Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VIII . Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- PERMISO
- Joaquin Tuma Zedan
- PERMISO
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- IX. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Ascencio Mansilla
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Perez Arriagada
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Ascencio Mansilla
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Ascencio Mansilla
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Ascencio Mansilla
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Maria Antonieta Saa Diaz
- PETICIÓN DE OFICIO : Marta Eliana Isasi Barbieri
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Fulvio Rossi Ciocca
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS.
- INTEGRACIÓN
- Gonzalo Arenas Hodar
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Jose Manuel Edwards Silva
- Enrique Estay Penaloza
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Javier Hernandez Hernandez
- Fernando Meza Moncada
- Manuel Monsalve Benavides
- Ernesto Silva Mendez
- Joaquin Tuma Zedan
- Alfonso Vargas Lyng
- Mario Venegas Cardenas
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- INTEGRACIÓN
- ACUERDO DE LOS COMITÉS.
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS.
- V. FÁCIL DESPACHO
- IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDA DE CONSERVACIÓN 10-8 (2006) DE LA COMISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Clemira Pacheco Rivas
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- DEBATE
- IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDA DE CONSERVACIÓN 10-8 (2006) DE LA COMISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS. Primer trámite constitucional.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- INCORPORACIÓN DE FIRMA DE DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL EN INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS. Modificación de la ley N° 20.248. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Jose Hoffmann Opazo
- INTERVENCIÓN : Sergio Bobadilla Munoz
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- INTERVENCIÓN : German Verdugo Soto
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Romilio Gutierrez Pino
- INTERVENCIÓN : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- INTERVENCIÓN : Luis Segundo Lemus Aracena
- INTERVENCIÓN : Maria Jose Hoffmann Opazo
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Gustavo Hasbun Selume
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Aldo Cornejo Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Maria Jose Hoffmann Opazo
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- DEBATE
- SUSPENSIÓN DE PRESCRIPCIÓN EN DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Giovanni Oscar Calderon Bassi
- INTERVENCIÓN : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- DEBATE
- INCORPORACIÓN DE FIRMA DE DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL EN INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS. Modificación de la ley N° 20.248. Primer trámite constitucional.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- 4 . Informe sobre la participación del diputado señor Roberto León Ramírez en la Audiencia Parlamentaria 2010 en Naciones Unidas, realizada en Nueva York, los días 2 y 3 de diciembre de 2010.
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Roberto Leon Ramirez
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Sergio Aguilo Melo
- Pepe Auth Stewart
- Joaquin Tuma Zedan
- Adriana Munoz D'albora
- Karla Elizabeth Rubilar Barahona
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- Leopoldo Perez Lahsen
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcos Espinosa Monardes
- Alfonso De Urresti Longton
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Fernando Meza Moncada
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Orlando Severo Vargas Pizarro
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Denise Pascal Allende
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 4 . Informe sobre la participación del diputado señor Roberto León Ramírez en la Audiencia Parlamentaria 2010 en Naciones Unidas, realizada en Nueva York, los días 2 y 3 de diciembre de 2010.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 358ª
Sesión 109ª, en martes 7 de diciembre de 2010
(Ordinaria, de 10.39 a 12.59 horas)
Presidencia de la señora Sepúlveda Orbenes, doña Alejandra y del señor Becker Alvear, don Germán
Presidencia accidental del señor Ulloa Aguillón, don Jorge.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental , el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- FÁCIL DESPACHO
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VIII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 8
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
- Integración de Comisión Especial de Pueblos Originarios 11
- Acuerdo de los Comités 11
V. Fácil despacho
- Implementación de medida de conservación 10-8 (2006) de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Primer trámite constitucional 11
VI. Orden del Día.
- Incorporación de firma de director de establecimiento educacional en informe de rendición de cuentas. Modificación de la ley N° 20.248. Primer trámite constitucional 17
- Suspensión de prescripción en delitos contra la administración pública y otros. Primer trámite constitucional 37
VII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual retira y hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que “Establece normas especiales sobre publicidad y reserva de las actuaciones procesales tratándose de ciertos delitos y un reforzamiento de las sanciones en materia de delitos contra los miembros de las policías.”. (boletín N° 7217-07) 42
2. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual retira la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto “Sobre Calidad y Equidad de la Educación.”. (boletín N° 7329-04) 42
3. Oficio del H. Senado mediante el cual comunica que ha dado su aprobación al informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto “Sobre cuota anual de captura en materia pesquera”. (boletín N° 7255-03) (S) 42
4. Informe de la participación del diputado señor León en la Audiencia Parlamentaria 2010 con ocasión de la 65ª Sesión de la Asamblea General de la ONU, realizada los días 2 y 3 de diciembre pasado en la sede de Naciones Unidas en Nueva York 43
Pág.
5. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Jiménez; Monckeberg, don Nicolás; Aguiló, Auth, Tuma, y de la diputada señora Muñoz, doña Adriana, que “Regula el régimen laboral en días domingos y festivos.”. (boletín N° 7347-13) 49
6. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Andrade y Pérez, don Leopoldo, que “Establece agravante de responsabilidad penal en caso de robos contra choferes de locomoción colectiva.”. (boletín N° 7348-07) 52
7. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Espinosa, don Marcos; De Urresti; Gutiérrez, don Hugo; Meza, Ortiz, Vargas, y de las diputadas señoras Isasi, doña Marta y Pascal, doña Denise, que “Modifica la Ley General de Servicios Sanitarios sobre concesiones sanitarias.”. (boletín N° 7349-09) 53
- Oficios del Tribunal Constitucional mediante los cuales remite copia autorizada de las sentencias referidas a los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
8. “artículo 38 ter de la ley N° 18.933”. Rol 1657-10-INA. (5146) 55
9. “artículo 38 ter de la ley N° 18.933”. Rol 1626-10-INA. (5150) 55
10. “artículo 38 ter de la ley N° 18.933”. Rol 1572-10-INA. (5159). 56
11. Oficio del Tribunal Constitucional mediante el cual remite copia autorizada de la sentencia definitiva en control de constitucionalidad referida al proyecto, aprobado por el Congreso Nacional, sobre “personas jurídicas sostenedoras de establecimientos educacionales.”. boletín 7068-04 (S). Rol 1815-10CPR. (5170) 57
VIII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Nota y comunicación.
- Del diputado señor Tuma, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 07 de diciembre en curso, para dirigirse a Buenos Aires, Argentina y Montevideo, Uruguay.
- Del diputado señor Browne, quién acompaña licencia médica por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de 8 días, a contar del 03 de diciembre en curso.
2. Respuestas a oficios
Contraloría General de la República:
- Diputado RINCÓN, Disponer la agilización de los procedimientos relativos al trámite de toma de razón de los Decretos Supremos que otorgan los beneficios contemplados en la ley N°19.234, que establece beneficios previsionales por gracia para personas exoneradas por motivos políticos.
- Diputado ESPINOZA don FIDEL, Recaba antecedentes acerca de la etapa de tramitación en que se encuentra el nuevo plano regulador de Los Muermos, Región de Los Lagos.
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo:
- Proyecto de Acuerdo 206, Medidas sobre tipo de cambio y consideración de la competitividad de la economía en la determinación de la política monetaria.
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita información sobre medidas de fiscalización e iniciativas de mejoramiento de la legislación para sancionar la extracción ilegal de locos desde concesiones acuícolas.
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado Jarpa, Solicita informar sobre planes de mejoramiento de la Ruta Precordillerana, y acerca de la construcción de Puente Pinto, en dicha comuna de la provincia de Ñuble, región del Biobío.
- Diputado Rincón, Solicita se informe, de conformidad a lo indicado en el Ord. N° 2442, de 8 de septiembre de 2010 de esa Cartera, referido al enrocado del Estero de Codegua; y se sirva disponer el inicio de los estudios de ubicación, la realización de las tareas necesarias o faltantes, así como señalar los costos y la rentabilidad de las obras acerca del mencionado proyecto.
- Diputado Urrutia, Instruir se repare el camino ubicado en el sector denominado “Los Cuarteles Sur”, en la comuna de retiro, Provincia de Linares, Región del Maule.
- Diputado Pérez don José, Solicita ejecutar proyectos de asfaltado de 2 caminos (rutas Q-35 y Q-115) en la provincia del Biobío, dada su alta rentabilidad social.
- Diputado Meza, Solicita información sobre planes para solucionar problema de rebalse del Estero Gorbea, Región de La Araucanía.
- Diputado Arenas, Solicita se informe sobre la factibilidad de realizar una visita inspectiva para buscar una solución a los problemas que genera la bocatoma del Canal El Parque, ubicada en el sector Lolenco de la comuna de Angol, Región de La Araucanía.
Ministerio de Agricultura:
- Diputado Jaramillo, Solicita reconsiderar la decisión de modificar el diseño institucional de la oficina de la Comisión Nacional de Riego en la ciudad de La Unión, Región de Los Ríos; de esta manera se evitará afectar los servicios que dicho organismo presta en la región y, además, la estabilidad en el empleo de los funcionarios que allí laboran.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
- Diputado Delmastro, Solicita informar sobre los antecedentes que se tuvieron en consideración para eliminar del registro de entidades gestoras de subsidios habitacionales a la Corporación Habitacional de la Cámara Chilena de la Construcción de Valdivia.
- Diputado Martínez, Recaba información sobre la factibilidad de reformular el Fondo Solidario de Vivienda, incorporando variables que permitan establecer subsidios viables técnicamente y que sean socialmente equitativos.
- Diputado Castro, Informe sobre el específico plan de reconstrucción que existe para la Villa Cordillera en la ciudad de Rancagua.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita investigar las eventuales irregularidades producidas en la extensión de la jornada laboral de los conductores de buses interprovinciales de la empresa Tur Bus.
Ministerio Público:
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita se envíe copia de su intervención en que requirió demandar de la fiscalía de la comuna de Río Negro, en el marco de sus competencias, un actuar más eficiente en el control de la delincuencia.
IX. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- Diputado Ascencio
, Solicita informar respecto de la nómina de personas que se desempeñan, en las modalidades contrata y honorarios, en la Municipalidad de Valparaíso, con exclusión de los docentes, y la nómina de prestadores de servicios, ya sean personas naturales o jurídicas (2043 de 02/12/2010). A alcalde de Municipalidad de Valparaíso .
- Diputado Silber, Diputado Ascencio, Solicita informar respecto de los contratos suscritos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con empresas de comunicaciones o apoyo en coaching, con el objeto de prepararse para la interpelación parlamentaria solicitada por cuarenta y cinco diputadas y diputados (2044 de 02/12/2010). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Diputado Pérez don José, Solicita informar las razones del eventual cierre de la oficina del Instituto de Desarrollo Agropecuario en Alto Biobío; al tiempo que solicita se reconsidere la medida, atendida la enorme utilidad social que presta la antedicha repartición en una de las comunas más pobre del país. (2045 de 02/12/2010). A Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- Diputado Ascencio, Solicita informar los días y horario en que la señora Directora del Servicio Nacional de la Mujer de la Región de Valparaíso , Ana María Pacheco Rodríguez, desempeña dicho cargo (2053 de 02/12/2010). A Ministerio de la Mujer.
- Diputado Ascencio, Solicita informar los días y horario en que la señora Ana María Pacheco Rodríguez, realiza su práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, señalando la fecha de inicio de dicha práctica (2054 de 02/12/2010). A Ministerio de Justicia.
- Diputado Ascencio, Solicita informar respecto de la compatibilidad del ejercicio de las funciones de secretarios regionales ministeriales o de directores regionales de servicios públicos con la práctica profesional para optar al título de Abogado, en la Corporación de Asistencia Judicial (2055 de 02/12/2010). A Contraloría General de la República.
- Diputada Molina doña Andrea, Solicita se remita un informe que dé respuesta a consultas relativas a la planta de elevación que la empresa sanitaria Esval mantiene en la ciudad de Quillota. (2056 de 02/12/2010). A Ministerio de Salud.
- Diputada Molina doña Andrea, Solicita se remita un informe que dé respuesta a consultas relativas al deceso de la hija recién nacida de la señora Patricia Morales Vega. (2057 de 02/12/2010). A Ministerio de Salud.
- Diputada Saa doña María Antonieta, Solicita remitir un informe con los antecedentes relativos a la expulsión de la subteniente Jessica Alarcón Llauca desde la Fuerza Aérea de Chile. (2058 de 03/12/2010). A Ministerio de Defensa Nacional.
- Diputada Isasi doña Marta, Solicita informar respecto de las actividades desarrolladas con ocasión de una jornada de capacitación para funcionarios de la Corporación de Fomento de la Producción de la Región de Tarapacá, en el centro recreacional de la Caja de Compensación Los Andes en la localidad de La Huayca, Iquique, particularmente sobre el origen de los fondos utilizados en el arrendamiento de lugar; si se utilizaron vehículos fiscales, se emplearon recursos públicos en la adquisición de carne y bebidas alcohólicas, así como pago de viáticos a los concurrentes (2059 de 03/12/2010). A Contraloría General de la República.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (110)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos René PPD XI 59
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto RN XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD V 9
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Mendez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando IND XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Diputados en misión oficial señores Patricio Vallespín López y Celso Morales Muñoz.
-Por contar con permiso constitucional, no asistieron la diputada Andrea Molina Oliva y el diputado Celso Morales Muñoz.
-Asistió, además, el senador Fulvio Rossi.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.39 horas.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El acta de la sesión 103ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 104ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Propongo integrar la Comisión Especial de Pueblos Originarios con los siguientes señores diputados: Arenas, Chahín, Edwards, Estay, García, Hernández, Meza, Monsalve, Silva, Tuma, Vargas, Venegas y Von Mühlenbrock.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
ACUERDO DE LOS COMITÉS.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Prosecretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Los Comités parlamentarios han acordado considerar, sobre Tabla, sin debate, en la sesión de las 13 horas, la proposición de la Comisión Mixta, constituida para resolver las divergencias suscitadas entre la Cámara de Diputados y el Senado durante la discusión del proyecto de ley sobre cuota anual de captura en materia pesquera, contenido en el boletín N° 7255-03.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Para plantear un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señora Presidenta , aun cuando la sesión de la tarde, destinada a analizar el proyecto de reajuste de remuneraciones del sector público, está citada para tres horarios distintos, informalmente hemos sabido que en el Senado lo trataría previamente la Comisión de Hacienda, lo que retrasaría su despacho por la Sala de esa Cámara, lo que, a su vez, imposibilitaría su tratamiento en la Cámara de Diputados en alguno de los tres horarios alternativos.
Entonces, quiero saber si la Mesa ha contemplado alternativas ante esa posibilidad.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Señor diputado , en este momento estamos monitoreando lo que está pasando en el Senado y también estamos conversando con su Presidente .
Vamos a informar permanentemente a la Sala sobre lo que ocurra en esa Cámara, pero con el acuerdo de los Comités.
V. FÁCIL DESPACHO
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDA DE CONSERVACIÓN 10-8 (2006) DE LA COMISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS. Primer trámite constitucional.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que implementa la medida de conservación 10-8 (2006), de la Comisión de los Recursos Vivos Marinos Antárticos.
Diputado informante de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos es el señor Matías Walker.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 7309-21, sesión 99ª, en 11 de noviembre de 2010. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, sesión 108ª, en 6 de diciembre de 2010. Documentos de la Cuenta N° 6.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor WALKER (de pie).- Señora Presidenta , la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos me ha encomendado informar el proyecto de ley que implementa la medida de conservación 10-8 (2006) de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, originado en mensaje, que cumple su primer trámite constitucional y primero reglamentario.
Para el tratamiento de la iniciativa legal en referencia, la Comisión contó con la participación del subsecretario de Pesca , señor Pablo Galilea ; del abogado asesor de la Unidad de Asuntos Internacionales de esa Subsecretaría, señor Osvaldo Urrutia ; de las asesoras jurídica y técnica de esa Subsecretaría, señoras María Alicia Baltierra y Edith Saa , respectivamente; del subdirector del Servicio Nacional de Pesca, señor Juan Luis Ansoleaga ; del director del Centro de Instrucción y Capacitación Marítima, dependiente de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante de la Armada de Chile, comandante don Jorge Imhoff Leyton , acompañado de la ingeniera pesquera de Directemar, señora Marcela Zamorano .
Antes de entrar al análisis de esta iniciativa, debo hacer presente, en lo principal, lo siguiente:
a) Que la idea matriz del proyecto es crear un párrafo en la ley General de Pesca y Acuicultura, cuyo principal objeto es sancionar a personas chilenas que realizan actividades de pesca ilegal en el área de jurisdicción de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, a bordo o valiéndose de naves de pabellón extranjero.
b) Que la iniciativa es de quórum simple.
c) Que el proyecto fue aprobado, en general, por 5 votos a favor. Participaron en la votación la diputada señora Pacheco , doña Clemira , y los diputados señores Ulloa ( Presidente ), Bobadilla , Melero y quien habla.
El mensaje hace presente que la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos es un tratado internacional que forma parte del llamado Sistema del Tratado Antártico, cuyo propósito es velar por la conservación de tales recursos que habitan la Antártica, y cuyo texto fue adoptado en Canberra el 20 de mayo de 1980 y entró en vigor el 7 de abril de 1982. Agrega que Chile, como Estado parte del Tratado Antártico, participó activamente en la negociación de dicha Convención, que actualmente cuenta con treinta y cuatro Estados parte, la que fue promulgada como ley de la República mediante decreto N° 662, de 24 de julio de 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Aclara el mensaje que la conservación de los recursos marinos vivos no excluye su explotación, siempre que ella se realice de manera racional. Para lograr este propósito, la Convención se aparta del enfoque tradicional de regular especies o grupos de especies, adoptando puntos de vista ecosistémicos y precautorios.
En cuanto al ámbito territorial de su aplicación, la Convención coincide con el área de la convergencia antártica, esto es, donde las aguas del océano austral se juntan con aquéllas más tibias provenientes de la región subantártica, zona de considerable productividad biológica, cuyos recursos pesqueros se caracterizan por su longevidad y tardía edad de maduración sexual y, por consiguiente, son particularmente vulnerables a la sobreexplotación.
Precisa que todos los recursos marinos vivos dentro del señalado ámbito territorial son susceptibles de ser regulados por la Convención, a excepción de las focas y cetáceos, por cuanto la protección de estas especies se encuentra regulada por otros acuerdos suscritos por nuestro país.
Para su organización, la Convención estableció una Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, encargada de la gestión de dichos recursos en el área de su jurisdicción. Como organización intergubernamental con personalidad jurídica, establecida por una convención internacional, dicha Comisión es la responsable de la implementación de aquellas medidas necesarias para la conservación de la vida marina del océano austral que rodea la Antártica, en particular de los recursos pesqueros.
La Comisión en referencia adopta sus decisiones sobre cuestiones de fondo por consenso, en las reuniones que anualmente sostiene en la ciudad de Hobart, Australia, sede de su Secretaría. Una vez aprobadas, las medidas son obligatorias para los Estados parte, salvo que ejerzan el derecho de “opt-out”, comprendido en el artículo IX de la Convención. En su tarea de adoptar las medidas de conservación, la Comisión cuenta con la cooperación del Comité Científico y de una Secretaría de apoyo administrativo.
Destaca el texto en comento que, para nuestro país, la Comisión constituye un foro internacional del más alto nivel, que permite a Chile estar a la vanguardia tanto en la creación de procesos de ordenamiento de pesquerías como en el combate contra la pesca ilegal.
No obstante lo señalado, hace presente que el régimen de manejo que se establece, a través de las medidas de conservación, se ve continuamente amenazado por la pesca ilegal que se registra en las aguas bajo la jurisdicción de la Comisión, concepto que involucra una amplia gama de actividades que pueden llevarse a cabo tanto en áreas dentro de la jurisdicción de un Estado como en aquéllas reguladas por organizaciones internacionales de pesca y en la alta mar. Se trata, en suma, de actividades de pesca realizadas en contravención o sin tener en cuenta las normas de conservación y manejo aplicables a los recursos pesqueros.
A juicio del Ejecutivo, la pesca ilegal es una de las actividades que atenta más fuertemente contra la sustentabilidad de la actividad pesquera, en términos de constituirse en una grave amenaza contra la conservación de las poblaciones de peces, con múltiples consecuencias negativas para las personas que viven legítimamente de la pesca y para el medio ambiente marino.
Así, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, estimó que, en ciertas pesquerías importantes, ella representa hasta el 30 por ciento de las capturas y, en algunos casos, incluso más. De allí que existe consenso en el ámbito internacional en cuanto a que la pesca ilegal debe combatirse desde distintos frentes y utilizando todos los medios disponibles, responsabilidad que debería ser asumida por todos los actores relevantes, no sólo por el Estado del pabellón, que sigue siendo considerado como el principal ente llamado a ejercer jurisdicción para la prevención, control y sanción de esta actividad. Ello debido a las dificultades que representa la existencia de banderas de conveniencia y al innegable hecho de que no todos los países asumen la tarea de combatir la pesca ilegal con el mismo grado de compromiso. Por ello, el esfuerzo internacional ha comenzado a exigir gradualmente la responsabilidad del Estado del puerto, del Estado ribereño, del Estado del comercio y del Estado del nacional.
En esta línea, el mensaje destaca que uno de los problemas que se aprecia con más fuerza en la Antártica radica en que la mayor parte de las aguas bajo la jurisdicción de la Convención se encuentra fuera de la zona económica exclusiva de los Estados, es decir, en la alta mar, por lo que las medidas de conservación que pueda adoptar la Comisión son, en principio, inaplicables a los Estados que no han ratificado la Convención.
Esas naves ejercen actividades de pesca en la Antártica y vulneran las medidas de conservación más esenciales, lo que resulta especialmente preocupante, porque la jurisdicción que pueda ejercer el Estado del pabellón pierde su fuerza y eficacia. Ello ha llevado a la Comisión a adoptar otras acciones adicionales tendientes a combatir la pesca ilegal, como la Medida de Conservación 10-08, de 2006, que tiene por propósito que los Estados cuyos nacionales realicen o participen en actividades de pesca ilegal en el área de la Convención, a bordo o valiéndose de naves de pabellón extranjero, los disuadan de realizar tales actividades mediante la creación y aplicación de sanciones.
Entre las actividades que la señalada medida considera ilegales, se encuentran las siguientes: participar en actividades de pesca en el área de la Convención sin la autorización de pesca correspondiente o en contravención de las condiciones dispuestas en ella, no registrar o no declarar capturas del área de la Convención o hacer declaraciones falsas, pescar en períodos de veda o en áreas cerradas, utilizar artes de pesca prohibidos en contravención a las medidas de conservación pertinentes y, en general, realizar actividades de pesca infringiendo cualquier otra medida de conservación de la Comisión que perjudique la consecución de los objetivos de la Convención.
Esta medida es obligatoria para Chile en su calidad de Estado parte de la Convención, por lo que nuestro país deberá adoptar acciones para sancionar las conductas recién descritas respecto de las personas naturales y jurídicas de nacionalidad chilena que operen contraviniéndola.
Con la presentación de esta iniciativa a trámite legislativo se está dando cumplimiento a la obligación internacional del Estado de Chile, asumida en el marco de la Convención, y a que las conductas descritas, aunque son materias de carácter legal, no están previstas en la actual Ley General de Pesca y Acuicultura.
La génesis del proyecto de ley, entonces, debe focalizarse en la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, cuyos propósitos apuntan a establecer las políticas y reglas que gobiernan las actividades asociadas con la utilización racional de los recursos vivos marinos, salvaguardando, además, el medio ambiente, y proteger la integridad del ecosistema de los mares que rodean a la Antártica.
En específico, los países que la suscriben deben tratar de prevenir la disminución de la población de cualquier especie animal de la Antártica a rangos que estén por debajo de los niveles críticos, velar por el mantenimiento de un nivel adecuado en las relaciones ecológicas existentes entre la población de las diferentes especies animales que habitan la Antártica y prevenir los cambios irreversibles en dicho ecosistema marino.
Como parte de este acuerdo, nuestro país debe dar cumplimiento a las medidas de conservación establecidas por la referida Comisión, entre las cuales cobra especial importancia para los fines del proyecto de ley que se informa aquella individualizada como 10-08, la que entró en vigencia el 1 de julio de 2008, y que tiene como fin incluir, por una parte, a todos los nacionales de los miembros de la Convención como sus beneficiarios y, por la otra, a las personas que facilitan las operaciones de pesca Ilegal No Regulada No Reportada (INDNR).
Sobre el particular, la medida busca verificar si alguno de sus nacionales o alguna persona natural o jurídica sujeta a su jurisdicción está participando en actividades tales como: pescar sin licencia o no registrar las capturas o pescar en vedas o con artes prohibidos, entre otros. Así, se deberían incluir medidas para impedir, en efecto, que los participantes de tales actividades perciban los beneficios de las mismas y/o para disuadir a los actores de continuar perseverando en ellas.
Luego de escuchar los planteamientos y explicaciones de las autoridades y asesores precedentemente individualizados, la Comisión procedió a prestar su aprobación en general al proyecto, por asentimiento unánime de 5 votos contra 0, según señalé en la primera parte de mi exposición, por lo que sugiero a la honorable Sala aprobar el proyecto de ley, calificado de fácil despacho.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Debo informar a la Sala que, de acuerdo con el artículo 103 del Reglamento, la Tabla de Fácil Despacho debe discutirse hasta por diez minutos, divididos en cinco minutos para quienes intervengan a favor del proyecto y cinco minutos para quienes lo impugnen.
Tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco.
La señora PACHECO (doña Clemira).- Señor Presidente , como bien ha planteado el diputado informante de la Comisión de Pesca , Acuicultura e Intereses Marítimos , Chile es suscriptor de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, tratado internacional inserto en el Sistema del Tratado Antártico, cuyo objeto es la preservación de las especies que habitan el denominado continente helado.
Nuestro país fue muy activo en la negociación de dicha Convención, promulgada como ley en 1981, y que cuenta ya con treinta y cuatro Estados parte comprometidos en brindar protección a los recursos vivos de la Antártica, sin excluir la explotación de ellos, en el marco de una adecuada sustentabilidad. Su orientación en la materia es innovador, al adoptar criterios ecosistémicos y precautorios en lugar de acciones puntuales sobre especies o grupos de ellas.
El ámbito territorial de su aplicación radica en la denominada área de convergencia antártica, donde las aguas del océano austral se juntan con las más tibias provenientes de la región subantártica, protegiendo en dicho sector a todas las especies, con la sola exclusión de focas y cetáceos, objeto de otros tratados internacionales.
Con el objeto de gestionar y de regular específicamente esta materia, la Convención estableció una orgánica encabezada por la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Dicha organización supranacional es la responsable de la implementación de las medidas necesarias para la conservación de la vida marina del océano austral que rodea la Antártica, en particular de los recursos pesqueros.
La Comisión adopta sus decisiones por consenso. Una vez aprobadas, las medidas son obligatorias para los Estados parte, salvo que ejerzan un derecho de reserva. Uno de los principales obstáculos para el éxito de este esfuerzo multilateral de conservación radica en la pesca ilegal, cuyo alcance ha sido estimado por la FAO en cerca de 30 por ciento de las capturas de algunas pesquerías, lo que amenaza no sólo la preservación de ciertas especies, sino que también pone en riesgo la actividad pesquera.
Esta evidencia ha reforzado la convicción de combatir la pesca ilegal, utilizando todos los medios disponibles y ampliando la responsabilidad de los Estados. Lo anterior, además, constata que la circunstancia de encontrarse la mayor parte de las aguas antárticas fuera de la zona económica exclusiva de los países hace imposible aplicar sus disposiciones a naciones no suscriptoras del acuerdo.
Ante esa dificultad, la Comisión ha debido adoptar acciones adicionales más rigurosas para combatir la pesca ilegal, como la Medida de Conservación 10-08 (2006), cuyo propósito es conseguir que los Estados sancionen a sus connacionales que realicen o participen en actividades de pesca ilegal en la zona señalada, entre las que se cuentan acciones como las pesca sin autorización, la contravención de las condiciones de pesca, subreporte de captura o hacer declaraciones falsas y vulnerar las medidas de administración y protección dispuestas, como las vedas o regulaciones de artes de pesca.
La adopción de esta regulación es obligatoria para Chile como Estado parte de la Convención, por lo que nuestro país deberá sancionar las conductas recién descritas respecto de las personas naturales y jurídicas de nacionalidad chilena que operen contraviniéndola.
El proyecto se orienta, entonces, a dar cumplimiento a la obligación internacional, mediante la sanción de dichas acciones de pesca ilegal en el área de aplicación de la Convención citada, por lo que cabe respaldarlo plenamente.
Por lo tanto, la bancada del Partido Socialista anuncia su voto favorable a la iniciativa.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente , reafirmo lo que ha señalado el diputado informante , señor Walker , y por la diputada señora Clemira Pacheco .
Además, insisto en que el acuerdo internacional que se busca ratificar dice relación con sancionar la pesca ilegal, pues atenta gravemente contra la sustentabilidad de la actividad pesquera. Por eso, se convierte en una amenaza para la conservación de las poblaciones de peces, particularmente cercanas a la Antártica. Esa razón, y no otra, nos obliga como Estado a suscribir la implementación de una medida de conservación como la que se señala, para mantener vivos los recursos marinos antárticos.
Por lo anterior, hago un llamado a la Sala a aprobar este proyecto que, finalmente, es un acuerdo internacional.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- En votación general el proyecto que modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, con el fin de implementar la medida de conservación 10-8 (2006), de la Comisión de los Recursos Vivos Marítimos Antárticos.
Hago presente a la Sala que las normas del proyecto son propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Por no haber sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
VI. ORDEN DEL DÍA
INCORPORACIÓN DE FIRMA DE DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL EN INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS. Modificación de la ley N° 20.248. Primer trámite constitucional.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica el artículo 7° de la ley N° 20.248, de Subvención Escolar Preferencial, en materia de rendición.
Diputada informante de la Comisión de Educación , Deportes y Recreación es la señora María José Hoffmann.
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 7248-04, sesión 83ª, en 5 de octubre de 2010. Documentos de la Cuenta N° 13.
-Informe de la Comisión de Educación, Deportes y Recreación, sesión 104ª, en 30 de noviembre de 2010. Documentos de la Cuenta N° 22.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada informante.
La señora HOFFMANN, doña María José (de pie).- Señor Presidente , en representación de la Comisión de Educación, Deportes y Recreación paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley que modifica la ley N° 20.248, de Subvención Escolar Preferencial, en materia de rendición, boletín N° 7248-04, originado en una moción de las diputadas señoras Cristina Girardi y María José Hoffmann, y de los diputados señores Sergio Aguiló , Sergio Bobadilla , Romilio Gutiérrez , Gustavo Hasbún, José Antonio Kast , Iván Norambuena , Enrique Van Rysselberghe y Germán Verdugo .
Constancias reglamentarias.
1.- La idea matriz o central del proyecto se orienta a que en la rendición de cuentas del informe contemplado en el artículo 7°, letra a), de la ley N° 20.248, de Subvención Escolar Preferencial, que debe presentar anualmente el sostenedor al Ministerio de Educación y a la comunidad escolar respectiva, relativo al uso de los recursos percibidos por concepto de dicha subvención, se considere la firma del director del establecimiento educacional correspondiente.
2.- El articulado del proyecto no contiene normas de carácter orgánico constitucional ni de quórum calificado.
3.- No existen normas que requieran estudio por parte de la Comisión de Hacienda.
4.- La iniciativa fue aprobada en general por la unanimidad de las señoras diputadas y señores diputados presentes en la votación (12 votos a favor).
5.- No hubo artículos ni indicaciones rechazadas por la Comisión.
Antecedentes generales.
De acuerdo a los fundamentos de la moción y en virtud de lo dispuesto en el artículo 7° de la ley N° 20.248, la Subvención Escolar Preferencial es una iniciativa que entrega recursos adicionales por cada alumna o alumno identificado como prioritario a los sostenedores de establecimientos educacionales que han firmado con el Ministerio de Educación un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, para la implementación de un Plan de Mejoramiento Educativo.
El Convenio debe suscribirse por el establecimiento educacional correspondiente, abarcará un período mínimo de cuatro años y podrá renovarse por períodos iguales. Mediante este convenio, el sostenedor se obliga, entre otros aspectos esenciales, a presentar anualmente al Ministerio de Educación y a la comunidad escolar un informe relativo al uso de los recursos percibidos. Dicho informe deberá contemplar la rendición de cuentas respecto de todos los recursos recibidos por concepto de la ley N° 20.248.
Los autores de la iniciativa legal señalan que cuando se trata de recursos públicos dirigidos a la educación, se debe ser doblemente cuidadoso en la forma como se rinden los recursos recibidos. Por lo anterior, se propone que la rendición que realizan anualmente los sostenedores al Ministerio de
Educación sobre el uso de los recursos de la Subvención Escolar Preferencial comprometa la responsabilidad del director del establecimiento educacional correspondiente como una forma de mejorar la transparencia, la autonomía de los directores y la información que se entrega a la comunidad.
Discusión y votación general del proyecto.
La Comisión, después de escuchar la exposición del presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades , señor Claudio Arriagada Macaya , y de compartir los fundamentos y objetivos generales expresados en la moción, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de los diputados presentes, señores Aguiló , Bobadilla , González , Gutiérrez, don Romilio ; Kast , Monsalve , Rivas , Silber , Venegas y Verdugo , y señoras Saa , doña María Antonieta , y Hoffmann, doña María José.
Discusión y votación particular del proyecto.
La Comisión aprobó el artículo único del proyecto por la unanimidad de los diputados presentes (12 votos a favor). Con igual votación fue aprobada una indicación para, primero, establecer la obligación de la firma del director del establecimiento educacional, sustituyéndose en el texto original el vocablo “podrá” por la palabra “deberá”, y segundo, para establecer que dicha intervención se hará previo conocimiento del consejo escolar.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Educación, diputado señor Sergio Bobadilla.
El señor BOBADILLA.- Señor Presidente , en primer lugar, valoro el brillante informe emitido por la diputada María José Hoffmann .
En segundo término, resalto brevemente la importancia de la implementación de la ley SEP. Creo que ella ha sido uno de los grandes aciertos -¿por qué no decirlo?- de los gobiernos de la Concertación en materia educacional en los últimos años.
Pero consideramos que dicha norma es perfectible. Por eso, la indicación presentada al proyecto en la Comisión contó con la aprobación unánime de sus miembros.
El sostenedor no sólo tendrá que rendir cuentas por los recursos de la SEP utilizados, sino que dicha rendición deberá contar con el visto bueno del director del establecimiento educacional respectivo, previo conocimiento del consejo escolar.
Se trata de la incorporación de dos actores que participarán en dicho proceso, que tendrán un protagonismo relevante en cuanto a la transparencia. Porque, de acuerdo con la legislación vigente, la rendición de cuentas sólo requiere la firma del sostenedor, pero hoy día se propone incorporar a dicho proceso a dos actores más en carácter de perentorio, ya que la indicación aludida establece que los directores de los establecimientos educacionales correspondientes “deberán” -y no “podrán”- firmar, dar su aprobación, su visto bueno, a dicha rendición, previo conocimiento del consejo escolar.
Por lo tanto, la iniciativa constituye una contribución, un perfeccionamiento a una ley que ha significado mayores recursos para los niños más vulnerables de nuestro país.
Por esa razón, llamo a mis colegas a votarla favorablemente.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente , también felicito a la diputada informante por el clarísimo informe que nos ha entregado.
Anuncio que los diputados socialistas vamos a votar a favor este proyecto de ley.
Como se sabe, los sostenedores de las escuelas públicas, particulares subvencionadas y muy particularmente las municipalizadas informan anualmente de los recursos percibidos por concepto de Subvención Escolar Preferencial para proyectos de mejoramiento educativos, con la correspondiente rendición de cuentas.
Sin embargo, dicho informe no incluye la firma del director del establecimiento educacional pertinente ni tampoco la opinión del consejo escolar. Y no siempre los planes señalados son conversados en las escuelas, con la comunidad escolar a efectos de ver concretamente cuáles son las áreas concretas en que se deben utilizar los importantes recursos de la ley N° 20.248, pionera en el Congreso Nacional en cuanto a la entrega de recursos adicionales a alumnos que presentan mayor precariedad económico-social.
Cuando la comunidad, el director del establecimiento educacional y el consejo escolar se involucran en el proceso, naturalmente, se generan muchísimas más posibilidades de tener proyectos adecuados que fomenten el desarrollo de las escuelas y que fortalezcan el proceso educativo de los niños.
Por eso, es muy importante que en la rendición de cuentas se tenga la aprobación del director del establecimiento correspondiente y, por lo menos, el previo conocimiento del consejo escolar.
La ley N° 20.248, que hasta el momento ha sido usada en forma muy adecuada para fortalecer la educación pública de nuestro país y beneficiar preferentemente a alumnos con carencias socioeconómicas, con este proyecto -felicito a la diputada María José Hoffmann , al diputado Verdugo y a los demás que lo presentaron- tendrá un nuevo fortalecimiento, porque en la elaboración de los proyectos educativos y en la rendición de los cuantiosos recursos percibidos hoy sólo se involucra al sostenedor, y con la propuesta que discutimos se considerará, además, a la comunidad escolar, al director del establecimiento educacional y al consejo escolar.
Por las razones antes señaladas, reitero que los socialistas votaremos favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Germán Verdugo.
El señor VERDUGO.- Señor Presidente , como se ha señalado en esta Sala, la modificación propuesta viene a mejorar la ley N° 20.248, de Subvención Escolar Preferencial, que, personalmente, creo que ha sido una de las legislaciones más importantes en esta materia, por cuanto ha influido positivamente en el sistema educacional.
El proyecto en discusión se halla en plena concordancia con el espíritu de la ley SEP, en el sentido de otorgar más autonomía a las unidades educativas.
La ley establece que los planes de mejoramiento educacional que presenten los sostenedores deberán elaborarse con la comunidad educativa, lo que, por cierto, es un tremendo avance para el fortalecimiento de la autonomía de los establecimientos educacionales.
El proyecto en discusión obliga a que la rendición de cuentas presentada anualmente por el sostenedor lleve, además, la firma del director del establecimiento educacional correspondiente. Ello posibilitará mayor claridad y compromiso en la elaboración del plan de mejoramiento educativo, y también exigirá mayor responsabilidad de los sostenedores al hacer las inversiones, de conformidad con dichos planes, elaborados en conjunto con la comunidad escolar.
Entonces, los directores tendrán la posibilidad de fiscalizar que las rendiciones de cuentas de los recursos involucrados en dichos planes sean acordes con la realidad.
A la discusión de la iniciativa fue invitado el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades . Me llamó la atención lo manifestado por él en cuanto a que durante el año 2010, de acuerdo a las rendiciones efectuadas al mes de julio, sólo se había ocupado el 50 por ciento de los recursos derivados de la Subvención Escolar Preferencial.
Agregó que hubo municipios que pagaron cotizaciones previsionales con los fondos de la SEP sin siquiera participar en el respectivo plan de mejoramiento.
A mi juicio, estas situaciones no volverán a ocurrir luego de la entrada en vigor de la modificación propuesta. Los recursos de la ley SEP se orientan fundamentalmente a mejorar la calidad de la educación y, por lo tanto, no pueden usarse para pagar gastos corrientes o deudas previsionales de los municipios o los sostenedores.
Reitero, esos recursos son para mejorar la calidad de la educación y están dirigidos fundamentalmente a los alumnos prioritarios. Por lo tanto, deben ocuparse en aquello para lo cual la ley los destinó, de acuerdo con el plan de mejoramiento educativo elaborado por el sostenedor con la comunidad escolar.
Este proyecto mejora notablemente el proyecto original. Por ello, Renovación Nacional lo va a votar favorablemente.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , sin quitarle méritos al relato del proyecto de la diputada señora María José Hoffmann , quiero agregar a ello los méritos que tienen tanto ella como sus colegas por la oportunidad con que iniciaron esta moción. Me refiero, además de la colega mencionada, a la diputada señora Cristina Girardi y a los diputados señores Sergio Aguiló , Sergio Bobadilla , Romilio Gutiérrez , Gustavo Hasbún, José Antonio Kast , Iván Norambuena , Enrique van Rysselberghe y Germán Verdugo , quien acaba de hacer un comentario muy interesante y que nos da claridad sobre este proyecto, que puede parecer de muy fácil despacho, pero que tiene que ver con un error que se cometió al no incluir esto en otro proyecto, despachado hace unos días por la Cámara, que aumentara la subvención destinada a los alumnos más vulnerables.
En esa oportunidad, hice notar que no me parecía saludable que algunos colegios se eximieran de rendir cuentas al ministerio, cuando obtuvieran resultados óptimos o buenos en su gestión educacional. Ello, no porque estuviera en contra o desconfiara de los buenos colegios, sino en defensa de los principios de probidad y transparencia, que deben ser iguales para todos y sin exclusión, y de la necesidad de que exista una adecuada información acerca del uso de los recursos públicos que se invierten en la educación de nuestros niños y niñas.
La ley de Subvención Escolar Preferencial entrega recursos adicionales por cada alumno identificado como prioritario, a los sostenedores de establecimientos educacionales que han firmado un convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa con el Ministerio de Educación, para la implementación de un plan de mejoramiento educativo.
La iniciativa en estudio apunta precisamente en ese sentido y me resulta extraño
que en la Comisión de Educación no se hubiera incorporado como indicación a propósito de la discusión del proyecto de ley que tratamos hace pocos días.
Por lo tanto, si hubo un error -que no fue tal, pero podría haber pasado como tal-, fue del Ejecutivo , que no incluyó este trascendental tema. Sin embargo, hoy se corrige ese problema mediante esta modificación al proyecto original, a fin de mejorar la legislación.
En consecuencia, la bancada de diputados del Partido por la Democracia va a dar su apoyo al proyecto.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Romilio Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Romilio).- Señor Presidente , la ley de Subvención Especial Preferencial vino a fortalecer la gestión de los establecimientos educacionales, entregándoles recursos que les permitieran asumir la gran tarea de mejorar la calidad de aprendizaje de sus alumnos, especialmente del grupo formado por los más vulnerables.
Actualmente, más de siete mil doscientos establecimientos educacionales están adscritos para recibir la subvención especial preferencial, a través de la celebración de convenios de igualdad de oportunidades y excelencia educativa.
Con este proyecto se busca avanzar en la transparencia en el uso de los recursos, ya que -como aquí se ha dicho en forma reiterada y fue reconocido por el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades-, en algunos municipios, esos recursos han sido utilizados para otros fines no establecidos en la ley, como pago de deudas previsionales y de funcionarios de la educación, en circunstancia de que se han entregado para implementar los planes de mejoramiento y superar las debilidades de los respectivos establecimientos educacionales. Esa responsabilidad la tiene el director del colegio, el equipo directivo, sus docentes y, en general, la comunidad educativa. La rendición de cuentas la hace el sostenedor, pero no necesariamente está de acuerdo con la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos y con la oportunidad en el gasto. Hoy existe una gran cantidad de sostenedores que tiene una enorme cantidad de recursos retenidos o no utilizados para cumplir con los planes de mejoramiento.
En ese sentido, lo que se busca con este proyecto es fortalecer las atribuciones de los directores de los respectivos establecimientos educacionales, con el fin de hacerlos partícipes en la decisión del gasto de los recursos, de manera que valen por su uso adecuado y para que estén orientados para los fines que han sido entregados.
Por eso, hemos creído oportuno avanzar en esta línea para lo cual -a requerimiento de algunos parlamentarios de la Comisión de Educación- se incorporó al consejo escolar, figura que existe en la ley, pero ha ido perdiendo relevancia y vigencia en los establecimientos educacionales, pese a ser un canal de participación para la comunidad educativa. Con esto también se pretende fortalecer el rol de los consejos escolares, en cuanto a que los planes de mejoramiento sean discutidos con la comunidad y tengan el financiamiento adecuado.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente , sin duda, de buenas a primeras uno tendría que estimar que esta rendición de cuentas -como hoy se estila a nivel internacional- siempre resulta conveniente. Uno nunca se va a restar a que se controlen los fondos que se entregan para una actividad tan noble como es la educación.
No obstante, discrepo de lo señalado por los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra y de lo que se expresa en el informe que se rindió. A mi entender, los problemas existentes en la rendición de cuentas son consecuencia del tipo de financiamiento de la educación en Chile, el cual se hace a través de subvenciones que, sin duda, son las que han creado el mercado de la educación y permitido que los privados vean en ella un muy buen negocio. En efecto, las subvenciones han permitido que los particulares vean ganancias, lucro, utilidad, codicia y excedentes en algo que para nosotros es un tema de derechos. Toda persona tiene derecho a la educación, y en lugar de haberse estimado que toda escuelita debe recibir un aporte del Estado -como era en los tiempos en que estudié-, se ha determinado que reciba una subvención, lo que ha distorsionado todo lo que significa el derecho a la educación. Más aún, se altera cuando los dineros que se entregan a los colegios por parte del Estado, a través de las subvenciones, se otorgan de acuerdo con la asistencia de los alumnos a las aulas, y no en relación con los alumnos matriculados. Ahí está la causa de todos los problemas porque, en definitiva, lo que busca el sostenedor es el lucro. No me cabe la menor duda de que ahora lo hará en concomitancia con el director del colegio que, por lo demás, siempre lo ha hecho igual. Sería extraño que no se pusieran de acuerdo para presentar una asistencia que no corresponde a la de los alumnos presentes en la sala.
Creo que con este proyecto no vamos a ayudar en nada, porque el problema de la rendición de cuentas, como lo dije al principio de mi intervención, está asociado al tipo de financiamiento de la educación. El sostenedor siempre tratará de lucrar, de obtener utilidades, y si para ello es necesario alterar la asistencia, seguramente lo hará. El día de mañana la alterará en concomitancia con el director del colegio. De manera que estamos frente a un problema mayor.
El objetivo de este proyecto, que pretende ser parte de la revolución en educación, es un tema que hay que conversar derechamente. Si vamos a seguir pensando que a través del mecanismo de las subvenciones se solucionará el problema de acceso a la educación, que es un derecho humano, creo que no es el camino correcto. Mientras exista la posibilidad de pagar la subvención de acuerdo al número de alumnos que asisten a las aulas, seguirán ocurriendo las malversaciones, el mal destino que se da a los recursos, la concomitancia, el encubrimiento o cualquier tipo de ilícito civil o penal.
En consecuencia, considero que este proyecto no es más que un paliativo que apunta a que se rinda cuenta de los recursos, en circunstancias de que esta rendición seguirá siendo distorsionada, debido al mecanismo de financiamiento de la educación existente, que no se hace a través del aporte directo a las escuelas para que puedan sobrevivir y seguir impartiendo clases, sino en función de la generación de un mercado en un sector donde jamás debió haber existido, como es la educación. La educación es un derecho humano que debe proveer el Estado, pero no a través del mecanismo de las subvenciones, que lo único que ha hecho ha sido crear un mercado en el cual se lucra con algo que jamás debió tener ese carácter.
En el fondo, con la rendición de cuentas no se logrará ninguno de los objetivos propuestos; lo único que se conseguirá con ello es que actúen en complicidad el sostenedor y el director de la escuela, a fin de distorsionar los resultados y rendir una cuenta que los beneficie, que genere utilidades al establecimiento.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Luis Lemus.
El señor LEMUS.- Señor Presidente , el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades hizo una afirmación, con mucho fundamento y conocimiento, relacionada con el drama que deben vivir los alcaldes chilenos frente a una educación pública, lamentablemente, desfinanciada.
La Subvención Escolar Preferencial, que representa recursos muy relevantes para los niños más desposeídos de nuestro sistema de educación pública, también es muy importante para financiar los déficit municipales. Por lo tanto, los municipios sienten casi siempre la tentación de ocupar estos recursos que se otorgan con otro objetivo.
Quiero hacer una observación que considero muy importante, en cuanto a que debemos avanzar en el establecimiento de un sistema financiero educacional que sea sustentable, porque hemos podido comprobar que hay muchas tentaciones, al punto de que el Gobierno tuvo que tomar una decisión realmente importante, que es contradictoria con este punto. En efecto, hubo que autorizar a los municipios de las zonas afectadas por el terremoto del 27 de febrero, mediante una ley que fue despachada prontamente, para que ocuparan la Subvención Escolar Preferencial en cosas que no tenían que ver con el mejoramiento de la educación, sino con problemas ocasionados por la emergencia que se estaba viviendo debido al terremoto. Entiendo que, a esa fecha, algunos municipios ya habían ocupado gran parte de esos recursos.
Entonces, me parece contradictorio, aunque relevante desde el punto de vista de la transparencia, que hoy podemos amarrar un poco más este aspecto. Lo que corresponde es que el consejo escolar y la comunidad escolar sepan qué se hará con estos recursos, que conozcan el plan de mejoramiento educativo; que los padres y apoderados, que estén involucrados en el proceso educativo, puedan fiscalizar. Asimismo, me parece algo muy relevante que el director del establecimiento educacional pueda poner su firma y, por lo tanto, hacerse responsable. Pero no podemos dejar de advertir que la subvención seguirá siendo una tentación, si no somos capaces de resolver este problema a través de una buena ley de financiamiento.
Voy a votar a favor este proyecto; pero sigo advirtiendo algo. Estoy de acuerdo en que el sistema municipal sigue desfinanciado y que es necesario transparentarlo, así como también que la rendición está dirigida, principalmente, a los colegios particulares subvencionados. Al respecto, no sé si exista tanta responsabilidad como en el caso de los funcionarios públicos. La verdad es que al sistema público siempre se le exige mucha responsabilidad y transparencia; pero, al sector privado, que maneja recursos de todos los chilenos, a veces no se les exige lo mismo.
Creo que este proyecto pretende que los sostenedores de establecimientos educacionales particulares subvencionados tengan exactamente las mismas responsabilidades que los sostenedores públicos.
Reitero que voy a votar a favor el proyecto, pero dejo planteadas estas inquietudes.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora María José Hoffmann.
La señora HOFFMANN (doña María José).- Señor Presidente , este proyecto apunta, precisamente, a fortalecer una ley muy importante: la N° 20.248, de Subvención Escolar Preferencial.
Comparto las palabras del diputado Bobadilla , en cuanto a que hay que tener la capacidad de reconocer que éste es un acierto de los gobiernos anteriores, y como ha sido muy bien evaluado e impartido en los colegios, el Gobierno del Presidente Piñera también ha tratado de fortalecer y aumentar esta subvención, que es tan significativa para los niños más vulnerables. Hoy, la subvención escolar preferencial llega al 45 por ciento de los niños que asisten a establecimientos educacionales subvencionados, y aumentará entre 14 y 28 por ciento, dependiendo de la no pertenencia o pertenencia al 20 por ciento más vulnerable del país.
Comparto el anhelo del diputado Hugo Gutiérrez , en cuanto a seguir fortaleciendo la educación pública. Pero debemos ser serios y responsables al formular determinadas aseveraciones, porque una ve que los gobiernos tratan de avanzar, pero los recursos son escasos. Ésa es la premisa; para mí, el resto es utopía y demagogia.
Me resulta más cómodo analizar y contribuir a la aprobación de este proyecto. Principalmente, quiero destacar tres o cuatro aspectos. Si bien el proyecto es sencillo, una vez que se convierta en ley fortalecerá la autonomía de los colegios y mejorará la transparencia, toda vez que la rendición será pública. Asimismo, existirán más posibilidades de involucrar a los padres de los colegios, de manera que sepan en qué se están gastando los recursos del Estado. Además, entrega mayores atribuciones a los directores de los establecimientos, lo que va en la misma línea de lo que hoy está haciendo el Gobierno, en cuanto a dar más atribuciones y mayor liderazgo a los directores de los establecimientos educacionales. Por lo tanto, a pesar de tratarse de una modificación sencilla, que se refiere a que cada rendición deberá llevar la firma del director del establecimiento educacional correspondiente, habrá una serie de consecuencias que contribuirán a mejorar la autonomía, la transparencia y el involucramiento de los padres en el proceso educativo.
Agradezco el apoyo transversal a este proyecto, que presentamos junto con diputados de la UDI, de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista. Creo que es la forma de avanzar. Si bien aún falta mucho, estamos trabajando en ese sentido.
Reitero mi agradecimiento a los colegas que apoyaron el proyecto, que es un aporte a la educación chilena.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra al diputado señor Joaquín Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , el proyecto se origina en una moción de un grupo de diputados, principalmente de la UDI, iniciativa a la cual se sumaron algunos colegas del Partido Socialista y la diputada señora Cristina Girardi .
En lo central, propone que las rendiciones de cuenta que deben hacer los sostenedores de los recursos que perciben por concepto de Subvención Escolar Preferencial sean firmadas por los directores de los establecimientos que reciben los recursos.
El objetivo declarado de la iniciativa es hacer responsables a los directores por la rendición, con lo cual solo se puede entender que desean que exista responsabilidad por la inversión de los recursos entregados.
A nuestro juicio, la propuesta legislativa está probablemente bien inspirada. Sin embargo, carece de la más mínima racionalidad jurídica; es más, es en sí misma una aberración jurídica de marca mayor, que raya derechamente en la más flagrante inconstitucionalidad de fondo.
Los problemas de juridicidad que saltan a la vista en esta iniciativa son los siguientes:
No se precisa qué tipo de responsabilidad se busca hacer efectiva: ¿Civil, penal, administrativa? No se indica. En principio, podrían ser todas de manera conjunta, pues la mala inversión de los recursos o su desvío podría generar todas y cada una de esas responsabilidades.
No se hace un distingo absolutamente indispensable entre sostenedores privados y las corporaciones municipales de educación o los municipios, cuando controlan los establecimientos educacionales por la vía de los departamentos de educación.
En efecto, si se hace el distingo, se extraen las siguientes consecuencias jurídicas:
1. Establecimientos municipales. En este caso, el sostenedor es el municipio o su corporación municipal. El director del establecimiento es un funcionario dependiente, a quien, por aplicación del Estatuto Docente y del Estatuto de los Funcionarios Municipales, perfectamente podría asignársele responsabilidad administrativa respecto del cumplimiento de los objetivos institucionales, que incluyen cumplir con las funciones propias y las encomendadas por sus superiores, en este caso, implementar y cumplir el convenio de gestión que autoriza recibir la subvención preferencial.
En consecuencia, no habría necesidad de ley especial para asignar una responsabilidad administrativa que éste tiene. Sin embargo, no puede ser responsable civil ni penalmente de la administración de los recursos, pues ellos no han sido puestos bajo su esfera de control y administración.
El cuentadante, funcionario que dirige el órgano público, es quien tiene la responsabilidad de rendir cuenta de los recursos que le han sido traspasados desde el nivel central. Los directores no tienen facultades de administración material y concreta de los recursos, pues, en Chile, los establecimientos educacionales no tienen personalidad jurídica propia y, en consecuencia, carecen de autonomía financiera. Son meras dependencias del municipio.
2. Establecimientos particulares subvencionados. Más grave aún parece el caso de ese tipo de sostenedores, pues se trataría de generar en los hechos una responsabilidad conjunta entre dos agentes que no están en condiciones de igualdad, pues es evidente que entre dueño-sostenedor y director hay una relación laboral con un claro vínculo de subordinación y dependencia.
Los directores -insisto- no administran materialmente los recursos, ergo, resulta injusto y jurídicamente improcedente generar responsabilidad civil conjunta o incluso penal por malversación por cambio de destino de los recursos públicos.
Si se analizan las declaraciones contenidas en el informe del proyecto en estudio, y especialmente las que figuran en el informe del proyecto de ley, despachado por la Cámara, que regula la subvención escolar preferencial (boletín N° 7187-04), el presidente de la Asociación de municipalidades, don Claudio Arriagada , declaró en la Comisión de Educación de la Cámara que “cerca del 40 por ciento de los mismos refiriéndose a los recursos-, hasta el año 2009, no fueron gastados, por lo que más recursos podrían significar una mayor dificultad”. Es decir, los sostenedores municipales declaran que no gastan los recursos.
Pues bien, por esa mala administración, ¿debieran responder los directores, si los mismos sostenedores confiesan que los municipios no los gastan porque son incapaces de ejecutar esos programas de mejoramiento, debido a las inflexibilidades del modelo?
Por lo expuesto, me permito recomendar a los colegas que voten en contra, que se abstengan o que, al menos, pueda darse una segunda discusión al proyecto, en lo posible en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por sus implicancias jurídicas.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Gustavo Hasbún.
El señor HASBÚN.- Señor Presidente , sin lugar a dudas, la ley SEP se ha transformado en un importante avance para la priorización de los alumnos más vulnerables de nuestra sociedad, al otorgarles el Estado un mayor aporte económico.
Desde su promulgación, en 2008, esa ley logró introducir nuevos conceptos en la educación municipal, como la exigencia de la planificación concreta para la entrega de recursos y el balance de la gestión, donde sólo podrán mantener el beneficio SEP, ob-
viamente, los que demuestren mejoras medibles en el aprendizaje de sus alumnos.
Con todo, hay que reconocer que la ley se ha transformado en un eficiente instrumento para el apoyo de los alumnos más vulnerables, de acuerdo con todos los estudios económicos presentados en este sentido. Sin embargo, en la actualidad hemos logrado observar muchos aspectos que deben ser perfeccionados de acuerdo con la ley SEP, como la rendición de cuentas que deben realizar los sostenedores educacionales al Ministerio de Educación, como consecuencia del convenio que existe para la entrega de los recursos. También creemos que, de acuerdo con lo planteado, hay que complementar la rendición, entregando la posibilidad de que ésta sea avalada no sólo por el sostenedor educacional, sino también por el director del establecimiento, para evitar, en el fondo, malversación de fondos públicos.
Para nosotros, el proyecto es muy importante. Se originó en una moción presentada en forma transversal por parlamentarios de distintas sensibilidades políticas, con el único objeto de perfeccionar y complementar la ley SEP, en el entendido de que hoy se necesita un instrumento mayor en materia de transparencia y que permita ejercer mayor fiscalización por parte de la comunidad escolar.
Reitero que la iniciativa fortalecerá la capacidad fiscalizadora de la comunidad. Asimismo, generará la capacidad fiscalizadora del Ministerio de Educación, y, por tratarse de recursos públicos, la Contraloría General de la República tendrá las atribuciones necesarias para fiscalizarlos adecuadamente, iniciar los juicios de cuentas cuando corresponda y, si procede, hacer los requerimientos pertinentes ante el Ministerio Público.
Cuando estamos en presencia de recursos públicos o de fondos del Estado, a todas luces debemos protegerlos. Por lo tanto, el proyecto permitirá reforzar el control, evitar la malversación de fondos y terminar con los abusos que muchas veces cometen sostenedores, al gastar los recursos en objetivos diferentes de los establecidos en la ley SEP. En consecuencia, permitirá proteger los recursos de todos los chilenos.
Termino diciendo que, a todas luces, la ley SEP constituye un gran aporte y un gran acierto de Chile. Se comenzó a implementar en 2008 y hoy tiene una cobertura cercana al 80 por ciento del total de los establecimientos educacionales que cumplen las condiciones para percibir su beneficio.
En esas circunstancias, es importante entender que la Cámara y, en general, el Congreso Nacional, tienen la obligación de entregar los mecanismos necesarios para su mejor fiscalización y control del gasto público. En ese entendido, sin duda la iniciativa en estudio permitirá que la comunidad tenga la facultad de fiscalizar y regular en qué, cómo y cuándo se gastan los fondos destinados a mejorar la calidad de la educación, en este caso específico, la Subvención Escolar Preferencial, que va en beneficio de miles de niños de escasos recursos.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , en temas como el que se somete a discusión, la mirada política que representamos siempre intentará entregar su aporte y explicitar la significación que tiene respecto del desarrollo de las personas, de la liberación de las personas en tanto más crezca su acervo cultural y su formación educacional, y más integrados tengan los conocimientos.
No es una formulación adecuada a este debate; es una formulación que, lejos de la demagogia, hemos sostenido con consecuencia a lo largo de buena parte de la historia del país. Sobre la base de esa consecuencia, hemos sostenido que hace falta revertir el proceso privatizador por sus nefastas consecuencias desde el punto de vista de la calidad de la educación y de la igualdad de condiciones para todas y todos los niños y jóvenes del país.
Hemos asociado la educación como un tema que, más allá de las aulas, tiene ejemplos referenciales en la contribución de aportes de liderazgos al país, que van desde promover las escuelas nocturnas para que estudien los trabajadores hasta promover la formación autodidacta, que permitió forjar grandes intelectuales entre los trabajadores y obreros.
Ésa es, si se quiere, una justa y maravillosa utopía, si la entendemos como un propósito por el cual se pueden movilizar muchos seres humanos. Pero no es una utopía en tanto fue realidad en el país. Por tanto, es una indicación en la perspectiva de rescatar lo que, como sociedad civilizada y avanzada, habíamos logrado, cual es que el Estado sea responsable de garantizar, en calidad y cobertura, la educación pública para todas las niñas y todos los niños y jóvenes del país.
Ése es el punto de quiebre que lleva a este debate, el cual gira en torno de cómo se pueden sofisticar, completar o hacer más integrales mecanismos de control, toda vez que hay un uso de recursos públicos por parte de privados.
Si el Estado fuera el responsable directo, no existiría este debate; no habría riesgo de que sostenedores utilizaran recursos públicos para destinarlos a otros fines, distintos de los que las subvenciones indican para la educación. Si el Estado fuera responsable directo de la educación pública, no habría que realizar estas asociaciones tan malignas, en las que se altera la asistencia porque la subvención guarda relación con la concurrencia de cada estudiante al colegio, y en las que se debe hacer promociones a cursos superiores porque, de lo contrario, el costo fijo de un curso es exactamente el mismo, y el ingreso, con 20 ó 30 estudiantes, sería distinto.
Ése es el punto que nos interesa poner en este debate, porque ha permitido la apertura a este uso abusivo de una función respecto de la cual se ha probado que los privados no pueden hacerse cargo si no es vinculando el carácter público de la educación con las utilidades, que es la motivación de los privados en cualquier ámbito, incluyendo, ahora el de la educación, que se ha transformado en un negocio y ha dejado de ser considerado como un derecho.
Todo lo que vaya en la perspectiva de transparentar la reforma cómo los privados están utilizando los recursos fiscales, contará con una mirada positiva de nuestra parte. Pero sería un error no poner el tema de fondo de este debate, que lleva a este uso abusivo, cual es el hecho de que en la educación existan sostenedores que operan con recursos del Estado.
Antes no era así, a pesar de que había educación particular privada. En efecto, los recursos del fisco se canalizaban en función de implementar la educación a través de los órganos del Estado.
Vamos a compartir con todo este movimiento, con representación a nivel de maestros, de estudiantes, de padres y apoderados, y de toda la comunidad educacional, que levanta banderas para cruzarse en contra de esta acelerada privatización y en defensa de la educación pública.
Si esto no es así, este debate para perfeccionar la ley apunta a seguir entregando recursos de todos los chilenos para el negocio de algunos.
Si a alguien le parece una utopía luchar contra la privatización, está bien, deben sostenerlo así, me parece correcto si corresponde a un pensamiento.
Por nuestra parte, no lo declaramos utopía, sino un propósito que en forma creciente compartiremos con mayorías hasta que volvamos a instalar la afirmación del Presidente Pedro Aguirre Cerda : “Gobernar es educar”, quien defendió la educación pública para que la educación no fuera un camino de nuevas inequidades y abismos entre estudiantes pobres y estudiantes con recursos.
Desde esa perspectiva, formulamos nuestra fuerte crítica a este proceso privatizador que, dentro del contexto de mecanismos que el día de mañana ayuden por la vía de la transparencia a ejemplificar los motivos por los cuales se debe recuperar la educación como responsabilidad del Estado, vamos a favorecer las medidas que obliguen a la transparencia y a un control riguroso, con conocimiento de toda la comunidad educacional.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente , quiero sumarme a lo expresado por los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra en el sentido de que estamos ante el perfeccionamiento de una normativa con un espíritu bastante positivo en cuanto al aporte de la educación, especialmente de los niños más vulnerables.
En su oportunidad, en la Comisión de Educación, Deportes y Recreación me referí a la idea y al sentido que tenía y que pretendía. Lamentablemente, no se dio, pero hoy, de una u otra forma, se está logrando con este proyecto. Eso dice relación con que los proyectos educativos deben estar asociados directamente al requerimiento del recurso respectivo a través de los fondos de esta subvención especial. Se optó por entregar los recursos al sostenedor.
Debo reconocer que en esa época algunos colegas de mi bancada se pronunciaron por la viabilidad de esa idea. Pero hoy nos damos cuenta de que, a veces, el mal uso de los recursos de esta subvención especial ha generado los problemas a lo largo del país.
De hecho, yo mismo he pedido información respecto de cómo gasta la plata SEP la Corporación de Antofagasta, porque a esos recursos no se han usado en lo que se pretendía.
Hoy, ¿qué se busca con esta modificación de la ley N° 20.248? Tener transparencia y hacer responsables a los directores de los establecimientos. Pero me habría gustado que el director y el consejo escolar participaran más en los proyectos que financian estas subvenciones escolares.
Eso dice relación con que sólo los hacen firmar, pero no intervienen en la elaboración de los proyectos, los que muchas veces son impuestos a las unidades educativas por corporaciones o las direcciones de administración de educación municipal (DAEM) respectivas.
Por lo tanto, en ese sentido, me habría gustado que el director tuviere una participación más activa en los proyectos que van a subvencionar los recursos especiales para la educación.
Si bien compartimos plenamente la transparencia en el uso de los recursos, también debemos plantearnos qué tipo de proyectos son los que se están elaborando para que efectivamente tengan una realidad cierta de beneficios en la búsqueda de la calidad de la educación que pretendemos.
No sacamos nada con entregar más recursos si no elaboramos los proyectos que necesita la educación. Por eso, es una revelación que los sostenedores confeccionen los proyectos y no las unidades educativas.
Por lo tanto, si bien estamos dando un paso importante para la transparencia en el uso de los recursos, también logramos una participación más activa de las unidades educativas, en la elaboración de los proyectos y en lo que realmente se quiere conseguir con los recursos que se van a entregar, especialmente en la educación de los niños más vulnerables.
Por último, se ha señalado que existen varios proyectos que justamente apuntan al mejoramiento de la calidad de la educación que, en el fondo, es lo único que queremos.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente , cuando debatimos la SEP, que en su momento fue una de las grandes discusiones políticas que sostuvimos en el Congreso Nacional, la Alianza por Chile de aquel entonces, hoy, Coalición por el Cambio, no estaba a favor de que el Estado aumentara el financiamiento de las escuelas más pobres. No les gustaba y no son partidarios de las políticas públicas focalizadas en enfrentar las asimetrías sociales, culturales y económicas. Sin embargo, cambia, todo cambia, y hoy estamos en otro escenario.
En todo caso quiero resaltar la buena idea del proyecto. De alguna manera, entregarle al director, por su mirada integral de la educación, el sello que garantice el buen uso de la inversión, tiene que ver con la rendición de cuentas, con el sentido educativo. Sin embargo, tengo dudas al respecto. Como sabemos, el sostenedor es el jefe del director, por ello, me preocupa si éste podrá ejercer su visión en el uso de los recursos, para que efectivamente tenga el sentido significativo que le queremos dar a esta mejora legislativa.
También quiero resaltar que las leyes y su aplicación deben estar en constante observación. Esta moción es una muestra de eso, ya que da cuenta de las modificaciones necesarias para hacernos cargo de las exigencias de las realidades.
A lo mejor, nos gustaría que el escenario fuere distinto, pero el proyecto apunta a lo que tenemos. La reforma educacional profunda que necesitamos no se expresa en esta moción, ni tampoco tiene sentido exigirla, es harina de otro costal, por cuanto requiere de acuerdos nacionales, tanto ciudadanos como políticos.
No es una utopía pensar en ello, pues “cuando hay volunta no hay dificulta”, como decía nuestra Violeta Parra . Estamos ad portas de discutir una propuesta de reforma educacional, pero lo que ya conocemos de ella no da el ancho ni el alto de lo que queremos como educación pública en nuestro país.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , desde hace tiempo que venimos planteando la necesidad de buscar elementos que fortalezcan la educación, particularmente la pública. En los gobiernos anteriores el Partido Radical estuvo presente para apoyar todo aquello que significara el mejoramiento de la educación pública. Sin embargo, hemos visto que, desde el punto de vista del financiamiento, la mirada de un país que subvenciona su educación, no es equitativa o una que de verdad quiere cambiar lo que hoy tenemos, en términos de la calidad de la educación que reciben los niños.
Ahora bien, desde el punto de vista financiero, lo que hace el sistema es mantener la discriminación entre los que más tienen y los que menos tienen. Es evidente lo que ha estado sucediendo en el país, es cosa de mirar las cifras. La realidad no puede ser cambiada simplemente por las buenas intenciones que tengan algunos, sino por lo que realmente procesan los ciudadanos, que finalmente son los que toman las decisiones.
Vemos con claridad que las familias, incluso pobres y de escasos recursos, pagan para que sus hijos asistan a colegios particulares o con financiamiento compartido. Eso significa que se traslada a las familias una preocupación que debería ser del Estado: el desarrollo educacional de todos los chilenos. Por lo tanto, lo que hoy está haciendo la subvención es segregar más el sistema educacional chileno.
Por eso, cada vez más confirmo la tesis que desde sus inicios ha sostenido el Partido Radical, en el sentido de que la educación es el pilar en el desarrollo de una nación, que debe ser enfrentada por el Estado, que no puede seguir los mismos cánones de mercado que otras actividades, que no puede estar en manos de educadores privados que sólo miran su bolsillo, sin considerar la lógica de avanzar y entregar una educación adecuada, que se da con financiamiento. Cuando se tienen financiados buenos sueldos para sus profesores, cuando se tienen los recursos para administrar la educación en buena forma, cuando se tiene financiados los materiales para que los jóvenes se desarrollen en forma tecnológica y moderna, quiere decir que se les puede dar una mejor educación. Pero eso requiere que el financiamiento provenga del Estado, no puede quedar en manos de otros.
¿Y qué ha hecho el Estado en este sentido?
Es una muy buena alternativa, además de interesante, a fin de soslayar el problema de la educación y lograr acuerdos para inyectar más recursos a los establecimientos que atienden a jóvenes en una situación de mayor vulnerabilidad y que, por lo tanto, van a escuelas municipalizadas. Ese fue el objetivo. Sin embargo, a la larga no se han logrado los éxitos que se esperaban. De una u otra forma, la subvención escolar preferencial en algunos casos, incluso, ha parado en bolsas de recursos que no han sido ni siquiera utilizados, como ocurre en una de las comunas de mi región, en donde más de 3 mil millones de pesos que debieron haber sido usados en mejorar la educación de los niños en estado de vulnerabilidad, hoy están apozados en el Ministerio de Educación.
Si bien es cierto el proyecto busca mayor transparencia, involucrar a la comunidad escolar o incorporar al director en materia de financiamiento, no resuelve el problema de fondo, en el que debemos avanzar.
¿Cómo podemos tener una mejor educación pública? Miremos el fondo del problema y no sigamos escondiendo la cabeza en la tierra, como el avestruz. Eso significa que el Estado debe volver a tener un rol preponderante en la educación, que sólo se obtiene desmunicipalizando, entregándole recursos al Estado para que haga educación de primer nivel en los niños que más lo necesitan.
Por lo tanto, si bien comprendo el objetivo que persiguen los colegas que presentaron el proyecto, debemos buscar consenso y debatir cómo lograr lo que he señalado. Es cuestión de analizar qué se hace en otros lugares del mundo.
Sólo han logrado éxito en el desarrollo educacional los países que financian la educación con impuestos y entregan los recursos necesarios a todos los niños, como lo demuestran las cifras alcanzadas por países europeos o asiáticos que han efectuado una revolución en la educación con recursos del Estado.
Me voy a abstener de apoyar el proyecto, porque mientras, desde el punto de vista educativo, no vayamos por la línea correcta, no se va a lograr éxito en mayor calidad educacional y, por lo tanto, más desarrollo para el país.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente , como integrante de la Comisión de Educación quiero señalar que, como el proyecto tiene un alcance reducido, no se puede esperar que resuelva los grandes problemas de nuestro sistema educacional, que, por lo demás, los hemos analizado latamente en sesiones anteriores.
Sin embargo, este proyecto, originado en moción, va en el sentido correcto, porque la idea matriz del proyecto que se convirtió en la ley Nº 20.248, durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , fue entregar recursos adicionales a los establecimientos educacionales que atienden a niños en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
Hubo una discusión muy profunda sobre si lo que proponía la iniciativa debía ser para toda la educación pública, según muchos de nosotros, los liceos y establecimientos educacionales municipalizados. Pero, la batalla que libramos, la perdimos, porque la mayoría circunstancial estableció que debía otorgarse a todos los establecimientos que recibían subvención del Estado.
La subvención escolar preferencial debía usarse para contratar profesionales, adquirir recursos metodológicos y efectuar perfeccionamientos de los equipos directivos u otros, que apuntaran al gran propósito de mejorar el aprendizaje de los alumnos.
¿Cuál fue el fundamento técnico? La investigación señala que los resultados del aprendizaje de los alumnos se explican, casi en un 80 por ciento, por su origen socioeconómico, porque no se aprende de un vacío cultural, sino de la realidad de cada uno. Y, claro, el capital cultural de los niños de los hogares más modestos es deficitario respecto del de los alumnos que tuvieron la suerte de nacer en hogares de nivel medio, medio alto o alto.
Ese aspecto queríamos corregir. La idea central apuntaba a que se usaran los recursos para otorgar más elementos de apoyo metodológico para los niños en los medios educativos, de manera de emparejar la cancha, como dijo un analista político hace algún tiempo.
¿Qué aconteció?
Que, por diversas razones de carácter administrativo, por la realidad de cada una de las comunas y por la falta de organismos de asistencia técnica ATE, especialmente en provincias y regiones, el propósito perseguido se distorsionó. En el análisis del proyecto de ley, representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades reconocieron en la Comisión que, en algunos casos, el destino de los recursos fue distinto al que indicaba la ley Nº 20.248.
Entonces, nuestros colegas dijeron: “Miren, establezcamos un mecanismo de control que impida que se produzcan estas prácticas que se alejan del espíritu de la ley.”. ¿Y cuál? Agregar como exigencia que, cuando el sostenedor, el alcalde , o el director del DAEM o el jefe de la corporación, ¡-ojo ahí hay un tema interesante de analizar- o el de un colegio particular subvencionado, que no necesariamente es el director de ese establecimiento, tiene que rendir cuenta (artículo 7º) al Ministerio de Educación, que le traspasó los recursos.
Pero, ocurría que, muchas veces, la cuenta no tenía nada que ver con lo señalado en la iniciativa, porque esas platas van contra un plan de mejoras que el propio colegio, a partir del diagnóstico de la realidad de los niños vulnerables, dirige los recursos.
Pero el sostenedor, no el director, y muchas veces aconteció -nos consta-, daba cuenta de gastos de recursos que no habían sido hechos directamente en el establecimiento y para los fines dispuestos en la normativa. ¿Cómo controlamos eso? Exigiendo que la cuenta del sostenedor lleve la firma y el respaldo del director, quien debe avalar que los gastos se hicieron en el establecimiento.
A mayor abundamiento, creo que se incorporó en la Comisión una indicación interesante.
Recuerden que la modificación señalaba: “Podrá”, pero quisimos que fuera imperativa: “Deberá”. Es decir, lo dejamos como una obligación; no como una posibilidad.
Además, se incorporó un concepto que va en la línea correcta, y que debemos profundizar.
Si creemos, como expresamos en los discursos, que el proceso educativo o de enseñanza-aprendizaje, es responsabilidad de un colectivo, la comunidad educativa, entonces los padres y apoderados deben cumplir un rol de gran importancia.
En definitiva, el proyecto dice: “Previo a firmar, el director debe pedir la opinión del consejo escolar”, que creamos en una ley despachada hace bastante tiempo, y que no ha tenido la relevancia -seamos sinceros- que debería, porque es meramente consultivo y no resolutivo.
Ojalá demos un paso adelante en algunas áreas, no en todas, porque probablemente la discusión se centra en si los apoderados tienen derecho o no a meterse en temas tales como definiciones curriculares, para lo cual sostienen, algunos, debe haber competencia técnica para hacerlo.
Pero, hay muchas materias donde los apoderados sí deberían tener derecho de opinión; se trata de lo que pasa con la educación de sus hijos. ¡Son nuestros hijos! ¡Son lo más precioso y valioso que tenemos!
En consecuencia, son los padres -y las madres- quienes tienen legítimo derecho. Hago un paréntesis para señalar que los centros de padres están mal llamados, ya que son las madres las que mayoritariamente se hacen cargo del seguimiento del proceso.
Por lo tanto, por los argumentos señalados, esta modificación, relativamente sencilla, es importante; no necesariamente lo sencillo es poco importante. Esto es muy relevante, porque significa que vamos a cautelar de mejor manera el uso de recursos que tienen un destino claro, de acuerdo con lo establecido en la ley que les dio origen, que no es otro que dar más a aquellos niños que, por sus características socioeconómicas, necesitan más. Creo, firmemente, en la discriminación positiva. Esos niños nacieron en determinadas circunstancias socioeconómicas -es una realidad que no se escoge- y para que puedan tener aprendizajes de calidad, que les permitan incorporarse, movilizarse; más que nada, integrarse con éxito a esta sociedad cambiante, necesitan del apoyo del Estado. Al igual que otros colegas, estimo que éste es un deber ineludible del Estado, que representamos todos. Ésta no es una cuestión sobre la cual se pueda mirar hacia el lado. Ahí están nuestras diferencias conceptuales más profundas cuando discutimos acerca del sistema, de la concepción, del tipo de sociedad y de hombre que queremos formar. Pero, en definitiva, ese debate es más amplio y ahora hay que calificar este proyecto en su mérito: muy bienintencionado y va en la dirección correcta.
Por eso, anuncio que votaré favorablemente y también invito a los colegas a hacerlo en ese sentido.
He dicho.
El señor ULLOA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Aldo Cornejo.
El señor CORNEJO.- Señor Presidente , solo para manifestar una preocupación que dice relación con el proyecto que discutimos.
En el informe de la Comisión de Educación, documento oficial de la Cámara, que va a servir de base para la aprobación de la iniciativa, uno lee que el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades expresó que, durante el año 2010, “solo se había ocupado el 50 por ciento de los recursos derivados por la subvención escolar preferencial (SEP). Agregó que hubo “municipios que pagaron cotizaciones previsionales con los fondos de la SEP sin siquiera participar en el respectivo plan de mejoramiento, en circunstancias que el convenio para este plan debe ser firmado por el alcalde.”
En el fondo, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades , si bien no lo hace directamente, da cuenta de que podrían existir algunas personas que dieron a la SEP un destino distinto al establecido por la ley que la creó y eventualmente tal acción puede tener carácter delictual.
Para estos efectos, el artículo 260 del Código Penal señala que los parlamentarios somos funcionarios públicos. En su parte final, establece: “No obstará esta calificación -de empleado público- el que el cargo sea de elección popular.” De acuerdo con la legislación vigente, el funcionario público que tome conocimiento de un hecho que eventualmente puede revestir las características de delito, se encuentra en la obligación de hacer la denuncia correspondiente al órgano competente.
Hago presente esta situación, porque alguien podría interpretar que votamos un proyecto de ley en cuyo informe consta que algunas personas, eventualmente, habrían ejecutado un hecho que puede revestir características de delito.
Insisto, de acuerdo con el artículo 260 del Código Penal, nosotros, como funcionarios públicos, en conocimiento de un hecho que podría ser delito, tenemos la obligación de hacer la denuncia correspondiente.
Por lo tanto, la Corporación debería tomar alguna medida que salve nuestra responsabilidad en la discusión y aprobación de este proyecto.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente , en primer lugar, pese a que voy a aprobar el proyecto y lo valoro, en todo caso, en la práctica esto se hace. La mayor parte de las rendiciones de cuenta de los municipios se realizan con la firma de los directores. Esto es una formalidad más; pero, en general, ahora se exige que por un trámite administrativo se haga una cuestión legal.
En cuanto a los planteamientos que se han hecho, señalo que la ley sobre la SEP es, quizá, una de las más rigurosas en materia de gastos. Tan rigurosa es, que, a la fecha, el 50 por ciento de los recursos no se han gastado; están empozados porque los municipios no han encontrado la manera de adecuar su uso a lo que creen que es lo que más necesitan. ¡Si para flexibilizar su destino hemos tenido que despachar dos leyes: una entregó recursos para la reconstrucción y la otra, que entre sus fines señalaba contratar personal!
El problema es el que plantea el diputado Cornejo ; o sea, hay actos ilegales. Hay algunos municipios -probablemente, no son muchos- que han hecho uso de estos recursos de manera ilegal y, en esos casos, es muy importante que reciban las sanciones correspondientes. Debería hacerse notar a la Contraloría las afirmaciones del presidente de la Asociación de Municipalidades para que se ponga especial cuidado en cuestiones que no corresponde hacer, pero que se hacen. También he oído de casos, pero debe investigarlos la Contraloría.
En segundo lugar, me parece que una de las cosas más importantes que plantea el proyecto es que el director debe firmar, al menos, con información al consejo escolar. Esto, que aparece como una novedad en el proyecto, si uno lee la ley sobre consejos escolares, es obligatorio para los directores y sostenedores, que el consejo escolar conozca todos y cada uno de los gastos del colegio. El problema es que esto tampoco se está cumpliendo y muchos administradores de la educación no quieren tener contraparte: el consejo escolar, y tienden a eludir los cambios en el reglamento interno, en el proyecto educativo, en la formulación del programa de mejoramiento educativo; en circunstancias de que todo eso todo, tiene que revisarlo el consejo escolar. Lamentablemente, repito, esto no se cumple; entre otras cosas, lo relacionado con los gastos.
Me parece bien que esto se puntualice en este proyecto para hacerlo más imperativo.
En tercer lugar, respecto de la subvención escolar preferencial, en las universidades, en el Congreso y en todos lados debe profundizarse el debate sobre la educación en condiciones de vulnerabilidad. Estamos con un problema muy serio y aquí algunos gozan cuando el resultado del Simce es bajo en los colegios públicos, pero la reacción debería ser otra, preguntarnos qué hacer para que la educación en condiciones de vulnerabilidad tenga éxito. La respuesta simple ha sido reduccionista: más horas de matemáticas, de lenguaje, cuando la experiencia indica que un niño de algún sector vulnerado necesita más desarrollo global para ser bueno en matemáticas, en lenguaje, ser buena persona, etcétera. O sea, se requiere un enfoque más global; todo lo contrario del reduccionista. Sabemos que un niño que hace más deporte -los suecos lo han demostrado- es mejor en matemática. Aquí hay una asociación. El niño es una realidad única, total y, por lo tanto, esto hay que verlo en distintas dimensiones.
Quería resaltar la necesidad de tener mucho más debate sobre los programas de mejoramiento educativo para ver si se está actuando bien o no. En el proyecto acerca de subvención escolar preferencial, que aprobamos recién la semana pasada, se dice que no tenga cuatro dimensiones sino una sola. A la luz de la experiencia, ¿eso es o no correcto? Ya se han hecho algunos trabajos sobre estos programas y creo que todavía estamos lejos de tener un enfoque que realmente dé cuenta de la necesidad educativa de los niños. Es bueno que ese debate se desarrolle a partir de las investigaciones que se efectúen.
Lo más dañino para los programas de mejoramiento educativo han sido las exigencias e instructivos del Ministerio de Educación respecto a metas. Fue un gran error fijar como meta la velocidad lectora a los niños más vulnerables. Focalizar en una dimensión su desarrollo -la velocidad lectora- genera distorsión. Espero que esto se corrija, porque hasta el momento no se ha hecho.
Por último, cuidado con las descalificaciones, sobre todo cuando discutamos sobre educación. Una diputada calificó al diputado Gutiérrez de utópico y demagógico. Este tipo de descalificaciones son bastante inapropiadas, máxime si se considera que el debate sobre educación debe ser global, con mucha utopía y con mucha profundidad en la búsqueda de cómo desarrollar una vida más humana y un país mejor a partir de la educación.
Esa reflexión ya la han hecho muchos pensadores, basta ver cómo grandes educadores están volviendo leer a Comenius y a filósofos de hace 350 años para repensar qué es la educación en el mundo actual, muy distinto a aquel en que aparecen la escuela y el liceo. Hay que valorar la utopía y no despreciarla. No decir que eso no corresponde o que es utópico.
La idea de que el modelo educativo actual no funciona y que hay que crear otro, tampoco puede ser descalificada, porque tenemos un problema con el modelo educativo, y quien no lo reconozca, no está viendo la realidad. Esto se refleja en el debate. Cuando en Estados Unidos tenemos 2 millones de niños que ya no van a la escuela, porque consideran que no les ayuda, es claro que debe darse un debate sobre el modelo educativo; incluso, hay filósofos que piensan que la escuela tiende a ser tan homogeneizante, que en el mundo actual genera distorsiones. ¡Qué bueno!
Hay que aceptar la diversidad, porque genera contenidos y posibilidades de nuevas creaciones.
En todo caso, aprobaré el proyecto, sabiendo que su aporte es bastante específico.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora María José Hoffmann.
La señora HOFFMANN (doña María José).- Señor Presidente , quiero dejar claro que hoy no existe la obligación del director de los establecimientos educacionales de firmar la rendición de cuentas que le presenta el sostenedor. Es más, en la práctica se da que el sostenedor le pida al director del colegio que avale la rendición de cuentas, inclusive sin la firma.
En seguida, pienso no se ha descalificado a nadie. Al contrario, cuando se señala que la reforma educacional propuesta por este Gobierno tiene una visión reduccionista, entiendo esa afirmación como parte del debate constructivo, la entendemos como parte de las particulares miradas que todos tenemos sobre un tema.
He dicho.
El señor MELERO.- Señor Presidente , pido que cite a reunión de Comités, sin suspender la sesión.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Cito a reunión de Comités, sin suspender la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente , aquí se ha dicho que el programa de subvención escolar tiene una acción bastante positiva en el desarrollo de los establecimientos educacionales más vulnerables. Por eso, por su intermedio, señor Presidente , echo de menos una instancia de evaluación. Ya alguien lo señaló en esta Sala. ¿Cómo se fiscaliza el funcionamiento, por ejemplo, de la jornada escolar completa? No existe una evaluación de los programas y proyectos que aprobamos.
Lo planteo como una sugerencia, porque para el perfeccionamiento de las normas legales necesariamente se requiere evaluar lo hecho, y hasta la fecha no hemos evaluado absolutamente nada.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- ¿Habría unanimidad para oficiar al contralor general de la República en relación con lo expresado por el diputado señor Aldo Cornejo respecto de la declaración formulada por el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades , que consta en el informe de la Comisión de Educación?
Acordado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Corresponde votar en general el proyecto que modifica el artículo 7° de la ley N° 20.248, de Subvención Escolar Preferencial.
Hago presente a la Sala que las normas del proyecto son propias de ley simple o común y que la Comisión informante recomienda aprobar la idea de legislar.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 6 abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Por no haber sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
SUSPENSIÓN DE PRESCRIPCIÓN EN DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS. Primer trámite constitucional.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Penal, estableciendo la suspensión de la prescripción en delitos contra la administración pública y otros que indica.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Jorge Burgos.
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 7133-07, sesión 65ª, en 18 de agosto de 2010. Documentos de la Cuenta N° 6.
-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 104ª, en 30 de noviembre de 2010. Documentos de la Cuenta N° 21.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley, iniciado en moción de la diputada señora Adriana Muñoz y de los diputados señores Burgos, Marcelo Díaz , Latorre , Montes , Ortiz , Schilling , Vallespín , Venegas y Walker , que modifica el Código Penal, estableciendo la suspensión de la prescripción en delitos contra la administración pública y otros que indica.
La idea matriz de la moción es incorporar una nueva hipótesis de suspensión de la prescripción, la que tendrá lugar respecto de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública o con abuso de ésta, por parte de los autores o partícipes, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público.
Como es sabido, la institución de la prescripción extingue la responsabilidad penal. Pero no es la única causa de las que señala el artículo 93 del Código Penal. Están el cumplimiento de la condena, la prescripción de la acción penal, es decir, el término de la posibilidad de ejercerla, y la prescripción de la pena impuesta en una condena.
Por su parte, el Código Penal, en su artículo 96, que es el que estamos modificando, establece que esta prescripción -lo hace en términos genéricos respecto de la de la pena y de la de la acción- se interrumpe, perdiéndose el tiempo transcurrido, siempre que el delincuente cometa nuevamente crimen o simple delito, y se suspende desde que el procedimiento se dirige contra él; pero si se paraliza su prosecución por tres años o se termina sin condenarle, continúa la prescripción como si no se hubiere interrumpido.
Para usar una imagen expresiva de lo que señala el Código, la suspensión detiene temporalmente la construcción del edificio, mientras que la interrupción abate todo lo ya construido, con lo cual queda claro que, superada la causal suspensiva, no se pierde el tiempo transcurrido.
Esa es la diferencia esencial entre esas dos instituciones, que hacen excepción a la norma general, que el tiempo borra el delito o hace prescribir la acción.
Durante la discusión del proyecto, que aprobamos en general y en particular por unanimidad, la Comisión contó con el informe redactado por el profesor de Derecho Penal y ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, señor Enrique Cury , quien se manifestó plenamente de acuerdo con su contenido, dado que mientras cualquiera de los intervinientes en el delito funcionario o cometido con abuso de la función, permaneciera en su cargo, la persecución del hecho resultaba a menudo imposible. Más aún, cuando dicha persona dejara el cargo, el delito podría ya estar prescrito.
Ese es el objetivo fundamental del proyecto. Es bastante obvio que la persona que ha cometido un delito en su calidad de funcionario público o con abuso en el ejercicio de la función, tendrá muchas posibilidades de esconder la comisión del delito. Es más, mientras esté en el ejercicio del cargo, podrá crear condiciones destinadas a evitar la acción del Estado, la pretensión punitiva del Estado.
Por eso, como ocurre en otras legislaciones, particularmente la argentina, debemos ser capaces de crear una nueva causal de suspensión de la posibilidad jurídica que hace perder el tiempo transcurrido.
La Comisión también contó con la ayuda del abogado señor Enrique Aldunate Esquivel .
La sugerencia de varios diputados en cuanto hacer algunos cambios de redacción, transversalmente, fue acogida. Desde luego, sustituir la voz “partícipes”, que es considerada en la doctrina, por aquellas que se recogen en la práctica chilena, como “autor”, “cómplice” o “encubridor”.
Debatimos sobre la conveniencia de limitar el alcance de esta propuesta a los llamados delitos funcionarios previstos en el Título V del Libro Segundo del Código Penal, en atención a que la finalidad de la iniciativa es contar con un instrumento que permita combatir la corrupción.
Pero, en general, los autores de la moción precisamos que no sólo se pretendía impedir la impunidad de tales delitos -que son unos de los tantos que se pueden cometer-, sino de cualquier otro cometido en el ejercicio del cargo público o con abuso del mismo, sin cumplir las disposiciones propias de un funcionario público.
Por último, en la Comisión se suscitó un debate sobre la expresión “o con abuso de ésta” empleada en la propuesta. En el marco de tal discusión, en el intento de consensuar el proyecto, sin cambiar su sentido, se plantearon dudas respecto de cuáles serían los delitos a los que se aplicaría la suspensión de la prescripción, vale decir, si el vocablo “ésta” se referiría a ilícitos cometidos con ocasión del ejercicio de una función pública que guardara directa relación con el delito o bien comprendería cualquier delito cometido con ocasión del ejercicio de una función pública, sin que existiera necesariamente relación entre ambos.
Se trató de consensuar una norma que es pequeña en su redacción, pero de importantes efectos jurídicos. El ministro de la Corte Suprema nos informó que en su ejercicio profesional muchas veces echó de menos una normativa de esta naturaleza, porque veía, en la práctica, la dificultad de perseguir un ilícito, puesto que el autor, cómplice o encubridor, mientras mantiene el cargo, crea condiciones que ayudan a la impunidad.
Después de la discusión, se aprobó el siguiente artículo único: “Agrégase el siguiente inciso segundo en el artículo 96 del Código Penal:
“La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública con infracción a los deberes del cargo o con abuso de éste, respecto de los autores, cómplices o encubridores, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público.”.
En consecuencia, se trata de agregar esa otra causal de suspensión de la prescripción a nuestro Código Penal. No es la única. Hay otras causales de suspensión por algunos delitos contra la libertad sexual de las personas y también existen otras en los tratados internacionales, que están incorporadas por el artículo 5° de la Constitución -así lo ha recogido la Corte Suprema-, que establecen la imprescriptibilidad, en otros términos, de los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, cuestión que está zanjada.
En términos generales, se trata de establecer esta causal de suspensión, con el preciso objeto de no crear condiciones de impunidad cuando se trata de la persecución de un delito cometido como funcionario público o con abuso del cargo.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Giovanni Calderón.
El señor CALDERÓN.- Señor Presidente , brevemente, quiero manifestar mi completo apoyo a esta iniciativa, que avanza, precisamente, en el sentido de entregar más herramientas a los órganos jurisdiccionales, a los jueces, para el combate contra la corrupción.
Efectivamente, muchas veces, la prescripción se transforma en un obstáculo al momento de perseguir la responsabilidad penal de determinados funcionarios públicos involucrados en ciertos hechos reñidos con la probidad y esta iniciativa, precisamente, pretende evitar que la prescripción impida la persecución de esa responsabilidad penal.
Además, tiene el mérito de no restringirla a los delitos funcionarios, esto es a los contemplados en el Título V del Libro II del Código Penal. Así, cualquier delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de la función pública o con abuso de ésta va a poder ser castigado, sin perjuicio de que transcurra la prescripción durante el período en que se ejerce la función pública.
Es una muy buena iniciativa, que va en el sentido correcto. Son muchos los casos en que se pueden pensar hipótesis de autoridades en ejercicio, cuya investidura o relación con la toma de decisiones en materias regulatorias puede impedir la persecución penal mientras está ejerciendo la función.
Además, recoge la más moderna doctrina penal, en el sentido de ir precisando normas especiales de prescripción en determinados delitos, como los que contempla nuestra legislación en materia de delitos sexuales y de lesa humanidad, los que, de acuerdo con la legislación recientemente aprobada por este Congreso, son imprescriptibles.
Felicito al autor de la moción, y espero que la Cámara sepa apreciarla y pueda aprobarla.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente , estaba pensando en lo que recién dijo el diputado Giovanni Calderón y creo que él tiene mucha razón. Lo que se plantea hoy en la doctrina penal internacional es que ciertos delitos sean imprescriptibles, como los de lesa humanidad, los de naturaleza sexual y los que dicen relación con la probidad.
Si bien este proyecto va en la tendencia correcta, creo que deberíamos haber dado el gran paso y declarar que estos delitos contra la probidad pública son imprescriptibles. Eso sería lo más conveniente para que aquel que, de alguna u otra forma, se apropia de los dineros que son de todos los chilenos sepa que, en algún momento, le va a llegar la persecución del Estado.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , simplemente, quiero agradecer las intervenciones y reconocer lo interesante que puede resultar esta moción, que es de todos los diputados que estamos señalados en el informe.
El tema que planteó el diputado Hugo Gutiérrez , por cierto, es opinable, pero lo que busca este proyecto no es la imprescriptibilidad, sino la suspensión. Creo que ése es el mérito que tiene.
Agradezco la buena disposición que existe de votarlo favorablemente.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Corresponde votar en general el proyecto que modifica el Código Penal, estableciendo la suspensión de la prescripción en delitos contra la administración pública y otros que indica.
Hago presente a la Sala que las normas del proyecto son propias de ley simple y que la Comisión informante recomienda aprobar la idea de legislar.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Por no haber sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO.- Señor Presidente , es importante señalar a la Sala que en la reunión de Comités resolvimos suspender la sesión y reanudarla a las 13.30 horas, a objeto de conocer el procedimiento del reajuste de remuneraciones del sector público, que nos preocupa a todos. En ese momento sabremos si avanzaremos algo hoy o quedará pospuesto para los días siguientes.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- La sesión se levantará por aproximadamente 5 minutos. Después de ese lapso, abriremos una nueva sesión para votar el informe de la Comisión Mixta de Pesca y luego la suspenderemos en espera de lo que ocurra en el Senado con el proyecto de reajuste de remuneraciones del sector público.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 12.59 horas
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones
VII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que establece normas especiales sobre publicidad y reserva de las actuaciones procesales tratándose de ciertos delitos y un reforzamiento de las sanciones en materia de delitos contra los miembros de las policías. (boletín N° 7217-07).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley calidad y equidad de la educación. (boletín N° 7329-04).
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 7 de diciembre de 2010.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver la divergencia susci-
tada con ocasión de la tramitación del proyecto de ley sobre cuota anual de captura en materia pesquera, correspondiente al Boletín Nº 7.255-03.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
4. Informe sobre la participación del diputado señor Roberto León Ramírez en la Audiencia Parlamentaria 2010 en Naciones Unidas, realizada en Nueva York, los días 2 y 3 de diciembre de 2010.
“Honorable cámara:
Tengo a honra informar sobre la participación que me correspondió en la Audiencia Parlamentaria 2010 en Naciones Unidas con ocasión de la 65a Sesión de la Asamblea General, el 2 y 3 de diciembre en la sede de la ONU en Nueva York, organizada en forma conjunta por Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria (UIP), conforme a las Resoluciones 61/6 y 63/24 de la Asamblea General,
Durante la inauguración de la citada reunión, usaron de la palabra los señores:
-Sr. Joseph Deiss , Presidente de la Asamblea General .
-Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas .
-Dr. Theo-Ben Gurirab, Presidente de la Unión Interparlamentaria .
El tema objeto del debate fue "Hacia la recuperación económica: repensar el desarrollo, reformar la gobernanza mundial", materia sobre la cual se llevaron a cabo diferentes paneles, como se indicará a continuación:
1) Los riesgos actuales que pesan sobre la recuperación económica y los desequilibrios estructurales que perduran en la economía mundial.
Al analizar el panorama mundial se puede inferir que los riesgos actuales que pesan sobre la recuperación económica y los desequilibrios estructurales persisten en la economía mundial.
La crisis económica y financiera mundial está lejos de haber concluido. La opinión casi unánime es que la recuperación es débil y podría detenerse. Las cifras de crecimiento anual para la mayoría de las economías más poderosas son inferiores a las previstas. Peor todavía, el desempleo se mantiene a niveles históricos altos en numerosos países y no muestra signos de disminuir. El problema es más difícil de solucionar que lo que se esperaba y es necesaria una respuesta mundial más enérgica y mejor coordinada.
Hace un año, la respuesta inmediata a la crisis enfatizaba la necesidad de un plan de recuperación contra cíclico de la economía mundial. Actualmente, varias grandes economías van marcha atrás y realizan recortes presupuestales para reducir el déficit público a corto y largo plazo. Mientras que la prudencia fiscal tiene sus méritos, muchos temen que no sea oportuna y castigue la recuperación mundial y las perspectivas económicas de los países directamente concernidos. Asimismo, es necesario considerar que algunos de los desequilibrios macroeconómicos fundamentales que desencadenaron la crisis aparecen sin cambios. Los países que tienen excedentes comerciales continúan teniendo dificultades en desarrollar su propia demanda interna, con la correspondiente incapacidad de los países con déficit de superar sus problemas de competitividad. El sistema comercial y financiero internacional continúa trabando las reformas internas necesarias para llevar a cabo las políticas de diversificación de la economía o de protección contra los choques externos.
Sin una voluntad firme para corregir estos desequilibrios a través de los nuevos acuerdos institucionales y una mejor coordinación de las políticas macroeconómicas nacionales, los modelos de crecimiento corren el riesgo de permanecer mal estructurados y de perpetuar la inestabilidad de la economía. Dentro del análisis efectuado se tuvieron en consideración las siguientes interrogantes:
-¿Al final, cómo calificar la respuesta mundial a la crisis?
-¿Están siendo bien abordados los problemas estructurales de la economía mundial, y están los mecanismos institucionales a la altura de la tarea?
-¿Ha permitido esta respuesta mejorar las perspectivas de desarrollo, en particular la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio?
-¿Es este un buen momento para las medidas de austeridad y cómo limitar las repercusiones?
-¿Cómo hacer para consolidar la recuperación y para que esta vaya acompañada de creación de empleos?
El siguiente es el texto del discurso preparado por el diputado señor León:
"Estimados colegas, somos testigos de una incuestionable realidad de interconexión en la economía mundial: las decisiones que se toman en una parte del mundo muestran sus efectos en otras, con consecuencias muchas veces no deseadas, e incluso ni siquiera imaginadas.
Como reacción a la crisis financiera, la acción enérgica y concertada a nivel mundial frenó a tiempo una depresión económica severa y el sufrimiento de miles de millones de personas en todo el mundo. Vimos, como algunos han dicho, "la coordinación mundial en su mejor expresión". Asimismo, se fue conformando un sentido común global para enfrentar los efectos y atacar las causas de la crisis, muy bien acuñado en la declaración inicial que emitió en Londres el Grupo de los Veinte (G20): "una crisis global exige una solución global".
¿Con que nos encontramos luego de transcurridos dos años desde aquellos días críticos? La incertidumbre y el desconcierto iniciales se han superado, y la actividad mundial ha retomado su senda que, de acuerdo al FMI, significó una tasa anual de crecimiento superior al 5% durante el primer semestre de este año. Sin embargo las luces de alerta permanecen encendidas. Y esto sucede no sólo por que la recuperación en las grandes economías pierde impulso, sino, en especial, ante la evidencia de la descoordinación entre las políticas económicas nacionales, realidad que sólo puede traer consecuencias desastrosas "para todos", según lo expresaran las veinte mayores economías del planeta en Seúl.
La escasa coordinación y el predominio de los intereses y objetivos de políticas internas, particulares a cada país, se están reflejando en un círculo vicioso. Así vemos que las políticas fiscales, monetarias y de tipo de cambio individuales trascienden las fronteras nacionales y amenazan con guerras de divisas y proteccionismo en una escalada con consecuencias no deseadas por unos ni otros, y sin que se asuman las responsabilidades globales con una visión a más largo plazo.
Es preocupante ver la lentitud con que estamos enfrentando los grandes desequilibrios, que más que atenuarse se van intensificando. Los líderes del G20 han manifestado la necesidad de corregirlos, señalando su preocupación por evitar "devaluaciones competitivas" que afectan al comercio mundial y por "fortalecer la cooperación multilateral". Pero, más allá de las buenas intenciones, decisiones importantes, corno la tarea de identificar las distorsiones que aporta cada país a los desequilibrios económicos mundiales están siendo postergadas.
Como comunidad mundial enfrentamos enormes y variados desafíos que exigen pronta y real atención. Es necesario revisar con decisión el actual sistema monetario internacional, con las reglas, normas e instituciones que rigen las monedas y los flujos de los capitales del mundo en su vertiginoso movimiento a través de las fronteras. También es urgente reconsiderar el dominio del dólar como moneda de reserva y su administración por parte de un solo país, situación que, además, genera vulnerabilidades en las economías internas de otros países. La preocupación también debe manifestarse respecto a un sistema que fomenta la creación de grandes reservas de divisas, mantenidas en gran medida por las economías emergentes, y por tanto financiando en parte la prosperidad de los países más ricos.
Colegas, los desequilibrios globales siguen representando un riesgo importante para la estabilidad macroeconómica y financiera mundial. Las palabras anteriores sólo esbozan la complejidad e infinidad de aristas que nos presenta esta realidad. Probablemente sus efectos, intensidades y manifestaciones pueden diferir de un país a otro, pero ahora sabemos, con certeza, que no se trata de problemas lejanos que competen a otros, sino por el contrarío, que ellos afectan y determinan la vida cotidiana de millones de personas.
Desde mi lugar como representante de un país pequeño ubicado en América Latina, hago un vehemente llamado para que cada uno de nosotros desempeñe el papel que le corresponde. Los parlamentarios tenemos una participación importante en el éxito de cualquier reforma y debemos contribuir al diseño de un nuevo sistema, mejor adaptado a las más profundas aspiraciones de nuestros ciudadanos. En nuestros respectivos Parlamentos debernos asegurar que las políticas y programas que se adoptan para resolver la crisis actual consideren todas sus implicancias y repercusiones, en especial sobre la población más vulnerable. Planteémonos ésta como una oportunidad para lograr avances reales en nuestras sociedades, y para la creación de nuevos sistemas que siendo eficientes, sean al mismo tiempo más incluyentes y transparentes."
Finalmente, el diputado señor León criticó severamente a los bancos y se refirió a la información dada a conocer por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras a la prensa, donde se destaca que las utilidades de los bancos en el período enero-octubre 2010 fue de 2.966,69 millones de dólares, lo que significa un incremento del 38,29% de las utilidades respecto al mismo período de 2009, suma que estimó excesivamente alta para un país que tiene 15 millones de habitantes.
Concluyó señalando que no era aceptable que estas instituciones fueran "capitalistas" para las ganancias y "socialistas" para las pérdidas, aseveración que fue ampliamente compartida por otras delegaciones, especialmente por Colombia.
2) Reformar del sistema financiero internacional y evaluación crítica de ciertas cuestiones claves conexas.
La respuesta internacional a la crisis en 2009 dejó un cierto número de cuestiones no resueltas, particularmente las cuestiones claves sobre la gestión de la deuda, los movimientos de capitales y las reservas de divisas.
Durante décadas, los países en desarrollo han hecho frente a un endeudamiento insostenible. Las iniciativas multilaterales en efecto han sido útiles pero la crisis condujo a numerosos países, incluyendo a los países con ingresos medios, a contraer nuevas deudas. Una nueva crisis de la deuda puede estar en camino. Los disturbios sociales observados recientemente en Grecia muestran que los países desarrollados no son inmunes a un eventual no reembolso de la deuda soberana. El establecimiento de un mecanismo internacional de reestructuración de la deuda es uno de los remedios que ha suscitado un gran interés. De manera general, esta propuesta prevé un sistema internacional de reestructuración de la deuda bajo la forma de una corte u otra instancia de arbitraje imparcial, similar a la que prevén las leyes sobre quiebra de numerosos países. Mientras que a numerosos países les gustaría que esta propuesta se realizara sin demora, otros evocan obstáculos de orden político o técnico.
La liberalización desenfrenada de los mercados financieros es una de las causas profundas de la crisis mundial. Desde la crisis financiera, algunos países emergentes han instituido un control de los capitales y el FMI ha reconocido que el recurso al control de los capitales puede ser eficaz en ciertas condiciones. Por tanto, dos años después de la crisis, la posición general sobre los movimientos de capitales continúa incierta. Ciertas propuestas nuevas, como la instauración de un impuesto módico sobre las transacciones financieras a corto plazo, no han sido aún aprobadas. Algunos también cuestionan las disposiciones relativas a la liberalización de los flujos de capitales que figuran en numerosos acuerdos comerciales.
Mucho antes del inicio de la crisis estaba claro que el actual sistema de reservas era imperfecto. Este tiene una tendencia a generar excedentes de liquidez, la volatilidad de las tasas de cambio y, por extensión, condiciones macroeconómicas generalmente inestables. Sin embargo, la cuestión de la viabilidad de un sistema mundial de reservas basado en una canasta de divisas - por oposición a una moneda dominante - continúa sin resolverse. Mientras que hoy existe acuerdo para que los derechos especiales de giro administrados por el FMI tengan un rol más importante, el potencial que contiene esta solución está lejos de ser claro.
El tema en debate fue analizado al tenor de las siguientes interrogantes:
-¿Cuáles son los problemas del sistema actual de gestión de la deuda?
-¿Cómo funcionaría en la práctica un mecanismo internacional de reestructuración?
-¿Son los controles de capital necesarios para estabilizar la economía mundial y como deberían estos aplicarse?
-¿Cómo configurar el sistema mundial de reservas para asegurar tasas de cambio estables y apoyar el crecimiento y el desarrollo? ¿Es viable que la solución pase por una canasta de monedas?
3) Repensar el desarrollo sostenible en el marco económico y ambiental mundial actual.
La necesidad de una gobernanza mundial reforzada se aplica igualmente a la cuestión del desarrollo sostenible. Los modos de consumo y de producción actuales son incompatibles con el desarrollo sostenible. Con un nuevo crecimiento de la presión demográfica en el horizonte y la adhesión de los países en desarrollo al modelo de crecimiento dominante, existen pocas dudas de que nuevas turbulencias económicas se encuentren delante a menos que se tome una medida decisiva. Los gobiernos deben tener el papel principal pero el cambio real dependerá también del sector privado.
El problema de la gobernanza mundial del medio ambiente es claramente ilustrado por la cuestión del cambio climático, donde el acuerdo que reemplazará al Protocolo de Kioto está todavía fuera de alcance. Las razones para esto son complejas, pero estas se resumen en la idea de que la internalización económica del costo de los gases con efecto invernadero puede perjudicar la competitividad, la creación de empleos y el crecimiento. El régimen internacional en materia de comercio y de financiamiento no es siempre propicio a los acuerdos políticos nacionales en materia de cambio climático. Un reexamen de los acuerdos comerciales y financieros desde el punto de vista del desarrollo sostenible es más que nunca necesario. Por último, una mayor coherencia de los acuerdos comerciales y de los acuerdos ambientales es eminentemente deseable.
El problema de la gobernanza ambiental es acentuado por la complejidad de los mecanismos institucionales a nivel mundial, Los esfuerzos concedidos por los países en desarrollo para proteger sus recursos naturales y la biodiversidad, y para reducir las emisiones de gas invernadero, continuarán dependiendo de un régimen viable de transferencias de tecnología y de financiamiento. Por tanto, para el cambio climático solamente, el financiamiento es repartido entre numerosos instrumentos, con normas y disposiciones complejas. Pero sobre todo, los compromisos internacionales en materia de fondos para el medio ambiente representan solamente una fracción de las necesidades estimadas.
Cuestiones primordiales a resolver:
¿Cómo proceder para mejorar la gobernanza ambiental mundial?
¿Se puede escindir el crecimiento y el medio ambiente en el modelo económico dominante?
¿Cómo desarrollar los fondos para el cambio climático a nivel mundial?
¿Es necesario instaurar un impuesto mundial sobre el carbono?
¿Se deberían agrupar los mecanismos de financiamiento para el medio ambiente?
-¿En qué consisten las tensiones entre acuerdos comerciales y ambientales, y cómo pueden ser resueltas?
El siguiente es el texto del discurso preparado por el diputado señor León:
"Desde la década de los sesenta en el siglo pasado empieza a tomar fuerza en los medios académicos y en la opinión pública, la preocupación por el medio ambiente, Entendido esto corno el cuidado del planeta de modo de preservar los equilibrios naturales* En los hechos, la humanidad ha venido interviniendo cada vez con mayor extensión y agresividad los ecosistemas del planeta.
La preocupación por el medio ambiente se tradujo en el concepto de Desarrollo Sustentable (o sostenible), que busca el equilibrio entre las dimensiones económica, ecológica y social del desarrollo. Hoy día hay quienes introducen un nueva variable, envolvente de las tres anteriores: la dimensión cultural.
Una mirada desde otro ángulo, conduce a reflexionar respecto de la lógica de corto plazo en los proyectos de inversión y de los negocios en general. La lógica estrictamente financiera con que se abordan las inversiones conspiran contra las acciones de largo plazo de conservación de los equilibrios naturales del planeta Tierra. Para decirlo con un ejemplo sencillo: con la actual lógica económica nadie siembra robles u otras maderas nobles. en vez de pinos o eucaliptus.
Con la total ocupación del planeta por parte de un sistema económico densamente integrado, han aparecido, o se han agudizado, nuevos problemas, de carácter global. Entre los más discutidos está el calentamiento global o cambio climático.
El fenómeno del calentamiento global ya fue enunciado, por Svante Arrhenius , físico - químico sueco. Premio Nobel de 1903 - como un aumento en las concentraciones de CO2 en la atmósfera.
De acuerdo con el último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático publicado en febrero de 2007, tenemos un 90% de certeza, que es el hombre la causa de los cambios climáticos observados y que estos amenazan los grandes equilibrios planetarios. La próxima Conferencia de Cancún sobre Cambio Climático tratará de proponerse la contención del calentamiento global a solo 2°C, meta, hay que señalarlo, difícil de alcanzar. Esta pequeña cifra adquiere toda su dimensión al saber que la temperatura promedio de la superficie de la Tierra subió en aproximadamente 2°C desde la última glaciación, hace 10.000 años.
A Stefan Rahmstorf , del Instituto de investigación sobre el Clima de Postdam, le gusta la metáfora que dice: "Imagine usted un avión donde la probabilidad de llegar a destino sea de un 10%, ¿se subiría a bordo?, es evidente que no...". Sin embargo, todo pasa como si muchos se interrogaran todavía sobre la alternativa de tomar ese avión.
La explotación creciente de los recursos, el consumo creciente de energía y la perspectiva de su agotamiento futuro ha colocado a la humanidad ante una encrucijada dramática.
El petróleo, el gas natural y el carbón representan el 75% de los recursos energéticos actuales. El horizonte de tiempo para el agotamiento definitivo de las reservas de estos recursos es de 45 y 60 años para el petróleo y el gas, y un poco más de 200 años para el carbón. La energía nuclear representa hoy día el 6,4% de las fuentes actuales de energía primaria. Según la Agencia Internacional de Energía , las reservas reconocidas de uranio tienen un horizonte de vida de 100 años. Otros especialistas sitúan este horizonte en 60 años.
Es decir, sumando todas las fuentes de energía no renovables llegamos a más del 80% de la matriz energética mundial, y el conjunto de estas fuentes se agotarán en las próximas décadas.
La pregunta es evidente: ¿es sustentable un modelo de desarrollo que tiene un horizonte de vida del orden de los cien años?"
Finalizó su intervención destacando la importancia del tema energético.
4) Asegurar el liderazgo en la gobernanza económica mundial: empoderar a la ONU, el rol del G-20, y la necesidad de transparencia y de la obligación de rendir cuentas en la toma de decisión.
La crisis económica mundial ha expuesto la necesidad de un fortalecimiento de la regulación y la intervención en la economía, a nivel nacional e internacional. El G20, foro de los países industrializados y de las economías emergentes, tomó la delantera aportando la respuesta más inmediata a la crisis, lo que se tradujo en un plan de reactivación mundial coordinado de unos 5 billones de dólares. El G20 se define ahora a sí mismo como el ''principal foro de cooperación económica internacional", y actúa como coordinador central de las políticas macroeconómicas nacionales así como también el principal motor de la reforma de las instituciones financieras internacionales.
Por tanto, el lugar del G20 en los asuntos económicos mundiales continúa siendo un tema de debate. Como lo ha mostrado un debate reciente de un grupo de trabajo especial de la Asamblea General, numerosos países están en desacuerdo con el G20. En tanto que instancia informal autoproclamada de unos pocos países, ellos afirman que este carece de legitimidad. Reconociendo el poder económico del G20 (siendo cerca del 85% del PBI mundial), varios países hacen valer que las decisiones del G20 afectan a todos y por tanto deberían ser tornadas por un órgano más representativo como las Naciones Unidas. Ellos sostienen además que el G20 carece de un mecanismo de ejecución y de supervisión requerida para garantizar la obligación de rendir cuentas y la transparencia.
En breve, la inquietud es que la preeminencia del G 20 compromete la autoridad de la ONU como la única organización mundial donde cada país dispone de una voz. Las ideas abundan sobre la manera en que la ONU podría reforzar su posición de piloto de los asuntos económicos mundiales. Una comisión de expertos (Comisión Stiglitz) encargada de examinar esta cuestión el año pasado recomendó la creación de un Consejo Mundial de Coordinación Económica compuesto de un pequeño número de países (representando cada uno un grupo de países) que complementaría el Consejo Económico y Social como instancia de decisión más rápida, así como la creación de un Grupo Intergubernamental de expertos encargado de analizar los riesgos sistémicos en la economía mundial. Sin embargo, ninguna de estas propuestas obtuvo un gran apoyo.
Mientras todos reconocen que el G20 tiene un rol que jugar, haría falta definir mejor este rol con respecto al de las Naciones Unidas.
Cuestiones primordiales a resolver:
-¿Deberían las decisiones del G20 ser sometidas a un debate más amplio por el conjunto de los Miembros de la ONU antes de ser "obligatorias" para la comunidad internacional?
-¿Cómo deberían vincularse institucionalmente el G20 con las Naciones Unidas?
-¿Deberían las propuestas de la Comisión Stiglitz sobre la creación de dos nuevos organismos económicos ser inscritas en el orden del día?
¿Qué rol deberían jugar los parlamentos para asegurar una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gobernanza económica mundial?
En esta última materia, el diputado señor León formuló un llamado a la Unión Interparlamentaria para que ésta adoptara un pronunciamiento en el sentido de enviar un mensaje potente a los poderes ejecutivos sobre la necesidad de lograr acuerdos en Cancún que estén a la altura del desafío planteado a la humanidad.
Finalizó su intervención señalando que de verificarse algunas de las proyecciones de los efectos del calentamiento global, se habrá perdido un siglo.
-o-
Cámara de Diputados, a 6 de diciembre de 2010.
(Fdo.): ROBERTO LEÓN RAMÍREZ , Presidente Grupo Interparlamentario Chileno de la UIP ”.
Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Jiménez; Monckeberg, don Nicolás ; Aguiló , Auth , Tuma , y de la diputada señora Muñoz , doña Adriana y Rubilar, doña Karla.
Regula el régimen laboral en días domingos y festivos. (boletín N° 7347-13)
Fundamentos:
1.-El régimen legal aplicable al trabajo en días domingos y festivos en nuestro ordenamiento, considera como regla general que todos los trabajadores tienen derecho a descanso en dichos días.
Ahora bien, el artículo 38 del Código del Trabajo, establece una serie de excepciones a esta regla. Estas excepciones apuntan a una serie de labores que por su naturaleza no pueden detenerse, o bien cuya paralización causa grave daño al interés público o a la industria.
Asimismo, se han agregado las labores del sector del comercio y las actividades de los deportistas profesionales. Para el primer caso, junto a otras labores continuas, se establece una contra excepción para determinar que los descansos semanales en un mes calendario deben recaer a lo menos dos veces en días domingos, debiendo organizarse turnos rotativos por las empresas de estos sectores, para mantener la continuidad de labores.
Los trabajadores que laboran en días domingos y festivos, solamente obtienen como compensación el descanso semanal general, más un día adicional en caso de que en la semana se haya laborado un festivo. Con todo, la ley permite que si el empleador pide al trabajador que el exceso de un día de descanso acumulado sea trabajado, éste debe ser pagado con un recargo de horas extraordinarias, esto es el 50% del valor hora sobre el sueldo base, sin considerar el resto de las remuneraciones.
2.- El sistema de compensaciones legales para los trabajadores que prestan servicios en días domingos y festivos, no da cuenta de un cambio cultural relevante al que hemos asistido en las últimas décadas: la compatibilización de la vida familiar con la vida laboral, entendiendo que no tiene el mismo valor social el trabajo realizado en dichos días, que el llevado a cabo en un día de semana cualquiera.
3.- Al mismo tiempo, nos enfrentamos ante la evidencia de que nuestra sociedad ha organizado sus actividades productivas y comerciales de forma tal que muchos trabajadores han tenido la oportunidad de ver recompensado un mayor esfuerzo en el trabajo con la posibilidad de acceder a bienes y servicios que hace décadas eran impensables, como el acceso a la vivienda propia o a la educación superior de los hijos o bien a la posibilidad de contar con un feriado anual en lugares turísticos junto a su familia.
De esta manera, es necesario que nuestra sociedad se pregunte si las compensaciones por el mayor trabajo y el mayor sacrificio familiar que ello conlleva, son suficientes y se encuentra en simetría con las ganancias que el sistema productivo y el comercio obtienen en este esquema de trabajo.
4.- Es por ello que la presente propuesta, a partir de la moción que diversos parlamentarios presentaron a fin de declarar irrenunciables los días domingos de descanso, apunta a perfeccionar las normas contenidas en el artículo 38 del Código del Trabajo, que establece las compensaciones de jornada y remuneraciones para aquellos trabajadores que prestan servicios en estos días.
5.- De esta manera, la propuesta se organiza bajo los siguientes ejes:
a) Establecer un régimen de compensación por el trabajo en días domingo y festivos, para todos los trabajadores que se encuentran en esta hipótesis, evitando discriminaciones injustificables entre unos y otros;
b) Reconocer que el trabajo en días domingos y festivos tiene un mayor valor social que los servicios prestados en otros días, a través del aumento de los descansos compensatorios en caso de otorgarse éstos, o bien del recargo en las remuneraciones de los trabajadores por sobre el recargo tradicional que se contempla en el artículo 32, esto es, como si fueran horas extraordinarias. Para ello se explicita que el recargo es sobre la remuneración del trabajador, la que puede contener elementos fijos y variables.
c) Establecer la incompatibilidad entre las compensaciones en dinero de las compensaciones en días de descanso; ambas son de diferente naturaleza, por lo que es esperable que existan trabajadores que en acuerdo con su empleador opten por una u otra alternativa. Aún cuando se establece que dicha opción es una obligación del empleador, la definición de una u otra alternativa inevitablemente será objeto de un acuerdo entre trabajador y empleador.
d) Se deja abierta la posibilidad de que el empleador pueda contratar personal para jornadas solamente desarrolladas en días domingos o festivos, o bien por un número reducido de horas a la semana, a fin de contar con reemplazos en caso de acumulación de feriados para su personal regular.
6.- Finalmente, es necesario consignar que las normas que se proponen, deberán regir en principio para los contratos nuevos que se celebren en actividades exceptuadas del descanso dominical, en tanto que para los contratos vigentes al momento de la publicación de la ley, se establecerá un plazo de seis meses para la plena vigencia de esta nueva Ley respecto del nuevo régimen de compensaciones.
En mérito de las consideraciones expuestas, tengo a bien proponer la siguiente indicación sustitutiva a la moción sobre declaración de irrenunciabilidad para los domingos y festivos, Boletín 7209-13:
PROYECTO DE LEY
Para sustituir el texto de la iniciativa por el siguiente:
“Artículo Único.- Modifíquese el artículo 38 del Código del Trabajo de la siguiente manera:
A) Para eliminar en el numeral siete del inciso primero, la oración “,respecto de los trabajadores que realicen dicha atención”.
B) Para reemplazar en el inciso segundo, la oración que se ubica a continuación de su punto seguido (.), por la siguiente: “No obstante, en los casos a que se refieren los números 2 y 7 del inciso primero, al menos dos de los días de descanso semanal en el respectivo mes calendario deberán necesariamente otorgarse en día domingo; dichos descansos no serán compensables en dinero y cualquier cláusula en contrario se tendrá por no escrita.”.
C) Para reemplazar sus incisos tercero a quinto, por los siguientes:
“Las empresas que conforme al inciso primero, se encuentran exceptuadas del descanso dominical, salvo las consideradas en el numeral 8, deberán compensar a sus trabajadores por los servicios prestados en dichos días y en festivos, de acuerdo a una de las siguientes alternativas, la cual deberá ser acordada en forma individual por las partes:
a) otorgando, adicionalmente al descanso semanal, un día de descanso por cada día domingo y dos por cada día festivo en los que se hubiere prestado servicios, aplicándose la norma del artículo 36. Estos descansos podrán ser comunes para todos los trabajadores, o por turnos para no paralizar el curso de las labores; o,
b) recargando la remuneración de los trabajadores (sin importar su jornada contratada de trabajo), en a lo menos un 75% por las horas trabajadas en dichos días. Se considerará como base de cálculo para dicho recargo, la suma de la remuneración imponible fija y la variable, de dichas horas. Para la determinación de esta última, se considerará el promedio del valor hora de los últimos tres meses o, en caso de ser menor, del tiempo en que el trabajador ha prestado servicios en la empresa.
Cuando se acumule más de un día de descanso en la semana por aplicación de lo dispuesto en la letra a) del inciso anterior, dicho exceso podrá otorgarse dentro de los treinta días siguientes al del domingo o festivo trabajado. Estos descansos, no podrán compensarse en dinero.
Las normas contenidas en los incisos tercero, cuarto y quinto, no se aplicarán respecto de los trabajadores que se contraten por un plazo de treinta días o menos, y de aquellos cuya jornada ordinaria no sea superior a veinte horas semanales o se contraten exclusivamente para trabajar los días sábado, domingo o festivo. Con todo, en estos contratos, la remuneración del trabajador por los servicios prestados en días domingos o festivos debera ser recargada de la misma forma señalada en la letra b) del inciso tercero.
Artículo Transitorio.- Las normas de la presente ley, se aplicarán a contar de la fecha de su publicación en el Diario Oficial. No obstante ello, tratándose de contratos celebrados con anterioridad a esa fecha, las partes deberán ajustar sus contenidos a la presente ley, dentro del plazo de seis meses a contar de la referida fecha de publicación.
Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Andrade y Pérez, don Leopoldo.
Establece agravante de responsabilidad penal en caso de robos contra choferes de locomoción colectiva. (boletín N° 7348-07)
1. Fundamentos.- El contexto social en la actualidad, presenta como uno de sus principales rasgos la ocurrencia de delitos contra la propiedad, especialmente, bajo la modalidad de robos con violencia e intimidación. Lo anterior es una situación compleja que obedece a factores de diversa índole. En este ámbito, especial consideración merece que si la violencia o intimidación se ejerce en contra de ciertos grupos de personas que cumplen un servicio a la comunidad y que conforme a su sistema de trabajo deben recaudar dinero efectivo, por concepto de cobro de pasajes o recaudación en locales del comercio, los que se encuentran en situación de vulnerabilidad frente a esta clase de delitos, lo que hace necesaria una revisión del actual esquema de tutela penal.
Uno de los mecanismos razonables, en relación a este segmento vulnerable, es establecer una circunstancia agravante especial de la pena tratándose del delito de robo con violencia e intimidación. Históricamente, el reconocimiento de las circunstancias modificativas, aparece ya en el derecho romano , aunque interesa contextualizarlo en su vertiente actual, y que de un análisis de las legislaciones, aflora marcadamente en las regulaciones en la materia tres criterios diferentes, que como señala Rivacoba, “a veces presentan ciertas variantes: el de circunstancias genéricas, dejadas a la libre apreciación del juzgador; el de circunstancias específicas enumeradas taxativamente en el texto legal (numerus clausus), y el de circunstancias específicas y una general, que permite a los jueces estimar otras, sea en las atenuantes y en las agravantes o sólo en aquellas, además de las consignadas en el texto (numerus apertus)” , en una situación parecida, en el análisis del sistema español, Muñoz Conde afirma que “junto a las circunstancias genéricas, el Código prevé las denominadas circunstancias específicas, establecidas concretamente en algunos tipos penales…” .
En general lo fundamental para la determinación de la agravación es el mayor injusto del caso en cuestión, y su mayor culpabilidad (reprochabilidad). En otras palabras la primera supone un incremento de la gravedad objetiva del hecho, y la segunda un mayor reproche al autor. En este contexto, la circunstancia agravante propuesta se justifica objetivamente en la situación de vulnerabilidad de la víctima, por cuanto, ésta se encuentra en una situación de extrema indefensión, tanto al momento de la comisión del hecho punible como al momento que sigue a la comisión, pues por la naturaleza de su trabajo debe efectuar el cobro en dinero efectivo, asimismo, el plus antijuridicidad radica en el disvalor de esta conducta atendido el carácter social de las funciones de las personas afectadas.
2. Ideas Matrices.- De ahí que el objeto del presente proyecto de ley, es establecer una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal, específica, respecto del tipo básico del delito de robo con violencia o intimidación prevista en el inciso primero del art. 436 del Código Penal. Esta modificación, se fundamenta la mayor antijuridicidad del hecho ilícito respecto a las personas que se desempeñan como choferes de locomoción, sea taxis, colectivos, etc., atendida la situación vulnerable de trabajar con dinero por concepto del pasaje y el carácter social de sus funciones de atención al público. En estos casos, el juez deberá considerar la agravante a fin de aumentar la penalidad acorde con la antijuridicidad del hecho sancionado.
Es por eso que sobre la base de los siguientes antecedentes vengo en proponer el siguiente proyecto de ley:
Proyecto de ley
Art. Único. Agréguese el siguiente inciso segundo en artículo 436 del Código Penal, pasando el actual a ser inciso tercero:
“Será circunstancia agravante de la conducta descrita en el inciso precedente ejecutar el delito contra conductores de transporte público de pasajeros, y otros conductores o recaudadores que porten dinero u otros valores”.
Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Espinosa, don Marcos ; De Urresti ; Gutiérrez, don Hugo ; Meza , Ortiz , Vargas , y de las diputadas señoras Isasi , doña Marta y Pascal , doña Denise .
Modifica la Ley General de Servicios Sanitarios sobre concesiones sanitarias. (boletín N° 7349-09)
“Considerando:
1. La Ley General de Servicios Sanitarios, DFL 382, tiene por objeto regular tanto disposiciones relativas al régimen de explotación de servicios sanitarios, como las relativas al régimen de concesión, la fiscalización del cumplimiento de las normas relativas a la prestación de los servicios sanitarios; y las relaciones entre las concesionarias de servicios sanitarios y de éstas con el Estado y los usuarios.
2. Los servicios sanitarios se desglosan en distintas actividades, incluyendo las de producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas.
3. Se entiende por producción de agua potable, la captación y tratamiento de agua cruda, para su posterior distribución en las condiciones técnicas y sanitarias establecidas en las normas respectivas. La distribución de agua potable, por su parte es la conducción del agua producida hasta su entrega en el inmueble del usuario. Recolección de aguas servidas, es la conducción de éstas desde el inmueble del usuario, hasta la entrega para su disposición. Y se entiende por disposición de aguas servidas, la evacuación de éstas en cuerpos receptores, en las condiciones técnicas y sanitarias establecidas en las normas respectivas, o en sistemas de tratamiento.
4. Cada unos de estos servicios tratados en la ley como servicios sanitarios pueden ser objeto de concesiones distintas. Y las concesiones propiamente tales tienen por objeto permitir el establecimiento, construcción y explotación de los servicios indicados.
5. El agua requiere ser tratada por razones sanitarias (eliminación de bacterias, microorganismos y parásitos), estéticas (eliminar color y turbiedad) y económica (controlar la corrosión de cañerías y depósitos, eliminar fierro, manganeso u otra sustancia que pueda no convenir a un proceso industrial). De acuerdo a la naturaleza de la fuente y las características bacteriológicas, químicas y física del agua captada, se requieren múltiples operaciones de carácter físico y químico. Ante todo ello es necesario de una estructura organizada que realice de manera eficiente los servicios, lo que se debilita una vez que tienen un avance significativo de producción.
6. Las concesionarias en este sentido se ven claramente como entes empresariales que velan por la obtención de mayores recursos y enriquecimiento, que como debieran ser prestadores de servicios básicos para la comunidad. La mayor gravedad de la falta de eficiencia en la prestación de servicios por parte de las concesionarias, es precisamente la repercusión que se tiene en los costos y en el servicio mismo otorgados a los usuarios directos, en cada domicilio.
7. Relacionado con lo dicho en el párrafo anterior se puede comprobar que el servicio de agua potable y servicios sanitarios ha adquirido rasgos viciosos e injustos que afecta a millones de consumidores a lo largo de Chile. Entre los que destacamos, por ejemplo, cobros de gasto fijo que superan lo realmente consumido, servicios de mantención deficientes y enriquecimiento de las empresas sanitarias sobre la base de gastos cubiertos por los usuarios. Asimismo, a diferencia de lo que ocurre en otros países, no existe discriminación positiva para los usuarios de clase media, ya que mientras los consumidores de clase media alta pueden pagar los costos de cargos fijos y su propio consumo; y las personas de menores recursos y de situación vulnerable son subsidiados por municipalidades, los consumidores de clase media son los que asumen directamente los costos sin tener apoyo para cancelar sus cuentas mensuales.
8. Ante todo lo dicho, es necesario adoptar dos medidas que signifiquen el punto de partida a una reforma es este tema. Primero, todo lo que dice relación con el hecho de velar por la equidad entre el consumo de la comunidad y el pago por dicho consumo; y Segundo lograr el fortalecimiento de la Institucionalidad encargada de fiscalizar la correcta aplicación de tarifas, y el adecuado proceso de utilización y recuperación de aguas por las empresas concesionarias.
9. En suma, al referirnos a uno de los servicios básicos más importantes, es necesario promover los cambios legislativos para solucionar esta situación. Objetivo que buscamos con este proyecto de ley, específicamente respecto del primer punto, en el sentido de lograr la equivalencia entre lo que se consume y lo que se cancela.
10. Por todo lo antes mencionado, en suma, venimos a presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY.
ArtÍculo único: Sustitúyase el artículo 7º del Decreto con Fuerza de Ley nº 70 del año 1988 del Ministerio de Obras públicas por el siguiente:
1.- “Artículo 7.- Las fórmulas tarifarias a utilizar deberán incluir un cargo fijo periódico y cargos variables por volumen consumido de agua potable y por volumen efectivamente descargado de aguas servidas. El procedimiento para la determinación de los volúmenes a considerar, corresponderá al que se establezca en el Reglamento.
El procedimiento para la determinación del volumen mensual de consumo de agua potable y de descarga de aguas servidas a considerar, corresponderá al que se establezca en el reglamento, el que deberá procurar la diferenciación para los distintos meses del año calendario; y de los distintos sectores en que se produzca el consumo y las descargas referidas.
El cargo fijo periódico será diferenciado por nivel socioeconómico para los clientes de un prestador y considerará únicamente aquellos costos del servicio que dependen del volumen consumido o descargado.”
8. Oficio del Tribunal Constitucional.
Santiago , 30 de noviembre de 2010.
Oficio N° 5.146
Remite sentencia.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Tengo a bien remitir a V.E. copia de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura, con fecha 30 de noviembre de 2010 en proceso Rol N° 1567-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en la causa rol N° 409-2010 de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA ORBENES SEPÚLVEDA
PRESENTE”.
9. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 30 de noviembre de 2010.
Oficio N° 5.150
Remite sentencia.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Tengo a bien remitir a V.E. copia de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura, con fecha 30 de noviembre de 2010 en proceso Rol N° 1626-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en la causa rol N° 413-2010 de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA ORBENES SEPÚLVEDA
PRESENTE”.
10. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 30 de noviembre de 2010.
Oficio N° 5.159
Remite sentencia.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Tengo a bien remitir a V.E. copia de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura, con fecha 30 de noviembre de 2010 en proceso Rol N° 1572-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en la causa rol N° 20.756-2010 del Tribunal Arbitral de la Superintendencia de Salud.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA ORBENES SEPÚLVEDA
PRESENTE”.
11. Oficio del Tribunal Constitucional.
Santiago, 2 de diciembre de 2010.
Oficio N° 5.170
Remite sentencia.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Tengo a bien remitir a V.E. copia de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura, con fecha 2 de diciembre de 2010 en proceso Rol N° 1.851-10-INA, sobre control de constitucionalidad del proyecto ley en materia de las personas jurídicas sostenedoras de establecimiento educacionales. (boletín N° 7068-04).
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA ORBENES SEPÚLVEDA
PRESENTE”.