Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III.
ORDEN DEL DÍA
-
DEBILIDADES DE SISTEMAS BURSÁTIL, BANCARIO Y DE PENSIONES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Carlos Anibal Larrain Pena
- INTERVENCIÓN : Ricardo Lagos Weber
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Ignacio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Jorge Pizarro Soto
-
DEBILIDADES DE SISTEMAS BURSÁTIL, BANCARIO Y DE PENSIONES
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 359ª
Sesión 38ª, en miércoles 3 de agosto de 2011
Especial
(De 12:17 a 14:36)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GUIDO GIRARDI LAVÍN, PRESIDENTE,
Y JUAN PABLO LETELIER MOREL, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. ORDEN DEL DÍA:
Debilidades de sistema bursátil, bancario y de pensiones........................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Von Baer Jahn, Ena
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda , señor Felipe Larraín Bascuñán, y Secretario General de Gobierno , señor Andrés Chadwick Piñera. Asimismo, se encontraban presentes la Superintendenta de Pensiones, señora Solange Berstein Jáuregui; el Superintendente de Valores , señor Fernando Coloma Correa, y el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, señor Carlos Budnevich Le-Fort.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 12:17, en presencia de 19 señores Senadores.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. ORDEN DEL DÍA
DEBILIDADES DE SISTEMAS BURSÁTIL, BANCARIO Y DE PENSIONES
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Esta sesión especial tiene por finalidad continuar el análisis de los antecedentes en aquellos casos que han demostrado las debilidades de los sistemas bursátil, bancario y de pensiones.
Se encuentran invitados el titular de Hacienda , quien nos acompaña -bienvenido, señor Ministro -; la Superintendenta de Pensiones, señora Solange Berstein ; el Superintendente de Valores y Seguros, señor Fernando Coloma , y el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras , señor Carlos Budnevich .
En la ocasión anterior se inscribieron varios oradores.
No sé si el señor Ministro desea compartir primero la evaluación de lo ocurrido en el último tiempo respecto de los casos que generaron esta discusión.
El señor LARRAÍN ( Ministro de Hacienda ).- Sí, señor Presidente .
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, en primer lugar quiero solicitar que se autorice el ingreso a la Sala de las autoridades invitadas.
No sé si tal petición debe hacerla un señor Senador.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Señor Ministro, cuando informé acerca de los personeros invitados, lo hice en la certeza de que estaban autorizados para ingresar de inmediato al Hemiciclo.
El señor LARRAÍN ( Ministro de Hacienda ).- Perfecto.
--Ingresan a la Sala las autoridades mencionadas.
El señor LARRAÍN ( Ministro de Hacienda ).- Señor Presidente , en la sesión especial celebrada el 22 de junio pasado, efectué una extensa presentación sobre el tema que hoy nos convoca. Por lo tanto, creo conveniente no repetirla, sino repasar los aspectos centrales y dar a conocer las novedades producidas desde esa fecha hasta hoy.
En el caso La Polar, hemos determinado diversos problemas.
El asunto parte, básicamente, con la configuración de un delito: sobreestimación del valor de sus activos -ello, debido a que parte de las cuentas por cobrar eran incobrables- y de sus ingresos, porque los intereses devengados por tales créditos nunca se transformarían en pagos efectivos.
El 17 de junio, a través de un hecho esencial, la propia empresa reconoció que se había falsificado información; vale decir, que existía una divergencia entre la información financiera presentada y la real.
Esa situación databa, aparentemente, al menos de 2007, aunque las primeras repactaciones unilaterales ocurrieron en 2003, y, según los antecedentes que hoy conocemos, se fue incrementando a partir de la crisis del año 2008.
Parte del problema también es que en Chile tenemos una industria del crédito -por así decirlo- segmentada por nivel de ingreso, en la que, por un lado, están los bancos y, por otro, el comercio. Hay más agentes involucrados; pero, en particular, la industria del retail no comparte la información comercial, como sí lo hacen los bancos.
Entonces, contamos con una información incompleta respecto a la situación crediticia, lo cual genera varios problemas -ya los comenté en la oportunidad anterior y no es el momento de repetirlos- y, en especial, dificulta la evaluación del adecuado riesgo de crédito, dado que no se poseen datos completos relativos a la situación de cada uno de los clientes.
Repasemos brevemente la cronología reciente de los hechos, a partir de los últimos dos años.
En julio de 2010 el SERNAC informó a La Polar la presentación de 123 denuncias de consumidores que acusaban a la firma de repactar unilateralmente las deudas. Y luego vino un proceso de mediación.
En noviembre de 2010 La Polar entregó una propuesta, la que fue aceptada por los involucrados.
En febrero de 2011 el Servicio Nacional del Consumidor requirió la realización de una auditoría para ver el cumplimiento del acuerdo a que se llegó, la cual se materializó en el mes abril. Allí se detectó que no se estaba cumpliendo en forma satisfactoria y oportuna la propuesta de solución.
El 2 de junio de 2011 ese mismo servicio demandó de manera colectiva a la multitienda.
El 3 de junio la Superintendencia de Valores y Seguros recibió una presentación de un estudio de abogados, dirigida también a Empresas La Polar, a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y al Banco Central, en la cual se efectuaban diversas consultas relativas al comportamiento de la cartera crediticia de Empresas La Polar S.A. y a la suficiencia de sus provisiones.
En cuanto se tomó conocimiento de esta situación, las Superintendencias del caso iniciaron procesos de levantamiento de información e investigación de posibles infracciones administrativas. Además, se realizó una fiscalización in situ a todos los emisores de tarjetas de crédito no bancarias.
Así, cada uno de los reguladores ha cumplido un rol especial dentro de su ámbito de acción.
La Superintendencia de Valores y Seguros ha centrado su investigación en accionistas de La Polar, en la participación y el rol de los inversionistas institucionales, en el endeudamiento de la sociedad, en la revisión y stress test de los covenants o requerimientos financieros relacionados con endeudamiento y cobertura de gastos financieros.
También ha investigado los planes de compensación de ejecutivos y directores de la sociedad y sus posiciones accionarias; bonos por desempeño; stock options; rol y responsabilidad del directorio y de los auditores externos, y los potenciales abusos de mercado -por ejemplo, el uso de información privilegiada-, que transgreden el artículo 60 de la Ley de Mercado de Valores.
Asimismo, la investigación de la Superintendencia de Valores y Seguros busca determinar la situación financiera de La Polar, a través de reuniones periódicas con su administración, a efectos de que presente una cuantificación precisa de su condición financiera. En esa línea, solicitó -y esto también ocurre en el período reciente- rehacer los estados financieros y aclarar la situación de los seguros asociados a las tarjetas de crédito.
Se presentaron antecedentes a la Fiscalía Centro Norte por hechos que revisten caracteres de delito. Y el 13 de julio -este dato resulta importante, porque es posterior a la sesión especial del miércoles 22 de junio- se formularon cargos a 18 ejecutivos y directores de la empresa, así como también contra la firma auditora Pricewaterhouse. Y adicionalmente, el 26 de julio -más recientemente todavía- se acusó a ocho ejecutivos por uso de información privilegiada.
La SBIF, por su parte, se enfocó en monitorear el control de pagos en comercios asociados con La Polar (control semanal de condiciones de liquidez y ventas y de capital mínimo).
También, se requirió información a los auditores externos sobre los procedimientos para verificar la suficiencia de las provisiones y la metodología utilizada en este proceso. Y el día 29 de junio -después de la sesión especial- dicha entidad presentó antecedentes ante la Fiscalía Centro Norte por presuntas violaciones a la Ley General de Bancos.
La Superintendencia de Pensiones centró su revisión en que las AFP vendan activos de la categoría "instrumentos restringidos", cuyo límite se traspasó.
Y podría enumerar una serie de otros elementos.
Ante la falta de información confiable y los requerimientos realizados por la SVS conforme a la ley, no fue posible materializar la capitalización que se acordó en la junta de accionistas del día 22 de junio. Y surgió posteriormente otra arista relacionada con la venta de una base de datos del Instituto de Previsión Social (IPS), antecedentes que se pusieron en manos del Consejo de Defensa del Estado.
El 28 de julio -también posteriormente a la sesión especial- la empresa acordó con sus acreedores la presentación de un convenio judicial preventivo, con el objeto de renegociar los pasivos de la compañía y dar continuidad al giro.
Repasaré rápidamente lo concerniente a las responsabilidades en este proceso.
La primera responsabilidad es de los que idearon y ejecutaron el fraude. Es decir, de quienes idearon un sistema donde los resultados financieros de la empresa eran falsos y comunicaron, a sabiendas, información falsa tanto al mercado como a los reguladores.
Ello implica una manipulación de los datos y de los libros contables de la empresa, lo que constituye un delito -letra a) del artículo 59 de la Ley de Mercado de Valores- sancionado con penas de cárcel que van desde 541 días a 10 años.
La propia multitienda, a través del hecho esencial que data del 17 de junio pasado -que ya comentamos-, comprobó que la información entregada a las bolsas, a la Superintendencia de Valores y Seguros y al mercado en general no se condecía con la realidad.
El propio hecho esencial -que mostré en la sesión especial del 22 de junio- revela claramente esta situación, porque el punto 4 que dice "Cartera Presentada como Vigente al Directorio", corresponde a 418.826 clientes, que es el número de afectados por las renegociaciones unilaterales. Por lo tanto, se informó como cartera al día una que contenía renegociaciones unilaterales.
Por otra parte, hay una responsabilidad de los encargados de la preparación y difusión de la información financiera y de los mecanismos de control interno de la compañía, responsabilidad que es propia de la administración del emisor de valores (ejecutivos, directores y comité de directores).
La Ley de Sociedades Anónimas impone a los directores los deberes de diligencia y lealtad para con la compañía, lo que se traduce en la obligación de informarse y pedir los antecedentes que sean necesarios.
Desde la reforma a la Ley sobre Gobiernos Corporativos, aprobada en 2009, los directorios y especialmente los comités de auditoría se ven enfrentados a exigencias, deberes y nuevos niveles de control.
Para resumir, me referiré a la responsabilidad de los auditores externos. Estos son firmas independientes, cuya labor consiste en pronunciarse sobre los estados financieros de la empresa y, también, acerca del control de riesgos al interior de ella, a fin de verificar si los procedimientos existentes son adecuados y si se cumplen.
De acuerdo a los estados financieros de La Polar, además de los modelos de scoring, la política de créditos depende de la capacidad de pago, del comportamiento de pago y de las condiciones del mercado. De esa manera, dentro de nuestra investigación, pudimos corroborar que desde el año 2006 -y este dato se encuentra a la vista de todos aquellos que tengan interés- los estados financieros y los informes de los auditores externos venían sin observaciones, es decir, limpios. Ello significa que se presentaron como tales estados que -como hoy sabemos- contenían problemas importantes.
En cuanto a las clasificadoras de riesgo, al igual que los auditores externos, son firmas contratadas por el emisor de deuda para analizar en profundidad a las empresas y determinar el nivel de riesgo de invertir en ellas. No queda claro qué tipo de antecedentes solicitaron a La Polar y si los tuvieron a la vista para la emisión de sus opiniones, pero sí lo es el hecho de que hubo una degradación o downgrading de la deuda en muchos peldaños, dentro de un período muy breve de tiempo, desde la calificación "AA-" a "C".
En seguida, me referiré al rol de la regulación.
No hay regulación alguna -esto lo comentamos la sesión pasada y, por eso, uno debe partir de la base de que las legislaciones son susceptibles de mejoramientos-, por buena que sea, que pueda evitar completamente el delito y las malas prácticas de las empresas.
Así como el mejor sistema de seguridad no puede evitar completamente el robo, la legislación debe buscar un equilibrio óptimo entre reglas claras, sanciones escritas y la flexibilidad necesaria para que el mercado financiero se pueda desenvolver normalmente. Incluso, las economías más desarrolladas en sus mercados financieros y con altos niveles de regulación y fiscalización, han enfrentado situaciones en que se defrauda y se abusa del sistema. Basta recordar casos como Enron y Worldcom en Estados unidos, y Blackrock y Barings en el Reino Unido.
Por supuesto, queremos sacar lecciones de este caso y estamos estudiando los antecedentes y la evidencia que surge de la investigación. Luego de tener toda la información, revisaremos la normativa y las leyes para ver qué hace falta a fin de disminuir al máximo las probabilidades de que esto ocurra nuevamente.
Señor Presidente, no quiero extenderme acerca del rol de las entidades fiscalizadoras -ya lo hice la vez pasada-, que podrán detallar cada uno de los Superintendentes hoy presentes en la Sala.
Si algún señor Senador tuviera alguna consulta, encantado se la responderé.
Simplemente deseo recordar ahora algunos hechos posteriores.
Ya mencioné la formulación de cargos contra alrededor de 26 a 27 personas ocurrida desde la sesión anterior.
Asimismo, debo recordar que, con fecha 17 de junio, la SBIF comunica al emisor de tarjetas Inversiones SCG que tiene cinco días hábiles para aclarar cómo enteraría el capital mínimo de 100 mil UF. El 24 de junio dicha empresa pide cinco días más de plazo, los cuales se le conceden y, en forma paralela, se la insta a tomar como medida preventiva la prohibición de afiliar a otros comercios. El plan de regularización fue entregado a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) el 5 de julio la que, por el momento, continúa con la suspensión de la entrega de nuevas tarjetas de créditos a los clientes de La Polar. Ello significa no solamente dejar de afiliar a otros agentes comerciales, sino también suspender la entrega de nuevas tarjetas de crédito mientras no se aclare cómo va a enterar el capital mínimo de 100 mil UF.
Asimismo, deseo referirme al papel que juega el Ministerio de Hacienda y a otros hechos recientes, por cuanto en esta situación no solamente deben intervenir cada una de las Superintendencias, sino también la Cartera a mi cargo, cuya función es velar por la estabilidad del sistema financiero, diseñar las políticas respectivas y proponer la legislación adecuada para el buen funcionamiento del mercado financiero. Y, por supuesto, nuestro foco también apunta a los consumidores.
Ambas materias forman parte de nuestra labor.
Apenas el Ministerio de Hacienda tomó conocimiento de estas denuncias, adoptó todas las medidas para evaluar los antecedentes y descartar una crisis financiera, así como un posible riesgo sistémico. Esa fue la primera acción y la más importante.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Concluyó su tiempo, señor Ministro .
¿Cuántos minutos más necesita?
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Cinco, señor Presidente.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Puede proseguir, señor Ministro .
El señor LARRAÍN ( Ministro de Hacienda ).- Como decía, la Secretaría de Estado que encabezo adoptó todas las medidas para evaluar los antecedentes y descartar una crisis financiera, lo cual hicimos rápidamente sobre la base de los datos con que contábamos. Y el posible riesgo sistémico también se descartó.
Asimismo, se citó a sesiones extraordinarias del Comité de Mercado de Capitales en reiteradas oportunidades, y se solicitó la entrega de antecedentes sobre la base de lo cual se coordinó la labor de los entes fiscalizadores.
Quiero recordar algunos hechos más recientes, referidos a compromisos que tomamos hace un tiempo y que fueron reafirmados en la sesión celebrada en el Senado el 22 de junio pasado.
El viernes 29 de julio se presentó públicamente el decreto que crea el Consejo de Estabilidad Financiera. Este documento del Ministerio de Hacienda, firmado por el Presidente de la República , fue ingresado a la Contraloría General de la República.
¿Cuál es la idea de este Consejo? Permitir controlar mejor los riesgos sistémicos del sistema financiero y aumentar el nivel de coordinación entre los reguladores y la supervisión consolidada sobre grupos financieros o conglomerados. Está integrado por los tres Superintendentes -de Bancos e Instituciones Financieras, de Valores y Seguros y de Pensiones-; el Presidente del Banco Central , que asiste por invitación; y el Ministro de Hacienda , quien lo preside.
Además, hay una serie de otras iniciativas, que fueron comunicadas y que están comprometidas desde antes del caso La Polar, como el proyecto de ley sobre información comercial; el que transforma la SVS en la Comisión de Valores y Seguros; el relativo a supervisión basada en riesgo y el que crea el SERNAC Financiero, que ha visto algunos avances importantes en el último tiempo.
En conclusión, estamos absolutamente convencidos de que nos hallamos en presencia de un delito, y es indudable que hemos reaccionado con la mayor celeridad y rigurosidad posibles. De acuerdo a los antecedentes aportados, podemos afirmar de manera categórica que no estamos frente a una crisis financiera y que no existe riesgo sistémico ni sobre el sistema de pagos. Hasta la fecha, y con la información disponible, también podemos descartar que otras casas comerciales se encuentren en situaciones similares.
Finalmente, debo decir que el Ministerio de Hacienda ha adoptado y seguirá impulsando todas las medidas necesarias tendientes a hacer cumplir la normativa vigente, perseguir a los infractores y detectar cualquier espacio regulatorio que requiera mayor análisis, junto con presentar a la brevedad los proyectos de ley que hemos anunciado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- A usted, señor Ministro .
Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente , quiero partir expresando que me parece de vital importancia la realización de esta sesión, por cuanto hemos seguido observando los coletazos del caso La Polar y, como país, debemos extraer las lecciones pertinentes.
No podemos volver a vivir estas prácticas empresariales abusivas, de las cuales fueron objeto miles de consumidores, pero que también afectaron a accionistas minoritarios de la empresa y a los trabajadores chilenos, ya que el 24 por ciento de la propiedad correspondía a inversiones de las AFP.
Diversos temas inquietan a los consumidores y a las familias que tienen tarjetas de crédito, y debemos hacernos cargo de ello como país para que en el futuro tengamos una institucionalidad que resguarde los derechos de los consumidores, mayoritariamente de clase media y sectores vulnerables.
Mi primera preocupación es que hay un modelo de negocios de una industria como el retail, que se desarrolla sobre la base de un alto endeudamiento de los sectores de ingresos medios y bajos.
Es preocupante que la deuda de las familias chilenas haya crecido en 140 por ciento desde el 2005 hasta la fecha, según un informe del Banco Central, y que los ingresos se hayan incrementado nominalmente en 64 por ciento para el mismo período.
Este alto nivel de endeudamiento de las familias de clase media, en especial de los tres quintiles más vulnerables (pueden caer bajo la línea de la pobreza ante una eventualidad como la cesantía o una enfermedad catastrófica, como ocurrió en la crisis del 2008 y 2009), que sostienen una relación comercial con una industria con baja fiscalización y supervisión financiera y son sometidas a prácticas abusivas, como vimos en el caso de La Polar, puede generar una compleja situación social que no debe dejarnos en la indiferencia.
Nos preocupan no solo los 418 mil clientes de La Polar que vivieron repactaciones unilaterales, sino también los 5 millones 400 mil clientes que tienen tarjetas no bancarias, quienes pueden vivir abusos como el cobro de intereses sobre intereses, el envío al DICOM a pesar de convenirse con la empresa un nuevo plazo y una serie de prácticas que van en desmedro de sus derechos.
Se requiere reconocer los derechos de los consumidores; pero también que son la parte más débil de este eslabón y, por ende, debemos apoyarlos para que se agrupen y tengan recursos para mejorar su posición de consumidores. Asimismo, debemos reconocerlos como legítimos actores sociales.
Por ello, es fundamental que el Ministro de Economía , además de formar una mesa de trabajo con la industria del retail y apostar a la autorregulación, incorpore a este diálogo a las asociaciones de consumidores.
Aprendamos de esta dramática situación. Se requiere mejorar la fiscalización a estas entidades que dan créditos y enmendar las reglas de la ley N° 18.810, por ejemplo, mediante la prohibición del anatocismo y la rebaja de la tasa máxima convencional.
No es suficiente la autorregulación. Al contrario, ahí radica el origen de los abusos cometidos.
El ex Superintendente de Bancos dijo el lunes en la prensa que en 2009 anunció que "era necesario adaptar la normativa para supervisar las tarjetas del comercio al igual que las bancarias sin crear asimetrías regulatorias". Y este anuncio desató el rechazo del gremio empresarial y del retail, incluida la alta dirección de La Polar, que criticó esta propuesta de mayor fiscalización.
Estimados colegas, se hace necesario que el país asuma la falla sistémica del sistema de supervisión y fiscalización a la industria del retail, y todos debiéramos coincidir en la urgencia de que el Ejecutivo enviara un proyecto de ley para crear una agencia especializada (ya sea una superintendencia o un órgano al interior de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras) dedicada a fiscalizar esta industria, a fin de que no existan estas "asimetrías regulatorias", que finalmente perjudican a los consumidores, accionistas y trabajadores.
También deben aumentarse las penalidades para los delitos de "cuello y corbata" -lo quiero decir claramente-, sea frente al caso La Polar o al mal uso de información privilegiada, de manera de no terminar solo en multas o donaciones a organizaciones de caridad, penalidades que hacen crecer el sentimiento de abuso empresarial.
En la cultura de los empresarios aún no escuchamos una fuerte autocrítica. Ellos eligieron al Presidente de La Polar como "el ejecutivo de la década". La prensa especializada la calificaba como "la joyita del retail", entre otras alabanzas a la energía empresarial y al desarrollo alcanzado por las mismas personas que incurrieron en prácticas abusivas que debieran ser sancionadas.
Aquí fallaron muchos: las empresas externas dedicadas a la supervisión y auditoría, los organismos públicos supervisores y, también, los ejecutivos de La Polar.
Además, la prensa ha informado sobre posibles triangulaciones entre un banco acreedor o propietario de una Administradora de Fondos de Pensiones , que compró bonos de esta empresa cuyo costo finalmente pagaron los miles de trabajadores afiliados a esa AFP.
Mientras hubo ganancias, estas fueron individuales en el nivel gerencial, y cuando hubo pérdidas, terminaron pagando los afiliados de las AFP. Esta situación anómala es generada porque en nuestra legislación no se sancionan los negocios entre empresas relacionadas, práctica riesgosa, como lo demostró la reciente crisis estadounidense.
Con respecto a tales situaciones, resultó inaudito que una autoridad calificara este episodio como un simple "accidente", y que promoviera que el mercado siguiera funcionando sin cambios. No compartimos esa visión predominante en las elites de negocios.
El mercado del retail requiere fiscalización -ojalá una agencia supervisora especializada en este rubro-, nuevas reglas que eviten los negocios entre empresas relacionadas, una real institucionalidad autónoma que proteja a los consumidores, potenciamiento de las asociaciones de consumidores, modificaciones legales como la rebaja de la tasa máxima convencional, mecanismos para reducir los costos administrativos.
Esos son, entre otros, los desafíos que tenemos que enfrentar para evitar los abusos en desmedro de los consumidores.
Si queremos avanzar hacia una situación más justa, debemos generar nuevas reglas más equitativas que permitan desterrar los abusos y los engaños a los consumidores y, además, expulsar a los jugadores que no respeten el fair play. Ellas las tenemos que elaborar dentro de un ambiente político de coincidencia en que se apunte a proteger a las personas.
Espero que en este debate podamos avanzar en darle prioridad política a la necesidad de fomentar mercados más competitivos y en donde se respete efectivamente la dignidad de los consumidores.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente , junto con saludar al señor Ministro y a las demás autoridades que nos acompañan, quiero señalar que a mi juicio era importante continuar este análisis. Lamentablemente, en la sesión anterior en que nos abocamos a este tema un Senador se opuso a que pudiésemos prolongarla, y nos quedamos con la sensación de que había faltado tiempo para más reflexión y debate.
La información que nos entrega el titular de Hacienda es relevante. Claramente, ha habido una reacción. Me parece que eso es positivo, y celebramos que así sea.
Hacía falta que el Ejecutivo enviara una señal clara, indesmentible, de que en el caso La Polar iba a tomar cartas en el asunto y que no dejaría que siguiera la evidente sensación de impunidad que hasta ahora existe en el país. Al respecto, le encuentro razón a la Senadora Alvear cuando habla de que ello se refiere básicamente a los delitos de "cuello y corbata".
La desproporción que se observa en el acceso a la justicia, a la asesoría legal y, en definitiva, en las sanciones que reciben quienes especulan, que además provocan un daño tremendo, versus el simple cliente o la persona común y corriente a la que se le presenta un problema legal no resiste comparación alguna.
Sobre el particular, nuevamente deseo señalar que el caso ocurrido, que es como la punta del iceberg, nos ha servido para observar uno de los fraudes comerciales más masivos que haya cometido en el último tiempo una empresa del retail.
El Ministro de Hacienda aseguró en forma categórica que le consta que la situación acontecida solo se relaciona con La Polar y que no existe esta práctica en las restantes empresas del retail. ¡Quisiera creerle! ¡Espero que nos demuestren que es así!
La verdad es que se han visto bastantes situaciones en las cuales se advierte que la falta de regulación y de fiscalización permiten muchísimas arbitrariedades: cláusulas abusivas vinculadas no solo con renegociaciones o repactaciones unilaterales, ni con información a las bolsas, como sucedió en este caso específico, sino también con la utilización de otros mecanismos, que en definitiva implican el cobro de intereses sobre intereses o la superación del interés máximo convencional. Y todo eso lo terminan pagando los consumidores.
Lo señalamos anteriormente y queremos reiterarlo: señor Ministro , los sueldos en este país son tan bajos que para que la clase media pueda sobrevivir -esta es la realidad- y enfrentar el costo de la educación y el de otros servicios debe contraer enormes deudas.
Y pienso que ha llegado la hora de reflexionar aquí sobre el nivel de endeudamiento de los ciudadanos tanto en sectores medios como bajos.
En efecto, la gente vive un poco en función del crédito, de la tarjeta de crédito, y "bicicletea" como puede para poder terminar el mes; pero con la agravante del fenómeno de la aplicación de intereses sobre intereses.
También sabemos de los abusos insertos en las cláusulas. Por ejemplo, con anterioridad también mencioné, señor Ministro , que se les cobra seguro de cesantía a dueñas de casas. O sea, las exigencias que en algún momento se solicitan para entregar un crédito de consumo son absurdas, ¡absurdas! ¡No se le puede cobrar seguro de cesantía a una dueña de casa!
Y quiero agregar que solo en la Región de Atacama resultaron afectadas 2 mil personas por lo ocurrido en La Polar. Afortunadamente, existe una Oficina Regional del SERNAC bastante activa, pues, antes de que estallara el problema, ya había denunciado algunos casos.
A propósito, no está de más recordar que, si bien -a mi juicio, de manera casi malintencionada- se trató de hacer ver que dicho asunto se arrastraba desde hacía un tiempo, por lo menos deseo que quede constancia -todos sabemos que así fue- de que tal situación se denunció en su momento ante los tribunales, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y de que se dejó a las nuevas autoridades lo que se llamó una "alerta temprana". Incluso se presentó un proyecto de ley y un reglamento sobre el crédito, lo cual, desgraciadamente, no se tomó en cuenta.
Estimo que el problema se agravó, además, con la famosa mediación colectiva secreta de finales del 2010, la que resultó lamentable, porque impidió que otras personas afectadas por lo menos pudieran estar en conocimiento del asunto o que existiera mayor transparencia sobre lo que se estaba haciendo.
Por consiguiente, más que sacar cuentas hacia atrás, creo que hay que señalar que hemos llegado a una situación, señor Ministro , en la cual es indispensable disponer de instrumentos más efectivos.
Lo primero que se debe realizar -por desgracia, no contamos con atribuciones para ello- es cambiar la Ley del Consumidor. La aprobación del proyecto pertinente nos costó casi siete años y tuvimos una férrea negativa de parte de los legisladores de la entonces Oposición, quienes se resistían a despacharlo por todos los medios, porque consideraban que el mercado era tan "puro", efectivo y transparente que no era necesario regularlo.
Hoy día, después de lo que ha pasado, los hechos han demostrado que, a siete años de la dictación de la Ley del Consumidor, es preciso introducirle modificaciones sustanciales. El SERNAC no puede seguir siendo solo un servicio de mediación, sino que debe tener capacidad fiscalizadora.
Nosotros carecemos de facultades para efectuar tales cambios. Pero ya que el Ministro de Hacienda se encuentra presente, y considerando el ímpetu del nuevo titular de Economía, quien pareciera que llegó con muchas energías, deseo manifestar que ojalá pudiera lograrse un acuerdo al objeto de modificar aquella normativa, para que ese Servicio se transforme realmente en un organismo fiscalizador, con ministros de fe, y que de verdad pueda proteger a los consumidores -su función principal-, lo cual vemos con impotencia que no ocurre.
Todos hemos sabido de situaciones irregulares, señor Ministro . Por ejemplo, hemos observado cómo agencias de cobranzas, las que a su vez son contratadas por empresas del retail, actúan de manera completamente abusiva.
Hemos intentado regular eso en el Parlamento, por cuanto hay gente a la que se llama por teléfono a las 12 de la noche o a la una de la madrugada, a horarios del todo inaceptables, en forma amenazante. Esto significa una especie de campaña del terror, en que las personas son presionadas a pagar sus deudas, lo que muchas veces provoca que concurran desesperadamente a pedir una repactación.
No estoy hablando de una repactación unilateral, que constituye un fraude y un delito mayor, sino de la que suscribe la gente sometida a tal presión, sin mayor conocimiento ni conciencia de lo que implica. Aunque esta repactación es consentida, es impulsada por agencias encargadas de las cobranzas y, obviamente, perjudica a las personas, porque quedan casi en fojas cero, debiendo comenzar todo de nuevo, a lo que se agregan nuevos intereses, en fin.
Señor Ministro , en concreto, en esta materia debe haber un compromiso mayor. Pese a lo que se ha señalado, a mi juicio el SERNAC Financiero es bastante débil, si bien representa un leve avance. Se necesita un órgano que de verdad vaya mucho más lejos de lo que se pretende.
Por eso, creemos que es preciso modificar la Ley del Consumidor derechamente y que se debe adelantar mucho más, ¡mucho más!, en regular la forma en que opera hoy el retail respecto de las tarjetas de crédito y en solucionar la falta de información oportuna y el desequilibrio existente entre el consumidor y las grandes empresas.
Hay muchísimos deudores insolventes bastante complicados, y eso claramente también le genera un daño al conjunto del país.
Por lo tanto, es muy importante que tengamos conciencia acerca de cómo vamos a trabajar a futuro.
Escuché atentamente la exposición del señor Ministro . Me parece que fue muy claro, y además muy gráfico, en señalar cómo se ideó y se ejecutó el mencionado fraude. Lo que cabe preguntar, y que resulta triste analizar como nación apunta a lo siguiente:
Ahora el asunto lo vemos con nitidez, pero ¡qué paso ex ante!
¡Para qué tenemos Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras y de Valores y Seguros si no operan!
¡Para qué existen empresas que deben calcular los riesgos, que han de señalar las tasas de riesgo y prever su resultado! ¡Qué sacamos con encargar a firmas que supuestamente poseen prestigio internacional la realización de una auditoría externa si en definitiva tampoco fueron capaces de detectar lo que estaba ocurriendo!
Es triste pensar que, aunque al momento de salir la autoridad anterior hizo llegar una alerta temprana a los nuevos encargados, no pasó nada. Se dejaron estar.
Entonces, no me convence lo que me digan hoy.
Me parece bien el diagnóstico en cuanto a que claramente hubo voluntad de cometer fraude. También considero positivo que se señale -con este plan de defraudación, por supuesto, mal informando a las bolsas, entre otra serie de elementos a que se recurrió- que después de la Ley de Gobiernos Corporativos los directores tienen la obligación de estar informados y los comités de auditorías deben funcionar.
Pero todo lo anterior queda en palabras si en la actualidad ocurre lo que todos conocemos: existe más de medio millón de tarjetahabientes, de personas cuyas deudas fueron repactadas unilateralmente y que ahora se encuentran en esta situación.
Considero que ese hecho es en extremo duro para ellas; que origina un tremendo daño; que, además, provoca un perjuicio a la fe pública del país. Cuando uno siente que las instituciones encargadas de regular y fiscalizar no cumplen su rol lo primero que hace es perder la confianza en nuestra institucionalidad en cuanto a cómo se protege el lado siempre más débil, que en este caso, evidentemente, son los consumidores.
Sabíamos que La Polar tenía, en lo principal, una clientela más bien de segmentos bajos, que había apuntado sectorialmente hacia ellos. Por lo tanto, con mayor razón ha quedado ahora la sensación de impunidad, la sensación de desprotección. Porque se nos señala: "Presentamos cargos a 18 personas y vamos a agregar otros más". Pueden decir todo lo que quieran, pero conocemos la lentitud de la justicia; sabemos lo que ha pasado históricamente en este país. Todavía uno puede recordar, cuando se produjo el problema de los bancos el año 82, lo que ocurrió en términos de déficit sancionatorio. En esta materia hubo procesos eternos y las sanciones que se aplicaron a esos casos -estoy hablando de la quiebra general de la banca ese año- fueron irrisorias.
Entonces, señor Ministro -y con esto termino-, ojalá esta sea una lección, pero una de verdad.
Estamos próximos al cumplimiento de un año de lo sucedido en la mina San José. En ese entonces se dijo que habría un antes y un después de ese hecho. No obstante, se ha demorado un año el envío del proyecto de ley que supuestamente atañe a la seguridad minera.
Ahora bien, me parece que existe más conciencia sobre el particular en el país, pero es insuficiente. Se deben evacuar leyes y tiene que haber mayor fiscalización para alcanzar una voluntad real de hacer cumplir la legislación. De lo contrario, nos quedaremos en las buenas intenciones.
Solo le digo al señor Ministro que espero que a través de las indicaciones se mejore el proyecto sobre el SERNAC Financiero, que no es la panacea ni la respuesta adecuada a la gravedad del problema que tenemos. Ojalá exista voluntad para cambiar la Ley del Consumidor porque, tal como se halla, resulta insuficiente.
Anhelo, señor Ministro , que la próxima vez no tengamos que analizar otro evento como el que acabamos de descubrir o enfrentar otras situaciones que están ocurriendo. Existe mucho abuso. Y considero que La Polar no es el único caso.
Me permito decir francamente que me asiste la convicción de que hay muchísimos más abusos que se generan en empresas proveedoras de servicios; que, por la falta de regulación, de fiscalización, de un ex ante, hoy día hemos visto en forma dramática lo mal que operó el sistema, y que tenemos que trabajar aceleradamente.
Reitero: se trata de una buena señal; se lo reconozco al Gobierno; me alegro de ella. Pero qué triste es que debamos reaccionar después de que más de medio millón de personas fueron defraudadas por un delito grave, las cuales se han visto enormemente perjudicadas y siempre van a quedar con la sensación de que hay suficiente poder para que aquellas empresas actúen con impunidad.
Por eso, resulta importante que en esta ocasión demostremos que no estamos del lado de quienes poseen ese poder y, por una vez, estemos dispuestos a jugarnos por el humilde cliente que creyó en una empresa llamada La Polar, que le entregó una tarjeta de crédito para facilitarle la vida y hacer frente a sus gastos cotidianos.
Ojalá en esta oportunidad no nos equivoquemos y demos un paso transversal entre todos, señor Ministro, a fin de mejorar la forma en que opera el mercado y en que enfrentamos situaciones como estas, que nunca debieron haberse producido.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , hace algunas semanas intervine en esta Sala y señalé que las cuatro principales clasificadoras de riesgo de Estados Unidos señalaban antes de la crisis subprime que todo estaba muy sólido. Sin embargo, a los pocos días, uno de los principales bancos de ese país se declaró en quiebra. Por lo tanto, no eran tan sólidas las informaciones entregadas en esos informes de auditoría.
Lo mismo ha ocurrido en Europa: la Unión Europea tomó la decisión de fortalecer la economía griega por cuanto esta no tiene respaldo productivo y es sabido que los indicadores económicos señalan que está en falencia.
En buenas cuentas, la Unión Europea debe realizar un esfuerzo para que los contribuyentes de todos los países que la integran aporten al salvataje de economías que no están funcionando bien.
Así sucede también en Chile con los fondos que los trabajadores entregan a las AFP y que estas van acumulando. Quizás la mayor fuente de recursos para el mercado de capitales nacional sean estos dineros depositados en las cuentas de las AFP.
¿Qué ocurre con esos fondos? ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo se manejan? ¿Con qué rentabilidad?
Me gustaría preguntarle al Superintendente de AFP la rentabilidad promedio de esos fondos para los trabajadores. Porque, si bien es cierto hay cifras azules para las cuentas globalizadas y para los administradores, en muchos casos, tenemos cifras rojas para los pensionados. Resulta que, a la hora de jubilarse, no están las platas y el Estado debe ayudar mediante una pensión básica solidaria. ¿Por qué? Porque el sistema previsional no funciona; no responde a los intereses de los trabajadores.
Entonces, ¿qué sucede con los dineros de estos que van a las AFP? Son colocados en bancos, financieras y retails.
Veamos las utilidades de aquellos: más de 30 por ciento anual sobre el capital. ¿Qué pasa con las utilidades de los trabajadores? ¿Por qué no hay un efecto espejo para estos últimos respecto de esas platas, que son rentables para los bancos pero no para las AFP? En estas la mayoría de los cotizantes durante los últimos años ha perdido dinero de sus fondos de pensiones.
¿Por qué ocurre eso?
Le digo a un señor Senador que me señala que no es así, que no han perdido plata: "Revise cómo la mayoría de los fondos de pensiones en la AFP Provida ha caído al menos 7 por ciento en el último año".
Mientras los fondos de pensiones disminuyen en ese porcentaje, las utilidades de los bancos cada año que pasa son mayores que el promedio de cualquier actividad lícita; ninguna actividad lícita tiene mayor rentabilidad que la que obtienen las entidades bancarias.
¿Qué ocurre con las familias endeudadas? Porque al afectado no le importa mucho qué van a hacer la Superintendencia de Bancos o la de AFP con La Polar; cómo la sancionarán; cómo revisarán que sus estados de cuenta respondan para favorecer a los accionistas.
Si el punto no está en que las personas no autorizaron la repactación -si lo hubieran hecho, no estaríamos en esto- porque el asunto de fondo no cambia. El problema de endeudamiento de las familias chilenas no tiene que ver con que las financieras, los bancos o los retailers les pidan o no autorización al deudor para repactar, sino con la tasa máxima de interés convencional.
Mientras el retail obtiene de las AFP una colocación de fondos que no renta más allá del 4 o 5 por ciento anual, la misma plata de los trabajadores se las dan en crédito a las familias más humildes, que no adquieren ni autos ni bienes permanentes, sino medicamentos, alimentación, con su tarjeta de crédito. Y estas tarjetas ya están rondando por los supermercados.
Entonces, la familia chilena -un tercio de los trabajadores gana el sueldo mínimo- no tiene cómo solventar su nivel de vida si no es con el complemento del crédito. Pero este último, para ese sector de chilenos, significa pagar tres o cuatro veces el capital, por la tasa de interés máximo convencional.
Esta figura, señor Presidente , fue instaurada el año 81, cuando existían inflaciones del orden de 30 o 40 por ciento anual, que a veces sobrepasaban el 10 por ciento mensual. Es en ese contexto que la autoridad decide establecer una tasa máxima convencional, que permite a los bancos, financieras y retails cobrar un precio por su crédito.
Se habla de globalización y, señor Ministro , en el mundo hay pocos ejemplos de una nación más globalizada que Chile. Decimos que somos muy competitivos, pero, en materia de crédito, no es así. ¡Ahí no somos competitivos! El precio del dinero no entra en la globalización. Aquí no competimos con el valor del dinero. El precio del dinero internacional no se maneja a nivel nacional, porque en nuestro país hay un cartel cerrado para permitir que bancos, financieras y otras entidades crediticias obtengan bajos costos por la plata del Banco Central -que la está colocando al 5,15- y sin embargo les cobren a los trabajadores del orden del 50 por ciento.
Esa es la razón que explica la situación de La Polar. Las familias no han podido pagar, y no porque no hayan querido, sino porque les estaban cobrando cuatro, cinco o seis veces el capital. De tal manera que el caso de esa multitienda no tiene que ver con la autorización de repactaciones: su origen se encuentra en una legislación que permite esquilmar los bolsillos de las familias más modestas, de los deudores y de los consumidores.
¿SERNAC financiero? ¿Para qué? ¿Qué va a hacer? Verificar el cumplimiento de la ley. ¿De cuál? De una ley abusiva, que hace posible prestar la plata de los trabajadores a los retails para que estos, a su vez, se la presten a ellos a la tasa de interés máximo convencional.
Entre paréntesis, el Presidente de la Comisión de Economía , señor Andrés Zaldívar , decidió cursar algunas invitaciones para el día de hoy con el objeto de analizar un proyecto que presentamos para revisar la tasa de interés máximo convencional, que se construye con el promedio de las tasas de colocación de los bancos y que permite cobrar hasta 50 por ciento más de dicho promedio. ¡Ese es el pecado original de nuestro sistema, que tiene agobiada a la clase media chilena!
Esto no es muy diferente de lo que ocurría con las pulperías de las salitreras. Ahí a los trabajadores se les pagaba con una ficha con la que solo podían comprar en las pulperías de los mismos dueños de las salitreras. Y les pedían cuatro veces el precio de cada producto.
Aquí no se entrega una ficha, pero sí una tarjeta, con la que se puede comprar, no en un solo negocio, sino en cualquiera, porque todos aceptan ese instrumento, que permite el cobro de intereses abusivos que, en buenas cuentas, les impide a los trabajadores seguir sosteniendo su nivel de vida.
El objetivo de esta sesión, señor Presidente , no es para ver si estamos o no en cifras azules respecto de las condiciones que nos llevaron a entrar a la OCDE, sino para determinar si la familia chilena está satisfecha con este "modelito", que, en definitiva, ha facilitado la concentración del capital en todos los rubros. No son más de cuatro o cinco familias las que los controlan casi todos, muy especialmente en el ámbito financiero y del retail.
Y no me molesta que haya familias que tengan muchos recursos; lo que me molesta es que se trata de sectores que se benefician de la plata de los trabajadores para volver a prestársela a ellos mismos.
En síntesis, señor Presidente , sugiero que, como conclusión de esta sesión, se revise el tema previsional. No es admisible que los trabajadores se sigan jugando sus pensiones a la ruleta rusa todos los meses, dependiendo de qué ocurra en los mercados. El Estado debe asumir su responsabilidad en materia previsional, y no solo con la pensión básica solidaria; también tiene que hacerse cargo de que empleadores que antiguamente cotizaban hoy ya no lo hacen.
Entonces, es preciso efectuar una revisión del tema previsional, de cómo se administran las platas de los trabajadores, y de cómo regulamos, definitivamente, una tasa decente para que la familia chilena tenga acceso a un crédito justo.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Carlos Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente , deseo intervenir en relación con este asunto de la normalidad financiera, por darle una designación más amplia a la materia.
El caso de La Polar, efectivamente, es el que ha gatillado estas reflexiones, pero, aun siendo grave -y muy grave, como lo dejó en claro el Ministro de Hacienda, quien no escatimó adjetivos en la calificación-, es un caso aislado.
Ahí concurren formas claras de fraude, que de cualquier modo aún no han sido configuradas -y nosotros no somos jueces; por lo tanto, hay que andar con calma en eso-, pero sí acaecen algunas cosas bastante evidentes: se inflaron activos; se efectuaron repactaciones anómalas y, me atrevo a decir, arbitrarias; hubo -y es comprobable- una altísima deuda individual de los clientes de La Polar, igual al doble de la de otros comercios del mismo tipo, dirigidos a sectores de ingresos más altos.
En consecuencia, existen al menos tres situaciones clarísimamente configuradas cuya calificación legal deberá ser definida por los tribunales.
Ahora, siendo bastante grave la situación, no me parece adecuado que se organice una especie de coro de imputaciones que ponen en tela de juicio la operación de la economía libre, que es, al fin y al cabo, una forma y aplicación de la libertad personal. Tampoco hay que olvidar que muy distinguidos representantes de los partidos de la hoy día Oposición administraron con verdadera fruición el sistema de mercado. Entre ellos veo algunos al frente, y reconozco a varios que defienden el mercado con bastante más vigor que el que yo mismo puedo poner. Existe verdadera devoción por el mercado en muchas personas que hasta hace 20 o 25 años se definían como socialistas. La fusión liberal-socialista es uno de los fenómenos mentales más interesantes de las últimas dos décadas y media.
Pero eso no es materia de este debate.
Un respetable Senador mencionó los fondos de pensiones. Pues bien, estos han obtenido buenos resultados y han beneficiado a sus aportantes durante largo tiempo. Su rendimiento fue espectacular en cierta época: más de 10 por ciento real anual. Y en los últimos 12 meses su rentabilidad ha variado según su tipo -sabemos que hay unos cuantos-, desde 10,3 por ciento, el Fondo A, hasta 3,7 por ciento, el Fondo E. O sea, tampoco se puede afirmar que los fondos de pensiones han sido sistemáticamente dañados.
Ahora, existen algunas cosas que para nosotros, en Renovación Nacional -lo hemos conversado internamente- sí inducen a duda y reflexión. Me refiero, por ejemplo, a la influencia negativa del método de cálculo de determinados bonos que se pagan a los ejecutivos. Ahí hay incentivos sumamente perversos que pueden producir efectos similares a los que se produjeron con La Polar. No sacamos nada con ignorar eso.
También es digno de preguntarse: la compraventa de bienes muebles, ¿es solamente una ocasión o pretexto para hacer negocios financieros, como se observa en tantos casos? Nos parece que aquí existe una distorsión central en lo que hace al menudeo.
Ahora, tenemos la asimetría -como se dice hoy muy elegantemente- entre los clientes y los emisores; la falta de información.
¿Cómo resiste el consumidor promedio la frase "Pague a plazo precio contado"?
Yo no conozco a nadie que pueda resistirla. Considero muy difícil hacerlo, incluso para muchos de quienes estamos aquí.
¡Qué maravilla!
Entonces, existe desinformación, si no publicidad engañosa. Y sobre esto hay que estar atento.
Ahora, el público objetivo no tiene la sofisticación que permite discernir en muchas situaciones.
En Estados Unidos se habla de que las industrias financieras deben ser "vigiladas" -y es una palabra antipática, sin duda- porque se encuentran dirigidas al público no sofisticado, que en esa nación se caracteriza como -perdónenme por el anglicismo; no soy aficionado a hablar en inglés cuando puedo hacerlo en castellano- The little old lady in white shoes (la señora viejita en zapatillas de tenis), que configura allí toda una capa social.
Existen formas veladas o no veladas de ventas condicionadas.
Y en eso no nos hagamos los "suecos" (con perdón de algunos conocidos míos de ese origen).
Hay pequeñísimas casas comerciales que están emitiendo dinero plástico en las Regiones, como muy bien lo recordó el Senador Tuma .
Eso se halla completamente fuera de cualquier pantalla.
No quiero pensar en las condiciones en que se efectúa la emisión de ese cuasidinero.
En general, señor Presidente, a nosotros nos da un poco de lástima que el episodio de La Polar sea utilizado como un brulote, como un torpedo contra un sistema que respetamos y apreciamos.
Porque se ha hablado aquí de inercia por parte del Gobierno del Presidente Piñera. Y sucede que las primeras denuncias en estas materias se remontan a muchos años, con gran acumulación de acusaciones referidas a los mismos emisores.
En Atacama -zona a la que se aludió hace poco rato- ha habido denuncias desde el año 2003, ¡cuando todavía el Gobierno del Presidente Piñera estaba en la mente del Señor...!
Así que no vamos a aludir tampoco a la irrupción de ex Ministros de la Concertación en algunos de estos negocios, pues eso reviste características ya más personales que hacen más antipática la situación. Pero tampoco podemos ignorarlo del todo, por esa cosa maniquea que existe. No: "en todas partes se cuecen habas" (si pasamos del maniqueísmo a los términos sencillos que usamos en el Mapocho).
Tampoco hay que ignorar que de parte de los sectores socialistas existe un impulso poderosísimo de inducir al consumo rápido de cualquier manera.
Se trata de un esquema que se aplicó inicialmente sobre todo en España por los gobiernos socialistas: ¡inyección de optimismo a la vena! El mismo esquema. Y aquí se copió porque debía hacerse creer a la gente que habíamos alcanzado el desarrollo como 25 años antes de tiempo.
En eso también existen responsabilidades de algunos de los que hoy día están convertidos en catones rigurosísimos.
Ahora, ¿quién derogó la sanción criminal para el cheque? ¿Qué resultó de eso? Que ese documento dejó de tener la circulación de antes, que era amplísima y de gran beneficio, porque constituía otra manera de solventar las deudas. Hoy día el cheque se ha desvalorizado. ¿Y eso para qué sirve? Para valorizar el dinero plástico.
Entonces, a veces nos vamos por el sentimentalismo verbal y no medimos las consecuencias.
Yo me atrevo a decir -como corolario, si se quiere- que aquí hay en efecto un asunto que pasa por la calidad de las personas.
Es cierto: nosotros no afirmamos que todo se soluciona con regulaciones, leyes y normas rigurosísimas; todo pasa por las personas. Pero también hemos de entender que la sociedad no se arregla de un día para otro y que, por lo tanto, no vamos a cambiar la calidad de la gente con un mero aviso.
Creemos que tendrá que haber más normas, de mayor rigurosidad, más profundas, que manifiesten desconfianza con respecto a algunos de los síntomas que hemos comprobado.
Hay muchos antecedentes sobre el particular. Existe desinformación, mala información, ventas condicionadas, aplicación de tasas de interés elevado.
Pero no olvidemos que en Chile el principal cobrador de intereses sobre intereses es el Fisco, al cual se le rinde pleitesía como si fuera no sé qué divinidad oriental (¡muy cobradora, eso sí...!).
¿Quién cobra intereses sobre intereses en nuestro país? El Estado, por el cual se apuesta tanto desde un ángulo ultrafilantrópico, sobre todo con los fondos ajenos.
Entonces, quisiéramos que este asunto se viera con más objetividad, con más calma, sin sacarle tanto partido de corto plazo.
Pero tampoco podemos hacer como que aquí no ha ocurrido nada.
En Renovación Nacional estamos por una depuración del sistema.
No nos gustan estos impulsos ciegos, casi atávicos, que apelan a los consumos atrasados. No nos agrada la destrucción del pequeño comercio; al contrario, nos disgusta intensamente.
No quisiéramos llegar a una situación como la de la sociedad inglesa, donde actualmente operan cuatro entes bancarios (hay por ahí dos ficticios, porque son filiales escondidas), mientras que en la Lombardía y en el Piamonte lo hacen alrededor de setecientos.
Yo me quedo con el esquema italiano.
En suma, señor Presidente , no hagamos aprovechamiento barato de una situación que tiene características, afortunadamente, esporádicas, aisladas. Pero, sí, examinemos el conjunto de las reglas con las cuales está operando el sistema. Porque en Renovación Nacional no queremos desarrollos que conduzcan al empobrecimiento de la familia chilena, el que se acentúa gradualmente todos los meses y en condiciones en que muchas veces ni siquiera se percata de lo que está ocurriendo.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente , tras escuchar a los distintos Senadores tanto en esta sesión cuanto en la anterior, creo que hay un cuadro claro sobre qué ocurrió en La Polar.
En materia de explicaciones, el mínimo común denominador es que hubo un abuso y un fraude de personas que trabajaban como ejecutivos de dicha empresa.
Empero, estimo que hay consecuencias más grandes y cuestionamientos que no se han respondido del todo.
Por cierto, surgen numerosas interrogantes respecto a cuáles son las normas que protegen a los consumidores; cuáles son las responsabilidades; cuáles son los cambios que habría que hacer para tener una legislación que permita la existencia de entidades que supervigilen a los bancos y a las casas comerciales que están en el mismo negocio del crédito pero que se hallan reguladas de manera distinta.
También se abren cuestionamientos serios acerca del rol de los auditores externos.
Hemos escuchado distintas interpretaciones. Por ejemplo, algunos dicen que han cumplido su obligación por cuanto la ley no les exige andar buscando fraudes sino que deben atenerse a los antecedentes que les entregan las empresas, caso en el cual la pregunta es para qué existen auditores externos si solo tienen que leer los papeles que les pasan aquellas para ver su coincidencia.
Hay intervenciones que señalan la necesidad de una correcta alineación de los incentivos entre los accionistas, el directorio y la alta gerencia de las compañías.
Dicho lo anterior, señor Presidente, y entendiendo que en el caso que nos ocupa hubo un robo, un mal uso del sistema, surge un cuestionamiento. Y lo planteo aprovechando la presencia del Ministro de Hacienda y de todos los Superintendentes.
Quienes pagaron el costo al final fueron los consumidores de La Polar; por cierto, también aquellos cuyos recursos fueron invertidos en dicha empresa.
En la primera sesión en que debatimos esta materia emergió una interrogante que quedó en el aire y que, lamentablemente, los medios de comunicación no han logrado capturar en toda su intensidad.
Me metí a Google -le hago propaganda gratis a este buscador-, donde me informé de que La Polar, en diciembre del año recién pasado, vendió bonos locales por 230 millones de dólares: un paquete que se descompuso primero en un bono de 137 millones (tasa de interés a 21 años, 4,49 por ciento; ¡ya la quisiera yo para los créditos hipotecarios...!); luego, en uno de 45 millones; en seguida, en uno de 20 y tantos millones.
¿Qué es lo grave de eso? Que el actual SERNAC dijo haber dado inicio a una mediación colectiva con La Polar en julio de 2010 (hace un año). Luego dicha empresa propuso una solución colectiva en noviembre de ese año, la que solo fue comunicada a los consumidores que reclamaron; en consecuencia, contra la práctica histórica del mencionado Servicio, no se informó a las entidades reguladoras (Superintendencias de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras), ni tampoco al resto del mercado.
¿Y qué es lo crítico? Que, aparte no haberse informado, aquello coincidió con el hecho de que en diciembre -un mes después- La Polar colocó los bonos por 230 millones de dólares entre distintos inversionistas de la plaza.
Al respecto, cabe un cuestionamiento: es posible que, si la información hubiese sido pública, esos bonos no se hubieran colocado en 230 millones de dólares. Porque nadie habría comprado papeles de poco valor. Si alguien está dispuesto a adquirir un bono de 137 millones de dólares para recuperar su inversión luego de 21 años y con un "pinche" interés de menos de 5 por ciento, es porque tiene mucha fe en la empresa colocadora.
Por lo tanto, ha habido un mal manejo de la situación.
Ahora bien, asociada a los bonos por 230 millones de dólares -y acá están el Ministro de Hacienda y tres Superintendentes-, salió en los medios de comunicación una información -quiero que se me diga si es cierta o no, si ya se revisó-: un banco de la plaza le prestó dinero a La Polar; esta empresa se retrasó en el pago de una de las cuotas; tiempo después, La Polar decidió colocar dichos bonos en el mercado; para tal efecto, ese mismo banco actuó como corredor; dicho banco tiene tanta suerte, que una AFP de la misma plaza decidió comprar los bonos; el banco le pasó el dinero de la transacción a La Polar, a la que le dijo: "Usted ahora tiene plata, pues acabo de colocar los bonos, que fueron comprados por una AFP, la que es mía." (¡solo fue una coincidencia...!) "Devuélvame lo que me debe.".
Se habla de fe pública; se dice que en este caso no existe un impacto sistémico.
Es factible, señor Ministro , que no haya habido una corrida. Es cierto que no había cesación de pagos en otras casas comerciales. Pero usted no me puede decir que si tal práctica se comprueba no va a tener efecto en aquellos que nos ponen nota todos los días afuera.
Yo lo acompañé el año pasado, señor Ministro , al CHILE DAY, en Nueva York. Cuando ahí sepan -si se comprueba- que un banco de la plaza utilizó una AFP de su propiedad para comprar bonos con plata de los trabajadores chilenos que tal vez no se pague nunca -porque a lo mejor dentro de veinte años La Polar no tendrá capacidad para devolver ese dinero-, creo que nuestra imagen de país se verá dañada.
Aquí no se trata solo de los consumidores, quienes harto importan; tampoco, del alto precio del dinero, como lo especificó el Senador Tuma .
Lo que se dice a este último respecto es cierto: la tasa de interés máximo convencional está fijada desde el año 81; nunca se ha modificado, en circunstancias de que la economía chilena de esa época era distinta.
Además, debo recordar que en determinado momento los bancos ejercieron presiones para eliminar el techo de la tasa de interés máximo convencional, las que afortunadamente fueron resistidas.
Entonces, quiero que se diga si es cierto o no, si existe información o si se está estudiando si hubo coincidencia -no estoy presumiendo mala fe- en el hecho de que un banco acreedor de La Polar actuara como corredor para la colocación de bonos de esta empresa que fueron comprados en parte por una AFP perteneciente a aquel -porque están relacionados- y que después, con el producto de la transacción, dicha compañía pagara un crédito otorgado por esa entidad bancaria.
Solo deseo saber si esa coincidencia existió. Después veremos si hubo o no mala fe, o si se entregó información que no correspondía. Porque a estas alturas, cuando la cuestión ya ha estado en los medios de comunicación por mucho tiempo, considero necesario que nos aboquemos a ella.
El problema es muy serio, señor Presidente. Porque quienes todavía creemos que el sistema apunta en la dirección correcta pero debe perfeccionarse perdemos espacio y pie para actuar en su defensa cuando ocurren estos desastres y estos fraudes.
Sería bueno, pues, sincerar cuánta plata de los trabajadores chilenos se perdió en los bonos de diciembre o en otros. Porque, al final, ¿cuántas AFP invirtieron en negocios como el descrito?
Pensemos por un segundo: en último término, ¿de quién son tales dineros? De los trabajadores que por ley están obligados a cotizar en las administradoras de fondos de pensiones.
Es como si a uno lo forzaran legalmente a depositar plata en un banco para que la invirtiera en un negocio. "Si me va bien, ¡qué bueno!; si me va mal, ¡qué lástima! Pero yo tengo un negocio aparte, que es la administración".
Por eso, lo ocurrido es muy delicado. Y no basta con decir acá "Vamos a tener mejores prácticas".
Ciertamente, consideré casi ofensivo y falto de pudor que un Ministro de Economía señalara "Vamos a tener más autorregulación". Yo habría esperado que dijera "Vamos a tener más ojo y mayor firmeza en tanto no haya un comportamiento mejor de las entidades financieras".
No se trata de matar la gallina de los huevos de oro, pero tampoco de robar los huevos de oro.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente , con motivo de la intervención del Senador señor Lagos, voy a alterar un poco lo que pensaba expresar.
En todos los graves hechos expuestos por Su Señoría, que no han sido resueltos ni objeto de explicación, no están ajenos el Gobierno ni las superintendencias.
A lo que dijo mi Honorable colega hay que agregar que hubo una colusión entre los ejecutivos y quienes estaban obligados a dar la alerta sobre lo que sucedía: las empresas internacionales encargadas de revisar los balances. E imagino que toda la información les debe llegar a las superintendencias en algún minuto. Sin embargo, no hubo ninguna acción directa para evitar que se registraran las situaciones en comento.
Más aún: ¡hasta el día de hoy no hay una sola persona presa!
Es curioso, porque cualquier otro delito, incluso menor, termina como todos sabemos: por ejemplo, el vendedor de CD piratas va a la cárcel.
En cambio, tratándose de los delincuentes de cuello y corbata se invierten muchas horas en investigación; se dan numerosas respuestas; se emiten bastantes opiniones; se dice harto.
En el caso que nos ocupa no existe hasta el minuto una definición clara sobre las responsabilidades.
Ahora, entre las responsabilidades hay que considerar las recaídas en los organismos del Estado. Porque, ciertamente, ellos son los encargados de revisar y de dar las alertas indispensables. Y para eso existen las superintendencias y los órganos dependientes de los Ministerios de Hacienda y de Economía: para la indagación y la aplicación de sanciones.
Por eso es relevante lo señalado por el Senador Lagos. Y esperamos que sobre el particular existan también respuestas del Ministerio Público.
Señor Presidente , como dijo un señor Senador anteriormente, nosotros no hemos querido usar el caso que nos ocupa a modo de escarnio o para sacar un provecho político. Pero sucede que nos hallamos ante una cuestión grave: 400 mil chilenos han sido afectados por una situación a todas luces irregular (por lo demás, lo dijo el propio Ministro de Hacienda ).
Y tenemos un problema adicional: la capacidad normativa del Estado para prever las dificultades en comento o para investigarlas una vez surgidas se ha puesto en entredicho.
Le escuchamos al señor Ministro decir -no sé si lo hizo con toda seguridad o con seguridad a medias- que el problema que nos ocupa no afectará a otras instituciones. Sin embargo, existen indicios de que en otras entidades pueden registrarse situaciones que a lo mejor no tienen relación directa con el mismo asunto.
En todo caso, insisto en la necesidad de efectuar las investigaciones y los análisis pertinentes, y de estudiar con antelación la posibilidad de resolver el problema correspondiente. De lo contrario, después estaremos discutiendo quién tenía la razón, quién debió haberse preocupado del asunto.
Hoy día -reitero- tenemos indicios claros de que existen situaciones que se deben revisar, analizar. Y al respecto, como expresé, a las superintendencias les cabe una tremenda responsabilidad.
Ahora, lo que no debemos hacer es considerar lo ocurrido en La Polar como un hecho aislado desde el punto de vista de los abusos contra la población. Porque en diversas circunstancias se registran abusos graves desde el ángulo de que el ciudadano se transformó hoy en consumidor.
Por ejemplo, abusos cometen los bancos por la vía de cobros adicionales, deducciones, gastos de administración, en fin; son abusos pequeños pero que afectan permanentemente a la persona. En las empresas de electricidad, en las de agua potable, le cobran a la gente tres o cuatro pesos más, sin que nunca alguien proporcione una explicación, y resulta que, en el volumen, se trata de enormes cantidades de recursos. Los supermercados le piden a todo el que va a comprar que deje uno o dos pesos, los cuales después se donan. ¿Y qué pasa con la donación? Es un descuento en el caso de la empresa, por supuesto, no de la persona que la realiza.
Entonces, creo que el Gobierno debiera considerar -y también nosotros, en particular, pero son iniciativas que le corresponden- lo que representa hoy día la penalidad de los delitos de "cuello y corbata", que es bastante menor: de 541 días a 3 años, de 5 a 10 años. Pero para llegar a ella se requiere una serie de condiciones cuyo significado y dificultad entienden los abogados. Y debiéramos poner ojo al respecto, porque es mucha la gente afectada y no existen resultados finales que resarzan de la acción de los autores.
Por último, ya que el tiempo escasea, media una discusión que mi Honorable colega Carlos Larraín plantea como de pasada y que es importante, a mi juicio. ¿Cuál es el rol del Estado en este ámbito? Porque existen el "dios mercado" -muchos lo defienden con fuerza, habiéndose recordado lo difícil que fue lograr regulaciones para someterlo a los controles necesarios, a la ley del SERNAC y a otros tantos cuerpos legales- y también el rol del Estado.
Si las personas necesitan una institución que las proteja, y esta no la constituirán los privados, que van a hacer su buen negocio, en general, y ese es su camino. Pero el Estado tiene la obligación de generar los espacios, las leyes, las estructuras que cumplan el objetivo final de protegerlas.
En esta materia, señor Presidente , se plantean todavía muchas dudas y sería interesante que se explicaran claramente a la ciudadanía. Las responsabilidades administrativas, penales, políticas y todo eso se resolverá en su momento; pero se registran situaciones todavía pendientes que son graves y que no han sido bien aclaradas por quienes tienen que estar preocupados de fiscalizar, de concretar el rol del Estado como protector del ciudadano. Y, por eso, es necesario iniciar también un proceso de modificaciones legales, en cuanto a penas, a control, a sanciones también administrativas.
Gracias.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente , con un ánimo constructivo, de futuro, expondré, en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana y del Partido Demócrata Cristiano -¿por qué no decirlo?-, trece ideas, o propuestas, o iniciativas concretas para hacer frente a la situación, desde el punto de vista de las lecciones que arroja el caso La Polar, tanto en la perspectiva de las políticas públicas como en el ámbito legislativo. Creo que interesa mirar hacia delante para tratar de definir la forma de evitar y prevenir casos de esta índole, que nos han remecido y respecto de los cuales ya hemos hecho todos los análisis y diagnósticos.
Las primeras cuatro medidas tienen por objeto fortalecer la defensa de los consumidores:
1) Fortalecimiento institucional del SERNAC. Si bien es cierto que un proyecto de ley se remite al SERNAC Financiero y es un avance, ello no es suficiente. Se requieren dos cosas adicionales: primero, aclarar el alcance de las atribuciones del organismo, especialmente en el caso de industrias reguladas por otras leyes, como la banca; y segundo, fomentar sobre todo el actuar preventivo, con la posibilidad de actuar de oficio, por ejemplo, como lo hacen las superintendencias y otros servicios del Estado.
2) Fortalecimiento de la normativa para que los consumidores presenten demandas colectivas. Como sabemos, existe un proyecto sobre el particular desde el año 2009. Pienso que este aspecto debe ser trasladado al nuevo SERNAC Financiero o, en su defecto, reactivarse esa iniciativa.
3) Fortalecimiento de la protección del consumidor. Ello, por la vía de incorporar mecanismos preventivos, sistemas de información y programas masivos de educación financiera, todo lo cual apunta a evitar la asimetría de conocimiento hoy día existente respecto de las entidades financieras.
Y algo muy importante dentro de este punto son las cláusulas más equilibradas en los contratos de adhesión, los cuales constituyen, muchas veces, una burla. La letra chica y la forma en que el consumidor incauto, carente de información o conocimiento, puede ser engañado son una de las vías de llegar a situaciones tan anómalas y traumáticas.
4) Fortalecimiento de la figura del Defensor del Consumidor . Esta en ningún caso puede ser administrada o pagada por las propias empresas. Por lo tanto, es necesario contemplar un financiamiento no influenciado por los regulados y una implementación, por cierto, de carácter más permanente.
Ahora, avanzando ya hacia mejores instituciones:
5) Modernización de la estructura de las superintendencias. Es preciso mejorar el gobierno corporativo de esas entidades y que no dependan excesivamente, como ocurre en la práctica, de la persona del titular, con todo respeto, por cierto, por todos los que se desempeñan en ese cargo. Se requiere progresar hacia sistemas más colegiados, que garanticen mayor independencia, mayor estabilidad en las decisiones y mayor rendición de cuentas.
6) Separación de las funciones regulatorias y las sancionatorias de las superintendencias. Es algo que nos parece completamente lógico.
Nuestras tres siguientes proposiciones se enmarcan en otro ámbito, que es el de mejorar el proceso de otorgamiento de créditos y evitar la toma excesiva de riesgos:
7) Generación de un tratamiento más simétrico de los créditos. Entre el crédito bancario y el de casas comerciales y cajas de compensación, la idea es que no existan instituciones a las que se apliquen normativas menos exigentes que otras. Tiene que registrarse más simetría en cuanto a las exigencias que recaen sobre ellas.
8) Mejoramiento de la fiscalización. No basta con dictar normas, reglamentos: es preciso velar en forma adecuada por la fiscalización de las operaciones de crédito de casas comerciales y cajas de compensación, principalmente, la que debiera corresponder, a mi juicio, a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Lo anterior, para ser bien aterrizado, exhibir menos discurso, lograr una mayor concreción.
9) Consolidación del sistema de información de deudores. Es increíble, señor Presidente , pero cierto: Chile no cuenta con un sistema de información consolidado. Desde el año 2008, en la época de la Presidenta Bachelet , existe un proyecto sobre la materia. Llegó la hora de dictar una norma clara al respecto.
Las cuatro medidas que proponemos a continuación apuntan a mejorar ahora la defensa de los accionistas minoritarios -muchas veces, burlados, carentes de información y de conocimiento adecuados- y los tenedores de instrumentos de oferta pública:
10) Evaluación de la suficiencia de la legislación en materia de gobierno corporativo de las sociedades anónimas. Ello mejoró, por supuesto, en la reforma del año 2009, pero llegó la hora de evaluar, dos años después, si se necesita introducir una protección adicional para los accionistas minoritarios y los tenedores de instrumentos de oferta pública, especialmente en el contexto de La Polar.
11) Revisión de la legislación aplicable actualmente a los auditores externos. Falló claramente el control por parte de estos. Se tiene que analizar si son bastantes las exigencias que deben cumplir para encontrarse en el registro de la Superintendencia de Valores y Seguros.
12) Revisión de la legislación aplicable a las clasificadoras de riesgo. Obviamente, ellas fallaron en el mismo sentido anterior. Conviene estudiar si son o no suficientes las exigencias que deben satisfacer y si los incentivos existentes -ello también se extiende a los auditores externos- apuntan en la dirección correcta.
13) Establecimiento de requisitos especiales para las sociedades que entregan créditos por la vía de utilizar instrumentos de oferta pública, a fin de consolidar justamente el marco jurídico, las reglas del juego, que han demostrado ser incompletas.
Estimo que la gente no quiere más diagnósticos, más discursos. Hay que pasar a la acción. Y, por lo tanto, como bancada de la Democracia Cristiana, como Partido Demócrata Cristiano, en el ámbito del fortalecimiento de la defensa de los consumidores; del mejoramiento de las instituciones; del mejoramiento del otorgamiento de créditos y de evitar la excesiva toma de riesgo; del mejoramiento, sobre todo, de la defensa de los accionistas minoritarios y los tenedores de instrumentos de oferta pública, así como también, por cierto, la situación de los auditores externos, de las clasificadoras de riesgo, nos hemos permitido ofrecer estas 13 medidas concretas, iniciativas o ideas para tratar de defender en forma más conveniente a los consumidores.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.- En cuanto a la citación a la presente sesión para continuar el análisis de los antecedentes de los casos demostrativos de las debilidades del sistema bursátil, bancario y de pensiones, señor Presidente , deseo referirme principalmente a la capacidad de los chilenos y las instituciones en una economía social de mercado libre y a la relevancia de la educación, la información y la cultura económica que debemos desarrollar para la preservación de las libertades de las personas, al igual que a la recuperación de parte del valor del cheque.
En su oportunidad, cuando se castigó la importancia de este último documento -era Diputado en esa época-, voté en contra, y me tocó intervenir precisamente argumentando que íbamos a registrar dificultades de endeudamiento, porque en ese momento era manifiesto que la Ley de Cheques favorecía a las tarjetas de crédito.
Las tarjetas de crédito se han traducido en un endeudamiento desmedido de sus titulares, en gran parte, a mi juicio, por una falta de cultura económica que coincidió con un aumento importante en el poder adquisitivo. Y, como vemos, se han desencadenado abusos manifiestos en la medida en que a personas sin recursos se les iba gatillando una renegociación que desconocían, paulatina, generadora de un premio y de enormes beneficios económicos, cada vez que tenía lugar, para los ejecutivos de las empresas, las cuales exhibían un control difuso.
Creo que es preciso explicar a la gente la situación del dinero plástico.
Y recomiendo, también, que la autoridad sea más sensible y veloz en la atención de cualquier denuncia, aunque sea incipiente.
Sugiero al Gobierno entregar a cada tenedor una cartilla informática y de advertencia acerca del costo real de la acumulación progresiva y geométrica de las deudas, de los intereses de las tarjetas. No sé cuántos serán, porque varios...
El señor GARCÍA .- Cinco millones.
El señor KUSCHEL.-Me parece que más, porque cada uno puede poseer varias.
En todo caso, si fueran 10 millones de personas, sería necesario hacer otros tantos volantes para explicar los intereses, cómo se acumulan y cuáles son, como aquí se ha mencionado, los montos adicionales indebidos que se han ido originando en estos años. Porque antes, con motivo de una deuda, se cobraba una que otra cosa, y ahora se incluyen seguros que se ignora que se están solventando, además de todo tipo de cargos desconocidos.
A mi juicio, tenemos que tratar de aumentar la capacidad de reflexión de las personas, que es el requisito para asumir el propio destino de cada uno, porque alguna gente no sabe cuál es el valor del dinero en el tiempo y piensa solo en el de la cuota, sin ninguna conciencia de cómo se acumulan los cargos hasta agobiarla.
Así que planteo una información dirigida directamente a los tenedores, en la cual es preciso pensar. No sé si es factible legalmente. De lo contrario, se requeriría estudiar un proyecto de ley que determine cómo proceder.
Gracias.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe duda de que el caso La Polar ha remecido la conciencia de todo el país, de todas sus autoridades, y de que nos ha causado un gran perjuicio internacionalmente.
Porque, desde la época de la crisis bancaria de 1982, que le costó a Chile la colocación de muchos miles de millones de dólares en los bancos para poder salvarlos a ellos y al sistema financiero, que es la base, la columna vertebral del desarrollo económico de los Estados, nos fuimos consolidando. Hoy día, la banca está sana, en general, si bien aún queda un saldo de la deuda subordinada.
Y vemos que nuestra economía se ha ido fortaleciendo por la seriedad, por la responsabilidad con que se ha verificado la conducción política y económica en ya más de 20 años.
Otros países se debaten con deudas enormes. ¡Al más poderoso del mundo lo salvó ayer el Congreso, a última hora, por la vía de aumentarle el límite de su endeudamiento, superior al ciento por ciento del producto interno bruto! ¡El de Japón corresponde a 200 por ciento por el mismo concepto! ¡El de los europeos es gigantesco!
Al observar a Chile, se advierte que hoy día es casi acreedor de los demás, gracias, justamente, al buen manejo y la sensatez en lo económico.
Los recursos en las administradoras de fondos de pensiones se han ido sumando, hasta llegar a 180 mil millones de dólares, y el Estado jamás va a hacer uso de ellos, a diferencia de lo que pasó en un país vecino, donde se absorbió todo, donde sencillamente se le echó el guante al dinero. Nosotros no necesitamos hacerlo.
En el caso de La Polar, los recursos de los trabajadores representan un porcentaje pequeño -el 0,4 por ciento- de la gran cantidad acumulada. A lo mejor, no es algo tan decidor. Es mucho, seguramente, en la medida en que se trata de 300 o 400 millones de dólares, mas parece poco dentro de ese volumen.
Pero esa no es nuestra preocupación mayor en la actualidad. La pregunta es: ¿cómo han sido colocados los otros fondos en las administradoras? ¿Tenemos la seguridad de que se hallan bien resguardados los intereses de los trabajadores? ¡Esa es la duda!
Porque lo de La Polar resulta incomprensible. ¿Qué pasó con los auditores? ¿Qué pasó con la Superintendencia? ¿Qué pasó con los organismos de esas mismas entidades, que para invertir una gran cantidad de recursos se basaron solo en los informes de los primeros? ¿Y los propios? ¿Cuáles son los estudios que hicieron? ¿Por qué se escaparon todas estas cosas?
Es grave lo de La Polar, pero subsanable, soportable.
Hemos perdido mucho en prestigio internacional. Ya no somos tan creíbles como antes, porque, no obstante la solidez que se percibía, se destapó un pequeño hecho que están observando desde todas partes del mundo.
Esperamos que las otras colocaciones hayan sido bien realizadas y que no vuelvan a ocurrir estos episodios, que no sé si obedecen a error, mala fe o fraude premeditado. Eso tendrán que verlo las autoridades.
Muchas de ellas confiaron en esta clase de inversiones, y no recuerdo si ayer u hoy día se informó que numerosos magistrados tenían sus ahorros en acciones de La Polar, las que compraron en 2 mil 500 pesos y ahora valen 300. Es decir, han sido estafadas personas modestas, pero también otras relevantes.
Logramos solidez a lo largo de 20 años y vimos con horror, tiempo atrás, cómo caían bancos en Estados Unidos, tremendos globos a los cuales se les pinchó con un alfiler y se desmoronaron por completo. Eso es lo que nosotros no queremos que pase con nuestra economía.
Chile, con esfuerzo, con sacrificio, con responsabilidad, sin populismo, con seriedad, ha construido lo que hoy día tenemos, y es deber de todos nosotros cuidarlo y protegerlo.
Yo confío en la palabra del Ministro , quien dice que el caso de La Polar es una excepción; que tal vez se cometieron muchos errores, pero que en el resto de los bancos y de las otras instituciones que colocan bonos (sociedades anónimas y tantas otras) sí se encuentran debidamente resguardados los intereses de toda la población.
Por eso, valoro la propuesta del Presidente de la Democracia Cristiana, Senador señor Ignacio Walker, en la que plantea 13 medidas, a fin de que sean estudiadas por el Gobierno, para un mejor control de las grandes reservas existentes en Chile.
He dicho.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- A los dos oradores inscritos les solicito si pueden ser breves en sus intervenciones -sé que ello es todo un desafío para el Honorable señor Navarro -, pues queda muy poco tiempo para el término de la sesión y varios colegas esperan que el señor Ministro conteste las inquietudes planteadas.
De todas maneras, recabo el acuerdo de la Sala para prorrogar la sesión por diez minutos.
La señora RINCÓN.- Conforme.
El señor PROKURICA .- ¡No! Me opongo.
El señor NAVARRO.- ¡Esa es la democracia de la Derecha!
¡Esa es su preocupación por los estafados de La Polar!
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
Le pido a Su Señoría que intervenga y no dialogue con sus colegas de enfrente.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , ¡me parece el colmo que el actual Ministro de Economía , ex Senador Pablo Longueira , hoy día aparezca como el adalid de los consumidores, en circunstancias de que, cuando se debatió esta materia anteriormente, él impidió que se prorrogara la sesión para que el Ministro señor Larraín respondiera las preguntas que se le formularon!
El señor LAGOS.-
¡Así fue!
El señor NAVARRO.-
Ahora el Senador Prokurica pasa a ocupar el rol de Longueira e impide la continuidad del debate.
¡Esas son las dos almas de la Derecha: una defiende a los empresarios y otra dice proteger -al menos en el discurso- a los consumidores!
Espero, señor Ministro, que en verdad responda las consultas planteadas.
Durante el viaje a Valparaíso escuché casi todas las intervenciones.
Lo cierto es que se ha cuestionado el sistema en su conjunto. Ello debiera preocupar a los señores Superintendentes. ¡A todos! Se encuentran cuestionadas las Superintendencias de Pensiones -las AFP pierden plata sin alcanzar a decir "agua va"-, de Valores y Seguros, y de Bancos e Instituciones Financieras. ¡A todas se las pasaron por el aro! ¡No hubo ninguna prevención!
¡Está en entredicho el sistema!
Yo vengo regresando de Perú. Ayer estuve en Lima con Daniel Abugattás , Presidente del Congreso de esa nación. La Bolsa de Chile se quiere integrar con las de Perú y Bogotá. ¡Al respecto, va a haber revisión; va a haber debate! Porque las empresas auditoras y clasificadoras de riesgo no dan ninguna garantía de que las sociedades que pretendan incorporarse a las bolsas internacionales cuesten lo que dicen valer sus acciones.
¡Aquí hay delincuentes, ladrones, sinvergüenzas de cuello y corbata! ¡Y yo espero que este Gobierno no los proteja!
Este tiene el estigma de ser un Gobierno de empresarios. La mayoría de sus Ministros lo es. Y eso no conlleva en sí ninguna deshonra. Solo constato un hecho: son empresarios y son de la Católica. Lo digo, aunque a algunos no les gusta escucharlo.
Efectivamente cargan con dicho estigma.
¡Yo espero que el Gobierno defienda a los trabajadores, a los afiliados de las AFP, y que los ladrones de cuello y corbata sean sancionados y vayan a la cárcel!
¿Dónde están los responsables de la colusión de las farmacias? ¡Ninguno ha ido a prisión! ¡Todos gozan de buena salud económica y física, y están libres caminando por las calles de nuestro país!
¿Cuántos delincuentes que estuvieron en La Polar -el señor Pablo Alcalde , premiado como mejor empresario- van a ir a la cárcel?
Jóvenes que roban una chaqueta de cuero de 20 mil pesos (robo con intimidación) son sentenciados a ¡cinco años y un día de reclusión! Pero dudo que aquellos otros ladrones y sinvergüenzas vayan a ir a la cárcel, salvo que el Ministro impulse una legislación para poder encarcelarlos.
Lo siguiente pasó hoy.
El banco BBVA, La Polar y AFP Provida -lo informó recién el Senador Lagos- realizaron una triangulación de dineros. Ojalá se investigaran estos hechos sin necesidad de denuncia, aunque ya se ha denunciado el hecho públicamente. Al respecto, voy a presentar los antecedentes que se me hicieron llegar, incluso con documentos originales, porque al final quienes pierden con tales acciones son, una vez más, los afiliados.
¡Y qué hace la Superintendencia de Pensiones! Leí una entrevista a la Superintendenta en la cual expresaba que estaba observando. ¡Lo cierto es que nosotros no queremos que observe, sino que actúe! Porque lo que hizo el BBVA constituye un escándalo mayúsculo. Y ojalá se puedan recuperar los millones de dólares que fueron triangulados para pagarle al Banco a costa de los afiliados.
Lo siguiente ocurrió ayer.
En Cencosud se subió la comisión por mantención de la tarjeta Jumbo de 460 a 990 pesos. La Corte de Apelaciones les dio la razón a los consumidores, y la causa se halla en la Corte Suprema.
¿Quién era el gerente general de Cencosud? Laurence Golborne , hoy día flamante Ministro de Obras Públicas .
¿Quién era el abogado de Cencosud? Felipe Bulnes , actual Ministro de Educación .
Yo siento que el Gobierno tiene el deber moral de aclarar estas cosas.
Cencosud ha pasado piola: ¡Millones de dólares! ¡430 mil afectados! Y el Ministro Golborne , quien entonces era su gerente general, se va por la tangente. Yo esperaría que diera la cara, y que la Corte Suprema resolviera. Porque el hecho existió: hubo aumento unilateral del costo de la tarjeta Jumbo. Y ello ocurrió bajo la dirección de alguien que ahora es Ministro , y con un abogado que defendía a la empresa y que también hoy es autoridad de este Gobierno.
Yo no estoy afirmando que efectivamente ellos sean responsables. Solo constato los acontecimientos y digo que el Ejecutivo tiene el deber moral de responder.
Lo siguiente pasó anteayer.
Se trata de algo ocurrido con relación a los supermercados Santa Isabel, situación que el Ministro señor Larraín conoce muy bien porque fue director de esa empresa durante diez años.
Como se demostró en los antecedentes que presentamos a la Superintendencia de Valores y Seguros -a pesar de que tuvimos una respuesta a medias-, cuando dicha empresa operaba en la Bolsa de Nueva York, el Tribunal de Maryland le aplicó una sanción de 1.100 millones de dólares a Royal Ahold , propietaria del conglomerado, por inflar el valor de las acciones.
Así, Santa Isabel perdió en 3 a 4 años el 85 por ciento del valor de sus acciones. ¡Lo perdió completamente! Y el Ministro señor Larraín formaba parte del directorio de dicha empresa en esa época.
En la sesión especial anterior sobre la materia, le escuché decir al Ministro que los directores no extinguen su responsabilidad, ni siquiera por ignorar los hechos. Igual tienen responsabilidad en lo que suceda.
¿Qué modificación impulsaremos para que los directores -de AFP, de sociedades anónimas- no se llenen los bolsillos de plata y cuiden de verdad los intereses de los accionistas minoritarios?
Julio Pereira fue nombrado Director del Servicio de Impuestos Internos . Antes de ello, desde que se tituló como abogado trabajó en el Departamento de Impuestos de PricewaterhouseCoopers durante 22 años. En 1992 se fue a estudiar a Carolina del Norte. Luego se trasladó a Nueva York, al Departamento de Servicios Tributarios Internacionales de la misma compañía. Cinco años después regresó a Chile en calidad de socio de la firma y como uno de los abogados más importantes de su Departamento de Asesoría Legal y Tributaria. Hoy -como señalé- es Director del Servicio de Impuestos Internos .
María Eugenia Sandoval: trabajó en Pricewaterhouse entre 1977 y 2006. Incluso fue jefa de esta consultora. En la actualidad es flamante Ministra de la Corte Suprema e integra la Sala Tributaria.
Pricewaterhouse es la firma que supervisaba los estados financieros de Santa Isabel y también de La Polar. ¡La empresa auditora que engañó, que no hizo su trabajo! Y hoy tenemos como autoridades a dos de sus conspicuos integrantes.
Reitero lo que he manifestado en más de una oportunidad: no dudo ni por un instante de la honestidad del Ministro señor Larraín ; tampoco, de la de María Eugenia Sandoval ni de la de Julio Pereira. Solo digo que va a haber conflictos de intereses y que es deber del Estado aclararlos cuando se produzcan.
¡Que no les pase lo que al Presidente Piñera , quien vendió muy tarde sus acciones de LAN! En definitiva, parte del 60 y tanto por ciento de desaprobación que registra en las encuestas se debe a que no aclara los conflictos de intereses.
Yo no sé, Ministro , si se aprendió la lección respectiva. No sé si la responsabilidad de los directores va a ser corregida en el nuevo proyecto que nos ha anunciado. Tampoco sé quiénes fueron, en último término, los que ayer cometieron los errores o las acciones indebidas en el caso de Santa Isabel.
Sobre ello, le hago una pregunta muy directa, señor Ministro , reiterando que lo considero una persona honorable: ¿tiene usted una sociedad comercial con don Eduardo Elberg , quien era dueño de Santa Isabel antes y durante el descalabro de dicha empresa y que hoy día, como accionista del Banco Internacional, quiere abrirse a la Bolsa?
¿Cómo se superará ese conflicto de intereses?
Señor Presidente , insisto en que tengo convicción respecto de la honestidad del Ministro de Hacienda , señor Felipe Larraín . Sin embargo, hay un conjunto de hechos que obligan a procurar la mayor transparencia posible a la hora de debatir qué vamos a hacer.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Finalizó su tiempo, señor Senador.
Tiene un minuto más para concluir.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , termino inmediatamente.
Creo que lo expuesto amerita transparencia. Porque se trata de la autoridad reguladora. Dicho Ministro es el jefe de los tres Superintendentes presentes. Y ha anunciado que enviará un proyecto de ley normativo.
Existe una necesidad ética y moral de responder con un fortalecimiento a la protección de los intereses de los afiliados a las AFP, de los accionistas minoritarios, de los consumidores. Y eso debe reflejarse en la futura legislación.
¡En la cancha se ven los gallos! Yo espero que llegue pronto dicha iniciativa legal.
Y en cuanto a la integración con las Bolsas de Lima y Bogotá, las empresas auditoras y las clasificadoras de riesgo deberán ser revisadas completamente.
Respecto a las AFP, no me pronuncio. Ojalá haya pantalones y se tengan agallas para enfrentar el fondo del problema.
Durante la campaña presidencial se propuso -yo fui partícipe de ello- la creación de una AFP estatal.
Aquí las AFP se desbordaron: hacen lo que quieren; son las empresas que obtienen mayores utilidades, y traspasan sus costos a los afiliados cuando van a pérdida.
Espero que este Gobierno defienda a los cotizantes de las AFP. Ellos tienen la palabra.
¡Nueva Constitución, ahora, señor Presidente!
El señor WALKER (don Ignacio) .- ¿Y la Patagonia...?
El señor NAVARRO.- ¡Y Patagonia sin represas!
El señor GIRARDI (Presidente).- Ha llegado la hora de término de la sesión.
Solicito el asentimiento unánime de la Sala para prorrogarla por algunos minutos.
Hace un rato un señor Senador se opuso a ello.
El señor PROKURICA.- ¡Pero Su Señoría ya la prorrogó!
El señor GIRARDI (Presidente).- Entonces, hay acuerdo.
--Así se acuerda.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Al final podrá intervenir también el señor Ministro .
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , pienso que es importante que el señor Ministro de Hacienda conteste los planteamientos formulados en la Sala. De hecho, solicité la palabra para hacerle un par de peticiones que, a mi juicio, pueden interpretar a casi la totalidad del Senado.
La primera inquietud dice relación al compromiso que asumió dicho Secretario de Estado hace ya bastantes meses en el sentido de revisar el funcionamiento del SIPCO y del Fondo de Estabilización del Petróleo, a fin de establecer medidas efectivas para que los usuarios chilenos, sobre todo los de sectores medios, no sigan pagando un combustible a precio altísimo, razón por la cual hoy día todos los gremios de taxis colectivos del país, tanto en Santiago como en el resto de las Regiones, se han expresado de manera categórica.
Me parece fundamental que el señor Ministro haga caso a las reiteradas solicitudes manifestadas por esta Corporación desde hace bastante tiempo en proyectos de acuerdo y en opiniones de Senadores tanto de Gobierno como de Oposición.
Me gustaría saber cuándo vamos a encarar la necesaria rebaja o modificación del sistema tributario en materia de combustibles.
En segundo lugar, señor Ministro , consulto si es posible retomar a la brevedad, junto con la Comisión de Hacienda, la discusión del proyecto -íbamos a ponerlo en tabla y, de común acuerdo a propósito del debate sobre el caso de La Polar, se solicitó estudiarlo después- que impulsa una modificación legal para que los seguros de los créditos y las garantías hipotecarias sean licitados en los bancos, contrariamente a lo que sucede hoy día en que existe una verdadera concomitancia entre las entidades bancarias y las compañías aseguradoras. Lo único que logran con ello es encarecer el costo de dichos instrumentos en tres, cuatro y cinco veces, perjudicando a los usuarios y dando a aquellas ganancias más allá de toda lógica.
Espero que volvamos a discutir en su totalidad la referida iniciativa -entiendo que eso se pidió en este Hemiciclo, Ministro -, ojalá con la Comisión de Hacienda, a fin de analizar, entre otras cosas, los efectos provocados por la situación de La Polar.
Por último, quiero hacer un comentario que estimo pertinente tras la intervención del Senador señor Navarro .
Algunos de los presentes en la Sala hemos sido, somos y -ojalá- seremos empresarios -cada cual en su nivel: yo fui uno muy modesto y pequeño-, y ello no constituye ningún pecado. Todo lo contrario. El problema surge cuando se confunde el negocio con el interés político, mezclándose ambos sin distingo.
Y menos pecado, Senador Navarro, es ser hincha, como yo lo soy, de la Universidad Católica. ¡Más bien es masoquismo...!
Gracias, señor Presidente.
El señor GÓMEZ.-
¡Ese es el peor pecado...!
El señor NAVARRO .-
¡La Garra Blanca piensa diferente, Senador...!
El señor GIRARDI (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor LARRAÍN ( Ministro de Hacienda ).- Señor Presidente , agradezco los comentarios, las preguntas e inquietudes que plantearon los señores Senadores. De hecho, coincidimos en muchas de ellas, por lo cual yo también les pido su ayuda.
Me referiré a los temas centrales que se han tratado.
De partida, deseo aclarar algunos puntos.
En primer lugar, en cuanto a si lo ocurrido en La Polar constituye una práctica generalizada, he dicho -para ser bien preciso- que nadie puede garantizar la inexistencia de otros casos de abusos. Hay todo un sistema -Servicio Nacional del Consumidor, proyecto sobre SERNAC financiero- para intentar evitar estos fenómenos y, si ocurren, para sancionarlos con el mayor rigor posible.
Lo que yo he señalado es que, con la información disponible y luego de varias semanas de trabajo coordinado con las correspondientes Superintendencias examinando todo el retail, no tenemos ningún antecedente que indique que esta práctica va más allá de La Polar. Por ello, concluimos que se trata de un caso puntual. Es lo que podemos aseverar en este momento. Si surgiera algún dato que nos evidencie lo contrario, luego de analizarlo y determinar su importancia, lo comunicaremos en forma oportuna.
Sin embargo, hoy día -reitero- no disponemos de ninguna información que nos lleve a una conclusión diferente.
En cuanto a las responsabilidades, aquí ha habido mucha discusión al respecto.
Resulta bastante claro que el primer responsable es quien entrega una información falsa, especialmente si lo hace a sabiendas con un objetivo específico, hecho que constituye un delito.
Pero, sin duda, existe una serie de otros niveles de responsabilidad.
Le cabe alguna también a quien, sin proporcionar antecedentes falsos, deja de administrar los sistemas que permiten que la información fluya y no actúa con debido celo para evitar la ocurrencia de tales prácticas o para advertir cuando estas se generan. Ese rol es de la administración de la empresa, más allá de quienes falsificaron la información.
También cabe mencionar -no quiero desconocerlo- la responsabilidad de los auditores externos. Hemos dicho que todos sus informes venían sin reparos. En ese sentido comparto los juicios expresados por el Senador señor Lagos: el papel de las firmas auditoras no puede limitarse simplemente a poner un sello a los antecedentes que recibe de la empresa. Debe haber un trabajo. Y ello forma parte de la investigación que en este momento lleva a cabo la Superintendencia respectiva.
Además, está el rol de las clasificadoras de riesgo. Porque las que evalúan a una empresa con calificación "AA-" han debido examinar información.
Ahora, es posible que todos los entes mencionados hayan sido defraudados. Pero eso ha de determinarlo la investigación correspondiente.
Con todo, el debido celo y el profesionalismo en el análisis de los antecedentes deben estar presentes en dicha tarea.
Asimismo, no voy a eludir lo relativo a la responsabilidad de la Superintendencia del ramo. Se ha dicho: "¿Y dónde estaba la entidad supervisora?".
Solo quiero recordar que este problema viene desde 2007, y probablemente desde 2003, ocasión en la cual se registraron las primeras repactaciones unilaterales. Entonces, dejemos claro que esta práctica no data del último tiempo; viene de antes.
Supongan Sus Señorías -y aquí estriba el punto central- que tuviéramos los reguladores más celosos y profesionales, y la mejor legislación sobre la materia. ¿Es posible sostener que con ello evitaremos totalmente el delito y el fraude? No, ni siquiera con el mejor sistema del mundo.
Podemos expresar que estamos insatisfechos y que sentimos indignación por lo ocurrido. ¡Por supuesto! Pero dejemos constancia de que ni el mejor sistema de seguridad (de policías, de protección privada, de cercos eléctricos) o cualquier medida tecnológica sumada a los recursos humanos dedicados a ello será capaz de impedir completamente el robo.
Entonces, como en este caso se configura un delito, debemos ser ecuánimes y pensar que ni el sistema regulatorio o legal más efectivo ni los profesionales más idóneos pueden evitar del todo el fraude, así como tampoco es factible impedir completamente el robo que ocurre en todas las sociedades del mundo, por seguras que sean.
Dicho eso, nuestro deber es prevenir tales acontecimientos y castigar a los culpables. Ahí estamos disponibles para recibir ideas y avanzar en la solución de muchas de las dificultades que se han planteado.
Valoro las propuestas que ha hecho el Honorable señor Ignacio Walker en representación de la Democracia Cristiana -Su Señoría habló a título personal, pero también en nombre de su bancada-, y quiero decirle que tenemos muchas coincidencias, sobre todo en proyectos que apuntan en la misma dirección y que fueron anunciados antes de la ocurrencia del caso La Polar.
Los señores Senadores conocen -porque lo mencioné- lo relativo al Consejo de Estabilidad Financiera, que ya fue creado. Su propósito es permitir una supervisión más integral a conglomerados financieros y coordinar de mejor manera a los superintendentes, a los reguladores y a la autoridad económica (el Presidente del Banco Central , invitado a dicho Consejo, y el Ministro de Hacienda , que lo preside).
En este momento el decreto respectivo se encuentra en la Contraloría. Hemos presentado ya los lineamientos y funciones de tal órgano, que operará en el Ministerio de Hacienda como una secretaría técnica, cuyo fin será recabar información y analizarla, como ya ocurre en algunos países más desarrollados.
Nos estamos poniendo en la frontera de la regulación y avanzamos en esa dirección, tal como ha sugerido directamente la Comisión Desormeaux, que se conformó en agosto del año pasado y entregó sus conclusiones en enero del año en curso. Y el Ministerio de Hacienda planteó lo que iba a hacer en marzo recién pasado.
El Senador Ignacio Walker planteó también la consolidación de información de deudores. Al respecto, tenemos un proyecto de información comercial. Hemos conversado con parlamentarios tanto de la Coalición de Gobierno como de la Oposición, algunos de los cuales han estado trabajando en lo relativo a la consolidación de información. Y el proyecto a que aludo se encuentra muy avanzado y será presentado próximamente.
En seguida, es necesario modernizar la estructura de la Superintendencia, dando paso a organismos colegiados. Nosotros estamos preparando una iniciativa -su envío va a demorar un poco más-, para crear una Comisión de Valores con miras a avanzar desde una Superintendencia con una autoridad unipersonal a un sistema colegiado. Confiamos plenamente en quien la dirige en la actualidad, pero, como dijo un señor Senador, no es un problema de autoridad, sino de mejorar el sistema.
Tenemos, entonces, muchísimas coincidencias con lo planteado.
Dicho lo anterior, hago un llamado a la responsabilidad y a los equilibrios. El Senador Carlos Larraín nos advertía que debemos tener cuidado de que el caso La Polar no sirva para torpedear un sistema que aporta muchos beneficios. Creo que eso es razonable. Y cuando uno dice que hay que evitar el abuso, debe tenerse especial cuidado de que las medidas que se tomen para ello no terminen dejando fuera del mercado del crédito a una cantidad importante de personas que dependen de diversos mecanismos de crédito, no todos bancarios.
En consecuencia, fijémonos en los equilibrios, en no dejar fuera del mercado del crédito a muchos ciudadanos, porque algunas veces determinadas legislaciones, por tratar de cubrir demasiados aspectos, pueden tener ese efecto. ¿Y qué conlleva quedar fuera del mercado formal del crédito? Significa dejar que personas que enfrentan muchas dificultades para obtener un crédito recurran al informal, que tiene tasas todavía muy superiores.
Entonces, es preciso tener esos equilibrios en mente.
También quiero hacer un breve alcance a la situación internacional, que es compleja en este momento. Es importante mencionarlo, porque suele decirse que a Chile le está yendo muy bien, pero la situación del resto del mundo es delicada y nuestro país no es inmune a ella. Si bien es cierto que podemos estar bien preparados, eso nos pone una nota de cautela. El crecimiento y la creación de empleo no están garantizados.
Señor Presidente , me gustaría que, después de terminar mi intervención, los Superintendentes que están acá puedan hacer algún alcance, en particular, en cuanto a la operación señalada por el Senador Lagos entre un banco y una AFP, que data de diciembre del año pasado y que se ha venido trabajando y analizando internamente.
Se trata, simplemente, de exponer hechos.
No puedo concluir mis palabras sin responder a una alusión personal de que he sido objeto.
Yo he tratado de mantenerme siempre dentro de los cánones de lo que significan las políticas públicas; pero aquí se ha ido más lejos y se me ha involucrado personalmente. Y quiero decir al Honorable señor Navarro -por tratarse de un documento público- que yo tuve acceso tanto a la presentación que él hizo sobre supermercados Santa Isabel como a la respuesta de la Superintendencia , donde queda meridianamente claro que no hay irregularidad en los hechos que el señor Senador, porfiadamente, ha estado denunciando. Los problemas se originan -y yo creo que Su Señoría lo entiende, pero sigue insistiendo en su planteamiento- en una empresa americana que no tiene nada que ver con Santa Isabel. Se llama "U.S. Foodservice". En ella, efectivamente, hubo adulteración de balances.
Este caso fue detectado, conocido y analizado en forma amplia, porque lo que hace el documento de la Superintendencia es poner en consideración los hechos como ocurrieron entre los años 2002 y 2003, durante la Administración del Presidente Lagos.
Por tanto, quiero decir únicamente que los planteamientos en que se trata de involucrar en un ilícito a diversas personas no tienen base.
Llamo al señor Senador a informarse adecuada y responsablemente antes de hacer sus denuncias.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se prorrogará la hora de término de la sesión para permitir que intervengan las otras autoridades invitadas.
--Así se acuerda.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Superintendente de Valores y Seguros.
El señor COLOMA (Superintendente de Valores y Seguros).- Señor Presidente, trataré de utilizar solo dos o tres minutos para que la Superintendenta de Pensiones y el Superintendente de Bancos puedan tratar los puntos que a ellos les parezca.
Por mi parte, quiero referirme a algunos hechos específicos en que ha habido alusión, directa o indirectamente, a la Superintendencia de Valores y Seguros.
En primer lugar, ¿cuál es el rol de la Superintendencia en la materia que nos ocupa; acaso la información que finalmente no fue veraz?
En términos generales, lo que hace el organismo a mi cargo es propiciar de distintos modos que la información sea lo más fidedigna y que se entregue de modo permanente. El sistema imperante fue diseñado de forma de ir subiendo los estándares a la información entregada. De hecho, en los últimos tres o cuatro años, se han establecido niveles internacionales mucho más rigurosos en cuanto a la entrega de información y a la que se da a conocer al público. ¿Por qué? Porque nos interesa que las transacciones en el mercado de valores se produzcan sin asimetría y con toda la información disponible.
En la materia que nos ocupa, la Superintendencia -que ciertamente tiene variadas funciones y muchos otros regulados- procura que la información fluya, más allá de si se trata de antecedentes que a uno debieran preocuparle o no preocuparle. En el caso de alto endeudamiento nos interesa que ese hecho fluya, sin haber un juicio sobre el particular. Nosotros no gestionamos a las empresas, ni cogestionamos tampoco.
Esa es la primera referencia y precisión que deseaba hacer.
En esa misma lógica, el sistema asigna responsabilidades. Así como nosotros permanentemente estamos requiriendo información; que haya aclaraciones sobre trascendidos e informes de prensa y que se expliciten hechos esenciales, hay un sistema diseñado -lo regulan la Ley de Valores y la de Sociedades Anónimas- que asigna responsabilidades en la emisión de la información. El primer responsable de que ella sea veraz, suficiente y oportuna es la administración y su directorio. Y la ley es absolutamente precisa respecto de ello.
Desde esa perspectiva, el directorio y la administración deben crear todos los mecanismos de control para que el sistema funcione eficientemente. Ellos tienen la primera responsabilidad.
La segunda responsabilidad recae en la empresa de auditoría externa, primer fiscalizador externo que debe velar por la veracidad de esa información. Y, con escepticismo, tiene que escrutar toda la información que le llega de parte de la empresa. Su rol es fundamental en el sistema.
Además, están las clasificadoras de riesgo, que entran a operar y a dar su opinión en la medida en que haya títulos de deuda emitidos: bonos, efectos de comercio, etcétera.
Después, la Superintendencia entra en esta secuencia de responsabilidades recibiendo toda la información de los auditores externos. Y el informe que ellos hacen es un insumo sumamente relevante. Si hace constar algún tipo de salvedades, la Superintendencia es absolutamente incisiva en pedir aclaraciones al regulado o al emisor que tiene un informe observado desde el punto de vista de los auditores externos.
Más allá de eso, la Superintendencia, obviamente, tiene una supervisión selectiva, no universal. Porque no puede estar metida en la generación de la información de las empresas en forma permanente. Eso es absolutamente impropio. En ninguna parte del mundo ocurre así. Sería totalmente paralizante.
Entonces, el sistema asigna responsabilidades. Y cuando estas se incumplen, sin duda alguna que entra el sistema de control, donde nosotros aplicamos las sanciones que corresponden desde el punto de vista administrativo, más allá de derivar al Ministerio Público los casos que tengan arista penal.
Esa es una precisión que me parece fundamental a la luz de algunas intervenciones que dejaban entrever dudas respecto a cuál es el verdadero rol de la Superintendencia.
En relación con estas mismas materias, la Superintendencia está siendo tremendamente proactiva, y no solo desde lo ocurrido con La Polar, sino desde hace 6, 7 u 8 meses.
Entrevistas mías citadas en algunos diarios dan cuenta de nuestra preocupación por perfeccionar el sistema de gobiernos corporativos, a pesar de que se había aprobado una ley recientemente (el 2009) que entró en vigencia el 1° de enero de 2010. Sin perjuicio de ello, estimamos pertinente hacer también una serie de perfeccionamientos al sistema de las empresas de auditoría externa. Creemos que hay ciertos problemas, como conflictos de interés, por ejemplo. Desde el momento en que tienen una importancia tan relevante, creemos que algunas formas se pueden mejorar para asegurar todavía más su independencia, su rigor analítico, sus procedimientos, la manera como las empresas las eligen y diversas otras materias que sería largo enumerar. No hay espacio, no hay tiempo para poderlo comunicar acá.
Pero, como digo, hemos estado estudiando estos asuntos desde hace 6, 7 u 8 meses, mucho antes del caso La Polar. No es una reacción extemporánea ni mucho menos. Estaba absolutamente planificado desde hace bastante tiempo. A pesar de que hubo una reforma en estas materias, desde el 2009.
La señora ALLENDE .- ¡Pero dé una respuesta específica!
El señor GIRARDI (Presidente).- Puede continuar, señor Superintendente.
El señor COLOMA (Superintendente de Valores y Seguros).- Con respecto a cosas puntuales, señalaré lo siguiente.
El que hubiéramos recibido una alerta temprana, no es así. Las anteriores autoridades nunca nos informaron de la existencia de un problema con La Polar o con determinada empresa del retail, asuntos que se hicieron públicos y que fueron conocidos a partir de junio de este año.
O sea, aquello es absolutamente un mito. ¡Jamás recibimos información alguna! Así lo he señalado. Pero, dado que ahora se ha insistido en ello, quería aclarar tal situación.
Por otro lado, en lo concerniente a la preocupación por la competencia del sistema, por supuesto que nos inquieta, y muchísimo. Por eso, junto con el Ministerio de Hacienda, y sobre la base de nuestra experiencia con el terremoto, hemos sido totalmente proactivos para propiciar, por cierto, la competencia en el mercado de seguros y todo lo relacionado con los temas de las comisiones, de los bancos, a los cuales hizo alusión el Senador Pizarro.
Y ese es un proyecto tremendamente potente desde el punto de vista de generar más competencia y mayor transparencia en la contratación de seguros...
La señora ALLENDE .- ¡Y qué pasa con la respuesta sobre la regulación!
El señor COLOMA ( Superintendente de Valores y Seguros).- Finalmente, en cuanto al retail, más allá del estudio conjunto que el señor Ministro de Hacienda ha hecho -no me refiero a ello, por lo mismo-, nosotros estamos trabajando al respecto.
En mayo de este año, antes de que ocurriera lo de La Polar, hicimos un levantamiento de información en todas esas empresas para ver cómo se estaban contratando los seguros -nosotros no operamos directamente el retail ni regulamos este tipo de asuntos; ello se hace a través de corredoras y de compañías de seguros-, para saber cómo se informaba a la gente, cómo se lograba el consentimiento.
Esa es una agenda que tenemos desde antes del caso La Polar. Y justamente en los días venideros, celebraremos reuniones mucho más precisas, porque el retail se interesó en esto y dijo que "a nosotros nos importa colaborar en este cuento para buscar soluciones y mejorar todo el proceso de contratación de seguros". O sea, también ha habido una proactividad y un debido...
La señora ALLENDE .- Se acabó su tiempo y no contestó la pregunta más trascendente que formulamos.
¡Esto es muy insatisfactorio!
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la señora Superintendenta de Pensiones.
La señora BERSTEIN ( Superintendenta de Pensiones ).- Señor Presidente , en forma breve voy a comentar lo relativo a la operación que aquí se ha mencionado.
La prioridad de la Superintendencia de Pensiones es la protección de los afiliados. En este sentido, para nosotros, la fiscalización de La Polar -compartimos lo señalado por muchos Senadores aquí- ha sido crítica e importante, por lo que una buena cantidad de nuestros recursos ha sido destinada a la investigación correspondiente.
Se está analizando la actuación de las AFP en todas las transacciones u operaciones realizadas especialmente en los años 2010 y 2011, y entre ellas, la operación que aquí se ha cuestionado.
Como se encuentra en proceso de investigación esa transacción, lo que puedo hacer en este minuto es describirla, más o menos, con algún detalle.
Por cierto, se llevó a cabo en la Bolsa de Comercio el 23 de diciembre mediante el sistema de remate electrónico Holandés, donde se colocaron, a través de la Corredora de Bolsa BBVA, 106 mil millones de pesos. Conforme a los prospectos de dichos bonos, los recursos serían utilizados para el financiamiento de pasivos, sin especificar cuáles se iban a financiar.
Buena parte de esa colocación se utilizaría para pagar a distintos bancos. Entre estos estaba el BBVA, cuya deuda alcanzaba los 50 mil 910 millones de pesos. Una cifra importante de ella, alrededor de 70 por ciento, vencía en 90 días, contados desde la fecha de la emisión de bonos. Por lo tanto, estaba por finalizar ese plazo.
En la referida colocación de tales bonos, efectivamente AFP Provida se adjudicó el 6 por ciento. El resto lo consiguieron otras entidades.
Se trataba de bonos con clasificación de riesgo A-, a largo plazo. Este tipo de instrumentos en general es apetecido tanto por administradoras de fondos de pensiones como por compañías de seguros, porque tienen clasificación de riesgo relativamente alta y a un plazo largo. Por lo tanto, la demanda fue elevada.
Como dije, AFP Provida se adjudicó el 6 por ciento. Su objetivo era conseguir más por el tipo de instrumento en cuestión. Fue así como el mismo día compró a un tercero otra parte, llegando a un total de 26 por ciento de la emisión. Pero eso no ocurrió en la colocación a través del remate electrónico Holandés -donde solo logró 6 por ciento-, sino en una operación posterior.
En consecuencia, la hipótesis de una eventual triangulación tendría necesariamente que involucrar a una tercera parte, lo que estamos investigando en profundidad junto con la Superintendencia de Valores y Seguros y la de Bancos e Instituciones Financieras, pues, en ese evento, podrían haber estado involucradas aquellas instituciones fiscalizadas por nosotros. Por eso, cada una de ellas, en el ámbito de su competencia, está inspeccionando la mencionada operación.
Por parte de la Superintendencia de Pensiones, se ha requerido información de la AFP Provida; se ha interrogado a diferentes funcionarios de distinto rango que trabajan en esa administradora; se ha recabado información de la Bolsa de Valores; se han llevado a cabo escuchas telefónicas. Es decir, se ha hecho todo lo necesario para investigar en profundidad la operación que aquí preocupa.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Superintendente de Bancos.
El señor BUDNEVICH ( Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras ).- Señor Presidente , quiero comentar dos temas en forma breve.
La Superintendencia a mi cargo se ha atenido de manera estricta al marco regulatorio establecido desde el año 2006 por el Banco Central, conforme al cual la fiscalización, básicamente, debe realizarse mediante auditores externos en caso de que los emisores de tarjetas de crédito no bancarios paguen a sus comercios afiliados a tres días o menos.
Por consiguiente, en el problema en cuestión falló, claramente, el informe de los auditores externos, porque no dieron cuenta -como bien dijo el Ministro de Hacienda - de alguna excepción ni de cosa extraña en el funcionamiento de la empresa.
Conviene señalar además que, en la situación precisa de La Polar, los comercios afiliados adheridos al sistema de tarjetas de créditos han obtenido sus pagos regularmente, según el foco con el cual se maneja el mecanismo. Dicho elemento es totalmente distinto del caso bancario, donde la Superintendencia del ramo fiscaliza de modo directo a las entidades controladas en materia de solvencia, la suficiencia de provisiones, cartera en terreno.
El mandato que se establece en la regulación del Banco Central tiene básicamente como foco el velar por que la cadena de pagos se cumpla, en lo primordial a los comercios afiliados. Y en el caso particular de las empresas La Polar ese cumplimiento se ha dado, que es el propósito definitivo y fundamental de la fiscalización.
Diferente sería si la Superintendencia de Bancos contara con facultades de supervisión en terreno de la cartera, por cuanto podría evaluar efectivamente la suficiencia de provisiones y la constitución de resguardos adecuados por parte de los emisores no bancarios.
Un segundo elemento que deseo destacar apunta a lo siguiente.
Aquí se ha señalado que la Superintendencia de Bancos recibió una denuncia o un informe de parte del SERNAC. Y ese documento no contiene ningún aspecto constitutivo de infracción; no alude a personas afectadas; no indica el número de los que han sido perjudicados, y ni siquiera hace mención a la existencia de repactaciones unilaterales.
Con eso, evidentemente, no es posible llegar a conclusión alguna.
Aquella no es una denuncia.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARRAÍN ( Ministro de Hacienda ).- Señor Presidente , solo deseo referirme a un par de puntos que no comenté en su oportunidad y que fueron planteados por algunos señores Senadores.
Varios de ellos aludieron a lo relacionado con la educación del consumidor financiero, algo que a nosotros nos preocupa mucho. A mi juicio, es muy importante. Para que las personas tomen decisiones de manera informada, es crucial, a mi juicio, que podamos contribuir y hacer campañas de educación para los consumidores financieros, a fin de que puedan comparar adecuadamente los productos y entender el costo que se paga por ellos.
Considero que ese punto es relevante.
Por otra parte, el Senador señor Pizarro mencionó el proyecto de ley sobre licitación de seguros asociados a créditos hipotecarios.
Quiero decirle a Su Señoría que tenemos la mejor disposición para llevar adelante esa iniciativa. En este momento se halla retrasada en la Comisión de Economía, porque nos pidieron más tiempo para estudiarla.
Se trata de un asunto que le hemos planteado a los Senadores de ese órgano técnico (está presente el Honorable señor Zaldívar , a quien le pido que me ayude). Incluso, estamos dispuestos a formar equipos técnicos para que se entienda que ese proyecto no tiene nada que ver con el caso La Polar. Pretende apoyar a los consumidores, no otra cosa.
Entonces, a fin de aprobarla, les solicito ayuda para poder avanzar. Tenemos toda la argumentación necesaria y la mejor disposición al respecto.
Gracias, señor Presidente.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 14:36
Manuel Ocaña Vergara
Jefe de la Redacción