Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Alejandro Navarro Brain
- Jaime Quintana Leal
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
NORMAS DE CONSERVACIÓN DE BIODIVERSIDAD DE TIBURONES PARA SU APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- DEBATE
-
INTRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- INTERVENCIÓN : Jorge Pizarro Soto
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Guido Girardi Lavin
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Ricardo Lagos Weber
- DEBATE
-
NORMAS DE CONSERVACIÓN DE BIODIVERSIDAD DE TIBURONES PARA SU APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
-
RECHAZO A POLÍTICAS CENTRALISTAS DEL GOBIERNO. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Camilo Escalona Medina
-
PARALIZACIÓN GENERAL EN CALAMA POR CENTRALISMO
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
-
PRECISIÓN SOBRE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AGENDA DE IMPULSO COMPETITIVO LESIVAS PARA QUINTA REGIÓN. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ricardo Lagos Weber
-
INTERROGANTES EN TORNO A ENAJENACIONES DE ESVAL Y DE RESERVA LAGO PEÑUELAS. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ricardo Lagos Weber
-
PLANTEAMIENTO SOBRE ANUNCIOS DE GOBIERNO EN MATERIA EDUCACIONAL
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
-
FORMALIZACIÓN A ALUMNOS DE TRAIGUÉN MOVILIZADOS. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Quintana Leal
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXOS
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES CHAHUÁN, BIANCHI, HORVATH Y SABAG, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE SEGURO DE RIESGOS PERSONALES PARA PESCADORES ARTESANALES (7764-03)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Francisco Chahuan Chahuan
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- Antonio Horvath Kiss
- Hosain Sabag Castillo
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORA RINCÓN Y SEÑORES ESCALONA, GARCÍA, PIZARRO Y URIARTE, CON LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE ELIMINACIÓN EN REGISTROS O BANCOS DE DATOS PERSONALES DE CLIENTES CUYAS DEUDAS SE HAYAN REPACTADO UNILATERALMENTE (7776-03)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Ximena Rincon Gonzalez
- Camilo Escalona Medina
- Jose Garcia Ruminot
- Jorge Pizarro Soto
- Gonzalo Uriarte Herrera
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES ORPIS, URIARTE Y COLOMA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE MONUMENTO EN MEMORIA DE DON JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LEIVA ERDOÍZA (7772-04)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jaime Orpis Bouchon
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Juan Antonio Coloma Correa
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES MUÑOZ ABURTO, BIANCHI Y WALKER (DON PATRICIO), CON LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE CONTINUIDAD DE BECA DE ZONAS EXTREMAS (7771-04)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- Patricio Walker Prieto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR CHAHUÁN, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE DENOMINA “PABLO NERUDA” AL CENTRO CULTURAL UBICADO EN EL RECINTO DE LA EX CÁRCEL DE VALPARAÍSO (7770-04)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Francisco Chahuan Chahuan
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES NAVARRO Y QUINTANA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE COMO REQUISITO PARA INGRESAR A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO SER DONANTE DE ÓRGANOS (7773-06)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- Jaime Quintana Leal
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑOR CHAHUÁN, SEÑORA ALVEAR Y SEÑORES ESPINA Y LARRAÍN FERNÁNDEZ, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY RESPECTO DE COMUNICACIÓN DE ÓRDENES DE APREMIO EN JUICIOS DE ALIMENTOS (7765-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Francisco Chahuan Chahuan
- Maria Soledad Alvear Valenzuela
- Alberto Espina Otero
- Hernan Larrain Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR CHAHUÁN, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE PERMITE REVOCAR EL MANDATO EN MATERIA COMERCIAL (7763-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Francisco Chahuan Chahuan
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORA ALLENDE Y SEÑORES LETELIER, MUÑOZ ABURTO, TUMA Y ZALDÍVAR, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE SANCIONA LA ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA DE BIENES AJENOS (7774-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maria Isabel Allende Bussi
- Juan Pablo Letelier Morel
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Eugenio Tuma Zedan
- Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑORES TUMA Y QUINTANA, SEÑORAS ALLENDE Y ALVEAR Y SEÑORES GÓMEZ, LETELIER, MUÑOZ ABURTO, NAVARRO, SABAG Y ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY RELATIVO A NO SANCIONAR A FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE PARTICIPARON EN MOVILIZACIONES POR EL REAJUSTE DEL AÑO 2010 (S 1377-12)
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- Eugenio Tuma Zedan
- Jaime Quintana Leal
- Maria Isabel Allende Bussi
- Maria Soledad Alvear Valenzuela
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- Juan Pablo Letelier Morel
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Alejandro Navarro Brain
- Hosain Sabag Castillo
- Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES CHAHUÁN, BIANCHI, HORVATH Y SABAG, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE SEGURO DE RIESGOS PERSONALES PARA PESCADORES ARTESANALES (7764-03)
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 359ª
Sesión 31ª, en miércoles 6 de julio de 2011
Ordinaria
(De 16:20 a 19:18)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GUIDO GIRARDI LAVÍN, PRESIDENTE;
JUAN PABLO LETELIER MOREL, VICEPRESIDENTE,
Y JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, LOS SEÑORES MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR, Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, en materia de aprovechamiento y beneficio de tiburones (7489-03) (se aprueba).........................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que permite la introducción de la televisión digital terrestre (6190-19) (se aprueba en general)..................................
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Rechazo a políticas centralistas del Gobierno. Oficio (observaciones del Senador señor Escalona)..........................................................................................................
Paralización general en Calama por centralismo (observaciones del Senador señor Gómez).......................................................................................................................
Precisión sobre aplicación de medidas de agenda de impulso competitivo lesivas para Quinta Región. Oficios (observaciones del Senador señor Lagos)...........................
Interrogantes en torno a enajenaciones de ESVAL y de Reserva Lago Peñuelas. Oficios (observaciones del Senador señor Lagos).....................................................
Planteamiento sobre anuncios de Gobierno en materia educacional (observaciones del Senador señor Quintana)......................................................................................
Formalización a alumnos de Traiguén movilizados. Oficios (observaciones del Senador señor Quintana)............................................................................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedán, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia , señor Cristián Larroulet Vignau, y de Planificación, señor Felipe Kast Sommerhoff. Asimismo, estuvo presente el asesor del Ministerio de Transportes, señor Andrés Rodríguez A.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario , el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 17 señores Senadores.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Se dan por aprobadas las actas de la sesiones 27ª, ordinaria, 28ª, especial, y 29ª, ordinaria, en 21 y 22 de junio del año en curso, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
De Su Excelencia el Presidente de la República , con el que hace presente la urgencia, calificada de "suma", en relación con el proyecto de ley sobre indulto general (boletín Nº 7.533-07).
--Se tiene presente la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
De Su Excelencia el Vicepresidente de la República , con el que da inicio a un proyecto de acuerdo que aprueba el "Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Consejo Federal Suizo sobre el Ejercicio de Actividades Remuneradas por Parte de los Familiares Dependientes de Miembros de las Misiones Diplomáticas, Representaciones Consulares y Misiones Permanentes", suscrito en Santiago, Chile, el 16 de marzo de 2011 (boletín N° 7.775-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Oficios
De Su Excelencia el Presidente de la República , con el que requiere el acuerdo del Senado para nombrar al señor Roberto Guerrero Valenzuela integrante del Consejo Nacional de Televisión (boletín N° S 1.376-05) (con la urgencia del inciso segundo del número 5 del artículo 53 de la Carta Fundamental).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Dos de la Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que tomó conocimiento del informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual (boletín N° 7.737-05) (con urgencia de "discusión inmediata"), en el que se da cuenta de que no se llegó a acuerdo para resolver las discrepancias entre ambas Cámaras.
Asimismo, informa que ofició a Su Excelencia el Presidente de la República para los efectos del inciso segundo del artículo 71 de la Constitución Política.
--Se toma conocimiento.
Con el segundo indica que aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que introduce modificaciones a la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor (boletín N° 7.075-06).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos junto a sus antecedentes.
Del Tribunal Constitucional, mediante el cual remite copia autorizada de la resolución dictada en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 41, inciso final, del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas.
--Se toma conocimiento y se remite el documento a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De la señora Directora del Trabajo , con el que responde una solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Navarro, relativa a fiscalizaciones, procedimientos sancionatorios y multas que la Dirección del Trabajo haya realizado y aplicado a la empresa Ekono, durante los últimos doce meses.
--Queda a disposición de los señores Senadores.
Mociones
De los Senadores señores Chahuán, Bianchi, Horvath y Sabag, con la que dan inicio a un proyecto de ley que establece seguro de riesgos personales para pescadores artesanales (boletín N° 7.764-03).
--Pasa a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
De los Senadores señora Rincón y señores Escalona, García, Pizarro y Uriarte, con la que inician un proyecto de ley sobre eliminación en registros o bancos de datos personales de clientes cuyas deudas se hayan repactado unilateralmente (boletín N° 7.776-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
De los Senadores señores Orpis, Uriarte y Coloma, con la que dan inicio a un proyecto sobre monumento en memoria de don Joaquín Fernández de Leiva Erdoíza (boletín N° 7.772-04).
De los Senadores señores Muñoz Aburto, Bianchi y Walker (don Patricio), con la que inician un proyecto de ley tocante a continuidad de beca de zonas extremas (boletín N° 7.771-04).
Del Senador señor Chahuán, con la que da inicio a un proyecto que denomina "Pablo Neruda" al centro cultural ubicado en el recinto de la ex cárcel de Valparaíso (boletín N° 7.770-04).
--Pasan a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
De los Senadores señores Navarro y Quintana, con la que inician un proyecto de ley que establece como requisito para ingresar a la Administración del Estado ser donante de órganos (boletín N° 7.773-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
De los Senadores señor Chahuán, señora Alvear y señores Espina y Larraín (don Hernán), con la que dan inicio a un proyecto de ley respecto de comunicación de órdenes de apremio en juicios de alimentos (boletín N° 7.765-07).
Del Senador señor Chahuán, con la que inicia un proyecto de ley que permite revocar el mandato en materia comercial (boletín N° 7.763-07).
De los Senadores señora Allende y señores Letelier, Muñoz Aburto, Tuma y Zaldívar (don Andrés), con la que dan inicio a un proyecto de ley que sanciona la administración fraudulenta de bienes ajenos (boletín N° 7.774-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Declaración de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señores Navarro y Quintana, con la que dan inicio a un proyecto de ley relacionado con las bases de cálculo de las indemnizaciones por término del contrato de trabajo.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , de conformidad con lo dispuesto en el N° 4° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señores Tuma y Quintana, señoras Allende y Alvear y señores Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Sabag y Zaldívar (don Andrés), relativo a no sancionar a funcionarios públicos que participaron en movilizaciones por el reajuste del año 2010 (boletín N° S 1.377-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Terminada la Cuenta.
El señor HORVATH.- ¿Me permite, señor Presidente ?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, esta solicitud la hice el día de ayer.
Pido que el tercer proyecto del Orden del Día de la presente sesión, el que busca combatir el aprovechamiento y beneficio de tiburones, sea visto como si fuera de Fácil Despacho.
Dicha iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en forma casi idéntica a como lo hizo el Senado. Solamente se agregó la frase "acción denominada aleteo o finning". Ello se refiere a la práctica de cortar las extremidades a los tiburones o especies afines.
El señor CHAHUÁN.- El Comité Renovación Nacional también solicitó eso.
El señor HORVATH.- Perfecto.
Pido, entonces, que tal materia sea tratada de manera muy simple -la discusión ya está hecha-, con el objeto de despachar el proyecto luego para su promulgación.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- ¿Habría acuerdo para poner en el primer lugar de la tabla de hoy la iniciativa señalada y tratarla como si fuera de Fácil Despacho?
--Así se acuerda.
)----------(
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , en la mañana la Comisión de Obras Públicas tomó nota del Orden del Día de la presente sesión.
Con relación al proyecto, iniciado en moción del Senador señor Gómez, que establece compensación a usuarios por interrupción, restricción o racionamiento del suministro de agua potable, solicito que se recabe el acuerdo de la Sala para que la materia vuelva al órgano técnico, en atención a que su contenido coincide con una moción presentada anteriormente por el Honorable señor Prokurica.
El ánimo unánime de la Comisión de Obras Públicas, incluido el del Senador señor Gómez, autor de la moción en tabla, es ver la posibilidad de refundir ambas iniciativas.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- ¿Hay acuerdo para enviar de nuevo el proyecto mencionado a la Comisión de Obras Públicas para un nuevo primer informe?
--Así se acuerda.
)----------(
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Informo a la Sala que el señor Ministro de Hacienda solicitó suspender el tratamiento del proyecto que moderniza y fomenta la competencia del sistema financiero, debido a que él no podrá acompañarnos hoy en la sesión.
Ayer se acordó poner esta materia en el primer lugar del Orden del Día, a petición, entre otros, del Comité UDI.
¿Hay acuerdo para no tratar hoy dicha iniciativa?
--Así se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA
NORMAS DE CONSERVACIÓN DE BIODIVERSIDAD DE TIBURONES PARA SU APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
En virtud de lo acordado, corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto, en tercer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Horvath, Cantero, Gómez, Orpis y Sabag, en materia de aprovechamiento y beneficio de tiburones, con urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7489-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Horvath, Cantero, Gómez, Orpis y Sabag):
En primer trámite, sesión 90ª, en 1 de marzo de 2011.
En tercer trámite, sesión 30ª, en 5 de julio de 2011.
Informes de Comisión:
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura: sesión 3ª, en 16 de marzo de 2011.
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura (segundo): sesión 10ª, en 19 de abril de 2011.
Discusión:
Sesiones 5ª, en 23 de marzo de 2011 (se aprueba en general); 11ª, en 20 de abril de 2011 (se aprueba en particular).
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, realizó solo una enmienda al texto que despachó el Senado, y esta consiste en precisar que la mutilación de las aletas de tiburones es la "acción denominada aleteo o finning".
Esta modificación requiere, para ser aprobada, los votos conformes de 20 señores Senadores.
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
En discusión la enmienda de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, solo quiero señalar que esta iniciativa, de origen parlamentario, que prohíbe "la mutilación de las aletas de cualquier especie de tiburón, a bordo de naves o embarcaciones de pesca o su transbordo", fue aprobada en la Cámara de Diputados prácticamente en forma idéntica a como lo hizo el Senado. Solo agregó un perfeccionamiento: la frase "acción denominada aleteo o finning,".
Es sabido que el tiburón es la especie que ocupa la cúspide de la pirámide de los ecosistemas marinos, al igual que el tigre o los animales más depredadores en tierra.
Tal mutilación produce un grave desequilibrio. No podemos permitir que, por un negocio basado en prácticas ancestrales o de otra naturaleza en distintos países, los ecosistemas marinos sean deteriorados en forma irreversible.
Por tales razones, solicitamos a la Sala que apruebe la enmienda que propone la Cámara Baja, a fin de despachar el proyecto para su posterior promulgación.
He dicho.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
En votación.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la modificación introducida por la Cámara de Diputados (24 votos); se deja constancia de que se cumplió el quórum constitucional requerido, y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), Gómez, Horvath, Larraín (don Carlos), Letelier, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz Esquide, Sabag, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
INTRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que permite la introducción de la televisión digital terrestre, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6190-19) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 8ª, en 13 de abril de 2011.
Informe de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 30ª, en 5 de julio de 2011.
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
El objetivo principal de la iniciativa es permitir la introducción de la televisión digital terrestre, mediante el otorgamiento de las competencias y facultades necesarias al Consejo Nacional de Televisión. Para ello, se modifican las funciones y atribuciones del Consejo, el quórum de nombramiento de sus integrantes, los requisitos para ser consejero y otras normas relacionadas.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió el proyecto solo en general por considerar que contiene disposiciones que requieren mayor estudio y análisis.
En su primer informe deja constancia de las entidades y especialistas en la materia, particularmente invitados, que concurrieron a exponer a la Comisión.
El órgano técnico aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Rincón y señores Chahuán, Lagos, Novoa y Prokurica. El texto es igual al que despachó la Honorable Cámara de Diputados y se puede consultar en el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus computadores.
Finalmente, cabe señalar que esta iniciativa, que durante la discusión particular será conocida también por la Comisión de Hacienda, contiene disposiciones con carácter de normas orgánicas constitucionales y de quórum calificado, por lo que requieren, para su aprobación, los votos conformes de 22 y 20 señores Senadores, respectivamente.
Las normas de quórum calificado inciden en la organización, las funciones y atribuciones del Consejo Nacional de Televisión, y las orgánicas constitucionales, en lo relativo a la organización y las atribuciones de los tribunales de justicia.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PIZARRO.-
Tengo una duda.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, durante mucho tiempo...
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Disculpe, Su Señoría, pero al parecer el Honorable señor Pizarro desea plantear un punto de Reglamento.
El señor PIZARRO.-
Es más bien una consulta: ¿uno queda inscrito para intervenir realmente cuando oprime el botón en el computador?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Sí, señor Senador.
Como todos saben, estamos con nuevo sistema computacional. Según este, se encuentran inscritos para hacer uso de la palabra, después del Honorable señor Prokurica, los Senadores señora Alvear y señores Novoa y Pizarro, a menos que se permita al Presidente de la Comisión de Transportes entregar primero un informe.
El señor PROKURICA.-
En esa calidad, el colega tiene preferencia.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Por eso pregunto.
El señor PROKURICA.-
No tengo inconveniente.
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Novoa.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente, voy a exponer un informe muy breve.
En poder de Sus Señorías está el primer informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. En él se da cuenta de que recibimos en audiencia a cerca de 40 instituciones vinculadas con la televisión, la cultura y el arte, cuyos representantes tuvieron la posibilidad de formular sus planteamientos, expresar sus puntos de vista y hacer presentes sus observaciones y sugerencias al texto aprobado por la Cámara de Diputados.
Los antecedentes que nos entregaron esas organizaciones se encuentran a disposición de los señores Senadores en la Secretaría del órgano técnico.
El proyecto fue analizado solo en general por la Comisión de Transportes.
Además de oír a las entidades interesadas en el asunto, escuchamos las intervenciones del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones y del Subsecretario de Telecomunicaciones, quienes participaron en todas las sesiones en que abordamos esta materia. Ahí recibimos los comentarios del Poder Ejecutivo respecto de los temas centrales de esta propuesta legislativa.
El proyecto contempla modificaciones a la ley Nº 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión.
Del texto aprobado por la Cámara Baja, el asunto de mayor interés o que genera más debate es el relativo a qué se entenderá por "correcto funcionamiento de los servicios de televisión".
Tal materia es objeto de opiniones y visiones diversas. Si bien es cierto que en la otra rama del Congreso hubo un amplio acuerdo en la aprobación de la iniciativa, no me cabe la menor duda de que en la discusión particular en el Senado el tema aludido también va a suscitar un debate interesante y distintas opiniones.
Otras normas que generarán pareceres diversos son las relativas al Consejo Nacional de Televisión: a su composición; a la forma en que se designa a sus miembros y al quórum de aprobación por parte del Senado; a las condiciones que se requieren para ser consejero; a las inhabilidades o incompatibilidades que dicho cargo pueda llevar consigo.
Dentro de la discusión general y de lo que despachó la Cámara de Diputados hay igualmente innovaciones interesantes, como la obligación de transmitir programas culturales y campañas de interés público.
Esas son las modificaciones que se introducen al Consejo Nacional de Televisión con ocasión de la implementación de la televisión digital terrestre.
Asimismo se produjo un análisis bastante controvertido, diría yo, tanto en la otra rama del Parlamento como en la Comisión de Transportes del Senado, en relación con el nuevo régimen concesional. A raíz de la aparición de una nueva tecnología, se ha estimado que las concesiones y los procedimientos para su otorgamiento ameritan la dictación de una normativa distinta.
En el texto aprobado por la Cámara se observa una novedad bastante sustancial, consistente en la existencia de concesiones de dos clases. Una de ellas son las concesiones de servicio de radiodifusión televisiva con medios propios, vale decir, las que se otorgan a una entidad determinada para que produzca y transmita un programa de televisión con sus propios medios e instalaciones. Se trata de una concesión establecida a largo plazo. Implica instaurar e implementar un canal de televisión y, por tanto, requiere de un horizonte mayor.
Y se crea una figura nueva: la concesión de televisión sin medios propios, con una duración de 5 años, que permite al concesionario, asumiendo en plenitud la producción del contenido y siendo legalmente responsable de la emisión de este, contratar la transmisión de su programación a través de un concesionario que tenga los medios de difusión correspondientes.
Y esto porque, gracias a la nueva tecnología digital y la tecnología de compresión, en el ancho de banda de 6 megahertz (convención internacional que determina exactamente el tipo de frecuencia asignada a cada emisor y que impera en todo el norte, centro y sur de América) se pueden transmitir varias señales, de manera que los concesionarios de televisión con medios propios podrán transmitir su canal o su señal matriz y, adicionalmente, otro tipo de señales, entre ellas una que contenga la producción de un concesionario de televisión sin medios propios.
En materia de concesiones hay varios temas que se plantearon a raíz de la nueva tecnología y que no están definitivamente resueltos o que respecto de ellos por lo menos la Comisión, cuando dio su aprobación en general, entendió que había un margen de discusión que será necesario clarificar con motivo del segundo informe.
¿Cuáles son?
En primer lugar, qué pasa con los actuales concesionarios de televisión que poseen concesiones indefinidas. Al pasarse al nuevo sistema, ¿mantendrán su carácter de concesionario indefinido, o entrarán a la regulación normal, que establece concesiones con plazos?
En segundo término, ¿qué uso le podrán dar los canales que tengan una concesión de televisión abierta al resto del espectro? ¿Podrán emitir o no señales de pago? ¿Podrán usar la capacidad sobrante del espectro para prestar otro tipo de servicios? Naturalmente, lo que sí podrán hacer -porque la ley incluso los obliga a ello- es licitar su capacidad adicional para permitir que los concesionarios sin medios propios transmitan su programación a través de la utilización de sus instalaciones.
Un punto que se analizó inicialmente en la Cámara de Diputados pero que, en definitiva, no fue aprobado ahí -aun cuando, en mi opinión y en la del resto de los miembros de la Comisión, será necesario revisar en la discusión particular-, es la existencia de un concesionario o de un sistema dedicado exclusivamente a la transmisión de señales y no necesariamente a la generación de contenidos.
En el proyecto original del Ejecutivo , presentado durante el Gobierno anterior, figuraba un concesionario de medios.
Es probable que no...
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Perdón, señor Senador.
Usted ha agotado los minutos reglamentarios como informante. Si quiere, le podemos dar algunos adicionales con cargo a su propio tiempo.
El señor NOVOA.-
Dos me bastan para terminar el informe, señor Presidente . Porque mi opinión y mi votación ya se encuentran contenidas en el documento emitido por la Comisión de Transportes.
Señalaba que un tema que probablemente deberemos revisar en la discusión particular es la posibilidad de que exista un concesionario de medios o un concesionario de redes que no necesariamente produzca sus propios contenidos pero que sí tenga la capacidad de transmitir los elaborados por otros concesionarios.
Es un asunto pendiente, estudiado aunque no aprobado en la Cámara de Diputados y que no viene considerado en el texto que tuvimos a la vista.
Estas son, básicamente, las materias que la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones analizó antes de dar su apoyo unánime al proyecto.
Es posible que durante la discusión particular también se trate la denominada "convergencia de medios", vale decir, la necesidad de considerar, en la legislación que se dicte el que hoy día existen diversas formas de transmisión de señales de televisión, pero también diferentes maneras de comunicaciones, que eventualmente convergen en un mismo sistema. Me refiero a la televisión transmitida por internet; a la que se transmite por vía celular, a la capacidad de que haya interactividad en la televisión.
Frente a eso -y esta es una opinión personal, pero que hemos compartido en la Comisión-, tenemos la sensación de que puede ser necesario actualizar un poco este proyecto de ley, que fue presentado hace ya algunos años, de manera de no aprobar una iniciativa que en cierta forma nazca obsoleta.
Resulta fundamental aprobar lo antes posible la existencia de este nuevo régimen para la televisión, porque se necesita un plazo de aproximadamente cinco años para pasar de la televisión analógica a la digital. No es conveniente seguir dilatando esta situación. Pero hay que tener mucho cuidado de no rigidizar, por los próximos 20 años, un marco institucional que a poco andar pueda quedar obsoleto.
Entonces, yo invito a todos los Senadores, en primer lugar, a dar su aprobación general a este proyecto, y en segundo término, a que tengamos una participación activa en la discusión particular, porque para la población la televisión abierta sigue siendo algo muy importante. Más de la mitad del país no tiene acceso al cable. Y cuando hablamos de más de la mitad, nos referimos por cierto a los sectores más postergados de la sociedad. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que ellos puedan disponer de una televisión abierta de muy buena calidad.
En consecuencia, si bien es cierto que habrá que modificar esta iniciativa, que se tendrá que considerar en detalle, teniendo presente la rapidez con que evolucionan todas estas tecnologías, también lo es que se trata de un proyecto urgente, porque hay que iniciar lo antes posible el traspaso de la televisión actual analógica a una digital, que permita dar más opciones a los ciudadanos y mayor y mejor televisión para todos los chilenos.
He dicho.
)------------)
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Solicito autorización para que ingrese a la Sala el señor Andrés Rodríguez, asesor del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
--Se accede.
)------------(
El señor LONGUEIRA.-
Pido abrir la votación.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
La Mesa ha recibido la solicitud para abrir la votación.
El señor PIZARRO.-
Siempre que se mantengan los tiempos de intervención, señor Presidente.
El señor LONGUEIRA.-
¡Por supuesto!
El señor PIZARRO.-
Si es así, no habría problema.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Así se acuerda.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
En votación.
--(Durante la votación).
El señor GIRARDI (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, durante mucho tiempo hemos visto, a través de los medios de comunicación -incluso aquí, en el Congreso-, discutir con respecto a qué se entiende por televisión digital terrestre.
A decir verdad, se escuchan muchas cosas que a veces no tienen que ver en modo alguno con la televisión digital. Y, por eso, quiero partir señalando, en una descripción simple, en qué consiste la televisión digital terrestre, que no es nada más ni nada menos que una plataforma que permite optimizar la transmisión de datos, posibilitando que pasen muchos más canales de televisión por donde antes lo hacía uno.
Se habla de que las concesiones existentes hoy día para la televisión analógica, por la tecnología que poseen, ocupan 6 megas; y al producirse este salto tecnológico del que hablamos, que es la televisión digital -ella comienza allá por los años 60 en Japón y con posterioridad se extiende a Estados Unidos y Europa-, en ese mismo ancho de banda, del mismo espectro radioeléctrico, puede transmitir más de un canal, dependiendo de si la transmisión es en alta definición (en las televisiones de mayor fidelidad incluso podría haber hasta tres canales en el mismo espacio del espectro radioeléctrico que hoy día ocupa un canal análogo).
El proyecto en debate permitirá la introducción de la televisión digital terrestre, otorgando las competencias y facultades necesarias al Consejo Nacional de Televisión, finalidad que se logra mediante la introducción de diversas modificaciones a la ley N° 18.838, que lo regula, las que se refieren al ámbito de las funciones y atribuciones del Consejo; quórum de nombramiento de sus integrantes; requisitos para ser consejero; composición, asignaciones y funciones de sus integrantes; aportes que puedan recibir para el cumplimiento de sus funciones; de las concesiones y el procedimiento para otorgarlas; de los tipos de operadores de servicio de radiodifusión televisiva; del patrimonio, y de las sanciones que pueden aplicarse.
El objetivo fundamental de esta iniciativa es incorporar a Chile en la implementación de la tecnología digital.
Durante su aprobación en la Cámara de Diputados se llegó a un consenso en cuanto a la necesidad de implementar estas normas tecnológicas de acuerdo con el desarrollo en materia de telecomunicaciones en los ámbitos regionales, continentales y mundiales.
La televisión, como es bien sabido, tiene un considerable impacto social y cultural. Prácticamente la totalidad de los hogares en Chile posee uno o más receptores de televisión. De dichos hogares, según los datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL), en el 66 por ciento se ve exclusivamente televisión abierta de libre recepción -¡66 por ciento!-, cifra que se incrementa al 91,3 por ciento en los hogares de menores ingresos.
La televisión abierta, gratuita, de libre recepción, es, sin duda, el medio de comunicación pública más importante del país, muy especialmente para las familias de ingresos medios y bajos.
Señor Presidente , superada la etapa del tipo de norma a implementar -Sus Señorías saben que la Administración pasada tomó la decisión de la norma japonesa- y el acuerdo en la Cámara, la discusión ha sido orientada en la Comisión a conocer las diferentes posiciones técnicas, de contenidos y de instrumentos tecnológicos; de materias fundamentales como el espacio geográfico de cobertura de los canales, su regulación, y los distintos mecanismos de incentivo para la entrada de actores regionales y locales.
El proyecto contempla la separación regulatoria entre la autorización para emitir contenidos audiovisuales y la concesión del espectro radioeléctrico para el transporte de señales de televisión como un servicio intermedio.
También propone crear la figura de las concesiones regionales, locales y comunitarias, además de la nacional, estableciéndose derechos y obligaciones diferenciadas con el objeto de protegerlas e impulsarlas en su desarrollo. De esta forma, las concesiones regionales, locales y comunitarias están asociadas a una cobertura geográfica.
La iniciativa considera, asimismo, dos plazos que marcan los hitos en la transición a la televisión digital. El primero es el período de digitalización dentro del que se impone a los canales de televisión actuales lograr una determinada cobertura de servicio digital; y el segundo es el período total de transición, que culmina con el "apagón" de la televisión analógica y el cumplimiento de cobertura total de las transmisiones digitales.
Por razones análogas a las expresadas precedentemente, la iniciativa también contempla la transmisión gratuita de campañas de utilidad o de interés público a través de las señales de televisión abierta, cuestión que no estaba considerada y que se ha discutido muchas veces por algunos canales.
En cuanto a la reforma del Consejo Nacional de Televisión, si bien se pretende realizar algunos cambios por medio de esta iniciativa, sería pertinente revisar de manera amplia la ley que regula a dicho ente, en especial las facultades vinculantes relativas a su composición, así como la fuerza de sus resoluciones, para darles mayor vigor y hacerlas vinculantes en lo que concierne a los contenidos que transmiten las emisoras.
Cabe destacar que existe una corriente para fortalecer el Consejo en cuanto a su deber de velar porque se cumplan, respeten y promuevan derechos fundamentales del ser humano: económicos, sociales, culturales y de otro tipo.
Creemos necesario en esta etapa de la discusión conocer, como medida de transparencia para los actores que intervienen y la ciudadanía en general, el plan de transición y la planificación de la regulación de las concesiones.
En otros aspectos, se requiere conocer el pronunciamiento de la Subsecretaría de Telecomunicaciones respecto a las concesiones existentes. El espíritu de la ley sobre televisión estaba dado por el tema educativo y de alcance nacional, y las concesiones se concedieron originalmente a instituciones sin fines de lucro.
Si bien el aspecto público y privado de las telecomunicaciones puede convivir con reglas claras y regulación establecida, el Estado preserva siempre el derecho de acceso a la información de todos sus ciudadanos. Ello no significa estar en contra de la televisión privada. Empero, quien la norma no debiera ser el mismo ente privado y autorregulador.
Finalmente, debo destacar que se discute en torno a este proyecto de ley lo atinente a la duración de las concesiones: con medios propios, veinte años; con medios de terceros, cinco años.
No olvidemos que primitivamente la mayoría de estas concesiones se entregó sin plazo y que algunos canales de televisión fueron comprados por privados, quienes, por supuesto, reclaman que ellas debieran mantener las mismas condiciones que tenían cuando se adquirieron.
Para concluir, quiero subrayar un planteamiento realizado con mucha fuerza por los Senadores señores Horvath , Bianchi y Cantero en el sentido de incorporar fondos del Estado para apoyar a los canales de televisión regionales, comunales, provinciales, de alcance limitado. Recordemos que esas estaciones televisivas tienen cobertura limitada y que varias funcionan con pocos recursos. La idea es permitirles enfrentar el apagón analógico, pues para subirse a la tecnología digital deberán invertir una cantidad importante de dinero. Y la verdad es que se ha dado una buena respuesta en cuanto a que habrá recursos estatales para respaldarlos.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, la actual regulación de la televisión chilena se dictó en 1989.
Recordemos que fue de espaldas al país, por cuanto se llevó adelante en el año de alargue del Gobierno militar, antes de entregar el poder tras el plebiscito.
Al Gobierno del Presidente Aylwin únicamente le fue posible realizar algunos ajustes en la composición del ente regulador, pero no los cambios de fondo. Estos solo fueron factibles en Televisión Nacional, donde se estableció un nuevo modelo de televisión pública.
El Senado entra a estudiar -me alegro por ello- el proyecto de ley sobre transición a la televisión digital terrestre. Este es, a mi juicio, el momento de discutir a fondo, en forma pública y de cara a la ciudadanía, qué tipo de televisión queremos para el país y el modelo que Chile precisa.
Las razones que hacen necesario regular la televisión no son, ni siquiera principalmente, técnicas, contrariamente a lo que la mayoría de la ciudadanía piensa. Muchos creen que esta iniciativa tiene que ver con el aparato de televisión o con la imagen que van a ver, y no existe en el país suficiente conciencia sobre lo que estamos legislando en la actualidad.
En efecto, hay también razones éticas: los efectos de la televisión en las personas, en los grupos sociales y en la comunidad en su conjunto; razones políticas: temas sobre televisión y democracia; razones culturales: televisión e identidad y cultura nacionales; razones sociales: televisión y reconocimiento de la diversidad y la tolerancia; razones jurídicas: legislación interna y tratados internacionales; razones económicas: televisión y mercados, y mercados de la televisión; y razones tecnológicas: televisión como medio de telecomunicación.
Por ello, a mi entender, una verdadera regulación en esta materia, una verdadera Ley General de Televisión para Chile debe incluir al menos los siguientes elementos.
Primero, las normas generales que regulen el carácter de la televisión en nuestro país, que es una actividad de interés público y no un mero negocio, sin perjuicio de que ese interés pueda ser servido por entidades públicas, universitarias, privadas y sociales, compitiendo en un mercado con reglas que representen el interés de la comunidad.
Segundo, las normas globales que regulen los aspectos generales de la programación y los contenidos de la televisión; las normas especiales sobre determinados tipos de programas en que el interés público es especialmente relevante (infantiles, juveniles, culturales, de análisis y debate de cuestiones públicas), así como las relativas a la producción nacional y la independiente.
No estoy hablando de censurar la televisión. Pero, si se pide una concesión, por ejemplo, para un canal deportivo, el día de mañana él no podrá estar solo dando a conocer productos de venta; o, si se solicita una concesión para un canal dedicado a difundir programación infantil, él no podrá transformarse a los fines de transmitir únicamente programas para mayores de 18 años, por cuanto al hacerlo se estará cambiando la línea editorial.
A eso me refiero, señor Presidente.
Tercero, la regulación de ciertos aspectos cualitativos y cuantitativos de la hoy excesiva publicidad en televisión, así como una clara distinción entre las fuentes de financiamiento de la televisión abierta y de la de pago.
Cuarto, la definición correcta del concepto mismo de "concesión", así como de sus características definitorias esenciales, adoptando normas que, sin desconocer el importante rol que corresponde a los actuales concesionarios, fomente la diversidad de contenidos televisivos y la entrada de nuevos actores de distinta naturaleza.
Quinto, con relación a las entidades concesionarias, la regulación de los caracteres mínimos de su naturaleza jurídica, derechos y obligaciones en cuanto entidades con personalidad jurídica de objetivo único, con normas de transparencia no menores que las de una sociedad anónima abierta y con derecho preferente -pero en ningún caso automático- para la renovación de sus concesiones; y en el caso del capital extranjero, participación sujeta a los mismos derechos y limitaciones de los capitales chilenos en su país de origen.
Al mismo tiempo, me parece de la mayor relevancia -y me alegro de que la Comisión haya hecho presente la necesidad- disponer de recursos con el objeto de llevar la televisión digital a los canales comunales, provinciales y regionales.
Represento a la Región Metropolitana, pero me llama la atención que en otras zonas del país tengan que presenciar en la televisión, por ejemplo, un choque vehicular ocurrido en la avenida Vicuña Mackenna , de Santiago, en circunstancias de que hay una cantidad importante de materias de carácter local que podrían difundirse. Sin embargo, esto no es posible por la inexistencia de programación regional.
Sexto, el robustecimiento de las atribuciones del Consejo Nacional de Televisión como único ente regulador de la televisión en materias no técnicas, así como la reafirmación de su carácter de órgano de origen constitucional, autónomo de toda injerencia en el cumplimiento de sus funciones propias y con un régimen de personal y financiero que garantice su autonomía.
Es ese Consejo Nacional de Televisión, autónomo, con adecuado financiamiento, el que debiera velar por el cumplimiento de las normas de las entidades concesionarias para la televisión digital. Así, si hubiese un cambio en la línea editorial, en los términos que señalé anteriormente, este ente -el Consejo Nacional de Televisión modificado, con autonomía y fortaleza financiera- tendría que establecer las sanciones, e inclusive, caducar las concesiones.
Creo que tal es el marco que debemos tener para regular la televisión: una legislación en serio, profunda y de cara al futuro.
Señor Presidente , antes de terminar, permítame abordar algunas cuestiones claves.
1.- Tal como está planteado este proyecto, me parece que coloca el énfasis más en la industria que en los televidentes y la ciudadanía en general.
En lo que va de tramitación legislativa, si bien se ha avanzado, no se ha logrado introducir mayor democratización en la ya limitada oferta televisiva actual.
2.- Debemos privilegiar a los usuarios; recoger la necesidad de tener contenidos regionales, culturales, locales, y garantizar la diversidad de la oferta televisiva.
3.- A toda costa, hemos de evitar la creación del tag de la televisión: "Si desea ver algo bueno por televisión abierta, tiene que pagar. Y si no puede pagar, se va por la caletera, con programación barata y de baja calidad". No queremos televidentes de primera y de segunda categorías.
Seremos categóricos: si se mantiene lo aprobado en el primer trámite constitucional en cuanto a facultar a los operadores para cobrar por el 50 por ciento del espectro concesionado, vamos a rechazarlo. No es admisible que los actuales canales de televisión puedan cobrar hasta 50 por ciento por su programación. No procede seguir teniendo leyes que fomenten la discriminación entre los chilenos. Y este es un aspecto sustantivo del proyecto, que habremos de mejorar durante el segundo trámite constitucional.
4.- Llamo la atención en el sentido de que la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados significa mayor concentración en manos de los mismos operadores.
Por ello, a mi juicio, el debate en el Senado debe tener en mente -insisto- más a los televidentes, quienes, en un porcentaje altísimo, están recibiendo la información y el impacto social y cultural a través de la televisión.
En Chile, prácticamente la totalidad de los hogares cuenta al menos con un receptor de televisión. En el 66,5 por ciento de ellos se ve exclusivamente televisión abierta; la cifra se incrementa al 78 por ciento en los hogares del quintil más pobre.
De otra parte, quiero felicitar a la Comisión encargada de este proyecto por haber escuchado prácticamente a todos los sectores involucrados, incluidas personas vinculadas a la sociedad civil.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Perdón, señora Senadora , pero concluyó su tiempo.
La señora ALVEAR.-
Necesito un minuto más, para terminar la idea.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Lo tiene, Su Señoría.
La señora ALVEAR.-
Muchas gracias.
Señor Presidente , solo por mi interés en la materia, organicé dos mesas redondas relativas a ella, con distintos actores, de las más diversas opiniones, para lograr mayor información e intentar ir socializando el tema, dada la importancia que reviste; una se realizó en Santiago, y la otra, en Concepción. Aquí, en el Senado, también hubo un importante seminario sobre televisión digital.
Sin embargo, creo que aún no existe en el país suficiente conciencia y socialización sobre la cuestión que estamos tratando en estos momentos. En otras naciones -en Argentina, por ejemplo- se efectuaron foros y discusiones en cada provincia para finalizar regulando la televisión digital. En Chile todavía no se registra la suficiente socialización.
Señor Presidente, tenemos en nuestras manos una materia de gran relevancia. Debemos, pues, legislar bien. Hemos de considerar que la ley en proyecto regirá durante 20 a 30 años.
Por eso, invito a todos mis Honorables colegas a que dediquemos mucha atención a esta iniciativa, que desde luego aprobaré en general.
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, la Honorable señora Alvear -en gran parte, comparto lo que manifestó, fundamentalmente lo relativo a la discriminación, que es uno de los grandes problemas; y, desde ya, anticipo que no estoy dispuesto a respaldar el cobro que se pretende efectuar- señaló al final de su exposición que vamos a votar un proyecto de ley sobre la televisión para los próximos 20 a 30 años.
Pues bien: yo siento que, como la tecnología está avanzando muy rápido, lo más probable es que lo que votemos hoy día -me baso en planteamientos formulados por numerosos expertos en todo el mundo- dure bastante menos que el período mencionado.
En tal sentido, recordaré una situación registrada en España.
Un alto ejecutivo de Chile llegó a hablar de la televisión digital. Llevaba una extraordinaria presentación en PowerPoint; se paró frente al público, y dijo: "Les vengo a hablar de la televisión digital". Y se levantó un español para expresarle: "Pues, hombre, aquí estamos hablando de la televisión del futuro y no de la del pasado".
Eso es: la televisión digital ya está siendo pasado. Y, en la medida que nos sigamos demorando en votar este proyecto, lo más factible es que otras tecnologías la releguen a la historia definitivamente.
Señor Presidente , con sinceridad, recojo la enorme voluntad del Ministro y de su equipo de trabajo, quienes nos han ido motivando de manera permanente. Y yo, al menos, siento que las dudas surgidas se han ido aclarando.
Ahora bien, me he permitido intervenir en esta oportunidad por una gran preocupación que me asalta -la hemos hecho presente a través de proyectos de acuerdo, de mociones (al ser declaradas inadmisibles, hemos solicitado el patrocinio del Ejecutivo ), de conversaciones con el Ministro del ramo-, vinculada a lo que ocurrirá con la televisión en las Regiones.
En otros lugares del mundo, la televisión de las zonas más apartadas desapareció en un gran porcentaje. Y ello, debido a que el costo de la convertibilidad es inalcanzable, prácticamente imposible de solventar.
Hemos alertado sobre el problema; hemos denunciado la situación. El Ministro plantea que existe un mecanismo de financiamiento por la vía de la programación. Pero eso, claramente, no es suficiente. Muchas de las empresas propietarias de canales regionales no cuentan con respaldo financiero, no tienen acceso a créditos para llevar adelante tamaña inversión. Y por eso hemos solicitado que el Estado facilite algunos mecanismos o instrumentos para realizar el cambio.
Al respecto, nos farreamos una tremenda oportunidad.
En efecto, Japón estaba dispuesto, con tal de que Chile se quedara con la norma de ese país, no solo a otorgarnos la tecnología, sino también a instalar industrias en nuestro territorio. ¡Y vimos pasar la micro: no tuvimos fábricas, al revés de lo que sucedió con Brasil y -entiendo- Argentina!
Entonces, lo único que estamos haciendo ahora es comprar una norma. Pero desaprovechamos la gran oportunidad de tener industrias y, con ellas, fortalecer a las Regiones.
Así que estimo que hemos accedido hoy día a una norma que da una absoluta garantía -ello nos parece bien para la calidad de la televisión futura en nuestro país-, pero insisto en mi preocupación por los canales regionales. No me gustaría ver desaparecer a medios que ostentan un sello de identificación regional, que exhiben arraigo local, pero que no cuentan con capacidad económica.
Por eso digo que Chile pudo haberle planteado perfectamente al Gobierno japonés, en su momento, que el hecho de haberse quedado con la norma iba de la mano con acceso a crédito, a tecnología, a industria, de tal manera de no comprar solo el producto, sino también de hacer algo más como país.
Expondré asimismo otra preocupación, señor Presidente . Me apartaré un poquito de la idea matriz del proyecto, pero no puedo quedar ajeno a lo que hoy día nos tocó presenciar y escuchar en la Comisión de Trabajo.
Allí llegó un grupo de actores y otros trabajadores que se vieron en la obligación de seguir un juicio laboral a Televisión Nacional, canal del Estado. Nosotros hemos dicho innumerables veces que el Estado de Chile es un mal ejemplo, un mal empleador, y esta no es la excepción. Se ganó y se obtuvo una cantidad importante de plata, porque se burlaban los derechos de esas personas, muchos de ellos actores con una vinculación por más de 20 años. Y el medio mencionado está dando ahora otro pésimo ejemplo al soslayar la situación por la vía de fomentar y financiar la creación de sociedades de estos grupos de trabajadores, no acostumbrados al sistema, con tal de no mantenerlos con un vínculo laboral.
Entonces, creo que al momento de votar, ya con algunas indicaciones, no será malo que, respecto de la televisión futura para Chile, la digital, incorporemos algunas que vayan en resguardo de quienes le presten servicio, en general. Hoy es el caso de Televisión Nacional, que se repite en los canales privados, pero, obviamente, vamos a hacer ver la situación al exponer las que presentemos.
Y, fundamentalmente, cabe reiterarle al señor Ministro, quien ha manifestado una gran voluntad para recoger todos los requerimientos, todas las inquietudes, que no deje de lado la consideración de una manera concreta, real, de que no muera un solo canal en regiones y de que tengamos cuanto antes toda la convertibilidad de la futura televisión digital.
Estimo que nadie quiere que existan dos tipos de televidentes: en regiones, uno que acceda a la análoga, y en Santiago y otras regiones más grandes, obviamente, otro que cuente con la digital. Para todo Chile se tiene que disponer de una misma televisión de calidad. Y eso es lo deseable. Y entiendo que eso es lo que estamos hoy día aprobando en general.
Gracias.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
¡No sabe lo que le agradezco, señor Presidente ...!
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Hubo un problema técnico, señor Senador, porque si se topan de nuevo los botones del micrófono, se borra el registro. Por eso se generó el inconveniente.
Le expreso a Su Señoría mis disculpas.
El señor PIZARRO.-
Muchas gracias, señor Presidente . Agradezco su explicación.
En primer lugar, quisiera destacar que el proyecto ha despertado una tremenda expectativa, tanto en el Senado como en la opinión pública y los actores u operadores.
Lamentablemente, en la tramitación larga y muy exhaustiva que tuvo lugar en la discusión general del articulado no se contó con una presencia masiva de Senadores, por lo menos como la manifestada en la Sala. Pero espero que la situación se pueda corregir en el segundo informe, cuando estudiemos la materia en las Comisiones unidas de Educación y de Transportes.
Digo que se generó una gran expectativa, señor Presidente , pero, por desgracia, causada fundamentalmente por el problema de la calidad de la televisión, por la necesidad que vemos todos de un mejor contenido, de que prime lo cultural, lo educativo. Se incluye la entretención, por supuesto. pero la idea es que la televisión siga una cierta línea editorial que vaya educando, que vaya formando a quienes integran el sistema como telespectadores.
De ello, el proyecto casi no incluye nada, para los efectos prácticos. Y es bueno que en la Sala lo sepamos. Si creemos que por su intermedio vamos a poder solucionar esas demandas de la ciudadanía, nos equivocamos profundamente. Lo que sí tiene, y mucho, es lo correspondiente al interés propio de quienes forman parte del mundo de la televisión, ya sea la abierta o la del cable o de pago.
Y hemos tenido la oportunidad de conocer y escuchar a todos los actores, fundamentalmente a los operadores, que no solo se han expresado en la Comisión de manera abierta, exponiendo sus planteamientos -legítimos todos-, sino que también imagino que han aprovechado de conversar con todos y cada uno de los Senadores.
Por mi parte, al menos, deseo dejar constancia en el debate en la Sala de que he recibido a cuanto operador o actor interesado en el tema de la televisión me ha pedido audiencia. Y lo digo de manera total y completamente trasparente, para que nadie se llame a engaño respecto a lo que voy a decir después.
Ha venido gente del mundo de la cultura, de organizaciones ciudadanas, de universidades, del Colegio de Ingenieros, etcétera.
Sin duda, se registran conflictos de interés muy marcados en el proyecto. Creo que mis Honorables colegas que me han antecedido en el uso de la palabra ya han explicitado algunos de ellos. Pero al menos quisiera consignar, sobre la base del espíritu con que hemos trabajado en la Comisión quienes participamos en ella, que nos parece fundamental una cosa: legislar a tiempo, de manera que el sistema que busca regular la implementación de la televisión digital sea oportuno y no nos sobrepase la tecnología, ni quedemos total y absolutamente atrasados o a merced de quienes hoy día operan, porque, en la práctica, lo van a seguir haciendo, con ley o sin ella.
Ese es uno de los objetivos que por lo menos en la Comisión hemos tratado en la discusión general, en el sentido de ir recabando todos los antecedentes que nos han entregado y los distintos puntos de vista. Porque lo fundamental es tratar de consensuar un proyecto de ley que permita compatibilizar los intereses de los usuarios y el mejoramiento de la calidad de la televisión. Y cuando hago referencia a la calidad aludo a todo lo que se pueda hacer en términos de mejorar los contenidos y también de garantizar que, desde el punto de vista técnico, las señales que reciban los chilenos sean óptimas.
Como ya lo han expresado los Senadores señores Prokurica y Novoa , el traspaso de la televisión análoga a la digital es un desafío para los operadores. Pero, además, es importante que en el marco regulatorio podamos establecer condiciones que permitan la entrada de nuevos actores u operadores al mercado y mundo de la televisión, y que ello no solo se haga a nivel nacional, sino que también exista, como se ha dicho aquí, una priorización o un privilegio por lo regional y local.
No cabe duda, señor Presidente , de que uno de los aspectos más conflictivos va a ser la definición de si las concesiones que se entregarán con la televisión nueva, en el ancho de banda de 6 megahertz, son nuevas o, para los efectos de los actuales actores u operadores con concesiones, una continuidad de lo existente.
Por mi parte, voy a aventurar un juicio: me parece que son nuevas. Son sistemas distintos, mecanismos diferentes. Por lo tanto, es facultad del Estado, de la sociedad chilena, establecer otros términos para entregarlas. Y ahí es donde viene lo de los años de plazo, la forma de renovación y los requisitos que se le van a exigir a cada uno de los operadores.
Es evidente que quienes están operando hoy día, quienes son titulares de concesiones, van a tener todas las posibilidades del mundo, desde luego, para darle continuidad a sus operaciones y seguir desarrollándose; pero es obvio también que deben hacerlo bajo ciertas condiciones y con una regulación clara y trasparente.
¿Por qué lo planteo? Por una razón muy sencilla: todas las concesiones actuales fueron entregadas a instituciones completamente distintas de los actuales titulares. La concepción del medio como una televisión pública y que perseguía determinados objetivos fue el fundamento de que se les entregaran las señales a las universidades, fundamentalmente. Televisión Nacional fue objeto de una ley especial. El propósito descrito no existe prácticamente hoy día en la televisión chilena, donde la operación es efectuada, ante el traspaso de las señales, por empresas y propietarios, nacionales o internacionales, que no tienen absolutamente nada que ver con las finalidades fijadas años atrás.
Así que me parece fundamental también que en este momento nos planteemos la disyuntiva de si se trata o no de señales nuevas, y si lo son, las condiciones en que se entregan, con plazos definidos. Ese es un cambio esencial en relación con lo que hemos tenido hasta ahora.
El segundo punto son los intereses de los usuarios. Nuestra obligación, a mi juicio, es defenderlos frente a la televisión actual, tal como se halla concebida, y los futuros concesionarios.
¿Y cuál es el propósito básico? Generar requisitos o establecer regulaciones para que quienes aspiren a las concesiones garanticen un mínimo de televisión de calidad. Y, junto con ello, lo que necesitamos es que los usuarios cuenten con la garantía de que el acceso va a ser gratuito. Aquí existe una diferencia bastante de fondo con lo que viene planteado por la Cámara de Diputados, como ya lo han dicho otros Honorables colegas.
El Senador que habla, al menos, es partidario de que la televisión abierta sea completamente gratuita.
Otro asunto es qué hacer con el sobrante del espectro. Porque no solo tiene que ser gratuita la televisión abierta, sino, además, de alta definición, pero se abrirá la posibilidad de desarrollar otros negocios, otras alternativas de utilización, lo que seguramente irá por la vía de mejorar servicios de Internet o de hacer ofertas que puedan permitirles a los mismos actores financiar, en parte, su operación.
Estimo que el establecimiento de un Fondo concursable para apoyar los proyectos regionales y locales es fundamental, pero tiene que mediar un cambio radical en la forma como se determinan los favorecidos. Y no cabe duda de que el esfuerzo ha de ser el de ir orientando a un respaldo para que nuevos actores o los actuales puedan desarrollar televisión en esos niveles.
Y, sin duda, se requiere agregar también un elemento clave, que es lo que puedan hacer canales de televisión que entreguen cultura. Sabemos que para este último efecto resulta muy difícil conseguir algo sin recursos públicos.
En la actualidad existe un Fondo concursable. Lo que piden los creadores, los realizadores, los artistas -es una demanda muy sentida del mundo del arte-, es que opere de manera distinta. Un creador puede plantear hoy día un proyecto -por ejemplo, "Los 80", una serie muy conocida-, pero, lamentablemente, necesita el patrocinio de un canal operador que diga: "Me comprometo a pasar en determinados horarios lo que se ha presentado al Fondo". El problema es que después el realizador queda, no en manos de su creatividad, sino en las del canal operador, que empieza a ponerle las condiciones y a señalarle: "El proyecto es bonito y puedo patrocinarlo, pero pongo los artistas, los rostros, los horarios y todo", y, en definitiva, el programa que se plantea, muchas veces, queda tergiversado. Además, la posibilidad de profitar, desde el punto de vista comercial, es del canal de televisión y no de quien produce.
Hay una serie de otros elementos, señor Presidente . El tema es bastante largo. No vamos a alcanzar a tratarlo completamente ahora. Pero el otro conflicto "grande", por decirlo de alguna manera, es el que tiene lugar entre los canales de televisión abierta y los de pago respecto de la retransmisión de los primeros a través de los segundos. Hoy día, la televisión de pago está compitiendo por el financiamiento que se consigue a través de usuarios que pagan por la parrilla de programas que se les presentan, así como también por la torta publicitaria, con los canales abiertos, que están reclamando, por supuesto, que se genera un problema de falta de garantías para operar...
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
Tiene un minuto más.
El señor PIZARRO.-
Gracias, señor Presidente.
Para terminar, quisiera solo hacer presente que es preciso trabajar muchísimo más todavía en el fortalecimiento de las facultades del Consejo Nacional de Televisión.
Mi Honorable colega Alvear ha mencionado una serie de medidas que resultan fundamentales. Si no, no vamos a contar con ninguna instancia capaz de regular, de fiscalizar, de comprometer que se cumpla o garantice la parrilla programática con los contenidos educativos y culturales que se plantean respecto de los operadores que aspiran a una concesión. Y ese es un aspecto acerca del cual el Consejo juega hoy día un papel, pero carece de todas las herramientas necesarias.
Me parece que, aun cuando el proyecto se limita fundamentalmente a lo técnico, en materias de contenido y calidad de la televisión debemos introducir modificaciones para que la intervención de ese organismo sea mucho más preponderante.
Insisto, señor Presidente, en que nos encontramos en la primera fase. Vamos a respaldar la idea de legislar, y viene el debate duro en las Comisiones unidas, donde tendremos que presentar indicaciones, efectuar modificaciones y buscar los acuerdos necesarios para garantizarles a los chilenos el acceso a una televisión de calidad en el sistema abierto y, también, que en el sector de la televisión de pago se cumpla con las normas establecidas y no se incurra en un abuso en el servicio que se entrega a los usuarios por los operadores concesionarios de un espectro que, si bien es cierto que es más amplio que lo actual, sigue siendo escaso y un patrimonio de todos los chilenos.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, nos hallamos ante una oportunidad histórica de acceder al más importante medio de comunicación de masas en el mundo, que es la televisión, y es más, a través de una modernización muy relevante.
Se ha debatido en la Sala con el argumento de que nos hallamos en la revolución tecnológica de pasar de la televisión analógica a la digital, pero que también se encuentra involucrado un contenido de alto valor cultural, ciudadano, particularmente educacional. Exijo, por mi parte, que alguno de los señores Senadores presentes -en especial, pienso también en el señor Ministro , quien nos acompaña, y en los integrantes del órgano técnico que lo estudió- nos explique por qué la iniciativa está siendo tratada solo en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y se marginó de su conocimiento a la Comisión de "Educación", "Cultura", "Ciencia" y "Tecnología".
Si no median hipocresía ni doble estándar en las intervenciones, ya que en los discursos se expone que se trata de un proyecto tecnológico, pero también social y educacional, esa última Comisión tiene que verlo.
No existe ninguna explicación para el hecho que señalo, salvo el cabildeo. Al igual que el Senador señor Pizarro , nosotros recibimos a mucha gente que, "por angas o por mangas", quiere incidir. Pero no sé con quién se hizo lobby para dejar fuera del debate a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Desde ya, entonces, entro prejuiciado a la discusión. Y lo digo porque no se trata solo de una norma técnica en materia de televisión digital terrestre, sino porque también es la oportunidad de Chile para tener el medio que queremos.
Aquí se han hecho gárgaras extraordinarias con la crítica a la televisión. Hoy día podemos cambiar el curso de la historia de esta última, y, por cierto, tenemos que cuidar que así sea y que ello se garantice.
Nuestra televisión se halla concentrada altamente en grupos económicos, y lo que hoy día se nos propone es acentuar esa situación. Si se prohíbe, en forma absoluta y perentoria, el otorgamiento de dos o más concesiones a la persona jurídica titular de una de ellas, algunos apelarán al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia . Pero es claro que no resulta coherente haber pasado 30 y más años haciendo referencia a la concesión gratuita otorgada a algunos canales que tenían como deber transmitir cultura, educación -es decir, una función pública-, y que hoy día se encuentran en manos de privados.
Cuando el Presidente de la República , entonces empresario, compró Chilevisión , la Universidad de Chile hizo la pérdida. Cuando el señor Luksic adquirió Canal 13, se lo vendió la Universidad Católica.
Hoy día no estamos hablando de canales de emisión abierta de propiedad de universidades. Lo hacemos acerca de un gran negocio que, por lo demás, resulta altamente rentable no solo en lo económico, sino también en su capacidad de influencia sobre la ciudadanía.
¡El 84 por ciento de los chilenos se informa de la realidad de su país a través de los noticieros televisivos! Y, por lo tanto, además de referirnos al impacto tecnológico de la alta definición o a la influencia de la publicidad en la adquisición de bienes de consumo, debemos considerar que la televisión puede servir como instrumento para cambiar las vocaciones de las mayorías e incidir en las conciencias de los ciudadanos.
Por esas razones, debería estar sujeta a todos los resguardos posibles, teniendo en cuenta que utiliza un espectro radioeléctrico que constituye un bien nacional de uso público.
Entonces, señor Presidente, hay un conjunto de elementos que me gustaría agotar en este debate.
En primer lugar, solicito que la iniciativa vaya a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología...
El señor NOVOA .-
Eso ya se acordó, Senador.
El señor PIZARRO .-
Hace tres meses se discutió sobre el punto.
El señor NAVARRO.-
Antes no estaba resuelto. El lobby resultó: lo va a tratar esa Comisión...
El señor NOVOA.-
¡En conjunto con la de Transportes!
El señor NAVARRO.-
A mí me habría gustado que, antes de venir el proyecto a la Sala, lo hubiéramos analizado en la Comisión de Educación.
El señor PÉREZ VARELA .-
¡Por qué no lo pidió antes, Senador!
El señor NAVARRO.-
La verdad es que algunos quisieron llegar con el paquete más amarradito...
¡Pero haremos todos los esfuerzos para desamarrarlo...!
El señor PIZARRO.-
Eso ya lo debatimos en la Sala, Senador.
El señor PROKURICA .-
¡Es que andaba con Chávez cortando algunos canales de televisión...!
El señor CHAHUÁN .-
¡Y quiere ir a México con el Presidente de la República ...!
El señor NAVARRO.-
No voy a viajar a México con él, señor Senador.
¡Nos vamos a quedar aquí para resistir!
Ya que mis colegas lo mencionan, y a propósito del carácter público de la televisión, felicito al Ministro de Transportes , quien hoy nos acompaña, porque hace poco tiempo el actual Gobierno de Derecha, entonces Oposición, cuestionó fuertemente que el Estado de Venezuela interrumpiera un canal de televisión de carácter golpista mediante el término de su concesión.
Sin embargo, tengo en mi poder una entrevista al Ministro de Transportes, publicada en La Tercera del domingo 3 de julio recién pasado, donde señala que el argumento de fondo es que las concesiones son un bien nacional y que con la velocidad de cambio de la industria -y esto lo expresa textualmente- "es razonable que exista la posibilidad de que el Estado las recupere y que no sean un activo que quede para siempre en manos de alguien.".
Esto no lo dice Hugo Chávez, sino el Ministro Pedro Errázuriz, quien concuerda en que estos bienes nacionales pueden ser recuperados por el Estado, principio altamente cuestionado por la Derecha en el caso de Venezuela.
Yo participo del parecer del Ministro de Transportes y, al igual que él, concuerdo de manera indirecta con Hugo Chávez en la idea de que los canales de televisión, al ser bienes nacionales de uso público, pueden ser recuperados por el Estado para ponerlos al servicio de las personas. ¡No de los grupos económicos! ¡No de los grupos de amigos! ¡No de los regalones!
El señor WALKER (don Ignacio) .-
¡Del pueblo!
El señor NAVARRO.-
Por cierto, ojalá a disposición del pueblo, compuesto por la suma de los ciudadanos que se hallan fuera de los intereses de la televisión, que no son otra cosa que las utilidades comerciales obtenidas a través de la publicidad.
Señor Presidente , las concesiones otorgadas a las estaciones de televisión abierta son gratuitas, sin retribución para el Estado ni los chilenos. ¿Cuánto pagan sus titulares? ¿Cuánto paga Luksic? ¿Cuánto paga Chilevisión? ¿Cuánto pagó Piñera cuando compró este canal para tener acceso a una señal pública y gratuita entregada por el Estado?
Ahora, el proyecto propone que las concesiones sean de carácter indefinido para los que ya las tienen. Es decir, "¡un, dos, tres, momia es!" "El que tiene, tiene y conserva".
¡Esto es peor que la iniciativa que incluye las licitaciones de las cuotas de pesca, que algunos pretenden que también sean a perpetuidad!
¿Qué derecho tiene Luksic para mantener un canal a perpetuidad? ¿Qué derecho tiene Chilevisión , hoy día en manos privadas, para gozar de una concesión de carácter indefinido? ¿Cómo se los ganaron? ¡Con el drama de las universidades! ¡Las mismas casas de estudio que hoy día queremos defender en la iniciativa en debate!
Sin embargo, a nadie le interesa recordar que había canales de televisión que eran propiedad de universidades y hoy día pertenecen a connotados, grandes y respetados empresarios: Canal 13 es del señor Luksic , y Chilevisión , del grupo Time Warner . Además, Megavisión pertenece al Grupo Claro.
En definitiva, ¿qué cambió ahora, que la televisión abierta busca recibir un pago? El proyecto, además de establecer concesiones de carácter indefinido, propone que la mitad de la transmisión pueda ser pagada y la otra, gratuita. Y resulta muy claro conocer la calidad del 50 por ciento que sería gratis.
¡Las posibilidades de que sea de muy mala calidad están a la vista!
Históricamente, han existido dos sistemas de televisión: la señal abierta y la del cable. Por eso, cabe preguntarse -y esto deberá ser parte del debate- si con la innovación que queremos introducir en el sentido de convertir una señal analógica en seis digitales entrarán más actores al sistema. ¡No concentremos la industria televisiva! ¡Diversifiquémosla! ¡Que ingresen más actores regionales! ¡Que la sociedad chilena se sienta representada, lo cual no ocurre en la actual televisión! ¡No hay espacio para gran cantidad de chilenos que no se ven reflejados en ella!
¡Yo quiero un canal del deporte; un canal de la educación; un canal de la tercera edad; un canal recreativo; un canal de la ciencia!
Pero todo apunta a que los que tienen quieren seguir teniendo, y no ofrecen ninguna garantía para que la televisión cumpla un rol público por ocupar un bien nacional de uso público.
Señor Presidente, existen muchas aprensiones respecto del lobby desatado a raíz del proyecto en debate.
Solo espero que el único criterio que se utilice para entregar una concesión -sobre esto hay un informe técnico elaborado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones- obedezca al deseo de lograr un grado mayor de diversidad. Si le correspondiera al Gobierno de turno definir ese parámetro, debería preocuparse y actuar como Estado. ¡No de manera oportunista!
La aspiración de dejar abierta la incorporación de nuevos operadores a fin de que se bajen las barreras de ingreso para vencer la alta concentración del mercado no es recogida en el proyecto. Las dificultades para acceder a él continúan.
Sobre la igualdad en el tratamiento de los concesionarios -ya lo manifesté-, se mantienen los privilegios de los operadores actuales. Se establece un régimen preferencial para su migración a la televisión digital y se profundizan muchas asimetrías de mercado que dificultan la entrada de nuevos operadores.
¡Si los neoliberales, los libremercadistas quieren competencia de verdad, tenemos la gran oportunidad de hacer de la televisión un mercado abierto, competitivo y, por tanto, de alejar de esta propuesta legislativa toda posibilidad de concentración económica, lo que queda abierto en su articulado!
Espero que las concesiones sean limitadas y no indefinidas, por cuanto la perpetuidad es un derecho que se otorgó a las universidades del país y no a los actuales empresarios. Y confío también en que haya transparencia en el debate de esta iniciativa. ¡La máxima transparencia!
El Senador Pizarro dio una señal extraordinaria: sin existir una Ley de lobby, manifestó que una multitud de operadores lo consultó, no para preguntarle acerca de rugby, sino para auscultar su posición sobre el proyecto en análisis.
Siento que nos hallamos en la mira de la sociedad, que tenemos la oportunidad histórica de generar una televisión que salvaguarde lo público y, al mismo tiempo, comprenda lo comercial y lo competitivo, pero que también garantice que no exista un monopolio, sino un acceso igualitario y diversidad.
Espero que el discurso levantado por todos en esta discusión se refleje en la votación de la iniciativa y que el resultado final se oriente hacia el afán de lograr modernización, tener televisión digital, pero que asimismo se aproveche de dar un salto histórico para lograr que ella sea democrática, accesible, pluralista, diversa y, especialmente, de alta calidad.
Por tales razones, voto a favor de la idea de legislar.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución ahora!
El señor PROKURICA .-
¡Tenemos una Constitución!
El señor NAVARRO.-
¡Es la de Pinochet!
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, mientras más conflictos tengamos, más larga será la sesión. Espero que se resuelvan luego.
Debo decir que estamos ante un debate muy relevante. Y quiero valorar que cuando presidí la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones organizamos un Seminario sobre Televisión Digital en el cual recibimos a todos los actores involucrados en esta área.
Es más, junto con el Senador Novoa, solicitamos a diversas organizaciones ciudadanas que elaboraran el programa del encuentro y sugirieran los nombres de los invitados. Al final, trajimos a los expertos más importantes del mundo sobre la materia, asistieron cerca de mil personas y más de diez mil lo siguieron por Internet en directo.
Luego de que el Senador Novoa asumiera la Presidencia de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones también hemos celebrado maratónicas sesiones y recibido a cuanto actor interesado solicitara asistir a tales reuniones.
Digo lo anterior porque siempre cabe la posibilidad de que falte una mayor discusión, y concuerdo con la Senadora Alvear en que se necesita un foro permanente de estudio.
Sin embargo, pocos proyectos se han analizado como el que nos ocupa. De hecho, el año pasado también trajimos a varios expertos provenientes de países que ya realizaron el proceso de conversión a la televisión digital para hacer una evaluación ex post de tal implementación.
Vinieron japoneses, españoles, para ver qué había sucedido y si ello efectivamente había mejorado la calidad de la televisión.
Por lo tanto, debe quedar claro que al menos en el Senado se ha debatido en forma seria sobre este asunto. En el trámite del segundo informe vamos a incorporar a la Comisión de Educación, y estoy absolutamente de acuerdo con eso.
Dicho lo anterior, quiero fijar algunos puntos que me parecen cruciales.
Primero, ¿qué deseamos?
A mi juicio, es evidente que tenemos que fortalecer los contenidos. Porque en el mundo que viene cada vez importará menos el chasis. Es más: en cinco años esta discusión será irrelevante, porque la televisión no va a ser digital, sino vía Internet. En efecto, cuando en Chile -espero que así sea- podamos llegar con banda ancha de 100 megas hacia arriba a todas las casas, la señal de televisión se transmitirá por Internet, no en forma digital.
Entonces, estamos regulando un proceso que tendrá cinco a diez años de duración, pero que va a sufrir una metamorfosis hacia la nueva tecnología, que cambiará muy rápidamente.
En tal contexto, ¿de qué tenemos que preocuparnos? De fortalecer los contenidos. Es lo que necesita el país: mejorar los contenidos, diversificarlos y dar la oportunidad de que existan otros nuevos. Ese debe ser el desafío de esta política.
Además, Chile tiene la posibilidad de generar una nueva industria en este ámbito, y el Gobierno debiera fomentar esa tarea para que vendamos contenidos digitales, de animación digital, al mundo entero, como lo hace Japón , por ejemplo, con los juegos.
Existe un tema de país que no puede ser soslayado y que me parece fundamental. Aquí hay un nicho de desarrollo, y Chile tiene la competencia, por su historia y otras condiciones, de hacerlo posible.
¿Qué debemos garantizar, entonces? Que la misión de la televisión se establezca correctamente.
Por eso, pienso que hay que modificar el artículo 1° de la Ley que crea el Consejo Nacional de Televisión. ¿Por qué? Porque ahí se establece la misión. Debemos contar con una televisión -hoy día digital, mañana de Internet propiamente tal- que garantice el pluralismo, la diversidad; que promueva valores humanitarios, empáticos y no los vinculados a visiones individualistas, excluyentes o discriminadoras.
El Consejo tiene que ser representativo. Hoy día no lo es suficientemente. Está bien que refleje una pluralidad política, pero también debe integrar una pluralidad ciudadana. En él tendrían que participar grandes intelectuales, grandes actores -mujeres y hombres- del pensamiento, que expresaran la diversidad de puntos de vista que existen en el país y no solo las posiciones políticas.
El Consejo cumple hoy una función un tanto decorativa, pequeña. Quien resuelve técnicamente es la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Nosotros debiéramos darle más atribuciones, a fin de que resuelva como juez una vez que la SUBTEL haya avisado que el proyecto corresponde técnicamente, tomando en cuenta los planteamientos de más pluralidad, mayor diversidad, mejor calidad de la televisión, en función de ciertos valores que nos interesa que se asignen en buena forma.
Nos parece que tenemos que abrir una audiencia pública para que cuando se desarrollen estos concursos haya ojos de la ciudadanía claramente involucrados, de modo que nadie pueda decir que aquí hay una situación que ocurre en la opacidad, con falta de información. Eso es muy importante.
Si los contenidos son relevantes, ¿qué debemos garantizar? Que existan transportadores públicos, porque -esto se ha dicho poco- la gran novedad de este cambio es que vamos a tener televisión regional, televisión local, televisión comunitaria, televisión cultural, televisión educativa. Pero ¿cómo alguien que se encuentre en una pequeña comunidad, que a lo mejor tiene interés en asuntos de salud, de los pueblos originarios, de la defensa de ciertos derechos, podrá poner sus contenidos en el aire?
De ahí la importancia de garantizar en la ley en proyecto que la transportación será accesible; que vamos a contar con un transportador público que nos asegure que todos los que generen contenidos, y también los productores independientes, los podrán colocar en el aire. Eso es fundamental.
¿Cómo hacerlo? Le podemos dar 12 megas más a Televisión Nacional para que, como única misión, además de la señal que le corresponde para transmisión, administre un transportador. O podemos establecer un ente autónomo con dos señales, 12 megas o 18 megas, que se dedique solo a la transportación. Modalidades hay muchas, pero lo conceptual es que hay que tener un transportador público que impida las barreras de entrada referidas a la capacidad de poner en el aire los contenidos que se generen.
Otro de los puntos controvertidos es la duración de la concesión. Claramente, la televisión digital es un bien nacional de uso público y una tecnología nueva. ¿Por qué vamos a regalar algo de todos los chilenos cuando lo podemos concesionar a 20 años, que es un plazo bastante grande?
Los actores existentes ya gozan de un gran privilegio: van a migrar sin concurso. Eso es una ventaja muy importante: tienen garantizada una señal. Si alguien dijera: "Como yo soy dueño de una señal analógica, tengo propiedad privada", entonces a lo mejor la solución sería entregarle lo que le corresponde: la propiedad no de 6 megas, no de una señal completa, pero sí de 1 mega, si quiere seguir disfrutando de esto como propiedad privada.
Es decir, si alguien quiere cuestionarnos porque estamos entregando 6 megas en concesión y reclama que tiene un derecho -si bien yo pienso que la televisión analógica corresponde a otro ámbito físico-, nosotros podemos responderle: "Le entregamos 1 mega para que mantenga lo que tiene o quédese con su señal analógica".
Pero, evidentemente, en cierta medida este asunto carece de sentido porque, como decía, en quince años más el debate no va a ser la televisión digital, sino la de Internet.
Otro punto importante es la discusión de las señales abiertas de pago. Hoy día se establece que 50 por ciento de las señales pueden ser de ese tipo. ¿Cuál es el problema? Que los canales van a tener mucho incentivo para poner el "filete" de sus contenidos en la señal de pago y dejar la parte más pobre de ellos en la de libre recepción.
Por lo tanto, pienso que hay que restringir de manera bastante más significativa la posibilidad de disponer de una señal abierta de pago. Yo no tendría problema en que 25 por ciento de la señal se pudiera destinar a ese fin, porque no sería de alta definición, con la obligación de poner los mejores contenidos en la televisión gratuita y abierta.
Existe otro tema que para mí al menos es muy claro. Y lo voy a decir con toda franqueza.
Aquí ha habido mucho lobby, muchos intereses. Pero yo soy partidario de que los cableros no puedan utilizar contenidos de la televisión abierta sin negociar previamente con ella. Porque acá está en discusión, según expresaba el Senador Pizarro, el financiamiento de esos contenidos. Hoy día ello descansa en la publicidad. Si los cableros tienen -como se dice- "chicha y chancho", si pueden cobrar por llevar estos contenidos y más encima tener publicidad, van a destruir la televisión abierta.
O los cableros le pagan a la televisión abierta lo que corresponde o se quedan sin publicidad. Una de dos. Pero si quieren llevar los contenidos sin comprarlos, entonces no pueden transmitir publicidad. Porque nosotros estamos obligados a garantizar el sostenimiento del sistema, dado que hemos establecido que no hay financiamiento público de los contenidos. Si es el mercado el que los genera, entonces cuidémoslos. Lo peor que podemos hacer es permitir que los cableros no paguen, disputen la publicidad y dejen sin financiamiento a la televisión abierta.
En seguida, hay un espacio muy interesante que se abre: la convergencia tecnológica.
Acá se va a generar una televisión que convergerá a una plataforma distinta: la de los teléfonos celulares. Existe todo un ámbito que habremos de regular: el de las prestaciones de interactividad. A través de los celulares y de la televisión digital se podrá hacer telemedicina; comprar, generar interacciones. Todos estos aspectos deben quedar claramente regulados.
Por otra parte, soy partidario de aprovechar la oportunidad que brinda la televisión mundial. Televisión Nacional tiene una señal internacional. Hoy día llega a cerca de 10 millones de personas. Nosotros, este Congreso, debiéramos jugarnos por esto. El mejor instrumento para promocionar a nuestro país es disponer de una buena señal de ese tipo. Y debiéramos darle los fondos, todos los que fueran necesarios, para llegar a 2 mil millones de personas.
¡Imagínense a Chile puesto, como TV5 de Francia, o como CNN o como muchos canales españoles, en todos los televisores del mundo! Esa es la mejor promoción posible. Y no cuesta nada desde el punto de vista de su impacto. Esto tiene que ver con decisión, con capacidad de innovar.
Incluso, podríamos contar con una señal internacional colaboradora, administrada a lo mejor por TVN, pero en la que participaran todos los canales generadores de contenidos, sean comunitarios, regionales, culturales, locales o tradicionales. Esto me parece muy importante.
Una última cosa respecto a Televisión Nacional, señor Presidente . Yo creo en la televisión pública. Por tanto, debiéramos darle a TVN 12 megas y no 6; hacer una discriminación positiva para que la televisión pública, que carece de recursos adicionales, tenga ciertos privilegios.
Por último, con el mismo argumento que TVN les plantea a los cableros -esto es, que hay que pagar por los contenidos-, yo creo que la televisión debe retribuir económicamente a los creadores, a los artistas que realizan una producción cuando esta se utiliza de nuevo. Es necesario que la televisión se comprometa con los generadores de contenidos, con los artistas cuando vuelve a usar sus producciones y lucra nuevamente con ellas. Y a mí me parece justa la demanda de los actores cuando dicen: "Nosotros también tenemos derecho a ser parte de los beneficios de esa retransmisión".
Quedan muchos temas por abordar, como los relacionados con el deporte.
Soy partidario de avanzar igual que Argentina en el sentido de que los partidos de fútbol de la selección o los espacios de interés nacional no sean cobrados, sino exhibidos obligatoriamente por televisión abierta.
Hay numerosos asuntos apasionantes que tendremos la oportunidad de analizar con motivo de las indicaciones que formularemos al proyecto.
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Transportes.
El señor ERRÁZURIZ ( Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).-
Señor Presidente, simplemente quiero reforzar algunos de los conceptos emitidos ahora y aquellos que ya están incorporados en la iniciativa, a pesar de que queda la instancia de la discusión particular.
El primer punto al que deseo referirme apunta a que el Gobierno es de la idea de la televisión gratuita, de calidad y de libre recepción. Ese es el principal objetivo, según nosotros, de este proyecto de ley. Y lo tendremos que alcanzar en forma diligente, completa y rápida.
Es muy cierto que probablemente sea muy tarde.
Los señores Senadores saben que, en general, más del 50 por ciento del tiempo que los jóvenes dedicaban a la televisión hoy día ya no lo destinan a esa finalidad. Por lo tanto, la televisión abierta cada vez tiene más dificultades para financiarse.
De otro lado, cabe señalar que un aspecto fundamental de las modificaciones que se introdujeron en la Cámara de Diputados se refiere al correcto funcionamiento del sistema, lo cual significa que a los concesionarios que no cumplan se les podrá caducar la concesión.
Y eso quedó definido al decirse que se entenderá por correcto funcionamiento de estos servicios el permanente respeto, a través de su programación, a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Constitución, tales como la dignidad de las personas, la protección de la familia, el respeto de iguales derechos entre hombres y mujeres, el pluralismo, la democracia, la paz, la protección del medio ambiente y la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, así como los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
Por lo tanto, el proyecto incorpora muchas de las preocupaciones que se han mencionado.
Por otra parte, creo pertinente destacar que la televisión digital es una herramienta que también nos ayudará en los desafíos de alerta temprana. Es una fórmula que se utilizó en Japón para enfrentar terremotos y tsunamis, la que, bien implementada en Chile, podría permitirnos disponer de un mecanismo para llegar a la población en caso de un cataclismo.
También es importante señalar que con esta forma de televisión se amplía sustancialmente la capacidad del medio. El espectro cuenta con 30 canales digitales posibles y cada uno de estos tiene, a lo menos, seis señales. Por consiguiente, estamos hablando de 180 señales, de las cuales un porcentaje muy considerable se está reservando para canales regionales, locales y comunitarios.
Sobre el particular, es preciso aclarar que el canal que no usare toda su capacidad estará obligado a licitar aquella parte que no utilice. Y, en consecuencia, se generará un mercado muy grande de posibilidades para productores pequeños o menores que no disponen de recursos económicos para contar con un canal completo a fin de transmitir su programación.
A lo anterior se suma el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones -cuya ley fue promulgada hoy-, mediante el cual se podrá ayudar a financiar a los canales regionales o menores. Ello, en adición al subsidio para contenidos que establece la normativa actual.
Por otro lado, respecto de la preocupación por la protección de los trabajadores -asunto al que también se hizo mención aquí-, se dispone que una causal de caducidad tiene que ver con dicho aspecto.
Quizás el punto más discutido y en donde creemos que existe una apertura importante sea el relacionado con el debate vinculado a la televisión de pago. El proyecto originalmente venía casi con libertad absoluta en cuanto al espectro a ser utilizado como televisión de tal carácter. Pero en la Cámara de Diputados se redujo a 50 por ciento. En todo caso, creemos que hay argumentos importantes que discutir a la hora del financiamiento de los canales. Y, por supuesto, en tal sentido, estamos abiertos a asegurar una televisión gratuita, de libre recepción y de calidad, aun cuando ese porcentaje sea menor.
Quiero recordar que las concesiones las entrega el Consejo Nacional de Televisión, órgano para el que se ha propuesto una composición más amplia y, obviamente, con restricciones en lo referente a sus miembros, de modo de garantizar que quienes formen parte de él sean personas de amplio espectro político, pero también de variadas capacidades en materia de intereses culturares y técnicos. La idea es procurar que el Senado nombre a un equipo competente que sea capaz de otorgar garantías para la televisión futura.
Por último, un aspecto que me gustaría enfatizar -tal vez, el más importante- se refiere a lo siguiente: por cierto, estamos regulando la televisión, que es un órgano relevante y un medio de comunicación fundamental. Pero, al paso que vamos, perderá cada vez más su relevancia en el concierto de las comunicaciones en todos los países.
En consecuencia, debemos tener cuidado de no establecer limitaciones en exceso y de esa forma castigar aún más las posibilidades de que la televisión esté vigente en el futuro.
El señor GIRARDI ( Presidente ).-
Correspondía el uso de la palabra al Senador señor Chahuán, pero no está en la Sala.
Puede hacer uso de ella el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, la materia que se está tratando hoy día es de vital importancia desde el punto de vista de la democracia, porque todos tenemos claro que, en general, el 80 por ciento o más de las personas en Chile se informan a través de la televisión. Y eso implica que los canales poseen un poder enorme sobre cómo entregar la información a la opinión pública.
Recuerdo que cuando se inició el Gobierno del Presidente Piñera, mágicamente, disminuyó la delincuencia, porque se aplicó una forma distinta de presentar los hechos que estaba viviendo el país. También se rebajaron los delitos, en fin. Y después, como la situación empeoró, la televisión nuevamente tuvo que comenzar a mostrar y a generar una visión pública que a veces puede resultar concordante o no con las cifras reales.
Por eso, es muy relevante el debate que hoy día tenemos y ver cómo se regula el asunto. Porque, en el fondo, la entrega de concesiones -cada día se concentran en un grupo bastante pequeño-, permite finalmente establecer criterios desde el punto de vista de la información y, también, de la opinión pública.
Para nosotros es fundamental la existencia de un sistema transparente de asignación de concesiones que sea concordante con la forma pública de poder participar e intervenir. Lo que no es admisible es que el lobby o la fuerza de quienes operan hoy día los medios de comunicación logren al final una preponderancia superior a la del resto de aquellos que desean participar en este tipo de concesiones.
Al respecto, creo indispensable mirar esta normativa en relación con las Regiones.
Uno de los problemas fundamentales del desarrollo de la televisión regional es la competencia desleal que enfrenta con la de carácter nacional. ¿Y por qué se produce? Porque esta última puede regionalizar su publicidad, lo que le permite competir con la regional para los efectos de obtener recursos que, en definitiva, pueden ser utilizados en el desarrollo de la televisión digital.
Leí que 480 millones de dólares en publicidad están en el mercado, en competencia. Y los obtienen las estaciones de televisión con cobertura nacional. ¿Por qué? Porque pueden regionalizar su producto y ofrecer paquetes más baratos, lo cual entonces no permite que las de Regiones puedan desarrollar su capacidad sin pedir subsidios. He conversado con representantes de canales regionales (en Antofagasta, por ejemplo, con los de ATV) y me señalan que es buena la existencia de tales subsidios, pero que no es el punto. Lo que quieren es evitar la competencia desleal que les impida el desarrollo de una transmisión local con características propias de la Región, que pueda representar sus problemas.
La Senadora señora Alvear preguntaba por qué las Regiones tienen que enterarse de manera permanente de los accidentes que ocurren en la Costanera Norte y de asuntos que, en definitiva, no les permiten apreciar su realidad.
Por eso, en mi opinión, es indispensable lograr que se establezcan criterios claros respecto a la forma en que puede operar la televisión nacional en relación con los canales regionales, y buscar maneras de protección para que estos logren un desarrollo que represente la diversidad existente en el país.
De otra parte, señor Presidente, me parece importante incluir otras materias en el debate.
Algunas normas del Consejo Nacional de Televisión se refieren fundamentalmente al pluralismo, a su obligación en orden a generar espacios, a fin de que la diversidad chilena pueda ser representada a través de estos medios.
Yo envié un oficio al Consejo mediante el cual solicitaba información acerca de cómo cumple la función que la ley le impone para el establecimiento de criterios, por ejemplo, en materia política: qué programas son de carácter político; cuáles de educación cívica; quiénes participan; cómo se deciden los minutos en que cada cual plantea sus ideas. Dicho organismo no contestó adecuadamente mi requerimiento, sino que planteó variadas argumentaciones. Y yo creo que, en este caso -sin perjuicio de lo referente a las concesiones y a otros asuntos-, debe asegurarse de que en el país haya diversidad. Y eso tiene que estar bien determinado, con criterios y capacidades para que el Consejo Nacional de Televisión cumpla con una responsabilidad que me parece indispensable para el desarrollo de tal diversidad, respecto de la cual en Chile hay distintas posiciones.
Algunas normas disponen que se deben dictar exigencias generales y obligatorias para los concesionarios, en cuanto a la obligación de transmitir gratuitamente campañas de utilidad o interés público. Pero tales campañas ahora están remitidas -aparentemente por lo que he leído- a las que lleva adelante el Gobierno. Y yo creo que otras instituciones nacionales, como el propio Congreso, el Poder Judicial y algunas más, también podrían tener una mayor apertura.
Hay áreas que no están bien definidas. En todo caso, considero que deberían ser abordadas en el momento en que se discuta en particular el proyecto.
En otras materias, las definiciones respecto a las concesiones o a la reserva de concesiones a nivel nacional, regional o local, también debieran orientarse, con mayor preponderancia, hacia las Regiones, porque, según entiendo, para ellas solo hay 40 por ciento.
En verdad, Chile no es la Región Metropolitana y se requiere una mejor y más precisa mirada hacia las posibilidades de las Regiones.
Sin perjuicio de que nos encontramos en el estudio de una ley que debe analizarse con tiempo, a fin de satisfacer la avidez nacional de contar con mayores capacidades de información, se trata de un proyecto que debe discutirse con tranquilidad y en los plazos necesarios para que se despache como corresponde.
Hay una discusión pendiente respecto de si los operadores de TV por cable deben pagar o no por la retransmisión de los programas de la televisión abierta. Que lo hagan o no me tiene sin cuidado. No es mi problema. Mi preocupación radica en que no hay una regulación clara y precisa respecto de la televisión por cable, que día a día aumenta más. Y aquí no existe ni claridad ni criterios precisos para determinar cómo debe procederse. Además, lo grave es que esos operadores, que no están regulados, emiten una señal pública, ofrecen a la ciudadanía los programas de noticias y cobran más caro. Hay que preocuparse de eso, pues se está permitiendo tomar una señal pública y venderla al ciudadano. Porque cualquier persona no contrata un servicio de TV cable si no cuenta con los canales nacionales para ver las noticias y otros programas.
Por lo tanto, esa es mi preocupación, pues esta gente lucra o utiliza estos recursos para cobrar sin que este obtenga algún beneficio.
Me parece que ese punto no está bien definido. Por eso hay que fijar criterios respecto de la televisión por cable que -como digo- día a día aumenta.
Y respecto de ese tipo de transmisión, aquí se señala que "los operadores de servicios limitados de televisión terrestre o cableoperadores deberán llevar, en la Región que operen, a todos los canales regionales y locales en sus respectivas grillas o parrillas programáticas.". No dice si es gratis. Porque, si además estos canales locales pretenden tomar señales de las televisiones regionales y difundirlas gratis y cobrar al público, me parece que no es la forma.
En ese sentido, hay que preocuparse en la ley de regular a los cableoperadores, que son empresas transnacionales que, en definitiva, hacen negocios en Chile y que implican mayores gastos para los chilenos. A mi juicio, en esta materia hay que fijar un criterio claro.
Por supuesto que voy a votar favorablemente la idea de legislar. Y ojalá que en la discusión en particular se propongan las indicaciones necesarias para mejorar el proyecto, sobre todo en los aspectos que he señalado. Eso me parece fundamental, porque representa la posibilidad cierta de que el país conozca diversidad de opiniones y no una unidad monolítica de los canales de televisión que hoy no presentan diferencias.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
En esta materia se han mencionado los elementos más esenciales e importantes en cuanto a que con la televisión digital va a haber más canales disponibles y una mejor calidad de resolución. Pero el punto es determinar quiénes van a acceder a ello.
En verdad nosotros somos testigos, en casos bien concretos, del poder de las comunicaciones, particularmente de los canales abiertos, y cómo estos en algunas materias se ponen, prácticamente, de acuerdo -consciente o inconscientemente- a través de la influencia de la propaganda.
El caso más específico lo hemos vivido con el proyecto HidroAysén, donde casi ningún canal abierto permite poner en la discusión proyectos alternativos.
Cuando uno plantea las energías renovables no convencionales como una solución más económica y rápida para las distintas Regiones de Chile, sencillamente tal materia no aparece en las pantallas. Si uno pone -me refiero a distintos actores y no a mi persona- la Patagonia chilena como una mejor opción, por su condición de privilegio ecológico, con sus productos y servicios y con todo lo que significa desde el punto de vista económico, ambiental, social y cultural para el país -que es lejos más que estos megaproyectos que se están evaluando-, tampoco se obtiene espacio. Sin embargo, estos cinco o cuatro canales ponen a la misma hora una propaganda favorable al megaproyecto -obviamente eso debe costar muchos millones- y cualquier tema de discusión, de alguna manera, favorece a ese proyecto, o se trata de arrinconar a los que se oponen a él, como una suerte de fundamentalistas, románticos o ecoterroristas.
Algo semejante está pasando en la concentración de los medios de comunicación. Así como en los siglos XVII y XVIII se dieron movimientos para desconcentrar el poder y se logró de alguna manera que el ser humano no fuera lo que dice el conocido refrán de que el lobo del hombre es el propio hombre. Eso podría ser, según la propia cultura latina, siempre y cuando no sepa quién es el otro.
De esa manera, tenemos la división del poder en Ejecutivo , Legislativo y Judicial, como también hay otras concentraciones de él.
Desde luego, quiero que en la televisión digital se den las garantías para que, efectivamente -como ha planteado el Senador señor Prokurica -, los canales regionales tengan una alternativa real de ser y de sobrevivir en el futuro; se den los pesos y los contrapesos, y no se genere el que autoridades o poderes locales monopolicen todo. Hay que asegurar esta garantía.
Hoy en día la ciudadanía funciona de manera distinta. Cuando interpreta que hay estas concentraciones de poder, busca fórmulas alternativas, como las que ofrece Internet: Facebook, Twitter. Estas funcionan, y en forma creciente, gracias a Dios.
Además, la televisión digital tiene otro rasgo, que es muy importante: la interacción. Los televidentes podrán elegir hasta la cámara con la cual ver determinado programa (deportivo, cultural) e interactuar con el canal, pasando a ser de persona pasiva, a sujeto de la propia televisión.
Por consiguiente, estamos enfrentando una cantidad diversa de desafíos que esperamos ver reflejados en plena sintonía y armonía durante la discusión particular.
Por las razones expuestas, votaré a favor de la idea de legislar.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, el proyecto de ley que nos ocupa, desde que ingresó a tramitación, en noviembre de 2008, ha sido objeto de un largo debate en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, donde recibimos a múltiples actores: tanto a representantes de entidades y organismos ligados a los sistemas de transmisión televisiva como a organizaciones ciudadanas, quienes nos han hecho llegar sus opiniones.
A todos los hemos escuchado con atención y respeto. Ellos han expresado puntos de vista que responden a diferentes inquietudes que, legítimamente, les asaltan respecto de tan importante materia. Si bien podemos no compartir algunos planteamientos, estimamos plenamente atendibles sus distintas argumentaciones, tanto a favor como en contra, acerca de las disposiciones del texto que se somete a discusión, consideraciones de las cuales deberemos hacernos cargo cuando tratemos el proyecto en particular.
Nuestro país ya está inmerso -quizá de modo incipiente- en la sociedad de la información y del conocimiento, razón por la cual se hace necesario adoptar una regulación sobre transmisiones televisivas acorde con la tecnología del siglo XXI, que cada día nos plantea nuevos desafíos.
Como sostuve en la Comisión, si bien la televisión digital terrestre ya no constituye una tecnología nueva -en este aspecto hemos avanzado de manera progresiva-, es preciso conjugar una serie de aspectos fundamentales que el proyecto propone.
En este punto se presentan varios conflictos de interés, que tendremos que solucionar en forma abierta, de cara a la ciudadanía. Por ejemplo, habrá que resolver si las concesiones de televisión digital constituirán o no una continuación legal de las actuales y, por tanto, determinar si su duración estará acotada o será indefinida; el derecho a repetición y transmisión de señales abiertas por canales de cable; el derecho de los artistas a recibir pago por la repetición de un programa (inquietud que hicieron ver especialmente en la Comisión); el derecho de los canales a contar con televisión de pago, entre otros aspectos.
En efecto, se hace necesario actualizar las atribuciones normativas y reguladoras del Consejo Nacional de Televisión; modernizar el sistema de concesiones; equiparar el desarrollo tecnológico, que siempre va más rápido de lo que esperamos, y permitir el máximo de transmisiones.
El proyecto requiere un análisis a fondo de muchos aspectos jurídicos que inciden en derechos ciudadanos y garantías que nuestra Carta Fundamental consagra para todos los chilenos, como la libertad de información; la libertad de expresión; la libre competencia; el libre mercado; el trato igualitario para todos los actores del sistema; la promoción de la cultura, y, además, el uso racional del espectro radioeléctrico y el fomento del funcionamiento de canales de carácter regional, local y comunitario, punto que también fue objeto de debate en la Comisión.
Todos esos factores, sin duda de gran importancia para una sociedad democrática, nos han motivado a dar el apoyo unánime a la ley en proyecto que desde hace mucho tiempo se requiere incorporar a nuestro ordenamiento jurídico institucional.
La nueva tecnología que se propone implementar a través de esta propuesta legislativa debe ser usada en forma eficiente, racional, y con pleno resguardo a los derechos ciudadanos y las garantías que enuncié anteriormente.
Debemos asegurar el acceso de nuevos actores al mercado de la transmisión televisiva, pero con reglas claras, objetivas y que garanticen igualdad para todos, tanto para las estaciones de transmisión como para quienes formamos parte del público, a fin de lograr un justo equilibrio: que no haya supremacías de unos canales sobre otros, sino que se guarden las justas proporciones, para que los usuarios tengan derecho a una televisión pluralista y exenta de sesgos y puedan elegir libremente una opción entre las múltiples programaciones que las estaciones estarán en condiciones de ofrecer.
Para ello, requerimos un Consejo Nacional de Televisión con un carácter realmente autónomo y pluralista, que ejerza sus funciones con transparencia y altura de miras, con definiciones claras, exentas de discriminación y que no se presten a interpretaciones ambiguas, como sucede con la expresión de velar por el "correcto funcionamiento" de la programación, que hasta ahora ha sido motivo de múltiples cuestionamientos, dados los variados significados que se pueden extraer de dicha frase.
Nos espera un amplio debate sobre la materia en la discusión en particular, porque, como señalé anteriormente, deberemos hacernos cargo de todas las inquietudes recibidas en la Comisión, que involucran aspectos fundamentales de la vida ciudadana. En esa instancia, habrá que analizar las diversas indicaciones que -estoy cierto- se nos hará llegar.
Sin embargo, se debe dar ese relevante e indispensable paso para tener una televisión acorde a nuestras legítimas aspiraciones y derechos.
Por las razones expuestas y porque Chile requiere contar con una ley de televisión digital terrestre coherente con los tiempos y con el futuro que se avecina, votaré a favor del proyecto en general, por cuanto ello implica dar un paso muy importante en nuestro desarrollo como país y como sociedad democrática.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, sin duda, este es un tremendo debate.
Como ya se ha expresado, la llegada de la televisión digital va a representar un cambio cultural. Por lo mismo, creemos que esta discusión debe hacerse en el espacio más amplio posible.
En ese sentido, valoro la apertura de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Espero que cuando funcione unida con la de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología podamos profundizar aún más el análisis. Porque no bastan solo las audiencias. Lo importante es que el país se entere de lo que está en juego.
Con relación a esta iniciativa, que modifica el sistema concesional de las transmisiones de televisión, existe consenso en algunos aspectos bastante positivos: la ampliación de la oferta programática de la televisión de libre recepción -todos han coincidido en ello-; la mejora en la calidad de la imagen y del sonido proporcionada por la futura tecnología digital; las nuevas posibilidades de negocios que se producirán -no veo por qué considerar esto como algo negativo-; la creación de canales regionales.
Esos son los elementos positivos.
Pero también surge un sinnúmero de dudas con relación a cómo abordar algo que, como muy bien definieron algunos señores Senadores, constituye un bien nacional de uso público.
Uno se pregunta qué otra actividad económica puede estar sujeta a un sistema similar a este.
Muchas veces, y en distintos debates, criticamos aquí al rubro minero por lo poco que contribuye por las riquezas que extrae.
Sin embargo, se ha establecido una serie de restricciones, impuestos, requisitos.
Cuando vemos la forma en que se pretende llevar adelante la concesión televisiva, no siempre queda clara -al menos no en todos los canales- la misión de prestar servicio. Me refiero al servicio de educar, de informar, de entretener -por qué no-, de transmitir valores. Ello no siempre está suficientemente claro en las emisoras de recepción abierta.
Entonces, válidamente cabe hacer la comparación con el ámbito pesquero, o con el minero. Y la conclusión es que estamos regalando ese espacio radioeléctrico sobre la base del apagón de la televisión analógica.
Hago presente que tengo bastantes dudas de que ese apagón llegue a muy corto plazo; entre otras razones, porque, según datos de la propia SUBTEL, la cantidad de receptores comprados en el último tiempo es de 621 mil y solo el 47 por ciento de ellos resulta completamente compatible con los estándares técnicos mínimos para la venta de los receptores en Chile. Es decir, muchos de esos aparatos no van a servir y son pocos en comparación con los 4,2 millones de hogares que hay en el país.
En suma, nos falta un trecho muy largo aún por recorrer para pensar en el apagón y en que la nueva tecnología podrá ser aplicada de manera masiva.
Por eso, considero muy válidas las prevenciones efectuadas aquí en cuanto a cómo debe comportarse el Estado al concesionar un bien que es de todos los chilenos. Este, por supuesto, no puede entregarse de forma indefinida y el país debe recibir una retribución a cambio.
Ahora, más allá del debate técnico sobre el campo radioeléctrico, también debe considerarse el aspecto cultural.
En tal sentido, habrá que reservar espacios para la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología, en lugar de regirnos solamente por lo que es más apetecido según el rating. De lo contrario, nos vamos a concentrar en el fútbol -dicho sea de paso, apenas 13 por ciento de los chilenos tiene CDF Premium, porcentaje que de seguro crecerá mucho más; ese es el debate que viene- y en los programas infantiles, que son muy demandados. Esos van a ser el "filete". Y el resto tendrá que conformarse, probablemente, con programación de no muy buena calidad.
Por eso, comparto algunas de las críticas que se han formulado al proyecto.
Creo que la posibilidad de que los concesionarios de televisión de libre recepción sean al mismo tiempo concesionarios de contenidos de pago constituye un problema; no es un hecho menor. A mi juicio, se requiere definir bien si se opta por lo uno o por lo otro.
La decisión de obligar a las empresas operadoras de televisión por cable a llevar los canales de libre recepción regionales y locales también es un asunto discutible. Por supuesto que los cableoperadores tienen que pagar por lo que trasmiten, especialmente en lo que respecta a la televisión abierta.
La situación actual no puede continuar.
Los operadores de cable ganan por todos lados, independiente de que, como lo hizo presente el Senador señor Pizarro , hay lugares donde ellos representan todo, debido a las escasas inversiones para llegar con señal que ha efectuado la televisión pública en general, incluida Televisión Nacional. A raíz de ello, las únicas opciones son DIRECTV y VTR. Ahí los chilenos no tienen otra posibilidad para informarse, saber lo que está pasando y, al mismo tiempo, entretenerse.
Otra preocupación que comparto es la entrega de concesiones sin concurso a los actuales concesionarios. Entiendo que tal materia ya está más o menos asentada. Pero, a mi juicio, debe haber algo a cambio.
Tal situación guarda relación con una estricta regulación de las concesiones -de todas: grandes y pequeñas- y con una adecuada revisión de lo que está pasando en este negocio. Porque uno ve que el Canal del Fútbol se valorizó en 600 millones de dólares, con utilidades de alrededor de 300 millones, versus TVN, con utilidades de 10 millones de dólares al año. ¡De eso estamos hablando!
Por eso, considero que es el momento de examinar a fondo el negocio de la televisión.
Insisto en la idea: Chilevisión y Canal 13 se vendieron en 200 millones de dólares, y el Canal del Fútbol se halla valorizado en 600 millones. ¿Qué pasó? ¿Cuándo las cifras se dispararon y el negocio se puso tan bueno (a propósito del lucro, que está de moda)?
Señor Presidente, pienso que tenemos una gran oportunidad por delante, y la debemos aprovechar bien.
Son importantes la integración y la convergencia tecnológicas de las que tanto se ha hablado acá. Hay que utilizarlas de la mejor manera. No nos podemos perder la chance enorme que nos brinda el avance tecnológico para integrar Internet, servicios de pago y muchos otros, incluidos los financieros, a través de la televisión, por supuesto con las regulaciones necesarias.
En la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología existe la mejor disposición para incorporarnos al debate sobre la materia durante la discusión en particular -debimos haberla analizado desde el principio-, porque creemos que este es un tema de país; porque los recursos del Estado no se pueden dilapidar ni regalar; porque es preciso preservar el acceso a la televisión pública, así como su calidad y carácter pluralista, y porque, si bien resulta legítimo en este caso el lucro, también es relevante el cómo los chilenos accederán a un servicio de calidad sin que la televisión gratuita quede reservada para ámbitos de inferior categoría.
A propósito de la convergencia tecnológica y de los últimos anuncios efectuados en el ámbito de la educación, informo que la Comisión del ramo invitó al Ministro Lavín para la próxima semana a una sesión que esperamos sea abierta. Si tuviésemos televisión digital hoy día, podríamos propiciar un diálogo interactivo del Ministro con los estudiantes y mucha gente más que confía en que se aterrice la propuesta anunciada. Y lo mismo podríamos implementar a nivel parlamentario, del Senado, de las Comisiones.
Creo que el proyecto nos brinda una gran oportunidad.
Por tales razones, señor Presidente, lo votaré a favor en general. Por supuesto, trataremos de precisar mediante indicaciones varios de los aspectos que todavía despiertan inquietudes.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente, primero deseo valorar el que hoy día estemos discutiendo esta materia.
El modelo de televisión que opera en nuestro país está obsoleto, es totalmente anacrónico y no responde al tipo de sociedad que hemos ido construyendo.
Una primera aproximación es que, lamentablemente, la televisión, a pesar de su importancia, solo ha sido considerada como un mero medio de explotación comercial y no como un instrumento democrático que busque promover el desarrollo social y cultural, el progreso, el fortalecimiento de la democracia, y también, informar, educar, dar cabida de alguna forma a la identidad nacional, que no es una, sino diversa, plural, distinta, y cada vez más.
Por eso, este es un debate tremendamente relevante. Y siento que a ratos ha estado demasiado encapsulado en el Congreso. Hemos caído en una discusión excesivamente técnica respecto a un asunto de notable interés público.
Ya lo dijo el Senador señor Quintana : 4 millones de hogares tienen televisor. Basta ver cuántas horas televisivas consume una persona. ¡Enhorabuena -como expresó el Ministro de Transportes - los jóvenes hoy están mirando menos televisión!, la que, por lo demás, es de bastante mala calidad.
Dicho Secretario de Estado indicó también que el objetivo es contar con una televisión gratuita, de calidad y de libre recepción. Yo comparto el desafío. Y ese objetivo tiene que ser coherente con el articulado del proyecto.
Por eso, creo que hay que revisar todo lo relacionado con el otorgamiento de concesiones televisivas, donde deben primar la transparencia y el pluralismo.
Es cierto que la composición del Consejo Nacional de Televisión es plural y diversa. Pero, si uno examina el texto de la iniciativa -yo lo hice-, se da cuenta de que, al momento de tomar una decisión sobre el otorgamiento de una concesión, el principal criterio es el informe técnico que elabora la Subsecretaría de Telecomunicaciones, entidad dirigida -todos lo sabemos muy bien- por una persona del Gobierno de turno.
Yo no quiero que las concesiones se entreguen con poca transparencia y de acuerdo al signo político de la Administración gobernante. Ese es un punto a revisar en la discusión particular.
Y hay otro aspecto importante.
Hablamos del pluralismo, de la diversidad, de la identidad nacional y regional. Yo represento a dos Regiones. Cada una de ellas tiene sus particularidades, sus raíces, su cultura, sus propios debates, independientes de los que se dan a nivel nacional. Todo ello también debe reflejarse en medios de comunicación masivos, como la televisión.
Por eso, me preocupa la existencia de barreras de entrada no resueltas en el proyecto. Este contiene varias. De hecho, ya contempla una discriminación positiva en favor de los actuales concesionarios al permitir la migración digital sin más, sin concurso.
A mi juicio, el Estado -alguien ya lo planteó; no recuerdo quién- debe tener una capacidad de transmisión que también les permita a las personas o agrupaciones carentes de infraestructura y recursos mostrar sus contenidos, su producción, y expresarse a través de un medio de comunicación que -según dije- no debe ser solo un instrumento comercial, sino, además, una herramienta que fomente el desarrollo y el progreso social, humano, político, cultural de una nación.
Por ello, creo que el Estado tiene que asumir un rol en esta materia, como también debe hacerlo respecto a la existencia de un canal público.
Veamos la experiencia francesa.
Los canales TV5 y TV6, me parece -el señor Presidente es muy experimentado en las cosas de Francia-, no transmiten publicidad, no contaminan con publicidad, no venden publicidad que nadie quiere ver. ¿Por qué? Porque son financiados por el Estado. ¿Cómo? Cada persona paga una pequeña cantidad por televisor. De esa manera, el canal público cumple un rol y una misión distintos, pues tiene la obligación de responder a ciertas exigencias.
Ello no ocurre con la televisión chilena, que es pública pero financiada con aportes privados. Entonces, finalmente renuncia al objetivo que tiene como canal público.
Así es que, desde ese punto de vista, considero muy importante facilitar la incorporación de nuevos operadores y establecer una reserva específica para canales educativos o culturales. Eso no lo resuelve adecuadamente este proyecto.
La concesión -se ha dicho claramente- es un bien público, es de todos los chilenos, y, por lo tanto, uno puede colocar ciertos requisitos para gozar de este privilegio que se entrega al operador, al concesionario. Por eso debe haber canales que tengan la obligación de ofrecer programas de deporte, arte, cultura, en fin.
Creo que ello es muy importante.
Otro aspecto que me parece primordial -ha habido todo un debate sobre este punto- es quién paga la cuenta al final del día.
Hay que ver quién la paga primero -alguien lo mencionó acá- respecto de la televisión de cable, la cual (lo conversé con el Senador Gómez) vende publicidad que no está en el contrato que uno suscribe. El canal HBO, por ejemplo, termina una película y luego transmite publicidad, la que le reporta importantes ingresos al operador de cable. Y finalmente la persona la paga. O sea, ganan por todos lados.
Eso, señor Presidente , debe ser regulado. En la discusión particular debemos abordar este asunto, porque no es posible que el usuario esté consumiendo y pagando por algo que no contrató.
Es bien relevante esta materia.
En cuanto al pago o no por parte de los concesionarios de cable a la televisión abierta por tomar sus contenidos, siento que es lo más razonable del mundo. Es obvio. Alguien ha de solventar los dineros invertidos en la producción de tales contenidos. El operador del cable debe pagar a la televisión abierta. Tiene que existir un contrato entre ambos. Esa relación debe resolverse, porque efectivamente hay un costo involucrado.
Entre paréntesis, el 50 o 60 por ciento de lo que consume la gente que contrata cable es televisión abierta, por la cual los concesionarios no pagan ni un solo peso, y sí aquella.
Del mismo modo, creo que va en contra de la esencia de la televisión abierta, gratuita, pluralista, de libre recepción, el hecho de que hasta un 50 por ciento sea televisión de pago.
Claro, algunos dicen que la publicidad se concentrará en donde esté la masa, la mayor cantidad de personas.
Pero eso es bien relativo, señor Presidente . La gente a veces hace un esfuerzo, y si la mejor programación se encuentra en la parte pagada de un canal abierto, los auspiciadores irán en esa dirección.
Me opongo, entonces, a la posibilidad de tener televisión pagada por parte de los canales abiertos, así como también creo que los concesionarios de canales de cable deben pagar por los contenidos que toman de la televisión abierta.
Otro punto trascendente es el relativo a las Regiones.
A las Regiones hay que apoyarlas. Tiene que existir un subsidio a los canales regionales. Estos de alguna manera son expresión muy nítida del acontecer social, político, cultural; del tejido social; de la cultura y de la identidad de una Región, y cumplen un rol de mucha relevancia que hay que apoyar.
Por eso, pienso que debe contemplarse una ayuda específica a los canales regionales.
Un aspecto que también deseo resaltar -lo mencionó el señor Ministro - dice relación con que el canal que no use el espectro completo tendrá que licitar.
Ello parece obvio, pero es importante que quede absolutamente precisado.
Con respecto a la duración de la concesión estimo que está bien el plazo de 20 años. Pero resulta preocupante que para aquellos que deban arrendar a terceros la capacidad de transmisión sea de 5 años.
El Presidente hizo una propuesta en el sentido de que el Estado asuma un rol en relación con la capacidad de transmisión a fin de permitir el ingreso de nuevos actores que favorezcan la expresión diversa en la televisión.
Bueno, tendremos mucho tiempo para perfeccionar este proyecto que, indudablemente, es necesario e importante. Pero creo que requiere cambios bastante sustantivos.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, seré muy breve.
Quiero dejar constancia de que aprobaré en general este proyecto.
Creo, al igual como lo manifestaron muchos de mis Honorables colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, que esta es una legislación importante. El tipo de regulación que se establezca para la televisión digital contiene bastantes aspectos que incidirán de manera significativa en la vida de los chilenos.
Hay numerosas materias involucradas: la duración de las concesiones; la forma en que se aprueben; quiénes van a participar en ese proceso; qué criterios se utilizarán: solo los técnicos que rigen actualmente, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, o tal vez habrá otros elementos que serán considerados por el Consejo Nacional de Televisión, y, por cierto, quiénes lo compondrán para la aprobación de las concesiones.
Sin embargo, deseo resaltar dos o tres elementos que en mi concepto resultan bien medulares en este proyecto.
El primero es que existe la posibilidad, con la televisión digital, de contar en el futuro con un espectro, con un número de señales tan importante que generará genuinamente el apetito de diversos actores por tener una participación en la televisión abierta en nuestro país.
Y para plasmar distintas visiones, inquietudes, intereses en las diversas áreas de la sociedad chilena, se requiere un tratamiento que garantice el acceso a esa televisión digital.
Si bien esta última ofrece un mayor espacio para esa participación, también creará quizás barreras de entrada muy difíciles de sortear para las pequeñas productoras o agentes que quieran participar del proceso televisivo, y pienso muy en especial en la forma en que las Regiones puedan estar representadas.
Mucho se dice en el papel que esto ofrece una infinita oportunidad para las Regiones, para desarrollar contenido local, visiones propias y discutir las cuestiones que afectan a una particular comunidad.
Pero eso que se ve bonito en el papel, en el discurso, si no se materializa con recursos para lograr esa participación, con una institucionalidad que les permita hacerlo también a aquellos agentes más pequeños, todo esto será letra muerta, y nuevamente terminaremos con un mercado televisivo dominado, de una parte, por la televisión abierta de los grandes canales, y de otra, por los cableoperadores.
Entonces, creo que lo medular acá es establecer un criterio por el cual se les permita el acceso a la televisión digital a un número importante de operadores.
Una cuestión recurrente respecto de la cual pienso que es bueno dejar plasmada la opinión de cada uno dice relación con la retransmisión de señales de televisión abierta a través de los cableoperadores (ello incluso se halla en proceso judicial).
Señor Presidente , me parece del todo evidente que quien usa una señal de televisión abierta, en la que hay inversiones detrás, propiedad intelectual, un trabajo, debe remunerar por ese contenido.
Por otra parte, la televisión pública ha fallado en llegar a muchos lugares de Chile de manera adecuada, donde -tal como indicaron otros colegas- es solo la televisión por cable la que brinda ese beneficio.
Sin embargo, quiero llamar la atención sobre lo siguiente: pretender decir que la televisión abierta, que es transmitida simultáneamente por cableoperadores, no es parte del negocio de estos, me parece una falacia.
Si así fuera, no veo por qué cuando los chilenos y chilenas no pueden pagar el cable y se les corta el servicio no les dejan funcionando la señal de televisión abierta. Porque si sostienen que no es un negocio transmitir los canales 13, 7, Mega, Chilevisión y la Red, entonces, cuando la gente no pague el cable deberían dejarle el acceso a esos canales de televisión, por cuanto ello no es lucro para los cableoperadores.
Pero como eso no es cierto y no ocurrirá nunca, porque ahí está el principal negocio, creo que debemos sincerarlo.
De igual forma, me parece un exceso de ambición y una distorsión absoluta que los canales de televisión abierta, que ya tienen muchas concesiones y beneficios -como expresó el Senador Rossi-, accedan a la televisión digital sin haber concursado -por ley, derechamente-, y además que pretendan que un porcentaje de su transmisión sea de pago.
Me parece que lo anterior altera completamente el sentido que se encuentra detrás en esta materia.
Señor Presidente -y con esto termino-, uno aspiraría a que en la discusión en particular se tomara en consideración también lo que está ocurriendo con el proyecto que modifica la ley de Televisión Nacional. Creo que es la oportunidad para plantearnos cuál es el rol de la televisión pública.
Y si hablamos de acceso a la televisión digital, tal vez la televisión pública (Televisión Nacional de Chile) tendrá que hacer un esfuerzo para permitir la transmisión de televisión abierta por parte de pequeñas productoras, de futuros pequeños operadores, que quieren participar de la televisión digital, que tienen un mensaje que dar, pero que carecen de la capacidad financiera para enfrentar tal cambio.
Eso nos va a permitir contar con un sistema de televisión pública distinto.
Por último -aunque no se halla directamente relacionado-, los canales de televisión abierta han señalado que la propiedad intelectual debe respetarse, y que, en consecuencia, aparte de no estar en condiciones de solventar, encuentran injusto el pago a los cableoperadores para transmitir.
Ahora, de la misma forma que los canales de televisión abierta rasgan vestiduras respecto a su derecho, debo señalar que lo que hemos conocido hoy día sobre lo que ocurre en las estaciones televisivas, tanto en Televisión Nacional como en otras, en cuanto al trato a funcionarios y a actores es inaceptable. Porque se está exigiendo a cualquier actor o actriz nacional para participar en un canal la formación de productoras propias, aunque sea con una sola persona, para así pactar con personas jurídicas y no con personas naturales, con lo cual se evitan pagar una serie de beneficios sociales, suscribiendo contratos que, a todas luces, son de carácter permanente.
Acá hay una martingala por parte de todos los canales de televisión, que se presta casi para pensar en la existencia de un mecanismo orquestado. Porque todos ellos, sin excepción, exigen ahora que cada actor o trabajador de un canal, que va a salir al aire, debe tener su productora propia, cuya materialización jurídica llegan incluso a financiar.
Entonces, cuando realicemos la discusión en particular de este proyecto sobre televisión digital, que tal vez tomará bastante tiempo, razón por la cual a lo mejor será necesario retrasar el "apagón" de la televisión analógica -aunque el Senador Prokurica no lo crea-, espero que lo hagamos en forma seria, porque será la oportunidad de abarcar no solo las materias contenidas en la iniciativa, sino muchas otras, y dejarlas plasmadas en un cuerpo legal sobre televisión que nos regirá por los próximos 30 o 40 años.
He dicho.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (36 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor GIRARDI ( Presidente ).-
Corresponde abrir plazo para indicaciones.
Los Presidentes de las Comisiones de Transportes y de Educación, porque se acordó la elaboración del segundo informe por ambos organismos, sugieren...
El señor PROKURICA.-
Diez días, señor Presidente.
El señor GIRARDI (Presidente).-
... el 28 de julio, a las 12, que parece razonable.
Si le parece a la Sala, se acogerá lo propuesto.
--Así se acuerda.
)----------(
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
En la sesión de ayer se aprobó en general el proyecto que prohíbe a las empresas que otorgan créditos exigir seguro de cesantía a jubilados, quedando pendiente la fijación de plazo para presentar indicaciones.
En tal virtud, se sugiere el lunes 18 de julio, a las 13.
El señor GIRARDI ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo?
Acordado.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor GIRARDI (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
De la señora ALVEAR:
A los señores Ministros de Economía , Fomento y Turismo y de Agricultura, para que informen en cuanto a ENAJENACIÓN DE 667 HECTÁREAS DE RESERVA DE LAGO PEÑUELAS (Quinta Región).
Del señor HORVATH:
A los señores Ministro de Obras Públicas y Director General de Aguas , solicitándoles información acerca de ACUERDOS ENTRE AES GENER Y AGUAS ANDINAS SOBRE PROYECTO HIDROELÉCTRICO ALTO MAIPO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A REGIÓN METROPOLITANA.
Del señor ZALDÍVAR (don Andrés):
Al señor Subsecretario del Interior , recabándole antecedentes en cuanto a REPOSICIÓN DE RECURSOS A MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA (Séptima Región).
El señor GIRARDI (Presidente).- En Incidentes, el primer turno le corresponde al Comité Partido Socialista.
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
RECHAZO A POLÍTICAS CENTRALISTAS DEL GOBIERNO. OFICIO
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , deseo expresar a la Sala que, en el curso de la mañana, el Vicepresidente Ejecutivo de CORFO , señor Hernán Cheyre , informó en la Comisión de Obras Públicas sobre el proceso de venta de un paquete accionario de empresas sanitarias de la Región Metropolitana.
Junto con tal información, dicho personero manifestó que se encuentra dentro de los planes de esa Corporación la llamada capitalización de empresas públicas, entendiéndose específicamente por ello la adjudicación de los recursos provenientes de la venta de ese paquete accionario...
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Discúlpeme, Su Señoría.
Pido a los señores Senadores escuchar a quien se encuentra interviniendo. De lo contrario, pueden seguir sus conversaciones fuera de la Sala.
Continúa con la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Como decía, señor Presidente , el Vicepresidente Ejecutivo de CORFO expresó que piensa utilizar esos recursos para la extensión de una línea del Metro.
Al respecto, solicito que se oficie al Presidente de la República expresándole mi disconformidad y absoluto rechazo al criterio utilizado. Dicha medida acentúa el centralismo existente en el país. Además, con ello se refuerza una mirada que radica exclusivamente en Santiago los intereses del conjunto del país y que exacerba las corrientes migratorias en dirección a la Capital.
En ese sentido, quiero recordar que el subsidio para el Transantiago, según informaciones conocidas por la opinión pública, significa que, por cada pasaje adquirido por una persona en la Región Metropolitana, el Estado cubre aproximadamente 350 pesos; es decir, en el curso de una semana, el subsidio para transporte público otorgado a una persona fluctúa fácilmente en alrededor de 5 mil pesos.
Ese tipo de subsidio no existe en ningún otro lugar del territorio.
El criterio aprobado por el Senado de la República en el sentido de compensar con recursos a las Regiones ha sido completamente distorsionado por el Ejecutivo , porque no se están utilizando para subsidiar el transporte público remunerado de pasajeros, como establece la ley pertinente, sino para obras públicas, con la excusa de mejorar la conectividad.
En consecuencia, el Ejecutivo desvía esos recursos del fondo estipulado en la normativa respectiva tendiente a compensar a las Regiones por el Transantiago para destinarlos a gastos correspondientes al Ministerio de Obras Públicas.
En otras palabras, es una completa distorsión de la ley.
Por eso, les pido a los señores Ministros acá presentes, de la Secretaría General de la Presidencia , señor Larroulet , y de Transportes, que revisen la información entregada de manera oficial por el señor Intendente de la Región de Los Lagos , en que da cuenta de la utilización del ciento por ciento de los recursos presupuestados para dicha Región por el Transantiago en la reparación de caminos vecinales y en otras obras de vialidad, bajo el argumento de la conectividad, dejándola sin posibilidad de otorgar subsidios, ni siquiera los anteriormente concedidos, como a la gente de Palena para cofinanciar el pasaje entre Puerto Montt y Chaitén, porque el señor Intendente de la Región dice no disponer de recursos para ello.
De tal manera que acá se está burlando expresamente el sentido de la ley al no haber subsidio para el transporte remunerado de pasajeros en las Regiones. En consecuencia, se acentúa la distorsión entre el centro del país y las Regiones. Y como si fuera poco, además el Ejecutivo anuncia que los recursos de la venta del paquete accionario de Aguas Andinas los va a utilizar para extender una línea del Metro en la Capital.
Señor Presidente , no tengo nada en contra de que se mejoren las condiciones del transporte remunerado de pasajeros en la Región Metropolitana. Pero exijo que se cumpla la ley. Porque en la Región de Los Lagos no se está subsidiando el transporte de pasajeros, lo cual encarece enormemente el costo por ese concepto y afecta de manera directa la calidad de vida de las personas.
Por otro lado, se anuncia en la Región de Los Lagos la construcción de una vía concesionada entre Puerto Montt y Pargua , señalándose que el peaje tendrá un valor de mil 800 pesos. Es decir, una persona que se traslada de Calbuco a Puerto Montt con el propósito de vender sus hortalizas deberá desembolsar ahora 3 mil 600 pesos, los que están fuera de su presupuesto y que no tiene ninguna posibilidad de financiar.
Entonces, aprovecho la presencia del señor Ministro de Transportes para solicitarle encarecidamente que, de una vez por todas, a partir del 1º de enero del 2012, porque los recursos de este año ya se gastaron en otras cosas, se implemente el subsidio para pasajeros en mi Región. Porque lo ocurrido es simplemente una burla, no solo para la zona que represento, sino también para las restantes Regiones.
En la Región de Los Lagos debiesen ser subsidiados los costos del traslado entre Chiloé y Puerto Montt en la nueva ruta concesionada y del transporte en barcaza a través del canal de Chacao.
Eso sí sería un impacto directo en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Región de Los Lagos.
Empero, los fondos que aprobamos aquí, en el Congreso Nacional, para el transporte remunerado de pasajeros en las Regiones sirven simplemente para hacerle caja al Ministerio de Obras Públicas.
Eso no puede suceder. Constituye una burla al sentido de la ley.
¡Exijo que en la Región de Los Lagos opere el subsidio para el transporte remunerado de pasajeros!
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- En el turno del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el Senador señor Gómez.
PARALIZACIÓN GENERAL EN CALAMA POR CENTRALISMO
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente , hace unos días paralizó la ciudad de Calama en su conjunto.
La rebelión de las Regiones está surgiendo por los extremos del país. Se registró en Punta Arenas, luego, en Calama; probablemente, algo similar sucederá en Antofagasta y en otras Regiones del norte. ¿Por qué? Por el centralismo existente: los recursos del país se hallan concentrados fundamentalmente en la Región Metropolitana.
Todos los ingresos obtenidos por la explotación del cobre en la zona de Calama -allí está CODELCO Norte-, donde hay una producción enorme, no se ven reflejados en la calidad de vida de los habitantes; en las calles, que se encuentran llenas de hoyos. Los calameños tienen pocas posibilidades de esparcimiento y viven en una ciudad deteriorada. ¿Por qué? Por el centralismo de la Capital, hacia donde van los recursos del país, especialmente los provenientes del metal rojo.
Es importante mirar lo que está pasando. No hay que olvidar que la historia de Chile da cuenta de situaciones en que las Regiones extremas ya han asumido una actitud de rebeldía por la forma de distribución de los recursos nacionales.
Se va a discutir una iniciativa destinada a eliminar la Ley Reservada del Cobre, legislación que dispone un aporte de 10 por ciento para las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, no hay recursos directos para las Regiones.
El Presidente de la República , cuando era candidato, visitó la Región de Antofagasta. Y, por la televisión y las radios, manifestó que iba a apoyar el proyecto sobre Fondo de Desarrollo del Norte, consistente en prever determinada cantidad de recursos que debieran quedar en las Regiones mineras -por la explotación de sus riquezas y por los tributos que ella genera- para que, sin tener que pedirlos al Gobierno central y sin ir al Ministerio de Hacienda a solicitar autorización, los usaran libremente en su desarrollo, en la reparación de calles, en la construcción de escuelas; en definitiva, para emplearlos en el desenvolvimiento de la Región, y particularmente de Calama, ciudad que ha protestado en la calle con toda su gente: estudiantes, profesores y demás trabajadores.
No hay que hacer abstracción, señor Presidente , de las situaciones que van generando el proceso de rebeldía de que hice mención.
El próximo lunes, por el significado de la nacionalización del cobre, tendrá lugar una serie de actos y actividades para recordar dicho proceso.
Y ¡ojo!, pues los trabajadores del cobre están preocupados porque, además de que los recursos no llegan a las regiones y comunas mineras, existen ciertas dudas acerca de la forma como se plantea el futuro de CODELCO. Está quedando claro, por cómo se está llevando adelante la administración del nuevo gobierno corporativo, que se va hacia la privatización de la empresa más importante del país: CODELCO.
Señor Presidente , lo que pasó en Calama va a seguir sucediendo. Su alcalde, sus organizaciones sociales, etcétera, continuarán protestando directamente contra el centralismo, porque en el actual Gobierno no existe voluntad para entregar los recursos que el propio Presidente de la República , cuando era candidato, prometió a la Región de Antofagasta. Así lo dijo: "El Fondo de Desarrollo del Norte es un proyecto y un programa de mi Gobierno, y voy a cumplir mi palabra". Hasta la fecha no lo ha hecho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Gómez asuma como Presidente accidental.
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- En el tiempo del Comité Partido Por la Democracia, tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.- Me referiré a tres situaciones que afectan a la Región de Valparaíso, que represento en el Senado.
PRECISIÓN SOBRE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AGENDA DE IMPULSO COMPETITIVO LESIVAS PARA QUINTA REGIÓN. OFICIOS
El señor LAGOS.- Señor Presidente , el primer tema dice relación con las 50 medidas destinadas a mejorar la competitividad de la economía chilena y que el Gobierno anunció hace un mes y medio.
Gran parte de ellas son razonables, apuntan en la dirección correcta y van a generar un impacto positivo en el desarrollo nacional.
Sin embargo, seis -en los ámbitos portuario, de los transportistas, de los trabajadores, del comercio, de los agentes de aduana- han sido identificadas por la comunidad de la Región de Valparaíso como medidas que provocarán un impacto negativo en el empleo y en la actividad económica locales.
Respecto a esta materia, el Gobierno hubo de escuchar la voz de la comunidad organizada.
Señor Presidente, esta Administración tiene una gracia, una particularidad: logra unirnos a personas que pensamos distinto y nos permite defender algo que nos parece esencial.
Desde ese punto de vista, yo aplaudo al Ejecutivo , que anuncia medidas que consiguen juntarnos a personas que podemos tener diferencias pero que luchamos unidas para defender algo muy preciado: la actividad económica y el empleo en la Región de Valparaíso.
En días pasados el Gobierno dio a entender que las medidas no se implementarían.
Otras autoridades gubernativas señalaron que no se trata de que no se vayan a aplicar, sino de que se suspenderán por un tiempo, en tanto se lleva a cabo una discusión más profunda acerca de ellas.
Hoy nuevamente existen rumores en el sentido de que las medidas sí se van a imponer y tendrán luz verde.
En consecuencia, de manera muy respetuosa, solicito que se oficie al Intendente de Valparaíso y al Ministro de Economía a fin de que digan formalmente si las seis medidas que hemos identificado como dañinas para esta Región serán suspendidas o no. ¡Así de sencillo!
-Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
INTERROGANTES EN TORNO A ENAJENACIONES DE ESVAL Y DE RESERVA LAGO PEÑUELAS. OFICIOS
El señor LAGOS.- Quiero, señor Presidente, referirme a dos decisiones de la actual Administración.
Este Gobierno es muy bueno para vender la propiedad de todos los chilenos. Como señalaba el Senador Escalona, están enajenando Aguas Andinas. Y ahora harán lo mismo con parte de las acciones que tiene CORFO en ESVAL, de la Región de Valparaíso.
¿Qué ocurrirá con esa venta, por lo demás completamente injustificada? Se dice que parte de los recursos generados quedarán en la Quinta Región para financiar a MERVAL, nuestro sistema de transporte local.
Pido que se oficie a la CORFO para que informe si se venderán o no las acciones y -más importante aún- cuánto de los recursos derivados de las enajenaciones quedará en la Región de Valparaíso.
Me parece inconcebible que parte de los fondos provenientes de ESVAL, que son de esta Región, terminen financiando la extensión del Metro de la ciudad de Santiago.
Además, le recuerdo a este Gobierno que la superficie del Metro de la Capital ha crecido en más de 90 kilómetros sin que en ninguna oportunidad haya sido necesario vender alguna empresa pública.
En consecuencia, se trata nuevamente de una venta para los amigos de este Gobierno.
Por otro lado, se ha hecho público en la Región de Valparaíso que el Ejecutivo va a vender la participación que tiene el Estado en parte importante de la Reserva Nacional Lago Peñuelas.
En tal sentido, solicito que se oficie a la Ministra del Medio Ambiente para que informe acerca de la calidad jurídica de los terrenos que se piensa enajenar -áreas silvestres protegidas de propiedad de los chilenos- y de los criterios con que se procederá a la venta.
En resumen, estamos frente a dos ventas y a diversas medidas en materia de competitividad, todo lo cual afecta a la Región de Valparaíso.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Continuando en el turno del Comité Partido Por la Democracia, tiene la palabra el Senador señor Quintana.
PLANTEAMIENTO SOBRE ANUNCIOS DE GOBIERNO EN MATERIA EDUCACIONAL
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , como es de conocimiento de todos, el Presidente Sebastián Piñera realizó ayer una serie de anuncios en materia educacional, los que apuntan más a desactivar las movilizaciones que a resolver el fondo de los problemas estructurales que evidencia la educación general -no solo la superior- como parte de una crisis.
Por cierto, esa crisis no comienza hoy. Actualmente hay una agudización en las cuestiones vinculadas con la educación superior.
El esfuerzo hecho en los últimos años apuntó en alguna medida a la calidad. Y se reflejó, por ejemplo, en el hecho de que entre los años 1990 y 2000 Chile fue el país que exhibía los mejores resultados en la prueba PISA. Hubo logros en aprendizaje.
Naturalmente, los mayores esfuerzos durante las dos décadas precedentes han estado centrados en la cobertura, que ha sido una de las preocupaciones de los últimos 150 años. Y se han logrado resultados importantes, al punto de que hoy día prácticamente tenemos a toda la población con escolaridad obligatoria y gratuita en las enseñanzas básica y media.
Por lo tanto, los desafíos del Chile de hoy son otros.
Sin embargo, hay muchos problemas que vienen como herencia del pasado y que en los anuncios del Presidente de la República no se resuelven.
Uno de ellos es precisamente el del lucro.
A ese respecto, en mi opinión, el Primer Mandatario perdió la oportunidad de dar solución clara y categórica a una práctica que tiene lugar de manera ilícita, ilegal.
Sobre el particular hay que ser claro: el debate en torno al lucro lo cerró Pinochet el año 1981. Él zanjó la discusión: en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza consignó respecto a las universidades particulares, en tanto corporaciones de derecho privado que cumplen una función pública, la prohibición de lucrar.
Por eso digo que el Presidente de la República perdió una oportunidad, pues algo que se cerró en dictadura no puede reabrirse como materia de debate en democracia.
En este caso corresponde ver qué se hace con quienes han burlado la ley durante 30 años al generar entidades de educación superior privadas que, como se ha dicho profusamente mediante la información difundida, en su mayoría no son de buena calidad.
Mundialmente, en el ranquin de las 300 mejores universidades no figura ninguna de las que persiguen fines de lucro.
Por consiguiente, me parece que este es un tema central que deberá abordarse en la discusión que viene.
Pero lo que no puede suceder es que se efectúe un blanqueo en torno a quienes han lucrado en una actividad que tiene como misión generar bienes públicos: investigación, desarrollo, ciencia y tecnología.
Esa fue una de las razones por las cuales no se llegó a acuerdo en los días anteriores. Porque las propuestas del Gobierno eran incompletas.
Lo que el Jefe del Estado planteó anoche, si bien aborda materias recogidas de la agenda de los movimientos sociales -por ejemplo, la creación de una Superintendencia de Educación; porque, claramente, se trata de un mercado que debe regularse mejor-, en otros puntos contiene simplemente esbozos.
Por supuesto, es positivo que se revise el crédito universitario con aval del Estado. Y es más positivo que reducir en dos puntos la tasa de interés. Pienso que habría sido mejor acercarla a la del Fondo Solidario de Crédito Universitario. Pero eso no ocurre.
Señor Presidente, entre los temas de fondo que uno advierte como preocupación se halla el relacionado con la manera en que se intenta financiar las medidas anunciadas, donde figuran muchas siglas nuevas: FE, GANE. Empero, se olvidan las antiguas, como CONFECH, CRUCH, FESES y otras correspondientes a diversos movimientos sociales.
Ahora bien, si el objetivo de las proposiciones del Ejecutivo es desmovilizar, trasladar las marchas de la Alameda hacia Valparaíso , no se avanzará en resolver la crisis educacional.
Por lo tanto, considero importante que el Gobierno aterrice sus anuncios a la realidad concreta.
De otro lado, también queremos ver si necesitaremos la lupa para examinar la "letra chica" como ha ocurrido ante otros anuncios.
A decir verdad, los 4 mil millones de dólares no nos impresionan: hay que decirle inmediatamente al mundo de la educación superior que se olvide de al menos 2 mil millones, pues van a la subvención, a cumplir en parte los compromisos que el propio Presidente Piñera mencionó en la cuenta pública del 21 de mayo de 2010, cuando anunció aumento de aquella hasta el año 2018.
Así pues, el anuncio presidencial tiene titulares interesantes, algunos muy atractivos; pero en materia de construcción financiera deja muchas dudas.
Sorprende que el gasto permanente se constituya a base de provisiones en esencia transitorias; es el caso de los excedentes del cobre, del Fondo de Estabilización Económica y Social.
Si el Primer Mandatario quería plantear una agenda ambiciosa como la que se aprecia en los titulares, debió tener en cuenta la mediación de una reforma tributaria.
Por todo lo expuesto, señor Presidente , en la Comisión de Educación acordamos esta mañana convocar al Ministro Lavín para un debate abierto, público, transparente, donde se aterricen los conceptos y se expliciten los anuncios, con el objeto de que el Gobierno, en un corto plazo, cumpliendo los compromisos contraídos con el Senado, envíe los proyectos de ley sobre esas y otras materias.
Es el caso del fortalecimiento de la educación pública -este no es otra cosa que la desmunicipalización, el cambio de la figura de la administración de los actuales establecimientos (compromiso de la actual Administración)-, y también, el de la nueva carrera docente, que quedaron agendados para el ingreso al Parlamento antes del 30 de marzo de 2012.
Es importante que no se confundan ambos planos, señor Presidente . Y esperamos que el Ministro de Educación pueda hacer las precisiones del caso en la sesión respectiva, que tendrá lugar el próximo miércoles, a las 9:45, en la Biblioteca del Congreso Nacional.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor QUINTANA.- ¿Me concede un minuto más, señor Presidente?
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Sí, Su Señoría.
FORMALIZACIÓN A ALUMNOS DE TRAIGUÉN MOVILIZADOS. OFICIOS
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, quiero pedir el envío de oficios en el marco de las movilizaciones estudiantiles, que han generado inquietud y levantado voces en todo Chile.
La Región de La Araucanía no ha sido la excepción. En comunas como las de Angol, Victoria, Traiguén, Temuco, los alumnos han estado movilizados permanentemente durante estos días.
Y hay una situación que me preocupa sobremanera: lo sucedido en Traiguén a raíz de un reciente desalojo.
Por ello, solicito que se oficie al Ministerio del Interior y Seguridad Pública con el objeto de que se precisen los términos de un procedimiento que se llevó a cabo en la referida comuna durante la madrugada del lunes 20 de junio, a raíz del cual fueron detenidos dos estudiantes del Complejo Educacional Luis Durand Durand que intentaban ingresar al establecimiento para efectuar una toma -según señalaron esos jóvenes- en apoyo a las exigencias nacionales por mejoras educacionales y que...
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Terminó el minuto adicional, señor Senador.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , permítame un minuto más para concluir mi intervención.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Lo tiene, Su Señoría.
El señor QUINTANA.- Como decía, señor Presidente , esos educandos, cuando intentaban ingresar al establecimiento para la toma, fueron detenidos; posteriormente pasaron a control de detención, y luego se los formalizó por robo frustrado en lugar no habitado.
En la mañana de ese mismo día, en otro procedimiento, realizado en el Liceo Lucila Godoy Alcayaga, también de Traiguén, cuatro alumnos de ese establecimiento fueron desalojados; quedaron detenidos por más de cinco horas, y luego se los pasó a control de detención y se los formalizó por daños.
En virtud de lo expuesto, pido que se oficie al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y a Carabineros para que clarifiquen lo ocurrido en el primer procedimiento. Y en el segundo, que establezcan quién solicitó la orden de desalojo de los alumnos, facultad que solo le corresponde al sostenedor del establecimiento; en este caso, al Alcalde de Traiguén , quien, entiendo, no hizo la petición.
Quiero, pues, conocer los detalles de esas actuaciones policiales.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:18.
Manuel Ocaña Vergara
Jefe de la Redacción
ANEXOS
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES CHAHUÁN, BIANCHI, HORVATH Y SABAG, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE SEGURO DE RIESGOS PERSONALES PARA PESCADORES ARTESANALES (7764-03)
Exposición de motivos.
La legislación laboral de nuestro país no contempla un régimen laboral especial para los pescadores artesanales, por lo cual, en caso de existir una relación laboral, se aplica el régimen laboral general.
En Chile, por regla general, entre el patrón de una embarcación y los pescadores se conviene un contrato denominado “a la parte”, mediante el cual se reparten las ganancias de las capturas en una proporción igualitaria, lo cual implica que los pescadores artesanales no gocen de las prestaciones que entrega el régimen de seguridad social, en razón de que son trabajadores independientes que no cotizan en el sistema de capitalización individual, salud ni en el seguro obligatorio contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
No obstante ello, la Reforma Previsional del año 2008, permite que los trabajadores independientes que no perciban rentas gravadas por el artículo 42 N° 2 de la Ley de Impuesto a la Renta, como es el caso de los pescadores artesanales, puedan cotizar en el sistema de capitalización individual en calidad de afiliado independiente, pudiéndose acoger a la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Pero la realidad, nos señala que casi ningún pescador artesanal se acoge a este sistema de cotización, para recibir los beneficios que dicho sistema otorga.
En las legislaciones extranjeras, podemos señalar que en Perú se establece la obligación de contratar un seguro de vida para estos trabajadores, el que es fiscalizado por las autoridades sectoriales antes de efectuar el zarpe diario.
En otros países, como España, Francia y Ecuador, los pescadores artesanales son parte del régimen de seguridad social, con un carácter especial, del cual reciben prestaciones médicas, de vejez y viudez.
Es un hecho de conocimiento público que la pesca artesanal presenta altos índices de siniestralidad con consecuencias de muerte o invalidez, debido al riesgo que presenta la actividad. Anualmente, de acuerdo a las cifras con que cuenta la Autoridad Marítima, se registra un promedio superior a veinticinco muertes o desapariciones forzadas, producto de distintos sucesos.
Lo expuesto anteriormente implica que cuando ocurren este tipo de accidentes, estos trabajadores quedan fuera de las prestaciones contempladas para los trabajadores dependientes, tales como seguros de invalidez, pensión de sobrevivencia, seguro de accidentes y enfermedades profesionales, por lo cual la situación debe ser enfrentada por la propia familia de las víctimas, las organizaciones sociales o las redes solidarias de las comunas costeras.
Se hace necesario establecer un mecanismo efectivo para establecer un seguro de riesgos personales en su favor, toda vez que nuestra Constitución Política consagra como garantía fundamental, el derecho a la seguridad social, cuyo adecuado ejercicio debe ser supervigilado por el Estado, según lo dispone el artículo 19 N° 18 del texto constitucional.
Estimamos que para implementar esta iniciativa, debe modificarse la Ley General de Pesca y Acuicultura, agregándose, a continuación del artículo 52, tres artículos nuevos, 52 bis, 53 ter y un artículo transitorio, que contengan las normas generales en que operará este seguro obligatorio, estableciéndose asimismo que un mediante un Decreto con Fuerza de Ley, se dictará un reglamento que contemple las disposiciones que regule los beneficios que se otorgan, beneficiarios y determinación de los respectivos grados de incapacidad producida, a raíz de accidentes sufridos en actividades de pesca artesanal.
En mérito a lo expuesto, sometemos a la aprobación del Senado de la República, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Modificase la Ley General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, se encuentra contenido en el Decreto Supremo N° 430, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, del año 1992, agregándose los siguientes artículos nuevos a su texto:
“Artículo 52 bis: Todo pescador artesanal, de aquellos que lleven a cabo pesca extractiva, en cualquiera de las modalidades previstas en el artículo 2° N° 28 de esta ley, deberá contar con un seguro contra riesgos personales, que deberá contemplar un seguro de vida para el caso de muerte en faenas de pesca; un seguro contra accidentes personales sufridos en faenas de pesca y un seguro contra invalidez causada por accidente en faenas de pesca.”
“Artículo 52 ter: Constituye requisito habilitante para la obtención de la matrícula de embarque correspondiente, y por el período de su vigencia, la contratación del seguro contra riesgos personales.”
“Artículo Transitorio:
Un reglamento contendrá las normas respecto de quienes serán los beneficiarios del seguro, prestaciones que se contemplan y determinará los grados de incapacidad producida, a raíz de accidentes sufridos por los asegurados en actividades de pesca artesanal”'.
(Fdo.): Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Antonio Horvath Kiss, Senador.- Hosaín Sabag Castillo, Senador.
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORA RINCÓN Y SEÑORES ESCALONA, GARCÍA, PIZARRO Y URIARTE, CON LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE ELIMINACIÓN EN REGISTROS O BANCOS DE DATOS PERSONALES DE CLIENTES CUYAS DEUDAS SE HAYAN REPACTADO UNILATERALMENTE (7776-03)
1.- Que actualmente de acuerdo a datos de la SBIF, en nuestro país existen más de 17 millones de tarjetas de crédito vigentes, entre tarjetas de entidades bancarias y no bancarias vinculadas a casas comerciales, siendo más de 15 millones de tarjetas las no bancarias, pertenecientes a empresas del retail o casas comerciales, transformándose éstas en el medio de pago más utilizado por las familias chilenas para adquirir bienes y servidos ya no de consumo, sino que incluso de primera necesidad. Es así que las tarjetas de casas comerciales, han suscrito convenios con otras tiendas más pequeñas o establecimientos asociados que han permitido que mediante las tarjetas de dichas casas comerciales se puedan adquirir desde tarjetas de celular hasta atenciones médicas, compras en farmacias, repuestos de automóviles, etc.
2.- Que una reciente encuesta realizada por la Escuela de Negocios de la Universidad Andrés Bello, ha dado cuenta que un 79% de los chilenos es deudor de alguna de las grandes tiendas, un 46% de los encuestados reconoce que tiene deudas tanto en el sistema bancario (se excluyen los hipotecarios) como en las casas comerciales. Sí se desagregan dichas cifras por tipo de entidad financiera, un 79% dice estar endeudado en grandes tiendas, 48% en bancos, y 20% en supermercados. Ahora bien, la encuesta arroja un dato que es aún más preocupante, un 42% de la muestra señala que destina entre un O a un 20% de sus ingresos mensuales a pagar deudas y un 37% entre un 20% a 50% de sus ingresos, es decir, más de un tercio del país destina entre el 20 y un 50 por ciento de sus ingresos sólo a pagar deudas en estas empresas que, en algunos casos, tienen altas tasas de interés y falta de negociación en sus contratos con los clientes. Que de acuerdo a los datos recopilados por la encuesta, el segmento de la población con mayores deudas corresponde a las personas entre 30 y 49 años, en su mayoría jóvenes y adultos jóvenes jefes de hogar lo cual es sin duda preocupante. Por último, un dato que nos parece clarificador, un 75 % de los encuestados declara sentirse o haberse sentido “desprotegido” lo que claramente da cuenta del desamparo en que se sienten no miles sino que millones de chilenos frente al poder de estas grandes empresas, lo cual afecta a las personas de menores ingresos, los cuales sienten, de acuerdo a la encuesta, en un 82% que no podrán salir de su actual nivel de endeudamiento, lo que nos parece particularmente grave porque no sólo ahoga, sino que mata en términos financieros a las personas.
3.- Que hace menos de un mes, nuestro país se ha visto sacudido por un escándalo financiero en el cual está envuelta la cuarta empresa de retail más importante del país, consecuencias que hasta el día de hoy no han sido cuantificadas del todo, y que han sembrado un manto de dudas respecto de los instrumentos con que cuentan los organismos fiscalizadores del Estado en estas materias. Dicha empresa, mediante procedimientos al parecer ilegales, repactaba de manera unilateral las deudas de sus clientes, aumentando dichas deudas en hasta 7 veces la deuda original, obligando a pagar cifras sumamente abultadas a los clientes que podían hacerlo, y a los que no podían hacerlo, enviando la información comercial al registro o banco de datos personales y a empresas de cobranzas externas, las que se veían obligadas a pagar no sólo la deuda aumentada en hasta 5, 6 ó 7 veces, sino que también los gastos de cobranzas, abogados, impuestos y demases, haciendo imposible para las personas pagar dichas deudas, cayendo en insolvencia de pago y en un círculo vicioso que impedía no sólo pagar la deuda, sino que muchas veces encontrar trabajo y hasta matricular en el colegio a los hijos.
4.- Que más allá de las investigaciones judiciales y administrativas que se llevan a cabo y que buscan determinar los verdaderos responsables de este escándalo financiero, creemos que es necesario abordar desde el punto de vista legislativo algunos aspectos del problema que nos parecen más urgentes y que están dentro de las facultades legislativas que la Constitución y las leyes entregan a los parlamentarios para intervenir en estos casos. Es así, que nos parece necesario abordar una de las aristas de este problema, y que dice relación con el envío de los antecedentes de los deudores que han sido afectados por las repactaciones ilegales a las empresas que administran datos y luego los envían al boletín comercial o Dicom.
5.- Que uno de los reclamos más recurrentes efectuados por los afectados, dice relación, con el hecho que la empresa envió sus antecedentes de deudas impagas a los bancos o registros de datos personales o Dicom, registro de carácter público que está a disposición de las personas y de los agentes económicos del mercado, y que busca determinar el riesgo que eventualmente significa una persona desde el punto de vista de su capacidad de endeudamiento. Pues bien, los deudores de las empresas que han hecho estas repactaciones unilaterales actualmente se encuentran en estos registros, viéndose imposibilitados de poder acceder a créditos u otras formas de financiamiento que permitan eliminar a estas personas de dichos registros.
6.- Que en virtud de lo anteriormente señalado, queremos proponer para discusión del Congreso Nacional, un proyecto de ley que establece una obligación legal para las empresas que realizan este tipo de prácticas, con el objetivo que eliminen de los registros de las empresas administradoras de datos o Dicom a las personas afectadas por las repactaciones unilaterales en un plazo máximo de 30 días desde la publicación de la presente propuesta legal, En los casos en que exista reclamo pendiente ante la autoridad administrativa (SERNAC) o ante los tribunales de justicia, las empresas no podrán enviar los antecedentes de los deudores a las empresas administradoras de datos durante el plazo de un año, lo anterior en el mismo espíritu de lo señalado en la ley N° 20.463 aprobada en Octubre de 2010, que estableció una suspensión del envío de los antecedentes a las empresas administradoras de datos personales, de los deudores que han quedado cesantes durante un determinado lapso de tiempo, con el objeto de evitar las funestas consecuencias conocidas por todos, que impiden a las personas cesantes volver a encontrar trabajo debido a que se encuentran en dichos registros o bancos de datos personales, transformándose lo anterior en un grave problema que les impide a las personas encontrar trabajo, y por tanto, tener recursos económicos necesarios para pagar dichas deudas, lo que genera un círculo vicioso del cual es imposible salir.
Por tanto, en virtud de lo anteriormente señalado, los abajo firmantes venimos en presentar el siguiente:
Proyecto de ley
Se propone modificar la Ley N° 19.628 incorporando un nuevo inciso final en el artículo 17, en los siguientes términos:
Agréguese el siguiente inciso final al artículo 17 de la ley N° 19.628 lo siguiente:
“Las empresas que hayan repactado sin autorización o de manera unilateral las deudas de sus clientes, deberán retirar de los registros o bancos de datos personales a los deudores que hayan sido incluidos en dichos registros en el plazo de 30 días. En el caso que exista reclamo administrativo pendiente ante el SERNAC, o demanda ante los tribunales de justicia derivados de este tema, las entidades responsables que administren bancos de datos personales no podrán publicar o comunicar la información referida en el presente artículo, cuando éstas se hayan originado producto de repactaciones sin autorización o unilaterales durante el plazo de un año”.
(Fdo.): Ximena Rincón González, Senadora.- Camilo Escalona Medina, Senador.- José García Ruminot, Senador.- Jaime Pizarro Soto, Senador.- Gonzalo Uriarte Herrera, Senador.
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES ORPIS, URIARTE Y COLOMA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE MONUMENTO EN MEMORIA DE DON JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LEIVA ERDOÍZA (7772-04)
Fundamentos.
Esta semana el Congreso Nacional Chileno celebró doscientos años de existencia.
Con motivo de tan importante hecho histórico, mucho se ha escrito sobre la materia.
Recientes investigaciones históricas se han planteado si efectivamente quienes integraron el primer Congreso Nacional que iniciara sus funciones el cuatro de Julio de 1811 fueron nuestros primeros legisladores.
El magíster en Historia; Don Adolfo Andrade Thamm concluye que el primer legislador chileno fue Don Joaquín Fernández De Leiva Erdoíza quién nos representó ante el Congreso que inaugura sus sesiones el 24 de Septiembre de 1810 la isla de León.
Más allá que la historiografía será la llamada a desentrañar este importante hecho, lo que no cabe la menor duda que Don Joaquín Fernández De Leiva Erdoíza ocupó un importante lugar en nuestra historia.
Por esta razón; con la autorización de su autor, transcribo in extenso una síntesis de su investigación como fundamento del presente proyecto de ley, con el propósito de rescatar figuras de nuestra historia.
Los diputados elegidos por los pueblos del reino de Chile para integrar el Primer Congreso Nacional, de acuerdo con la orden expedida por la Junta de Gobierno chilena presidida por don Mateo de Toro y Zambrano en diciembre de 1810, no pueden ser tenidos como los primeros legisladores nacionales. El primer diputado y legislador chileno fue don Joaquín Fernández de Leiva Erdoíza, aunque su función no la ejerció en aquel Congreso que iniciara sus funciones el 4 de julio de 1811 en Santiago, sino en aquel otro que involucraba a toda la hispanidad y que inaugurara sus sesiones el 24 de septiembre de 1810 en la Isla de León, en el extremo sur de España.
La disolución de la monarquía borbona española a manos de Napoleón Bonaparte en 1808, desencadenó una revolución política de dimensiones colosales y de alcance global en toda la hispanidad. En la península, el rechazo a la nueva dinastía impuesta por el poderoso francés, se expresó en el enfrentamiento bélico en contra del invasor, y a través de la formación de juntas de gobierno provinciales que luego, en septiembre de 1808, dieron forma a la Junta Suprema Gubernativa de España e Indias, depositaría de la soberanía nacional hispana. Los reveses bélicos, que arrinconaron al gobierno español en Cádiz y la Isla de León, y sus propias debilidades, condujeron a la Junta Suprema, a fines de enero de 1810, a traspasar el poder a un Consejo de Regencia de cinco miembros. En América el rechazo a las pretensiones napoleónicas fue unánime, expresándose en la expulsión de todos los emisarios franceses enviados con el propósito de obtener la adhesión de los americanos a la nueva dinastía encabezada por José Bonaparte, en el reconocimiento de la Junta Suprema y en la recolección y envío de ingentes recursos a la península para apoyar la resistencia al invasor. Diferente fue la reacción americana cuando se conoció el traslado del ejercicio del poder al Consejo de Regencia, junto a las noticias que daban cuenta de la grave situación que enfrentaba la resistencia en la península, donde se vislumbraba como inevitable la ruina final de la España borbona. En todos los dominios españoles americanos se suscitó un áspero debate en torno a la legitimidad del Consejo de Regencia; en algunas partes simplemente no se lo reconoció, en otros su reconocimiento no fue acompañado del juramento respectivo - caso de Chile - y en casi todos se decidió la formación de juntas de gobierno, tal como se había hecho en la península dos años antes, bajo el concepto de que no estando en condiciones de ejercer el poder el legítimo soberano, Fernando VII, el pueblo reasumía su soberanía y resolvía darse una nueva institucionalidad. Cuando regresara el “deseado” y “amado” Fernando, se le restituiría el poder, aunque fuera en condiciones y bajo supuestos distintos del antiguo absolutismo y despotismo de su padre y su valido Godoy. Se le restituiría, porque no había dudas de que se era parte de una hispanidad que incluía la península española, América, las Filipinas y los demás dominios de ultramar. En este contexto debe entenderse la formación de la Primera Junta de Gobierno chilena el 18 de septiembre de 1810, como puede constatarse, por lo demás, de la simple lectura del Acta del Cabildo de Santiago que la creó. Como es sabido la Junta de Gobierno comunicó su instalación al Consejo de Regencia pidiendo su reconocimiento, cuestión que logró. El Consejo de Regencia, en el entendido que la Junta se había constituido para mejor asegurar la tranquilidad del reino, y conservar esos dominios a su legítimo monarca, otorgó su aprobación a lo obrado, el 14 de abril de 1811.
El Consejo de Regencia, siguiendo las instrucciones que le dejara la Junta Suprema disuelta, y respondiendo al clamor nacional, resolvió convocar a Cortes a mediados de 1810. Éstas debían tener representación de toda la hispanidad. Cada provincia americana debía nombrar dos diputados. Ante la urgencia y la imposibilidad de que los representantes americanos, que debían ser elegidos en cada provincia, estuvieran presentes al momento de constituirse las Cortes, se resolvió nombrar diputados suplentes, en tanto los titulares arribaran a Cádiz. La elección de los diputados suplentes se hizo en Cádiz, entre los naturales da cada provincia que por alguna circunstancia se encontraban en la ciudad a principios de septiembre de 1810. A la sazón, según los antecedentes disponibles, se encontraban en Cádiz 13 naturales de Chile: Domingo Luco y Herrera, Juan Antonio González, José Manuel Encalada, José Miguel Carrera, Juan José Bustamante, Joaquín Fernández de Leiva, Miguel de Lastarria, Miguel Labín, Nicolás de la Cruz y Bahamonde, Miguel Riesco Puente, José Santiago Solo de Zaldívar, Ramón de Rozas y Ramón Errázuriz. No se sabe cómo y porqué fueron elegidos como diputados por Chile, en calidad de suplentes, el Abogado y Doctor en Cánones y Leyes don Joaquín Fernández de Leiva, y el comerciante Miguel Riesco. El relevante rol que habría de asumir Joaquín Fernández de Leiva en las Cortes de Cádiz induce a centrar la atención en él.
¿Quién era Joaquín Fernández de Leiva y por qué se encontraba en Cádiz en 1810? Fernández de Leiva había nacido en Santiago en 1775. Fueron sus padres el comerciante español, originario de Burgos, don Lucas Fernández de Leiva y doña María Loreto Erdoíza y Aguirre, sobrina del primer marqués de Montepío, quien en segundas nupcias, con don Carlos Rodríguez de Herrera, tuviera tres hijos más, entre ellos el “guerrillero” don Manuel Rodríguez Erdoíza, de quien, en consecuencia, Joaquín Fernández de Leiva Erdoíza era medio hermano mayor. A principios de 1800 se graduó de licenciado y doctor en cánones y leyes en la Universidad de San Felipe. Se destacó en la academia y llegó a ejercer el interinato de la rectoría de la Universidad. Fue miembro del Tribunal de Minería y a partir de septiembre de 1808 se integró como secretario, en clase de apoderado, al Cabildo de Santiago. Como miembro del patriciado chileno, cultivó la amistad de los más importantes actores del proceso político revolucionario iniciado en 1810 y, antes de viajar a España, participaba en las tertulias capitalinas en las que se discutían los acontecimientos políticos y se intercambiaban opiniones en torno a las nuevas ideas, que se abrían paso a partir de los desarrollos intelectuales del siglo de las luces y de los sucesos de Francia y de Estados Unidos. Se encontraba en Cádiz porque en febrero de 1809 había sido comisionado por el Cabildo de Santiago, para que, en calidad de delegado de la Corporación estuviera cerca del gobierno central, en condiciones de hacer presente las aspiraciones de los criollos chilenos y los reparos que por entonces se hacían al gobierno arbitrario del Presidente Francisco Antonio García Carrasco. El nombramiento de estos delegados por parte de los cabildos fue una práctica común durante el período colonial, práctica que se hacía particularmente necesaria cuando se tenían dificultades con las autoridades nombradas por la metrópoli. García Carrasco distaba mucho de poseer los positivos atributos de sus antecesores, y en el corto período en que ejerció el mando de la Capitanía General, se enajenó la voluntad de los criollos y de todas las corporaciones nacionales. Así, era perentorio contar con un delegado de la entera confianza del Cabildo de Santiago, cerca del gobierno metropolitano y Fernández de Leiva era el hombre adecuado. El delegado chileno entregó sus credenciales al gobierno español del Consejo de Regencia, mediante documento fechado en la Isla de León el 14 de abril de 1810. Ya en 1811 e integrado como diputado suplente por Chile en las Cortes de Cádiz, Fernández de Leiva conoció de la instalación de la Primera Junta de Gobierno. ¿Cómo recibió la noticia?; ¿tuvo alguna participación en orden a persuadir al Consejo de Regencia de la lealtad indubitable de la Junta chilena a Fernando Vil y de la justicia de otorgar su aprobación? No lo sabemos, pero es posible conjeturar en la posibilidad de que así haya sido, dada su condición de delegado del mismo Cabildo que había propiciado la formación de la Junta de Gobierno. Una vez elegidos, los diputados suplentes debieron dirigirse a sus respectivas provincias para dar cuenta del rol asumido en las Cortes, acompañando toda la documentación correspondiente. Así lo debieron hacer Fernández de Leiva y Riesco, dirigiendo sus comunicaciones al gobierno de Chile que para ellos -septiembre de 1810 - seguía presidido por García Carrasco (las noticias del reino de Chile tardaban entre cuatro y seis meses para llegar a España). Es posible también conjeturar que Fernández de Leiva, por haber sido enviado por el Cabildo de Santiago, haya informado a él de su nominación a Cortes, en representación de la provincia. Las comunicaciones respectivas debieron ser recibidas por la Junta de Gobierno formada el 18 de septiembre y por el Cabildo de Santiago, sin embargo no se cuenta con ningún documento que dé cuenta de estas gestiones, que, indudablemente, debieron hacerse.
Cuando iniciaba sus sesiones el Congreso Nacional el 4 de julio de 1811, Fernández de Leiva ya llevaba más de 8 meses ejerciendo labores de constituyente y legislador en las Cortes de Cádiz, en el contexto de toda aquella Hispanidad de la que Chile formaba parte. No debe perderse de vista este hecho esencial: Chile era parte, a mediados de 1811 y por mucho tiempo más, de la monarquía española, y no había habido pronunciamiento oficial alguno de las autoridades chilenas que negara tal realidad; por el contrario una y otra vez se protestaba entera fidelidad a Fernando VII. En los discursos pronunciados con ocasión de la instalación del Congreso Nacional se observa la misma disposición; Fray Camilo Henríquez, quien no había podido lograr un puesto en el Congreso, fue el encargado, durante el oficio religioso, de pronunciar el sermón patriótico. Justificó la instalación del Congreso Nacional como la medida más sana y responsable ante la precaria situación de España sometida al invasor francés, para evitar correr igual suerte que la metrópoli o caer en la anarquía; se requería cuidar de la defensa y darse instituciones que fueran una garantía para todos y que impidieran el despotismo. El pueblo chileno, agregaba Camilo Henríquez, tiene derecho a darse una Constitución: “No hay pueblo que haya conferido a alguno la facultad de hacerlo miserable. Si, subyugado por la fuerza, quedaron en silencio sus derechos, si, transplantado a remotas regiones, fue mirado con indiferencia por su antigua patria, no creáis que haya perdido el derecho de reclamar por el establecimiento del orden, pues los derechos de la sociedad son eternos y sagrados”. Luego agregaba: “El sentimiento de estos derechos vive inmortal en todos los corazones, y parece que en los más generosos hace sentir su presencia con más energía. Y esto es lo que nos inspira la confianza de que, si la divina providencia restituyese al señor don Fernando VII, o a su legítimo sucesor, a la España, o lo condujese a alguna de las regiones de América, nos admitiera gustoso a su sombra bajo los pactos fundamentales de nuestra Constitución.
Véanse la enormes similitudes entre el juramento pedido a los diputados elegidos para el Congreso Nacional chileno por el Secretario de la Junta de Gobierno, José Gregorio Argomedo, y el solicitado a los diputados para las Cortes Generales y Extraordinarias hispanas por el Secretario de Estado, don Nicolás María de Sierra. Argomedo: “¿Juráis por Dios Nuestro Señor y sobre los Santos Evangelios defenderla Religión Católica Apostólica Romana? ¿Juráis defenderá Fernando VII de Borbón nuestro católico Monarca? ¿Juráis defender el reino de todos sus enemigos interiores y exteriores cumpliendo fielmente con el cargo? María de Sierra: “¿Juráis la santa religión católica, apostólica, romanas, sin admitir otra alguna en estos reinos? ¿Juráis conservar en su integridad la Nación española, y no omitir medio alguno para libertarla de sus injustos opresores? ¿Juráis conservar a nuestro amado Soberano el Sr. D. Fernando VII todos sus dominios, y en su defecto a sus legítimos sucesores, y hacer cuantos esfuerzos sean posibles para sacarlo del cautiverio y colocarlo en el Trono? ¿Juráis desempeñar fiel y legalmente el encargo que la Nación ha puesto a vuestro cuidado guardando las leyes de España, sin perjuicio de alterar, moderar y variar aquellas que exigiese el bien de la Nación?” Luego del juramento, allá y acá, los diputados, de dos en dos, posaron sus manos sobre los evangelios. Ocho meses antes del juramento de los 42 diputados chilenos, otros dos chilenos, Joaquín Fernández de Leiva y Miguel Riesco, habían jurado lo mismo para una Cortes de alcance hispano. Luego de la misa, los diputados se dirigieron, con gran ceremonial al salón de sesiones donde Juan Martínez de Rozas, como presidente circunstancial de la Junta de Gobierno entregó el mando de la nación al Congreso Nacional. Algo similar hicieron los diputados gaditanos. Son notables los paralelos entre el acto del 4 de julio de 1811 en Santiago, y aquel otro de la Isla de León el 24 de septiembre de 1810, cuando el Consejo de Regencia entregó el poder que le había delegado la Junta Central, a las Cortes hispanas.
Las Cortes de Cádiz han sido ampliamente estudiadas por la historiografía, y la Constitución Liberal de 1812 es conceptuada como su obra magna. En los primeros tres meses de funcionamiento de las Cortes, Fernández de Leiva ya se había destacado como uno de los diputados más capacitados y ya había tenido participación en temas de la mayor importancia. Al momento de jurar su cargo, junto con toda la diputación americana, firmó aquel manifiesto en que se dejaba consignado que sólo debido a la urgencia de constituir las Cortes, los americanos concurrían a ella, pero haciendo presente su protesta ante la menguada representación de América en las Cortes, frente a la cuantía de la representación peninsular, cuestión que debería resolverse a la brevedad, para honrar las declaraciones de la Junta Suprema y del Consejo, en orden a reconocer y hacer realidad, la entera igualdad entre los dominios europeos y americanos. Formó la Comisión que debía proponer a las Cortes el texto de la comunicación de su constitución. El tema no era menor, por cuanto ya se conocían en Cádiz los sucesos de Caracas y Buenos Aires y era perentorio llevar tranquilidad a esas provincias conmocionadas, en donde, entre otras cosas no se había reconocido al Consejo de Regencia, ni a las propias Cortes convocadas por él. Más tarde fue nombrado miembro de la Comisión de Justicia, de la Comisión de Hacienda, de la Comisión encargada de estudiar las listas de empleos y pensiones, y de la Comisión de Libertad Individual. Participó en debates acerca de la libertad de imprenta, de la pena de muerte, y de las regalías del episcopado, entre otras materias. En sus intervenciones Fernández de Leiva se destacó por sus profundos conocimientos, la seriedad de sus planteamientos y su elocuencia, al tiempo que dejaba en evidencia su mirada hispana, al manifestar su opinión no sólo respecto a los temas propiamente americanos, sino en todo aquello que teniendo que ver con la monarquía toda, entendía que su palabra podía constituir un aporte. Así se llegó a diciembre de 1810 en que las Cortes se persuadieron de que era conveniente y necesario dar una Constitución a la Monarquía. Era perentorio constituir una comisión de pocos y destacados diputados para que estudiaran y propusieran, en el más breve plazo a la Asamblea, un proyecto de Constitución que hiciera de la monarquía española una monarquía moderada por una Carta Magna, que impidiera la arbitrariedad y el despotismo, que había llegado a su cúspide en el reinado de Carlos IV y su valido Manuel Godoy. Joaquín Fernández de Leiva, junto a otros dos americanos, fue nombrado miembro de esta Comisión; más tarde se incorporaron otros dos diputados de América completando una Comisión de Constitución de 15 miembros. Contemporáneamente a su participación en la Comisión de Constitución, Fernández de Leiva continuó interviniendo en las Cortes cada vez que estimó que su opinión podía ser de utilidad: manifestó con énfasis su opinión favorable a decretar la invalidez de todos los acuerdos que tomara Fernando VII, en tanto estuviera cautivo de Napoleón, fundado en el hecho de que cualquier decisión que adoptara no cumpliría el requisito básico de hacerse en uso pleno de la libertad, en ausencia de toda coerción. Se manifestó favorable a la exención de impuestos a los indios americanos, a la negación de validez de cualquier comunicación apócrifa, a la obligación de la Regencia de hacer cumplir las leyes sancionadas por la Cortes, entre otros de temas que debieron tratar las Cortes. En todas sus intervenciones se constata la lucidez y claridad de su pensamiento liberal hispano. Desgraciadamente las Actas de la Comisión de Constitución son sumamente escuetas y no es posible, en consecuencia, conocer con detalle las intervenciones del diputado chileno. Se puede sí señalar, sin lugar a dudas, que su pensamiento era el de un liberal convencido de que era necesario desmantelar la institucionalidad del Antiguo Régimen, y encaminar a la monarquía hispana hacia una modernidad política caracterizada, por la separación de poderes, por la inexistencia de una sociedad estamental de fueros y privilegios, y por el respeto a los derechos individuales en términos de libertad, seguridad, propiedad e igualdad, entre otras cosas; en una palabra, ciudadanía sobre vasallaje.
No más poder absoluto del monarca; monarquía sí, pero dentro de los límites impuestos por la Constitución, donde había de quedar meridianamente claro que la soberanía residía en la Nación representada en Cortes. Pese a la escasez de información, es posible conjeturar que no hubo tema propio de la Constitución, en que Fernández de Leiva no haya expresado su opinión persuasiva. Consta su activa participación en materias tales como: el gobierno, la religión católica en cuanto única de la nación, el territorio de las Españas, la ciudadanía, las castas y sus derechos, la instrucción pública, el sensible tema de las diputaciones provinciales, con relación a la representación de la nación ante la concepción de un Estado unitario centralizado en contraposición a figuras federativas, el Supremo Tribunal de Justicia, la diputación permanente y el alcance de sus facultades, la reformabilidad de la Constitución, etc.
Luego de un intenso trabajo, la Comisión de Constitución entregó su proyecto para la consideración de las Cortes, a partir de agosto de 1811. En el debate del articulado constitucional en la asamblea plenaria, Fernández de Leiva defendió el proyecto de la Comisión en todo aquello en que había estado de acuerdo, a la vez que planteó con energía su postura contraria, en aquellas materias en que su voto al interior de la Comisión había sido minoritario.
La Constitución de la Monarquía Española fue proclamada el 19 de marzo de 1812 y se ordenó su inmediata distribución en todas las provincias. Las Cortes gaditanas continuaron sus sesiones ininterrumpidamente hasta que Fernando VII las disolviera a mediados de 1814. Por su parte el Congreso Nacional chileno tuvo una efímera existencia y sus logros, hay que decirlo, fueron muy modestos. Fue intervenido y finalmente disuelto por José Miguel Carrera, en un acto de fuerza, el 5 de diciembre de 1811.
El Rey de España Juan Carlos I (Borbón), 178 años después de estos acontecimientos, el 18 de Octubre de 1990, ante el Congreso Nacional en pleno en Valparaíso, recordaba a los insignes diputados chilenos que concurrieron a la creación de la Constitución de Cádiz de 1812. Dijo en su discurso: “Al hilo de los acontecimientos sucedidos en la Península, invadida por tropas extranjeras y con el Estado acéfalo, el 4 de julio de 1811, en el Palacio de la Audiencia de Santiago, se efectuó la solemne apertura del primer Congreso Nacional, y con ello el pueblo de Chile iniciaba sus primeros balbuceos como nación independiente. Ocho meses más tarde se promulgaba la Constitución de Cádiz, la primera Carta Constitucional del mundo hispánico, que fue redactada todavía para “los españoles de ambos hemisferios” por aquellas Cortes, con el concurso de representantes americanos, entre los que figuraban los chilenos Miguel Riesco y Joaquín Fernández de Leiva. Vemos así cómo, aun en los momentos de ruptura, la historia de España y la de Iberoamérica se nos aparecen yuxtapuestas, de manera tal que la una resulta incomprensible sin la otra". Cuánta razón tiene Juan Carlos I, cuando hace presente que la historia de aquellos críticos años de España y Chile (y habría que agregar de toda América) se yuxtaponen y no es comprensible sin una mirada integradora; ¡cómo no habría de ser así, si se trataba de una convulsión política que abarcaba a toda una hispanidad de la que Chile formaba parte! Razón tiene también al recordar que hacia 1811 quienes redactaron la Constitución eran españoles de ambos hemisferios: españoles peninsulares y españoles americanos. Sin embargo, se equivoca el rey de España al considerar que el 4 de julio de 1811 iniciaba Chile sus primeros balbuceos como nación independiente. No es así, porque para entonces, salvo algunos extremistas que nunca faltan, nadie seriamente estaba pensando en una independencia. Fueron las insensateces y estupideces sin límites de que hizo gala Fernando VII, una vez que retomó el trono español en mayo de 1814, el que precipitó los acontecimientos que terminaron en la independencia de Chile y América. Nunca en la historia de la humanidad, una nación en un trance tan crítico tuvo un gobernante más indigno y menos apto para las circunstancias. Después de comportarse rastreramente ante Napoleón Bonaparte, expresó al momento de retornar a España, una total ingratitud hacia aquellos que durante 6 años sostuvieron la guerra de la independencia con el firme propósito de recuperarle su trono. Su talante autoritario y su total ceguera para comprender los signos de los tiempos, lo llevó a abolir la Constitución, a declarar nulo cuanto hicieron las Cortes de Cádiz y a perseguir inmisericordemente a los liberales que habían pretendido limitarlo en sus facultades absolutas. En su insensatez llegó a declarar solemnemente que todos los actos de las Cortes eran “nulos y de ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos, y se quitasen de en medio del tiempo”. ¡Como si la historia pudiera ser borrada por un decreto! Emprendió la restauración monárquica absolutista en América con relativo pero pasajero éxito, porque durante su desgraciado reinado vio desaparecer aquel imperio en el que otrora nunca se ponía el sol, y surgir estados independientes en América. Fernando VII es el responsable de la ruina de España y del surgimiento de una pluralidad de Estados independientes pero débiles en América, y hacer abortar toda posibilidad de una Hispanoamérica unida. Joaquín Fernández de Leiva se libró de la persecución emprendida por Fernando VII contra los liberales que habían dado forma a la Constitución de 1812, porque había obtenido licencia de las Cortes a mediados de 1812 para ausentarse, habida cuenta que había sido nombrado oidor de la Audiencia de Lima y debía asumir su cargo. Antes de viajar a la capital de Perú, en su última intervención en las Cortes, manifestó su voto favorable a la eliminación del Tribunal de la Inquisición, por ser una institución totalmente incompatible con la Constitución. Debió hacer su viaje a Lima en el segundo semestre de 1812 por la ruta de Panamá, dado que no hay registro de su paso por la convulsionada Buenos Aires y Chile. El meritorio diputado chileno falleció joven, a los 37 años de edad, el 11 de junio de 1814, en la ciudad de Lima.
¿Por qué un personaje tan meritorio ha sido ignorado por la historiografía chilena, pese a que autores de otras latitudes han destacado su relevante participación en las Cortes de Cádiz? Habría que decir, preliminarmente, que los documentos disponibles en Chile de la época, sorprendentemente, guardan total silencio sobre las actividades de Fernández de Leiva en las Cortes de Cádiz. La documentación oficial de la primera Junta de Gobierno, del Congreso Nacional y de los demás cuerpos legislativos nada dicen; los periódicos de la época - La Aurora de Chile, El Monitor Araucano y el Semanario Republicano - guardan silencio y lo poco que dicen acerca de las Cortes que sesionan contemporáneamente en Cádiz, es puntal, fragmentario y siempre con un tinte negativo; en la comunicación oficial y oficiosa, tan copiosa, con la Junta Bonaerense, también se ignora el tema gaditano. Salvo un par de cartas que Joaquín Fernández de Leiva remitió a sus amigos, a la Universidad de San Felipe y al Obispo Aldunate, no se conserva nada más. La destrucción de documentación por parte de los criollos chilenos luego del desastre de Rancagua, al momento de iniciar la huida a Mendoza, no explica totalmente esta ausencia total de documentación. ¿Fue una decisión consciente de la dirigencia chilena de no prestar atención e ignorar la labor de unas Cortes que habiendo sido convocadas por un cuestionado Consejo de Regencia, no eran reputadas como legítimas de la monarquía? Si tal fuera el caso, no se conoce, empero, ninguna impugnación del gobierno chileno al nombramiento de Joaquín Fernández de Leiva y Miguel Riesco como diputados suplentes por Chile, como sí lo hizo, por ejemplo, la Junta de Caracas, que explícitamente declaró que los diputados suplentes elegidos por esa provincia en Cádiz, no la representaban y que no serían elegidos diputados por considerar ilegítimas aquellas Cortes. En Chile se guardó total silencio; no hubo pronunciamiento respecto de los diputados suplentes y se ignoró, además, la instrucción del Consejo de Regencia en orden a elegir a los diputados titulares. Para la Junta chilena, ¿el silencio otorgaba?, ¿o no? Salvo algunos apuntes de Miguel Luis Amunátegui, Diego Barros Arana, Domingo Amunátegui Solar, Luis Galdámes y Fernando Campos Harriet en su “Historia Constitucional de Chile”, junto a los breves trabajos de Ramón Ricardo Rojas – “El embajador de Chile en España en 1808” (1885) - de Elias García Huidobro – “Las Cortes de Cádiz y la elección de diputados de Chile” (1912) - y de Enrique Matta Vial – “El diputado de Chile en las Cortes de Cádiz, don Joaquín Fernández de Leiva” (1920) - no se conoce más. Es necesario llenar este vacío, y en ese esfuerzo estamos.
Por las razones anteriores presentamos ante el H. Senado el presente proyecto de ley
PROYECTO DE LEY.
Articulo l°.- Autorizase erigir un monumento o placa, en la ciudad de Santiago edificio de la Cámara de Diputados en memoria de Don Joaquín Fernández De Leiva Erdoíza.
Artículo 2°.- Esta obra se financiará mediante erogaciones públicas y voluntarias obtenidas a través de colectas públicas, donaciones y otros aportes.
Artículo 3°.- Créase un fondo destinado a recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes señalados en el artículo anterior.
Artículo 4°.- Crease una comisión especial integrada por ocho miembros ad -honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por:
a) Presidente y primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados.
b) Presidente y Vicepresidente del Senado.
La Comisión sesionará en la ciudad de Santiago y su quórum para sesionar y adoptar los acuerdos será el de la mayoría de sus miembros en ejercicio. En caso de empate dirimirá la presidenta de la comisión.
Artículo 5°.- La Comisión especial tendrá las siguientes funciones:
a) Determinar las fechas y formas de las colectas públicas.
b) Determinar la ubicación del monumento y disponer la supervigilancia de su construcción.
c) Llamar a concursos público para el diseño y construcción del monumento.
d) Administrar el fondo establecido en el artículo 3.
e) Abrir una cuenta corriente especial para gestionar el mencionado fondo.
f) Fijar un plazo para erigir el monumento.
Artículo 6°.- Si una vez construido el monumento o la placa quedaren excedentes de las erogaciones recibidas, estos serán destinados por la Comisión a las obras que el Hogar de cristo desarrolle en la ciudad de Santiago.
(Fdo.): Jaime Orpis Bouchón, Senador.- Gonzalo Uriarte Herrera, Senador.- José Antonio Coloma Correa, Senador.
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES MUÑOZ ABURTO, BIANCHI Y WALKER (DON PATRICIO), CON LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE CONTINUIDAD DE BECA DE ZONAS EXTREMAS (7771-04)
Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 1°, 19° numeral 10° y 63° de la Constitución Política de la República y en la ley 18.681.
Considerando:
1. Que es deber del Estado fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, promoviendo el nivel parvulario y financiando un sistema gratuito de educación básica y media.
Lo anterior cobra mayor relevancia en aquéllos casos en que la situación socioeconómica, discapacidades o lejanía geográfica de los estudiantes con los centros educativos dificultan que estos inicien o prosigan sus estudios.
2. Que para ello, se han implementado diversas alternativas de apoyo y financiamiento, tales como becas y créditos que tienen por objeto suplir las carencias y facilitar el acceso.
3. Que el aislamiento y condiciones extremas de algunas zonas del país llevaron a crear, a través del artículo 56 de la ley 18.681, de 1987, una beca (ex Primera Dama, hoy de Zonas Extremas) que tiene por objeto apoyar a que estudiantes de dichos territorios continúen, en otras regiones, sus estudios en la educación superior, técnico profesional, educación especial o diferencial e institutos y centros formadores de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Públicas, siempre que en el lugar de origen no existan los niveles, modalidades y especialidades mencionadas.
4. Que una modificación introducida en la ley 19.946 permitió ampliar la cobertura de estas becas, tanto en Aysén y Magallanes, para los casos en que los estudiantes, sin abandonar la respectiva región debieran trasladarse de provincia para proseguir sus estudios.
5. Que la ampliación de las alternativas educacionales en dichas zonas ha generado un problema. Éste se refiere a que, según la interpretación de la JUNAEB, estudiantes que habiendo iniciado sus estudios en disciplinas no impartidas en su Región o Provincia de origen y que han obtenido la beca, la pierden cuando, con posterioridad, la misma carrera comienza a ser ofrecida en su zona de origen.
6. Que lo anterior no resulta razonable, en tanto generalmente no coinciden las mallas curriculares, el perfil de las carreras ni menos la calidad de los planteles que las imparten, más aún cuando los estudiantes ya se encuentran ambientados a los planteles que han elegido.
7. Que lo anterior tampoco encuentra asidero en el texto legal, toda vez que el artículo 56 de la ley 18.681 indica:
“Créase a partir de 1988, un programa especial de becas destinado a estudiantes de escasos recursos, residentes en los territorios determinados en el inciso siguiente, para contribuir a que continúen estudios en establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, de educación superior, de enseñanza media técnico-profesional, de educación especial o diferencial; como también en Institutos y Centros Formadores de personal de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública. Lo establecido en este inciso tendrá aplicación siempre y cuando en las localidades respectivas no existan los niveles, modalidades y especialidades educacionales a que alude esta disposición.”
De dicho precepto se infiere que el cumplimiento de los requisitos debe verificarse al momento de continuarse los estudios, desde la educación regular básica o media, a la superior, técnica o de escuelas matrices.
8. Que, por lo tanto, resulta necesario promover una modificación legal que precise que la creación posterior de la misma carrera en la Provincia o Región de origen no implicará la interrupción de una beca ya obtenida si se mantienen los requisitos socioeconómicos y académicos exigidos.
Por lo anterior, los senadores que suscriben vienen en presentar el siguiente:
Proyecto de Ley
“Artículo único: Incorpórese la siguiente parte final al artículo 56 de la Ley 18.681: “No obstante, la continuidad del beneficio no se verá afectada por la creación de aquéllos con posterioridad, si se mantuvieren las restantes condiciones que motivaron su otorgamiento.”
(Fdo.):Pedro Muñoz Aburto, Senador.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Patricio Walker Prieto, Senador.
MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR CHAHUÁN, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE DENOMINA “PABLO NERUDA” AL CENTRO CULTURAL UBICADO EN EL RECINTO DE LA EX CÁRCEL DE VALPARAÍSO (7770-04)
Exposición de motivos.
Hace dos años atrás se adjudicó el proyecto arquitectónico que fuera convocado por el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, el Colegio de Arquitectos de Chile y la Comisión Bicentenario para construir un Centro Cultural en el recinto que albergara hasta unos años a la cárcel de Valparaíso.
Enclavado en la parte alta del puerto, en el denominado Cerro Cárcel, dicho edificio fue levantado en el año 1873, donde fueron confinados miles de internos, que por uno u otro motivo, fueron privados de su libertad, situación que se extendió hasta el año 1999, cuando comenzó a funcionar el nuevo complejo penitenciario de la ciudad, ubicado en el Camino La Pólvora.
Cabe agregar que, a diferencia de muchos otros inmuebles estatales de la comuna, este inmueble era de propiedad de la Municipalidad de Valparaíso, que en el año 1998, lo vendió al Fisco, representado por el Ministerio de Bienes Nacionales.
Desde entonces se decidió darle un destino artístico y cultural, habiéndose presentado diversos proyectos en tal sentido, que lamentablemente no prosperaron. Se nos ha anunciado que el centro cultural proyectado tendrá un teatro para 300 personas, una biblioteca, cafeterías y tiendas, y un espacio de uso diario donde se ofrecerá talleres y salas la creación artística.
Coincidimos plenamente con el destino que se ha resuelto dar a este inmueble, ya que indudablemente ello fomentará el cultivo de las artes y el desarrollo cultural, tan necesario para el espíritu de las personas, por lo que estamos ciertos que el proyecto arquitectónico podrá cumplir con dicho objetivo.
No obstante ello, estimamos que debe designarse a este Centro Cultural con un nombre que simbolice integralmente el objetivo que se le ha fijado, y para ello consideramos que el más adecuado es el del Poeta Pablo Neruda, que vivió en esta ciudad, en la legendaria casa “La Sebastiana”, ubicada en el Cerro Bellavista, que fue inaugurada el 18 de Septiembre de 1961, a cuyos asistentes se les remitió previamente una invitación escrita que decía lo siguiente: “Siempre quisimos tener un punto nuestro en el Puerto, en donde estuviéramos rodeados por el sortilegio de Valparaíso. Por fin aquí, gracias a cada uno de Uds. y a nuestra insondable locura ha nacido hoy La Sebastiana. Los acogeremos en este primer día abriendo de par en par las puertas para Uds. y para siempre. Matilde y Pablo Neruda”.
En dicho inmueble, el vate celebró muchas fiestas de Año Nuevo, departió con innumerables artistas y literatos, y se inspiró en la maravillosa vista que le brindaba, para escribir diversas obras que lo consagraron y lo llevaron a obtener el Premio Nobel de Literatura en el año 1971.
Neruda es un verdadero icono de la cultura porteña y fue un amante de Valparaíso, puerto al que le dedicó una oda, que retrata maravillosamente su paisaje, por lo cual estimamos necesario transcribir una de sus estrofas: “Pronto Valparaíso marinero, te olvidas de las lágrimas, vuelves a colgar tus moradas, a pintar puertas verdes, ventanas amarillas, todo lo transformas en nave, eres la remendada proa de un pequeño, valeroso navío. La tempestad corona con espuma tus cordeles que cantan y la luz del océano hace temblar camisas y banderas en tu vacilación indestructible.”
Este gran cariño por Valparaíso, nos lleva a proponer entonces, como ya lo hemos dicho anteriormente, que el referido Centro Cultural que se emplazará en el edificio que albergara al presidio de la ciudad, lleve su nombre, para cuyo efecto presentamos esta moción de ley.
En mérito a las consideraciones expuestas, sometemos a la aprobación del Senado de la República, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: “Designase con el nombre de “Pablo Neruda” al Centro Cultural que se emplazará en el recinto de la ex cárcel de la ciudad de Valparaíso.”
(Fdo.): Francisco Chahuán Chahuán, Senador
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES NAVARRO Y QUINTANA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE COMO REQUISITO PARA INGRESAR A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO SER DONANTE DE ÓRGANOS (7773-06)
1. Las donaciones de órganos
Pese a las constantes campañas e informaciones que buscan sensibilizar a los ciudadanos respecto de la importancia que tiene la donación de órganos, así como las modificaciones legales que buscan facilitar el proceso de consentimiento informado de cada ciudadano al respecto, las cifras nacionales no resultan muy satisfactorias en este ámbito.
A nivel internacional España es uno de los países que llevan la delantera en materia de donación, con una tasa de 32 donantes por millón de habitantes. En Chile, pese a los 1.800 pacientes en lista de espera de un transplante, la tasa es de 6,1 donantes, muy por debajo de Argentina, cuya tasa duplica a la chilena, y de Uruguay, que la triplica.
La modificación de la Ley 19.451 convirtió la donación en un acto universal para todos los chilenos mayores de 18 años, quienes ahora son automáticamente donantes en caso de fallecimiento. Antes, los chilenos decidían si querían o no ser donantes. Ahora el sistema es al revés: son donantes si no manifiestan lo contrario al renovar el carné de identidad o la licencia de manejar, o si acuden explícitamente al Registro Civil o a una notaría para formalizar la renuncia a la calidad de donante universal.
Así, por ejemplo, el 2009, de las 307 familias que podían donar los órganos de un pariente declarado con muerte encefálica sólo 111 aceptaron hacerlo, lo que corresponde al número más bajo registrado desde 1997.
En los primeros cinco meses luego de la modificación de la ley 19.451 -la ley 290.413, publicada el 15 de enero de 2010- 328.372 chilenos renunciaron a donar sus órganos. La cifra equivale a un poco más del tercio de las 903.812 personas consultadas al respecto en las oficinas del Registro Civil al momento de renovar su carné de identidad.
A diciembre de 2010, un total de 873.293 ciudadanos se habían inscrito en el Registro Nacional de No Donantes.
Según cifras dadas a conocer por el Servicio de Registro Civil, de ese total la Región Metropolitana encabeza el ranking de “no donantes” con 371.345 personas, seguida por la Región del Bíobío con 106.214. En tercero y cuarto lugar figuran las regiones de Valparaíso y La Araucanía con 84.174 y 48.699 no donantes, respectivamente. La Región de Aysén, en tanto, ostenta el número más bajo con 3.500 chilenos que rehusaron serlo.
Estas cifras aumentaron: al 18 de abril del 2011 existía un total acumulado de 1.281.682 personas que hasta esa fecha habían manifestado su voluntad de no ser donantes de órganos cuando se les consultó al momento de renovar su licencia de conducir o sacar o renovar su cédula de identidad.
Lamentablemente el número de “no donantes” aumenta día a día y no se ha notado el esperado aumento de donaciones que se esperaba con la última modificación legal. De hecho, la da discusión ya está instalada en las plataformas virtuales: en facebook existen varios grupos contrarios a la donación. En el grupo de Facebook “No soy donante” se advierte a los participantes que la ley chilena se refiere a que todos los mayores de 18 años son donantes automáticamente. “El señor Estado decidió por nosotros obligarnos a ser donantes. En pocas palabras, expropió nuestros órganos. Los invito a ir al Registro Civil y decir NO soy donante, ya que ser donante es una opción, no una obligación o imposición”, escribe.
Contra lo que pudiera pensarse, parte importante de los argumentos en contra de la donación de órganos para transplantes no pasan, por ejemplo, por convicciones religiosas. De hecho ningún credo en Chile se opone a la donación y existe incluso una declaración del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica que dice que “Es preciso educar a la generosidad para que haya muchas personas que quieran ofrecer esta donación” y el propio Papa Benedicto XVI ha declarado ser donante. Muchos de los “no donantes” responsabilizan al Estado de que exista esta “obligación” o “imposición” de ser donante, cuando pese a que se declare la voluntad de ser donante la decisión última de la familia puede, finalmente, revocarla en los hechos.
Sin embargo, es posible que muchos de aquellos ciudadanos que no quieren ser donantes de órganos por considerarlo un acto Arbitrario del Estado, en su condición de profesionales postulen a concursos públicos para acceder a cargos en ese mismo aparato estatal cuestionado.
Por lo anterior parece necesario regular esta situación buscando que exista la mínima coherencia entre una política pública de tanta importancia impulsada por el Estado y el acceso de aquellas personas que aspiran a desempeñarse en los servicios públicos estatales.
2. El Estatuto Administrativo
Actualmente el Artículo 32 del Estatuto Administrativo indica que para los efectos de Ley 18.834, el significado legal del término “Cargo público” es “aquél que se contempla en las plantas o como empleos a contrata en las instituciones señaladas en el artículo 1º, a través del cual se realiza una función administrativa.”
Las instituciones aludidas en el Artículo 1° son, según la misma norma citada “el personal de los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y de los servicios públicos centralizados y descentralizados creados para el cumplimiento de la función administrativa”.
Más adelante, el Artículo 12 del Estatuto Administrativo señala que “Para ingresar a la Administración del Estado será necesario cumplir los siguientes requisitos:”
“a) Ser ciudadano;
No obstante, en casos de excepción Ley 19.154, determinados por la autoridad llamada Art. 2 a hacer el nombramiento, podrá designarse en empleos a contrata a extranjeros que posean conocimientos científicos o de carácter especial. Los respectivos decretos o resoluciones de la autoridad deberán ser fundados, especificándose claramente la especialidad que se requiere para el empleo y acompañándose el certificado o título del postulante.
En todo caso, en igualdad de condiciones, se preferirá a los chilenos.
b) Haber cumplido con la ley 18.834, de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente;
c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo;
d) Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo exija la ley;
e) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración defunciones, y
f) No estar inhabilitado Ley 19.653, para el ejercicio de funciones Art. 5°, o cargos públicos, ni hallarse condenado por crimen o simple delito.
Proyecto de Ley
Artículo Único: Introdúcese la siguiente modificación al artículo 12 del D.S. N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo:
1. Agréguese un nuevo literal g) con el siguiente texto: “Ser donante de órganos”.
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.- Jaime Quintana Leal, Senador.
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑOR CHAHUÁN, SEÑORA ALVEAR Y SEÑORES ESPINA Y LARRAÍN FERNÁNDEZ, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY RESPECTO DE COMUNICACIÓN DE ÓRDENES DE APREMIO EN JUICIOS DE ALIMENTOS (7765-07)
Exposición de motivos.
El artículo 14 de la ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, establece que si “decretados los alimentos por resolución que cause ejecutoria en favor del cónyuge, de los padres, de los hijos o del adoptado, el alimentante no hubiere cumplido su obligación en la forma pactada u ordenada o hubiere dejado de pagar una o más de las pensiones decretadas, el tribunal que dictó la resolución deberá, a petición de parte o de oficio y sin más trámite, imponer al deudor como medida de apremio, el arresto nocturno entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente, hasta por quince días. El juez podrá repetir esta medida hasta obtener el íntegro pago de la obligación.”
A su vez, el inciso segundo de este mismo artículo 14, prescribe que “si el alimentante infringiere el arresto nocturno o persistiere en el incumplimiento de la obligación alimenticia después de dos periodos de arresto nocturno, el juez podrá apremiarlo con arresto hasta por quince días. En caso de que procedan nuevos apremios, podrá ampliar el arresto hasta por 30 días”.
Y por su parte, el inciso cuarto de la citada norma dispone que “En todo caso, la policía podrá arrestar al demandado en cualquier lugar en que éste se encuentre”.
Sin embargo, estas medidas de apremio, que tienen por objeto asegurar el cumplimiento de la obligación alimenticia decretada judicialmente, si no han tenido resultados positivos después de que hayan sido tramitadas por las unidades policiales a quienes se ordenó su diligenciamiento, son devueltas al respectivo tribunal, no quedando un registro de las mismas, para que se mantengan vigentes, lo que hace ineficaz la acción judicial para que el cumpla en forma efectiva con lo decretado.
Estimamos que se hace necesario adoptar entonces una solución similar a la que se contempla en la ley N° 17.322, que establece normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social, en cuyo artículo 12, permite que, en el caso que el empleador que no consigne las sumas descontadas o que debió descontar a sus trabajadores y sus reajustes e intereses penales, dentro del término de quince días, sea apremiado con arrestos hasta por quince días. El inciso final de esta norma establece: “Tanto la orden de apremio como su suspensión, deberán ser comunicadas a la Policía de Investigaciones de Chile, para su registro.”
En tal virtud, y de acuerdo a las razones precedentemente expuestas, consideramos que una disposición similar se debe incorporar al artículo 14 de la ley N° 14.908, en mérito de lo cual sometemos a la aprobación del Senado de la República, el siguiente
Proyecto de Ley
Artículo único: Modificase el inciso tercero del artículo 14 de la ley N° 14.908, agregándose, a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración: “Tanto la orden de apremio como su suspensión, deberán ser comunicadas a la Policía de Investigaciones de Chile, para su registro.”
(Fdo.): Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Soledad Alvear Valenzuela, Senadora.- Alberto Espina Otero, Senador.- Hernán Larraín Fernández, Senador.
MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR CHAHUÁN, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE PERMITE REVOCAR EL MANDATO EN MATERIA COMERCIAL (7763-07)
Exposición de motivos
El artículo 2216 del Código Civil, define el mandato como contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que confiere el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta, apoderado, procurador, y en general, mandatario.
De la definición legal antes descrita, se puede concluir que el mandato es esencialmente un acto de confianza, lo cual obviamente requiere de un conocimiento previo del mandatario por parte del mandante o comitente, a fin de otorgar dicho encargo. Si esa confianza es defraudada por el mandatario, el mandato podrá ser revocado a su arbitrio por el mandante.
Por su parte, el artículo 233 del Código de Comercio, establece que el mandato comercial es un contrato por el cual una persona encarga la ejecución de uno o más negocios lícitos de comercio a otra que se obliga a administrarlos gratuitamente o mediante una retribución y a dar cuenta de su desempeño.
A su vez, el artículo 235 del mismo texto legal preceptúa que el mandato comercial toma el nombre de comisión cuando versa sobre una o más operaciones mercantiles individualmente determinadas.
El artículo 241 del referido compendio normativo, prescribe que el comitente no puede revocar a su arbitrio la comisión aceptada, cuando su ejecución interesa al comisionista o a terceros.
Esta norma es conocida doctrinariamente como “mandato comercial irrevocable”, lo que en nuestro concepto resulta extremadamente categórico e inflexible, impidiendo el libre ejercicio de la voluntad del mandante o comitente, ya que el interés del comisionista o de terceros, bien puede ser resguardada por otros medios o garantías.
Por otra parte, se ha hecho un uso abusivo de este tipo de mandatos irrevocables, en contratos de adhesión, en que el comitente aparece otorgando dichos encargos a personas, naturales o jurídicas, a quienes ni siquiera conoce. Así ocurre, por ejemplo, en los contratos de apertura de tarjetas de crédito, en que al beneficiario se le hace otorgar un mandato de esta naturaleza a una persona jurídica desconocida para él, pero normalmente ligada al acreedor, para que actúe en beneficio de éste.
Es de público conocimiento lo que ha ocurrido recientemente con una conocida multitienda, que incluso llegó a repactar en forma unilateral deudas morosas que con ella mantenían diversos clientes, lo que nos lleva entonces a sostener que no deben existir este tipo de mandatos irrevocables, por cuanto se defrauda la confianza de los mandantes, que han suscrito este tipo de documentos.
Para solucionar entonces esta verdadera cautividad en que queda el comitente frente al comisionista o terceros, permitiendo una mayor autonomía de su voluntad, consideramos que debe derogarse esta norma, ya que bien pueden establecerse otras medidas de resguardo a favor del comisionista.
En mérito a las consideraciones antes expuestas, sometemos a la aprobación del Senado de la República, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Derógase el artículo 241 del Código de Comercio.
(Fdo.): Francisco Chahuán Chahuán, Senador.
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORA ALLENDE Y SEÑORES LETELIER, MUÑOZ ABURTO, TUMA Y ZALDÍVAR, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE SANCIONA LA ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA DE BIENES AJENOS (7774-07)
1. Antecedentes.- En el sistema del Código Penal, referido a los delitos contra el patrimonio por medios inmateriales, es común el diagnóstico de las falencias en materia de fraudes que se cometen con motivo de la administración de bienes de terceros, nuestro código, salvo contemplar el delito de apropiación indebida, que cubre solo un espectro limitado de casos, sin que exista un tipo que sancione la administración fraudulenta. Tal es el caso de los recientes hechos conocidos en una importante negocio del retail, a partir de la información falsa de sus estados financieros, mediante prácticas antijurídicas, que ha inducido a error en el mercado pues buena parte de su capital accionario es de propiedad de las Administradoras de Fondos de Pensiones, las cuales a su turno colocan los fondos de los cotizantes, como consecuencia de lo anterior hay un evidente perjuicio económico para las personas.
Aquí radica la necesidad de crear un tipo penal que castigue la administración fraudulenta de bienes ajenos, tal como ocurre en la legislación comparada en los códigos de Alemania y España, pues resulta imprescindible la existencia de conductas constitutivas de fraudes societarios. Como se ha señalado las figuras tradicionales de la estafa son insuficientes para perseguir la responsabilidad penal de administradores y gerentes de organizaciones económicas y financieras encargadas de la captación, administración y empleo de recursos económicos pertenecientes a una cantidad indeterminada de personas (Cf. Mera, Jorge “Delitos contra la propiedad. Revisión crítica y propuesta de reforma”, en Revista Estudios de la Justicia, N° 13, 2010).
2. Ideas Matrices.- El presente proyecto de ley tiene por objeto tipificar el delito de administración fraudulenta, a objeto de reprimir conductas abusivas en el ámbito de la administración, los cometidos en la esfera societaria, y que se configura como un delito de daño al exigir la producción de un perjuicio en el patrimonio del administrado. Sobre estos antecedentes proponemos el siguiente:
Proyecto de Ley
Artículo Único.- Agréguese en el párrafo 8º del Título IX del Código Penal en el siguiente artículo 470 bis nuevo:
Art. 470 bis.- Los administradores o los socios de cualquier sociedad constituida, que en beneficio propio o de un tercero, que con abuso de sus facultades generales o específicas de administración, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando un perjuicio económico a sus socios, depositarios, titulares de los bienes, valores o capital que administren será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo y multa equivalente al doble del beneficio obtenido.
(Fdo.): Isabel Allende Bussi, Senadora.- Juan Pablo Letelier Morel, Senador.- Pedro Muñoz Aburto, Senador.- Eugenio Tuma Zedán, Senador.- Andrés Zaldívar Larraín, Senador.
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑORES TUMA Y QUINTANA, SEÑORAS ALLENDE Y ALVEAR Y SEÑORES GÓMEZ, LETELIER, MUÑOZ ABURTO, NAVARRO, SABAG Y ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY RELATIVO A NO SANCIONAR A FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE PARTICIPARON EN MOVILIZACIONES POR EL REAJUSTE DEL AÑO 2010 (S 1377-12)
CONSIDERANDO:
1° Que durante el proceso de negociación del reajuste general del sector público, en noviembre del año 2010, se realizaron distintas movilizaciones de funcionarios públicos, que incluyeron la paralización de actividades
2° Que en forma coetánea con las referidas movilizaciones, distintas autoridades del Gobierno señalaron que procederían a descontar remuneraciones a los funcionarios, por lo que calificaron como “días no trabajados”.
3° Que una vez finalizadas las movilizaciones, el Gobierno efectivamente procedió a realizar los anunciados descuentos, aplicándolos en forma selectiva, en distintas reparticiones de la Administración del Estado, principalmente en los Ministerios de Salud y Hacienda y con particular dureza en el Servicio de Impuestos Internos, afectando gravemente a muchos funcionarios que, en algunos casos recibieron remuneraciones disminuidas y en otros, sencillamente no recibieron nada.
4° Que las distintas organizaciones han recurrido a las Cortes de Apelaciones del país, sosteniendo que los descuentos son improcedentes, habiendo sido aplicados de forma arbitraria e ilegal.
5° Que, aún cuando los referidos recursos de protección se encuentran en distintos grados de avance, es posible advertir con toda claridad la jurisprudencia unánime, ratificada por la Excma. Corte Suprema, que viene sosteniendo que los descuentos realizados por la administración del Estado son arbitrarios e ilegales, disponiendo que cada una de las diversas reparticiones en contra de las que se ha recurrido deben “reintegrarles a los recurrentes las sumas que hubieren sido ya descontadas de sus remuneraciones.” En este sentido se ha fallado en causas rol 1890-11 y rol 2094-11, ambas de la Excma. Corte Suprema y causa rol 1119-10 de la lima. Corte de Apelaciones de La Serena, también ratificado por la Excma. Corte Suprema.
6° Que los fallos de la justicia, como corresponde por lo demás en el marco de los recursos de protección, se han pronunciado sobre los aspectos formales, señalando que el descuento de remuneraciones, de proceder, serían previo sumario administrativo, por eventuales infracciones a lo dispuesto en el artículo 84 letra i) del Estatuto Administrativo, esto es, por “dirigir, promover o participar en huelgas, interrupción o paralización de actividades, totales o parciales”. Así se ha resuelto en algunos fallos que establecen: “Que, en ese contexto, configurándose una eventual falta a los deberes funcionarios, ello podrá traer aparejado para los empleados infractores medidas disciplinarias, para cuya imposición se requiere necesariamente que la responsabilidad administrativa se acredite mediante investigación sumaría o sumario administrativo, atendiendo lo que ordena el artículo 119 del mencionado cuerpo normativo, pero que en el caso de marras no aconteció;
7° Que así las cosas, algunos jefes de servicio han procedido a instruir sumarios tendientes a hacer efectiva la eventual responsabilidad administrativa, por las movilizaciones que se produjeron en el marco de las negociaciones por el reajuste general del sector público.
8° Que estos sumarios y sus eventuales resoluciones sancionadoras, expone a los funcionarios públicos a la aplicación de una normativa que colisiona frontalmente con los Convenios de la OIT, pues sanciona disciplinariamente el ejercicio del derecho de huelga por parte de los funcionarios públicos, llegando incluso a la destitución.
9° Que al respecto, se debe tener presente que la Negociación del Sector Público es una Negociación Colectiva no reglada por nuestra legislación, amparada por los Convenios 87, 98 y 151 de la OIT, ratificados por nuestro país, y cuya realización anual, de común acuerdo por ambas partes, desde hace 20 años, en un marco de acción aceptado y sustentado por las instituciones del país, demuestran de sobra la falacia de las argumentaciones expresadas por las autoridades de gobierno al respecto. Por ello es absolutamente improcedente tomar medidas administrativas, aplicando al ámbito sindical las normas estatutarias que rigen nuestro régimen laboral y no el ejercicio de nuestros derechos colectivos, en este caso el derecho a negociación y a huelga.
10° Que esta posición ha sido la oficial del Estado de Chile, que en la Memoria entregada en el año 2009 a la Organización Internacional del Trabajo, en relación al cumplimiento del Convenio 151 de la OIT, señaló que la práctica nacional relativa al convenio, se ha desarrollado a través de Acuerdos Generales entre el Gobierno y las Organizaciones Gremiales del Sector Público. En efecto- señala la memoria- que desde el año 1990 se generó una práctica anual donde el Gobierno con los representantes de las diferentes asociaciones de funcionarios del sector público negocian un reajuste general de remuneraciones. Las entidades que participan son los gremios del sector público central, descentralizado, municipal, servicios traspasados, docentes municipalizados y los establecimientos particulares de la enseñanza subvencionada, incluidos los de la administración delegada, y las Universidades Estatales. El sector público actúa coordinado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). A su vez, el gobierno actúa representado por los Ministros de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social.
11° Que intentar hacer efectiva la responsabilidad, invocando la vulneración del artículo 84 letra i, importa equiparar el ejercicio del derecho a negociación colectiva y huelga de los funcionarios públicos, con la ausencia del puesto de trabajo y consiguientes faltas administrativas catalogadas de carácter gravísimo. En este sentido, la aplicación de los descuentos es un reflejo claro de las prácticas antisindicales.
12° Que las negociaciones con el sector público, se insertan en legítimas instancias y procesos propios de la sindicalización. Que se otorguen los beneficios que son resultado del proceso de negociación (reajuste, bonos y aguinaldos) a todos los funcionarios del Estado, sin distinguir si son asociados de las organizaciones negociadoras o si ejercieron su derecho a huelga en esta condición, mientras se pretende aplicar descuentos sólo a aquellos trabajadores que siendo parte de las asociaciones de funcionarios, asumieron la convocatoria a huelga decretada por sus organizaciones. Ésta es en esencia la definición de una práctica antisindical: la discriminación positiva de los trabajadores no sindicalizados, a la par de la discriminación negativa de los sindicalizados.
13° Que, con mayor claridad aún, la posible aplicación de sanciones administrativas y medidas estatutarias, particularmente la sanción de destitución contemplada por la ley, instaura un escenario de violación gravísima de la libertad sindical y de los Convenios Internacionales. Se trata, finalmente, de sancionar con la pérdida del empleo el ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores del sector público.
14° Que este nuevo conflicto es el resultado de la incapacidad del conjunto del Estado chileno, de adecuar la legislación interna a las obligaciones que imponen los Convenios suscritos de la OIT.
POR LO TANTO,
Los senadores que suscriben, vienen en someter a la consideración del Senado de la República el siguiente:
PROYECTO DE ACUERDO
Se oficie a S.E. el Presidente de la República, solicitando que, en uso de sus facultades, otorgue las instrucciones necesarias para que los jefes de los distintos servicios de la administración del Estado, dejen sin efecto las resoluciones a través de las cuales han dispuesto descontar remuneraciones a los funcionarios que participaron de las movilizaciones en el marco de la negociación del Reajuste del Sector Público, en noviembre del año 2010, restituyendo los dineros ya descontados; como asimismo, dejar sin efecto los eventuales sumarios que se hubieren instruido por los mismos hechos, ya que lo contrario, además de ser reprochable, podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile, por prácticas antisindicales en contra de la Administración Pública chilena.
(Fdo.): Eugenio Tuma Zedán, Senador.- Jaime Quintana Leal, Senador.- Isabel Allende Bussi, Senadora.- Soledad Alvear Valenzuela, Senadora.- José Antonio Gómez Urrutia, Senador.- Juan Pablo Letelier Morel, Senador.- Pedro Muñoz Aburto, Senador.- Alejandro Navarro Braín, Senador.- Hosaín Sabag Castillo, Senador.- Andrés Zaldívar Larraín, Senador.