Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
NUEVO PLAZO PARA CIERRE DE TRIBUNALES DEL TRABAJO DE SANTIAGO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- MAYOR PLAZO PARA COMETIDO DE COMISIÓN ASESORA CREADA POR LEY N° 20.405
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- DEBATE
-
REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE ADECUACIÓN DE PLAZOS VINCULADOS A ELECCIONES PRESIDENCIALES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- DEBATE
-
ENMIENDA DE LEY SOBRE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ignacio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- DEBATE
-
EXIGENCIA DE CINTURONES DE SEGURIDAD Y LIMITADORES DE VELOCIDAD EN BUSES DE TRANSPORTE PÚBLICO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- DEBATE
-
DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES DE COMITÉ DE AUDITORÍA PARLAMENTARIA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- DEBATE
-
CONVENCIÓN DE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- CONVENIO Nº 187 DE OIT, SOBRE MARCO PROMOCIONAL PARA SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO
- ANTECEDENTE
- DEBATE
-
NUEVO PLAZO PARA CIERRE DE TRIBUNALES DEL TRABAJO DE SANTIAGO
- VI.
TIEMPO DE VOTACIONES
- REFORMA INTEGRAL DE SISTEMA PENITENCIARIO. PROYECTO DE ACUERDO
- UTILIZACIÓN DE AGUAS TRATADAS. PROYECTO DE ACUERDO
- VII.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO
- Francisco Chahuan Chahuan
- Hernan Larrain Fernandez
- Lily Perez San Martin
- Baldo Prokurica Prokurica
- Hosain Sabag Castillo
- Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Baldo Prokurica Prokurica
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- PETICIÓN DE OFICIO : Ignacio Walker Prieto
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
-
INSTALACIÓN DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA EN COMUNA DE ANGOL. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Quintana Leal
-
ATRASO EN PROCESOS DE ADOPCIÓN. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNA DE SANTA JUANA. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
ENTREGA DE TÍTULOS DE DOMINIO EN ISLA SANTA MARÍA. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
PATROCINIO DE PROYECTOS POR EJECUTIVO. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
URGENCIA PARA DESPACHO DE PROYECTO SOBRE ACOSO LABORAL. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
SANCIONES A RESPONSABLES EN COLUSIÓN DE FARMACIAS. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
DAÑOS A USUARIOS DE TARJETAS DE CRÉDITO POR MALAS PRÁCTICAS DE EMPRESAS. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXOS
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES CHAHUÁN, HORVATH Y PROKURICA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL MATRIMONIO HETEROSEXUAL (7458-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Francisco Chahuan Chahuan
- Antonio Horvath Kiss
- Baldo Prokurica Prokurica
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES ESPINA Y CHAHUÁN, SEÑORAS ALVEAR Y PÉREZ SAN MARTÍN Y SEÑOR LARRAÍN, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL, EN MATERIA DE PROVISIÓN DE VACANTES DE PARLAMENTARIOS (7460-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alberto Espina Otero
- Francisco Chahuan Chahuan
- Maria Soledad Alvear Valenzuela
- Lily Perez San Martin
- Hernan Larrain Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES QUINTANA, GÓMEZ Y WALKER (DON PATRICIO), CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL, SOBRE REQUISITOS PARA LA PROVISIÓN DE VACANCIAS DE UN CARGO PARLAMENTARIO (7462-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jaime Quintana Leal
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- Patricio Walker Prieto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑOR HORVATH, SEÑORA ALLENDE Y SEÑORES CHAHUÁN, GÓMEZ Y PROKURICA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY, RELATIVO A LA DISPOSICIÓN DE LAS AGUAS EN CONCESIÓN (7459-09)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Antonio Horvath Kiss
- Maria Isabel Allende Bussi
- Francisco Chahuan Chahuan
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- Baldo Prokurica Prokurica
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO DE ACUERDO, PRESENTADO POR LOS SENADORES SEÑORES NAVARRO, LAGOS QUINTANA Y ROSSI, CON EL QUE SOLICITAN AL EJECUTIVO ADOPTAR MEDIDAS RESPECTO DEL USO DE EXTINTORES DE INCENDIO (S 1331-12)
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Navarro Brain
- Ricardo Lagos Weber
- Jaime Quintana Leal
- Fulvio Rossi Ciocca
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- PROYECTO DE ACUERDO, PRESENTADO POR LOS SENADORES SEÑORES NAVARRO, LAGOS, QUINTANA Y ROSSI, CON EL QUE SOLICITAN AL EJECUTIVO ADOPTAR LAS RECOMENDACIONES DE LA ONU SOBRE INSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS (S 1332-12)
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Navarro Brain
- Ricardo Lagos Weber
- Jaime Quintana Leal
- Fulvio Rossi Ciocca
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- PROYECTO DE ACUERDO, PRESENTADO POR LOS SENADORES SEÑOR HORVATH, SEÑORA PÉREZ SAN MARTÍN Y SEÑORES CHAHUÁN, GARCÍA, GÓMEZ, KUSCHEL, LARRAÍN, LETELIER, PIZARRO, PROKURICA, SABAG Y ZALDÍVAR, SOBRE USO DE AGUAS POR LOS REGANTES AGRÍCOLAS Y GANADEROS (S 1333-12)
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- Antonio Horvath Kiss
- Lily Perez San Martin
- Francisco Chahuan Chahuan
- Jose Garcia Ruminot
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Hernan Larrain Fernandez
- Juan Pablo Letelier Morel
- Jorge Pizarro Soto
- Baldo Prokurica Prokurica
- Hosain Sabag Castillo
- Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES CHAHUÁN, HORVATH Y PROKURICA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL MATRIMONIO HETEROSEXUAL (7458-07)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 358ª
Sesión 89ª, en miércoles 19 de enero de 2011
Ordinaria
(De 16:53 a 19:15)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE,
Y JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE,
Y MARIO LABBÉ ARANEDA, PROSECRETARIO SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.022 con el objeto de establecer un nuevo plazo para el cierre de Tribunales del Trabajo de Santiago (7434-07) (se aprueba en general y particular)....................................................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que prorroga plazo de calificación otorgado a la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (7435-07) (se aprueba en general y particular)...............
Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite, que adecua los plazos vinculados a las elecciones presidenciales (6946-07) (se aprueba en general)....................................................................................................
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.248, de subvención escolar preferencial (7187-04) (se aprueba en general).........................................................................................................
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.290, con la finalidad de exigir cinturones de seguridad y artefactos técnicos limitadores de velocidad en los buses de transporte público (3800-15) (se aprueba en general)................................................................
Designación de integrantes de Comité de Auditoría Parlamentaria.................
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba la Convención de Asistencia Mutua en Materia Penal, suscrita en Estrasburgo el 20 de abril de 1959, y sus Protocolos Adicionales (6786-10) (se aprueba en general y particular).......................................................
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Convenio N° 187 de OIT, sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo" (7386-10) (se aprueba en general y particular)...........
VI. TIEMPO DE VOTACIONES:
Reforma integral de sistema penitenciario. Proyecto de acuerdo (S 1330-12) (se aprueba)..................................................................................................
Utilización de aguas tratadas. Proyecto de acuerdo (S 1333-12) (se aprueba).......................................................................................................
VII. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Instalación de central hidroeléctrica en comuna de Angol. Oficios (observaciones del Senador señor Quintana)...............................................
Atraso en procesos de adopción. Oficios (observaciones del Senador señor Navarro).......................................................................................................
Cortes de energía eléctrica en comuna de Santa Juana. Oficio (observaciones del Senador señor Navarro)..........................................................................
Entrega de títulos de dominio en isla Santa María. Oficios (observaciones del Senador señor Navarro)..........................................................................
Patrocinio de proyecto por Ejecutivo. Oficio (observaciones del Senador señor Navarro)..............................................................................................
Urgencia para despacho de proyecto sobre acoso laboral. Oficio (observaciones del Senador señor Navarro).................................................
Sanciones a responsables en colusión de farmacias. Oficio (observaciones del Senador señor Navarro)................................................................................
Daños a usuarios de tarjetas de crédito por malas prácticas de empresas. Oficio (observaciones del Senador señor Navarro).....................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedán, Eugenio
--Walker Prieto, Ignacio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, el Ministro Secretario General de la Presidencia , señor Cristián Larroulet Vignau.
Actuó de Secretario el subrogante, señor José Luis Alliende Leiva, y de Prosecretario el subrogante, señor Mario Labbé Araneda.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:53, en presencia de 35 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 85ª y 86ª, ambas ordinarias, en 11 y 12 de enero del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor PIZARRO (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor LABBÉ ( Prosecretario subrogante ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Catorce de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificada de "discusión inmediata", con relación al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que prorroga el plazo otorgado a la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, creada por la ley N° 20.405, y concede el acceso que indica para los fines particulares que se señalan (boletín N° 7.435-17).
Con los once siguientes retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificada de "suma", respecto de las iniciativas que se expresan a continuación:
1.- Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite, que reconoce a los pueblos indígenas de Chile (boletines N°s 5.522-07 y 5.324-07, refundidos).
2.- Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite, que adecua los plazos vinculados a las elecciones presidenciales (boletín N° 6.946-07).
3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza el levantamiento del secreto bancario en investigaciones de lavado de activos (boletín N° 4.426-07).
4.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea mecanismo transitorio de adopción de acuerdos de copropietarios en sectores medios (boletín N° 7.320-14).
5.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas (boletín N° 7.240-08).
6.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que permite el acceso uniforme a las licencias profesionales al cumplirse los requisitos exigidos en la Ley de Tránsito (boletín N° 7.212-15).
7.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.248, de subvención escolar preferencial (boletín N° 7.187-04).
8.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones a la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor (boletín N° 7.075-06).
9.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece registro de dichas inhabilidades (boletín N° 6.952-07).
10.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas (boletín N° 6.811-11).
11.- Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y regula las asociaciones municipales (boletín N° 6.792-06).
Con el penúltimo hace presente la urgencia, calificada de "suma", con relación al proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Convenio N° 187, sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (boletín N° 7.386-10).
Con el último retira la urgencia que hizo presente para el despacho del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga un bono a los cónyuges que cumplan cincuenta años de matrimonio (boletín N° 7.074-05).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados, mediante el cual informa que aprobó, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, el proyecto de ley que modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado (boletín N° 7.085-15).
--Se toma conocimiento y se remite el proyecto a Su Excelencia el Presidente de la República.
Tres del Excelentísimo Tribunal Constitucional, con los que remite copia autorizada de las resoluciones dictadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 21 del decreto ley N° 701, de 1974; 26 bis del Código del Trabajo, y 8°, inciso primero, en la parte que se indica, de la ley N° 17.322.
--Se toma conocimiento y se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro de Planificación , con el que responde un oficio enviado en nombre de la Honorable señora Alvear, referido a las ponderaciones de la Ficha de Protección Social en materia de enfoque de pobreza y modelo de cálculo de puntaje, a la vez que informa acciones de apoyo a familias afectadas por el terremoto.
Del señor Ministro de Salud , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Quintana, en relación con el sistema de licitación de campos clínicos por parte de las universidades.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De las Comisiones de Hacienda y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, unidas, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que prorroga el plazo otorgado a la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, creada por la ley N° 20.405, y concede el acceso que indica para los fines particulares que se señalan (con urgencia calificada de "discusión inmediata") (boletín N° 7.435-17).
De las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.022, con el objeto de establecer un nuevo plazo para el cierre de tribunales del trabajo de Santiago que señala (con urgencia calificada de "discusión inmediata") (boletín N° 7.434-07).
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del Convenio N° 187, sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (con urgencia calificada de "suma") (boletín N° 7.386-10).
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción de la Honorable señora Alvear, en primer trámite constitucional, relativo a las federaciones deportivas nacionales (boletín N° 6.965-07).
Dos de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaídos en los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Horvath, en primer trámite constitucional, que concede la nacionalidad chilena, por gracia, al señor Eduardo Simon Bernheim (boletín N° 7.346-07).
2.- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Chahuán, en primer trámite constitucional, que concede nacionalidad chilena, por gracia, al señor Gerardo Alkemade Dolle (boletín N° 7.237-07).
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Honorables señores Chahuán, Horvath y Prokurica, con la que inician un proyecto de reforma constitucional relativo al matrimonio heterosexual (boletín N° 7.458-07).
De los Honorables señores Espina y Chahuán, señoras Alvear y Pérez (doña Lily) y señor Larraín, con la que dan inicio a un proyecto de reforma constitucional en materia de provisión de vacantes de parlamentarios (boletín N° 7.460-07).
De los Honorables señores Quintana, Gómez y Walker (don Patricio), con la que inician un proyecto de reforma constitucional sobre requisitos para la provisión de vacancia de un cargo parlamentario (boletín N° 7.462-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Honorables señor Horvath, señora Allende y señores Chahuán, Gómez y Prokurica, con la que inician un proyecto de ley relativo a la disposición de aguas en concesión (boletín N° 7.459-09).
--Pasa a la Comisión de Obras Públicas.
Proyectos de acuerdo
De los Honorables señores Navarro, Lagos, Quintana y Rossi, con el que solicitan al Ejecutivo adoptar medidas respecto del uso de extintores de incendio (boletín N° S 1.331-12).
--Pasa a la Comisión de Salud.
De los Honorables señores Navarro, Lagos, Quintana y Rossi, con el que solicitan al Ejecutivo adoptar las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre institucionalidad en materia de derechos humanos (boletín N° S 1.332-12).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la Cuenta.
La señora ALVEAR.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente , varios Senadores, junto con el Honorable señor Orpis, presentamos ayer un proyecto de acuerdo que recoge materias de política penitenciaria que se trataron en la sesión especial sobre la situación del sistema carcelario, celebrada con la asistencia del señor Ministro de Justicia.
Se quedó de votar el asunto al término de la misma sesión ordinaria, pero ello no ocurrió por discutirse hasta muy tarde la iniciativa sobre la equidad y la calidad de la educación. Solicito, entonces, ponerlo ahora sobre tabla -la materia es completamente transversal-, con el objeto de dejarlo despachado.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente , en la misma línea que la Senadora señora Alvear, pido que el texto se vote en esta oportunidad. Ha sido suscrito por parlamentarios de los diversos sectores políticos.
A mi juicio, sería una buena señal resolver al respecto al término del trabajo legislativo del año, con el objeto de oficiar de inmediato al señor Ministro de Justicia acerca de las modificaciones que se requieren.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- En efecto, la Sala había acordado votarlo ayer, pero, lamentablemente, ello no fue posible.
El proyecto ya se repartió y todos lo han estudiado. Si no hay objeciones, será objeto de un pronunciamiento en la presente sesión.
Acordado.
)------------------(
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente , pido a la Mesa recabar el asentimiento de la Sala para que pueda funcionar la Comisión Bicameral que tiene que resolver acerca de la integración del Comité de Auditoría Parlamentaria, para lo cual existe una fecha tope.
Del mismo modo, respetando el desarrollo del Orden del Día, solicito que se autorice para citar a la Comisión de Pesca y Acuicultura, que tiene que despachar un proyecto a las 17:30.
Sin embargo, estaremos atentos al desarrollo de la sesión para que no se registren dificultades de quórum en el momento de las votaciones.
El señor NAVARRO.- ¿De qué iniciativa se trata?
El señor HORVATH.- Es la del Registro de Pescadores Artesanales.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- No tengo problemas al respecto y supongo que la Sala tampoco. La cuestión radica en que los dos primeros proyectos del Orden del Día requieren quórums especiales: uno es de rango orgánico constitucional, y el otro, de quórum calificado, sin perjuicio de que más adelante se encuentra otro de reforma constitucional, que exige tres quintos de los Senadores en ejercicio para su aprobación.
El señor HORVATH.- Vamos a estar presentes cuando se vote.
El señor PIZARRO (Presidente).- Les pido estar atentos al llamado que se haga.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Sí, Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , es preciso asegurar la asistencia de los Senadores en la Sala, porque ahora, por ejemplo, no se cuenta con quórum para poder aprobar ninguna de esas iniciativas.
El señor PIZARRO (Presidente).- Así es.
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente , debemos aprobar hoy el primer proyecto del Orden del Día, porque el 28 de febrero próximo vence el funcionamiento de dos de los antiguos tribunales laborales en Santiago y se pide extenderlo. En caso contrario, no existirá ninguna posibilidad de que los nuevos absorban esa carga de trabajo.
El señor PIZARRO (Presidente).- La situación es clara. Es preciso despachar las dos primeras iniciativas en esta oportunidad, porque, efectivamente, se plantea un problema de plazo y ambas son muy importantes.
Incluso, en este momento no contamos con quórum suficiente, como se ha observado. Se tocarán los timbres y se votará cuando se reúna el número necesario de Senadores en la Sala, sin perjuicio de desarrollarse la discusión que proceda.
Si no hay objeciones, se otorgarán las autorizaciones solicitadas y se procederá en los términos expuestos por la Mesa.
--Así se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA
NUEVO PLAZO PARA CIERRE DE TRIBUNALES DEL TRABAJO DE SANTIAGO
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.022 con el objeto de establecer un nuevo plazo para el cierre de tribunales del trabajo de Santiago, con informes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7434-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 86ª, en 12 de enero de 2011.
Informes de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 89ª, en 19 de enero de 2011.
Hacienda: sesión 89ª, en 19 de enero de 2011.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El objetivo de la iniciativa es extender por 12 meses, hasta el 29 de febrero de 2012, el funcionamiento de dos de los nueve tribunales del trabajo de Santiago que se suprimen por la ley N° 20.022.
La Comisión de Constitución aprobó en general y en particular el proyecto por la unanimidad de sus miembros presentes: Honorables señora Alvear y señores Chadwick, Larraín y Patricio Walker, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Por su parte, la Comisión de Hacienda, conociendo del artículo 2°, lo acogió en la misma forma que la anterior. Esta resolución la adoptó por la unanimidad de sus miembros presentes: Senadores señores Escalona, García y Lagos.
Corresponde, finalmente, señalar que el artículo 1° reviste el carácter de norma orgánica constitucional, por lo que su aprobación requiere 21 votos conformes.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- La discusión es en general y en particular a la vez, ya que la urgencia ha sido calificada de "discusión inmediata". Sugiero proceder en seguida al pronunciamiento de los señores Senadores.
En votación.
)-----------(
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente , quiero formular una consulta reglamentaria, no referida a la iniciativa que nos ocupa.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Puede hacerlo, Su Señoría.
El señor LONGUEIRA.- Entiendo que hoy vence la urgencia del proyecto signado con el número 3 en el Orden del Día. ¿También es preciso votarlo?
El señor PIZARRO (Presidente).- Ella fue retirada. Así se dio a conocer en la Cuenta.
El señor LONGUEIRA.- ¿Se podría solicitar un acuerdo a fin de que el asunto se dejara para marzo?
El señor PIZARRO (Presidente).- Imagino que se retiró la urgencia justamente porque se puede despachar ese mes.
El señor LONGUEIRA.- Pero una vez tratadas las dos primeras iniciativas se podría iniciar el debate y votación de la que señalo. Por lo tanto, lo que solicito, con el objeto de que el Ejecutivo pueda perfeccionarla, es acordar que no sea discutida en la presente sesión.
El señor PIZARRO (Presidente).- Al retirarse la urgencia, ello nos da el margen suficiente para ocuparnos de ella en marzo.
Si le parece a la Sala, se sacará la iniciativa de la tabla y se dejará para ese mes.
Estamos haciendo algo sumamente raro, porque nos hallamos en votación.
El señor NAVARRO.- Existe una gran inquietud por el asunto.
El señor PIZARRO (Presidente).- Lo que se quiere es mejorar el proyecto. La preocupación obedece a que, tal como se encuentra el texto, no beneficia a toda la gente que debiera.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente , no tengo ninguna dificultad en explicar la razón por la cual estamos solicitando...
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Perdón, señor Senador. Lo que pasa es que se iba a votar el primer proyecto del Orden del Día. Terminada esa parte veremos este otro punto.
)----------(
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro para fundamentar su pronunciamiento.
--(Durante la votación).
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , todo indica que financiar una prolongación del funcionamiento de los tribunales parece positivo. Sin embargo, aun cuando el informe no lo dice, existen 7 mil 300 causas vigentes del antiguo sistema, de las cuales 800 se encuentran para recibir sentencia. Por mi parte, voy a apoyar todo lo que signifique mejorar la justicia para los trabajadores, pero hubiera sido adecuado saber por qué no se logró que las causas se encontraran resueltas para realizar el tránsito en el tiempo previsto por la ley.
Espero que, en el plazo que se otorga, eso quede resuelto. No es bueno que las causas laborales se dilaten; algunas -todos lo sabemos-, dos a tres años. Entiendo que la prórroga que se propone ha sido calculada y es suficiente.
En tal sentido, señor Presidente, como siempre es necesaria la justicia laboral -y esperamos que los tribunales nunca pierdan de vista que la parte más débil son los trabajadores-, voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente , yo respaldo plenamente esta petición de prórroga.
Como el procedimiento procesal laboral antiguo era malo (demoraba la resolución de las causas, en fin), se efectuó una gran reforma en la materia. Prueba de ello es que ya prácticamente todos los juzgados del trabajo están funcionando a satisfacción tanto de trabajadores cuanto de empleadores.
Entonces, lo que se pretende con este nuevo plazo es posibilitar el término de todos los procesos laborales pendientes anteriores a la entrada en vigencia del nuevo procedimiento.
Por ello, debiéramos votar unánimemente a favor del proyecto, con la finalidad de que, en los plazos que se estiman convenientes y con el uso de todos los recursos procesales contemplados en nuestra normativa laboral antigua, se puedan concluir las causas pendientes en los juzgados del trabajo del sistema anterior.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (30 votos afirmativos), el cual, por no haberse presentado indicaciones, queda aprobado también en particular y despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Tuma y Zaldívar (don Andrés).
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El señor PIZARRO ( Presidente ).- El Senador señor Longueira ha solicitado sacar de la tabla el proyecto que otorga un bono a los cónyuges que cumplan 50 años de matrimonio.
Como el Ejecutivo le retiró la urgencia, tranquilamente podríamos verlo en marzo.
El señor Senador, además, quiere explicar las razones por las cuales formuló tal la petición.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, considero importante dar la explicación.
Este proyecto pasó en la discusión particular a la Comisión Especial de la Discapacidad y el Adulto Mayor y a la de Hacienda.
Como Sus Señorías recordarán, la iniciativa original, para sorpresa de todos, beneficiaba a las personas que en el año del Bicentenario cumplieron 50 años de matrimonio y no a las que ya los habían cumplido.
En la Cámara de Diputados se corrigió ese aspecto, en el sentido de que todos los que celebraron 60 años o más de casados a partir de enero de 2010 también recibieran el bono.
Pero en la discusión muchos Senadores le hemos representado al Ejecutivo que es preciso solucionar en forma más rápida el caso de quienes a partir del año del Bicentenario cumplieron entre 51 y 59 años de matrimonio. Porque, de acuerdo a la redacción aprobada en la Cámara Baja, este conjunto de personas, que son incluso más que las beneficiadas inicialmente, recibiría el bono solo al completar 60 años de casadas.
Durante el trámite en la Comisión Especial de la Discapacidad y el Adulto Mayor, el Gobierno patrocinó una indicación en virtud de la cual, si uno de los cónyuges fallece luego de cumplir los 50 años de matrimonio dentro del plazo fijado, el viudo o la viuda recibirá la mitad del bono.
Nos parece muy importante hacer un esfuerzo adicional para que ese conjunto de personas -reitero: son muchas más que los beneficiarios del proyecto inicial- no tengan que esperar hasta el cumplimiento de los 60 años de matrimonio para obtener el bono y puedan recibirlo en un plazo de tres años, antes del término de este Gobierno.
El Ejecutivo se comprometió a ingresar la indicación que resuelve el punto. Por eso le retiró la urgencia al proyecto.
Por el bien de los adultos mayores que han cumplido más de 50 años de casados a partir del año del Bicentenario, vale la pena esperar hasta marzo. Ello les permitirá recibir el beneficio antes de llegar a los 60 años de matrimonio.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tengo dos Senadores inscritos para intervenir.
Aclaro que no hemos entrado a la discusión del proyecto: solo estamos viendo si lo sacamos de la tabla y lo dejamos para marzo.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , el anuncio presidencial de este bono generó una expectativa enorme y muchas interrogantes, particularmente en quienes están a punto de cumplir 50 años y en aquellos que ya los pasaron.
Todas las fórmulas que se han propuesto son oportunas y necesarias si buscan no discriminar.
Lo planteado por el Senador Longueira me parece adecuado. Entiendo que existe una voluntad favorable del Ejecutivo en orden a revisar la materia. Postergar la iniciativa para marzo va a aparecer como una dilación para quienes están expectantes. Espero que comprendan que ello se hace para mejorar el bono, que es extraordinariamente positivo.
Quiero que esto quede muy claro. Porque -como al resto de los parlamentarios- me han llamado algunos interesados y sus hijos me han enviado correos para pedirme que apuremos la entrega del bono.
Hoy día vamos a aplazar el tratamiento de la iniciativa. Pero, dado que es para mejorarla, para aumentar la cobertura de los beneficiarios y dejar de lado las discriminaciones odiosas, me parece positivo y estoy de acuerdo. Ojalá quede muy claro, señor Presidente , que esta postergación busca ampliar la cobertura para dar un mejor beneficio.
Entendido así, estoy por dejar este proyecto para marzo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, yo me sumo a la postergación.
La semana pasada analizamos dicha iniciativa en dos sesiones de la Comisión de Hacienda -el Senador señor García fue uno de los que presentaron las mayores objeciones-, y nos dimos cuenta de que el punto en controversia es bastante ridículo, sobre todo debido a la indicación posterior de que fue objeto, la que, en vez de solucionar el problema, lo agravó. En efecto, señala que quienes queden viudos luego de cumplir entre 50 y 60 años de matrimonio recibirán el bono solo al momento de enterar los 60 años de casados. Y a esas alturas todos se hallan cerca de los 90 años o "no están".
Además, el Ministro de Hacienda fue supernegativo en esta materia. No admitió ninguna posibilidad de introducir modificaciones. Ni siquiera quiso, incluso, cambiar la urgencia.
Por tanto, si existe la posibilidad y hay una voluntad nueva -nada se expresó la semana pasada-,...
El señor CANTERO.- La hay.
El señor FREI (don Eduardo).-... yo me sumo a lo solicitado. Porque creo que el bono, tal como está concebido, envuelve una tremenda injusticia.
El señor CANTERO .- ¡No le demos más vueltas, señor Presidente ! ¡Que quede para marzo!
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se retirará de la tabla el proyecto que otorga un bono a los cónyuges que cumplan 50 años de matrimonio.
--Así se acuerda.
MAYOR PLAZO PARA COMETIDO DE COMISIÓN ASESORA CREADA POR LEY N° 20.405
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que prorroga el plazo de calificación otorgado a la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, con informe de las Comisiones unidas de Hacienda y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7435-17) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 87ª, en 18 de enero de 2011.
Informe de Comisión:
Hacienda y Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, unidas: sesión 89ª, en 19 de enero de 2011.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).- El objetivo de este proyecto es prorrogar por seis meses el plazo para la etapa de calificación de las solicitudes de que dispone la referida Comisión Asesora y autorizar a esta a los efectos de que acceda a los antecedentes, documentos y testimonios recogidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y pueda cumplir su obligación de calificar.
Las Comisiones unidas aprobaron el proyecto en general y en particular por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señora Lily Pérez y señores Escalona, Frei y García -como miembros de ambas Comisiones- y Lagos), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Corresponde tener presente que el artículo 2° es de quórum calificado, por lo cual para su aprobación se requieren los votos conformes de 19 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , atendida la "discusión inmediata" que pesa sobre esta iniciativa, hoy en la mañana sesionaron las Comisiones unidas de Hacienda y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
El propósito de la normativa propuesta es que la Comisión conocida con el nombre de "Comisión Valech" siga funcionando por seis meses más para poder calificar las solicitudes que ha recibido, no para recibir nuevas presentaciones. Esta precisión es importante para el debate del proyecto.
Según el Coordinador de la División de Estudios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia , señor Claudio Oliva , quien acudió a las Comisiones unidas en representación del Ejecutivo , las solicitudes esperadas eran de 18 mil, pero a la fecha se han recibido 33 mil 500, lo que ha hecho imposible que la Comisión Asesora cumpla su tarea de calificar todos los antecedentes.
Por lo tanto, prorrogar el plazo en seis meses no es para ingresar nuevas solicitudes, sino para posibilitar que dicha Comisión cumpla la misión que se le encomendó en la ley que ahora se modifica.
Insisto: en ese lapso no se recibirán nuevas presentaciones, sino que se calificará el muy elevado volumen de casos recepcionados, que es casi el doble de lo que se había pensado.
En consecuencia, señor Presidente , se trata de un proyecto simple, pero importante a los fines de dar respuesta a las personas que presentaron sus antecedentes para la calificación en la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.
Espero que la opinión pública no vaya a pensar que se abre plazo para nuevas solicitudes: se trata de concluir el trabajo que dicha Comisión se halla desarrollando.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, emplearemos el mismo procedimiento que en el caso anterior: cerraremos el debate y abriremos la votación, en atención a que se trata de un proyecto de quórum calificado.
--Así se acuerda.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente , quiero sumarme a lo señalado por el Senador señor Escalona , Presidente de la Comisión de Hacienda , en el sentido de que hoy día en las Comisiones unidas -yo presido la de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía- sacamos adelante este proyecto, calificado de "discusión inmediata", por dos razones.
En primer lugar, porque, efectivamente, no se ingresarán nuevos casos, sino que se calificarán las solicitudes ya recibidas. Para ello, la Comisión Asesora precisa ampliar en seis meses el plazo de la etapa de calificación, que vence en febrero; es decir, en muy pocos días más. Con esto se extiende su funcionamiento hasta agosto.
En segundo término, porque el Gobierno nos expresó que había estimado la presentación de 18 mil casos y se recibieron más de 33 mil; esto es, casi el doble de lo que se esperaba. Así, a la Comisión se le hace prácticamente imposible cumplir su tarea sin prorrogar el plazo.
Una de las cosas que más le planteamos al Ejecutivo esta mañana -también se hallaba con nosotros el Senador señor García , miembro permanente de la Comisión de Hacienda en representación de Renovación Nacional- fue la necesidad de ser muy prolijos en el análisis y la calificación de los casos presentados. Ello, porque han existido experiencias recientes -y hay que asumirlo- de cuestionamientos en el otorgamiento de becas Valech , por ejemplo, o de problemas en casos de exonerados políticos.
Por eso le pedimos al Gobierno gran prolijidad en la calificación de las solicitudes recibidas.
Las Comisiones unidas de Hacienda y de Derechos Humanos aprobaron esta mañana la iniciativa por unanimidad, incluidos mayores recursos para la extensión del plazo referido.
En consecuencia, anuncio el voto favorable de los Senadores de Renovación Nacional e Independientes.
He dicho.
El señor CANTERO .- ¡Qué puedo decir! ¡Solo que sí!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , sin duda, el nuevo plazo propuesto se requiere para procesar las más de 18 mil solicitudes que, inesperadamente, se presentaron a la Comisión Asesora.
Ahora, sin perjuicio de que votaré favorablemente el proyecto -tiene urgencia calificada de "discusión inmediata" y prácticamente no existe posibilidad de presentar indicaciones-, me asaltan serias dudas en cuanto a si en seis meses más estaremos con otra iniciativa que establezca una nueva prórroga, pues los recursos humanos y materiales destinados a cumplir dicha tarea no permitirán a la Comisión desarrollarla en el tiempo definido. Me preocupa que en el nuevo plazo ella no sea capaz de calificar todas las solicitudes presentadas, más todavía cuando se pide mayor prolijidad. Ello significa que se requerirán más recursos humanos y mayor tiempo.
En definitiva, dudo de que seis meses más sean suficientes.
En segundo lugar, aunque se despache la iniciativa con la prórroga propuesta, me inquieta que los nuevos beneficiarios de la Ley Valech, más los antiguos, sigan expuestos a ser víctimas de fraude por parte de inescrupulosos. Así ocurrió con un grupo de personas del sector privado, y también del público, que ofrecieron, a cambio de aproximadamente 9 millones de pesos, cursos de capacitación y de educación con cargo al beneficio contenido en dicha ley.
Ahí se enriquecieron algunos centros de estudios, en particular la Universidad UNIACC. Hicimos la denuncia respectiva ante los tribunales. Inicialmente, se estimó que dicho plantel de educación habría recibido alrededor de 5 mil millones de pesos por esa vía. Luego del trabajo realizado por la Comisión Investigadora pertinente de la Cámara de Diputados y por la Fiscalía, se determinó que más de 18 mil millones de pesos fueron los recursos mal usados por centros de estudios, en especial por la Universidad señalada.
Entonces, me preocupa que en este proyecto no se haya formulado una indicación que acotara o definiera con claridad, con precisión cómo deberán usarse tales fondos. No es posible que estos se sigan manejando de manera tan liviana, sin ningún beneficio para las personas, las que terminan siendo perjudicadas. Porque el Estado, mediante las becas Valech , paga una capacitación que sirve solo para enriquecer a determinados aprovechadores.
En suma, señor Presidente , votaré favorablemente el proyecto. Pero planteo mis dudas: primero, respecto de si es suficiente el plazo propuesto para que la Comisión Asesora realice su labor , y segundo, en cuanto a la necesidad de que el Ejecutivo -los parlamentarios podemos colaborar en ello- trabaje en una iniciativa que permita acotar, definir o resolver cómo utilizar dicho beneficio a fin de que no se preste para abusos ni para defraudar al Estado.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Ruego a Sus Señorías emitir su voto. Les recuerdo que se trata de un proyecto de quórum calificado.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , es del todo necesaria y urgente la aprobación de esta iniciativa. Como señaló el Senador señor Tuma , existen algunas dudas, las que han surgido por la premura en despachar la materia.
Claramente, del texto se desprende que, dentro del universo de las 33 mil 500 solicitudes ya recibidas, durante el nuevo plazo podrán ser complementados los antecedentes que no estuvieran completos, si el caso lo amerita. Por eso se autoriza la consulta de documentos con carácter secreto por el lapso de 50 años.
Mi pregunta es si los actuales postulantes, los que no poseen el beneficio, podrán adjuntar nuevos antecedentes para los efectos de la calificación, o solo se revisarán las carpetas ya ingresadas, sin que sea factible agregar nuevos documentos.
La señora PÉREZ ( doña Lily ).- ¡Ya lo hicieron!
El señor NAVARRO.- La Senadora me señala que ya entregaron la documentación.
Entonces, consulto por qué no podrían ingresarse nuevos antecedentes en el plazo de seis meses si la Comisión aún se halla en la etapa de calificación. Y no hablo de nuevos postulantes, aunque me habría gustado que así fuera. Conozco gente que, por diversos motivos, no alcanzó a presentar su solicitud.
Pero -reitero-, respecto de los que sí postularon y en el curso de los seis meses establecidos tienen nuevos antecedentes que aportar, no me parece adecuado que no puedan adjuntarlos, en circunstancias de que su caso está a la vista. Hablo de nuevos antecedentes, no de la reiteración de los ya presentados.
En tal sentido, debería haber un factor de criterio. Al parecer, la iniciativa no lo contempla expresamente. Pero creo que respecto de las 33 mil 500 solicitudes, con el nuevo plazo propuesto, nada debiera impedir la aparición de antecedentes distintos a los ya presentados e incorporarlos para su revisión.
Voy a votar a favor, señor Presidente, aunque también mantengo dudas respecto de los seis meses. Entiendo que puede haber un factor económico sobre el particular. El informe financiero nos dice que el aumento del plazo de funcionamiento significa un costo de 887 millones de pesos adicionales.
Uno podría entender que esa razón impide una mayor prórroga. Sin embargo, dado lo trascendente de las calificaciones, dada la posibilidad de sanar el alma nacional, y pensando que ellas se realizarán solo una vez en la historia de nuestro país, me parecería insuficiente esgrimir el factor costos.
Espero que, transcurrido el plazo sugerido, no tengamos que ampliarlo nuevamente. De ser necesario, me gustaría la comprensión del Gobierno para una mayor apertura. Seis meses podrían resultar pocos, más aún considerando que, si se aprueba ahora la iniciativa, se perderá febrero como mes hábil.
No obstante lo anterior, reitero mi voto favorable.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (26 votos a favor); y, por no habérsele formulado indicaciones, se aprueba también en particular, quedando despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Alvear y Pérez (doña Lily) y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Gómez, Horvath, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma y Zaldívar (don Andrés).
REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE ADECUACIÓN DE PLAZOS VINCULADOS A ELECCIONES PRESIDENCIALES
El señor PIZARRO ( Presidente ).- En seguida, corresponde ocuparse del proyecto de reforma a la Carta Fundamental, en segundo trámite constitucional, que adecua los plazos vinculados a las elecciones presidenciales, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6946-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional:
En segundo trámite, sesión 73ª, en 7 de diciembre de 2011.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 87ª, en 18 de enero de 2011.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Los principales objetivos de la reforma constitucional son los siguientes:
- Adelantar la fecha de celebración de la votación para elegir Presidente de la República.
- Ajustar a esa nueva fecha las oportunidades en que deberá realizarse la segunda vuelta; las elecciones presidenciales en casos especiales, como el de subrogancia y el de vacancia del cargo, y otras vinculadas a esos procesos eleccionarios.
- Adelantar al día 1º de marzo la fecha de asunción del Presidente de la República y de los parlamentarios.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió esta iniciativa solamente en general y le dio aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señora Alvear y señores Chadwick, Espina y Larraín, cuyo texto se transcribe en el informe.
Cabe señalar que el proyecto requiere para su aprobación el voto conforme de 22 señores Senadores respecto de los numerales del artículo primero, excepto el número 7, que precisa 25 votos.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- En discusión general.
Si le parece a la Sala, se abrirá la votación, porque se necesita quórum especial.
Acordado.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente , esta iniciativa fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, pues responde a una solicitud que ha concitado bastante apoyo en la ciudadanía respecto de las mejores fechas para realizar las elecciones presidenciales, las que, lógicamente deben coincidir con las parlamentarias.
Todos sabemos que en la actualidad la segunda vuelta es un hecho, pero en el período que transcurre antes de su materialización está la Pascua y el Año Nuevo, lo cual produce desgaste y mayor dificultad si las personas tienen que concurrir a votar a mitad de enero.
Por ende, en este caso se ajusta la fecha de la primera vuelta de la elección presidencial -que concuerda con la de los parlamentarios-, con una diferencia de cuatro semanas para el balotaje. De esa manera, el proceso eleccionario quedaría finalizado antes de las fiestas de fin de año.
Me parece que tal criterio es extraordinariamente razonable, ya que sobre la situación actual siempre han formulado preguntas a los parlamentarios.
De ahí que en la Comisión de Constitución estimáramos en forma unánime que era importante acoger la reforma constitucional propuesta.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, quiero formular una consulta al representante del Ejecutivo, aquí presente.
Como la iniciativa que nos ocupa es virtualmente idéntica a otra que presentamos con el Senador señor Novoa hace casi cuatro años, me gustaría que definiéramos -también lo planteo al señor Presidente del Senado - cuál será la futura lógica legislativa en cuanto a los proyectos que tienen su origen en el Presidente de la República.
Aunque soy parte del Gobierno, resulta que la situación descrita no me acomoda. Porque si un conjunto de parlamentarios, de la corriente política que fuera, incluso de las bancadas del frente, presenta una normativa igual a la oficialista pero no se califica con la misma urgencia, nunca el Parlamento podrá sacar sus propios proyectos, lo que no sucede con los del Ejecutivo.
Entonces, quiero preguntar por qué, en lugar de continuar debatiendo esta iniciativa, no se termina de tramitar la que presentamos hace cuatros años y que fue aprobada en general por la Sala. Volvió a la Comisión de Constitución -la cual se halla tapada de pega, lo que me consta-, pero nunca se le dio urgencia, pese a haberla requerido, poniéndose en tramitación en el intertanto la que ahora nos ocupa.
Por consiguiente, como tengo una lógica republicana, me parece que nos corresponde hacer respetar nuestra institución, puesto que no es razonable el proceder descrito.
En consecuencia, -por su intermedio, señor Presidente - pregunto al Ejecutivo por qué no acepta la fórmula que he sugerido respecto de finalizar la tramitación de la moción presentada con anterioridad, que es exactamente igual a la del Gobierno.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- El señor Ministro no puede intervenir, porque nos hallamos en votación.
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente , en verdad, cuando uno analiza la forma en que se encuentra establecida la segunda vuelta en nuestro sistema eleccionario, le surgen muchas dudas de por qué no se corrigió antes. Porque es evidente lo absurdo de enfrentar a la ciudadanía a una segunda votación durante el período en que se toman vacaciones o que se celebran la Navidad u otras fiestas, teniendo en cuenta que la católica es la religión mayoritaria en nuestro medio.
Mucha gente nos preguntaba y nos pregunta por qué eso no se modificó. Y yo tengo una posible respuesta a tal interrogante.
En el año 2006, junto a un grupo de especialistas del Instituto Libertad, iniciamos un estudio del actual sistema democrático chileno y realizamos numerosas propuestas para perfeccionarlo. Dentro de ellas, se incluyó la idea de la actual Senadora Lily Pérez , que se incorporó al trabajo de esa Comisión que me tocó presidir, para modificar la fecha de la segunda vuelta, proponiéndose un plazo de cuatro semanas para su verificación, a fin de finalizar el proceso eleccionario antes de la fiesta de Navidad.
Ese mismo año se lo llevamos al Gobierno de la época; pero, por desgracia, no fuimos oídos y el proyecto quedó en el olvido. Las respuestas que se me dieron no las podría repetir. Pero algunos personeros me dijeron que no iban a cambiar las fechas, porque la gente de mi sector político salía más a veranear y eventualmente podrían ausentarse de la segunda vuelta, lo que me pareció impresentable.
Hoy día, el Ejecutivo ha recogido -me alegra mucho y felicito al señor Ministro Secretario General de la Presidencia , que nos acompaña- una idea parecida a la moción del Senador señor Coloma , a la de la Honorable señora Lily Pérez o a la contenida en el informe del año 2006 a que hago referencia. Cualquiera de tales iniciativas resultaba factible, porque era indispensable que el proceso no se verificara entre las dos festividades de fin de año, sobre todo en un país como el nuestro, donde la gente en esa fecha está pensando, por supuesto, en algo distinto al proceso electoral.
Por lo tanto, me alegro de que mi Gobierno haya pensado sacar adelante una reforma que es necesaria, máxime cuando todo el mundo preguntaba por qué no se propuso antes.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente , al emitir su informe la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, quedamos de acuerdo en plantear en la Sala la inquietud que el Senador señor Coloma manifestó hace un rato, en el sentido de que, dada la existencia de mociones anteriores, el Ejecutivo podría haberles asignado urgencia o formulado indicaciones.
En ese aspecto, quedamos de plantear al Gobierno que, a futuro o ahora, si es viable, en caso de existir una moción, individual o de un grupo de parlamentarios, respecto de alguna materia sobre la cual al Ejecutivo le interesa legislar, este le ponga urgencia o presente indicaciones para perfeccionarla.
Eso es, a nuestro juicio, lo adecuado entre Poderes colegisladores.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , no voy a entrar en una discusión que me parece enteramente absurda, ridícula y extemporánea, en cuanto a buscar razones políticas a este cambio de fecha de una elección, como se insinuó en una intervención precedente.
Pero me preocupa lo que se establece en el Artículo Segundo transitorio -tal vez haya que solicitar la unanimidad de la Sala para que el Ejecutivo pueda responder al respecto-, porque en la parte correspondiente del mensaje se dice lo siguiente: "El Presidente de la República y los Diputados y Senadores que asuman el día 11 de marzo de 2014, finalizarán su período el 1° de marzo de 2018.". Es decir, un día diferente al de término del mandato del Jefe del Estado y de los parlamentarios en ese año, sin que se precise cuándo asumen. Si nos guiáramos por el texto constitucional como está, lo harían el 11 de marzo de 2018, lo que significa que el país estaría 10 días sin autoridades políticas.
No quiero desconocer que los asesores del Ejecutivo son gente de una gran prosapia política y legislativa, ni tampoco sus virtudes.
El señor PROKURICA .- ¡Vienen del Gobierno anterior...!
El señor ESCALONA.- Pero el mensaje es del actual Ejecutivo, al que Su Señoría defiende.
Entonces, quiero que se aclare el punto, que no es menor.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Se le han hecho dos preguntas al señor Ministro.
El señor LAGOS.- Que las responda.
El señor PIZARRO (Presidente).- Reglamentariamente, mientras se desarrolla la votación, no se puede ofrecer la palabra al señor Ministro.
El señor COLOMA.- Pida la unanimidad, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Con el acuerdo de la Sala, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARROULET ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).- Señor Presidente , agradezco a los señores Senadores la oportunidad que me brindan para explicar esta importante iniciativa legal.
Como se ha dicho, con el proyecto se pretende algo que ha venido siendo planteado en el Parlamento desde hace muchos años: adecuar las elecciones presidenciales a la realidad que más acomoda a la ciudadanía.
Y quiero entregar algunos antecedentes.
Como sabemos, la segunda vuelta hoy día se verifica en enero. Según la práctica, un porcentaje importante de chilenos, cerca de 40 por ciento, toma vacaciones en dicho mes. Y contrariamente a lo que muchas veces es la impresión general o a lo que ha primado, se advierte que esos votantes, por estrato socioeconómico, pertenecen más bien a la clase media, clase media baja y popular, quienes salen de vacaciones en enero, cuando, por razones obvias, los precios y los costos son menores.
El Ejecutivo tuvo muy presentes todas las iniciativas sobre la materia. Hay fácilmente cinco mociones en el Congreso, siendo el número de Senadores y Diputados involucrados en ellas alrededor de veinte.
En consecuencia, al Ejecutivo le pareció -y lo discutimos en la Comisión de Constitución- que era conveniente traer el asunto a la Sala, recoger la impresión y los planteamientos sobre el particular ¿los del Honorable señor Coloma y de otros señores Senadores- y, posteriormente, afinar el texto en debate en la discusión en particular.
Este proyecto -a propósito de lo expresado por el Senador señor Escalona - viene a ajustar las fechas de la elección de primera y segunda vuelta, de manera que esta última nunca se haga en una época diferente al entorno de los días 16 a 19 de diciembre. En la Comisión se presentó un calendario detallado hasta el año 2041 sobre la realización de los comicios.
Cabe recordar que, además, el 8 de diciembre generaría diversas complejidades como para pensar hacer ese día el acto electoral.
Además, la iniciativa compatibiliza otros elementos que se vinculan con disposiciones, por ejemplo, sobre autorización para la salida del Presidente de la República , la calificación para la segunda vuelta, y también -punto mencionado por el Senador señor Escalona - las fechas de asunción del nuevo Gobierno y de las nuevas autoridades parlamentarias.
¿Qué se consideró en esto? Que entre la fecha de la segunda vuelta -que será adelantada para mediados de diciembre, aproximadamente- y el 11 de marzo, habría un período demasiado extenso en que el Gobierno saliente estaría administrando el país.
Por lo tanto, a la luz de la experiencia nacional e internacional, parecía del todo prudente adelantar el cambio de mando al 1o de marzo.
La pregunta que efectúa el Senador señor Escalona se formuló y discutió en la Comisión de Constitución. Específicamente, fue el Honorable señor Gómez -en este momento no se encuentra en la Sala- quien planteó exactamente la misma duda. Ella se resolvió en el sentido de que no se produce el inconveniente que menciona el Senador señor Escalona. Sin embargo, obviamente, esta puede ser una materia de perfeccionamiento en el debate particular que se llevará a cabo en ese órgano técnico.
Por último, señalo que es política del Poder Ejecutivo que, mediando circunstancias como esta, en todos sus proyectos se recojan los planteamientos y los nombres de quienes han promovido iniciativas similares, las que son perfeccionadas. Y también es política nuestra que, con posterioridad, a las ceremonias de promulgación de la ley pertinente se invite a los parlamentarios que participaron en los proyectos respectivos.
Muchas gracias.
El señor ESCALONA.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).- Pese a no permitirlo el Reglamento, tiene la palabra Su Señoría.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , solo deseo efectuar una aclaración.
Mi duda queda resuelta por la propia Constitución Política, en los incisos tercero y cuarto del artículo 27, que expresan:
"El Congreso Pleno, reunido en sesión pública el día en que deba cesar en su cargo el Presidente en funciones y con los miembros que asistan, tomará conocimiento de la resolución en virtud de la cual el Tribunal Calificador de Elecciones proclama al Presidente electo.
"En este mismo acto, el Presidente electo prestará ante el Presidente del Senado , juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la República , conservar la independencia de la Nación, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y de inmediato asumirá sus funciones.".
Es decir, de acuerdo con el artículo 27, al establecerse el día de cese del mandato se dispone el día en que asume el hasta entonces Presidente electo.
He resuelto en el Texto Constitucional mi duda, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor LAGOS.- ¡Se pregunta y se responde a sí mismo...!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- En primer lugar, respaldo absolutamente lo expresado por el Presidente de la Unión Demócrata Independiente , Senador señor Coloma.
Nos encontramos ante una materia muy de fondo, y, por supuesto, nunca hay tiempo para abordarla. En este sentido, le pido a la Mesa que en algún momento, al retorno de las vacaciones de febrero, los Comités analicen el punto.
Durante las Administraciones de Patricio Aylwin y de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se mantuvo una tradición -yo era de la Oposición-: cuando había una iniciativa presentada por un parlamentario, de Gobierno u Oposición, lo que hacía el Ejecutivo era formularle una indicación. A lo menos -nobleza obliga- así ocurrió en varias iniciativas que patrocinamos con otros parlamentarios, las que después se transformaron en leyes.
A mi juicio, esa es la forma como debe establecerse el respeto recíproco entre el Congreso -un Poder del Estado- y el Ejecutivo.
Y esa tradición empezó a perderse.
El Honorable señor Coloma tiene toda la razón en sus observaciones.
Aun más, este proyecto se presentó a petición del actual Presidente de la República , en aquel entonces candidato; o sea, no resulta desconocida por el actual Gobierno la iniciativa del colega Coloma. Y lo recuerdo porque yo era Presidente de la Comisión de Constitución.
Entonces, no me parece un procedimiento correcto que, cuando ya hay un proyecto formulado por un parlamentario -en este caso, además pertenece a la propia Coalición y la materia forma parte de los compromisos del candidato presidencial-, finalmente se presente otro alternativo.
Pero se agrava dicha situación por el enorme desequilibrio existente en el régimen presidencial entre el Gobierno y el Congreso. Si las ya pocas y limitadas atribuciones de este no son adecuadamente reconocidas cuando se ejercen, entonces el rol del Parlamento queda muy minimizado.
En tal sentido -no dudo de la buena fe ni de los buenos propósitos con que ha actuado el Ministro Larroulet; lo conozco, y (repito) no tengo ninguna duda al respecto-, creo que estamos ante un principio que hay que respetar. Y en este caso ello no se ha hecho.
No me digan -¡por favor!- que van a anotar en las páginas del proyecto que se trataba de una moción presentada por el Senador señor Coloma. Porque para la historia fidedigna de la ley nadie lo va a saber. Y ocurre que, probablemente, a Su Señoría después lo van a medir, entre otros factores, por la cantidad de mociones que haya logrado convertir en leyes.
En cuanto a lo anterior poseo un juicio absolutamente claro. El Gobierno requiere un Legislativo que le ayude a resolver sus problemas. Entonces, me parece que la Mesa del Senado, junto con los Comités, deben también pedir reciprocidad en el trato y en las relaciones.
Voy ahora al fondo del proyecto, señor Presidente.
La presente iniciativa se votó en general por la Comisión. Se trata de un muy buen texto. Y, obviamente, se perfeccionará durante su discusión particular, pues algunos aspectos se han de mejorar.
Desde luego, no tengo claro que el Parlamento deba entrar a funcionar el 1o de marzo. Resulta perfectamente razonable que cuando hay un nuevo Gobierno, cuando se vuelve de un mes de vacaciones (febrero), se puedan tomar unos días para el ajuste, para la instalación. Ello ayudaría a los propios parlamentarios que hubieran terminado una campaña. O sea, no estoy seguro de que establecer el 1o de marzo signifique más eficiencia, calidad, prestigio. A lo mejor es una torpeza infinita y lo lógico sea esperar unos días más. Aunque puede ser un acierto.
Sin embargo, considero que el proyecto en votación obviamente constituye una muy buena idea. Creo que nadie discute el correr las fechas. Porque es ridículo celebrar elecciones en enero y dejar a la gente sin vacaciones.
Por lo tanto, votaré a favor de la iniciativa, la que se va a perfeccionar.
No obstante, reitero mi petición a la Mesa para que alguna vez abordemos en serio la forma como se trata a los parlamentarios en nuestro sistema político. No existe otro país de la altura de Chile donde el Parlamento sea minimizado de la manera como ocurre aquí, desde las normas de protocolo hasta la forma en que se relacionan con nosotros. Y no estoy solicitando ningún trato excepcional, sino simplemente que un Poder del Estado , y en particular el Senado, elegido democráticamente por la ciudadanía, asuma el rol que le corresponde.
Pido que quede constancia de ese punto en la Versión Oficial, a fin de que pueda ser discutido en las reuniones de Comités de marzo.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¡Vamos a interpelar al Ministro...!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , antes de referirme al fondo del proyecto, quiero expresar mi completo acuerdo con los parlamentarios que han intervenido y con la observación formulada por el Senador señor Coloma en cuanto a que las atribuciones de los parlamentarios se minimizan cuando no se consideran sus iniciativas.
Habiendo un texto previo que quizás no sea idéntico pero que contiene la misma idea matriz, debería existir algún mecanismo para resolver qué pasa cuando se presenta un proyecto similar, sea por parte del Ejecutivo o de otro parlamentario, porque podría tratarse de una iniciativa originada en la otra Cámara.
Me parece que en esos casos debemos realizar dos acciones.
En primer lugar, respecto a los proyectos que envía el Ejecutivo, deberíamos impulsar una reforma constitucional a fin de que, cuando ingrese a cualquiera de las Cámaras un mensaje que contenga la misma idea matriz de otra iniciativa, se fusionen ambos textos o todos sean objeto de la misma urgencia.
Esa es una primera cuestión. Porque el asunto no lo solucionaremos con buena voluntad. Las relaciones entre los Poderes del Estado se han de resolver con las normas pertinentes. Y, como se trata de una disposición constitucional, deberíamos efectuar una reforma a la Carta en tal sentido.
Por lo tanto, invito a los parlamentarios a trabajar y a presentar una modificación en ese orden.
En segundo término, tratándose de otra moción, la Oficina de Partes debiera traer a la vista las iniciativas que contienen la misma idea matriz, a los efectos de que las Comisiones las analicen conjuntamente y no aparezca un proyecto avanzando porque lo presentó un parlamentario con mayor afinidad con el Presidente de la Comisión , mientras el otro se archiva porque su autor carece de cercanía con quien dirige en ese momento una Comisión determinada.
Por eso, invito a los parlamentarios a trabajar en una modificación constitucional y reglamentaria con el objeto de que se guarde el debido respeto y reconocimiento a la labor realizada en proyectos que después no son considerados en los que se convierten en leyes.
En lo que dice relación con el fondo de la materia, me parece que la iniciativa en debate es de tremendo sentido común. En alguna oportunidad, cuando se estableció que el 11 de marzo debería instalarse el Congreso Nacional, se contó desde ese día hacia atrás y se fijó la fecha de las elecciones sin consideración alguna respecto a los problemas que ello le ocasionaría a la ciudadanía.
Entonces, estamos democratizando los plazos vinculados con esos comicios, lo que significa contemplar los efectos de la fijación de un día determinado sobre los ciudadanos comunes y corrientes.
Por consiguiente, felicito a los parlamentarios que presentaron originalmente iniciativas para propiciar esta modificación constitucional, y al Ejecutivo, por recoger este proyecto de gran sentido común.
Voto a favor.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, en primer lugar, anuncio que voy a votar a favor.
No obstante, quiero dejar constancia de mi opinión sobre esta iniciativa, porque a veces me queda la sensación de que la democracia chilena y sus actos ocupan un lugar secundario en los deberes, en las obligaciones.
Perdónenme por exponerlo de esta manera, pero pensar que se tiene que cambiar la fecha de las elecciones presidenciales en una democracia debido a que la gente se encuentra de vacaciones me resulta bastante penoso. Lo digo con mucha franqueza.
Alguien podrá argumentar: "¡Claro! Es una barbaridad. Hay que acomodarse a las necesidades de la gente.". Todo lo que se quiera. Sin embargo, no olviden Sus Señorías que cerca de cuatro años atrás una benemérita organización sugirió la posibilidad de modificar el día fijado para la elección porque se realizaría un importante acto en el país, con globos, celebraciones, en fin. Ello presentaba un altísimo sentido gregario, pero no justificaba tal cambio.
Votaré favorablemente la idea de legislar. Sería torpe no hacerlo. Sin embargo, me cuesta admitir que estemos discutiendo este proyecto en el Senado para correr las fechas de las elecciones presidenciales porque han variado los hábitos de la gente. Es decir, si mañana los chilenos se dedican a tomar su período más fuerte de vacaciones en invierno, ¿deberemos cambiar todos los plazos relacionados con la democracia durante esa estación?
El señor TUMA .- Así es.
El señor RUIZ-ESQUIDE .- Lo digo con mucha franqueza: ¡eso me parece completamente penoso!
En segundo término, cuando un señor Senador comentó que alguien del Gobierno anterior le había señalado que la fecha de la elección presidencial no debía cambiarse debido a que los votantes de la Oposición de entonces salían mucho más de vacaciones durante ese período que los de la Concertación, pensé que estaba haciendo una broma.
El señor PROKURICA .- ¡No!
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Entonces, me parece vergonzoso que las personas proclives al Gobierno, que tienen más dinero que quienes votan por nosotros, salgan de vacaciones más fluidamente que el resto del pueblo.
Por tanto, deberíamos dedicarnos a corregir esa anomalía más que lo relativo a los plazos.
En tercer lugar, aprovecho de manifestar lo siguiente.
No soy especialista, ni mucho menos, en materias jurídicas. Pero hay un punto en que hemos errado durante estos años: permanentemente estamos modificando la Ley Electoral, la Constitución, diversas institucionalidades.
Ello me deja la sensación de que no hacemos bien las cosas. Persiste un desequilibrio en el régimen presidencial existente, y no hemos sabido resolverlo.
De otro lado, es incomprensible que en un régimen presidencial como el nuestro se nos agravie de la forma como lo han hecho todos los Gobiernos anteriores al golpe militar e incluso posteriores a él.
En consecuencia, deberíamos poner el acento en algunas situaciones que exceden todo límite, como la que ocurre hoy día con Senadores o Diputados (ya sucedió en las Administraciones de la Concertación) que pasan al Gobierno y obligan a la designación de sus reemplazantes.
Ese es un error monumental. Y pido que alguna vez analicemos el punto, porque ello no puede continuar.
En resumen, sigo sosteniendo el mismo criterio. Y seré muy claro al respecto -mi colega Eduardo Frei me hace bromas porque cree que me referiré a él-: con ninguno de los Presidentes de la República de la Concertación tuve problemas en los términos de lo que le ha sucedido al Senador señor Coloma.
Sin embargo, sí los tuve con algunos Ministros. Y esto me parece una equivocación monumental, porque, como dijo Jacques Maritain la cortesía forma parte de la democracia.
Entonces, si no actuamos de otra manera, vamos a generar condiciones...
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Tiene un minuto adicional.
El señor PROKURICA .- ¡Dele más tiempo, señor Presidente!
El señor RUIZ-ESQUIDE .- Termino en 30 segundos.
Decía que vamos a generar condiciones para que se suscite un conflicto serio entre el Ejecutivo y el Parlamento si las personalidades que dirigen las instancias gubernamentales son proclives a no alcanzar acuerdos.
Ya se nos presenta un conflicto con el hecho de que la sede del Parlamento se halle en Valparaíso. Con todo respeto por esta ciudad, considero que se trata de un error monumental que no hemos podido solucionar.
Por eso, señor Presidente, aprobaré el proyecto para seguir la corriente y dar la posibilidad de que se reúnan los votos necesarios. Pero quiero dejar en claro mi pensamiento en esta materia.
Voto a favor.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (25 votos favorables), dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Alvear y Pérez (doña Lily) y los señores Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Escalona, Espina, García, Girardi, Kuschel, Lagos, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Tuma, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor PIZARRO (Presidente).- Señores Senadores, después de este arduo debate, hay que fijar plazo para presentar indicaciones.
El señor LARRAÍN.- Propongo el 8 de marzo.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- ¿Qué sugiere el Gobierno, señor Ministro?
El señor LARROULET ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).- La segunda semana de marzo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Parece preferible el 14 de marzo.
--Se fija plazo para formular indicaciones hasta el lunes 14 de marzo, a las 13.
ENMIENDA DE LEY SOBRE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 20.248, sobre subvención escolar preferencial, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7187-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 73ª, en 7 de diciembre de 2010.
Informe de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 87ª, en 18 de enero de 2011.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ( Secretario General subrogante ).- El proyecto persigue como objetivo principal aumentar la subvención escolar preferencial y perfeccionar algunos mecanismos relativos a su implementación.
La Comisión discutió esta iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Chadwick, Navarro, Quintana e Ignacio Walker.
El texto que se somete a la consideración del Senado se puede consultar en la parte pertinente del boletín comparado.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- En discusión general.
Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente , deseo recalcar que nos hallamos ante una iniciativa muy importante.
Como todos sabemos, en el año 2008, bajo el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , el Congreso Nacional aprobó un proyecto sobre subvención escolar preferencial complementario de la subvención general, que constituye el mecanismo de financiamiento de la educación chilena.
La subvención escolar preferencial va dirigida a los alumnos más vulnerables de las escuelas públicas y también de las particulares subvencionadas.
Por lo tanto, implica mayor cantidad de plata para atender a los alumnos más pobres.
Eso es lo que significa el proyecto: destinar anualmente 180 mil millones de pesos (360 millones de dólares) a financiar la Subvención Escolar Preferencial.
En su aplicación, desde el año 2008, la ley N° 20.248 ha presentado bastantes problemas, deficiencias y limitaciones desde el punto de vista de su implementación. Doy un solo ejemplo. Hoy se encuentran prácticamente empozados -término que uno escucha en estos días- en los municipios, porque no pueden gastarlos, alrededor de 40 mil millones de pesos (más o menos 80 millones de dólares). ¿Por qué? Porque la aplicación de esos fondos, que tienen una finalidad muy loable e importante desde la perspectiva de la equidad y la justicia social, es muy rígida. Entonces, el departamento jurídico de la respectiva Contraloría Regional plantea objeciones que impiden usar esa gran cantidad de dinero.
Por eso, esta iniciativa, aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y acogida en general, en la misma forma, en la Comisión de Educación del Senado, aspira a incrementar los recursos destinados a la Subvención Escolar Preferencial en aproximadamente 20 por ciento, lo que arroja 38 mil millones de pesos adicionales para el 40 por ciento de los educandos prioritarios, distinguiendo entre el primer quintil más pobre, para el cual el alza propuesta corresponderá a 28 por ciento, y el segundo quintil, donde el aumento será de 14 por ciento.
El costo financiero total del proyecto alcanza a la cifra indicada: 38 mil millones de pesos.
Alguien podría preguntarse por qué se incrementa la SEP si ya existen problemas para gastar lo aprobado en 2008.
Por eso durante el debate de la iniciativa en el segundo trámite legislativo, junto con aumentar los montos de la Subvención Escolar Preferencial procuraremos flexibilizar y regular mejor la manera de gastar esos recursos, por ejemplo, contratando profesionales -psicólogos, orientadores familiares, neurólogos- para hacer frente a todo el cúmulo de problemas asociados a la educación vulnerable, ya sea pública o particular subvencionada, y, eventualmente, aumentando las remuneraciones de los profesores u otros profesionales.
Eso otorgará mayor margen al sostenedor, ya sea en la educación pública (el municipio) o en la particular subvencionada, para utilizar en forma más eficiente y flexible los recursos que estamos aprobando.
Por las razones anotadas, se justifica plenamente que el Senado apruebe en general el proyecto. Y en la discusión en particular esperamos perfeccionar los mecanismos de aplicación de la ley que se modifica, a partir de la experiencia de estos dos primeros años.
Antes de concluir, quiero señalar que los fondos de que se trata son adicionales a los consignados en la iniciativa que aprobamos ayer, sobre mejoramiento de la calidad y equidad de la educación escolar, y en el Protocolo suscrito con el Gobierno por parlamentarios de la Coalición por el Cambio y de la Concertación.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , en mi opinión, esta iniciativa es relevante debido a que, en el año 2008, la Subvención Escolar Preferencial se creó en el contexto de fuertes desconfianzas. Al final se logró vencerlas mediante la aprobación de la normativa pertinente; pero ellas se reflejaron en diversos mecanismos que, como hoy se demuestra, hicieron difícil la aplicación de la ley.
Es indudable que la Subvención Escolar Preferencial determinó el criterio de atender, por la vía de la definición de la vulnerabilidad, a un sector de los alumnos más carenciados y con mayores dificultades. Sin embargo, cierta desconfianza ancestral acerca de la utilización adecuada de los recursos conllevó establecer en el articulado rigideces que ahora me parece enteramente razonable corregir, pues a corto andar se demostró la necesidad de rectificarlas.
De todas maneras, pienso que en la discusión en particular debería abrirse la posibilidad, sobre todo por parte del Ejecutivo, de estudiar enmiendas -para incluirlas en el texto que nos ocupa o en otro misceláneo- que apunten a corregir problemas graves que afecten el financiamiento de la educación en Regiones, en especial en aquellas que usualmente enfrentan dificultades climáticas mayores, como la de Los Lagos. Pero no es la única.
Cuando fui Diputado por un distrito de la Octava Región, allí también existía un problema muy serio con el sistema de entrega de la subvención escolar sobre la base del promedio de asistencia a clases.
Ese criterio afecta de modo determinante el financiamiento de los colegios ubicados en zonas muy lluviosas, las cuales son numerosas en nuestro país.
En invierno, los fenómenos climáticos perjudican enormemente a los municipios de esos lugares, ya que los recursos que reciben disminuyen por la fuerte merma de asistencia a clases que aquellos originan. Y, en verdad, el asunto es muy sensible.
Conozco municipalidades que, en época de temporales, en un mes pueden ver reducidos sus ingresos en más de la mitad. Y este es un problema crónico, que ha sido planteado por los alcaldes a través de la Asociación Chilena de Municipalidades y que no se ha resuelto.
En el caso de la Región que tan brillantemente representa aquí el Senador Ruiz-Esquide, en cierta oportunidad, a raíz de un temporal, el municipio de Lebu vio afectados sus recursos en dos terceras partes. Y tal hecho no tuvo ninguna solución.
Alguien podría decir que esas circunstancias no corresponden exactamente a la idea matriz del proyecto. En realidad, ello es discutible. Todas estas situaciones son opinables desde el punto de vista de la técnica legislativa. Pero permítaseme exponer lo siguiente.
En mi Región (de Los Lagos), la Agrupación de Municipios del Borde Costero, que reúne a un conjunto de entidades edilicias donde hay alcaldes de Gobierno y de Oposición -independiente de que un año atrás los entonces de Gobierno ahora son de Oposición; y, al revés, los otrora de Oposición hoy son de Gobierno-, solicitó resolver el problema del financiamiento, que experimenta una fuerte merma en los meses en que las municipalidades necesitan más recursos para enfrentar las dificultades que les provoca el invierno. Paradójicamente, cuando precisan más ingresos, menos reciben, por la modalidad de pago de la subvención escolar.
En vista de esa importante cuestión por resolver, señor Presidente , desearía que el Ejecutivo pusiera especial atención al respecto en el trámite de segundo informe de la iniciativa.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación la idea de legislar.
El señor PROKURICA.- Se encuentran funcionando dos Comisiones, señor Presidente. Hay que pedir a sus integrantes que acudan a votar.
El señor CANTERO.- Existe quórum suficiente.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Sí. Hay quórum, salvo que no todos Sus Señorías se pronuncien.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (20 votos a favor y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Pérez (doña Lily) y los señores Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Orpis, Prokurica, Ruiz-Esquide, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
No votó, por estar pareado, el señor Pizarro.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se debe fijar plazo para formular indicaciones.
Sugiero hasta el 14 de marzo, a las 13.
El señor CANTERO.- Bien.
El señor WALKER (don Ignacio).- Conforme.
--Así se acuerda.
EXIGENCIA DE CINTURONES DE SEGURIDAD Y LIMITADORES DE VELOCIDAD EN BUSES DE TRANSPORTE PÚBLICO
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, con la finalidad de exigir cinturones de seguridad y artefactos técnicos limitadores de velocidad en los buses de transporte público, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3800-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 1ª, en 13 de marzo de 2007.
Informe de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 87ª, en 18 de enero de 2011.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).- Los principales objetivos de la iniciativa son:
1.- Establecer que los buses de transporte interurbano público de pasajeros cuyo año de fabricación sea 2008 en adelante deberán estar equipados en todos sus asientos con cinturón de seguridad. En los buses de transporte privado interurbano de pasajeros, dichas exigencias serán aplicables en vehículos cuyo año de fabricación sea 2012 o posterior.
2.- Disponer que las mismas obligaciones contempladas para los vehículos de transporte escolar, esto es, estar equipados con cinturón de seguridad para todos sus pasajeros y su uso obligatorio en todos los vehículos cuyo año de fabricación sea 2012 en adelante, regirán para los minibuses.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió el proyecto en general y en particular por tratarse de aquellos de artículo único, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señora Rincón y señores Chahuán y Novoa).
En cuanto a la discusión en particular, el referido órgano técnico efectuó diversas enmiendas al texto despachado por la Cámara de Diputados, las que fueron acordadas en forma unánime por los Senadores señora Rincón y señores Chahuán, Letelier y Novoa.
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El señor PIZARRO ( Presidente ).- Antes de iniciar el tratamiento de la iniciativa, recuerdo a Sus Señorías que estamos a la espera de la propuesta que formulará la Comisión Bicameral para los efectos de designar a los miembros del Comité de Auditoría Parlamentaria.
Por lo tanto, les solicito no alejarse de la Sala porque se necesita quórum especial para aprobarla.
)------------------(
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.
El señor CANTERO.- ¡Señor Presidente , abra la votación!
El señor PIZARRO (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier, para fundamentar su voto.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , este proyecto tuvo su origen en el contexto dramático de aquel accidente carretero donde varias personas perdieron la vida, al que luego le siguió otro un par de días después, que dejó lesionados a muchos usuarios del transporte de buses interprovinciales. Ello generó un debate acerca de los implementos de seguridad.
Me tocó presidir accidentalmente la Comisión cuando se aprobó la iniciativa. En ella se produjo una discusión que quisiera explicitarla aquí para la historia de la ley.
Como se sabe, el transporte público de pasajeros está clasificado en tres categorías: urbano, rural, interurbano o interprovincial.
El debate se desarrolló respecto de algunos vehículos que han aparecido en este último tiempo para cumplir la función de transporte de pasajeros, en particular los minibuses, lo cual figuraba en el proyecto original propuesto por el Ejecutivo como una explicitación.
En la Comisión se procuró no dejar establecido ese concepto, por cuanto lo primero que se desea es legislar a fin de generar medios de seguridad para el transporte público de pasajeros, como regla general, en las tres categorías que mencioné, y no entrar en una definición que deberá explicitarse en otro cuerpo legal, o en otro momento, sobre qué tipo de vehículos pueden cumplir esa función.
Respecto de esto último la situación es muy diferente según la Región de que se trate y las distancias. No es fácil determinarlo. Pero el criterio general es que los minibuses o las combis, que a veces efectúan transporte escolar, que ya tienen su reglamentación, están siendo utilizados -perdonen la expresión- en forma "pirata" para transportar personas a las playas en la época estival, generando riesgos de seguridad bastante amplios.
No quisimos entrar en esa precisión en esta iniciativa legal -por eso hubo la modificación en la Comisión-, en el entendido de que íbamos a considerar un criterio genérico y que se dejaría constancia de que la opinión de la Comisión es no autorizar, en caso alguno, el uso de minibuses para el transporte interprovincial. La tendencia es privilegiar a los vehículos más grandes para el transporte público de pasajeros en las tres categorías señaladas, pero no a los taxis básicos ni a los taxis colectivos. La idea es evitar la utilización de vehículos que presentan mayor riesgo cuando se trata del traslado de pasajeros, excluyéndose, por cierto, a aquellos relacionados con el transporte privado que realizan algunas empresas, que son de otra naturaleza.
Señor Presidente , nos pronunciaremos a favor de la iniciativa en el entendido de que queda un debate pendiente, no en cuanto a los implementos de seguridad, sino sobre qué tipo de vehículos prestan servicios de transporte público de pasajeros en zonas rurales, donde algunos quieren autorizar a los minibuses.
Sobre el particular, la mayoría de la Comisión estuvo en una posición absolutamente contraria. La Subsecretaria, quien concurrió como Ministra subrogante , concordó también con la opinión mayoritaria del referido órgano técnico.
Por lo anterior, votaremos a favor del proyecto.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, ante todo, debo decir que nos vamos a pronunciar favorablemente sobre esta iniciativa legal.
Creo que esta tarde se han dado dos coincidencias. Cabe destacar, lo planteado por el Senador Coloma, en el sentido de que proyectos presentados por parlamentarios posteriormente no son valorados. Por eso en esta oportunidad quiero hacer un reconocimiento al ex Diputado Ramón Pérez Opazo , con quien el año 2000, junto con el Honorable señor Horvath , presentamos una moción -en realidad, lo acompañamos; él fue su autor- para establecer la obligatoriedad de la instalación y el uso de cinturones de seguridad en los buses interurbanos.
Asimismo, es preciso dejar en claro que este proyecto no nace de una idea nueva, ni es producto del accidente al que hizo referencia un señor Senador, sino que es bastante más antiguo. Y tiene una lógica, cual es que a veces, cuando ocurre un accidente de un bus que transporta 50 ó 60 pasajeros, estos no mueren a raíz del volcamiento o del choque, sino del desprendimiento de los cuerpos y de la velocidad con que se golpean...
El señor CANTERO.- Por la inercia.
El señor PROKURICA.- Por la inercia -como muy bien dice mi "profesor de Física", el Senador Cantero-, que los lanza fuera del vehículo y son aplastados, o bien, los arroja contra alguna de las partes interiores de aquel.
Quería recordar al ex Diputado Ramón Pérez Opazo , quien representaba a Iquique y formuló esta idea hace once años, la que hoy día se puede materializar en una ley.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente , el accidente carretero ocurrido hace unos meses en la Autopista del Sol, provocó la muerte de un número importante de pasajeros. Junto con el Senador Lagos participamos en la despedida de las personas fallecidas y acompañamos en la morgue a los familiares de las víctimas de aquel fatídico viaje de San Antonio a Santiago, donde el propio alcalde de San Antonio perdió a su hermana.
Dicho accidente motivó justamente que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones le pusiera urgencia a este proyecto de ley, lo que fue largamente solicitado por parlamentarios.
Esta iniciativa recoge también la moción presentada en su oportunidad por los Diputados (actuales Senadores) señores Prokurica , Horvath y Navarro , entre otros, quienes sostenían que no solo era necesaria la obligación de que aquellos medios de transporte contaran con cinturones de seguridad, sino también la de que los pasajeros los usaran, medida que me parece importante.
Este proyecto de ley distingue respecto a los años de fabricación de los vehículos: en el caso de los buses de transporte público interurbano, las obligaciones vinculadas con el cinturón de seguridad regirán para los fabricados a partir de 2008, y en el de los de transporte privado interurbano, para los fabricados a contar del año 2012.
Con esta iniciativa se tiende justamente a conseguir mayor seguridad vial.
Se establece asimismo la manera de hacer exigible el uso del cinturón de seguridad.
Conversé en su oportunidad con la Ministra de Transportes subrogante, señora Gloria Hutt, sobre la posibilidad de que a las personas que no cumplieran aquella exigencia incluso se las hiciera bajar del transporte interurbano, y, adicionalmente, en cuanto a la necesidad ineludible de que los minibuses contaran con dichos elementos de seguridad y los pasajeros los usaran.
La obligación en comento ya se estableció en la Ley de Tránsito respecto a los vehículos de transporte escolar.
Sin embargo, el proyecto que nos ocupa procura satisfacer una necesidad imperiosa, como respuesta -lamentablemente, en nuestro país se legisla por reacción- a las muertes registradas en el ya aludido fatídico accidente de la ruta San Antonio-Santiago (como dije, con el Senador Lagos acompañamos a los familiares de las víctimas fatales).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , voy a votar afirmativamente, pero quiero referirme a un problema que me llama la atención, el cual no emana del texto que nos ocupa, sino de la ley que ahora se está modificando.
La ley N° 18.290 estableció el uso obligatorio del cinturón de seguridad en todos los vehículos livianos y en los de transporte escolar. En este último caso, la exigencia se impuso para los vehículos fabricados a partir de 2007; o sea, los de años anteriores, que son tal vez los de mayor riesgo, no tienen obligación de contar con el equipamiento respectivo.
Ahora, en el proyecto que nos ocupa volvemos sobre el mismo punto: se consigna el requisito del cinturón de seguridad para los buses que presten servicio de transporte público interurbano de pasajeros fabricados desde 2008; y respecto a los minibuses se establece la obligación para los fabricados a partir de 2012. Es decir, sobre los vehículos de años anteriores a los señalados no pesará la obligación en comento.
Entonces, hago presente tal situación. Porque, si estamos convencidos de que el uso del cinturón de seguridad es necesario en los vehículos de transporte de pasajeros, particular o público, lo lógico es que la obligación recaiga sobre todos ellos.
Quizá sea necesario revisar esta iniciativa. Y, si estoy equivocado, me alegraría que me lo demostraran. Pero de la simple lectura del texto surge la contradicción.
En todo caso, votaré afirmativamente, pues de todas maneras se mejora la ley vigente.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (22 votos a favor y 2 pareos).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Pérez (doña Lily) y los señores Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Letelier, Longueira, Novoa, Orpis, Prokurica, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
No votaron, por estar pareados, los señores Gómez y Pizarro.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Si ningún señor Senador solicitara plazo para presentar indicaciones, podríamos despachar la iniciativa también en particular, con la misma votación anterior.
Empero, el Honorable señor Zaldívar hizo presente la necesidad de revisar ciertas materias.
¿Fijamos plazo para presentar indicaciones?
El señor CANTERO.- Sí, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Hasta el 14 de marzo, a las 13?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- De acuerdo.
--Así se resuelve.
DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES DE COMITÉ DE AUDITORÍA PARLAMENTARIA
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Conforme a lo resuelto al inicio de esta sesión, el Senador señor Gómez , Presidente de la Comisión Bicameral respectiva, informará acerca de los acuerdos adoptados por dicho órgano sobre la proposición que debe hacer a la Sala para el nombramiento de los miembros del Comité de Auditoría Parlamentaria, según lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, el cual tiene que implementarse antes del 31 de enero próximo.
Para la aprobación de la propuesta se requieren 22 votos favorables.
Por tanto, les solicito a Sus Señorías permanecer en el Hemiciclo hasta el momento de la votación.
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente , como la Honorable Sala sabe, se modificó la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para establecer un Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y un Comité de Auditoría Parlamentaria.
El primer órgano ya fue nombrado, conforme a lo prescrito por la referida Ley.
Ahora estamos hablando del Comité de Auditoría Parlamentaria, previsto en el artículo 66 A de nuestra Ley Orgánica, el cual dice que "será un servicio común del Congreso Nacional y estará encargado de controlar el uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria y de revisar las auditorías que el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional efectúen de sus gastos institucionales. A propuesta de una Comisión Bicameral" -agrega- "integrada por cuatro diputados y cuatro senadores, elegidos por la Sala de la Corporación a la que pertenecen, se reglamentará la forma en que el Comité cumplirá sus funciones.".
Ayer presentamos a la Sala del Senado el Reglamento del Comité de Auditoría Parlamentaria, el cual fue aprobado. Y hoy ocurrió lo propio en la Cámara de Diputados.
La Comisión Bicameral está integrada por los Senadores señores Horvath , Novoa , Letelier y quien habla, y por los Diputados señores Vallespín , Farías , Melero y Araya.
Los postulantes al Comité de Auditoría Parlamentaria fueron propuestos a la Comisión Bicameral por el Consejo de Alta Dirección Pública. Un comité de selección entrevistó a una gran cantidad de interesados, y, finalmente, el referido Consejo nos entregó tres ternas, una para cada cargo: el de abogado, el de profesional especialista en auditoría y el de contador auditor.
En la Comisión Bicameral entrevistamos a los tres abogados y a los tres profesionales especialistas en auditoría propuestos. Revisamos sus currículum y estudiamos los antecedentes que nos envió la Alta Dirección Pública.
En el caso del contador auditor solo pudimos entrevistar a una de las personas propuestas. Al final de mi exposición le explicaré a la Sala el planteamiento de la Comisión Bicameral sobre el particular.
Como expresé, entrevistamos a los tres abogados sugeridos por el Consejo de Alta Dirección Pública. Realizamos un análisis completo acerca de sus aptitudes y conocimientos, y de todo lo que significa integrar el recién creado Comité de Auditoría Parlamentaria (sus finalidades, objetivos y funcionamiento).
En definitiva, la Comisión Bicameral acordó, por unanimidad, proponer a las Salas de ambas Cámaras al abogado señor Eduardo Enrique Pérez Contreras , quien, durante su conversación con aquella, explicó ampliamente la forma como, a su juicio, debe funcionar el nuevo ente.
El señor Pérez tiene amplia experiencia profesional. Es un abogado de la Universidad Católica de Chile. Cuenta con diplomados. Exhibe un currículum -yo diría- bastante significativo. Ha trabajado en las áreas privada y pública. Se ha desempeñado profusamente en el ámbito académico.
Nos asiste la convicción, señor Presidente , de que la persona en comento nos permitirá iniciar en el Comité de Auditoría Parlamentaria un proceso en las condiciones adecuadas.
Luego, en el caso del profesional especialista en materias de auditoría, también tuvimos la oportunidad de revisar todos los antecedentes que nos envió el Consejo de Alta Dirección Pública.
Este órgano, después de una labor exhaustiva en torno a los candidatos, nos propuso los nombres de tres personas.
Conversamos largamente con ellas. Analizamos sus características, su experticia desde el punto de vista profesional. Unas vienen desde el ámbito privado; otras, desde el público. Y tienen diferentes especialidades y conocimientos.
Señor Presidente , después de una conversación interna, la Comisión Bicameral decidió proponer para el cargo pertinente a don Bernardo Patricio Mateluna Pacheco.
El señor Mateluna es contador auditor de la Universidad de Chile. Tiene estudios en el ámbito internacional. Es diplomado en la Universidad Católica. Fue consultor del BID. Trabajó en empresas privadas.
En nuestro concepto, el señor Bernardo Mateluna es el componente preciso para realizar el proceso de instalación de la instancia tan nueva que es el Comité de Auditoría Parlamentaria.
Esos son los dos nombres que, por unanimidad, la Comisión Bicameral decidió someter a la consideración de ambas Cámaras.
Respecto al contador auditor, resolvimos pedirles a las Salas que, teniendo en cuenta que la Comisión Bicameral no pudo entrevistar a los tres postulantes elegidos por el Consejo de Alta Dirección Pública, la autoricen para hacerlo durante la primera semana de marzo, a los efectos de proponer luego a la persona que estime adecuada para integrar el equipo pertinente.
Señor Presidente , si las Salas de ambas Cámaras aprueban la designación de los señores Enrique Pérez y Bernardo Mateluna , con estos dos profesionales podrá constituirse el Comité de Auditoría Parlamentaria.
Es efectivo que debemos cumplir ciertos plazos. Pero pensamos que, en una tarea como esta, la responsabilidad que debemos asumir es lo suficientemente significativa como para aprobar ahora el nombramiento del abogado y del especialista en materias de auditoría, para en la primera semana de marzo, una vez que entrevistemos a los restantes candidatos -ya expliqué que solo nos reunimos con uno-, pronunciarnos sobre la designación del contador auditor.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Si hubiera acuerdo, podríamos pronunciarnos sobre la proposición de la Comisión Bicameral.
Como debemos consignar los votos emitidos, por el quórum que se exige, les pido a los señores Senadores pronunciarse a favor en los términos que planteó el Honorable señor Gómez.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante).- En consecuencia, corresponde votar la propuesta de la Comisión Bicameral para designar en el cargo de abogado del Comité de Auditoría Parlamentaria al señor Eduardo Enrique Pérez Contreras , y en el de especialista en materias de auditoría, a don Bernardo Patricio Mateluna Pacheco.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueban ambas designaciones (23 votos favorables), dejándose constancia de que se reunió el quórum exigido.
Votaron las señoras Alvear y Pérez (doña Lily) y los señores Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, García, Gómez, Horvath, Larraín, Letelier, Longueira, Navarro, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Sabag, Tuma, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- El Senador señor Gómez desea hacer un alcance.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente , solo quiero hacer presente que la Comisión Bicameral tiene facultad para nombrar al coordinador del Comité de Auditoría Parlamentaria.
En principio, decidimos que ejerza dicho cargo el abogado.
El señor CANTERO.- El señor Eduardo Pérez.
El señor GÓMEZ.- Sí.
Señor Presidente , la Comisión Bicameral pidió también que respecto del tercer cargo, el de contador auditor, se la autorizara para proponer el nombre en la primera semana de marzo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Así es.
El señor GÓMEZ.- Pero ello no quedó claro en la forma como planteó la votación el señor Secretario.
Por eso le pido, señor Presidente...
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Eso fue parte de su informe, señor Senador. Y todos entendimos que se accedía a lo que Su Señoría solicitaba.
En todo caso, ratifico el acuerdo de la Sala en los términos que señaló el Honorable señor Gómez, con la misma votación anterior.
El señor GÓMEZ.- Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PROKURICA .- ¡El colega Gómez está atrasado en comprensión de lectura...!
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El señor PIZARRO (Presidente).- Señores Senadores, en la tabla solo queda el proyecto de acuerdo que aprueba la Convención de Asistencia Mutua en Materia Penal.
Además, se solicitó incluir el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio 187, sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo, que viene aprobado por unanimidad, y un proyecto de acuerdo, presentado por el Honorable señor Horvath y numerosos otros Senadores, de todos los sectores políticos, mediante el cual se le pide al Presidente de la República que interceda para "poner de acuerdo a las partes, Empresas Sanitarias, Superintendencia de Servicios Sanitarios y regantes agrícolas y ganaderos que utilizan aguas servidas y/o tratadas, sin afectar un derecho de uso y patrimonial de los regantes, evitando un engorroso proceso judicial", etcétera.
Sugiero a la Sala tratar los tres proyectos de acuerdo y terminar el Orden del Día.
El señor NOVOA.- ¿Son todos proyectos de acuerdo?
El señor PIZARRO (Presidente).- Los dos primeros son convenios. El último, no; sobre él debemos pronunciarnos en el Tiempo de Votaciones.
El señor NAVARRO.- ¿Habrá hora de Incidentes?
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Sí, una vez terminado el Tiempo de Votaciones.
¡Imagino que Su Señoría querrá despedirse en Incidentes de esta temporada...!
El señor NAVARRO.- ¡Y el Senador Quintana, también...!
El señor PIZARRO ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo en los términos expuestos?
--Así se acuerda.
CONVENCIÓN DE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse del proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio de la Convención de Asistencia Mutua en Materia Penal, suscrita en Estrasburgo el 20 de abril de 1959, y sus protocolos adicionales, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6786-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 62ª, en 27 de octubre de 2010.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores: sesión 87ª, en 18 de enero de 2011.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).-
El objetivo principal del Convenio es el de que los Estados Partes se proporcionen la más amplia asistencia mutua en los procedimientos relativos a delitos cuya represión en el momento de pedir la asistencia sea de competencia de las autoridades judiciales del país requirente.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó esta iniciativa en general y en particular por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Kuschel, Larraín, Letelier y Tuma), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
En discusión general y particular.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo (22 votos a favor y un pareo), el cual queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Pérez (doña Lily) y los señores Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, Horvath, Larraín, Letelier, Longueira, Navarro, Novoa, Orpis, Prokurica, Quintana, Sabag, Tuma, Walker don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
No votó, por estar pareado, el señor Pizarro.
CONVENIO Nº 187 DE OIT, SOBRE MARCO PROMOCIONAL PARA SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Convenio Nº 187, sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo", con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7386-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 85ª, en 11 de enero de 2011.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores: sesión 89ª, en 19 de enero de 2011.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
El objetivo principal del instrumento es promover, con el fin de prevenir lesiones, enfermedades y muertes ocasionadas por el trabajo, el mejoramiento continuo de la seguridad y la salud mediante el desarrollo de una política, un sistema y un programa nacional en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores.
La Comisión aprobó la iniciativa en general y en particular por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Larraín, Kuschel, Letelier y Tuma, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
En discusión general y particular.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARROULET ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Seré muy breve, señor Presidente.
El proyecto de acuerdo, muy relevante, fue impulsado a raíz del accidente en la mina San José, en la Región de Atacama, el cual dio lugar a la formación de una comisión especial cuya primera recomendación fue la de aprobar el Convenio Nº 187, de la OIT, que apunta a mejorar la seguridad en el trabajo.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo (19 votos a favor y un pareo).
Votaron las señoras Alvear y Pérez (doña Lily) y los señores Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, García, Horvath, Larraín, Letelier, Longueira, Navarro, Novoa, Orpis, Prokurica, Tuma, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
No votó, por estar pareado, el señor Pizarro.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES
REFORMA INTEGRAL DE SISTEMA PENITENCIARIO. PROYECTO DE ACUERDO
El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señoras Alvear, Allende, Pérez San Martín y Rincón y señores Orpis, Chahuán, Escalona, Eduardo Frei, García, Horvath, Larraín, Letelier, Longueira, Novoa, Pérez Varela, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar, referido a la presentación de un plan de reforma integral al sistema penitenciario.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1330-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 87ª, en 18 de enero de 2011.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El propósito que se persigue es solicitar al Ejecutivo la presentación del plan a que se ha hecho referencia, que contemple metas que abarquen la creación de una nueva institucionalidad, separada de Gendarmería de Chile; el fortalecimiento de las alternativas a la prisión; la regulación de la figura de juez de ejecución de penas y la creación de una nueva infraestructura penitenciaria.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (15 votos a favor y un pareo).
Votaron la señora Alvear y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), Horvath, Kuschel, Lagos, Longueira, Navarro, Orpis, Prokurica, Ruiz-Esquide y Zaldívar (don Andrés).
No votó, por estar pareado, el señor Pizarro.
UTILIZACIÓN DE AGUAS TRATADAS. PROYECTO DE ACUERDO
El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de acuerdo, presentado por los Honorables señores Letelier, Horvath, Gómez, Kuschel, Sabag, Prokurica, Chahuán, Larraín, García, señora Pérez (doña Lily) y señores Zaldívar (don Andrés) y Pizarro, respecto de la utilización de aguas tratadas por sanitarias.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1333-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 89ª, en 19 de enero de 2011.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- En virtud del texto, el Senado pediría al Presidente de la República interceder para poner de acuerdo a las partes, empresas sanitarias, Superintendencia de Servicios Sanitarios y regantes agrícolas y ganaderos que utilizan aguas servidas o tratadas, sin afectar un derecho de uso y patrimonial de los regantes, de modo de evitar un engorroso proceso judicial, en el cual se podría concurrir al Tribunal Constitucional y otras instancias. El objetivo es lograr una concordancia en tiempo breve y salvaguardar el derecho de miles de agricultores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (18 votos a favor y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Pérez (doña Lily) y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, Horvath, Larraín, Letelier, Longueira, Navarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Tuma y Zaldívar (don Andrés).
No votó, por estar pareado, el señor Pizarro.
VII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro del Interior , a la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo , al señor Ministro de Agricultura , y a la señora Intendenta de la Undécima Región , formulándoles planteamientos sobre PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y PROYECTO DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS (Región de Aysén).
Al señor Ministro de Economía , al señor Presidente del Consejo Directivo del Sistema de Empresas y al señor Vicepresidente de la Corporación de Fomento de la Producción , pidiendo REVISIÓN DE DECISIÓN DE VENTA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL EN SANITARIAS, POR RAZONES ECONÓMICAS, SOCIALES, AMBIENTALES Y ESTRATÉGICAS.
De los señores HORVATH, CHAHUÁN, LARRAÍN, PÉREZ (doña Lily), PROKURICA, SABAG y ZALDÍVAR (don Andrés):
A Su Excelencia el señor Presidente de la República , con el objeto de pedirle INTERCESIÓN CON MIRAS A ACUERDO SOBRE UTILIZACIÓN DE AGUA EN TRATAMIENTO POR SANITARIAS.
Del señor NAVARRO:
Al señor Ministro del Interior , al señor Ministro de Relaciones Exteriores , al señor Ministro de Justicia , al señor Ministro de Salud , al señor Ministro de Agricultura , al señor Ministro de Minería y Energía , al señor Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y a la señora Ministra del Medio Ambiente , para que informen sobre NÚMERO DE EXTINTORES EN MINISTERIO RESPECTIVO, PROVEEDOR Y CUMPLIMIENTO DE CONVENIO MARCO DE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS.
Del señor PROKURICA:
Al señor Ministro de Salud , solicitando información sobre EVENTO DE IRREGULARIDAD EN ATENCIÓN DE URGENCIA A SEÑORA DESLINDA LEMUS EN HOSPITAL PROVINCIAL DE HUASCO.
Del señor RUIZ-ESQUIDE:
Al señor Ministro de Obras Públicas , pidiéndole antecedentes acerca de DAÑOS EN COMUNAS AFECTADAS POR TERREMOTO Y MAREMOTO DE 27 DE FEBRERO DE 2010.
Del señor WALKER (don Ignacio):
Al señor Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública , para que informe sobre CONCURSO PARA PROVISIÓN DE DIRECTOR DE SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO-SAN ANTONIO.
Del señor ZALDÍVAR (don Andrés):
Al señor Subsecretario de Telecomunicaciones , requiriéndole información sobre CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EN INSTALACIÓN DE ANTENA PARA TELEFONÍA CELULAR EN COMUNA DE HUALAÑÉ.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- En Incidentes, los Comités Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Independientes, Socialista y Demócrata Cristiano no intervendrán.
En el tiempo del Comité Partido Por la Democracia, tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
INSTALACIÓN DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA EN COMUNA DE ANGOL. OFICIOS
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , deseo referirme a un hecho que preocupa a la Región de La Araucanía, en particular a los habitantes de la comuna de Angol, relacionado con la aprobación de un proyecto para construir una central hidroeléctrica de paso en la cuenca del río Picoiquén, lo que representa una inversión de 45 millones de dólares. La instalación inyectaría una potencia neta de alrededor de 19,2 megavatios al sistema interconectado central.
Quisiera llamar la atención sobre este último punto, porque, a partir de un umbral un poco más alto, de 20 megavatios, se requiere un estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, aquí se ha actuado en el límite, y las dudas de la comunidad de Angol y de la provincia de Malleco, en general, dicen relación con los efectos que se pudieran ocasionar, no solo en el río Picoiquén, sino también en toda la comuna, dado que ese cauce, de agua limpia, es el que la surte de agua potable. No hay otro.
El hecho de que el proyecto se haya aprobado el 29 de diciembre recién pasado sin realizarse previamente una presentación por su titular, la empresa de inversionistas italianos Hidroangol, es un motivo de inquietud para la comunidad, naturalmente, como asimismo el que tampoco se haya llevado a cabo la consulta que se contempla para estos aspectos.
He leído en la prensa algunas declaraciones del Director del Servicio de Evaluación Ambiental de La Araucanía que son bastante preocupantes, no solo por emitir juicios políticos, sino también porque se podría incluso pensar que se ha intentado facilitar en demasía la labor de la empresa y no así el rol de este organismo medioambiental. Porque la ley, al crearse el Ministerio del Medio Ambiente, apuntó a defender a las personas y particularmente a la biodiversidad -la flora y la fauna-, que se ve afectada claramente.
Ese funcionario señaló, textualmente, que el proyecto "produce el menor impacto ambiental posible, que no va a hacer que el río se seque ni tampoco va a hacer que proliferen los coliformes fecales como dijo alguno de los que intervinieron ahí." Hacía referencia a los vecinos que participaron en una asamblea.
Agregó: "Y yo creo que está bastante ideologizada la discusión y no es en base a criterios técnicos" y "lógicamente no son reales los temores que la gente por lo menos alegaba".
Siguiendo con la entrevista que dio a un diario regional, expresó: "Y yo creo que está muy ideologizada por los grupos ambientalistas, los intereses políticos, por muchas cosas que en todo caso escapan a la evaluación del proyecto y que yo no tengo en consideración para evaluar."
Cuando se le preguntó si es efectivo que la evaluación de impacto ambiental se hizo teniendo en consideración un río cercano de otra comuna, el Lumaco, puntualizó que "se fue a un río en Lumaco que es muy similar y se extrapolan esos resultados".
Ello resulta muy sorprendente, porque, en el caso de un proyecto que va a intervenir directamente una cuenca, se debe tomar en consideración el curso de agua respectivo y no otro, por muy parecidos que sean. No creo que existan métodos científicos que hagan extrapolable ni comparable una realidad con otra.
Declaró también que "La Dirección General de Aguas es la encargada de hacer el estudio y fija un caudal ecológico", determinado en 751 litros por segundo.
La empresa va a ocupar alrededor de 5 metros cúbicos por segundo, es decir, una proporción inmensa -insisto- del único río que abastece el sistema de agua potable en la ciudad de Angol.
Entre una serie de otros comentarios, el Director del Servicio de Evaluación Ambiental de La Araucanía planteó que "eso es un mito, ¿por qué? Porque las aguas, lo que hace una central de pasada saca el agua del río, la conduce a través de una turbina y la devuelve al río y la devolución de las aguas son de la misma calidad física, química y biológica, no alteran para nada. Y la devolución es anterior a la toma de agua de Aguas Araucanía ," -es la empresa que provee a la comuna de Angol- "por lo tanto nunca, nunca se va a poner en riesgo el abastecimiento de agua potable. Va llegar exactamente la misma cantidad de agua que llegaba antes de la central".
Y siguen los comentarios.
Creo que esta persona, claramente, comete una serie de imprudencias en sus declaraciones. Critica a concejales, a la principal autoridad municipal. Afirma haber actuado como ministro de fe, pero la verdad es que su comportamiento en el proceso se ha visto bastante parcial.
El lunes recién pasado, junto con vecinos de la comuna de Angol y organizaciones sociales y vecinales, presentamos un recurso de reclamación respecto del proyecto, dada la necesidad de proteger la biodiversidad y la flora y fauna del sector.
Sin embargo, el Director señaló en la prensa que ello no reviste ninguna importancia y que la instalación se llevará a cabo de todas maneras.
Y eso que nosotros le manifestamos -además, la ley lo establece expresamente- que, cuando se trata de la conservación de especies, de flora y fauna a extraer, explotar, alterar o manejar, de acuerdo a lo indicado en los listados nacionales de especies en peligro de extinción, vulnerables, raras o insuficientemente conocidas, se requiere un estudio y no una declaración de impacto ambiental.
En este orden de ideas, resulta importante que el Director del Servicio de Evaluación Ambiental constate que en la cuenca del río Picoiquén existe una gran cantidad de fauna, en la que se encuentra el puma chileno; el pudú, el ciervo más pequeño del mundo; la huiña, el felino silvestre más pequeño de Sudamérica; el zorro chilla y el culpeo o zorro colorado; el chingue; el quique; varias especies de roedores silvestres, como el tunduco, ratones oliváceos y de cola larga, el ratón lanudo; murciélagos; el zorro de Darwin o chilote, y muchas otras especies propias de la zona.
En definitiva, señor Presidente, insisto en que el proyecto requería un estudio de impacto ambiental y que no bastaba con una declaración.
No se solicitó un informe al Servicio Agrícola y Ganadero para verificar la existencia de todas las especies que acabo de mencionar y que claramente se hallan en peligro de extinción.
Por lo tanto, voy a pedir el envío de dos oficios:
El primero, a la Contraloría General de la República, con el objeto de que se revise la legalidad del procedimiento y, en especial, se establezca si se ajustó a derecho el pronunciamiento del Director del Servicio de Evaluación Ambiental de La Araucanía , en consideración a que, habiendo solicitado al Alcalde de Angol evacuar un informe a más tardar el 29 de diciembre y sin esperar el vencimiento del plazo para que dicha autoridad pudiera contestar, aprobó el proyecto.
El segundo, al Servicio Agrícola y Ganadero, en razón de que Chile es parte integrante y activa del Convenio CITES, sobre flora y fauna, de modo que era indispensable que dicho organismo se pronunciara sobre la materia.
Esos son los dos oficios que pido enviar con relación al proyecto en la cuenca del río Picoiquén, aprobado recientemente en circunstancias bastante dudosas e irregulares.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- En el turno del Comité Radical Social Demócrata e Independiente, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
ATRASO EN PROCESOS DE ADOPCIÓN. OFICIOS
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , pido oficiar al Ministerio de Justicia y, en particular, al Servicio Nacional de Menores, pues parejas que quieren adoptar me han informado que las carpetas se hallan atrasadas desde el año 2008. Se culpa de ello al terremoto, a pesar de que la demora se remonta a dos años antes.
A una pareja que ha cumplido todos los trámites habidos y por haber se le ha dicho que, para poder adoptar a una niña de entre 2 y 3 años, debe esperar al menos un año y medio para recibirla, lo que es una situación totalmente injusta, sobre todo si se piensa que los menores que se encuentran, en forma institucional, en hogares del SENAME lo están pasando mal, recibiendo malos tratos, e incluso, siendo objeto de abusos sexuales por los cuidadores, como ha sido denunciado.
"Somos un matrimonio idóneo" -me escriben- "que podría entregarle a la pequeña todo lo que necesita, partiendo por mucho amor.".
También me recuerda la mujer, Ximena Valenzuela , la cuestión del posnatal para las madres que adopten a menores sobre seis meses, a las que no les corresponde el beneficio, según la ley, a pesar de que los chiquitos de esa edad son quienes más necesitan apoyo.
Deseo solicitar al Ministerio de Justicia y al SENAME que generen alguna política sobre el particular, o bien, vamos a elaborar un proyecto de ley para permitir que las cosas mejoren.
Numerosas parejas están esperando adoptar a un niño. Numerosas personas abrigan la esperanza de que se les facilite la adopción. Sin embargo, no parece adecuado que para adoptar a niños de 2 a 3 años se tenga que esperar un año y medio para tener contacto con ellos. Esos pequeños están mal.
Peor aún, para las madres que adoptan bebés mayores de seis meses no corre el posnatal, en circunstancias de que debieran tener los mismos derechos que las demás, porque un menor, cuando llega a una familia, pasa por el mismo proceso de adaptación. Se requiere el mismo tiempo para establecer la cercanía, la empatía y el contacto.
En consecuencia, señor Presidente , pido oficiar sobre la situación descrita tanto al Servicio Nacional de Menores como al Ministerio de Justicia.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNA DE SANTA JUANA. OFICIO
El señor NAVARRO.- Pido oficiar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, señor Presidente , para que informe acerca de las fiscalizaciones que ha realizado a la empresa Frontel , dado que en la comuna de Santa Juana, Región del Biobío, se han registrado innumerables cortes de electricidad, por lapsos prolongados y a cualquier hora.
Solicito que se den a conocer las interrupciones de suministro; su duración en la semana, en el mes; las multas aplicadas y, en particular, la explicación de la causa -los afectados no entienden por qué se les corta la electricidad, tupido y parejo, por largas horas-, y que se indique a qué tipo de beneficios pueden acceder los habitantes de Santa Juana, que han sufrido el costo y el mal rato de la medida.
La ley es muy clara. Existen formas de resarcir las incomodidades provocadas por la empresa. Pero nos interesa saber si se está desarrollando algún proyecto y si este mal servicio se va a mantener, y si así fuera, por cuánto tiempo. Es malo que ello ocurra en cualquier época del año, incluido el verano.
Santa Juana no es de segunda categoría: es una comuna rural que merece respeto.
Ahora, si la empresa enfrenta problemas, que lo diga claramente, para que, en conjunto, la comunidad, el municipio, los parlamentarios de la zona podamos hacer lo mejor por ella, de tal manera que el servicio sea el mejor, porque la gente igual cancela su cuenta a final de mes y, por tanto, exige respeto en la cobertura por la cual paga, y bastante caro.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
ENTREGA DE TÍTULOS DE DOMINIO EN ISLA SANTA MARÍA. OFICIOS
El señor NAVARRO.- Pido que se oficie al Ministerio de Bienes Nacionales y a la Intendencia de la Región del Biobío , señor Presidente , a fin de que nos informen sobre la entrega de títulos de dominio en la isla Santa María, comuna de Coronel. Allí viven más de 3 mil personas y un número importante de títulos de dominio se hallan en proceso, algunos en combinación con el municipio.
El terremoto también la asoló fuerte. Los bancos, plantaciones o cultivos originales de locos, que producían de 800 mil a un millón de unidades, se han visto afectados.
La isla subió tres metros. Cambió totalmente la geografía, y ello afectó las áreas de manejo, causando un daño económico a los pescadores artesanales que las mantenían.
Por cierto, los títulos de dominio contribuyen a optar a un subsidio -de reparación, de destrucción de vivienda-, pero también a ser propietario.
Pido un informe acabado de cómo se va a llevar adelante este trabajo en la isla Santa María, comuna de Coronel.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
PATROCINIO DE PROYECTOS POR EJECUTIVO. OFICIO
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , deseo que se oficie al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que lleva a cabo la coordinación con el Congreso.
Durante este año le he pedido reiteradamente al Ministro señor Larroulet el patrocinio de algunos proyectos de ley.
Presenté 47 iniciativas durante el año 2010 y más de 30 en 2009. Pero me voy a referir solo a las del año recién pasado.
En materia de tránsito, por ejemplo, propuse una moción para que fuera obligatoria, en la educación básica y media, la enseñanza de los derechos y deberes del peatón, del pasajero y del conductor.
También se planteaba la necesidad de impartir un curso obligatorio para obtener licencia de conductor clase B. Así, si un joven de 17 ó 18 años no ha hecho el curso, no recibirá dicho documento. Ello obligará a la gente a prepararse más.
Un buen conductor, un buen peatón y un buen pasajero harán que disminuyan los accidentes de tránsito. Chile es el país con mayor número de este tipo de siniestros en América Latina: más de 2 mil 800 fallecidos al año (un muerto cada cinco horas); sobre 49 mil lesionados graves, menos graves y leves.
Señor Presidente , también hemos solicitado al Ejecutivo el patrocinio para el proyecto que prohíbe manejar fumando. Si está prohibido hablar por celular cuando se conduce un vehículo, no veo por qué permitir que se fume. Es la misma causal de distracción.
Asimismo, pedimos sancionar con más fuerza a los conductores que, luego de atropellar a una persona, se dan a la fuga, y que los mecanismos de búsqueda y de sanción estén acordes con la gravedad de los hechos. Porque pasado un tiempo el delito prescribe, pero el dolor en la familia afectada queda.
Del mismo modo, hemos solicitado patrocinio para otra veintena de proyectos. A la fecha, no lo hemos logrado.
Pido oficiar al Ministro Secretario General de la Presidencia a los efectos de volver a requerirle patrocinio para mis iniciativas legales.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
URGENCIA PARA DESPACHO DE PROYECTO SOBRE ACOSO LABORAL. OFICIO
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , este año voy a insistir en el despacho del proyecto sobre el mobbing -es decir, el acoso psicológico en el trabajo-, que se encuentra en la Comisión de Trabajo.
Se trata de una iniciativa que hemos impulsado con la Diputada Ximena Vidal. Espero que dicho órgano técnico la despache pronto. Está casi lista.
La Senadora Matthei , quien nos abandonó para formar parte del Gobierno, cuando integraba dicha Comisión era partidaria de legislar en esta materia. Por su parte, el Senador Allamand, quien también fue miembro de dicha instancia e igualmente nos abandonó, estaba de acuerdo.
Yo espero que tales deserciones, en pos de fortalecer al Gobierno, no dañen la voluntad positiva de sacar adelante la iniciativa sobre el mobbing, o acoso laboral.
En otras legislaciones del mundo, ese fenómeno se halla tipificado. Pero en Chile, lamentablemente, pese a que existe, no se encuentra regulado mediante ley.
Cientos de trabajadores padecen de acoso psicológico en el trabajo. Sin embargo, ello no está sancionado. Muchos empleadores y jefes cometen abusos contra sus subordinados, quienes terminan con serias secuelas psicológicas y físicas.
Por lo anterior, pido que se oficie en mi nombre a la Ministra del Trabajo para que nos remita su opinión acerca de dicho proyecto, a fin de facilitar su despacho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
SANCIONES A RESPONSABLES EN COLUSIÓN DE FARMACIAS. OFICIO
El señor NAVARRO.- En otro ámbito, señor Presidente , solicito que se remita un oficio al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para que informe sobre todas las acciones que ha llevado adelante en pos de sancionar a quienes participaron en la colusión de farmacias.
Mucha gente todavía me pregunta por qué los delincuentes "de cuello y corbata" siempre libran, por qué no reciben castigo.
Presentamos una denuncia ante dicho Tribunal para sancionar a los responsables de los más de 25 mil millones de pesos en sobreprecios aplicados a los fármacos de muchos enfermos crónicos, quienes se vieron obligados a pagar hasta tres veces su costo de sus medicamentos.
Quiero que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia nos informe acerca de todas las denuncias hechas y sanciones aplicadas en estos últimos tres años, con el objeto de conocer cómo se está defendiendo a los usuarios, a los consumidores.
--Se anuncia el envío del oficio requerido, en nombre del señor Senador, de acuerdo al Reglamento.
DAÑOS A USUARIOS DE TARJETAS DE CRÉDITO POR MALAS PRÁCTICAS DE EMPRESAS. OFICIO
El señor NAVARRO.- Asimismo, señor Presidente , solicito que se oficie al Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) para que nos entregue un informe acerca de los procesos que ha llevado adelante, tanto en la Región del Biobío como en el resto del país, para sancionar a las empresas que inducen al uso inadecuado de las tarjetas de crédito.
Muchas de las cláusulas o de la letra chica de los contratos obligan a pagar cuantiosos intereses por concepto de seguros de cesantía o de avisos. Sobre esto la gente no está advertida. Y ello equivale hasta 10 por ciento del monto de la cuota.
Quiero saber si el SERNAC cuenta con programas de fiscalización para que en la operación de las tarjetas de crédito se resguarden los derechos de los usuarios.
En Chile hay 23 millones de tarjetas de crédito: 15 millones pertenecen a casas comerciales y poco más de 4 millones son de los bancos.
Algunas tiendas comerciales -pido al SERNAC que fiscalice y nos informe sobre las acciones que realiza al respecto- ofrecen descuentos y coberturas especiales para las compras que se efectúen con tarjeta.
Señor Presidente , la ley autoriza para que el pago de un producto se haga al contado o con tarjeta de crédito. Constituye un ilícito que un local comercial ofrezca un producto solo si se paga con determinada tarjeta. Siempre -¡siempre!- el consumidor tiene el derecho a comprar al contado, en dinero efectivo, la prenda o el objeto que desea. Y ese derecho no se le puede negar.
Sin embargo, a diario se ofrecen descuentos interesantes y ofertas -incluidos shows, recitales de cantantes, etcétera- si se compra con tarjeta. Pero al usarla se termina pagando 30 por ciento más en el precio final. La verdad es que se trata de un enganche que al final daña al consumidor. Además, cuando este quiere comprar al contado y acceder al mismo beneficio, le dicen: "No, ¡Solo con tarjeta!".
Reitero: esto tiene que ser fiscalizado debidamente por el SERNAC.
¡Patagonia sin represas!
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, de acuerdo al Reglamento.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión
--Se levantó a las 19:15
Manuel Ocaña Vergara
Jefe de la Redacción
ANEXOS
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES CHAHUÁN, HORVATH Y PROKURICA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL MATRIMONIO HETEROSEXUAL (7458-07)
El país ha experimentado, en los últimos treinta años, cambios sustanciales en los ámbitos político, económico y social.
Lamentablemente, de la mano de estos avances y de los cambios culturales que los mismos conllevan, ha surgido una suerte de crisis en la vigencia y conceptualización de instituciones tan fundamentales como el de familia y el matrimonio, motivada por factores tan disímiles como la pérdida de valores, el influjo de la sociedad de consumo en la definición de los proyectos personales y de pareja.
La paulatina y aparente desafección al concepto de familia y, en particular, de la matrimonial, se refleja, indudablemente, en la progresiva reducción del número de personas que contraen el vínculo año a año. A los cambios en la conformación de los núcleos familiares, se añade la disminución en su tamaño y el número de hijos.
Nuestro Código Civil, en su artículo 102, define al matrimonio, como “un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de procrear, y de auxiliarse mutuamente”.
Para el tratadista George Renard, el matrimonio “es un acto-condición bajo la forma contractual y al mismo tiempo un acto de fundación de una institución: la familia.”
En nuestro país, el profesor Manuel Somarriva enseñaba: “El matrimonio es una institución compuesta de un conjunto de reglas esencialmente imperativas, cuyo fin es dar a la unión de los sexos, a la familia, una organización y moral que corresponda a la vez a las aspiraciones del momento, a la naturaleza permanente del hombre como también a las directivas dadas por la noción de Derecho”.
Las especiales características del vínculo matrimonial están determinadas por su naturaleza antropológica y sagrada, de acuerdo a las creencias religiosas y por la importancia que esta institución tiene en el plano social, que la hacen digna de la mayor consideración y protección por parte de la ley y del aparato estatal.
Frente a la explicable, y por cierto encomiable preocupación de proteger los modelos de familias alternativos, se hace necesario que las autoridades tengan presente lo señalado por el sociólogo Eugenio Tironi: “Los estudios muestran que la familia nuclear tradicional es el modelo que genera más felicidad, bienestar y equilibrio” Y agrega que “con el fin de fomentar la felicidad, el Estado debiera promoverla, del mismo modo como el Estado promueve un ambiente antitabaco, contrario al alcohol o a la obesidad, con el fin de proteger la salud de la población”.
Pese a la incuestionable importancia y valor que el matrimonio tiene en el ámbito social, las normativas que lo definen, regulan y fijan sus efectos (el Código Civil y la Ley de Matrimonio Civil) son -en general- leyes ordinarias, esto es, de aquellas que para ser aprobadas, modificadas o derogadas, solo requieren de la concurrencia de la mayoría de los diputados y senadores asistentes a la sesión respectiva.
A esta fragilidad del instituto matrimonial, se añade la circunstancia de que no existen, al menos explícitamente, disposiciones legales que impongan al Estado el deber de resguardarlo, promoverlo o cautelarlo, como sí ocurre con el concepto de familia.
La tendencia actual del Derecho es, sin embargo, procurar la “constitucionalización” de las diferentes ramas del derecho de familia, incluido el matrimonial, a fin de reconocer una suerte de orden público familiar, cuya consagración positiva en nuestro ordenamiento jurídico, se encuentra en el artículo 1° de la Constitución Política de la República, como una de las “bases de la institucionalidad”, declarando por un lado, a la familia como “el núcleo fundamental de la sociedad” y por otro que es deber del Estado darle protección y propender al fortalecimiento de ésta.
La aprobación de esta iniciativa, no significará en modo alguno que el Estado desatienda o desampare a los otros tipos de familias (monoparentales u originadas en uniones de hecho), sino que solo definirá mecanismos idóneos para alentar y resguardar la unión matrimonial, entre un hombre y una mujer, en el entendido que ésta es el medio más eficaz para, en palabras del constituyente “crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”. Con esta acción, el ente público, que está al servicio de la persona humana, no hará sino cumplir su finalidad de promover el bien común.
Para varios juristas nacionales la constitucionalización de la institución de la familia incluye la del matrimonio, por lo cual la reforma que promovemos solo transforma en explícito un principio constitucional tácito.
Así por lo demás, lo ha entendido la Corte Suprema, en un fallo pronunciado el 14 de diciembre de 1992, al expresar: “Que el matrimonio, más que un contrato civil, como se contempla en nuestra legislación, es institución dado el alcance y proyección del mismo en cuanto conforma la familia y, por ende, de la sociedad. Este concepto se encuentra recogido en la Constitución Política de la República y se desarrolla a través del llamado derecho de familia, que regula la relación personal y patrimonial entre los cónyuges y las de éstos con los hijos comunes. En consecuencia, todo lo relacionado con el matrimonio conforma el orden público familiar, en el cual, como es natural, tiene interés la sociedad toda, más allá de lo que puedan hacer valer los interesados directamente”.
En un sentido similar, el profesor Hernán Corral Talciani estima que “si el concepto constitucional de familia debe tener un contenido determinado, éste no puede ser otro -a falta de declaración expresa en el texto o en las actas- que la familia fundada en el matrimonio. Otras formas de convivencia podrán ser más o menos admisibles jurídicamente, pero lo que la Constitución declara como núcleo fundamental de la sociedad, es la familia edificada sobre la base de la unión personal de los cónyuges”.
Por otra parte, un precepto como el que abogamos, guardaría plena armonía con lo que en esta materia declaran tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, por lo que, de conformidad al artículo 5° de la Carta Fundamental, están incorporados a nuestro ordenamiento jurídico.
En efecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) expresa en su artículo 16.1: “Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia”. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), en su artículo 23.2 dispone: “Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia...” y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), en el artículo 17.2, declara: “Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia.”
Asimismo, similares reconocimientos, respecto del matrimonio, se encuentran en varias constituciones modernas.
El artículo 29 de la Constitución Italiana, de 1947, declara: “La República reconoce los derechos de la familia como sociedad natural basada en el matrimonio. El matrimonio se regulará en base a la igualdad moral y jurídica de los cónyuges, con los límites establecidos por la ley en garantía de la unidad familiar”.
La Constitución Alemana, de 1949, en su artículo 6 Nº 1, prescribe: “El matrimonio y la familia se encuentran bajo protección especial del orden estatal...”
El artículo 32 de la Constitución de España, de 1978, establece: “1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. 2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos”.
Y en nuestro continente, la Constitución de Guatemala, de 1985, en su artículo 47, señala: “El Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos.”
A su vez, la reciente Constitución Política de Ecuador aprobada por la Asamblea Constituyente en el año 2008, dispone en su artículo 67: “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal.”
En virtud de todas estas consideraciones, estimamos que el texto del artículo 1° de nuestra Constitución debe incluir, en forma explícita que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, al cual el Estado debe dar protección, al igual que a la familia.
En mérito a lo expuesto, sometemos a la aprobación del Senado de la República, el siguiente:
Proyecto de Reforma Constitucional:
Artículo único: Sustituyese el texto del inciso quinto del artículo 1° de la Constitución Política de la República, por el siguiente:
“Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población, a la familia y al matrimonio entre un hombre y una mujer, propender al fortalecimiento de éstos, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.”
(Fdo.): Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Antonio Horvarh Kiss, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES ESPINA Y CHAHUÁN, SEÑORAS ALVEAR Y PÉREZ SAN MARTÍN Y SEÑOR LARRAÍN, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL, EN MATERIA DE PROVISIÓN DE VACANTES DE PARLAMENTARIOS (7460-07)
Honorable Senado:
El actual sistema de provisión de las vacantes de parlamentarios, establecido en el articulo 51 de la Constitución Política, ha sido objeto de críticas fundadas, ya que, si bien es expedito, al entregar la designación del reemplazante al partido politice al cual pertenecía el parlamentario que deja la vacante cuando fue elegido, no salvaguarda adecuadamente el principio, establecido en el artículo 5° de la Carta Fundamental, en el sentido de que el ejercicio la realiza el pueblo a través del plebiscito y de las elecciones periódicas y, también, las autoridades que establece la Constitución.
La experiencias que deriva de la aplicación de las diversas fórmulas constitucionales por las que atravesado nuestro país en esta materia, como la no provisión del cargo vacante, la existencia de parlamentarios suplentes, la convocatoria a elecciones complementarias y el reemplazo por el compañero de lista, entre otras, permite concluir que lo más apropiado es someterse a la voluntad popular.
Para ello debe considerarse el pronunciamiento que emitió la ciudadanía, en la respectiva elección de diputados y senadores, cuando eligió al parlamentario que cesó en sus funciones, lo cual, es preciso reconocer, intenta reflejar el sistema vigente, en la medida que radica la decisión de nombramiento del reemplazante en el partido político al que estaba afiliado dicho parlamentario en ese momento.
Pero, si bien es correcta la finalidad, no lo es la solución, que priva a la ciudadanía del ejercicio directo de la soberanía. Lo acertado es devolverle la posibilidad de ejercerla, en términos de que sean los ciudadanos los que resuelvan sobre la persona llamada a ocupar la vacante que se haya producido, respetando el marco previo que ellos mismos determinaron en la correspondiente elección general de parlamentarios, para mantener la equiparidad ya fijada entre las distintas fuerzas políticas.
Para este efecto, se propone que, cuando la cesación en el cargo de parlamentario se produzca a lo menos un año antes de la fecha de expiración de su periodo, el respectivo partido político, en la forma que determinará la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, elabore una nómina de afiliados, e independientes que adhieran a esa colectividad, que reúnan los requisitos para postular e inscriban internamente sus candidaturas. Los ciudadanos del correspondiente distrito electoral o circunscripción senatorial podrán elegir, de entre los candidatos que en definitiva postulen, a la persona con la cual se proveerá la vacante parlamentaria que se haya producido, aplicando las reglas que establezca la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.
Al radicar la decisión del reemplazante en la ciudadanía, es oportuno, también, permitir el reemplazo de los parlamentarios elegidos como independientes, sea hayan integrado lista en conjunto con uno o más partidos politices o no lo hayan hecho.
Por tales consideraciones, recomendamos al Senado la aprobación del siguiente
Proyecto de Reforma Constitucional
“Artículo único.- Reemplazase el artículo 51 de la Constitución Política por el siguiente:
“Artículo 51.- Se entenderá que los diputados tienen, por el solo ministerio de la ley, su residencia en la región correspondiente, mientras se encuentren en ejercicio de su cargo.
Las elecciones de diputados y de senadores se efectuarán conjuntamente. Los parlamentarios podrán ser reelegidos en sus cargos.
Las vacantes de diputados y las de senadores que se produzcan antes del último año de su mandato se proveerán con el ciudadano que sea elegido en votación directa por el distrito electoral o la circunscripción senatorial de entre los candidatos que reúnan los requisitos y señale el partido político al que estaba afiliado el parlamentario que produjo la vacante, cuando fue elegido.
Dichos candidatos serán los que señale el partido que haya indicado el parlamentario independiente al presentar su declaración de candidatura, si hubiere postulado integrando lista en conjunto con uno o más partidos políticos. Si no hubiere integrado lista, podrán presentarse candidaturas de conformidad a las reglas generales.
El nuevo diputado o senador ejercerá sus funciones por el termino que faltaba a quien originó la vacante.”
(Fdo.): Alberto Espina Otero, Senador.- Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Soledad Alvear Valenzuela, Senadora.- LiLy Pérez San Martín, Senadora.- Hernán Larraín Fernández. Senador.
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES QUINTANA, GÓMEZ Y WALKER (DON PATRICIO), CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL, SOBRE REQUISITOS PARA LA PROVISIÓN DE VACANCIAS DE UN CARGO PARLAMENTARIO (7462-07)
Honorable Seriado:
Cuando el año 2005 se modificó -entre otras materias- el sistema de sucesión de parlamentarios, disponiendo que en caso de vacancia del cargo, éste sería proveído por el partido político por el cual hubiere resultado electo el respectivo parlamentario, no se consideró entonces la posibilidad que la vacancia se originare por causa del nombramiento de un parlamentario en el cargo de ministro de Estado.
En efecto, la posibilidad de que un parlamentario pudiera ser designado como ministro de Estado, no obedece a una decisión deliberada del constituyente, sino que a una interpretación posterior de la carta fundamental, que cobró validez luego de que el Tribunal Constitucional la aceptara, cuando se utilizó por primera vez este sistema para proveer el cargo de la entonces diputada Carolina Tohá, nombrada Ministra Secretaria General de la Presidencia, quien fue reemplazada por el diputado Felipe Harboe, nombrado por el Partido por la Democracia.
Esta posibilidad de generar la vacancia del cargo, que permite al partido político realizar el nombramiento, supone necesariamente la aceptación del cargo de ministro y por ende, como consecuencia, sea que se exprese formalmente o no, la renuncia al cargo parlamentario.
Como se aprecia, se trata de una vacancia del cargo que pedemos denominar voluntaria, pues requiere de la manifestación de voluntad del parlamentario que la genera, pues de otra manera, si éste rechazare el nombramiento como ministro, la vacancia no se produciría.
Ahora bien, otras posibilidades de generar la vacancia del cargo, se pueden producir como consecuencia de la renuncia motivada únicamente en una enfermedad grave e invalidante, calificada por el Tribunal Constitucional, o por distintas causales de cesación en el cargo, como la perdida de la calidad de ciudadano, por haber celebrado contratos con el Estado o actuar como abogado o mandatario en cualquier clase de juicios, entre otras, o por la muerte.
Como se aprecia, en este segundo grupo de causales, la vacancia del cargo se genera independientemente de la voluntad del parlamentario.
Tenemos, en consecuencia, casos en que la vacancia se produce por hechos voluntarios, como la aceptación del nombramiento como ministro de Estado, ó por hechos involuntarios, como la muerte.
No obstante, nuestro actual sistema de reemplazos, no atiende al tipo vacancia, disponiendo que en todos los casos el partido político tiene la facultad exclusiva de nombramiento.
Esta opción de permitir al partido político reemplazar al parlamentario, fue sin dudas un avance con respecto al sistema anterior, donde quien asumía el cargo en caso de vacancia era el compañero de lista, ya que éste sistema permitía que llegara al Congreso una persona con a veces escaso respaldo ciudadano, que fue lo que ocurrió con el caso del Senador Vásquez que reemplazó al Senador Lavanderos, con una exigua votación de apenas un 4.1%.
El nuevo sistema implementado a partir del año 2005, confió en que los partidos políticos serían capaces de realizar nombramientos respetando las voluntades ciudadanas
Sin embrago este nuevo sistema ha operado con distintos resultados. El caso de la entonces diputada Carolina Tohá, reemplazada por el diputado Felipe Harboe, operó sin dudas muy bien, ya que el reemplazante diputado Harboe al tiempo de continuar trabajando en el mismo distrito 22, obtuvo en la siguiente elección, la primera mayoría, con un 38.6% de los votos. El caso del entonces diputado Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, reemplazado por la hoy Senadora, Lily Pérez San Martín, en cambio, opero con resultados distintos, que no se pueden medir, ya que la reemplazante fue luego candidata por una circunscripción senatorial distinta.
Ahora bien, independientemente de la suerte que han corrido los nombramientos realizados por los partidos políticos, con motivo del reciente nombramiento de dos senadores como ministros de Estado, se ha planteado con mucha fuerza la necesidad de limitar la facultad exclusiva de los partidos, ya que por esta vía se estaría alterando la voluntad ciudadana, en una dinámica donde los cargos de senadores podrían ser proveídos con cargos de diputados, generando luego nuevas vacancias y todo un sistema de movimientos que, lamentablemente, están mostrando una suerte de abuso de un sistema que, como se planteó al inicio, no fue ideado de esta manera, pues opera sobre la base de una interpretación constitucional.
Nuestra propuesta al respecto, consiste en establecer que las vacancias de parlamentarios sólo puedan ser proveídas por los partidos políticos, cuando ella se produce por causales involuntarias, como la muerte, y aún en estos casos, proponemos que el reemplazante deba no sólo tener domicilio en el respectivo distrito o circunscripción, sino una especial relación con la ciudadanía, ya sea como dirigente o miembro del consejo regional, del concejo comunal, de comunidades de base, etc.
Por tanto,
El Senador patrocinante y los demás adherentes que suscriben, vienen en someter a la consideración de este H. Congreso Nacional, el siguiente
Proyecto de Reforma Constitucional
Artículo único: se introducen las siguientes modificaciones al artículo 51:
1. en el inciso tercero se agrega la siguiente frase final: “sólo cuando aquella se produjere por un hecho involuntario de quien genera la vacante”
2. en el inciso sexto se reemplaza la frase “según el caso” por la siguiente frase: “y en todo caso deberá acreditar domicilio y un especial vínculo con el respectivo distrito o circunscripción”
(Fdo.): Jaime Quintana Leal, Senador.- José Antonio Gómez Urrutia, Senador.- Patricio Walker Prieto, Senador.
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑOR HORVATH, SEÑORA ALLENDE Y SEÑORES CHAHUÁN, GÓMEZ Y PROKURICA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY, RELATIVO A LA DISPOSICIÓN DE LAS AGUAS EN CONCESIÓN (7459-09)
El agua es un bien y un recurso cada vez más escaso, que debe ser valorado, protegido, recuperado en su caso y distribuido de manera de respetar las prioridades en su uso y los derechos históricos que de él se tienen.
Hoy existe un importante juicio pendiente en la Corte Suprema de Justicia, entre los regantes y la Superintendencia de Servicio Sanitarios (SISS), respecto de acciones ejercidas en base a una interpretación de la SISS sobre la Ley Sanitaria, interpretación que a nuestro juicio es ilegal, pues autorizaría a las empresas sanitarias a vender aguas servidas tratadas. Es necesario considerar que esta situación no solo agravaría los actuales impactos ambientales de las ciudades sobre su entorno, sino que resultaría en un grave problema para los regantes desde el punto de vista político, legal y social.
La SISS y los regantes han estado trabajando en un acuerdo para finalizar la controversia, acordando ambas partes en suspender el juicio, situación que fue últimamente impedida por Aguas Andinas, empresa sanitaria regulada por la SISS y de la que el Estado es dueño de una parte. Por ello resulta prioritario adoptar una definición a este respecto.
La más clara y efectiva solución, que produciría resultados inmediatos, es la emisión por parte de la SISS de una nueva interpretación, que aclare que en el momento en que fueron emitidas las interpretaciones anteriores, no se contaba con toda la información para pronosticar los graves daños que hoy se hacen tan evidentes.
Impacto del crecimiento urbano sobre el medio ambiente y la agricultura
La urbanización y el desarrollo industrial asociado, tiene profundos impactos cuantitativos y cualitativos sobre el ciclo hidrológico de muchas cuencas a nivel nacional. Este impacto ambiental del desarrollo urbano tiene como una de sus principales causas la impermeabilización de la superficie de la tierra en las áreas urbanas lo que disminuye la infiltración y aumenta la escorrentía, resultando en máximos más altos e inundaciones más frecuentes, aumento de la erosión, reducción de la recarga directa de los acuíferos subterráneos, y disminución de la disponibilidad del recurso hídrico en las épocas de verano y periodos de sequía.
Cabe destacar que el impacto de las ciudades sobre los recursos hídricos, no se limita al 6% del agua que es consumido directamente por la población, sino que la pavimentación impide la infiltración del agua que cae en invierno, (la que históricamente recargaba los acuíferos), y que hoy escurre rápidamente hacia el mar. Simultáneamente, el aflujo urbano es una de las principales fuentes de contaminación difusa que afecta la calidad del agua en los ríos, lagos, zonas costeras y desembocaduras, lo que puede provocar la limitación de rubros agrícolamente productivos, la pérdida de amenidades, agotamiento de las pesquerías, y problemas de salud de la población.
Todas las actividades económicas ligadas a los recursos naturales (agricultura, minería y generación de energía, entre otros) utilizan el agua como un insumo fundamental de sus procesos productivos. Como una forma de gestionar la coexistencia de diferentes actores que demandan el recurso hídrico, el Código de Aguas de 1981 estableció un mercado de derechos de aprovechamiento de aguas (DAA) el cual ha permitido la transferencia de recursos hídricos desde actores económicos con menor liquidez económica como la agricultura hacia agentes con gran poder adquisitivo como la minería que se adjudican los DAA en las diversas regiones del país.
Esta reasignación del recurso ha permitido el desarrollo económico de algunos sectores, como la minería, que ha adquirido derechos de agua de origen agrícola (norte del país), y el sector sanitario, que con la adquisición de derechos han podido satisfacer la creciente demanda de agua potable.
Servicios Sanitarios
En el caso de los servicios sanitarios, estos constituyen un servicio público y un monopolio natural por lo que en sus inicios fueron empresas estatales, las cuales se decidió privatizar en los años 90. Bajo el gobierno de Eduardo Frei se vendió un 67% de la participación en las empresas sanitarias. Esta venta se realizó para financiar el plan de extensión de la red de cobertura de agua potable y alcantarillado, y avanzar también en el tratamiento de aguas servidas. Al discutirse por más de tres años esta ley en el Parlamento, una de las razones que explica que el Estado mantuviera un 33% de la propiedad, fue que este servicio es un servicio público que busca la mayor rentabilidad social, permitiendo así que el Estado tuviera voz en los directorios. En la práctica el Estado regula para obtener la mayor rentabilidad social en un mercado que no es perfectamente competitivo. El organismo estatal encargado de supervigilar esta industria es la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) a través de la ley de Servicios Sanitarios.
Estos servicios sanitarios están diferenciados en cuatro concesiones (los que pueden ser prestados por diferentes empresas), cobrándosele al usuario cuatro glosas por separado según el servicio prestado, lo que se refleja en la cuenta del agua. La empresa sanitaria que potabiliza el agua, posee los derechos de agua correspondientes, que los extrae desde la fuente natural en la forma como lo establece la ley. Esos derechos de agua, los emplea para su función de potabilizar el agua cruda, que como es un derecho consuntivo no está obligada a devolver todo o parte de él. En la segunda etapa la concesionaria vende a cada consumidor el agua, quien la consume en sus diferentes casas o recintos industriales. Ahí tiene lugar el uso consuntivo de las aguas a que tienen derecho las Empresas Sanitarias. En una tercera etapa el consumidor paga por un servicio de recolección de aguas servidas, servicio que no crea derechos de agua a la empresa que lo presta, sino que su función es recolectar y conducir el agua servida a la planta de tratamiento. La cuarta etapa consiste en el tratamiento de aguas servidas, lo que tampoco genera derechos de agua, su única función es limpiarlas y devolverlas al cauce público, porque ése fue el motivo de tratar el agua en las plantas de tratamiento. De esta forma, en la factura mensual que cada usuario recibe, se debe pagar por el agua misma como también por cada una de estas etapas, lo que es regulado por la SISS, según su cálculo de empresa modelo de servicio sanitario.
El impacto que produce la disminución de la disponibilidad de aguas en verano causado por la extensión de las urbes ha sido mitigado en parte, por el vertimiento de las aguas servidas de la ciudad a los cauces naturales, lo que aporta un cierto caudal de aguas, que si bien están contaminadas y no representan el caudal históricamente disponible, reducen en cierto nivel la escasez hídrica. De todas formas, como una medida para evitar la contaminación de los cauces naturales, y tal como se establece en los contratos de concesión, en los últimos años los usuarios de las empresas sanitarias, han empezado a pagar el tratamiento de estas aguas contaminadas, posibilitando así que estos caudales vertidos a los cauces naturales presenten una mejora en su calidad.
Una vez que se han logrado concretar estos proyectos de tratamiento de aguas servidas con éxito, las empresas sanitarias privadas inician una campaña y un intenso lobby para que se les autorice a dejar de verter las aguas servidas, hoy tratadas, a los cauces naturales, para así poder vender dicho recurso a los potenciales interesados. Es así que la SISS, en respuesta a las consultas realizadas por las empresas sanitarias sobre el destino final de las aguas, publica una serie de oficios con fecha 3 de octubre de 1995 (oficio 1422), 18 de agosto de 1996 (oficio 587), 22 de marzo de 1999 (oficio 767) y 24 de enero de 2002 (oficio 196). Mediante estos oficios, este organismo fiscalizador declara que las concesionarias (empresas reguladas y fiscalizadas por la SISS) que tratan las aguas pueden disponer de estas y no se les obliga a restituirlas al cauce natural.
Juicio pendiente, SISS – Junta de vigilancia Río Mapocho, Confederación de Canalistas de Chile
Al percatarse los regantes de la situación anteriormente descrita, presentaron una demanda en contra de la SISS aludiendo a que este organismo carece de facultades para liberar a los prestadores de servicios de la obligación de descargar las aguas tratadas a los cauces naturales.
Por otra parte, existen también argumentos jurídicos que fundamentarían la ilegalidad que existe al facultar a las sanitarias para la venta del agua, evitando así su restitución en el cauce natural. Los concesionarios encargados de la recolección y tratamiento, asumen los roles de transportar y limpiar las aguas servidas con los efectos naturales de esas actividades, que el que transporta y el que limpia jamás se hace dueño de la cosa que traslada o lava.
De la misma forma, el concesionario del servicio público cumple deberes respecto del agua, lo que no significa que tenga derechos sobre ellas, su derecho es solo el cobrar la tarifa por el trabajo remunerado que ha asumido. El concesionario tiene también la obligación de descargar las aguas servidas y las tratadas donde indica el decreto de concesión, y por ende se abandonan y no se pueden llevar a otra parte para ser comercializadas. Esta obligación se exige para que todas las modificaciones que el crecimiento de la ciudad produce, sean analizadas con estricto rigor, de manera de mantener activa la vida en los distintos valles que están siendo alterados. La obligación del decreto de concesión de fijar el lugar de restitución del agua, busca disminuir los impactos cuantificados que esta concesión provoca en la cuenca.
En cuanto al abandono de las aguas, el productor de agua potable la abandona en el concesionario de distribución y éste a su vez la abandona al usuario (quien paga por esta agua), quién posteriormente abandona la porción no utilizada o restante en las redes del concesionario de recolección de las aguas servidas, el que está obligado a entregarla al concesionario que depura, quien finalmente debe cumplir su función limpiando el agua y entregándola en el lugar que ordena el decreto de concesión. De esta forma estos concesionarios no poseen nunca el agua como señor y dueño de ella, por lo que no pueden ejercer respecto de ellas actos de mera voluntad. Es así, que en el sistema sanitario no se dan los requisitos del derrame jurídico que trata el Código de Aguas, que son los siguientes: a) ser dueño del derecho de aprovechamiento; b) usar el agua; c) abandonarlas voluntariamente.
En efecto, los siguientes artículos tratan los derrames en el Código de Aguas:
Artículo 43:“Constituyen derrames las aguas que quedan abandonadas después de su uso a la salida del predio”. En el caso sanitario ni el distribuidor, ni el recolector de aguas servidas, ni el encargado de la depuración de éstas “usan” el agua.
Artículo 54:“Los derrames son actos de mera tolerancia....”. En el sistema sanitario los prestadores de los servicios sanitarios pertinentes están expresamente obligados a descargar las aguas en los puntos que deben decir los decretos pertinentes, según el artículo 18 de la Ley Sanitaria, por lo que no existe un acto de mera tolerancia, no es un acto de mera voluntad.
Artículo 42:“se presume el abandono de esta agua desde que el dueño del derecho de aprovechamiento hace dejación de ellas, en los linderos de la propiedad sin volver a aprovecharlas”. Los servicios de distribución, recolección y disposición, no son dueños de derecho de aprovechamiento alguno, y tienen físicamente el agua, bien nacional, solo para prestar un servicio con ella en virtud de los encargos que han asumido por las disposiciones legales y decretos de concesión.
Se ha interpretado indebidamente que el artículo 61 de la Ley Sanitaria asimila las aguas servidas y las servidas tratadas a los derrames y por ende no están obligadas a restituir el agua y podrían comercializarla. Por el contrario, esa norma establece que el concesionario está obligado a restituir las aguas donde indique el decreto de concesión, por ende, cuando ello se produce se abandonan y, entrando al cauce natural, se confunden con las de este. La función del concesionario termina allí, de manera que deja de tener tuición sobre las aguas, por consiguiente no puede llevarlas a otro lugar y comercializarlas.
Si existiese la posibilidad de adquirir el dominio del agua a través de alguna metodología, es indispensable definir este “modo de adquirir el dominio”, asunto consagrado en los principios generales del derecho y en el inciso segundo del Art. 19 Nº 24 de nuestra Constitución Política, ya que a través de la legislación actual, tanto Código de Aguas como Ley Sanitaria, no se define modo alguno de adquirir el dominio de las aguas por el solo hecho del ejercicio de las concesiones, ni tampoco por los decretos de concesión del trabajo de recolectar y limpiar las aguas.
De esta forma, existe un juicio en proceso entre la SISS y los regantes, el cual hoy se encuentra radicado en la tercera sala de la Corte Suprema, sobre el cual ambas partes decidieron suspender el procedimiento e intentar una solución administrativa, solución que propuso la SISS para llegar a un acuerdo con los regantes. Como consecuencia de esta disposición a solucionar el problema por parte de la SISS, una de las empresas sanitarias que es fiscalizada por la SISS (Aguas Andinas), se opuso a la suspensión del procedimiento y la tercera sala de la corte (que tiene radicado el asunto) rechazó el acuerdo de suspender el procedimiento. De esta forma, se tendrá una audiencia el viernes 21 de Enero, siendo que ambas partes, tanto demandante como demandado están de acuerdo en suspender el procedimiento y negociar una solución administrativa.
Para finalizar, se debe destacar que a medida que las ciudades crecen, se provoca un gran impacto en el medio ambiente, impacto que no es cuantificado debido a que este no es producido por un proyecto en particular, sino que se produce por la sumatoria de un gran número de proyectos de menor tamaño a los que en su mayoría no se les exige una evaluación de su impacto ambiental. Con esto, no se intenta exigir al crecimiento urbano una evaluación ambiental, pero si se quiere clarificar, que como Estado se debe tener en cuenta como el desarrollo de las ciudades afectan al medio ambiente y a otras actividades. La ley de bases del medio ambiente (ley 19.300), establece que deben reducirse, mitigarse o compensarse los impactos sobre la biodiversidad o grupo humano que cause alguna iniciativa en evaluación, entendiéndose por grupo humano a sistemas de vida, relaciones sociales, económicas, culturales, etc. lo que ciertamente identifica a la agricultura. Esto queda en evidencia en la evaluación ambiental de la planta de tratamiento Mapocho 100% limpio del titular Aguas Andinas, resuelto a mediados del 2010 en donde el titular en su EIA reconoce impactos sobre el medio ambiente y en especial sobre los regantes por una disminución de caudales. Es así, que la Resolución 266-2009 de la COREMA Metropolitana establece condiciones como: “Restituir en igual cantidad las aguas que actualmente son descargadas al río Mapocho, las cuales serán recolectadas para su tratamiento y disposición final mediante las obras que forman parte del presente proyecto que proveen de agua de riego.”, “La restitución de los caudales al río Mapocho, luego de ser tratados en las plantas de la concesionaria no tendrá costo alguno para los usuarios de los canales antes señalados”.
Como ocurrió en el caso anteriormente señalado, la devolución de las aguas servidas, puede mitigar en parte el impacto provocado por la ciudad. De la misma forma, existiría una solución al juicio entre la SISS y los regantes, pero luego de la intervención de una de las empresas sanitarias, un potencial acuerdo se ve dificultado.
Es importante destacar que existe una seria incompatibilidad e incongruencia entre las interpretaciones de la SISS de la Ley de Servicios Sanitarios, y lo establecido por el Código de Aguas que no daría pie para establecer que las sanitarias sean dueñas de las aguas servidas tratadas, algo que es respaldado en las resoluciones ambientales de las plantas de tratamiento (Mapocho es un ejemplo).
Ante una eventual y completa privatización de las sanitarias, efectuándose una venta por parte del Estado de su 33% restante, se estima que es fundamental que se clarifique y se cuantifique en forma previa cuál debe ser la correcta interpretación de la Ley Sanitaria. La factibilidad de tomar una decisión que afecte la disponibilidad de los recursos en las diferentes cuencas, perjudicará gravemente a la pequeña y mediana agricultura que carece de recursos para adaptarse a escenarios más complejos, provocando de esta forma una transferencia de riquezas desde sectores rurales a las empresas sanitarias y la ciudad. Es necesario señalar también, que todas las cuencas ubicadas al norte del río Maipo, presentan un déficit hídrico aun cuando estas reciben aportes de plantas de tratamiento de aguas servidas, aportes que ante las interpretaciones entregadas por la SISS a las empresas sanitarias pueden dejar de restituirse.
CASOS EVIDENTES:
1.- Santiago y el impacto sobre la cuenca del Mapocho
Los canales del río Mapocho han extraído agua para riego desde la época de la colonia. Por lo general la parte alta del Mapocho ha sido deficitaria, por lo que en los años 1800 se emprende el proyecto del Canal San Carlos para abastecerse de aguas desde el río Maipo. Al contrario, la parte baja del río Mapocho, presentó normalmente una abundante cantidad de agua, debido a un gran número de afloramientos que caían en el río producto de las infiltraciones en la parte media y alta de lo que hoy es la ciudad de Santiago. Gracias a estas infiltraciones, se observaban secciones pantanosas en “los Bajos de Santa Cruz” en la zona de Padre Hurtado, en donde no existían problemas de abastecimiento de aguas durante todo al año, permitiendo así que se desarrollaran los productivos valles de riego de Curacaví, María Pinto, Padre Hurtado y Malloco. Debido a la pavimentación de la ciudad, que hoy cubre más de 120.000 has, estas infiltraciones que recargaban el acuífero y que producían afloramientos en otros lugares permitiendo el uso del recurso para la agricultura, se han convertido en grandes escorrentías de agua durante el invierno, por lo que los agricultores deben limitarse a observar como el agua que cae en invierno corre por las calles de Santiago, para llegar en menos de un día a perderse en el mar.
En el siguiente gráfico se ilustra como el nivel estático de los pozos que se ubican en el acuífero del Maipo, han descendido drásticamente producto de la impermeabilización del suelo, descendiendo más de 20m de profundad.
Niveles estáticos de pozo de observación DGA,Pozo 5 de Abril 4534 Estación Central.
Además de la disminución del recurso generada por la ciudad, se debe destacar que las aguas que se vertían desde la ciudad contenían una gran cantidad de contaminantes, llegando al grado de que en 1980 el Ministerio de Salud prohibió la producción de hortalizas con aguas del río Mapocho. En vista de lo anterior, se comenzó a pensar en las plantas de tratamiento de aguas servidas, que tenían como finalidad, limpiar las aguas servidas por la ciudad para devolverlas a los cauces naturales (Mapocho) aptas para el riego. La empresa sanitaria actual ha sido eficiente y hoy se tiene un elevado porcentaje de aguas servidas tratadas en Santiago, cumpliendo con un principio básico de cualquier actividad con respecto a su ambiente, en el cuál el responsable de la contaminación es también el encargado de ejecutar los procesos necesarios para descontaminar. Quien contamina y disminuye las recargas del acuífero, ha sido la cuidad de Santiago y a través de sus servicios sanitarios está cumpliendo su deber de tratar y devolver las aguas limpias. La ciudad de Santiago, como ente social está cumpliendo con la necesidad de mantener los caudales en el río Mapocho y con la obligación de no afectar el medio ambiente, obligación que cumple mediante el pago de la tarifa establecida.
Ante la eventualidad de que las empresas sanitarias ubicadas en la cuenca del río Maipo, dejen de restituir a los cauces naturales las aguas servidas tratadas, se afectarían aproximadamente 11.600 has.
En el siguiente cuadro se observa la representación del aporte de la planta de tratamiento de aguas servidas “El Trebal” al caudal del Mapocho. Este aporte llega incluso a sobrepasar el 70% del caudal disponible en el río. Es necesario destacar que la oferta del río, aun contando con el aporte de la planta de tratamiento, no alcanza a cubrir las necesidades de riego.
1. Aguas Chañar y su afectación sobre pequeños productores del Canal Chamonate y Toledo, Copiapó
En el valle de Copiapó coexisten actividades agrícolas y mineras, los que comparten el recurso hídrico, tanto superficial como subterráneo. A través de los mecanismos definidos en el Código de Aguas y el consecuente mercado que este genera, se han redistribuido recursos desde el sector agrícola al sector minero, situación que de haberse establecido en conjunto con una adecuada fiscalización, no debiesen de haberse generado problemas. De esta forma, representantes de la industria minera han comenzado a establecerse en diferentes lugares del valle, siendo la comuna de Tierra Amarilla un lugar de preferencia. Esta comuna corresponde al sector 4 del acuífero del Valle de Copiapó, sector que ha visto una gran disminución en sus recursos desde el momento que se comenzó con la extracción por parte de las mineras.
De acuerdo a lo anteriormente descrito, existe una empresa minera que se estableció en la comuna de Tierra Amarilla, hace aproximadamente 17 años, quienes comenzaron con la explotación de 4 pozos que tenían debidamente inscritos. Luego de 12 años de operación con los recursos del acuífero, el nivel dinámico de los pozos disminuyo a tal nivel, que la extracción desde aquellos puntos era inviable. Como consecuencia, esta minera (Compañía Minera Candelaria) decidió solicitar a la DGA un cambio de los puntos de captación de sus derechos, permitiéndose así la perforación de nuevos pozos por parte de la minera en el mismo sector del acuífero. Luego de 4 años de operación de estos pozos en sus nuevos puntos de captación, se ha observado que el descenso del nivel dinámico es abrupto, por lo que se estima que nuevamente la inviabilidad de su operación será evidente.
En el siguiente gráfico se observa cómo ha descendido el nivel dinámico de los pozos en el acuífero del sector 4 en los últimos dos años, en donde se encuentran los pozos de la Minera Candelaria, descendiendo incluso más de 26 mt.
En vista de lo anterior, y ante una evidencia empirica clara en cuanto a los pozos que ya quedaron “colgados” por un agotamiento del recurso, Minera Candelaria decidió anticiparse al problema acudiendo a la empresa sanitaria Aguas Chañar, concesionaria de la ciudad de Copiapó, quienes amparándose en oficios emitidos por la SISS (anteriormente mencionados) optarón por venderle alrededor de 200 m3/s de aguas servidas tratadas. Para completar este proceso, Minera Candelaria construyó un acueducto que permitirá el bombeo de estos recursos desde la ciudad de Copiapó hacia la comuna de Tierra Amarilla.
En consecuencia, la pequeña agricultura ubicada aguas abajo de la ciudad de Copiapó, específicamente los sectores del canal Chamonate – Toledo, sería afectada gravemente y dejaría de percibir este recurso, recurso que fue transferido a los agricultores en el proyecto de parcelación de “Piedra Colgada”, de la reforma agraria, que constituye el título de dominio original del sector reformado, y en este caso se encuentra inscrito en el Conservador de Bienes Raíces desde el año 1978.
Esta comunidad de aguas, está compuesta mayoritariamente por agricultores en calidad de propietarios, arrendatarios y medieros en cuanto a la tenencia de la tierra. La superficie cultivada por cada unidad productiva en promedio comprende entre las 5 a 10 has físicas, que en términos del universo de 1.600 hectáreas con aptitud agrícola en Chamonate – Toledo, alrededor de 250 has son explotadas por pequeños agricultores, representando un 15,6% en cuanto a superficie.
Estos hechos, fundamentan la urgencia de la moción “Ley interpretativa del artículo 61 del Decreto con Fuerza de Ley numero 382 de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, Ley de Servicios Sanitarios” que presentamos a continuación:
Moción de Ley
Ley interpretativa del artículo 61 del Decreto con fuerza de ley número 382 de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, ley de Servicios Sanitarios
Artículo Único. Para agregar un inciso final al Artículo 61 sobre el “Destino de las aguas servidas y servidas tratadas” el siguiente texto:
Se interpreta para los efectos del Artículo 61, del Decreto con Fuerza de Ley número 382 de 1988 (Ley de Servicios Sanitarios), que los prestadores de servicios sanitarios están obligados a disponer de la totalidad de las aguas objeto de la concesión en el cuerpo receptor y punto de descarga según lo establecido en el artículo 18 de esta misma Ley y en el respectivo decreto de otorgamiento de concesión, terminando allí su labor. Las aguas dispuestas se confunden con las aguas del cuerpo receptor, afluyendo el agua para que en dicho cuerpo receptor sean asignadas según los procedimientos establecidos en el Código de Aguas.
(Fdo.): Antonio Horvath Kiss, Senador.- Isabel Allende Bussi, Senadora.- Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- José Antonio Gómez Urrutia, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.
PROYECTO DE ACUERDO, PRESENTADO POR LOS SENADORES SEÑORES NAVARRO, LAGOS QUINTANA Y ROSSI, CON EL QUE SOLICITAN AL EJECUTIVO ADOPTAR MEDIDAS RESPECTO DEL USO DE EXTINTORES DE INCENDIO (S 1331-12)
1.- Que ante el alto número de muertos y heridos, el mal uso de recursos y millonarios gastos en hospitales y una contaminación casi incontrolable originada por incendios ocurridos en empresas públicas y privadas, edificios, buses y automóviles, el Ministerio de Salud dictó el DS 745/92 para regular la calidad de los extintores, ya que había una cantidad impresionante de equipos que no cumplía con estándares mínimos de calidad.
2. Que frente a esta situación, el Ministerio de Transportes dictó el DS 212/92, en el que se exigió el cumplimiento de todas las normas chilenas de calidad sobre extintores en los equipos de los vehículos de transporte de pasajeros y cargas peligrosas. Con esto se redujo en gran cantidad el número de muertes y pérdidas debidas a incendios. El mismo ministerio, entre 1995 y 1996, sin razón alguna, rebajó por resolución la exigencia de las normas, dejando sólo las de rotulación, con lo que desapareció la exigencia de extintores seguros, pues se eliminaron las normas de ensayos, que son las únicas que garantizan la seguridad y durabilidad de los extintores.
3. Que en 1996 el Ministerio de Economía reglamentó que todos los extintores debían cumplir como mínimo con las normas de rotulación, ya que los equipos de vehículos particulares, empresas y edificios no apagaban el fuego, basándose en una investigación publicada por el Sernac en 1995.
4. Que en 1999 se reemplaza DS 745/92 del Ministerio de Salud por el DS 594, y en el 2001 se dicta el DS 201 de la misma cartera. En ellos se incluyó el cumplimiento del DS 369/96 de Economía, que exigía la certificación de las normas de rotulación, aumentaba el número de metros cuadrados que separa un extintor de otro, eliminó la carga de combustible y rebajó el potencial mínimo de extinción por petición de la ACHS y la Asociación Gremial de Fabricantes, Importadores y Servicios Técnicos de Extintores. El argumento fue que un extintor 10 A tenía un costo más elevado con uno 4 A, sin considerar que el potencial mínimo para apagar un principio de incendio es 10 A.
5. Que en uno de los artículos de los DS 594/99 y 201/01, ambos del Ministerio de Salud, se estableció que en el área Metropolitana la fiscalización del cumplimiento de los decretos mencionados estaría en manos del Sesma y en provincias en los Servicios de Salud.
6. Que pese a ello la Autoridad Sanitaria no ha podido regularizar la situación de los extintores en el Metro, bancos y grandes tiendas y otras grandes empresas, lo que sí se ha podido hacer en pymes, almacenes, restaurantes y bazares. Es destacable que, existiendo la ley 16.744, ni las mutualidades ni prevencionistas de riesgo hayan hecho valer sus atribuciones y conocimientos para hacer que estas empresas cambien sus extintores, que originan grandes gastos, por equipos que realmente sirven y permiten ahorrar importantes sumas de dinero.
7. Que este organismo tampoco ha podido hacer que reemplacen los extintores de Halón por equipos con Dióxido de Carbono, a pesar de estar prohibidos de acuerdo al Protocolo de Montreal, aceptando y avalando que en el mercado se comercialicen extintores halógenos bajo la marca Haloclean, los que dicen ser Halón Limpio, que no daña la capa de ozono, pero en realidad es el mismo producto tóxico, el que sigue siendo utilizado y es aprobado por entidades de salud. El halón a pesar del daño que provoca, es preferido sólo por ser más liviano.
8. Que lo anterior tiene una sola razón: El negocio millonario que existe basado en recargas innecesarias a los extintores. Algunos comerciantes y "empresarios" convencen a los consumidores para que mantengan sus extintores antiguos y sólo los recarguen anualmente, porque es más económico que comprar extintores nuevos y certificados. En caso que decidan cambiar sus equipos, les venden extintores sólo con rotulación, que son más baratos que los que cumplen ensayos y rotulación, pues por el valor de 3 recargas pueden comprar un extintor de regular calidad, pero un equipo que cumpla todas las normas, el valor equivale a 5 recargas. La recarga da un 500% de utilidad, mientras que un extintor con todas las normas sólo un 30%.
9. Que las gerencias y/o direcciones de empresas públicas y privadas confían en sus empleados expertos en prevención de riesgos y del departamento de adquisiciones y también en las indicaciones de las mutualidades y no investigan ni se preocupan mayormente del tema de los extintores. Algunos prevencionistas no informan que hay equipos más seguros y más durables, para proteger sus empleos, debido a que los equipos que tienen las empresas debieron reemplazarse años atrás. Por otro lado, las mutuales no exigen a las empresas cambiar sus extintores, porque si comienzan a hacer muchos cambios los gerentes podrían afiliarse a otra mutual que haga menos demandas, fomentando el negocio de las recargas innecesarias.
10. Que Defensa Primaria es aquella que involucra la prevención y la intervención inmediata contra el fuego, es decir, determinar el riesgo, selección de equipos e implementos necesarios para sofocar principios de incendio, corno los extintores. Esta es responsabilidad de las empresas, según el Artículo 3° del Decreto 594 de 1999, de los administradores de seguro de accidentes del trabajo y empresas que tengan la capacidad autónoma para hacerlo, según ley 16.744.
11. Que la forma de asegurar que estas medidas sean respetadas, es la fiscalización de quienes tienen esta responsabilidad. Sólo deben cumplir con su trabajo la Dirección del Trabajo, Mutuales de Seguridad, el Ministerio de Transportes, los municipios, Carabineros y los Servicios de Salud.
El Senado acuerda:
1. Solicitar al Sr. Ministro de Salud que considere la modificación del DS 594/99 de su ministerio, para que se corrija los actuales vacíos legales en relación a los extintores, y considere dentro de la actualización del citado decreto, la inclusión de las siguientes medidas.
a) Todos los extintores portátiles y rodantes deben cumplir normas de ensayos y rotulación. Los extintores existentes deben adecuarse a la legislación, y de no ser posible ser reemplazados.
b) Los servicios técnicos para realizar trabajos en los extintores deben tener la autorización del fabricante o importador y deben cumplir con lo indicado en la NCh 2056.
c) Los laboratorios deberán certificar que los extintores cumplan todas las normas chilenas oficiales a través de marcas, rótulos y etiquetas. La concordancia entre la información proporcionada en los extintores por fabricantes o importadores, y sus características, será certificada por organismos autorizados, acreditados por el INN previo ensayo de calidad.
d) El proceso para certificar los extintores deberá efectuarse conforme a los procedimientos establecidos en las normas chilenas oficiales.
e) El rótulo entregado por el laboratorio, deberá indicar el cumplimiento del DS 594/99 del Ministerio de Salud y la cantidad y número de normas de ensayo que el extintor cumple.
f) En caso que, fabricantes, importadores o servicios técnicos, comercialicen y distribuyan extintores sin certificación, serán condenados al pago de una multa entre 20 y 100 UTM.
g) Se deberá prohibir la comercialización y utilización de extintores halogenados, portátiles y rodantes, de acuerdo a lo comprometido en el Protocolo de Montreal. h) Los laboratorios no podrán rotular ni certificar ninguna clase de extintores halogenados.
i) Se deberá exigir que el extintor de Polvo Químico Seco ABC tenga un potencial mínimo de 10A.
En caso de un equipo de CO2, debe ser de 2B y en los de Agua Presurizada, 2A.
j) Los trabajadores deberán ser entrenados en el uso del extintor, idealmente por parte de mutualidades y bomberos,
k) Calificar el incumplimiento respecto de los extintores, como una falta grave.
(Fdo.):Alejandro Navarro Brain, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.- Jaime Quintana Leal, Senador.- Fulvio Rossi Ciocca, Senador
PROYECTO DE ACUERDO, PRESENTADO POR LOS SENADORES SEÑORES NAVARRO, LAGOS, QUINTANA Y ROSSI, CON EL QUE SOLICITAN AL EJECUTIVO ADOPTAR LAS RECOMENDACIONES DE LA ONU SOBRE INSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS (S 1332-12)
1. Que las recomendaciones de la ONU emanadas del Examen Periódico Universal del Consejo de DDHH (A/HRC/12/10 del 4 de junio de 2009), especialmente aquellas señaladas en el numeral 96, incisos 7, 10 y 11, reiteran la necesidad de: “Comprometerse a promulgar la legislación mencionada en su informe nacional para fortalecer la protección de los DDHH en el país, en particular la reforma del sistema electoral, el establecimiento de una institución nacional de DDHH y varias normas sobre igualdad entre hombres y mujeres”; “Acelerar las reformas para establecer cuanto antes, mediante esfuerzos decididos, y por la vía legislativa, una institución nacional de DDHH conforme a los Principios de París”; y “Velar por la pronta aprobación de los proyectos de ley sobre el establecimiento de una institución nacional de DDHH y la Defensorio de las Personas”.
2. Que las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) son organismos estatales creados con un mandato constitucional o legislativo para promover y proteger los DDHH. Cuando se establecen según los Principios de Paris, estas instituciones se convierten en actores fundamentales en el sistema nacional de protección de los DDHH y fomentan vínculos importantes entre el Estado, la sociedad civil y los organismos internacionales de DDHH.
3. Que a diferencia de otros organismos del gobierno, las INDH no están bajo la autoridad del Ejecutivo, Legislativo o Poder Judicial y, aunque reciben todo o gran parte de su financiamiento del Estado, son independientes. Y a diferencia de las ONGs, las INDH tienen responsabilidades legales, como otros organismos del Estado. De manera imparcial buscan determinar si el Estado está cumpliendo con sus obligaciones en materia de DDHH.
4. Que no hay un modelo o nombre uniforme para INDH, pero en nuestra región suelen llamarse: defensorías del pueblo, defensores públicos, comisiones nacionales o procuradores de DDHH u Ombudsman. El nombre no importa sino sus funciones. Lo esencial es que sean establecidas conforme con los principios universales adoptados por la ONU, denominados Principios de París.
5. Que los denominados “Principios de Paris” son aquellos adoptados en una actividad internacional celebrada en París en 1991, “relacionados al estatus y funcionamiento de las instituciones nacionales” y marcaron el inicio de la cooperación y estandarización de las instituciones nacionales de DDHH (INDH) a nivel internacional.
6. Que entre sus competencias están: un mandato amplio de promoción y protección de los DDHH; presentar a las autoridades (de manera consultiva) sus opiniones, recomendaciones, propuestas e informes sobre DDHH y puede abarcar proyectos de ley, decretos, acciones, situaciones de violación de DDHH, etc.; armonizar la legislación y regulación nacional con instrumentos internacionales de DDHH de los que el Estado es parte y promover la ratificación de los que faltan; contribuir a elaborar los informes que deben entregar los Estados a los órganos de la ONU y cooperar con el sistema universal, regional y nacional; asistir en la formulación de programas de enseñanza e investigación de DDHH; difundir los DDHH y los esfuerzos para combatir la discriminación y aumentar la información pública a través de campañas y la prensa.
7. Que respecto de su composición e independencia los miembros de INDH deben ser elegidos de forma pluralista. Por lo tanto, es recomendable lograr la participación de organismos de la sociedad civil, académicos, parlamentarios, etc.; debe contar con infraestructura y financiamiento adecuado para sus actividades, que garantice la autonomía respecto del gobierno; sus miembros deben ser nombrados mediante un acto oficial donde se señale la duración de su mandato.
8. Que los INDH deben tener la libertad de considerar cualquier asunto, independiente de su fuente, escuchar a toda persona y obtener la documentación necesaria para analizar situaciones relevantes; difundir, a través de la opinión pública o la prensa, sus opiniones y recomendaciones; organizar reuniones regulares con todos sus miembros y establecer grupos de trabajo o unidades locales o regionales para asistir a sus funciones; consultar con actores relevantes en la protección y promoción de los DDHH y establecer relaciones con ONGs que se ocupan de ellos.
9. Que en el marco de sus funciones cuasi-jurisdiccionales adicionales las INDH pueden recibir y examinar quejas o peticiones individuales y deben buscar una solución mediante al conciliación o decisiones vinculantes; asegurando la confidencialidad, deben informar a la persona de sus derechos y los recursos a su alcance; pueden transmitir la petición a la autoridad competente o hacer recomendaciones directas para asegurar el cumplimiento de los derechos.
10. Que las INDH son actores claves que pueden llenar los vacíos en la aplicación del derecho internacional de DDHH. Trabajan para asegurar al Estado de Derecho y luchar contra la impunidad. También abogan por la aplicación nacional de tratados y mecanismos internacionales de DDHH. Las INDH son fundamentales para promover el respeto de los DDHH. También pueden impulsar planes de acción y fomentar políticas públicas. Presentan propuestas legislativas y evalúan el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por los Estados. Representan un enlace clave entre el sistema nacional e internacional, ya que pueden facilitar la interacción entre el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, el Parlamento nacional y la sociedad civil.
11. Que el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales analiza si la INDH cumple con los Principios de París y, dado el caso, la acredita. Esta acreditación le permite participar y pronunciarse en el Consejo de DDHH de las Naciones Unidas.
12. Que en América del Sur, Argentina, Solivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela cuentan con instituciones nacionales de DDHH, creadas según los Principios de París, y Uruguay está en el proceso de implementación de su INDH.
13. Que en Chile la primera iniciativa para crear el Ombudsman o Defensor del Pueblo fue el proyecto de Reforma Constitucional sobre Poder Judicial, Consejo Nacional de la Justicia y Defensor del Pueblo, ingresado a trámite el 09,04.1991, archivado con fecha 04.08.2004. Luego el Ejecutivo propuso crear el Defensor del Ciudadano, proyecto ingresado el 18.10.2000 y retirado el 11.11.2003; re-ingresado el 04.12.2003, aprobado en general el 08.10.2008 y rechazado en particular el 12.11.2008. El 04.12.2008 se presentó la Reforma Constitucional que crea la Defensoría de las Personas, aprobada por la Cámara de Diputados el 10.03.2009.
El Senado acuerda:
Solicitar al Sr. Presidente de la República, Sebastián Piñera, asumir e implementar las recomendaciones de la ONU emanadas del Examen Periódico Universal del Consejo de DDHH (A/HRC/12/10 del 4 de junio de 2009), especialmente aquellas señaladas en el numeral 96, incisos 7,10 y 11, que reiteran la necesidad de: “Comprometerse a promulgar la legislación mencionada en su informe nacional para fortalecer la protección de los DDHH en el país”; “Acelerar las reformas para establecer cuanto antes, mediante esfuerzos decididos, y por la vía legislativa, una institución nacional de DDHH conforme a los Principios de París”; y “Velar por la pronta aprobación de los proyectos de ley sobre el establecimiento de una institución nacional de DDHH y la Defensoría de las Personas”.
(Fdo.):Alejandro Navarro Brain, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.- Jaime Quintana Leal, Senador.- Fulvio Rossi Ciocca, Senador.
PROYECTO DE ACUERDO, PRESENTADO POR LOS SENADORES SEÑOR HORVATH, SEÑORA PÉREZ SAN MARTÍN Y SEÑORES CHAHUÁN, GARCÍA, GÓMEZ, KUSCHEL, LARRAÍN, LETELIER, PIZARRO, PROKURICA, SABAG Y ZALDÍVAR, SOBRE USO DE AGUAS POR LOS REGANTES AGRÍCOLAS Y GANADEROS (S 1333-12)
Considerando:
1.- Es un hecho conocido que el agua -recurso cada vez más escaso- adquiere más valor, se requiere protegerla y distribuirla en forma justa y eficiente, de manera de respetar las prioridades en su uso y los derechos históricos que de ella se tienen.
2.- En esta materia se ha generado la contrapetición de intereses entre algunas empresas sanitarias con regantes agrícolas y ganaderos. Esta situación particularmente se está empezando a dar con el uso de las aguas servidas, cuyo uso y derecho históricamente han ocupado los regantes en los distintos valles de nuestro país.
3.- Se está dando el caso en el cual las empresas sanitarias que tratan el agua pudiéndolas devolver nuevamente al punto de río o cuenca correspondiente, le están vendiendo el agua tratada a empresas mineras que evidentemente están disponibles dada y su situación económica con capacidad de pagar un valor atractivo por ello. Sin embargo por este uso y derecho histórico consuetudinario e incluso previo a que se instalaran las sanitarias, el agua se ha usado en riego, se debe seguir usando en ello, no puede afectar significativamente una actividad que genera trabajo, frena el proceso de desertificación y cumple un importantísimo rol social y productivo.
4.- Las empresas sanitarias se estarían negando incluso a lograr arreglos entre la Superintendencia de Servicios Sanitarios y los regantes.
5.- Lo expresado en láminas que se adjuntan, las que fueron preparadas por el director de INDAP, don Ricardo Ariztía.
Proyecto de Acuerdo
El Senado acuerda:
Solicitar a S. E. el Presidente de la República el que interceda para poner de acuerdo a las partes, Empresas Sanitarias, Superintendencia de Servicios Sanitarios y regantes agrícolas y ganaderos que utilizan aguas servidas y/o tratadas, sin afectar un derecho de uso y patrimonial de los regantes, evitando un engorroso proceso judicial, en el cual se podría concurrir al Tribunal Constitucional y otras instancias que permita en tiempo breve llegar a acuerdo y salvaguardar el derecho de miles de agricultores.
(Fdo.): Antonio Horvath Kiss, Senador.- Lily Pérez San Martín, Senadora.- Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- José García Ruminot, Senador.- José Antonio Gómez Urrutia, Senador.- Carlos Ignacio Kuschel Silva, Senador.- Hernán Larraín Fernández, Senador.- Juan Pablo Letelier Morel, Senador.- Jorge Pizarro Soto, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.- Hosaín Sabag Castillo, Senador.- Andrés Zaldívar Larraín, Senador.