Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- PRESIDENTE
- Guido Girardi Lavin
- PRESIDENTE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- SALUDO A COMISIÓN DE SOBERANÍA, INTEGRACIÓN, RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD INTEGRAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
-
SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN SOBRE DISTURBIOS DURANTE CUENTA PRESIDENCIAL DE 21 DE MAYO
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- ACUERDOS DE COMITÉS
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
RESPONSABILIDAD JURÍDICA POR ACCIÓN DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Carlos Anibal Larrain Pena
- INTERVENCIÓN : Guido Girardi Lavin
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
-
FACILITACIÓN DE DEFENSA DE INTERESES COLECTIVOS Y DIFUSOS Y OBLIGATORIEDAD DE CONCILIACIÓN
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
-
EXACTITUD, ACTUALIZACIÓN Y VERACIDAD DE INFORMACIÓN DE PREDICTORES DE RIESGO COMERCIAL
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- DEBATE
-
INCLUSIÓN DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS EN OPERACIONES DE PAZ INTERNACIONAL EN FUNCIONES DE FUERZAS ARMADAS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Patricio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Ignacio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jorge Pizarro Soto
- INTERVENCIÓN : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- INTERVENCIÓN : Ricardo Lagos Weber
- DEBATE
-
RESPONSABILIDAD JURÍDICA POR ACCIÓN DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
- VI.
TIEMPO DE VOTACIONES
- MORATORIA DE FIRMA DE PROTOCOLOS Y CONVENIOS SOBRE ENERGÍA NUCLEAR CON ESTADOS UNIDOS. PROYECTO DE ACUERDO
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Hector Munoz Aburto
- PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Hector Munoz Aburto
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Rincon Gonzalez
- PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Rincon Gonzalez
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO
- 10. MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES BIANCHI, HORVATH Y MUÑOZ ABURTO, CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO DE LEY EN MATERIA DE DESCANSOS DE TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN A BORDO DE NAVES PESQUERAS. (7679-13)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- Antonio Horvath Kiss
- Pedro Hector Munoz Aburto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 11. MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES BIANCHI, HORVATH Y PROKURICA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE DESCUENTOS A AFILIADOS A CAJAS DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR (7680-13)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- Antonio Horvath Kiss
- Baldo Prokurica Prokurica
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 12. PROYECTO DE ACUERDO DE LA SENADORA SEÑORA RINCÓN, RESPECTO DE DECLARACIÓN DEL RÍO ACHIBUENO COMO SANTUARIO DE LA NATURALEZA (S 1363-12)
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- Ximena Rincon Gonzalez
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- 10. MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES BIANCHI, HORVATH Y MUÑOZ ABURTO, CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO DE LEY EN MATERIA DE DESCANSOS DE TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN A BORDO DE NAVES PESQUERAS. (7679-13)
- PORTADA
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 359ª
Sesión 21ª, en martes 31 de mayo de 2011
Ordinaria
(De 16:23 a 19:54)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GUIDO GIRARDI LAVÍN, PRESIDENTE,
JUAN PABLO LETELIER MOREL, VICEPRESIDENTE,
Y JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
Saludo a Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional del Ecuador........................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
Solicitud de investigación sobre disturbios durante cuenta presidencial de 21 de mayo................................................................................................................
Acuerdos de Comités.................................¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre responsabilidad por daños ocasionados por animales potencialmente peligrosos (6499-11) (queda aplazada su votación)....................................................................................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, relativo al procedimiento aplicable para la protección del interés colectivo o difuso de los consumidores (7256-03) (se aprueba en particular).................................................................................................
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de datos de carácter personal, para garantizar que la información entregada a través de predictores de riesgo sea exacta, actualizada y veraz (6800-03) (se aprueba en particular).....................................................................................
Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite, que incluye a las operaciones de paz en el orden internacional entre las funciones de las Fuerzas Armadas (6984-02) (se rechaza en general)..............................................................................
VI. TIEMPO DE VOTACIONES:
Moratoria de firma de protocolos y convenios sobre energía nuclear con Estados Unidos. Proyecto de acuerdo (se rechaza).................................................................
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedán, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia , señor Cristián Larroulet Vignau; Secretaria General de Gobierno , señora Ena von Baer Jahn; de Planificación, señor Felipe Kast Sommerhoff, y de Agricultura, señor José Antonio Galilea Vidaurre.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario , el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:23, en presencia de 16 señores Senadores.
El señor GIRARDI (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
SALUDO A COMISIÓN DE SOBERANÍA, INTEGRACIÓN, RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD INTEGRAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR
El señor GIRARDI ( Presidente ).- En primer lugar, damos la bienvenida a la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional del Ecuador; a su Presidente , Fernando Bustamante (Movimiento País); a Fausto Cobo (Partido Sociedad Patriótica); a Gabriel Rivera (Movimiento País); a Vladimir Vargas (Partido Renovador Institucional Acción Nacional), y a Eduardo Zambrano (Movimiento País).
--(Aplausos en la Sala).
Hoy se reunieron con las Comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado.
Además, sostuvieron una reunión con el Presidente de la Corporación, y han desarrollado un trabajo muy interesante y productivo para Chile y Ecuador.
--(Aplausos en la Sala).
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 18ª y 19ª, ambas ordinarias, y 20ª, especial, de los días 17, 18 y 19 de mayo del año en curso, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor GIRARDI (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Treinta y cinco de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero da inicio a un proyecto de acuerdo que aprueba el "Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América", suscrito en Santiago el 12 de enero de 2010 (boletín N° 7.684-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Con el segundo formula observaciones al proyecto de ley relativo al plazo de renuncia a un partido político para presentar candidaturas independientes (boletín N° 6.974-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Con el tercero comunica que no hará uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política, respecto del proyecto de ley sobre el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media, y su fiscalización (boletín N° 5.083-04).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar al Excelentísimo Tribunal Constitucional.
Con los dieciocho siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", con relación a las iniciativas que se indican a continuación:
1.- Proyecto de reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas de Chile (boletines Nos 5.522-07 y 5324-07, refundidos).
2.- Proyecto de ley que regula el tratamiento tributario de los instrumentos derivados (boletín N° 7.194-05).
3.- Proyecto de ley que autoriza el levantamiento de secreto bancario en investigaciones de lavado de activos (boletín N° 4.426-07).
4.- Proyecto de ley que crea mecanismo transitorio de adopción de acuerdos de los copropietarios en los sectores medios (boletín N° 7.320-14).
5.- Proyecto de ley sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas (boletín N° 7.240-08).
6.- Proyecto que modifica la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad (boletín N° 5.838-07).
7.- Proyecto que enmienda la ley N° 20.248, de subvención escolar preferencial (boletín N° 7.187-04).
8.- Proyecto que introduce modificaciones a la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor (boletín N° 7.075-06).
9.- Proyecto de ley que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece registro de dichas inhabilidades (boletín N° 6.952-07).
10.- Proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre (boletín N° 6.190-19).
11.- Proyecto de ley que crea una comisión permanente de coordinación del Sistema de Justicia Penal (boletín N° 7.193-07).
12.- Proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de orden público (boletín Nº 4.832-07).
13.- Proyecto de ley que moderniza y fomenta la competencia del sistema financiero (boletín N° 7.440-05).
14.- Proyecto que modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, para dotar de atribuciones en materias financieras, entre otras, al Servicio Nacional del Consumidor (boletín N° 7.094-03).
15.- Proyecto de ley sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones (boletín N° 7.338-07).
16.- Proyecto de ley que modifica el régimen de libertad condicional y establece, en caso de multa, la pena alternativa de trabajos comunitarios (boletín N° 7.534-07).
17.- Proyecto que enmienda la ley N° 18.168, de 1982, Ley General de Telecomunicaciones (boletín N° 7.502-15).
18.- Proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal "CONAF" (boletín N° 7.486-01).
Con los catorce restantes retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto de los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Girardi, Kuschel y Ruiz-Esquide y del entonces Senador señor Ominami, sobre responsabilidad por daños ocasionados por animales potencialmente peligrosos (boletín N° 6.499-11).
2.- Proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, para incorporar la presunción de declaración y no pago de las cotizaciones de salud al sistema de isapres, y homologar el interés penal y la multa por no pago de tales cotizaciones a los contemplados en el decreto ley N° 3.500 y en la ley N° 17.322 (boletín N° 6.312-11).
3.- Proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia del concepto de embarcación artesanal y de su clasificación por eslora, del reemplazo de la inscripción en el Registro Pesquero Artesanal y de los requisitos para inscribirse en el mismo Registro (boletín N° 6.242-21).
4.- Proyecto que modifica la ley N° 19.327, que contiene normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional (boletín N° 4.864-29).
5.- Proyecto que enmienda la ley N° 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos irregulares, y renueva su vigencia (boletín N° 6.830-14).
6.- Proyecto de ley que crea juzgados de policía local en las comunas que indica (boletín N° 5.906-07).
7.- Proyecto de ley que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales (boletín N° 7.328-03).
8.- Proyecto de ley relativo al uso del pabellón patrio (boletines Nos 7.273-06, 7.095-06 y 7.195-06, refundidos).
9.- Proyecto de ley que establece las bases y procedimientos de fijación de tarifas de los servicios de gas en la Duodécima Región (boletín N° 7.239-08).
10.- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Espina, Chadwick, Larraín Fernández y Prokurica y del entonces Senador señor Allamand, relativo a las facultades de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones para practicar, sin orden previa, las primeras diligencias de investigación de un delito (boletín N° 7.050-07).
11.- Proyecto de ley que denomina "Ruka Moñen Tayu Folil, Juan Cayupi Huechicura" al Museo Folclórico Araucano Juan Antonio Ríos (boletín N° 7.023-24).
12.- Proyecto de ley relativo al Sistema de Alta Dirección Pública (boletín N° 7.485-05).
13.- Proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (boletín N° 7.487-12).
14.- Proyecto que regula derechos sobre obtenciones vegetales y deroga la ley N° 19.342 (boletín N° 6.355-01).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
De Su Excelencia el Vicepresidente de la República , mediante el cual formula observaciones al proyecto de ley sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad (boletín Nº 4.921-11).
--Pasa a la Comisión de Salud.
Oficios
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que comunica su ausencia del territorio nacional, entre los días 22 de mayo y 5 de junio del año en curso, para participar en diversas actividades a realizarse en Francia e Italia.
Informa, además, que durante su ausencia lo subrogará, con el título de Vicepresidente de la República , el Ministro de la Cartera del Interior y Seguridad Pública, don Rodrigo Hinzpeter Kirberg.
--Se toma conocimiento.
Dos de la Honorable Cámara de Diputados, con los que informa que aprobó los siguientes asuntos:
1.- Proyecto que modifica la ley N° 18.168, de 1982, Ley General de Telecomunicaciones (boletín Nº 7.502-15) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, y a la de Hacienda, en su caso.
2.- Observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto que modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y regula las Asociaciones Municipales (boletín Nº 6.792-06).
--Pasan a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Tres del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con los dos primeros remite copia autorizada de las sentencias definitivas dictadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 38 ter de la ley N° 18.933 (actual artículo 199 del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2005).
Con el tercero envía copia autorizada del acuerdo adoptado, en ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 7° del inciso primero del artículo 93 de la Constitución Política, en proceso de inconstitucionalidad respecto del artículo 2.331 del Código Civil.
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos.
Dos del señor Contralor General de la República:
Con el primero atiende una petición, formulada en nombre del Senador señor Prokurica, respecto de pronunciamiento sobre juridicidad de enajenación del 66 por ciento del proyecto minero Inca de Oro, verificada por la Corporación Nacional del Cobre de Chile a Panaust.
Con el segundo responde una solicitud, remitida en nombre del Senador señor Horvath, para investigar problemas que afectan a diversas obras contratadas por la Municipalidad de Aysén.
Dos del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública:
Con el primero da respuesta a un oficio, enviado en nombre de la Senadora señora Rincón, respecto del estado de tramitación del proyecto de reasignación de recursos para la Escuela Mariano Latorre CCP, comuna de Cauquenes.
Con el segundo atiende la petición de antecedentes, cursada en nombre del Senador señor Horvath, en lo referente a la existencia de protocolo en materia de accidentes en Campo de Hielo Patagónico Sur.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores , con el que contesta una solicitud de información, remitida en nombre del Senador señor Horvath, respecto de las providencias adoptadas ante procedimientos de fiscalización a transportistas nacionales en el Resguardo El Rincón de la Aduana de San Carlos de Bariloche, paso fronterizo Cardenal Antonio Samoré.
Seis del señor Ministro de Hacienda:
Con los dos primeros da respuesta a peticiones, dirigidas en nombre de la Senadora señora Alvear, para que se estudie el envío a trámite legislativo de dos proyectos de ley: uno que postergue hasta el mes de junio el pago de los permisos de circulación e incremente los anticipos del Fondo Común Municipal, y otro que establezca un sistema especial de exenciones fiscales y municipales para favorecer el tratamiento de residuos domiciliarios.
Con el tercero contesta una solicitud, remitida en nombre del Senador señor Horvath, en orden a modificar la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios y establecer una exención de dicho tributo al paquete de servicios turísticos que se presten a extranjeros no residentes en Chile, en hoteles pequeños, hospedajes y lodges.
Con el cuarto responde una petición, dirigida en nombre de los Senadores señor Escalona, señora Allende y señores Letelier y Muñoz Aburto, relativa al envío de un proyecto de ley que aplique el Sistema de Alta Dirección Pública a ciertos organismos del Poder Ejecutivo , hoy excluidos de aquel.
Con el quinto contesta una solicitud, remitida en nombre del Senador señor Prokurica, en cuanto a la aplicación que se ha hecho del artículo 8° bis del Código Tributario.
Con el último da respuesta a una petición, enviada en nombre del Senador señor Escalona, en orden a que se considere el compromiso contraído de aumentar la bonificación de zona extrema que perciben los trabajadores no docentes de la provincia de Chiloé.
Del señor Ministro de Educación , con el que remite, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, ejemplares del Balance de Gestión Integral 2010 de dicha Secretaría de Estado y de sus servicios dependientes o relacionados.
Tres del señor Ministro de Salud:
Con el primero responde una petición, enviada en nombre del Senador señor Eduardo Frei, para mantener el incentivo al retiro establecido en las leyes Nos 19.882 y 20.282, y prorrogar la vigencia de la ley N° 20.212.
Con el segundo contesta una solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Prokurica, con relación a eventuales irregularidades en el procedimiento de atención de urgencia realizado a la señora Derlinda Lemus en el Hospital Provincial del Huasco.
Con el último da respuesta a una petición de antecedentes, remitida en nombre del Senador señor Navarro, referente a eventuales irregularidades en las boletas de garantía de empresas participantes en la licitación de obras para la Sección de Traumatología del Hospital Regional de Concepción.
Del señor Ministro de Minería (s), con el que atiende requerimiento de información, en nombre del Senador señor Navarro, en materias concernientes a prospecciones de yacimientos de litio, ubicación de estos y procedimiento aplicable en caso de detectarse el metal en terrenos enajenados o cedidos por el Estado.
Dos de la señora Ministra del Medio Ambiente:
Con el primero contesta una solicitud, enviada en nombre del Senador señor Horvath, en orden a que se considere en los proyectos hidroeléctricos presentados por HidroAysén y Energía Austral una visión integral de su potencial de desarrollo, tanto en la Región de Aysén como en la provincia de Palena, así como de sus compatibilidades e incompatibilidades.
Con el segundo atiende una petición, enviada en nombre del Senador señor Ignacio Walker, para que se realice un estudio de contaminación del agua, aire y suelo en la bahía de Quintero, y la actualización del "Plan de Descontaminación Ventanas-Quintero".
Del señor Subsecretario General de la Presidencia , con el que informa el trámite dado a la petición, enviada en nombre del Senador señor Gómez, para que se estudie un proyecto de ley que establezca una bonificación con relación a las cotizaciones previsionales de los trabajadores de las artes y espectáculos.
De la señora Subsecretaria de Minería (s), con el que atiende una solicitud de antecedentes, remitida en nombre del Senador señor Navarro, sobre proyectos financiados por el FNDR en materia de regularización de faenas mineras y capacitación de monitores de seguridad, en la provincia de Arauco, y de aumento de fiscalizadores en la Región del Biobío.
Del señor Subsecretario de Energía , con el que contesta una petición de antecedentes, enviada en nombre del Senador señor Horvath, para que se estudie la extensión de la facultad conferida por el artículo 14 de la ley N° 20.365, que posibilita financiar instalación de sistemas solares térmicos en viviendas usadas.
Del señor Comandante en Jefe de la Armada , con el que responde una petición de información, remitida en nombre del Senador señor Navarro, sobre autorización para el acopio de petcoke por la empresa Muelles de Penco S. A. y su fiscalización.
De la señora Directora de Presupuestos , con el que contesta una solicitud, cursada en nombre del Senador señor Horvath, sobre la preparación de una nueva tabla de bonificación a la forestación que rija desde el mes de junio del presente año.
Del señor Director del Servicio de Impuestos Internos , con el que da respuesta a una solicitud, remitida en nombre del Senador señor Navarro, relativa a antecedentes y resultados del proceso de reavalúo de viviendas en las Regiones afectadas por la catástrofe natural del 27 de febrero de 2010.
Del señor Fiscal Nacional Económico (s), con el que responde la petición, formulada en nombre de la Senadora señora Rincón, en cuanto a una posible intervención en el mercado del arroz y a las medidas adoptadas en la Región del Maule.
Del señor Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación , con el que contesta una petición de antecedentes, efectuada en nombre del Senador señor Horvath, respecto a la decisión del Consejo Nacional de Educación que denegó la plena autonomía al Centro de Formación Técnica de la Universidad Austral de Chile.
Del señor Jefe de la División de Política Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el que da respuesta a una solicitud, remitida en nombre de la Senadora señora Rincón, sobre la factibilidad de revisar los subsidios para reparación de viviendas afectadas por el terremoto de 2010.
Del señor Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental , con el que contesta una petición de información, enviada en nombre del Senador señor Navarro, referente a cumplimiento de las exigencias para construir un ducto en el río Biobío, por la Planta Laja, perteneciente a la empresa CMPC.
Del señor Gobernador de Osorno , con el que, atendiendo una solicitud del Senador señor Eduardo Frei, remite copia de la petición cursada al Delegado Provincial del Servicio de Vivienda y Urbanización, para que se repongan los recursos presupuestarios del "subsidio habitacional rural" a la comuna de San Juan de la Costa.
Del señor Presidente Ejecutivo de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, con el que, en respuesta a la preocupación por los resultados operacionales y financieros de la empresa -planteamiento que le fue transmitido en nombre del Senador señor Navarro-, adjunta un ejemplar de la Memoria Anual 2010.
Del señor Presidente del Directorio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado , con el que responde la petición, enviada en nombre del Senador señor Cantero, sobre antecedentes y alcances del documento denominado "Proposición de acciones coherentes con las necesidades de EFE, con la modernización ferroviaria y con la política país".
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Informe y nuevo primer informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones (boletín N° 4.991-15).
--Quedan para tabla.
De las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud, unidas, y de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley en materia de duración del descanso de maternidad (boletín N° 7.526-13).
--Se toma conocimiento y se manda agregar a sus antecedentes.
Mociones
De los Senadores señores Bianchi, Horvath y Muñoz Aburto, con la que dan inicio a un proyecto de ley en materia de descansos de trabajadores que se desempeñan a bordo de naves pesqueras (boletín N° 7.679-13).
De los Senadores señores Bianchi, Horvath y Prokurica, con la que inician un proyecto de ley sobre descuentos a afiliados a cajas de compensación de asignación familiar (boletín N° 7.680-13).
--Pasan a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Proyecto de acuerdo
De la Senadora señora Rincón, respecto de declaración del río Achibueno como Santuario de la Naturaleza (boletín N° S 1.363-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la Cuenta.
El señor PROKURICA.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN SOBRE DISTURBIOS DURANTE CUENTA PRESIDENCIAL DE 21 DE MAYO
El señor PROKURICA.- Señor Presidente , deseo hacer uso de la palabra en virtud del artículo 23, Nº 3º, del Reglamento del Senado.
El pasado 21 de mayo se vivió una situación que corresponde a la peor actuación en los últimos veinte años, cuando, en reiteradas ocasiones, una decena de personas interrumpió y atacó verbalmente al Presidente de la República , don Sebastián Piñera .
Cuando fuimos Oposición, durante dos decenios, siempre mantuvimos el respeto por la persona que el pueblo de Chile eligió como Primer Mandatario. Por ello, a quienes ahora ocupan la Oposición les pido el mismo respeto.
Por lo anterior, no puedo dejar pasar la ocasión para hacer un reclamo formal ante esta Corporación.
Según medios de prensa, cinco de los manifestantes correspondían a personas que portaban invitaciones entregadas por el Vicepresidente del Senado, señor Juan Pablo Letelier.
Creo que existen ritos y formas republicanas que deben respetarse.
El señor Vicepresidente de la Corporación no solo como miembro de la Mesa del Senado -si esto es verdad- tiene el deber general y moral de mantener el orden. Al parecer, en esta ocasión ello no ocurrió como lo manda el Reglamento en su artículo 23.
Pido a la Mesa, señor Presidente, formalmente iniciar una investigación que determine si quienes ocasionaron los disturbios, interrumpieron y ofendieron al Presidente son en realidad personas que ocuparon invitaciones entregadas al señor Vicepresidente del Senado.
Además, solicito que se informe a la Sala si el señor Presidente ha cumplido con su obligación contenida en el número 3° del artículo 23 del Reglamento de esta Corporación, que en lo pertinente dispone que corresponderá al Presidente del Senado "poner a disposición de la justicia, con oficio, al individuo que promueva desórdenes en cualquier lugar del recinto".
Señor Presidente, hechos como los ocurridos el 21 de mayo a mi juicio debilitan la convivencia democrática en el Senado, y lo que es peor, no ayudan a construir una democracia en donde prime el respeto por sus autoridades.
He dicho.
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El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , solicito que se recabe el acuerdo de la Sala para que el proyecto que figura en el número 4 del Orden del Día de hoy, esto es, el que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de datos de carácter personal para garantizar que la información entregada a través de predictores de riesgo sea exacta, actualizada y veraz, sea tratado como si fuera de Fácil Despacho, dado que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Economía.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Los Comités, en sesión de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos.
1) Celebrar una sesión especial de la Corporación el miércoles 7 de septiembre, de 11 a 14, a fin de recibir la evaluación del avance de las políticas y programas del año en curso y el informe de aquellos propuestos para el año calendario siguiente que debe efectuar el señor Presidente del Instituto Emisor , de conformidad con lo prescrito en el artículo 80 de la ley N° 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile.
2) Retirar de la tabla de esta sesión el proyecto signado con el número 2, sobre indulto general.
3) Retirar del Orden del Día de hoy la iniciativa que figura en el número 7, esto es, la que regula el tratamiento tributario de los instrumentos derivados, y colocarla en la tabla de la sesión de mañana.
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El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- El Senador señor Tuma solicitó que el proyecto signado con el número 4 de la tabla de hoy sea tratado como si fuera de Fácil Despacho.
Someteré a consideración de la Sala la petición de Su Señoría.
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente , mientras no esté presente el Senador señor Espina yo no doy la unanimidad para lo solicitado, pues en el almuerzo de nuestras bancadas él planteó un reparo sobre dicho proyecto.
El señor COLOMA.- ¡Después lo vemos!
El señor PROKURICA.- ¡Veamos la iniciativa en el lugar que corresponde!
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Entiendo que Su Señoría pide que no se resuelva el punto hasta que no se encuentre en la Sala el Honorable señor Espina.
El señor LONGUEIRA.- Sí, señor Presidente.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Entonces, dejaremos pendiente este asunto.
V. ORDEN DEL DÍA
RESPONSABILIDAD JURÍDICA POR ACCIÓN DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Proyecto, en primer trámite constitucional e iniciado en moción de los Senadores señores Girardi, Kuschel, Ruiz-Esquide y del entonces Senador señor Ominami, sobre responsabilidad por daños ocasionados por animales potencialmente peligrosos, con informe complementario del nuevo primer informe de la Comisión de Salud.
El asunto fue objeto de una petición de segunda discusión.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6499-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Girardi, Kuschel, Ruiz-Esquide y del entonces Senador señor Ominami):
En primer trámite, sesión 14ª, en 5 de mayo de 2009.
Informes de Comisión:
Salud: sesión 19ª, en 19 de mayo de 2009.
Salud (nuevo): sesión 63ª, en 10 de noviembre de 2009.
Salud (complementario del nuevo): sesión 18ª, en 17 de mayo de 2011.
Discusión:
Sesiones 22ª, en 2 de junio de 2009 (vuelve a Comisión de Salud para un nuevo informe); 19ª, en 18 de mayo de 2011 (queda para segunda discusión).
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
El proyecto tiene "simple" urgencia, y vence el 4 de junio.
Sus principales objetivos son promover la tenencia responsable de mascotas o animales de compañía; proteger la salud pública aplicando medidas para el control de su población; resguardar la salud animal y regular la responsabilidad por los daños que sean consecuencia de las acciones de dichas mascotas o animales de compañía.
La Comisión de Salud, en el informe complementario del nuevo primer informe, deja constancia de que discutió esta iniciativa en general y en particular en el trámite de primer informe, y aprobó la idea de legislar el año 2009 por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Girardi, Kuschel, Ruiz-Esquide y el entonces Senador señor Arancibia.
En cuanto a la discusión en particular, efectuó diversas enmiendas a la moción original, algunas de las cuales fueron acordadas por mayoría de votos.
El texto que se propone aprobar en general se puede consultar en el informe complementario de fecha 11 de mayo del año en curso.
Asimismo, cabe señalar que los artículos 19, 22 y 24 requieren para su aprobación el voto conforme de 21 señores Senadores.
La Comisión de Salud deja constancia de su propuesta de archivo de un proyecto originado en la Cámara de Diputados (boletín N° 2.696-11) y de la moción del Honorable señor Bianchi (boletín N° 5.847-11), cuyas ideas se encuentran recogidas en la iniciativa en discusión.
También propone que este proyecto, en la discusión particular, sea conocido por la Comisión de Hacienda para que informe sobre los preceptos que impliquen gastos o incidan en la administración financiera o presupuestaria del Estado.
Finalmente, la Comisión sugiere cambiar la denominación del proyecto por la siguiente: "Proyecto de ley sobre tenencia responsable de mascotas o animales de compañía".
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
En la segunda discusión, tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , quisiera que esta iniciativa -lo dije en la sesión pasada- se viera teniendo a la vista la ley N° 20.380, sobre protección de los animales, la cual claramente establece las fórmulas de tenencia responsable que deben seguir las personas -incluso fija los métodos educativos en este sentido- y de control sistemático de la población canina y felina.
Por otro lado, los Códigos Civil y Penal también determinan con nitidez las responsabilidades -inclusive objetivas- cuando alguno de estos animales ocasione daño o exista hasta un cuasidelito de homicidio.
Entonces, deseo pedir a la Sala que esta iniciativa sea vista de nuevo por las Comisiones unidas de Salud y de Medio Ambiente, a fin de establecer cuán necesaria es. Porque si hay leyes vigentes y se encuentran pendientes los respectivos reglamentos, no hay razón alguna para seguir avanzando en esta tramitación, puesto que, en el fondo, el asunto ya está resuelto. En efecto, ya se han entregado las respectivas facultades a las autoridades competentes para proceder acerca del tema en cuestión, que se pone en el debate público cada vez que un perro ataca a una persona y su dueño es sindicado como responsable. Además, están los instrumentos como para que esa tenencia responsable se ejerza en plenitud.
Así que, más que entrar al fondo del proyecto, yo pediría que este se revisara a la luz de la legislación vigente, de los reglamentos que se hallan pendientes, y, conforme a ese escenario, se viera si tiene sentido avanzar con su tramitación.
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente , este proyecto de ley contiene una idea que venimos discutiendo desde hace muchísimo tiempo. Se ha traído a la Sala en dos oportunidades -no recuerdo bien, pero a lo menos en una- porque había dentro de la Comisión de Salud un debate de muy difícil resolución sobre el punto específico de la eutanasia. Remitida la iniciativa una vez más a dicho órgano, se rechazó la tesis de la eutanasia, que antes habíamos aprobado para que tuviera lugar con recomendación, cuidado, precaución de los veterinarios.
Ahora, previo a hablar en general sobre el proyecto, quiero referirme al planteamiento de que vuelva a la Comisión.
En la Comisión de Salud, señor Presidente, siempre hemos sido muy abiertos para que las iniciativas regresen a ella cuantas veces sea necesario a los fines de considerar las prevenciones formuladas por los señores Senadores.
Pues bien, en esta materia hemos recibido de manera permanente presiones y reclamos porque la ley en proyecto no se despacha. Sin embargo, debemos tener en cuenta las acciones provenientes de ambos lados: antes, la de aquellos que sostenían que había que revisar el texto para quitar lo de la eutanasia, y ahora, la de quienes están siendo atacados (desgraciadamente con mucha frecuencia) por perros en todas partes de Chile debido justamente a la falta de una legislación que obligue a cuidarlos como corresponde.
Entonces, mi opinión es contraria a remitir una vez más la iniciativa a la Comisión, pues ya la hemos analizado suficientemente. Ello, por cierto, sujeto a que la Sala determine otra cosa.
En todo caso, señor Presidente, permítame hacer algunos planteamientos relacionados con lo que significa este proyecto.
Su primer título hablaba de "cuidarse de los perros peligrosos". Pero lo cambiamos, y dijimos "tenencia responsable".
Después de eso, todo el articulado se volcó hacia cuatro elementos básicos: educación a las personas -este es el centro de la cuestión-; entrega a una autoridad determinada de los mecanismos conducentes a concretar las propuestas que formulábamos en la ley en proyecto; entrega a las municipalidades de dinero suficiente para actuar, y generación de una red de funcionarios e instancias que dieran cuenta de lo que debía hacerse en cada uno de los pasos que proponíamos.
Por eso, creemos que esta iniciativa constituye un avance sustancial. Se encuadra dentro de la normativa aplicada habitualmente en diversos países. Y corresponde, asimismo, a lo que han hecho algunas municipalidades en Chile.
De otra parte, es muy respetuosa de los derechos de las personas y, también, de la relación que ellas logran establecer con sus mascotas.
Pero, señor Presidente -insisto-, estamos llegando -excúsenme por señalarlo así- a algo bastante distorsionado.
Se ha hecho mucha cuestión de que este proyecto podría generar una actitud muy negativa con respecto a las mascotas. Y se formula una crítica generalizada sobre la dureza de lo que proponíamos.
Se ha llegado al exceso -a mi juicio- de que, cuando sucede algo que hiere a una mascota o le provoca la muerte, se produce un gran escándalo en el país -y lo comprendo-, lo que, sin embargo, se contrapone con el hecho de que, al fallecer una persona -anciano, niño, en fin- por la mordida de un perro, da la sensación de que a nadie le importa demasiado: la prensa no lo incluye en sus editoriales; la reacción de bastante gente es más bien a decir: "No importa, porque el perro no tiene conocimiento de lo que hace".
En tales condiciones, señor Presidente, quiero expresar mi apoyo a la ley en proyecto. Creo que caminará bien. Se ha hecho un esfuerzo por traducirla en programaciones, sanciones e incentivos suficientes, claros, adecuados y convenientes.
Insisto en que no soy partidario de lo que solicitó el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, pues esta iniciativa ya ha vuelto muchas veces a la Comisión de Salud. Pienso que llegó el momento de discutirla, votarla y despacharla como ley, pues es parte de la solución de uno de los problemas más graves que desgraciadamente afectan a Chile. Porque no solo se trata de cuidar más a las mascotas y, sobre todo, a las personas, sino también de procurar conseguir desde el punto de vista sanitario un control que hasta la fecha resulta imposible ejercer -este proyecto puede permitirlo-: el de la enorme cantidad de perros existente en las ciudades chilenas, y muy especialmente en los puertos.
He dicho.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Le ofrezco la palabra al Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente , antes de que yo opine sobre el proyecto, quizás sería bueno resolver acerca de la propuesta que hizo el Senador Horvath. De lo contrario, podríamos estar discutiendo algo que volvería a la Comisión de Salud, si así lo aprobara la Sala.
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Discúlpeme, señor Senador, por la manera de formular el siguiente planteamiento.
El proyecto anterior tenía que ver con la idea de evitar los tratos crueles contra los animales; el actual dice relación con los dueños de los animales y sus responsabilidades. En tal sentido, abordan materias distintas. Y por eso los autores insistieron en que el que nos ocupa esta tarde se discutiera como se halla formulado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GÓMEZ.-
Yo solo iba a pedir que alguien informara, señor Presidente .
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Muy bien, señor Senador.
Solicito el acuerdo de la Sala para que el Honorable señor Gómez dirija la sesión momentáneamente, pues quiero intervenir después del Senador señor Rossi, a quien le doy la palabra.
--Se accede, y pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental , el Honorable señor Gómez.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente , este ha sido un tema tremendamente debatido en la Comisión de Salud, porque de alguna forma están en juego muchos intereses, todos muy legítimos.
Hemos escuchado a víctimas de mordeduras de perros. Y, cada vez que hay un incidente como el de Peñaflor, los ojos de la opinión pública se vuelven hacia el Congreso, en circunstancias de que con relación a la tenencia de mascotas hay bastante legislación y, más bien, faltan reglamentos para establecer ciertas regulaciones.
Por otro lado, hemos escuchado a las agrupaciones proteccionistas, que nos hablan de la ley de -valga la redundancia- protección animal; de lo que hoy día dispone el Código Penal, en su artículo 191 bis, que trata de las sanciones aplicables a quienes cometan maltrato o actos de crueldad contra los animales.
Hemos oído también a los municipios, que siempre aducen no tener los recursos necesarios para hacerse cargo del problema sanitario y social que representan los perros vagos que deambulan por las calles.
Por tanto, como Sus Señorías pueden ver, el tema de los perros vagos, sea con dueño o sin él, es bastante complejo y tiene muchas aristas.
Ahora bien, en lo que estamos todos de acuerdo es en que la génesis de los perros de la calle, de los perros abandonados, se sitúa en la tenencia irresponsable de mascotas; en la falta de una cultura donde la sociedad asuma que poseer un animal de compañía exige responsabilidad en cuanto al cuidado veterinario, a las instalaciones que se le ofrezcan, a su alimentación. Y ello implica la esterilización; el contar con cercos seguros para evitar que la mascota salga del lugar destinado a ella y muerda a un vecino, en fin.
Entonces -reitero-, este proyecto se hace cargo de una realidad muy compleja.
Básicamente, por un lado, perseguía abordar la tenencia responsable de mascotas, mediante un cambio cultural, a través de la educación, sancionando a quienes cayeran en conductas irresponsables que dieran origen a perros abandonados; y por otro, se preocupaba del control de la población canina, punto desde donde surge lo concerniente a los programas de esterilización masiva.
¿Cuál es, señor Presidente , el problema que presenta esta iniciativa y por lo que -imagino- el Senador señor Horvath planteó enviarla de nuevo a Comisión? Que en su tramitación hemos evidenciado que para ponerla en práctica se requieren recursos.
Se plantea facultar al municipio para que asuma un rol central en el control de la población canina, pero él señala que no dispone de los recursos necesarios para cumplir dicha función.
Por otro lado, la autoridad sanitaria no cuenta con personal para llevar a cabo su tarea en ese ámbito.
Resulta evidente que las municipalidades, si les asignamos aquella responsabilidad, deberán operar de acuerdo con un criterio a nivel nacional, con una regla que ha de establecer la autoridad sanitaria.
De otra parte, entendemos que también se debe abordar lo relativo a la tenencia responsable de las mascotas.
Por lo mismo, le pedimos al Gobierno financiamiento para el proyecto.
¿Qué nos planteó el Ejecutivo ? Que quería separar la iniciativa.
Eso es bien importante. Porque lo que propone el Gobierno -en esto asumió protagonismo el Ministro del Interior , quien, según nos informaron desde La Moneda, se hizo cargo de la tramitación- es dividir el proyecto en dos: por un lado, un texto concerniente a la tenencia responsable de mascotas, enfocado más bien -por así decirlo- a los perros con dueño; y por otro, un texto que se haga cargo de la cuestión sanitaria, de salud pública con relación al control de la población canina, estableciendo ahí los roles que les corresponden al municipio, a la autoridad sanitaria, y determinando quién otorga los recursos y cómo se entregan.
Al final del día, el Gobierno no ha enviado las indicaciones necesarias para regular ambas materias. Y por ello decidimos remitir el proyecto a la Sala, a fin de que se abra un período para que formulen indicaciones tanto los parlamentarios como el Ejecutivo.
Creo que lo más importante en este minuto es que los municipios, si van a asumir la responsabilidad descrita, dispongan de los recursos suficientes. Estamos hablando de programas de esterilización masiva, los cuales implican un alto costo.
También es del caso puntualizar -y lo conversamos con organizaciones de defensa de los animales- que existe legislación sobre la materia en comento, pero, lamentablemente, no se han elaborado los reglamentos pertinentes.
Ese es un punto muy significativo, señor Presidente .
Entonces, independiente de que prosiga el debate en esta jornada, sugiero que el proyecto pase de nuevo a la Comisión de Salud y que se abra un período para presentar indicaciones, esperando -de acuerdo a lo comprometido por el Ministro del Interior - las del Ejecutivo , que apuntan en dos direcciones: al control de la población canina (perros vagos, de la calle) y a la tenencia responsable de mascotas, o sea, de perros con dueño.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente , estimados colegas, parto haciéndome cargo de la reflexión del Senador Horvath respecto a la ley No 20.380.
En el Título I -relativo a su objetivo y ámbito de aplicación- se dispone: "Esta ley establece normas destinadas a conocer, proteger y respetar a los animales,...". O sea, dicha legislación tiene que ver con un tema distinto del que estamos discutiendo, que dice relación con la responsabilidad de los dueños de las mascotas.
En tal sentido, no soy partidario de que evitemos cumplir este paso legislativo: necesitamos aprobar en general un proyecto de ley sobre tenencia responsable de animales.
Quizás la dimensión más importante de la iniciativa en análisis se vincula específicamente con la obligación de las municipalidades -se consigna en el artículo 5o, Título II- de "dictar una ordenanza sobre la tenencia responsable de mascotas".
Actualmente, nadie se hace responsable de ellas. En algunos casos los dueños son absolutamente irresponsables. No asumen su tenencia. Por la mañana sueltan a las calles a sus animales -particularmente a los perros- y los recogen al final del día para que vuelvan a vivir en la casa durante la noche. O sea, la tenencia diurna no es responsable.
Señor Presidente , considero clave facultar a las municipalidades para dictar una ordenanza en el sentido expuesto. Y ella debería incluir la obligación de registrar a los animales en cada municipio; un sistema de identificación; el pago de patente, y la aplicación de multa, por tenencia irresponsable, a los dueños de animales que deban ser recogidos por andar circulando solos en la vía pública. Ello generaría un mecanismo de financiamiento para obtener los recursos que se necesitan a fin de impulsar planes especiales de esterilización u otras medidas, como la mantención de los centros que históricamente se conocían como "perreras", para la permanencia de los animales recogidos en la calle.
Lo incorrecto, señor Presidente, es no asumir que estamos frente a un grave problema de salud pública, que agrede a las personas que no quieren mascotas o a aquellas que las desean y son responsables en su tenencia.
No es correcto que el Congreso Nacional, y especialmente el Senado, no avance en fijar las normas aplicables a quienes gustan de los animales, quieren tenerlos, pero no siempre saben hacerlo en forma responsable.
Sí, planteo -y será mi posición durante el debate en particular- que deberíamos eliminar del proyecto en análisis los elementos relativos a la calificación de "animales peligrosos".
No hay razas peligrosas per se. A los animales -en particular a los caninos- se les enseña a desarrollar actitudes más agresivas; se les entrena para esa finalidad, o se les generan tales comportamientos cuando la tenencia es irresponsable. Así, los perros que viven amarrados a un cable -como ocurre habitualmente en el campo- para que se desplacen en un espacio limitado mostrarán, por supuesto, actitudes más agresivas que las de aquellos que no son entrenados o que no son restringidos en su movilidad dentro de la propiedad donde habitan.
Eso se habrá de precisar en los reglamentos.
Sí es necesario, para avanzar en esta materia, contar con una ley marco sobre tenencia responsable, que les asigne a los municipios la obligación de dictar reglamentos y que evite que los ciudadanos comunes sean objeto de las externalidades negativas -por así calificarlas- generadas por personas que no saben ser dueñas de animales; que tienen gatos o perros, en su mayoría, que se reproducen, y, cuando no quieren conservar las crías, las botan en la calle; que no toman la medida de esterilizar a hembras cuya parición no desean.
Creo que este es uno de los problemas de salud pública serios, diría que hasta grave en ciertos centros urbanos. Conocemos los efectos negativos de ello por los medios de comunicación.
Pero, en el fondo, la dificultad radica en que no hemos logrado legislar para que exista la responsabilidad de los municipios de dictar la ordenanza respectiva y para darles la facultad de cobrar, junto con establecer ciertas obligaciones, una multa por tenencia irresponsable a las personas que dejen en la calle a perros que sean recolectados.
En muchos países, la cuestión se ha resuelto incluso de una manera distinta, obligándose a los propietarios a contratar seguros según el tipo de animal -es decir, encareciendo la posesión, como es el caso de Alemania-, para que se hagan responsables respecto de la sociedad.
En lo personal, soy amigo de los animales. Tengo varios perros. Pero comprendo que si estos salen de mi control y agreden a alguien asumiré una responsabilidad civil. De la misma forma, si los suelto en un espacio público y generan un malestar en otras personas, mi irresponsabilidad se estará evidenciando.
No es correcto, señor Presidente , que no aprobemos la normativa en estudio. Al contrario. Debemos hacerlo. Hay un equilibrio, eso sí, que tendremos que encontrar. Y entiendo que los miembros de la Comisión lo han debatido. ¿Cuál es el que debe existir entre la tenencia responsable y el derecho de los animales?
Eso es lo que promueven las organizaciones que a veces han venido al Congreso Nacional, que no actúan en representación de los intereses de los ciudadanos, sea que estos mantengan mascotas en forma responsable o no, sino por los animales y sus derechos.
Al respecto, quiero por lo menos dejar constancia de que, a mi juicio, no por tener los animales ciertos derechos se debe llegar a una situación de igualdad con aquellos que le corresponden a la sociedad; con la salud pública.
Por ello, creo que el artículo 5° es, sin duda, el corazón de la iniciativa y que las municipalidades deben hallarse obligadas a dictar ordenanzas. Y voy a presentar en particular una indicación sobre cuáles son los contenidos mínimos que me parece que se deben contemplar, de forma tal que los propietarios se encuentren obligados a registrar sus mascotas y mantenerlas identificadas, para que puedan ser sancionados si se falta al cuidado debido.
Adicionalmente, es preciso explorar lo que han hecho en otros países a fin de generar los recursos necesarios para que el sistema se autofinancie. En Estados Unidos, ello se logra pagando una patente por la tenencia; en Alemania, contratando un seguro, según el tipo de animal.
Lo cierto, señor Presidente , es que el esquema actual es el peor de todos, con una situación de tenencia irresponsable, y los que pagan las externalidades consiguientes son las ciudades, las comunidades, los transeúntes, que deben tener derecho a libre tránsito y que no siempre lo materializan por la responsabilidad de unos pocos.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, deseo felicitar primero a los parlamentarios autores de la iniciativa.
Quiero alegrarme porque estamos debatiendo el asunto, pero lamentar que nuevamente tengamos que dar explicaciones a la comunidad por no sacar un proyecto completo.
Si bien es cierto que el articulado va a asignar responsabilidades a quienes puedan ser identificados como propietarios, una gran cantidad de animales aparecen sin dueño y son callejeros. Y el texto no aborda la cuestión. No les entrega recursos a las municipalidades o a alguna institución que se haga cargo de estos últimos, de los que son maltratados, que tienen derechos que se deben respetar. Tampoco apunta a darles seguridad a los habitantes de la ciudad y del campo respecto de que no serán amenazados o atacados por alguno, peligroso o no. Si los animales no tienen dueño, si nadie es responsable de ellos, entonces la normativa nos deja en las mismas condiciones en que estábamos antes de siquiera discutirla.
Aquí llamo a la responsabilidad; a que el Ejecutivo asuma la situación; a poner los recursos necesarios. Son muchos los episodios que estamos viendo, diaria o semanalmente, de ataques de perros y mascotas a niños, a adultos mayores.
Y la verdad es que no existe una explicación de por qué todavía no contamos con una legislación -los responsables somos los parlamentarios- que garantice, por una parte, los derechos de los animales o el cuidado de estos, y por la otra, la seguridad de las personas en el campo y la ciudad.
Por eso, señor Presidente , coincido con el Senador señor Letelier en orden a que avancemos en lo ya aprobado, para atribuir responsabilidad, por lo menos, a los dueños que sean identificables. Pero que también el Ejecutivo se haga cargo de ver cómo los municipios o alguna otra institución, con recursos, con facultades, con imperio, pueden atender a todo el resto de los animales cuyos propietarios no son identificables.
He dicho.
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El señor GÓMEZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , a petición del Senador señor Orpis, la Comisión de Minería y Energía accedió a consultar a la Sala acerca de la posibilidad de ampliar hasta el miércoles 8 de junio, a las 10, el plazo para presentar indicaciones respecto de la moción conocida como "20/20".
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).-
Si no hay objeciones, se accederá.
--Así se acuerda.
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El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Carlos Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).-
Señor Presidente , he seguido la discusión en torno de la iniciativa que regula la responsabilidad por la tenencia de mascotas, y si bien es cierto que se ha dicho, con razón, que ello crea problemas en la vida de las ciudades, también es preciso destacar un aspecto del cual creo que el Senador señor Tuma será particularmente consciente, en orden a que en las zonas rurales existen muchos animales por los cuales nadie responde, que no se sabe a quién pertenecen y respecto de los cuales todas las teorías enunciadas sobre la pertenencia responsable son perfectamente imaginarias. En efecto, andan sueltas mangas de perros que atacan, y las organizaciones que rompen lanzas por ellos debieran hacerlo también por los terneros, las ovejas, las vacas y los caballos. En los lugares donde hay pequeñas propiedades ello es particularmente grave, porque una jauría puede destruir la mitad del patrimonio de una familia campesina.
No estoy desconociendo la dificultad que significan los canes en las ciudades. Ese es un hecho real. Pero lo más grave de todo es la situación en localidades pequeñas y medianas, donde muchos perros se internan luego en los campos y pueden arruinar a grupos familiares completos. Una vecina, en el lugar adonde voy en el verano, perdió dos tercios de su producción en una noche.
Entonces, creo que la cuestión no debiera centrarse tanto en el registro, la patente, el permiso de los tenedores. Es preciso abordar la posibilidad de que los animales sean retirados de circulación por los municipios. Y si para ello se debe dotar de fondos, pues bien, que se haga, lo que le corresponde al Ejecutivo.
Al menos quería dejar constancia de que en la materia se registra una dificultad también en las zonas rurales, la cual afecta muy en especial a la clase media campesina.
Es cuanto puedo decir, como un antecedente más, en torno a la iniciativa.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente , la iniciativa exhibe distintos componentes. No aborda solamente un aspecto.
Entre otras, trata la situación de los animales peligrosos, no contemplada en la legislación, y establece un conjunto de instrumentos para prevenir la presencia de uno de ellos, por la vía de que quien quiera tenerlo debe comprender que podrá responder en lo civil y, eventualmente, en lo penal.
Asimismo, impone obligaciones como la de mantenerlo dentro de la casa, con un cerco adecuado. Si alguien quiere sacarlo a la calle, debe hacerlo con correa de sujeción y bozal, además de ser mayor de 18 años. La vulneración de tales exigencias será sancionada.
Además, permite la incautación de un perro con un historial de peligrosidad, por ejemplo, cosa que no ocurre en la actualidad.
En San Bernardo , un mismo can mordió a dos niños. A pesar de haber atacado a uno, la autoridad carecía de facultades para incautarlo, encontrándose el animal guardado en condiciones que no ofrecían seguridad, pues se dejaba la puerta abierta y constituía una amenaza, y volvió a agredir a un niño. De contarse con la ley en proyecto, habría podido ser objeto de esa medida y alejado de la posibilidad de dañar a otras personas.
Repito que la tenencia responsable de mascotas deberá ser dentro de la casa. Un primer aspecto es que, muchas veces, el patio de la vivienda es la calle. La iniciativa sancionará a quien mantenga a un animal en la vía pública, lo que también se extenderá al hecho de que este se encuentre en condiciones nutricionales deficientes o con sarna, garrapatas u otras enfermedades, y de que no cuente con correa de sujeción ni identificación.
Es decir, también se dispone un conjunto de condiciones que nos parece un incentivo para dicha tenencia responsable y un desincentivo para la que resulte inapropiada, como la que se observa hoy día en muchas poblaciones, donde algunas familias tienen tres o cuatro perros, porque ello no cuesta nada y no se asume ninguna responsabilidad.
Como señalé, el texto establece que el dueño responderá cuando se causen daños. Y en el caso de perros vagos, son las municipalidades las que deberán actuar. Lo que estamos planteando es que, en esa eventualidad, los animales sean incautados, llevados a un lugar donde sean sanitizados y después entregados a quienes deseen hacerse cargo de ellos. El propósito es que se cumplan ciertos requisitos sanitarios.
Y si no son reclamados no se les podrá matar. Aquí se generó un largo debate sobre la eutanasia como instrumento de regulación de la población canina. Hemos expuesto que la alternativa es la esterilización, pero que de ninguna manera podemos incurrir en las prácticas bárbaras o hitlerianas de llevarlos a una suerte de campos de exterminio. Ello no constituye un método aceptable ni razonable. Es algo que se tiene que regular por la vía de la responsabilidad.
Para determinar mejores regulaciones, ya no será posible el comercio informal de animales. Su dueño deberá esterilizarlos. No podrá tener un perro y reproducirlo, a menos que posea un permiso de criador. Ello se traducirá en el término de la actividad en tal sentido que se ve a través de los diarios o por Internet.
¿Y por qué es importante lo anterior? Si las ventas solo se pueden verificar a través de criaderos autorizados, se limitará el comercio informal, evidentemente. Dado que nadie podrá tener un animal no esterilizado, aumentará el precio y, por lo tanto, se registrará mucho más interés por obtener gratuitamente uno en adopción que entreguen algún municipio o institución que dispongan de canes recogidos en las calles.
Nos parece que esas son las fórmulas que han funcionado en todas partes del mundo. Lo único que no funciona es el asesinato masivo.
Además, los perros vagos ocupan territorio, y si son eliminados, otros animales se instalan en el mismo nicho ecológico. Los grandes abastecedores de los primeros son los dueños que no los cuidan, que los mantienen en las calles, y si determinamos la tenencia responsable, la obligación de pagar multas si los animales se encuentran en la vía pública, sin alimentación ni correa de sujeción ni identificación, estableceremos un mecanismo que hará reflexionar a quien desee tener una mascota.
A ello se sumará el que los criaderos serán solo los autorizados y que no se podrá regalar, vender ni reproducir perros en domicilios que no constituyan una instancia institucional o formal.
Y cabe recordar que, al mismo tiempo, se contemplan sanciones para los dueños de perros peligrosos por los daños que estos causen.
Conviene tener presente que esas personas son hoy día, muchas veces, narcotraficantes. Es un factor de estatus el tener este tipo de animales y, fundamentalmente, los de pelea, cuya reproducción se realiza en forma del todo irregular.
Todos estos aspectos deben abordarse integralmente, y el proyecto en estudio pone a Chile en el plano en que se hallan leyes de otros países.
Tal vez el punto de mayor discusión recayó sobre algo que hemos eliminado y a lo cual nos opusimos, que es el empleo de la eutanasia como instrumento de regulación de la población canina. Para este último efecto contemplamos la responsabilidad y la esterilización, pero no el asesinato masivo de animales, absolutamente inaceptable y poco adecuado, como mecanismo válido, para una sociedad como la nuestra y cualquier otra. Solo es factible usar de modo excepcional el medio señalado en primer término, como una especie de muerte digna para situaciones de sufrimiento en enfermedades terminales.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, en su primer discurso, el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , el proyecto de ley se encuentra representado por su propia denominación: tenencia responsable de mascotas o animales de compañía. En tal sentido, lo considero un acierto y un aporte, y felicito a quienes han trabajado durante tanto tiempo en su contenido.
Entiendo que se halla completamente separada la cuestión de las jaurías salvajes, las que, sobre todo en el mundo rural, causan un grave daño a la economía familiar campesina, a los pequeños productores.
En la Región de Los Lagos, tanto en la provincia de Llanquihue como en las de Palena y de Chiloé, son numerosas...
El señor TUMA .-
¡Son lobos!
El señor ESCALONA.-
...-son más bien lobos, como me acotan- y destruyen la ganadería, sobre todo la de corderos, generando un gravísimo daño a las familias.
Entiendo que todos los argumentos que se han vertido en la Sala se refieren a las mascotas o animales de compañía y, en consecuencia, la autoridad tiene el deber de proteger a las familias campesinas cuando su pequeña propiedad en el mundo rural es virtualmente asolada por las jaurías que señalé.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente , el nombre del proyecto en debate explica muy bien los objetivos que sus autores persiguen, como es establecer un sistema de tenencia responsable de mascotas o animales de compañía, por todas las razones que se han mencionado acá, sobre todo en lo concerniente a los problemas sanitarios y de salud pública que muchas veces los organismos del propio Ministerio de Salud y los municipios han intentado atender y corregir. Sin embargo, no existe un marco regulatorio que los faculte para ello.
Asimismo, está el tema que expresó el Senador Escalona . En La Araucanía, Región que represento, también es bastante frecuente observar el daño que numerosos perros provocan en los sectores rurales.
Además, el proyecto aborda un asunto cultural, de hábitos de los tenedores y propietarios de los animales, que los dejan sueltos durante todo el día, con los daños que ello genera.
En Chile existen 540 mil perros vagos aproximadamente; 35 mil personas fueron mordidas o agredidas durante el 2009, y la tendencia es creciente.
Con razón la ciudadanía, cada vez que se conocen hechos donde perros, principalmente de razas potencialmente más peligrosas, lesionan a personas -incluso, a algunos niños les ha costado la vida-, nos interpela y espera del Congreso una respuesta rápida. Por ello, soy partidario de no seguir dilatando una decisión sobre el particular.
Efectivamente, el proyecto plantea un marco regulatorio mínimo y es evidente que falta abordar ciertos aspectos. Yo no quisiera que los municipios nuevamente nos acusaran de elaborar una ley que carece de financiamiento. Y la normativa en estudio lo requiere.
Usted, señor Presidente , ha propuesto una esterilización masiva, la creación de un registro e incluso, a través de ordenanzas municipales -que algunos municipios ya han dictado sin mediar este marco regulatorio-, el cobro de patentes. Bien decía el Senador Letelier que en Alemania existen seguros de altísimo costo para evitar que los perros ocasionen daños como los que se registran en Chile, con aumento creciente.
La iniciativa no solo contempla multas para quienes no resguarden adecuadamente a sus mascotas, animales de compañía o, en algunos casos, perros peligrosos, sino que, al mismo tiempo, hace cargo del problema al Estado y a los municipios, que son los que deben asumir esta responsabilidad. Es muy difícil que las municipalidades pretendan desentenderse de ella. Esta situación incide hasta en aspectos de tránsito en determinadas localidades, debido a la existencia de grandes jaurías de perros en importantes arterias, como las que he visto en Temuco, Lautaro , Angol , Victoria y en muchas otras ciudades de la Región que represento.
Por lo tanto, todo el mundo quiere que esta problemática se acote y se pueda resolver. Y me parece que esta legislación entrega elementos esenciales para ello. Hace solidariamente responsables al dueño y al tenedor del animal. Y eso es, finalmente -insisto-, lo que se busca, más aún cuando el Senado ha despejado la posibilidad de la eutanasia como solución a la grave situación que hoy enfrentamos.
Por la vía de las indicaciones podemos abordar algunos aspectos, como el del financiamiento que los municipios van a requerir, pero para ello es necesario continuar con el debate del asunto.
Por eso, soy partidario de votar el proyecto de una vez por todas y aprobar la idea de legislar.
He dicho.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN .-
Señor Presidente , tal como todos los señores Senadores han manifestado, la idea contenida en el proyecto, de hacer más responsables a quienes poseen mascotas o animales de compañía, parece ser absolutamente razonable y necesaria. Hay implícitas medidas de seguridad, de salud y muchas otras que hacen recomendable avanzar en esta materia.
Sin embargo, dado que nos hallamos en la discusión general, uno no puede menos que hacer presentes algunas inquietudes, varias de las cuales ya se han mencionado.
La primera dice relación con la realidad en el cumplimiento de esta normativa legal en los sectores rurales. Ahí, más allá de quien sea su tenedor, prácticamente en todas las viviendas hay uno o más animales domésticos. Y me pregunto si es realista una norma que expresa que, "Tratándose de perros, estos deberán circular en los espacios públicos," -o sea, calles y caminos rurales- "bajo control y supervisión humana, con la debida correa de sujeción, tomando todas las medidas de seguridad y sanidad que fije el reglamento antes citado".
Se trata de una disposición perfectamente exigible en una ciudad, pero no veo a un campesino salir a caminar con su perro atado a una soga o a una correa por los alrededores de su hogar.
Entonces, está bien: algunas normas parecen imprescindibles para los sectores urbanos, pero estimo que imponen exigencias que para ciertas zonas rurales resultan poco realistas. Por ende, debemos tener cuidado con situaciones que no permiten el cumplimiento de normas legales que -repito- son necesarias en determinados ámbitos, mas no en otros.
Otra inquietud ya la manifestó el Senador Quintana: el problema que deberán enfrentar los municipios. El artículo 10, inciso segundo, establece que "las municipalidades serán responsables civilmente por los daños a la salud e integridad física de las personas que causen los animales abandonados que transiten libremente por el territorio de la comuna".
El informe habla de 540 mil perros vagos. Algunos señalan que son cerca de un millón. Yo no sé cuántos serán, pero sí puedo sostener que, cuando uno recorre las ciudades de su respectiva circunscripción -es un problema generalizado en todo Chile-, nota la abundancia de esos animales.
Entonces, si los municipios serán los responsables de esta problemática, tendrán que instalar un canil municipal, contratar veterinarios, incurrir en gastos de alimentación. Se menciona el caso de Valparaíso, que, con un costo de 560 millones de pesos, construyó un recinto de esas características que no ha surtido ningún efecto en el control de los perros vagos.
Por lo tanto, estamos creando una carga pública para los municipios que a estos les será muy difícil financiar. Yo he visto cómo en algunas comunas, especialmente en Linares, el alcalde y el resto de las autoridades hacen denodados esfuerzos en esta materia, pero no cuentan con los recursos necesarios para construir caniles donde dar un buen trato a los perros vagos que por cientos merodean por las calles.
En consecuencia, se trata de una situación compleja.
Además, hay que considerar que los problemas ocasionados por los perros vagos no son solo de seguridad sino también de salud, y estos últimos deberían ser quizás responsabilidad del Ministerio del ramo. Y lo digo porque creo que resulta imprescindible pensar en un financiamiento público, en algún tipo de subsidio para afrontar una situación que es muy amplia.
Concuerdo en que la solución no es la eutanasia. A lo mejor podría aplicarse en perros que padezcan una enfermedad terminal, contagiosa o grave, pero -repito- no es la solución. Sin embargo, tampoco lo es atribuir simplemente su responsabilidad a los municipios, porque estaríamos generando un panorama en general bastante difícil.
Por otra parte, hay normas que merecen cierta aclaración.
Por ejemplo, el artículo 15 del proyecto dispone que "Los locales de venta y crianza de mascotas o animales de compañía estarán a cargo de un médico veterinario". ¿Qué significa esto último: que el que gerentea, administra o es propietario de uno de esos locales debe ser médico veterinario? ¿O querrá decir que debe estar asesorado, bajo las normas que establezca un reglamento, por un médico veterinario u otro profesional de similar naturaleza?
Creo que aquí hay distintas normas que, a mi juicio, desfiguran en cierto sentido la iniciativa, que es muy buena en su objetivo -y estoy disponible para apoyarla-, pero que en su desarrollo presenta diversos tipos de problemas que hacen que ella sea compleja o que en la discusión particular deba ser objeto de una revisión bastante pormenorizada, la que, a lo mejor, le cambiará su fisonomía. Pero al parecer ese es el único camino que existe si aprobamos el proyecto hoy día, para lo cual -reitero- me encuentro disponible.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Horvath, en su segundo discurso.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , en mi primera intervención manifesté una aprensión. Ahora quisiera ir al fondo del asunto.
La verdad es que nosotros tenemos una nutrida legislación sobre la materia. Están el Código Penal, en su artículo 291 bis, que fue reemplazado por una versión distinta que estableció la misma sanción; la ley N° 20.380, y el Código Civil, en su artículo 608, que clasifica los animales, y los artículos 2326 y 2327.
Daré lectura a estas últimas dos disposiciones.
El artículo 2326 señala: "El dueño de un animal es responsable de los daños causados por el mismo animal, aún después que se haya soltado o extraviado; salvo que la soltura, extravío o daño no pueda imputarse a culpa del dueño o del dependiente encargado de la guarda o servicio del animal.
"Lo que se dice del dueño se aplica a toda persona que se sirva de un animal ajeno; salva su acción contra el dueño, si el daño ha sobrevenido por una calidad o vicio del animal, que el dueño con mediano cuidado o prudencia debió conocer o prever, y de que no le dio conocimiento".
Y, a propósito de jaurías y animales peligrosos, el artículo 2327 declara: "El daño causado por un animal fiero, de que no se reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio, será siempre imputable al que lo tenga, y si alegare que no le fue posible evitar el daño, no será oído".
También está el Código Penal, porque un animal entrenado puede ser usado igualmente como arma, por así decirlo, lo que puede llegar a configurar, como señalé denantes, un cuasidelito de homicidio.
Tenemos, por otro lado, el Código Sanitario, varios decretos del Ministerio de Salud y leyes vinculadas a la materia.
Y además existen reglamentos de la Ley sobre Protección de Animales que se encuentran pendientes y deben ser dictados. Y estos reglamentos, más la legislación vigente, cubren lo que se está proponiendo en la moción.
Esta nace en la Cámara de Diputados, después llega al Senado, y por alguna razón no sigue su trámite legislativo. Se presenta otro proyecto, el que, versus el archivado, plantea entre otras cosas la eutanasia. Luego de algún grado de debate, se excluye este mecanismo y se vuelve a lo que tenemos vigente.
Concuerdo en que la cantidad de perros vagos que existen en Chile constituye un problema social y ambiental importante. Los expertos señalan que hay varias categorías: están los perros vagos per se, que son como las personas que pierden todo tipo de nexo, y, al final, son los menos peligrosos, pues apenas poseen energía para sobrevivir; y están los verdaderamente riesgosos, que tienen dueño, son alimentados, se hallan en condiciones de reproducirse y que son soltados o, lo que es peor, abandonados.
¿A qué voy con esto? A que, en definitiva, el peligroso siempre es el ser humano, no el animal. Este puede ser entrenado y siempre hay alguien detrás de él. Incluso, uno de los autores del proyecto contaba que tener un perro peligroso era, curiosamente, un signo de estatus entre los narcotraficantes. O sea, ¡mejor todavía! ¡Así pillamos a dos de un solo viaje...!
Por lo tanto, esta no es una materia que se halle en un área gris y que no tenga legislación, responsabilidad y sanción.
Por eso he planteado que la iniciativa vuelva a Comisión, para analizar las mociones que se han presentado sobre el particular, los reglamentos que se hallan pendientes, las leyes que son vinculantes, y no avanzar sobre algo que -estoy casi seguro- ya existe. Además, el Ejecutivo aún no dicta las normativas pertinentes.
Ahora, en caso de que este proyecto se apruebe, me permito sugerir a la Sala llevar a cabo, durante la discusión particular, una revisión profunda de sus disposiciones, en conjunto con las autoridades competentes, y averiguar si las normativas pertinentes van a ser dictadas o no. Porque al Parlamento no le corresponde aprobar reglamentos, sino asegurarse de que ellos sí sean dictados.
Es cuanto deseaba plantear, señor Presidente.
Gracias.
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente , a mi juicio, ya no podemos seguir postergando más la votación de esta iniciativa.
Quiero hacerme cargo de lo que se ha dicho en la Sala.
Creo que Chile es uno de los países donde existe una notable cantidad de perros abandonados.
Existen categorías distintas que a lo mejor estamos confundiendo. Por un lado, es evidente que existe responsabilidad respecto de animales potencialmente peligrosos. Sabemos que hay razas que son particularmente temibles. Ya están establecidas y clasificadas y existen reglamentaciones sobre la materia. Pero, por otro lado, sabemos que muchos perros vagos abandonados se vuelven absolutamente peligrosos en la medida en que no son alimentados. Se van poniendo cada vez más agresivos y terminan comiéndose a perros más chicos y mordiendo y agrediendo a personas, las cuales en ocasiones ya no pueden caminar por la calle.
Deseo ser muy clara en esto, señor Presidente , porque cada vez que una habla algo así poco menos que se la califica de no amante de los animales. Por lo menos quiero deslindar mi responsabilidad. Yo tengo cinco perros. Me encantan. Pero creo que hay que fijarse límites en la vida. Y aquí el bien superior se llama "ciudadano común y corriente", el cual tiene derecho a caminar por las calles de las ciudades y a no ser mordido, a no ser atacado, a no ser perseguido por manadas de perros que no cuentan con dueños responsables porque los han abandonado.
Y el problema no es solo que los hayan dejado abandonados, sino también que esos animales -y lo he conversado con médicos veterinarios- se van haciendo crecientemente más agresivos, e incluso terminan comiéndose a perros más chicos, por no tener otra cosa que comer, lo cual los vuelve más agresivos aún.
A estas alturas, señor Presidente, creo que debemos ser bastante responsables.
A mí me preocupa, señor Presidente , que no exista claridad en el proyecto en cuanto al financiamiento para las municipalidades. Mientras eso no esté clarificado, las normas de la iniciativa serán letra muerta. Y es muy grave que nosotros, como Senado, estemos apoyando un proyecto que sabemos que no tiene ninguna viabilidad, porque no veo a ningún municipio construyendo caniles, esterilizando perros, llevando un control, manteniendo temporalmente a animales abandonados, si no dispone de un presupuesto adicional. ¡No habrá ninguna municipalidad que lo vaya a hacer!
Entonces, considero que esta Sala debe ser responsable.
Yo estoy dispuesta a apoyar una iniciativa sobre la materia, pero exijo responsabilidad.
Quiero que me digan quién va a financiar a los municipios, porque si estos no cuentan con recursos no podrán cumplir con aquello y, por consiguiente, todo lo que aquí se establezca no será efectivo y la situación terminará exactamente como hoy: sin, en muchos casos, una tenencia responsable de animales; con manadas de perros vagos, cada vez más agresivos; con ataques a personas, y con municipalidades que no pueden hacerse cargo del problema.
Mi pregunta es qué hacer con un proyecto de esta naturaleza si no está asegurado el financiamiento. Porque, si esto es así, que se diga responsablemente que estamos aprobando algo que no será viable y que se transformará en letra muerta, lo cual irá en desprestigio de nosotros, que después de mucho tiempo hemos tratado de establecer justamente un marco regulatorio para la tenencia responsable de animales.
Esa es mi preocupación, señor Presidente, y la dejo planteada.
En esas condiciones, me parece que no estamos haciendo las cosas como corresponde.
He dicho.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
A continuación, se procederá a votar.
Pido hacer sonar los timbres.
La Sala debe pronunciarse sobre lo siguiente.
El Honorable señor Horvath ha solicitado que no se vote el proyecto,...
El señor ORPIS.-
Estoy de acuerdo con ello, señor Presidente.
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
...mientras que otros señores Senadores han manifestado lo contrario.
Su Señoría es partidario de no votarlo y que vaya a Comisiones unidas para...
La señora ALLENDE.-
¿Puedo plantear una cosa, señor Presidente? Es una duda que...
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
¿Me permite entregar primero la información, señora Senadora ?
La señora ALLENDE.-
De acuerdo, pero me gustaría que me respondiera algo.
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Debo aclarar a la Sala que aquí estamos conociendo el informe complementario del nuevo primer informe de la Comisión de Salud. Es decir, se trata del tercer informe previo a un pronunciamiento sobre la idea de legislar sobre la materia.
Lo que corresponde es votar en general el proyecto, pero un señor Senador solicitó no votar la idea de legislar y que la iniciativa se tramite a las Comisiones de Salud y de Medio Ambiente, unidas, para un "cuarto" primer informe.
De insistir el Honorable señor Horvath en su propuesta, lo primero que debemos resolver es si se vota ahora el proyecto. Después de eso, tenemos que dilucidar si el segundo informe lo emitirá solo la Comisión de Salud o las de Salud y de Medio Ambiente, unidas.
Ofrezco la palabra para referirse al procedimiento.
Puede hacer uso de ella el Senador señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente , lo que procede reglamentariamente es aplazamiento de la votación, lo que permitiría clarificar la situación.
Para que la Sala acuerde elaborar otro informe, se debe hacer otra petición.
A mi parecer, lo que corresponde es votar.
Además, esta iniciativa se discutirá en particular, oportunidad en que podremos formular toda clase de observaciones e indicaciones para enriquecer el proyecto, además de pedir el patrocinio del Gobierno para algunas de ellas.
Por tanto, propongo a la Sala -ojalá el Honorable señor Horvath esté de acuerdo- que votemos la idea de legislar, para luego entrar a la discusión en particular, donde se pueden formular observaciones.
Considero que mi sugerencia es la mejor manera de avanzar, pues ya hemos gastado buena parte del tiempo de la sesión en este proyecto.
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Pido que resolvamos ahora el asunto.
En virtud del numeral 7º del artículo 131 del Reglamento, un señor Senador formuló una solicitud.
La Sala tiene que decidir si se vota hoy.
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , pido aplazamiento de la votación -dado el hecho de que el problema del financiamiento es determinante-, lo cual nos permitiría tener la opinión del Ejecutivo al momento de aprobar o rechazar la idea de legislar.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Es facultad de cualquier señor Senador pedir aplazamiento de la votación.
No obstante, deseo recordar que en la reunión de Comités se acordó tratar este proyecto y que en una sesión anterior se pidió segunda discusión.
Nos hallamos en el debate en general, lo que en nada altera la posibilidad de acuerdos posteriores.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , es un derecho efectuar tal solicitud.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Se va a resolver de inmediato.
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN .-
Señor Presidente , creo que el Honorable señor Orpis ha planteado un asunto central.
Varios de los Senadores que nos manifestamos favorables a esta idea hicimos ver nuestra inquietud respecto del problema de financiamiento, que la iniciativa no resuelve.
Entonces, deseo saber si el Ejecutivo contrajo algún compromiso al respecto. De no ser así, estaríamos creando una carga al no poder consignar recursos.
Por consiguiente, en mi opinión, vale la pena postergar la discusión y tratar de obtener el compromiso del Gobierno de que habrá financiamiento. Porque, como bien decía la Senadora señora Allende -comparto su juicio, pues yo había reparado en este problema-, aprobar el proyecto sin recursos sería quedar en ridículo frente a la opinión pública.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Reitero que el Honorable señor Orpis, en ejercicio de su facultad, pidió postergar la votación, lo que sería hasta la sesión de mañana.
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente , con el Senador señor Rossi tuvimos la idea de que se solicitara en la reunión de Comités -se lo encargamos al Honorable señor Chadwick , quien lamentablemente lo olvidó- que se retirara de la tabla de hoy esta iniciativa. Y teníamos para ello dos motivos, uno de los cuales decía relación a que el Ejecutivo enviaría una indicación sustitutiva, que no llegó.
Por tanto, para salvar lo del procedimiento, propongo que, en lugar del aplazamiento de la votación, votemos la idea de legislar hoy; esperar que llegue la indicación sustitutiva que viene con financiamiento de la DIPRES y que el proyecto vuelva a la Sala con un nuevo texto.
Lo importante es dar un curso progresivo a la iniciativa; votarla en general; pasarla a la Comisión de Salud para el segundo informe; esperar la indicación sustitutiva con el financiamiento respectivo, y volverla a la Sala para el debate en particular.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Como aquí hay una cuestión de Reglamento, pido centrarnos en el procedimiento.
En cualquier momento, el Ejecutivo puede mandar una indicación, incluso durante la discusión en particular, si esa es su voluntad.
El Senador Orpis ha ejercido la facultad de pedir aplazamiento de la votación.
Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente , como este proyecto de ley lleva tres años de tramitación y se trata de un nuevo informe complementario del primero, soy partidario de votar la idea de legislar, según señaló el Senador señor Chahuán . Como el proyecto debe volver a la Comisión de Salud para el segundo informe, habrá tiempo para que el Gobierno envíe las indicaciones a que se comprometieron los Ministros del Interior y Secretario General de la Presidencia . De hecho, se encuentra a mi espalda la Ministra vocera de Gobierno , quien posiblemente podría asumir tal compromiso.
En consecuencia, en lugar de seguir aplazando, sería más razonable votar en general ahora, pues tendremos tiempo durante la discusión en particular de formular observaciones y de presentar indicaciones, como expresaron los Honorables señores Chahuán y Andrés Zaldívar .
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
¿El Senador Orpis mantiene su petición?
El señor ORPIS.-
Sí, señor Presidente, porque resulta muy determinante lo del financiamiento.
Por lo tanto, habría plazo hasta mañana para que el Gobierno se pronuncie respecto de tan esencial aspecto. De lo contrario, estaríamos creando una expectativa irreal con este proyecto.
--Queda aplazada la votación del proyecto hasta la próxima sesión.
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , ¿se acordó después de la Cuenta que se tratara como si fuera de Fácil Despacho el proyecto signado con el número 4 de la tabla?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
No hubo consenso, Su Señoría.
FACILITACIÓN DE DEFENSA DE INTERESES COLECTIVOS Y DIFUSOS Y OBLIGATORIEDAD DE CONCILIACIÓN
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señora Pérez San Martín y señores Espina y García y de los entonces Senadores señora Matthei y señor Allamand, en primer trámite constitucional, relativo al procedimiento aplicable para la protección del interés colectivo o difuso de los consumidores, con segundo informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7256-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Espina, señora Pérez San Martín y García, y de los entonces Senadores señora Matthei y señor Allamand):
En primer trámite, sesión 58ª, en 6 de octubre de 2010.
Informes de Comisión:
Economía: sesión 75ª, en 14 de diciembre de 2010.
Economía (segundo): sesión 13ª, en 3 de mayo de 2011.
Discusión:
Sesión 77ª, en 15 de diciembre de 2010 (se aprueba en general).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- La idea de legislar de la iniciativa fue aprobada en sesión de 15 de diciembre del año pasado.
La Comisión deja constancia de haber efectuado diversas modificaciones al texto despachado en general, todas las cuales fueron acogidas por unanimidad.
Esas enmiendas se pueden consultar en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a la vista y dicen relación a simplificar y reducir el procedimiento especial que se consagra.
Corresponde señalar que las modificaciones acordadas en forma unánime deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión o se renueven indicaciones.
Por último, cabe consignar que el numeral 2 del artículo único requiere para su aprobación los votos conformes de 21 señores Senadores.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor ESPINA.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ESPINA.- Señor Presidente , quiero consultar sobre un asunto reglamentario: entiendo que las normas resueltas por unanimidad en la Comisión -todas, en este caso- deben darse por aprobadas en la Sala. Me gustaría que se aclarara el punto y se precisara cuál es el procedimiento por seguir.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Reglamentariamente un señor Senador puede pedir votación separada respecto de determinada disposición. Por cierto, todas las aprobadas por unanimidad en la Comisión se votan en un solo acto, sin debate.
El señor ESPINA.- Eso no lo había captado.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , en la misma línea de lo planteado por el Honorable señor Espina, lo normal es que, no habiéndose pedido votar por separado alguna disposición, si todas fueron acogidas por unanimidad en la Comisión, debieran darse por aprobadas y despacharse el proyecto, salvo que haya alguna de quórum especial.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Hay una en ese caso.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Entonces, hay que verificar el quórum.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Debo hacer presente que una norma requiere el quórum de ley orgánica constitucional.
Como nadie ha pedido palabra y todas las disposiciones fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión, las voy a someter a votación.
¿El Senador García pide la palabra por un tema reglamentario?
El señor GARCÍA.- No, señor Presidente . ¡Votemos!
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Señor Secretario , le ruego informar qué se vota. Entiendo que todas las normas, con excepción de una, son de quórum simple.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Así es. El proyecto tiene un artículo único y solo el numeral 2 es de quórum especial. Requiere 21 votos para su aprobación.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Si le parece a la Sala, haremos una sola votación.
El señor ESPINA.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Estamos poniéndonos de acuerdo sobre cómo votamos.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ESPINA.- Señor Presidente , me merece dudas el quórum asignado a ese número, porque, en verdad, su único objetivo es perfeccionar un procedimiento. Pregunté sobre el particular al Secretario de la Comisión de Economía , pero, en definitiva, no me queda claro el punto.
En el fondo, lo que hace este proyecto es simplemente eliminar una serie de requisitos de admisibilidad de la demanda en los juicios colectivos, requisitos que no dicen relación a la naturaleza de ellos. Y todos los acuerdos de la Comisión fueron unánimes, sea para aceptar o rechazar las indicaciones presentadas por el Ejecutivo o por algún señor Senador . Y luego hay un ajuste del procedimiento. Pero nunca las normas de este han sido de quórum especial.
Entonces, ignoro por qué este número no es de quórum simple. No sé si el Secretario de la Comisión pudiera clarificarlo. Es importante, por los precedentes que se sientan. Porque, si vamos a establecer que esas normas son de quórum especial, puede ser complicado para el futuro.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Señor Senador, quiero informar primero que es el informe de la Comisión el que plantea que esta norma es de quórum, entre otras cosas, porque no se trata solo de un procedimiento simple. Se establecen modificaciones sobre los recursos que se pueden presentar, y en atención a ello la Comisión tomó esa decisión.
El señor ESPINA.- Me gustaría escuchar la opinión del Secretario del Senado.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- El Secretario de la Comisión me informa que el número 2 es de quórum especial en cuanto se refiere a la admisibilidad de la demanda, asunto que antes era controvertido entre las partes y que ahora se entrega, como facultad para decidir sobre ella, al tribunal, al juez.
El señor ESPINA.- Señor Presidente , yo no quiero hacer mayor cuestión del punto, pero aquí estamos sentando precedente. Y creo que esta disposición no es, de ninguna manera, de quórum especial. Puedo estar en un error, pero es lo que pienso.
Hoy día el procedimiento está en la ley, la cual establece un requisito de admisibilidad en los juicios colectivos de los consumidores, requisito que finalmente se ha transformado en el juicio de fondo.
Los juicios colectivos, por la Ley del Consumidor, demoran en promedio cinco años, porque en el artículo 52 de esa normativa se establece una cantidad de exigencias de admisibilidad que deben cumplirse antes de entrar al fondo. Esta iniciativa elimina algunas de ellas, las que, por lo demás, no rigen para ningún otro juicio en Chile.
O sea, una persona que el día de mañana demanda en juicio a una empresa por incluir cláusulas abusivas en los contratos de adhesión o por vender un producto que no equivale realmente a lo que se dice que es, aquel queda sometido a un proceso de admisibilidad que va mucho más allá, pues se transforma en un proceso completo. De ahí que haya una dilación tremenda en esos juicios, a tal punto que, según informes del SERNAC, duran en promedio casi cinco años. Y ello ocurre porque se asilan en la admisibilidad. Entonces, ni siquiera entran al fondo. ¡Empiezan a alegar si se cumplen los requisitos de forma, cosa que no tiene pies ni cabeza!
Entonces, no veo por qué un requisito de admisibilidad va a elevar el quórum de un proyecto de ley. ¡Se están eliminando trámites y no agregando! Si se estuvieran adicionando facultades o diligencias a los jueces, se les crearían nuevas atribuciones. Pero aquí se hace todo lo contrario: se limpia un procedimiento engorroso para transformarlo en algo claro y expedito, para que pueda resolverse con prontitud el legítimo derecho de un consumidor a entablar una demanda colectiva.
En consecuencia, no logro entender por qué -y yo lamento no haberme dado cuenta de esto en la Comisión; admito mi omisión- elevamos el quórum de este número.
Solo estoy pidiendo que se clarifique tal punto, señor Presidente, porque el precedente puede ser complicado.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Señor Senador, reitero que el señor Secretario de la Comisión , con el acuerdo de ella, estimó que el número 2 era de quórum especial. ¿Cuál es la razón? Que le otorga derechamente al tribunal no solo la facultad de examinar la demanda, sino también la de declararla admisible sin un procedimiento controversial. No estoy entregando mi opinión; estoy simplemente refiriéndome a lo que ha informado la Comisión. La Sala es soberana para resolver en un sentido u otro.
Quiero proponer lo siguiente: que votemos primero el resto de la normativa y después que resolvamos lo relativo al punto objetado.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
En votación todo el proyecto con excepción del número 2.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto en particular (26 votos a favor), con excepción del numeral 2.
Votaron las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor ESPINA.- Señor Presidente , aprobemos el número 2 con la misma votación y evitemos la discusión sobre el quórum.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- ¿Habría acuerdo?
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , deseo reiterar lo señalado por el Honorable señor Espina. También creo que el numeral 2 no es de quórum especial. Pero, en la duda, prefiero que se recoja la votación y se deje constancia del quórum alcanzado.
En realidad, este proyecto, iniciado en una moción de varios Senadores -entre ellos, el propio Senador señor Espina-, es muy positivo, pues pone fin a una situación que en la actualidad no protege a los consumidores: lo relativo a la admisibilidad.
Me explico.
Dado que se exigen tantos requisitos para declarar admisible la demanda, se obliga a las personas a entrar al asunto de fondo, lo que puede demorar cuatro o cinco años. Y el consumidor termina sin la protección que corresponde.
La iniciativa permite que la admisibilidad se resuelva en términos formales y que la discusión de fondo se lleve a cabo en un procedimiento sumario.
Por eso, pienso que este es un buen proyecto, que va en la línea de proteger a los consumidores.
Y, a fin de evitar cualquier suspicacia, propongo que se vote y que se registre el quórum alcanzado.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Se recogerá la misma votación anterior: 26 votos a favor.
El señor Secretario manifestó una aprensión respecto al punto. Por tanto, aunque haya diferencias de opinión, es mejor dejar constancia de que se reúne el quórum pertinente.
Entendemos que este proyecto reviste gran interés para todos.
¿Habría acuerdo para aprobar el número 2 con la misma votación anterior?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Claro.
El señor ESPINA.- Conforme.
--Se aprueba el numeral 2 del artículo único con la misma votación anterior (26 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional requerido, y el proyecto queda despachado en este trámite.
EXACTITUD, ACTUALIZACIÓN Y VERACIDAD DE INFORMACIÓN DE PREDICTORES DE RIESGO COMERCIAL
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, para garantizar que la información entregada a través de predictores de riesgo comercial sea exacta, actualizada y veraz, con segundo informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6800-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 81ª, en 12 de enero de 2010.
Informes de Comisión:
Economía: sesión 3ª, en 16 de marzo de 2011.
Economía (segundo): sesión 18ª, en 17 de mayo de 2011.
Discusión:
Sesión 4ª, en 22 de marzo de 2011 (se aprueba en general).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- El proyecto fue aprobado en general en sesión del 22 de marzo de este año.
La Comisión deja constancia en su informe de haber sustituido el texto aprobado en general por el Senado por otro que establece la prohibición de todo tipo de predicción o evaluación de riesgo comercial que no se base en información objetiva relativa a las morosidades o a los protestos de las personas naturales o jurídicas de las cuales se informe. La infracción a esta prohibición dará lugar a la eliminación inmediata de esa información por parte del responsable de la base de datos y a la indemnización de perjuicios que corresponda.
La enmienda de la Comisión fue acordada por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Espina, García, Tuma y Andrés Zaldívar). Por tanto, debe ser votada sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Ha pedido la palabra el Senador señor García. Sin embargo, conforme a la tradición del Senado, se la daré primero al Presidente de la Comisión de Economía , Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , deseo manifestar que este proyecto también apunta a proteger al consumidor, esta vez de servicios financieros, mediante la regulación de los predictores de riesgo.
Normalmente, algunas empresas elaboran predicciones de riesgo basadas en hechos absolutamente subjetivos. Basta que se consulte varias veces el RUT de una persona para que su calificación de riesgo sea más o menos negativa.
Cabe destacar que el texto que se propone aprobar surgió de una indicación formulada por el Senador señor García , que va en la línea correcta. Y los integrantes de la Comisión -Honorables señores Tuma y Espina y el Senador que habla- lo secundamos.
En tal sentido, se plantea prohibir los predictores de riesgo, salvo que se efectúen sobre hechos objetivos relacionados con la morosidad o el protesto de las personas naturales o jurídicas en sus actos comerciales.
Ello significa terminar con los criterios subjetivos.
Es necesario dejar claro el punto para que mucha gente no siga viéndose afectada en sus actividades comerciales por el hecho de aparecer en predictores basados en elementos subjetivos.
En mi opinión, la iniciativa es buena, positiva.
Además, se originó en una moción de varios miembros de la Cámara de Diputados; entre ellos, el ahora Senador señor Tuma .
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .- Señor Presidente , tal como informó el Senador señor Andrés Zaldívar en su calidad de Presidente de la Comisión de Economía, el proyecto que nos ocupa se inició en una moción, fundamentalmente a raíz de un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de comienzos de año...
El señor TUMA.- De 2009.
El señor GARCÍA.- De 2009, perdón.
Dicho tribunal examinó un recurso de protección presentado por un ciudadano a quien una institución financiera le negó un crédito por registrar un predictor de riesgo negativo. Sin embargo, esta persona nunca ha tenido un protesto; nunca ha tenido un retraso en el cumplimiento de sus compromisos comerciales. O sea, no había razón alguna para que su predictor de riesgo fuera negativo.
Luego de realizar averiguaciones, este ciudadano descubrió que el único motivo de su situación desfavorable era que su RUT había sido consultado en numerosas oportunidades. Y solo por eso su riesgo aparecía fuertemente incrementado, al extremo de que una institución financiera le negara el derecho a crédito.
Señor Presidente , el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago señala -y de esto se hace cargo la iniciativa- que no es legítimo establecer predictores de riesgo. Porque es como jugar a las adivinanzas, a la futurología. Consiste en determinar, conforme a antecedentes enteramente subjetivos, si la persona va a cumplir sus compromisos financieros o no, cuál será su capacidad para ello.
Dicho fallo es categórico. Dictamina que no deben existir predictores de riesgo. ¡No deben existir!
La indicación aprobada en la Comisión dispone que los predictores de riesgo solo se pueden construir sobre la base de antecedentes objetivos, como los protestos y las morosidades. No es lo mismo una persona que tiene un protesto en un año, que otra que registra 100 en el mismo período. Obviamente, ahí cabe establecer una diferencia.
Además, señor Presidente , todos los integrantes de la Comisión creemos que estos predictores de riesgo finalmente son una derivación de la acumulación de información financiera.
Creo que esa información debe basarse en datos reales, concretos, como las morosidades o los protestos; y no simplemente en cuántas veces se consulta el RUT, cuántas veces se cambia de domicilio, u otro tipo de antecedentes que en numerosas oportunidades resultan vagos, imprecisos, y de los cuales no es posible deducir un comportamiento de pago.
El texto aprobado por la Comisión, señor Presidente , ha recibido críticas. Una de ellas se refiere a por qué construir predictores de riesgo solo en función de información negativa (protestos y morosidades); por qué no hacerlo también en función de información positiva, como el cumplimiento de los pagos, de los compromisos.
El punto es que tal información no existe. Habría que autorizar a todas las casas comerciales, a todas las instituciones financieras, para que no solo informaran las morosidades y los protestos, sino también los compromisos y los pagos de cada uno de los ciudadanos.
A mi juicio, esa información es gigantesca, y hoy no está disponible.
Por eso, optamos por insistir en la fórmula propuesta.
Otra crítica radica en que este proyecto incorpora a las personas jurídicas, pues dispone que se prohíbe la construcción de predictores de riesgo que no estén basados "en información objetiva relativa a las morosidades o protestos de las personas naturales o jurídicas".
Y, dado que la ley N° 19.628 protege los datos de carácter personal, surge la duda de por qué incorporarlas.
La razón es esta: creemos que tampoco pueden construirse predictores de riesgo sobre la base de información subjetiva relativa a personas jurídicas. En esto también consideramos que la iniciativa constituye un tremendo avance.
Por consiguiente, agradezco la moción presentada, que ha dado lugar a la discusión de esta materia. Y le pido a la Sala que apruebe el texto que se propone en la misma forma en que lo hizo la Comisión de Economía.
Anuncio mi voto a favor, señor Presidente .
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Seré breve, porque tanto el Presidente de la Comisión , el Senador señor Zaldívar , como el Honorable señor García han explicitado bastante bien los objetivos que persigue este proyecto.
Yo solo quiero hacer claridad respecto de lo que ocurriría si se despachara esta iniciativa a la Cámara de Diputados.
Porque, originalmente, el proyecto prohibía que se usara cualquier indicador que no estuviera basado "en información objetiva relativa a las morosidades o protestos".
Y, con la aprobación de la indicación del Senador señor García en la Comisión, se recoge lo que los autores de la moción presentamos inicialmente en la Cámara Baja, por cuanto se establece: "Prohíbese la realización de todo tipo de predicción o evaluación de riesgo comercial que no estén basadas únicamente en información objetiva relativa a las morosidades o protestos de las personas naturales o jurídicas".
Lo señalo porque la Cámara de Diputados aprobó solo la prohibición de consignar predictores de riesgo comercial "basados en variables relativas a la frecuencia de consulta". Pero dejó abierta la posibilidad de que se introdujera como elemento de riesgo cualquier otra evaluación subjetiva, y no objetiva.
En consecuencia, celebro que la Comisión de Economía del Senado haya acogido esta iniciativa y que la Sala también tenga la disposición de hacerlo. Porque recoge lo planteado en la moción original en el sentido de no permitir que se consideren factores subjetivos para evaluar el riesgo.
Otra cuestión es cómo procesamos en el Congreso Nacional la necesidad de crear un marco regulatorio que impida que las personas que hayan tenido algún incumplimiento en sus obligaciones de pago se vean forzadas a quedarse en su casa, prácticamente enrejadas o aisladas, sin poder acceder al mundo laboral, al crédito o a la actividad empresarial.
Por eso, pienso que este es un paso importante, mientras el Parlamento decide cómo dar una señal potente en el tratamiento justo, equitativo y adecuado de los datos económicos de las personas.
Anuncio mi voto a favor, señor Presidente .
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, resulta increíble que debamos establecer una ley especial para prohibir el abuso, la arbitrariedad que cometen estos organismos.
Aquí no estamos diciendo que no se publique la información relativa a un protesto o a un atraso en una u otra deuda. ¡No! Eso es legítimo. Lo que prohibimos es la realización de todo tipo de predicción o evaluación de riesgo comercial basada en el número de consultas (cuatro, cinco, seis) a DICOM.
En mi zona muchas personas me han dicho: "Oiga, yo no tengo ninguna deuda, ningún protesto y, sin embargo, no me dan crédito porque han preguntado diez veces por mis antecedentes". Solo por ese motivo los bancos les cierran las puertas para darles algún crédito.
Entonces, yo celebro a los autores de este proyecto de ley.
Me parece increíble que tengamos que legislar sobre el particular, en circunstancias de que debiera ser una cuestión natural.
Porque los bancos o las instituciones financieras ven como algo negativo que se consulten en diez ocasiones los antecedentes comerciales de una persona o de una empresa. Pero no lo es; a lo mejor obedece a que se necesita conocer su solvencia para realizar un negocio. Sin embargo, por el solo hecho de que se pregunte muchas veces por los antecedentes comerciales de una persona, se la castiga, no se le da el crédito.
Por lo tanto, anuncio mi voto favorable a esta ley en proyecto. Espero que realmente dé resultados, y que la gente sea defendida. Me parece ridículo que debamos hacerlo de esta manera. Pero, si en algo les podemos ayudar, con mucho agrado nos pronunciaremos a favor.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- En votación la modificación acordada unánimemente por la Comisión de Economía.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba la enmienda de la Comisión de Economía (25 votos a favor), y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Horvath, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
INCLUSIÓN DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS EN OPERACIONES DE PAZ INTERNACIONAL EN FUNCIONES DE FUERZAS ARMADAS
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Coloma, Chadwick y Longueira, en primer trámite constitucional, que incluye a las operaciones de paz en el orden internacional entre las funciones de las Fuerzas Armadas, con informe de la Comisión de Defensa Nacional.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6984-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (moción de los Senadores señores Coloma, Chadwick y Longueira):
En primer trámite, sesión 26ª, en 9 de junio de 2010.
Informe de Comisión:
^@#@^Defensa Nacional: sesión 13ª, en 3 de mayo de 2011.
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El propósito de esta reforma constitucional es consignar dentro de las funciones de las Fuerzas Armadas el cumplimiento de las tareas que demanden las operaciones de paz internacional.
La Comisión de Defensa Nacional discutió esta iniciativa solamente en general, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Coloma, Gómez, Muñoz Aburto, Prokurica y Patricio Walker). El texto propuesto se puede consultar en la parte pertinente del boletín comparado.
Esta reforma constitucional requiere para su aprobación en general los votos conformes de 25 señores Senadores.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
En discusión general el proyecto de reforma constitucional.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Defensa Nacional.
El señor ESPINA.- Pido abrir la votación, señor Presidente.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , solicito abrir la votación.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente , como es de conocimiento del Senado, en las distintas ocasiones en que se aprobó por disposición constitucional la salida de tropas chilenas para participar en las diferentes misiones de paz en el mundo, varios señores Senadores, especialmente el Honorable señor Coloma , plantearon que esa labor no se hallaba contemplada en la Constitución y, por lo tanto, había dudas al respecto.
Por esa razón, los Senadores señores Coloma, Chadwick y Longueira presentaron esta reforma constitucional, que tiene por objeto establecer taxativamente dentro de las funciones de las Fuerzas Armadas, prescritas en el artículo 101, inciso primero, de la Carta Fundamental, el cumplimiento de las tareas que las operaciones de paz internacionales demanden.
La moción señala que la reforma propuesta se origina en la necesidad de reparar lo que puede constituir un vacío en nuestra Constitución respecto a la definición de los fines de las Fuerzas Armadas, ya que en su texto se establece que tales Instituciones existen para la defensa de la patria, en circunstancias de que hoy se dan otros escenarios de acción y de participación (fuerzas de paz y humanitarias), y diferentes tipos de actividades en las que pueden tomar parte en el extranjero.
Lo anterior adquiere especial relevancia al considerar ciertas misiones que prevé la ley y que han sido una realidad continua desde hace años (de forma permanente, según la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la que se requiere desde el 2004 la participación de Chile en Haití, tal como lo hacía anteriormente en otros lugares del mundo).
A la fecha, acota que nuestro país ha intervenido en diversas operaciones para el mantenimiento de la paz, destacando, en el caso de la Armada, su presencia en Haití (MINUSTAH), Chipre, El Líbano. La Fuerza Aérea ha tenido participación en Haití, la que se suma al trabajo para superar los conflictos entre Ecuador y Perú , Iraq y Kuwait, e India y Pakistán . Y el Ejército, en tanto, ha concurrido a misiones en Haití, Chipre, en contiendas entre Iraq y Kuwait e India y Pakistán, además de participar en el Congo, Afganistán, Timor Oriental , Kosovo y Bosnia Herzegovina .
Las sucesivas prórrogas sobre la permanencia de las tropas en Haití han generado un debate en el seno de las Comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, y también en la Sala del Senado, acerca de si el Texto Fundamental permite o no la participación de nuestras Fuerzas Armadas en ese tipo de misiones. Y la argumentación esgrimida por el Ejecutivo para solicitar el acuerdo de la Cámara Alta ha sido la misma desde el año 2004 hasta la fecha, y en ella no existen consideraciones de orden constitucional, exceptuando lo estipulado en el artículo 53, Nº 5), que dice relación más con la forma que con el fondo del asunto.
Existe una serie de antecedentes jurídicos analizados por la Comisión de Defensa del Senado, así como de fundamentos presentados por la Presidencia de la República donde se ha requerido tal autorización. Sin embargo, no ha sido posible formular una argumentación constitucional en circunstancias de que la Carta Fundamental dedica un Capítulo a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública.
En la moción se explica que el inciso primero del artículo 101 de nuestra Constitución Política establece que "Las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional.".
Y se agrega que dicha disposición ha generado controversia acerca de si en los conceptos "defensa de la patria" o "seguridad nacional" se encuentran incorporadas la salida de tropas del territorio nacional con la finalidad de participar en la celebración de efemérides, actividades educacionales o viajes de instrucción, actividades logísticas, actos de cortesía internacional, cumplimiento de acuerdos de cooperación en materia de defensa, o misiones de ayuda humanitaria no derivadas de un conflicto armado.
Debemos tener presente que la concepción en materia de seguridad y de seguridad internacional, desde el término de la Guerra Fría, ha evolucionado hasta llegar a lo que hoy conocemos como "globalización", y que además, si bien está contenida en la Carta de Naciones Unidas, la interpretación extensiva para autorizar a las tropas nacionales se halla sometida a las normas constitucionales de seguridad nacional.
También se contempla la inclusión de dicho concepto y mandato dentro de la Política de Defensa Nacional, que en las tres versiones del "Libro Blanco" se expresa igualmente en concordancia con tratados internacionales y formando parte de una visión integradora e inclusiva de las relaciones de los países en el siglo XXI, así como el compromiso con los hombres y mujeres de todas las naciones.
Como dije con anterioridad, el artículo 101, inciso primero, consagra que "Las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional.
"Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones.", y así sucesivamente.
El proyecto de reforma constitucional, presentado por los Senadores señores Coloma , Chadwick y Longueira , lo que hace es incorporar en la Constitución de manera taxativa que también es labor de las Fuerzas Armadas su participación en operaciones de paz.
En la discusión del asunto se planteó por parte de algunos miembros de la Comisión que tal participación no era solo en las operaciones de paz de Naciones Unidas, sino también en otro tipo de misiones, en las que además se incluía la actuación de otras organizaciones no especificadas en el inciso primero del artículo 101, que han desarrollado labores de ese tipo, como Carabineros e Investigaciones.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente , tal como informó el Honorable señor Prokurica , en su calidad de Presidente de la Comisión , este es un proyecto de reforma constitucional que precisamente busca -relacionado con los nuevos tiempos que vive el mundo- incorporar el concepto de operaciones de paz internacional en el Texto Fundamental, y, por tanto, las tareas que pueden ser ejercidas por las Fuerzas Armadas en ese ámbito.
Y digo que se trata de un asunto de la modernidad, porque si uno mira la historia de las Constituciones y los debates que se llevaban a cabo sobre el particular, en términos generales las labores de las Fuerzas Armadas siempre se asumieron desde una perspectiva interna, como la defensa de la patria o la seguridad nacional.
Ese fue el concepto con el cual se construyó todo el escenario y la dimensión, desde un punto de vista constitucional, del rol de las Fuerzas Armadas. Y ello tiene que ver incluso con lógicas más bien de la Guerra Fría, donde particularmente la noción de seguridad se hallaba en plena discusión.
Pero claramente el mundo ha evolucionado. Muchos países han ido adaptando su legislación, como una forma de asumir que las operaciones de paz internacional pasan a ser, en determinados momentos y con las restricciones que cada uno determine, parte de la función de las Fuerzas Armadas.
Este debate, en su esencia, lo tuvimos el año 2004 -los invito a revisar la discusión planteada en ese momento- cuando la Ministra de Defensa de la época, señora Blanlot , planteó -a mi juicio, de buena forma- que había que precisar de mejor modo dónde incorporar, con motivo de la salida de tropas chilenas a Haití, esa facultad de las Fuerzas Armadas en función de la estructura constitucional, que hoy día todavía continúa dando vuelta.
Eso se discutió con bastante intensidad. Y, en esa instancia, las Comisiones acordaron hacer un esfuerzo para reformar la Carta e incluir de una manera más moderna esta nueva labor de las Fuerzas Armadas.
Lo que busca la presente reforma es precisamente hacerse cargo del tema.
Nos encontramos en la discusión en general. Todos quienes fueron invitados, de distintos institutos, de manera muy transversal estuvieron de acuerdo en la idea de legislar. Algunos planteaban la necesidad de incluir el concepto de "ayuda humanitaria"; otros, la de incorporar a Carabineros e Investigaciones dentro de la misma función. Obviamente, lo anterior forma parte del espíritu de la iniciativa. Y ello, a través de las indicaciones que se formulen en la discusión particular, constituiría una de las materias que deberían aprobarse.
Sin embargo, el tema de fondo -ese es el sentido de la reforma- es asumir por primera vez que las operaciones de paz generan una preocupación especial y pasan a ser una función de las Fuerzas Armadas no por extensión de otro principio. Porque hasta ahora el principio en el cual se había basado esta arquitectura tenía que ver con la seguridad nacional. Y este último concepto -sabemos- da para mucho. El día de mañana el Gobierno de turno, dependiendo del criterio que se tenga, quizás estime que amerita una acción de conformidad con esa seguridad, y un Gobierno B puede denegarla.
En tal sentido, buscamos -ese es el espíritu- establecer claridad en esa materia. Por eso estamos en una discusión en general.
Este asunto ha sido largamente debatido en el Senado en distintas ocasiones. Hemos querido resolverlo de común acuerdo y en un momento en que no hay ninguna tarea pendiente en este ámbito. Con ello creo que nos colocamos a la cabeza de los países latinoamericanos que asumen este rol, al igual como lo hacen hoy muchas naciones europeas.
Señor Presidente , por tratarse de una reforma que se explica casi por sí sola, pedimos respaldarla en general, en la convicción de que la claridad en el saber exactamente cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas resulta muy relevante para su buena preparación y para atenerse exactamente al cumplimiento del deber cada vez que sean requeridas, en particular en los nuevos ámbitos que la modernidad nos va entregando.
Por lo anterior, solicitamos el apoyo a esta reforma constitucional y voto a favor de ella.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente , en efecto, discutimos largamente esta reforma constitucional en la Comisión de Defensa, donde escuchamos a Ministros, a expertos, y pudimos formarnos una opinión.
El artículo 101 de la Carta establece que "Las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional.".
En ninguna parte menciona lo relativo a las operaciones de paz internacional.
La práctica indica que Chile sí ha participado en muchas operaciones de paz: Haití , Chipre, El Líbano, Iraq-Kuwait, India-Pakistán , Congo , Timor Oriental , Bosnia-Herzegovina, etcétera.
Y la discusión radica en si la Constitución autoriza o no la actuación de las Fuerzas Armadas en las operaciones de paz internacional.
Tampoco hay que dramatizar al respecto. Porque el Senado ha autorizado varias operaciones de paz -hace poco discutimos lo de Haití- y nunca ha habido un conflicto jurídico. Reitero: no se trata de un tema dramático.
Sin embargo, resulta importante que las dos leyes que regulan la materia, la No 19.067 -cuya última modificación se efectuó en 2008-, sobre entrada de tropas extranjeras a Chile y salida de las nuestras para actuar en operaciones de paz, y la No 20.297, referente a participación de tropas chilenas en operaciones de paz, tengan respaldo en nuestra Carta Fundamental, es decir, que no exista ninguna duda acerca de que esta práctica posee sustento constitucional.
Por eso, la reforma propuesta por los Senadores señores Coloma, Chadwick y Longueira incorpora en el artículo 101 las misiones de paz dentro de las funciones de las Fuerzas Armadas. Nos referimos a operaciones de paz de Naciones Unidas y de otras organizaciones.
Ello es significativo, porque Chile después de la Guerra Fría obviamente participa mucho más -dadas la solidaridad internacional y la práctica del buen vecino- en operaciones de paz. Y es primordial que tal circunstancia también reúna un consenso en la sociedad, lo cual resulta importante que ocurra. Y por eso vale la pena establecerlo a nivel de la Carta Fundamental.
Existe una preocupación, y recuerdo que lo expresó el Senador señor Gómez en su oportunidad, y a mí también me asistió la misma inquietud: el alcance de las operaciones internacionales de paz.
Dentro de la lógica de la seguridad nacional es posible que algunos hagan una interpretación demasiado amplia, le otorguen un alcance muy diverso, pudiendo utilizarse para situaciones que no queremos repetir, como ocurrió en el pasado con la Operación Cóndor y otras operaciones internacionales que nada tienen que ver con lo que buscamos con la presente reforma constitucional.
Incluso un ex Ministro propuso un término más amplio: "operaciones militares de orden internacional". Naturalmente, nosotros estábamos en contra de esa redacción, y preferimos el término "operaciones de paz internacional", para que quedara más circunscrito.
Abrigábamos dudas. Personalmente las planteé. Y recuerdo que el Senador señor Gómez también las hizo presentes.
Escuchamos a varios expertos.
Por ejemplo, al profesor Gonzalo García , quien fue Subsecretario del Ministerio de Defensa . Se trata de una persona que ha estudiado mucho este asunto y que hoy es miembro del Tribunal Constitucional. También al ex Jefe del Estado Mayor Conjunto , General Cristián Le Dantec . Y todos nos fueron tranquilizando en el sentido de que la reforma en análisis no debiera generar mayores riesgos. Asimismo, oímos a don Juan Pablo Rosso , a don Héctor Mery , en fin, a varios profesores y expertos en la materia, quienes nos dejaron relativamente tranquilos.
Por lo expuesto, voto a favor de la reforma constitucional, y es probable que en su debate en particular discutamos algunas indicaciones.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente , se ha discutido mucho en la Comisión y con los expertos si es necesaria o no una reforma constitucional sobre el asunto en análisis.
Como bien decía el Honorable señor Patricio Walker , escuchamos a un experto que nos trajo un informe muy detallado acerca de la materia en debate, y su opinión no era favorable porque sostenía que esta se encontraba perfectamente regulada en la legislación actual.
Sin embargo, ¿por qué he concurrido muy gustoso a apoyar la modificación planteada por el Senador señor Coloma ? Porque creo que hoy día la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de paz está regulada por normativas de bajo rango tratándose de una definición tan importante como enviar a las Fuerzas Armadas fuera de Chile a realizar ciertas actividades.
Por ejemplo, la regulación se encuentra en la ley No 19.067, que establece normas permanentes sobre entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República y salida de las nuestras del territorio nacional. Y se trata de un cuerpo legal de rango común, es decir, bastaría una simple mayoría en el Congreso para modificarlo e incorporar criterios con el objeto de que las Fuerzas Armadas tengan actividad y realicen operaciones fuera del país.
En la primera redacción se hablaba de "cooperación internacional". Y para nosotros era una definición que no establecía claramente qué son las operaciones de paz, el significado de actuar fuera de Chile, a través de las Fuerzas Armadas, en operaciones de paz.
Aquello no estaba bien definido. No teníamos claridad respecto al rango del mecanismo utilizable. Y, de acuerdo a la historia reciente, nos pareció que existía la posibilidad de que en lo futuro las Fuerzas Armadas fueran destinadas no solo a operaciones de paz, sino también a misiones internacionales con otras formas o motivaciones.
Por ello, en la discusión planteamos que considerábamos indispensable -y supongo que en el debate particular de la reforma se incorporará la disposición respectiva- que la definición de "operaciones de paz" se regulara en una ley orgánica constitucional mediante un proyecto donde se consignaran claramente los porqués, los requisitos y las circunstancias en que las tropas nacionales podrán participar en misiones de paz internacionales, para que ello no quede entregado a una norma común como sucede hoy.
En segundo lugar, señalamos la necesidad de disponer con nitidez en la reforma constitucional que la salida de tropas no debía corresponder a la determinación exclusiva del Ejecutivo , sino a una decisión del Estado de Chile; en este caso, del Ejecutivo y del Parlamento. O sea, en una ley orgánica constitucional tienen que establecerse con claridad la definición de las operaciones de paz y las razones que permiten que las tropas chilenas salgan del territorio nacional, siempre con la autorización del Senado.
Hoy día eso se encuentra regulado por un decreto; no se regla claramente en la ley. Por eso, cuando nos piden autorización para que las tropas chilenas vayan a Haití, por ejemplo, se trata de una simple petición. Y nosotros no tenemos más que aprobar o rechazar la solicitud. En cambio, la fijación de ciertos requisitos y de normas específicas permitiría, sin ninguna duda, la participación del Parlamento, especialmente del Senado, en el otorgamiento de las autorizaciones.
Señor Presidente , derivado de las largas discusiones habidas en la Comisión, me parece que podemos concurrir a una reforma constitucional sobre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas concurran a misiones de paz fuera de Chile, pero siempre y cuando en ella se defina bien qué son las operaciones de paz. Y todos entendemos -por lo menos queda claro de los artículos pertinentes- que ellas se refieren a las operaciones mencionadas en los Capítulos VI y VII de la Carta de las Naciones Unidas.
No obstante, existen algunas experiencias en Chile. Por ejemplo, cuando nuestras Fuerzas Armadas fueron a Ecuador, la determinación se tomó sobre la base, no de la Carta de la ONU, sino de tratados suscritos con países de América Latina.
Nuestra preocupación -lo he dicho claramente y lo repito- obedece a que de 1973 en adelante existió la denominada "Operación Cóndor", red internacional de dictaduras latinoamericanas que permitió la persecución y desaparición de chilenos y extranjeros.
Por tanto, las Fuerzas Armadas pueden ser mal utilizadas en un lugar u otro. Y aquel precedente constituye una inquietud que he manifestado y que seguiré haciendo presente.
Por eso, me parece adecuado, primero, consignar en una ley orgánica constitucional las razones, los requisitos, las condiciones para que una misión de las Instituciones Armadas se lleve a cabo fuera de Chile, y segundo, que para ello siempre medie la autorización del Senado, en respuesta a una petición formal del Ejecutivo.
En consecuencia, votaré favorablemente la idea de legislar, con el convencimiento -porque así lo hemos discutido en la Comisión- de que en la discusión particular vamos a incorporar las normas que nos permitan la regulación antes mencionada.
Por último, debo puntualizar que en la Comisión debatimos mucho sobre la necesidad de incorporar en las misiones de paz a Carabineros, planteamiento que formulamos al autorizar la salida de tropas a Haití.
El objetivo de una misión de tal índole tiene que ver no solo con cuestiones de seguridad, sino también con la colaboración en áreas de desarrollo institucional.
En el caso de Haití -lo hemos expuesto varias veces-, es indispensable -y el Ministro Allamand se comprometió a enviarnos la información correspondiente- que las misiones no actúen solo en el ámbito de la seguridad, sino también en el de la colaboración para el perfeccionamiento democrático e institucional de los países a donde son enviadas.
Señor Presidente, voto a favor del proyecto en general, y anuncio que en la discusión particular formularé indicaciones sobre los aspectos que a mi juicio deben incluirse.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , estimados colegas, tengo serias dudas sobre la necesidad de esta reforma constitucional. Es más: me gustaría que hubiera aquí alguien del Ejecutivo para que me convenciera de que es necesaria.
El señor COLOMA .- ¡Se trata de una moción!
El señor LETELIER.- La insinuación de que en la materia se requiere una enmienda a la Carta Fundamental implica encontrarles razón a quienes sostuvieron en el pasado y a aquellos que sostienen hoy la imposibilidad del Estado chileno, por no tener facultad constitucional, de participar en misiones de paz en diferentes puntos del planeta. Es decir, indirectamente se está cuestionando que los tratados internacionales de que somos parte y a los cuales nos obligamos constitucionalmente tienen limitaciones, dificultades. Y eso da pie para legitimar a quienes han aseverado incluso que durante los últimos años se ha actuado fuera de la legalidad.
Tal es mi primera reserva a esta reforma constitucional, señor Presidente.
A mi entender, la participación de Chile en las operaciones de paz internacionales determinadas por las Naciones Unidas -organización a la que estamos adscritos- permite afirmar que siempre hemos actuado dentro de la Carta Fundamental y de la legalidad, y por ende, que esta reforma no resulta necesaria sino que, más bien, es un aspecto declarativo, no un requisito constitucional para legitimar la contribución de miembros de nuestras Fuerzas Armadas en las misiones correspondientes.
En seguida, pienso que la redacción del punto pertinente de la Constitución, tal como está, amerita un debate, por cuanto la definición de "seguridad nacional" que imperaba cuando se generó la Carta (me asiste convicción al respecto) no se aviene con el consenso nacional existente hoy día sobre él.
La redacción que se nos propone señala que las Fuerzas Armadas "Existen para la defensa de la patria, el cumplimiento de las tareas que las operaciones de paz internacional demanden, y son esenciales para la seguridad nacional.".
Yo me pregunto si las Fuerzas Armadas existen para defender los intereses estratégicos de Chile. Porque eso no estaría en tal definición constitucional.
El señor COLOMA.- Ahora está.
El señor LETELIER.- Entiendo que son un instrumento del Estado y se hallan subordinadas al poder político para cumplir objetivos y funciones que definan la Constitución y las autoridades que administran el Estado.
Entiendo, asimismo, que existen para la defensa de la soberanía nacional.
Opino que, además, habría que precisar el concepto "defensa de la patria", determinando si en él se incluyen la defensa de los intereses del Estado y de la nación y el mantenimiento de la paz internacional.
Ahora, esto de que las Fuerzas Armadas existen para "el cumplimiento de las tareas que las operaciones de paz internacional demanden" puede ser incluso restrictivo de sus roles en lo que atañe a la defensa de los intereses estratégicos del Estado.
Señor Presidente , me gustaría saber por qué es necesaria esta reforma.
Cada vez que la leo me convenzo más de que no lo es y de que más bien se requiere un debate para precisar cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas en democracia; cuál es la misión que queremos consignarles en la Carta en el siglo XXI, pero no hacer el parche constitucional que se propone mediante el proyecto que nos ocupa.
Esta reforma, tal como se encuentra planteada, es negativa, precipitada; no aporta a una discusión más global acerca de cómo definir a nivel constitucional el rol de las Fuerzas Armadas en un Estado democrático como el de Chile en el presente siglo.
En otro momento se sostuvo que nuestra participación tanto en la misión de paz en Haití cuanto en diversas operaciones en el extranjero tiene que ver con la proyección de los intereses permanentes del Estado en ciertas regiones; con la presencia de Chile , país pequeño, en otros contextos internacionales.
Pienso que es así.
Sin embargo, en la enmienda propuesta no queda clara la definición en el sentido de que las Fuerzas Armadas "Existen para la defensa de la patria," -concepto ambiguo- "el cumplimiento de las tareas que las operaciones de paz demanden," -ello puede ser limitativo- "y son esenciales para la seguridad nacional", sobre lo cual no sé si ya hay consenso en nuestra sociedad. Yo aspiro a que sí exista y a que no se trate de esos conceptos -como el que recordó el Senador Gómez- propios de la época en que se redactó esta Constitución, vinculados con la "Operación Cóndor", con lo que fueron los intereses de la Doctrina de Seguridad Nacional y con las atrocidades que en esos tiempos se cometieron en nombre de la patria, presuntamente, muchas de las cuales eran acciones criminales.
Señor Presidente , me convenzo cada vez más de que esta reforma debería analizarse con mayor profundidad antes de su votación. Yo no estoy en condiciones de aprobarla sin tener la seguridad de que es un aporte a la Constitución. Y no veo que lo sea.
Antes bien, visualizo que se trata de una reivindicación de algunos colegas que han criticado de manera permanente la conducción de la política exterior sobre la materia y que a través de esta enmienda procuran empatar con un argumento que han sustentado históricamente para cuestionar su aspecto jurídico (no me refiero a otro), argumento muy respetable, pero que no comparto. Y, por lo mismo, siento que la modificación que se nos plantea resulta innecesaria.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , yo no pensaba intervenir, pero, siguiendo el debate, he llegado a la conclusión de que la iniciativa propuesta significa un cambio constitucional importante y de que, en forma desaprensiva, podemos estar modificando ni más ni menos que una base de la institucionalidad del país.
Ante tal eventualidad, anuncio que no voy a votar a favor de esta reforma, porque hace equivalentes tres grandes propósitos: la defensa de la patria, el cumplimiento de las tareas que las operaciones de paz internacional demanden y la seguridad nacional.
¿"... las tareas que las operaciones de paz internacional demanden" de quién? ¿De las Naciones Unidas? ¿De la OEA? ¿De la UNASUR?
Desde mi punto de vista, se está incluyendo en el Texto Constitucional una afirmación tan genérica que, a la postre, resulta enormemente peligrosa.
No es lo mismo "la defensa de la patria" que "las tareas que las operaciones de paz internacional demanden". Esta es una aseveración sobremanera vaga, y no me siento en condiciones de aprobarla.
Aún más: si elevamos a rango constitucional y hacemos equivalentes los conceptos "defensa de la patria", "operaciones de paz internacional" y "seguridad nacional", estamos lógicamente introduciendo un cambio de profunda envergadura ni más ni menos que en un aspecto de la base del Texto Fundamental.
Siento que la gran contribución que ha hecho Chile en Haití y en otras naciones no ha requerido una modificación de la Carta ni una frase de aquellas características.
Por tanto, considero clarísimamente insuficiente la reflexión que hemos realizado como Congreso Nacional para llevar a cabo una enmienda constitucional de la envergadura señalada.
Además, tenemos una mala experiencia en lo referente a determinaciones de carácter genérico de esta naturaleza.
Desde la perspectiva de la estabilidad democrática del país, basta lo realizado por los Gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet , en años anteriores, y de Sebastián Piñera , ahora: con el propósito de colaborar en una misión de paz convocada por un organismo internacional concreto, las Naciones Unidas, el Presidente de la República solicita la autorización del Senado y este se pronuncia (en el caso de Haití, lo hemos hecho cada año aquí, en esta Sala).
¿Para qué se requiere, entonces, la inclusión de aquella nueva frase en el Texto Fundamental?
Me parece una incursión sumamente riesgosa la de poner en el mismo rango, como se sugiere en la iniciativa, la defensa de la patria, las tareas de operaciones de paz internacional y la seguridad nacional.
Nuestro país se caracteriza por una visión de sí mismo como un Estado de Derecho, democrático, de paz, que desarrolla una relación de buena vecindad, de entendimiento, de cooperación e integración con los países colindantes. Y el sentido de sus Fuerzas de Defensa es de índole disuasiva.
La incursión en la Carta con la frase "el cumplimiento de las tareas que las operaciones de paz internacional demanden" no se corresponde con las definiciones anteriores y, a mi entender, podría ser una peligrosa improvisación desde el punto de vista constitucional.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, voy a referirme a las dos últimas intervenciones que hemos escuchado, simplemente para aclarar un par de puntos.
Primero, se podrá decir de una reforma que es buena o mala, pero estimo que no se puede calificar de "desaprensiva", en particular considerando el esfuerzo que hicimos en la Comisión de Defensa. Es posible concluir cualquier cosa, menos lo anterior.
El debate fue largo, completo, profundo y consistente. Así que no me parece que alguien pueda aplicar el adjetivo mencionado, como tampoco el de "insuficiente". Se llevó a cabo una discusión durante muchas sesiones, habiéndose invitado a todos los interesados en opinar, porque precisamente nos interesó una reflexión amplia, no restrictiva ni a propósito de un tema específico.
Y, en segundo lugar, si alguien tiene una idea mejor sobre la redacción, resulta obvio que puede formularla. No existe ningún inconveniente para incluir algo distinto.
Pero lo que deseo consignar es que la cuestión nace de una consideración planteada en el Gobierno del Presidente Lagos -quisiera ser claro en ello-, ya que Chile no había mandado antes tropas al exterior en la calidad o la cantidad contempladas en relación con Haití. Y fue la entonces Ministra señora Blanlot la que expuso originalmente que se presentaba algo que era bueno aclarar.
Creo que lo realizado respecto de ese país está bien hecho. No voy a discutirlo. Lo que pasa es que se requiere un marco en la Constitución, a mi juicio, que oriente precisamente en relación con las funciones de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo -el Senador señor Letelier expresa que ello podría ser restrictivo, a lo cual respondo que sí-, una operación internacional tendría que estar influida, a partir de la reforma en estudio, por la idea de la paz, no por otra. No podría registrarse, como en algún momento se insinuó, alguna participación de Chile en una de ellas que no fuere de paz. Me parece superrelevante marcar ese punto.
Y lo que estamos asumiendo es una preparación en el marco de lo que van a ser, básicamente, los desafíos futuros de las instituciones castrenses. Ello ya se ha explicado. La historia de la norma, como mis Honorables colegas pueden leerlo, se halla influida (incluso el asunto también se discutió después de 2005) por los temas defensa de la patria -no lo dice el que habla, como lo expresa el Senador señor Letelier , sino que está planteado así desde siempre- y seguridad nacional. La pregunta es: ¿lo anterior resulta suficiente para definir el rol de las Fuerzas Armadas en un siglo donde se hace referencia a los deberes internacionales?
Entonces, lo que estamos tratando de hacer es considerar la cuestión en la Carta. Es posible modificar la redacción, pero media un asunto bien de fondo en orden a cómo podemos prever el futuro en tal sentido al darle el amparo constitucional a la función que nos ocupa, lo que obviamente obliga a una preparación dentro de los más relevantes objetivos de las Fuerzas Armadas.
Evidentemente, es preciso incorporar a Carabineros. Tiene razón mi Honorable colega Gómez , quien lo planteó en todas las instancias.
Se intenta hacer un aporte a una discusión y a una mejor forma de entender los roles en la perspectiva constitucional. Si alguien quiere ver una maniobra o algo extraño, se equivoca profundamente. El debate nace de una reflexión de una Ministra del Presidente Lagos que prosigue a través de todas las intervenciones de los constitucionalistas invitados, quienes hacen referencia a que resulta interesante debatir el punto.
Si tiene lugar la aprobación en general, se contará con un plazo para la formulación de indicaciones tendientes a mejorar la redacción; pero no tratemos de ver un fantasma donde realmente no lo hay. Lo que se busca es que los tiempos que vienen sean considerados de una manera constitucional sana y, por algo, ello obtuvo el apoyo de todos los Senadores de la Comisión, en forma transversal.
Entonces, señor Presidente , la materia ha sido muy reflexionada, muy conversada, muy discutida. Numerosas sesiones se dedicaron a tratarla. Y creo, por tanto, que este es un paso que ojalá todos asumamos para cumplir bien nuestra misión constitucional en el sentido de hacerse cargo de las realidades y, sobre todo, de las venideras, porque en el futuro se llevarán a cabo, obviamente, más operaciones internacionales de paz y de distinta naturaleza.
Será la ley, como lo expresó el Senador señor Escalona -porque hoy día tampoco ello se dice en ninguna parte-, la que tendrá que definir en su momento. Algo avanzamos un tiempo atrás en esta misma Corporación. Pero no tratemos de quitarle méritos a la reforma en función de la especificidad, porque eso no podría estar en la Carta. Sería un absurdo.
Por eso, señor Presidente, espero que estas reflexiones nos ayuden, al menos, a tratar de avanzar en la legislación en la materia. Y, obviamente, quien abrigue cualquier duda puede presentar las indicaciones correspondientes.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente , solo deseo consignar que la Constitución, en el artículo 101, dispone que las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional existen "para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional.". O sea, lo único que hace la reforma es agregar lo que hemos denominado "operaciones de paz internacional".
Podemos discutir -y eso se ha hecho- si corresponde o no dictar una modificación de esta magnitud. Pero quisiera recordar que el artículo 4º de la ley Nº 19.067 establece hoy día, en las disposiciones generales sobre la salida de tropas del territorio de la República , que ello deberá ser autorizado "por decreto supremo firmado por el Presidente de la República , expedido por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional y con la firma del Ministro de Relaciones Exteriores . Para dictar el aludido decreto supremo deberá contarse con el acuerdo previo del Senado.". Esta es una norma legal común. Por lo tanto, puede ser modificada por otra que reúna un quórum simple.
Lo planteado en la reforma contempla condiciones que me parecen interesantes. La primera de ellas es que entiendo que los autores consideran una idea de restricción, en orden a que no se verifique la salida de tropas porque se le ocurra al Ejecutivo de turno que pueden ir a cualquier parte y se pida autorización al Senado, o que, en caso de dificultades, a lo mejor se modifique la ley simple.
A lo mejor, es necesario discutir la enmienda con mayor profundidad, pero hemos realizado el esfuerzo pertinente. Los demás señores Senadores concordarán en que algo se hizo en la Comisión, donde se invitó a expertos. Lo que no me parece adecuado es que se diga que no se aporta. Estimo que no es la forma de relacionarnos respecto de la materia en discusión. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo y votar a favor o en contra, o manifestarnos en el órgano técnico, o bien, aprobar en general y discutir en particular, con lo cual se podrían incorporar las indicaciones que cada cual crea convenientes.
¿Mas a qué voy, finalmente? A que estimo que lo que podemos hacer es establecer claramente a qué operaciones de paz se hace referencia. Porque la ley también alude a las dispuestas por las Naciones Unidas, pero, como lo señalé antes, las Fuerzas Armadas han actuado en otras que no necesariamente son esas.
Entonces, ¿cuál es la virtud que observo en la modificación en examen, que nos permitiría discutir la materia en particular? Primero, el establecimiento de criterios claros en el sentido de qué significa y cuáles son las normas que regulan las operaciones de paz.
Segundo,...
El señor PROKURICA .- La ley orgánica constitucional.
El señor GÓMEZ.- Exacto. Que exista una ley orgánica constitucional, la cual exige un quórum muy alto, donde se definan claramente las razones para que el Presidente de la República pueda solicitar la autorización al Senado y las condiciones en que esta Corporación puede otorgarla para las operaciones de paz. Creo que se establecerían criterios mucho más rigurosos.
¿Y por qué creo que ello es importante? Porque en circunstancias especiales de la historia de América Latina han tenido lugar hechos graves y, tratándose de ciertas operaciones que no son de paz, que pueden ser militares, se puede establecer, por la vía de cambiar la ley, la participación de las Fuerzas Armadas en situaciones que no son aquellas en que queremos que intervengan, que son precisamente las en pro de la paz.
Por eso, juzgo que una posible discusión en particular permitiría agregar, sacar o, si no estamos de acuerdo, rechazar, por último, la norma, la cual solo se habría aprobado en general y exigiría el quórum necesario para ser acogida con posterioridad.
Pero lo anterior haría posible un debate de fondo que estimo interesante, y ahí, a lo mejor, cabría discutir el papel de las instituciones castrenses. ¿Mas en función de qué? De la modificación del cuerpo legal simple, de la ley Nº 19.067, por una ley orgánica constitucional, la cual sería mucho más eficaz, desde el punto de vista de lo que al menos a algunos nos preocupa, que es el rol de las Fuerzas Armadas y lo que significa que estas puedan salir de Chile a misiones u operaciones de paz. Y en eso queremos ser sumamente claros.
Por eso, creo que podemos registrar diferencias de opinión, pero, sin duda, es importante debatir la materia.
Si no se aprueba, hasta aquí va a llegar la reforma constitucional y se mantendrá la norma -y lo repetiré, porque parece que no se había leído con la extensión necesaria- relativa a que las Fuerzas Armadas existen "para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional".
También, con motivo de la modificación, se podría discutir lo relativo a la seguridad nacional, si además interesa cambiar ese concepto.
Gracias.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, felicitar a los autores de la moción, quienes nos permiten desarrollar un debate como este, interesante, necesario.
A propósito de Haití, ha sido bastante recurrente en las Comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores enfrentar lo relativo al tipo de misiones que asumen nuestras Fuerzas Armadas y de Orden en torno a situaciones como las que se viven en ese país.
Pero quisiera fundar brevemente por lo menos mi postura en favor de la abstención, porque creo que si bien es cierto que media la necesidad de redefinir, en la nueva era de la globalización, el rol de las Fuerzas Armadas y de Orden, la discusión es mucho más de fondo. Esta no se resuelve simplemente con añadir la frase "el cumplimiento de las tareas que las operaciones de paz internacional demanden", lo que constituye, por cierto, un aspecto de una realidad mucho más compleja y global.
Me explico.
Como sabemos, en Chile, las instituciones castrenses existen, básicamente -y hasta más allá del texto constitucional, que puede ser debatible-, para la defensa de la seguridad externa. Esa es su misión fundamental en el contexto de un Estado-nación, tanto en nuestro país como en cualquier otro. Ello, incluso más que "para la defensa de la patria", como dice el artículo 101 de la Carta.
En forma excepcional, desde luego, la propia Constitución y las leyes les asignan ciertas responsabilidades, en situaciones de excepción, en el orden interno.
Mas esa es su función -repito-: proteger la integridad territorial, la soberanía, la seguridad externa, mientras que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública existen, como sabemos, para garantizar el orden público y la seguridad pública interior.
Ahora bien, el debate que sostenemos obedece a que se ha registrado, obviamente, un cambio "epocal" -o como se lo quiera llamar- muy profundo. Estamos en la posguerra fría, en la era de la globalización, y, por lo tanto, roles tradicionales de instituciones también tradicionales, como las Fuerzas Armadas, tienden a redefinirse.
¿Cuál es la gran redefinición? ¿Cuál es el gran cambio que hoy día se presenta en el escenario internacional? Que el concepto de no intervención, el concepto estrecho de soberanía absoluta, asociado al Estado-nación como se ha conocido desde el siglo XVII en adelante, experimenta una profunda transformación, no hasta el punto de eliminar la idea de este último, o de soberanía, o de integridad territorial, pero sí de transformar los papeles a que he hecho referencia.
¿En qué sentido? Hoy día, en la época de la globalización, de la posguerra fría, se habla en el mundo de la "responsabilidad de proteger". Es decir, la comunidad internacional asume esta última, por ejemplo, con relación a poblaciones civiles indefensas, frente a agresiones tales como amenazas de genocidio o la situación que vive Libia, muy emblemática.
Respecto de ese país africano, una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó la intervención militar para resguardar a la población civil. Eso es "responsabilidad de proteger". Constituye un concepto estatuido actualmente en el mundo internacional y que "perfora" la no intervención tradicional.
La "intervención humanitaria" -fíjense Sus Señorías en la expresión- era un contrasentido hasta hace solo algunas décadas, porque el principio de no intervención determina que incluso por razones humanitarias no sea posible actuar.
Las operaciones de paz son parte de la tendencia, de la trayectoria, de la redefinición de roles y las nuevas misiones de instituciones tradicionales como las Fuerzas Armadas. ¿Alrededor de qué idea? Ya no es la de no intervención, ni la de soberanía absoluta, asociada desde el siglo XVII en adelante -insisto- al Estado-nación, sino la del multilateralismo, que tampoco es una panacea, pero que, obviamente, constituye un aspecto de la globalización, respecto de la necesidad de contar con reglas del juego que rijan la vida internacional.
Todo el sistema de las Naciones Unidas, partiendo por su Consejo de Seguridad, está hoy día rediscutiéndose, redefiniéndose. No es una labor fácil, porque cerca de 200 Estados tienen que concurrir a un nuevo consenso al respecto.
Ahora bien, si se trata de la situación de Haití, ello resulta perfectamente coherente con nuestra normativa legal. Y lo decía bien mi Honorable colega Gómez . En efecto, existe la ley N° 19.067, de 1° de julio de 1991, que de alguna manera complementa el artículo 63, número 13), de la Constitución Política, disposición que -¡ojo!- establece un rol para el Congreso. Es decir, a pesar de que el Primer Mandatario conduce el Ejecutivo , especialmente en su función relacionada con las Fuerzas Armadas y de Orden, es materia de ley, dice ese último precepto, la salida de tropas nacionales del territorio de la República. Por lo tanto, un papel del Congreso, expresión de la representación democrática del país, es autorizar justamente dicha medida.
La verdad es que aquí nos enfrentamos a un asunto mucho más de fondo, que no se resuelve al añadir a las dos funciones establecidas, la de defensa de la patria o el de ser las instituciones castrenses esenciales para la seguridad nacional, un concepto muy complejo, por supuesto.
Entre paréntesis, el Senador que habla es partidario de eliminar el Capítulo entero sobre el Consejo de Seguridad Nacional, por ejemplo, que ha caído claramente en desuso en los últimos 20 años.
O sea, hay discusiones constitucionales bastante más de fondo, que van mucho más allá de la inserción, sencillamente, de una tercera función, como es el "cumplimiento de tareas que las operaciones de paz internacional demanden".
Por cierto, somos partidarios de explicitar esas labores, de facilitar tales operaciones, porque Chile se halla inserto en la comunidad global y quiere participar en Haití, donde actúa una fuerza multinacional de varios países latinoamericanos, idea muy importante. O sea, es la Región la que se preocupa de sus asuntos, no como ocurría antes, cuando una especie de gendarme o de policía internacional -Estados Unidos o cualquier otra nación- se hacía cargo de estas situaciones. No. Y allá están el Grupo de Río, UNASUR y todo el sistema regional y subregional, que asigna una misión a nuestras Fuerzas Armadas en ese contexto.
Por eso me abstendré. Por eso no emitiré un voto en contra. ¿Porque quién puede oponerse a explicitar que las operaciones de paz cuenten con un cierto estatuto jurídico? Pero ¿qué tipo de estatuto jurídico? ¿Reforma de la Constitución? ¿Modificación de la ley? ¿En qué contexto? ¿Qué otro tipo de reformas son necesarias justamente para atender la nueva realidad de la globalización, del multilateralismo, que "perfora" el principio tradicional de la no intervención y que, obviamente, establece una relación mucho más rica y complicada en relación con instituciones tradicionales como las Fuerzas Armadas y de Orden, enfrentadas al cumplimiento de aspectos también tradicionales, como la seguridad externa, que sigue siendo un concepto vigente, y el orden público y la seguridad interior, respectivamente?
Entonces, creo que es tan inmenso el concepto que se está abordando, tan compleja la nueva realidad, que se requeriría realmente una discusión mucho más a fondo que pudiera hacerse cargo de ella.
En ese sentido, señor Presidente, anuncio que me abstendré con relación al proyecto.
He dicho.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , la verdad es que no pensaba intervenir en el debate, pero he advertido que varios señores Senadores abrigan dudas respecto de la conveniencia de la iniciativa, como aquel a quien acabamos de escuchar. Y, por lo tanto, deseo agregar un argumento que quizás aquí se ha dado, pero que quisiera subrayar, porque estimo que es lo que, al final, puede proporcionarles un sentido a quienes no encuentran la justificación de la reforma.
Porque esta última aparece como no necesaria si se piensa que hemos autorizado la salida de tropas de Chile en muchas oportunidades. Y, por consiguiente, cabe concluir que ello podrá seguir ocurriendo sin lo que hoy día se nos propone.
Sin embargo, algo me parece importante -y creo que el Honorable señor Gómez ha subrayado el aspecto que también quiero asumir- por las mismas razones que acaba de exponer el Senador señor Ignacio Walker en el sentido de que este es un mundo que ha ido cambiando, de que hoy existen acciones multilaterales.
No me gustaría que el día de mañana un Presidente de la República , por contar con mayoría en el Senado, consiguiera que se autorizase la salida de tropas para misiones que no son de paz, aunque puedan aparecer revestidas de tales.
La idea es una restricción constitucional en orden a que, si las tropas chilenas van a salir, será solo para asegurar la paz internacional. Y que una norma de inferior jerarquía defina cuándo se entiende que se está participando en una operación propiamente de paz. Pero lo sustantivo es impedir que, por intereses internacionales coyunturales, por una alianza estratégica con un país muy cercano a nosotros que el día de mañana se vea enfrentado a un conflicto, aparezcamos colaborando en una misión -entre comillas- de paz que no revista tal carácter.
Es decir, hay un punto que me parece válido. Porque las Fuerzas Armadas, de acuerdo con una perspectiva constitucional, existen para la defensa de la patria y para la seguridad nacional. Ese es el concepto contenido en el Texto Fundamental.
A lo mejor la redacción actual no es muy feliz, pero la idea es que también puedan tener proyección fuera del territorio nacional cuando se busque cumplir una tarea destinada a garantizar la paz internacional. Se trata de una proyección en ese sentido. Creo que eso hemos tratado de hacer con nuestra presencia en el exterior, y probablemente no podemos hacer mucho más en el contexto mundial; pero, sumados a otras fuerzas, sí podemos ayudar a preservar la paz en distintos puntos del planeta.
Por eso, señor Presidente, considero que existe una justificación que le da sentido al proyecto de reforma.
Siempre estará el argumento de que existen otros aspectos que reformar en la Constitución, o el de que son más importantes otras materias vinculadas con el mismo tema. Es posible que así sea, pero aquí hay un punto que considero válido.
Y ya que Chile está participando mediante la presencia de tropas en diversos lugares, me parece bien que se busque acotar esa tarea a un fin específico: que nuestras Fuerzas Armadas solo puedan salir fuera del territorio de la República -quedando asegurado eso de alguna manera en la Carta, lo cual es posible concretar durante la discusión particular- para garantizar o apoyar la causa de la paz a nivel internacional.
Por eso, estimo que vale la pena apoyar esta iniciativa.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , quiero manifestar que el debate sobre si correspondía o no enviar tropas a Haití ha generado en varias oportunidades que en el Senado toquemos este tema.
Me parece que se trata de una discusión necesaria que debía llevarse a cabo en algún momento de una manera mucho más tranquila y directa.
Agradezco la consecuencia del Senador Coloma -no sé si está en la Sala en este momento-, porque recuerdo que cuando analizamos el asunto las primeras veces -al principio debíamos autorizar la salida de tropas por seis meses, pero después nos fuimos dando cuenta de que era importante ampliar el mandato- Su Señoría planteó una duda constitucional respecto de si correspondía que salieran misiones militares fuera de Chile.
Reconozco que en un primer momento pensé: "Bueno, es una forma inteligente del Senador Coloma para oponerse, jugando su papel, a una propuesta que es discutible". Pero después me di cuenta de que varias veces, en forma insistente y reiterada, manifestó lo mismo. Y en la última oportunidad volvió a hacerlo, incluso ya siendo Gobierno.
¿Qué quiero decir con esto? Que, en realidad, resulta necesario y útil iniciar un debate acerca de si es conveniente o no clarificar qué tipo de misiones pueden llevar a cabo las Fuerzas Armadas fuera de Chile.
Curiosamente, en el informe el ex Ministro de Defensa Jaime Ravinet aparece proponiendo, aunque por razones distintas, reemplazar el concepto de "operaciones de paz" -hay todo un debate sobre si debe ser más o menos restrictivo-, por uno un poco más amplio: "operaciones militares de cooperación internacional", con el objeto de abarcar todos los tipos de misiones en las cuales Chile se ha visto involucrado.
Algunas -ya lo manifestó el Senador Ignacio Walker - son una mezcla. Yo diría que la de Haití es el ejemplo más claro de todos. En su origen, se trataba de una misión orientada a impedir un enfrentamiento civil y también a cumplir una labor humanitaria, fundamentalmente para evitar muertes y una violencia capaz de desestabilizar a ese país y a sus vecinos. Y el Gobierno de la época, más allá de nuestros compromisos, de nuestra vocación pacífica y de fortalecimiento a los sistemas democráticos y de hacer valer el respeto a los derechos de las personas, etcétera, justificó nuestra participación en la MINUSTAH con el concepto de seguridad regional.
Por eso, considero que el planteamiento del ex Ministro de Defensa es algo que debemos explorar. Yo en realidad estoy por una visión un poco más amplia que aquella más restrictiva planteada acá por varios señores Senadores. Porque, en concreto, en las operaciones que actualmente se desarrollan y en las cuales Chile participa -partimos de la base de que son producto de acuerdos en instancias y organismos multilaterales y que cumplen varios objetivos- el tema de la cooperación está presente.
En el último debate que tuvimos en las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional se planteó justamente el deseo de que nuestras Fuerzas Armadas jugaran un papel mucho más activo en el plano de la cooperación: de la cooperación técnica, de la cooperación científica, en el ámbito agrícola, en el de la salud, en la formación policial, en educación y otras áreas. Porque, en la práctica, eso es lo que están haciendo mayoritariamente.
Comprendo que este sea un tema difícil de definir así, en frío, pero voy a votar a favor de la idea de legislar porque considero conveniente debatirlo. Entiendo que durante la discusión particular podrá perfeccionarse el texto e, incluso, la idea planteada por el ex Ministro , acogida por varios de los señores Senadores que formaron parte de la Comisión, en orden a que la especificidad de las funciones de las Fuerzas Armadas quede plasmada de manera mucho más clara en una ley orgánica o de quórum calificado.
Como estamos frente a una reforma constitucional cuya aprobación requiere el voto favorable de un gran número de parlamentarios, la abstención, en la práctica, significa impedir que se siga debatiendo el tema, que a mí me parece importante. Y es la razón por la cual voy a votar a favor de la idea de legislar.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente , he escuchado varias veces: "No pensaba intervenir, pero después de oír el debate lo voy a hacer".
Yo me voy a abstener.
En verdad, este asunto tiene larga data y ha sido arduamente discutido. En mi caso, he ponderado todos los argumentos. Y, en lo relativo a la definición del rol de nuestras Fuerzas Armadas, creo que todavía existen muchos vicios en la Constitución.
Pero lo que más me preocupa es que esta reforma, que podría ser corregida durante el debate posterior, requiere necesariamente que se modifique la actual ley sobre la materia, que, a mi juicio, resulta del todo insuficiente.
Voy a leer el Párrafo 1º del Título II de la ley Nº 19.067.
En el primero de sus artículos, el 4º, se establece que la salida de tropas nacionales deberá contar con el acuerdo previo del Senado.
Y en el segundo, que corresponde al artículo 5°, dice: "Si la salida a que se refiere el artículo precedente tiene por finalidad participar en (...) viajes de instrucción, actividades logísticas, actos de cortesía internacional, cumplimiento de acuerdos de cooperación en materias de defensa, o misiones de ayuda humanitaria" -entiendo que eso es realmente lo que hoy día estamos haciendo en Haití- "se aplicarán las normas relativas a las comisiones en el extranjero establecidas en el Estatuto del Personal correspondiente, sirviendo de suficiente autorización los decretos que las dispongan".
Ahí está todo abierto.
Estimo que en la actualidad la de Haití es básicamente una fuerza humanitaria. Y aquí se abre un espacio para cualquier situación.
Por lo tanto, una reforma de este tipo tiene que ir unida, necesariamente, a una ley orgánica constitucional que en verdad regule esta materia. Pero eso tenemos que discutirlo en conjunto.
El señor PROKURICA.- ¡Para eso hay que hacer la reforma!
El señor FREI (don Eduardo).- Y además me voy a abstener por lo siguiente.
La semana pasada estuve invitado en República Dominicana. Pude conversar con todas las autoridades. Las Naciones Unidas designaron un nuevo jefe para hacerse cargo de la MINUSTAH. Nuevamente es un chileno: el ex Canciller Mariano Fernández . Ya tuvimos a Juan Gabriel Valdés . Y existe una gran preocupación en ese país. Tuve oportunidad, como digo, de conversar con autoridades, tanto del Ejecutivo como del Parlamento, y de estar con varios compatriotas que participan en distintos grados y en diversas funciones en Haití. Y la situación realmente me preocupa. Ya llevamos ahí casi siete años.
Creo que no podemos seguir trabajando con la actual ley. Tenemos que reformarla completa y amarrarla a un texto que se defina claramente en la Constitución.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, voy a citar al ex Presidente Frei, actual Senador.
¡La verdad es que no pretendía intervenir...!
El señor PROKURICA .- ¡Siempre usted con eso...!
El señor LAGOS.- Pero, teniendo un micrófono a la mano y algo que decir, voy a hacerlo.
Primero quiero señalar lo siguiente.
Creo que detrás del planteamiento de esta reforma constitucional hay un legítimo esfuerzo. Y no he escuchado a nadie que esté en contra de lo que ella persigue. Los argumentos que he oído a lo largo de la sesión respecto de la conveniencia o no de aprobarla en general apuntan a otras cuestiones.
El proyecto pretende agregar, como parte de la justificación de la existencia de las Fuerzas Armadas, una frase que dice textualmente: "el cumplimiento de las tareas que las operaciones de paz internacional demanden".
La pregunta es si ella será suficiente para resolver una serie de otros temas. Y aquí quiero aplicar algo de economía procesal, de la realidad. Si la iniciativa es rechazada, vamos a seguir funcionando como hasta el día de hoy. Y eso es posible. Lo hemos venido realizando.
Sin embargo, sin ánimo de ofender ni de generar ruido en esta materia -entre paréntesis, voy a votar a favor-, me gustaría hacer un poco de memoria.
Tener Google aquí es una tentación muy grande. Puse "Envío de tropas Chile Haití" y me apareció una publicación nacional del año 2004, bien entretenida, por las personas que nombra: "las ministras Soledad Alvear y Michelle Bachelet ", la primera, actual Senadora, y la segunda, ex Presidenta de la República y hoy personera de las Naciones Unidas. El artículo señala que iban a tener una "dura jornada" en las Comisiones del Senado "para tratar de convencer a los parlamentarios de la necesidad de enviar una nueva misión a Haití, esta vez integrada por 600 soldados y policías".
Y continúa: "Los 18 senadores de la oposición (...) rechazarán a `todo evento' el envío de 36 carabineros y plantearán sus dudas respecto a los objetivos, costos y duración de la presencia militar chilena en Haití, anticiparon a este medio".
Los cuestionamientos se referían a los 36 carabineros y al costo; no había un tema constitucional.
Me tienta leer los nombres de los parlamentarios, pero no lo voy a hacer...
El señor ROSSI.- ¡Que los lea!
El señor LARRAÍN .- ¡Léalos no más!
El señor LAGOS.- ¿Que los lea?
El artículo expresa: "El presidente de la UDI, Jovino Novoa , reconoció que su partido considera que el envío de policías al extranjero es una señal sumamente negativa para la ciudadanía, que vive un creciente clima de delincuencia, según informó El Mercurio.
"Estas palabras fueron respaldadas por el senador de RN Baldo Prokurica," -que hasta ahora no me ha interrumpido- "quien también adelantó su voto negativo al envío de carabineros".
¡Ojo! El rechazo se debía al envío de carabineros; no era por un tema de las Fuerzas Armadas ni por un asunto de constitucionalidad.
Y decía el Senador Prokurica: "Por ningún motivo deben ir. Nosotros tenemos un problema serio de seguridad ciudadana, y ya mandar un carabinero es mucho".
El señor PIZARRO.- ¡Es como en el proyecto del posnatal...!
El señor ROSSI.- ¡Hay que votar en contra entonces...!
El señor LAGOS.- Prosigue el texto: "El senador de la UDI Juan Antonio Coloma argumentó que tampoco está claro por qué Chile tiene que sumarse a esta misión después que Estados Unidos y Francia decidieran abandonar sus esfuerzos por democratizar a esa nación. ¿Cómo sabemos si una operación será útil o no para los haitianos? Éste es un tema que debemos evaluar muy a fondo para actuar con seriedad en el ámbito internacional, dijo".
El señor PIZARRO .- ¡Coloma siempre ha sido majadero...! ¡Eso es verdad...!
El señor LAGOS.- Esto es importante para saber por qué ahora hay que votar a favor.
Por su parte, el Senador Andrés Chadwick declaró que "si las razones de enviar nuevos efectivos es lograr la estabilidad en ese país, hay que hablar con la verdad a la población y reconocer que este esfuerzo `será eterno y muy costoso', tal como quedó demostrado con la ocupación estadounidense de la isla entre 1915 y 1934, que no dejó ningún resultado positivo".
Y después aparece el ex Presidente Lagos, con una cita chiquitita, que dice que "defendió la medida, argumentando que estos funcionarios constituyen una cifra ínfima si se compara a los 36 mil efectivos que Carabineros tiene operando".
Era para demostrar que 36 mil en Chile y 36 en Haití no iba a generar un cuadro dramático.
El señor PIZARRO.- ¡No explique al Presidente, que se explica solo...!
El señor LAGOS.- Lo que quiero decir con esto es que los argumentos entregados en su minuto demuestran que aquí ha habido una evolución.
Yo entiendo que ellos hayan sido expresados al calor de la coyuntura política. Si uno tuviera que votar hoy en esas condiciones, debería partir rechazando la propuesta de reforma constitucional porque sí, por generar un daño, un costo.
Ninguna argumentación se centró en si la misión correspondía o no al rol de las Fuerzas Armadas chilenas, en si nuestro país ganaba o no algo, en si teníamos la obligación de contribuir a la comunidad internacional enviando tropas al exterior. Tampoco se planteó -yo sé que después sí lo hizo el Senador Coloma- una cuestión de constitucionalidad.
Pero lo que quería demostrar con la cita recién efectuada es que ha habido un desarrollo y un consenso en cuanto a la importancia de esta materia.
Lo que hoy estamos discutiendo es un tema particular: cómo regular institucionalmente la salida de tropas al exterior y si esta debe tener un rango más alto y, entre comillas, mayor o menor protección. Y yo estoy por continuar este debate.
Si hoy día votamos en contra o nos abstenemos, este debate muere. Pero aquí se ha planteado algo que me parece relevante, y es el condicionamiento del voto. El proyecto será votado ahora en general, pero tendremos que pronunciarnos de nuevo sobre él con motivo de su discusión particular. Y yo espero que el Gobierno envíe una iniciativa que se haga cargo de lo que expresó, entre otros, el Senador Frei: que una ley orgánica venga a reemplazar la ley N° 19.067, que es con la que hemos estado trabajando.
El señor FREI (don Eduardo) .- Está obsoleta.
El señor LAGOS.- Entonces, a mí en nada me afecta el aprobar esta reforma constitucional, a la espera de lo que ocurra en la discusión particular, donde confío en que el Gobierno -y tengo el legítimo derecho de pedírselo- envíe un proyecto de ley orgánica constitucional que a quienes permitamos que este debate continúe nos dé la tranquilidad de votar después como corresponde.
Ciertamente, acojo también lo que han señalado otros: que hay instituciones ligadas a las Fuerzas Armadas, como el Consejo de Seguridad Nacional, que deben modificarse. No las pongo en el paquete condicionado ahora. Pero sí aspiro al envío de un proyecto de ley orgánica constitucional sin el cual esto será letra muerta; será reírnos entre nosotros mismos; será sacarnos la suerte: elevar las operaciones de paz a rango constitucional para después seguir funcionando con una ley simple.
He dicho.
El señor PROKURICA .- ¡No lo interrumpí nunca, señor Senador ...!
El señor LAGOS.- ¡Senador Prokurica, me interrumpe, pero para apoyarme, y eso creo que ya es un acierto y un avance fundamental! ¡Veo que caló hondo el discurso del 21 de mayo...!
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Terminada la votación.
--Por no reunirse el quórum constitucional requerido, se rechaza el proyecto de reforma constitucional (22 votos a favor, uno en contra y 9 abstenciones).
Votaron por la afirmativa los señores Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Espina, García, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Escalona.
Se abstuvieron las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Frei (don Eduardo), Girardi, Letelier, Quintana, Tuma y Walker (don Ignacio).
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminado el Orden del Día.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES
MORATORIA DE FIRMA DE PROTOCOLOS Y CONVENIOS SOBRE ENERGÍA NUCLEAR CON ESTADOS UNIDOS. PROYECTO DE ACUERDO
El señor GIRARDI (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señoras Allende y Rincón y señores Escalona, Gómez, Girardi, Letelier, Muñoz Aburto, Quintana, Patricio Walker y Zaldívar.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1345-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 3ª, en 16 de marzo de 2011.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es solicitar al Gobierno una moratoria de la firma de protocolos o convenios sobre energía nuclear con los Estados Unidos de América.
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Resultado de la votación: 9 votos a favor y una abstención.
Votaron por la afirmativa la señora Allende y los señores Escalona, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Letelier, Quintana y Rossi.
Se abstuvo el señor Pizarro.
El señor GIRARDI (Presidente).- Rechazado el proyecto de acuerdo.
Por haberse cumplido su objetivo, corresponde levantar la sesión.
En todo caso, se dará curso reglamentario a diversas peticiones de oficios que han llegado a la Secretaría.
PETICIONES DE OFICIOS
El señor LABBÉ (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor GIRARDI (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor HORVATH:
A los señores Ministro de Salud y Director del Fondo Nacional de Salud, pidiéndoles RECONSIDERACIÓN DE CIERRE DE OFICINA DE FONASA EN PUERTO AYSÉN.
Del señor MUÑOZ ABURTO:
Al señor Subsecretario de Relaciones Exteriores, para que informe en cuanto a PROPUESTA CHILENA ANTE ASAMBLEA ANUAL DE OEA SOBRE PROCESO DE DESMINADO EN EL CONTINENTE,
y al señor Subsecretario del Trabajo, requiriéndole ESTADÍSTICAS RELATIVAS A ACTIVIDADES INSPECTIVAS DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO EN 2007, 2008, 2009 y 2010.
Del señor NAVARRO:
Al señor Ministro de Defensa Nacional, pidiéndole información sobre REQUISITOS EXIGIBLES A PERSONA O A ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO PARA SOLICITUD DE CONCESIÓN MARÍTIMA y acerca de BOMBAS LACRIMÓGENAS USADAS POR CARABINEROS;
al señor Ministro de Salud, para que se informe sobre COMPOSICIÓN Y EFECTO DE BOMBAS LACRIMÓGENAS DE CARABINEROS Y FALTA DE AUTORIZACIÓN SANITARIA PARA SU USO E INGRESO AL PAÍS;
a la señora Ministra del Medio Ambiente, a fin de que se remitan ANTECEDENTES DE DECLARACIÓN DE CHILLÁN Y LOS ÁNGELES COMO ZONAS SATURADAS Y DEL TOTAL DE COMUNAS EN ESA CONDICIÓN;
al señor Subsecretario de Telecomunicaciones, para que remita ANTECEDENTES Y COPIA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE TELEVISIÓN DIGITAL ENTRE MINISTERIO DE LAS COMUNICACIONES Y AGENCIA DE COOPERACIÓN DE BRASIL Y SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE.
De la señora RINCÓN:
Al señor Director del Instituto de Previsión Social, a fin de que indique NÚMERO, CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA Y SISTEMA PREVISIONAL DE BENEFICIARIOS DE APORTES PREVISIONALES SOLIDARIOS PAGADOS DURANTE MARZO DE 2011,
y al señor Ministro de Educación, a fin de solicitarle información respecto de CANCELACIÓN DE OBRAS EN PROYECTO "REPOSICIÓN PARCIAL Y NORMALIZACIÓN ESCUELA SAN ALFONSO, SECTOR CANELILLO, DE COMUNA DE PELLUHUE, REGIÓN DEL MAULE SUR" y acerca de TÉRMINO DE CONTRATO A FUNCIONARIA DE UNIDAD DE INSPECCIÓN Y SUBVENCIONES DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES.
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El señor GIRARDI (Presidente).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:42.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO
10.MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES BIANCHI, HORVATH Y MUÑOZ ABURTO, CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO DE LEY EN MATERIA DE DESCANSOS DE TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN A BORDO DE NAVES PESQUERAS. (7679-13)
Honorable Senado:
Uno de los principales factores que dificultan el respeto de los derechos de los trabajadores y consecuentemente de su dignidad humana, es la vulneración que día a día experimentan miles de pescadores en su derecho al descanso.
Es ampliamente conocida la dificultad de regular las faenas de navegación pesquera de modo de compatibilizar los distintos intereses presentes, pero ello no obsta a la responsabilidad que como legisladores nos cabe en la protección de los trabajadores.
El descanso es un derecho vital que suele ser conculcado por las dificultades de los distintos tipos de pesca, la diferencia geográfica de nuestras costas, las grandes variantes en los tiempos de navegación hacia las zonas de extracción, las mareas, además de las distintas exigencias según las especies. Así mismo, es real que las condiciones de las naves en muchísimos casos no cumplen con los estándares mínimos necesarios para permitir el desarrollo del trabajo en condiciones apropiadas. Estos y otros factores, complican en extremo el adecuado acceso a los descansos legales necesarios a toda la dotación de la nave de pesca.
Es importante también mencionar que el trabajo de la gente de mar, por su propia naturaleza, conlleva un alto riesgo de accidentes; es imprescindible entonces disminuir al máximo los factores externos que puedan aumentarlos. Para ello resulta fundamental tener a un personal descansado que mantenga la alerta, la capacidad de reacción y las fuerzas requeridas en la pesca.
En relación a la naturaleza del descanso propiamente tal es indispensable que los lapsos de duración sean razonables, materia en las que se ha avanzado al punto de entregar cierta libertad de negociación a los actores involucrados; sin embargo, los descansos mínimos requieren ser garantizados, por ello se busca que el descanso efectivo sea siempre - de al menos - 6 horas para asegurar de este modo un período razonable de descanso y recuperación esto es indispensable, sobre todo si se consideran las condiciones a los que los trabajadores se ven expuestos en forma permanente como la humedad, frío, ruidos excesivos, y en general labores que demandan un gran esfuerzo físico.
La legislación tanto la general del Código del Trabajo, como la especial atinente a esta actividad en las zonas norte, centro y sur de nuestro país, tienen características diferentes y además los requerimientos contractuales de índole laboral son de muy diversa naturaleza. Luego la efectividad de la regulación laboral debe ir, necesariamente, acompañada de labores de fiscalización. Pero hay que considerar que el nivel de fiscalización, en términos generales, es bastante acotada en nuestro país. Por ello y debido a la inmensa importancia de esta materia es que se propone establecer, expresamente, que la infracción a las normas que protegen el descanso y con ello la vida de miles de chilenos, es presunción de concurrir los requisitos exigidos por el Código del Trabajo para entender configurada la lesión de los derechos fundamentales, establecidos en el artículo 485 del mismo código.
Honorable Senado:El régimen jurídico vigente aplicable a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar - en lo sucesivo “Cajas de Compensación”- está compuesto, principalmente, por la Ley Nº 18.833 que establece el estatuto legal para este tipo de entidades de previsión social. Además, rigen en las actividades de las Cajas de Compensación diversos reglamentos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social destinados a normar algunas de las prestaciones que ofrecen estas entidades.Sin perjuicio de lo anterior, las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, por lo que se encuentran sometida a la potestad normativa de este ente fiscalizador.Por último, cada caja de compensación tiene su propio estatuto y un reglamento particular de los beneficios que otorga, los cuales deben ser aprobados por decreto supremo del citado ministerio.El régimen sobre prestaciones de crédito social -como se denomina al sistema de préstamos que otorgan las Cajas de Compensación- está regulado por la Ley Nº 18.833 y por decreto Nº 91 de 1979 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fija el reglamento del régimen de prestaciones de crédito social.Al efecto, el artículo 19 de la Ley Nº 18.833, dispone que corresponderá a las Cajas de Compensación la administración de prestaciones de seguridad social, y la ley los faculta para administrar -entre otros beneficios- el régimen de prestaciones de crédito social.El establecimiento, por parte de las Cajas de Compensación, de un régimen de créditos sociales es una facultad de cada una de ellas. Sin embargo, de establecerse, éste se regirá por las normas de la citada ley, por el reglamento del régimen de prestaciones de crédito social y por el régimen fijado por la caja, este último previamente autorizado por la Superintendencia de Seguridad Social.De conformidad con estos cuerpos normativos, el régimen de crédito consistirá en otorgar a sus afiliados, sean trabajadores o pensionados, préstamos en dinero destinados a:El financiamiento de bienes de consumo durables, trabajo, educación, salud,recreación, ahorro previo para la adquisición de viviendas, contingencias familiares, y otras necesidades de análoga naturaleza; óLa adquisición, construcción, ampliación y reparación de viviendas, y al refinanciamiento de mutuos hipotecarios. Para estos efectos las Cajas están facultadas para otorgar -desde del mes de julio de este año- mutuos hipotecarios endosables.Los plazos máximos por los cuales se pueden otorgar los citados créditos son de siete años para los primeros (ampliable sólo para el ítem educación hasta 15 años), y de cuarenta años para los segundos.El artículo 8° que dispone: “Los préstamos que se otorguen en virtud de este reglamento estarán afectos a reajustes e intereses, según proceda, conforme a las normas contenidas en la ley Nº 18.010”; ySi bien la primera disposición tiene rasgos de constituir una norma regulatoria de las tasa de interés aplicables a los créditos sociales, no se trata más que de una norma de publicidad de los tipos de interés aplicables a las operaciones de crédito social. En efecto, de la lectura de la segunda disposición citada, se desprende que el marco regulatorio de las tasas de interés para los créditos en análisis se rigen por las normas de la Ley Nº 18.010, sobre operaciones de crédito de dineros.Por las razones anteriores es que venimos en presentar el siguiente:
Proyecto de Ley
Modifíquese el Artículo 23 del Código del Trabajo de la manera que sigue:
1) Sustitúyase en el inciso primero el vocablo “varios” por la palabra “dos”.
2) Incorpórese un nuevo inciso sexto y final del siguiente tenor:
La infracción a lo dispuesto por este artículo se entenderá en el sentido del inciso tercero del artículo 485.
(Fdo.): Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Antonio Horvath Kiss, Senador.- Pedro Muñoz Aburto, Senador
11.MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES BIANCHI, HORVATH Y PROKURICA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE DESCUENTOS A AFILIADOS A CAJAS DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR (7680-13)
Honorable Senado:
El régimen jurídico vigente aplicable a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar - en lo sucesivo “Cajas de Compensación”- está compuesto, principalmente, por la Ley Nº 18.833 que establece el estatuto legal para este tipo de entidades de previsión social. Además, rigen en las actividades de las Cajas de Compensación diversos reglamentos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social destinados a normar algunas de las prestaciones que ofrecen estas entidades.
Sin perjuicio de lo anterior, las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, por lo que se encuentran sometida a la potestad normativa de este ente fiscalizador.
Por último, cada caja de compensación tiene su propio estatuto y un reglamento particular de los beneficios que otorga, los cuales deben ser aprobados por decreto supremo del citado ministerio.
El régimen sobre prestaciones de crédito social -como se denomina al sistema de préstamos que otorgan las Cajas de Compensación- está regulado por la Ley Nº 18.833 y por decreto Nº 91 de 1979 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fija el reglamento del régimen de prestaciones de crédito social.
Al efecto, el artículo 19 de la Ley Nº 18.833, dispone que corresponderá a las Cajas de Compensación la administración de prestaciones de seguridad social, y la ley los faculta para administrar -entre otros beneficios- el régimen de prestaciones de crédito social.
El establecimiento, por parte de las Cajas de Compensación, de un régimen de créditos sociales es una facultad de cada una de ellas. Sin embargo, de establecerse, éste se regirá por las normas de la citada ley, por el reglamento del régimen de prestaciones de crédito social y por el régimen fijado por la caja, este último previamente autorizado por la Superintendencia de Seguridad Social.
De conformidad con estos cuerpos normativos, el régimen de crédito consistirá en otorgar a sus afiliados, sean trabajadores o pensionados, préstamos en dinero destinados a:
El financiamiento de bienes de consumo durables, trabajo, educación, salud,
recreación, ahorro previo para la adquisición de viviendas, contingencias familiares, y otras necesidades de análoga naturaleza; ó
La adquisición, construcción, ampliación y reparación de viviendas, y al refinanciamiento de mutuos hipotecarios. Para estos efectos las Cajas están facultadas para otorgar -desde del mes de julio de este año- mutuos hipotecarios endosables.
Los plazos máximos por los cuales se pueden otorgar los citados créditos son de siete años para los primeros (ampliable sólo para el ítem educación hasta 15 años), y de cuarenta años para los segundos.
El régimen jurídico informador de los créditos sociales, ya analizado, no regula con mayor detalle las condiciones financieras aplicables a los créditos que otorgan. Sin embargo, hay dos disposiciones del Decreto Nº 91 de 1979 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que nos permiten obtener conclusiones a este respecto:
El artículo 6° número 5 que, al señalar las materias que deben contener las disposiciones del reglamento interno del régimen de créditos, dispone: “criterios para la fijación de las tasas de interés de acuerdo a los tipos de créditos”; y
El artículo 8° que dispone: “Los préstamos que se otorguen en virtud de este reglamento estarán afectos a reajustes e intereses, según proceda, conforme a las normas contenidas en la ley Nº 18.010”; y
Si bien la primera disposición tiene rasgos de constituir una norma regulatoria de las tasa de interés aplicables a los créditos sociales, no se trata más que de una norma de publicidad de los tipos de interés aplicables a las operaciones de crédito social. En efecto, de la lectura de la segunda disposición citada, se desprende que el marco regulatorio de las tasas de interés para los créditos en análisis se rigen por las normas de la Ley Nº 18.010, sobre operaciones de crédito de dineros.
De lo anterior, puede concluirse que el marco jurídico del tipo de interés que cobran las Cajas de Compensación es el mismo que rige de manera general a las entidades financieras que operan en el mercado nacional del crédito, no existiendo restricciones o limitaciones especiales a su respecto.
Las diferencias entre el tipo de interés que cobran las Cajas de Compensación y otras instituciones financieras, como bancos y casas comerciales, varía en cuanto a los factores determinantes del tipo de tasa que aplican. En efecto, ahí donde los bancos además del plazo y el monto del crédito aplican factores referentes a nivel de endeudamiento y riesgo de pago del solicitante, las cajas de compensación -en virtud de los principios de universalidad y uniformidad que inspiran la seguridad social- sólo pueden cobrar una tasa de interés única, que varía sólo según el monto y plazo de cada operación de crédito.
Sin embargo, estas últimas entidades poseen, a nuestro entender, una mayor seguridad de pago de las obligaciones del afiliado pues, por expresa disposición legal, las cuotas de los créditos son descontados de las remuneraciones o pensiones de sus deudores, asegurando -en mayor medida- un oportuno pago, reduciendo, con ello, la tasa de morosidad derivada de estos crédito.
Sobre este último punto en cuanto a que lo adeudado por los trabajadores o pensionados a una caja de compensación por concepto de crédito social deberá deducirse -por expreso mandato legal- de la remuneración o pensión, según el caso es que tenemos una gran preocupación, sobre todo por la situación que afecta a los adultos mayores de nuestro país.
Es por esto que creemos necesario modificar la ley número 19.539 que en su artículo 16, que establece que las entidades pagadoras de pensiones deberán descontar de pensiones de los afiliados a una caja de Compensación, lo adeudado por éstos, por concepto de aporte de crédito social, prestaciones adicionales o complementarias, y enterarlo en aquella dentro de los diez primeros días del mes siguiente al de su descuento, rigiéndose esto por las mismas normas de pago de las cotizaciones previsionales.
Sobre esta norma creemos que no es justo, ni bueno, que una persona pueda comprometer el 100 % de su pensión al pago de un crédito social, puesto que en la mayoría de los casos estas son el único medio que posee la persona para subsistir.
En este proyecto de ley proponemos limitar el monto que puede ser descontado de la pensión por parte de las entidades pagadoras de éstas, para el pago de aporte, de crédito social y prestaciones adicionales o complementarias de un crédito social, hasta un máximo de un 30% de la pensión del mes respectivo.
Con esta norma queremos replicar aquella que está en el Capítulo VI del Libro I del Código del Trabajo que limita el monto que un empleador puede deducir de las remuneraciones por concepto de cuotas correspondientes a dividendos hipotecarios por adquisición de viviendas y cantidades que el trabajador indique para que sean depositadas en una cuenta de ahorro para la vivienda abierta a su nombre en una institución financiera, o en una cooperativa de vivienda que no pueden ser superiores a un 30 por ciento de la remuneración.
En la misma línea que lo anterior la ley 18.833 en su artículo 22 permite que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, pueda ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, y esto a su vez retenido y remesado a la Caja acreedora.
Siguiendo con el mismo principio que se pretende establecer respecto a las pensiones es que creemos que dicha “deducción” no pueda ser superior a un 30% de la remuneración respectiva.
Además de lo anterior estimamos que para el caso de las indemnizaciones que le puedan corresponder a un trabajador afiliado a dicha deducción, no puede llegar a más de un 50 % del total de la indemnización respectiva.
Por las razones anteriores es que venimos en presentar el siguiente:
Proyecto de Ley
Artículo Primero: Reemplácese el inciso tercero del artículo 16 de la ley número 19.539, por el siguiente:
Las entidades pagadoras de pensiones deberán descontar de las pensiones de los pensionados afiliados a una Caja de Compensación, lo adeudado por éstos, por conceptos de aporte, de crédito social, prestaciones adicionales o complementarias y enterarlo en aquella dentro de los diez primeros días del mes siguiente al de su descuento. Al respecto, regirán las mismas normas de pago y de cobro de las cotizaciones previsionales contempladas en la ley N 17.322. En ningún caso los descuentos en las pensiones de los pensionados por los conceptos señalados podrán ser superiores a un 30 por ciento del total de la pensión del mes respectivo.
Artículo Segundo: Sustitúyase el artículo 22 de la ley número 18.833 por el siguiente artículo 22 nuevo:
Artículo 22.- Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.
Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas.
En ningún caso la deducción que efectúe podrá ser superior a un 30% de la remuneración respectiva, ni superior al 50 % de las indemnizaciones que le correspondan al trabajador afiliado.
(Fdo.): Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Antonio Horvath Kiss, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.
12.PROYECTO DE ACUERDO DE LA SENADORA SEÑORA RINCÓN, RESPECTO DE DECLARACIÓN DEL RÍO ACHIBUENO COMO SANTUARIO DE LA NATURALEZA (S 1363-12)
Considerando
1.- Que el río Achibueno nace en la zona cordillerana de la comuna de Linares, Región del Maule Sur, río poco caudaloso que nace de la Laguna del Achibueno y que hace su descenso por un hermoso valle situado en las faldas de cordilleras tan imponentes como el Nevado de Longaví. El lugar fue considerado y declarado por la COREMA de la región del Maule como Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad de la Región, según la Estrategia Regional para la Biodiversidad aprobado por la COREMA de la Región del Maule el año 2002.
2.- Que dicha área geográfica es depositaría de valiosos ecosistemas que contienen y son hábitat de diversas especies amenazadas, otorgándole dichos elementos un significativo valor desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, sumándole a lo anterior, un valioso patrimonio arqueológico y un paisaje de elevado valor ecoturístico.
3.- Que en dicha zona, la empresa Hidroeléctrica Centinela Ltda. presentó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto hidroeléctrico Archibueno, el cual consiste en la construcción y operación de dos centrales hidroeléctricas de pasada en serie, denominadas El Castillo y Centinela ubicadas en altos de la montaña local, con una potencia total instalada de 135 MW, contemplando además de las centrales de generación, un sistema de interconexión eléctrica entre las subestaciones de cada central, además de instalaciones de apoyo necesarias para la construcción y operación de la misma.
4.- Que la construcción de dichas centrales hidroeléctricas, en nuestra opinión, generará variadas consecuencias a los habitantes de la zona cordillerana de la Región del Maule Sur, siendo varios los afectados por esta construcción, como por ejemplo los arrieros de la zona, que abastecen de agua a su ganado directamente desde cuenca del río, también se verán perjudicados los habitantes del cajón del Achibueno, los cuales temen que la construcción de dichas centrales termine afectando sus fuentes de trabajo vinculadas al ecoturismo y la agricultura. Que a lo anterior, se suma el hecho que se inundarán o inutilizarán amplios sectores que presentan suelos aptos para producción agrícola. Se trata de algunas de las terrazas fluviales, en las cuales históricamente hubo cultivos en forma artesanal, por ejemplo, en el sector de La Gloria se cultivaba trigo hasta hace pocos años en terrazas fluviales, utilizándose un canal para el riego de estas. Las centrales desviarían la mayor parte del caudal del río en un tramo de 44 kilómetros, transformando el cauce natural del río en un verdadero pedregal, ya que a lo largo de estos 44 kilómetros la empresa pretende dejar en el cauce natural tan sólo un 10% del caudal promedio anual que trae el río. Lo anterior, significa en los hechos prácticamente secar el río durante 44 kilómetros, destruyendo así el hábitat natural de un gran número de especies nativas animales y vegetales en estado de conservación, como así también, el lugar de recreo de los linarenses y de los miles de turistas que año a año suben a disfrutar de las aguas del río Achibueno. A lo anterior, hay que sumar el corte de decenas de hectáreas de milenarios bosques nativos para realizar las obras. Estos bosques (de gran tamaño y diversidad) albergan múltiples especies en estado de conservación, como el Hualo y el Ciprés de Cordillera.
5.- Que estamos convencidos que este proyecto no reportará verdaderos beneficios para la Provincia de Linares, y terminará destruyendo su principal patrimonio, el potencial turístico, el cual es una alternativa sustentable y de proyección de crecimiento exponencial para la zona (que reportó US$40 millones para el 2008, reflejando un aumento el año 2009 del 16,96% en relación a Enero del mismo año, según información de Sernatur Maule).
6.- Que el conflicto por la polémica instalación de las centrales de paso El Castillo y Centinela en el cajón del río Achibueno en la provincia de Linares, está lejos de terminar. Ello, porque a los recursos de protección presentados por las organizaciones sociales y el Municipio de Linares y la constante negativa a su construcción por parte de los habitantes de la zona, principales detractores de las hidroeléctricas en la región, se sumó la renuncia hace unos meses del director regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Tomás Irarrázabal, quien reconoció que el proyecto energético era de alto impacto ambiental para la zona generando una polémica que sembró un manto de dudas respecto de la legitimidad del proceso de Evaluación Ambiental llevado a cabo por la empresa.
7.- Que la ley N ° 17.288 sobre Monumentos Nacionales en su articulo 31 señala que “Son santuarios de la naturaleza todos aquellos sitios terrestres o marinos que ofrezcan posibilidades especiales para estudios e investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de ecología, o que posean formaciones naturales, cuyas conservaciones sea de interés para la ciencia o para el Estado. Los sitios mencionados que fueren declarados santuarios de la naturaleza quedarán bajo la custodia del Ministerio del Medio Ambiente, el cual se hará asesorar para los efectos por especialistas en ciencias naturales”. Que dicho artículo 31 de la ley Nº 17.288 en su inciso 6 señala que “La declaración de santuario de la naturaleza deberá contar siempre con informe previo del Consejo de Monumentos Nacionales”.
8.- Que teniendo en consideración lo anterior, creemos que es necesario salvaguardar el ecosistema existente en el sector, declarando al río Achibueno y en especial la zona conocida como Cajón del Achibueno como Santuario de la Naturaleza, en virtud de lo establecido en la ley Nº 17.288 sobre Monumentos Nacionales.
Por tanto, los Senadores abajo firmantes, vienen en presentar el siguiente:
PROYECTO DE ACUERDO
El Senado de la República acuerda lo siguiente:
“Solicitar al Presidente de la República, que en virtud de lo establecido en la ley Nº 17.288 sobre Monumentos Nacionales, declare Santuario de la Naturaleza al río Achibueno ubicado en la zona cordillerana de la comuna de Linares, región del Maule Sur”.
(Fdo.): Ximena Rincón González, Senadora.