Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- PERMISO
- Roberto Leon Ramirez
- PERMISO
- DEBATE
- XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- PETICIÓN DE OFICIO : Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- PETICIÓN DE OFICIO : Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- PETICIÓN DE OFICIO : Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Van Rysselberghe Herrera
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Antonio Cerda Garcia
- PETICIÓN DE OFICIO : Gaspar Alberto Rivas Sanchez
- PETICIÓN DE OFICIO : German Verdugo Soto
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Gonzalo Arenas Hodar
- PETICIÓN DE OFICIO : Gonzalo Arenas Hodar
- PETICIÓN DE OFICIO : Gonzalo Arenas Hodar
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- PETICIÓN DE OFICIO : Cristian Monckeberg Bruner
- PETICIÓN DE OFICIO : Cristian Monckeberg Bruner
- PETICIÓN DE OFICIO : Cristian Monckeberg Bruner
- PETICIÓN DE OFICIO : Victor Marcelo Torres Jeldes
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Constanza Sabat Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Constanza Sabat Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Constanza Sabat Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Constanza Sabat Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Constanza Sabat Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Victor Marcelo Torres Jeldes
- PETICIÓN DE OFICIO : Victor Marcelo Torres Jeldes
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Ignacio Walker Prieto
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA.
- INTEGRACIÓN
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Cristian Campos Jara
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Juan Carlos Latorre Carmona
- Roberto Leon Ramirez
- Rosauro Martinez Labbe
- Manuel Monsalve Benavides
- Jose Perez Arriagada
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- German Verdugo Soto
- INTEGRACIÓN
- PERMISO CONSTITUCIONAL.
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Sergio Aguilo Melo
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA.
- V. ORDEN DEL DÍA
- FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO PARLAMENTARIO. Modificación de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- INTERVENCIÓN : Pedro Antonio Velasquez Seguel
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Victor Marcelo Torres Jeldes
- INTERVENCIÓN : Juan Lobos Krause
- INTERVENCIÓN : Felipe Salaberry Soto
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN MATERIA DE DESCUENTOS A REMUNERACIONES CON FINES EDUCACIONALES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Raul Andrade Lara
- INTERVENCIÓN : Claudia Nogueira Fernandez
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Perez Lahsen
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Raul Andrade Lara
- DEBATE
- PROYECTO APROBATORIO DE LA CONVENCIÓN CONJUNTA SOBRE SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE GASTADO Y SOBRE SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Arenas Hodar
- DEBATE
- FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO PARLAMENTARIO. Modificación de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- ENVÍO DE PROYECTO DE LEY SOBRE ORDENAMIENTO TERRITORIAL RURAL.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jose Ramon Barros Montero
- Javier Hernandez Hernandez
- Eduardo Antonio Cerda Garcia
- Eugenio Bauer Jouanne
- Javier Ignacio Macaya Danus
- Jose Perez Arriagada
- Denise Pascal Allende
- Adriana Munoz D'albora
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Lautaro Carmona Soto
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- LIMITACIÓN DE HORARIOS DE TRABAJO EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Fernando Meza Moncada
- Alberto Robles Pantoja
- Ramon Farias Ponce
- Pedro Araya Guerrero
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Jose Perez Arriagada
- Guillermo Leon Teillier Del Valle
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- Manuel Rojas Molina
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- ANTECEDENTE
- ENVÍO DE PROYECTO DE LEY SOBRE ORDENAMIENTO TERRITORIAL RURAL.
- VII. INCIDENTES
- AUMENTO DE SUBSIDIOS HABITACIONALES EN FAVOR DE FAMILIAS DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS. Oficio.
- ADHESION
- Fernando Meza Moncada
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Patricio Vallespin Lopez
- ADHESION
- INVESTIGACIÓN SOBRE EVENTUAL OMISIÓN EN APLICACIÓN DE SANCIÓN A EMPRESA INMOBISUR. Oficio.
- ADHESION
- Fernando Meza Moncada
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Patricio Vallespin Lopez
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE EVENTUAL PRIORIZACIÓN DE FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA II. Oficio.
- ADHESION
- Fernando Meza Moncada
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Patricio Vallespin Lopez
- ADHESION
- REVISIÓN DE SITUACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS QUE FUNCIONAN COMO ENTIDADES DE GESTIÓN INMOBILARIA SOCIAL (EGIS). Oficio.
- ADHESION
- Fernando Meza Moncada
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Patricio Vallespin Lopez
- ADHESION
- MEDIDAS PARA DESARROLLO DEL TURISMO EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Oficios.
- AUMENTO DE SUBSIDIOS HABITACIONALES EN FAVOR DE FAMILIAS DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- NEGLIGENCIA DE AUTORIDADES EN INCENDIO OCURRIDO EN ISLA CHULÍN, CHILOÉ. Oficios.
- INFORMACION SOBRE SUSPENSIÓN DE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA LA PEQUEÑA MINERÍA DE REGIÓN DE COQUIMBO. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS DE APOYO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS QUE PADECEN ALERGIA ALIMENTARIA. Oficio.
- PRONUNCIAMIENTO SOBRE CALIDAD DE PRODUCTOS QUE ENTREGAN EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE DESPIDOS E INESTABILIDAD LABORAL EN INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (INIA). Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE CARGOS ASIGNADOS A HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO, MONSEÑOR FERNANDO ARIZTÍA. Oficio.
- CALIFICACIÓN DE HUASCO COMO COMUNA EN LATENCIA DE CONTAMINACIÓN POR MATERIAL PARTICULADO. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE DIRECTORES REGIONALES Y FISCALIZADORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES. Oficio.
- MEDIDAS PARA DESBARATAR PRÁCTICAS DE ABIGEATO EN PURRANQUE. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carolina Goic Boroevic
- Pablo Lorenzini Basso
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Matias Walker Prieto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Gabriel Silber Romo
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Denise Pascal Allende
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Sergio Aguilo Melo
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Javier Hernandez Hernandez
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Sergio Ojeda Uribe
- Carlos Recondo Lavanderos
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Gonzalo Uriarte Herrera
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Cristina Girardi Lavin
- Sergio Aguilo Melo
- Romilio Gutierrez Pino
- Gustavo Hasbun Selume
- Jose Antonio Kast Rist
- Sergio Bobadilla Munoz
- Ivan Norambuena Farias
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- German Verdugo Soto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Celso Rene Morales Munoz
- Gonzalo Arenas Hodar
- Gustavo Hasbun Selume
- Javier Hernandez Hernandez
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Juan Lobos Krause
- Ivan Moreira Barros
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Felipe Ward Edwards
- Andrea Molina Oliva
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Gonzalo Arenas Hodar
- Eugenio Bauer Jouanne
- Romilio Gutierrez Pino
- Gustavo Hasbun Selume
- Celso Rene Morales Munoz
- Ernesto Silva Mendez
- Arturo Squella Ovalle
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Marisol Turres Figueroa
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Manuel Rojas Molina
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Jose Antonio Kast Rist
- Juan Lobos Krause
- Celso Rene Morales Munoz
- Ivan Norambuena Farias
- David Sandoval Plaza
- Ernesto Silva Mendez
- Arturo Squella Ovalle
- Felipe Ward Edwards
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Felipe Ward Edwards
- Gonzalo Arenas Hodar
- Javier Hernandez Hernandez
- Javier Ignacio Macaya Danus
- Patricio Melero Abaroa
- Ivan Moreira Barros
- Felipe Salaberry Soto
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Andrea Molina Oliva
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 358ª
Sesión 83ª, en martes 5 de octubre de 2010
(Ordinaria, de 12.10 a 14.41 horas)
Presidencia de la señora Sepúlveda Orbenes, y de los señores Becker Alvear, don Germán, y Moreira Barros, don Iván
Presidencia accidental del señor Ojeda Uribe, don Sergio.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental , el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 14
II. Apertura de la sesión 17
III. Actas 17
IV. Cuenta 17
- Integración de Comisión Especial Investigadora 17
- Permiso constitucional 17
V. Orden del Día.
- Fortalecimiento del trabajo parlamentario. Modificación de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional. Primer trámite constitucional. (Continuación) 17
- Modificación del Código del Trabajo en materia de descuentos a remuneraciones con fines educacionales. Primer trámite constitucional 35
- Proyecto aprobatorio de la Convención Conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre seguridad en la gestión de desechos radiactivos. Primer trámite constitucional 40
VI. Proyectos de acuerdo.
- Envío de proyecto de ley sobre ordenamiento territorial rural 42
- Limitación de horarios de trabajo en obras de construcción 44
VII. Incidentes.
- Aumento de subsidios habitacionales en favor de familias de la Región de Los Lagos. Oficio 46
- Investigación sobre eventual omisión en aplicación de sanción a empresa Inmobisur. Oficio 46
- Información sobre eventual priorización de Fondo Solidario de Vivienda II. Oficio 47
- Revisión de situación de empresas constructoras que funcionan como Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS). Oficio 47
- Medidas para desarrollo del turismo en Región de La Araucanía. Oficios 48
VIII. Anexo de sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 50
- Negligencia de autoridades en incendio ocurrido en Isla Chulín, Chiloé. Oficios 50
- Información sobre suspensión de programa de fortalecimiento y transferencia de tecnología para la pequeña minería de región de Coquimbo. Oficios 50
Pág.
- Información sobre programas de apoyo a niños de escasos recursos que padecen alergia alimentaria. Oficio 51
- Pronunciamiento sobre calidad de productos que entregan empresas de telecomunicaciones. Oficios 51
- Información sobre despidos e inestabilidad laboral en Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA). Oficio 52
- Información sobre cargos asignados a hospital provincial del Huasco, Monseñor Fernando Ariztía. Oficio 52
- Calificación de Huasco como comuna en latencia de contaminación por material particulado. Oficio 53
- Información sobre cumplimiento de requisitos de directores regionales y fiscalizadores de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Oficio 53
- Medidas para desbaratar prácticas de abigeato en Purranque. Oficios 53
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S. E. el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto de “Ley de Presupuestos para el Sector Público, correspondiente al año 2011”. (boletín N° 7226-05) 56
- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos:
2. que “Modifica el artículo 126 bis de la Constitución Política de la República, sobre territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández.”. (boletín N° 6756-07) 71
3. que “Introduce modificaciones a la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor.”. (boletín N° 7075-06) 72
4. que “Crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece registro de dichas inhabilidades.”. (boletín N° 6952-07) 72
- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales retira y hace presente la urgencia “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
5. que “Regula el contrato de seguro.”. (boletín N° 5185-03) 73
6. que “Modifica la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad.”. (boletín N° 5838-07) 73
7. que “Propone el cambio de nombre del Museo Folclórico Araucano, Juan Antonio Ríos, por el de Ruka Moñen Tayu Folil, Juan Cayupi Huechicura.”. (boletín N° 7023-24) 74
8. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que “Modifica ley N° 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos irregulares y renueva su vigencia.”. (boletín N° 6830-14) 74
9. Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “otorga un bono a los cónyuges que cumplan cincuenta años de matrimonio.” (boletín N° 7074-05) 74
Pág.
10. Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Goic, doña Carolina, y de los diputados señores Lorenzini, Núñez, Torres y Walker, que “Modifica el Código Sanitario con el objeto de facultar a las matronas para recetar anticonceptivos.”. (boletín N° 7245-11) 80
11. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Rincón y Silber, que “Modifica el artículo 23 de la ley de Concesiones de Obras Públicas, con el objeto de establecer una nueva obligación para el concesionario en caso de atochamientos vehiculares en las plazas de peaje.”. (boletín N° 7246-09) 83
12. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Pascal, doña Denise, y Hoffmann, doña María José, y de los diputados señores Aguiló; Espinoza, don Fidel; Hernández, Jiménez, Ojeda, Recondo, Torres y Uriarte, que “Concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, al sacerdote holandés Gerardo Alkemade Dolle.”. (boletín N° 7247-17) 85
13. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Hoffmann, doña María José; Girardi, doña Cristina, y de los diputados señores Aguiló; Gutiérrez, don Romilio; Hasbún, Kast, Bobadilla, Norambuena, Van Rysselberghe y Verdugo, que “Modifica la ley N° 20.248, de Subvenciones Escolares, en materia de rendición.”. (boletín N° 7248-04) 88
14. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Morales; Arenas, Hasbún, Hernández, García-Huidobro, Lobos, Moreira, Vilches, Ward, y de la diputada señora Molina, doña Andrea, que “Regula la obligación de establecer una advertencia en los reproductores de música.”. (boletín N° 7249-03) 89
15. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Álvarez-Salamanca, Arenas, Bauer; Gutiérrez, don Romilio; Hasbún, Morales, Silva, Squella, Von Mühlenbrock, y de la diputada señora Turres, doña Marisol, que “Modifica el artículo 20 letra e), de la ley N° 19.039, de propiedad industrial.”. (boletín N° 7250-03) 90
16. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Rojas, Álvarez-Salamanca, Kast, Lobos, Morales, Norambuena, Sandoval, Silva, Squella y Ward, que “Modifica la ley de violencia en los estadios, en el sentido de dar mayor seguridad en partidos de alto riesgo.”. (boletín N° 7251-07) 93
17. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Ward, Arenas, Hernández, Macaya, Melero, Moreira, Salaberry, y de las diputadas señoras Cristi, doña María Angélica; Molina, doña Andrea y Zalaquett, doña Mónica, que “Impone la obligación de la contratación de seguros para el funcionamiento de parques de entretención u otros similares.”. (boletín N° 7252-06) 94
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Notas
- Del diputado señor Aguiló, quién, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 03 de octubre en curso para dirigirse a Francia.
- Del diputado señor León, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 30 de septiembre en curso, para dirigirse a Ginebra.
2. Oficios
- Oficio de la Comisión de Régimen Interno mediante el cual informa que autorizó la participación del diputado señor Ramón Farías Ponce y del Jefe del Departamento de Informática de la Corporación , señor Hernán Figueroa Espinoza en la Conferencia Mundial de e-Parlamentos 2010, que se realizará en Johannesburgo, Sudáfrica, entre los días 20 y el 22 de octubre (257).
Respuestas a oficios Cuenta 83ª 358 (05/10/2010)
Contraloría General de la República:
- Diputado Martínez, Solicita a la Contraloría General de la República investigar concurso interno a que convocó el Ministerio de Educación.
- Diputado Espinosa don Marcos, Contratación por División Codelco Norte y Municipalidad de Calama de taxis de alquiler que no cumplirían con los requisitos exigidos por la normativa vigente para operar.
Ministerio de Interior:
- Diputado Ojeda, Solicita impulsar medidas legislativas y de caracter policial para que los dirigentes sociales (de juntas de vecinos y de comités de seguridad) puedan desarrollar sin amedrentamnetos especialmente en Osorno.
- Diputado De Urresti, Recaba antecedentes acerca del estado de tramitación de la pensión meritoria en beneficio de la señora Sylvia Oyarzún Guyot, que conoce el Departamento de Pensiones de Gracia del Ministerio del Interior.
- Diputado Carmona, Solicita a la señora Intendenta de la III Región gestionar se dicte un decreto de excepción que establezca, a partir del año 2011, un subsidio en favor de alrededor 3.700 clientes de la empresa Aguas Chañar S.A.; que interceda para que se adopten la medidas de seguridad necesarias por la actividad.
- Diputado Álvarez-Salamanca, Se informe sobre los planes de fiscalización y las soluciones que se implementarán para revertir los severos daños que afectan a la ruta K-660 que une las localidades de Pencahue y Corinto y a la ruta K-405, que une a las localidades de San Rafael y Pelarco.
- Diputado Rincón, Informar sobre los procesos de almacenamiento y procesamiento de desechos en la localidad de San Luis de Pelequén, comuna de Malloa, por parte de la empresa Colhue S.A.
Ministerio de Educación:
- Diputado González, Solicita informar las razones tenidas en cuenta para la dictación de la resolución exenta N° 2773, de 2 de agosto de 2010, que recorta recursos del Programa de Apoyo Integral a la Retención Escolar.
- Diputado Sabag, Solicita información al MinEduc sobre pago de sueldo correspondiente a marzo respecto de profesores a contrata, como asimismo pronunciamiento de esa Cartera en cuanto a que ocurrencia del terremoto de febrero no permite exonerarse de dicha obligación.
- Diputado Sandoval, Fiscalización de las condiciones de la escuela de Puerto Gala, perteneciente a la Fundación Obra Padre Antonio Ronchi, en la XI Región.
- Diputado Rojas, Medidas adoptadas para la conservación de las ex oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura, declaradas Patrimonio de la Humanidad.
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita al Ministro de Educación informe si se va a reponer proyecto educativo en ciencias básicas, que habría sido dejado sin efecto por recorte presupuestario, como consecuencia del terremoto.
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado Díaz don Marcelo, Informar respecto de la compra por parte de la Compañía Minera Teck Cominco de acciones de agua a comuneros de Vicuña. Asimismo, se indiquen las medidas adoptadas por DGA, en el ámbito de su competencia, en relación a las faenas de exploración del proyecto mineroindicado.
- Diputado Delmastro, Solicita al ministro de Obras Públicas que el camino vecinal a El Tallo, comuna de Lanco, región de Los Ríos, sea enrolado como camino público, para que los habitantes del sector cuenten con conectividad permanente a centros de salud, educación, etc., de la mencionada comuna.
- Diputado Rincón, Informe sobre el denominado “Programa de Seguridad Normativa”, y particularmente sobre su ejecución en las rutas concesionadas en el tramo entre las ciudades de Santiago y Talca.
- Diputado Rivas, Informar la fecha de la puesta en marcha del tramo San Felipe-Los Andes de la ruta internacional (corredor bioceánico). Asimismo, indicar la fecha de entrada en operación del peaje de ingreso a San Felipe y a cuánto ascenderá la tarifa del mencionado peaje.
- Diputado Chahín, Solicita información al MOP sobre estado de avance de proyecto de reposición de dos pasarelas en el sector Repocura, comuna de Galvarino, región de La Araucanía.
- Diputada Hoffmann doña María José, Estudiar la factibilidad técnica y económica de construir un puente que una las calles San Antonio y Balmaceda, sobre la Quebrada El Tranque, en la comuna de Cartagena. V Región de Valparaíso
- Diputado De Urresti, Solicita no modificar el decreto N°264, del MOP, que fijó una reserva de caudal para la conservación del río Chaihuín, región de Los Ríos.
Ministerio de Trabajo y Previsión Social:
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Disponer la constitución de un fiscalizador de la Inspección del Trabajo en la Planta Faenadora de Aves San Vicente, de la empresa Agrosuper, en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, VI Región del Libertador Bernardo O´Higgins.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
- Diputado Farías, Informar sobre la factibilidad de pavimentar la vía “Gran Avenida” en el sector donde se ubican las villas Alto Cantillana, José Calderón Miranda y Los Ríos, en la comuna de Paine, Provincia de Maipo ; así como de construir una calle principal, que facilite el libre tránsito a vecinos.
- Diputada Sabat doña Marcela, Informar acerca del estado de los subsidios habitacionales postulados el año 2009.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputado Marinovic, Solicita acoger la propuesta contenida en el Proyecto de Acuerdo N°61, de 20 de mayo pasado, remitido a S. E. el Presidente de la República , por el cual se solicita la agilización de la tramitación del proyecto de ley que garantiza los derechos de los pasajeros de transporte aéreo, Boletín 5158-03.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
- Diputado Meza, Instruir se envíe a tramitación legislativa un proyecto de ley que modifique la ley N° 20.212, ampliando el plazo para acogerse al denominado “bono de inventivo al retiro”, establecido en este cuerpo normativo.
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Solicita se dispongan las medidas tendientes a que las cadenas de televisión que operan en el país, abiertas o de cable, cuenten con traducción simultánea a la lengua de señas en castellano y subtitulación.
Ministerio Medio Ambiente:
- Diputado Robles , Informar si se exigirá estudio de impacto ambiental y si se escuchará la opinión de la comunidad local y del municipio de Cañete a propósito del proyecto de la Central Hidroeléctrica Cayucupil.
- Diputado Pérez don Leopoldo, Antecedentes sobre autorización, y sus fundamentos, para la construcción del proyecto Central Hidroeléctrica Guayacán, en la comuna de San José de Maipo, Región Metropolitana de Santiago .
- Diputado Rincón, Informar sobre los procesos de almacenamiento y procesamiento de desechos en la localidad de San Luis de Pelequén, comuna de Malloa, por parte de la empresa Colhue S.A.
- Proyecto de Acuerdo 162, Catálogo de zonas sujetas a prohibición de emplazamiento de proyectos industriales energéticos.
XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- Diputado Marinovic, Informar las observaciones, comentarios y requerimientos que pudiera tener acerca de las distintas partidas presupuestarias que digan relación con los presupuestos que afecten a la Duodécima Región. (1577 de 28/09/2010). A Ministerio de Interior.
- Diputado Silber, Recaba antecedentes acerca de los argumentos esgrimidos y que se tuvieron a la vista para solicitar la renuncia del señor Director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB (1583 de 29/09/2010). A Contraloría General de la República.
- Diputado Sauerbaum, Solicita información acerca del estado en que se encuentran los estudios para la reparación del Puente Ñipas, en la comuna de Ránquil; como asimismo sobre el plan que esa Cartera estudia para conectar Ñipas con el sector Las Rosas, en la menciona comuna; la eventual existencia de algún proyecto destinado a pavimentar el camino que va desde Puente Amarillo hasta la comuna de Coelemu; y, finalmente, acerca de los programas de alcantarillado que se contemplan para la comuna de Ránquil (1584 de 29/09/2010). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado Sauerbaum, Solicita se informe sobre las medidas que esa Cartera contempla llevar a cabo para mejorar el servicio y las normas de seguridad del transporte público del camino que une a la localidad de Ñipas, comuna de Ránquil, con la ciudad de Chillán, en la VIII Región; como también acerca de las medidas que la Subsecretaría de Telecomunicaciones estudia para dotar de Internet a todas las comunas del país; y, finalmente, sobre la factibilidad de proveer del mencionado servicio a la comuna de R (1585 de 29/09/2010). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputado Sauerbaum, Recaba información concerniente a las medidas que el Ministerio de Salud contempla ejecutar para reconstruir la Posta San Ignacio, en la comuna de Ránquil, Región del Biobío ; y, además, para mejorar la calidad del sistema de salud pública en la mencionada comuna (1586 de 29/09/2010). A Ministerio de Salud.
- Diputado Sauerbaum, Solicita se informe acerca de las medidas que la Subsecretaría de Carabineros considera aplicar para revertir el notorio déficit de personal de la policía uniformada en la comuna de Ránquil, Región del Biobío (1587 de 29/09/2010). A Ministerio de Defensa Nacional.
- Diputado Van Rysselberghe, Solicita pronunciamiento respecto del cambio de nombre del Puente Chacabuco por Puente Bicentenario en Concepción, a la luz del apoyo a dicha iniciativa expresada por los alcaldes concernidos y por la Intendenta de la Región del Biobío (1588 de 30/09/2010). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado Monsalve, Solicita información sobre el estado de avance en la asignación de los 40 mil subsidios habitacionales anunciados por el Gobierno en beneficio de las familias de la Región del Biobío afectadas por el terremoto (1589 de 30/09/2010). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Diputado Monsalve, Solicita se informe sobre el resultado del proceso de postulación al Fondo Solidario realizado por las familias que integran el Comité de Vivienda Gabriela Mistral, de la Población Juan Pablo Segundo, comuna de Cañete, Región del Biobío (1590 de 30/09/2010). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Diputado Monsalve, Solicita se informe sobre el estado de avance en el proceso de licitación destinado a determinar la aptitud de terrenos para la construcción de viviendas en las comunas de la provincia de Arauco, así como en la comuna de Lota, Región del Biobío, incluyendo los terrenos considerados para su evaluación y los resultados de ésta (1591 de 30/09/2010). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Diputado Monsalve, Solicita se informe sobre la situación actual y las alternativas para las familias que habitan el sector Cerro Alto de la comuna de Los Álamos, Región del Biobío , en orden a regularizar los terrenos donde viven (1592 de 30/09/2010). A Ministerio de Bienes Nacionales.
- Diputado Cerda, Diputada Molina doña Andrea, Recaba antecedentes en torno a denuncias por presunta rebaja en los avalúos y en el pago de contribuciones respecto de viviendas ubicadas en el sector urbano de la comuna de Zapallar, Región de Valparaíso (1593 de 30/09/2010). A Ministerio de Hacienda.
- Diputado Rivas, Solicita se informe sobre la factibilidad de efectuar nuevas contrataciones de profesionales para las Direcciones de Educación de las provincias de Los Andes y San Felipe, Región de Valparaíso (1594 de 30/09/2010). A Ministerio de Educación.
- Diputado Verdugo, Solicita información sobre la falla en el sistema de comunicaciones telefónicas que afectó a la Región del Maule, a raíz del sismo registrado el 23 de septiembre (1595 de 30/09/2010). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputado Marinovic, Solicita se considere a la comuna de Torres del Paine, Región de Magallanes , como comuna turística, para efecto de incluirla en la distribución del Fondo Común Municipal correspondiente al año 2011 (1596 de 30/09/2010). A Ministerio de Interior.
- Diputado Arenas , Solicita se informe sobre la factibilidad de ejecutar el proyecto de reparación de techumbre de la Escuela Pichipellahuén, de la comuna de Lumaco, Región de la Araucanía, que fue suspendido tras el terremoto (1597 de 30/09/2010). A Ministerio de Educación.
- Diputado Arenas, Solicite se informe sobre la posibilidad de mejorar la cobertura de las antenas de telefonía celular en los sectores que se indican de la comuna de Angol, Región de La Araucanía (1598 de 30/09/2010). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputado Arenas , Solicita se informe sobre la factibilidad de realizar una visita inspectiva para buscar una solución a los problemas que genera la bocatoma del Canal El Parque, ubicada en el sector Lolenco de la comuna de Angol, Región de La Araucanía (1599 de 30/09/2010). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado De Urresti, Recaba antecedentes sobre la instalación de una antena de telefonía celular en el sector San Ignacio de la comuna de Valdivia, Región de Los Ríos (1605 de 30/09/2010). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputado De Urresti, Solicita precisar aspecto relacionado con la propiedad del fuerte San Luis de Alba, ubicado en la comuna de Mariquina, Región de Los Ríos (1606 de 30/09/2010). A Ministerio de Bienes Nacionales.
- Diputado De Urresti, Solicita diversos antecedentes sobre la epidemia de la influenza y otras enfermedades respiratorias durante este año, particularmente en lo que se refiere a la Región de Los Ríos (1607 de 30/09/2010). A Ministerio de Salud.
- Diputado De Urresti, Solicita información sobre las medidas adoptadas ante el aumento de casos de influenza, como asimismo respecto a las licencias médicas asociadas a ella y a las campañas de prevención de dicha enfermedad, en lo que concierne a la Región de Los Ríos (1608 de 30/09/2010). A Ministerio de Salud.
- Diputado De Urresti, Recaba información sobre ausentismo escolar en las provincias de Valdivia y del Ranco, Región de Los Ríos, que estuviere asociado a la influenza y a enfermedades respiratorias en general (1609 de 30/09/2010). A Ministerio de Educación.
- Diputado De Urresti, Solicita se informe sobre el estado de avance en la implementación de los puntos contenidos en el Proyecto de Acuerdo N°842, de octubre de 2009, sobre beneficios para quienes realizaron el servicio militar en el período 1973-1990 (1610 de 30/09/2010). A Ministerio de Defensa Nacional.
- Diputado De Urresti, Recaba información sobre las acciones realizadas por esa Cartera para que el fuerte San Luis de Alba, ubicado en la comuna de Mariquina, sea patrimonio fiscal; como, por otro lado, para proteger las reliquias encontradas durante la construcción del casino de la ciudad de Valdivia; y, por último, para prevenir la extracción de piedras de la plaza histórica del fuerte Mancera, situado en la comuna de Corral (1611 de 30/09/2010). A Ministerio de Educación.
- Diputado De Urresti, Solicita se estudie la factibilidad de reubicar un poste de luz ubicado en la calle Arturo Prat N°1152, de la ciudad de San José de la Mariquina, Región de Los Ríos, por la razón que se especifica (1612 de 30/09/2010). A Ministerio de Energía.
- Diputado Jaramillo, Solicita información sobre el estado de avance en los estudios de los proyectos de nuevos hospitales para las ciudades de La Unión y Río Bueno, Región de los Ríos (1621 de 01/10/2010). A Ministerio de Salud.
- Diputado Jaramillo, Solicita se informe sobre el funcionamiento de la empresa Servipag, en atención a los continuos reclamos de los usuarios de dicho servicio (1622 de 01/10/2010). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
- Diputado Monckeberg don Cristián, Solicita se informe sobre la factibilidad de cambiar el recorrido que se individualiza del Transantiago en la comuna de Lo Barnechea (1623 de 01/10/2010). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputado Monckeberg don Cristián, Solicita se investigue e informe respecto a diversas irregularidades que habrían acaecido en la Universidad Técnica Metropolitana (1624 de 01/10/2010). A Ministerio de Educación.
- Diputado Monckeberg don Cristián, Solicita se informe sobre la factibilidad de introducir diversos cambios en el sistema de compras públicas de medicamentos, atendidas las particularidades del sector salud (1625 de 01/10/2010). A Ministerio de Salud.
- Diputado Torres, Solicita se informe sobre el estado en que se encuentra la solicitud de autorización de la señal de la radio comunitaria de Casablanca (1626 de 01/10/2010). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputada Sabat doña Marcela, Solicita información acerca de las causas de la proliferación del comercio ambulante en el sector comprendido entre las calles Ricardo Lyon y Los Leones, comuna de Providencia; ocasionando dificultades al tránsito peatonal, así como suciedad y delincuencia (1627 de 01/10/2010). A Municipalidad de Providencia.
- Diputada Sabat doña Marcela, Solicita información acerca de las causas de la proliferación del comercio ambulante en el sector comprendido entre las calles Ricardo Lyon y Los Leones, comuna de Providencia; ocasionando dificultades al tránsito peatonal, así como suciedad y delincuencia (1628 de 01/10/2010). A Ministerio de Interior.
- Diputada Sabat doña Marcela, Solicita se informe si la antena “camuflada” emisora y trasmisora de servicios de telecomunicaciones, instalada en la intersección de las calles Simón Bolívar con Echenique, en la ciudad de Santiago, cumple con las disposiciones legales sobre la materia y, en especial, si su emplazamiento representa algún riesgo para la salud de los habitantes del sector (1629 de 01/10/2010). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputada Sabat doña Marcela, Recaba información, por una parte, sobre las razones de la demora en la atención de los adultos mayores, especialmente en las áreas de reumatología y oftalmología, en el Hospital del Salvador, comuna de Providencia, Santiago; y, por la otra, acerca de la cantidad de prótesis y de pabellones de que disponen en dicho recinto de salud los adultos mayores, indicando si se considera que tales implementos e infraestructura son suficientes para brindarles una asistencia digna (1630 de 01/10/2010). A Ministerio de Salud.
- Diputada Sabat doña Marcela, Solicita se informe, por un lado, sobre las razones por la que existe demora en la atención de los adultos mayores, especialmente en el área de odontología, en el Consultorio Rosita Renard de la comuna de Ñuñoa, Santiago; y, por el otro, se señalen los motivos por los que se ha establecido en dicho centro asistencial un horario tan inconveniente para la atención de estas personas, muchas de las cuales presentan dificultades de desplazamiento; especificando, finalmente, las razones por las que (1631 de 01/10/2010). A Ministerio de Salud.
- Diputado Torres , Solicita se remita toda la información relativa al estado de avance, las fechas, los plazos y montos asignados para la ejecución del proyecto de agua potable (APR) en el sector Las Dichas de la comuna de Casablanca, Región de Valparaíso (1632 de 01/10/2010). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado Torres , Solicita se informe sobre el organismo responsable del mantenimiento del camino Lagunillas, comuna de Casablanca, Región de Valparaíso (1633 de 04/10/2010). A Ministerio de Obras Públicas.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (106)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Alinco Bustos René PPD XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo IND VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto RN XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Lemus Aracena, Luis PRI IV 9
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD V 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Mendez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando IND XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Se contó con la asistencia, además, del senador señor Ignacio Walker.
-Por encontrarse en misión oficial no estuvieron presentes la diputada señora María Antonieta Saa, y los diputados señores Giovanni Calderón, Abel Jarpa, Roberto León, Pablo Lorenzini y Carlos Vilches.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 12.10 horas.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El acta de la sesión 77ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 78ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Propongo a la Sala integrar la Comisión Especial Investigadora acerca de los procesos de adquisición, localización, distribución y asignación de las viviendas de emergencia destinadas a los damnificados por el desastre del 27 de febrero del presente año con los siguientes diputados: Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Cristián Campos, Guillermo Ceroni, Alejandro García-Huidobro, Juan Carlos Latorre, Roberto León, Rosauro Martínez, Manuel Monsalve, José Pérez, Jorge Ulloa, Ignacio Urrutia, Enrique van Rysselberghe y Germán Verdugo.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
PERMISO CONSTITUCIONAL.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
En virtud de lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el diputado señor Sergio Aguiló solicita permiso para ausentarse del país por más de 30 días, a contar del 3 de octubre, para dirigirse a Francia.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO PARLAMENTARIO. Modificación de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional. Primer trámite constitucional. (Continuación).
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde continuar la discusión, en primer trámite constitucional, del proyecto de ley, iniciado en moción, que introduce en la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, normas para fortalecer el trabajo parlamentario.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto de ley contenido en el boletín Nº 7127-07, se inició en la sesión 68ª, en 1 de septiembre de 2010, de la legislatura 358ª.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Recuerdo a las señoras diputadas y señores diputados que la discusión del proyecto se inició en la sesión del pasado 1 de septiembre, ocasión en la cual el diputado señor Ricardo Rincón rindió el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señora Presidenta , quiero hacer hincapié en que presentamos el proyecto en discusión conjuntamente con el diputado señor René Manuel García y que no soy el único y exclusivo autor de dicha iniciativa, ya que él se me acercó para que planteáramos el proyecto en debate, luego de que ambos comprobáramos las dificultades que existen para aplicar algunas normas de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, lo que ocurrió en la sesión de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, en que se trató la portabilidad numérica.
Como dije, dicha ley orgánica presenta algunos problemas que el proyecto de ley pretende abordar. Concretamente, los asesores parlamentarios sólo pueden ingresar a las sesiones de las comisiones si el acuerdo que lo autoriza se adopta con un determinado quórum, que es bastante alto: mayoría de los miembros de la respectiva comisión, quórum que, en el caso de las comisiones unidas -como constatamos con el diputado René Manuel García y otros colegas que integrábamos ese día las comisiones unidas mencionadas-, se eleva a catorce diputados, ya que está compuesta por veintiséis parlamentarios.
En la práctica, se requieren menos parlamentarios para constituir una comisión o para votar un proyecto de ley que para adoptar un acuerdo tan sencillo como permitir que los asesores parlamentarios accedan a las sesiones de comisiones para realizar su trabajo. Lo paradójico es que, aunque los miembros de una comisión estén de acuerdo en forma unánime para autorizar ese acceso, si no se cuenta con el quórum requerido de siete diputados, porque, por ejemplo, en ese momento sólo hay seis presentes, entonces no lo podrán hacer. Por esa razón presentamos la moción.
Pero quiero socializar con mis colegas un hecho que pueden observar si han seguido las noticias en los medios de prensa: se ha comenzado a establecer, bien o mal -eso lo juzgará la historia-, un cuestionamiento al trabajo en la Corporación producto de la discusión de este proyecto. Se dice, por algunos sectores de la opinión pública, que la ley orgánica vigente no garantiza la transparencia del funcionamiento del Congreso Nacional y que el proyecto presentado es insuficiente para entregar esas garantías.
Lo primero que debo decir es que el sentido del proyecto ha sido exclusivamente permitir que los asesores parlamentarios ingresen a las sesiones de comisiones. No tiene sentido que el Congreso Nacional, legítimamente, con los recursos de todos los chilenos, destine fondos para asesores de parlamentarios, como economistas, abogados, ingenieros, etcétera, quienes realizan un tremendo apoyo a nuestro trabajo, pero, por ejemplo, respecto de un proyecto determinado, no puedan estar presentes en las sesiones de comisiones. Evidentemente, eso dificulta el trabajo de todos los parlamentarios, sin ningún tipo de distinción. Ése es el sentido, y no otro -lo refrendará mi colega René Manuel García , porque con él presentamos la moción-, que hemos querido darle.
Obviamente, la iniciativa no soluciona otro de los temas que hoy están en discusión -quiero ser sincero y claro-, cual es si el público puede entrar o no a las sesiones de comisiones.
Esta Corporación y en buena medida también el Senado han hecho esfuerzos por informar y transparentar al máximo su quehacer legislativo. En ambas Corporaciones se cuenta con canales de televisión por cable, independiente de su capacidad técnica, donde se hacen esfuerzos para transmitir muchas sesiones de comisiones y, además, las de Sala. Así ocurrió en el caso de las sesiones sobre el terremoto y con muchas comisiones que hoy están funcionando. Evidentemente, no hay capacidad tecnológica para transmitir todas y cada una de las sesiones de comisiones, lo que ha hecho que muchos planteen el libre acceso del público a las salas de comisiones. Lo han hecho sectores de la sociedad civil organizada que, a lo menos, tienen el legítimo derecho a plantear el punto.
La Cámara -hay que decirlo- no sólo ha dado respuesta mediante el canal de televisión por cable, sino que también, aun cuando no exista ley, todas sus resoluciones -es decir, en los distintos trámites de la ley: el mensaje o la moción, las indicaciones presentadas, su estado de discusión, etcétera- son publicadas en internet y cualquiera puede tener acceso a ellas, bajarlos y, eventualmente, imprimirlos. Por lo demás, la Sala da el espacio para el minuto clave del proceso legislativo, que es la sanción definitiva de un informe de comisión, para saber qué ocurre con cualquier proyecto.
Pero es legítimo el punto que algunos plantean; incluso, hay organizaciones de la sociedad civil que tienen interés. Por ejemplo, los automovilistas de Chile tendrán más de algún interés en conocer lo que pasa con un proyecto -estoy planteando un caso hipotético- sobre creación de una superintendencia de vehículos motorizados. Evidentemente, ése es un tema de su interés y, sin duda, ellos querrían tener la posibilidad de acceder libremente no solamente a la Sala, sino también a la misma comisión en que se desarrolla el principal y arduo trabajo legislativo, para informarlo y sancionarlo definitivamente en la Sala.
Esa discusión se ha producido hoy y es un elemento que debemos considerar. No obstante ello, la iniciativa significa un avance. El solo hecho de que no se consideren las mayorías en función de los diputados miembros de una comisión, sino de los diputados que están en ese minuto sancionándola o discutiéndola, permite dar facilidades para que los asesores parlamentarios puedan acceder a las sesiones de comisiones. Obviamente, su presencia quedará regulada -y así lo establece el proyecto- en las normas respectivas y en el Reglamento de la Cámara de Diputados. Pero queda pendiente la discusión respecto de si invertimos el principio que regula el funcionamiento de nuestras comisiones. Es decir, o establecemos derechamente que las comisiones son absolutamente públicas como regla general, y las restricciones son la excepción, o mantenemos la norma inversa de que no son de acceso público, y la posibilidad de que lo sean es la excepción.
La discusión que han instalado algunos actores de la sociedad civil es legítima y le hace bien a la Corporación recogerla. Obviamente, como autor, junto al diputado René Manuel García y a otros, podría estar interesado en su rápido despacho, para agregarla al listado de iniciativas que hemos impulsado y, por lo tanto, podría pedir que la Cámara se pronuncie, sobre todo por su articulado sencillo y consensuado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y se despache prontamente al Senado. Pero es bueno que esa Comisión, con su Presidente , Pedro Araya , quien ha participado en esta discusión, le dé una nueva mirada.
Además, tengo entendido que el diputado Jorge Burgos ha presentado algunas indicaciones a la Mesa sobre el proyecto. Por lo tanto, es bueno analizar este tema en boga y ver de qué manera sancionamos adecuadamente las normas que en primer informe y primer trámite reglamentario he informado.
Lo que sí está claro es que este proyecto, a lo menos, contribuye al trabajo parlamentario. No es bueno que los asesores de cualquier parlamentario no puedan acceder a las sesiones de Comisión ni que, aunque estén de acuerdo en que ingresen todos los diputados presentes, en definitiva esto quede al criterio de la Secretaría, en su carácter de ministro de fe, en el sentido de si prima esa unanimidad o el Reglamento, que establece un quórum tan alto que, en los hechos, impide el acceso de tales asesores.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente , resulta extremadamente relevante la discusión de este proyecto de ley. Lo digo porque a través de la prensa se ha difundido un conjunto de especulaciones en torno a la intencionalidad del legislador y se ha puesto en tela de juicio la transparencia del Congreso Nacional por el hecho de establecer ciertas restricciones.
Ciertamente, la aprobación del artículo 8° de la Carta Fundamental, que consagra el principio constitucional de la transparencia, ha sido uno de los más importantes avances que ha tenido nuestra democracia en la materia. La aplicación práctica de dicho principio, en el caso del Congreso Nacional, ha ido mejorando paulatinamente.
Lo que no puede ocurrir es que ese principio, que fue aprobado por la Cámara de Diputados, comience a tener un conjunto de limitaciones que, en la práctica, lo hagan inviable.
Es un derecho de los ciudadanos poder conocer la historia fidedigna de la ley. Es también un derecho de los ciudadanos tener la posibilidad de informarse del proceso legislativo. Y es, además, un derecho de los asesores parlamentarios y de las instituciones académicas poder observar el debate legislativo, que se desarrolla principalmente en comisiones.
Recordemos que en no pocas oportunidades se ha cuestionado la labor de la Cámara de Diputados por la escasa presencia de sus miembros en la Sala. Y el argumento que han esgrimido quienes han sido imputados por ese tipo de cargos es que los debates se desarrollan principalmente en comisiones.
Considero fundamental que apliquemos la más absoluta transparencia respecto de los debates que se desarrollan en las comisiones y permitamos que no sólo los asesores de los parlamentarios, sino también las instituciones académicas y las organizaciones ciudadanas, puedan participar y escuchar esos debates, porque muchas veces lo que se dice ante la prensa es muy distinto a lo que se argumenta en comisiones, y es un derecho ciudadano saber si sus parlamentarios tienen o no coherencia entre lo que votan en las comisiones y lo que opinan públicamente.
Por eso, es muy importante que establezcamos un mecanismo en virtud del cual se corrija lo que hoy ocurre.
Por lo tanto, resulta esencial avanzar en cuanto a instaurar, desde el punto de vista legal, la transparencia y el acceso público a las comisiones de nuestra Corporación.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra, en su segundo discurso, el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , debido al debate público que se ha generado, pero sobre todo porque la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional contiene, a los efectos del funcionamiento de las comisiones, algunas normas cuyo resultado no fue el más satisfactorio, parece razonable introducir rápidamente algunos ajustes a dicho cuerpo legal, particularmente en lo que dice relación con el régimen general de publicidad de los actos de la Corporación y, en particular, de las sesiones de comisiones.
Señalo lo anterior sobre la base de entender que la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional ratifica el principio general de que los actos de esta Corporación, las sesiones de Sala y de sus comisiones son, por regla general, públicos y que sólo pueden ser secretos aquellos declarados como tales conforme a los procedimientos que establece una ley de quórum calificado, en las circunstancias que ella señala. Y la referida norma rige también para el funcionamiento de las comisiones. De hecho, para poder declarar secreta una sesión de comisión se requiere el voto favorable de dos tercios de los integrantes de dicha comisión, esto es, de nueve diputados.
En ese entendido, pareciera ser que el acceso físico a las salas ha generado cierta preocupación, particularmente en la sociedad civil y en algunas ONG.
Podemos mejorar la legislación respecto de la publicidad del trabajo de las comisiones con la introducción de dos modificaciones que van en la dirección de garantizar la plena publicidad de cada una de las discusiones que se produzcan en el seno de dichas instancias.
Primero, con la emisión de una señal on-line, vía internet, utilizando las nuevas tecnologías, de la totalidad de las sesiones de comisiones.
Quiero que las sesiones de las comisiones sean públicas y que las sigan no sólo quienes tienen la posibilidad física de asistir a ellas, porque muchas veces concurren aquí representantes de las ONG que tienen la capacidad de movilizar recursos o asesores, así como empresarios con sus asesores y lobbystas, pero las ONG pequeñas, ciertas organizaciones sociales y centros de investigación local de algunas comunas de distritos de las regiones más apartadas de Chile no tendrían la posibilidad de hacerlo, aunque el acceso físico a las salas de las comisiones fuese público, porque les sería imposible asistir físicamente al Congreso Nacional, participar en las comisiones y oír lo que los parlamentarios discuten.
Si de verdad queremos asegurar y garantizar la publicidad del trabajo de las comisiones, entonces lo que tenemos que regular no es el acceso, sino la difusión universal de lo que se debate en ellas. Y ello es posible hacerlo por la vía de dos enmiendas.
En primer lugar, con la emisión de la señal on-line -varios diputados suscribimos una indicación en tal sentido- de todas las sesiones de comisiones, salvo de aquellas que, conforme a la ley, sean declaradas secretas.
En segundo término, mediante una corrección -en esto reconozco que el diputado Burgos tenía razón en lo planteado durante el debate sobre esta materia-, en el sentido de declarar y hacer públicas las actas, el material de registro de las comisiones, como, por ejemplo, las grabaciones.
Si cualquier chileno o chilena, independientemente de su posibilidad de asistir o no físicamente a las sesiones de comisiones del Congreso Nacional, en Valparaíso o en Santiago, por la vía de la ley de transparencia, del requerimiento directo a la Corporación, de la conexión a internet desde cualquier lugar de Chile o del mundo, puede acceder a los materiales de registro, como las grabaciones, a los documentos o, derechamente, ver y oír lo que está ocurriendo en ellas, entonces el debate sobre el supuesto secretismo de las comisiones simplemente se acaba.
Por último, sí creo que los parlamentarios deben tener el derecho de regular el acceso físico a las salas de comisiones, porque son espacios físicos reducidos. Pero en ese caso basta restablecer el principio que teníamos hasta antes de la entrada en vigor de la actual ley, que era mucho más flexible que el actual y en que bastaba la mayoría simple de los miembros presentes al momento de constituirse la comisión para autorizar el ingreso del público, pero en un número suficiente y sin hacer distinciones, sin considerar si se trata de asesores de parlamentarios o de ministros o si es público en general o representantes de una ONG, de una universidad o de otro tipo de centro de estudios, sino simplemente en función del criterio de la posibilidad de recibir físicamente y albergar a un número determinado de personas.
Si hacemos esas tres correcciones mencionadas podremos resolver aquellos puntos que han generado inquietud en la opinión pública.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , para mí es un honor hablar después del diputado Díaz .
Hubo grandes gobiernos en Chile, como el del Presidente Pedro Aguirre Cerda y otros, que hicieron una tremenda obra, pero que también cometieron grandes errores, como crear la ley mordaza. Y lo que más queremos quienes trabajamos en el Congreso es que nuestra gente, nuestros electores, el país, vean cómo trabajan sus parlamentarios. En consecuencia, no entiendo la razón para mantener algunos secretismos en esta materia y no permitir que la gente ingrese a las salas de comisiones.
He escuchado a algunos colegas decir que hay que hacer rápidas modificaciones porque este tema ha salido en la prensa y en internet. Sin embargo, me gustaría que los parlamentarios no reaccionaran de acuerdo a lo que la prensa está pauteando. Cuando detecté este problema con el diputado Ricardo Rincón , de inmediato presentamos la moción, aun cuando esta polémica salió en la prensa en la semana pasada. Como parlamentarios, no podemos permitir que nos vengan a pautear sobre lo que tenemos que hacer y decir al interior de nuestra casa.
Lo razonable es que la gente pueda asistir a las sesiones de comisiones, como se hacía en los primeros años, cuando se abrió nuevamente el Congreso Nacional, en que ningún proyecto se aprobaba sin tener audiencias públicas, algo que desgraciadamente se ha ido perdiendo. Por eso, soy partidario de que se vuelva a instaurar esa instancia.
Lo que no puede ocurrir es que la Comisión esté permanentemente abierta -lo digo como Presidente de una Comisión-, lo que no quiere decir que me oponga a que asista público, pero debemos pensar en lo que ocurriría si cada cinco minutos entra un grupo de personas a la sala y sale otro, porque nadie se podría concentrar en el trabajo. Entonces, lo razonable sería que cuando en alguna Comisión se vea un proyecto de ley sean los propios parlamentarios quienes propongan las personas que asistan para que la sesión se desarrolle en forma ordenada.
Pero el problema mayor está en lograr los quórum que se necesitan para tomar acuerdos, sobre todo cuando se trata de una comisión Unida, porque se necesitan catorce parlamentarios y con la cantidad de Comisiones que están funcionando en forma simultánea, más las investigadoras, prácticamente resulta imposible lograr ese quórum para tomar un acuerdo. Un claro ejemplo es que las Comisiones Unidas de Vivienda y de Salud han trabajado muy pocas veces porque la citan a las 10.00 horas y cuesta reunir el quórum requerido para sesionar, lo que obligó a que el problema de los vecinos afectados por contaminación en Arica fuera visto por otra Comisión.
Entonces, no se trata de crear más comisiones, sino de que asistan todos sus integrantes, que seamos ordenados y que se transmitan sus sesiones. Tengo entendido que las salas de Comisiones están totalmente habilitadas para hacerlo. En consecuencia, cuando la tecnología lo permita, se podrán ver varias sesiones por un mismo canal -la gente elegirá lo que quiere ver-, porque hay mucho interés en que todas esas discusiones sean públicas, sobre todo porque muchas veces un diputado vota en una dirección, pero, de acuerdo al lugar en que se encuentra, acomoda su discurso.
En consecuencia, estoy de acuerdo con todo lo que signifique transparencia en la Cámara de Diputados, que se bajen los quórum, para que la gente tenga acceso a ver y a escuchar las sesiones de Comisión, y a dar su opinión, lo que considero fantástico. Para mí eso es democracia participativa.
Ahora, si un parlamentario tiene miedo a que se transparenten las sesiones de Comisión y a que venga la gente, realmente estaría contra la democracia y, por lo tanto, no podría ser parlamentario, porque todos quienes estamos aquí no hemos llegado a dedo, sino que mediante una elección popular, exponiendo nuestras ideas y enfrentando a nuestra gente, discutiendo con ellos y escuchando sus problemas. Ésa es la razón por la cual queremos que esto se haga en la Cámara de Diputados.
Por eso, llamo a aprobar este proyecto. Es indudable que la iniciativa puede mejorarse, perfeccionarse -lo que todos queremos-, para que aprobemos una norma lo más acorde posible con los tiempos que estamos viviendo. Aprovechemos la tecnología y fomentemos la asistencia de la gente; aprobemos un proyecto coherente, tratemos que funcionen las comisiones y que la gente pueda participar. No seamos reaccionarios, en el sentido de presentar los proyectos después de que las cosas suceden. Este proyecto fue presentado al otro día de haber asistido a comisiones unidas, en que observamos que se necesitaban catorce miembros para que pudieran entrar los asesores. Todos necesitamos a nuestros asesores y se gastan grandes sumas de dinero en esa función; por ello, no se les puede tapar los ojos y pedir que nos asesoren sin tener acceso a los documentos, a las grabaciones o a la información que necesitan para trabajar.
Por lo tanto, creo que se va a transparentar el sistema y vamos a aprobar el proyecto. Además, éste es el momento de presentar las indicaciones.
Finalmente, anuncio mi voto favorable al proyecto de ley.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES.- Señor Presidente , si fuese obligatorio despachar hoy el proyecto, tendría que votarlo en contra, porque establece la prohibición de la asistencia de público por un acuerdo de simple mayoría. Además, establece el secreto, también por la simple mayoría, y no como estaba establecido anteriormente, en que para declarar el secreto se necesitaba la concurrencia del voto de los dos tercios de los integrantes de la Comisión.
Por ello, creo que sería bueno que la Sala considerara una nueva revisión del proyecto por la Comisión respectiva, ya que no por casualidad esto ha tenido discusión en la Comisión, ha tenido discusión pública a través de los medios de comunicación, tiene debate público y ha sido debatido en dos oportunidades en la Sala. Por ello, me parece necesario que estas disposiciones sean revisadas nuevamente en un debate más amplio y con más invitados, para decidir con mesura y con prudencia el destino de una disposición tan fuerte en sus restricciones a la transparencia, como las que se han señalado.
Acepto la posibilidad de que haya otros diputados que consideren que estas restricciones son beneficiosas; sin embargo, debemos pensar en cuál es el bien mayor que hay que proteger. Algunos me dicen que esto facilita la rapidez en la realización de las sesiones, porque la falta de concurrencia de algunos diputados, debido a que hay muchas comisiones investigadoras que funcionan en forma simultánea y al sinnúmero de tareas que se tienen que estar realizando a la vez, impide tomar acuerdos porque no llegan los dos tercios de los diputados. Es cierto que ese sería un bien a cuidar, pero si tengo que elegir entre este último y la transparencia total del único órgano de representación del soberano -porque de los tres Poderes del Estado el Congreso Nacional es el único en el que se encuentran todas las opiniones y donde sus miembros son elegidos por votación popular-, entonces digo que no. Prefiero que se pierdan otros bienes, pero que se asegure la bondad de la transparencia y la posibilidad de la participación ciudadana.
¿Por qué menciono la segunda? Porque en el proyecto de ley, en el nuevo inciso séptimo que se propone, se señala: “Las sesiones de comisión se realizarán sin la asistencia de público, salvo acuerdo en contrario adoptado por mayoría de sus miembros presentes.”.
Incluso, por deformación profesional, he imaginado espacialmente, como arquitectura de las salas de comisiones, un Congreso con paredes de cristal. Si fuese por mí y tuviese que diseñarlas, las haría con paredes vidriadas, con audífonos colgando hacia afuera para que la gente que no pudo entrar, porque se llenó la sala, pueda escuchar, salvo en los casos excepcionales en que esté en riesgo la seguridad de la nación, el debido cumplimiento de las funciones de todos los órganos del Estado, el interés nacional, etcétera, en cuyo caso podría llegar a declararse secreta una sesión, se correrían las cortinas, se cortaría la transmisión de los audífonos, se haría retirar al público de la sala, se cambiaría temporalmente toda la arquitectura y se aplicarían las normas correspondientes, pero con el acuerdo contundente de dos tercios de los integrantes de la Comisión y no por simple mayoría.
Entre los argumentos esgrimidos, algunos manifiestan que a veces se trata de materias secretas y no están presentes todos los diputados. Si la materia es secreta, se debe a que es importante, y si es tan importante, se deberá hacer el esfuerzo necesario para que estén presentes los diputados. Si no se puede lograr eso para aquella materia tan importante, entonces no se debe realizar la sesión y se citará a una sesión extraordinaria. Y como es sobre un tema importante, se puede citar para la noche, para un sábado o un domingo.
Pero cuando se rebajan las exigencias para declarar secreta una sesión -por ejemplo, por la simple mayoría-, se empieza a instalar la actitud, el estado de ánimo, el hábito y la certeza de la facilidad de secretear. ¿Dónde? En el órgano en que debería darse la máxima transparencia, el Congreso Nacional, donde además existen Comisiones de Ética y Transparencia Parlamentaria, donde siempre estamos diciendo que queremos la transparencia total del Congreso Nacional, respecto del cual, además, tenemos la certeza de que todas las encuestas de opinión pública, en Chile y en el extranjero, indican que en los últimos lugares de apreciación de confianza de la ciudadanía están el Congreso Nacional, los diputados, los senadores, los políticos y los partidos políticos. ¿Y vamos a aprobar en estas condiciones, conociendo la preocupación de la opinión pública por la transparencia, un proyecto de ley que restringe las materias que acabo de señalar? Me parece inadecuado.
Como hay parlamentarios que tienen opiniones diferentes al respecto, no quiero clausurar el debate sobre la base de apretar la tecla roja y votar negativamente. Lo que estoy diciendo es que debemos discutir un poco más en la Comisión.
Señor Presidente, propongo formalmente que solicite el acuerdo de la Sala para devolver el proyecto a la Comisión, para lograr allí un acuerdo.
¿Qué más dice el proyecto? El nuevo inciso octavo que se propone expresa: “Los materiales de registro” -es decir, el registro de lo que tratamos en las comisiones- “de las secretarías de las comisiones y de los comités parlamentarios, tales como las grabaciones, apuntes u otros instrumentos de apoyo a esa labor, no serán públicos, salvo acuerdo en contrario.”.
Yo lo redactaría al revés. Todo lo que se discuta en el Congreso Nacional será público, salvo acuerdo en contrario. Planteémoslo así, de manera que quede establecido que lo que deseamos es, precisamente, que ésta sea la instancia del debate, una Cámara abierta, que nació en 1215, mucho después del Senado romano, cuando los comunes -es decir, las personas de los condados, de las afueras- querían decir algo al rey, como, por ejemplo, que pueden bajar los impuestos porque él gobernante no puede hacer lo que quiera, aunque sea enviado de Dios, y que aunque sea rey, podrá ser fiscalizado. Y eso lo hacen en representación de todos.
Este proyecto -letras más, letras menos; argumentos más, argumentos menos-, dentro de la técnica legislativa, debería más bien limitarse a preguntarnos por la esencia de lo que hacemos. Es una iniciativa que requiere muchísima serenidad y profundidad sobre la razón de ser de la existencia del Congreso Nacional, no sólo porque la opinión pública tiene una mala imagen de nosotros, sino porque nosotros tenemos una buena opinión sobre lo que hacemos y porque creemos que es absolutamente necesario que el material que usamos sea completamente público. Ojalá, el público venga en plenitud, no sólo en aquellos momentos en que esto se transforma en un acto, porque algunos diputados tenemos interés por invitar a unos o a otros, sino en forma permanente, como ocurría en nuestra adolescencia, cuando el Congreso Nacional era accesible para todos y estaba ubicado en la misma ciudad en que se encontraba el Poder Ejecutivo , en que se podía entrar y presenciar todos los debates.
Por supuesto, respecto de los asesores, coincido en que hay que darles todas las facilidades del caso para que desarrollen su trabajo.
Para terminar, considero que este proyecto contiene un desliz presidencialista. Fíjense en que todo lo que se hace es restrictivo: para los ciudadanos; todo tiende a obstaculizar el acceso, para poner una especie de cerco. Pero a la hora de definir si el Gobierno, los ministros o los subsecretarios pueden venir con sus equipos, con su corte, con todas las personas que los ayudan, entonces decimos que sí a todo. Yo no digo que digamos no, pero también digámosle sí al soberano real, al que, desde la base del pueblo, elige a los parlamentarios. A ellos y al país nos debemos, por lo que debemos decirles que queremos asistencia de público, publicidad de los elementos con que trabajamos -salvo las excepciones que he señalado- y que, además, una sesión no sea declarada secreta por una decisión de simple mayoría, sino por los dos tercios que estaban establecidos.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez, que estaba inscrito desde la sesión anterior en que se discutió este proyecto.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- No haré uso de la palabra, señor Presidente .
El señor BECKER (Vicepresidente).- Entonces tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente, sólo quiero complementar lo expresado por varios diputados.
Presenté una moción en la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento relacionada con la inversión que hizo el Congreso Nacional el año pasado, de manera que hoy todas las comisiones cuentan con cámaras de televisión y equipamiento para transmitir on-line.
Creo que así se salvaría un problema importante porque, obviamente, sería imposible recibir a toda la gente que quisiera participar en las sesiones. Pero si se transmiten on-line, pueden ser vistas por todos los interesados. Por ejemplo, las sesiones del Concejo de Peñalolén son transmitidas on-line por internet; además, son archivadas. Por lo tanto, uno puede bajarlas desde la red en cualquier momento.
Por eso, con otros diputados, presentamos una indicación para que todas las sesiones de Sala y de comisiones sean transmitidas on-line, salvo las que, de acuerdo con la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, sean declaradas secretas. Esto abre la discusión parlamentaria y permite que mucha gente pueda acceder, más de la que podríamos recibir en las comisiones en audiencias públicas.
Considero que el proyecto debiera volver a Comisión, puesto que no podría votar a favor el artículo único tal como está redactado.
Creo que la indicación que presentamos contribuye a democratizar mucho más nuestro trabajo y, como decía el diputado Patricio Hales , a ser fieles al soberano. Espero que la indicación que presentamos sea acogida porque, además, hicimos una gran inversión para que todas las comisiones -que la gente lo sepa- cuenten con el equipamiento necesario para transmitir todas sus sesiones on-line, además de las sesiones que son transmitidas por el canal de televisión de la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , aprovecho la oportunidad de saludar a la delegación del Liceo Camilo Henríquez de Temuco, que invitamos junto con el diputado René Saffirio . Tuve el orgullo de estudiar en ese liceo.
(Aplausos).
Señor Presidente, este proyecto, que apunta a fortalecer y facilitar el trabajo parlamentario -no cabe duda alguna de que la intención es buena-, lo que hace es, precisamente, conducirnos por el camino contrario a lo que la gente espera de nosotros.
A lo que podría contribuir es a que el ciudadano común conozca de mejor manera la labor legislativa que desarrollamos en la Cámara de Diputados, también despejar ciertas dudas sobre la calidad del trabajo parlamentario y, por cierto, ayudar a prestigiar nuestra labor.
En democracia, los ciudadanos esperan que la norma general sea la publicidad y la transparencia de nuestros actos y debates, y que la norma excepcional sea el secreto, sólo para aquellos casos en que, efectivamente, la gravedad del asunto así lo amerite.
Suscribo plenamente las palabras del diputado Patricio Hales que, en forma brillante, señaló lo que, en el fondo, estamos discutiendo. Además, comparto plenamente que no podemos establecer como principio general el secreto del trabajo de las comisiones para los ciudadanos, y el pleno acceso del Ejecutivo al trabajo y a la discusión legislativa en comisiones. Todo esto es una muestra más de presidencialismo, centralismo y un retroceso en la gran labor y en la gran tarea de transparentar y publicitar nuestros actos y debates.
Por eso, estoy plenamente de acuerdo en que este proyecto vuelva a Comisión, para que lo analicemos nuevamente, a fin de facilitar y fortalecer el trabajo de las Comisiones, sin darle la espalda a la ciudadanía; de lo contrario, daremos un paso que contribuirá al injusto -a mi juicio- desprestigio de nuestra labor parlamentaria.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Ramón Farías.
El señor FARÍAS.- Señor Presidente , sin duda el proyecto, que modifica la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, contribuirá a una mayor transparencia y orden de nuestra labor parlamentaria, la que se transparentará aún más, ya que fuimos una de las primeras instituciones en adoptar medidas tendientes a ese fin. Eso es muy positivo.
En días pasados leí en la prensa que el Congreso Nacional era el menos transparente de todos los organismos públicos. Al parecer, los medios olvidan que los primeros en publicar tanto los sueldos como nuestras declaraciones de patrimonio en las páginas web del Congreso Nacional fuimos nosotros; pero ignoro el motivo por el cual los medios no dan cuenta de aquello.
Efectivamente, hemos trabajado para transparentar lo más posible y en todo sentido la labor parlamentaria. Eso pasa por las transmisiones que en este momento se emiten por el canal de televisión de la Cámara de Diputados.
Hace poco tiempo presenté un proyecto en la Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones -espero que el Ejecutivo lo considere-, para que tanto los programas de televisión de la Cámara como del Senado sean transmitidos obligatoriamente por las señales de cable. Hoy los exhibe en una sola empresa de cable, pero ocurre que en regiones hay una enorme cantidad de ellas que no transmiten las señales de la Cámara de Diputados ni del Senado.
No se trata de que tengamos afán por figurar o aparecer en la tele, sino que de poner fin a la desinformación que existe en la ciudadanía respecto de lo que hacemos en el Congreso Nacional.
La gente desconoce nuestra labor, piensa que no hacemos nada; no tiene idea de cuántos proyectos de ley hemos aprobado en un día, en una semana, no sólo en la Sala sino que también en las comisiones, y es evidente que a través de una señal de televisión la gente tendrá mayor acceso a la información y muchachos como los que ahora nos acompañan en las tribunas también podrán seguir debates que les interesen, para que después no nos hagan reproches en el sentido de que no nos interesamos por la gente, por los jóvenes, en circunstancias de que cada día y en cada minuto estamos en el Congreso trabajando en una serie de proyectos para ellos.
También es importante señalar que efectivamente el artículo 5°A de la ley N° 18.918 atenta contra lo que intentamos hacer como Parlamento.
Por costumbre, cuando hay un acuerdo adoptado en el seno de una comisión, se permite la asistencia de asesores, en calidad de público, y de otras personas que vienen a exponer a las sesiones.
El artículo 5° A establece que las sesiones serán sin asistencia de público, “salvo acuerdo en contrario adoptado por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión”.
Quiero recordar también, para que quede constancia en actas, que cuando supimos el contenido del proyecto, los integrantes de las comisiones votamos para dejar entrar a las sesiones a los asesores y a la gente en forma permanente.
Ni yo ni mi mi bancada, en general, estamos de acuerdo con que las sesiones se realicen sin asistencia de público.
Ojo, cuando hablamos de asistencia de público a las comisiones debemos recordar que tenemos una limitante: las salas donde funcionan son chicas, a diferencia de la Sala de Sesiones, donde caben muchas personas. Son salas a las que no pueden asistir más de diez, quince o veinte personas. En ocasiones ha habido alrededor de treinta personas y el ambiente se torna sofocante y cuesta mucho llevar a cabo el trabajo.
La señal que debemos dar es la de estar abiertos a que ingrese público a las salas, pero sin entorpecer la labor de las comisiones.
Por otro lado, las actas también deberían ser públicas.
El diputado Accorsi, que me antecedió en el uso de la palabra, planteó que muchas veces en las comisiones se dice una cosa y luego, en la Sala, se dice lo contrario. Eso hay que transparentarlo.
Me encantaría que todos los diputados que están en contra de que las sesiones de las comisiones sean transmitidas on line, a través de internet, lo digan; que expresen sus razones, porque hay diputados que no quieren que las sesiones se vean por internet y todavía no entiendo bien los motivos. Si queremos transparencia, no veo cuál es el problema de que se transmitan.
Hoy día, cada sala de comisión -es importante que los medios de comunicación y todo el mundo lo sepa- está equipada con cámara de televisión, con micrófono; por lo tanto, si hoy, ahora, en este momento, decidimos transmitir por internet cada una de las sesiones de las comisiones, es posible hacerlo. Sin embargo, hay diputados que se oponen a ello y no sé por qué.
Me gustaría que esos diputados nos den sus razones para negarse a que la transmisión de las sesiones por internet, porque ésa es la mejor manera de transparentar en forma total y absoluta el trabajo de las comisiones. Con ello evitaríamos la discusión de si entra o no entra público a las sesiones, uno se conecta a internet, ve la sesión de la comisión que quiere y comprueba las intervenciones de los diputados. También podrá apreciar quiénes están y quiénes no.
Además, quiero saber por qué -y también quiero una respuesta de la Mesa sobre algo que hemos tratado un par de veces en Comités- no se ha implementado este sistema. Hago presente que el Congreso invirtió mucho plata para adquirir cámaras y micrófonos y aún no funcionan.
Para terminar, reitero mi planteamiento de que no estamos de acuerdo con el artículo 5°A respecto de que las comisiones desarrollen su trabajo sin asistencia de público. Más bien, queremos lo contrario: que sesionen con público, salvo que se trate de alguna materia que, por sus características; no deba ser conocida y amerite que la sesión o una parte de ella sea declarada secreta. Estoy de acuerdo en que algunas sesiones deben ser secretas, pero con justificación.
He dicho.
-Aplausos.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ .- Señor Presidente , no sé si mis colegas han leído bien el informe de la Comisión, pero en ninguna parte se señala la prohibición absoluta de ingreso de público a la Sala. Muy por el contrario, se faculta a los mismos parlamentarios para que en determinadas situaciones autoricen el ingreso del público a las salas de comisiones.
Quienes nos eligieron lo hicieron justamente para legislar, lo que, entre otras cosas, significa concentrarnos en nuestro trabajo, discutir, analizar y proponer determinadas materias.
¿Qué ocurre muchas veces en las salas cuando ingresa público? Hace un tiempo vino un grupo de distinguidas dirigentas y dirigentes de una población de Santiago afectada por el terremoto. Uno de ellos amenazó a los parlamentarios con esperarlos afuera, porque tenía una opinión distinta. Es decir, a veces el exceso de democracia genera conflictos que impiden concentrarse a los legisladores.
La moción propone lo siguiente: “Las sesiones de comisión se realizarán sin la asistencia de público, salvo acuerdo en contrario adoptado por la mayoría de sus miembros presentes. Con este mismo quórum las comisiones podrán adoptar acuerdos permanentes en esta materia aplicables a un determinado proyecto de ley”.
En ninguna parte se prohíbe el ingreso de público, muy por el contrario. De esta manera estaremos funcionando como los concejos, cuyos auditorios se repletan y se forman verdaderas batallas campales por el rechazo de un proyecto o porque un alcalde o concejal tiene una opinión distinta. Digo esto con mucho respeto a los municipios.
Anuncio mi voto favorable a la iniciativa, pero me parece que se le deben introducir algunas modificaciones.
Comparto con el diputado Ramón Farías que en el trabajo parlamentario se debería usar la tecnología existente en todas las comisiones. Pero eso no quiere decir que éstas se transformen en un verdadero anfiteatro para el público. También debemos pensar en la seguridad de los miembros de la Cámara de Diputados, que es parte de un Poder del Estado.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , no puedo iniciar mi intervención sin referirme a lo expresado por el diputado Pedro Velásquez .
La opinión de la ciudadanía, aunque esté radicalmente en contra de lo que uno plantea, si es por cauces democráticos, de manera verbal y reglada, según el Reglamento de la Cámara, no debería ser un obstáculo. Al contrario, si las personas acceden al Congreso Nacional y comprenden pedagógicamente, de manera fluida y rápida sus discusiones, menos situaciones oscuras quedarán en un terreno de indefinición.
Es tremendamente importante que los ciudadanos sepan cómo argumentan y votan sus parlamentarios. Sería muy bueno que se conociera no sólo la aprobación o rechazo de los proyectos de ley, sino también la votación constante en algunos temas, para proteger determinados intereses e influir en la aprobación o rechazo de normativas de relevancia radical para el país.
Si los ciudadanos tienen la posibilidad de ingresar al Congreso Nacional y se someten a las normas y reglamentos internos, no veo por qué persiste la dificultad para que accedan a las sesiones.
No se trata de montar un circo romano ni de que existan verdaderas barras bravas en apoyo de una u otra opción. Pero, vaya que es agradable -y gratificante para la democracia- para quienes votan por nosotros estar presentes en las tribunas de esta Sala, para apoyar o rechazar alguna iniciativa.
Generalmente, cuando hay control ciudadano, sea a través de la prensa o de la presencia física de determinados sectores afectados o perjudicados por los proyectos, se consiguen cosas mejores.
Sólo basta recordar lo que sucedió hace un par de semanas, cuando las tribunas estaban repletas de trabajadores del comercio, lo que sirvió enormemente, ya que en esa ocasión se discutía una ley de descanso irrenunciable para ellos durante el feriado de celebración del Bicentenario. Los sindicatos y trabajadores comunes y corrientes, que sufren con la ley que los obliga a trabajar los días festivos, lo que afecta en forma directa a la familia, estaban en las tribunas. Algunos parlamentarios recogieron su inquietud y se aprobó la iniciativa que los favorecía.
Ahora, en cuanto al proyecto, me parece que con la modificación al artículo 5° A se avanza en sentido contrario al que pretendemos.
Cuando se dispone: “Las sesiones de comisión se realizarán sin la asistencia de público, salvo acuerdo en contrario adoptado por la mayoría de sus miembros presentes. Con este mismo quórum las comisiones podrán adoptar acuerdos permanentes en esta materia aplicables a un determinado proyecto de ley.”, se quiere establecer la no publicidad en vez de la publicidad y poner la asistencia y la transparencia como una excepción. ¿Por qué debemos hacerlo de esa manera?
Es importante que la ciudadanía tenga acceso a las comisiones, donde se da la discusión más profunda sobre el articulado y se fijan las posiciones. También a los materiales de registro de las secretarías, tales como grabaciones, apuntes u otros instrumentos de apoyo a su labor, que, según esa disposición, no serán públicos, salvo acuerdo en contrario.
Nunca he visto en una comisión que se exponga un documento de trascendencia fundamental para los destinos o intereses de la nación, que determine su secreto.
Si un invitado o algún parlamentario fundamenta su opinión en uno de esos documentos, debería quedar a disposición. ¿Por qué vamos a negarlo?
La posibilidad de que la ciudadanía pueda acceder a esa información a través de un método expedito, da transparencia, y no una norma excepcional que dispone que se debe contar con el acuerdo de los parlamentarios.
En otro orden de cosas, esta moción plantea una discriminación odiosa y arbitraria entre las facultades del Ejecutivo y los derechos del resto de la ciudadanía. ¿Por qué las organizaciones no gubernamentales o cualquier ciudadano que desee concurrir a una sesión se encuentra con el secretismo que se consigna en el numeral 2 que se propone?
El inciso segundo que se propone agregar al artículo 22 dice: “Salvo acuerdo en contrario, los parlamentarios, ministros de estado y subsecretarios podrán asistir acompañados de sus asesores, quienes quedarán sujetos al Reglamento de la Cámara respectiva. La Comisión podrá limitar el número de asesores.”. Con esta disposición estamos generando una división odiosa, arbitraria, que refuerza ciertos privilegios del Ejecutivo.
Es fundamental que el proyecto vuelva a la Comisión, pues se han presentado alrededor de cinco indicaciones.
Es relevante que la regla general, absoluta, sea la transparencia. Para la historia fidedigna del establecimiento de la ley es esencial que el Congreso siga invirtiendo en recursos para la transmisión on line de todas las discusiones. Asimismo, que el canal de la Cámara de Diputados no sólo se vea en el N° 96 de la televisión por cable, sino que tenga una ubicación preferente. Además, que el contenido de los programas sean materias legislativas; no hermosas películas -que me gustan, pero para eso está el cine cable- ni ciclos de cine histórico, que el canal de la Cámara sea un instrumento de educación y formación de las instancias de tramitación y de los proyectos que se discuten. Esto debería hacerse en forma masiva, e indicarse, también, cuál es la labor y la función de los parlamentarios.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Víctor Torres.
El señor TORRES.- Señor Presidente , no puedo dejar de coincidir con lo planteado por los diputados señores Marcelo Díaz, René Manuel García , Patricio Hales y Alfonso de Urresti respecto de la discusión de este proyecto de ley.
Sin embargo, discrepo de lo planteado por mi colega diputado señor Pedro Velásquez .
Cuando se plantea un proyecto de ley que establece, en su definición y como esencia, que en las sesiones de las comisiones es donde se discuten los proyectos de ley con mayor profundidad, es dar una pésima señal al país.
Cuando el mundo busca mayor transparencia respecto de la labor de sus autoridades, cuando la ciudadanía las interpela públicamente para participar en forma más activamente en la labor que nos compete, cuando se han presentado iniciativas para masificar nuestra labor a través de los medios de comunicación o cuando el Presidente de la República pretende presentar un proyecto de ley para facilitar la presentación de proyectos de ley desde la ciudadanía y mejorar la participación, se puede concluir que lo que propone, al menos una parte del proyecto en discusión, va en dirección contraria a los requerimientos de la sociedad actual.
Obviamente, el debate puede parecer simple y baladí. Sin embargo -y aquí tomo las palabras del diputado Hales -, la discusión apunta a una situación fundamental que dice relación con los conceptos filosóficos de la esencia de nuestra propia labor.
Somos representantes del pueblo, de la ciudadanía; hemos sido elegidos para legislar y fiscalizar; pero, también, para representar. Es un derecho de la gente Acceder y conocer no sólo al registro de las votaciones de los distintos proyectos de ley o de acuerdo, sino que, también, las posturas respecto de los temas en discusión, tanto en la Sala como en comisiones.
Algunos colegas han mencionado situaciones desagradables, como las vividas en las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y Transportes y Telecomunicaciones, donde por la falta del quórum que establece la ley orgánica tuvimos que impedir, o no facilitar, el ingreso de los asesores durante la discusión de un importante proyecto relativo a la portabilidad numérica.
Entonces, quedó de manifiesto la urgente necesidad de que el Congreso Nacional mantenga la sintonía fina con los requerimientos de la sociedad actual. Eso, con el fin de que seamos capaces de decir que no queremos un Congreso puertas adentro.
¡Qué triste es ver sesiones de la honorable Sala donde penan las ánimas! En cambio, cuando el tema provoca movilización, no ocurre lo mismo.
¡Qué falta de honestidad y sinceridad, incluso, respecto de la participación de la gente! Las galerías se llenan sólo cuando se tratan temas de su interés.
Pero, cuando discutimos proyectos de ley de interés general, no hay ningún estímulo para que la gente escuche las intervenciones y sepa cuál es nuestra labor.
Si la ciudadanía nos ha castigado -ha habido mala evaluación-, a pesar de que creo que existe gente de mucha calidad en política, debemos dar señales en una dirección distinta, y no ocultar lo que estamos realizando.
Si queremos reconquistar, como clase política, el alma de los ciudadanos, debemos hacerlo con la frente en alto, con las manos limpias y con un gran sentido de transparencia.
Concluyo señalando que comparto la idea de que si la votación se hiciera hoy lo haría en contra, al menos, respecto del punto 1 en discusión. Obviamente, en general, lo haría favorablemente.
Espero que, en la Comisión se consideren las indicaciones. Por ejemplo, la presentada por el diputado señor Enrique Accorsi, que he apoyado, que permite masificar y extender la labor que cada uno de nosotros está realizando.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos.
El señor LOBOS .- Señor Presidente , si bien ha sido importante la discusión, por un minuto me gustaría que nos centráramos en nuestra labor.
En el Parlamento -el origen de la palabra viene de parlar, que significa conversar- se debate y consensúa.
Nuestro trabajo se ejecuta en comisiones, donde suele ser más técnico, pero también político, y en la Sala, donde se produce la discusión que, diría, está más teñida con la política. Y hablo de política en el buen sentido, porque mucha gente cree que hablar de los señores políticos es denostar.
En la Sala, debemos discutir las cosas con altura de miras y en su cariz más político.
Es malo confundir y que, de repente, debamos legislar para las barras bravas, para los grupos de presión, con la presencia de acarreados, como lo dijo el diputado Pedro Velásquez con toda seriedad, puesto que, en el fondo, se establece una presión sobre el legislador.
En esta materia, no dudo de que todos tenemos los pantalones o las faldas -en el caso de las honorables colegas- bien puestos, suficiente para resistir las presiones, porque representamos ideologías, convicciones y una manera de pensar y sentir; y por tanto, no deberían influir en el minuto en que debemos tomar una legítima determinación.
¡Para eso se les cancela, como dicen en el campo! Para tomar decisiones, para legislar, para expresar una opinión y, para sostenerla, con público o sin público.
No estoy en contra del ingreso del público. Creo que esta Sala debe permanecer siempre abierta. Ojalá, estuviera siempre llena.
También debe permitirse el acceso a la televisión, pero con respeto. ¡Cuidado! No me gusta cuando en las tribunas se instalan cámaras furtivas, con micrófonos direccionales para escuchar de un extremo a otro lo que, por ejemplo, están comentando en este minuto los diputados Marcelo Díaz y Osvaldo Andrade , pues se trata de una conversación que entra en el ámbito de lo privado, no de lo político ni de lo público.
Entonces ¡cuidado! Porque puede suceder que por buscar una transparencia tal, terminemos por desaparecer donde debemos estar extraordinariamente presentes.
Somos la cara de la democracia y tenemos que llevarla con orgullo. No debemos sentirnos avergonzados por lo que hacemos, menos por lo que pensamos y menos por lo que manifestamos o argumentamos.
En Chile, a veces, las cosas se confunden y el país corre el riesgo de enfermar su democracia con lo considerado políticamente correcto, como lo llama hoy la prensa, que es una expresión hermosa, otro eufemismo para decir chapucería populachera o demagogia. No debemos caer en la tentación, de criticar cierta propensión a hablar, más bien con el people meter que con el corazón, de cosas de Gobierno, del Congreso, de la opinión pública.
Entendemos, hacerlo nos va a cosechar el aplauso de la gradería, pero, quizás, será la vergüenza de nuestra propia conciencia por no haber sabido sostener nuestros principios ni ideales.
En las comisiones se debate abiertamente. Todo lo que allí se hace queda en un documento público, no se transforma en algo espurio, como se ha pretendido representar en algunos discursos.
El quehacer del Congreso se traduce siempre en actos públicos; en acciones que están a la vista y para ser inspeccionadas por la prensa y la ciudadanía.
Pero no nos pongamos más papistas que el Papa. En las salas de comisiones no cabe todo el mundo. No van a caber los diputados si empezamos a acarrear personas a las salas de comisiones. Va a ser muy incómodo para trabajar. En la Sala de sesiones, donde vamos a discutir y hacer nuestros planteamientos, quizás debamos propender a no limitar los tiempos de los discursos, aunque a veces nos demoremos un poco más en el despacho de los proyectos. Ése es el vicio que hay, no poder expresarse suficientemente en la Sala y defender el voto que uno va a emitir después.
No por mucho madrugar se amanece más temprano. Pongamos cuidado en lo que hacemos en comisiones. Llevar barra para sentirnos respaldados en nuestras posturas, grupos para tratar de presionar a nuestros colegas que puedan pensar distinto, no es el camino que quiero para mi Congreso, para mi democracia.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Felipe Salaberry.
El señor SALABERRY.- Señor Presidente , mi intervención va a ser breve, porque comparto lo señalado por el diputado Lobos .
Muchas veces, en discusiones sobre algunas materias o en cómo mejoramos los niveles de transparencia a través de un proyecto de ley de estas características, se asumen ciertos argumentos para defender una determinada posición por los aplausos que generan. En algunas intervenciones -no en todas-, para justificar de manera correcta un mayor grado de transparencia de nuestras opiniones en la actividad legislativa, siento que caemos más bien en una arenga popular de fácil aplauso que en mejorar nuestra técnica legislativa.
Uno debe cuidar esa mayor transparencia de la ciudadanía. Hoy el elector es cada vez más demandante de soluciones de la clase dirigente política y, también, de mayor grado de información; no es el mismo de hace diez o quince años, hoy se informa antes de tomar decisiones. Una cosa es ese camino que, en general, se busca a través de un proyecto de estas características, y otro es que todo lo que se discute y cómo se discute para lograr ciertos acuerdos, deba estar puesto en una suerte de vitrina.
El diputado De Urresti -que lamentablemente no está en la Sala para seguir esta discusión- nos decía que todo se debe publicar, que todo debe estar on line, en internet o en los canales de televisión. Eso no siempre es así, porque uno, muchas veces, debe ceder algunas posiciones para llegar a ciertos acuerdos que permitan un mejor proyecto de ley. Eso sucede en la Comisión, no en esta Sala. Aquí, generalmente, se llega con una opinión mucho más formada y se fundamenta. Se puede discrepar de un diputado o diputada si en la Comisión vota de una manera y aquí de otra, podemos llevar a cabo esa discusión; pero, en reiteradas ocasiones, se dan ciertas conductas que nos permiten llegar a eventuales acuerdos y que no requieren de discusión pública respecto a cómo se llegó a esa posibilidad, o de cómo nos fuimos convenciendo de tal o cual posición.
Por eso, más allá del mérito de los artículos sometidos a discusión en esta materia, o de las indicaciones que vamos a tener que resolver cuando este proyecto vuelva a la Comisión respectiva, que mi intervención se entienda como un llamado humilde de atención para que, en pos de la transparencia, en pos de la mayor cantidad de información que nuestros electores y los ciudadanos, en general, deben tener, no caigamos en el populismo fácil de arengar que mayor transparencia va a significar mejores leyes. No es así. En eso hay que tener un especial cuidado.
Aunque al diputado De Urresti -por su intermedio, señor Presidente - nunca le haya tocado conocer materias que deben discutirse de manera reservada, debemos cuidar ciertos procedimientos, puesto que la mayor transparencia no siempre significa una mejor ley. No siempre tienen que ver con proyectos de ley; muchas veces, con decisiones de parlamentarios. Por lo demás, en esta misma Sala algunos ministros pidieron que sus intervenciones fueran secretas.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, en su segundo discurso, el diputado Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , el artículo 8° de la Constitución Política de la República, en su inciso segundo, dice: “Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.”
La reforma constitucional, la ley N° 20.050, hace muy poco la aprobamos buena parte de los diputados que estamos en esta Sala. En consecuencia, más allá de posiciones que sean susceptibles de acusarse de exageradas o de no exageradas, lo concreto es que la Constitución establece que la regla general es la publicidad de los actos públicos. La excepción es el secreto, lo que debe basarse en las causales que, de manera no meramente ejemplar, sino que taxativa, señala el inciso del artículo que leí.
Al respecto, tenemos un problema. La ley orgánica constitucional vigente, a mi juicio erróneamente, dispone algunas reglas en que el principio general es el secreto -así de claro-. Señala que las grabaciones, por ejemplo, de las sesiones de comisiones, siempre serán secretas. Ahí hay un problema, bastante absurdo además, porque parte importante de las comisiones, cuando motivan algún interés ciudadano, son transmitidas por los canales de la Cámara. Entonces, hay un contrasentido entre una regla de secreto en una ley orgánica versus una buena práctica de transmitir on line, en directo, sesiones de comisiones. Hay que corregir ese problema. Desgraciadamente, el proyecto, tal como está, no rectifica ese problema. Es más, en un aspecto lo agrava, porque hoy, de acuerdo con la ley orgánica constitucional, las sesiones -ya no las grabaciones-, como regla general, son públicas, salvo que se determine su secreto por alguna de las razones del artículo 8° de la Constitución y de las señaladas en el inciso noveno del artículo 5° A de la ley N° 18.918. Sin embargo, este proyecto, como viene de la Comisión de Constitución, rebaja el umbral de declaración de secreto de una sesión que, actualmente, son dos tercios. El legislador pide un quórum alto, tanto en la Sala como en las comisiones, para declarar una sesión o parte de ella secreta, porque, de acuerdo con la Constitución, la regla general es lo público. El proyecto que estamos tratando rebaja ese quórum de dos tercios a la mayoría de los presentes en una Comisión y, como las sesiones pueden sesionar con cuatro miembros, la mayoría de los presentes son tres.
Entonces, intentemos arreglar situaciones que derivan de la ley y no retrocedamos como sucede con este proyecto que, en su texto original, tenía una buena intención respecto del ingreso de los asesores; pero derivó en una cuestión que, con razón, podría calificarse de contradictoria, porque en lugar de progresar en transparencia pública, estaríamos retrocediendo.
Por eso, es muy importante que el proyecto vuelva a la Comisión de Constitución, para que, a la luz de las indicaciones presentadas y de las que se presenten, se haga otro análisis, a fin de traer a la Sala un proyecto que modifique nuestra ley orgánica y que en materia de transparencia constituya un avance y no un revés.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , escuché con mucha atención la intervención del jurista, diputado señor Burgos . Mi idea era apoyar con entusiasmo el proyecto, pero es increíble cómo me hizo cambiar de opinión.
De las palabras del diputado señor Burgos infiero que la iniciativa en debate no avanza en materia de transparencia ni ayuda a terminar con el secretismo.
Sí hay un avance cuando señala que los parlamentarios y las autoridades del Ejecutivo podrán asistir a las sesiones de las comisiones acompañados de sus asesores. Es un buen mecanismo y hay que reconocer el aporte que ellos hacen.
En eso no estamos en desacuerdo con el diputado señor Burgos. Eso está bien. Pero lo que ha cuestionado nos lleva a repensar la idea de aprobar el proyecto.
No sé si algunos otros colegas habrán pensado lo mismo que el diputado señor Burgos . Lo advierto, porque me incorporé tarde a este debate, habida consideración que con nuestros vecinos del Senado estamos conociendo el próximo presupuesto de la nación.
Por eso, es el momento de cambiar mi posición inicial sobre el proyecto y anunciar que no estoy en condiciones de apoyarlo. A mi juicio, debe volver a Comisión.
He dicho.
El señor BECKER.- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Sobre Reglamento, señor Presidente.
¿Existe alguna posibilidad reglamentaria de postergar la votación del proyecto y devolverlo, con las indicaciones formuladas, a la Comisión de Constitución? Lo pregunto, porque el proyecto tiene aspectos positivos y no sería lógico correr el riesgo de que sea rechazado, dado el alto quórum que requiere para ser aprobado.
Entonces, para salvar lo positivo, propongo devolverlo a la Comisión, sin votarlo en general. Una vez que hayamos hecho las correcciones, que se despache a la Sala para que se vote en general y particular.
El señor BECKER.- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , estoy absolutamente de acuerdo con el diputado señor Burgos , siempre y cuando se ponga un plazo de dos semanas o tres, como máximo, para evacuar el nuevo informe.
El señor BECKER.- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , en la misma línea del diputado señor García , adhiero a la propuesta del diputado señor Burgos , siempre y cuando la Mesa acote el plazo para el nuevo informe.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Solicito la unanimidad de la Sala para suspender la votación del proyecto y devolverlo a la Comisión respectiva para que ésta evacue un nuevo informe en un plazo máximo de tres semanas.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN MATERIA DE DESCUENTOS A REMUNERACIONES CON FINES EDUCACIONALES. Primer trámite constitucional.
El señor BEKCER ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código del Trabajo en materia de descuentos a las remuneraciones para fines educacionales.
Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Osvaldo Andrade.
Antecedentes:
-Segundo Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, boletín 6880-13, sesión 74ª, en 9 de septiembre de 2010. Documentos de la Cuenta N° 11.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ANDRADE.- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social paso a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley, iniciado en moción de las diputadas señoras Adriana Muñoz y Denise Pascal y de los diputados señores Andrade, Cornejo , De Urresti , Jiménez , Lemus , León y Ortiz , que modifica el Código del Trabajo en materia de descuentos a las remuneraciones para fines educacionales.
Recuerdo a la Sala que la iniciativa tiene por objeto establecer un sistema de descuento de las remuneraciones totales mensuales del trabajador o trabajadora para fines educacionales.
El proyecto consta de un artículo único, que fue objeto de indicaciones, y que no posee carácter de norma de quórum calificado ni orgánica constitucional.
En ese escenario, vuestra Comisión aprobó la indicación de la diputada señora Adriana Muñoz y de los diputados señores Andrade, Baltolu , Bertolino , Jiménez , Salaberry , Silva y Vilches , para sustituir el artículo único por el siguiente:
“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 58 del Código del Trabajo:
1.- Elimínese, en su inciso primero, las oraciones que siguen después de su primer punto seguido, hasta su punto aparte.
2.- Incorpórese el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:
“Asimismo, con acuerdo del empleador y del trabajador que deberá constar por escrito, el empleador podrá descontar de las remuneraciones cuotas destinadas al pago de la adquisición de viviendas, cantidades para ser depositadas en una cuenta de ahorro para la vivienda y sumas destinadas a la educación del trabajador, su cónyuge o alguno de sus hijos. Para estos efectos, se autoriza al empleador a otorgar mutuos o créditos sin interés, respecto de los cuales el empleador podrá hacerse pago deduciendo hasta el 30% del total de la remuneración mensual del trabajador. Sin embargo, el empleador sólo podrá realizar tal deducción si paga directamente la cuota del mutuo o crédito a la institución financiera o servicio educacional respectivo.”.
3.- Incorpórese el siguiente inciso cuarto nuevo, pasando el actual inciso cuarto a ser quinto:
“Cualquiera sea el fundamento de las deducciones realizadas a las remuneraciones por parte del empleador, o el origen de los préstamos otorgados, en ningún caso aquellas podrán exceder, en conjunto, del 45% de la remuneración total del trabajador.”.
Aprobada por 8 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención. Votaron a favor la diputada señora Adriana Muñoz , y los diputados señores Andrade, Baltolu , Bertolino , Jiménez , Salaberry , Silva y Vilches .
Como consecuencia de lo expuesto y por las consideraciones señaladas en el informe, vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social recomienda a la Sala la aprobación del proyecto.
He dicho.
El señor OJEDA (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora Claudia Nogueira.
La señora NOGUEIRA (doña Claudia).- Señor Presidente , la presente moción constituye uno de los ejemplos clásicos de normas cuya feliz redacción entrega a las partes de un contrato de trabajo una herramienta eficaz a la hora de dar mayor contenido a la relación laboral.
En efecto, el trabajador celebra un contrato de trabajo no sólo con la perspectiva de obtener ingresos a cambio de su servicio, sino que adicionalmente se involucra en una relación de trabajo y convivencia, en la que él y su empleador aportan todas sus circunstancias humanas de vida familiar y social al desarrollo de esa relación.
Debemos entender que el trabajador no es indivisible a la hora de prestar sus servicios, por lo que la relación laboral debe dar cuenta de esa integralidad, y las normas que regulan el trabajo deben permitir que las partes cuenten con herramientas suficientes para materializar una relación fluida, que contenga las expectativas, los problemas y las soluciones que requieren las partes.
Uno de los aspectos que angustia a nuestras familias es el costo de la educación, porque todo trabajador sabe perfectamente que las posibilidades de empleo futuro de sus hijos radican, fundamentalmente, en sus posibilidades para acceder a los circuitos de educación básica y superior que les permitan adquirir conocimiento en una sociedad marcada por el acceso desigual a las fuentes de ingresos.
Se trata de un tema que ha sido abordado por este Congreso desde varias perspectivas: costo, institucionalidad y, hoy, la relacionada con el financiamiento eventual a través de la relación laboral.
La moción del diputado Andrade , que ha sido complementada con indicaciones de nuestro sector, particularmente del diputado Ernesto Silva , en la Comisión de Trabajo, permite que el empleador y el trabajador pacten un préstamo para fines educacionales, sin intereses, que se descontará a través de la remuneración mensual del trabajador con un importe máximo de un 30 por ciento de los emolumentos mensuales.
Adicionalmente, la Coalición por el Cambio propuso incorporar, como objeto de dicho préstamo, aquél que se pacta con fines de lograr el acceso a créditos habitacionales otorgados por el empleador, lo cual también se hace cargo de otra de las angustias y aspiraciones mayores de un trabajador: la vivienda.
Ése es el principal fondo virtuoso de la moción que hoy debatimos: que las partes puedan contar con una herramienta para dar solución concordada a una aspiración humana y familiar que es radical en nuestra sociedad. La vivienda es el espacio en que la familia del trabajador crece y se desarrolla, en tanto que la educación es la llave del progreso de los hijos, la única herencia tangible que la familia de un trabajador puede dejar a sus descendientes.
Además, ello permite que el trabajador tenga una alternativa de financiamiento para estas contingencias, diferente a las del mercado formal, donde normalmente se cobran intereses altos y se establecen cláusulas de cobranza que atentan contra la seguridad mínima de una familia de ingresos medios o bajos.
En este punto, vale la pena preguntarse cuánto de la precarización en la convivencia al interior de nuestras familias proviene de las condiciones abusivas de relación con el sistema financiero, que incentiva el consumo y, a la vez, usufructúa hasta el límite de las condiciones económicas de una familia, a través de los intereses y cláusulas arbitrarias.
La moción que hoy día debatimos avanza en una relación de trabajo más humana, de mayor comprensión y respeto por la contraparte y sus necesidades. No es claro cuántos empleadores podrán ofrecer a sus trabajadores estos préstamos convenientes, pero sí es claro que, a través de estas herramientas, se construye un mundo del trabajo más decente y moderno, porque una relación laboral moderna no pasa necesariamente por lo impersonal y tecnificado, sino que por la consideración de la importancia que tiene cada una de las aspiraciones de un trabajador en una empresa.
Concretamente, la moción que hoy analizamos modifica el capítulo referido a las remuneraciones, el cual contiene expresamente las regulaciones aplicables a los descuentos posibles de efectuar por el empleador, en las remuneraciones del trabajador.
Estos descuentos tienen límites de hasta un 15 por ciento para préstamos otorgados con fines generales y, hoy, de hasta un 30 por ciento para descuentos de cuotas hipotecarias.
De esta forma, a través de la presente moción, a estos descuentos se agrega el poder considerar un 30 por ciento de descuentos para fines educacionales y habitacionales, en tanto estos descuentos sean para el pago de préstamos que el propio empleador otorga, sin intereses, al trabajador.
El Ejecutivo señaló, en la tramitación del proyecto, que era importante mantener un límite máximo total de descuentos no superior al 45 por ciento existente hoy en la remuneración mensual del trabajador, más aún considerando que otros cuerpos legales resguardan que, al menos, el 50 por ciento de la remuneración sea reservada para el caso de obligaciones de alimentos decretadas judicialmente a favor del cónyuge o hijos menores del trabajador.
En suma, tenemos la posibilidad de tomar acuerdos en torno a los descuentos posibles sobre la remuneración del trabajador, principalmente referidos éstos a fines educacionales y habitacionales, no superando, en todo caso, el 45 por ciento del total de la remuneración del trabajador.
Finalmente, llamo a mis colegas no sólo a aprobar esta moción parlamentaria, entendiendo que constituye el reflejo de una visión moderna de las relaciones de trabajo al interior de la empresa, sino que a buscar y proponer medidas similares que cambien la lógica de conflicto y enfrentamiento en la relación laboral, por un esquema de colaboración, entendimiento y negociación colectiva entre trabajadores y empleadores.
No sólo anuncio mi voto a favor de esta moción, sino el de toda mi bancada.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Pérez.
El señor PÉREZ ( don Leopoldo).- Señor Presidente , nadie se puede restar a iniciativas como ésta. Al analizar el texto del artículo único del proyecto modificatorio, me asaltan algunas dudas que se habían reflejado en la discusión anterior.
Primero, debió actuarse en forma más rigurosa en relación con el descuento para la vivienda. Asimismo, me gustaría que el diputado informante aclare si las instituciones a las cuales el empleador o el trabajador postulan deben estar debidamente reconocidas por el Estado, ya sean organismos técnicos o profesionales de educación superior.
En el caso de la vivienda ocurre lo mismo. Se menciona que debe existir la cuenta de ahorro para la vivienda, pero no se dice nada respecto de la calidad de las instituciones financieras o cooperativas orientadas al tema de la vivienda y si éstas deben estar debidamente reconocidas y certificadas. De no ser ello así, se producirán los típicos problemas que acontecen cuando se embauca a un conjunto de trabajadores para acceder a la vivienda, cuestión que se ha vivido en muchas ocasiones.
Si se subsanan o aclaran esas dudas, daré mi voto favorable al proyecto. De lo contrario, prefiero que se le dé una vuelta más o se estudie una moción para aclarar el tema. Todo esto me parece un poquito peligroso, dado que existen inescrupulosos, tanto en el mercado de la educación como en el de la vivienda, que podrían, eventualmente, distorsionar esta muy buena idea, fundada en el marco modernizador de la relación empleador-trabajador, a fin de mantener las confianzas que son necesarias en los procesos productivos.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade.
El señor ANDRADE.- Señor Presidente , en el proyecto original se planteó la alternativa de que las instituciones que ofrecieran el servicio de educación tuvieran un rango de acreditación. En la discusión que se llevó a cabo oportunamente en la Comisión, y por iniciativa de la bancada de Gobierno, se sugirió que eso más bien quedara entregado al diálogo entre el trabajador y el empleador, entendiendo que ellos, más que nadie, iban a cautelar que el órgano que prestase el servicio, en este caso de educación, garantizara una acreditación suficiente.
Entonces, para no generar una discusión al respecto, entregamos esa decisión a la libertad, el entendimiento y la convicción de ambas partes.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Recuerdo a la Sala que el primer proyecto en tabla fue remitido, por pronunciamiento unánime de los señores diputados, nuevamente a la comisión técnica.
En votación particular el texto del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de descuentos a las remuneraciones para fines educacionales, que figura en el informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa 0 voto. Hubo 4 abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Despachado el proyecto.
PROYECTO APROBATORIO DE LA CONVENCIÓN CONJUNTA SOBRE SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE GASTADO Y SOBRE SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS. Primer trámite constitucional.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).-
Corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Gonzalo Arenas.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 7097-10, sesión 60ª, en 5 de agosto de 2010. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 67ª, en 31 de agosto de 2010. Documentos de la Cuenta N° 12.
El señor BECKER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ARENAS (de pie).-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de acuerdo sobre el Tratado internacional que aprueba la “Convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre seguridad en la gestión de desechos radioactivos”, aprobado el 5 de septiembre de 1997, en la conferencia diplomática convocada por el organismo internacional de energía atómica.
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), ha señalado que dicha Convención se aplica al combustible gastado y a los residuos radiactivos procedentes de reactores nucleares civiles y del combustible gastado y de los residuos radiactivos procedentes de programas militares o de defensa, siempre y cuando dichos materiales se transfieran y sean gestionados exclusivamente dentro de los programas civiles, o cuando sean declarados combustibles o residuos radiactivos a los efectos de la Convención por la parte contratante. También se aplica la Convención a las liberaciones planificadas y controladas en el medio ambiente de líquidos o gases de materiales radiactivos provenientes de instalaciones nucleares reglamentadas.
La Convención no contempla sanciones por el incumplimiento de sus disposiciones, sino que pretende estimular una mejora de la seguridad. No obstante ello, se obliga a los Estados parte a presentar un informe nacional, que permite llevar a cabo un análisis crítico de la situación nacional, identificando las fortalezas y debilidades.
Los objetivos de la Convención son los siguientes: en primer lugar, lograr y mantener en todo el mundo un alto grado de seguridad en la gestión del combustible gastado y de los desechos radiactivos, mediante la mejora de las medidas nacionales y de la cooperación internacional; en segundo lugar, asegurar que en todas las etapas de la gestión haya medidas eficaces contra los riesgos radiológicos potenciales, a fin de proteger a las personas, a la sociedad y al medio ambiente de los efectos nocivos de la radiación ionizante, y, en tercer lugar, prevenir los accidentes con consecuencias radiológicas y mitigar sus consecuencias.
Su ámbito de aplicación es la seguridad de la gestión del combustible gastado cuando éste provenga de la operación de reactores nucleares para usos civiles y la seguridad en la gestión de desechos radiactivos cuando éstos provengan de aplicaciones civiles.
El convenio establece que las partes adoptarán, en el ámbito de su legislación nacional, las medidas legislativas, reglamentarias, administrativas y otras que sean necesarias para dar cumplimiento a la Convención. Así, se regula el marco legislativo que cada parte contratante deberá establecer para normar la seguridad, así como los elementos que debe contemplar dicho marco, y designará un órgano regulador, el que se encargará de aplicarlo con la autoridad, la competencia y los recursos financieros y humanos adecuados. Además, se determinan las medidas que deberán adoptar los Estados parte para dar cumplimiento a las obligaciones que se derivan de esta Convención, referidos a los recursos humanos y financieros; la garantía de calidad; la protección radiológica operacional; la preparación para casos de emergencia, y la clausura.
Por último, el Convenio se refiere a los movimientos transfronterizos y a las medidas que cada Estado debe adoptar en dichas situaciones, como asimismo, a la obligación de los Estados de incorporar en sus legislaciones todas las medidas referentes para un correcto control de las fuentes selladas en desuso.
Hago presente a los distinguidos señores diputados que la Convención fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, y esperamos que la Sala tenga igual pronunciamiento.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
En votación el proyecto de acuerdo que aprueba la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos, aprobada el 5 de septiembre de 1997, en la Conferencia Diplomática convocada por el Organismo Internacional de Energía Atómica.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
ENVÍO DE PROYECTO DE LEY SOBRE ORDENAMIENTO TERRITORIAL RURAL.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la parte resolutiva del primer proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 131, de los señores Barros, Hernández, Cerda, Bauer, Macaya, Pérez, don José; de las señoras Pascal, doña Denise; Muñoz, doña Adriana; Sepúlveda, doña Alejandra, y del señor Carmona, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia el Presidente de la República que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que establezca un ordenamiento territorial rural que armonice los legítimos intereses de los sectores del agro, turismo, medio ambiente y patrimonio cultural rural, a fin de contar con normas legales claras para todos y que dicho instrumento sea un elemento clave en el desarrollo de los sectores agrícolas”.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros.
El señor BARROS.- Señor Presidente , en nuestro país existen normativas y regulaciones para el desarrollo del mundo urbano, como la ley general de Urbanismo y Construcciones, planos reguladores, planos intercomunales. Sin embargo, en un país pujante como Chile, estamos observando que ciertas actividades legítimas van entrando en conflicto con otros sectores de la producción que existen desde hace algún tiempo, como la eléctrica. Ahí están los casos de las centrales termoeléctricas que se pretendieron instalar en Punta Choros y en la comuna de Pichidegua, así como la termoeléctrica de Totihue.
Estos conflictos que observamos en los sectores rurales deben ser abordados por el Estado chileno, tal como se solicita en el proyecto de acuerdo.
Por ejemplo, los productores del valle de Casablanca, ícono de la producción de vinos blancos finos chilenos, hicieron un tremendo trabajo para sacar al mundo la marca Chile. No obstante, existe un proyecto para la producción de cerdos en el lugar, lo que generará conflictos de interés entre dos actividades legítimas, lo que dañará la vitivinícola, que se desarrolló con anterioridad, situación que sucede en muchos lugares del país.
Valles como Napa, en los Estados Unidos; Quebec, en Canadá, y Burdeos, en Francia, se dieron un ordenamiento territorial que impide ciertas actividades productivas que podrían vulnerar las constituidas con el esfuerzo de muchos años.
Por eso solicitamos, a través del proyecto de acuerdo, que se establezca algún tipo de ordenamiento territorial en el mundo rural, que no permita el desarrollo de algunas actividades que son muy legítimas, pero que lamentablemente dañan la imagen, el turismo o las actividades que se han desarrollado con mucho esfuerzo a lo largo de años.
Reitero, pido formalmente que aprobemos el proyecto de acuerdo, con el objeto de que el Ministerio de Agricultura vaya diseñando un ordenamiento territorial rural para evitar esos conflictos de interés, con el objeto de ir un paso adelante de las situaciones que se provocan día a día en nuestro país y que atentan contra esa misma población rural que se ve afectada por ciertas actividades productivas que le pueden provocar enormes perjuicios.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , el proyecto de acuerdo, que hemos firmado trasversalmente en la Cámara, busca entregar un ordenamiento territorial a las zonas rurales. Hoy, estas zonas son perjudicadas por empresas que afectan el medio ambiente. No cabe duda de que hay zonas más afectadas que otras, pero se debe tener en cuenta que la regulación del ordenamiento territorial no sólo conlleva la instalación de nuevas industrias, sino también parcelas de agrado.
En la Región Metropolitana, las ciudades se están comiendo las mejores tierras de producción hortícola, que es la alimentación de Santiago. Debemos mirar cómo protegemos las tierras rurales no sólo del trabajo de las empresas, sino también de la instalación de efectos negativos que muchas veces vienen de la necesidad de saneamiento de zonas urbanas.
Por ejemplo, en nuestras zonas de producción agrícola, se han instalado vertederos, plantas de tratamiento de aguas que afectan zonas rurales y productos agrícolas. Luego, es imposible que las tierras entreguen una producción totalmente sana.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
LIMITACIÓN DE HORARIOS DE TRABAJO EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 132, de los señores Meza, Robles, Farías, Araya, Jarpa, Pérez, don José; Teillier, Ascencio, Marinovic y Rojas, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia el Presidente de la República que instruya al ministro del Interior y a las autoridades que correspondan, estudiar la alternativa legal para implantar la obligación a las empresas constructoras de establecer horarios mínimos y máximos en faenas o actividades que signifiquen contaminación ambiental del tipo acústico, material particulado u otras que signifiquen perjuicios a los vecinos”.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Fernando Meza.
El señor MEZA.- Señor Presidente , el proyecto de acuerdo, que busca limitar los horarios de trabajo en las obras de construcción, intenta hacer realidad lo que contempla la Constitución, es decir, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Muchas vecinas y vecinos de todo Chile se quejan ante los parlamentarios porque hay obras de empresas constructoras que no tienen horario de término y perjudican con ello el descanso, el sueño y la actividad de mucha gente. El derecho a vivir en un medio ambiente libre contaminación no se cumple con las obras en construcción, porque muchas de éstas se extienden hasta altas horas de la noche, y constituyen un foco de contaminación acústica y de material particulado. Sus ruidos molestos perjudican el descanso, hay mucha gente que no puede conciliar el sueño, lo que constituye un daño a la salud.
Por lo tanto, para evitar estos daños solicitamos que se regulen los horarios de trabajo de las empresas constructoras, de modo de establecer límites de horarios mínimos y máximos para esas actividades.
Pedimos al ministro del Interior que busque la forma más amable de regular las actividades para que el país se siga desarrollando, pero, al mismo tiempo, que no se perjudique la vida de las vecinas y vecinos que muchas veces sufren en demasía por este tipo de obras.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Melero.
El señor MELERO.- Señor Presidente , más que estar en contra de la idea de conciliar que las obras se ejecuten en armonía con la vecindad y el medio ambiente, me parece que es un proyecto de potestad casi exclusiva y excluyente de los municipios. Son ellos, de acuerdo a sus ordenanzas y a las regulaciones, los que tienen que normar cuando se puede trabajar en una determinada obra. Desde luego, los municipios normalmente tratan de conciliar que las obras no afecten el sueño y las actividades propias de la vida cotidiana. Son habituales las prohibiciones y autorizaciones en la materia. Esta materia no es de competencia del Ministerio del Interior, sino, quizás, del Ministerio del Trabajo.
Es un proyecto de acuerdo que no tiene mucho más sentido que el que plantea. Hoy existen normas. El antiguo Servicio de Salud del Ambiente, hoy Secretaría Ministerial de la Salud, regula el tema de los ruidos y otras materias.
El proyecto de acuerdo está bien intencionado, pero no apunta a donde se encuentra radicada la competencia en esta materia.
Por eso, lo votaré en contra.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 6 abstenciones.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 24 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Nuevamente no hay quórum.
En consecuencia, la votación de este proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión ordinaria.
VII. INCIDENTES
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
AUMENTO DE SUBSIDIOS HABITACIONALES EN FAVOR DE FAMILIAS DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS. Oficio.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , pido que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo , señora Magdalena Matte , con el objeto de analizar la compleja situación que vive la Región de Los Lagos en materia de subsidios para 2011.
Desde que llegó a su cargo, el intendente de la Región de Los Lagos, señor Juan Sebastián Montes , con mucha insistencia ha endosado las responsabilidades de todo lo pendiente en la región al gobierno anterior, de nuestra Presidenta Michel Bachelet , pero él poco ha hecho por salvaguardar los dineros y presupuestos regionales y por buscar mejores alternativas que permitan, de una u otra manera, evitar que Santiago siga concentrando la mayor cantidad de recursos del país. Dicho sea de paso, esta semana se anunció la construcción de las líneas 3 y 6 del Metro -incluso, lo ratificó el Presidente de la República - lo que, desde nuestro punto de vista, va en desmedro de las regiones. Por eso la semana pasada emitimos nuestro voto en contra a un proyecto sobre esa materia.
En esta oportunidad, deseo expresar mi preocupación en relación con el tema de la vivienda, tal como lo han hecho parlamentarios de la región, como el diputado Vallespín y otros.
La cantidad de familias de la Región de Los Lagos que requiere contar con casa propia ha aumentado considerablemente. Sin embargo, se prevé que, en el marco de la ley de Presupuestos de la Nación para 2011, las posibilidades de salvaguardar tal necesidad son bastante exiguas.
Más de 700 familias están postulando a la casa propia en Llanquihue, comuna de 17 mil habitantes, y más de 300 en Fresia, Los Muermos, Río Negro y Purranque, todas las cuales están a la espera de la obtención de un subsidio habitacional. Por lo tanto, los recursos serán insuficientes para paliar esas necesidades, máxime considerando lo que se requiere para Puerto Montt, la capital regional; Osorno , Llanquihue y Castro , capital provincial de Chiloé.
En ese sentido, más allá de lo planteado por la Cámara Chilena de la Construcción, me sumo al requerimiento de la ciudadanía, en especial al de las familias que pretenden postular a esos recursos.
Por eso, pido que la ministra clarifique la situación de la región y estudie el aumento de los recursos que se le pretenden destinar este año.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Fernando Meza, José Miguel Ortiz, Ricardo Rincón y Patricio Vallespín.
INVESTIGACIÓN SOBRE EVENTUAL OMISIÓN EN APLICACIÓN DE SANCIÓN A EMPRESA INMOBISUR. Oficio.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
En segundo lugar, solicito que tanto la ministra como el contralor general de la República ordenen una investigación interna porque, desde mi punto de vista, en la Región de Los Lagos están ocurriendo algunas arbitrariedades en materia de licitaciones para el sub sidio para casas usadas y el Fondo Solidario de Vivienda II.
Cito un ejemplo. Algunas empresas sancionadas por ciertas dificultades el año pasado, no pudieron postular a los concursos para la adjudicación de los proyectos y presentar sus ofertas, lo que perjudicó abiertamente a la gente de la zona.
No obstante, a la empresa Inmobisur, -inmobiliaria y agencia habitacional ligada al Gobierno actual y a la Derecha de este país-, que fue sancionada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo que le impide postular a proyectos habitacionales durante un período de seis meses, según los antecedentes que tenemos no se le aplicaron los mismos criterios que a otras empresas que también se hallan sancionadas y no pudieron postular a ningún proyecto, con lo que se perjudicó más a la gente que a las propias EGIS.
En ese caso, solicito que el Ministerio de Vivienda investigué por qué a esa empresa no se le trató de la misma manera que al resto. Asimismo, que se instruya un procedimiento administrativo, en el sentido de verificar si es efectivo que la inmobiliaria, pese a encontrarse sancionada durante un período de seis meses, habría sido habilitada para participar en esos concursos sobre la base de criterios que desconocemos y que esperamos que la Contraloría General de la República y el ministerio nos clarifiquen.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Fernando Meza, José Miguel Ortiz, Ricardo Rincón y Patricio Vallespín.
INFORMACIÓN SOBRE EVENTUAL PRIORIZACIÓN DE FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA II. Oficio.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- En tercer lugar, pido que la señora ministra nos aclare la siguiente situación.
Se ha hablado mucho y existe mucha especulación en el ámbito habitacional en cuanto a que habría una disminución a nivel nacional del Fondo Solidario de Vivienda I para potenciar el Fondo Solidario de Vivienda II, con todo lo que eso significa. En efecto, potenciar el Fondo Solidario de Vivienda II implica, obviamente, otorgamiento de créditos, es decir, volver al mecanismo establecido en el pasado para la obtención de viviendas, en el que la gente se endeudaba a diez o veinte años y debía pagar un dividendo mensual. Eso se hacía en desmedro del Fondo Solidario de Vivienda I, que todos sabemos fue una de las grandes obras que la Concertación realizó para el país, por cuanto se entregaba viviendas sin deuda.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Fernando Meza, José Miguel Ortiz, Ricardo Rincón y Patricio Vallespín.
REVISIÓN DE SITUACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS QUE FUNCIONAN COMO ENTIDADES DE GESTIÓN INMOBILARIA SOCIAL (EGIS). Oficio.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Por último, pido que la señora ministra estudie la necesidad de hacer durante la ejecución de los proyectos una revisión de las constructoras que, a la vez, son Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS).
Cuando las empresas son al mismo tiempo constructoras y EGIS -esto me lo han dicho dirigentes de organizaciones de vivienda y gerentes ligados a algunas EGIS- se presta para cierto tipo de arbitrariedades, especulaciones inmobiliarias en relación con los terrenos y cuestiones de ese tipo.
Entonces, la idea es que se revisen esas materias con el objeto de mejorar aspectos que, a nuestro juicio, muchas veces perjudican a la gente y van en desmedro de una política habitacional que entendemos como tremendamente importante para el desarrollo del país.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Fernando Meza, José Miguel Ortiz, Ricardo Rincón y Patricio Vallespín.
MEDIDAS PARA DESARROLLO DEL TURISMO EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Oficios.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Mixto PRSD-PC-IND, tiene la palabra el diputado señor Meza.
El señor MEZA.- Señor Presidente , la Región de La Araucanía es la que históricamente se ha señalado como la más pobre de Chile. Las razones son múltiples, pero no es del caso desmenuzarlas ahora una por una.
Los remedios que se han propuesto para que La Araucanía salga de la situación en que se encuentra pasan no sólo por las actividades forestal o agrícola, sino fundamentalmente por la “industria sin chimeneas” llamada turismo.
Así lo han reconocido expertos, y también desde el Presidente de la República hasta el último de los parlamentarios que estamos acá representando a Chile, desde Arica a Punta Arenas.
Por lo tanto, si queremos desarrollar La Araucanía, hace falta hacer lo mismo con el turismo. ¿Cómo se desarrolla el turismo? Con infraestructura adecuada, preservación de nuestras riquezas naturales y defensa del medio ambiente.
En ese contexto, quiero hacer un llamado de atención a diferentes autoridades. Por eso, solicito oficiar a la directora de Sernatur, a la ministra de Bienes Nacionales, al ministro de Obras Públicas y a la directora Nacional de Obras Portuarias para, entre todos, tratar de defender lo que es tan preciado.
En La Araucanía hay muchos proyectos productivos. Algunos tienen que ver con las hidroeléctricas, que están amenazando la pureza de nuestras aguas, de nuestros recursos hídricos. Eso ocurre concretamente en Pucón, que es la puerta de entrada y salida del turismo en Chile, y se vincula con los lagos y la cordillera. Hoy, dicha comuna se encuentra amenazada por proyectos hidroeléctricos que, desde luego, llevarán una alteración tremenda al medio ambiente.
Los vecinos y vecinas del sector de Coilaco reclaman, con toda justicia, que se considere la defensa de esas aguas.
Lo mismo respecto de los pedimentos mineros que se han hecho en Curarrehue. Hace un mes, la Presidencia de la Cámara de Diputados tomó conocimiento de esta situación, que amenaza también las riquezas hídricas y el entorno natural.
Las pisciculturas son una amenaza permanente a la pureza de nuestros ríos en la zona lacustre de Villarrica, Pucón y Curarrehue.
Gorbea es una ciudad que posee una tremenda belleza natural en los saltos del Donguil. El río Donguil es hermoso. A la entrada de Gorbea desde el sur se producen unos saltos maravillosos que hoy no se pueden aprovechar porque la municipalidad no tiene la potestad para eso.
Es necesario que el Ministerio de Bienes Nacionales tome cartas en el asunto y vea la forma de hacer respetar las leyes referidas a las playas de ríos y lagos, que deben ser de uso público.
La comuna de Cunco necesita que la belleza del lago Colico sea más promocionada. Dicho lago es hermoso, pero si no se construyen caminos para llegar a él con prontitud, de forma normal y cómoda, desde luego no podrá entregar todo su potencial turístico.
Asimismo, tenemos la comuna de Toltén. Queule es una de las caletas más hermosas de Chile, pero carece de camino asfaltado, necesario para llegar hasta la ribera del mar. Se hizo un baipás que lleva hasta la Décima Región. Sin embargo, en la Región de La Araucanía se ha ignorado la presencia de esa hermosa caleta.
Por último, señor Presidente , hago hincapié en el Ministerio de Obras Públicas y, en particular en la Dirección de Obras Portuarias, para que tomen en cuenta la necesidad de recuperación de las playas de Villarrica, que está sumida en una situación de desesperación, porque, aun cuando tiene ese lago hermoso y esos volcanes, no tiene playas para ofrecer al turismo nacional e internacional.
En su momento, con el concejal Víctor Durán , conseguimos los dineros necesarios para el estudio de la recuperación de la playa Pucará. Al lado está la playa El Pescadito, un lugar tradicional e histórico; también está el sector Parque Lagos.
Por lo tanto, pido que se envíe un oficio al ministro de Obras Públicas y en particular a la directora Nacional de Obras Portuarias para que consideren el estudio de la recuperación de todo el sector playero de Villarrica -playa Pucará, playa El Pescadito, sector Parque Lagos- y la posterior habilitación completa -ojalá en el año próximo- de dicho sector para favorecer y promover el turismo en la Región de La Araucanía.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.41 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 14.30 horas.
El señor BECKER (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
NEGLIGENCIA DE AUTORIDADES EN INCENDIO OCURRIDO EN ISLA CHULÍN, CHILOÉ. Oficios.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente , en las Islas Desertores existe una isla que se llama Chulín , en el mar interior de Chiloé.
En la madrugada del domingo ocurrió allí un incendio en el cual murieron tres personas. La isla forma parte de la comuna de Chaitén, provincia de Palena, y está muy aislada.
Lo más dramático de la situación es que los cuerpos de las tres personas que fallecieron en el incendio permanecieron por más de 50 horas botados en el lugar del siniestro, sin que autoridad alguna hubiera iniciado los trámites correspondientes para entregárselos a sus deudos.
Fallaron la Fiscalía, la PDI, la gobernación provincial y las autoridades, lo que representa un problema gravísimo que quiero denunciar en esta oportunidad.
Por lo tanto, pido que se oficie al director nacional de la PDI, con el objeto de que nos informe acerca del cumplimiento de la orden impartida por la Fiscalía de Palena, en cuanto a que debían concurrir a la isla Chulín a realizar las diligencias correspondientes.
Al ministro del Interior , a fin de darle a conocer la situación señalada y de que informe sobre las razones por las cuales el gobernador provincial no resolvió en su oportunidad la situación de las familias de las víctimas.
Por último, al comandante en jefe de la Armada , para que nos informe sobre la actuación que le correspondió desempeñar en el suceso mencionado.
Hasta hoy, los tres cuerpos permanecían allí, tirados, custodiados por los vecinos, para que las aves carroñeras y los perros no se acercaran a ellos.
Esta situación dramática no puede volver a ocurrir, razón por la cual he pedido el envío de los oficios mencionados.
He dicho.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría
.
INFORMACION SOBRE SUSPENSIÓN DE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA LA PEQUEÑA MINERÍA DE REGIÓN DE COQUIMBO. Oficios.
El señor DE URRESTI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero referirme al problema que afecta al Comité de Mineros y Pirquineros de la comuna de Monte Patria.
Durante el pasado período presidencial, la seremi de Minería tenía un Programa de Fortalecimiento y Transferencia Tecnológica para la Pequeña Minería. Existía un compromiso de apoyo, con recursos, para hacer las mensuras necesarias para que los pirquineros y mineros de la Región de Coquimbo pudieran realizar su trabajo.
Con el cambio de gobierno, dicho programa quedó en el aire y hoy se corre el riesgo de que venzan los plazos y se pierdan los pedimentos mineros que han efectuado los pequeños mineros y los pirquineros. La actual seremi de Minería les ha señalado que el Gobierno no financiará las mensuras y, por lo tanto -repito-, corren el riesgo de perder sus pedimentos.
Por eso, pido que se oficie al ministro de Minería , con el objeto de que informe sobre el motivo de la suspensión del Programa de Fortalecimiento y Transferencia Tecnológica para la Pequeña Minería o, más que su suspensión, por qué el Gobierno desistió de seguir adelante con las mensuras, indispensables para que los pequeños mineros y pirquineros de una localidad de la comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo, puedan llevar a cabo sus actividades mineras.
Pido que se envíe copia de mi intervención al presidente del comité señalado, señor Juan de Dios Alfaro .
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS DE APOYO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS QUE PADECEN ALERGIA ALIMENTARIA. Oficio.
El señor DÍAZ.- En segundo lugar, quiero referirme a una situación que me dio a conocer una mamá de la Región de Coquimbo, quien forma parte de una fundación encargada de la atención de niños que sufren una enfermedad llamada alergia alimentaria, que tiene consecuencias muy complicadas para el presupuesto familiar.
Esta enfermedad la padecen muchos niños del país, que no pueden tomar la leche que entrega el Gobierno. Estamos hablando de personas de escasos recursos, y los efectos que provoca en la salud de esos niños son de naturaleza gástrica, respiratoria y de otro tipo.
La fundación encargada de apoyar a los niños que padecen de alergia alimentaria está dando una batalla para que el Estado subsidie la entrega de leche hipoalergénica, debido a su alto costo. De hecho, muchas mamás deben importarla desde Estados Unidos de América y, obviamente, por ser de escasos recursos, no están en condiciones de financiarla.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Salud , a fin de que informe sobre los programas de apoyo a familias de escasos recursos cuyos hijos padecen la enfermedad denominada alergia alimentaria, en relación con el subsidio a la leche hipoalergénica.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
PRONUNCIAMIENTO SOBRE CALIDAD DE PRODUCTOS QUE ENTREGAN EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES. Oficios.
El señor DÍAZ.- En tercer lugar, pido que se oficie al subsecretario de Telecomunicaciones, con el objeto de que informe respecto de una denuncia que he recibido y que tiene que ver con la calidad de la televisión por cable.
Se me ha informado que, en la medida en que van aumentando los servicios que se entregan a los clientes, es decir, telefonía, internet y nuevas señales, a través de la misma señal que transmite el servicio básico de TV cable, baja la calidad de los mismos.
Los contratos que suscriben los clientes con los proveedores del servicio de TV cable no se refieren a estándares de calidad, razón por la cual no hay forma alguna de que el cliente pueda reclamar. Lo que ocurre es que cuando uno contrata una determinada calidad de señal y la empresa va agregando nuevos productos, baja la calidad de los mismos, pero no existe posibilidad alguna de reclamar.
Por eso, pido que se oficie también al ministro de Economía , en particular al director del Servicio Nacional del Consumidor , a fin de que nos entregue su opinión acerca de si, en este caso, existiría incumplimiento de contrato o vulneración de los derechos del consumidor.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE DESPIDOS E INESTABILIDAD LABORAL EN INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (INIA). Oficio.
El señor DÍAZ.- Por último, pido que se oficie al ministro de Agricultura , con la finalidad de que nos informe qué está sucediendo, contractualmente, en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.
En la mayoría de las reparticiones vinculadas al INIA se han producido despidos -llegan a cerca de 68-, información que recibí de parte de dirigentes del sindicato de trabajadores del INIA de la Región de Coquimbo. Entiendo que se han entrevistado con los diputados Sergio Ojeda y Osvaldo Andrade , y con parlamentarios de nuestra región, a fin de darles a conocer lo que ellos denominan despidos injustificados.
Por eso, pido que se oficie al ministro de Agricultura , a fin de que nos informe sobre las decisiones que se han adoptado en materia de personal, a qué se deben los cambios efectuados, a qué se refieren cuando a los dirigentes sindicales se les dice que los cambios y las líneas estratégicas han significado reducción de gastos y, por lo tanto, de personal. Obviamente, ello está generando inestabilidad laboral y profunda preocupación en las distintas reparticiones del INIA.
He dicho.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE CARGOS ASIGNADOS A HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO, MONSEÑOR FERNANDO ARIZTÍA. Oficio.
El señor DE URRESTI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles, que representa a Vallenar y a otras comunas de la hermosa Región de Atacama.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , en realidad, es hermosa no sólo la comuna de Vallenar, sino también Alto del Carmen, Freirina, Huasco y, por supuesto, las de la zona norte de la región, como Caldera y Tierra Amarilla.
Quiero pedir que se oficie al ministro de Salud, pero espero que el oficio sea contestado antes de que termine el mes de octubre, porque necesitamos tener claridad respecto del proyecto de ley de Presupuestos, cuya discusión vamos a iniciar hoy.
Me interesa saber exactamente los cargos, tanto de profesionales médicos como paramédicos, auxiliares y administrativos asignados al hospital provincial del Huasco, Monseñor Fernando Ariztía , en respuesta al compromiso contraído por el Ministerio de Salud, en cuanto a incorporar todos los cargos que estaban en estudio de preinversión.
La información que tengo es que hay un déficit importante de funcionarios, sobre todo técnicos paramédicos, lo que ha obligado a la autoridad incluso a cerrar por tiempos limitados parte del establecimiento y dejar menos camas para la atención de pacientes.
Me interesa mucho tener claridad respecto de los compromisos entre los estudios de preinversión y cómo cumple el Ministerio de Salud esos requerimientos.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
CALIFICACIÓN DE HUASCO COMO COMUNA EN LATENCIA DE CONTAMINACIÓN POR MATERIAL PARTICULADO. Oficio.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , en segundo lugar, solicito que se oficie a la ministra del Medio Ambiente para que informe cuándo se reunirá el Consejo de Ministros para calificar a la comuna de Huasco en latencia desde el punto de vista de contaminación por material particulado.
Hace tiempo que se viene haciendo esta solicitud, pero el ministerio no ha cumplido con ese objetivo y se siguen aprobando proyectos termoeléctricos y otros en la misma comuna, con evidente aumento de la exposición a material contaminante, a material particulado y otros que esta comuna padece.
Por lo tanto, se requiere con urgencia que el Consejo de Ministros declare esa zona en latencia de contaminación, para que empiecen a operar todas las normas referidas a los proyectos en cuestión, que deben iniciar un proceso de disminución de los elementos contaminantes en Huasco.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE DIRECTORES REGIONALES Y FISCALIZADORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES. Oficio.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , por último, solicito que se oficie al ministro de Energía para que informe respecto de la profesión y capacitación de cada uno de los directores de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en nuestro país, institución que hace evaluaciones desde el punto de vista eléctrico y de combustible.
La información que poseo señala que la gran mayoría de los directores no están capacitados en el área eléctrica, no son profesionales en el área. Es más, tengo información de una persona que participó en uno de los concursos para fiscalizador en el SEC de la Región de Atacama. Él es ingeniero eléctrico y, desde el punto de vista de su capacidad profesional, cumple con los requisitos para ese cargo. Sin embargo, se adjudicó el cargo una persona que, desde el punto de vista profesional y técnico, no cumple con los requisitos establecidos.
Según la información que tengo, lo ocurrido en la Región de Atacama se repite en otras regiones. Al parecer, la SEC es una organización dotada de personal que, en general, no tiene ninguna vinculación con el área eléctrica o de combustibles, o por inspectores que no cumplen los requisitos necesarios para el trabajo que desempeñan. Incluso, en algunas regiones los cargos se llenan con personal del área de administración, como secretarias y otros, en circunstancias de que lo que necesitamos son fiscalizadores que tengan conocimiento del tema.
Por ello, me gustaría tener conocimiento cabal de quiénes dirigen la SEC a nivel regional en cada una de las regiones y también de la planta de fiscalizadores con sus respectivos currículos.
He dicho.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
MEDIDAS PARA DESBARATAR PRÁCTICAS DE ABIGEATO EN PURRANQUE. Oficios.
El señor DE URRESTI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , solicito que se oficie al ministro de Justicia y al fiscal regional de Los Lagos, don Alberto Ayala , con el objeto de denunciar una compleja situación que están viviendo familias campesinas de la comuna de Purranque.
Sólo en el último año, en los sectores circundantes a una localidad que se denomina La Poza, ha ocurrido una serie de hechos lamentables vinculados al abigeato. No son menos de 74 personas -en especial, pequeños agricultores- las que se han visto afectadas en el último año o año y medio, por robos de animales en sus propiedades. En muchos casos, esos animales constituían la herramienta de trabajo para los dueños de esos pequeños predios.
Así lo he conversado con diferentes dirigentes del sector, afectados también por esos robos, quienes han expresado su profunda preocupación sobre la materia.
Se estima que en el sector de Purranque opera una verdadera banda. Pese a que en el último año y medio algunos de sus integrantes han sido aprehendidos, hoy se encuentran en libertad y continúan ocasionando estragos a familias honradas, a pequeños agricultores purranquinos que tienen como misión fundamental entregar una mejor calidad de vida a sus hijos, pero que se han visto perjudicados por lo ocurrido.
Sólo una muestra de lo que ocurre: para un pequeño agricultor, el robo, por ejemplo, de una yunta de bueyes significa cortarle las manos, porque esos animales son insustituibles para el desarrollo de sus actividades productivas.
Por lo tanto, solicito que se oficie al fiscal regional para que la fiscalía adopte medidas que vayan más allá de las que hoy se están implementando.
Cuando se comete un robo, en muy pocas ocasiones se realiza una investigación profunda y permanente. Por lo general, esas causas quedan archivadas en los escritorios de algunos señores fiscales que no tienen el criterio necesario para la búsqueda de justicia, pese a que cuando se les entregan antecedentes fidedignos que dan cuenta de que en esas comunas operan, repito, verdaderas mafias que cuentan con vehículos de buen tonelaje para transportar los animales que roban. Dicha práctica causa estragos en esos campos, como ha venido ocurriendo en Purranque y, en particular, en sectores como La Poza, La Naranja, Hueyusca, Los Riscos y tantos otros.
Por lo tanto, como en los sectores mencionados y también en otros, como Collihuinco y Pueblo Hundido , y en la comuna de Fresia ocurren situaciones similares como consecuencia del accionar de esas bandas de malhechores, solicito que la fiscalía ponga en práctica medidas mucho más profundas, que signifiquen, por ejemplo, que los organismos que deben investigar esos hechos -me refiero a la Policía de Investigaciones y a Carabineros- empleen toda la tecnología disponible, para que esas bandas sientan que existe de parte de la fiscalía el deseo de perseguir esos delitos.
En definitiva, es necesario entregar a la policía más herramientas para investigar, de manera de desbaratar esas bandas.
Planteo este tema en la Cámara de Diputados, porque la situación ha sobrepasado todos los límites. Represento a nueve comunas, y si bien sé que en otras existe el abigeato, no se trata de una práctica permanente y sistemática como la que está ocurriendo en Purranque, que afecta a una considerable cantidad de familias. Repito, para muchas de esas familias sus animales constituyen su herramienta de trabajo para realizar sus actividades en el campo, y, muchas veces, al llegar la noche, lo pierden todo por la actuación de dichas bandas, que calificamos de lamentable y muy perjudicial.
Hago este llamado al fiscal regional y a la justicia en particular, para que se apliquen las medidas que permitan desbaratar la actuación de esas bandas, temibles en la zona.
He dicho.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión
-Se levantó la sesión a las 14.50 horas
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2011. (boletín N° 7226-05)
“Honorable Cámara de Diputados:
El Proyecto de Ley de Presupuestos para 2011, al ser el primero elaborado por el Gobierno que presido, constituye una herramienta clave para reafirmar las prioridades de esta administración y avanzar decididamente en implementarlas.
Este Proyecto tiene cuatro prioridades: acento en el gasto social, reforzamiento de la seguridad ciudadana, fortalecimiento de las regiones y foco en la inversión. Además refleja una nueva forma de gobernar caracterizada por la responsabilidad y transparencia en el uso de los recursos de todos los chilenos.
La propuesta para 2011 considera un crecimiento de 10,5% real del gasto del Gobierno Central Consolidado con respecto a la Ley de Presupuestos para 2010; un crecimiento de 14,9% del gasto social y de 18,7% del gasto de capital, lo que refleja claramente sus énfasis y compromisos.
Un presupuesto para alcanzar el Desarrollo
Este proyecto de ley recoge las prioridades de nuestro Programa de Gobierno y nos encamina en el inicio de nuestro tercer siglo de vida independiente por la senda de progreso, que nos permita alcanzar el desarrollo y superar la pobreza antes de que concluya esta década.
Constituye, además, el primer paso hacia la construcción de una Sociedad de Oportunidades y Seguridades para todos. Una que premie el esfuerzo y permita que los talentos de cada chileno y chilena puedan desarrollarse. Una sociedad en que todos cuenten con la libertad y certeza necesarias para desplegar su potencial creativo, alcanzar la realización personal y encontrar la felicidad.
Con este proyecto de presupuesto vamos a fortalecer el piso de las seguridades de nuestras familias a la vez que levantaremos el techo de sus oportunidades, pues esa es la misión que la ciudadanía nos encomendó a comienzos de este año.
Presentamos este proyecto en un año extraordinariamente difícil, en el que hemos debido enfrentar como una sola nación uno de los mayores desastres naturales de la historia de la humanidad. Gracias a esa unidad conseguimos atender oportunamente la emergencia e iniciar la reconstrucción sin postergar las ambiciosas metas de nuestro Programa.
Un proyecto de presupuestos para una Sociedad de Oportunidades
Para construir una verdadera Sociedad de Oportunidades para todos, impulsaremos, por medio de los recursos considerados en este proyecto, un conjunto de iniciativas en materia de empleo, educación, innovación y emprendimiento.
En materia de Empleo, proponemos incrementar en 390 mil millones de pesos el presupuesto del Ministerio del Trabajo. Esto permitirá dar un paso importante hacia la meta de capacitar a 5 millones de trabajadores durante nuestro Gobierno. También permitirá triplicar la cobertura de las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral, llegando a 300 comunas. Además considera los recursos para entregar subsidios a la contratación de 140.000 jóvenes, un 40% más que en 2010.
En materia de Educación proponemos un crecimiento de 7,6% respecto de la Ley de Presupuestos de 2010. Esto considera los recursos para que a partir del próximo año los alumnos más vulnerables puedan recibir un incremento de 28% en la Subvención Preferencial (SEP). Permitirá también implementar los primeros 30 Liceos de Excelencia, que estarán en funcionamiento a partir de marzo del próximo año.
En materia de Inversión Pública, proponemos aumentar los recursos en un 18,7% respecto de la Ley de Presupuesto del 2010, lo que permitirá destinar más de 1.340 mil millones de pesos a Obras Públicas; financiar más de 200.000 soluciones habitacionales durante el próximo año y destinar más de 300 mil millones de pesos a inversión en salud.
Un proyecto de presupuesto para una Sociedad de Seguridades
Para construir una verdadera Sociedad de Seguridades, este presupuesto considera el mayor gasto social de la historia, superior en 14,9% a lo aprobado para 2010, con énfasis en Pobreza, Salud y Educación.
En materia de Pobreza, se busca incrementar en un 53% los recursos para programas de protección social del Ministerio de Planificación. También propone ampliar la cobertura del Sistema de Pensiones Solidarias desde el 55% al 60% más vulnerable, beneficiando en total a 1.200.000 personas que podrán gozar de pensiones más dignas, cerca de 120.000 más que en el presente año.
En materia de Salud, nuestro compromiso es asegurar una salud digna y oportuna para todos nuestros compatriotas. Es por eso que proponemos un incremento del presupuesto del Ministerio en un 12,5%. Estos recursos permitirán aumentar en un 8,8% el valor del pago per cápita para Atención Primaria, implementar el Bono de Garantía Auge, incrementar en más de un 10% las camas críticas y financiar la formación de más de 400 especialistas y sub-especialistas para reforzar la red pública de salud.
En materia de Combate a la Delincuencia y el Narcotráfico, el proyecto de ley de presupuestos de Carabineros de Chile permite tener durante el próximo año más de 4.000 nuevos efectivos policiales, de los 10.000 que comprometimos para nuestro período. Permite también reforzar la Policía de Investigaciones, y el combate al narcotráfico en los puestos fronterizos.
Un proyecto de presupuestos para las regiones de Chile
Este proyecto propone que las Regiones cuenten con un presupuesto histórico. Para ello, se contemplan $783 mil millones para que los Gobiernos Regionales realicen inversiones en vialidad, saneamiento, salud, educación e infraestructura básica, lo que representa un incremento de 77% real respecto del promedio anual invertido en el período 2005-2009.
Un proyecto responsable
En términos macro-fiscales, el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2011 ha sido formulado de manera consistente con un déficit estructural de 1,8% del Producto Interno Bruto (PIB), que resulta de aplicar la metodología de cálculo del balance estructural sugerida por el Comité Asesor para el Diseño de una Política Fiscal de Balance Estructural de Segunda Generación para Chile, y de considerar los parámetros entregados por los respectivos comités consultivos externos, que estimaron un precio del cobre de largo plazo de 259 centavos de dólar la libra, y un crecimiento del PIB tendencial de 4,8% para 2011.
Considerando el punto de partida de 2009, dado por un déficit estructural de 3,1% del PIB y un déficit efectivo de 4,4% del PIB, el Presupuesto 2011 representa un gran esfuerzo de responsabilidad fiscal orientado a converger hacia un déficit estructural de sólo 1% del PIB en 2014 y hacia un balance estructural en el mediano plazo.
Este esfuerzo, que implica un crecimiento de 5,5% real del gasto del Gobierno Central Consolidado con respecto a lo proyectado para 2010, es consistente con el retiro del impulso fiscal aplicado en 2009 para hacer frente a la crisis económica internacional, impulso no requerido en 2011 debido a la sólida recuperación que está experimentando nuestra economía. Más aún, un excesivo crecimiento del gasto público, sería contraproducente para esta recuperación, por cuanto presionaría a la baja el tipo de cambio real afectando a los sectores exportadores, presionaría al alza la inflación, y desplazaría la demanda privada repercutiendo negativamente en la tasa de crecimiento de la economía y el empleo al disminuir la inversión.
CONTENIDO DEL PROYECTO
El artículo 1° contiene el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Público, que conforma los presupuestos de ingresos y gastos del Fisco y de los servicios e instituciones regidos por la Ley de Administración Financiera del Estado. El total neto asciende a $ 28.287.683 millones y US$ 2.229 millones.
En el subtítulo Gastos en Personal, de cada uno de los presupuestos de los servicios e instituciones que se proponen, se incorpora el efecto año de los mejoramientos sectoriales y generales aprobados en anualidades anteriores y en la presente y, en su caso, las provisiones correspondientes, lo que se refleja en la cifra pertinente en moneda nacional contenida en este artículo 1°.¬
El artículo 2° incluye los ingresos generales de la Nación y los programas de gastos en subsidios, operaciones complementarias, servicio de deuda y transferencias de aportes fiscales a los organismos que aprueban presupuesto en esta ley. Este agregado presupuestario, denominado Tesoro Público, presenta niveles de ingresos y gastos del orden de $ 24.613.855 millones y US$ 2.160 millones.
El artículo 3° tiene como propósito autorizar al Presidente de la República para contraer, hasta por el monto que se señala, obligaciones de carácter financiero en el exterior o en el país. Por las características de este tipo de operaciones en cuanto al plazo de los compromisos que se contraen, resulta indispensable que este artículo sea aprobado por el H. Congreso Nacional con quórum calificado, según lo dispuesto en el artículo 63, N° 7 de la Constitución Política de la República.
Los artículos siguientes proponen disposiciones complementarias sobre materias de orden presupuestario.
El artículo 4° se refiere a limitaciones al gasto, en cuanto a que sólo en virtud de ley puede incrementarse la suma de determinados conceptos de egresos corrientes. Asimismo, se dispone similar exigencia respecto de gastos en inversión, cuando se haya alcanzado el 10% por sobre la suma aprobada en esta ley para esos fines, sin perjuicio de las excepciones o exclusiones que establece. Con ello, se da cumplimiento al inciso tercero del artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, en cuanto a que en la Ley de Presupuestos corresponde fijar limitaciones al gasto y las exclusiones y autorizaciones de su variación que procedan. El inciso final perfecciona las limitaciones del nivel de gasto, disponiendo que aquel monto en que se disminuya la suma determinada conforme al inciso primero de esta disposición (gasto corriente), para incrementar las cantidades a que se refiere este inciso (gasto de capital), constituirá una reducción definitiva del nivel autorizado en el citado inciso primero.
El artículo 5° dispone la obligación de los órganos y servicios públicos de informar al Gobierno Regional correspondiente, las iniciativas de inversión que realizarán en la región y que hayan identificado conforme a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975.
El artículo 6° regula los procedimientos de licitación a que estarán afectos los servicios públicos para adjudicar durante el año 2011 la realización de estudios para inversiones y proyectos de inversión, distinguiendo, en relación a sus montos, la utilización de licitación pública o privada.
El artículo 7° tiene como objetivo resguardar el interés fiscal, al facultar a la autoridad correspondiente para que, en los decretos que dispongan transferencias de recursos, se puedan incorporar condiciones de uso o destino de éstos e información periódica sobre su aplicación y reintegros cuando corresponda. El inciso final no permite que, con las transferencias que constituyan asignaciones globales a unidades de un servicio o a programas ejecutados total o parcialmente por éste, se destinen recursos para gastos en personal y bienes y servicios de consumo, excepto aquellos que estén expresamente autorizados en el respectivo presupuesto.
El artículo 8° prohibe a los organismos y servicios públicos, la adquisición, arrendamiento o construcción de viviendas destinadas a sus funcionarios, con las excepciones que se señalan.
Mediante el artículo 9° se establece un mecanismo de flexibilización de las dotaciones máximas de personal, permitiendo reasignar dotación entre servicios de cada ministerio sin que se pueda superar la dotación total del conjunto de aquellos. Adicionalmente, se otorga la facultad de reasignar recursos con tal objeto.
El artículo 10 regula la provisión de cargos vacantes durante el año 2011.
A través del mecanismo propuesto en el artículo 11, se persigue posibilitar el reemplazo del personal contratado que, por cualquier causa, no pueda desempeñar su cargo por un período de treinta días corridos. El objetivo de esta norma es evitar la disminución de servicios causada por tales ausencias, estableciéndose en la misma disposición el resguardo de mayores gastos y el procedimiento de justificación de tales reemplazos.
El artículo 12 dispone un procedimiento para la provisión de los cargos de Alta Dirección Pública, regulados en la norma que se cita de la ley N° 19.882, precisando cuales son los mecanismos e instancias más idóneas, públicas y de menor costo, en los cuales incluir toda la información relativa a los procesos de selección de los respectivos cargos y los requisitos exigidos, sin apartarse del espíritu que informa la citada norma.
En el artículo 13 se regula la adquisición y arrendamiento de los vehículos motorizados que señala, como también el procedimiento para reasignar dotación de vehículos entre los servicios dependientes de un mismo ministerio, sin alterar la dotación máxima total de la respectiva cartera.
El artículo 14 regula el destino del producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que, de acuerdo a sus facultades, efectúe durante el año 2011 el Ministerio de Bienes Nacionales.
En el inciso final del citado artículo 14, se mantiene la excepción respecto del destino de los ingresos producto de las enajenaciones de bienes inmuebles de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, en el sentido que éstos se incorporarán anualmente en la Ley de Presupuestos, en los respectivos capítulos de la Partida Ministerio de Defensa Nacional.
En el artículo 15 se establece que la Dirección de Presupuestos deberá proporcionar a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, y a la Comisión Especial de Presupuestos, información relativa a la ejecución del presupuesto, deuda pública y del Banco Central, copia de los balances y estados financieros de las empresas del Estado y demás que señala.
En el artículo 16, y en concordancia con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° de la ley N° 19.908, se solicita autorización por el monto que se señala para efectuar las operaciones autorizadas y reguladas en dicho artículo 5°.
En el artículo 17, nuevo, se autoriza al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado a los créditos que contraigan o a los bonos que emitan las empresas del sector público y las universidades estatales, hasta por la cantidad de US$500.000.000 (quinientos millones de dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en otras monedas.
Se regula la forma de ejercer esta facultad, y la extensión de la garantía que se puede otorgar.
Asimismo, se establece que todas aquellas empresas que reciban la garantía estatal para las operaciones de deuda que contraten, deberán suscribir, previamente, un convenio de programación con el Comité Sistema de Empresas de Corporación de Fomento de la Producción, con el objeto de que el Gobierno cuente con una instancia de análisis y evaluación uniforme de la gestión y del desarrollo de los planes y las políticas de las aludidas empresas.
En el artículo 18 se propone un procedimiento autorizatorio destinado a centralizar la procedencia y gasto producto de la afiliación o incorporación de los organismos públicos a diferentes organismos internacionales, radicándolo en el ministerio del ramo y en la cartera de Relaciones Exteriores.
El artículo 19 identifica los mecanismos reglamentarios y administrativos necesarios para la ejecución del presupuesto del Sector Público para el año 2011.
El artículo 20 fija la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, con la excepción que señala.
El artículo 21 señala el porcentaje de los recursos destinados a avisaje y publicaciones, que las reparticiones públicas podrán realizar en medios de comunicación con clara identificación local.
El artículo 22 otorga la calidad de agentes públicos a los encargados de programas presupuestarios previstos en esta ley que se encuentren contratados a honorarios.
El artículo 23 contiene una norma que obliga a los órganos y servicios públicos de la administración civil del Estado incluidos en esta ley a remitir a la Biblioteca del Congreso Nacional, en soporte electrónico, una copia de informes derivados de estudios e investigaciones que se contraten con cargo a la asignación 22.11.001.
Finalmente, el artículo 24 establece la obligación de los organismos públicos de informar, a más tardar el 31 de marzo de 2011, a las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la nómina de los proyectos y programas de inversión financiados con el subtítulo 31, su calendario de ejecución y si fuera pertinente, su calendario de licitación.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y CALCULO DE GASTOS
Artículo 1º.- Apruébase el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Público, para el año 2011, según el detalle que se indica:
A.- En Moneda Nacional:
En Miles de $
Resumen de los Presupuestos de las Partidas
Deducciones de Transferencias
Total
Ingresos
28.983.565.960
695.882.771
28.287.683.189
Impuestos
19.734.527.668
19.734.527.668
Imposiciones previsionales
1.557.371.849
1.557.371.849
Transferencias corrientes
440.884.218
306.127.839
134.756.379
Rentas de la propiedad
301.127.201
23.514.019
277.613.182
Ingresos de operación
519.781.904
519.781.904
Otros ingresos corrientes
470.340.252
470.340.252
Venta de activos no financieros
27.532.821
27.532.821
Venta de activos financieros
2.164.519.116
2.164.519.116
Recuperación de préstamos
248.670.265
248.670.265
Transferencias para gastos de capital
421.799.156
366.240.913
55.558.243
Endeudamiento
3.058.412.347
3.058.412.347
Saldo inicial de caja
38.599.163
38.599.163
En Miles de $
Resumen de los
Presupuestos de las
Partidas
Deducciones de Transferencias
Total
Gastos
28.983.565.960
695.882.771
28.287.683.189
Gastos en personal
4.568.510.014
4.568.510.014
Bienes y servicios de consumo
1.886.086.931
1.886.086.931
Prestaciones de seguridad social
6.025.729.761
6.025.729.761
Transferencias corrientes
8.862.841.916
297.182.297
8.565.659.619
Integros al fisco
48.509.620
32.459.561
16.050.059
Otros gastos corrientes
3.311.765
3.311.765
Adquisición de activos no financieros
186.413.662
186.413.662
Adquisición de activos financieros
927.753.461
927.753.461
Iniciativas de inversión
2.341.263.166
2.341.263.166
Préstamos
457.372.052
457.372.052
Transferencias de capital
3.144.065.199
366.240.913
2.777.824.286
Servicio de la deuda
514.309.821
514.309.821
Saldo final de caja
17.398.592
17.398.592
B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares:
En Miles de US$
Resumen de los Presupuestos de las Partidas
Deducciones de transferencias
Total
Ingresos
2.228.531
2.228.531
Impuestos
2.479.200
2.479.200
Rentas de la propiedad
2.210.571
2.210.571
Ingresos de operación
4.520
4.520
Otros ingresos corrientes
345.547
345.547
Venta de activos financieros
-2.852.579
-2.852.579
Recuperación de préstamos
3.166
3.166
Endeudamiento
35.106
35.106
Saldo inicial de caja
3.000
3.000
En Miles de US$
Resumen de los
Presupuestos de las
Partidas
Deducciones de transferencias
Total
Gastos
2.228.531
2.228.531
Gastos en personal
141.915
141.915
Bienes y servicios de consumo
209.099
209.099
Prestaciones de seguridad social
815
815
Transferencias corrientes
63.419
63.419
Adquisición de activos no financieros
3.917
3.917
Adquisición de activos financieros
1.648.552
1.648.552
Iniciativas de inversión
900
900
Préstamos
3.166
3.166
Transferencias de capital
300
300
Servicio de la deuda
154.448
154.448
Saldo final de caja
2.000
2.000
Artículo 2º.- Apruébanse los Ingresos Generales de la Nación y los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, para el año 2011, a las Partidas que se indican:
Miles de $
Miles de US$
Ingresos generales de la nación:
Impuestos
19.734.527.668
2.479.200
Transferencias corrientes
112.454.853
20
Rentas de la propiedad
156.663.658
2.210.571
Ingresos de operación
9.739.000
4.520
Otros ingresos corrientes
146.518.136
322.638
Venta de activos no financieros
99.600
Venta de activos financieros
1.448.778.520
-2.893.393
Recuperación de préstamos
73.080
Transferencias para gastos de capital
30
Endeudamiento
3.000.000.000
34.749
Saldo inicial de caja
5.000.000
2.000
Total ingresos
24.613.854.515
2.160.335
Aporte fiscal:
Presidencia de la República
13.745.913
Congreso Nacional
88.903.253
Poder Judicial
336.284.265
Contraloría General de la República
45.655.838
Ministerio del Interior
826.140.677
Ministerio de Relaciones Exteriores
53.196.956
159.144
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
254.378.371
Ministerio de Hacienda
287.521.573
Ministerio de Educación
5.249.301.422
Ministerio de Justicia
631.198.670
Ministerio de Defensa Nacional
1.724.086.339
191.967
Ministerio de Obras Públicas
1.444.518.754
Ministerio de Agricultura
309.600.874
Ministerio de Bienes Nacionales
22.112.338
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
5.325.218.113
Ministerio de Salud
2.381.133.468
Ministerio de Minería
32.603.841
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
1.505.004.655
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
596.917.564
Ministerio Secretaría Gene-ral de Gobierno
88.662.766
Ministerio de Planificación
393.279.477
Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República
7.527.146
Ministerio Público
109.322.686
Ministerio de Energía
55.953.644
Ministerio del Medio Ambiente
29.006.912
Miles de $
Miles de US$
Programas Especiales del Tesoro Público:
Subsidios
721.363.351
Operaciones Complementarias
1.578.884.665
1.343.108
Servicio de la Deuda Pública
502.330.984
154.448
Fondo de Reserva de Pensiones
77.883
Fondo de Estabilización Económica y Social
233.785
Total aportes
24.613.854.515
2.160.335
Artículo 3°.- Autorízase al Presidente de la República para contraer obligaciones, en el país o en el exterior, en moneda nacional o en monedas extranjeras, hasta por la cantidad de US$ 6.000.000 miles que, por concepto de endeudamiento, se incluye en los Ingresos Generales de la Nación.
Autorízasele, además, para contraer obligaciones, en el país o en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 1.800.000 miles o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.
Para los fines de este artículo podrán emitirse y colocarse bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la República .
La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario 2011 y aquellas que se contraigan para efectuar pago anticipado de deudas constituidas en ejercicios anteriores, deducidas las amortizaciones incluidas en esta ley para el año 2011, no serán consideradas en el cómputo del margen de endeudamiento fijado en los incisos anteriores.
La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones que se contraigan, indicando las fuentes de recursos con cargo a los cuales debe hacerse el servicio de la deuda. Copia de estos decretos serán enviados a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro de los quince días siguientes al de su total tramitación.
Artículo 4°.- En conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, sólo en virtud de autorización otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto de los montos para los gastos en personal, bienes y servicios de consumo, prestaciones de seguridad social, transferencias corrientes, integros al Fisco y otros gastos corrientes incluidos en el artículo 1° de esta ley, en moneda nacional y moneda extranjera convertida a dólares.
No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto de los mayores egresos que se produzcan en los ítem de los referidos subtítulos que sean legalmente excedibles de acuerdo al artículo 28 del decreto ley N° 1.263, de 1975, y a la glosa 01, Programa Operaciones Complementarias de esta ley ni a los incrementos originados en la asignación de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, en venta de activos financieros, en ingresos propios asignables a prestaciones o gastos, en recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N° 1.263, de 1975 . Los mayores gastos efectivos o incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos señalados en el inciso precedente, según corresponda.
Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma de las cantidades, aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de adquisición de activos no financieros, iniciativas de inversión y transferencias de capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto superior al 10% de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con reasignaciones presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en el inciso primero de este artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, del producto de venta de activos, de recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o de recuperación de anticipos. Los incrementos que provengan de las referidas reasignaciones disminuirán en igual cantidad el monto máximo establecido en el inciso primero de este artículo. Los aportes a cada una de las empresas incluidas en esta ley podrán elevarse hasta en 10%.
Artículo 5°.- Los órganos y servicios públicos deberán informar mensualmente al Gobierno Regional correspondiente, los estudios básicos, proyectos y programas de inversión que realizarán en la región y que hayan identificado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975. Tal información comprenderá el nombre del estudio, proyecto o programa, su monto y demás características, y se remitirá dentro de los quince días siguientes al término del mes de total tramitación de los respectivos decretos.
Artículo 6°.- La propuesta o licitación pública será obligatoria respecto de los proyectos y programas de inversión y de los estudios básicos a realizar en el año 2011, cuando el monto total de éstos, contenido en el decreto o resolución de identificación, sea superior al equivalente en pesos de mil unidades tributarias mensuales respecto de los proyectos y programas de inversión, y de quinientas de dichas unidades en el caso de los estudios básicos, salvo las excepciones por situaciones de emergencia contempladas en la legislación correspondiente. Tratándose de los incluidos en las partidas Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las referidas cantidades serán de diez mil unidades tributarias mensuales para los proyectos y programas de inversión y de tres mil de tales unidades en los estudios básicos.
Cuando el monto respectivo fuere inferior a los señalados en el inciso precedente, la adjudicación será efectuada conforme al procedimiento establecido en el decreto supremo N° 151, de 2003, del Ministerio de Hacienda.
Las empresas contratistas y subcontratistas que ejecuten obras o presten servicios financiados con recursos fiscales, que incurran en incumplimientos de las leyes laborales y previsionales durante el desarrollo de tales contratos, y sin perjuicio de las sanciones administrativas existentes, serán calificadas con nota deficiente en el área de administración del contrato; calificación que pasará a formar parte de los registros respectivos y se considerará en futuras licitaciones y adjudicaciones de contratos.
Las instituciones privadas, cualquiera sea su naturaleza, al momento de contratar con el Estado deberán acompañar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración. En el evento que la institución privada se encuentre incorporada en algún registro por incumplimientos laborales o de remuneraciones, o bien no acompañe los referidos certificados en el momento correspondiente, no podrá contratar con el Estado mientras no subsane el incumplimiento que la afecte.
Artículo 7°.- En los decretos que dispongan transferencias con imputación a los ítem 01, 02 y 03, de los subtítulos 24 Transferencias Corrientes y 33 Transferencias de Capital de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, se podrá indicar el uso o destino que deberá dar a los recursos la institución receptora; las condiciones o modalidades de reintegro de éstos a que quedará afecta dicha entidad y la información sobre su aplicación que deberá remitir al organismo que se señale en el respectivo decreto.
Aquellas transferencias incluidas en el subtítulo 24, que constituyan asignaciones globales a unidades de un Servicio o a programas ejecutados total o parcialmente por éste, deberán desglosarse en forma previa a la ejecución presupuestaria, en los distintos conceptos de gasto, visado por la Dirección de Presupuestos, y remitirse mensualmente a esta última un informe sobre avance de egresos y actividades, conjuntamente con la información de ejecución presupuestaria mensual. Dicho desglose constituirá la autorización máxima de gasto en los respectivos conceptos, sin perjuicio de las modificaciones que se le introduzcan mediante igual procedimiento. La visación podrá efectuarse a contar de la fecha de publicación de esta ley.
Con todo, en los conceptos de gastos antes señalados no podrán incluirse recursos para gastos en personal y bienes y servicios de consumo, salvo que estén autorizados por norma expresa en el respectivo presupuesto.
Artículo 8°.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición, construcción o arrendamiento de edificios para destinarlos a casas habitación de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre esta materia incorporados en los presupuestos del Poder Judicial , del Ministerio de Defensa Nacional y en los de inversión regional de los gobiernos regionales en lo que respecta a viviendas para personal de educación y de la salud en zonas apartadas y localidades rurales.
Artículo 9°.- No obstante la dotación máxima de personal o de horas semanales fijadas en este presupuesto a los servicios públicos, por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio del ramo, el que deberá llevar también la firma del Ministro de Hacienda , podrá aumentarse la dotación u horas semanales de alguno o algunos de ellos con cargo a la disminución de otro u otros, sin que pueda, en ningún caso, aumentarse la dotación máxima o número de horas semanales del conjunto de los servicios del Ministerio respectivo. En el mismo decreto supremo podrá disponerse la transferencia, desde el o los presupuestos de los servicios en que disminuya la dotación, al o a los servicios en que se aumente, de los recursos necesarios para afrontar en éste o éstos el gasto correspondiente al aumento de dotación, o efectuar las reasignaciones presupuestarias que procedan con igual objeto.
Artículo 10.- Durante el año 2011, sólo podrá reponerse el 50% de las vacantes que se produzcan en los servicios públicos que tengan fijada dotación máxima de personal en esta ley, por la dejación voluntaria de sus cargos que realicen sus funcionarios, salvo en aquellos casos que la Dirección de Presupuestos autorice previamente la reposición de un porcentaje mayor de dichas vacantes.
Con todo, para efectuar las reposiciones que procedan conforme al inciso precedente, la institución respectiva deberá contar con disponibilidad presupuestaria suficiente para financiar las reposiciones, lo que será certificado por la autoridad del servicio, sobre la base del informe de su unidad de finanzas. Tal certificación se acompañará al respectivo acto administrativo.
Lo dispuesto en los incisos precedentes no se aplicará respecto de las vacantes que se produzcan por tales causas en los cargos de las plantas de directivos de carrera.
El acto administrativo que disponga la reposición deberá contener la identificación de los decretos o resoluciones de cesación de funciones en que se fundamenta.
Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos podrán contratar personal que reemplace a funcionarios contratados que, por cualquier razón, se encuentren imposibilitados para desempeñar sus cargos por un período superior a 30 días corridos. Dichas contrataciones no se imputarán a la respectiva dotación máxima de personal y sólo podrán efectuarse si la entidad cuenta con disponibilidad de recursos para tal efecto, lo que deberá ser certificado por la autoridad superior de la institución, sobre la base del informe de su unidad de finanzas. Tal certificación se acompañará al respectivo acto administrativo.
Artículo 12.- Para los efectos de proveer durante el año 2011 las vacantes de los cargos a que se refiere el artículo cuadragésimo octavo de la ley N° 19.882, se convocará a los procesos de selección a través de las páginas web institucionales u otras que se creen, donde se dará información suficiente, entre otras materias, respecto de las funciones del cargo, el perfil profesional, las competencias y aptitudes requeridas para desempeñarlo, el nivel referencial de remuneraciones, el plazo para la postulación y la forma en que deberán acreditarse los requisitos. Adicionalmente, se publicará en diarios de circulación nacional, avisos de la convocatoria del proceso de selección, los que deberán hacer referencia a las correspondientes páginas web para conocer las condiciones de postulación y requisitos solicitados.
Artículo 13.- Los órganos y servicios públicos de la administración civil del Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición, a cualquier título, de toda clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, cuyo precio supere los que fije dicho Ministerio.
Igual autorización previa requerirán los órganos y servicios que tengan fijada dotación máxima de vehículos motorizados, para tomar en arrendamiento tales vehículos o para convenir, en cualquier tipo de contratos, que éstos les sean proporcionados por la otra parte, para su utilización en funciones inherentes al servicio.
Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, incrementarán la dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el siguiente inciso, hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se fije mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda.
La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las Partidas de esta ley para los servicios públicos comprende a todos los destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado con la fórmula “Por orden del Presidente de la República ”, el cual deberá ser visado por el Ministerio de Hacienda, con cargo a la disminución de la dotación máxima de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la dotación máxima del Ministerio de que se trate.
En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse el traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados .
Artículo 14.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 2011 el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas desde 1986 al 2010, se incorporarán transitoriamente como ingreso presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes objetivos:
65% al Gobierno Regional de la Región en la cual está ubicado el inmueble enajenado, para su programa de inversión;
10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y
25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales de la Nación.
La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente.
No obstante lo anterior, si las empresas a que se refiere el inciso precedente enajenaren todo o parte de los bienes inmuebles adquiridos al Ministerio de Bienes Nacionales dentro del plazo de un año contado desde la fecha de inscripción del dominio a su nombre, el Fisco aportará al gobierno regional respectivo el 65% del precio pagado al referido Ministerio, o la proporción correspondiente si la venta fuere parcial.
Los ingresos producto de las enajenaciones de los bienes inmuebles de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Publica no estarán afectos a lo dispuesto en los incisos anteriores y las aplicaciones que se efectúen con cargo a estos recursos se incorporarán anualmente en la Ley de Presupuestos, en los respectivos capítulos de la Partida Ministerio de Defensa Nacional, identificando los ingresos y gastos estimados en cada caso. Estas enajenaciones se efectuarán por licitación pública y los recursos sólo podrán emplearse en proyectos de infraestructura, incluidos proyectos de inversión social, tales como habitabilidad y mejoramiento de las condiciones de vida de todo el personal integrante de estas instituciones, y en proyectos de infraestructura militar. La proporción de proyectos militares será inferior a la de proyectos de inversión social, salvo autorización expresa del Ministerio de Defensa. Trimestralmente el Ministerio de Defensa Nacional deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos de las enajenaciones y los proyectos de infraestructura financiados con los recursos a que se refiere este inciso.
Artículo 15.- La Dirección de Presupuestos proporcionará a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos los informes y documentos que se señalan, en la forma y oportunidades que a continuación se indican:
1. Informe de ejecución presupuestaria mensual de ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo mes.
2. Nómina mensual de los decretos que dispongan transferencias con cargo a la asignación Provisión para Financiamientos Comprometidos, de la Partida Tesoro Público, totalmente tramitados en el período, dentro de los quince días siguientes al término del mes respectivo.
3. Informe de ejecución presupuestaria trimestral de ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre, incluyendo en anexos un desglose de los ingresos tributarios del período, otras fuentes de financiamiento y comportamiento de la deuda bruta del Gobierno Central.
4. Informe de la ejecución trimestral del presupuesto de ingresos y de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de partidas, capítulos y programas aprobados respecto de cada una de ellas, estructurado en presupuesto inicial, presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha respectiva, incluido el gasto de todas las glosas de esta ley, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.
5. Informe financiero trimestral de las empresas del Estado y de aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, que comprenderá un balance consolidado por empresa y estado de resultados a nivel consolidado y por empresa. Dicho informe será elaborado por el Comité Sistema de Empresas de la Corporación de Fomento de la Producción o quien lo suceda o reemplace, y será remitido dentro de los quince días siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo plazo de presentación fijado por la Superintendencia de Valores y Seguros.
6. Informe semestral de la deuda pública bruta y neta del Gobierno Central y de la deuda bruta y neta del Banco Central, con sus notas explicativas y antecedentes complementarios, dentro de los noventa días y ciento veinte días siguientes al término del correspondiente semestre, respectivamente.
7. Copia de los balances anuales y estados financieros semestrales de las empresas del Estado, Televisión Nacional de Chile, el Banco del Estado de Chile, la Corporación del Cobre de Chile, de todas aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, realizados y auditados de acuerdo a las normas establecidas para las sociedades anónimas abiertas, y de las entidades a que se refiere la ley N° 19.701. Dichas copias serán remitidas dentro de los quince días siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo plazo de presentación fijado por la Superintendencia de Valores y Seguros.
8. Copia de los contratos de préstamo que se suscriban con organismos multilaterales en uso de la autorización otorgada en el artículo 3° de esta ley, dentro de los quince días siguientes al de su total tramitación.
9. Informe de las operaciones de cobertura de riesgo de activos y pasivos autorizados en el artículo 5° de la ley N° 19.908.
10. Informe Trimestral sobre los Activos Financieros del Tesoro Público , dentro de los 30 días siguientes al término del respectivo trimestre.
11. Informe trimestral sobre el Fondo de Reserva de Pensiones y el Fondo de Estabilización Económica y Social, dentro de los 90 días siguientes al término del respectivo trimestre.
12. Informe trimestral, dentro de los 30 días siguientes al término del respectivo trimestre, de las asignaciones comprendidas en los subtítulos 24 y 33, para cada uno de los programas de esta ley. Adicionalmente y en las mismas fechas, los organismos responsables de dichos programas, deberán publicar en su página web institucional la individualización de los proyectos beneficiados, nómina de beneficiarios, metodología de elección de éstos, las personas o entidades ejecutoras de los recursos, los montos asignados y la modalidad de asignación.
Si las asignaciones a las que hace mención el párrafo precedente corresponden a transferencias a municipios, el informe respectivo también deberá contener una copia de los convenios firmados con los alcaldes, el desglose por municipio de los montos transferidos y el criterio bajo el cual éstos fueron distribuidos.
Para dar cumplimiento a lo señalado en los párrafos anteriores, la información indicada deberá ser entregada por los organismos correspondientes, debiendo además ser publicada en los mismos plazos en la página web de los organismos obligados a proporcionarla.
El reglamento a que se refiere el inciso tercero del artículo 7° de la ley N° 19.862, deberá establecer que la inscripción de cada operación de transferencia deberá señalar el procedimiento utilizado en su asignación, si es por concurso, asignación directa u otro. Trimestralmente, la Subsecretaría de Hacienda enviará un informe sobre la base de la información proporcionada por el Registro Central de Colaboradores del Estado , identificando el total de asignaciones directas ejecutadas en el período a nivel de programa.
Asimismo, toda información que en virtud de otras disposiciones de la presente ley deba ser remitida a las referidas Comisiones de Hacienda, será igualmente proporcionada por los respectivos organismos a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y estará disponible en la página web de la Dirección de Presupuestos en las fechas señaladas.
Artículo 16.- Durante el año 2011, la suma de los montos involucrados en operaciones de cobertura de riesgos financieros que celebren las entidades autorizadas en el artículo 5° de la ley N° 19.908, no podrá exceder de US$2.000.000 miles o su equivalente en moneda nacional. Tales operaciones se deberán efectuar con sujeción a lo dispuesto en la citada norma legal.
Artículo 17.- Durante el año 2011 el Presidente de la República podrá otorgar la garantía del Estado a los créditos que contraigan o a los bonos que emitan las empresas del sector público y universidades estatales, hasta por la cantidad de US$500.000.000 (quinientos millones de dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.
La autorización que se otorga al Presidente de la República , será ejercida mediante uno o más decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones por contraer, indicando las fuentes de los recursos con cargo a los cuales debe hacerse el servicio de la deuda.
Las garantías que otorgue el Estado en conformidad con este artículo se extenderán al capital, reajustes e intereses que devenguen los créditos y los bonos mencionados precedentemente, comisiones, contratos de canje de monedas y demás gastos que irroguen, cualquiera sea su denominación presente o futura, hasta el pago efectivo de dichas obligaciones.
Las empresas señaladas en el inciso primero, para obtener la garantía estatal señalada, deberán suscribir previamente un convenio de programación con el Comité Sistema de Empresas de la Corporación de Fomento de la Producción, en que se especificarán los objetivos y los resultados esperados de su operación y programa de inversiones, en la forma que se establezca mediante instrucciones del Ministerio de Hacienda. A estos convenios les será aplicable la disposición del inciso segundo del artículo 2° de la ley N° 19.847.
Artículo 18.- Los órganos y servicios públicos incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio del ramo, visada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, para afiliarse o asociarse a organismos internacionales, renovar las existentes o convenir aumento de sus cuotas. En el evento que la incorporación les demande efectuar contribuciones o aportes, se deberá certificar la disponibilidad de recursos para afrontar tales gastos.
Artículo 19.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley y los que correspondan para la ejecución presupuestaria, se ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúen por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben los artículos 22 y 24 del decreto ley N° 3.001, de 1979, el párrafo final del inciso segundo del artículo 8° del decreto ley N° 1.056, de 1975, y el artículo 4° de la ley N° 19.896, y la excepción a que se refiere el inciso final del artículo 9° de la ley N° 19.104 , se cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda , quién podrá delegar tales facultades, total o parcialmente, en el Director de Presupuestos .
Las visaciones dispuestas en el artículo 5° de la ley N° 19.896 serán efectuadas por el Subsecretario respectivo, quien podrá delegar tal facultad en el Secretario Regional Ministerial correspondiente y, en el caso de los gobiernos regionales, en el propio Intendente.
Artículo 20.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1 de enero del año 2011, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha de su publicación los decretos a que se refiere el artículo 3°.
Artículo 21.- Los órganos y servicios públicos, cuando realicen avisaje y publicaciones en medios de comunicación social, deberán efectuarlos, al menos hasta en un 20% en medios de comunicación con clara identificación local. Los mismos se distribuirán territorialmente de manera equitativa.
Los órganos y servicios a que se refiere este artículo, deberán dar cumplimiento de la obligación establecida en el inciso anterior, por medio de sus respectivas páginas web.
Artículo 22.- Los encargados de los programas presupuestarios previstos en esta ley que se encuentren contratados a honorarios, tendrán la calidad de agentes públicos, con la consecuente responsabilidad penal y administrativa, y sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente de su superior jerárquico.
Artículo 23.- Los órganos y servicios públicos de la administración civil del Estado incluidos en esta ley deberán remitir a la Biblioteca del Congreso Nacional, en soporte electrónico, una copia de los informes derivados de estudios e investigaciones contratados en virtud de la asignación 22.11.001, dentro de los 180 días siguientes a la recepción de su informe final.
Artículo 24.- En caso de contar con asignaciones correspondientes al subtítulo 31, la entidad responsable de la ejecución de los recursos deberá informar a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar el 31 de marzo de 2011, la nómina de los proyectos y programas financiados con cargo a los recursos señalados, su calendario de ejecución y también, en caso de ser pertinente, su calendario de licitación.
La información señalada en el inciso previo, desglosada por ministerio, deberá estar disponible en el sitio web de la Dirección de Presupuestos, y deberá ser acompañada, en el plazo que corresponda, por la ejecución trimestral de los recursos señalados.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): SEBASTIAN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; FELIPE LARRAIN BASCUÑAN , Ministro de Hacienda ”.
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica el artículo 126 bis de la Constitución Política de la República, sobre territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández . (boletín N° 6756-07).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto. (boletín N° 7075-06)
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece registro de dichas inhabilidades. (boletín N° 6952-07).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el
proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
5. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que regula el contrato de seguro. (boletín N° 5185-03)
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
6. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad. (boletín N° 5838-07)
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
7. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que propone el cambio de nombre del Museo Folclórico Araucano, Juan Antonio Ríos , por el de Ruka Moñen Tayu Folil, Juan cayupi Huechicura. (boletín N° 7023-24).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
8. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia en todos los trámites constitucionales –incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley N° 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos irregulares y, renueva su vigencia (boletín N° 6830-14) en todos sus trámites constitucionales incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
9. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que otorga un bono a los cónyuges que cumplan cincuenta años de matrimonio. (boletín Nº 7074-05)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda informa el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
1.- Origen y urgencia
La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados por un mensaje de S.E. el Presidente de la República , calificada de “suma” urgencia para su tramitación legislativa.
2.- Disposiciones o indicaciones rechazadas
Ninguna.
3.- Disposiciones que no fueron aprobadas por unanimidad
La letra f) del artículo 1° del proyecto.
4.- Se designó diputado informante al señor Silva, don Ernesto.
-o-
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Felipe Larraín , Ministro de Hacienda ; Jaime Salas , Andrés Venegas y Pablo Santiago , Asesores del Ministerio de Hacienda; la señora Paula Benavides , Jefa del Departamento de Investigación y Estudios Actuariales de la Dirección de Presupuestos, y el señor Francisco del Río , Asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
El propósito de la iniciativa consiste en reconocer el rol del matrimonio en la sociedad, otorgando a los esposos que cumplan 50 años unidos por dicho vínculo y reúnan los demás requisitos que establece la ley, un bono extraordinario de $ 250.000.-, por matrimonio y por única vez.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 13 de julio de 2010, señala el efecto fiscal del proyecto para el período 2010- 2013:
Año
Millones $
2010
3.677
2011
3.569
2012
3.469
2013
4.188
Con fecha 4 de agosto de 2010, se presentó un informe financiero sustitutivo relativo al bono extraordinario para quienes cumplan 50 años de matrimonio a partir del 1 de enero de 2010, consignando un gasto de $ 3.677 millones durante el primer año de vigencia, monto que se financiará con cargo al presupuesto vigente del Instituto de Previsión Social, y en lo que faltare, con los recursos que se traspasen de la partida presupuestaria Tesoro Público. En los años siguientes, los recursos serán provistos en las respectivas leyes de presupuestos.
Un informe financiero complementario, de fecha 8 de septiembre de 2010, se hace cargo de las indicaciones del Ejecutivo al proyecto que otorgan un bono extraordinario, por única vez, de $ 250.000.- a quienes cumplan 60 años de matrimonio a partir del 1 de enero de 2010, en los mismos términos que el beneficio entregado a aquellos que cumplan 50 años de matrimonio y a aquellos cónyuges que durante el año 2010 cumplan 61 o más años de matrimonio.
La indicación presenta un gasto de $ 6.532 millones durante el primer año de vigencia que se financiará en la forma indicada anteriormente. En los años siguientes, los recursos serán provistos en las respectivas leyes de presupuestos.
En el debate de la Comisión el señor Felipe Larraín explicó que, en su forma original, la iniciativa apuntaba a otorgar un bono de celebración de bodas de oro, ascendente a 250 mil pesos, para aquellos matrimonios que pertenecieran al 80 por ciento más vulnerable de la población y que cumplieran 50 años de casados entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013. Este bono beneficiaría a 30 mil personas por año y tendría un costo del orden de 7 millones de dólares anuales.
Posteriormente, fruto de diversas propuestas hechas transversalmente al Ejecutivo y acogidas por éste, se aprobó en la Comisión de Familia el otorgamiento de un bono de 250 mil pesos a los matrimonios pertenecientes a los cuatro quintiles de menores ingresos, pero que cumplan 50 ó 60 años de casados a partir del 1 de enero de 2010, sin límite de tiempo hacia adelante, como asimismo, a los que cumplan 61 o más años de casados durante el año 2010.
De este modo, se beneficiaría a todas las parejas que cumplan esos requisitos dentro del presente año y no sólo a partir de la aprobación de la ley en proyecto. Destacó que el beneficio que originalmente se extinguiría el año 2013 ahora se hace permanente y se otorgaría desde este año hasta el 2020, a los cónyuges que cumplan 50 y 60 años de matrimonio, respectivamente, cubriéndose así gradualmente un stock que no podría cubrirse de una sola vez, dado que ello irrogaría un gasto superior a los 70 millones de dólares.
Aclaró el señor Ministro que las personas que cumplan entre 51 y 59 años de matrimonio a partir del 1 de enero de este año no tendrán derecho a este bono, pero al menos tendrán la expectativa de acceder a él al cumplir 60 años de casadas, lo que adicionalmente podría tener el efecto de incentivar la continuación de la vida matrimonial.
Otra diferencia que presenta el proyecto aprobado por la Comisión de Familia con la propuesta original es que el bono se reajustará el 1 de octubre de cada año, en el 100% de la variación que experimente el IPC. También, se establece que podrán ser beneficiarios los cónyuges que cumplan con los requisitos exigidos en un segundo o posterior matrimonio.
Dada las enmiendas introducidas al proyecto, los beneficiarios del bono serán ahora 30 mil personas por año entre las que cumplen 50 años de casadas a partir del 1 de enero de 2010; 14 mil por año entre las que cumplen 60 años de casadas desde esa misma fecha en adelante, y 40 mil entre las que cumplen 61 o más años de vida en común durante el año en curso, llegándose a un total de 84 mil personas beneficiadas el primer año de vigencia de la ley.
Agregó el señor Larraín que la estimación de costos de la iniciativa asciende a 19,6 millones de dólares para el año 2010; a 10,3 millones de dólares entre 2011 y 2019, y a poco más de 7 millones de dólares desde 2020 en adelante, suponiendo que para entonces se habrán beneficiado todas las parejas que cumplan entre 51 y 59 años de matrimonio a partir de este año (impetrando su derecho al bono al cumplir 60 años de casadas).
Finalmente, explicó que para cobrar el bono instaurado en este proyecto, que se pagará por mitades a cada cónyuge, éstos deberán concurrir en forma conjunta, personalmente o representados, a solicitarlo y acreditar el cumplimiento de los requisitos en la forma que establezca el reglamento.
El Diputado señor Jaramillo abogó por otorgar un premio honorífico o alguna forma de reconocimiento estatal a los cónyuges que, perteneciendo al 20 por ciento más rico de la población, cumplan también 50 o más años de matrimonio.
El señor Ministro de Hacienda respondió las inquietudes y consultas de los Diputados presentes manifestando, en primer lugar, su disposición a estudiar la posibilidad de otorgar un reconocimiento estatal a los matrimonios de 50 o más años de duración, pertenecientes al quintil menos vulnerable de la población.
Puntualizó, por otro lado, que el beneficio establecido en el proyecto correspondería a los matrimonios civiles legalmente celebrados o inscritos en Chile, excluyéndose por tanto los contraídos sólo en ceremonia religiosa y, desde luego, a quienes no puedan acreditar la existencia del vínculo. En este último caso, explicó que no hay manera de acreditar fehacientemente una convivencia de larga duración, por lo que sería inviable extender el beneficio a las parejas de convivientes, por razones prácticas.
En cuanto al objetivo del proyecto, sostuvo que para algunas personas el beneficio que otorga podría constituir un incentivo y para otras un simple reconocimiento. En todo caso, compartió la idea de que las familias tienen un conjunto de problemas que el Estado debe contribuir a solucionar, pero claramente esta iniciativa no apunta a ello, ni tampoco cree que vaya a motivar a las parejas que tengan diferencias irreconciliables a permanecer unidas para acceder al bono.
Respecto del índice a utilizar para determinar la vulnerabilidad, puntualizó que será la Ficha de Protección Social, porque es el instrumento más razonable que el Gobierno tiene disponible para hacerlo, sin perjuicio de perfeccionarlo para mejorar la focalización.
En lo referente al plazo para impetrar el beneficio, no estuvo de acuerdo en que haya un trato discriminatorio entre las parejas que cumplan 50 ó 60 años de matrimonio antes o después de la entrada en vigencia de la ley en proyecto. De hecho, el plazo es de seis meses para todas ellas, salvo que su cómputo se inicia al cumplirse dicho requisito por regla general, o en la fecha de publicación de la ley, si aquella circunstancia ha tenido lugar antes de ésta. Con todo, se manifestó dispuesto a revisar también la duración de este plazo, en atención a las aprensiones planteadas al respecto.
Sobre la posibilidad de ampliar la cobertura del bono sin rebajar su monto, reiteró que existe una limitación presupuestaria para ello, porque irrogaría un gasto cercano a los 72 millones de dólares extender el beneficio a todas las parejas pertenecientes a los cuatro quintiles de menores ingresos que hayan cumplido 50 o más años de matrimonio a partir del pasado 1 de enero, y mucho más si se pretendiera cubrir también a las del último quintil.
Finalmente, en cuanto al requisito de residencia mínima para las personas que migran periódicamente a través de la frontera, hizo presente que aquélla no requiere acreditar domicilio y que, conforme al artículo 65 del Código Civil, éste no se pierde por el hecho de residir la persona largo tiempo en otra parte, si conserva su familia y el asiento principal de sus negocios en el domicilio anterior. Por ello, quienes permanezcan fuera del territorio temporalmente por razones de trabajo, en la medida que el matrimonio continúe vigente y que estén viniendo a Chile, deberían poder acceder al beneficio.
De todos modos, se comprometió a estudiar el asunto con mayor detalle; pero, en general, señaló que la exigencia, similar a la contenida en la ley de reforma previsional, apunta a evitar el oportunismo de matrimonios residentes en el extranjero que eventualmente pudieran trasladarse a Chile para impetrar el beneficio de que trata el proyecto.
La Comisión de Familia dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento del proyecto aprobado por ella.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:
Por el artículo 1° del proyecto, se concede por una sola vez, un bono extraordinario a todos los cónyuges que reúnan los siguientes requisitos:
a) Cumplir 50 años de matrimonio a partir del 1 de enero de 2010. El matrimonio podrá haber sido celebrado en Chile o en un país extranjero, en cuyo caso deberá haber sido inscrito en el registro señalado en el inciso segundo del artículo 135 del Código Civil;
b) Que el matrimonio no hubiese terminado por cualquier causa legal;
c) Que los cónyuges no se encontraren separados de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III de la Ley de Matrimonio Civil N° 19.947;
d) Que los cónyuges no se encontraren divorciados de conformidad con la Ley de Matrimonio Civil del 10 de enero de 1884;
e) Integrar un hogar perteneciente al 80% más vulnerable de la población, de acuerdo con la Ficha de Protección Social o el instrumento que la reemplace. Los cónyuges deberán pertenecer al mismo hogar o acreditar residencia, ambos o cualquiera de ellos, en un establecimiento de larga estadía para adultos mayores reconocido por la autoridad competente, y
f) Acreditar residencia en el territorio de la República de Chile por un lapso no inferior a cuatro años en los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acogerse a los beneficios que otorga esta ley.
Un reglamento expedido por el Ministerio de Hacienda y suscrito además por el Ministro de Planificación , señalará la forma de acreditar la residencia en común. Dicho reglamento también fijará el umbral de focalización que determinará quiénes cumplen con el requisito consagrado en la letra e), y establecerá las demás normas necesarias para la aplicación de esta ley.
Lo establecido en las letras anteriores, no obsta a que puedan ser beneficiarios del bono los cónyuges que, en un segundo o posterior matrimonio, celebrado conforme al ordenamiento jurídico vigente, cumplan con los requisitos señalados precedentemente.
En el artículo 2°, se dispone que el bono establecido en esta ley ascenderá a $ 250.000, por matrimonio, y se pagará en iguales partes a cada uno de los cónyuges.
El bono no constituirá remuneración ni renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.
El monto del bono se reajustará el 1 de octubre de cada año, en el 100% de la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre el mes de septiembre del año precedente y el mes de agosto del año en que opere el reajuste respectivo.
En el artículo 3°, se señala que para impetrar el derecho al bono establecido en esta ley, los cónyuges, sea personalmente o debidamente representados, a partir de la fecha del cumplimiento del requisito de la letra a) del artículo 1° y hasta los seis meses siguientes a la verificación de dicha exigencia, deberán presentar conjuntamente su solicitud ante el Instituto de Previsión Social. Se entenderá que renuncian al bono los beneficiarios que no lo soliciten en el plazo antes señalado.
Los Diputados señores Auth , Lorenzini , Montes y Ortiz formularon una indicación para reemplazar la palabra “seis” por “doce”.
En el artículo 4°, se contempla que el Instituto de Previsión Social verificará el cumplimiento de los requisitos para acceder al bono y ordenará su pago, con todos los antecedentes que disponga el Sistema de Información contenido en el artículo 56 de la ley N° 20.255. Además, el Instituto estará facultado para solicitar al Servicio de Registro Civil e Identificación, al Ministerio de Planificación, a la Policía de Investigaciones de Chile y otros organismos públicos, los datos personales y la información necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder al bono.
En el artículo 5°, se dispone que el bono será de cargo fiscal y se pagará por el Instituto de Previsión Social, por una sola vez, en la parte que corresponda a cada cónyuge. Al efecto, el Instituto de Previsión Social podrá celebrar convenios directos de pago con una o más entidades que garanticen la cobertura nacional. El plazo para el cobro del bono será de seis meses contado a partir de la fecha en que fue ordenado su pago por el mencionado Instituto.
En el artículo 6°, se estatuye que el Instituto de Previsión Social conocerá y resolverá los reclamos relacionados con las materias del bono de conformidad con lo establecido en la ley N° 19.880, y de acuerdo a las normas que imparta la Superintendencia de Seguridad Social, sin perjuicio de las facultades de esta última.
En el artículo 7°, se contempla que quienes perciban indebidamente el bono extraordinario que otorga esta ley, ocultando datos o proporcionando datos falsos, se les aplicarán las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponderles. Además, el infractor deberá restituir las sumas indebidamente percibidas, reajustadas de conformidad con la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que se percibió y el que antecede a su restitución.
En el artículo 8°, se establece que corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social la supervigilancia y fiscalización del otorgamiento y pago del bono. Para estos efectos, se aplicarán las disposiciones orgánicas de la Superintendencia y esta ley. Además, la Superintendencia podrá requerir a los órganos señalados en el artículo 4° los datos personales y la información que fuere necesaria para el ejercicio de las funciones precedentemente indicadas.
El personal del Instituto de Previsión Social y de la Superintendencia de Seguridad Social deberá guardar reserva y secreto absoluto de las informaciones de las cuales tome conocimiento en virtud del artículo 4°; sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley. Asimismo, dicho personal deberá abstenerse de usar los datos recopilados en beneficio propio o de terceros. Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, se estimará que los hechos que configuren infracciones a esta disposición vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan.
En el artículo primero transitorio, se señala que no obstante lo dispuesto en la letra a) del artículo 1°, los cónyuges que cumplan 60 años de matrimonio a partir del 1 de enero de 2010, y reúnan los demás requisitos establecidos en el artículo 1°, tendrán derecho a impetrar, por una sola vez, el bono dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que hubiesen cumplido 60 años de matrimonio. En ningún caso tendrán derecho al bono aquellos cónyuges que hubiesen sido beneficiarios del mismo al cumplir 50 años de matrimonio, o que habiendo tenido derecho a impetrar el mencionado beneficio, en dicha oportunidad, no lo hubiesen solicitado dentro del plazo establecido al efecto.
De igual forma, los cónyuges que durante el año 2010 cumplan 61 o más años de matrimonio y reúnan los demás requisitos exigidos, podrán impetrar, por una sola vez, el derecho al bono dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la publicación de esta ley. Con todo, aquellos cónyuges que cumplan 61 años de matrimonio entre la fecha de publicación de esta ley y el 31 de diciembre de 2010, tendrán derecho a impetrar el bono dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que hubiesen cumplido el periodo de matrimonio mencionado en este inciso.
Aquellos cónyuges que hubiesen cumplido 50 o 60 años de matrimonio, entre el 1 de enero de 2010 y la fecha de publicación de esta ley, podrán impetrar el derecho al bono dentro de los seis meses siguientes a la fecha de dicha publicación, siempre que reúnan los requisitos para tener derecho a él.
Se entenderá que renuncian al bono aquellos beneficiarios que no lo soliciten en el plazo respectivo.
Los Diputados señores Auth , Lorenzini , Montes y Ortiz formularon una indicación para reemplazar en el inciso primero de este artículo la palabra “seis” por “doce”.
En el artículo segundo transitorio, se dispone que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley, se financiará con cargo al presupuesto vigente del Instituto de Previsión Social, y en lo que faltare, con los recursos que se traspasen de la Partida Presupuestaria Tesoro Público de la Ley de Presupuestos del Sector Público.
En el artículo tercero transitorio, se establece que el primer reajuste al monto del bono se efectuará el 1 de octubre de 2011.
Puestos en votación los artículos 3º y 1º transitorio, con las indicaciones antedichas, fueron aprobados por la unanimidad de los Diputados señores Auth , Godoy , Jaramillo , Lorenzini , Macaya , Marinovic , Nicolás Monckeberg , Montes , Ortiz , Recondo , Silva y Von Mühlenbrock .
Puesta en votación la letra f) del artículo 1º, fue aprobada por 11 votos a favor de los Diputados señores Godoy , Jaramillo , Lorenzini , Macaya , Marinovic , Nicolás Monckeberg , Montes , Ortiz , Recondo , Silva y Von Mühlenbrock y 1 voto en contra del Diputado señor Auth .
Sometido a votación el resto del articulado del proyecto, fue aprobado también por asentimiento unánime de los Diputados señores Auth , Godoy , Jaramillo , Lorenzini , Macaya , Marinovic , Nicolás Monckeberg , Montes , Ortiz , Recondo , Silva y Von Mühlenbrock .
Tratado y acordado en sesión de fecha 28 de septiembre de 2010, con la asistencia de los Diputados señores Von Mühlenbrock, don Gastón ( Presidente ); Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Monckeberg, don Nicolás ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto , y Silva, don Ernesto , según consta en el acta respectiva.
Sala de la Comisión, a 1 de octubre de 2010.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión ”.
Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Goic, doña Carolina , y de los diputados señores Lorenzini , Núñez , Torres y Walker . Modifica el Código Sanitario con el objeto de facultar a las matronas para recetar anticonceptivos. (boletín N° 7245-11)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hasta la aprobación de la ley N° 19.536, el Código Sanitario vigente hasta esa fecha establecía en su artículo 117 lo siguiente:
“El ejercicio de la profesión de matrona comprenderá la atención del embarazo, parto y puerperio normales.
En la asistencia de partos, sólo podrán intervenir mediante maniobras en que se apliquen técnicas manuales y practicar aquellas curaciones que signifiquen atención inmediata de la parturienta.
Podrán usar y prescribir sólo aquellos medicamentos que el reglamento clasifique como necesarios para la atención de partos normales.”.
Durante la discusión del proyecto de ley que dio origen a la redacción vigente, la Cámara de Diputados propuso agregar al inciso primero lo siguiente “y la atención del recién nacido, como, asimismo, actividades relacionadas con la salud reproductiva, la planificación familiar y la ejecución de acciones derivadas del diagnóstico y tratamiento médico, velando por la mejor administración de los recursos asistenciales de la matronería.”.
El objetivo de estos cambios era complementar y modernizar la definición legal “incluyendo en ella otras acciones de salud que la matrona realiza en forma normal y habitual desde hace algún tiempo.” (Primer Informe de la Comisión de Salud en primer trámite Constitucional).
En el Senado, en lo que importa, el texto fue modificado, tras una indicación de la Senadora Olga Feliú, que apuntaba a sustituir las expresiones “la salud reproductiva” por las siguientes: “el estado general de bienestar físico y mental de las mujeres, la promoción de la lactancia materna,”.
Finalmente, sólo se reemplazó la expresión “la salud reproductiva,” por “la lactancia materna,”, texto que finalmente es aceptado por la Cámara de Diputados, pese a las observaciones de algunas diputadas a dicho cambio en la redacción (Saa y Wörner ).
Las principales objeciones decían relación con una supuesta ambigüedad de la expresión salud reproductiva, y el riesgo que ello podía implicar atendido que internacionalmente este concepto incluía desde la planificación familiar hasta el aborto. Ya en esa época aparecían como temores infundados, hoy, con la aprobación de la ley N° 20.418, estos temores han sido completamente despejados por el mandato expreso del legislador en el inciso tercero del artículo 4°: “En todo caso, no se considerarán anticonceptivos, ni serán parte de la política pública en materia de regulación de la fertilidad, aquellos métodos cuyo objetivo o efecto directo sea provocar un aborto.”.
Importancia del Código Sanitario
El ámbito de actuación de las profesiones de la salud en el país está definido por el Código Sanitario, así es que a partir de la definición del ámbito de competencias del médico cirujano, a través de sucesivas modificaciones se han ido incorporando y precisando el ámbito del quehacer de otros profesionales vinculados con la protección de la salud y la rehabilitación y recuperación de los enfermos.
El antiguo artículo 117 del Código señalaba genéricamente que “El ejercicio de la profesión de matrona comprenderá la atención del embarazo, parto y puerperio normales.”; con la ley 19.536 se le configuró un espacio de actuación más amplio, autónomo y claro, agregando a lo dicho antes la atención del recién nacido, y las actividades relacionadas con la lactancia materna, la planificación familiar y la ejecución de acciones derivadas del diagnóstico y tratamiento médico y el deber de velar por la mejor administración de los recursos de asistencia para el paciente.
Estos cambios experimentados por el inciso primero no afectaron las normas existentes en los inciso 2° y 3°, por lo que pese al tenor literal del inciso tercero, en la práctica tradicional de la asistencia profesional brindada por las matronas y de acuerdo a las normas técnicas que han emanado desde el Ministerio de Salud desde fines de los años 60, cuando se inició en Chile una Política Nacional de Salud de hondo impacto en la salud materna e infantil -con la subsecuente disminución tanto de la mortalidad infantil como de la mortalidad materna-; las matronas siempre, como parte de un equipo de salud, indicaron anticonceptivos orales y aplicaron procedimientos no quirúrgicos de anticoncepción (instalación de dispositivos intrauterinos), sin que ello hubiere sido considerado nunca como actuaciones más allá de lo que tanto la ley como la correcta lex artis permitían.
Pese a ser entonces un tema pacífico desde hace muchos años, por problemas interpretativos y desconocimiento técnico de parte de autoridades de salud o algunos de sus asesores, el rol clave que las matronas están jugando día a día en la atención de salud de los chilenos y chilenas ha sido puesto en duda y con ello se ha puesto en riesgo el acceso equitativo y oportuno a las acciones de salud de millones de mujeres chilenas, como una prueba de ello es el instructivo que recientemente el SEREMI de Salud de la Región de Coquimbo ha emitido, restringiendo a las matronas la posibilidad de recetar y despachar anticonceptivos de uso oral a mujeres que se encuentren en control de salud sexual y reproductiva, pese a que estos medicamentos son, por regla general, de venta libre, esto es, no requieren de indicación médica para su dispensación en farmacias.
Lo anterior no sólo contradice las prácticas aceptadas y tradicionales del Sistema de Salud Chileno, sino que también una correcta interpretación sistemática de la ley y de la frondosa normativa técnica que ha surgido a su amparo.
Mandato legal
Por otro lado, el inciso segundo del artículo 4° de la recientemente aprobada ley 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad mandata expresamente a los órganos de la Administración del Estado con competencia en la materia poner a disposición de la población los métodos anticonceptivos, que cuenten con la debida autorización, tanto hormonales como no hormonales, tales como los métodos anticonceptivos combinados de estrógeno y progestágeno, métodos anticonceptivos de progestágeno solo, los métodos anticonceptivos hormonales de emergencia y los métodos de anticoncepción no hormonal, naturales y artificiales.
La falta de claridad acerca del ámbito de atribuciones que las matronas pueden desempeñar, sumado a la ignorancia o interpretación equivocada de las normas vigentes no pueden atentar contra el cumplimiento de este mandato legal, es por ello que esta propuesta de ley se enmarca en un proceso continuo de lucha por asegurar para los chilenos y chilenas derechos efectivos en cuanto al acceso al otorgamiento de prestaciones de salud con equidad y calidad.
A fin de evitar que este tipo de problemas vuelvan a surgir y frente a la necesidad de aclarar el marco legal para la actuación de los profesionales de la salud, surge la necesidad de modificar el artículo 117 del Código Sanitario, precisando que en el marco de la atención de salud sexual y reproductiva las matronas podrán recetar y entregar medicamentos anticonceptivos hormonales, y también indicar e instalar otros mecanismos anticonceptivos, en !a medida que ellos no impliquen uso de técnicas quirúrgicas.
Por lo anterior, venimos en proponer el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo único: Modifíquese el artículo 117 del Código Sanitario reemplazando el inciso tercero por el siguiente:
“Podrán indicar, usar y prescribir sólo aquellos medicamentos que el reglamento clasifique como necesarios para la atención de partos normales y, en relación con la planificación familiar y la regulación de la fertilidad, prescribir métodos anticonceptivos, tanto hormonales como no hormonales, y desarrollar procedimientos anticonceptivos que no impliquen uso de de técnicas quirúrgicas, todo ello en conformidad a la ley N° 20.418”.
Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Rincón y Silber. Modifica el artículo 23 de la ley de Concesiones de Obras Públicas, con el objeto de establecer una nueva obligación para el concesionario en caso de atochamientos vehiculares en las plazas de peaje. (boletín N° 7246-09)
FUNDAMENTOS
1.- Que el Decreto N° 900 de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL N° 164 del Ministerio de Obras Públicas del año 1991 conocida como Ley de Concesiones de Obras Públicas, establece en articulo 1 los siguiente “ Las concesiones que se otorguen contemplarán la obligación del concesionario de cumplir, durante toda la vigencia de la concesión, con los niveles de servicio, estándares técnicos o ambos, establecidos en las respectivas bases de licitación, para las diferentes etapas y condiciones de la concesión”.
2.- Que dicha ley establece dos etapas en las que puede encontrarse la concesión, distinguiendo la etapa de construcción y la etapa de explotación, con diversas obligaciones para ambas partes dependiendo la etapa en la cual se encuentre la concesión.
3.- Que el capítulo 6 de la ley de Concesiones de Obras Publicas en el artículo 21 y siguientes trata acerca de los derechos y obligaciones del concesionario de la obra pública, estableciendo las situaciones en que se rige por el derecho público, y aquellas en que se rige por el derecho privado, la posibilidad de transferir la concesión o los derechos de la sociedad concesionaria y señalando los regímenes jurídicos que se aplicarán dependiendo si la obra está en fase de construcción o en fase de explotación.
4.- Que el artículo 23 de dicha ley que es parte del capítulo 6 de la ley que trata acerca de los derechos y obligaciones de las concesionarias, establece dos obligaciones para el concesionario que está en la fase de explotación:
1.- El Concesionario debe conservar las obras, sus accesos, señalización y servicios en condiciones normales de utilización, y
2.- La continuidad de la prestación del servicio, lo cual le obliga según expresa disposición de la ley a:
a).- Prestar el servicio en condiciones de absoluta normalidad, suprimiendo las causas que generen molestias, incomodidades, inconvenientes o peligrosidad a los usuarios de las obras.
5.- Prestar el servicio de manera ininterrumpida, salvo situaciones excepcionales d idas a caso fortuito o fuerza mayor, conviniendo las medidas que sean necesarias para lograr a as rápida y eficiente reanudación del servicio. Que desde hace muchos años en los días de fiestas patrias, fiestas de fin de año, o fines de semana largo algunas rutas concesionadas colapsan en las cercanías de sus plazas de peaje por la gran afluencia de vehículos que ingresan a las grandes urbes luego de terminados los días festivos o de descanso, lo cual ha generado en algunos casos atochamientos de más de 5 kilómetros y esperas de hasta 4 horas para pagar el peaje correspondiente.
6.- Que este problema se sucede cada vez con más frecuencia en las carreteras de nuestros país y hasta el día de hoy no ha existido voluntad de las empresas concesionarias para buscar soluciones que pongan fin a este problema que afecta el desplazamiento vehicular por el país, y que genera molestias a los conductores que deben además pagar por un servicio mal otorgado y que no responde a los estándares de calidad que la propia ley de concesiones les obliga a las empresas concesionarias al otorgar el servicio.
7.- Que para mayor abundamiento el artículo 30 bis de la ley en su inciso 3 establece que “Tan pronto tenga noticia de su ocurrencia, el concesionario deberá informar al Ministerio de Obras Públicas de cualquier hecho o circunstancia relevante que afecte o pueda afectar el normal desarrollo de las obras, en la fase de construcción, o bien la correcta prestación del servicio conforme con los niveles de servicio y estándares técnicos establecidos en las respectivas bases de licitación, en la fase de explotación. La infracción de esta obligación será sancionada con las multas establecidas en el reglamento”.
8.- Que los hechos por todos conocidos de atochamientos vehiculares en las plazas de peajes de algunas carreteras concesionadas de nuestro país, y ante la falta de propuestas de solución por parte de las empresas concesionarias para solucionar este tema es que creemos necesario modificar el artículo 23 de la ley de concesiones de obras públicas, estableciendo que en caso de atochamientos vehiculares en las plazas de peajes que impliquen que el servicio no sea entregado en las condiciones acordadas, y que generan molestias a los conductores el concesionario deba levantar la barrera y eximir del pago del peaje, hasta que el servicio vuelva a ser otorgado conforme lo estipula la ley.
9.- Que a pesar del anuncio hecho por el Ministerio de Obras Públicas en orden a implementar el sistema TAG utilizado en las autopistas urbanas de Santiago en los peajes de Angostura (5 Norte) y Lampa (5 Sur), ha sido el propio Ministro de Obras Públicas quien ha reconocido que una vez implementado el nuevo sistema igualmente colapsarán los peajes los fines de semana largo, por lo cual creemos necesario legislar en esta materia, en orden a otorgar una solución definitiva para los usuarios de las carreteras concesionadas.
Por tanto los abajo firmantes venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO:
Modificase el artículo 23 del DFL N° 164 del año 1991 del Ministerio de Obras Públicas, incluyendo al final de la letra a) del número 2 de dicho artículo la siguiente frase:
“En caso de atochamientos vehiculares en las plazas de peajes, que impliquen que el servicio no está siendo entregado en los términos señalados en este articulo, el concesionario deberá liberar del pago del peaje (o levantar las barreras), hasta que el servicio vuelva a ser entregado en condiciones óptimas”.
Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Pascal , doña Denise , y Hoffmann , doña María José , y de los diputados señores Aguiló ; Espinoza, don Fidel ; Hernández , Jiménez , Ojeda , Recondo , Torres y Uriarte . Concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, al sacerdote holandés Gerardo Alkemade Dolle . (boletín N° 7247-17)
I. FUNDAMENTOS O CONSIDERANDOS
1. La nacionalidad por especial gracias se encuentra consagrada constitucionalmente en el Capítulo II de la Carta Fundamental, denominado “Nacionalidad y Ciudadanía”, cuyo artículo 10 N° 4 dispone que “son chilenos: 4° Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley”, lo que sin duda constituye en más alto honor que el Estado chileno puede conferir a un extranjero, en razón de su aporte al país y entrega al servicio de la nación, en determinadas actividades específicas que hayan alcanzado una relevancia nacional.
2. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de nuestra Cámara de Diputados, durante la discusión de proyectos de ley sobre concesión de nacionalidad chilena por gracia, ha considerado los siguientes criterios como fundantes de su otorgamiento:
a) Haber prestado servicios o haber entregado beneficios notables al país.
b) Que estos servicios notables se hayan brindado por un tiempo prolongado.
c) Que se considere la edad, ya que en general es un reconocimiento a una persona que ha hecho toda una vida en Chile, que se siente chileno, y que no opta a la nacionalidad chilena porque tiene que renunciar a su nacionalidad de origen.
d) Que sea un líder en su comunidad y que ésta lo reconozca como tal.
e) Que se acompañen antecedentes escritos y documentos fundantes a la concesión de nacionalidad. Asimismo, al ingresar un proyecto de esta naturaleza a la Comisión, la Secretaría de la Comisión debe oficiar al Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior para recabar todos los antecedentes referidos a la individualización de la persona beneficiada y su permanencia en nuestro país.
f) Que se trate de personas que no utilicen ese beneficio con un fin ajeno al que se le concedió, que no se preste, por ejemplo, para una situación comercial transitoria.
g) Que no se comercialice esta concesión.
3. A través de este honor se distingue a extranjeros ilustres que han efectuado un aporte significativo al progreso de nuestro país en las más diversas áreas, y por ello, mediante esta moción, diputados de las más diversas tendencias creemos necesario que este Parlamento otorgue la nacionalidad por gracia al sacerdote holandés Gerardo Alkemade Dalle , teniendo en especial consideración su vida y obra en nuestro país, que a continuación se expone.
4. El padre Gerardo Alkemade Dalle (cédula de identidad número 4319.957-6 y con certificado de permanencia definitiva en nuestro país), hijo de doña Teodora y de don Cornelio , nació en Holanda el 14 de diciembre de 1931. Ingresó en el Seminario Menor en 1954 una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, para luego terminar sus estudios de filosofía y teología en la Universidad de Lovaina, Bélgica en 1957. Se ordenó de Sacerdote el 15 de agosto de 1957 y partió a Chile el 3 de diciembre del mismo año, llegando a nuestro país en el barco “Reina del Mar” el 8 de enero de 1958.
5. Llegó a Chile a la Arquidiócesis de Santiago, y ha desarrollado todo su ministerio sacerdotal en nuestra patria. Admirador de la geografía y de la gente de esta nación, ha desarrollado en forma muy destacada la promoción humana y social de los campesinos; labores pastorales en varias diócesis y gran restaurador de las viviendas de Villa Alhué ( Provincia de Melipilla ), San Pedro y Llolleo en los años posteriores al terremoto de marzo de 1985. Es admirado y querido por sus servicios y el gran cariño que le tiene al campo y a su gente.
6. Trabajó durante sus primeros cinco años en Chile (desde 1958 a 1963) como asesor en el Instituto de Educación Rural (IER), en las centrales de Malloco (1958), Loncoche (1959) y Rupanco (1960-1963).
7. Luego, desde 1963 hasta 1975 fue nombrado Párroco de Puerto Octay, construyendo capillas en las poblaciones de Piedras Negras, La Calo, La Picada y Las Cascadas . Además, construyó un nuevo edificio para la Escuela Parroquial en Puerto Octay y ayudó en las construcciones de las escuelas particulares de Piedras Negras y Río Blanco.
8. Posteriormente, asumió como Vicario Parroquial de la Catedral de Osorno desde 1975 hasta 1981, tiempo durante el cual se desempeñó además como Director Diocesano de Caritas Chile en Osorno, y por medio de sus contactos con la Comunidad Europea impulsó la construcción de caminos vecinales rurales en el sector de la costa y obras de adelanto en varias poblaciones.
9. A partir del año 1982, asumió como Párroco de Alhué, permaneciendo en dicho cargo por cinco años (hasta 1987), tiempo suficiente para desarrollar un fructífero ministerio pastoral y social en la comuna. El Padre Gerardo se encontraba precisamente en Alhué el 3 de marzo de 1985, día fatídico en el cual un violento terremoto azotó la zona central de nuestro país dejando prácticamente toda la comuna en el suelo. Desde el principio, lideró al pueblo en una cruzada de reconstrucción de viviendas dignas, usando los mismos materiales que habían utilizado los antepasados en la construcción de la querida Villa de Alhué, es decir, con adobes, barro y madera, claro que con técnicas nuevas, antisísmicas, tal como resultó el adobe reforzado con madera. Gracias al apoyo económico conseguido por el Padre Gerardo con Caritas Chile, y con la asesoría de la Corporación SODEM y de un grupo de arquitectos, se formaron Comités de Autoconstrucción en Polulo, Pichi , El Asiento, Quilamuta y la Villa Alhué, noble iniciativa que finalmente abarcó a toda la comuna. Famosas fueron las casas que presentaban en sus fachadas con orgullo, la cruz de Caritas como testimonio de que esas viviendas habían sido construidas gracias al aporte de esta noble institución perteneciente a la iglesia y por la gestión efectiva del Padre Gerardo .
10. Una vez funcionando los Comités de Autoconstrucción, el Padre Gerardo se dedicó a reconstruir las Capillas de la Parroquia, las cuales estaban prácticamente en el suelo. Se reconstruyeron las Capillas de San Inés, Piche , Hacienda Alhué y Talamí . Se recuperó la antigua Casa Parroquial de la Villa, y se reforzó la Torre de la Sede Parroquial, la cual había quedado severamente dañada por el terremoto. Paralelamente, durante los años 1985-1986, el Padre Gerardo logró reunir a un grupo de hombres de Alhué, para que entre todos recuperaran el antiguo pozo ubicado en “La Poza del Chancho”, con el objetivo de abastecer de agua de regadío a toda la villa, frente a la escasez de este vital elemento, que se sufrió durante esos años. Junto con ello, para todas las personas que colaboraron con esta obra en beneficio de la comunidad, el Padre Gerardo consiguió la entrega de alimentos a través de Caritas Chile. De esta manera, además de recuperar el pozo, el Padre Gerardo logró paliar en parte la profunda cesantía que se vivió durante esos años en la comuna.
11. Siendo Párroco de Alhué, el Padre Gerardo comenzó a gestar en su corazón el proyecto de levantar alguna obra que se preocupara de la conservación histórica y cultural de Alhué, obra que se haría efectiva durante los años posteriores con la inauguración del Museo de Alhué, el cual hoy es visitado por alhuínos y turistas.
12. Fue también Párroco en Llolleo (comuna de San Antonio) a partir del año 1987, donde lideró, entre otras iniciativas, la restauración del Hogar de Ancianos de esa localidad; la construcción de capillas y salas parroquiales para las distintas comunidades; proyectos con pescadores artesanales de la zona; construcción de 300 viviendas para pescadores artesanales de Llolleo; construcción de policlínicos parroquiales; proyectos de secadores solares, cultivos rotativos, invernaderos, vivienda ecológica y sustentable con materiales locales y climatización pasiva, para el desarrollo sostenible de los pobladores de San Antonio ; y restauración de figuras religiosas, pinturas e imágenes destruidas por el terremoto de 1985. En todas estas obras fue apoyado fuertemente por el arquitecto Juan Luis Ramírez , quien estuvo a cargo del proyecto de reconstrucción de Llolleo, actual Presidente del Comité Tecnológico Comtec , del Colegio de Arquitectos de Chile, quienes durante esa época contaron, además, con el financiamiento de Caritas Chile y la Embajada de Holanda, entre otros. Cabe mencionar que fue destacado por la Municipalidad de San Antonio como “Ciudadano Ilustre”.
13. Desde 1995, año en que el Padre Gerardo se jubiló, se encuentra avecindado en la comuna de Alhué, en un rinconcito de la Ex Hacienda Alhué, desde donde colabora con la asistencia espiritual cada vez que alguna familia de la Parroquia lo necesita. Cuando se le pregunta al Padre Gerardo ¿Por qué se quedó a vivir en Alhué? Él responde: “porque es un pueblo muy típico, porque es muy tranquilo y porque a mí siempre me ha gustado el campo, y disfruto mucho el clima generoso de Alhué”. Y continúa: “Alhué debe mantener sus raíces, todos somos herederos de lo que las generaciones antiguas han hecho, por lo tanto, tenemos la obligación de cuidar la historia, las tradiciones y las costumbres de este hermoso pueblo”.
14. El día miércoles 15 de agosto del año 2007, el Padre Gerardo Alkemade Dolle cumplió 50 años de fructífera labor sacerdotal y 12 años de residencia permanente en Alhué, por lo tanto el Concejo Municipal de la época, con el alcalde a la cabeza, lo declararon “Hijo Ilustre de Alhué”, por todas las obras e iniciativas que llevó a efecto en la comuna durante su período de Párroco, y por su fuerte compromiso en lo espiritual, social y cultural. Por esas obras, y por las que lleva a cabo en la actualidad a cargo de la conservación del patrimonio y de la historia alhuína, se ha ganado el afecto y respeto de todas las autoridades y la comunidad de Alhué, quienes le efectuaron el último reconocimiento en el aniversario N° 252 de la comuna, el día 19 de agosto de 2010. Entre otras personalidades, el Obispo de Melipilla, Enrique Troncoso Troncoso , apoya y recomienda vivamente la iniciativa de conceder la nacionalidad por especial gracia a este misionero holandés, como reconocimiento y gratitud a su testimonio de vida y a su tan destacada actuación en la dimensión humana, cultural, social y pastoral.
Es sobre la base de estos fundamentos y antecedentes que venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
“Artículo Único.- Concédase la nacionalidad chilena, por especial gracia, al sacerdote holandés Gerardo Alkemade Dolle ”.
Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Hoffmann , doña María José ; Girardi , doña Cristina , y de los diputados señores Aguiló ; Gutiérrez, don Romilio ; Hasbún , Kast , Bobadilla , Norambuena , Van Rysselberghe y Verdugo . Modifica la ley N° 20.248, de Subvenciones Escolares, en materia de rendición. (boletín N° 7248-04)
“La Subvención Escolar Preferencial es una iniciativa que entrega recursos adicionales por cada alumno o alumna identificado como prioritario a los sostenedores de establecimientos educacionales que han firmado con el MINEDUC un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, para la implementación de un Plan de Mejoramiento Educativo.
El objetivo de la Subvención Escolar Preferencial es contribuir a la equidad social, promover la igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de la educación chilena.
Durante el año 2008 se incorporaron 6.659 establecimientos educacionales. En el segundo período del año 2009, se sumaron 407 escuelas. Finalmente, al tercer período que entró en régimen, el año 2010 postularon 217 colegios. Estas Cifras equivalen al 80% del total de establecimientos educacionales que cumplen las condiciones para incorporarse a la Subvención Escolar Preferencial.
Para incorporarse al régimen de la Subvención Escolar Preferencial, cada sostenedor deberá suscribir con el Ministerio de Educación un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, por el establecimiento educacional correspondiente. Dicho convenio abarcará un período mínimo de cuatro años, que podrá renovarse por períodos iguales.
Mediante este convenio, el sostenedor se obligará a una serie de compromisos entro los que destaca:
-Presentar anualmente al Ministerio de educación y a la comunidad escolar un informe relativo al uso de los recursos percibidos por concepto de subvención escolar preferencial, y de los demás aportes contemplados en esta ley. Dicho informe deberá contemplar la rendición de cuentas respecto de todos los recursos recibidos por concepto de esta ley.
Cuando se trata de recursos públicos y particularmente, cuando éstos están dirigidos a un área tan sensible e importante como la educación, debemos ser doblemente cuidadosos en la forma como se rinden los recursos recibidos por concepto de la subvención escolar preferencial.
Por todo lo anterior, proponemos que la rendición que realizan anualmente los sostenedores al Ministerio de Educación sobre el uso de los recursos a través de la Subvención Escolar Preferencial deben ir acompañados por la firma del director del Establecimiento Educacional correspondiente.
Esto permitirá aumentar el compromiso, fiscalización y responsabilidad de todos los agentes educativos en la correcta utilización de los recursos otorgados por la Subvención Escolar Preferencial.
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Agréguese un nuevo inciso segundo a la letra A del Artículo 7 de la ley N° 20.248, sobre la Subvención Escolar Preferencial, en el siguiente tenor:
“Cada rendición podrá llevar la firma del Director del Establecimiento Educacional correspondiente, mediante la cual se confirmará el visto bueno de éste frente a lo presentado por el Sostenedor.”
Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Morales; Arenas , Hasbún , Hernández , García-Huidobro , Lobos , Moreira , Vilches , Ward , y de la diputada señora Molina , doña Andrea . Regula la obligación de establecer una advertencia en los reproductores de música. (boletín N° 7249-03)
“Estudios realizados por doctores de la Universidad Católica de Chile, especialistas en Otorrinolaringología, indican que “mientras el trauma acústico ocupacional ha disminuido en prevalencia y han mejorado sus medidas de prevención, el trauma acústico recreacional (asociado a escuchar música en distintos formatos) cobra cada vez más relevancia en problemas de audición a temprana edad”. En una evaluación audiométrica a egresados de Colleges norteamericanos (18 a 22 años de edad) se encontró que el 15% presentaba un nivel de problemas auditivos igual o mayor que sus padres, siendo el único factor de riesgo significativo en contraste a jóvenes con mejor audición, el haber escuchado música a alto volumen por más de dos horas diarias. Una forma muy frecuente de exposición a música a alto volumen es el uso de reproductores de música personal.
A fines de la década de los 70 salió al mercado chileno los primeros reproductores de música, y su desarrollo comercial ha sido exponencial; sin duda existen en nuestro mercado millones de estos aparatos, que al igual que los celulares, se han transformado en herramientas tecnológicas prácticamente indispensables para los jóvenes. El solo hecho de poder escuchar la música que ellos desean y no tener que pedir autorización y más importante aún, el de no molestar a nadie, es un elemento esencial para potenciar la adquisición de estos aparatos.
Con todo, queremos dejar establecido que lo probablemente perjudicial en el uso de este tipo de tecnología, no es propiamente tal su utilización, sino que es el alto volumen con que pueden ser escuchados, ya que la ciencia en sus diversos estudios está señalando que el utilizar estos reproductores a altos decibles, puede ocasionar problemas de sordera a temprana edad.
Un estudio efectuado por académicos nacionales en esta materia, señalan que la intensidad sonora de los reproductores de mp3, celulares con mp3, ipod y otras tecnologías disponibles en el mercado chileno, reveló que cuando estos aparatos son usados a un 75% de su volumen total, alcanzan los 80 decibeles, nivel que es considerado por los expertos como el límite de un ruido seguro. Estos mismos estudios nos indican que 40 horas a la semana es el tiempo máximo que una persona puede estar expuesta a un ruido de 80 decibeles, sin sufrir daños en su sistema auditivo; y a 115 decibeles bastan dos horas diarias para producir algún daño en el oído interno ( Christian Olavarría otorrinolaringólogo de la Universidad de Chile).
Es un hecho de la causa entonces, que el escuchar música a niveles superiores a los recomendados, puede producir serios problemas de audición, básicamente sordera. Por ello es necesario que al igual como se hizo con la ley que estableció una serie de requisitos para la venta del tabaco, (guardando obviamente las proporciones causados por el tabaquismo y el de escuchar música en altos decibeles), en donde se exige por ley que se incorporen las siguiente frases en un porcentaje bastante importante de la cajetilla, como “El humo del tabaco los ahoga y enferma” y “Tú también puedes tener un INFARTO”. Seguir el mismo ejemplo y exigir que en los envases que contengan este tipo de tecnología (reproductores) se incorpore una leyenda que señale que el uso por largas horas y altos decibeles puede provocar sordera.
Proyecto de Ley
Artículo único: Agregase un inciso 2 nuevo en el artículo 14 de la ley 19.496 del consumidor, con el siguiente texto:
Los proveedores de bienes destinados a la reproducción de audio, deberán consignar en los manuales de utilización de dichos aparatos, el nivel auditivo adecuado en la emisión del sonido y en sus envases una leyenda que exprese “Su uso incorrecto puede provocar sordera.”
Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Álvarez-Salamanca , Arenas , Bauer ; Gutiérrez, don Romilio ; Hasbún , Morales , Silva , Squella , Von Mühlenbrock , y de la diputada señora Turres , doña Marisol . Modifica el artículo 20 letra e), de la ley N° 19.039, de propiedad industrial. (boletín N° 7250-03)
I. ANTECEDENTES.
Como es sabido la Ley 19.039, sobre Propiedad Industrial, tiene por objeto entre otras esferas de aplicación, la de inscribir marcas comerciales, en este sentido podemos señalar que bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica, capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales. Estos signos pueden consistir en palabras, nombres de personas, letras, números, elementos figurativos, sonidos, o una combinación de signos. También, unidas a una marca comercial, pueden registrarse frases de propaganda o publicitarias.
La principal característica de la marca comercial y que determina su función, es su fuerza o capacidad diferenciadora o de “distintividad”, entendida ésta como “la aptitud que debe tener la marca para que identifique y diferencie a los productos, servicios o establecimientos de un empresario, respecto de los productos, servicios y establecimientos idénticos pertenecientes a otro empresario”.
En base a dicha característica, la marca comercial, registrada en conformidad a la ley, confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro, permitiéndole a su titular oponerse a que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro.
Las marcas comerciales son facilitadores de información, que reducen los costos transaccionales para los compradores en el mercado al transmitir información sobre el origen y calidad de los productos, y por ende disminuyen el tiempo que han de invertir los consumidores, en la obtención de la información suficiente para justificar la adquisición de un producto o servicio. Las marcas también permiten a las empresas introducir productos y servicios al mercado que se caracterizan por sus economías de escala y su comercialización a larga distancia en el flujo del comercio internacional. Así pues, las marcas benefician tanto a consumidores como a empresarios porque reducen los costos de adquisición de bienes y promueven el comercio más allá de las fronteras.
II. FUNDAMENTOS.
Si bien existe amplia libertad para determinar el objeto o contenido de una marca comercial, nuestra legislación consagra prohibiciones de registros denominadas comúnmente como causales de irregistrabilidad, en cuya virtud determinados signos no pueden ser objeto de marcas comerciales ni, por tanto, registrarse como tales.
De esta forma, el artículo 20 de la Ley N° 19.039 dispone de un catálogo de prohibiciones de registro, entre los cuales se encuentran aquellas expresiones o signos carentes de distintividad o capacidad diferenciadora, y que doctrinariamente son denominados como marcas genéricas, descriptivas, indicativas y de uso común.
En efecto, el citado artículo dispone que no podrán registrarse como marcas, letra e): “Las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de /os productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse”.
Considerando que la función esencial de la marca, como se dijo, es distinguir bienes, servicios y establecimiento, la prohibición de registro que afecta a estas expresiones o signos se fundamenta en su intrínseca incapacidad para distinguir bienes, servicios y establecimientos de otros bienes, servicios y establecimientos de la misma clase.
El problema que se suscita en la redacción de dicha norma es que mezcla en una misma norma las causales de irregistrabilidad y las causales para fundamentar una oposición, por lo que es necesario diferenciar causales de irregistrabilidad (ciertos signos de son parte de dominio público, no son apropiables) y causales de oposición.
Por otra parte la norma descrita precedentemente es clara al detallar las expresiones o signos que no son registrables, ya sea por ser éstos indicativos, descriptivos, genéricos o de uso común, pero aquélla induce a dudas al designar como no registrables, en términos genéricos, “las que no presenten carácter distintivo”. Ello, por cuanto existe una relación de género y especie entre estas últimas y las primeras, donde el género está compuesto por expresiones carentes de distintividad y la especie por aquellas indicativas, descriptivas, genéricas y de uso común. En otras palabras, todas las expresiones y signos indicativos, genéricos, descriptivos y de uso común, son carentes de distintividad.
Debemos consignar que lo más relevante para efectos de legislar sobre este tema, es la falta total de uniformidad en criterio utilizado por el servicio en mención, ya que para casos análogos, existen criterios dispares que conllevan a que los funcionarios apliquen o interpreten dicha norma arbitrariamente, a modo de ejemplo, podemos señalar que “Inapi” autorizó la inscripción de la marca dedicada al rubro de la telefonía móvil (recarga fácil) y utilizando un criterio totalmente disímil no autorizó la inscripción de la marca (recarga conmigo) fundando su decisión en la carencia de distitividad. Lo anterior demuestra que esta causal genérica de carencia de distintividad permite una interpretación demasiado ambigua que conlleva a que se provoquen arbitrariedades odiosas paro las personas que pretenden inscribir una marca, ello además de los gastos en que incurren los inscriptores, los cuales desembolsan dinero en la presentación y publicación entre otros y que pierden al momento del rechazo.
Por último resulta interesante también, crear una nueva causal de nulidad de registro marcarlo basado en lo que se conoce como vulgarización de la marca. Esto ocurre cuando una marca debido a su mal uso se pierde su capacidad distintivo y se confunde con el producto mismo que distingue (la marca se come al producto). Es decir la marca se transforma en la forma habitual que los consumidores nombran el producto. Ejemplo clásica: aspirina, confort, maízena, hawaianas entre otros. Básicamente son marcas que actualmente mantiene su vigencia como propiedad industrial pero la observancia de los derechos que emana de la misma no puede ser ejercida eficazmente en sede civil o penal, por lo que es una protección poco útil, siendo justamente el fenómeno inverso al del significado secundario consagrado en el artículo 19 inciso primero. Este artículo permite el registro de marcas que no son distintivas pero que mediante su uso en el mercado local adquieren un segundo uso que implica que dicho término ya que indica principal y únicamente un producto, o servicios sino que un origen comercial determinado.
III. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY.
Con todo, el principal problema de la citada expresión no es, necesariamente, de forma, pues tal cual como está redactada y ubicada en la ley, supone una causal amplia de irregistrabilidad que dista mucho de las otras causales dispuestas en el artículo 20, las que se caracterizan por su precisión y detalle, no dejando margen de interpretación.
Así, la expresión “que no presenten carácter distintivo”, establecida como una causal más de irregistrabilidad de la letra e) del artículo 20, permite una amplia interpretación por parte de los órganos resolutores, ampliando el campo de la subjetividad de éstos, y contrariando, por tanto, el carácter técnico del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
Por lo anterior, la consagración como causal de irregistrabilidad de expresiones o signos que simplemente “no presenten carácter distintivo”, debiera constituir, desde un punto de vista de la técnica legislativa, el encabezado de la norma de la letra e) del artículo 20, señalando, como hechos constitutivos de ésta, las expresiones o signos indicativos, genéricos descriptivos y de uso común descritos en la misma norma.
Por tanto es conveniente que la palabra “DISTINTIVIDAD”, sea el encabezado de la norma y los demás sean sus hechos constitutivos.
IV. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.
El presente proyecto de ley, modifica la letra “e”, del artículo 20 de la Ley 19.039 ((Ley de Propiedad Industrial), en el siguiente sentido:
El encabezado de la norma de la letra e) del artículo 20, serán los hechos constitutivos de la causal genérica de “distintividad”, además se agregara una segunda parte, la que tiene por objeto solucionar la problemática que, cuando una marca debido a su mal uso pierde su capacidad distintiva y se confunde con el producto mismo que distingue, ejemplos clásicos son: aspirina, confort, maizena etc., por último se agregará un inciso segundo, cuyo objeto es que el Servicio fundamente los rechazos basados en las causales contenidas en el mismo artículo en su inciso primero.
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 20 letra “e”.- Las que no presenten carácter distintivo considerándose como tales; las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos y las que designen un origen comercial determinado.
Inciso 2°- Toda resolución de rechazo del servicio invocando alguna de las causales precedentes, deberá ser fundada.
Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Rojas , Álvarez-Salamanca , Kast , Lobos , Morales , Norambuena , Sandoval , Silva , Squella y Ward . Modifica la ley de violencia en los estadios, en el sentido de dar mayor seguridad en partidos de alto riesgo. (boletín N° 7251-07)
“La Ley N° 19.327 fijó las normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional. En efecto, con esta legislación se pretendió dar un marco jurídico sancionatorio a los actos delictuales que cada vez se hacían más frecuentes en los estadios de fútbol, en donde los demás espectadores y los televidentes veían con horror y vergüenza como un grupo de desadaptados hacían todo tipo de destrozos a vista y paciencia de Carabineros, que poco o nada podían hacer para controlar a esta turba de delincuentes.
Esta Ley cumplió 16 años de vigencia y obligatoriedad en nuestro país, y entendemos que ha sido un aporte en términos de contar definitivamente con una herramienta legal que permita aplicar las penas a los individuos que realicen las conductas señaladas en este cuerpo normativo, no obstante hay que señalar para la historia de esta iniciativa que tuvieron que transcurrir ocho años para que la justicia dictara por primera vez una sentencia basándose en la ley de violencia en los estadios.
En nuestro concepto, la eficacia de esta ley puede estar en duda, ya que su aplicación no ha sido del todo satisfactoria y eficiente como pensó el legislador cuando se discutió en el Congreso Nacional, así entonces para nosotros el medio más eficaz para desincentivar la violencia en los estadios no es exigir nuevas autorizaciones para organizar un partido de fútbol o crear nuevos delitos, sino que simplemente dar la señal a los hinchas que el que se comporta violentamente será castigado, y el que destruya la propiedad ajena deberá pagarla. Lo que parece obvio, en Chile no se aplica. Hoy los hinchas violentos no tienen ningún costo por su mal comportamiento, escondidos en la masa, pueden delinquir destruyendo bienes o dañando a las personas sabiendo que no serán castigados.
Por lo tanto, si tenemos la legislación vigente, debemos perfeccionarla a fin de que ella se transforme en una ley eficiente y no en letra muerta y para ello creemos que el Ministerio Público puede constituirse en un elemento no sólo disuasivo, sino que definitorio en una persecución criminal efectiva. Para ello pretendemos que la Ley de Violencia en los Estadios incorpore en su normativa la obligación de que en todo partido calificado por la autoridad pertinente como de alto riesgo exista la obligación de contar a lo menos con un Fiscal del Ministerio Público para que pueda llevarse a cabo el espectáculo deportivo.
Proyecto de Ley:
Para incorporar al artículo 2° de la Ley de Violencia en los Estadios, un inciso 4° nuevo, pasando el actual cuarto a ser quinto.
Artículo único: “En el caso de ser declarado el espectáculo de fútbol profesional de alto riesgo, se podrá contar con la presencia de a lo menos dos fiscales del Ministerio Público.”
Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Ward , Arenas , Hernández , Macaya , Melero , Moreira , Salaberry , y de las diputadas señoras Cristi , doña María Angélica ; Molina , doña Andrea y Zalaquett , doña Mónica . Impone la obligación de la contratación de seguros para el funcionamiento de parques de entretención u otros similares. (boletín N° 7252-06)
“No cabe duda que hoy, el tiempo libre y recreación resultan fundamentales para que la familia y las personas puedan ocupar este tiempo de ocio para acceder a diversas formas de entretención , tales como, ir al cine, visitar un familiar, paseos en la playa, etc. Dentro de este abanico de posibilidades se encuentra la opción de ir a parques de entretención, juegos mecánicos u otros similares, los que se transforman en una atractiva oferta para el divertimento familiar o personal.
Salir a alguno de estos lugares es un panorama que relaja y distrae. Sin embargo, especialmente en lo referido a los parques de entretenciones mecánicos, muchas veces lo que promete ser un momento de ensueño, se transforma automáticamente en drama cuando alguien, adulto o menor se accidenta en algún juego mecánico en mal estado.
En Chile no existe norma alguna que regule la seguridad en estos lugares y sus instalaciones, sean de naturaleza estable o itinerante, menos aún se tiene registro de cuantos parques de juegos mecánicos itinerantes hay en el país. No existe claridad alguna sobre la autoridad que debe fiscalizar y controlar que se cumplan con las medidas mínimas de seguridad; por lo mismo, no existe certeza alguna acerca de la calidad mínima de los materiales utilizados, dispositivos de seguridad, o simplemente que los juegos mecánicos sean mantenidos por los profesionales adecuados o especialistas, ya que no existe ninguna entidad que compruebe sus conocimientos.
Si bien es cierto que en la práctica ha sido el SESMA quien actúa en caso de emergencia o denuncia, inspeccionando y realizando sumarios a estos parques cuando corresponde, este organismo apunta a que son las Municipalidades quienes debieran asumir tal responsabilidad, desde el momento en que son ellas quienes otorgan las patentes para su funcionamiento. Pero el criterio no es uniforme en cada municipalidad del país, por lo que no necesariamente es obligatorio para las municipalidades el exigir a las empresas del rubro la contratación de seguros para poder funcionar.
Desde hace años tenemos ejemplos simbólicos. En Pichilemu, el año 2004 un grupo de 5 menores salieron despedidos desde un Tagadá, al desprenderse parte del piso y barandas de la estructura, sufriendo lesiones graves. Uno de ellos incluso atravesó un letrero de lata quedando bajo los brazos mecánicos de la atracción. El mismo año 2004, una niña cayó desde una altura de tres metros luego de que fallara el cinturón de seguridad del juego “Barco Pirata”, resultando gravemente herida.
El mismo problema tuvieron en 2001 tres personas en Viña del Mar, tras chocar los carros de la Montaña Rusa en que iban. En Tiltil todavía recuerdan cuando en 1999, entre una crujidera de fierros, la Rueda de la Fortuna de un parque itinerante cayó con pasajeros y todo. Hubo 11 niños lesionados, aunque pudo ser peor porque se precipitó sobre los avioncitos que providencialmente estaban vacíos.
En definitiva los firmantes de esta moción, creemos que sería importante para la tranquilidad de las personas que concurren a estos lugares, el saber que la empresa en cuestión se encuentra respaldada por un seguro de accidente, que cubrirá costos ante eventuales siniestros y colateralmente la empresa aseguradora deberá certificar las condiciones de uso y buen estado de los juegos, creándose un circulo vicioso en beneficio de los usuarios.
PROYECTO DE LEY
Articulo 1°' Las empresas de Juegos mecánicos, parques de entretención o similares ya sean estables o itinerantes, estarán obligadas a contratar seguros que cubran el riesgo de muerte y lesiones corporales de sus usuarios, ocurridos durante su utilización o dentro de dichos recintos. El seguro estará vigente para cada usuario desde el momento en que adquiere su boleto, durante su estadía en el recinto y hasta que egresa de este.
Artículo 2°: El incumplimiento de la obligación señalada en el artículo anterior será sancionado con una multa a beneficio fiscal de 50 unidades de fomento por cada juego mecánico no asegurado. Será competente cualquier juez de policía local, en cuya comuna se encuentren los juegos mecánicos.
La multa se elevará al doble en caso de reincidencia pudiendo decretarse el cierre temporal o definitivo, de acuerdo a la reiteración y gravedad de la infracción”.