Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. CUENTA
- IV.
ORDEN DEL DÍA
-
SITUACIÓN DE SISTEMA CARCELARIO EN CHILE
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Patricio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
-
SITUACIÓN DE SISTEMA CARCELARIO EN CHILE
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESION
- PROYECTO DE ACUERDO, PRESENTADO POR LOS SENADORES SEÑORAS RINCÓN Y ALVEAR Y SEÑORES BIANCHI, ESCALONA, FREI (DON EDUARDO), LAGOS, LETELIER, QUINTANA, RUIZ-ESQUIDE, TUMA, WALKER (DON IGNACIO), WALKER (DON PATRICIO), Y ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), CON EL QUE SOLICITAN EL ENVÍO DE UN PROYECTO DE LEY SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO DE LA ENAP, CONSERVANDO SU CARÁCTER ESTATAL (S 1325-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Ximena Rincon Gonzalez
- Maria Soledad Alvear Valenzuela
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- Camilo Escalona Medina
- Eduardo Frei Ruiz-tagle
- Ricardo Lagos Weber
- Juan Pablo Letelier Morel
- Jaime Quintana Leal
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- Eugenio Tuma Zedan
- Ignacio Walker Prieto
- Patricio Walker Prieto
- Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- PROYECTO DE ACUERDO, PRESENTADO POR LOS SENADORES SEÑORAS RINCÓN Y ALVEAR Y SEÑORES BIANCHI, ESCALONA, FREI (DON EDUARDO), LAGOS, LETELIER, QUINTANA, RUIZ-ESQUIDE, TUMA, WALKER (DON IGNACIO), WALKER (DON PATRICIO), Y ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), CON EL QUE SOLICITAN EL ENVÍO DE UN PROYECTO DE LEY SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO DE LA ENAP, CONSERVANDO SU CARÁCTER ESTATAL (S 1325-12)
Notas aclaratorias
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- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 358ª
Sesión 82ª, en miércoles 5 de enero de 2011
Especial
(De 11:14 a 14:7)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE,
Y DE LA SEÑORA SOLEDAD ALVEAR VALENZUELA, PRESIDENTA ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. CUENTA............................................................................................................¿.
IV. ORDEN DEL DÍA:
Situación de sistema carcelario en Chile
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedán, Eugenio
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, el Ministro de Justicia , señor Felipe Bulnes Serrano, y el Director Nacional de Gendarmería, señor Luis Masferrer Farías.
Actuó de Secretario el subrogante, señor José Luis Alliende Leiva, y de Prosecretario , el subrogante, señor Mario Labbé Araneda.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 11:14, en presencia de 13 señores Senadores.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. CUENTA
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor LABBÉ (Prosecretario subrogante).- La siguiente es la comunicación recibida:
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señoras Rincón y Alvear y señores Bianchi, Escalona, Frei (don Eduardo), Lagos, Letelier, Quintana, Ruiz-Esquide, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés), con el que solicitan el envío de un proyecto de ley sobre gobierno corporativo de la ENAP, conservando su carácter estatal (boletín N° S 1.325-12).
--Pasa a la Comisión de Minería y Energía.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Terminada la Cuenta.
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El señor WALKER (don Patricio).- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor WALKER (don Patricio).- Deseo solicitar que el proyecto de ley relacionado con normas especiales sobre publicidad y reserva de las actuaciones procesales tratándose de ciertos delitos y reforzamiento de las sanciones en materia de delitos contra los miembros de las policías, vaya a la Comisión de Defensa Nacional.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- ¿Hay acuerdo?
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, sugiero que las Comisiones de Defensa Nacional y de Constitución funcionen unidas, para dar mayor celeridad al tratamiento de la iniciativa.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- El problema es la carga de trabajo de la Comisión de Constitución. Pero, como la señora Senadora la preside, creo que no habría dificultad en acceder a la petición.
Entonces, si le parece a la Sala, el proyecto referido pasará a las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Defensa Nacional, unidas.
--Así se acuerda.
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El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente , estoy preocupada por el número de sesiones especiales a que se está citando. Esto complica el trabajo de Comisiones de manera espantosa. Prácticamente no hay día de la semana en que no tengamos una sesión de ese tipo en la mañana. Y eso significa que debemos estar o ausentes de la Sala o de las Comisiones, lo que hace más difícil nuestra labor.
Señor Presidente , sugiero que los Comités estudien la posibilidad de limitar estas sesiones especiales a una al mes, priorizando en su oportunidad cuál materia por tratar es la más importante.
Reitero que al final de una sesión queda un grupo pequeño de Senadores y las sesiones de Comisiones se complican por completo.
Creo que la situación que describo no está bien, señor Presidente , a menos que decidamos celebrar sesiones de Sala los martes, miércoles y jueves o lunes, martes y miércoles. Pero, como digo, se está afectando en forma muy importante la labor de las Comisiones, en las cuales se hace el trabajo fino de legislar.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Este punto lo analizamos en la reunión de Comités de ayer, donde se abordó justamente el problema que se está originando a consecuencia de la gran cantidad de sesiones especiales. En todo caso, la posibilidad de solicitarlas figura en el Reglamento; no se pueden impedir;...
La señora MATTHEI.- Cambiemos el Reglamento entonces.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-... pero vamos a ver la manera de evitar que se produzca un entorpecimiento al trabajo de las Comisiones.
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El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente , pido autorización para que la Comisión de Trabajo pueda sesionar en forma simultánea con la Sala, a fin de analizar el proyecto que dice relación a las licencias médicas, que tiene suma urgencia.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Si le parece a la Sala, se concederá la autorización.
--Así se acuerda.
IV. ORDEN DEL DÍA
SITUACIÓN DE SISTEMA CARCELARIO EN CHILE
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- El propósito de esta sesión es conocer en detalle la situación del sistema carcelario en Chile.
Están presentes el señor Ministro de Justicia , don Felipe Bulnes , y el señor Director Nacional de Gendarmería , don Luis Antonio Masferrer .
Solicito la anuencia del Senado para que ingresen a la Sala el Jefe de Gabinete del Ministro , don Germán Subercaseaux ; el ayudante del Director de Gendarmería, Teniente Coronel don Renán Sepúlveda , y la persona que va a colaborar técnicamente con el señor Ministro .
--Se accede.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Antes de ceder la palabra, aprovecho de saludar a los invitados a la sesión -se encuentran en las tribunas-: la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios de Chile (ANFUP); la Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile (ADIPTGEN), y la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP).
Junto con darles la bienvenida, esperamos que esta sesión sea fructífera para los efectos que a todos nos interesan.
En primer lugar, ofreceré la palabra al señor Ministro , quien, para efectos prácticos, tiene asignado un cierto tiempo para su exposición; pero, si necesita más para refrendar o clarificar algún aspecto, puede solicitarlo.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor BULNES ( Ministro de Justicia ).- Señor Presidente , me dirijo a Su Señoría y a los señores Senadores al tenor de la citación a la cual fui convocado: conocer en detalle la situación del sistema carcelario en Chile.
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Lo primero que corresponde señalar es que, si se saca una foto a la situación carcelaria del país, se apreciará que tenemos tasas de encarcelamiento extraordinariamente altas.
A nivel sudamericano, Chile ocupa el tercer lugar entre los países con mayor tasa de encarcelamiento. Tenemos 319 personas recluidas por cada 100 mil habitantes, lo cual solo nos pone detrás de la Guyana Francesa y Surinam.
En ese contexto, hay que pensar que en 1999 nuestro país tenía 220 personas presas por cada 100 mil habitantes; y tal índice -según la última medición de que disponemos- ha subido a 319 por cada 100 mil habitantes.
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A nivel mundial, por supuesto algunos países se hallan todavía más arriba.
Estados Unidos es el primero de ellos, con 760 personas presas por cada 100 mil habitantes; o, según porcentaje, el 0,76 por ciento de su población está encarcelado.
En Chile, virtualmente, tenemos el 0,31 o el 0,32 del total de la población.
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Señor Presidente , con tasas de encarcelamiento de estas características, no es de extrañar que el sistema carcelario esté bajo una situación de estrés o con tasas de hacinamiento importantes.
En nuestro sistema carcelario, hoy día hay una población que fluctúa entre los 53 mil y 54 mil internos, considerando a personas detenidas, en prisión preventiva y condenadas, siendo estas últimas la gran proporción, cuestión a la que después me referiré.
Como digo, Chile tiene entre 53 mil y 54 mil internos, y una capacidad nominal definida por 34 mil plazas. O sea, nos faltan aproximadamente 20 mil plazas; o puesto de otra manera, tenemos una tasa de sobrepoblación de 60 por ciento.
En términos sencillos, ello quiere decir que, a nivel nacional, donde caben 100 personas hay instaladas 160. Y como se trata de un promedio nacional, obviamente esto no se configura de manera uniforme, pues la situación es especialmente aguda en algunas cárceles.
Por ejemplo, la unidad penal más grande de Chile, la ex Penitenciaría o Centro de Detención Sur, tiene 7 mil 200 internos y su capacidad real es de 2 mil 400 -si creemos en esa definición de capacidad nominal-, porque es un recinto que data del año 1843.
La cárcel de San Miguel -que en parte es el motor inicial o el impulso que motiva esta sesión especial- también tenía una tasa de hacinamiento superior al promedio nacional: de 100 por ciento. Incluso se ha llegado a sostener que es de 120 por ciento, dependiendo de la capacidad que uno asigne a dicho penal.
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A nivel regional, es importante apreciar cómo se distribuye la tasa de hacinamiento.
Entonces, las situaciones más críticas son las de las Regiones de Arica y Parinacota, con 112 por ciento de sobrepoblación (está sobre el índice de 60 por ciento nacional); de Antofagasta (en vías de solucionarse en parte), con 132 por ciento; de Atacama, con 121 por ciento; de Valparaíso, con 144 por ciento; del Biobío , con 106 por ciento, y Metropolitana, con 72 por ciento. Destaco esta última, porque, aun cuando la tasa de sobrepoblación de 72 por ciento no es particularmente alta comparada con el promedio, sí lo es en términos absolutos, pues en ella se concentra la mayor cantidad de la población penal del país, prácticamente el 50 por ciento. Por lo tanto, también es un problema.
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Señor Presidente , al hablar de hacinamiento, no se trata simplemente de tener a las personas en condiciones de habitabilidad comprometida, pues el término involucra todo. No puede llevarse a cabo una política de segregación ni mucho menos de rehabilitación cuando uno se enfrenta a tasas de hacinamiento como las que existen hoy en el país. Por lo tanto, el punto no es solo contar números o contrastar capacidades con ocupaciones efectivas, sino que tal situación implica efectos cualitativos muy profundos que comprometen cualquier diseño eficiente de una política intrapenitenciaria razonable.
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Cuando uno se enfrenta a estas tasas de hacinamiento, cabe preguntar cómo se llegó a ellas.
Y, en ese sentido, resulta importante señalar que la población penal en nuestro país ha ido creciendo sistemáticamente como consecuencia de un efecto querido y buscado y que no es criticable. El efecto fundamental, aparte de las leyes que pueden haberse dictado, es la implementación de la Reforma Procesal Penal, materia a la que me referiré posteriormente.
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Si Sus Señorías observan la progresión de población penal en el cuadro, esta sube de 22 mil a 35 mil entre 1990 y el 2000. Después tiende a mantenerse relativamente estable, de 35 mil a 37 mil entre el 2000 y el 2005, época en que se estaba implementando gradualmente la Reforma Procesal Penal. Cuando dicha reforma se aplica en la Región Metropolitana -la gran proveedora de juicios o de condenas-, empieza a subir a tasas muy crecientes hasta llegar a niveles de 53 mil en el año 2009. Y en el 2010 -es una buena noticia- ha tendido a estabilizarse la población penal: no sigue la escalada que veníamos presentando.
Las estadísticas de diciembre, que van a estar listas luego, debieran presentar una tasa de encarcelamiento semejante a la de diciembre de 2009; o sea, entre el 2009 y el 2010, se advierte un factor de estabilización.
A este respecto, quiero ser especialmente responsable. Aquello no es un problema de la Reforma Procesal Penal. Esta hizo lo que el país estaba pidiendo: un nuevo sistema de justicia penal.
¿Qué queríamos? Una justicia más eficaz, más eficiente, más rápida, más transparente, con inmediación, con concentración, con oralidad y que también tuviera un efecto sobre la persecución penal. Y, en tal sentido -lo he dicho en otras oportunidades-, esa reforma ha sido una política pública muy exitosa. Y no es un defecto de ella el haber producido lo que estábamos pidiendo: mayor eficacia en la persecución penal. De hecho, en 1999 se dictaron 35 mil sentencias y en el 2009 subieron a 215 mil. O sea, ha habido una progresión sustantiva, notoria, en cuanto a lo que uno espera de un sistema eficiente de persecución penal.
Señor Presidente , otro índice que normalmente presento y que demuestra la sanidad de la Reforma Procesal Penal es el siguiente: si el 2005 -año en que ya la Reforma Procesal Penal se implementa a nivel nacional- la cantidad de personas en prisión preventiva del total de condenados era de 34 por ciento, esa tasa ha ido cayendo al punto que hoy día estamos cerca del 20 por ciento. Esta es una buena noticia, porque los sistemas procesales penales evolucionados, de avanzada, tienen que propender, ojalá, a que la cantidad de personas privadas de libertad en prisión preventiva sea la menor posible.
Chile posee un estándar hoy día de 20 por ciento, que lo sitúa en una proporción de avanzada. Al contrario, si uno lo contrasta con países que no han reformado sus sistemas penales y que siguen con un procedimiento de tipo inquisitivo, como el que nos regía antes, las tasas de prisión preventiva pueden llegar a 55 ó 60 por ciento del total de personas privadas de libertad, lo cual claramente es síntoma de un sistema procesal penal enfermo.
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Señor Presidente , así como creció la población carcelaria por la implementación de la Reforma Procesal Penal como principal fuerza, también es necesario consignar que el avance en materia de infraestructura carcelaria no siguió el mismo ritmo. Ello se debió a distintas causas -es importante señalarlo-; pero, en lo concreto, hubo una explosión de la población penal y no se pudieron cumplir los planes previstos en infraestructura.
El diseño original suponía 10 cárceles para el sexenio 2000-2006 y 5 más para el período siguiente. Sin embargo, debido a diferentes problemas en la ejecución del sistema de concesiones -para construir los penales se importó un sistema diseñado más bien para concesionar autopistas, lo que no constituye necesariamente un defecto, pero sí implica el uso de una modalidad nueva-, nos encontramos con que en el sexenio referido, de los 10 recintos penitenciarios proyectados, se entregaron solo 3 (Alto Hospicio, La Serena y Rancagua), y en el cuatrienio siguiente -el de la Presidenta Bachelet -, 3 cárceles adicionales, correspondientes al primer programa.
Vale decir, de las 15 cárceles originalmente previstas, hoy día están en funcionamiento 6 ó 7, si incluimos el penal de Concepción, que, a raíz de lo ocurrido el 27 de febrero, con buen criterio se decidió ocuparlo anticipadamente, no obstante no estar terminado. Y ahora está en proceso de habilitación.
Entonces, obviamente tenemos un rezago en materia de infraestructura carcelaria.
También quizás es un problema -ha salido a la palestra en discusiones con los distintos Ministros de Obras Públicas que intervinieron en este proceso; es bueno hablar esto con sinceridad- determinar hasta dónde el sistema fue eficiente en cuanto al uso de recursos públicos.
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Planteo lo anterior porque, si uno revisa el cuadro respectivo sobre la estructura de costos del Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, observa que el monto inicial previsto para el Grupo 1, que comprende Alto Hospicio , La Serena y Rancagua , según las bases de licitación, era de 3 millones 849 mil 380 UF, pero su costo final -incluidas las reclamaciones suscitadas con las empresas constructoras, los cambios de diseño, etcétera- se elevó a 6 millones 800 mil UF, lo que corresponde a un incremento de 78 por ciento.
El Grupo 2, compuesto por Santiago 1, Valdivia y Puerto Montt, experimentó un incremento menor (32 por ciento): de 3 millones 500 mil UF a 4 millones 688 mil.
En el grupo siguiente, del primer programa, donde se halla Antofagasta (en proceso de construcción) y Concepción, los números también se disparan de manera extraordinaria.
Para la cárcel de Antofagasta se preveía un costo de 900 mil UF; sin embargo, producto de diferencias con la constructora -hubo que comprarle la obra e involucrar a otra empresa-, además de los cambios en el diseño y otras cosas, el costo final estimado hoy llega a 2 millones 823 mil UF, lo que corresponde a un incremento de 214 por ciento. En otras palabras, lo que va a costar una cárcel equivale al costo de tres de las originalmente proyectadas, aproximadamente.
En el caso de Concepción, el aumento también es fuerte (143 por ciento): de 900 mil UF inicialmente presupuestadas a 2 millones 186 mil.
Tales datos son relevantes para tratar de entender por qué se ha perdido dinamismo o velocidad en la construcción de recintos penales. Claramente, al observar las cantidades invertidas, en especial en un contexto donde las cárceles compiten con una multiplicidad de otras necesidades (salud, vivienda, educación), el aumento del gasto en materia de edificación penitenciaria provoca impacto y, por supuesto, compromete el dinamismo, el compromiso y la viabilidad de todo el sector político. Porque, finalmente, construir cárceles y destinar plata a los presos no son causas populares.
A mi juicio, es importante consignar ese punto.
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Además, el valor del metro cuadrado construido, considerando las ocho cárceles que contabilizamos para estos efectos (las seis en operación; la de Concepción, en proceso de habilitación, y la de Antofagasta, que viene en camino), nos da un promedio de 46 UF. Este dato es otra forma de representar lo caro que han salido tales recintos. Si analizamos los requerimientos constructivos, la verdad es que esa cantidad parece especialmente elevada.
De hecho, en la obra de Santiago 1 el valor por metro cuadrado construido fue de 32 UF, mientras que en la de Antofagasta será de 80 UF, lo cual refleja una disparidad de costos.
Al respecto, quiero ser muy franco, porque en la comisión investigadora pertinente me preguntaron recurrentemente si con aquello yo estaba insinuando corrupción. No. Carezco de antecedentes en tal sentido. Esa es una historia pasada. Simplemente creo que hubo problemas de coordinación entre los distintos Ministerios involucrados y de fiscalización. Además, se presentaron diferencias con las empresas. En definitiva, se dio un conjunto de factores -podríamos denominarlo "una especie de tormenta perfecta"- que llevó a una disparidad de precios, que no son coherentes ni explicables, y que no nos animan a seguir con este modelo.
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Por otra parte, resulta interesante observar -este es el último cuadro que presento sobre costos de construcción- cuánto cuesta una plaza, cuánto cuesta generar un espacio más para un nuevo interno.
Aquí tenemos otra medida. El costo promedio por cada plaza, considerando la disparidad de precios que se ha dado en las distintas cárceles concesionadas, llega a 1.331 UF. Usando un criterio de comparación -partiré utilizando uno malo-, se puede señalar que el costo de una mediagua es de 25 UF -claro, no incluye el terreno, sino solo el material-, y el de una casa de subsidio -con predio, con financiamiento al 100 por ciento, etcétera-, aproximadamente de 500 UF.
Por lo tanto, ese aspecto tendrá incidencia en la decisión de lo que, a nuestro juicio, debe mutarse en el sistema carcelario.
¿En qué ha estado el Ministerio de Justicia?
En reiteradas oportunidades he dicho que -hoy día con una tasa de hacinamiento de 60 por ciento, que se ve graficada en ciertos penales con especial dramatismo- hemos estado empeñados, primero, en conocer la realidad carcelaria. En su momento -aquí hay dos ex Ministros de Justicia , que entenderán mejor lo que digo-, llevaré al Presidente de la República a visitar los presidios, porque es una forma de sensibilizar y de lograr los apoyos políticos, que son muy relevantes.
También hemos manifestado en repetidas ocasiones -luego hablaré de cosas concretas, ahora me referiré a aspectos conceptuales- que la agenda sobre derechos humanos -es importante ratificarlo- hoy se halla instalada en lo que sucede en el sistema carcelario. Si se piensa en los distintos desafíos en el ámbito de los derechos humanos, no tengo ninguna duda de que la prioridad número uno son las cárceles.
Ahí está la agenda de derechos humanos.
Porque cuando uno visita un penal y observa la realidad profunda -cuestión que incide sobre los internos, pero también sobre los funcionarios de Gendarmería-, logra apreciar con especial crudeza que muchos de nuestros recintos penitenciarios responden a una lógica del siglo XIX y se encuentran lejos de los patrones del siglo XXI, que es hacia donde nos queremos mover como país.
Esa realidad, que desgraciadamente existe, hay que visibilizarla. Yo he ido a programas de televisión para ese efecto. Creo que la sociedad tiene que entender el problema.
Fuera del contexto dramático de un incendio con trágicas consecuencias, como el ocurrido en la cárcel de San Miguel, hablar sobre las cárceles es un tema que no interesa, que prende poco. Pareciera que la sociedad lo asume dentro de sus realidades invisibles. Por eso los esfuerzos que uno trata de realizar al respecto cunden de manera muy escasa.
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Once son las medidas que hemos implementado, no para solucionar el problema carcelario, sino como una inyección de dignidad básica para responder a una necesidad urgente.
Primera medida: entregar colchones, frazadas -uno podría pensar que se cuenta con ellos, pero en muchos recintos no es así- y literas, donde sea posible ubicarlas por razones de espacio.
Segunda: introducir mejoras en la alimentación.
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Tercera: incorporar mejoras en los baños. Hay un problema sanitario fundamental. Lo mismo, en el sistema de iluminación.
Aumentar las horas de desencierro.
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Perfeccionar el sistema de visitas.
Mejorar los protocolos de registro corporal a los internos.
En definitiva, hacer compatibles los derechos humanos con su privación de libertad: ambos elementos nunca deben ser entendidos en conflicto.
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Desarrollar también -esto es muy importante- una lógica donde la cárcel no sea la única respuesta ofrecida por el sistema penal. Sobre el particular, nos encontramos trabajando fuertemente en medidas alternativas.
El Gobierno anterior había planteado un proyecto en esa línea. Nosotros lo retiramos con la convicción de que lo podíamos mejorar más todavía. La iniciativa que presentamos se tramita a muy buen ritmo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, e incorpora innovaciones que estimamos sustantivas. Además, elevamos el presupuesto para ello, de 7 mil millones de pesos -lo considerado en el primer informe financiero- a 24 mil millones, de los cuales 23 mil millones son de gasto corriente. O sea, potenciamos el proyecto de manera sustancial, dado que implicará un gasto corriente de cerca de 50 millones de dólares.
Además -todo esto son gestiones previas al incendio del penal de San Miguel-, tuve la oportunidad de visitar cárceles modulares.
Debemos cambiar la lógica imperante y ser más audaces, rápidos y ágiles para enfrentar el déficit de infraestructura que tenemos.
Asimismo, hemos contratado a una consultora internacional de primer nivel, de clase mundial, que nos ayudará a rediseñar y repensar nuestro actual sistema carcelario.
También apuramos la ley Nº 20.426, que fue acordada en el Gobierno anterior y promulgada por nosotros el 20 de marzo de 2010. Se trata de una normativa muy importante, porque implica un incremento de remuneraciones para 10 mil 136 funcionarios de Gendarmería y del 50 por ciento en la dotación penitenciaria.
Se trata de un plan quinquenal. Contábamos con un año para redactar el reglamento correspondiente y con seis meses para dictar las resoluciones de encasillamiento que lo pondrían en marcha. Literalmente, corrimos -Gendarmería y el Ministerio- para tenerlo en operación en nueve meses (el 28 de noviembre), lo que nos permitió adelantar las medidas previstas y, también, el aumento de sueldos.
En términos generales, nos hemos abocado a ver cómo mejorar a Gendarmería como institución a cargo de la custodia de los presos de nuestro país.
Respecto de las acciones futuras -con esto voy terminando, señor Presidente, a fin de dejar tiempo para aclarar las dudas que se presenten-, resulta clave que seamos capaces de repensar, como país, nuestra matriz carcelaria.
Mirando hacia atrás queda la impresión de que hubo una experiencia de mejoramiento que después se replicó varias veces. Por tanto, no existe demasiada experiencia acumulada. Se hizo un diseño, pero posteriormente no se perfeccionó. Y hoy creemos que se debe migrar hacia otro.
Según nuestra visión, no hay que seguir construyendo cárceles de alta seguridad. Si uno analiza la distribución de la población penal en Chile, se encuentra con que 30 a 35 por ciento de ella -con facilidad- no presenta un compromiso delictual profundo. Pese a ello, continuamos diseñando una matriz carcelaria que asume que los condenados siempre tienen que estar detrás de las rejas y del muro de hormigón, como si todos manifestaran alto riesgo de escape y elevado compromiso delictual.
No es así.
Consideramos que parte de dicha matriz debe repensarse, a fin de generar una oferta de recintos penitenciarios de mediana y baja seguridad. Estos poseen dos ventajas: primero, permiten internar a las personas en condiciones no tan estrictas ni restringidas como suponen las cárceles de alta seguridad y, segundo, son más fáciles y más rápidos de construir.
También es clave -y se habla poco de ello- el procedimiento de clasificación de los internos en general.
Gendarmería trata de hacer su tarea lo mejor posible, pero no hemos puesto ciencia en esta materia por mucho tiempo. El problema carcelario se arrastra por décadas. Sin embargo, hoy día se encuentran disponibles las mejores tecnologías para, de verdad, segregar desde el inicio a los condenados. Los procedimientos actuales de clasificación son precarios. Contamos con poca y mala información, y con criterios deficientes. Una buena herramienta en ese sentido es clave para el manejo de una población penal.
De hecho, cualquiera que sea la matriz a la cual migremos el día de mañana, debiéramos disponer de centros de derivación, donde todos los condenados permanecieran 30 días con el objeto de ser clasificados. No solo cabe hacer predicciones en función del delito cometido o de otros parámetros, que muchas veces resultan insuficientes, sino también señalar, gracias al estudio del comportamiento, con apoyo de psicólogos, etcétera: "Esta persona presenta tal riesgo de fuga, tal compromiso delictual", y en función de ello, ir derivando a los presos a una matriz carcelaria que ofrezca distintas alternativas.
Además, a la luz del comportamiento de los reclusos, podría plantearse que estos migraran de un recinto de alta seguridad a otro de media y, después, de baja seguridad, a fin de producir incentivos a la buena conducta, a la rehabilitación y a la reinserción.
Pongo como ejemplo una situación que considero especialmente gráfica. Hoy día 900 personas disfrutan del beneficio intrapenitenciario de salida controlada al medio libre; vale decir, salir todos los días a trabajar y volver en la noche a dormir al penal. Son condenados. No están en reclusión nocturna. Y gozan de la llamada "salida controlada", beneficio que se otorga luego de obtener la salida dominical y la salida de fin de semana. Pensar en recluir en cárceles de alta seguridad a esas personas, que están libres de lunes a viernes en horario diurno, carece de cualquier racionalidad.
Sin embargo, realidades como la descrita no se han pensado ni analizado, y mucho menos disponemos de una oferta coherente para hacernos cargo de ellas.
Estoy mencionando quizás los casos más ácidos, pero hay muchos otros si uno se pone a estudiar la población penal actual.
En síntesis, con la ayuda de la consultora mencionada y con el compromiso que tenemos en la materia, nuestra vocación es proponer de aquí a abril de este año, cuando se terminen los estudios, una nueva matriz carcelaria.
Y también nos comprometemos, durante los tres años que nos quedan de Gobierno, a reducir sustancialmente las tasas de hacinamiento de 60 por ciento que hoy existen; a generar una oferta carcelaria con diversidad; a optimizar los procedimientos de clasificación, y, asimismo, a introducir mejoras importantes a Gendarmería. Si bien no es culpa de la institución, creo que hay que revisar radicalmente las materias que se enseñan en sus programas de formación y, también, su lógica, que todavía integra un servicio de prisiones con otro de tipo militarizado, producto de cómo se ha ido gestando su estructura durante tantas décadas.
Estimo que Gendarmería cumple una labor muy abnegada, y así lo he reconocido en todas las ocasiones pertinentes. De hecho, el apuro en tramitar modificaciones a la Ley de Gendarmería responde a esa óptica. Pero creo que podemos mejorar mucho más. Y cuando hacemos más cosas por Gendarmería, hacemos también más cosas por nuestra población penal y por nuestro eje de seguridad.
Señor Presidente, preocuparnos de los presos es preocuparnos de las víctimas.
Al año salen más de 15 mil personas de nuestras cárceles. Y hoy día nos hallamos haciendo muy poco por ellas; al contrario, las estamos sometiendo a un ambiente en que muchas veces la falta de habitabilidad genera violencia. Y la violencia trae más violencia. Preocuparse de los reclusos es un eje de derechos humanos, pero también, un eje de seguridad pública.
Finalmente, aprovecho esta oportunidad para decir que espero que surja algo bueno de la tragedia en la cárcel de San Miguel. ¡Porque no puede ser que 81 muertes queden en vano!
Solicito el apoyo de toda la clase política a efectos de impulsar, avalar las reformas que implementaremos. Incluso en cosas tan domésticas como encontrar terrenos para construir cárceles, dificultad recurrente para los Ministros de Justicia, espero que contemos con la comprensión de cada uno de los representantes...
El señor SABAG .- De algunos la tiene.
El señor BULNES ( Ministro de Justicia ).- Efectivamente. He tenido colaboraciones muy importantes y destaco aquí la del Senador señor Sabag , por ejemplo.
Pero hallar un terreno genera mucha resistencia de la comunidad. Nadie quiere una cárcel en su comuna, pero necesitamos edificar tales recintos...
El señor ESPINA.- ¡En Collipulli!
El señor BULNES ( Ministro de Justicia ).- Salvo en Collipulli, donde se abrirá un penal para cien personas, que permitirá aliviar en parte el hacinamiento.
Reitero: aprovecho la oportunidad de pedir el apoyo de los parlamentarios -se va a necesitar-, porque las cárceles deben instalarse finalmente en alguna localidad.
Señor Presidente, quedo a disposición de la Sala para responder las preguntas que se me formulen por su intermedio.
Muchas gracias.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- A usted, señor Ministro .
El Comité Demócrata Cristiano dispone de 29 minutos y han pedido intervenir los Senadores señora Alvear y señor Patricio Walker.
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente , en primer lugar, valoro la presentación que el Ministro de Justicia nos ha hecho esta mañana en la Sala.
Quiero hacer una afirmación -el punto no ha estado presente en la exposición del Secretario de Estado , pero sí en intervenciones de parlamentarios y otras autoridades- que se relaciona con una crítica a todo lo que se hubiese hecho en la materia durante los Gobiernos de la Concertación.
Pues bien, en esas Administraciones se avanzó en todo el sistema penal y también en el sistema penitenciario.
El propio Ministro señaló que la reforma procesal penal ha sido considerada la reforma del siglo incluso por la Corte Suprema. Ese fue un hito claro, y explica -como también manifestó dicha autoridad- el incremento de la población penal en nuestro país, situación que requiere ser abordada con criterio de Estado.
A vía de ejemplo, menciono que, cuando me correspondió cumplir el rol de Ministra de Justicia , en una visita a la cárcel de El Manzano, en Concepción, descubrí que niños de seis y ocho años se hallaban recluidos.
Ese era nuestro sistema penitenciario entonces.
Un sistema conforme al cual se habían construido en los últimos años muy pocos metros cuadrados de cárceles. Pero estos se vieron incrementados en forma notoria: en 1990, existían 25 mil metros cuadrados de estructura penitenciaria; entre 1990 y 1999, se levantaron 160 mil metros cuadrados.
Respecto de niños y adolescentes en recintos penales, fue necesaria una ley que prohibiera su internación, normativa que contó, felizmente, con el apoyo del Parlamento.
Señor Presidente, no me referiré al antes y al después del efecto de la reforma procesal penal en el sistema penitenciario.
Sobre el particular, creo que hay un aspecto positivo y otro negativo en ello.
Lo negativo ha sido el aumento de la población penal y que no seamos capaces de responder a tal circunstancia con el actual sistema penitenciario chileno.
Y lo bueno es que existe más población penal condenada y menos personas procesadas privadas de libertad según el sistema antiguo. Eso constituye una buena noticia, porque significa que los procesos han ido más rápido, han sido expeditos. Ha habido un cambio notable en cuanto a la existencia de personas privadas de libertad sin ser condenadas. Y muchas veces permanecían bastante tiempo en esa condición antes de que el tribunal dictaminara la pena. Todos conocemos casos en el sistema anterior de gente que estuvo privada de libertad más tiempo que el de la condena que en definitiva se le aplicó.
Señor Presidente , este incremento de la población carcelaria fruto de la reforma procesal penal echa por tierra -lo digo responsablemente en esta Sala- las afirmaciones que se formulan, a veces de manera liviana, en orden a poner un candado o a la existencia de una puerta giratoria. Porque tenemos muchas más personas encarceladas que las que había antes. Hablo de condenados. Y se trata de una cifra que es importante revisar de modo acucioso, antes de efectuar tales aseveraciones.
Por otra parte, debo manifestar que evidentemente la política penitenciaria no alcanzó a cubrir las actuales necesidades de nuestro país.
Pero también quiero advertir que dicha política no solo se centró en construir más metros cuadrados de cárceles.
En 1994, durante el Gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle , nos encontramos solo con 48 reclusos trabajando y 7 empresarios que los contrataban. Poco tiempo después, en 1998, ya había 846 internos trabajando y 61 empresarios involucrados en los centros de educación y trabajo. Esta es la línea en que debemos ocuparnos, en una nueva política penitenciaria. Es fundamental la rehabilitación.
Una visión donde la principal forma de enfrentar esta crisis sea más metros cuadrados de cárcel constituye un serio error. Podremos duplicar nuestros recintos penales. Pero seguir aumentando la cantidad de reclusos sin plantear una verdadera política penitenciaria, sin ofrecer otra alternativa, nos dejará en el mismo lugar donde nos encontramos.
Y una real política penitenciaria, además de un mayor número de cárceles, requiere una apuesta seria y decidida, con recursos sustantivos, para establecer sistemas de verdad alternativos a la privación de libertad.
Quiero llamar especialmente la atención de la Sala respecto de un dato que normalmente no se tiene en cuenta en nuestra sociedad.
En la actualidad, cerca de 50 mil personas cumplen penas en el medio libre -50 mil-, prácticamente la mitad de las que lo hacen intramuros. Pero, además de ellas, alrededor de 20 mil egresan al año del sistema penitenciario.
Y sobre ello deseo llamar la atención.
Si no nos hacemos cargo de la rehabilitación de esos 20 mil reclusos que egresan anualmente, será muy difícil reducir la tasa de delincuencia, por cuanto no les estamos ofreciendo como sociedad una opción a esas personas y a las que en la actualidad cumplen medidas alternativas, para cuyo real control no hay un número suficiente de personal adecuado.
Creo que ello constituye un factor fundamental para impedir que se vuelvan a cometer delitos.
Y para lograr lo anterior debe existir una verdadera institucionalidad, a mi juicio, separada de Gendarmería, que tenga a su cargo el efectivo cumplimiento y la correcta supervisión técnica de tales medidas y de las penas que se cumplen en libertad.
Hablo de contar con una institucionalidad que se haga verdaderamente cargo de:
-Velar por el control de las medidas cautelares ambulatorias.
-Velar por el control y la reinserción de las personas sujetas a la suspensión condicional del procedimiento.
-Velar por el control y la reinserción de quienes se encuentran sujetos a medidas alternativas,
-Velar por la reinserción de las personas que se encuentran privadas de libertad en virtud de una condena.
-Brindar apoyo pospenitenciario.
Señor Presidente , son un deber ineludible del Estado no solo el control, sino también, y muy especialmente, la prevención, la rehabilitación y la reinserción de quienes cometen delitos.
Esta responsabilidad del Estado ha de demostrarse en los hechos.
En la Ley de Presupuestos vigente los programas de rehabilitación y reinserción social representan 3 por ciento de los recursos de Gendarmería. Hablamos de 7 mil millones versus 244 mil millones de pesos que se destinan a dicha Institución para el cumplimiento de penas intramuros.
Claramente, el énfasis se encuentra en cárceles y reclusión, mientras la rehabilitación y la reinserción -claves para una sociedad más segura- no constituyen una prioridad, al menos en la Ley de Presupuestos. Espero que los sucesivos proyectos mencionados por el Ministro contemplen recursos para superar esa circunstancia, que no corresponde en la actual situación penitenciaria.
Esta política penitenciaria debe incluir también una profunda modificación a la ley No 18.216, sobre medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad, que el Ministro se comprometió a tramitar a la brevedad.
Además, después del lamentable incendio en la cárcel de San Miguel -tan doloroso por las víctimas que dejó-, y en el contexto de una nueva voluntad ciudadana, debiéramos aprovechar este momento de sensibilidad de la sociedad para realizar un conjunto de gestiones.
Desde luego, resulta muy importante que se lleve adelante una investigación clara acerca de lo que ocurrió en dicho recinto: la falta de equipos contra incendios; el destino de los 50 millones contemplados el año pasado para reparar precisamente el sistema de combate de siniestros en esa unidad penal, y ver si estos efectivamente se gastaron o en qué se invirtieron. Resulta relevante el balance de todos los hechos que naturalmente los juicios sumarios y las investigaciones de los tribunales de justicia están efectuando.
Claramente, la población en realidad busca la seguridad, sobre todo cuando en los noticiarios de televisión se destacan a diario, por aproximadamente 20 minutos, la comisión de diversos ilícitos. En una ocasión el entonces Secretario de Estado norteamericano Colin Powell me señaló que en Nueva York se necesitarían 24 horas de televisión para dar cuenta de algunos -no de todos- de los delitos. Aquello crea también en la ciudadanía una sensación de bastante pavor. Yo no digo que no se publiciten, pero requeriríamos menos horas.
Sin embargo, fruto de lo acontecido en San Miguel, considero fundamental aprovechar este momento de sensibilidad de la sociedad para propiciar una política penitenciaria.
En tal sentido, se debiera propender ya a una verdadera política dirigida a medidas alternativas a la privación de libertad.
Por otra parte, hay que promover rápidamente un proyecto sobre medidas alternativas que se presentó en el Congreso, y respecto del cual el Ministro manifestó recién que se formulará una indicación sustitutiva.
Creo que es importante no quedarnos solo en los discursos, sino que debemos avanzar realmente en medidas alternativas.
Por otra parte, resulta fundamental acelerar la promoción de una real institucionalidad que impulse la reinserción y los medios alternativos.
Asimismo, como sociedad, no solo en lo que atañe a la responsabilidad del Gobierno, debemos atender tanto los verdaderos mecanismos de reinserción como las medidas alternativas y de prevención.
Le sugiero al Ministro de Justicia que en la próxima visita que realice a alguna cárcel del país sea acompañado no solo por el Presidente de la República , sino también por el Ministro de Hacienda , por cuanto normalmente los recursos destinados a la política penitenciaria, que deben competir con otras necesidades sociales, van quedando atrás. Y eso lo hemos vivido todos aquellos que hemos sido Ministros de Justicia .
Por otro lado, se requieren jueces de ejecución de penas. Me refiero a todo lo que dice relación con beneficios intrapenitenciarios, traslados, libertad condicional, aplicación de sanciones, todos asuntos de extrema sensibilidad en el ejercicio de los derechos de las personas privadas de libertad.
Asimismo -y esto lo he planteado en varias oportunidades-, dichos jueces debiesen ser los encargados de otorgar los indultos. De esta manera, magistrados del Poder Judicial serán los responsables de ejercer esa facultad que, a mi juicio, es necesaria. Ello evitará que el Presidente de la República deba hacer uso de esa atribuciòn, lo que naturalmente produce la politización del indulto.
A cada uno de los presentes les pregunto: si una persona privada de libertad sufre de un cáncer terminal, ¿no será preciso otorgarle el indulto para que fallezca en su casa?
Estos son los temas que vemos día a día.
Por otro lado, señor Presidente -ya lo señalé, pero quiero puntualizarlo detalladamente-, para una adecuada atención del fenómeno delictivo debemos contar con medidas preventivas conducentes a evitar la comisión de delitos. Esto es lo más importante. Tratemos de impedir la ocurrencia de ilícitos en la mayor parte de nuestro país, pues ninguna sociedad ha logrado eliminarlos completamente.
Sin duda, ya tenemos un proceso penal adecuado, pero debemos avanzar en una modificación al Código Penal que lo ajuste a la realidad actual.
En materia penitenciaria, resulta imprescindible regular, en la forma que he señalado u otra, las condiciones intramuros, las restantes medidas alternativas que existen.
Por último, resulta fundamental -insisto- la reinserción social.
Todas estas medidas deben ser planteadas a largo plazo y no sobre la base de encuestas o políticas puntuales, aunque puedan ser importantes. Es preciso diseñar políticas a corto, mediano y largo plazo.
Ello implica ser audaces y, a veces, actuar en contra de la corriente. Probablemente, una vez pasada la tragedia de la cárcel de San Miguel, la sociedad se va a olvidar de ella y volverá a querer que todos los infractores vayan a las cárceles.
Implica hacer lo que sabemos bueno y efectivo, aun cuando sea impopular. En eso los parlamentarios tenemos una enorme responsabilidad.
Implica hacer política con mayúsculas. Espero que el Gobierno y también el Congreso Nacional estemos a la altura de este tremendo desafío. Pero, sobre todo espero que los 81 reclusos no hayan fallecido en vano, a fin de que seamos capaces de rediseñar una política penitenciaria y repensar lo que hacemos como país al respecto.
Tenemos una tremenda oportunidad en ese sentido, no solo el Gobierno sino también los parlamentarios.
Finalmente, quiero hacer un llamado a la sociedad civil, a la población de nuestro país y preguntarles, con mucha claridad, cuántos estamos de acuerdo en una verdadera reinserción.
¿Cuántos están dispuestos a dar una posibilidad de trabajo a una persona que ha egresado del sistema penitenciario?
¿Cuántos desean que solo se apliquen penas privativas de libertad?
¿Cuántos son capaces de mantener una relación con individuos que han sido privados de libertad?
¿Cuántos de los que nos hallamos en esta Sala -no pido respuestas, sino solo que reflexionemos al respecto- tienen abiertas las puertas de sus casas en el caso de que el novio o novia de algunos de nuestras hijas o hijos haya sido una persona privada de libertad?
¿O cuántos están disponibles a ofrecer empleo a una persona que estuvo recluida y ya cumplió su pena?
Estas son respuestas que la ciudadanía debe entregar en conjunto y nosotros como parlamentarios responsables hemos de ayudar a que, dentro de nuestra sociedad, sensibilicemos a la opinión pública respecto de esta problemática que, lamentablemente y espero equivocarme, pasado el impacto de la muerte de los 81 reos en la cárcel de San Miguel, olvidaremos y volveremos a priorizar otros temas importantes.
Sin embargo, se trata de situaciones que, atendida la preocupación de la ciudadanía por la delincuencia, debemos priorizar.
He dicho.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Hago presente que al Comité Demócrata Cristiano le quedan 10 minutos.
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra la Honorable señora Lily Pérez.
Sin embargo, recuerdo a la señora Senadora que su Comité dispone de 26 minutos y hay cinco oradores inscritos, razón por la cual cada uno dispondrá de cinco minutos.
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente , ocuparé diez minutos de nuestro tiempo, ya que el Honorable señor Prokurica se ha retirado del Hemiciclo para atender un asunto en la Cámara Baja.
En primer lugar, saludo al Ministro de Justicia , don Felipe Bulnes , y al Director Nacional de Gendarmería , don Luis Masferrer , quienes nos acompañan en la sesión de esta mañana.
A ojos de un observador externo, es posible entender que hemos sido convocados a esta sesión especial debido a la tragedia ocurrida en la cárcel de San Miguel. Y cualquier persona podría asegurar desde afuera que la preocupación del nuevo Gobierno, encabezado por el Presidente Piñera y secundado por el Ministro de Justicia y el Director Nacional de Gendarmería, solo atiende a aquella coyuntura.
La verdad es que en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado puedo dar testimonio de que tanto el Ministro de Justicia , Felipe Bulnes , como el Director Nacional de Gendarmería , Luis Masferrer , concurrieron a dicho órgano técnico a partir de mayo del año recién pasado -el 2010-, no solamente a desplegar propuestas sobre el particular, sino también a compartir con los miembros de la Comisión la preocupación del Ejecutivo , en el contexto de la agenda de derechos humanos, con respecto a la situación carcelaria en Chile.
Y digo lo anterior porque en la Cámara Alta debemos manifestar estas cosas con franqueza.
Por muchos años fui integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y frente a estas materias, durante el último tiempo, solamente encontramos el silencio de las anteriores autoridades, tanto de Gendarmería como del Ministerio de Justicia.
No me refiero a ninguna de las personas presentes en esta Sala, pero al menos durante los últimos dos años del Gobierno saliente el anterior Ministro de Justicia siempre guardó silencio, no concurrió a nuestra Comisión y cada vez que extendimos invitaciones a las autoridades de Gendarmería tampoco obtuvimos alguna respuesta.
¿Por qué consigno esta situación?
Porque el diagnóstico que han hecho tanto el Gobierno como la Corte Suprema -recordemos el informe redactado de puño y letra por la Ministra Mónica Maldonado , integrante de ese Máximo Tribunal, más las investigaciones realizadas por la Cámara Baja- comparten las mismas conclusiones: la situación carcelaria en Chile es dramática y da cuenta, además, de la falta de desarrollo que evidencia nuestro país en ese ámbito.
Desde ese punto de vista, dicho diagnóstico no solamente es compartido, sino que muchos medios de comunicación durante largo tiempo realizaron reportajes que ahondaron en el fondo del problema, incluso con cámaras ocultas se auscultó la realidad carcelaria.
Por lo tanto, dentro de un panorama bastante desolador, debo mencionar al menos tres puntos sustantivos.
El primero dice relación con el altísimo nivel de hacinamiento. Todos lo conocemos, pues ninguna Región del país escapa a ello. Mientras el promedio nacional bordea el 60 por ciento, en la Región de Valparaíso, que represento en el Senado, este índice se acerca al 64 por ciento en las diez cárceles existentes en ella. Y la verdad es que si analizamos estas cifras Región por Región, obtendremos resultados muy similares entre sí.
Cuando vemos que en un recinto penal hay el triple de los reclusos que deberían ocuparlo o al menos el doble, es evidente que resulta muy difícil para Gendarmería contener los conflictos que allí se producen. Entre paréntesis, cabe destacar que el personal de dicha Institución se halla tan detenido como los propios internos, por cuanto está sometido a una calidad de vida y circunstancias internas tremendamente complejas, con muy pocos recursos.
Recientemente se han hecho algunas modificaciones en esa línea. Pero durante años Gendarmería y la gente que trabaja allí, que cumple un rol importantísimo en nuestra sociedad, no han sido bien valoradas.
Desde esa perspectiva, quiero agregar que el problema del hacinamiento es demasiado complejo como para enfrentar cualquier estrategia positiva vinculada con el tratamiento de los internos.
El segundo punto, señor Presidente, se refiere a la falta de segregación.
Al respecto, cabe recordar que en la tragedia de la cárcel de San Miguel murió un joven que estaba cumpliendo pena de reclusión por vender DVD pirateados. Y tal vez compartía un módulo con alguien condenado por violación, por homicidio simple, en fin.
Es decir, no existe segregación en los recintos penitenciarios de Chile.
Por tanto, la frase -todos la escuchamos o repetimos- "Las cárceles son una verdadera escuela del delito" es absolutamente real. Porque hoy no existe ninguna posibilidad de que en sus módulos haya segregación. ¿Por qué? Porque existe hacinamiento. O sea, todo va llevando a un círculo vicioso. Entonces, reclusos que debieran estar cumpliendo penas de menor entidad que las aplicadas a otros, atendida la gravedad de los ilícitos cometidos, con posterioridad terminan perpetrando delitos mucho peores.
Señor Presidente , quienes se hallan encarcelados -y aquí voy al tercer punto-, ¿qué tipo de rehabilitación pueden tener en el sistema penal vigente?
No todos acuden a las escuelas o a los colegios de los penales. No en todos estos existen talleres; en algunos se desarrollan excepcionalmente.
Tampoco en todas las cárceles hay la posibilidad de desarrollar la espiritualidad, algo también deseable y que figura entre las propuestas del Gobierno.
Estamos, pues, ante un problema que se debe enfrentar con gran coraje político y enorme voluntad. Porque, además, se necesitan recursos. Y, obviamente, si abriéramos a los ciudadanos la posibilidad de pronunciarse sobre si están dispuestos a entregar más dinero para las cárceles, nos llevaríamos un portazo en las narices. Porque, al ver que en Chile lo gastado por recluso triplica la subvención escolar, por supuesto que ninguna persona estaría disponible para ello.
En consecuencia, por intermedio del señor Presidente , les señalo al Ministro y al Director de Gendarmería que es muy difícil enfrentar las medidas que deben adoptarse, porque no solo se requieren recursos, sino también bastante coraje para socializarlas con la comunidad.
Con absoluta franqueza, debo expresar que los parlamentarios que visitamos las cárceles siempre, no solo durante las campañas electorales -y hemos realizado fiscalización-, vemos que probablemente la mayoría de los hombres y mujeres que se encuentran allí precisan una segunda oportunidad. ¡Qué decir de las mujeres! Gran parte de ellas están cumpliendo pena de presidio por microtráfico de drogas. Conozco a varias que incluso se inculparon por delitos que cometieron sus hijos: para que estos no fueran a presidio, terminaron autoculpándose; y ahí están cumpliendo sanción de cárcel.
Esa gente no tiene hoy día ningún futuro, ninguna posibilidad de rehabilitación; se encuentra hacinada, sin segregación.
El panorama es desolador. Y, por lo mismo, resulta imprescindible adoptar medidas muy de fondo con respecto a esos tres aspectos: hacinamiento, falta de segregación y rehabilitación, que al final involucran todo.
A continuación, señor Presidente, deseo hacer el siguiente punto político.
Tanto el Presidente Piñera como el Ministro Bulnes anunciaron 15 medidas para paliar los problemas carcelarios. Fue a comienzos de octubre último; si no me equivoco, el 11 de ese mes, fecha muy previa a la tragedia de San Miguel.
Ello da cuenta de una voluntad política férrea de parte del nuevo Gobierno para enfrentar una situación ante la cual resulta bastante más fácil hacerse los lesos, ponerse una venda en los ojos: el problema existente en las cárceles del país.
En consecuencia, es sumamente importante que este sea un debate con altura, no politizado.
Por cierto, todos los Gobiernos quieren realizar buenos esfuerzos para resolver los problemas. Algunos lo hacen con mayor éxito que otros; algunos, con más voluntad política, y otros, con menos. Pero qué duda cabe de que aquí estamos ante la tremenda oportunidad de que las cosas se efectúen con los recursos necesarios y de la mejor forma posible.
Por eso, señor Presidente , creo que esta sesión es muy significativa, porque estas cuestiones hay que hablarlas, descubrirlas, desnudarlas, y no enfrentarlas solo cuando se produce una crisis o una tragedia.
Hoy fue la cárcel de San Miguel; el día de mañana puede ser otra. Pero aquí lo relevante -como dije- es no politizar el debate.
Porque, cuando ocurrió la tragedia de la cárcel de San Miguel, inmediatamente algunos -no aquí, en el Senado- plantearon la renuncia del Director de Gendarmería, del Ministro del ramo.
¡Por Dios! ¡Si aquí estamos por primera vez ante autoridades que tienen la motivación, la sensibilidad, la estrategia y la película clara sobre lo que corresponde hacer en estas materias!
Por eso, no me resta sino felicitarlas. Pero, además, debo decirles que nosotros somos aliados y socios aquí, en el Senado; aliados y socios en la Comisión de Derechos Humanos -como dije, la presido-, donde hemos analizado este asunto en profundidad, porque nos interesa, porque nos importa, porque queremos sentar un precedente para lo que viene en el futuro.
Deseamos que sientan que tienen aliados aquí, en esta Alta Cámara.
Y los Senadores y las Senadoras presentes en esta sesión también lo somos, más allá de nuestras diferencias políticas.
Eso da cuenta del tipo de sociedad que estamos construyendo.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En el tiempo del Partido Por la Democracia, tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , sin duda, esta sesión especial fue motivada por los desgraciados hechos acontecidos en el presidio de San Miguel y las 81 víctimas, que todos lamentamos.
La sesión especial que se llevó a cabo para analizar el problema indígena fue originada por la huelga de hambre de 39 comuneros mapuches presos que hacían peligrar sus vidas.
Algunas de nuestras sesiones especiales han surgido básicamente de hechos coyunturales.
Espero que esta nos llame a no efectuar una intervención política en que se diga "Voy a plantear un tema que no es político" y se parta haciendo un punto político para defender a un Gobierno o a una coalición, o para respaldar la actuación de alguna autoridad.
Reconozco que hay legítimo derecho para proceder así. Sin embargo, si queremos hacer las cosas en serio, debemos pensar que el problema carcelario no se resuelve en un gobierno; que esta no es pega de tres años, sin perjuicio de la voluntad que la actual Administración tenga para hacer las cosas de manera distinta.
Ahora, si yo deseara politizar la discusión, podría decir que en el último Gobierno de Derecha en Chile no se construyó ni siquiera un metro de celda en las prisiones. O recordar que quienes llegaron al poder lo hicieron con la bandera de que iban a terminar con la puerta giratoria de la delincuencia. Pero las cifras nos muestran que en 2010 se estanca el número de la población penal.
Sin embargo, ese debate no nos conduce a ninguna parte, señor Presidente.
Lo que sí nos puede conducir a dar una señal clara al país tiene que ver con una política integral en cuanto al tipo de sociedad que estamos construyendo. Porque hasta ahora solo hemos perseguido el delito para poner más gente en prisión. Y con ello, al contrario, estamos creando más delito.
En efecto, con la situación actual de hacinamiento y falta de rehabilitación y reinserción se genera más delito. Y constituye un acto de demagogia salir en los medios de comunicación diciendo que se aumentarán las penas, que habrá nuevas tipificaciones y que se criminalizará todo a los fines de resolver los problemas de la sociedad.
Los problemas de la comunidad no se solucionan criminalizando, sino con responsabilidad de Estado en el largo plazo, especialmente en lo que respecta a la forma de construir una mejor sociedad. Y esto se relaciona con qué hacer no solo con quienes delinquen, sino también con la ciudadanía en general, sobre todo en lo que concierne a la falta de oportunidades para buena parte de la población.
Entonces, señor Presidente, invito a realizar el debate desde ese punto de vista.
La Senadora señora Alvear hizo aquí un conjunto de propuestas vinculadas con el mejoramiento de lo atinente a la reinserción, a la rehabilitación y a la segregación.
Pero creo que también deberíamos avanzar, del mismo modo como Su Señoría lo ha planteado, en lo concerniente a la prevención.
Esta es una sociedad que no hace prevención. La mayoría de los delincuentes son jóvenes que no han tenido hogar y no han recibido cariño ni afecto. Empero, seguimos tolerando, sin tomar medidas preventivas o sin establecer incentivos desde el punto de vista del Estado, el actual sistema de educación en materia de anticoncepción, por ejemplo. Porque hay numerosas jóvenes que, iniciadas en la vida sexual, tienen hijos no deseados que a veces ni siquiera llegan a conocer a su padre -mucho menos a sus abuelos paternos- y carecen de principios y valores.
Esa es la sociedad que estamos construyendo. Y después reclamamos que el comportamiento antisocial de los muchachos debe resolverse con cárcel, con privación de libertad.
No se está haciendo un planteamiento integral sobre cómo lograr una mejor comunidad.
Tenemos penales con infraestructura inadecuada; los últimos fueron construidos por los Gobiernos de la Concertación. Pero ninguna Administración le ha dado prioridad a este aspecto: si queremos combatir la delincuencia, debemos preocuparnos de la construcción de esos recintos, del personal que los atenderá.
Los funcionarios de Gendarmería, que son la frontera entre quienes cometen delitos y la sociedad, no cuentan con ninguna garantía en materia de dignidad laboral. Esto no lo hemos mirado. Si comparamos su función con la de Carabineros, veremos que deja mucho que desear el modo en que hemos tratado a Gendarmería.
Entonces, si queremos de verdad una política integral, hemos de preocuparnos del personal de Gendarmería, de los metros cuadrados de las cárceles y sus dependencias.
Es abismante -y me asombró el dato que entregó el Ministro- el costo que representa cada nuevo reo: 1.330 unidades de fomento, en circunstancias de que con 400 o con 500 se construye una vivienda para una familia.
Eso tiene que ver, entonces, con la forma como concebimos el esfuerzo que esta sociedad debe realizar para prevenir.
Porque no hacemos prevención; si la hiciéramos, tendríamos, en vez de 50 mil personas cumpliendo condena, a lo mejor la mitad. No hemos destinado recursos para prevenir, ni tampoco para reinsertar.
Pienso que se trata de un conjunto de medidas, cuya adopción tomará no solo tres años.
A partir de esta sesión especial, hay que sentarse a conversar con todas las fuerzas partidarias para formular una propuesta de Estado sobre cuáles serán las políticas de sanción, de rehabilitación, de prevención; determinar la cantidad de recursos humanos necesarios para enfrentar el problema carcelario; racionalizar los turnos de Gendarmería; dignificar a esta Institución y mejorar la calidad del servicio que presta.
Se precisa, pues, una propuesta de largo plazo -esperamos que el Ministro , como señaló, la haga en abril- que refleje una política de Estado destinada a resguardar de verdad los derechos humanos: los de las víctimas, pero también los de quienes se hallan privados de libertad.
He dicho.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis por diez minutos, de acuerdo a lo que señaló su Comité.
El señor ORPIS.- Señor Presidente , tras saludar al Ministro de Justicia y al Director de Gendarmería , partiré haciendo una primera afirmación.
Yo tengo sobre este problema una mirada radicalmente distinta, emanada de una convicción muy profunda.
Chile exhibe una de las tasas más altas del mundo en materia de cárceles por número de habitantes. Este es un dato objetivo. Y uno debería plantearse inmediatamente por qué, existiendo ese indicador, los penales están colapsados.
Este, para mí, es el punto central: 53 mil personas privadas totalmente de libertad y 57 mil cumpliendo penas alternativas; en total, 110 mil, con 80 por ciento en cárceles públicas y 20 por ciento en penales concesionados.
Ese es el dato duro.
Y a mí, señor Presidente , me asiste la más absoluta convicción -porque así lo demuestran las cifras- de que el origen del colapso está en la reincidencia.
No nos hemos preocupado de manera efectiva de la reincidencia. ¿Por qué razón? Tenemos una estupenda reforma procesal penal. Pero la verdad es que nos hacemos cargo hasta la condena. Después de ella, nadie se preocupa de qué ocurre. Y de ahí precisamente surge la reincidencia.
Son alrededor de 3 mil 500 los reos que ingresan cada año al sistema carcelario. Y los datos están, señor Presidente . Por eso tengo una mirada distinta respecto al problema.
En mayo de 2010 la Fundación Paz Ciudadana -formamos parte de su directorio con la Senadora Soledad Alvear- entregó un estudio sobre "Construcción de indicadores de reinserción social de adolescentes infractores de la ley penal" (es el único que hay; en cuanto al resto de la población penal no existe ninguno). ¿Y cuál es la principal conclusión a que llega? La de que 70 por ciento de la población penal adolescente -¡70 por ciento!- presenta una nueva causa al año.
¿No nos dice nada eso?
En los próximos días se dará a conocer el primer estudio realizado en Chile acerca del resto de la población penal. Y anticipo que los índices no bajarán del 60 por ciento.
Señor Presidente , avanzando en el punto, hice aquella afirmación: las cárceles están colapsadas debido a la falta de reinserción.
Aquí nos encontramos con una disyuntiva.
Me explico.
La sociedad debe protegerse. Uno de los aspectos que más valora es el de la seguridad ciudadana. Y acá hay dos opciones: si no contamos con buenos programas de rehabilitación y reinserción, inevitablemente tendremos que seguir construyendo más cárceles. Porque la comunidad necesita resguardarse.
Esa es la disyuntiva.
Empero, si uno analiza el problema de la población penal, observa que se halla bastante más acotado.
Cuando mencionamos un 60 a 70 por ciento de reincidencia estamos hablando de un universo muy definido. Y, al final, el círculo se va retroalimentando.
Pero quiero seguir profundizando sobre el particular. Porque los datos están. Lo que pasa es que no hemos querido verlos.
Hay otro estudio -el primero del 2005-, basado en la metodología I-ADAM. Se trata de un test de drogas aplicado en todas las comisarías de Santiago. Puesto en práctica, se detectó positivo en consumo de pasta base, cocaína, marihuana y otras drogas en más del 70 por ciento de los delitos de mayor connotación social. Se repitió hace poco, registrándose exactamente el mismo resultado. La única diferencia estribó en que se agregaron las drogas químicas.
¿Qué deseo señalar con aquello, señor Presidente ? Que no estamos frente a delitos comunes. ¿Cuál es el origen? La adicción. Y se delinque para financiar consumo. Esto es parte importante de la génesis del ilícito.
A partir de esos datos, que son objetivos, uno debería preguntarse: al margen de la reforma procesal penal, que se preocupa hasta la condena, ¿qué se ha hecho en los ámbitos de la prevención y la reinserción? Muy poco o prácticamente nada.
Y al respecto también existen datos. Por ejemplo, en materia de rehabilitación al interior de las cárceles. Mencioné la cifra de 53 mil personas privadas totalmente de libertad. ¿Cuántos cupos para rehabilitación hay, cuando todos sabemos que gran parte de la población carcelaria es adicta? ¡1.000! Eso es lo que existe.
Adicionalmente, hay datos relativos a reinserción laboral. Casi la mitad de la población penal hace manualidades para reinsertarse. Pero son solo eso: manualidades.
La reinserción social no se limita a aquello. La idea es tratar de desarrollar una empresa privada al interior de la cárcel; que los reclusos tengan hábitos productivos, que salgan con un oficio.
Debo puntualizar, señor Presidente, que de aquello existen muestras en el mundo entero.
¿Qué nos dice, por ejemplo, la experiencia de muchos países europeos? Que cuando hay buenos trabajos; que cuando se logra un buen vínculo con el sector privado en el aspecto laboral, baja automáticamente la reincidencia en 20 a 30 por ciento. Si eso es lo que quiere la sociedad, al final. A ella no le interesa la mantención del círculo de seguir encarcelando a las mismas personas, sino que se reinserten.
Y ese es un camino, señor Presidente , que creo que no hemos recorrido. Nuestra visión ha sido demasiado parcial, demasiado incompleta. Y la tarea, como resulta obvio, es de largo plazo. Lamentablemente, los tiempos políticos exhiben la característica opuesta, porque nosotros estamos marcados cotidianamente ¿por qué cosa? Por la cantidad de delitos que se cometen; por la forma como vamos a encarcelar; por la reincidencia. Nos encontramos en la coyuntura, en el día a día.
Nuestra mirada tiene que ser -reitero- de más largo plazo, la que no he percibido, en general. Básicamente, se ha apuntado a eslóganes fáciles, concretos, vendedores, pero sin una preocupación por considerar las cifras a fondo, sin una preocupación por considerar las causas del problema, las cuales tienen que situarse en la línea que he expuesto.
Si no nos hacemos cargo de la reinserción, de la rehabilitación, necesariamente seguiremos construyendo cárceles en forma indefinida.
En lo personal -con esto voy terminando-, reconozco que vengo de vuelta en la materia. A lo mejor, era de los mismos que hace un tiempo repetían todos esos eslóganes. ¿Y qué me ha pasado en la Corporación "La Esperanza"? Más del 50 por ciento de quienes ingresan hoy a ella registran o han registrado problemas con la justicia, porque el origen del asunto es la adicción, tal como lo señalaba. Y a través de la rehabilitación hemos sacado al 80 por ciento del círculo del delito.
Al final, señor Presidente , cárceles más, cárceles menos, tiene que existir una población penal, para proteger a la sociedad. Pero, de una vez por todas, y particularmente a raíz del caso del recinto de San Miguel, es preciso que empecemos a recorrer un camino distinto, el cual es largo, no de efectos inmediatos.
Mas también en la actividad pública y la actividad política tenemos que ser capaces de diferenciar las medidas de corto plazo y las de largo plazo. Y requerimos proyecciones de mediano y de largo plazo.
Lo que concretamente le expreso al señor Ministro esta mañana es que, para que no se sigan repitiendo hechos como el de San Miguel, para que no sigamos colapsando cárceles y construyéndolas, me encantaría contar con un programa potente, fuerte, en el ámbito a que hago referencia. Dados los resultados que se registran en otras partes del mundo en que los niveles de reincidencia no exceden del 30 por ciento -nosotros superamos el 60 por ciento-, me parece que con la misma convicción con que construimos recintos penales debemos abordar la reinserción y la rehabilitación, por impopular que ello sea, ya que allí radica el gran origen del problema.
Las cárceles se hallan colapsadas por la reincidencia, y esta se genera porque no hemos dado una respuesta en materia de prevención y de rehabilitación. Nuestro sistema se encuentra concebido para preocuparnos hasta la condena, no con relación al fenómeno posterior.
He dicho.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, lo primero es valorar esta sesión.
Quisiera extender ese juicio también a la intervención inicial del titular de Justicia . En verdad, me encantaría que una exposición como esa fuera transcrita para que la leyesen muchos parlamentarios de la Alianza y algunos Ministros del Gobierno del Presidente Piñera que, como lo dijo bien quien encabeza la Corte Suprema, el señor Milton Juica , han contribuido con su discurso político a la situación que hoy día afecta al sistema carcelario.
No generalizo, porque tengo muy clara la película respecto de lo que piensa la Senadora señora Lily Pérez en tal sentido, como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos .
Considerando el discurso sobre la ley y el orden, la tolerancia cero, el fin de la puerta giratoria, más un Código Penal decimonónico -soy médico, no abogado, pero estudio, leo, y lo planteaba así la señora Paula Vial , Defensora Nacional-, creo que esos dos aspectos: el planteamiento político y un ordenamiento sancionatorio no acorde con los tiempos que vivimos, muy enfocado en los delitos contra la propiedad y sin consonancia con lo que fue justamente la reforma procesal penal, son causas importantes de la situación actual.
Siempre que se hace referencia al hacinamiento se origina un debate respecto de si hemos construido suficientes cárceles. Alguien expresó por ahí que podemos continuar levantando muchas de ellas, pero que si las seguimos llenando de internos no vamos a resolver los problemas de aglomeración, de dificultades en la convivencia, de generación de violencia dentro de los centros penales, lo que obviamente perjudica la rehabilitación y la reinserción.
En ese sentido, quisiera observar que tenemos que dar un giro -lo estimo sumamente importante- en la manera en que enfrentamos la delincuencia, además de abordar, por cierto, la criminalidad emergente, tarea que resulta fundamental.
Y, desde esa perspectiva, deseo hacerme cargo de lo que aquí se ha dicho, porque, efectivamente, se encuentran recluidas demasiadas personas que no debieran estarlo.
Al recorrer las cárceles, es posible darse cuenta, adicionalmente, de una nula o pobre segregación de acuerdo al delito.
Si se analizan las oportunidades de reinserción, de rehabilitación, en el interior de los centros penales a través de la nivelación de estudios, de la capacitación laboral, cabe concluir que existen pocas posibilidades de que la persona, enfrentada al medio libre una vez cumplida su condena, se reencuentre con la sociedad, se reinserte en ella y, como bien lo decía mi Honorable colega Orpis , no reincida. Porque el problema, en verdad, no es la puerta giratoria, sino más bien la reincidencia, entre otras cosas, aparte de las pobres oportunidades que se ofrecen, desde el punto de vista de entregar herramientas para enfrentar la vida de otra manera que cometiendo delitos.
El Senador señor Orpis planteó, en parte de su intervención, un aspecto especialmente enfocado en los jóvenes, según entendí. Cabe hacer presente que una vez que cumple la condena una persona, no solo un joven, lo que pasa afuera es algo de lo cual nadie se ocupa. O sea, no se realiza un seguimiento en el medio libre.
No solo estamos ingresando a los centros penales -y lo consignó bien el señor Ministro - a quienes no debieran ser objeto de esa sanción, sino que eso tampoco es bueno para ellos ni para la sociedad. Es decir, no es algo positivo para nadie. No es que sea garantista. La medida no resulta conveniente para el individuo, desde el punto de vista de generarle oportunidades de rehabilitación y reinserción, ni para las demás personas. Porque es muy posible que finalmente se reincida.
Entonces, tenemos necesariamente que avanzar en penas alternativas en el medio libre, pero asimismo en el seguimiento de quienes cometieron un delito, cumplieron su condena y están fuera. Y, probablemente, nos llevaríamos sorpresas.
A mi juicio, es preciso desplegar un esfuerzo sumamente importante al respecto, porque no basta perseguir el delito, sancionarlo, hacer que se cumpla la condena, sino que también tenemos que hacernos cargo de lo que sucede después, por una cuestión de seguridad.
Porque tampoco se trata de un asunto garantista. Una vez enterada la pena, nos preocupa lo que pase con un ser humano, evidentemente, en el medio libre, en la sociedad, en su familia, en sus redes sociales, en la forma como construye aquellas que pueden servirle de apoyo, en el ámbito laboral. Pero, fundamentalmente, se halla de por medio un aspecto de seguridad pública.
Fíjense los señores Senadores en la siguiente contradicción: todos hacemos referencia a la sensación de inseguridad -muchas veces, es más que la victimización-, o sea, a la cantidad de delitos reales; pero, si se piensa, tenemos las cárceles llenas. Existen indicadores que demuestran que Chile es uno de los países con más gente al interior de los centros penales. Mas no hemos logrado terminar con la sensación aludida. Por tanto, la respuesta no va por ahí, claramente.
El otro día conversé con un fiscal regional, quien me explicaba que numerosas personas se frustran por la acción del Ministerio Público al perseguir el delito, porque se registra un 45 por ciento, si no me equivoco -alguien podrá corregirme-, de archivo provisional, más o menos.
La señora ALVEAR .- Sí.
El señor ORPIS .- Así es.
El señor ROSSI.- Claro, a alguien le entran a robar a la casa y ni siquiera ve que se tomen huellas. Y, si se tomaran, tampoco existe un registro -ese es otro aspecto- que permita perseguir a quien cometió el delito. Se genera una sensación de impunidad y de que nadie se hace cargo del asunto.
Y el fiscal me expresaba: "Tenemos que decirle a la gente que, en relación con ciertos ilícitos, resulta muy difícil dar con el delincuente y resolver el caso, por lo cual se archiva el 45 por ciento.".
Si eso es así, lo que se requiere exponer -porque no basta expresar con franqueza: "Es muy difícil resolver el problema"- es que el énfasis debe radicar en la prevención, como aquí se ha manifestado también.
Ahí se plantea una cuestión relacionada, por ejemplo, con el Plan Cuadrante. El control preventivo debe ser eficaz, eficiente, y llevarse a cabo una buena ocupación de los espacios públicos, además de realizarse trabajo con los vecinos. Por eso es tan importante el proyecto, aprobado ayer, que aumenta la planta de la policía uniformada.
Regiones como la de Tarapacá han ido incrementando su índice de victimización, a diferencia de la de Arica y Parinacota, donde es menor. Y, claramente, falta dotación de Carabineros en la primera, porque incluso cuando llega un contingente nuevo, si es dividido por turno y por cuadrante, el impacto real, hablando del buen funcionamiento del Plan aludido, es bastante limitado.
Por desgracia, muchas veces respondemos de manera reactiva ante las crisis. Cabe recordar que el año 2001 murieron 26 jóvenes -la mayoría de ellos, primerizos- en la cárcel de Iquique. Nunca se supo a quién correspondía la responsabilidad, desde el punto de vista penal. Una indemnización, por fortuna, contribuyó a hacer algo de justicia a las familias. Pasaron 10 años y ahora ocurrió exactamente lo mismo.
En consecuencia, creo que tenemos que enfrentar el asunto desde todas estas aristas.
En cuanto a una de ellas, consistente en una modificación al Código Penal, me parece que el Presidente Lagos tenía un proyecto sobre el particular que debió haber ido de la mano de la reforma procesal penal, pero que finalmente no se mandó.
Es cierto que también se debe contar con una mayor defensa para las víctimas. En cuanto a la propuesta de mi Honorable colega Espina de crear una defensoría, ello no le gusta mucho al Ministerio Público, pues prefiere hacerse cargo de ese aspecto. De hecho, cuenta con la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos.
No soy un especialista en ello, pero creo que es preciso abordar tales materias, porque, muchas veces, los intereses de la víctima no coinciden con los del Estado.
Respecto de las cárceles concesionadas, el otro día fui a la de Alto Hospicio -el 20 por ciento de los internos se hallan en ese tipo de recintos- y quedé gratamente sorprendido por algunas cosas, como el mantenimiento, el aseo, la seguridad, la infraestructura, aspectos de los cuales se hace cargo el operador. Incluso, se contratan reclusos para asumir ciertos servicios que se prestan en virtud del mismo contrato. Por ejemplo, algunos se encargan de la panadería. Es más: uno de ellos tiene casi todo listo para abrir un establecimiento de ese tipo en Alto Hospicio cuando salga.
Eso me dejó bastante satisfecho.
Pero se registra hacinamiento, lamentablemente. Es posible advertir que en una celda construida para una persona habitan tres.
El problema no se originó en el Gobierno actual -no quiero hacer un uso político de la cuestión-, sino que se arrastra desde antes. Seguramente, esos tres presos se encontraban allí en la Administración pasada.
¿Qué explicación se me dio? Que se estaba segregando por peligrosidad.
Si concesionamos las cárceles, es justamente para derrotar el hacinamiento. Y qué decir del clima existente en una celda en esas condiciones, porque entramos en ella. Creo que si tres Senadores -no incluyo a alguna señora Senadora- estuviésemos un día ahí, nos volveríamos agresivos y, obviamente, se dañaría la convivencia. La situación afecta finalmente el trabajo de nuestros amigos de Gendarmería.
Entonces, también considero de gran importancia tener presente qué pasa con tales aspectos en las cárceles concesionadas.
Se requiere una solución en el área que nos ocupa, asimismo, porque media un antecedente muy duro: el 70 por ciento -incluso, se podría llegar al 90- de las personas privadas hoy de libertad tienen algún familiar directo que ha estado en la misma condición.
Por tanto, programas como Abriendo Caminos, lanzado hace poco, me parecen interesantes en el sentido de poder hacerse cargo de los hijos de los internos, porque la probabilidad de que lleguen a la cárcel con posterioridad es muy alta. En pocos ámbitos de la vida se ve tanta desigualdad y falta de equidad como en este.
Dicho de otra manera, resulta muy improbable que alguien sin un familiar directo que haya estado privado de libertad caiga en esa misma situación.
Por último, en relación con los adolescentes, entregaré solo un dato: en los países desarrollados, dos personas asumen la tarea de la rehabilitación, de la reinserción, de un joven; en la actualidad, en Chile se cuenta con una para cuatro.
El Senador señor Orpis sabe muy bien que la mayoría de las veces el consumo de droga por los muchachos se relaciona en forma directa con la comisión de delitos, pero estamos fallando en ofrecerles oportunidades de rehabilitación y, menos, de nivelación de estudios. De hecho, ello no resulta ser un buen negocio tampoco para quienes pueden ofrecer el servicio.
Me alegro de la celebración de la presente sesión, y ojalá podamos avanzar, en colaboración con el Ministerio de Justicia, con Gendarmería, en la construcción de una sociedad más justa y más segura sobre la base de los pilares que se han mencionado.
He dicho.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Espina, por 8 minutos.
El señor ESPINA.- Señor Presidente , en primer lugar, valoro lo que hizo el señor Ministro de Justicia cuando recién asumió su cargo: visitar las cárceles. Creo que esa fue una señal muy positiva, ya que marcaba una profunda preocupación por la cuestión carcelaria.
Pero en política existe lo que se llama accountability, lo que dice relación con quien rinde cuenta de lo que hizo cuando tuvo la posibilidad de enfrentar un asunto público. Entiendo que la Concertación, de manera legítima, va a efectuar esa diligencia en cuatro años más, es decir, la llevará a cabo respecto de lo que haya hecho el Gobierno del Presidente Piñera.
En mayo de 2005, el Senado aprobó, en forma unánime, un informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, que presidió en aquel entonces don Eduardo Frei Ruiz-Tagle , en el cual se denunciaba la gravedad de que ya en el año 2003 se registraba 57 por ciento de sobrepoblación carcelaria; que el 32 por ciento de los condenados eran adictos a las drogas; que el 48 por ciento de ellos habían pasado por casas de menores; que el 70 por ciento era reincidente, y que, en promedio, habían estado siete veces detenidos con anterioridad.
¿Qué pasó? Prácticamente, nada.
La Fiscal Judicial de la Corte Suprema , señora Mónica Maldonado , fue citada a la Comisión de Constitución, que me tocaba dirigir, por una actividad que realizamos junto con mi Honorable colega Chadwick visitando cárceles. Al comparecer, en 2009, expresó, en forma dramática, que desde el año 2001, a partir de su designación, había representado, "tanto al señor Ministro de Justicia como al señor Director Nacional de Gendarmería de Chile , las deplorables condiciones de vida que se aprecian en los establecimientos penitenciarios del país, constatadas en las Visitas que realizan los Fiscales Judiciales de las Cortes de Apelaciones del país, debido tanto al hacinamiento que se aprecia en los penales, como a la falta de una política penitenciaria y acciones concretas que permitan la reinserción social de los internos.".
Suplicó que la situación se abordara y, entre otros, planteó los riesgos de muerte de los internos; el hacinamiento; los horarios de encierro y desencierro; la alimentación; el déficit de condiciones sanitarias e higiénicas, etcétera.
¿Qué pasó en el tiempo transcurrido, señor Presidente ? Me refiero a los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Sucedió muy poco o nada.
No contento con eso -porque se sostiene que nos preocupamos poco del problema carcelario-, solicité el envío de un oficio al entonces Ministro de Justicia , señor Carlos Maldonado , quien me contestó, gentilmente, el 8 de abril de 2008, sobre la situación en los penales y, particularmente, el régimen de medidas alternativas para el cumplimiento de las penas.
Este último es fundamental para que muchas personas que cometen ilícitos menores o delitos por primera vez no vayan a la cárcel y tengan la posibilidad del medio abierto o libre, consistiendo el sistema en la libertad vigilada, la reclusión nocturna o la remisión condicional de la pena, siendo la más importante la primera porque implica la designación de un monitor.
El Ministro Maldonado me contestó que en el régimen de libertad vigilada se acepta un delegado por cada 30 beneficiarios, como máximo, pero que, no obstante, esta cantidad ascendía a 58 reclusos por delegado y que el sistema estaba colapsado.
¿Cuándo me contestó esto? El año 2008.
¿Qué ocurrió? Nada.
No contentos con eso, se promovió el Acuerdo sobre Seguridad Pública, el cual fue suscrito por numerosas personalidades, entre ellas varios actuales Senadores: Soledad Alvear, en representación de la Democracia Cristiana; Sergio Bitar , como presidente del PPD ; Camilo Escalona , como presidente del Partido Socialista ; varios señores Diputados; nosotros, como Oposición; el Ministro y el Subsecretario del Interior de la época, y la Presidenta Bachelet .
¿A qué nos comprometimos ante el país? Específicamente, en relación con el tema carcelario, a aprobar, en el mes de marzo de 2008, un proyecto de ley que, entre otras cosas, considerara las siguientes materias: establecer, como medio alternativo al cumplimiento de la reclusión nocturna, el uso de sistemas de monitoreo eléctrico, el cual se extendería a otras figuras como medida alternativa y control de medidas alternativas, y fortalecer la Sección Medio Libre de Gendarmería de Chile.
No contentos con eso, se indicaba que "El Gobierno, dentro del mes de marzo de 2008, entregará una propuesta de focalización de los recursos de prevención y rehabilitación, así como un adecuado sistema de coordinación de diversos servicios del Estado".
Yo me emocioné, señor Presidente, cuando firmamos este documento, porque consideré que era un tremendo avance. Lo digo sinceramente.
¿Qué pasó? Nada.
Como Toribio el náufrago, durante dos años insistí en que cumpliéramos algo de esos compromisos. Pero no se cumplió nada.
Yo sé que esto es odioso, sé que en política es más fácil hablar del futuro, pero cuando uno está en esta actividad debe responder por sus actos. Y ustedes tienen todo el derecho del mundo a sacarnos al pizarrón en cuatro años más y preguntarnos: "Señores, ¿cumplieron con la famosa frase del Presidente Piñera `plazos y metas'?".
Porque yo hoy día los estoy sacando al pizarrón con todo el respeto del mundo, y creo que ustedes tienen una responsabilidad política enorme en la inexistencia de una política carcelaria en el país.
No me parece un argumento suficiente decir: "Es que en el Gobierno militar se construía menos o no se construía". En los últimos 20 años en que ustedes han gobernado la política carcelaria que aplicaron fue extraordinariamente deficitaria, insuficiente, irresponsable y de abandono hacia las personas privadas de libertad.
Señor Presidente, le solicito a mi Comité o al de la UDI que me conceda un par de minutos adicionales.
El señor CANTERO.- El Comité Independientes le cede dos minutos, señor Senador.
El señor ESPINA.- Muchas gracias.
Quiero plantear lo siguiente.
Aquí se ha dicho que la reforma procesal penal es sinónimo de más presos. Yo no lo estimo así. Lo que ocurre es que el número de personas que comete delitos en Chile ha aumentado, por dos razones.
En primer lugar, porque no existen políticas de prevención. Nosotros hemos definido que una política de prevención consiste en focalizar los recursos en los grupos más vulnerables, que habitualmente son los hijos de los presos -cerca de 100 mil-, aquellas personas que provienen de familias que sufren violencia intrafamiliar, los hijos de los adictos y, finalmente, los habitantes de las cien villas o poblaciones identificadas con mayor intensidad con droga y delincuencia.
Y en rehabilitación se tiene que hacer exactamente lo mismo, esto es, focalizar los recursos para que los reos puedan terminar sus estudios -muchos de ellos no los poseen-, reinsertarse socialmente y acceder a un trabajo.
Nunca hemos dicho, señor Presidente , que la delincuencia se derrota exclusivamente con represión. Hemos expresado que se debe avanzar paralelamente en tres aspectos: prevención, control y rehabilitación.
En mi opinión, las razones por las cuales las cárceles están llenas en nuestro país -en ese sentido, coincido mucho con el Senador Orpis- son porque la política de prevención es muy deficitaria y porque no existe una política de rehabilitación.
Por lo tanto, la masa de personas que ingresa al mundo delictual es cada vez más grande. Y, como hay muchos reincidentes, el número de individuos recluidos es alto.
Y prueba de que las normas de la reforma procesal penal no son las que producen mayor número de reos es que, según los estudios, el 60 por ciento de quienes son formalizados con motivo del control de detención por delitos graves ni siquiera va preso.
Por lo tanto, las causas se originan en los altos niveles de reincidencia y en la ausencia de políticas de prevención y de rehabilitación.
Señor Presidente , este tema debe ser abordado como una política de Estado. Estoy seguro de que el Gobierno -mi Gobierno- adoptará el liderazgo necesario para enfrentar la situación.
Hemos celebrado demasiadas sesiones y el resultado sigue siendo el mismo: al poco tiempo se produce un hecho delictual serio, la delincuencia vuelve a estar en la palestra, luego desaparece de la agenda pública y las cosas siguen exactamente igual.
Confío, porque conozco el talento y la capacidad del Ministro de Justicia y de los demás Secretarios de Estado encargados del área, en que el Gobierno será capaz de liderar un cambio radical en esta materia.
Muchas gracias.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- El Comité Independientes le cedió dos minutos al Senador señor Espina.
Tiene la palabra el Honorable señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente , primero quiero valorar la presentación del señor Ministro de Justicia , Felipe Bulnes , así como el compromiso que ha manifestado con el tema carcelario.
En mi opinión, nuestro gran desafío es pasar de una situación que está de moda a otra permanente e impopular.
Muchas veces hablamos de "los delincuentes", refiriéndonos a quienes detienen, juzgan y se hallan en las cárceles, y de "las personas", refiriéndonos a nosotros, como si ellos no fueran también personas.
En verdad, preocuparse de estos asuntos significa ir contra la corriente. El Ministro puso un ejemplo: construir una casa cuesta 500 ó 600 UF; construir una plaza para un preso, 1.631 UF. Pero es una cuestión ética, de convicción, que no podemos eludir.
En el sistema cerrado es posible identificar varios problemas. Los más importantes ya han sido mencionados. Uno de ellos es el hacinamiento. Tenemos un hacinamiento de un 60 por ciento y nos falta construir 24 mil cupos para poder saldar ese déficit.
Las tasas son impresionantes. El Ministro afirma que el 0,31 por ciento de la población se encuentra encarcelado. Es una cifra muy dramática. Somos el primer país de América Latina, aunque algunos del Caribe nos "hacen la pelea".
Yo me alegro de que hoy todos hayan reconocido que la reforma procesal penal ha sido exitosa. Se critica la "puerta giratoria", la impunidad institucionalizada para los delincuentes, pero lo cierto es que las estadísticas demuestran exactamente lo contrario.
Antes se dictaban 30 mil sentencias; hoy, 215 mil.
¡Qué bueno que haya bajado la prisión preventiva entre quienes están en los penales por ese motivo: de un 34 a un 20 por ciento!
La infraestructura actual es deficiente, no cabe ninguna duda. Pero es injusto decir que no se ha hecho nada. Yo en eso discrepo del Senador Espina. Fíjense Sus Señorías que entre 1980 y 1989 se construyeron 87 mil metros cuadrados de cárceles. En los Gobiernos de la Concertación se construyeron 600 mil metros cuadrados. Del 2004 hasta ahora pasamos de 400 mil a 691 mil metros cuadrados. Y los establecimientos son buenos. Yo conocí el recinto de Huachalalume cuando fui Diputado por Coquimbo durante varios años y allí realmente la gente está en condiciones dignas y es rehabilitada. Lo malo es que solamente llega el 20 por ciento de la población penal. Por eso tenemos una situación complicada.
Hay un problema de carencia de oferta adecuada para la reinserción social -ya me voy a referir a esto-, de qué se hace después de que la persona cumple con su castigo. Me gustó mucho lo que dijo el Senador Orpis . La Senadora Alvear, por su parte, nos recordó que 20 mil personas egresan de las cárceles todos los años. Y la verdad es que estamos avanzando muy poco. El señor Senador mencionó que el 70 por ciento de los jóvenes y adolescentes -en general, un 60 por ciento- reincide antes de un año.
En realidad, nos queda mucho por hacer en esta materia. Hoy día no estamos rehabilitando; no estamos permitiendo, por ejemplo, que los reos trabajen, ahorren y se formen un "colchón", a fin de que cuando recuperen su libertad cuenten con algo a lo cual recurrir para no tener que robar.
¿Cómo rehabilitamos a los drogadictos? Es un tema clave, porque la droga y la delincuencia se hallan directamente asociadas.
Y, en tal sentido, resulta importante analizar cómo nos hacemos cargo de la estigmatización, de la segregación que sufren los presos por parte de la sociedad una vez que recuperan la libertad.
Probablemente deba crearse una nueva institucionalidad intersectorial, interinstitucional, que involucre a distintos Ministerios y servicios públicos, para hacerse cargo de cómo reinsertar a los reclusos que recuperan su libertad.
Pero hay un asunto que no me sorprende, señor Presidente, y en el cual nos hemos hecho los lesos. Se trata de una verdad incómoda, que no hemos querido reconocer: en las cárceles se violan los derechos humanos.
Esto no es cuento. Años atrás, con el padre Nicolás Vial visitamos el mismo establecimiento que se incendió hace poco, y vi a una persona que llevaba nueve días recluida en una celda de castigo. Al abrirse la puerta, no podía creer el olor que estaba percibiendo ni la mugre que había adentro. No existía ventana alguna.
Hoy día siguen existiendo celdas de castigo. Se me dijo que se habían eliminado, pero no es verdad.
Por otra parte, todos conocimos el informe sobre derechos humanos de la Universidad Diego Portales. Y lo cierto es que no quisimos enfrentar su dureza y su crudeza. Nadie se puede sorprender de que en las cárceles se violen los derechos humanos, los derechos fundamentales.
De ese informe, quiero recoger dos propuestas: uno, ampliar a todo el país la defensa penitenciaria implementada por la Defensoría Penal Pública en la Región de Coquimbo, y dos, establecer un modelo de control judicial de la actividad penitenciaria. Que los jueces controlen lo que pasa al interior de las cárceles, especialmente cuando se violan los derechos y las garantías fundamentales.
Señor Presidente , valoro las once medidas que anunció el Ministro -¡qué bien Ministro !-: colchones, frazadas, literas. Pero lo que más valoro es el aumento de las horas de desencierro. Realmente, los presos están demasiado tiempo en las celdas, en las piezas. Tenemos que darles más libertad, o por lo menos más horas en los patios.
Debe mejorarse la ley N° 18.216, sobre medidas alternativas. La Presidenta Bachelet mandó un proyecto sobre la materia. Hay que ampliar la utilización del brazalete electrónico, no solo a las medidas alternativas, sino también a las cautelares.
Esperamos con mucho interés la propuesta que se nos dará a conocer en abril. Se está elaborando una radiografía del sistema carcelario chileno.
Asimismo, me parece interesante lo que mencionó el Ministro: 35 por ciento de los presos no tienen un compromiso delictual profundo, grave. Por lo tanto, si la pena es baja, si la persona es primeriza, si hablamos de una salida controlada, estoy abierto al uso de las cárceles modulares. Hay que estudiar esa propuesta.
También se debe mejorar los procesos de segregación de los recintos penales según el grado de peligrosidad de los reos. La evaluación durante 30 días que dio a conocer el Ministro me parece positiva.
Además, hay que modernizar Gendarmería. Siento que hemos hablado poco acerca de los funcionarios de esta institución -un grupo de ellos nos visita hoy en las tribunas-, quienes muchas veces actúan en condiciones infrahumanas. Por ejemplo, hemos sabido que en la cárcel de San Miguel no existía toda la indumentaria necesaria para enfrentar un incendio. Habrá que invertir en ello. Entiendo que el Gobierno elevó el presupuesto del 2011 a 470 millones de pesos con tal finalidad.
Por último, señor Presidente, creo que es fundamental preocuparnos del tema de la prevención.
La represión es cara y, si no va acompañada de la prevención, resulta ineficaz. La prevención es mucho más barata y eficaz.
Debemos comprender que, cuando actúa un policía, cuando actúa un tribunal, estamos llegando tarde como sociedad. Porque nadie nace delincuente, y eso significa que a esa persona no la protegimos suficientemente para que no cayera en la actividad delictiva.
Invertimos poco en prevención y muy poco en rehabilitación.
Yo espero, señor Presidente, que el Ministro y el Primer Mandatario puedan implementar medidas de Estado relevantes para enfrentar un problema que hoy día nos interpela éticamente como sociedad.
He dicho.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité UDI, tiene la palabra el Senador señor Larraín, por cinco minutos.
El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , los planteamientos formulados por el señor Ministro de Justicia y los señores Senadores que han intervenido me parecen bien enfocados respecto de la gravedad de la situación que estamos viviendo.
Quisiera hacer algunas reflexiones en cuanto a este tema, pensando en que la estructura carcelaria se inserta, en general, dentro del esquema de seguridad ciudadana, que tiene varios elementos: la prevención, el sistema judicial, el sistema carcelario punitivo, el sistema de reinserción. Son diversos los factores que deben conjugarse y, quizá por focalizar el problema en algunos de ellos, se han olvidado otros, dejando a nuestro régimen carcelario en una situación francamente inaceptable.
En lo que dice relación con la prevención, a lo mejor hemos atacado lo más urgente para la ciudadanía: la prevención policial. Pero no siempre hemos analizado las causas profundas de la existencia de actos delictivos.
El Senador Orpis recordó que el 70 por ciento de quienes delinquen se encuentran bajo el efecto de sustancias adictivas. Y los reincidentes caen en el mismo porcentaje.
Entonces, no cabe la menor duda de que para prevenir no solamente hay que pensar en la custodia policial, en la presencia de carabineros, en los planes cuadrantes, todo lo cual es bienvenido. Recién hablé con el General Director de Carabineros, Eduardo Gordon , y le pedí la aplicación de estrategias para la prevención de la delincuencia en el ámbito rural, que presenta otras peculiaridades no atacadas como corresponde.
Pero una de las formas de prevenir radica precisamente en evitar la reincidencia, lo que supone un proceso anterior. Si se trabajara en esa perspectiva, la delincuencia caería de manera muy sustantiva. Sin embargo, no lo hemos hecho.
Para qué mencionar lo relativo a los fenómenos de cesantía y de falta de educación y de oportunidades entre jóvenes de 15 a 30 años, que es el segmento donde principal y prioritariamente se focaliza la delincuencia. Ahí hay algo que clama al cielo.
En cuanto al sistema carcelario, este no resiste, como ya se ha dicho, mayor análisis. El Senador Espina recordaba las palabras de la Ministra Maldonado en la Comisión de Constitución, que ya había mencionado en la Comisión de Relaciones Exteriores en 2009. Y la verdad es que resulta francamente inexplicable que no hayamos reaccionado de manera más enérgica ante la descripción que realizó en ese minuto.
En tal oportunidad, ella se refirió al grave hacinamiento existente en algunos establecimientos penitenciarios, particularmente de Santiago y Valparaíso.
Y también se refirió al período de encierro de los internos. El desencierro se produce entre las 8:30 y las 17. Es decir, pasan más tiempo encerrados. Cito: "la situación de hacinamiento se ve agravada por el hecho de permanecer los internos encerrados en sus celdas por espacio de aproximadamente 15 horas diarias, en celdas abarrotadas, que por lo general carecen de servicios higiénicos, y de una adecuada ventilación y luz".
Esa es la realidad. Son pocas las horas de desencierro. No obstante, la actitud del Ejecutivo y de Gendarmería hace pensar que dicha situación se va a modificar.
El horario de alimentación es bastante increíble. El desayuno es a las 9; el almuerzo, a las 12, y la cena, a las 15:30.
Estas cosas las señaló la Ministra Maldonado el año 2009, no ahora, y espero que vayan cambiando.
En cuanto a la falta de rehabilitación, ya lo sabemos: ha sido mencionada por muchos de los Senadores que han intervenido.
Las condiciones sanitarias e higiénicas son bastante deplorables, incluyendo la ausencia de agua potable en algunos centros penitenciarios de Valparaíso y Arica y en el Centro de Detención Preventiva de Santiago.
El Senador Patricio Walker se refirió también a la reclusión en celdas solitarias como castigo por faltas disciplinarias.
En fin.
Todo aquello ya se ha dicho, y, por lo tanto, deseo que nos hagamos cargo de que no estamos frente a algo nuevo.
Si nosotros pensamos que hoy no existe espacio real para la rehabilitación en nuestras cárceles y mucho menos preparación para la reinserción laboral de los internos, debemos entender que estamos frente a una situación extremadamente compleja, que no solamente nos afecta en sentido práctico porque ahí está la escuela de la delincuencia, sino que también nos perjudica y nos golpea la conciencia desde el punto de vista de la violación de los derechos humanos.
La Fiscal de la Corte Suprema Mónica Maldonado nos ha dicho que en la cárcel hay tratos inhumanos, crueles y degradantes. Eso es una violación sistemática de los derechos humanos. A mi juicio, este es un problema que deberemos seguir asumiendo, porque no lo hemos resuelto.
Respecto de los derechos humanos, tenemos una mirada que dice relación a un episodio de nuestra historia política. Me parece que está bien, pues corresponde a una realidad que hay que asumir. Y, en mi opinión, el país ha sabido reaccionar. Pero los derechos humanos deben respetarse en toda su amplitud y de cara al futuro, donde se encuentran numerosos espacios y materias.
También hay problemas con los menores de edad, con los adultos mayores abandonados en hogares. Hay discriminaciones por razones de sexo o en el ámbito de las poblaciones indígenas u originarias. O sea, muchos conflictos. Por eso le hemos propuesto al Ministro de Justicia la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos y convertir su actual Cartera en un Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, para que no solo en este ámbito, sino que en general -en forma complementaria a la labor del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con una mirada muy importante en una sociedad más fiscalizadora-, el Ejecutivo pueda ordenar sus políticas en esta materia y sacar adelante, de manera responsable, las situaciones que claman en nuestra conciencia.
En el diario "La Tercera" de hoy aparece un artículo de Lorena Fries, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que avala este planteamiento. Les recomiendo su lectura, porque trata aspectos que espero podamos abordar muy pronto, si el Gobierno acoge el planteamiento que le formulamos.
En este ámbito tenemos dificultades muy complejas. No sé cómo va a ordenarlas ni cómo las puede priorizar el Ejecutivo . Porque aquí hay un problema de hacinamiento: condiciones de vida interna muy fuertes; la situación de los gendarmes y toda la responsabilidad que conlleva la custodia; falta de rehabilitación y, finalmente, incapacidad de nuestro sistema para reinsertar laboralmente a los internos.
Son muchos los problemas y muy graves. Y no creo que aquí los vayamos a resolver todos en el corto plazo. Pero quisiera saber cómo se van a enfrentar, desde el punto de vista de las prioridades. Porque, como el programa es de largo aliento, espero que, en esta oportunidad, Chile responda a la deuda brutal que tenemos.
La Fiscal Mónica Maldonado -lo leyó el Senador señor Espina- desde el año 2001, cuando fue designada como tal, les planteó tanto al Ministro de Justicia como al señor Director Nacional de Gendarmería de Chile que "las deplorables condiciones de vida que se aprecian en los establecimientos penitenciarios del país, constatadas en las visitas que realizan los Fiscales Judiciales de las Cortes de Apelaciones del país, debido al hacinamiento que se aprecia en los penales...", etcétera.
Pero no reaccionamos a tiempo. Lamentablemente, lo hacemos cuando ha muerto gente y son afectados los derechos humanos. ¡Entonces, despierta la conciencia ciudadana del país!
Es terrible que así sea. Espero que esto, por lo menos, tenga un resultado eficaz.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , hemos conocido el problema carcelario solo a través de visitas solidarias o, particularmente, laborales.
Durante la década de los 80, tuve la posibilidad de estar cuatro días en la cárcel de Chacabuco -que era famosa-, donde los penados dormían en nichos. A mí me correspondió hacerlo en camarotes de cinco plazas hacia arriba. Allí conocí la precariedad del sistema carcelario en Chile.
Hay una crisis profunda en el régimen carcelario del país, la cual no tiene que ser parte de un debate de historiadores. En esta Sala habemos Senadores, Ministros y el Director Nacional de Gendarmería, pero no historiadores.
En definitiva, espero que pasemos de la reflexión a la acción, porque el diagnóstico está completamente hecho. Lo confeccionaron la Fiscal Mónica Maldonado , la Universidad Diego Portales y lo conocemos el Ministro , el Director Nacional de Gendarmería y los que aquí estamos. No es una cuestión nueva.
Lo que sabemos es que hay una profunda crisis en las cárceles que tiene su origen en la situación que afecta a Gendarmería, porque la institucionalidad a cargo del sistema y responsable de cumplir con el mandato encomendado por la ley y la Constitución, no da para más. O hay una reestructuración profunda de Gendarmería, o se hace una nueva ley que permita, en definitiva, que una institución del Estado se haga responsable de administrar las cárceles y brindar rehabilitación y reinserción social. En caso contrario, no se va a resolver el problema.
El Estado está en deuda con las 81 familias de San Miguel, con las 9 familias de Concepción, con las 26 familias de Iquique. ¡Todas ellas tenían parientes jóvenes que murieron en incendios de cárceles!
Además, el Estado está en deuda por los más de 12 suicidios que se registran en los penales concesionados. Se encuentra en mora por no haber podido cumplir su rol de rehabilitar y reinsertar.
¿Dónde está el punto central? En la seguridad pública.
En esto hay tres elementos involucrados: uno, Carabineros y la PDI, quienes investigan y capturan; dos, fiscales y tribunales de justicia, los que procesan e intentan hacer justicia, y tres, Gendarmería.
¿Pero esta última es parte de la tríada de la seguridad pública? No. Es el hermano pobre, el patio trasero del concepto de seguridad pública.
Es más, señor Ministro : se nos ha presentado un proyecto que crea el Ministerio de Desarrollo Social, donde nos hallamos con la sorpresa de que esa Secretaría de Estado tendrá a su cargo lo relativo a la rehabilitación y la reinserción.
Yo no sé si los funcionarios de Gendarmería saben que hoy en el Senado se discute un proyecto de ley que entrega esa función esencial a otro Ministerio.
Señor Presidente , la situación de Gendarmería no da para más por varios factores: la larga jornada de trabajo; las condiciones sanitarias; la carencia de salud mental. Se han suicidado 9 ó 10 funcionarios desde el 2009 a la fecha. Ha habido 31 intentos. Jimmy Crespo Crespo , de 23 años, en Coronel, fue el último que se autoeliminó en la torre de control perimetral durante la noche de Año Nuevo.
Lo anterior da cuenta de que hay un problema profundo en Gendarmería y un completo abandono de su personal, tanto uniformado como civil.
Mi pregunta es: ¿a cargo de quién va a estar la rehabilitación y la reinserción? Porque coincido con el Senador Orpis . Eso es lo esencial.
Hay 76 por ciento de reincidencia en El Manzano I. Y el Presidente Piñera dijo: "¡Estamos construyendo El Manzano II!". ¡No, ya está terminado, pero sucede que se encuentra lleno!
En definitiva, no hay rehabilitación ni reinserción, porque todas las bodegas o galpones para hacer trabajos o emprender acciones laborales están vacíos.
Confío en el Ministro Bulnes . Cuando lo visité en mayo o junio le dije que el problema carcelario iba a detonar en cualquier minuto. Lamentablemente, no me equivoqué.
Tanto Gendarmería como las cárceles van a representar un problema para el Ministerio, pues hay mucho caudal acumulado.
No me gusta lo que está ocurriendo, porque al final del día la delincuencia tiene un origen social. Pero es el tipo de sociedad que estamos construyendo.
¿Habrá una reforma al sistema penitenciario, señor Ministro ? Ojalá que sí. El 54 por ciento de la gente piensa que la cárcel no rehabilita. Solo el 12 por ciento, según la última encuesta de la UDP, sostiene que los penales deben mejorar. Todo el mundo ya empieza a hablar de rehabilitación. Los presos deben trabajar y en las cárceles de hoy no lo pueden hacer.
De otra parte, no hay lugares de reclusión para primerizos, aun cuando ellos conforman el 23 por ciento de la población penal. No son culpables de delitos sexuales ni de sangre, pero caen en ámbitos que son las universidades del delito.
¡No quiero cárceles concesionadas! ¡Han sido un fracaso! ¡Le han costado al Estado chileno millones de dólares y no dan resultados!
No hay política penitenciaria; y, si la hay, es un desastre. Esto debe corregirse. Lo ha dicho la Corte Suprema, y así lo consignan los informes de las universidades.
Sin embargo, hay un problema clave que tiene que ver, particularmente, con el tipo de política empleada. Y aquí vemos un poquito de esquizofrenia. Por una parte, hablamos de rehabilitación y de reinserción y, por otra, el Congreso aprueba leyes que aumentan las penas y crean nuevos delitos: "presa por no cortar el pasto", le pasó a una señora de Providencia; "presa por tener gatitos en su departamento", le ocurrió a María Cristina , de la misma comuna; "presa porque se incendió la casa y murió su hijo"; "presa por dejar a la niña abandonada en el Altiplano, en Arica"; "preso por no pagar la pensión alimenticia"; "preso por vender CD en las cunetas". O sea, en definitiva, hemos transformado la cárcel en la solución para resolver "el tema del delito" en todo.
Señor Presidente , el porcentaje del Presupuesto de que dispone Gendarmería para rehabilitación no supera el 3 por ciento. Si no estoy en lo correcto, que me corrija el señor Director de la institución.
Presenté más de 250 indicaciones al proyecto de Ley de Presupuestos, de las cuales se aprobaron 28 y 9 de ellas dicen relación a la seguridad de los gendarmes: ¿Tienen estos seguro de vida? ¿Hay una evaluación de sus condiciones de higiene, de seguridad o laborales? ¿Existe un plan piloto? ¿Se dispone de información? La hemos pedido en la Ley de Presupuestos, y espero que esta se cumpla.
Todas las personas que mencioné están presas, pero no los de cuello y corbata. Ninguno de los ejecutivos de Farmacias Ahumada que se coludieron se encuentra privado de libertad; sí los pobres, porque cuando los ricos roban no van a la cárcel; se las ingenian; tienen un buen equipo de abogados.
Ninguna familia está libre de tener un familiar preso. Eso lo saben muy bien todos, desde el máximo al mínimo nivel.
Entre la calle y la cárcel a veces hay una delgada línea roja.
¿Qué hacer? Señor Ministro . Es muy difícil su tarea. Yo estoy dispuesto a apoyarlo. Y creo que en el Senado va a tener muchos aliados. Porque vamos a enfrentar un problema político.
El Gobierno llegó pidiendo mano dura. Y yo quiero creer que el Presidente va a entender que, en definitiva, la fórmula para hacer retroceder la delincuencia consiste en más rehabilitación y más reinserción. La Iglesia Evangélica ha tenido éxitos rotundos en esta materia. Y su sistema hay que incorporarlo con todo. El Pastor Eduardo Durán , de la Catedral Evangélica de Chile, realiza una tarea extraordinaria en la ex Penitenciaría. Hay que incorporar más gente a esa labor.
Asimismo, debiéramos evaluar lo que ha hecho Holanda, donde se están cerrando ocho cárceles. Ello, porque han desarrollado una política especial para los delitos asociados a drogas. Sería conveniente estudiar lo que está haciendo ese país para ver qué podemos aplicar en Chile.
Tenemos que modificar el Código Penal para terminar con los delitos de bagatela. No todos los ilícitos deben implicar cárcel. Es preciso adecuar el régimen penitenciario. Aquí un homicidio simple tiene menos pena que un robo a la propiedad.
Es necesario transparentar lo relativo a las cárceles concesionadas.
Debe crearse un sistema de responsabilidad para que los fiscales, cuando encarcelen, lo hagan con seriedad.
¡Ahí está Elena Varela , que estuvo dos años presa! ¡Inocente! ¡Ahí está Jaime Huenchullán , quien sufrió un año y seis meses de cárcel! ¡Inocente!
¡Ahí está Mohamed Saif , el paquistaní preso y luego declarado inocente!
A los fiscales hay que ponerles freno y tienen que ser fiscalizados.
Hay que terminar con la inflación del Derecho Penal -se está haciendo-; mejorar las condiciones para los menores de edad y la capacitación y situación de los funcionarios de Gendarmería.
Espero evaluar esta intervención el 2012.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- A Renovación Nacional le restan ocho minutos. Están inscritos para intervenir los Senadores señores Horvath y Chahuán.
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente , voy a ser breve para que pueda participar mi Honorable colega.
En primer término, valoro esta sesión y las palabras del Ministro .
Está claro que la población penal ha crecido y mucho: de 66 mil 79 internos el 2001 a 106 mil 877 el 2009. Chile está entre los mayores o más elevados per cápita a nivel mundial. ¿Cuántos de los que están adentro merecen estarlo y cuántos de los que están afuera son peligrosos para la sociedad?
Si uno revisa el subsistema penal abierto, advierte que los "otros beneficios" -como la pena alternativa de trabajo comunitario- corresponden apenas a 1,4 por ciento. Nosotros hemos planteado varias iniciativas en este sentido. Sin embargo, de acuerdo al Pacto de Derechos Humanos, conocido como San José de Costa Rica, solo el juez puede ofrecer trabajo alternativo. Hay resistencia a ello, como sucede también en algunas municipalidades.
Por lo tanto, la imagen pública de lo que sucedió en el penal de San Miguel es que ahí, obviamente, hay un grave hacinamiento y una tremenda injusticia. Ciertas personas nunca debieron estar recluidas por vender videos pirateados o por hallarse en estado de ebriedad en la calle. Tal vez no tenían dinero para pagar su falta. Pero lo peor de todo es que fueron los reclusos los que llamaron a los bomberos.
Eso nos tiene que hacer reflexionar. El Ministro ha señalado que el 33 por ciento de los presos no son delincuentes profesionales, sino personas completamente rehabilitables.
Insistamos en las penas alternativas; busquemos la fórmula. Hay propuestas, como la del Senador señor Prokurica : que los internos trabajen en la elaboración de paneles termosolares; planteamos que adquieran una profesión independiente y se ganen la vida como corresponde.
Si uno hace la suma del programa de Gobierno -más y mejor trabajo; mejor salud; más educación, capacitación y cultura; una reactivación económica social en todas las Regiones y una reducción de la delincuencia con más seguridad ciudadana-, se advierte que ahí está el camino de solución.
Cuando se habla de "tolerancia cero", se pretende hacer creer que eso significa hacer entrar a todos a la cárcel. Están muy equivocados. Yo pido que se revise el caso de la investigación sociológica de un vehículo último modelo que ponen en un barrio marginal de Nueva York, donde uno le hace un rayón y si no reaccionan a tiempo lo despedazan. Por lo tanto, hay que actuar oportunamente.
Ese es el llamado que se nos hace con "tolerancia cero".
Sin embargo, en nuestro país creo que hay una suerte de relajo generalizado.
Una experiencia personal: viajé por el camino alternativo a Santiago para evitar a algunos peregrinos -entre comillas- de Lo Vásquez. Vi bandas de treinta a cincuenta jóvenes en calles oscuras bebiendo alcohol y tirando piedras a los vehículos.
Hay un malacostumbramiento al graffiti, a que se rompan elementos públicos, se hable con muchos garabatos y se actúe a viva fuerza. Estos procederes van alimentando una acción colectiva hacia la posibilidad de delinquir. ¿Qué estamos haciendo en esa materia? Estimo que muy poco.
Del hacinamiento se han dado todos los antecedentes. Tenemos casos de sobrepoblación que van desde 263,5 por ciento hasta 104,5 por ciento en 18 cárceles o penales en nuestro país. Yo conozco la de Coyhaique, que aparece con cero hacinamiento; pero los internos están en malas condiciones y los gendarmes, peor.
Solo pido que el Gobierno siga respaldando a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, porque ellos no han tenido apoyo en el pasado como para poder reprimir las cosas a tiempo.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana, por cinco minutos.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , "sobrepoblación penal", "hacinamiento", "violación de los derechos humanos al interior de los penales", "falta de una política de reinserción" son, tal vez, las expresiones que más se reiteran en esta Sala. Y yo creo fundamental en los temas de seguridad ciudadana como también en los relativos a la política carcelaria tener una sola opinión que dé cuenta de la convicción de cada uno. Porque es muy fácil correr a presentar proyectos de ley para aumentar las penas en un sinnúmero de situaciones e ilícitos.
¡Claro, eso es popular y ayuda! Sin embargo, lo que cuesta justamente en situaciones límites como esas, cuando hay una violación, cuando hay un asalto en cualquier sector del país, es mantener la calma. Y, desde luego, yo creo que eso es lo que deben hacer no solamente las policías, sino también las autoridades.
Es importante tener un solo discurso en esta materia. Quiero valorar que el Ministro Bulnes sí lo ha tenido. Ha hablado de cumplimientos alternativos de la pena en distintas circunstancias. Naturalmente, todo el país propició esa medida con posterioridad al incendio de San Miguel. Pero eso es lo que requerimos: un discurso acorde a nuestras convicciones. Porque, de lo contrario, vamos a tener el debate que a ratos se ha dado aquí y que se transforma en un diálogo de sordos: "En el pasado no se hizo nada".
Hace algunos días, asistí al lanzamiento de un libro de la Senadora señora Alvear -el Ministro Bulnes fue, precisamente, uno de los que lo comentaron- sobre la Reforma Procesal Penal. Y ahí se da cuenta de cómo hemos crecido en el último tiempo en la cantidad de sentencias y en la eficacia del mismo sistema. Lo que ocurre es que esto no ha ido acompañado de un proceso de reinserción efectiva.
Por lo tanto, cuando se presentan proyectos de ley express para aumentar las penas -que son muy populares y dan rédito-, creo que ellos debieran ir acompañados de una política específica de reinserción. Esa debiera ser la condición. Pero, ¿qué vamos haciendo? ¿Seguimos en el 3 por ciento de que hablaba el Senador Navarro? Con eso no vamos a hacer nada.
Conviene, también, mirar otras experiencias que han sido exitosas en Chile. En la Región que represento, el penal de Vilcún - Ministro , usted lo sabe-, tiene una extensión de más de mil hectáreas; es semicerrado y presenta niveles de reinserción en el mundo laboral -hay seguimientos de esa experiencia- muy superiores a los del resto de los penales del país.
Claro que eso tiene un costo. Tenemos que ver si estamos dispuestos a asumirlo.
Porque aquí se señala que tiene que ocurrir algo trágico para que nos preocupemos de la situación de hacinamiento. Pero, ¡por favor!, ¡si en el mes de julio los Obispos fueron muy claros en el planteamiento que hicieron! No obstante este es un pecado de todos los sectores políticos. Se tendió aquí a decir: "No, esta es la salida para los militares".
Yo he leído y he releído ese texto, y pienso que el Gobierno, quizá porque había encuestas que no eran favorables, le dio un portazo a la propuesta de los prelados. Y yo expresé públicamente en esa oportunidad que se trataba de una mirada exhaustiva, detallada, de la Conferencia Episcopal a través de su Pastoral Penitenciaria.
Había formas de reaccionar más allá de la entrega de frazadas y de colchones no inflamables. Son muchas las otras políticas que se podían haber impulsado.
El señor Ministro , en los días posteriores al incendio de la cárcel de San Miguel, manifestó que no se había hecho nada en los últimos diez años. Sin embargo, debo decir que el Gobierno de la Presidenta Bachelet puso en funcionamiento cuatro nuevas cárceles: Puerto Montt, Santiago 1 , Valdivia y El Manzano II. Este último hubo que ponerlo a disposición antes de tiempo, probablemente, producto del terremoto. Y este Manzano II, como decía el Senador Navarro, ya está lleno.
Entonces, no es que no se haya hecho nada. Pongamos todos los elementos sobre la mesa. Aquí hubo un Ministro de Obras Públicas -el señor Eduardo Bitrán - que señaló en plena discusión sobre la materia que el Estado estaba siendo rehén de las concesionarias.
¡Y esa es la verdad! ¡Eso ocurrió!
En los últimos diez años podríamos haber construido mucho más de 10 cárceles. Pero habría que preguntarse cómo la agrupación de concesionarias logró incrementar a casi el triple el valor de los recursos que el Estado había estimado inicialmente para ese fin.
Y ahí están los resultados. Se paralizó ese proceso.
Entonces, tenemos que ver si le daremos al asunto la importancia que corresponde, si realmente queremos cambiar los datos -pueden ser populares, pero no son buenos- que dejan a Chile como el país con más personas privadas de libertad en Latinoamérica. Nuestro promedio es de un reo por cada 334 habitantes. El de Brasil es de uno por cada 450; el de Argentina, uno por cada 660; el de Colombia, uno por cada 666.
Desde cualquier mirada serena que se haga al respecto -valoro haber hecho este debate-, ello no resiste ningún análisis.
Por otra parte, cabe señalar que la Presidenta Bachelet presentó al Congreso -luego se promulgó en este Gobierno- el proyecto de ley que modificaba la planta de Gendarmería mediante la creación de 5 mil nuevas plazas.
Algo se hizo también en materia de modernización. Creo que debe avanzarse más todavía en ello.
Hay que mirar lo que está pasando en dicha institución.
Junto con ello, se requiere poner más acento en el aspecto formativo. El señor Ministro de Justicia sabe que tenemos un desafío en la comuna de Traiguén: es posible crear ahí una escuela de Gendarmería. Están dadas todas las condiciones y todos los actores (sociales, políticos y la ciudadanía) se encuentran interesados en descentralizar esa tarea tan importante, en la cual dicho Secretario de Estado juega un rol fundamental.
He dicho.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela, por 8 minutos.
El señor PÉREZ VARELA.- Imagino que al Comité UDI le queda más tiempo, señor Presidente .
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- No, señor Senador. Le restan solo los minutos que señalé.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente , el impacto provocado el miércoles 8 de diciembre por la tragedia en la cárcel de San Miguel puso en evidencia ante la opinión pública -no hay duda de que el Senado disponía de información sobre lo que ahí pasaba- una situación dramática: el hacinamiento de los presos y la precariedad con que trabajan los gendarmes.
Ello sucede en todos los recintos penales del país: hacinamiento y precariedad en las condiciones laborales de dichos funcionarios públicos, que son abnegados y llevan a cabo una tarea extraordinariamente compleja y difícil, para la cual cuentan con casi nulo respaldo del Estado en materia logística, respecto de todo lo que necesitan para cumplir una función de tal magnitud.
La opinión pública vio este drama durante todo aquel día a través de las imágenes de televisión.
¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se llegó a una situación en que -y el país se da cuenta ahora de ello- quienes son condenados viven en las cárceles en condiciones infrahumanas, de hacinamiento, y quienes trabajan en ellas en representación del Estado, como funcionarios públicos, operan con elevado grado de precariedad?
Porque las decisiones que ha tomado el Estado, en particular, durante los Gobiernos de los últimos veinte años, se han dirigido a una parte del problema, a un aspecto del combate contra la delincuencia: a la llamada "seguridad pública"; esto es, investigar y juzgar los delitos cometidos.
Ahí está la reforma procesal penal. Más allá del juicio de valor de cada uno, hubo una decisión del Estado, del Gobierno de la época, tendiente a destinar recursos cuantiosos para dichas tareas. Por eso tenemos una moderna infraestructura a lo largo del país; cuadros de fiscales y de funcionarios de la fiscalía acordes con tales funciones, y tribunales y jueces en número suficiente para abordar la labor de investigar, juzgar y sancionar.
Pero, antes de llegar a la investigación y al juicio de los delitos, hay todo un mundo relacionado con la prevención, que busca evitar que estos se cometan y bajar la tasa de criminalidad. En ello no ha habido ningún esfuerzo sustantivo que nos lleve a decir: "Estamos invirtiendo para mejorar las condiciones de la vida en familia y en comunidad, y para generar una acción preventiva que verdaderamente nos permita trabajar en forma adecuada en esas otras tareas".
Ahora, con posterioridad al juzgamiento, se ha hecho muy poca o nula inversión -fracasada inversión- en infraestructura carcelaria; y nada en algo que está en nuestros códigos: lo relativo a las penas alternativas.
He conversado con los funcionarios de Gendarmería de mi Región que se encuentran a cargo de esas materias. Y nuevamente vemos que estamos frente a la precariedad.
No hay duda de que nuestras cárceles están llenas de reincidentes, incluso de quienes han cometido un tercer delito. Ello ocurre porque en los dos delitos anteriores se fijaron penas alternativas que en realidad no existen: si bien se consignan en el articulado de la ley, no tienen aplicación práctica. Por lo tanto, se produce una especie de impunidad, lo que incentiva a seguir delinquiendo.
¡Y para qué hablar de rehabilitación! Se refirió a ello con absoluta propiedad el Senador señor Orpis .
En consecuencia, creo que esta es una gran oportunidad. Porque se da en un momento en que el país tiene los pies bien puestos sobre la tierra.
De hecho, contamos con un Ministro de Justicia con una visión clara para enfrentar el problema, la que había definido antes de la tragedia del 8 de diciembre. Por tanto, su acción contará con nuestro respaldo y -estoy seguro- con el de la gran mayoría de los sectores políticos del país, a fin de abordar la situación con mayor integralidad y no seguir cargando todo lo relativo a la sanción y a la prisión a un sistema absolutamente precario.
Debemos fortalecer a Gendarmería, modernizarla y darle la dignidad que requiere para desarrollar una tarea tan esencial como la que realiza.
Pero también hay que plantear medidas de prevención y de rehabilitación, y, sobre todo, lograr que sea una realidad el cumplimiento de las penas alternativas establecidas en la ley. Para ello, tenemos que entregar a esa institución los instrumentos necesarios.
Señor Presidente , a mi juicio, la tragedia del 8 de diciembre mostró una realidad que nos condena a todos. Causó un sufrimiento mayor a quienes están presos, pero también a Gendarmería y a las familias de los funcionarios. Como Estado, debemos asumir este asunto como una tarea pendiente y, además, como una oportunidad para situar a nuestro país en un lugar adecuado en materia de seguridad pública.
Si no lo resolvemos, la delincuencia seguirá creciendo.
He dicho.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que pase a reemplazarme en la testera la Senadora señora Alvear, pues deseo intervenir sobre la materia.
Acordado.
--Pasa a presidir la sesión la Senadora señora Alvear, en calidad de Presidenta accidental.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Además, pido la anuencia de la Sala para que se me otorguen unos minutos para hablar, por cuanto mi Comité ya agotó su tiempo.
Soy transparente, señores Senadores. Podría haber dicho que me quedan minutos, pero no es así.
No quisiera dejar de expresar mi opinión sobre este asunto, si me lo permiten.
El señor PÉREZ VARELA.- Por cierto, señor Presidente.
El señor CHAHUÁN.- Está bien.
--Así se acuerda.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Agradezco a Sus Señorías por la gentileza.
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La señora ALVEAR (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán, por cuatro minutos.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente , el sistema penitenciario de nuestro país está en crisis, lo que constituye un hecho público y notorio. Y ello se debe a un abandono histórico, que se traduce en la insuficiencia de recursos, en la sobrepoblación y en las condiciones infrahumanas en que viven los reclusos, lo cual indica que a esta dimensión social se le otorga escasa relevancia.
Lamentablemente, a las personas que se encuentran privadas de libertad se las considera sujetos que carecen de derechos constitucionales, y a los funcionarios penitenciarios se los mantiene en condiciones laborales absolutamente inadecuadas para efectuar tareas de suyo complejas, como las que implica la administración de un recinto penal, donde concurren múltiples factores, como la seguridad, la rehabilitación, la sanidad y el respeto a los derechos fundamentales.
La sola construcción de nuevas cárceles aparece como insuficiente para solucionar esa grave situación.
Existe carencia de un sistema judicial de control de la ejecución de las penas, que se hace indispensable crear.
Por otra parte, la actividad penitenciaria, en gran medida, depende de reglamentos emanados del Poder Ejecutivo, en lugar de regularse mediante la generación de leyes que motiven un debate que se centre en la vida digna que se debe otorgar a los internos que se encuentran en los recintos penales.
Ahora, están también los CET (Centros de Educación y Trabajo), que son dependencias donde las personas privadas de libertad cumplen su condena accediendo a actividades de capacitación y empleo remunerado, con el objetivo de prepararse para enfrentar su reinserción socio-laboral al momento de egresar del sistema penitenciario.
Sin embargo, dichos centros no han podido llenar sus cupos. Hay 743 plazas en los CET semiabiertos y cerrados del país, y nunca se ha logrado completar su capacidad, no obstante el hacinamiento existente en los penales del país. A junio de 2009, se encontraban ocupadas solo 593 plazas, y a junio de 2010, 488.
En ese mismo contexto, se ha registrado un aumento explosivo de la población carcelaria (55 mil reclusos para una infraestructura habilitada para 35 mil, distribuidos en 88 recintos penitenciarios), lo que ha derivado en un hacinamiento superior al 70 por ciento, como promedio. De hecho, en muchos lugares excede con creces el 100 por ciento. A ello debe agregarse la notoria disminución de las salidas controladas al medio libre y de la libertad condicional en los últimos diez años, y la escasa -casi nula- oferta de rehabilitación y reinserción.
La aplicación de estos beneficios se entrega a Gendarmería de Chile, si se trata de adultos, y al Servicio Nacional de Menores, en el caso de los adolescentes.
El funcionamiento de las medidas alternativas a la prisión, contempladas en la ley Nº 18.216, ha demostrado ser absolutamente ineficaz si se considera que, en una política criminal moderna, tales salidas debieran ser mayoritarias y la permanencia en la cárcel debiera reservarse a casos de criminalidad de mayor gravedad.
En 2007 me tocó participar en una comisión investigadora de la Cámara de Diputados para precisar la situación producida al interior del Centro "Tiempo de Crecer", dependiente del SENAME de Puerto Montt, donde quedaron claras las precarias condiciones en que se encontraban los menores infractores de ley.
Por lo tanto, se trata de un problema que debe revisarse sí o sí.
Señor Presidente, como dispongo de poco tiempo, me centraré en las propuestas.
Sin lugar a dudas, consideramos importante que las plazas de los Centros de Educación y Trabajo -me dirijo al señor Ministro , por su intermedio, señor Presidente - sean llenadas efectivamente. No es posible que a junio del año 2010 se hallen ocupadas tan solo 488, en circunstancias de que existe capacidad para 743 reclusos.
En consecuencia, una propuesta interesante sería ampliar la cobertura de los CET -hoy día existen únicamente 19- en el territorio nacional y cubrir todas sus plazas.
Otras propuestas son: modificar el reglamento de establecimientos penitenciarios a fin de reducir los requisitos para postular a los CET; ampliar los cupos y la infraestructura actualmente disponible -existen los terrenos y es factible levantar unidades modulares en ellos, fortaleciendo parcialmente la seguridad-; instruir formalmente, por parte del Director Nacional de la GENCHI, a los consejos técnicos para que acojan mayor cantidad de postulantes.
Tal alternativa es más rápida y accesible que construir unidades modulares. Es algo que está disponible, y se puede profundizar su uso.
También cabe modernizar y reacondicionar el Código Penal. El Gobierno anterior estuvo trabajando en ello. Hoy día tenemos un sistema de penas que data de finales del siglo XIX, donde había una sobrevaloración de los delitos contra la propiedad y una subvaloración de los delitos contra las personas.
Por lo tanto, creemos que se deben adecuar las penas, a fin de generar un sistema que ofrezca mayor seguridad, pero también condiciones de rehabilitación.
He dicho.
La señora ALVEAR ( Presidenta accidental ).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantero, por cinco minutos.
El señor CANTERO.- Señora Presidenta, en primer lugar, expreso mi reconocimiento al trabajo que se encuentra realizando el Ministerio de Justicia.
Asimismo, valoro la competencia y el compromiso mostrados por el señor Ministro , lo que pude comprobar en su interesante visita a la Segunda Región. Lo primero que hizo fue inspeccionar la infraestructura de la cárcel de Antofagasta, que ha pasado por tantos sinsabores y situaciones tan desafortunadas. Si bien su construcción se encuentra retrasada, esperamos, como anunció dicho Secretario de Estado , que aquel recinto esté en pleno funcionamiento a más tardar en el segundo semestre del presente año. Ojalá pudiera entregarse antes.
Sobre la materia que nos ocupa, deseo efectuar dos reflexiones.
El problema de las cárceles se arrastra desde hace mucho tiempo. Hay distintos hitos al respecto. Uno importante fue el Mensaje Presidencial del 21 de mayo de 2001, en el cual el Presidente de la época, señor Ricardo Lagos , lamentó la muerte de 26 reos de la cárcel de Iquique, producto de un incendio.
Por tanto, las situaciones observadas a ese respecto no son nuevas: vienen generándose desde hace bastante tiempo.
El déficit en infraestructura carcelaria es indudable. Y el déficit en recursos humanos y materiales para enfrentar el desafío en el sector resulta también monumental.
A mí no deja de asombrarme el que este Parlamento se sorprenda habitualmente por hechos como el descrito (por ejemplo, lo que pasó en la ONEMI). Cada vez que ocurre algo en un servicio público nos extrañamos de algo evidente. Porque las estructuras del Estado, en general, se encuentran por completo subdotadas.
Por ello, creo que en ese sentido hace falta un análisis más profundo y una acción de consecuencia más permanente.
La segunda reflexión que quiero realizar en los escasos minutos de que dispongo guarda relación con el aumento de la población penal: de 22 mil reclusos en 1990 a 53 mil en 2010. Sin embargo, eso de que ha ganado eficiencia el sistema penal no condice con otras cifras que son importantes de relevar.
En el año 2006 se cometieron 65 delitos en el marco de la Ley de Drogas por cada 100 mil habitantes; en 2009 aquella cifra aumentó a 103.
Asimismo, en el año 2006 hubo 480 robos con violencia por cada 100 mil habitantes; en 2009 se produjeron 561, lo cual implica un incremento sustantivo.
La victimización subió de 30,8 a 37 por ciento, y el temor, expresado por la ciudadanía en las encuestas, particularmente en la de Paz Ciudadana, de 12,4 a 17,8 por ciento, ambos criterios en el mismo período.
¿Cómo es posible que, mientras más población penal haya, mayor sea el aumento de los delitos en las calles y la victimización y el temor de la población?
Tengo la impresión de que el problema es que falta una reflexión profunda sobre la materia.
Lo que ocurre es que no hemos asumido con toda la responsabilidad y consecuencia que corresponde la íntima vinculación que existe entre el tráfico y consumo de droga y los problemas observados en la sociedad. No solo me refiero a lo relativo a la población penal, sino también a los actos de violencia y delincuencia en la calle, en el ámbito escolar. O sea, no hay clara conciencia del cáncer, del flagelo, de la situación dramática que estamos viviendo producto del narcotráfico y del consumo de drogas en nuestra sociedad.
Creo que hace falta una política más clara en ese sentido.
En vista de lo apremiante del tiempo, hago presente que, dada la situación descrita, la rehabilitación constituye nuestro mayor desafío. No basta únicamente con mejorar la infraestructura carcelaria, también se requiere contar con programas efectivos y eficientes, y dotación de recursos humanos y materiales para que Gendarmería pueda cumplir realmente su labor, la que no se agota en cautelar la seguridad de los presos dentro de los recintos penitenciarios; debe, además, intentar recuperarlos para la sociedad.
Esa es la esencia del trabajo que debiera orientar el quehacer de dicha institución. Sin embargo, en esa materia existe una falencia que hace imposible cumplir tal función.
Señora Presidenta, espero que el Parlamento y el Gobierno tomen debida nota y conciencia de la naturaleza del problema reseñado.
He dicho.
La señora ALVEAR (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag, por dos minutos.
El señor SABAG.- Señora Presidenta , en realidad, venía preparado para una intervención de mayor extensión, pero tendré que ajustarme al tiempo que me corresponde.
Parto por valorar la información que nos ha entregado el señor Ministro. La estimo objetiva.
La situación carcelaria actual es un problema de país. No es el momento de venir a culpar a los Gobiernos anteriores, porque estos hicieron bastantes esfuerzos -como ya se ha dicho- en construir penales, en reformar las condiciones laborales de los gendarmes, en aumentar el número de funcionarios, en mejorarles sus rentas, en fin. Pero parece que la delincuencia anduvo más rápida que la construcción de cárceles.
En tal aspecto, debo señalar que los Gobiernos anteriores hicieron ingentes esfuerzos. A lo mejor hubo tropiezos de gestión, que paralizaron la edificación de las cárceles concesionadas. Y ese hecho, en vez de resolverse en uno o dos meses, demoró cuatro o cinco años. Ello motivó que hace pocos días viéramos cómo se increpaban unos a otros por los medios de comunicación.
Sin embargo, lo importante aquí es entender que el presente problema debemos enfrentarlo como país.
Considero que el señor Ministro lo ha demostrado claramente, porque apenas asumió su cargo empezó a visitar las cárceles del país y nos informó acerca de la forma en que se hallaban. Incluso llevó al Presidente de la República . Y yo coincido con la Senadora señora Alvear en que ojalá hubiese acudido también con el titular de Hacienda , para sensibilizarlo y para que vea la realidad, de manera que cuando el señor Ministro le pida los recursos y nosotros se los exijamos, él los pueda colocar.
Hay mucho que hacer sobre el particular.
Por otro lado, estimo, además, que nosotros estamos faltando a los derechos humanos. Chile se incorporó en 2009 como Estado Parte del Protocolo Facultativo contra la Tortura de Naciones Unidas. Y la actual situación carcelaria es una verdadera tortura. Aparte de la pena que están cumpliendo las personas...
La señora ALVEAR ( Presidenta accidental ).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.
Se le concederá un minuto adicional para que redondee la idea.
El señor SABAG.- Muchas gracias.
Como decía, una cosa es que se hallen recluidos cumpliendo una pena y otra que estén viviendo una verdadera tortura. Aquellos presos habían sido condenados a prisión; no estaban condenados a muerte.
Por otra parte, el hecho de meter a primerizos con delincuentes avezados hace que los reclusos en vez de salir de los recintos penales, de alguna manera, con una mejor disposición ante la sociedad, egresen preparados para seguir cometiendo peores delitos, porque es como si fueran a la universidad.
Sin embargo, lo fundamental aquí es que todos tengamos la mejor disposición para buscar una solución integral a un problema que atañe al país entero.
La señora ALVEAR (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez, por cinco minutos.
El señor GÓMEZ.- Señora Presidenta , el trabajo de Ministro de Justicia es uno de los más difíciles que se enfrenta en un Gobierno, porque implica tener a cargo los asuntos más problemáticos, más difíciles y más lejanos de la gente: cárceles, niños en situación irregular, Servicio Médico Legal , en fin. Todas situaciones muy complejas.
Por eso mis primeras expresiones cuando se produjo la tragedia fueron: "Estoy seguro de que ni el Ministro de Justicia ni el Director de Gendarmería jamás quisieron que se quemaran 81 detenidos en la cárcel de San Miguel". Han hecho esfuerzos para que tal circunstancia no ocurriera. Y esta desgracia hay que abordarla como una tarea de Estado y no como una tarea política. Porque nada costaría buscar fórmulas que persiguieran responsabilidades, cuando en realidad lo que debemos hacer es trabajar en conjunto para resolver la mencionada situación.
Como digo, ello es propio de una tarea de Estado que ojalá tenga continuidad en el tiempo.
Yo fui Ministro de Justicia entre diciembre de 1999 y marzo de 2003 y en la Cartera elaboramos un plan de construcción de diez cárceles a fin de acabar con el hacinamiento que existía en esa época y quedar con una holgura que nos permitiera continuar con el proceso penitenciario. Si Sus Señorías miran las estadísticas que entregó el señor Ministro , en 2003 la población penal alcanzaba a 36 mil personas y en 2006, cuando terminaba el proyecto, a 39 mil. Por lo tanto, ese plan estaba bien diseñado.
Es efectivo que no se cumplió con regularidad la construcción de esos recintos. Pero ese plan se estableció. Se produjeron, entiendo que por problemas con las concesionarias, graves dificultades en relación con los costos de edificación. No obstante, el plan era correcto desde el punto de vista del diseño, porque permitía poner fin a la situación que en ese momento enfrentábamos.
También modificamos el sistema judicial mediante la reforma procesal penal. Y hoy día se dice aquí que como consecuencia de ella aumentó la cantidad de presos. Quiero recordar que durante un tiempo se la calificó de garantista y que liberaba a todos los procesados. Pero resulta que ahora estamos a la inversa.
Abordamos el cumplimiento de las penas no solo desde la perspectiva de la construcción de cárceles, sino también respecto del personal. Y, sobre este particular, hay algo que se ha tocado tangencialmente: la necesidad de tratar en profundidad esta materia. La actual dotación de gendarmes, a pesar de los 3 mil 500 que se incorporaron en la época en que fui Ministro y de los 6 mil o 5 mil y tantos que se agregan ahora, sigue siendo poca, porque la sociedad chilena es represora. Y hemos respondido a esa característica con leyes que lo único que hacen es ingresar gente a cumplir penas en recintos penales cuando en realidad debiéramos buscar alternativas como las que aquí se han planteado.
La rehabilitación y la reinserción son elementales y necesarias. Sin embargo, los Ministros de Justicia utilizan muchos recursos en seguridad. ¿Por qué? Porque podemos rehabilitar a 50, 100, 200 presos, pero resulta que si se escapan 30 reos de alta peligrosidad habrá muchas voces pidiendo renuncias en el Ministerio.
Entonces, hay que preocuparse de este tema como un asunto de Estado.
Por lo menos yo, señor Ministro , haré todos los esfuerzos posibles y necesarios para que usted tenga éxito en esta tarea. Y que sea una tarea de Estado, que exceda el Gobierno del Presidente Piñera y que continúe en el futuro.
Si usted está planteando las cárceles modulares como una solución la vamos a apoyar, aunque creo que presentan algunas dificultades desde el punto de vista de la conformación del sistema penal chileno, porque hay una cantidad enorme de presos reincidentes, peligrosos, complicados, y que requieren de medidas de seguridad particulares.
Sin embargo -insisto-, en esta materia nuestra misión consiste en buscar la manera real y cierta para que al Gobierno, a la ciudadanía, al país les vaya bien. Porque la seguridad es relevante, porque es importante destacar el trabajo de los gendarmes, porque los presos han de cumplir la pena en buenas condiciones y porque es una empresa difícil.
Nosotros para lograr que se invirtiera en el sector tuvimos, en una oportunidad, que mostrarle al Presidente las dificultades de hacinamiento y de inseguridad que había en los recintos penales. Y obtuvimos recursos. ¿Contra qué? Contra los hospitales, contra el empleo, contra la educación. Porque invertir en seguridad penitenciaria no es rentable en la sociedad.
Entonces, el cometido que aborda el señor Ministro es muy difícil.
Insisto en que la única manera en que conseguiremos salir adelante es asumiendo esta problemática como una tarea de Estado y estableciendo un plan que nos permita pensar de aquí a diez años en alcanzar las soluciones definitivas, que van en los cuatro lineamientos que he señalado.
Señora Presidenta, espero que esta situación la podamos resolver de buena manera, de modo que no se vuelvan a producir hechos extremadamente graves como los vividos.
La señora ALVEAR ( Presidenta accidental ).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis por el minuto que le queda al Comité Unión Demócrata Independiente.
El señor ORPIS.- Señora Presidenta , quiero cerrar la sesión en general y las intervenciones en particular planteándoles a los parlamentarios, estando aquí el señor Ministro , que suscribamos un gran acuerdo político en materia de rehabilitación y de reinserción. Porque no es popular.
Lo popular es encarcelar, construir más cárceles. Lo impopular es rehabilitar, dar oportunidades, reinsertar socialmente.
Considero, señora Presidenta , que todos apoyaremos una medida de tal naturaleza. Si la reforma procesal penal concitó un gran acuerdo político, creo que debemos dar este paso.
Y para compartir los costos políticos, asumámoslo entre todos los sectores del país, porque si no aseguramos la reinserción social, dados los niveles de reincidencia, vamos a tener que seguir construyendo cárceles porque a la ciudadanía hay que brindarle seguridad.
La señora ALVEAR ( Presidenta accidental ).- Voy a darle la palabra al señor Ministro por algunos minutos, porque resta poco tiempo para finalizar la sesión.
El señor BULNES ( Ministro de Justicia ).- Señora Presidenta , el tono, la altura, la profundidad de las reflexiones manifestadas en esta sesión estimulan a quienes nos cabe hoy día la responsabilidad de enfrentar esta tarea, por cuanto se ha gestado un clima que lo considero muy propicio para sacar adelante una reforma y una tarea de Estado, como todos la han definido.
Me parece también oportuno destacar algo que comentaron varios de los señores Senadores, incluida Su Señoría: esta tragedia, que significó que murieran 81 chilenos, quienes -como bien decía el Senador señor Sabag - no estaban condenados a muerte, no puede resultar en vano ni ser algo que desaparezca a las semanas, como normalmente ocurre con estos episodios.
Lo comenté incluso en otra ocasión. Mi gran temor es que la sensibilidad política que despierta un tema como este, que se encuentra íntimamente asociada -no digo en el caso particular de los señores Senadores, sino que como clase política- al drama humano que pudimos presenciar el 8 de diciembre, tiende a evaporarse. Porque va a venir una noticia de contracara, la que, como también mencionaban algunos señores Senadores, pondrá de relieve no la situación de los presos sino la de las víctimas.
Y esa es la dicotomía que normalmente presenta este problema. Así, un día estamos preocupadísimos por la prisión preventiva que no se decretó de forma oportuna, lo que permitió, por ejemplo, que el sicópata de Placilla matara a dos personas, y existe un clamor popular por establecer la mayor cantidad de prisiones preventivas. Y al día siguiente nos damos vuelta completamente como sociedad en la necesidad de respetar la presunción de inocencia y la libertad provisional cuando nos encontramos con que el violador de La Reina no era tal porque así lo demostraba la prueba de ADN.
Por lo tanto, a conciencia de que esta materia se trabaja con mucha contracara por la sociedad, que un día quiere una cosa y al siguiente otra, yo estoy seguro, después de todo lo que he oído -sé que es una convicción transversal-, de que generaremos un apoyo político compartido para llevar adelante las reformas que se requieren.
Muchas de ellas no son populares, no son del gusto de la ciudadanía. Porque los temas penitenciario y carcelario son quizás el ámbito -lo saben quienes han sido Ministros de Justicia- donde menos se comunica la evidencia, la ciencia, con el sentir popular. Cuesta mucho hacer viajar un argumento y la razonabilidad de una buena causa al público, porque se tiende a trabajar con intuiciones. Y el problema es que en materia carcelaria existen muchas contraintuiciones.
Respecto a parte de los desafíos que se han planteado, pienso que hay varios ejes clave que comentar.
Uno de ellos apunta a que resulta vital escribir en piedra lo que se ha manifestado durante esta sesión acerca de nuestro sistema penal, y que vengo señalando hace tiempo junto con varias personas más: nuestro sistema penal no puede ofrecer por única respuesta la cárcel.
En agosto de 2010 remitimos el proyecto que fortalece completamente las medidas alternativas, con un presupuesto de 50 millones de dólares. Ayer avanzamos en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados en más de la mitad del articulado. Casi con seguridad, creo que lo vamos a terminar aprobando en dicha Corporación durante enero. Y espero que eso ocurra muy luego también en el Senado, porque se trata de una normativa que nos coloca en la dirección correcta.
En lo que se refiere a la solución cárcel, también debemos pensar en la rehabilitación y reinserción. Nadie podría estar en desacuerdo con eso.
Ahora bien, me temo que es algo que se dice fácil, pero que se hace difícil. Porque para llevarlo a la práctica se requiere un nuevo pacto social público-privado. Pueden ser palabras grandilocuentes, pero son las únicas que se encuentran a la altura del desafío. Tenemos hoy un Estado y un mundo privado que por igual no le dan oportunidades laborales a la persona condenada que sale de una cárcel. Entonces, resulta muy fácil hablar de reinserción. Pero cuando lo hagamos pongámosle un contenido completo a esta película. La persona sale y después qué hace. ¿Dónde se gana la vida, así haya asumido un compromiso irreductible de no volver a delinquir?
Por consiguiente, cuando digo que hay que trabajar la reinserción con un compromiso público-privado me refiero a que hemos de avanzar hacia un Estado que no proscriba la contratación de personas condenadas y también tenemos que sensibilizar al mundo privado para que no solo por humanidad, sino también por consideraciones de seguridad, abra espacio a la contratación de quienes han cumplido una condena.
Sobre el particular, deseo dar un ejemplo que nunca se me ha olvidado.
Se trata de una persona que se colocaba en una esquina con un cartel que decía: "Acabo de salir de la cárcel. Por favor, deme plata, porque no consigo trabajo y no quiero volver a delinquir". A lo mejor era una maniobra ingeniosa de alguien que estaba aprovechándose del sentido humanitario, pero sobre todo del sentido de seguridad que todos anhelamos. Y en verdad le iba particularmente bien. A mí me llamaba la atención eso, porque todo el mundo, más que ayudarlo por razones humanitarias -podría haberlo hecho con el mendigo del lado-, le pagaba porque estaba comprando el próximo "no delito". Y en ese sentido también hay que lograr permear a la sociedad y señalarle: "Esto no es un problema simplemente de misericordia, sino de ponerle el hombro a las concepciones de seguridad".
Y en materia de rehabilitación hay muchas cosas que hacer, pero no tenemos que olvidar lo que pasa dentro de las cárceles. Porque hablar de reinserción y no atender a cómo sale el candidato a ser reinsertado es precisamente dejar en un punto ciego lo que sucede dentro de los penales. Ahí también debemos generar más infraestructura, no para seguir manteniendo las tasas de hacinamiento, para continuar encarcelando, para contar con más plazas y seguir en una especie de curva desbordada metiendo gente a la cárcel. Rehabilitar supone cosas tan básicas como espacio suficiente, primero, para segregar. Porque una rehabilitación sin criterio de segregación es virtualmente imposible. Y rehabilitar implica también espacios suficientes para capacitar.
Por lo tanto, no solo pensemos qué pasa después de que la persona sale de la cárcel. También, como bien señalaba el Senador señor Orpis , debemos atender tan pronto es condenada a cómo sirve su condena. Y, una vez que la cumple, a si como sociedad le reconocemos la posibilidad de volver a incorporarse y le damos alguna oportunidad para que el camino de la vida honesta -si así lo quiere abrazar- esté disponible.
En consecuencia, he oído con especial interés las distintas presentaciones.
Finalizo dándole tranquilidad a los distintos señores Senadores de que casi todas las reflexiones forman parte del trabajo que estamos analizando en estos momentos.
La señora ALVEAR ( Presidenta accidental ).- Ha concluido su tiempo, señor Ministro .
El señor BULNES ( Ministro de Justicia ).- ¿Me puede conceder treinta segundos?
La señora ALVEAR ( Presidenta accidental ).- Por supuesto, señor Ministro .
El señor BULNES ( Ministro de Justicia ).- Muchas gracias.
Repito: las reflexiones que se han formulado están casi todas consideradas en el análisis que estamos realizando.
Por último, lo digo muy responsablemente y también con convicción, la oferta de apoyo político -sé que ha sido sincera- se las voy a cobrar. En consecuencia, tomo la palabra en tal sentido en la presente sesión.
Muchas gracias, señora Presidenta .
La señora ALVEAR ( Presidenta accidental ).- Gracias a usted, señor Ministro .
Antes de terminar, quiero plantear una propuesta, recogiendo lo expresado por la mayoría de quienes intervinieron y por el señor Ministro.
Sería extraordinariamente oportuno que todos los Senadores suscribiéramos un protocolo de acuerdo en esta materia. Ello es sumamente útil. Como ex Ministra de Justicia lo puedo señalar con fuerza: la reforma procesal penal se concretó gracias a un acuerdo político. Y, en tal sentido, creo que el hecho de que todos asumamos un acuerdo político junto con el Ministro nos hará comprometernos en la realización de las tareas que deberán efectuarse a corto, a mediano y a largo plazo.
Sugiero que con los Comités y en contacto con el Ministro de Justicia busquemos la forma de materializar dicho acuerdo.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 14:7
Manuel Ocaña Vergara
Jefe de la Redacción
ANEXO SESION
PROYECTO DE ACUERDO, PRESENTADO POR LOS SENADORES SEÑORAS RINCÓN Y ALVEAR Y SEÑORES BIANCHI, ESCALONA, FREI (DON EDUARDO), LAGOS, LETELIER, QUINTANA, RUIZ-ESQUIDE, TUMA, WALKER (DON IGNACIO), WALKER (DON PATRICIO), Y ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), CON EL QUE SOLICITAN EL ENVÍO DE UN PROYECTO DE LEY SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO DE LA ENAP, CONSERVANDO SU CARÁCTER ESTATAL (S 1325-12)
1.- Que la Empresa Nacional del Petróleo ENAP es una empresa del Estado de Chile, cuyo giro comercial es la exploración, producción y comercialización de hidrocarburos y sus derivados, estando autorizada para desarrollar actividades en toda la cadena de valor de la industria petrolera.
2.- Que durante el año 2008, debido a la crisis del gas que vivió nuestro país producto del corte del envió de gas natural por parte de Argentina, a ENAP tuvo uno de los ejercicios más complejos de su historia, que la llevaron a tener pérdidas por US$ 1.072 millones, quedando en una delicada posición competitiva y un nivel de deuda superior a los US$ 4.000 millones.
3.- Que durante el año 2010, la actual administración de la Empresa decidió llevar a cabo un plan de desvinculación en donde fueron despedidos mas de 500 trabajadores de Enap y sus filiales, lo cual ha producido graves conflictos especialmente en la zona de Magallanes donde hubo mas de 350 trabajadores despedidos. A lo anterior, en la región de Magallanes los nuevos términos del contrato de venta de gas de Enap a Gaseo, implicarán más de un 20 % de alza en el precio del gas domiciliario en la zona, lo cual contravienen una promesa del Presidente de la República quien señaló que se mantendrían los precios del gas residencial en la zona austral de nuestro país.
4.- Que hasta hoy, el Gobierno de la derecha no ha señalado públicamente hacia donde quiere enfocar los esfuerzos de la empresa y cual es el camino que va a seguir para pagar las importantes deudas que tiene la empresa y que se requieren saldar para seguir haciendo de esta una empresa sustentable en el tiempo. Que de acuerdo a lo señalado por los Ministros de Minería y de Energía, en la creación del Gobierno Corporativo de ENAP serían incluidos todos estos temas, los cuales hasta el día de hoy no conocemos.
5.- Que estamos convencidos que uno de los grandes temas del futuro dicen relación con el acceso justo e igualitario a las fuentes de energía. En este ámbito la Empresa Nacional del Petróleo debe jugar un rol, quizás ya no sólo como una empresa netamente petrolera sino que como una empresa nacional de energía que permita que el Estado a través de una empresa pública esté presente en la matriz energética y promueva y subsidie la utilización de nuevas energías como la geotérmica, solar, la mareomotriz, etc.
Por tanto, los Senadores que suscriben, vienen en presentar el siguiente:
Proyecto de Acuerdo
El Senado de la República acuerda lo siguiente:
1.- Solicitar al Presidente de la República el pronto envío del proyecto de ley que crea un nuevo Gobierno Corporativo para la Empresa Nacional del Petróleo, con el objeto de conocer los cambios que hará su gobierno para hacer viable en el tiempo la operación de la Empresa Nacional del Petróleo.
2.- Solicitar al Gobierno que ratifique la intención que ENAP siga siendo una empresa del Estado, que juegue un rol ya no solo en materia petrolera, sino que se avance en la transformación de ENAP en una gran empresa nacional de Energía
3.- Que solicitamos al Gobierno la revisión de los nuevos términos del contrato entre ENAP y GASCO, que harán subir en más de un 20% el precio del gas domiciliario en Magallanes, afectando el acceso a gas a precios módicos a una parte importante de los habitantes de la Región de Magallanes.
(Fdo.): Ximena Rincón González, Senadora.- Soledad Alvear Valenzuela, Senadora.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Camilo Escalona Medina, Senador.- Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.- Juan Pablo Letelier Morel, Senador.- Jaime Quintana Leal, Senador.- Mariano Ruiz-Esquide Jara, Senador.- Eugenio Tuma Zedán, Senador.- Ignacio Walker Prieto, Senador.- Patricio Walker Prieto, Senador.- Andrés Zaldívar Larraín, Senador.