Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- Francisco Chahuan Chahuan
- Antonio Horvath Kiss
- Baldo Prokurica Prokurica
- Fulvio Rossi Ciocca
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- PERMISO
- Pablo Longueira Montes
- PERMISO
- DEBATE
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
MAYORES ATRIBUCIONES EN MATERIAS FINANCIERAS A SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- DEBATE
-
REGULACIÓN DE INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA, SERVICIO ELECTORAL Y SISTEMA DE VOTACIONES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Ricardo Lagos Weber
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Patricio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
-
MAYORES ATRIBUCIONES EN MATERIAS FINANCIERAS A SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Maria Isabel Allende Bussi
- PETICIÓN DE OFICIO : Maria Isabel Allende Bussi
- PETICIÓN DE OFICIO : Hernan Larrain Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Baldo Prokurica Prokurica
- PETICIÓN DE OFICIO : Baldo Prokurica Prokurica
- PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Rincon Gonzalez
- PETICIÓN DE OFICIO
- Eduardo Frei Ruiz-tagle
- PETICIÓN DE OFICIO
-
SITUACIÓN DE MAPUCHES EN HUELGA DE HAMBRE Y REVISIÓN DE PROCESOS INSTRUIDOS CONTRA ELLOS. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
PÉRDIDAS FINANCIERAS DE CODELCO POR OPERACIONES EN MERCADOS DE FUTURO. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
SITUACIÓN DE HOSPITAL DE ANGOL. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Quintana Leal
-
DEFICIENCIAS EN REPARACIÓN DE PUENTE CAUTÍN POR RESTRICCIÓN DE RECURSOS. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Quintana Leal
-
PROBLEMAS GEOLÓGICOS EN RIBERA DE RÍO RENAICO. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Quintana Leal
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXOS
- MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR GÓMEZ, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE IMPIDE LA ELIMINACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES POR DELITOS SEXUALES (7621-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑORES NAVARRO, LAGOS, MUÑOZ ABURTO, QUINTANA Y ROSSI, EN MATERIA DE MANEJO DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS GENERADOS POR EQUIPOS COMPUTACIONALES (S 1357-12)
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Navarro Brain
- Ricardo Lagos Weber
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Jaime Quintana Leal
- Fulvio Rossi Ciocca
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES QUINTANA, NAVARRO, PÉREZ VARELA, RUIZ-ESQUIDE Y SABAG, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE MONUMENTO EN MEMORIA DEL POETA GONZALO ROJAS PIZARRO (7622-04)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jaime Quintana Leal
- Alejandro Navarro Brain
- Victor Perez Varela
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- Hosain Sabag Castillo
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR GÓMEZ, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE IMPIDE LA ELIMINACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES POR DELITOS SEXUALES (7621-07)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 359ª
Sesión 15ª, en miércoles 4 de mayo de 2011
Ordinaria
(De 16:32 a 19:57)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GUIDO GIRARDI LAVÍN, PRESIDENTE,
JUAN PABLO LETELIER MOREL, VICEPRESIDENTE,
JAIME QUINTANA LEAL Y ALEJANDRO NAVARRO BRAIN, PRESIDENTES ACCIDENTALES
SECRETARIOS, LOS SEÑORES MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, para dotar de atribuciones en materias financieras, entre otras, al Servicio Nacional del Consumidor (7094-03) (se aprueba en general)........................................................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones (7338-07) (queda pendiente su discusión en general)..................................................................................................
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.................
Situación de mapuches en huelga de hambre y revisión de procesos instruidos contra ellos. Oficios (observaciones del Senador señor Navarro)........................................
Pérdidas financieras de CODELCO por operaciones en mercados de futuro. Oficios (observaciones del Senador señor Navarro)...............................................................
Situación de hospital de Angol. Oficio (observaciones del Senador señor Quintana)....................................................................................................................
Deficiencias en reparación de puente Cautín por restricción de recursos. Oficio (observaciones del Senador señor Quintana).............................................................
Problemas geológicos en ribera de río Renaico. Oficio (observaciones del Senador señor Quintana)........................................................................................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedán, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia , señor Cristián Larroulet Vignau, y de Economía, Fomento y Turismo, señor Juan Andrés Fontaine Talavera.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario , el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:32, en presencia de 36 señores Senadores.
El señor GIRARDI (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 10ª y 11ª, ambas ordinarias, en 19 y 20 de abril del año en curso, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor GIRARDI (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Treinta y cuatro de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con los dieciocho primeros retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto de reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas de Chile (boletines N°s 5.522-07 y 5324-07, refundidos).
2.- Proyecto de ley que regula el tratamiento tributario de los instrumentos derivados (boletín N° 7.194-05).
3.- Proyecto de ley que autoriza el levantamiento de secreto bancario en investigaciones de lavado de activos (boletín N° 4.426-07).
4.- Proyecto de ley que crea mecanismo transitorio de adopción de acuerdos de los copropietarios, en los sectores medios (boletín N° 7.320-14).
5.- Proyecto de ley sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas (boletín N° 7.240-08).
6.- Proyecto que permite el acceso uniforme a las licencias profesionales cumpliendo los requisitos exigidos en la Ley de Tránsito (boletín N° 7.212-15).
7.- Proyecto que modifica la ley N° 20.248, de subvención escolar preferencial (boletín N° 7.187-04).
8.- Proyecto que introduce modificaciones a la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor (boletín N° 7.075-06).
9.- Proyecto de ley que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece registro de dichas inhabilidades (boletín N° 6.952-07).
10.- Proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre (boletín N° 6.190-19).
11.- Proyecto de ley que crea una comisión permanente de coordinación del sistema de justicia penal (boletín N° 7.193-07).
12.- Proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de orden público (boletín Nº 4.832-07).
13.- Proyecto que modifica el artículo 7° de la ley N° 18.525, que establece normas sobre importación de mercancías al país, en materia de salvaguardias (boletín N° 5.363-03).
14.- Proyecto que modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, para dotar de atribuciones en materias financieras, entre otras, al Servicio Nacional del Consumidor (boletín N° 7.094-03).
15.- Proyecto de ley sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones (boletín N° 7.338-07).
16.- Proyecto de ley que modifica el régimen de libertad condicional y establece, en caso de multa, la pena alternativa de trabajos comunitarios (boletín N° 7.534-07).
17.- Proyecto de ley sobre indulto general (boletín N° 7.533-07).
18.- Proyecto de ley en materia de duración del descanso de maternidad (boletín N° 7.526-13).
Con los dieciséis restantes retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto de los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Girardi, Kuschel y Ruiz-Esquide y del ex Senador señor Ominami, sobre responsabilidad por daños ocasionados por animales potencialmente peligrosos (boletín N° 6.499-11).
2.- Proyecto que modifica el DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, incorporando la presunción de declaración y no pago de las cotizaciones de salud al sistema de Isapres, y homologando el interés penal y la multa por no pago de tales cotizaciones a los contemplados en el DL N° 3.500 y en la ley N° 17.322 (boletín N° 6.312-11).
3.- Proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia del concepto de embarcación artesanal y de su clasificación por eslora, del reemplazo de la inscripción en el Registro Pesquero Artesanal y de los requisitos para inscribirse en el mismo Registro (boletín N° 6.242-21).
4.- Proyecto que modifica la ley N° 19.327, que contiene normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional (boletín N° 4.864-29).
5.- Proyecto que modifica la ley N° 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos irregulares, y renueva su vigencia (boletín N° 6.830-14).
6.- Proyecto de ley que crea juzgados de policía local en las comunas que indica (boletín N° 5.906-07).
7.- Proyecto de ley que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales (boletín N° 7.328-03).
8.- Proyecto de ley relativo al uso del pabellón patrio (boletines N°s 7.273-06, 7.095-06 y 7.195-06, refundidos).
9.- Proyecto de ley que establece las bases y procedimientos de fijación de tarifas de los servicios de gas en la Duodécima Región (boletín N° 7.239-08).
10.- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Espina, Chadwick, Larraín (don Hernán) y Prokurica y del ex Senador señor Allamand, relativo a las facultades de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones para practicar, sin orden previa, las primeras diligencias de investigación de un delito (boletín N° 7.050-07).
11.- Proyecto de ley que denomina "Ruka Moñen Tayu Folil, Juan Cayupi Huechicura" al Museo Folclórico Araucano Juan Antonio Ríos (boletín N° 7.023-24).
12.- Proyecto de ley relativo al Sistema de Alta Dirección Pública (boletín N° 7.485-05).
13.- Proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal "CONAF" (boletín N° 7.486-01).
14.- Proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (boletín N° 7.487-12).
15.- Proyecto de acuerdo aprobatorio del "Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales" (boletín N° 6.426-10).
16.- Proyecto que regula derechos sobre obtenciones vegetales y deroga la ley N° 19.342 (boletín N° 6.355-01).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que indica que rechazó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de reforma constitucional que adecua los plazos vinculados a las elecciones presidenciales (boletín N° 6.946-07) (con urgencia calificada de "suma"), e informa la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe formarse, conforme lo dispone el artículo 71 de la Constitución Política de la República.
--Se toma conocimiento y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del Reglamento del Senado, se designa miembros de la referida Comisión Mixta a los señores Senadores integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Contralor General de la República , con el que pone en conocimiento de la Corporación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 142 de la ley N° 10.336, el Informe de la Gestión Financiera del Estado correspondiente al ejercicio contable del año 2010.
Del señor Presidente del Banco Central de Chile , con el que remite la Memoria Anual de esa institución -año 2010-, en virtud de lo establecido en los artículos 78 y 79 de la Ley Orgánica Constitucional de la entidad.
De los Ministros de Hacienda ; Economía, Fomento y Turismo; Trabajo y Previsión Social; Salud (s); Medio Ambiente , y Minería, con los que envían, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, sendos ejemplares del Balance de Gestión Integral 2010 de la correspondiente Secretaría de Estado y de los servicios dependientes o relacionados.
Del señor Director Administrativo de la Presidencia de la República , con el que remite el Balance de Gestión Integral 2010 de aquella Dirección.
Del señor Ministro de Defensa Nacional, con el que responde sendos oficios del Senado, en que se hizo presente la inquietud por las dificultades financieras de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile.
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia , con el que da respuesta a una petición, enviada en nombre del Senador señor Frei (don Eduardo), para que se consideren las propuestas presentadas por la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación, relativas al proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media, y su fiscalización.
Cuatro del señor Subsecretario General de la Presidencia :
Con el primero expone que se ha requerido un informe al señor Ministro de Hacienda para resolver fundadamente la petición, remitida en nombre de los Senadores señores Escalona, Frei (don Eduardo) y Muñoz Aburto, en orden a que se presente un proyecto de ley que conceda un bono extraordinario de invierno, de cargo fiscal.
Con el segundo indica que se ha solicitado informe a la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social , con similar propósito, respecto de la petición cursada en nombre de los Senadores señor Muñoz Aburto, señora Allende y señores Bianchi, Escalona y Ruiz-Esquide, en el sentido de iniciar la tramitación de un proyecto de ley sobre requisitos exigidos a funcionarios públicos para acceder al bono poslaboral.
Con el siguiente, en respuesta a la petición remitida en nombre de los Senadores señores Larraín (don Hernán), Horvath y Orpis, para que se estudie un proyecto con el objeto de fortalecer el Fondo de Protección Ambiental, da a conocer que se pidió informe a la señora Ministra del Medio Ambiente .
Con el último comunica que ha recabado el informe del señor Ministro de Obras Públicas , para considerar la petición enviada en nombre de los Senadores señores Prokurica, Bianchi, Cantero y Horvath, de que se estudie un proyecto de ley sobre suspensión del pago de patente a beneficio fiscal por no utilización de las aguas.
Del señor Director Nacional del Instituto de Previsión Social , con el que suministra la información solicitada en nombre de la Senadora señora Rincón, respecto del número de pensiones básicas solidarias a las que se aplica el descuento de las cotizaciones del seguro de salud.
De la señora Directora del Servicio de Salud Atacama , con el que da respuesta a una petición de antecedentes, enviada en nombre del Senador señor Prokurica, acerca de materias relacionadas con las becas otorgadas a médicos generales en la Región de Atacama.
Del señor Secretario Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Aysén , con el que contesta una petición, remitida en nombre del Senador señor Horvath, en cuanto a la situación que afecta a las familias Nahuelquín Delgado, que residen en la Isla Traiguén, Archipiélago de Los Chonos, Región de Aysén.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea el Ministerio de Desarrollo Social (boletín N° 7.196-06) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, en trámite de Comisión Mixta, que modifica el artículo 7° de la ley N° 18.525, que establece normas sobre importación de mercancías al país, en materia de salvaguardias (boletín N° 5.363-03) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Agricultura, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del "Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales" (boletín N° 6.426-10) (con urgencia calificada de "simple").
De la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Sanitario, con el objeto de facultar a las matronas para recetar anticonceptivos (boletín Nº 7.245-11).
--Quedan para tabla.
Moción
Del Senador señor Gómez, con la que da inicio a un proyecto de ley que impide la eliminación de antecedentes penales por delitos sexuales (boletín N° 7.621-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Declaración de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señores Bianchi, Chahuán, Horvath, Prokurica y Rossi, con la que dan inicio a un proyecto de ley que amplía el concepto de empresas hoteleras para efectos de exención del impuesto al valor agregado.
--Se declara inadmisible por tratarse de un asunto que debe tener su origen en la Cámara de Diputados, según lo establecido en el inciso segundo del artículo 65 de la Constitución Política, y por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , de conformidad con lo dispuesto en el N° 1° del inciso cuarto de dicho artículo.
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señores Navarro, Lagos, Muñoz Aburto, Quintana y Rossi, en materia de manejo de residuos electrónicos generados por equipos computacionales (boletín N° S 1.357-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
Permiso constitucional
Solicitud del Senador señor Longueira para ausentarse del territorio nacional entre los días 9 y 10 de mayo del año en curso.
--Se autoriza.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- En este momento ha llegado a la Mesa una moción de los Senadores señores Quintana, Navarro, Pérez Varela, Ruiz-Esquide y Sabag, con la que inician un proyecto de ley sobre monumento en memoria del poeta Gonzalo Rojas Pizarro (boletín N° 7622-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la Cuenta.
El señor HORVATH.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente , me voy a referir a un asunto reglamentario.
En la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales tenemos una moción que ya fue aprobada por la de Salud -en la nuestra se acogió en general el día de ayer- y que establece la obligatoriedad de rotulación en alimentos genéticamente modificados (boletín N° 3818-11).
Por lo tanto, pido recabar el asentimiento de la Sala para que ambos informes, emanados de los mencionados órganos técnicos, sean vistos en general por el Senado, y luego, en particular por las instancias que se determinen.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se aprobará la solicitud formulada.
--Así se acuerda.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, se ha declarado inadmisible un proyecto de ley que presentamos varios Senadores respecto a la exención del impuesto al valor agregado (IVA) a las empresas que prestan el servicio de alojamiento.
En verdad, señor Presidente, se trata de una iniciativa importante. Por lo mismo, le pido que se oficie al Ejecutivo con el objeto de que le otorgue su patrocinio.
Hay una situación no menor de crisis en el sector turístico, hotelero. Lo que se busca es que el mismo beneficio de que hoy disponen los hoteles, se haga extensivo al resto de las empresas que se dedican al rubro, al giro del alojamiento.
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se enviará el oficio solicitado en nombre del señor Senador.
--Así se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA
MAYORES ATRIBUCIONES EN MATERIAS FINANCIERAS A SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, para dotar de atribuciones en materias financieras, entre otras, al Servicio Nacional del Consumidor, con informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "suma".
7094-03
--Los antecedentes sobre el proyecto (7094-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 90ª, en 1 de marzo de 2011.
Informe de Comisión:
Economía: sesión 13ª, en 3 de mayo de 2011.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- El objetivo principal de la iniciativa es modificar la Ley de Protección de los Consumidores para dotar al Servicio Nacional del Consumidor de mayores atribuciones en el ámbito financiero, contemplándose la regulación de los contratos de adhesión y la creación del "sello SERNAC", que permitirá identificar los contratos que cumplen con los estándares exigidos. Asimismo, se fortalece la facultad del SERNAC para requerir información eficaz y se confiere la calidad de ministro de fe a ciertos funcionarios del Servicio.
La Comisión de Economía discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Espina, García, Kuschel y Sabag). El texto acogido por aquella es el mismo que despachó la Cámara de Diputados, el cual se transcribe en el informe que Sus Señorías tienen a la vista.
Cabe consignar que los artículos 16 quáter y 59 bis, contenidos en el artículo 1º del proyecto, tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 22 señores Senadores.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , nadie puede dudar de la importancia de una iniciativa legal que guarda relación con la protección de los consumidores.
Las sociedades en la actualidad han evolucionado al permitir que todos los ciudadanos tengan derechos que se expresan en su acceso al mercado y a la adquisición de bienes y servicios. En particular, se ha democratizado el acceso a los servicios financieros.
No obstante, el Presidente de la República ha recogido un sentir ciudadano generalizado, reiterativo, en cuanto a que hay un conjunto de normativas o bolsones de mercado que impiden a los usuarios acceder a esos servicios con libertad, con autonomía, y percibir que existe equilibrio entre quienes ofrecen tal prestación y quienes la contratan.
Debo reconocer que el proyecto de ley que envió el Presidente Piñera representa un sentir mayoritario de los ciudadanos y, por supuesto, de los parlamentarios, pues atiende una demanda largamente anhelada.
Sin embargo, con la misma fuerza con que se anunció la iniciativa a través de los medios de comunicación, se ha pretendido hacer creer a la gente que con esta propuesta se logrará un equilibrio entre las oportunidades que tendrá el ciudadano de a pie para establecer una relación con los servicios financieros o los proveedores de crédito a fin de otorgarle mayor información.
En el mensaje, el Primer Mandatario señala: "en el convencimiento de que la mejor forma de proteger a los consumidores es mejorando la información a la que pueden acceder para la toma de sus decisiones de consumo, se busca que las empresas que promocionan y dan a conocer sus productos por Internet informen acerca de los precios y características esenciales de éstos, facilitando así el acceso a la información de los consumidores".
Estando de acuerdo con la inspiración de mejorar la entrega de información, no comparto el diagnóstico de que a través del proyecto en debate se resolverá el maltrato que los usuarios experimentan a manos de un mercado bastante desequilibrado.
Lo que se pretende ahora es "reforzar al Servicio Nacional del Consumidor mediante la creación de divisiones especializadas y, particularmente, una unidad financiera, para que puedan otorgar la orientación adecuada a los consumidores".
Señor Presidente , son necesarias la orientación y una mayor información; pero no es suficiente frente a las condiciones que el mercado ofrece a los consumidores, quienes están absolutamente desprovistos de instrumentos para proteger sus derechos.
El SERNAC así concebido no resuelve el problema, desde el punto de vista de ponerse al lado de los usuarios débiles para procurar un equilibrio en las normas de los contratos de adhesión que, en muchos casos, son abusivas.
Aun cuando se aprobara la iniciativa, no se solucionarían situaciones como las ventas atadas en los créditos, por cuanto al usuario se le conmina a firmar un contrato en el que se ve obligado a mantener una cuenta corriente o una tarjeta de crédito. De hecho, no puede desvincularse de tales productos, porque se desnaturaliza absolutamente el contrato principal, que es el crédito hipotecario. Por ende, se queda pagando, de por vida o mientras dure dicho crédito, servicios que no ha pedido y que no requiere.
En definitiva, el proyecto no resuelve el problema de los consumidores cautivos por parte de las entidades prestadoras de servicios crediticios.
Necesitamos más información, pero también, más derechos.
En ese sentido, resulta atinado lo que acordó la Comisión de Economía por unanimidad hoy en la mañana: aprobar la idea de legislar. No obstante, se debiera fijar un plazo largo -al menos hasta fin de mes- para presentar indicaciones.
Además, se le encargó a la Secretaría de dicho órgano técnico procesar, con la colaboración del SERNAC, las más de 30 mociones -de todos los sectores políticos, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado- que dicen relación con el mejoramiento de los derechos de los consumidores, particularmente, en materia financiera, y realizar una exposición sobre el asunto en el seno de la Comisión.
En consecuencia, la iniciativa que nos ocupa es un paso. Su aprobación en general constituye una oportunidad para hacer lo que no hemos sido capaces: abordar el punto de fondo; o sea, las relaciones entre los consumidores de crédito y las entidades financieras y bancarias.
Hasta el momento estamos limitados por la normativa vigente. En los mercados regidos por legislaciones especiales la Ley del Consumidor prácticamente no tiene imperio, salvo en lo que no esté regulado. Sin embargo, las leyes especiales siempre estarán por encima de los derechos de los consumidores.
Con algunos Senadores hemos planteado un proyecto de reforma constitucional justamente para consagrar los derechos de los consumidores.
Sin embargo, para ser coherente, no basta con que tales derechos tengan rango constitucional si no se implementan con legislaciones que generen un equilibrio, que otorguen justicia, que den oportunidades y que no mantengan cautivos a los usuarios.
Es un avance lo hecho por la Cámara de Diputados en este proyecto al crear el denominado "Sello SERNAC". ¡Pero no es suficiente!
Invito a los señores Senadores a aprovechar esta oportunidad para enriquecer la iniciativa -pongamos más carne a este esqueleto-, que nos permitirá pagar una deuda con la inmensa mayoría de los ciudadanos, quienes, como se ve, se mantienen en la indignación.
Señor Presidente , la entidad que se crea ni siquiera está concebida en términos de actuar como una defensoría, de manera de representar los derechos e intereses de los deudores financieros ante los tribunales de justicia. Porque la fórmula vaga del Ejecutivo deja la idea -equivocada, por cierto- de que existe todo un complejo de organismos competentes para proteger los derechos de los usuarios. ¡Si no van a defender nada! ¡Se va a proporcionar mejor información, pero nadie defenderá esos derechos!
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras se encarga de que funcione el sistema. Pero no vela por los intereses de los usuarios, sino por los de los bancos.
Entonces, mientras tengamos organismos destinados a regular que opere bien la industria, pero no a lograr un equilibrio con la Asociación de Bancos o con la propia Superintendencia a fin de resguardar los derechos de los consumidores, ¡no hay nada que ofrecer, nada que celebrar, nada que anunciar a los usuarios de créditos del país!
Por lo tanto, invito al Senado a trabajar en la formulación de indicaciones que apunten al fondo del asunto: garantizar que los usuarios de créditos tengan derechos.
Por eso -reitero- celebro el acuerdo adoptado por unanimidad en la Comisión de Economía esta mañana para conocer un conjunto de mociones sobre la materia que permitirán mejorar el proyecto.
Reitero: este es un paso, pero queda muchísimo por avanzar.
Dicho órgano técnico tendrá una gran tarea en ese sentido.
A partir de la aprobación de esta iniciativa, de este esqueleto -como alguien dijo: "Peor es nada"-, podremos avanzar en el establecimiento de una normativa que garantice los derechos de los usuarios de los sistemas crediticios.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA .- Señor Presidente , creo que este es un buen proyecto de ley. Mediante él se cumple el compromiso que suscribió con el país el entonces candidato, y ahora Presidente de la República , don Sebastián Piñera .
¿Y por qué creo que es un buen proyecto de ley?
En primer lugar, porque se optó por reforzar las atribuciones del actual Servicio Nacional del Consumidor.
Se pudo crear un organismo distinto; era una opción. Sin embargo, el aprovechar la experiencia, la trayectoria, el prestigio de ese Servicio, como reconocimiento a lo que ha sido su permanente lucha -de muchos años- en defensa de los derechos de los consumidores, en mi concepto, habla de generosidad y, también, de compromiso con lo que debe ser la esencia de las facultades que se le están entregando: protección de tales derechos, ahora en el caso concreto de los servicios financieros.
Señor Presidente, quiero llamar la atención sobre un instrumento que se crea y que me parece novedoso y útil: el llamado "sello SERNAC". Y, junto con eso, se establece el denominado "defensor del cliente".
El sello SERNAC hará que los contratos de adhesión, en la medida que cumplan todos los requisitos de protección a los consumidores, queden validados por el referido Servicio.
Así, cuando los consumidores vayan a tomar un servicio financiero -por ejemplo, un crédito- habrán de fijarse, entre otras cosas, en si la entidad respectiva tiene en sus puertas, en sus ventanas, en fin, el sello SERNAC, porque él será garantía del cumplimiento de todas las normas de protección al consumidor.
Para tener esa garantía, las entidades financieras deberán contar con un sistema de defensor del cliente -obviamente, organizado por ellas- que posibilite que las controversias, quejas o reclamaciones surgidas respecto a cualquier producto o servicio financiero se solucionen por la vía del buen componedor, evitando juicios que se prolongan demasiado y en que muchas veces lo que obtiene el consumidor no guarda relación con el tiempo que debió esperar para que se hiciera justicia.
Estimo, pues, que tanto el sello SERNAC cuanto el defensor del cliente, cuya creación se plantea a través de este proyecto de ley, son instrumentos -como señalé- tremendamente novedosos y, al mismo tiempo, eficaces.
Por otro lado, se faculta para que algunos funcionarios del SERNAC tengan la calidad de ministros de fe, de modo que cuando uno de ellos detecte, por ejemplo, que una entidad financiera no entrega la información correspondiente para determinar el verdadero costo de un crédito o que la que muestra en sus respectivas pantallas, en sus sitios web, en fin, no se ajusta a la verdad, ello sea prueba suficiente ante los tribunales.
El hecho de que a los funcionarios del SERNAC se les otorgue en materia financiera la calidad de ministros de fe significa también un gran avance y constituye una enorme garantía de que se trata de un buen proyecto.
La iniciativa en debate, además, regula las modificaciones a los contratos vigentes, para proteger los derechos de los consumidores en materia financiera. De manera que en este ámbito no podrá haber ningún contrato que vulnere tales derechos.
Señor Presidente, siento que estamos dando un gran paso, que nos hallamos en la línea correcta de defensa de los derechos de los consumidores en materia de servicios financieros.
Por cierto, a este respecto hay abusos, pues muchas veces a las personas no solo se les cobran intereses, sino también comisiones, intereses sobre estas, y se les aplican distintas fórmulas, todo lo cual deriva en que el peticionario no tenga ninguna claridad sobre el verdadero costo del crédito a que opta.
En numerosas ocasiones tampoco existe certeza en cuanto a qué sucede cuando alguien se atrasa en el servicio del crédito; a cómo son las normas que obligan al pago total de la deuda, o a cuáles son las sanciones por la mora.
Al estipularse todo aquello en los contratos de adhesión y al ser estos debidamente visados por el SERNAC, obviamente habrá una garantía en el sentido de que lo consignado en dichos documentos se conforma a la ley, con lo cual -repito- se protegerán los derechos de los consumidores.
Por las razones que señalé, y entendiendo que estamos votando la idea de legislar, los Senadores de Renovación Nacional anunciamos nuestros votos favorables al proyecto en debate.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , en mi condición de miembro de la Comisión de Economía y últimamente como Presidente de ella, me tocó participar en la elaboración del informe recaído en el proyecto del Ejecutivo conocido como "SERNAC Financiero".
Esta iniciativa responde a una necesidad que viene arrastrándose desde hace largo tiempo: la de que los consumidores de servicios financieros sean objeto también de protección.
En la última campaña presidencial fue parte de los programas de los candidatos. Sobre tal base, el Gobierno nos envió un proyecto que va en la línea correcta en cuanto al resguardo del consumidor de servicios financieros.
En la actualidad el SERNAC trata de proteger los derechos de los consumidores.
Para hacernos una imagen de qué significan en nuestro país los consumidores de diferentes bienes, debemos ir a las estadísticas.
Ellas nos muestran que tienen algún tipo de deuda más o menos 4 millones de hogares urbanos; o sea, 67 por ciento de estos recurren a los servicios financieros en procura de préstamos. Y en los estratos de menores ingresos lo hace el 61 por ciento.
Doy estas cifras porque ponen de manifiesto la necesidad de proteger a sectores que muchas veces quedan en posición vulnerable frente a su contraparte en la contratación de préstamos.
Los consumidores de créditos financieros y los de servicios de telecomunicaciones suman más de 60 por ciento de las prestaciones realizadas.
No debemos olvidar, señor Presidente , que hoy día hay en Chile 17 millones de abonados a telefonía celular.
Si revisamos las estadísticas sobre los reclamos que recibió el SERNAC en 2009, vemos que 26 por ciento recayó en las empresas de telecomunicaciones; 27 por ciento en las de servicios financieros y seguros, y 22 por ciento en las del retail.
Considerando tales antecedentes, estimo que el proyecto en debate constituye un avance. Sin embargo, no es lo óptimo.
Todos pensamos en cierto momento que vendría una propuesta para la creación de un servicio protector de los consumidores de recursos financieros.
El Servicio Nacional del Consumidor fue escogido como vehículo para establecer el SERNAC Financiero. No se crea un organismo separado.
Ahora bien, frente a la consulta de por qué no se establecía un SERNAC Financiero aparte de aquel Servicio, el Gobierno nos dio una respuesta que considero razonable: la Superintendencia de Bancos cumple más bien un rol como ente fiscalizador de la banca, por lo cual no puede preocuparse de situaciones que afectan a los consumidores de servicios financieros.
Se quiso, pues, aprovechar la estructura del Servicio Nacional del Consumidor actual para crear el SERNAC Financiero.
¿Qué hace la iniciativa? Consigna disposiciones -las considero positivas, pero hay que seguir perfeccionándolas- sobre diversos aspectos. Y cito:
-Regula los contratos de adhesión de los sectores financiero, comercial y de seguros, y de todo proveedor de créditos.
-Define y prohíbe las ventas atadas.
-Obliga a identificar clara y pormenorizadamente los costos de toda operación de crédito y otros servicios, de manera que el consumidor tenga plena información al momento de decidir sobre la contratación de un préstamo.
-Faculta al consumidor al objeto de revocar los mandatos para el cobro conferidos al proveedor.
-Inserta en la ley N° 19.496 una institución novedosa pero interesante: el sello SERNAC, que se otorga a las instituciones financieras sin antecedentes de conducta abusiva para con sus contratantes de préstamos.
-Crea la figura del defensor del cliente, como mecanismo protector del consumidor de créditos.
-Fortalece la facultad del SERNAC para requerir información eficaz sobre ese tipo de consumidores.
-Confiere la calidad de ministro de fe a ciertos funcionarios del Servicio. Además, les permite aplicar multas ante la comisión de infracciones.
-Incorpora la suspensión de la prescripción de la acción cuando el consumidor haya interpuesto un reclamo ante el SERNAC (no es necesario que medie una demanda judicial).
-Les otorga a los organismos fiscalizadores facultades sancionatorias.
Por otra parte, señor Presidente , hay una cuestión que hice ver en la Comisión de Economía.
Estoy de acuerdo en que se haya optado porque el actual SERNAC asuma también la calidad de SERNAC Financiero. Pero, si bien se le asignan los recursos necesarios para contratar personal, considero insuficiente la dotación que se le fija: 23 personas de planta y a contrata para todo el territorio nacional, más 25 cargos profesionales a honorarios. Y el gasto total -esto tendrá que analizarlo la Comisión de Hacienda en el segundo informe- bordea los 1.100 millones de pesos.
En mi concepto, estamos frente a un proyecto positivo. Falta mucho por avanzar en la materia. Lo que han sostenido aquí los Senadores señores Tuma y García es cierto. Entonces, necesitamos -y así lo acordamos en la Comisión- un plazo suficiente para presentar indicaciones a fin de incorporar las más de 31 mociones referentes a los consumidores instaladas en la Comisión de Economía.
Es decir, hay al respecto una preocupación expresada en una multiplicidad de iniciativas parlamentarias. Y queremos refundir todos los planteamientos contenidos en ellas -por supuesto manteniendo su autoría- para traer a la Sala un proyecto de ley lo más completo posible, que sirva no solo para la instalación del SERNAC Financiero, sino también para perfeccionar el Servicio que ya existe a fin de hacerlo más eficaz en la protección de aquel sector.
La idea del proyecto en debate es resguardar a los consumidores de servicios financieros, sector muy importante que, como dije, alberga a casi 67 por ciento de los hogares que tienen algún tipo de deuda.
Por las razones expuestas, votaremos a favor de la idea de legislar, en el entendido de que durante el trámite de segundo informe, que también se cumplirá en la Comisión de Hacienda, podremos estructurar una iniciativa que alcance de la mejor forma posible el objetivo que se persigue.
He dicho.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Solicito autorización para abrir la votación, porque para aprobar esta iniciativa se requiere quórum especial.
Mientras suenan los timbres podrán intervenir los tres oradores que restan.
--Así se acuerda.
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín para fundar su voto.
El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , en primer lugar, expreso mi apoyo a esta iniciativa, que fue presentada por el Gobierno y su Ministro de Economía , pues creo que, como se ha señalado, responde a una inquietud muy generalizada en numerosos sectores.
No cabe la menor duda de que hoy día existe en el ámbito financiero un grado muy fuerte de asimetría en la información entre quienes están en el lado de los bancos y sus clientes o deudores. Y a esta situación, que bien se explica por la complejidad de la iniciativa en discusión, por sus niveles técnicos, deben buscársele soluciones, ya que de lo contrario la gente común seguirá asumiendo compromisos sin conocer las consecuencias derivadas de ellos. Esto significa a veces que los costos de un crédito se paguen en forma exagerada porque, habiendo resguardos, no se toman precisamente por el desconocimiento que hasta la fecha hay en torno a esta materia.
Por eso, cuanto se encamine a simplificar la información y a obligar a entregarla es, sin lugar a dudas, extraordinariamente positivo. Y el proyecto que nos ocupa, a mi entender, en lo fundamental, lo hace. Por ejemplo, por la vía de regular los contratos de adhesión estableciendo una cantidad relevante de especificaciones que deben contener: comisiones, cargos y tarifas cobradas; causales de terminación anticipada; duración; procedimiento de reclamo; obligación a proveedores de mantener informado periódicamente al consumidor sobre el estado del servicio prestado; facultad del consumidor para poner término a un contrato de crédito pagando en cualquier tiempo lo adeudado, etcétera.
Es decir, estamos frente a un esfuerzo muy necesario en una materia compleja y que se ha prestado para la comisión de abusos con más frecuencia que la deseable.
Por eso, también me sumo a la aprobación en general de esta iniciativa, mas no sin dejar manifestada mi inquietud por algunas de las normas que contiene.
Desde luego, porque en parte el objetivo no se logra plenamente debido a que, más que intentar simplificar la información, esta iniciativa busca un producto con mayor estandarización, que probablemente deja poca libertad para la diversidad financiera, para la diversidad de los bancos, lo que puede, al final, perjudicar a los clientes más riesgosos, que son los de menos recursos.
Entre las normas que, a mi juicio, deben ser consideradas con especial atención, si bien son de distinta envergadura, se encuentra, por ejemplo, el artículo 16 quinquies, que señala las prácticas comerciales que no se pueden utilizar, entre las cuales su letra a) incluye el envío de productos o contratos "no solicitados al domicilio o lugar de trabajo del titular.".
Me pregunto por qué eso puede atentar contra la libertad de elección. No necesariamente es así. No veo la justificación. Por lo tanto, es algo que quizá bien merecería ser revisado.
Otra cuestión -a lo mejor, un poco más compleja- se relaciona con el número 3 del ARTÍCULO 1º, que modifica el artículo 26 de la ley Nº 19.496, donde se establece un plazo de prescripción de seis meses para las acciones, contados desde que se haya incurrido en la infracción respectiva, y de un año respecto de las sanciones. El proyecto agrega una oración en el sentido de que el primero de esos términos se suspenderá cuando se presente una reclamación ante el Servicio Nacional del Consumidor y seguirá corriendo una vez concluido el trámite ante este organismo.
Ello es bastante discutible. Normalmente, las prescripciones se interrumpen cuando media una intervención judicial, lo cual se explica porque esta se sujeta a ciertas reglas que no son las mismas en el ámbito administrativo. Existe, por ejemplo, el abandono del procedimiento, lo que permite que la interrupción de la prescripción sea eterna o casi indefinida. Lo anterior no ocurre en la esfera administrativa, lo cual se traduce en que una reclamación se tramite durante años y nunca se deje de interrumpir la prescripción.
Me parece que es un asunto complicado y digno de revisarse.
Tal vez también reviste una dificultad la situación que se presenta con motivo del artículo 62 que se agrega, en el número 10 del ARTÍCULO 1º, para facultar al Ministerio de Economía a dictar reglamentos por decreto supremo a fin de complementar el contenido del proyecto.
Una de las disposiciones contempladas determina que "Los contratos de adhesión con cláusulas de renovación automática, deberán modificarse y ajustarse a las nuevas normas dentro de los doce meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia del reglamento respectivo", etcétera. No quiero entrar en todo el detalle.
Lo que se plantea es que se pueden reemplazar, dentro de un plazo, los contratos ya firmados por los clientes o consumidores con una institución financiera. Me pregunto si nos encontramos frente a un caso de efecto retroactivo que va más allá de lo permitido. Como los contratos incluyen, al momento de su celebración, la ley vigente, al disponer su cambio más adelante podemos afectar derechos adquiridos. Estos últimos, en cierto ámbito, gozan de protección constitucional, por lo que no cualquier norma puede tener efecto retroactivo.
Aquí se presenta un punto por examinar, ya que no es posible determinar esa consecuencia por reglamento en casos en que se puedan vulnerar tales derechos.
En fin, como se puede apreciar, existen algunos aspectos muy positivos en el proyecto, ya resaltados en diversas intervenciones, y, por lo mismo, no hago más que sumarme a ellas.
Estimo que ciertas disposiciones, como las que he mencionado, deberán ser revisadas en la discusión particular, para evitar, o absurdos jurídicos, o inquietudes que puedan generar vacíos o situaciones que no quisiéramos ver en nuestra legislación.
Por todas las razones expuestas, señor Presidente, vamos a votar favorablemente la iniciativa, pero en esa otra etapa presentaremos indicaciones que permitan corregir aspectos que estimamos insuficientes o equivocados en el texto que hemos conocido.
He dicho.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el SERNAC recibió 328 mil consultas y 170 mil reclamos en 2009. La mayor cantidad se concentra en los sectores financiero y de telecomunicaciones, ambos regulados por leyes especiales.
El señor Ministro y el mensaje han hecho referencia a esas normativas y a la necesidad de aumentar la protección de las personas en un ámbito que presenta mayores dificultades para las reclamaciones.
La creación de un fuerte Servicio Nacional de Protección al Consumidor es el desafío de la iniciativa en estudio. La asignación del carácter de ministros de fe a ciertos funcionarios de la entidad asimila la situación a la del Servicio Nacional de Pesca, la Corporación Nacional Forestal, la Superintendencia de Seguridad Social, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Carabineros de Chile, la Dirección del Trabajo, el Servicio de Impuestos Internos.
El propósito, como lo planteó el Senador señor Zaldívar , es fortalecer funciones y atribuciones, pero ello requiere el personal necesario para la fiscalización. Resulta claramente insuficiente la dotación contemplada en el proyecto: 23 funcionarios más 3 directivos, con un total de 26.
El costo anual ha sido calculado tres veces por la Dirección de Presupuestos. Primero ascendió a 463 millones de pesos, en seguida a mil 80 millones y después a 526 millones, por el financiamiento sobre la base de multas.
Es claro que uno o dos millones de dólares para proteger a millones de chilenos, en relación con cientos de miles de millones de pesos que se transan, no parecen suficientes.
Por su intermedio, señor Presidente , quisiera expresarle al señor Ministro que, o se proporciona al SERNAC, en sus nuevas funciones, personal idóneo, capacitado y en número suficiente, o, al final, la ley será letra muerta. Así ha ocurrido muchas veces.
Hago presente que no basta afirmar que se va a proteger al consumidor: es preciso que el Servicio cuente con los funcionarios necesarios. El incremento de 23 cupos, si se consideran las 15 Regiones -o sea, uno y medio para cada una-, es absurdo. Es algo que no da. En la Región Metropolitana, con 6 millones y medio de habitantes, la distribución proporcional carecería de sentido. ¡Un funcionario y medio...!
Por lo tanto, resulta evidente que si queremos proteger de verdad a los consumidores tenemos que asignarle al Servicio la cantidad de personal que precisa. ¿Cuánto? Se puede calcular según el número de denuncias y también por el número de habitantes.
El organismo cuenta con una notoria ventaja en cualquier papel fiscalizador: se halla presente en el 97 por ciento del territorio, con 15 oficinas. Lo sabemos en la Región del Biobío. Su actuación ha sido adecuada, aunque lleva a comprobar que sus facultades son escasas. Por eso, estamos tratando de fortalecerlo.
Señor Presidente , la banca y sus tarjetas de crédito son las que ofrecen tasas de interés más bajas, pero, aún así, llegan al 30 por ciento anual. En las tarjetas de crédito de las grandes tiendas, la llamada "tasa máxima convencional" bordea el 50 por ciento anual, y a eso se tienen que sumar varios cargos fijos, como la comisión de administración, el seguro de fraude y el seguro de desgravamen, los que se cobran mensualmente y, para los que las usan poco, representan un recargo apreciable en la tasa máxima legal.
La banca ha informado recientemente que los créditos de consumo solo le aportan un 2 por ciento a su rentabilidad, pero no indica qué proporción de sus gastos operativos se deduce de sus ingresos para llegar a ese porcentaje.
En todo caso, son frecuentes las ofertas de aumento de los cupos de créditos de consumo a los clientes, lo que parece indicar que es un buen negocio. Permanentemente llaman por teléfono para informar de un crédito preaprobado. Entonces, a un trabajador le llega algo parecido a un cheque y le dicen que se halla en condiciones de ir a cobrar 300 lucas de inmediato.
O sea, tientan de manera especulativa a los clientes. No es un mal negocio. No parece tratarse solo del 2 por ciento de las utilidades.
Uno de cada cuatro reclamos de los consumidores corresponde al mercado financiero.
Como indica la cuenta pública 2005-2010 del SERNAC, los consumidores enfrentan un "confusopolio" en el mercado crediticio. Esto es, se registran una falta de competencia, por confusión, no por claridad en la información; cambios unilaterales en las condiciones contratadas; cobros indebidos; montos y recargos desconocidos, etcétera.
La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS) estimó insuficientes los alcances que tendría el proyecto de ley del SERNAC Financiero, debido a que no considera la oportunidad de que los clientes del sistema pueden cambiarse a la institución que les ofrezca las mejores condiciones para pagar las deudas contraídas.
Según toda la información que hemos reunido, en el sistema financiero de los Estados Unidos es posible que un cliente renegocie con otra entidad su deuda, y esta última le paga a la primera.
CONADECUS plantea que los consumidores del sector financiero deben tener flexibilidad para arrastrar su deuda hacia el actor -bancos, instituciones financieras, cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito- que les ofrezca las condiciones más cómodas a fin de cancelar sus compromisos adquiridos, tal como ello funciona en Estados Unidos.
El único antecedente disponible sobre el nivel de endeudamiento del sector lo aportó la última encuesta de presupuestos familiares realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas. Según ese sondeo, la mayoría de los hogares, salvo los más pudientes, gastan mucho más de lo que ganan. Es decir, los pobres se endeudan más. La situación más crítica la viven las familias del primer quintil. Un hogar tipo de este grupo recibe 170 mil pesos mensuales y gasta alrededor de 300 mil. Como la banca no llega a ellos, algunos expertos suponen que "la bicicleta" la completan con compras a crédito y otras fuentes de ingreso adicional.
El Banco Central calculó que los hogares están destinando 43 por ciento de sus ingresos a pagar deudas.
Existen informes, respecto de sindicatos, demostrativos de que los descuentos por créditos de todo tipo -medicamentos, salud, vestuario- alcanzan a 80 por ciento de la remuneración.
Resulta obvio que es preciso legislar.
Presenté un proyecto para establecer un tope no superior a 45 por ciento del ingreso en el descuento por planilla a los trabajadores. Si no, la capacidad de endeudamiento llegaría a cien por ciento y no al indicado, dado el tipo de gasto que cada empleado debe hacer.
En 2000, la cifra de endeudamiento de los hogares llegaba a 35 por ciento. Por cierto, sigue creciendo. Se calcula que aumenta en 16 por ciento anual.
La iniciativa en análisis otorga la calidad de ministros de fe a ciertos funcionarios del SERNAC -repito- para acreditar las violaciones a la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. Esta función es muy valiosa para las transacciones de mercaderías y para determinar las multas e indemnizaciones que podría aplicar la justicia, pero no cumplirá función alguna en el caso de los créditos, ya que, en general, quedan registrados y se ciñen a la legalidad y los contratos. Es decir, no hay una falta, porque los cobros abusivos son legales, entre comillas.
Se requieren una Fiscalía Nacional Financiera con atribuciones para investigar y sancionar la colusión y el abuso en todas las instituciones financieras y un BancoEstado que actúe para regular el mercado del dinero. Pero las funciones de este último siguen siendo cada día más privadas y lo del Estado le queda solo en el nombre.
Es preciso que el proyecto sea complementado con la eliminación del anatocismo, o sea, el cobro de intereses sobre intereses. Ante un préstamo de mil pesos, pagadero en diez cuotas, con una tasa de 5 por ciento, el primer mes pago 105 pesos; el segundo, 105 pesos más 5, sobre lo cual se aplica la tasa -o sea, se calcula sobre 110-; al mes siguiente sobre 115, y así. Le consulto al señor Ministro si se ha evaluado tal situación. Está claro que si hay algo que defender es evitar el pago de intereses sobre intereses.
Resulta necesario fortalecer las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica para sancionar colusiones y abusos de posición dominante. En relación con las farmacias, por más que haya hecho algo, se sigue en un largo proceso. Ninguno de los ejecutivos relacionados con el caso está preso. ¡Ni uno solo! Han pasado años y el juicio continúa.
Por otra parte, es incomprensible que el sistema de información crediticia se mantenga como un monopolio en la Cámara de Comercio de Santiago. Es algo que no se entiende. Se trata de un decreto de 1938.
Presenté otro proyecto de ley, que busca cambiar la situación y que otras instituciones puedan entrar a manejar esa base de datos, y, en definitiva, originar más competencia. ¿Por qué la Cámara de Comercio ha de ser la única que cobre por información financiera? Eso resulta arcaico e inexplicable.
A la gente la llaman a su casa para cobrarle u ofrecerle nuevos créditos. La ley actual lo permite. Claramente, se requiere un reforzamiento ante la irrupción en el hogar y el lugar de trabajo para cobrar la deuda. Y eso esperamos de la presente iniciativa.
Las ventas atadas debieran ser reguladas.
Señor Presidente , queremos un SERNAC poderoso, que defienda a los consumidores. La propuesta en análisis es un avance, pero resulta insuficiente. Tenemos que proteger más a los clientes, a los consumidores, y menos a los bancos. Ojalá los cuentacorrentistas pequeños contaran con la protección que hoy día buscamos en relación con el SERNAC, pero se encuentran en absoluta desventaja y la banca abusa de ellos.
Votaré a favor de la idea de legislar.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Antes de continuar concediendo el uso de la palabra, me permito recordar lo siguiente.
Hay dos proyectos con urgencia. Si no se despacha el relativo a la inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones, signado con el número 2 en el Orden del Día, deberemos celebrar sesión mañana. Formulo el llamado de atención solo para autorregularse en los tiempos.
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente , trataré de ser lo más breve posible, pero quisiera hacer una breve reflexión política acerca de la relevancia de una iniciativa de esta naturaleza.
En primer lugar, felicito al Ministro de Economía , señor Fontaine , porque no solo ha demostrado perseverancia e insistencia para que el proyecto sea aprobado en el Congreso -así lo hizo en la Cámara de Diputados-, sino que también ha estado abierto siempre a escuchar propuestas para perfeccionarlo durante la tramitación parlamentaria.
Y, a través del Secretario de Estado, felicito igualmente al Presidente de la República, por supuesto, ante una iniciativa de estas características.
Me alegro de que en la Comisión de Economía, presidida por el Senador señor Zaldívar , haya existido una disposición de todos para perfeccionar el texto y permitir que sea aprobado lo antes posible, al incorporarle un conjunto de normas para mejorarlo, pero sin que se transforme en una de esas iniciativas que se dilatan por meses y años y que cuando al final salen ya tienen que ser modificadas, porque las condiciones han cambiado. Ello lleva a que nos encontremos con proyectos que terminan transformándose en verdaderos "ladrillos", en circunstancias de que, a veces, más vale sacar una legislación rápida, oportuna, con todo el contenido necesario.
Reitero mis felicitaciones al Ministro de Economía y al Presidente de la República.
En mi concepto, la normativa en análisis reviste una enorme importancia, porque, en una economía social de mercado, existen dos principios que se deben fortalecer.
El primero de ellos es el de la libre competencia. Nosotros somos partidarios de aplicarla, del emprendimiento, de la creación de empresas. Y ese es el motor de desarrollo de la economía.
Pero, simultáneamente, otro principio de igual envergadura dice relación con la protección de los derechos de los trabajadores y de los consumidores. Y el Gobierno del Presidente Piñera está resueltamente decidido a avanzar en ambos sentidos.
Hace poco, algunos Senadores participamos en Estados Unidos, invitados por el BID, en una conversación en la que estuvieron presentes el presidente del Partido Socialista y representantes del PPD, de la UDI, de Renovación Nacional, de la Democracia Cristiana. Allí tuvimos la oportunidad, con expertos chilenos y extranjeros, de darnos cuenta de que nos falta mucho terreno por recorrer, sin demagogia, ni populismo ni ofertas indebidas, para contar con una legislación laboral que realmente nos ponga a la altura de un país desarrollado.
Y, en materia de derechos del consumidor, no cabe duda de que en Chile hay mucho camino que andar. Basta ver lo que ha hecho el SERNAC durante el último tiempo para darse cuenta de que parte importante de los estudios e investigaciones que lleva adelante -se trata de una entidad ligada directamente al Ministerio de Economía- reflejan abusos respecto de tales derechos.
Lo vimos en el caso de las cláusulas abusivas de los bancos, del retail. Y la prueba de ello es que las propias instituciones las modificaron, a raíz precisamente de esos estudios y de las acciones que el SERNAC iba a emprender.
Por consiguiente, no nos encontramos en presencia de denuncias irresponsables, demagógicas, sino que, efectivamente, no son respetadas muchas normas relativas a los derechos de los consumidores.
Nuestra legislación establece algunos principios claves en la materia. Así, el artículo 3° de la Ley del Consumidor señala, en síntesis, lo siguiente:
"Son derechos y deberes básicos del consumidor:
"a) La libre elección del bien o servicio. El silencio del consumidor no constituye aceptación en los actos de consumo;".
Cabe recordar que poco tiempo atrás hubo un debate donde se señaló que cuando un consumidor guardaba silencio, las empresas del retail podían aumentar la comisión que le cobraban y, si él no se pronunciaba, se daba por aceptado ese incremento. Esa situación derivó en una investigación que llevó adelante el SERNAC.
En seguida, la norma expresa: "b) El derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes".
"c) El no ser discriminado arbitrariamente por parte de proveedores de bienes y servicios;
"d) La seguridad en el consumo de bienes y servicios".
"e) El derecho a la reparación e indemnización".
"f) Y la educación".
Señor Presidente , a mi juicio, el proyecto en discusión constituye un enorme avance. Porque, sin duda, fortalece un principio básico de la economía social de mercado: sostener la defensa de los derechos de los consumidores como contrapartida -ya lo señalé- a la libre competencia y el emprendimiento.
Deseo destacar dos o tres puntos de la iniciativa. A ellos ya se refirió el Honorable señor García y, por lo tanto, no voy a entrar en su detalle. Pero me parece importante que se valoren.
En primer lugar, el proyecto establece gran cantidad de información nueva y muy valiosa.
En segundo término -lo explicó bien el señor Senador-, se crea el denominado "sello SERNAC". Y será difícil que una empresa o proveedor no postule a obtenerlo, pues constituirá el distintivo que demuestre sin lugar a dudas que los contratos suscritos con los consumidores están sujetos al cumplimiento irrestricto de sus derechos.
Asimismo, la existencia de ministros de fe es un paso muy relevante. Porque hay un problema en los medios probatorios y, por lo tanto, se requiere su fortalecimiento.
Por otra parte, se establecen normas referidas a las ventas atadas. Estas generaron gran polémica e, incluso, muchos bancos e instituciones financieras que las ofrecían tuvieron que echar pie atrás. Ello, porque obligaban a una persona que pretendía contratar un servicio a tomar otro anexo, aunque no quisiera hacerlo, al no existir la alternativa de contratar uno solo. Por ejemplo, para abrir una cuenta corriente, había que llevarse una tarjeta de crédito. Y, si el cliente manifestaba que solo quería la cuenta corriente, el ejecutivo le respondía que no se la daría si no llevaba también una tarjeta de crédito.
Considero que una manera de prestigiar el modelo de economía social de mercado -en el cual yo creo- radica en avanzar en este ámbito clara, categórica y abiertamente, sin justificar lo injustificable. De esa forma, se fortalecerá el modelo económico y no quedará sujeto a que el día de mañana surjan posturas populistas que pretendan derribarlo por su mala aplicación. Y, en tal sentido, destaco fuertemente el sentido, alcance y visión del proyecto.
Deseo mencionar otras dos consideraciones.
Primero, la Comisión de Economía despachó una iniciativa que pronto vendrá a la Sala. Esta no dice relación con estas materias, sino con normas de procedimiento.
Me explico.
Las normas de procedimiento referidas a la acción que pueden emprender las organizaciones de consumidores ante los tribunales de justicia esconden una trampa mortal. Se trata del llamado "requisito de la admisibilidad" para que la demanda pueda seguir adelante.
Fíjense, señores Senadores, que la admisibilidad, la cual supuestamente es un requisito de forma para los efectos de ver si una demanda procede o no, se ha transformado en el juicio de fondo. Y las declaraciones de admisibilidad demoran dos, tres, cuatro años, antes de que se entre al fondo del asunto. Por ejemplo, una persona que haya demandado en 2010 solo podrá ser favorecida, mediante un fallo que le dé la razón en cuanto a que fue objeto de una violación a los derechos del consumidor, siete años después.
Esa es -perdónenme- una flagrante violación al principio de acceso a la justicia. Porque esta no solo ha de respetar el debido proceso y la bilateralidad de la audiencia, sino también obtener la pronta resolución del conflicto sometido a su conocimiento.
La iniciativa que se ocupa de esa materia será sometida próximamente al conocimiento de la Sala y constituye un tremendo avance para simplificar lo relativo a la admisibilidad.
Segundo, se ha presentado un proyecto de reforma constitucional -recién va a ser analizado por la Comisión de Economía-, iniciado en moción de los Senadores señores Andrés Zaldívar , Chadwick , Tuma , García y del que habla. Esta iniciativa apunta a las denominadas "reformas de tercera generación en Chile", en cuanto a establecer los principios básicos que deben velar por la defensa de los consumidores.
El texto propone agregar al inciso primero del N° 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República la siguiente frase:
"Es deber del Estado fomentar la protección de los derechos de los consumidores, la libre elección de los bienes y servicios, una información suficiente, veraz y oportuna, como su derecho a no ser discriminados arbitrariamente y a ser reparados de los daños sufridos, en conformidad a la ley.".
Alguien podrá preguntarse por qué hay que colocar estos principios en la Carta Fundamental.
Por una razón muy sencilla. La Ley del Consumidor tiene rango legal. En consecuencia, de haber en otra institución una normativa que estableciera preceptos distintos en la materia, sería factible que quedarán fuera de la protección de dicha legislación otros usuarios de servicios, quienes, derechamente, no podrían acceder al principio de igualdad ante la ley. Pero ello no sucedería si se rigieran por las normas de los derechos de los consumidores a las que me referí.
Finalmente, señor Presidente, voto a favor del proyecto. Nos parece que constituye un enorme avance y esperamos poderlo perfeccionar.
Reitero que estas son las cosas que prestigian al Parlamento, cuando el trabajo se hace bien y rápido.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Antes de darle la palabra al Honorable señor Orpis, debo aclarar una información que entregué recién a la Sala.
Fueron renovadas las urgencias de los proyectos sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones, y en cuanto a acceso uniforme a las licencias profesionales de conducir, que figuran en los lugares segundo y tercero del Orden del Día de esta sesión, respectivamente. Y, ahora, el plazo para despacharlos vence el 19 del mes en curso.
Ello, sin perjuicio del orden fijado en la tabla de hoy. Lo señalo, simplemente, para efectos de rectificar un error de información.
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente , una tónica de lo que ocurre en la sociedad actual es la masificación de los servicios. Y, desde ese punto de vista, los contratos de adhesión van adquiriendo cada vez mayor importancia en el mundo comercial.
Cabe destacar que es fundamental regular lo relativo a los contratos de adhesión. A mi juicio, esta es la esencia del proyecto. Porque en ellos siempre hay una parte que impone las condiciones, y otra que es más débil, que muchas veces está obligada a aceptarlas, sin tener posibilidades de modificar las cláusulas establecidas en el contrato, y con enormes dificultades para renunciar a él.
Por tanto, ese es el mérito de la iniciativa en estudio.
El proyecto establece y regula las especificaciones en los contratos de adhesión -tal como se ha señalado en este debate-, en cuanto a los cargos, tarifas, comisiones, causales de terminación anticipada, duración, procedimientos de reclamo, etcétera.
Es decir, ese tipo de cláusulas se determina por ley.
Por su parte, otro elemento importante que se incorpora en la iniciativa es la facultad del consumidor para ponerle término a un contrato de crédito, pagando lo adeudado. Porque es muy difícil salir de estos. Ahora no solo se propone que se pueda concluir el contrato en cualquier tiempo, cancelando la deuda pendiente, sino también que exista la obligación de alzar las hipotecas comprometidas dentro del plazo de 30 días. Son facilidades que se le dan a la parte débil del contrato de adhesión.
De otro lado, también me parece tremendamente relevante lo que se consagra en el artículo 16 septies, en el sentido de facultar a los consumidores para poner término de inmediato a los pagos automáticos contratados. Porque repito que se trata de servicios que cada vez se masifican más.
Por último, a mi juicio, tiene gran mérito lo dispuesto en el proyecto de ley -que se discute en general- con respecto a la creación del llamado "sello SERNAC".
En diversas oportunidades la parte débil de un contrato de adhesión no tiene mayores orientaciones para aceptar o no lo que le ofrecen. Entonces, el hecho de tener dicho sello será un primer indicio de que el contrato se ajusta a la ley, independiente de que después esa parte pueda analizarlo con mayor acuciosidad. Esta es una primera señal favorable que hoy día no tiene el consumidor.
Por tales razones, señor Presidente , estimo que la iniciativa constituye un avance tremendamente importante. Sobre todo, porque -reitero- protege a la parte débil en los contratos de adhesión, que cada vez son más masivos. Y, precisamente, la masividad de los servicios es la tónica que se da en la sociedad actual y, en particular, en las relaciones comerciales.
Voto que sí.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (35 votos favorables), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Longueira, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Se debe fijar plazo para formular indicaciones.
¿Qué fecha propone el Senador señor Zaldívar?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , por las razones que expusimos en el debate, con el objeto de elaborar las indicaciones y, a lo mejor, fusionar la iniciativa con otros proyectos, iniciados a través de mensajes o de mociones, sugiero establecer dicho término hasta el lunes 30 de mayo, de tal manera que al día siguiente empecemos a trabajar en la materia.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se fijará plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 30 de mayo, a las 13.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Conforme.
--Así se acuerda.
REGULACIÓN DE INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA, SERVICIO ELECTORAL Y SISTEMA DE VOTACIONES
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7338-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 72ª, en 1 de diciembre de 2010.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 9ª, en 13 de abril de 2011.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Los objetivos principales de la iniciativa son:
1) Establecer un sistema de registro electoral con inscripción automática y cambio de domicilio electoral, que incorpore en el padrón electoral a todas las personas que cumplan los requisitos para ello.
2) Modificar la organización, la estructura y las funciones del Servicio Electoral.
3) Modernizar el sistema de votaciones.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento analizó el proyecto en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señores Chadwick, Espina, Larraín (don Hernán), Quintana y Walker (don Patricio).
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado donde se transcriben la normativa legal vigente y el texto que ese órgano técnico propone acoger en general.
Corresponde tener presente que para la aprobación de esta iniciativa se requieren los votos conformes de 22 señores Senadores, con excepción de los artículos 6°, 8° y 9°, para los cuales se precisa quórum de ley común.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- En discusión general.
Antes de otorgarle la palabra al Senador señor Gómez, sugiero seguir la tradición y permitir primero que la Presidenta de la Comisión entregue su informe.
El señor GÓMEZ.- Bien.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente , el proyecto cuyo análisis iniciamos busca materializar la reforma constitucional aprobada por el Congreso en el año 2009, sobre voluntariedad del voto e incorporación al Registro Electoral por el solo ministerio de la ley.
En aquella oportunidad se dispuso que las enmiendas pertinentes rigieran al momento de entrar en vigencia la ley regulatoria del nuevo Registro Electoral, al que los ciudadanos accederán automáticamente por el solo hecho de cumplir los requisitos establecidos en la Carta.
Considero útil recordar que los propósitos y contenidos del texto en debate coinciden en parte con los consignados en el boletín N° 6.418-07, correspondiente a un proyecto referido a la inscripción automática, el sufragio voluntario y el voto de los chilenos en el extranjero. Su tramitación se encuentra pendiente en nuestra Comisión. Sin embargo, en el marco del debate habido a su respecto -el proyecto ya fue aprobado en general por la Sala-, el Gobierno decidió presentar una nueva iniciativa, circunscrita solo a la inscripción automática, a la modernización del Servicio Electoral de los chilenos que viven en el país y al perfeccionamiento del sistema de votaciones. Y esa normativa es la que ahora informamos.
Como fundamento del proyecto, el mensaje señala la necesidad de actualizar permanentemente nuestra democracia, para hacerla más participativa y vital. Agrega que lo anterior es especialmente necesario en el caso de Chile, pues la ciudadanía, y en particular los jóvenes, está cada vez más distante de la política, lo que a su vez ha dado lugar a que la democracia haya perdido fuerza, juventud y legitimidad.
La realidad de tal desafección se demuestra con las siguientes cifras:
-3,5 millones de ciudadanos chilenos no participan y no se interesan ni siquiera por inscribirse en los registros electorales.
-Se observan números históricos de abstención y de gente que vota nulo o blanco en los comicios.
-Casi la mitad de las chilenas y los chilenos (más de 5 millones de personas) no participan en nuestra democracia.
Y el envejecimiento del padrón electoral se corrobora con los siguientes datos:
-En el plebiscito del año 1988, el 36 por ciento de los votantes eran menores de 29 años, cifra que en la última elección se redujo a menos de 9 por ciento.
-Lo anterior significa que, de los 3 millones de jóvenes chilenos, solo 700 mil se encuentran inscritos en los registros electorales.
-A partir de 1995 nuestro padrón electoral se congeló, esto es, no crece, pues las pocas personas que se incorporan a él se compensan con las que lo dejan, ya sea por fallecimiento o por otras razones de carácter legal.
En este contexto -continúa el mensaje-, se hace imperioso perfeccionar el sistema de inscripción y la institucionalidad electoral, lo cual se materializa estableciendo un sistema de inscripción automática, el que generará las condiciones para que la mayor cantidad de personas participen de las decisiones públicas, dando una nueva vitalidad a nuestra democracia.
Asimismo, indica que el proyecto se orienta a modernizar el sistema de votaciones y a fortalecer el Servicio Electoral, de modo que la interacción entre el sistema político y el electorado que promueven el voto voluntario y la inscripción automática vaya de la mano de un sistema de votación amigable y una institucionalidad moderna.
En tal sentido, la iniciativa incorpora un sistema de Registro Electoral con inscripción automática y cambio de domicilio electoral. Y avanza en la creación de las mesas receptoras de sufragio mixtas; en padrones electorales sujetos a auditoría y reclamación, a fin de dar todas las garantías respecto de su confección; en mayor normalidad en el día de la elección; y en que sea el Servicio Electoral el que lleve a cabo no solo el proceso de inscripción automática sino también el de elección, teniendo la función de entregar a la ciudadanía los resultados de los comicios.
Luego se describe el nuevo sistema de inscripción automática propuesto.
Dicho sistema cuenta, entre los elementos principales, con un Registro Electoral de potenciales votantes, que será llevado por el Servicio Electoral. En él se inscribirán automáticamente los chilenos nacidos en Chile al cumplir 17 años de edad y los extranjeros y chilenos no nacidos en nuestro país si se cuenta con antecedentes que acrediten su avecindamiento; se otorga la posibilidad de inscribirlos a solicitud cuando aporten dichos antecedentes.
Más adelante se expone que, para la formación del Registro , el Servicio Electoral tendrá acceso directo y permanente a todos los datos electorales del Registro Civil y del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
El Registro Electoral se actualizará por el Servicio Electoral mediante datos proporcionados por diferentes organismos respecto de fallecimientos; revocación de permisos de residencia; pérdida de ciudadanía y su recuperación; suspensión del derecho a sufragio y su recuperación, y modificaciones de datos y domicilio electoral. Porque el objeto de este Registro es generar padrones con electores habilitados para votar en cada elección.
En cuanto a los Padrones Electorales, el Servicio Electoral los preparará para cada elección, incluida una nómina de electores inscritos inhabilitados para votar.
En el proceso de formación del Padrón Electoral se elaborará primero un padrón provisorio, que será objeto de auditorías efectuadas por dos empresas, inscritas en el registro de la Superintendencia de Valores y Seguros y seleccionadas a través de un proceso de licitación pública. Con ello se elaborará el padrón auditado, que podrá ser objeto de reclamaciones ante los tribunales electorales regionales y ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Finalmente está el padrón definitivo, que se usará para los padrones de las mesas de votación, al cual los partidos políticos tendrán acceso mediante copia impresa simple. La preparación, auditoría y reclamaciones del Padrón Electoral requieren un cierre de actualizaciones y modificaciones en el Registro Electoral 120 días antes de cada elección o plebiscito.
En cambio, dicho Padrón será público en la página web después de auditado, pero contendrá solamente el rol único nacional, sexo, domicilio electoral, circunscripción, comuna y mesa. A él tendrán acceso en forma digital los partidos políticos y los centros de estudio autorizados por el Consejo del Servicio Electoral, pero se prohíbe y se sanciona su uso para fines comerciales.
En relación con las modificaciones que se propone introducir al Servicio Electoral, cabe destacar que será un organismo con mayor independencia, dirigido por un Consejo integrado por cinco miembros. Cuatro de ellos serán designados por el Presidente de la República con acuerdo de las tres quintas partes del Senado, durarán ocho años en sus cargos, podrán reeligirse por dos períodos y se renovarán por parcialidades. El quinto miembro -indica el mensaje- será designado por el Primer Mandatario , durará cuatro años en el cargo y presidirá el Consejo.
Los miembros del Consejo tendrán una remuneración máxima de 120 unidades de fomento. Sus acuerdos serán adoptados por mayoría de cuatro miembros en primera instancia y de tres, si no hay consenso, previa publicación del desacuerdo. Para designar al Director y Subdirector del Servicio Electoral deberá haber mayoría de cuatro miembros.
Algunas de las funciones del Consejo del Servicio Electoral son las siguientes: designar y supervisar al Director y Subdirector de la institución; aprobar los padrones electorales; aprobar las bases para la licitación de las empresas de auditoría y determinarlas, y designar a los miembros de las Juntas Electorales.
Luego, el mensaje describe las modificaciones que esta iniciativa introduce a la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de modernizar el sistema de votaciones.
Al respecto, señala que, en particular y en primer término, se simplifica la inscripción de candidaturas, pues en adelante será por candidatos y separadas del pacto electoral.
En segundo lugar, advierte que se elimina la obligación a los municipios de colocar murales con los nombres de los candidatos. Destaca también que, en cuanto a los vocales de mesa, esta función pasa a ser obligatoria pero con una mejor remuneración.
Respecto del horario de funcionamiento de las mesas, el mensaje explica que será fijo -de 8 a 18-, salvo que queden electores sin votar en la mesa. Por ello, los vocales deben llegar a las 8 de la mañana y, en caso de constitución forzada de mesas, el delegado deberá proceder a ella entre las 9 y 10, prefiriendo a los voluntarios en orden de presentación o bien designarlos de entre los electores del mismo local.
En cuanto al sufragio, señala que se podrá votar con cédula de identidad o bien con pasaporte.
En lo que dice relación a los escrutinios, el mensaje define lo que se debe entender por voto nulo, blanco, marcado u objetado. Se elimina cualquier suma de votos por lista. Se llenará una sola minuta que se publicará en un lugar visible; las actas se podrán fotocopiar luego de llenada la primera y antes de las firmas, siendo el original para el Tribunal Calificador de Elecciones, una copia para el Servicio Electoral que se digitará en la oficina electoral del local y una segunda copia para el Colegio Escrutador que se entregará en sobre cerrado por el delegado del local. Con ello -concluye el mensaje-, los presidentes de mesa no deben concurrir al Colegio Escrutador al día siguiente.
El mensaje asegura que con estas modificaciones se pretende lograr una mayor normalidad el día de las elecciones o plebiscitos, permitiendo reuniones que no tengan carácter político y prohibiéndolas hasta dos horas después del cierre de la votación así como los eventos deportivos, artísticos o culturales de carácter masivo. También se prohibirá el comercio de alcohol cinco horas antes y dos horas después del cierre de la votación.
En cuanto a los cómputos en el día de la elección, el mensaje indica que ello pasa a ser función del Servicio Electoral y se hará a través de la digitalización de los datos en cada local con presencia de los apoderados.
El Tribunal Calificador de Elecciones tendrá sesiones públicas, con un procedimiento más transparente para los escrutinios y resolución de solicitudes de rectificación, especialmente sobre actas faltantes, contradictorias o descuadradas. El padrón electoral incorrecto puede ser causa de nulidad.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Ha concluido su tiempo, señora Senadora.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente , como se trata de un proyecto muy largo, me parece importante explicarlo en su totalidad.
El señor ESPINA.- Así es, señor Presidente.
El señor GIRARDI (Presidente).- Muy bien, señora Senadora.
Puede continuar.
La señora ALVEAR.- Finalmente, el Tribunal Calificador de Elecciones tendrá la facultad de reglamentar los procedimientos comunes que deban aplicar los Tribunales Electorales Regionales.
Desde el punto de vista de su estructura, el proyecto consta de nueve artículos permanentes y tres disposiciones transitorias. El contenido básico de esas normas es el siguiente.
Según ya expliqué con anterioridad, el artículo 1º modifica la ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, y el artículo 2º introduce un conjunto de enmiendas a la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, mediante las cuales se regula detalladamente la forma en que -como he descrito- se realizarán las votaciones.
Luego, los artículos 3º a 7º efectúan las adecuaciones necesarias a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, la Ley Orgánica Constitucional sobre Partidos Políticos y la Ley sobre Transparencia, Límite y Control de Gasto Electoral.
Enseguida, el artículo 8º se refiere al gasto que genere la aplicación de la ley.
Por último, el artículo 9º establece que la ley comenzará a regir sesenta días después de su publicación en el Diario Oficial.
Adicionalmente, se incluyen siete disposiciones transitorias destinadas a regular la situación de las juntas inscriptoras en actual funcionamiento; la inscripción sin más trámite en el Registro Electoral de todos aquellos que a la entrada en vigor de la ley ya estén inscritos; la inclusión en los registros electorales de los chilenos y extranjeros que no se encuentren inscritos a la fecha de entrada en vigencia de la ley, y los demás aspectos necesarios para poner en funcionamiento el nuevo sistema de inscripción y votación.
Por otra parte, debo hacer presente que la Excelentísima Corte Suprema hizo llegar su opinión sobre la iniciativa.
En el oficio correspondiente informa favorablemente el proyecto, si bien formula algunas observaciones que, por supuesto, debemos considerar durante el análisis en particular de su texto.
Estimo oportuno poner de relieve que el mencionado documento contiene un extenso comentario de los Ministros de la Corte Suprema que, al mismo tiempo, integran el Tribunal Calificador de Elecciones.
Tales Ministros expresaron su preocupación por diversos aspectos de la iniciativa, tales como la forma en que se hará el escrutinio, la organización y atribuciones del nuevo Servicio Electoral, la suspensión del derecho de sufragio y el derecho a voto de los chilenos que viven en el extranjero y de los privados de libertad.
Debo dejar constancia de que las disposiciones de la iniciativa deben ser aprobadas por las cuatro séptimas partes de los señores Senadores en ejercicio, pues tienen carácter orgánico constitucional, salvo los artículos 6º, 8º y 9º, que son normas de ley común.
Asimismo, resulta necesario tener presente que en el trámite de la discusión particular el proyecto debe pasar a la Comisión de Hacienda.
Señor Presidente , eso es cuanto puedo informar como Presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento acerca del proyecto en discusión.
Para no volver a hacer uso de la palabra, deseo aprovechar esta ocasión para entregar mi opinión personal sobre la iniciativa.
Señor Presidente , quiero llamar la atención de la Sala en el sentido de que este proyecto requiere un especial cuidado al momento de ser analizado en particular, por cuanto una de las características importantes de Chile es precisamente contar con un sistema electoral creíble.
En la última elección presidencial, a las 6 de la tarde sabíamos quién era el Presidente electo.
La responsabilidad de los Poderes colegisladores al realizar un cambio de esta magnitud es muy importante, porque seremos responsables de cualquier situación que a futuro -¡Dios quiera que no sea así!- se pudiese presentar a raíz de la modificación legal que vamos a introducir. De modo que en el análisis en particular de la iniciativa se van a recibir todo tipo de indicaciones y a analizar las precisiones de la Corte Suprema, y, por cierto, las deliberaciones que surgirán en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
La responsabilidad nuestra es enorme. Y no quiero que el día de mañana carguemos con el juicio de la ciudadanía de haber introducido un cambio que determine que las futuras elecciones no tengan el rigor y la credibilidad que mostraron hasta el momento.
Por último, señor Presidente, formularé reserva de constitucionalidad sobre el proyecto de ley, que hago presente en este momento.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARROULET ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).- Señor Presidente , la completa presentación de la Senadora señora Alvear , en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, me ahorra extenderme sobre las características de esta iniciativa legal presentada por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
Solo quiero complementar algunos antecedentes que me parecen muy relevantes para la decisión de la Sala.
Como muy bien lo expresó la señora Senadora , estamos en presencia de un cambio sustantivo, importante, en todo el sistema de registro, evaluación, información y funcionamiento del mecanismo electoral.
Por eso, en mi opinión, resulta fundamental tener presente que este es el fruto de un trabajo muy extenso e intenso que se llevó a cabo durante el Gobierno de la señora Bachelet y que ha continuado en el del Presidente Sebastián Piñera , a fin de proponer al Congreso Nacional un texto que, por su complejidad e importancia, ha requerido una labor de mucho consenso y la participación de un grupo de expertos electorales muy calificados que representan a las distintas coaliciones políticas del país.
Menciono el hecho, porque he sido testigo del trabajo realizado el año pasado y porque también conozco el que se llevó a efecto a fines de la Administración Bachelet.
Por otro lado, deseo señalar que, desde el punto de vista de lo que la ciudadanía quiere y de lo que sería ideal, ojalá pudiéramos abocarnos al análisis detallado de la iniciativa en la Comisión de Constitución del Senado, y posteriormente en la de la Cámara de Diputados, con el propósito de que el nuevo sistema de inscripción automática pueda estar vigente y aplicarse -para tranquilidad de todos los sectores políticos del país y de la ciudadanía en general- a partir de la elección de alcaldes y concejales que se efectuará en octubre del próximo año.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente , pedí hacer uso de la palabra no para referirme al proyecto en estudio, sino a lo ocurrido en la sesión del día de ayer, que fue compleja, áspera y respecto de la cual haré uso del derecho a vindicación del artículo 114 del Reglamento.
Procederé a hacer un par de citas textuales, para no cometer errores.
En la sesión ordinaria celebrada ayer martes 3 de mayo, el Ministro Secretario General de la Presidencia , señor Larroulet , sostuvo que, a su juicio, se plantearon "expresiones injuriosas hacia el Presidente de la República ", agregando que "tenemos todo el derecho a discrepar, pero no tenemos el derecho a injuriar".
Señor Presidente, creo muy necesario que dicho Secretario de Estado asuma y clarifique de qué manera se han cometido las injurias; es decir,...
El señor PROKURICA.- ¡Estamos en otro proyecto, señor Presidente!
El señor LAGOS.- ...cuáles serían las expresiones de descrédito, de deshonra o de menosprecio formuladas en contra del Presidente Piñera ,...
El señor PROKURICA.- ¡Pido la palabra, para un asunto reglamentario, señor Presidente!
El señor LAGOS.- ...y quién es el autor de ellas.
El señor PROKURICA.- ¡Presida, señor Presidente!
El señor LAGOS.- Ello es importante, desde luego, porque, planteadas las cosas de modo genérico -como aconteció ayer-, queda la sensación de que el Senado sería un espacio poco propicio para la discusión de ideas, pues se estarían reconduciendo nuestras legítimas diferencias por cauces, a lo menos, poco decorosos.
Puedo entender que el Ministro señor Larroulet haya tenido ayer un mal día. Pero eso no justifica que haga acusaciones graves y nos impute, sin especificar, que hemos cometido el delito de injuriar ni más ni menos que al Presidente de la República .
Entonces, aprovechando la presencia de dicho Secretario de Estado en la Sala, me permito solicitarle -por su intermedio, señor Presidente - que asuma la responsabilidad de la acusación que hizo y nos aclare dos cosas: cuáles a su juicio fueron las injurias y quién las habría proferido.
El señor CHADWICK.- ¡Señor Presidente, sigamos con el proyecto!
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente , considero que la situación de ayer con el Ministro señor Larroulet fue inadecuada desde el punto de vista del buen debate político. Pero, obviamente, a todos les asiste el derecho de opinar y a tener malos días.
Eso es algo respecto de lo cual nadie puede exigir alguna explicación o condenar.
Ahora bien, creo que lo relevante es que hoy día estamos tratando un proyecto de ley relacionado -yo diría- con una decisión histórica en el 2009, cuando el Parlamento y el Poder Ejecutivo decidieron sacar adelante una iniciativa legal cuya finalidad era cambiar el sistema electoral y la forma en que se ejercía ese derecho tan fundamental de todos los chilenos de votar y decidir qué autoridades deseamos que nos representen.
Hasta ese momento, cuando no se introducía la reforma modificatoria del artículo 15 de la Carta Fundamental, quienes se inscribían estaban obligados a emitir su voto. No realizaban ese acto republicano solo aquellos que no tenían la intención de hacerlo. Y, con el tiempo, llega a casi cinco millones el número de chilenos que no ejercen esa vital e importante función.
A raíz de eso, se modificó la Constitución y se estableció que en las votaciones populares el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario.
Ello ha generado un cambio, una revolución y amplias discusiones en el mundo ideológico, en los cientistas especializados y en todos quienes se relacionan con la política. Porque, a partir de ahí y de la aprobación y publicación de la normativa hoy en debate, cambiará también el mapa electoral.
¡Y qué bueno que así sea! Qué bueno que exista la posibilidad de que los 4 o 5 millones de chilenos que nunca han manifestado su opinión -porque están hastiados de la política, de los partidos o de quien sea- puedan llevar a cabo una actividad que les va a permitir, en definitiva, decidir quién será Presidente de la República , quién su parlamentario, quiénes sus alcaldes y concejales.
Estas enmiendas van a significar, en nuestra opinión, una gran democratización. Pero para eso resulta importante que la normativa que aprobemos cumpla un principio constitucional fundamental: que permita votar a todos aquellos que la Constitución señala que son ciudadanos.
El artículo 13 de la Carta prescribe: "Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva.
"La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran".
Por lo tanto, aunque hay otros acá, desde el punto de vista constitucional no existe requisito para que los chilenos que tienen la nacionalidad y poseen las facultades que la Constitución establece voten.
El texto que se propone como artículo 1º de la ley N° 18.556 señala: "La presente ley regula el régimen de inscripción electoral y la organización y funcionamiento del Servicio Electoral, como parte del sistema electoral público a que se refiere el artículo 18 de la Constitución Política de la República".
¿Por qué? Porque, como la Carta Fundamental determina quiénes son ciudadanos, también preceptúa en su artículo 18 que se debe regular este sistema. ¿Cómo? A través de una ley orgánica constitucional que "contemplará, además, un sistema de registro electoral, bajo la dirección del Servicio Electoral, al que se incorporarán," -insisto: se incorporarán- "por el solo ministerio de la ley, quienes cumplan los requisitos establecidos por esta Constitución".
En consecuencia, no cabe ninguna posibilidad de que una ley que regule lo que ella ha establecido violente la Carta.
Por consiguiente, resulta necesario que en esta ley en proyecto estén contemplados todos los que son chilenos, de acuerdo con la Constitución, y que tienen capacidad para votar por ser ciudadanos.
Pero en ella falta algo esencial: no se encuentran considerados ni todos los chilenos ni todos los que son ciudadanos, pues, violentando la Carta Fundamental, se refiere exclusivamente a quienes, conforme a sus normas, pueden ser inscritos en el registro por el Servicio Electoral.
Eso es parcial y no cumple lo preceptuado por la Constitución.
El artículo 10 propuesto expresa: "El domicilio electoral es aquel situado dentro de Chile, con el cual la persona tiene un vínculo objetivo, sea porque reside habitual o temporalmente, ejerce su profesión u oficio o desarrolla sus estudios en él.
"Se tendrá como domicilio electoral el último domicilio declarado como tal ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Servicio Electoral".
Antes de presentar esta iniciativa, el Gobierno del Presidente Piñera conocía el proyecto de la Presidenta Bachelet , en cuya conformación jurídica y técnica estaban considerados, por supuesto, todos los chilenos, incluidos quienes viven en el extranjero, y que establecía un mecanismo dentro del sistema electoral para que ellos pudieran ejercer su derecho a voto.
¿Qué hizo el Ejecutivo ? Dijo: "No seguiré tramitando ese proyecto de ley", que, dicho sea de paso, no puede no seguir tramitándose. Y, en ese sentido, solicito a la Presidenta de la Comisión de Constitución que evacue el informe respectivo para que en la Sala discutamos y votemos esa iniciativa, en paralelo con el proyecto en debate. Porque, si actuamos así, en las normas relativas al Servicio Electoral podremos establecer que todos los chilenos pueden votar, con lo cual el Gobierno se verá obligado a institucionalizar el voto, que es lo que tiene que hacer. Porque no puede discriminar, no puede determinar quién es chileno y quién vota y quién no. Eso lo dispone la Carta Fundamental.
Sin embargo, como vio que había mayoría en el Senado al menos respecto de esos puntos, decidió dividir el proyecto de la Presidenta Bachelet y no continuar con él. Y presentó 3 iniciativas.
La primera corresponde a la reforma constitucional sobre voto de chilenos en el extranjero, siempre que se demostrara un vínculo, la cual fue rechazada por amplia mayoría en esta Corporación en el día de ayer. No se puede exigir un vínculo ni establecer restricciones a esos chilenos porque la Carta Fundamental no lo permite.
La segunda iniciativa es la que estamos discutiendo en este momento, sobre inscripción automática.
Y la tercera es aquella que también se refería a la inscripción de chilenos en el extranjero. ¡Cosa curiosa: esta última desapareció; fue retirada! ¿Por qué? Simplemente porque, al estar en tramitación, el Gobierno estaba reconociendo que la única forma de establecer alguna restricción era a través de una reforma constitucional que exigiera ciertos vínculos a los votantes chilenos residentes en el extranjero. Como nosotros presentamos un requerimiento al Tribunal Constitucional, el Ejecutivo retiró el proyecto antes de su discusión y, por lo tanto, el Tribunal señaló que no tenía sobre qué pronunciarse.
Señor Presidente, estoy seguro de que las normas que entregan esa posibilidad a chilenos que tienen el absoluto respaldo y amparo de la Constitución no pueden ser excluidas de esta iniciativa.
En consecuencia, nosotros vamos a aprobar el proyecto, porque nos interesa que se instaure la inscripción automática y el voto voluntario de todos los chilenos. Pero en este mismo acto hago reserva de constitucionalidad a fin de acudir ante el Tribunal Constitucional para que establezca claramente que las normas contenidas en esta iniciativa son insuficientes, son arbitrarias, no concuerdan con todo lo que la Constitución establece y constituyen una definición del Gobierno para excluir a 800 mil compatriotas, la mitad de los cuales son hijos de chilenos, nacidos en el extranjero.
Por lo tanto, si al Gobierno le interesara que la amplitud de la votación fuera mayor, podría haber presentado un proyecto que eliminara las limitaciones para que los hijos de chilenos nacidos en el extranjero pudieran votar.
Eso sí sería importante.
Es decir, la misma consideración que el Gobierno tiene para los que nos encontramos en la patria, que vivimos en este país y que estamos felices de estar en él en las condiciones en que nos hallamos, con nuestras familias, podría tenerla también para quienes residen fuera de Chile por diversas razones (de carácter personal, familiar o laboral), pero que, como dije ayer, nunca han perdido el vínculo con su tierra, ni su mente hacia el país, ni su corazón de chileno.
Nosotros, por razones absolutamente lógicas, vamos a votar a favor del proyecto, pero esperamos que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la materia en los plazos cortos que la Constitución establece. No se trata, por tanto, de un entorpecimiento, pues ese organismo cuenta con 30 días para resolver si tenemos o no razón. Si, por desgracia, dictaminara que el Gobierno tiene la facultad de definir quiénes votan y, en definitiva, quién es o no chileno, en mi opinión sería gravísimo para la democracia. ¿Qué es lo que nos interesa a todos? Que vote la mayor cantidad posible de compatriotas.
Por eso, señor Presidente , por todas las normas que he mencionado y por varias otras a las que no me alcanzo a referir, por los tiempos con que contamos, votaré favorablemente la idea de legislar, reiterando mi petición a la titular de la Comisión de Constitución para que se informe también el proyecto de la Presidenta Bachelet , que contempla a todos los chilenos, a fin de que lo podamos votar en la Sala, y haciendo expresa reserva de constitucionalidad en función de lo que he expresado.
He dicho.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente , deseo valorar, primero, el trabajo serio y arduo que realizamos en la Comisión, y segundo, el que el proyecto que nos ocupa haya sido aprobado ahí por unanimidad.
En verdad, estamos frente a un tema tremendamente importante para nuestra democracia y nuestro sistema político, que ha envejecido y requiere un nuevo dinamismo. Hay 4 o 5 millones de chilenos que no están votando, de los cuales 3 millones son jóvenes.
La Presidenta de la Comisión dio una cifra bien dramática: el año 88 votaban 3 millones de jóvenes; hoy día lo hacen solamente 700 mil.
Por eso este proyecto de ley es tan relevante.
Hay que decir, sí, que no estamos ante un hecho aislado. La Presidenta Bachelet promovió durante su mandato un proyecto de reforma constitucional para establecer el voto voluntario y la inscripción automática.
La normativa en debate, impulsada por el Gobierno actual, complementa esa reforma constitucional y permite hacer efectivo tal derecho.
Es conveniente resaltar que este no es un tema pacífico. En torno a él hay un debate legítimo, filosófico, desde el ámbito de la ciencia política, desde el ámbito práctico, en que parlamentarios de Gobierno y de Oposición tienen, legítimamente, posturas distintas.
La pregunta básica que uno se hace es por qué la situación es dramática y por qué tenemos que acometer esta tarea.
Existe un dato revelador: el año 88 los menores de 30 años representaban el 36 por ciento del universo electoral; hoy constituyen el 9,2 por ciento, que es el porcentaje que arrojó la última elección el 2009. Ese año estaba inscrito el 80 por ciento de los menores de 30 años; en la actualidad dicho porcentaje bajó a 20 por ciento.
Y una de las razones que los jóvenes dan para no inscribirse -no es la única; también hay un problema de la calidad de la política, del desprestigio de esta actividad- es que no se quieren, entre comillas, "amarrar", ponerse una especie de, entre comillas, "camisa de fuerza", que los obligue a participar en todas las elecciones. Por eso no se inscriben, sin perjuicio de que, cuando hubiera candidatos atractivos, cuando hubiera una elección que a ellos los sedujera, les interesaría participar.
Y, en ese sentido, aprobar este proyecto de ley facilita las cosas, más allá del tema de fondo, en que uno puede estimar, con razón, que votar es un deber cívico y, además, por supuesto, un derecho.
Pero tenemos un problema que debemos enfrentar. Está demostrado que los sectores más modestos votan menos. Si uno mira, por ejemplo, la última elección presidencial y parlamentaria, en la comuna de Las Condes, de 8 mil jóvenes entre 18 y 19 años, se inscribieron y votaron la mitad. En cambio, en la comuna de La Pintana, de 8 mil jóvenes entre esas mismas edades, votaron solamente 300.
Por lo tanto, tenemos un problema. Y lo tenemos hoy día, con reforma o sin ella. Y, además, existe el temor de que se mantenga o se profundice.
Por eso, junto con la Senadora Alvear y otros Honorables colegas vamos a presentar un conjunto de indicaciones para intentar incentivar la participación de los jóvenes, de todos, incluso de aquellos que viven en los sectores más modestos.
Estas indicaciones, señor Presidente, van en tres líneas.
En primer lugar, vamos a establecer algunos estímulos para que los ciudadanos ejerzan su derecho a sufragio. Un ejemplo: Colombia. Allí existe lo que se denomina "descanso laboral compensatorio". Es decir, si una persona participa en una elección parlamentaria, presidencial o comunal, a la semana o al mes siguiente se le da media jornada libre a modo de estímulo.
Y también, para las personas que postulan a crédito fiscal, a becas, a vivienda, en igualdad de condiciones, para no establecer una discriminación arbitraria que viole la Constitución, se permite efectivamente priorizar, preferir a la persona que cumplió con su deber cívico de participar en las elecciones.
En segundo lugar, vamos a formular indicaciones para facilitar que los ciudadanos ejerzan el derecho a sufragio: en materia de salas cunas y otras relativas a la movilización, algunas de las cuales, efectivamente, requieren patrocinio del Ejecutivo.
Y, en tercer lugar, proponemos crear un sistema nacional de educación cívica administrado por el Servicio Electoral. Básicamente, se trata de fomentar ese conocimiento. Hoy tenemos 90 por ciento de escolaridad, pero son muy pocos los establecimientos donde se enseña esa disciplina. En muchos casos, los electores no distinguen bien las funciones de un parlamentario, un alcalde, un intendente. Es importante que se imparta educación cívica y por eso también vamos a presentar indicaciones sobre el particular.
Y, junto con el anuncio de tales proposiciones, queremos que se reimpulse y se siga tramitando el proyecto de ley enviado por la Presidenta Bachelet, el cual, además de la materia que se pretende regular ahora, establece la posibilidad de que los chilenos que residen en el extranjero voten.
Y ello, porque se ha producido un contrasentido entre lo que ocurrió ayer y lo que está pasando hoy día. Por una parte, se nos propone -y estamos de acuerdo con eso; la idea proviene de la Presidenta Bachelet - ampliar el universo electoral, permitir que muchas personas que hoy día no están votando, lo hagan, lo que nos parece positivo y por eso vamos a aprobar este proyecto de ley. Pero, por otra parte, estamos estableciendo cortapisas, restricciones. ¿Para qué? Para que los chilenos que residen en el extranjero puedan votar. Y eso no se entiende. Por un lado ampliamos el universo electoral y por el otro lo restringimos.
Señor Presidente , espero que de verdad seamos capaces, ojalá sin tener que esperar la resolución del Tribunal Constitucional, de ponernos de acuerdo para permitir, vía modificación legal, que todos los chilenos que están en el extranjero participen en las elecciones.
Por eso, quiero anunciar nuestro voto favorable a este proyecto de ley, que, estoy convencido, va a rejuvenecer, a revitalizar, a darle un nuevo dinamismo a nuestra democracia, a nuestro sistema político. Y va a significar, además, un desafío para quienes nos dedicamos a esta actividad, porque vamos a tener que lograr que la ciudadanía no solo vote por nosotros, sino que, primero y principalmente, decida votar; vamos a tener que elevar la calidad de la política y cuidar la democracia y el sistema político.
Junto con ello, como ya he dicho, presentaremos indicaciones en las líneas que he señalado, pues tenemos el temor de que los sectores más modestos voten menos, como está ocurriendo hoy día con el sistema de la inscripción voluntaria y voto obligatorio.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, parto por el principio.
Este proyecto de ley, en lo que respecta a la inscripción automática y al voto voluntario que la acompaña, de alguna forma busca ser una respuesta a la falta de participación de los jóvenes en la política. Aquí se han dado cifras tremendamente preocupantes. Se ha dicho, por ejemplo, que el año 88 el 36 por ciento del padrón estaba constituido por menores de 29 o 30 años, mientras que hoy día esa franja etaria solo llega a 9 por ciento.
Y digo que ello es preocupante porque, si uno analiza la solidez de nuestras instituciones en relación con las de otros países de Latinoamérica; si uno analiza la movilidad del voto, que en Chile es muy baja; si uno analiza también la calidad de los partidos políticos y su raigambre en nuestra historia democrática; e, incluso más, si uno analiza la valoración que los chilenos y las chilenas hacen de su democracia, llama poderosamente la atención que haya una brecha tan grande entre la ciudadanía, la sociedad civil, particularmente los jóvenes, y los partidos políticos, que son herramientas fundamentales de una democracia.
Hay falta de confianza. Los jóvenes, sobre todo, no se sienten interpretados por los partidos políticos ni por la política. Y eso se refleja en su baja participación en los procesos electorales.
En ese sentido, me preocupan más los datos que entregó recientemente el Senador Patricio Walker con relación a la diferencia en las inscripciones en los registros electorales entre las comunas pobres y las más ricas.
¿Qué es preciso hacer para que los jóvenes crean en la política, para que vuelvan a confiar en ella? ¿Hay que obligarlos a votar? Yo creo que no. Por eso he sido un firme partidario de la inscripción automática, pero con voto voluntario. Porque uno de los problemas que presenta el sistema político electoral en la actualidad es que tenemos un padrón envejecido, pero tremendamente archiconocido. O sea, no existe ninguna incertidumbre entre un proceso electoral y otro.
Algunos estudios demuestran que hoy el padrón electoral se renueva en un 2 por ciento. Es decir, en cada período eleccionario 98 por ciento corresponde a viejos electores y solo un 2 por ciento a nuevos votantes.
Según algunos estudios, se estima que con la inscripción automática y el voto voluntario tendremos 35 por ciento de nuevos sufragantes versus 65 por ciento de viejos o antiguos electores.
Yo siento que la incertidumbre que se produce a partir de este nuevo padrón electoral, que permite incorporar a cerca de 5 millones de nuevos votantes, podría provocar un remezón en el sistema político, generando ciertas condiciones para aumentar la participación de los jóvenes en la política.
Sin duda alguna, no es lo único que debemos hacer. Nadie puede pensar que con la inscripción automática y el voto voluntario se resuelve el problema de la falta de credibilidad en la política chilena, o la brecha que existe entre los partidos políticos y la ciudadanía o la lejanía que los jóvenes evidencian respecto a la política. No obstante, ayudan. ¿Por qué? Porque se va a obligar a un cambio en el discurso político.
Para que un joven se levante en la mañana del día de las elecciones y acuda a ejercer su derecho a voto -que puede hacerlo o no-, se requerirá un esfuerzo de seducción, de convencimiento, de proselitismo, que llevará a instalar sobre la mesa, en el debate nacional, nuevos temas, nuevas ideas.
Y, seguramente, las ideas progresistas estarán presentes con más fuerza en la discusión, porque, en general, los políticos nos hemos acostumbrado a apuntar nuestras campañas a cierto tipo de electorado. En cambio ahora vamos a tener un nuevo desafío: convocar a las personas que no se sienten identificadas con la política mediante el planteamiento de temas nuevos, que les son propios. O sea, evidentemente, será imposible no legislar acerca del aborto terapéutico o no decir nada de los derechos sexuales y reproductivos.
Seguramente, muchos de los jóvenes que vean el debate sobre el acceso a la píldora del día después van a sentirse compelidos a participar en las elecciones para votar por quienes defienden sus derechos, el ejercicio de sus autonomías y sus libertades individuales. Y así lo harán también muchas mujeres.
Entonces, yo pienso que vamos a cambiar los temas a tratar.
El Senador Chadwick, por lo que aprecio desde aquí, está totalmente de acuerdo con lo que planteo.
Esas materias van a ser parte del debate. Y el cambio de la discusión en torno a ellas, indudablemente va a fomentar -estoy convencido de que así ocurrirá- una mayor participación de los jóvenes.
A lo anterior hay que sumarle otros factores, naturalmente.
Iniciativa popular de ley: que un grupo de ciudadanos y ciudadanas puedan juntarse, organizarse y plantear una propuesta legal para que el Congreso la tramite y legisle al respecto.
Presupuestos participativos: que una parte del presupuesto comunal sea decidido por dirigentes o representantes de la ciudadanía.
Del mismo modo, debemos avanzar en la elección directa, democrática, de los consejeros regionales.
Tendremos que ocuparnos de los plebiscitos para definir o resolver las divergencias que muchas veces surgen entre el Ejecutivo y el Parlamento, o de otro tipo de temas, que irán en la dirección de lo que estamos buscando.
Finalmente, quiero referirme a lo que expresó con mucha claridad el Senador Gómez: la esquizofrenia que se observa entre lo que ayer hablamos, lo que ya se había aprobado: la reforma constitucional en cuanto a inscripción automática y voto voluntario, y lo que estamos votando hoy. Porque se supone que ahora debemos pronunciarnos sobre un proyecto de ley que permite implementar la forma en que se ejercen ciertos derechos garantizados en la Constitución Política, por ejemplo, el derecho a voto. En el fondo, la manera como se ejerce la ciudadanía desde esa perspectiva.
Sin embargo, esta iniciativa es incompleta y, a nuestro juicio, es inconstitucional en varios artículos. ¿Por qué? Porque no se hallan contemplados en ella los mecanismos que permitan ejercer un derecho consagrado en la Carta Fundamental a los chilenos que residen en el exterior, como es el derecho a sufragar.
Por eso ayer nos pronunciamos en contra de la reforma constitucional. No porque no deseáramos que los chilenos que viven en el exterior voten, sino porque pensamos que no era necesaria, pues la reforma constitucional que ya habíamos aprobado les permitía hacerlo.
Por tal razón es inaceptable -estoy de acuerdo con lo sostenido por los Senadores Gómez y Walker sobre el particular- poner en discusión el proyecto de ley que dice relación con establecer la forma en que los chilenos residentes en el extranjero puedan votar. La Constitución ya se los permite.
Escuché con mucha atención al Senador Chadwick ayer y no me convenció su intervención, en el sentido de que era necesario consignar dicho aspecto en la Carta Fundamental.
Podríamos hacer una analogía y considerar como vínculo el no haber sido condenado a pena aflictiva o tener 18 años. Yo no veo que eso sea un vínculo, sino un requisito. Es una condición, una exigencia. Aquí la cuestión es muy distinta. La Constitución no establece, desde esta perspectiva, diferencias entre el chileno que vive en el exterior y el que reside en el país.
En mi concepto, se trata de un asunto que deberá resolver el Tribunal Constitucional.
Volviendo al tema central, creo que el proyecto de ley en debate, referido a la inscripción automática y el voto voluntario, genera incertidumbre y va a provocar ciertas condiciones para que el discurso político cambie y de ese modo, ojalá, los políticos podamos recuperar la confianza de la gente en general y, en particular, la de los jóvenes.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente , en primer lugar este proyecto de ley es la materialización práctica de una reforma constitucional que impulsamos los Senadores de la Coalición por el Cambio en su momento y que permitió que en Chile existan, de aquí hacia el futuro, tanto la inscripción automática cuanto el voto voluntario.
Lo que estamos haciendo hoy es legislar sobre una materia que ya se contempla en la Constitución. Obviamente, si dicha reforma no hubiese contado con los votos de los Senadores de la Concertación, no se habría aprobado. Porque una cosa es patrocinar una iniciativa legal -y todos lo saben-, pero para aprobarla se requiere, en el caso de una reforma constitucional, de una cantidad de votos que va más allá del número de Senadores que pertenecen a cada coalición.
En segundo término, la Honorable señora Lily Pérez me solicitó expresamente -y lo hago con mucho agrado- dejar constancia de que ella fue una de las fuertes impulsoras de esta iniciativa que establece la inscripción automática y el voto voluntario.
Desde luego, señalo que no solo soy partidario de la inscripción automática, sino también del voto voluntario.
Y me inclino por la inscripción automática, porque me parece que en una sociedad moderna la posibilidad de que los jóvenes, al cumplir 18 años, queden automáticamente inscritos, no solo condice con el hecho de ir modernizando la legislación electoral, sino que además va a permitir que cerca de tres millones y medio de jóvenes que hoy no votan se hallen en condiciones de hacerlo.
Eso, en mi opinión, echa por la borda todas las críticas formuladas ayer, en el sentido de que no queríamos dar la posibilidad de votar a nuevas personas, a raíz de la discusión del voto de chilenos en el extranjero, cuando en estos momentos estamos abriendo las puertas, por primera vez, para que tres millones y medio de chilenos -particularmente, jóvenes- puedan sufragar. Y nadie puede saber cómo se van a pronunciar.
Este es el cambio más revolucionario que se ha hecho en Chile en materia del sistema electoral, impulsado y materializado por este Gobierno.
De otra parte, señor Presidente, soy partidario del voto voluntario por dos razones.
La primera, porque en Chile nunca se ha aplicado una multa -al menos hace mucho tiempo- a quien no concurre a votar. Todos los años se han dictado normas para indultar o eliminar la sanción a las personas que no acudían a votar. Por ende, tal precepto estaba absolutamente en desuso. Y no hay peor cosa que tener leyes que en la práctica nadie cumple.
Y la segunda razón es que no creo que vaya a disminuir el número de votantes efectivos. Si uno revisa la experiencia en distintos países, observará que esa cantidad se mantiene. En algunos casos crece, dependiendo de la importancia de la elección.
Si examinamos la última elección de Presidente de Estados Unidos -considérese que en ese país hay voto voluntario e inscripción voluntaria-, apreciaremos que no votó más gente que en otras ocasiones. Lo atractivo de ese proceso fue que las campañas resultaron extraordinariamente motivadoras. Por eso más ciudadanos se inscribieron.
En consecuencia, el voto voluntario hará que las personas participen cuando la elección tenga candidatos con propuestas atractivas que resulten relevantes para la población.
Ello implicará un esfuerzo doble para los políticos: primero, tendrán que llegar al mundo de los jóvenes, al que hoy no importa llegar porque estos no votan y no se inscriben, y segundo, deberán hacer que las propuestas sean bastante atractivas y las elecciones, suficientemente competitivas para que la gente participe.
Adicionalmente, no soy de los que creen que en esta materia hay que generar muchos incentivos. Porque el principal estímulo es prestigiar la política.
Cuando el debate se realiza con seriedad, sin descalificar al adversario, y se centra en las ideas, lo más probable es que la ciudadanía se sienta atraída por aquel. Pero, si la discusión se caracteriza por la injuria y la ofensa, la gente se va a alejar de la política. Podemos poner 20 incentivos y no prosperarán, pues los electores solo irán a votar cuando sientan que la política constituye algo relevante para su futuro y el de su familia.
Por lo tanto, señor Presidente , la iniciativa en análisis será un enorme desafío. Nos alegramos mucho de que pueda materializarse.
Además, debemos concretarla para la próxima elección municipal. Cabe recordar que todos los candidatos presidenciales se comprometieron a sacar adelante la inscripción automática. Si no la hacemos realidad, ahí sí que el desprestigio de la política será mucho más grande.
Podemos proponer 20 incentivos sociales, pero la gente dirá una vez más: "En campaña prometen una cosa, y después no cumplen".
Por otra parte, también quiero ahondar en lo planteado aquí respecto de la reforma constitucional sobre el voto de los chilenos en el extranjero.
En primer lugar, si la reforma es inconstitucional, significa, siendo un mínimo de coherente con ese juicio -recojo el argumento dado ayer por el Senador señor Chadwick-, que toda la legislación actual es inconstitucional.
Hoy día no hay mesas receptoras de sufragio en el exterior. Los chilenos que viven afuera pueden votar en nuestro país, pero no en el extranjero. Para ello, tienen que venir a Chile. Obviamente a muchos no les es posible. Por eso se dijo: "Busquemos un acuerdo para que puedan sufragar en otro país".
Siguiendo la argumentación de que el proyecto que vimos ayer es inconstitucional, cabe concluir que la legislación vigente, que no establece mesas receptoras de sufragio en el extranjero, es igualmente inconstitucional. De este modo, todas las elecciones que se han efectuado desde el retorno a la democracia son inconstitucionales. Si fuera así, todos nuestros cargos se habrían ejercido en forma ilegítima e ilegal; todas las resoluciones adoptadas por el Estado de Chile a contar de 1990 también serían ilegítimas e ilegales, lo que constituye un absurdo de proporciones.
¡Es simplemente una cuestión de coherencia política! ¡Nada más! Basta sumar 2 más 2. Si se señala que esta iniciativa tiene dificultades porque no considera mesas receptoras de sufragio en el extranjero, cabe preguntarse: si no las hubo en el pasado, ¿significa que las elecciones anteriores fueron todas viciadas? Entonces, fueron inconstitucionales. Porque lo que es inconstitucional en este proyecto hacia el futuro resulta igualmente inconstitucional en el pasado. ¡Y eso es ridículo!
Además, señor Presidente , ¿dónde habría que poner tales mesas? Imaginemos que se resuelve que es obligatorio instalarlas en el exterior: ¡dónde!
Estados Unidos tiene 50 Estados. Chile cuenta con 6 consulados en esa nación. Si existiera acuerdo, lo probable es que las mesas se ubicarían en estos últimos organismos. Pero, como la distancia entre los distintos Estados es muy grande, la ley tendría que obligar a que hubiera mesas receptoras de sufragio en cada uno de ellos, a fin de que todos los chilenos en Estados Unidos puedan votar.
Esos argumentos extremos, a mi juicio, reflejan el camino que tomó un sector de la Concertación, que le está provocando un grave problema.
Ustedes buscan una fórmula para lograr algo que no podrán conseguir.
En realidad, lo que tenemos aquí es una diferencia política muy simple: nosotros creemos que debe existir un mínimo vínculo con nuestro país para participar en una elección, pero ustedes le pegaron un portazo a esa propuesta.
Y el mínimo vínculo que proponíamos era haber venido a Chile una vez cada cinco años. Ustedes podrán estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es lo que se planteó en el Programa del Presidente Piñera y lo que nosotros creemos. Ustedes piensan distinto. Nosotros, en vez de descalificar, aceptamos su planteamiento. Mas no toleraremos que se nos descalifique.
Y nadie puede decirse más o menos democrático, porque tenga una percepción diferente de cómo se ejerce el derecho a sufragio.
Adicionalmente, señor Presidente , quiero señalar a los Senadores de la Oposición que se perdieron una segunda oportunidad. Porque lo de ayer era solo el establecimiento de un vínculo.
Nuestra propuesta la planteamos en la Comisión de Constitución hace más de un mes y medio. ¡Que me desmientan los representantes de la Concertación en el órgano técnico diciendo que formalmente esa no era nuestra proposición! Entonces podrían haber hecho una contrapropuesta. Por ejemplo, decir: "Queremos que voten todos aquellos que en algún momento fueron exiliados, aunque no vengan cada cinco años a Chile", o interceder por las personas que se encuentran en un lugar muy distante del país. En esos casos se habría podido suprimir el plazo de cinco años o ampliar a más años.
Cuando se quiere lograr acuerdos -el Senador Zaldívar lo sabe muy bien, porque ha sido uno de los que más acuerdos han conseguido en el Parlamento-, cuando existe voluntad para ello, se hacen los esfuerzos necesarios. Y ustedes no hicieron ningún esfuerzo en este caso.
Por esas razones, señor Presidente, votaremos a favor de la iniciativa.
Lamentamos la forma como ustedes enfrentaron la votación de la reforma constitucional en el día de ayer. Espero que recapaciten y nos permitan generar un acuerdo sobre materias que son políticas de Estado.
He dicho.
El señor CHADWICK.- Señor Presidente , deseo plantear una cuestión reglamentaria.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor CHADWICK.- Señor Presidente , como algunos Senadores han entendido que el proyecto se votará en la sesión del próximo martes, solicito que se adopte el acuerdo formal para ese efecto, a fin de que no se produzcan confusiones y nadie reclame después que no se le avisó.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Si le parece a la Sala, se procederá en la forma indicada.
--Así se acuerda.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- ¡Vamos a avisarle al Senador señor Navarro de todas maneras...!
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE .- Señor Presidente , primero quiero hacer dos observaciones sobre lo que se ha dicho aquí.
En primer lugar, un señor Senador ha manifestado que la Concertación no hace contrapropuestas y que simplemente negamos el apoyo a ciertos asuntos, sin aportar.
Resulta latoso en el Senado recordarles a los señores Senadores de la Alianza las ene veces que hemos efectuado propuestas, así como pedirles que las recojan. Por ejemplo, hoy en la mañana hicimos sugerencias concretas al Gobierno para mejorar el proyecto sobre el posnatal. Pero no acogió ni una sola. Se solicita primero aprobar la idea de legislar y luego se nos amarra al detalle, a lo particular, en circunstancias de que jamás ha sido ese el modelo de acuerdo que hemos tenido en Chile.
En segundo término, quiero referirme al discurso del colega que me acaba de anteceder en el uso de la palabra, mi amigo...
El señor PROKURICA .- ¡Ex amigo...!
El señor RUIZ-ESQUIDE .- No. Lo quiero todavía como amigo.
Él entra en una especie de nihilismo. Su discurso no tiene otra compostura que llevarlo al extremo: se ha transformado en un verdadero Cratilo .
Cratilo fue un viejo y gran filósofo griego que, en su edad mayor, llegó a la conclusión de que nada era posible, porque al final todo era negativo. Y, entonces, sus últimos años los pasó sentado en la puerta de su casa moviendo el dedo índice solo para señalar que estaba vivo; pero no apreciaba ningún antecedente ni hablaba de nada.
Mi querido amigo el Senador Espina me recuerda al viejo Cratilo .
En seguida, señor Presidente, quiero connotar el valor que le atribuyo a la circunstancia de que estemos haciendo un debate bastante serio y profundo sobre el asunto que nos ocupa.
En tal sentido, efectuaré algunas precisiones.
Primero: el voto de los chilenos en el extranjero sin ninguna condición especial es un acto de soberanía para esas personas. Es lógico que les demos la oportunidad de sufragar en condiciones iguales que las nuestras. Y ello, no solo porque muchas perdieron el derecho a estar en Chile debido a la dictadura o por otras razones, sino también porque no podemos hacer una diferencia tan brutal y exigirles que vengan al país, pues con ello, en la práctica, volvemos al voto censitario.
Esa es la realidad objetiva, señor Presidente.
Por lo tanto, nos parece que la propuesta que formulamos es legítima y adecuada.
Segunda precisión.
Nosotros nos pronunciamos sobre la reforma constitucional relativa al voto voluntario.
Al respecto, debo decir con mucha franqueza que nunca fui partidario del voto voluntario. Y sigo siendo contrario a él.
Empero, bien saben Sus Señorías que un político -en nuestro caso, un Senador- tiene la obligación de reconocer el derecho a que se tome una opción distinta dentro de su partido.
Entonces, debemos rescatar tal valor. Pero eso no significa obsecuencia ni falta de libertad, sino que constituye el cumplimiento del compromiso de, no habiendo acuerdo sobre determinado asunto, respaldar a la mayoría, como alguna vez lo dijo un viejo Senador de la Derecha: "Aquí, en la Cámara Alta, mi conciencia es mía, pero mi voto es del Partido Conservador".
¿Y por qué alego lo del voto obligatorio, señor Presidente ? Porque, en nuestra concepción humanista cristiana, el hombre y la mujer tienen dos obligaciones y dos sentidos de vida.
Primero, libertad para moverse dentro del máximo factible, de la forma más expandida posible. Y eso es parte del voto voluntario: "Si usted quiere, vota; si no, no".
Pero hay otra parte, desde nuestra perspectiva.
El Senador que me antecedió en el uso de la palabra no tiene una visión humanista cristiana, la cual postula la necesidad de respetar a cada hombre y mujer y exigirles el cumplimiento de su obligación para con el cuerpo social.
El bien común es parte de la libertad. Y la manera de entender esa amplia visualización de dos cuestiones distintas es lo que conocemos como necesidad de conciliar la libertad con el bien común.
Tercera precisión (le hice un adelanto a mi colega el Senador Patricio Walker ): no se presentó ninguna indicación en la materia; empero, se conversó sobre esta, y ya se anticipan ideas en el sentido de tener lo que algunos llamaron "ventajas comparativas sin que se pase a llevar la equidad".
Anticipo que voy a votar en contra, señor Presidente, porque pienso que uno siempre debe ser franco.
Votar es el ejercicio brutal de la democracia. Y ahí doy cierta ventaja comparativa.
No voy a decir que aquello suena a chantaje, pero sí que me parece inconveniente, porque el pueblo no va a entender que estemos dando ventajas comparativas por el solo hecho de votar, acto que a mi juicio debe ser obligatorio.
Señor Presidente, rescato y comparto el planteamiento de que debemos mejorar la política para conquistar a las personas.
En eso estoy de acuerdo: en que mejoremos la política, y ahora.
¿Y cómo se mejora la política?
Lo dijeron ayer algunas personas con las que asistí a una reunión sobre el valor de la reforma interior, de la oración, y sobre la necesidad de ser contestatario y nunca conformista.
Señor Presidente, creo que se mejora la política, primero, modificando la conducta propia.
No habrá mejoramiento de la política chilena, señor Presidente , si no cambiamos nuestra conducta. No la del que está al lado o al frente: ¡la mía! Y cada Senador, por igual.
En seguida, se mejora la política cuando se difunden las cuestiones de bien público y que interpelan un poco a la conciencia de todas las personas.
También se mejora la política cuando somos consecuentes con nuestras propias actitudes. Vale decir, lo que señala con tanta franqueza uno de los mayores moralistas cristianos: "Hay que hablar como se piensa y actuar como se piensa".
Si no actuamos como pensamos terminaremos pensando como actuamos.
Entonces, estamos ante una justificación inadecuada.
Para ir cerrando este punto, señor Presidente , debo subrayar que no creo que lo que llevará a la gente a votar sean los llamados "temas valóricos", que nada tienen que ver con los requerimientos de la gente de menores ingresos, con menos educación.
El aborto terapéutico -se planteó aquí el punto- es algo científicamente inadecuado, constituye una antinomia. Entonces, tampoco se trata de una materia que le importe especialmente a la gente de menores recursos. Es un asunto de los sectores con más altos ingresos y no de aquellos a los cuales deseamos apoyar.
En vez de lo que se ha planteado -lo digo con toda franqueza, cariño y aprecio-, yo llamo a la Concertación a que expresemos una visión progresista, interesante para los jóvenes; a que toquemos las materias esenciales en esa línea; a que procuremos más cambios económicos que eviten las tremendas diferencias existentes en nuestro país.
Hagamos carne de nuestra tarea las ideas del cambio social. Concretemos la reforma que debe hacerse en nuestra comunidad, pero sobre cuestiones de verdad importantes para la dignidad de la persona.
No son los otros temas los que nos conducirán a un acuerdo entre nosotros, ni mucho menos a acometer lo que a mi parecer debe hacerse -es mi modesta opinión- para cambiar este país.
No se trata de que la gente tenga menos dinero. La idea es que quienes disponen de él en exceso no actúen pensando que les es dado no solo por su trabajo, sino también por las condiciones de la comunidad; que haya verdadera conciencia social cada vez que se pretende una reforma tributaria o se presenta un proyecto de ley para que la gente tribute más y así exista mayor cantidad de dinero para quienes menos tienen (se ha hablado aquí del anatocismo y de lo que sucede con los bancos; y eso me parece relevante), pues de lo contrario nadie se va a interesar en lo que nosotros queremos.
Por eso, votaré que sí.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente , al igual que el Senador Ruiz-Esquide, me pronuncié en contra del voto voluntario y, por tanto, a favor del voto obligatorio (el colega Longueira me señala que hizo lo mismo). Y he querido intervenir esta tarde para señalar que esa posición mía no ha cambiando en absoluto.
Desde mi punto de vista, es elemento esencial de cualquier sociedad que los ciudadanos tengan derechos y obligaciones.
Ahora bien, creo que el deber más importante de todo ciudadano es el de elegir a quienes lo van a representar en cargos de distintos niveles.
Yo temo que al existir voto voluntario -y quiero dejarlo establecido- nos encontremos con que a muchas autoridades se les cuestione su legitimidad cuando no sufrague más del 50 por ciento de los ciudadanos.
Eso es evidente. Y va a ocurrir en Chile.
Cuando los países son cada vez más estables; cuando la ciudadanía advierte que votar por un bloque u otro no da lugar a grandes diferencias sino a un problema de énfasis; cuando la gente ve que no cambia el sistema tras ciertas votaciones, se pierde el incentivo que había en el pasado, cuando las grandes divisiones ideológicas existentes determinaban que prácticamente en cada elección nos jugáramos proyectos de país distintos.
Por consiguiente, me parece inevitable que al haber voto voluntario sea cada vez menor el número de personas que acudan a sufragar.
Tal es mi diagnóstico, señor Presidente . Y aquello, lejos de fortalecer el sistema democrático, lo debilita.
Empero, a diferencia del Senador Ruiz-Esquide, voy a votar a favor del proyecto de ley en debate, porque no se refiere a aquella materia, la cual quedó resuelta con la reforma constitucional pertinente; ahí se decidió sobre la voluntariedad del voto. Con la iniciativa en discusión simplemente estamos analizando lo relativo a la inscripción automática, con la que siempre he estado de acuerdo.
Por eso, dejo establecido que me pronunciaré a favor única y exclusivamente porque el proyecto en debate se refiere a la inscripción automática y no al voto voluntario.
Reitero: mi opinión no ha cambiado en absoluto, pues sigo sosteniendo que para fortalecer la democracia debe haber inscripción automática y voto obligatorio.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , con mucha convicción, voy a votar a favor del proyecto -y así se acordó hace mucho tiempo en todos los organismos regulares del Partido Por la Democracia- porque Chile necesita avanzar hacia una sociedad de más apertura, de mayor amplitud desde la perspectiva de quienes toman las decisiones.
Por consiguiente, incorporar a un número de chilenos tan representativo, tan importante -cerca de tres millones, muchos de ellos jóvenes, como se ha expresado acá-, naturalmente, constituye un paso muy relevante para fortalecer nuestro sistema democrático.
El proyecto en debate implementa la reforma constitucional de abril de 2009, ingresada por la Presidenta Bachelet, que estableció el voto voluntario.
Quiero subrayar aquello, pues muchas veces he escuchado decir: "No", "Tal vez", "Esto podría tener modificaciones".
No: ¡el voto es voluntario!
Distinta es la situación en que nos encontramos hoy, que podría ser más bien de transición o de indefinición en numerosas materias.
Desde luego, me habría gustado pronunciarme sobre el proyecto -lo señaló la Honorable señora Alvear - que presentó la Presidenta Bachelet . Está aprobado en general; se le han formulado indicaciones en la Comisión de Constitución, pero, sorprendentemente, no se quiere seguir moviéndolo.
Esa iniciativa, como muy bien dijo el Senador Gómez, debe ponerse en votación. Porque aquí nos quedaremos con un problema. El Ministro Larroulet ya se habrá dado cuenta del escenario que vamos a tener después de la reforma constitucional que se le cayó ayer -la relativa al voto de los chilenos en el extranjero- y luego del pronunciamiento sobre el proyecto en discusión.
La reforma constitucional pertinente dispuso que la norma sobre voluntariedad del voto entrara en vigencia una vez dictada la respectiva ley orgánica. Esto se concreta mediante el proyecto de ley en debate. Entonces, tenemos en la actualidad lo que yo denomino "situación de transición". Y pienso que este es el peor de los escenarios, el peor de los mundos, considerando que la intención ha sido siempre -reitero- aumentar el universo de quienes deciden los procesos eleccionarios.
Por eso justamente rechazamos ayer la modificación a la Carta que nos propuso el Gobierno, pues establecía un vínculo -así lo dijimos- inconstitucional.
Ahora, me alegro del planteamiento del Senador señor Orpis y, asimismo, de que este Honorable colega mantenga sus convicciones. Eso es lo importante. Porque debemos recordar que en medio del debate del año 2009 la UDI nos decía que era partidaria de las tres "v": voluntariedad del voto, voluntariedad de la inscripción y voluntariedad de la desafiliación. Pero entiendo que ya no sostiene eso.
Insisto: con la situación que explicité estaríamos en el peor de los mundos. Pero parcialmente lo estamos, pues, como sabemos, tanto por efecto de la reforma constitucional cuanto por la costumbre, en la última década ningún juez de policía local ha aplicado multa a quien no haya concurrido a votar. Entonces, podríamos decir que en el hecho tenemos un voto voluntario y en el Derecho un voto obligatorio.
Por eso sostengo que ese es el peor de los mundos. Y ni siquiera la UDI, que en algún momento argumentó a favor de algo parecido, lo sustenta hoy.
Como aún no tenemos ley sobre inscripción automática -la tendremos si se aprueba la iniciativa en debate-, para ejercer el voto voluntario es necesario inscribirse en los registros electorales.
Ahí enfrentamos un segundo gran problema, que nos sitúa también en un escenario bastante complejo.
Las cifras -y se trata de datos empíricos, reales- muestran que en los sectores más acomodados aumenta sostenidamente el número de personas que se inscriben para votar y que algo muy distinto ocurre en los estratos de menores ingresos, donde es mucho más reducida la cantidad de gente en edad de sufragar que realiza el trámite correspondiente. Con ello -como algunos Senadores lo manifestaron en la Sala, y con bastante razón- el voto sería censitario, porque, atendida la obligación de inscribirse, los ciudadanos con mayor poder económico tendrían cada vez más incidencia en las decisiones políticas.
Por si a alguien le asaltan dudas, señor Presidente citaré los casos de solo dos comunas.
Vitacura: de acuerdo al último censo, la población en edad de votar asciende a 62 mil 26 personas, de las cuales 60 mil 715 (¡97,89 por ciento!) se hallan inscritas en los registros electorales.
¿Y qué ocurre en La Pintana, comuna popular? Hay allí 139 mil 646 personas con derecho a sufragio. ¿Cuántas han cumplido el requisito de inscribirse? 59 mil 525: ¡42,6 por ciento!
¡Díganme, por favor, si eso no es censitario!
Pues bien, tal es la tendencia, que podría seguir acrecentándose si no hiciéramos la modificación que hoy se está proponiendo.
Señor Presidente , no voy a repetir la argumentación que expusimos ayer para rechazar la enmienda constitucional que consignaba un vínculo -algo absurdo- para el voto de los chilenos en el exterior (la famosa "letra chica" también viene en proyectos de reformas políticas), exigencia que muy pocos países -no queremos compararnos con ellos- establecen.
Por último, quiero referirme a un punto que planteó el Senador Gómez .
Su Señoría hizo una impecable argumentación sobre el particular. Sin embargo, tengo un matiz de diferencia, pues pienso que el proyecto en debate adolece de un problema en materia, no de registro, sino más bien de ejercicio del derecho a sufragio.
La iniciativa que nos ocupa no considera -sí lo hacía la de la Presidenta Bachelet , que era integral: incluía las tres áreas- la institucionalidad. Estoy pensando en una persona de Victoria -una de las comunas que represento-, o de Lautaro, o de Angol que, por razones de estudio o en busca de mejores expectativas de vida, se halla en Australia, en Nueva Zelandia o en otro país. Pues bien: como tiene domicilio en alguna de esas comunas de La Araucanía, va a quedar dentro del sistema. O sea, los 450 mil chilenos que viven en el exterior serán incorporados automáticamente en él una vez que aprobemos el proyecto en debate.
Al Gobierno se le viene encima un gigantesco problema, y no se ha dado cuenta: a los chilenos que hoy día, por distintas razones, se encuentran fuera del país deberá garantizarles que va a buscar un mecanismo, a través de los consulados, para posibilitarles el ejercicio del derecho a voto.
Esa es la gran dificultad.
No se trata de que la legislación deje al margen a los chilenos que viven en el extranjero. No podría hacerlo, porque la Constitución no puede discriminar en razón de la residencia. Y sobre esta base ayer rechazamos la reforma que se sometió a nuestra consideración.
Entonces, señor Presidente -insisto-, aquí hay un problema vinculado, no con el registro, sino con la implementación del mecanismo indispensable para permitirles a los chilenos residentes en el exterior el ejercicio del derecho a sufragio.
Por supuesto, vamos a respaldar el proyecto en discusión. Siempre hemos conversado con el Senador Lagos Weber sobre la necesidad de respaldar las iniciativas conducentes a ampliar la cantidad de derechos ciudadanos -para brindarles oportunidades a los jóvenes, por ejemplo- y a permitir su ejercicio sin más trámite, cuando el titular de ellos lo estime conveniente, más allá de que en la práctica -como ha ocurrido en otros países- vaya bajando la curva de la participación. Pero eso dependerá también de la clase política; de la calidad de la política que se hace en Chile, y de que entreguemos un mensaje claro a los sectores respecto de los cuales anticipamos temor en el sentido de que probablemente no voten en el futuro.
Por todo lo que señalé, señor Presidente, nos pronunciaremos a favor.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero recordar que el Gobierno de la Presidenta Bachelet mandó un proyecto en la materia que fue aprobado en general y que contiene los tres elementos sustantivos en términos de la participación política: inscripción automática, sufragio voluntario y voto de los chilenos en el exterior, sin requisitos.
Lamento, sinceramente, que la actual Administración haya decidido no seguir adelante con esa iniciativa, la cual ya había iniciado su tramitación -reitero que incluso fue acogida la idea de legislar, habiendo recibido indicaciones-, y que haya llevado a cabo una "reformulación", por llamarla de alguna manera, y planteado una indicación sustitutiva o un nuevo proyecto. Este último dejó fuera nada menos que uno de los tres componentes mencionados: el voto de los chilenos en el exterior.
Y aunque me referiré específicamente al tema, no puedo dejar de señalar, aun cuando les moleste a algunos Honorables colegas, que es absurda la pretensión de no hacer referencia a lo ocurrido en la sesión de ayer.
En ella sostuvimos que la reforma constitucional en la materia resulta por completo innecesaria. Ello es evidente. Basta una ley que regule la forma en que se puede sufragar, porque la Constitución le da ese derecho a todo chileno, que llega a ser ciudadano por haber cumplido la mayoría de edad y no haber sido condenado a pena aflictiva. Es un derecho universal, muy respetable y respetado en muchas democracias.
Expresamos que 115 países les dan a sus connacionales el derecho a votar fuera de su territorio, de los cuales solo 29 ponen algún tipo de restricción. ¡Solo 29 de 115!
Pusimos el ejemplo de cómo en las colonias peruana, colombiana, venezolana, argentina, brasileña, se ejerce periódicamente aquí el derecho a sufragio, algo que no hemos sido capaces de reconocer a nuestros compatriotas en el exterior.
Pero lo que no es aceptable, señor Presidente -y lo rechazo una vez más-, es que se nos atribuya la responsabilidad de que a esos chilenos se les haya quitado el derecho a voto, se les haya restringido, se les haya negado.
La primera iniciativa en la materia -lo mencionamos ayer- fue presentada por el Diputado señor Dupré, de la Concertación.
La segunda, de mi autoría, es de 2007, y respecto de ella tuve el compromiso de Renovación Nacional, el cual no se cumplió.
La UDI siempre me dijo que no. Calculó que no le favorecía, de modo que no estuvo disponible. Y así de claro lo expresó. Era una cuestión de cálculo electoral.
Mas no ocurrió lo mismo con Renovación Nacional, que llegó a afirmar su disposición favorable, incluso sobre la base de una concesión con la cual no estuve de acuerdo. Pero, a veces, uno quisiera dar un paso más y me avine -lo reconozco- a una forma de lograr el apoyo necesario. Ello no fue posible.
Ante el rechazo en la sesión de ayer, hago presente a los parlamentarios de la Alianza que no pueden ni deben atribuirnos la posición de no permitir el voto de los chilenos en el extranjero. Me parece que ese es el mayor de los cinismos que se podrían escuchar, porque saben perfectamente que no hemos sido nosotros los que nos hemos opuesto.
Es más, le señalamos al Gobierno el camino más fácil y obvio. ¿Por qué no recurrir a la iniciativa ya aprobada en general, a aquella que ya había comenzado a tramitarse en el Senado?
Resulta incomprensible, no solo lo anterior, sino, además, el haber caído, como lo manifestamos ayer, en condiciones completamente absurdas e inaceptables, como la permanencia de un año en el país en los últimos diez años o de seis meses durante los últimos ocho años, lo cual significaba -y también lo señalamos- ¡más de 18 días anuales para que la persona pudiera ejercer su derecho a voto!
Por tales razones, dijimos que ello era discriminatorio, elitista, inconstitucional. Y lo seguimos reiterando.
Hoy día nos encontramos en la discusión general del proyecto sobre inscripción automática y voto voluntario, el cual forma parte, como lo expresamos, de la tríada presentada por la Presidenta Bachelet . Y vamos a aprobarlo.
Pero queremos dejar claro que mantenemos una reserva constitucional, porque creemos que, en la medida en que se trata de una inscripción automática, es obvio que ella incluye a todos los ciudadanos, o sea, a todos los mayores de 18 años. La Ley Fundamental no establece ninguna discriminación ni contiene definición alguna respecto de encontrarse dentro del país o fuera. Por lo tanto, el Gobierno está cometiendo un grave error, a nuestro juicio, y se justifica nuestro reparo sobre la base de lo dispuesto por la Carta.
Y esperamos el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, porque no hacía falta la reforma. Era simple concluir en la necesidad de una ley reguladora, tal como lo será la que se dicte respecto de la inscripción automática.
En consecuencia, no solo hacemos la reserva, sino que, además, esperamos que continúe la tramitación de la iniciativa presentada por la Presidenta Bachelet . Y como lo manifestamos ayer, si se pone en discusión, la aprobamos mañana.
Insisto en que son inaceptables las palabras de los señores Senadores que se han permitido decir por la prensa que nosotros no les entregamos el derecho a sufragio a los chilenos en el extranjero. Francamente, se caen por sí solas.
En cuanto a la inscripción automática, nos hallamos en la discusión general del proyecto y habrá tiempo de analizar en particular su articulado; pero me surgen algunas reservas.
Respecto del principio, estoy de acuerdo con que tenemos que ampliar la participación ciudadana. No sé si con el mecanismo en examen vamos a lograr necesariamente lo que queremos. El objetivo, mucho mayor, tiene que ser el de mejorar la calidad de la política. Hoy día, los jóvenes no votan por sentirse profundamente decepcionados de la forma en que ella se practica, aquí y en muchas otras partes. El desprestigio de esa actividad y de los partidos no es privativo de Chile. Es algo que ha venido ocurriendo en distintos países.
Se halla en nuestras manos ser más consecuentes y coherentes entre lo que decimos y hacemos. Es probable que ello nos acerque de nuevo a jóvenes que nos miran con distancia por estar convencidos de que no presentamos esa característica.
La cuestión mayor, entonces, es cómo mejoramos la calidad de la política; cómo formamos a la juventud en un espíritu de educación cívica, comunitario y más colectivo. Este es un tipo de sociedad -una economía de mercado- que, en general, privilegia el éxito individual, el logro personal, por encima de valores más comunitarios y solidarios. A mi juicio, eso también daña la forma en que practicamos la política.
Pero si queremos de verdad lograr una más amplia participación, abramos el mecanismo de la consulta popular. Nunca he podido entender el problema.
Nos rige la Constitución de 1980, que fue impuesta. Ojalá tengamos alguna vez la fuerza necesaria para cambiarla y sea posible un nuevo texto de origen democrático, no el que presenta el actual. Tal normativa debiera contemplar la consulta. Es un mecanismo que no hace ningún daño. Todo lo contrario. La ciudadanía se sentiría consultada y contaría con un espacio de participación. Podría contemplarse la iniciativa popular de ley.
Cabe reconocer que la Presidenta Bachelet se había propuesto avanzar en la materia, pero jamás lo logró. Nunca pudimos sacar algo al respecto.
En concreto, hoy día no se dispone ni siquiera del mecanismo de la consulta popular; de un sistema que permita una participación más amplia.
Deseo manifestar una preocupación, además, de la cual espero ocuparme en la discusión en particular. Me parece que en el proyecto se disminuyen las facultades del Servicio Electoral.
La Senadora señora Alvear , Presidenta de la Comisión de Constitución , hizo presente, legítimamente, la conveniencia de tener extremo cuidado.
El Ministro señor Larroulet , presente en la Sala, sabe que un gran valor que exhibe nuestro proceso eleccionario democrático por soberanía popular, antes de 1973 y después de 1990, es la transparencia. Los chilenos nunca hemos dudado de los resultados entregados cada vez que han tenido lugar comicios. Y este es un tremendo activo que debemos cuidar.
Tengo la impresión de que con la iniciativa le quitamos algo al Servicio Electoral, en cierta manera, y generamos un Consejo Directivo que me merece cierta duda. No entiendo por qué tienen que formarlo cinco consejeros, cuatro de ellos designados por el Primer Mandatario.
Si hay un país presidencialista, es este; si hay un país profundamente centralista, es este. Y volvemos siempre a lo mismo: más facultades para el Presidente , más atribuciones fiscalizadoras...
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Señora Senadora , ha concluido su tiempo.
La señora ALLENDE.- ¿Me concede un minuto para terminar?
El señor GIRARDI (Presidente).- Conforme.
La señora ALLENDE.- Gracias, señor Presidente.
Por lo tanto, no puedo entender que cuatro consejeros sean designados por el Presidente de la República, previo acuerdo, es cierto, de tres quintos de los miembros en ejercicio del Senado. Ello me merece dudas.
Por su intermedio, señor Presidente , deseo consultarle al señor Ministro Secretario General de la Presidencia -más allá de que creemos que es preciso seguir trabajando en el proyecto enviado por la Presidenta Bachelet y que ya aprobamos- si la idea es aplicar el sistema de que se trata, en caso de que se disponga de tiempo suficiente, en las próximas elecciones. Me refiero a las municipales.
Si la respuesta es afirmativa, como todos lo quisiéramos, deseo expresarle que he escuchado declaraciones de altas autoridades del Servicio Electoral que manifiestan su preocupación en orden a que, para hacerlo bien y que no se toque el bien intangible, maravilloso, de la credibilidad de nuestros procesos eleccionarios, es necesario contar con tiempo, rigor y responsabilidad, para que nadie dude de lo que se realice.
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El señor GIRARDI ( Presidente ).- Antes de continuar con la discusión de la iniciativa, solicito el acuerdo de la Sala, a petición del Presidente de la Comisión de Minería y Energía, Senador señor Cantero, a fin de extender hasta el 30 de mayo, a las 13, el plazo para formular indicaciones al proyecto conocido como "20-20", que propicia la ampliación de la matriz energética mediante fuentes renovables no convencionales.
Acordado.
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El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente , Honorable Sala, el proyecto de ley que nos ocupa tiene por objeto implementar en forma real la inscripción automática y el voto voluntario, incorporados en nuestra Constitución Política en virtud de la reforma de sus artículos 15 y 18, la cual se materializó a través de la ley No 20.337, de 2009.
Tal como lo señalamos cuando nos correspondió debatir acerca de la materia -en aquella época, en la Cámara de Diputados-, dicha modificación era y sigue siendo plenamente necesaria. Ello, a fin de atraer a la juventud a participar sin coerción en la actividad electoral, más aún si se considera que en la actualidad más de tres millones de jóvenes no se encuentran inscritos en los registros correspondientes, por los más diversos motivos.
De hecho, en la última elección de concejales, más del 50 por ciento de las personas habilitadas para sufragar no concurrieron a las urnas. Por tanto, hubo una participación inferior al 50 por ciento, lo que implica un problema grave de representatividad en nuestro sistema democrático.
La situación ha provocado, entre otras cosas, el envejecimiento del padrón electoral, lo que no resulta sano ni adecuado para la actividad política, por lo que estimamos que el proyecto que hoy se somete a nuestra consideración, en primer trámite, es plenamente acertado.
Además, el articulado actualiza una serie de otras disposiciones de carácter electoral, y no puedo sino alegrarme de que se hayan acogido también algunas iniciativas legislativas que promoví como Diputado . Es el caso de la constitución de mesas únicas, sin distinción del sexo de los ciudadanos, como asimismo el que se encomiende a los delegados electorales a cargo de los locales de sufragio la entrega a los colegios escrutadores de los sobres con las cédulas de votación.
Por otra parte, considero digna de un mayor análisis la propuesta de la Corte Suprema en el sentido de eliminar la suspensión del derecho de sufragio que afecta a quienes hayan sido acusados por delitos que merezcan pena aflictiva. Ello vulnera el principio de la presunción de inocencia, porque la acusación es un mero trámite procesal que no importa en modo alguno una condena y que incluso puede ser impugnada por los recursos previstos en la ley, lo que no resulta factible en el caso de las acusaciones.
En el mismo sentido, es atendible la sugerencia del Máximo Tribunal en orden a evaluar la posibilidad de que las personas que se encuentren en prisión preventiva -esto es, recluidas-, pero sin haber sido condenadas por sentencia ejecutoriada, ejerzan el derecho de sufragio, en condiciones adecuadas a su especial situación, para lo cual se requiere una reforma constitucional específica.
Creo que ambas proposiciones deberán ser profundizadas en su estudio, de modo de garantizar a todos nuestros connacionales el derecho de sufragio en forma irrestricta.
Por lo anterior, votaré a favor de la iniciativa, sin perjuicio de las indicaciones que su mayor examen haga procedentes.
Señor Presidente , no puedo terminar mis palabras sin antes referirme a las opiniones que vertió en la Sala mi Honorable colega Allende .
Por supuesto que nos encontramos ante un proyecto emblemático, ante un proyecto que busca mejorar la calidad de la política. Y se inscribe en una agenda maciza del Presidente Sebastián Piñera .
No solo estábamos comprometidos con el voto de los chilenos en el extranjero bajo ciertas y determinadas circunstancias, en lo que ayer, lamentablemente, perdimos una oportunidad histórica de avanzar. Se trataba de una votación en general. Podíamos haber adelantado. Existía toda la flexibilidad por parte del Ministerio para hacerlo.
También se encuentra lo relativo a la inscripción automática y al voto voluntario, lo cual, de más está decirlo, surgió por una moción de Senadores de la Coalición por el Cambio, quienes impulsaron la reforma hasta lograr su aprobación.
Coincido completamente con la señora Senadora en la posibilidad de llevar a cabo consultas populares. Presenté mociones en esa línea en la Cámara de Diputados.
También me interesa la iniciativa popular de ley. Fui autor de un proyecto en tal sentido, al igual que el Senador señor Navarro.
Pedimos que se trate de materias sustantivas, en las cuales se registre una participación real.
Estamos ciertos de que con la mera modificación que nos ocupa no vamos a atraer a los tres millones de jóvenes ni al millón de adultos que hoy no se encuentran inscritos en los registros electorales. Incorporaremos a las personas que no se sienten parte del sistema político cuando mejoremos la calidad de la política; cuando en el Senado seamos capaces de llegar a grandes acuerdos nacionales que hagan posible que nuestro país se transforme en un solo y mismo proyecto para todos y cada uno de sus habitantes; cuando podamos terminar con la dicotomía de los dos Chile coexistentes: aquel cuyas cifras macroeconómicas le permitieron acceder a la OCDE y el que constituye una verdadera vergüenza moral, con pésima distribución del ingreso, donde no hay una participación real de los chilenos.
Y, por eso, el Gobierno también se encuentra trabajando en una agenda social sólida, sustantiva, que va a permitir avanzar.
No quiero decir que en los últimos veinte años no se progresó en la materia. Ello sí ocurrió.
El señor PROKURICA .- Poco.
El señor CHAHUÁN.- Pero hay que seguir trabajando en esa línea.
Queremos, entonces, que esta sea una oportunidad para que el Senado de la República genere los grandes acuerdos nacionales que permitan, justamente, que iniciativas emblemáticas de la agenda social sean aprobadas.
Me refiero al posnatal de seis meses, por ejemplo.
El señor LAGOS.- Que lo arreglen primero.
El señor CHAHUÁN.- Le hemos pedido al Gobierno que le fije urgencia de "discusión inmediata" al proyecto pertinente.
Deseamos progresar en la eliminación del 7 por ciento de descuento de salud en el caso de los pensionados.
Y queremos seguir adelante con el Ministerio de Desarrollo Social.
Pero también es preciso hacer otro tanto en los aspectos que dicen relación con los procedimientos; en la posibilidad de abrir la política a la gente; en abrir las grandes avenidas, para que los ciudadanos se sientan parte de un mismo proyecto de país y sean constructores de su propio destino.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminado el Orden del Día.
Antes de pasar a la hora de Incidentes, solicito el asentimiento de la Sala para que asuman como Presidentes accidentales, primero, el Senador señor Quintana, y después, el Senador señor Navarro.
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental , el Honorable señor Quintana.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor QUINTANA (Presidente accidental).- Se les dará curso en la forma reglamentaria
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
De la señora ALLENDE:
A la Subsecretaría de Salud Pública y al señor Jefe del Departamento de Inspección de la Dirección del Trabajo , pidiendo antecedentes acerca de EFECTOS DE LABOR EN ALTURA SOBRE SALUD DE TRABAJADORES,
Al señor Director General de Aeronáutica Civil , para que informe en cuanto a HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA.
Del señor LARRAÍN:
Al señor Ministro de Justicia, a fin de solicitar MÉDICO LEGISTA PARA COMUNA DE CAUQUENES.
Del señor NAVARRO:
Al señor Ministro de Obras Públicas , con el objeto de pedir REMISIÓN DE NÓMINA DE EMPRESAS EN REGISTRO ESPECIAL DE CONTRATISTAS Y CONSULTORES, PARA DEMOLICIONES;
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo , a fin de que se envíe INFORMACIÓN DE ARMADA SOBRE BENEFICIARIOS DE CONJUNTOS "ARRAU MÉNDEZ 1" y "MACKENNA" 2 Y 3 DE SECTOR PEDRO DE VALDIVIA BAJO, COMUNA DE CONCEPCIÓN, y NOMBRES DE PROPIETARIOS Y PREDIOS EN ÁREAS DE EXTENSIÓN URBANA DE PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE PLAN REGULADOR DE SANTIAGO;
A la señora Ministra del Medio Ambiente , pidiendo información relativa a MEDIDAS ANTE DENUNCIA POR TRABAJOS EN SECTOR DE HUMEDAL ROCUANT-ANDALIÉN, COMUNA DE TALCAHUANO,
Al señor Director Nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias , requiriendo antecedentes sobre MEDICIÓN DE HUELLA DE AGUA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS DE MAYOR IMPACTO COMERCIAL Y ECONÓMICO EN EL PAÍS.
Del señor PROKURICA:
Al señor Presidente Ejecutivo de CODELCO , con el propósito de que informe sobre CAUSALES DE PARALIZACIÓN DE PROCESADORA DE MOLIBDENO EN DIVISIÓN EL SALVADOR,
A la señora Superintendenta de Servicios Sanitarios , pidiendo realizar ESTUDIOS SOBRE FUNCIONAMIENTO DE EMPRESA SANITARIA AGUAS CHAÑAR (Tercera Región).
De la señora RINCÓN y el señor FREI:
A la señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, para pedir RESPUESTA A INTERROGANTES SOBRE COMPROMISOS GUBERNAMENTALES DE 21 DE MAYO DE 2010.
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El señor QUINTANA ( Presidente accidental ).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Radical Social Demócrata, que no hará uso de su tiempo y se lo ha cedido al Senador señor Navarro.
Los Comités Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional tampoco intervendrán.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro, quien además dispondrá de los minutos de los Comités Radical Social Demócrata e Independientes.
SITUACIÓN DE MAPUCHES EN HUELGA DE HAMBRE Y REVISIÓN DE PROCESOS INSTRUIDOS CONTRA ELLOS. OFICIOS
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , la justicia chilena informó este miércoles que acogió un recurso de amparo que permite, de ser necesario, alimentar a la fuerza a cuatro indígenas mapuches condenados a penas que van de 20 a 25 años de prisión, quienes llevan 50 días de huelga de hambre líquida para exigir un nuevo juicio.
Cabe recordar que la Fiscalía Militar desechó, desertó, abandonó el proceso judicial por no encontrar méritos suficientes para proseguir con él. Sin embargo, los fiscales civiles a cargo del caso en Cañete insistieron en llevar adelante la investigación. Y hoy la Corte de Apelaciones de Angol, al analizar la situación de los huelguistas, autorizó a Gendarmería para adoptar las medidas conducentes a internarlos en caso de urgencia.
En verdad, señor Presidente, el problema existente no se resuelve aplicando la fuerza por parte de Gendarmería.
Los cuatro comuneros mapuches que se encuentran en ayuno permanecen en la cárcel de Angol tras ser hallados culpables del delito de homicidio frustrado por el ataque que sufrió el Fiscal Mario Elgueta en noviembre del 2008 y del delito de robo -de madera- con intimidación ese mismo año.
Los condenados - Héctor Llaitul , Ramón Llanquileo , Jonathan Huillical y José Huenuches - niegan haber participado en la emboscada al Fiscal Elgueta. Su defensa pidió anular el juicio que derivó en las respectivas condenas. Ellos fueron procesados con el sistema de testigos protegidos, encapuchados, sin rostro visible.
Chile será condenado internacionalmente, y somos muchos los que vamos a denunciar a la justicia de nuestro país por haber aplicado un procedimiento a todas luces ilegal, arbitrario, racista, discriminatorio.
Señor Presidente , los huelguistas han bajado entre 15 y 17 kilos cada uno. Natividad Llanquileo , vocera del grupo, explicó que están bebiendo agua de hierbas.
Los condenados son miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), que reivindica la cultura mapuche -el mayor pueblo originario chileno- y los derechos ancestrales sobre tierras que hoy están en manos privadas.
Llaitul ha sido sindicado como líder de la CAM. Fue sentenciado a 25 años de cárcel, mientras que los otros tres mapuches recibieron condenas de 20 años cada uno.
Mapuche significa "gente de la tierra".
Esos líderes mapuches luchan por su tierra, como lo hacen muchos pueblos en el mundo: los palestinos, los serbios, los bosnios.
Hoy existen unos 700 mil mapuches -de un total de 16 millones de habitantes del país-, y están concentrados en una reducida zona del sur de Chile que comprende parte de las Regiones del Biobío y de La Araucanía.
Señor Presidente, Llaitul, Llanquileo, Huillical y Huenuches han sido condenados a altísimas penas por el supuesto delito de homicidio frustrado en contra de un fiscal.
Por otra parte, cabe recordar que los jóvenes Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío -el señor Presidente lo sabe muy bien porque representa a la Región de La Araucanía en el Senado- fueron baleados por la espalda por Carabineros plenamente identificados. Y en los juicios se demostró que se intentó engañar a la justicia con pruebas falsas hechas por Carabineros de Chile. Altos oficiales fueron dados de baja y están siendo procesados por tratar de ocultar pruebas y simular un atentado. Hicieron montajes, como ha quedado muy claro en el proceso.
El asesino de Matías Catrileo fue condenado a tres años y un día de prisión, pero continúa en servicio activo porque después se le remitió la pena.
Sin embargo, Llaitul fue condenado a 25 años de cárcel, y a cada uno de los otros comuneros, a 20. ¡No hubo sangre, ni robo, ni daño a la propiedad privada!
A todas luces, se ha actuado en forma discriminatoria.
Cabe señalar que tenemos un sistema de fiscales ampliamente cuestionado. Allí está el caso bombas, en que el Fiscal Alejandro Peña -como sabemos- ha destruido más de mil pruebas. Y todos los días algún detenido por ese caso ha ido recuperando la libertad porque los argumentos de la fiscalía no logran sostener la acusación.
También está la situación de Elena Varela, quien estuvo dos años presa mientras la procesaban, para luego ser dejada en libertad sin ningún cargo en su contra ¡Es plenamente inocente! Sin embargo, la tuvieron dos años en la cárcel.
Los fiscales están actuando con desidia, de manera abusiva.
Por cierto, llegará el momento en que debamos debatir qué fiscales requiere Chile. Se necesitan funcionarios preparados, eficientes, profesionales, con mucha autonomía, pero también muy responsables. Y hasta ahora tenemos una larga lista de ellos que actúa de modo absolutamente contrario.
Señor Presidente, solicito que se oficie, en mi nombre, a los Ministerios de Justicia y del Interior a fin de que informen sobre el estado de salud de los huelguistas. Además, que se pida formalmente a la Cartera del Interior que se evalúen debidamente los procesos instruidos por Ley de Seguridad del Estado y Ley Antiterrorista.
Es claro que la huelga de hambre obedece al incumplimiento de un acuerdo del Gobierno de Chile, encabezado por Sebastián Piñera , con los huelguistas. Monseñor Ricardo Ezzati , hoy Arzobispo de Santiago , ha dicho que lo comprometido por el Ejecutivo no se ha cumplido a cabalidad.
No estamos hablando en el aire. Decimos que hubo compromisos del Gobierno. Por eso, le pido al Ministro del Interior , señor Rodrigo Hinzpeter , que nos informe detenidamente cuál es el texto del acuerdo alcanzado y qué dice haber realizado el Ejecutivo en cumplimiento de él, lo cual es rechazado por los comuneros. En definitiva, que dé cuenta de la actitud que se ha seguido en el resto de los procesos donde se aplica la Ley de Seguridad del Estado y, particularmente, la Ley Antiterrorista.
Señor Presidente , no apoyo la huelga de hambre, porque atenta contra la integridad física de quienes ya llevan más de 50 días en condiciones desmedradas. Pero el sacrificio de vida que hacen los comuneros encarcelados es un ejemplo de consecuencia, de valor, de humildad, pues han elegido, no la vía violenta, sino la del ejemplo, del martirio.
Estamos sembrando vientos, y quien siembra vientos cosecha tempestades.
La situación mapuche, particularmente en la zona de La Araucanía y el Biobío, va a continuar tensa si no se enfrenta el fondo del problema.
Pido a Gendarmería que haga uso del mejor de los criterios. No el que tuvo cuando murieron los 81 reos en la cárcel de San Miguel, sino uno destinado a proteger la vida y la dignidad de los mapuches y de los demás reclusos.
Confío en los integrantes de Gendarmería. Pero tengo una posición crítica respecto a su Dirección. Esta institución requiere un profundo cambio técnico, una reorientación de su política nacional.
Señor Presidente , pido que en el oficio que se remita al Ministerio de Justicia también se le solicite información sobre el protocolo según el cual va a actuar Gendarmería en una eventual alimentación forzada de los comuneros, de tal manera que a raíz de la acción pertinente no debamos lamentar un accidente que resulte peor que lo que se desea evitar: la muerte de personas.
A mi juicio, habrá resistencia, pues existe convicción. De modo que espero que ese procedimiento se encuentre estrictamente regulado.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor QUINTANA (Presidente accidental).- Ha terminado el tiempo que tenía asignado, señor Senador.
El señor NAVARRO.- ¿Y el del Partido Socialista?
El señor QUINTANA (Presidente accidental).- ¿Fue autorizado por ese Comité?
El señor NAVARRO.- Sí, señor Presidente.
El señor QUINTANA ( Presidente accidental ).- En tal caso, Su Señoría continúa con el uso de la palabra en el tiempo del Comité Partido Socialista.
PÉRDIDAS FINANCIERAS DE CODELCO POR OPERACIONES EN MERCADOS DE FUTURO. OFICIOS
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , según los resultados financieros de la Memoria de 2010 presentada por CODELCO a la Superintendencia de Valores y Seguros, dicha empresa estatal perdió 1.042 millones de dólares debido a desastrosas operaciones en los mercados de futuro.
Así lo denuncia el Presidente de la ONG Chile Cobre, Julián Alcayaga , economista y contador, con un magíster obtenido en La Sorbona, quien sostiene que estamos ante una "colosal pérdida de 1.042 millones de dólares que se disfrazan como disminución de las ventas".
Esa cantidad, alcanzada en el ejercicio del 2010, es casi seis veces mayor que lo perdido por Juan Pablo Dávila en 1994, que alcanzó a 170 millones de dólares.
Tal resultado financiero no aparece en una línea específica del Estado de Resultados de la Memoria, sino solo en sus explicaciones. Y, para disimular aún más las pérdidas, fueron designadas como "Ingresos mercados de futuro". Pero se colocaron entre paréntesis; y todo contador sabe que eso significa "negativo", "menos", "disminución".
Señor Presidente , Alcayaga , autor de Libro negro del metal rojo y de País virtual, el lado oscuro del Tratado Minero Chileno-Argentino, dice que esa es una pérdida demasiado grande, que representa el 14,5 por ciento de los costos de explotación del 2010 de CODELCO.
Y más adelante expresa: "Los mercados de futuro del cobre son transacciones financieras, cuya base son los intercambios de papeles que representan una cierta cantidad de cobre u otro metal, a un precio determinado en una fecha dada. Al momento de vencer el contrato, las partes no ejecutan lo pactado, en el sentido de entregar físicamente el cobre y recibir dinero a cambio: pagan solamente las diferencias entre el precio predeterminado entre las partes y el existente en la fecha de vencimiento del contrato. Por esta razón, en los mercados de futuro del cobre se transan, en un año, centenas de veces más toneladas del metal que las producidas efectivamente en el mundo".
También señala que el actual Presidente de CODELCO , Diego Hernández , es experto en perder dineros a futuro. "Y, quizás," -dice- "aunque suene paradójico, esta sea la principal razón de su ascendente carrera".
En 1995, cuando era Presidente de Minera Mantos Blancos S.A., perdió 49 millones de dólares en los mercados de futuro, cifra que significaba un cuarto de las ventas totales, que ese año alcanzaron a 198 millones de dólares. Proporcionalmente, esta pérdida fue tres veces superior a la que generó un año antes Juan Pablo Dávila en CODELCO, también por concepto de ventas a futuro: 170 millones de dólares -como ya dije-, que representaron el 8 por ciento de las ventas realizadas en 1993. Dávila pagó con cárcel su delito, que tanto daño les causó a CODELCO y al Fisco.
Las "pérdidas" de Mantos Blancos -según Alcayaga - evitaron que esta minera pagara 24,5 millones de dólares en impuesto a la renta en Chile. Y una empresa relacionada con esa compañía ganó en el extranjero lo que ella perdió aquí.
Señor Presidente, estamos frente a una figura que nuestro Servicio de Impuestos Internos debe prever.
En 1994 Mantos Blancos, con Hernández a la cabeza, también había registrado importantes pérdidas operacionales. A pesar de estas pérdidas -entre comillas-, dicho personero ha tenido una carrera exitosa: en 1996 fue nombrado Presidente de Minera Collahuasi ; más tarde fue elegido Presidente del patronal Consejo Minero ; en 2004 se le designó máximo ejecutivo de BHP Billiton en América Latina, y en mayo de 2010 asumió la Presidencia de CODELCO .
Sabido es que uno de los principales mecanismos empleados por las sociedades mineras para evitar pagar impuestos en Chile consiste en declarar pérdidas operacionales, tal como lo demostró la Comisión Especial para la Tributación de las Empresas Mineras, en 2005.
Señor Presidente , estamos ante una denuncia gravísima, que, a mi juicio, debe ser considerada en toda su dimensión.
Con relación a CODELCO, el economista en comento agrega: "En segundo lugar, en 2010 hubo un aumento de los costos de 1.231 millones de dólares, es decir, 20,6% más que el año 2009, y también los más elevados desde el año 2004.".
Y expresa que, comparando precio y producción, los ingresos por ventas de CODELCO en 2010 son lejos los peores de los últimos 7 años.
Las preguntas son: ¿Cómo explicar que el que se presentó como el mejor equipo ejecutivo, tanto por capacidad técnica como por experiencia en grandes empresas mineras, haya tenido el peor resultado de CODELCO en toda su historia? ¿Hubo incapacidad o, por el contrario, se cumplió el objetivo deseado?
Cabe tener presente que el Vicepresidente de Gestión Financiera de CODELCO, Thomas Keller, fue Presidente de Minera Collahuasi; que uno de los miembros del Directorio, Fernando Porcile, fue Presidente del Consejo Minero; y que el recién designado Vicepresidente de Finanzas, Jorge Gómez, fue Gerente de Pelambres.
A propósito de lo anterior, señor Presidente, quiero reiterar algo que ya dije.
Cuando objeté recientemente el nombre de una candidata a Ministra de la Corte Suprema , hice notar que se trataba de una profesional que había trabajado durante 25 años en PricewaterhouseCoopers y que, tras 4 o 5 años en la Corte de Apelaciones de San Miguel, pasaba de abogada integrante a Ministra del Máximo Tribunal . ¡Y estuvo por 25 años a la cabeza de esa empresa consultora, primero como empleada y luego como socia!
Uno sabe que cuando alguien acude a una empresa como PricewaterhouseCoopers no es para que le diga cómo pagar más impuestos, sino cómo tributar menos.
Entonces, ¡por supuesto que se van a producir conflictos de interés cuando en la sala tributaria de la Corte Suprema se vean casos de sociedades a las cuales dicha abogada asesoró por 25 años!
Lo expuesto no envuelve nada personal; no involucra cuestionamiento alguno a la honorabilidad de la ahora Ministra : es solo una advertencia con respecto a un eventual conflicto de interés.
En cuanto a CODELCO, señor Presidente , como ha ingresado a ella la plana ejecutiva mayor de las mineras del sector privado, por cierto que habrá conflictos de interés. Porque todas las compañías mineras particulares -Collahuasi, Pelambres , Mantos Blancos , etcétera- compiten con dicha Corporación. No son pares: ¡son competidoras!
Señor Presidente , acerca de todo lo que he expuesto, solicito oficiar al Presidente de la República ; a los Ministros de Minería y del Interior; al Consejo Minero, y también a quienes he mencionado en esta intervención, a fin de tener claridad sobre estos dichos. Si es necesario un debate al respecto, por supuesto que deberemos efectuarlo.
Yo espero pedir que se convoque a una sesión especial del Senado con la finalidad de profundizar en los hechos descritos y para que nuestra Comisión de Minería y todos los Senadores tengamos acceso a una cuenta pública de CODELCO con referencia a los resultados aludidos, correspondientes al 2010 y que demandan la máxima preocupación.
Cuando Enrique Dávila dio cuenta de la pérdida de 1.000 millones de dólares en la ENAP, la Derecha armó un escándalo en el Parlamento. Se formularon las peores acusaciones por el resultado y porque dicha Empresa tuvo que comprar petróleo caro para asegurar el abastecimiento energético, pero luego el precio bajó y, por tanto, se vio obligada a hacer la pérdida. Se realizó, entonces, una discusión intensa, con acusaciones cruzadas.
En el caso que nos ocupa, pido efectuar el debate pertinente.
En consecuencia, señor Presidente , junto con solicitar que se remitan los oficios referidos, espero obtener la firma de los Comités necesarios para que se cite a una sesión especial con el propósito de aclarar las pérdidas registradas en CODELCO, la mayor empresa minera de cobre del mundo, que nacional y representa el sueldo de Chile.
¡El cobre es el sueldo de Chile! Y lo que afecte al cobre afecta a los bolsillos de mi país, que necesita los recursos correspondientes para poder trabajar e invertir en beneficio de los más pobres.
He dicho.
¡Patagonia sin represas!
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor QUINTANA ( Presidente accidental ).- Informo al Senador señor Navarro que la convocatoria a sesión especial se resolverá más adelante, una vez que Su Señoría haga llegar a los Comités la presentación respectiva.
Ahora, le solicito que presida la sesión.
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Partido Por la Democracia, tiene la palabra el Senador señor Quintana.
SITUACIÓN DE HOSPITAL DE ANGOL. OFICIO
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , en primer término, pido oficiar al señor Ministro de Salud para exponerle la difícil situación que se vive en el hospital de Angol, capital provincial de Malleco.
Hace algunos días se mostraron en un reportaje de televisión las condiciones en que funciona ese establecimiento desde el terremoto, y se informó que será el único que permanecerá bajo carpas durante el invierno, por segundo año consecutivo.
Todos los hospitales de campaña ya se han devuelto o han sido reutilizados; claramente, no se encuentran funcionando como tales. Sin embargo, la comuna de Angol continuará con un hospital de campaña. Es decir, las dependencias de cirugía, hospitalización, medicina y de los servicios más importantes desarrollarán sus labores bajo carpas todo el invierno, pese a las delicadas situaciones que deben enfrentar. Y ello incluso agrava las condiciones sanitarias.
Por tal razón, la última semana sostuvimos un diálogo abierto y extenso con integrantes de las organizaciones más representativas de ese establecimiento: de las distintas asociaciones de funcionarios; del capítulo local del Colegio Médico, y, desde luego, de la ciudadanía, que ve con mucha preocupación cómo se van a llevar adelante los distintos procedimientos durante el año en curso.
Nos preocupa el asunto, dadas las complicaciones que presenta ese recinto asistencial y, además, porque hace algunas semanas tanto el Ministerio de Hacienda como el de Salud anunciaron un recorte presupuestario del orden de 2 mil millones de pesos en el Servicio de Salud Araucanía Norte, que reúne a 11 comunas de la provincia de Malleco, donde se halla ubicado el hospital base de Angol. Entiendo que este ya registra un déficit, en lo que va del año, de cerca de 500 millones de pesos.
Entonces, si a ese hospital además se le recorta el presupuesto, uno se pregunta: ¿cómo se les va a pedir a los funcionarios, a los asistentes, a los paramédicos, a los auxiliares, a los médicos, a los profesionales de la FENPRUSS cumplir con las metas fijadas?
Hace poco el Subsecretario de Salud , en una visita a dicho establecimiento, les decía a algunos médicos: "Bueno, operen de cadera". ¡Imposible! ¡Cómo van a realizar una operación de cadera y otras cirugías de alta complejidad bajo carpa, sin las condiciones adecuadas!
Por las razones mencionadas, me parece acertada la decisión del Presidente de la Comisión de Salud , Senador señor Rossi , de visitar en los próximos días el hospital de Angol.
Insisto: el único establecimiento de salud existente en la zona seguirá funcionando este año bajo carpas.
Entonces, el oficio al Ministro de Salud tiene por objeto que informe al Senado si efectivamente se dispuso un recorte presupuestario para dicho Servicio de Salud, el que se ha visto afectado por serios problemas.
Su Director titular fue objeto de una resolución de la Contraloría -después de una investigación previa-, que le ordena devolver cerca de 30 millones de pesos, debido a que en lo que va del año 2011 dicho funcionario se autoasignó una remuneración sobre la base de distintas asignaciones -cargo de médico de 22-28 horas, asignación correspondiente a la Alta Dirección Pública-, lo que, sumado a las funciones de Director suplente, hace un sueldo de 7 millones 400 mil pesos brutos.
Tal información, que es pública, se encuentra disponible en Gobierno Transparente.
Naturalmente la Contraloría tuvo que objetar tal situación, porque no es normal que un Director de un Servicio de Salud perciba una remuneración superior a la del Subsecretario. Claramente eso no es legal. En virtud de ello, se pidió al Ministerio efectuar además el sumario respectivo.
Asimismo, por medio del mismo oficio, me gustaría que se consultara al señor Ministro qué ocurre con el sumario que el organismo contralor consideró preciso llevar adelante.
La segunda inquietud que deseo consignar en el referido oficio dice relación a la construcción del hospital definitivo. El Presidente Piñera cuando visitó la Región de La Araucanía, hace exactamente un año -específicamente Angol -, se comprometió a que dentro de su Gobierno se edificaría un edificio.
Yo entiendo que las reasignaciones presupuestarias derivadas del terremoto tienen su ritmo. Sin embargo, lo importante es que la construcción del establecimiento de salud no se siga postergando.
En lo concreto deseo saber qué dice la planificación diseñada por el Ministerio de Salud para tal efecto, cómo se están programando las tareas y qué se va a hacer con exactitud durante el 2011. Entiendo que los estudios preinversionales se hallan bastante avanzados.
En consecuencia, si se van a invertir recursos para avanzar en el diseño durante el año 2011, consulto qué se pretende hacer para el 2012 y qué dispone la carta Gantt respecto de la programación de inversiones para la edificación del hospital definitivo en la comuna de Angol.
Esa es la información que pido al señor Ministro de Salud.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento, al cual adhiere posteriormente el Senador señor Navarro.
DEFICIENCIAS EN REPARACIÓN DE PUENTE CAUTÍN POR RESTRICCIÓN DE RECURSOS. OFICIO
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , solicito oficiar igualmente al señor Ministro de Obras Públicas .
Hoy en la Comisión del ramo algo conversamos sobre el tema que expondré. De hecho, a través de la presidencia del Senador Escalona de dicho órgano técnico, se convocó al referido Secretario de Estado .
Entendíamos que en el 2010 el Gobierno debía abocarse fundamentalmente a iniciar las obras de la infraestructura pública vial dañada por el terremoto. Concordamos en que ese objetivo se ha cumplido en la gran mayoría de los casos, aspecto que destacamos en el oficio que enviamos al señor Ministro .
Sin embargo, hoy también es el momento de analizar aspectos legislativos y de revisar qué pasa en cada una de las Regiones.
Puntualmente, me gustaría saber cómo se ha enfrentado la preocupación ciudadana en la comuna de Lautaro, en relación con el mejoramieno del puente Cautín , el cual, si bien fue terminado, mantiene muy intranquilos a los habitantes del lugar, debido a que la nueva calzada quedó más angosta que la anterior. Además, los pasillos laterales claramente no reúnen ni garantizan las condiciones de seguridad y transitabilidad para los peatones.
Eso es lo que nos informaron la comunidad y las autoridades locales.
Por esa razón, quiero que el señor Ministro de Obras Públicas nos informe en detalle por qué se invirtió en esa reparación un monto cercano a los mil 500 millones de pesos y no más.
Asimismo, me interesa saber si los recursos para el mejoramiento del puente Cautín , en Lautaro, tuvieron algún recorte presupuestario; si inicialmente hubo una cantidad mayor de recursos y si, por alguna decisión, se ocuparon en otros proyectos. Queda la impresión de que se hicieron las reparaciones del puente con lo que sobró de ellos.
Si se trata de falta de recursos, quiero que el señor Ministro y el Director de Vialidad lo digan explícitamente en el oficio de respuesta.
Y, por supuesto, me gustaría saber si se ha considerado una petición en la que venimos insistiendo hace mucho tiempo -desde que fui Diputado e integré la Comisión de Obras Públicas de la Cámara Baja, hace por lo menos seis años-, en cuanto a la necesidad de contar con un puente definitivo, máxime cuando en dicha zona se encuentra el corredor bioceánico que da salida a la parte sur de La Araucanía.
Debo destacar que se ha progresado mucho en los estudios preinversionales de un puente definitivo, pero deseo saber cuándo se realizará el diseño y la fecha de su ejecución.
Como estos asuntos no deben ser objeto de manipulación política por algún sector, solicito que el Ministro nos informe concretamente qué se hizo en el Gobierno de la entonces Presidenta Bachelet para materializar el puente definitivo; qué se está haciendo en la Administración del Presidente Piñera al respecto, y si hay alguna estimación de cuándo podría concluirse la obra.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, de conformidad al Reglamento.
PROBLEMAS GEOLÓGICOS EN RIBERA DE RÍO RENAICO. OFICIO
El señor QUINTANA.- Finalmente, señor Presidente , solicito que se oficie al señor Ministro del Interior para que instruya al Gobernador de Malleco , don Jorge Rathgeb -él siempre se halla presto a apoyar distintas soluciones en la provincia-, a fin de que visite en terreno, con los servicios que corresponda, a la comunidad Miguel Huentelén , localidad de Maica, comuna de Collipulli, y tome nota de lo que está ocurriendo en ese lugar -el terremoto dejó ahí una sensación distinta y un sabor muy amargo-, pues hasta el día de hoy ha habido cero avance.
Quien ahora dirige accidentalmente la sesión -por su calidad de representante del Biobío y por la fuerte fiscalización que ha llevado a cabo en esa zona- conoce muy bien qué significó el movimiento telúrico de febrero pasado, lo que obligó al Gobierno a tomar profundas decisiones para reorientar el proceso de reconstrucción.
En una de las laderas del río Renaico, se hizo una enorme grieta y un cerro se desmoronó, resultando afectadas 22 familias del sector. Ellas fueron visitadas por la CONADI y postularon a un subsidio. Se les pidió plata, la que después les fue devuelta.
¡O sea, cero avance durante el 2010!
Además, a esa gente las visitó el SERNAGEOMIN para constatar los problemas geológicos derivados del terremoto. Sin embargo, los vecinos siguen viviendo ahí en pésimas condiciones y con mucho riesgo. Hace pocos días se registró un nuevo derrumbe.
Visité a algunos abuelitos y personas no videntes que viven allí y pude comprobar que todas están afectas a una gran precariedad social.
Y, por supuesto, me parece imprescindible que ahí deben intervenir la CONADI, el SERVIU, el Gobierno Interior y el SERNAGEOMIN.
Considero que hace falta un encargado que lidere el proceso para dar solución a los problemas que el alcalde Leopoldo Rosales ha denunciado en innumerables ocasiones.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor NAVARRO ( Presidente accidental ).- Por haber cumplido su objetivo, se levanta la sesión
--Se levantó a las 19:57
Manuel Ocaña Vergara
Jefe de la Redacción
ANEXOS
MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR GÓMEZ, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE IMPIDE LA ELIMINACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES POR DELITOS SEXUALES (7621-07)
Honorable Senado:
A continuación se presenta una propuesta legislativa con el objeto de excluir del beneficio que permite la eliminación de antecedentes penales a quienes cometan delitos sexuales contra menores o mayores de edad.
Las normas legales y reglamentarias que permiten la eliminación de antecedentes penales son el Decreto Ley Nº 409, de 1932, “Que establece normas jurídicas reos” (sic), el Decreto Supremo Nº 64, de 1960, del Ministerio de Justicia, que reglamenta la eliminación de prontuarios penales, de anotaciones, y el otorgamiento de certificados de antecedentes y el Decreto Ley Nº 3.482, de 1980, que concede indulto, reduce la pena y elimina anotaciones prontuariales a las personas condenadas por los delitos que indica, en las condiciones que expresa.
Estas normas condicionan la aplicación de los beneficios de eliminación de antecedentes penales y de omisión de antecedentes penales (este último beneficio, sin eliminar los antecedentes), sólo a la pena asignada en concreto al delito de que se trate, y no a una categoría determinada de delitos. Por lo tanto pueden acceder a estos beneficios los condenados por cualquier clase de delitos, incluyendo aquellos que se puedan estimar de entre los más graves, como por ejemplo, los delitos sexuales.
Consideramos que lo anterior es negativo, pues permitiría que los condenados por delitos sexuales puedan acercarse a nuevamente a sus víctimas, aumentando el peligro de reincidencia ya que se trata de conductas de muy difícil rehabilitación.
Por lo tanto, para excluir legislativamente a los delitos sexuales de los beneficios de eliminación de antecedentes penales y de omisión de los mismos, es necesario modificar el Decreto Ley Nº 409 y el Decreto Ley Nº 3.482, ya mencionados.
1. Eliminación de antecedentes penales
Decreto Ley Nº 409, de 1932, ya mencionado, dispone en su Artículo l.o: “Toda persona que haya sufrido cualquier clase de condena y reúna las condiciones que señala esta ley, tendrá derecho después de dos años de haber cumplido su pena, si es primera condena, y de cinco años, si ha sido condenado dos o más veces, a que por decreto supremo, de carácter confidencial, se le considere como si nunca hubiere delinquido para todos los efectos legales y administrativos y se le indulten todas las penas accesorias a que estuviere condenado.
El decreto que concede este beneficio se considerará como una recomendación del S. Gobierno al Senado para los efectos de la rehabilitación a que se refiere el número 2.o del artículo 9.o de la Constitución Política.”.
La norma citada se refiere a toda clase de condenas, sin distinguir o excluir a ningún delito o categoría de delito.
Luego, el Decreto Supremo Nº 64, de 1960, del Ministerio de Justicia, que reglamenta la eliminación de prontuarios penales, de anotaciones, y el otorgamiento de certificados de antecedentes, permite borrar definitivamente una o más anotaciones del Prontuario Penal, siempre que se cumplan determinadas condiciones.
Entre dichas condiciones, se exige que se trate de personas condenadas por cuasidelito, simple delito o crimen que se hayan sancionado con multa o pena corporal no superior a 3 años, que ésta sea su única anotación y que hayan transcurrido al menos 10 años de cumplida su condena, si es un crimen, o más de 5 años en los casos restantes, siempre que se trate de la única anotación del prontuario.
Los condenados menores de 18 años que hayan cumplido pena de hasta 3 años, pueden eliminar la anotación inmediatamente de cumplida la condena. Si la condena es superior a 3 años, se elimina después de transcurridos 3 años y siempre que se trate de la única anotación.
2. Omisión de Anotaciones Penales en Certificados de Antecedentes
El artículo 9 del Decreto Ley Nº 3.482, de 1980, que concede indulto, reduce la pena y elimina anotaciones prontuariales a las personas condenadas por los delitos que indica, en las condiciones que expresa, establece el beneficio de omisión de anotaciones penales en Certificados de Antecedentes. Este beneficio consiste en la entrega de Certificados de Antecedentes libres de una o más anotaciones penales, las que, sin embargo, permanecen vigentes en el Prontuario.
De acuerdo al artículo 9 del Decreto Ley Nº 3.482, para obtener el beneficio de omisión, debe tratarse de anotaciones por faltas o simples delitos, ser la única anotación en el prontuario penal, haber transcurrido 5 años desde la condena y que la pena impuesta no exceda los 3 años de presidio. Esta omisión se hace efectiva en Certificados de Antecedentes para conducir vehículos motorizados y para fines particulares. También se exceptúa el Certificado para conducir vehículos motorizados cuando se trata de delitos de la Ley de Tránsito.
Según lo anteriormente expuesto, vengo en presentar el siguiente
Proyecto de Ley
Artículo 1°.- Agréguese el siguiente inciso tercero y final al artículo l.o del Decreto Ley Nº 409, de 1932, Que establece normas jurídicas reos:
“Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los delitos contemplados en los párrafos 5 a 7, ambos inclusive, del Título VII, del Libro II, del Código Penal.”.
Artículo 2°.- Agréguese el siguiente inciso segundo y final al artículo 9 del Decreto Ley Nº 3.482, de 1980, que concede indulto, reduce la pena y elimina anotaciones prontuariales a las personas condenadas por los delitos que indica, en las condiciones que expresa:
“Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los delitos contemplados en los párrafos 5 a 7, ambos inclusive, del Título VII, del Libro II, del Código Penal.”.
(Fdo.): José Antonio Gómez Urrutia, Senador.
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑORES NAVARRO, LAGOS, MUÑOZ ABURTO, QUINTANA Y ROSSI, EN MATERIA DE MANEJO DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS GENERADOS POR EQUIPOS COMPUTACIONALES (S 1357-12)
1. Que en el 2007 Bernhard Steubing, de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, Suiza, apoyado por el Instituto Federal Suizo de Investigación y Prueba de Materiales y Tecnología de ese país, realizó un estudio sobre la basura electrónica en Chile, especialmente los desechos de computadores y notebook, que contienen elementos altamente tóxicos para las personas y pueden afectar la salud de las personas.
2. Que dicho estudio estimó que para el 2020 Chile estará desechando, sólo en computadores, 1,7 millones de unidades anuales. Bernhard, plantea que para ese año, se habrán acumulado 215.000 toneladas de residuos provenientes de estos equipos, los que contendrán 2 toneladas de arsénico (suficiente para contaminar 225 millones de litros de agua), 3 toneladas de mercurio y 10.000 toneladas de plomo, todos elementos altamente tóxicos.
3. Que en el análisis de flujo de materiales este estudio consideró los equipos de escritorio, computadores portátiles, monitores (TRC, tubos de rayos catódicos) y monitores planos (LCD, pantallas de cristal líquido).
4. Que una característica importante del mercado chileno de computadores es que el 75% está controlado por un pequeño grupo de productores internacionales de TIC, mientras una gran cantidad de pequeños ensambladores locales completa el escenario con el restante 25%. Los tres principales grupos de consumidores -empresas, hogares e instituciones gubernamentales-compran respectivamente el 55, 35 y 10% del equipamiento computacional.
5. Que sin embargo, no todo el equipo es comprado nuevo. La reutilización es un fenómeno de primera importancia, en circunstancias de que más de la mitad del equipo computacional tiene un segundo uso. Por consiguiente, el reacondicionamiento desempeña un papel esencial. La reutilización de los equipos computacionales se da principalmente a nivel domiciliario y en pequeñas instituciones y empresas, que tarde o temprano desechan casi el 90% de todos los computadores. La media de la vida útil de los computadores es de ocho años.
6. Que se estima que la cantidad de residuos de computadores se incrementará en un 10% durante la próxima década, dos veces más rápido que los residuos domésticos gestionados por las municipalidades. Tal como muestra el modelo de predicción, más de 300 mil equipos de escritorio y computadores portátiles se convirtieron en residuos el 2007, esperándose que alcance a 1,7 millones de computadores obsoletos anuales el 2020.
7. Que la cantidad de residuos de computadores se triplicará de 7 mil toneladas en 2007 a 20 mil en 2020. Del total de residuos de computadores que se habrá producido durante el período de simulación 1994-2020, únicamente alrededor de 10% ha sido generado en la primera mitad del período (hasta 2006), mientras el 90% restante lo será en la segunda mitad (2007-2020).
8. Que sin embargo, la medida fundamental para la adecuada gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en Chile es la introducción de un marco legislativo que trate específicamente de los e-residuos. Este marco debe definir el tratamiento apropiado de los RAEE e incorporar el concepto de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). La industria debe asumir su cuota de responsabilidad, participando activamente en este proceso.
9. Que las cifras indican que las empresas internacionales dominan el mercado computacional chileno, con una participación de más de 75%. Y los tres productores más importantes en el país controlan más de 50% del mercado.
10. Que la importación de equipos computacionales completos representan un 42% de participación en el mercado, los equipos con marca, pero ensamblados localmente son un 35% y los equipos sin marca propia, ensamblados localmente llegan a un 23%.
11. Que el mercado de computadores ha crecido en Chile en los últimos años, con tasas de 23% en 2005 y 35% en 2006. En 2006 se vendieron más de 800 mil computadores, y el 2007 se realizaron ventas superiores a las 900 mil unidades.
12. Que la OCDE define la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) como “un enfoque de política ambiental según el cual la responsabilidad del productor por un producto se extiende hasta la etapa de pos-consumo en el ciclo de vida de sus productos” (OECD 2001).
13. Que los beneficios de introducir la REP pueden ser que los fabricantes: utilicen materiales, más seguros ambientalmente en el proceso de producción; consuman menos materiales en el proceso de producción; diseñen el producto para que dure más y sea más útil; creen sistemas de reciclaje más seguros; mantengan bajos los costos de los residuos; dejen de traspasar los costos del manejo final de los residuos al gobierno y a los contribuyentes.
14. Que en Chile, los productores de computadores no han implementado la REP. Los principales motivos para esta falta de iniciativa serían: falta de conciencia sobre el problema en general; falta de reconocimiento de responsabilidad de parte de la industria misma; ausencia de verdaderas alternativas de reciclaje en Chile; dificultad para convencer a todos los productores de que participen; temor a perder si se arriesgan en iniciativas por su cuenta; heterogeneidad de las políticas internacionales de los grandes productores; falta de legislación que obligue a todos los productores a introducir REP.
15. Que Aunque hay una industria de reciclaje incipiente, esta no responde a la solución de este tema tanto a nivel ambiental como económico. Por otra parte, se supone que el resto de actividades de desensamblaje y reciclaje está en los circuitos informales, sin control ni regulación medioambiental.
El Senado acuerda:
Solicitar a la Sra. Ministra de Medio Ambiente, María I. Benítez, que:
1. Esa cartera desarrolle acciones de fomento, articulación y difusión de iniciativas que promuevan soluciones para la prevención, la adecuada gestión y el correcto tratamiento final de los residuos electrónicos generados por los equipos computacionales.
2. Que en consideración a que Chile no tiene una normativa sobre residuos electrónicos y hasta ahora, las empresas productoras e importadoras no asumen ninguna responsabilidad, en el proyecto de Ley General de Residuos que está elaborando el Ministerio de Medio Ambiente se incluya la especificidad de los residuos electrónicos, atendida su toxicidad.
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.- Pedro Muñoz Aburto, Senador.- Jaime Quintana Leal, Senador.- Fulvio Rossi Ciocca.
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES QUINTANA, NAVARRO, PÉREZ VARELA, RUIZ-ESQUIDE Y SABAG, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE MONUMENTO EN MEMORIA DEL POETA GONZALO ROJAS PIZARRO (7622-04)
Honorable Senado:
En nuestro país ha existido una tradición republicana fuertemente arraigada, que consiste en expresar, de diferentes maneras, el respeto y admiración hacia las personas que, por distintos motivos, han destacado, de un modo particular, en los diversos aspectos de la vida social.
Una de estas personas, sin dudas, ha sido el gran poeta chileno, recientemente fallecido, don Gonzalo Rojas Pizarro.
Su biografía habla por sí sola.
Hijo del técnico carbonífero Juan Antonio Rojas y de Celia Pizarro don Gonzalo Rojas, nació en Lebu el 20 de Diciembre de 1917. Profesor de profesión, realizó sus estudios secundarios en el Internado Nacional Barros Arana y los universitarios de derecho y pedagogía en la Universidad de Chile. En 1936 colaboró en el periódico El Tarapacá de Iquique, donde publicó sus poemas y un ensayo sobre el escritor español Ramón María del Valle Inclán. Posteriormente trabajó en el Instituto Barros Arana y en las minas de Atacama, donde se dedicó a la alfabetización de los trabajadores. Se incorporó como jefe de redacción en la revista Antártica de Santiago de Chile. Fue profesor en Valparaíso entre 1946 y 1952. Luego, entre 1952 y 1973, profesor en la Universidad de Concepción en las cátedras de Literatura Chilena y de Teoría Literaria del Departamento de Español. En dicha universidad creó los Encuentros de Escritores y las Escuelas Internacionales de Temporada.
Fue un eximio representante de la denominada generación del 38, cuya obra se enmarca en la tradición continuadora de las vanguardias literarias latinoamericanas del siglo XX. Es ampliamente reconocido a nivel hispanoamericano, habiendo sido galardonado, entre otros, con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 1992, el Premio Nacional de Literatura de Chile 1992 y el Premio Cervantes 2003.
El Presidente de la República, Salvador Allende Gossens, lo nombró Consejero Cultural en China entre 1970 y 1971, y más tarde encargado de negocios en Cuba entre 1972 y 1973, este último cargo equivalente a embajador. En dicho país, se sintió más cercano a los jóvenes que con el gobierno.
Tras el golpe de 1973, estuvo exiliado en la República Democrática Alemana (entre los años 1973 y 1975), Venezuela (1975-1980), y fue además exonerado como profesor de todas las universidades chilenas. En 1958 recibió la Beca UNESCO para escritores, que lo llevó a residir varios meses en Europa. Ganó la Beca Guggenheim en 1994, regresó a Chile y se radicó en la ciudad de Chillan, donde vivió hasta el año de su muerte. Vivió en Estados Unidos entre 1980 y 1994. Entre 1980 y 1985, fue profesor visitante en Columbia University y en la Universidad de Chicago. Entre 1985 y 1994 fue profesor titular en Brigham Young University. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Chile y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, ambos en 1992. También recibió el Premio Octavio Paz de México y José Hernández de Argentina. Fue galardonado con el Premio Cervantes 2003 el 23 de abril de 2004. Su poesía está traducida al inglés, alemán, francés, portugués, ruso, italiano, rumano, sueco, chino, turco y griego.
Es considerado uno de los más grandes poetas chilenos del Siglo XX. Su poesía, según él mismo ha expresado, tiene grandes influencias del surrealismo (aunque él no se consideraba surrealista), de los poetas latinos como Catulo y de César Vallejo.
Autor fragmentario, su primer libro, La Miseria del Hombre (con ilustraciones de Pedraza), fue publicado en 1948, recibiendo malas reseñas por parte de los críticos; Alone llegó a decir, incluso: “Al paso que llevan, las letras nacionales no prometen nada bueno”. En cambio, de parte de poetas recibió muy buenas críticas; Miguel Arteche le expresó: “Seguramente no va a gustar a ciertos críticos almibarados, sucios de espíritu. (...) Este es un libro que tiempo hacía no se presentaba en nuestro país”. Gabriela Mistral dijo: “Me ha tomado mucho, me ha removido y, a trechos, me deja algo parecido al deslumbramiento de lo muy original, de lo realmente inédito. (...) Lo que sé, a veces, es recibir el relámpago violento de la creación efectiva, de lo genuino, y eso lo he experimentado con su precioso libro”.
Recién 16 años después publicó su segundo libro, Contra la muerte, que fue aumentado en otras ediciones. Rojas expresaría: “Mientras mi primer libro había tenido un grado de audiencia dispar, pero intensa, el segundo tuvo una acogida mayor. Sin presumir, puedo decir que situó mi nombre en América Latina”.
En 1977 apareció Oscuro, en Venezuela, libro que le dio gran difusión en el continente, logrando buenas críticas. Carlos Fuentes diría, al recibir el Premio Rómulo Gallegos de ese año, donde Rojas fue jurado, que éste constituye "el gran arco lírico" junto a Rubén Darío, Leopoldo Lugones, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, José Gorostiza, César Vallejo, José Lezama Lima y Octavio Paz.
En 1979 aparece Transtierro (Versión antológica). En 1980 aparecen 2 libros, Antología breve y 50 poemas. En 1981 aparece Del relámpago, que será aumentada en su segunda edición de 1984. En 1986 publica El alumbrado. En 1987, en Madrid, publica El alumbrado y otros poemas, que será aumentada en la edición chilena.
En 1988 se publica Antología Personal, Schizotext and Other poems y Materia de testamento.
En marzo de 1989 aparece Materia de testamento en un ranking de El País como uno de los tres libros de poesía más vendidos de los últimos años.
En 2002 fue nombrado académico de honor de la Academia Chilena de la Lengua. Miembro del Instituto de Literatura Latinoamericana de Pittsburg, su obra ha sido traducida a varios idiomas y su nombre aparece en gran parte de las antologías literarias del mundo.
Fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional Andrés Bello de Chile.
Recientemente, el día 22 de febrero de 2011 Gonzalo Rojas sufrió un accidente cerebro vascular, el cual lo mantuvo en estado crítico y con soporte médico las 24 horas del día en su casa de Chillan. El 12 de marzo fue trasladado a un centro asistencial de Santiago, donde permaneció hasta su fallecimiento, la madrugada del 25 de abril. El poeta ya había tenido problemas de salud en septiembre de 2010, por una neumonía que lo obligó a internarse en el Hospital Clínico Herminda Martín de Chillan. El mismo día de su fallecimiento, el gobierno decretó dos días de duelo oficial.
El parlamento chileno, a través de la aprobación de este proyecto que autoriza a erigir un monumento en memoria del Poeta Gonzalo Rojas Pizarro en su natal Lebu, quiere sumarse a las muestras de admiración y estima, que son al mismo tiempo, las muestras de todo un país.
POR TANTO,
El senador patrocinante que suscribe y los demás adherentes, vienen en someter a la consideración de este Honorable Congreso Nacional el siguiente,
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1°.- Autorízase a erigir un monumento en memoria del destacado Poeta Gonzalo Rojas Pizarro, de la ciudad de Lebu.
Artículo 2°.- La obra se financiará mediante erogaciones populares, obtenidas a través de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados. Las colectas se efectuarán en las fechas que determine la comisión especial que se establece en el artículo 4°
Artículo 3°.- Créase un fondo destinado a las erogaciones, donaciones y demás aportes señalados en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Créase una comisión especial, compuesta por integrantes ad-honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por el Ministro de Cultura, que la presidirá, un representante de la I. Municipalidad de Lebu; los senadores de la 13a Circunscripción; los diputados del distrito 46; el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Bíobío; el Secretario Regional Ministerial de Educación y el Intendente de la Región del Bíobío, y voluntariamente por los familiares de don Gonzalo Rojas Pizarro, que deseen participar, hasta por un máximo de 3 personas.
El quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros.
Artículo 5°.- La comisión especial que se crea, tendrá las siguientes funciones:
a) Determinar la fecha y forma en que se efectuarán las colectas públicas contempladas en el artículo 2°, como también realizar las gestiones pertinentes destinadas a que ellas se efectúen.
b) Determinar el sitio en que se emplazarán las obras y monumentos, en coordinación el Consejo de Monumentos Nacionales, y disponer y supervigilar su construcción en el plazo establecido, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales.
c) Convocar para el diseño y ejecución de las obra, a profesionales de reconocido prestigio
d) Administrar el fondo creado por el artículo 3°, y
e) Abrir una cuenta corriente bancaria especial para gestionar el referido fondo.
Artículo 6°.- las obras deberán ejecutarse en el plazo de 10 años, contado desde la publicación de la presente ley. Vencido dicho plazo sin que se hubieren ejecutado las obran, los recursos obtenidos hasta esa fecha por concepto de erogaciones serán aplicados a los objetivos de beneficencia que la Comisión establezca.
Artículo 7°.- Si al concluir la construcción de los monumentos, resultaren excedentes de las erogaciones recibidas, éstos serán destinados al fin específico que la comisión especial determine.
(Fdo.): Jaime Quintana Leal, Senador.- Alejandro Navarro Brain, Senador.- Víctor Pérez Varela, Senador.- Mariano Ruiz-Esquide Jara, Senador.- Hosaín Sabag Castillo, Senador.