Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Jose Perez Arriagada
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- PERMISO
- Patricio Vallespin Lopez
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Alberto Robles Pantoja
- PERMISO
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL.
- PERMISOS CONSTITUCIONALES
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Andrea Molina Oliva
- Celso Rene Morales Munoz
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- SALUDO A EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN EN CHILE.
- V. ORDEN DEL DÍA
- TIPIFICACIÓN DEL ACOSO SEXUAL A MENORES, LA PORNOGRAFÍA INFANTIL VIRTUAL Y LA POSESIÓN DE MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTIL. Proposición de la Comisión Mixta.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Giovanni Oscar Calderon Bassi
- INTERVENCIÓN : Marisol Turres Figueroa
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- DEBATE
- CREACIÓN DE MECANISMO TRANSITORIO DE ADOPCIÓN DE ACUERDOS DE COPROPIETARIOS EN LOS SECTORES MEDIOS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Joaquin Godoy Ibanez
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- DEBATE
- CREACIÓN DE NUEVOS JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Luis Segundo Lemus Aracena
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Enrique Estay Penaloza
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Orlando Severo Vargas Pizarro
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- INTERVENCIÓN : Marisol Turres Figueroa
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Luis Segundo Lemus Aracena
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- INTERVENCIÓN : Giovanni Oscar Calderon Bassi
- INTERVENCIÓN : Pedro Antonio Velasquez Seguel
- DEBATE
- REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ADECUA PLAZOS VINCULADOS A ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Edmundo Eluchans Urenda
- Jorge Burgos Varela
- INDICACIÓN
- TIPIFICACIÓN DEL ACOSO SEXUAL A MENORES, LA PORNOGRAFÍA INFANTIL VIRTUAL Y LA POSESIÓN DE MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTIL. Proposición de la Comisión Mixta.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- COMPENSACIÓN ECONÓMICA A MUNICIPIOS DESFINANCIADOS POR EXENCIONES DE PAGO DEL IMPUESTO TERRITORIAL. (Votación).
- DEBATE
- CAMBIO DE EMPLAZAMIENTO DE NUEVA CÁRCEL DE CHILLÁN Y CHILLÁN VIEJO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Sergio Bobadilla Munoz
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Alfonso De Urresti Longton
- Sergio Ojeda Uribe
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Marcos Espinosa Monardes
- Mario Bertolino Rendic
- Jose Perez Arriagada
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PREOCUPACIÓN POR ESTADO FINANCIERO Y DECISIONES COMERCIALES DE CODELCO DURANTE LOS GOBIERNOS DE LOS PRESIDENTES RICARDO LAGOS Y MICHELLE BACHELET.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Mario Bertolino Rendic
- Manuel Rojas Molina
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Gaspar Alberto Rivas Sanchez
- Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- Roberto Delmastro Naso
- Karla Rubilar Barahona
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Mario Bertolino Rendic
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- INTERVENCIÓN : Marcos Espinosa Monardes
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- COMPENSACIÓN ECONÓMICA A MUNICIPIOS DESFINANCIADOS POR EXENCIONES DE PAGO DEL IMPUESTO TERRITORIAL. (Votación).
- VII. INCIDENTES
- REFLEXIONES SOBRE MESAS DE DIÁLOGO Y PRESENTACIÓN DE LIBRO ORGANIZADAS POR EL ARZOBISPO DE CONCEPCIÓN, MONSEÑOR RICARDO EZZATI. Oficio.
- REVISIÓN DE NORMA QUE ESTABLECE NUEVAS EXIGENCIAS A ESCUELAS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN ESPECIAL. Oficios.
- PERFECCIONAMIENTO DE INSTRUMENTOS PARA DESARROLLO ECONÓMICO DE REGIONES EXTREMAS. Oficios.
- PREOCUPACIÓN POR CONTINUOS MALTRATOS A FUNCIONARIOS DE CARABINEROS DE CHILE. Oficio.
- CONSIDERACIONES SOBRE DISEÑO DE NUEVA CARRETERA ENTRE PUERTO MONTT Y PARGUA. Oficio.
- HOMENAJE A LA CIUDAD DE COPIAPÓ CON MOTIVO DEL 266° ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN.
- INFORMACIÓN SOBRE INDICADORES DELICTUALES. Oficios.
- ADHESION
- Carolina Goic Boroevic
- Cristina Girardi Lavin
- Adriana Munoz D'albora
- Pedro Antonio Velasquez Seguel
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Enrique Accorsi Opazo
- Carlos Montes Cisternas
- Marcelo Diaz Diaz
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Lautaro Carmona Soto
- ADHESION
- CALIFICACIÓN DE SUMA URGENCIA PARA PROYECTO DE LEY SOBRE LICENCIAS DE CONDUCIR. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIÓN DE DECRETO SUPREMO SOBRE ÁREAS DE MANEJO DE PESCADORES ARTESANALES EN SECTORES DE COMUNA DE LOS VILOS. Oficio.
- ADHESION
- Pedro Antonio Velasquez Seguel
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Carolina Goic Boroevic
- Cristina Girardi Lavin
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Marcelo Diaz Diaz
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Lautaro Carmona Soto
- ADHESION
- AUDITORÍA DE RECURSOS PARA MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE COLEGIOS MUNICIPALIZADOS Y PARTICULARES SUBVENCIONADOS. Oficios.
- SOLUCIÓN A AISLAMIENTO DE FAMILIAS DEL SECTOR DE CAPTRÉN, COMUNA DE CURACAUTÍN. Oficios.
- ADHESION
- German Becker Alvear
- Carolina Goic Boroevic
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Lautaro Carmona Soto
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Marcelo Diaz Diaz
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE LICITACIÓN DE BLOQUES PARA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACÓN PETROLERA, EN REGIÓN DE MAGALLANES. Oficio.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Marcelo Diaz Diaz
- Lautaro Carmona Soto
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE SUBSIDIO AL CONSUMO DE GAS DOMICILIARIO EN REGIÓN DE MAGALLANES. Oficios.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Marcelo Diaz Diaz
- Lautaro Carmona Soto
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- ADHESION
- ACTUACIÓN DE REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN OCTAVA REGIÓN. DESPIDOS EN SERVICIOS PÚBLICOS DE OCTAVA REGIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Carolina Goic Boroevic
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Lautaro Carmona Soto
- Marcelo Diaz Diaz
- ADHESION
- RENOVACIÓN DE CONDICIONES LABORALES PARA TRABAJADORES DE INTEGRA. Oficios.
- PREOCUPACIÓN POR NUEVA POLÍTICA HABITACIONAL DEL GOBIERNO. Oficios.
- INCREMENTO DE DOTACIÓN DE PERSONAL DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL BASE DE PUERTO MONTT. Oficios.
- SALUDO A HABITANTES DE COPIAPÓ EN EL ANIVERSARIO DE ESA CIUDAD. INFORMACIÓN SOBRE ACEPTACIÓN DE RECURSO DE INVALIDACIÓN DE EMPRESA A CARGO DE PROYECTO DE TERMOELÉCTRICA CASTILLA. Oficios.
- PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII ANEXO DE SESIÓN
- DEMORA EN ADJUDICACIÓN DE PROYECTOS CON CARGO AL FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA AÑO 2010. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE CENTRO DE SALUD Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE Y VEREDAS DEL SECTOR BARRIOS BAJOS DE VALDIVIA. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE POLÍTICAS DE ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA ENTIDADES DEPORTIVAS. Oficios.
- MEDIDAS PARA PALIAR SEQUÍA EN REGION DE COQUIMBO. Oficios.
- OBSTRUCCIÓN DE VISIBILIDAD EN RUTA 41, LOCALIDAD DE DIAGUITAS, COMUNA DE VICUÑA. Oficios.
- ALTERNATIVA PARA AMINORAR EFECTOS DEL POLVO EN SUSPENSIÓN EN SECTOR DE COLONIA ALFALFARES, COMUNA DE LA SERENA. Oficio.
- MEDIDAS DE MITIGACIÓN POR CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN SECTOR LOS PERALES, LA SERENA. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Gustavo Hasbun Selume
- Pepe Auth Stewart
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Joaquin Tuma Zedan
- Mario Venegas Cardenas
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Clemira Pacheco Rivas
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Ivan Moreira Barros
- Juan Lobos Krause
- Carlos Recondo Lavanderos
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Cristian Monckeberg Bruner
- Nino Baltolu Rasera
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- Carlos Montes Cisternas
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carlos Montes Cisternas
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- Pepe Auth Stewart
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Ramon Farias Ponce
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Gonzalo Uriarte Herrera
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Clemira Pacheco Rivas
- Denise Pascal Allende
- Lautaro Carmona Soto
- Alfonso De Urresti Longton
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Alberto Robles Pantoja
- Patricio Vallespin Lopez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 358ª
Sesión 108, en lunes 6 de diciembre de 2010
(Ordinaria, de 11.07 a 15.02 horas)
Presidencia de la señora Sepúlveda Orbenes y del señor Becker Alvear, don Germán
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental , el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 9
II. Apertura de la sesión 13
III. Actas 13
IV. Cuenta 13
- Acuerdos de los Comités 13
- Envío de proyecto a Comisión de Defensa Nacional 13
- Permisos constitucionales 13
- Saludo a embajador de la República Islámica de Irán en Chile 14
V. Orden del Día
- Tipificación del acoso sexual a menores, la pornografía infantil virtual y la posesión de material pornográfico infantil. Proposición de la Comisión Mixta 14
- Creación de mecanismo transitorio de adopción de acuerdos de copropietarios en los sectores medios. Primer trámite constitucional 18
- Creación de nuevos juzgados de policía local. Primer trámite constitucional 24
- Reforma constitucional que adecua plazos vinculados a elecciones presidenciales y parlamentarias. Primer trámite constitucional 45
VI. Proyectos de acuerdo
- Compensación económica a municipios desfinanciados por exenciones de pago del impuesto territorial. (Votación) 50
- Cambio de emplazamiento de nueva cárcel de Chillán y Chillán Viejo 50
- Preocupación por estado financiero y decisiones comerciales de Codelco durante los gobiernos de los presidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet 52
VII. Incidentes
- Reflexiones sobre mesas de diálogo y presentación de libro organizadas por el arzobispo de Concepción, monseñor Ricardo Ezzati. Oficio 56
- Revisión de norma que establece nuevas exigencias a escuelas que imparten educación especial. Oficios 57
- Perfeccionamiento de instrumentos para desarrollo económico de regiones extremas. Oficios 57
- Preocupación por continuos maltratos a funcionarios de Carabineros de Chile. Oficio 58
- Consideraciones sobre diseño de nueva carretera entre Puerto Montt y Pargua. Oficio 59
- Homenaje a la ciudad de Copiapó con motivo del 266° aniversario de su fundación 60
Pág.
- Información sobre indicadores delictuales. Oficios 61
- Calificación de suma urgencia para proyecto de ley sobre licencias de conducir. Oficio 62
- Información sobre modificación de decreto supremo sobre áreas de manejo de pescadores artesanales en sectores de comuna de Los Vilos. Oficio 62
- Auditoría de recursos para mantención y mejoramiento de colegios municipalizados y particulares subvencionados. Oficios 63
- Solución a aislamiento de familias del sector de Captrén, comuna de Curacautín. Oficios 63
- Información sobre licitación de bloques para exploración y explotación petrolera, en región de Magallanes. Oficio 64
- Información sobre subsidio al consumo de gas domiciliario en región de Magallanes. Oficios 65
- Actuación de representante del Presidente de la República en Octava Región. Despidos en servicios públicos de Octava Región. Oficio 65
- Renovación de condiciones laborales para trabajadores de Integra. Oficio 66
- Preocupación por nueva política habitacional del Gobierno. Oficios 67
- Incremento de dotación de personal de enfermería en el Servicio de Pediatría del Hospital Base de Puerto Montt. Oficios 68
- Saludo a habitantes de Copiapó en el aniversario de esa ciudad. Información sobre aceptación de recurso de invalidación de empresa a cargo de proyecto de Termoeléctrica Castilla. Oficios 69
- Presuntas irregularidades en el Instituto Nacional del Deporte. Oficios 70
VIII. Anexo de sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 71
- Demora en adjudicación de proyectos con cargo al Fondo Social Presidente de la República año 2010. Oficios 71
- Información sobre centro de salud y pavimentación de calle y veredas del sector Barrios Bajos de Valdivia. Oficios 72
- Información sobre políticas de adquisición de terrenos para entidades deportivas. Oficios 73
- Medidas para paliar sequía en Región de Coquimbo. Oficios 73
- Obstrucción de visibilidad en ruta 41, localidad de Diaguitas, comuna de Vicuña. Oficios 74
- Alternativa para aminorar efectos del polvo en suspensión en sector de Colonia Alfalfares, comuna de La Serena. Oficio 74
- Medidas de mitigación por contaminación acústica en sector Los Perales, La Serena. Oficios 74
Pág.
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual solicita el envío del proyecto que “Otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala y otros beneficios que indica.”. (boletín N° 7330-05)
2. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual retira y hace presente la urgencia “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que “Otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala y otros beneficios que indica.”. (boletín N° 7330-05)
3. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto de “Reforma constitucional para adecuar los plazos vinculados a las elecciones presidenciales.”. (boletín N° 6946-07)
4. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto “Sobre Calidad y Equidad de la Educación.”. (boletín N° 7329-04)
5. Primer informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recaído en el proyecto, iniciado en moción, con urgencia “suma”, que “Crea mecanismo transitorio de adopción de acuerdos de los copropietarios, en los sectores medios.”. (boletín N° 7320-14)
6. Primer informe de la Comisión de Pesca y Acuicultura recaído en el proyecto, iniciado en mensaje que “Implementa la medida de conservación 10-8 (2006), de la Comisión de los Recursos Vivos Marinos Antárticos.”. (boletín N° 7309-21)
7. Moción de los diputados señores Hasbún, Auth, García, don René Manuel; Tuma, Venegas, don Mario, y de las diputadas señoras Hoffmann, doña María José; Pacheco, doña Clemira y Zalaquett, doña Mónica, que “Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para aumentar las sanciones a quienes ocasionen accidentes con resultado de muerte.”. (boletín N° 7340-15)
8. Moción de los diputados señores Uriarte, Moreira, Lobos, Recondo, Hales, Monckeberg, don Cristián; Baltolu, Calderón, Montes y Álvarez-Salamanca, que “Aumenta sanciones por el uso de celulares o de pantallas de televisión durante la conducción de un vehículo motorizado.”. (boletín N° 7341-15)
9. Moción de los diputados señores Montes, Andrade, Auth, Browne, Castro, Farías, Hales, Monckeberg, don Nicolás y Uriarte, que “Extiende el plazo para la división de condominios de viviendas sociales.”. (boletín N° 7342-14)
10. Moción de las diputadas señoras Pacheco, doña Clemira; Pascal, doña Denise, y de los diputados señores Carmona, De Urresti, Espinoza, don Fidel; Robles y Vallespín, que “Modifica la ley N° 19.713, con el objeto de incrementar la presencia de observadores científicos y asegurar la transparencia y publicidad de la información recopilada.”. (boletín N° 7343-21)
Pág.
11. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados la resolución sobre abandono de procedimiento recaída en el requerimiento sobre inconstitucionalidad del artículo 152 del Código de Procedimiento Civil. Rol 1481-09-INA. (5081)
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
- Del diputado señor Pérez, don José, quién acompaña licencia médica por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de 3 días, a contar del 06 de diciembre en curso.
- Del diputado señor Vallespín, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 04 de diciembre en curso, para dirigirse a México.
- Del diputado señor Robles, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 04 de diciembre en curso, para dirigirse a Argentina.
- Del diputado señor Morales, quién, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 05 de diciembre en curso, para dirigirse a México.
- De la diputada señora Molina, doña Andrea, quién, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 05 de diciembre en curso, para dirigirse a México.
2. Oficios:
- De la Comisión de Defensa Nacional por el cual solicita que se le remita el proyecto de reforma constitucional relativo a la “Supervigilancia y control de armas”, una vez informado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Boletín N ° 5373-07.
Respuestas a oficios Cuenta 108ª
Ministerio de Interior:
- Diputado Campos , Se dé cumplimiento del convenio entre el Gobierno y la Compañía General de Electricidad para dotar de alumbrado público, y de electricidad a las viviendas de emergencia, en las zonas afectadas por el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010, en la Región del Biobío. (16564 al 834).
- Diputado Marinovic, Informar las observaciones, comentarios y requerimientos que pudiera tener acerca de las distintas partidas presupuestarias que digan relación con los presupuestos que afecten a la Duodécima Región. (16565 al 1577).
- Diputado Marinovic, Solicita antecedentes respecto a la fecha en que se efectuaría el pago de la bonificación por retiro voluntario - materia contemplada en el artículo 5° de la ley N°20.387- a los ex funcionarios de las municipalidades de la Región de Magallanes y Antártica Chilena (16566 al 1483).
- Diputado Delmastro, Solicita se informen las razones por las que la resolución que reconoce la calidad de exonerado político al señor Héctor Pilquiman Marifil, ha sido dilatada, privándolo de esta manera de los beneficios que en ese carácter le otorga la ley (16567 al 1746).
- Diputada Molina doña Andrea, Solicita se informe si la mina “La Carlota”, situada en la Provincia de Petorca, donde el 4 de octubre pasado, y como consecuencia de un derrumbe, falleció el trabajador señor Carlos Cárdenas, contaba o no con las autorizaciones pertinentes y si cumplía con los mínimos estándares de seguridad (16569 al 1651).
- Diputado Jaramillo, Recaba antecedentes sobre el término del proyecto de construcción de casetas sanitarias en la localidad de Pichirropulli, comuna de Paillaco, Región de Los Ríos (16571 al 1456).
- Diputado Jaramillo, Solicita antecedentes sobre la ejecución del proyecto “Construcción de Casetas Sanitarias” en la localidad de Pichirropulli, comuna de Paillaco, Región de Los Ríos (16571 al 1561).
- Diputado Cornejo, Recaba antecedentes sobre los Programas de Mejoramiento Urbano (PMU) entregados a la municipalidad de Valparaíso (16573 al 1516).
- Diputado Marinovic, Solicita se informe, en relación al reconocimiento por parte del Ministerio de Hacienda de una diferencia de recursos no entregados a la XII Región por concepto de Fondema, de 4.511 millones de pesos, acerca de la verificación de los valores reconocidos por la cartera indicada y los recursos que se tiene contemplado utilizar para el presupuesto del Programa 03, del Fondema, correspondiente al próximo año. (16576 al 1348).
- Diputado Lemus, Solicita instruir se inicien conversaciones con los once campesinos de la comunidad de Caimanes, Provincia de Choapa , en huelga de hambre en contra de la empresa minera Los Pelambres, responsable de la construcción del tranque de relaves El Mauro, con el fin de facilitar una solución al conflicto que los afecta, y, además, para que gestione la presencia de un equipo médico en la sede del Colegio de Profesores de la comuna de Illapel, lugar en que se encuentran estas personas, que los asista en sus necesidades de salud. (16577 al 504).
- Diputado Marinovic, Solicita informar sobre el estado de avance de la petición para otorgar pensiones de gracia a los trabajadores que, por muchos años y según los antecedentes contenidos en catastro anexo, se desempeñaron como estibadores en la Región de Magallanes y Antártica Chilena (16578 al 1755).
- Proyecto de Acuerdo 132, Limitación de horarios de trabajo en las obras de construcción. (16560).
Ministerio de Hacienda:
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita informar si comparte las afirmaciones del señor Secretario Regional Ministerial de Gobierno de la Región de Coquimbo , relativas al ahorro fiscal, al tiempo que solicita, en caso de ser su parecer afirmativo, acompañe los antecedentes técnicos en que se sustenta. (1239 al 1801).
Ministerio de Agricultura:
- Diputada Goic doña Carolina, Solicita un pronunciamiento definitivo sobre la situación del matadero de autoconsumo Trelke Aike, en Puerto Natales, específicamente las razones de su cierre, y los fundamentos de las nuevas exigencias que superan su calificación como centro de faenamiento de autoconsumo. (918 al 1715).
Ministerio Secretaría General de Gobierno:
- Diputado De Urresti, Solicita se informe respecto de la factibilidad de modificar los criterios de distribución del Fondo de Fomento de los Medios de Comunicación, toda vez que la actual fórmula, según el Consejo Regional de Los Ríos del Colegio de Periodistas, impide a la mencionada Región optar a mayores recursos (48 al 1697).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (112)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos René PPD XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo IND VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto RN XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD V 9
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Mendez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando IND XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Asistió, además, el ministro secretario general de la Presidencia , don Cristián Larroulet.
-Con permiso constitucional no estuvieron presentes la diputada señora Andrea Molina y el diputado señor Celso Morales.
-En misión oficial no estuvo presente el diputado señor Patricio Vallespín.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.07 horas.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El acta de la sesión 102ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 103ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta
ACUERDOS DE LOS COMITÉS
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios, bajo la Presidencia de la diputada señora Alejandra Sepúlveda, adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Tomar conocimiento de las tablas de la semana.
2.- Incorporar, en el segundo lugar de la tabla de la sesión de hoy, el proyecto de ley que crea mecanismo transitorio de adopción de acuerdos de los copropietarios en los sectores medios (boletín N° 7320-14) y someterlo a votación al término del Orden del Día.
3.- Poner en tabla de Fácil Despacho, en la sesión ordinaria de mañana, el proyecto de ley que implementa la medida de conservación 10-8 (2006), de la Comisión de los Recursos Vivos Marítimos Antárticos (boletín N° 7309-21).
4.- Citar a sesión especial el día martes 7 de diciembre, a partir de las 13.00 horas, en horarios alternativos, con el objeto de tratar el proyecto de ley que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala y otros beneficios que indica (boletín N° 7330-05).
Por último, acordaron votar en la presente sesión el proyecto de ley que crea juzgados de policía local en las comunas que indica y también el de reforma constitucional, iniciado en mensaje, que adecua los plazos vinculados a las elecciones presidenciales, este último sin informe y sin debate, incluyendo en la votación las tres indicaciones renovadas.
ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Si le parece a la Sala, se accedería a la petición de la Comisión de Defensa Nacional para que le sea remitido el proyecto de reforma constitucional relativo a la supervigilancia y control de armas, una vez que sea informado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
PERMISOS CONSTITUCIONALES
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-Si le parece a la Sala, se concederá el permiso constitucional solicitado por la diputada señora Andrea Molina Asimismo, si le parece a la Sala, se concederá el permiso constitucional solicitado por el diputado señor Celso Morales
Acordado.
SALUDO A EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN EN CHILE.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En nombre de la Cámara de Diputados, saludo al embajador de la República Islámica de Irán en Chile, señor Houshang Karimi Abhari, quien se encuentra en la tribuna de honor, acompañado por el Grupo de Amistad Chileno-Iraní.
Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
-Aplausos.
El señor SILBER.- Señora Presidenta, pido la palabra.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.
El señor SILBER.- Señora Presidenta , pido que cite a reunión de Comité, sin suspender la sesión
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Así se procederá, una vez iniciado el Orden del Día.
V. ORDEN DEL DÍA
TIPIFICACIÓN DEL ACOSO SEXUAL A MENORES, LA PORNOGRAFÍA INFANTIL VIRTUAL Y LA POSESIÓN DE MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTIL. Proposición de la Comisión Mixta.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde tratar la proposición de la Comisión Mixta para resolver las divergencias surgidas entre la Cámara de Diputados y el Senado durante la tramitación del proyecto de ley, iniciado en moción y con urgencia calificada de simple, que sanciona el acoso sexual de menores, la pornografía infantil y la posesión de material pornográfico infantil.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Mixta, boletín N° 5837-07. Sesión 105ª, en 1 de diciembre de 2010. Documentos de la Cuenta N° 6.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Cito a reunión de Comités, sin suspender la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Giovanni Calderón.
El señor CALDERÓN.- Señora Presidenta , quiero dejar sentada mi posición, toda vez que integré la Comisión Mixta, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
En esta Sala discutimos sobre la importancia y la naturaleza del registro de usuarios de la red, que suben o bajan información en establecimientos dedicados a ofrecer al público servicios de acceso a internet.
El proyecto fue a Comisión Mixta precisamente porque esta Sala se manifestó en contra de ese registro. La razón fue el riesgo que eso supone para los derechos de las personas ante una investigación judicial y el poder del Ministerio Público, toda vez que el registro dependerá exclusivamente de los dueños o administradores de los establecimientos que ofrecen servicios de internet. Cualquier administrador de un cibercafé podría adulterar determinados datos de un usuario de computador e involucrarlo en una investigación judicial por pedofilia.
Es extraño atribuir la calidad de ministro de fe a un particular, toda vez que, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, quienes actúan normalmente en tal calidad son auxiliares de la administración de Justicia. Por eso, esta prerrogativa que se concede a un particular puede significar un verdadero riesgo para los usuarios de la red en establecimientos que ofrecen servicios de acceso a internet.
Desgraciadamente, en la Comisión Mixta no entendieron la gravedad de la situación y los senadores aprobaron la iniciativa tal cual la había propuesto el Senado, aunque el autor del proyecto, actual senador y ex diputado señor Patricio Walker , estuvo en algún momento de acuerdo en modificar lo del registro.
En la doctrina se ha debatido intensamente sobre el tema, sobre todo los especialistas en delitos informáticos, y en el futuro podríamos vernos enfrentados a la necesidad de modificar esta ley en tramitación.
Por eso, desde ya manifiesto mi opinión contraria a la existencia de ese registro.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente , difiero de la opinión del diputado señor Calderón . Al respecto, escuchamos a los representantes del Ministerio Público. Un registro de usuarios de la red de internet es muy necesario, toda vez que la mayoría de los delitos informáticos, en este caso, el mayor intercambio de pornografía infantil, ocurre en los cibercafés, dado que son lugares públicos y de anónimo acceso a la red. Es decir, quienes se mueven en estas redes, lo hacen sabiendo que ninguna responsabilidad puede recaerles el día de mañana.
Muchas de las investigaciones se han frustrado porque no hay manera de rastrear a los pedófilos; es decir, se puede rastrear el lugar, pero no hay manera de determinar quién bajó o subió material pornográfico.
Es cierto que el registro de usuarios podría presentar algún riesgo, pero no es posible pensar a priori que el dueño o administrador de un cibercafé dedicará su vida a tratar de imputar responsabilidad penal a alguien, sin ningún fundamento.
En verdad, siempre que legislamos -lo he dicho más de una vez- estamos un poco eligiendo entre dos bienes jurídicos. En este caso, sí existe un riesgo; pero al contar con dicho registro será mucho mayor el beneficio, porque se podrá saber o tener la posibilidad de conocer quién tuvo acceso al computador desde el cual se cometió un delito.
Sabemos que los computadores de esos establecimientos son usados en forma frecuente por jóvenes, estudiantes, etcétera, pero debemos decidir, de una vez por todas, si vamos a facilitarles la vida, de la manera en que lo estamos haciendo hoy, a quienes conforman redes de pedofilia, o vamos a ponerles un límite y, de alguna manera, a hacerles un poco más difícil su acceso. Ésa es la decisión que debemos tomar.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.- Señor Presidente , desde el inicio de la tramitación de este proyecto, me opuse tenazmente al famoso registro que deberán mantener los establecimientos comerciales cuya actividad principal sea ofrecer al público servicios de acceso a internet, por ejemplo, para los estudiantes que necesitan hacer trabajos y las personas que necesitan acceder a computadores. En ese sentido, los cibercafés prestan un servicio bastante importante.
No hay duda de que, en alguna medida, instaurar ese tipo de registro es meterse en forma exagerada en la vida privada de las personas y atentar, incluso, contra el comercio de esos establecimientos, puesto que muchas personas no querrán proporcionar sus antecedentes para tener acceso a un computador.
Por otra parte, esto implica creer que prácticamente todos los ciudadanos son delincuentes. Adoptar una posición de esa naturaleza es muy similar a lo que está sucediendo con la gente que se está enrejando en sus casas para protegerse. Al final, esta reja es tan grande que parece que todos estamos encerrados, presos, y no tenemos libertad para nada.
Sin embargo, considerando que estamos frente a un delito tan delicado, la pornografía infantil, que ha cundido tanto y cuyo combate es necesario, que la Comisión Mixta introdujo mejoramientos al proyecto, especialmente en lo relativo a que el registro tendrá carácter reservado y su examen sólo podrá ordenarse por el juez de garantía, a petición del Ministerio Público -cosa que no estaba establecida de esa forma originalmente-, y que, el incumplimiento del deber de reserva en relación con el registro será sancionado con multa y clausura temporal del establecimiento por un período no superior a tres meses.
Voy a apoyar la proposición de la Comisión Mixta, pese a ser uno de los detractores de dicho registro.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra al diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente , me correspondió participar en la discusión de la Comisión Mixta. En ese sentido, deseo expresar que el asunto específico del registro de usuarios de los establecimientos comerciales cuyo giro principal es el acceso a internet, es una parte del proyecto -no todo él- que generó discrepancias entre el Senado y la Cámara de Diputados.
Obviamente, ese asunto se discutió. Pero quiero enfatizar -es importante que la Sala lo conozca- que el Ministerio Público, que fue escuchado en la Comisión Mixta, insistió acerca de la necesidad de contar con ese registro.
En la discusión de la Comisión Mixta se restringió el ámbito de aplicación de ese registro al establecer que quedaba reducido a los establecimientos comerciales cuya actividad principal sea ofrecer al público servicios de acceso a internet, es decir, los cibercafés, lugares donde el Ministerio Público ha detectado que se comete el delito de acoso sexual infantil a través de internet, que, como todos sabemos, puede ser el principio de ejecución de delitos de abuso de menores propiamente tales.
Se eliminó del ámbito de aplicación de esta futura ley, por ejemplo, a los aeropuertos. Se discutió qué sucedería, si por ejemplo, en un aeropuerto, una persona llegaba con su notebook, tenía acceso a una red de wifi y, por ese medio, tenía acceso a comunicación con un menor. Sin embargo, se eliminó la posibilidad de que los aeropuertos fueran fiscalizados y se restringió al ámbito de aplicación de la norma sólo a los cibercafés.
Hay que señalar que existen dos garantías muy claras para los usuarios de los cibercafés. En primer lugar, los registros tienen el carácter de reservado, y su examen sólo podrá ordenarse por el juez de garantía, a petición del Ministerio Público.
En segundo lugar, tal como lo solicitaron algunos parlamentarios, se estableció una sanción para los propietarios de estos cibercafés en caso de incumplimiento del deber de reserva, cual es que serán sancionados con multa de 2 a 10 unidades tributarias mensuales y clausura temporal del establecimiento por un período no superior a tres meses. Asimismo, se sanciona la reincidencia con la clausura definitiva del recinto. De esta forma se evita que los dueños de los cibercafés ocupen esos registros como una suerte de chantaje contra los usuarios.
Mediante la iniciativa, estamos otorgando al Ministerio Público una herramienta eficaz para la debida sanción del acoso sexual infantil por internet. En ese sentido, cabe tener presente que, de no tener el Ministerio Público los medios de prueba necesarios, la ley será letra muerta.
Por lo tanto, me atrevo a solicitar a la honorable Cámara la aprobación de la proposición de la Comisión Mixta.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde votar la proposición de la Comisión Mixta recaída en el proyecto de ley, iniciado en moción, que sanciona el acoso sexual de menores, la pornografía infantil y la posesión de material pornográfico infantil.
Se deja constancia de que el artículo 4°, nuevo, tiene el carácter de norma orgánica constitucional, cuya aprobación requiere el voto afirmativo de 67 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Despachado el proyecto.
CREACIÓN DE MECANISMO TRANSITORIO DE ADOPCIÓN DE ACUERDOS DE COPROPIETARIOS EN LOS SECTORES MEDIOS. Primer trámite constitucional.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción y con urgencia calificada de suma, que crea mecanismo transitorio de adopción de acuerdos de los copropietarios en los sectores medios.
Diputado informante de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano es el señor Carlos Montes.
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 7320-14, sesión 103ª, en 18 de noviembre de 2010. Documentos de la Cuenta N° 3.
-Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano. Documentos de la Cuenta N° 5 , de esta sesión.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor MONTES (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, paso a informar sobre el proyecto de ley en primer trámite constitucional y primero reglamentario, y con urgencia calificada de suma, que crea un mecanismo transitorio de adopción de acuerdos de los copropietarios en los sectores medios.
La iniciativa tuvo su origen en una moción de la diputada señora Mónica Zalaquett y de los diputados señores Jorge Burgos , Aldo Cornejo , Jorge Ulloa , Joaquín Godoy , José Miguel Ortiz y Carlos Montes. Hay que agregar como autor de la moción al diputado Pepe Auth , quien no pudo firmarla por estar fuera del país.
La idea matriz o fundamental del proyecto es rebajar el quórum para adoptar acuerdos tratándose de materias que deben abordarse en sesiones extraordinarias -números 1 al 7 del artículo 17 de la ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria-, en los casos de edificios que hayan resultado gravemente afectados con ocasión del terremoto y posterior maremoto del 27 de febrero de 2010, y en los que se hubiere decretado su evacuación transitoria o permanente.
El proyecto no contiene normas de quórum calificado o de carácter orgánico constitucional ni trámite con urgencia, y fue aprobado en general por mayoría de votos.
Es bien sabido que el terremoto y posterior maremoto del 27 de febrero de 2010, además de generar grandes pérdidas humanas y materiales, ha planteado problemáticas muy complejas de resolver, tratándose especialmente de los copropietarios de condominios que no fueron considerados en la legislación común en su oportunidad, precisamente por tratarse de cuestiones excepcionales.
Los copropietarios que resultaron gravemente afectados por el sismo han debido resolver cómo seguir adelante, ya sea para reparar, demoler, vender sus unidades o cobrar y aplicar los seguros que eventualmente se hayan contratado. Sin embargo, la ley vigente ha enervado las decisiones, ya que en tiempos de normalidad los acuerdos sobre estas materias -que deben tratarse en sesiones extraordinarias- requieren un quórum de aprobación de 75 por ciento de los derechos del condominio, lo que en la práctica ha demostrado ser tremendamente alto y ha generado inmovilidad, dificultad para actuar e, incluso, para tramitar y cobrar los seguros.
En la Ley de Presupuestos para el 2011 se contempla una glosa especial que resuelve y facilita esos trámites, pero sólo en lo que dice relación con los condominios de viviendas sociales afectados por el terremoto y maremoto de febrero pasado, disponiendo que los acuerdos se adoptarán por la mayoría de los asistentes a la asamblea, haciendo una excepción a la norma general.
Con el objeto de dar una solución a los copropietarios de condominios pertenecientes a copropiedades que no son condominios de vivienda social, corresponde establecer una norma transitoria para los que fueron afectados por el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010.
La iniciativa de ley que se propone consta de un artículo único, que rebaja el quórum de votación para adoptar acuerdos a la mayoría de los derechos en el condominio, cuando se trate de materias contempladas en los números 1 al 7 del artículo 17 de la ley sobre copropiedad inmobiliaria, a saber: modificación del reglamento de copropiedad; cambio de destino de las unidades del condominio; constitución de los derechos de uso y goce exclusivos de bienes de dominio común a favor de uno o más copropietarios u otras formas de aprovechamiento de los bienes de dominio común; enajenación o arrendamiento de bienes de dominio común o la constitución de gravámenes sobre ellos; reconstrucción, demolición, rehabilitación o ampliaciones del condominio; petición a la dirección de obras municipales para que deje sin efecto la declaración que acogió el condominio al régimen de copropiedad inmobiliaria, o su modificación, y construcciones en los bienes comunes, alteraciones y cambio de destino de dichos bienes, incluso de aquellos asignados en uso y goce exclusivo. Y se verifique, además, de manera copulativa, la condición de ser un condominio gravemente afectado por el terremoto y maremoto de 27 de febrero de 2010, y donde se hubiere decretado su evacuación transitoria o permanente.
Siendo un hecho público y notorio las graves consecuencias producidas en el ámbito de la vivienda por el terremoto, se estimó del todo conveniente que para resolver la compleja situación en la que quedaron, en especial, los copropietarios de condominios, ya sea para reparar, demoler, vender sus unidades o cobrar y aplicar los seguros que eventualmente habían contratado, era necesario rebajar de manera excepcional los quórum de votación para lograr acuerdos en tal sentido, puesto que el actual, de 75 por ciento de los derechos del condominio, en la práctica es muy alto y entraba o dificulta el nivel decisional con que se debe contar para hacer frente de modo ágil y oportuno a los problemas suscitados.
Esta moción fue perfeccionada mediante una indicación sustitutiva de las diputadas señoras Claudia Nogueira y Denise Pascal , y los diputados señores Gonzalo Uriarte , Germán Becker , Carlos Vilches , Joaquín Tuma , Patricio Hales , René Manuel García y quien habla, aprobada por mayoría de votos. Votaron a favor las diputadas y los diputados mencionados y se abstuvo el diputado Juan Carlos Latorre .
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- En discusión el proyecto de ley.
Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Godoy.
El señor GODOY.- Señor Presidente, en primer lugar, agradezco al diputado Montes por invitarme a patrocinar el proyecto.
El tema surgió durante la discusión que tuvimos en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, con ocasión del análisis de las partidas del Ministerio de Vivienda, a raíz de lo planteado por el diputado Montes en el informe respecto de la situación que hoy aqueja a muchos copropietarios afectados por el terremoto.
En dicha Comisión se hizo una amplia discusión y se presentaron varias propuestas. Una de ellas iba más allá de la formulada por el diputado Montes y otros señores diputados, en el sentido de entregar la posibilidad de que cualquier propietario pudiera arreglar parte de su inmueble sin importar la forma como afectare a otros copropietarios. Por lo tanto, creo que el colega Montes tuvo una muy buena propuesta intermedia, la cual rebaja los quórum y permite que el resto de los copropietarios tenga participación en la toma de decisiones, que muchas veces también les afectarán.
En consecuencia, con la mayor fuerza pido a la Sala la aprobación del proyecto. Se trata de una muy buena idea, por lo cual agradezco que el Gobierno hiciera suyo el proyecto y lo calificara con suma urgencia.
Por eso, anuncio mi voto favorable.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.
El señor AUTH.- Señor Presidente , en la misma línea de lo planteado por el diputado Joaquín Godoy , quiero respaldar la iniciativa, porque responde a un problema real, cual es la dificultad que tienen, de acuerdo con las normas actuales, los copropietarios de inmuebles de clase media. Al respecto, cabe señalar que para los condominios de viviendas sociales acabamos de aprobar una ley que permite a los copropietarios tomar resoluciones con mayor facilidad respecto de lo que hoy establece la normativa y los reglamentos, en el entendido de que se trata de una situación de excepción.
Quiero exponer los casos de los copropietarios de los edificios “ Don Tristán , “Hermanos Carrera” y “Don Luis”, quienes han debido negociar colectivamente con los bancos y las aseguradoras. En ese sentido, la principal dificultad con la que se han encontrado dice relación con el elevadísimo quórum para la toma de decisiones que establece la ley.
Por esa razón, invito a votar favorablemente esta iniciativa.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , nunca me ha gustado vestirme con ropa ajena, por lo que quiero ser muy claro en decir que el proyecto de ley fue idea del diputado señor Carlos Montes , a quien le gustan mucho los temas de vivienda y de hacienda. Él invitó a nuestros amigos y colegas Jorge Burgos , Aldo Cornejo , Joaquín Godoy , Mónica Zalaquett , Jorge Ulloa , Pepe Auth y a quien les habla, José Miguel Ortiz, para
que firmásemos como coautores de la iniciativa, que busca resolver un problema originado el 27 de febrero pasado.
La clase media del país, que es un nivel social emergente, se ha formado fundamentalmente en estos, no quiero decir veinte años, sino que hablemos de los últimos veinticinco años. Hoy, en siete familias de cada diez, uno de sus miembros estudia en la universidad por primera vez. Así, tras mucho esfuerzo y sacrificio personal, y financiero de sus padres y de todo su entorno familiar, esos jóvenes se reciben como profesionales y, como es lógico, tratan de cumplir con el sueño de la casa propia.
En el caso de mi ciudad de Concepción, el terremoto del 27 de febrero, que para mí sigue siendo un cataclismo, golpeó de manera muy fuerte a la clase media, que no recibe ningún apoyo del Estado, y a nuestros adultos mayores, quienes accedieron, hace veinte, veinticinco o treinta años, a una casa de la Corvi, de la Corhabit o gracias a un préstamo hipotecario obtenido de alguna de las cajas de previsión, antes de la reforma previsional. Finalmente, cuando llegaron al término de su vida de trabajo, muchos de ellos se compraron un departamento para vivir.
Esos adultos mayores reciben cero subsidio del Estado, porque son dueños de una segunda vivienda. Al respecto, no hay que olvidar que la primera casa, que arrendaban para pagar los dividendos de su departamento, en muchos casos se cayó, por lo que algunos tuvieron que volver a la casa de uno de sus hijos. Es decir, esos dos sectores sociales emblemáticos en Concepción, Chiguayante y San Pedro de la Paz -comunes pertenecientes a mi distrito-, pero también en Talcahuano, Hualpén, Penco y Tomé, vale decir, en toda la provincia de Concepción, han sufrido en carne propia una situación dramática.
En Concepción, tenemos el caso del edificio Plaza del Río, respecto del cual se anunció su completa demolición; no obstante, la mayor parte de los dueños de los departamentos siguen pagando sus dividendos, ya que sólo el 10 por ciento obtuvo el certificado de inhabitabilidad después del terremoto, lo que no ocurrió con el resto. Es decir, quieren demolerles el edificio, pero el 90 por ciento no tiene ninguna posibilidad de acceder al pago del seguro, por lo que esos propietarios quedarán sin departamento, pero deben seguir pagando los dividendos. Es la cosa más increíble del mundo.
Una situación similar viven los dueños de los departamentos del edificio Alto Arauco, que está en la calle Los Carreras, de nuestra ciudad de Concepción.
Lo mismo sucede con el edificio Centro Mayor, ubicado en la calle Freire, la que hasta hace poco estaba cortada precisamente por el deterioro del edificio y de otro que cayó en frente. Después de tanto insistir, se tomaron algunas providencias para abrir la calle al tránsito vehicular.
Algo similar acontece en el edificio Plaza Mayor, ubicado en calle Castellón al llegar a Manuel Rodríguez .
En todos estos casos se da el hecho de que el 70 por ciento de los afectados son profesionales jóvenes y el 30 por ciento son adultos mayores.
En consecuencia, el proyecto de ley en estudio es un avance para buscar soluciones reales y efectivas en beneficio de los afectados.
Deseo hacer un reconocimiento a la diligencia con que lo analizó la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, ya que lo estamos discutiendo en la Sala en su primer trámite constitucional, a pesar de que fue presentado hace pocos días.
Hago un llamado a los colegas parlamentarios a prestarle su aprobación para que entreguemos una señal potente al respecto, porque estas injusticias afectan a gente de todas las zonas de catástrofe. Aun más, acabamos de aprobar la Ley de Presupuestos para 2011, en la cual se contempla una glosa especial que resuelve y facilita estos trámites, pero sólo para los condominios de viviendas sociales afectados por el terremoto y maremoto del 27 de febrero pasado.
Con el objeto de dar una solución rápida y efectiva a los copropietarios de los condominios pertenecientes, repito, a los sectores medios, profesionales jóvenes y nuestros adultos mayores, y conforme a lo que he descrito, proponemos una norma transitoria para los condominios gravemente afectados por el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010, que rebaja el quórum de votación para adoptar acuerdos a la mayoría de los derechos en el condominio, cuando se trate de materias contempladas en los números 1 al 7 del artículo 17 de la ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, a saber: modificación del reglamento de copropiedad, cambio de destino de las unidades del condominio, constitución de los derechos de uso y goce exclusivos de bienes de dominio común a favor de uno o más copropietarios u otras formas de aprovechamiento de los bienes de dominio común, enajenación o arrendamiento de bienes de dominio común o la constitución de gravámenes sobre ellos; reconstrucción, demolición, rehabilitación o ampliaciones del condominio; petición a la dirección de obras municipales para que deje sin efecto la declaración que acogió el condominio al régimen de copropiedad inmobiliaria, o su modificación, y construcciones en los bienes comunes, alteraciones y cambios de destino de dichos bienes, incluso de aquellos asignados en uso y goce exclusivo. Además, debe verificarse de manera copulativa, la condición de ser un condominio gravemente afectado por el terremoto del 27 de febrero de 2010, y donde se hubiera decretado su evacuación transitoria o permanente.
Por intermedio del señor Presidente , agradezco a quienes me otorgaron la posibilidad de expresar mi opinión sobre esta materia, porque formará parte de la historia fidedigna del proyecto de ley, originado en una moción. En todo caso, es nuestro deber y obligación solucionar los problemas que se presentaron después del 27 de febrero.
El proyecto representa un avance y un reconocimiento a la esforzada clase media, respecto de la cual, en la última elección todos los candidatos a la presidencia de la República señalaron que sería su preocupación fundamental, porque los subsidios, los aportes y los beneficios se otorgan a los sectores más vulnerables, pero se olvidan de esa clase media que paga sus impuestos religiosamente, que hace país y que muchas veces crea más empleo.
Es por eso que, en nombre de la bancada Demócrata Cristiana y, en forma especial, en el de dos coautores del proyecto, los camaradas Jorge Burgos y Aldo Cornejo, anuncio nuestros votos favorables en general y en particular al proyecto de ley.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente , sin duda, la iniciativa ayudará a acelerar el proceso de reconstrucción de la infraestructura dañada por efectos del terremoto del 27 de febrero. Por ejemplo, en mi región existen muchos problemas en materia de copropiedad, y con este tipo de soluciones se avanzará en lo que necesitamos. Por eso, felicito a los autores de la moción porque va en el sentido correcto.
En la Villa Cordillera se vive una de las situaciones más complejas de mi región. Una vez que el proyecto se convierta en ley, se podrá avanzar rápidamente en la toma de decisiones para su demolición y en la posterior entrega de subsidios para la construcción de viviendas definitivas en forma de sus copropietarios, ojalá a más tardar en diciembre de 2011.
Por eso, valoro el instrumento que se establece mediante el proyecto, y espero que el Senado le preste su aprobación lo antes posible, a fin de reconstruir a la brevedad.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación general el proyecto de ley, iniciado en moción, que crea mecanismo transitorio de adopción de acuerdos de los copropietarios en los sectores medios.
Hago presente a la Sala que el artículo único es propio de ley común.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 104 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado también en particular.
Despachado el proyecto.
CREACIÓN DE NUEVOS JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL. Primer trámite constitucional.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje y con urgencia calificada de simple, que crea juzgados de policía local en las comunas que señala.
Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización es el señor Luis Lemus.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 5906-07, sesión 36ª, en 10 de junio de 2008. Documentos de la cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización, sesión 104ª, en 30 de noviembre de 2010. Documentos de la Cuenta N° 20.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor LEMUS (de pie).- Señor Presidente , la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización me ha encargado informar sobre el proyecto de ley, de origen en mensaje, que crea juzgados de policía local en las comunas que señala, y para cuyo despacho el Ejecutivo hizo presente la urgencia, con fecha 4 de noviembre de 2010, calificándola de simple.
Con el propósito de facilitar la rápida comprensión de los alcances y tramitación de que ha de ser objeto el proyecto en informe, cabe señalar lo siguiente::
a) Que su idea matriz o fundamental es, según lo destaca el mensaje, crear nuevos juzgados de policía local en las comunas que indica.
b) Que los artículos 1°, 3° y 4° de la iniciativa, que crean nuevos juzgados de policía local, distribuyendo territorialmente la jurisdicción local a lo largo del país, son de rango orgánico constitucional, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 77, inciso tercero, de la Carta Fundamental. Cabe agregar que fue consultada la Excelentísima Corte Suprema y se cuenta con su informe favorable al efecto. Por su parte, los artículos 6° y primero transitorio del proyecto, son igualmente de rango orgánico constitucional, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 119, inciso final, de la Carta Fundamental, en cuanto llaman a contar con el acuerdo del respectivo concejo municipal para la adopción de las medidas que en ellos se señala, en concordancia, a su vez, con la ley orgánica constitucional de Municipalidades.
c) Que fue aprobado en general por la unanimidad de los presentes, con los votos de los señores Álvarez-Salamanca, don Pedro Pablo ; Ascencio, don Gabriel ; Becker, don Germán ( Presidente accidental ); Campos, don Cristián ; Lemus, don Luis; Ojeda, don Sergio ; Sabat , doña Marcela ; Schilling, don Marcelo , y Ward, don Felipe .
A decir del mensaje, la iniciativa tiene como fundamento las numerosas solicitudes y planteamientos que, en la materia, han formulado municipalidades, autoridades regionales y diversos organismos, tanto de nivel local como regional, como, asimismo, el propósito de procurar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, preferentemente la que habita en zonas apartadas, para lo cual resulta indispensable facilitar el debido acceso a la justicia, especialmente en el ámbito local.
Según lo dispuesto por la ley sobre organización y atribuciones de los juzgados de policía local, en las comunas en que no existe el cargo de juez de policía local, las funciones correspondientes serán desempeñadas por los respectivos alcaldes, salvo respecto de las materias que sólo pueden ser conocidas por jueces de policía local letrados. Ahora bien, en el caso de las comunas que no cuentan con esta clase de jueces, estas últimas causas deberán ser conocidas y resueltas por el juzgado de policía local más inmediato al territorio de la comuna en que la causa se originó y que cuente con juez que sea abogado.
En tal virtud, las personas involucradas en las respectivas causas deben trasladarse desde su comuna de residencia para comparecer ante el tribunal competente, con las consecuencias económicas y de tiempo que conllevan sus traslados.
Destaca el mensaje que tal situación significa, además, un perjuicio para la municipalidad en cuyo respectivo territorio se cometió una infracción sancionada con multa, por cuanto percibirá finalmente un ingreso menor, en la medida en que el 20 por ciento del monto de la multa quedará en beneficio del municipio al cual pertenece el juzgado de policía local que aplicó la sanción, conforme lo dispone la ley N° 18.287, que establece el procedimiento ante estos juzgados.
Por otra parte, afirma el Ejecutivo que no se puede dejar de considerar el gran y diverso número de materias que hoy están entregadas al ámbito de competencia de los juzgados de policía local, que corresponden a asuntos e infracciones derivados de distintos cuerpos legales, entre otros, los relativos a tránsito y transporte público, rentas municipales, urbanismo y construcciones, etcétera, materias todas cuya especialidad y diversidad, sometidas a la competencia de los juzgados de policía local, exige que conozca de ellas un juez letrado.
A continuación, el mensaje divide el contenido de la iniciativa en los siguientes aspectos:
En primer lugar, se crean los correspondientes juzgados de policía local en todas las municipalidades del país que actualmente no cuentan con este tipo de tribunal dentro de sus territorios, las que alcanzan a un total de setenta y cinco comunas.
Luego, accediendo a lo solicitado por las respectivas municipalidades, contempla la creación de un juzgado de policía local adicional en las comunas en las cuales los tribunales actualmente existentes tienen excesiva carga de trabajo, con las consecuentes dificultades en la atención de las personas afectadas y retrasos en la dictación de las resoluciones. Así, se considera la creación de un nuevo juzgado para las municipalidades de Talca y de Recoleta.
En concordancia con lo expuesto, se amplían o adecuan las respectivas plantas de personal de las municipalidades, con el doble propósito de incorporar, en cada uno de los municipios en que se crean los nuevos juzgados, el cargo de juez de policía local con el grado más alto de la respectiva planta de directivos, y además determinar que en todas las municipalidades del país la denominación del cargo de secretario del juzgado de policía local será la de “secretario abogado de juzgado de policía local”, el que, por ende, deberá contar dicho título profesional. Esto se fundamenta en la necesidad de uniformar, en todos los municipios, la denominación y requisitos del referido cargo de secretario, sin perjuicio de que, tratándose de un profesional abogado, podrá legalmente subrogar al juez en casos de impedimento o inhabilidad de éste, sin tener que recurrir a la intervención de otro juez de policía local.
Se precisa que el costo que irrogará la aplicación de este proyecto será financiado con recursos de los respectivos municipios.
El último aspecto que se aborda dice atingencia con la instalación de los juzgados de policía local que se crean, la que queda entregada al acuerdo de los respectivos concejos, no pudiendo la municipalidad correspondiente, a la fecha en que aquél se adopte, estar excedida del límite de gasto anual máximo en personal establecido en la legislación en vigor.
En lo que respecta a la normativa relacionada con el proyecto, al margen de la ley N° 15.231 sobre organización y atribuciones de los juzgados de policía local, cuya normativa fuera ya someramente esbozada al hacer referencia precedentemente a lo señalado en la parte expositiva del mensaje, cabe hacer mención del artículo 77 de la Carta Fundamental, que establece que una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio nacional.
Como ese cuerpo legal aún no se ha dictado, conforme con la disposición quinta transitoria de la Constitución, tiene ese carácter, entre otras, para el caso de los jueces de policía local, la ley N° 15.231.
En otro orden de consideraciones, es preciso tener presente que una norma legal que cree tribunales de justicia o modifique su organización o competencia, tiene el carácter de norma orgánica constitucional, acorde con las dos disposiciones constitucionales a que se ha hecho mención.
El proyecto, por lo mismo, incide en materias que, por su naturaleza, deben ser remitidas a la Corte Suprema para informe -trámite ya efectuado- y al Tribunal Constitucional, para que ejerza el control de su constitucionalidad, con arreglo a los artículos 77 y 93, N°1, respectivamente, de la Carta Fundamental.
Por otra parte, en cuanto crea algunos cargos en las plantas de las respectivas municipalidades, el proyecto incursiona en materias de iniciativa exclusiva de su excelencia el Presidente de la República , con arreglo al N° 2 del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política del Estado.
Durante la discusión general del proyecto la Comisión escuchó el testimonio de autoridades y de representantes de organizaciones gremiales relacionadas con la materia que abordará la iniciativa.
A continuación, presento una breve reseña de las declaraciones prestadas a la Comisión:
a) Del subsecretario de Desarrollo Regional , señor Miguel Flores Vargas .
El señor Flores , luego de indicar el contenido de la iniciativa y su propósito, destacó que con la normativa en trámite se procede a crear el cargo de juez de policía local, a poner a disposición del municipio la posibilidad de instalar el juzgado, debiendo éste asumir los gastos correspondientes, en particular la remuneración de quienes allí presten funciones, por lo que reconoció que habrá algunos municipios que no estarán en condiciones de concretarlo en el mediano plazo.
Además, señaló que el proyecto implica que los costos de instalación del tribunal han de ser financiados con recursos de las respectivas municipalidades, previo acuerdo del concejo, y que el municipio no podrá, a la fecha de dicho acuerdo estar excedido del límite de gasto anual máximo en personal establecido en la legislación vigente.
b) Del alcalde de la ilustre municipalidad de Alto Hospicio, señor Ramón Galleguillos Castillo .
El señor Galleguillos señaló que en la Región de Tarapacá sólo tres de sus siete comunas cuentan con un juzgado de policía local y que, además de la suya, las comunas de Colchane, Camiña y Pica carecen de dicho tribunal, por lo que afirmó representar el sentir de sus alcaldes.
El presupuesto municipal -aseguró- resulta insuficiente y en su mayor parte es gastado en atender a una población explosivamente creciente. En ese sentido, manifestó su preocupación por el hecho de que el proyecto en cuestión no aporta financiamiento para la instalación ni la operación del tribunal, en circunstancias de que calculó en cerca de 50 millones de pesos los costos iniciales para poder contar con éste.
c) Del alcalde de la ilustre municipalidad de Vichuquén, señor Román Pavez López .
El señor Pavez indicó que en la temporada de verano, su comuna triplica su población y que el juzgado de policía local más cercano se encuentra a 17 kilómetros de distancia, razón por la cual ella necesita imperiosamente contar con su propio tribunal para poder atender los asuntos que se presentan. Asimismo, manifestó su preocupación por el hecho que, de instalarse dicho tribunal, será necesario modificar la planta municipal y remunerar a nuevos funcionarios.
d) Del alcalde de la ilustre municipalidad de Melipeuco, señor Eduardo Navarrete Fuentes .
El señor Navarrete , en términos similares a su antecesor, indicó que si bien contar con su propio juzgado de policía local le parece importante para la comuna, le preocupa el financiamiento de los gastos permanentes que su operación demandará, en particular, en términos de su planta de personal. Se trataría -aseguró- de un gasto adicional que su comuna no estaría en condiciones de cubrir, a menos que contara con financiamiento fiscal.
e) Del alcalde de la ilustre municipalidad de Hualpén, señor Marcelo Rivera Arancibia .
El señor Rivera manifestó que, sin perjuicio del financiamiento requerido, el poder contar con su propio juzgado de policía local le otorgará identidad al municipio, un sello de “gobierno local”, y que la instancia que con este proyecto de ley se abre debe ser aprovechada por las municipalidades. Un tribunal local -concluyó- es un valor en sí mismo, aun cuando no sea ésta la solución óptima a los requerimientos del municipalismo.
f) De la presidenta del Instituto de Jueces de Policía Local, señora María Eugenia Espinoza.
La señora Espinoza valoró el hecho de que, a través de este proyecto, se reconozca la importancia de que cada comuna del país cuente con su respectivo órgano jurisdiccional a fin de que se resuelvan a nivel local los conflictos entre los miembros de la comuna, reafirmando de ese modo que ésta es la sede jurisdiccional más cercana a la gente.
Agregó que con la creación de los juzgados de policía local en las comunas que se indican en la iniciativa, se pondría término a la competencia jurisdiccional limitada que, en algunas materias, la ley N° 15.231 entrega al conocimiento de los alcaldes de aquellas comunas que no cuentan con esos tribunales, en circunstancias de que no es recomendable, a su juicio, aun en la forma limitada en que la ley lo establece, entregar el conocimiento de tales materias a personas, en este caso a un alcalde, que, a modo de ver de ciertos sectores de la comunidad, podría generar la sensación de resolver a base de factores políticos, no obstante la verdadera capacidad que aquel pudiera ostentar en la resolución de un conflicto.
Por otra parte, afirmó que, atendida la especialidad y complejidad de las materias entregadas al conocimiento y resolución de los jueces de policía local, se exige que conozca de ellas un juez letrado.
Finalmente, propuso al Ejecutivo estudiar la posibilidad de crear nuevos juzgados en todas las comunas donde, a la fecha, los existentes se han hecho insuficientes, ya sea por el alto número de ingreso anual de causas o por el aumento de la población, permitiendo a los municipios, en estos casos, la instalación más expedita de otro juzgado.
g) Del presidente del Colegio de Secretarios Abogados de Juzgados de Policía Local A.G., señor José Miguel Huidobro.
El señor Huidobro destacó, en primer término, que la importancia de este proyecto radica en establecer que la justicia local conoce de materias especiales y diversas, lo cual requiere que ellas sean de conocimiento de un juez letrado, y de un secretario abogado que lo subrogue.
Por una parte, el juez, superior jerárquico, se encuentra definido como quien resuelve los conflictos, escuchando la audiencia y redactando sus sentencias. Por la otra, el secretario es quien, en su calidad de jefe de personal, ecónomo, administrador, ministro de fe y subrogante del juez, ejecuta la labor administrativa que permite al magistrado ejercer en plenitud sus funciones propias, que dicen relación con ejercer la jurisdicción que la ley le otorga.
Todas las resoluciones del juez deben ser autorizadas por el secretario del tribunal, en cuanto ministro de fe. Así, es de toda lógica que la función de secretario sea desempeñada por un abogado que, dándole continuidad al servicio público que se entrega, pueda subrogar al juez durante sus vacaciones, días administrativos, licencias médicas, o cuando aquel se ve afectado por alguna causal de inhabilidad o recusación. De modo que el secretario ejerce como juez, con completa independencia -aseguró-, a lo menos en el 20 por ciento del período anual.
Por último, la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización compartió plenamente los fundamentos que ilustran la iniciativa en informe y la aprobó por asentimiento unánime.
Participaron en esta votación los diputados ya individualizados.
Es cuanto puedo informar a la Sala.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- En discusión el proyecto de ley.
Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , una de las mayores dificultades que afecta a nuestro país es la asimetría que existe en los procesos de desarrollo entre Santiago y las regiones; pero también entre las capitales regionales y provinciales y las comunas hay un juego de círculos concéntricos de centralismo que hace que los recursos no se distribuyan de manera equitativa, sino que tiendan a concentrarse en los grandes polos urbanos.
Esta lógica perversa, que podríamos entender, mas nunca justificar, en los planos de la inversión y del comercio, no puede replicarse en la disponibilidad de los servicios públicos y la administración de justicia. Es esencialmente eso, un servicio público que está llamado a satisfacer las necesidades de la población de contar con un órgano jurisdiccional capaz de resolver las controversias jurídicas que se presentan en la vida social de las personas.
No hay justicia más cercana a la población que la de los juzgados de policía local. Esta judicatura especializada es la encargada de atender desde los conflictos ocasionados por las relaciones de vecindad o la violación de la normativa de tránsito, hasta las infracciones sanitarias y ambientales, o las cuestiones de menor cuantía civil.
Nuestra Constitución Política asegura a todos los habitantes de la República la igualdad ante la ley y, en consecuencia, idénticos derechos, deberes y cargas públicas, lo que en los hechos no sucede cuando, fruto del centralismo extremo, comunidades más pequeñas tienen servicios públicos de menor nivel o simplemente no cuentan con ellos, como acontece en la esfera judicial.
Este proyecto de ley, que autoriza la creación de juzgados de policía local en setenta y cinco comunas que actualmente no cuentan con esos tribunales -cuestión que, a primera vista, debería ser ampliamente respaldada-, no contiene un solo peso para
instalar los tribunales, equipar sus oficinas, contratar al menos a profesionales, un juez y un secretario abogado, y hacerlos operar. En la práctica, esto sólo se trata de una normativa programática.
Sinceramente, no sé si la alcaldesa de Cholchol , una de las comunas de mi distrito que se beneficiará con esta norma, tendrá los recursos para instalar un juzgado de policía local, lo cual dudo. ¿Cómo explico a esa alcaldesa y al concejo que voté a favor de un proyecto de ley que les autoriza a tener un tribunal -lo cual es una demanda real de la gente que hoy debe desplazarse a otras comunas cuando tiene conflictos-, pero que la iniciativa no establece los medios materiales para crear el tribunal. Parece un chiste del peor humor negro.
En esa condición, no estoy disponible para aprobar este proyecto de ley, ni para tener que dar explicaciones por una decisión que me parece absurda, criterio que, creo, comparte la mayor parte de esta Corporación. El Estado no puede seguir traspasando responsabilidades a los municipios sin, previamente, asignarles los recursos necesarios. Estos tribunales, sobre todo en zonas eminentemente rurales, no serán capaces de recaudar lo necesario para su autofinanciamiento.
Por las razones expuestas, hago un llamado a los ministros del Interior y de Justicia para que aborden esta situación con mayor detenimiento y seriedad, que se cree un programa plurianual que permita ir poco a poco abriendo los tribunales de policía local, pero dotándolos de los medios humanos y materiales idóneos para que puedan ejercer una de las funciones más delicadas que hoy existen dentro del Estado, como es la de administrar justicia, que es dar a cada cual lo suyo y efectividad a las leyes de la República.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don Enrique Estay.
El señor ESTAY.- Señor Presidente , como Presidente de la Comisión de Gobierno Interior de esta Cámara, a diferencia del colega que me antecedió en el uso de la palabra, veo que se trata de una iniciativa de alta conveniencia. Si bien el proyecto en sí no establece en forma absoluta la instalación y el funcionamiento de setenta y cinco nuevos juzgados de policía local a lo largo del país -en esa situación se encuentran las comunas de Perquenco y Melipeuco, de mi distrito-, esto pasa primero por una aprobación del propio municipio y del concejo y, segundo, por el hecho de que el municipio cuente con los recursos para todo lo que implica el costo de implementación de estos juzgados, que han de ser financiados con recursos propios del mismo municipio.
Sin embargo, este proyecto me parece un avance significativo, toda vez que autoriza, facilita y faculta que en estas setenta y tres comunas, más Talca y Recoleta , lugares en que se implementará un juzgado de policía local más en cada una, se abra la posibilidad de contar con un tribunal con las competencias que significa la justicia de policía local.
Quiero reseñar, a modo de ejemplo, que siempre se relaciona a los juzgados de policía local con las infracciones de tránsito, pero son más que eso, por cuando atienden materias tan importantes y relevantes como lo relacionado con el transporte público, alcoholes, rentas municipales, urbanismo y construcciones, pago de dividendos de deudas habitacionales, protección de los derechos de los consumidores, calificación cinematográfica, comercialización de combustibles, infracciones forestales, protección a los recursos naturales renovables, áreas silvestres y protegidas por el Estado, conservación de tierras con riesgo de erosión, copropiedad inmobiliaria, votaciones populares y escrutinios, entre otras materias que, muchas veces -como se ha señalado por el diputado informante - son abordadas directamente por los alcaldes que, por cierto, no todos son letrados ni abogados, por tanto, no cuentan con las competencias suficientes para ello, salvo en aquellos casos en que necesariamente la ley establece que deben ser de conocimiento de un juez letrado y, por consiguiente, corresponde tratarlo a un juez de policía local de la jurisdicción más cercana del territorio donde se cometió la infracción.
A mi juicio, este proyecto se justifica también por el excesivo trabajo que en muchos casos implica para un gran número de juzgados de policía local tener que tratar no sólo las causas propias de su jurisdicción y de su ámbito comunal, sino también temas de otras comunas, lo que, a su vez, para el ciudadano común de los lugares más apartados y especialmente para aquellas personas de escasos recursos significa una molestia, un costo adicional y una pérdida de tiempo.
Quiero destacar en este proyecto de ley, que implica adecuar y ampliar responsablemente las plantas del personal municipal, la creación del cargo de juez de policía local y la unificación de la denominación y el requisito legal del cargo del secretario del juzgado de policía local, toda vez que se establece claramente que se trata de un secretario abogado. Esto es importante porque en caso de impedimento o inhabilidad legal del juez titular, va a haber una persona igualmente letrada, que va a ser este secretario abogado, que se va a hacer cargo de las causas en forma responsable y competente.
Por último, creo que este proyecto viene a justificar el hecho de que el 20 por ciento de los ingresos por concepto de multas que se aplica en estas materias llegue a los tribunales que conocen y finalmente sancionan estas causas, y no quede en las comunas donde se dio origen a la infracción.
Si bien el costo de implementación no está financiado por el proyecto, de todas maneras es un avance significativo y facilitador para que, con el tiempo, estas setenta y cinco comunas puedan contar con su propio juzgado de policía local.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra al diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente , en primer lugar, este proyecto se originó en mensaje de fecha 6 de junio de 2008, y el actual Gobierno hizo presente la urgencia correspondiente para que sea tratado rápidamente.
Esta iniciativa tiene como fundamento una petición de las municipalidades del país; es decir, no obedece a un capricho ni a una medida inconsulta de los gobiernos que la respaldan. Como digo, es resultado de una petición justificada de todas las municipalidades beneficiadas con ella.
A la Comisión de Gobierno Interior acudieron muchos alcaldes de las comunas favorecidas con la creación de juzgados de policía local: Melipeuco, Hualpén, Vichuquén, Alto Hospicio , etcétera. Hubo muchos otros que querían venir a la Comisión, pero por falta de tiempo no pudimos recibirlos a todos.
En segundo lugar, esto es voluntario: lo decide el concejo de cada municipio. Se crean setenta y cinco juzgados de policía local, aparte de los 315 que ya existen a lo largo del país, lo que resulta absolutamente justificado, debido a las necesidades que van a cubrir y a los inconvenientes que deben enfrentar las comunas que no cuentan con un juzgado de policía local, tal como lo dijeron el diputado informante y los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra. El único inconveniente -por cierto, lo analizamos en la Comisión de Gobierno Interior- es que su creación deberá ser financiada con recursos municipales, pues el proyecto no considera su financiamiento. Es algo que saben los alcaldes.
De manera que, seguramente, muchos municipios no podrán crear estos juzgados; pero, se les concede la facultad jurídica y constitucional para que lo hagan cuando lo estimen conveniente.
Este proyecto está en el contexto de la modernización de la justicia. En el país, se ha creado una serie de tribunales; hay una nueva estructura en materia de juzgados. Se crearon los tribunales laborales y los tribunales de familia; además, se han modificado todos los procedimientos ante la justicia. Faltaba esta parte porque, dentro del Poder Judicial , tiene que haber una estructura orgánica; no debe existir un desequilibrio, no puede haber partes que estén en desventaja respecto de otras. El hecho de que en algunas comunas no existan juzgados de policía local representa un vacío dentro de nuestra administración de justicia. Por eso, considero que este proyecto representa un avance en la administración de justicia del Estado. La Corte Suprema dio su aprobación, de manera que no hay inconveniente alguno.
Por otra parte, dentro del proceso de modernización de la justicia, tiene que haber objetividad, transparencia y tribunales que aseguren buenas condiciones de justicia. En los municipios en los cuales no hay juzgados de policía local, los alcaldes deben desempeñar las funciones de los jueces. En este caso, no hay objetividad en la administración de justicia, que debe ser ejercida por una autoridad con determinadas facultades, que tenga autonomía, imparcialidad e independencia. Todo esto es lo que nos conduce a la modernización de la justicia, y considero que es en este aspecto donde debemos hacer correcciones.
En materia de delitos y de responsabilidades, siempre existe una jerarquía. Los juzgados de policía local conocen preferentemente los casos de infracciones a las ordenanzas y sancionan faltas de menor gravedad. Pero, ¡cuidado! Si no hay juzgados de policía local, estas faltas pueden verse agravadas y conducir a un delito, a actos de mayor gravedad, dentro de la convivencia social. Por eso, es necesario que haya eficiencia.
Otro aspecto importante es que hay que acercar la justicia a la gente; todos estamos luchando por eso. Por ejemplo, en las comunas de Melipeuco, Hualquén, Vichuquén y Alto Hospicio sus habitantes tienen que caminar kilómetros para llegar a un juzgado de policía local. Esto significa que el Estado no les está entregando bienestar, que no está cumpliendo bien sus obligaciones; que, más bien, las está incumpliendo. Pues bien, el proyecto resuelve esta situación.
Por otro lado, como los juzgados de policía local perciben un porcentaje de las multas, los municipios que no cuentan con ellos, no reciben absolutamente nada por este concepto.
Considero que éste es un muy buen proyecto, porque tiende a modernizar y a dar mayores facilidades a la gente. Además, apunta a uniformar el funcionamiento de todos los juzgados de policía local del país, porque ahora habrá secretarios abogados que podrán reemplazar o subrogar a los jueces cuando éstos se encuentren inhabilitados o con licencia médica. En cambio, en la actualidad, los secretarios, que no son abogados, no pueden hacerlo.
Estoy por aprobar este proyecto, porque considero que será muy útil para la gente, porque la acercará a la administración de justicia y posibilitará que las municipalidades tengan una jerarquía dentro de los tribunales. Además, ayudará a la gente de las comunas pequeñas, que todos conocemos, que a veces debe concurrir a los juzgados de policía local a caballo o caminando.
El único aspecto negativo de la iniciativa se relaciona con el financiamiento que, por lo demás, es muy importante. Creo que todas las objeciones dicen relación con este aspecto. Pero, se posibilita a los municipios para que, legal y constitucionalmente, a mediano o a largo plazo, puedan contar con juzgados de policía local, que hoy tienen tantas atribuciones y deben atender tantos casos. Aquí hemos aprobado muchas leyes para que puedan conocerlos, en circunstancias de que llenarlos con tantas funciones significa atocharlos, lo que resta rapidez a los diversos trámites. De manera que, si se crean otros juzgados, los existentes se van a descongestionar. Es lo que todos deseamos.
Con posterioridad, podemos hacer algo en materia de financiamiento; pero, aprobemos este proyecto porque las municipalidades lo están esperando, no sé si con ansiedad, pero sí con muchas esperanzas de que sea despachado rápidamente.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra al diputado señor Orlando Vargas.
El señor VARGAS .- Señor Presidente , la creación de estos juzgados de policía local soluciona variados problemas, especialmente en las comunas rurales, cuyos habitantes deben recorrer larguísimas distancias. Por ejemplo, en mi región, una de las comunas beneficiadas con este proyecto será la de Putre, que está, más o menos, a tres mil metros de altura. Cercana a ella se encuentra la comuna de General Lagos, a 4.500 metros de altura y a 210 kilómetros de Arica.
Por lo tanto, este proyecto será beneficioso para las personas que deben concurrir al juzgado de policía local de Arica . Ir a un lugar más cercano les será beneficioso.
Además, el hecho de que una comuna pequeña, como Putre, tenga un juzgado de policía local le permitirá crecer. El mismo alcalde de Putre solicitó lo que plantea el proyecto, de manera que tendrá un gran incentivo al contar con un juzgado de esa naturaleza en ese sector de mi región.
En concordancia con lo expuesto, se amplían o adecuan las respectivas plantas del personal de las municipalidades, con el doble propósito de incorporar, en cada uno de los municipios en que se crean los nuevos juzgados, el cargo de juez de policía local con el grado más alto de la respectiva planta de directivos. Además, se determina que en todas las municipalidades del país la denominación del cargo de secretario del juzgado de policía local será la de secretario abogado de juzgado de policía local, el que, por ende, deberá contar con dicho título profesional.
Esto último se fundamenta en la necesidad de uniformar en todos los municipios, la denominación y requisitos del referido cargo de secretario, sin perjuicio de que, tratándose de un profesional abogado, podrá legalmente subrogar al juez, en caso de impedimento o inhabilidad de éste, sin tener que recurrir a la intervención de otro juez de policía local.
Ahí también se hace justicia, porque a lo largo del país hay secretarios de juzgados que cumplen ese rol y en el escalafón municipal tienen menos rango que algunos funcionarios municipales que tienen el título de secretario municipal sin contar con el título de abogado; incluso, sus sueldos son mayores que los de esos abogados que tienen cargo de secretario municipal.
Por lo tanto, apoyaré el proyecto, porque hace justicia a esos profesionales. En nuestra legislación sobre juzgados de policía local, el juez y el secretario se encuentran sometidos a distintas calidades jurídicas. Mientras el primero depende de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, está sometido a su calificación y goza de la denominada querella de capítulos, previo a ser sancionado, el secretario es un empleado municipal que puede ser removido, en algunos casos, por la sola decisión del alcalde o por un sumario administrativo, y responde por sus actos como cualquier persona natural ante la fiscalía respectiva. Sólo los jueces están en el escalafón directivo y reciben 30 por ciento de asignación de jurisdicción y 20 por ciento de asignación de responsabilidad, creadas por la ley N° 20.008.
Los secretarios, en cambio, no reciben esas asignaciones; no se les pagan diferencias por subrogar, tienen a lo menos tres y más grados de diferencia respecto de los jueces y en algunos casos, tratándose de los nuevos cargos, podrán quedar, al arbitrio del alcalde, cuatro o cinco grados más abajo que juez.
En consecuencia, un secretario abogado percibe hoy 50 por ciento menos de remuneración que su superior jerárquico. El aumento de ingreso de causas, que es una de las razones que se consideran en el proyecto para justificar la creación de nuevos juzgados, incide de modo preponderante en el trabajo que debe desarrollar precisamente este funcionario.
Apoyaré el proyecto, porque hará justicia a los secretarios municipales y, además, en mi región, en la comuna de Putre, claramente será un beneficio para la comunidad.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , sin duda el proyecto es una muy buena iniciativa para establecer a lo largo de Chile el principio de igualdad, de manera que todas las comunas de Chile cuenten con un juzgado de policía local, constituido al menos de manera básica, por un juez titular abogado y un secretario abogado que puedan impartir justicia en los ámbitos y competencias de policía local.
En la actualidad, tenemos una situación bastante inequitativa desde el punto de vista territorial, toda vez que en muchos municipios del país no existen jueces de policía local y, por ende, la jurisdicción la ejerce el alcalde respectivo, y en el caso de materias que requieran la presencia de un juez letrado, el juzgado colindante más cercano a la jurisdicción, lo que acarrea consecuencias desde el punto de vista patrimonial, menoscabando la capacidad de recaudar ingresos al municipio y también de dificultar a sus ciudadanos el acceso a la justicia.
Sin duda, el proyecto es bueno, porque permitirá que muchas comunas ejerzan el principio de igualdad ante la ley. Particular importancia reviste el proyecto en la Región de Los Ríos, especialmente en Corral, comuna puerto aislada, alejada de Valdivia. Una vez aprobado el proyecto, sus ciudadanos podrán contar con administración de justicia en la propia jurisdicción de Corral y también en otra comuna pequeña, pero no menos importante, como la de Máfil, ambas en la Región de Los Ríos.
La justicia de policía local se ha entendido históricamente como una justicia de cercanía, con la posibilidad de resolver en el ámbito local los conflictos de los ciudadanos. Hoy día se ha aumentado enormemente la competencia, las materias y la especialización que conocen los juzgados de policía local.
También es importante que el Ejecutivo recoja la idea de desagregar o sacar algunas competencias que hoy conocen los juzgados de policía local, que van más allá del objeto para el cual fueron creados.
Sería importante en materia medioambiental, en materia de bosques, de la ley del consumidor, establecer tribunales especializados, pero insisto en que el proyecto permite generar igualdad a lo largo de Chile.
En segundo lugar, es importante consignar y apoyar la fórmula para contar, en cada tribunal, como principio básico de cobertura nacional, con un juez letrado. Asimismo, es necesario modificar las plantas en las comunas donde se van a crear los juzgados de policía local y consignar que el grado más alto correspondiente a la planta directiva será el cargo de juez de policía local. Al mismo tiempo, se crea en la correspondiente planta de profesionales el cargo de secretario abogado del juzgado de policía local.
Eso es importante porque permite la subrogancia y contar en ese tribunal con la posibilidad de que el secretario abogado pueda sustituir al juez cuando éste se encuentre ausente, con licencia o con algún impedimento que no le permita ejercer su cargo. De esa manera, el tribunal no quedará desprotegido. Eso también genera la posibilidad de reforzar la carrera funcionaria de los secretarios abogados y establece -reitero- el principio de igualdad ante la ley a lo largo de Chile.
En otro orden de cosas, habría sido importante escuchar la opinión del Ejecutivo sobre el artículo 7° del proyecto, que dispone que el mayor gasto que implique la aplicación de esta ley se financiará con cargo al presupuesto de la respectiva municipalidad. Sabemos que en el mediano y largo plazo la constitución de un juzgado de policía local genera ingresos a los municipios, pero su instalación, el proveer del cargo de juez titular, de secretario abogado, genera gastos que para pequeños municipios, como son la mayoría de los que se consignan en el proyecto, implican dificultades.
Hubiera sido interesante establecer, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, un fondo que permita, en el más corto plazo, haber implementado igualdad de funciones en los juzgados. En muchas partes los municipios encuentran dificultades para implementar la infraestructura de una oficina, con el respectivo material informático. Ello no es resuelto adecuadamente por el artículo 7°. Con todo, lo aprobaremos.
Por último, quiero destacar que es imprescindible que haya una regulación especial, al menos en las comunas donde hoy funciona el dispositivo televía (TAG), sobre todo en el Gran Santiago. Así lo han señalado la Asociación de Jueces Municipales y distintos especialistas. No puede ser que los juzgados de policía local sean verdaderas cajas recaudadoras de la plata que reciben por las miles de infracciones que se cursan por el uso de las vías concesionadas.
Ese hecho ha generado un colapso en muchos juzgados de policía local del Área Metropolitana. Además, dificulta la capacidad para que esos jueces atiendan con prontitud otras materias de su competencia.
Hay que resolver ese tema, porque hoy los tribunales están saturados con la infinidad de infracciones que llegan a diario, no les queda tiempo para otras responsabilidades y se utiliza todo el personal en otras materias.
Deseo dejar sentado ese problema en la discusión de esta iniciativa. Sin embargo, reitero, estoy contento porque las comunas de Corral, Máfil y muchas otras contarán con un juzgado letrado de policía local, en los que los ciudadanos podrán dirimir sus controversias, resolver los problemas y mejorar su calidad de vida.
Por eso, anuncio mi voto afirmativo a la iniciativa.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado Miodrag Marinovic.
El señor MARINOVIC.- Señora Presidenta , quiero anunciar el apoyo de los diputados independientes a esta iniciativa. Vemos con mucha simpatía la significativa ampliación de la cobertura de los juzgados de policía local a lo largo del país.
En especial, me voy a referir a las comunas que se van a beneficiar en Magallanes y en Iquique, en nombre de nuestra colega Marta Isasi .
En el caso de Magallanes, contarán con un Juzgado de Policía Local las comunas de Laguna Blanca, ubicada en la zona norte de Punta Arenas; Río Verde, San Gregorio , Cabo de Hornos -allí se encuentra Puerto Williams-; Primavera , Timaukel y la comuna turística de Torres del Paine.
Mi región, con el 14 por ciento del territorio nacional, tenía todos los servicios de justicia centralizados básicamente en Porvenir, Puerto Natales y Punta Arenas. Por lo tanto, esta iniciativa significa una desconcentración importante y le entrega mayor autonomía a las comunas rurales.
También deseo señalar que se instalarán nuevos juzgados en las comunas de Alto Hospicio, Camiña , Colchane, muy cerca de la frontera con Bolivia, y Pica.
Estamos muy de acuerdo con la propuesta, porque significa una descentralización dentro de las mismas regiones de una serie de atribuciones que hoy tienen los juzgados de policía local.
Sin embargo, queremos solicitar al Gobierno que revalúe la situación cuando se entregan mayores responsabilidades a un municipio, como ocurre en este caso, pues muchos de ellos son pequeños, rurales, con escaso presupuesto, y se les obliga a contratar personal y a asumir una serie de gastos no menores para la administración municipal de esas localidades.
Con este proyecto, asignamos más obligaciones y responsabilidades a los municipios, pero no les damos el adecuado sustento económico para llevar a cabo ese emprendimiento.
Por lo tanto, solicitamos al Ejecutivo que evalúe la ampliación de servicios a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, caso por caso, y se provean los recursos necesarios para tener una adecuada implementación de estos nuevos juzgados de policía local.
Vamos a concurrir con nuestro voto favorable a la iniciativa, dejando en acta la petición de financiamiento, a fin de que los municipios puedan operar e implementar adecuadamente los nuevos juzgados.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señora Presidenta , el proyecto en discusión, que apunta a la creación de nuevos juzgados de policía local en comunas pequeñas, puede tener dos o más miradas. Una, respecto de los usuarios del sistema, entre los cuales nos contamos, ya que muchos de nosotros más de una vez hemos tenido que pagar una multa por infracción de tránsito o utilizarlos por cualquier otra causa de su competencia.
Sin duda, se facilitará la vida a los usuarios, al tener juzgados de policía local en su propia comuna. Al ser citados, concurren al municipio, pagan y queda resuelto el problema.
Sin embargo, de repente surgen algunos inconvenientes por la ubicación geográfica. Es el caso de la linda comuna de Cochamó, ubicada en la Décima Región, que tengo el honor de representar. Como he dicho en varias ocasiones, está muy abandonada, le faltan caminos, agua potable, luz eléctrica y alcantarillado en muchos sectores. Sus 4.600 habitantes viven esparcidos en los faldeos cordilleranos.
El punto es que la Municipalidad de Cochamó tiene un presupuesto bastante reducido y una planta de personal muy pequeña. Las infracciones de tránsito son vistas por el Juzgado de Policía Local de Puerto Varas y los ingresos por ese concepto quedan en la Municipalidad de esa comuna.
Me preocupa mucho el artículo 7° del proyecto, que consigna que el mayor gasto que implique la aplicación de esta ley, es decir, la creación del juzgado propiamente tal, se financiará con cargo al presupuesto de la respectiva municipalidad.
Hablamos de una municipalidad pobre, con una planta mínima, la que tendría que aumentar con esta iniciativa, pero que por las condiciones geográficas es difícil que obtenga los ingresos suficientes como para financiar un juzgado de policía local. Ello le creará un problema adicional.
Es efectivo que, por un lado, le solucionamos la dificultad a sus habitantes, evitando que se desplacen hasta Puerto Varas a pagar alguna multa, lo que les toma varias horas o el día completo entre ir, esperar ser atendidos y volver. Pero, por otro, podríamos causarle un perjuicio económico al determinar que se debe crear un juzgado de policía local sin contar con los recursos suficientes para ello.
En municipios con otras características geográficas, en los que existe un número suficiente de carabineros e inspectores municipales para los efectos de controlar el tránsito, tal vez el panorama podría ser distinto. Pero, en el caso de la comuna de Cochamó, debo velar por sus intereses. Insisto, aquí se da la situación de los infractores que deben pagar una multa y concurrir a un juzgado de otra comuna. Así, la municipalidad se puede ver en aprietos debido a su característica particular.
Conversé con el alcalde y le pregunté si existe algún estudio que permita cuantificar lo que se paga por multas en Puerto Varas y si ello bastaría para financiar el juzgado. Me respondió que no hay estudios, pero estima que tales pagos no alcanzarían para su financiamiento.
Por lo tanto, estando de acuerdo en que es muy necesario e importante dotar de este instrumento a esta comuna tan aislada, en atención a que no está garantizado que los recursos basten para su financiamiento y no signifique un perjuicio para el municipio, me voy a abstener en la votación del proyecto. Si bien me gusta, no quiero causarle más problemas a un municipio que ya está dañado.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señora Presidenta , sin duda, un proyecto que faculta a los concejos a crear nuevos tribunales, en este caso, juzgados de policía local, constituye un avance en la tarea de dar mayor acceso a la justicia, más aún si la mayoría de estas comunas pequeñas son de escasos recursos y, en muchos casos, aisladas. Es el caso, en el distrito que represento, de las comunas de Perquenco y Melipeuco.
Sin embargo, se trata de una solución a medias, por cuanto no resuelve el problema de presupuesto que tienen estos pequeños municipios, ni tampoco el tema del financiamiento. Por tanto, es una más de las leyes que muchas veces debemos aprobar y que no cuentan con los recursos necesarios para que los municipios puedan hacerse cargo de sus implicancias.
Lo que estamos haciendo es endosar el problema a los concejos al facultarlos para crear estos juzgados de policía local sin el financiamiento adecuado y con la presión que ello conlleva de tener que financiarlos con recursos propios a costa de programas sociales y de los escuálidos recursos con que cuentan, situación que nos parece, por decir lo menos, bastante compleja. En ese sentido, creo que, de alguna manera, el proyecto se lava un poco las manos.
Por su intermedio, señora Presidenta , aprovecho la oportunidad de solicitar al subsecretario de Desarrollo Regional que realice un estudio para saber a cuánto llegarían los recursos que actualmente recaudan los municipios por este concepto en las comunas donde están radicados los juzgados de policía local. La idea es tener antecedentes serios para evaluar la posibilidad de que estos municipios creen sus propios juzgados. Por ejemplo, en el concejo municipal de Perquenco y de Melipeuco aún no saben cuánto podrían recaudar por este concepto, en caso de que se creen estos juzgados de policía local en sus comunas.
Por lo tanto, me parece que se trata de una inversión que debe realizar el Gobierno, al menos para comenzar a hacer los estudios correspondientes, a fin de dar un elemento de juicio claro a los concejos municipales que deben tomar una decisión al respecto. Lo que pretende ser una solución de acceso a la justicia, no puede terminar siendo un problema para el municipio y para la propia comuna.
De la misma manera, creo que sería positivo adelantar recursos del Fondo Común Municipal, con el objeto de que los municipios puedan, al menos, comenzar los trabajos de instalación de los nuevos juzgados de policía local. Es decir, por una parte, está el tema de los costos de instalación y, por otra, saber si se podrán sostener con los nuevos ingresos que generaría el funcionamiento de los nuevos juzgados de policía local en sus comunas.
Ahora bien, no sólo el tema del financiamiento es una solución a medias, sino que, además, es fundamental discutir en profundidad la competencia de los nuevos juzgados de policía local.
Hoy, existe una especie de competencia residual, en el sentido de que conocen todas las otras materias que no calzan en los juzgados civiles, de familia o de garantía, que llegan como por rebote a los juzgados de policía local. Creo que muchas de las materias que conocen estos juzgados no debieran ser necesariamente objeto de un pronunciamiento de un órgano jurisdiccional, por ejemplo, las multas del tránsito o las que pasan algunas instituciones como la Conaf. Si son aceptadas y no son reclamadas debieran ser multas propias del ámbito administrativo, y en caso de que efectivamente existan descargos o una oposición al respecto, entonces, recién en ese caso, cuando la causa se transforma en contenciosa o en un conflicto jurídico, puede pasar al órgano jurisdiccional, que son los juzgados de policía local. Pero no tiene sentido que, por una parte, tengamos un conjunto de multas de tránsito atochando los juzgados y, por otra, generando barreras de acceso a la justicia, de oportunidades y de diligencias de pronunciamiento en temas mucho más de fondo que deben atender esas instancias. Insisto, ciertas materias perfectamente podrían ser objeto de una decisión netamente administrativa, con ciertas facultades, como, por ejemplo, del tesorero municipal, en caso de que se deban rebajar esas multas. Repito, si efectivamente existe una oposición o se transforma en un conflicto contencioso, entonces, recién ahí la materia podría pasar a conocimiento de un juez.
No obstante, creo que la iniciativa constituye un avance, por cuanto crea facultades que puede o no ejercer el concejo, pero para que ello ocurra es fundamental que, al menos, el Gobierno asegure el financiamiento para su instalación, resguardado con un estudio serio como el que solicité, a fin de conocer eventualmente los recursos que se podrían recaudar, en caso de constituirse estos juzgados de policía local.
De la misma manera, aprovecho de hacer un llamado al subsecretario de Desarrollo Regional y al ministro de Justicia para que, de una vez por todas, realicemos una reforma más profunda, más integral, más completa, en este caso, de la justicia de los juzgados de policía local, a fin de tener mayor diligencia, mayores oportunidades y que los conflictos que no sean de relevancia jurídica se puedan resolver por la vía meramente administrativa.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente , sin duda, estamos en presencia de un anhelado proyecto. Por eso, valoro y agradezco la decisión adoptada por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, en orden a acelerar el proyecto a fin de tener prontamente en funcionamiento los juzgados en las comunas en que hoy no existen, como, por ejemplo, en Talca y en Recoleta.
Es importante que podamos tener más juzgados de policía local, más aún en mi región. Se trata de comunas que históricamente han soñado con contar algún día con sus propios juzgados, y hoy estamos cerca de cumplir esos sueños. Me refiero a las comunas de Coinco, Litueche, La Estrella, Marchigüe, Lolol y Pumanque, en donde es difícil que las personas puedan acceder a la justicia, ya sea porque trabajan en zonas rurales apartadas o simplemente porque no tienen acceso a ella en su propia comuna.
También es importante que en aquellas municipalidades -tal como lo plantea el proyecto-, en las que el cargo de secretario del juzgado de policía local no se encuentra ejercido por un profesional con título de abogado, se cree justamente en la respectiva planta profesional el empleo denominado “secretario abogado de juzgado de policía local”, cuyo grado de remuneraciones se establecerá conforme al artículo 6° de la ley N° 15.231.
Es sabido que existen problemas no sólo en los juzgados actuales, sino también en los que vendrán, respecto de la situación de los secretarios abogados de los juzgados de policía local.
Esperamos que la iniciativa cuente con el financiamiento correspondiente y se busque la forma de entregar esos recursos, más aún a las comunas rurales que aún no cuentan con dicha infraestructura.
Por su intermedio, señor Presidente , para aprovechar la presencia del ministro señor Larroulet , solicito que se realice un estudio al respecto, a fin de buscar una solución para las comunas que no cuentan con los recursos para llevar a cabo este proyecto y así acelerar y no atrasar este nuevo proceso, de tener una nueva justicia local donde nunca ha existido.
Por último, repito, valoro la iniciativa que tuvo el Presidente de la República , don Sebastián Piñera , en orden a acelerar el envío del proyecto.
Por las razones expuestas, la bancada de la UDI lo apoyará entusiastamente, porque creemos que es una manera de ir desconcentrando y descentralizando el tema de la justicia en nuestro país, específicamente en la vías local y comunal.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Luis Lemus.
El señor LEMUS.- Señor Presidente , este proyecto, que fue ampliamente discutido en la Comisión de Gobierno Interior, en primer lugar, crea setenta y cinco juzgados de policía local en comunas que no los tenían.
En segundo término, se otorga facultades a los municipios y a los concejos para crear cargos de juez y de secretario de juzgado de policía local, quienes deben ser de profesión abogado. Es decir, éstos van a utilizar sus facultades para crear juzgados de policía local si resultan convenientes para sus respectivas comunas.
Una de las debilidades del proyecto -la Comisión así lo observó-, es que no va acompañado del financiamiento correspondiente para cada una de las comunas. Por lo tanto, se recopiló la información entregada por los propios municipios. Acá hay distintas visiones. Hay municipios pequeños que pertenecen a lugares turísticos, cuya población aumenta mucho durante el verano. Eso hace que cambie la posición de la comuna. Lo otro es que hay comunas vinculadas al tránsito carretero, lo cual también las sitúa en una posición distinta.
Por lo tanto, no hubo sólo una posición de parte de los municipios para observar la situación del financiamiento. Se entiende que todos la observaron, pero sus énfasis fueron absolutamente distintos.
Hay municipios a los cuales les urge que, en el más breve plazo, se pueda aprobar el proyecto para construir los juzgados de policía local y, otros, que hacen la observación planteada.
De todas maneras, el proyecto se debe aprobar, porque permite -y eso es lo importante-, la creación de estos juzgados.
Por otro lado, se establece la posibilidad de que municipios como Recoleta y Talca puedan crear un segundo y un tercer juzgado, que ya son necesarios, y dejan abierta la posibilidad para que los demás municipios, en el futuro, puedan también implementar esta misma medida.
Además, es muy importante el grado de autonomía que se está entregando a los concejos municipales para llevar adelante esta tarea.
Está la restricción presupuestaria, porque los municipios no pueden excederse más allá del 35 por ciento establecido para el personal de planta. Pero, lo importante, es que se deja la facultad al concejo, lo que considero relevante.
Por lo tanto, invito a la Cámara a apoyar el proyecto, por la utilidad que representa para muchas comunas que lamentablemente no tienen juzgados de policía local. Las materias descritas en el proyecto así lo hacen pensar.
Es necesario contar con una buena administración de justicia en cada comuna del país, a fin de que se puedan resolver las complejidades que se presentan en los juzgados de policía local.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señora Presidenta , he leído con mucha ansiedad un tema pendiente del Gobierno de la señora Michelle Bachelet y que se lo consultamos en su momento al ministro secretario general de Gobierno de la época: se refiere a la urgencia que debía tener el proyecto. Felizmente, ahora lo estamos tratando y queremos que se despache cuanto antes.
La medida tiene un tremendo significado para los distritos que cuentan con comunas pequeñas. Sabemos lo importante que es contar con un juzgado de policía local y lo bueno que resulta para los habitantes que el juzgado esté instalado en la misma localidad, no en la comuna vecina, o en la ciudad más cercana, porque ello ha sido siempre problemático.
Tal motivo ha sido uno de los grandes antecedentes a considerar para aprobar el proyecto.
Sabemos, también que, en las comunas que no cuentan con juzgados, es el mismo alcalde quien resuelve sobre algunas materias. Esto, espero que no se malinterprete, lo cual, como es de imaginarse, preocupa, ya que se puede utilizar la situación para favorecer a algunas personas políticamente más afines y perjudicar a otras, que no son proclives a la autoridad comunal. Hay que ser claros: los alcaldes no son jueces. Ésa es una de las alternativas de apoyo importante al proyecto. Y otra alternativa, que me parece importante destacar -es mi opinión personal- es que, por lo que se expresa en el informe de la Comisión, se puede desprender que a las organizaciones de los mismos jueces les preocupa la situación de materias que no pueden resolver los alcaldes, y que deben ver las causas los jueces de las comunas vecinas, con las consiguientes sobrecargas de trabajo.
Por lo tanto, me parece una segunda alternativa para apoyar el proyecto.
A lo anterior, se agrega la situación de los secretarios municipales, quienes poseen una dependencia distinta a la del juez, ya que éstos dependen jerárquicamente de la municipalidad.
Además, no todos los secretarios, pese a la responsabilidad que asumen, son abogados. Por ello, no pueden subrogar al magistrado en todas las labores de un letrado.
Por lo tanto, es importante que el proyecto incorpore la calidad de secretario abogado en todos los juzgados de policía local, y trate de asimilar las remuneraciones de ese ministro de fe a las de un magistrado, ya que hoy existe una diferencia notable.
Ahí tenemos una tercera alternativa que hace interesante apoyar el proyecto en cuestión.
Por el informe sabemos que a los invitados a la Comisión les preocupó el costo municipal. Es decir, la complicación está en el financiamiento; no quedó muy clara la situación futura. Seguramente, habrá una modificación al proyecto si se causa daño al presupuesto municipal.
Me parece bien crear setenta y cinco juzgados de policía local, ya que la población ha crecido en forma considerable. Sin embargo, hay situaciones preocupantes, reitero, relacionadas con el financiamiento.
Si se toma en consideración que un juzgado no es sólo un juez y un secretario, se debe también observar que en las comunas pequeñas hay un costo mayor cuando se habla de infraestructura, porque se trata de pequeños tribunales. Sin embargo, debemos hacerlos dignos. Por eso, lo referido a infraestructura hay que considerarlo también como costo del nuevo tribunal.
Por lo tanto, señora Presidenta , después de leer el informe y de escuchar las opiniones -hay algunas que difieren bastante de la aprobación-, hay que entrar en materia. Respeto las opiniones de los diputados Fuad Chahín y Joaquín Tuma , me parecen muy interesantes, pero, como señala Sergio Ojeda , es la oportunidad, de una vez por todas, de dar a estas comunas pequeñas lo que se merecen. Si hay situaciones complicadas en el camino, haremos las modificaciones que se requieran.
Así que, basándome en lo dicho por mis colegas que han trabajado sobre el tema en la Comisión, voy a votar a favor del proyecto.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Para plantear un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Melero.
El señor MELERO.- Señora Presidenta , por favor, le solicito que cite a reunión de Comités, sin suspender la sesión, a objeto de tratar un tema relativo al proyecto ubicado en el cuarto lugar de la Tabla.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Muy bien.
Cito a reunión de Comités sin suspender el debate.
Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Muchas gracias, señora Presidenta .
Sin duda, este proyecto viene a dar cuenta del derecho de acceso a la justicia, que para mí es un derecho humano fundamental. La creación de setenta y cinco nuevos juzgados de policía local va a permitir a aquellos vecinos, ciudadanos, que habitan lugares donde hoy no existen estos tribunales, acceder a una justicia que uno espera que sea más expedita.
Las investigaciones indican que el 30 por ciento de los conflictos vecinales son presentados a la justicia. Es decir, el porcentaje de litigios entre vecinos que va a dar a la justicia son muy pocos, lo que redobla la importancia de crear estos juzgados de policía local. Esta creación es una exigencia, una demanda del ciudadano común que quiere tener acceso a los tribunales de justicia y, en este caso concreto, a los juzgados de policía local. Hay una relación directa entre la litigación y el índice de desarrollo humano. La región que presenta mayor índice de desarrollo humano es la que tiene mayor potencial de litigancia, lo que significa que tiene mayor exigencia de acceso a la justicia.
Pero, como dije, este acceso a la justicia es un derecho humano; en consecuencia, estamos hablando de algo serio, no sólo de la prestación de un servicio. Y si estamos hablando de algo serio, esto es decir que por ley creamos estos juzgados de policía local, pero que, en buenas cuentas, los municipios se las arreglen como puedan, me parece que es poco serio. Es como decir que, por ley, creamos setenta y cinco consultorios en las comunas más fragilizadas en materia de salud, que no tienen ningún consultorio, pero que sean los municipios los que los paguen. Esto es lo mismo. Decimos que creamos setenta y cinco juzgados de policía local, pero que los concejos vean si tienen las platas suficientes para poder instalarlos. Nosotros los creamos y que los concejos los instalen, si pueden hacerlo. Me parece que si estamos hablando sobre un tema tan serio como el acceso a la justicia, el hecho de que nos vengan a decir que debemos lanzar la piedra y después esconder la mano no es sano. Estamos generando una conflictividad inútil, innecesaria, en los municipios. La demanda la van a plantear los ciudadanos a sus alcaldes en cuanto a que, por ley, por ejemplo, se crearon juzgados en Colchane y en Alto Hospicio, pero los concejos respectivos no los instalan porque no cuentan con los recursos necesarios. ¿Cómo le explicamos al ciudadano común y corriente que no puede recurrir a un tribunal recién creado, porque el concejo municipal no tiene los recursos para instalarlo?
De lo que estamos hablando es de algo bastante serio. Creamos tribunales, pero estamos haciendo la soberana tontera de no poner un peso para su instalación, y que de ellos se harán cargo nada menos que los propios concejos municipales. Esto no debería quedar entregado sólo al presupuesto municipal.
Además, quiero recoger lo planteado por el Instituto de Jueces, en el sentido de que en el cargo de secretario abogado debiera quedar establecido claramente el grado que éste tendrá, ya que la experiencia práctica actual ha demostrado que la asignación genérica del grado profesional se ha prestado para arbitrariedades; por tanto, debiera ser el grado profesional más alto que corresponde en la planta de profesionales.
Sería serio establecer que el secretario abogado tiene un nivel relevante, un grado importante en la planta, y también sería serio asignarle los recursos necesarios a estos juzgados; de lo contrario, obviamente, uno no puede prestarse a estar creando tribunales o consultorios sin poner los dineros suficientes para su instalación. Lo demás es una soberana tontera.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Giovanni Calderón.
El señor CALDERÓN.- Gracias, señor Presidente.
Qué bueno hacer uso de la palabra después de mi colega Hugo Gutiérrez , porque comparto sus aprensiones. No puedo dejar de estar de acuerdo con la creación de nuevos juzgados de policía local y de acercar la administración de justicia a la población, especialmente en zonas aisladas, como ocurre con las comunas de Alto del Carmen y de Freirina, que pertenecen al distrito que represento y que ven muy dificultada su posibilidad de acceder a diversas materias de competencia de los juzgados de policía local.
Me alegra que esta iniciativa se esté discutiendo y que podamos aprobarla, pero, por otra parte, como decía, comparto las aprensiones manifestadas por diversos colegas diputados, en el sentido de que este proyecto debería haber ido acompañado de un financiamiento que no signifique mermar las ya escuálidas arcas municipales, sobre todo de municipalidades pequeñas, como es el caso de las dos que mencioné, que atienden a poblaciones de menos de diez mil personas que sufren una situación grave de aislamiento. Son comunas con una población muy dispersa y que, por lo tanto, incurren en grandes esfuerzos para satisfacer las necesidades de sus respectivos habitantes.
Por eso, señor Presidente , si bien anuncio mi voto a favor del proyecto, quiero solicitar al Gobierno que pueda hacer efectiva esta iniciativa aportando los dineros indispensables al Fondo Común Municipal o directamente a las municipalidades implicadas, para que esta idea se haga carne y no quede sólo en el papel.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ.- Gracias, señor Presidente.
El hecho de aprobar -porque así va a ser- este proyecto, por la gran mayoría de los presentes, que implica la creación de setenta y cinco nuevos juzgados de policía local, viene a satisfacer una demanda importante de los municipios más pequeños.
En primer término, quiero agradecer la iniciativa del Ejecutivo que, en su tiempo, permitió, a lo menos, que dos comunas de mi región, La Higuera y Paihuano, pudieran contar, finalmente, con estos importantes juzgados que van a significar para ellas, de alguna u otra manera, ingresos y, por cierto, evitar que los pobladores, los vecinos, tengan que ir a ciudades como Vicuña, en el caso de Paihuano, y a La Serena, en el caso de Las Higueras, a solucionar sus problemas.
No obstante, comparto lo señalado por los diputados señores Gutiérrez y Calderón , en cuanto la preocupación por el financiamiento de los juzgados de policía local. Esperamos que en el futuro el Ejecutivo genere una política y una institucionalidad distintas para los juzgados de policía local.
Los jueces de policía local y los secretarios de estos tribunales son, en su mayoría, nombramientos de confianza del alcalde que los designó, aunque no pueden ser removidos ni separados por la autoridad edilicia. Por lo tanto, muchas veces se generan situaciones bastante fuertes, especialmente en la Región Metropolitana, cuando el juez de policía local designado por la administración saliente no cumple con sus deberes; incluso, se generan conflictos de intereses. Por eso, la designación del juez de policía local no debiera recaer en la autoridad municipal, aunque sea a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones respectiva. Digo esto, porque los alcaldes no tan solo nombran, sino que también evalúan en conjunto con el concejo el desempeño de los jueces de policía local. Esto ha redundado en situaciones bastante engorrosas, que se han vuelto habituales, toda vez que alcaldes y concejales solicitan a los jueces que intervengan en la rebaja de multas, por ejemplo. Por eso, la forma de nombrar a los jueces debe regularizarse; de lo contrario, estaremos aceptando situaciones irregulares, como es esta influencia negativa en el ámbito de los juzgados de policía local.
Por otra parte, cada vez se entregan más materias al ámbito de competencia de los juzgados de policía local, muchas de las cuales debieran ser conocidas por los tribunales ordinarios. Por ejemplo, con ocasión del terremoto han debido involucrarse en situaciones relacionadas con daño a las viviendas, sin siquiera contar con un profesional del ramo para un mejor resolver.
Otro tema delicado que afecta a los jueces de policía local es la falta de recursos, como lo señaló el diputado señor Gutiérrez . Muchos municipios no cuentan con recursos, por lo que no siempre pueden abastecer de materiales e insumos y tampoco de personal suficiente, para que los jueces desempeñen sus altas funciones. Esto deriva en un deterioro de la atención a los usuarios de los juzgados de policía local.
Por último, también es importante legislar sobre la planta de funcionarios que debe tener cada juzgado de policía local, porque hoy son designados en forma arbitraria por el alcalde de turno. Por lo tanto, en cualquier momento el juez se queda sin secretaria, sin funcionarios y hasta sin conductor. No pocas veces trabajan con dos o tres personas.
Reitero, el proyecto es importante, toda vez que satisface las necesidades de setenta y siete comunas, al crear en setenta y cinco de estas municipalidades un juzgado de policía local, y al aumentar, en cada una de las otras dos, un juzgado de policía local.
Con todo, hay un problema de fondo y es tarea del Gobierno y también de esta Cámara legislarlo.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Cerrado el debate.
Los diputados señores Ulloa, Sandoval, Sabag, Harboe, Campos Farías y Schilling y las diputadas señoras Denise Pascal y Marta Isasi pueden insertar sus discursos.
Informo a la Sala que las comisiones funcionarán hoy en forma normal, como si fuera día martes, porque se suspendió la sesión especial de la tarde.
La sesión de mañana comenzará a las 10.30 horas.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea juzgados de policía local en las comunas que señala, con excepción de los artículos 1°, 3°, 4°, 6° y primero transitorio, que tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 2 abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación general los artículos 1°, 3°, 4°, 6° y primero transitorio, cuya aprobación requiere el voto afirmativo de 67 señoras diputadas y señores diputados.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 2 abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Si le parece a la Sala, los artículos 1°, 3°, 4°, 6° y primero transitorio se declararán aprobados en particular, con la misma votación, dejándose constancia de haberse logrado el quórum constitucional requerido.
Acordado.
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado también en particular el resto de la iniciativa.
Despachado el proyecto.
REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ADECUA PLAZOS VINCULADOS A ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS. Primer trámite constitucional.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- De conformidad con los acuerdos de los Comités, corresponde votar, sin informe y sin debate, el proyecto de reforma constitucional, iniciado en Mensaje, con urgencia calificada de suma, que adecua los plazos vinculados a las elecciones presidenciales, incluyendo las tres indicaciones renovadas.
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, boletín N° 6946-07, sesión 102ª, en 17 de noviembre de 2010. Documentos de la Cuenta N° 3.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación particular el proyecto de reforma constitucional, con excepción de las letras a.- y b.- del número 2) del artículo primero, que han sido objeto de indicaciones renovadas.
Hago presente a la Sala que las normas del proyecto requieren para su aprobación del voto afirmativo de las tres quintas partes de las diputadas y diputados en ejercicio, esto es, 71 votos, con la salvedad del numeral 7) del artículo primero, que requiere del voto favorable de los dos tercios de las diputadas y diputados en ejercicio, esto es, 78 votos.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 6 abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación particular, la letra a.- del número 2) del artículo primero, conjuntamente con la indicación renovada, por treinta diputadas y diputados, para reemplazar la expresión “el tercer domingo de noviembre” por “el segundo domingo de noviembre”, cuya aprobación requiere 71 votos favorables.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación particular la letra b.- del número 2) del artículo primero, conjuntamente con la indicación renovada, por treinta diputadas y diputados, para reemplazar la expresión “el cuarto domingo” por “el quinto domingo”, cuya aprobación requiere 71 votos favorables.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación la indicación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 5 abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Los diputados señores Edmundo Eluchans y Jorge Burgos presentaron una indicación, a la que dará lectura el señor Secretario .
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- La indicación es para incorporar, en el artículo segundo del proyecto, el siguiente inciso tercero:
“Los períodos señalados en los incisos anteriores se entenderán completos para todos los efectos constitucionales y legales.”.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Despachado el proyecto.
Tiene la palabra el ministro Cristián Larroulet.
El señor LARROULET ( ministro Secretario General de la Presidencia ).- Señora Presidenta , quiero agradecer el acuerdo que ha permitido que la primera reforma constitucional de la agenda de perfeccionamiento de la democracia sea aprobada en la honorable Cámara de Diputados. Además, esto tendrá un efecto muy favorable, debido a que, de ser aprobado el proyecto en el Senado, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que antes se realizaban en el mes de enero, nunca se efectuarán después del 19 de diciembre, con lo que se facilitará el proceso democrático en todo el país.
Reitero mi agradecimiento a la Cámara de Diputados por su fuerte respaldo a esta iniciativa.
Muchas gracias.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
COMPENSACIÓN ECONÓMICA A MUNICIPIOS DESFINANCIADOS POR EXENCIONES DE PAGO DEL IMPUESTO TERRITORIAL. (Votación).
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo N° 176, sobre compensación económica a municipios que dejan de percibir recursos por exenciones de pago del impuesto territorial.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
CAMBIO DE EMPLAZAMIENTO DE NUEVA CÁRCEL DE CHILLÁN Y CHILLÁN VIEJO.
El señor BECKER (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 177, de los diputados señores Jarpa, Bobadilla, Jiménez, Gutiérrez, don Hugo; De Urresti, Ojeda, Ortiz, Espinosa, don Marcos; Bertolino y Pérez, don José, que en su parte resolutiva expresa lo siguiente:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar y solicitar a S.E. el Presidente de la República Sebastián Piñera que instruya al ministro de Justicia para que reevalúe, analice y defina un nuevo lugar para la instalación del recinto penitenciario de Chillán y Chillán Viejo.”.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Para intervenir a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.- Señor Presidente , la ciudad de Chillán, capital de la provincia de Ñuble, ha tenido una serie de dificultades debido al hacinamiento producido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chillán.
Por esa razón, desde 2008 se había iniciado la petición de compra de un terreno mediante el sistema concesionado. Esa situación se agravó a raíz del terremoto del 27 de febrero pasado, por cuanto se produjo un incendio y gran destrucción en la actual cárcel de Chillán. Por lo tanto, se hace necesario construir un nuevo recinto para ese centro penitenciario.
El Ministerio de Justicia ha señalado como posible lugar de instalación de la nueva cárcel el camino que va de Chillán a Yungay, en la comuna de Chillán Viejo. Esa ruta es muy peligrosa, lo que pudieron comprobar los diputados Gabriel Ascencio y Hugo Gutiérrez . Esa situación ha traído preocupación a la comunidad de Chillán Viejo, a su alcalde y al concejo municipal, porque ha habido un aumento de la población en ese sector. Todo ello redundó en que el 15 de agosto pasado se realizara un referéndum, que arrojó como resultado que el 87 por ciento de la población consideró que dicho centro penitenciario no debía ser instalado en ese lugar.
Aunque estoy absolutamente de acuerdo con que la provincia de Ñuble y Chillán requieren un nuevo centro de cumplimiento penitenciario, la ubicación de éste en ese sector nos parece muy complejo, en primer lugar, por la situación vial que existe en esa zona, la denominada “Ruta de la muerte”, debido a la enorme cantidad de accidentes que se han producido, y, en segundo lugar, porque ese sector de la comuna de Chillán Viejo se está desarrollando habitacionalmente.
Ése es el motivo por el cual los diputados que han adherido al proyecto de acuerdo y quien habla hemos solicitado a su excelencia el Presidente de la República que instruya al ministro de Justicia para que reevalúe una nueva ubicación para la instalación de la cárcel de Chillán.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente , apoyo el proyecto de acuerdo, y es de toda justicia aprobarlo ahora. Es indudable que en la Región del Biobío existe déficit de centros penitenciarios y es urgente la necesidad de construir otro. Todos estamos empeñados en ese objetivo y la modernización del régimen penitenciario va encaminada en esa dirección.
Pero también creo que las cosas se deben hacer bien. En ese sentido, se debe consensuar el lugar o, por lo menos, considerar la inquietud de los ciudadanos de Chillán Viejo, ya que, en una consulta ciudadana, el 87,95 por ciento resolvió que la cárcel no se debía construir allí.
Por ello, en conocimiento de esos antecedentes y por conversaciones con los habitantes de Chillán Viejo, apoyaremos el proyecto de acuerdo. Desde luego, pido a la Sala su aprobación, porque es tremendamente perjudicial y atenta contra toda lógica que en Chillán Viejo, una comuna floreciente, que está emergiendo y consolidando, se instale una cárcel.
En consecuencia, votaré a favor del proyecto de acuerdo, al igual que los diputados de mi bancada.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para intervenir en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
PREOCUPACIÓN POR ESTADO FINANCIERO Y DECISIONES COMERCIALES DE CODELCO DURANTE LOS GOBIERNOS DE LOS PRESIDENTES RICARDO LAGOS Y MICHELLE BACHELET.
El señor BECKER (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la parte resolutiva del siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 178, de los señores Bertolino, Rojas, García-Huidobro, Browne, Cardemil, Rivas, Sauerbaum y Delmastro y de las señoras Rubilar, doña Karla, y Sabat, doña Marcela, que en su parte resolutiva expresa:
“La Cámara de Diputados acuerda:
1. Manifestar al Ejecutivo su preocupación por el mal estado financiero que acumula esta empresa pública y, al mismo tiempo, hacer llegar a las autoridades su reprobación por las pésimas decisiones comerciales tomadas durante los gobiernos de Ricardo Lagos y , que se tradujeron en millonarias pérdidas para la empresa y una disminución en el patrimonio esperado del Estado de Chile.
2. Solicitar que el Ejecutivo realice las acciones que correspondan para evitar que una situación de esta envergadura se vuelva a repetir y que Codelco pueda asegurar el despliegue, en forma responsable y con excelencia, de su capacidad de negocios mineros y relacionados en Chile y en el mundo, con el propósito de maximizar en el largo plazo su valor económico y su aporte al Estado, tal como señala su Misión Institucional.
3. Solicitar a la Presidenta de la Cámara de Diputados que, en virtud de lo establecido en el artículo 52, número 1), letra c), de la Constitución Política de la República, la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados se constituya como comisión especial investigadora para analizar concienzudamente el estado financiero de Codelco y poder determinar las responsabilidades, si las hubiere.
De manera particular, le corresponderá a la comisión conocer el detalle de las operaciones financieras y comerciales que hayan llevado a cabo los ejecutivos de Codelco Chile desde el 2000 a la fecha. A la vez, esa comisión deberá analizar las metas y objetivos propuestos por la institución en igual período de tiempo, considerando especialmente si dichas metas y objetivos fueron alcanzados o no.”.
El señor BECKER (Vicepresidente).- El punto 3 del proyecto de acuerdo no se puede votar como tal, ya que no es la forma reglamentaria de constituir una comisión investigadora.
Por lo tanto, se considerarán solamente sus numerales 1 y 2.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, el proyecto de acuerdo es inadmisible. Debe presentarse nuevamente.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Señores diputados, antes de que se leyera el proyecto de acuerdo en la Sala, se presentó una indicación para suprimir su número 3.
Varios señores DIPUTADOS.- ¡No, señor Presidente!
El señor HARBOE.- Debió decirlo al principio, señor Presidente .
El señor FARÍAS.- No lo informó, señor Presidente .
El señor BECKER (Vicepresidente).- El señor Prosecretario me informa que no habría problemas con el proyecto de acuerdo desde el punto de vista reglamentario.
Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino.
El señor BERTOLINO.- Señor Presidente , cuando se presentó el proyecto de acuerdo y se supo que ese número no cumplía con los requisitos propios de un proyecto de acuerdo, automáticamente se suprimió dicho número, por lo que estaría bien presentado el proyecto.
Es probable que el señor Prosecretario no estuviera al tanto de esos antecedentes, pero ellos están disponibles, por lo que el proyecto reúne las condiciones para ser debatido y votado ahora.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Reglamentariamente, corresponde tratarlo en la forma en que fue presentado.
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino.
El señor BERTOLINO.- Señor Presidente , hemos presentado el proyecto de acuerdo ante el público conocimiento de que debido a negociaciones que efectivamente se utilizan en la actividad minera, como los negocios a futuro, se han producido pérdidas considerables en el patrimonio de Codelco, particularmente en los recursos que se podrían obtener para entregar al Estado.
Es así como uno de los directores del nuevo directorio que asumió en marzo se ha abocado a este estudio y cuantificó que los recursos que no llegarían al erario nacional debido a esos negocios a futuro eran del orden de 2 mil millones de dólares, pudiendo llegar a 4.630 millones de dólares.
Ante esta situación, quienes seguimos la actividad minera del país en los medios de comunicación y en la Comisión de Minería y Energía hemos considerado oportuno y prudente presentar este proyecto de acuerdo, para que el Ejecutivo pueda analizar y ver, dentro de sus facultades, de qué forma se evitará en el futuro que esta situación se vuelva a repetir, así como saber si la opinión vertida por miembros del directorio de Codelco tiene el sustento que hemos recibido como información en la comisión.
Nuestro ánimo es hacer luz, buscar la transparencia y evitar la pérdida de esos recursos, que son tan necesarios en Chile para implementar una serie de medidas y de proyectos sociales, lo que afectaría a muchos connacionales que requieren el apoyo del Estado.
Por lo tanto, solicito a la Sala que se pronuncie a favor del proyecto de acuerdo, para conocer los antecedentes en detalle.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente , es necesario aprobar el proyecto de acuerdo que hemos presentado a la Sala, por la transparencia que se necesita respecto de la información sobre Codelco Chile, la principal empresa del Estado, que debe ser conocida por todos los chilenos. Además, es absolutamente necesario que esa información sea conocida en el más breve plazo, porque se trata de ventas a futuro que se generaron en los últimos años.
Por todos es conocido el llamado “Davilazo”, que se provocó en Codelco Chile por ventas a futuro de partidas de la producción por valores que hicieron perder cuantiosos recursos a la empresa.
El diputado Mario Bertolino , de la bancada de Renovación Nacional, ha informado sobre la magnitud de las pérdidas que esto podría significar, que ascenderían a un máximo de 4.600 millones de dólares.
Creo que es absolutamente necesario que la Cámara conozca esa información, para que la actual Administración pueda tomar resguardos en materia de ventas a futuro.
Por lo tanto, solicito que los señores diputados nos permitan conocer esa información, lo que se logrará si votan a favor del proyecto.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente , en primer lugar, debo señalar que éste es un proyecto de acuerdo bastante raro, porque entre sus argumentos habría una alusión a lo que supuestamente habría conocido o resuelto la Comisión de Minería y de Energía, cuestión que no es tal.
En segundo lugar, me parece que la forma de argumentación del proyecto de acuerdo solamente tiene como objetivo generar alguna crítica, mancha o desaprobación a dos gobiernos de la Concertación, lo que se hace de una manera bastante inaceptable, porque todo lo relacionado con la administración de Codelco en años anteriores ha estado siempre presente en los análisis de las respectivas comisiones de la Cámara, por lo que resulta bastante infundado que hoy se haga alusión a lo que deparan las compras a futuro, en circunstancias de que el resultado que ellas pueden tener no aparece sino como una expectativa. Y tal como lo ha dicho el propio diputado señor Bertolino , no pueden sacarse conclusiones respecto de esas negociaciones mientras ellas no hayan cerrado en el momento en que corresponda, de acuerdo con el plazo en que se han convenido. Éste es un juego habitual que desarrolla cualquiera empresa en ese ámbito.
Entonces, me parece que un proyecto de acuerdo de esta naturaleza atenta contra la actual administración de Codelco. Debemos tener cuidado con el prestigio de una empresa como Codelco, que genera los más altos ingresos al erario nacional y sostiene el presupuesto de la nación, porque proyectos de acuerdo como éste lo único que hacen es afectar su conducción, administración, incluso, con gente de confianza del Gobierno actual.
Si los diputados de la Derecha quieren contar con más antecedentes o manifestar su preocupación, que lo hagan a través del vínculo de privilegio que tienen con el actual Gobierno.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente , primero, lamento que estemos analizando un proyecto de acuerdo como éste, toda vez que la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados tuvo la oportunidad de conocer el testimonio del señor Tagle , miembro del directorio de la principal empresa estatal chilena, quien fue claro y categórico en decir que las ventas a futuro son un negocio, procedimiento o instrumento inherente al negocio minero. No hay otra forma en que una empresa productora de mineral acceda al financiamiento si no es bajo esta modalidad.
En segundo término, estamos hablando de una situación completamente distinta, diametralmente opuesta, a la insinuada por algunos colegas de la Alianza, en el sentido de compararla -ni siquiera se trata de pérdidas, sino que el Estado dejó de ganar- con el “Davilazo” de la década del 90. Son situaciones absolutamente distintas.
Por lo tanto, pido que se rechace el proyecto de acuerdo, porque, además de contener información absolutamente equivocada, carece de toda fundamentación.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos; por la negativa, 40 votos. Hubo 1 abstención.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
REFLEXIONES SOBRE MESAS DE DIÁLOGO Y PRESENTACIÓN DE LIBRO ORGANIZADAS POR EL ARZOBISPO DE CONCEPCIÓN, MONSEÑOR RICARDO EZZATI. Oficio.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Enrique Van Rysselberghe.
El señor VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente , hoy, en la ciudad de Concepción, se realizó el lanzamiento del libro “Iglesia, empresarios y trabajadores: acciones en conjunto para superar la crisis”.
La obra, de más de cien páginas, integra las intervenciones realizadas por empresarios, sindicalistas, autoridades de Gobierno y representantes universitarios en el contexto de la reconstrucción de nuestra zona.
También responde a la preocupación del arzobispo de Concepción y presidente de la Conferencia Episcopal , monseñor Ricardo Ezzati , por abrir un espacio de diálogo entre distintos actores sociales y, a la vez, entregar su mensaje como pastor.
En suma, después de la primera mesa de diálogo, entre empresarios, Gobierno, universidades, medios de comunicación regionales y la Iglesia, y de la segunda mesa de diálogo, entre sindicalistas, universidades, medios de comunicación regionales, el Gobierno y la Iglesia, hoy se cumplió con entregar el registro del contenido de lo expuesto por todos sus asistentes.
Lo más importante es que el libro contempla una serie de relatos acerca de qué hicieron y cómo vivieron el terremoto los diversos actores. Además, profundiza en la respuesta de los sindicalistas, de las empresas y de los medios de comunicación a la gran emergencia que vivió la Región del Biobío el 27 de febrero pasado. En ese sentido, llaman la atención los datos desconocidos entregados por sindicalistas de Huachipato e Inchalam, en que el trabajo conjunto entre trabajadores y cargos directivos de sus empresas fue la clave para volver a echar a andar sus industrias. ¡Sí, señor Presidente ! ¡El trabajo conjunto entre trabajadores y cargos directivos, entre trabajadores y empresarios, fue la clave para volver a hacer funcionar las industrias en mi zona!
Todavía queda mucho por estudiar y analizar sobre los efectos del terremoto, no sólo
en nuestra infraestructura y economía regional, sino, además, y fundamentalmente, en el desarrollo humano. No podemos desechar la oportunidad de aprender y crecer, aun desde el dolor y el drama de un tremendo terremoto y maremoto.
Por ello, sin duda, las mesas de diálogo convocadas por monseñor Ezzati y el lanzamiento del libro son iniciativas que debemos celebrar y felicitar, pues contribuyen a la reconstrucción regional, específicamente a la humana, tarea que, seguramente, tomará más tiempo y demandará más energías que la misma reconstrucción regional.
Finalmente, pido que se envíe copia de mi intervención a monseñor Ricardo Ezzati .
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría y se adjuntará copia de su intervención.
REVISIÓN DE NORMA QUE ESTABLECE NUEVAS EXIGENCIAS A ESCUELAS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN ESPECIAL. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado David Sandoval.
El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , en primer lugar, me referiré al tema de la educación especial en el país.
En el Gobierno se tramitó un decreto que establece una serie de nuevas exigencias a los establecimientos públicos y particulares subvencionados que imparten esta importante modalidad para atender la educación especial.
La norma contenida en el decreto N° 170, que fija el reglamento que contempla la ley N° 20.201, apunta a los establecimientos educacionales de un área tan significativa y sensible para nuestras comunidades como es la atención de los niños en situación de requerimiento de atenciones especiales. Sin embargo, el decreto que establece el reglamento a la ley señalada instituye una cantidad de exigencias que muchos establecimientos, lisa y llanamente, no podrán cumplir a lo largo del país.
De acuerdo con la información proporcionada por la directora de la Escuela de Lenguaje Kalem, de la comuna de Aysén, puedo señalar que en mi región es prácticamente imposible cumplir con las exigencias que la norma establece para lograr las evaluaciones que deben tener los niños que se incorporan a esos establecimientos. En los hechos, el decreto 170 establece tal grado de exigencia que, finalmente, pone en riesgo la atención de los niños de educación especial a lo largo del país y, fundamentalmente, en comunas pequeñas que, en su mayoría, no cuentan con profesionales especialistas que se requieren para la atención de ese diagnóstico.
Por esta razón, acogiendo la inquietud emanada de la directora de la Escuela de Lenguaje Kalem, de la comuna de Aysén, pido que se oficie al ministro de Educación y al Presidente de la República a fin de solicitarles que se realice una revisión de la norma, a la mayor brevedad posible, por cuanto afectará significativamente el proceso de matrícula de los establecimientos para el año escolar 2011.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
PERFECCIONAMIENTO DE INSTRUMENTOS PARA DESARROLLO ECONÓMICO DE REGIONES EXTREMAS. Oficios.
El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , en la Región de Aysén, el índice de actividad económica regional del período que abarca desde enero a septiembre del presente año estableció una de las cifras más bajas, que significaron decrecimiento de la región.
Así como Valparaíso se situó como la región con mayor crecimiento a nivel nacional, con 7,4 por ciento, Aysén experimentó una tasa de decrecimiento de -16,4 por ciento, fuertemente impactada por la retracción de la industria pesquera, fundamentalmente la salmonera.
Más allá de ese indicador, estamos ante una señal de que los territorios australes, extremos, requieren necesariamente perfeccionar los instrumentos con los cuales se hace posible el desarrollo económico. De lo contrario, estamos limitando la efectiva integración territorial, económica y, por cierto, el llevar también a esos territorios la calidad de vida que se merecen esos chilenos, como cualquier otro que habita en algún punto de nuestro país.
Esto habla de la fragilidad de nuestra región, que hasta hoy todavía permanece sin comunicación, porque aún se encuentra sin conexión con el resto del país.
Ésas son las causas esenciales por las cuales ese inmenso territorio, casi el 16 por ciento de la superficie de Chile continental, tiene los resultados económicos señalados.
Por lo tanto, pido oficiar al Presidente de la República y al ministro de Hacienda a objeto de solicitarles que se aboquen rápidamente a estudiar la legislación que apunta al desarrollo económico, como la ley austral, que requiere urgente revisión para hacerla eficiente a los propósitos del desarrollo de las regiones extremas.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
PREOCUPACIÓN POR CONTINUOS MALTRATOS A FUNCIONARIOS DE CARABINEROS DE CHILE. Oficio.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente , quiero llamar la atención de la Sala respecto de una situación que considero gravísima: los continuos maltratos a carabineros, que se observan de manera recurrente, pero especialmente los ocurridos durante los últimos días.
En el conflicto provocado en Isla de Pascua resultaron heridos veinte carabineros, algunos con quemaduras graves, cuando cumplían su deber de mantener el orden público y de dar complimiento a una orden judicial para desalojar una toma.
Asimismo, ayer vimos con estupor cómo muchos jóvenes lanzaban piedras, escupos y todo lo que tenían a su mano a carabineros porque perdió Colo Colo.
Anteriormente, tuvimos el trágico caso del sargento Luis Rebolledo -lo visité personalmente-, quien hoy se encuentra en riesgo vital luego de ser literalmente “degollado” por un delincuente que atacaba a personas en Estación Central. Al funcionario le cortaron músculos, venas, incluso la yugular, y sólo se salvó porque la herida no alcanzó a su arteria aorta. Sin duda, se trató de una situación tremendamente dramática.
Además, otros carabineros se hallan en riesgo vital por accidentes, como el motorista de Calama, y otros efectivos han sido agredidos y han resultado con heridas menores.
¿Por qué traigo esto a colación? Porque justamente en estos días en la Cámara de Diputados se está viendo un proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar y que pronto vamos a discutir en esta Sala. Parte de esa iniciativa establece una mayor protección jurídica a los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad, Carabineros de Chile e Investigaciones, precisamente por lo peligrosa que resulta su misión en el cumplimiento de la ley y en el resguardo de la seguridad pública.
Si no logramos que la ciudadanía respete a quien es el encargado de mantener el orden público, nunca vamos a ganar la batalla contra la delincuencia. El Gobierno tiene la mejor intención de hacerlo, pero mientras no se logre respetar a la autoridad, ese objetivo no será posible.
En ese sentido, solicito oficiar al fiscal nacional, a objeto de que me informe el número de personas que se encuentran procesadas o condenadas por maltrato a carabineros, aunque sea de palabra e, incluso, sin lesiones.
¿Por qué me interesa esa información? Porque, obviamente, las lesiones graves se inician en el maltrato de palabra y de obra, sin lesiones, lo que hoy está siendo cuestionado y discutido en la nueva modificación legal antes señalada.
Me parece insólito el reclamo realizado por dirigentes de la Concertación en el sentido de cuestionar la actitud y el actuar de Carabineros en Isla de Pascua. Es necesario recordar que Carabineros, con presencia, pide el desalojo y, si los efectivos policiales son atacados por quienes no quieren ser desalojados, están obligados a actuar. El hecho de que haya veinte carabineros heridos demuestra que ellos fueron atacados por quienes se resistían a cumplir la orden.
Me parece insólito que los dirigentes de la Concertación no apoyen el cumplimiento de una orden judicial y siempre terminen cuestionando a quienes han tratado de poner orden y coordinar el cumplimiento de las leyes y no a quienes producen los desórdenes.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría y se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
CONSIDERACIONES SOBRE DISEÑO DE NUEVA CARRETERA ENTRE PUERTO MONTT Y PARGUA. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente , al igual que a muchos habitantes de la Décima Región, especialmente de las comunas de Puerto Montt, Maullín y Calbuco , me preocupa la construcción de la doble vía entre Puerto Montt y Pargua .
Se trata de una idea absolutamente justificada. Eso no está en discusión. El número de accidentes que permanentemente se producen en esa ruta y la cantidad de vidas que ella ha cobrado justifican plenamente la decisión de construir esa carretera.
Aunque esa obra fue anunciada a principios del año pasado, en la Región llamó mucho la atención que, pese a la importancia de la iniciativa, no hubiera un estudio de impacto ambiental, sino sólo una declaración, y no se realizó ninguna jornada de participación ciudadana. Por lo tanto, la gente está sumamente preocupada, pues no tiene información acerca de nada: ubicación de las pasarelas, los enlaces, las calles de servicio ni sobre las expropiaciones.
Por ello, desde el año pasado comencé a realizar una serie de reuniones con organizaciones cercanas al sector por donde pasará la carretera.
Una vez que asumió el nuevo Gobierno, se vio este proyecto y hace poco comenzaron a realizarse algunas jornadas de participación ciudadana que, insisto, de ninguna manera son vinculantes.
¿Qué me preocupa hoy? Que hay peticiones bastante razonables por parte de algunas de esas organizaciones, pero hasta le fecha no han tenido respuestas. Nuestro país sigue siendo centralista y, por lo tanto, estas inquietudes deben llegar, finalmente, a la Unidad de Concesiones del MOP.
Utilizo esta tribuna con la intención de que esas inquietudes lleguen lo más rápido posible a dicha instancia.
En resumen, estamos hablando de la necesidad de contar con un mayor número de pasarelas, ya que sólo hay ocho diseñadas. De hecho, una se ubica en el sector de La Goleta, frente a una escuela que fue cerrada hace dos o tres meses.
Por ejemplo, el sector de Colaco, al salir a la carretera, no cuenta con enlace ni con pasarela. La pasarela más cercana se encuentra a 3,7 kilómetros de distancia.
Entonces, si bien las carreteras se diseñan para la comodidad de los vehículos, siempre se debe tener en consideración cuáles van a ser las incomodidades para la población que se verá afectada por su construcción. Y en este caso hablamos de muchísima que transita a pie, que no tiene vehículo.
Por consiguiente, debido al clima que tenemos en la zona, con lluvia permanente, de enero a enero -quizás en el verano es un poco menos y no hace tanto frío-, esto nos puede acarrear problemas. Ya me imagino a mi gente tratando de cruzar la carretera, después de saltar las vallas, como se puede observar en otros sectores del país.
En cuanto a las pasarelas, ya mencioné el encierro en el que quedó Colaco , donde viven varios miles de personas, las que, para poder salir e ingresar a la carretera, de acuerdo con el proyecto, deberán trasladarse varios kilómetros, hasta Challahué. En una primera instancia, habían dejado encerrado el sector de Challahué, donde viven alrededor de mil quinientas personas, pero finalmente fue Colaco, que es aun más grande.
Además, en toda la carretera no se ha contemplado ni un solo atravieso para animales. Quizás no son muchos los casos de personas que tenga su campo a ambos lados de la carretera; no obstante ello, deben tener una opción para cruzar sus animales, lo que hoy no está resuelto.
Asimismo, hay muchos sectores donde no hay diseñadas calles de servicio porque se considera que la población es muy pequeña. No podemos seguir invirtiendo en nuestro país única y exclusivamente en función de un piso determinado de habitantes. Aunque vivan doscientas, trescientas o quinientas personas, es importante que cuenten con una calle de servicio para transitar.
Por lo tanto, pido que se envíe un oficio al ministro de Obras Públicas a objeto de solicitarle que la Unidad de Concesiones se pronuncie sobre los puntos que acabo de señalar y que preocupan en gran medida a la ciudadanía, que ha participado en estas jornadas, pero que, hasta la fecha, no ha tenido ninguna respuesta, en circunstancias de que se quiere empezar la construcción de la carretera a partir de marzo próximo.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría y se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de los señores diputados y señoras diputadas que así lo indican a la Mesa.
HOMENAJE A LA CIUDAD DE COPIAPÓ CON MOTIVO DEL 266° ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado don Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente , el miércoles 8 de diciembre, la ciudad de Copiapó cumple 266 años desde su fundación.
Por ello, en este nuevo aniversario de su fundación, deseo hacer llegar un fraternal saludo a cada uno de sus habitantes; asimismo, expreso mi reconocimiento a las autoridades, representadas por el alcalde de la comuna de Copiapó, don Maglio Cicardini Neyra , por el esfuerzo diario que ha desplegado para construir una ciudad moderna y acorde con los nuevos tiempos.
Este nuevo aniversario de Copiapó representa un momento de reflexión por los avances y mejoras de la ciudad como resultado de la laboriosidad y empeño de cada uno de sus habitantes.
Nuestra querida ciudad, orgullosa de su pasado minero y de su presente, contribuye al desarrollo del país y se ha convertido en una referencia inmediata de dinamismo económico regional, teniendo como principal recurso la tenacidad de su gente. Tengo la firme convicción de que el municipio será la institución y el instrumento fundamental de cambio hacia los nuevos escenarios de desarrollo, por ser un municipio promotor, facilitador, coordinador y regulador de acciones orientadas al desarrollo socioeconómico y al crecimiento ordenado y funcional de la ciudad. Debe ser el conductor de un proceso en el que la naturaleza, la historia, la cultura y la economía copiapina se conjuguen armoniosamente, posibilitando que se haga realidad el porvenir generoso, con una alta calidad de vida, a lo que todos aspiramos.
En esta oportunidad en que celebramos un nuevo cumpleaños de Copiapó, quiero gritar: ¡Viva Chile! ¡Viva Copiapó!
He dicho.
-Aplausos.
INFORMACIÓN SOBRE INDICADORES DELICTUALES. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el turno del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado don Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente , en los últimos días, hemos visto cómo las autoridades del Ministerio del Interior han hecho alarde de supuestas reducciones en los indicadores delictuales, lo que ha sido publicado en diferentes medios de comunicación. Pero, al analizar las cifras y la seriedad de las mismas, surgen muchas dudas.
A efecto de evitar hacer juicios anticipados, junto con el diputado Jorge Burgos , solicito, en primer lugar, que se envíe un oficio al fiscal nacional, señor Sabas Chahuán , para que nos remita un conjunto de información relativa a las denuncias recibidas, a las audiencias de control de detención realizadas, a las formalizaciones que registra el Ministerio Público, a las salidas alternativas y a algunas sentencias condenatorias.
De igual forma, como complemento, pido que se envíe un oficio al ministro del Interior , señor Rodrigo Hinzpeter , a objeto de que informe respecto del número de detenciones producidas desde marzo a la fecha y las comparaciones en atención a los períodos 2009, 2008, 2007 y 2006, y el número de formalizaciones realizadas.
De igual forma, pedimos que se oficie al general director de Carabineros de Chile , señor Eduardo Gordon Valcárcel , a fin de que informe sobre el número de detenciones efectuadas por personal de Carabineros desde marzo a la fecha, el número de denuncias por delitos de mayor connotación social y la tabla comparativa. Asimismo, pido que se envíe un oficio en los mismos términos a la señora defensora nacional.
He solicitado tales antecedentes en función de que la información que está siendo entregada no dice relación con un impacto directo en los indicadores delictuales, generando muchas veces, probablemente por ignorancia ciudadana, una falsa percepción de los verdaderos indicadores que está sufriendo el país en materia de delincuencia.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las señoras Carolina Goic, Cristina Girardi y Adriana Muñoz y de los señores Velásquez, Ortiz, Chahín, Accorsi, Montes, Díaz, Espinoza, don Fidel, y Carmona.
CALIFICACIÓN DE SUMA URGENCIA PARA PROYECTO DE LEY SOBRE LICENCIAS DE CONDUCIR. Oficio.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente , en los últimos días han ocurrido numerosos accidentes de tránsito. El viernes pasado, una persona que conducía en estado de ebriedad causó un accidente que produjo la muerte de tres personas.
Por tanto, pido que se envíe un oficio al ministro secretario general de la Presidencia para pedir califique con urgencia de “suma” al proyecto sobre licencias de conducir que está en discusión en el Congreso Nacional.
Me parece que quien es responsable de la muerte de tres personas, además de las sanciones correspondientes, no debe conducir nunca más un vehículo motorizado. Tenemos que discutir en forma seria el proyecto de ley sobre esta materia, que lleva años en el Congreso Nacional sin ser despachado. Llegó la hora de apurar su tramitación, lo cual sólo se va a lograr si su urgencia es calificada de “suma”. Esa iniciativa contribuirá a cuidar a nuestros ciudadanos.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de todos los señores y señoras diputadas que así lo indican a la Mesa
INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIÓN DE DECRETO SUPREMO SOBRE ÁREAS DE MANEJO DE PESCADORES ARTESANALES EN SECTORES DE COMUNA DE LOS VILOS. Oficio.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ, (doña Adriana).- Señor Presidente , los pescadores artesanales de la comuna de Los Vilos que tienen posesión de uso de áreas de manejo en los sectores C y La Cachina, han constatado que esta zona está siendo perforada por maquinaria que ha llegado al lugar sin haber sido solicitada y cuyas consecuencias son muy graves para los pescadores artesanales, ya que con ello se reduce la superficie de sus áreas de manejo.
Esta acción ha sorprendido a los pescadores artesanales y a sus organizaciones, dado que nadie ha pedido intervenir el área de manejo. Para realizar estas perforaciones se requiere una modificación del decreto supremo que estableció las áreas de manejo, lo que no ha sido solicitado por ningún dirigente ni pescador artesanal.
Por ello, pido que se envíe oficio al ministro de Economía para que me informe si el decreto supremo N°249, de 21 de julio de 1999, ha sido modificado por decisión del Gobierno o fue solicitado, dado que se trata de una situación muy grave, porque, repito, disminuye la superficie de las áreas de manejo que están en posesión de los pescadores artesanales y, necesariamente, se requiere una modificación de este decreto, que fija las áreas en las cuales se pueden realizar faenas de pesca.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Velásquez y Ortiz; señoras Carolina Goic y Cristina Girardi y señores Chahín, Díaz, Espinoza y Carmona.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente , los minutos que le sobraron a nuestro Comité se los cedemos al diputado Fidel Espinoza .
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Serán adicionados al tiempo del Comité Socialista.
AUDITORÍA DE RECURSOS PARA MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE COLEGIOS MUNICIPALIZADOS Y PARTICULARES SUBVENCIONADOS. Oficios.
El señor ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité Independientes-PRI, tiene la palabra el diputado señor Pedro Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ .- Señor Presidente , cada año, el Ministerio de Educación, entrega una subvención de mantenimiento y mejoramiento a los colegios municipalizados y particulares subvencionados.
El diputado que habla ha recibido reiterados reclamos de los centros de padres y apoderados de los colegios municipalizados y particulares subvencionados, porque los recursos no se han invertido como corresponde, lo que ha provocado que dichas organizaciones hayan tenido que recurrir a las más diversas actividades creativas, tales como rifas, venta de completos y ferias de las pulgas, para mejorar los establecimientos. Por su parte, los sostenedores de los colegios particulares subvencionados tampoco generan el financiamiento correspondiente.
El objetivo final de mi intervención es hacer respetar la normativa vigente, que dispone que el Ministerio de Educación proporcionará a los colegios particulares subvencionados y municipalizados, entre enero y febrero, una suma que debe ser invertida única y exclusivamente en su mantención.
Ejemplo de esto es la escuela El Crisol, ubicada en el sector rural de Ovalle. Los alumnos han esperado todo este año el mejoramiento de su colegio, porque está completamente abierto, sin pintar, con sus vidrios rotos y sin mobiliario. Sin embargo, hasta hoy, no han tenido una respuesta. Pero, no es el único caso, porque la misma situación se repite, como dije, en Coquimbo y Ovalle .
Por eso, solicito que se oficie al contralor regional y el secretario regional ministerial de Educación de Coquimbo para que ordenen llevar a efecto una auditoría de los recursos señalados e informen en qué se han invertido, en particular, en las comunas de Coquimbo y Ovalle, en las cuales el diputado que habla ha recibido el mayor número de reclamos.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
SOLUCIÓN A AISLAMIENTO DE FAMILIAS DEL SECTOR DE CAPTRÉN, COMUNA DE CURACAUTÍN. Oficios.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra al honorable diputado Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , recientemente, en un medio de comunicación apareció una alarmante noticia sobre un hecho que, desde hace bastante tiempo, hemos venido denunciando.
En el sector de Captrén, en las cercanías de Laguna Negra, comuna de Curacautín, en los faldeos del volcán Llaima, vive una docena de familias que están en el más absoluto aislamiento, debido al cierre del camino de acceso a sus predios, lo que no sólo les dificulta llegar a sus viviendas y viajar a la comuna de Curacautín, sino que les impide -lo que es aún más grave- salir del sector en el que están ubicadas sus casas, un lugar de alto riesgo, en las inmediaciones del volcán más activo de nuestro país, el Llaima. Por lo tanto, en caso de alguna emergencia debido a una erupción, como ha ocurrido habitualmente en los últimos años, las familias no tienen una vía de escape. La de don Marcelino Cuevas , ha tocado todas las puertas; lo hemos acompañado el Ministerio de Obras Públicas, se lo hemos hecho ver al intendente regional y hemos pedido el envío de innumerables oficios sobre la materia.
Durante el gobierno anterior, el ministro de Obras Públicas inició los trámites a fin de expropiar los terrenos necesarios para abrir un camino a esa familia y a todos los habitantes del sector. Sin embargo, la actual Administración ha señalado que se trata de un problema entre particulares, y les ha dicho a las familias que deben recurrir a los tribunales para pedir que se constituya una servidumbre de tránsito, en circunstancias de que se trata de un bien público. En caso de una erupción volcánica, esas familias estarían en riesgo vital.
Es indispensable que el Gobierno y el Ministerio de Obras Públicas asuman su responsabilidad y dicten el decreto de expropiación que permita sacar del aislamiento a las familias que viven en el sector de Laguna Negra, Captrén , comuna de Curacautín.
Por eso, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas y al intendente de la Región de La Araucanía , para que informen sobre las medidas adoptadas para dar una solución a las familias de ese sector; en definitiva, para que se expropie el terreno necesario para habilitarles una vía de escape, en caso de emergencia y, sobre todo, para que tengan libre tránsito desde y hacia la comuna de Curacautín.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Carolina Goic y de los señores José Miguel Ortiz, Lautaro Carmona, Fidel Espinoza, Marcelo Díaz y de quien preside.
INFORMACIÓN SOBRE LICITACIÓN DE BLOQUES PARA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACÓN PETROLERA, EN REGIÓN DE MAGALLANES. Oficio.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente , en la Región de Magallanes, hemos sido testigos de un plan de despido de trabajadores de la ENAP, que ya suman más de 300. Para mí no es más que el desmantelamiento de esa empresa y el inicio de su privatización.
Según versiones de prensa, durante los próximos días, el directorio de la empresa se pronunciará respecto de la licitación de la exploración de nuevos bloques, que estaban reservados para la ENAP. Cabe recordar que, en su momento, se establecieron dos grupos de bloques. Los de mayor riesgo fueron licitados y, como empresa estatal, la ENAP no iba a invertir allí. Por lo tanto, su explotación se reservó para los privados, proceso que resultó bastante exitoso. Sin embargo, según la información recibida, los bloques que se van a licitar son aquellos que representan un negocio más seguro y, en consecuencia, lo más razonable era que la ENAP los reservara para su explotación.
Por eso, quiero saber cuáles son exactamente los bloques que van a ser licitados, decisión que será sometida a la consideración del directorio de la empresa. Sabemos que uno de ellos es el Lago Mercedes, donde el Estado ha efectuado una fuerte inversión.
Asimismo, quiero saber cuáles son los motivos por los cuales no es la ENAP la que realizará la exploración y futura explotación de los bloques. Entiendo que con los recursos necesarios podría llegar a los mismos resultados que, probablemente, a no mediar un cambio en lo que hemos escuchado, van a tener los privados.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz, Fuad Chahín, Marcelo Díaz, Lautaro Carmona y Fidel Espinoza.
INFORMACIÓN SOBRE SUBSIDIO AL CONSUMO DE GAS DOMICILIARIO EN REGIÓN DE MAGALLANES. Oficios.
La señora GOIC (doña Carolina).- En segundo lugar, quiero consultar respecto de la actual situación de los subsidios que se entregan al consumo de gas domiciliario, en la Región de Magallanes.
Existe preocupación de la Asamblea Ciudadana, cuyos dirigentes han señalado que, según la información de que disponen, el año pasado se entregaron 3.374 subsidios, y en 2010 bajaron a 2.432; es decir, son 900 las familias de Magallanes que no los recibieron. Además, se habla de una reducción de los mismos.
Por eso, pido que se oficie a los ministros del Interior, de Hacienda y de Energía , a fin de los ministros mencionados que informen a la Cámara sobre el número de subsidios que se están entregando, los motivos de su reducción, los criterios utilizados y los cambios -si es que se han efectuado- introducidos al reglamento que se usaba y que todos conocemos, que priorizaba a las familias del programa Chile Solidario y a los adultos mayores, en particular, a aquellos que estaban solos.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz, Fuad Chahín, Marcelo Díaz, Lautaro Carmona y Fidel Espinoza.
ACTUACIÓN DE REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN OCTAVA REGIÓN. DESPIDOS EN SERVICIOS PÚBLICOS DE OCTAVA REGIÓN. Oficio.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , el 22 de noviembre, con la diputada señora Clemira Pacheco y el diputado señor Manuel Monsalve fuimos a constatar el estado de salud de las huelguistas de hambre en la mina El Chiflón del Diablo.
Nos encontramos con la sorpresa de que había barreras y que la autoridad administrativa nombrada por el Presidente de la República en el gobierno regional había impartido órdenes de no dejar pasar a nadie, en circunstancias de que según la ley Ortúzar, en el régimen de Pinochet, se planteó algo que nunca hemos podido sacar de la Constitución Política de la República de 1980, que ninguna autoridad administrativa puede dar órdenes a las Fuerzas Armadas y de Orden.
Entonces, con esa disposición se estaba pasando a llevar la ley.
En segundo lugar, también se estaba transgrediendo la ley, porque se le negaba el paso a tres diputados de la República, elegidos por el voto popular.
Anuncié una acción constitucional, que, con mucha paciencia, seguimos preparando, para lo cual continuamos recabando mayores antecedentes. Nos hemos encontrado con terribles demostraciones de un poder omnipotente, que no sé si proviene de una orden del Presidente de la República o del ministro del Interior .
Hace algunos días empezó la exoneración de funcionarios. Comenzó con José Luis Guardera ; luego, su esposa, Isabel Rojas ; después, Ramón Rozas ; hace cinco días, Paula Concha , del Servicio Nacional de la Mujer, a quien la directora le dijo que era la mejor profesional del Servicio; sin embargo, le dio a entender que tenía órdenes superiores.
En el Sename también empezó una ola de despidos y tenemos una información oficiosa de que a esa directora la llamó el ministro de Justicia , un hombre con criterio, y le hizo ver que no podía seguir, a tabla rasa, con el despido de más funcionarios, que es lo más cruel que le puede suceder a una persona.
Pero, hace tres días, la guinda de la torta coronó lo sucedido: la concejala Alejandra Schmidt , de la Democracia Cristiana, que hizo denuncias que figuran en dos carpetas que tengo en mi poder, sobre la gestión de la actual representante regional del Presidente de la República cuando era alcaldesa de Concepción, por ejemplo, sobre las horas extraordinarias, tema escandaloso, y algunas cosas más, fue amenazada por terceras personas de que la iban a echar del servicio público. La echaron. Ella dependía de la Secretaría Regional Ministerial de Salud.
Pero la cosa fue peor. Escribió en un twitter: “La despidieron por atrasos reiterados y por mala funcionaria … que me haya causado placer es otro tema … jajaja.” Con premeditación y alevosía.
En esas circunstancias, junto con el concejal Álvaro Ortiz , de Concepción, hicimos una denuncia al presidente de mi partido, quien actuó inmediatamente: ayer tuvimos la presencia de Fuad Chahín , en su calidad de vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano.
Y otra guinda. Un grupo de funcionarios del Hospital Regional y del Hospital Traumatológico hicieron una pequeña manifestación relacionada con el reajuste.
Por instrucciones de la representante del Presidente de la República, con carros lanzaguas mojaron no sólo a los manifestantes, sino que a los periodistas y a todas las personas que esperaban ser atendidas en el hospital.
Por lo anterior, solicito que se oficie al ministro del Interior, a quien adjuntaré el texto de todas las denuncias de despidos que obran en mi poder, para que me informe si es efectivo que hubo instrucciones del nivel central para esos despidos o si una vez más esa autoridad cree que es dueña de fundo para proceder de la forma en que lo hace.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Carolina Goic y de los diputados señores Chahín, Espinoza, Carmona y Marcelo Díaz.
RENOVACIÓN DE CONDICIONES LABORALES PARA TRABAJADORES DE INTEGRA. Oficios.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- El turno siguiente corresponde al Partido Socialista.
Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , el viernes pasado me reuní en mi oficina distrital de La Serena con dirigentes del Sindicato Nacional Sinati y del Sindicato N° 2 de Integra, los cuales llevan ya un buen tiempo negociando la renovación de sus condiciones laborales, como históricamente se ha venido haciendo. Sin embargo, esta vez se han encontrado con ciertas excepcionalidades. El director nacional, señor Sergio Domínguez , condicionó el diálogo a no hablar con los parlamentarios, ni conversar con nadie; sólo con él, en los términos que impone: no más de dos personas por sindicato y entran en orden a su oficina.
Me parece muy bien, aunque no es usual; en democracia uno invita a conversar, dialoga y no fija las condiciones de una negociación. Históricamente, los diputados y senadores, de todos los partidos políticos, recibimos a los sindicatos de los distintos estamentos públicos, en particular de esas instituciones.
De hecho, antes ellos negociaban con el Ministerio de Hacienda los términos de su renovación, pero hoy, a mi juicio, son objeto, de una presión. Están en huelga nacional, se trata de una institución que preside la Primera Dama , y los contratos, en su inmensa mayoría, no se rigen por el régimen que rige a los funcionarios públicos.
El financiamiento de esos contratos se hace con recursos públicos se hagan sobre la base de los recursos que el Estado consigna para el mantenimiento de dichas instituciones. Ello tiene que ver con reformas fundamentales que impulsamos durante el gobierno de la ex Presidenta Bachelet y que todos aprobamos por unanimidad, porque era fundamental avanzar en la cobertura de educación preescolar. Integra es una de las instituciones que cumple con esa función.
Desde esa perspectiva, parece fundamental que el trato y la forma en que se negocien las condiciones laborales de cualquier trabajador, en este caso, del sector público, aunque se rijan por Código del Trabajo, sea conforme a la jurisprudencia, a la práctica previa, al respeto mutuo.
Todos sabemos, y voy a dar el ejemplo de mi región, que esta institución cumple un rol fundamental, en particular cuando se inicia la temporada de la fruta, porque permite a las mamás dejar a sus niños y niñas bien atendidos, bien educados, bien alimentados, bien formados, mientras realizan sus actividades productivas.
Por lo anterior, solicito que se oficie a la Primera Dama de la Nación , para que se informe y tome debida cuenta -no digo que no esté informada, pero ojalá pueda tener el ciento por ciento de los antecedentes que dan cuenta de lo que hoy está ocurriendo en esta entidad- de la situación que afecta a los trabajadores de Integra que hoy están en paro, lo que está afectando a los niños y niñas que están sin cobertura preescolar.
Pido a la Primera Dama que interceda, para que se llegue a un acuerdo satisfactorio, especialmente para esas mujeres que forman parte de Integra, en su inmensa mayoría jefas de hogar, de manera que pueda continuar la cobertura nacional de educación preescolar, en particular en apoyo a mujeres de sectores más modestos, y así llevar adelante su función, con el respeto y dignidad que merece la organización sindical en la cual se encuentran agrupados los trabajadores y trabajadoras de Integra.
Asimismo, solicito que se envíe copia de mi intervención a todos los sindicatos vinculados a Integra.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
PREOCUPACIÓN POR NUEVA POLÍTICA HABITACIONAL DEL GOBIERNO. Oficios.
El señor BECKER (Vicepresidente).- En el resto del tiempo del Partido Socialista, más cuatro minutos del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, en primer lugar, agradezco al Partido por la Democracia por el tiempo que me ha cedido.
Hay una nebulosa y secretismo en torno a lo que se ha denominado la nueva política habitacional que quiere implementar el Gobierno.
Me parece que hay una nebulosa y secretismo, porque todas las voces apuntan a considerar que el Poder Ejecutivo , basado en criterios que no compartimos en lo más absoluto, pretende disminuir de manera abrupta los subsidios del Fondo Solidario de Vivienda I; es decir, para adquirir una vivienda sin crédito complementario.
Esto nos causa una profunda preocupación, porque nos asiste la plena convicción de que miles de familias que aspiran al sueño de la casa propia, no tienen ninguna posibilidad de acceder a una vivienda mediante el sistema crediticio. En definitiva, podrían quedar sin la oportunidad de lograr la casa propia sin deuda, con la abrupta disminución de los subsidios dirigidos a ese importante programa que crearon los gobiernos de la Concertación; primero, el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, el que, con posterioridad, fue perfeccionado durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet .
Hay incertidumbre. En muchas comunas, los comités de viviendas esperan que eso no ocurra. Conozco comités en Puyehue, Río Negro, Puerto Octay, Purranque, en la provincia de Osorno; en Fresia, en Llanquihue, en Puerto Varas, en particular en la localidad de Nueva Braunau; en Los Muermos y en la comuna de Frutillar, que reúnen a muchas familias que esperan que se cumpla el sueño de la casa propia, el cual podrían ver frustrado si se disminuyen los subsidios.
El actual Gobierno pretende, en definitiva, realizar una refocalización de estos subsidios al Fondo Solidario de Vivienda II y al DS 40, para adquirir casas, cuyo precio debe completarse con un crédito hipotecario.
Esto nos causa una profunda inquietud, porque dejaría a miles de familias fuera de la posibilidad de acceder a la casa sin deuda, que es su aspiración más profunda.
Por eso, en el marco de nuestra función fiscalizadora, pido oficiar a la ministra de Vivienda y Urbanismo y al Presidente de la República , a fin de que hagan llegar a la brevedad a la Cámara de Diputados el listado completo, región por región, ojalá pormenorizado comuna por comuna, de los proyectos que a la fecha cada Serviu regional tiene ingresado en su sistema.
No importa que tengan el Certificado de Proyecto Ingresado (CPI), pues lo que queremos saber a cabalidad es el número de familias cuyos antecedentes ya están en los Serviu en todo Chile, en particular de la región del distrito que represento.
Éste es un dato de enorme relevancia para que el Primer Mandatario se dé cuenta de que a lo mejor se pretende aplicar una política de refocalización de los subsidios a sus espaldas.
Sin duda, será un golpe fuerte para el Gobierno, porque con los dirigentes nos vamos a movilizar para protestar en contra de una medida que consideramos arbitraria y que no se ajusta a la realidad que viven los chilenos. La mayoría está en Dicom y no tiene posibilidad alguna de postular a la vivienda con crédito.
Asimismo, pido que cuando el subsecretario o la señora ministra de Vivienda vayan a regiones, como ocurrirá mañana en mi región con el subsecretario, se reúnan con todos los actores. No sólo con la Cámara Chilena de la Construcción, sino también con los presidentes de los comités de vivienda, con las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), con todos los actores que tienen que ver con los procesos de licitación o adjudicación de viviendas, con los municipios y los comités de viviendas respectivos.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INCREMENTO DE DOTACIÓN DE PERSONAL DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL BASE DE PUERTO MONTT. Oficios.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Por último, pido oficiar a la señora seremi de Salud de la Región de Los Lagos , con el objeto de que se analice con urgencia la grave situación que está ocurriendo en el Hospital Base de Puerto Montt.
En particular, voy a referirme a lo que dice relación con el Servicio de Pediatría, el cual cuenta con sesenta camas, divididas en cuatro unidades de cirugía infantil, ingresos, segunda infancia y lactantes.
Durante el día no hay problemas. Cada servicio tiene una enfermera a cargo. Pero en las noches, sólo dos enfermeras se encargan de todas las unidades.
Últimamente, por el déficit de profesionales de enfermería, por licencias médicas o por encontrarse algunas de vacaciones o por haber renunciado, los servicios no se están cubriendo como es debido, en particular los turnos. Muchos están a cargo de una sola enfermera. Hay que tomar en cuenta los riesgos y el estrés laboral que esto provoca.
Esta realidad puede suscitar problemas en los usuarios. Es de gran responsabilidad la atención de los menores, la recuperación de los pacientes y, en general, la protección de los niños, que son seres humanos frágiles.
Se necesita mejorar este estado de cosas. El Servicio de Pediatría requiere cambios en la atención de los usuarios, como también el trabajo de las enfermeras y de los paramédicos que se necesitan en esas unidades.
Por eso, en el nombre de muchas personas y trabajadores que atienden en el Servicio de Pediatría, solicito que se oficie a la seremi de Salud para que se adopte las medidas correspondientes para evitar que ocurran hechos lamentables y provoquen, ni Dios lo quiera, la muerte de algún menor por la desprotección en que están algunos turnos, que no cuentan con la cantidad de profesionales que se requieren.
También pido enviar copia de mi intervención al jefe del Servicio de Enfermería y al director del Hospital Base de Puerto Montt .
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
SALUDO A HABITANTES DE COPIAPÓ EN EL ANIVERSARIO DE ESA CIUDAD. INFORMACIÓN SOBRE ACEPTACIÓN DE RECURSO DE INVALIDACIÓN DE EMPRESA A CARGO DE PROYECTO DE TERMOELÉCTRICA CASTILLA. Oficios.
El señor BECKER (Vicepresidente).- En el tiempo del Partido Radical Social Demócrata, del Partido Comunista e Independientes, tiene la palabra el diputado Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , el primer problema que voy a abordar lo vinculo a un saludo a los habitantes de Copiapó en el nuevo aniversario de la comuna, que se celebra el miércoles 8 de diciembre.
Es de público conocimiento que el ex seremi de Salud del actual Gobierno modificó la calificación de “contaminante” a “molesto” del proyecto de la Central Termoeléctrica Castilla.
La Corte de Apelaciones y la Corte Suprema respondieron con un fallo unánime, que indica que esa modificación es ilegal.
Por consiguiente, la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema), y por ende, el actual seremi de Salud debía pronunciarse en el tiempo que quedaba sobre la base del informe presentado por la Corema en el mes de enero, que indicaba que era un proyecto “contaminante”.
El seremi en ejercicio ha aceptado un recurso de invalidación presentado por la empresa, el cual a todas luces es para ganar tiempo en beneficio de que se creen las condiciones propicias para que ese proyecto sea autorizado sí o sí, cualquiera sea la exigencia legal.
Por eso, pido oficiar al seremi de Salud y a la intendenta de la Región de Atacama, a fin de que expliciten por qué permitieron un recurso de invalidación toda vez que éste ya había sido utilizado por la empresa MPX, a cargo de este proyecto termoeléctrico.
Por otro lado, me parece muy importante precisar los cambios y límites propuestos en el anteproyecto elaborado por la administración de la ex Presidenta Michelle Bachelet , en relación con las exigencias que deben cumplir las empresas termoeléctricas.
Es necesario que el ministro de Energía explique la trascendencia de este ajuste y si permitirá legalizar el proyecto de la Central Termoeléctrica Castilla.
Se dice que las motivaciones sobre la rebaja en las exigencias a las empresas termoeléctricas, se consideran discriminadas en relación con otras que no se regulan y que también generarían contaminación al medio ambiente. Tal anuncio ha significado un gran impacto para las mediciones medioambientales.
Por las razones expuestas, pido que oficie al ministro de Energía, al director de la Conama, a la intendenta de la Región de Atacama y al seremi de Salud, a fin de que respondan a lo planteado con explicaciones claras, directas y públicas.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados.
PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE. Oficios.
El señor CARMONA.- Señor Presidente, se me ha hecho llegar una información acerca de presuntas irregularidades en el Instituto Nacional del Deporte, particularmente en
el Estadio Nacional, y en el Centro de Alto Rendimiento. Por el escaso tiempo que dispongo, sólo mencionaré la responsabilidad administrativa de la funcionaria Marcia Riveros Concha y me referiré a una de las irregularidades, la relacionada con los cobros en el Estadio Nacional, que hasta antes de la llegada del actual director, estaba a cargo de Chiledeportes.
Como hoy es una labor que realiza la empresa que arrienda ese recinto no se estaría considerando que, por el pago del borderó, quien usa el Estadio Nacional, debe entregar al Estado una mayor cantidad de aportes. Por consiguiente, no se estaría precisando esta labor o bien, a través de esa vía, se estaría burlando el rigor con que se debe actuar en esta materia.
Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra secretaria general de Gobierno y al director del Instituto Nacional del Deporte, a fin de que se investiguen estos hechos para que, en aras de la transparencia, y protección de los recursos del Estado de Chile, tengamos una respuesta clara. Asimismo, pido que se haga llegar copia de esta intervención a la Agrupación Gremial de Trabajadores de dicho Instituto.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.20 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 14.06 horas.
El señor BECKER (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
DEMORA EN ADJUDICACIÓN DE PROYECTOS CON CARGO AL FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA AÑO 2010. Oficios.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (.- Señor Presidente , quiero referirme a la demora en la adjudicación de proyectos sociales con cargo al Fondo Social Presidente de la República .
La función subsidiaria del Estado es básica para entender una de las vigas maestras del ordenamiento constitucional: el Estado ayuda a los ciudadanos sólo en la medida en que ellos no pueden hacerlo por sí mismos, o con sus esfuerzos no lograron procurarse los recursos necesarios para el desempeño de sus actividades propias.
Sin duda, los fondos que año a año proporciona el Estado, a través de programas para asistir a grupos organizados y a ciudadanos de las más diversas áreas del quehacer local, son de la mayor importancia, y expresan, en su mérito, la preocupación que los gobiernos tienen respecto de ellos.
Es cierto, no todos los gobiernos ni sectores tienen iguales preocupaciones.
Los gobiernos de la Concertación construyeron una red de asistencia social que, a través de planes y programas, han hecho de Chile un lugar con mayor justicia y solidaridad. Eso es un hecho.
La idea es que tal objetivo se mantenga y conserve en el tiempo, para consolidar una estructura que gire en torno a la asistencia permanente a las comunidades organizadas. Esto no es fácil ni menos barato, para el Estado.
Pero, todos sabemos que los programas sociales, sobre todo aquellos que adjudican fondos de manera directa, son el paradigma de las políticas públicas focalizadas en ciertos sectores, los cuales tienen deficiencias de recursos, cuyas causas no se pueden solucionar. De ahí su existencia.
Por eso, es fundamental entregar a la ciudadanía instrumentos que le permitan participar activamente en programas que involucren mejoras en su calidad de vida.
Igual de importante es hacernos cargo de que estas vías de acercamiento sean expeditas y viables, y hacia allá va dirigida mi crítica.
El Fondo Social Presidente de la República financia proyectos de las comunidades y de las organizaciones sociales. Esto es importante para todo el país.
Sin embargo, me toca denunciar en la Cámara un problema que me han comunicado ciudadanos de organizaciones sociales del distrito 25, comunas de Macul, San Joaquín y La Granja.
Ellos señalan que han postulado proyectos al Fondo Social Presidente de la República 2010 , cuya formalidad modificó este Gobierno. La fecha de vencimiento fue el 15 de octubre del 2010 y, hasta el momento, no han tenido información respecto de si los proyectos fueron o no aprobados. La incertidumbre los tiene lógicamente muy preocupados.
Un Gobierno que se preocupa de las personas no dilata los procesos, ni demora la entrega de información, sobre todo cuando ésta va en beneficio de los más necesitados.
El Gobierno ha mostrado esta misma actitud en varios otros aspectos y rubros, tales como el atraso en las becas Conicyt, por ejemplo. Ha tenido eficiencia y eficacia en el discurso, pero no en la práctica.
El Fondo Social Presidente de la República es una herramienta necesaria, y por ser administrados por el Estado debe instaurar, en la medida de lo posible, una red de protección social de carácter estable en cuanto a infraestructura e implementación de diversas actividades que realizan las organizaciones sociales, territoriales y funcionales.
Es necesario que la nueva forma de gobernar responda -como lo planteó en la campaña- con decisiones oportunas y claras ante dichas postulaciones.
La ciudadanía exige información pertinente y eficaz. Es decir, en los tiempos correspondientes.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro del Interior y al subsecretario de la misma cartera, con el objeto de que informen a la Cámara de Diputados, y a esta diputada en particular, sobre la demora en la información para la adjudicación de los proyectos con cargo al Fondo Social Presidente de la República año 2010, al que postularon las organizaciones sociales de las comunas del distrito 25, Macul , San Joaquín y La Granja, y del detalle de cada uno de esos proyectos.
He dicho.
El señor OJEDA ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE CENTRO DE SALUD Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE Y VEREDAS DEL SECTOR BARRIOS BAJOS DE VALDIVIA. Oficios.
El señor OJEDA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , el 24 de noviembre recién pasado me reuní con la directiva de la junta de vecinos N° 4, del sector de Barrios Bajos, de Valdivia, en la que me manifestaron una serie de inquietudes.
El 15 de noviembre del 2009 se realizó una consulta ciudadana en ese importante sector, entre otras cosas, para pedir el parecer de los ciudadanos sobre la instalación de un consultorio de salud en un importante terreno que existe en la zona. Más de 1.400 vecinos votaron en esta iniciativa de participación ciudadana, pero, hasta hoy, el Servicio de Salud de Valdivia no ha dado a conocer planes o proyectos respecto de la instalación de este centro de salud en dicho sector. Esto es de gran importancia, puesto que, además de las personas que votaron, participaron también las juntas de vecinos N°s 2, 3, 4, 5 y 62.
Cuando un conjunto de vecinos y de organizaciones sociales, a través de un mecanismo de participación han definido el reordenamiento de su territorio, es importante saber en qué etapa se encuentra.
Por eso, atendida la inquietud de la junta de vecinos N° 4, pido que se oficie a la directora del Servicio de Salud Valdivia, doctora Marianela Caro , a través del ministro de Salud , para que informe en qué etapa se encuentra el diseño y la futura construcción del consultorio de Barrios Bajos de Valdivia.
Igualmente, solicito que se envíe copia de esta intervención a la señora Teresa Airioli , presidenta de la junta de vecinos N° 4 de Barrios Bajos.
Asimismo, en este mismo orden de cosas, existe una natural incertidumbre respecto de la pavimentación de la calle Toribio Medina y veredas del sector de Barrios Bajos.
Por eso, solicito que oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo para que indique en qué etapa se encuentra este proceso. Vecinos, como don Roberto Alvarado, secretario de la junta de vecinos referida, han estado trabajando durante largo tiempo para lograr la pavimentación de la calle Toribio Medina y sus veredas.
Solicito también que se remita copia de ese oficio a la junta de vecinos N° 4.
He dicho.
El señor OJEDA ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE POLÍTICAS DE ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA ENTIDADES DEPORTIVAS. Oficios.
El señor DE URRESTI.- Por último, señor Presidente , pido que se envíen oficios al subsecretario de Deportes y al intendente de la región de Los Ríos, para que informen sobre las políticas de adquisición de terrenos para entidades deportivas.
El presidente del Club Deportivo Unión de Pescadores de la Caleta de Bonifacio , comuna de Valdivia, señor Juan Alberto Mayorga Ñanco ; su secretario, señor Héctor Mayorga , y vecinos de esa localidad costera, durante largo tiempo han estado solicitando la posibilidad de contar con recursos a fin de adquirir un sitio y construir una cancha de fútbol para ese sector de la comuna de Valdivia.
Dicho club deportivo, que cuenta con personalidad jurídica N° 1154, fue fundado el 5 de abril de 1984.
La directiva y los socios de esta entidad deportiva ven en un recinto deportivo el espacio para rescatar a la juventud, para más entretenimiento y convivencia.
Hasta el momento no ha habido respuesta a sus planteamientos y me comprometí directamente con ellos a oficiar a las autoridades de deportes y del gobierno regional, para que destinen recursos o informen cuáles son los canales de participación, a fin de entregarles una solución.
Pido que se remita copia de esta intervención a don Juan Alberto Mayorga Ñanco, presidente del Deportivo Unión de Pescadores de Caleta Bonifacio, comuna de Valdivia.
He dicho.
El señor OJEDA .-( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y, para mayor comprensión, con copia íntegra de su intervención
MEDIDAS PARA PALIAR SEQUÍA EN REGION DE COQUIMBO. Oficios.
El señor OJEDA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , en primer lugar, solicito que se oficie al intendente de la región de Coquimbo, con copia al director de Obras Hidráulicas y al director general de Aguas , para darle a conocer que, en reunión con la presidenta de la junta de vecinos del sector El Arenal, de la comuna de Vicuña, señora Florinda Araos , me informó que en dos semanas van a quedar sin agua, porque se están secando los pozos y necesitan urgentemente que se tomen medidas.
Mi región está siendo afectada por una sequía bastante aguda. Hace poco, el gobierno decretó emergencia hídrica para las provincias del Limarí, del Choapa; pero también en la provincia del Elqui se está viviendo de manera bastante dramática una situación similar. Es una zona de trabajadores de temporada agrícola y, por lo tanto, es urgente que se adopten medidas para evitar que ocurra lo que me señalaba la presidenta de la junta de vecinos, a quien también pido que se envíe copia de esta intervención.
He dicho.
El señor OJEDA ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
OBSTRUCCIÓN DE VISIBILIDAD EN RUTA 41, LOCALIDAD DE DIAGUITAS, COMUNA DE VICUÑA. Oficios.
El señor DÍAZ.- En segundo lugar, pido que se envíe un oficio al ministro de Obras Públicas , particularmente al director de Vialidad , para que tomen medidas respecto de una denuncia de vecinos que me señalan que árboles y arbustos obstruyen la visibilidad de los vehículos en el sector de curvas de la ruta 41, en el sector de la localidad de Diaguitas, comuna de Vicuña. Se trata de la ruta que une la ciudad de La Serena con el valle del Elqui y que, como lo pude apreciar personalmente, árboles y arbustos obstruyen la visibilidad y es posible que en algún momento se produzca un accidente.
He dicho
El señor OJEDA ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ALTERNATIVA PARA AMINORAR EFECTOS DEL POLVO EN SUSPENSIÓN EN SECTOR DE COLONIA ALFALFARES, COMUNA DE LA SERENA. Oficio.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , en tercer lugar, pido que se envíe un oficio a la directora de Vialidad , al ministro de Obras Públicas , para que informe a la Cámara sobre las alternativas disponibles para resolver un problema que se arrastra por muchos años: un sector de la calle Del Río, en la colonia Alfalfares , comuna de La Serena, lleva mucho años sin pavimentar porque no cuenta con alcantarillado. Por esa razón, no se puede postular a un proyecto de pavimentación. Es una zona donde circulan por un camino de tierra, en forma permanente, camiones que extraen áridos del lecho del río y constantemente levantan polvo. Además, en el lugar viven muchos adultos mayores; según la información de que disponemos, hay un mayor número de casos de personas de la tercera edad con problemas de asma. Hay mucha suciedad y, reitero, mucho polvo en las casas. Entendemos que no se puede pavimentar de manera definitiva hasta que no se solucione el problema de alcantarillado; pero, al menos, podría buscarse una solución de mantención regular o alguna alternativa, como la aplicación de bischofita, que disminuya o aminore el efecto nocivo que causan las partículas de polvo en suspensión que se levantan como consecuencia, insisto, del flujo de camiones con áridos en ese sector.
He dicho.
El señor OJEDA ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
MEDIDAS DE MITIGACIÓN POR CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN SECTOR LOS PERALES, LA SERENA. Oficios.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , en la semana me reuní con Marcelo Guerrero , vecino de la ciudad de La Serena, quien me señaló y me mostró que arriba de su casa, en el sector de Los Perales, la empresa constructora Elqui instaló una betonera -mezcladora de cemento-, generando serios problemas de contaminación acústica hacia la comunidad. Los vecinos han hecho mediciones, que confirman que el ruido ambiental les está afectando la calidad de vida.
Por eso, pido que se oficie a la ministra de Vivienda , para que disponga que alguna autoridad regional de su Cartera tome contacto con la constructora Elqui , a fin de buscar una solución que le permita seguir adelante con la construcción de nuevas viviendas, pero sin afectar la calidad de vida de estos vecinos del sector Los Perales, que ya han reunido un número de firmas importante para exigir medidas de mitigación contra ruido.
Pido también que se oficie al seremi de Salud de la Región de Coquimbo, ya que son de su competencia los temas de salud del ambiente.
Creo que el diálogo es posible. La disposición de los vecinos está y supongo que también la de la constructora, que no quiere tener problemas con los vecinos, a quienes les vendió las casas donde viven actualmente. Por eso, hay muchas posibilidades de arribar a un entendimiento.
He dicho.
El señor OJEDA ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión
-Se levantó la sesión a las 15.02 horas
TOMÁS PALOMINOS BESOAIN
Jefe de la Redacción de Sesiones
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Por mensaje Nº 513-358, de 29 de noviembre de 2010, sometí a consideración de la H. Cámara de Diputados, un proyecto de ley que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala y otros beneficios que indica.
La Cámara de Diputados, en sesión del 01 de diciembre de 2010, rechazó en general dicho proyecto, cuestión que fue informada por Oficio N° 9134, ese mismo día.
Se ha dado, entonces, el supuesto que contempla el artículo 68 de la Constitución. Esta disposición señala que “el proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año. Sin embargo, el Presidente de la República , en caso de un proyecto de su iniciativa, podrá solicitar que el mensaje pase a la otra Cámara y, si ésta lo aprueba en general por los dos tercios de sus miembros presentes, volverá a la de su origen y sólo se considerará desechado si esta Cámara lo rechaza con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes.”.
En uso de la facultad que me confiere el artículo 68 de la Constitución Política de la República, solicito a vuestra Excelencia se sirva remitir al honorable Senado el proyecto de ley antes mencionado (Boletín Nº 7330-05), para los efectos de lo señalado en la citada disposición constitucional.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ”.
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público y concede aguinaldos que señala y concede otros beneficios que indica (boletín 7330-05).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el
proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho del proyecto de reforma constitucional para adecuar los plazos vinculados a las elecciones presidenciales. (boletín N° 6946-07), en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, la que, para los efectos de los dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley sobre Calidad y Equidad de la Educación (boletín N° 7329-04).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
5. Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recaído en el proyecto de ley que crea mecanismo transitorio de adopción de acuerdos de los copropietarios en los sectores medios. (boletín Nº 7320-14-1)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano pasa a informar el proyecto de ley referido en el epígrafe, de origen en una moción de la Diputada señora Mónica Zalaquett y de los Diputados señores Jorge Burgos , Aldo Cornejo , Joaquín Godoy Carlos Montes , José Miguel Ortiz y Jorge Ulloa , en primer trámite constitucional y reglamentario, con urgencia calificada de suma.
I. CONSTANCIAS PREVIAS.
1. Idea matriz o fundamental del proyecto:
Rebajar el quórum para adoptar acuerdos tratándose de materias que deben abordarse en sesiones extraordinarias -números 1 al 7 del artículo 17 de la ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria-, en los casos de edificios que hayan resultado gravemente afectados con ocasión del terremoto y posterior maremoto de 27 de febrero de 2010, y donde se hubiere decretado su evacuación transitoria o permanente.
2. Normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado:
No hay.
3. Trámite de hacienda:
No requiere.
4. El proyecto fue aprobado, en general, por mayoría de votos.
Votaron a favor la diputada señora Denise Pascal y los diputados señores Gonzalo Uriarte ( Presidente ), Germán Becker (en reemplazo del diputado don Pedro Browne) , René Manuel García , Juan Lobos y Joaquín Tuma (en reemplazo del diputado don Orlando Vargas) . se abstuvo el diputado señor Juan Carlos Latorre .
5. Se designó diputado informante al señor Carlos Montes Cisternas.
La Comisión contó con la asistencia y colaboración del señor Juan Pablo González , abogado asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
II. ANTECEDENTES.
Los patrocinantes de la iniciativa expresan que el terremoto y posterior maremoto de 27 de febrero de 2010, además de generar grandes pérdidas humanas y materiales, ha planteado problemáticas muy complejas de resolver para los copropietarios de condominios que no fueron consideradas en la legislación común en su oportunidad, precisamente por tratarse de cuestiones excepcionales.
Es así como, luego de esta tragedia, los copropietarios gravemente afectados por el sismo, han debido resolver cómo seguir adelante, ya sea para reparar, demoler, vender sus unidades o cobrar y aplicar los seguros que eventualmente se hayan contratado. Sin embargo, la ley vigente ha enervado las decisiones, ya que en tiempos de normalidad los acuerdos sobre estas materias -que deben tratarse en sesiones extraordinarias- requieren de un quórum de aprobación de setenta y cinco por ciento de los derechos del condominio, lo que en la práctica ha demostrado ser muy alto.
Destacan que en la Ley de Presupuestos para el año 2011, se contempla una glosa especial que resuelve y facilita estos trámites, pero sólo en lo que dice relación con los condominios de viviendas sociales afectados por el terremoto y maremoto de febrero pasado, disponiendo que los acuerdos se adoptarán por la mayoría de los asistentes a la asamblea, haciendo una excepción a la norma general.
Con el objeto de dar una solución a los copropietarios de condominios pertenecientes a sectores medios, y conforme a lo ya descrito, proponen establecer una norma transitoria para los condominios afectados por el terremoto y maremoto de 27 de febrero de 2010.
DESCRIPCIÓN DE LA MOCIÓN
Consta de un artículo único, que rebaja el quórum de votación para adoptar acuerdos a la mayoría de los derechos en el condominio, cuando se trate de materias contempladas en los números 1 al 7 del artículo 17 de la ley sobre copropiedad inmobiliaria, a saber: modificación del reglamento de copropiedad; cambio de destino de las unidades del condominio; constitución de los derechos de uso y goce exclusivos de bienes de dominio común a favor de uno o más copropietarios u otras formas de aprovechamiento de los bienes de dominio común; enajenación o arrendamiento de bienes de dominio común o la constitución de gravámenes sobre ellos; reconstrucción, demolición, rehabilitación o ampliaciones del condominio; petición a la Dirección de Obras Municipales para que deje sin efecto la declaración que acogió el condominio al régimen de copropiedad inmobiliaria, o su modificación, y construcciones en los bienes comunes, alteraciones y cambio de destino de dichos bienes, incluso de aquellos asignados en uso y goce exclusivo. Y se verifique, además, de manera copulativa, la condición de ser un condominio gravemente afectado por el terremoto y maremoto de 27 de febrero de 2010, y donde se hubiere decretado su evacuación transitoria o permanente.
III. DISCUSIÓN DEL PROYECTO.
A) Discusión general.
Teniendo en vista las consideraciones y argumentos contenidos en la moción, los señores Diputados fueron de parecer de aprobar la idea de legislar sobre la materia. Siendo un hecho público y notorio las graves consecuencias producidas en el ámbito de la vivienda por el terremoto y posterior tsunami de 27 de febrero pasado, se estimó del todo conveniente que para resolver la compleja situación en la que quedaron, en especial, los copropietarios de condominios, ya sea para reparar, demoler, vender sus unidades, o cobrar y aplicar los seguros que, eventualmente, habían contratado, era necesario de manera excepcional rebajar los quórum de votación para lograr acuerdos en tal sentido, puesto que el actual -setenta y cinco por ciento de los derechos del condominio-, en la práctica era muy alto y entrababa o dificultaba el nivel decisional con que se debía contar para hacer frente de modo ágil y oportuno a los problemas suscitados con ocasión de este último evento catastrófico que soportó el país.
En la Ley de Presupuestos para el año 2011, se contempla una glosa especial que resuelve y facilita los trámites, pero sólo en lo que dice relación con los condominios de viviendas sociales afectados por el terremoto y maremoto de febrero pasado, disponiendo que los acuerdos se adoptarán por la mayoría de los asistentes a la asamblea, haciéndose, también, una excepción a la norma general. No se divisa inconveniente alguno, entonces, para aplicar igual criterio en relación con los otros condominios de nuestro país que resultaron igualmente afectados.
Puesta en votación general la idea de legislar se aprueba por mayoría de votos.
B) Discusión particular.
Artículo único.
Este artículo, que rebaja el quórum para adoptar acuerdos tratándose de materias que deben abordarse en sesiones extraordinarias -números 1 al 7 del artículo 17 de la ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria-, en los casos de edificios que hayan resultado gravemente afectados con ocasión del terremoto y posterior maremoto de 27 de febrero de 2010, y donde se hubiere decretado su evacuación transitoria o permanente, fue objeto de una indicación sustitutiva de las Diputadas señoras Claudia Nogueira y Denise Pascal y de los Diputados señores René Manuel García , Germán Becker , Patricio Hales , Carlos Montes , Joaquín Tuma , Gonzalo Uriarte , y Carlos Vilches , aprobada por mayoría de votos, que precisa que en estos casos los acuerdos se deben adoptar por los copropietarios que representen la mayoría absoluta de los derechos en el condominio, y que dicho quórum bastará para constituir la sesión extraordinaria -la exigencia actual es de un ochenta por ciento-.
Votaron a favor la Diputada señora Denise Pascal y los Diputados señores Germán Becker (en reemplazo del Diputado señor Pedro Browne) , René Manuel García, Juan Lobos , Joaquín Tuma (en reemplazo del Diputado señor Orlando Vargas) , y Gonzalo Uriarte . Se abstuvo el Diputado señor Juan Carlos Latorre .
C) Artículos e indicaciones rechazadas por la comisión.
Artículo único del proyecto.
“Artículo único.- En los condominios gravemente afectados por el terremoto y maremoto de 27 de febrero de 2010, y en que se hubiese ordenado su evacuación transitoria o permanente, los acuerdos a que se refieren los números 1 a 7 del artículo 17 de le ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, serán adoptados por la mayoría de los derechos en el condominio. Igual exigencia, será respecto de aquellas presentaciones de naturaleza administrativa que digan relación con la liquidación de los seguros comprometidos sobre los bienes comunes. Para acreditar los quórum establecidos anteriormente, bastará el acta suscrita por todos los copropietarios asistentes a la asamblea que se cite al efecto, protocolizada ante notario.”.
Votaron por el rechazo la Diputada señora Denise Pascal y los Diputados señores Germán Becker (en reemplazo del Diputado señor Pedro Browne) , René Manuel García , Juan Lobos y Joaquín Tuma (en reemplazo del Diputado señor Orlando Vargas) . Gonzalo Uriarte . Se abstuvo el Diputado señor Juan Carlos Latorre .
D) Indicaciones declaradas inadmisibles.
No hay.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por las otras consideraciones que dará a conocer en su oportunidad el señor Diputado Informante, la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recomienda aprobar el siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artículo único.- En los condominios gravemente afectados por el terremoto y maremoto de 27 de febrero de 2010, y en que se hubiese ordenado su evacuación transitoria o permanente, los acuerdos a que se refieren los números 1 a 7 del artículo 17 de le ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, serán adoptados por los copropietarios que representen la mayoría absoluta de los derechos en el condominio, quórum que también será suficiente para la constitución de la respectiva asamblea. Igual exigencia, será respecto de aquellas presentaciones de naturaleza administrativa que digan relación con la liquidación de los seguros comprometidos sobre los bienes comunes. Para acreditar los quórum establecidos anteriormente, bastará el acta suscrita por todos los copropietarios asistentes a la asamblea que se cite al efecto, protocolizada ante notario.”.
Sala de la Comisión, a 03 de diciembre de 2010.
Tratado y acordado en sesión de fecha 02 de diciembre de 2010, con asistencia de la Diputada señora Denise Pascal y de los Diputados señores Gonzalo Uriarte ( Presidente ), René Manuel García , Patricio Hales, Juan Carlos Latorre , Juan Lobos , Joaquín Tuma (en reemplazo del Diputado Vargas ) y Carlos Viches (en reemplazo de la Diputada Nogueira ).
Asisten además la Diputada señora Claudia Nogueira y los Diputados señores Pedro Browne , Rodrigo González y Carlos Montes .
(Fdo.): ROBERTO FUENTES INNOCENTI, Secretario de la Comisión .”
6. Informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, recaído en el proyecto de ley que implementa la medida de conservación 10-08 (2006), de la comisión para la conservación de los recursos vivos marinos antárticos. (boletín Nº7309-21)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos pasa a informar el proyecto de ley referido en el epígrafe, de origen en mensaje, que cumple su primer trámite constitucional y reglamentario. Sin urgencia.
Para el tratamiento de la iniciativa legal en referencia la Comisión contó con la participación del Subsecretario de Pesca , señor Pablo Galilea Carrillo ; del abogado asesor de la Unidad de Asuntos Internacionales de esa Subsecretaría, señor Osvaldo Urrutia Silva ; de las asesoras jurídica y técnica de esa Subsecretaría, señoras María Alicia Baltierra y Edith Saa , respectivamente; del Subdirector del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), señor Juan Luis Ansoleaga ; del Director del Centro de Instrucción y Capacitación Marítima (Cimar), dependiente de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante ( Directemar ) de la Armada de Chile, Comandante don Jorge Imhoff Leyton , acompañado de la Ingeniero Pesquero de Directemar , señora Marcela Zamorano .
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.
Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios pertinentes, se hace constar, en lo sustancial, previamente al análisis de esta iniciativa, lo siguiente:
a) La idea matriz del proyecto es, a decir del Mensaje, crear un párrafo en la Ley General de Pesca y Acuicultura, cuyo principal objeto es sancionar a personas chilenas que realizan actividades de pesca ilegal en el área de jurisdicción de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, a bordo o valiéndose de naves de pabellón extranjero.
b) La iniciativa legal es de quórum simple.
c) No requiere trámite de Hacienda.
d) El proyecto fue aprobado, en general, por cinco votos. Participaron en la votación la señora Pacheco ( doña Clemira ) y los señores Ulloa ( Presidente ), Bobadilla , Melero y Walker .
e) Se designó Diputado informante al señor Walker, don Matías .
II. ANTECEDENTES.
a) El mensaje.
Éste hace presente que la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, es un tratado internacional que forma parte del llamado Sistema del Tratado Antártico, cuyo propósito es velar por la conservación de tales recursos que habitan la Antártica, y cuyo texto fue adoptado en Canberra el 20 de mayo de 1980 y entró en vigor el 7 de abril de 1982. Agrega que Chile, como Estado Parte del Tratado Antártico, participó activamente en la negociación de dicha Convención, que actualmente cuenta con treinta y cuatro (34) Estados Parte, la que fue promulgada como ley de la República mediante Decreto N°662, de 24 de julio de 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Aclara el Mensaje que la conservación de los recursos ma¬rinos vivos no excluye su explotación, siempre que ella se realice de manera racional, y para lograr este propósito la Convención se aparta del enfoque tradicional de regular especies o grupos de especies, adoptando puntos de vista ecosistémicos y precautorios.
En cuanto al ámbito territorial de su aplicación, la Convención coincide con el área de la convergencia antártica, esto es, donde las aguas del océano austral se juntan con aquéllas más tibias provenientes de la región subantártica; zona de considerable productividad biológica, cuyos recursos pesqueros se caracterizan por su longevidad y tardía edad de maduración sexual y, por consiguiente, particularmente vulnerables a la sobreexplotación. Precisa que todos los recursos marinos vivos dentro del señalado ámbito territorial son susceptibles de ser regulados por la Convención, excepción sea hecha de las focas y cetáceos, por cuanto la protección de estas especies se encuentra regulada por otros acuerdos (Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas, de 1946, y la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas, de 1972).
Para su organización, la Convención estableció una Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), encargada de la gestión de dichos recursos en el área de su jurisdicción. Como organización intergubernamental con personalidad jurídica, establecida por una convención internacional, esta Comisión es la responsable de la implementación de aquellas medidas necesarias para la conservación de la vida marina del océano austral que rodea la Antártica, en particular de los recursos pesqueros.
La Comisión adopta sus decisiones sobre cuestiones de fondo, por consenso, en las reuniones que anualmente sostiene en la ciudad de Hobart (Australia), sede de su Secretaría. Una vez aprobadas, las medidas son obligatorias para los Estados Parte, salvo que ejerzan el derecho de “opt-out”, comprendido en el artículo IX de la Convención. En su tarea de adoptar las medidas de conservación, la Comisión cuenta con la cooperación del Comité Científico y de una Secretaría de apoyo administrativo.
Destaca que, para nuestro país, la Comisión constituye un foro internacional del más alto nivel, permitiendo a Chile estar a la vanguardia tanto en la creación de procesos de ordenamiento de pesquerías como en el combate contra la pesca ilegal.
No obstante lo señalado, hace presente que el régimen de manejo que se establece, a través de las medidas de conservación, se ve continuamente amenazado por la pesca ilegal que se registra en las aguas bajo la jurisdicción de la Comisión, concepto que involucra una amplia gama de actividades que pueden llevarse a cabo tanto en áreas dentro de la jurisdicción de un Estado como en aquellas reguladas por organizaciones internacionales de pesca y en la alta mar. Se trata, en suma, de actividades de pesca realizadas en contravención o sin tener en cuenta las normas de conservación y manejo aplicables a los recursos pesqueros.
A juicio del Ejecutivo, la pesca ilegal es una de las actividades que atenta más fuertemente contra la sustentabilidad de la actividad pesquera, en términos de constituirse en una grave amenaza contra la conservación de las poblaciones de peces, con múltiples consecuencias negativas para las personas que viven legítimamente de la pesca y para el medio ambiente marino. Así la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estimó que, en ciertas pesquerías importantes, ella representa hasta el 30% de las capturas, y en algunos casos incluso más. De allí, que existe consenso en el ámbito internacional en cuanto a que la pesca ilegal debe combatirse desde distintos frentes y utilizando todos los medios disponibles, responsabilidad que debería ser asumida por todos los actores relevantes, no sólo por el Estado del pabellón, que sigue siendo considerado como el principal ente llamado a ejercer jurisdicción para la prevención, control y sanción de esta actividad. Ello, debido a las dificultades que representa la existencia de banderas de conveniencia y al innegable hecho que no todos los países asumen la tarea de combatir la pesca ilegal con el mismo grado de compromiso. Por ello, el esfuerzo internacional ha comenzado a exigir gradualmente la responsabilidad del Estado del puerto, del Estado ribereño, del Estado del comercio y del Estado del nacional.
Destaca el Mensaje, en esta línea, que uno de los problemas que se aprecia con más fuerza en la Antártica radica en que la mayor parte de las aguas bajo la jurisdicción de la Convención se encuentra fuera de la zona económica exclusiva de los Estados, es decir, en la alta mar; por lo que las medidas de conservación que pueda adoptar la Comisión son en principio inaplicables a los Estados que no han ratificado la Convención. Estas naves ejercen actividades de pesca en la Antártica, vulnerando las medidas de conservación más esenciales, lo que resulta especialmente preocupante, porque la jurisdicción que pueda ejercer el Estado del pabellón pierde su fuerza y eficacia. Ello ha llevado a la Comisión a adoptar otras acciones adicionales tendientes a combatir la pesca ilegal, tales como la Medida de Conservación 10-08 (2006), que tiene por propósito que los Estados cuyos nacionales realicen o participen en actividades de pesca ilegal en el área de la Convención, a bordo o valiéndose de naves de pabellón extranjero, los disuadan de realizar tales actividades mediante la creación y aplicación de sanciones.
Entre las actividades que la Medida considera ilegales, se encuentran las siguientes: participar en actividades de pesca en el área de la Convención sin la autorización de pesca correspondiente, o en contravención de las condiciones dispuestas en ella; no registrar o no declarar capturas del área de la Convención o hacer declaraciones falsas; pescar en períodos de veda o en áreas cerradas; utilizar artes de pesca prohibidos en contravención a las medidas de conservación pertinentes; y, en general, realizar actividades de pesca infringiendo cualquier otra medida de conservación de la Comisión que perjudique la consecución de los objetivos de la Convención.
Esta Medida es obligatoria para Chile en su calidad de Estado Parte de la Convención, debiendo nuestro país adoptar acciones para sancionar las conductas recién descritas respecto de las personas naturales y jurídicas de nacionalidad chilena que operen contraviniéndola.
Justifica, entonces, el Mensaje la presentación de esta iniciativa a trámite legislativo, en consideración a que con ella se está dando cumplimiento a la obligación internacional del Estado de Chile, asumida en el marco de la Convención, y a que las conductas descritas no están previstas en la actual Ley General de Pesca y Acuicultura, por lo que, para el cumplimiento e implementación de la Medida de Conservación 10-08 (2006), se hace necesario crear sanciones para los nacionales chilenos que realicen actividades de pesca ilegal en el área regulada por la Convención, lo que constituye materia de ley.
b) Normativa relacionada con el proyecto.
La Constitución Política, en su artículo 32 N°15, incluye dentro de las atribuciones exclusivas del Presidente de la República , la de conducir las relaciones internacionales del país, llevando a cabo las negociaciones, concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses de Chile, los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso.
A su vez, el artículo 54 N°1 de la Carta Fundamental señala como atribución del Poder Legislativo , la de aprobar o rechazar los tratados internacionales que le presentare el Primer Mandatario antes de su ratificación, debiendo cada Cámara someterlos a los trámites de una ley, respetando los quórums exigidos respecto de las materias abordadas en aquéllos.
Ahora bien, el inciso cuarto del número precitado, preceptúa que las medidas que el Presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán de nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate de materias propias de ley, situación en la cual se encuentran aquéllas de las que se ocupa la iniciativa legal en trámite.
La génesis de este proyecto de ley debe focalizarse en la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR), celebrada en Canberra, el 20 de mayo de 1980, y que entró en vigor en 1982, y cuyos objetivos y breve historia de su aplicación en nuestro país se contienen en el estudio realizado por la Biblioteca del Congreso Nacional que, en sus partes principales, se transcribe a continuación.
En el aludido documento se manifiesta que los propósitos de la referida Convención apuntan a establecer las políticas y reglas que gobiernan las actividades asociadas con la utilización racional de los recursos vivos marinos, salvaguardando, además, el medio ambiente y proteger la integridad del ecosistema de los mares que rodean a la Antártica. En específico, los países que la suscriben deben tratar de prevenir la disminución de la población de cualquier especie animal de la Antártica a rangos que estén por debajo de los niveles críticos; velar por el mantenimiento de un nivel adecuado en las relaciones ecológicas existentes entre la población de las diferentes especies animales que habitan la Antártica; y prevenir los cambios irreversibles en dicho ecosistema marino.
Las disposiciones de la CCAMLR son aplicables al sur del llamado Frente Polar, en el cual las aguas más heladas y dulces de la Antártica se mezclan con las aguas más saladas y cálidas de los océanos Atlántico , Índico y Pacífico.
El Estado de Chile es Parte Contratante de esta Convención, al ratificarla en octubre de 1981. A su vez, el decreto N°1579, de diciembre de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, indica que la Sección Nacional Chilena de la Convención para la CCRVMA estará integrada por las siguientes instituciones, cuyos representantes ejercerán sus funciones ad-honorem: “la presidencia está dada para el Subsecretario de Pesca o, en su ausencia, por el Director de Medio Ambiente , Antártica y Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien está igualmente a cargo de su Secretaría Ejecutiva. También integran la Sección Nacional representantes del Instituto Antártico Chileno, de la Subsecretaría de Pesca, del Servicio Nacional de Pesca, del Instituto de Fomento Pesquero, del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, del Comité Oceanográfico Nacional, de la Armada Nacional, así como un representante del sector pesquero industrial, designado por el Subsecretario de Pesca ”. Además, participan como invitados en las reuniones de la Sección Nacional representantes de los armadores de naves pesqueras chilenas que realizan actividades en el área de la Convención.
La CCAMLR establece, en sus artículos VII y IX, que una Comisión establecerá la adopción y revisión de Medidas de Conservación para el logro de su objetivo. Además, su artículo XXI señala que cada una de las Partes Contratantes adoptará las medidas adecuadas, dentro de su competencia, para asegurar el cumplimiento de las Medidas de Conservación adoptadas por la Comisión.
Como parte de este acuerdo, nuestro país debe dar cumplimiento a las Medidas de Conservación establecidas por la CCRVMA, entre las cuales cobra especial importancia para los fines del proyecto de ley que se informa, aquélla individualizada como 10-08, la que entró en vigencia el 1° de julio de 2008, y que tiene como fin incluir, por una parte, a todos los nacionales de los miembros de la CCRVMA como sus beneficiarios y, por la otra, a las personas que, según las notificaciones, facilitan las operaciones de pesca Ilegal No Regulada No Reportada (INDNR). Al respecto, se tomó en consideración que “los operadores de la pesca INDNR a menudo utilizan estructuras corporativas y arreglos financieros internacionales para eludir sus obligaciones y evadir códigos de conducta legítimos y aceptables”, al respecto considera como elementos de mitigación los establecidos mediante Plan de Acción Internacional de la FAO para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Al respecto, Chile elaboró su propio plan en 2004.
Sobre el particular, la medida busca verificar si alguno de sus nacionales o alguna persona natural o jurídica sujeta a su jurisdicción está participando en actividades tales como: pescar sin licencia, o no registrar las capturas, o pescar en vedas o con artes prohibidos, entre otros. Así, se deberían incluir medidas para impedir, en efecto, que los participantes de tales actividades perciban los beneficios de las mismas y/o para disuadir a los actores de continuar perseverando en ellas.
III. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN.
A) General.
Durante la discusión del proyecto, la Comisión escuchó a las autoridades y representantes de las organizaciones que se individualizan a continuación:
El señor Galilea , Subsecretario de Pesca , señaló que el proyecto en cuestión tiene por objetivo implementar la Medida 10-08, adoptada por la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), en el marco de la Convención internacional respectiva y de la que Chile es parte desde 1981; se trata, en consecuencia, de una obligación internacional del Estado chileno. La Medida 10-08 obliga a los Estados Parte de la Convención del mismo nombre a, en primer término, verificar si alguna persona natural o jurídica sujeta a su jurisdicción está realizando o participando en actividades de pesca ilegal, en contravención de las medidas de conservación de la CCRVMA, lo que perjudica la consecución de los objetivos de la Convención y, en segundo término, a responder ante cualquier actividad verificada y cooperar con miras a implementar dichas medidas.
Para lograr los objetivos descritos, agregó, el proyecto establece sanciones de carácter administrativo, aplicables (mediante un procedimiento a cargo de la Subsecretaría de Pesca) a personas naturales y jurídicas que incurran en actividades de pesca ilegal en aguas antárticas, a bordo o con naves de pabellón extranjero. Esto implica el ejercicio de la jurisdicción derivada de la nacionalidad (chilena), si el Estado del pabellón no actúa (lo que ocurre con frecuencia en casos de pesca ilegal), respecto de infracciones cometidas en el área de competencia de la CCRVMA (aguas antárticas).
El proyecto implica, en consecuencia, detalló, la modificación de la Ley General de Pesca y Acuicultura, mediante la incorporación de ocho nuevos artículos, en los que, luego de tipificar como infracción las conductas ya señaladas, dispone las sanciones aplicables a sus autores; de mayor cuantía respecto de los capitanes y patrones de pesca, en comparación con los demás oficiales y tripulantes, e incluso aplicables a personas jurídicas chilenas que posean o exploten naves de pabellón extranjero y que participen en esas actividades.
El Comandante Señor Imhoff, Director del Centro de Instrucción y Capacitación Marítima (CIMAR), de la Armada de Chile, señaló que a esta institución corresponde mantener el registro de los nacionales que se embarquen en naves de pabellón internacional, para operar en alta mar, y que cuenta con un plazo de seis meses para emitir la resolución que señalará las menciones y aplicación del señalado registro. El proyecto considera, a modo de sanción, el no registrar como válido el tiempo de navegación que las personas hayan tenido en embarcaciones infractoras, esto es, no será reconocido ese tiempo para efectos de ascensos en su carrera de oficial de marina de pesca. Paralelamente, agregó, la institución emitirá informes en los que individualizará al personal marítimo que, en la respectiva área de pesca, haya sido identificado como “infractor” por parte de la Subsecretaría de Pesca. En términos prácticos, agregó, el acuerdo internacional de la CCAMLR contempla un cuerpo internacional de inspectores, llamados a identificar y luego a informar a todos los Estados Parte de la Convención, respecto de las naves que hayan sido avistadas pescando dentro o cerca del área de restricción; estos registros, detalló, se llevan desde el año 2006 a la fecha y son publicados en la página web de la Convención.
El Señor Ansoleaga , Subdirector del Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), señaló, por su parte, que las comunicaciones entre ese Servicio y la CCAMLR son fluidas, expeditas y frecuentes, lo que permite a este servicio contar con un detallado listado de los buques (considerando incluso los cambios de nombre y hasta de pseudónimos) y la respectiva dotación que se encuentran en infracción de las normas de la Convención, aspectos que favorecen la fiscalización.
-o-
Puesto en votación en general el proyecto, que consta de un artículo único, fue aprobado por asentimiento unánime (5x0), según consta en la suma de este informe.
-o-
B) Particular.
La iniciativa, que consta de un artículo único -dividido en tres letras- y un artículo transitorio, aprobado en todas sus partes, según se señaló, por la unanimidad de los presentes y en una única votación, sin modificación alguna respecto del texto contenido en el Mensaje, contiene las disposiciones que a continuación se analizan separadamente:
Artículo Único
Éste propone modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura, de la forma que pasa a reseñarse, en cada una de las letras que lo integran:
Letra a)
Ella tiene por propósito incorporar a la ley en referencia un artículo 66 bis, que obliga a todo nacional, con matrícula o títulos inscritos en nuestro país, y que efectúe actividades de pesca en alta mar, a bordo de una nave de pabellón extranjero, a comunicar dicho proceder a la Directemar, en forma previa al embarque (inciso primero).
Luego, preceptúa que al señalado organismo le corresponderá, mediante resolución dictada al efecto, fijar los requisitos y la forma en que deberá realizarse tal comunicación, indicando las menciones mínimas que aquélla deberá contener y el imperativo de informar, en forma inmediata, cualquier cambio de las circunstancias obligatorias de consignar en tal resolución (inciso segundo).
El inciso tercero se encarga de sancionar al personal marítimo que no cumpla con el mencionado requisito o que no informe fidedignamente, en términos de no reconocérsele el tiempo navegado a bordo de dicha nave, sin perjuicio de la restante penalidad contenida en la Ley General de Pesca.
Por último, este artículo consigna que DIRECTEMAR habrá de llevar un registro de la señalada información (inciso cuarto).
Letra b)
Esta letra propone, igualmente, incorporar a la ley en mención un artículo, el 115 bis, que prohíbe a los chilenos embarcarse, a sabiendas, en naves que se encuentren en alguna de la situaciones que indica, salvo en casos debidamente justificados de fuerza mayor. Quien contravenga esta norma, será sancionado con las multas que señala, siendo ésta mayor (de hasta 300 UTM) para los capitanes y para los patrones de pesca, y menor (de hasta 50 UTM) para los demás personas que integran la tripulación, además de las sanciones específicas que consigna el párrafo 4° de la misma ley (inciso primero).
Este artículo contempla, por otra parte, la existencia de listados de naves que realizan pesca ilegal, elaborados por organizaciones o en cumplimiento de tratados de los cuales nuestro país es parte, de allí que el inciso segundo de este nuevo artículo disponga que tales listados habrán de ser publicados en la página web de la Subsecretaría de Pesca, organismo al que también le corresponderá aplicar las sanciones que en él se contemplan, luego de oír al interesado y de considerar, al efecto, el informe evacuado por la Autoridad Marítima, considerando, en su determinación, la gravedad de la conducta, sus consecuencias y la eventual reiteración de éstos.
Sus incisos tercero y cuarto hacen aplicable las disposiciones de la ley N°19.880, sobre procedimiento administrativo, tanto respecto del procedimiento sancionatorio como de los recursos que podrán ser interpuestos por los interesados, contra la resolución de la Subsecretaría.
Letra c)
Ésta incorpora un Párrafo 4° en el Título IX de la Ley General de Pesca, que consta de seis artículos, y que trata de las “Sanciones contra nacionales que realicen o participen en actividades de pesca ilegal en aguas antárticas con naves de pabellón extranjero”, cuyas disposiciones pasan a explicarse:
Artículo 134-A
Esta disposición se encarga de sancionar, en la forma que indica, a los chilenos que, a sabiendas, ejecuten o participen en faenas de pesca, a bordo de naves de pabellón extranjero, que contravengan las Medidas de Conservación emanadas de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, aplicables a Chile, menoscabando los objetivos de la Convención suscrita por nuestro país y promulgada al efecto por Decreto Supremo Nº662, de 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Tratándose de capitanes y patrones de pesca, la multa será de entre 100 y 900 UTM, sanción que llevará aparejada la suspensión del correspondiente título, si poseen matrícula chilena, por un lapso de entre tres meses y tres años. Ahora bien, los demás oficiales y tripulantes podrán ser sancionados con multa hasta por un monto de 100 UTM, o con amonestación.
Artículo 134-B
Éste se ocupa de aplicar sanciones a las personas naturales o jurídicas chilenas propietarias, poseedoras, meras tenedoras o armadoras de naves pesqueras de pabellón extranjero, que con su conocimiento efectúen o participen en las actividades de pesca señaladas en el inciso primero del artículo precedente, con multa de entre 100 y 3000 UTM.
Artículo 134-C
Esta disposición se encarga de precisar que las referidas sanciones serán impuestas por la Subsecretaría de Pesca, luego de escuchar los descargos del interesado y lo informado al respecto por la Autoridad Marítima, además de indicar las consideraciones que ha de tener en vista aquélla para determinar la sanción. Por otra parte, somete el procedimiento correspondiente, como, asimismo, los recursos que puede deducir el interesado contra la resolución respectiva, a la normativa de la Ley N° 19.880, sobre Procedimiento Administrativo.
Artículo 134-D
Señala este artículo que la persecución de las infracciones contenidas en este párrafo que se agrega a la Ley General de Pesca corresponderá, en forma subsidiaria, a las autoridades nacionales, sólo si la jurisdicción del Estado del pabellón no es ejercida por éste, en relación a los mismos hechos que constituyen la infracción.
Artículo 134-E
Éste señala como órgano ejecutor de las resoluciones que condenen al pago de las referidas multas al Servicio de Tesorerías, conforme a la ley de Administración Financiera del Estado (inciso primero).
Su inciso segundo establece, en el caso de las personas jurídicas, que las sanciones en comento podrán ejecutarse subsidiariamente en cualquiera de sus representantes legales o apoderados con poder general de administración.
Artículo 134-F
Esta norma, para efectos de la aplicación de las sanciones que consulta este nuevo párrafo, dispone que aquellas naves que no portan pabellón o no indican nombre alguno, o que navegan sin nacionalidad, se considerarán como naves “de pabellón extranjero.”
Artículo Transitorio
Este fija un plazo de seis meses, a contar de la publicación de la ley en informe, dentro de los cuales habrá de ser dictada la resolución contemplada en el artículo 66 bis, agregado por la letra a) del artículo único de este proyecto.
V. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS.
No los hay
VI. INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES.
No se presentaron indicaciones que se hallen en el supuesto del epígrafe.
-o-
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por las otras consideraciones que dará a conocer el señor Diputado Informante , la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos recomienda la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artículo único. Introdúcense las siguiente modificaciones a la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N°430, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de 1991:
a) Incorpórase el siguiente artículo 66 bis:
“Artículo 66 bis. Todo chileno, con matrícula o título inscrito en Chile y que realice o participe en actividades de pesca en alta mar a bordo de una nave de pabellón extranjero, deberá comunicar dicha circunstancia a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, con anticipación al embarque.
Por resolución de dicha Dirección se establecerán los requisitos y la forma de efectuar tal comunicación, la que deberá indicar, a lo menos, la información de contacto del oficial o tripulante, la fecha y el puerto de embarque, y el nombre de la nave y el pabellón respectivo. Todo cambio en alguna de las circunstancias que deben informarse deberá comunicarse, inmediatamente, a la misma autoridad.
Al personal marítimo que no cumpla con dicho requisito o no entregue información fidedigna no se le reconocerá el tiempo navegado a bordo de dicha nave, de conformidad con lo dispuesto en el decreto ley N°2.222, Ley de Navegación, de 1978, y los reglamentos respectivos, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en esta ley.
La Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante llevará registro de esta información.”.
b) Introdúcese el siguiente artículo 115 bis:
“Artículo 115 bis. Prohíbese a los nacionales chilenos embarcarse, a sabiendas, en naves de pesca sin nacionalidad, que no enarbolen pabellón, o en aquéllas que se encuentren incluidas en listados que realizan pesca ilegal, elaborados por organizaciones o en virtud de tratados de los cuales Chile es parte, salvo en casos de fuerza mayor debidamente justificada. La contravención a esta norma será sancionada con una multa de hasta 300 UTM para los capitanes y quienes se desempeñen como patrones de pesca, y de hasta 50 UTM para los demás oficiales y miembros de la tripulación, sin perjuicio de las sanciones previstas en el párrafo 4°, del Título IX, de esta ley.
Los listados indicados en el inciso anterior serán publicados en la página web de la Subsecretaría, y producirán sus efectos transcurridos diez días desde su publicación.
Las sanciones serán impuestas por la Subsecretaría, previa audiencia del interesado e informe de la Autoridad Marítima. La sanción se determinará apreciando fundadamente la gravedad de la conducta, las consecuencias del hecho y si existe reiteración de infracciones.
Con todo, la tramitación del procedimiento sancionatorio se sujetará a las disposiciones de la ley N°19.880, en lo que resulten pertinentes.
En contra de toda resolución dictada durante el procedimiento el interesado podrá deducir los recursos contemplados en la ley N°19.880, en los mismos términos establecidos en dicho cuerpo legal.”.
c) Agrégase el siguiente párrafo 4° en su Título IX:
“Párrafo 4°
Sanciones contra nacionales que realicen o participen en actividades de pesca ilegal en aguas antárticas con naves de pabellón extranjero.
Artículo 134-A. Las personas naturales chilenas que, a sabiendas, realicen o participen en actividades de pesca a bordo de naves de pabellón extranjero, en contravención a las Medidas de Conservación adoptadas por la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, que sean aplicables a Chile y cuyo incumplimiento menoscabe los objetivos de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, promulgada mediante decreto supremo Nº662, de 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores, serán sancionadas de la siguiente forma:
Los capitanes y patrones de pesca con multa de entre 100 y 900 UTM. En el caso de contar ellos con matrícula chilena, serán, además, suspendidos de su respectivo título por un período de entre tres meses y tres años.
Los demás oficiales y tripulantes con amonestación, verbal o escrita, o con multa de hasta 100 UTM.
Artículo 134-B. Las personas naturales y jurídicas chilenas que sean propietarias, poseedoras, meras tenedoras o armadoras, totales o parciales, de naves pesqueras de pabellón extranjero y que, con su conocimiento, realicen o participen en las actividades de pesca a que se refiere el inciso primero del artículo 134-A, serán sancionadas con multa de entre 100 y 3000 UTM.
Artículo 134-C. Las sanciones de este párrafo serán impuestas por la Subsecretaría, previa audiencia del interesado e informe de la Autoridad Marítima. La sanción se determinará apreciando fundadamente la gravedad de la conducta, las consecuencias del hecho, la capacidad económica del infractor y si existe reiteración de infracciones. Con todo, la tramitación del procedimiento sancionatorio se sujetará a las disposiciones de la ley N° 19.880, en lo que resulten pertinentes.
En contra de toda resolución dictada durante el procedimiento, el interesado podrá deducir los recursos contemplados en la referida ley, en los mismos términos establecidos en ella.
Artículo 134-D. Las infracciones a que se refiere este párrafo serán perseguidas por las autoridades nacionales en forma subsidiaria y sólo cuando la jurisdicción del Estado del pabellón no sea ejercida, en relación con los mismos hechos que son materia de la infracción.
Artículo 134-E. Las resoluciones que condenen al pago de multas serán ejecutadas por el Servicio de Tesorerías de acuerdo con lo dispuesto en el Título III del decreto ley N°1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado.
En el caso de las personas jurídicas, las sanciones podrán hacerse efectivas, de forma subsidiaria, en cualquiera de sus representantes legales o apoderados con poder general de administración.
Artículo 134-F. Para efectos de aplicar las sanciones previstas en este párrafo, las naves que no porten pabellón, que no indiquen nombre alguno o que naveguen sin nacionalidad, se considerarán de pabellón extranjero.”.
Artículo transitorio.
La resolución a que se refiere el artículo 66 bis será dictada dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.”.
-o-
Tratado y acordado, según consta en el acta correspondiente a la sesión del 1 de diciembre del año en curso, con la asistencia de los señores Ulloa, don Jorge ( Presidente ); Ascencio, don Gabriel ; Bobadilla, don Sergio ; Campos, don Cristian ; Espinoza, don Fidel ; señora Isasi , doña Marta ; Melero, don Patricio ; señora Pacheco , doña Clemira ; Recondo, don Carlos ; Santana, don Alejandro ; Vargas, don Orlando , y Walker, don Matías .
Sala de la Comisión, a 6 de diciembre de 2010.
(Fdo.): SERGIO MALAGAMBA STIGLICH , Abogado Secretario de la Comisión .”
Moción de los diputados señores Hasbún , Auth , García, don René Manuel ; Tuma , Venegas, don Mario , y de las diputadas señoras Hoffmann , doña María José ; Pacheco , doña Clemira y Zalaquett , doña Mónica . Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para aumentar la sanción a quienes ocasionen accidentes con resultado de muerte. (boletín N° 7340-15)
IDEAS MATRICES:
La presente moción tiene por objetivo modificar la legislación vigente con respecto a la sanción que cae sobre un conductor de vehículo motorizado que cause la muerte tanto de un peatón como de los pasajeros de otros vehículos participantes a razón de un accidente de tránsito.
CONSIDERACIONES GENERALES:
A nivel mundial cada dos minutos fallece una persona a consecuencia de un accidente de tránsito. Este puede ser entendido en forma muy general, como un “Acontecimiento producido por uno o más vehículos y/o peatones con consecuencia de daños para las personas o bienes involucrados en él”, provocando pérdidas humanas y materiales constituyendo un grave problema social y económico.
Según datos entregados por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) entre los años 2000 y 2009 han ocurrido 435.901 accidentes de tránsito, de los cuales han dejado una cifra de 14.784 personas fallecidas. Del total de siniestro acaecidos entre estos años 38.884 corresponden a siniestros de tránsito a causa de la presencia de alcohol y de dicha cifra 3.346 corresponden a víctimas fatales.
La causa de estos accidentes corresponde tanto a imprudencias de conductores, no respeto a la señalización, como así también a la ingesta de alcohol de los mismos.
Las sanciones contempladas en la legislación vigente no logran ser un castigo efectivo para los responsables de los accidentes.
En virtud de las consideraciones antes expuestas, los diputados abajo firmantes vienen en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY 18.290 DE TRANSITO AUMENTANDO LA SANCIÓN A CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS QUE OCASIONEN ACCIDENTES DE TRÁNSITO CAUSANDO LA MUERTE DE LAS VÍCTIMAS, PEATONES Y OCUPANTES DE LOS VEHICULOS PARTICIPANTES, A CONSECUENCIA DE LA CONDUCCIÓN IMPRUDENTE COMO TAMBIÉN DEL MANEJO EN ESTADO DE EBRIEDAD.
Artículo 1º Introdúzcanse las siguientes modificaciones a la Ley Nº 18.290:
1. Agréguese el siguiente Artículo 196 B 1:
“Artículo 196 B 1.- El individuo que a consecuencia de la conducción imprudente o negligente causare la muerte a las víctimas, sean ellas peatones u ocupantes de los vehículos involucrados, será sancionado con una pena de presidio o relegación menores en su grado medio.
Junto con ello se aplicara además la pena accesoria de suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados por el término de diez años”.
2. Modifíquese el artículo 196 E de la siguiente forma:
a) Reemplázase en el inciso primero después de la “coma” (,) la frase “será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de dos a diez unidades tributarias mensuales” por la oración “si fuese sorprendido en una primera ocasión será sancionado con la suspensión de la licencia de conducir vehículos motorizados por el término de dos años; con la pena de presidio menor en su grado mínimo y la suspensión por el término de diez años si es sorprendido en un segundo evento y finalmente con la pena de presidio menor en su grado medio y suspensión perpetua de la licencia para conducir vehículos motorizados al ser sorprendido en una tercera ocasión”
b) Reemplázase en el inciso tercero, la frase “presidio menor en su grado máximo” por la oración “presidio mayor en su grado mínimo”.
c) Reemplázase en el inciso cuarto, la frase “y de dos a cuatro años, si resultare la muerte” por la oración “y cancelación si resultare la muerte”
Moción de los diputados señores Uriarte , Moreira , Lobos , Recondo , Hales , Monckeberg , don Cristián ; Baltolu , Calderón , Montes y Álvarez-Salamanca Aumenta sanciones por el uso de celulares o de pantallas de televisión durante la conducción de un vehículo motorizado. (boletín N° 7341-15)
“Ya es de ordinaria frecuencia observar los efectos adversos en la seguridad del tránsito público tienen los aparatos telefónicos y otros similares que son utilizados por los conductores al mando de un vehículo. El número de accidentes ocasionados por esta conducta amerita revisar la sanción actualmente establecida, que corresponde a una infracción grave, esto es, una multa de hasta 3 UTM.
Manifiestamente, esta sanción no resulta disuasiva para los conductores, puesto que cotidianamente se observa la transgresión a la respectiva prohibición. Por tal motivo, se propone elevar esta infracción al carácter de gravísima, lo que da lugar a una multa de hasta 5 UTM.
Adicionalmente, además del uso del celular, se ha observado que no pocos conductores mientras conducen , tienen acceso a pantallas de televisión o de video, lo que no es otra cosa que un mayor peligro de colisión al distraerse el conductor y dejar de estar atento a las condiciones del tránsito. Esta despreocupación se encuentra en la base de la mayoría de los accidentes protagonizados por vehículos motorizados.
En consecuencia, venimos en proponer el siguiente Proyecto de ley:
Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.290:
a) Agrégase al artículo 199 el siguiente N° 3):
“3.- Conducir haciendo uso de un teléfono celular u otro aparato de telecomunicaciones, salvo que tal uso se efectúe por medio de un sistema de “manos libres”, cuyas características serán determinadas por reglamento; como asimismo mantener dentro del vehículo, durante la conducción, pantallas de televisión o artefactos similares, que puedan ser vistos desde el asiento del conductor.”, y
b) Derógase el N° 32 del artículo 200.
Moción de los diputados señores Montes , Andrade , Auth , Browne , Castro , Farías , Hales , Monckeberg, don Nicolás y Uriarte .
Extiende el plazo para la división de condominios de viviendas sociales con el objeto de facilitar su administración. (boletín N° 7342-14)
“Vistos: Lo dispuesto en los artículos 1°, 19 y 60° números 2) y 20) de la Constitución Política de la República; en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades; en la Ley N° 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria y en la Ley N° 20.168.
Considerando:
1.- Que pese a que no existen estadísticas oficiales, cálculos especializados indican que en el país existirían más de un millón de unidades de viviendas sociales ubicadas en conjuntos habitacionales de este carácter.
2.- Que muchos de estos condominios presentan un grave deterioro a causa de la falta de organización de los vecinos y el insuficiente apoyo para propiciar un mejoramiento continuo de las condiciones de vida de sus habitantes.
3.- Que entre las causas que dificultan la agrupación de sus habitantes y el desarrollo de iniciativas para promover su mejoramiento radica en el excesivo número de unidades de los que habitualmente están compuestos, como también, en muchos casos, de las diversas realidades existentes en su interior.
4.- Que la normativa vigente reconoció la realidad de los condominios de viviendas sociales a partir de la Ley 19.537, de 1997, que contiene un capítulo especial destinado a su regulación.
5.- Que, asimismo, en la última década se comenzó a abordar los condominios de vivienda social como un objetivo de la política pública en la materia, creándose instrumentos tales como el Programa Participativo de Asistencia Financiera en Condominios Sociales (Decreto 127 de 1998); el Programa de Mejoramiento de la Vivienda y su Entorno (D.S. Nº 84 de 2004); el Programa de Reparación de viviendas Serviu (D.S. Nº 149 de 2005) y el Programa de Protección del Patrimonio Familiar (D.S. Nº 255 de 2006).
6.- Que, por su parte, la ley N° 20.168 complementó dichas disposiciones fijando un número máximo de unidades por conjunto y estableciendo, asimismo, medidas adicionales para mejorar su habitabilidad y fortalecer la organización vecinal y, con ello, fomentar su mejoramiento.
7.- Que este último texto legal contempló, también, en sus artículos primero y segundo transitorio un procedimiento especial destinado a permitir la división de los condominios de vivienda social, ya existentes, a unidades de 150 viviendas que hicieran posible una mejor administración y faciliten la constitución de organizaciones.
8.- Que dicho procedimiento tenía prevista una duración de tres años, el cual venció en febrero pasado, sin que haya logrado cumplir cabalmente sus objetivos, atendida la cantidad de condominios existentes y su heterogeneidad, por lo que resulta necesario renovar sus disposiciones, bajo las mismas regulaciones actuales.
9.- Que, adicionalmente, se propone incorporar una norma referida a los espacios comunes del respectivo condominio, permitiendo que sobre ellos se constituya una copropiedad diversa para facilitar su administración y evitar que ella entorpezca la de las viviendas y su entorno más inmediato.
Por lo anterior, los diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°.- Renuévase por cinco años, a partir de la publicación de la presente ley, el procedimiento de división de condominios sociales a que se refieren los artículos transitorios de la ley 20.168. Dicho procedimiento se regulará por las disposiciones y exenciones arancelarias contenidas en dichas normas.
Artículo 2°.- En casos calificados, para facilitar su división y administración, podrá solicitarse la creación de una copropiedad diversa respecto de algunos bienes de dominio común, tales como estacionamientos, locales comerciales, sedes sociales, espacios deportivos y otros de aquéllos a los que se refiere la letra d) del numeral 3º del artículo 2º de la ley N° 19.537.
Moción de las diputadas señoras Pacheco , doña Clemira ; Pascal, doña Denise , y de los diputados señores Carmona , De Urresti , Espinoza, don Fidel ; Robles y Vallespín .
Modifica la ley N° 19.713, con el objeto de incrementar la presencia de observadores científicos y asegurar la transparencia y publicidad de la información recopilada. (boletín N° 7343-21)
Modifica la ley N° 19.713, con el objeto de incrementar la presencia de observadores científicos y asegurar la transparencia y publicidad de la información recopilada. (boletín N° 7343-21)
“Vistos: Lo dispuesto en los artículos 1º, 19º y 63º de la Constitución Política de la República; en el Decreto 430 de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18,892, General de Pesca y Acuicultura y en la Ley N° 19.713, que establece un Límite Máximo de Captura por Armador.
Considerando:
1.- Que el artículo 19º de la Ley Nº 19.713, que fija un Límite Máximo de Captura por Armador, establece la figura del observador científico. En base a esta disposición, complementada por el reglamento correspondiente, las plantas procesadoras y los armadores pesqueros industriales se ven en la obligación legal de permitir el ingreso o aceptar a bordo, según el caso, y dar las facilidades necesarias, a las personas que, en dicha calidad, designe la Subsecretaria de Pesca para efectos de recopilar información biológico- pesquera.
2.- Que la disposición referida recoge la experiencia que desarrollaba el Instituto de Fomento pesquero IFOP, desde principios de la década del ’90 y que se fortaleció, tras la entrada en vigencia del reglamento de la norma citada el año 2006.
3.- Que la obligación en comento fue concebida para la obtención de datos científicos que permitirían ir perfeccionando la investigación en materia pesquera, y con esto contribuir al actuar de la Subsecretaria de Pesca, de los actores de esta actividad y de la comunidad científica.
4.- Que, sin embargo, las deficiencias legales, han ocasionado que la figura del observador científico vaya perdiendo su fundamento original. En particular, el Reglamento (D.S. 308) y sus respectivas modificaciones han incorporado obstáculos y trabas administrativas que restringen la publicidad y el uso de la información recopilada para determinados fines.
5.- Que tales limitaciones no sólo merman los positivos efectos que la figura de los observadores pueden generar en el ámbito científico, sino que vulneran los principios de transparencia y publicidad que la Ley Nº 20.285, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, consagra para los actos de la administración estatal.
En particular, cabe citar el artículo 5º de este cuerpo legal que señala “es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre con presupuesto público.” De esta manera, sólo podrá haber excepciones a la publicidad establecidas en la propia Ley de Transparencia y las previstas en otras leyes de quórum calificado.
6.- Que la experiencia internacional avala la relevancia de contar con observadores científicos. A modo de ejemplo, podemos señalar, que en Australia, que ha sido uno de los países pioneros en materia pesquera -se construye a partir de dos normativas centrales Fisheries Administration Act 1991 y el Fisheries Management Act 1991-, la autoridad pesquera administra un programa de observadores científicos. Este programa provee datos relevantes para aspectos de gestión, investigación e industrialización. El programa incluye desarrollo de proyectos de planificación y capacitación; los observadores son entrenados para obtener datos y muestreos en áreas específicas de pesca. Asimismo, permite un despliegue de la información captada por los observadores científicos, que se materializa en reportes e informes de datos, semestrales o anuales. El propósito fundamental, es proveer a las agencias pesqueras, centros de investigación, industria pesquera y a la comunidad en general, de información específica y relevante sobre la pesca y su práctica, por parte de naves comerciales nacionales e internacionales.
Por su parte, en Nueva Zelanda, otro país referente en la materia, establece una normativa -Fisheries Act 1996- con el objeto de proveer la utilización de los recursos pesqueros junto con asegurar su sostenimiento. También, se estipula la obligación de crear un programa de observador científico a cargo de la autoridad pesquera, con el propósito de recolectar información precisa y fidedigna, para fines de investigación pesquera, operación o manejo pesquero, y cumplimiento de las obligaciones pesqueras. La autoridad pesquera está a cargo de realizar la elección del observador científico, el cuál debe estar facultado para observar todo lo relacionado con las actividades pesqueras: (a) la especie, cantidad, tamaño, edad y condición de los peces, la vida acuática, o algas; (b) los métodos de pesca; (c) los efectos de los métodos de pesca en los peces; (d) la vida acuática, las algas y el medio ambiente acuático; e) todos los aspectos de la operación de cualquier buque; (f) el tratamiento, el transporte, el almacenamiento de trasbordo, o eliminación de los peces, la vida acuática, o las algas; (g) cualquier otro asunto que pueda ayudar a la autoridad a obtener, analizar, o verificar la información con fines de investigación pesquera.
En lo que atañe a la Unión Europea, el Reglamento (CE Nº 2347/2002) por el que se establecen las modalidades específicas de acceso y otras condiciones aplicables a la pesca de poblaciones de aguas profundas, obliga a los Estados Miembros elaborar un plan de muestreo para el despliegue de observadores y la toma de muestras, que garantice la recopilación de datos representativos para la evaluación y la gestión de las poblaciones de peces de aguas profundas. Toda la información recopilada es enviada a la Comisión que a su vez la transfiere a los organismos científicos. Además, se establece una normativa especial, Reglamento (CE Nº 1543/2000) para la recopilación de datos en general y su correspondiente gestión. Se estatuye, que cada Estado Miembro establecerá un programa nacional de recopilación y gestión de datos para períodos de seis meses. Cada Estado Miembro se responsabiliza de la fiabilidad y la estabilidad de los procedimientos de recopilación y tratamiento de datos, y proporciona a la Comisión información que le permita evaluar los medios empleados y la eficacia de los procedimientos.
7.- Que, como señalamos, nuestro país también ha recogido esta tendencia en la ley N° 19.713 y en experiencias anteriores. Asimismo, cabe recordar que Chile ha sido principal impulsor de la creación de la Organización Regional de Administración Pesquera del Pacífico Sur. Esta organización, nace a propósito de la Convención sobre la Conservación y Administración de los Recursos Pesqueros en la Alta Mar del Océano Pacífico Sur. Dicho texto, en su artículo 28º, consagra un programa de observadores científicos, para recopilar datos científicos. La información es usada para apoyar las funciones de la organización regional y sus órganos. Asimismo se estipulan estándares de recopilación, compilación e intercambios de datos con el objeto de ampliar la base de información para la conservación y la gestión de los recursos pesqueros. La Organización Regional deberá adoptar normas, que den cuenta de algunos aspectos, entre ellos: la recogida, verificación y presentación oportuna de informes a la organización de todos los datos pertinentes; la recopilación y gestión de datos precisos y completos para facilitar la evaluación eficaz de las poblaciones y garantizar dictámenes científicos adecuados; la seguridad, el acceso y la difusión de datos, manteniendo la confidencialidad en su caso; el intercambio de datos entre miembros de la organización y con otras organizaciones regionales de ordenación pesquera y otras organizaciones pertinentes.
8.- Que creemos se requiere formular urgentes correcciones legales que apunten a:
a. Fortalecer la presencia de observadores científicos, minimizando las reticencias que éstos generan vinculadas a la posible aplicación de sanciones a partir de la información que recojan o del uso de ésta por parte de otros armadores;
b. Asegurar la solvencia y capacidad técnica de las personas encargadas de desarrollar dicha función, para lo cual se propone integrar expresamente a las universidades e institutos profesionales acreditados, a través de su cuerpo de investigación y su alumnado; y
c. Garantizar el libre acceso a la información recopilada, como una forma de avanzar en el desarrollo de las políticas eficientes que resguarden la sustentabilidad de los recursos.
Por lo anterior, los diputados que suscribimos, venimos en presentar el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Agréguese los siguientes artículos 19 bis, 19 ter y 19 quater a la Ley N° 19.713, sobre Límite Máximo de Captura por Armador:
Artículo 19 bis.- Los observadores científicos serán designados oportunamente notificándose de ello a éstos y al armador respectivo, a lo menos, con una antelación de diez días al zarpe.
Los armadores deberán permitir al observador científico acceder a los archivos y registros de la embarcación, analizar las especies capturadas e intervenir en todos los procesos u operaciones pesqueras.
Además, deberán proporcionarle las comodidades necesarias para su permanencia, descanso y alimentación a bordo de la embarcación y el adecuado desarrollo de sus tareas.
Artículo 19 ter. Los observadores científicos deberán recopilar, registrar y dar cuenta de los datos e información biológico-pesquera de las operaciones de la pesca industrial y procesamiento de recursos pesqueros. Tales antecedentes no serán utilizados con fines de fiscalización ni darán lugar a la aplicación de sanciones.
Las personas que se desempeñen como observadores científicos deberán acreditar los conocimientos y aptitudes que les permitan realizar tales funciones. Podrán desarrollar esta labor alumnos en práctica de carreras ligadas a las ciencias marinas, pesqueras o acuícolas, de universidades e institutos profesionales acreditados.
La información recopilada por el observador científico será pública, de acuerdo al artículo 5º de la Ley 20.285, de transparencia de la función pública y acceso a la Información de la Administración del Estado. Ésta no incluirá la individualización de las naves ni de los armadores pesqueros industriales. El procedimiento de recopilación de deberá asegurar la privacidad de tales antecedentes a través de su codificación o cifrado.
Artículo 19 quater.- No se otorgará autorización de zarpe a aquellas embarcaciones pesqueras que, habiéndoles sido designado un observador, éste no figurare entre la dotación a bordo de la nave.
Todo entorpecimiento, limitación o agresión física o verbal al observador científico será denunciada penalmente cuando corresponda y sancionada, además, de acuerdo a lo previsto en el artículo 111 del Decreto 430 de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18,892, general de Pesca y Acuicultura.
11. Oficio del Tribunal Constitucional
? Santiago , 12 de noviembre de 2010.
Oficio Nº 5.081
Remite resolución.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Tengo a bien remitir a V.E. copia de la resolución dictada por esta magistratura con fecha 12 de noviembre de 2010 en el proceso Rol Nº 1481-09-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, a los efectos que ella indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO, Presidente (s); MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
PRESENTE.”