Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Alejandro Navarro Brain
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- Ricardo Lagos Weber
- Jaime Quintana Leal
- Fulvio Rossi Ciocca
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- V.
ORDEN DEL DÍA
- REGULACIÓN DE CIERRE DE FAENAS E INSTALACIONES MINERAS.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Ximena Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- INTERVENCIÓN : Guido Girardi Lavin
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- DEBATE
-
MODERNIZACIÓN Y FOMENTO DE COMPETENCIA DE SISTEMA FINANCIERO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Ricardo Lagos Weber
- DEBATE
- REGULACIÓN DE CIERRE DE FAENAS E INSTALACIONES MINERAS.
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- Carlos Cantero Ojeda
- Francisco Chahuan Chahuan
- Jose Garcia Ruminot
- Lily Perez San Martin
- Baldo Prokurica Prokurica
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Baldo Prokurica Prokurica
- PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Rincon Gonzalez
- PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Rincon Gonzalez
- PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Rincon Gonzalez
- VENTA DE ACCIONES ESTATALES EN EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL BIOBÍO (ESSBIO). OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
DUDAS FRENTE A EXPOSICIÓN DE MINISTRO SOBRE REFORMAS A SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN COMISIÓN DEL SENADO
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
-
FACTIBILIDAD DE ENROCAMIENTO DE RÍO EN SECTOR LA ISLA Y DE REALIZACIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO PÚBLICO DESDE PUENTE CAREN HASTA SUBIDA JUANICO EN COMUNA DE MELIPEUCO. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Quintana Leal
- SOLICITUD DE MEJORAMIENTO DE CAMINO PÚBLICO FLOR DEL VALLE-CAREN EN COMUNA DE MELIPEUCO. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Quintana Leal
-
FACTIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE ANTENA DE TELEFONÍA MÓVIL EN CAREN, COMUNA DE MELIPEUCO. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Quintana Leal
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXOS
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES TUMA, BIANCHI, ESCALONA, LETELIER Y ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE INTERÉS MÁXIMO CONVENCIONAL (7786-03)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Eugenio Tuma Zedan
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- Camilo Escalona Medina
- Juan Pablo Letelier Morel
- Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES NAVARRO, LAGOS, QUINTANA Y ROSSI, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LIBERTAD DE ENSEÑANZA (7788-04)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- Ricardo Lagos Weber
- Jaime Quintana Leal
- Fulvio Rossi Ciocca
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑORES NAVARRO, GIRARDI, GÓMEZ, LAGOS Y QUINTANA, SOBRE CONSULTAS INDÍGENAS EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 169 DE LA OIT. (S 1378-12)
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Navarro Brain
- Guido Girardi Lavin
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- Ricardo Lagos Weber
- Jaime Quintana Leal
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES TUMA, BIANCHI, ESCALONA, LETELIER Y ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE INTERÉS MÁXIMO CONVENCIONAL (7786-03)
Notas aclaratorias
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- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 359ª
Sesión 34ª, en miércoles 13 de julio de 2011
Ordinaria
(De 16:19 a 19:8)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GUIDO GIRARDI LAVÍN, PRESIDENTE;
JUAN PABLO LETELIER MOREL, VICEPRESIDENTE, Y FRANCISCO CHAHUÁN CHAHUÁN, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, LOS SEÑORES MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR, Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras (6415-08) (se aprueba)............................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza y fomenta la competencia del sistema financiero (7440-05) (vuelve a la Comisión de Hacienda)...................................................................................................................
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Venta de acciones estatales en Empresa de Servicios Sanitarios del Biobío (ESSBIO). Oficios (observaciones del Senador señor Navarro).................................................
Dudas frente a exposición de Ministro sobre reformas a sistema de educación superior en Comisión del Senado (observaciones del Senador señor Quintana).....................
Factibilidad de enrocamiento de río en sector La Isla y de realización de obras de mejoramiento de camino público desde puente Carén hasta subida Juanico en comuna de Melipeuco. Oficio (observaciones del Senador señor Quintana).............
Solicitud de mejoramiento de camino público Flor del Valle-Carén en comuna de Melipeuco. Oficios (observaciones del Senador señor Quintana)....................................................................................................................
Factibilidad de instalación de antena de telefonía móvil en Carén, comuna de Melipeuco. Oficio (observaciones del Senador señor Quintana).................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Peña, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedán, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda , señor Felipe Larraín Bascuñán; Secretario General de la Presidencia , señor Cristián Larroulet Vignau; de Minería y Energía, señor Laurence Golborne Riveros, y Directora del Servicio Nacional de la Mujer , señora Carolina Schmidt Zaldívar.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario , el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 15 señores Senadores.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Se dan por aprobadas las actas de la sesiones 30ª y 31ª, ambas ordinarias, en 5 y 6 de julio del año en curso, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
De la Cámara de Diputados:
Comunica que aprobó los siguientes proyectos de ley:
1.- Crea el Día Nacional del Trabajador Forestal (boletín Nº 6.462-24).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
2.- Modifica el artículo 58 de la Ley de Protección de Derechos del Consumidor, para establecer la obligación de los proveedores de concurrir a una mediación en el Servicio Nacional del Consumidor (boletín Nº 7.078-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
Del Tribunal Constitucional:
Envía copia autorizada de la resolución dictada en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la oración final del inciso primero del artículo 4° de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
--Se toma conocimiento y se remite el documento a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro (s) del Medio Ambiente:
Responde solicitud de información, cursada en nombre del Honorable señor Navarro, respecto de autorización ambiental para que la planta de Chile Recicla ubicada en la comuna de Coronel pueda almacenar y manejar residuos electrónicos.
Complementa respuesta a petición de información, enviada en nombre del Honorable señor Navarro, en materia de la contaminación que la Planta Refinadora de ENAP Biobío generaría en la población El Triángulo, comuna de Hualpén.
De la señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer:
Responde solicitud de información, cursada en nombre de los Honorables señora Rincón y señor Frei, sobre ejecución de programas anunciados por Su Excelencia el Presidente de la República el 21 de mayo recién pasado.
Del señor Director del Servicio Electoral:
Da respuesta a petición de información, requerida en nombre del Honorable señor Quintana, referente a factibilidad de crear una Junta Inscriptora y, consecuentemente, habilitar locales de votación en la localidad de Icalma, comuna de Lonquimay.
Del señor Intendente de la Región del Maule:
Atiende petición de antecedentes, cursada en nombre de la Honorable señora Rincón, sobre la incorporación de un nuevo Centro de Salud Familiar para la comuna de Linares.
Del señor Secretario Regional Ministerial de Salud de Atacama :
Responde solicitud de información, cursada en nombre del Honorable señor Prokurica, sobre contaminación por anhídrido sulfuroso en la Fundición Potrerillos.
Del señor Alcalde de Cisnes:
Responde petición de información, remitida en nombre del Honorable señor Horvath, relativa al avance de los compromisos acordados por el Municipio con el Ministerio de Educación para la ampliación de nivel del Liceo de La Junta .
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea juzgados de policía local en las comunas que indica (boletín Nº 5.906-07) (con urgencia simple).
--Queda para tabla.
Segundo informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Horvath, Bianchi, Kuschel y Sabag, en primer trámite constitucional, destinado a evitar la contaminación por algas de las cuencas hidrográficas (boletín Nº 7.192-12).
--Queda para tabla.
Mociones
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Tuma, Bianchi, Escalona, Letelier y Zaldívar, sobre interés máximo convencional (boletín Nº 7.786-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Honorables señores Navarro, Lagos, Quintana y Rossi, en materia de derecho a la educación y libertad de enseñanza (boletín Nº 7.788-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Declaración de inadmisibilidad
Moción de los Honorables señores Navarro, Gómez, Lagos, Quintana y Rossi, con la que inician un proyecto de ley relacionado con atribuciones de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en cuanto a la protección del patrimonio histórico indígena y los bienes culturales del país.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , en conformidad a lo dispuesto en el N° 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.
Proyecto de acuerdo
De los Honorables señores Navarro, Girardi, Gómez, Lagos y Quintana, sobre consultas indígenas en el marco del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (boletín Nº S 1.378-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Terminada la Cuenta.
Ofrezco la palabra sobre la Cuenta.
La tiene el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente , le solicito a la Mesa requerir la unanimidad de la Sala para que el proyecto que tiene por objeto compensar a los usuarios de servicios de distribución de agua potable en caso de interrupciones o suspensiones, que se encuentra hoy en la Comisión de Economía, pueda ser enviado a la Comisión de Obras Públicas.
En esta última se halla una iniciativa de mi Honorable colega Gómez que persigue el mismo objetivo, y lo que pretendemos es unificar criterios.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Es el órgano técnico que se ha especializado en la relación con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que ve las cuestiones tarifarias.
Si no hay objeciones, se accederá.
--Así se acuerda.
)------------------(
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , se ha declarado inadmisible la iniciativa legal que presentamos con el objeto de dotar a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de facultades para la protección del patrimonio histórico indígena y de bienes culturales del país.
Creo que situaciones de denuncia pública, de carácter nacional e internacional, ameritan que el asunto pueda ser analizado por el Ejecutivo. Por lo tanto, pido que el proyecto le sea enviado a fin de que evalúe su patrocinio o de que informe acerca de las acciones que está llevando a cabo para suplir tales atribuciones o incorporarlas en una propuesta que formule.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Si le parece a la Sala, ello se hará en nombre de la Corporación y se pedirán el patrocinio y esos antecedentes por oficio, de acuerdo a lo solicitado.
--Así se acuerda.
)-------------------(
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente , en este momento no se encuentra presente la Senadora señora Rincón, pero conversé con ella, como Presidenta de la Comisión de Trabajo , y acordamos que quizás sería más productivo que la moción sobre labor en altura en faenas mineras sea estudiada en conjunto por ese órgano técnico y la Comisión de Minería y Energía.
Creo que eso es mucho más lógico, y, por lo tanto, le pido a la Mesa recabar el asentimiento de la Sala para tal efecto.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Si no existen objeciones, se procederá en esa forma.
--Así se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA
REGULACIÓN DE CIERRE DE FAENAS E INSTALACIONES MINERAS.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional e iniciado en mensaje, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras, con informe de la Comisión de Minería y Energía y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6415-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 2ª, en 17 de marzo de 2009.
En tercer trámite, sesión 27ª, en 21 de junio de 2011.
Informes de Comisión:
Minería y Energía: sesión 82ª, en 13 de enero de 2010.
Minería y Energía (segundo): sesión 1ª, en 15 de marzo de 2011.
Hacienda: sesión 1ª, en 15 de marzo de 2011.
Minería y Energía (tercer trámite): sesión 32ª, en 12 de julio de 2011.
Discusión:
Sesiones 84ª, en 20 de enero de 2010 (queda para segunda discusión); 86ª, en 9 de marzo de 2010 (se aprueba en general); 5ª, en 23 de marzo de 2011 (se aprueba en particular).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- La iniciativa fue objeto de varias enmiendas en la Cámara de Diputados, las que Sus Señorías pueden consultar en el boletín comparado contenido en los computadores. Fueron todas aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes en la Comisión, Honorables señora Allende y señores Cantero, Gómez y Orpis.
Cabe consignar que las correspondientes a los artículos 4°, 13, 26, 33, 37, 44, 45, 48, 49, 50, 55 y cuarto trasitorio requieren para su aprobación el voto conforme de 21 señores Senadores.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- En discusión.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente , el proyecto apunta a regular el cierre de faenas e instalaciones mineras para prevenir, minimizar o controlar los riesgos o efectos negativos que pueden generarse para la salud y la seguridad de las personas o del medioambiente con ocasión del cese de operaciones o que continúen presentándose con posterioridad a este y como consecuencia.
Se trata de evitar lo que sucede hoy día. Las Regiones mineras, en especial las del norte, han sido las que aportan importantes recursos al país y se han ido quedando con todos los despojos de la actividad: los relaves, los desmontes, la contaminación química y otros, con los cuales conviven. Ciudades completas, como Chañaral, Arica, Antofagasta, al ir creciendo, han terminado con la gente viviendo encima de esos materiales, con la contaminación que eso significa.
La iniciativa tiende a establecer un procedimiento a través del cual, cuando se inicie una faena minera, ya esté asegurado, en lo económico y legal, un determinado cierre. A la autoridad respectiva se le entregan facultades con la finalidad de que pueda aplicar multas o cobrar las garantías para el caso de que la empresa no cumpla.
Es necesario aprobar las indicaciones al proyecto, que ha sido trabajado por ambas Cámaras durante más de dos años. Ello ha contado con la participación activa de los actores involucrados, con consensos y puntos de acuerdo logrados en la mayoría de los aspectos.
Esperamos poder contar en el corto plazo con la normativa que nos ocupa, la cual, especialmente para Regiones como la que represento, la de Atacama, es extraordinariamente importante, tanto para la salud como para el medioambiente.
Las principales modificaciones que serán votadas hoy dicen relación con agregar el concepto de protección del medio ambiente en los artículos 2° y 3°; incorporar la coordinación con las autoridades medioambientales para el plan de cierre, en el artículo 5°; disponer el pago de multas dentro de los 10 días siguientes a aquel en que la resolución se encuentre ejecutoriada, en el artículo 43; contemplar una boleta de garantía para su cumplimiento en los casos de construcción y plan de cierre de tranques de relave, en el artículo 50, e incluir el resguardo de la vida, salud y seguridad de las personas en el artículo 55, entre otras que no alteran en profundidad el texto, pues son de carácter formal. Ello, con excepción de la relativa al artículo 48, con la cual el Ejecutivo no concordó, referente al procedimiento de cierre para faenas en que la capacidad de extracción por yacimiento fuera superior a 600 metros cúbicos diarios de petróleo o un millón de metros cúbicos diarios de gas natural.
En los últimos 35 años, señor Presidente , se ha construido en nuestro país una industria de vanguardia mundial en tamaño y calidad, envergadura tecnológica y capital humano de gran nivel. Sin embargo, no se cuenta hoy con una legislación que regule el cierre de faenas e instalaciones mineras a fin de prevenir, minimizar y controlar los riesgos o efectos negativos que se generan, como lo expresé anteriormente, para la salud de las personas y su seguridad.
La iniciativa establece también que la aprobación del plan de cierre, según la capacidad de extracción de mineral de la faena o instalaciones, tendrá que realizarse de acuerdo a un sistema de aplicación general o a un procedimiento simplificado, donde la aplicación de uno u otro dependerá del tonelaje involucrado en la obra respectiva.
Todo plan de cierre de faenas o instalaciones mineras sometido al procedimiento de aplicación general debe rendir una garantía con el objeto de asegurar la disponibilidad de recursos financieros para cubrir en forma exclusiva los costos que ello involucra, ante el evento de que la empresa incumpla total o parcialmente las obligaciones contempladas en el proyecto. Para tal efecto se establecen el dinero efectivo, la boleta bancaria y también otros instrumentos financieros que en algún minuto fueron reclamados por las empresas medianas y grandes como alternativa a los anteriores.
Como se desprende de la normativa, al momento de desarrollarse un plan de cierre no solo se consideran las normas relacionadas con el reglamento de seguridad minera, sino que también se deben incluir las de carácter sectorial y asumirse los compromisos adquiridos durante la etapa de aprobación ambiental, los cuales conforman el plan de cierre conceptual.
En relación con los costos asociados a un programa de esa índole, se impondrá además la necesidad de estimarlos de manera tal que sean auditables y aceptados por la autoridad competente.
Finalmente, también se considera a las empresas mineras. Debido a los montos involucrados, las actividades de cierre deberán ser planificadas con anticipación para estimar costos precisos y reales, lo cual permitirá evitar desviaciones que conlleven un riesgo financiero para la empresa y el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales y fiscales.
Cabe destacar, señor Presidente , que la mayoría de los países mineros, como Australia, Estados Unidos y Perú, cuentan, según la legislación comparada, con normativas en la materia, a fin de evitar que una vez terminada la actividad minera extractiva queden abandonados elementos que puedan dañar la salud de las personas o el medioambiente.
El proyecto contempla dos procedimientos de aprobación: uno, de aplicación general, que describí anteriormente, para faenas e instalaciones cuya capacidad de extracción de mineral sea superior a 10 mil toneladas mensuales; y otro, simplificado, para aquellas cuya capacidad de extracción sea inferior.
El modelo que se plantea y que se ha mejorado con la introducción de las indicaciones mencionadas no afectará en caso alguno, en lo referente al plan de cierre de faenas previsto por la iniciativa, el cumplimiento de las medidas y condiciones contenidas en las resoluciones de calificación ambiental.
Desde fines de los años noventa, distintos gobiernos, junto con actores como asociaciones de pequeña y mediana minería, se habían propuesto analizar y estudiar diversos proyectos referidos a la necesidad de la existencia de una legislación sobre cierre de faenas mineras, ya que con ello el país se nivelaría a la altura de naciones mineras modernas de primer orden que ya cuentan con una normativa regulatoria de dicho proceso, que además constituye uno de los avances que en materia económica deben considerar los países que explotan sus recursos cupríferos y mineros en general como parte de la competencia y estándares mínimos que los productores tienen que cumplir para no caer en competencia desleal o en la adopción de medidas proteccionistas de la producción nacional.
Gracias.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente , la Comisión de Minería unánimemente aprobó las modificaciones de la Cámara de Diputados a que ya ha hecho referencia el Honorable señor Prokurica . Estamos hablando, por cierto, del proyecto de ley que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras.
En forma breve, me parece importante recordar a la Sala que esta iniciativa es de antigua data -fue presentada durante el mandato de la Presidenta Bachelet - y que el actual Gobierno mandó una indicación sustitutiva que, en verdad, no nos dejó satisfechos, ya que nosotros pensamos que era mucho más restrictiva. Por eso, se hizo algo que ojalá siente un buen precedente: al final, concordamos con el Gobierno en poner a disposición sus asesores y los nuestros para efectuar un trabajo conjunto, gracias al cual se pudo realizar una magnífica labor entre el equipo gubernativo y los de los integrantes de la Comisión de Minería, que concluyó con el texto aprobado en el Hemiciclo durante el primer trámite constitucional.
Ahora han llegado las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, consistentes en introducir el concepto de protección del medio ambiente; especificar que la estabilidad química se refiere a agua, aire y suelo; precisar el ámbito de aplicación de la ley en el caso de los hidrocarburos; eliminar la expresión "refinerías" y agregar las de "baterías, equipamientos, ductos, oleoductos, gasoductos de hidrocarburos", detallándose así en mejor forma los aspectos técnicos y de infraestructura que pueden provocar impacto ambiental.
El concepto de protección del medio ambiente es muy importante. Desde luego, se establece que el plan de cierre de las faenas mineras debe ser elaborado en conformidad con la resolución de calificación ambiental. De esta manera, se asegura que cada acción de reparación, mitigación o compensación sea coherente con la aplicación de la ley respecto de predios superficiales y, sobre todo, con toda la normativa medioambiental existente.
A mi juicio, señor Presidente, las enmiendas de la Cámara Baja, aprobadas por unanimidad en nuestra Comisión, son correctas.
Aunque ya se ha dicho y no quiero alargarme, no puedo dejar de mencionar cuán relevante es para un país minero como Chile una normativa de esta naturaleza. De una vez por todas, hemos regulado y legislado esta materia. Ahora el plan de cierre deberá presentarse junto con el proyecto respectivo, de modo que durante la explotación del yacimiento ya se sabrá que a su conclusión habrá un plan y un proceso para su cierre, lo cual permite hacer el seguimiento de dicho plan, a fin de evitar lo que hoy ocurre en Regiones mineras como la de Atacama, que tengo el honor de representar, las que, a pesar de entregar muchísimos recursos, no solo no reciben parte de la riqueza que generan, sino que además deben convivir en forma dramática con los pasivos ambientales que quedan en ellas.
Ha llegado a la Sala el Ministro Golborne -aprovecho de saludarlo-, quien puede ratificar lo que he señalado. El Parlamento y el Gobierno hicieron un excelente trabajo conjunto con el equipo que lograron armar, gracias al cual se pudo combinar una serie de criterios que dieron paso a una muy buena normativa, la cual -repito- fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Minería.
Mi bancada está dispuesta a aprobarla, porque constituye un avance para el país. Se necesitaba regular y legislar este aspecto, pues en un país minero como el nuestro, donde existen numerosos proyectos de inversión, hay que proteger el medio ambiente.
En principio, se han anunciado varios de ellos y, en ese sentido, resulta bastante relevante contar con un instrumento de esta naturaleza, que de alguna manera prevenga, minimice o controle los riesgos o los efectos negativos que muchas veces se producen en materia de salud, seguridad y medio ambiente, sobre todo cuando las faenas terminan. Hasta ahora eso era "territorio de nadie", ya que las operaciones concluían y no pasaba nada; las empresas se retiraban sin ninguna obligación legal de hacerse cargo de lo que implica el cierre.
Por lo tanto, junto con celebrar que hayamos podido avanzar de esta manera y despachar un proyecto de estas características, mi recomendación es que la Sala lo apruebe.
Sin embargo, deseo plantear una prevención, que ya hice presente en el primer trámite constitucional: necesitamos un SERNAGEOMIN más potenciado. El Ministro sabe que eso es fundamental. No le podemos seguir entregando más responsabilidades. Debemos avanzar en seguridad laboral en las minas. Todos conocemos los accidentes que hemos tenido que lamentar, que generalmente son de mucha gravedad. Cuando se producen, sus consecuencias son muy serias. Por fortuna, parece que están disminuyendo.
Pero no le podemos seguir aumentando las atribuciones, las tareas y las responsabilidades al SERNAGEOMIN si a la par no le entregamos más personal, más recursos, más capacidad para que pueda cumplir a plenitud sus funciones. Porque no queremos que esta normativa se transforme en algo que quede muy bien en el papel, pero que solo constituya una mera declaración de intenciones que en la práctica no pueda llevarse a cabo por falta de recursos, por falta de personal especializado, por falta de una fiscalización que acompañe este proceso de evaluación -simplificado o no, dependiendo de la cantidad de mineral- que contiene el proyecto.
Por lo tanto, deseo transmitir una vez más esa preocupación, sobre todo considerando que el Ministro se halla presente. Él sabe muy bien que es tremendamente importante, fundamental, que dicho servicio disponga de las condiciones necesarias para cumplir bien sus funciones.
Por cierto, hay que tener conciencia de que será obligación darle todas las facilidades cuando esté evaluando un plan de cierre y entregarle toda la información que sea necesaria, ya sea que se trate de una persona natural o de una persona jurídica. Esto, que antes no se contemplaba, significa un avance. Ahora será indispensable proporcionar todos los antecedentes que existan al respecto.
Con lo expresado, señor Presidente, creo que queda claro que vale la pena aprobar el proyecto.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor WALKER (don Patricio).- ¿Es posible abrir la votación, señor Presidente?
El señor BIANCHI.- Yo quiero pedir votación separada del artículo 48.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente , me parece importante mencionar que este es uno de los pocos proyectos que vamos a aprobar sin haber tenido un enfrentamiento público. Solo se produjeron diferencias en el inicio.
Esta iniciativa se presentó en el Gobierno de la Presidenta Bachelet . Luego se incorporó una indicación sustitutiva respecto de la cual algunos manifestamos discrepancias. Me refiero a los Senadores de Oposición señoras Allende y Rincón y el que habla. A raíz de eso se conversó con el Ministro y se generó una comisión de trabajo. Aprovecho de agradecer a Sara Larraín , al señor Astorquiza , a Neftalí Carabantes ...
La señora ALLENDE .- Marcelo Rojas.
El señor GÓMEZ.- ... y a Marcelo Rojas, como me indica la Senadora Allende, quienes nos representaron en la discusión interna que llevó finalmente a aprobar un proyecto de ley tan relevante como este, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras.
Chile es un país minero y en una gran cantidad de sus Regiones y comunas ocurría que al terminarse los procesos sus pasivos quedaban para los habitantes de los lugares aledaños donde ellos se desarrollaban.
Por eso, finalmente acordamos establecer en el proyecto, por ejemplo, que el objeto del plan de cierre es "la ejecución de las medidas y acciones de la manera antes señalada" -se refiere a las normas técnicas-, las cuales "deberán otorgar el debido resguardo a la vida, salud, seguridad de las personas y medio ambiente, de acuerdo a la ley".
Se dispuso, además, que el "plan de cierre original deberá ser elaborado en conformidad con la resolución de calificación ambiental previamente aprobada, de forma tal de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de reparación, mitigación o compensación diversas a las prescritas por esta ley, respecto de los predios superficiales", etcétera.
En fin, hay una cantidad importante de normas que, conjuntamente con el establecimiento de garantías, aseguran que las empresas cumplirán con el objetivo de terminar bien una faena minera. Creo que es un gran paso desde el punto de vista del país.
Cabe agregar, señor Presidente , que gracias a la globalización nuestras opiniones son conocidas por mucha gente en el mundo. A mí me llegó el aporte de don Martin Elton , chileno que se encuentra profundizando sus estudios en estas materias en la Universidad de Cambridge, quien plantea algunos juicios que sería interesante abordar con el Ministro en algún momento y que podrían significar una ayuda.
Él dice lo siguiente:
"Si se quiere realmente buscar la sustentabilidad, es necesario no tan solo defender los aspectos económicos y medioambientales. También debemos incorporar variables sociales y buscar un equilibrio entre estas tres.
"1.- Reconocer el efecto social que se produce una vez que se cierra una mina. Lota es un claro ejemplo de cómo un cierre puede generar problemas sociales en nuestro país".
Y es cierto: acá nos hemos preocupado de lo que los cierres implican para el medioambiente, para las personas, pero en algún momento habría que preocuparse también de definir criterios y destinar recursos para lograr mitigar los efectos sociales que ellos producen.
Martin Elton agrega que un segundo punto que se debiera incluir -por supuesto, no en la ley en proyecto, cuya tramitación está concluyendo, sino en un perfeccionamiento posterior- es "una participación ciudadana del cierre tal como se hace para el SEIA (sistema de evaluación de impacto ambiental). No puede ser que solo tenga posibilidad de dar su opinión la ciudadanía al inicio del proyecto y luego 40 años después no pueda opinar de cómo se planea ir cerrando de forma paulatina una operación".
Enseguida, opina que se "debe detallar más exhaustivamente en la ley cómo pueden ser reutilizadas las instalaciones, como edificios, bodegas, pozos u otros para beneficio de la comunidad".
Estos son los aportes que desde Inglaterra hace don Martin Elton, interesado en este debate y en las decisiones que adoptamos en el Parlamento. Los pongo en conocimiento del señor Ministro, a ver si alguno de los planteamientos de este chileno en el extranjero pueden ser recogidos con posterioridad.
Un elemento relevante, señor Presidente -y también se lo hago presente al señor Ministro - es el rápido desarrollo de un plan de fortalecimiento del SERNAGEOMIN, al cual se le dan mayores responsabilidades. Conocemos algunas ideas y planteamientos públicos, pero entendemos que hasta la fecha no se ha realizado dicho reacondicionamiento, el trabajo de potenciación de que debe ser objeto el Servicio con motivo de las diversas actividades y responsabilidades que irá asumiendo no solo con esta ley, sino también con otras que se aprueben en el futuro.
Queda pendiente algo que hemos planteado varias veces y que volveré a repetir en la Sala aprovechando la presencia del Ministro Golborne. Se refiere, no al plan de cierre de faenas e instalaciones, sino a los pasivos mineros.
Sin duda, esta será una buena ley para el futuro. Ahora tendremos una normativa que permitirá cerrar bien las actuales faenas. Pero las antiguas, que constituyen los pasivos mineros, están afectando fuertemente a las Regiones: a la de Antofagasta, a la de...
La señora ALLENDE .- Atacama.
El señor GÓMEZ.-... Atacama , a la de Coquimbo. Hay un catastro muy importante elaborado por el Ministerio de Minería que, además, advierte acerca del peligro que significa mantener esos pasivos mineros sin solución.
Seguramente, el país tendría que asumir un costo enorme si debiera subsanar esos pasivos mineros solo con los recursos del Estado. Sin embargo, aún existen elementos que permiten identificar a los antiguos dueños. Por lo tanto, perfectamente se podría evitar hoy la contaminación de napas de agua y otros recursos medioambientales a consecuencia de los pasivos que están afectando a las comunidades de las Regiones mencionadas.
Por eso, señor Presidente , sería conveniente que se le diera curso rápido a la misma comisión que llevó a cabo, con mucho éxito, el estudio del proyecto sobre cierre de faenas e instalaciones mineras, cuya tramitación culminamos hoy en el Senado.
Y por último, aprovechando su presencia, deseo informarle al Ministro de Minería que en un rato más se va a votar un proyecto de acuerdo en que le solicitamos al Presidente de la República que proceda a ratificar el Convenio N° 176 de la OIT, sobre seguridad y salud en las minas.
Se trata de un instrumento internacional cuya ratificación hemos solicitado en varias oportunidades -ojalá que ahora se pueda concretar por la vía indicada-, con el objeto de establecer en Chile lo que las normas internacionales imponen a todos los países para garantizar la seguridad y la salud en las minas, sobre todo teniendo en consideración lo sucedido con los 33 mineros en el yacimiento San José, lo que hoy sigue ocurriendo y lo que pasará mañana con la seguridad minera.
Se han producido varios accidentes fatales, por lo que considero importante que, de una vez por todas, regularicemos lo relativo a las normas internacionales en nuestro país.
Según entiendo por lo que he leído y analizado en los documentos que me han llegado del Ministerio de Minería, no hay razón alguna para no concurrir a la ratificación de dicho Convenio.
Ojalá que el mensaje correspondiente sea enviado pronto al Parlamento.
Anuncio mi voto a favor, señor Presidente .
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente , desde que asumió el Presidente Sebastián Piñera , se nos ha acusado de que somos una Oposición obstruccionista, que no ha permitido el despacho de proyectos de ley claves para el Gobierno,
Hoy estamos dando despacho definitivo a una iniciativa legal sobre cierre de faenas mineras -presentada por la Presidenta Bachelet en 2009-, lo que muestra de manera patente que, cuando hay disposición de las partes, se considera la opinión de la Oposición y se trabaja en igualdad de condiciones, podemos avanzar decididamente en pro de la gente y de la solución de sus necesidades más inmediatas.
Me parece bueno hacer memoria de la tramitación del proyecto en debate.
Durante 2010, el Ejecutivo decidió darle urgencia y presentar una indicación sustitutiva para eliminar aspectos claves de la iniciativa original de la Presidenta Bachelet , ante lo cual, junto con los colegas señora Allende y señor Gómez , señalamos no estar de acuerdo en esas modificaciones y que, por ello, no podíamos aprobarla.
Frente a lo anterior, el Ministro señor Golborne -quiero agradecer el hecho- llegó a un acuerdo para trabajar con asesores especializados de los Senadores representados en la Comisión, con el objeto de destrabar aquellos asuntos que nos parecían perjudiciales. Así lo resolvimos con los Senadores señora Allende y señores Orpis , Prokurica y Gómez .
El proyecto que hoy aprobaremos es fruto de ese acuerdo, el cual permitió que una iniciativa clave para el futuro de la minería de Chile pudiera ver la luz de manera definitiva y en un tiempo récord.
Señor Presidente , creemos que, siendo Chile una potencia minera y habiendo desarrollado una de las legislaciones más atractivas para la inversión en el sector, le falta todavía contar con una normativa que permita evitar los efectos negativos que deja la actividad minera en el territorio.
Durante los 200 años de vida independiente, nunca hemos contado con un instrumento que obligue a todas las empresas, públicas y privadas, a tomar algún tipo de medida para evitar que Chile se convierta en un país semejante al queso suizo, con muchos hoyos, y sin que nadie se preocupe efectivamente de generar condiciones para que tal situación no constituya un pasivo.
Cuando uno viaja en avión desde Santiago hacia el norte, se da cuenta de que hay cerros absolutamente escudriñados por el hombre, sin que se hayan adoptado medidas destinadas a impedir las condiciones negativas generadas por el entusiasmo minero que se da en algunos lugares.
Como muy bien saben los Senadores señora Allende y señor Prokurica , en Atacama se generan graves daños ambientales, provocados hace ya 50 años y que son difíciles de revertir. Lo mismo ocurre en las Regiones que representan los Senadores señores Gómez , Orpis y Cantero , este último Presidente de la Comisión de Minería .
Por consiguiente, el proyecto que hoy aprobaremos constituye un paso muy importante, pues obliga a todas las empresas, públicas o privadas, a contar con planes de cierre.
Todos sabemos que una faena minera puede durar 25, 30, 40 y hasta 50 años, y que las labores para su cierre pueden abarcar dos generaciones. Por eso, es necesario que las empresas tengan la obligación de ir generando desde ya condiciones financieras para que, llegado el momento, sus actividades no produzcan impactos ambientales significativos en su entorno.
La iniciativa básicamente incorpora las mismas líneas matrices de la del 2009; es decir, obliga a toda empresa minera, actual o futura, a desarrollar un plan que regule el cierre de sus faenas, el cual deberá presentarse al SERNAGEOMIN o a la institución que lo reemplace, con el objeto de desarrollarlo.
Asimismo, se genera un modelo de garantía de cumplimiento, de garantía financiera, que establece primordialmente que el sector privado, las empresas mineras y las sociedades responsables de ellas serán los que deberán garantizar en todo momento el financiamiento del cierre de las faenas.
El ámbito de aplicación del proyecto se extiende a las actividades mineras que superan las 10 mil toneladas mensuales de extracción.
Igualmente, se incorporó toda la cadena de valor de la industria asociada a explotación, prospección y explotación mineras.
En el fondo, una norma de carácter general que obliga a todas las faenas de más de 10 mil toneladas de extracción mensual de mineral a acogerse, en virtud de la ley, a un procedimiento general y a las auditorías relacionadas.
Cada auditoría vinculada a un plan de cierre, que no existía en el pasado, deberá realizarse cada cinco años; también cada vez que se produzca una modificación sustancial del proyecto y cuando el SERNAGEOMIN así lo disponga. Las auditorías deberán ser efectuadas por personas competentes, con más de 10 años de experiencia en el rubro.
Otro eje fundamental que también consideró el Gobierno anterior es la garantía financiera, que evitará en todo momento que el Estado tenga que recurrir a recursos públicos para solventar el plan de cierre de una faena minera, el cual ha de ser financiado íntegramente por el sector privado.
La garantía tiene carácter obligatorio, y su monto se determinará a partir de la estimación periódica del valor presente de los costos del plan de cierre. Equivaldrá a dos tercios de la vida útil de la faena cuando el plazo sea menor a 20 años; y cuando lo exceda será de 15 años como máximo.
Los instrumentos elegibles como garantía son de tres tipos: A1 (depósitos a la vista, boletas bancarias, etcétera); A2 (instrumentos financieros representativos de captación o deuda comprendidos en el decreto ley N° 3.500), y A3 (instrumentos de mayor riesgo).
La garantía -reitero- asegura que en todo momento sea el sector privado el que lleve a cabo los procesos de cierre de las faenas.
Agradezco que la iniciativa haya sido consensuada en las Comisiones de Minería y de Hacienda. Y, al respecto, hago un público reconocimiento al aporte del Ministro señor Golborne ; a los Senadores miembros de las Comisiones de Minería y de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, quienes participaron en la discusión del proyecto y facilitaron un consenso casi pleno en todo su articulado.
Deseo reconocer también a quienes asesoraron a los integrantes de la Concertación en la Comisión: Neftalí Carabantes , Sara Larraín , Gonzalo Astorquiza y a los técnicos del Ministerio de Minería. Su aporte fue fundamental para despejar la iniciativa que hoy día tenemos a la vista y que debemos votar. Y me parece justo que sea parte de la historia de una ley tan importante para el desarrollo minero nacional.
En estas materias, señor Presidente, estamos dando cumplimiento a una deuda del país.
¿Quedan temas pendientes? Obviamente que sí.
Los pasivos ambientales mineros actuales siguen creando graves perjuicios para las Regiones mineras, respecto de las cuales nadie se hace cargo. Seguimos esperando el proyecto de seguridad laboral en faenas mineras y la reestructuración del SERNAGEOMIN, prometida por el Gobierno durante el rescate de los 33 mineros de Atacama el 2010.
Como se observa, quedan tareas pendientes. Pero, junto con reconocer que las tenemos, justo es reconocer cuándo avanzamos. Y este proyecto me parece un paso muy significativo.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Señores Senadores, se ha pedido abrir la votación, para lo cual anteriormente hubo problema.
El señor CANTERO.- Ya no, señor Presidente.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente , sin duda esta es una de las grandes iniciativas legales que le ha tocado abordar al Senado, en una etapa en que la cuestión medioambiental es cada vez más importante en el desarrollo de cualquier proyecto. Adicionalmente, por ser Chile un país minero y con gran desarrollo en el sector, no solo en el pasado sino también en la actualidad -de acuerdo a todas las proyecciones, también lo será en los próximos años- era muy importante tratar lo relativo a los pasivos ambientales, a fin de evitar su existencia en el futuro.
A mi juicio, este proyecto, que se encuentra en su tercer trámite, debía abordarse transversalmente, como política de Estado. Finalmente así ocurrió.
Hoy día nos corresponde pronunciarnos en este trámite. Y aquí me gustaría profundizar en una materia analizada en la Comisión, la cual constituye la modificación más sustancial en esta etapa de la tramitación, y que fuera introducida por la Cámara de Diputados.
El proyecto sobre cierre de faenas mineras tiene dos tipos de procedimientos: uno general y otro simplificado. La gran diferencia entre ambos es que el primero de ellos debe garantizar el cierre de faenas mineras con una serie de instrumentos de carácter financiero, establecidos en la iniciativa, y apunta a las grandes faenas; en cambio, el simplificado se enfoca básicamente en las medianas y pequeñas.
En el caso de los hidrocarburos, no se había hecho diferencia, por lo que el procedimiento general se aplicaba a las pequeñas, medianas y grandes faenas.
Sin embargo, la Cámara de Diputados introdujo correcciones al respecto -de manera adecuada, a mi juicio-, y estipuló, en definitiva, que en materia de hidrocarburos se emplease el mismo criterio utilizado respecto del resto de las faenas mineras, en que solo se aplica el procedimiento general a los medianos y grandes proyectos.
Para ello, se modifican en la iniciativa los artículos 48 y 49, al señalar que en los hidrocarburos, solo a partir de una extracción superior a un millón de metros cúbicos por día, se aplica el procedimiento general, al cual estará asociado el tema de las garantías. Bajo ese umbral se usa el procedimiento simplificado, como ocurre en el resto de las faenas con capacidad de extracción igual o inferior a 10 mil toneladas.
En resumen, de esa cantidad hacia arriba rige el procedimiento de aplicación general, con garantías; y si la cifra es igual o inferior, el simplificado.
No obstante lo anterior, por lo menos para la historia de la ley, quiero referirme a una materia no menor, respecto de la cual el Senador señor Bianchi tenía una observación acerca de lo que ocurrirá con los contratos de explotación, porque los CEOP, concretamente, en el caso de ENAP, en general producen 500 mil metros cúbicos, por lo tanto no serán asimilables a lo dispuesto en este proyecto de ley.
La exploración y explotación petroleras (de hidrocarburos) no son objeto de concesión. En consecuencia, solo las puede ejecutar directamente el Estado o los CEOP. Y el artículo 19, número 24, de la Constitución es tremendamente claro al señalar que corresponde al Presidente de la República fijar, para cada caso, mediante decreto supremo, en negociación directa con la empresa, las condiciones a que deberá sujetarse el contrato específico.
En términos prácticos, a los CEOP no se les aplica la disposición planteada en la iniciativa, porque su regulación tiene carácter constitucional. Por ende, debería haberse modificado la Carta Fundamental, porque es el Jefe de Estado el que debe, en cada caso, negociar las condiciones de los contratos.
En definitiva, o introducimos a futuro una enmienda constitucional que exija al Presidente de la República someterse a la disposición relativa al cierre de faenas mineras, o en el intertanto, mientras se negocian los CEOP, se pide al actual Primer Mandatario -y a los que vendrán- que establezca las condiciones de cierre de esas faenas.
Porque nos puede suceder que el día de mañana, de acuerdo al texto constitucional, el resto de las faenas mineras se encuentren sometidas a las normas de este proyecto -ya en su última etapa de tramitación-, incluidas las de las empresas del Estado que trabajan con hidrocarburos. Y resulta que a los contratantes de CEOP no se les aplicará ningún tipo de exigencia en cuanto al cierre de faenas mineras.
Por lo tanto, no descarto presentar una reforma constitucional para incorporar dentro de las facultades del Presidente de la República la obligación de establecer garantías también respecto de los CEOP.
Lo anterior, señor Presidente , quería dejarlo consagrado en la historia de la ley, porque, eventualmente, se puede producir un vacío legal en la aplicación de la norma de cierre de faenas mineras respecto de los contratos especiales de exploración y de explotación petroleras.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.- Señor Presidente , a estas alturas del análisis del proyecto, me ahorran entrar a su detalle la exposición clarísima del Senador señor Prokurica y las aclaraciones formuladas por el colega señor Orpis .
En efecto, la iniciativa que nos ocupa significa un avance muy positivo en materia de protección del medioambiente y de resguardo de las normas que permitan efectivamente cautelar las externalidades derivadas del cierre de faenas mineras.
Me parece que el alto nivel de respaldo obtenido por esta normativa en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Minería del Senado, que la aprobó por unanimidad, da cuenta de un trabajo bien hecho.
En cuanto a las correcciones introducidas en la Cámara de Diputados -ya señaladas por el Senador Orpis-, puedo señalar que tuvieron por objeto distinguir entre el criterio general aplicado a las medianas y grandes faenas en el caso de la extracción superior a diez mil toneladas/mes por faena; a 600 metros cúbicos/día, tratándose de petróleo; y a un millón de metros cúbicos/día, respecto de gas natural, y lo que deben incluir adicionalmente a la entrega de una garantía en el plan de cierre de faenas.
¿Qué significa en la práctica lo sugerido? ¿Por qué llevó tranquilidad a los señores parlamentarios que plantearon el asunto como prioritario? Porque se está cautelando la operación de pequeñas faenas, que no tendrán que incurrir en un gasto mensual de intereses bancarios por la boleta de garantía.
Quiero valorar el esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Minería y los parlamentarios.
Además, debo destacar que el clima logrado enaltece al Parlamento. He visto en tantos proyectos la confrontación, la descalificación, la tensión generada y la violencia verbal, incluso en declaraciones de prensa, todo lo cual no ha hecho otra cosa que generar un contexto tan inadecuado, que ha conducido a una evaluación o percepción ciudadana muy negativa respecto a la gestión del Congreso.
Esta iniciativa, altamente positiva para el país, pese a que sufrió tensiones y confrontaciones, la hemos podido sacar adelante en un clima muy positivo, en un ambiente de diálogo y entendimiento, abriendo espacio a la opinión de nuestros técnicos, y cuenta, finalmente, con un amplio apoyo en el trabajo parlamentario.
Me siento muy contento y optimista por el hecho de haberse podido crear las situaciones descritas. Ojalá que en próximas iniciativas legales -como la relativa a educación, que se nos viene encima y que reviste tanta complejidad- seamos capaces de generar ese tipo de ambiente.
Entiendo perfectamente que -no es una imputación a ningún sector- para lograr ese clima debe existir buena disposición de las partes involucradas. A veces, el Gobierno imputa mala voluntad a la Concertación, y viceversa. Pero lo cierto es que, para que se produzca esa atmósfera -que ha dejado contentos a todos los sectores-, debe haber buena actitud y ánimo de ambos interesados.
En consecuencia, anuncio mi voto a favor y expreso mis felicitaciones por el resultado logrado, que nos pone muy contentos.
Hay detalles que habrá que corregir, pero vendrán otras iniciativas que nos permitirán hacerlo.
El trabajo, fruto de este encuentro de voluntades, resultó altamente positivo.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente , me sumo a lo dicho por los Senadores señores Cantero y Orpis en el sentido de que se trata de un proyecto tremendamente convocante y positivo.
También, debo hacer un reconocimiento a los autores de la moción, Senadores señoras Rincón y Allende y señor Gómez ; al Presidente de la Comisión , Honorable señor Cantero , por haber efectuado un aporte enorme, y al Senador señor Prokurica , que siempre ha trabajado intensamente en todo lo relacionado con la minería.
Al respecto, solo quiero dar una breve mirada como Senadora de una Región que muchas veces no es vista como minera, pero que sí lo es: la Quinta Región Cordillera, que represento junto con el Senador señor Ignacio Walker . Ella está constituida por 26 comunas. En las provincias de Petorca y de Marga Marga hay, sobre todo, pequeña minería, y en la de Los Andes, gran minería. De hecho, en esta última se encuentra CODELCO Andina .
Este tipo de proyectos son muy positivos, convocantes, transversales y relevantes, como se ha dicho, porque obligan a las empresas, una vez cerradas las faenas, no solo a entregar los terrenos, sino también a dejarlos -usaré las palabras del Senador señor García - casi como una "mesa de billar", para devolver adecuadamente a la comunidad lo que aquellas han explotado durante muchos años.
Además, hago presente que la iniciativa dice relación con la seguridad laboral. Tal aspecto es algo que recogió el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
Una de las cosas que he conversado con el Ministro Laurence Golborne , quien nos acompaña esta tarde en la Sala, es que en la Región que represento nunca ha habido un Seremi de Minería. Ello resulta insólito, existiendo una vasta zona minera. Pedí uno apenas asumí como Senadora. Y el nuevo Gobierno ha dispuesto la designación de un coordinador regional para tal efecto, con el compromiso de establecer a futuro una Seremía de Minería.
Además, a fines de 2010 se aprobaron fondos para contar con más fiscalizadores del SERNAGEOMIN. Porque, desgraciadamente, en nuestra zona murieron cuatro personas producto de accidentes laborales en faenas mineras, unas autorizadas y otras no. Claramente, la falta de fiscalización impide desarrollar con mayor propiedad una actividad tan relevante como la minería.
Por lo tanto, una vez más felicito a los autores del proyecto y a quienes han trabajado en su estudio. Agradezco a nuestro Gobierno y al Ministro .
La iniciativa es muy positiva, no solo para los trabajadores y las trabajadoras -cada día son más las mujeres que laboran en minería-, sino también para las comunidades donde se desarrollan estas faenas, pues una zona que fue intervenida, muchas veces en forma muy dura, ahora será devuelta a la comunidad en buenas condiciones y con todos los elementos que corresponden.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente , yo también valoro el proyecto en debate.
La materia que aborda demoró cerca de 17 años en aprobarse. Ello, porque operaron lobbys, y la discusión política fue rehén de ellos durante mucho tiempo. Además, estos se ejercían de manera transversal: sobre los Gobiernos, las autoridades.
Por lo menos desde 1993 se viene madurando esta idea. Y es muy importante que finalmente la iniciativa se haya aprobado como un avance y un aporte.
Tal normativa será muy relevante para el país, porque uno de nuestros grandes problemas es que existen cierres absolutamente anómalos, riesgosos, de faenas mineras, en particular a lo largo de todo el norte y, en menor escala, también en el sur. Chile es un verdadero depositario de residuos tóxicos, de residuos mineros masivos abandonados.
De hecho, todas las tortas de tierra que rodean Copiapó son residuos mineros masivos. La mayoría de ellos, tóxicos. En algunos casos se ha aplicado análisis de lixiviación, y se ha demostrado una toxicidad muy grave, que contamina napas de agua e, incluso, los vegetales que se cultivan en la zona, los que incorporan en su metabolismo arsénico y metales pesados, generando graves daños a la salud de las personas.
Lo mismo pasa en la Segunda Región. Hace unos años tuve una controversia muy dura con CODELCO, a propósito de una grave contaminación en el río Loa. Por desgracia, la empresa estatal en ese momento negó tal contaminación, la que después se comprobó.
Todo ello se debe al depósito o vertimiento de residuos mineros tóxicos y, fundamentalmente, al cierre inadecuado de faenas mineras.
Chile tendrá que pensar en tratar lo relativo a tales depósitos abandonados, pues constituyen un riesgo potencial no resuelto para las comunidades, por la contaminación del agua y de los alimentos. Dado que la normativa se aplicará de aquí en adelante, la deuda ambiental es enorme en este país. Porque los residuos tóxicos se vienen acumulando por mal cierre de faenas mineras durante décadas.
Este es un punto sumamente relevante.
Aprovechando la presencia del Ministro de Minería , le planteo la necesidad de efectuar un mapeo de todas las zonas donde existen residuos mineros tóxicos masivos, para saber dónde se encuentran. Así, en esos sectores se podrá impedir el desarrollo de asentamientos humanos y de cultivos. Además, sirve para proteger napas de aguas superficiales y profundas que estarían en riesgo de contaminación.
Creo que el país necesita al menos saber dónde se localizan tales depósitos.
En algún momento habrá que enfrentar el tratamiento de los residuos. Con las técnicas tradicionales es casi imposible. Significa a veces sacar 50 centímetros de suelo para procesarlo, lo que implica un costo imposible de cubrir. Sin embargo, las tecnologías de uso de bacterias y de biorremediación son mucho más eficientes. En un tiempo más estarán a nuestro alcance.
Reitero: lo que sí cabe hacer desde ya es el levantamiento de la información, el mapeo de los residuos, los estudios analíticos, para saber en qué zonas se ubican los depósitos con elementos tóxicos y dónde los cierres inadecuados de faenas mineras dejaron situaciones complejas.
Ahora bien, hay una materia muy importante, señor Ministro, que debiera considerarse. De hecho, se presentó un proyecto en el Congreso sobre el particular. Hablo del establecimiento del delito ambiental.
Todas las sociedades modernas, todos los países desarrollados, respecto de sustancias tóxicas y residuos masivos, han instaurado el delito ambiental. Por ejemplo, en Estados Unidos existe una ley llamada "De la cuna a la muerte", que persigue a quien deja un residuo peligroso desde que lo produce. Y aunque la empresa pertinente lo trate, sigue siendo responsable si el tratamiento fue inadecuado, así pasen cien años. Y se establecen sanciones penales por el incumplimiento.
Lo anterior me parece muy importante.
Estimo que los desincentivos contenidos en la ley en proyecto, que pueden ser razonables pero que son fundamentalmente multas, resultan del todo insuficientes. No basta una sanción penal solo cuando hay muerte o daño evidente a la salud de las personas. Debemos castigar los riesgos. Es decir, el solo vertimiento de una sustancia tóxica al medioambiente (al agua o al aire) en forma inadecuada, ilegal, premeditada y no casual, debe constituir un delito ambiental.
Chile tiene que homologarse a los derechos y a las garantías que posee la sociedad en todas las naciones del planeta y no ser una especie de paraíso, como lo es, para la violación y el incumplimiento de normas ambientales.
El presente proyecto es un avance. Pero se desarrolla en el contexto de una legislación ambiental totalmente precaria.
Quiero recordar que, en el último trámite de mejoramiento de la normativa ambiental, con el Senador señor Navarro presentamos mil indicaciones, que fueron rechazadas una por una. ¡Una por una! Hoy echamos de menos muchas de ellas. Y les aseguro que las extrañaremos más en el futuro. Tengo la convicción de que la mayoría de esas indicaciones terminará transformándose en leyes de la República, porque el país así lo va a demandar.
Por lo tanto, valoro la iniciativa, señor Ministro . Pero creo que nos queda todavía mucho por hacer.
Nos encontramos ante un problema heredado. Hay una falta de conciencia histórica al respecto y una visión desarrollista transversal en Chile.
De una vez por todas se requiere que la sociedad entienda que aquí se está jugando una parte del proyecto país.
Si Chile, entre otras cosas, desea ser una potencia alimentaria, no lo logrará si recursos como el agua y el suelo están llenos de arsénico o metales pesados, o si tenemos la huella de carbono más alta del mundo. Naciones como Australia ya empezaron a gravar y a rotular los productos en esa dirección y a exigir que se indique la huella de carbono de ellos. Y se aplicarán barreras paraarancelarias ligadas precisamente a la emisión per cápita de carbono.
Lamentablemente, Chile, con esta política brutal donde solo priman los intereses económicos -estos definen las estrategias energéticas y no un proyecto o una apuesta país-, se está convirtiendo en una nación tremendamente vulnerable.
A mi juicio, más allá de los colores políticos, es necesario cambiar la estrategia ambiental que ha regido en los últimos 20 años y reflexionar sobre la materia.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , estimados colegas, quiero hacer algunos comentarios sobre el proyecto.
El primero es que, sin duda, constituye un avance. Para lograrlo, en el debate se pusieron en una balanza los distintos intereses en juego.
En un momento escuché decir que no era conveniente subir demasiado los requisitos en este ámbito, porque, de hacerlo, se generaría una desventaja: habría que pagar mucho por cuidar el medio ambiente al obligar a las empresas a realizar un trabajo de calidad en el cierre de faenas mineras.
Hoy se ha llegado a consenso respecto del punto de equilibrio, lo cual indudablemente es un paso adelante.
Sin embargo, queda pendiente lo relativo a los pasivos ambientales.
Se ha dicho que habrá una ley sobre el particular. Cabe preguntarse: ¿Por qué siempre necesitamos una normativa legal para hacer cosas obvias? ¿Por qué la principal empresa del Estado, CODELCO, que acumula una enorme cantidad de residuos de diferente naturaleza, no comienza desde ya, aprovechando el alto precio del cobre, a tratar sus residuos y pasivos ambientales?
Si solo se dedicara a procesar los diferentes relaves y no siguieran acumulando residuos, se ganaría mucha plata. ¡Muchísima plata! Ello significaría importantes ingresos para el país.
Varios nos preguntamos: ¿Por qué no se ataca el problema con mayor agresividad? ¿Por qué el Senado no logra enviarle una señal clara -por su intermedio, señor Presidente - al señor Ministro de Minería para que transmita esta necesidad a CODELCO, más allá de los conflictos y las discusiones habidas en la minera estatal?
En esto debiera haber consenso. Se precisa abordar con mayor celeridad el objetivo de tratar desde ya los pasivos ambientales, sin que sea necesaria una ley que lo imponga.
Hoy es más viable, precisamente por los altos precios del cobre, enfrentar tales asuntos.
Se dice que existe acuerdo para dictar una ley sobre la materia. Yo no he escuchado nada oficial. Quizás estoy equivocado, o bien, no se ha señalado con claridad en qué plazos se presentaría la iniciativa pertinente para tratar los pasivos ambientales.
Por último, señor Presidente, hay dos maneras de evaluar el impacto del proyecto en discusión.
La primera es sostener que, gracias a esta futura ley, ingresarán al país cerca de 10 mil millones de dólares. Ese podría ser el costo estimativo de cerrar las faenas mineras de aquí en adelante.
La otra forma de enfocar el impacto es señalar que ese ha sido el costo -demasiado grande, a mi juicio- que Chile ha debido cargar durante muchos años, a causa de la acción de empresas privadas transnacionales que nos han dejado un pasivo ambiental tremendo, que ellas ahora no asumen ni abordan. Pese a ello, es importante que a futuro sí lo hagan.
Se podrá valorar positivamente, como algunos plantean, el ingreso al país de esos 10 mil millones de dólares y lo que ello significa para la generación de empleos, por ejemplo. Esa es una forma de mirar la situación.
La otra sería considerar que hacerse cargo de los pasivos ambientales es una obligación mínima para los que explotan recursos que son de todos los chilenos y que se entregan mediante un sistema de concesión que muchos de nosotros no compartimos o del que cuestionamos su modalidad actual.
Señor Presidente , espero que algún día se discuta sobre la institucionalidad minera en nuestro país. Lo hemos hecho a veces; por ejemplo, cuando se trató el royalty, que terminó convirtiéndose en un impuesto específico; o cuando analizamos proyectos como el que nos ocupa.
Asimismo, ojalá en algún momento podamos generar un acuerdo sobre cómo se deben explotar recursos que pertenecen a todos los chilenos. Porque el sistema de concesiones, pese a que algunos lo defienden mucho, no es compartido por todos en su actual modo de funcionamiento. Hay quienes pensamos que debería haber una presencia pública mucho más activa en la explotación de nuestros recursos naturales. Parte de las tremendas utilidades -sin duda, son enormes riquezas- de las empresas mineras debería quedar en el país, en lugar de salir a otros destinos.
Señor Presidente, vamos a votar a favor.
Nos gustaría sí saber cuándo nos haremos cargo de los pasivos ambientales históricos; en particular, cuándo lo hará CODELCO.
Además, no perdemos la esperanza de que el sistema político sea capaz de escuchar lo que la gente dice en la calle, lo cual es un llamado de atención a nuestro trabajo pendiente.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- No hay más inscritos.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI ( Presidente ).- El señor Ministro ha solicitado hacer uso de la palabra. Se la concederé después de concluir el procedimiento de votación.
Terminada la votación.
--Se aprueban las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados (33 votos a favor), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido, y queda despachado el proyecto.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Carlos), Letelier, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor GOLBORNE ( Ministro de Minería ).- Señor Presidente , por su intermedio, agradezco a los señores Senadores que, por unanimidad, han aprobado el proyecto. Y en especial, a los miembros de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta por su trabajo: a las señoras Allende y Rincón y a los señores Gómez , Prokurica -la integró buena parte de la tramitación de la iniciativa-, Orpis y, en particular, a su Presidente , señor Cantero .
Este proyecto se originó en mensaje enviado al Senado por el Gobierno anterior; pero el actual lo modificó a través de una indicación sustitutiva que, como expresó el Senador señor Gómez , generó algunas diferencias de opinión. Sin embargo, supimos avanzar por el camino del diálogo y del entendimiento, estableciendo comisiones técnicas que abordaron el tema en detalle, de manera seria, con mucha profundidad, y logramos concordar un texto que fue aprobado unánimemente primero en la Comisión especializada y luego en la Sala.
La Cámara de Diputados introdujo algunas enmiendas y perfeccionamientos a la iniciativa y la aprobó por amplísima mayoría. Ahora ha sido ratificada por esta Corporación.
Quiero destacar y agradecer la forma en que hemos tramitado el proyecto, que, en mi concepto, muestra el camino adecuado para buscar consensos y, además, la manera de resolver problemas en lugar de crear otros nuevos.
Tenemos muchas más cosas que nos unen, especialmente en estas materias, para avanzar. Y así continuaremos adelante también -como se ha manifestado en algunas de las intervenciones- en otros tópicos: de seguridad minera, de cuidado del medio ambiente, en el tema energético.
En términos de seguridad minera -variable mencionada por dos o tres oradores-, se han adoptado medidas importantes, en el corto plazo, para evitar y mitigar la cantidad de accidentes fatales que ocurren en la minería.
Las cifras nos avalan. En 2011 llevamos menos de la mitad de accidentes que el año pasado a la misma fecha, lo que constituye un avance. Pero no es un avance del cual podamos sentirnos orgullosos, porque el fallecimiento de cualquier persona, de cualquier compatriota, de cualquier trabajador en una faena minera debe avergonzarnos y preocuparnos.
Sin embargo, se está progresando y así tenemos que seguir.
Espero que próximamente el Presidente de la República , Sebastián Piñera , promulgue la ley en proyecto que se acaba de aprobar aquí y envíe al Parlamento una iniciativa en materia de seguridad minera y que también cambie la institucionalidad del sector. Ojalá entonces exista el mismo nivel de colaboración y de capacidad de entendimiento que en esta ocasión, para transitar hacia una minería más sustentable, más amigable y, al mismo tiempo, más productiva, para beneficio del país y de toda la comunidad nacional.
Le expreso mis agradecimientos a usted, señor Presidente, y, por su intermedio, a todos los señores Senadores.
Esta iniciativa, que ahora se transformará en ley, debe enorgullecernos a todos los chilenos porque permite dar un paso significativo hacia una minería más segura y responsable.
MODERNIZACIÓN Y FOMENTO DE COMPETENCIA DE SISTEMA FINANCIERO
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Corresponde proseguir la discusión general del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza y fomenta la competencia del sistema financiero, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7440-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 16ª, en 10 de mayo de 2011.
Informe de Comisión:
Hacienda: sesión 27ª, en 21 de junio de 2011.
Discusión:
Sesión 32ª, en 12 de julio de 2011 (queda para segunda discusión).
El señor GIRARDI (Presidente).- En la segunda discusión, ofrezco la palabra.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, la iniciativa contiene normas de quórum especial. Y no lo hay en este momento.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente , hoy día, a las 15:30, efectuamos una reunión de la Comisión de Hacienda, a la que asistió el señor Ministro , con quien llegamos a algunos acuerdos.
Él anunció ayer aquí, en la Sala, que iba a presentar cuatro proyectos de ley, en orden a regular y abordar todas las situaciones y consecuencias derivadas del caso La Polar.
En principio, tales materias se incluirían en tres iniciativas. La cuarta sería otra normativa o un decreto presidencial. Y hemos planteado la necesidad de sumar a ellas otra dos, que ya se encuentran en tramitación: la que regula el tratamiento tributario de los instrumentos derivados, que se halla en el período de formulación de indicaciones y de discusión particular en la Comisión de Hacienda, y la que estamos debatiendo, que moderniza y fomenta la competencia del sistema financiero. Esta contiene dos capítulos bien precisos, uno referido a los seguros, y el otro al Ahorro Previsional Voluntario (APV).
Con el señor Ministro , en el ánimo de avanzar en esta problemática e interpretando la preocupación de los mercados y del país en general, concordamos en ver cómo podemos adelantar en la discusión simultánea de los proyectos mencionados. Y para ello resolvimos crear comisiones técnicas de trabajo y análisis la próxima semana, y posteriormente celebrar reuniones con los miembros de la Comisión y con los Senadores que se interesen en tales materias.
Asimismo, se planteó la posibilidad de separar de la iniciativa en estudio lo relativo a los seguros asociados a los créditos hipotecarios, con el propósito de despacharla con mayor celeridad.
Al respecto, sostuvimos una larga conversación con el señor Ministro y seguramente él va a ratificar esa idea.
Por ello, queremos pedir que se aplace la votación general del proyecto en análisis o que vuelva a la Comisión a fin de examinar en conjunto estos asuntos, que revisten un interés fundamental.
Ayer, al comienzo del debate, varios Senadores se refirieron a algunos de esos temas y lo mismo hicimos hoy en la reunión de la Comisión de Hacienda.
Necesitaríamos contar también con la definición del Ministerio respecto a qué proyectos se van a presentar y en qué fecha, porque pensamos acelerar su discusión y despacho, con la finalidad -así lo expresaron la mayoría de los colegas que nos plantearon el punto- de contar con instrumentos para responder por las consecuencias del caso La Polar. Porque este tiene implicancias no solamente para el sistema bancario y financiero, sino también para las superintendencias, las empresas clasificadoras de riesgo, las auditoras, los fondos de pensiones.
Ayer se dio a conocer que todos los fondos de pensiones -A, B, C, D y E- registraron pérdidas importantes en el último período.
En fin, hay una serie de situaciones que nos parece primordial enfrentar. Por eso conversamos con el señor Ministro y llegamos al acuerdo referido. Y deseamos que él lo ratifique aquí en la Sala.
Gracias, señor Presidente.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , en la sesión pasada hice uso de mi derecho a intervenir en la primera discusión del proyecto. Y creo que ha sido atinado realizar una segunda discusión. Pero más atinado todavía es que podamos efectuar un debate en el marco de varias iniciativas de ley que abordan los problemas del mercado de capitales.
En general, esta normativa se encuentra desfasada de la realidad, de la coyuntura, de lo sucedido en Chile con respecto a La Polar. Y me parece bastante más factible que el Senado se halle dispuesto a apoyar un texto más asertivo en materia de regulaciones, que incentive y fomente verdaderamente la competitividad en el mercado financiero.
Hay un hecho que no podemos desconocer. El proyecto se presentó con harta anterioridad a que ocurriera lo de La Polar. Y se trató en la Comisión respectiva de ambas Cámaras mucho antes de que sospecháramos que existiría ese affaire. De manera que esta situación nos obliga, por primera vez en mucho tiempo, a llevar a cabo una revisión más profunda de las regulaciones del mercado financiero, pues hasta ahora nuestra institucionalidad ha demostrado ser impotente para prevenir o sancionar los abusos que a diario estamos observando.
Y si lo acontecido es relevante se debe a que, fruto del sistema previsional privatizado existente, los grandes inversionistas de Chile no son los conglomerados económicos, sino los trabajadores, que mes a mes deben nutrir con su sueldo las mesas de dinero de las AFP, que son, de lejos, los principales actores de dicho sistema.
El portal de noticias Panorama News publica, en su edición de hoy, que tuvo acceso a los documentos que acreditarían que La Polar solicitó, en el año 2009, un crédito por 53 mil millones de pesos al Banco BBVA. Cito textualmente:
"Se ideó un plan para recuperar la plata prestada" por el Banco a La Polar, "pero usando dineros de los afiliados de la AFP Provida, de propiedad del mismo Banco. Así, en Agosto del año 2010 La Polar no pagó parte de un crédito obtenido con el Banco por 10 mil millones de pesos, situación que prendió las alarmas del BBVA. Frente a esto, el banco buscó una solución. A través de la colocadora de valores BBVA, buscaron empresas que invirtieran en La Polar". ¿Cuál fue esa empresa? Una socia del propio banco: una AFP.
Prosigo: "El total de la colocación fue de 100 mil millones de pesos, de los cuales Provida compró aproximadamente 28 mil millones. Con este dinero y según el balance de marzo del presente año, La Polar canceló parte de la millonaria deuda con el BBVA, pagando 38 mil de los 52 mil millones adeudados. La consecuencia de esto es que los fondos de pensiones de los ahorrantes en AFP Provida tuvieron una pérdida de más de 124 millones de dólares.".
Señor Presidente, cuando hablamos de un proyecto que pretende introducir mayor competitividad y modernización, me imagino que no nos referimos al que nos ocupa, porque no encuentro en su contenido normativas tendientes a evitar que un banco meta la mano en los bolsillos de los trabajadores para pagar las deudas de una empresa mal administrada.
Si se confirman las informaciones que he relatado, se hará realidad la peor de todas las pesadillas: que nuestra economía se sustenta en un mercado financiero que puede tener los pies de barro, donde la especulación, la integración horizontal no solo son incapaces de generar condiciones de competencia entre los actores, sino que -lo que es peor- permite que estos realicen toda clase de operaciones dudosas a través de entidades relacionadas para especular. Y la especulación es crear una economía de papeles que, tarde o temprano, termina siendo solamente eso: papeles, sin respaldo económico productivo en su base.
Entrando de lleno al proyecto, comentaré en detalle algunas de sus normas que me parecen improcedentes en el actual contexto que vive el mundo, en particular nuestro Chile.
En primer lugar, en cuanto a la flexibilización de la inversión de los fondos de pensiones, la iniciativa autoriza ampliar el límite de inversión en instrumentos restringidos de mayor riesgo relativo y faculta a las AFP para canjear títulos en procesos de restructuración financiera. ¿Qué significa esto? Que con la plata de los trabajadores dichas administradoras podrán comprar acciones de empresas que se encuentren en problemas para pagar sus deudas.
Señor Presidente, estimados colegas, ¿qué sentido tienen estas normas en la actual realidad y en la coyuntura que vive Chile?
Con esta propuesta legal se pretende que con los recursos de los trabajadores se pueda ir al rescate de empresas mal administradas como La Polar.
La aprobación de esta normativa significa legitimar jurídicamente lo que hizo el BBVA con la AFP Provida: hacer que los trabajadores le paguen la cuenta a los especuladores financieros.
Eso, además de ser una inmoralidad, es un crimen social.
Asimismo, en este proyecto el Ejecutivo nos propone que permitamos a las AFP y al Fondo de Seguro de Cesantía intervenir en el mercado cambiario mediante la compra de divisas.
¿Acaso ya olvidamos el drama del sector agroexportador chileno provocado con el tipo de cambio?
¿Qué impacto tendrían las medidas sugeridas en el tipo de cambio?
La iniciativa no informa sobre el particular.
En segundo término, se propone controlar los riesgos de los instrumentos de inversión de las AFP. Actualmente, el control de riesgos preventivos de las inversiones de dichas entidades se halla en manos de la Comisión Clasificadora de Riesgos, donde la mayoría de sus integrantes es nombrada por las mismas administradoras, atribución que asumieron a partir de los primeros días de marzo de 1990.
Algo nos sugiere esa fecha: por qué razón, en vez de dar mayor prevalencia en dicho órgano a los representantes del Estado, se cambió y se entregó esa facultad a las AFP que son precisamente las entidades encargadas de informar acerca del riesgo.
Opino que el proyecto atenta contra la ingenuidad que podemos exhibir los Senadores, pues se trata de aprobar una legislación cuyo propósito tiende a que las administradoras de fondos de pensiones sigan teniendo el control de las clasificadoras de riesgo. ¡Porque además se pretende que la Superintendencia de Pensiones ni siquiera le dé el visto bueno a sus decisiones!
En tercer lugar, en lo concerniente a la información para los usuarios del sistema financiero, considero que la iniciativa apunta exactamente en contra de lo que estamos haciendo algunos parlamentarios -los Senadores García y Zaldívar participan conmigo en la Comisión de Economía-: buscar fórmulas conducentes a informar de mejor manera a los usuarios, a los consumidores, a las personas que piden créditos.
Actualmente, por ley se indican los contenidos de las cartolas informativas que las AFP deben entregar a sus afiliados. Ahora se pretende que tales contenidos sean definidos por circular. Es decir, se restringe la posibilidad de dar mayor información a los usuarios.
En cuarto término, el proyecto contempla normas de dudoso espíritu. Se quiere autorizar a las AFP para que hagan de cargo del fondo de pensiones el mayor costo asociado a determinados títulos que negocien. Son gastos administrativos por emisión y custodia.
¿Acaso los trabajadores ya no pagan suficientes comisiones?
Lo que se busca con ello es cargar a los trabajadores los mayores gastos administrativos por emisión y custodia. Si las administradoras escogen comprar títulos que son más onerosos administrativamente, pues, entonces, que con sus recursos cubran el mayor costo de la elección que han adoptado.
Me parece una inconsecuencia que las administradoras de fondos de pensiones sean las entidades que tomen las decisiones de mayor riesgo y adquieran títulos con un costo administrativo por emisión y custodia. En ese caso, ellas deben financiar tales gastos. ¿Por qué tienen que hacerlo los trabajadores?
En definitiva, señor Presidente, lamentablemente ya no existe razón alguna para creer en la buena fe de los operadores financieros. La crisis que se vive en Europa; la punta del iceberg que...
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Concluyó su tiempo, Su Señoría.
Tiene un minuto más.
El señor TUMA.- Gracias, señor Presidente.
Decía que la punta del iceberg que significa el caso La Polar; las utilidades desmedidas de la banca; la falta evidente de competencia; los niveles de endeudamiento de la población; la inoperancia de nuestras superintendencias, etcétera, nos obligan a revisar este y otros proyectos sobre la materia.
En consecuencia, me alegro del acuerdo que la Comisión de Hacienda alcanzó con el Ministro del ramo en orden a realizar un debate general acerca de este asunto, a mirar su integralidad, a definir qué haremos para asegurar que los fondos de los trabajadores sean invertidos en forma seria, a establecer la forma de brindarle mayor competencia al mercado financiero y de transparentar las medidas que estamos tratando de mejorar, con el objeto de garantizar la creación de un mercado libre, transparente y competitivo.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor LARRAÍN ( Ministro de Hacienda ).- Señor Presidente , tal como indicó el Senador Eduardo Frei , cuando llegué esta tarde a la Corporación para discutir el proyecto de ley que regula el tratamiento tributario de los instrumentos derivados y, en particular, tres iniciativas presentadas por los mismos parlamentarios, de las cuales estuvimos dispuestos a aceptar dos y a discutir una tercera, algunos señores Senadores me plantearon su deseo de realizar una discusión más profunda respecto de tales proyectos.
Y manifesté la disposición del Ejecutivo a conformar una mesa técnica; a no someter a votación esta iniciativa hoy día, aunque recién nos hallamos en la discusión de la idea de legislar; a utilizar la próxima semana para concordar dicha instancia técnica y, en la subsiguiente, reunirme con los Senadores interesados en este tema, partiendo por los integrantes de la Comisión de Hacienda, para explicarles los diversos aspectos que preocupan.
Sin embargo, junto con esa buena disposición, debo expresar que aquí estamos hablando de dos iniciativas legales que se quieren vincular con el caso La Polar. Al respecto, desde el punto de vista del Ejecutivo , nosotros hemos expresado en forma clara, precisa, categórica nuestra más firme condena a la situación que se produjo en dicha empresa, y con la Superintendencia estamos adoptando todas las medidas necesarias para sancionar a quienes corresponda, para proteger tanto a los trabajadores como a los clientes que han sido defraudados, a los deudores, en fin.
Pero también quiero pedir -y lo hago con la misma buena disposición con que acepté la referida mesa o instancia técnica- que, con apertura de mente y buena voluntad, no mezclemos las cosas.
Porque, señor Presidente, no me parece adecuado incorporar en la discusión otros proyectos.
El Senador Tuma aludía a una sola de las variantes del que ahora discute la Sala.
La iniciativa en debate incorpora la licitación de los seguros asociados a los créditos hipotecarios, lo cual beneficiará a alrededor de 5 millones de chilenos. Y eso no tiene nada que ver con el caso La Polar.
Además, este proyecto abre la posibilidad de evitar la doble tributación al ahorro previsional. Y son alrededor de un millón 600 mil las personas que tienen lo que se llama normalmente "Cuenta 2". Lo que procuramos es estimular el ahorro. Y la Cuenta 2 es fundamentalmente la forma a través de la cual ahorra la clase media chilena, señor Presidente .
Aparte eso está el ahorro previsional voluntario: son alrededor de 900 mil personas adicionales.
Entonces, esto nada tiene nada que ver con el caso La Polar. La idea es apoyar el ahorro de la clase media chilena. Y millones de personas serán beneficiadas al reducirse el costo de la licitación de créditos.
En consecuencia, junto con manifestar mi disposición favorable a conformar la mesa en comento, quiero pedir que no mezclemos los temas cuando no se hallan relacionados.
Estaré encantado de discutir en la referida instancia técnica todo lo que sea menester. Sin embargo, pido que, si en ella llegamos a la conclusión de que la iniciativa en debate no tiene que ver con el caso La Polar, la aprobemos. Porque llevamos ocho meses de tramitación. Y en lo relativo a la tributación de derivados hay un aspecto en materia de cobertura de las pymes, en fin.
Ahora, ¿qué ocurre con los otros proyectos?
Cuando me tocó hacer una presentación en la sesión especial del Senado sobre el caso La Polar, mencioné una serie de iniciativas de ley relacionadas con esta materia que vendrían en los próximos meses. Entre ellas figuraban la atinente a información comercial; la que crea el Consejo de Estabilidad Financiera; la concerniente a supervisión basada en riesgo.
El nuevo reglamento sobre crédito universal ya se publicó en el Diario Oficial.
Hay, pues, una serie de medidas que ya hemos tomado. Y seguiremos adoptando otras.
Ahora bien: si a mí me dicen que debemos discutir todos los proyectos en conjunto, no puedo sino observar que por esa vía vamos a demorar enormemente el proceso.
Entonces, reitero mi mejor disposición. Pero pido apertura para que, cuando abordemos iniciativas que no tengan que ver con el caso La Polar, no las demoremos innecesariamente, porque van en beneficio de millones de chilenos de clase media.
Gracias, señor Presidente.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , no puedo sino manifestar mi profunda preocupación.
He escuchado con atención al Ministro, quien nos pide que veamos parte del proyecto, que no lo vinculemos con el caso La Polar, que no lo liguemos con las administradoras de fondos de pensiones.
¡Pero precisamente estamos modificando la legislación sobre las AFP!
Yo no he estado en la Comisión, pero veo que en el artículo 45 del decreto ley N° 3.500 vigente se dice lo siguiente:
"Los recursos de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E podrán invertirse en los instrumentos, efectuar las operaciones y celebrar los contratos señalados en las letras a) a la m) del inciso segundo de este artículo.
"Los Fondos de Pensiones podrán adquirir títulos de las letras b), c), d), e), f), i), y de la letra j) cuando se trate de instrumentos de deuda, cuando cuenten con al menos dos clasificaciones de riesgo iguales o superiores a BBB y nivel N-3, a que se refiere el artículo 105, elaboradas por diferentes clasificadoras privadas, y acciones de la letra g)", etcétera.
Señor Ministro , yo pregunto: ¿Protege este proyecto a los trabajadores que perdieron 25 mil millones de dólares en la crisis subprime que vivimos? ¿Por qué nuestras AFP van a invertir a los fondos de riesgo de Nueva York pudiendo hacerlo en las concesiones de carreteras en Chile? ¡Costanera Norte en tres años recupera toda la inversión! ¿Por qué vienen los inversionistas de los fondos de pensiones de Australia y Canadá -los pensionados de esas naciones- a invertir en nuestro país en carreteras, en hidroeléctricas, y no lo hacen las AFP? ¿Por qué permitimos que nuestros fondos vayan a correr riesgos al exterior?
Yo les consulto a los Senadores de la Comisión de Hacienda (ellos tienen el deber político y moral de advertirnos) si a propósito de estas modificaciones podemos o no discutir lo que les interesa a la gente que perdió la mitad de sus ahorros; a los profesores que no pueden jubilar; a los empleados y obreros que perdieron cientos y miles de millones de pesos sin que nadie los protegiera.
En la campaña presidencial dijimos "AFP estatal", para intentar un cambio en materia de las administradoras de fondos de pensiones, instituciones que fueron creadas por José Piñera , hermano del Presidente Piñera , y que, en definitiva, dieron origen a una casta de burócratas y de empresarios con poder incontenible.
Yo siento que los Senadores de la Comisión de Hacienda no tienen derecho a decirnos: "Vamos a hacer ajustes parciales" como nos indica hoy día el Ministro de Hacienda.
¡Cuándo vamos a entrar a la cuestión de fondo!
¡Estuve 12 años en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, y siempre me respondieron con la política del salame: hay que ir modificando de a pedacitos!
De pedacito en pedacito llegamos a un sistema de AFP que no protege a los trabajadores, que no incluye a directores y que da lugar a lo que denunció el Senador Tuma.
O sea, en agosto de 2010 venció un crédito que Empresas La Polar tenía con el BBVA, ascendente a 10 mil millones de pesos, el que, al no ser pagado, debió renovarse. De ese hecho se da cuenta en la nota 19 de los Estados Financieros de dicha compañía al 30 de septiembre de 2010.
De acuerdo a lo señalado en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, el Fondo de Pensiones administrado por la AFP Provida S.A. mantenía al 30 de septiembre de 2010 un total de 66.17 millones de dólares en bonos de Empresas La Polar, que, considerando el tipo de cambio a dicha fecha, equivalen a 32 mil millones de pesos.
En diciembre del mismo año, Empresas La Polar, a través de BBVA Corredores de Bolsa, colocó en el mercado bonos de deuda que fueron adquiridos por Provida, principalmente, en conjunto con otras AFP, compañías de seguros de vida e inversionistas.
Al 31 de diciembre de 2010, el Fondo Provida muestra un total de 127.32 millones de dólares en bonos La Polar, de lo que se desprende que el Fondo Provida adquirió, de la colocación recién citada, la suma de 61.15 millones de dólares, que equivalen a 28 mil 619 millones de pesos.
Señor Presidente , Provida adquiere bonos de La Polar en enero, cuando el señor Peribonio conocía absolutamente la situación.
El propio Presidente de la República ha dicho que en julio o en agosto del año 2010 ellos tomaron nota de lo que ocurría en la referida empresa.
Se nos pide que revisemos un proyecto de ley "que moderniza y fomenta la competencia del sistema financiero". O sea, "que moderniza y fomenta" el cómo defraudar a los incautos a quienes el sistema financiero poco defiende.
¿Pero cuándo vamos a discutir el tema de las administradoras de fondos de pensiones? ¿Seguiremos diciéndole a la gente que invierta en los fondos A, B, C, D o E, en circunstancias de que esas entidades no informan cuando tienen riesgo de verdad, como ocurrió en el momento en que perdieron los ya mencionados 25 mil millones de dólares? ¿O vamos a continuar permitiéndoles a las AFP comprar bonos de papel, bonos de mentira, bonos de basura de una empresa porque está relacionada con un mismo banco?
La pregunta que hago -y debiéramos tener una respuesta del Gobierno- es de qué manera contribuye este proyecto a solucionar los problemas que he planteado.
Si la contestación es que no hay que mezclar peras con manzanas, la interrogante política es cuándo resolvemos esos problemas.
Si no existe respuesta, bueno, habrá que rechazar esta iniciativa.
Y, en definitiva, ¿cuándo abordamos el fondo de la cuestión?
Yo tomé nota de lo que dijo el Ministro: "Estamos haciendo todo lo posible por proteger a los trabajadores".
La pregunta es: ¿Este proyecto de ley los protege, en los aspectos esenciales, de los ladrones, sinvergüenzas, delincuentes de cuello y corbata que los estafaron en La Polar? ¿Y de aquellos que han guardado silencio?
Cuando fui a hablar -reitero- con el Superintendente de Valores y Seguros, señor Fernando Coloma , estaba reunido con el señor Uribe , Presidente de la Polar que duró una semana en el cargo. Y este, a la salida de la reunión, con toda desfachatez, dijo: "¡Vamos a investigar hasta el final!". Y lo echaron ¡porque tenía conocimiento de todo el escándalo! ¡Duró siete días en ese puesto...!
¿Y qué decir del señor Pablo Alcalde , elegido el mejor empresario del retail, quien ¡se da el lujo de impartir clases de Ética en una universidad y es premiado...!?
Entonces -y este es tema para los especialistas en la materia; no compete a mi Comisión-, habiendo una denuncia tan grave como la que hizo el Senador Tuma acerca del BBVA y La Polar (yo la ratifiqué; porque tenemos los mismos antecedentes), cuando se trata de una enmienda que mejora la legislación sobre las AFP no me vengan con la política del salame. Veamos cómo evitar que vuelva a ocurrir lo que les sucedió a los profesores que hoy día no pueden jubilar y al resto de quienes perdieron los ya referidos 25 mil millones de dólares.
Tenemos, pues, la gran oportunidad -y estoy dispuesto a acompañar al Ministro - de legislar para proteger debidamente a los trabajadores, como expresó el titular de Hacienda ; para asegurar que haya competencia de verdad en el sistema financiero; para que la licitación de los seguros hipotecarios beneficie a los deudores; para que quienes ahorran en la Cuenta 2 de las AFP y en APV no sean afectados por doble tributación; pero también para que abordemos los otros problemas.
Ese es un planteamiento en sentido positivo, señor Presidente.
Lo expuesto por el colega Tuma -lo escuché a otros Senadores a propósito de un proyecto que ojalá podamos discutir más en detalle- da cuenta de lo que la ciudadanía nos exige.
Señor Presidente , el sistema de las administradoras de fondos de pensiones no resiste más. El que los mismos directores de las AFP estén en La Polar y en el sistema financiero no resiste más. No resiste más el no tener un mecanismo que garantice al interior de esas administradoras que los fondos sean bien cautelados.
A algunos amigos míos les llegó la información: "No se preocupe: perdió solo 16 mil pesos".
¡16 mil multiplicados por 2 millones de afiliados a las AFP!
¿Cuándo vamos a entrar al problema de fondo de las administradoras de fondos de pensiones?
Señor Presidente , tengo en mi poder un documento informativo de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras denominado "MARCO MEJORADO DE CAPITAL DE BASILEA II EN LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN BANCARIA". Fue elaborado el 1 de septiembre de 2009 y figura en el sitio web de la SBIF, en la sección Publicaciones.
En la portada se dice: Günther Held , Asesor Técnico en Basilea II, en consulta con Gustavo Arriagada , Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras .
Dicho documento, que contiene un conjunto de sugerencias, expresa en el Anexo C:
"Las siguientes propuestas sobre la estructura de regulación y supervisión del sistema financiero nacional se desprenden de los informes y documentos mayores sobre regulación y supervisión que se han mencionado en este documento informativo.
"1. Evaluar la creación de un Comité de Estabilidad Financiera en la cúspide del sistema de regulación y supervisión. Este Comité estaría integrado por altas autoridades del Ministerio de Hacienda" -el titular de esta Cartera se halla en la Sala- "y del Banco Central y por los Superintendentes del sistema financiero. Sus funciones serían similares a las que el informe Larosiére contempla para el Consejo Europeo de Riesgo Sistémico y que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos propone para el Consejo de Vigilancia Financiera en este país.
"En consecuencia, ese Comité sería una instancia de intercambio de información, de evaluación temprana de situaciones que pueden afectar la estabilidad financiera, y de coordinación de medidas frente a casos de insolvencia, de iliquidez, y de crisis financiera.
"2. Evaluar la creación de una Agencia de Protección del Consumidor de Productos y Servicios Financieros en vista del creciente acceso de la población a los mercados de crédito, ahorro e inversión." (ese no es SERNAC financiero, sino una Agencia de Protección del Consumidor de verdad; no es para que vayan a denunciar que se quemó la plancha de 12 lucas, que las tiendas del retail venden en 24 cuotas mensuales; no estamos hablando de eso) "Sus funciones serían similares que las de la Agencia de Protección a Consumidores e Inversionistas que recomienda el Departamento del Tesoro en la nueva estructura regulatoria y de supervisión de Estados Unidos.
"3. Evaluar la combinación de la responsabilidad por la regulación y supervisión conjunta de bancos y seguros. El Informe Turner señala que los argumentos en favor de esta alternativa son muy fuertes, sin contraargumentos aparentes. Una importante ventaja serían las economías que se derivarían de la regulación y supervisión en una autoridad de entidades que asumen los mismos riesgos, que disponen de patrimonio para enfrentar pérdidas, y que pueden caer en situaciones de insolvencia.
"Un esquema regulador y supervisor consistente en tres Pilares, con un contenido similar a los del Marco de Capital de 2004 para la banca, se ha propuesto para los seguros.".
Señor Presidente , estamos hablando de mejorar y modernizar la competencia en el sistema financiero. Pagamos mucho dinero por el documento informativo a que me referí. Figuran en él las recomendaciones. Queremos igualarnos a la supervisión que tiene Estados Unidos.
Yo les pregunto a los miembros de la Comisión de Hacienda: ¿lo estamos logrando con este proyecto?
No lo sé. No he leído su texto completo. Solo abrigo dudas, las mismas que muchos trabajadores que hoy día ven este debate tienen o tendrán en cuanto a, frente a esta enorme posibilidad de meterle mano al sistema financiero, ignorar la crisis que lo afecta hoy día; a soslayar la afirmación de las clasificadoras de riesgo en el sentido de que basta su opinión; a hacer abstracción de las actuaciones de Pricewaterhouse, que se limita a entregar su parecer.
Está en todas partes. Ya lo dije. Supermercados Santa Isabel, el año 97; La Polar, en 2011. Los mismos: ¡Pricewaterhouse!
¿Qué sanción ha recibido Pricewaterhouse por realizar estados contables sin pedir informes, limitándose a hacer lo que le señala quien le paga?
¿Es un sistema confiable cuando uno va a un profesional y le dice: "Audítame y te muestro lo que yo deseo mostrarte"?
¿Da seguridad la existencia de agencias clasificadoras de riesgo que fallan y no les pasa absolutamente nada?
Señor Presidente , tenemos una gran oportunidad.
De no mediar una explicación coherente, yo debería rechazar este proyecto y votarlo en contra.
Espero explicaciones suficientes y que haya el tiempo necesario para debatirlo.
He dicho.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente , la verdad es que ya me he acostumbrado a iniciar varias de mis exposiciones manifestando que no tenía el menor interés en participar en el debate. Pero creo que voy a intervenir con mayor frecuencia, porque alguien tiene que defender a este país de aquellos que, por una situación completamente delictual, se aprovechan para generar un clima de absoluto caos.
Como la Concertación defiende cada vez menos lo que hizo en veinte años, voy a asumir yo la defensa de ese conglomerado.
Hoy me tocó en Comisión defender una de sus obras más grandes: la privatización de los servicios sanitarios, que nos ha permitido tener cobertura de agua potable y tratamiento de aguas servidas como país desarrollado.
Ahora nos hallamos frente a un proyecto que beneficia a la clase media; que permitirá que, al aplicarse el mecanismo de la licitación, los seguros que deben tomar quienes tienen crédito hipotecario salgan más baratos, etcétera.
Sin embargo, porque se registró el hecho de La Polar, que todos repudiamos, todo está mal y hay crisis.
Aquí se hizo una denuncia, que escucho por primera vez. Y a quienes la formularon solo quiero hacerles un recuerdo.
En la iniciativa de ley sobre perfeccionamiento del sistema previsional, una de las más importantes de la Administración de la Presidenta Bachelet , en el Senado solo se votó -no sé cómo se pronunció el colega Navarro - el artículo concerniente a la participación de los bancos en el negocio de las administradoras de fondos de pensiones; todo el resto se aprobó unánimemente.
Después de escucharlos a ustedes, me alegro de haber sido uno de quienes se opusieron a que los bancos entraran a la industria de las AFP, a diferencia de aquellos que hoy van a encabezar la denuncia aquí mencionada, quienes, si no recuerdo mal, votaron para que sí lo hicieran.
Señor Presidente, se nos ha dicho en esta Sala que la gente que participa en el sistema de las AFP ha perdido 25 mil millones de dólares.
¡Porque aquí se sostiene cualquier cosa! ¡Y nadie responde nada!
Afortunadamente, cada vez menos personas ven estas sesiones, porque deprimen.
¡Si los chilenos están en Mendoza! ¡30 mil se encuentran allí! ¡Y están viviendo en un país diferente del nuestro!
¡Se han perdido 25 mil millones de dólares!
¡Dónde!
Señor Presidente, me parece muy importante que esa cifra tenga algún sustento. Porque, lamentablemente, en Chile hay espacio para la demagogia y gente que pueda creer que se perdieron 25 mil millones de dólares.
La situación es al revés, señor Senador: a pesar de la crisis subprime, el sistema ya recuperó toda la reducción experimentada por los fondos de pensiones. Y tenemos que alegrarnos de que así sea.
Entonces, una vez más hago un llamado a ser cuidadosos.
¡Si Chile es el único país, señores -y en gran parte lo hicieron también ustedes desde el Gobierno-, que está creciendo hoy día al 7 por ciento en la región! ¡Ha generado 400 mil empleos! ¡Es la única nación vista como ejemplo por todo el mundo, salvo por los políticos chilenos, quienes hoy día son víctimas del Twitter!
¡Ayer debimos de haber sido los únicos que estuvimos trabajando mientras todos los chilenos veían el partido! ¡Ello, por acomplejados, ya que basta que unos pocos generen pánico por Twitter! ¡Y todos los políticos son manejados hoy día por esa vía!
En el país no existe una clase política con liderazgo.
Es impresionante lo ocurrido en tan poco tiempo a los mismos que han sido capaces de construir el Chile de hoy, que ha registrado un millón 100 mil jóvenes en la educación superior en menos de 25 o 30 años.
El señor NAVARRO .- ¡Endeudados los tiene...!
El señor LONGUEIRA.- En la generación nuestra éramos privilegiados los que podíamos llegar a la universidad. ¡Y hoy día todo está mal! ¡Todo lo queremos destruir!
¡Propongo que las panaderías sean fundaciones sin fines de lucro...! No sé cómo se puede lucrar haciendo pan. ¡Porque ya lo único que falta es que convirtamos a las panaderías en fundaciones...!
El señor LAGOS.- ¡Íbamos rebién...! ¡Ahí ya se rebajó el asunto...!
El señor LONGUEIRA.- Entonces, ¿saben, señores Senadores? Me parece que no somos capaces de valorar el país que estamos construyendo.
¿Y advierten lo que va a pasar? Que si algunos asumen el discurso de la calle, nos van a echar a todos.
A mi juicio, lo mejor es que salgamos a defender el país que les hemos construido a los chilenos. Porque hay problemas. Por cierto que los hay. Hay pobreza. Sí, señores. Hay desigualdad. Sí, señores. Pero ¿vamos a destruir todo lo que hemos hecho? ¿Vamos a destruir una clase media que hoy día tiene la posibilidad de disponer de servicios y bienes a los que no había accedido nunca? ¿Vamos a destruir el camino que ha permitido que un millón 100 mil jóvenes hayan ingresado a la universidad? No, señores. Tenemos que ver de qué forma establecemos los créditos y las becas para que ninguna persona dotada de talento deje de estudiar, con esfuerzo, en la educación superior.
¿O por La Polar vamos a destruir el sistema previsional que perfeccionamos sobre la base de una evaluación de 25 años y de una de las políticas públicas mejor elaboradas en Chile, habiéndose formado una comisión presidencial y registrado discusiones técnicas, y que pasó por el test político y se aprobó por unanimidad? Esto último, salvo en lo relativo a la participación de los bancos en la industria, que nuestros Honorables colegas de enfrente votaron a favor.
Y lo que señalo es lo que puede ocurrir. Precisamente por eso no somos partidarios de la intervención de esas entidades respecto de las administradoras de fondos de pensiones, ya que tienen que ser negocios completamente separados. Las denuncias que ustedes han leído aquí son demostrativas del fundamento de la lucha que dimos para que no se mezclaran, porque ello no debe ocurrir nunca.
Entonces, vuelvo a formular mi llamado, aunque sea ya impopular defender el país que tenemos. El Senador que habla, por lo menos, va a morir protegiendo el Chile justo que hemos construido, porque la verdad es que hemos derrotado la pobreza como nunca. Y digo "hemos" porque, si no asumen la defensa los que contribuyeron, en parte,... ¡Súmense, señores!
¡Soy de los que para no deprimirse saldrían a la calle cada vez que se celebran sesiones en las que se abordan temas que no tienen nada que ver! ¡Porque de lo único que no se ha hablado aquí es del proyecto que se requiere discutir...! Y creo que si los chilenos supieran de la iniciativa en debate nos dirían: "Apruébenla rapidito, porque me van a bajar el crédito hipotecario, lo que me conviene".
Ojalá que no sigamos agravando a costa de La Polar el efecto ya provocado por el caso, pues si los políticos vamos a pringar con ello a toda la legislación, lo único que lograremos es seguir con un desprestigio creciente.
Solo pido rigor, por lo menos, en las intervenciones. Pero aquí se ha sostenido que los chilenos hemos perdido 25 mil millones de dólares. Lo único que puede demostrarse es que, afortunadamente, cada uno de nosotros hemos recuperado nuestros fondos después de la crisis subprime, lo cual me alegra.
En cuanto a La Polar, estimo que cuando alguien quiere delinquir resulta imposible que la institucionalidad lo aborde. Precisamente en eso consiste el hecho: en traspasar normas y realizar acciones que esta última no es capaz de detectar. Por lo tanto, debe aplicarse todo el rigor a los autores, como imagino que corresponde, pero, por favor, no destruyamos más el país en aras de una situación de tal magnitud. Me parece que Chile se encuentra muy bien y que su único problema es que pareciera no contar con una clase política que pueda llevarlo al desarrollo, con lo cual desaprovecharíamos, por segunda vez en nuestra historia, una oportunidad única de que alcance el progreso, como puede hacerlo.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente , deseo consignar, para los efectos de la gente que nos está viendo en televisión, que en nuestro poder se encuentra el boletín comparado a que dio lugar la iniciativa en debate, el cual consta de 71 páginas, a dos columnas, que consideran el texto legal vigente y el oficio de la Cámara de Diputados con las modificaciones que aprobó.
El objetivo principal del proyecto es modernizar y fomentar la competencia del sistema financiero. No guarda relación en esa materia con el caso de La Polar, porque, como se ha expresado aquí -y quiero repetirlo-, respecto de ese problema y otros similares serán enviadas iniciativas legales relativas a información comercial, supervisión basada en riesgo y ley única de fondos, sin perjuicio de la preparación de un anteproyecto que transforma la Superintendencia de Valores y Seguros en una Comisión de Valores y Seguros y un decreto supremo que crea el Comité de Estabilidad Financiera.
Asimismo, el proyecto incide en la licitación de seguros asociados a créditos hipotecarios, lo cual, como se mencionó aquí, va a permitir rebajar el costo de los primeros para quienes compren una vivienda en esa forma.
Y, además, se persigue el fomento del ahorro previsional, para lo cual se permitirá la apertura de una cuenta de ahorro voluntario -una cuenta 2, como se ha mencionado- en más de una administradora de fondos de pensiones. O sea, si alguien se encuentra conforme solo relativamente con aquella a la cual se ha afiliado, puede optar a mantener ahorro previsional en una cuenta en otra AFP.
En seguida, el titular de depósitos de ahorro voluntario sujetos al régimen tributario general o al establecido en el artículo 57 bis de la Ley de Rentas podrá seleccionar de cuál de ellos va a efectuar retiros. La posibilidad de hacerlo de una u otra cuenta de ahorro previsional también es un beneficio.
Como se señaló, en un universo de un millón 250 mil créditos hipotecarios, se favorecerá a 5 millones de chilenos.
También se evitará la doble tributación de los depósitos en la cuenta de ahorro voluntario y de ahorro previsional voluntario. Por este concepto, los efectos van a impactar en más de un millón 600 mil personas con cuenta 2 y en 900 mil con ahorro previsional voluntario.
Por eso, solicito, señor Presidente , que analicemos el proyecto a la luz de los antecedentes concretos que tenemos a mano -además, inició su tramitación mucho antes de difundirse, en la forma en que lo conocemos hoy, el problema de La Polar-, pero en su mérito y no en un contexto político ajeno.
Gracias.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , lo que los parlamentarios de la Concertación le propusimos en el curso de la tarde al señor Ministro de Hacienda fue tratar de inmediato lo que estuviera completamente separado de las eventuales repercusiones del caso de La Polar.
Incluso, sugerimos la idea de desglosar los artículos relativos al sistema de seguros vinculados a los créditos hipotecarios.
Es decir, nuestra disposición era abocarnos en seguida a todo lo que se encontrase efectivamente desvinculado del problema de dicha empresa. Desde ese punto de vista, no estamos por la suspensión del conjunto de la iniciativa, sino por diferenciar los aspectos sí vinculados con el impacto del caso a que se ha hecho referencia.
Ello lo expresamos, señor Presidente , repitiendo nuestro argumento de ayer. El caso Enron, en Estados Unidos, que significó una modificación completa de la legislación en asuntos del mercado financiero, afectaba, en términos proporcionales, al 0,25 del producto interno bruto de ese país. El de La Polar, por su parte, dice relación con el 0,75 por ciento de nuestro producto interno bruto, de modo que si lo consideramos en cuanto a su impacto en el sistema financiero chileno, el efecto resulta claramente superior. Estimamos, entonces, que nuestra preocupación se justifica.
De hecho, la información de prensa expone una triangulación entre BBVA, Provida y La Polar. En consecuencia, no resulta válido señalar que el caso de esta última empresa se puede aislar completamente de los otros aspectos ligados con la política en el ámbito financiero.
Y si se trata, como al parecer ocurre, de vincular estos cambios con otros que se encuentran hoy día en el Congreso Nacional, como el del llamado "proyecto de derivados", nuestra opinión es que la materia tiene que analizarse en conjunto. No debiera existir un proyecto por separado. Es decir, no compartimos la denominada "política del salame" en relación con estos aspectos.
Siguiendo el mismo criterio del Senador señor Longueira , quien ha hecho presente que las administradoras de fondos de pensiones constituyen hoy una base muy importante para el país, y si se apunta, efectivamente, como lo expresa el llamado "proyecto de derivados", que se tramita en forma paralela, a establecer un mercado financiero sobre la base de la incorporación de los recursos de esas entidades -es decir, de las cotizaciones previsionales de los trabajadores- para poder darle el espesor que requiere, entonces le solicitamos al Ejecutivo llevar a cabo la discusión en su mérito. O sea, la idea es que no se realice un debate encubierto; que el articulado que nos ocupa no contenga una parte de la normativa y la otra se encuentre en el proyecto de derivados y que, al mismo tiempo, el Ejecutivo nos indique que está preparando cuatro iniciativas más vinculadas con lo anterior.
Lo que estamos pidiendo es una actitud de responsabilidad en las políticas públicas. Y si se trata, en consecuencia, de legislar sobre la materia, lo que puede provocar un impacto futuro en los actuales trabajadores y en los que vengan después por el vínculo de todo el sistema de pensiones con el sector financiero, solicitamos que madure la discusión, que se pongan todos los antecedentes sobre la mesa y que se regule en serio.
Este es, en rigor, un asunto demasiado relevante para ir resolviendo caso a caso. No es un estudio artículo por artículo que se efectúe por separado. La mirada es de conjunto: cuáles son, efectivamente, los mecanismos regulatorios que se van a establecer para garantizarles a los trabajadores que el Congreso Nacional está cuidando sus recursos.
Debo puntualizar que en los Estados Unidos se legisló sobre el problema después del caso Enron. Y los ejecutivos de La Polar, por ejemplo, de acuerdo con esa normativa, recibirían pena de cárcel, no establecida en nuestro ordenamiento. Es decir, ahí se observa claramente una diferencia muy importante. No basta con decir que los ejecutivos deben responder con su patrimonio -entre comillas- cuando actúan de manera irregular. En el mundo ya existe una preceptiva sumamente más exigente sobre la materia por el impacto social y económico de decisiones que arrastran a la quiebra a decenas de miles de empresas y que pueden dejar en la miseria a millones de pensionados.
Entonces, nuestro punto de vista coincide en la responsabilidad a la cual alude el Senador señor Longueira . Pero, para nosotros, ella dice relación con legislar dándose los tiempos necesarios para que puedan madurar efectivamente en nuestro país las lecciones del caso de La Polar. No estamos dispuestos, por lo tanto, a que se acelere la regulación sin los resguardos que la situación exige.
No es nuestro ánimo, por lo tanto, ni la obstrucción ni la dilación de procesos que se necesita analizar. Por eso mismo le propusimos al señor Ministro que desglosara lo relativo a los seguros de créditos hipotecarios. Estamos en condiciones de avanzar ahora mismo con relación a ese punto; a votar mañana mismo. Pero, como el proyecto es misceláneo y contiene materias distintas entre sí, no queremos que entre ellas se escapen los artículos que van a impactar después en el mercado financiero y, a través de este, en los fondos previsionales de los trabajadores, y que el Congreso, en consecuencia, peque de una irresponsabilidad inaceptable al colocar en riesgo las pensiones futuras de quienes viven de su labor.
Estas son las razones por las cuales hemos solicitado que se postergue la votación del proyecto y el propio Ministro de Hacienda las ha atendido. En ellas se encuentra, entonces, la orientación con la que hemos actuado.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente . creo que el Senador señor Escalona ha resumido perfectamente bien cuál fue el razonamiento que mantuvimos en la Comisión de Hacienda los miembros de la Concertación y el acuerdo al cual se allanó el señor Ministro .
Quisiera observar, en todo caso, que el diálogo, el cual parte con algo razonable, como es el planteamiento de los tiempos para aprobar la legislación a fin de asegurarnos de hacerlo bien, toma un derrotero distinto cuando escucho a algunos Honorables colegas que me han antecedido al intervenir, como el Senador señor Longueira . Este último comenzó con algo muy importante, como lo es el hecho de que el proyecto de ley va a beneficiar, sin duda, a quienes pidan un crédito hipotecario, para terminar haciendo un análisis respecto a las responsabilidades de algunos, en la clase política, y a si estamos o no orgullosos de lo que realizamos en 20 años, desde que recuperamos la democracia muy a pesar de muchos de los que se hallan enfrente en el Hemiciclo. Es algo que me sorprende sobremanera.
Quisiera hacer un breve paréntesis al respecto, señor Presidente .
Me parece un camino inconducente el de intentar atribuirse una capacidad de querer a Chile más que otros, de lograr una estatura de estadista más que otros, de asumir liderazgos y costos más que otros. Creo que ello no es sano y que, además, resulta odioso.
Si algo han demostrado quienes gobernaron Chile durante 20 años es que tuvieron claro lo que era el populismo, lo que era el aplauso fácil. Y, ciertamente, tuvimos que enfrentar situaciones difíciles. Creo que la mejor prueba de que se quiso al país, de que se gobernó con orgullo, fue que ninguna de nuestras políticas públicas cayó en un populismo de ninguna naturaleza, que no es lo mismo que hemos visto en este año y cuatro meses de Gobierno.
Entonces, si tuviera que realizar un mea culpa, como dirigente o miembro de una coalición que gobernó Chile en ese período, el que podría hacerme realmente es que no tuvimos la capacidad ni la fuerza de denunciar muy fuertemente los chantajes de que fuimos objeto.
Porque aquí se hace mucha referencia a las cosas que se requieren y que no se hicieron. Deseo recordarle a mi Honorable colega Longueira -por su intermedio, señor Presidente - que fue la Derecha, a la cual representa, la que se negó a legislar sobre el lucro cuando discutimos hace dos años la Ley General de Educación. La Presidenta Bachelet , en uno de sus articulados, proponía el fin de ese elemento en la enseñanza básica y media. Y la Derecha se opuso. Punto.
Cuando se discutió la jornada escolar completa, que iba a permitir más alumnos, con más horas de clases, el mismo sector político dijo: "Muy bien. Ello significa más infraestructura. Si algunos alumnos irán en la mañana y otros en la tarde y se encontrarán todo el día en el establecimiento educacional, será preciso construir uno nuevo". Y para aprobar esa legislación, a todas luces buena y sana, ¿qué exigió? Que el Estado, de su bolsillo y del de todos nosotros, les pasara plata a los colegios particulares subvencionados, incluidos aquellos con lucro, para que también ampliaran su infraestructura. Y como nosotros necesitábamos la aprobación de la medida que planteábamos, decidimos: "También se les pone plata del bolsillo de todos los chilenos a los particulares para que lucren con la educación". Porque la alternativa era cero jornada escolar completa.
Mi mea culpa, por lo tanto, es el de no haber consignado, cuando se llegó a ese acuerdo y se firmó: "Tal vez, peor es nada, pero lo hacemos por exigir la Derecha pasarles plata a los privados para que lucren y para que todos los chilenos les financiemos la infraestructura con la cual van a hacer un negocio".
Y lo mismo deberíamos haber hecho, con mayor transparencia, en Salud. Para sacar el AUGE, que todos aplauden hoy, ¿qué dijo el Presidente Lagos ? "Quiero un fondo solidario de salud". ¿Y qué le contestó la Derecha chilena? "No, señor, a las isapres no se les saca un peso en este proyecto de ley".
Entonces, la disyuntiva del Gobierno de la Concertación fue, o quedarse sin AUGE, o quedarse con uno sin fondo solidario al que aportaran las isapres.
¿Y cuál es el mea culpa? No el haber firmado esa ley, sino el no haber denunciado el chantaje de que fuimos objeto por parte de la Derecha, la que, para aprobar la iniciativa, que era positiva, exigió el otorgamiento de beneficios para el sector privado.
Ese es el mea culpa que yo puedo hacer, sin perjuicio de otros temas que nos faltó abordar con más fuerza.
Sin embargo, ahora se nos viene a decir que por qué estamos tan preocupados por lo ocurrido en La Polar. Pero este caso tiene efectos múltiples, no solo para los directamente perjudicados, a quienes se les cobró plata de más, sino también para la imagen del país. Porque hoy las agencias que califican el riesgo de las naciones se preguntan qué pasó en Chile para que una institución como La Polar haya podido estafar de la forma en que lo hizo sin que nadie lo detectara. Eso, claramente, tiene un impacto en la estimación del funcionamiento de nuestra institucionalidad.
Además hay que considerar la información aparecida en los medios de comunicación. No se puede dar por cierta todavía, pero, si fuera correcta, sería una tremenda coincidencia que un banco que tiene una deuda con La Polar haya sido elegido por esta para colocarle un bono en el mercado, que después resulta comprado por una AFP que pertenece al mismo banco, el cual, al momento de entregarle la plata a la multitienda, le pide que le devuelva el dinero que le debe. ¡Tremenda coincidencia...!
Y frente a esta "tremenda coincidencia" todavía no podemos presumir mala fe ni fraude, pues no corresponde, pero sí afirmar que se requiere legislar bien sobre la materia. Y si esa es la razón para retrasar un proyecto uno o dos meses, bien vale la pena.
Como igualmente queremos ayudar a los chilenos que pagan créditos hipotecarios, se le dijo al Ministro de Hacienda que contaba con toda la flexibilidad necesaria para venir a proponer al Senado una iniciativa específica acerca de los seguros de los créditos hipotecarios.
Con ello resolvemos el problema concreto de esos señores, pero al mismo tiempo legislamos como corresponde en un asunto que presenta dimensiones más profundas y sobre el cual también me gustaría escuchar a la autoridad. Porque, como dije en el día de ayer, se ha afirmado que los responsables son la empresa, los ejecutivos y el directorio. ¿Y el resto de las instituciones? El Ministro de Hacienda no las menciona.
De esa forma, Senador Longueira -se lo digo por su intermedio, señor Presidente -, no se construye país. Y ningún líder político de la Derecha lo ha denunciado con la fuerza que se requiere.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Debo someter a la consideración de la Sala la solicitud que se me ha efectuado en orden a que el proyecto vuelva a la Comisión de Hacienda.
Como en este momento no hay quórum para adoptar acuerdos, se harán sonar los timbres para llamar a los Senadores.
Ahora ya tenemos número suficiente.
Por lo tanto, si no hay objeción, el proyecto que moderniza y fomenta la competencia del sistema financiero será reenviado a la referida Comisión.
--Así se acuerda.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor GIRARDI (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro de Educación , al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas y al señor Rector de la Universidad de Chile, a fin de pedir RECONOCIMIENTO DE TÍTULO PROFESIONAL PARA LICENCIATURA EN CIENCIAS, y al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, para solicitar AUMENTO DE PLAZO PARA INGRESO DE PROYECTOS EN FONDO SOLIDARIO I.
De los señores HORVATH, BIANCHI, CANTERO, CHAHUÁN, GARCÍA, PÉREZ (doña Lily) y PROKURICA:
A los señores Ministro de Economía , Fomento y Turismo y Vicepresidente de CORFO , solicitándoles REVISIÓN DE PRIVATIZACIÓN DE PROPIEDAD ESTATAL EN EMPRESAS ESVAL, ESSBIO Y ESSAL.
Del señor PROKURICA:
Al señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado , pidiéndole evaluar antecedentes y, si procede, ejercer acciones legales por INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN DE RETORNO ASOCIADA A BECAS DE ESPECIALIZACIÓN Y MISIONES DE ESTUDIO O PERFECCIONAMIENTO OTORGADAS POR MINISTERIO Y SERVICIOS DE SALUD, y al señor Presidente Ejecutivo de CODELCO , a fin de solicitarle información relativa a ENAJENACIÓN DE INMUEBLES POR DIVISIÓN EL SALVADOR EN COMUNAS DE CALDERA Y CHAÑARAL y DERRUMBE DE TECHUMBRE Y MANTENCIÓN DE ESTRUCTURA EN FUNDICIÓN POTRERILLOS.
De la señora RINCÓN:
Al señor Ministro de Educación , requiriéndole antecedentes respecto de RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS 1 Y 2 DE COMUNA DE LINARES (Región del Maule) y referente a SITUACIÓN DE CRISTÓBAL GONZÁLEZ PÉREZ, ESTUDIANTE DE TÉCNICO EN ENFERMERÍA DE INSTITUTO PROFESIONAL VALLE CENTRAL;
al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo , pidiéndole informar acerca de PREOCUPACIÓN DE SEÑOR SERGIO ARENAS B. POR DIVERSOS ASUNTOS QUE AFECTAN A COMUNA DE LINARES (Región del Maule Sur),
y al señor Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago señor Luis Zepeda Arancibia, solicitándole información a propósito de DENUNCIA DE AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLÍTICOS ANTE ELECCIÓN DE DON FERNÁN GAZMURI PLAZA COMO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Solicito la autorización de la Sala para que el Honorable señor Chahuán asuma como Presidente accidental .
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión el Senador señor Chahuán, en calidad de Presidente accidental.
)---------------(
El señor CHAHUÁN ( Presidente accidental ).- El primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
No intervendrá.
En los tiempos de los Comités Radical Social Demócrata, Partido Movimiento Amplio Social y Partido Socialista, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
VENTA DE ACCIONES ESTATALES EN EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL BIOBÍO (ESSBIO). OFICIOS
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , quiero solicitar el envío de oficios a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a la CORFO y al Presidente de la República respecto de lo siguiente.
Se nos ha anunciado por parte de la Corporación de Fomento de la Producción acerca de la venta del 43,44 por ciento de las acciones que tiene el Estado a través de la CORFO en la Empresa de Servicios Sanitarios del Biobío (ESSBIO).
Esa empresa registró en 2009 utilidades por 46 mil 342 millones de pesos, y del 2005 al 2009, un total acumulado de -escuche bien, señor Presidente- 185 mil 932 millones de pesos.
Además, otorgó dividendos a la CORFO (con cifras expresadas en miles de millones de pesos cada año) del tenor que sigue:
En el 2000, 8.497; en el 2001, 36; en el 2002, 4.051; en el 2003, 6.695; en el 2004, 8.756; en el 2005, 11.995; en el 2006, 9.842; en el 2007, 12.770; en el 2008, 8.847; y en el 2009, 11.600.
Ello equivale a más de 6 veces el presupuesto de la Municipalidad de Talcahuano y a más de 16 veces el presupuesto de la Municipalidad de Tomé, ambas de la Región del Biobío.
Durante el año 2009 ESSBIO tuvo un total de 8 multas por calidad del servicio; 2 por incumplimiento de instrucciones, y una por infracción al plan de desarrollo. En total recibió 11 sanciones y debió pagar 156 unidades tributarias anuales (alrededor de 70 millones de pesos).
En el Gobierno del Presidente Frei se modificó la ley N° 18.777, originalmente publicada el 8 de febrero de 1989, por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el objeto de autorizar al Estado a desarrollar actividades empresariales.
En concreto, se enmendó el artículo 4° de esa normativa, que disponía: "En la constitución de estas sociedades anónimas corresponderá al Fisco, representado por el Tesorero General de la República , una participación del 35%, y a la Corporación de Fomento de la Producción, una del 65%", eliminando la exigencia del porcentaje correspondiente a la CORFO, pero conservando el 35 por ciento para el Fisco.
Luego, en el Gobierno del Presidente Lagos, en el contexto de la aprobación del proyecto que derivó en la ley N° 19.888, que establecía el financiamiento necesario para asegurar los objetivos sociales prioritarios del Gobierno (me acuerdo de Chile Solidario), que incluía, entre otras materias, el impuesto al diésel y el aumento del IVA al 19 por ciento, se suprimieron el inciso segundo del artículo 4° de la ley N° 18.777 y el inciso segundo del artículo 4° de la ley N° 18.885 (ambos idénticos), referidos a la eliminación del piso de 35 por ciento que fijaba para la participación del Estado en las empresas sanitarias.
Señor Presidente , esa iniciativa fue votada y aprobada en general y en particular en la otra rama del Congreso en la sesión 9ª, del 18 de junio del 2003. En la votación separada, la modificación del artículo 4° obtuvo 102 votos afirmativos y 5 negativos. Allí, 102 Diputados votaron a favor de eliminar el resguardo de la garantía de un porcentaje superior al 35 por ciento para el Estado y permitir su venta -cosa que está ocurriendo ahora-, y 5 nos pronunciamos en contra: los Diputados Longton , Paredes, Rossi , Vilches y quien habla (dos RN y tres socialistas).
En el Senado, la enmienda a ese artículo se aprobó el 8 de julio por 34 votos a favor y 13 en contra. Los votos negativos fueron de los Senadores Ávila, Flores, Carmen y Eduardo Frei , Lavandero , Moreno , Muñoz Barra , Páez , Parra , Pizarro , Ruiz de Giorgio , Ruiz-Esquide y Silva Cimma .
Señor Presidente , mañana y el viernes CORFO ofrecerá en licitación la venta de los paquetes accionarios correspondientes a ESSBIO.
Al respecto, quiero señalar que en un plebiscito convocado por la ciudadanía, liderado por el doctor Edgardo Condeza , en que participaron alrededor de 110 mil ciudadanos de manera libre y espontánea en la Región del Biobío, más del 99,5 por ciento rechazó la privatización. Y tengo la absoluta certeza de que hoy la inmensa mayoría se opone a la venta de este paquete accionario, que permite al Estado la propiedad sobre ESSBIO .
¿Cuál es la ganancia? Hemos observado que las utilidades de los dividendos son millonarias. Son decenas de miles de millones anuales para CORFO, destinados a fomentar su trabajo de apoyo a la pequeña y mediana empresas, pero, en particular, para supervisar que la empresa, mitad estatal, mitad privada, genere un servicio público.
¡El agua es un servicio público!
Se pretende blanquear el lucro en la educación; se quiere terminar de vender el agua, traspasada a manos privadas, siendo un servicio público. Chile es el único país de América Latina en donde el agua pertenece a los privados.
A los patriotas, a los que rasgan vestiduras, a quienes se dicen nacionalistas y guardan silencio, yo los emplazo hoy día a que digan qué opina este sector, la Derecha, respecto de esa acción: vender el agua de ESSBIO, que ha tenido múltiples justificaciones (primero se señaló que iba a financiar la pequeña y mediana empresas; luego, que era para la reconstrucción).
Todavía no sabemos en qué se va a emplear ese dinero. Solo creo que es una aberración pasar por encima de la ciudadanía.
Señor Presidente , ENEL (empresa italiana) y ENDESA (empresa española) poseen más del 80 por ciento de los derechos de agua de nuestro país.
Chile, segunda reserva mundial de agua dulce del planeta, no tiene propiedad sobre su agua; no posee facultad para su uso, porque es de propiedad privada. Y hoy, en áreas de servicios -como el del agua potable, en el caso de la Región del Biobío-, se nos anuncia que será vendida, que se licitará el paquete accionario completo, dejando un 5 por ciento como resguardo para los directores del Estado dentro de esta empresa privada: ¡5 por ciento versus 95 por ciento!
Quienes intervienen en estos negocios saben bien que esa participación, absolutamente minoritaria, inhibe todo control, toda fiscalización; solo posibilita y viabiliza un voto de minoría, que en ningún caso sirve como resguardo de los intereses ciudadanos, de los consumidores de agua potable.
Señor Presidente , quiero que se oficie en mi nombre a la CORFO, a fin de que detalle expresamente cuál es el procedimiento utilizado para esta licitación; cuál será el destino de los fondos que se busca recaudar; cuáles son los argumentos fundantes de tal decisión, y cuál es la información entregada a los consumidores y al mercado con respecto a esta venta.
Yo tengo una mala noticia para la Región del Biobío y, también, para todas las Regiones en donde las empresas públicas de servicio de agua potable están vendiendo sus acciones: debido al control absoluto de un propietario monopólico, el agua va a subir.
Alguien tendrá que pagar el costo de esta venta. Y ellos serán los usuarios. El agua va a subir; el costo va a aumentar. Al igual que en todos los servicios, como en la educación superior, con el financiamiento compartido, y como en materia crediticia, con el interés bancario, las grandes utilidades de la banca las seguirán pagando los usuarios y los consumidores.
Aquí no se trata de los "Hermanitos de la Caridad". ESSBIO no será comprada por el Hogar de Cristo, sino por una empresa que buscará lucro, utilidad, que hará negocio con el agua de todos los chilenos.
Yo lamento profundamente la decisión del Presidente ; lamento profundamente la decisión de la CORFO; lamento profundamente que se llegue al Gobierno con un discurso en que se nos dice, por un lado, que se protegerán los recursos naturales, los servicios básicos, y por el otro, se den los pasos que muchos temíamos y estos últimos sean privatizados.
Hoy, señor Presidente , será un día sombrío; el jueves y el viernes serán tristes y lamentables, cuestión que yo espero revertir. Porque cuando enfrentemos las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2013 voy a emplazar al Senador Pérez Varela ; a los Diputados Jorge Ulloa , Iván Norambuena , Sergio Bobadilla , a todos los parlamentarios de Derecha de mi circunscripción, de mi Región; a la ex intendenta Jacqueline van Rysselberghe , a que se definan. ¿Están a favor o en contra de la venta del agua a la empresa privada? ¿Están a favor o en contra de la privatización? ¡Que se definan!
No los voy a criticar por su decisión; ellos están en plena libertad. Lo que sí diré es que la ciudadanía sabrá exactamente cuál ha sido su posición con respecto a esta materia. Y si su política es el silencio, que equivale a engaño, también lo sabrá.
No voy a descansar hasta que toda la Región que represento sepa exactamente quién privatiza hoy día el agua de ESSBIO y cuál ha sido la postura de los Diputados y Senadores de Gobierno de esa zona. Ello no quedará impune. La sociedad, los consumidores conocerán los nombres de quienes guardaron silencio o apoyaron esa decisión, no para su persecución, sino para su evaluación. Porque la opinión política de un político, de un parlamentario, debe ser siempre pública.
Aquí no hay sesiones secretas. Como ya dije, yo voté en contra de mi Gobierno en el proyecto que mencioné. Y fui llamado "díscolo", reiteradamente. Por cierto, nunca fui regalón de La Moneda, en ninguno de los períodos concertacionistas.
Hoy se viene a consumar lo que muchos temíamos en medio de una movilización ciudadana que impide un debate sobre el tema de ESSBIO. Porque mañana marcharemos por la educación pública de Chile, y se nos ha dicho que mezclar los asuntos del cobre y del agua con la educación es un aprovechamiento político.
Yo solo hago presente el punto, señor Presidente . Mañana voy a marchar con los estudiantes secundarios y universitarios de la Región del Biobío. Me voy a hacer acompañar de mis hijas adolescentes, pues, aun cuando estudian en colegio particular pagado, quiero que sepan lo que es luchar por la educación pública de Chile. Y, a partir del viernes, haré lo posible para instalar este tema como un referente importante del debate político de mi Región.
Señor Presidente , quisiera que los oficios solicitados al Presidente de la República , a la CORFO y al Superintendente de Servicios Sanitarios den cuenta, además, de las utilidades (aparte de las que indiqué) que ha recibido la Corporación, y cuál ha sido su destino.
Porque lo importante no es saber cuánto percibió dicha empresa, sino el número de beneficiarios; quiénes tuvieron acceso a esos recursos, y cómo se distribuyeron. Porque luego de la venta, estos van a desaparecer.
No sé cómo se va a compensar tal situación, pues la plata que ingrese es pan para hoy y hambre para mañana; o más bien, "agua para hoy y sed para mañana".
Por lo tanto, también queremos saber cómo la CORFO va a reemplazar esos ingresos. Ella se autofinancia con dineros provenientes de empresas en las cuales participa con capital y en la propiedad. Desaparecida su participación, se reducirán sus entradas.
Entonces, deseo conocer de qué manera se financiará dicha Corporación, para que siga cumpliendo la importante labor encomendada por el Estado.
Señor Presidente, tenía los tiempos de los Partidos Radical Social Demócrata, MAS y Socialista.
El señor CHAHUÁN ( Presidente accidental ).- Como se sumaron, Su Señoría, dispuso de 12 minutos.
El señor NAVARRO.- Como se acabó mi tiempo, quiero agradecer a esas bancadas su deferencia.
Antes de terminar, solicito que los oficios se envíen al Intendente y a la Gobernación de la Región del Biobío, a la empresa sanitaria ESSBIO y a las asociaciones de consumidores de la Región.
Y, en forma particular, deseo pedir a la Superintendencia de Servicios Sanitarios que nos informe sobre el mecanismo utilizado para la fijación del precio del agua potable. Es necesario imponerse, porque él se determina sobre la base de una empresa modelo, por un lapso de cinco años.
Yo quiero averiguar exactamente cuál es el precio en esa empresa modelo, lo que nos permitirá precisar el costo que tendrá para los consumidores de la Región del Biobío el alza en el valor del agua potable.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
¡Nueva Constitución ahora!
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor CHAHUÁN ( Presidente accidental ).- Los Comités Partido Unión Demócrata Independiente e Independientes no intervendrán.
En el turno del Comité Partido Por la Democracia, tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
DUDAS FRENTE A EXPOSICIÓN DE MINISTRO SOBRE REFORMAS A SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN COMISIÓN DEL SENADO
El señor QUINTANA.- Esta mañana -como sabe el señor Presidente , porque estuvo allí- tuvo lugar una sesión de la Comisión de Educación del Senado con el Ministro señor Lavín .
El Senador señor Navarro no concurrió. Entiendo que él puede no compartir su objetivo, pero lo concreto es que todos deseamos que al problema con los estudiantes -que se ha prolongado ya por bastante tiempo y que mantiene en la incertidumbre a muchas familias que han tenido que soportar por años el endeudamiento que significa acceder a la educación-, se le busque una solución, a la cual debemos encaminarnos y no alentar los movimientos estudiantiles, porque esa no es nuestra tarea.
La agenda para reformar la educación superior surgió desde la calle y no desde el Ministro del ramo ni desde el Congreso ni de La Moneda. Lo importante era tener información sobre los proyectos que vendrán, y respecto de los planes denominados "FE" y "GANE", aunque después del debate de hoy no sé si "ganaron" los estudiantes. Sin embargo, la sesión fue útil para conocer con mayor precisión los anuncios que sobre el particular formuló al país hace ocho días el Presidente Piñera .
Con ello, me refiero a los ejes estructurales de algunas reformas propuestas a la educación superior, que darían lugar a la presentación de al menos cinco iniciativas legales en los próximos meses, partiendo ahora en julio con las relativas a la reprogramación del Fondo de Crédito Solidario y a la que modifica el crédito con aval del Estado.
En el debate de hoy en la Comisión, el Ministro de Educación desarrolló con bastante detalle y profundidad lo atinente al sistema de becas. Sin embargo, al no haber efectuado una distinción sobre el tipo de institución de educación superior de que se trata, considerando la multiplicidad de estamentos existentes, como universidades, por un lado, y centros de formación técnica e institutos, por otro, uno podría pensar que el voucher fue bien diseñado por el Ministerio, afirmación que el Presidente de la República no expresó con todas sus letras el 21 de mayo pasado, pero que insinuó.
Entonces, no veo un cambio de actitud profunda de parte del Gobierno a la luz de lo planteado por los movimientos sociales.
Si uno se fija en el discurso de hoy del señor Ministro -que valoro por haber desarrollado en detalle lo de las becas-, advertirá que respecto del lucro no manifestó ni una palabra. ¡Ni una sola! Por eso le dije -y lo reitero ahora- que si tal materia no se toma en serio ni se incluye en las reformas iniciales, será un fantasma que rondará durante toda la tramitación de los proyectos respectivos, cuyo estudio puede tomar uno a tres años.
Por lo tanto, señor Presidente, quedaron muchas dudas pendientes.
Una de ellas, que es fundamental, tiene que ver precisamente con un tema medular: el Fondo para la Educación (FE) y los 4 mil millones de dólares. Si bien el señor Lavín fue categórico al señalar que se trataría de recursos extras, la verdad es que su homólogo de Hacienda, quien finalmente maneja la billetera fiscal, ha declarado algo muy diferente: que ellos se enterarían por la vía de las reasignaciones.
Sin embargo, estamos hablando de un fondo en esencia transitorio, que se nutre de otras fuentes de financiamiento del mismo carácter, como los excedentes del cobre -el señor Presidente conoce bien estos temas- y los provenientes del Fondo de Estabilización Económica y Social.
Eso nos plantea una interrogante, porque si van a invertir recursos, lo lógico es que sean permanentes.
Por ello nosotros, desde la Oposición, planteamos una reforma tributaria para hacer frente de manera sostenida en el tiempo -he leído declaraciones del señor Presidente en ese sentido- al financiamiento que requerirán las modificaciones a la educación superior.
Aquí se dice con gran soltura y en forma permanente que en Chile 7 de cada 10 alumnos en la educación superior son de primera generación, de lo cual nos sentimos todos orgullosos. Entonces, eso implica encargarnos de ellos y no hacerlos pagar, junto a su familia, el costo de haber llegado a la universidad. Está claro que su ingreso significa a nivel familiar mayor capital cultural, más conocimiento y superior movilidad social, lo que, en definitiva, es el tema de fondo.
Estimo que sobre tal materia, debe definirse si la educación la vamos a considerar como un bien público o un bien privado. Y ese problema no está zanjado, porque al respecto -hay que decirlo- existe transversalidad.
Ese asunto representa para mí una cuestión de la esencia. Creo que debemos profundizar sobre el particular.
Por eso, acordamos convocar al Ministro señor Lavín para una nueva sesión. Yo espero que el Senador señor Navarro nos acompañe en esta nueva jornada y recapacite, porque no hay explicación para justificar su ausencia de hoy, que era la oportunidad para formular sus reparos y, en definitiva, plantear un punto de vista discrepante. No existe mejor alternativa que el diálogo para superar los inconvenientes del momento.
Señor Presidente , se sabe que la sesión de hoy no fue fácil. Había parlamentarios contrarios a la presencia de la prensa. A ratos parecía más bien un capítulo de la serie "Los 80". Sin embargo, cumplió su objetivo. Se pudo conducir de buena manera. Hoy día tenemos un cronograma y, al menos, sabemos a qué atenernos.
Por lo tanto, si eso contribuye a que los organismos y federaciones de estudiantes sepan más o menos cuál es el programa y los plazos, creo que representa un punto de avance.
FACTIBILIDAD DE ENROCAMIENTO DE RÍO EN SECTOR LA ISLA Y DE REALIZACIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO PÚBLICO DESDE PUENTE CAREN HASTA SUBIDA JUANICO EN COMUNA DE MELIPEUCO. OFICIO
El señor QUINTANA.- Quiero solicitar el envío de un oficio al Ministerio de Obras Públicas y específicamente a la Dirección de Vialidad, en el siguiente sentido: hace unos días estuve en la comuna de Melipeuco, ubicada en plena cordillera de Los Andes, en la provincia de Cautín, donde los vecinos del sector Caren me pidieron plantear si es factible enrocar el río en el sector La Isla y realizar obras de ensanchamiento y relleno del camino público desde el puente Caren hasta la subida de Juanico.
Se pide lo anterior, dadas las pésimas condiciones de conectividad en el sector, que aumenta la situación de aislamiento en esta época invernal, donde ha caído ya una cantidad impresionante de nieve.
SOLICITUD DE MEJORAMIENTO DE CAMINO PÚBLICO FLOR DEL VALLE-CAREN EN COMUNA DE MELIPEUCO. OFICIOS
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , también deseo que se oficie al Ministerio de Obras Públicas, porque los vecinos de la Comunidad Tranol Alonso, del sector Flor del Valle, en la comuna de Melipeuco, me han manifestado su preocupación por el mal estado de conservación del camino, algo que, como nunca antes, se torna muy frecuente a esta altura del año en la Región de La Araucanía, la cual -como se sabe- tiene la mayor cantidad de kilómetros de red secundaria; y, al mismo tiempo, el menor número de kilómetros en un buen estándar. ¡Y qué hablar de asfalto! Solo cuentan con él los caminos intercomunales.
Los vecinos me han planteado su preocupación por el mal estado de conservación del camino público Flor del Valle-Caren. Las crecidas del río lo cortan e inundan los predios aledaños, dejando a las familias del sector permanentemente aisladas.
Por lo anterior, los habitantes de la zona solicitan que se realicen obras en dicha vía, para mejorar la conectividad de tan apartado sector precordillerano.
En virtud de lo expuesto, pido oficiar al Director Nacional de Vialidad y al Ministro de Obras Públicas , a fin de que entreguen una respuesta sobre el particular, por la vía que estimen conveniente, ya sea haciéndola llegar al Senado o remitiéndola directamente a los vecinos.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
FACTIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE ANTENA DE TELEFONÍA MÓVIL EN CAREN, COMUNA DE MELIPEUCO. OFICIO
El señor QUINTANA.- Por último, pido que se remita un oficio al señor Subsecretario de Telecomunicaciones , don Jorge Atton , con relación a un planteamiento que me hicieron también los vecinos de Caren, en la comuna de Melipeuco.
El señor CHAHUÁN ( Presidente accidental ).- Ha concluido el tiempo de su Comité, señor Senador. Pero puede hacer uso del correspondiente al Comité Renovación Nacional.
El señor QUINTANA.- Muchas gracias, señor Presidente.
Los habitantes del sector de Caren, en la comuna mencionada, desean conocer la factibilidad de instalar una antena repetidora para telefonía móvil, debido a las condiciones de aislamiento de esa localidad y a la casi nula cobertura de dicho servicio en la zona.
Es preciso señalar que en la Región de La Araucanía se han aprobado varios proyectos en materia de infraestructura digital, que permiten terminar con áreas oscuras, que no tienen acceso a Internet ni a telefonía móvil. Y, como sabe el señor Presidente , el Congreso acaba de determinar hace algún tiempo que los fondos para telefonía móvil e infraestructura digital sean de carácter permanente.
En virtud de lo anterior, solicito que el señor Subsecretario de Telecomunicaciones evalúe el planteamiento formulado por los vecinos del sector aludido.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor CHAHUÁN ( Presidente accidental ).- Señor Senador, respecto de la primera parte de su intervención, lo felicito por la sesión celebrada hoy en la mañana por la Comisión de Educación. Eso es lo que espera la ciudadanía del Congreso y del Senado.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:8
Manuel Ocaña Vergara
Jefe de la Redacción
ANEXOS
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES TUMA, BIANCHI, ESCALONA, LETELIER Y ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE INTERÉS MÁXIMO CONVENCIONAL (7786-03)
1° Que existe un cada vez más amplio consenso en la sociedad chilena, sobre la necesidad de generar un modelo de economía que esté al servicio de la persona humana, en donde la libertad de comercio y de emprendimiento, no signifique en caso alguno, el derecho de unos pocos de actuar de manera abusiva al interior de los mercados.
2° Que en Chile, tenemos un mercado financiero que aún está sujeto a regulaciones que han perdido su razón de ser con el transcurso del tiempo y del desarrollo de la economía nacional e internacional. Es el caso del denominado interés máximo convencional, que fue establecido en la Ley N° 18.010 Sobre Operaciones de Crédito de Dinero hace 30 años atrás, cuando el sistema financiero chileno, estaba marcado por la incertidumbre, la volatilidad y altas tasas de inflación. Esa es la explicación, porque el parámetro se determinó en base al interés corriente interbancario aumentado en un 50%.
Hoy la realidad es diversa, con muchos más actores financieros, con nuevas modalidades de operación y lo que es más importante con más personas que son sujetos de crédito. Hoy en día no hay razón por la cual mantener este interés máximo a las convenciones, pues solamente encarece el costo del crédito del dinero, lo cual, aunque no detiene los flujos de operaciones sólo es capaz de redundar en ganancias excesivas para las instituciones de crédito.
3° Que a nivel comparado, el caso chileno es absolutamente aislado. Según un estudio de la Biblioteca del Congreso Nacional, en Francia, el Código de Consumo establece límites al tipo de interés, mediante el establecimiento de lo que es delito de usura. El artículo L313-3 del referido cuerpo legal, indica que “se reputará usurario todo préstamo contractual concedido a un tipo de interés efectivo global que, en el momento de su concesión, exceda en más de un tercio del tipo efectivo medio aplicado por las entidades de crédito durante el trimestre anterior a las operaciones de idéntica naturaleza que conlleven unos riesgos análogos”. Con lo cual, la tasa máxima convencional será en consecuencia de hasta por sobre 1/3 del interés corriente del trimestre anterior a la celebración del contrato.
Por su parte en Brasil, es la propia Constitución Política del año 1988 la que se encarga de la materia al señalar en el artículo 192 que la imposición de una tasa de interés real por encima del límite del 12% anual, es un exceso de cobro y una práctica usuraria.
Finalmente en el derecho peruano, su Código Civil, establece que el interés moratorio, no podrá exceder en un 15% al interés corriente que cobran las instituciones de crédito.
4° Que con la finalidad de generar una normativa más equitativa y equilibrada en las operaciones financieras entre personas naturales y jurídicas con empresas del giro bancario o financiero nos permitimos someter a consideración de esta Corporación este proyecto de ley que busca a través de un Artículo Único modificar el Artículo 6° de la Ley N° 18.010 con la finalidad de establecer un nuevo parámetro de cálculo del denominado interés máximo convencional, el cual proponemos se efectúe ya no sobre la base del interés corriente cobrado por los bancos e instituciones financieras en un mes determinado, sino que en base a la Tasa de Política Monetaria del Banco Central, que es la tasa de interés objetivo para las operaciones interbancarias que el órgano emisor procura lograr mediante sus instrumentos de política monetaria, como son las operaciones de mercado abierto, facilidades de crédito y depósitos.
Esta tasa de política monetaria es determinada en base al estado real de la economía nacional, a sus parámetros generales de desempeño, lo que le da un profundo sentido de realidad y la aleja de las prácticas puramente especulativas. En ella se recoge no solo la tasa de interés real y la nominal de las operaciones en un periodo determinado sino que también las expectativas de inflación que suponen la desvalorización monetaria. Nos ha parecido razonable, establecer que el interés máximo convencional sea de tres veces la tasa mensual de política monetaria. Actualmente la Tasa de Política Monetaria asciende a un 5,13% mensual con lo cual la tasa máxima convencional anual si se aprobara esta propuesta ascendería a un 15,39%, en circunstancias que la tasa máxima convencional anual hoy en día con las normas vigentes, asciende a casi un 50,67% anual.
5° Que a nuestro juicio, la única forma de hacer sostenible en el futuro la economía nacional, es generando un marco normativo acorde con los niveles de desarrollo del país. Esas regulaciones modernas, no son solamente como piensan algunas regulaciones más liberales, sino que deben ser regulaciones más justas. El orden público económico consagrado por nuestra Constitución está fundamentado en la libertad económica y en el derecho de propiedad, pero ambos, tienen como límites los derechos de las personas de más alta jerarquía, como es el derecho a un trato justo y equitativo. Esta moción parlamentaria tiene esencialmente ese horizonte, contribuir a generar un marco de desenvolvimiento de la actividad privada, en donde se impida el abuso que tiene su origen precisamente en las asimetrías económicas y jurídicas que tienen usuarios y prestadores de servicio del mercado financiero.
Confiamos en que este H. Senado así lo entienda, y de pronto trámite a este proyecto, que no va contra el mercado, sino que muy por el contrario pretende mejorarlo para hacerlo política, social y económicamente sustentable en el futuro.
Por lo tanto:
Los senadores que suscribimos venimos en presentar el siguiente:
Proyecto de Ley
ARTÍCULO ÚNICO.- Reemplázase el inciso 4° del artículo 6° de la Ley N° 18.010 sobre Operaciones de Crédito de Dinero por el siguiente:
“No podrá estipularse un interés que exceda en tres veces la Tasa de Política Monetaria del Banco Central de Chile a la fecha de la convención. Este límite de interés se denomina Interés Máximo Convencional anual.”
(Fdo.): Eugenio Tuma Zedán, Senador.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Camilo Escalona Medina, Senador.- Juan Pablo Letelier Morel, Senador.- Andrés Zaldívar Larraín, Senador.
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES NAVARRO, LAGOS, QUINTANA Y ROSSI, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LIBERTAD DE ENSEÑANZA (7788-04)
La Constitución Política de la República consolida el proceso de desestructuración y ruptura de las relaciones económicas y sociales que inspiraron al Estado chileno surgido a mediados del siglo 20. Dicho proceso se caracterizó por el rol jugado por las grandes mayorías para ampliar sus posibilidades de desarrollo y movilidad social, cuya mejor expresión fue el concepto de Estado Docente.
En este sentido, las transformaciones jurídicas que estableció la actual Constitución Política, dictada y aprobado el año 1980, no fueron sino otra cosa que la expresión de una refundación neoliberal de la sociedad y el Estado chileno en sus aspectos políticos, económicos, sociales y culturales, las que no hubieran sido posible en un sistema democrático y que solo se viabilizaron por un régimen de fuerza constituido al margen de un Estado de Derecho.
La recuperación de la democracia, en la cual la sociedad civil jugó un papel relevante, no trajo como consecuencia cambios sustanciales a dicho orden económico y social, al contrario las rectificaciones que en esta materia se han introducido han profundizado las contradicciones entre dicho orden y una democracia plena.
En este contexto, las movilizaciones estudiantiles del año 2006, colocaron en el debate nacional una de las mayores obras de la refundación neoliberal del Estado chileno, esto es, la municipalización de la educación pública y la profundización del rol del mercado en ésta, constituyéndose en fuente material de esta propuesta de reforma constitucional.
Qué duda cabe que las demandas centrales de las movilizaciones de los estudiantes secundarios y universitarios, hoy Junio de 2011, son las mismas que motivaron la llamada revolución pingüino el 2006, defensa de la educación pública, fin al lucro y término de la disyuntiva que ampara el actuar de los gobiernos que ha tenido Chile en los últimos 37 años.
El Derecho a la Educación y la Libertad de Enseñanza, tal como hoy se encuentran consagrados en la actual Constitución, son enclaves autoritarios, que dicen relación a la esencia del modelo. Estos principios se sustentan en el rol subsidiario del Estado, principio jurídico político que impregna el conjunto de la institucionalidad económica, social y política, antagónico a una idea de Estado solidario, que siente las bases de un país más humano.
Existe consenso en todos los estamentos y actores de la sociedad chilena que la Educación atraviesa por una grave crisis de gestión, administración, financiamiento y de desarrollo pedagógico, que inciden directamente en la calidad, inequidad y segmentación social. Mientras no exista una reforma constitucional que modifique sustancialmente el Artículo 19 números 10 y 11, relativos al derecho a la educación y a la libertad de enseñanza respectivamente, el rol subsidiario del Estado seguirá sustentando el andamiaje institucional que se inspira en dicho principio. Las dificultades, para que existan cambios estructurales en educación, pasan por desatar los nudos constitucionales, herencia del régimen militar.
Hay que tener presente que nuestro ordenamiento jurídico se cimienta sobre la base de una estructura piramidal, en cuya cúspide se encuentra la Constitución Política, y en un segundo escalón las Leyes Orgánicas Constitucionales, que desarrollan e implementan materias ya contenidas en la Constitución. Esta jerarquía normativa implica que no puede haber una reforma a una ley orgánica constitucional, cuando estas incidan en materias de fondo o estructurales, como el derecho a la educación o la libertad de enseñanza, sin que en forma previa o coetánea se produzcan cambios en la Constitución, por una necesaria y esencial coherencia normativa entre ambas.
Consecuentemente se requiere transformaciones profundas en la Constitución Política de la República que hagan primar el Derecho a la Educación por sobre la Libertad de Enseñanza, el derecho de propiedad y a la libre empresa educativa.
En otro orden de ideas, esta reforma constitucional plantea que el derecho a la educación esté protegido por el recurso de protección de garantías constitucionales del mismo modo como lo está el derecho a la libertad de enseñanza.
Una reforma de fondo a la Constitución de 1980, obliga a modificar y perfeccionar el conjunto de una normativa que no es compatible con los requerimientos de profundización democrática que la sociedad chilena exige a un gobierno surgido de la voluntad soberana del pueblo.
II. PRINCIPIOS QUE ESTÁN EN LA BASE DE ESTA PROPUESTA
1. Concepto de Educación pública:
Este proyecto señala un concepto de educación pública, agregando los elementos que le caracterizarán.
2. Municipalización:
El proyecto plantea que será el Estado el encargado de proveer educación pública, gratuita, de calidad y no discriminatoria, a través de entidades creadas por ley distintas a las municipalidades.
3. Restricciones a la Libertad de Enseñanza:
El proyecto elimina la restricción relativa a la seguridad nacional e incorpora los conceptos de bien común y función social a los cuales debe supeditarse dicha libertad.
4. Término del lucro con dineros del Estado:
El proyecto reconoce la legitimidad del fin de lucro cuando se trata de la actividad empresarial que se ejerce con recursos privados, pero lo prohíbe cuando éste se ejerce con recursos del Estado. Del mismo modo, se termina con el resquicio que permite que la educación privada con aporte estatal sin fines de lucro, constituya en paralelo sociedades con fines de lucro que la desnaturalizan y la convierten en educación de mercado.
5. Derecho a la Educación amparado por el Recurso de Protección
Se otorga la acción de protección a quienes vean amagado el pleno ejercicio del Derecho a la Educación que se establece en la presente Reforma Constitucional, corrigiendo de este modo el texto constitucional que no estableció dicho recurso bajo la excusa de que los derechos sociales estarían bajo esta tutela en la medida que el desarrollo económico del país lo permitiera. Para estos efectos, se incorpora el numeral 10 al artículo 20 de la Constitución.
Por lo anterior vengo en presentar el siguiente,
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
1. En el Artículo 19 de la Constitución, reemplácese el actual numeral 10. El derecho a la educación. Por el siguiente nuevo:
“10. La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene por objeto su pleno desarrollo espiritual y material, enmarcado en el respeto de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales establecidas en la Constitución y en los tratados internacionales vigentes ratificados por Chile, capacitándolas para convivir y participar en forma responsable, democrática y activa en la sociedad.
“El Estado creará, financiará y administrará un sistema de educación público y gratuito, que garantice a todas las personas el acceso igualitario a éste, de conformidad a lo establecido en la ley.
“Los padres tienen el derecho a exigir una educación de calidad. Corresponde al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.
“La educación básica y media son obligatorias. En el caso de la educación media este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad."
“El Estado promoverá la educación parvularia.
“Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos su niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación.
“Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación.”
2. En el Artículo 19 de la Constitución, agréguese el siguiente nuevo numeral 11.
“11. La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales.
La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones u obligaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y las derivadas de su función social y el bien común.
No obstante lo establecido en el inciso precedente, los establecimientos de enseñanza pre básica, básica y media y de educación superior que reciban aporte del estado, no podrán tener fines de lucro directa o indirectamente a través de entidades relacionadas, asimismo, no podrán discriminar por razón alguna que implique una transgresión al principio de igualdad ante la ley garantizado en esta Constitución.
La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna.
Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos.
Una ley orgánica constitucional regulará los deberes del estado con relación a la educación pública consagrada en esta constitución; los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa; fijará los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de educación parvularia, básica y medía; regulará el deber del Estado de velar por su cumplimiento, y establecerá los requisitos y el proceso para el reconocimiento oficial de los establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel, con el objetivo de tener un sistema educativo de calidad.
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.- Jaime Quintana Leal, Senador.- Fulvio Rossi Ciocca, Senador.
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑORES NAVARRO, GIRARDI, GÓMEZ, LAGOS Y QUINTANA, SOBRE CONSULTAS INDÍGENAS EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 169 DE LA OIT. (S 1378-12)
1. Que el Convenio 169 de la OIT dispone en su artículo 6, que:
“1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.
2. Que el 27 de marzo de 2011, CONADI notifica la realización de una serie de consultas que se desarrollarán de acuerdo al Decreto Nº 124 de MIDEPLAN, “Reglamento provisional de consultas indígenas”, sobre los siguientes temas:
a) La creación de la Agencia de Desarrollo Indígena en reemplazo de la Conadi.
b) Reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas.
c) La creación del Consejo de Pueblos Indígenas.
d) El Procedimiento de Consulta y participación.
e) Consulta para el censo indígena 2012 del Instituto Nacional de estadísticas.
f) El nuevo Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)
3. Que las consultas señaladas se desarrollan con la vulneración de todos y cada uno de los estándares del Convenio 169 de la OIT.
4. Que la Declaración del Encuentro de Autoridades tradicionales y dirigentes de los Pueblos indígenas, que agrupa a 44 comunidades y asociaciones indígenas, suscrita en Santiago, 13 de mayo del 2011, señala: “El Decreto 124 es hoy uno de los principales obstáculos para la aplicación del Convenio 169 en Chile, pues atenta contra su esencia, que es la consulta y participación efectiva de los pueblos indígenas en la adopción de las medidas legislativas y administrativas que nos conciernen. Por consiguiente, exigimos la derogación inmediata del Decreto Supremo Nº 124 de Mideplan, como señal concreta, y un requisito clave para cualquier proceso de diálogo válido.” Los indígenas piden suspender los procesos de “consultas” a pueblos indígenas anunciados por el Gobierno de Chile. Llaman a asignar prioridad a acordar procedimientos de consulta con el Congreso y el Ejecutivo, con participación de los pueblos indígenas, y que cumplan con las normas internacionales.
5. Que el Consejo Nacional Aymara de Mallkus y T’allas criticó gravemente la consulta señalando: “TRABAJO INTERNO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: Se dará un apoyo en $ para trabajar con un mínimo de 10 organizaciones en talleres que por la materia a tratar tienen que ser mínimo de doble jornada entonces sí sacamos el cálculo ¿alcanza para cubrir un área de trabajo con 10 organizaciones?, será posible trabajar en forma interna de esa manera? Se tomó en cuenta la dispersión geográfica existente en la Región de Tarapacá?, ¿se tomó en cuenta el acceso y los caminos malos existentes en las comunas rurales especialmente la comuna de Huara y Colchane que son los lugares con más población indígena y con más localidades? Y todo porque...porque están los tiempos por el medio para acelerar el proceso y zanjar de una vez por todas lo que es la consulta. El trabajo interno propuesto por el Gobierno sólo entrampa la participación de los pueblos, limita su accionar (llenado de formularios, plantillas echas) y trata de captar la “participación de los pueblos mediante la entrega de dinero.
REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE APORTES Y RESULTADOS: Qué se va a sistematizar, si la gente nunca participó realmente, no se informó como debía, la gente acudió, fue, estuvo pero participación es cuando se logra entender el tema a tratar o tratado por lo tanto se puede opinar y aportar pero eso no se logra en un taller y menos con los temas tratados tan delicados a tratar en estos talleres.”
5. Que lo mismo hicieron el Consejo mapuche Huilliche de Osorno; las Comunidades mapuche de Lumaco; y agrupaciones mapuche Nagche.
6. Inclusive, la misma Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Chile ofició un Acuerdo al Ministro de Planificación, Felipe Kast, pidiendo suspender las consultas y pidiendo la derogación del Decreto 124, que mutila la consulta del Convenio 169 de la OIT.
7. Que en Diciembre de 2010 en su primer Informe Anual, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) establece que el Decreto 124 no fue consultado y que no cumple con las normas internacionales de derechos humanos aplicables a la consulta, por lo que recomienda al Gobierno y a todos los poderes del Estado se tomen las medidas para garantizar el cumplimiento del deber de consulta, de acuerdo a los estándares internacionales.
8. Que de acuerdo a una carta enviada a la Unión Europea por la Red Indígena Legislativa y de Políticas Públicas, “se puede constatar que las consultas están reducidas a una mera encuesta, un papel con alternativas, con preguntas y respuestas inductivas, en idioma español exclusivamente (salvo los saludos en idiomas indígena!), se mezcla la consulta sobre la consulta con las demás. Es impresionante como se ha vulnerado el Convenio 169”.
9. Que Katherine Báuerle, Oficial de Prensa e Información, de la Delegación de la Unión Europea en Chile, reconoció en carta al Diario Electrónico Mapuexpress, que la consulta del gobierno está financiada por el Programa de Apoyo a la Cohesión Social UE-Chile –“del cual la consulta indígena es sólo uno de 8 proyectos en total- el que cuenta con un financiamiento de 20,5 millones de euros. El aporte europeo en el caso específico de la consulta indígena suma un total de 508.900 euros”, lo que ha abierto un nuevo flanco de indignación en virtud de que el dinero de la Unión Europea se está usando en la vulneración de los derechos indígenas.
10. Que la gravedad de la vulneración de las normas de consulta se hace más patente si percatamos que de acuerdo a dos dictámenes del Comisión de Expertos de la OIT, Observación General sobre el Convenio núm. 169, 79º reunión, 2008 (publicación 2009). Comisión de Expertos, 76º reunión, 2005. Observación Guatemala (párrafo 6) (publicación 2006), se califica al derecho a la consulta indígena como “La piedra angular del Convenio”: “El establecimiento de mecanismos apropiados y eficaces para la consulta de los pueblos indígenas y tribales en relación con las cuestiones que les conciernen es la piedra angular del Convenio Nº 169, aunque sigue siendo uno de los principales desafíos que plantea la aplicación plena del Convenio en una serie de países). El Convenio exige que los pueblos indígenas puedan participar de manera eficaz en los procesos de toma de decisiones que puedan afectar sus derechos e intereses. El establecimiento de mecanismos de consulta es fundamental para garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas en la toma de decisiones. Por ende, los artículos 6 y 7 referidos a consulta y participación resultan disposiciones clave del Convenio Nº 169 sobre las cuales “reposa la aplicación de los demás disposiciones”, si bien otros artículos también hacen referencia a la consulta y a la participación. Las disposiciones sobre consulta y participación deben leerse en forma conjunta con aquellas referidas a las medidas coordinadas y sistemáticas tendientes a implementar los derechos de los pueblos”.
11. Que extrañamente este hecho ha sido reconocido por quién diseñó y promovió las actuales consultas antes de renunciar al cargo hace un mes, don Sebastián Donoso R., ex Asesor Especial para Asuntos Indígenas del Gobierno, en un artículo firmado por él, titulado “¿Cómo se aplica el Convenio 169 de la OIT en Chile?, de 01 de marzo de 2011, reconoce textualmente la entidad de la consulta indígena: “Precisamente es la propia OIT la que ha resaltada una y otra vez que la “piedra angular” del Convenio 169, es la consulta y participación de los pueblos indígenas en respecto a las materias y decisiones que les afectan directamente”.
El Senado acuerda:
1.- Solicitar al Presidente de la República instruya al Ministro de Planificación:
a) La suspensión de las consultas indígenas sobre:
La creación de la Agencia de Desarrollo Indígena en reemplazo de la Conadi
Reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas
La creación del Consejo de Pueblos Indígenas.
El procedimiento de Consulta y participación
Consulta para el censo indígena 2012 del Instituto Nacional de Estadísticas.
El nuevo Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)
b) Realizar las futuras consultas con estricta sujeción al Convenio 169 de la OIT y los estándares de derechos humanos de los pueblos indígenas, particularmente en lo que dice relación con la necesidad de acordar previamente la forma de consultar y luego, los temas futuros que serán consultados.
c) La derogación del Decreto 124 de Mideplan, que fija el Reglamento provisional de consultas indígenas.
2. Comunicar este acuerdo de la OIT para efectos de que tomen conocimiento de las vulneraciones del Convenio 169 de la OIT.
3. Comunicar este acuerdo a James Anaya, Relator Especial de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas.
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.- Guido Girardi Lavín, Senador.- José Antonio Gómez Urrutia, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.- Jaime Quintana Leal, Senador.