Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VIII. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Claudia Nogueira Fernandez
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Manuel Rojas Molina
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- IX. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Javier Hernandez Hernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Leopoldo Perez Lahsen
- PETICIÓN DE OFICIO : Romilio Gutierrez Pino
- PETICIÓN DE OFICIO : Romilio Gutierrez Pino
- PETICIÓN DE OFICIO : Romilio Gutierrez Pino
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Guillermo Leon Teillier Del Valle
- PETICIÓN DE OFICIO : Carolina Goic Boroevic
- PETICIÓN DE OFICIO : Romilio Gutierrez Pino
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Constanza Sabat Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Constanza Sabat Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Jorge Pizarro Soto
- Ignacio Walker Prieto
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- REMISIÓN DE PROYECTOS A COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DROGAS.
- FUSIÓN DE MOCIONES.
- CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN DE AGRICULTURA EN INVESTIGADORA DE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA).
- ADHESIÓN A CELEBRACIÓN POR RESCATE DE LOS 33 MINEROS DE LA MINA SAN JOSÉ.
- PAREOS.
- DEBATE
- PAREO
- Cristian Monckeberg Bruner
- Roberto Leon Ramirez
- Gaspar Alberto Rivas Sanchez
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Alberto Robles Pantoja
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- Lautaro Carmona Soto
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Gonzalo Uriarte Herrera
- PAREO
- Pedro Araya Guerrero
- Rene Manuel Garcia Garcia
- PAREO
- DEBATE
- VI. ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIONES A LA TRIBUTACIÓN ESPECÍFICA DE LA ACTIVIDAD MINERA. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Ernesto Silva Mendez
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- INTERVENCIÓN : Carlos Recondo Lavanderos
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Javier Ignacio Macaya Danus
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Mario Bertolino Rendic
- INTERVENCIÓN : Guillermo Leon Teillier Del Valle
- INTERVENCIÓN : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- INTERVENCIÓN : Eduardo Antonio Cerda Garcia
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Luis Segundo Lemus Aracena
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INTERVENCIÓN : Marcelo Schilling Rodriguez
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- INTERVENCIÓN : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- NORMATIVA SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA. Proposición de la Comisión Mixta.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- DEBATE
- COMPLEMENTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 20.387, SOBRE BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Cristian Campos Jara
- INTERVENCIÓN : Ernesto Silva Mendez
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- DEBATE
- SUSPENSIÓN DE TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE ACUERDO E INCIDENTES.
- MODIFICACIONES A LA TRIBUTACIÓN ESPECÍFICA DE LA ACTIVIDAD MINERA. Tercer trámite constitucional.
- VI. HOMENAJE
- HOMENAJE A FUNCIONARIOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. (Proyecto de acuerdo).
- HOMENAJE : Sergio Bobadilla Munoz
- HOMENAJE : Mario Venegas Cardenas
- HOMENAJE : Rodrigo Gonzalez Torres
- HOMENAJE : Roberto Delmastro Naso
- HOMENAJE : Manuel Monsalve Benavides
- HOMENAJE : Jose Perez Arriagada
- HOMENAJE : Pedro Antonio Velasquez Seguel
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Gabriel Silber Romo
- Sergio Bobadilla Munoz
- Gustavo Hasbun Selume
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Manuel Monsalve Benavides
- Mario Venegas Cardenas
- Romilio Gutierrez Pino
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Pedro Antonio Velasquez Seguel
- Sergio Aguilo Melo
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Patricio Melero Abaroa
- Andrea Molina Oliva
- Marisol Turres Figueroa
- Edmundo Eluchans Urenda
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Jose Antonio Kast Rist
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Eugenio Bauer Jouanne
- Javier Ignacio Macaya Danus
- Felipe Ward Edwards
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Marcos Espinosa Monardes
- Manuel Rojas Molina
- David Sandoval Plaza
- Ramon Farias Ponce
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- HOMENAJE A FUNCIONARIOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. (Proyecto de acuerdo).
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- 15. Informe de la Delegación del Congreso Nacional que concurrió a la 123ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas, efectuada entre el 3 y el 6 de octubre de 2010, en Ginebra, Suiza.
- AUTOR DE INFORME DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA
- Juan Antonio Coloma Correa
- Juan Pablo Letelier Morel
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Pedro Araya Guerrero
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Roberto Leon Ramirez
- AUTOR DE INFORME DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Mario Bertolino Rendic
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Marcos Espinosa Monardes
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Rosauro Martinez Labbe
- Gonzalo Uriarte Herrera
- German Verdugo Soto
- Claudia Nogueira Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Sergio Bobadilla Munoz
- Juan Lobos Krause
- Ivan Norambuena Farias
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Cristian Campos Jara
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Ignacio Urrutia Bonilla
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Burgos Varela
- Pedro Araya Guerrero
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Juan Carlos Latorre Carmona
- Marcelo Diaz Diaz
- Enrique Jaramillo Becker
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Marcelo Schilling Rodriguez
- Matias Walker Prieto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 15. Informe de la Delegación del Congreso Nacional que concurrió a la 123ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas, efectuada entre el 3 y el 6 de octubre de 2010, en Ginebra, Suiza.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 358ª
Sesión 88ª, en miércoles 13 de octubre de 2010
(Ordinaria, de 10.36 a 15.47 horas)
Presidencia de la señora Sepúlveda Orbenes, y de los señores Becker Alvear, don Germán, y Moreira Barros, don Iván
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. Prosecretario accidental , el señor Landeros Perkic, don Miguel
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- HOMENAJE
VII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VIII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 11
II. Apertura de la sesión 15
III. Actas 15
IV. Cuenta 15
- Remisión de proyectos a Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas 15
- Fusión de mociones 15
- Constitución de Comisión de Agricultura en Investigadora de eventuales irregularidades en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 15
- Adhesión a celebración por rescate de los 33 mineros de la mina San José 16
- Pareos 16
V. Orden del Día.
- Modificaciones a la tributación específica de la actividad minera. Tercer trámite constitucional 17
- Normativa sobre participación ciudadana en la gestión pública. Proposición de la Comisión Mixta 63
- Complementación y modificación de la ley N° 20.387, sobre bonificación por retiro voluntario de funcionarios municipales. Primer trámite constitucional 66
- Suspensión de tratamiento de proyectos de acuerdo e Incidentes 71
VI. Homenaje.
- Homenaje a funcionarios asistentes de la Educación. (Proyecto de acuerdo) 71
VII. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S. E. el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que “Efectúa un aporte extraordinario al Fondo Común Municipal, y compensa menores ingresos de comunas afectadas por terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010.”. (boletín N° 7262-06) 86
2. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual retira y hace presente la urgencia “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que “Introduce modificaciones a la tributación específica de la actividad minera.”. (boletín N° 7170-05) 89
- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos:
3. que “Prorroga la vigencia del decreto ley N° 701, de 1974, y aumenta los incentivos a la forestación.”. (boletín N° 7102-01) 90
4. que “Amplía Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales de la Policía de Investigaciones de Chile.”. (boletín N° 7164-25) 90
Pág.
5. que “Modifica la ley N° 19.882, en materia de dedicación exclusiva respecto de cargos de Subdirector Médico.”. (boletín N° 7140-11) 90
6. que “Establece la obligación de otorgar defensa penal y asesoría jurídica a las personas naturales que han sido víctimas de delitos y que no pueden procurárselas por sí mismas.”. (boletín N° 5408-07) 91
7. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “Efectúa un aporte extraordinario al Fondo Común Municipal, y compensa menores ingresos de comunas afectadas por terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010.”. (boletín N° 7262-06) 91
8. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que “Establece normas especiales sobre publicidad y reserva de las actuaciones procesales tratándose de ciertos delitos y un reforzamiento de las sanciones en materia de delitos contra los miembros de las policías.”. (boletín N° 7217-07) 92
9. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicación al proyecto que “Prorroga la vigencia del decreto ley N° 701, de 1974, y aumenta los incentivos a la forestación.”. (boletín N° 7102-01) 92
10. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, que “Introduce modificaciones a la tributación específica de la actividad minera.”. (boletín N° 7170-05) 93
11. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, sobre “materia de fiscalización ambiental.”. (boletín N° 7213-12) 95
12. Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “complementa y modifica ley N° 20.387, sobre bonificación por retiro voluntario, de funcionarios municipales”. (boletín N° 7216-06) 95
13. Certificado de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje que “establece un programa de intervención en zonas con presencia de polimetales en la comuna de Arica”. (boletín N° 6810-12) 97
14. Primer informe de la Comisión de Educación recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Modifica ley N° 20.248, de subvención escolar preferencial.”. (boletín N° 7187-04) 98
15. Informe de la Delegación del Congreso Nacional que concurrió a la 123ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, efectuada entre el 3 y el 6 de octubre de 2010, en Ginebra, Suiza 121
16. Moción de los señores diputados Bertolino, Browne, Espinosa, don Marcos; García, don René Manuel; Martínez, Uriarte, Verdugo, y de la diputada señora Nogueira, doña Claudia, que “Sanciona el no pago de los gastos comunes en los inmuebles que forman parte de un condominio emplazado en zona rural.”. (boletín N° 7263-14) 143
Pág.
17. Moción de los diputados señores Ulloa, Bobadilla, Lobos, Norambuena, Van Rysselberghe, Campos, Ortiz y Urrutia, que “Establece cobertura obligatoria en materia de seguros generales sobre inmuebles y prohíbe aquellos que se refieren a saldos de crédito o mutuos hipotecarios.”. (boletín N° 7264-14) 145
18. Moción de los diputados señores Burgos, Araya, Ceroni, Cornejo, Latorre, Díaz, don Marcelo; Jaramillo, Saffirio, Schilling y Walker, que “Modifica la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ampliando el catálogo de delitos.”. (boletín N° 7265-07) 147
19. Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite opinión respecto del proyecto, iniciado en moción, que “Modifica Art. 175 del Código Orgánico de Tribunales para establecer un sistema de distribución de causas equitativo.”. (boletín 6988-07) 151
20. Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite opinión respecto del proyecto, iniciado en moción, que “Castiga el desorden juvenil en la vía pública, bajo los efectos del alcohol.”. (boletín 7165-07) 152
21. Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite opinión respecto del proyecto, iniciado en mensaje, que “Establece normas especiales sobre publicidad y reserva de las actuaciones procesales tratándose de ciertos delitos y un reforzamiento de las sanciones en materia de delitos contra los miembros de las policías.”. (boletín 7217-07) 155
22. Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite opinión respecto del proyecto, iniciado en moción, que “Introduce la responsabilidad objetiva del estado, en la actividad jurisdiccional.”. (boletín 7017-07) 158
VIII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
- De la Presidenta de la Corporación mediante la cual informa que a las reuniones de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, los días 4 y 5 de noviembre, en Cuenca, Ecuador, asistirán la diputada señora Claudia Nogueira y el diputado señor Joaquín Tuma, en conformidad con el Acuerdo Marco de Participación en Instancias Internacionales.
- De la diputada señora Nogueira, doña Claudia, quién acompaña licencia médica por la cual acredita que debió permanecer en reposo el día 12 de octubre próximo pasado.
2. Peticiones:
- De 51 señores diputados quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República y el artículo 297 del Reglamento de la Corporación, solicitan que, a la Comisión de Agricultura, se le otorgue el carácter de Comisión Especial Investigadora, para que se aboque a estudiar las graves irregularidades y posibles hechos de corrupción en la Administración del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, (INIA), Para el cumplimiento de dicho propósito la referida Comisión Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a 60 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
- De 48 señores diputados quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República y el artículo 297 del Reglamento de la Corporación, solicitan que la “Comisión de Agricultura tenga el carácter de Comisión Especial Investigadora de las eventuales irregularidades ocurridas en el periodo 2006 a la fecha en la Administración del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Para el cumplimiento del propósito la referida Comisión Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a 60 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional”.
3. Oficios:
- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por el cual solicita remitir los proyectos, iniciado en moción, que “Modifica ley N° 19.327, que fija normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos, con ocasión de espectáculos de fútbol profesional, estableciendo iguales sanciones para el fútbol amateur.” . Boletín N° 7229-07, y el que Modifica la ley de violencia en los estadios, en el sentido de dar mayor seguridad en partidos de alto riesgo. Boletín N° 7251-07, a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas.
- De la Comisión de Familia, por el cual solicita el acuerdo de la Sala, de conformidad con el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para refundir los Boletines N° 5917-18, que introduce modificaciones en el Código Civil y otros cuerpos legales, con objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados, y Nº 7007-18, que introduce modificaciones en el Código Civil, en relación al cuidado personal de los hijos. Asimismo, hace presente que se ha consultado la opinión de los autores de las referidas mociones, respecto de realizar su tramitación en un refundido.
- De Grupo Interparlamentario Chileno-Guatemalteco, por el cual informa que procedió a constituirse y a elegir como Presidente al diputado señor Rojas, don Manuel.
- De la Comisión de Régimen Interno mediante el cual informa que la Presidenta de la Corporación , acompañada del Segundo Vicepresidente asistirá al acto solemne que se realizará el día martes 19 de octubre, en el Congreso de la República del Perú, con presencia de los Presidentes de las Cámaras de Representantes de los países miembros de la comunidad andina.
- De la Comisión de Régimen Interno mediante el cual informa que el Primer Vicepresidente de la Corporación participará en la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, los días 19 y 20 de noviembre.
- De la Comisión de Régimen Interno mediante el cual informa que la diputada señora Denise Pascal asistirá al Foro Parlamentario sobre Biodiversidad, que se llevará a efecto los días 25 y 26 de octubre, en Japón.
- De la Comisión de Régimen Interno mediante el cual informa que en las sesiones del Parlamento Andino, que se llevarán a efecto entre los días 18 y 21 de octubre, en Lima, Perú, participarán los diputados señores Gabriel Ascencio, José Ramón Barros y Tucapel Jiménez, dentro del Acuerdo Marco de Participación en Instancias Internacionales.
- De la Comisión de Régimen Interno mediante el cual informa que acordó autorizar la participación de los diputados Patricio Melero, Nicolás Monckeberg y Pedro Velásquez en la comitiva que acompañará a S.E. el Presidente de la República en su gira por el Reino Unido, Francia y Alemania, entre los días 14 y 24 de octubre, para los efectos de justificar su inasistencia a las sesiones de Sala respectivas.
Respuestas a oficios Cuenta 88ª.
Ministerio de Relaciones Exteriores:
- Diputada Sabat doña Marcela, Informar sobre las gestiones realizadas por el ministerio a su cargo para implementar el Proyecto de Acuerdo N° 610, de esta Corporación, de fecha 29 de julio de 2008, tendente a que nuestro país suscriba la Convención sobre el Cybercrimen del Consejo de Europa.
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado De Urresti, Solicita al Ministro de Obras Públicas informar sobre factibilidad de mejorar el camino Antilhue-Valdivia.
- Diputado Ascencio, Solicita información al Ministro de Obras Públicas sobre el estado del proyecto de construcción de un camino en la isla Talcán, situada en el mar interior de Chiloé.
- Diputada Zalaquett doña Mónica, Solicita al Ministro de Obras Públicas instruir implementar a la brevedad un proyecto de renovación integral del camino Melipilla (ruta 76), ex ruta 78, en seguida, que esta iniciativa se coordine con las autoridades que corresponda, especialmente del Servicio de la Vivienda y Urbanismo de la Región.
- Diputado García don René Manuel, Informar acerca de la construcción del camino Botacura Faja Ricci, en la comuna de Gorbea, su estado de avance, costo, calidad y datos la empresa que se adjudicó su construcción.
- Diputado Monsalve, Informar respecto del excesivo cobro por concepto de sobre consumo de agua potable que ha afectado a 116 familias del Comité de Agua Potable Quillaitun, en la comuna de Los Álamos, en la VIII Región el Biobío.
- Diputado García don René Manuel, Hacer extensiva la investigación llevada a cabo por el posible robo de combustible en la Dirección de Vialidad de la provincia de Cautín, en la Dirección de provincia de Malleco.
- Diputado Gutiérrez don Romilio, Solicita al Ministro de Obras Públicas remitir antecedentes sobre algunos proyectos de conservación de caminos en la Provincia de Linares, financiados con cargo al Fondo de Compensación de la Región del Maule, y adjudicados a la empresa Quinguz Ltda., a saber: el de la ruta L-250, Las Hornillas.
- Diputado Edwards, Informar acerca del proyecto de pasarela Quepe, en la comuna de Freire, a cargo de la Concesionaria Araucanía Sur.
Ministerio de Bienes Nacionales:
- Proyecto de Acuerdo 99, Medidas que benefician a habitantes de zonas extremas y fronterizas.
Ministerio de Energía:
- Diputado Marinovic, Solicita información en virtud de lo dispuesto en las leyes Nos 20.219 y 19.275, que destinan recursos para el Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita informar sobre cumplimiento de requerimientos técnicos en conjunto habitacional ubicado en la comuna de Puerto Octay, Región de Los Lagos.
Ministerio Medio Ambiente:
- Diputado Rincón, Disponer lo que sea menester para que se establezca un procedimiento para priorizar, en la VI Región, el análisis de los estudios de impacto ambiental y de evaluación ambiental de aquellos proyectos que, una vez aprobados, tendrán positiva incidencia en la generación de empleo.
- Diputado Latorre, Informar las razones expuestas en la intervención adjunta, una relación de los proyectos que se encuentran con resolución pendiente en la VI Región, tanto de aquellos a los que falta el respectivo estudio de impacto ambiental, como de los presentados simplemente con declaración de impacto ambiental.
Servicios:
- Diputada Pacheco doña Clemira, Reconsiderar la situación de los trabajadores contratados por el Cuerpo Militar del Trabajo para las tareas de demolición y reconstrucción en la zona afectada por el maremoto y terremoto del 27 de febrero del año en curso, en la Región del Biobío.
IX. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- Diputado De Urresti, Solicita se informe si la instalación de una antena de telefonía móvil en el sector El Arenal, de la comuna de Valdivia, Región de los Ríos, cumple con normativa vigente, sin perjuicio de recabar otros antecedentes de carácter general sobre la materia (1668 de 07/10/2010). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputado De Urresti, Solicita diversos antecedentes relacionados con el proyecto de construcción de la central hidroeléctrica San Pedro, de la empresa Colbún, en la Región de Los Ríos (1669 de 07/10/2010). A Ministerio Medio Ambiente.
- Diputado Hernández, Solicita copia de los contratos o convenios suscritos por la Universidad de Los Lagos con el señor Enrique Molina, desde 2005 a la fecha, y que se realice investigación sobre el particular (1670 de 07/10/2010). A Contraloría General de la República .
- Diputado Silber, Recaba antecedentes sobre los sistemas informáticos y de otra índole respecto al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (1671 de 07/10/2010). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
- Diputado Pérez don Leopoldo, Solicita información sobre las bases de la licitación a través de la cual la empresa Metro SA adquirió 15 trenes a la empresa española CAF (1672 de 07/10/2010). A Servicios.
- Diputado Gutiérrez don Romilio, Recaba antecedentes sobre el proyecto de reparación de la plaza de armas de la comuna de San Javier, Región del Maule (1673 de 07/10/2010). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Diputado Gutiérrez don Romilio, Solicita se informe sobre el proyecto de pavimentación de la ruta L-125, que une diversas localidades situadas entre las comunas de Yerbas Buenas y Colbún, Región del Maule (1674 de 07/10/2010). A Ministerio de Interior.
- Diputado Gutiérrez don Romilio, Solicita se informe acerca del proyecto de obras hidráulicas y modificación de cauces naturales del río Achibueno en la comuna de Linares, Región del Maule (1675 de 07/10/2010). A Contraloría General de la República .
- Diputada Molina doña Andrea, Solicita se informe acerca de fiscalización realizada a los concesionarios del servicio de alimentación que proporciona la Junaeb, y sobre cómo se enfrentará el próximo período estival, para evitar deficiencias en la entrega de alimentos (1676 de 07/10/2010). A Ministerio de Educación.
- Diputada Molina doña Andrea, Solicita antecedentes sobre fiscalización ejercida a concesionarios del servicio de alimentación que proporciona la Junaeb y, por otro lado, que se remita el informe elaborado el año pasado por el órgano contralor sobre la materia (1677 de 07/10/2010). A Contraloría General de la República .
- Diputado Teillier, Solicita pronunciamiento sobre propuestas de Plan Laboral Pesquero, elaboradas por la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria del rubro (1678 de 07/10/2010). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
- Diputada Goic doña Carolina, Recaba antecedentes sobre la licitación del proyecto “Plan de Promoción Turística Internacional de la Patagonia Chilena”, efectuada por el Sernatur de Magallanes, y, en particular, solicita revisar ciertos ítems y la pertinencia de determinados requisitos (1679 de 07/10/2010). A Contraloría General de la República .
- Diputado Gutiérrez don Romilio, Solicita antecedentes sobre el Programa de Empleo Mínimo (PEM) y el Programa Ocupacional para Jefes de Hogar (POJH), que datan, respectivamente, de 1974 y 1982 (1680 de 07/10/2010). A Contraloría General de la República .
- Diputada Sabat doña Marcela, Solicita se informe si los parques que se encuentran dentro del terreno donde están emplazadas las Torres de Carlos Antúnez, en la comuna de Providencia, Región Metropolitana, son públicos o privados (1681 de 07/10/2010). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Diputada Sabat doña Marcela, Solicita se informe si los parques que se encuentran dentro del terreno donde están emplazadas las Torres de Carlos Antúnez, comuna de Providencia, Región Metropolitana, son públicos o privados (1682 de 07/10/2010). A Municipalidad de Providencia.
- Diputado Marinovic, Solicita se informe sobre factibilidad de extender el plazo de entrada en vigencia de normas que establecen porcentaje de azufre en petróleo diesel grado B que se expende en la Región de Magallanes (1692 de 08/10/2010). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (103)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos René PPD XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo IND VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
Delmastro Naso, Roberto RN XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hasbún Selume, Gustavo PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier PPD RM 22
Hoffmann Opazo, María José UDI RM 26
Jaramillo Becker, Enrique UDI V 15
Jarpa Wevar, Carlos Abel IND I 2
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD XIV 54
Kast Rist, José Antonio PRSD VIII 41
Latorre Carmona, Juan Carlos PPD RM 27
Lemus Aracena, Luis UDI RM 30
Lobos Krause, Juan PRI IV 9
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 36
Macaya Danús, Javier UDI VIII 47
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag PDC VII 38
Melero Abaroa, Patricio IND XII 60
Meza Moncada, Fernando RN VIII 41
Molina Oliva, Andrea UDI RM 16
Monckeberg Díaz, Nicolás IND V 10
Monsalve Benavides, Manuel RN RM 23
Montes Cisternas, Carlos RN RM 18
Morales Muñoz Celso PS VIII 46
Moreira Barros, Iván PS RM 26
Muñoz D'Albora, Adriana UDI VII 36
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 27
Núñez Lozano, Marco Antonio UDI RM 19
Ojeda Uribe, Sergio UDI VIII 46
Ortiz Novoa, José Miguel PPD V 11
Pacheco Rivas, Clemira PDC X 55
Pascal Allende, Denise PDC VIII 44
Pérez Arriagada, José PS VIII 45
Pérez Lahsen, Leopoldo PS RM 31
Recondo Lavanderos, Carlos PRSD VIII 47
Rincón González, Ricardo RN RM 29
Rojas Molina, Manuel RN V 11
Saa Díaz, María Antonieta UDI II 4
Sabag Villalobos, Jorge RN RM 17
Sabat Fernández, Marcela PPD RM 17
Saffirio Espinoza, René PDC VIII 42
Salaberry Soto, Felipe RN RM 21
Sandoval Plaza, David PDC IX 50
Santana Tirachini, Alejandro UDI RM 25
Sauerbaum Muñoz, Frank UDI XI 59
Schilling Rodríguez, Marcelo RN X 58
Sepúlveda Orbenes, Alejandra RN VIII 42
Silber Romo, Gabriel PS V 12
Silva Mendez, Ernesto PRI VI 34
Squella Ovalle, Arturo PDC RM 16
Tarud Daccarett, Jorge UDI RM 23
Teillier Del Valle, Guillermo UDI V 12
Torres Jeldes, Víctor PPD VII 39
Tuma Zedan, Joaquín PC RM 28
Turres Figueroa, Marisol PDC V 15
Ulloa Aguillón, Jorge PPD IX 51
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VIII 43
Vallespín López, Patricio UDI RM 31
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VII 40
Vargas Pizarro, Orlando PDC X 57
Velásquez Seguel, Pedro UDI VIII 44
Venegas Cárdenas, Mario IND XV 1
Verdugo Soto, Germán IND IV 8
Vidal Lázaro, Ximena PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón PPD RM 25
Walker Prieto, Matías UDI III 5
Ward Edwards, Felipe UDI XIV 54
Zalaquett Said, Mónica PDC IV 8
-Concurrió, además, el ministro de Hacienda , señor Felipe Larraín.
-Se contó con la asistencia, además, de los senadores señores Jorge Pizarro, Ignacio Walker y Mariano Ruiz-Esquide.
-Por encontrarse en misión oficial no estuvieron presentes los diputados señores Lautaro Carmona, Rosauro Martínez, Iván Norambuena y Carlos Vilches.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.36 horas.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El acta de la sesión 82ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 83ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
REMISIÓN DE PROYECTOS A COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DROGAS.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Si le parece a la Sala, se accedería a la petición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para enviar a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas el proyecto de ley, iniciado en moción que modifica la ley N° 19.327, que fija normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos, con ocasión de espectáculos de fútbol profesional, estableciendo iguales sanciones para el fútbol amateur (boletín N° 7229-07), y el que modifica la ley de violencia en los estadios, en el sentido de dar mayor seguridad en partidos de alto riesgo (boletín N° 7251-07).
¿Habría acuerdo?
Acordado.
FUSIÓN DE MOCIONES.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Si le parece a la Sala, se accedería a la solicitud de la Comisión de Familia para refundir dos mociones, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, cuyas ideas matrices tienen entre sí ideas relacionadas. La primera introduce modificaciones en el Código Civil y otros cuerpos legales con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados (boletín N° 5917-18), y la segunda introduce modificaciones en el Código Civil, en relación al cuidado personal de los hijos (boletín N° 7007-18).
La Comisión hace presente que en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 17 A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, se ha consultado la opinión de los autores de esas mociones.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN DE AGRICULTURA EN INVESTIGADORA DE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA).
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Se han presentado dos solicitudes para que se constituya la Comisión de Agricultura en Investigadora de irregularidades en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Una se encuentra patrocinada por 51 diputados y diputadas de las bancadas de la Concertación de Partidos por la Democracia, y la otra, por 48 diputados y diputadas de las bancadas de la Coalición por el Cambio.
¿Habría acuerdo para que la Comisión de Agricultura se constituya en Investigadora, sobre la base de las dos propuestas?
Acordado.
Hago presente a la Sala que se alcanzó el quórum constitucional requerido.
-o-
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señora Presidenta , dado que hoy en la mañana no hubo reunión de Comités, debido al acto religioso que se celebró, deseo expresar lo siguiente.
Ayer, la Comisión de Hacienda analizó y aprobó por unanimidad el proyecto de ley que complementa y modifica la ley N° 20.387, sobre bonificación por retiro voluntario de funcionarios municipales. Escuchamos a representantes del Ejecutivo y del gremio, el cual es muy activo y se mostró totalmente de acuerdo.
Por lo tanto, señora Presidenta , pido que recabe la unanimidad -obviamente, está dentro de sus facultades- para tratar dicha iniciativa hoy en el tercer lugar de la Tabla. Al respecto, cabe expresar que hay varios funcionarios municipales que fallecieron, y en el proyecto en comento se presentó una indicación muy positiva en cuanto a que sus herederos obtendrían el beneficio.
Estamos contra el tiempo, porque hay un aporte para el 2010 y otro para el 2011.
Fuera de eso, hay algo excepcional para los funcionarios municipales que viven en las zonas de catástrofe.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Diputado señor Ortiz, quiero aclarar que en la reunión de la Comisión de Régimen Interno, realizada ayer se estudiaron las Tablas para esta semana. En relación con lo expuesto por su señoría, recibimos propuestas de varios jefes de bancada para incorporar ese proyecto en la Tabla de hoy.
Por lo tanto, vamos a citar reunión de Comités para resolver la materia.
ADHESIÓN A CELEBRACIÓN POR RESCATE DE LOS 33 MINEROS DE LA MINA SAN JOSÉ.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Señores diputados, pido que la Cámara se sume a la celebración del país por el rescate de los 33 mineros. No podemos dejar de sumarnos a la alegría que sienten los chilenos y las chilenas, que se repite a lo largo de todo el mundo.
Por eso, decidimos colocar en la Sala el recuerdo que nos enviaron los mineros el día que entregamos la medalla “Ciudadano Destacado”, ocasión en la cual, entre los premiados, figuraba un minero que fue notificado de dicha distinción antes de entrar a la mina.
De manera que llamo a los presentes a prodigar un tremendo aplauso a fin de sumarnos a las muestras de alegría y, de paso, transmitir la fuerza y la energía necesarias para que los mineros sigan siendo rescatados y así podamos tenerlos en las próximas horas a todos fuera del yacimiento.
(Aplausos y manifestaciones en la Sala y en las tribunas).
Ésta es la alegría de todos los chilenos.
Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión.
PAREOS.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Secretario va a dar cuenta de los pareos.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Se han registrado los siguientes pareos: el señor Monckeberg, don Cristián, con el señor León; el señor Rivas con el señor Castro, el señor Robles con el señor Vilches, el señor Calderón con el señor Carmona y el señor Hales con el señor Uriarte.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.- Señora Presidenta , aunque no alcancé a registrar el pareo, informo que acordé un pareo de palabra con el diputado René Manuel García , quien tuvo un problema familiar.
Por lo tanto, quiero que quede constancia en la Secretaría que ésa es la razón por la que no votaré.
VI. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIONES A LA TRIBUTACIÓN ESPECÍFICA DE LA ACTIVIDAD MINERA. Tercer trámite constitucional.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde pronunciarse sobre las enmiendas del Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje y con urgencia calificada de discusión inmediata, que introduce modificaciones a la tributación específica de la actividad minera.
Hago presente a los diputados que el Senado sólo realizó modificaciones a los siguientes artículos del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados: al artículo 1° número 1), letra c); al artículo primero transitorio, inciso tercero; al artículo segundo transitorio, incisos segundo y tercero; al artículo tercero transitorio, inciso primero, y al artículo cuarto transitorio.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín N° 7170-05. Documentos de la Cuenta N° 10, de esta sesión.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- En discusión las modificaciones del Senado.
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, hoy nos corresponde pronunciarnos sobre las modificaciones del Senado a este proyecto de ley.
Definitivamente, el tiempo le dio la razón prácticamente a la unanimidad de los diputados de la Concertación en esta materia.
¿Por qué el tiempo nos dio la razón?
Hace no muchos días, el Presidente Piñera hizo un reconocimiento al Poder Legislativo porque prácticamente a seis meses desde que asumiera su mandato cerca de veinte mensajes presidenciales se habían convertido en leyes de la República. De ellos, quiero destacar dos: uno es el que dio origen a la ley N° 20.444, que crea el Fondo Nacional de la Reconstrucción y establece mecanismos de incentivo tributario a las donaciones efectuadas en caso de catástrofe, publicada el 28 de mayo de este año. Y el otro, a la ley N° 20.455, que modifica diversos cuerpos legales para obtener recursos destinados al financiamiento de la reconstrucción del país. Ello, con miras a la obtención, por la vía impositiva, de los recursos necesarios para hacer frente a la emergencia declarada a raíz del terremoto y el maremoto del 27 de febrero pasado.
Ambas iniciativas se sumaron al efecto de la ley N° 16.282, de 1965, que faculta hacer los gastos necesarios en caso de catástrofe o cataclismo.
Lo digo con mucha fuerza, porque soy hijo nacido, criado y formado en mi ciudad de Concepción, Región del Biobío.
Así, mediante dicha legislación se hicieron reasignaciones fiscales.
Ayer -lo señalo para que una vez más quede estampado en esta Sala- en la Primera
Subcomisión Mixta de Presupuestos , donde estuvieron presentes el subsecretario de Hacienda y el subdirector de Presupuestos -también, el colega Silva -, por cuarta vez toqué el tema de las deudas de los municipios de zonas de catástrofe, en particular el caso específico de la Región del Biobío, respecto de la cual existía el compromiso de otorgar 3 mil millones de pesos, recursos que hasta el día de hoy no llegan a esa zona.
¿Por qué lo planteo? Porque tiempo atrás se nos dijo que éramos antipatriotas porque estábamos en contra del royalty o impuesto específico a la minería del cobre.
Pero el tiempo nos dio la razón. La ley N° 20.455 modificó diversos cuerpos legales para obtener recursos destinados al financiamiento de la reconstrucción del país. Pero la propuesta sobre el royalty significaba un aporte ínfimo para la reconstrucción y, lo que es peor, extendía la invariabilidad tributaria hasta el 2025.
Debido a eso, planteamos que este tema debía tratarse aparte, a partir de otro proyecto iniciado en mensaje presidencial, de manera de hacer una discusión profunda y ver qué pasaba realmente. Chile es el mayor productor de cobre, con el 38 por ciento de la producción mundial. De ese porcentaje, dos tercios corresponden a diez grandes empresas mineras privadas y solamente un tercio a Codelco.
Considerábamos que después de eso en los lugares donde se extrajo el mineral sólo quedarían vestigios, porque el cobre no se recupera.
Planteamos cifras claras, como la que señala que en los últimos 3, 4 y 5 años, en una de las pocas actividades del mundo como es la gran minería del cobre, las empresas privadas habían recuperado todas sus inversiones.
Asimismo, señalamos que durante estos últimos años el total de dividendos entregados a los accionistas de esas 10 grandes empresas -especialmente dos, que son las más grandes- había llegado a los 17 mil millones de dólares.
Por otro lado, manifestamos que dichas compañías están haciendo algunos aportes, por ejemplo, mediante la instalación de escuelas modulares y otras infraestructuras. Sin embargo, aclaramos que eso es el minimum minimorum, y que ellas deben entender que en Chile hay un antes y un después del 27 de febrero de 2010.
Siempre dijimos que llegaba a ser un poco para la risa la cantidad de recursos que esas empresas colocarían, más aún cuando eso significaba cerrar las puertas de muchas otras cosas.
Se plantearon bastantes argumentos. Las dos veces que nos correspondió ver esta materia en la Comisión de Hacienda, los ministros de Hacienda y de Minería nos dijeron oficialmente que la carga tributaria propuesta podía significar poner en riesgo inversiones por 50 mil millones de dólares. Les solicitamos que nos entregaran algún documento oficial que avalara dicha información. Cuando analizamos en profundidad ese documento nos encontramos con la siguiente sorpresa, de la que nos alegramos: se encuentran en ejecución 20 mil millones de dólares de esas grandes mineras del cobre privadas. ¡Cómo no lo iban a hacer, cuando es el negocio más grande! ¡Y me alegro de que sea así! Pero también tiene que haber un aporte al país.
Demostramos a los representantes del Gobierno que ese no era un buen argumento, pero nos respondieron que con ello sólo íbamos a lograr que no llegaran más inversionistas, en circunstancias de que Chile es un país respetado. En ese sentido, en todos los informes internacionales se señala que Chile y Brasil son los países más importantes y seguros de esta parte del mundo para realizar inversiones.
Esa fue la gran discusión que se planteó y finalmente se llegó a un acuerdo que lograron senadores de la Concertación y los presidentes de los partidos que la integran. Obviamente, no es lo óptimo, sobre todo porque lo que nosotros queríamos era poner fin a la invariabilidad. Por eso, los cuatro jefes de bancada de los partidos de la Concertación que integran esta Cámara, ingresaron un proyecto de ley para ponerle término. El hecho de que nuestro jefe de bancada sea uno de los diputados que suscribe el proyecto significa que nos representa a los diecinueve diputados y no somos inconsecuentes.
Durante la discusión del proyecto también se planteó que el decreto ley N° 600 no tiene sentido y es necesario modificarlo.
En consecuencia, voy a votar a favor las modificaciones del Senado porque hay un aumento sustancial en la carga tributaria, que puede llegar al 14 por ciento. Según las opiniones de los expertos del cobre, en los próximos años el metal no bajará de 3,20 ó 3,30 dólares la libra, lo que puede significar una cantidad de casi 2 mil millones de dólares que irán en ayuda de la reconstrucción.
Además, voy a votar a favor las modificaciones del Senado porque en este proyecto se ha destinado un porcentaje importante de libre disposición para las regiones, lo que también representa un logro de los senadores de la Concertación, quienes se sentaron a conversar con las autoridades del Gobierno en el entendido de que la política es el arte de lo posible en cuanto a buscar los acuerdos y consensos.
Por eso, reitero, voy a votar a favor las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente , en esta sesión se van a tomar decisiones importantes. Están en juego visiones sobre lo que hará Chile con los recursos naturales en la nueva etapa del mundo, porque estamos ante una nueva realidad en esta materia. La pregunta de fondo es qué haremos con el cobre, con el litio, con el agua, con las fuentes energéticas, etcétera.
Muchos países están redefiniendo sus enfoques no sólo en cuanto a explotar recursos naturales en función de criterios de corto plazo, sino ponerlos en línea con el desarrollo más global del país y con una visión de más largo plazo.
Por lo tanto, el debate de fondo no es sólo sobre el cobre y un tributo: el marco es más global. El desarrollo de China, de India y de los países asiáticos en general pone al mundo en una nueva situación. La relación recursos naturales-productos industriales está cambiando profundamente y se abren nuevos desafíos y oportunidades.
Desde que se discutió en esta Cámara el primer proyecto sobre royalty, se señaló que el debate de fondo debía centrarse en un nuevo trato para el cobre. Chile está dotado de un valioso recurso natural, el cobre, que es la contracara de los sismos, porque el choque de las placas genera un conjunto de materias que tienden a producir el cobre.
Hace cuarenta años, en un momento de gran polarización, Chile nacionalizó el Cobre y se unió en torno a la idea de que el cobre es y debe servir a Chile y es una riqueza que no puede ser extraída de una determinada manera.
Hoy, el tema es replantear el papel del cobre en el desarrollo del país. ¿Qué significa nuevo trato? Nuevo trato significa replantear los encadenamientos productivos, anticiparse al mercado. Las mineras tienen que generar agua, porque en el norte actualmente están consumiendo el agua del país; asimismo, tienen que generar energía solar porque tienen condiciones para eso; tienen que invertir y no consumir la energía que pagamos todos los chilenos; tienen que desarrollar investigación tecnológica, porque es algo a lo cual se dedican muy poco; tienen que desarrollar educación de nuevos cuadros tecnológicos para el país y tienen que desarrollar una especialización en cluster u otras formas. Además, es fundamental estimular la elaboración de productos con mayor valor agregado. No puede ser que toda la exportación de los privados se traduzca básicamente en concentrados.
El nuevo trato significa, también, captar una mayor parte del excedente para orientarlo al desarrollo del país y de las regiones. Con esta gran riqueza, no contar con recursos para la educación y la superación de la pobreza en el país tiene que ver con nuestras responsabilidades.
Como muy bien señaló el diputado José Miguel Ortiz , en los años 2008 y 2009 las grandes empresas generaron 25 mil millones de dólares y distribuyeron 17 mil millones de dólares de utilidades. El desarrollo de Chile requiere quedarse con una mayor proporción del excedente. Esa es la responsabilidad de esta generación dirigente. Nos podemos hacer los lesos; podemos mirar para el lado; podemos olvidarnos de Tomic y Allende , de nuestros líderes del pasado, pero en esta coyuntura especial de la historia de los recursos naturales tenemos una responsabilidad que debemos afrontar.
Nuevo trato significa, también, el desarrollo de Codelco y terminar de una vez por todas con la ley reservada del cobre. A los que cantan victoria porque obtendremos 1.000 millones de dólares les diría que en la plata para comprar armas tenemos empozados 5 mil millones de dólares, porque ahí se están acumulando muchos recursos. Hay que terminar con la ley reservada del cobre y reinvertir en proyectos como el de Chuquicamata, porque si no se desarrolla la minería en túneles, el proyecto quedará obsoleto.
Hay diversos caminos para avanzar en una coyuntura muy distinta de la del 2004. En los años 2004 y 2005, cuando se estableció el régimen actual, el precio del cobre estaba bajo, había escasos proyectos de inversión y serios riesgos de sustitución del cobre, y se tomaron decisiones para activar el sector. Hoy, la situación es muy distinta. Por lo tanto, pretender repetir el modelo del 2004 y 2005 en la actual coyuntura es muy inapropiado.
El Gobierno tiene la iniciativa. La responsabilidad de la Oposición es pensar en el país y proponer su visión en el corto y largo plazo. Es verdad que la propuesta del Gobierno recauda más recursos que la situación preexistente, pero igual son pocos: 1.000 ó 1.300 millones de dólares. Repito, recauda pocos recursos; no guardan relación con los excedentes y las utilidades que se están generando y lo que se está distribuyendo, pero lo hace, además, entregando invariabilidad tributaria hasta el 2023 que por las dinámicas de los proyectos, según algunos podría ser hasta el 2037.
Además, a los nuevos proyectos se les entrega invariabilidad y se les exige un poco más de tributación a cambio de mucha estabilidad. Es lo más malo del proyecto. Esta propuesta del Gobierno entrega a los nuevos proyectos esa condición, en circunstancias de que no hay ninguna razón para hacerlo, salvo en lo que se refiere a la cláusula de invariabilidad establecida en el decreto ley N° 600. Es más, en la Comisión se señaló la necesidad de derogar, no el decreto ley N° 600, sino su cláusula de invariabilidad.
Hay otro punto importante en relación con los proyectos nuevos y de lo cual no nos podemos olvidar, que es la franquicia tributaria que tiene la minería por la depreciación acelerada. El cobre significa grandes inversiones, las que, de acuerdo con la depreciación acelerada se cargan a los costos al inicio del proyecto, cuando se está explotando las vetas de mayor ley. En consecuencia, al descontarse la depreciación acelerada, los márgenes operacionales, que son mayores y reales, bajan significativamente.
Valoramos -lo digo muy seriamente- los esfuerzos de los senadores de la Concertación para corregir la propuesta del Gobierno. Ellos lograron disminuir la invariabilidad en dos años, aunque para los proyectos nuevos no se logró nada significativo; asimismo, la elevación del techo a 14 por ciento, aunque es poco probable que se llegue al 85 por ciento de margen operacional; se crea una comisión de expertos para replantear el decreto ley N° 600 -ojalá que esto llegue a buen puerto-, y se garantizan recursos para las regiones, lo que también es importante.
A pesar de las correcciones, la propuesta del Gobierno no es buena porque, dada la magnitud de los excedentes en juego, recauda poco, si comparamos 17 mil millones de dólares de utilidades con estos 1.000, 1.300 ó 1.500 millones. Esto, porque se crean rigideces de invariabilidad en una nueva coyuntura de demanda y precio. Entonces, nos parece un mal enfoque crear estas rigideces a cambio de tan poco en esta coyuntura que se supone que a futuro será de mayor precio del cobre, y no asumir el desafío de replantear el enfoque nacional frente a los recursos naturales.
Si revisamos la literatura sobre lo que está ocurriendo en el resto de los países, podremos ver que todos están buscando reinsertar los recursos naturales en sus proyectos de desarrollo. Pero nosotros seguimos en una perspectiva muy conservadora.
Propusimos buscar y estudiar alternativas. Se propuso una variante del modelo noruego, que partía por eliminar el impuesto específico, fijando un piso de hasta 25 ó 30 por ciento de margen operacional, un régimen normal de tributación propio de cualquier inversión en este país. Respecto de las rentas por encima de este porcentaje, es decir, las rentas extraordinarias, agregar una repartición de 50 y 50, entre el Estado y el inversionista privado.
Esta propuesta representa, anualmente, más de 1.000 ó 1.500 millones de dólares de recaudación, lo que no significa ir en contra de los inversionistas ni desconocer las condiciones establecidas, sino velar por el interés del país. Con esto se recaudaría mucho más, respetando las ganancias normales de los inversionistas, y los excedentes extraordinarios se distribuirían de otra forma. Para los que no lo saben, en el modelo noruego el ciento por ciento de los excedentes extraordinarios son para el Estado.
Sé que hay propuestas, como, por ejemplo, el impuesto ad valorem, y otras con algunas variantes. Estas propuestas, distintas de las del Ejecutivo, lamentablemente nunca se pudieron discutir en la Cámara, ni siquiera se conversó sobre la materia. Al parecer, tampoco se hizo en el Senado.
De manera que todo indica que la propuesta del Gobierno, con las correcciones que hicieron los senadores de la Concertación, será aprobada en esta sesión. El debate sobre los recursos naturales y sobre el cobre seguirá abierto. Los diputados de centro y de izquierda tendrán que incluir en su agenda prioritaria la historia del pensamiento de Tomic y de Allende; es decir, la historia de Chile. Hay que defender el cobre chileno, recuperar un porcentaje más significativo de los excedentes, replantear nuestra estrategia de desarrollo y exportar recursos naturales con mayor valor agregado. Éstos son los desafíos que tenemos y lo que espera la inmensa mayoría de los chilenos.
Los parlamentarios de Derecha creen que es una gran propuesta, y los colegas de la Concertación, que es la única alternativa posible y menos mala que la original. Esto es verdad; sin embargo, en conciencia y después de pensarlo mucho, tengo una opinión distinta, aunque no me gusta votar en contra de lo que plantean los senadores. Pero considero que no están en lo correcto, porque no es bueno para el país creer que es buena una opción que es mala. Los temas relacionados con los recursos naturales, con el tratamiento del cobre y el desarrollo nacional, seguirán abiertos. Esto no es bueno para Chile ni para los chilenos que esperan contar con más recursos para construir una mejor calidad de vida para muchas familias que hoy viven con grandes dificultades.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva.
El señor SILVA .- Señor Presidente , honorable Cámara, este proyecto surgió por un motivo concreto y específico: la reconstrucción.
Quiero iniciar mis palabras señalando que está bien que aprobemos las modificaciones del Senado, porque ello permitirá cerrar el conjunto de medidas que el Gobierno se propuso para lograr el financiamiento que requiere para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Esto, en cuanto a las normas especiales.
Asimismo, corresponderá analizar las partidas pertinentes durante la discusión del proyecto de ley de Presupuesto de la Nación, que está en plena discusión en el Congreso Nacional.
Este proyecto es muy importante. En primer lugar, quiero referirme al valor que reviste el acuerdo político alcanzado en el Senado.
En la Cámara hemos vivido momentos de amplia discusión y de muchas diferencias. Sin embargo, a partir de hace algunas semanas, hemos dado paso a un ambiente que ha ido favoreciendo la generación de acuerdos y un mejor clima de discusión política, situación que quiero valorar, promover y celebrar. Además, reconozco la labor que realiza el Congreso Nacional en materia de perfeccionamiento de los proyectos de ley y concreción de consensos básicos para dar estabilidad a las distintas normativas. En este sentido, creo que los acuerdos relacionados con el financiamiento del Transantiago, con la ley antiterrorista y con el royalty o impuesto específico a la minería, representan avances relevantes.
En segundo lugar, celebro de manera especial la aprobación de las modificaciones del Senado, porque con ello se terminará con la incertidumbre jurídica que se había generado desde abril o mayo de este año, cuando se inició la discusión sobre el financiamiento y las formas de evaluar y establecer tributación para la industria minera, en particular, la gran minería.
Celebro el término de la incertidumbre jurídica, porque las decisiones que permiten el avance del país requieren un marco de instituciones estables, que permita que haya claridad para que se pueda resolver en forma rápida respecto de las distintas materias. Creo que esto se logra con el proyecto que estamos discutiendo.
En tercer lugar, quiero plantear mi posición, en cuanto a que Chile tendrá un buen sistema y un buen rango de tributación de la minería. No es efectivo que la minería pague pocos impuestos ni que sea la que paga más. Con esto, Chile quedará en un nivel adecuado en materia de impuestos mineros, en relación con los países en vías de desarrollo y desarrollados, después de hacer una revisión que va en la dirección correcta.
Además, con este nuevo sistema se están entregando incentivos correctos y se corrigen las fluctuaciones del precio del cobre que, como hemos visto en los últimos años, pueden producir cambios muy importantes en los retornos que reciben las empresas que se dedican a la actividad minera, y contribuir de manera fundamental y diferente cuando los precios estén más altos, y, corregirlos cuando sean más bajos.
En cuarto lugar, no nos satisfacen plenamente las modificaciones introducidas por el Senado, especialmente, las relacionadas con el aumento de la tasa marginal y con la reducción de los años de invariabilidad tributaria. ¿Por qué? Porque, a mi juicio, esto debilita los incentivos de inversión; más aún, respecto de la invariabilidad, deteriora los incentivos para quienes queremos que se cambien voluntariamente a este sistema. Al parecer, muchas veces olvidamos que lo que busca este sistema es que las empresas mineras que más pueden tributar, se cambien voluntariamente para aportar a la reconstrucción.
A pesar de no estar conforme con las dos modificaciones fundamentales introducidas por el Senado, tiene mucha fuerza el hecho de terminar con la incertidumbre jurídica y de llegar a un acuerdo político que permita generar un consenso en torno a esta materia.
En quinto lugar, se abrió un debate, en el primer trámite constitucional, pero con más fuerza en éste, sobre las políticas de extracción de recursos naturales en nuestro país.
En relación con la gran minería, el importante acuerdo alcanzado por el Gobierno con senadores de Oposición y de la Alianza -espero que se consolide hoy en la Cámara- pone término al debate sobre este tema y reafirma una política de tributación de la gran minería en el tiempo, que espero que permita el desarrollo de importantes proyectos, genere mayor contribución al país y produzca mucho empleo y desarrollo.
Señora Presidenta , por su intermedio quiero decirle al ministro que miramos con atención la comisión que se creó para analizar el decreto ley N° 600. Esta comisión debe tener como foco adecuar esta institucionalidad a la realidad del nuevo Chile; pero, a nuestro juicio, sin olvidar la relevancia que ha tenido dicho instrumento para el fomento de la inversión en un país que la necesita cada día más.
En este sentido, esperamos -estamos seguros de que así sucederá- que las medidas que se adopten permitirán avanzar a mayores niveles de desarrollo, sin dejar de lado los incentivos a la inversión que este instrumento y otros han generado para promover la actividad minera en Chile.
En sexto lugar, felicito al Gobierno y al Congreso Nacional por la forma en que se ha ido conduciendo este proceso. Felicito al Gobierno porque fue capaz de escuchar una discusión -aunque, en su momento, ella no generó un ambiente propicio para sacar adelante este proyecto-, de buscar mecanismos en una primera etapa, esperando a la Concertación para que hiciera una propuesta que, finalmente, no llegó, y de enviar un proyecto de ley que abriera un diálogo sobre la materia.
Creo que en esto, la labor desarrollada por los ministros de Hacienda, de Minería y secretario general de la Presidencia representa un progreso importante para la construcción del diálogo político. Asimismo, será una señal que espero que sea de mucha ayuda para la discusión del proyecto de ley de presupuestos, que estamos llevando a cabo en este momento, y de otros grandes proyectos en el futuro.
Por último, valoro lo realizado por el Congreso Nacional por la vía de generar disponibilidad para llegar a acuerdos y concretar compromisos que vayan en beneficio del país.
Por lo tanto, la bancada de la UDI va a votar favorablemente las modificaciones del Senado, celebrando que la tramitación del proyecto esté llegando a su término.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señora Presidenta, estoy algo confuso con las modificaciones que introdujo el Senado al proyecto. Había expectativas mayores y no puedo dejar de reconocerlo.
Quizás este proyecto sea uno de los más relevantes de los últimos años, porque tiene directa relación con las rentas que debe otorgar al país la explotación de los recursos no renovables, como los minerales, y de cuya recaudación depende buena parte de los presupuestos con que hoy -y mañana- cuenta el Estado para realizar sus labores de bien público.
A mi juicio, el objetivo del proyecto no es contribuir a la reconstrucción, sino modificar los tributos del cobre. Los proyectos para la reconstrucción son otros, hay otros medios planteados para ello y la situación está debidamente resuelta. Ahora, respecto de que se lleve a cabo, el Gobierno tiene la palabra. No quiero confundir este proyecto, relativo a la minería, con la reconstrucción. A lo mejor, eso apuró la tramitación, pensando que esto tenía que ir en ayuda de las regiones más afectadas por el sismo.
Llegamos a esta instancia luego de que el Senado, durante el segundo trámite constitucional, lograra un acuerdo respecto del proyecto. Debo reconocer que el Senado mejoró la iniciativa. Sin embargo, desde mi punto de vista, no cubre las expectativas respecto de la aplicación de un verdadero royalty a la actividad minera. Se perdió esa oportunidad, así como la de poner término a la invariabilidad tributaria, lo que nos pesará durante mucho tiempo. Me refiero a las grandes empresas que explotan nuestros recursos no renovables.
Creo que estamos perdiendo -reitero- una muy buena oportunidad para lograr una mejor recaudación por la explotación de esos recursos, más aun cuando, como consecuencia de la baja del precio del dólar, vemos cómo se ha resentido la actividad agrícola exportadora.
Nuestras principales entradas de divisas extranjeras dependerán, por supuesto, de la actividad minera, de lo que exporte la minería.
Considero que la propuesta de acuerdo del Senado no hace verdadera justicia y equidad a las regiones, en primer lugar, porque no considero suficiente la cantidad de recursos que se piensa repartir, y en segundo lugar, porque las regiones no mineras, como la de Los Ríos, que represento, sufren una doble discriminación al recibir menos recursos que las mineras. Esto no se revierte con el proyecto.
Espero que no pase lo que ocurrió con los recursos “espejo” del Transantiago, de tan triste recuerdo desde hace dos años. Las regiones aún los esperan, a pesar de que para su entrega se dio un plazo de noventa días, al cual se agregó una adicional de treinta días. Se dio oportunidad para hacer proyectos, pero las municipalidades no tenían proyectistas; en fin, fue una farsa que recuerdo con mucha frustración.
Pero tengo algunas esperanzas.: No se ha perdido la guerra, sólo se ha perdido una batalla. Tengo esperanzas, por ejemplo, en el perfeccionamiento del decreto ley N° 600. Se crea una comisión de expertos para ello y ahí existe una oportunidad interesante para debatir con calma y tiempo.
Pese a ser una propuesta mejorada, aún la considero insuficiente para lo que Chile esperaba de la explotación de su minería.
Anuncio mi aprobación a las modificaciones introducidas por el Senado, porque mejoran el proyecto. En ese sentido, no puedo dejar de lado los beneficios que puede acarrear la iniciativa, aunque no sea tan conveniente para las regiones.
Finalmente, pido votación separada del inciso tercero del artículo primero transitorio.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Señor diputado , la Secretaría tomará nota de su petición.
Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señora Presidenta , quiero ser breve, porque el proyecto se ha discutido en tres oportunidades en la Sala y en innumerables ocasiones en la Comisión.
Quiero ser muy gráfico al destacar siete puntos que, a mi juicio, afloran del acuerdo al cual arribó el Gobierno en el Senado con parlamentarios de la Concertación y de la Coalición por el Cambio.
Primero, quiero plasmar mi satisfacción por la decisión del Gobierno de atreverse a proponer una modificación sustantiva a la tributación minera. Lo digo con franqueza, porque cuando la política se mezcla con decisiones técnicas en materia tributaria, siempre hay cosas que cuestan más. En ese sentido, desde las trincheras políticas electorales siempre se dijo que este Gobierno no subiría los impuestos; al revés, se sostuvo que protegería a las grandes empresas.
Y la verdad es que dejando de lado cualquier dogmatismo, a los pocos meses de asumir se hizo pública la decisión de estudiar la tributación minera, lo que ahora es una realidad con un sustantivo aumento de ella. Para demostrar que no es una posición dogmática ni antidogmática, al mismo tiempo se bajan otros impuestos que afligen a las pequeñas y medianas empresas.
Por lo tanto, una primera demostración de la libertad y el tecnicismo con que se están abordando estos temas es que el Gobierno se atrevió a dar este gran paso al establecer un alza tributaria a la gran minería.
Segundo, deseo expresar mi satisfacción al Gobierno por este acuerdo. Digamos las cosas como son: los niveles de tributación con que quedará la gran minería de nuestro país serán los más altos de su historia. Nunca antes en su historia como país independiente se recaudaron más impuestos derivados del cobre, lo que es como consecuencia del alza tributaria que estamos aprobando hoy.
No voy a repetir los términos del acuerdo; se trata de una tasa variable que va entre 5 y 14 por ciento para los proyectos nuevos, y a partir de 2018 para todos, con una invariabilidad de seis años. Reitero, nunca antes en la historia de Chile se recaudaron más recursos en este ámbito, lo que se logra a partir de esta nueva modalidad.
También hay que decir que no sólo se trata de las tasas más altas en nuestra historia. En efecto, se compara nuestra realidad con la del resto del mundo, como se ha dicho en el debate. Chile quedará entre los tres o cuatro países que más recursos recaudarán como consecuencia de la actividad minera, con una tasa completa, integrada, de todos los impuestos, que supera el 40 por ciento. Con eso, superamos, entre otros, a países mineros como Estados Unidos de América -al menos, a la mayoría de sus estados-, Canadá , Argentina, Brasil y Sudáfrica .
Tercero, es necesario expresar nuestra satisfacción porque se llegó a un gran acuerdo. Sin embargo, en el camino hubo que dejar de lado e ignorar a veces mucha demagogia, que es natural que se dé en debates como éste y en el que tuvo lugar en 2005, cuando se aprobó otra modificación a la tributación minera. En esta oportunidad se escucharon muchas cosas que, a lo mejor en el discurso, son tremendamente atractivas. Se escuchó decir, por ejemplo, que es perfectamente posible subir esos impuestos a tasas hasta del 14 por ciento con cero invariabilidad. ¿Qué se quiso decir con eso? Al proponer cero año de invariabilidad, ¿significa que se quiere, unilateralmente, romper un contrato existente, suscrito por el Estado? Si se garantizó invariabilidad tributaria hasta 2018, ¿se dejará sin efecto? ¿O se quería decir, por el contrario, que no había que hacer nada, es decir, cruzarse de brazos hasta 2025 y dejar pasar los años de mayor margen operacional en la historia de la minería de nuestro país? Francamente, ninguna de las dos opciones parecía sustentable.
Me pregunto, cuando en el futuro -en cincuenta o cien años-, los estudiantes de enseñanza media se enteraran de que en el momento en que el precio internacional del cobre alcanzaba su máximo nivel, el Congreso Nacional decidió mantener las tasas de tributación en 5 por ciento; ¿como lo juzgarían? Habría sido difícil explicar a nuestros hijos o nietos que el Congreso Nacional, en este momento histórico, considerando el precio internacional del cobre y la rentabilidad de esta industria, hubiese decidido libremente dejar las tasas en 5 por ciento.
Desde el punto de vista de la historia, dados los actuales márgenes operacionales creo que hicimos bien al elevar las tasas en este momento.
No se trata de proponer reformas por hacerlo, y de cualquier forma, sino de actuar en forma inteligente. Esa fue la receta en esta oportunidad.
Felicito no sólo al Gobierno, sino también a los técnicos de la Concertación y de la Coalición por el cambio que se pusieron de acuerdo. En ese sentido, proponer una fórmula escalonada, en función de los márgenes operacionales, a mi juicio resulta muy apropiado.
Mucho se ha discutido acerca de la invariabilidad, pero veamos qué hay detrás de ella. Es ser capaz de entregar ciertas garantías a las inversiones de largo plazo, en el sentido de que los escenarios no cambiarán en función de las distintas contingencias políticas o cambios de gobierno.
Una forma evidente de entregar esas garantías a empresas de inversiones de largo plazo es mediante la fórmula escalonada, de tasa variable en función del margen operacional.
Tras la aprobación de este nuevo tipo de impuesto específico a la minería en forma escalonada, tendré mucho más espacio. Desde ya, me sumo a la posibilidad de analizar en profundidad modificaciones al decreto ley N° 600, porque ahora se necesitan menos seguridades en materia de invariabilidad, dada la nueva tabla que se incorpora.
Por último, quiero destacar la insistencia de muchos parlamentarios -sobre todo independientes- en el sentido de que la asignación de las platas del royalty a las regiones quedara plasmada en la ley, lo que es un tremendo logro. En el pasado no tuvimos buenas experiencias con protocolos que se firmaron de buena fe para que esos recursos llegaran a las regiones. Esta vez se plasma en la ley no sólo la intención, sino el monto exacto que cada año se invertirá en regiones y su modalidad, e incluso más, los proyectos que se podrían financiar con ese dinero. Es un logro concreto -no sólo político o de discurso- para las regiones.
Por otro lado, quiero formular una petición al Ejecutivo . Hoy se firmó un acuerdo que tiene, también, un efecto de lección para el Congreso Nacional, cual es que la Oposición está llamada no sólo a oponerse y a criticar, sino también a sumarse a las buenas iniciativas.
Gran parte del mérito de ese acuerdo se lo doy a la flexibilidad de importantes parlamentarios de la Concertación y de la Alianza, y del Gobierno.
Por lo tanto, después de aprobar las modificaciones del Senado y de despachar el proyecto, la tarea será del Ejecutivo, porque esto es papel. Si no logramos, de aquí en adelante, que los proyectos importantes de nuestra minería empiecen a tributar con esta nueva modalidad, todo esto habrá sido una discusión estéril.
Por eso, aprovecho esta intervención para pedir al ministro de Hacienda y al Gobierno que, a partir de la promulgación de esta ley, hagan todo lo necesario para demostrar, de aquí a un año, que este esfuerzo valió la pena y que las empresas que podían mantenerse tributando en el esquema de invariabilidad, se cambiaron, con lo cual el país ganará.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señora Presidenta , estamos discutiendo una iniciativa que tiene una enorme importancia para el país. El motivo de la discusión no se debe a que nosotros pusiéramos el tema, sino al terremoto.
Creo que debiéramos tener una mirada diferente acerca de los recursos naturales. Nuestro país cuenta con la riqueza del cobre, pero es finita. Algunos hablan de doscientos años, otros de un poco menos. Por eso, debiéramos tener una mirada diferente al respecto.
Está bien la discusión que hemos llevado en el Congreso Nacional, pero, a mi modo de ver, ésta debe ir más allá, a la gente común y corriente, a la sociedad entera.
En ninguna otra parte del mundo existe la invariabilidad tributaria. El libre comercio no necesita de un decreto ley N° 600. Por eso, creo que debiéramos buscar otra manera para realizar estas regulaciones.
¿Cómo explicamos a los chilenos que hoy estamos regalando -insisto, regalando- un recurso natural como el cobre a las mineras privadas? ¿Cómo les explicamos que en el momento más importante de la historia de la minería -nunca antes los precios de cobre, y también los de subproductos, como el oro y la plata, habían estado tan altos-, estamos entregando invariabilidad tributaria hasta el año 2021? Es relevante entregar esas explicaciones.
Me habría gustado que en el marco de la discusión que estamos llevando a cabo, por lo menos dentro de los acuerdos logrados entre la Alianza y la Concertación, se hubiera dicho algo sobre la ley de concesión plena, que no existe en ninguna parte del mundo. Mediante esa ley, aprobada durante la dictadura militar-, -es decir, en un periodo en que no había Congreso Nacional, debate ni opinión pública-, al inversionista privado se le regaló la mina, dado que queda protegida por el derecho de propiedad. Eso significa referirla enteramente a las normas que garantizan el dominio privado. De eso se deduce que el titular puede libremente usar, gozar, disponer, hipotecar, dar en garantía y transmitir hereditariamente a sus descendientes la propiedad minera.
Esto no existe en ninguna otra parte del mundo. Por eso, es menester abocarnos a buscar la manera de discutir este tema en el Congreso Nacional. Es el momento adecuado para recuperar la propiedad, avalada en nuestra Constitución al establecer que las minas son de propiedad del Estado. Y resulta que aquí la entregamos a la propiedad privada. Para que las minas vuelvan a ser de propiedad del Estado hay que expropiarlas, lo que resulta prácticamente imposible.
Tenemos un deber muy importante: cuidar nuestros recursos naturales. En Noruega, por ejemplo, cuando se descubre una veta minera, la mitad de la mina es para el Estado y la otra mitad es para el privado que hizo la explotación. En Chile la propiedad pasa completamente a manos del sector privado.
En cuanto a la iniciativa en estudio, si bien podría considerarse un paso adelante, considero que el Congreso Nacional no está protegiendo los recursos naturales de nuestro país.
Entre el 2003 y el 2009, las empresas privadas han obtenido tremendas ganancias -se han llevado de Chile 100 mil millones de dólares-, y nosotros estamos muy contentos porque ahora entregarán en forma graciosa y voluntaria 1.200 millones de dólares. A mi juicio, no es un buen negocio para Chile ni para sus recursos naturales.
Como los colegas saben, aquí no se refina ni un gramo de cobre; eso se hace en el exterior.
A pesar de que algunos diputados consideran bueno el acuerdo, no lo es tanto si se compara con lo que se paga en Australia. En efecto, estamos bastante lejos de lo que pagan las mismas mineras en sus países de origen.
¿Por qué Chile tiene que ser un país de segunda categoría? ¿Por qué cobrar menos por nuestros recursos naturales? Además, se llevan la plata y el oro. En el caso de éste, su precio está por las nubes debido a los problemas del dólar.
Debemos poner atención a este aspecto y, ojalá, en los próximos años lograr un gran acuerdo para modificar la ley de concesión plena, que nadie ha tocado. Incluso más, nadie ha dicho nada al respecto. Es una gran vergüenza para todos los chilenos, pero en especial para el Congreso Nacional, no haber sido capaces de modificar dicha legislación.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO.- Señora Presidenta , quiero iniciar mi intervención refiriéndome a las últimas palabras del diputado Enrique Accorsi . A mi juicio, Chile está muy lejos de ser un país de segunda categoría. El ejemplo entregado al mundo durante esta madrugada por la forma como se ha llevado adelante una operación que ha concitado la admiración mundial, revela que está muy lejos de ser un país de segunda categoría. Por el contrario, está entre los de primera categoría.
En sus intervenciones muchos diputados parten reconociendo que el proyecto no les satisface en plenitud. Reconocen que constituye un avance, pero no les gusta en su totalidad. Algunos han dicho que les habría gustado más o menos invariabilidad, más o menos impuestos. En fin.
En suma, el denominador común en los discursos es que el proyecto no satisface en ciento por ciento las aspiraciones o expectativas de la gran mayoría de los diputados.
Pero el mayor valor que asigno al proyecto es la capacidad para concitar acuerdos respecto de materias tan importantes. Como dije, no satisface ciento por ciento mis expectativas, pero estoy dispuesto a llegar a un acuerdo que permita alcanzar un adecuado balance de mis expectativas, con las de los demás, a fin de sacarlo adelante.
En definitiva, significa que somos capaces de ponernos de acuerdo respecto de una materia importante para Chile. Ése es el mayor valor que ha tenido la tramitación del proyecto.
Las modificaciones apuntan en la misma línea del planteamiento original del Ejecutivo: una tasa de impuestos variable, de acuerdo con el margen operacional de las empresas. Ello, de alguna manera, relacionado con el precio del cobre.
Hoy, el acuerdo apunta a la existencia de una mayor o una menor tasa, pero estamos en la misma línea. Al final, se logró un acuerdo sobre la base de una tasa mayor que la planteada originalmente por el Gobierno.
El acuerdo está en la línea de más o menos invariabilidad, que es el planteamiento original del Gobierno. Se llegó a un acuerdo que establece un período de invariabilidad de seis años, no de ocho, como planteaba el proyecto despachado por la Cámara
Además, se acordó estudiar el decreto ley Nº 600 y mantener las platas para los gobiernos regionales.
En suma, en la línea del planteamiento original del Ejecutivo, fuimos capaces de llegar a un acuerdo para sacar adelante este proyecto.
Quiero recoger aquí algunas palabras, por ejemplo, que “es inaceptable” o “no me gusta”, porque en los años futuros, el partido de la economía mundial se jugará en materia de recursos naturales.
Por lo tanto, los amigos de la Concertación sostienen que debemos aprovechar de estrujar u ordeñar esta “vaquita” del cobre. En ese sentido, pese a que es verdad que en los próximos años el partido se jugará en materia de recursos naturales y se mantendrán precios muy expectantes, algunos diputados tenemos una posición distinta. Al respecto, creo que es el momento de garantizar la inversión en el sector, de entregar certeza a la inversión, porque eso permitirá desarrollar el país y dar trabajo a los chilenos.
Por lo tanto, reconocemos un cambio en la situación de los recursos naturales, pero debemos entregar certeza y lograr más inversión.
Codelco sufre mucho para conseguir recursos de inversión y, de esa manera, llevar adelante sus proyectos.
Por lo tanto, reitero, se necesita entregar certeza jurídica a la inversión, elemento indispensable para el crecimiento y el desarrollo.
Finalmente, quiero reivindicar algunas aspectos importantes. En primer lugar, cuando el proyecto se convierta en ley, servirá para financiar la reconstrucción. Se ha querido sostener que no es así. Para ella se requieren algunos requisitos fundamentales, el primero de los cuales dice relación con recursos. Si para un proceso de reconstrucción después de un terremoto no se requirieran dineros, entonces significaría que los terremotos no tendrían impacto.
Cuando el Gobierno pidió financiamiento para la reconstrucción, el Congreso Nacional le negó el ciento por ciento de los recursos solicitados. Al final, en vez de los 3.500 millones o 3.600 millones de dólares que solicitó, se aprobaron 2.700 millones.
Por lo tanto, es clarísimo que se requieren más recursos para la reconstrucción. En consecuencia, el Gobierno tuvo que insistir con el proyecto del royalty para su financiamiento.
Por lo tanto, reitero, el proyecto apunta en buena parte para financiar la reconstrucción, que requiere un sentido de emergencia, de urgencia. En los próximos meses, la ley en tramitación allegará recursos al Estado para la reconstrucción, por tanto, se trata de una iniciativa que responde a la urgencia con que el Estado debe actuar ante la emergencia del terremoto.
Tal vez sea distinto el criterio de algunos a quienes les tocó vivir las emergencias de Tocopilla o de Chaitén, pues no respondieron con el sentido de urgencia requerido por los ciudadanos.
Finalmente, quiero reivindicar la búsqueda de acuerdos con la Concertación. Logramos un buen acuerdo y, con ello, dimos un buen ejemplo.
Felicito al Gobierno por la forma en que manejó la situación. En las últimas semanas vivimos momentos muy auspiciosos en cuanto a avanzar en materias legislativas y, en consecuencia, resolver los problemas de los chilenos. Ejemplos de eso se encuentran en la tramitación de los proyectos de ley sobre justicia militar, el que modifica la ley antiterrorista, el de royalty y el del Transantiago, todos los cuales fueron objeto de amplios y mayoritarios acuerdos logrados entre el Gobierno, la Alianza y la Concertación en el Congreso Nacional.
Quiero reivindicar ese camino, que parece muy positivo.
Felicito al Gobierno por su esfuerzo y la forma en que ha conducido el proceso, la que nos ha permitido aprobar estos proyectos.
Finalmente, espero la aprobación, ojalá por unanimidad, de las modificaciones del Senado al proyecto de royalty, que tan bien le hará a la reconstrucción del país.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Walker.
El señor WALKER.- Señora Presidenta, mis primeras palabras son para felicitar a los treinta y tres mineros que en estos momentos están cumpliendo la proeza de su rescate.
(Aplausos)
Aprovecho la presencia del ministro de Hacienda para invitar al Gobierno -es la oportunidad- a avanzar en reformas laborales que nos garanticen relaciones laborales más equitativas al interior de las empresas, con sindicatos más fuertes y resaltando el rol de los comités paritarios de higiene y seguridad. Así se evitará que vuelvan a ocurrir accidentes como el de la minera San José .
Este proyecto, y el acuerdo a que se llegó en el Senado, demuestran que la Concertación tenía la razón cuando sus parlamentarios nos opusimos a la tasa de impuestos que iba entre 3,5 y 9 por ciento, que propuso originalmente el Gobierno, puesto que ahora logramos avanzar a una tasa efectiva que va entre 5 y 14 por ciento. Por lo tanto, no éramos nosotros los antipatriotas -de lo que se nos acusó en un momento- que estábamos negando los recursos para la reconstrucción. Sabíamos que el aporte que la gran minería del cobre podía hacer al país era mucho mayor. Por eso surgió el acuerdo a que llegaron los senadores, que permitirá recaudar 1.000 millones de dólares entre el 2010 y el 2012, recursos que no estaban contemplados en el régimen tributario anterior, del artículo 64 bis de la ley sobre impuesto a la renta.
También demostramos que no era necesario garantizar una invariabilidad hasta el 2025. Pero en esto seamos muy francos, porque nosotros estábamos conscientes de que debíamos generar un incentivo para que las empresas que tuvieran contrato de invariabilidad tributaria con el Estado de Chile se sumaran al nuevo régimen y pudieran hacer su aporte a la mayor tributación de la gran minería del cobre. En un momento, se habló de la posibilidad de establecer para las empresas una suerte de crédito tributario y que lo pagaran después del 2017; pero nos parecía inconcebible pedir a las empresas que le prestaran plata al Estado para la reconstrucción. Nos parecía, en este caso, mucho más lógico extender el período de invariabilidad sólo por seis años y no por ocho años, como propuso el Gobierno. He aquí el tema de fondo.
Queremos legislar en serio para terminar con la invariabilidad. Por eso, ayer, junto con los jefes de Comités de la Concertación y del PRI, presentamos un proyecto de ley para sustituir el decreto ley N° 600. Queremos inversión extranjera y para eso necesitamos garantizar que no se discriminará a los inversionistas nacionales, y que los inversores extranjeros podrán hacer retiros de su remesa al exterior; pero no se justifica más un decreto ley como el 600, que se creó en dictadura cuando Chile estaba aislado del mundo.
Los recursos para las regiones fue una conquista de la Cámara. Con el diputado José Miguel Ortiz estuvimos peleando en el Senado con ese propósito. Esto es muy importante, porque un tercio de los recursos irán a las regiones mineras. Represento a la Cuarta Región de Coquimbo, afectada por la sequía y donde existe una permanente pugna entre la gran minería del cobre y la agricultura por la utilización de los recursos hídricos. Pues bien, los recursos que se destinarán a las regiones permitirán contar con fondos de inversión para construir embalses y obras de regadío, proyectos que serán priorizadas por los gobiernos regionales.
Sostenemos que los acuerdos hay que cumplirlos en lo que nos gusta más, pero también en lo que nos gusta menos. Me siento absolutamente representado por nuestros senadores Andrés Zaldívar y Eduardo Frei en lo que convinieron en el Senado. Lo digo claramente. No concibo que en una votación separada podamos votar a favor lo que nos gusta más y en contra lo que nos gusta menos. Soy de los que creen que los acuerdos hay que cumplirlos en su integridad, y si no, no son acuerdos.
Por último, como bien lo dijo el diputado Nicolás Monckeberg , este gobierno, como nunca antes en la historia de Chile, contará con recursos no solamente para la reconstrucción, sino también para financiar todos sus programas sociales. Nosotros, a partir de la aprobación de este proyecto de ley, le vamos a entregar al Gobierno todos los recursos que nos ha pedido. A partir de ahora, señora Presidenta , no habrá excusas para no cumplir los compromisos que dio a conocer el Presidente de la República el 21 de Mayo, como terminar con el descuento del 7 por ciento a los adultos mayores en materia de salud, duplicar la subvención por alumno en los establecimientos educacionales y aumentar el per cápita en salud en todos los consultorios de Chile.
He dicho.
-Aplausos.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Macaya.
El señor MACAYA.- Señora Presidenta, ésta es la tercera vez que me corresponde intervenir en este Hemiciclo sobre este proyecto.
Acá hay reconocimiento a la labor que ha hecho el Gobierno y a su capacidad negociadora. Por eso, señora Presidenta , por su intermedio quiero felicitar al ministro de Hacienda y destacar el acuerdo que se alcanzó en los últimos días con la gente de la Concertación. En las últimas semanas, con ocasión de la tramitación de proyectos como el relativo al Transantiago o la modificación de la ley antiterrorista, los parlamentarios de dicho conglomerado han actuado de manera positiva. También veo un ambiente distinto en la discusión presupuestaria que estamos llevando a cabo, lo cual le hace bien al país, como asimismo al rol del Congreso Nacional.
También hago un reconocimiento a la labor de apoyo de los parlamentarios independientes a la iniciativa del Gobierno sobre el royalty.
Tampoco quiero perder de vista lo relacionado con el inicio de la discusión de este proyecto. Aquí se ha dicho que el tema se puso en el tapete público inmediatamente después del terremoto. Efectivamente, el proyecto fue concebido, en su idea original, a raíz del terremoto del 27 de febrero pasado y, como lo señaló el diputado Accorsi , no debemos olvidar que ésa es la razón por la cual hoy se está discutiendo. No estaríamos hablando de royalty minero y, probablemente, tampoco tendríamos la oportunidad de volver a tratarlo en los próximos años si este Congreso no hubiera dado la señal de aprobar los recursos para la reconstrucción.
Quiero hacer referencia a un columnista cuyo comentario aparece hoy en El Mercurio de Santiago. Señala que, con los actuales precios del cobre, el acuerdo logrado permite una mayor recaudación anual adicional para el fisco de unos 530 millones de dólares, lo que equivale a toda la reforma tributaria de 1990 bajo el gobierno del presidente Aylwin.
Estos dichos son del presidente del Partido Demócrata Cristiano, senador Ignacio Walker, quien resalta la importancia del acuerdo a que se está llegando.
De acuerdo a lo expresado en esa columna, estamos arribando a niveles que nos ubican entre los países con mayor tributación minera en el mundo. Hay algunos estados federales que tributan con tasas un poquito superiores, pero, como país, reitero, probablemente estemos entre los países con mayor tributación minera.
Señora Presidenta , entre los contenidos del proyecto se puede destacar el tema regional. Ciertamente, como parlamentario de regiones, no puedo dejar de apoyar la creación del Fondo de Inversiones y Reconstrucción Regional, y la recaudación global que esto va a significar. Solamente en el caso de la Región de O´Higgins, se destinarán alrededor de 40 millones de dólares en proyectos de ladrillo y de concreto. No hablamos de proyectos de asesorías o de intangibles.
Quiero destacar, también, el acuerdo para estudiar y debatir el decreto ley N° 600. En esta discusión no hay que olvidar que, desde 1974 a la fecha, dicho decreto ha jugado un rol fundamental en las inversiones en el país y en su desarrollo.
Lo resuelto en materia de tasas es muestra de la flexibilidad que tuvo el Gobierno para negociar con la Concertación. Sin embargo, me preocupan ciertas declaraciones, como la del Presidente del Consejo Minero , quien señaló que esta tasa inhibe la exploración del potencial minero, cuestión que hay que considerar, toda vez que, en la línea de lo planteado por el diputado Recondo , la disposición del Congreso y del Ejecutivo era lograr el consenso político adecuado que incentivara la inversión minera.
Lo que más valoro de esta discusión sobre el royalty es la certeza que damos a un sector que aportará parte importante de los recursos para la reconstrucción, amén de financiar la mayoría de los proyectos del Estado chileno. Prácticamente, uno de cada cuatro pesos de recaudación fiscal proviene del recurso minero y de las actividades de las empresas mineras.
No hay que perder de vista que cuando se habla de derogar el sistema de concesiones, se está afectando la institucionalidad en materia de inversiones, toda vez que se está cuestionando un proceso que genera empleo y recursos para el Estado chileno. Por eso, reitero, valoro la certeza tributaria que se está entregando a las empresas mineras.
Por último, destaco el apoyo que dieron al Ejecutivo la Concertación y la bancada Independiente, prueba del ambiente que primará en este Congreso en la discusión presupuestaria para 2011.
Por último, anuncio mi voto favorable al proyecto.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señora Presidenta , en este debate se están mezclando dos temas: los recursos que el Gobierno demanda para la reconstrucción con qué hacer con nuestros recursos no renovables, que pertenecen a todos los chilenos. Comparto la opinión del diputado Accorsi , en cuanto a que este es un tema que merece un debate serio, sobre todo considerando que el Estado, por la vía de las concesiones, vulnera un gran triunfo histórico de Chile, cual fue la nacionalización del cobre. Ni siquiera en tiempos de Pinochet se desnacionalizó el cobre, sino que se inventó este sistema de concesiones permanentes e indefinidas, que hacen que la propiedad del Estado sobre sus recursos mineros, en nombre de todos los chilenos, sea simplemente ficción, porque el recurso sigue siendo, como lo demuestran los fundamentos de la presentación del Presupuesto 2011 -lo digo, aprovechando la presencia del ministro de Hacienda -, la piedra angular de nuestra estrategia de desarrollo y financiamiento nacional. Enfrentamos bien la crisis económica que azotó a Chile y al mundo, precisamente por nuestra holgura presupuestaria y financiera, derivada de la buena rentabilidad del cobre y de lo que aporta Codelco al erario nacional. Entonces, la afirmación, que más parece consigna, de que el cobre es el sueldo de Chile, sigue siendo válida. El cobre es y seguirá siendo buena parte de la piedra angular del desarrollo de Chile. Este recurso ha permitido el desarrollo en los últimos años y no tengo duda de que está en las consideraciones de quienes ya piensan en las estrategias de desarrollo para un mejor futuro.
Repito, el cobre es un elemento fundamental de la evaluación presupuestaria. Por eso, la decisión que hoy adoptemos sobre este impuesto específico a la minería redundará no sólo en los recursos que el Gobierno requiere para la reconstrucción, sino también en lo que Chile hará con esta piedra angular de su estrategia de desarrollo, con sus recursos minerales y el cobre.
Desmiento categóricamente que la Concertación no tenga voluntad para entregarle al Gobierno los recursos necesarios para la reconstrucción. Al ministro le digo, por su intermedio, señora Presidenta , que nuestros votos están disponibles para todas las fórmulas necesarias para conseguir los recursos que saquen adelante la reconstrucción; pero le pido que no mezclemos las cosas, porque esto tiene que ver con lo que haremos con nuestro principal patrimonio, con nuestra principal riqueza, con nuestro cobre.
Por lo tanto, la decisión de hoy tendrá efectos trascendentales, de cara al futuro de Chile. Y esto será lo que oriente la decisión que hoy tomemos.
La Concertación, a través de sus miembros de la Comisión de Hacienda, propuso miles de fórmulas para generar los recursos que el Gobierno quiere obtener por la vía de este impuesto específico para la reconstrucción. Es decir, hay alternativas. El país tiene recursos suficientes. Además de su capacidad financiera y de endeudamiento, tiene la opción de usar los fondos soberanos, ahorros con que el país cuenta gracias a la buena gestión macroeconómica desarrollada en los últimos 20 años y que hoy constituyen un activo nacional. Pienso que nadie se atrevería a manejar recursos sino sobre la base de esa disciplina fiscal y de esa responsabilidad macroeconómica.
Para decidir mi voto, me pregunto si el proyecto sirve bien a los intereses de Chile; si los dueños del cobre, los dueños de nuestros recursos minerales, que son los ciudadanos y las ciudadanas, como lo establece la Constitución, se benefician o no con este proyecto.
Tengo la impresión de que hoy discutimos sobre este seudo royalty que rige la inversión extranjera, fruto de una movilización política y social que contó con una férrea oposición en importantes actores políticos y empresariales de la época, porque probablemente todos tenemos conciencia de que la tasa de esta seudo regalía fue insuficiente para atender las expectativas y el interés general de Chile. Aunque el Senado cambia y modifica, en una buena dirección, lo que está vigente, a mi juicio sigue siendo insuficiente para que Chile disfrute como corresponde de los intereses que derivan de su principal riqueza: los recursos minerales y el cobre. Tenemos la oportunidad histórica, que pocas veces se repite en la crono-logía de un país, para lograr una legislación justa, que atienda fundamentalmente los intereses de las grandes mayorías nacionales.
Los gobiernos de la Concertación y el gobierno actual han dicho más o menos lo mismo: Chile se encuentra en el umbral del desarrollo, y de cómo hagamos las cosas depende si logramos enrielarnos en la senda de un país desarrollado o si permaneceremos siempre a las puertas de la primera división. Mi decisión tiene que ver con cómo el Estado se hace de recursos indispensables no sólo para reconstruir lo que se cayó el 27 de febrero, sino también para financiar políticas públicas potentes, activas y vigorosas, que pongan a Chile en la senda del desarrollo.
Con este proyecto, que viene del Senado, con sus modificaciones, se comete un error capital, que nos costará el juicio histórico de las presentes y futuras generaciones, toda vez que cercena la soberanía del Congreso Nacional y de los tres futuros gobiernos, cuando establece el beneficio de invariabilidad tributaria hasta 2024. Tres lustros más de invariabilidad tributaria, por un régimen de aporte al presupuesto nacional que esas mismas empresas pagan en mayor cantidad en otros países. Son las mismas empresas, y no otras, que venden el mismo cobre, en los mismos lugares y, sin embargo, acá pagan menos.
Tiene razón el diputado señor Accorsi cuando señala que a Chile se le da un trato de segunda categoría, que a Chile no se le mide con una vara distinta. ¿Saben por qué? Porque la clase política lo permite, porque nosotros permitimos poner sobre la mesa una moneda de negociación, que se traduce en decirle a las empresas que se lleven nuestro cobre, que paguen un poquito más, pero que hasta 2024 no las molestamos. Tres futuros Congresos y tres futuros gobiernos no podrán legislar sobre la materia, porque nos habremos autocercenado la soberanía que nos entrega la Constitución, como responsables de la conducción del Estado.
No seré cómplice, con mi voto, de una decisión que cercena las atribuciones soberanas del Estado y de este Congreso. Porque no sólo tenemos el derecho, sino el deber de velar por los intereses de las grandes mayorías. En este caso, significa administrar responsablemente los recursos minerales que, insisto, son la piedra angular de nuestra estrategia de desarrollo. Como dije al comienzo, los presupuestos nacionales se elaboran sobre la base de las expectativas del precio del cobre, que hoy está en uno de los mejores momentos de su historia y se proyecta que así seguirá hacia adelante.
Esa invariabilidad tributaria nos corta las manos y no sería posible establecerla en otros países, donde hay más densidad de la clase política y los intereses económicos penetran menos en las decisiones políticas. Sin embargo, aquí parece que es posible, porque es la moneda de transacción. ¡Así cambiamos nuestras decisiones de políticas públicas! ¡Así le decimos a quienes estarán sentados en estos mismos escaños hasta 2024 que no tendrán derecho a hacer este debate!
¿Parece democrático eso? ¿Parece correcto eso? ¿Parece correcto que un gobierno modifique la Constitución por la vía de una ley y agregue, simplemente, que no tendrá iniciativa exclusiva en esta materia? Porque eso estamos haciendo en la práctica, diciendo que la facultad que tiene el Gobierno de presentar, de manera exclusiva, iniciativas en materia impositiva se mantiene, con la excepción de que, en materia minera, no la va a poder ejercer por 14 años. ¿Eso parece razonable? ¿Eso parece correcto? Eso es inaceptable, porque significa una conculcación de nuestras atribuciones democráticas.
Voy a rechazar este proyecto, voy a votar en contra, porque conculca el derecho de los chilenos a disfrutar la propiedad que la Constitución les reserva sobre los recursos minerales, que son no renovables, que se agotan y se acaban, y el derecho de disfrutar de algo que logramos y que hoy está puesto en cuestionamiento, por un proyecto de ley que sólo protege los intereses de las grandes empresas, de los grandes consorcios empresariales, pero no el interés de los chilenos, que cifran, en las expectativas de nuestros recursos minerales, una estrategia de desarrollo que nos lleve a mejores niveles de progreso.
Voy a votar que no, porque creo que éste es un mal proyecto, que atenta contra el interés general de Chile.
He dicho.
-(Aplausos).
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino.
El señor BERTOLINO.- Señora Presidenta , quiero valorar el trabajo desarrollado por el Gobierno, particularmente por los ministros de Hacienda y de Minería, el cual no está presente por los motivos que todos conocemos: se encuentra dirigiendo el exitoso rescate de los 33 mineros.
El trabajo que ellos realizaron para revertir una situación que, en principio, fue adversa y llegar a acuerdos, tanto con los técnicos como con los políticos de la Concertación, habla muy bien del tono en que se llevó esta discusión.
Por eso, con afecto, discrepo de mi colega diputado Marcelo Díaz , con quien representó al distrito N° 7, quien ha hecho mención a su voto en contra a la invariabilidad, legítimo desde el punto de vista de nuestro derecho. Pero, quiero recordar que esa invariabilidad fue impuesta por el Gobierno del Presidente Lagos, y fue tan bien impuesta, que no puede ser cambiada ni eliminada. Aquí única y exclusivamente estamos ante el devastador desastre natural del 27 de febrero, terremoto y maremoto, el quinto más grande desde que se tiene conocimiento en la historia de la humanidad. Cuando el Presidente Lagos promulgó esta legislación nadie estuvo en contra. Por ello, ahora es necesario sumarse a lo que nos propone el Gobierno, en un momento en que el cobre tiene un muy buen precio y nuestro país requiere más y mayores recursos para ir en ayuda de los afectados y proceder a la reconstrucción.
Como antes han señalado otros oradores, en lo personal, tampoco me es cómodo apoyar y aprobar un proyecto que aumenta los tributos al emprendimiento, pero entiendo y reconozco que es una necesidad superior. Por eso, estoy dispuesto a dar mi apoyo y voto favorable.
¿Por qué es importante hacerlo? Porque es el momento en que las empresas mineras disponen de una mayor cantidad de recursos y el país más los necesita. Los necesitamos ahora y, por eso, valoro este acuerdo. En esta intervención, aprovecho de invitar a las empresas a que se sumen, porque este proyecto les está dando estabilidad en el tiempo, dejando las reglas claras para invertir en la actividad minera.
El proyecto fija un impuesto a las utilidades o a la renta imponible operacional, con lo cual no ponemos en riesgo la existencia de esta actividad productora que, además, da trabajo e ingresará impuestos al erario nacional, dado que va a depender de la rentabilidad que tengan y eso, obviamente, depende del precio que alcance el metal. Por lo tanto, acá no estamos legislando en un momento de bonanza sólo para épocas de bonanza, sino de una forma tal que permitirá tener un ingreso al Estado, incluso cuando el precio del cobre sea menor y las rentabilidades también lo sean.
Es importante señalar que nos hemos transformado, con el proyecto que vamos a votar, en uno de los tres países mineros del mundo con mayor tasa impositiva a la actividad extractiva del cobre. Eso hay que tenerlo bien presente, sobre todo en un mundo globalizado y competitivo, donde el capital busca obtener la mayor rentabilidad. Es cierto que nuestra actividad tiene ventajas comparativas: la cercanía del mineral a los puertos, la expertise de sus técnicos, profesionales, trabajadores y emprendedores y, en muchos casos, también la calidad de la ley de nuestras minas. Estamos en el tope de lo que los países industrializados aplican en materia de tasas a la extracción del cobre. Entonces, es muy poco realista pensar que se puede hacer mucho más. Claro, el diputado Accorsi dijo que hay países en que se descubre un yacimiento y la mitad es para el Estado y la otra mitad para la empresa; sin embargo, quiero saber qué lugar ocupan esos países en el ranking mundial de producción minera o de cobre. Prácticamente, no existen. ¿Por qué? Porque no es interesante ni atractivo invertir en esos países, por el riesgo que conlleva descubrir yacimientos mineros. Proporcionalmente, de cada cien prospecciones, una es rentable. Esos proyectos requieren un gran capital inicial y los riesgos se corren en función de las prospecciones, que no siempre son reales y efectivas. De ahí, la importancia de aterrizar este proyecto a la realidad y valorar el esfuerzo que se ha hecho.
Personalmente, creo que hemos aprovechado de solucionar una gran falencia que tuvo la primera ley de impuesto a la minería o royalty, porque no se creó un sistema expedito para que las regiones, particularmente las comunas mineras, pudieran tener acceso a los recursos que se generan.
Creó un Fondo de Innovación Tecnológica, pero, paradojalmente, las comunas mineras, que es donde se desarrolla mayormente la minería, no tienen un gran nivel de desarrollo o de vida. Sin embargo, con el Fondo de Inversión y Reconversión Nacional, ellas van a poder tener acceso directo a tal desarrollo. De hecho, del total de mil millones que se recauden durante cuatro años, el 30 por ciento se destinará a las regiones mineras y los otros dos tercios se repartirán entre las quince regiones. Por lo tanto aquellas recibirán lo que les corresponde por ser el lugar donde están emplazados los yacimientos. En la medida en que aquellos se exploten se irán eliminando y a futuro deberán reconvertirse, porque no podrán realizarse extracciones en forma indefinida.
Por eso, valoro que el ministro de Hacienda, en representación del Gobierno, haya puesto oídos a la sugerencia de un grupo de parlamentarios. Debemos reconocer que el Comité Independiente, que hizo una gran labor, nos haya concedido este punto.
Por lo tanto, anuncio que la bancada de Renovación Nacional y quien habla votarán favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Teillier.
El señor TEILLIER.- Señor Presidente , en primer lugar, me queda claro que este no es un proyecto de royalty, sino sobre un impuesto específico a las utilidades de las grandes mineras de cobre. En verdad, uno no sabe si felicitarse o expresar que estamos llegando a una situación que puede ser muy nefasta para el futuro del país. Claramente, nos debemos felicitar porque se obtendrá un millón de dólares para la reconstrucción, del cual 100 millones de dólares por año, durante cuatro años, serán destinados a las regiones mineras. Al parecer, es algo excepcionalmente bueno para el país.
Sin embargo, estamos discutiendo el impuesto específico a las utilidades en un momento de alza excepcional del precio del cobre, que no será eterno, ya que podríamos pensar que se mantendrá durante los próximos cuatro o cinco años. El hecho de que el cobre hoy esté en su mejor precio indica claramente que es el momento más conveniente para elevar los impuestos a la gran minería cuprífera. Si hubiéramos tenido la capacidad y la voluntad política de realizar ahora las reformas que permitan cobrar mayores impuestos, o incluso si en el lapso de invariabilidad, que va de este año a 2024, cobráramos los mil millones de dólares en impuestos que obtendremos en los próximos tres años, perfectamente podríamos haber recogido 4 mil ó 5 mil millones de dólares. Es decir, con la misma medida que ahora estamos cobrando impuestos nos estamos farreando 5 mil millones de dólares de aquí a 2023.
No nos engañemos. Esa tabla, que va del 5 al 14 por ciento y que no sabemos en qué sentido va a funcionar, empezará a tener efectos después de 2024. Es decir, las empresas seguirán tributando exactamente como hasta ahora, salvo en el lapso de los próximos tres años, en que vamos a recoger mil millones de dólares.
Por eso, me parece que es un acuerdo bastante nefasto, porque hipoteca el futuro del país y el desarrollo de las futuras generaciones e, incluso, deja amarrada de manos a la institucionalidad del país o a quienes les corresponda dirigirla, para cambiar las reglas del juego en los próximos años. Queremos dar garantías a las grandes empresas, pero no a aquellas que necesariamente lesionan el interés del país.
Tampoco me parece verdadero que vayamos a cobrar los impuestos más altos del mundo en materia de la gran minería del cobre. Eso no es efectivo, porque en otros países no se devuelven impuestos a los empresarios. Además, eso genera que en otros países se sobrepase largamente el 40, 50 o incluso el 60 por ciento de los pagos de impuestos. En Chile recién estamos llegando a alrededor del 40 por ciento si se cobra la tasa máxima, que llegaría al 14 por ciento.
Por eso, no podemos y no podríamos apoyar con nuestro voto favorable las modificaciones del Senado.
Como dije al comienzo de mi intervención, desde el punto de vista del futuro del país, se trata de un acuerdo nefasto para Chile y para todas las chilenas y todos los chilenos. Ojalá -y así lo espero- en el futuro exista la voluntad política y se genere la suficiente conciencia en este país sobre esta materia. Incluso, deberíamos comenzar por hacer un reconocimiento a los 33 mineros, a los cuales hoy estamos homenajeando, pues nos llena de alegría que se estén salvando sus vidas. Pero, debemos recordar que ellos sufrieron esa desgracia precisamente por estar sacando desde las entrañas de la tierra el cobre que tanto nos da, pero que tanto menospreciamos a la hora de valorarlo en el contexto del país. Ellos sacaban el metal rojo en deplorables condiciones de seguridad desde las entrañas de la tierra. ¿Por qué los mineros trabajaban en esas condiciones? Por la ambición desmedida de algunos empresarios. Me parece que a las grandes empresas transnacionales del cobre también les estamos dando facilidades para lograr sus ambiciones, porque incluso podrán optar, voluntariamente si quieren, a acogerse a la ley, mientras que el resto del país debe cumplir cualquiera ley de manera obligatoria.
Por las razones expuestas, votaremos en contra las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Miodrag Marinovic.
El señor MARINOVIC.- Señor Presidente , no puedo iniciar mi intervención sino con mucho orgullo, afecto y cariño. En nombre de la Región de Magallanes, la más austral de nuestro país, entrego un profundo reconocimiento y un saludo a nuestros héroes, los mineros que hoy están siendo rescatados en la mina San José .
En particular, me quiero referir a los temas que nos unen respecto de los acuerdos en relación con el proyecto que hoy finalmente se somete a votación en tercer trámite.
Por primera vez en la historia de nuestro país se logra hacer un reconocimiento a las regiones, por cuanto se busca que con parte de la extracción de los recursos que no son renovables, como los minerales y otros, se genere una instancia que permita a las regiones, que durante muchos años les han sido extraídas sus riquezas naturales no renovables, reconvertirse y regenerar recursos para que queden en esas zonas para que los administren los gobiernos regionales. Asimismo, hoy se ha dignificado a las regiones de todo Chile y, además, se ha sentado jurisprudencia respecto del tratamiento que debe tener la extracción de recursos renovables en nuestro país, para que nunca más ocurra que todas las regiones aporten, pero, en definitiva, la riqueza se la lleven unos pocos de otras zonas de nuestro querido país.
No queremos que ocurra lo que sucedió con el salitre, señor Presidente . Por eso, como parlamentarios independientes, dimos la lucha para que parte de esas enormes riquezas que todos hemos señalado aquí, queden en las regiones que las producen, ya que ello nos parece de toda justicia.
En segundo lugar, aquí se aumenta la carga tributaria de las empresas mineras, lo que celebro, ya que considero que quienes tienen la mayor riqueza en el país, que son las empresas mineras y sus propietarios, deben pagar más impuestos para nuestro desarrollo.
Señor Presidente , quiero destacar la participación de los parlamentarios independientes, ya que ello generó instancias de diálogo con los amigos de la Concertación y del Gobierno, lo que permitió incorporar la modificación que reconoce los recursos regionales. El acuerdo a que se llegó en el Senado se debió al trabajo que realizamos a nivel parlamentario en la Cámara.
Como se dijo años atrás respecto de otras materias, hemos avanzado en la medida de lo posible. Sin duda alguna, a la mayoría de quienes estamos acá nos gustaría que las empresas mineras pagasen mucho más, pero tuvimos que conciliar eso con un royalty ya establecido por el gobierno anterior.
Hay tareas pendientes a las cuales me voy a sumar, señor Presidente , como la reformulación del decreto ley N° 600, con el objeto de reflejar la madurez que tenemos como país para hacernos respetar frente a los inversionistas extranjeros. Además, debemos revisar el crédito que tienen las empresas mineras y las empresas que remesan dinero al exterior, respecto de lo que pagaron como impuesto de primera categoría en su declaración de renta.
Agradezco a los colegas Monckeberg , Macaya y a algunos otros parlamentarios, que se han referido al aporte y al trabajo que realizamos en la Comisión de Hacienda para generar modificaciones y perfeccionar el proyecto, lo que ha permitido que el royalty en discusión sea radicalmente distinto al que envió el Gobierno hace algunos meses, lo que se debe al aporte de todos los sectores políticos.
Quiero hacer un mea culpa ante mis colegas diputados.
¿Por qué buscamos que los senadores logren este tipo de acuerdo, lo que pasa a llevar nuestro rol protagónico como representantes del pueblo de Chile? ¿Por qué no podemos arribar a ellos en la Cámara, en lugar de esperar que ellos digan cómo se van a hacer las cosas? Al respecto, invito a todos los colegas para que, desde sus sectores políticos, asumamos el rol protagónico que nos corresponde para lograr acuerdos en la Cámara de Diputados.
Señor Presidente , no invito a las empresas mineras a acogerse al nuevo sistema de tributación, sino que las insto a que se sumen de inmediato a dicho régimen que el pueblo de Chile, a través del Congreso, ha determinado para que ellos puedan extraer las riquezas naturales de nuestro país.
Por su intermedio del señor Presidente , quiero decir al Gobierno que va a disponer de más recursos gracias a este importante acuerdo y al trabajo del Parlamento. En consecuencia, como dijo un colega que me antecedió en el uso de la palabra, vamos a contar con los recursos necesarios para eliminar de una vez por todas el 7 por ciento que deben pagar nuestros adultos mayores, para generar planes de empleo y de trabajo que requieren nuestras regiones y nuestro país en general, con el objeto de mejorar las condiciones de vida de los chilenos.
Por lo tanto, vamos a votar favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Cerda.
El señor CERDA.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero expresar mi satisfacción por el hecho de que el proyecto que vamos a votar hoy se debe a un acuerdo democrático, lo que es bueno para Chile, ya que nadie puede exigir que se debe lograr todo lo que se desea. Como ya se ha dicho, con este acuerdo se ha logrado lo mejor dentro de lo posible.
Respeto la palabra empeñada por los miembros de la Comisión de Hacienda del Senado, los senadores Eduardo Frei, de la Democracia Cristiana; Ricardo Lagos Weber, del PPD, y Camilo Escalona, del Partido Socialista. Nadie puede dudar de su patriotismo y de su mejor deseo de servir al país.
Seamos sinceros, lamentamos que ese acuerdo de los senadores no haya sido oportunamente informado a los diputados, ya que la mayoría lo supo a través de la prensa. No obstante, también debemos dejar en claro que cuando se discutió el proyecto en la Sala de la Cámara, acordamos votarlo en contra para que el Senado lo mejorara y lograra los acuerdos definitivos.
Se ha mejorado mucho el proyecto original, ya que se aumentó la escala de tributación de la gran minería hasta lograr un mayor ingreso para el país de alrededor de mil millones, el que se destinará a la reconstrucción, y se disminuye el plazo de invariabilidad, materia que fue muy discutida. ¡Qué más quisiéramos todos que hubiera cero plazo de invariabilidad!
Sin embargo, veamos los avances que hemos logrado al respecto.
El decreto ley N° 600 establece una invariabilidad de quince años. Lamento que el diputado Bertolino se haya retirado de la Sala, porque señaló que la invariabilidad la estableció el Presidente Lagos . ¡No es así! Al Presidente Lagos le correspondió disminuir la invariabilidad de quince años establecida por el decreto ley N° 600, a doce años. Mediante el proyecto en discusión se pretende disminuirla a seis años, para que en el futuro se llegue a invariabilidad cero.
Por otra parte, se destinan 100 millones de dólares durante cuatro años para atender inversiones en regiones, especialmente en las mineras, que obtendrán un tercio de esa nueva recaudación, mientras que los dos tercios restantes serán distribuidos entre todas las regiones del país.
Me alegro por ser representante de la Quinta Región, ya que es una zona minera. Por eso le pido al señor ministro , por intermedio del señor Presidente , que se asignen esos recursos, a través del correspondiente decreto del Ministerio de Hacienda, a inversiones para el desarrollo de esas regiones.
También me alegro de que la UDI y Renovación Nacional apoyen el aumento del royalty. Debo recordar que durante el gobierno del Presidente Lagos se opusieron tenazmente a aprobar un royalty para la minería. Incluso, el Instituto Libertad y Desarrollo planteaba que afectaría seriamente las inversiones del país. Los hechos nos demuestran que no es así. Este royalty se aprobó sólo por dos votos de senadores independientes, lo que permitió obtener recursos especiales para Chile, a pesar de la oposición, como dije, de los sectores que hoy son gobierno, los que hoy lo están proponiendo con mayor fuerza, lo cual me alegra.
Otro punto muy importante del acuerdo en debate es que propone la formación de una comisión que estudie durante 180 días la modificación del decreto ley N° 600, en el que radica la base de la invariabilidad.
Disminuimos la invariabilidad. En este proyecto, se mejoraron los ingresos para el país, que son fundamentales. El señor ministro debe estar contento, porque terminamos con la aprobación de recursos especiales para la reconstrucción del país.
Con la anterior ley, aprobamos innumerables recursos y hoy aprobamos estos mil millones más, con lo cual se va a atender verdaderamente la necesidad tan angustiosa de los sectores afectados por el terremoto del 27 de febrero.
Seremos estrictos en ver que verdaderamente los recursos, dentro de lo que es el presupuesto de la nación, estén invertidos año a año para mejorar sus condiciones de vida.
Aprovecho de enviar un saludo muy cariñoso a los mineros de la mina San José que hoy están siendo rescatados y decirles que, como miembro de la Comisión Investigadora, seremos estrictos en vigilar y ver qué sucedió para que nunca más en Chile se esté abusando de los trabajadores; para que nunca más se haga caso omiso de las medidas de seguridad que les permita trabajar con dignidad. Asimismo, es necesario aplicar las sanciones correspondientes a quienes han vulnerado la ley, ya sean de la empresa privada o del Gobierno.
Anuncio que votaré favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Pepe Auth.
El señor AUTH.- Señor Presidente , hace varios meses votamos en contra un proyecto del Gobierno, que tuvo un entusiasta respaldo de los diputados de la Alianza, que buscaba recaudar 600 millones de dólares para la reconstrucción, entregando ocho años más de invariabilidad tributaria para las empresas que se acogieran voluntariamente a un nuevo esquema tributario, de un modesto 3,5 al 9 por ciento, según nivel de utilidades.
Se nos dijo aquí -lo escuchamos de boca de los ministros-, con un énfasis de verdad digno de mejor causa, que con menos años de invariabilidad las empresas no se acoge-rían al nuevo sistema y que si se subían un poco más los impuestos “mataríamos a la gallina de los huevos de oro”. Pues bien, ahora no se recaudan 600 sino un poco más de mil millones de dólares, entregando seis años de invariabilidad. Por supuesto, no se escucha a nadie que repita el argumento de que no hay incentivos para acogerse al nuevo sistema. La tasa ya no es de 3,5 a 9 sino de 5 a 14 por ciento y pueden estar seguros que la gallina va a seguir cacareando y poniendo huevos como siempre.
Hay tres constataciones indesmentibles -probablemente, los colegas Ernesto Silva y Mario Bertolino las desmientan-: la primera es que el aporte actual que hace la minería privada al desarrollo del país es completamente insuficiente e inadecuado respecto del principio rector que es que el cobre les pertenece constitucionalmente a los chilenos.
La segunda -nadie lo ha discutido aquí- es que el proyecto consensuado es significativamente mejor que la situación actual y mucho mejor que la propuesta que el Gobierno presentó hace pocos meses.
La tercera, a mi juicio, indesmentible, es que lo que se somete hoy a votación es completamente insuficiente para resolver el tremendo desequilibrio entre el aporte de la minería privada al país y los beneficios que obtiene de la explotación del cobre, que es chileno.
Pero para decidir nuestro voto, debemos considerar, en primer lugar, que todo el avance, entre el proyecto que ingresó a la Cámara y votado en contra por la Concertación y a favor por los diputados de Renovación Nacional y de la UDI, se debe precisamente a nuestra presión. Eso expresa una paradoja que no he visto en ninguna parte del mundo: por una parte, una Oposición que busca leyes que permitan al Gobierno obtener el máximo de recursos posibles para resolver los problemas sociales y de desarrollo, y por otra, un Gobierno que no sólo se resiste a aceptar más recursos, sino más bien quiere limitar los recursos para enfrentar los problemas del desarrollo. Es decir, un Gobierno que quiere menos impuestos y una Oposición que quiere más impuestos. Me pregunto, ¿qué habría pasado si no hubiera una Oposición decidida, antipatriota, como la calificó violentamente un importante ministro por haber votado en contra el proyecto original del Gobierno? Pues bien, Chile -lo puede refrendar cualquiera-, habría perdido varios miles de millones de dólares en esta década para resolver problemas sociales y de desarrollo. Imaginen si hubiéramos votado a favor la propuesta original del Gobierno, junto con los diputados de la Alianza, cuando ésta ingresó a la Cámara. Felizmente, la votamos en contra; felizmente, los senadores de la Concertación la votaron en contra.
Hoy, podemos expresar, al menos, que hicimos un sustantivo avance respecto de la propuesta original del Gobierno. Pero si hoy votáramos en contra las modificaciones del Senado, por esto mismo que he dicho, estaríamos votando en contra de nuestros propios logros: haber forzado al Gobierno a incrementar al doble el impuesto específico a la minería, a comprometer con claridad recursos para la reconversión económica y el desarrollo de las regiones y a abrir, por fin, la discusión sobre el decreto ley N° 600, ya sobrepasado por la historia y el desarrollo económico y la apertura social, cultural y económica de Chile en el mundo.
Quiero aclarar, porque de pronto aquí se cae en confusiones, que la alternativa a las modificaciones del Senado no es la tributación minera de Australia. No estamos eligiendo entre aprobarlas o aprobar un esquema tributario como el de Australia: estamos optando entre aprobarlas o consagrar el esquema vigente, es decir mantener un 4 por ciento hasta 2017 y un 5 por ciento desde 2018 en adelante. Ésa es la invariabilidad tributaria para los nuevos proyectos. Eso es lo que ocurriría si votáramos en contra, porque continuaría rigiendo la ley actual y ésta asegura invariabilidad a alguien que pone un proyecto hoy a cinco años y luego corre la invariabilidad hasta más allá de 2030.
No nos engañemos, la tributación de la minería privada, después de aprobada las modificaciones del Senado, continuará siendo muy insuficiente. Pero no podemos votar en contra de una tributación mayor porque no conseguimos una tributación justa; no podemos negarnos a subir dos peldaños de la escalera con el pretexto de que queremos llegar a la cima. Sería una paradoja terrible que las modificaciones se aprueben con los votos de quienes no querían incrementar significativamente los tributos y se vieron obligados a hacerlo, y con el rechazo de quienes pensamos que debemos reducir este desequilibrio inaceptable entre lo que aporta la minería privada al desarrollo del país y lo que se lleva por concepto de utilidades. Por eso, invito a todos mis colegas de la Oposición a valorar lo que hicimos votando a favor el proyecto, pero al mismo tiempo reafirmando nuestro compromiso de seguir trabajando hasta que Chile cobre una renta justa por el cobre, que le pertenece a todos los chilenos.
Porque la aprobación de esta iniciativa no me libera, como al diputado Monckeberg , de la responsabilidad de lo que deberé decirles a mis hijos y nietos en el futuro. Después me seguirá resultando difícil explicarles por qué no defendimos adecuadamente el interés de los propietarios del cobre, que son todos los chilenos, para que al menos la mitad de las utilidades obtenidas de su explotación fueran a resolver los grandes problemas sociales, económicos y el desarrollo de Chile.
Cuando mis hijos y mis nietos me pregunten por qué los adultos mayores siguen cotizando el 7 por ciento en salud, por qué los discapacitados no tienen gratuidad en el transporte público, por qué las asignaciones familiares siguen siendo tan escuálidas, no me resignaré jamás a decirles que este Parlamento no pudo concordar una ley que posibilitara una distribución equitativa de las utilidades que genera el cobre chileno.
Por eso votaré a favor el proyecto, porque representa un avance. No obstante ello, comprometo aquí mi esfuerzo para que esto termine en una ley definitiva que permita una distribución equitativa de las utilidades del cobre entre las empresas que invierten y trabajan este mineral y sus propietarios, que somos todos los chilenos.
He dicho.
-(Aplausos en la Sala y en las tribunas).
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Señores diputados, quiero compartir con ustedes que, a medida que avanza la hora, seguimos recibiendo buenas noticias: El decimosexto minero ya ha sido rescatado.
(Aplausos en la Sala y en las tribunas)
Tiene la palabra el diputado señor José Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , todos nos alegramos del momento histórico que está viviendo el país. Y por extraña coincidencia, hoy en esta Cámara de Diputados nos encontramos hablando de los mineros, al referirnos al royalty a la minería.
Felicito de todo corazón a la Concertación por cooperar tan desinteresadamente con el Gobierno de nuestro Presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, éste es el típico proyecto que da para decir todo tipo de cosas.
El diputado Auth se refirió al 7 por ciento. Eso lo vamos a arreglar. No le echamos la culpa a lo que pasó hace 20 años, cuando fueron Gobierno y no lo arreglaron. La pregunta que uno debe hacerse cuando trata proyectos de ley importantes es si no se aprueban estos recursos, ¿quién va a sufrir? ¿El Parlamento? ¿La Democracia Cristiana? ¿El PPD? ¿El Partido Socialista? ¿La UDI? ¿Renovación Nacional? ¡No! Los que van a sufrir y van a seguir con el 7 por ciento, con las bajas pensiones, es la gente. Por eso es bueno llegar a estos consensos.
Y no nos vengamos a “ver la suerte entre gitanos”. Aquí quedamos amarrados durante 12 años por una ley que hizo el Presidente Lagos . En consecuencia, a raíz del terremoto el Presidente Piñera se ha visto en la obligación de conversar con las mineras y sacar esa traba que teníamos para obtener los recursos que tanto necesitamos para la reconstrucción del país.
A la gente de las zonas afectadas no le importa si eso fue o no consenso, si fue royalty o plata de las mineras o garantías tributarias. Lo que le interesa a esas personas es que los recursos les lleguen para poder empezar la reconstrucción. Y ése es el norte que debemos tener. No importa quien tenga un punto más o un punto menos.
Se ha alabado mucho a los senadores de la Concertación. Me pregunto si la gente que recibirá los beneficios se acordará de ellos y les dará las gracias. ¡No! Esa gente agradecerá que los recursos están, que las mineras se encuentran pagando sus impuestos y que vamos a realizar la reconstrucción que tanto anhelamos para reparar los daños ocasionados por la catástrofe del 27 de febrero.
Entonces, señora Presidenta , ¿sacaremos mucho con lavarnos la cabeza unos a otros? ¿Sacaremos mucho con echarnos flores unos a otros? No. Debemos sacar conclusiones de esto. Y ojalá los futuros parlamentos sigan empatados, porque así se llega a los consensos que todos queremos. Hoy, nosotros somos Gobierno; mañana lo serán ustedes. Da lo mismo. Lo que importa es que siempre tendremos que consensuar. Eso es lo ideal, eso es lo mejor: que cada uno intentará obtener lo mejor para su país, no para su propio beneficio.
Aquí tenemos un claro ejemplo de ello: todos los diputados presentes pasaremos; varias generaciones de parlamentos también lo harán, pero el país va a seguir igual, el país va a seguir adelante y deberá tener gente que se preocupe de quienes más necesitan. Ése es el Chile que queremos construir.
¿Acaso ahora empezarán a decir que está lenta la reconstrucción o a preguntar en qué se han ocupado los recursos, o a pedir que en el Presupuesto se separen los recursos que cedimos?
Recuerdo que hace un par de años en este mismo Congreso la Presidenta Bachelet nos pidió 4 mil millones de dólares para invertir en programas sociales, para generar empleo. Y nosotros se los aprobamos sin chistar, porque creíamos que era justo, debido al momento difícil que estaba viviendo el país. Con eso quiero decir que la Oposición y la Concertación no están para sacarse los ojos en una Sala del Parlamento, sino para trabajar por el bien de un país. Y eso -de nuevo- se logra con los consensos a que hemos llegado aquí.
¿Acaso no es un orgullo que por primera vez se le haya dado el premio “ Ministro de Hacienda del Año 2010 de Latinoamérica ” a una persona que lleva sólo cinco meses en el cargo?
(Aplausos en la Sala y en las tribunas).
Eso no es gratis. Eso se logra porque hay seriedad, porque se han hecho las cosas como se deben hacer.
Así, por su intermedio, señora Presidenta , fuera de todo lo que hemos hablado, felicito al señor ministro de Hacienda por esa distinción que nos ha enorgullecido a todos y a cada uno de los chilenos representados en él.
Ésa es la gente que queremos. Esos son los que deben seguir gobernando el país: los que sin mirar para el lado, ni los colores políticos, han fijado su mirada en el norte de nuestro país, que es la reconstrucción.
Por otra parte, todo lo que el Presidente dijo el 21 Mayo se va a cumplir. Y quiero refrescar la memoria de sus señorías, para que no queden dudas.
Recuerdo a la Sala y a la prensa presente en las tribunas que éste es el primer Presupuesto del Presidente Piñera. Nos encontramos trabajando con el Presupuesto de la Presidenta Bachelet; por lo tanto, esas platas ya estaban destinadas y gastadas. Ahora vamos a cumplir los compromisos del 21 de Mayo con los recursos que le daremos a nuestro Presidente.
Por lo tanto, estamos en una buena senda, con muy buen rumbo. Así que ¡claro que paguen más las mineras! Esto es lo mismo que discutía el otro día con el diputado Andrade . Cuando se nos señala que vamos a ver las leyes laborales y que vamos a subir el salario mínimo en 3, 4 mil pesos, las empresas van a quebrar. ¡Mentira! ¡Mentira! No he visto ninguna empresa que quiebre porque le sube 5 mil pesos el salario mínimo a los trabajadores. ¡Mentira!Por lo tanto, insisto en que se trata de lo mismo: ninguna minera va a quebrar. ¿Qué puede suceder? Que esas empresas vayan a hacer inversiones en otro lado.
Anteayer leí que un inversionista chileno, de gran prestigio en la minería, se encuentra invirtiendo en Pakistán 3.800 millones de dólares, porque cree que en Chile no están las condiciones. No es utópico que los recursos se pueden ir a otros lados. Ello por una razón muy simple y que los colegas la conocen perfectamente: la plata no tiene país; la plata no tiene dueña; la plata está en el mundo; la plata se va donde le den las garantías. Y ése es el peligro que puede haber. Pero que las mineras vayan a quebrar porque paguen un 2 ó 3 por ciento más de tributos, no. ¡No es así! ¡No van a quebrar! Sin embargo, la inversión se puede ver perjudicada.
Por consiguiente, si queremos tener trabajo hay que proteger también la inversión del país. Y eso es lo que estamos resguardando.
Señora Presidenta , señalo al señor ministro que la bancada de Renovación Nacional votará favorablemente este proyecto.
Agradezco si la gente de la Concertación no “se tira tantas flores”, sino que solamente se ponga la mano en el corazón y diga: “Efectivamente, creemos que es justo entregar estos recursos”, y que no “echemos más gallitos”, porque este asunto se ha retrasado más de la cuenta para conseguir los recursos que tanto necesitamos para la reconstrucción de nuestro país.
Señora Presidenta, reitero que, con mucho gusto, vamos a votar favorablemente la iniciativa. La gente puede estar tranquila. Los jubilados sabrán que el 7 por ciento, como lo dijo el Presidente, se va ir retirando paulatinamente. Esperamos y estamos seguros de que el Presidente cumplirá ese compromiso.
¡Viva Chile!
¡Vivan los mineros!
¡Viva el royalty!
He dicho.
-Aplausos en la Sala y en las tribunas.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado Luis Lemus.
El señor LEMUS.- Señora Presidenta , ésta es la tercera oportunidad en que discutimos este proyecto y me quiero referir a una cuestión señalada por el Gobierno a la prensa y que me parece muy coherente con su estrategia: reconocer que el cobre sigue siendo el elemento más determinante en nuestra economía.
Se habla de constituir un nuevo ministerio que tenga que ver con nuestros recursos naturales, fundamentalmente, el agua, la energía y los recursos minerales, lo que me parece muy coherente con lo que está pensando el país en cuanto a su economía y orientaciones. Sin embargo -quiero recordar eso a los diputados de Gobierno-, la semana pasada, en esta Cámara hubo parlamentarios que se lamentaron profundamente por la baja en el valor del dólar e hicieron ver que una de las actividades que intervenía más directamente en ello era precisamente la actividad minera, ya que el cobre de Chile es el que determina este desbalance que se produce, porque mientras el cobre sube el dólar baja, lo que recae directamente en nuestras exportaciones, sobre todo en la agricultura, donde los efectos que hoy está sufriendo son devastadores, por lo que pedían la intervención del Gobierno y del Banco Central y preguntaban por qué se protegía tanto dicha actividad.
Debemos tener claro que con estos bajos recursos tributarios que pagan las mineras en Chile lo que estamos haciendo es fortalecer esta actividad como algo estratégico para la economía, y así lo está pensando el Gobierno.
Entonces, cuando el Gobierno piensa en este ministerio de recursos naturales es porque lo considera estratégico, sobre todo cuando se quiere hacer, pensando en un ministro que últimamente ha tenido una visión inmensa a nivel país, por lo que hay que buscar el espacio para que se pueda desarrollar. Eso lo encuentro coherente.
Pero también tenemos que decir las cosas por su nombre. Connotados especialistas en esta materia, como Juan Villarzú , de quien se publicó un reportaje el fin de semana en el diario La Tercera -nadie puede negar que sabe mucho del negocio minero-, han señalado que hoy las mineras privadas en Chile están tributando muy poco. Juan Villarzú dio una cifra: 2.500 millones de dólares. ¿Esos son los tributos que tenemos, incluido este impuesto específico? ¿Eso es lo que las mineras le están entregando a Chile? ¿Por qué no se ha querido hacer una discusión de cara al país? ¿Por qué siempre se le pone urgencia a estos proyectos? La excusa ha sido el terremoto, que ha dado para todo en este país, incluso para hacer reformas que son sustantivas para nuestro futuro.
Entonces, tenemos que sincerar las cosas. Si uno hace una encuesta, la gente va a opinar que las mineras pagan poco en Chile. Sin embargo, con esa información tratamos de torcer la nariz, sacando a relucir cosas que no corresponden.
Por ello, por intermedio de la Mesa, pido al ministro de Hacienda que algún día traiga a esta Cámara al Director de Impuestos Internos para que le aclare al país cuántos son los tributos reales, porque en este Hemiciclo se ha insistido una y otra vez en que somos uno de los tres países que pagamos más tributos. Si es así, desafío a que lo podamos demostrar.
Actualmente, Chile está explotando un par de proyectos en la frontera con Argentina, pero no se explotan en la parte argentina fundamentalmente por los tributos que existen en Chile. Hay consorcios chilenos y extranjeros que se han aventurado en países como Afganistán y Pakistán, en un proyecto que se está desarrollando en la frontera, con una inversión sólo en estudio de 200 millones de dólares, pero se han encontrado con un problema: los tributos.
Hoy, Chile está determinado como el país que tiene el 38 por ciento de las millonarias reservas de cobre a nivel mundial. Incluso, en septiembre, las empresas en Chile presentaron ocho proyectos para ampliar los que ya estaban en ejecución, porque tienen que vender el cobre en forma rápida; aprovechar los precios internacionales y adelantarse a las modificaciones tributarias que puedan existir.
En definitiva, nunca hemos demostrado que somos el país donde se pagan más tributos, sobre todo, porque Chile es el país que paga menos por este concepto. Hoy la inversión se viene a Chile y no a otros países no sólo por la estabilidad política y por el conocimiento que aquí se tiene de minería, que son elementos importantes, pero no fundamentales, sino porque aquí se paga menos tributos.
Voy a ser coherente porque vengo de una zona minera y sé el impacto que esto produce.
Los aportes a las regiones me parecen bien, pero es sólo por tres años. Los impactos que estos proyectos tienen en las comunidades son increíbles. Sacaba la cuenta de lo que sucede en una comuna que pertenece al distrito que represento en esta Cámara y que alberga proyectos inmensos. Quisiera saber cuánto les va a llegar por esto. ¿150 millones ó 200 millones de pesos anuales por tres años? ¿Será suficiente para comunas que son contradictorias en este país, ya que entregan las mayores riquezas, pero son las más pobres de Chile?
Por ello, creo que este tema lo debemos tocar con seriedad. Si bien es cierto, hemos mejorado el proyecto, debemos reconocer que es absolutamente insuficiente. Para mí la invariabilidad es un tema estratégico para Chile. Estamos hipotecando la posibilidad de que otros Congresos puedan discutir sobre los avances que tenga el país y el mundo en un futuro ojala cercano.
Por eso, voy a votar en contra de este proyecto, porque creo que es injusto por el sistema de tributación que establece y que repercute en el pueblo chileno.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Como aún quedan siete diputados inscritos, les sugiero que limiten sus intervenciones a no más de cinco minutos.
Ofrezco la palabra al diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señora Presidenta , durante los últimos cinco años, diez empresas de la gran minería del cobre obtuvieron ganancias, sin considerar impuestos, intereses, depreciación y amortización, por 76.819 millones de dólares.
Esta cifra tiene su origen en información proveniente de la Comisión Chilena del Cobre, de la Superintendencia de Valores y Seguros, del Consejo Minero, según sus balances consolidados, entre 2006 y 2009, y de las memorias y balances, del mismo período, de la Minera Escondida y de Codelco. Esto significa que estas empresas han obtenido, anualmente, ganancias por 15.363 millones de dólares.
En primer lugar, el proyecto que estamos discutiendo generará, eventualmente, utilidades del orden de los 400 millones de dólares anuales, lo que, también eventualmente reportará un ingreso total de 1.200 millones de dólares. ¡Por favor! Comparemos la diferencia que existe entre 76.819 millones de dólares de ganancias y 1.200 millones de dólares que reportará este proyecto.
Se quiso obtener el voto favorable de los parlamentarios, en particular, de los diputados de regiones, comprometiendo 400 millones de dólares como aporte a las regiones, incluida, la Región Metropolitana, durante cuatro años, es decir, 100 millones anuales.
Éste es un aporte miserable para las regiones, que debo comparar con el compromiso que contrajo el Gobierno con mi región, por 125 millones de dólares anuales, durante cuatro años, para financiar el Plan Araucanía, fruto y consecuencia de la huelga llevada a cabo por 34 modestos jóvenes mapuches, y sin hacer entrega de gran parte del patrimonio de nuestro país. Ésta es la exacta dimensión de las migajas que el Estado de Chile y las regiones recibirán, si se aprueban las modificaciones del Senado a este proyecto.
En segundo lugar, este acuerdo no me obliga a nada, y lo digo por lo siguiente. Fuimos informados, a través de los medios de comunicación, del acuerdo a que llegaron senadores de mi partido, de mi coalición, y el Gobierno, respecto de este proyecto, no obstante que habíamos convenido previamente que para nosotros el problema de la invariabilidad tributaria era intransable.
El acuerdo previo al abrazo nocturno del ministro de Hacienda con los senadores Escalona , Lagos Weber y otros, provenía del congreso ideológico de mi partido, el Demócrata Cristiano. Allí se concordó que la invariabilidad tributaria contenida en el artículo 11 ter del decreto ley N° 600 era el norte sobre cuya base teníamos que definir nuestra política tributaria en materia minera.
Recién ayer fuimos informados sobre la naturaleza del acuerdo suscrito por los senadores Andrés Zaldívar y Eduardo Frei Ruiz-Tagle . Desde mi escaño parlamentario, es decir, desde donde ejerzo mis facultades constitucionales, debo recordarle al Senado que no son facultades delegables, que fui elegido para legislar y no para que otros decidan por mí. En consecuencia, no me obligan los abrazos de los senadores Escalona y Lagos con el ministro de Hacienda . Habrán tenido sus razones y las respeto, pero no son las mías.
No estoy dispuesto a hipotecar, por medio de la invariabilidad tributaria, el futuro de nuestro país. No tendría cara, frente a las generaciones futuras, para explicar lo inexplicable.
(Aplausos en las tribunas).
No estoy disponible para vender nuestra principal riqueza básica, ni mucho menos para ceder parte de nuestra soberanía, quedar atado de manos y no poder legislar frente el tema tributario minero a futuro.
No obstante las presiones, no voy a abdicar de mis responsabilidades constitucionales, las que asumí cuando juré al integrarme a esta Cámara, y que tienen que ver con la defensa de los intereses de mi país, porque ni soy ni miembro de un directorio ni gerente de una empresa minera: soy diputado de la República de Chile . La historia, con Radomiro Tomic en la memoria, juzgará a unos y a otros.
En consecuencia, anuncio mi voto en contra de la totalidad de las modificaciones del Senado.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Ofrezco la palabra al diputado señor Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING.- Señora Presidenta , creo que las pasiones que desata este debate sobre el impuesto específico a la minería tienen que ver con la relevancia que todos reconocemos que reviste esta industria para nuestro país. Representa alrededor del 45 por ciento de los ingresos fiscales por concepto de exportaciones. Como se ha recordado, Chile tiene el 40 por ciento de las reservas de cobre a nivel mundial. Este solo hecho hace que el país haga descansar en esta industria sus esperanzas de contar con los recursos suficientes para lograr su desarrollo. Si bien todas las demás actividades tienen su relevancia y su significación, carecen de la importancia fundamental que ostenta la industria de la mine-ría, en particular, la del cobre.
Considero que si es ésta la relevancia que tiene la minería del cobre para nuestro país, el Gobierno ha actuado incorrectamente e, incluso, me atrevería a decir que en forma poco ética, al proponer esta reforma de macetero al sistema tributario de las empresas mineras, con el pretexto de tener recursos para la reconstrucción.
Todos sabemos -lo dijo el senador Novoa , no lo invento yo- que había recursos para la reconstrucción, sin necesidad de hacer ninguna reforma tributaria, de modo que éste es un argumento absolutamente falaz y espero que la gestión del Gobierno no se caracterice en el futuro por seguir haciendo trucos que distorsionan la realidad.
Este debate debió haberse hecho de manera más serena y profunda por las razones que explicaron otros diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, como Carlos Montes, porque el proyecto tiene que ver con el país que pensamos y el largo plazo, no con las urgencias del momento.
Tal vez en este momento, incluso, no se sabe qué hacer con los recursos adicionales que están ahorrados, que entre el fondo del cobre de las Fuerzas Armadas, el Fondo de Estabilidad, donde hay 15 mil millones de dólares, más las reservas del Banco Central, suman 45 mil millones de dólares.
Decir que esta reforma es necesaria por este concepto no se justifica, como tampoco lo es pedir la invariabilidad para estimular la inversión extranjera. La inversión extranjera se estimula en Chile por el hecho de que nuestros yacimientos minerales tienen una alta ley; por el hecho de que tanto trabajadores como profesionales se encuentran altamente calificados; porque las minas están cerca de los lugares de exportación, con puertos privilegiados, y porque tenemos estabilidad política y social. Eso es lo que atrae la inversión extranjera, no una supuesta invariabilidad, que lo único que hace es garantizar utilidades excesivas a las empresas que invierten en el rubro.
En consecuencia, estamos hablando de un recurso que tiene que ver con el futuro estratégico de la nación y que no está siendo tratado de buena manera.
Quiero recordar a los más antiguos, algunos de los cuales, o sus padres o abuelos, seguramente alcanzaron a vivir en períodos en que Chile tuvo riquezas similares al cobre, del que disfruta actualmente. Pasó antes con el salitre, con el hierro y con la plata. Esas riquezas fueron dilapidadas por la elite dominante, por la vieja oligarquía chilena. Se gastaron en artículos suntuarios, se eliminaron impuestos y no se hizo ningún esfuerzo por el desarrollo nacional.
Me pregunto si las actuales autoridades, tanto el Presidente de la República como su ministro de Hacienda , están conscientes de la responsabilidad que están asumiendo frente a la historia. Espero que los libros de historia no digan que fue en este período que se cometió el mismo error que a comienzos del siglo XX: la dilapidación de la riqueza nacional.
Además, es necesario considerar un tema de urgencia y de oportunidad. No sólo el cobre no es eterno, como se ha recordado acá; también puede ser reemplazado. Acaban de darle el Premio Nobel a un par de personas que descubrieron un metal, el grafeno, que es mejor conductor que el cobre, por lo que, a la velocidad con que se desarrolla hoy el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la adaptación de los nuevos productos a su producción masiva, nada impide que, así como el salitre sintético reemplazó al salitre en el pasado, el cobre también quede pronto en el olvido.
Ojalá que el Presidente de la República y su ministro de Hacienda se informen sobre quienes obtuvieron el Premio Nobel -no recuerdo exactamente si fue de Química-, para que vean de qué se trata el tema al que me he referido.
Estamos discutiendo sobre el tema específico de la tributación en minería, pero las medidas que se proponen no se hacen cargo del conjunto del problema. Todos sabemos que las empresas mineras han burlado con holgura la legislación tributaria chilena. Empresas que reciben créditos de sus casas matrices a tasas más altas que las que existen en el mercado para justificar la disminución del pago de impuestos en Chile, o empresas que explotando el mineral en Chile se lo venden a su subsidiaria en el exterior, a un precio subvaluado, para disminuir las utilidades y, de esa forma, reducir también el pago de impuestos.
Pido al ministro de Hacienda que forme un equipo especial en el Servicio de Impuestos Internos para seguir de cerca la tributación minera, puesto que con la plata que ganan tienen ejércitos de abogados expertos en legislación tributaria y contadores para hacer todo tipo de martingalas en el pago de los tributos mineros.
Sin duda, el proyecto que vuelve del Senado es mejor que el que aprobamos en la Cámara de Diputados. Como dice el nombre de un pueblo chileno, peor es nada, ya que alguna plata agarran las regiones, tenemos la posibilidad de revisar el decreto ley N° 600, que tanto daño ha hecho al país, por la pérdida de recursos que, por lo demás, es otra herencia más de la dictadura. Además, aumenta la tasa impositiva, aunque no tanto como hubiésemos deseado, y disminuye el período de invariabilidad.
Entiendo que nos moleste la invariabilidad, porque desde tiempos de la dictadura lo único que se ha intentado hacer en Chile es que todo sea invariable. Quiero recordarles que Pinochet dejó integrada la Corte Suprema por jueces invariables de por vida; daba lo mismo que hubiesen perdido sus facultades mentales, porque podían seguir siendo jueces, porque Pinochet así lo quería.
Pinochet dejó invariable un Senado con senadores designados, y también dejó invariable el Consejo de Seguridad Nacional. Igualmente, dejó invariable la ley de amnistía, que perdonaba los crímenes contra los derechos humanos y de lesa humanidad, etcétera. Pero quiero decirles, por su intermedio, señora Presidenta , a los representantes del actual gobierno que en el mundo no hay invariabilidad.
En lo personal, aprobaré el proyecto, porque algo se mejoró en el Senado y Chile no puede esperar eternamente que cambie la correlación de fuerzas para que haya un cambio de fondo en esta cuestión. Pero quiero decir que el debate que ha puesto el Gobierno permite, a quienes realmente tenemos algún sentido patriótico y nacional, iniciar una campaña que debiera culminar el año en que termine la invariabilidad, ocasión en que exigiremos -espero que tengamos mayoría en el Congreso Nacional para hacerlo- la nacionalización y estatización de la minería chilena, deduciendo de esas medidas las utilidades excesivas de las empresas mineras.
He dicho.
-Aplausos.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señora Presidenta , el diputado Schilling hablaba de la invariabilidad. La única invariabilidad que aprecio aquí es la de los senadores y diputados de la Izquierda que están variando la historia de nuestro país. Están variando sus principios y sus conceptos.
Aquí no se trata de platas más o de platas menos, y el ministro lo sabe. Lo único que hay en este país es plata para los próximos tres o cuatro años; por lo tanto, no hay un problema de falta de recursos. De lo que estamos tratando es de un tema de principios, de dignidad nacional.
Tengo en mis manos varios documentos que aluden a la Chilenización del cobre, en 1967. El Presidente de la República era don Eduardo Frei Montalva . También se menciona la nacionalización pactada, en 1969, en que el ministro de Minería era don Alejandro Hales . Luego tenemos la nacionalización del cobre, con el Presidente Allende , gran presidente , al lado de Patricio Aylwin , gran presidente, y de Radomiro Tomic , gran candidato presidencial y senador.
Ésa era la Democracia Cristiana; ahí estaba mi partido, peleando por el sueldo de todos los chilenos, por el recurso de todos los chilenos.
¿Qué decía Radomiro Tomic ? Quien controla el cobre, controla Chile. Gran verdad hoy día: quien controla el cobre, 70 por ciento de multinacionales, controla el Parlamento y controla el Gobierno. Lo dijo Tomic hace cuarenta años.
Hoy, las multinacionales están haciendo su negocio, su lobby. Según los expertos, el precio del cobre estará por sobre los tres dólares la libra -el ministro de Hacienda , presente en la Sala, lo puede corroborar- durante los próximos diez años. De esa manera, están garantizadas inmensas utilidades por los próximos diez años. Los senadores tienen su cargo asegurado por ocho años, y los diputados, por cuatro. Los ministros ni siquiera tienen garantizados cuatro años. Pero a las multinacionales les garantizamos diez años de cobre sobre tres para que se lleven el 77 por ciento de las utilidades. ¿Y a los chilenos, que somos los dueños del recurso, qué?
¿Qué hacen los principales países del mundo con sus recursos naturales? ¡Recuperándolos, porque ahí está la base del futuro! Podríamos aprovechar esta oportunidad y acordar el royalty minero, y les cobramos 3 por ciento y las minas para afuera. Y no hablemos de la banca. Es decir, es el minuto de los royalties. Pero ¿de qué royalty estamos hablando? ¿Qué políticas tenemos para defender nuestros propios recursos?
La utilidad de los bienes que se extraen no es la misma que la de una empresa normal, comercial o industrial. Alguien mencionó la teoría del tesoro. Claro, son como un buscador de tesoros. El costo de sacar un tesoro, por ejemplo de un barco en la costa de Curepto, comuna del distrito del diputado Álvarez-Salamanca , es de dos o tres millones de dólares. ¿Y cuánto vale el tesoro? ¡50 millones ó 100 millones de dólares sacados de la tierra! ¡Miren lo que pasó con los mineros, sacados de la tierra, que hoy son oro para el país!
Ahí no hay costo o es mínimo; es lo que queda.
¿Y lo refinamos o lo tratamos? ¿Por qué no le ponemos un royalty al envío de concentrado o al que no los manda tratado o refinado? Ahí debiera aplicarse el royalty. Tienen las plantas fuera del país, porque ahí hacen los negocios.
Eso es lo que quiere legislar la Concertación, conglomerado que actualmente no me interpreta para nada. Sus senadores coludidos aprueban proyectos por tres migajas. Le tienen miedo a la gente. ¡Qué miedo a la gente! ¡El miedo a la gente se ve en los votos en cada elección! ¡No al lobby de las transnacionales y no a que se lleven todos los excedentes del país!
Escuchen lo que decía Tomic . ¡Qué gran hombre este líder de la Democracia Cristiana! Veremos cómo actuarán los parlamentarios de este partido. ¡Bien, diputado Saffirio , porque es nuevo, como los diputados Chahín y Torres, que se atreven a votar en conciencia un tema de principios! Aquí no hay órdenes de partido, como nuestro presidente me lo dijo ayer, porque es anticonstitucional. Por lo tanto, voto en conciencia, y rechazaré este proyecto, porque me parece que no corresponde.
(Aplausos).
¿Qué diría el padre del joven parlamentario Pedro Araya, quien fue diputado junto a mi padre, uno de los actores en la defensa del cobre, cuando se deja de lado a quienes iniciaron este movimiento en la Falange Nacional?
En 1965, Tomic expresaba: “De aquí en adelante no será el Estado chileno, sino intereses foráneos, en larga medida competidores de Chile en toda la fase del proceso minero e industrial del cobre, quienes tendrán el poder decisorio efectivo sobre la producción y comercialización del cobre chileno en el mercado mundial.”.
¡Cómo cambia la vida! ¡Qué previsión! Y hoy algunos diputados de centroizquierda nos vienen a decir que esto es bueno para el país. ¡Aquí está Salvador Allende ! ¿Por qué murió Allende ? ¡Perdónenme! Los partidos deberían observar un mínimo de consistencia con su filosofía. La reclamo, en primer lugar, para la Democracia Cristiana, que está abandonando sus principios por cuatro pesos o cuatro imágenes más. ¡Aquí no se dan los acuerdos!
Tomic también dijo que el cobre es chileno y nunca más será chileno. Después, cuando se aprobó la ley en aquel entonces, en relación a la forma de aprobación de esta ley, señaló categóricamente que fue una “legislación tramitada y aprobada en secreto”, entre cuatro paredes. Han pasado cuarenta años y la historia se repite.
En verdad, esto no es un tema de Gobierno y de Oposición, sino de ser chileno, de defender lo nuestro, como nuestros pescados, nuestros minerales. Es lo que nos queda. Hacia allá va el mundo, hacia la defensa de los recursos naturales, pero los entregamos, por dos, tres, cuatro o cinco puntos más a extranjeros, que vienen, toman lo nuestro y afuera le agregan valor y obtienen ganancias adicionales.
¿Esto es lo que queremos para Chile? Yo, al menos, no. Por eso, votaré que no.
He dicho.
-Aplausos.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González.
El señor GONZÁLEZ .- Señora Presidenta , junto con otros colegas, en esta Sala, desde el primer día en que este proyecto de ley sobre regalías mineras intentó establecer derechos compensatorios por la merma de un recurso natural no renovable, señalamos que esta regalía, que en verdad no es una verdadera regalía, no va en favor del Estado, sino de las grandes compañías mineras transnacionales.
Con cifras a la vista, hemos sostenido que con este mensaje no se persigue, en lo esencial, que las empresas del sector minero hagan un esfuerzo sustantivo para contribuir a nuestro proyecto nacional de desarrollo. Muy por el contrario, el objetivo de este proyecto fue y es asegurar, inicialmente durante ocho años, y ahora durante seis, la mantención de un sistema de tributación a las empresas privadas lesivo a los intereses nacionales, porque les otorga exorbitantes beneficios y privilegios, superiores, incluso, a los de los empresarios nacionales.
Este régimen tributario data de hace más de dos décadas; fue generado durante el régimen militar, como muy bien dijo el diputado Lorenzini , y no obstante el esfuerzo por establecer un verdadero royalty, que se hizo durante el gobierno del Presidente Lagos, ese sistema no fue revertido en lo esencial.
A pesar del impuesto específico, llamado royalty, aplicado desde el 2004, este sistema tributario sigue otorgándoles condiciones de ilimitadas ganancias, sin compensaciones, a pesar de los elevados niveles de precio que han obtenido y tienen asegurado para los próximos años.
Este régimen tributario de invariabilidad por seis años más tampoco refleja los bajos niveles de riesgo y de alta seguridad a las inversiones que les ofrece nuestra economía a los capitales extranjeros, y que son los más favorables de nuestro continente, incluso superiores a países de la OCDE, de acuerdo a todos los informes internacionales.
Lo que se persigue, el verdadero objetivo de este proyecto, es ofrecerles invariables las mismas condiciones de tributación actuales a estas empresas, más allá de las coyunturas presidenciales próximas, dejando estáticas e inamovibles, por un período prolongado, las condiciones que datan desde hace dos décadas para las nuevas inversiones en la minería. Tales condiciones pertenecen al período del régimen militar, en que el país se encontraba aislado y en una situación económica muy distinta a la actual, en especial a la que exige hoy nuestro desarrollo económico.
El proyecto tampoco considera el cambio profundo que ha experimentado el tratamiento de los recursos naturales y su preservación en todos los países del mundo, en especial en los más desarrollados, y a la cada vez más imperiosa necesidad de acceso que tienen a ellos las economías más pujantes y los grandes consorcios multinacionales.
Hoy, estos cambios exigen, porque son exigibles y posibles, nuevas políticas más cauteladoras de nuestros intereses y más acordes con los parámetros que se aplican a las mismas empresas en otros países del mundo.
Rentabilidades del cuarto mundo y seguridades del primero. Ésa es la aspiración de las transnacionales australianas, canadienses y norteamericanas que día a día extraen de nuestro suelo recursos de todos los chilenos, para transformarlos en ganancias para ellos y para unos pocos grupos de interés nacionales asociados, que defienden sus privilegios.
Muchas veces hemos dicho en esta Sala que no hay otra renta más importante para las arcas fiscales que tenga la magnitud y potencia de la renta minera. Por eso, este proyecto es tan trascendente.
Ayer lo dijo con mucha claridad Juan Villarzú , ex presidente de Codelco , quien no se ha caracterizado por ser una persona de conductas antiempresariales, sino por la seriedad en sus planteamientos. En 2008 y 2009, las compañías privadas reportaron utilidades antes de impuestos de 12 mil millones de dólares. En este período, repartieron dividendos por casi 17 mil millones de dólares, pero pagaron impuestos solamente por 2 mil 500 millones de dólares, es decir, el 20 por ciento. Esto es sustancialmente más bajo que lo que pagan compañías similares en otras partes del mundo. Por eso, nadie ha desmentido estas cifras. Cenda, un centro de estudios muy serio, ha entregado estos mismos antecedentes.
Si son exactas esas cifras, la única respuesta posible es decir que no se está salvaguardando la justa rentabilidad que deberían tributar las empresas mineras privadas acorde con los estándares internacionales.
Los únicos que siguen ganando son los intereses extranjeros y, en cambio, quienes están perdiendo son la mayoría de los chilenos que requieren de una ley que les asegure la soberanía sobre los recursos naturales, para obtener de ellos la riqueza que necesitamos para dar un verdadero salto a la superación de la pobreza y la proyección de Chile hacia un futuro de mayor justicia y equidad social.
Es necesario reconocer el esfuerzo desplegado por los senadores de la Concertación por revertir y mejorar este proyecto. Sin embargo, esos avances son insuficientes.
Este proyecto probablemente será aprobado hoy. Sin embargo, el tema no está zanjado. Es demasiado importante recuperar el imperio completo de nuestra soberanía sobre los recursos que necesitamos para resolver los grandes problemas pendientes: una gran reforma a la educación, las necesidades de la salud, el mejoramiento de las pensiones y otras necesidades urgentes que aún el país no es capaz de cubrir.
Como lo dijeron los diputados Marcelo Díaz, Carlos Montes y Pablo Lorenzini, en los próximos meses explicaremos a los chilenos, sin descanso, que en este tema se juega el futuro de nuestro desarrollo y de nuestro bienestar, y especialmente que a todas las organizaciones sociales, a todas las regiones y a todos los ciudadanos les asiste el derecho a participar en las decisiones que han sido tomadas sin un debate suficiente, por la trascendencia de sus efectos en toda la comunidad nacional.
Por estas razones, estoy convencido de que, más allá de beneficios coyunturales, en el largo plazo y en beneficio de todos los chilenos, este proyecto no aporta lo que Chile y los chilenos -también los mineros que están siendo rescatados- requieren para defender los intereses nacionales.
Termino mis palabras citando a ese gran chileno y defensor del interés nacional, Radomiro Tomic , quien, cuando se refería al actual régimen de la minería, a la ley de José Piñera, expresó que ni en los pobres estados africanos podrían perdurar leyes tan contrarias al interés nacional, como las de las concesiones mineras. Esta ley es la que hoy se está perpetuando. Esas leyes -continúa Tomic- no perdurarán en Chile. Más temprano que tarde, el cobre volverá a ser chileno.
Muchas gracias.
He dicho.
-Aplausos.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señora Presidenta , hay posiciones encontradas, y todas, o muchas a lo menos, razonables.
Personalmente, anuncio mi voto a favor del proyecto, por una razón muy sencilla: votarlo en contra significa tener un royalty de cuatro puntos; votarlo en contra significa mantener un royalty que no es royalty; votarlo en contra significa no tener un fondo especial para las regiones ni menos recursos especiales para las regiones mineras.
¿Es poco? Por cierto que lo es. Siguen siendo pocos los fondos para las regiones. Seamos claros: la redacción no es precisa en la forma en que se va a determinar cuáles son las regiones mineras. Por lo tanto, tendremos que fiscalizar el reglamento correspondiente para determinar cuáles son esas regiones y los recursos que se asignan, por ejemplo, a la del Libertador Bernardo O`Higgins, que represento.
Pero votar en contra es permitir un beneficio tributario, una invariabilidad tributaria, una tasa de tributación, en un mal llamado royalty, mucho mejor para las mineras, porque es lo que hoy está vigente en la ley. De no aprobarse este proyecto, se mantiene la ley vigente; de no aprobarse este proyecto, sigue una tasa baja y una invariabilidad tal cual está, y no hay fondos especiales para las regiones.
Es verdad que vamos a aprobar un proyecto insuficiente y que no nos satisface. Pero uno tiene que decidir -para eso está-, y yo prefiero un poco más a un poco menos. Prefiero un pequeño fondo para las regiones, aunque sea insuficiente -tenemos que fiscalizar su funcionamiento-, a no tener ningún fondo.
Prefiero facultades para el Servicio de Aduanas, para saber qué se está sacando de Chile, y que exista la obligación para ese servicio -porque hoy está bien redactado ese punto- de saber qué se saca y extrae de Chile a que no tenga la obligación y, por lo tanto, no sepamos qué se saca y extrae del país.
Eso explica la votación de algunos.
Podemos disentir sobre algunos aspectos. Algunos no están dispuestos a votar a favor. Aún así, los respeto. Pero quienes votamos a favor, aunque no consideremos que el proyecto sea suficiente, lo hacemos por las razones que he expresado: porque genera más recursos para el país y porque -digámoslo claramente-, cuando rechazamos este punto en el primer proyecto de reconstrucción presentado por el Gobierno, en que se nos dijo que era el mayor esfuerzo fiscal que podía hacer el Estado, hoy, ese mismo Ejecutivo reconoce, con este proyecto, que un mayor esfuerzo fiscal era posible. Por lo tanto, aunque votemos a favor, no renunciaremos a más esfuerzos fiscales en el futuro, a mayor fiscalización y obligatoriedad de fiscalización en la extracción de los recursos por parte del Servicio de Aduanas, y a un mejor fondo para las regiones que compense la extracción y el impacto que implica esta actividad en los recursos no renovables en regiones como la del Libertador Bernardo O`Higgins, en el distrito 33, que represento, número mágico, y en comunas como Machalí, donde se encuentra el mineral bajo tierra más importante del mundo, porque no está en Rancagua.
He dicho.
-Aplausos.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señora Presidenta , la discusión está acalorada porque el tema es importante.
Por un lado, diputados de Derecha, como el señor Mario Bertolino, dicen que les incomoda imponer tributos al emprendimiento. Por lo tanto, es un proyecto incómodo para la Derecha, pero tuvieron que presentarlo.
El ministro de Hacienda sabe bien que no puede traer dólares que tenemos afuera, porque nos inundaríamos con ellos, pero debe conseguir los recursos de algún lado para invertir aquí.
Hago un llamado muy serio a mis colegas. Lo mejor es enemigo de lo bueno, y peor es nada. Por supuesto que, si se tienen principios, es lógico luchar por ellos. Pero también en la vida se aprende que no todo se consigue inmediatamente y de una sola vez.
A quien piense que todo se consigue de una vez le falta conocimiento de la vida, porque es difícil. No todos piensan como uno y, en consecuencia, cuesta avanzar.
Creo que tenemos que pensar en una cosa muy importante -y creo que el ministro de Hacienda aquí presente también lo comparte-: ¿qué habría pasado en Chile si el Presidente Allende no hubiera nacionalizado el cobre? ¿En qué situación estaríamos hoy?
Gracias al cobre, la presidenta Bachelet tuvo la posibilidad de realizar una reforma a la previsión social. Por eso es tan importante que las empresas mineras privadas que extraen cobre paguen un tributo a Chile. Es lo más importante, porque, además, el cobre es un recurso no renovable y se acabará. Por lo tanto, por esas utilidades, las empresas mineras tienen que pagar un tributo aceptable.
Pero ahora estamos en un momento complejo, porque el primer proyecto que presentó el Gobierno, al parecer, no era muy cómodo para ellos; pero más incómodo era traer dólares desde afuera y que bajara el tipo de cambio. Eso está pasando y está afectando nuestras exportaciones y, al final, vamos a quedar como un país exportador de cobre. ¡Ojo! No he visto que el Gobierno haya presentado -ni que se contemple en el proyecto de ley presupuestos- apoyo a la producción, que se necesita, porque nos estamos quedando únicamente con el cobre.
El primer proyecto que presentó el Gobierno sobre tributación minera lo votamos en contra porque era vergonzoso; no avanzaba. Entonces, en la Concertación nos preguntamos qué hacer frente a esta situación. ¿O pregonamos un discurso que nos deje muy tranquilos, en el sentido de que los principios nos dicen que no podemos avanzar, o participamos en la negociación con el Gobierno y planteamos ciertas exigencias? Y hoy, gracias al esfuerzo de la Concertación, vamos a subir al doble la tributación de las empresas mineras y no habrá invariabilidad para los proyectos nuevos. Sólo las empresas que ya están operando, si presentan otro proyecto, van a tener invariabilidad, que bajamos de ocho a seis años.
¿Qué es preferible? ¿Que tengamos recursos para enfrentar como se debe lo que hoy requiere el país o que traigamos más dólares de afuera para que el sector exportador quede absolutamente arruinado, porque no puede exportar con un dólar tan bajo, que no le permite financiarse? A veces, en la vida hay que tomar decisiones que no nos gustan, pero que son mejores que nada.
Con un discurso como éste, difícil de entender, a lo mejor no hay aplausos; pero no estamos en política para ser predicadores, sino para hacer cosas concretas, reales. En ciertas ocasiones es necesario asumir decisiones que no nos gustan. Y a mí no me gusta.
Quiero el cobre para nosotros y que realmente hagamos, en un tiempo más -quizás no voy a estar aquí-, un esfuerzo adicional para nacionalizar nuestra riqueza, que los Fuerzas Armadas no se lleven el 10 por ciento, etcétera, para que llevemos a cabo los programas que Chile necesita. Por ejemplo, tenemos una inmensa población de adultos mayores y necesitamos programas urgentes para su cuidado.
Entonces, la decisión de hoy es dolorosa, pero siento que no afecta mi calidad, mis principios ni mi política. Por el contrario, si como Concertación logramos duplicar la tributación, entonces prefiero subir esos dos escalones -como dijo el diputado Auth - que quedarme abajo y con una ley vigente que recauda la mitad de lo que se podría obtener con este proyecto. Ése es el tema de hoy.
Por eso, llamo a mis colegas a que no sientan que están traicionando principios, porque no lo estamos haciendo. Queremos que el cobre sea nuestro y avanzar.
Sí le pido al ministro , por su intermedio, señora Presidenta , que en el presupuesto se separen los gastos corrientes de 2011 de los que corresponden a la reconstrucción, porque queremos saber cuánto dinero y cómo se invertirá en la reconstrucción. No queremos que ese detalle esté diluido en un presupuesto que no hace esa separación.
Repito que no siento que esté traicionando mis principios. Creo que estoy haciendo algo correcto y que mis dirigentes de la Concertación han hecho algo importante, porque gracias a nuestra posición vamos a obtener el doble de lo que el Gobierno pretendía la primera vez.
Por supuesto, no me incomoda -a diferencia del diputado Bertolino - imponer tributos al emprendimiento, porque éste no es un emprendimiento cualquiera; es sobre nuestro cobre, nuestra riqueza, que se lo llevan y no vuelve.
Invito a la Concertación a votar a favor del proyecto y a realizar un trabajo importante en nuestras organizaciones sociales para hacer conciencia de que, más temprano que tarde, necesitamos elaborar una verdadera ley de royalty para que sus beneficios los disfruten todos los chilenos y chilenas.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Por último, tiene la palabra el diputado Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señora Presidenta , es importante recordar que durante los gobiernos de la Concertación no pudimos hacer nada respecto a este tema, porque la Derecha simplemente se opuso terminantemente a cualquier cambio en esta materia. Y resulta sorprendente que hoy, cuando hay un gobierno de Derecha en el país, tengamos la oportunidad de discutir sobre condiciones distintas para aquellos que explotan nuestros recursos minerales, particularmente el cobre.
Debemos recordar que la razón por la cual hoy discutimos este proyecto es porque a alguien en el Ejecutivo se le ocurrió que uno de los mecanismos que podían ayudar al financiamiento del proceso de reconstrucción podía ser la recolección de mayores recursos a partir de la aplicación de nuevas tasas al sector de la gran minería del cobre, particularmente a las inversiones extranjeras en este ámbito.
Y lo que propuso el Ejecutivo sobre esta materia lo rechazamos, porque nos pareció, primero, que esto debía ser discutido en su mérito y no dentro de un plan de financiamiento de la reconstrucción. El Ejecutivo , en definitiva, como consecuencia de nuestra presión como Oposición aceptó que intentáramos elaborar una nueva legislación al respecto. Entonces, surgió una exigencia a la Concertación, cual es que fuéramos capaces de ofrecer una alternativa que permitiera discutir con el Gobierno lo que como Oposición pensábamos que era una opción razonable que pudiera derivar en un acuerdo nacional.
Puedo decir, responsablemente, y con un poco de pena, que es muy difícil llegar a acuerdos en la Oposición, particularmente en lo que somos como Concertación, porque nunca faltan quienes nos señalan que debemos plantear una postura de principios. Entre nosotros siempre existirán aquellos que, argumentando o haciendo alusión a algunos próceres -que nosotros, democratacristianos, hemos venerado, como es el caso de Radomiro Tomic-, lo ponen como ejemplo para defender una postura para no aprobar este proyecto de ley, lo que considero muy inconveniente para el país.
El proyecto original del Ejecutivo significaba mantener no solamente la invariabilidad, sino, además, una tasa que se aplica al margen operacional obtenido por las mineras que es vergonzosa para el país.
Entonces, no somos capaces de valorar ni siquiera el esfuerzo que hemos hecho en las negociaciones con el Gobierno. Hoy, una tasa entre 5 y 14 por ciento significa que las empresas mineras chilenas deberán pagar entre 41 y 42 por ciento por este concepto, en la medida en que el margen operacional supere el 60, 70 u 80 por ciento, que es lo que están obteniendo en la actualidad como consecuencia del precio internacional del cobre, y no porque sean más eficientes. Simplemente, están siendo beneficiadas por el alto precio del cobre a nivel internacional.
Aquí hay un llamado de atención para todos nosotros, porque la realidad que tenemos que comparar es la de hoy, sin este proyecto, y la que se genera con este proyecto. Aquí no estamos planteándonos la discusión entre un ideal, sobre el cual no podemos votar, porque la iniciativa la tiene el Ejecutivo , y, obviamente, ese ideal no lo va a proponer a la Sala, sino que estamos eligiendo entre un acuerdo político y la realidad actual.
Intervine en forma categórica en contra del concepto de invariabilidad, durante el primer trámite legislativo del proyecto. Con una tasa entre 5 y 14 por ciento, el concepto de invariabilidad pierde importancia paulatinamente. Como testimonio, sobre todo para quienes han basado sus intervenciones en principios, leeré lo que el señor Miguel Ángel Durán , presidente del Consejo Minero , señala hoy, en el diario La Tercera. Se le pregunta: “¿Qué le parece la fórmula de royalty acordada por el gobierno en el Parlamento?”. Y el señor Durán responde: “Nos parece mal. Es preocupante, porque refleja conceptos y cifras bastante distintas de las que se conversaron en el primer trámite legislativo.
Subió de dos a tres años el período de transición, el rango de la tasa del impuesto, y disminuyó la invariabilidad de ocho a seis años.”.
Y agrega que los nuevos rangos de impuestos pondrán a Chile como el país “con la mayor tributación sobre la minería del cobre. Puede haber estados federales en algunos países que paguen más, pero como promedio país, Chile queda en primer lugar en el mundo”. Lo dice el señor Miguel Ángel Durán , presidente del Consejo Minero .
Entonces, ¿de qué estamos hablando, queridos coegas? No estamos renunciando a ningún principio, porque siguen vigentes sobre lo que deseamos que sea la forma en que los extranjeros explotan nuestros recursos naturales y cómo retribuyen lo que corresponde a nuestro país.
Con todo, el proyecto es fruto de un avance sustancial gracias a la forma en que los partidos políticos de la Concertación avanzaron ante un proyecto del Ejecutivo que era bastante deficiente en esta materia.
No sólo se recaudan 1.500 millones de dólares en los primeros tres años en forma adicional, sino que, además -quiero que quede constancia de algo que no se ha dicho, en presencia del ministro de Hacienda -, este acuerdo político significa que todas las nuevas inversiones que hagan las empresas extranjeras en el sector minero deben acogerse a la nueva tabla de tributación. Vale decir, no existe la posibilidad de que aquellos que están dentro de este proceso de inversiones, que se estima en alrededor de 50 mil millones de dólares, eludan que ésta sea la tasa a la cual deberán someter sus inversiones. En consecuencia, estamos rescatando para Chile lo que, en las condiciones actuales, no le permitiría aumentar las arcas en beneficio de todos los chilenos.
Además, el acuerdo político establece la revisión del decreto ley N° 600 y que el concepto de invariabilidad entra definitivamente en crisis en el país, porque el plazo se establece en forma definitiva.
Por último, también quiero destacar un gran concepto, que no lo contemplaba ninguna de las propuestas originales del Ejecutivo: la destinación de recursos para financiar obras de desarrollo en regiones. Nuevamente, los parlamentarios de la Concertación logramos imponer un criterio distinto que garantice el aumento de la inversión en las regiones, asignando un aporte adicional a las regiones mineras. Como representante de un distrito emplazado en una zona minera, como la Sexta Región, no puedo dejar de tener presente ese aspecto.
Por todas estas consideraciones y siendo uno de los que destinaron parte importante de su tiempo, durante los últimos meses, a la participación en las conversaciones que desarrollaron la Concertación y el Gobierno en procura de un mejor proyecto de ley, sin variar nuestras convicciones y principios, invito a mis colegas de la Concertación a respetar el acuerdo político y votar favorablemente el proyecto.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el ministro de Hacienda , señor Felipe Larraín.
El señor LARRAÍN ( ministro de Hacienda ).- Señora Presidenta , me voy a referir a algunas temas planteados en el debate y a lo que hemos logrado con el acuerdo político.
Primero, es importante destacar que, por mucho tiempo, el Gobierno estuvo siempre abierto al dialogo y dispuesto a escuchar ideas y opiniones, para construir acuerdos amplios.
Eso finalmente fructificó en el acuerdo que se logró la semana pasada. Como Gobierno, valoramos la actitud que mostró la Concertación, particularmente las personas con las que nos correspondió conversar y negociar.
El acuerdo beneficia ampliamente a nuestro país. El enfoque que le han dado muchos de ustedes es el correcto. Lo procedente no es el criterio de comparar lo que existe hoy con el óptimo que uno tiene en la cabeza, sino lo que hay actualmente con lo que podemos obtener. No siempre se puede obtener todo lo que se quiere.
Hay que estar conscientes -lo han manifestado ustedes mismos- de que no aprobar el proyecto tiene efectos en los proyectos que hoy están a la espera de su aprobación. Existen más de 15 mil millones de dólares en proyectos registrados. Si no se aprueba esta iniciativa, esas inversiones quedarán sometidas a un régimen de tributación de 5 por ciento.
Lo que proponemos aprobar ahora es un régimen general. Se hace mucho énfasis en la invariabilidad; pero este sistema es sólo para las empresas que el año 2005 firmaron un contrato de invariabilidad con el Estado. Ahora estamos proponiendo un régimen general de tributación del 5 al 14 por ciento. A propósito de esto, quiero rectificar algo que se mencionó en la mañana, y es que este régimen se aplica también a las empresas que tienen invariabilidad hasta 2017, que en el 2018 tienen invariabilidad -las que opten por el nuevo régimen-, pero a la tasa del 5 al 14 por ciento.
Por lo tanto, estamos sometiendo a la aprobación de esta Sala una tasa de entre 5 a 14 por ciento como régimen general. Para el caso particular de las empresas que tienen invariabilidad, les proponemos que aporten por tres años, con una tasa de entre 4 al 9 por ciento, para luego someterse al régimen del 5 al 14, a partir del 2018, con invariabilidad por 6 años, hasta el 2023. Esto es lo que proponemos. No podemos imponerlo, podemos proponerlo y esperamos que las empresas contribuyan.
Estamos convencidos de que el sector minero puede contribuir más al país y más a la reconstrucción, y ésta es la forma que hemos acordado para que eso se materialice.
Si el proyecto no se aprueba, cuestión que no va a ocurrir, quedaríamos a merced de que estas empresas participen en la ley de donaciones o en el fondo de la reconstrucción. Pero si se aprueba, establecemos un nuevo régimen tributario. Es importante entender esto.
Quiero agregar una reflexión final respecto del tema de la invariabilidad. Cuando alguien dice que no está dispuesto a ceder la invariabilidad, tiene que tener en mente alguna carga tributaria que sí estaría dispuesto a proponer o a aceptar, porque le parece suficiente o correcta. Decir que la invariabilidad es una concesión excesiva, es advertir que la tributación que va junto con ese régimen no es suficiente.
Pero un análisis a nivel mundial deja a Chile entre los países que están en el rango alto -no el más alto- de la tributación minera. Y no creo que queramos distinguirnos por ser el país que tiene el récord mundial de tributación a la minería del cobre. Queremos tener un justo equilibrio, que permita al sector minero contribuir a la reconstrucción del país, pero también entregarle los incentivos para que se desarrolle, para que las inversiones mineras, que hoy son del orden de 50 mil millones de dólares, incluyendo las de Codelco, se materialicen durante los próximos años y generen desarrollo, empleo y aporten recursos a Chile.
Por lo tanto, en nombre del Gobierno, estoy convencido de que éste es un proyecto que tiene dos características importantes, y una no desmerece a la otra.
En primer lugar, el proyecto aportará más de mil millones de dólares a la reconstrucción de nuestro país en los próximos tres años. Como se dijo, efectivamente, los recursos están. ¡Por supuesto! ¿Pero creen que es lo mismo utilizar un ingreso tributario adicional que los recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social, que son los ahorros de todos los chilenos? ¿Da lo mismo a una familia gastar un ingreso laboral adicional, porque encontró un buen trabajo, que romper el chanchito que contiene sus ahorros? Los recursos están en ambos casos, pero no da lo mismo.
Entonces, los recursos que nos aportará este proyecto van a disminuir la necesidad de nuestro país de utilizar los recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social o de recurrir al endeudamiento externo.
Finalmente, me parece que respecto de este proyecto no cabe hacer el cálculo de quién ganó o perdió. Aquí ganó Chile.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Cerrado el debate.
Señores diputados en Tabla hay dos proyectos más que debemos discutir hasta su total despacho, por lo que pido a la Sala votarlos sin discusión.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
-Con posterioridad, la Sala votó las modificaciones del Senado en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde votar las modificaciones del honorable Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que introduce modificaciones a la tributación específica de la actividad minera. Las enmiendas son cinco y se votarán por separado.
Hago presente a la Sala que las modificaciones versan sobre materias propias de ley común.
En votación la modificación recaída en el artículo 1°, para reemplazar en el número 1), inciso tercero del nuevo artículo 64 bis, letra c), de la ley sobre Impuesto a la Renta, los literales i) al x) ambos incluidos.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos; por la negativa, 15 votos. Hubo 3 abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación la enmienda recaída en el inciso tercero del artículo primero transitorio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos; por la negativa, 22 votos. Hubo 1 abstención.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación las enmiendas recaídas en los incisos segundo y tercero del artículo segundo transitorio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 22 votos. Hubo 4 abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación la enmienda que modifica el encabezamiento del artículo cuarto transitorio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos; por la negativa, 17 votos. Hubo 4 abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Por último, en votación la enmienda del Senado que remplaza el inciso primero del artículo tercero transitorio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 19 votos. Hubo 3 abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Despachado el proyecto.
-Aplausos.
NORMATIVA SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA. Proposición de la Comisión Mixta.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde considerar la propuesta de la Comisión Mixta, constituida para resolver las divergencias suscitadas entre las dos ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto, iniciado en mensaje, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Mixta, boletín N° 3562-06, sesión 86ª, en 7 de octubre de 2010. Documentos de la Cuenta N° 5.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señora Presidenta , este proyecto, que está en su etapa final para ser aprobado por el honorable Congreso Nacional, tuvo sus inicios en el año 2003 ó 2004, respecto del cual se desarrolló, en la etapa previa a ser enviado al Congreso, un intenso debate -es parte de su riqueza- a lo largo de todo Chile, en todas las regiones, en más de 75 comunas, en el que participaron más de 9 mil dirigentes sociales que aportaron sus ideas, propuestas y observaciones. El proyecto avanza en la agenda de profundización democrática.
Tuve el honor de participar en su elaboración cuando era el director de la División de Organizaciones Sociales, durante el Gobierno del Presidente Lagos.
¿Cuáles son los principales puntos?
En primer lugar, este proyecto de ley busca fortalecer realmente el derecho de asociación, eliminando barreras para constituir asociaciones sin fines de lucro, facilitando ese trámite y, sobre todo, eliminando el hecho de que la personalidad jurídica sea una concesión graciosa de la autoridad política administrativa, porque pasa a ser un derecho de quienes se asocian con estatutos, de acuerdo con la legalidad vigente.
Otro aspecto importante es que permitirá a las asociaciones federarse, organizarse, confederarse, con personalidad jurídica.
También crea un nuevo tipo de organizaciones de interés público, haciendo una distinción entre las asociaciones sin fines de lucro y de interés mutuo y las que buscan el interés público.
Igualmente, se crea un registro y un Fondo de Fortalecimiento de las Asociaciones y Organizaciones de Interés Público o Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil, que busca establecer un mecanismo de financiamiento para el fortalecimiento de las organizaciones sociales, a través de un proceso democrático de asignación de recursos, transparente, participativo, creando un consejo nacional y consejos regionales de composición mixta, es decir, con representantes del gobierno y de las propias organizaciones de la sociedad civil. Esto es un avance importantísimo en transparentar y democratizar la transferencia de recursos del Estado a las organizaciones sociales.
Otro aspecto relevante es que crea un estatuto del voluntariado, estableciendo un catálogo de derechos y obligaciones de los voluntarios y el deber del Estado en la promoción del voluntariado como una forma de promover el compromiso social, la responsabilidad social y la solidaridad.
No sólo se busca fortalecer a la sociedad civil, sino también promover la participación ciudadana en la gestión pública, estableciendo como derecho de las personas el poder
participar en el diseño, ejecución, implementación, evaluación, control social y rediseño de las políticas, programas y acciones del Estado.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Señor diputado , su tiempo ha terminado.
El señor CHAHÍN.- Señora Presidenta , termino de inmediato.
Se genera la obligación de los ministerios y de los servicios públicos de establecer consejos consultivos de la sociedad civil y, finalmente, se fortalece la participación en el nivel local, creando mecanismos eficientes y eficaces para poder promover la participación ante los municipios y facilitando los procesos de plebiscito y consulta.
Por eso, solicito la aprobación de este proyecto de ley.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra, por tres minutos, la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señora Presidenta , en este proyecto, tuvimos mucha discusión durante dos años, hasta llegar a la Comisión Mixta el presente año. Realmente, es una alegría verlo en la Sala para ser aprobado.
Como se dijo, la participación ciudadana es el eje del desarrollo de nuestra sociedad. Cuando tenemos participación, realmente podemos lograr avances importantes en el desarrollo integral de las comunidades y ciudades de nuestro país.
El proyecto desarrolla el derecho a asociarse libremente, tema que hemos discutido abiertamente, buscando profundizar la democracia. Creo que uno de sus pilares es el hecho de que la ciudadanía pueda participar libremente.
El propósito fundamental es fijar un marco legal común para todas las asociaciones que no se rigen por los estatutos jurídicos especiales e incentivar la creación de asociaciones de interés público, concebidas como un instrumento dinamizador de la realización de actividades de interés general, posibilitando su acceso a recursos públicos -lo que es muy importante- para el financiamiento de los proyectos y programas que emprenden. Éste es un punto esencial que constantemente habían solicitado las organizaciones sociales, para acceder en forma continua y fija a un financiamiento para desarrollar sus actividades. Este proyecto lo establece.
Además, dispone una regulación básica para el trabajo voluntario. Creo que es importante que exista una ley en la cual puedan basarse todas las organizaciones comunitarias de nuestra zona.
También establece regulaciones con respecto a la participación en el consejo que se conformará.
Por último, modifica diversos cuerpos legales, como la ley orgánica constitucional de municipalidades, la ley de Bases Generales de la Administración del Estado y la ley de juntas de vecinos, con el propósito de fortalecer la participación de la ciudadanía.
Hubiese querido que se avanzara más en la participación ciudadana, pero el proyecto da la base para la asociación de las personas, que es libre, personal y voluntaria, a través de la creación de sus propios estatutos.
Lo esencial es el Fondo de Fortalecimiento de las Asociaciones y Organizaciones de Interés Público, el cual se constituirá con los aportes ordinarios y extraordinarios de la ley de Presupuestos -va a quedar instituido en esa norma- y, de ese modo, anualmente, dispondrán de la forma de financiarse.
También pueden recibir aportes de cooperación internacional a cualquier título.
Por lo tanto, a las organizaciones sociales y comunitarias de nuestras comunas se les está dando una herramienta para que puedan financiarse y desarrollarse como corresponde.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-Corresponde votar las proposiciones de la Comisión Mixta recaída en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre asociaciones y participación ciudadana en gestión pública.
Se deja constancia de que los artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32 y 33, números 3, 4, 5, 7, 8, 10 y 11, y artículo 38, números 3°, 9°, (letra a), y 11° revisten el carácter de ley orgánica constitucional, pues afectan o constituyen normas de esa jerarquía, como son la ley orgánica constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, orgánica constitucional de Municipalidades y orgánica constitucional sobre Organización y Atribuciones de los Tribunales de Justicia.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo la diputada señora
-Aplausos.
COMPLEMENTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 20.387, SOBRE BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES. Primer trámite constitucional.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En virtud de un acuerdo de los Comités, corresponde considerar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que complementa y modifica la ley N° 20.387, sobre bonificación por retiro voluntario de funcionarios municipales, con urgencia calificada de suma.
Diputados informantes de las Comisiones de Gobierno Interior y Regionalización y de Hacienda son los señores Cristián Campos y Ernesto Silva, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 7216-06, sesión 76ª, en 15 de septiembre de 2010. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización, sesión 86ª, en 7 de octubre de 2010. Documentos de la Cuenta N° 7.
-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 12, de esta sesión.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización.
El señor CAMPOS (de pie).- Señora Presidenta , la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización me ha encomendado informar el proyecto de ley, originado en mensaje, que complementa y modifica la ley N° 20.387, sobre bonificación por retiro voluntario de funcionarios municipales, para cuyo despacho el Ejecutivo hizo presente la urgencia, con fecha 5 de octubre de 2010, calificándola de suma.
En forma previa al análisis del proyecto, debo hacer presente, primero, que su idea matriz es, a decir del mensaje, autorizar excepcionalmente a los municipios para pagar la bonificación de retiro a que se refiere el artículo 1° de la ley N° 20.387 a aquellos funcionarios que, cumpliendo los requisitos, no resultaron seleccionados por haberse agotado los cupos fijados para el primer año de vigencia y, además, aumentar el aporte del Fisco para el financiamiento de la señalada ley; segundo, que la iniciativa legal en informe -en concordancia con la tramitación dada a la ley que complementa y modifica- contiene sólo disposiciones de quórum simple, y, por último, que fue aprobado en general, por la unanimidad de los miembros presentes, a saber las diputadas señoras Hoffmann , doña María José , y Sabat , doña Marcela , y los diputados señores Farías, don Ramón ; Lemus, don Luis ; Morales, don Celso ; Ojeda, don Sergio , que fue Presidente accidental ; Schilling, don Marcelo , y Ward, don Felipe .
El mensaje señala que la ley N° 20.387, de 14 de noviembre de 2009, renovó la facultad otorgada por la ley N° 20.135, para otorgar una bonificación de cargo municipal, por retiro voluntario, a los funcionarios de tales corporaciones que cumplieran los requisitos allí señalados.
Por otra parte, estableció una bonificación adicional, de cargo fiscal, destinada a los funcionarios que recibieran tal bonificación, como a aquellos ya retirados de conformidad con la primitiva ley N° 20.135.
La ley cuya modificación se propone renovó la facultad mencionada por un total de 3.400 cupos, estableciendo un máximo de 1.600 para el primer año de vigencia (2010) y de 1.800 para el segundo (2011).
Agrega el mensaje que, dentro de los plazos definidos por el reglamento de la ley para postular, se evidenció alto interés por acogerse a sus beneficios, al punto que al término del primer período se presentaron 2.021 solicitudes que cumplen con todos los requisitos. Es decir, hubo un excedente de 421 funcionarios que quedaron excluidos de dicho beneficio sólo en este año.
Durante la discusión en general de la iniciativa legal en informe, la Comisión escuchó a las siguientes autoridades y expertos:
En primer lugar, al subsecretario de Desarrollo Regional , señor Miguel Flores Vargas , quien señaló que con el proyecto se busca responder a la necesidad de ajustar los cálculos que consideró la ley N° 20.387, en la determinación de los recursos necesarios para otorgar el beneficio económico de incentivo al retiro voluntario de funcionarios municipales, creado previamente por la ley N° 20.135, así como en la determinación del universo de beneficiarios, lo que redundó en que, a la fecha, existe un número mayor de potenciales beneficiarios que cupos y recursos disponibles para otorgar el referido beneficio en 2010.
Detalló que los destinatarios del beneficio legal conferido por la ley N° 20.387 son tanto los funcionarios municipales en actual servicio, con una edad mínima al 31 de diciembre del año en curso de sesenta y cinco años, en el caso de los hombres, o de sesenta, en el caso de las mujeres, así como aquellos que se hayan retirado en virtud de la ley N° 20.135.
El beneficio se concreta en dos etapas. Así, para 2010 se establece un cupo máximo de 1.600 funcionarios y, para el 2011, de 1.800. Tal beneficio consiste en una bonificación al trabajador, con un componente de cargo a fondos municipales, equivalente a seis meses, según la última renta percibida, pudiendo elevarse a once rentas si se cuenta con el acuerdo del concejo. Por tal razón, se establece una línea de crédito para conceder al municipio que lo requiera un anticipo de su participación en el Fondo Común Municipal hasta el monto de los cupos preestablecidos. La otra parte de la bonificación, que complementa el bono municipal, es de cargo fiscal, por un monto de 527 UF para los funcionarios de las plantas directivas, profesionales y jefaturas, y de 395 UF para quienes pertenezcan o hayan pertenecido a las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares.
Sin embargo, la ley N° 20.387 presentó un problema, el que se busca resolver mediante este proyecto, en el sentido de que tanto los cupos de beneficiarios como los montos asignados (17 mil millones de pesos el 2010 y 17 mil 500 millones para 2011) resultaron ser insuficientes para cubrir las bonificaciones de todos los funcionarios que pueden acogerse al beneficio, que ya al 2010 fueron 2.021 postulantes que cumplían el requisito, superando en 421 el cupo anual y en 4.500 millones de pesos el presupuesto asignado para este año.
La Comisión escuchó también al presidente nacional de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, señor Óscar Yáñez Pol, quien manifestó el pleno acuerdo de esa agrupación respecto de la necesidad de legislar en el sentido que lo hace presente el proyecto de ley en cuestión, precisando los resultados de la aplicación de la ley N° 20.387. Asimismo, solicitó al Ejecutivo incorporar una única precisión al articulado, en cuanto a explicitar que el beneficio monetario al retiro sea entregado a los herederos del funcionario que, habiendo postulado en tiempo y forma, haya fallecido antes de percibirlo, situación que aseguró se produce respecto de, al menos, diez personas a lo largo del país.
Esta Comisión compartió plenamente los fundamentos que ilustran la iniciativa, aprobándola por asentimiento unánime.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda .
El señor SILVA (de pie).- Señora Presidenta , en representación de la Comisión de Hacienda, paso a informar el proyecto de ley que complementa y modifica la ley N° 20.387, sobre bonificación por retiro voluntario de funcionarios municipales, con urgencia calificada de suma.
El propósito de la iniciativa consiste en autorizar excepcionalmente a las municipalidades para pagar la bonificación por retiro a que se refiere el artículo 1° de la ley N° 20.387 a aquellos funcionarios que, a pesar de haber cumplido los requisitos, no resultaron seleccionados por haberse agotado los cupos fijados para el primer año de vigencia y, además, aumentar el aporte del Fisco para el financiamiento de la referida ley.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 8 de septiembre de 2010, señala que el mayor gasto, ascendente a 4.500 millones de pesos, se financiará con cargo a reasignaciones del presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y, en lo que faltare, con recursos de la Partida del Tesoro Público.
Durante el debate en la Comisión, el subsecretario Miguel Flores se refirió a las distintas situaciones que motivaron la tramitación del proyecto en informe y al objetivo de la iniciativa. En respuesta a las inquietudes de varios señores diputados, señaló que el proyecto no beneficia a los funcionarios de las corporaciones municipales, ya que constituye una modificación a la legislación anterior que no los incluía en su normativa, en referencia a las leyes números 20.387 y 20.135.
Respecto al artículo 5° propuesto, que beneficia a los funcionarios fallecidos que indica, él justificó la medida en que algunas solicitudes no han alcanzado a materializarse dado el fallecimiento del funcionario, básicamente por el tiempo que demora su discusión y tramitación.
En relación con la discusión en particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:
En el artículo 3º del proyecto, se sustituye la expresión “17 mil millones de pesos”, en el inciso primero del artículo primero transitorio de la ley N° 20.387, por “21 mil quinientos millones de pesos.”.
En el artículo 4° se señala que el mayor gasto que represente la aplicación del artículo anterior se financiará con cargo a reasignaciones del presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y, en lo que faltare, con recursos de la Partida del Tesoro Público.
El proyecto fue aprobado por la unanimidad de los diputados de la Comisión de Hacienda.
Es todo cuanto puedo informar a la Sala.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señora Presidenta , como han sostenido los diputados informantes, se trata de un proyecto simple, pero de una profunda significación y beneficio para los funcionarios municipales que indica.
En primer lugar, hay consenso entre los funcionarios municipales, la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (Asemuch), y la Asociación Chilena de Municipalidades, por lo que no hay dificultades ni discusión.
Sólo se trata de entregar 421 cupos con cargo a los de 2011, por cuanto se establecieron 1.600 cupos para el primer año, pero se presentaron 2.021 solicitudes; por lo tanto, se generó un excedente de 421 funcionarios que quedaron excluidos. Además, se aumenta el aporte del Fisco en 4.500 millones pesos, por lo que el aporte de 17 mil 500 millones sube a 21 mil 500 millones de pesos.
Esta facultad se otorga de manera excepcional a las municipalidades y se postula con cargo a la reasignación del presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
Es un proyecto que beneficiará a los funcionarios, que bien se lo merecen, que cumplan los requisitos o las condiciones que la misma iniciativa establece o las leyes respectivas sobre las que se basa la propuesta.
Finalmente, anuncio que nuestra bancada votará favorablemente el proyecto, por ser absolutamente beneficioso y útil para esas personas.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING.- Señora Presidenta, los socialistas vamos a apoyar el proyecto, porque es conveniente para los trabajadores municipales que andan presionándonos...
(Manifestaciones).
...y porque es bueno para el sistema municipal.
Sin embargo, lamentamos que, una vez más, el Gobierno no ponga plata para apoyar a las municipalidades y llevar adelante este beneficio.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Señor diputado , no es que nos estén presionando, sino que es nuestro deber legislar sobre la materia.
Tiene la palabra el diputado señor Miodrag Marinovic.
El señor MARINOVIC.- Señora Presidenta, los independientes también aprobaremos el proyecto, ya que consideramos importante ampliar la cobertura del bono de incentivo por retiro voluntario.
Además, por intermedio de la señora Presidenta, aprovecho para solicitar al Gobierno que apure el tranco respecto de la iniciativa que establece un bono de incentivo por retiro voluntario de los trabajadores del sector público, ya que consideramos que es una buena idea y muy necesaria, pues hay que dar tiraje a la chimenea.
Por lo tanto, en esa dirección, éste es un primer paso que estamos dando.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que complementa y modifica la ley N° 20.387, sobre bonificación por retiro voluntario de funcionarios municipales, con urgencia calificada de “suma”.
Hago presente que todas las normas son materias propias de ley común y que la Comisión de Hacienda no formuló indicaciones al texto aprobado por la Comisión de Gobierno Interior.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Aplausos.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado también en particular.
Despachado el proyecto.
SUSPENSIÓN DE TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE ACUERDO E INCIDENTES.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Si le parece a la Sala, no se trataran proyecto de acuerdo y no habrá Incidentes.
Acordado.
VI. HOMENAJE
HOMENAJE A FUNCIONARIOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. (Proyecto de acuerdo).
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- En virtud del acuerdo de los Jefes de Comités Parlamentarios, la Cámara de Diputados rendirá homenaje a los funcionarios asistentes de la educación.
Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla.
El señor BOBADILLA (de pie).- Señora Presidenta , señoras y señores asistentes de la educación, dirigentes, en mi nombre y en el de mi partido, la Unión Demócrata Independiente, saludo a todos y cada uno de ustedes, en forma muy especial a Miguel Ángel Araneda y Manuel Gatica , de Coronel; a José Tapia, de Florida ; a Manuel Hernández y Víctor Caro , de Tomé; a Teresa Reyes, de Lota, y a Mario Palma , de Concepción, entre otros dirigentes que sé que se encuentran en las tribunas.
Hoy homenajeamos a quienes, sin duda alguna, son uno de los pilares fundamentales en la educación de nuestros hijos, los asistentes de la educación.
Las queridas “tías” y “tíos” están, día a día, junto a los niños en los diversos establecimientos educacionales y cumplen una labor encomiable y trascendental a la hora de acompañar a los estudiantes.
Siempre están presentes en las oficinas, en los pasillos, escuchando a los estudiantes, atendiendo a los apoderados y son los primeros en detectar los problemas de nuestros queridos alumnos.
El trabajo e importancia de los asistentes de la educación dentro del sistema educativo es vital, ya que profesores, alumnos y asistentes son un solo equipo, y trabajan unidos en beneficio de la educación de nuestro querido país.
El equipo es bastante amplio y abarca a distintos actores. Se llama asistentes de la educación, entre otros, a inspectores, auxiliares de servicios menores, asistentes de párvulos, profesionales de la educación como sicólogos, kinesiólogos, asistentes sociales, a quienes agradecemos, día a día, la importante labor que desarrollan en beneficio del proceso educativo en las diferentes comunas.
Es cierto, estimados amigos, tenemos deudas con ustedes, las que iremos cumpliendo una a una, pero no se deben olvidar los logros importantes que se han obtenido, como el reconocimiento del Día del Asistente de la Educación , instituido por decreto supremo el año 1993, y en 2006, cuando definitivamente pasaron a ser asistentes de la educación. Son estos hitos que por cierto han marcado un antes y un después en la vida laboral de cada uno de ustedes.
Queremos hacer este reconocimiento a la labor enorme, silenciosa y muchas veces no comprendida de esos funcionarios, porque ahora existe una mirada igualitaria y respetuosa de su colaboración en la educación.
Durante mucho tiempo han sido postergados y no se les ha reconocido su enorme labor, pese a que tienen el contacto directo con los alumnos y sus familias.
Este estamento también debe adquirir las competencias necesarias que le permitan un perfeccionamiento de su quehacer junto al profesor, especialmente cuando se enfrentan a los problemas sociales en el interior de los colegios como el bullying, la drogadicción y las crisis familiares, entregando el apoyo a los alumnos que muchas veces no encuentran en sus más cercanos.
Nuestra labor legislativa ha pretendido buscar variadas iniciativas que reconozcan su labor y la entrega de incentivos necesarios que permitan las motivaciones para un mejor desempeño, como promover la capacitación, subir el nivel educacional para desempeñar este rol y, por cierto, las mejoras económicas que han sido escasas.
En cada unidad educativa, los estamentos tienen su reconocimiento, son un eslabón más, por ello, los invitamos a seguir colaborando con los directivos y profesores para lograr el fin esencial de la educación, que es entregar personas y jóvenes útiles a nuestra sociedad, sin hacer diferencia de sus cargos, sean profesionales, auxiliares o administrativos. Nos permitimos destacar a cada uno de ustedes, los valoramos como personas, valoramos sus dones, las virtudes y el esfuerzo que realizan día a día. A todos, nuestro reconocimiento sincero y la invitación a seguir la senda del servicio a la educación con superación, compromiso, respeto, lealtad y unidad.
Finalmente, estimadas amigas y amigos, vaya nuestra admiración a todos y cada uno de los asistentes de la educación aquí presentes y a aquellos que se encuentran laborando en los establecimientos educacionales a lo largo de nuestro país. Su tarea es insustituible. Como padres, les agradecemos su gran esfuerzo y entrega permanente en beneficio de nuestros niños.
He dicho.
-Aplausos en la Sala y en las tribunas.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra, en representación del Comité Demócrata Cristiano, el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS (de pie).- Señora Presidenta , estimadas y estimados colegas, queridos dirigentes y representantes de los asistentes de la educación de las distintas regiones de nuestro país:
En un día como hoy, en que las emociones brotan a raudales por nuestros poros a causa de la epopeya de humanidad protagonizada por nuestros mineros en el norte, un hecho grandioso que nos habla de sacrificio, de esfuerzo, de abnegación, pero también de lucha, de fe y esperanza en el futuro, en este caso, gracias a Dios, con un final feliz.
Hoy nos reunimos para rendir homenaje a esos miles de hombres y mujeres que a lo largo y ancho de nuestro territorio tantas veces, de manera anónima, tienden su mano amiga y protectora a los niños, niñas y jóvenes de nuestra patria.
Ellos, al igual que los mineros y que muchos trabajadores y trabajadoras, se unen en el sacrificio, el esfuerzo, la abnegación, la esperanza y la fe en el futuro.
Cada vez que llegábamos al colegio éramos recibidos por un asistente de la educación. El mismo funcionario nos despedía. Son ellos, sin duda, la primera y, en ocasiones, la más amable de las caras de nuestros establecimientos educacionales.
Desgraciadamente, también, muchas veces las caras más olvidada por el Estado.
Una educación moderna requiere la existencia de comunidades educativas integradas. En esa dimensión, los asistentes de la educación juegan un rol de primer orden.
No es posible concebir una comunidad educacional activa sin el concurso de inspectores, auxiliares de patio, administrativos, asistentes de párvulos, bibliotecarios, laboratoristas, fonoaudiólogos, psicólogos, monitores, entre otros, quienes tantas veces, ante la ausencia de algún docente, durante jornadas completas quedan al cuidado de nuestros niños.
Estimados asistentes de la educación, junto con pedirles excusas por lo que han debido esperar, también por la falta de muchos diputados en este Hemiciclo, debo señalarles que nuestra sociedad tiene una gran deuda con ustedes.
Nunca hemos sabido reconocer suficientemente el rol esencial e insustituible de la labor que los asistentes de la educación desarrollan como auténticos servidores públicos. Por muchos años los hemos visto acá deambular, conversar, intentar convencer sobre sus legítimas demandas: mayor capacitación que les permita enfrentar con más propiedad los complejos problemas que muchas veces los alumnos les confían, incluso antes que a otros estamentos, padres o profesores; contar con un plan de incentivo al retiro que posibilite a muchos asistentes de la educación que ya han cumplido la edad de jubilar retirarse con pensiones dignas, de acuerdo al servicio que han prestado por tantos años; sueldos más justos y ampliación del bono que otorga la ley N° 19.464; establecimiento de un sistema de evaluación de desempeño que permita premiar una carrera funcionaria, tan útil en cada establecimiento educacional; la creación de una asignación de desempeño difícil, similar a la que reciben con toda justicia los docentes de nuestro país, ya que la condición de desempeño difícil de un colegio es igual para todos quienes laboran en ellos y ¿por qué no decirlo de una buena vez?, el establecimiento de un estatuto para ese importante sector de la educación.
Pero debemos asumir la tarea como lo señalé en la Comisión de Educación: con honestidad, con transparencia, sin generar expectativas que no estamos dispuestos a cumplir. ¡Hablar con la verdad es un imperativo!
(Aplausos en la Sala y en las tribunas)
Ésas son hoy, al igual que ayer, algunas de las demandas legítimas de los asistentes de la educación. Justas y postergadas. Ayer y hoy.
En este día en que les rendimos un merecido homenaje a su trabajo, quiero instar a los diputados -por eso era importante que estuvieran todos aquí- a comprometernos, más allá de toda diferencia legítima, a contribuir para que el Estado de Chile, no un gobierno en particular, reconozca a los asistentes de la educación en toda la magnitud de su tan abnegada tarea por nuestros niños y lograr, de ese modo, que su dignificación sea una realidad, con el otorgamiento de la retribución y las condiciones de trabajo que se merecen y que tantas veces hemos dejado de lado, tal vez por la humildad de sus demandas, quizás por la falta de estridencia en sus planteamientos, porque han privilegiado el diálogo, el respeto, el convencimiento.
Hoy nos acompañan representantes de esos miles y miles de trabajadores que se encuentran desperdigados por nuestro territorio nacional. Desde esta tribuna, en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, en particular del diputado Fuad Chahín , que pidió este homenaje; de Gabriel Silber, integrante de la Comisión de Educación, y de tantos otros, quiero darles mil gracias a los asistentes de la educación por lo que han realizado por todos nosotros, por nuestros hijos y, probablemente, por algunos de nuestros nietos. Estamos seguros de que lo seguirán haciendo con otras tantas generaciones de niños que sabrán agradecerles su entrega y abnegación.
Que este homenaje también marque el compromiso de todos los que estamos aquí para lograr que vuestras justas aspiraciones sean atendidas con prontitud y justicia.
Muchas gracias.
-Aplausos en las tribunas.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado Rodrigo González.
El señor GONZÁLEZ (de pie).- Señora Presidenta , estimados colegas, quiero iniciar estas palabras con un saludo muy cariñoso y de mucho reconocimiento para quienes integran el Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, presentes en la tribuna, especialmente, a todos quienes han venido de regiones con tanto sacrificio para asistir a este merecido homenaje.
Además, hago llegar un saludo de los diputados de la Región del Bíobío, en especial del diputado Campos , a los dirigentes de sus cuatro provincias y también, muy en particular a las asistentes y a los asistentes de las regiones afectadas por el terremoto y que han hecho un gran sacrificio para estar hoy presentes en este homenaje.
Por último, quiero hacer llegar un especial saludo a un dirigente que se encuentra muy enfermo y que a pesar de su delicado estado de salud, ayer estuvo con nosotros en la Comisión de Educación y sigue luchando por su gremio. Me refiero al dirigente José Núñez Lemus , integrante de uno de los sindicatos de asistentes de la educación.
(Aplausos)
Es motivo de muy especial alegría el haber sido mandatado por mis colegas del Partido por la Democracia para rendir este homenaje a un colectivo de trabajadoras y trabajadores que día a día desarrollan un rol insustituible como parte de las comunidades escolares de nuestro país.
He tenido la oportunidad de ser testigo privilegiado de un proceso ascendente de desarrollo de la conciencia y organización de estos trabajadores y trabajadoras, por largos años preteridos, ignorados y reducidos a un rol menor auxiliar, pero que con su organización y lucha han sido capaces de lograr su legitimación social y también jurídica como agentes coadyuvantes irremplazables del proceso de enseñanza y aprendizaje. Debieron haberlo sido cuando se dictó el Estatuto Docente, pero eso se logrará más temprano que tarde, gracias a la seriedad y lucha que han desarrollado.
Los asistentes de la educación, desde distintas esferas del quehacer educativo, junto a los docentes, directivos, alumnos, padres y apoderados, han construido la escuela en el cotidiano y hoy laboran en ella con la conciencia de quien se ha ganado un espacio y derechos que aún son insuficientes, pero que están dispuestos a seguir incrementando con su trabajo, su compromiso con la delicada función que realizan y también con su organización y su lucha.
Como muchos gremios chilenos, en poco tiempo han logrado avanzar sustantivamente, sobre todo en los últimos años. Rompieron las barreras de la invisibilidad y hoy siguen demandando del Estado ser considerados en los procesos de reforma educacional pendientes.
Al interior de los establecimientos educacionales nadie duda de que los asistentes, inspectores de patio, auxiliares docentes, bibliotecarios, laboratoristas, orientadores vocacionales y muchos administrativos a cargo de la logística escolar se han ganado un gran espacio en el sistema educacional que hoy merece el reconocimiento y homenaje que les rendimos en la Cámara de Diputados.
Los parlamentarios y parlamentarias del Partido por la Democracia estamos conscientes de las nuevas demandas de este sector. Ellos desean que se los incorpore para contar con los instrumentos que les permitan fortalecer la carrera funcionaria, facilitar el acceso al perfeccionamiento y la profesionalización de sus tareas y el mejoramiento de sus rentas y condiciones de trabajo.
Actualmente, estos noventa mil trabajadores chilenos siguen sujetos a estatutos jurídicos diversos. Entre el sector público municipal y el particular subvencionado y pagado siguen subsistiendo formas de contratación muy desiguales. Por eso, es necesario contar con un régimen estatutario común y general.
Hemos avanzado, desde la Administración del Presidente Frei , cuando se permitió que accedieran a asignaciones que antes sólo se entregaban al personal docente. Pero se necesita mucho más. La complejidad de la sociedad chilena se expresa también en la convivencia escolar y ha puesto a los asistentes de la educación en la primera línea de reacción en la intervención frente a fenómenos tan graves como son la violencia escolar, la indisciplina propia de la edad adolescente, que hoy se expresa en todos los grupos o sectores sociales como violencia contra los pares y también contra docentes y directivos y, por cierto, muchas veces contra los propios asistentes.
El consumo de tabaco, alcohol y drogas al interior o fuera del colegio son realidades cotidianas con las que deben enfrentarse estos trabajadores y trabajadoras para todo lo cual es indispensable contar con nuevos conocimientos, capacitación y profesionalización de sus funciones.
La mediación como método de resolución de conflictos en la escuela, las tareas de prevención en el consumo de drogas, la orientación vocacional, la promoción de valores de una ética de la cooperación y la solidaridad son todos desafíos de marca mayor que sólo podrán ser asumidos en la medida en que el Estado les entregue los recursos y la institucionalidad indispensables para generar los programas educacionales y de capacitación necesarios.
Por otra parte, debemos ser capaces de extender sus beneficios sociales, como becas para sus hijos, el bono de la ley N°19.464, el sueldo base, la carga horaria, mejoramiento en el acceso a asignaciones en condiciones de difícil desempeño, en zonas rurales, en medios violentos o socialmente deprimidos, en zonas extremas. En suma, un trabajo digno y decente y manteniendo los avances de la ley N°20.403.
Sólo de esta forma, lograremos que todos los trabajadores al interior de una unidad educativa reciban un tratamiento análogo y equitativo de sus sostenedores. Estancar estos avances significaría condenar a los asistentes a convivir incómodamente con docentes y directivos que por su trabajo reciben un tratamiento más favorable del Estado. Ello sería, sin duda, discriminación.
Hay un compromiso pendiente. Este gremio no está satisfecho. Durante la campaña presidencial, el hoy Presidente Piñera y el ministro del Interior comprometieron su palabra en seguir avanzando. También lo hicieron los otros candidatos presidenciales. Por eso, éste también es un compromiso para todas y todos los parlamentarios. Es justo que se honre la palabra empeñada y que se instruya al ministro de Educación en el sentido de ser receptivo frente a un gremio que hace mucho se ganó el derecho a ser actor principal de la educación chilena.
Termino estas palabras reiterando nuestro saludo, homenaje y solidaridad con vuestra causa, que no es sólo la causa de una defensa de intereses gremiales, sino que es la defensa de la educación pública, el único instrumento que asegura la concurrencia de las grandes mayorías a la construcción de un proyecto nacional de desarrollo.
Queridas y queridos asistentes de la educación reciban mi saludo fraterno y solidario y el reconocimiento de todas y todos los diputados del Partido por la Democracia y de la Cámara de Diputados.
He dicho.
-Aplausos.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO (de pie).- Señora Presidenta , dirigentes de trabajadoras y trabajadores de la educación, estimadas y estimados asistentes de la educación presentes en las tribunas.
En representación de la bancada de Renovación Nacional, con mucho agrado, cumplo con rendir un justo y merecido homenaje a quienes representan un pilar fundamental de la educación de nuestros niños y niñas, que atienden las aulas en todos los rincones y localidades de nuestro país.
Los asistentes de la educación, que el 1° de octubre recién pasado conmemoraron su día, forman una importante red de decenas de miles de hombres y mujeres en las escuelas y colegios chilenos, y pareciera que no hace mucho tiempo se han asomado y han sido reconocidos como parte relevante de nuestro sistema educacional, otorgándole a este estamento el valor y la ponderación que ha tenido durante muchos años en la formación de todos y cada uno de los presentes en la Sala en nuestros años de escolaridad.
Esa mujer, ese hombre que muchas veces pasan desapercibidos a los ojos de las personas comunes y corrientes, son plenamente visibles y vigentes a los ojos y en los corazones de los estudiantes que, día a día, tienen un estrecho y amigable contacto con ellos, ya sea en la portería, en el patio, en los pasillos, en el gimnasio, en las salas de clases, en los comedores, en las oficinas o en cualquier lugar en que tengan que dar su apoyo o entregar las condiciones necesarias para el uso de las dependencias educacionales.
Aunque haya transcurrido mucho tiempo, sin duda, cada uno de nosotros tiene algún recuerdo de estos personajes claves durante nuestra vida escolar. Ese portero que, a espaldas de la autoridad, nos dejó entrar al colegio o salir de él en horas non sanctas o que nos encontró el cuaderno o el bolsón extraviado, esa manipuladora que nos pasó comida extra, ese asistente que limpió y ordenó la sala de clases y el gimnasio después del desorden propio de los niños, ese asistente que nos socorrió en algún accidente o que manipuló ese aparato electrónico de la sala de clases, ese asistente que más de una vez se convirtió en alcahuete de alguna travesura o falta menor o en confidente de algún secreto personal, que mantuvo a buen recaudo de los curiosos; en fin, en tantas y tan variadas labores que cada día desempeñan los asistentes de la educación en los miles de colegios y escuelas del país.
A pesar de que muchas desempeñan labores menos vistosas y más cotidianas, el aporte de los asistentes de la educación a la formación de nuestros niños y niñas es de suma importancia y trascendencia, toda vez que las labores educativas no serían posibles si no existiera el acucioso trabajo de estas personas en cada una de las actividades de la educación, en las diferentes dependencias escolares.
Según una antigua tradición de las comunidades africanas, para la formación y la educación de un niño se requiere el concurso y la participación de toda la tribu. Es decir, todos y cada uno de los miembros de la comunidad pueden y deben participar en la formación de un niño: los padres, los parientes, los profesores, los asistentes de la educación, los amigos, los vecinos, etcétera. De todos y de cada uno de ellos el niño puede extraer enseñanzas, lecciones y ejemplos para enfrentar la vida más adelante, especialmente de aquellos con quienes tienen contacto permanente y cotidiano: los asistentes de la educación.
Con motivo del terremoto que afectó a nuestro país en febrero pasado, fueron cientos las escuelas y los colegios que resultaron destruidos o seriamente dañados. Eso dejó a millones de niños sin posibilidad alguna de asistir a clases, precisamente, cuando debía empezar el año escolar, los primeros días de marzo.
En esta oportunidad, debemos reconocer la encomiable labor que cumplieron los asistentes de la educación, con el fin de lograr la normalización de las clases en las escuelas afectadas, en los plazos establecidos por el ministro de Educación . Trabajaron incansablemente desempeñando sus roles para que las clases comenzaran lo antes posible. Y no me refiero sólo al generoso trabajo previo que realizaron, sino también al apoyo que brindaron y que siguen entregando a los niños y niñas que sufrieron el impacto psicológico de una catástrofe tan importante enorme como fue el terremoto de tan alta intensidad y los cientos de réplicas que se suceden hasta el día de hoy. Su apoyo y su ayuda a los alumnos damnificados son merecedores de nuestro agradecimiento y sinceras felicitaciones.
Quiero relatar una experiencia que tuvimos en nuestra Región de Los Ríos, cuando el año pasado instauramos un concurso literario dirigido a los alumnos de la educación básica y media, como una forma de homenajear a los asistentes de la educación en su día nacional, denominado “En un rincón de mi corazón, yo llevo a un asistente de la educación”.
Fue una grata sorpresa constatar el entusiasmo y la participación de cientos de alumnos que quisieron rendir un homenaje a los asistentes de sus escuelas y colegios, a través de otros tantos poemas, odas, cuentos, composiciones y anécdotas, cuyo personaje principal era algún asistente de la educación de su escuela. El cariño, el afecto y el respeto manifestado por los jóvenes en los trabajos presentados, demostraron fehacientemente lo importantes que son para ellos estos hombres y mujeres que trabajan en sus escuelas y con quienes se relacionan diariamente. ¿Qué duda cabe de lo importantes que son estos personajes en la vida escolar de nuestros niños y niñas y los recuerdos de ellos que, seguramente, conservarán durante toda su vida?
En un homenaje como el de hoy no podríamos dejar de mencionar que este estamento de la educación chilena requiere mejores condiciones laborales y una normativa nacional acorde con los tiempos y con los nuevos desafíos que tiene la calidad de nuestra educación, que tanto nos preocupa a todos. La disparidad de condiciones laborales y de remuneraciones a lo largo del país hacen aconsejable un esfuerzo para estrechar estas diferencias ante igual desempeño y, a la vez, reconocer a este estamento como fundamental en la formación de nuestros niños, que son el futuro de la nación.
Para terminar, envío un fraternal y agradecido saludo a los asistentes de la educación, con el deseo de que cada día sigan ennobleciendo su profesión, en beneficio de la educación de los niños de nuestro país.
He dicho.
-Aplausos en la Sala y en las tribunas.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra al diputado señor Manuel Monsalve.
El señor MONSALVE (de pie).- Señora Presidenta , colegas diputados y diputadas, ante todo, un saludo a los dirigentes del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación y a los dirigentes y trabajadores asistentes de la educación que han venido desde distintos puntos de Chile a presenciar este merecido homenaje.
En representación de las bancadas de los partidos Socialista y Comunista, quiero transmitir nuestro reconocimiento a cada uno de los ochenta mil asistentes de la educación que desempeñan su labor de apoyo a la tarea educacional en los 11 mil establecimientos subvencionados a lo largo del país.
Chile ha debatido y seguirá debatiendo sobre el camino que debe recorrer para alcanzar la calidad de educación que nuestros niños y jóvenes merecen y que el país necesita para empinarse como la nación desarrollada y justa a la que todos aspiramos.
Lo que queda claro es que el camino a la calidad de la educación requiere la incorporación, el reconocimiento y el esfuerzo del conjunto de la comunidad escolar. El camino a la calidad de la educación no es posible sin la labor de apoyo a la tarea educativa que cumplen los asistentes de la educación.
Me refiero a las diversas funciones indispensables para la formación y desarrollo de los alumnos que desempeñan los auxiliares de servicio, administrativos, inspectores, asistentes de párvulos, bibliotecarios, psicopedagogos y fonoaudiólogos.
No es posible pensar en la escuela o liceo sin quién recibe a nuestros hijos en la mañana, los protege, los acompaña, los orienta y los apoya en su diario quehacer escolar. Los asistentes de la educación son parte de una comunidad escolar que, cada día, tiene desafíos mayores y más complejos: velar por la calidad de la educación y ofrecer a todos los chilenos, independientemente de su condición socioeconómica, la posibilidad de acceder al conocimiento, a la cultura y a su desarrollo integral.
Nuestro compromiso con una educación pública pluralista, laica, no discriminatoria y de calidad, que disminuya las desigualdades, que genere igualdad de oportunidades y movilidad social, no es posible sin el fortalecimiento del conjunto de la comunidad escolar.
Por eso que la profesionalización y fortalecimiento de la labor de los asistentes de la educación es un desafío directamente ligado al mejoramiento de la calidad de la educación en Chile.
Entonces, la dignificación de la labor del asistente de la educación no debe entenderse sólo como el reconocimiento social en un día determinado, como éste, sino que requiere establecer un marco regulatorio justo, que siente las bases de una carrera funcionaria que garantice derechos laborales y calidad de desempeño. Eso es, en definitiva, lo que requieren y demandan los asistentes de la educación de Chile.
En 2006, como bien lo saben los dirigentes, bajo el mandato de la ex Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet Jeria , y en el momento en que Yasna Provoste era ministra de Educación , se logró un protocolo de acuerdo entre el Ministerio de Educación y los llamados hasta ese entonces “no docentes”, que permitió posteriormente avanzar en la aprobación de la ley N° 20.244.
Hoy existe el compromiso del actual Presidente de la República , Sebastián Piñera , de conformar una mesa de trabajo y de avanzar en concordar y obtener un marco regulatorio para los asistentes de la educación.
Por eso, espero que este homenaje sea un espacio que contribuye a que la voz y demandas de los dirigentes del Consejo Nacional de los Asistentes de la Educación pueda escucharse con mayor fuerza y permita fortalecer en la agenda pública la necesidad de avanzar con mayor rapidez en la creación de un marco regulatorio nacional para los asistentes de la educación, que termine con las arbitrariedades y que garantice el desarrollo laboral, la profesionalización y la evaluación del desempeño.
Buscaremos que este homenaje se extienda también en el apoyo a aquellas demandas más urgentes, como el otorgamiento de la asignación por desempeño en condiciones difícil, mejoramiento de la asignación de excelencia, fortalecimiento de la capacitación, la ampliación del programa de incentivo al retiro, la entrega del bono de la ley N° 19.464 y la fijación de un sueldo base. Por eso hoy con nuestros votos apoyamos el proyecto de acuerdo, porque esperamos que la mesa de trabajo que han conformado actúe con prontitud para lograr los acuerdos que permitan la dignificación de la labor del asistente de la educación y que también la ley de Presupuestos dé una señal clara de un sistema laboral más justo para ellos.
Estimados asistentes de la educación, reciban a través de este homenaje nuestro sincero reconocimiento y apoyo.
He dicho.
-Aplausos.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado José Pérez.
El señor PÉREZ, don José (de pie).- Señora Presidenta , estimados funcionarios asistentes de la educación, un saludo cordial para sus dirigentes y para quienes vienen de la Octava Región, de la provincia de Biobío, que se han dado cita en estas tribunas después de viajar cientos de kilómetros.
Sin duda, este 13 de octubre no será olvidado fácilmente por ustedes, por tres razones fundamentales.
En primer lugar, porque este Hemiciclo, la Cámara de Diputados, rinde un merecido homenaje a los asistentes de la educación de nuestro país.
En segundo lugar, por la larga espera en las tribunas para proceder a este muy sentido homenaje. Por último, porque este día 13 de octubre allá en el norte, la mina San José está de parto. 33 hombres atrapados a 700 metros de profundidad están saliendo uno a uno a la superficie para abrazarse con sus seres queridos, para volver a ver la luz del sol, para pensar en un mañana más próspero que antes.
En nombre de la bancada de diputados del Partido Radical Social Demócrata, tengo el placer de ser parte de este homenaje a los funcionarios asistentes de la educación, quienes día tras día aportan a construir una mejor y más equitativa educación para los chilenos y chilenas.
Sin lugar a dudas, ellos cumplen un rol primordial en nuestro sistema educativo. No es menor el dato de que los funcionarios codocentes son los primeros en llegar a los establecimientos educacionales y los últimos en irse, y la mayoría de ellos ha convivido con muchas generaciones de estudiantes que les recuerdan con el cariño que ellos conquistaron.
Han brindado amistad y consuelo; han escuchado lamentos de sus alumnos y muchas veces han sido los mejores consejeros.
Cuando hablamos de la comunidad educativa, compuesta por alumnos, apoderados, profesores, también hablamos de los asistentes de la educación. Sin el aporte de su trabajo y sacrificio diario sería imposible llevar adelante una transformación como la que requiere Chile en materia de enseñanza, por cuanto cualquier cambio en esta área no puede dejar fuera a los inspectores, personal administrativo, auxiliares, paradocentes, asistentes de párvulos, vigilantes, bibliotecarios, laboratoristas, fonoaudiólogos y otros tantos que realizan tareas fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros niños y niñas.
Un colegio forma intelectuales en las salas de clases y forma a las personas en un ambiente de sana convivencia, de respeto mutuo, de orden y disciplina. Es como una gran casa donde el afecto y el cuidado se expresan también en el espacio en que se comparte y en los pequeños gestos de generosidad, de escucha, de orientación que muchos de estos funcionarios brindan a los alumnos de sus establecimientos educacionales.
Y aunque no lo crean, los pequeños gestos no se olvidan tan fácilmente; marcan a las personas para siempre.
Para mejorar la calidad de la educación se hace necesario entender que este desafío es tarea de todos y de cada uno de los actores de la unidad educativa. Por ello, se hace urgente de profesionalizar y especializar la función del personal asistente de la educación, ya que comparte la mayor parte del tiempo con los alumnos y les toca enfrentar directamente muchos problemas, como la drogadicción, la violencia, la convivencia escolar, el embarazo precoz o la necesidad de orientar a niños, a niñas y jóvenes.
Nuestra bancada y coalición política entendió esta necesidad y hace poco más de dos años, en enero de 2008, nuestra ex Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet , promulgó la ley N° 20.244, que reconoce legalmente a los asistentes de la educación, lo cual no fue sino un acto de justicia para todos y cada uno de ellos.
Ustedes, mejor que nadie, saben que si Chile puede avanzar hacia el desarrollo, debe hacerlo con todas y todos.
Hoy queremos invitarlos a ser parte de este Chile más justo y solidario que construiremos ustedes y nosotros, en que cada uno de sus habitantes pueda vivir mejor, en un país que garantice igualdad de oportunidades a todos sus habitantes. Ciertamente, ese desafío no será posible sin el aporte de todos los asistentes de la educación, porque esa labor es clave en la formación de nuestros niños y jóvenes, que serán los forjadores del mañana.
Sólo con una buena educación podremos formar buenos estudiantes, buenas personas; ciudadanos libres y progresistas. Y ese sueño no es posible sin el aporte de ustedes.
En cada unidad educativa los estamentos tienen su reconocimiento. Los codocentes son un eslabón importante de la cadena educativa. Sin ellos resulta imposible el normal funcionamiento de un establecimiento educacional.
Los invitamos a seguir colaborando con los directores y profesores para lograr el fin esencial de la educación: entregar a la sociedad jóvenes con valores reconocidos, con una sana convivencia que nos lleve a trabajar en equipo, con respeto, compromiso, con ideales, en armonía y tolerancia; sin diferencias de cargos, sean profesionales, auxiliares o administrativos.
Nos permitimos destacar a cada uno de ustedes como seres únicos e irrepetibles, valorando su persona, sus dones, sus virtudes y el esfuerzo que realizan cada día en los respectivos establecimientos educacionales.
La grandeza de las personas se evidencia en la capacidad de sumarse a las grandes causas y no en restarse tras pequeñas excusas.
Hoy, con gusto, nos reunimos en esta Sala para reconocerles, agradecerles y manifestarles nuestro más sincero compromiso en la labor educativa, responsabilidad que compromete a todas las familias chilenas.
A los asistentes de la educación presentes en las tribunas y a los que nos ven a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados, reciban nuestro sentido reconocimiento, un abrazo fraterno que, les ruego, hacerlo extensivo a sus familias.
He dicho.
-Aplausos.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Por último, tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez, del Comité PRI e Independiente.
El señor VELÁSQUEZ (de pie).- Señora Presidenta , señoras y señores diputados, amigos funcionarios asistentes de la educación, que se encuentran en las tribunas y que han venido desde distintos puntos del país:
Recién he verificado que éste es el primer homenaje que hace la Cámara a estos funcionarios. Así lo señaló el honorable diputado Rodrigo González .
Aclaro que esto no hubiese sido posible sin la perseverancia, el esfuerzo y el amor que día a día los dirigentes y asociados ponen en el desempeño de su noble tarea.
Quiero agradecer en especial a tres personas que han hecho posible este homenaje. En primer lugar, a la Presidenta de la Cámara de Diputados , doña Alejandra Sepúlveda , quien los recibió en su despacho en más de una oportunidad.
(Aplausos)
En segundo lugar, al colega Rodrigo González , quien, con esfuerzo y cariño, ha trabajado de manera permanente con los homenajeados. El hecho de haber sido alcalde, al igual que quien habla, le ha permitido conocer su realidad.
(Aplausos)
En último término, al colega Sergio Bobadilla , quien preside la Comisión de Educación, Deportes y Recreación, quien ha tenido un tremendo compromiso con cada uno de ustedes. Con seguridad, será uno de los pilares en esta mesa de negociación con el Gobierno, pues llevará vuestros sueños y aspiraciones para que se transformen en leyes.
(Aplausos)
El 21 de septiembre se inició la primavera, un nuevo renacer. Este homenaje es parte de este renacer, de una nueva etapa.
Hoy, 13 de octubre no es un día cualquiera para un grupo de trabajadores que se encuentran en las tribunas y para los miles que se hallan de Arica a Punta Arenas y de mar a cordillera.
Hoy, es un día especial y de merecido homenaje por la importante labor que desempeñan los funcionarios profesionales no docentes, administrativos, paradocentes, secretarias, asistentes de párvulos, auxiliares de servicios menores y otras innumerables funciones que desempeñan dentro de las escuelas y liceos del país. Son ellos, los asistentes de la educación, contemplados en el marco de la ley N° 19.464.
Hoy, con cariño y estima, el Comité PRI e Independientes, compuesto por el diputado Miodrag Marinovic , Pedro Araya , doña Marta Isasi , doña Alejandra Sepúlveda , Presidenta de la Cámara , y quien les habla, se hace parte de esta distinción, de este reconocimiento.
El decreto N° 615, del Ministerio de Educación, de 1993, instituyó el 1° de octubre como el Día de los Trabajadores de la Educación. Debería decir Día de los Asistentes de la Educación. Además, dicho decreto permite entregar estímulos en galvanos a quienes cumplan treinta y más años de servicio, en reconocimiento a la entrega permanente a la educación.
Es lamentable que durante los últimos años no se hayan realizado estos eventos de celebración nacional entre el Gobierno y el Consejo de Asistentes de la Educación. Por tanto, se harán gestiones para que no se olvide este día y, de esa manera, incentivar la vocación, porque todos, unos y otros, vivimos del estímulo.
La calidad de la educación es el tema que preocupa al Gobierno, a las autoridades ministeriales y al Congreso Nacional. Todos queremos avanzar hacia ese objetivo en particular. La creación de cincuenta nuevos liceos de excelencia, propiciada por el Ministerio de Educación, ha sido puesta en marcha para garantizar una enseñanza de calidad, mediante la selección de alumnos para el ingreso a esos establecimientos, lo que también significa que se seleccionarán a los mejores profesores.
Frente a ello, cabe preguntarse ¿cómo será el proceso de selección para los asistentes de la educación de esos establecimientos? Creemos que debe estar regulado en una normativa nacional.
Cuando se habla de calidad de la educación, tenemos que pensar que esa propiedad debe estar presente en todas las instancias, incluidos los asistentes de la educación, lo que se consigue con el otorgamiento de buenas condiciones laborales y un trato digno. De esa forma, se entregará una adecuada calidad de vida a cada uno de los asistentes de la educación. Como autoridades del Poder Legislativo , hacemos un llamado al Gobierno.
Dentro de este escenario, no se puede desconocer el gran trabajo y perseverancia de sus dirigentes, nacionales o comunales, quienes, apoyados por todos sus representados, lograron que se modificara la ley N° 19.464, mediante la aprobación de la ley Nº 20.244, con la cual obtuvieron algunas mejoras, pero no lo suficientemente dignas y de acuerdo a lo que merecían los trabajadores asistentes de la educación que cumplen un rol importante en la formación y educación de niñas, niños y jóvenes estudiantes.
Se ha concluido que el avance de la ley Nº 20.244 debería haber sido mucho más completo, ya que así lo manifestaron en su discusión los honorables diputados y senadores de la República que tramitaron el proyecto en 2008.
Se dijo -quedó en la memoria de los dirigentes y funcionarios- que el proyecto debió contemplar, a lo menos, lo siguiente:
Primero, una carrera funcionaria para los asistentes de la educación en condición de funcionarios públicos, por sus vínculos con la educación pública;
Segundo, un sueldo, con un piso nacional, y así terminar con las inequidades salariales que existen en una comuna y otra, ya que cumplen las mismas funciones y el mismo objetivo;
Tercero, que, en definitiva, se debía trabajar un estatuto para los asistentes de la educación con todas sus normas y regulaciones en derecho y deberes para el desarrollo laboral de todos los funcionarios, y
Cuarto, profesionalizar la función del asistente de la educación. Ellos son los más interesados en que así sea.
Señora Presidenta , somos parte de un poder del Estado. Debemos preguntarnos: ¿no es acaso de justicia y de gran valor humano apoyar a quienes por más de 28 años no han recibido el verdadero respeto y dignidad que se merecen como actores indiscutibles y necesarios en el sistema educativo y que fueron abandonados al momento de crearse el Estatuto Docente?
¿Es posible que hoy, al igual que ayer, nuestro país tenga que lamentar que aquellas personas que han trabajado durante cuarenta o cincuenta años no tengan otra opción que enfrentar sus últimos años de vida con una mísera pensión que sólo les alcance para remedios?
Los asistentes de la educación han sido muy respetuosos del diálogo con la autoridad. Se han dado el tiempo y han tenido la paciencia como ninguno de los demás sectores. Mientras otros hacen huelgas de hambre, paralizan, boicotean, etcétera; ellos, en silencio, acatan. Pero hay que tener presente que a veces el silencio tiene sus límites. En todo caso, eso no significa que se tenga que abusar de ellos.
Actualmente, se ha instalado una mesa negociadora entre el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Asistentes de la Educación. Pueden avanzar en dos frentes:
Primero, en una agenda corta, que contiene nueve puntos, y
Segundo, en una normativa nacional para los asistentes de la educación considerada a largo plazo.
La agenda corta contempla lo siguiente: un incremento a la unidad de subvención educacional (USE), de la ley Nº 19.464, para entregar un beneficio transversal a todos los funcionarios de Chile que han perdido entre un 25 y 35 por ciento del valor inicial por aumento de la mano de obra; un incentivo al retiro, cambio del factor del sistema de excelencia; reposición del pago de bonos de zonas extremas, reposición del pago de bonos de evaluación, otorgamiento del bono por desempeño difícil, ya que los asistentes de la educación se enfrentan a las mismas condiciones, incluso a veces peores, que los propios docentes; la capacitación y perfeccionamiento en forma permanente. Este sector demanda un ítem de perfeccionamiento en la capacitación de los asistentes de la educación.
Hay una serie de injusticias que se cometen a lo largo del país. ¿Cómo es posible que exista tanta diferencia entre un municipio y otro? ¿Cómo es posible que una secretaria o un auxiliar que llevan treinta y cinco o cuarenta años estén ganando 200 mil pesos y, de un momento a otro, un alcalde ingrese a una persona con una remuneración por sobre los 500 mil pesos?
(Aplausos)
¿Cómo es posible que si cumplen la misma labor, desde Arica a Punta Arenas y de mar a cordillera, estén en las plantillas de los departamentos de educación municipal, DEM, o de las corporaciones asistentes de la educación, asesores que nadie conoce -ni se saben dónde están- que reciben recursos superiores a los que se contemplan para los demás?
Por último, me permito expresar que, así como a partir de ahora se dedicará una particular atención en la fiscalización del cumplimiento de normas para la seguridad de los trabajadores, especialmente en la minería y otros rubros, creo necesario comprometernos en una cruzada parlamentaria para que los asistentes de la educación obtengan lo que se merecen; es decir, de buen trato, condiciones de equidad y igualdad, sin discriminación frente a otros grupos de trabajadores, con derecho a períodos de descanso laborales dignos, con garantía de crecimiento y desarrollo personal, como integrantes de un sistema educacional en que nunca más se debe discriminar a ningún funcionario público, cualquiera sea su función o religión.
No debemos olvidar que las condiciones constan en una carta de compromiso firmada por el actual Gobierno, la que debería permitir concretar el acuerdo.
Finalmente, quiero despedirme con la frase de un gran héroe de Latinoamérica, Simón Bolívar : “No descansen, el objetivo más noble que puede ocupar el hombre, es ilustrar a sus semejantes”.
Cada hombre y mujer asistente de la educación lo está haciendo. Los invito a que lo sigan haciendo mil veces con nuestros jóvenes.
He dicho.
-Aplausos.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Así la Cámara de Diputados ha rendido un justo homenaje a los asistentes de la educación.
Saludo, en forma muy especial, a su presidente , señor Arturo Escárez, y espero lleve el saludo de los diputados de la República a cada rincón de nuestro país.
Muchas gracias.
Se ha solicitado tratar con preferencia el proyecto de acuerdo N° 210, que dice relación con los funcionarios asistentes de la educación, firmado por la mayoría de las bancadas.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor LATORRE.- Señora Presidenta, pido la palabra por un punto de Reglamento.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra su señoría.
El señor LATORRE.- Señora Presidenta, pido que recabe la unanimidad de la Sala para votar el proyecto de acuerdo de inmediato.
-Aplausos en las tribunas.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Si le parece a la Sala, se procederá a su votación, luego de su lectura.
Acordado.
El señor Secretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo N° 210.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 210, de los señores Silber, Bobadilla, Hasbún, González, Monsalve, Venegas, Gutiérrez, don Romilio; Saa, doña María Antonieta; Velásquez, Aguiló, Marinovic, Ulloa, Melero, Molina, doña Andrea; Turres, doña Marisol; Eluchans, Van Rysselberghe, Chahín, Kast, Núñez, Bauer, Macaya, Ward, Hoffmann, doña María José; Espinosa, don Marcos; Rojas, Sandoval y Farías, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
1.- Reconocer y valorar la permanente vocación de servicio público y de compromiso con los alumnos y alumnas de los asistentes de la educación, así como su deseo de dignificación de su tarea y regulación de su actividad como una contribución inestimable al proceso de mejoramiento de la educación.
2.- Instar a que la mesa de trabajo conformada por representantes de los asistentes de la educación y el Gobierno puedan llegar, en el más breve plazo posible, a un acuerdo en materias decisivas para el trabajo de los asistentes de la educación, con el fin de asegurar condiciones óptimas de trabajo que permitan el desempeño de su labor, y evitar las discriminaciones entre trabajadores que prestan servicios en los establecimientos educacionales.
3.- Hacer presente que resulta necesario respetar criterios de simetría, oportunidad y solidaridad en las conversaciones que se lleven a cabo entre los distintos gremios y actores de la educación en el marco de las políticas educativas anunciadas por el Gobierno, de modo de solucionar y no profundizar las diferencias y desigualdades que hoy afectan a los diversos estamentos de trabajadores de la educación”.”
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 15.47 horas
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley que efectúa un aporte extraordinario al Fondo Común Municipal y compensa menores ingresos de comunas afectadas por terremoto y maremoto de 27 de febrero de 2010. (boletín N° 7262-06)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración, un proyecto de ley que efectúa un aporte extraordinario al Fondo Común Municipal y compensa los menores ingresos de comunas afectadas por los recientes terremoto y maremoto del 27 de febrero pasado.
I. FUNDAMENTOS Y CONTENIDO DEL PROYECTO
1. Aporte extraordinario al Fondo Común Municipal
Las municipalidades son las instituciones de la administración del Estado que están más cerca de los ciudadanos. Sabemos que son la puerta de entrada para que las personas, especialmente las más vulnerables, accedan a servicios básicos como salud y educación. Por ello, al apoyar su gestión y proteger sus inversiones, contribuimos también a atender las necesidades de todos los chilenos y de manera especial a los más carenciados.
Así lo entiende el Ejecutivo , que pese a las significativas ayudas dispuestas a los municipios afectados por la catástrofe de febrero pasado, cumple con un compromiso asumido por S.E. el Presidente de la República de seguir colaborando activamente con el desarrollo de las 345 municipalidades del país. Por ello, además de estos aportes y los establecidos en el artículo 14 de la ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, el Ejecutivo realizará un esfuerzo extraordinario para incrementar el Fondo Común Municipal en el año 2010 y así mejorar la situación financiera de nuestros municipios.
2. Aporte directo y compensación por menores ingresos de municipalidades cuyas comunas fueron afectadas directamente por el terremoto y maremoto de 27 de febrero de 2010
Las características e intensidad del terremoto y maremoto del 27 de febrero pasado fueron de gigantescas dimensiones, provocando fallecimientos y desapariciones de personas; destrucción de viviendas y edificaciones, tanto de propiedad particular como fiscal; inutilización o paralización de los servicios de utilidad pública; cuantiosas pérdidas económicas en bienes privados y públicos; como también negativas consecuencias en muchos sectores de la actividad económica de las zonas afectadas; junto con graves secuelas de carácter psicológico y emocional causadas en la población de las diversas localidades damnificadas a raíz de este desastre de la naturaleza.
En virtud de ello, se declararon como zonas afectadas por catástrofe las Regiones de Valparaíso, del Libertador Bernardo O’Higgins, del Maule, del Bío Bío, de la Araucanía y Metropolitana de Santiago, mediante el decreto N° 150, del Ministerio del Interior, de fecha 27 de febrero de 2010. Asimismo, en las Regiones del Libertador Bernardo O’Higgins, del Maule y del Bío Bío, se decretó estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública.
Entre las instituciones más seriamente afectadas por la tragedia, se encuentra una gran cantidad de municipalidades correspondientes a las comunas ubicadas en las zonas de catástrofe. Por consiguiente, resulta necesario y urgente disponer de las medidas pertinentes para posibilitar a estas administraciones locales que puedan enfrentar adecuadamente y con recursos nuevos los problemas financieros y de gestión que se les han presentado. Por ello, he estimado procedente proponer un aporte directo de recursos destinado a compensar los menores ingresos que aquellas han obtenido el año 2010 en comparación con el precedente, y que se relacionan directamente con el terremoto y mare-moto citados.
Estos recursos deben tener una formula de distribución distinta de la que se establece para el Fondo Común Municipal por dos razones: la primera, por cuanto no benefician a todas las comunas del país sino sólo a aquellas que se encuentran en zonas afectadas por la catástrofe; y, la segunda, debido a que el factor de distribución del Fondo Común Municipal considera diversas variables que no tienen relación con la disminución de ingresos.
El proyecto de ley faculta al Fisco para distribuir $10.000.000.000 (diez mil millones de pesos) adicionales que se distribuyen entregando a cada municipio el total de sus caídas brutas de ingresos por concepto de permisos de circulación, impuesto territorial y derechos de aseo, obtenidos en el año 2010 en comparación con el año 2009. Mediante decreto del Ministerio del Interior, expedido bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República ”, que llevará además la firma del Ministro de Hacienda , se determinará el monto que corresponderá transferir a cada municipalidad.
En el evento que el total de las caídas de ingresos así calculadas que registren los municipios de las zonas afectadas por la catástrofe fuere inferior a la suma antes señalada, el saldo que quedare será distribuido por partes iguales entre el 60% de las comunas a las que les correspondiere percibir menor cantidad de recursos por este concepto, o que no hubieren registrado éstos.
Estos recursos se distribuirán sobre la base de un sistema de cálculo que contemplará parámetros objetivos y transparentes, en base a la información que provea el Servicio de Tesorerías.
Ahora bien, debe tenerse en consideración que dichos pagos ingresan en las arcas municipales en distintos meses dentro del año calendario. Es así como los permisos de circulación de vehículos motorizados particulares pueden pagarse en dos cuotas, una en marzo y otra en agosto. El impuesto territorial, por su parte, se paga en cuatro cuotas, correspondientes a los meses de abril, junio, septiembre y noviembre. En el caso de los derechos de aseo, su cobro se efectúa en forma simultánea al que se realiza del tributo citado. En función de ello, se procederá a efectuar una proyección del déficit que tendrían durante el año 2010 las municipalidades afectadas, por concepto de los menores ingresos indicados.
La base de dicha proyección serán los menores ingresos brutos, existentes a la fecha, por concepto de recaudación de pago de permisos de circulación de vehículos motorizados, impuesto territorial y derechos de aseo.
Con el fin de colaborar con aquellas municipalidades que disponen de menos recursos y personal, se excluyen de ambos aportes indica-dos precedentemente los municipios de Santiago, Las Condes, Lo Barnechea , Providencia y Vitacura.
A su vez, y mediante decreto del Ministerio del Interior, expedido bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República ”, que llevará además la firma del Ministro de Hacienda , se determinarán los montos que corresponderá transferir a cada municipalidad, considerando las variables objetivas y transparentes antes señaladas, en la proporción y con el procedimiento de cálculo señalados en este proyecto de ley.
En consecuencia, y en mérito de lo expuesto precedentemente, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente
“PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1º.- Facúltase al Fisco para que, mediante decreto expedido bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República ”, efectúe, por una sola vez, un aporte extraordinario al Fondo Común Municipal a que se refiere el artículo 14 de ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, por un monto de $10.000.000.000 (diez mil millones de pesos); los que se distribuirán según las normas establecidas en el decreto Supremo Nº 1.293, de 2007 del Ministerio del Interior.
Artículo 2°.- Facúltase al Fisco para transferir a las municipalidades de las Regiones señaladas como zona afectada por catástrofe por el decreto supremo Nº 150 del Ministerio del Interior, de 27 de febrero de 2010, por una sola vez, y con el objeto de compensar sus menores ingresos brutos por concepto de permisos de circulación, impuesto territorial y derechos de aseo, obtenidos el año 2010 en comparación al año 2009, por un monto de hasta $ 10.000.000.000 (diez mil millones de pesos).
Las Municipalidades que registren menores ingresos brutos por los conceptos antes señalados, serán compensadas con el monto que resulte de la aplicación de los siguientes criterios, sucesivamente aplicados:
1. Para efectos de calcular los menores ingresos brutos anuales, en materia de pago de los permisos de circulación a que se refiere el decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, se efectuará, para cada municipalidad de las regiones individualizadas, según la siguiente regla:
La diferencia negativa que resulte de comparar, los montos anualizados de marzo del 2010, con respecto a marzo del 2009.
Para efectos de anualizar las cifras correspondientes a dichos ingresos, se multiplicarán los montos por el factor uno coma treinta y tres (1,33).
2. Para efectos de calcular los menores ingresos brutos, en materia de pago del impuesto territorial a que se refiere la ley Nº 17.235, se efectuará, para cada municipalidad, una resta de los ingresos del mes de Abril y Junio de manera particular, según las siguientes reglas:
a) Las diferencias negativas resultantes de la comparación del mes de abril de 2010 con respecto a idéntico mes del 2009, y del mes de junio del 2010, con respecto al mismo mes del 2009, ambas anualizadas.
b) Para anualizar dichos menores ingresos, se multiplicarán los valores de los meses de abril por el factor tres (3), y los valores de los meses de junio por el factor dos (2).
3. Para efectos de calcular los menores ingresos brutos por concepto de los derechos de aseo a que se refiere el decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, se efectuará, para cada municipalidad, una resta de los ingresos del mes de Abril y Junio de manera particular, según las siguientes reglas:
a) Las diferencias negativas resultantes de la comparación del mes de abril del 2010 con respecto a idéntico mes del 2009, y del mes de junio del 2010, con respecto al mismo mes del 2009, ambas anualizadas.
b) Para anualizar dichos menores ingresos, se multiplicarán los valores de los meses de abril por el factor tres (3), y los valores de los meses de junio por el factor dos (2).
Artículo 3°.- En el evento que el total de las caídas de ingresos así calculadas que registren los municipios de las zonas afectadas por la catástrofe en su conjunto, fuere inferior a la suma señalada en el artículo precedente, el saldo que quedare será distribuido por partes iguales entre el 60% de las comunas a las que les correspondiere percibir menor cantidad de recursos por concepto de menores ingresos brutos o no hubieren registrado éstos.
Artículo 4º.- Mediante decreto del Ministerio del Interior, ex-pedido bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República ” que llevará además la firma del Ministro de Hacienda , se determinarán los montos que corresponderá transferir a cada municipalidad, según el procedimiento de cálculo señalado en los artículos precedentes.
Artículo 5°.- Las municipalidades contempladas en el inciso segundo del artículo 37 del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, y en el artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 32-18.992, de 1991, del Ministerio del Interior, no percibirán los recursos contemplados en los artículos 2° y 3° de la presente ley.
Artículo 6°.- El aporte y transferencias contempladas en los artículos 1 °, 2 ° y 3° se deberán efectuar a contar del mes siguiente al de entrada en vigencia de la presente ley.
Artículo 7.- El mayor gasto que irrogue la presente ley, ascendente a $20.000.000.000.- (veinte mil millones de pesos), se financiará con cargo a los recursos que se consulten en la Partida 50 del Tesoro Público.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; RODRIGO HINZPETER KIRBERG , Ministro del Interior ; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN , Ministro de Hacienda .”
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que introduce modificaciones a la tributación especifica de la actividad minera. (boletín Nº 7170-05).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica prorroga la vigencia del decreto ley Nº 701, de 1974, y aumenta los incentivos a la forestación. (boletín Nº 7102-01).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que amplia Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales de la Policía de Investigaciones de Chile. (boletín Nº 7164-25).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
5. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.882, en materia de dedicación exclusiva respecto de cargos de Subdirector Médico. (boletín Nº 7140-11).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
6. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que establece la obligación de otorgar defensa penal y asesoría jurídica a las personas naturales que han sido víctimas de delitos y que no pueden procurárselas por sí mismas. (boletín Nº 5408-07).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
7. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho del proyecto de ley que efectúa un aporte extraordinario al fondo común municipal y compensa menores ingresos de comunas afectadas por terremoto y maremoto de 27 de febrero de 2010 (mensaje Nº 274-358), en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que
correspondiere cumplir en el H. Senado-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18-918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
8. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho del proyecto de ley que establece normas especiales sobre publicidad y reserva de las actuaciones procesales tratándose de ciertos delitos y un reforzamiento de las sanciones en materia de delitos contra los miembros de las policías (boletín 7217-07), en todos sus trámites constitucionales -incluyendo en el H. Senado-, la que, para los efectos de los dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
9. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:
AL ARTÍCULO ÚNICO
1) Para agregar en el numeral 2) la siguiente letra b) nueva:
b) Sustitúyese la letra d) por la siguiente:
“d) El porcentaje de beneficiación para pequeños propietarios forestales será de 90% de los costos de la forestación que efectúen en suelos de aptitud preferentemente forestal o en suelos degradados de cualquier clase, incluidas aquellas plantaciones con baja densidad para fines de uso silvopastoral, respecto de las primeras 15 hectáreas y de un 75% respecto de las restantes. El porcentaje de bonificación será del 75% de los costos para las actividades a que se refieren las letras c), y e), y para las actividades de recuperación de suelos degradados y estabilización de dunas a que se refiere la letra b). Tratándose de las comunidades agrícolas o indígenas a que se refiere el artículo 2°, la superficie máxima por forestar, con derecho a acceder a bonificación de un 90% respecto de las primeras 15 hectáreas, será la que resulte de multiplicar el número de comuneros por 15 hectáreas”.
2) Para sustituir la actual letra b) por la siguiente letra c), nueva, adecuando el orden correlativo de éstas:
c) Reemplázase, su inciso segundo, por el siguiente:
“El porcentaje de bonificación para los medianos propietarios forestales será del 75% y para otros propietarios de un 50% de los costos para las actividades a que se refieren las letras a), b) y c).
La forestación a que se refiere la letra b) se pagará conjuntamente con las bonificaciones por recuperación de suelos degradados y por estabilización de dunas, cuando corresponda”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN , Ministro de Hacienda ; JOSÉ ANTONIO GALILEA VIDAURRE , Ministro de Agricultura ”.
10. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 12 de octubre de 2010.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que introduce modificaciones a la tributación específica de la actividad minera, correspondiente al Boletín Nº 7170-05, con las siguientes enmiendas:
Artículo 1°.-
Número 1)
Ha sustituido, en la letra c) del inciso tercero del artículo 64 bis que propone, los numerales i) a x) por los siguientes i) a xii):
“i) Si el margen operacional minero es igual o inferior a 35, la tasa aplicable ascenderá a 5%;
ii) Sobre la parte del margen operacional minero que exceda de 35 y no sobrepase de 40 la tasa aplicable ascenderá a 8%;
iii) Sobre la parte del margen operacional minero que exceda de 40 y no sobrepase de 45 la tasa aplicable ascenderá a 10,5%;
iv) Sobre la parte del margen operacional minero que exceda de 45 y no sobrepase de 50 la tasa aplicable ascenderá a 13%;
v) Sobre la parte del margen operacional minero que exceda de 50 y no sobrepase de 55 la tasa aplicable ascenderá a 15,5%;
vi) Sobre la parte del margen operacional minero que exceda de 55 y no sobrepase de 60 la tasa aplicable ascenderá a 18%;
vii) Sobre la parte del margen operacional minero que exceda de 60 y no sobrepase de 65 la tasa aplicable ascenderá a 21%;
viii) Sobre la parte del margen operacional minero que exceda de 65 y no sobrepase de 70 la tasa aplicable ascenderá a 24%;
ix) Sobre la parte del margen operacional minero que exceda de 70 y no sobrepase de 75 la tasa aplicable ascenderá a 27,5%;
x) Sobre la parte del margen operacional minero que exceda de 75 y no sobrepase de 80 la tasa aplicable ascenderá a 31%;
xi) Sobre la parte del margen operacional minero que exceda de 80 y no sobrepase de 85 la tasa aplicable ascenderá a 34,5%, y
xii) Si el margen operacional minero excede de 85 la tasa aplicable será de 14%.”.
Disposiciones transitorias
Artículo primero.-
Inciso tercero
Ha reemplazado las frases “en el artículo 64 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta y el régimen de invariabilidad del artículo 11 ter del decreto ley N° 600, de 1974, que fueran incorporados por el N° 1 del artículo primero y por el N° 2 del artículo 2° de la ley N° 20.026, respectivamente” por las siguientes: “en el N° 1) del artículo 1° de la ley N° 20.026, y el régimen de invariabilidad establecido en el artículo 2°, N° 2), de la misma ley.”.
Artículo segundo.-
Inciso segundo
Ha suprimido la locución “el artículo 64 bis, que fuera incorporado por”.
Inciso tercero
Ha sustituido la voz “ocho” por “seis”.
Artículo tercero.-
Inciso primero
Lo ha reemplazado por el siguiente:
“Artículo tercero.- A las solicitudes de inversión extranjera presentadas ante la Vicepresidencia Ejecutiva del Comité de Inversiones Extranjeras con anterioridad al 31 de agosto de 2010 les serán aplicables las tasas contenidas en el N° 1) del artículo 1° de la ley N° 20.026, y el régimen de invariabilidad establecido en el artículo 2°, N° 2), de la misma ley.”.
Artículo cuarto.-
Ha sustituido, en su encabezamiento, la expresión “ley N° 20.026” por “Ley sobre Impuesto a la Renta”.
-o-
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.004, de 15 de septiembre de 2010.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado .?
11. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 12 de octubre de 2010.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado la enmienda introducida por esa Honorable Cámara al proyecto de ley sobre fiscalización ambiental, correspondiente al Boletín N° 7213-12.
Hago presente a Vuestra Excelencia que la modificación fue aprobada con el voto a favor de 23 Senadores, de un total de 34 en ejercicio. De esta manera se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.046, de 12 de octubre de 2010.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado .?
12. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que complementa y modifica la ley N° 20.387, sobre bonificación por retiro voluntario de funcionarios municipales. (boletín Nº 7216-06)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda informa el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
1. Origen y urgencia
La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados por un mensaje de S.E. el Presidente de la República , calificada de “suma” urgencia para su tramitación legislativa.
2. Disposiciones o indicaciones rechazadas
No hay.
3. Disposiciones que no fueron aprobadas por unanimidad
Ninguna.
4. Se designó Diputado Informante al señor Silva, don Ernesto.
-o-
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Miguel Flores , Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo ; Claudio Radonich , Jefe de la División Legislativa de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo , y Álvaro Villanueva , Asesor Legislativo de la referida Subsecretaría .
Además, concurrieron los señores Óscar Yáñez , Vicepresidente Nacional de la Confederación de Funcionarios Municipales de Chile (Asemuch); Arturo Villagrán , Director Nacional y Raúl Bustos , Tesorero, ambos de Asemuch.
El propósito de la iniciativa consiste en autorizar excepcionalmente a las municipalidades para pagar la bonificación por retiro a que se refiere el artículo 1° de la ley N° 20.387 a aquellos funcionarios que cumpliendo los requisitos no resultaron seleccionados por haberse agotado los cupos fijados para el primer año de vigencia y, además, aumentar el aporte del Fisco para el financiamiento de la referida ley.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 8 de septiembre de 2010, señala que el mayor gasto ascendente a $ 4.500.000.000 (cuatro mil quinientos millones), se financiará con cargo a reasignaciones del presupuesto de la Subsecreta-ría de Desarrollo Regional y Administrativo y, en lo que faltare, con recursos de la Partida del Tesoro Público.
En el debate de la Comisión el señor Miguel Flores se refirió a las distintas situaciones que motivaron la tramitación del proyecto en informe y al objetivo de la iniciativa.
En respuesta a las inquietudes de varios señores Diputados señaló que el proyecto no beneficia a los funcionarios de las corporaciones municipales, ya que constituye una modificación a legislación anterior que no los incluía en su normativa, en referencia a la ley N° 20.387 y N° 20.135.
Respecto al artículo 5° propuesto que beneficia a los funcionarios fallecidos que indica, justificó la medida en que algunas solicitudes no han alcanzado a materializarse dado el fallecimiento del funcionario, básicamente por el tiempo que demora su tramitación.
La Comisión de Gobierno Interior y Regionalización dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de los artículos 3° y 4° del proyecto aprobado por ella.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:
En el artículo 3º del proyecto, se sustituye la expresión “17 mil millones de pesos”, en el inciso primero del artículo primero transitorio de la ley 20.387, por “21 mil quinientos millones de pesos.”.
En el artículo 4°, se señala que el mayor gasto que represente la aplicación del artículo anterior, se financiará con cargo a reasignaciones del presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y, en lo que faltare, con recursos de la Partida del Tesoro Público.
Puestos en votación los artículos precedentes fueron aprobados por la unanimidad de los Diputados presentes señores Godoy, don Joaquín ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Monckeberg, don Nicolás ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto , y Von Mühlenbrock, don Gastón .
Tratado y acordado en sesión de fecha 12 de octubre de 2010, con la asistencia de los Diputados señores Von Mühlenbrock, don Gastón ( Presidente ); Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique (Vargas, don Orlando) ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Monckeberg, don Nicolás ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; y Silva, don Ernesto , según consta en el acta respectiva.
También asistieron los Diputados no miembros de la Comisión, señores Ascencio, don Gabriel y Bartolu, don Nino .
Sala de la Comisión, a 12 de octubre de 2010.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión .”
13. Certificado de la Comisión de Hacienda.
“Valparaíso, 12 de octubre de 2010.
El Secretario de Comisiones que suscribe, certifica:
Que el proyecto de ley originado en un mensaje de la ex Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet , que delega facultades legislativas para establecer un programa de intervención en zonas con presencia de polimetales en la comuna de Arica (boletín Nº 6810-12), fue tratado en esta Comisión, en sesión de fecha de hoy, con la asistencia de los Diputados señores Von Mühlenbrock, don Gastón ( Presidente ); Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique (Vargas, don Orlando) ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Monckeberg, don Nicolás ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; y Silva, don Ernesto .
Concurrieron además los Diputados señores Ascencio, don Gabriel y Bartolu, don Nino .
Se solicitó por el Presidente de la Comisión de Zonas Extremas dejar constancia que en la Comisión Unida de Salud y Vivienda, participaron en relación con el proyecto, la señora Liliana Jadué , Subsecretaria de Salud; el señor Subsecretario de Vivienda , Andrés Jacobelli (sesión 28 de julio 2010); la señora María Ignacia Benitez , Ministra del Medio Ambiente y la señora Patricia Matus , Jefa de Regulación de Políticas Medio Ambientales (sesión 11 de agosto de 2010), y las representantes de familiares afectados por la contaminación del plomo en Arica (sesión 18 de agosto de 2010.
La Comisión de Zonas Extremas dispuso en su informe que el numeral 6 del artículo 2° y el artículo 3° del proyecto deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
Sometidas a votación las disposiciones precedentes, fueron aprobadas por la unanimidad de los Diputados presentes señores Godoy, don Joaquín ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto ; Vargas, don Orlando y Von Mühlenbrock, don Gastón .
La Comisión acordó que el informe se emita en forma verbal, directamente en la Sala, para lo cual designó Diputado Informante al señor Macaya, don Javier .
Al presente certificado se adjunta informe financiero de la Dirección de Presupuestos.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Secretario de la Comisión .”
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY QUE SOLICITA DELEGACIÓN LEGISLATIVA PARA
ESTABLECER UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN ZONAS CON
PRESENCIA DE POLIMETALES EN LA COMUNA DE ARICA
Mensaje Nº 1605-357
La presente iniciativa propone una delegación legislativa que faculta al Presidente de la República para que, dentro del plazo de 180 días contados desde la fecha de publicación de la ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley un programa de intervención en la zona con presencia de polimetales de la comuna de Arica, el que deberá contener acciones en las áreas de salud, educación, vivienda y medio ambiente.
Estos decretos con fuerza de ley deberán señalar la determinación geográfica de la zona contaminada y la de riesgo y los criterios para definir los beneficiarios de los programas y el procedimiento de selección. Se deben precisar las medidas de mitigación ambiental que correspondan; establecer medidas destinadas a la evaluación, diagnostico, mitigación y tratamiento de los posibles daños por la exposición a metales; considerar medidas destinadas a la atención en todos los niveles del sistema educacional; contemplar la atención especial por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante los diversos programas habitacionales que operan por su intermedio, a las personas afectadas que sean propietarias de un inmueble emplazado en la zona definida de intervención; y facultar al Fisco para adquirir inmuebles cualquiera sea su destino, emplazados en la zona de intervención, mediante compra o permuta.
El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de estas acciones, será financiado con cargo a los recursos que anualmente contemple la Ley de Presupuestos del Sector Público para el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y el Ministerio de Bienes Nacionales.
(Fdo.): SERGIO GRANADOS AGUILAR , Director de Presupuestos (S).?
14. Informe de la Comisión de Educación, Deportes y Recreación, recaído en el proyecto de ley que modifica la ley N° 20.248, de subvención escolar preferencial. (boletín N° 7187-04)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Educación, Deportes y Recreación pasa a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, originado en un Mensaje de S. E. el Presidente de la República , y con urgencia calificada de “suma”, a partir del 29 de septiembre de 2010, fecha en que se dio cuenta de la urgencia vigente en la Sala de la H. Corporación.
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
1. Idea matriz del proyecto.
La idea matriz o central del proyecto se orienta a continuar mejorando la calidad de la educación de aquellos alumnos calificados como prioritarios, esta vez mediante un incremento de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) establecida en la ley Nº 20.248, que beneficia a los establecimientos educacionales subvencionados que atienden a dichos estudiantes prioritarios, esto es, a aquellos pertenecientes a familias socio-económicamente vulnerables.
Con tal propósito, la presente iniciativa introduce diversas modificaciones en la citada ley, las que tienen como principales objetivos aumentar la subvención escolar preferencial; perfeccionar algunos mecanismos establecidos en ella que dificultan los procedimientos que se llevan a cabo para su correcta implementación y, de este modo, hacer de dicha subvención escolar preferencial un instrumento que contribuya más eficazmente a la mejora de los resultados de aprendizaje de los estudiantes más vulnerables del país; y, finalmente, adecuar a la Ley General de Educación (actualmente vigente), las referencias que en la ley Nº 20.248, se hacen a la (derogada) Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.
2. Normas de quórum especial.
El articulado del proyecto no contiene normas de carácter orgánico constitucional ni de quórum calificado.
3. Artículos de competencia de la Comisión de Hacienda.
Requieren ser conocidos por la Comisión de Hacienda los números 2, letra d); 5; 7; 10, letra d); 11; 12, letra a); y 14, letra b), del artículo único, permanente, y los artículos segundo y tercero transitorios.
4. Aprobación en general del proyecto.
La iniciativa fue aprobada en general por la unanimidad de las señoras diputadas y señores diputados presentes en la votación (9 votos a favor).
5. Artículos e indicaciones rechazados por la comisión.
La Comisión rechazó por unanimidad la letra a) del número 15 del artículo único.
6. Diputado informante .
Se designó diputada informante a la señora Hoffmann , doña María José .
-o-
II. ANTECEDENTES GENERALES.
a) El mensaje y sus fundamentos.
En el mensaje que da inicio a este proyecto de ley, el Presidente de la República destaca que su programa de gobierno contempla duplicar la subvención en un plazo de ocho años. Acentúa que este compromiso fue reiterado en el Mensaje Presidencial del 21 de Mayo, al anunciar para el año en curso un aumento de la subvención para los alumnos más vulnerables del país.
Al respecto, informa que este proyecto de ley persigue cumplir dicho compromiso al proponer aumentar la subvención escolar preferencial, dirigida a los alumnos prioritarios -dada su condición de vulnerabilidad socioeconómica- que asistan a establecimientos educacionales subvencionados que hayan firmado el respectivo “Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa”, en conformidad a la ley.
Agrega que la evidencia internacional demuestra que todos los alumnos pueden alcanzar altos niveles de aprendizaje, no obstante lo cual, educar a los de mayor vulnerabilidad socioeconómica tiene un costo más alto. Por ello, enfatiza, se ha reconocido la necesidad de focalizar los recursos en aquellos alumnos, entregando un financiamiento diferenciado según el nivel socioeconómico de éstos.
Informa que en la actualidad la subvención escolar preferencial llega al 45% de los niños que asisten a establecimientos educacionales subvencionados y, si bien en su entrega se recoge el principio de focalización mencionado precedentemente -mediante el establecimiento de criterios que permiten determinar quiénes son prioritarios-, es posible mejorar aun más la orientación de dicha entrega. Ello, a objeto de beneficiar a los alumnos prioritarios más vulnerables.
Haciendo presente las dificultades que han obstaculizado la implementación de esta ley, menciona las diversas limitaciones y cargas administrativas que se imponen a los establecimientos educacionales, especialmente a sus equipos directivos. Por dicha razón estima importante realizar ciertos ajustes al cuerpo legal de forma de lograr un mayor impacto de los recursos que se están invirtiendo en los alumnos más vulnerables. Destaca, asimismo, que el Ministerio de Educación está trabajando para optimizar los procesos internos del sistema de subvención escolar preferencial.
Además, señala, este proyecto actualiza las referencias que mantiene la ley N° 20.248 al D.F.L. N° 1, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, actualmente derogada, adecuando dichas remisiones a la Ley General de Educación, hoy vigente.
b) Informe Financiero.
El informe financiero de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda señala que el incremento -que propone esta iniciativa- del valor vigente de la subvención para los alumnos prioritarios que no están en el 20% más vulnerable es, en promedio, de un 14%, y para los que sí están en dicho porcentaje es de un promedio de 28%.
Añade que el mayor gasto fiscal mensual que representa este proyecto para el año 2010, se estima en $ 2.943.043 miles. Se supone que el total de alumnos prioritarios por quienes se paga la SEP este año -distribuidos entre pre kínder y 6° básico-, alcanza a 701.229 niños. De ellos, 320.965 se encuentran entre aquellos que provienen de las familias caracterizadas dentro del 20%, más vulnerable del país, y 380.264 son niños prioritarios que no están en dicho 20%.
Agrega que, a contar del mes de marzo del año 2011, en que se incorpora a la SEP el 7° básico, el mayor gasto fiscal anual se estima en $ 38.219.221 miles. Ello supone 812.056 alumnos prioritarios, de los cuales 397.778 alumnos son del 20% más vulnerable y 414.278 del resto. Para el año 2012 el mayor gasto fiscal anual sería de $ 40.717.559 miles, ya que se incorpora ese año el 8° básico, por 10 meses. Ello supone 921.738 alumnos prioritarios, de los cuales 454.124 son del 20% más vulnerable y 467.614 del resto.
Finalmente, señala que en régimen el mayor gasto fiscal anual por estos incrementos de la SEP sería de $ 41.566.276 miles; y que el mayor gasto correspondiente al año 2010, se financiará con cargo al presupuesto vigente del Ministerio de Educación.
c) Contenidos del proyecto.
Señala en su mensaje el Primer Mandatario que esta iniciativa -estructurada de un artículo único permanente, comprensivo de dieciocho numerales, y tres artículos transitorios- aborda los siguientes aspectos fundamentales:
-Focalización y aumento de la Subvención Escolar Preferencial y los aportes adicionales que contempla la ley.
El proyecto propone un incremento de la SEP, el cual se distribuirá de manera diferenciada a fin de beneficiar a los alumnos prioritarios que más lo requieren. Así, para dichos alumnos que pertenezcan al 20% más vulnerable del país, el incremento propuesto es de un 28% y para el resto de un 14%.
La ley clasifica a los establecimientos -según el resultado de aprendizaje de sus alumnos- en las siguientes categorías: “autónomo”, “emergente” o “en recuperación”. No obstante recibir todos ellos igual cantidad de recursos, su entrega depende de la clasificación lograda, creándose así una gradiente de autonomía en su disponibilidad según el desempeño de los colegios, reconociéndose un grado de autonomía mayor para aquéllos de mejor desempeño.
- Utilización de recursos.
Las áreas en que se permite utilizar los recursos de la SEP están definidas por ley en el Plan de Mejoramiento Educativo que debe elaborar cada sostenedor con el objeto de cumplir con el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa. Si bien dichas áreas son amplias y las acciones que comprende cada una de ellas no son taxativas, han surgido ciertas dudas sobre el destino de esos recursos, que este proyecto busca despejar.
En cuanto al Plan de Mejoramiento Educativo, se propone entregar mayor autonomía a los sostenedores para que puedan focalizar los recursos en las áreas que consideren más deficitarias. Así, se faculta al sostenedor -al elaborar dicho Plan- para elegir, dentro de las áreas que establece la ley, al menos una de ellas, sin obligarlo a adoptarlas todas.
Esta propuesta busca establecer claramente qué gastos pueden financiarse vía SEP. Al efecto, se incluye dentro de las acciones en el área de gestión de recursos, la preparación y capacitación de equipos directivos; incentivos al desempeño de éstos, de los docentes, y de otros funcionarios del establecimiento educacional, basados en instrumentos transparentes y objetivos; y, la contratación de personal. Estas acciones, buscan que los sostenedores puedan generar capacidades técnicas y pedagógicas permanentes al interior de sus establecimientos.
Asimismo, y también en el área de gestión de recursos, se faculta a los sostenedores municipales para utilizar recursos en evaluaciones docentes complementarias a las que regula el Estatuto Docente.
Respecto de los establecimientos clasificados como “emergentes”, se propone ampliar las posibilidades de utilización del aporte de recursos adicionales que se les otorga para financiar los compromisos del Plan de Mejoramiento Educativo.
-Mayor autonomía para los sostenedores.
La ley vigente establece que el Mineduc debe proponer -tanto a los municipios rurales como a las escuelas municipales rurales- Planes de Mejoramiento Educativo a desarrollar conjuntamente entre escuelas de distintas comunas, y con apoyo del Ministerio.
Empero, dadas las especiales condiciones de dichas escuelas rurales uni, bi o tri docente, así como aquellas de multigrados o en situación de aislamiento, se plantea sustituir el deber ministerial de proponer Planes de Mejoramiento a desarrollar conjuntamente entre distintas comunas, por una facultad que opere previo requerimiento de los municipios rurales. Así, y considerando que cada municipio es el responsable del resultado de los establecimientos que administra, es más adecuado que puedan decidir, de acuerdo a sus realidades comunales, si les resulta más eficiente actuar individualmente o en conjunto con otras comunas.
-Rendición de cuentas de establecimientos autónomos.
En estos establecimientos se evalúa el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, en especial la retención de los alumnos prioritarios con dificultades académicas y el cumplimiento de los logros académicos de todos los alumnos.
Dentro de las obligaciones que debe contemplar dicho convenio está la rendición de cuentas referente a la utilización de la SEP, en cuya virtud el sostenedor debe presentar anualmente al Mineduc un informe sobre el uso de dichos recursos y de los demás aportes legales.
Como dicho proceso desconcentra la principal labor de los equipos directivos de los escuelas, se propone que aquellos que han demostrado un buen rendimiento se los exima de esta obligación. Lo anterior no obsta a que el Ministerio fiscalice el adecuado uso de los recursos.
-Establecimientos clasificados “en recuperación”.
La ley establece tres categorías para la clasificación de los establecimientos adscritos a la SEP, de acuerdo a los resultados educativos de sus alumnos, a saber: “autónomos”, “emergentes” y “en recuperación”.
Respecto de las escuelas clasificadas en la última categoría, el trabajo que realiza el Ministerio de Educación es mucho más fuerte que en las otras dos, por estimarse que los establecimientos con bajo desempeño académico requieren de una serie de medidas especiales que la ley contempla.
Así, las escuelas “en recuperación” que apelen de ello, deben ser evaluadas por un panel de expertos cuyo informe deberá ser considerado por el Subsecretario de Educación al resolver la apelación. Este panel lo conforman tres personas: una designada por el Mineduc, otra por el sostenedor del establecimiento y, la tercera, por una persona o entidad evaluadora externa incorporada al Registro Público de Personas o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo.
Para potenciar la mejora de los resultados de estos establecimientos, se propone agilizar el proceso de apelación, homologándolo a los procesos de las otras categorías, para poder así destinar sus esfuerzos a dicha mejora. Se elimina la evaluación del panel de expertos por estimarse innecesaria una instancia que reevalúe una clasificación que se realiza en base a criterios objetivos como es el Simce.
Por otra parte, los sostenedores de estos establecimientos tienen obligaciones adicionales al Plan de Mejoramiento Educativo. Así, deben cumplir con el Plan de Mejoramiento Educativo para establecimientos “en recuperación” que establezca un equipo tripartito conformado por un representante del Mineduc, por el sostenedor, o un representante que éste designe, y por una persona o entidad externa con capacidad técnica sobre la materia, elegida por el sostenedor.
El proyecto propone modificar la forma de cumplir las referidas obligaciones adicionales al Plan de Mejoramiento Educativo, reconociendo una mayor relevancia y autonomía al trabajo del propio establecimiento. Así, se elimina el equipo tripartito obligando al sostenedor a elaborar y cumplir el Plan de Mejoramiento Educativo para establecimientos “en recuperación”. Sin perjuicio de ello, para su elaboración podrá contar con el apoyo de una persona o entidad externa con capacidad técnica sobre la materia, incorporada al Registro Público de Personas o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo. Este plan deberá ser aprobado por dicho Ministerio de Educación.
Cabe tener presente que los establecimientos clasificados “en recuperación” arriesgan perder su reconocimiento oficial, razón por la que se considera de gran importancia este cambio por cuanto carece de lógica sancionar a un sostenedor que no es autónomo en la realización del mencionado plan de mejoramiento.
Para cumplir las medidas de reestructuración contenidas en el Plan, la ley entrega las siguientes atribuciones: redestinación de tareas y/o funciones; destinación del docente a otro establecimiento del mismo sostenedor; y desarrollo de planes de superación profesional para los docentes. En esta área se propone otorgar nuevas atribuciones a los sostenedores. Así, junto con facultarlos para utilizar los recursos de la SEP para financiar dichas reestructuraciones, podrán declarar vacante el cargo de director y llamar a un nuevo concurso para proveerlo.
Para que los sostenedores de estos establecimientos cumplan las obligaciones adicionales del Plan de Mejoramiento Educativo, el Mineduc realiza un aporte económico extraordinario, cuya rendición debe ser visada por una persona o entidad externa. Empero, se estima que el rol de fiscalizar la rendición y el buen uso de los recursos es una atribución que compete al Ministerio por lo que propone eliminar dicha norma.
La ley dispone que, si el establecimiento “en recuperación” no logra los resultados académicos esperados, el Mineduc informe a la comunidad escolar dicha situación y ofrezca a las familias la posibilidad de buscar otro centro educativo. Sin embargo, para que eso surta efecto se requiere apoyar con recursos a las familias que decidan cambiar a sus hijos de establecimiento si no cuentan con ellos. Con tal fin, se les otorga facilidades de transporte para acceder a otro centro educativo y se perfeccionan los mecanismos de información.
- Dirección de los establecimientos.
Los sostenedores de establecimientos adscritos a la SEP deben mantener a disposición del Mineduc, por un período mínimo de cinco años, un estado anual de resultados que dé cuenta de todos los ingresos provenientes del sector público y de los gastos. Además, deben enviar al Ministerio dicho estado de resultados cuando uno o más de los establecimientos bajo su administración estén clasificados como “emergentes” o “en recuperación”. Dado el excesivo trabajo administrativo que enfrentan los directores de establecimientos educacionales en desmedro de la labor más importante que deben realizar, esto es, abocarse al mejoramiento de la calidad de la educación, el proyecto busca alivianar dicha carga administrativa proponiendo rebajar el lapso que el sostenedor debe mantener a disposición del Mineduc dicho estado anual de resultados, disminuyéndolo a un mínimo de dos años. Además, se establece que la obligación del sostenedor de enviarlo al Ministerio será aplicable sólo para los establecimientos clasificados como “emergentes” o “en recuperación”.
-Adecuaciones legales.
Se realizan necesarias adecuaciones legales (actualizaciones de referencias) en la ley N° 20.248, que creó la SEP, derivadas de la derogación de la LOCE y la entrada en vigencia de la Ley General de Enseñanza.
Asimismo, se flexibiliza la aplicación de las mediciones de los estándares de aprendizajes ya que la actual ley las restringe a 4° y 8° básico, sin embargo las pruebas no necesariamente deben realizarse en esos niveles.
Finalmente, se elimina la restricción para que nuevos establecimientos educacionales suscriban el convenio que les permite ingresar a la SEP, ya que dada la redacción actual de la disposición se entendería que dichos convenios solamente podrían celebrarse hasta febrero del año 2011.
III. DISCUSIÓN DEL PROYECTO.
Durante el análisis de esta iniciativa, la Comisión de Educación contó con la asistencia y colaboración de los señores Fernando Rojas Ochagavía , Subsecretario de Educación , y Raúl Figueroa Salas , Jefe de la División Jurídica de dicha Secretaría de Estado .
En calidad de invitados, asistieron:
En representación de la Asociación Chilena de Municipalidades, su Presidente , señor Claudio Arriagada ; el Director del Departamento de Educación , señor Raciel Medina ; el abogado, señor Armando Aravena ; y, el asesor de finanzas municipales, señor Roberto Delpín Aguilar .
En representación de Educación 2020, su Coordinador Nacional, señor Mario Waissbluth ; la Directora Ejecutiva , señora Adriana del Piano ; la Coordinadora del área de educación, señora Soledad Diez; y, la señora Patricia Schaulson .
En representación de la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados (Amdepa), su Presidente , señor Eduardo Catalán Contreras , y el señor Ismael Calderón Varas .
a) Síntesis de las exposiciones formuladas en la Comisión.
El señor Fernando Rojas Ochagavía ( Subsecretario de Educación ), junto con destacar el compromiso del Gobierno en orden a destinar más recursos para la educación, reiteró que esta iniciativa constituye un primer paso en la meta de duplicar, en ocho años, la subvención escolar preferencial.
En ese contexto, la subvención escolar preferencial, vigente desde 2008, tiene como fundamento la idea de que los niños más vulnerables y carenciados requieren de mayores recursos para obtener una educación de calidad, exigencia que está asociada a un plan de mejoramiento de los establecimientos educacionales para que los recursos entregados sean eficientemente utilizados.
En cumplimiento de ello, el proyecto propone aumentar los recursos de la subvención escolar preferencial en un 20% promedio. Destacó que hoy la SEP beneficia a más de 700.000 niños con un costo de alrededor de 182 mil millones de pesos, cantidad que para el Ministerio de Educación aún no es suficiente.
El proyecto intenta mejorar la focalización de los recursos, por cuanto los resultados de la última encuesta Casen demuestran que los porcentajes de índice de pobreza en la infancia todavía son preocupantes. La SEP hoy beneficia al 45% de los niños hasta sexto básico. Lo que hace esta iniciativa, es proponer un incremento diferenciado para el 20% de los niños que -de acuerdo a la ficha de protección social- son los más vulnerables. Así, este aumento sería del orden de un 28% para los más vulnerables, y para el resto de los niños prioritarios definidos de acuerdo a la ley SEP, el incremento propuesto es del 14 %. Este incremento de 20 %, promedio, permitirá, por ejemplo, que un establecimiento que imparta enseñanza parvularia y básica -entre pre kinder y cuarto básico-, con régimen de jornada escolar completa y que se encuentre adscrito a la SEP o tenga el convenio asociado, reciba $82.000 mensuales, por niño. En la actualidad el mismo establecimiento recibe la suma de $75.000 mensuales, por niño.
Señaló, asimismo, que el proyecto permitirá enfocar mejor el uso de los recursos en aquellas iniciativas o programas de mejoramiento de las áreas que se determinen como prioritarias o presenten más debilidades. En ese contexto, se les da autonomía a los establecimientos -que hoy no existe-, para elegir una de las cuatro áreas para trabajar su plan de mejora. Recordó al respecto que, de acuerdo a la normativa vigente, el plan de mejora está acotado a cuatro áreas obligatorias -gestión curricular, liderazgo escolar, convivencia y gestión de recursos- estando todos los establecimientos asociados a la SEP obligados a trabajar en cada una de esas cuatro dimensiones. Destacó que dentro de los aproximadamente 7.000 establecimientos educacionales adscritos a la SEP, hay realidades muy distintas que ameritan esta autonomía.
A continuación, refiriéndose a algunas disposiciones del proyecto que son más explícitas en cuanto al uso de los recursos, reconoció que la ley SEP -no obstante la importancia que ha tenido para los sostenedores-, tiene deficiencias de implementación importantes. Al respecto, sostuvo que de acuerdo al estudio “Planes de Mejoramiento SEP: Sistematización, Análisis y Aprendizajes de política”, realizado por el Centro de Políticas y Prácticas en Educación de la Universidad Católica de Chile, por encargo del Mineduc, existen una serie de aspectos a mejorar, mencionando por vía ejemplar el hecho de que con esta ley se crearon expectativas que se han visto erosionadas por la falta de claridad acerca de su uso; la existencia de una serie de complejos procedimientos que dificultan la accesibilidad de los recursos; y, la poca fluidez en la información entregada.
Al respecto señaló que el Ejecutivo , haciéndose cargo de la necesidad de flexibilizar dichos aspectos, y reconociendo que existen materias administrativas -internas del Ministerio de Educación- que deben ser modificadas con dicho propósito, plantea a través de este proyecto de ley, de manera explícita, que los programas de mejoramiento educativo pueden incluir preparación y capacitación de equipos directivos, evaluaciones docentes complementarias a las que establece el Estatuto Docente y programas de incentivos y desarrollo a docentes, equipos directivos u otros funcionarios del establecimiento.
Agregó que otro problema planteado, por los propios alcaldes, es la confusión que existe en cuanto a contratar a los profesionales idóneos para cubrir los requerimientos de los alumnos más vulnerables, que hacen necesario contar con más horas docentes para reforzamiento y tratamiento psicopedagógico y psicológico. Esta confusión tiene su origen en un Dictamen de la Contraloría General de la República que ha interpretado que, en estos casos, sólo puede contratarse personal a honorarios. Esta interpretación restrictiva ha impedido en muchos casos que los establecimientos contraten personal idóneo para sus requerimientos. Por ello, el proyecto específica que puede contratarse personal mediante cualquier modalidad, según lo requiera cada establecimiento.
Clarificó en seguida, que dentro de las referidas dificultades están los problemas administrativos vinculados a la rendición de cuentas. En ese sentido, se flexibiliza la norma, estableciéndose que ya no deberán mantenerse durante cinco años los archivos de las respectivas rendiciones, sino que sólo dos años. Además, se realiza un distingo, en el sentido de eximir de una cuenta tan detallada a los establecimientos educacionales que han tenido un buen desempeño y, en consecuencia, han sido catalogados como “autónomos”, manteniéndose, sin embargo, bajo la tuición generalizada del Ministerio de Educación.
En cuanto a la elaboración de los Programas de Mejoramiento, explicó que la normativa actual dispone que todos los establecimientos “en recuperación” tienen que ser asesorados necesariamente por una ATE (Asistencia Técnica Educativa), las que no existen en todas las comunas de Chile y, además, no garantizan per se la mejora en el plan educativo. Al respecto, el proyecto entrega más autonomía a los establecimientos manteniéndose en el Ministerio la facultad de aprobar esos planes de mejora, pero sin forzar la existencia de las mesas tripartitas que hoy existen.
Por último, señaló que este proyecto actualiza las referencias que mantiene la ley N° 20.248 al decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, actualmente derogada, adecuando dichas remisiones a la ley Nº 20.370, General de Educación.
Por su parte, el señor Raúl Figueroa Salas ( Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación), consultado sobre la conveniencia de eximir a los establecimientos “autónomos” de ciertas exigencia en sus rendiciones de cuentas, explicó que la intención del proyecto no es impedir que estos establecimientos rindan dichas cuentas, ya que esa es una obligación que está en la Ley General de Educación. Aclaró que iniciativa apunta a eliminar la carga de exigencias establecidas en la ley SEP que constituyen costos administrativos engorrosos y, que atendidos los buenos resultados de los establecimientos “autónomos”, no se justifican. Agregó que hay sostenedores que han llegado al extremo de tener que contratar un bodeguero para hacerse cargo de toda la documentación que se exige entregar al Ministerio de Educación.
El señor Claudio Arriagada ( Presidente Asociación Chilena de Municipalidades ) señaló que la Asociación Chilena de Municipalidades valoraba el establecimiento de la SEP, debido a que la posición crítica del municipalismo sobre el actual sistema de financiamiento de la educación, se basaba precisamente en que se daría igual tratamiento a todos los niños, niñas y jóvenes, sin considerar su origen, ni las condiciones del contexto de donde provienen. Destacó que dicha Subvención, en parte, se cargo de aquello, no obstante que su diseño es complejo, tanto desde el punto de vista legal como de los mecanismos de implementación establecidos por el Mineduc, lo cual sumado a la diversidad, en cuanto a capacidad de gestión de las comunas, han contribuido a que dicha iniciativa no genere todo el beneficio que se esperaba.
Explicó que, en virtud de lo expuesto se plantearon al Ministerio de Educación las dificultades que estaban teniendo los equipos comunales, manteniéndose una adecuada disposición al diálogo que se vio reflejada en la Ley N° 20.452, que ha permitido hacer uso de recursos de la SEP, en el financiamiento de iniciativas asociadas a los efectos del terremoto del 27 de febrero.
En seguida, indicó los siguientes aspectos que deben ser mejorados en materia educacional:
I. Existen nudos críticos estructurales cuya falta de solución pone en riesgo la efectiva aplicación de la SEP para el financiamiento educacional. No existe claridad respecto de las prestaciones que se incorporan en la Unidad de Subvención Educacional (USE), lo que lleva a la conclusión de que esa unidad de cálculo es arbitraria y mientras no se determine y corrija el costo real del servicio educativo, existirán municipios con déficit, con la tendencia a hacer uso de los recursos SEP para financiar otras obligaciones.
II. Respecto del aumento de los recursos, de acuerdo a datos del Mineduc, cerca del 40% de los mismos, hasta el año 2009, no fueron gastados, por lo que más recursos podría significar una mayor dificultad. En esa línea sería más efectivo tratar de corregir el déficit estructural de la subvención regular.
A continuación, refiriéndose específicamente al proyecto de ley en análisis, realizó las siguientes observaciones:
1. La incorporación de la SEP tiende a hacerse cargo de la desigualdad de origen de los niños, sin embargo, no incorpora aspectos climáticos y geográficos.
2. El artículo primero transitorio del proyecto señala que los convenios de igualdad de oportunidades y excelencia educativa celebrados entre los sostenedores y el Ministerio de Educación, que a la fecha de publicación de la ley N° 20.248 (el 1°de febrero de 2008) estuvieren vigentes, deberán adecuarse a las disposiciones de la ley, en proyecto, antes del inicio del año escolar 2012. El Plan de Mejoramiento SEP, principal instrumento de gestión, fue aprobado a mediados del año 2009, por lo cual el plazo de 4 años no podrá cumplirse, contemplándose en el proyecto de ley sanciones por no cumplimiento de metas.
3. Los Planes de Mejoramiento Educativo (PME) son diseñados anualmente, con orientaciones ministeriales, como marco de las acciones a implementar durante la ejecución del Convenio de Igualdad de Oportunidades. Por ello, es imprescindible contar con la necesaria flexibilidad que permita ajustar dichos planes de acuerdo al avance del año escolar, permitiendo su ajuste permanentemente, como repuesta a acontecimientos no previstos en su diseño inicial.
4. Si bien se introducen flexibilizaciones al uso de los recursos, no se abordan temas tales como: la posibilidad de financiar iniciativas de transporte escolar de niños prioritarios; incorporar la contratación de funcionarios no profesionales, necesarios para dar cumplimiento a iniciativas no profesionales contempladas en el plan de mejoramiento; el pago de derechos laborales de funcionarios contratados por la SEP; gastos de administración central, etc. Algunos usos citados se permiten pero a través de instructivos ministeriales de dudosa validez legal.
5. Se permite expresamente la contratación o aumento de horas a docentes en ejercicio pero no se considera que la Contraloría podría interpretar que esas contrataciones o aumento de horas afectan la obligación establecida en el Estatuto Docente, que exige una proporción en el personal docente de 80% de titularidad y 20% a contrata, y en consecuencia, el municipio podría ser sancionado con la retención de la subvención.
6. El inciso sexto del artículo 30, vigente, señala que “los honorarios de cada persona o entidad pedagógica y técnica de apoyo serán pagados por el sostenedor que requiera sus servicios”. La Contraloría General de la República ha interpretado esta norma haciendo imperativa la modalidad de contratación a través de contrato de honorarios. Si bien el proyecto de ley reemplaza la palabra “honorarios” por “costas”, debe establecerse con claridad que la contratación se hará por los mecanismos legales existentes, es decir, Estatuto Docente, Código del Trabajo u Honorarios, dependiendo de la función a realizar y su duración.
7. Debe evaluarse la incorporación de la enseñanza media a los beneficios de la SEP.
El señor Mario Waissbluth ( Coordinador Nacional de Educación 2020) manifestó que la organización que representa apoya esta iniciativa legal tanto en cuanto al aumento de subvención educacional como en cuanto a la flexibilización en su utilización.
A continuación, se refirió a la necesidad de reformular integralmente la estructura de financiamiento de la educación, debido a que ésta se ha ido complejizando progresivamente. En efecto, a la subvención escolar base se le fueron agregando otras subvenciones con fines diversos y las asignaciones que perciben o pueden percibir los profesores (subvenciones, bonificaciones, etc.), son tan numerosas, que resulta imposible saber si éstas se cumplen o sirven el propósito para el cual fueron creadas. Por lo anterior, los costos de transacción asociados a la gestión del sistema escolar son extremadamente altos tanto para el Mineduc como para los sostenedores, directivos e incluso los propios profesores, lo que además dificulta la fiscalización de los recursos.
Explicó que una reforma educativa hace necesario contar con una estructura de financiamiento modernizada y, en consecuencia, sugirió que el incremento de la SEP sea transitorio hasta fin del 2011, solicitando al Ejecutivo que asuma el compromiso, en ese plazo, de presentar una estructura integral de financiamiento de la educación que debiera incluir datos sobre el costo real de educar a los niños, según grado de vulnerabilidad y tipología de escuelas, incluyendo especialmente las escuelas rurales y los liceos técnicos.
En relación al contenido específico del proyecto de ley, efectuó los siguientes comentarios.
1. En cuanto monto del aumento de la subvención: El incremento que propone el proyecto es de un 28 % para aquellos alumnos prioritarios que pertenezcan al 20% más vulnerable del país y para el resto de los alumnos un 14%. Es indispensable contar con un estudio que determine cuánto cuesta educar a un alumno prioritario contabilizando las particularidades y requerimientos de las aulas vulnerables: dotación óptima de docentes, horas lectivas del profesorado, cantidad de alumnos por sala, escala de la escuela, apoyos pedagógicos, etc.
2. Debe contemplarse la posibilidad de extender gradualmente la subvención preferencial hasta 4° medio, ya que no existen estudios que avalen el hecho de que en la educación media se hayan superado los problemas y desventajas de aprendizaje derivados de la vulnerabilidad, y los resultados en la PSU demuestran enfáticamente lo contrario.
3. De acuerdo a las modificaciones que se proponen para el artículo 8° de la Ley N° 20.248, se concluye que uno de los aspectos centrales del proyecto es el mejoramiento de la gestión de los recursos humanos a través de la capacitación de equipos directivos, incentivos al desempeño, evaluaciones docentes complementarias, etc. Sin embargo, es indispensable garantizar que estos profesionales sean de excelencia y de acuerdo a un reciente estudio del Centro de Estudios de Políticas y Práctica de la Educación de la U. Católica, de los docentes recién ingresados a las escuelas municipales, el 80% de ellos obtuvo menos del 60% de respuestas correctas en la Prueba Inicia, fenómeno que se repite en las escuelas particulares subvencionadas. Es necesario por lo tanto, que se exijan los resultados de la prueba Inicia a nuevos profesores que se contraten de planta con cargo a la Ley SEP, exigiendo estándares mínimos.
Relacionado con lo anterior, se propone, con cargo a la subvención preferencial, destinar recursos para indemnizar o retirar personal de la escuela por mutuo acuerdo entre empleador y trabajador, de manera de permitir el ingreso de nuevos profesionales.
4. Dentro de la autonomía que se entrega a los sostenedores en el proyecto, se propone facultar al sostenedor de una escuela en recuperación, para declarar vacante el cargo del director y llamar a un nuevo concurso, medida que debería extenderse a todas las escuelas y no sólo las clasificadas en la categoría de recuperación. (Artículo único, N° 10, que modifica el art. 26 de la Ley N° 20.248)
5. Varias de las exigencias y compromisos que la subvención preferencial exige, suponen un mínimo necesario de capacidad técnica de parte de los sostenedores, que no siempre existe, siendo 130 los municipios que no tienen personal en el área técnico-pedagógica y 170 los que no cuentan con personal para hacer diagnóstico ni evaluación de sus escuelas. Se propone al efecto dictar un Reglamento especial que simplifique la implementación de la SEP en las escuelas más pequeñas, y que obligue al Mineduc a prestar ayuda en la formulación de los planes.
6. Es preciso consagrar expresamente en este proyecto, que los incrementos de la SEP propuestos no pueden estar sometidos a la excepción de uso dispuesto por la Ley N° 20.452, en razón del terremoto de febrero.
7. Respecto a eximir de la rendición de cuentas de la utilización de la SEP a las escuelas clasificadas como autónomas, con el objeto de liberar a los establecimientos educacionales de labores administrativas, se propone en cambio, contemplar o aumentar los recursos que se transfieren a los establecimientos, para apoyar la gestión administrativa. (Artículo único, N° 6 letra b) que modifica el art. 11 de la Ley 20.248)
8. El proyecto en trámite confiere facultades a la Agencia de Calidad en materia de asistencia técnica pedagógica, además de establecer un registro de instituciones que puedan brindarla. Es preciso evitar la duplicidad de funciones por parte de diversos organismos y el Mineduc debería reglamentar claramente cuándo se está frente a circunstancias excepcionales que ameriten que el propio Ministerio opere como ATE, pues de lo contrario se abre la puerta a confusiones.
9. En cuanto a las entidades que entregan Asistencia Técnica Educativa (ATE) existe un despliegue insuficiente y heterogéneo en su calidad, lo que hace necesario efectuar una revisión de la reglamentación y acreditación de las ATE, en coherencia con los apoyos técnico-pedagógicos que contempla el proyecto en trámite sobre Sistema Nacional de la Calidad de la Educación pre escolar, básica y media.
10. De acuerdo a la ley vigente, para las escuelas en recuperación, un equipo tripartito conformado por un representante del Mineduc, el sostenedor y una persona o entidad externa con capacidad técnica sobre la materia, deben establecer el Plan de Mejoramiento Educativo. El proyecto de ley elimina esta obligación, permitiendo al sostenedor solicitar apoyo a una persona o entidad externa con capacidad técnica sobre la materia. Esto implica un riesgo importante de cierre de escuelas que no podrán mejorar, con el consecuente trastorno a esa comunidad educativa. (Artículo único, N° 10, letra a), que modifica el art. 26 de la Ley N° 20.248)
11. Se propone, por último, independientemente de las necesarias mejoras en los procesos internos del Mineduc, incluir una forma de financiamiento-puente, que permita a las escuelas solventar los requerimientos más urgentes.
El señor Ismael Calderón Varas (en representación de la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados (Amdepa)), luego de destacar la importancia de contar con instancias de diálogo entre los padres y apoderados, por una parte, y el Ministerio de Educación y demás autoridades encargadas de la educación en Chile, por otra, se refirió a la subvención preferencial, anunciada por el Presidente de la República en su Mensaje del 21 de mayo del año 2010, según el cual, se estableció un plazo de 8 años para su completa implementación, subvención dirigida a los alumnos “prioritarios” que asistan a establecimientos educacionales subvencionados y que hayan firmado el convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa.
En seguida efectuó las siguientes observaciones respecto del proyecto de ley en análisis:
1. Esta iniciativa legal consagra tres tipos de alumnos, según el establecimiento educacional al que pertenecen, a saber, autónomo, emergente o en recuperación, categorías determinadas según los resultados de los aprendizajes de sus alumnos. Respecto a la calificación de alumnos prioritarios rechazan dicho nombre porque afectaría su dignidad.
2. Respecto la letra c) del número 2 del artículo único del proyecto -que sustituye el N° 4 del artículo 8° de la ley 20.248-, proponen agregar en él que los asistentes de la educación reciban incentivos al desempeño.
3. Respecto de la letra b) del número 6 del artículo único del proyecto, -que agrega un nuevo inciso segundo al artículo 18 de la ley 20.248-, proponen su eliminación, de manera que la rendición de cuentas establecidas en el artículo 7° sea obligatoria, sin distinguir la clasificación del establecimiento educacional, estableciéndose además que las familias deban ser informadas acerca del uso de los recursos invertidos en el plan mejoramiento educativo.
4. En relación al objetivo de la iniciativa de entregar una mayor autonomía a los sostenedores, consideran que con el propósito de obtener un mejor control -y debido a las malas experiencia en materia de fiscalización de las subvenciones-, dicha autonomía no debe existir, cualquiera sea la clasificación que tengan los establecimientos educacionales.
-o-
b) Discusión y votación general del proyecto.
La Comisión de Educación, Deportes y Recreación, compartiendo los fundamentos y objetivos generales expresados en el Mensaje para legislar en el sentido propuesto, y luego de escuchar las explicaciones de las autoridades de gobierno, de la asociación Chilena de Municipalidades, de Educación 2020 y de la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados (Amdepa), procedió a dar su aprobación a la idea de legislar, por la unanimidad de los diputados presentes señores Aguiló , Bobadilla , González , Hasbún , Kast , Rivas y Verdugo , y señoras Hoffman y Girardi .
c) Discusión y votación particular del proyecto.
La Comisión dio al articulado del proyecto el tratamiento que se describe a continuación.
Artículo único, número 1.
El texto del mensaje es del siguiente tenor:
“Artículo único.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones a la ley N° 20.248, de subvención escolar preferencial:
1) Reemplázase en la letra e) del inciso segundo del artículo 7º la frase “21 del decreto con fuerza de ley Nº1, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza,” por la siguiente frase “37 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1 de 2005, en adelante Ley General de Educación,”.
Puesto en votación el encabezado del artículo único y su número 1, fue aprobado sin enmiendas, por siete votos a favor (de los diputados señores Bobadilla , Gutiérrez (don Romilio) , Hasbún , Kast , Rivas y Verdugo , y de la diputada señora Hoffman) ; un voto en contra (de la diputada señora Girardi ) y ninguna abstención.
Número 2.
El texto del mensaje es del siguiente tenor:
2) Modifícase el artículo 8º de la siguiente forma:
a) En el inciso primero sustitúyase la expresión “en cada una” por la siguiente “en al menos alguna”.
b) Agrégase en el numeral 2, a continuación de la expresión “tales como” la frase “preparación y capacitación de equipos directivos;”.
c) Reemplázase el numeral 4, por el siguiente:
“4. Acciones en el área de gestión de recursos, tales como la definición de una política de perfeccionamiento para los docentes del establecimiento, destinada a fortalecer aquellas áreas del currículo en que los alumnos han obtenido resultados educativos insatisfactorios; implementación de sistemas de evaluación de los docentes; incentivos al desempeño de los equipos directivos, docentes y otros funcionarios del establecimiento, basados en instrumentos transparentes y objetivos; fortalecimiento de los instrumentos de apoyo a la actividad educativa, tales como biblioteca escolar, computadores, Internet, talleres, sistemas de fotocopia y materiales educativos, entre otras.”.
d) Agrégase un inciso segundo nuevo, pasando el actual segundo a ser tercero y así sucesivamente:
“Para el cumplimiento de las acciones mencionadas en los numerales precedentes, el sostenedor podrá contratar docentes y el personal necesario para mejorar las capacidades técnico pedagógicas del establecimiento y para la elaboración, desarrollo, seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento. Asimismo, y con la misma finalidad, podrá aumentar la contratación de las horas de personal docentes y de otros funcionarios que laboren en el respectivo establecimiento educacional.”.
El Diputado señor Bobadilla formuló una indicación aditiva a la letra c) del número 2 del artículo único -que modifica el N° 4 del artículo 8° de la ley vigente-, para intercalar en él, a continuación de la frase “materiales educativos” los vocablos “y transporte escolar”.
Esta indicación recoge la inquietud planteada por la Asociación Chilena de Municipalidades, en orden a permitir el uso de la subvención escolar preferencial para la contratación de medios de transporte para los alumnos, especialmente en zonas rurales, que lo requieran.
Fue aprobada la indicación por cinco votos a favor (de los diputados señores Bobadilla , Kast , Rivas y Verdugo y de la diputada señora Hoffman) ; tres en contra (de los diputados señores González y Gutiérrez (don Romilio) , y de la diputada señora Girardi ) y ninguna abstención.
Puesto en votación el número 2, con la indicación precedentemente aprobada, fue también aprobado por la unanimidad de los diputados presentes señores Bobadilla , Gutiérrez (don Romilio) , Hasbún , Kast , Rivas y Verdugo , y señora Hoffman .
Número 3.
El texto del mensaje es del siguiente tenor:
3) Modifícase el artículo 9º de la siguiente forma:
a) Sustitúyase en el inciso primero en las letras a), b) y c) la frase “por el Ministerio de Educación para los efectos del artículo 21 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.962,” por la siguiente “en conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley General de Educación,”.
b) Sustitúyase en el inciso tercero la frase “21 del decreto con fuerza de ley Nº1, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza.” por la siguiente: “37 de la Ley General de Educación.”.
En relación con la letra a) de este número, se hizo presente que la frase que se desea sustituir en las letras a),b) y c) del inciso primero del artículo 9° vigente, que se propone reformar, no es el mismo en todos y cada uno de los tres literales aludidos.
En consideración a lo anterior, los diputados señores Bobadilla y Hasbún , formularon una indicación para intercalar la siguiente letra b), en el N° 3 del artículo único, pasando la actual letra b) a ser c):
“b) Sustitúyense, en las letras b) y c) del inciso primero del artículo 9°, la frase “por el Ministerio de Educación para los efectos del artículo 21 del citado decreto con fuerza de ley N°1, de 2006,” por la siguiente: “en conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley General de Educación,”.
Fue aprobada la indicación por siete votos a favor (de los diputados señores Bobadilla , Gutiérrez (don Romilio) , Hasbún , Kast , Rivas y Verdugo , y de la diputada señora Hoffman) ; un voto en contra (de la diputada señora Girardi ) y ninguna abstención
Puesto en votación el número 3, con la indicación aludida, fue aprobado por cinco votos a favor (de los diputados señores Bobadilla ( Presidente ), Gutiérrez , Kast , Rivas y Verdugo ); un voto en contra (de la diputada señora Girardi ) y ninguna abstención, con la sola enmienda, por las razones ya expresadas, de eliminar en él las referencias a las letras b) y c) del referido inciso primero del artículo 9°.
Número 4.
El texto del mensaje es del siguiente tenor:
4) Modifícase el artículo 11 de la siguiente forma:
a) En el inciso primero, elimínese la siguiente frase:”de 4º y 8º básico, según corresponda,”.
b) Sustitúyase en el inciso primero del artículo 11 la frase “21 del decreto con fuerza de ley Nº1, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.962, el Ministerio de Educación” por la siguiente: “37 de la Ley General de Educación, la Agencia de la Calidad de la Educación ”.
c) Reemplázase en el inciso tercero a continuación de la expresión “El Ministerio de Educación”, la frase “deberá proponer a los municipios rurales y a los establecimientos educacionales municipales rurales,” por la frase “a solicitud de los municipios rurales podrá proponer”.
Puesto en votación el número 4, fue aprobado sin enmiendas por cinco votos a favor (de los diputados señores Bobadilla , Gutiérrez (don Romilio) , Hasbún , Kast y Rivas); un voto en contra (de la diputada señora Girardi ) y ninguna abstención.
Número 5.
El texto del mensaje es del siguiente tenor:
5) Modifícase el artículo 14 de la siguiente forma:
a) Reemplázase el cuadro de Valor de Subvención en USE por el siguiente:
Valor Subvención en USE:
Desde 1° nivel de transición hasta 4° año de la educación básica 5° y 6° año básico 7° y 8° año básico
A: Establecimientos educacionales autónomos 1,60 1,06 0,54
B: Establecimientos educacionales emergentes 0,80 0,53 0,27
b) Agrégase el siguiente inciso segundo:
“En el caso de los alumnos identificados como prioritarios en virtud de los criterios establecidos en las letras a) o b) del artículo 2 de esta ley y que, además, pertenezcan a familias caracterizadas dentro del 20% más vulnerable del país, según el instrumento de caracterización socioeconómica vigente, el valor unitario mensual por alumno, expresado en unidades de subvención educacional (USE), según la categoría del establecimiento educacional, será el siguiente:
Valor Subvención en USE:
Desde 1° nivel de transición hasta 4° año de la educación básica 5° y 6° año básico 7° y 8° año básico
C: Establecimientos educacionales autónomos 1,79 1,19 0,60
D: Establecimientos educacionales emergentes 0,895 0,595 0,30
Puesto en votación el número 5, fue aprobado sin modificaciones por la unanimidad de de los diputados presentes señores Bobadilla , Gutiérrez (don Romilio) , Hasbún , Kast , Rivas y Verdugo , y señoras Girardi y Hoffman .
Número 6.
El texto del mensaje es del siguiente tenor:
6) Modifícase el artículo 18 de la siguiente forma:
a) Sustitúyase en el inciso primero la frase:”aplicados al 4º y 8º año de educación general básica, según corresponda, durante el período a que se refiere el artículo 21 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio de Educación.” por la siguiente frase: “a que se refiere el artículo 37 de la Ley General de Educación.”.
b) Agrégase un inciso segundo nuevo, pasando el segundo a ser tercero y así sucesivamente:
“Sin perjuicio de lo anterior, la rendición de cuentas establecida en el artículo 7º letra a) no será obligación en el caso de los establecimientos clasificados como “autónomos”.”.
Puesto en votación este número, fue aprobado sin enmiendas por siete votos a favor (de los diputados señores Bobadilla , Gutiérrez (don Romilo) , Hasbún , Kast , Rivas y Verdugo , y de la diputada señora Hoffman) ; un voto en contra (de la diputada señora Girardi ) y ninguna abstención.
Número 7.
El texto del mensaje es del siguiente tenor:
7) Modifícase el artículo 20 de la siguiente forma:
a) Reemplázase en el inciso primero la expresión “refiere la letra B” por la siguiente “refieren las letras B y D”.
b) Agrégase en el inciso segundo entre las frases “para contratar” y “servicios de apoyo” la frase “, entre otros,”.
c) Reemplázase en el inciso tercero la expresión “la letra B” por la siguiente “las letras B y D”.
d) Reemplázase en el inciso cuarto los siguientes guarismos:
i) “0,7 USE” por “ 0,80 USE”
ii) “0,465 USE” por “0,53 USE”
iii) “0,235 USE” por “0,27 USE”
e) Agregáse un nuevo inciso quinto, pasando el quinto a ser sexto y así sucesivamente:
“Tratándose de los alumnos a que se refiere el inciso segundo del artículo 14 este aporte adicional será de 0,895 USE por los alumnos que cursen desde el primer y segundo año de transición de la educación parvularia y hasta el 4º año de la educación general básica; de 0,595 USE en el caso de los alumnos que cursen 5º y 6º año de la educación general básica y de 0,30 USE por los alumnos que cursen 7º y 8º año de la educación general básica.”.
Puesto en votación el número 7, fue aprobado en los mismos términos, por la unanimidad de de los diputados señores Bobadilla , Gutiérrez (don Romilio) , Hasbún , Kast , Rivas y Verdugo , y señoras Girardi y Hoffman .
Número 8.
El texto del mensaje es del siguiente tenor:
8) Sustitúyase en el inciso primero del artículo 23 la frase “por el Ministerio de Educación para los efectos del artículo 21 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006,”por la siguiente frase “en conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley General de Educación,”.
Puesto en votación el número 8, fue aprobado, sin enmiendas, por siete votos a favor (de los diputados señores Bobadilla , Gutiérrez (don Romilio) , Hasbún , Kast , Rivas y Verdugo , y de la diputada señora Hoffman) ; un voto en contra (de la diputada señora Girardi ) y ninguna abstención.
Número 9.
El texto del mensaje es del siguiente tenor:
9) Reemplázase el artículo 25, por el siguiente:
“Artículo 25.- Las escuelas que sean clasificadas “en recuperación”, en relación con lo establecido en el artículo 23, y que apelen de ello, deberán enviar a la Secretaría Regional Ministerial de Educación correspondiente los antecedentes que a su juicio permitan revisar dicha clasificación, para que sean remitidos al Subsecretario de Educación , quien resolverá la apelación en los plazos establecidos en el artículo 22.”.
Puesto en votación este número, fue aprobado sin modificaciones, por siete votos a favor (de los diputados señores Bobadilla , Gutiérrez (don Romilio) , Hasbún , Kast , Rivas y Verdugo , y de la diputada señora Hoffman) ; un voto en contra (de la diputada señora Girardi ) y ninguna abstención.
Número 10.
El texto del mensaje es del siguiente tenor:
10) Modifícase el artículo 26 de la siguiente forma:
a) Reemplázase el numeral 2 del inciso primero por el siguiente:
“2) Elaborar y cumplir el Plan de Mejoramiento Educativo para establecimientos educacionales “en recuperación”. Éste deberá ser aprobado por el Ministerio de Educación y podrá ser elaborado con apoyo de una persona o entidad externa con capacidad técnica sobre la materia, de aquellas incorporadas en el registro a que se refiere el artículo 30, elegida por el sostenedor.
El Plan de Mejoramiento Educativo para establecimientos educacionales “en recuperación” abarcará tanto el área administrativa y de gestión del establecimiento como el proceso de aprendizaje y sus prácticas; y deberá estar elaborado antes del inicio del año escolar siguiente al de la dictación de la resolución a que se refiere el artículo 23.”.
b) Reemplácese en el inciso segundo del numeral 3 la frase “el Informe de Evaluación de la Calidad Educativa” por la siguiente: “el Plan de Mejoramiento Educativo para establecimientos educacionales “en recuperación”.”
c) Agrégase en el numeral 3 del inciso primero la siguiente letra d):
“d) Declarar vacante el cargo de director debiéndose llamar a un nuevo concurso para proveerlo.”.
d) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
“Los recursos entregados en virtud de esta ley podrán ser utilizados para financiar las reestructuraciones a las que se refiere este artículo.”.
Puesto en votación el número 10, fue aprobado por siete votos a favor (de los diputados señores Bobadilla , Gutiérrez (don Romilio) , Hasbún , Kast , Rivas y Verdugo , y de la diputada señora Hoffman) ; ningún voto en contra y una abstención (de la diputada señora Girardi ).
Números 11, 12, 13 y 14.
El texto del mensaje es del siguiente tenor:
11) Modifícase el artículo 27 de la siguiente forma:
a) Reemplázase en el inciso segundo la frase “aplicará la subvención establecida en la letra A del artículo 14,” por la siguiente “aplicarán las subvenciones establecidas en las letras A o C del artículo 14 según corresponda,”.
b) Elimínase en el inciso tercero, la siguiente oración: “La rendición de estos recursos deberá ser visada por la persona o entidad externa.”.
12) Modifícase el inciso segundo del artículo 28 de la siguiente forma:
a) Agrégase después de la expresión “centro educativo”, reemplazando el punto seguido (.) por una coma (,) la siguiente frase “y facilidades de transporte para su acceso, lo que se regulará vía decreto suscrito por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda.”.
b) Reemplázase la oración final que comienza con “Esta comunicación…”, por la siguiente: “Esta comunicación la efectuará el Ministerio de Educación por carta certificada a cada uno de los apoderados y familias del establecimiento. Dicha comunicación podrá efectuarse por cualquier otro medio que el Ministerio de Educación determine, siempre que se cumpla con el objeto de informar directamente a cada uno de los apoderados y familias del establecimiento.”.
13) Elimínase en el inciso segundo del artículo 29 la letra h).
14) Modifícase el artículo 30 de la siguiente forma:
a) Agrégase al final del inciso primero, reemplazando el punto final (.) por una coma (,), la siguiente frase “todo lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8º.”.
b) Reemplázase en el inciso sexto la expresión “honorarios” por “costos”.
Puestos en votación los números 11, 12, 13 y 14, fueron aprobados, separadamente sin enmiendas, por siete votos a favor (de los diputados señores Bobadilla , Gutiérrez (don Romilio) , Hasbún , Kast , Rivas y Verdugo , y de la diputada señora Hoffman) ; un voto en contra (de la diputada señora Girardi ) y ninguna abstención.
Número 15.
El texto del mensaje es del siguiente tenor:
15) Modifícase el artículo 32 de la siguiente forma:
a) En el inciso primero, reemplázase la frase “mínimo de cinco años” por la siguiente: “mínimo de 2 años”.
b) Reemplázase en el inciso segundo la frase a continuación de la expresión “antes referido,” por la siguiente “de cada uno de los establecimientos bajo su administración que estén clasificados como “emergentes” o “en recuperación”.”.
En relación con la letra a), los integrantes de la Comisión manifestaron su preocupación por esta norma, por cuanto su aprobación podría entorpecer la labor fiscalizadora de la Contraloría General de la República, al establecerse un plazo menor para la obligación de los sostenedores de conservar la documentación asociada a la SEP.
Puesta en votación la letra a) del número 15, fue rechazada por la unanimidad de los diputados presentes señores Bobadilla , Gutiérrez (don Romilio) , Hasbún , Kast , Rivas Verdugo , y señoras Hoffman y Girardi .
Puesta en votación la letra b) del número 15, fue aprobada sin enmiendas por siete votos (de los diputados señores Bobadilla , Gutiérrez (don Romilio) , Hasbún , Kast , Rivas Verdugo , y de la diputada señora Hoffman) ; un voto en contra (de la diputada señora Girardi ) y ninguna abstención.
Números 16 y 17.
El texto del mensaje es del siguiente tenor:
16) Reemplázase en el artículo primero transitorio, inciso primero, la frase: “21 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio de Educación,” por la siguiente: “37 de la Ley General de Educación,”.
17) Reemplázase en el artículo segundo transitorio, inciso primero, la frase: “21 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio de Educación,” por la siguiente: “37 de la Ley General de Educación,”.
Puestos en votación los números 16 y 17, fueron aprobados sin modificaciones por siete votos (de los diputados señores Bobadilla , Gutiérrez (don Romilio) , Hasbún , Kast , Rivas Verdugo , y de la diputada señora Hoffman) ; un voto en contra (de la diputada señora Girardi ) y ninguna abstención.
Número 18.
El texto del mensaje es del siguiente tenor:
18) Reemplázase el artículo undécimo transitorio por el siguiente:
“Artículo undécimo.- La atribución del Ministerio de Educación para suscribir los convenios de la presente ley podrá ejercerse hasta que entre en operación el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación.”.”
Puesto en votación este número, fue aprobado en iguales términos por seis votos (de los diputados señores Bobadilla , Gutiérrez (don Romilio) , Rivas , Verdugo , y de la diputada señora Hoffman) ; un voto en contra (de la diputada señora Girardi ) y ninguna abstención.
“ARTÍCULOS TRANSITORIOS.
El texto del mensaje es del siguiente tenor:
Artículo primero transitorio.- Los convenios de igualdad de oportunidades y excelencia educativa celebrados entre los sostenedores y el Ministerio de Educación, que a la fecha de publicación de esta ley estuvieren vigentes, deberán adecuarse a las disposiciones de esta ley antes del inicio del año escolar 2012.
Artículo segundo transitorio.- El mayor gasto fiscal que irrogue la presente ley durante el año 2010, se financiará con los recursos contemplados en el presupuesto del Ministerio de Educación.
Artículo tercero transitorio.- Los aumentos en el monto de los recursos entregados en virtud de la ley N° 20.248, establecidos en esta ley, regirán a contar del día primero del mes siguiente a la fecha de publicación de la misma.”.
Puestos en votación los artículos primero, segundo y tercero transitorios, fueron aprobados sin enmiendas por la unanimidad de los diputados presentes señores Bobadilla , Gutiérrez (don Romilio) , Kast , Rivas , Verdugo , y señoras Hoffman y Girardi .
-o-
“PROYECTO DE LEY APROBADO POR LA COMISIÓN.
Por las razones expuestas y por las que en su oportunidad dará a conocer la señora diputada informante , esta Comisión recomienda aprobar el siguiente proyecto de ley, al cual, además, en virtud del artículo 15 del Reglamento de la H. Corporación, se le han introducido algunas modificaciones de forma, que no se detallan y que se incluyen en el siguiente texto:
“PROYECTO DE LEY.
“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.248, de subvención escolar preferencial:
1) Reemplázase, en la letra e) del inciso segundo del artículo 7º, la frase “21 del decreto con fuerza de ley Nº1, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza,” por la siguiente: “37 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1 de 2005, en adelante Ley General de Educación,”.
2) Modifícase el artículo 8º de la siguiente forma:
a) Sustitúyese, en el encabezado del inciso primero, la expresión “en cada una” por “en al menos alguna”.
b) Agrégase, en el numeral 2, a continuación de la expresión “tales como”, la frase “preparación y capacitación de equipos directivos;”.
c) Reemplázase el numeral 4, por el siguiente:
“4. Acciones en el área de gestión de recursos, tales como la definición de una política de perfeccionamiento para los docentes del establecimiento, destinada a fortalecer aquellas áreas del currículo en que los alumnos han obtenido resultados educativos insatisfactorios; implementación de sistemas de evaluación de los docentes; incentivos al desempeño de los equipos directivos, docentes y otros funcionarios del establecimiento, basados en instrumentos transparentes y objetivos; fortalecimiento de los instrumentos de apoyo a la actividad educativa, tales como biblioteca escolar, computadores, Internet, talleres, sistemas de fotocopia, materiales educativos y transporte escolar, entre otras.”.
d) Agrégase un inciso segundo, nuevo, pasando el actual segundo a ser tercero, y así sucesivamente:
“Para el cumplimiento de las acciones mencionadas en los numerales precedentes, el sostenedor podrá contratar docentes y el personal necesario para mejorar las capacidades técnico pedagógicas del establecimiento y para la elaboración, desarrollo, seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento. Asimismo, y con la misma finalidad, podrá aumentar la contratación de las horas de personal docentes y de otros funcionarios que laboren en el respectivo establecimiento educacional.”.
3) Modifícase el artículo 9º de la siguiente forma:
a) Sustitúyese, en la letra a) del inciso primero, la frase “por el Ministerio de Educación para los efectos del artículo 21 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.962,” por la siguiente: “en conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley General de Educación,”.
b) Sustitúyese, en las letras b) y c) del inciso primero, la frase “por el Ministerio de Educación para los efectos del artículo 21 del citado decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, “por la siguiente: “en conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley General de Educación,”.
c) Sustitúyese, en el inciso tercero, la frase “21 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza. “ por la siguiente: “37 de la Ley General de Educación.”.
4) Modifícase el artículo 11 de la siguiente forma:
a) Elimínase, en el inciso primero, la siguiente frase: “de 4º y 8º básico, según corresponda,”.
b) Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “21 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.962, el Ministerio de Educación” por la siguiente: “37 de la Ley General de Educación, la Agencia de la Calidad de la Educación ”.
c) Reemplázase, en el inciso tercero, la frase “deberá proponer a los municipios rurales y a los establecimientos educacionales municipales rurales,” por la siguiente: “a solicitud de los municipios rurales podrá proponer”.
5) Modifícase el artículo 14 de la siguiente forma:
a) Reemplázase el cuadro de Valor Subvención en USE, por el siguiente:
Valor Subvención en USE:
Desde 1° nivel de transición hasta 4° año de la educación básica 5° y 6° año básico 7° y 8° año básico
A: Establecimientos educacionales autónomos 1,60 1,06 0,54
B: Establecimientos educacionales emergentes 0,80 0,53 0,27
b) Agrégase el siguiente inciso segundo:
“En el caso de los alumnos identificados como prioritarios en virtud de los criterios establecidos en las letras a) o b) del artículo 2° y que, además, pertenezcan a familias caracterizadas dentro del 20% más vulnerable del país, según el instrumento de caracterización socioeconómica vigente, el valor unitario mensual por alumno, expresado en unidades de subvención educacional (USE), según la categoría del establecimiento educacional, será el siguiente:
Valor Subvención en USE:
Desde 1° nivel de transición hasta 4° año de la educación básica 5° y 6° año básico 7° y 8° año básico
C: Establecimientos educacionales autónomos 1,79 1,19 0,60
D: Establecimientos educacionales emergentes 0,895 0,595 0,30
6) Modifícase el artículo 18 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “aplicados al 4º y 8º año de educación general básica, según corresponda, durante el periodo a que se refiere el artículo 21 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio de Educación. “ por la siguiente: “a que se refiere el artículo 37 de la Ley General de Educación.”.
b) Agrégase un inciso segundo, nuevo, pasando el segundo a ser tercero, y así sucesivamente:
“Sin perjuicio de lo anterior, la rendición de cuentas establecida en el artículo 7º letra a) no será obligación en el caso de los establecimientos clasificados como “autónomos”.”.
7) Modifícase el artículo 20 de la siguiente forma:
a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “refiere la letra B” por “refieren las letras B y D”.
b) Agrégase, en el inciso segundo, entre las frases “para contratar” y “servicios de apoyo”, la frase “, entre otros,”.
c) Reemplázase, en el inciso tercero, la expresión “la letra B” por “las letras B y D”.
d) Reemplázase, en el inciso cuarto, los siguientes guarismos:
i) “0,7 USE” por “0,80 USE”
ii) “0,465 USE” por “0,53 USE”
iii) “0,235 USE” por “0,27 USE”
e) Agrégase un nuevo inciso quinto, pasando el quinto a ser sexto, y así sucesivamente:
“Tratándose de los alumnos a que se refiere el inciso segundo del artículo 14 este aporte adicional será de 0,895 USE por los alumnos que cursen desde el primer y segundo año de transición de la educación parvularia y hasta el 4º año de la educación general básica; de 0,595 USE en el caso de los alumnos que cursen 5º y 6º año de la educación general básica y de 0,30 USE por los alumnos que cursen 7º y 8º año de la educación general básica.”.
8) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 23, la frase “por el Ministerio de Educación para los efectos del artículo 21 del decreto con fuerza de ley Nº1, de 2006, “ por la siguiente: “en conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley General de Educación,”.
9) Reemplázase el artículo 25, por el siguiente:
“Artículo 25.- Las escuelas que sean clasificadas “en recuperación”, en relación con lo establecido en el artículo 23, y que apelen de ello, deberán enviar a la Secretaría Regional Ministerial de Educación correspondiente los antecedentes que a su juicio permitan revisar dicha clasificación, para que sean remitidos al Subsecretario de Educación , quien resolverá la apelación en los plazos establecidos en el artículo 22.”.
10) Modifícase el artículo 26 de la siguiente forma:
a) Reemplázase el numeral 2 del inciso primero, por el siguiente:
“2) Elaborar y cumplir el Plan de Mejoramiento Educativo para establecimientos educacionales “en recuperación”. Éste deberá ser aprobado por el Ministerio de Educación y podrá ser elaborado con apoyo de una persona o entidad externa con capacidad técnica sobre la materia, de aquellas incorporadas en el registro a que se refiere el artículo 30, elegida por el sostenedor.
El Plan de Mejoramiento Educativo para establecimientos educacionales “en recuperación” abarcará tanto el área administrativa y de gestión del establecimiento como el proceso de aprendizaje y sus prácticas; y deberá estar elaborado antes del inicio del año escolar siguiente al de la dictación de la resolución a que se refiere el artículo 23.”.
b) Reemplázase, en el inciso segundo del numeral 3, la frase “el Informe de Evaluación de la Calidad Educativa” por la siguiente: “el Plan de Mejoramiento Educativo para establecimientos educacionales “en recuperación”.”.
c) Agrégase, en el numeral 3 del inciso primero, la siguiente letra d):
“d) Declarar vacante el cargo de director debiéndose llamar a un nuevo concurso para proveerlo.”.
d) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:
“Los recursos entregados en virtud de esta ley podrán ser utilizados para financiar las reestructuraciones a las que se refiere este artículo.”.
11) Modifícase el artículo 27 de la siguiente forma:
a) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “aplicara la subvención establecida en la letra A del artículo 14,” por la siguiente: “aplicaran las subvenciones establecidas en las letras A o C del artículo 14, según corresponda,”.
b) Elimínase, en el inciso tercero, la siguiente oración: “La rendición de estos recursos deberá ser visada por la persona o entidad externa.”.
12) Modifícase el inciso segundo del artículo 28 de la siguiente forma:
a) Agrégase, después de la expresión “centro educativo”, reemplazando el punto seguido (.) por una coma (,) la siguiente frase: “y facilidades de transporte para su acceso, lo que se regulará vía decreto suscrito por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda.”.
b) Reemplázase la oración final que comienza con “Esta comunicación…”, por la siguiente: “Esta comunicación la efectuará el Ministerio de Educación por carta certificada a cada uno de los apoderados y familias del establecimiento. Dicha comunicación podrá efectuarse por cualquier otro medio que el Ministerio de Educación determine, siempre que se cumpla con el objeto de informar directamente a cada uno de los apoderados y familias del establecimiento.”.
13) Elimínase la letra h) del inciso segundo del artículo 29.
14) Modifícase el artículo 30 de la siguiente forma:
a) Agrégase, al final del inciso primero, reemplazando el punto final (.) por una coma (,), la siguiente frase: “todo lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8º.”.
b) Reemplázase, en el inciso sexto, la expresión “honorarios” por “costos”.
15) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 32, la frase a continuación de la expresión “antes referido,” por la siguiente: “de cada uno de los establecimientos bajo su administración que estén clasificados como “emergentes” o “en recuperación”.”.
16) Reemplázase, en el inciso primero del artículo primero transitorio, la frase “21 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio de Educación,” por la siguiente: “37 de la Ley General de Educación,”.
17) Reemplázase, en el inciso primero del artículo segundo transitorio, la frase “21 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio de Educación,” por la siguiente: “37 de la Ley General de Educación,”.
18) Reemplázase el artículo undécimo transitorio por el siguiente:
“Artículo undécimo.- La atribución del Ministerio de Educación para suscribir los convenios de la presente ley podrá ejercerse hasta que entre en operación el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación.”.
“ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo primero.- Los convenios de igualdad de oportunidades y excelencia educativa celebrados entre los sostenedores y el Ministerio de Educación, que a la fecha de publicación de esta ley estuvieren vigentes, deberán adecuarse a las disposiciones de esta ley antes del inicio del año escolar 2012.
Artículo segundo.- El mayor gasto fiscal que irrogue esta ley durante el año 2010, se financiará con los recursos contemplados en el presupuesto del Ministerio de Educación.
Artículo tercero.- Los aumentos en el monto de los recursos entregados en virtud de la ley N° 20.248, establecidos en esta ley, regirán a contar del día primero del mes siguiente a la fecha de publicación de la misma.”.
-o-
Sala de la Comisión, a 8 de octubre de 2010.
Tratado y acordado en sesiones de fechas 14 y 28, y 5 de octubre de 2010, con la asistencia de los miembros titulares de la Comisión, diputadas señoras María José Hoffmann Opazo y María Antonieta Saa Díaz ; y diputados señores Sergio Aguiló Melo , Sergio Bobadilla Muñoz ( Presidente ), Rodrigo González Torres , Romilio Gutiérrez Pino , Gustavo Hasbún Selume, José Antonio Kast Rist , Manuel Monsalve Benavides , Gaspar Rivas Sánchez , Gabriel Silber Romo , Mario Venegas Cárdenas y Germán Verdugo Soto ; y la concurrencia, en calidad de reemplazantes, de las diputadas señoras Cristina Girardo Lavín y Clemira Pacheco Rivas , y del diputado señor Luis Lemus Aracena .
(Fdo.): ANDRÉS LASO CRICHTON, Secretario de la Comisión .”
15. Informe de la Delegación del Congreso Nacional que concurrió a la 123ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas, efectuada entre el 3 y el 6 de octubre de 2010, en Ginebra, Suiza.
?Honorable Senado
Honorable Cámara de Diputados
Vuestra delegación de parlamentarios que concurrió a la 123ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, efectuada en Ginebra, entre el 3 y el 6 de octubre, pasa a informar sobre su cometido.
La delegación estuvo integrada por los senadores señores Juan Antonio Coloma, Juan Pablo Letelier y por los diputados señora María Antonieta Saa y señores Pedro Araya , Giovanni Calderón , Carlos Abel Jarpa y Roberto León , Presidente de la delegación.
I. 258ª SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO.
De conformidad con el acuerdo adoptado por los parlamentarios que participaron en la 117 Asamblea, efectuada en octubre del 2007, en Ginebra mediante el cual el senador señor Coloma se comprometió a compartir su período como representante ante el Comité Ejecutivo, asumió la diputada señora María Antonieta Saa , en su reemplazo, lo que fue ratificado por el Grulac.
Los principales aspectos analizados fueron:
Informe de las actividades desarrolladas por el Presidente de la UIP, del Secretario General sobre actividades llevadas a cabo desde la última reunión, cuestiones relativas a afiliación, reafiliación, status de observador, morosidad de algunos miembros, situación financiera de la organización, cooperación con Naciones Unidas, reformas a los estatutos, resultados de la Tercera Conferencia de Presidentes, y de otras reuniones especializadas, calendario de las próximas reuniones y Asambleas y elección de miembros para el Comité Ejecutivo (África y Europa).
II. 187ª SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO.
Los principales temas debatidos dijeron relación con el análisis del proyecto de programa y presupuesto para el año 2011, los resultados de la Tercera Conferencia de Presidentes de Parlamentos y sobre recientes reuniones especializadas de la UIP.
Asimismo, se discutió acerca del proyecto de reformas, su consolidación y sobre la cooperación con el sistema de Naciones Unidas.
III. AGENDA DE LA 123ª ASAMBLEA.
Se examinaron las solicitudes de inscripción para los puntos de urgencia, en los términos siguientes:
1) “La importancia de la cooperación interparlamentaria internacional en casos de catástrofes naturales, en particular para el auxilio a Pakistán, víctima de inundaciones”, presentado por la Federación de los Emiratos Árabes Unidos.
2) “La necesidad urgente de una acción inmediata por parte de la UIP y de sus Parlamentos Miembros de intensificar los esfuerzos de socorro de Pakistán, víctima de inundaciones”, presentado por la República Islámica de Irán.
3) Relativo a la crisis institucional de Ecuador.
Los dos primeros fueron refundidos, cuyo texto final fue adoptado por unanimidad mientras que el tercero se tradujo en una declaración.
Por nuestro país, participó el senador señor Juan Pablo Letelier , quien formuló una serie de consideraciones y señaló que este tipo de calamidades climáticas, como la de Pakistán, no son casuales, pues se vienen repitiendo cada vez con más frecuencia en el mundo.
Expresó que la tarea de hoy es respaldar humanitariamente a Pakistán, pues la emergencia es dramática: 2.5 millones de personas sin hogar, y el 10% de la superficie del país inundado.
Precisó que muchas catástrofes naturales como las inundaciones son evitables si se enfrenta el fenómeno del cambio climático. La Cumbre de Cancún será una ocasión privilegiada para adoptar acuerdos en tal sentido.
Impulsó la creación de un Fondo Mundial destinado a enfrentar las situaciones de emergencia inmediatamente de ocurrido un desastre natural.
De esta manera señaló que tras una catástrofe de la naturaleza, deben abordarse dos aspectos, cuales son la emergencia y la reconstrucción, por lo que el Fondo propuesto debería estar destinado a abordar las urgencias de las primeras horas, como atención de salud y alimentación básica.
Señaló que era un imperativo humanitario de la comunidad internacional, por lo que los países más desarrollados deberían jugar un rol protagónico en lograr las fuentes de financiamiento adecuadas para impulsar tal idea.
Asimismo, preciso que existían catástrofes naturales que pueden evitarse en el largo plazo, a través del cumplimiento de normas ambientales estrictas que aborden el fenómeno del cambio climático y del efecto invernadero. De aquí la importancia de que los parlamentos adopten una decisión categórica durante la próxima Cumbre Mundial sobre Cambio Climático a efectuarse en México, adoptando un compromiso efectivo y concreto en materia ambiental.
Finalmente instó a sus pares a suscribir el compromiso de Naciones Unidas de contribuir solidariamente a la normalización de la vida económica y social de Pakistán.
IV. COMISIONES PERMANENTES.
Las Comisiones Permanentes llevaron a cabo su trabajo mediante la ejecución de paneles sobre las distintas materias que habían sido acordadas, de manera de interiorizarse de los temas que se analizarán durante la 124° Asamblea a desarrollarse en Panamá, del 15 al 20 de abril de 2011.
La Primera Comisión Permanente de la Paz y de la Seguridad Internacional, se abocó al estudio del tema “Prevenir la violencia electoral y asegurar una transición política sin problemas”.
Los co-relatores presentaron dos informes.
El primero de ellos, presentado por el señor Jesudasu Seelem , de India, señala en primer término que las elecciones son una condición si ne qua non de la democracia y que el proceso electoral es un buen medio de transición política, que evita la violencia y los métodos arbitrarios. para socavar, retardar o influenciar el proceso electoral e incluso para manipular los resultados.
También existe la violencia postelectoral, la cual obedece a otro tipo de problemas políticos y sociales más profundos. Las desigualdades socioeconómicas, las gobernanzas débiles juegan un rol importante, especialmente en países que salen de un conflicto.
Asimismo, la insuficiencia de disposiciones sobre la repartición del poder o de estructuras estatales fuertes tienen gran incidencia en sociedades heterogéneas y desiguales.
En las propuestas para eliminar la violencia electoral, enumera la necesidad de que las elecciones sean libres y regulares, en los términos que establece la ONU.
En este sentido, ONU ha desarrollado un sistema de asistencia estratégica a los Estados durante las distintas etapas que implica un proceso electoral. Ahora bien en relación a la administración del proceso electoral, se subraya la necesidad de que los procesos electorales sean administrados de manera independiente e imparcial y también de contar con una comisión electoral permanente.
Otro factor importante son los observadores electorales, pues a través de ellos se garantiza la legitimidad, se evita el fraude y la corrupción, y también se favorece la confianza del público.
Lo anterior ha sido plenamente respaldado por ONU y por las ONGS.
Finalmente, el co-relator destaca la necesidad de contar con un marco regulatorio riguroso, lo que grafica con los ejemplos sobre elecciones en India y enumera una serie de medidas que permiten eliminar o disminuir este tipo de violencia, como se enumera a continuación:
La legislación sobre esta materia, debe obligar a los partidos políticos y a los candidatos a hacer campañas conforme la normativa.
Que las instancias electorales y administrativas se comporten en forma neutral, garantizando el respeto a los procedimientos previstos y el escrutinio profesional de los sufragios.
Definir las atribuciones tanto de los partidos, como de las organizaciones de la sociedad civil, misiones internacionales de control y de observación, y los órganos de seguridad del Estado en materia de prevención y gestión de violencia electoral.
Prever un mecanismo independiente, equitativo, rápido y accesible para solucionar las disputas que surjan durante el proceso electoral o después de la publicación de los resultados.
Reforzar el rol de la oposición, permitiendo o posibilitando un diálogo constructivo, como también la difusión de la información entre las distintas partes interesadas y reforzando la confianza del público.
Por su parte el señor Madzimure, de Zimbabue, parte expresando que donde la democracia es plenamente practicada, las elecciones producen un gobierno legítimo y por tanto un gobierno constituido de esa manera presenta una transición y una entrada en funciones sin problemas.
Asimismo, recalca que las elecciones pueden desencadenar violencia en aquellos países donde los candidatos no respetan la normativa o no aceptan los resultados como expresión legitima de la voluntad popular. También destaca el rol de los observadores.
Desde otro punto de vista, precisa que las elecciones no son la única causa de violencia pre o post electoral, sino que también influyen otros factores como son las manifestaciones reivindicativas, como pudieran ser la contestación política, la mala repartición de los recursos, la ausencia de justicia social, rivalidades étnicas y marginalidad, diferencias religiosas u otras.
También, al establecer el contexto, se refiere a las elecciones anticipadas y sus efectos.
Se refiere a los procesos eleccionarios desarrollados en Kenia y Zimbabue, países que son gobernados por la coalición, tras vivir procesos eleccionarios donde no hubo vencedores absolutos y como una manera de detener la violencia post electoral.
Entre los principales obstáculos menciona la ausencia de leyes electorales, de sistemas de administración de las elecciones y de transparencia, así como la falta de mecanismos de transición.
Desde otro punto de vista, hace una enumeración de las principales causas que originan la violencia electoral y menciona las siguientes:
-La voluntad de los partidos oficialistas, discutida por los partidos de la oposición, de aferrarse al poder;
-Las manifestaciones de calle violentas, los incendios voluntarios y la destrucción de los bienes por la oposición (generalmente para oponerse a la violencia del Estado);
-El boicot de las elecciones por la oposición para protestar contra la desigualdad de oportunidades en la competencia electoral;
-Las profundas divisiones étnicas y religiosas, en particular en los países en desarrollo;
-La politización de las identidades comunitarias, étnicas, tribales y religiosas;
-El costo de la pérdida de una elección, o la política vista como un juego a suma cero;
-La militarización de la sociedad por los partidos en el poder y/o los partidos que ejercen una influencia sobre los órganos de seguridad;
-El recurrir a una juventud movilizada y militarizada como medio de preservar la dominación política;
-La realización de elecciones en condiciones de inestabilidad y fragilidad política, en particular en los países que salen de un conflicto;
-La corrupción como instrumento para ganar las elecciones.
En todo el mundo, la competencia electoral es cada vez más viva y los resultados de las elecciones son cada vez más discutidos. Frecuentemente, estas no permiten designar claramente un vencedor. Esto se puede explicar por la profundización de la democracia. De la misma manera, la violencia es cada vez más utilizada en ciertas regiones, en particular en África, como medio para conservar o conquistar el poder político.
Por tanto, es vital que se ponga énfasis en las condiciones para una elección libre y regular y exigir que el marco legislativo que regula las elecciones sea reforzado. Es necesario implementar las estructuras para estabilizar la competencia política y contener los defensores de la etnicidad, de las diferencias religiosas y del regionalismo, y reforzar la transparencia, la imparcialidad y la previsibilidad de la gobernanza y de la administración electoral.
Ciertos gobiernos se resguardan detrás de la soberanía para desviar la atención durante las elecciones. Los observadores electorales son seleccionados cuidadosamente de países amigos y ellos no están autorizados a supervisar libremente el proceso electoral.
Marco legislativo.
Los sistemas electorales determinan la manera en que el poder es repartido entre los vencedores de las elecciones. Existen numerosos sistemas electorales en el mundo, los más comunes son el escrutinio mayoritario, la representación proporcional y un sistema mixto basado en los dos primeros. Si bien ningún sistema puede ser considerado superior a los otros, la representación proporcional es sin ninguna duda útil cuando un país está en una situación post-conflicto. En Zimbabue, en 1980, fue utilizada para poner fin a la guerra de independencia, y en Sudáfrica e Irlanda del Norte, el sistema proporcional es uno de los elementos claves para poner fin a la violencia política.
El sistema mixto puede ser utilizado eficazmente para determinar la repartición del poder político. Las fuerzas políticas y las comunidades étnicas, tribales y religiosas son efectivamente representadas a través de las elecciones por circunscripción y por distrito, y la parte de las minorías sin representación de las comunidades es determinada por el porcentaje de votos obtenidos por cada partido en las elecciones. El Presidente , a título individual, es electo por la totalidad del país
Manipulación electoral real o percibida como tal.
Donde las elecciones son percibidas como manipuladas, sus resultados son con frecuencia discutidos. Los candidatos se sienten engañados. excluidos injustamente del poder. Las acusaciones de fraude electoral también pueden ser hechas deliberadamente por los perdedores para atraer apoyo y/o suscitar violencia. Sin embargo, la cuestión permanece: ¿cómo los países deben hacer frente a la percepción? ¿cómo un partido político, un candidato o los partidarios de un partido politico pueden invocar el fraude electoral cuando no hubo?
Las razones que dan lugar a las disputas y violencia electorales son las siguientes:
-Apuestas altas: en ciertos países, conquistar un mandato público asegura una subsistencia, no solamente a un individuo sino a todo un clan, facción o grupo étnico. Esta es también una garantía de protección contra las acusaciones de corrupción y otros delitos;
-Resultados estrechos e idea de que la política es un juego a suma cero, cuando los márgenes de victoria entre candidatos son muy estrechos, las acusaciones de fraude suscitan frustraciones, manifestaciones violentas y violencia. Esto también ocurre cuando un partido político estima que existe poco o ningún beneficio en ocupar la banca de la oposición o cuando los partidos políticos y los grupos sociales temen perder las elecciones y se sienten excluidos de la vida política del país.
El proceso electoral como un medio de reducir el riesgo de violencia electoral.
Un proceso electoral creíble y eficaz puede reducir el riesgo de disputas de los resultados electorales. Sin embargo, las reivindicaciones muy profundamente arraigadas todavía pueden avivar las tensiones políticas subyacentes. Por tanto, un proceso creíble no puede por sí solo aportar todas las respuestas. Los siguientes elementos permiten también reducir los riesgos de violencia postelectoral:
-Proceso fuertemente consultivo con miras a establecer una instancia de administración de las elecciones que brinde confianza en la igualdad, la imparcialidad y la competencia de la gestión de las elecciones. Dicha instancia, y su independencia, pueden estar garantizadas en la Constitución. Solo recientemente, este proceso fracasó en Afganistán, pero fue exitoso en Liberia (2005), Sierra Leona (2007) y Ghana (2008);
-Enfoque consultivo de las partes interesadas a fin de que todos los participantes en las elecciones se adhieran al proceso, y finalmente, sean conjuntamente responsables. Las partes interesadas deben estar implicadas en la elaboración y adopción de la legislación electoral. Se cita a este propósito las elecciones en Bangladesh y en Maldivas en 2008, donde el proceso fue muy consultivo y transparente;
-Condiciones de igualdad: todos los participantes en un proceso electoral deben tener el sentimiento de que el marco jurídico pone a todo el mundo en pie de igualdad, preserva los derechos humanos, las libertades, garantiza la inclusión y la igualdad. Es necesario evitar la intervención de las autoridades, ya que esta engendra recelo. La inscripción de los candidatos y de los partidos debe ser abierta. Las campañas deben ser abiertas y el acceso a los medios idéntico para todos los participantes. Las fuerzas de seguridad deben comportarse de manera profesional;
-Ejercicio del derecho de voto: las listas electorales pueden no son perfectas pero se deben hacer todos los esfuerzos por asegurar que el público tenga confianza en su exactitud. Las condiciones de inscripción de los votantes debe ser simple, a fin de evitar toda sospecha de discriminación y de exclusión;
-Transparencia en todas las etapas del proceso electoral: la confianza del público pude ser suscitada por la publicación rápida por las instancias electorales de las decisiones, y por el anuncio y el despliegue rápido de los resultados, los cuales deberían ser revelados al nivel más bajo posible, por ejemplo a nivel de las estaciones de votación. El voto debe ser siempre secreto;
-Mecanismo equitativo, creíble y accesible de solución de diferendos: después que todo haya sido dicho y hecho, el público y todas las partes interesadas tienen derecho a recursos efectivos cuando sus derechos políticos son violados o negados.
Este mecanismo, si es permitido y aplicado de manera juiciosa y transparente, puede atenuar el riesgo de recurrir a la violencia como medio de solución de diferendos.
Observación y seguimiento de las elecciones.
La prevención de la violencia electoral pasa por un enfoque global de perfeccionamiento del marco legislativo que rige las elecciones. La presencia de misiones de observadores internacionales y regionales en un país antes, durante y después de las elecciones, reduce el riesgo de un estallido de violencia. La decisión de enviar estos equipos es necesaria en situaciones de postguerra y post-violencia. La comunidad internacional, por intermedio de los órganos de seguridad de las Naciones Unidas, deben determinar las situaciones que requieren misiones de observación. La UIP, por su parte, podría analizar las elecciones en el seno de sus Miembros.
Las instancias regionales pueden aportar una contribución útil, asegurando que sean implementadas las directrices sobre la realización de elecciones libres y regulares. La Unión Africana tiene una Carta sobre la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza, mientras que la Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC) tiene los Principios y Directrices que rigen las elecciones democráticas. Estos textos sirven de base a las misiones de observación de las elecciones en los Estados Miembros. Los países desearían generalmente organizar elecciones creíbles. Sin embargo, estos no tienen los medios técnicos requeridos para manejar el proceso. De ahí la necesidad de observar las elecciones.
Los observadores electorales son los responsables públicos y cuya presencia ha sido aceptada por un país que realiza las elecciones, los resultados de estas elecciones han sido creíbles. La observación de las elecciones no debe ser facultativa, a selección del gobierno en el poder. Todas las partes interesadas en una elección deben ser consultadas en el proceso de invitación y acreditación de los observadores.
Mecanismos de transición.
La claridad de las disposiciones de la Constitución que prevén la transición pacífica del antiguo gobierno al nuevo depende del nivel democrático del Estado concernido. Una Constitución sólida debe precisar cuando finaliza el mandato del Presidente y del Parlamento y en qué fecha se realizarán las próximas elecciones. Esta debe indicar claramente bajo qué condiciones el Parlamento puede ser disuelto y en qué circunstancias el Jefe de Estado o de Gobierno debe ser destituido.
Para evitar toda duda, el período entre el anuncio de los resultados de las elecciones y la toma de funciones de los nuevos dirigentes y del nuevo gobierno debe ser previsto en la Constitución. El proceso debe prever la reconciliación para que la paz sea duradera.
En conclusión, es importante tomar todas las medidas necesarias para que los sistemas electorales sean perfectos. Si no existe voluntad política, estas medidas no podrán dar ningún fruto.
Participó el diputado señor León , en cuya intervención agradeció, en primer término a los expositores y señaló estar de acuerdo con los planteamientos formulados en los informes, pues iban en la dirección correcta, pero que era menester incorporar dos puntos que resultaban de vital importancia, para lo cual según sus palabras, era necesario pasar de la reflexión a la acción.
El primer aspecto, es que la UIP tiene que manifestar claramente que en democracia, las discrepancias deben solucionarse mediante el diálogo, y de no haber acuerdo, a través de la decisión de la ciudadanía, en las urnas.
En segundo lugar, recalcó la necesidad de fortalecer la normativa para combatir la violencia y no solamente en el tema de las elecciones, sino también hacerlo extensivo a los actos de violencia de que son objeto los parlamentarios, y en tal sentido propuso que la UIP tomara la decisión de recomendar a los países miembros que no den refugio a los asesinos de parlamentarios para evitar que se repita la experiencia chilena, recordando al efecto el asesinato del senador Jaime Guzmán , ocurrido el año 1991. Hizo, asimismo, una breve reseña de la carrera política del fallecido senador y señaló que pese a no compartir sus ideales, lamentaba al igual que los parlamentarios chilenos de todos los sectores, su asesinato, en democracia y estando vigente el estado de derecho.
Lamentó, asimismo, que pese a haberse encontrado a los asesinos, tras largos años de búsqueda, el gobierno argentino, por sobre la opinión de su Corte suprema, se haya negado a otorgar el pedido de extradición formulado por nuestro país, a fin de que fuera juzgado por tribunales chilenos.
Ampararse en la figura de refugiado, resulta un abuso de la legislación internacional y crea un precedente nefasto y peligroso por cuanto la repetición de crímenes en la persona de los parlamentarios, sus autores perfectamente podrían buscar refugio en Argentina, teniendo presente que aunque la Corte Suprema de dicho país acogió la extradición, una decisión política de dicho gobierno la deja sin efecto, favoreciendo de esta manera la impunidad y es por ello, que la UIP al tenor de este ejemplo, debería sugerir a los países que adopten normativas que impidan la repetición de estos hechos.
Asimismo, agradeció al Grulac, que haya decidido elevar los respectivos antecedentes a la Comisión de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la UIP, entidad que analizará estos hechos a raíz de la presentación formulada verbalmente por la delegación chilena al ser recibidos por los miembros de dicha instancia.
Por último, propuso que la UIP recomendara a sus países miembros impedir la impunidad en el crimen de sus parlamentarios.
La Segunda Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, Financiación y Comercio, a su vez, analizó la “Gestión de los recursos naturales, de la producción agrícola y del cambio demográfico”.
Los co-relatores señor Abdelkader Cherrar ( Argelia ) y señora Kathleen G. Ferrier (Países Bajos), hacen una introducción donde enumeran los siguientes aspectos:
1. Una distribución más justa de la riqueza, así como también la reducción del hambre y de la pobreza, son uno de los principales desafíos a ser abordados por la comunidad internacional. Desde esta perspectiva, la definición del término “desarrollo sustentable”, formulado en 1987 por la Comisión Mundial de la ONU sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo es más apropiada que nunca: “desarrollo que responde a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de responder a sus propias necesidades”.
2. Uno de estos principales desafíos es cómo alimentar a la humanidad para 2050 con una población mundial proyectada de 9 mil millones de personas.
3. Habrá que asegurar de manera adecuada las necesidades alimenticias y el agua de toda la humanidad, y las condiciones de vida sustentables tendrán que ser aseguradas para las generaciones presentes y futuras, lo que presupone la utilización responsable de los recursos naturales y el desarrollo de áreas rurales.
4. El cambio climático, la crisis alimentaria, la energía y la falta de agua y la crisis financiera imponen una mayor responsabilidad sobre la comunidad internacional, especialmente para asegurar a las generaciones futuras una chance justa de abordar la multitud de desafíos.
5. La UIP señala que esto debe ser abordado con un enfoque integrado y sostenible que incorpore tres áreas de políticas: la gestión de los recursos naturales; la producción agrícola; y los cambios demográficos.
6. Hoy día, el desafío clave para los gobiernos, los parlamentos y los parlamentarios es formular e implementar una política coherente que se centre en la sustentabilidad. El crecimiento de la población mundial implica un crecimiento de la producción alimenticia. La escasez creciente del agua y de la energía traba la producción de alimentos y ocasiona, entre otras cosas, los flujos migratorios. Sin embargo, el crecimiento necesario de la producción alimenticia se expresa por una demanda y una presión cada vez más grande sobre las tierras arables, a expensas de la naturaleza y del espacio disponible para el hombre y la biodiversidad.
Gestión de los recursos naturales.
7. En razón del modo de vida y de los modelos de consumo de gran parte de la población mundial, la tierra ha alcanzado el límite de su capacidad. Estamos haciendo frente a crisis mundiales: el clima, los alimentos, el agua y la crisis energética. La gestión de los recursos naturales mundiales (suelo, tierra, bosques, agua, energía y aire) deben ser más sustentables, centrándose en la conservación y renovación en lugar de la reducción y los gastos. En consecuencia, debemos cambiar nuestros métodos de producción actual y nuestros modelos de consumo. El 70% del aporte de agua es utilizado en el mundo entero en la agricultura, mientras que las reclamaciones de competencia sobre el agua para otros objetivos están aumentando.
8. En muchos lugares del mundo, la desertificación es producto de las prolongadas sequías y mala utilización de las tierras. La gestión integrada de la tierra y del agua podría detener este proceso y contribuir ampliamente a una producción agrícola más sustentable.
9. ¿Qué estrategia adoptar para asegurar el desarrollo sustentable, conciliando los imperativos del rendimiento, la gestión de los recursos naturales, particularmente el agua, los bosques, la fertilidad de la tierra y asegurando su perennidad con un crecimiento demográfico acompañado de una urbanización exponencial en todas las latitudes?
10. Aunque se registra un éxito, la crisis financiera y energética ha incrementado los efectos de la crisis alimentaria en numerosos países que, además de los déficits estructurales o coyunturales de la producción agrícola, han visto disminuir el nivel de sus exportaciones de manera drástica, privando a los países de los medios de financiamiento de sus exportaciones de productos alimenticios.
11. Después de una disminución constante de la pobreza, el hambre aumentó bruscamente en 2009, según la ONU. Aunque la proporción de la población que sufre de hambre bajó de 20% entre 1990 y 1992 a 16% entre 2005 y 2007, el progreso ha disminuido hasta el grado que, en términos absolutos, según las evaluaciones de la FAO, 830 millones de personas sufren de hambre.
12. En África subsahariana, el número de personas subalimentadas alcanzó los 265 millones en 2009 contra 212 millones entre 2004 y 2006, con más de 1.000 millones de personas que viven en la pobreza y, paradójicamente, la gran mayoría de estas poblaciones viven en áreas rurales.
13. Las evaluaciones de la FAO concerniente a los países que enfrentan la crisis alimentaria, muestran que 33 países son afectados por la crisis, 21 de los cuales se encuentran en África.
14. El índice de los precios de los productos alimenticios según la FAO ha aumentado 7% en 2006 y 26% en 2007. El aumento fue aún mayor en 2008 y a pesar de que los precios de los alimentos bajaron progresivamente, no obstante, estos permanecieron por encima de los valores de las curvas históricas a largo plazo.
15. La crisis alimentaria de 2007 - 2008 reveló la vulnerabilidad de la comunidad internacional frente a la seguridad alimentaria.
16. En Asia, la revolución verde está comenzando a alcanzar su límite debido a la explotación intensiva, el agotamiento de los suelos, la baja de fertilidad de los suelos, compensado por el uso cada vez más masivo de fertilizantes químicos, incluyendo nitratos y los compuestos fosfatados que se encuentran en los cursos de agua y la capa freática.
17. En África, la prevalencia de la inseguridad alimentaria se debe, en primer lugar, a la ausencia o falta de estrategias de desarrollo del sector agrícola. Las políticas de austeridad impuestas a los países africanos explican la escasez de recursos públicos asignados al sector agrícola y al desarrollo rural. Además, los métodos tradicionales y la incapacidad de modernización de las técnicas agrícolas sitúan a los productores locales en una posición de competencia muy desfavorable en relación a los productos importados.
18. Además, la tierra arable está aumentando en detrimento de las áreas forestadas y de los ecosistemas frágiles, en particular en los países del Sahel a través de las técnicas de chamicera.
19. Otras regiones del mundo, corno Latinoamérica y el Sudeste Asiático, también han incrementado la producción agrícola, expandiendo las superficies agrícolas, lo que ha provocado una deforestación masiva.
20. Naciones Unidas indica que el mundo pierde 13 millones de hectáreas de bosques cada año, durante la última década, tornando así al medio ambiente más vulnerable, sin contar los 60.000 km2 perdidos cada año por la desertificación.
21. La producción de soja hace retroceder los bosques.
22. Esta deforestación contribuye al 20% de las emisiones de gas con efecto invernadero e influye en el espiral de alteraciones climáticas.
23. El agotamiento de nuestros recursos naturales en razón de la utilización a veces ilegal de la tala de árboles, del derroche, de la utilización ineficaz e ilimitada de las materias primas energéticas, así como la contaminación del aire por la industria y el tráfico que afecta cada vez más nuestro medio ambiente. La utilización selectiva y sustentable de nuestros recursos naturales, particularmente los combustibles fósiles, la prioridad para el desarrollo de la energía renovable del agua y del viento, el reciclaje, la lucha contra el derroche en la cadena de producción y la acción para evitar la producción de desechos, harán que nuestros métodos de producción, incluyendo nuestros modos de explotación, sean más sustentables. Esta es la razón de la importancia de la construcción y difusión de los conocimientos, la tecnología y la innovación en el área de la producción alimentaria sustentable y la gestión de los recursos naturales para la conservación de la biodiversidad deba ser resaltada constantemente. El intercambio de conocimientos en esta área debe ser prioritaria entre los países y en los diversos órganos que facilitan la cooperación entre los paises. Es deber de los parlamentarios abordar el tema de manera regular con sus gobiernos.
Producción alimentaria.
24. Los parlamentarios de todo el mundo deben estar conscientes del hecho de que, en 2050, la población mundial habrá alcanzado los 9 mil millones de personas. A fin de poder satisfacer las necesidades de alimentación de la futura población mundial, la producción alimentaria debería aumentar a 70% a escala mundial, según los cálculos de la FAO. La producción agrícola será un factor económico global muy significativo en las próximas décadas. Sin embargo, los alimentos son producidos en circunstancias y condiciones muy diferentes. Existen muchas variaciones climáticas en el mundo y las tierras arables no son siempre fértiles en todas partes. En Europa, por ejemplo, las tierras arables son dos veces más fértiles que en África. En el continente africano, el agua y otros recursos no están siempre disponibles. En continentes como África y América Latina , también existen diferencias regionales. La producción agrícola sustentable contribuirá en gran parte a tratar el impacto del cambio climático. Esto es porque los métodos sustentables de producción agrícola deberían ser más desarrollados y difundidos.
25. Existe también una relación directa entre la producción alimentaria y la pobreza. La pobreza se produce en las zonas rurales, donde un número cada vez mayor de pequeños y grandes agricultores tienen dificultades para ganarse la vida. La estimulación y la promoción de la pequeña agricultura en estas zonas tienen un doble objetivo: reducir la pobreza y desarrollar la producción alimentaria.
26. Si este desarrollo progresa utilizando los medios y los métodos sustentables, habrá también un tercer objetivo: a saber, dejando la tierra lo más intacta posible como un “lugar de reproducción” para el hombre y el animal, en beneficio de la calidad de vida de las generaciones futuras. Sin embargo, no es suficiente concentrarse solamente en la pequeña agricultura. La agricultura sustentable a gran escala debe ser también promovida. Combatir el hambre exige un crecimiento de la producción alimentaria y un sistema de distribución más sustentable de los productos agrícolas. Esto exige una mejor infraestructura.
27. El reparto de más y más tierras para la producción de biocombustibles se suma al desequilibrio creciente entre la oferta y la demanda de productos alimentarios.
28. La FAO indica que las grandes plantaciones destinadas a la producción de biocombustibles, como el bioetanol y el biodiesel, requieren de una utilización intensiva de recursos y de contribuciones, cuyo acceso es generalmente limitado para los pequeños agricultores.
29. La demanda creciente a nivel mundial de los biocombustibles, asociada a la necesidad creciente de tierras, podría poner bajo presión las tierras marginales que aseguran las funciones de subsistencia fundamentales para los pobres de las áreas rurales.
30. La conversión de estas tierras en plantaciones para la producción de biocombustibles implica necesariamente el desplazamiento parcial o total de las actividades agrícolas hacia tierras cada vez más marginales, con las repercusiones negativas sobre su capacidad de cultivar y producir alimentos.
31. La reducción potencial o la degradación de los recursos naturales debido al hecho de las grandes plantaciones destinadas a la producción de biocombustibles podrían tener repercusiones sobre el trabajo y la salud de los agricultores.
32. La sustitución de los cultivos locales por los monocultivos energéticos amenaza ya la biodiversidad agrícola.
33. Las superficies agrícolas dedicadas a la producción de biocombustibles no necesariamente reemplazan la agricultura existente pero invaden los espacios naturales y especialmente los bosques, particularmente en los paises del hemisferio sur. En Malasia, por ejemplo, se estima que el 87% de la deforestación está ligada a la producción de aceite de palma, y los bosques desbrozados son quemados (emisión adicional de CO2 en la atmósfera).
34. El desarrollo sustentable de los sectores rurales en los países en desarrollo debería ser primordial para los gobiernos nacionales y la comunidad internacional. Un buen ejemplo de esto es la Declaración de Maputo de la Unión Africana Internacional (2003), que enuncia que los países africanos deberían destinar al menos el 10% de su PBI al desarrollo de la agricultura en un plazo de 5 años. Muchos países han elaborado planes ambiciosos pero se quedan atrás en términos de implementación y financiamiento. Solamente Malawi ha alcanzado este objetivo. Este compromiso de los gobiernos constituye la base sobre la cual los parlamentarios pueden exigir a sus gobiernos que rindan cuentas. El desarrollo sustentable en las zonas rurales debe concentrarse en la construcción de redes sociales, tales como los organismos cooperativos y los centros de conocimiento, donde la gente puede adquirir conocimiento y cualificaciones, combinar y transmitir a la próxima generación.
35. Hasta hace poco, el agua era considerada como un recurso ilimitado. Pero el sobre consumo, la contaminación industrial y agrícola, y el despilfarro, hacen cada vez más precario el acceso al agua. Las presiones demográficas y la agricultura irrigada son las principales causas de un déficit pronosticado.
36. Las necesidades crecientes de una población urbana en explosión y de una agricultura extensiva ávidas de agua, obliga a los gobiernos a concentrar sus esfuerzos para su satisfacción, multiplicando las represas sobre los cursos de agua y las bombas a gran velocidad para obtener agua de la capa freática sin tomar medidas apropiadas para asegurar un uso más racional del agua. La agricultura es la principal usuaria (70% de las extracciones), la industria (10% de las extracciones), el uso doméstico representa menos del 10% de las extracciones.
37. La calidad del agua dulce se degrada debido al hecho de la utilización intensiva de los fertilizantes, pesticidas y herbicidas.
38. Las aguas residuales no tratadas de las ciudades, esencialmente en los países pobres y en desarrollo, ponen en peligro la integridad del medio ambiente, con cada vez más repercusiones negativas sobre la salud humana y animal. Millones de toneladas de desechos son volcados en los arroyos, lagos y ríos. Actualmente, existen 12,000 km3 de agua contaminada en el mundo debido a la actividad humana solamente.
39. Ciertas regiones del mundo han experimentado desde hace algunos años una sobreabundancia de agua, llevando con frecuencia a desastres naturales y catástrofes humanas. La deforestación, la destrucción de malezas y de políticas de desarrollo regional irracional, son las principales causas de estos daños.
40. Otras regiones se encuentran constantemente en una situación hídrica difícil, particularmente los países del Medio Oriente y el Norte de África, con los países del Sahel en situación de déficit persistente.
41. Esta situación gatilla los conflictos de acceso y de uso de los recursos hídricos. Las premisas de esta guerra (civil o armada) del agua existente en el Medio Oriente sobre las aguas del Río Jordán y del Litani, como para las aguas de los ríos trasnacionales del Tigris y del Éufrates. En África, el año 2010 ha resurgido la voluntad de renegociación de la repartición de las aguas del Nilo, regido por el Acuerdo de 1959, expresado por los cinco países rivereños, llevando así nuevamente a cuestionar las partes asignadas hasta ahora a Egipto y Sudán .
Cambios demográficos
42. Las migraciones han sido un fenómeno permanente de la historia de la humanidad. Algunas personas eligen emigrar, mientras que otras son forzadas por otras personas o por circunstancias. Tradicionalmente, la guerra, los conflictos regionales, las catástrofes naturales y el hambre han llevado a las personas a establecerse en otras regiones o paises. Las personas con frecuencia emigran por razones económicas. La ampliación de la Unión Europea a todo el continente, por ejemplo, ha llevado a flujos migratorios del este al oeste. En la última mitad del siglo pasado, el crecimiento económico en el continente Europeo y Americano llevó a flujos migratorios desde países que ofrecían menos oportunidades y perspectivas. Durante el mismo período, hubo un crecimiento considerable de la población en el Cuerno de África y una disminución considerable de la población en Europa del Este.
43. El desempleo y la falta de oportunidades para participar en las redes económicas y sociales, así como un descenso en las perspectivas para el futuro, lleva a las personas a desplazarse del campo a la ciudad, incluyendo a muchos pequeños agricultores que ya no consiguen ganarse la vida en el campo. Su única opción es poner fin a sus empresas. La construcción de comunidades sustentables en el campo, donde hay suficientes tierras arables disponibles y donde el empleo puede ser desarrollado, puede contribuir a contener los grandes flujos de emigrantes económicos y sociales. La mano de obra, la motivación, el conocimiento y la experiencia puede también ser implementados para mejorar las condiciones de vida de las generaciones futuras.
44. Los grandes cambios demográficos están marcados por la baja de natalidad y el envejecimiento de la población en los paises del Norte; una fuerte tasa de natalidad en África más o menos marcada según los países; una urbanización exponencial acompañada de más altos niveles de migración a las áreas costeras; flujos migratorios más importantes, forzados o voluntarios, debido a los conflictos armados o por razones económicas.
45. Las proyecciones indican que, en los próximos 50 años, las poblaciones de casi todos los países desarrollados serán más pequeñas y más ancianas como resultado de las tasas más bajas de fertilidad y una mayor esperanza de vida.
46. El descenso de la población es inevitable, en ausencia de migración de sustitución.
47. Todos los paises y regiones del Norte tienen necesidad de inmigración para evitar que su población disminuya. Sin embargo, el nivel de inmigración, relativo a la experiencia pasada, varía mucho debido a las políticas inmigratorias adoptadas por cada país. Estas son necesarias para identificar y dirigir los flujos migratorios y protegerlos de las redes de migración ilegal controladas por los grupos criminales organizados.
48. África está experimentando un boom de natalidad sin precedentes y su población alcanzará cerca de los 2 mil millones para 2050.
49. La urbanización es inmensa en África y ya los peligros de una muy fuerte migración hacia las áreas costeras se está haciendo sentir en África Occidental con una invasión incontrolable en el campo.
50. El mundo cuenta hoy día con alrededor de 200 millones de inmigrantes, representando el 3% de la población mundial. Se está haciendo un llamado a una mayor movilidad social, incluyendo las migraciones internas. Las expatriaciones de las capas más altas de la sociedad empobrecen a los países en desarrollo y acentúan su retraso en la ciencia y la tecnología. La preferencia por la migración voluntaria es equivalente a un verdadero acto de saqueo.
El papel de los parlamentarios para asegurar el desarrollo sustentable.
51. En 2000, los Jefes de Estado o de Gobierno de 189 países se comprometieron a alcanzar un cierto numero de objetivo relacionados con la reducción de la pobreza, conocido como los “Objetivos de Desarrollo del Milenio”. El primer objetivo es erradicar la pobreza extrema y el hambre. El séptimo objetivo es asegurar la sustentabilidad del medio ambiente.
52. La demanda futura de alimentos para una población mundial de 9 mil millones en las próximas décadas dará un rol principal al sector agrícola. Por otra parte, también pondrá una gran presión sobre las tierras arables disponibles a nivel mundial y sobre la calidad del medio ambiente. Junto con su gobierno, otros organismos de gestión nacional e internacional, las partes interesadas privadas y sus propias “circunscripciones” parlamentarias en todo el mundo, deberán destacar esta eventualidad y aumentar la toma de conciencia sobre la cuestión.
53. Los parlamentarios deben aumentar la toma de conciencia en su propia esfera de actividad y en los foros interparlamentarios e internacionales, sobre el intercambio entre las tierras cultivables y la tierra no explotada con una vegetación normal: la tierra solamente puede ser utilizada para un solo objetivo durante el mismo periodo.
54. Los parlamentarios deben reclamar un equilibrio en la utilización de la tierra. La utilización agrícola es solamente justificada si la agricultura y la aplicación de los recursos naturales tienen lugar sobre una base sustentable. La certeza legal en lo que concierne a la propiedad de la tierra, el establecimiento de un registro de tierras y los sistemas bancarios sólidos juegan un papel importante.
55. Los parlamentarios deben asegurar que la discusión sobre el tema permanezca en la agenda política nacional e internacional. Los métodos de producción agrícola existentes deberían ser utilizados de manera que se estimule el desarrollo sustentable. En todo el mundo, el papel principal en materia de desarrollo sustentable es desempeñado por los agricultores, ya sean pequeños agricultores o las grandes explotaciones agrícolas.
56. La “revolución verde” solamente puede ser exitosa si va acompañada de un conjunto integrado y coherente de decisiones políticas, incorporando incentivos para los pequeños agricultores y para aquellos a gran escala para la agricultura sustentable. Dicho conjunto de decisiones políticas debería contener incentivos financieros que son una condición sine qua non para que se hagan las inversiones necesarias.
57. A nivel nacional e internacional, los parlamentarios deberían incitar a los banqueros y a los inversionistas a procurar oportunidades para la inversión en la agricultura sustentable, a los pequeños agricultores y a las empresas agrícolas de gran dimensión.
58. El papel del consumidor en el desarrollo sustentable debería ser incorporado en la agenda.
59. Los parlamentos nacionales y los parlamentarios son
llamados a:
-Alentar a su gobierno a tomar todas las medidas necesarias a fin de restaurar las tierras degradadas;
-Legislar en materia de fabricación y de utilización de los fertilizantes y pesticidas;
-Iniciar políticas tendientes a la reducción de la utilización excesiva del agua;
-Iniciar o reforzar los mecanismos legislativos en el área de la protección y explotación de los bosques y prohibir toda forma de explotación que no se ajuste a los términos de referencia que imponen la reforestación y la reconstitución de las áreas forestadas;
-Promocionar la agricultura de “no arado” en las áreas que están expuestas a esta práctica;
-Participar en la elaboración o proposición de planes para el desarrollo regional y la utilización de la tierra que estén basados en el imperativo de salvar la tierra agrícola;
-Para los parlamentarios del Norte, exigir a su gobierno que la Ayuda Pública para el Desarrollo (APD) vaya prioritariamente a la agricultura, al desarrollo rural y a la protección de la zona de los bosques;
-Actuar siempre para proteger a los pequeños agricultores y a la agricultura familiar de manera de limitar el éxodo rural que hace crecer los suburbios en la periferia de las grandes ciudades;
-Facilitar, a través de medidas a ser incluidas en la legislación financiera y en el presupuesto nacional, el acceso de los pequeños agricultores a préstamos a tasas preferenciales;
-Participar en la solución pacífica de los conflictos susceptibles de surgir entre países vecinos o aquellos que utilizan las mismas fuentes de suministro de agua; e
-Incluir en su acción las medidas tendientes a proteger la biodiversidad y la diversidad genética vegetal y animal.
Intervino el Diputado señor Jarpa , quién destacó básicamente tres aspectos primordiales, cuales son el rural, la unificación del campo ciudad y el desplazamiento poblacional.
Señaló que hoy en día las exportaciones de productos agrícolas compiten con los subsidios que otorgan los países desarrollados.
Asimismo, acotó que el tema del panel permite la triangulación y por ello, la exploración de respuestas a las interrogantes resulta de vital importancia para la región.
Acotó que tanto el voluntarismo político corno las visiones exclusivamente económicas sobre el desarrollo, han dejado huellas en nuestro territorio, lo que ha implicado el desarrollo de problemas medio ambientales como poblacionales, lo que ha atraído la atención de la clase política.
Subrayó que Naciones Unidas se refiere al deterioro progresivo de los términos de intercambio entre las naciones más desarrolladas y Latinoamérica, lo que ha impedido a está última verse favorecida con la explotación de sus riquezas.
Hablar de gestión de los recursos naturales y producción agrícola, conlleva un cambio en el lenguaje, en que también debe incorporarse un objetivo no meramente económico como son las variables sustentabilidad y de sostenibilidad de los procesos de desarrollo de manera que sus frutos beneficien al conjunto de la población.
Asimismo, precisó que se detecta que los problemas que se enfrentan hoy en día son a escala global y por tanto requieren de acciones mancomunadas y concertadas entre los diferentes países.
Otro factor de gran incidencia es el relativo a los efectos de los cambios demográficos en cuanto al desarrollo sustentable.
Al acelerado proceso de urbanización que vive Latinoamérica, se suman otros factores como los cambios en la mortalidad, morbilidad, y fecundidad, todos los cuales han impactado la fisonomía demográfica y la composición poblacional, especialmente en las megas urbes y en el mundo rural.
Por estos motivos, resulta ineludible el hecho de que el nuevo emplazamiento poblacional está vinculado a los factores productivos.
Por ello, la conjunción entre inversionistas, gobierno y ciudadanía resulta clave para que en dicho espacio convivan de forma armónica los intereses económicos, medio ambientales y poblacionales y de esta manera poder pavimentar un camino sólido al desarrollo de los países y de sus territorios.
Argumentó, que por otra parte, los problemas asociados al mundo rural fueron claves en el acontecer político, social y cultural de América Latina, en que bajo diversas estrategias, corno fue el caso de la revolución mexicana o los procesos de reforma agraria, provocaron una modificación en cuanto a la capacidad de producción agrícola y a satisfacer las necesidades de acceso a la tierra de millones de campesinos que comenzaron a desplazarse hacia la urbe, lo que acarreo diversos problemas que subsisten hasta hoy como son la marginalidad y todos los factores que se asocian a ella.
Desde otro punto de vista, la expansión de la frontera agrícola y la explotación de recursos naturales en ecosistemas frágiles, tiene incidencia directa en los desequilibrios medioambientales y que impactan de manera directa en los procesos de calentamiento global. Para que esto no continúe avanzando es que se requiere el apoyo de los países más ricos y el esfuerzo solidario de toda la comunidad internacional.
Finalmente, el señor ,arpa señaló que la idea de un planeta y de un progreso ilimitado, ha llegado a su fin, puesto que el mundo y la población tienen límites.
Por lo anterior, es que se hace indispensable, buscar una nueva forma de plantearse ante los desafíos productivos, entendiendo que sin justicia, equidad y sustentabilidad todo el progreso resulta débil e insostenible en el tiempo, de aquí que el rol fundamental que pueden jugar los organismos internacionales entorno a obtener consensos para que los países en la medida de sus posibilidades asuman los costos de un desarrollo sostenible, sustentable y solidario.
La Tercera Comisión Permanente de la Democracia y de los Derechos Humanos, discutió sobre el tema “Financiamiento de los partidos políticos: transparencia y rendición de cuentas”, al tenor del informe preparado por los co-relatores señor Patrick Moriau ( Bélgica ) y la señora Mmamoloko Kubayi, ( Sudáfrica ), quienes presentaron informes separados:
En primer lugar la señora Mmamoloko Kubayi efectuó una reseña general donde destaca los siguientes aspectos:
-Mientras que los códigos de conducta destinados a los parlamentarios y a los miembros del Ejecutivo han contribuido a resolver los problemas de transparencia en el plano individual, en cambio, el financiamiento de los partidos políticos, y la transparencia de estos últimos en su conjunto, suscitan crecientes inquietudes de parte del electorado.
-Una democracia representativa y participativa funciona en gran parte en el seno de un sistema de partidos políticos. Estos últimos tienen necesidad de fondos, no solamente para financiar sus campañas electorales, sino también durante las elecciones para cubrir sus gastos de funcionamiento en tanto que organizaciones políticas.
-Existen dos tipos de financiamiento de los partidos. público y privado, que están generalmente combinados. El financiamiento público directo comprende los fondos asignados por el Estado sobre una base anual o durante el periodo de la elección. Este tipo de financiamiento está con frecuencia definido en función del número de sufragios recibidos o del número de escaños obtenidos. El financiamiento indirecto comprende las transmisiones políticas difundidas gratuitamente, las deducciones fiscales y la utilización de edificios públicos para la realización de reuniones políticas. Por otro lado, el financiamiento privado proviene de particulares y de empresas y va directamente a los partidos políticos, aunque este puede estar sujeto a normas de transparencia y a límites de gastos de campaña.
-El financiamiento público debe asegurar a los partidos y a los candidatos los recursos esenciales para cumplir con sus funciones y favorecer la igualdad en su acceso a los recursos.
-El financiamiento privado de los partidos políticos es con frecuencia considerado como una “cuestión de igualdad política”. Si el financiamiento privado de los partidos políticos no es transparente, este podría socavar los avances de la democracia representativa, donde todos los votos tienen el mismo valor y donde los representantes deben rendir cuentas a los ciudadanos que los eligen.
Dos estudios comparativos mundiales, uno del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (International IDEA) y el otro del Instituto Nacional Democrático para los Asuntos Internacionales (NDI) han destacado tres áreas de preocupación.
En primer lugar, la falta de medios lleva a los partidos políticos y a los candidatos a buscar las relaciones con los donantes de los que podrían esperar obtener ciertas ventajas si el partido o el candidato que los apoya accede al poder. En segundo lugar, la desigualdad de los medios hace que ciertos partidos estén mejor dotados que otros, lo que ocurre generalmente en el caso de los partidos en el poder. Por último, cuando los fondos de la campaña provienen de donantes que tienen una expectativa de un beneficio legislativo u otro beneficio que podría socavar el proceso democrático o la confianza del público en este último, el financiamiento del partido en cuestión estaría accediendo a recursos comprometidos.
Asimismo, el co-relator efectúa una serie de comentarios en la materia en cuanto a África y Asia.
Garantizar la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos,
directrices y buenas prácticas.
Es en el interés del público y de la democracia en general, que los partidos políticos dispongan de suficientes fondos para hacer su trabajo. Sin embargo, es necesario combatir la corrupción en el financiamiento de los partidos políticos para evitar que los partidos políticos sean orientados a servir los intereses comerciales o criminales.
La realidad es que el dinero y la política son indisociables y es necesario establecer mecanismos realistas que mitiguen la influencia negativa del dinero en la vida política. Un factor que ha impactado en esta realidad ha sido los costos crecientes de las campañas electorales.
En muchos países, el financiamiento de los partidos políticos ha sido identificado como un problema grave y se han tomado medidas para tratarlo, entre las cuales se incluyen prohibiciones y límites a las contribuciones privadas, al financiamiento público de los partidos políticos a los candidatos y controles sobre los gastos políticos.
Los límites a las contribuciones privadas en política están basados en el principio de reducción de la disparidad en la influencia política entre los grandes donantes, los pequeños donantes y los que no donan nada. Los límites a los gastos de los partidos y de los candidatos apuntan a ponerlos en pie de igualdad, aplicando un techo a los gastos totales, normalmente solo por el período de la campaña electoral. Un resultado negativo de la imposición de límites ha sido que la recaudación de fondos o la aceptación de las donaciones continúan haciéndose “por detrás”.
La tendencia ha sido demandar una reducción de los gastos electorales y otros gastos de las campañas. Como se ha dicho en el examen comparativo que precede, la cosa no es fácil, teniendo en cuenta los niveles bajos de los ingresos, de la instrucción, del acceso a la tecnología y de las grandes disparidades entre las zonas urbanas y las rurales en Asia y África.
La publicación obligatoria de las finanzas de los partidos políticos contribuye a una mayor transparencia y permite al público comprender lo que puede dirigir a las actividades de un partido político. Asimismo, los códigos de ética deberían prever la publicación de los estados financieros personales, a fin de asegurar que los fondos no vayan a los individuos sino al partido político.
La divulgación de la identidad de los donantes plantea un problema a los partidos políticos. Numerosos donantes no desean que su identidad sea conocida y las leyes sobre la transparencia podrían disuadir a estos donantes de contribuir al partido político. Además, los donantes también podrían financiar a más de un partido político, pero no desean que esta información o el monto con el que contribuyen sean conocidos por los partidos políticos.
Las leyes y otras formas de reglamentación sobre la divulgación apuntan a limitar las repercusiones de los financiamientos anónimos, extranjeros o de empresas a los partidos políticos. Sin embargo, como hemos visto, estas leyes son difíciles de implementar y los donantes y los partidos políticos han encontrado los medios para esquivarlas.
El financiamiento público de los partidos políticos apunta a garantizar la equidad para los partidos, asegurándoles el mismo acceso al financiamiento. Esto es particularmente beneficioso para los partidos más pequeños, para quienes el financiamiento público es su principal fuente de financiamiento. Esto puede servir para ampliar el espectro democrático y ofrecer a los ciudadanos una mayor elección en quien preferirían que los represente. Una desventaja del financiamiento público es que este puede resultar en el establecimiento de partidos políticos fraudulentos con el fin de obtener financiamiento político. Otra desventaja es que los métodos o fórmulas complicadas para la asignación de recursos a los partidos políticos pueden beneficiar a los grandes partidos políticos en detrimento de los más pequeños. Por último, el financiamiento público raramente disminuye la necesidad de los partidos políticos de acceder al financiamiento privado.
La idea de una norma mundial sobre el financiamiento de los partidos políticos también ha sido evocada. Sin embargo, las dificultades para esto es que los sistemas democráticos y las estructuras constitucionales son diferentes y una norma internacional tendría que tomar en cuenta el hecho de que los propios partidos políticos son todos diferentes.
Los textos legislativos también fueron aprobados para obligar a los partidos políticos a proceder a los controles financieros internos para los fines de la buena gobernanza. En algunos casos, las finanzas de los partidos políticos son auditadas externamente y los resultados también son hechos públicos.
Mientras que los mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia ya señalados han buscado limitar la corrupción y asegurar que el electorado conozca las prácticas financieras y los procedimientos internos de los partidos políticos, no son suficientes.
El temor de que la confianza pública en el proceso democrático esté siendo socavada por los mecanismos de financiamiento político es causa de preocupación, no solamente para los Estados, sino también para las organizaciones internacionales y entre los Estados.
El elemento esencial para instaurar un sistema de “responsabilidad” en el plano mundial es la transparencia y la existencia de un marco reglamentario que obligue a los partidos políticos y a los candidatos a justificar sus fondos.
El financiamiento por los donantes extranjeros no debería ser autorizado con fines de las campañas electorales en la medida en que los partidos políticos deberían representar los intereses de los ciudadanos de su país. Sin embargo, se podría hacer una excepción para los fondos extranjeros provenientes de fundaciones políticas. El financiamiento de los partidos políticos por los donantes extranjeros fuera del proceso de la campaña electoral requiere ser examinado, ya que ciertos partidos políticos no podrían sobrevivir sin dicho financiamiento.
Los propios partidos políticos deberían ser parte de la solución y convertirse en agentes de cambio y funcionar de manera transparente y responsable.
A este respecto, podría ser necesario el suministro de asistencia técnica y capacitación, por ejemplo, en el establecimiento de sistemas de publicación de los estados financieros o la elaboración de códigos de conducta para el partido político y sus miembros.
Las organizaciones de la sociedad civil y los medios deberían servir de organismos protectores para educar a los ciudadanos sobre el financiamiento de los partidos políticos y monitorear continuamente el ejercicio del poder.
Intervino el senador señor Juan Antonio Coloma , quien señaló que resultaba fundamental para la opinión pública y para el sistema democrático el que los partidos políticos dispongan de suficientes fondos para hacer su trabajo. Sin perjuicio de lo cual resulta necesario fiscalizar el financiamiento de los partidos políticos para evitar que estos sean orientados a servir intereses distintos del bien común.
Para tales efectos, es imprescindible contar con mecanismos realistas que mitiguen la influencia negativa del dinero en la vida política.
Entre las medidas posibles a implementar, enumeró la incorporación de prohibiciones y límites a las contribuciones privadas, al financiamiento público de los partidos políticos o a los candidatos y establecer los controles pertinentes sobre los gastos políticos.
-Asimismo, precisó que la publicación obligatoria de las finanzas de los partidos políticos contribuye a una mayor transparencia y permite al público comprender lo que puede dirigir a las actividades de un partido político.
El financiamiento público de los partidos políticos resulta positivo, pues apunta a garantizar la equidad para los partidos, asegurándoles el mismo acceso al financiamiento.
Del mismo modo, subrayo que es menester que los propios partidos políticos sean parte de la solución y pasen a convertirse en agentes de cambio para funcionar de manera transparente y responsable.
Para tales efectos, propuso que la UIP realice un estudio comparativo a escala mundial sobre los distintos mecanismos de fiscalización y control del gasto electoral y del financiamiento de la actividad política que se han dado los Estados nacionales. De esta manera se contaría con un instrumento objetivo y adecuado de los distintos mecanismos legales vigentes para garantizar la transparencia en la acción política, que podría ser adaptado a las distintas normativas nacionales.
V. INFORME DE LA COMISIÓN DE LA UIP ENCARGADA DE LOS ASUNTOS DE LAS NACIONES UNIDAS.
Se dio cuenta de los resultados de la Cumbre sobre los Objetivos del Milenio, poniendo énfasis en las principales medidas a tornar para los próximos cinco años, y las acciones a emprender por los parlamentos.
También, respecto de las tareas en torno al programa de acción de Bruselas (PAB) sobre países menos avanzados (PMA), con miras a la Conferencia realizarse el año 2011, sobre los progresos experimentados en la Cooperación entre Naciones Unidas y la UIP y respecto del examen de la implementación de la Declaración y Programa de Acción de Beijing, 15 años más tarde.
Participó el Diputado Pedro Araya .
VI. ENMIENDAS A LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA UIP.
Cabe tener presente que durante la última Asamblea se dio cuenta de un informe, que en lo sustancial insta a los Estados a adquirir un compromiso formal para trabajar junto a la UIP, para lo cual se ha hablado de suscribir una Convención Internacional destinada a que los parlamentos trabajen en pos de la promoción de la democracia a nivel nacional e internacional, para lo cual los distintos Estados investirían a sus Parlamentos del derecho a representarlos en la UIP, lo que no alteraría la naturaleza parlamentaria de la organización, pero si le aumentaría el status político, diplomático y reforzaría la capacidad de promover la democracia. Con ello, se pondría a la UIP a la misma altura de otras organizaciones internacionales y facilitaría la cooperación con éstas.
En cuanto a las reformas propuestas para el reglamento y para las Comisiones Permanentes, cabe consignar que:
Por una parte las reformas introducidas para las comisiones, tienen por finalidad que éstas analicen un tema por año. De esta manera, durante la segunda Asamblea se desarrollan paneles de expertos a fin de sensibilizar a los parlamentarios sobre las cuestiones objeto de debate, con la finalidad de que los relatores preparen de mejor forma los proyectos de resolución que serán sometidos a discusión durante la primera Asamblea del año, pero también con la idea de que los parlamentarios realicen un seguimiento en sus propios países de la evolución de los temas en análisis.
Tras algunos años en práctica, se concluye que los resultados de tales enmiendas han sido variados, esto es que en algunos casos se han cumplido todos los objetivos que se tuvieron a la vista, pero en otros numerosos casos no.
Entre las críticas que se formularon, se señala que los debates no son interactivos, puesto que la mayoría de los participantes presenta documentos redactados con antelación, lo que resta espontaneidad a la discusión y tampoco permanecen durante toda la discusión.
Entre los aspectos discutidos, se conversó sobre la composición de las Comisiones Permanentes, y el ámbito de su competencia. Por una parte, están quienes sostienen que debe-rían formar parte de las Asambleas y por otro, quienes señalan que deberían tener vida propia, es decir, sesionar en fechas distintas y según las temáticas.
En ambos casos, el tema pasa por asegurar la participación de los parlamentarios tanto en las Asambleas como en las Comisiones Permanentes, con sólidos conocimientos en las materias del debate y que también puedan encargarse de hacer el respectivo seguimiento en sus propios parlamentos de los temas discutidos.
Entre los obstáculos detectados para el logro de los fines que se tuvieron a la vista al implementar las reformas están la falta de recursos y de voluntad política en cuanto a desarrollar un trabajo sistemático y que no sólo se reduzca al envío de enmiendas a los proyectos de resoluciones.
VII. OTROS ÓRGANOS DE LA UIP.
Asimismo, fuera de la Asamblea, se reunieron otros órganos de la UIP, como se señala a continuación:
1. El Grupo de Asociación entre Hombres y Mujeres, el Comité de los Derechos Humanos de los Parlamentarios.
Cabe destacar que dicho Comité recibió a la delegación chilena, quienes expusieron el caso de denegación del pedido de extradición por parte de Argentina del ciudadano chileno Galvarino Apablaza , procedimiento que se iniciará próximamente y para lo cual nuestro país presentó la solicitud respectiva acompañada de todos los antecedentes sobre el caso, donde participó el diputado señor Giovanni Calderón .
1. Asimismo, se reunió el Grupo Latinoamericano y del Caribe (Grulac), cuya agenda contempló los siguientes aspectos:
2. El Secretario General de la UIP , señor Anders Johnsson , concurrió e informó sobre diversos temas, como el nuevo status de la UIP, la nueva organización basada en un tratado internacional, asunto que generó una importante discusión, al cabo de lo cual se solicitó formular observaciones dentro de un plazo no superior al mes de diciembre, en torno a la propuesta formulada de modificación del status de la organización, cuyo texto sería prontamente enviado en castellano.
Para lo anterior, es necesario considerar cuál ha sido la evolución de esta organización durante los últimos 15 años, y cuál será su futuro, como también cuál es la base jurídica que se requiere y qué tipo de relaciones se desea mantener con Naciones Unidas.
Frente a las dudas suscitadas en torno a la suscripción de un tratado internacional, se consultó a diversos especialistas, quienes señalaron que era posible, siempre que los gobiernos se comprometan a ser representados a través de los parlamentos. Si esto es así, se podría lograr adoptar una Convención Internacional, donde se guarde el carácter parlamentario, que es lo que distingue a la organización de otras organizaciones internacionales. Por otra parte, es bien sabido que algunas Cancillerías no compartirán este criterio al tenor de lo que prescriben numerosas Cartas Fundamentales, como por ejemplo podría ser la nuestra en sus artículos 7° y 32, N°15.
Es preciso señalar que con Naciones Unidas se ha venido desarrollando un intenso trabajo, mediante el cual la organización se ha perfilado dentro del ámbito internacional y ha potenciado el trabajo que desarrolla en los distintos ámbitos que abarcan sus distintas comisiones y manifestado interés en cuanto a la preocupación por algunas materias específicas, lo que se lleva a cabo a través de las reuniones especializadas, que se celebran en forma conjunta con las de Naciones Unidas.
Asimismo, se desarrolló una reunión con representantes de Andorra, España y Portugal, quienes formularon reparos a la eventual suscripción de un tratado o convenio.
Se reiteró la fecha de la próxima Asamblea, esto es en Panamá, del 15 al 20 de abril del 2011.
Del mismo modo, la diputada señora Maria Antonieta Saa rindió un pormenorizado informe sobre las actividades del Consejo Ejecutivo, el cual fue complementado por otros aspectos que señaló el representante de Méjico, señor Alonso Díaz Caneja .
Se analizaron los dos puntos de urgencia presentados sobre la situación que afecta Pakistán y se discutió acerca del intento de quiebre institucional de Ecuador.
Se instó a participar en las reuniones de Puerto Vallarta sobre cambio climático, sobre la Cop 16, a realizarse en Cancún, próximamente y se dio información acerca de la 124 Asamblea a desarrollarse en Panamá, entre el 15 y el 20 de abril y sobre la Conferencia relativa a minorías y pueblos indígenas en Chiapas.
Se tomó conocimiento de la renuncia del senador señor Coloma al Comité Ejecutivo y su reemplazo por la diputada señora Saa , asunto que fue ratificado por el Grulac.
Nuestro país, a través del diputado señor León planteo 4 cosas:
-La realización de un seminario durante la primera semana de marzo, sobre la Feminización de la pobreza, donde serían invitados los miembros del Grulac, como también de otros países de los grupos geopolíticos, lo que fue aprobado.
-La negación de Argentina de otorgar la extradición de Apablaza. Sobre esta materia, se abrió un gran debate con opiniones encontradas, hasta que finalmente se acordó enviarlo a la Comisión de DDHH de los parlamentarios.
Sobre esta materia, se produjo un amplio intercambio de opiniones, tras lo cual la delegación chilena solicitó una audiencia con los miembros del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios, donde asistió la delegación, y cada uno hizo una breve presentación del caso y muy especialmente en torno a la actitud asumida por el gobierno argentino para denegar la solicitud de extradición y la condición de refugiado que ha impetrado Apablaza.
Se insistió en que la decisión de no conceder la extradición era absolutamente de carácter político y que existía un claro abuso de la normativa internacional, pues corresponde que Apablaza sea juzgado en Chile, como también sobre el mal uso de la legislación internacional en cuanto a ampararse en la figura de refugiado.
Al cabo de lo cual, los miembros formularon algunas preguntas, para que posteriormente la delegación hiciera la presentación formal y documentada. Asimismo, los parlamentarios formularon declaraciones, y también celebraron distintas reuniones bilaterales con los países que conforman el Grulac.
-Invitación a las delegaciones del Grulac a la casa del embajador de la Misión de Chile ante las Naciones Unidas, señor Pedro Oyarce.
Del mismo modo, el senador señor Juan Pablo Letelier pasó a reemplazar al ex senador señor Nelson Ávila en la condición de suplente en la Comisión de DDHH de los parlamentarios, lo que fue ratificado ampliamente
3.- También se llevó a cabo una sesión de revisión y seguimiento de las gestiones realizadas por los parlamentos y la UIP para aplicar la resolución sobre Migración y Desarrollo aprobada durante la 113' Asamblea de la UIP. La sesión estuvo estrechamente relacionada con las preparaciones del Cuarto Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, a realizarse en Puerto Vallarta, México , en noviembre de 2010.
4.- Asimismo, en otro orden de ideas, destacar el encuentro que sostuvo el senador señor Letelier con representantes de la OIT, producto de lo cual solicitaron crear una red con los miembros de las Comisiones de Trabajo y de Relaciones Internacionales del Congreso Nacional a fin de organizar un programa que contenga los cuatro indicadores básicos, como son los derechos individuales, los derechos colectivos, la red de protección social e indicadores sobre desempleo, a fin de poder crear un método común de medición, para lo cual se podría comenzar a trabajar a nivel del Parlatino u otras instancias similares.
Del mismo modo, se dio a conocer un importante manual sobre Nacionalidad y Apatridia , editado por Acnur.
VIII. CALENDARIO DE LAS PRÓXIMAS REUNIONES.
El calendario de sus próximas reuniones se adjunta en anexo N° 2.
Cámara de Diputados, a 12 de octubre de 2010.
(Fdo.): JACQUELINE PEILLARD GARCÍA , Secretaria del Grupo Interparlamentario Chileno de la Unión Interparlamentaria”.
Moción de los señores diputados Bertolino , Browne , Espinosa, don Marcos ; García, don René Manuel ; Martínez , Uriarte , Verdugo , y de la diputada señora Nogueira , doña Claudia . Sanciona el no pago de los gastos comunes en los inmuebles que forman parte de un condominio emplazado en zona rural. (boletín N° 7263-14)
“Considerandos
1. La ley 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, señala en su artículo 5°, inciso tercero, que en caso de retardo en el pago de los gastos comunes que correspondan, por parte del copropietario de un inmueble que forme parte de un condominio urbano, se podrá suspender o requerir la suspensión del servicio eléctrico suministrado. Dicha regía tiene como requisitos copulativos los siguientes:
a) tal sanción debe estar considerada dentro del Reglamento de Copropiedad;
b) el propietario de una unidad que forme parte de dicho condominio se debe encontrar moroso en el pago de tres o más cuotas de gastos comunes, continuas o discontinuas; y
c) la sanción debe ser promovida por el administrador del condominio, con el acuerdo del Comité de Administración del mismo.
2. El inciso siguiente del mismo artículo, señala que si el condominio no dispusiere de sistemas propios de control para el paso del servicio de suministro eléctrico, el administrador podrá solicitar -previa autorización del Comité de Administración-que se suspenda dicho servicio cuando se cumplan los requisitos que den lugar a la sanción ya mencionada.
3. Sin embargo, en virtud del artículo 1° de la ley N° 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, dicha norma sólo tiene efecto en los condominios emplazados en sectores urbanos, dentro de los Planos Reguladores vigentes o en los límites del área urbana, que se acojan al Régimen de Copropiedad Inmobiliaria. Excepcionalmente, pueden acogerse a dicho régimen un grupo pequeño de predios rurales: son los del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (DFL 458 de 1975), el que se refiere a las construcciones realizadas fuera del. límite de los Planes Reguladores, pero sólo para la explotación agrícola del inmueble, para las viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores, o para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 UF.
4. Es decir, la ley N° 19.537 no considera la gran mayoría de los inmuebles emplazados en áreas rurales, como las llamadas “parcelas de agrado” que abundan en sectores aledaños a las grandes ciudades de nuestro país, pero que no son consideradas dentro de los Planes Reguladores urbanos vigentes.
5. No obstante, dichos condominios rurales han sido reconocidos por el ordenamiento jurídico: el. Decreto Ley N° 3.516, sobre División de Predios Rústicos, promulgado el 19 de noviembre de 1980, define los predios rústicos como “los inmuebles de aptitud agrícola, ganadera o forestal ubicados fuera de los límites urbanos o fuera de los límites de los planes reguladores intercomunales de Santiago y Valparaíso y del plan regulador metropolitano de Concepción”, y aclara que podrán ser divididos libremente por sus propietarios, siempre que los lotes resultantes tengan una superficie no inferior a 0,5 hectáreas físicas, es decir, 5.000 metros cuadrados.
6. Asimismo, el artículo 2° de este mismo Decreto Ley reconoce que dicha división puede dar lugar a “comunidades, condominios, arrendamientos o cualquier otro cuyo resultado sea la destinación a fines urbanos o habitacionales”. Es decir, está plenamente reconocida la existencia y validez de los condominios en predios rústicos, siempre que se trate de terrenos superiores a 5.000 metros cuadrados.
7. No obstante, respecto de estos condominios emplazados en zonas rurales, ni los administradores ni los Comités de Administración cuentan con una herramienta certera que permita asegurar el cobro oportuno de los gastos comunes que debe cada copropietario o arrendatario de una unidad que forme parte de tal condominio rural, como sí la tienen quienes administran condominios en zonas urbanas.
En virtud de lo anterior, los diputados que suscriben, venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°. El propietario de una unidad que forme parte de un condominio o comunidad emplazada en una zona rural, deberá pagar los gastos comunes con la periodicidad y en los plazos que establezca el Reglamento de Copropiedad. Si incurriere en mora, la deuda devengará el interés máximo convencional para operaciones no reajustables o el inferior a éste que establezca el reglamento de copropiedad.
El hecho de que un copropietario no haga uso efectivo de un determinado servicio o bien de dominio común, o de que la unidad correspondiente permanezca desocupada por cualquier tiempo, no lo exime, en caso alguno, de la obligación de contribuir oportunamente al pago de los gastos comunes correspondientes.
El Reglamento de Copropiedad podrá autorizar al administrador para que, con el acuerdo del Comité de Administración, suspenda o requiera la suspensión del servicio eléctrico que se suministra a aquellas unidades cuyos propietarios se encuentren morosos en el pago de tres o más cuotas, continuas o discontinuas, de los gastos comunes.
Sí el condominio no dispusiere de sistemas propios de control para el paso de dicho servicio, las empresas que lo suministren, a requerimiento escrito del administrador y previa autorización del Comité de Administración, deberán suspender el servicio que proporcionen a aquellas unidades cuyos propietarios se encuentren en la misma situación descrita en el inciso anterior.
Artículo 2°. Para efectos de esta ley, se considerará que un inmueble forma parte de un condominio emplazado en una zona rural, cuando se trate de unidades que no se puedan acoger al régimen de Copropiedad Inmobiliaria establecido en la ley N° 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, por no encontrarse emplazadas en áreas normadas por planes reguladores o fuera del límite urbano, pero que cuenten con caminos, vías, plazas, zonas comunes o bienes de uso común, y que incurran en gastos comunes que deban ser cubiertos por los copropietarios que integran dicho condominio, independiente de la denominación que éste reciba.
Además, esta ley tendrá vigencia en el caso de un predio rústico dividido en los términos del artículo 1° del Decreto Ley N° 3.516, sobre División de Predios Rústicos, siempre que dicha división considere caminos, vías, plazas, zonas comunes o cualquier bien de uso común que implique gastos comunes que deban ser cubiertos por los copropietarios del predio rústico fraccionado.
Artículo 3°. Para cumplir con esta ley, el condominio emplazado en una zona rural deberá contar con un Comité de Administración y haber dictado un Reglamento de Copropiedad, el que deberá ser aprobado por la Asamblea de Copropietarios.
Artículo 4°. La regulación del Reglamento de Copropiedad y de las Asambleas de Copropietarios de los condominios a los que se refiere la presente ley se regirá por la ley N° 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, y por su Reglamento, en cuanto no se opongan a su carácter de unidades emplazadas en una zona rural.
Moción de los diputados señores Ulloa , Bobadilla , Lobos , Norambuena , Van Rysselberghe , Campos, Ortiz y Urrutia . Establece cobertura obligatoria en materia de seguros generales sobre inmuebles y prohíbe aquellos que se refieren a saldos de créditos o mutuos hipotecarios. (boletín N° 7264-14)
“Honorable Cámara:
En consideración a los siguientes cuerpos legales, Decreto con Fuerza de Ley N° 251 de 1931 de Hacienda sobre Compañías de Seguro; Decreto Ley 3.538 del 23 de diciembre de 1980, de Hacienda, que crea la Superintendencia de Valores y Seguros; Decreto Supremo N°863 de 1989 de Hacienda que estable Reglamento sobre los auxiliares del Comercio de Seguros; Ley N° 19.769; Ley N° 20.190, y Título VIII del Libro Segundo del Código de Comercio, y teniendo presente:
Que, con fecha 27 de febrero de 2010, todo el sector centro-sur de nuestro país fue afectado por una de las catástrofes más graves de la que se tiene memoria, como resultado de un sismo que alcanzó los 8,8 grados en la escala de Richter y luego en horas de la mañana de aquel día fue además azotada por cuatro violentas entradas de mar, parte de una serie de maremotos que se produjeron en un importante número de localidades costeras de la Regiones del Libertador Bernardo O'Higgins, del Maule y del Bío Bío.
Que, un número muy importante de personas naturales y jurídicas que resultaron damnificadas, tenían contratados seguros generales con objeto de proteger sus bienes, para el evento de los siniestros señalados en el considerando anterior.
Que, un número muy relevante de personas naturales, principalmente de clase media, adquirieron su vivienda financiadas por Bancos e Instituciones Financieras sujetas a garantías hipotecarías; operaciones financieras éstas que siempre contemplan un contrato de seguro que cubre los riesgos del bien inmueble hipotecado.
Que, resulta público y notorio desde el 27 de febrero de 2010, que los habitantes, especialmente los de clase media, en las Regiones del Libertador Bernardo O'Higgins, del Maule, del Biobío, y Metropolitana, han experimentado un abierto menoscabo en su patrimonio al descubrir que los contratos de seguros que fueron contratados por los Bancos e Instituciones Financieras, cubrían únicamente el monto del saldo del crédito hipotecario, y no el valor de la infraestructura, construcciones, equipamiento y mobiliario de sus inmuebles.
Que, la primera conclusión que se constata de los hechos antes indicados, es que los Bancos e Instituciones Financieras, no informaron adecuadamente a sus clientes sobre la real naturaleza del contrato de seguro que habitualmente pagan junto con la cuota mensual de su crédito.
Que, aquella falta de información relevante y esencial al momento de contratar los seguros, y que hoy producen daño patrimonial a los asegurados, ya que los únicos efectivos y reales beneficiarios de los seguros lo han sido los Bancos e Instituciones Financieras por sus saldo de créditos o mutuos hipotecarios, lo que vulnera lo dispuesto en el literal E del artículo tercero del Decreto con Fuerza de Ley N° 251 del Ministerio de Hacienda de 1931 publicado en el Diario Oficial del 22 de mayo de 1931 en relación a los numerales tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y noveno del artículo 516 del Código de Comercio, en que fijan los contenidos de las pólizas de seguros, exigiendo que se encuentren redactadas en forma clara y entendible, que no sean inductivas a error y que no contengan cláusulas que se opongan a la ley.
Que, la segunda conclusión, indica que el proceder de las Compañías de Seguros y los Bancos e Instituciones Financieras, al asegurar los saldos de los créditos hipotecarios, contiene implícitamente un simulado seguro sobre las ganancias o beneficios esperados, siendo que sobre aquello la ley ha declarado la nulidad de pleno derecho de aquellos seguros, esto en conformidad a lo dispuesto en el inciso final y numeral primero del artículo 522 del Código de Comercio.
Que, la tercera conclusión, estima que sin lugar a dudas, es del interés público superior de Chile, que las operaciones comerciales, entre estas, las derivadas de los contratos de seguros, operen en forma ágil, oportuna, eficaz, transparente e informada, garantizando el tráfico del comercio jurídico, y que especialmente en el futuro, todo propietario de inmueble tenga la garantía legal que cuando asegure un inmueble lo será siempre sobre su infraestructura, construcciones, equipamiento y mobiliario.
Que, el presente proyecto de ley, también propendiendo al interés público superior que antes se ha hecho referencia, establece una prohibición, de otorgar contratos de seguros que tengan por objeto asegurar los saldos de créditos hipotecarios, con sanción de nulidad de pleno derecho en expresa concordancia con lo dispuesto en el artículo 552 del Código de Comercio.-
Por lo tanto,
El Diputado patrocinante y los demás adherentes que suscriben, vienen en someter a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente
“PROYECTO DE LEY
Artículo único: Se establece un nuevo artículo 14 del Decreto con Fuerza de Ley N° 251 del Ministerio de Hacienda, de 1931, publicado en el Diario Oficial del 22 de mayo de 1931, sobre Compañías de Seguro:
“Artículo 14.- Se presume de pleno derecho, que en los contratos de seguros generales sobre bienes inmuebles, se encuentran aseguradas la infraestructura, construcciones, equipamiento y mobiliario del bien raíz.
Se prohíbe los contratos de seguros generales sobre bienes inmuebles, que aseguren saldos de créditos o mutuos hipotecarios”.
Moción de los diputados señores Burgos , Araya , Ceroni , Cornejo , Latorre , Díaz, don Marcelo ; Jaramillo , Saffirio , Schilling y Walker . Modifica la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ampliando el catálogo de delitos. (boletín N° 7265-07)
1. Fundamentos
El 2 de diciembre de 2009, el Congreso Nacional aprobó la Ley N° 20 393, que, en términos simples, estableció un sistema de responsabilidad penal para las personas jurídicas en los delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y delitos de Cohecho a funcionario público nacional o extranjero. A partir de ese momento, y después de un intenso debate en el parlamento, se decidió político-criminalmente abandonar la vigencia en nuestro sistema legal del aforismo jurídico societas delinquere non potest.
En otras palabras, desde el 2 de diciembre del ario pasado, las personas jurídicas son consideradas capaces de responsabilidad penal. En específico, dicha responsabilidad aparece acotada a los delitos ya indicados, y toma como base el hecho de que esas infracciones hayan sido cometidas por alguno de los miembros de la organización. Pero ese antecedente no es suficiente para generar dicha responsabilidad pues se requiere, además y de forma fundamental, que la persona jurídica se hubiere organizado deficientemente, es decir, que no haya adoptado un modelo de prevención de delitos que, como se espera, sean capaces de generar una cultura corporativa de cumplimento normativo, contribuyendo de esa forma a la prevención de dichos ilícitos. Lo que se pretende, en definitiva, es generar un modelo de responsabilidad penal para que las empresas se comporten como buen ciudadano corporativo.
Si bien es cierto que, como lo reconoce el propio mensaje de la Ley, aquella tuvo por objeto adecuar nuestra normativa a ciertos estándares internacionales (v.gr. “Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales” de la OCDE), también se tuvo en consideración -como también se destaca-, la pretensión que la normativa generara “un verdadero aliciente para que -las empresas- adopten medidas de autorregulación, logrando de esta forma armonizar los principios de libertad empresarial y económica, con el de responsabilidad en la preservación de los valores sociales y del orden público”. Respecto de éste último punto, y como de hecho lo hicieron ver varios de los destacados profesores de Derecho penal que opinaron respecto de la iniciativa, la existencia de esta responsabilidad y los objetivos concretos que se persiguieron con ella, justifican el que se amplíen los efectos de la ley a otros delitos de similar -o mayor- grado de afectación o significación social (de bienes jurídicos individuales o sociales), respecto de los cuales la empresa puede, y en principio debiera, operar como un buen ciudadano corporativo. Se trata de una razón que se justifica desde la misma perspectiva político-criminal, y que permite fundar la necesidad de ampliar el catálogo de delitos que generaran dicha responsabilidad. Esto último es, precisamente, lo que viene a proponer la presente moción.
El fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como de hecho se ha reconocido en otros países, es la necesidad, especialmente en delitos que afectan bienes jurídicos colectivos, de establecer un sistema de persecución y sanción eficaces y disuasivas. En efecto, mantener únicamente la responsabilidad penal de las personas naturales en ciertas hipótesis, donde existe un mando jerárquico corporativo, y una distribución de trabajo difusa, resulta ser extraordinariamente complejo, sino imposible. Por ello, parece ser necesario establecer un mecanismo efectivamente disuasivo que prevenga la comisión de ciertos delitos, y ello, en parte, justifica la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En este caso, la disuasión funciona indirectamente, por cuanto la imposición de una sanción penal a una persona jurídica (con el componente simbólico que significa que la empresa se comporta criminalmente) por los actos cometidos por algunos de sus miembros (en general los mandos con capacidad de dirección y supervisión dentro de la empresa) conlleva una pérdida de imagen patrimonial importante para la misma De hecho, en ese escenario, es posible que los accionistas puedan influir en que la persona jurídica adopte modelos de prevención de delitos que desincentive las prácticas constitutivas de delitos dentro de fa persona jurídicas.
Y lo anterior es relevante porque, como de hecho lo indican los artículos 3° y 4° de la ley N° 20.393, la persona jurídica puede, en efecto, eximirse de responsabilidad penal si adopta e implementa, al interior de la misma, modelos de prevención de delitos que desincentiven la comisión de los mismos por quienes la integran. En otras palabras, la empresa responde penalmente por una omisión, a saber, organizarse defectuosamente, sin establecer modelos de prevención de delitos adecuados y eficientes para evitar que sus miembros delincan,
Respecto de la necesidad de aumentar el catálogo de delitos, como ya se señaló, ello fue explícitamente sostenido por destacados profesores penalistas, pero también, por una indicación parlamentaria que presentaron, en su oportunidad, los Diputados Araya , Schilling y De Urresti . En esa oportunidad, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia rechazó dicha presentación con el argumento de que era necesario esperar para conocer el resultado final del modelo que sería instaurado en la ley, permitiendo de esta Corma darle cierta gradualidad a su implementación. Este mismo expediente fue el que se desarrolló en Italia, con el Decreto Legislativo 231 de 2001, reglamentación que ha ido gradualmente aumentando el catálogo de delitos.
Si bien desconocemos si el Ministerio Público ha iniciado alguna investigación aplicando la Ley 20.393 -lo que puede tener que ver con el tipo de delitos que regula- si podemos dar cuenta de numerosos comentarios positivos respecto del contenido, sistemática y redacción de la ley, gran parte de los cuales provienen del mundo académico, lo que nos permite sostener que la discusión acerca de la posibilidad de proceder a una ampliación del catálogo a otros delitos de mayor connotación pública es a estas alturas algo necesario y oportuno. Ejemplar, en ese sentido, es el comentario del profesor Hernández quien ha sostenido que “ciertamente debe celebrarse que el resultado del trabajo legislativo parezca en lo, fundamental acertado''.
Como se señaló, en la discusión parlamentaria, los profesores Londoño , Soto , Matus , Medina y Horvitz hicieron presente que el catálogo del proyecto original no comprendia precisamente los delitos de mayor trascendencia relacionada con la actividad empresarial. Así, a modo de ejemplo, el profesor Londoño abogó por la incorporación de delitos vinculados con el uso de la información privilegiada, las falsificaciones y aquellos que afecten el patrimonio del Estado. El Profesor Matus , por su parte, indicó la necesidad de ampliar el catálogo a delitos de contaminación medioambiental o a la salud pública.
Y lo cierto es que el tiempo les dio la razón. De hecho el terremoto nos demostró como ciertas empresas, construyendo negligentemente y privilegiando las rentabilidad de sus proyectos, expusieron a un riesgo evitable a la ciudadanía causando pérdidas de vida y graves lesiones a la integridad física; o el de una empresa de tratamiento de aguas que actuando, aparentemente, de forma negligente, disminuyó la cantidad de cloro en las aguas afectando la salud de toda una comunidad; y porque no decirlo, el de una empresa minera que, al parecer, habría omitido adoptar medidas de seguridad laboral, infringiendo los límites normativos, exponiendo a un elevado riesgo la vida de sus trabajadores En todos estos casos hay algo en común, que identificar la responsabilidad de las personas naturales es complejo, y que las sanciones a las empresas -en caso que se apliquen- llegan tarde y, generalmente, cuando la empresa disminuyó su patrimonio. Y lo más importante, que no existían mecanismos de autorregulación que incentivaran la adopción de modelos para prevenir, detectar y sancionar al interior de la empresa las conductas que permitieran que esos delitos se cometieran.
En términos similares, y para dar cuenta de lo que busca la moción, puede recordarse cuando hace no mucho tiempo, el Ministerio Público inició una investigación penal en contra de las más altas autoridades de una empresa de buses que había sufrido un accidente donde, perdieron la vida varias personas. El Ministerio Público, en esa oportunidad, sostuvo la imputación a partir de un delito de comisión por omisión porque, a su juicio, aquellos -los gerentes- no habían adoptado políticas dentro de la empresa para evitar que los conductores estuvieran al volante por sobre el tiempo legal. Si bien no se terminó con una condena, en la Suspensión Condicional del Procedimiento se estableció que la empresa debía adoptar un programa de cumplimiento que, precisamente, generara incentivos para evitar que estas situaciones ocurrieran. Pues bien, tal como lo hizo la Ley 20.393 pensamos que aquella omisión corresponde a la empresa, a su cultura corporativa que, en condición de autorganizarse, omitió hacerlo posibilitando la comisión del delito. En ese caso, la responsabilidad penal, además de los gerentes de la empresa -si la hubiera- es distinta a la de la empresa.
En ese contexto, alguna de las razones esgrimidas en Italia para extender la responsabilidad de las personas jurídicas a los casos de accidentes laborales se explica porque en muchos casos estos son causados por la creciente utilización de recursos tecnológicos, que constituyen una importante fuente de riesgos para la vida y la salud de los trabajadores. Apreciado de esta perspectiva, es indudable que el empleo de tales recursos responde más bien a decisiones no individuales sino instrumentales a la política de la empresa. Por tanto limitar la responsabilidad a las personas naturales se manifiesta del todo insuficiente.
Al respecto resulta particularmente interesante destacar la ley italiana, pues se trata de un país, de una cultura jurídica similar a la nuestra, en donde el principio -societas delinquere non potest- era indiscutido. Sin embargo, en el último decenio y especialmente a partir del Decreto Legislativo 231 del ario 2001 el panorama legislativo es completamente diverso. No sólo no se discute la necesidad de disponer de instrumentos que permita enfrentar adecuadamente la criminalidad de empresa -consagrándose así el principio .societas delinquere potest- - sino que además se ha ampliado el catálogo de delitos. En efecto, hoy es posible apreciar en la legislación italiana que las personas jurídicas pueden responder de una serie de delitos, entre ellos contra la Administración Pública, delitos cometidos por fines terroristas o de subversión, las prácticas de mutilación de órganos genitales femeninos, de prostitución de menores o de pornografía infantil, delitos relativos a la criminalidad organizada, delitos societarios y abusos de mercado, delitos culposos contra las personas por accidentes en el trabajo.
Lo expuesto pone de manifiesto que es perfectamente posible ampliar el elenco de delitos considerando que diversas formas de actividad empresarial pueden poner en peligro o lesionar bienes individuales o colectivos. Es por esta razón, en lo que se refiere a los delitos culposos, que pueden comprenderse otros eventos distintos a los accidentes laborales. Como se expuso precedentemente, el reciente terremoto puso de manifiesto las serias deficiencias en la construcción de edificios. Pues bien, si se determina que tales resultados lesivos puede atribuirse a la falta de de adopción de medidas de prevención y que ello ha representado una ventaja económica para la empresa al haber dejado de invertir en ellas, es perfectamente posible imputar responsabilidad a la persona jurídica.
2. Ideas matrices
El presente proyecto, en el ámbito estrictamente penal, amplía el catálogo de delitos de la Ley 20.393, a fin de establecer responsabilidad penal para las personas jurídicas en otros ámbitos, donde parece adecuado establecer responsabilidad penal por su defectuosa organización, manifestada en que la empresa no generó modelos de prevención de delitos.
PROYECTO DE LEY
Articulo 1.- Para sustituir el artículo 1 de la ley N° 20.393, por el siguiente:
Artículo 1°.- Contenido de la ley. La presente ley regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto de los delitos previstos en la ley N° 19.223, en los artículos 79, 80, 81 de la ley N° 17.336, en los artículos 59, 60, 61 y 63 de la ley N° 18.045, en el artículo 134 de la ley 18.046, en el artículo 97 del Código Tributario, en el artículo 27 de la ley N° 19.913, en el artículo 8 de la ley N° 18 314, en los artículos 250 y 251 bis del Código Penal y por los delitos contra la salud pública y contra las personas.
El procedimiento para la investigación y establecimiento de dicha responsabilidad penal, la determinación de las sanciones procedentes y la ejecución de éstas.
En lo no previsto por esta ley serán aplicables, supletoriamente, las disposiciones contenidas en el Libro I del Código Penal y el Código Procesal Penal y en las leyes especiales señaladas en el inciso anterior, en lo que resultare pertinente.
Para los efectos de esta ley, no será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 58 del Código Procesal Penal
Artículo 2 - Para agregar un nuevo inciso tercero al artículo 3° de la ley N° 20.393, pasando el actual tercero a ser cuarto, y así sucesivamente.
Sin embargo, tratándose de los delitos contra las personas, la responsabilidad de las personas jurídicas se hará efectiva sólo en caso que la conducta que genera el ilícito de que se trate haya formado parte de las propias de la ejecución de las actividades, giro u operación de la persona jurídica.
19. Oficio de la Excma. Corte Suprema
“Oficio N' 153.
Informe proyecto de ley 23-2010.
Antecedente: Boletín N° 6988-07.
Santiago , 8 de Octubre de 2010.
Por Oficio N° 8813, de 15 de junio de 2010, la Presidenta de la H. Cámara de Diputados, en virtud de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley N° 18.918, ha requerido de esta Corte informe respecto del proyecto de ley que modifica el artículo 175 del Código Orgánico de Tribunales para establecer un sistema de distribución de causas equitativo.
Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión del día 8 de octubre del presente, presidida por su titular don Milton Juica Arancibia y con la asistencia de los Ministros señores Nibaldo Segura Peña , Jaime Rodríguez Espoz , Hugo Dolmestch Urra , Juan Araya Elizalde , Patricio Valdés Aldunate , Héctor Carreño Seaman , señoras Gabriela Pérez Paredes y Sonia Araneda Briones , señores Carlos Künsemüller Loebenfelder , Haroldo Brito Cruz , Guillermo Silva Gundelach , señora Rosa María Maggi Ducommun y señor Roberto Jacob Chocair , acordó informarlo favorablemente, al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:
“Santiago, ocho de octubre de dos mil diez.
“Vistos y teniendo presente:
Primero: Que por Oficio N° 8813, de 15 de junio último, la señora Presidenta de la Cámara de Diputados , en conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política, en relación con el artículo 16 de la Ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, ha recabado la opinión de esta Corte Suprema respecto del proyecto de ley, iniciado en moción, “que modifica el artículo 175 del Código Orgánico de Tribunales para establecer un sistema de distribución de causas equitativo”.
Segundo: Que el precepto mencionado establece un turno semanal para distribuir entre los tribunales con igual competencia en un mismo territorio, los asuntos nuevos que sean promovidos por las partes. Se justifica la iniciativa en que, no obstante la norma, la distribución de la carga de trabajo no resulta equitativa.
La experiencia indica que con alguna frecuencia se producen notables diferencias que distorsionan el funcionamiento de los tribunales a que se alude y, por tal motivo, se estima que la propuesta legislativa es provechosa. No obstante lo anterior, considera la Corte Suprema que la modalidad proyectada no es la adecuada.
Tercero: Que, en efecto, la norma propuesta, en lo esencial, pretende radicar la distribución en uno de los jueces, el que sería designado a estos efectos mediante un turno regulado por la Corte de Apelaciones respectiva. En concepto de este Tribunal el mecanismo planteado resulta inconveniente, pues genera potestades simplemente discrecionales para uno de los jueces eventualmente llamado a conocer del asunto, lo que ciertamente ha de ser evitado.
Para alcanzar los fines que persigue la iniciativa legal -armonizar ingreso y evitar selección de tribunal-, es suficiente disponer de un sistema de distribución informatizado que asegure los objetivos ya referidos, del tipo en actual uso para la distribución de asuntos nuevos en las Cortes de Apelaciones, el que debería instalarse en alguno de los juzgados en cuestión. De esta forma, se sugiere una norma del siguiente tenor: “En las comunas o agrupación de comunas en donde hubiere más de un juez de letras, los asuntos que deban ser conocidos por éstos se distribuirán mediante un sistema informático de acuerdo al procedimiento que fije, por auto acordado, la Corte Suprema, que garantice iguales cargas de trabajo e impida la intencionada remisión”.
Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en la norma constitucional citada, se acuerda informar favorablemente el referido proyecto de ley, con la observación indicada precedentemente.
Oficiese.
PL-23-2010.
Saluda atentamente a V.E:
(Fdo.): MILTON JUICA ARANCIBIA , Presidente ; RUBY SÁEZ LANDAUR , Secretaria Subrogante .”
A LA SEÑORA DIPUTADA
ALEJANDRA SEPÚLVEDA ÓRBENES
PRESIDENTA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO”
20. Oficio de la Excma. Corte Suprema
“Oficio N° 154.
Informe proyecto de ley 41-2010.
Antecedente: Boletín N° 7165-07.
Santiago , 8 de Octubre de 2010.
Por Oficio N° 8959, de 1 de septiembre de 2010, la Presidenta de la H. Cámara de Diputados, en virtud de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley N° 18.918, ha requerido de esta Corte informe respecto del proyecto de ley que castiga el desorden juvenil en la vía pública, bajo los efectos del alcohol.
Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión del día 8 de octubre del presente, presidida por su titular don Milton Juica Arancibia y con la asistencia de los Ministros señores Nibaldo Segura Peña , Jaime Rodríguez Espoz , Hugo Dolmestch Urra , Juan Araya Elizalde , Patricio Valdés Aldunate , Héctor Carreño Seaman , señoras Gabriela Pérez Paredes y Sonia Araneda Briones , señores Carlos Künsemüller Loebenfelder , Haroldo Brito Cruz , Guillermo Silva Gundelach , señora Rosa María Maggi Ducommun y señor Roberto Jacob Chocair , acordó informarlo desfavorablemente, al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:
“Santiago, ocho de octubre de dos mil diez.
“Vistos y teniendo presente:
Primero: Que por Oficio N° 8959, de 3 de septiembre último, la señora Presidenta de la Cámara de Diputados , en conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política, en relación con el artículo 16 de la Ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, ha recabado la opinión de esta Corte Suprema respecto del proyecto de ley, iniciado en moción, que “castiga el desorden juvenil en la vía pública, bajo los efectos del alcohol”.
Tal iniciativa nace y se fundamenta en la circunstancia que, según se dice en su expresión de motivos, “es un hecho público y notorio que desde un tiempo ha recrudecido la actividad de menores, a altas horas de la noche, especialmente en días de fin de semana que, bajo la influencia del alcohol, protagonizan disturbios llegando incluso a realizar actos vandálicos”. Se pretende atacar el problema sancionando la conducta respectiva tanto en los menores infractores, como también en sus padres o guardadores y en los comerciantes que vendan alcohol a aquéllos, castigos que, respecto de estos dos últimos, se justifica en su falta de cuidado.
Al efecto, se propone imponer multas que afectarían, en su caso, a estos tres sujetos pasivos, corno también restricciones importantes para los jóvenes infractores al momento de requerir licencia para conducir. Sus disposiciones tienen incidencia y afectan particularmente las leyes N° 19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas; N° 20.084, sobre Responsabilidad Penal Adolescente; N° 18.290, sobre Tránsito; y N° 15.231, sobre Juzgados de Policía Local. Ciertamente que tales disposiciones, en cuanto disponen sanciones, no afectan la organización y atribuciones de los Tribunales de Justicia y no procede opinar sobre ellas.
Segundo: Que, sin perjuicio de lo anterior y sólo en cuanto corresponde informar a la Corte Suprema, cabe destacar, en general, que el proyecto produce efectivamente alteraciones en relación a la competencia y al procedimiento aplicable a las infracciones que contempla.
En efecto, la modificación sustancial que se plantea afecta a la Ley de Alcoholes, en su artículo 25 N° 1, en donde se impone multa a quienes infrinjan la prohibición de consumir bebidas alcohólicas en calles, caminos, paseos y demás lugares de uso público. Se agrega a este precepto la siguiente frase: “Tratándose de menores de 18 años se estará a lo dispuesto en la ley N° 20.084.” Seguidamente, se sustituye el articulo 28 de la citada ley N° 19.925, en la parte que dispone que cuando un menor es sorprendido infringiendo la norma, Carabineros, como medida de protección, deberá conducirlo al cuartel policial o a su domicilio, con la finalidad de devolverlo a sus padres o a la persona encargada de su cuidado. Ello se reemplaza por la disposición que ordena que ese menor sea “puesto a disposición del tribunal a que se refiere la ley N° 20.084, en procedimiento contravencional”. Se agrega en el inciso final que “El tribunal indicado en el inciso primero será competente para imponer la sanción al padre o persona a cuyo cargo se encontrare, y se aplicará el procedimiento contravencional”.
Además, por el artículo 2° de la moción, se incorpora al inciso 3° del artículo 1° de la ley N° 20.084 la cita de la ley N° 19.925.
En consecuencia, según el proyecto, los menores de 18 años, esto es, los que tengan entre 14 y 18 años de edad, que infrinjan la prohibición de consumir alcohol en las condiciones ya antes señaladas, deberán ser puestos a disposición del tribunal a que se refiere la ley N° 20.084; aplicarse, en el conocimiento y resolución de la infracción denunciada el procedimiento contravencional; y conforme a la agregación que se propone al articulo 1° de la ley de Alcoholes, tal infracción tendría la naturaleza jurídica de “falta”.
Sin embargo, y en relación a estos tres aspectos, debe destacarse, en primer lugar, que las materias que regula la Ley N° 20.084 son conocidas por los tribunales penales ordinarios -Juzgados de Garantía- y no contemplan un “procedimiento contravencional”, sino que se les aplica el monitorio o simplificado.
Seguidamente, en cuanto a las faltas, el artículo 1° de la ley N° 20.084, respecto de los menores adolescentes, las restringe en un doble aspecto: en cuanto a la cantidad, diciendo expresamente que los menores sólo responderán de las que allí se señalan y que se reducen, las del Código Penal, de alrededor de ochenta y tres a sólo ocho, además de las faltas tipificadas en la ley N° 20.000 y, ahora, las de la Ley de Alcoholes, que es motivo de este informe. Con ello, por cierto, no cabe duda alguna que esta infracción es calificada como “falta”. Limita también su aplicación en cuanto a la edad, pues el mismo artículo 1° expresa que lo anterior se aplicará a los “mayores de 16 años”, es decir, a quienes tengan entre 16 y 18 años de edad. Así, entonces, queda sin respuesta la situación de los menores de 16 y que, según el proyecto, están incluidos en la infracción que se propone. Por otra parte -y pareciera ser que a ello habría que atenerse-, la propia ley N° 20.084 dispone que “las demás faltas” y las que cometan los “menores de 16 años” serán remitidas a los tribunales de familia, que sí contemplan un procedimiento contravencional. Sin embargo, adoptar esta solución importaría sobrecargar a estos tribunales con el conocimiento de dichos asuntos, lo que no parece conveniente.
No obstante lo anterior, y si la propuesta legal mantuviera estas faltas en el contexto de la Ley de Alcoholes, estarían resueltas tanto su naturaleza jurídica, como su competencia y procedimiento. Ello porque esta ley, en su última modificación, pretendió también sancionar en forma más expedita las infracciones relativas al consumo excesivo de alcohol, especialmente por parte de los menores de edad, y procedió, a declararlas, en general, como “contravenciones”, disponiendo que su conocimiento corresponderá a los juzgados de policía local. La calificación de contravención tiene por objeto diferenciarlas del ilícito penal o delito, atendida su menor entidad desde el punto de vista valorativo penal, evitando remitirlas al sistema procesal penal regular y recargar así más a los órganos de la investigación y juzgamiento.
El criterio anterior se plasmó en el artículo 53 de la Ley de Alcoholes, de acuerdo al cual, “con excepción de las conductas delictivas descritas y sancionadas en los artículos 42 y 46, las infracciones de la presente ley se reputan contravenciones para todos los efectos legales y, en ese carácter, quedan sujetas a la competencia y procedimiento aplicable a los juzgados de policía local”. Por lo tanto, las únicas conductas que continúan calificándose de delictivas -y conocidas por la justicia penal- corresponden a las de los artículos 42 y 46 citados, que se refieren al suministro a cualquier título de bebidas alcohólicas a menores de edad, en establecimientos de acceso público; el otorgamiento de patentes con infracción a lo establecido en la propia ley, así como la emisión de informes falsos para la concesión de tales patentes o la no cancelación de las mismas cuando proceda hacerlo, cometidos por alcaldes y funcionarios municipales, respectivamente.
Tercero: Que en virtud de lo analizado y respecto exclusivamente a lo que a la Corte Suprema compete, este Tribunal es de opinión de informar desfavorablemente el proyecto, por cuanto altera las competencias y los procedimientos existentes haciéndolos, en esa parte, inconciliables con la estructura orgánica vigente.
En cuanto a lo mismo, se estima que no resulta justificado innovar sobre la materia y que cualquier modificación sustantiva deberá estudiarse sobre la base de la legislación actual en materia de competencia y procedimiento, pues a su respecto es claro que se ha diferenciado adecuadamente en lo relativo a las contravenciones, faltas, simples delitos y crímenes.
Por estas consideraciones y en conformidad con lo dispuesto en la norma constitucional citada, se acuerda informar desfavorablemente el referido proyecto de ley.
Ofíciese.
PL-41-2010.”
Saluda atentamente a V.E.
(Fdo.): MILTON JUICA ARANCIBIA , Presidente ; RUBY SÁEZ LANDAUR , Secretaria Subrogante .”
A LA SEÑORA DIPUTADA
ALEJANDRA SEPÚLVEDA ÓRBENES
PRESIDENTA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO”.
21. Oficio de la Excma. Corte Suprema
“Oficio N° 155.
Informe proyecto de ley 45-2010.
Antecedente: Boletín N° 7217-07.
Santiago , 8 de Octubre de 2010.
Por Oficio N° 9002, de 15 de septiembre de 2010, la Presidenta de la H. Cámara de Diputados, en virtud de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley N° 18.918, ha requerido de esta Corte informe respecto del proyecto de ley que establece normas especiales sobre publicidad y reserva de las actuaciones procesales, tratándose de ciertos delitos y un reforzamiento de las sanciones en materia de delitos contra los miembros de las policías.
Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión del día 8 de octubre del presente, presidida por su titular don Milton Juica Arancibia y con la asistencia de los Ministros señores Nibaldo Segura Peña , Jaime Rodriguez Espoz , Hugo Dolmestch Urra , Juan Araya Elizalde , Patricio Valdés Aldunate , Héctor Carreño Seaman , señoras Gabriela Pérez Paredes y Sonia Araneda Briones , señores Carlos Künsemüller Loebenfelder , Haroldo Brito Cruz , Guillermo Silva Gundelach , señora Rosa María Maggi Ducommun y señor Roberto Jacob Chocair , acordó informarlo favorablemente, al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:
“Santiago, ocho de octubre de dos mil diez.
“Vistos y teniendo presente:
Primero: Que por Oficio N° 9002, de 15 de septiembre último, la señora Presidenta de la Cámara de Diputados , en conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política, en relación con el articulo 16 de la Ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, ha recabado la opinión de esta Corte Suprema respecto del proyecto de ley, iniciado en mensaje, “que establece normas especiales sobre publicidad y reserva de las actuaciones procesales tratándose de ciertos delitos y un reforzamiento de las sanciones en materia de delitos contra los miembros de las policías”.
El proyecto de ley contempla seis artículos. El artículo primero establece un sistema especial sobre publicidad y reserva de las actuaciones en materia de ciertos delitos. El artículo segundo comprende modificaciones al Código de Justicia Militar. El artículo tercero introduce modificaciones al Código Penal, donde lo más relevante es la incorporación de un nuevo párrafo 1 ter a continuación del artículo 268 quinquies que regula los atentados en contra de los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública o sus recintos o unidades. El artículo cuarto introduce modificaciones al Código Procesal Penal. El artículo quinto modifica la ley orgánica de la Policía de Investigaciones. Por último, el artículo sexto modifica la ley N° 18.216.
Segundo: Que el Articulo Cuarto del Proyecto, según se indicó, introduce modificaciones al Código Procesal Penal y, en lo que interesa, el N° 1 agrega el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 55: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, las calumnias e injurias en contra de miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, serán siempre de acción penal pública.”
En la fundamentación de esta norma se expone que “el proyecto de ley facilitará la persecución de ciertas figuras penales, pues modificará el carácter de la acción penal destinada a perseguir el delito de injuria y calumnia en contra de funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Así, la acción penal que emane de dichas conductas, será considerada pública.”
En concepto de la Corte Suprema resulta objetable esta propuesta, ya que, entre otras consecuencias, implica la participación del Ministerio Público en la investigación de los delitos y la posibilidad de decretar la prisión preventiva, medida cautelar que está proscrita para los delitos de acción penal privada conforme lo señala el artículo 141 letra b) del Código Procesal Penal. No se advierte una razón sustancial de política criminal, desde el punto de vista de la protección de los bienes jurídicos, en este caso, el honor, que justifique el tratamiento que se propone, salvo que se quisiera equiparar al sujeto pasivo a las Fuerzas Armadas (artículos 283 y 284 del Código de Justicia Militar).
Tercero: Que, asimismo, cabe efectuar dos observaciones formales: en los artículos 3°, 4°, 7°, 9°, 10, 11 y 12, las referencias al artículo 5° del Artículo Primero deben entenderse efectuadas al artículo 2°. En el artículo 10, por su parte, la referencia a los artículos 14 y 15 del texto (que no los contiene), debe entenderse hecha a los artículos 11 y 12. Finalmente, debe también entenderse la referencia al artículo 8° del Artículo Primero hecha al artículo 5°.
Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en la norma constitucional citada, se acuerda informar favorablemente el referido proyecto de ley, con las observaciones indicadas precedentemente.
Se deja constancia que en relación a las disposiciones especiales sobre publicidad y reserva en materia de ciertos delitos y, específicamente, en relación a aquellas referidas al procedimiento que se prevé para el requerimiento de información sobre antecedentes o documentos de carácter secreto o reservado y a la incautación y entrega de los mismos, el Presidente señor Juica y los Ministros señor Rodríguez , señora Pérez , señores Künsemüller, Brito y Silva y señora Maggi fueron de parecer de formular una única indicación respecto de la materia de que se trata, en el sentido de que resultaría conveniente, en la parte final del artículo 7° del Artículo Primero, fijar un plazo breve dentro del cual el Comandante en Jefe institucional respectivo o el General Director, en su caso, deban pronunciarse sobre la solicitud del Ministerio Público, transcurrido el cual su silencio se estime que constituye oposición a la práctica de la diligencia, de manera tal de, en esas condiciones, activar el procedimiento que se prevé en el artículo 4°, si el fiscal a cargo de la investigación lo estimare del caso.
Por su parte, los Ministros señores Segura, Dolmestch , Araya , Valdés y Carreño , señora Araneda y señor Jacob consideran que resulta indispensable a fin de asegurar el éxito de la diligencia de que se trate y evitar que ésta se frustre, que para el requerimiento de documentos o antecedentes de carácter secreto o reservado o su incautación, el fiscal a cargo de la investigación solicite la autorización pertinente de la Corte de Apelaciones respectiva o de la Corte Suprema, según resulte procedente, en forma previa a la requisición o apercibimiento de entrega -como se prevé en otros ordenamientos para casos de naturaleza análoga- máxime si se tiene en consideración que la entrada al lugar cerrado en que esos antecedentes o documentos de carácter secreto o reservado eventualmente se encuentren, conforme a la normativa vigente, ha debido ser autorizada con anterioridad por el juez de garantía competente, y sin perjuicio que una reforma de la naturaleza como la que se plantea, requeriría para su aprobación de quórum calificado, atendido lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Política de la República.
Ofíciese.
PL-45-2010.”
Saluda atentamente a V.E.
(Fdo.): MILTON JUICA ARANCIBIA , Presidente ; RUBY SÁEZ LANDAUR , Secretaria Subrogante .”
A LA SEÑORA DIPUTADA
ALEJANDRA SEPÚLVEDA ÓRBENES
PRESIDENTA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO
22. Oficio de la Excma. Corte Suprema
“Oficio N° 156.
Informe proyecto de ley 27-2010.
Antecedente: Boletín N° 7017-07
? Santiago , 8 de Octubre de 2010.
Por Oficio N° 8826, de 29 de junio de 2010, la Presidenta de la H. Cámara de Diputados, en virtud de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley N° 18.918, ha requerido de esta Corte informe respecto del proyecto de ley que introduce la responsabilidad objetiva del Estado en la actividad jurisdiccional
Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión del día 8 de octubre del presente, presidida por su titular don Milton Juica Arancibia y con la asistencia de los Ministros señores Nibaldo Segura Peña , Jaime Rodriguez Espoz , Hugo Dolmestch Urra , Juan Araya Elizalde , Patricio Valdés Aldunate , Héctor Carreño Seaman , señoras Gabriela Pérez Paredes y Sonia Araneda Briones , señores Carlos Künsemüller Loebenfelder , Haroldo Brito Cruz , Guillermo Silva Gundelach , señora Rosa María Maggi Ducommun y señor Roberto Jacob Chocair , acordó informarlo desfavorablemente, al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:
“Santiago, ocho de octubre de dos mil diez.
Vistos y teniendo presente:
Primero: Que por Oficio N° 8826, de 29 de junio último, la señora Presidenta de la Cámara de Diputados , en conformidad con lo dispuesto en el articulo 77 de la Constitución Política, en relación con el artículo 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, ha recabado la opinión de esta Corte Suprema respecto del proyecto de ley, iniciado en moción, “que introduce la responsabilidad objetiva del Estado en la actividad jurisdiccional”.
Específicamente, se pretende incorporar un nuevo inciso final al artículo 13 del Código Orgánico de Tribunales, del siguiente tenor: “No obstante lo señalado en el inciso precedente, el Estado será siempre responsable por los daños que causen los órganos de la administración de justicia en el ejercicio de sus funciones, particularmente en los casos de ausencia de justicia habiendo sido ésta requerida, privación de libertad arbitraria o de tardanza inexcusable de la misma”.
Segundo: Que los artículos 38 de la Constitución Política de la República y 4° de la Ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, prevén la posibilidad de “reclamar” ante cualesquiera lesión causada por los órganos de la administración y la responsabilidad del Estado por esta clase de hechos. Por otra parte, el articulo 19 N° 7 letra i) de la Carta Fundamental, consagra la responsabilidad del Estado cuando se hubiere “sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria”.
Las primeras normas se refieren sólo a la responsabilidad de los órganos de la administración y la última alcanza únicamente a los hechos que indica, esto es, a decisiones relacionadas con la justicia criminal.
De allí que el proyecto que se informa quiera extender la responsabilidad del Estado a propósito de actuaciones jurisdiccionales de toda índole, porque entiende que no hay razón que justifique no ampliar el concepto de falta de servicio a “los daños que causen los órganos de la administración de justicia en el ejercicio de sus funciones, ausencia de justicia habiendo sido esta requerida, privación de libertad arbitraria o de tardanza inexcusable de la misma”.
El contexto de las normas citadas, en especial el contenido del artículo 19 N° 7 letra i) de la Constitución Política, lleva a pensar en la posibilidad de que la responsabilidad del Estado por actuaciones jurisdiccionales esté limitada a los casos que dicho precepto señala y que son objeto de norma especial, lo que importaría un impedimento para extenderla a los hechos propuestos, cualquiera sea la materia.
El tribunal estima que las reglas contenidas en los artículos 19 N° 7 letra i) y 38 de la Constitución Política son suficientes para la consecución de los fines que persigue el proyecto que se informa y no considera conveniente la incorporación de un nuevo inciso 2° al artículo 13 del Código Orgánico de Tribunales como se propone, pues esta norma, ubicada en el Título I relativo al Poder Judicial y a la Administración de Justicia en general, constituye la enunciación del principio general y el antecedente de los capítulos del mismo cuerpo legal ubicados en el Título X, relativos a los deberes y prohibiciones a que están sujetos los jueces y a su responsabilidad y no a la del Estado por los actos de éstos, que es la materia que la normativa proyectada pretende regular.
Por estas consideraciones y de acuerdo a lo dispuesto en la norma constitucional citada, se acuerda informar desfavorablemente el referido proyecto de ley.
Ofíciese.
PL-27-2010.-”
Saluda atentamente a V.E.
(Fdo.): MILTON JUICA ARANCIBIA , Presidente ; RUBY SÁEZ LANDAUR , Secretaria Subrogante.
A LA SEÑORA DIPUTADA
ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
PRESIDENTA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO”.