar su concurso al pueblo de Haití, que requiere la ayuda de las Naciones Unidas y de todos los países que se hallen en condiciones de brindarla, como es actualmente el caso de Chile.
Creo que esa política de Estado prestigia a nuestra nación. Y en ningún caso el costo que se menciona en el informe de las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa podría estimarse oneroso: en primer lugar, desde el punto de vista de los recursos con que Chile cuenta hoy; pero además en función de la trascendencia y relevancia de esta decisión de política exterior.
Quiero agregar, señor Presidente , que en el caso de Haití hay una deuda de la comunidad internacional que continúa sin resolverse. Yo creo que la actitud de las grandes potencias para con esa nación de nuestro continente latinoamericano es mezquina; revela un descompromiso vergonzoso, dadas las condiciones imperantes en ella.
La comunidad internacional toleró durante décadas la dictadura del llamado "Papá Doc", la que no solo fue la negación de la libertad para Haití, sino que además significó la corrupción completa del aparato público y conllevó un atraso, una pobreza y una miseria difícilmente equiparables en otra nación.
No creo, señor Presidente , que exista otro país de nuestro continente en tan dramática situación. Y posiblemente no hay otro en el resto del mundo con los niveles intolerables de decadencia económica y social a que la dictadura condujo a Haití.
Prisionero el mundo en las estrechas fronteras de la Guerra Fría, las potencias simplemente toleraron lo que allí ocurría. Se dejó hacer. Fue la política inmoral del laissez faire.
Sin embargo, a pesar de que la Guerra Fría terminó, la inversión real de las grandes potencias con un plan, con una estrategia de desarrollo para la nación haitiana deja mucho que desear.
Yo creo que Chile, por el compromiso que ha tomado con Haití, debiese redoblar sus esfuerzos para llamar la atención de la comunidad internacional.
Siento que el grado de compromiso de los países que están en condiciones de hacer esa inversión es insignificante; prácticamente, cero.
La principal potencia mundial, los Estados Unidos, impulsó la intervención de las Naciones Unidas en un momento de crisis terminal. De no mediar la pronta reacción de muchos países, entre ellos -para honra nuestra- Chile, la situación en Haití hubiese sido completamente inmanejable y la crisis social habría devenido en una espantosa confrontación civil, de consecuencias incalculables.
Pues bien: se logró resolver la crisis. Haití acaba de tener elecciones. Podríamos decir que la situación se ha estabilizado. Pero el concurso económico de las principales potencias es francamente marginal. No hay un compromiso sincero con un esfuerzo como el que el mundo de hoy está en condiciones de hacer para que Haití pueda salir de la postración en que se encuentra.
Pienso que Chile debiese reclamar por la situación que está ocurriendo hoy en aquel país. Son millones de personas a las que se condena a un estado de miseria que el mundo de hoy puede, en primer término, reducir; luego, mitigar, y posteriormente, resolver.
Pero se requiere cambiar la mezquindad por una actitud de generosidad.
En todo caso, habla bien de Chile el que mantenga y desarrolle esta política de Estado. Y estimo que para nuestra nación, al final de cuentas, ayuda a su propio desarrollo, a su manera de mirar el mundo, a su comprensión de los fenómenos de la pobreza el que se haya comprometido tan profundamente con los sucesos de Haití y con la paz en este país.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente , es bueno recordar que la situación que nos ocupa viene desde el año 2004, cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas constituyó la fuerza de estabilización de paz (MINUSTAH), básicamente con el objetivo de apoyar el proceso de reconstrucción, desarrollo y formación de capacidades que le permitieran a Haití retomar el camino de la autonomía y la sustentabilidad.
Tenemos 517 efectivos militares en ese país. Y la verdad es que nuestra presencia es especialmente necesaria a raíz de los acontecimientos ocurridos durante el último año.
Recordemos que en 2010 Haití vivió múltiples crisis. Hubo un terremoto que obligó a desplazar a 2,3 millones de personas; están con la epidemia del cólera; sufrieron los efectos del huracán Thomas . Y, pese a que se realizaron comicios y se reconoció a la autoridad válidamente elegida, al nuevo Presidente de la República , la inestabilidad política sigue siendo una realidad.
Por eso, considero positivo prorrogar por un año más nuestra presencia, a través de la MINUSTAH, en aquella nación.
Chile muchas veces se jacta de ser un país exitoso, que ha hecho las cosas bien. Empero, no siempre nos ven como el buen vecino.
Esta es una buena forma de practicar la solidaridad y ser un buen vecino en nuestro continente.
Lamentable es la posición de los países desarrollados, de las naciones ricas, que, por desgracia, han abandonado a Haití.
Finalmente, ha surgido un debate para replantear, redefinir nuestros objetivos, nuestra misión en la referida fuerza mundial de estabilización.
Al respecto, es del caso recordar que aquello hay que hacerlo dentro del contexto de las Naciones Unidas, porque esta es la que encabeza la Misión.
Por lo tanto, siempre es importante que nuestro Gobierno, a través de la Cancillería -entiendo que se está llevando a cabo-, pueda hacer valer los puntos de vista planteados acá a ese nivel.
En mi concepto, señor Presidente , hay que hablar no solo desde el punto de vista teórico -es decir, cómo logramos que haya un entorno seguro y estable en la referida nación-, sino también desde la perspectiva práctica.
La miseria de Haití es brutal. El nivel de hambre, el grado de inanición en los niños, el sida, la violencia son realidades que nos golpean. Por ende, es relevante actuar con solidaridad.
Muchas ONG reconocen que no podrían distribuir los alimentos a quienes padecen hambre, los medicamentos a los enfermos, en fin, de no mediar la presencia de las Fuerzas Armadas de los países que hoy día están apoyando a Haití. Es fundamental tener seguridad para desarrollar las labores solidarias.
De otro lado, cabe subrayar que, dentro de los objetivos futuros, probablemente deberemos focalizarnos con mucho vigor en la formación de capacidades que le permitan a Haití un desarrollo autónomo y sustentable. Es decir, será necesario ayudar a ese país a potenciar, a fortalecer las instituciones públicas. Porque una democracia sin instituciones sólidas es precaria.
Por eso, comparto algunos de los planteamientos hechos en el sentido de ayudar a Haití para, en la medida en que lo requiera y en que haya consenso en las Naciones Unidas, permitirle ser un país más estable y con mejores instituciones.
He dicho.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , hemos tenido una discusión muy similar a esta en los últimos siete años. De consiguiente, poco queda por agregar.
Solo quiero señalar que la Misión que está llevando adelante la Organización de las Naciones Unidas, y en la que Chile participa, se ha fijado objetivos importantes para contribuir a la estabilidad política y social en Haití, a evitar que los conflictos armados internos inhiban la posibilidad de sus habitantes de desarrollarse y consagrarse como nación.
Al final, entonces, ha sido razonable y positiva la actuación que ha tenido Chile a ese respecto.
Sin embargo, creo que, después de siete años, empieza a correr el tiempo de la evaluación.
Eso es lo que se ha estado conversando aquí. Y ello, a mi juicio, le da un sentido distinto a la aprobación de la prórroga de la presencia de nuestras tropas en Haití en esta oportunidad.
Me parece, señor Presidente, que se justifica continuar con el proceso en comento, por la necesidad de apoyar al nuevo Gobierno, recién elegido, que asume -si es que ya no lo ha hecho- por estos días, para contribuir a que, como tal y como Estado, pueda funcionar.
Pero también hay que advertir que ya durante la campaña el propio Presidente electo y muchos otros fueron partidarios de ir modificando el rol de la MINUSTAH en Haití, para que no se constituya en una fuerza de ocupación.
Ese es un mensaje que debemos entender y que es razonable, porque un país no puede vivir, eterna e indefinidamente, dependiendo del apoyo de Fuerzas Armadas y de Orden de otros Estados, lo que quiere decir que resulta incapaz de ser autosuficiente.
Sin embargo, lo más relevante es el compromiso que los señores Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa han expuesto respecto del futuro de la fuerza de apoyo para la estabilidad de Haití organizada por las Naciones Unidas. Según nos informaron -y ya se ha hecho referencia a ello-, el 15 de julio próximo se celebrará una reunión importante de los titulares de la última de esas Carteras, y en las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa hemos pedido que luego de esa discusión, donde se va a analizar precisamente cuál debería ser hacia el futuro el rol de nuestra presencia y la de los otros países en Haití, contemos con los informes para tratarlos en esa instancia en agosto o en septiembre.
Creo que el inicio del debate para ir reduciendo la presencia militar e incrementando nuestro papel en lo que dice relación con la consolidación de las instituciones, con el desarrollo económico, social, en infraestructura y en otras áreas de esa naturaleza, va por el buen camino que hemos requerido durante mucho tiempo.
Y ello, simultáneamente, por mediar la necesidad y la voluntad de exigir un mayor compromiso de las naciones desarrolladas, el cual, al final, ha sido bastante tenue.
Es cierto que muchas de ellas reclaman por la inseguridad de poner recursos en un lugar donde no se verifica un control de su destino, de su manejo, donde existe corrupción y, por lo tanto, el riesgo de que no se utilicen en los objetivos de desarrollo para los cuales se otorgan. Sin embargo, eso es precisamente lo que obliga a una mayor presencia de su parte, de manera de poder asegurar el cumplimiento de tal finalidad.
Precisamente una MINUSTAH destinada más bien a trabajar en el ámbito que nos ocupa es una garantía de que se van a poder llevar adelante los proyectos necesarios para conseguir ese propósito en un buen sentido y evitar la pérdida de los recursos.
Vale la pena destacar, a mi juicio, que acaba de ser nombrado representante de las Naciones Unidas a cargo de la misión nuestro ex Canciller Mariano Fernández . El seguir una línea como la del primero de los encargados, Juan Gabriel Valdés , también ex Canciller chileno, da la posibilidad de lograr una claridad mayor en el destino que deben tener los esfuerzos internacionales para apoyar la recuperación y el mayor desarrollo del pueblo haitiano.
Para nuestro país, la experiencia -es cierto- también ha sido valiosa. Así ha ocurrido en el caso de nuestras Fuerzas Armadas, no solo por realizar entre ellas un importante trabajo conjunto, sino también con otras. Ha tenido lugar un aprendizaje en terreno y no simplemente en ensayos militares. Se ha presentado, además, la oportunidad de conocer y hacerse cargo de nuevas tecnologías, enseñanza asimismo muy valiosa recibida durante estos años.
Por cierto, la proyección internacional que Chile adquiere con estas misiones es algo que se debe reconocer y valorar. Es una señal de solidaridad internacional que da con su presencia, la cual estimamos que apoya su proyección en el exterior.
Con todo, se halla involucrado un costo económico, aun cuando no resulte extraordinariamente significativo. Anualmente, ello importa 12 millones de dólares, adicionales a lo que representa toda la misión, los que salen de nuestro Presupuesto y que, de otra manera, se podrían destinar a objetivos en nuestro país. Al sumar lo que se ha gastado en el tiempo que llevamos -siete años-, nuestra participación en la misión de Naciones Unidas en Haití asciende a un total de 85 millones de dólares.
En consecuencia, eso tiene que ir variando con el tiempo y es necesario que los que cuentan con los mayores recursos asuman la parte principal del costo que para el mundo implica actuar en ese país.
Por estas consideraciones, señor Presidente , vamos a votar a favor de la solicitud de prorrogar la presencia de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden en Haití de acuerdo con el requerimiento de las Naciones Unidas. Y lo haremos ahora con la convicción del compromiso que le cabe al Gobierno de ir reorientando los esfuerzos en la perspectiva del desarrollo y de la paz, más que de la presencia militar. Esperamos que, en uno, dos, tres años -no más-, conforme a un cambio gradual, podamos estar llevando a cabo realmente lo que Chile puede hacer mejor, que es apoyar con su experiencia el avance en la institucionalidad y las condiciones económicas y sociales del pueblo haitiano. Con el deseo de que así ocurra, respaldamos la prórroga referida.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente , en las Comisiones unidas se verificó un debate interesante respecto de la petición del Gobierno, que se ha ido reiterando por años, acerca de la presencia en Haití de Fuerzas Armadas y Carabineros chilenos.
Año a año hemos planteado varios Senadores que es correcta la autorización que concede en la materia esta Corporación, así como también lo son las acciones de las instituciones castrenses y el esfuerzo del Gobierno por colaborar con una nación que estaba, está y pareciera que seguirá estando en dificultades por un tiempo. No abrigamos dudas de que ello contribuye a una buena relación de vecindad en la región; de que se desarrolla una actividad solidaria y de trabajo que nos parece razonable.
El punto radica, señor Presidente , en que durante muchos años hemos ido exponiendo que la renovación del permiso se ha traducido finalmente en una continuidad de la participación de nuestras Fuerzas Armadas en el país centroamericano, pero sin que exista una convicción ni una decisión hasta ahora de que es necesario que Chile lleve a cabo esa acción sobre la base de colaborar en la reconstitución institucional. No se trata, simplemente, de que lo haga en la mantención del orden público o de que las Fuerzas Armadas cumplan una función de seguridad, sino de que todos los organismos internacionales en Haití trabajen para lograr una reconstrucción en el ámbito a que he hecho referencia: Poder Judicial , Registro Civil , cárceles, obras públicas, viviendas, en fin, mencionándose este aspecto en los antecedentes contenidos en el informe.
Lo que hemos observado es que año a año se establece un criterio, pero no se consideran las propuestas ni los planteamientos formulados en Comisión.
Y en esa instancia dije algo que repetiré.
El señor Ministro de Defensa expresó que mediaba precisamente una definición de algunos países que participan en Haití, para trabajar en esa línea: el desarrollo y apoyo en lo institucional, y que tal labor va a terminar, según entiendo, a finales de julio. Se presentaría un proyecto o una conclusión para poder contar con un derrotero en los años que vienen, pero en función, no de la seguridad, sino de dichos factores.
En ese entendido, varios Senadores presentes en la sesión de los órganos técnicos manifestamos que ello nos parecía bien.
Por mi parte, consigné también que lo había escuchado por primera vez como una definición política. Porque hasta ahora se había enviado la solicitud de un permiso.
Estimo indispensable que en ese país, aparte la presencia de las Fuerzas Armadas, exista también un desarrollo desde el punto de vista de la seguridad: Carabineros, Investigaciones, instituciones en el ámbito de la Justicia. Hay tanta función y trabajo que deben cumplirse que creo que Chile debiera dirigir su personal, sus recursos, hacia ese campo.
Por eso pedí la palabra, señor Presidente , ya que deseo dejar constancia de que, en definitiva, el respaldo que hemos dado, desde el punto de vista de la mantención de las Fuerzas Armadas en Haití, tiene un norte claro: contar con el proyecto de desarrollo institucional aludido.
Y también le pedimos al señor Ministro de Defensa que Chile lidere dicho planteamiento, sin dejar transcurrir el tiempo, y que exista efectivamente la convicción y decisión de que ese es el camino. De lo contrario, no van a resurgir las instituciones que tienen que fortalecer la democracia.
Esta es la posición que al menos nosotros pensamos que se debe asumir en cuanto a colaboración, no solo en materia de seguridad.
En ese entendido, y considerando que el señor Ministro asumió el compromiso de que el desarrollo institucional que analicen esos países -espero que pueda cumplirlo, porque es un trabajo multilateral, no solo de Chile- sería conocido por el Senado y las Comisiones en el mes de julio, daremos nuestro acuerdo a la solicitud del Presidente de la República , como ya lo hicimos en las Comisiones unidas.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, creo que esta es la décima vez que discutimos el asunto.
Si los señores Senadores lo recuerdan, en 2004 se determinó la salida de tropas solo por seis meses, como era la norma en ese momento, a diferencia de lo que ocurre en el presente caso, en que el período es anual.
Reconozco haber sido bastante escéptico, en general, en cuanto a este tipo de medidas, y creo que el tiempo, lamentablemente, me da la razón.
Ese año, las fuerzas chilenas fueron requeridas para evitar un genocidio, cuestión planteada como inminente, pero sobre la base de que en seis meses existiría la tranquilidad suficiente para hablar de un Haití distinto, de modo que podrían volver sin problemas a su función más propia conforme a la Constitución.
Con posterioridad se pidió una extensión del plazo, para permitir el acceso de la democracia. En esa ocasión se llevaba a cabo un proceso electoral que se encontraba en una situación compleja, el que terminó con el señor Préval como Presidente .
Después se invocó el propósito de avanzar en la institucionalidad.
A continuación se expuso el objetivo de progresar en la consolidación de las instituciones.
Y hoy día, para ser franco, la cuestión radica en que casi no existe alternativa. Es algo que el Senador que habla, por lo menos, siente el deber de plantear.
Más aún, el Presidente Préval -el mismo que ganó la elección a cuya materialización contribuyó Chile, entre otros países- dijo la semana pasada: "En Haití necesitamos `bulldozers', no tanques".
Entonces, no sería tan optimista respecto del rol que hemos jugado en la misión internacional. Ello, obviamente, más allá de que esta dice relación con códigos propios, los que no dependen de manera exclusiva de nosotros, que efectuamos un aporte.
No quiero ser miope y desconocer que se ha realizado, en parte, una contribución. Es evidente que nuestras Fuerzas Armadas han exhibido un despliegue notable dentro de la MINUSTAH y que en la zona en que a Chile le ha correspondido desempeñarse ha existido una garantía de seguridad relevante. Y es probable que algunos me señalen que cualquier otro camino habría resultado de una complejidad mayor. Pero no creo que se pueda sostener a estas alturas que la misión, como tal, ha sido un éxito.
Pienso que hoy día encontramos un Haití quizás con más complejidades que hace cuatro, cinco o seis años. Así lo dicen todos los organismos internacionales, y también -quiero ser muy claro- lo insinúa el informe de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, documento que siempre conviene leer, pero que ha sido útil para tomar decisiones importantes.
Lo anterior se refiere a un conjunto de medidas. Primero, porque la ayuda internacional -algo han dicho sobre el particular algunos parlamentarios- ha sido mucho más menguada en relación con lo que parecía ser un desafío importante para las grandes potencias, las cuales habrían demostrado, a estas alturas, ser buenas para convocar, pero no la misma fuerza para asistir en los momentos decisivos.
En segundo lugar conviene mencionar la clase de cooperación. He sostenido desde hace tiempo que, valorando el tremendo esfuerzo desplegado por nuestras Fuerzas Armadas, el rol de Chile tiene que ser complementario de otro tipo de actividades, con menos incentivo en el uso de material propio del ámbito anterior, sino más enfocado a construir una sociedad distinta en un Estado que se considera internacionalmente casi como fallido. Y eso es lo que debemos tratar de recuperar.
Y, en tercer término, también se presenta el "fantasma" -deseo mencionarlo, porque me parece que ese es mi rol como Senador, para que exista transparencia en la toma de decisiones- de que en la última campaña presidencial haitiana se hizo referencia a las fuerzas internacionales como "de ocupación", que es precisamente lo que hemos tratado de evitar en el Senado, porque nuestra lógica es la de colaborar. Ello, en forma transversal.
Desde mi perspectiva, la cuestión resulta inquietante y debemos estar especialmente alertas respecto de cómo evoluciona.
Revisé el discurso pronunciado ayer por el nuevo Mandatario haitiano al asumir el cargo -dije en las Comisiones unidas que lo haría-, y, afortunadamente, no contiene ninguna referencia negativa relacionada con dicho planteamiento, lo que estimaba decisivo para mi voto.
Considero que no es posible cantar victoria, porque no se ha llevado a cabo una acción de la cual el mundo pueda sentirse orgulloso, sino que el trabajo de las Naciones Unidas ha sido claramente insuficiente, tanto en su orientación como en su contenido, por razones que tienen que ver -insisto- con la naturaleza de la ayuda, el tipo de cooperación y la visualización en el interior respecto de las tropas.
Con todo, señor Presidente , alcanzo a ver algunas señales algo más positivas para el futuro. Y eso me lleva a votar en esta ocasión a favor, tal como lo hice las dos veces anteriores. Es algo que se vincula -y se lo recuerdo a los señores Ministros presentes- con la idea de ir reconfigurando en forma paulatina el uso de la fuerza internacional, como aparece en el informe, y con la colaboración para que la MINUSTAH pase del Capítulo VII al VI. El cambio es complejo, con un cierto riesgo por el menor uso de la fuerza, pero de un significado mucho más profundo en cuanto a la concentración en proporcionar más sustento a las tareas de la construcción institucional.
Entiendo que el 15 de julio será un día muy relevante -y lo han planteado así varios Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra- para estos efectos, pues se tomará una decisión conjunta.
Pero al menos observo una línea en orden a comprender que la permanencia del estado de cosas no es buena ni para Haití ni para el mundo -incluido Chile, obviamente-; que es fundamental repensar a fondo la forma de colaborar con el país centroamericano.
Jamás hemos pretendido desde estas bancas negar apoyo, menos a una nación que pasa por momentos difíciles. Estos datan de mucho antes del terremoto de 2010. Claramente, la situación es casi de retroceso.
Visualizo que tendrá lugar un "nuevo trato", por así llamarlo, sobre la base de tener en cuenta la cuestión de fondo en Haití y el tipo de cooperación que requiere, de institucionalidad, de Estado que pueda generarse con el aporte de otros países.
Porque no basta con sentir que se cumple la tarea simplemente porque se registra la presencia de militares, los que, dicho sea de paso, están exponiendo sus vidas. ¡Dios no lo quiera! Ayer, mientras asumía el nuevo Mandatario, hubo un incidente en otro lugar en Haití que involucró a tropas internacionales, resultando muertos varios haitianos. Y ello va generando una lógica respecto de ese contingente que, en lo personal, me preocupa.
Por eso, comprendiendo que nos encontramos ante un problema sumamente complejo, pero haciendo fe en lo que nos han planteado los señores Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa en cuanto al nuevo espíritu y ambiente que deberían prevalecer en las relaciones con dicho país, voy a votar a favor de la solicitud. Abrigo la convicción de que no se trata solo de palabras y de que si nos toca en un año más rever el asunto no seguiremos con la misma argumentación.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , no participo en las Comisiones de Defensa y de Relaciones Exteriores, que estudiaron unidas la materia con bastante rigurosidad. Sin embargo, me he preguntado desde hace mucho tiempo -al igual que numerosos chilenos, seguramente- qué hace que un país como el nuestro permanezca todavía en Haití, después de siete años, más aún si somos la nación más alejada de ese territorio y no poseemos intereses geopolíticos en la zona; o sea, no existe un área de influencia para Chile.
En consecuencia, creo que nuestra permanencia tiene que ver, en primer término, con razones y compromisos humanitarios, es decir, con la convicción de nuestro Estado -de los Gobiernos anteriores y del actual- de que se está cumpliendo una labor relevante en ese país.
En segundo lugar, dice relación con un compromiso formal con Naciones Unidas, que se encuentra vigente. Y ello explica por qué la ONU financia buena parte de la MINUSTAH.
Y, en tercer lugar -aunque poco se ha hablado de ello-, esta misión surge en los tiempos en que se discutía el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y esta potencia veía con buenos ojos que un país latinoamericano desempeñara un rol destacado en la zona. Por lo tanto, si uno quisiera tomarlo desde ese punto de vista, se podría decir que Estados Unidos nos metió en esto. En esa época hubo una petición concreta en tal sentido.
El Senador Tuma recordó una visita que realizamos cuando se debatía la segunda prórroga, que entonces era semestral. Por iniciativa propia, estando como observadores en la elección de República Dominicana, cruzamos el lago Enriquillo y llegamos a mirar lo que pasaba en el territorio vecino. Todo ello, por supuesto, coordinado con la fuerza destacada allí, con la embajada de Chile en Haití y con la Cancillería. Y, no siendo Senadores, sino Diputados, logramos aportar, modestamente, un informe que en su oportunidad entregamos a los Ministerios de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores.
Claramente, los tiempos han cambiado, la situación es distinta. Hoy el rol de nuestra fuerza es diferente del de hace cinco o seis años.
Como se ha mencionado, se partió en tareas, no sé si propiamente militares, porque lo que nosotros observamos ahí fueron más bien labores de policía, bien valoradas por lo demás. Y lo digo a propósito de lo manifestado por el Senador Coloma . No discuto lo que se señaló en la última campaña habida en Haití en cuanto a que se trataba de fuerzas de ocupación. Pero a nosotros varias organizaciones políticas con vasta influencia en la zona -algunas de ellas bastante radicalizadas, como Fanmi Lavalas -, nos expresaron, al igual que la Iglesia, la Cancillería -al inicio del Gobierno de Préval-, que la misión chilena estaba cumpliendo una gran labor, primero, en lo relativo al restablecimiento del orden, incluido el desarme de bandas que había en todos los cerros, y luego, en la mantención de la aún pobre institucionalidad vigente en dicha nación. Y a eso debemos agregar tareas en el ámbito sanitario (existe allí una tasa de sida superior a 70 por ciento) y un sinfín de actividades de la más diversa índole.
En ese sentido, destaco la presencia en la Sala del Jefe del Estado Mayor Conjunto y de los Ministros de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, por su preocupación y por el seguimiento que han realizado en esta materia.
No soy experto en temas militares ni mucho menos, pero Chile desarrolla ejercicios conjuntos con fuerzas de países vecinos y latinoamericanos en general, y me parece que eso es lo cotidiano. Porque cuando un piloto chileno conduce una aeronave y toda la tripulación es peruana, colombiana, ecuatoriana o argentina, se adquiere una experiencia. Y eso es positivo.
A propósito de toda esta discusión acerca de la existencia de una carrera armamentista y cómo frenarla, pienso que lo mejor es que cada país vaya conociendo -se está trabajando con fuerzas de elite argentinas, peruanas, etcétera- lo que los otros están haciendo.
Y, claro, hoy las razones de nuestra permanencia son distintas.
Aquí se ha mencionado -lo deseo destacar- la presencia de un nuevo chileno a cargo de la MINUSTAH: el ex Canciller Mariano Fernández (antes estuvo Juan Gabriel Valdés) , lo cual de alguna forma también nos compromete a culminar en buenos términos este proceso.
En tal sentido, el Senador Tuma tiene toda la razón en cuanto a la importancia de empezar a trabajar en un plan de retiro de Haití. Probablemente, lo fácil era llegar, y lo difícil, salir, abandonar ese territorio, como bien lo señaló el Presidente de la Comisión de Defensa , Senador Prokurica.
Señor Presidente , valoro lo que están realizando el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Investigaciones y Carabineros, en especial esta última entidad, que está llevando adelante una labor de docencia y de formación de policías. Porque -insisto- en el lugar había inseguridad, inestabilidad y una total falta de fuerzas policiales.
Por eso, las funciones que se están cumpliendo son todavía relevantes. Y los costos no son asumidos totalmente por nuestro país, pues en esta materia existe un compromiso importante de las Naciones Unidas. Además, entiendo que se gana experiencia en el trabajo conjunto con fuerzas armadas de distintos países, entre ellos algunos vecinos. Y pienso que todavía queda pendiente una parte de ese desafío.
Lo relevante, creo yo, es cómo ir reemplazando las fuerzas militares por fuerzas civiles. Haití es un país sin red caminera. Lo constatamos en terreno. Tampoco tiene red sanitaria, alcantarillado. Por lo tanto, en la medida en que empecemos a reemplazar personal militar por personal civil probablemente encontraremos una salida mucho más fácil para cuando llegue el momento del retiro, el cual espero, igual que otros señores Senadores, que no se produzca en un horizonte muy lejano.
A la luz de los antecedentes mencionados, señor Presidente , respaldaré la prórroga de la permanencia de tropas y medios nacionales en Haití.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- ¿El señor Canciller desea agregar algo antes de la votación?
El señor MORENO ( Ministro de Relaciones Exteriores ).- Lo haré después, señor Presidente .
Gracias.
El señor GIRARDI (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba la prórroga, por un año, para la permanencia de tropas y medios nacionales en Haití (24 votos a favor, una abstención y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende y Alvear y los señores Bianchi, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Girardi, Horvath, Larraín (don Hernán), Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Orpis, Prokurica, Quintana, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvo el señor Novoa.
No votó, por estar pareado, el señor Pérez Varela.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Canciller.
El señor MORENO ( Ministro de Relaciones Exteriores ).- Señor Presidente , agradezco muy especialmente el apoyo otorgado por los señores Senadores a la solicitud formulada por el Presidente de la República para autorizar la prórroga de la permanencia de tropas y medios nacionales en Haití.
Chile adquirió un compromiso con la seguridad y la estabilidad de la región. Y no hay duda de que esta es una demostración bastante clara de la fortaleza de nuestras instituciones políticas, hecho ampliamente reconocido en la comunidad internacional y que de forma paulatina ha venido constituyéndose en un elemento esencial de nuestra política exterior.
Sin embargo, más allá de los aspectos políticos y económicos que pueden estar involucrados en la decisión de participar en esta misión de Naciones Unidas, existen factores de carácter humanitario que hacen imperativa esta cooperación con Haití.
Chile es un país de valores, de convicciones, donde la solidaridad se manifiesta de modo muy claro en la política exterior, y con mayor compromiso si esto sucede en nuestra propia región. De esta manera, nuestra nación ha desplegado sus tropas en misión de paz y realizado distintos programas de desarrollo social en la isla.
No es de extrañar, entonces, que la opinión pública chilena se haya identificado con esta tarea solidaria hacia un pueblo hermano de nuestra región, generándose, así, una consecuencia entre la decisión política y el sentimiento ciudadano.
Tenemos el pleno convencimiento de que esta clase de misiones son, por su naturaleza y tal como aquí se ha indicado, temporales, y de que resulta necesario ir generando condiciones suficientes para un retiro gradual de nuestros efectivos.
De esta forma, es claro que Haití debe caminar hacia un proceso de construcción y consolidación de sus instituciones, para lo cual, naturalmente, se requerirán esfuerzos adicionales que habrán de contar con una amplia solidaridad latinoamericana y mundial.
La experiencia ha demostrado que resulta imposible pasar a etapas superiores de desarrollo si no se cuenta con el elemento básico de la seguridad, que es, precisamente, el que proporcionan las tropas en la actualidad.
Por consiguiente, ahora viene un esfuerzo importante a nivel regional para colaborar en el desarrollo de Haití, el que debe contar con la dirección y la plena aprobación del Gobierno que acaba de asumir hace solo un par de días.
Por último, deseo resaltar el hecho de que la participación de Chile en la MINUSTAH es sumamente valorada en el contexto de Naciones Unidas, lo cual ha llevado a que por segunda vez haya sido designado un chileno como Representante Especial del Secretario General de la ONU en Haití. Ello, naturalmente, representa un legítimo orgullo y también un reconocimiento para nuestro compatriota y ex Canciller Mariano Fernández .
Muchas gracias.
DEFENSA JURÍDICA DE VÍCTIMAS DE DELITOS
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Siguiendo con el Orden del Día, corresponde ocuparse del proyecto de reforma constitucional, en tercer trámite, que establece la obligación de otorgar defensa penal y asesoría jurídica a las personas naturales que han sido víctimas de delitos y no pueden procurársela por sí mismas, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5408-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (moción de los Senadores señores Espina, Allamand, García, Prokurica y Romero):
En primer trámite, sesión 58ª, en 16 de octubre de 2007.
En tercer trámite, sesión 77ª, en 15 de diciembre de 2010.
Informes de Comisión:
Constitución: sesión 2ª, en 12 de marzo de 2008.
Constitución (segundo): sesión 15ª, en 29 de abril de 2008.
Constitución (tercer trámite): sesión 13ª, en 3 de mayo de 2011.
Discusión:
Sesiones 7ª, en 2 de abril de 2008 (se aprueba en general); 16ª, en 30 de abril de 2008 (queda pendiente su votación); 17ª, en 6 de mayo de 2008 (se aprueba en particular).
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- La iniciativa se inició en moción de los Honorables señores Espina, García y Prokurica y de los ex Senadores señores Allamand y Romero.
En el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados sustituyó el proyecto despachado por el Senado e introdujo modificaciones al artículo 19 de la Carta Fundamental, en el número que se refiere a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos de las personas, estableciendo que la ley señalará los casos y la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas y que todo imputado de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistido por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la oportunidad indicada por la ley.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobó la enmienda realizada por la otra rama del Parlamento por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señora Alvear y señores Espina y Patricio Walker).
Hago presente que la modificación de la Cámara de Diputados requiere para su aprobación el voto favorable de 24 señores Senadores.
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión el cambio introducido.
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente , este proyecto de reforma constitucional pasó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en tercer trámite constitucional, por lo cual nos correspondió conocer las enmiendas que la Cámara de Diputados efectuó en el segundo trámite al texto aprobado por el Senado.
Como sabemos, la iniciativa, originada en moción de los Honorables señores Alberto Espina , José García , Baldo Prokurica y de los ex Senadores señores Andrés Allamand y Sergio Romero , busca, como propósito central, establecer en la Carta la obligación de proporcionar asesoría y defensa jurídica a las personas que han sido víctimas de delitos y que no disponen de los medios para costearla por sí mismas.
Debo hacer notar que si bien ambas Corporaciones acogieron esta enmienda constitucional, hubo diferencias acerca de la ubicación que tendría dentro del Texto Fundamental, de la cual, como sabemos, deriva el quórum requerido para su aprobación.
Así, mientras el Senado la incluyó en el artículo 83, que consagra la existencia del Ministerio Público y sus atribuciones y establece el derecho del ofendido y de las demás personas que la ley determine a ejercer la acción penal, la Cámara de Diputados prefirió ubicarla en el numeral 3° del artículo 19, referido a la garantía constitucional de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos de las personas.
Cabe destacar, además, que la Cámara Baja complementó el texto de nuestra Corporación con otra enmienda destinada a consagrar el derecho del imputado a ser asistido por un abogado defensor proporcionado por el Estado, instaurando así en la Carta Fundamental un principio ya recogido por la normativa que regula la Defensoría Penal Pública.
Asimismo, en relación con las víctimas, la nueva redacción les asegura en forma expresa la gratuidad de la asesoría y la defensa jurídica a que tendrán derecho.
La Comisión de Constitución realizó su análisis y consideró adecuada la reformulación del proyecto efectuada por la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional, destacando que, de este modo, la reforma planteada se integrará de manera más sistemática en la Carta Fundamental.
Por estas razones, el órgano técnico, por la unanimidad de sus miembros presentes, resolvió apoyar el texto propuesto por la Cámara de Diputados y recomendar a la Sala proceder en iguales términos.
Finalmente, debo hacer presente que en la Comisión se analizaron con el señor Ministro de Justicia -quien asistió a sus sesiones- distintas fórmulas que podrían aplicarse para poner en ejecución la garantía constitucional que se está incorporando a la Carta Fundamental en favor de las víctimas de delitos, entre las cuales la más idónea parece ser la de confiar esta tarea a las Corporaciones de Asistencia Judicial.
Se resaltó que dichas instituciones están logrando muy buenos resultados prácticos y que debe avanzarse en el propósito de fortalecerlas.
Naturalmente, las diversas inquietudes que se plantearon en esta oportunidad podrán examinarse una vez que se discutan en el Parlamento las correspondientes iniciativas legales.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
Para no intervenir de nuevo, voy a agregar de inmediato un comentario de carácter personal.
A mi juicio, luego de la tramitación en ambas Cámaras, el proyecto efectivamente ha mejorado.
Al mismo tiempo, me deja tranquila la respuesta del señor Ministro de Justicia en la Comisión en cuanto a la necesidad de fortalecer a las Corporaciones de Asistencia Judicial, que son los órganos que ofrecen asesoría jurídica gratuita a quienes no tienen la posibilidad de contratar a un abogado.
Es evidente que tales entidades requieren modificaciones bastante profundas. Y espero que muy pronto estemos en condiciones de conocerlas en la Sala del Senado, para que la nueva garantía constitucional se concrete en la práctica en favor de las personas más vulnerables de nuestro país.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor BULNES ( Ministro de Justicia ).- Gracias, señor Presidente .
Esta reforma constitucional, como bien explicaba la Honorable señora Alvear , se viene gestando desde el año 2007.
Había sido aprobada en líneas generales conforme a un texto que la situaba en el artículo 83 de la Carta Fundamental. Este año se reimpulsó la materia y se trabajó en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados en una adecuación que, sin alterar la finalidad perseguida, cual es consagrar, desde la perspectiva constitucional, el derecho de las víctimas a contar con asesoría jurídica gratuita para poder ejercer las acciones que la misma Carta Fundamental les reconoce, cambió la reforma de ubicación, trasladándola al artículo 19, número 3°, dentro de las garantías constitucionales que regulan el derecho a defensa. Concordamos con esta modificación, que nos pareció más acertada desde un punto de vista orgánico.
Asimismo, cabe destacar, como ya lo hizo la Senadora Alvear, que se agregó como parte de la enmienda algo que no estaba en nuestra Carta Política, aun cuando ya formaba parte del espíritu tácito del constituyente: reconocer que toda persona imputada de delito también tiene derecho a asistencia jurídica gratuita en el evento de que no pueda procurarse un abogado por sus propios medios.
Finalmente, y más allá de ese cambio orgánico, que no altera la esencia de lo que en su momento aprobó este Senado, deseo recordar que en la Cámara de Diputados se discutió también la manera como el Ejecutivo piensa implementar o hacer efectiva esta garantía constitucional que la reforma entrega a la ley.
Como bien se indicó, nuestra idea no es crear un órgano distinto -lo cual podría afectar el sano funcionamiento del Ministerio Público y la reforma procesal penal-, sino fortalecer el sistema de las Corporaciones de Asistencia Judicial, que ya está operativo. Para eso estamos trabajando en una importante enmienda que vamos a presentar al Congreso Nacional durante este año. Y su objetivo es, básicamente, profundizar el trabajo realizado por los Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI), que funcionan cien por ciento con profesionales y no con egresados de Derecho.
Vamos a seguir estudiando esa idea, que fue parte de las cosas que conversamos en la Cámara de Diputados y que planteo ahora en el Senado, como lo hicimos en su Comisión de Constitución.
También nos comprometimos a presentar una iniciativa en orden a reformular las Corporaciones de Asistencia Judicial, de manera que esta reforma al Texto Fundamental no quede plasmada simplemente como una aspiración entregada a la ley y que jamás se concrete, sino que, por el contrario, tenga una materialidad en la cual hacerse efectiva.
Señor Presidente , estamos convencidos de que la reforma constitucional en análisis, largamente anhelada, está en sintonía con lo que espera la ciudadanía: que se reconozca también ese derecho a las víctimas.
Por lo tanto, estamos convencidos de que lo efectuado tanto por esta Corporación como por la Cámara de Diputados va en la dirección correcta.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Solicito autorización para abrir la votación.
El señor LARRAÍN.- Conforme, pero si se conserva el tiempo de las intervenciones.
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se procederá en la forma señalada.
--Así se acuerda.
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente , ante todo, quiero agradecer a quienes nos invitaron a participar en este proyecto -en particular, al Senador señor Espina , quien trabajó principalmente en su elaboración- y destacar que su objetivo es establecer en la Constitución Política de la República la obligación de que el Estado asegure defensa penal y asesoría jurídica a las personas naturales que hayan sido víctimas de hechos que revisten el carácter de delitos y que no disponen de los medios económicos para procurárselas.
El debate acerca de la defensa jurídica de las víctimas evidencia uno de los problemas de nuestro sistema procesal penal, cual es la incompatibilidad de los dos roles que asume el fiscal: el de investigador y acusador, y el de defensor de las víctimas.
Ese problema surge al incorporar en un sistema acusador el derecho de la víctima a querellarse. En otros sistemas acusatorios, el afectado carece de tal derecho y le compete exclusivamente al Estado el rol activo en el proceso, en especial si se trata de delitos de acción pública.
Pues bien, fue decisión de quienes implementaron legalmente la reforma el mantener ese derecho, propio de un sistema inquisitivo antiguo -aun cuando las características del nuevo proceso se asimilaban casi en su totalidad a las de un procedimiento judicial moderno-, radicado en el fiscal, quien ha de cumplir el rol de protector, pero dotándolo del principio de objetividad, a menudo incompatible con los intereses directos de las víctimas.
A raíz de lo anterior se suscitó, ya en los primeros años de la reforma, una suerte de insatisfacción de las víctimas con el sistema, pues en muchas ocasiones querían una solución distinta a la que resultaba más conveniente para el fiscal y para el sistema. Por ejemplo, el procedimiento abreviado o la salida alternativa por lo general no implican la pena más alta aplicable, lo que genera el alejamiento y desconfianza del ofendido. Las personas que tienen dinero para pagar un abogado siempre actúan a través de este, quien presiona de manera constante al fiscal y colabora con él, lo que genera una situación desigual e injusta. Y es precisamente aquí donde radica la importancia del proyecto.
El Código Procesal Penal contiene un conjunto de normas cuya finalidad es regular la intervención del tribunal, del Ministerio Público, del imputado y de la víctima. Y en la investigación y juzgamiento de los delitos es posible distinguir, a lo menos, los intereses de la comunidad, los del imputado y los de la víctima.
Las normas constitucionales y legales vigentes que se refieren a la materia tienden a velar por el respeto y la protección de los derechos tanto de la víctima como del imputado. Y en el caso de aquella el tribunal y el Ministerio Público se hallan obligados a brindarle protección y a garantizarle el ejercicio de sus derechos. Así lo disponen, entre otros, los siguientes artículos: 83 de la Constitución Política de la República; 6° del Código Procesal Penal; 14, letra a), del Código Orgánico de Tribunales, y 1° de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.
No obstante lo anterior, ni la Carta Fundamental ni la ley aseguran al afectado por un delito, de modo específico, el derecho a contar con asesoría legal y representación por un letrado en las distintas etapas del procedimiento.
La situación descrita contrasta con la del imputado, a quien se le garantiza ese derecho tanto por el artículo 19, incisos segundo y tercero del número 3° de la Constitución Política cuanto por los artículos 8° y 93, letra b), entre otros, del Código Procesal Penal. Y tal derecho -desde el punto de vista de la obligación del Estado de proporcionarle asesoría jurídica y defensa penal- se materializa y concreta a través de la Defensoría Penal Pública.
En efecto, el artículo 2° de la ley N° 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública, señala lo siguiente: "La Defensoría tiene por finalidad proporcionar defensa penal a los imputados o acusados por un crimen, simple delito o falta que sea de competencia de un juzgado de garantía o de un tribunal de juicio oral en lo penal y de las respectivas Cortes, en su caso, y que carezcan de abogado.".
Si bien es factible que los incisos segundo y tercero del número 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República no distinguen entre víctimas e imputados y que podría afirmarse que tales derechos también se aseguran a las víctimas de delitos, lo cierto es que las normas de rango legal relativas a la materia han reconocido solo a los imputados el derecho a que el Estado les garantice asesoramiento jurídico y defensa penal cuando carecen de los medios para proporcionárselos.
Todo lo anterior se traduce en una gran desigualdad en la forma de proteger y asegurar los derechos de la víctima y del imputado en el proceso penal. No debe olvidarse que el Ministerio Público no representa los derechos de la víctima, pues solo está obligado a brindarle protección, y que esta misma obligación pesa sobre los jueces de garantía y las policías.
Según información emanada del Ministerio Público, durante el año 2006 ingresó al sistema un total de 937.557 víctimas directas e indirectas de delitos, de las cuales solo 26.105 fueron derivadas a las Unidades Regionales de Atención de Víctimas y Testigos; vale decir, el 2,8 por ciento. Y esta ínfima cantidad de víctimas solo recibe ayuda correspondiente a gastos de traslado, habitación, lucro cesante, atención médica y psicológica, y protección.
Lo grave y desigual en relación con los imputados es que de las 937.557 víctimas ingresadas en el 2006, ya referidas, ninguna tuvo asesoría legal por parte del Estado, mientras que todos los imputados que la requirieron la recibieron a través de la Defensoría Penal Pública.
El proyecto de reforma constitucional que nos ocupa pretende corregir esta situación de desigualdad ante la ley entre víctimas e imputados, asegurando también a las primeras la posibilidad de contar con asesoramiento y defensa jurídica en todas las etapas del procedimiento penal.
El Estado deberá asegurar ese derecho respecto de las personas naturales que carezcan de recursos para procurarse por sí mismas la debida asesoría y defensa.
Por ello, señor Presidente , considero que la modificación constitucional en análisis es de extraordinaria relevancia, porque muchas veces quienes son parte de un proceso en el nuevo sistema procesal penal quedan insatisfechos al ver que al delincuente el Estado le proporciona atención jurídica mediante un abogado de la Defensoría Penal Pública y, en cambio, la víctima o su hijo o un familiar que ha sido objeto de un delito no cuenta con ella.
Reitero: este es un proyecto importante, sumamente necesario. Y por eso, solicito su aprobación -ojalá unánime- por el Senado.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , nos encontramos analizando una reforma constitucional de enorme trascendencia. En cierto sentido, uno podría pensar que no sería necesaria, porque el inciso tercero del número 3° del artículo 19 de la Constitución establece: "La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos.". Es decir, la función de entregar asesoría jurídica en el ámbito penal a quienes carecen de los recursos para financiarla estaría satisfecha, o debería estarlo.
Por lo demás, ello forma parte de una cierta tradición que mantiene sobre todo el Colegio de Abogados, a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial, con el propósito de otorgar asesoría gratuita ante los tribunales de justicia a aquellos que la requieran. Sin embargo, la que tradicionalmente se ha otorgado en el ámbito penal no es del todo efectiva.
Por eso, con la reforma procesal penal, tal situación tuvo un nuevo enfoque, por cuanto se entendió, desde su aprobación, que la asistencia jurídica debe concentrarse en la persona imputada ante el juez de garantía por el fiscal del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque se pensó en la necesidad de contar con una contrapartida en el nuevo proceso penal entre el fiscal, que investigaba y acusaba, y el imputado que requería defensa. En ese sentido, la ayuda que el Estado otorga desde entonces se ha dirigido a aquellos imputados en algún proceso penal o en determinada investigación que sigue el Ministerio Público. Por tanto, la misión de apoyo ha sido efectiva.
¿Qué pasa, sin embargo, con las víctimas? Se suponía que la preocupación por ellas quedaba recogida desde el momento que la persecución criminal encargada a un organismo constitucional como el Ministerio Público les daba plenas garantías de que sus intereses serían cubiertos.
No obstante, con el correr del tiempo, se pudo apreciar que eso no ocurría así, porque el Ministerio Público, según lo prescrito en la Constitución, es un organismo cuyo propósito apunta a dirigir "en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley.".
En consecuencia, al tenor del texto constitucional no se desprende que el Ministerio Público tenga como misión defender los intereses de las víctimas, sino investigar los hechos constitutivos de delito y la participación punible que, de ser acreditada, deberá dar inicio a la acción pública.
Asimismo, el artículo 83, inciso primero, de la Carta Fundamental consagra: "De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos", que no es exactamente lo mismo que defender sus derechos, su mirada, su percepción de lo que involucra el acto ilícito que las ha afectado.
Por lo tanto, de hecho, las víctimas que carecen de recursos y que no pueden contratar a un abogado por sí mismas no tienen en el Ministerio Público un representante, dado que su misión es realizar la investigación, más allá de la visión que sobre ese particular puedan tener las víctimas.
En tal sentido, se origina aquí una razón de indefensión en quienes han sido objeto de actos ilícitos cuando carecen de recursos para procurarse defensa por sí mismos.
Adicionalmente, es dable puntualizar que, en virtud de la aplicación práctica de algunos principios establecidos en la reforma procesal penal, esta situación se acentúa aún más. En efecto, la aplicación que hacen los fiscales del principio de oportunidad provoca que una cantidad considerable de delitos queden sin persecución, lo cual significa que las víctimas, por no contar con el dinero necesario, no pueden tener la asesoría de un profesional ni tampoco el Estado está en condiciones de prestarles los servicios de un abogado para defenderlas.
En resumen, tanto por la forma como se desarrolló la reforma procesal penal, en el sentido de que el Ministerio Público no es el abogado de las víctimas, como por el ejercicio del principio de oportunidad que deja muchos delitos o actos ilícitos impunes, las personas afectadas que carecen de recursos y no pueden financiar una defensa judicial por sus propios medios quedan en total indefensión.
Ese es el problema que pretende revisar la reforma constitucional presentada por un grupo de colegas de Renovación Nacional -los entonces Senadores Andrés Allamand y Sergio Romero , y los Honorables señores Espina , García y Prokurica -, a quienes felicitamos por su iniciativa.
Por otra parte, hemos venido levantando este planteamiento desde hace mucho tiempo. Y cuando durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet buscamos consensos para resolver problemas pendientes en materia de seguridad pública, entre otras cosas, uno de los puntos incluidos fue el que finalmente se logró entre dicha Administración y la Oposición de entonces en la línea de incluir la defensoría de las víctimas dentro del sistema de protección legal.
Es decir, se trata de una visión que se arrastra desde hace algunos años -esta iniciativa data de 2007-, sobre la base del Acuerdo de Seguridad entre el Gobierno de la Presidenta Bachelet y la Oposición de la época, que nos tocó representar, a través del cual se establecieron la conveniencia y la necesidad de incorporar en el Texto Constitucional los principios a que me he referido.
Y lo que hicieron los Senadores que mencioné fue presentar un proyecto que originalmente contenía una modificación al artículo 83 de la Constitución, referido al Ministerio Público. Pero, como una manera de ordenar y de hacer razonable su texto, la Cámara de Diputados con posterioridad incorporó en el artículo 19, número 3º, inciso tercero, la precisión de que debe agregarse la defensoría de las personas naturales en el ámbito penal -esto es, cuando sean víctimas de delitos- para disponer de asesoría jurídica gratuita en los términos que señale la ley.
Por esos motivos, señor Presidente , pienso que esta es una aspiración muy sentida en el país. La experiencia que recogemos en nuestras propias oficinas y, en general, en las Regiones que representamos muestra que la sensación de muchas víctimas es que la legislación no les entrega los mismos beneficios que a los imputados; es decir, los culpables, los responsables de los delitos que las han perjudicado. ¡Ellos sí -el autor, cómplice o encubridor- tienen defensa, pero los afectados no!
Esa sensación no me parece razonable, justa ni forma parte de los objetivos de la reforma procesal penal. Por tanto, resulta imprescindible corregirla.
Así, el Ministerio Público podrá seguir con toda libertad en su ámbito de investigación con la imparcialidad que requiere. Habitualmente podrán confundirse sus intereses con los de las víctimas, pero no siempre. Y por eso ellas podrán contar, por la vía antes descrita, con la defensoría necesaria para asegurar la representación de sus derechos.
De este modo, se logra equilibrio, equiparidad de las partes, en el proceso penal y, con ello, se resuelve una inquietud ciudadana que veía en esa indefensión una enorme injusticia.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , deseo dejar constancia de mi agrado por votar la presente reforma constitucional, pues durante muchos años hemos escuchado las intervenciones del Senador señor Espina sobre la injusticia e inequidad que se producía en el proceso penal, las cuales se reparan con la iniciativa que Su Señoría ha presentado junto con los ex Senadores señores Allamand y Romero y nuestros actuales colegas señores Prokurica y García .
Nosotros vemos que los delincuentes atacan a las personas, las dejan sometidas a una depresión tremenda y les provocan una humillación muy grande. ¡Y ante un hecho que prácticamente les cayó del cielo, más encima tienen que defenderse! Sin embargo, muchas víctimas no cuentan con los recursos económicos necesarios y quedan en completa indefensión.
Esta reforma constitucional subsana algo que resultaba muy lamentable, según indicaron varios colegas y como lo ha manifestado especialmente en esta Sala el Senador Espina en reiteradas oportunidades. Espero que con eso Su Señoría quede más tranquilo, porque se está haciendo justicia a un sector importante del país.
Dice la nueva norma: "La ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos, dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes.".
Por medio de esta disposición, a muchas personas que fueron víctimas de un atraco o de una humillación -como hemos visto en los diarios y en otros medios de comunicación-, a consecuencia de lo cual quedaron deprimidas y adoloridas, el Parlamento les está diciendo: "Señores, ustedes también serán escuchados y tendrán el respaldo que el Estado de Chile está obligado a darles".
Por las razones expuestas, señor Presidente, voto a favor esta reforma constitucional con mucho agrado.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente , este es un proyecto que el Senador señor Espina viene impulsando desde hace muchos años. Afortunadamente, hoy lo votamos en la Sala.
La verdad es que el derecho a la defensa jurídica de las víctimas ya se encuentra consagrado en el artículo 19, número 3°, de la Carta Fundamental; pero en la práctica solo funciona para quienes cuentan con recursos para contratar a un abogado y para las personas que son asesoradas por las Corporaciones de Asistencia Judicial, que atienden una cantidad limitada de ciudadanos.
Lo más relevante de la reforma constitucional en votación es que contempla una norma que es perentoria. No habla de "podrá". Dice: "La ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos, dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas," -destaco "gratuitas"- "a efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes.".
Además, es importante indicar que tal derecho se consigna como irrenunciable. ¡Irrenunciable!
Cabe resaltar que se precisa un amplio quórum para incorporar las enmiendas propuestas, dado que ellas recaen en el Capítulo III de la Constitución Política. Según su artículo 127, para aprobar la reforma se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los Senadores en ejercicio.
En realidad, ha habido consenso sobre el particular. El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Se abrió discusión acerca de si convenía incorporar las enmiendas en el artículo 83 de la Carta, relativo al Ministerio Público. Pero, en verdad, tiene mucha más potencia, más fuerza, incluirlas en el Capítulo III, De los Derechos y Deberes Constitucionales.
Asimismo, señor Presidente , junto con aprobar la reforma, es importante apoyar -esto lo planteamos con la Senadora señora Alvear - la labor de la División de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, como una medida complementaria. Nunca tenemos que olvidarnos de ello.
Y se debe respaldar más a las Corporaciones de Asistencia Judicial. El Ministro Bulnes nos decía que ya hay 45 sedes funcionando a largo y ancho de Chile.
Es relevante que se esté caminando en la lógica de que sean abogados titulados quienes defiendan a las víctimas de delito. Recuerdo que, cuando hacíamos la práctica en tales corporaciones -constituía un requisito para titularse-, los más beneficiados éramos los postulantes. Las pobres personas que uno atendía, probablemente, no contaban con el mejor defensor.
Me parece de gran transcendencia que el Ministro apunte a profesionalizar las Corporaciones de Asistencia Judicial a fin de que sean abogados titulados quienes defiendan a la gente. ¡No puede ser que una persona, por carecer de recursos, deba conformarse con la labor de un postulante!
Naturalmente, es importante ese cambio a nivel de políticas públicas.
Por supuesto, en esta materia debe haber un principio de bilateralidad. Hoy día quien que comete delito efectivamente tiene derecho a ser defendido. Pero lo lógico es que también la víctima cuente con tal posibilidad, con financiamiento del Estado. Solo así existirá cierta simetría en la situación de ambas personas.
Falta conocer, señor Presidente , una vez aprobada esta reforma constitucional, el contenido del proyecto de ley que materializará y hará carne en la práctica el derecho a defensa de la víctima. En la Comisión de Constitución esperamos trabajar pronto en la correspondiente iniciativa.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , de frentón, creo que esta reforma constitucional es innecesaria. Y fundamentaré mi posición en la siguiente razón y en algunos hechos.
Existe el malentendido de que el delincuente tiene protección, apoyo jurídico, y la víctima no. Pero sucede que la principal pretensión de esta última es que se establezcan las responsabilidades de quien cometió el delito. Por lo tanto, aquí no estamos ante una situación de indefensión o de impunidad.
A mi juicio, el proyecto de ley viene a dudar de la institucionalidad vigente.
Por algo, cuando se analizó la reforma procesal penal -impulsada por la Senadora señora Alvear , en ese tiempo Ministra de Justicia -, dicho asunto nunca estuvo en discusión. Y no existen ahora antecedentes estadísticos que fuercen tal debate, en absoluto.
Con esta iniciativa se pretende presentar hacia afuera que nuestra institucionalidad va a brindar protección a las víctimas, como si no la tuvieran.
Al respecto, ha habido aprensiones de parte de todos los organismos del Estado del ámbito jurisdiccional: de la Fiscalía, de los jueces de garantía y de la propia Defensoría.
Todos los estudios señalan que la incorporación del querellante particular en el proceso penal -porque, en definitiva, eso plantea el proyecto- no genera un impacto significativo.
Según una investigación realizada entre los años 2005 y 2006 en las comunas de Valdivia, Osorno y Puerto Montt, en casi todos los juicios en que participó el querellante particular terminó adhiriendo total o parcialmente a la acusación hecha por el fiscal.
Lo mismo se desprende de un estudio efectuado por jueces de tribunales orales en lo penal de distintos lugares del país, donde la eficacia del querellante particular es puesta en tela de juicio por completo. Solo en el 2 por ciento de los casos este obtuvo un resultado favorable desde el punto de vista de su pretensión jurídica. Es tan bajo el número que resulta cuestionable que ello sea fruto de su intervención. En mi opinión, tal porcentaje está dentro de lo que cabría denominar "margen de error".
Hay quienes creen que lo planteado podría ser incluso contraproducente y contrario al espíritu que anima a los autores de la iniciativa, el cual es muy loable. Eso yo lo entiendo.
Según el estudio antes referido, solo en el 3,5 por ciento de las causas en que el fiscal decide no perseverar o solicita el sobreseimiento, el querellante -particular, en este caso; o sea, el abogado que el Estado pondrá a disposición de la víctima- ejerce su derecho a forzar la acusación.
En definitiva, yo diría que la incorporación del querellante particular en el sistema es completamente marginal en términos de impacto. Espero que de aquí a un año las cifras, demuestren algo distinto.
Por otra parte, cabe señalar que la Fiscalía -como bien recordó la Senadora señora Alvear - cuenta con la División de Atención a Víctimas y Testigos. Ha tenido desde siempre dicho departamento, encargado de atender a la víctima en diversos aspectos -sociales, psicológicos-, lo que da cuenta de la vulnerabilidad en que esta queda. Por ende, no queda desprotegida.
Pero la persecución penal -insisto- la hace el fiscal.
En atención a lo expuesto, esta reforma constitucional de alguna manera insinuaría que los fiscales no estarían haciendo bien su pega. Y yo no tengo ninguna razón para sustentar algo así.
El sistema de la reforma procesal penal ha funcionado extraordinariamente bien en nuestro país. Los datos son evidentes al respecto. El propio Ministro de Justicia así lo ha expresado. De hecho, en los últimos diez años se ha duplicado la cantidad de personas condenadas a prisión, lo cual refuerza la idea de que los cambios que debemos realizar no van en la dirección que se propone.
Sin embargo, comparto los criterios y las prevenciones que la Cámara de Diputados hizo en la materia.
Aquí no se plantea crear un órgano adicional, sino fortalecer la labor de las Corporaciones de Asistencia Judicial. Se brinda una oportunidad para perfeccionarlas -en ellas hoy los abogados terminan la carrera antes de titularse-, pues están bastante venidas a menos. Considerando, además, la reforma civil que viene, esta es una posibilidad clara para reorientarlas y potenciarlas.
En definitiva, señor Presidente, votaré a favor de la reforma constitucional.
En primer lugar, porque lo que abunda no daña. Insisto: las modificaciones introducidas por la Cámara Baja, que centran la propuesta en reforzar la Defensoría, pueden ser una oportunidad, aunque no creo que ello vaya a cambiar las cosas. Quizás en uno o dos años estaremos exactamente con los mismos indicadores.
Y en segundo término, porque las víctimas de menores ingresos tienen menos posibilidades de contar con un abogado querellante, a diferencia de quienes poseen mayores recursos, que sí pueden contratar a tal profesional. Ello ha ocurrido en numerosos casos; por ejemplo, en el juicio contra "La Quintrala".
Reitero: este proyecto de ninguna manera generará un resultado adverso. Sin embargo, su impacto es bastante dudoso.
A mi modo de ver, hay otras materias en las cuales debiésemos concentrar nuestro accionar si queremos reformar la justicia.
Aprovecho de señalar -no veo al Ministro de Justicia en este momento en la Sala- que las modificaciones introducidas el año pasado al Código de Justicia Militar y a la Ley Antiterrorista para terminar con el doble juzgamiento son claramente insuficientes. No lo digo yo, sino el Instituto Nacional de Derechos Humanos, muchos abogados y el propio Presidente de la Corte Suprema, quien manifiesta que se debe seguir perfeccionando la normativa vigente.
Yo creo que hay que terminar con la Ley Antiterrorista.
Hace algunos días, el Presidente del Senado -en un hecho inédito, histórico- visitó en la cárcel de Angol a los comuneros mapuches en huelga de hambre, quienes están siendo procesados con doble juzgamiento. Pese a que el Tribunal Militar de Valdivia resolvió absolverlos, su situación todavía está pendiente.
En consecuencia, los cambios en materia procesal debieran apuntar en otra dirección: en garantizar un juicio justo a todos los chilenos.
Ello significa poner atención en lo que está pasando en el "caso bombas" y sacar lecciones al respecto, a fin de asegurar procesos judiciales adecuados. Implica terminar con el empleo de testigos protegidos, porque tal práctica no propicia un juicio justo. Y garantizarlo debiese ser una aspiración del Senado.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente , en primer término y en calidad de autor de la moción -junto con los Honorables señores García y Prokurica y los entonces Senadores señores Allamand y Romero -, quiero agradecer muy sinceramente a todos los parlamentarios que han apoyado la iniciativa.
Esta reforma constitucional requiere, para su aprobación, el quórum más alto que establece la Carta Fundamental: dos tercios de los Senadores en ejercicio.
No habría sido posible discutir el proyecto en la Sala si los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento no hubieran tenido la disposición, la voluntad y el interés de estudiarlo a fondo, de modificar su texto original y de votarlo a favor.
Lo mismo digo respecto de la Cámara de Diputados. En conjunto con el señor Ministro de Justicia le introdujeron una modificación sustantiva, manteniendo el espíritu de la iniciativa.
Por supuesto, también valoro la labor de esta Sala, que, más allá de legítimas diferencias políticas, se está pronunciando a favor de lo propuesto por la Comisión. Con mucha sinceridad, agradezco a Sus Señorías.
Quienes hemos sido autores de mociones sabemos lo difícil que es lograr la aprobación de los proyectos en este sistema presidencial, más aún, cuando se trata de una reforma constitucional.
Acepto las aprensiones manifestadas sobre la materia. Sin embargo, rebatiré los argumentos entregados por quienes sostienen que la defensoría penal propuesta para las víctimas no resulta necesaria.
Lo primero que se sostiene es que los fiscales representan los intereses de la sociedad, que no pueden ser otros que los mismos de las víctimas.
Nuestro sistema penal está integrado por tres partes: por un juez de garantía, que debe resguardar los derechos constitucionales de las personas en juicio; por un defensor público, cuya función es defender al imputado, intentando demostrar su inocencia o aminorar su responsabilidad penal, según corresponda, y por un fiscal, quien, por representar al Estado, tiene como propósito, como se ha dicho, defender a la víctima.
En este último punto, señor Presidente , quiero hacer la primera corrección: ello no es así en nuestro sistema.
En Chile los fiscales están regidos por el principio de objetividad. Al respecto, el artículo 3º de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público señala expresamente: "En el ejercicio de su función, los fiscales del Ministerio Público adecuarán sus actos a un criterio objetivo, velando únicamente por la correcta aplicación de la ley. De acuerdo con ese criterio, deberán investigar con igual celo no sólo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, sino también los que le eximan de ella, la extingan o la atenúen.".
Por consiguiente, ¿cómo podría ser representante de la víctima alguien cuya función es investigar con igual preocupación si el acusado del delito es culpable o inocente? No imagino un defensor -para plantearlo de manera inversa- al que se le dé la atribución de investigar con el mismo celo si su cliente es culpable o inocente.
El rol de determinar si el imputado tiene o no responsabilidad en el delito no le corresponde al defensor. A este le compete defenderlo. La finalidad, en cambio, del fiscal es investigar los hechos que inculpan al acusado, pero, con la misma fuerza, también los que lo eximan de responsabilidad.
Por lo tanto, la víctima queda en desamparo. Nadie defiende sus derechos más allá de toda otra consideración.
El famoso y distinguido profesor de Derecho Penal don Alberto Binder, uno de los principales ideólogos de las reformas procesales penales en Latinoamérica, como la nuestra, dijo lo siguiente: el Estado "ha fracasado en su intento de subrogar el interés de la víctima, porque lo único que se ha logrado es que la víctima expropiada de su conflicto, no sea atendida por el Estado y deba sacrificar sus intereses a un dudoso interés general".
Además, sobre el 70 por ciento de las causas por delito grave en Chile -como la de robo con violencia- termina en el archivo provisional. Significa que el fiscal, luego de hacer la investigación respectiva, decidió archivarla. ¿Cuántas de esas causas se habrían archivado si la víctima del delito hubiese contado con un abogado que defendiera sus derechos?
Pero más grave aún es que el sistema de justicia chileno es absolutamente discriminatorio -como expresó un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra- con la gente modesta. Porque hoy día no está prohibido el querellante particular. Si alguien cuenta con medios económicos, puede contratar un abogado. En tal caso, este actuará en el proceso junto con el fiscal y el defensor público. Sin embargo, si se trata de una persona de escasos recursos, de familia humilde, no puede tener abogado.
No concibo un sistema judicial democrático en que las personas se someten al Derecho de la siguiente forma: el imputado de un delito recibe defensa pagada por el Estado; el fiscal investiga, con igual responsabilidad, si aquel es inocente o culpable; la víctima que cuenta con dinero tiene derecho a defensoría en el juicio, pero quien carece de plata no puede acceder a un abogado defensor propio.
Tal sistema resulta absolutamente discriminatorio con la gente de escasos recursos -es una inmensa mayoría-, a la que no le es posible pagar un abogado.
En consecuencia, creo que esta iniciativa viene a poner justicia ante una situación que no se compadece con la forma como se halla concebido nuestro sistema procesal penal.
Ahora bien, el proyecto de reforma constitucional establece que la ley señalará los casos -incluso, para delitos graves- y establecerá dónde se dará esta asesoría gratuita, en qué términos y con qué características.
Para concluir, señor Presidente, daré un ejemplo.
Durante 2006, según información aportada entonces por el Ministerio Público -no la tengo actualizada; por eso me remito a la de ese año-, en nuestro país hubo un total de 937 mil víctimas. De ellas, se derivaron a las Unidades Regionales de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT) solo a 26 mil, que corresponde al 2,8 por ciento. O sea, el 97,2 por ciento restante no recibió ningún tipo de atención, de asesoría psicológica ni de protección.
En cuanto a los delitos graves, los de mayor connotación social, la cifra de víctimas ascendió a 357 mil. Aproximadamente, 21 mil fueron atendidas por las URAVIT, lo que equivale solo al 5,9 por ciento del total.
Considero que la presente iniciativa nos dará la oportunidad de completar el paquete de la reforma procesal penal, que fue iniciada por los Gobiernos anteriores y que debe ser perfeccionada...
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Terminó su tiempo, Su Señoría.
El señor ESPINA.- ¿Puede darme 30 segundos más, señor Presidente?
El señor GIRARDI (Presidente).- Por supuesto.
Puede continuar.
El señor ESPINA.- Muchas gracias.
Por esa razón, creo que esta reforma constitucional es necesaria. Hace justicia y va en apoyo de las personas más humildes, quienes quedan en la indefensión cuando sufren un delito.
Muchas de ellas -todos lo sabemos, a pesar de ser partidarios del actual sistema- a veces juegan al "compra huevos": no les avisan de sus citaciones; tienen que estar corriendo de un lugar a otro; en caso de delitos sexuales deben ir al Servicio Médico Legal, donde no los atienden, en fin.
Hay una cuestión de gestión. A mi juicio, si la víctima cuenta con un defensor, este apurará muchos de esos trámites.
Por último, solo me cabe reiterar mis muy sinceros agradecimientos a todos los Senadores y las Senadoras que se han pronunciado a favor de esta iniciativa, la cual en definitiva pertenece a esta Alta Cámara y al Congreso, en general, porque los proyectos no se aprueban si los Senadores no concurren con sus votos afirmativos, sobre todo cuando se trata de una reforma constitucional que precisa tan alto quórum.
Espero que, cuando nos toque debatir la propuesta legislativa que regulará lo planteado en esta reforma, podamos buscar el mejor procedimiento para que exista una defensoría penal gratuita para quienes no cuentan con recursos.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, al igual que quienes me antecedieron en el uso de la palabra, voy a votar favorablemente.
Pero quiero presentar quizás una dimensión distinta del problema.
Desde mi punto de vista, un sistema penal debe garantizar dos cosas: la adecuada defensa jurídica y, en segundo lugar, la defensa de las víctimas de los delitos.
Si ninguno de esos dos presupuestos se cumple, el sistema va perdiendo legitimidad, y particularmente en lo que se refiere a las víctimas.
La reforma procesal penal fue un paso gigantesco. Sin analizar lo relativo a la doctrina, la razón por la que se crea el Ministerio Público es, precisamente, la defensa de las víctimas. De lo contrario, la Defensoría se habría establecido de inmediato.
Pero, desde mi perspectiva, están ocurriendo en la práctica dos hechos que hacen necesaria esta reforma constitucional.
Uno es el archivo provisional. Ahí hay un problema serio. En la actualidad, prácticamente 30 ó 40 por ciento de las causas se archivan. Y esto último lo hace el Ministerio Público por sí y ante sí.
¿Y cuáles son esas causas, si uno empieza a ver el detalle? En general, son las que se denominan, muchas veces, "causas menores", y que corresponden a la mayoría de los delitos de ordinaria ocurrencia. Y cuando el Ministerio Público decide archivarlas, por sí y ante sí, existen miles de víctimas a través del país que se sienten completamente indefensas.
Se han hecho esfuerzos y se debería avanzar sobre el particular. Este es un asunto que será menester abordar, incluso desde un punto de vista legislativo.
Segundo elemento que hace necesaria esta reforma. Yo he analizado la situación en que se encuentra la Fiscalía, y también lo he conversado en reuniones que he tenido con el Fiscal. Y puedo decir que, con frecuencia, el origen del archivo provisional radica en que muchas fiscalías se encuentran completamente sobrepasadas, colapsadas. Es decir, la cantidad de fiscales en relación con el número de causas es del todo insuficiente. Yo espero que el Ejecutivo se haga cargo de este problema, que ya se ha conversado con el Ministerio Público, para fortalecer definitivamente la Fiscalía.
Por eso, señor Presidente , creo necesaria esta iniciativa. Porque, ante un delito, lo que jamás debe ocurrir es que una víctima no tenga la posibilidad de defenderse. Y, en la actualidad, los que de todas maneras pueden hacerlo son las víctimas que disponen de recursos, pero no necesariamente las más desprotegidas, las más humildes, las más pobres, porque a estas, frente a un archivo provisional, no les queda otra opción que aceptar el cierre de la causa.
¿Qué va a permitir este proyecto de reforma constitucional en definitiva? Que, independientemente de la condición social de las personas, siempre esté asegurada una adecuada defensa jurídica de quienes son víctimas de un delito. Por eso, me parece absolutamente necesaria su aprobación.
He dicho.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba la modificación introducida por la Cámara de Diputados (30 votos afirmativos), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido, y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
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El señor GIRARDI ( Presidente ).- Correspondería tratar el proyecto que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud. Esta iniciativa es de quórum de ley orgánica constitucional y en este momento no hay el número suficiente de Senadores en la Sala para aprobarla.
Por lo tanto, sugiero dejarla para la próxima sesión y pasar ahora al Tiempo de Votaciones.
Si le parece a la Sala, se procederá en la forma señalada.
--Así se acuerda.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES
MEDIDAS SOBRE USO DE EXTINTORES DE INCENDIOS. PROYECTO DE ACUERDO
El señor GIRARDI (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Navarro, Lagos, Quintana y Rossi.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1331-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 89ª, en 19 de enero de 2011.
Informe de Comisión:
Salud: sesión 4ª, en 22 de marzo de 2011.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo del proyecto de acuerdo es solicitar al Ejecutivo que considere modificar el decreto supremo que aprueba el Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, para corregir los actuales vacíos en relación con los extintores de incendios.
La Comisión de Salud, por la unanimidad de sus miembros (Senadores señores Chahuán, Girardi, Rossi, Ruiz-Esquide y Uriarte), informa que el proyecto de acuerdo no le mereció observaciones.
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (14 votos afirmativos).
Votaron las señoras Allende y Alvear y los señores Chahuán, Escalona, García, Girardi, Horvath, Kuschel, Letelier, Quintana, Rossi, Sabag, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
RESTABLECIMIENTO DE DERECHO EN BENEFICIO DE SINDICATO DE FOLKLORISTAS Y GUITARRISTAS DE CHILE. PROYECTO DE ACUERDO
El señor GIRARDI (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Chahuán y Hernán Larraín.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1342-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 4ª, en 22 de marzo de 2011.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo del proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República el envío a tramitación legislativa de un proyecto que restituya el derecho en beneficio del Sindicato de Folkloristas y Guitarristas de Chile, equivalente al 3 por ciento del monto del contrato de trabajo que celebren los folkloristas y guitarristas, cantidad que corresponderá pagar por partes iguales al empresario y al artista.
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (15 votos favorables).
Votaron las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Chahuán, Escalona, García, Girardi, Horvath, Kuschel, Letelier, Muñoz Aburto, Prokurica, Quintana, Sabag y Walker (don Patricio).
INCLUSIÓN DE ENFERMEDAD DE CROHN EN RÉGIMEN DE GARANTÍAS EXPLÍCITAS DE SALUD. PROYECTO DE ACUERDO
El señor GIRARDI (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Chahuán y Girardi.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1343-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 4ª, en 22 de marzo de 2011.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa tiene por objeto solicitar al Ejecutivo que se incluya la enfermedad de Crohn en el listado de patologías que contempla el Régimen de Garantías Explícitas de Salud.
Al respecto, cabe señalar que los Comités acordaron que se agregara al texto del proyecto la enfermedad denominada "colitis ulcerosa".
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (12 votos a favor).
Votaron la señora Alvear y los señores Chahuán, Escalona, García, Girardi, Horvath, Kuschel, Letelier, Prokurica, Quintana, Sabag y Walker (don Patricio).
SOLICITUD DE MORATORIA DE FIRMA DE PROTOCOLOS O CONVENIOS SOBRE ENERGÍA NUCLEAR CON ESTADOS UNIDOS. PROYECTO DE ACUERDO
El señor GIRARDI (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señoras Allende y Rincón y señores Escalona, Gómez, Girardi, Letelier, Muñoz Aburto, Quintana, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1345-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 3ª, en 16 de marzo de 2011.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es solicitarle al Gobierno una moratoria de la firma de protocolos o convenios de cooperación sobre energía nuclear con los Estados Unidos de América.
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación.
El Senador Prokurica no se ha pronunciado.
El señor PROKURICA.- No lo voy a hacer, señor Presidente.
El señor HORVATH.- Dejemos esta votación pendiente para otra sesión.
El señor KUSCHEL.- ¡Pero si ya se puso en votación!
El señor GIRARDI (Presidente).- Vamos a dejar pendiente la votación de este proyecto de acuerdo para la próxima sesión, acogiendo la solicitud del Honorable señor Horvath.
El señor KUSCHEL.- ¿Y la votación?
El señor GIRARDI (Presidente).- Queda sin efecto.
MEJORA EN ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. PROYECTO DE ACUERDO
El señor GIRARDI (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Horvath, señora Allende y señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Espina, García, Navarro, Prokurica, Rossi y Ruiz-Esquide.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1338-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 1ª, en 15 de marzo de 2011.
Informe de Comisión:
Salud: sesión 6ª, en 5 de abril de 2011.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa tiene por objetivo pedirle al Ejecutivo el envío de un proyecto de ley que mejore la atención y comunicación de las personas con discapacidad auditiva.
La Comisión de Salud acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Chahuán, Girardi, Rossi y Ruiz-Esquide), informar a la Sala que concuerda ampliamente con el contenido de la iniciativa.
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (16 votos favorables).
Votaron las señoras Allende y Alvear y los señores Chahuán, Coloma, Escalona, García, Girardi, Horvath, Kuschel, Letelier, Muñoz Aburto, Prokurica, Quintana, Sabag, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
FUSIÓN DE EMPRESAS NESTLÉ Y SOPROLE. PROYECTO DE ACUERDO
El señor GIRARDI (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Larraín (don Hernán), Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Kuschel, Larraín (don Carlos), Longueira, Pérez Varela, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag y Tuma.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1341-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 3ª, en 16 de marzo de 2011.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El propósito de la iniciativa es rechazar la fusión de las empresas Nestlé y Soprole.
El señor GARCÍA.- ¡El proyecto ha quedado obsoleto!
La señora ALLENDE.- ¡Retírenlo!
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, en mi opinión no podemos aprobar un proyecto que carece de sentido.
Además, es extemporáneo.
La señora ALLENDE.- Hay que retirarlo.
El señor GIRARDI (Presidente).- Eso lo tiene que hacer alguno de los Senadores que lo presentaron.
El señor SABAG.- Que se retire, señor Presidente.
El señor ESCALONA.- Lo retiramos, señor Presidente.
El señor GIRARDI (Presidente).- Muy bien.
El proyecto queda retirado.
PROMOCIÓN DE CONSUMO DE PRODUCTOS DEL MAR. PROYECTO DE ACUERDO
El señor GIRARDI (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Navarro, Gómez, Muñoz Aburto, Quintana y Tuma.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1351-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 7ª, en 6 de abril de 2011.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es solicitarle a Su Excelencia el Presidente de la República que se incorporen en los planes anuales de trabajo de los Ministerios de Salud, de Economía, y de Educación campañas y políticas que favorezcan y promuevan el consumo de productos del mar.
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (13 votos a favor).
Votaron las señoras Allende y Alvear y los señores Escalona, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Muñoz Aburto, Prokurica, Quintana, Sabag, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
PROTECCIÓN A MUJERES CON VIH EN CUANTO A DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. PROYECTO DE ACUERDO
El señor GIRARDI (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Navarro, Gómez, Muñoz Aburto, Quintana y Tuma.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1352-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 7ª, en 6 de abril de 2011.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa tiene por propósito pedirle al Ejecutivo que se adopten una serie de medidas dirigidas a proteger a las mujeres con VIH, en el ámbito de sus derechos sexuales y reproductivos.
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (13 votos favorables)
Votaron las señoras Allende y Alvear y los señores Escalona, García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Letelier, Muñoz Aburto, Quintana, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
PREVENCIÓN, GESTIÓN Y TRATAMIENTO FINAL DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS COMPUTACIONALES. PROYECTO DE ACUERDO
El señor GIRARDI (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Honorables señores Navarro, Lagos, Muñoz Aburto, Quintana y Rossi.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1357-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 15ª, en 4 de mayo de 2011.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es solicitarle al Ejecutivo que el Ministerio del Medio Ambiente desarrolle acciones de fomento, articulación y difusión de iniciativas que promuevan soluciones para la prevención, adecuada gestión y el correcto tratamiento final de los residuos electrónicos generados por los equipos computacionales.
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (15 votos a favor).
Votaron las señoras Allende y Alvear y los señores Coloma, Escalona, García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Letelier, Muñoz Aburto, Quintana, Sabag, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
PETICIÓN DE APOYO DE GOBIERNO A PELÍCULA CHILENA ESTOY EN DICOM. PROYECTO DE ACUERDO
El señor GIRARDI (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Honorables señores Navarro, Gómez, Muñoz Aburto, Quintana y Tuma.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1353-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 7ª, en 6 de abril de 2011.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El propósito de la iniciativa es solicitarle al Ejecutivo que considere la posibilidad de respaldar públicamente la realización de la película nacional Estoy en Dicom, creación artística basada en vivencias de millones de chilenos.
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (10 votos a favor y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa la señora Allende y los señores Escalona, García, Girardi, Gómez, Horvath, Letelier, Muñoz Aburto, Quintana y Tuma.
Se abstuvieron la señora Alvear y el señor Zaldívar (don Andrés).
INCLUSIÓN DE DISTONÍA EN SISTEMA AUGE. PROYECTO DE ACUERDO
El señor GIRARDI (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Honorables señores Chahuán, Bianchi, Girardi, Hernán Larraín y Quintana.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1358-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 16ª, en 10 de mayo de 2011.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa tiene como objetivo pedirle al Ejecutivo que disponga la inclusión de la enfermedad denominada "distonía" en el Sistema de Garantías Explícitas en Salud, dado que esa patología requiere tratamientos de alto costo.
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (15 votos favorables).
Votaron las señoras Allende y Alvear y los señores Chahuán, Coloma, Escalona, García, Girardi, Horvath, Letelier, Prokurica, Quintana, Sabag, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
ACTIVACIÓN DE COMISIÓN PARA SOLUCIÓN A DEUDA HISTÓRICA CON PROFESORES. PROYECTO DE ACUERDO
El señor GIRARDI (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Honorables señores Chahuán, Bianchi, Cantero, Larraín (don Hernán), Letelier, Navarro, Prokurica, Quintana y Tuma.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1359-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 16ª, en 10 de mayo de 2011.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo del proyecto es solicitarle al Presidente de la República que disponga la puesta en marcha o la reactivación de la comisión propuesta por la Cámara de Diputados, integrada por representantes del Poder Ejecutivo, del Colegio de Profesores y de la Asociación Chilena de Municipalidades, para dar una solución definitiva a la deuda histórica con los profesores.
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (17 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Chahuán, García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Letelier, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
REPUDIO A ACTUACIÓN POLICIAL EN MANIFESTACIONES CONTRA HIDROAYSÉN. PROYECTO DE ACUERDO
El señor GIRARDI (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por quien habla y por los Senadores señoras Allende y Rincón y señores Bianchi, Escalona, Gómez, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Quintana, Rossi, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1360-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 16ª, en 10 de mayo de 2011.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El propósito de la iniciativa es expresarle al Ejecutivo malestar y repudio por la forma de actuar de las fuerzas policiales durante las manifestaciones ocurridas el día 9 del mes en curso con motivo de la aprobación del proyecto sobre centrales hidroeléctricas en Aysén.
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (14 votos afirmativos).
Votaron las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Escalona, Girardi, Gómez, Horvath, Letelier, Muñoz Aburto, Quintana, Rossi, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminado el Tiempo de Votaciones.
PETICIONES DE OFICIOS
El señor LABBÉ (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor GIRARDI (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
De la señora ALLENDE:
A la Subsecretaría de Salud Pública y al señor Jefe del Departamento de Inspección de la Dirección del Trabajo, por un lado, y al señor Director General de Aeronáutica Civil, por otro, reiterándoles solicitudes de información en cuanto a EFECTOS DE LABOR EN ALTURA SOBRE SALUD DE TRABAJADORES y a HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA, respectivamente.
Del señor BIANCHI:
A los señores Ministros de Economía, Fomento y Turismo; de Salud; de Agricultura; de Minería y Energía, y del Medio Ambiente, recabándoles información sobre FECHA PARA PRÓXIMA VOTACIÓN DE PROYECTO CARBONÍFERO MINA INVIERNO.
Y al señor Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, requiriéndole ACLARACIÓN SOBRE CORRECTO USO DE MARCA "TORRES DEL PAINE".
Del señor NAVARRO:
A la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, pidiéndole antecedentes acerca de EVENTUALES PRÁCTICAS ANTISINDICALES DE EMPRESA HIDRONOR EN COMUNA DE PUDAHUEL, de FISCALIZACIONES A ESTA EMPRESA y de MEDIDAS APLICADAS A HIDRONOR TRAS ACCIDENTE LABORAL EN SECCIÓN DE COMPACTACIÓN DE AEROSOLES.
Al señor Ministro de Salud, solicitándole información relativa a ESTADO DE AVANCE DE RECONSTRUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DE TORRE DE HOSPITAL DE CONCEPCIÓN; ESTIMACIÓN DE PLAZO Y RECURSOS FINANCIEROS PARA RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN HOSPITAL DE ANGOL, y FISCALIZACIONES A PLANTA DE HIDRONOR EN COMUNA DE PUDAHUEL Y A ENAP EN REGIÓN DEL BIOBÍO.
Al señor Ministro de Minería, a fin de que se envíen antecedentes respecto de CONSTRUCCIÓN DE MUELLE AÉREO E INVERSIONES DE ENAP EN GEOTERMIA.
Y a la señora Ministra del Medio Ambiente, para que se indique si la Superintendencia del Medio Ambiente ha realizado FISCALIZACIÓN A PLANTA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS DE EMPRESA HIDRONOR EN PUDAHUEL.
Del señor PROKURICA:
Al señor Ministro de Salud, a fin de que haga llegar antecedentes, por Región, en torno a CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN DE RETORNO POR MÉDICOS CON BECAS DE ESPECIALIZACIÓN O MISIONES DE ESTUDIO ENTRE 1995 Y 2010, Y COBRO DE INSTRUMENTOS DE GARANTÍA RESPECTIVOS.
Al señor Ministro de Obras Públicas, solicitando que se informe sobre posibilidad de ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA TÉRMINO DE AISLAMIENTO DE FAMILIAS DE JUNTA DE VECINOS ROBERTO VALLE MANFREDY, SECTOR CAVANCHA NORTE, COMUNA DE VALLENAR.
Y a la señora Ministra del Medio Ambiente, requiriéndole antecedentes sobre MEDIDAS APLICADAS ANTE DECLARACIÓN DE ZONA DE LATENCIA PARA CALIDAD DEL AIRE EN COMUNA DE HUASCO.
El señor GIRARDI (Presidente).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:00
Manuel Ocaña Vergara
Jefe de la Redacción
ANEXOS
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES CHADWICK Y LONGUEIRA, CON LA QUE DAN INICIO AL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE MATRIMONIO (7656-07)
Honorable Senado:
La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, siendo esta declaración, que formula el constituyente, una base de la institucionalidad, como lo expresa el artículo 1° del capítulo primero de nuestro texto constitucional.
Entre los fundamentos más preciados de la estructura cultural y moral de Chile siempre han tenido un lugar de honor las instituciones del matrimonio y de la familia, constituyendo aquel la base de esta última.
El constituyente originario, estimo innecesario, expresar que el matrimonio siempre será el soporte esencial de la familia, y que éste sólo puede ser celebrado entre un hombre y una mujer.
Desde el año 1980 hasta hoy, el inciso segundo del artículo 1° de la Constitución, ha permanecido inalterado, pese a que durante su vigencia fue dictada la Ley Nº 19.947 que es la Nueva Ley de Matrimonio Civil (Boletín Nº 1.759-18), la cual por su parte no modificó ni expresa o tácitamente la definición de matrimonio que nos entrega el artículo 102 de Código Civil, y que sanciona como únicos contrayentes o celebrantes a un hombre y a una mujer.
Ha sido el Poder Judicial que le ha otorgado el carácter de normas de orden público a todas aquellas que se refieran al matrimonio como base de la familia.
“son preceptos de orden público todas las leyes de derecho privado que se refieren al estado de las personas, y dentro de ellas, las concernientes al estado de casado y su extinción, puesto que el matrimonio es la base de la familia y su resguardo es de interés público” (Excelentísima Corte Suprema).
Estimamos por necesario y fundamental, establecer en el texto constitucional por la vía del presente proyecto de reforma, que le pertenecen indiscutible a un hombre y a una mujer, el derecho a celebrar un matrimonio y a constituir una familia, y por tales esenciales que emanan de la naturaleza humana, siendo un deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por los siguientes tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, o por la costumbre internacional o por el ius cogens, que se consagran en:
La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 16: “que los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia (...).”
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas por Resolución Nº 2.200 el 16 de diciembre de 1966, promulgado por Decreto 778 del Ministerio de Relaciones Exteriores del 30 de noviembre de 1976, y publicado en el Diario Oficial del 29 de abril de 1989, en su artículo 23 Nº 2, señala: “Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tiene edad para ello.”.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966, promulgado por Decreto 326 del Ministerio de Relaciones Exteriores del 28 de abril de 1989, y publicado en el Diario Oficial del 27 de mayo de 1989, en su artículo 10, señala: “Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posible, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo”.
Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989, promulgado por Decreto 830 del Ministerio de Relaciones Exteriores del 14 de agosto de 1990, y publicado en el Diario Oficial del 27 de septiembre de 1990, en su artículo 7.1, señala: “El niño (…) tendrá derecho (...) y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.”
Pocas normas tan celebradas y recordadas tiene el Código Civil como la ubicada al inicio del título IV del Libro I dedicado al matrimonio, y que lleva el número 102. En el estilo pedagógico y orientador que caracteriza el trabajo monumental de Bello, se contempla una definición de la institución que va a ser regulada: el matrimonio. A la letra el precepto reza: “El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”.
La definición (Art. 102 Código Civil) ha sido ampliamente elogiada pues en bella forma literaria contiene los elementos constitutivos del acto fundacional de la familia: la consensualidad (contrato), la formalidad (solemne), la unidad y heterosexualidad (un hombre, una mujer), la comunión e indisolubilidad (se unen, indisolublemente, por toda la vida), así como sus fines:
...el bien de los hijos o la fecundidad (con el fin de procrear) y el amor mutuo de los cónyuges (vivir juntos, auxiliarse mutuamente).
“Esta definición (Art.102 Código Civil) es una de las más completas que se han dado del matrimonio y pone ella de relieve sus caracteres esenciales como institución jurídica, (...)”.
La definición legal del matrimonio, fijada en el artículo 102 del Código Civil, permanece inalterable en su texto desde el Código Civil de 1855 hasta hoy, y en particular la nueva Ley de Matrimonio Civil Nº 19.947 de 2004, no modificó en forma alguna la perfecta definición, en su brillante redacción de Andrés Bello: “es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse mutuamente”.
La definición del Art. 102 del Código Civil, “solo puede calificarse de admirable”.
La definición de Andrés Bello en 1855 no respondió a una eventual concesión a las ideas de turno o a presiones religiosas, sino a la íntima convicción de que la unión entre varón y mujer que apunta a la vida juntos y a la procreación debía necesariamente ser para toda la vida si, de verdad, quería alcanzar esos fines. Por otra parte, ha constituido íntima convicción nacional a lo largo de siglos que sólo la unión así contraída puede denominarse con licitud matrimonio y dar base a ¡a familia reconocida por la Constitución como el núcleo de la sociedad.
En la definición de matrimonio del artículo 102 del Código Civil, “se desprende que, lo esencial de la unión pactada, vale decir del vínculo que se genera, es que su constitución atiende o considera sustantivamente la virilidad y la feminidad, vale decir, considera la distinción sexual del hombre y la mujer como eje rector del vínculo,…”.
La definición matrimonial exige que la unión que expresa el contrato, se produzca entre un hombre y una mujer, subrayando con ello la exclusión de las uniones entre personas del mismo sexo como base del matrimonio. // Las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer de modo humano son, por tanto, la base de la consideración jurídica de la institución matrimonial civil,…”.
“Este objetivo, junto con la complementariedad de los sexos como finalidad en sí misma, es el motivo principal del carácter exclusivamente heterosexual de la institución matrimonial civil,…”.
“La vinculación de hombre y mujer en el amor, que es de carácter sexual, constituye la base del matrimonio y, en tanto factor biológico, tiene que ser ordenado hacia el fomento del amor entre un hombre y una mujer, en un proceso que requiere ser cultivado y que se vincula naturalmente a la generación de la vida”.
“El contenido del amor conyugal está dado por el “amor entre varón (persona y virilidad) y mujer (persona y feminidad),…” ”.
“La heterosexualidad, por tanto, constituye un fundamento de base antropológica del matrimonio, en que se deben considerar como principios la diversidad de la modelización sexual de la persona humana, la complementariedad de tal diferenciación y la inclinación natural de los sexos entre sí en orden a la generación”.
Importante, traer a la fundamentación aquello que se dijo en su momento al tramitar legislativamente la nueva ley de matrimonio civil Ley Nº 19.947 de 2004 (Boletín Nº 1.759-18).
La nueva Ley de Matrimonio Civil Nº 19.947 de 2004, se origina en proyecto de ley de los en aquella época diputados Mariana Aylwin y Ignacio Walker (Boletín Nº1.759-18). “(...) En este sentido, nos parece importante mantener la actual norma del artículo 102 del Código Civil (1855), que se refiere al matrimonio como un contrato solemne que actual e indisolublemente y por toda la vida, a un hombre y una mujer”.
Este reconocimiento dentro de la definición de matrimonio, a la exigencia que concurra en su celebración un hombre y una mujer, fue nuevamente reproducido por los diputados Mariana Aylwin e Ignacio Walker, en la discusión en la Sala del Proyecto en sesión de 23 de enero de 1997 (Sesión 44, Legislatura 334)
Pero la exigencia que concurra en la celebración del matrimonio un hombre y una mujer, se encuentra en las indicaciones Nº 247 y 248 (Boletín Nº 1.759-18) de los en aquella épocas Senadores Jaime Gazmuri y Ricardo Núñez, por la cual proponían modificar el artículo 102 del Código Civil, por el siguiente: “El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer, se unen con el fin de crear una unidad de vida entre ellos (...)”.
De igual modo los senadores Ávila, Núñez, Parra, Pizarro y Silva, presentaron la indicación Nº 249 (Boletín Nº 1.759-18), por las cuales sólo pretendieron eliminar del artículo 102 del Código Civil, las expresiones “indisolublemente” y “de procrear”, manteniendo a firme en la definición “un hombre y una mujer”. Retomando la tramitación legislativa los senadores Núñez y Ominami intentaron renovar la indicación Nº 249 pero manteniendo el carácter heterosexual del vínculo matrimonial”.
“La diferencia más radical entre los sistemas matrimoniales chileno y español, se establece a partir de la aprobación de la Ley española 13/2005 de 1º julio de 2005, que modifica la Constitución Española en materia de derecho a contraer matrimonio, permitiendo las uniones de personas del mismo sexo.// El Derecho matrimonial chileno, apenas unos meses antes, asume un camino distinto y opta por impedir dicha opción legal (matrimonio de personas del mismo sexo), en términos categóricos y que no admiten interpretación en contrario, ya que no sólo mantiene intacta la definición contenida en el artículo 102 del Código Civil – la cual prescribe que el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida – sino que además refuerza el impedimento en el artículo 80 de la Nueva Ley de Matrimonio Civil (Ley 19.947), al prescribir: “Los requisitos de forma y fondo del matrimonio serán los que establezca la ley del lugar de la celebración. Así, el matrimonio celebrado en país extranjero, en conformidad con las leyes del mimos país, producirá en Chile los mismos efectos que si se hubiere celebrado en territorio chileno, siempre que se trate de la unión de un hombre y una mujer”.” Por tanto es claro el sentido de la ley, el cual exige para la producción de efectos en Chile de un matrimonio celebrado en el extranjero, que este se efectúe entre un hombre y una mujer.
El presente proyecto de reforma constitucional, evita asumir posiciones religiosas o filosóficas, que habitualmente se fundan en preceptos dogmáticos o fundamentos carentes de razón, sino que muy por el contrario se nutre y hace suyas la valiosa doctrina de grandes autores del derecho, en que de un modo unívoco que el matrimonio sólo puede ser entre un hombre y una mujer, como la imposibilidad absoluta del matrimonio entre personas del mismo sexo:
Barrientos Grandón, Javier, y Novales Alquézar, Aranzazu. Nuevo Derecho Matrimonial chileno, Santiago de Chile, 2004, segunda edición, Lexisnexis, página 111 y 112.
Vodanovic, Antonio. Leyes de Derecho de familia y de menores. Textos actualizados y notas complementarias, Santiago de Chile, 2005, Editorial Jurídica de Chile, página 63.
Court Murasso, Eduardo. Nueva Ley de Matrimonio Civil, Legis-Adolfo Ibáñez, Santiago, 2004, página 6.
Troncoso Larronde, Hernán, Derecho de Familia, Editorial LexisNexis, Santiago, 2009, página 19.
Ramos Pazos, Rene. Derecho de Familia, Santiago, 2007, 5ta. Edición, Editorial Jurídica de Chile, página 33.
López Díaz, Carlos, Manual de Derecho de Familia y Tribunales de Familia, Santiago de Chile 2005, Librotecnia, página 139.
Hübner Guzmán, Ana María. La Nueva Ley de Matrimonio Civil: panorama y estructura general, en Assimakópulos Figueroa Anastasia, y Corral Talciani, Hernán (Editores), Matrimonio Civil y Divorcio. Análisis y criterios para la aplicación de la Ley Nº 19.947 de 2004, Cuadernos de extensión jurídica, Universidad de Los Andes, Santiago de Chile, 2005, página 21.
Rodríguez Gréz, Pablo. Ley de Matrimonio Civil, interpretación, efectos e insuficiencias, en “Actualidad Jurídica”, Nº 20 Universidad del Desarrollo (2009), página 441 y 442.
De igual forma, en cuanto a las definiciones de matrimonio que nos brinda la doctrina:
“El matrimonio, entendido civilmente como el acuerdo público de un hombre y una mujer para dar legitimidad social a sus relaciones conyugales, estableciendo derechos y deberes correlativos, ha existido desde tiempos bíblicos”.
“La definición histórica con mayor influencia en Occidente ha sido elaborada por Lombardo, la cual, con perfeccionamiento posterior, señala que, “el matrimonio es la unión marital de varón y de mujer entre personas legítimas, que retiene una comunidad de vida”.
Una unión estable entre varón y mujer, que comporta una mutua disponibilidad sexual y se orienta a la preservación socializada de la especie humana”.
“La unión de un hombre y una mujer, reconocida por el Derecho e investida de ciertas consecuencias jurídicas” Doctrina alemana.
“El acto solemne por medio del cual el hombre y la mujer constituyen entre sí una unión legal para la plena y perpetua comunidad de existencia”
“La unión perpetua de un solo varón y una sola mujer, para la procreación y perfección de la especie, el mutuo auxilio y el mejor y más adecuado cumplimiento de los fines de la vida humana”.
“La recepción en el Derecho chileno, por tanto, no deja espacio a las dudas sobre la materia [matrimonio heterosexual), lo que adquiere fuerza al analizar históricamente el debate parlamentario, las propuestas académicas de los centros de estudios y el Mensaje del Ejecutivo, que en su carácter de fuentes, coinciden en la consideración heterosexual del matrimonio. La doctrina reciente también ha coincido unánimemente, incluso desechando una posible interpretación laxa del ius connubii consagrado en el artículo 2° inciso primero de la nueva ley de matrimonio civil”.
“Pero, a todo evento, hemos de destacar que siempre se habla varón (u hombre) y de mujer. Para alcanzar la plenitud a que aspira cada uno de los contrayentes, sea entre personas de distinto sexo y que lo que suceda en el matrimonio sea precisamente la complementación entre feminidad y masculinidad”.
Finalmente la doctrina chilena reciente, en forma absolutamente mayoritaria, señalando que por esencia el matrimonio sólo puede ser celebrado por un hombre y por una mujer:
Rodríguez Grez, Pablo. Ley de matrimonio civil: interpretación, efectos e insuficiencias, en “Actualidad Jurídica”, Nº 20 Universidad del Desarrollo (2009), página 440 y 441.
López Díaz, Carlos. Manual de Derecho de Familia y Tribunales de Familia, Librotecnia, Santiago, página 149.
Corral Talciani, Hernán. El régimen de los requisitos del matrimonio y de la nulidad en la nueva ley de matrimonio civil, en Assimakópulos Figueroa, Anastasia y Corral Talciani, Hernán. Matrimonio Civil y Divorcio. Análisis crítico y criterios para la aplicación de la Ley Nº 19.947 de 2004, Cuadernos de Extensión Jurídica, Universidad de Los Andes, Santiago de Chile, 2005, página 43.
Barrientos Grandón, Javier, y Novales Alquézar, Aranzazu. Nuevo Derecho Matrimonial chileno, Santiago de Chile, 2004, segunda edición, Lexisnexis, página 187.
Court Murasso, Eduardo. Nueva Ley de Matrimonio Civil, Legis-Adolfo Ibáñez, Santiago, 2004, página 3.
El autor Eduardo Court Murasso, afirma el carácter monogámico y heterosexual del matrimonio exigido por la definición legal (“por el cual un hombre y una mujer”), se ve reafirmado por el artículo 80, inciso 1° de la Ley 19.947, cuando exige, para que un matrimonio celebrado en el extranjero produzca efectos en Chile, que se trate de la unión de un hombre y una mujer.
“El matrimonio se define como un vínculo entre un hombre y una mujer en el Código Civil y, por tanto, queda descartada de un modo absoluto la posibilidad que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio”.
“El matrimonio es una institución natural, por la que dos seres humanos sexualmente diferenciados se unen entre sí como principios de generación. Esto es lo que explica la especificidad del amor conyugal, pues sólo la conservación y propagación de la especie da razón de la distinción y complementariedad de sexos.”
Finalmente, además del acuerdo mayoritario de la doctrina, aleja toda posibilidad de duda sobre el particular el análisis del debate sostenido en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, sobre una indicación dirigida a precisar el texto legal, el requisito de que los contrayentes sean hombre y mujer, la cual fue rechazada unánimemente por estimar los comisionados innecesaria la precisión, toda vez que ya se encontraba consignada en la definición de matrimonio del Código Civil, la cual no se altera.
El presente proyecto de reforma constitucional, tiene por objeto final, el proteger, asegurar y garantizar el matrimonio como base de la familia, y que éste sólo puede tener como contrayentes a un hombre y una mujer.
POR LO TANTO,
El Senador patrocinante y los demás adherentes que suscriben, vienen en someter a la consideración de este H. Congreso Nacional, el siguiente
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo Único: Se introduce la siguiente modificación en el Artículo 1° de la Constitución Política de la República:
a) En el inciso segundo, se inserta después del punto aparte, que pasará a ser punto seguido, la siguiente frase:
“En garantía y protección de la familia, sólo un hombre y una mujer, tienen el derecho para contraer el matrimonio.”.
(Fdo.): Andrés Chadwick Piñera, Senador.- Pablo Longueira Montes, Senador.
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES CHADWICK Y LONGUEIRA, CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO DE LEY QUE SANCIONA LA TEMERIDAD MANIFIESTA EN LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS (7657-15)
Honorable Senado:
Como legisladores tenemos el deber de hacernos cargo de conductas, que no encuentran otra respuesta, por necesidades de política criminal, sino el de ser sancionadas como un delito, haciéndose urgente e indispensables reprimirlas con gran severidad en atención a los bienes jurídicos superiores puestos en riesgo o lesión efectiva, y así por razones de prevención especial de la norma penal, sea una forma efectiva de contención de las conductas lesivas.
Motiva el presente proyecto de ley, la conmoción y alarma pública, generada por conductores de vehículos motorizados, los cuales con temeridad manifiesta y “consciente desprecio” por la vida de los demás, conducen vehículos motorizados contra el tránsito, o con velocidades en doble o triple a la permitida, carreras nocturnas llamadas “ruleta rusa” que consisten en cruzar la mayor cantidad de intersecciones de calles con luz roja o con disco pare, o en la simple realización de apuestas o desafíos entre conductores, y en el último tiempo aquellos que con ocasión de huir de una persecución policial, buscan de un modo totalmente consciente y doloso con su conducción, causar uno o más accidentes de tránsito con desprecio a la vida o integridad física de otros conductores o peatones y de tal forma procurar impedir la acción de las policías o su detención.
Este “consciente desprecio”, es claramente un elemento subjetivo de mayor intensidad que la simple imprudencia o la negligencia temeraria. Así el proyecto de ley en torno a las múltiples formas de comisión, que son todas aquellas sancionadas como infracciones gravísima y graves por la ley de tránsito, propone que sean sancionadas siempre como una modalidad expresa de tentativa de homicidio con dolo eventual, y que en caso de producirse el resultado lesivo, será sancionada con mayor severidad.
Los bienes jurídicos protegidos son la vida e la integridad física de las personas.
Este “consciente desprecio por la vida de los demás”, presume en la existencia de dolo eventual en que el sujeto activo se representa y acepta el resultado. Cuando el sujeto conduce un activo se representa y acepta el resultado. Cuando el sujeto conduce un vehículo motorizado con consciente desprecio por la vida de los demás, con desprecio del bien jurídico protegido, está asumiendo, está aceptando el probable resultado lesivo para la vida de los otros usuarios de la vía, es decir está actuando con dolo eventual.
Asumimos como posición doctrinaria, según la cual hay dolo eventual, y por contrapartida no hay culpa, imprudencia o negligencia, cuando el autor o sujeto activo del delito decide actuar igual con independencia que el evento lesivo ocurra o no ocurra. Al autor no le importa la muerte o lesiones de otro u otros conductores o peatones, sino que igual realizará su conducta representándose aquel hecho y aceptando todos sus resultados, habrá siempre dolo eventual.
Evidentes razones de política criminal, aconsejan señalar como fundamento del presente proyecto que la figura penal que se propone en el proyecto, es un delito especial e independiente, que deberá siempre sancionarse, nunca podrá ser considerado un medio necesario para la comisión o ejecución de otro delito. Dicho de otra forma no tendrán cabida acá las discusiones sobre concurso ideal de delitos o concurso aparente de leyes penales.
Hemos decidido que la figura penal, se introduzca en la Ley 18.290 Ley de Tránsito, ya que tiene una relación directa con la seguridad del tránsito público y especialmente con la vida e integridad física de las personas que utilizan la vía pública para trasladarse.
POR LO TANTO,
El Senador patrocinante y los demás adherentes que suscriben, vienen en someter a la consideración de este H. Congreso Nacional, el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Intercálese al final del Título XVII de la ley Nº 18.290, después del artículo 198, como artículos nuevos los siguientes:
“Artículo 198 Bis.- El conductor de vehículo motorizado, que obrando con consciente desprecio por la vida de los demás, cometiera una o más infracciones gravísimas o graves a la ley de tránsito, será castigado:
2°.- Con presidio mayor en su grado mínimo, si se produce el resultado de lesiones gravísimas, más la pena accesoria de suspensión por 10 años de la licencia de conducir vehículos motorizados;
3°.- Con presidio menor en su grado máximo, si se produce el resultado de lesiones graves, más la pena accesoria de suspensión por 7 años de la licencia de conducir vehículos motorizados;
4°.- Con presidio menor en su grado medio, si se produce el resultado de lesiones menos graves, más la pena accesoria de suspensión por 5 años de la licencia de conducir vehículos motorizados.
Las penas anteriores, serán siempre aumentadas en un grado, si el resultado se produce con ocasión de la huida del conductor del vehículo motorizado ante su persecución policial.”
“Artículo 198 Ter.- El conductor de vehículo motorizado, obrando con consciente desprecio por la vida de los demás, cometiera una o más infracciones gravísimas o graves a la ley de tránsito, y no se causare muerte o lesiones, será castigado con presidio menor en su grado mínimo, más la pena accesoria de suspensión por 3 años de la licencia de conducir vehículos motorizados”.
(Fdo.): Andrés Chadwick Piñera, Senador.- Pablo Longueira Montes, Senador.
MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR PÉREZ VARELA, MEDIANTE LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY, EN CUANTO A PATROCINIO DE ABOGADO RESPECTO DE DENUNCIAS, QUERELLAS O DEMANDAS POR INFRACCIÓN A LA LEY SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES (7658-03)
Antecedentes generales
Esta normativa legal regula la relación entre proveedores de un servicio y sus consumidores, establece infracciones en perjuicio del consumidor y el procedimiento aplicable.
En general, permite que todos los reclamos por compras de bienes o servicios se resuelvan en un solo juicio. Existen tres tipos de juicios según el derecho que se pretende amparar: juicios que protegen derechos individuales; juicios colectivos que protegen los intereses de un conjunto de consumidores determinados y aquellos en donde se protegen intereses difusos, esto es, de un conjunto indeterminado de consumidores. Cuando se trata de derechos individuales, el juicio puede ser de única o doble instancia, dependiendo de si la cuantía en litigio es inferior o superior a 10 UTM (Unidades Tributarias Mensuales), y se lleva a cabo ante los juzgados de policía local. En caso de juicios colectivos o aquellos destinados a proteger intereses difusos, éstos son de doble instancia y están a cargo de los juzgados de letras, que deben instruirlos como juicios sumarios. Las acciones, a su vez, pueden ser iniciadas por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), las asociaciones de consumidores o 50 o más consumidores afectados.
En relación con la solución de las controversias, esta ley se propone facilitar el acceso a la justicia de los consumidores, estableciendo una instancia de avenimiento, ante el Juez de Policía Local en la audiencia respectiva, con el objeto facilitar el acuerdo directo de las partes, evitando de esta forma que todos los conflictos deban someterse a un lato procedimiento judicial para ser resueltos. Es por esta misma razón , de de acerca la justicia a la gente, es que también la normativa legal en comentos, en su artículo 50 C, no exige el patrocinio de abogados en las denuncias, en que el interés que se ve involucrado es individual, es decir, acciones que se promueven en defensa exclusiva de los derechos del consumidor afectado.
Justificaciones del proyecto
Se propone exigir que las denuncias presentadas ante los Juzgados de Policía Local en defensa de intereses individuales, sean patrocinadas por un abogado habilitado.
A pesar que en la historia de esta ley, el objetivo previsto era el de acercar la justicia a la gente, facilitándole por la vía de comparecer ante el tribunal, sin la asesoría de abogado habilitado, era comprensible. No es menos cierto, que ella lejos de ser un beneficio para el consumidor ha obrado en perjuicio de estos.
Una persona común y corriente, como es natural, pues no tienen la instrucción para ello, no sabe como plantear una denuncia, en términos cumpla con los requisitos que exige la ley para su interposición, esto es una relación clara y precisa de los hechos y fundamentos de derecho.
Posteriormente tampoco, conoce como contestar a los traslados que otorga el tribunal ante la presentación de incidencias, no sabe rendir, acompañar, ni menos objetar cuando es preciso, la prueba del derecho que reclama.
Lo anterior, sumado al hecho de la desigualdad que existe, puesto que normalmente el denunciado, proveedor del servicio, normalmente concurre a estrados con la asesoría de un abogado.
Los fundamentos constitucionales para exigir el patrocinio de un abogado, la encontramos en el principio de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política que establece que en Chile no hay persona ni grupo privilegiados, en el artículo 19 Nº 3 incisos 1° y 2° que señala la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y que toda persona tiene derecho a defensa jurídica.
A pesar de que la norma señala No requerirán, el permitírseles a los consumidores el denunciar sin patrocinio de abogados, desemboca en que normalmente no concurren a estrados con la asesoría de uno, lo que va en perjuicio directo de los derechos de ese consumidor, que verá afectado el desarrollo de ese juicio, y como el claro de su resolución, por su nulo conocimiento del derecho que reclama, y como hacerlo valer en juicio, y así ver acogida la pretensión que tuvo en vista al denunciar.
Proyecto de Ley
Articulo único: “Modificase el inciso 1° del articulo 50 C de la Ley Nº 19.496 De Protección al Consumidor en el siguiente sentido:
“La denuncia, querella o demanda deberán presentarse por escrito y requerirán patrocinio de abogado habilitado.”
(Fdo.): Víctor Pérez Varela,Senador
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES GÓMEZ, BIANCHI, GIRARDI, HORVATH Y WALKER (DON PATRICIO), CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL RELATIVO A PLEBISCITOS EN MATERIA AMBIENTAL (7659-12)
Honorable Senado:
A continuación se propone una reforma constitucional a fin de establecer la existencia de plebiscitos en materia ambiental, respecto de aquellos proyectos que generan un impacto ambiental de gran magnitud.
La propuesta de reforma constitucional se funda en que, conforme con el artículo 15 inciso segundo de la Constitución Política, la convocatoria a plebiscito sólo puede ser hecha en los casos previstos en la misma Constitución.
La propuesta que se formula incorpora un nuevo inciso final al artículo 19 Nº 8 de la Constitución. Se hace presente que conforme con el artículo 127 inciso segundo de la Constitución, el quórum para aprobar esta reforma constitucional es de las dos terceras partes de los Diputados y Senadores en ejercicio, por referirse a una materia contemplada en el Capítulo III de la Constitución.
Conforme con el artículo 5° de la Constitución, el ejercicio de la soberanía se realiza por el pueblo a través del plebiscito y las elecciones periódicas. Por su parte, el articulo 15 inciso segundo de la Constitución, sólo puede convocarse a votación popular “para elecciones y plebiscitos expresamente previstos en esta Constitución.”.
A partir de ello, el ámbito de las votaciones populares se ve restringido únicamente a aquellos casos fijados constitucionalmente.
Específicamente, en el caso de los plebiscitos sólo se contempla en dos casos: Uno en el ámbito municipal (artículo 118 inciso quinto) respecto de materias que a ellas corresponden conforme con su Ley Orgánica Constitucional.
El segundo caso en que se contemplan los plebiscitos es el de las reformas constitucionales, específicamente cuando el Presidente de la República rechaza totalmente un proyecto de reforma aprobado por el Congreso y ambas Cámaras insistieren totalmente en él, por las dos terceras partes de sus miembros en ejercicio. Para dicho caso, se abre la opción para el Presidente de la República de promulgar la reforma constitucional o bien consultar a la ciudadanía mediante plebiscito (artículo 128 inciso segundo).
Fuera de los casos señalados, no se contemplan otros en que se pueda llamar a plebiscitos. Así, en materia ambiental, frente a proyectos o actividades que puedan causar un gran impacto ambiental y que, en definitiva, puedan afectar su forma de vida o su salud, no es posible consultarles a fin de que, en un ejercicio de soberanía, se pronuncien respecto de si están o no de acuerdo con dicho proyecto.
Así, si bien constitucionalmente se asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y se establece el deber del Estado de velar por este derecho, el parecer de las personas respecto de un proyecto o actividad que pueda causar impacto ambiental de magnitud no es determinante al momento de decidir si dicho proyecto se puede ejecutar o no.
En razón de lo anterior, se plantea una propuesta de reforma constitucional, a fin de establecer los plebiscitos en materia ambiental. La propuesta que se formula, implica introducir un nuevo inciso final al artículo 19 Nº 8 de la Constitución en que se establezca dicha figura y los casos en que procede la convocatoria a plebiscito.
En atención a lo anteriormente expuesto, venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo Único.- Agréguese el siguiente inciso final al artículo 19 Nº 8 de la Constitución:
“En los casos de proyectos o actividades que puedan afectar o se pretendan desarrollar dentro de una o más comunas y que puedan generar o presentar riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos, efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire, o alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona o bien cuyo emplazamiento sea en tierras indígenas o que puedan afectar el emplazamiento de comunidades indígenas, deberá llamarse a plebiscito, en los términos que establezca la ley, a fin que los habitantes de la o las comunas afectadas se pronuncien sobre si aprueban o rechazan la instalación de dicho proyecto.”.
(Fdo.): José Antonio Gómez Urrutia, Senador.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Guido Girardi Lavín, Senador.- Antonio Horvath Kiss, Senador.- Patricio Walker Prieto, Senador.
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES WALKER (DON PATRICIO), Y SABAG, SEÑORAS ALVEAR Y RINCÓN Y SEÑOR QUINTANA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE CONTROL DE INGRESO A CALLES CON MÁS DE UNA VÍA DE ACCESO Y SALIDA (7660-06)
La Ley Nº 20.499 que regula el cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad ciudadana, publicada en el Diario Oficial con fecha 8 de febrero de 2011, modifica el Decreto con fuerza de Ley Nº l que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitu¬cional de Municipalidades, en su artículo 5° y 65, estableciendo que las municipalidades podrán autorizar por un plazo de cinco años el cierre o medidas de control de acceso a calles y pasajes, o a conjuntos habitacionales urbanos o rurales con una misma vía de acceso y salida, con el objeto de garantizar la seguridad de sus vecinos.
Dicha ley, es la materialización de un importante anhelo esperado durante largo tiempo por parte importante de la población que se siente vulnerable a ser víctima de la delincuencia, producto de lo cual a través de vías de hecho o de autorizaciones municipales en virtud del artículo 5° letra c) de la Ley Nº 18.695, los vecinos organizaban y establecían medidas de control de acceso o cerraban sus calles o pasajes.
Estas situaciones involucraban un aparente conflicto de derechos entre, por una parte, la libertad ambulatoria, reconocida en la Constitución Política de la República de Chile en su artículo 19 Nº 7, y, por otra, el derecho a la seguridad, deducido de diversos pasajes de la Constitución, manifestado en el deber del Estado de protegerá la población y a la familia, y los derechos a la vida, integridad física y síquica, de propiedad y de inviolabilidad del hogar asegurados a toda persona.
Por el aparente conflicto señalado anteriormente, en numerosos dictámenes la Contraloría General de la República señaló la ilegalidad de las medidas, toda vez que no existía norma legal expresa que autorizara las medidas de control de acceso y en qué condiciones, por lo que generó criterios administrativos para determinar en qué casos dichas medidas de control de acceso se ajustaban a derecho, ante la falta de una norma legal positiva. La Contraloría General de la República admitía con carácter de excepcional la posibilidad de que las municipalidades, en resguardo de la seguridad ciudadana, autorizaran el cierre de calles y pasajes de una sola entrada o salida, o de pasajes peatonales, salvo cuando estas calles o pasajes convergieran en una avenida o calle principal, y siempre que ello no implicase un detrimento importante al uso común de dichos bienes, ni se afectasen gravemente los derechos constitucionales tanto de los residentes como de cualquier persona, tal como lo señaló, por ejemplo, en los dictámenes 57.306 y 60.362, del año 2009.
El Tribunal Constitucional al hacer el control forzoso de constitucionalidad del proyecto de ley que dio origen a la señalada Ley Nº 20.499, en su fallo Rol 1869-10, aprobó la constitucionalidad de dicho proyecto, señalando la exclusiva inconstitucionalidad del término “vías locales” contenido en el número 1 del artículo único del proyecto de ley, y en el número 2, que introduce la letra q) en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, además de entender que se habilita el cierre o medidas de control sólo respecto de aquellas calles que tengan una única vía de acceso y salida y no de calles que comunican con otras vías.
Producto de lo anterior, la Ley Nº 20.499 estableció que sólo pueden ser objeto de medida de control de acceso o cierre, las calles con una vía de acceso y salida, además de los pasajes y los conjuntos habitacionales urbanos o rurales con una misma vía de acceso y salida. Vale destacar que, de acuerdo al claro tenor del fallo del Tribunal Constitucional, sólo se excluye expresamente a las calles con más de una vía de acceso y salida. Además, es necesario recordar que la solicitud de medida de control de acceso debe ser presentada por, a lo menos, el 90% de los propietarios o representantes de los inmuebles beneficiados con la medida de control de acceso; dicha autorización debe ser fundada, para lo cual previamente deberán informar las direcciones o unidades de tránsito, obras municipales, Carabineros y bomberos de la comuna, sin contar el cumplimiento de otros requisitos. A mayor abundamiento, la autorización podrá ser revocada en cualquier momento cuando así lo solicite, a lo menos, el 50% de los referidos propietarios o sus representantes.
El presente proyecto, surge de la necesidad de proteger a los habitantes de las calles que han sido excluidas de la aplicación de la norma, viéndose impedidos de solicitar autorización para instalar medidas de control de acceso -no cierres de las vías- con motivo de seguridad ciudadana y que no vulneren lo establecido por el Tribunal Constitucional en su fallo.
Los principios en que se funda el presente proyecto de ley fueron reconocidos como principios de la Ley Nº 20.499 en el fallo sobre su constitucionalidad, aspecto compartido y desarrollado pormenorizada mente en el voto de minoría de los Ministros del Tribunal Constitucional Raúl Bertelsen Repetto y Carlos Carmona Santander, al señalar que
“3. Consideramos que la medida de autorizar el cierre o medidas de control, por razones de seguridad de los vecinos, se encuadra perfectamente en normas de rango constitucional relativas a la seguridad pública.
Desde luego, se funda en deberes generales del Estado respecto de las personas, en el que cabe comprender la seguridad ciudadana. En efecto, el bien común implica lograr “la mayor realización espiritual y material posible” (artículo 1°, Constitución); corresponde al Estado “promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación" (artículo 1°); y es competencia de los órganos del Estado, promover "el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional” (artículo 3°).
Asimismo, la seguridad pública interior es un bien jurídico que la Constitución cautela, por una parte, entregando dicha tarea al Presidente de la República (artículo 24) y estableciendo órganos específicos encargados de su resguardo: las fuerzas de orden y seguridad pública y el Ministerio encargado de la Seguridad Pública (artículo 101). Sin embargo ello no significa que otros órganos no puedan colaborar con esa tarea. Específicamente, corresponde a los municipios "satisfacer las necesidades de la comunidad local" (artículo 118, inciso 4°). Consecuente con ello, la Ley Orgánica de Municipalidades establece como función compartida con otros órganos de la Administración, el que los municipios se encarguen de "el apoyo y fomento de medidas de prevención en materias de seguridad ciudadana y colaborar en su implementación (artículo 4°, letra j)”
Por lo anterior, y con el objeto de colaborar en la protección de la población que puede ser víctima de la delincuencia y que vive en calles con más de una vía de acceso y salida, es que se hace necesario posibilitar que los vecinos soliciten a la autoridad el establecimiento de medidas de control de acceso específicas, de tal forma que en ningún caso se contravenga la interpretación hecha por el Tribunal Constitucional.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
El objeto del presente proyecto de ley persigue posibilitar que los vecinos soliciten a la autoridad el establecimiento de medidas de control de acceso en calles con más de un acceso y salida que permitan contribuir al cumplimiento del deber del Estado de dar protección a la persona y su familia, permitiendo el tránsito peatonal y vehicular, habida cuenta del criterio dispuesto por el Tribunal Constitucional al conocer de la constitucionalidad en el trámite de la Ley Nº 20.499.
En consecuencia, no forma parte de la idea matriz de este proyecto alterar el criterio establecido al declarar la constitucionalidad de la Ley Nº 20.499 sino establecer medidas que permitan a los vecinos que residen en calles con más de un acceso y salida -los únicos excluidos de la aplicación de la Ley Nº 20.499 por el fallo del Tribunal Constitucional- contribuir a la acción del Estado en el cuidado y protección de su integridad y bienes, estableciendo en complemento a dicha ley la posibilidad de que los vecinos soliciten a la autoridad medidas de menor intensidad a las ya vigentes.
CONTENIDO DE LA INICIATIVA
El proyecto que se somete a vuestra consideración posibilita que los vecinos soliciten a la autoridad el establecimiento de medidas de control de acceso en aquellas calles que fueron excluidas de la aplicación de la Ley Nº 20.499 por efecto del fallo del Tribunal Constitucional.
De esta forma, se excluye expresamente toda posibilidad de perturbación de la libre circulación en dichas calles, pero se permite a quienes residen en ellas colaborar a la acción del Estado en materia de resguardo de la seguridad de la vida, integridad y propiedad de los vecinos.
En mérito de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este Honorable Senado, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo 1°.- Sustituyese en el número 1 del artículo único de la Ley Nº 20.499 el punto final (.) que pasa a ser punto seguido y agréguese a continuación lo siguiente: “Con todo, respecto de aquellas calles que cuentan con más de una vía de acceso y salida, los vecinos podrán solicitar a la autoridad el establecimiento de medidas de control de acceso que no consistan en la instalación de cierres.”
(Fdo.): Patricio Walker Prieto, Senador.- Hosaín Sabag Castillo, Senador.- Soledad Alvear Valenzuela, Senadora.- Ximena Rincón González, Senadora.- Jaime Quintana Leal, Senador.
MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR GÓMEZ, MEDIANTE LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY RESPECTO DE DETERMINACIÓN DE FARMACIAS DE TURNO (7661-11)
Honorable Senado:
A continuación se formula una propuesta de modificación legal para establecer criterios objetivos para la fijación por parte de la autoridad sanitaria de los turnos de las farmacias, actualmente efectuados conforme al Decreto Supremo Nº 466/1985 del Ministerio de Salud.
La propuesta supone restringir la discrecionalidad de los servicios de salud para determinar el número de farmacias para cada turno y la ubicación de éstas, de manera de superar los problemas de acceso de la población a farmacias en horarios no comerciales.
Antecedentes que justifican la propuesta
La legislación nacional no dispone de norma alguna que establezca un número mínimo de farmacias de turno diarias por número de habitantes ni que disponga de reglas de ubicación geográfica de las mismas. En efecto, el D.S. Nº 466/1985 del Ministerio de Salud que Aprueba el Reglamento de Farmacias, Droguerías, Almacenes Farmacéuticos, Botiquines y Depósitos Autorizados, y que fija normas relativas al turno de las farmacias, no contiene ningún criterio objetivo conforme al cual la autoridad sanitaria correspondiente fija los establecimientos farmacéuticos afectos a los turnos, ni en cuanto a su número, ni en cuanto a su ubicación geográfica, constituyendo ésta una materia de absoluta discrecionalidad del Servicio de Salud correspondiente.
Si bien la determinación discrecional de los turnos establecidos por los Servicios de Salud no ha generado problemas en el pasado, sí lo ha hecho el número de farmacias dispuestas para cada turno por dichos servicios. Efectivamente, en variados medios de prensa de diversas ciudades de la zona norte, centro y sur del país se ha destacado la escasez de farmacias de turno, principalmente en horarios fuera de comercio, dando cuenta de graves problemas de acceso a medicamentos, ya sea por la verificación de filas interminables de clientes o por la necesidad de la población de efectuar grandes desplazamiento hacia estas farmacias. Así ocurre, por ejemplo, que la autoridad sanitaria ha dispuesto en ciudades con más de trecientos cincuenta mil habitantes, sólo una farmacia por turno, con las consecuencias ya descritas.
Propuesta de modificación legal
Con el objeto de superar los problemas descritos, a continuación se propone una modificación legal que busca elevar a categoría de ley el mecanismo de determinación de las farmacias de turno, fijando criterios objetivos en virtud de los cuales la autoridad sanitaria deberá fijar el número de establecimientos farmacéuticos para cada turno y el distanciamiento mínimo entre éstos.
Para ello, se propone al Honorable Senado aprobar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Introdúzcase la siguiente modificación al artículo 122 del Código Sanitario:
Incorpórese el siguiente inciso tercero nuevo:
“Corresponderá fijar semestralmente turnos obligatorios de atención ininterrumpida de las farmacias. El número de farmacias afectas a cada turno será establecido en atención al número de habitantes de cada ciudad, debiendo haber, al menos, una farmacia de turno por cada 50.000 habitantes. De la misma manera deberá considerar la distribución geográfica de las farmacias de turno para facilitar el acceso en la totalidad de la unidad territorial respectiva, evitando que estas se ubiquen a menos de quince cuadras de distancia unas de las otras”.
(Fdo.): José Antonio Gómez Urrutia, Senador.
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES TUMA Y GIRARDI, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE PROHÍBE EL USO DE GASES LACRIMÓGENOS Y OTROS COMPUESTOS QUÍMICOS PARA DISOLVER MANIFESTACIONES PÚBLICAS (7667-11)
CONSIDERANDO:
1° Que nuestra Constitución Política de la República asegura en su Artículo 19 número 13, “El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas”, sin perjuicio de quedar sujetas las reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público a las disposiciones generales de policía.
2° Que la referencia a las denominadas disposiciones generales de policía deben ser entendidas en la actualidad al Decreto Supremo Nº 1.086 del año 1983 del Ministerio del Interior, el cual dispone que las personas que deseen ejercer su derecho a reunión en calles, plazas y otros lugares de uso público deben solicitar autorización a los intendentes o gobernadores, según el caso, el cual podrá autorizar o no la manifestación. Se exige la presentación de una solicitud de los organizadores con individualización precisa de los mismos, del recorrido de las marchas si las hubiere e incluso de la nómina de los oradores de la reunión.
La referida norma reglamentaria autoriza a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública a disolver sin más estas manifestaciones cuando no hubieren sido autorizadas previamente por la autoridad y presume que no se cumple con lo dispuesto en la norma constitucional cuando uno o varios asistentes a la misma porten barras, fierros, cadenas o elementos semejantes.
3° Que la pobreza conceptual con que fueron elaboradas estas normas, dan cuenta de la situación de excepción que se vivía en nuestro país durante la Dictadura Militar, en donde estos derechos siempre estuvieron limitados en su ejercicio por la subsistencia de largos periodos de estados de excepción constitucional.
En resumen, tenemos una regulación del derecho a reunión que lo limita en cuanto derecho esencial de expresión de la ciudadanía, lo cual exige, transcurrido 20 años tras el término de la Dictadura de una revisión profunda.
Lejos estamos aún en Chile de poder citar considerandos como éste del Tribunal Constitucional español, que señala que “En una sociedad democrática, el espacio urbano no es sólo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación” (Sentencia del Tribunal Constitucional Español, 66/1995, FJ 31).
4° Que a veces por la fuerza de la costumbre se sostienen situaciones a lo largo del tiempo que son anómalas en si mismas. En Chile ya vemos como normal y casi natural algo que no lo es, como es el empleo de medios químicos para disolver manifestaciones públicas.
El empleo de gases lacrimógenos o de agua disparada a través de cañones de presión a los que se le agregan sustancias químicas irritantes, no es aceptable en democracia. Otro tanto ocurre con las denominadas armas no letales como los rifles que disparan balines de forrados con goma.
5° Que especialmente grave resulta el uso de gases lacrimógenos, respecto de los cuales existen serias dudas sobre su inocuidad para la salud humana.
Según antecedentes que se han podido recabar, la historia de los gases lacrimógenos data del año 1928. Habrían sido elaborados por primera vez por los químicos norteamericanos Ben Corson y Roger Stoughton, de ahí que se conozcan a nivel mundial como gases CS, compuesto conocido como o-clorobenzilideno malononitrilo. Desde 1956 comenzaron a realizarse ensayos con este gas en Inglaterra para disolver manifestaciones públicas, lo que luego fue adoptado por los Estados Unidos en los años sesenta para reprimir las grandes manifestaciones por los derechos civiles.
El objetivo de estos gases es afectar las mucosas, irritando el tejido conjuntivo del ojo, lo que genera el lagrimeo indiscriminado, a lo que se suma la sensación de ahogo que causa, al afectar severamente la mucosa del sistema respiratorio, lo que es especialmente grave en el caso de niños pequeños, ancianos y enfermos asmáticos y alérgicos que son híper sensibles a este tipo de sustancias químicas.
6° Que en Chile, hemos podido conocer en los últimos días, las declaraciones del toxicólogo Andrei Tchernitchin, investigador de la Universidad de Chile, ha señalado que según estudios realizados en la década de los años ochenta en la Facultad de Medicina de la Casa de Bello, en base a toma de muestras de sangre de alumnos que estuvieron expuestos a estas bombas lacrimógenas se pudieron establecer alteraciones celulares graves las que podrían significar efectos de largo plazo para la salud humana. Otras investigaciones indicarían que la exposición a los gases lacrimógenos podría generar abortos en mujeres embarazadas y graves alteraciones celulares en niños menores de un año.
7° Que uno de los problemas más severos de la aplicación de gases para disolver manifestaciones en lugares abiertos, es que no existe ninguna posibilidad de limitar sus efectos en el espacio. No hay focalización del empleo de la fuerza expresada en la aplicación de gases, con lo cual personas que nada tienen que ver con las manifestaciones resultan afectadas.
Si se considera que uno de los elementos esenciales para analizar la legitimidad de la actuación policial al momento de reprimir una manifestación es el uso racional y proporcional de la fuerza, resulta evidente que estos dos parámetros no se pueden cumplir cuando no existe de parte de los agentes policiales la capacidad de controlar los efectos que los gases tienen sobre el medio ambiente y la población.
En el caso de ciudades con altos niveles de contaminación y mala ventilación como Santiago, el fenómeno es aún más grave. Llama también la atención, cómo las fuerzas de orden son capaces de hacer estallar estas bombas o dirigir cañones que expulsan los gases desde vehículos especialmente acondicionados, en medio del tránsito vehicular, con los daños consecuentes para pasajeros de automóviles y autobuses.
8° Que por otra parte no existe, ningún control sanitario que asegure la supuesta inocuidad de los gases que se emplean, muchos de los cuales se señala en distintas fuentes son fabricados en países del Primer Mundo, más no usados en ellos, sino que solamente en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, reservándose la autoridad policial los datos sobre su composición química y las pruebas de la supuesta inocuidad.
9. - Que al no conocerse a ciencia cierta qué compuestos químicos contienen los gases lacrimógenos, es posible que en Chile se esté vulnerando la Convención de Naciones Unidas sobre Producción, Almacenamiento y Destrucción de Armas Químicas, pues existe un amplia gama de gases lacrimógenos, los cuales tienen un uso vedado en conflictos armados. No se ve razón alguna, por la cual estos dispositivos puedan en consecuencia puedan ser considerados para su uso policial sobre la población civil.
10.- Que esta realidad nos motiva a someter a consideración del H. Congreso Nacional, este proyecto de ley, cuya idea matriz es la prohibición del empleo de sustancias químicas para la dispersión de manifestaciones públicas, fundado en la necesidad de resguardar el derecho a la vida, la salud y la integridad física de los ciudadanos; como asimismo el legítimo ejercicio del derecho a reunirse y manifestarse públicamente. No podemos construir una sociedad democrática, criminalizando la protesta social, ni menos gaseando a los ciudadanos que con buenas o erradas razones, pues aquello da igual para estos efectos, se expresan en las calles del país.
Los autores, confiamos en que el debate de esta iniciativa pueda abrir una discusión más amplia sobre la regulación del derecho a reunión de la población y sobre las formas en que protegeremos la expresión pública de los ciudadanos en los espacios públicos.
Por tanto:
Los senadores que suscribimos venimos en presentar el siguiente:
Proyecto de Ley
Artículo único.- Prohíbase el empleo de gases lacrimógenos y otros compuestos químicos, cualquiera que sea su estado, sólido, líquido o gaseoso, para la disolución de manifestaciones públicas.
(Fdo.): Eugenio Tuma Zedán, Senador.- Guido Girardi Lavín, Senador.
MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR BIANCHI, CON LA QUE DA INICIO A UN PROYECTO DE LEY QUE DECLARA FERIADO, PARA LA COMUNA DE PUERTO NATALES, EL 31 DE MAYO DE 2011 (7666-06)
La Región de Magallanes, aporta al desarrollo constante de todo el país, por la importancia estratégica del Estrecho de Magallanes, sus riquezas energéticas, agropecuarias, turísticas y ambientales. Sin embargo, dadas las características territoriales de nuestro país, no ha sido sencillo para la región, ni su gente, conformar el núcleo potente que es hoy. Uno de sus importantes centros de impulso es Puerto Natales, pujante ciudad del extremo austral de nuestro país, capital de la comuna de Natales y de la provincia de Ultima Esperanza, ubicada a orillas del Canal Señoret, entre el Golfo Almirante Montt y el Seno Última Esperanza.
La población de Puerto Natales, como típica comunidad austral se ha caracterizado por el trabajo y el esfuerzo constante, lo que la ha llevado a transformarse en puerta de entrada a uno de los principales atractivos turísticos del país - como lo es el Parque Nacional Torres del Paine- aportando sustancialmente al desarrollo de la propia región y al reconocimiento mundial de Chile, como destino turístico. La ciudad se ubica a 247 kilómetros al norte de Punta Arenas y a sólo 48 Km. de la ciudad argentina de Río Turbio y 256 Km. de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz en Argentina. Tiene una población aproximada de 25 mil personas y su economía se basa, principalmente, en el turismo.
Este 31 de mayo se celebran, ni más ni menos, que 100 años de la fundación oficial de la ciudad de Puerto Natales. Con ocasión de esta importante celebración se han programado en la comuna un sinnúmero de actividades ciudadanas conmemorativas; algunas de ellas de carácter oficial y otras que obedecen al libre espíritu de pertenencia con esta zona.
Es necesario dar la oportunidad a todos los habitantes de Puerto Natales, de poder disfrutar de un día de celebración en comunidad, incentivando así la identificación de todos los Natalinos con su tierra. Es una forma de realizar un reconocimiento por parte del Estado de Chile a todo un pueblo tan especial, como lo es la gente que hace Patria en un lugar tan austral como es la Provincia de Última Esperanza. Es un merecido homenaje a los pioneros patagónicos, en este su primer Centenario.
Es necesario considerar que en esta época del año, la ciudad se encuentra en lo que se denomina “Temporada Baja”, por lo que un día de celebración no afectaría mayormente al tráfico comercial sino que incentivaría las visitas desde el lado argentino. Agregamos también que las autoridades locales no sólo se muestran bien dispuestas y profundamente interesadas en este proyecto, si no que nos piden como representantes de la ciudadanía el crear las instancias necesarias para hacer de este centenario una festividad que alcance a todos y cada uno de los miembros de la comunidad natalina.
Es por tanto la conmemoración de este hito, junto con la petición de sus habitantes, lo que nos inspira a proponer se declare el año 31 del presente mes y año, como feriado regional restringido, para los habitantes de Puerto Natales, como una manera de dar un merecido reconocimiento a lo que ha sido la historia de esta ciudad austral.
Por las razones anteriores es que vengo en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
“Artículo único.- Fíjese como feriado, con ámbito de aplicación restringido para la comuna de Puerto Natales, el día 31 de Mayo de 2011”.
(Fdo.): Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Víctor Pérez Varela, Senador.- Hosaín Sabag Castillo, Senador.-
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑOR BIANCHI, SEÑORAS ALVEAR Y RINCÓN Y SEÑORES ESCALONA, GARCÍA, GÓMEZ, HORVATH, ORPIS, PÉREZ VARELA, PIZARRO, PROKURICA, QUINTANA, RUIZ-ESQUIDE, SABAG, TUMA, WALKER (DON PATRICIO), Y ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), SOBRE FINANCIAMIENTO PARA LA DIGITALIZACIÓN DE CANALES DE TELEVISIÓN DE CARÁCTER REGIONAL O LOCAL (S 1361-12)
En la Comisión de Transportes del Honorable Senado se encuentra en segundo trámite constitucional el proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre. Boletín Nº 6.190-19.
Dicho proyecto tiene como objetivo el adaptar la ley Nº 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión y regula la actividad televisiva en general, a fin de permitir la introducción de la televisión digital terrestre y aprovechar al máximo las posibilidades que de ello se pueden derivar para el país.
En el mensaje de dicho proyecto de ley se señala que una de las principales “disfuncionalidades” de la legislación actual consiste en la “ausencia de un régimen que reconozca y desarrolle la televisión de carácter regional, local y comunitario, así como de las transmisiones de contenido cultural”.
Por esto el proyecto propone crear la figura de las concesiones regionales, locales y comunitarias, además de la nacional, estableciéndose derechos y obligaciones diferenciadas, con el objeto de protegerlas e impulsarlas en su desarrollo.
Así las cosas luego de una larga discusión en la Cámara de Diputados en la actualidad el proyecto de ley define en un nuevo artículo 15 ter que se pretende incorporar a la ley número 18.838 a los operadores del servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción regionales como “aquellos que sean titulares de concesiones, que consideradas en su conjunto contemplen cualquier nivel de presencia en dos o más regiones, pero en no más del 50% de las regiones del país; o presencia en sólo una región, pero comprendiendo dentro de ella un alcance efectivo igual o superior al 25% de su población o con una cobertura igual o superior al 50% de las comunas de dicha región”.
Asimismo se define a los de carácter local como “aquellos que sean titulares de concesiones que consideradas en su conjunto contemplen presencia en sólo una región, comprendiendo dentro de ella un alcance efectivo inferior al 25% de su población o con una cobertura inferior al 50% de las comunas de dicha región”.
Respecto a este tipo de operadores de servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción el cambio que hoy en día les viene, dadas las condiciones del mercado, amenaza en forma seria sus posibilidades de poder adaptarse exitosamente y en igualdad de condiciones con el resto de los operadores que poseen condiciones económicas y de dominio de mercado sobretodo en lo que dice relación a publicidad incomparables, lo que de seguro redundara en una pronta extinción de los más de 17 operadores regionales que hoy en día existen a lo largo de cada una de las regiones del país.
Esta afirmación tiene un importante sustento en la experiencia comparada en varios países que ya han efectuado sus procesos de adaptación a la televisión digital.
En Estados Unidos se cerraron durante el periodo de transición hacia la televisión digital entre un 20 a un 25% de los canales regionales, en Japón no hubo ingreso de nuevos operadores y en Europa ocurrió algo similar.
Es por esto que creemos que mas allá del revolucionario cambio tecnológico que este proyecto de ley pretende impulsar, con este proyecto se está decidiendo el futuro de las condiciones en que funcionará el mercado de la televisión y de las tecnologías de la información en nuestro país, sobre todo en lo que dice relación con la propiedad de las concesiones de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción.
Dentro de esta coyuntura un tema de vital y de urgente necesidad consiste en el financiamiento que requieren los actualmente existentes canales regionales y locales para “digitalizarse”.
El proceso de digitalización requiere de una importante inversión para reemplazar todos los equipos del respectivo canal. Un estudio digital para estación regional, adecuado para programa de panel, no para shows, requiere a lo menos 4 cámaras, set de monitores, consolas, amplificadores y mezcladores.
Además se requiere contar con una sala de continuidad de la transmisión diaria, equipos de codificación y multiplexaje y una planta transmisora de 0,5 a 1.5 Kw. de potencia.
Todo este equipamiento según un estudios de costo efectuado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones tiene un valor de aproximadamente US$ 360.000 dólares para un canal de señal estándar SD y US$ 642.000 dólares para un canal de señal de Alta Definición, HD.
Como se podrá fácilmente concluir, dichas cifras y montos, sobre todo la que permite un cambio a un canal HD, que es la que exigen la mayoría de los avisadores, son imposibles de solventar por casi la totalidad de los propietarios de los canales regionales del país, que con gran esfuerzo y con mucho espíritu regional han logrado construir alternativas locales de información y entretenimiento que han enriquecido de gran manera a las comunidades locales y regionales y han sido un signo profundo de descentralización y regionalización en los últimos 15 años en nuestro país.
Es por esto que creemos que en este proyecto de ley esta fuertemente amenazada la subsistencia de estos canales regionales, sobretodo por los costos de llevar adelante la digitalización, por lo que es necesaria una fuerte intervención del estado en su rol subsidiario de manera de garantizar para estos canales las condiciones financieras mínimas que les permitan adaptarse en forma exitosa a las nuevas tecnologías.
Sin esta intervención, de seguro que en el corto tiempo se verán frustrados numerosos proyectos regionales que desde hace 15 años existen, y con esto se darán grandes pasos hacia el mercado de la televisión altamente concentrada y de carácter centralista.
Por esto -no obstante que en el actual proyecto de ley se establecen algunos subsidios y algunas mínimas diferenciaciones a favor de los canales regionales, locales y comunitarios-es que creemos que es necesaria una definición y acción clara por parte del estado a favor de la existencia y subsistencia de estos canales.
Dentro de esto, sin perjuicio de otras medidas, es que creemos fundamental que el Estado establezca por los medios que sean pertinentes una política pública que facilite y permita el acceso de estos canales a un financiamiento internacional y/o nacional que no implique copar su capacidad de endeudamiento en la banca nacional, ya sea a través de crédito u otras vías, del proceso de digitalización de estos canales.
Por las razones anteriores es que venimos en presentar el siguiente:
Proyecto de acuerdo que solicita a S.E. Presidente de la República don Sebastián Piñera Echenique, el establecimiento de una política pública que facilite y permita a los operadores del servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción regionales y locales el acceso a un financiamiento internacional y/o nacional, ya sea a través de crédito u otras vías, del proceso de digitalización que estos operadores deberán realizar en el marco de la nueva legislación que se pretende establecer en materia televisiva.
(Fdo.): Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Soledad Alvear Valenzuela, Senadora.- Ximena Rincón González, Senadora.- Camilo Escalona Medina, Senador.- José García Ruminot, Senador.- José Antonio Gómez Urrutia, Senador.- Antonio Horvath Kiss, Senador.- Jaime Orpis Bouchón, Senador.- Víctor Pérez Varela, Senador.- Jorge Pizarro Soto, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.- Jaime Quintana Leal, Senador.- Mariano Ruiz-Esquide Jara, Senador.- Hosaín Sabag Castillo, Senador.- Eugenio Tuma Zedán, Senador.- Patricio Walker Prieto, Senador.- Andrés Zaldívar Larraín, Senador.