Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- Antonio Horvath Kiss
- Baldo Prokurica Prokurica
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Fulvio Rossi Ciocca
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- PERMISO
- Patricio Walker Prieto
- PERMISO
- DEBATE
- ACUERDOS DE COMITÉS
- IV.
ORDEN DEL DÍA
-
CREACIÓN DE NUEVO SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTE VARIACIONES EN PRECIOS INTERNACIONALES DE COMBUSTIBLES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- DEBATE
- DEBATE
- RETIRO PATROCINIO DE PROYECTO
- Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- Camilo Escalona Medina
- Ricardo Lagos Weber
- RETIRO PATROCINIO DE PROYECTO
-
PROTOCOLO DE 1996 RELATIVO A CONVENIO SOBRE PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN DEL MAR POR DESECHOS Y OTRAS MATERIAS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- DEBATE
-
MODIFICACIÓN A RÉGIMEN JURÍDICO DE TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ximena Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
-
CREACIÓN DE NUEVO SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTE VARIACIONES EN PRECIOS INTERNACIONALES DE COMBUSTIBLES
- VI.
TIEMPO DE VOTACIONES
- FONDOS PARA REPOSICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO. PROYECTO DE ACUERDO
- MEJORAMIENTO DE CONDICIONES REMUNERACIONALES Y DE RETIRO DE TRABAJADORES DE JUNJI. PROYECTO DE ACUERDO
-
PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Rincon Gonzalez
- PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Rincon Gonzalez
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXOS
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES HORVATH, CHAHUÁN Y PROKURICA, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE PROHÍBE A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR INHIBIR LA RENDICIÓN DE EXÁMENES POR RAZONES ECONÓMICAS (7431-04)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Antonio Horvath Kiss
- Francisco Chahuan Chahuan
- Baldo Prokurica Prokurica
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES NAVARRO, GÓMEZ Y MUÑOZ ABURTO, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES MILITARES TRATÁNDOSE DE DELITOS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO AERONÁUTICO (7432-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- Pedro Hector Munoz Aburto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO DE ACUERDO, PRESENTADO POR LOS SENADORES SEÑORES CHAHUÁN, HORVATH, PROKURICA Y ROSSI, CON EL QUE SOLICITAN EL ENVÍO DE UN PROYECTO DE LEY QUE RECONOZCA LA CALIDAD DE BENEFICIARIO DE ASIGNACIÓN FAMILIAR AL CÓNYUGE DE UN PENSIONADO, NO OBSTANTE PERCIBIR RENTAS (S 1326-12)
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- Francisco Chahuan Chahuan
- Antonio Horvath Kiss
- Baldo Prokurica Prokurica
- Fulvio Rossi Ciocca
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- PROYECTO DE ACUERDO, PRESENTADO POR LOS SENADORES SEÑORES CHAHUÁN, QUINTANA Y ROSSI, CON EL QUE SOLICITAN EL ENVÍO DE UN PROYECTO DE LEY QUE MEJORE ECONÓMICAMENTE A LOS DIRECTIVOS NO PROFESIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA (S 1327-12)
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- Francisco Chahuan Chahuan
- Jaime Quintana Leal
- Fulvio Rossi Ciocca
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES HORVATH, CHAHUÁN Y PROKURICA, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE PROHÍBE A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR INHIBIR LA RENDICIÓN DE EXÁMENES POR RAZONES ECONÓMICAS (7431-04)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 358ª
Sesión 85ª, en martes 11 de enero de 2011
Ordinaria
(De 16:20 a 18:42)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR JORGE PIZARRO SOTO , PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
Acuerdos de Comités.................................¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea un nuevo sistema de protección al contribuyente que enfrenta variaciones en los precios internacionales de los combustibles (7064-05) (se aprueba en particular).....................................................................................................
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias, denominado "Convenio de Londres 1972" (6729-10) (se aprueba en general y particular).....................................................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica régimen jurídico del transporte publico concesionado (7085-15) (se aprueba en particular).....................................................................................................
VI. TIEMPO DE VOTACIONES:
Fondos para reposición de equipos y maquinarias de Cuerpo Militar del Trabajo. Proyecto de acuerdo (S 1313-12) (se aprueba).............................
Mejoramiento de condiciones remuneracionales y de retiro de los trabajadores de JUNJI. Proyecto de acuerdo (S 1312-12) (se aprueba)........................................................................................................
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedán, Eugenio
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Defensa Nacional , señor Jaime Ravinet de la Fuente; de Hacienda , señor Felipe Larraín Bascuñán; Secretario General de la Presidencia , señor Cristián Larroulet Vignau; del Trabajo y Previsión Social, señora Camila Merino Catalán y de Transportes y Telecomunicaciones subrogante, señora Gloria Hutt Hesse.
Actuó de Secretario el subrogante, señor José Luis Alliende Leiva, y de Prosecretario el subrogante, señor Mario Labbé Araneda.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 18 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 80ª, especial, y 81ª, ordinaria, ambas en 4 de enero del presente año, y de las sesiones 82ª y 83ª, ambas especiales, y 84ª, ordinaria, todas en 5 del mismo mes, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor PIZARRO (Presidente).-Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor LABBÉ ( Prosecretario subrogante ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Tres de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con los dos primeros retira y hace presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", respecto de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado (boletín N° 7.085-15).
2.- Proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas (boletín N° 4.248-06).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el tercero formula una observación al proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas (con urgencia calificada de "discusión inmediata") (boletín N° 4.248-06).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Oficios
Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados:
Con los dos primeros comunica que ha dado su aprobación a los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley que restablece excepción, en las Regiones de Aysén y Magallanes, acerca de los establecimientos de bebidas alcohólicas (boletín N° 7.138-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
2.- Proyecto de acuerdo que aprueba el "Convenio 187, sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo", adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (boletín N° 7.386-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Con el tercero comunica que aprobó, con las enmiendas que indica, el proyecto de ley que facilita la constitución y el funcionamiento de nuevas empresas (con urgencia calificada de "discusión inmediata") (boletín N° 6.981-03).
--Queda para tabla.
Con el cuarto informa que ha prestado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que aumenta las Plantas del Personal de Carabineros de Chile (boletín N° 6.962-02).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.
De la Excelentísima Corte Suprema, con el que envía su opinión respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 175 del Código Orgánico de Tribunales para establecer un sistema de distribución de causas equitativo (boletín N° 6.988-07).
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional, con el que remite copia autorizada de la sentencia definitiva recaída en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 38 y 38 ter de la ley N° 18.933.
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores , con el que responde un proyecto de acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Senadores señores Navarro, Muñoz Aburto, Lagos, Rossi y Tuma, mediante el cual se aboga por la ratificación de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo relativos a la seguridad y la salud de los mineros (boletín N° S 1.300-12).
Del señor Ministro de Defensa Nacional , por medio del que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, referido al incidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Santiago que afectó al ciudadano chileno palestino señor Roberto Bischara.
Dos del señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo:
Con el primero contesta un oficio expedido en nombre del Senador señor García, concerniente a los planes y proyectos que serán financiados con cargo a la Ley de Presupuestos para el año 2011 y que integran el denominado "Plan Araucanía".
Con el segundo atiende un oficio cursado en nombre de la Senadora señora Rincón, acerca de las razones que motivaron la eliminación de los fondos asignados al Programa Chile Emprende en la Ley de Presupuestos para el año 2011, y la forma en que se desarrollarán los programas de fomento productivo en las provincias de Linares y Cauquenes.
Cuatro del señor Ministro de Obras Públicas :
Con los dos primeros responde igual número de oficios despachados en nombre de la Senadora señora Rincón: uno sobre las obras de reparación del puente Brisas de Loncomilla, en la comuna de San Javier, y otro acerca del proyecto de mejoramiento de las redes de agua potable rural mediante el uso de fondos de conservación de la Dirección de Obras Hidráulicas para la comuna de Colbún.
Con el tercero contesta un oficio expedido en nombre del Senador señor García, relativo a los planes y proyectos que serán financiados con la Ley de Presupuestos para el año 2011 y que integran el denominado "Plan Araucanía".
Con el cuarto, da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, respecto del funcionamiento de la barcaza Padre Antonio Ronchi, en el fiordo Mitchell, Región de Aysén.
Del señor Ministro de Salud , con el que responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Frei (don Eduardo), referido a la situación que afecta a la familia de doña Soraya Sáez Correa, fallecida en abril de 2009.
Dos de la señora Jefa de la División Educación General del Ministerio de Educación:
Con el primero atiende un oficio remitido en nombre del Senador señor Chahuán, tocante al número de personas que participan en cursos de Educación de Adultos en todo el país.
Con el segundo contesta un oficio despachado en nombre de la Senadora señora Allende, mediante el cual solicita información acerca de si en los actos celebrados en los establecimientos educacionales municipalizados se interpreta la tercera estrofa del Himno Nacional.
Del señor Director Nacional de Gendarmería de Chile , con el que da respuesta a un oficio expedido en nombre del Senador señor Navarro, concerniente al número de suicidios ocurridos durante los últimos dos años en las cárceles del país.
Del señor Director Nacional de la CONADI , a través del que responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Navarro, sobre los convenios de colaboración en materia de interculturalidad suscritos entre esa Institución y otros servicios públicos.
Del señor Secretario Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de Antofagasta, con el que da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Cantero, en cuanto a irregularidades en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales cometidas en la división de CODELCO Norte.
Del señor Secretario General de Carabineros de Chile, mediante el cual contesta un oficio despachado en nombre del Senador señor Navarro, acerca de la posibilidad de ceder parte del terreno fiscal sobre el que se emplaza el Retén "Centinela", en la comuna de Yumbel.
Del señor Director interino del Hospital Hanga Roa, con el que da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Letelier, referido a las personas ingresadas a ese recinto el día 3 de diciembre pasado, el diagnóstico que se les entregó y la atención que recibieron.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Segundo informe y nuevo segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado (con urgencia calificada de "discusión inmediata") (boletín N° 7.085-15).
Informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, recaídos en el proyecto de acuerdo aprobatorio del Quincuagésimo Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35 sobre Comercio de Servicios entre los Gobiernos de los Estados Partes del MERCOSUR y el Gobierno de Chile, suscrito en Montevideo el 27 de mayo de 2009 (con urgencia calificada de "suma") (boletín N° 6.690-10).
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Senadores señores Horvath, Chahuán y Prokurica, con la que dan inicio a un proyecto de ley que prohíbe a las instituciones de educación superior inhibir la rendición de exámenes por razones económicas (boletín N° 7.431-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
De los Senadores señores Navarro, Gómez y Muñoz Aburto, con la que inician un proyecto de ley sobre competencia de los tribunales militares tratándose de delitos establecidos en el Código Aeronáutico (boletín N° 7.432-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Declaraciones de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señores Bianchi, Horvath y Prokurica, con la que inician un proyecto de ley que exime del impuesto al valor agregado a las ventas de bienes y servicios cuyo destino sea el Territorio Antártico Chileno.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , de acuerdo con lo dispuesto en el número 1° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política, y por tratarse de un proyecto que debe tener origen en la Honorable Cámara de Diputados, conforme lo establece el inciso segundo del citado precepto constitucional.
Moción del Senador señor Rossi, con la que inicia un proyecto de ley que establece el contrato especial de trabajo en zonas francas.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , de conformidad con lo dispuesto en el número 4° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política.
Proyectos de acuerdo
De los Senadores señores Chahuán, Horvath, Prokurica y Rossi, con el que solicitan el envío de un proyecto de ley que reconozca la calidad de beneficiario de asignación familiar al cónyuge de un pensionado, no obstante percibir rentas (boletín N° S 1.326-12).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
De los Senadores señores Chahuán, Quintana y Rossi, con el que solicitan el envío de un proyecto de ley para mejorar económicamente a los directivos no profesionales de la Subsecretaría de Salud Pública (boletín N° S 1.327-12).
--Pasa a la Comisión de Salud.
Permiso constitucional
Solicitud del Senador señor Patricio Walker, para ausentarse del territorio nacional entre el 18 y el 23 de enero del año en curso.
--Se accede.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).- Los Comités, en reunión celebrada el día de hoy, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.- Proponer a la Sala que se incluya en el tercer lugar del Orden del Día de la presente sesión el proyecto que modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
2.- Permitir que se presente a dicha iniciativa, hasta hoy, a las 17, una indicación consensuada entre el Ejecutivo y los señores integrantes de la Comisión.
3.- Autorizar a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento a fin de que emita un informe oral sobre la observación formulada por el Ejecutivo al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas, de la cual se dio cuenta en esta sesión.
4.- Fijar plazo para presentar indicaciones, hasta el lunes 7 de marzo, a las 13, respecto del proyecto que prohíbe el uso de plaguicidas de elevada peligrosidad, aprobado en general en sesión del 5 de enero último.
5.- Establecer un nuevo plazo para formular indicaciones, hasta el lunes 7 de marzo, a las 13, a los proyectos que modifican la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores.
6.- Ampliar el plazo de presentación de indicaciones, hasta el jueves 13 de enero, a las 12, en la Secretaría de la Comisión, con relación al proyecto que crea el Ministerio de Desarrollo Social.
7.- Fijar un nuevo plazo para formular indicaciones, hasta esta tarde, a las 18, en la Secretaría de las Comisiones unidas de Trabajo y Salud, al proyecto de ley sobre licencias médicas.
8.- Autorizar a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización para que discuta en general y en particular, en su primer informe, los proyectos refundidos concernientes al uso del pabellón patrio.
9.- Postergar la sesión especial citada para mañana a fin de analizar el estado de avance del actual proceso de reconstrucción en las Regiones y zonas afectadas por el terremoto del 27 de febrero de 2010, con el objeto de efectuarla el miércoles 9 de marzo del año en curso.
El señor HORVATH.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor HORVATH.- Señor Presidente , en la Cuenta se declaró inadmisible el proyecto de ley que exime del impuesto al valor agregado a las ventas de bienes y servicios cuyo destino sea el Territorio Antártico Chileno.
Desde luego, concordamos con esa decisión, pero pedimos que se oficie al Ejecutivo a fin de solicitarle el patrocinio de la iniciativa y que la presente, como corresponde, en la Cámara de Diputados.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se enviará el oficio pertinente, señor Senador.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Antes de pasar al Orden del Día, creo interpretar a todos los Senadores al manifestarle al Honorable señor Pérez Varela , una vez más, nuestro dolor y nuestras condolencias por el trágico fallecimiento de su hermano.
Su Señoría, hemos estado con usted.
Asimismo, nos da mucha alegría, dentro de la pena que sentimos, el hecho de que la Honorable señora Allende se haya reincorporado a la Corporación después de la muerte de su hijo.
Sé que ambos ya han recibido el saludo de cada uno de los señores Senadores y, ahora, como Senado, les hacemos llegar a ustedes y a sus familias nuestra comprensión y solidaridad.
IV. ORDEN DEL DÍA
CREACIÓN DE NUEVO SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTE VARIACIONES EN PRECIOS INTERNACIONALES DE COMBUSTIBLES
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea un nuevo sistema de protección al contribuyente que enfrenta variaciones en los precios internacionales de los combustibles, con segundo informe de las Comisiones de Hacienda y de Minería y Energía, unidas, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7064-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 44ª, en 18 de agosto de 2010.
Informes de Comisión:
Hacienda y Minería y Energía, unidas: sesión 52ª, en 14 de septiembre de 2010.
Hacienda y Minería y Energía, unidas (segundo): sesión 81ª, en 4 de enero de 2011.
Discusión:
Sesiones 55ª, en 28 de septiembre de 2010 (queda para segunda discusión); 56ª, en 29 de septiembre de 2010 (se aprueba en general).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).- Las Comisiones unidas dejan constancia, para los efectos reglamentarios, de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos 6°, 7° y 8° permanentes. Estas disposiciones -referidas a enmiendas al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, a la transferencia a la Cuenta Única Fiscal de los saldos de los subfondos de gasolina, petróleo y otros, y a la imputación de los gastos de la ley- deben darse por aprobadas, salvo que algún señor Senador, con la unanimidad de los presentes, solicite su discusión y votación.
--Se aprueban reglamentariamente.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).- Las Comisiones unidas realizaron una serie de enmiendas al proyecto aprobado en general, de las cuales solo una fue acordada por unanimidad. Las demás resultaron aprobadas por mayoría y deben ser puestas en votación oportunamente.
La única enmienda unánime se refiere a la denominación del artículo único transitorio, que pasó a ser primero transitorio. De conformidad con el artículo 133 del Reglamento del Senado, debe ser votada sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión y votación.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado de cuatro columnas, que transcriben las normas legales atinentes al proyecto, el texto que se aprobó en general, las enmiendas realizadas por las Comisiones unidas y el texto final que resultaría de aprobarse estas.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión particular.
Tiene la palabra el señor Ministro, quien nos va a ilustrar acerca de algunas de las modificaciones.
El señor LARRAÍN ( Ministro de Hacienda ).- Señor Presidente , en primer lugar, quiero hacer un poco de memoria respecto de este proyecto -se vio hace ya algún tiempo- y también explicar el sentido de los cambios que lo afectaron.
Cabe recordar que Chile tenía un mecanismo llamado "Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo" (FEPCO), que fue creado el 2006 para suceder al FEPP (Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo) y que expiró en forma automática el 1° de julio de 2010. Esto hizo que se reactivara el FEPP; sin embargo, hoy no tiene recursos, por lo cual no puede ejercer su rol.
Frente a esa realidad y a la observación de que, primero, el petróleo experimenta fluctuaciones internacionales importantes y, segundo, el esquema existente en el pasado nos reportó como país, durante la última década, un costo fiscal, entre directo y por menor recaudación, de 2 mil 300 millones de dólares -esto es, del orden de 230 millones de dólares por año-, el Gobierno ha planteado un nuevo mecanismo de protección al consumidor denominado "Sistema de Protección al Contribuyente ante Variaciones de los Precios de los Combustibles" (SIPCO), el cual opera con una metodología en que se incorpora un impuesto específico variable, junto al impuesto específico fijo.
Lo que se hace es fijar un rango de, más o menos, 12,5 por ciento respecto de un precio central, lo cual ya existió en el pasado. Nosotros hemos tenido uno de 12,5 y otro de 5 por ciento, aproximadamente. Se trata de un rango algo mayor que el anterior, porque la idea es proteger frente a fluctuaciones importantes en el precio internacional de los combustibles.
Quiero hacer presente que, de haber estado operativo ese mecanismo, no habría resguardado al consumidor de las fluctuaciones recientes, por una razón muy simple: ellas se deben a variaciones en el tipo de cambio y el sistema está diseñado para proteger, no ante esa eventualidad, sino frente a modificaciones significativas en los precios internacionales de los combustibles.
Además, como estos últimos han registrado un alza moderada, tampoco habrían operado ni el Fondo anterior, ni el FEPCO -vigente hasta el 1° de julio del año pasado-, ni el esquema que proponemos.
Por lo tanto, señor Presidente, deseo desvirtuar algunas afirmaciones en el sentido de que, si hubiera estado operativo este sistema o el precedente, habríamos resguardado a los consumidores de las fluctuaciones recientes en los precios de los combustibles.
Se trata, entonces, de un esquema para proteger frente a oscilaciones bruscas.
Un segundo punto que se ha planteado es si acaso existen recursos suficientes para esta protección. Y debo afirmar, categóricamente, que este sistema ofrece una mejor que la que contempla el Fondo, porque dentro del rango hay una protección estatal indefinida, en el sentido de que no se limita a un monto específico de recursos. Así, cuando el precio aumente mucho, habrá un impuesto variable negativo, y, por ende, se reducirá el impuesto específico y, consiguientemente, el Estado recaudará menos. Y este se halla dispuesto a hacerlo, pues entiende que es su obligación dentro de un esquema eficiente de resguardo ante las fluctuaciones de precios de los combustibles.
En consecuencia, en una primera etapa, el proyecto establece este sistema de impuesto variable a través de un mecanismo de protección en que no se acude a seguros.
En una segunda fase, la iniciativa dispone la contratación en el exterior de un "Seguro de Protección del Contribuyente ante Variaciones en los Precios de Combustibles" (SEPCO), a fin de traspasar el costo de estabilización fuera del país. De tal modo, si hay una fluctuación violenta, nos van a pagar una prima, y ella se incorporará como un impuesto específico a los combustibles variable negativo, lo cual reducirá el precio doméstico a efectos de mantenerlo dentro del rango al que nos comprometimos.
¿Cuáles son los cambios de este esquema?
El primero es que él no protege a todos los consumidores. Y, de hecho, no existe razón alguna para que el Gobierno de Chile deba resguardar a los grandes consumidores de combustible, entendiendo por tales a los "no pymes".
Por lo tanto, la idea es proteger a las pymes, a los que pagan el impuesto específico a los combustibles. De esa manera, los automovilistas también quedan protegidos por esta suerte de seguro. Pero la gran empresa, aquella que vende más de 100 mil UF, tiene que contratar sus propios seguros para hacer frente a las fluctuaciones en los precios de los combustibles, tal como ya está ocurriendo, porque hoy día no se encuentra operativo un esquema de protección a estos efectos.
Las enmiendas introducidas son fundamentalmente dos.
En primer lugar, se incorpora a los transportistas tal como cualquier empresa, quedando cubiertos por este mecanismo con los mismos topes establecidos mediante el actual esquema.
En segundo término, se aumenta, en forma transitoria, por dos años, el tope para protección -dentro del mecanismo de suavizamiento de precios- de aproximadamente 25 mil UF -contemplados en el proyecto original-, esto es, 15 mil UTM, a 100 mil UF. ¿Con qué fin? Con el de que esta empresa, que es una pyme mediana, tenga una protección mientras transita hacia un esquema en el cual se protegerá por sí sola en los mercados de cobertura, como corresponde y hacen sus pares en otros países.
Estos son los dos cambios que ha experimentado el proyecto.
En tal sentido, para nosotros, el Gobierno, es importante su aprobación, a fin de contar con un mecanismo efectivo de suavizamiento de precios de los combustibles, el cual no se halla operativo hoy.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente , la iniciativa que ahora analizamos crea -como lo planteó muy bien el señor Ministro de Hacienda - un mecanismo de protección para los contribuyentes del impuesto específico a los combustibles frente a las variaciones en el precio internacional.
Este se aplica a la gasolina automotriz, al petróleo diésel, al gas natural comprimido y gas licuado de petróleo, ambos de consumo vehicular, motivados por cambios en sus cotizaciones internacionales, y operará principalmente a través de incrementos y rebajas a los impuestos específicos a los combustibles establecidos en la ley N° 18.502.
Señor Presidente, Chile es un importador neto de crudo y, además, no tiene influencia sobre los precios a los que importa, como resulta evidente.
El Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo (FEPP) y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo, han tenido por objeto evitar que las fluctuaciones de los precios internacionales lleguen sin atenuación al mercado doméstico. Sin embargo, no son eficientes, pues ante la realidad que ha vivido el mundo entero, donde el precio de los combustibles ha ido permanentemente al alza, tienden a agotarse, o bien, a crecer sin límite ante bajas constantes y sucesivas del precio.
La iniciativa de ley que hoy analizamos crea un sistema de protección al contribuyente, el cual, a mi juicio, será aplicado en dos etapas sucesivas.
En la primera, que es más bien parecida al Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo, se ajustará mensualmente el impuesto específico a los combustibles, pero en lugar de otorgar un subsidio cuando el precio está sobre el techo del piso, se efectuarán rebajas si el precio del producto se encuentra arriba de cierto límite o se incrementará en caso contrario.
En definitiva, no habrá más un fondo, sino que se modifica el impuesto específico a los combustibles, que ahora tendrá un componente fijo y otro variable.
En la práctica, señor Presidente , se acoge lo que por tanto tiempo solicitamos a otros Gobiernos, en el sentido de establecer un impuesto móvil, que evite que la situación de los usuarios de combustibles sea aún más gravosa cuando el precio internacional aumente, por la aplicación de la carga impositiva.
Hoy he visto en algunos medios de comunicación a un señor Senador señalar que si aumentan los precios de las bencinas es responsabilidad del Ministro de Minería .
A mi entender, esa es un crítica absolutamente infundada. Yo quiero expresar a Su Señoría, por su intermedio, señor Presidente , que si hoy suben los precios de los combustibles es porque no manejamos el precio internacional y porque ha habido fluctuaciones en el tipo de cambio, lo que llevó a que el propio Senador pidiera aquí, en el Senado, que se interviniera, para que los exportadores, especialmente los de su Región, no sufrieran sus consecuencias.
Además, los Gobiernos de la Concertación en reiteradas oportunidades se negaron a establecer un impuesto móvil, y únicamente se dedicaron a gastar plata fiscal sin atacar el fondo del asunto. ¡Lo que sus Gobiernos no hicieron en más de 10 años, señor Senador, hoy día el nuestro lo está efectuando solo en meses!
Señor Presidente , en una segunda etapa el impuesto específico a los combustibles permanecerá en parte fijo, tal como se estableció en 1986, pero se aplicará un sistema de seguro de precio a futuro, utilizando de esta manera los mecanismos que hoy entrega el mercado para amortiguar las variaciones.
Tomar seguros en esta materia es importante. Solo hay que recordar que la ENAP -hace unos días realizamos una sesión especial al respecto- perdió mil millones de dólares, porque no tomó seguros de cobertura cuando el Gobierno en su minuto la obligó a comprar combustible a precios altos para abastecer a las generadoras eléctricas, que posteriormente tuvo que vender a precios más bajos.
Con tal fin, el Ministerio de Hacienda tomará opciones para asegurar, a meses plazo, un precio máximo en el mercado internacional a cambio de una prima equivalente a un porcentaje de aquel. De esta manera, si el precio excede del previsto en la opción, esta se ejerce y se compra el producto al precio convenido, esto es, a menos de lo que establece el mercado. Por el contrario, si fuera posible comprar a un precio menor al previsto en la opción, entonces, esta no se ejerce y se compra el producto a ese menor precio de mercado, perdiéndose, en este caso, el porcentaje pagado como prima.
Finalmente, el proyecto hace adecuaciones en esta segunda etapa al impuesto al gas natural comprimido y al gas licuado de petróleo, ambos para consumo vehicular.
La nueva propuesta del Ejecutivo emplea los mecanismos que entrega el mercado, y, además, los limita solo a los consumidores -como lo planteó aquí el Ministro - que necesitan dicha cobertura.
Hay grandes empresas que incluso hoy utilizan los mecanismos del mercado, y deben hacerlo, por supuesto, con la finalidad de protegerse.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, deseo reiterar mi voto de abstención en las Comisiones unidas respecto de esta iniciativa.
Ello se fundamenta en el hecho de que -como se ha señalado acá- había un sistema, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo, que el Ejecutivo no revalidó y, en consecuencia, expiró el 30 de junio del 2010 -como lo informó el señor Ministro -, y ha sugerido en su reemplazo este sistema que en lo fundamental apunta a brindar protección ante las bruscas fluctuaciones en el precio de los combustibles por la vía de un seguro sujeto a un sistema de licitación internacional para su contratación.
El argumento dado por el señor Ministro de Hacienda es que durante 10 años el costo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo fue muy elevado y, por lo tanto, no sería conveniente para el Fisco contar con un tipo de fondo que significara una merma de recursos fiscales, tal como ocurrió con el esquema anterior.
No está claro que el sistema de seguro sujeto a la licitación internacional vaya a significar una merma inferior. Ha sido simplemente una afirmación de voluntad la que han hecho el señor Ministro y el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra. No existe ningún antecedente práctico que así lo indique.
En segundo lugar, es evidente que hay diferencia de criterios: de un sistema seguro ahora tendremos uno inseguro. Porque el señor Ministro no podría asegurar que el sistema propuesto vaya a ser mejor que el anterior. Esto se someterá a la experiencia que nos deje el paso del tiempo.
Es posible que la tesis de que sea mejor se cumpla. Es un deseo. Pero también es factible que no funcione así. Por consiguiente, considero perfectamente legítimo, y no tendría por qué ser descalificado, nuestro punto de vista en el sentido de que el sistema anterior ofrecía una estabilidad mayor.
Por último, en cuanto al trámite que ha tenido este proyecto en el Congreso, creo que ninguno de los Senadores presentes en la Sala puede ignorar que habitualmente, sobre todo los parlamentarios de Oposición, estamos sometidos al sistemático maltrato de la señora vocera de Gobierno, quien respecto de todas las dificultades inherentes al ejercicio del poder -efectivamente las tiene, muchas de las cuales son comprensibles- señala que son culpa de la Oposición.
Ayer, yo simplemente me adelanté al manifestar que, en el caso de la iniciativa en análisis, su demora en el curso de las últimas semanas escapa por completo a la voluntad de los parlamentarios de Oposición, de la Concertación, porque hubo sesiones de las Comisiones de Hacienda y de Minería y Energía, unidas, que fracasaron por falta del quórum necesario al no haber concurrido los señores Senadores de Gobierno; y que en particular el Ministro de Minería , quien acudió al inicio del tratamiento de esta normativa, no asistió más a su tramitación, descansando única y exclusivamente en el trabajo realizado por un asesor, al cual, por cierto, con el debido respeto, escuchamos sistemáticamente en los organismos técnicos respectivos.
Pero reitero que ni dicho Secretario de Estado ni los Subsecretarios, responsables políticos del Gobierno respecto de la normativa en estudio, no concurrieron más a una sesión de las Comisiones unidas.
Por lo tanto, es completamente indesmentible lo que afirmé ayer desde el punto de vista público en el sentido de que el señor Ministro de Minería actuó con total dejación de la responsabilidad política que le cabe en la tramitación de esta ley en proyecto.
Lamento que la situación sea así. Pero como ya estamos acostumbrados a este juego de palabras en el que respecto de todos y cada uno de los problemas que se presentan sale la señora vocera de Gobierno diciendo que ello es culpa de los parlamentarios de Oposición, he querido evitar que ella una vez más mienta a la opinión pública, porque, en este caso, las responsabilidades por la prolongación del trámite legislativo corresponden de manera exclusiva a la autoridad política, que no cumplió, a mi juicio, con sus obligaciones ministeriales.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , el año pasado nunca nos quedó claro por qué habiéndose agotado el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo no se procedió a su restitución.
A veces, uno tiene el mal hábito de pensar que, en definitiva, las cosas cuando llegan a su clímax y están a punto de reventar facilitan su debate.
Por eso, siento que lo planteado por el Senador Escalona no es fruto del azar. Se quiso esperar a que hubiera una presión internacional y no se contara con un mecanismo alternativo como el Fondo de Estabilización para presionar al Senado y al Congreso a despachar una iniciativa, que introduce un cambio tan profundo como el propuesto, con una discusión bastante menor.
Desconozco cuándo ingresó este proyecto a la Comisión de Hacienda. Pero se está cambiando un mecanismo que significa varios miles de millones de dólares. El señor Ministro nos asegura que será económico para el país. No sé si se adjunta un informe financiero que permita realizar la apuesta sugerida, porque, en definitiva, se trata de una compra a futuro. Un seguro de tal naturaleza implica una apuesta respecto de lo que deberemos pagar por concepto de prima según cómo se comporten los precios de los combustibles.
Ignoro si otras variables que influyan en la estabilidad económica, como la guerra, afectarán el precio del petróleo. No sé si Estados Unidos pretende invadir algún otro país para hacer subir el precio de dicho producto. Eso siempre es impredecible.
Sin embargo, se ofrece un mecanismo que -entiendo- pretende el bien del país. Comprendo que existe una voluntad positiva en tal sentido. Pero no logro vislumbrar por qué se realiza ahora. No lo hizo la Concertación en su momento. Algunos podrían decir que, en 20 años, los economistas de la Concertación (sus Ministros de Hacienda ) no fueron tan hábiles, pues nunca se les ocurrió. Y ahora tenemos un Gobierno más hábil en estos manejos y propone un mecanismo para mejorar la situación descrita.
A mi juicio, la actual Administración está obrando sobre hechos consumados. Porque si el Fondo de Estabilización estuviera vigente y se nos dijera que debe ser reemplazado por otro, habría tiempo suficiente para discutir al respecto, ya que se trata de una materia que posee un alto grado de variabilidad, salvo que se nos expresara que estos seguros dan plena garantía, lo que no ocurre en cuanto a la estabilidad del precio del petróleo.
Por lo tanto, debemos discutir en enero la iniciativa bajo la amenaza de que si no se aprueba los costos lo pagaran los consumidores. El Gobierno tuvo un año para buscar un mecanismo alternativo. Mientras tanto, se pudo haber suplementado el Fondo de Estabilización y haber debatido sobre un sistema, que, por cierto, es de mercado y parece muy moderno, pero no creo que no implique riesgo alguno.
En cierta ocasión discutimos autorizar a las administradoras de fondos de pensiones a invertir un 20, 40 ó 60 por ciento -hoy día, están en 80- en el extranjero, cuando se dijo que el mercado nacional era insuficiente y que había que asumir riesgos. Con tal objeto establecimos la política de la "mortadela", consistente en introducir reformas a las AFP por secciones, y autorizamos cinco clases de fondos. Y la clave para que ello resultara era la información.
Quiero hacer el siguiente símil.
Se propuso la constitución de los Fondos A, B, C, D y E. Los tres primeros para los más jóvenes, y el último para los más viejos, pues ofrecía una rentabilidad de 4 por ciento. Y nos pareció atractivo. No obstante, eso funciona cuando se dispone de la información apropiada.
Respecto de los Fondos A, B y C, las administradoras supieron cuando se produciría inestabilidad en los mercados internacionales, pero como ellas, en su calidad de asesoras de los ahorrantes de dichos fondos de capitalización individual, no informaron tal situación, nadie se pudo cambiar.
En consecuencia, se hizo la pérdida: 25 mil millones de dólares. La gente perdió la mitad de sus ahorros previsionales. Habíamos encargado a tales organismos -creados por nosotros- el deber de administrar e informar a la gente para que tome sus decisiones. Sin embargo, no comunicaron a tiempo el problema que se avecinaba. Y ese mecanismo no lo hemos modificado.
Ahora, como la batalla comunicacional la ganan las AFP al pagar grandes sumas en publicidad, resulta imposible combatir contra aquello, pues en este país no hay un solo periódico de Oposición -¡ni uno solo!-.
Entonces, nos encontramos ante el ofrecimiento de una alternativa consistente en la contratación de un seguro, donde Chile deberá cancelar una prima. Pero le quiero preguntar al señor Ministro -yo no soy economista- cómo se va a comportar tal seguro cuando efectivamente haya que cambiar la prima al superarse el nivel de precios pactado.
Aquí ha ocurrido con varios señores Diputados que luego de ser objeto de un siniestro automovilístico han sido echados por las compañías aseguradoras. Y también ha habido reclamos en el sentido de que debemos buscar un seguro capaz de aguantar los daños sufridos por los vehículos de los Senadores, a los cuales se ven expuestos de manera permanente.
¿Cuántos siniestros puede aguantar este seguro, señor Ministro ? ¿Hasta qué monto? ¿Nos va a abandonar? ¿Qué garantía hay de no tener que volver a un fondo de estabilización si surge una crisis internacional? ¿Cuánto podría ganar o perder el país?
Antes de presentarse el problema por la venta de cobre en los mercados de futuro, todos decían que era el mecanismo que garantizaba mayores ingresos a Chile. La verdad es que hubo un operador que no se desempeñó con transparencia y perdimos mucho dinero.
La cuestión es garantizar a los pequeños usuarios, tal como manifestó el señor Ministro , que no pagarán los costos del alza del precio de los combustibles. Pero también se trata de asegurar al país que nos encontramos frente a un sistema innovador que funcionará cuando lo necesitemos y que no irrogará una pérdida mayor a la experimentada con el Fondo de Estabilización.
Como el mecanismo propuesto es muy nuevo, nos gustaría saber en qué países funciona, a qué materias podría asimilarse, porque estamos hablando de muchísimo dinero y sería interesante conocer algo más de él antes de decidir innovar sobre el particular.
De otro lado, parece muy adecuado que se mantenga el Fondo de Estabilización para la parafina, porque la usan los pobres. Y, al respecto, también desearíamos estar al tanto si aquel va a alcanzar para esos efectos.
¡Patagonia sin represas!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, me gustaría dar a conocer tres o cuatro consideraciones respecto de este proyecto de ley.
En primer lugar, muchas veces me cuesta entender el contexto del debate generado sobre el particular, porque precisamente lo que persigue la iniciativa son dos cosas: proteger a los consumidores frente al alza que puedan experimentar los precios de los combustibles y, paralelamente, al Fisco en cuanto a los ingresos que debe gastar en un fondo que -tal como se señaló- demanda gran cantidad de recursos.
Ahora, cuando se pregunta en el Senado si lo relativo a los seguros se trata de un asunto nuevo, la respuesta se halla en el informe -página 2, exactamente- de las Comisiones unidas, el cual señala en forma expresa que hace 40 años que está operando el sistema propuesto, por lo que no es algo novedoso. Por ejemplo, México , que basa su ingreso fiscal en la explotación del petróleo, lo tiene implementado desde hace mucho tiempo y le ha permitido importantes ahorros fiscales por la fluctuación de los precios internacionales de los combustibles.
Pero, a mayor abundamiento, en el referido informe -página 3- emanado de dichos organismos técnicos, se expresa -leo textual, porque creo que estos sistemas se prueban en las etapas de crisis, de volatilidad, de elevados precios-: "Enseguida, realizando una proyección del costo que, por la aplicación de lo que se propone en el proyecto, habría tenido en Chile el precio de los combustibles en el período de mayor volatilidad histórica, entre junio de 2007 y agosto de 2010, indicó que el litro de gasolina habría costado, en el mes más caro, US$18,5, y en un mes medio, US$6,4; el de diésel, a su turno, US$16,4 y US$15,7 respectivamente".
Y aquí viene lo importante, señor Presidente.
¿Qué señala el informe de la Comisión? "Esto habría permitido percibir entre US$30 y 40 millones mensuales por concepto de seguros, cuya operatoria contempla la contratación, con seis meses de anterioridad, de un seguro para el consumo de un mes, considerando una indemnización de la aseguradora si el precio sube del tope máximo, y un pago a ella si es que desciende en demasía.".
Pero acá también está la parte importante de la respuesta que indicaba respecto a la prima.
A renglón seguido se expresa: "Además, la iniciativa consulta un máximo para el gasto neto en primas, de 4% del promedio del precio mayorista internacional de paridad, con el objeto de proteger a los consumidores y no exponerlos al pago de sumas excesivas.".
Por consiguiente, desde todo punto de vista, el nuevo sistema salvaguarda al consumidor ante el impacto que tiene la volatilidad del alza en los precios de los combustibles y, paralelamente, protege al Fisco.
Reitero que, como se manifiesta en el informe, no se trata de un sistema nuevo: existe desde hace 40 años. Puede ser novedoso para algunos, para el país, pero está operando cada vez con mayor intensidad en el resto del mundo.
En consecuencia, creo que Chile debe entrar en el camino de proteger al consumidor y, al mismo tiempo, resguardar los recursos fiscales.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente , no iba a hacer uso de la palabra, pero me sorprendió el discurso del Honorable Senador Navarro, por lo que voy a manifestar.
Durante los últimos diez años se gastaron entre mil quinientos y dos mil millones de dólares en subsidios a los combustibles.
Pues bien, cuando veo que gente enferma debe esperar a veces dos años para ser atendida por un especialista; cuando veo a personas que necesitan que les solucionemos sus problemas de deudas habitacionales, y cuando veo el tremendo esfuerzo que hay que hacer para elevar la subvención escolar al objeto de darles a muchos niños mayores posibilidades de educarse mejor, yo me pregunto -y los invito a todos a hacer lo propio- si realmente tiene sentido gastar dos mil millones de dólares para subsidiar el precio del petróleo.
En algunas familias hay 3, 4, 5 autos. ¿Tiene sentido que todo Chile subsidie la gasolina de esos vehículos? ¿No es más razonable que los subsidios se le den a la gente que de verdad los necesita?
Señor Presidente , cada vez que uno subsidia el precio de un bien o de un servicio no está subsidiando a quien lo necesita, sino al que lo consume. Y, en general, mientras más dinero se tiene, más se consume ese tipo de cosas. Por ende, es probable que gran parte de los subsidios pertinentes beneficiaran a gente que no los requería.
Tengo claro que, cuando se registran variaciones tan brutales como las habidas en el precio del petróleo, a una familia modesta le resulta complicado adaptarse a las alzas. Por eso, pienso que algún tipo de amortiguador debe haber para que los aumentos de precios se vayan asentando en forma más paulatina. Pero, al final, hay que pagar lo que las cosas valen realmente.
Por ejemplo, en general, para calefaccionar las casas de La Dehesa no se usa parafina, sino otras cosas. Entonces, está bien que se dé un subsidio en el caso de esa sustancia, mas no en el de las gasolinas, no en el del petróleo.
Si, por ejemplo, sube mucho el precio del pasaje en el transporte público, podremos dar un subsidio a la gente de más escasos recursos para que pueda pagarlo. Pero subsidiemos a quien lo necesita y no a aquellos que viven en La Dehesa.
Entonces, señor Presidente , yo solo quiero señalar que el tener un mecanismo para amortiguar las alzas y, también, las bajas de los precios cobra sentido, porque muchas veces para las familias es superdifícil, con un presupuesto más o menos acotado, adaptarse a variaciones tan amplias.
Pero lo que no tiene sentido es, con las tremendas necesidades sociales existentes en Chile, estar subsidiando el precio de los combustibles de forma tal que las personas reciban más subsidio mientras mayor cantidad de autos posean.
¡Eso es lo más regresivo, lo más injusto que puede haber!
En esa línea, señor Presidente , prefiero el sistema propuesto ahora. Ciertamente, deberemos pagarlo entre todos; es un mecanismo de seguro. Pero yo, entre gastar dos mil millones de dólares en un subsidio al combustible y destinar esos recursos, por ejemplo, a otorgarles buenas becas a chiquillos que deben ir a la universidad y no puedan costearla, opto por lo segundo. ¡Cómo no va a ser más razonable!
Estoy segura, señor Presidente, de que el Senador Navarro, a quien me dirijo por su intermedio, va a entender que, al final, los subsidios deben ir a la gente que los necesita y no al precio de ciertos bienes y servicios. Porque esto último es lo más regresivo que puede haber.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , por cierto que podemos tener una visión diferente sobre cómo debe operar un fondo destinado a regular el precio de los combustibles, que es determinante para la economía y no solo para el que usa automóvil.
El problema no radica en el uso del automóvil ni en la circunstancia de que en sectores de altos recursos se utilice parafina para calefaccionar las viviendas, sino en la definición de si es necesario contar con algún mecanismo que proteja ante las alzas en el precio de los combustibles.
En este Parlamento aprobamos por unanimidad la creación del Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo. ¿Por qué? Porque este precio es determinante en la economía, y no solo para quien usa automóvil, sino también para la industria, para la producción, para todo.
Esa es la razón por la cual en cierto momento se destinaron mil a dos mil millones de dólares para enfrentar períodos de crisis.
¿Qué habría ocurrido si no hubiéramos tenido el referido Fondo cuando el precio del crudo se fue a 120, 130 dólares el barril? ¿Habríamos sido capaces de resistir internamente el impacto producido en la economía, en los precios y en la inflación? ¡No!
En economía, se sabe que a veces deben existir sistemas regulatorios para la estabilización de ciertos precios. Y no es intervención.
Ahora, si era mejor el que estábamos aplicando o será más eficaz el implementado ahora, lo veremos. Pero el Fondo anterior, que por lo demás -insisto- fue aprobado por unanimidad en el Congreso Nacional, derivó de la necesidad de lograr un buen manejo de la economía.
Ahora bien, el FEPC venció en junio de 2010. Y, ciertamente, ha habido una falta de preocupación respecto a un elemento muy determinante.
Gracias a Dios, no hemos tenido contingencias que, por efectos de los precios del petróleo, afectaran gravemente la economía en el último tiempo. Pero podrían haberse producido algunas. Y, no existiendo un mecanismo como aquel, habríamos debido pagar precios muy altos, con efectos significativos.
Señor Presidente, en cuanto a los subsidios, uno entiende, por ejemplo, lo que está pasando hoy en Magallanes.
Estamos de acuerdo en que, como los subsidios pueden ayudar a las personas de mayores ingresos, hay que otorgarlos solo a las de menores recursos; es un criterio selectivo muy necesario. Pero en el caso de Magallanes el objetivo de dar un subsidio no es solo el de beneficiar a determinadas familias a los fines de que puedan consumir productos esenciales para ellas y para la economía de la Región: existe también una razón geopolítica.
Leyendo hoy las cifras, yo me preguntaba: ¿Es conveniente tener la crisis de Magallanes porque se necesitan 4 millones de dólares al año para que la gente mantenga el consumo de un bien tan básico como el gas, del cual depende toda la economía de dicha Región? ¿No tiene sentido mirar lo que significa el poblamiento de esa zona y permitirle a la gente radicada allá vivir en condiciones más o menos aceptables?
Si se aplica un criterio diferente, por supuesto que ocurrirá lo que está pasando ahora: se subsidiará a quienes consuman hasta mil metros cúbicos, y al resto, no.
Entonces, existe ese problema. Y, ante eso, debemos tener una opción.
Ahora bien, creo que el proyecto que nos ocupa no es bueno. Y el Gobierno habrá de asumir su responsabilidad si el sistema planteado funciona mal. En todo caso, pienso que los fondos que prevé el mecanismo propuesto no van a ser suficientes.
Esta iniciativa tiende a ahorrarle recursos al Fisco. Mi duda estriba en si ese ahorro, sobre todo en la primera etapa, producirá el efecto que se persigue.
Al respecto, señor Presidente , me formulo algunas preguntas.
En primer lugar, ¿qué significa que el impuesto específico regule la posibilidad del subsidio?
En segundo término, ¿cuál es el margen de eficiencia de ese impuesto para responder ante una crisis de precios razonablemente alta? Yo considero que serán muy limitados los recursos de que se podrá disponer por esa vía.
Ahora, si el Gobierno estima que con el mecanismo sugerido va a solucionar el problema en el próximo tiempo -ojalá que no haya ningún riesgo-, allá él. Y deberá asumir la responsabilidad de haber aplicado un sistema como este y no como el del Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo, que rigió anteriormente.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Me permite un minuto adicional, señor Presidente , para terminar?
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Lo tiene, Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Muchas gracias.
En cuanto al mecanismo del seguro, que es la segunda etapa, debo mencionar que se aplicó en Chile. Pero después no pudo volver a implementarse: primero, porque el mercado no dio lugar a nuevos seguros, y segundo, porque el costo era de tal magnitud que, desde el punto de vista fiscal, resultaba inviable.
Se sostiene que se ha aplicado en México, en Panamá. Sí. En el primero de esos países, de manera prolongada, pero con una concepción totalmente distinta: se trata de una nación productora de petróleo que está asegurando precios futuros y no el precio del consumidor. Y el de Panamá es un pequeño caso, que no existe en otra parte.
El seguro se halla completamente reglamentado. Y creo que en un momento dado no será posible que juegue en la forma como queremos.
Entonces, allá el Gobierno si asumió la línea en comento. Que responda por los resultados. Nosotros, en el Parlamento, solo podemos llamar la atención. No tenemos otra facultad.
He dicho.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Me solicitaron abrir la votación.
Si le parece a la Sala, procederemos en esa forma, por supuesto manteniendo el derecho a fundamentar el voto.
El señor NAVARRO.- No, señor Presidente.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- ¿No?
El señor NAVARRO.- No quiero que se abra la votación. Pido mantener los tiempos de las intervenciones.
El señor NOVOA.- Pero hay varias votaciones.
El señor PIZARRO (Presidente).- Y al menos tenemos que empezar por una. Porque, en el hecho, se está realizando de nuevo la discusión general; no estamos yendo al detalle.
Ahora, como todas las votaciones son del mismo tipo, a lo mejor podríamos efectuar un solo debate y una sola votación.
Esa es la otra alternativa.
¿Les parece?
El señor LARRAÍN.- Así resulta más rápido.
Votemos en particular sin discusión, señor Presidente .
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Si Sus Señorías quieren, mantendremos el tiempo de las intervenciones, con alguna flexibilidad, para en alrededor de media hora más, una vez que intervengan los inscritos, votar todos los artículos.
¿Les parece?
El señor NAVARRO.- Con derecho a argumentar.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Por supuesto. Su Señoría nunca ha tenido problemas para fundamentar el voto. Y tampoco los tendrá ahora.
El señor CANTERO.- Pero eso no impide, señor Presidente, que abra la votación ahora.
El señor PIZARRO (Presidente).- El problema reside en que, si la abro, quedamos limitados en el tiempo. Y debemos votar artículo por artículo.
El señor CANTERO.- Pero que se acuerde utilizar el tiempo ya definido.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Es mejor lo que estoy sugiriendo, Su Señoría, porque así votamos una sola vez. Si no, habría que realizar dieciséis votaciones.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, yo no tengo inconveniente, siempre que los Senadores se queden, para que no fracase la hora de Incidentes.
El señor PIZARRO (Presidente).- No hay hora de Incidentes, señor Senador.
En consecuencia, si le parece a la Sala, procederemos en la forma señalada: un solo debate y una sola votación.
--Así se acuerda.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , qué duda cabe de que el proyecto en análisis afecta sensiblemente no solo la vida de la pequeña y la mediana empresas, sino también la vida cotidiana de los consumidores.
Teníamos un sistema que consistía en un Fondo de Estabilización que posibilitaba atenuar las consecuencias de las alzas y disminuciones en el precio de los combustibles, para impedir que los consumidores fueran sorprendidos de una semana para otra con impactos fuertes.
Pero dicho mecanismo, al que ya nos encontrábamos habituados, termina en junio de 2010 sin haberse establecido uno nuevo o renovado en forma anticipada el Fondo de Estabilización.
El Gobierno se deja estar. Y, una vez expirado el FEPCO, presenta la iniciativa que ahora discutimos, que busca estabilizar el precio de los combustibles vía impuestos.
Por una parte, dispone que un impuesto variable se adicionará al precio cuando baje y se restará cuando suba, para de esa manera mantener un valor estabilizado.
En una segunda etapa, el proyecto considera un seguro. Sin embargo, no precisa cómo se financiará. Yo debo asumir que lo solventarán los propios consumidores. Y, por cierto, ninguna compañía de seguros va a cobrarle a un país dependiente una prima baja por garantizarle el financiamiento de las alzas sustantivas del precio de los combustibles cuando se supere el 12,5 por ciento. Habrá, pues, un impacto, que lo van a sufrir mucho más los sectores de menores ingresos.
Ahora bien, desde el punto de vista económico, de la sanidad económica o de la administración financiera, es impecable el análisis del Ministro de Hacienda acerca de cómo se tendría que aplicar el sistema planteado en el proyecto y quiénes deberían financiarlo (como expresé, el costo será de cargo de cada consumidor).
Sin embargo, señor Presidente, que ese es un análisis adecuado para una empresa, no para un país.
Como nación, tenemos la obligación de analizar las repercusiones del referido sistema sobre las familias, más aún tratándose de un elemento con un efecto multiplicador en todos los costos y en cada actividad: sube el precio de los combustibles y, consecuencialmente, suben los costos de los fletes y los valores de los alimentos; hay mayor inflación; aumenta la tasa de interés. Es decir, el alza en el precio de los combustibles afecta muchísimo a la economía.
Por tanto, justifico plenamente cuando un Gobierno toma una decisión y plantea que con cargo al Estado se subsidiará no solo al consumidor, sino también la economía, para que tenga un sano comportamiento desde la perspectiva de los precios.
El análisis hecho respecto al precio del gas en Magallanes se enmarca dentro de aquel criterio. Lo manifestado por los Ministros de Minería, de Energía y del Interior se relaciona con un sano criterio de administración financiera aplicado a una empresa. Pero no estamos administrando una empresa, sino un país, donde se afecta a personas, a familias.
Entonces, el enfoque debe apuntar a la capacidad de tener sensibilidad frente al desarrollo de una nación que ha de ir creciendo de manera armónica. Y es necesario tomar muy en cuenta los efectos que la ley en proyecto provoca en las familias que producen para el país, en los pequeños y medianos empresarios y en los hogares más modestos.
Por lo expuesto, frente a esta iniciativa, me abstendré. El Gobierno cuenta con los votos suficientes para aprobarla. Pero deberá hacerse responsable de sus consecuencias sobre cada consumidor si el sistema planteado implica un encarecimiento en el precio de los combustibles.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa.
El señor NOVOA .- Señor Presidente , considero que este proyecto es adecuado. Y responde a lo que nosotros por lo menos manifestamos reiteradamente cuando veíamos que los Fondos de Estabilización -el FEPP o el FEPCO- consumían miles de millones de pesos de todos los contribuyentes.
Cada vez que era necesario inyectarles mayores recursos a dichos Fondos, planteamos que quizás la mejor forma de estabilizar e impedir que altos precios impactaran sobre los consumidores era precisamente ajustar el nivel de los impuestos que gravaban el consumo de los combustibles. Así, cuando el precio internacional subía, los impuestos que afectan a los combustibles bajaban, de manera de mantener un valor más razonable para el público consumidor e impedir un fuerte impacto.
Ese era nuestro criterio y las Administraciones de la Concertación nunca lo aceptaron. Estas se jugaron por un fondo de estabilización que, en definitiva, terminó siendo un subsidio al consumo y con un costo de más de mil 500 millones de dólares.
El Gobierno ha optado, tal como lo expresó recién el Senador señor Zaldívar , por un esquema distinto, cuyos resultados habrá que ver en el tiempo, obviamente. Pero me parece del todo razonable que el importe final de los combustibles -influido, no solo por el valor internacional, sino también por los tributos que se cobran- pueda ser regulado con el mecanismo de impuestos que suben o bajan según la fluctuación de los precios. Ello va a significar una estabilización de estos últimos, en tanto que se registrará un menor ingreso fiscal cuando los precios suban en el mundo y uno mayor cuando bajen.
Ahora, para no correr riesgos extremos en situaciones de un alza internacional por sobre cualquier proyección, el Fisco solicita la autorización -y se le concede en el proyecto- para contratar seguros de los precios de los combustibles.
Lo anterior es algo que opera normalmente y en todos los países. No es una novedad de este Gobierno. Las empresas se precaven de los costos de las fluctuaciones de valor usando tales instrumentos, los cuales, naturalmente, tienen que ser bien empleados. Ninguno de ellos, en manos de una persona irresponsable, garantiza que el resultado sea adecuado. Pero, evidentemente, son completamente normales en el manejo, no solo de las finanzas privadas, sino también de las públicas.
En el caso del petróleo, cuyas fluctuaciones a veces van mucho más allá de la normal de un precio en la economía, por razones políticas, por conflictos internacionales, puede ser que el mecanismo de seguros deje de funcionar en un momento determinado. El señor Ministro de Hacienda ha sido claro en que, frente a situaciones extremas, el Gobierno se encuentra dispuesto a considerar la creación de subsidios para poder enfrentarlas.
Por lo tanto, me parece que seguimos un camino más adecuado que el de establecer un fondo de subsidio, el cual se concede en forma indiscriminada y fomenta el consumo de manera irracional, muchas veces. Y no fue nunca, en definitiva, un mecanismo de estabilización de precios, sino que terminó siendo una medida que favoreció indiscriminadamente a personas que a lo mejor no necesitaban o no merecían recibir el beneficio.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Se agotó su tiempo, señor Senador.
El señor NOVOA.- Concluyo planteando solo que se trata de un sistema correcto, tendiente a estabilizar precios y que, por cumplir esa función, debiera significar un costo neutro o muy bajo para los recursos fiscales, dado que se compensarán los menores ingresos de impuestos en tiempo de alza con los mayores que se registren en tiempo de baja.
El proyecto contiene, asimismo, la forma de financiar las primas.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , estimados colegas, al ser el nuestro un país dependiente de energéticos, particularmente del petróleo, y dado que no incide en lo más mínimo en el valor y es tomador de precios, podemos optar, cuando se registra una volatilidad como la existente en la economía mundial -y en particular en el aspecto mencionado-, por: alternativa 1, dejar que el mercado opere, o bien, alternativa 2, generar mecanismos para amortiguar, como se ha dicho aquí, o controlar la fluctuación.
En el minuto en que el Estado toma una decisión, significa que invierte recursos de todos los chilenos para ese objetivo, porque se persigue un bien.
Me parece realmente demagógica alguna frase que he escuchado en cuanto al despilfarro o mal uso de fondos públicos en circunstancias de que se trata del mismo sector que votó aquí mismo en favor de los recursos para el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. Y, en ocasiones, pedían más para ese fin.
Entonces, creo que es bueno, primero, elevar el debate. Nos interesan mecanismos en la materia porque somos un país dependiente. Conviene considerar con cierta seriedad cuál es el mejor instrumento, a quién beneficia. Deseo centrar mi reflexión inicial en función de esto último.
Lo segundo es exponer la percepción que tenemos algunos en el sentido de que, detrás de esta medida, lo que se quiere es abrir otra controversia, que tiene que ver con el impuesto específico a los combustibles, no con la fluctuación de precios, como se ha sugerido, porque dicho tributo es al volumen. Esa es una discusión ya zanjada hace tiempo.
Es algo que quiero plantear, porque ya hemos aceptado que grupos corporativos que presionan en nuestra sociedad terminen no pagando el impuesto o pagándolo y recuperándolo posteriormente. Y el Estado establece un mecanismo que beneficia a un sector en sus políticas de subsidio al precio de los combustibles.
Lo que se hace aquí, señor Presidente -y esa es mi inquietud-, es modificar parcialmente un instrumento. Ello se verifica con cierta demagogia, como si estas platas se pudieran usar para la salud o los enfermos. No se trata de una opción entre mantequilla y armas, como en la vieja discusión de los economistas. El país requiere invertir para evitar fluctuaciones fuertes en los precios de los combustibles. Ello afecta a toda la economía, porque somos dependientes en el área energética.
¿Quiénes son los más afectados y a quiénes no se ha querido tocar con la medida? La más afectada, potencialmente, es la clase media, la cual quedará más desamparada frente a ciertas fluctuaciones que un seguro no podrá prever. Se trata de un mecanismo cuyo funcionamiento no se encuentra garantizado. Es una apuesta. Nuestra percepción es que esa parte de la población es la que resultará más desprotegida con el cambio. Los que obtenemos mayores ingresos podemos aguantar una fluctuación de 100 pesos por litro. Es el sector dependiente del uso del combustible para trasladarse, para trabajar -el sector medio emergente-, el más vulnerable.
Me encantaría saber cuánto implica anualmente para Chile el subsidio a los transportistas; el subsidio regresivo que se les otorga a algunos empresarios en un territorio largo como el nuestro y que lleva a que hagamos cosas irracionales, porque son grupos de presión que paralizan al país. Es sabido que lo razonable es recurrir a la vía marítima, el tren o el transporte terrestre según la distancia. Hoy subsidiamos el transporte terrestre de carga más de lo que resulta racional para un país como el nuestro. ¿Cuánto nos cuesta ello para evitar cierta desfocalización?
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Se acabó su tiempo, señor Senador.
El señor LETELIER.- Pido un minuto para terminar, señor Presidente .
A mi juicio, el debate sobre esta materia es tremendamente importante para un territorio extenso como el que nos caracteriza y se requiere llevarlo a cabo con detención cuando se observa, a la vez, lo que está pasando en Punta Arenas, que también tiene que ver con la política de un subsidio público a combustibles.
En lo personal, soy muy crítico de lo que está haciendo el Gobierno con relación a esa parte del país. Me parece que es una irresponsabilidad en política de seguridad nacional, en desarrollo de zonas extremas. Constituye una aberración usar conceptos economicistas para definir los subsidios en lugares como ese si se evalúa la situación de la cercana ciudad argentina de Ushuaia, que ha crecido mucho.
El instrumento que el Gobierno propone nos genera muchas dudas, señor Presidente. Percibimos que los mayores afectados van a ser los sectores medios. Por eso, nos abstendremos de votar.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- ¿Desea hacer algunos comentarios, señor Ministro ?
El señor LARRAÍN ( Ministro de Hacienda ).- Así es, señor Presidente . Me gustaría reaccionar frente a algunas de las intervenciones registradas.
En primer lugar, se ha planteado que el sistema propuesto es inseguro.
Un señor Senador afirmó también que el Fondo no será suficiente.
Ello no es correcto. El sistema va a ser suficiente, porque involucra estabilizar un precio dentro de un rango, con un compromiso estatal ilimitado, a diferencia del Fondo, que es limitado. Entonces, se trata de un esquema que, desde el punto de vista de la protección y la seguridad, es superior a ese otro.
Ahora, pensamos que será más barato, obviamente, porque una primera etapa es la del Sistema de Protección al Contribuyente (SIPCO), con un impuesto específico variable, pero la segunda es la de los seguros.
Se han manifestado algunas dudas respecto de la contratación de estos últimos. Lo que hemos expuesto y que se hará es que ello se llevará a cabo con entidades internacionales serias.
Debo puntualizar que ni aun en los peores momentos, como los grandes cataclismos ocurridos en Chile, se le han dejado de cumplir por completo al país los contratos de seguros externos. Lo mismo tuvo lugar con ocasión del terremoto de febrero pasado.
A veces, las compañías pueden quedar complicadas, pero entonces operan los reaseguros. Estos se toman cuando se asumen riesgos grandes.
Por lo tanto, hacemos referencia a sistemas probados y ampliamente utilizados en el ámbito internacional. En ese sentido, deseo mitigar, de algún modo, el cuestionamiento al esquema del seguro.
Ahora, ¿cómo se opera? En forma muy simple, porque se plantea una opción para comprar petróleo a un precio determinado. Este último se encuentra establecido y se toma con la debida anticipación. Cada mes se adquiere para tres meses después, de manera que hay un período de rezago, y se considera un precio 12,5 por ciento superior al que hace de base, fijado como un promedio de los internacionales. Es un precio spot. Cuando este supera ese techo, opera en forma inmediata la posibilidad de comprar al tope contemplado. Entonces, ello se verifica en las condiciones más favorables del mercado. Así operan las opciones call.
Lo anterior, a diferencia de la opción put, consistente en vender en un momento definido a un precio determinado. En la iniciativa se hace referencia a la posibilidad de comprar.
¿Y es necesario incluir una opción put junto con una opción call? No, señor Presidente , porque si el precio cae, no hay problema: nos beneficiamos.
Podríamos disponerlo así.
La otra alternativa es establecer, simplemente, que la opción y la protección estarán al alza, no a la baja.
Por lo tanto, el esquema de opciones permite una protección asimétrica.
En cualquier escenario razonable, el costo del seguro es solo una pequeña fracción de los 2 mil 300 millones de dólares que importó en los últimos diez años el funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados de Petróleo (FEPCO).
Eso es así. Y puedo mostrar todas las simulaciones hechas respecto de cuánto le hubiera costado a Chile asegurar los precios en cierto rango.
Sobre el particular, si bien no puedo predecir el futuro con entera precisión, sí estoy en situación de afirmar que, como Gobierno, nos hacemos plenamente responsables de que el esquema va a funcionar bien. Y, más aún, estamos completamente convencidos de que operará mejor que aquel que se está reemplazando. Por eso estamos tranquilos, señor Presidente .
Es perfectamente legítimo que se susciten dudas respecto del nuevo sistema, pero durante todo este tiempo hemos estado disponibles para aclararlas y presentar los antecedentes.
Finalmente, con relación a lo expresado por el Senador señor Navarro en cuanto a la tramitación del proyecto, informo que este ingresó el 13 de julio de 2010 a la Cámara de Diputados; el 17 de agosto fue aprobado en general y en particular; el 18 del mismo mes pasó al Senado y se remitió a las Comisiones de Hacienda y de Minería y Energía, unidas, las que sesionaron entre el 31 de agosto y el 7 de septiembre; el 29 de este último mes fue aprobado en general por la Sala. En octubre y noviembre no se le puso urgencia, con motivo de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos, pero, aprobada esta iniciativa, ello se hizo. Analizado el texto en sesiones de las Comisiones unidas, estas lo despacharon el 20 de diciembre.
Con lo expuesto, espero haber despejado algunas de las dudas que surgieron, señor Presidente.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Muchas gracias, señor Ministro .
De acuerdo al procedimiento fijado por la Sala, serán objeto de un solo pronunciamiento todas las modificaciones acordadas por mayoría en las Comisiones unidas.
En votación.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueban las proposiciones de las Comisiones de Hacienda y de Minería y Energía, unidas (13 votos a favor, 2 en contra, 7 abstenciones y un pareo).
Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Chahuán, Coloma, Espina, García, Kuschel, Larraín, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Sabag y Walker (don Patricio).
Votaron por la negativa la señora Rincón y el señor Frei (don Eduardo).
Se abstuvieron la señora Alvear y los señores Escalona, Girardi, Letelier, Pizarro, Quintana y Zaldívar (don Andrés).
No votó, por estar pareada, la señora Matthei.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- El artículo único transitorio pasó a ser el primero de las disposiciones transitorias, lo que fue aprobado unánimemente en las Comisiones unidas.
Si no hay objeción, se aprobará con la misma votación anterior.
--Por unanimidad, así se acuerda, quedando despachado el proyecto en particular.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- En este momento han llegado a la Mesa los documentos que se dan a conocer a continuación:
Informes
Dos de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, recaídos en las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos irregulares y renueva su vigencia (con urgencia calificada de "simple") (boletín N° 6.830-14).
2.- Proyecto de ley que crea mecanismo transitorio de adopción de acuerdos de los copropietarios en los sectores medios (con urgencia calificada de "suma") (boletín N° 7.412-05).
--Quedan para tabla.
Comunicación
De los Honorables señores Zaldívar (don Andrés), Escalona y Lagos, con la cual retiran el proyecto de ley, iniciado en moción de su autoría, que exige a la Dirección de Presupuestos informar acerca de las operaciones cambiarias efectuadas por el Gobierno (boletín Nº 7.412-05).
--Se toma conocimiento.
PROTOCOLO DE 1996 RELATIVO A CONVENIO SOBRE PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN DEL MAR POR DESECHOS Y OTRAS MATERIAS
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias, denominado "Convenio de Londres 1972", con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6729-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 83ª, en 19 de enero de 2010.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores: sesión 84ª, en 5 de enero de 2011.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).-
El objetivo del Protocolo es proteger y preservar el medio marino de todas las fuentes de contaminación y adoptar medidas eficaces para prevenir, reducir y eliminar la contaminación por vertimientos o la incineración en el mar de desechos u otras materias.
La Comisión discutió este proyecto de acuerdo en general y en particular y le dio aprobación por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Kuschel, Larraín, Letelier, Tuma e Ignacio Walker), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
En discusión general y particular la iniciativa.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN .-
Señor Presidente , luego de la relación del señor Secretario , únicamente quiero agregar lo siguiente.
Chile es Estado Parte del Convenio sobre Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias, de 1972, al cual adhirió en octubre de 1977.
Dicho Acuerdo, después de los avances producidos tanto por el conocimiento científico como por el tecnológico, fue enmendado en noviembre de 1996, adoptándose un Protocolo modificatorio que entró en vigor, con una adhesión mínima, en marzo del 2006. Solo entonces nuestro Gobierno decidió adherir a él, con el propósito de sumarse a sus objetivos, que son adoptar medidas más rigurosas tendientes a prevenir, reducir y, cuando sea factible, eliminar la contaminación por vertimiento en el mar, a fin de proteger y preservar el medio marino y de organizar las actividades humanas de modo que el ecosistema marino siga sustentando los usos legítimos del mar y satisfaciendo las necesidades de las generaciones actuales y futuras.
Los criterios contemplados en el Convenio son variados, pero quizás el más novedoso e importante es el del "planteamiento preventivo", según el cual se adoptarán medidas preventivas prudentes cuando haya motivos para creer que los desechos u otras materias introducidas en el medio marino pueden ocasionar daño, aunque no existan pruebas definitivas que demuestren una relación causal entre los aportes y sus efectos.
También se afirma que quien contamine deberá, en principio, sufragar los costos generados por la contaminación, y además se subraya que los Estados contratantes tendrán que cuidar que la aplicación del Protocolo no signifique que la contaminación simplemente se traslade de una parte del medio ambiente a otra.
Respecto del cumplimiento y fiscalización, Chile lleva un registro de desechos que indica que el 90 por ciento de ellos corresponde a dragados de puertos, y el 10 por ciento restante, a hundimientos de buques fuera de servicio efectuados en ejercicios navales.
En nuestro país la entidad encargada de fiscalizar el cumplimiento del Convenio es la Dirección del Territorio Marítimo (DIRECTEMAR), en su calidad de Gobernación Marítima y Gobernación de Puerto. En el ámbito internacional, su Director es quien debe informar permanentemente sobre los vertimientos al representante nacional en Londres ante la Organización Marítima Internacional, que es la que lleva el control y fiscalización de este Acuerdo a nivel mundial.
Por tales consideraciones, la Comisión de Relaciones Exteriores acordó, por unanimidad, proponer a la Sala aprobar la adhesión de nuestro país a este Protocolo adicional.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , al igual que el Presidente de la Comisión , deseo destacar la conveniencia del Protocolo en estudio, sobre todo para un país marítimo como el nuestro, que además, por la Organización Marítima Internacional, tiene facultades de informar e, incluso, de operar, hasta nuestra frontera, con Nueva Zelanda y Australia.
Por lo tanto, este es un asunto crucial para Chile.
El instrumento consagra el principio precautorio, en el sentido de que ante cualquier duda se debe demostrar la inocuidad de los desechos.
Creemos que constituye un avance importante, aun cuando no deja de llamarnos la atención que el Gobierno anterior demorara cuatro años en hacerlo llegar al Parlamento. Pero nunca es tarde.
Así que votaremos a favor.
El señor ESCALONA .-
¡No fue culpa del Gobierno anterior!
El señor PIZARRO (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la iniciativa.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo (19 votos afirmativos).
Votaron las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, Horvath, Larraín, Letelier, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag y Zaldívar (don Andrés).
MODIFICACIÓN A RÉGIMEN JURÍDICO DE TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Conforme a lo acordado por los Comités, corresponde ocuparse enseguida del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado, con segundo informe y nuevo segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7085-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 37ª, en 28 de julio de 2010.
Informes de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 41ª, en 10 de agosto de 2010.
Transportes y Telecomunicaciones (segundo): sesión 85ª, en 11 de enero de 2011.
Transportes y Telecomunicaciones (nuevo): sesión 85ª, en 11 de enero de 2011.
Hacienda: sesión 85ª, en 11 de enero de 2011.
Discusión:
Sesión 42ª, en 11 de agosto de 2010 (se aprueba en general).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- La idea de legislar sobre la materia fue aprobada por el Senado en su sesión del día 11 de agosto de 2010.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones efectuó diversas enmiendas al proyecto aprobado en general, las cuales fueron acordadas por unanimidad, con excepción de tres de ellas, que serán puestas en votación oportunamente.
Por su parte, la Comisión de Hacienda, conociendo de las normas de su competencia, aprobó el texto despachado por el mencionado órgano técnico sin introducirle modificaciones. Con todo, los incisos segundo y tercero del artículo primero transitorio fueron acogidos por mayoría, de manera que también serán puestos en votación.
Cabe señalar que los Senadores señora Rincón y señores García, Letelier, Novoa y Zaldívar han presentado, dentro del plazo fijado por los Comités en el día de hoy, una indicación para sustituir el inciso segundo del artículo primero transitorio.
Hago presente que las modificaciones unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión o existan indicaciones renovadas. Entre las enmiendas aprobadas por unanimidad se encuentran las referidas a los incisos catorce y veintitrés del artículo 3° de la ley N° 18.696 y las concernientes al artículo 3° duodecies y al artículo segundo transitorio, las cuales tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 22 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión particular el proyecto.
Tiene la palabra la señora Ministra de Transportes.
La señora HUTT ( Ministra de Transportes y Telecomunicaciones subrogante).- Señor Presidente , en primer lugar, quiero transmitir el saludo y las excusas del Ministro Felipe Morandé , quien se encuentra en comisión de servicio en el extranjero. Por eso me ha correspondido subrogarlo.
No entraré al detalle de la iniciativa que modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado, que ya conocen los señores Senadores, pero hay algunos elementos relacionados con su desarrollo que vale la pena recordar.
De partida, deseo destacar la calidad, la profundidad y los alcances del debate que tuvo lugar en su momento para llegar al contenido final de este proyecto, el cual concitó un consenso amplio en torno a dos conclusiones principales: una, la necesidad de actualizar el subsidio del sistema para poder estabilizarlo en el largo plazo, y dos, la urgencia de dar un marco regulatorio más efectivo que permita consolidar su funcionamiento en forma normal después de un tiempo en que el transporte público de Santiago ha sufrido alteraciones importantes.
Todos -el equipo que participó en la gestación de la iniciativa y los parlamentarios que han contribuido a mejorarla- fuimos testigos de la crisis que afectó al sistema durante el año 2010, que incluso llevó a caducidad, quiebras y suspensiones del servicio, lo cual dejó en evidencia la debilidad del marco regulatorio actual.
En ese contexto, representantes de los partidos de la Concertación y de la Coalición por el Cambio en ambas Cámaras, junto con el Ejecutivo , trabajaron intensamente para elaborar una estrategia de solución y acordar el marco que debería tener el desarrollo del sistema de transporte público. Finalmente, el 14 de septiembre de 2010 se consensuó un documento que establece medidas y compromisos que orientan la política de transporte para la Capital y las Regiones.
Tal acuerdo permitió, por un lado, estabilizar las tarifa de la locomoción colectiva en Santiago, y por otro, otorgar subsidios adicionales a las Regiones. Ello hizo posible contar con recursos suficientes para mejorar significativamente los servicios. Pero ahora se requiere formalizar el marco regulatorio, que es lo que se pretende con la iniciativa en debate.
Resulta urgente contar con una normativa de rango legal que recoja lo que actualmente se desarrolla al amparo de reglas de menor jerarquía, como contratos y bases de licitaciones, que han demostrado ser insuficientes para regular el sistema por sí solas.
El proyecto que ahora se somete a la consideración de la Sala se basa en el espíritu de entendimiento y consenso recién comentado. Las Comisiones trabajaron intensamente, priorizando el interés general del país, de los usuarios y de los trabajadores, y los resultados de las votaciones reflejan el acuerdo general alcanzado.
Así que quiero agradecer especialmente a todos los que colaboraron para que aquello fuera posible. Me parece que esa es la forma de avanzar en sistemas que producen impacto directo en las personas, que es a quienes nos interesa proteger.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente , simplemente deseo destacar lo expresado por la señora Ministra .
En la Comisión de Transportes tuvimos un intenso trabajo, el cual fue precedido por un acuerdo entre la Concertación, la Oposición y el Gobierno.
Cabe destacar que, efectivamente, el proyecto y las indicaciones que presentó el Ejecutivo vinieron a respaldar ese consenso. En ellas se tuvo especial preocupación por los beneficiarios -las personas que usan el transporte público- y por los trabajadores del sistema.
En cada sesión del referido órgano técnico se fue recogiendo el contenido del Protocolo de Acuerdo suscrito, el cual resguarda importantes preocupaciones desde el punto de vista laboral y de la seguridad social.
Por otra parte, quiero hacer presente que la iniciativa que hoy día votamos en particular resuelve muchos de los problemas que durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet se pidió solucionar en este mismo Parlamento y que la Oposición de entonces, ahora Gobierno, se negó a resolver. Lo destaco porque estimo relevante dejarlo consignado en la historia de la ley.
Hoy, la prensa informa permanentemente de una actitud no constructiva de la actual Oposición. Con ello queda la sensación de que la Concertación obstaculiza el trabajo. Y creo que el mencionado acuerdo y la labor legislativa desarrollada a propósito de la presente iniciativa muestran algo totalmente distinto de lo que consignan y publican los medios de comunicación.
Además, ha quedado en claro otro hecho: que cuando el actual Gobierno fue Oposición negó lo que hoy ha venido a pedir a este Parlamento, donde nosotros hemos actuado en forma diferente, por entender que ello era necesario.
Solo quería manifestar eso, señor Presidente.
Obviamente, respaldaremos el texto en el cual trabajamos de manera intensa en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente , junto con otros Honorables colegas y la señora Senadora que me antecedió en el uso de la palabra, participamos en la suscripción del convenio entre el Gobierno y la Oposición para aprobar el proyecto de ley relativo al Transantiago.
Debo manifestar que, en lo personal, tenía una gran preocupación por trabajadores que nos manifestaron su situación. Durante largo tiempo muchos de la empresa Transaraucarias estuvieron protestando por haber quedado en la calle sin que siquiera se les hubieran pagado sus imposiciones. Y parte del citado acuerdo precisamente buscaba lograr una fórmula para solucionar sus problemas.
Como sabíamos que se vería el proyecto en la Sala, esta tarde, antes de la sesión, junto con la Senadora Rincón, tuvimos la oportunidad de conversar con la Ministra de Transportes subrogante, la que nos explicó cuáles son los avances en la materia. Además, el próximo lunes, en dependencias de dicha Cartera, ambas Senadoras vamos a sostener una reunión con ella y los trabajadores involucrados con el fin de aclarar definitivamente esta situación.
Debo reconocer que en este ámbito el Ministerio de Transportes ha tenido una disposición permanente a dialogar, a resolver dudas y a estar siempre llano a acoger peticiones. Dicha actitud ha posibilitado que estemos dispuestos a aprobar los distintos proyectos relativos al Transantiago, que es un tema extraordinariamente difícil de abordar.
Voy a votar favorablemente la iniciativa legal, en atención a su mérito y, al mismo tiempo, a mi interés de ir cumpliendo el Protocolo de Acuerdo, ahora en un aspecto en el que, teniendo dudas, la Ministra ha mostrado disposición para aclarar.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , examinaba este proyecto, puesto sobre tabla, y hay algunas modificaciones que incorporan la exigencia del respeto de los derechos de los trabajadores; en particular, la caducidad declarada fundadamente en cualquiera de los casos en que estos no sean resguardados. Se establece que se considerará incumplimiento grave de las obligaciones del concesionario la inobservancia de aspectos sindicales o laborales previstos en la ley y que esto, efectivamente, dará lugar a la caducidad. Sin embargo, lo anterior siempre queda solo en la letra y su posterior implementación cuesta una enormidad.
Como entiendo que tendremos la posibilidad de discutir la iniciativa en particular, yo analizaría bien estos preceptos, de tal manera que el procedimiento de reclamación pudiera garantizar...
El señor LARRAÍN .- ¡Ya estamos en la discusión particular, señor Senador !
El señor NAVARRO.- ¿Ahora mismo?
El señor PROKURICA .- ¡Obvio!
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , la verdad es que, cuando se tratan materias sobre tabla -yo no asistí a la reunión de Comités y tengo entendido que fue ahí donde se acordó no solo suspender la sesión especial sobre la reconstrucción del país, sino también analizar hoy en la Sala este proyecto-, uno queda con escaso margen para prepararse, aunque en este caso se trata de un asunto que venía siguiendo.
Me alegra que se contemplen tales resguardos, tanto por los trabajadores de Transaraucarias como por aquellos que laboran en los servicios concesionados, quienes sufren los rigores de empresas inescrupulosas que en la Dirección del Trabajo acumulan más de 2 mil infracciones y multas que no son cobradas y a las cuales se les da toda clase de facilidades. El Ministerio de Transportes y el del Trabajo deben cambiar el criterio. Se dan esas situaciones y, por una parte, no se cobran las multas, y por otra, es "como si lloviera", y no solo en Transaraucarias.
Por lo tanto, el procedimiento para hacer realidad la letra que hoy día estamos aprobando a través de las indicaciones presentadas -entiendo que por la Senadora Alvear- me parece extraordinario. Solo hago presente que debe haber practicidad; en definitiva, mecanismos expeditos de operación, para que el interventor o administrador provisional pueda actuar antes de que las cosas ocurran, sin esperar a que una empresa entre en insolvencia y deje impagos tres o cuatro meses de remuneraciones o imposiciones; se debe contar con mecanismos de previsión, porque no solamente son afectados los trabajadores. Transaraucarias retiró sus máquinas. Y, como Sus Señorías saben, el sistema las reemplaza. Pero alguien en cierto punto deja de contar con un bus del Transantiago porque fue reemplazado por otro. Por tanto, el régimen se contrae.
¿Cuántas máquinas circulan por la Región Metropolitana? No lo sabemos. ¿Cuántos pasajeros se trasladan a través de ellas? No lo sabemos ¿A qué número de personas llega la evasión? No lo sabemos. Lo único que conocemos es que el Senado aprobó un proyecto de ley para multar a quienes dejan de pagar su pasaje.
Se trata de un sistema que funciona pésimo; que no cumple ningún estándar; que, en definitiva, ha hecho gastar al Estado miles de millones de dólares. Sin embargo, no se les ocurrió nada mejor -tuvo mi voto en contra- que crear un DICOM para la gente que no cancela. Yo quiero que paguen, pero cuando el sistema funcione bien. Mas hoy lo hace mal.
Señor Presidente, se me señala que estamos en la discusión en particular y que, por lo tanto, no se pueden presentar indicaciones.
Según entiendo, sobre este asunto hubo un acuerdo político. En realidad, celebro que la Concertación haya tenido la generosidad que no tuvo en su momento la Oposición, ahora Gobierno, respecto de muchos casos, pues efectuó una crítica despiadada y particularmente ofensiva.
Quiero recordar las opiniones emitidas en contra de la Presidenta Bachelet , cuya misión fue poner en servicio el sistema. Seis días después de iniciado el proceso, recurrí a la Contraloría porque a mi parecer SONDA no había cumplido con el software prometido y el sistema iba a fracasar. Sucedió como lo habíamos previsto. No funcionó. Lamentablemente, no nos equivocamos.
Solo deseo traer a la memoria -con todo respeto, porque muchos de mis mejores amigos son de la Concertación- que, cuando apoyé a Eduardo Frei en la segunda vuelta, luego de deponer mi candidatura presidencial y de apoyar a Marco Enríquez-Ominami, aquel señaló: "Hay que comprar el Transantiago". Su propuesta era estatizar este negocio, que le cuesta al país -digámoslo con franqueza- 800 millones de dólares al año. Para que la gente de Regiones, la de Magallanes, sepa, se gastan 2 millones de dólares diarios en el Transantiago, ¡60 millones mensuales! Y lo cierto es que no se avizora una solución.
No sé si se realizan encuestas para conocer el grado de satisfacción del usuario. Tal vez la señora Ministra subrogante lo podría aclarar. ¿Está en funcionamiento el contador de pasajeros? ¿Se hallan operativas las cámaras de vigilancia? ¿Se habilitaron los cierres automáticos de puertas? El Administrador Financiero del Transantiago, conformado por los mayores bancos nacionales, gana miles de millones, porque, del costo total del pasaje, solo 200 pesos van a los operadores; es decir, los dueños de las máquinas. El resto queda en el Administrador Financiero.
En consecuencia, alguien hizo un gran negocio.
Y se nos pide que avalemos un acuerdo que, una vez más, han suscrito la Concertación y el Gobierno. Deseo saber si hay alternativa, ya que -como dije y reitero- en Madrid el sistema de transportes cuesta 2 mil 200 millones de euros anuales, no obstante es el mejor del mundo. El cobro para los usuarios se mantiene en uno o dos euros, pero funciona bien.
Sus encargados nos manifestaron -el Senador Zaldívar estuvo presente en un encuentro en España, cuando, con motivo de una invitación del Presidente Piñera , hicimos una agenda adicional, porque nos interesaba conocer su sistema de transporte- que la recaudación allá llega a 800 millones de euros y el gobierno de Madrid suple o subsidia los 1.400 restantes para cubrir lo que cuesta en realidad un servicio de buena calidad. Pero se trata de un sistema estatal; no lo opera un privado.
Cuando los madrileños pagan su pasaje -y de su bolsillo, porque es un impuesto-, saben que lo están haciendo por una prestación de calidad y estatal; cuando los santiaguinos hacen lo propio -no todos- saben que lo están haciendo por un mal servicio, el que, además, constituye un gran negocio para un privado.
Esa es la diferencia.
Entonces, me parece que este asunto tiene carácter político. El sistema no funciona. Ignoramos los plazos para modificarlo. ¿Cuántas reformas hemos tramitado? Cuatro o cinco.
Quiero saber si podremos discutir acerca del buen o mal funcionamiento del sistema en manos de los empresarios particulares. Porque, hasta ahora, vivimos con la creencia y el mito de que todo lo privado funciona bien, y que todo lo estatal, mal.
El Transantiago fue diseñado por el Estado, pero lo administran los privados. Por consiguiente, existen al menos responsabilidades compartidas respecto de por qué sigue funcionando de manera deficitaria.
Y reitero: si los magallánicos reclaman 15 millones de dólares anuales para que la ciudad más austral del mundo no sufra un alza en el precio del gas, en circunstancias de que ahora se pretende aprobar una iniciativa que implica un gasto centralizado de 800 millones de dólares para el Gran Santiago, yo por lo menos levanto la voz de las Regiones para expresar que no me pidan aprobar un proyecto que implica 60 millones de dólares mensuales para un sistema de transporte de la Capital sin saber si va a funcionar o si la sangría que constituye es ab aeterno.
Todavía no hay claridad respecto del cuarto puente sobre el río Biobío, y aún las Regiones seguimos subsidiando al Gran Santiago.
Entonces -por su intermedio, señor Presidente - deseo consultar a la señora Ministra subrogante cuándo terminará la sangría del Transantiago.
El actual Ejecutivo , cuando era Oposición, decía que no aprobaría más iniciativas que significaran tal depredación de recursos. Y ahora las aprueba porque es Gobierno.
Por eso la política tiene tan poca credibilidad: porque no hay una sola autocrítica -y no sé si me perdí parte importante de los discursos- en cuanto a manifestar que este sistema se halla mal implementado, mal diseñado; que se intenta parcharlo; que se seguirá subsidiando, y que, en particular, nadie garantiza que funcionará bien.
Señor Presidente , me voy a abstener; o, más bien, voy a votar en contra.
En verdad, con cierto grado de impotencia señalo que cada vez que se plantea este asunto, la respuesta depende de la posición en que estemos. Cuando el Ejecutivo se hallaba en la Oposición destruía este tipo de proyectos; ahora que es Gobierno, nos pide su aprobación, y llega a un nuevo acuerdo con la Concertación.
Me parece que la Honorable señora Alvear , que representa a la Región Metropolitana, se encuentra en todo su derecho a decir que tiene que proteger a los usuarios del Gran Santiago. Pero también los Senadores pertenecientes a Regiones podemos señalar que este es una sangría que, en definitiva, debe tener fin. De lo contrario, tiene que existir una propuesta alternativa. Porque las Regiones no podremos estar dispuestas a gastar tal nivel de recursos en subsidiar un sistema malo que además genera grandes utilidades a unos pocos empresarios.
Ese es el punto. Y la decisión deberemos adoptarla en algún minuto.
A mi entender, la Concertación tenía la posibilidad de evaluar la alternativa de que el Estado comprara la concesión, como en Londres, París o Madrid. En las grandes capitales del mundo, neoliberales y capitalistas, el sistema funciona con el Estado. En Santiago, lo hace con los privados y con los problemas que eso conlleva.
Por lo tanto, votaré en contra, señor Presidente . Mientras no haya claridad sobre cuándo terminará la sangría del Transantiago, no considero digno de los representantes de Regiones pronunciarse a favor de un proyecto de esta naturaleza sin solicitar nada a cambio.
Yo pido claridad, fechas, compromiso, en cuanto a cuándo culmina este gasto. Como eso no está, me veo en la obligación de votar que no.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , voy a votar a favor por una razón muy importante: porque la iniciativa entrega al Estado la posibilidad de intervenir en caso de quiebra y, por tanto, de que se interrumpa la acción del concesionario de transporte público. Es decir, en este caso puede introducir directamente una acción de servicio público, de bien común, al evitar la interrupción de un servicio tan importante para la sociedad, para la población, como el transporte de pasajeros.
Sin embargo, encuentro razón al alegato del Senador Navarro desde otro punto de vista, pues considero que la iniciativa en sí misma muestra con claridad el exacerbado centralismo que se da actualmente en nuestro país. Incluso, en su misma redacción, la normativa propuesta alude a estas atribuciones para la Región Metropolitana, sin siquiera ponerse en el caso de las otras Regiones.
Es así.
En tal sentido, rescato plenamente la alocución del Honorable colega: enfrentamos una dificultad bastante severa, muy de fondo. De esa manera se lo manifesté en la Comisión de Hacienda al titular de la Cartera del ramo. Y lo mismo deseo hacer ahora con la señora Ministra subrogante de Transportes . Tenemos un gravísimo problema.
En primer término, quiero recabar -entiendo que es así, pero pretendo insistir en ello- la voluntad del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para llevar adelante una política de entrega de subsidio al transporte público en Regiones. Sería profundamente defraudante que los 120 mil millones asignados en un proyecto de ley ya aprobado regresaran al Tesoro Público sin haberse gastado.
Me parece que ese Ministerio debe implementar una política activa en la materia y no solo esperar la llegada de proposiciones desde las Regiones, porque la realidad indica que en muchos casos estas no cuentan con los equipos técnicos necesarios, con los profesionales suficientes o, simplemente, con la cultura y con la experiencia para poder proponer subsidios.
En el caso de la Región de Los Lagos -a la cual represento-, el costo del transporte público es elevadísimo. En particular, el por vía marítima es muy alto.
Para poder trasladarse una persona desde la localidad de Quemchi, en la comuna del mismo nombre, a cualquiera de las islas del Archipiélago, que son parte de esa misma comuna -están separadas por 20 ó 30 minutos de navegación en lancha-, tiene que pagar 7 mil pesos o más. Y, por lo tanto, hay un atentado directo a las actividades productivas de la zona.
Si no se aplica efectivamente una política de transporte público en las Regiones, estimo que acá estamos consolidando un sistema de incentivo perverso. Es decir, la gente empieza sabiendo que, al trasladarse a la Capital, van a contar, de inmediato y automáticamente, con un subsidio para la locomoción, beneficio del cual no gozan otras localidades.
Muchas veces me he preguntado qué razón puede finalmente determinar que un joven de 15, 18 ó 20 años deje que su padre, productor de papas, permanezca en la Isla de Chiloé y no intente migrar a Santiago, donde de partida va a tener la ventaja de un subsidio con el que no cuenta en su Región.
En mi concepto, hay muchas materias donde debe actuarse con criterio, con cuidado, con tino, con sentido político y con respeto por las Regiones. Y yo incluyo en eso la desafortunada decisión de elevar el costo del gas en Magallanes, lo que tiene que ver con políticas públicas que van más allá del sentido material de una decisión.
Y en tal sentido quisiera reiterar a la señora Ministra subrogante la importancia que reviste, en el caso de la provincia de Chiloé, el que se pueda dotar a la comuna de Puqueldón de una conectividad marítima apropiada.
No es admisible que el Ministerio de Transportes haya aprobado en la Región una conectividad que se reduce en invierno al funcionamiento de una sola embarcación, en circunstancias de que nuestro país hoy día tiene condiciones para cambiar cualitativamente la situación. Es decir, la gente siente, a través de eso, que la están ofendiendo, que se está abusando, que hay un centralismo demasiado exacerbado.
Entonces, señor Presidente , entiendo que estamos acá para resolver una materia de hecho: en el caso de que se presente la quiebra de una empresa, cómo el Estado puede evitar que se interrumpa la concesión, porque sí así sucede el funcionamiento del transporte público perjudicaría a decenas de miles de personas que dependen de él para concurrir a su actividad laboral diaria. Para resolver eso, por cierto, que cuentan con nuestro voto a favor.
Quiero reiterar mi alegato, porque si uno insiste en sus planteamientos, al final logra ser escuchado. No es algo que uno tenga que hacer solamente una vez. No, hay que formularlo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete o más veces, hasta que se cree una convicción.
A mi juicio, es muy importante que el Ministerio de Transportes mire más allá de la Región Metropolitana.
Estimo que, desesperantemente, las noticias en el país se reducen en verano a Santiago y Viña del Mar, y de marzo hasta diciembre, a la Región Metropolitana, lo que no es lógico.
En consecuencia, reitero mi solicitud -en este caso, a la señora Ministra subrogante- de atender los requerimientos de las Regiones (en particular los de la comuna de Puqueldón en Chiloé) y que efectivamente el Ministerio de Transportes pueda desarrollar una acción activa a objeto de que el subsidio acordado para ellas efectivamente sea utilizado en su beneficio.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente , quiero pedir votación separada para las tres normas que son de quórum especial y aplazamiento del respectivo pronunciamiento hasta mañana, y votar ahora todas las otras que no lo son.
El señor LETELIER.- ¡El oficialismo debe estar presente en la Sala!
El señor NOVOA.- El oficialismo lo está.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Señor Senador, entiendo que su petición se formula frente a la posibilidad de falta de quórum, pero hay Senadores suficientes. En todo caso, la Mesa se asegurará de que, en el momento de votar, haya quórum. Si no lo hubiera, se accederá a la petición de Su Señoría.
El señor NOVOA.- Perfecto, señor Presidente.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , estoy totalmente de acuerdo en no poner en riesgo un proyecto de esta naturaleza por una eventual falta de quórum. Por supuesto, no es bueno suspender la votación de una iniciativa de la importancia de la que estamos analizando.
Pero es necesario tener al respecto un fair play, máxime cuando nadie se prestará a hacer una votación extemporánea y sin sentido.
En cuanto al asunto de fondo, a pesar de que estamos en la discusión particular, tenemos que referirnos de nuevo a lo que es el proyecto.
De acuerdo con su título, "modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado". Y si uno revisa el articulado permanente, se refiere a todo el transporte público concesionado en cualquier parte del país.
¿Y por qué se hace eso? Por una razón muy obvia: después de la experiencia tenida durante el tiempo de aplicación del transporte público concesionado, se ha visto que hay diversas falencias y defectos que hacen que, en un momento dado, incluso el sistema en general pueda sufrir un colapso sin solución.
Y por eso se consigna todo lo relativo a la caducidad de las concesiones, a la suspensión o continuidad del giro del transporte. Y se establece todo un mecanismo acerca de cómo termina una concesión. Es muy necesario.
El acuerdo logrado entre el Gobierno y la Concertación en ese sentido es constructivo y positivo. Y es bueno para el país que un sistema regulado como el transporte público concesionado cuente con una reglamentación que impida, bajo cualquier circunstancia, que el sistema no funcione o tenga dificultades en cuanto a lograr soluciones.
Incluso se propone algo que a mí me ha llamado la atención, como es la expropiación. Se llega a ella según un acuerdo adoptado incluso por la unanimidad. Aquí no hay nadie que haya planteado observación u objeción en orden a que esto pudiera atentar contra un principio fundamental.
Y me parece muy bien que en el Senado, y en el Parlamento en general, lleguemos a tomar conciencia de que hay momentos en que las normas más estrictas, a veces, requieren alguna excepción y reglamentación para evitar que se genere una situación arbitraria. Yo mismo he suscrito una indicación en ese sentido, en la cual el Gobierno ha estado de acuerdo, a fin de que ese tipo de acción tan difícil, tan tortuosa para algunos, pueda realizarse en pro del bien común.
Por eso, creo que el Senador Navarro no tenía razón al sostener que él se oponía al proyecto porque era nada más que para la Región Metropolitana. Pero no se trata del financiamiento del sistema público de transporte ni de la corrección del Transantiago. Eso ya se discutió unas veinte veces, por un lado y por otro. Lo que se relaciona con el Transantiago son las disposiciones transitorias, las cuales se precisan para aplicar la legislación que queremos a convenios ya celebrados bajo otro régimen regulatorio. Eso es lo que estamos corrigiendo; y me parece bien.
Concuerdo en que el Transantiago -que está dentro del sistema público concesionado- entre a regularse según las mismas condiciones que regirán para todo el transporte.
Señor Presidente , creo que el proyecto debe ser aprobado. Por supuesto que debemos dar las facilidades para que, por ningún motivo, sufra algún percance. Ello servirá para demostrar que en la Oposición hay buena voluntad, pese a que se reclama que no tenemos ninguna.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , en torno al transporte público de pasajeros concesionado aún está pendiente una evaluación objetiva.
A mi juicio, las pasiones han llevado a que en este Hemiciclo se dijera una cantidad dramática de barbaridades y de faltas a la verdad.
Informes internacionales indican que los sistemas de transporte público en el mundo enfrentan grandes desafíos. Uno de esos informes señala que el que opera en la capital de nuestro país está dentro de los que mejor funcionan.
Lo hago presente porque aquí a veces se hacen afirmaciones muy lejanas a la realidad, por personas que al parecer nunca han usado el transporte público en la Región Metropolitana. Y, como usuario del Transantiago, debo manifestar que este sistema es harto mejor de lo que muchos han expresado en la Sala; bastante más eficiente en su diversidad para trasladarse.
Pero ese no es el punto en debate hoy, aunque sería bueno que en algún momento se efectuara una evaluación más objetiva.
Producto de una crisis, surgió la necesidad de perfeccionar el sistema. Un mal diseño generó un proceso de rectificación. Y cuando el Ministro Cortázar , a quien se le encargó esta tarea, pidió facultades para llevarla a cabo, quienes hoy son Gobierno -ayer Oposición- se negaron a otorgarlas.
Hoy se solicita la misma atribución para que la autoridad pueda continuar dicha labor. Los estudios encargados por el Ministro Cortázar en su momento ahora constituyen las bases de los ajustes que la Cartera de Transportes nos pide respaldar, tarea que, en particular, ha sido encabezada por la Subsecretaria del ramo, actual Ministra subrogante. Ella se ha preocupado de ver cómo implementar, gracias a los estudios referidos, las medidas necesarias.
En ese contexto llegamos a un acuerdo marco con el Gobierno sobre la ley en proyecto, la concerniente al financiamiento y otros aspectos no contemplados en estos instrumentos legislativos.
Con relación a la iniciativa que nos ocupa, el cuerpo regulatorio propuesto tiene una parte permanente, que se aplica -como se ha dicho- a todos los sistemas de transporte.
Quizás la mayor innovación que se introduce también es producto de la crisis generada con el actual Gobierno por el incumplimiento de un acuerdo con uno de los operadores. Este tenía un contrato firmado -de buena fe- con el Estado chileno, el cual no se respetó y ello condujo a una situación de crisis. Se le quitó a ese operador una función que estaba a su cargo, provocando un grave problema a los trabajadores.
Además, en segundo término, otro operador vendió su contrato a un tercero, con autorización de funcionarios de esta Administración, sin resguardar los derechos laborales mínimos de la empresa.
Por ello, señor Presidente , en el articulado permanente del proyecto se incluye, de forma reiterada -en más de ocho lugares-, la obligación de respetar las leyes laborales de los trabajadores. Se garantizan tales derechos siempre en primer lugar: en las bases de licitación; cuando se modifiquen los contratos; al declararse la caducidad de una concesión, o si se nombra a un administrador provisional.
Nosotros solicitamos la incorporación de ello como condición para debatir la iniciativa. Y hoy los cambios están plasmados en el texto propuesto.
Sin embargo, la inquietud planteada por la Senadora señora Alvear, referida a la situación de los choferes de una de las empresas que dieron origen a la crisis, está pendiente. No se ha resuelto ese problema. Es un drama que los trabajadores hayan tenido que cargar el costo de ajustar el sistema.
Por momentos, a mi juicio, estuvimos frente a una actitud -no quiero que lo tomen como un insulto- indolente por parte de la autoridad de turno en esta materia. Porque hubo trabajadores en huelga de hambre, viviendo situaciones dramáticas -¡dramáticas!-; y no existió, sobre la base de garantías u otros instrumentos, la voluntad de buscarles una solución oportuna.
Esta iniciativa permite resolver las dificultades futuras. Pero no las del pasado, aquellas provocadas a raíz de las dos crisis mencionadas.
Nos preocupa profundamente ese tema, señor Presidente.
Otro aspecto que quisimos plantear -el Senador que habla presentó la indicación respectiva para que fuera norma permanente, pero la Comisión la rechazó y no fue acogida por el Gobierno- se refiere a cómo establecer en una empresa o actividad concesionada normas laborales especiales. No hablo de disposiciones de resguardo, sino de las que determinan con qué frecuencia un trabajador se cambia de sindicato y cuántas de estas organizaciones debe haber por operador y por terminal. Porque, al igual como algunos de nosotros criticamos el multirrut empresarial, también reprochamos profundamente el multirrut sindical. Pues hay personas que han distorsionado el rol de los gremios.
Nos llama la atención que la actual autoridad, frente a una propuesta concreta y a una manifestación de voluntad en tal sentido, no haya querido tomar el guante para terminar con un fenómeno inexplicable: la existencia, no de dos, ni diez, ni quince, sino de decenas de sindicatos por operador. Esto, en última instancia, hace más costoso para el usuario el servicio de transporte público administrado por privados.
Señor Presidente , deseo referirme al artículo primero transitorio.
Dicha norma, sin duda, constituye el corazón del proyecto. Las disposiciones permanentes resultan necesarias, pero al Gobierno le interesa más ese artículo transitorio. Se trata del centro del sistema.
Sin embargo, se nos hace discutir la iniciativa en un contexto que me parece poco feliz. Algunos lo podrán sentir como un chantaje forzado de la actual Administración hacia quienes mantienen contratos con el Estado. El Gobierno anterior pactó cambios contractuales con los operadores, y esas modificaciones quedaron en la Contraloría General de la República. Pero la Administración vigente retiró los contratos del Órgano Contralor hace casi un año, dejando en una situación precaria a los operadores que firmaron con el Estado.
A mi juicio, ello es preocupante, pues afecta la vigencia de lo contratado y el respeto debido a los acuerdos entre el Estado chileno y los operadores privados.
El artículo primero transitorio tiene como propósito generar las condiciones para negociar con los operadores.
Su inciso segundo señala lo siguiente: "Sin perjuicio de lo anterior, por exigirlo el interés nacional, siempre que no exista una causal de caducidad," -nosotros presentamos la indicación para que no se pague a los que haya que caducar, en particular, al AFT (para decir las cosas por su nombre) o a algún banco- "se faculta al Estado a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para poner término anticipado a los contratos". Es decir, se lo autoriza a expropiar.
En esta materia, hemos manifestado nuestra preocupación en dos sentidos.
Nos parece bien que se abandonen los ideologismos excesivos. Pero creemos que debe determinarse en qué condiciones y en qué situaciones se concede la facultad mencionada. No cabe aceptar que en cualquier caso se le permita al Estado caducar un contrato por exigirlo el interés nacional, dado que este concepto es muy amplio, bastante ambiguo, tratándose de un servicio concesionado como el transporte público de pasajeros.
Y se pide esa atribución por tres años.
En forma reiterada, señor Presidente , hemos planteado que a los buenos operadores, a los que cumplen, hay que premiarlos. Se les debe garantizar que la norma transitoria referida no se les aplicará y que no se usará para generar una negociación desequilibrada en la modificación de los contratos.
Por eso, presentamos una indicación en el último trámite, consensuada con el Ministro de Transportes en la Comisión de Hacienda, tendiente a precisar cuándo se podrá utilizar dicha medida.
Tal enmienda sustituye el inciso segundo del artículo primero transitorio por el siguiente:
"Sin perjuicio de lo anterior, por exigirlo el interés nacional y por causa de utilidad pública" -ahí se acota la atribución- "siempre que no exista una causal de caducidad, se faculta al Estado a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para poner término anticipado a los contratos indicados en el inciso anterior que comprendan la prestación de servicios concesionados de transporte público o servicios complementarios en las comunas de la Región Metropolitana," -y luego se precisa el ejercicio de la facultad, que es lo importante- "cuando un cambio de circunstancias hiciere innecesario el servicio para la satisfacción de las necesidades públicas o demandare su rediseño o complementación para efectos de mejorar la continuidad, condiciones de seguridad y calidad del sistema.".
Es decir, se precisa en qué circunstancias se puede ejercer esta facultad, la cual se otorga por dos años.
Señor Presidente, pedimos que esta indicación se vote en forma separada. Ella recae en el artículo primero transitorio y forma parte del acuerdo que alcanzamos.
A mi juicio, este marco regulatorio ayuda a avanzar hacia una buena experiencia. Incluye las materias laborales como norma permanente. Lamentablemente, no las sindicales que era necesario incorporar.
El artículo primero transitorio establece una situación más equilibrada, y existe el compromiso del Ejecutivo de no usar esta disposición para castigar a los buenos operadores.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, estamos frente a un proyecto absolutamente necesario.
No solo se procedió en su oportunidad a otorgar los recursos para que el sistema de transporte público de Santiago pudiera funcionar, con la adecuada compensación y el efecto espejo para las Regiones -cuestión por la cual luchamos y a la que finalmente el Gobierno, el Ministro de Transportes y la Subsecretaria accedieron-, sino que, de manera adicional, en virtud de esta iniciativa, que cambia el régimen jurídico al transporte público concesionado, se generan las condiciones para considerar que este sistema es un servicio público y se dota al Ministerio de facultades extraordinarias.
Claramente, era preciso corregir los incentivos perversos que existían en los contratos y establecer incentivos virtuosos. En este contexto, incluso se contempla la posibilidad de expropiar. Y me parece adecuado darle al Estado la oportunidad de regular el transporte público, sobre todo el de la Región Metropolitana, que de alguna manera heredamos.
Además, debo mencionar que contamos con una colaboración extraordinaria de parlamentarios, de los miembros de las Comisiones de Transportes y de Hacienda de esta Corporación. Y gracias a ello pudimos confluir en un proyecto que le entrega mejores atribuciones al Ministerio del ramo y que, sin lugar a dudas, va a permitir mejorar los contratos.
Finalmente, tanto los Senadores de la Concertación como los de la Coalición por el Cambio pusimos énfasis en que los operadores deben respetar los derechos laborales de sus trabajadores. Y se colocaron como ejemplos los casos de Trans Araucarias y de otros operadores que han tenido problemas.
Acá se determinan causales de caducidad, de término de contrato, los que van a velar por que los derechos de los trabajadores del transporte público de la Región Metropolitana se respeten a cabalidad.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Vamos a proceder a votar.
El señor NAVARRO.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor NAVARRO.- Quiero pedir votación separada de algunas normas.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- ¿Cuáles?
El señor NAVARRO.- En el artículo único, las letras a), g) e i) del numeral 1); el numeral 2); y en el numeral 4, el artículo 3° terdecies...
El señor PIZARRO ( Presidente ).- ¿No será duodecies?
El señor NAVARRO.- Sí.
El señor PIZARRO (Presidente).- Ese precepto es orgánico constitucional.
El señor NAVARRO.- Y las letras a) y g) del artículo primero transitorio,
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Para no equivocarnos, votaremos todas las disposiciones que no requieren quórum especial de aprobación y aquellas respecto de las cuales el Senador señor Navarro no solicitó pronunciamiento separado.
En votación.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueban (26 votos contra 1 y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, García, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Navarro.
No votó, por estar pareada, la señora Matthei.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- A continuación, hay que pronunciarse sobre las normas que el Senador señor Navarro pidió votar en forma dividida.
El señor COLOMA.- ¡Todas juntas!
El señor CHAHUÁN.- Que se voten en bloque, señor Presidente.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Nos pronunciaremos acerca de la letra a) del numeral 1) del artículo único, que no requiere quórum especial de aprobación.
El señor COLOMA.- ¿Vamos a votar separadamente?
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Así lo pidió el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, se trata de normas que tienen que ver con la protección laboral de los trabajadores.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- ¿Quiere que se voten juntas, Su Señoría?
El señor NAVARRO.- Sí, porque se refieren a una misma materia.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Entonces, solamente sacaremos el artículo 3° duodecies, contenido en el numeral 4), que es de rango orgánico constitucional.
Procederemos a votar en un paquete el resto de los preceptos: letras a), g) e i) del número 1) y numerales 2) y 4) del artículo único; y letras a) y g) del artículo primero transitorio.
En votación.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Terminada la votación.
--Por 28 votos a favor y un pareo, se aprueban las letras a), g) e i) del numeral 1) y los números 2) y 4) del artículo único; y las letras a) y g) del artículo primero transitorio.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, García, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
No votó, por estar pareada, la señora Matthei.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Ahora hay que pronunciarse acerca de los preceptos de carácter orgánico constitucional. Se trata de los incisos catorce y veintitrés del artículo 3° de la ley N° 18.696, contenidos en el numeral 1) del artículo único; del artículo 3º duodecies, incluido en el numeral 4), y del artículo 2º transitorio. Para la aprobación de todos ellos se precisan 22 votos favorables.
Propongo que se voten juntos. Luego deberemos emitir pronunciamiento sobre la indicación del Senador señor Letelier.
El señor NOVOA.- Perfecto.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Terminada la votación.
--Por 29 votos a favor, se aprueban las normas individualizadas, dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido.
Votaron las señoras Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, García, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Lo único que resta por votar es la indicación formulada por el Senador señor Letelier, que busca sustituir el inciso segundo del artículo primero transitorio.
El señor WALKER (don Ignacio).- ¿Requiere quórum especial?
El señor PIZARRO ( Presidente ).- No, Su Señoría.
En votación.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Terminada la votación.
--Por 26 votos contra 1 y un pareo, se aprueba la indicación que sustituye el inciso segundo del artículo primero transitorio, y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, García, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Novoa, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Navarro.
No votó, por estar pareada, la señora Matthei.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminado el Orden del Día.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES
FONDOS PARA REPOSICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO. PROYECTO DE ACUERDO
El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Horvath, Kuschel, Larraín, Navarro, Prokurica y Walker (don Patricio).
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1313-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 72ª, en 1 de diciembre de 2010.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El propósito del proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que se dispongan fondos para la reposición de equipos y maquinarias del Cuerpo Militar del Trabajo, de manera que pueda desarrollar sus labores durante el año 2011.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (17 votos afirmativos).
Votaron las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Cantero, Chahuán, Escalona, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Orpis, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
MEJORAMIENTO DE CONDICIONES REMUNERACIONALES Y DE RETIRO DE TRABAJADORES DE JUNJI. PROYECTO DE ACUERDO
El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por el Senador señor Letelier.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1312-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 72ª, en 1 de diciembre de 2010.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El proyecto de acuerdo tiene como objetivos reconocer la labor de excelencia realizada por las trabajadoras y trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, expresar la preocupación por la situación administrativa de unos y otras y solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que se atiendan las peticiones de equiparar sus beneficios remuneratorios con los que tienen los trabajadores adscritos a la ANEF, hacerles extensivos los bonos de gestión por cumplimiento de metas institucionales y prorrogar la vigencia del bono de estímulo al retiro enviando un proyecto de ley en ese sentido.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (15 votos afirmativos).
Votaron las señoras Alvear y Rincón y los señores Chahuán, Escalona, Horvath, Larraín, Letelier, Longueira, Navarro, Pizarro, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
PETICIONES DE OFICIOS
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor HORVATH:
A los señores Presidente de la República y Ministro del Interior, solicitándoles UNIFORMIDAD EN MODALIDAD DE CÁLCULO DE ASIGNACIÓN DE ZONA EN DIFERENTES REPARTICIONES PÚBLICAS,
Al señor Ministro de Hacienda, para que aclare procedimiento referente a CÁLCULO DE BONIFICACIÓN DE LEY Nº 20.198 PARA 2011, SEGÚN ZONAS BENEFICIADAS.
De la señora RINCÓN:
Al señor General Director de Carabineros, pidiéndole informar en cuanto a fecha de DEMOLICIÓN DE TERCERA COMISARÍA DE CARABINEROS DE PARRAL,
Al señor Director Nacional de Vialidad, requiriéndole información respecto a DENUNCIAS DE POBLADORES DE SECTOR EL MAJUELO Y VILLA ADELAIDA SOBRE INSTALACIÓN DE DISCOTECA EN COMUNA DE CAUQUENES (Región del Maule Sur).
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión
--Se levantó a las 18:42
Manuel Ocaña Vergara
Jefe de la Redacción
ANEXOS
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES HORVATH, CHAHUÁN Y PROKURICA, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE PROHÍBE A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR INHIBIR LA RENDICIÓN DE EXÁMENES POR RAZONES ECONÓMICAS (7431-04)
Considerando:
1.- Que es deber del Estado asegurar el acceso a instituciones de educación superior en igualdad de condiciones.
2.- Que en los últimos años han aumentado considerablemente los porcentajes de matrícula de los estudiantes de los quintiles I y II de ingreso más bajos, manteniéndose fuertes diferencias en la calidad de instituciones a la que éstos acceden.
3.- Que algunas de las causas que explican la deserción de estudiantes en las universidades son los problemas económicos del grupo familiar del estudiante, siendo un 75,6% de las universidades tradicionales y un 66,7% de las universidades privadas. (Ref. Depto. de Economía U. de Chile, 2008)
En el período 1990 la relación de tasas de cobertura entre el quintil V y el quintil I era de 8,6 veces, en cambio, el año 2006 se había reducido a 4,6 veces. Los alumnos de los primeros quintiles (I y II), matriculados en universidades no debieran tener problemas de financiamiento o acceso a becas y créditos para pagar su arancel, pero sí enfrentan problemas de costos de oportunidades en relación al tiempo para al estudio, debido a que deben trabajar para contribuir a complementar el ingreso familiar y financiar sus gastos de mantención. (Ref. Depto. de Economía U. de Chile, 2008)
Los alumnos con dificultades económicas de universidades privadas están más expuestos a la deserción, ya que enfrentan aranceles que son más altos, en general, y disponen de menor acceso a becas y crédito. Ante disminuciones en el ingreso familiar, debido a cesantía del padre, o cualquier razón que disminuya abruptamente sus niveles de ingreso, algunos estudiantes optarían por desertar de la educación superior, para ingresar a la fuerza de trabajo y contribuir a financiar su mantención. En las universidades tradicionales aproximadamente un 43% de los estudiantes pertenecen a los 3 primeros quintiles de ingresos. Es por esta razón que, en cuanto al rendimiento académico que presentan los alumnos con ingresos familiares bajos, se refleja una mayor cantidad de problemas relacionados con la permanencia y continuidad en las carreras seleccionadas por éstos, aun cuando la Casa de Estudios escogida considere algún tipo de beneficio interno para sus alumnos con menores recursos. (Ref. Depto. de Economía U. de Chile, 2008)
4.- Que existen instituciones de educación superior entre las cuales se encuentran Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica y Universidades que en sus reglamentos internos inhabilitan a sus alumnos prohibiéndoles rendir exámenes y pruebas por el hecho de no estar al día en el pago de aranceles establecidos al momento de matricularse, por lo cual debe corregirse esta situación dado que es una de las causales principales de deserción de la educación superior.
5.- Que la educación es un derecho humano reconocido en diversos tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, ratificado por Chile por Decreto Nº 326 y publicado en el Diario Oficial de fecha 27 de mayo de 1989. El Pacto en su artículo 13 reconoce el derecho de toda persona a la educación.
6.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales tiene valor de ley de la República de Chile como lo establece el artículo 5 inciso segundo de nuestra Constitución Política.
7.- Que el Capítulo III de los Derechos y Deberes Constitucionales de nuestra Carta Fundamental, en su artículo 19 Nº 2, consagra “La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados”.
8.-Que el artículo Nº 10 de la Constitución Política de la República de Chile reconoce “El derecho a la educación”.
9.- Que conforme a los principios enunciados en la Constitución Política de la República de Chile, como a los derechos enunciados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, “El derecho a la educación” tiene por base reconocer la dignidad inherente a la persona humana, siendo un derecho anterior y superior a la persona, el cual implica un deber de todo Estado en generar las condiciones para su oportuno ejercicio.
Por lo anterior, vengo en presentar la siguiente
Moción de Ley
Prohíbe inhabilitar a estudiantes para rendir exámenes o pruebas por no haber cancelado arancel
Artículo único.- “Se prohíbe a los Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica y Universidades, el inhabilitar a sus estudiantes para rendir pruebas o exámenes por no haber cancelado el arancel mensual establecido al momento de matricularse”.
(Fdo.): Antonio Horvath Kiss, Senador.- Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES NAVARRO, GÓMEZ Y MUÑOZ ABURTO, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES MILITARES TRATÁNDOSE DE DELITOS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO AERONÁUTICO (7432-07)
Fundamentos:
1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia del día 22 de noviembre de 2005 recaída en el caso Palamara Iribarne c. Chile, dispuso que “Estado debe adecuar, en un plazo razonable, el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre jurisdicción penal militar, de forma tal que en el caso de que considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, ésta debe limitarse solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo. Por lo tanto, el Estado debe establecer, a través de su legislación, límites a la competencia material y personal de los tribunales militares, de forma tal que en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los tribunales penales militares, en los términos de los párrafos 256 y 257 de la presente Sentencia” (XIII, Puntos resolutivos, 14). En el párrafo 257 citado se establece que “en el ámbito de la jurisdicción penal militar, los miembros de los tribunales deben revestir las garantías de competencia, imparcialidad e independencia indicadas en los párrafos 120 a 161 de la presente Sentencia. Asimismo, el Estado debe garantizar el debido proceso en la jurisdicción penal militar y la protección judicial respecto de las actuaciones de las autoridades militares, tal como se ha señalado en los párrafos 162a 189 de este fallo”.
El fallo de la Corte, en concordancia con la reciente doctrina nacional sobre la materia, identifica claramente las graves falencias que presenta nuestra justicia militar desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y que pueden resumirse de la siguiente manera: (a) ámbito desmedido de la competencia de los tribunales militares que permite el juzgamiento de civiles y militares por delitos comunes, en circunstancias de que debiera limitarse exclusivamente al conocimiento de los delitos propiamente castrenses cometidos por militares; (b) estructura y organización de los tribunales militares que compromete el derecho de los imputados a ser juzgados por un tribunal independiente e imparcial; y, (c) procedimiento escrito, de carácter inquisitivo, estructuralmente contrario a las garantías del debido proceso.
2. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su Examen del Informe presentado por el Estado chileno con arreglo al Art. 40 del Pacto (89º período de sesiones), “observa con preocupación la persistencia de la jurisdicción de los tribunales militares chilenos para procesar a civiles por cuestiones civiles, que no es compatible con el artículo 14 del Pacto”, y recomienda que “El Estado Parte debería agilizar la adopción de la ley que modifique el Código de Justicia Multar, limitando la jurisdicción de los tribunales militares únicamente al enjuiciamiento de personal militar acusado de delitos de carácter militar exclusivamente; verificando que esta ley no contenga ningún precepto que pueda permitir violaciones de los derechos establecidos en el Pacto”.(párr. l2). Los problemas que plantea la jurisdicción penal militar chilena en tiempo de paz desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, son básicamente dos:
2. La definición de la necesidad de tener una jurisdicción especial habitualmente se presenta como una opción legítima de los Estados, sujeta a su estimación político-jurídica. Más allá del debate en torno de las razones justificatorias tradicionalmente invocadas a favor de esta jurisdicción penal especial, desde el punto de vista estricto de las garantías fundamentales que integran el debido proceso, la sola existencia de dicha jurisdicción resulta cuestionable, incluso en el supuesto ideal de una estructura y organización adecuadas y de un procedimiento penal que cumpliera con dichas garantías. Aun en tal evento, el conflicto que debe resolver el tribunal especial se deriva del hecho de atentar un militar en contra del deber de prestar el servicio militar o en contra de los deberes militares que le corresponden, ya sea como superior o subordinado. La contraposición de intereses, propia de todo proceso penal, se presenta aquí, por una parte, en el interés del Estado en que se persigan y castiguen las diversas infracciones de los deberes militares tipificadas como delitos castrenses, y por la otra, en el interés de los imputados (militares en servicio activo, en el supuesto examinado) en que se respeten sus garantías penales.
Es razonable pensar que estas últimas estarán mejor protegidas si el juzgamiento lo llevan a cabo tribunales civiles ordinarios, que gozan de total independencia y absoluta imparcialidad para juzgar dicho conflicto, y no tribunales militares, cuyos miembros pueden sentirse comprensible y acaso inconscientemente inclinados a favorecer uno de los intereses en pugna (a saber, el militar), en desmedro del otro (las garantías del militar imputado). Descartada la supresión de la jurisdicción penal militar, la segunda alternativa es el establecimiento de un fuero militar restringido al conocimiento de los delitos propiamente castrenses cometidos por militares, tal como se señala en las decisiones internacionales citadas. Los problemas que se plantean en relación a las condiciones de su legitimación, básicamente son tres:
(a) que la competencia de los tribunales castrenses se limite efectivamente al conocimiento de delitos propiamente militares cometidos por militares (¿qué es lo que los tribunales militares deben juzgar?);
(b) que la estructura y organización de los tribunales militares garanticen el derecho de los imputados a ser juzgados por un tribunal independiente e imparcial, y
(c) que el procedimiento penal militar cumpla con las exigencias del debido proceso. Estos dos últimos aspectos guardan relación con el cómo debe realizarse dicho juzgamiento.
¿Qué es lo que los tribunales militares deben juzgar? Esta es la pregunta básica, toda vez que la respuesta a ella es lo que justifica, dentro de la lógica y el sentido de dicho modelo de fuero restringido, su propia existencia. Una vez que se ha determinado en forma precisa el concepto de delito militar, cobra importancia el cómo debe precederse al juzgamiento de los delitos militares. Un punto a considerar es el relativo a la necesidad de contemplar delitos militares. ¿Se justifica un Derecho Penal Militar? Me parece, fuera de dudas, que sí. Existen, en efecto, bienes jurídicos de carácter militar de la mayor relevancia para toda la sociedad que sólo pueden ser afectados por los miembros de las Fuerzas Armadas y que requieren de protección penal, siendo insuficientes las sanciones administrativas o disciplinarias. Los más graves atentados en contra de la eficacia de los institutos armados -órganos técnicos de combate especializados en la protección de la seguridad exterior del Estado- cometidos por militares tienen la suficiente relevancia para merecer sanción penal, siendo lógico que integren un catálogo especial de delitos: los delitos militares. Por otra parte, la especialidad de estas infracciones, derivada tanto de la naturaleza militar del bien jurídico protegido como de la calidad de los infractores (uniformados que infringen sus deberes militares), justifica su tipificación separada. Actualmente existe un consenso generalizado en la doctrina en el sentido de que los delitos militares son delitos especiales propios que se integran con dos elementos copulativos:
(1) la naturaleza militar del bien jurídico protegido, y;
(2) la calidad militar del sujeto activo que infringe sus deberes militares.
3. Para que un delito sea militar no basta con la afectación de un bien jurídico de carácter militar. Los civiles también pueden afectarlo (Vg. apropiación de material de guerra o falsificación de documentos militares), sin que esto configure una infracción a un delito militar. La infracción de un deber específicamente militar es un elemento consustancial de los delitos militares: “...el delito militar ha menester tanto de la calidad del autor como del carácter castrense de los bienes o intereses protegidos. Si el delito militar entraña una violación al deber militar, no nos parece dudoso que la ley penal militar sólo puede dirigir su mandato, y exigir el cumplimiento del deber militar, a quien ostente ese carácter. Afirmar que una persona sin estado militar puede cometer un delito militar, importa tanto como admitir que un civil pueda violar mandatos dirigidos a los militares”.
Los deberes militares que emanan del servicio militar son básicamente los de la disciplina y la obediencia. La tipificación del delito debiera radicarse en la infracción del deber militar, distinguiéndose por tanto los delitos que atentan en contra del deber de prestar el servicio militar (abandono de servicio, abandono de destino o residencia, deserción, automutilación, evasión del servicio militar), delitos de los superiores (maltratos, trato degradante, amenazas, coacciones y ofensas a los inferiores, usurpación y abuso del mando y del poder disciplinario, omisión de mantener la disciplina, denegación de auxilio a las fuerzas combatientes) y delitos de los subordinados (motín, desobediencia, maltratos, amenazas, coacciones y ofensas a superiores). La correcta determinación de los delitos militares y una competencia de los tribunales castrenses restringida al conocimiento de esta clase de infracciones excluye no sólo el juzgamiento de civiles por los tribunales militares, sino también el juzgamiento de militares por delitos “comunes”, pues el hecho punible no constituye una infracción de deber militar que le corresponda a aquéllos en tanto miembros de las Fuerzas Armadas. Nuestro Código de Justicia Militar (CJM) ofrece un concepto puramente formal de delito militar, que no alude a la naturaleza de la infracción. El artículo 5, Nº 1 define delitos militares para los efectos de la jurisdicción militar como “los contemplados en este Código”. Como lo señala el más importante comentarista de dicho cuerpo legal, “En nuestro país, de acuerdo con nuestra legislación positiva, el delito militar tiene un carácter amplísimo: se consideran delitos militares no sólo ciertos delitos que pueden ser cometidos por civiles (hurtos de especies militares, ofensas y violencia a carabineros), sino que aun algunos que no lesionan intereses institucionales (infracciones a la Ley de Navegación Aérea)”. Con todo, el CJM asume que se trata de una ficción.
En el artículo 215 establece que “Los delitos militares serán sancionados con penas comunes o con penas militares, según la naturaleza del delito”. La referencia que se hace a la naturaleza del delito alude a la índole común o militar de la infracción, de acuerdo con la clase de penas asignadas en uno y otro caso, siendo esta la manera de reconocer los delitos propiamente militares en el CJM. Es así como los delitos de los Títulos II (De la traición, del espionaje y demás delitos contra la soberanía y segundad exterior del Estado), III (Delitos contra el Derecho Internacional), IV (Delitos contra la seguridad interior del Estado), VIII (Delitos contra los intereses del Ejército), IX (Delitos contra la propiedad) y X (Delitos de falsedad) del Libro III, son castigados con penas comunes (con la excepción del artículo 245 del Título III), por lo que, de acuerdo con el predicamento del propio CJM, no son delitos propiamente militares. Todos ellos debieran ser eliminados en una futura reforma, puesto que se trata de delitos comunes, susceptibles de ser cometidos por civiles.
(a) La normativa jurídica del Estado chileno sobre la jurisdicción penal militar de tiempo de paz contradice los estándares internacionales de derechos humanos en aspectos tan relevantes como el derecho a ser oído por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, conforme con un procedimiento que asegure las garantías del debido proceso.
(b) El Proyecto de Ley presentado por el gobierno resulta insatisfactorio por cuanto no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos sobre la materia. La adecuación del sistema de administración de justicia penal militar en tiempo de paz a los estándares internacionales de derechos humanos requiere: - Idealmente, su supresión. Esto, porque aun cuando la jurisdicción penal militar se limitara al conocimiento de los delitos propiamente castrenses cometidos por militares, de todas formas resultaría afectado el derecho de los imputados a ser juzgados por un tribunal imparcial. - En caso de mantenerse esta jurisdicción especial debiera reformarse integralmente el sistema de administración de justicia penal militar, para ponerlo a tono con: (i) la evolución y desarrollo que han experimentado desde la promulgación del CJM chileno (1925) a la fecha, el derecho internacional de los derechos humanos y la propia concepción y exigencias de la democracia y del estado de derecho; (ii) el desarrollo de las garantías penales sustantivas y procesales penales, de aplicación universal, en caso de cualquier imputación penal, incluidas las relativas a los delitos militares, y; (iii) el progreso histórico del propio Derecho Penal Militar, que se ha traducido en la promulgación, durante la segunda mitad del siglo XX, de nuevos códigos de justicia militar en muchos países. -
Restringirse la competencia de los tribunales militares al conocimiento de los delitos estrictamente militares cometidos por militares en servicio activo que infringen sus específicos deberes castrenses, limitándose el ejercicio del ius puniendi al pleno respeto de las garantías penales propias de un estado democrático de derecho. Esta restricción debiera establecerse, además, en la Constitución, pues si tiene solo consagración legal otra ley del mismo rango podría atribuirle competencia a los tribunales militares para conocer de delitos comunes cometidos por militares o para juzgar a civiles.
- La tipificación de los delitos militares debe realizarse teniendo en consideración su correcto alcance jurídico penal, de acuerdo con la naturaleza de los deberes militares específicos quebrantados. Una reforma del Derecho Penal Militar chileno requiere una completa revisión de nuestro Código de Justicia Militar, con miras a: (i) eliminar los delitos que no constituyen auténticos delitos militares, como ocurre con los previstos en los Títulos II, III, IV, VIII, IX y X del Libro III del CJM, susceptibles todos ellos de cometerse por civiles, por lo que no representan la infracción de un deber militar específico; (ii) reformular -tanto en lo relativo a la tipificación como al castigo- los auténticos delitos militares contemplados en los Títulos V, VI y Vil del CJM, superando el casuismo de su actual regulación, sus errores dogmáticos y político-criminales, así como la desproporción de las penas; (iii) incorporar nuevas figuras delictivas que parecen necesarias para proteger apropiadamente la eficacia de las FF.AA. al servicio de protección de la seguridad exterior, particularmente lo relativo a infracciones graves de los deberes de los superiores relativas al abuso o exceso de las facultades de mando y del poder disciplinario, y a la promoción o tolerancia del maltrato o trato degradante inferido por los subordinados a otros soldados; (iv) trazar una clara delimitación entre la responsabilidad penal y la disciplinaria, toda vez que no cualquier infracción de los deberes militares debe constituir un delito militar en un derecho penal presidido por el principio de última ratio. La jurisdicción penal militar debiera “judicializarse” de modo de asegurar el derecho de los imputados a ser juzgados por un tribunal independiente e imparcial. Finalmente, debiera establecerse un procedimiento penal de corte acusatorio, consistente con las garantías del debido proceso consagradas en los tratados internacionales de derechos humanos, de carácter público y oral, en orden de asegurar la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, la inmediación y la concentración.
En el artículo 5 Nº 1 del Código de Justicia Militar, otorga competencia a los tribunales militares para conocer de lo delitos previstos en el código aeronáutico, sin distinguir si aquellos son cometidos o cuya participación le cupiere, son personas con la calidad de militares, según el Artículo 6 del mimo cuerpo legal. Por lo mismo, este proyecto propone sustraer de la competencia de los tribunales militares y someter a la judicatura ordinaria, aquellos delitos especiales tipificados en el código aeronáutico y que sean cometidos por civiles, pues no parece razonable que, la justicia militar conozca de asuntos en que no participan militares. Además en este mismo sentido se orientó la reforma propuesta por el gobierno a raíz de la crisis mapuche, hechos que tuvieron lugar el pasado octubre de 2010.
Los tribunales militares deben conocer de asuntos en que estén involucrados militares, por el contrario, cuando civiles cometan delitos ordinarios, deben siempre estar sujetos a la jurisdicción de los juzgados de Garantía o del Tribunal Oral en lo Penal que corresponda.
Proyecto de Ley
Artículo 1: Elimínese el actual Artículo 201 del Código Aeronáutico y reemplácese por el siguiente artículo 201 nuevo: “Artículo 201. Los procesos a que dieren lugar los delitos previstos en este Código que sean cometidos por militares serán de competencia de los juzgados de Aviación y se sujetarán al procedimiento establecido en el libro II, títulos I, II, y III, del Código de Justicia Militar. Si los imputados fueren civiles, los delitos prescritos en este Código serán de competencia de los Juzgado de Garantía y Tribunal Oral en lo Penal que corresponda y se sujetarán a las normas y procedimientos previstos en el Código Procesal Penal.”
Artículo 2: Modifíquese el Artículo 5 número 1 inciso segundo del Código de Justicia Militar incorporándose a continuación de la voz “aeronáutico” la frase entre comas: “cuando los imputados tengan la calidad de militar según lo prescrito en el Artículo 6 de este Código,”
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.- José Antonio Gómez Urrutia, Senador.- Pedro Muñoz Aburto, Senador.
PROYECTO DE ACUERDO, PRESENTADO POR LOS SENADORES SEÑORES CHAHUÁN, HORVATH, PROKURICA Y ROSSI, CON EL QUE SOLICITAN EL ENVÍO DE UN PROYECTO DE LEY QUE RECONOZCA LA CALIDAD DE BENEFICIARIO DE ASIGNACIÓN FAMILIAR AL CÓNYUGE DE UN PENSIONADO, NO OBSTANTE PERCIBIR RENTAS (S 1326-12)
Considerando:
1.- Que el Decreto con Fuerza de Ley Nº 150, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, publicado el 25 de marzo de 1982, establece en su artículo 2° que quedan afectos al Sistema Único de Prestaciones Familiares y son sus beneficiarios, entre otros, todos los trabajadores dependientes de los sectores público y privado; los trabajadores independientes afiliados a un régimen de previsión que al 1° de enero de 1974 contemplara en su favor, y entre sus beneficios, el de la asignación familiar; los trabajadores que se hallaren en goce de subsidios de cualquier naturaleza y los trabajadores dependientes e independientes que se hallaren en goce de pensiones de cualquier régimen previsional, aún cuando en el respectivo régimen no hubieren tenido derecho al beneficio.
2.- Que en el artículo 3°, letra a) de este cuerpo legal, se estableció que con causantes de asignación familiar, la cónyuge y, en la forma que lo determine el reglamento, el cónyuge inválido.
3.- Que por su parte, en el artículo 5° del mismo texto normativo se dispuso que serán requisitos comunes para causar los beneficios de asignación maternal, que éstos vivan a expensas del beneficiario que los invoque y que no disfruten de ninguna otra renta, cualquiera que sea su origen o procedencia, igual o superior al cincuenta por ciento del ingreso mínimo mensual a que se refiere el inciso primero del artículo 4° de la ley Nº 18.806, y que las pensiones de orfandad no se consideran rentas para determinar dicha incompatibilidad.
4.- Que el 11 de julio de 1990, se publicó la ley Nº 18.987, que fijó , a contar del 1° de julio del año 2009, los valores de las asignaciones familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares, reguladas por el aludido Decreto con Fuerza de Ley Nº 150 de 1982, montos que posteriormente han sido sucesivamente modificados en virtud de diversas leyes, siendo la última de ellas, la Nº 20.449, publicada el 3 de julio de 2010, estableciéndose que las personas que tengan acreditadas o que acrediten cargas familiares y cuyo ingreso mensual sea igual o superior a $ 464.823.- no tendrán derecho a tales asignaciones.
5.- Que en el inciso cuarto del artículo 2° de la misma ley Nº 18.987 ya citada, se preceptuó que los causantes de asignación familiar labores remuneradas por un período no superior a tres meses en cada año calendario, conservarán su calidad de tal para todos los efectos legales.
6.- Que con anterioridad a la promulgación de la ley Nº 20.449, que modificó los valores de asignación familiar que primitivamente habían sido fijados por la ley Nº 18.987, se había publicado el 6 de diciembre de 2007, la ley Nº 20.233, que entre otras materias, en su artículo 20, había contemplado también un reajuste para el valor de las asignaciones familiares, y en los incisos finales del referido artículo 20, estableció que sin perjuicio de fijarse como máximo un ingreso mensual de $ 441.274.- para no tener derecho a percibir el beneficio de asignación familiar, mantendrán plena vigencia los contratos, convenios u otros instrumentos que establezcan beneficios para los trabajadores, y que dichos afiliados y sus respectivos causantes mantendrán sus calidades de tales para todos los efectos legales.
7.- Que es del caso destacar que fue en base a la aplicación de esta ley, que en el mes de Noviembre de 2008, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional informó a muchos de sus pensionados, que sus cargas familiares reconocidas como tales, estaban percibiendo rentas, de distinta procedencia, igual o superior al cincuenta por ciento de un ingreso mínimo mensual, lo que no resultaba procedente y por lo tanto dispuso la suspensión de dicho reconocimiento, por lo cual las causantes del referido beneficio, perdieron la opción de acceder a los sistemas de salud de la referida entidad previsional, todo lo cual ha afectado a alrededor de ocho mil personas que han quedado bastante afectadas por esta situación, ya que por su edad no les resulta posible ser aceptadas en otros sistemas de salud.
8.- Que debe tenerse en cuenta por una parte, que la misma ley 20.449 ya citada, fijó en su artículo el ingreso mínimo, en la suma de $ 172.000.- de manera que por efecto de la aplicación de dicha norma, para que una causante de asignación familiar pueda percibir dicho beneficio, debiera percibir una renta igual o inferior a la mitad de dicha cifra, esto es, la suma de $ 86.000.- lo que es prácticamente imposible que ocurra en la práctica, y por otra parte, resulta muy poco factible que una causante de asignación familiar desempeñe labores remuneradas solo por un período no superior a tres meses en cada año calendario, a fin de conservar su calidad de tal para todos los efectos legales.
9.- Que esta situación afecta mayormente a los pensionados de menores ingresos, cuyas cónyuges se han visto obligadas a realizar labores remuneradas para contribuir al sustento de sus familias, lo que indudablemente constituye un esfuerzo loable, pero que no obstante le significa recibir una especie de sanción, al establecerse un límite de referencia tan bajo como lo es el cincuenta por ciento del ingreso mensual mínimo.
10.- Que en tal virtud, se hace necesario revertir esta situación, de modo que las cónyuges de pensionados puedan desarrollar labores remuneradas, con el fin de contribuir a incrementar los ingresos familiares, sin que estén sujetas a un límite como ocurre en la actualidad, o, en su defecto, que este límite sea más acorde a la realidad social y familiar que vive actualmente el país, para cuyo efecto se requiere modificar el Decreto con Fuerza de Ley Nº 150 de 1982, tantas veces citado como la ley Nº 20.449 ya referida, de manera que el límite de renta de que puedan disfrutar para acceder al beneficio de asignación familiar, que conlleva el acceso a los sistemas de salud, no sea superior al ingreso mensual de $ 464.823.- que establece el artículo 2° de este último texto legal.
En mérito a lo expuesto,
El Senado de la República acuerda:
Solicitar a S. E., el Presidente de la República que envíe al Congreso Nacional, un proyecto de ley que modifique, tanto el artículo 5° del Decreto con Fuerza de Ley Nº 5 de 1982, como el artículo 2° de la ley Nº 20.449, de 2010, para permitir a las cónyuges de pensionados acceder al beneficio de asignación familiar, aún cuando disfruten de rentas o ejerzan labores remuneradas, cuyo monto sea como máximo el equivalente al ingreso mensual de $ 464.823, establecido en este último texto legal.
(Fdo.): Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Antonio Horvath Kiss, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.- Fulvio Rossi Ciocca, Senador.
PROYECTO DE ACUERDO, PRESENTADO POR LOS SENADORES SEÑORES CHAHUÁN, QUINTANA Y ROSSI, CON EL QUE SOLICITAN EL ENVÍO DE UN PROYECTO DE LEY QUE MEJORE ECONÓMICAMENTE A LOS DIRECTIVOS NO PROFESIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA (S 1327-12)
Considerando:
1.- Que mediante la promulgación de la Ley Nº 20.209, publicada el 30 de Julio de 2007, se modificó el Decreto con Fuerza de Ley Nº 5, de 2006, del Ministerio de Salud, que fijó la planta de la Subsecretaría de Salud Pública, otorgándose diversos beneficios económicos para sus funcionarios, y asimismo se delegaron facultades en el titular de dicho Ministerio para realizar reencasillamientos y traspaso de funcionarios.
2.- Que sin embargo, en dicho cuerpo legal no se consideró la situación de los Directivos no Profesionales, estamento compuesto actualmente por 162 funcionarios a lo largo del país, y que cumplen funciones de jefaturas de departamentos en diversos establecimientos de salud, pudiendo asimismo subrogar a un Director de hospital tipo 4, o asumir funciones como Subdirector Administrativo de un hospital de menor complejidad.
3.- Que estos servidores públicos, que cuentan con extensas trayectorias en diferentes establecimientos de salud en el territorio nacional, constituyen un apoyo administrativo fundamental para el mejoramiento de la gestión y obtención de metas en las políticas sanitarias, lo que representa sin lugar a dudas, una garantía de adecuada continuidad para la administración de los hospitales donde ejercen sus funciones, en cuya mayoría se experimenta un elevado nivel de rotación anual en los cargos directivos.
4.- Que en tal virtud se hace necesario mejorar la situación de estos funcionarios, que con su experiencia, lealtad, sacrificio y vocación de servicio público, contribuyen diariamente con la gestión de los establecimientos hospitalarios y otros centros de atención de salud, asignándoles grados de sueldo, acordes a las importantes labores que cumplen, considerando su antigüedad en el servicio, méritos y capacitaciones efectuadas, otorgándoles asignaciones especiales para el caso de las subrógamelas de cargos de mayor nivel jerárquico que deben asumir, y asimismo, establecer un incentivo al retiro.
En mérito a lo expuesto,
El Senado de la República acuerda:
Solicitar a S. E., el Presidente de la República, el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley que tenga por objeto modificar el Decreto con Fuerza de Ley Nº 5, del Ministerio de Salud, del año 2006, que fijó la Planta de la Subsecretaría de Salud Pública, a fin de mejorar la situación funcionaría de los Directivos No Profesionales, dependientes de dicha repartición pública, asignándoles grados de sueldo, acordes a las importantes labores que cumplen, considerando también su antigüedad en el servicio, méritos y capacitaciones efectuadas, otorgándoles asignaciones especiales para el caso de las subrogancias de cargos de mayor nivel jerárquico que deben asumir, y asimismo, establecer un adecuado incentivo al retiro.
(Fdo.): Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Jaime Quintana Leal, Senador.- Fulvio Rossi Ciocca, Senador.