Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDOS DE COMITÉS
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
MECANISMO TRANSITORIO PARA ADOPCIÓN DE ACUERDOS EN CONDOMINIOS AFECTADOS POR TERREMOTO Y MAREMOTO. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- DEBATE
-
INHABILITACIÓN PERPETUA E INGRESO A REGISTRO PARA CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Patricio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- DEBATE
-
OBLIGATORIEDAD DE ROTULACIÓN EN ALIMENTOS TRANSGÉNICOS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ximena Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Guido Girardi Lavin
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Ricardo Lagos Weber
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- DEBATE
-
MECANISMO TRANSITORIO PARA ADOPCIÓN DE ACUERDOS EN CONDOMINIOS AFECTADOS POR TERREMOTO Y MAREMOTO. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
- VI.
TIEMPO DE VOTACIONES
- DENEGACIÓN DE AUTORIZACIONES PARA INSTALACIONES NUCLEARES EN PATAGONIA CHILENA. PROYECTO DE ACUERDO
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Rincon Gonzalez
- PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Rincon Gonzalez
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO
- 2-. MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑOR LARRAÍN FERNÁNDEZ, SEÑORAS ALLENDE Y ALVEAR Y SEÑORES PÉREZ VARELA Y TUMA, CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO DE LEY SOBRE CUENTA PÚBLICA DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO(7695-06)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Hernan Larrain Fernandez
- Maria Isabel Allende Bussi
- Maria Soledad Alvear Valenzuela
- Victor Perez Varela
- Eugenio Tuma Zedan
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 2-. MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑOR LARRAÍN FERNÁNDEZ, SEÑORAS ALLENDE Y ALVEAR Y SEÑORES PÉREZ VARELA Y TUMA, CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO DE LEY SOBRE CUENTA PÚBLICA DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO(7695-06)
Notas aclaratorias
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- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 359ª
Sesión 23ª, en martes 7 de junio de 2011
Ordinaria
(De 16:18 a 19:15)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GUIDO GIRARDI LAVÍN, PRESIDENTE,
Y JUAN PABLO LETELIER MOREL, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
Acuerdos de Comités.................................¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que crea mecanismo transitorio de adopción de acuerdos de los copropietarios en los sectores medios (7320-14) (se aprueba)......................................................................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece registro de dichas inhabilidades (6952-07) (se aprueba en general)......................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece la obligatoriedad de rotulación en alimentos transgénicos (3818-11) (se aprueba en general)..................
VI. TIEMPO DE VOTACIONES:
Denegación de autorizaciones para instalaciones nucleares en Patagonia chilena. Proyecto de acuerdo (S 1355-12) (queda pendiente para próxima sesión)...........
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedán, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros del Interior y Seguridad Pública, señor Rodrigo Hinzpeter Kirberg; Secretario General de la Presidencia , señor Cristián Larroulet Vignau, y de Justicia, señor Felipe Bulnes Serrano.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario , el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:18, en presencia de 15 señores Senadores.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Las actas de las sesiones 21ª y 22ª, ambas ordinarias, en 31 de mayo y 1 de junio del presente año, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Vicepresidente de la República , con el que da inicio a un proyecto de ley que restringe el consumo de tabaco en lugares públicos (boletín N° 7.692-11).
--Pasa a la Comisión de Salud.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha aprobado el informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia del concepto de embarcación artesanal y de su clasificación por eslora, del reemplazo de la inscripción en el Registro Pesquero Artesanal y de los requisitos para inscribirse en el mismo Registro (boletín N° 6.242-21) (con urgencia calificada de "simple").
--Queda para tabla.
Con el segundo manifiesta que accedió a la solicitud del Senado en orden a archivar el proyecto de ley que establece normas sobre crianza, tenencia y adiestramiento de perros potencialmente peligrosos (boletín N° 2.696-12).
--Se toma conocimiento.
Siete del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con los cinco primeros remite copia autorizada de las sentencias definitivas dictadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 122 del Código de Aguas y 38 ter de la ley N° 18.933 (actual artículo 199 del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2005).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos.
Con los dos restantes envía copia autorizada de las resoluciones dictadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 38 de la ley N° 18.933; 2° de la ley N° 20.015, y 22 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes.
--Se toma conocimiento y se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Dos del señor Ministro de Educación:
Con el primero entrega antecedentes, en respuesta a oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, sobre los resultados en las pruebas SIMCE de lenguaje y matemática, rendidas por estudiantes con discapacidad visual o auditiva.
Con el segundo responde una solicitud, enviada en nombre del Senador señor Eduardo Frei, para mantener el incentivo al retiro establecido en las leyes N°s 19.882 y 20.282, y prorrogar la vigencia de la ley N° 20.212.
Del señor Ministro de Obras Públicas (s), con el que contesta una petición de informe, remitida en nombre del Senador señor Prokurica, sobre las medidas adoptadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios ante los problemas que aquejan a la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Copiapó , perteneciente a Aguas Chañar S. A.
Cinco del señor Ministro de Salud:
Con el primero responde la solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Navarro, relativa a los estudios procesados por el Instituto de Salud Pública que detectaron altas concentraciones de cobre en el suelo de la Escuela La Greda, comuna de Puchuncaví.
Con el segundo da respuesta a una petición de antecedentes, cursada en nombre de la Senadora señora Alvear, sobre la situación sanitaria causada por una plaga de moscas que afectó a la comunidad de Linderos, comuna de Buin.
Con el tercero contesta una solicitud de información, remitida en nombre de la Senadora señora Rincón, en cuanto a la fecha de operatividad del hospital de construcción acelerada de Parral y a la posibilidad de compensar el sacrificio adicional de los funcionarios por la prestación de servicios en condiciones inapropiadas.
Con el cuarto da respuesta a un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Senadores señores Navarro, Quintana y Rossi, para requerir al Ejecutivo que establezca una política pública integral en materia de discapacidad psíquica, especialmente infantil (boletín Nº S 1.315-12).
Con el último responde un oficio, remitido en nombre del Senador señor Gómez, para que se envíe a tramitación legislativa un proyecto que permita a los consultorios y hospitales públicos vender medicamentos.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, con el que remite antecedentes, solicitados en nombre del Senador señor Tuma, relativos al estado de ejecución presupuestaria del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de La Araucanía al mes de abril recién pasado.
Del señor Ministro de Planificación , con el que responde una petición de información, enviada en nombre de la Senadora señora Rincón, respecto al proyecto "Reparación de Sistemas de Evacuación de Aguas Servidas Población Israel II", comuna de Parral.
Dos de la señora Ministra del Medio Ambiente:
Con el primero, en relación con una petición de antecedentes remitida en nombre del Senador señor Navarro, expone el régimen legal aplicable en materia de atribuciones de la Superintendencia del Medio Ambiente para fiscalizar la planta de tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos de Hidronor S. A. en la Región Metropolitana.
Con el otro adjunta copia del informe final del estudio "Preparación de Antecedentes para la Elaboración de la Norma de Calidad Primaria de Suelos", elaborado por Ingeniería Alemana S. A., solicitado en nombre del mismo señor Senador.
Del señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo , con el que, atendiendo a una petición de información enviada en nombre del Senador señor Eduardo Frei, da cuenta del estado de diversas solicitudes de recursos efectuadas por la Municipalidad de Puerto Octay.
Del señor Subsecretario de Pesca , mediante el cual, además de remitir copia de la resolución exenta que autorizó al Instituto de Fomento Pesquero para desarrollar una pesca de investigación, de conformidad con los términos técnicos de referencia del proyecto denominado "Monitoreo de anchovetas y sardinas en aguas interiores de la Región de Los Lagos, 2011", responde a consultas específicas sobre esa materia formuladas en nombre del Senador señor Navarro.
Del señor Subsecretario de Redes Asistenciales , con el que da respuesta a la solicitud de información, remitida en nombre del Senador señor Bianchi, respecto de las medidas adoptadas para resolver la falta de profesionales en el Hospital Clínico de Punta Arenas "Doctor Lautaro Navarro".
Del señor Director del Servicio de Impuestos Internos (s), por medio del cual contesta una solicitud de información, enviada en nombre de la Senadora señora Rincón, sobre posibilidad de eximir del pago de permisos de edificación a locatarios de establecimientos de comercio de zonas afectadas por el sismo o por el tsunami de 2010, así como de condonarles los intereses y las multas por concepto del impuesto territorial.
Del señor Director Ejecutivo de Pro Empleo , Subsecretaría del Trabajo , con el que atiende petición de antecedentes, remitida en nombre de la Senadora señora Rincón, acerca de mecanismos para enfrentar los problemas de cesantía que afectan a mujeres jefas de hogar de la comuna de Linares.
Del señor Director Ejecutivo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, mediante el cual responde petición de información, enviada en nombre del Senador señor Eduardo Frei, en cuanto a la factibilidad de entregar materiales a la Agrupación de Mujeres Jefas de Hogar de la comuna de Mariquina, para que construyan su sede social.
Del señor Presidente Ejecutivo de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, con el que atiende solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Prokurica, sobre las causas que llevaron a una paralización de la planta procesadora de molibdeno de la División Salvador.
Del señor Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre, con el que remite un ejemplar del Informe de Gestión 2010 de dicha institución.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Moción
De los Senadores señor Larraín Fernández, señoras Allende y Alvear y señores Pérez Varela y Tuma, con la que dan inicio a un proyecto de ley sobre cuenta pública de los órganos de la Administración del Estado (boletín N° 7.695-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Los Comités, en reunión del día de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Informar que el Comité del Partido Demócrata Cristiano rendirá homenaje al ex Ministro y militante de esa colectividad señor Edmundo Pérez Zujovic, con motivo del cuadragésimo aniversario de su fallecimiento, en la sesión de mañana, a continuación de la Cuenta.
2.- Retirar de la tabla de la sesión ordinaria de hoy el proyecto de ley sobre indulto general y ponerlo en lugar preferente del Orden del Día de mañana.
3.- Y colocar el proyecto que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones en el primer lugar de la tabla de la sesión del día de mañana, si no se alcanzare a tratar hoy.
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El señor GÓMEZ.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor GÓMEZ.- Pido que se abra un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto en materia de regulación a las farmacias, refundido con otras dos iniciativas, las signadas con los boletines Nºs 6.037-11 y 6.331-11.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- ¿Alguna propuesta, señor Senador ?
El señor GÓMEZ.- Una semana, señor Presidente.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Si le parece a la Sala, se abrirá un nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto individualizado hasta el lunes 13 de junio, a las 13.
--Así se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA
MECANISMO TRANSITORIO PARA ADOPCIÓN DE ACUERDOS EN CONDOMINIOS AFECTADOS POR TERREMOTO Y MAREMOTO. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- En primer lugar, corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que crea mecanismo transitorio de adopción de acuerdos de los copropietarios en los sectores medios, con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7320-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 73ª, en 7 de diciembre de 2010.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 6ª, en 5 de abril de 2011.
Informes de Comisión:
Vivienda y Urbanismo: sesión 85ª, en 11 de enero de 2011.
Vivienda y Urbanismo (segundo): sesión 1ª, en 15 de marzo de 2011.
Mixta: sesión 23ª, en 7 de junio de 2011.
Discusión:
Sesiones 86ª, en 12 de enero de 2011 (se aprueba en general); 4ª, en 22 de marzo de 2011 (queda para segunda discusión); 5ª, en 23 de marzo de 2011 (se aprueba en particular).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- La controversia entre ambas Cámaras del Congreso se suscitó por el rechazo de la enmienda realizada por el Senado al texto despachado por la Cámara de Diputados.
La Comisión Mixta propone, como forma de salvar dicha diferencia, aprobar un texto que posibilita la adopción de acuerdos de los copropietarios de condominios dañados por el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010 por la mayoría absoluta de los derechos del condominio, respecto de las materias contenidas en el número 5 de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, esto es, reconstrucción, demolición, rehabilitación o ampliaciones del condominio, siempre que digan relación con la aludida catástrofe.
Para acreditar el quórum bastará el acta suscrita por los copropietarios asistentes que hayan adoptado el o los acuerdos, protocolizada ante notario.
La Comisión Mixta adoptó esta resolución por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Tuma, Letelier y Sabag y Diputados señores Browne, Hales, Montes y Ulloa.
Cabe señalar que la proposición de la Comisión Mixta fue aprobada por la Cámara de Diputados en sesión del 31 de mayo pasado.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En discusión el informe de la Comisión Mixta.
Tiene la palabra el Presidente de dicho órgano, Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , como indicó el señor Secretario en su relación, la Comisión Mixta llegó a un acuerdo unánime para conciliar las diferentes posiciones entre ambas Cámaras, y aprobó un texto que permite a un conjunto de copropietarios adoptar acuerdos en una serie de materias, como la reparación de un condominio.
En la actualidad, para tal efecto la ley exige un quórum de 75 por ciento. La iniciativa dispone bajarlo a la mayoría absoluta (50 por ciento más uno) de los derechos del condominio.
En todo caso, la redacción de la norma permite interpretar claramente quiénes serán los beneficiarios, a objeto de que no se abuse de ella, a la vez que se garantice su uso para lo que el legislador la diseñó.
La Cámara de Diputados, en el primer trámite constitucional, aprobó una disposición que señalaba que la rebaja en el quórum operaría en los condominios gravemente afectados por el terremoto. En verdad, se encuentra bastante generalizado el término "gravemente afectados"; por tanto, no hay cómo definirlo.
Por otro lado, en el Senado acordamos que aquello se podría hacer en propiedades declaradas inhabitables. Sin embargo, no todas estas necesitan una reparación de parte de los comuneros.
En consecuencia, la Comisión Mixta concordó una norma que establece la rebaja del quórum para adoptar acuerdos únicamente para fines de reparación a todos los copropietarios de condominios que resultaron dañados como consecuencia del terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010.
Hubo unanimidad en tal propuesta, en razón de la necesidad de facilitar la reconstrucción de esos condominios, siempre en armonía con la normativa vigente. Porque se limitó el beneficio solo para los efectos de dicha catástrofe y no para cambiar reglamentos o resolver otras materias.
Por consiguiente, invito a la Sala a aprobar unánimemente el informe de la Comisión Mixta.
Anuncio mi voto a favor.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente , la iniciativa, cuyo informe de Comisión Mixta ahora discutimos en el Senado, resulta de primera necesidad para todas las zonas devastadas por el terremoto, donde condominios y edificios fueron dañados.
Ante ello, los copropietarios han debido usar las normas de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria al objeto de resolver cuestiones fundamentales, como demoliciones, autorizaciones varias, seguros. Pero la legislación que opera para la generalidad provoca dificultades y obstáculos para quienes viven una situación de emergencia, como la que sufrieron, en particular, los habitantes de la Octava Región.
Señor Presidente , creo que, al final, el informe de la Comisión le da la razón a lo señalado por el Senado. Porque la Cámara de Diputados aprobó originalmente un texto que tenía una dificultad de carácter técnico: establecía un quórum superior para ciertas materias que la ley había regulado con otro inferior; por ejemplo, todo lo relativo a la liquidación de seguros sobre los bienes de la copropiedad.
Nuestra Corporación logró detectar ese error y modificó lo que la Cámara Baja había despachado. En el fondo se estaba proponiendo algo en sentido contrario al objetivo del proyecto: facilitar la aplicación de las normas de la Ley de Copropiedad a fin de que los copropietarios de edificios de condominios siniestrados pudieran resolver los problemas con quórums más benignos, tanto para la constitución de asambleas como para la resolución de las controversias.
En definitiva, para materias tan significativas como la liquidación de seguros, se fijaban quórums adicionales. Sin duda, esta no era la intención de los señores Diputados. Pero, por una cuestión técnica, la redacción de la disposición quedó incorrecta.
A mi juicio, la Comisión Mixta resuelve el problema, pues coloca a disposición de cientos de copropietarios normas adecuadas para acelerar todo lo relacionado con las decisiones que deban tomar al objeto de demoler o reparar los condominios, e incluso, para incorporar recursos públicos a estos fines.
Por ende, creo que el Senado, al aprobar hoy lo propuesto en el informe, está entregando un instrumento necesario y apropiado para quienes han sufrido la pérdida -en muchos casos- de su único bien, producto del terremoto del 27 de febrero del año pasado.
Por eso, anuncio nuestro voto favorable, señor Presidente .
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente , pienso que las razones dadas son suficientemente fuertes como para que aprobemos la iniciativa lo más rápido posible.
Esa es la petición que formulo a la Sala.
Me parece que todo ya está dicho.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , coincidiendo con lo expresado por los señores Senadores que me antecedieron, creo que el proyecto en debate es absolutamente necesario para afrontar la situación de emergencia producida después del terremoto y maremoto del año pasado con relación a los edificios en condominios.
No se puede aplicar la norma general establecida en la ley N° 19.537 respecto de los quórums para adoptar acuerdos sobre materias vinculadas a los efectos de dicha catástrofe, como reparación de daños y cobro de seguros, tal cual aquí se ha señalado.
Pero quiero llamar la atención del Senado sobre otro aspecto.
Nuestro país se halla sujeto permanentemente a este tipo de situaciones extraordinarias, derivadas de catástrofes naturales. Cada cierto tiempo estamos expuestos a ellas. Sería lógico, entonces, que hubiera una legislación que se aplicara automáticamente -por decreto del Presidente de la República o como se dispusiere- en esos momentos de emergencia, ya sea que afecte al país en su conjunto o a determinado territorio.
Démonos cuenta de que han transcurrido 16 meses y recién estamos legislando para que haya una norma de excepción con relación a estas materias, normativa que con seguridad esperan hoy cientos de copropietarios para solucionar sus problemas.
Por esa razón llamo la atención de la Sala.
Ojalá pudiéramos establecer con el Gobierno una legislación para afrontar las situaciones de catástrofe en el país, y no solo sobre lo que nos ocupa. Hay otras realidades que hemos verificado en terreno.
La gente que sufrió daños por el terremoto, que perdió sus viviendas, no ha sido exenta del pago de contribuciones de bienes raíces. Siguen pagando hoy día dicho impuesto por el mismo monto que registraba la propiedad antes de la destrucción. Se les ha dicho que en ese caso lo que valía era el terreno y que la construcción casi no tenía valor.
Recuerdo que en 1965 hubo un terremoto de magnitud y que por sus efectos se dictó una legislación que estimo debiera ser revisada -la ley 16.282, actualmente vigente-, que se aplicó en varias partes con ocasión del último sismo. Pero habría que actualizarla.
En la mencionada ley se establecían diversos procedimientos: cómo efectuar la confiscación de los bienes necesarios para afrontar la emergencia; de qué manera facultar automáticamente al Presidente de la República para eximir del pago de impuestos, de contribuciones y otros gravámenes a las personas afectadas; en qué forma pagar indemnizaciones. Y se instituían procedimientos especiales.
Hoy día, en muchas partes no pueden acceder a los subsidios de viviendas ni estos se pueden aplicar, porque no hemos proporcionado un tratamiento excepcional, salvo una modificación para otorgar facultades al Ministerio de Bienes Nacionales en relación con las personas que tienen sus viviendas en una comunidad. A ellas no se les da el subsidio sin antes acreditar la propiedad. Y lo lógico sería que una norma excepcional posibilitara que en ese caso los beneficios se entregaran, en términos reales, para construir en el terreno afectado por el terremoto, y que la propiedad quedara afecta a las normas de sucesión y no que hubiera una sola persona como titular.
Es decir, podríamos estudiar y afinar un poco la inteligencia para que, frente a una situación de catástrofe, la autoridad pueda actuar automáticamente a fin de solucionar los problemas con cierta rapidez.
¿Qué pasa actualmente? A 16 meses del sismo -y les pido que vayan a los territorios afectados para comprobarlo-, estamos casi igual que el día posterior al terremoto, sobre todo en materia de vivienda.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Con la autorización de la Sala, haré un comentario desde la testera.
Cuando en la Comisión de Vivienda y Urbanismo se analizó el título del proyecto, se indicó -para evitar una mala comprensión al respecto- que él no beneficia solo a los copropietarios de los sectores medios, sino a los copropietarios en general. La legislación no consigna el concepto "copropietarios de sectores medios". Y se habló en la Comisión que no debía aparecer en la suma de la iniciativa que se despache en definitiva que se beneficia solo la toma de decisiones de los copropietarios, independientemente de su situación socioeconómica.
-En votación el informe de la Comisión Mixta.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (25 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, Girardi, Gómez, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Ruiz-Esquide, Tuma y Zaldívar (don Andrés).
INHABILITACIÓN PERPETUA E INGRESO A REGISTRO PARA CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre creación de inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece el registro de dichas inhabilidades, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6952-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 72ª, en 1 de diciembre de 2010.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 22ª, en 1 de junio de 2011.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los objetivos principales de la iniciativa son los siguientes:
-Ampliar la pena de inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos, oficios, profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.
-Crear una sección especial dentro del Registro General de Condenas, en la que se incorporarán las referidas inhabilitaciones.
La Comisión discutió el proyecto solamente en general y dio su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Alvear y señores Espina, Larraín (don Hernán) y Walker (don Patricio).
Además, deja constancia en su primer informe de una serie de prevenciones respecto de la iniciativa, sobre las cuales los mismos señores Senadores acordaron que en la discusión particular se incorporen las enmiendas que recojan dichas inquietudes.
Cabe señalar que el número 2 del artículo 2° -que otorga, a cualquier persona natural que demuestre un legítimo interés, la posibilidad de solicitar información sobre quienes están afectos a inhabilidades para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad- es norma de quórum calificado, por lo que requiere para su aprobación 20 votos conformes.
Por último, corresponde indicar que la calificación del quórum para tal número 2 del artículo 2° fue sometida a votación en la Comisión. Los Senadores señora Alvear y señores Chadwick y Larraín (don Hernán) estimaron que se trata de una norma de quórum calificado y los Senadores señores Espina y Walker (don Patricio) la consideraron de quórum simple.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, la de ahora complementa otras iniciativas legales que en el último tiempo el Congreso Nacional ha despachado y que buscan proteger la integridad sexual de las personas, especialmente de los menores de edad.
En relación con este proyecto, cuyo conocimiento iniciamos ahora, debo hacer presente que las estadísticas de las policías muestran que los delitos sexuales se cometen con mayor frecuencia en menores de edad y no contra adultos, lo que, sumado a la magnitud del daño que sufren las víctimas, justifica otorgar especial atención al control y prevención de tal tipo de ilícitos.
En coherencia con lo anterior, la normativa en análisis fortalece la pena de inhabilidad con que actualmente se castiga a quienes abusan sexualmente de menores; y en segundo término, crea una herramienta que permite identificar de manera más rápida a sus hechores.
Respecto a lo primero, se plantea que la actual pena de inhabilidad temporal para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con menores de edad al delincuente que atente contra un menor, se eleve para darle un carácter perpetuo. Además, se aumenta el número de delitos que serán sancionados con esta inhabilidad perpetua y se amplía el universo de hechores a los que se castigará con la mencionada sanción.
En cuanto a lo segundo, se propone crear una sección especial dentro del Registro General de Condenas para agrupar en ella a los delincuentes condenados a esa inhabilidad perpetua. De esta manera se facilitará la identificación de las personas impedidas de trabajar junto a menores, evitando la reincidencia y protegiendo mejor a los niños.
En el primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados introdujo al mensaje algunas enmiendas.
En primer lugar, precisó los delitos que serán sancionados con la referida inhabilidad absoluta perpetua.
En segundo término, limitó la publicidad de la sección especial que se establece en el Registro General de Condenas , de forma tal que solo pueda acceder a la información que contiene quien acredite un interés legítimo en ello, a diferencia del texto propuesto por el Presidente de la República , que posibilitaba hacerlo a cualquier persona.
Y, por último, incorporó un tipo penal destinado a sancionar el mal uso de la información referida a las inhabilitaciones.
Señor Presidente , como es habitual, la Comisión, en forma previa a la votación de la idea de legislar, consideró oportuno pedir la opinión de especialistas en la materia. Con ese fin escuchó el parecer del profesor de Derecho Constitucional señor Miguel Ángel Fernández , y de los profesores de Derecho Penal señores José Luis Guzmán Dálbora y Antonio Bascuñán Rodríguez , cuyas observaciones de política criminal fueron de gran utilidad.
Precisamente, en consideración a dichas apreciaciones, la Comisión estimó conveniente evaluar durante la discusión en particular de la iniciativa la posibilidad de incorporar cierta gradualidad en la determinación de la pena de inhabilitación. Del mismo modo, le pareció necesario estudiar la factibilidad de consagrar la suspensión de dicha pena en ciertos casos. Y también concordó en la idea de perfeccionar la regulación acerca de quiénes debieran poder acceder al Registro General de Condenas .
A mi juicio, el último punto es uno de los más delicados que deberemos considerar en la discusión particular, el cual fue motivo de debate en la Comisión y de opiniones bastante importantes por parte de quienes nos acompañaron en su calidad de especialistas.
Además, dicho organismo técnico convino en que, por razones de coherencia legislativa, parecería razonable que durante el debate pormenorizado del proyecto se excluyera de este el delito de sustracción de menores.
Sin perjuicio de las diferentes observaciones manifestadas, se coincidió en que los objetivos generales de la iniciativa eran positivos. Dado lo anterior, la Comisión aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes.
Señor Presidente , para no hacer uso de la palabra nuevamente, quiero agregar al informe recién entregado algunas opiniones de carácter personal.
El problema de las propuestas consiste en que la autorización a terceros para acceder a esa información pone en serio riesgo la rehabilitación del condenado.
Hay dos maneras de satisfacer la finalidad perseguida sin crear tal riesgo indeseado. Recordemos que lo propuesto en el proyecto del Ejecutivo fue la creación de una sección especial en el Registro de Condenados , donde estas personas quedarán consignadas a perpetuidad a efectos de que no puedan ser contratadas en actividades, trabajos u oficios en que tengan contacto con niños.
La primera consiste en establecer una obligación de información al Estado sobre todas las contrataciones relevantes para la inhabilitación; la otra, en estipular una obligación de constatar los antecedentes penales en toda contratación de ese carácter.
Me parece que la última alternativa es más razonable.
Así, se dispone el derecho de todo interesado a solicitar un certificado de no encontrarse afecto a la pena de inhabilitación y la obligación de toda persona responsable de una contratación relevante para la inhabilitación de pedir ese documento con ocasión de cualquier contratación.
Me explico: si un establecimiento educacional desea contratar a un profesor, naturalmente, hay razones fundadas para que el rector o el director de dicha entidad consulte si el solicitante se halla o no en ese Registro. Pero el requerimiento debe ser por motivos muy justificados; de lo contrario, vamos a condenar a determinada persona a que nunca más pueda encontrar otro trabajo. Si en otras labores no se produce el contacto con niños, a mi juicio, es perfectamente posible que las desempeñe.
Nuestro interés como sociedad es la rehabilitación de los individuos, cosa que puedan trabajar en tareas que no permitan el contacto con menores.
De ese modo, quienes contratan personas para la realización de actividades relevantes para la pena de inhabilitación pasan a ser garantes de su eficacia.
El deber de solicitar el certificado además se refuerza mediante la regla de responsabilidad civil, porque su incumplimiento va a hacer posible la comisión de un delito contra un menor al aprovecharse cierto individuo del acceso que permitió su contratación irregular.
De manera tal que la entidad contratante va a estar interesada en pedir ese documento por las razones que acabo de señalar.
La otra propuesta consiste en crear la institución de la habilitación condicional, para favorecer la rehabilitación de los condenados a penas de inhabilitación absoluta perpetua o temporal por más de tres años.
Señor Presidente , creo que por esas dos vías podríamos encarar en la discusión particular -previa presentación de las indicaciones pertinentes- las inquietudes surgidas en el momento que debatíamos en general el proyecto.
Sin perjuicio de lo anterior, reitero que la Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, acordó acoger la idea de legislar, y que en el próximo trámite presentaremos las indicaciones respectivas en el plazo que se señale.
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El señor GIRARDI (Presidente).- Antes de dar la palabra al Ministro del Interior, quiero saludar a los invitados del Honorable señor Patricio Walker, pertenecientes al IDE Business School de Quito, Ecuador.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor HINZPETER ( Ministro del Interior y Seguridad Pública ).- Señor Presidente , quiero agradecer en nombre del Gobierno el trabajo de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y la aprobación en general, en forma unánime, del proyecto en análisis, pues resulta muy importante para nosotros.
Al año se cometen cerca de 5 mil delitos sexuales, y el 80 por ciento de las víctimas son menores de edad.
Por lo tanto, la iniciativa que planteamos tiene por objeto fortalecer las inhabilidades de las personas que cometan delitos sexuales contra menores de edad, con el objeto de que queden impedidos no solo de manera temporal, sino también perpetua, de desempeñarse en cargos que se relacionen directamente con niños bajo cualquier circunstancia, ya sea en actividades educacionales o en otras, como de naturaleza médica, que podrían hacerlos reincidir en su conducta.
Para tal efecto creamos una sección especial dentro del Registro de Condenados y ampliamos también las inhabilidades a toda persona que cometa ese tipo de ilícitos.
Hoy en día la inhabilidad temporal considerada por el Código Penal solo se aplica a quienes tengan alguna relación de ascendencia con la víctima; es decir, guardadores, profesores o personas con cierta autoridad sobre los menores.
La inhabilidad perpetua la establecemos únicamente para los casos en que las víctimas sean menores de 14 años; y la inhabilidad temporal, para delitos cometidos contra menores de 18 años.
Les doy las gracias, formulando votos para que la iniciativa sea aprobada en general por el Senado.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, efectivamente la cifra de delitos sexuales en Chile es muy alta: 18 mil denuncias, especialmente por hechos que afectan a menores. Y cabe lamentar que por cada delito que se denuncia hay varios que no se denuncian. Existe una cifra negra sobre el particular.
Apuntar a medidas de prevención es fundamental. Porque muchas veces las fiscalías, las policías actúan tarde, pues ya se ha cometido un delito.
En tal sentido, me parece importante que respecto a los condenados por delitos sexuales, en especial contra menores, haya un registro donde uno pueda averiguar quiénes han sido objeto de una sentencia condenatoria.
¿Qué ocurre hoy día? Que solo es posible consultar con el consentimiento del afectado. Es decir, si un colegio que va a contratar a un profesor, a una parvularia, o si alguien que va a contratar a un jardinero quieren prevenir, evitar que un hijo o un niño tenga contacto con una persona que pueda ser pedófila, deben contar con el consentimiento de ese profesor, parvularia, jardinero, para saber si efectivamente han sido condenados por este tipo de delito. Además, muchas veces preguntarle a alguien por sus antecedentes, pedirle el certificado correspondiente constituye casi un agravio, una deshonra, y mucha gente no se atreve a hacerlo.
Por eso, resulta importante establecer el tipo de medidas que hoy nos propone el Gobierno a través del proyecto en análisis.
Respecto de la inhabilitación perpetua para trabajar con niños, en 2002 presentamos una moción en la Cámara Baja donde propusimos esa medida. Lamentablemente, no tuvimos acogida porque algunos Diputados señalaron que se trataba de algo inconstitucional, ya que en las penas debía haber gradualidad. Incluso planteamos que hubiera inhabilitación temporal o perpetua, según el delito, pues así existiría gradualidad. Pero ni siquiera eso fue aceptado en su oportunidad.
Esto es particularmente grave, sobre todo en el caso de los pedófilos estructurales, que reinciden, que tienen tendencia a volver a cometer delitos sexuales contra menores. Porque la pedofilia es un trastorno mental de índole sexual, que consiste en que las personas satisfacen su perversidad abusando o intentando abusar de niños. Y con la inhabilitación temporal -de 3 a 10 años- muchas personas después de cumplir la condena o la pena accesoria a la privativa de libertad, es decir, luego de levantada la prohibición, la inhabilidad para trabajar con niños, vuelven a abusar de ellos o a trabajar en labores donde está envuelto un riesgo de abuso sexual contra menores.
Desde tal perspectiva, el proyecto que propone el Gobierno me parece correcto, al establecer por regla general la inhabilidad perpetua cuando los delitos sexuales se cometen contra menores de 14 años y la inhabilidad temporal cuando la víctima tiene entre 14 años y menos de 18. Y en el texto se mencionan los delitos sujetos a este tipo de pena.
También se incorpora la posibilidad de que exista en el Registro General de Condenas "una sección especial, accesible por vías telemáticas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6° bis, denominada `Inhabilitaciones para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad'".
La Cámara de Diputados dispuso que cualquier persona natural que demuestre un legítimo interés pueda consultar dicha sección del Registro . Y se establece lo del legítimo interés para que la autorización no sea tan amplia.
En verdad, yo iría un poco más allá. Si hoy las personas se encuentran en DICOM por no cumplir obligaciones comerciales, por mantener deudas, ¿qué problema hay en que exista un registro donde a cualquiera le sea posible preguntar si alguien ha sido condenado o no a la pena de inhabilidad perpetua o temporal para trabajar con niños?
Obviamente, a todos nos preocupa que pueda darse una estigmatización respecto de quienes han cometido tales delitos. Por ejemplo, en 1996 se aprobó en Estados Unidos la Ley Megan, en función de un caso que causó mucho impacto, relativo a una menor que fue brutalmente violada y asesinada. Según esta normativa, es posible colocar una foto fuera de la casa de los pedófilos. Esto obviamente resulta inaceptable, porque atenta contra la dignidad del ser humano. Constituye una especie de letra escarlata que impide que esa persona se rehabilite. Y, naturalmente, la hace objeto de represalias.
El Gobierno plantea algo distinto -me parece bien-: que haya un registro y uno pueda llamar, consultar y tomar medidas de prevención.
¿Para qué existe DICOM? Para que los locales comerciales no les den crédito a personas que son malas pagadoras (hay varias críticas respecto de DICOM). Noten, Sus Señorías, que acá hablamos de condenados por delitos sexuales contra menores, y en especial cuando se trata de pedófilos que cometen reiteradamente esos actos.
Creo que se justifica plenamente la existencia de este registro, sobre la base de ciertos resguardos. Así, quien haga mal uso de esta información será sancionado -lo señala de manera clara el proyecto- con penas privativas de libertad, con multas. De esa manera, se establecen garantías para que no haya un uso malicioso, inadecuado de dicha información.
En consecuencia, considero que nos encontramos ante una buena iniciativa.
Presentaremos algunas indicaciones, porque algunos profesores de Derecho Penal nos manifestaron ciertas preocupaciones. La Senadora señora Alvear se refirió a las alternativas sobre el particular. No quiero profundizar en ello, pues obviamente será materia del segundo informe.
Todavía quedan por aprobar otros proyectos relacionados. Y nuevamente le pido al Gobierno que les fije urgencia.
Así, se encuentra la iniciativa, que formulamos con el Senador señor Quintana , que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores. Porque todos sabemos que las personas abusadas se demoran en promedio 20 a 30 años en denunciar. Algunos nos dirán que esto afecta la certeza jurídica. Sin embargo, tal medida existe en otros países. Y de no aprobarse, por lo menos debería ampliarse el plazo de la prescripción, a 15 años, como ocurre respecto de los crímenes, de los delitos más graves.
También hay otro proyecto -lo presentamos con los Honorables señora Alvear y señores Quintana e Ignacio Walker - relativo al estupro, para sancionar incluso las conductas cuando la víctima sea mayor de 18 años. Hemos visto algunos casos que han causado conmoción en el país donde se ejerció abuso de poder, de autoridad, y creo que no es tan relevante si la víctima tenía 16, 18 o 19 años. Si hay abuso de poder, de autoridad, si hay relación de dependencia, la conducta debe ser sancionada igual.
Y existen otras iniciativas que habría que aprobar, sobre las cuales sería largo que me pronunciara.
Finalmente, hago un llamado al Gobierno para que otorgue más recursos al Instituto Médico Legal, al SENAME, al CAVAS, al Hospital Roberto del Río, a todas las instituciones que realizan peritajes. Porque en algunas Regiones los peritajes por abuso sexual demoran un año; y de no efectuarse estos procedimientos, cuando no quedan rastros físicos, no es posible condenar a los abusadores. El año pasado estaban listos 500 millones de pesos para el CAVAS; pero lamentablemente al final no se entregaron, y seguimos con las listas de espera.
Por lo tanto, reitero el llamado al Ejecutivo para que en la próxima Ley de Presupuestos se destinen recursos para peritajes.
De igual forma, también deben existir fondos para rehabilitar a los agresores. Muchos de estos tienen menos de 18 años y fueron abusados cuando chicos. Y al ser tratados -se han llevado adelante algunos programas piloto-, un porcentaje importante de ellos se rehabilita.
Se requiere rehabilitación, reparación para los agresores, pero también para las víctimas. Muchas de estas no poseen recursos para acceder a un sicólogo, a un siquiatra, a fin de reparar el daño que se les ha causado.
En tal sentido, solicito al Gobierno que se otorgue mucha más prioridad para el SENAME. Este, lamentablemente, en todos los Gobiernos es el patio trasero de las prioridades de Estado. Y hemos de modificar todo lo concerniente a la política de protección a la infancia.
Estimo que el proyecto apunta en la línea correcta, y por eso votaré a favor.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, todo lo que permita avanzar en el establecimiento de regulaciones legales que impidan el abuso de menores debe ser debatido, aprobado. Y estamos en el camino adecuado.
Por cierto, estoy disponible para apoyar el presente proyecto de ley. Sin embargo, no basta solo con lo concerniente a la penalidad. Ello se demuestra claramente en el fracaso de la política penitenciaria de Chile: hay una alta tasa de hacinamiento; la población penal crece en 7,8 por ciento anual, y aunque se construyan más cárceles, se van a volver a llenar. Existe un problema de fondo, relativo a una política de rehabilitación y de reinserción.
Deseo llamar la atención respecto a que 23 por ciento de quienes están en las cárceles chilenas son reos primerizos, quienes no han cometido delitos de sangre ni de connotación sexual, sino ilícitos menores. ¡Y se hallan en medio de delincuentes!
El señor Ministro ha anunciado el envío de iniciativas de ley tendientes a la segregación, para lo cual se van a construir más cárceles. Espero que no sean concesionadas, pues estas han fracasado y solo significan ganancias para los que las construyen.
En definitiva, me preocupa que la respuesta inicial sea penalizar, como lo hacemos en el proyecto en análisis.
Ello es positivo. Sin embargo, cabría preguntarle al señor Ministro : ¿Cuál es la rehabilitación? ¿Qué posibilidad de reinserción existe? ¿La inhabilidad debe ser perpetua? Hemos debatido sobre este punto; y, a mi juicio, si fuera perpetua, no habría rehabilitación.
Esa discusión es muy importante a la hora de establecer los elementos de la criminalidad, no solo en este caso, sino en muchos otros más. ¿Es posible la rehabilitación? ¿En qué condiciones? ¡Con una inhabilidad a perpetuidad jamás habrá rehabilitación!
Como medida de Gobierno, resulta adecuado presentar una iniciativa legislativa sobre la materia. Pero no basta con penalizar. Aquí se necesita la rehabilitación y la reinserción. ¿Cuál es la política de Estado para los casos de que trata el texto que nos ocupa? La Iglesia Católica ya ha hecho lo suyo.
Debo informar que presenté un proyecto, que dice relación con las ideas matrices de la iniciativa en estudio, el cual ha tenido muy poca acogida en el Gobierno y en el Senado.
En él se propone incorporar al artículo 175 del Código Procesal Penal la siguiente letra f), nueva:
"Las autoridades eclesiásticas o de culto superiores, de cualquier confesión religiosa, sean de derecho público o derecho privado, y, en general los obispos, pastores, ministros de culto, diáconos y sacerdotes, los delitos cometidos por personas consagradas institucionalmente a su respectivo culto, en ejercicio o con ocasión de su ministerio.".
Lo anterior a fin de que se hallen obligados a denunciar los actos de abusos de menores que conocieren. Porque hoy día no lo están.
El Senador Patricio Walker manifestó que estos actos salen a la luz pública 10, 15, 20 o 25 años después. Pero hay un caso en que las autoridades eclesiásticas supieron de ellos a días y horas de haberse cometido. Lo que sucede es que la jerarquía, los obispos, los sacerdotes de la Iglesia Católica ocultaron la información. Y las víctimas, tras 20 a 25 años, lograron levantar un debate público que rompió el cerco ignominioso que mantuvieron quienes, incluso teniendo responsabilidad en ello, hoy día la niegan.
Quiero ser enfático y duro en mis afirmaciones porque, en definitiva, nada se dice respecto de quienes se desempeñan cerca de niños y forman parte de la Iglesia Católica o de cualquier otro culto, como los evangélicos, los Testigos de Jehová, etcétera.
Por consiguiente, señor Ministro -por su intermedio, señor Presidente -, espero que la misma voluntad que existe para establecer la inhabilidad absoluta perpetua la tengamos para incluir lo que voy a proponer. Porque voy a transformar mi proyecto en una indicación a la iniciativa que nos ocupa, que busca modificar el Código Penal, pues también apunta en una dirección correcta: prevenir. Es decir, a que todas las autoridades que se detallen en el artículo 175 del Código Procesal Penal -incluyendo a los señores Diputados y Senadores- tengan la obligación de denunciar un delito de abuso cuando lo conozcan o les sea informado.
Al ampliar el ámbito de esa normativa se potencia lo que ahora acordamos, en el sentido de que se aplique una sanción severa a quienes se vinculan con niños y abusan de ellos. Así, el castigo de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer funciones en que se tuviera relación directa con menores alcanzaría a todos; también a los sacerdotes y a los profesores. ¡A todos!
Como lo importante es prevenir, y se trata de actos consecutivos, creo importante la incorporación de la obligatoriedad de la denuncia por parte de las autoridades eclesiásticas o de cualquier otra persona que tenga conocimiento de esos delitos. Porque -como sabemos- los directores de colegios ocultan esta realidad, y también los padres cuando ocurre en el ámbito familiar. La mayoría de los violadores pertenecen al seno de la familia de la víctima, son conocidos del niño, se encuentran en su círculo de confianza. Por eso se generan las condiciones para que se cometan estos actos.
Debiera existir esa obligación. Porque no solo es necesaria la inhabilidad que se ha mencionado, sino también la oportunidad de la denuncia.
Señor Presidente , voy a votar a favor del proyecto que busca establecer la pena de "Inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares" para quienes cometan ese tipo de abusos. Y, a mi juicio, hay que agregar la obligatoriedad de la denuncia para las autoridades eclesiásticas o de culto superiores, que se propone en mi iniciativa.
En verdad, debiera incluirse a toda clase de autoridades. De ese modo, si un rector o un director de colegio saben que un profesor cometió un abuso y no lo denuncian, serán tanto o más culpables que él. Y, si un obispo no denuncia el acto que perpetra un sacerdote, será tanto o más culpable que el abusador. En consecuencia, ambos tendrían responsabilidad, y a los dos se les debería aplicar la misma pena.
En esta ocasión, solo deseo comentar -lo veremos en el debate en la Comisión y en la Sala- si la acción a la que se aplica la inhabilitación perpetua y la de no cumplir la obligatoriedad de la denuncia se pueden equiparar a la realización de los hechos. Al menos hay complicidad conspirativa. Porque cuando se guarda silencio, se ocultan los delitos y, aún más, se decide trasladar a la persona involucrada, ampliando la irradiación del daño, efectivamente estamos frente a igual nivel de responsabilidad.
Señor Presidente , anuncio mi voto a favor del proyecto y el envío de las indicaciones que he señalado, las cuales modifican el artículo 175 del Código Procesal Penal a fin de establecer la obligatoriedad de denunciar para las autoridades eclesiásticas. Y en el debate en particular veremos la inclusión de todas las que tengan a su cargo instituciones relacionadas con niños, incorporando -espero- igual responsabilidad entre el abusador y quien oculta información o es cómplice de él.
He dicho.
¡Patagonia sin represas!
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente , felicito al señor Ministro del Interior y al Gobierno por la presentación de esta iniciativa legal. Porque, sin lugar a dudas, uno de los delitos que reciben mayor reproche social en nuestro país y -yo diría- en el mundo entero, es el abuso sexual, particularmente cuando se comete en contra de menores.
Existen al menos tres razones por las cuales la legislación comparada castiga muy duramente tales ilícitos y les fija penas adicionales a las de los delitos comunes.
En primer término, por el grado de indefensión y de debilidad de la víctima. Cuando el delito se comete contra un menor, se ataca a una persona que no está en condiciones de defenderse y de enfrentar la agresión, como probablemente lo podría hacer un adulto. Ello no significa que el delito perpetrado contra una persona mayor de edad no merezca la sanción correspondiente.
En segundo lugar, por el daño moral. Si hay un delito que provoca daño moral y sicológico es precisamente el abuso sexual. Y sobre eso, en Chile históricamente se ha hecho muy poco. La cantidad de niños abusados sexualmente que reciben con posterioridad tratamiento sicológico de rehabilitación se halla muy por debajo del número de delitos que se cometen.
Y, tercero, porque se debe recordar que, de haber un delito donde se produce reincidencia, es en los de connotación sexual. No tengo aquí los datos, pero en la Comisión de Constitución hemos visto en muchas oportunidades los porcentajes de reincidencia en los delitos sexuales, los cuales son extraordinariamente altos.
Por lo tanto, el proyecto aborda dos elementos que dicen relación, particularmente, con el factor de la reincidencia.
El primero extiende la pena de inhabilitación absoluta temporal que existe hoy día en Chile, a la posibilidad de que el juez, dependiendo de los antecedentes de la causa, aplique la de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que puedan tener una relación directa y habitual con menores de edad.
Este punto fue bastante debatido con los profesores que asistieron a la Comisión, porque es una pena a perpetuidad, por la cual el victimario quedará inhibido para el resto de su vida de realizar una actividad de dicha naturaleza.
Sin embargo, yo soy partidario de una norma de esta índole, pues entiendo que el juez no la aplicará de manera arbitraria, sino en conocimiento de los antecedentes de reincidencia y de las características de la persona que cometa el delito. Porque, así como en el país existe la agravación de la pena, es evidente que en este caso hay circunstancias que ameritan que ella sea más alta, y por un factor adicional: porque el objetivo es precaver que en el futuro otros niños puedan ser víctimas de estos ilícitos.
Una de las cosas que me sorprenden cada vez que veo en un programa de televisión o escucho en algún medio de comunicación que un menor ha sido víctima de un delito sexual es que, con frecuencia, quien lo comete es reincidente. Y me pregunto: ¿quién responde, ante ese menor, cuando un delincuente que perpetró ese tipo de delito con anterioridad no ha cumplido la pena establecida por la ley o se encontraba sin medidas cautelares? ¡Nadie! ¡A nadie le importa lo que ocurre con la segunda víctima!
La iniciativa en debate apunta a proteger a la segunda víctima; a evitar que una persona que ha cometido delitos sexuales pueda más adelante desempeñar una actividad vinculada con niños y respecto de la cual el Estado no haya tomado los correspondientes resguardos para impedir que de nuevo victimice a un menor.
Repito: francamente, me sorprende que nadie se preocupe de quién ha de responder frente a ese niño. Y este proyecto asume, con decisión, la voluntad del Estado, del Gobierno, del Congreso y, en definitiva, de los legisladores, en orden a adoptar mayores medidas de precaución a fin de evitar, dentro de lo posible, que ese individuo se acerque a los menores y vuelva a victimizarlos mediante un delito tan cobarde, horroroso y -diría- marcador en la vida de ellos.
El segundo elemento se refiere a un asunto muy controvertido, que deberemos resolver en la Comisión y que tiene que ver con el Registro General de Condenas. Al respecto, se produce el siguiente fenómeno.
Cuando una persona es condenada por un delito, esto acontece en un juicio público. ¡En un juicio público! Si el día de mañana alguien elaborara, en las afueras de todos los tribunales orales, un listado de las personas condenadas y luego lo publicara en una página web, la pregunta es: ¿estaría entregando información pública o haciendo abuso de información privada?
En mi opinión, se trataría de información pública.
¡Las sentencias, las condenas son públicas; los juicios orales son públicos; los alegatos de nulidad ante las Cortes de Apelaciones o la Corte Suprema, según corresponda, son públicos! Pero no así, curiosamente, las condenas de quienes han cometido delitos de connotación sexual.
Entonces, los ciudadanos no se pueden enterar acerca de quienes son condenados por delitos de abusos sexuales porque la ley no lo permite. Sin embargo, paradójicamente, las personas, por iniciativa propia, pueden ir a los tribunales y averiguar esa nómina.
Por lo tanto, ahí hay algo que no es correcto. Si queremos que las condenas sean privadas para evitar la vindicta ciudadana; para que el individuo que cometió ese delito no sea objeto del reproche social una vez condenado, entonces todos los juicios y sus correspondientes sentencias deberían ser de carácter privado.
No obstante, si hemos construido un sistema procesal penal en virtud del cual la sanción es pública, no veo razón alguna para que en delitos de esta especie, mientras el condenado se encuentre cumpliendo la pena o parte de ella siga vigente -sea la pena principal o accesoria-, la ciudadanía no pueda tener acceso a tal información. Y he escuchado a otras personas argumentar en el mismo sentido.
Pero -vuelvo a la idea central- ¿por qué la comunidad nacional no ha de saber que un sujeto acusado de violar o abusar sexualmente de un menor de edad, luego de un juicio público, con una defensa financiada por el Estado de Chile, fue condenado mediante sentencia judicial dictada por un tribunal público? ¿Por qué esa información no puede ser pública, obviamente, mientras aquel se halle cumpliendo la condena? Porque si ya la cumplió, pagó su deuda con la sociedad y, en consecuencia, debe tener, dentro de lo permitido, la posibilidad de reinsertarse y rehabilitarse, sobre todo en este tipo de delitos.
Por eso, señor Presidente , creo que el debate en particular del proyecto, tanto desde el punto de vista práctico como teórico, será muy atractivo. Porque el país necesita ciertas definiciones y no esta solución "a la chilena" -lo digo en forma peyorativa-, que implica la existencia de sentencias públicas pero de registros privados.
En verdad, no entiendo cuál es la coincidencia.
Si la sentencia es pública, mientras la persona condenada esté cumpliéndola la sociedad tiene derecho a conocerla, sobre todo cuando se trata de este tipo de ilícitos, que corresponden a la categoría de delitos horrorosos.
¡Cómo no va a ser lógico que a la ciudadanía se le informe que hay un sujeto condenado por violar a uno o más niños!
Señor Presidente , este es un muy buen proyecto de ley. Por cierto, contiene normas polémicas que requieren un debate en profundidad y estudiar la legislación comparada. Pero es necesario avanzar en el terreno hacia donde él apunta, que es, fundamentalmente, en qué forma podemos proteger -lo señalo de modo muy sincero- a la segunda víctima. Porque en ambas hipótesis está claro que ya hubo una persona que cometió el delito.
Por las razones expuestas, los Senadores de Renovación Nacional votaremos a favor de la iniciativa.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente , el informe de la Comisión señala que los datos de Carabineros de Chile arrojan que en el año 2009 se registraron alrededor de 3.900 delitos sexuales cuyas víctimas fueron menores de 13 años, y aproximadamente 2.200 en que las víctimas tenían entre 14 y 18 años de edad.
En verdad, al leer las estadísticas y ver los impactos que producen los delitos de esta índole, entramos en un escenario complejo. Yo concuerdo con el Senador Espina y le hallo razón en cuanto a que el debate en particular será muy interesante desde el punto de vista teórico. Pero creo que de una vez por todas deberíamos asumir que existen delitos gravísimos y que la sociedad ha de tener un control sobre ellos. Porque las cifras y los expertos indican que en este tipo de delitos la rehabilitación es -no digo absolutamente- casi imposible y que, en general, quienes los perpetran siguen cometiéndolos con gran asiduidad.
Bajo ese concepto, al examinar las normas a que se refiere la disposición que propone el Gobierno, por ejemplo el artículo 362 del Código Penal, que expresa: "El que accediere carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona menor de catorce años, será castigado con presidio"..., etcétera, y diversos otros ilícitos graves contemplados en el proyecto, uno dice: "Debemos tomar la decisión clara y precisa de que en estos casos la sanción penal y la sanción social sean las más drásticas, para impedir que vuelvan a suceder".
Lo anterior, para evitar que se produzca nuevamente un hecho de esa naturaleza y entremos a discutir cuál derecho es primero: si el del victimario o el de la víctima.
Yo creo que en esta materia -y compartimos este aspecto a propósito de la discusión de muchas normas legales en la Comisión de Constitución (mientras pertenecí a ella), en las cuales también participó el Senador señor Espina- debemos tomar la decisión clara de que la protección primaria y primera es la víctima.
Y para esos efectos, en mi opinión, debe existir un registro especial que contenga el nombre de aquellos que cometen este tipo de delitos, sin perjuicio de que el planteamiento del Gobierno es correcto en términos de impulsar modificaciones que apunten a endurecer las penas. El texto vigente habla de inhabilitación absoluta temporal -o algo similar- y ahora se propone la inhabilitación absoluta perpetua, lo cual me parece bien.
No obstante, el control posterior de estas personas resulta indispensable. Y, bajo esa idea, uno no puede más que considerar lógica y totalmente necesaria la existencia de un registro especial en esta materia al que pueda acceder cualquiera que desee ver si algún educador, un transportista de niños, o quienquiera que sea, fue o no objeto de una condena de esta magnitud.
Y, de ser así, esa persona tiene el derecho, el deber y la posibilidad cierta de contar con esa información para poner las restricciones imprescindibles y evitar que próximamente se reitere un delito de la gravedad a que hice mención.
Por eso, sin perjuicio de la discusión que se dará más adelante -por supuesto, existen diferencias entre los penalistas y sobre todo entre quienes consideran que la rehabilitación para este tipo de delitos resulta necesaria, aun cuando las estadísticas nos indican que ella es difícil y que sus autores vuelven a cometerlos permanentemente-, estimo ineludible establecer controles. Y el más indispensable es el control social, pues finalmente las que más podrán protegerse de esta clase de ilícitos serán las familias, en caso de contar con la posibilidad de acceder a dicha información.
Soy absolutamente partidario de la existencia del registro en comento y de su acceso libre a él, sin perjuicio de los resguardos que se pueden tomar después. Pero a mí como padre, a una madre o a cualquier persona no nos pueden prohibir ese acceso o acusarnos de tener interés en ello, en circunstancias de que lo único que nos anima es la protección de nuestras familias.
Y a mí eso me parece indispensable.
Por supuesto, toda esta situación tiene un correlato, porque cuando se trata de buscar fórmulas de control permanente -a mi juicio, no basta con esa sección especial en el Registro- debieran existir normas que obliguen a quienes han cometido este tipo de delitos atroces a cumplir con determinadas obligaciones como concurrir a ciertos lugares para su control, asistir a tratamientos, acudir a firmar si es necesario, pero no dejarlos en total libertad, con el objeto de proteger a la segunda, tercera o cuarta víctima, pues ellas seguirán existiendo, de acuerdo a todas las estadísticas.
Por lo tanto, bajo ese concepto, presenté un proyecto de ley -desgraciadamente en este momento no hay ningún Ministro presente en la Sala- que dice relación con un aspecto que va unido a la iniciativa que nos ocupa: la facilidad que existe hoy día en Chile para limpiar los papeles desde el punto de vista de la eliminación de los antecedentes penales, tal como establecen el decreto ley Nº 409 y otras normas legales -por ejemplo, el decreto ley Nº 3.482-, los cuales fijan criterios en tal sentido para los autores de delitos como los que he mencionado.
¿Y eso qué significa? El artículo 1º del decreto ley Nº 409, textualmente, dice: "Toda persona que haya sufrido cualquier clase de condena y reúna las condiciones que señala esta ley, tendrá derecho después de dos años de haber cumplido su pena, si es primera condena, y de cinco años, si ha sido condenado dos o más veces, a que por decreto supremo, de carácter confidencial, se le considere como si nunca hubiere delinquido para todos los efectos legales y administrativos y se le indulten todas las penas accesorias a que estuviere condenado.
"El decreto que concede este beneficio se considerará como una recomendación del S. Gobierno al Senado para los efectos de la rehabilitación a que se refiere el número 2.o del artículo 9.o de la Constitución Política.".
La norma citada se refiere a toda clase de condenas, sin distinguir o excluir ningún delito o categoría de delitos.
Entonces, por un lado, establecemos una sección especial dentro del Registro General de Condenas pero, por otro, dejamos abierta la alternativa de eliminar los antecedentes penales, con lo cual nos quedamos sin posibilidad alguna de imponer un control en esta materia.
En consecuencia, considero justo que la sociedad se proteja de aquellos que cometen abusos sexuales de la magnitud que indica el proyecto presentado por el Gobierno -como se dispone en sus artículos pertinentes-; que se establezcan las normas necesarias para ello y existan los registros adecuados, pero también que nos preocupemos de las otras disposiciones legales que les otorgan a esas personas las facilidades y posibilidades de liberarse de tales registros, con lo cual, en cuatro o cinco años, la sociedad queda impedida de contar con los antecedentes descritos.
Por ello, señor Presidente, pienso que esto último debemos corregirlo.
Finalmente, estimo indispensable que la legislación consagre penas para que las personas que cometen estos delitos -me refiero (que lo sepan quienes nos escuchan), no a esos delincuentes que incurren en cualquier clase de ilícitos, sino a aquellos que violan a menores de 14 años, delito de extrema gravedad para las víctimas, sus familias y su futuro-, no solo queden sometidas a determinadas condiciones y obligaciones que impidan su libertad, sino que además cumplan con los objetivos de tratamiento, seguimiento, obligación de presentación, a fin de que la sociedad tenga los controles necesarios sobre estos delincuentes cuyas conductas resultan gravísimas en lo que se refiere a los daños que producen en los menores de edad.
Señor Presidente, votaré a favor de la idea de legislar, sin perjuicio de que incorporaré las indicaciones que se precisen, de acuerdo a las ideas matrices de la iniciativa.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate
En votación.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (29 votos favorables), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Alvear y Rincón, y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Ruiz-Esquide, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Corresponde fijar plazo para indicaciones.
Se aceptan sugerencias.
¿Senadora Alvear?
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, propongo el segundo lunes de julio para que, en virtud de la complejidad de la iniciativa, se puedan presentar las indicaciones adecuadas.
El señor GIRARDI (Presidente).- Muy bien.
Si le parece a la Sala, se fijará como plazo para formular indicaciones el lunes 11 de julio, a las 12.
--Así se acuerda.
OBLIGATORIEDAD DE ROTULACIÓN EN ALIMENTOS TRANSGÉNICOS
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece la obligatoriedad de rotulación en alimentos transgénicos, con informes de las Comisiones de Salud y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3818-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 27ª, en 21 de junio de 2006.
Informes de Comisión:
Salud: sesión 16ª, en 10 de mayo de 2011.
Medio Ambiente y Bienes Nacionales: sesión 16ª, en 10 de mayo de 2011.
Discusión:
Sesión 22ª, en 1 de junio de 2011 (queda para segunda discusión).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- El objetivo principal de esta iniciativa es establecer la obligación de que en los envases de alimentos humanos en que se hayan empleado ingredientes o aditivos genéticamente modificados, en la proporción que se señala, ello se indique expresamente en sus etiquetas. Y se contemplan sanciones para el caso de que se infrinja esta obligación.
En la sesión del miércoles 1° de junio se dejó pendiente la discusión de esta iniciativa, y quedaron inscritos para intervenir los Senadores señora Rincón; señores Cantero, Gómez, Lagos, Tuma, Coloma y Girardi, y señora Alvear.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- De acuerdo al orden de inscripción indicado, tiene la palabra la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente , en estos días hemos logrado instalar en el debate en nuestro país el tema de los alimentos transgénicos.
Algunos sostienen que las decisiones tomadas en el Parlamento nada tienen que ver con aquello. Y la verdad es que estamos discutiendo en él un conjunto de normativas relacionadas, todas las cuales apuntan en una misma dirección. Tanto es así que le pedimos al Presidente de la República , hace aproximadamente dos meses, declarar una moratoria para tratar todas las materias incluidas en ellas; hacer un alto en el camino para la reflexión, el análisis y el debate.
Me refiero al Convenio UPOV 91, a la Ley de Obtentores Vegetales, a la Ley de Transgénicos, a la Ley de Plaguicidas y al proyecto que hoy nos convoca, atinente a la rotulación de alimentos transgénicos.
Existen distintas visiones sobre el particular, señor Presidente .
Hay quienes afirman que los alimentos transgénicos no constituyen peligro para el medio ambiente ni para la salud de las personas; que son una ventaja evidente para la economía y la agricultura de los países. Otros aseveran exactamente lo contrario: que Chile debiera optar por la producción de alimentos orgánicos; que no podemos hipotecar a nuestros agricultores; que debiéramos apostar a los mercados europeos, los cuales están demandando "alimentos bio", como los llaman en Alemania.
Esta es una discusión tremendamente significativa. Y creo que, como nación, hemos de abrirnos al debate, al análisis, a oír a expertos de ambas corrientes.
Escuchábamos hace algunos días al científico e investigador Pablo Valenzuela , quien hablaba en un medio radial a favor de ese tipo de alimentos. Y oíamos y leíamos a Humberto Maturana , quien manifestaba exactamente lo contrario.
Señor Presidente , cuando uno recoge la discusión habida en torno a este proyecto de ley y, además, la ve reflejada en el informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, se da cuenta de que existen opiniones diversas sobre el particular.
Pero, sin ir al fondo del debate -es necesario, sí, hacerlo; y, al respecto, les agradezco a los asesores del Presidente de la República (al "segundo piso") el que nos hayan llamado para pedirnos los antecedentes a fin de revisarlos-, creo que debemos seguir la corriente de los países de Europa, que informan a los consumidores sobre lo que se está ofreciendo en el mercado.
En Chile consumimos aceite transgénico en la más absoluta ignorancia de esta característica. Y nos parece que ello no corresponde.
En tal sentido, este proyecto de ley, a mi entender, va por el camino correcto.
En efecto, nos da la oportunidad de relevar una vez más un asunto en el que hemos venido insistiendo con un conjunto de Senadores en orden a abrir el debate sobre los alimentos transgénicos; a abrir la discusión acerca de los instrumentos que estamos analizando en el Parlamento, y a poner encima de la mesa todos los antecedentes que hay en la materia.
Esta es una cuestión de salud pública, de medio ambiente; pero también es un problema económico que afecta a los países.
Tenemos un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional que señala que las naciones en vías de desarrollo que han optado por la producción de alimentos transgénicos no han mejorado su situación económica, sino que se han empobrecido.
Quiero expresar por último, señor Presidente , que el Tribunal Constitucional acogió a trámite un recurso que 17 Senadores presentamos en contra del Convenio UPOV 91, aprobado en este Parlamento.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.- Señor Presidente , lo concerniente a los alimentos transgénicos preocupa a la ciudadanía. Ha habido atención sobre la materia. Se le ha dado a la temática una interpretación mucho más global que lo que el proyecto en debate busca conseguir.
En lo esencial, esta iniciativa pretende la rotulación de los alimentos con hasta 1 por ciento de sustancias transgénicas. Y esto ha dado lugar a debate, porque algunos señalan que tal situación representa riesgos para el comercio.
Creo que la información nunca es dañina, más aún cuando le permite al ciudadano elegir informadamente si quiere consumir un alimento transgénico o que contenga determinado porcentaje de elementos de tal naturaleza.
En general, estoy a favor de una rotulación que posibilite saber exactamente qué se está consumiendo. Me parece que eso le hace bien a la gente.
Ahora, señor Presidente , quiero hacer un comentario.
En el último tiempo ha habido en nuestro país una polémica en torno a los alimentos transgénicos, en particular después de la aprobación del UPOV 91, que muchos sectores sociales han interpretado erróneamente como la privatización o la venta de las semillas tradicionales.
Sé que ese es un asunto colateral. Empero, pasa a ser central cuando algunos ciudadanos piden explicaciones sobre la materia.
Dentro de tal contexto se viene a discutir este proyecto de ley, que busca informar a los consumidores qué productos son efectivamente transgénicos o fueron elaborados con ingredientes de este tipo.
Asimismo, existe incertidumbre por la falta de evidencia y de estudios científicos que permitan hacer una afirmación categórica acerca de los efectos reales derivados de la ingesta de alimentos transgénicos: algunos dicen que no causan daño; otros, que lo provocan.
De los riesgos que los alimentos de esa índole pueden acarrear para la salud humana -señalan quienes argumentan en esta línea-, algunos tienen que ver con la resistencia a ciertos antibióticos; otros, con la generación de alergias y efectos tóxicos aún no precisados adecuadamente.
De otro lado, no todos los transgénicos son estables. De hecho, en campos experimentales de diez mil semillas, solo una es viable.
Por ejemplo, se ha demostrado que la exposición en altas concentraciones del herbicida glifosato en la soya transgénica de Monsanto, que es resistente a él, está relacionada con el desarrollo de linfomas, es decir, con cáncer.
Nuestro país ha decidido no utilizar organismos genéticamente modificados en la producción de alimentos. En consecuencia, no hay productos chilenos transgénicos. Solo se usan por excepción, en lugares expresamente indicados y autorizados por el Ministerio de Agricultura, y para fines de investigación.
Además, Chile, por su asociación con la Unión Europea, tiene la obligación de remitir debidamente etiquetados los productos que envía a sus mercados, lo que se exige de acuerdo a las políticas de trazabilidad de esa comunidad. De ahí la conveniencia de que usemos también aquí el criterio de la rotulación, en la lógica de que el ciudadano esté informado apropiadamente.
Actualmente hay productos transgénicos que ingresan al país, y en muchos casos las empresas que importan alimentos no conocen este hecho. Estamos consumiendo productos transgénicos derivados de soya y maíz, internados desde Estados Unidos y Argentina, que llegan sin rotulación: aceite de soya, carne o lecitina de soya, helados de soya, galletas, aceite vegetal, entre otros. Esto denota una actitud contradictoria, ya que por un lado se prohíbe su producción para consumo interno, pero por otro se importan productos elaborados con materias primas transgénicas. Por consiguiente, hay que aunar criterios en este sentido. Y esto fortalece la lógica de la rotulación.
En el Codex Alimentarius, dependiente de la FAO, se establece la recomendación de incorporar métodos para la detección de alergias, de nuevas toxinas, de alteraciones nutricionales, y la de etiquetar los alimentos transgénicos, como medidas de manejo de riesgo.
En tal sentido, el proyecto en debate se alinea con dicho Codex.
Por otro lado, la Ley de Protección al Consumidor contempla el derecho de la ciudadanía a una información veraz y oportuna sobre los bienes que se ofrecen; un rotulado obligatorio de ellos; la seguridad alimentaria en el consumo de bienes; la protección a la salud y al medio ambiente.
En esta tarea tendrán una gran responsabilidad tanto el Servicio Nacional de Aduanas como el propio Ministerio de Salud, para determinar los productos alimenticios que han sido sometidos a algún proceso de transgenia, en distintas magnitudes. Por ello, se deben dar las herramientas necesarias para una adecuada y correcta fiscalización.
Anuncio en consecuencia, señor Presidente , mi voto a favor de este proyecto, reiterando mi parecer en cuanto a que la rotulación en nada puede dañar al comercio de nuestro país. Muy por el contrario, lo único que pretende es que la ciudadanía esté perfectamente informada de qué está consumiendo, de manera que pueda hacer las correlaciones pertinentes en el evento de que los alimentos transgénicos causen alteraciones en la salud o provoquen reacciones alérgicas, que es lo que denuncian con mayor profusión quienes critican su ingesta.
He dicho.
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El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Con la venia de la Sala, quiero saludar al Comandante Huber Matos Benítez, de Cuba, quien nos acompaña desde las tribunas. Fue invitado a la Cámara de Diputados, por la Comisión de Relaciones Exteriores, y al Senado, por el Honorable señor Horvath, entre otros parlamentarios.
Le damos la bienvenida.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente , este proyecto de ley, que se encuentra en segundo trámite constitucional, establece la obligación de rotular los alimentos transgénicos. Ese es el punto central de nuestro debate.
Sobre tal base, es importante considerar ciertas prevenciones hechas durante la discusión y que no se han visto reflejadas en el articulado (tal vez ocurra más adelante).
Por ejemplo, según se recoge en el informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, la Directora del Instituto de Salud Pública de la época, doctora Ingrid Heitmann , "En relación al proyecto, manifestó su preocupación por el umbral del 1% de ingredientes o aditivos genéticamente modificados, que establece el artículo 2° en la definición que establece de alimentos transgénicos, ya que es difícil discernir con exactitud la confiabilidad del resultado final.".
Según dicho informe, la doctora Heitmann expresó también que, "no obstante estar de acuerdo con la necesidad de rotular, como una manera de informar al consumidor (...), le asiste la preocupación respecto a qué organismo regulará la materia y cuál fiscalizará su cumplimiento.".
O sea, hay en ese documento algunas observaciones.
Además, la referida personera señaló que el 1 por ciento es una cantidad grande desde el punto de vista de la capacidad de los laboratorios para determinar con exactitud la confiabilidad del resultado final.
Por lo tanto, entendiendo lo que dijo la doctora Heitmann, no es bueno establecer aquella limitación.
¿Y por qué?
Señor Presidente , aquí se han mencionado las diversas posiciones sustentadas con relación a los alimentos transgénicos.
Se ha dicho, por ejemplo, que algunos afectan a la salud. Es discutible; sin embargo, existe esa posibilidad.
Por mi parte, como uno debe prestar atención a quienes más saben, voy a leer la información adjunta a un correo electrónico que me envió la doctora María Isabel Manzur , de la Fundación Sociedades Sustentables, en la cual, bajo el título "LA NECESIDAD DE UN ETIQUETADO DE ALIMENTOS TRANSGÉNICOS EN CHILE", señala:
"Aunque Chile, no produce alimentos transgénicos, sí importa maíz y soya desde EE.UU. y Argentina, los dos mayores productores de transgénicos mundiales. Esto implica que es muy probable que los chilenos estén consumiendo alimentos transgénicos a partir de los derivados del maíz y soya. De hecho el Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, detectó presencia de soya transgénica en 22 productos presentes en el mercado nacional, de una muestra de 40. Entre estos alimentos hay 7 marcas de hamburguesas, seis marcas de vienesas y cinco marcas de galletas. Además 18 de estos alimentos poseen niveles muy superiores (20%, 10% y 2%) de contenido permitido en la Unión Europea que es 0,9%.
"Estos alimentos no están etiquetados y los cargamentos de maíz y soya no vienen segregados ni etiquetados. Por lo tanto es necesario etiquetar por las siguientes razones:
"1.- Porque se están actualmente comercializando alimentos genéticamente manipulados sin una adecuada y extensiva evaluación de su seguridad.
"Ya se ha demostrado que estos pueden causar alergias, efectos tóxicos impredecibles y se sospecha además que pueden causar resistencia a antibióticos.
"El Codex Alimentarius recomienda el etiquetado de los alimentos transgénicos como una medida de manejo de riesgo...".
"2.- Es importante etiquetar porque es un derecho de los consumidores conocer lo que consumen.
"El etiquetado cumple el derecho básico de los consumidores establecido en la Ley del Consumidor N° 19.296. La presencia de productos transgénicos en el mercado sin etiquetado y siendo potencialmente riesgosos para la salud humana estaría violando dicha ley. El Art. 3° señala que son derechos y deberes básicos del consumidor:
"Una información veraz y oportuna sobre los bienes ofrecidos,
"A un rotulado obligatorio de los mismos,
"A la seguridad en el consumo de bienes,
"A la protección a la salud y al medio ambiente.
"3.- Es muy importante el etiquetado de alimentos transgénicos para minimizar el riesgo que estos puedan ser utilizados como semillas con impactos negativos a la biodiversidad.
"En México se importó maíz transgénico como alimento y fue usado como semilla lo que causó contaminación de maíces originarios. Todos los alimentos a granel deberían ser etiquetados.".
Sin duda, señor Presidente , es importante prestar atención a lo que señala la doctora Manzur en esa información, que fue remitida a varios Senadores.
Es relevante, asimismo, que el proyecto en debate cuente con el apoyo necesario, por lo menos para que la ciudadanía tenga claridad sobre qué alimentos consumir y pueda decidir libremente al respecto. Porque hoy día, si no existe la obligación de rotular, se genera una situación inaceptable desde el punto de vista de los derechos del consumidor a resolver qué ingiere.
Por eso, voy a apoyar esta iniciativa. Y ojalá se le puedan incorporar, vía indicaciones, normas que mejoren aun más el control.
Sin embargo, señor Presidente , aquello va unido a otra cuestión, que ha sido fuertemente debatida en diversas áreas, y fundamentalmente mediante las redes sociales: la aprobación del Convenio UPOV 91.
Sobre el particular hay discusiones, diferencias. Pero lo que considero significativo es que las redes sociales y quienes participan en ellas alerten a los legisladores, les envíen información. Y por lo menos al Senador que habla, en particular, le ha servido mucho ese contacto, porque se reciben antecedentes sobre temas respecto de los cuales, obviamente, uno no es especialista, pero que sí son dominados por mucha gente en el país y en el resto del mundo.
Sobre esa base, de repente se escucha que el Convenio de la UPOV 1978 y el de la UPOV 1991 son distintos, y es preciso comparar y considerar por qué se acogió uno y no otro. La doctora Manzur expresa, por ejemplo, que la gran diferencia radica en que el segundo -el aprobado hace poco- "estipula que se requiere la autorización del obtentor para la producción o reproducción de semillas para cualquier otro fin. Este punto restringiría el llamado privilegio del agricultor.".
Resulta interesante conocer una serie de disposiciones que se contemplan -intentaré mencionarlas dentro del tiempo que me queda-, porque la cuestión repercute mucho en nuestros pueblos originarios, en el pequeño campesino, en el agricultor. En efecto, la especialista expone a continuación lo siguiente:
"El artículo 10 número 3) que señala que ninguna Parte podrá denegar la concesión de un derecho de obtentor o limitar su duración, argumentando que la protección para la misma variedad no ha sido solicitada, o que ésta ha sido denegada o que ha expirado en otro Estado o en otra organización internacional. Con esta norma, se desprotege a los pequeños campesinos y comunidades indígenas que han desarrollado variedades para su uso, ya que las variedades podrían ser inscritas por cualquiera persona, sin respetar los derechos del verdadero obtentor.".
O sea, ello afecta, sin duda, a quienes no cuentan con esa capacidad y no pueden efectuar el trámite. Se ha dicho que una gran transnacional ha inscrito todas estas semillas y que el asunto redundaría, finalmente, en una obligación de pagar derechos, e incluso, en la eventualidad de que no se puedan cultivar, como consecuencia de encontrarse patentadas.
"El artículo 14 número 1)" -agrega- "referido al alcance del derecho de obtentor establece que se requerirá la autorización del obtentor para los actos de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida que involucren: la producción o su reproducción, la oferta en venta, la venta o cualquier otra forma de comercialización, la exportación, la importación y la posesión de la variedad con fines de reproducirla o de importarla. Cabe señalar que este artículo faculta al obtentor a subordinar su autorización a condiciones y a limitaciones. Con esta norma se estaría prohibiendo a los campesinos a guardar el producto de sus cosechas con fines reproductivos.".
Entonces, señor Presidente , dado que el asunto es bastante complejo y ha generado una gran movilización, desde el punto de vista, como decía, de las redes sociales y de la opinión que genera; que es relevante y muy de fondo, y que, como lo expresó la Senadora señora Rincón, viene una serie de otras iniciativas que tendremos que discutir, creo que es importante contar con la información y cruzarla, por todos los antecedentes que recibimos.
Pero, fundamentalmente, en lo que se refiere al proyecto, sin duda que es trascendente apoyarlo, ya que va a existir la obligatoriedad del rotulado, a diferencia de hoy, cuando todos podemos estar consumiendo distintos productos con prescindencia de que contengan o no transgénicos. La decisión respectiva no puede hallarse entregada a quien vende, sino a quien consume, para lo cual requiere la más precisa información.
Por eso, votaré a favor.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Uriarte.
El señor URIARTE.- Pido que se abra la votación, señor Presidente.
El señor NAVARRO.- Pero debe mantenerse el tiempo correspondiente a cada inscrito.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Eso no está en discusión.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Puede intervenir el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , al analizar los antecedentes que sirven de fundamento al proyecto de ley, es posible sostener que probablemente nos hallamos en presencia de una de las áreas de mayor complejidad para la labor legislativa. Sin duda, es la razón por la cual normalmente este tipo de materias quedan entregadas a la potestad reglamentaria, autónoma, del Primer Mandatario.
Con la iniciativa, los Diputados que la sometieron a trámite en el Congreso están dando una señal muy clara. Es imposible detener el fenómeno de la transgenia en los alimentos de consumo humano y, por ende, es necesario asegurar una normativa que al menos permita tomar informadamente la decisión de recurrir a ellos o no.
También recibí la nota de María Isabel Manzur . Mi Honorable colega Gómez se me adelantó en la cita de frases textuales del documento, en el que la doctora recomienda aprobar el articulado, porque, naturalmente, las personas tienen derecho a saber qué consumen.
Pero al Senador que habla se le generan algunas confusiones, ya que, cuando se votó el UPOV 1991 en esta Corporación -en la Cámara ya se había aprobado por unanimidad-, se argumentó que se abría la puerta a la transgenia. En verdad, lo que estamos haciendo aquí es regular esta última, de manera que quiero dejar claro que ella existe y que no podemos negarla.
Lo que plantea la señora Manzur es concordante con lo sostenido también por la entonces Directora del Instituto de Salud Pública , doctora Ingrid Heitmann -ya citada por mi Honorable colega Gómez -, en el sentido de que, a nivel mundial, ya hay más de 90 millones de hectáreas plantadas con vegetales transgénicos.
Soy partidario de desdramatizar la discusión en la materia y abordarla como lo que es: un asunto de política pública, lo que debe tener como norte asegurar la inocuidad alimentaria, pero también proteger a los pequeños productores.
La transgenia, como cualquier técnica, es moralmente neutra: no es ni buena ni mala, en sí misma, sino que sus usos y aplicaciones pueden ser buenos o malos según la voluntad de quien la aplica, y nuestro deber es que su empleo sea seguro para la población, de modo de obtener los beneficios que origine y de tratar de evitar los riesgos o daños que se han anunciado.
Cito dos aplicaciones positivas de ella y de la ingeniería genética. La primera, en medicina. Sin ir más lejos, hoy, martes 7 de junio, la prensa española publica que un equipo de la Universidad de Oviedo y del Hospital Clínico de Barcelona ha logrado, por primera vez, la secuenciación completa de cuatro genes que provocan la leucemia, y se estima que en pocos años se podrán desarrollar técnicas genéticas que permitirán curar este tipo de cáncer.
Otro ejemplo positivo, en materia alimentaria, ha sido el término de las hambrunas en Asia, en la década de los sesenta, al lograrse nuevas variedades de arroz resistentes a las plagas de insectos y a los cambios bruscos de temperatura, así como a las inundaciones monzónicas que afectan a vastos territorios.
China e India trabajan denodadamente para seguir modificando su agricultura, con la finalidad de alimentar a la mayor parte de la población mundial, concentrada en esos dos países. De no lograrlo, la presión que ejercerá su demanda por alimentos podría generar una crisis de dimensiones planetarias.
Pero, por otra parte, en los informes de nuestras Comisiones se incluyen las declaraciones de importantes investigadores chilenos, que explican in extenso los efectos que podría registrar la transgenia en la salud de la población, la biodiversidad y la seguridad alimentaria nacional. Ello, sin contar las objeciones razonables que su empleo pueda provocar, desde el punto de vista de la protección de los derechos de los consumidores y de la aplicación del denominado "principio precautorio" en la salud pública, que legitima la intervención estatal en ciertas actividades cuando no existe certeza sobre la inocuidad de los alimentos.
Juzgo razonable el fundamento último del proyecto de ley, pues por su intermedio se busca transparentar y entregar la posibilidad de una decisión autónoma y libre de los consumidores para adquirir y consumir los productos a sabiendas de si se encuentran o no genéticamente modificados.
Sin embargo, para que lo anterior sea posible y no tengamos una normativa que sea letra muerta, es indispensable contar con una institucionalidad de respaldo.
Estimados colegas, señor Presidente , en el debate hay un gran ausente: el Gobierno. Los especialistas del Ministerio de Salud han dicho, no una, sino muchas veces, que esa Secretaría de Estado no es competente en las materias que nos ocupan, como tampoco el Instituto de Salud Pública, y que, a lo más, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) es el único con facultades para autorizar los cultivos e investigaciones con organismos genéticamente modificados.
Quisiera traer a colación un elemento institucional que me parece de la mayor importancia y que, sin embargo, no ha sido considerado de manera alguna durante el debate.
En el año 2005 se creó la Comisión Asesora Presidencial "Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria", que elaboró el Sistema Nacional y la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria. Sin embargo, el Gobierno del Presidente Piñera retiró de la tramitación el proyecto de ley respectivo el 6 de julio de 2010. Lo normal es que un Gobierno presente indicaciones, no que retire iniciativas.
Hoy, cuando precisamente requerimos una institucionalidad adecuada que se ocupe de estas materias, echamos en falta la institucionalidad propuesta en esa normativa. Lamentablemente, constatamos, con frustración, que una vez más el Gobierno está ausente en el ámbito de que se trata, sin opinión y, al parecer, sin interés.
Señor Presidente , aprobaré en general el texto en estudio, pero con el convencimiento de que estamos dando simplemente un testimonio, por ahora, pues la discusión es parcial, incompleta e ineficaz para los fines perseguidos. Por ello, espero que la Comisión de Agricultura pueda incorporar indicaciones del Ejecutivo , en su oportunidad, que hagan responsable a algún organismo del Estado de la viabilidad del proyecto.
También, deseo manifestar mi preocupación frente a la amplitud de la norma de etiquetado, pues se hace referencia a todos los productos que sirven de alimento para los seres humanos. Abrigo serias dudas acerca de la procedencia de tal extensión, sobre todo pensando en los impactos que una disposición de semejante naturaleza provocaría en pequeños agricultores. Me pongo en el caso de los campesinos mapuches de La Araucanía, quienes podrían vender, a sabiendas o no, papas con semillas mejoradas producto de transgenia y resistentes a las plagas, por ejemplo. ¿A ellos también les aplicaremos la obligación de etiquetar? ¿Quién asumirá los costos de la tarea? ¿Las certificaciones serán públicas o privadas? ¿Qué rol se les asignará a los órganos del Estado en esta materia?
Por eso, estoy convencido de que la iniciativa apunta en la dirección correcta de dar más información y derechos a los consumidores, pero falta un organismo que garantice que los derechos se podrán ejercer.
Confío en que en la Comisión de Agricultura lograremos un acuerdo que permita, en los trámites futuros, dar forma y contenido al articulado, de modo de llenar sus vacíos, para cumplir los objetivos previstos por sus autores.
Anuncio mi voto favorable.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente , definiría el proyecto como extemporáneo, lo que no tiene que ver con que haya pasado la época con la cual dice relación, sino con que se encuentra fuera de ella en el sentido de que en el Congreso se planteó hace cinco o seis años una iniciativa legal sobre la transgenia.
Y creo que el Senador señor Tuma , quien me antecedió en el uso de la palabra, explicó bien cuáles son las distintas alternativas o visiones respecto de esa realidad.
Mientras no tengamos definido democráticamente un criterio sobre el particular, me parece complejo abocarse a las consecuencias de una legislación inexistente. Porque, conceptualmente, cabe rotular las cosas que no están bien, y no, en forma obligatoria, las que lo están. Y, de alguna manera, el articulado se vincula con un juicio de valor en cuanto a los efectos que puede causar una acción determinada.
Me he dado el trabajo, al igual que muchos señores parlamentarios -de ello no me cabe duda-, de revisar algunos de los antecedentes considerados en el interior de las Comisiones, en particular la de Agricultura. Como algo ya refirió un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, el doctor Valenzuela , Premio Nacional de Ciencias -o sea, no cualquier persona-, hizo referencia a la necesidad de fortalecer la ingeniería genética y a que no media un problema ni para la salud ni para el medioambiente.
En lo que constituye uno de sus aportes, las sociedades científicas mencionan que la mejor forma de luchar contra los gases de efecto invernadero es precisamente a través de la vía de los cultivos biotecnológicos, lo que en el mundo permitió eliminar, en un año, el equivalente a 15 mil 600 millones de kilos de dióxido de carbono de la atmósfera. Como a algunos les gusta siempre ejemplificar, esa cantidad equivale a retirar de las carreteras 6 millones 900 mil automóviles por un año. Es el resultado de aprovechar en un rubro la ingeniería genética, a la cual no estimo un pecado, desde una perspectiva conceptual.
Una segunda preocupación del Congreso ha sido el aumento de los plaguicidas. Pues bien, una forma de enfrentar esa situación es a través de la ingeniería genética, habiéndose reducido después de varios años la utilización de esos productos, según datos de la Unión Europea, en 352 millones de kilos.
Asimismo, se han logrado suelos mejores y más productivos. Eso es evidente. En un mundo con extensos territorios que requieren, como es indudable, un esfuerzo especial -en particular, en África, pero también en América Latina y en algunas partes de nuestro país-, se plantea una respuesta que aparentemente no damos en el debate final, y, en cambio, preferimos rotular, para advertir, de alguna manera, las dificultades que se pueden generar.
Y ello, señor Presidente , ante una contradicción vital en Chile que juzgo conveniente exponer, una vez más, en el Senado. Porque se da una paradoja, única, con respecto a productos de ingeniería genética o genéticamente modificados. No sé si existe otro país donde se permite producir semillas transgénicas -creo que somos el quinto en el mundo, según el dato con que se cuenta en la Comisión de Agricultura, en especial en cuanto al maíz-, sin perjuicio de lo cual éstas no se pueden plantar.
Se trata de una cuestión que no tiene nada que ver con lo bueno o lo malo. Cabe admitir que es un problema extraño, dentro de una concepción razonable.
Y cuesta mucho funcionar mientras no se resuelve ese punto. Hace seis años, junto con mis Honorables colegas Frei y Espina y los entonces Senadores señores Flores y Allamand , presentamos un proyecto con el que pretendíamos generar el debate correspondiente, pero en un sentido constructivo. La idea era determinar si se logra un resultado positivo o negativo para el país, y, en el primer caso, cuáles son las condiciones de implementación. La iniciativa, aprobada en general, está a la espera, lamentablemente, de la constitución de Comisiones ultraunidas -ya que son tres-, lo que, en verdad, no ha funcionado.
En días pasados también pedí conocer la opinión de expertos a nivel mundial, y me encontré con que la Unión Europea -no se me podrá decir que la fuente no es seria- dispone de dos informes. Uno de ellos, que comprende el período 1985-2000, concluye que ningún estudio demostró efectos dañinos para la salud humana o el medioambiente causados por productos como los que nos ocupan aprobados en el sistema regulado. ¡Ninguno! Estoy citando -repito- a la Unión Europea, porque no entiendo de estas materias en detalle.
Entre 2001 y 2010 se hizo un segundo esfuerzo, con 50 proyectos de investigación, financiados por la misma entidad, el cual ratifica -es algo que se acaba de dar a conocer- que no existe ninguna evidencia científica que relacione los cultivos transgénicos con mayor riesgo para el medioambiente y la seguridad de los alimentos que lo obtenido por métodos convencionales.
¿Por qué digo esto, señor Presidente ? Porque, a mi juicio, una de las cosas que debemos hacer en forma responsable es ir situando las respuestas conforme a los problemas que se planteen. Y en una de esas, si en una discusión sobre el tema de fondo el Senado concluye que es imposible funcionar con la ingeniería genética, con lo cual seríamos casi el único país del mundo en ese caso, tendremos que regular -y es preciso confiar en los métodos democráticos- cómo actuar ante el eventual consumo de los productos importados.
Pero no contamos con ese debate ni con esa respuesta, y aun así estamos abordando la rotulación, que obviamente es el efecto de una calificación negativa. Porque -insisto- nadie etiqueta algo que no hace daño a la salud.
Lamentablemente, se abrió la votación.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Lo pidieron.
El señor COLOMA.- Sé que fue a través de interpósita persona.
Pero habría preferido -lo encuentro superimportante- integrar esta materia con la del proyecto que busca resolver si pueden usarse o no en Chile componentes genéticamente modificados.
Quiero ser abierto de mente en este ámbito. No tengo ningún interés creado, salvo el ser Senador de la Séptima Región . Me doy cuenta de cómo funcionan los agricultores de mi zona con relación al cultivo de semilla y de cómo los mismos que la producen no la pueden reutilizar, cosa que -admitámoslo- ¡es muy extraña!
Entonces, me parece que optar por la vía de la rotulación apunta en un sentido incorrecto, cuando primero se debe resolver el problema de fondo ya referido.
Esta discusión, que es interesante y muy profunda, la realizamos cinco años atrás. La he revisado. Y les sugiero a los señores Senadores que hagan lo mismo. Entonces algunos señalaron que en dos años más -ya han trascurrido tres desde aquello- íbamos a conocer una serie de debacles mundiales en esta materia, las que no se produjeron, por lo menos a juicio de la Unión Europea.
Por lo tanto, no sé si estaremos tomando el camino adecuado. ¡En una de esas, hay aquí una genialidad de anticipación...! Dar una respuesta a un problema que no se ha generado no creo que vaya en el sentido correcto.
Por eso invito a Sus Señorías a leer lo que las Comisiones solicitaron como antecedentes.
Comparto plenamente lo planteado por el Senador señor Tuma en cuanto a la forma de enfocar el asunto. No concuerdo, sí, en su conclusión. Pero él tiene razón: aquí queda una pregunta abierta. Pido a los señores Senadores que, antes de actuar, respondamos si ella es negativa. Porque puede darse exactamente lo contrario.
He dicho.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- En todo caso, la interpósita persona aludida era su colega el Honorable señor Uriarte .
El señor COLOMA.- ¡Pero me di cuenta de que era interpósita persona...!
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- ¡A su juicio...!
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente , evidentemente este es un debate apasionante, porque marcará las futuras discusiones que sostendremos. Creo que el Congreso, de aquí en adelante, tendrá muchas oportunidades para analizar la situación de la biotecnología desde varias perspectivas (de salud, económica, ética).
A veces cuesta entender qué es la transgenia. Y tal vez esa falta de comprensión genera incongruencia en las posturas de determinados colegas.
La transgenia es la posibilidad, a través de la biotecnología, de tomar un gen de una especie y traspasárselo a otra. En los mamíferos, podría traducirse en la construcción de un "chimpohumano" (mezcla de chimpancé y humano), de un "perro-humano" o de un "caballo-perro".
Eso es la transgenia.
Lo que pasa es que en el ámbito de los vegetales, como ese mundo nos parece tan distante, no apreciamos lo que ello significa.
La transgenia es violar la historia de la naturaleza.
Las especies y su capacidad de reproducirse constituyen fronteras invulnerables. No puede cruzarse un perro con un caballo: aunque se mezcle el espermio de un perro con el óvulo de una yegua, el resultado no será fértil, porque la especiación de tales animales a través de su historia evolutiva ha impedido que compartan genes.
Lo que hace la transgenia -reitero- es violar la historia evolutiva.
Ahora, yo no le atribuyo una condición positiva o negativa. Habrá que verlo. Es parte del desarrollo tecnológico que está llevando a cabo nuestra especie humana.
Cuando Craig Venter , de Genomics, un personaje interesante y pintoresco, logró descifrar el genoma humano antes que el equipo mundial que se hallaba realizando esa tarea y fabricar los codones en un programador -porque quien lee el genoma humano lo puede escribir- que permitieron crear en su laboratorio vida artificial, una nueva bacteria, surgen cuestionamientos bioéticos respecto de los cuales la humanidad debiera reflexionar.
¿Qué significa producir seres vivos que no provienen de la creación, para quienes tienen un visión religiosa; ni de la evolución de las especies, para los que sustentan una visión científica?
Una especie demora, en promedio, 12 millones de años en desarrollarse, y es el resultado de complejísimos procesos de interacción, de selección natural, de azar. Pero nuestra especie ya creó un ser vivo artificial. Lo podemos clonar y sembrar en el universo, originando un nuevo génesis artificial.
Eso también es transgenia, señor Presidente .
Lo es, asimismo, la posibilidad de detener el envejecimiento a través de instrumentos genéticos que modifiquen el acortamiento de los telómeros, lo cual va generando con el tiempo la imposibilidad de que las células se dividan. Llegado el momento en que estas ya no se dividen más, el cuerpo humano empieza a envejecer.
En definitiva, estamos frente a un conjunto de nuevos desafíos en el ámbito de la biotecnología que ameritan una reflexión, un conocimiento.
Ahora, dado que hay aspectos controvertidos en esta materia, parte de la humanidad ha adoptado instrumentos muy radicales de control.
Los europeos optaron por el mecanismo de la rotulación, para que los ciudadanos, los consumidores sean los que finalmente decidan si quieren exponerse a los riesgos que implica, por ejemplo, una alimentación transgénica. En muchos países existe, además, prohibición de plantar productos modificados genéticamente.
Desde la perspectiva del consumo, cada vez que un producto contiene más de 1 por ciento de componentes transgénicos se obliga a etiquetar, por varias razones. Una de ellas es para determinar la trazabilidad y eventuales riesgos, sobre todo considerando que el gran discurso de quienes defienden los transgénicos es que estos mejorarían el acceso a alimentos más baratos.
El problema radica en que, si no están rotulados, resultará imposible que manifiesten una diferencia de precios y quedará truncado ese importante beneficio. Al etiquetarse los productos con componentes genéticamente modificados, debieran bajar su valor. Y así sucede en casi todos los mercados de Europa.
Estados Unidos no tiene un sistema de rotulación, pero sí un control de barrera, de frontera muy exigente. Todas las partidas que ingresan son revisadas por la EPA. Esta Agencia determina cuáles productos son para consumo humano, cuáles para consumo animal y cuáles no pueden usarse.
El problema de Chile es que no cuenta con ninguno de esos dos mecanismos.
De hecho, los productos rechazados por Estados Unidos podrían llegar a nuestro país.
Por ejemplo, dicha nación descartó el maíz StarLink para consumo humano. Una empresa de comida rápida igual lo introdujo para sus alimentos, pero la EPA la obligó a eliminarlos de la cadena, ocasionándole grandes pérdidas.
El maíz StarLink perfectamente podría ingresar a Chile, porque somos un país receptor de todos los transgénicos, de los buenos y los malos, pues carecemos de regulación sobre el asunto.
Mi preocupación, primero, es un tema país.
Más allá de la discusión de si este tipo de alimentos es riesgoso o no, yo me pregunto: ¿Es bueno para Chile usar transgénicos? Yo tengo dudas.
¿Por qué? Porque cabe considerar ciertas cosas.
Hoy día poco más de 20 mil hectáreas -no son más por lo riesgoso que resulta- se destinan a reproducir semillas, que no se pueden cultivar acá. Ello lo controla el SAG con medidas sobre bioseguridad tremendamente rigurosas y estrictas.
El punto es que, si instalamos transgénicos en Chile, habrá que competir con países como Estados Unidos, Argentina, Brasil, Australia, que poseen inmensas cantidades de hectáreas para este fin.
En mi opinión, no tenemos ningún beneficio comparativo para competir con esas naciones. Es más, Sus Señorías saben bien que menos del 4 por ciento de los terrenos chilenos son arables y que los suelos tipo 1 corresponden a menos del 1 por ciento. En conclusión, la tierra chilena cultivable es escasísima.
Por lo tanto, ponernos en la misma lógica con dichas naciones y competir con ellas, que destinarán millones y millones de hectáreas a esos fines, me parece un contrasentido.
Para un país como Chile, más allá de la discusión, tal vez sería mejor abordar una economía de nicho y venderle al mundo productos no transgénicos.
Estimo que habrá una demanda cada vez más creciente de productos orgánicos, sin plaguicidas ni contaminantes, de parte de los países desarrollados, que preferirán un consumo no transgénico.
O sea, habrá una razón económica de por medio.
Ahora, los temas de salud en este ámbito siguen siendo controvertidos. Un estudio reciente hecho en Canadá demuestra que existe contaminación por elementos transgénicos.
Quiero pedir que se oficie al Ministerio de Agricultura por el siguiente motivo.
Dicha Cartera contrató hace poco al señor Juan Carlos Letelier , uno de los biólogos más famosos de Chile, para efectuar una investigación sobre el particular. Tal profesional entregó un documento de 400 páginas, pero, como este no decía lo que el Ministerio quería -hablo de uno de los biólogos más connotados del país, reconocido internacionalmente- y llegaba a la conclusión de que no resulta rentable usar transgénicos -entre otras razones, porque la productividad de nuestros suelos es equivalente a la de los terrenos argentinos y australianos, que sí usan tales componentes-, no se le quiso pagar al señor Letelier ni aceptar su estudio.
Me parece muy interesante conocer ese trabajo. Fue realizado para el Ministerio de Agricultura por uno de los biólogos chilenos más famosos y lo están rechazando por no plantear lo que dicho organismo desea.
Reitero mi petición de oficio para que se nos haga llegar ese estudio. Lo llevó a cabo -insisto- una persona connotada a nivel mundial, con participación de un grupo de ingenieros de las universidades más destacadas de Chile.
Señor Presidente , considero un equívoco que el país se introduzca en el camino de los transgénicos, porque ello nos obliga a competir con naciones con las que no podemos competir.
Existe un nicho absolutamente distinto: cada vez más el mundo querrá consumir productos sanos, con bioseguridad. Ahí nuestras papas -como dijo el Senador señor Tuma -, nuestros maíces tendrán más posibilidad de desarrollo que lidiando con los grandes productores de transgénicos.
Además, los productos genéticamente modificados sí generan un daño: afectan la biodiversidad. Esto no se halla en discusión. Las naciones que han introducido cultivos transgénicos han perdido parte de su riqueza genética, principal patrimonio del siglo XXI. Por ejemplo, México poseía una variedad inmensa de maíces, y hoy esta se encuentra reducida a muy pocas especies.
Los países que siembran transgénicos pierden el patrimonio del futuro: la biodiversidad.
Sería un tremendo error tratar de competir con grandes productores de transgénicos, que disponen de millones de hectáreas cultivables para ese fin.
Además, ello implica una dependencia tecnológica estricta. Porque empresas como Monsanto venden paquetes tecnológicos que solo ellas comercializan. Luego, los campesinos pierden su capacidad de producir sus propias semillas y pasan a depender en forma extrema de tales transnacionales, no solo en la aplicación de compuestos químicos (plaguicidas y otros), sino también en la obtención de las semillas.
Asimismo, para Chile significa una pérdida patrimonial, pues nos veremos expuestos a que se empiecen a patentar nuestros propios productos...
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Terminó su tiempo, señor Senador.
El señor GIRARDI.- Pido un minuto más, señor Presidente .
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Puede continuar, Su Señoría.
El señor GIRARDI.- Esta materia implica una reflexión mayor, un debate planetario. Gran parte de la humanidad hoy se encuentra en tal discusión.
Entiendo que Estados Unidos, Argentina y Australia, que poseen millones de hectáreas de cultivo, opten por los transgénicos, pero no comprendo que un país como el nuestro siga ese camino, en el cual no nos cabe ninguna posibilidad de competir.
Chile debería desarrollar una economía de nicho.
Además, no contamos con ningún mecanismo de regulación en este ámbito: ni el control de ingreso de Estados Unidos, ni el sistema de rotulación de Europa.
Si quisiéramos que se traspasara a los ciudadanos el beneficio de ofrecer alimentos más baratos, principal razón por la cual se venden transgénicos, estos debieran etiquetarse como tales. Casi todos los chocolates, las leches de soya, los maíces que consumimos son transgénicos, y debieran costar menos. Pero ello no sucede justamente porque no se hallan rotulados. Si lo estuvieran, habría que venderlos más baratos.
Por lo tanto, considero que este debate sigue abierto.
Sin embargo, al menos debiéramos votar a favor de la rotulación de los alimentos con compuestos genéticamente modificados.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se enviará el oficio solicitado por el señor Senador.
--Así se acuerda.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente , soy absolutamente partidario de este proyecto de ley. Bienvenido sea todo lo que signifique información para el consumidor. No veo razón para impedir que se establezca que en la rotulación de un producto deberán indicarse los ingredientes transgénicos que lo componen.
En segundo lugar, en materia de vegetales genéticamente modificados, en particular en el caso de la UPOV, creo que se han confundido peras con manzanas.
Entre paréntesis, quiero reconocer el coraje, la decisión y la valentía del Senador señor Tuma al enfrentar el tema anterior.
El señor TUMA .- ¡No me ayude tanto...!
El señor ESPINA.- Si hay algo en lo que se ha hecho demagogia en Chile, es en lo relativo al Convenio UPOV.
Y explicaré por qué.
En las redes sociales de internet circuló -y aún circula- la información de que este Gobierno habría aprobado el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, cuya finalidad sería proteger a Monsanto.
Señor Presidente , no conozco a la gente de Monsanto. Parece que años atrás asistieron a exponer en la discusión del proyecto de ley sobre vegetales genéticamente modificados.
Nuestro país suscribió el Convenio de la UPOV en 1996. Desde entonces Chile forma parte de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Adhirió al Convenio y a las Actas de los años 1972 y 1978, cuya finalidad es permitir que las personas que crean nuevas variedades de semillas tengan derecho intelectual sobre ellas.
Chile se comprometió en los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y con Japón y en el Acuerdo de Asociación con la Comunidad Europea a actualizar su adhesión al Acta 1991 de la UPOV.
El señor PROKURICA .- ¡Quién negoció esos tratados...!
El señor ESPINA.- El 40 por ciento de nuestras variedades agrícolas ha sido obtenido por productores nacionales.
Señor Presidente , Chile tuvo que dictar una ley para entrar a la UPOV, legislación que ahora debe modificarse. Se establece expresamente -como ya lo hace la normativa actual- la prohibición de que los pequeños y medianos agricultores no puedan conservar para sí semillas y producción que les permitan continuar reproduciéndolas y utilizándolas en sus campos.
Entonces, la situación que enfrentamos deriva -no lo digo como una crítica; es una realidad- de acuerdos suscritos por Chile durante los Gobiernos de la Concertación, que guardan relación con convenios aprobados con países europeos y norteamericanos.
La idea es fijar disposiciones que permitan a los países crear semillas que mejoren la producción.
Y la ley puede disponer -así lo hace expresamente- protecciones para que el pequeño agricultor no se halle sujeto a ningún cobro de patente respecto de tales productos.
¡Pero en los campos, en especial de La Araucanía, se ha dicho que esto será la ruina para los mapuches; que esto significará que Monsanto se adueñará de las tierras y venderá todas las semillas a precios infinitos!
El señor LARRAÍN .- ¿Quién ha dicho eso?
El señor ESPINA.- Entonces, creo que el mínimo de responsabilidad -uno puede estar a favor o en contra del proyecto- es no mentirle a la gente.
Tengamos alguna seriedad en el Senado.
Podemos estar en desacuerdo. Admito que es posible que alguien crea que no debe haber propiedad intelectual sobre las semillas. Yo pienso lo contrario.
Si un 40 por ciento de productores chilenos crea semillas de mejor calidad, bienvenido sea.
Y si se puede enmendar la ley -la dictamos nosotros- para establecer disposiciones que protejan a los pequeños agricultores -entre ellos, a los mapuches-, lo vamos a hacer.
¡Pero no vayamos al mundo del campo a mentirles! Porque se les miente cuando se dice que esto será una catástrofe: "¡Vino el terremoto de Japón, el de Chile, y ahora, la UPOV!".
Yo no pertenezco a esa clase de políticos; a quienes no defienden sus ideas con consecuencia y terminan engañando a la gente modesta, augurando situaciones catastróficas que no son reales.
Uno puede estar a favor o en contra de una iniciativa. Es legítimo. Pero no mintamos sobre ella.
Señor Presidente , después de abordar lo relativo a los vegetales transgénicos, quiero referirme a otro punto.
El Premio Nacional de Ciencias del año 2002, Pablo Valenzuela -¡quien sabe algo más que todos nosotros sobre la materia...!-, concurrió a la Comisión de Agricultura cuando discutimos el proyecto de ley sobre los vegetales genéticamente modificados y señaló textualmente -¡el Premio Nacional de Ciencias!-: "En USA, en 10 años se han consumido más de un trillón de porciones alimenticias derivadas de ingeniería genética y no se ha registrado un solo caso de evento adverso, ningún ecosistema se ha alterado y ninguna persona ha enfermado como consecuencia de ingerir estos alimentos.".
Hay dos alternativas: o este señor fue a mentir a la Comisión -lo que no creo-, por lo cual, entonces, habría que pedir que le quiten el Premio Nacional; o dijo la verdad -a mi juicio fue lo que ocurrió-, pues alguien de su prestigio, de su talento y de su transparencia no se arriesga a entregar una información falsa.
No obstante lo anterior, la transgenia es un asunto que ha generado gran polémica.
Sin embargo, cuando analizamos el proyecto en general -la gran mayoría de los señores Senadores aprobó la idea de legislar-, lo hicimos basándonos en las siguientes consideraciones: en primer lugar, que Chile debe tener un nicho para los productos orgánicos y otro para los transgénicos, porque hay mercado para ambos. Y lo que hace la iniciativa grande respecto de la cual el Gobierno presentó una indicación -la que consigna más materias y que tendrá que ser debatida por varias Comisiones- es precisamente establecer que nuestro país, de pleno Derecho, pueda contar con zonas protegidas para productos transgénicos, previa consulta ciudadana -lo que no ocurre hoy día-, para dedicarse a la producción orgánica. Es un capital político, un capital comercial, un capital exportador que la nación debe cuidar.
Pero actualmente en el mundo hay también productos transgénicos y el territorio nacional está siendo invadido por ellos debido a la legislación actual.
Al respecto, recuerdo lo que dijo en su intervención el Senador Letelier, de las bancas del frente: que la discusión sostenida en ese momento era atemporal, que debía haberse efectuado hace 20 años. Y votó a favor del proyecto porque Chile ya tenía vegetales genéticamente modificados.
Lo que corresponde ahora es regular la materia y no continuar con el desorden actual. Porque se da el absurdo de que el país importa productos transgénicos -los compramos a diario en los supermercados- y exporta sus semillas, pero no podemos consumirlas. O sea, hay que producir transgénicos aquí.
Entonces, lo que hace un país sabio e inteligente frente a una realidad es proteger zonas de manera adecuada, con todos los resguardos que sean necesarios, para tener producción orgánica. Pero también debe haber un sector de la población que, con todos los controles y la experiencia médica del caso, pueda generar vegetales genéticamente modificados, con toda la información de rotulación adecuada por supuesto.
Por eso, voto gustoso a favor del proyecto. Porque no se puede ser partidario de la información para algunas cosas y contrario a ella para otras.
Es probable que a las empresas extranjeras no les gusten tales imposiciones, pues a lo mejor consumirán menos sus productos. Pero a mí me da lo mismo, lo que hagan las multinacionales transgénicas. Solo me interesa que la gente, cuando consuma un producto, tenga el derecho a saber su contenido. ¡Y tiene todo el derecho del mundo a conocerlo!
Por lo tanto, la iniciativa en debate se podrá perfeccionar, mejorar sus normas. Pero no tengo duda de que Chile debe contar con una legislación general, donde haya participación ciudadana, como se propone en la normativa que presentamos varios Senadores, de manera transversal, entre los cuales se encontraban el Honorable señor Eduardo Frei y el entonces Senador señor Flores, que pertenecen a tiendas políticas distintas. También hay varias otras mociones -sobre las que me reclamaba el colega Horvath , con toda razón- que se hallan en lista de espera, las cuales deberían ser fusionadas.
Por tal motivo, hay que aprobar en general la iniciativa en debate y hacer una buena legislación que ampare y proteja al consumidor y lo defienda de los abusos que, probablemente, cometen grandes empresas, como Monsanto y compañía, porque todas lo hacen. De ahí que se debe evitar que se aprovechen de estos mercados sin ningún tipo de limitaciones.
En consecuencia, señor Presidente , voto a favor del proyecto, esperando que todas las mociones se vean en conjunto por las Comisiones de Salud, de Agricultura y de Medio Ambiente, para que alguna vez dispongamos de una legislación con visión de Estado y no que sea fruto de un debate pequeño e intrascendente.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , resulta interesante ver cómo se ha tornado el debate sobre rotulación de alimentos transgénicos no producidos en Chile, como señaló el Senador Espina, que dedicó al UPOV 91 seis minutos de los 10 de que disponía.
Por cierto, la discusión va mucho más allá del etiquetado de alimentos transgénicos no elaborados en nuestro país.
El colega Espina señaló que hay dos mercados: uno orgánico y otro transgénico.
¿Qué nos dice el INTA? Que detectó maíces transgénicos en campos no autorizados: "El Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), dependiente de la Universidad de Chile" -la mejor casa de estudios superiores del país, en la que estudiaron muchos de los señores Senadores presentes en la Sala-, "determinó por primera vez que maíces transgénicos provenientes de semilleros han contaminado genéticamente siembras de maíz convencional en Chile. Así estableció el muestreo realizado a comienzos de año en la Región de O´Higgins, donde se identificó 4 predios afectados en las comunas de Placilla, Santa Cruz y Chimbarongo. El estudio analizó muestras provenientes de 30 predios contiguos a semilleros de Organismos Genéticamente Modificados (OGM), de los cuales 4 salieron positivos para contaminación transgénica.".
Estamos en un problema, porque no sabemos dónde se hallan ubicados esos predios. Hemos acudido al Consejo para la Transparencia a fin de que nos diga dónde están, porque en nuestro medio son secretas las autorizaciones para plantar semillas transgénicas, lo que no se condice con el derecho a la información.
El proyecto en análisis señala lo que se entiende por organismo genéticamente modificado: "todo alimento que esté compuesto o contenga organismos en cuyo genoma se ha incorporado, de forma estable, un segmento de ADN extraño" -es decir, como expresó el Senador Girardi, se ha sacado un genoma de maíz o de tiburón (de acuerdo a lo que algunos mencionaron) para ponerlo en el tomate- "utilizando técnicas de ingeniería genética".
Se han citado estudios de Estados Unidos, de la EPA, para demostrar que, después del consumo de trillones de alimentos, no hay condiciones adversas.
Doce millones de años es el tiempo que tarda en configurarse una forma de vida de manera natural. Al respecto, me parece que hay miopía, un cortoplacismo absoluto, porque en el curso de 2, 10, 20 o más de 30 años no se han reflejado elementos adversos.
Como estamos hablando de genes, la única forma de saber si la alteración genética no ha causado efecto en los organismos es esperar las próximas generaciones; es decir, hijos, nietos, biznietos. Es la única posibilidad. Pero no existe un estudio correlativo de esa naturaleza.
Vamos a etiquetar los alimentos en cuya preparación se hayan usado ingredientes o aditivos genéticamente modificados en una proporción igual o mayor al 1 por ciento. Si la gente supiera que está comiendo alimentos, como galletas, con 10 por ciento de elementos genéticamente modificados, tomaría decisiones vitales respecto de su consumo.
En la iniciativa se establecen multas en caso de no etiquetarse un producto como corresponde, y se determina la aplicación de la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores.
Se ha reiterado la necesidad de etiquetar estos alimentos en forma urgente. En los años 1994 y 1995 se liberaron los primeros alimentos transgénicos en forma comercial para consumo humano, pero aún persiste incertidumbre respecto de los riesgos involucrados. Entre 1980 y 2000 se hicieron solo nueve estudios experimentales sobre la materia. Es decir, hay muy poco estudio sobre el particular. Solo casos aislados. No se quiere investigar.
Chile no es, ni con mucho, especialista en el tema. Por ejemplo, siendo los campeones mundiales en la producción de salmones, no fuimos capaces ni siquiera de contener el virus ISA, porque -reitero-, a pesar de tener esa calidad, no hacemos experimentación ni inversión en biotecnología ni tampoco nada en cuanto a la producción de alevines o de ovas de salmón provenientes de Noruega.
Se dijo aquí que en Estados Unidos existe un sistema de aprobación de organismos genéticamente modificados, pero -en opinión de muchos- es insuficiente. La FDA los aprueba, pero basada en investigaciones -escuchen bien- que ella no realiza, sino que llevan a cabo las propias empresas, como Monsanto.
Esas son las investigaciones que analiza. No hay un estudio independiente. Por ello, se aprecian muchas deficiencias en la información entregada por las empresas, ya que no tienen la obligación de entregar mayores antecedentes a la FDA. Se presenta un proyecto con cierto nivel de información y nada más. Dicho organismo no está autorizado ni puede exigir mayor información.
Por lo tanto, señor Presidente , en nuestro país no hay elementos transgénicos aprobados -¡no los hay!-, pero es de todos conocido, como se señala en el informe, que circula gran cantidad de ellos.
En consecuencia, voy a votar a favor del proyecto. La gente tiene el derecho a saber qué está comiendo. Hay una lista de 77 transgénicos aprobados como alimentos. Muchas variedades se expenden en Chile. También hay gran cantidad no inscrita. Y hay nuevos desarrollos de transgénicos en muchos países, donde son usados para la elaboración de alimentos.
Chile actualmente importa alimentos transgénicos, en particular maíz y soya desde Argentina y Estados Unidos. Los consumidores nacionales podrían estar ingiriéndolos en forma de derivados, como aceite de soya, carne o lecitina de soya, aceite de maíz, aceite vegetal u otros alimentos generados a partir de soya o maíz, como galletas, leche, etcétera.
Resoluciones del SAG han autorizado la utilización en Chile del descarte de maíz transgénico como alimento para cerdos y pollos. Ello ocurre sin una adecuada evaluación del riesgo para la salud humana y animal. Pero los consumidores chilenos deben saber que cuando comen cerdos y pollos estos han sido alimentados con residuos de maíz transgénico. El mayor peligro de ello radica en que los genes resistentes a los antibióticos pasen a los seres humanos que ingieren tales productos. Esto lo han sostenido todos los expertos mundiales: existe transferencia.
La normativa respecto al consumo de alimentos en nuestro país se encuentra en la Ley sobre Derechos de los Consumidores. Este cuerpo legal reconoce expresamente el derecho del consumidor a una información eficaz y oportuna sobre los bienes ofrecidos.
Solo espero que cuando se apruebe esta obligación la rotulación sea clara, precisa y no haya letra chica. Yo no soy el inventor del concepto "letra chica", sino el Senador Ignacio Walker .
Por tanto, ojalá que la información se entregue con letra grande. Porque nada sacamos con rotular si dejamos la letra pequeña, que la mayoría de los adultos no puede leer y que, en definitiva, deriva a un infructuoso agotamiento visual.
El derecho a garantizar la rotulación ayudará a una mayor transparencia y a la propia credibilidad del mercado de los transgénicos.
Nuestro país no tiene protección para los consumidores. Estamos dándola.
Nuestra posición en las reuniones del Protocolo de Bioseguridad ha sido considerada muy cercana a Estados Unidos y a otras naciones industrializadas. Hemos pasado un poquito de vergüenza, porque de manera impresionante Chile se alinea con ese país y no con naciones en vías de desarrollo para amparar sus suelos agrícolas. Y ha sido objeto de duras críticas a nivel internacional por tal actitud.
Nuestro país no posee una industria biotecnológica ni cultiva transgénicos. Su rol en este escenario consiste solo en proveer terrenos para la plantación de semillas transgénicas fuera de temporada. Es decir, servimos como reproductores. No hay investigación. Y, si algunas empresas quieren desarrollar la transgenia, que inviertan en biotecnología, que haya grandes laboratorios y que nuestras universidades también se involucren. Pero eso no se da. Todo se trae desde fuera.
Por lo expuesto, el presente proyecto constituye un avance.
Permitirá a muchos consumidores saber qué están comiendo cuando ingieren, por ejemplo, hamburguesas Sadia , hamburguesas Fray Bentos , hamburguesas Frigorífico Temuco, hamburguesas Ekono, salchichas de pollo Súper Pollo, vienesas Zwan, vienesas Germania o galletas Singlu, cuyo contenido transgénico es mayor a 10 por ciento; o hamburguesas Primus, vienesas de pavo Sopraval, en las cuales es superior a 2 por ciento. Y hay un conjunto de galletas, como las Maravilla McKay, u otros alimentos, como las salchichas de pollo Ariztía , cuyo contenido transgénico es menor a 1 por ciento. Hay que decirlo. Existen productos que cumplen y otros que no.
El listado de los transgénicos debiera ser de acceso fácil, expedito. Y la ley en proyecto posibilitará solo una parte de ello.
Señor Presidente , 17 Senadores hemos recurrido al Tribunal Constitucional para objetar el UPOV 91. El requerimiento ha sido acogido a tramitación. Espero que esto abra la posibilidad de un debate mucho más profundo. Porque tengo la certeza de que la aprobación de ese Convenio fue precipitada.
Señor Presidente , voto a favor de la iniciativa sobre rotulación de los transgénicos. Pese a ser insuficiente, constituye un paso adelante en la transparencia y en la información hacia los consumidores. Y esto luego debe dar pie a su educación.
¡Patagonia sin represas!
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , votaré a favor de la iniciativa, porque creo que son muy importantes la información y la transparencia. Las hemos proyectado y promovido en los distintos ámbitos públicos y políticos. Y pienso que esta tendencia, esta forma de enfrentar la solución de los problemas, se debe extender lo más posible a todas las esferas.
Y la información respecto de los contenidos de los alimentos me parece esencial. Es bueno saber cuánta cantidad de azúcar, de sodio, de grasa y de carbohidratos consumimos, para que uno elija y tome la decisión de manera responsable.
Lo mismo ocurre con los alimentos transgénicos o con los que poseen algún componente de ese tipo.
Considero muy relevante que se dé a conocer dicha información. Y eso es coherente con una política mediante la cual, con educación y con mayor cultura, la gente vaya formando su juicio, como lo hacen las personas vegetarianas, quienes toman una opción, por las razones que sean: filosóficas, biológicas, orgánicas, etcétera.
Reitero: creo que es muy importante contar con información. Así que, adelante: que se sepa cuáles alimentos en Chile tienen contenido transgénico, que son muchos. Probablemente todos quienes estamos aquí los hemos consumido muchas veces.
Algo distinto pasa con el UPOV, que no tiene nada que ver con la transgenia. No sé por qué ambas cosas se han confundido. Ese instrumento internacional es consecuencia de una obligación que adquirió Chile en Gobiernos anteriores, cuando firmamos los tratados con Estados Unidos, con la Unión Europea y con Japón. Fijamos como plazo para firmarlo el 1o de enero de 2009. La Cámara de Diputados lo aprobó en forma unánime. Y de pronto aparece una asociación con la transgenia que no tiene relación. Pienso que se han equivocado quienes han planteado esto. Y, por lo tanto, confundir a la opinión pública respecto de esto me parece un error.
También considero equivocada nuestra política sobre la materia en análisis. Ya lo han mencionado varios Senadores, por lo que no la reiteraré ni profundizaré. Pero resulta muy absurdo que consumamos productos transgénicos y sembremos semillas de esas características, pero que no podamos producir alimentos transgénicos, por encontrarse prohibido en Chile. Si hay algo eventualmente dañino es la ingesta de alimentos transgénicos. Sin embargo, los consumimos y no los podemos producir. ¿Qué hacemos con ello? Dejamos en desventaja muy significativa a nuestros productores agrícolas, pues los rendimientos que se obtienen con los transgénicos son muy altos.
Y la discusión acerca de si hacen bien o mal ha ido siendo superada. En los hechos, los países avanzan en este ámbito. La Unión Europea, que se oponía, hoy ya no lo hace. Han ido progresando con mucho cuidado, como lo debemos hacer en Chile. Pero no podemos simplemente eliminar la posibilidad de contar en el país con cultivos transgénicos por un eventual problema que los científicos no han acreditado.
Porque, si fuera por eso, también tendríamos que prohibir muchas cosas.
Por ejemplo, ¿no deberíamos evitar el consumo de alcohol y de tabaco? Eso tendría que ser obvio. Porque eventualmente algún producto transgénico puede traer consigo alguna consecuencia negativa, en circunstancias de que sabemos que el alcohol y el tabaco las generan. ¡Cerremos la industria del vino, pues! ¡Seamos coherentes con lo que estamos diciendo! ¡Y también cerremos la del tabaco y todo lo que se relacione con el alcohol!
¿Por qué de repente nos ponemos puristas y otras veces no? Porque no somos consecuentes. Aquí no hay sentido común.
Por eso, espero que esta discusión, que me parece útil y necesaria, la realicemos cuando definamos si seguiremos mirando al siglo XX o a si vamos a mirar al siglo XXI, que incorpora la biotecnología y la ingeniería genética como instrumentos para generar más y mejores alimentos. No castiguemos a nuestros productores agrícolas, a nuestros trabajadores con menos rendimiento y, por lo tanto, menos ingresos, por capricho de algunos.
Ojalá que esa discusión la celebremos cuando corresponda.
Eso sí, pido que no confundamos a la ciudadanía. Está muy bien saber qué alimentos son transgénicos y cuáles no, de manera de que cada uno tome la decisión respecto de su consumo.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente , votaré a favor de la iniciativa de rotular como corresponde los alimentos y de que aquellos con contenido transgénico así lo señalen.
Me quiero hacer cargo de algunas afirmaciones.
En primer lugar, lo que acá está en tela de juicio es el principio precautorio. Se trata de una discusión antigua, que lleva más de 20 años, y que se da entre las grandes potencias alimentarias, como Estados Unidos y las naciones de Europa.
En países con un nivel de desarrollo y reglas similares, con ciudadanos conscientes, que ejercen sus derechos, la aproximación de los Estados a la regulación de los transgénicos ha sido distinta. En el caso europeo ha primado el llamado "principio precautorio", mientras que Estados Unidos ha sostenido una posición más liberal en esta materia.
A mí, ni lo uno ni lo otro me genera a priori un rechazo profundo, de fondo. Pero mi opción, y la voy a apoyar, es que ante la duda se debe legislar como corresponde.
El Honorable señor Hernán Larraín , quien me antecedió en el uso de la palabra, planteó algo que no deja de ser entretenido comentar. Su Señoría señaló que en el país hay una regulación curiosa: por una parte, se permite importar semillas para la producción nacional, pero solo con fines de exportación; y por otra, simultáneamente consumimos alimentos con elementos transgénicos que vienen desde el exterior, como los que mencionó, por ejemplo, el Senador señor Navarro .
Entonces, esto es raro. De un lado, se pueden importar semillas, manipularlas en Chile y generar más semillas para exportación; y de otro, es posible conseguir en el extranjero alimentos transgénicos, pero no producirlos en el país para el consumo nacional.
El Honorable señor Larraín considera que lo anterior es absurdo, y que no hay razón para ello. Además, se pregunta que, si se trata de advertir a la ciudadanía y generar consciencia respecto a ciertos elementos perjudiciales para la salud, por qué no se aplica el mismo criterio utilizado con los cigarrillos y el alcohol. Por ejemplo, con respecto al primero se establece en la publicidad que es "dañino para la salud", "produce cáncer", y con respecto al segundo, que genera efectos negativos para la salud. Pero no se prohíben derechamente.
Ello obedece a una distinción.
Los transgénicos afectan no solo al agricultor que los produce. Porque, como resultado de la polinización, el cultivo en sus campos puede terminar perjudicando a los de otros campesinos, grandes o pequeños, que prefieren trabajar de otra forma y no con productos transgénicos.
Ahí radica la explicación de por qué no es posible regular esta materia de la misma manera que se hace con los cigarrillos y al alcohol, como planteaba el Senador señor Hernán Larraín .
Y como Su Señoría ha vuelto a la Sala, me voy a explayar en este punto.
El señor CHADWICK .- ¡No es necesario...!
El señor LAGOS.- Es que tengo algunos minutos y me gusta este tema.
Decía que comparto lo que sostiene el Senador señor Larraín en el sentido de que tenemos una legislación kafkiana: por una parte, se puede importar una semilla para reproducirla domésticamente, en tanto se envíe al exterior; y por otra, es posible consumir cualquier alimento que tenga elementos transgénicos en la medida que sea importado, pero no se permite producirlo en el país para el consumo nacional.
Es lo que tenemos.
Sin embargo, si bien la normativa existente no es buena, hay un debate de fondo referente a que el cultivo de alimentos transgénicos puede contaminar predios que desean producir de otra forma. Y ese problema, que se debe regular -como se dice en el fondo de la Sala-, se ha abordado de distintas formas en el mundo, pero en ningún país se ha resuelto a cabalidad.
En Estados Unidos, de acuerdo al producto, se exigen 5, 20 o 200 metros de separación con los cultivos tradicionales. Pero en algunas naciones igual ha existido contaminación.
Entonces, ¿cuál es la razón de ser de la legislación kafkiana? ¿Qué prima en ella? La posibilidad de no contaminar lo que se genera de otra manera. Porque esto no se encuentra regulado hoy día en Chile.
Respecto al proyecto sobre la rotulación en alimentos transgénicos, ciertamente pasará colado y lo aprobaremos por mayoría. Imagino que nadie se va a oponer.
La pregunta es qué hacemos con el asunto de fondo, con las otras iniciativas de ley que debemos discutir en el Senado.
Desde ya, anuncio que presentaré indicaciones importantes para poner restricciones. Porque, a diferencia de Argentina, Brasil y Estados Unidos, que ya optaron por un sistema y que disponen de una superficie agrícola tan grande que se pueden dar el lujo de ocupar 10 a 15 por ciento de su capacidad agrícola con productos transgénicos, nosotros tenemos una capacidad acotada.
Por eso, debemos efectuar una discusión más profunda para decidir si queremos ir por la transgenia o no. Porque una vez que uno entra en ella, no hay marcha atrás. Por lo menos ahora la ciencia no lo permite. Es decir, un campo que ha sido cultivado sistemáticamente con vegetales transgénicos no se puede limpiar después para volver a sembrar los tradicionales.
Por consiguiente, esta materia es muy importante y no debe sernos indiferente.
De ahí que entiendo y comparto el razonamiento del Senador señor Hernán Larraín en el sentido de que existe una normativa kafkiana. Pero, en cierta medida, esta nos permite al menos "protegernos". Porque, si damos el paso de aceptar la transgenia, después no podremos volver atrás, aunque queramos hacerlo.
A mi juicio -puede que me falten antecedentes-, la agricultura orgánica nos va a dar más experiencia y mayor ventaja competitiva en el futuro. Porque la transgenia -les guste o no a algunos- se halla cuestionada en un segmento del mundo.
Y como serán los consumidores quienes decidirán no solo en Chile, sino también en Europa y Estados Unidos, creo que la apuesta contra los alimentos transgénicos ganará. Y desde un punto de vista netamente comercial, sin considerar el efecto en la salud, Chile tiene una mayor ventaja en lo orgánico. Me parece que aquí nos va a ir mejor y, por eso, quiero que esto se regule de otra manera.
Para terminar, señor Presidente , cabe señalar que el Convenio UPOV 91 cumple su objetivo. Pero hay otros instrumentos que vienen a contrapesarlo, como el famoso Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA) o el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, que les permitirán a los pequeños campesinos "defenderse" o tener una cancha nivelada respecto al UPOV, el cual les otorga herramientas para proteger la propiedad intelectual de las semillas transgénicas.
Y hay que acelerar la tramitación de esos instrumentos internacionales.
Por lo mismo, junto con el Senador señor Navarro hemos enviado un oficio al Gobierno -es de su autoría y yo solo lo suscribí- pidiéndole que ponga en tramitación los proyectos de acuerdo relativos a esos tratados, y que acelere su aprobación, a fin de que cuando discutamos la iniciativa concerniente a los transgénicos -relacionada con el UPOV 91- tengamos otro convenio internacional que les otorgue ciertas garantías a los pequeños y los medianos empresarios agrícolas.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, valoro que por fin estemos debatiendo respecto de la transgenia, que fue justamente lo que no hicimos cuando tratamos la ratificación del Convenio UPOV 91.
En verdad, en esa oportunidad no discutimos casi nada. Por lo tanto, este es el momento de hacerlo no solo respecto al proyecto de rotulación en alimentos transgénicos, que -como sostuvo recién el Honorable señor Lagos- todos vamos a votar a favor, sino porque viene una serie de iniciativas que claramente nos sitúan en una dimensión donde se requiere un pronunciamiento muy claro y definido de nuestra parte.
Quienes sigan el debate se habrán dado cuenta de que aquí existen dos posiciones. Hay gente que tal vez no lo dice con todas sus letras, pero claramente prefiere que la transgenia sea una realidad, por cierto, regulada, que finalmente invada muchas actividades económicas.
Sin embargo, cuando se habla del Convenio UPOV 91 -a raíz del presente proyecto estamos derivando nuevamente a su discusión, lo que no hicimos en su oportunidad; no hay problema, existe todo el derecho a hacerlo-, que no se diga que esta materia viene del Gobierno pasado.
En una Administración anterior se ratificó el Convenio UPOV 78, que le entrega derechos al obtentor de productos vegetales, pero no los extrema, como lo hace el UPOV 91.
Entonces, plantear que esto procede del tiempo de la Presidenta Bachelet es lo mismo que se dijo en la discusión sobre HidroAysén. ¡Es exactamente lo mismo! Pero hay que aclarar que el proyecto de HidroAysén fue aprobado en este Gobierno, y no en el anterior.
A propósito de la herencia de que se habla a veces, quiero decirles a quienes creen que esto lo inventó la ex Primera Mandataria que en el Mensaje Presidencial del 21 de mayo de este año en el Congreso Nacional el Jefe del Estado señaló textualmente, en el capítulo sobre Agricultura, lo siguiente:
"Presentamos una iniciativa para regular por ley los vegetales genéticamente modificados.".
Probablemente, el Ministro de Agricultura le dijo que estábamos frente al mayor anuncio que se podía hacer en materia agrícola, y el Presidente de la República lo presentó así al país. Con esto deseo manifestar que él asumió su autoría y le puso el mismo entusiasmo que al menos el Secretario del ramo ha tenido durante la discusión de este proyecto.
Ya que estamos hablando del Convenio UPOV 91 y de los transgénicos, debo decir que, si se busca un parecido con otro tipo de actividades económicas que hayan experimentado una situación similar, lo más cercano es la inscripción de derechos de agua que se efectuó hace algunas décadas y que hoy día tiene complicados a los pequeños agricultores.
Eso se debe a que el Convenio UPOV 91 se refiere a la propiedad intelectual, pero lo que hace es inscribir derechos y limitar otros. Y, en este caso, restringirá los derechos del pequeño agricultor, el cual no tendrá cómo defenderse cuando empiecen a llegar los laboratorios móviles a registrar las semillas. Porque se requiere que alguien realice una modificación mínima de una semilla para dejarla inscrita a su nombre, y ello impedirá que los pequeños agricultores que hoy realizan el proceso de recolección, selección y guarda de la semilla, lo sigan haciendo.
Además, lo anterior traerá aparejadas otras consecuencias: las ventas atadas. Porque junto con las semillas, el mismo proveedor -no son más de cuatro o cinco en Chile,...
El señor PROKURICA .- ¡Monsanto...!
El señor QUINTANA.-...entre ellos, Monsanto ; ya me voy a referir a esta empresa- incorporará las ventas atadas. ¿Por qué? Porque va a agregar herbicidas, plaguicidas y todos los otros productos que comercializa.
Monsanto, una de las grandes productoras de semillas transgénicas, ya tiene inscrita -no sé si lo saben los señores Senadores- una variedad de poroto. Y lo que no establece el Convenio UPOV 91 lo consignará la nueva ley que regulará los derechos de los obtentores vegetales. Quienes se interesan por ella pueden estar tranquilos, pues no tendrán impedimento para votar a favor del proyecto, que discutiremos en la Comisión de Agricultura, por cuanto este Gobierno -que, al parecer, como se ha dicho aquí, nada tiene que ver con ese Convenio- le puso urgencia y tendremos que despacharlo pronto. Allí, los defensores de la transgenia tendrán oportunidad de aprobarlo.
Sin embargo, quiero que los colegas que voten positivamente, en especial los que representan a zonas rurales -y esta no es ninguna campaña del terror-, sepan que el trafkintu (práctica de recolección e intercambio de semillas) quedará prohibido por completo. Porque quienes inscriban las semillas a su nombre pasarán también a dirigir su comercialización.
¿Qué hizo la empresa Monsanto? Inscribió una variedad de poroto y sostiene que esta semilla, chilena, de origen obviamente nativo, autóctono, ya no se podrá seguir cultivando en Chile, sino solo en California, en Estados Unidos.
¡Esas son las ventajas que estamos entregando!
Aquí un Senador citó recién al Premio Nacional de Ciencias Pablo Valenzuela , quien, en verdad, finalmente no dice si la transgenia es mala o buena -es un poco la discusión científica-, ni si provoca alergias o problemas a la médula.
Pero yo voy a citar a Humberto Maturana -desconozco si todos lo conocen-, Premio Nacional de Ciencias 1994 , biólogo y epistemólogo chileno, quien hace tres días, al ser consultado respecto a la anunciada introducción de cultivos transgénicos y sobre el UPOV expresó: "No debemos aceptar ninguna circunstancia que restrinja nuestra autonomía alimenticia haciéndonos -de manera directa o indirecta- dependientes de algún monopolio productivo empresarial cualquiera".
Y eso es, en último término, lo que ocurrirá si aprobamos el proyecto sobre regulación de derechos de los obtentores vegetales -vinculado con el Convenio UPOV 91-, que luego llegará a la Sala y que los partidarios de la transgenia tendrán ocasión de votar a favor. ¡No hay problema en ello...!
Yo, señor Presidente , simplemente deseo manifestar que por algo Argentina, Brasil , Uruguay , Paraguay y muchos países con los cuales nos interesa compararnos cuando hablamos de protección agrícola no ratificaron ese Convenio, porque saben que...
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor QUINTANA.- ¿Me concede un minuto adicional?
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Puede continuar, Su Señoría.
El señor QUINTANA.- Termino expresando que el proyecto en debate involucra no solamente ventas atadas, sino además un control de la comercialización. Y, en definitiva, quedará en la completa ilegalidad -esto no es campaña del terror, ¡por favor!- toda la producción nativa, autóctona de semillas.
¡Claro! Porque los alimentos constituyen el gran negocio -lo estamos viendo con la comida chatarra y con diversos otros productos- en el mundo hoy día. Y por supuesto que en Estados Unidos hay muchos intereses en esta materia.
El punto es que nosotros aprovechemos la oportunidad para proteger a nuestros pequeños agricultores.
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El señor QUINTANA.- Señor Presidente, quiero plantear un asunto de Reglamento.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Puede hacerlo, señor Senador.
El señor QUINTANA.- Pido recabar la autorización del Senado para que la Comisión de Educación pueda sesionar paralelamente con la Sala.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Una vez que termine la votación,...
El señor NAVARRO.- Nosotros ya votamos.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo?
El señor LARRAÍN (don Hernán).- Sí.
--Se autoriza.
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El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .- Señor Presidente , no tenía previsto intervenir acerca de esta iniciativa porque, hasta donde yo entendía, dado que su principal objetivo es entregar mayor información al público consumidor, suscitaba gran consenso. No obstante, durante el debate se han dicho cosas que, a mi parecer, son contrarias a la verdad. Y por eso voy a precisar algunos hechos.
El proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, llamado "UPOV 91", ingresó al Congreso Nacional, a través de la Cámara de Diputados, el día 3 de marzo de 2009, mediante mensaje firmado por la Presidenta Michelle Bachelet Jeria ; su Ministro de Relaciones Exteriores , don Alejandro Foxley , y su Ministra de Agricultura , señora Marigen Hornkohl .
Entonces, ¿cómo es posible que la Concertación o alguno de sus Senadores busque desentenderse enteramente de la responsabilidad política que les cabe en tal iniciativa, en circunstancias de que el mensaje con que se inició y que tengo en mis manos fue enviado al Parlamento -repito- en marzo de 2009 y está firmado por la Presidenta Bachelet?
En consecuencia, ese proyecto de acuerdo no se originó en la actual Administración.
A mayor abundamiento, el 7 de mayo de 2009 se votó en la Cámara Baja y se aprobó por 75 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. Es decir, recibió el apoyo transversal de los señores Diputados de todos los partidos políticos representados allí. ¡De todos los partidos políticos!
Es curioso que en esa rama legislativa ninguno de sus integrantes -¡ninguno!- haya levantado la voz para oponerse a ese Convenio Internacional, que, a juicio de algunos, pone en riesgo al sector agrícola y particularmente a la pequeña agricultura.
Quiero recordar, también, que el informe sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio UPOV 91 fue acogido en forma unánime por los 4 miembros presentes de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Corporación: 2 de la Concertación y 2 de la Coalición por el Cambio. Por lo tanto, señor Presidente , no estimo adecuado traer a colación el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales en esta discusión, pues, francamente, no guarda relación con ella.
Asimismo, debo puntualizar que en los tratados de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Australia nuestro país se obligó a ratificar el Convenio UPOV 91.
Yo me pregunto: si no hubiésemos ratificado tal instrumento internacional ¿no estaría hoy día Chile siendo acusado ante la Organización Mundial del Comercio como una nación que deja de cumplir las obligaciones contraídas en los tratados comerciales referidos, a cuya aprobación, por lo demás, concurrieron los Gobiernos de la época y el Parlamento?
¿Nos vamos a exponer a que se considere que Chile no cumple sus compromisos, con todas las consecuencias económicas y sociales que ello pueda significar?
Yo creo que no, señor Presidente. Porque si el país goza de prestigio en el mundo es justamente por ser cumplidor de los acuerdos y tratados internacionales que suscribe. Y debemos preservar en el tiempo ese prestigio.
Por eso, el Congreso Nacional hizo bien en ratificar el Convenio UPOV 91, al igual como lo haremos ahora en el Senado al aprobar en general la idea de legislar respecto de la rotulación en los envases cuando un producto contenga algún ingrediente transgénico.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- No hay más oradores inscritos.
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (28 votos favorables, 4 abstenciones y un pareo) y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 11 de julio, a las 12.
Votaron a favor las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Chadwick, Coloma, Longueira y Uriarte.
No votó, por estar pareado, el señor Novoa.
El señor GIRARDI (Presidente).- Ha finalizado el Orden del Día.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES
DENEGACIÓN DE AUTORIZACIONES PARA INSTALACIONES NUCLEARES EN PATAGONIA CHILENA. PROYECTO DE ACUERDO
El señor GIRARDI (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Bianchi, Horvath, Cantero, Girardi, Letelier y Navarro.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1355-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 10ª, en 19 de abril de 2011.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El propósito de la iniciativa es solicitar al Ejecutivo que no se implementen ni entreguen autorizaciones que impliquen el establecimiento de algún tipo de instalación nuclear en la denominada "Patagonia chilena", que incluye las Regiones de Magallanes y de Aysén, y las provincias de Chiloé y Palena.
El señor BIANCHI.- Al parecer, no se reunirá el quórum necesario.
Toque los timbres, señor Presidente.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En estos momentos, no hay quórum para adoptar acuerdos, señor Presidente.
El señor GIRARDI (Presidente).- Efectivamente, señor Secretario.
Por lo tanto, el proyecto quedará pendiente para la sesión de la próxima semana.
No habiendo quórum para adoptar acuerdos, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío anunció el señor Presidente son los siguientes:
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros del Interior, de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, solicitándoles medidas ante PROBLEMAS SUSCITADOS POR CIERRE DE PASO CARDENAL SAMORÉ CON MOTIVO DE ERUPCIÓN DE VOLCÁN PUYEHUE,
y al señor Ministro de Energía, pidiéndole información sobre TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAMIENTO DE SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS EN VIVIENDAS SOCIALES.
De la señora RINCÓN:
Al señor Ministro de Obras Públicas, recabándole antecedentes acerca de PROYECTO DE AGUA POTABLE RURAL EN SECTOR LOS CRISTALES, COMUNA DE LONGAVÍ,
y al señor Ministro de Agricultura para que informe sobre posibilidad de CONDONACIÓN DE DEUDA A BENEFICIARIOS DE PROYECTOS DE INDAP, EN SECTOR LA QUINTA, COMUNA DE LONGAVÍ.
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--Se levantó la sesión a las 19:15.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO
2-.MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑOR LARRAÍN FERNÁNDEZ, SEÑORAS ALLENDE Y ALVEAR Y SEÑORES PÉREZ VARELA Y TUMA, CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO DE LEY SOBRE CUENTA PÚBLICA DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO(7695-06)
I.- Antecedentes generales
En el último tiempo hemos sido promotores y partícipes de un importante proceso de modernización del Estado y, en particular, en el ámbito de la Administración.
Para avanzar en esta senda se han incorporado principios como el de Probidad Administrativa y el de Transparencia, primero con rango legal en virtud de la Ley Nº 19.653, el año 1999, y luego con rango constitucional en virtud de la Ley de Reforma Constitucional Nº 20.050, el año 2005, los que tienen por finalidad constituir una guía para el recto funcionamiento de los órganos de la Administración del Estado.
Éstos, sumados a los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, unidad de acción, entre otros, informan el accionar de la Administración y determinan las obligaciones y deberes que los ciudadanos pueden exigirles cumplir en el quehacer administrativo diario.
Todas estas iniciativas modernizadoras y la introducción de nuevos elementos en la gestión pública hicieron cada vez más necesario el fortalecimiento de las instancias de control de la actividad gubernamental, no sólo definido por el control tradicional, interno o externo, sino fuertemente fortalecido por el control social, y de las instancias de rendición de cuentas, para facilitar a la ciudadanía conocer la forma y los medios que los órganos utilizan para alcanzar sus propios fines específicos y, en definitiva, la promoción del bien común.
Por eso, la ley Nº 20.500, que modificó la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, le incorporó un nuevo Título, sobre participación ciudadana en la gestión pública.
Su artículo 71, en primer lugar, impone a cada órgano de la Administración del Estado el deber de poner en conocimiento público información relevante acerca de sus políticas, planes, programas, acciones y presupuestos, asegurando que ésta sea oportuna, completa y ampliamente accesible. Dicha información debe publicarse en medios electrónicos u otros.
Enseguida, en el artículo 72 obliga a los órganos de la Administración del Estado a dar anualmente una cuenta pública participativa a la ciudadanía, sobre la gestión de sus políticas, planes, programas, acciones y de su ejecución presupuestaria.
Es preciso señalar que ese establecimiento formal de la rendición de cuentas no hizo sino dar aplicación al deber de publicidad y transparencia que recae sobre los órganos públicos, sobre la base de diversas normas que lo consagran, como reconoció el Tribunal Constitucional en sentencia de 30 de diciembre de 2010, recaída en los autos Rol Nº 1.867-10: “revela una tendencia que se enmarca dentro del giro que significó la reforma constitucional del 2005 para los órganos del Estado, con la instauración del artículo 8°. Esto obliga a la publicidad de sus actuaciones. Complementando dicha regulación, la ley (Ley Nº 20.285) configuró un derecho de acceso a la información pública, que puede invocar cualquier persona.”
En este sentido, el hecho de que un ciudadano cualquiera puede solicitar a la Administración, en ejercicio de su derecho de acceso a la información, copia de ciertos actos o resoluciones que ésta haya emitido, demuestra que la rendición pública anual de cuentas ya consagrada “no es una atribución innovativa, que modifique radicalmente el ordenamiento jurídico vigente”, para usar las expresiones del Tribunal Constitucional contenidas en ese fallo.
II. Conveniencia de un perfeccionamiento legal
El establecimiento, como obligatoria, de una instancia formal de rendición de cuentas de propia iniciativa por parte de los órganos y servicios públicos, sin esperar una actitud proactiva de los gobernados por acceder a cierta información, es sin lugar a dudas un elemento más de la esperada modernización de la gestión pública que aporta la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.
Sin embargo, al dejar entregado el contenido de la cuenta a la decisión del propio órgano de la Administración del Estado llamado a rendirla se pierde el sentido que tiene, tanto la propia Ley de Bases Generales como la ley Nº 20.285, sobre acceso a la información pública, de fijar un marco común para la actuación de los órganos administrativos, diferenciando grupos especiales cuando es preciso, pero no abrir la posibilidad de que cada uno determine su propia modalidad de información.
Con esa fórmula pierde eficacia la medida de generar un momento durante el año en el que, por una parte, cada institución tenga la oportunidad de evaluar el cumplimiento de sus metas institucionales, de los avances y retrocesos en las funciones encomendadas, de hacer balance de la gestión de cada una de sus divisiones departamentos, unidades, etc., de verificar si su ejecución presupuestaria cumplió con los niveles de eficiencia y eficacia exigidos y de informar de todo ello; y, por otra parte, la ciudadanía cuente con una oportunidad para conocer e informarse sobre los aspectos relevantes de cada organismo, pero de manera similar y sobre la base de elementos comunes a toda la Administración, de forma tal que permitan una evaluación comparativa de sus gestiones.
El Tribunal Constitucional, en la sentencia de 20 de enero de 2011, recaída en los autos Rol Nº 1868-10, mediante la cual efectuó el control obligatorio de constitucionalidad de la aludida ley Nº 20.500, se preocupó de dejar constancia de que “las modalidades formales y específicas de participación que tendrán las personas y organizaciones que establezcan los órganos de la Administración del Estado, deben tener por objeto facilitar y promover, no entrabar, el derecho establecido en el artículo 1°, inciso final, de la Constitución Política, en relación con el artículo 5° de la misma Carta Fundamental, en orden a que las personas puedan participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional” (Nº 3 de la parte resolutiva).
Asimismo, aprobó el nuevo artículo 71 en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, “en el entendido que lo que en él se establece guarda correspondencia con la obligación de transparencia contemplada para todos los órganos del Estado en el artículo 8° de la Carta Fundamental y en la Ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública”. (Nº 4 de la parte resolutiva).
Precisamente para resguardar de mejor manera los principios señalados por el Tribunal Constitucional, es conveniente incluir en la cuenta pública, al menos, los siguientes aspectos:
1. Una cuenta de la gestión institucional anual, considerando las principales actividades desarrolladas en el cumplimiento de sus funciones y los resultados obtenidos, las actividades que no fue posible desarrollar, con indicación de las razones para ello y la indicación de las iniciativas que se desarrollarán en el periodo siguiente, así como de las que no se desarrollarán y las razones correspondientes.
2. Una cuenta de la gestión financiera del año presupuestario anterior, incluyendo el uso y destino de los recursos y la ejecución presupuestaria.
3. Una reseña de las principales dificultades y dudas que ha debido enfrentar en el desarrollo de sus funciones y de las mejoras o perfeccionamientos que se considera necesario introducir a las normas que lo regulan, y
4. Todo otro antecedente que se considere pertinente incorporar por el organismo respectivo.
En cuanto a la oportunidad de rendir cuenta, se propone establecer un periodo, que comprenderá el primer semestre de cada año respecto de la gestión del año calendario anterior.
En relación a la difusión de esta cuenta pública, se sugiere incorporarla, en forma expresa, dentro de las obligaciones de transparencia activa, en la página web del servicio respectivo y enviarla al Presidente de la República y al Congreso Nacional.
Por último, se establece la rendición de una cuenta pública anual como exigencia básica de participación y de transparencia para todos los órganos de la Administración del Estado.
Atendidas las consideraciones precedentes, venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Decreto con Fuerza de Ley Nº l-19.653, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado:
1.- Sustituyese el artículo 72 por el siguiente:
“Artículo 72.- Los órganos de la Administración del Estado darán cuenta pública participativa a la ciudadanía de las actividades desarrolladas en el año calendario anterior, dentro del primer semestre del año inmediatamente siguiente.
Dicha cuenta incluirá:
1. La gestión institucional de las políticas, planes, programas y acciones, considerando las principales actividades desarrolladas en el cumplimiento de sus funciones y el resultado o resultados obtenidos, las actividades que no fue posible desarrollar, con indicación de las razones para ello y la indicación de las iniciativas que se desarrollarán en el periodo siguiente, así como de las que no se desarrollarán y las razones correspondientes.
2. La gestión financiera, incluyendo el uso y destino de los recursos, y la ejecución presupuestaria.
3. Una reseña de las principales dificultades y dudas que ha debido enfrentar en el desarrollo de sus funciones y de las mejoras o perfeccionamientos que se considera necesario introducir a las normas que lo regulan, y
4. Todo otro antecedente que se considere pertinente incorporar por el organismo respectivo.
Dicha cuenta deberá desarrollarse desconcentradamente, en la forma y plazos que fije la norma establecida en el artículo 70, la que establecerá el deber de mantenerla a disposición permanente del público, a través de los correspondientes sitios electrónicos y las otras medidas de publicidad que se le aplicarán. Un ejemplar de la cuenta se enviará al Presidente de la República y a ambas ramas del Congreso Nacional, en la misma época señalada en el inciso primero.
Si las personas formulan observaciones, planteamientos o consultas en relación con la cuenta, el órgano de la Administración deberá darles respuesta conforme a la norma mencionada anteriormente.”.
2.- Agrégase en el inciso segundo del artículo 75 la siguiente frase, pasando el punto final (.) a ser coma (,): “la que contemplará en todo caso una cuenta pública anual.”.
Artículo 2°.- Introdúcese la siguiente nueva letra n) en el artículo 7° de la Ley de transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285, sobre acceso a la información pública:
“n) La cuenta pública anual del respectivo órgano.”.”.
(Fdo.): Hernán Larraín Fernández, Senador.- Isabel Allende Bussi, Senadora.- Soledad Alvear Valenzuela, Senadora.- Víctor Pérez Varela, Senador.- Eugenio Tuma Zedán, Senador.