Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Karla Rubilar Barahona
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Karla Rubilar Barahona
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL EN CHILE. Proyectos de acuerdo.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INTERVENCIÓN : Ernesto Silva Mendez
- INTERVENCIÓN : Luis Segundo Lemus Aracena
- INTERVENCIÓN : Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- INTERVENCIÓN : Rene Alinco Bustos
- INTERVENCIÓN : Carolina Goic Boroevic
- INTERVENCIÓN : Felipe Salaberry Soto
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- INTERVENCIÓN : Pedro Araya Guerrero
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Juan Lobos Krause
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Adriana Munoz D'albora
- Denise Pascal Allende
- Orlando Severo Vargas Pizarro
- Guillermo Leon Teillier Del Valle
- Enrique Accorsi Opazo
- Patricio Vallespin Lopez
- Ramon Farias Ponce
- Jose Perez Arriagada
- Marcelo Schilling Rodriguez
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Lautaro Carmona Soto
- Marcelo Diaz Diaz
- Rene Alinco Bustos
- Enrique Jaramillo Becker
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- Alejandro Santana Tirachini
- Roberto Delmastro Naso
- Rosauro Martinez Labbe
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Jose Manuel Edwards Silva
- Nicolas Monckeberg Diaz
- German Becker Alvear
- Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- Leopoldo Perez Lahsen
- Gaspar Alberto Rivas Sanchez
- German Verdugo Soto
- Ernesto Silva Mendez
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Felipe Salaberry Soto
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Carolina Goic Boroevic
- Ximena Vidal Lazaro
- Alfonso De Urresti Longton
- Lautaro Carmona Soto
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Cristian Campos Jara
- Luis Segundo Lemus Aracena
- Orlando Severo Vargas Pizarro
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Sergio Ojeda Uribe
- Rene Alinco Bustos
- Enrique Jaramillo Becker
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL EN CHILE. Proyectos de acuerdo.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 358ª
Sesión 95ª, en miércoles 3 de noviembre de 2010
(Ordinaria, de 16.06 a 18.22 horas)
Presidencia del señor Becker Alvear, don Germán.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental , el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- OBJETO DE LA SESIÓN
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 4
II. Apertura de la sesión 7
III. Actas 7
IV. Cuenta 7
V. Objeto de la sesión.
- Análisis de situación de seguridad laboral en Chile. Proyectos de acuerdo 7
VI. Documentos de la Cuenta.
1. Informe de la Comisión de Familia recaído en el proyecto, iniciado en moción, que modifica el Código Civil en materia de nombramiento de curador especial. (boletín N° 7041-07) 39
- Oficios del Tribunal Constitucional mediante los cuales remite copia autorizada de las sentencias definitivas referidas a las siguientes disposiciones legales:
2. “38 ter de la ley N° 18.993”. Rol 1552-10-INA. (5015) 46
3. “artículo 1° de la ley N° 19.989”. Rol 1473-09-INA. (5021) 47
VII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones
- Comunicación de la Diputada señora Rubilar, doña Karla, quién acompaña licencia médica por la cual acredita que debió permanecer en reposo por un plazo de 07 días, desde el 21 de octubre próximo pasado.
- Comunicación de la Diputada señora Rubilar, doña Karla, quién acompaña licencia médica por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de 84 días, a contar del 28 de octubre próximo pasado.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (95)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos René PPD XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo IND VII 38
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto RN XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PRI IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea IND V 10
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D’Albora, Adriana PPD V 9
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Mendez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando IND XV 1
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Concurrieron, además, el ministro del Interior , señor Rodrigo Hinzpeter; la ministra del Trabajo y Previsión Social , señora Camila Merino, y el ministro secretario general de la Presidencia , señor Cristián Larroulet.
-Asistieron, también, los subsecretarios del Trabajo, señor Bruno Baranda; de Previsión Social , señor Augusto Iglesias; la directora del Trabajo , señora María Sánchez, y el director del Instituto de Seguridad Laboral , señor Héctor Jaramillo.
-Por encontrarse en misión oficial no estuvieron presentes las diputadas señoras Alejandra Sepúlveda Orbenes, Claudia Nogueira Fernández, y los diputados señores Osvaldo Andrade Lara, Pablo Lorenzini Basso, Gonzalo Arenas Hödar, René Manuel García, Tucapel Jiménez Fuentes, Joaquín Tuma Zedán, Pedro Velásquez Seguel, y Fuad Chahín Valenzuela.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16.06 horas.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- El acta de la sesión 89ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 90ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL EN CHILE. Proyectos de acuerdo.
El señor BECKER ( Presidente en ejercicio).- Esta sesión se motivó en una presentación suscrita por 48 señores honorables diputados y diputadas y tiene por objeto “analizar la situación de la seguridad laboral en Chile”. Todo lo anterior motivado por los graves hechos que se han venido sucediendo, algunos de los cuales han costado la vida de trabajadores en distintas áreas, y en otras ha llevado a la realización de costosas operaciones de rescate, como ha sucedido con los mineros de la mina San José.
En virtud de tal solicitud, a esta sesión han sido citados el ministro del Interior , señor Rodrigo Hinzpeter, y la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Camila Merino.
Asimismo, por acuerdo de los Comités Parlamentarios, se ha invitado a la directora del Trabajo, señora María Cecilia Sánchez, y al director del Instituto de Seguridad Laboral , señor Héctor Jaramillo.
Solicito el asentimiento unánime de la Sala para que puedan ingresar el subsecretario del Trabajo , señor Bruno Baranda, y el subsecretario de Previsión Social , señor Augusto Iglesias.
No hay acuerdo.
El señor ALINCO.- Pido la palabra.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra su señoría.
El señor ALINCO.- Señor Presidente , por su intermedio, solicito reconsiderar su decisión a los colegas que no dieron la unanimidad, porque para los trabajadores, es importante que ambos subsecretarios estén presentes en la sesión, dado que las organizaciones sindicales se relacionan fundamentalmente con los subsecretarios, no con los ministros.
Entonces, pido que se dé la unanimidad si realmente se quiere solucionar el problema de la seguridad de los trabajadores.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Vamos a solicitar nuevamente la unanimidad de la Sala.
El señor BARROS.- Señor Presidente, sería bueno que siempre se diera la unanimidad para el ingreso a la Sala de los subsecretarios.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- ¡No complique el sistema, diputado Barros!
(Hablan varios señores diputados a la vez)
¿Habría unanimidad para que ingresen ambos subsecretarios?
Acordado.
El tiempo previo de 15 minutos, contemplado en el artículo 74 del Reglamento, corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (de pie).- Señor Presidente , señora ministra del Trabajo , señor ministro del Interior , señora directora del Trabajo , estimadas y estimados colegas.
Quiero iniciar mis palabras recordando un pasaje de “El Chiflón del Diablo”, contenido en Subterra, la notable crónica social y literaria de Baldomero Lillo, que, aunque referido a la minería del carbón de comienzos del siglo pasado, refleja fielmente el estado en que se mantienen aún en nuestros días muchas explotaciones productivas del país.
Este episodio narra la situación a la que se ven enfrentados un grupo de trabajadores, los que, para no ser despedidos, deben aceptar trabajar voluntariamente y ser trasladados al pique más peligroso de la mina, en el cual la muerte parece segura.
La opción, como lo indica el célebre relato, es entre la muerte por hambre y la muerte en un accidente laboral, disyuntiva ante la cual los trabajadores prefieren la de la eventual explosión en la mina, más rápida y directa que la inanición.
Señor Presidente , traigo a colación este relato, porque parece ser la misma disyuntiva que enfrentaron quienes optaron por los mejores sueldos que ofrecía la mina San José como compensación a sus conocidos mayores riesgos como consecuencia de malas prácticas y desprotección en materia de higiene y seguridad.
La consecuencia de esa opción para treinta y tres trabajadores fue permanecer más de dos meses atrapados bajo tierra y, aunque salvaron la vida, pusieron de manifiesto la precariedad y el estado de algunos yacimientos, y la consecuente necesidad de abordar una profunda reforma en materia de seguridad laboral, tanto en la minería como, en general, en todo el quehacer productivo del país.
Si queremos hacer un balance sobre la materia, diremos que Chile, a raíz de los avances derivados de la organización de sus trabajadores y de la toma de conciencia de sectores sociales y políticos, fue generando paulatinamente una normativa bastante completa para la protección de la vida e integridad física en las faenas.
Tras las movilizaciones de principios del siglo XX en las salitreras, a las que siguieron las de obreros ferroviarios, agrícolas, portuarios y de diversas actividades, se fue gestando una normativa protectora y la institucionalidad necesaria para hacerla cumplir.
Hoy, la salud laboral se encuentra reglamentada en el Código del Trabajo y en la ley N° 16.744, de 1968, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que imponen al empleador tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informar acerca de los posibles riesgos y mantener las condiciones adecuadas de higiene.
Asimismo, el Código Sanitario y el decreto supremo N° 594 establecen normas relativas a las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. A ellos se unen diversas normativas específicas de nivel reglamentario, como el Reglamento de Seguridad Minera.
El sistema de protección sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales opera a través de un seguro obligatorio contemplado en la ley, que es un subsistema de la seguridad social chilena, que establece que, en caso de culpa o dolo del empleador, los afectados pueden demandar las indemnizaciones civiles que sean procedentes.
La fiscalización de estas materias está distribuida en diversas entidades públicas. La más general de ellas es la Dirección del Trabajo, con competencia amplia para la verificación del cumplimiento de la legislación vigente. En un plano más específico, los servicios de salud verifican las condiciones sanitarias de los centros de trabajo, en tanto condiciones puntuales de seguridad laboral son asumidas por organismos sectoriales como la Dirección del Territorio Marítimo, en lo que respeta a las embarcaciones, o el Servicio Nacional de Geología y Minería.
Pese a la legislación vigente, al sistema de protección y a la institucionalidad reseñada, aún tenemos cifras muy importantes de accidentabilidad laboral. En el país muere, en promedio, casi un trabajador al día en accidentes del trabajo. Según cifras de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), la construcción es el rubro con la mayor tasa de accidentes laborales. El 8,4 por ciento de sus trabajadores ha sufrido algún tipo de accidente. Le sigue transporte, almacenamiento y telecomunicaciones, con 8,18 por ciento, e industria manufacturera, con 7,79 por ciento.
El total de accidentes del trabajo ocurridos durante el 2009 alcanza, según el informe de la Superintendencia de Seguridad Social, a 191.685, sin considerar los acaecidos durante el trayecto a los centros productivos, que superan los 42 mil.
Tomando en cuenta sólo los accidentes ocurridos en los lugares de trabajo, tenemos 523 al día, vale decir, uno cada 2,7 minutos. Estas cifras, si bien están en el promedio de ls que exhibe América Latina , son peores que las de naciones más desarrolladas.
Las consecuencias de esta alta accidentabilidad son relevantes. En primer lugar, desde la perspectiva laboral, tenemos la pérdida de vidas humanas, mutilaciones, enfermedades y afecciones de todo tipo que perjudican a los trabajadores y a sus familias.
A nivel empresarial, se refleja en ausencias laborales y en la disminución de la productividad. En tanto, desde una perspectiva país, se pierden cerca de tres millones de días de trabajo, y se genera, además, un enorme gasto en pensiones, indemnizaciones, atención de salud y licencias médicas.
¿Cuáles son las causas de esta situación? ¿Qué podemos hacer como país para avanzar en esta materia y recoger la lección que emana de la mina San José? Eso nos hemos propuesto analizar en esta sesión y sobre lo cual vengo en exponer algunas ideas.
En primer lugar, la principal causa de los actuales índices de accidentabilidad laboral es la vigencia de una cultura carente de respeto y comprensión de la dignidad y valor del trabajo.
Lamentablemente, un sector importante del empresariado, particularmente de algunas áreas relevantes, como la construcción, el retail, el transporte o la agricultura, persiste en maximizar sus utilidades a costa de la seguridad en las faenas. Se trata, paradójicamente, de las ramas más exitosas, con gigantescas utilidades y, sin embargo, desatienden aspectos básicos y elementales en materia de higiene y seguridad en el trabajo. Así ocurre en la agricultura, con las deficientes condiciones de transporte y trabajo, y el uso de plaguicidas tóxicos; en la pequeña y mediana minería, con explotaciones que transgreden las recomendaciones técnicas más elementales, y que incumplen las obligaciones en materia de protección; en la salmonicultura, debido a la escasa seguridad, especialmente respecto de buzos y operadores, por poner sólo algunos ejemplos.
Comprobar que las mayores transgresiones se dan precisamente en las áreas más rentables del quehacer nacional, comprueba que, en la mayoría de los casos, no se trata de hechos aislados ni fortuitos, ni de carencia de recursos para garantizar la vida y seguridad de los trabajadores, sino de una cultura, de una decisión deliberada en favor de maximizar utilidades y abaratar costos, incluidos los que resguardan al trabajador.
Me parece que ése es el nudo central sobre el cual tenemos que actuar. Si queremos avanzar en esta materia, si pretendemos transformarnos en un país desarrollado y respetado en el mundo, también por los estándares laborales, debemos ser capaces de mejorar estos índices vergonzosos, cambiando la cultura del abuso y de la triquiñuela por la del respeto a la vida y la integridad física y psíquica de los trabajadores y del cumplimiento estricto de la ley.
Las principales debilidades en materia de higiene y seguridad laboral se manifiestan, en primer lugar, en la normativa legal y reglamentaria. Existen importantes normas reguladoras, tanto a nivel legal como administrativo, pero ellas resultan insuficientes en materias relevantes como la subcontratación; carecen, además, de la coordinación para precisar las competencias entre los diversos órganos reguladores y no cautelan adecuadamente la protección de los derechos mediante la promoción y fortalecimiento de la organización sindical.
En el plano punitivo, las sanciones son claramente débiles e irrelevantes para la gravedad del bien comprometido. Hoy, los incumplimientos en esta materia no generan infracciones de una cuantía relevante, no amenazan la continuidad de las operaciones ni configuran un tipo penal para las personas y las empresas. En buen chileno, no asustan a nadie. Por eso, muchos prefieren pagar las multas antes que cumplir con la ley.
Aun en situaciones graves, muy pocos casos son investigados por el Ministerio Público y menos sancionados, y si se hace, se utiliza la figura del cuasidelito, que no permite castigar las acciones u omisiones riesgosas de modo drástico y ejemplarizador.
También hay debilidades en los estándares de seguridad y salud. Nuestros estándares en esa materia son, en general, equivalentes a los internacionales; incluso, en algunos casos más rigurosos que los de algunos países desarrollados. Sin embargo, la falta de cultura preventiva y las graves carencias en materia de fiscalización hacen que no siempre sean respetados.
En efecto, el país no cuenta con un sistema de revisión permanente de los grandes proyectos en forma previa a su aprobación, como así ocurre en materia ambiental. Por eso, en muchas ocasiones las instalaciones no cumplen con la normativa, incluso desde su construcción e implementación.
Asimismo, se carece de las condiciones para realizar seguimientos permanentes que permitan advertir y detectar a tiempo innovaciones riesgosas para los trabajadores, obsolescencia de maquinarias y equipos, falta de mantención y errores de procedimientos.
Existe debilidad en la institucionalidad para fiscalizar. Chile no cuenta con políticas, objetivos, metas y planificaciones en la materia toda vez que no existe una institucionalidad que se haga cargo del tema de manera sistémica.
Como decíamos, se contempla una fiscalización general de parte de las autoridades sanitarias y de la Dirección del Trabajo, a las que se unen las fiscalizaciones especializadas de varias entidades, que dependen de distintos ministerios.
La falta de coordinación y la divergencia de objetivos y orientaciones, motivan apreciaciones disímiles sobre la realidad. La duplicidad de la acción fiscalizadora en actividades como la minería, redunda en que ninguna institución asuma cabalmente su responsabilidad. La mejor prueba es lo que ocurrió en la mina San José, caso en el que las autoridades se echan la culpa unas a otras; incluso, las hemos escuchado negar las facultades con que cuentan para hacer cumplir las leyes.
Por cierto, prima cierta lógica pro inversión, generada tras largas décadas de insistir, en forma majadera, en que la fiscalización y las atribuciones de los servicios públicos conspiran contra el desarrollo y el empleo. Lo ocurrido en la mina San José es ejemplo de ese laissez faire pro empresarial, predicado por quienes han llevado el liberalismo económico más allá de toda lógica y sensatez.
A lo anterior se agrega la carencia en materia de recursos humanos, técnicos y financieros de los órganos fiscalizadores, las malas remuneraciones de sus funcionarios y la falta de motivación y respaldo legal a un quehacer denostado de manera sistemática.
También hay debilidad en la calidad del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. La gestión del seguro de accidentes del trabajo está entregada a las mutualidades de empleadores, al Instituto de Seguridad Laboral y a las empresas con administración delegada.
En esta materia se da un fenómeno de segmentación similar al del seguro de salud de la población, entre Fonasa e isapres. Las mutualidades atienden a 3,5 millones de trabajadores, fundamentalmente de las grandes y medianas empresas con mejores estándares de seguridad y donde laboran los trabajadores con mejores remuneraciones. El seguro estatal, en tanto, atiende a 1 millón de trabajadores que, en su totalidad, pertenecen a las pymes, con menores niveles remuneracionales y estándares de seguridad, y, por tanto, con mucho mayor accidentabilidad, los cuales son rechazados por las mutuales.
Tal como ocurre con las isapres, la evaluación de las mutualidades presenta amplio consenso en torno a su buen servicio y cobertura médica. Se critica, sin embargo, su menor preocupación por las prestaciones preventivas, particularmente en materia de enfermedades profesionales, aunque también en el campo de accidentes del trabajo.
La ley N° 16.744 otorga a las mutuales la posibilidad de sancionar a las empresas que no cumplan con lo dispuesto en ella. Sin embargo, las mutualidades no sancionan y sólo se limitan a realizar diagnósticos de las situaciones de riesgo.
Respecto del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), la interpretación administrativa ha dispuesto mantener el antiguo distingo entre obreros y empleados, a partir de lo cual se concluye que los primeros se atienden en el sobrecargado sistema público, en tanto que los empleados pueden atenderse en los centros médicos con los que tienen convenios, incluyendo las mutualidades, lo que genera una discriminación sin fundamento e impide que el Instituto de Seguridad Laboral sea una opción de administración del seguro equivalente a los prestadores privados.
En mi opinión, este modelo transita por una profunda crisis, por lo que requiere de manera urgente de una reingeniería a fondo, ya que perdió los elementos clave de la medicina del trabajo, toda vez que no está cumpliendo con los objetivos que se trazaron con la promulgación de la ley N°16.744 y decretos anexos y tampoco se adecuó a las necesidades del trabajo, que hoy presenta un escenario diferente al de los tiempos de su promulgación, allá por los años 1968 ó 1969.
Como país, transitamos por la vereda del siglo pasado. Para nada se han considerado las recomendaciones de la OIT, pese a nuestra participación tripartita en todos los procesos de discusión y de elaboración de sus convenios y recomendaciones.
Por esa razón, estoy completamente de acuerdo con los cinco eslabones perdidos de la salud laboral, que nos señala la Confederación Minera de Chile:
1.- Se perdió la capacidad de prevención. No se hace investigación.
2.- No se han ratificado los convenios OIT N°187 y N°176, y la recomendación N° 183.
3.- No existe una política de Estado. La función está dividida en seis ministerios.
4.- No se han dado plazos para la creación de una cultura en salud, seguridad e impacto ambiental en las condiciones de trabajo.
5.- Se ha dejado al margen la aplicación de la metodología mapa de riesgos OIT.
Nuestra propuesta para mejorar el sistema de protección.
Para asumir con plena responsabilidad la debida protección de seguridad, salud e impacto ambiental en las condiciones de trabajo, el Estado debe generar y dar formación a una sola estructura nacional, con capacidad de recursos y poder, para que lo asuma el conjunto del país, sea a través de un Instituto Nacional de la Seguridad, Salud e Impacto Ambiental, de una subsecretaría o de un ministerio especialmente dedicado a centralizar y a trabajar sobre esta materia, para darle la proyección que el país y los trabajadores necesitan.
Desde esta convicción, proponemos:
1.- Crear un programa nacional de prevención y seguridad del trabajo, cuyas principales orientaciones y objetivos sean:
a) Incorporar la cultura preventiva como materia obligatoria en la formación educacional y universitaria, y la capacitación de trabajadores;
b) Intervenir las carreras de formación de expertos para mejorar la calidad de los prevencionistas, y crear, como postítulo, la especialidad en seguridad y salud para profesionales de la salud, ingenierías y derecho;
c) Coordinar la acción de los organismos estatales, a través de la sistematización y reorganización de funciones, y definición de criterios y orientaciones relevantes;
d) Fomentar la difusión permanente de los derechos y obligaciones en la materia, a través de los medios de comunicación masivos y otros específicos;
e) Propender a una cultura empresarial con liderazgos participativos y gestión basada en la ética y el cumplimiento legal.
2.- Realizar modificaciones legales y reglamentarias.
Las normas nacionales sobre la materia contienen una regulación bastante razonable y útil. Sin embargo, requieren ser complementadas y actualizadas en diversos sentidos, como los que se mencionan a continuación:
a) Procurar codificar o sistematizar la normativa dispersa, otorgándole no sólo coherencia, sino también redactándola en lenguaje simple y pedagógico, para que esté al alcance de todos los actores;
b) Consagrar en la legislación, el derecho al abandono de faenas en circunstancias de riesgo inminente y grave para la salud de los trabajadores;
c) Revisar la normativa particular de algunas actividades, con el objeto de asegurar la inocuidad de los procedimientos. Un ejemplo significativo lo constituye la regulación del uso de plaguicidas en las labores agrícolas. Recuerdo que tras una larga tramitación en el Congreso Nacional, de ocho años, se aprobó la ley que regula el manejo de plaguicidas. Lamentablemente, buena parte de las normas de seguridad para la salud de las personas, y las medidas de resguardo necesarias para los trabajadores fueron derivadas a normas administrativas, por la oposición de la Derecha y del empresariado a incorporarlas en la ley. Incluso, la fumigación aérea, -dimos una gran batalla para su eliminación-, verdadero drama para muchos sectores de la agricultura y también de zonas urbanas, quedó entregada a un reglamento, que no se cumple;
d) Fortalecer e incrementar la organización sindical. Es evidente que la unidad de los trabajadores es fundamental para asegurar un entorno laboral que proteja su vida, salud y derechos. No es casualidad que la gran minería del cobre cuente con mejores estándares. Ello se debe, evidentemente, al mayor nivel de inversión, pero también a la fiscalización social que hacen los sindicatos;
e) Perfeccionar la ley de subcontratación con el objeto de fortalecer sus contendidos, prohibiendo la subcontratación en faenas riesgosas y en las que constituyan la actividad principal de la empresa, aumentando las garantías y eliminando la intermediación de terceros en los contratos, entre otros aspectos.
d) Estudiar la suscripción de una serie de convenios de la OIT, que nuestro país no ha suscrito, los cuales dicen relación con la seguridad en el trabajo.
3.- Definir procedimientos y estándares de seguridad y salud. Esto tiene que ver directamente con las instalaciones y los lugares de trabajo. Un buen ejemplo en la materia lo constituye la institucionalidad ambiental que se está implementando.
4.- Fortalecer la institucionalidad para la fiscalización. La dispersión de órganos, la falta de coordinación y la duplicidad de objetivos y criterios orientadores, perjudican el objetivo de mejorar los estándares en materia de seguridad del trabajo.
Debe buscarse la adecuada coordinación de ellos, para lo que proponemos la creación de un Sistema Nacional de Seguridad del Trabajo, integrado, entre otros, por la Dirección del Trabajo, Sernageomin, los servicios de salud y Directemar.
En el plano particular, deben revisarse competencias y recursos humanos, infraestructura y equipamiento de estos servicios, buscando, además, fórmulas que separen su gestión de los gobiernos de turno. El ejemplo del escaso personal de Sernageomin se replica en cada uno de esos servicios, especialmente en la Dirección del Trabajo, lo que amerita un esfuerzo importante en los presupuestos venideros, no como en el presupuesto para 2011, en el cual se ha reducido en 800 millones de pesos el presupuesto de la Dirección del Trabajo.
5.- Modificar a fondo el sistema de protección de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
La ley y el sistema de protección de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales constituyen un importante activo de nuestro país. Sin embargo, transcurridas más de cuatro décadas desde su implementación, requieren correcciones urgentes en los siguientes sentidos:
a) Otorgar al Instituto de Salud Pública la administración del seguro en las mismas condiciones que el administrado por las mutualidades de empleadores, a fin de terminar con la odiosa discriminación existente e impedir que las mutualidades rechacen la afiliación de empresas pequeñas, con bajos sueldos y rentas, como ocurre actualmente.
b) Cirugía mayor a las mutuales para exigir más inversión en prevención y en medidas de higiene industrial, bajo estándares con certificaciones de calidad; confección de mapas de riesgo, vigilancia médica epidemiológica con periodicidad determinada, bajo estándares y certificaciones de calidad; programas de trabajo, con metas y plazos con seguimiento y aplicación de sanciones frente a incumplimientos.
6.- La legislación de salud y seguridad laboral para la mediana y pequeña minería, y para pirquineros. Hoy, a raíz del accidente ocurrido en la mina San José , tenemos una situación compleja en la minería pequeña, mediana y artesanal.
De esa situación se desprende la necesidad de juntar los dos Chile que existen en muchas faenas productivas. Por ello, proponemos la realización, en forma rápida y acuciosa, de un diagnóstico por parte del Estado, que distinga las diferencias existentes entre las distintas explotaciones mineras, con el propósito de reconocer en la ley las profundas diferencias que marcan estas realidades.
Sólo a partir de ese diagnóstico, debe iniciarse un proceso de estandarización de las condiciones de higiene y seguridad, que además debe estar acompañado de un programa de entrega de subsidios, créditos tributarios y préstamos a bajo interés que vayan en apoyo del esfuerzo que deberán realizar los medianos y pequeños mineros y pirquineros, para cumplir con las normas de seguridad.
Para finalizar, quiero señalar que los próximos meses serán fundamentales para saber si el impacto nacional e internacional ocasionado por la tragedia en la mina San José, y el consenso que ello generó en torno de la necesidad de mejorar los estándares de seguridad laboral, se acompañarán, genuinamente, de la decisión de impulsar acciones concretas para avanzar en esta materia, decisión que, en mi opinión, necesariamente debe estar sustentada en un gran acuerdo social que tenga la fuerza para dejar atrás un sistema que ha funcionado a entero ritmo de las decisiones empresariales La obtención de utilidades. siempre se ha puesto como lo principal y central, Los trabajadores están considerados en los últimos eslabones de la empresa. Las mutuales han cumplido el papel de caballo de Troya, por lo cual también son responsables de que las cosas hayan llegado al actual nivel de crisis.
Sólo con el cambio de este sistema y la activa participación del Estado y de los trabajadores, nuestro país será capaz de garantizar a los trabajadores y a sus familias, trabajo seguro, dignidad y respeto por sus vidas.
He dicho.
-Aplausos.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente , sin duda, esta sesión está ligada al efecto comunicacional derivado del accidente ocurrido en la mina San José . Pero hay un tema que nos apasiona y que estamos viendo a diario, cual es la seguridad laboral que existe en el país en todos los planos.
Incluso, a riesgo de ser mal entendido, creo que es necesario preguntarse respecto de cada uno de los actores que participan en el proceso y de la importancia de cada uno de ellos en el cumplimiento de los objetivos que se quieren lograr.
En primer lugar, debemos entender que, lamentablemente, nuestros trabajadores no tienen un chip integrado con el concepto de seguridad laboral. Hay tres actores que participan en este proceso: el empleador, que debe implementar las acciones y proveer los elementos de seguridad; el trabajador, que las aplica y los usa para su cuidado y protección en el trabajo y, por cierto, el fiscalizador, funcionario del Gobierno que vela por el cumplimiento de la normativa correspondiente.
En ese sentido -aunque algunos acá tengan dudas-, conozco y he visto, en los diferentes estamentos en que me ha tocado participar y analizar situaciones, que no es lo mismo hacer exigencias de seguridad en la conducta de los trabajadores, por ejemplo, de una empresa de mi región, como Minera Escondida, que a una empresa más pequeña en Taltal o en un pirquén.
¿Por qué no es lo mismo? Porque hay conductas que el trabajador va a tener que asumir y la seguridad laboral, en cualquier plano, será su propia responsabilidad.
Digo esto, porque leí un libro de un trabajador de Antofagasta. Cuando me lo entregó, me dijo: “Acá nos equivocamos en muchas cosas que tienen que ver con la seguridad. La seguridad debe estar en la mente de los trabajadores. Dígale a cualquier trabajador que lleve su hijo a la mina y verá que, inmediatamente que estén en un lugar contaminado, le hará usar al niño todos los equipos que le entregan, porque tiene la conciencia de proteger a su hijo, pero lamentablemente él no hace uso de esos implementos, a pesar de trabajar por varios años en ese ambiente contaminado.
Por lo tanto, debemos analizar qué hacemos para que efectivamente los trabajadores cambien su conducta, por sobre lo que todos podemos compartir, en cuanto a que se deben modificar algunas normas legales. En la Comisión de Minería, constituida en investigadora, analizamos el Reglamento de Seguridad Minera y estoy de acuerdo plenamente en que hay acciones que deben ser reguladas por ley. Pero, debemos ser responsables en el análisis. No sólo debemos exigir responsabilidad al empleador y al fiscalizador en seguridad, sino también al trabajador.
Por otro lado, debemos estudiar las eventualidades que se producen en los distintos ambientes laborales que, de una u otra forma, ponen en mayor riesgo la seguridad de los trabajadores.
Ahí aparece un tema que no es menor, que hemos visto, palpado y hoy se discute en relación con el plan de egreso de los trabajadores de Codelco. Me refiero a la salud ocupacional. Debemos buscar la manera de que las enfermedades profesionales sean tratadas como corresponde. Debemos perfeccionar la legislación respecto de esta preocupación mayor que es la salud ocupacional de nuestros trabajadores. Existen organismos legales que deben participar activamente, los comités paritarios, los que, sin duda, son parte importante de un proceso en la instancia de fiscalización. Una de las cosas planteadas en la Comisión Investigadora encargada de analizar el accidente de la mina San José es justamente el debilitamiento de la fiscalización. Pero, ¿cómo logramos esas instancias de fiscalización, para que, de una u otra forma, se generen las sinergias correspondientes con el Sernageomin, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo? Lamentablemente, hoy no existe una sinergia de esfuerzos para conseguir el objetivo final, una muy buena fiscalización, porque cada uno actúa por su lado.
Por lo tanto, respecto de la seguridad, guste o no a las personas -por eso lo dije a priori-, el primer llamado es a quien debe recibir el beneficio en forma directa, porque no sacamos nada con modificar leyes si el trabajador que debe usar los zapatos de seguridad o la escafandra -para evitar contraer silicosis- no lo hace. También debemos ser claros en reconocer que una exigencia legal para una determinada acción laboral no es la misma que para otra de menor cuantía, específicamente cuando hablamos de la gran minería, respecto de la mediana y pequeña minerías.
En consecuencia, más que ser una instancia comunicacional y aprovecharnos de esa situación, esta sesión nos permite tener un diálogo abierto sobre la materia, a objeto de colocar el tema de la seguridad en el contexto que realmente se merece. Como dijo la diputada Muñoz , eso pasa por analizar en alguna instancia cuestiones que digan relación con cómo generamos cambios culturales en nuestros jóvenes y trabajadores a través de un proceso educativo y de capacitación, como corresponde, especialmente en todo lo que significa la protección de sus vidas en el plano laboral.
He dicho.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente, no cabe duda de que esta sesión es importante, por la sensibilidad que ha despertado el tema especialmente entre los trabajadores.
Nuestra legislación es extremadamente débil en garantizar una fiscalización laboral y sanitaria efectiva en el conjunto de la actividad económica, más aún cuando las sanciones por infracciones se traducen en multas que son burladas o incorporadas a los costos.
Los problemas de seguridad laboral se entremezclan con los graves problemas de contaminación por pesticidas y otros agentes donde se desempeñan las temporeras, los trabajadores de la industria salmonera y con los riesgos de cáncer a la piel de los trabajadores que laboran sometidos a la exposición solar.
Esta situación demanda un accionar más severo del Estado. En ese sentido, se hace urgente un cambio cualitativo en la actual situación de riesgo en que viven millones de trabajadores.
La Ley de Presupuestos en discusión no contempla un ítem especial que tenga que ver con las demandas sobre seguridad en el trabajo y la fiscalización por sectores.
Por otra parte, la comisión de la Central Unitaria de Trabajadores propone que en el Presupuesto haya un ítem para fomentar la prevención y asegurar los estándares internacionales de seguridad y fiscalización laboral, como asimismo que se considere el derecho de los trabajadores a paralizar sus funciones, a la huelga legal, cuando se exponen su salud y seguridad.
En 2009, 307 trabajadores murieron en accidentes laborales. Centenares de miles de trabajadores optan por laborar bajo riesgo para no quedar desempleados. Aceptan faenas en donde los empleadores no cumplen con las normas de higiene y de seguridad. Además, las mutuales no destinan mayores recursos a la prevención. Lo esencial es evitar accidentes para no tener que atender a accidentados.
Hay muchas enfermedades laborales que no son reconocidas como tales, porque surgen a raíz de la aparición de nuevas tecnologías. Un ejemplo de ello son los trabajadores irradiados en la empresa Celco Itata . Por lo tanto, necesitamos una cultura de prevención, potenciar los comités paritarios y, para que puedan efectuar una labor eficaz, debe devolvérseles el fuero a sus integrantes.
En el caso de la minería, es urgente que se inicie el proceso de discusión sobre la ratificación del Convenio N° 176, de la OIT, de 1995.
El pasado 8 de septiembre, a través del proyecto de acuerdo N° 182, que tuvo la abstención de los parlamentarios de Gobierno, acordamos solicitar al Presidente de la República el envío de un proyecto de ley en ese sentido. En Londres, él señaló que mandaría una iniciativa destinada a ratificar el Convenio N° 176; pero nos preocupa que no se haya vuelto a hablar de ello. Es necesario que se cumpla ese compromiso.
Debemos terminar con la inhumana manipulación. O se crean puestos de trabajo a riesgo de la seguridad y la salud de los trabajadores o se garantizan y se limitan dichos puestos. Creemos que en el siglo XXI deben y pueden ser compatibles ambos aspectos y en eso el Estado debe cumplir un papel fundamental.
He dicho.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , quiero ocupar a lo menos treinta segundos de mi tiempo para decir que siento una profunda vergüenza, puesto que más de cien diputados no están presentes en la Sala. Probablemente se diga que están en comisiones o en el extranjero. Pero, las circunstancias de que estén trabajando en comisiones y simultáneamente se realice esta sesión da cuenta de lo mal que está funcionando esta Corporación. Por eso, en abril de este año me referí a la necesidad de incorporar cambios sustantivos y radicales en la materia.
Respecto del tema que nos convoca, a partir del drama vivido en la mina San José , el país tiene una oportunidad histórica -y lo comenté con la ministra del Trabajo antes del inicio de la sesión-, de dar un salto cualitativo importante en lo que se refiere a la seguridad laboral. Tuvimos angustia durante largas semanas debido al drama vivido por los 33 hombres sepultados a 700 metros bajo tierra. Pero, también vivimos el drama de la utilización de la información y del acoso por parte de los medios de comunicación e, incluso, el acoso institucional de la Cámara de Diputados, cuando sometió a esos trabajadores a un eterno y tortuoso homenaje a los pocos días de haber retornado a la superficie y recuperado su libertad.
Sin embargo, los trabajadores de la minería no son los únicos que sufren condiciones insatisfactorias en seguridad. En esta Sala se ha mencionado el caso de los trabajadores agrícolas y de los pescadores. Quiero señalar dos ejemplos que han calado muy hondo la conciencia de quienes formamos parte de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
Esta semana recibimos a un grupo de trabajadoras remotas de un call center y anteriormente a los representantes de la empresa en la cual prestaban servicios. No daré sus nombres, porque puedan ser inmediatamente despedidas. En verdad, resulta francamente dramático ver las condiciones de explotación y de inhumanidad en que desarrollan su trabajo.
Por otra parte, no sé si el país sabe que hay cajeras de supermercados que deben cumplir sus funciones con pañales, porque no están autorizadas para ir al baño. Esto ocurre en el Chile de hoy. Lo señalado y lo ocurrido con los mineros de la mina San José amerita que nos replanteemos en general cómo debe ser el mundo del trabajo en el futuro. Relaciones laborales equilibradas permitirán que el país crezca, pero con justicia y equidad.
El desarrollo de los países no es consecuencia de la acción individual de algún iluminado; son esfuerzos colectivos que permanecen en el tiempo, que se van encadenando y que dan como resultado los avances o retrocesos que debemos experimentar en la realidad histórica que se debe enfrentar en cada uno de los momentos en que nos corresponde vivir.
Quiero hacer una breve síntesis de lo que se ha hecho en materia de seguridad laboral en los pasados veinte años, a lo cual sólo me voy a referir brevemente, porque en esta materia también es aplicable aquello de que las cosas por sabidas, se callan, y por callarlas, se olvidan.
Se determinó que un trabajador debe ser atendido de inmediato después de un accidente, lo que ocurrió a partir de la modificación del artículo 77 de la ley N° 16.744. Antes, cuando el trabajador llegaba al centro asistencial, primero se debía calificar si se trataba de un accidente común o del trabajo, lo que implicaba que podría ser derivado a otro centro asistencial o, simplemente, no recibir atención.
Además, el Congreso delegó en el Presidente de la República una facultad que le es propia para que dictara un decreto con fuerza de ley que incorporara a los trabajadores independientes y a los microempresarios a la cobertura de seguros de accidentes del trabajo.
¿Y qué ocurrió? La ex senadora Olga Feliú , que hoy forma parte de la Comisión Asesora Presidencial para la Seguridad en el Trabajo, bajo una fuerte presión de las mutuales, presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, donde obtuvo un pronunciamiento favorable, por lo que esos trabajadores independientes y microempresarios quedaron sin cobertura de seguro hasta 2006.
Se incorporó el seguro de accidentes para los trabajadores del sector público, lo que permitió a 150 mil funcionarios acceder a ese beneficio.
Se estableció la responsabilidad directa del dueño de la obra o de la faena por la seguridad de los trabajadores que laboran en ella, independientemente de quien fuera el empleador. Así se dispuso luego de un hecho que se produjo en 2005 en la comuna de Las Condes. Un grupo de 110 trabajadores que pertenecían a ocho empresas distintas protestaban por la muerte de un trabajador parados en una escala, la que cedió y siete trabajadores murieron.
Se dictó la ley de trabajos pesados, se creó la Comisión Ergonómica y se limitó el peso máximo de carga humana, fundamentalmente para las faenas agrícolas. En fin, se ha hecho mucho y hay harto que relatar.
Como mi tiempo ha concluido, sólo quiero decir a los ministros y subsecretarios presentes que estamos disponibles para avanzar en todas las materias que impliquen reformular nuestra política de seguridad laboral y que van a contar con todo nuestro apoyo y compromiso. De esta manera, vamos a asegurar que no ocurra lo que el diputado Carmona graficó , al señalar la siguiente frase: “o tú quieres un empleo y arriesgas tu vida o tienes seguridad, pero no hay puesto de trabajo”. Queremos que esa disyuntiva no se produzca nunca más en nuestro país. Para eso estamos disponibles.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva.
El señor SILVA .- Señor Presidente , en primer término, saludo al señor ministro del Interior , a la señora ministra del Trabajo , a los señores subsecretarios y a la señora directora.
Iniciaré mi intervención con una reflexión.
A veces las sociedades enfrentan los problemas sólo cuando se produce una crisis compleja que lleve a poner el tema en debate.
A partir del 5 de agosto, hemos enfrentado crisis muy duras, que nos han llevado a discutir sobre la seguridad laboral con mayor fuerza que en otros tiempos. ¡Bien por eso!
Si uno revisa tres instrumentos utilizados en el país en los últimos veinte años de legislación, los mensajes presidenciales del 21 de Mayo, los programas de gobierno de los candidatos presidenciales y los mensajes e iniciativas de ley del Ejecutivo, concluye que la relevancia dada a este tema no es sustantiva. En consecuencia, tenemos que pensar que, como sociedad, tenemos algo pendiente en esta materia.
Como dije, el tema se pone en discusión cuando se produce una crisis. La diferencia va a estar en cómo somos capaces de abordarlo como Congreso Nacional, como Gobierno y como sociedad en general.
Celebro la disposición planteada por los parlamentarios que me han antecedido en el uso de la palabra, como el diputado Saffirio, la diputada Muñoz y otros, para aprovechar esta oportunidad para elaborar medidas que permitan avanzar hacia la calidad y seguridad de los trabajos.
En ese contexto, quiero plantear mi visión para avanzar en esta materia. Por no ser un experto en seguridad laboral, lo haré pero con una mirada política.
En primer término, se requiere de una estrategia global, lo que significa avanzar hacia la instalación de una cultura sobre el tema. Después me referiré brevemente a esto.
En segundo lugar, se necesitan medidas específicas, lo que tiene que ver con la modificación de los incentivos de todos: del Gobierno, de los trabajadores, de los emprendedores y de nosotros.
En relación con la estrategia global, quiero partir con una anécdota.
Cuando estaba en la etapa preescolar y escolar, no se usaba el cinturón de seguridad para viajar en auto. Pero hubo un cambio cultural y hoy sí se utiliza. O sea, se logró poner relevancia en un hecho que antes no la tenía.
Ése es nuestro desafío en materia de seguridad laboral. Debemos avanzar hacia una responsabilidad no sólo individual, sino que tenemos que darle una relevancia que altere los estándares que tenemos como sociedad respecto de lo que debemos hacer en relación con dicho tema.
En ese sentido, quiero valorar de manera especial la decisión del Presidente de la República de convocar a una comisión asesora, porque significa priorizar este tema y definir un compromiso de actuar, porque la sociedad no aceptará que no pase nada después de haberse convocado esa comisión que hará propuestas en las próximas semanas.
En ese sentido, es muy relevante que se avance en construir una estrategia nacional de seguridad.
Ahora bien, no sirve una estrategia general si no va acompañada de medidas específicas. Mi visión particular es que no se pueden abordar todos los temas de seguridad con igual intensidad, por lo que se deben establecer focos. A mi juicio, el foco debe estar en dos puntos: en primer lugar, en la pequeña y mediana empresa, que tienen menos capacidad para autorregularse y desarrollar estándares de seguridad, y, en segundo lugar, en sectores donde hay más accidentalidad y riesgos.
¿Por qué planteo esto? Porque al revisar las cifras de accidentes del trabajo, se observa que hay sectores más peligrosos y que las empresas pequeñas son más riesgosas, además de concentrar un mayor número de trabajadores.
En segundo lugar, el esfuerzo debe ser conjunto, por lo tanto, todos tienen que aportar y ceder algo. Esto significa que los trabajadores y sus dirigentes deben tener mayor disponibilidad para capacitarse.
El Gobierno debe revisar la manera en que ejerce la fiscalización y la planificación de las actividades de seguridad laboral y los empresarios hacer un esfuerzo adicional y recibir un aporte por avanzar en seguridad.
Es de interés y útil avanzar en buenas prácticas laborales por sector y profundizar lo que se está haciendo, porque la naturaleza de la seguridad es distinta por área.
Por su intermedio, señor Presidente, quiero plantear al Ejecutivo que las metas no son sólo para los trabajadores y los empresarios, sino también para el Gobierno.
Quiero mencionar algunas cosas concretas:
1. Meta a la que se compromete la Administración, de aquí a cuatro años, en comparación con la comunidad internacional en accidentes y otras materias.
2. Estándares de difusión. Qué y cómo esperamos que sea conocida la estrategia nacional de seguridad en su avance en el tiempo, y
3. Qué metas y cómo vamos a hacer más eficiente la fiscalización, que sigue siendo una tarea pendiente, no sólo en la cantidad de funcionarios, sino también en la eficiencia de su realización.
Por último, en la Sala, estando presentes los ministros, planteo que una forma más de asegurar mayor seguridad en el trabajo es la creación de más y mejores trabajos. En ese sentido, quiero dar fuerza a la tarea del Gobierno, en cuanto a impulsar la creación de más trabajos dignos y seguros que den oportunidades a las personas que hoy están fuera del mercado laboral o marginados de trabajos dignos y seguros.
He dicho.
El señor BECKER ( Presidente en ejercicio).- Quiero informar a los señores diputados y a las personas presentes en las tribunas que hay nueve comisiones funcionando simultáneamente con la Sala; ellas son: las Comisiones de Ciencia y Tecnología, Minería, Vivienda, Constitución, Pesca, Familia, Recursos Naturales y Derechos Humanos. Además, los diputados de la Comisión de Hacienda están en este momento en el Senado discutiendo el proyecto de ley de Presupuestos.
Tiene la palabra el diputado Luis Lemus.
El señor LEMUS.- Señor Presidente, hemos sido convocados para debatir sobre un tema que se discute en todo el país.
Lo ocurrido en la mina San José fue un hecho de mucha relevancia nacional e internacional. Instantáneamente, se transmitía por televisión, en distintos puntos del mundo, el rescate de los 33 mineros. Millones y millones de personas lo vieron.
Parto planteando una visión muy importante que entregaron los propios periodistas. En la transmisión se decía que el rescate contaba con una tecnología de punta, que estaban los mejores profesionales y, además, que eran chilenos. Un orgullo para nosotros. Fue un rescate de primer mundo. Pero, indudablemente, la contradicción se da y se nos viene abajo todo, porque las condiciones de la gran minería son absolutamente distintas a las que son más bien de la mediana y pequeña minería del tercer mundo.
Eso es parte de lo que hoy se discute. Se ha insistido -me parece muy importante- que nuestro país y sus trabajadores tengan efectivamente una cultura laboral, pero eso es una parte del punto. No podemos dejar de lado lo que también significa la cultura empresarial. ¡Si a cualquier costo no se puede producir, sobre todo si el costo es la vida de los trabajadores! Eso es lo que está en discusión.
Todos queremos que lo sucedido nunca más vuelva a ocurrir, anhelo que también expresaron el Presidente de la República , sus ministros y quienes intervinieron. Por lo tanto, tenemos que legislar rápidamente para que efectivamente sea así. Pero en menos de diez días, en mi región y en la contigua, hubo accidentes que causaron la muerte de tres trabajadores, dos eran de la mediana minería y uno de la gran minería, además de dejar herido grave a otro, que es de la pequeña minería. Podemos reflexionar y decir que en la gran minería hubo un problema de procedimiento. Eso significa que no se siguieron al pie de la letra todas las instrucciones o el uso de elementos de prevención que, efectivamente, existen en la gran minería.
Sin embargo, no podemos decir lo mismo de la mediana minería donde no hay cuestiones que tengan que ver con la cultura de los trabajadores. Todos queremos vivir. Evidentemente, eso no tiene que ver sólo con un tema cultural. En la Comisión Investigadora de Minería ha habido declaraciones sobre las condiciones deplorables en que se atrevían a trabajar los mineros, por ejemplo, con 45 grados de temperatura y con oxigeno que no llegaba a más del 19 por ciento.
Me parece bien que el Gobierno haya constituido una comisión de expertos para analizar el tema, pero echo de menos la opinión de los trabajadores al respecto.
Está bien que nos preocupemos de los trabajadores de las pymes, y que existan los incentivos tributarios y la formación de los comités paritarios más dignamente de como se ha hecho hasta ahora. Las tasas de cotizaciones y los créditos tributarios son importantísimos en la materia.
Tengo un gran respeto por la materia para cuya discusión fue citada esta sesión especial. Por lo tanto, es muy importante la explicación que el señor Presidente ha dado a los medios y a todos nosotros, debido a lo señalado por el diputado Saffirio , en el sentido de que la Sala está un poco vacía. Es relevante recibir las explicaciones en el instante.
He dicho.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum.
El señor SAUERBAUM.- Señor Presidente, primero, lamento que estemos conversando sobre este tema por un accidente. Afortunadamente, el Gobierno hizo un gran trabajo y los 33 mineros fueron rescatados con vida. Sin duda, el tema se pone en el tapete por las circunstancias vividas por ellos.
Al revisar la legislación, nos damos cuenta de que el tema estuvo tremendamente abandonado por los gobiernos anteriores. Solamente hay dos iniciativas que realmente tienen que ver con la seguridad, la higiene y los estándares de seguridad en las empresas.
Las cifras indican que 5,3 por ciento de accidentabilidad y 6,3 por ciento de mortalidad en accidentes de nuestras empresas. Falta tomar el problema en serio. No puede ser que haya empresarios que tengan la libertad -por así decirlo- de enriquecerse a costa de la seguridad de los trabajadores, como ocurrió en la mina San José. Eso es inaceptable.
Le queremos agradecer al Gobierno -especialmente a la ministra- por formar una Comisión de Seguridad en el Trabajo -que ya entregó su primer informe y en noviembre estará disponible el definitivo- y no me cabe duda que va a reunir todos los antecedentes y se le van a entregar todas las atribuciones que necesita para elaborar el contenido del proyecto respectivo. No obstante, también le queremos pedir que, en virtud de los análisis que se han llevado a cabo y para lo cual se ha contado con el aporte de más de 400 personas a nivel nacional, se consideren algunos temas mínimos.
Definitivamente, tenemos que redefinir los estándares de seguridad que hoy existen en las empresas, no sólo mineras, sino también, por ejemplo, en las constructoras. Además, sabemos que el mayor grado de accidentabilidad lo tienen las empresas de transporte, por lo tanto, es ahí donde habría que poner especial énfasis. Asimismo, habría que reforzar la fiscalización. Por ejemplo, en Sernageomin existían 18 personas para fiscalizar el gran número de minas que existen en nuestro país, lo que es inaceptable. Afortunadamente, el Presidente Piñera ya mandó la instrucción de aumentar a más de 25 los fiscalizadores, lo que esperamos ayude a disminuir el grado de accidentabilidad en las pequeñas empresas mineras.
En esto el ministro de Hacienda va a jugar un rol muy importante. Se necesitan más recursos para hacer una fiscalización efectiva, con funcionarios más capacitados y una mayor coordinación entre las instituciones que la realizan. No puede ser que una misma faena tenga la supervisión de Sernageomin, de la Inspección del Trabajo, del servicio de salud y finalmente nadie sepa quién determina si es factible que una empresa continúe con la faena, si se detiene o si cumple con los requisitos mínimos exigidos.
Por último, a mi juicio, lo más importante -la Comisión de Minería también ha trabajado en aquello- es instaurar una cultura de la seguridad y la prevención. En Chile, el tema es abordado fundamentalmente por las grandes transnacionales, que tienen estándares de seguridad mucho más altos que nuestras empresas. La mina San José, donde ocurrió el derrumbe, pertenece a la mediana minería y no cuenta con estándares internacionales, como sucede con las grandes mineras que funcionan en el país.
Lo fundamental que queremos hacer llegar a la Comisión se divide en cuatro o cinco puntos que me gustaría darlos a conocer a las autoridades que hoy nos acompañan.
Primero, incentivar las buenas prácticas laborales, como entregar un sello verde -por decirlo de alguna manera- de buen comportamiento de la empresa, para renovarle la patente o los permisos para continuar funcionando, cosa que no sucedió en la mina San José, ya que a la empresa se le exigió una lista de requisitos para que siguieran operando el yacimiento, pero no cumplió ninguno y continuó con la explotación. Luego ocurrieron los lamentables hechos que todos conocemos.
Hay que reforzar también los comités paritarios, que juegan un rol tremendo en la seguridad interna de las empresas; asimismo, enseñar el autocuidado de estos trabajadores desde el colegio, si es posible; además, debemos abarcar a todos los trabajadores a través de campañas comunicacionales del Gobierno, que hagan entender que la seguridad es lo más importante ante cualquier otra circunstancia. Ya lo decían los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra: ningún trabajo ni sueldo vale la vida de un trabajador ni su seguridad. Además, debemos reforzar el rol de las mutuales en la prevención de accidentes en las pequeñas empresas, porque aquí estamos hablando de empresas grandes y medianas que tienen una cantidad de recursos importantes. Con todo, bien sabemos que la productividad del país se basa fundamentalmente en las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, necesitamos que las mutuales tengan un rol importante en lo que se refiere a las pymes.
Debemos mejorar la calidad de los cursos y actividades de prevención que hoy se imparten en universidades e institutos, ya que, finalmente, son ellos quienes transmiten instrucciones a las pequeñas y medianas empresas que cuentan con algún tipo de asesoría técnica en temas de seguridad.
Por intermedio de la Mesa, quiero decir a la ministra que va a contar con nuestro apoyo para esta Comisión de Seguridad del Trabajo; no obstante, le pedimos que tome en consideración las medidas que la Comisión de Minería está analizando. Hemos tenido largas conversaciones con los expertos, y queremos entregar a la ministra esa información para que sea evaluada al interior de la Comisión.
Por último, es preciso que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley que asegure que todas las personas van a trabajar en condiciones dignas, de higiene, seguras y que ningún trabajador va a arriesgar su vida por recibir un sueldo o llevar el pan a su hogar.
He dicho.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente, cuando hablamos de seguridad laboral no nos estamos refiriendo solamente a cifras o números, sino que a vidas humanas. Por lo tanto, es un tema muy importante y delicado.
Es obvio que los grandes empresarios -está demostrado- privilegian las utilidades antes que la seguridad de los trabajadores. La historia del Movimiento Obrero Chileno está escrita con sangre y la lucha reivindicativa, la protección de los trabajadores chilenos ha costado grandes batallas.
A principios del siglo pasado, en el año 1900, un parlamentario llamado Malaquías Concha presentó el primer proyecto sobre seguridad de los trabajadores y reglamentación del trabajo. Obviamente, fue rechazado; pero la lucha continuó. En 1907, se aprobó la Ley de Descanso Dominical; en 1912, la Protección a la Infancia Desvalida, porque en esos años, igual que ahora, los niños también trabajaban; en 1914, se aprobó la Ley de la Silla, la que, lamentablemente, en los mall y en las grandes industrias del comercio no se respeta; en 1918, se aprobó la Ley de Accidentes del Trabajo; en 1917, se aprobó la Ley de las Salas Cuna, etcétera.
¿Qué quiero demostrar con eso? Que han sido años de lucha y de trabajo de parte de las organizaciones de trabajadores. Ésa es la primera tarea que hoy nuestras organizaciones deben enfrentar. Los trabajadores deben y tienen que fortalecer sus sindicatos, federaciones y confederaciones, porque es la herramienta que tiene la clase obrera para luchar por la protección de sus intereses.
Días atrás -todos quienes me han antecedido han tocado el tema-, en la mina San José , treinta y tres compañeros mineros estuvieron setenta días bajo tierra. Ahora son considerados héroes, pero también podrían haber sido mártires y se habrían sumado al número de mártires de los trabajadores.
Me parece increíble -o entendí mal- que el diputado Rojas haya insinuado que la responsabilidad de ese accidente fue de los trabajadores. Eso no se puede permitir….
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Se ha cumplido el tiempo, señor diputado.
El señor ALINCO.- Voy a continuar, señor Presidente . Tengo tiempo.
El señor BECKER ( Presidente en ejercicio).- Muy bien, señor diputado , pero en desmedro del tiempo que iba a usar la diputada señora Cristina Girardi .
El señor ALINCO.- La diputada Adriana Muñoz ocupó nuestro tiempo.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Ése es un problema de su bancada, señor diputado.
Puede continuar con el uso de la palabra.
El señor ALINCO.- En estos tiempos, no se trata sólo de hacer discursos, sino de plantear hechos reales. Es necesario ver cómo solucionamos realmente el problema de la seguridad laboral.
Hace unos días, discutíamos con la ministra del Trabajo , en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, una falla fundamental. No es posible crear una comisión asesora del Ministerio del Trabajo sin la participación de los trabajadores y de las organizaciones que los representan; no es posible protegerlos si la Dirección del Trabajo no desempeña su rol fiscalizador. Por eso, reclamo por el hecho de que en el Presupuesto del próximo año, que dentro de pocos días tendremos que discutir y votar, se disminuya entre 800 y 1.000 millones de pesos el presupuesto de la Dirección del Trabajo. Eso significa, automáticamente, que la capacidad fiscalizadora de la Dirección del Trabajo también se verá disminuida.
Entonces, tenemos que decir y hacer. En el Congreso Nacional tenemos que legislar de verdad, aprobando leyes que entreguen beneficios reales y protección a nuestros trabajadores. En esta Sala, rendimos homenajes y guardamos minutos de silencio cuanto ocurren accidentes, pero a la hora de legislar, “nos vamos en puros discursos”.
Con el permiso del señor Presidente , me voy a permitir entregarle a la ministra del Trabajo y al ministro del Interior un proyecto de ley que está durmiendo en el Congreso Nacional, hace un par de años. Se trata del proyecto que “tipifica conductas atentatorias contra la seguridad del trabajo”, elaborado por ese gran ex diputado , legislador y ex Presidente de la Cámara , Juan Bustos , y el ex diputado Marco Enríquez-Ominami . Espero que el Ejecutivo lo considere y le fije la urgencia que amerita.
He dicho.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente , todos nos hemos referido al motivo de esta sesión especial, que nos impactó a todos y que se difundió durante los últimos meses en la televisión: el accidente protagonizado por los mineros de la mina San José.
Lo primero que quiero decir es que no son sólo 33 mineros los que sufrieron las consecuencias de la inseguridad laboral. La reflexión que nos convoca debe impulsarnos a llevar a cabo avances legislativos concretos. Los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra ya se refirieron a los 23 casos de accidentes en la minería con resultado de muerte ocurridos hasta mayo del año en curso. El año pasado se registraron 35 casos invisibles, porque no tuvieron el impacto mediático de lo ocurrido en la mina San José .
Todos compartimos que el valor de una vida humana es el mismo, ya sea que aparezca o no aparezca en la televisión, ya sea de quienes trabajan en la pequeña, mediana o gran minería, en faenas agrícolas o en los grandes centros comerciales. Es el tema central que debe animar esta discusión.
Se ha señalado que lo que hace falta es mayor fiscalización, pero existe la certeza y la evidencia de que, con 18 ó 23 fiscalizadores, Sernageomin no podrá fiscalizar cada una de las faenas mineras del país. Lo mismo ocurre con la Dirección del Trabajo. Muchas veces hemos visto que resulta imposible fiscalizar cada uno de los lugares de trabajo. Por cierto, es importante fortalecer ese rol, pero aquí se han expresado muchas aprensiones en materia presupuestaria para el próximo año. Pero, no es suficiente; no es ésa la solución; el problema ocurrido en la mina San José no se debió solamente a falta de fiscalización.
También se ha dicho que es importante que el trabajador asuma su responsabilidad. El diputado Rojas decía que era su responsabilidad usar zapatos de seguridad y casco. Por cierto, es algo muy importante, pero, también tenemos que asumir la realidad de gran parte de los trabajadores. Así lo recordaron los diputados Saffirio y Carmona . “Si exiges un trabajo seguro, te quedas sin trabajo”. Es la alternativa que hay, porque hay una fila de trabajadores esperando.
Es un tema de fondo del que tenemos que hacernos cargo, y me alegra saber que el Gobierno ha propuesto un nuevo trato laboral, más allá del tema relacionado con la seguridad. Pero, tenemos dudas en cuanto a si realmente vamos a avanzar en esos temas de fondo.
Hay un tercer factor que se ha tocado al pasar. ¿En quien radica la principal responsabilidad? En el empleador. Las empresas asumen que no se trata sólo de cumplir una norma; no es sólo porque lo exija -ojalá que fuera así- el sindicato de trabajadores: es parte del proceso productivo de las empresas que hacen bien las cosas y que sacan adelante su tarea. Creo que es un aspecto que ha sido invisible en el debate habido durante estos meses y que espero que esté presente en la discusión legislativa que efectuemos en los próximos días.
Por el escaso tiempo de que dispongo, quiero plantear en forma muy resumida que tengo motivos para estar preocupada. El único proyecto que toca el problema de la seguridad laboral que hoy estamos discutiendo es el relacionado con el trabajo a distancia o teletrabajo. ¿Qué establece este proyecto? Que, en materia de seguridad laboral, la responsabilidad ya no es del empleador, sino del trabajador, mayoritariamente, de la trabajadora. El diputado Saffirio recordaba lo que nos señalaron ayer las trabajadoras, en cuanto a que si se echa a perder el computador o hay algún problema técnico es responsabilidad de ellas; si hay un accidente laboral, también será su responsabilidad. Es decir, vamos en un sentido contrario a lo que establece la ley sobre subcontratación, que reconoce que la empresa tiene una responsabilidad ineludible, independiente de que haya terceras personas de por medio, es decir, contratistas.
Entonces, debemos pensar en revisar este aspecto, porque estamos discutiendo, precisamente, esa materia. Es la oportunidad de enmendar el rumbo respecto de lo que hemos aprobado, y establecer que el empleador tiene responsabilidades que no podemos radicar en el trabajador. Ojalá se amplíe la cobertura que hoy existe en materia de seguridad laboral, no sólo a quienes tienen un contrato de trabajo, sino a todos los que desempeñan una actividad productiva.
He dicho.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry.
El señor SALABERRY.- Señor Presidente , creo que esta sesión es una buena oportunidad para ahondar o abundar en opiniones y argumentos sobre la tragedia que vivió el país y la importancia que tiene para el Congreso Nacional y para la sociedad chilena discutir en profundidad y con altura de miras los temas relacionados con la seguridad laboral, toda vez que, recién conocido el accidente que mantuvo en vilo no sólo al país, sino a toda la comunidad internacional, fue el propio Presidente de la República quien convocó a una comisión para que analizara el tema. Algunos podrán discutir la amplitud de su ámbito, pero lo primero que se hizo fue preguntarse por qué en Chile estaba sucediendo una situación que preocupaba, dolía y afectaba a un grupo de trabajadores.
¿Por qué creo que ésta es una oportunidad para profundizar sobre esos temas? Porque nos permite referirnos no sólo a la seguridad de un grupo de trabajadores de uno de los sectores productivos de nuestra economía, sino evaluar, pensar, discutir y hacer planteamientos sobre la seguridad laboral en nuestro país, con una visión mucho más moderna del mercado del trabajo.
En ese sentido, ésta es una oportunidad para asumir la discusión de nuestra legislación a propósito de lo que no se ha hecho. No hemos observado cómo los cambios tecnológicos han producido elementos en el mercado laboral que nos permiten visualizar de manera diferenciada tipos de trabajador para enfrentar una forma de seguridad en los distintos sistemas productivos.
Las rigideces o regulaciones no significan lo mismo para el trabajador que se desempeña en la minería que para el que labora en la agricultura, ni para el trabajador que se desempeña en la pesca artesanal o industrial, que el que se desenvuelve en el mundo urbano.
Por lo tanto, la visión en materia de seguridad laboral debe tener este componente diverso, de adaptabilidad, de más modernidad del mercado del trabajo, que nos lleve a desmitificar o a terminar con algunas miradas más ideológicas que extreman la discusión, a saber, aquella perspectiva que permite denunciar al empresario explotador que, independientemente de las condiciones de seguridad de sus asociados, de sus trabajadores, sólo le preocupan los niveles de rentabilidad de una actividad productiva, versus una visión ideológica que con extremadas regulaciones en materia de seguridad, con poca adaptabilidad y flexibilidad para enfrentar esta materia, muchas veces termina por no generar empleos decentes y de calidad.
Por eso, acogimos tanto la convocatoria del Presidente de la República para estudiar y ser parte de esta Comisión asesora en materia de seguridad laboral, como la de este Congreso Nacional respecto de la discusión que debemos tener en el futuro en lo que dice relación con la creación de empleos decentes, pero con una profunda visión sobre la seguridad de nuestros trabajadores.
En ese sentido, respecto de los hechos que nos convocaron y que, sin duda, se seguirán discutiendo por mucho tiempo, un grupo de parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente y miembros de las Comisiones de Trabajo y Seguridad Social y de Minería y Energía, tratamos de presentar una propuesta al país para que sea acogida por esa Comisión, la que hoy hacemos pública.
Por ejemplo, en cuanto a la fiscalización de los servicios, ¿le corresponde sólo a la Dirección del Trabajo, sólo al Sernageomin o a los servicios de salud? Creemos que es una oportunidad para plantearlo.
La creación de una Superintendencia de Seguridad Laboral, que pueda ser evaluada, discutida, que unifique los criterios básicos de seguridad laboral, pero con la mirada diversa de los distintos sistemas productivos, puede ser un avance en materia de seguridad laboral.
Otro tema que ha estado en el tapete en los últimos días -el Presidente de la República se refirió a él- es el aumento de los fiscalizadores. El ideal es que las formas de fiscalizar no sólo tengan que ver con la presencia coyuntural de una persona dedicada al asunto, muchas veces sin tener la expertise en lo que se está fiscalizando; también debe haber un incremento en el número de fiscalizadores y especificación de las materias que les competen.
Se ha debatido mucho acerca de los permisos que otorga el Estado respecto de las distintas actividades productivas cuando se incumplen determinadas materias de carácter laboral, sean previsionales o de seguridad, como en este caso. Pero es posible que estén en la mesa de discusión ciertas limitantes o el término de determinados permisos para algunas actividades productivas, extractivas u otras que, habiendo incumplido reiteradamente la legislación laboral, pierdan algunos derechos para continuar su actividad comercial.
Otro elemento general, no sólo circunscrito al tema de la minería, es la posibilidad de entregar incentivos tributarios a empresas que cumplan o vayan cumpliendo períodos sin accidentes en el trabajo, sean graves o leves.
Siempre llama la atención que en algunas actividades de nuestra economía, a la entrada de la faena, se destaca la cantidad de días que lleva ésta sin accidentes del trabajo. En tal sentido, también puede resultar una propuesta atractiva buscar ciertos incentivos tributarios para las empresas que mantengan bajos niveles de accidentabilidad.
Llamo a tener una mirada de futuro, moderna, sobre el mercado del trabajo, donde los mayores niveles y estándares de seguridad en el trabajo tengan que ver con los distintos sistemas productivos, pero que no afecten la creación de empleos.
He dicho.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, hemos escuchado importantes intervenciones en esta sesión especial para analizar la seguridad laboral del mundo del trabajo.
En verdad, mil palabras o mil discursos no bastan para explicar un caso ocurrido en la ciudad de Valdivia el lunes 25 de octubre. En la empresa de Astilleros Navales Asenav, a las 16.30 horas, un trabajador cayó desde cuatro metros de altura y fue encontrado 16 horas después, es decir, el día martes 26, aproximadamente a las 9 de la mañana. El accidentado falleció y ya fue sepultado.
Eso demuestra la cultura laboral, de protección que se da en el mundo del trabajo. No existe cultura de cumplimiento. Tenemos empresas que generan perspectivas internacionales, que muestran estándares internacionales de cumplimiento en sus faenas, pero en la protección laboral no hay cultura sobre cumplimiento de las normas. Muchas veces se cumplen fiscalizaciones en las que, simplemente, sólo se hacen observaciones de forma.
¿En qué país desarrollado puede acontecer que un trabajador permanezca 16 horas tendido en la empresa, desfalleciendo, hasta que muere por falta de atención? Es el caso de Rudy Fligh Ríos, obrero de los Astilleros Asenav de Valdivia. ¡Ahí quiero ver la fiscalización! ¡Ahí quiero ver la sanción a ese tipo de comportamiento! ¡Ahí quiero ver una cultura de cumplimiento, en la que la ley de accidentes laborales y enfermedades profesionales no sólo sea una constatación por parte de los organismos del Estado o por las mutuales, sino que sea una cultura permanente de educar, de invertir, de desarrollar protección a los trabajadores y a su entorno familiar y de trabajo, en relación con la cultura de una empresa!
Es importante que como país, y a propósito del desastre y drama de los 33 mineros, se asuma un compromiso global y transversal, en el que las modificaciones no sólo digan relación con aspectos formales y de fiscalización, sino con la implementación de una legislación protectora, principalmente, que apunte al cumplimiento de normas laborales y respeto de los derechos de los trabajadores.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente , a pocas semanas de haber ocurrido uno de los más graves accidentes laborales de la minería y que dio la vuelta al mundo, esperaba que quienes citaron a esta sesión llenaran en masa la Sala. Probablemente, la ciudadanía también habría estado atenta a lo que aquí se discutía. Sin embargo, paradójicamente comprobamos que la Sala se encuentra prácticamente vacía.
Además, debo destacar que se han formulado pocas propuestas, pese a que han concurrido tres ministros de Estado , dos subsecretarios y la directora del Trabajo. ¡Y ésta es la Cámara de Diputados, el Salón Plenario de la Cámara, a pocas semanas del accidente más emblemático sobre la seguridad minera en Chile!
Me gustaría que quienes convocaron a esta sesión se hagan responsables, porque lo menos que se puede esperar es que quien invita a una sesión reciba a sus invitados. Ni siquiera hemos visto eso.
Da un poco de vergüenza referirse al fondo de lo que nos convoca en este escenario.
Sólo quiero hacer dos reflexiones: cuando uno ve las estadísticas sobre cómo han bajado los índices de mortalidad en accidentes del trabajo, quisiera hacer un llamado en pos de los trabajadores a no ver el vaso medio lleno, sino más bien el medio vacío.
Las cifras tienen mucho que decir. ¿En qué sentido? Primero, en que no estamos bien si nos comparamos con los países desarrollados, ya que todavía tenemos tasas altas de accidentes y muertes en el trabajo.
Segundo, si analizamos en detalle nuestras tasas, nos daremos cuenta que son mucho más altas; hay una gran desproporción entre las empresas grandes y las pequeñas.
Lo más fácil es decir que las grandes empresas no se preocupan de la seguridad de sus trabajadores, pero lamentablemente las cifras más altas de accidentes se producen en las pequeñas empresas: un 6,7 por cada cien trabajadores es la tasa de mortalidad, y cien mil en caso de accidentes. En las empresas grandes es de 4,7, es decir, dos puntos menos. Por lo tanto, debemos focalizar nuestro mayor esfuerzo.
Además, si se analiza donde se producen los accidentes, nos vamos a dar cuenta de que no es parejo en todas las actividades, ya que algunas tienen tasas más altas: el transporte, un 20,5, y la agricultura tiene una tasa estable.
En el área de transportes, tampoco las empresas tienen la tasa promedio alta, sino que algunas empresas, bajo ciertas características, presentan tasas disparadas.
El diagnóstico nos motiva a decir: “Miren, no nos basemos en el promedio. Si bien el promedio no es tan bueno, tampoco el promedio nos debe llevar a soluciones engañosas respecto de cómo enfrentar el tema”.
Aquí hay que hacer un primer diagnóstico: “Lo hemos hecho mal en el tema. Estamos en deuda”.
En los últimos veinte años, se han presentado en materia de seguridad sólo siete proyectos de ley, de los cuales sólo uno incorpora el seguro contra accidentes. Por lo tanto, sólo uno está referido a la materia que nos convoca. ¡Uno en veinte años!
En los últimos veinte años, se han presentado dieciocho mociones parlamentarias, de las cuales sólo dos se transformaron en leyes; las otras, duermen o se archivaron.
Sin embargo, en los mensajes del 21 de Mayo hemos visto muchas páginas que se refieren a la materia; también en los programas de campaña donde se habla y habla de la seguridad en el empleo, pero es poco lo que se ha hecho.
Por lo tanto, llegó el momento de la acción.
El proyecto de acuerdo que presentaremos al final de la sesión pide al Gobierno un plazo concreto. Además, esperamos que la Comisión despache proyectos de ley que agudicen la responsabilidad de quienes negligentemente exponen a los trabajadores a accidentes.
Esperamos que dichos proyectos se tramiten con suma urgencia o, al menos, sean objeto de una discusión que permita acelerar nuestra reacción, y no deje pasar la oportunidad, como tantas en el pasado, a fin de que, de una vez por todas, se garantice un mínimo de seguridad y de dignidad a los trabajadores.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente , la sesión que nos convoca es de suma importancia. Lo que ocurrió en la mina San José puso en el tapete de la discusión que las autoridades públicas deben dar prioridad a la seguridad laboral y no sólo a los temas mineros.
Quizás, por la espectacularidad de lo ocurrido en la mina San José , se ha pasado por alto otras áreas de la actividad económica, en las que tenemos tasas de accidentabilidad mayores. Se ha señalado, por ejemplo, lo que sucede en el transporte o en la construcción.
Al respecto, quiero manifestar mi preocupación, porque se ha anunciado por el Gobierno que habrá mayor fiscalización. Sin embargo, cuando se lleva esta materia al correlato de la ley de Presupuestos, que hoy se discute, podemos ver que no se aumenta la planta de fiscalizadores de la Dirección del Trabajo.
La ministra del Trabajo conoce muy bien la Región de Antofagasta. Sabe que en la Segunda Región tenemos catorce fiscalizadores: siete, para Antofagasta; seis, para la provincia del Loa, y uno para Tocopilla. Nuestra región cuenta con una cantidad importante de faenas mineras.
La semana pasada me reuní con la Asociación de Funcionarios de la Dirección del Trabajo de la Segunda Región. Me explicaron que, cuando deben fiscalizar una gran compañía minera, les significa desplazarse todo el día y dejar a una persona menos para atender al público. Además, agregaron que se encuentran sobrepasados en la atención de público. El Congreso, cada vez que ha aprobado nuevas leyes laborales, le da una mayor carga de trabajo a la Dirección del Trabajo. Basta pensar en el rol que cumplen como mediadores o en la calidad que tienen como fiscalizadores y ministros de fe para realizar determinadas actuaciones judiciales, dado el nuevo procedimiento laboral.
Entonces, me gustaría consultar a la ministra cuál es la razón por la que no se ha aumentado la planta de fiscalizadores en consideración a que la necesidad de fiscalizar sigue creciendo.
El caso que conozco es el de la Segunda Región, donde tenemos anunciada la apertura importante de nuevos proyectos mineros que van a comenzar. La ampliación de otros proyectos demanda más fiscalización, porque, como dije, cada vez que se fiscaliza a una compañía minera, se deja de fiscalizar otras áreas de la economía, como pesca, transportes, comercio, construcción, etcétera.
En el tema de la seguridad minera, uno espera que la principal obligación corresponda al empleador, quien debe velar por la seguridad de sus trabajadores. Si eso no ocurre, el Estado está llamado a poner orden. En el fondo, a fiscalizar adecuadamente.
Esperamos que la comisión formada por el Presidente de la República pueda generar propuestas nuevas. Hoy, nuestro país está suficientemente maduro para avanzar en un nuevo trato laboral, que pasa por tener claridad respecto de cuál será el rol del Estado.
Durante los últimos veinte años, no hemos tenido una visión adecuada del rol de las distintas instituciones fiscalizadoras. Quizás, lo más paradójico es que, cuando ocurre un accidente del trabajo, llegan varias instituciones a fiscalizar.
En el caso de las faenas mineras, por una parte, llega la Dirección del Trabajo, el Sernageomin y el Servicio de Salud. Eventualmente, también concurre el municipio, si tiene algo que decir y si hay una dispersión de fiscalizadores y de criterios respecto de cómo enfrentar los temas.
Debemos avanzar en la creación de una superintendencia de seguridad laboral que pueda unificar criterios, contar con recursos y personal adecuado para fiscalizar los accidentes y tener claridad para prevenir y evitar tragedias por falta de medidas de seguridad.
Asimismo, por su intermedio, sostengo que debemos revisar la ley de accidentes del trabajo, ya que, a mi juicio, ha ido quedando bastante obsoleta conforme con la nueva realidad del mercado laboral.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero saludar a la ministra del Trabajo, señora Camila Merino, a los subsecretarios y a la directora del Trabajo.
Espero que en esta sesión, que no ha contado con la participación de parlamentarios que hubiésemos querido, podamos darles a conocer nuestra visión sobre la seguridad laboral y minera.
Sin duda, el accidente en la mina San José gatilló esta sesión y ha puesto en el tapete el riesgo laboral que existe en muchas actividades. Pero lo que conozco -y a ello me voy a referir- se relaciona con la pequeña y mediana minerías.
Es necesario entregar cifras, que deben ser conocidas por esta Sala. Como lo han señalado varios diputados, la tasa de accidentabilidad general en el país es de 5,3 por cada cien trabajadores. En la minería, es de sólo 2,2; o sea, es bastante más baja que el promedio nacional.
Pero aquí hay que agregar una información que debe ser conocida: la tasa de accidentabilidad de la mina San José, declarada por la Asociación Chilena de Seguridad en la Comisión investigadora de la Cámara de Diputados, era de 9,5. Es decir, el riesgo existente en esa empresa era de responsabilidad absoluta de sus dueños, quienes gestionaban el proyecto minero.
Quiero resaltar esta situación y las cifras, porque ellas reflejan una notoria falta de fiscalización. Creo que la falta de fiscalización es la primera causa de nuestra realidad en seguridad laboral.
Por eso, es muy importante hacer notar que el Gobierno del Presidente Piñera ha recibido la herencia de los gobiernos de la Concertación, durante los últimos veinte años, que queremos corregir, y por eso manifestamos nuestra voluntad para mejorar la situación.
Sin duda, en el accidente de la mina San José se sobrepasaron todos los límites y se privilegió la ganancia por sobre la seguridad y protección de la vida de los trabajadores.
También hay que señalar que en la minería solamente dos de cada tres trabajadores se encuentran cubiertos por el seguro establecido en la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Esto significa que hay numerosos pequeños mineros y pirquineros independientes que no están protegidos por dicha norma.
Sin temores ni complejos, quiero decir que el Estado debe invertir a través de créditos asistidos técnicamente para que esos pequeños mineros puedan llevar adelante acciones de prevención y seguridad en sus pirquenes o pequeñas minas.
Por eso, es necesario inculcar mayor conciencia sobre el problema en las empresas y en los trabajadores, así como impulsar un cambio de la cultura empresarial hacia la cultura de la prevención, donde, como sociedad, nos aguardan importantes desafíos que, a mi juicio, son:
1) Revisión integral de los contenidos de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Esto lo señalo con mucha claridad, porque la experiencia nos ha enseñado que, en los últimos años, ha habido enfermedades profesionales que no están protegidas por la ley. El trabajo en altura es uno de los últimos en incorporarse y hay trabajos en ambientes contaminados que también ameritan ser reconocidos. Por ejemplo, ha habido trabajadores contaminados por mercurio y plomo, que en la actualidad están inválidos o son minusválidos por este tipo de enfermedades.
2) Incorporar al tercio restante, especialmente en el ámbito del pequeño minero y del pirquinero independiente.
3) Es necesario rediseñar la óptica de fiscalización -es lo que estaba explicando-, que data de 1967, y los criterios que son aplicados. Se debe cambiar el criterio de incumplimiento-sanción a un esquema de mínimos técnicos socialmente tolerables para el desarrollo de la actividad laboral.
4) Compatibilizar la creación de empleos con la protección laboral, privilegiando mínimos técnicamente aceptables, dejando de lado la dicotomía entre empleo y regulación.
5) Incorporar los avances tecnológicos que permitan mayor protección ante el riesgo.
Espero que podamos avanzar en este tema y estamos dispuestos a hacerlo. Como muy bien dijo el diputado Nicolás Monckeberg , en los últimos años sólo se han aprobado un mensaje del Ejecutivo y dos mociones parlamentarias relacionados con esta materia.
Por lo tanto, es absolutamente necesario llevar adelante esta nueva cultura de protección laboral.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos.
El señor LOBOS.- Señor Presidente, saludo a nuestros ministros, subsecretarios y a la directora del Trabajo.
Es una vergüenza que sólo el Gobierno le haya dado importancia a esta sesión. Es un gusto contar con dos ministros en la Sala cuando se va a discutir una materia tan importante para los trabajadores. Contar con los subsecretarios también es un honor. Le doy la bienvenida a todos a esta Cámara y les pido que disculpen esta vergüenza, porque da la impresión de que aquellos que se interesaron por citar a esta sesión no se preocuparon de estar presentes para aportar con sus ideas.
En aras del poco tiempo de que dispongo, solamente quiero hacer mención a un aspecto que también debe tomarse en cuenta hoy y que dice relación con la salud laboral.
Debemos establecer un avance significativo en cuanto a las enfermedades profesionales, porque estimo que estamos fallando en ese punto. Tenemos que revisar todo lo relacionado con las mutualidades. Estamos subsidiando, desde el fisco, a través del Fonasa y del ISP, y a través de los privados, llámense AFP e isapres, a estas instituciones, que lo han hecho bien. La tasa de accidentabilidad ha bajado mucho y, de hecho, en las grandes empresas -todas están afiliadas a las mutualidades- es mucho más baja que en las pequeñas empresas, las cuales, habitualmente, están afiliadas -por decirlo de una forma- a nuestro aparato fiscal.
Es obvio que debemos avanzar en la dirección de que esas mutualidades tomen la totalidad de las empresas. El Estado no debe competir en ese espacio, porque es mejor que se afilien a estas instituciones, que sí hacen labor de prevención, porque se dieron cuenta de que era mucho más barato prevenir que tratar. De hecho, han cerrado varios de sus hospitales, porque ya no los necesitan. Hoy se previene el accidente del trabajo y así el trabajador nunca llega a enfermarse.
Entonces, debemos revisar las definiciones, porque hay muchos trabajadores que padecen enfermedades netamente laborales que no están siendo acogidos por la ley. Otros han sufrido invalideces laborales, que están pagando las AFP y el INP, con el desmedro que eso implica en sus pensiones. Por lo tanto, tenemos que avanzar en esa dirección.
Este tema ha estado ausente del debate durante mucho tiempo. Por eso, da gusto que hoy lo abordemos. Creo que nuestro gobierno está derribando uno a uno los mitos: se está preocupando de la educación, de la salud y, hoy, empieza también con esta Comisión, que va a hacer interesantes propuestas y que se abocará a los derechos y la seguridad laborales y -por qué no decirlo- a la medicina del trabajo.
Agradezco la posibilidad de poder contar con estas altas autoridades de nuestro gobierno, que está preocupándose del tema, a quienes, una vez más, les pido disculpas por la escasa audiencia que han tenido hoy.
He dicho.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra la ministra del Trabajo, señora Camila Merino.
La señora MERINO, doña Camila ( ministra del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente , honorables diputados:
Hoy, tenemos una oportunidad única para mejorar las condiciones de seguridad del país. He escuchado atentamente y advierto que hay mucho consenso en las propuestas, pero esta tarea es compleja; no se trata sólo de una medida; se necesitan muchas para mejorar la seguridad laboral.
Para tomar decisiones, es importante tener un buen diagnóstico. A través de una breve presentación, les voy a dar a conocer cómo está la situación de seguridad laboral.
Hoy, solamente el 71 por ciento de los trabajadores dependientes están protegidos por el seguro de accidentes del trabajo; los que están fuera son informales y los por cuenta propia. Hay sectores que están más desprotegidos, como el comercio y la agricultura.
Además, tenemos información pobre; la información más rica se encuentra en las mutuales. Obviamente, no tenemos información de los trabajadores informales, independientes, y en el caso de los afiliados al Instituto de Seguridad Laboral, la información es bastante incompleta.
Si nos remitimos a indicadores de accidentabilidad, debo aclarar que solamente existen para los trabajadores afiliados a mutuales, y la tasa llega a 5,3 por ciento al año. Se perciben diferencias. Las empresas más pequeñas tienen mayor accidentabilidad, así como también hay algunos sectores, como veremos más adelante, que tienen altas tasas.
Si consideramos los días perdidos por accidentes, también constatamos diferencias. En promedio, son catorce días, pero hay sectores como la minería y las pequeñas empresas que tienen más días.
En cuanto a las tasas de mortalidad, hoy debemos lamentar 400 muertes al año; 300 accidentes fatales por trabajo, más 100 de trayecto al año. También se aprecian diferencias en los diferentes factores. Minería, transporte y construcción son los sectores más riesgosos.
Y si nos comparamos con países desarrollados, estamos bastante mal. Ellos tienen índices cercanos a 4 por cada 100 mil trabajadores y nosotros bordeamos los 6,5.
En seguida, de los 7 millones de trabajadores que componen la fuerza laboral, sólo 4,7 millones están cubiertos por seguros de accidentes. El comercio y la agricultura son los sectores con menor cobertura. El porcentaje de trabajadores protegidos en el sector del comercio alcanza a 53 por ciento; en la agricultura, asciende a 59 por ciento.
¿Cómo se cubren los trabajadores? Existen diferentes sistemas. Las mutuales captan a 3,6 millones de trabajadores, el grueso de la fuerza laboral. Las sigue el Instituto de Seguridad Laboral (ISL), con 1 millón de trabajadores, y cubiertos por los administradores delegados sólo hay 27 mil trabajadores.
En cambio, en cuanto a empleadores, el grueso se concentra en el ISL, que tiene las empresas más pequeñas, que abarca al 83 por ciento. Es en este sector donde tenemos los mayores problemas de seguridad.
Respecto de la tasa de accidentabilidad, el promedio es de 5,3 por ciento, cifra que muestra diferentes realidades. En la imagen se aprecia el tamaño de las empresas, desde la más pequeña hasta la más grande. De 1 a 10 trabajadores, el promedio es de 6,7 por ciento; de 11 a 25, se mantiene en 6,7; pero sobre los mil trabajadores, la tasa baja a 4,1 por ciento.
Estas son las cifras de las mutuales; en este esquema no están consideradas las del ISL -no disponemos de las cifras-, que, como tiene un mayor porcentaje de empresas pequeñas, lo más seguro es que tenga una tasa mayor a 5,3 por ciento.
En cuanto a los sectores, comprobamos que algunos son más riesgosos, como la agricultura, con una tasa de accidentabilidad de 7,2 por ciento; la industria manufacturera, con 7,4 por ciento, y transportes y comunicaciones, con 7,7 por ciento.
En relación a los días perdidos por accidente, también se aprecian diferencias. El promedio es de 14,1 días perdidos, cifra que en las pequeñas empresas sube a 18,7 días; en las grandes, baja a 12,7.
Por sectores, la minería tiene los índices más altos de días perdidos, pues llega a 25,7 días perdidos por accidente.
Respecto a la tasa de mortalidad, el promedio es de 6,5 por 100 mil trabajadores. Aquí hay gran diferencia por sectores. En la minería llega casi a 30; en la construcción, a 14, y en transporte y comunicaciones, casi a 20.
Si nos comparamos, podemos observar que estamos mejor que muchos países latinoamericanos, pero bastante mal si lo hacemos con países desarrollados. Según estadísticas de 2006, nuestra tasa de mortalidad era de 6,8, en circunstancias de que la de la Unión Europea era de 4,1 y la de España, de 4,9. Por lo tanto, tenemos mucho camino que recorrer para disminuir la tasa de mortalidad.
¿Qué estamos haciendo?
Antes del accidente en la mina San José, estábamos en una profunda revisión de la Dirección del Trabajo, única manera que asegurar el respeto por los derechos de los trabajadores. Estábamos haciendo una revisión integral del sistema de inspección. Queremos una inspección más planificada antes que reactiva, con procedimientos estándares y con fiscalizadores capacitados en todas las materias, en particular en investigación de accidentes laborales y en fiscalización a la minería y a la construcción, que son los sectores que presentan los principales riesgos.
En el mismo ámbito, la preparación de los fiscalizadores la estamos haciendo con guías de apoyo en higiene y seguridad en la construcción. Además, decidimos incluir en todo acto de fiscalización el tema de higiene y seguridad laboral; antes, en algunas fiscalizaciones, no se consideraba.
También estamos perfeccionando los informes de fiscalización, de manera que, después de ser analizados, sirvan para tomar medidas y corregir los problemas.
Igualmente, pretendemos aumentar el número de fiscalizadores en terreno de 385 a 445.
A través de un proceso de fiscalización asistida, estamos ayudando a las micro y pequeñas empresas, las mypes, a corregir sus falencias.
También fomentamos el autochequeo, de manera que las empresas, a través del ejercicio del autodiagnóstico, vean dónde están sus brechas y las corrijan. Para eso tenemos una herramienta web, que está diseñada para cada tipo de empresa, de manera que ese autochequeo sea lo más atingente a su realidad. Estamos incorporando nuevos y mejores servicios vía web, como consultas, denuncias y certificaciones.
Hemos lanzando campañas y estudios sectoriales, para hacer frente a los problemas. Un ejemplo es la campaña para choferes de camiones denominada “La fatiga mata”. Tenemos muchos problemas vinculados con el cansancio por las extensas horas de trabajo.
Asimismo, estamos realizando investigaciones sobre el impacto del trabajo en altura en la minería. Este sector no cuenta con estándares para el trabajo en altura.
Además, hemos instalando una serie de mesas tripartitas para abordar los problemas de seguridad. Está demostrado que cuando los trabajadores, los empleadores y el Gobierno trabajan en conjunto, se pueden resolver los problemas.
En cuanto al Instituto de Seguridad Laboral, se está trabajando en capacitación, mayoritariamente presencial, pero también estamos capacitando vía “e-learning”.
Diseñamos el programa “Mipyme Activa”, para apoyar a las empresas para que realicen planes de gestión en prevención de riesgos laborales.
En seguida, la Comisión Asesora Presidencial para Seguridad en el Trabajo está desarrollando un gran trabajo para realizar reformas profundas. La Comisión viene trabajando desde el 23 de agosto y su labor ha sido muy ardua. Se han recogido recomendaciones; se han realizado 204 audiencias, desde Arica a Punta Arenas; se ha recibido a 98 organizaciones sindicales y 60 organizaciones gremiales y de empleadores, amén de organizaciones expertas en la materia. Eso nos ha permitido hacer un muy buen diagnóstico y, como hemos visto, hay consenso en los ámbitos que se requiere mejorar.
Las conclusiones preliminares del diagnóstico son las siguientes:
No existe una política de Estado ni un programa nacional de seguridad y salud en el trabajo. Ésta es una de las recomendaciones que hacen los países avanzados en la materia. Necesitamos una política con metas concretas.
El sistema está desintegrado y disperso. Por lo tanto, existen problemas de coordinación que afectan la efectividad y eficiencia de la fiscalización. Actualmente, los diversos entes fiscalizadores tienen problemas de coordinación.
También apreciamos que hace falta expertise en el sistema de fiscalización. Se requiere mayor planificación y estandarización de la fiscalización.
Pero no basta con fiscalizar. También se requiere una cultura de seguridad, y ésa es la prevención. En esta área encontramos falencias. Es necesario analizar de qué manera las superamos para hacerla más efectiva. Se aumenta la inversión en capacitación, pero no hemos visto resultados concretos, por ejemplo, en la reducción de la tasa de mortalidad. La capacitación en prevención no está llegando a los trabajadores de empresas pequeñas.
Por último, la información de que disponemos es pobre. Tenemos que mejorar, porque la información es la base para hacer las correcciones y mejorar.
Nos falta información estadística de accidentes del ISL y también de los trabajadores independientes. Del mismo modo, tenemos un subreporte claro de enfermedades profesionales.
Debemos trabajar para subsanar esas deficiencias, con el fin de contar con un sistema nacional de información, que no sólo mida cómo vamos en accidentabilidad, sino también cómo vamos en los diferentes planes de prevención, cuánta fiscalización y capacitación tenemos. De esa manera veremos la efectividad y cumplimiento de dichos planes.
La Comisión Asesora Presidencial para Seguridad en el Trabajo está trabajando arduamente. La entrega del informe final está prevista para el 22 de noviembre. Luego de ello, vendrá un trabajo arduo que requerirá muchos proyectos de ley, con el fin de materializar las medidas que muchos de ustedes han propuesto. De esa manera, tendremos un sistema que mejorará la seguridad laboral en el país.
He dicho.
-Aplausos.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Cerrado el debate.
Se han presentado tres proyectos de acuerdo: los números 223, 224 y 225.
El señor secretario dará lectura a la parte dispositiva del primer proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 223, de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana, y Pascal, doña Denise, y de los diputados señores Vargas, Teillier, Accorsi, Vallespín, Farías, Pérez, don José; Schilling, Saffirio, Carmona, Díaz, Alinco y Jaramillo, que en su parte dispositiva expresa:
“La Cámara de Diputados acuerda solicitar a su excelencia el Presidente de la República disponer que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y las carteras sectoriales respectivas analicen la adopción de las siguientes medidas, con el objeto de fortalecer la protección de los trabajadores y la seguridad laboral:
a) Implementar un Programa Nacional de Prevención y Seguridad del Trabajo que procure un cambio cultural en torno a la necesidad de desterrar la tendencia a abaratar costos y maximizar utilidades a costa de omitir o desestimar la necesidad de invertir y ocuparse de la seguridad en las faenas;
b) Estudiar la modificación de las normas laborales vigentes en materia de seguridad en los siguientes sentidos:
-Procurar codificar o sistematizar la normativa dispersa, otorgándole no sólo coherencia, sino también redactándola en lenguaje simple y pedagógico;
-Consagrar en la legislación el derecho al abandono de faenas ante situaciones de riesgo inminente y grave a la salud de los trabajadores;
-Revisar la normativa particular de algunas actividades, con el objeto de asegurar la inocuidad de los procedimientos y técnicas utilizados. Ejemplo, uso de plaguicidas, normas de seguridad en faenas de la acuicultura y minería.
-Fortalecer e incrementar la organización sindical.
-Perfeccionar la ley de subcontratación, con el objeto de fortalecer sus contendidos en esta materia, prohibiendo la subcontratación en faenas riesgosas y en aquellas que constituyan la actividad principal de la empresa;
c) Estudiar la suscripción de una serie de convenios de la OIT que nuestro país no ha suscrito y que dicen relación con la seguridad en el trabajo.
d) Implementar un sistema de aprobación ex-ante de la instalación de las empresas y de los proyectos de inversión por parte de la entidad nacional encargada del tema;
e) Mejorar la eficiencia y capacidad de los diversos organismos fiscalizadores, entre otros la Dirección del Trabajo, Sernageomin y los servicios de salud, a través de una adecuada coordinación de ellos en un Sistema Nacional de Seguridad del Trabajo;
f) Perfeccionar y actualizar el sistema de protección de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales mediante correcciones urgentes, en los siguientes sentidos:
-Otorgar al ISP la administración del seguro en las mismas condiciones que las mutualidades de empleadores, terminando con la discriminación existente e impidiendo que las mutualidades rechacen afiliación de empresas pequeñas, con bajos sueldos y rentas, como ocurre actualmente.
-Fortalecer el quehacer de las mutualidades y organismos administradores en materia de prevención, estableciendo claramente obligaciones tales como mediciones de higiene industrial, bajo estándares con certificaciones de calidad; confección de mapas de riesgo, vigilancia médica epidemiológica con periodicidad determinada, bajo estándares y certificaciones de calidad; programas de trabajo con metas y plazos con seguimiento y aplicación de sanciones frente a incumplimientos.
-Exigir a mutualidades y organismos administradores que cuenten con un número mínimo de profesionales expertos en seguridad, higiene, salud, ergonomía y psicología, por cantidad de trabajadores afiliados.
-Evitar la subdeclaración de los accidentes del trabajo.
-Mejorar las prestaciones económicas del seguro, incluyendo, además de las pensiones, una indemnización global en caso de fallecimiento o gran invalidez.
-Fortalecer la atención preventiva en caso de enfermedades profesionales, procurando la examinación periódica de los trabajadores.
-Procurar la investigación y actualización permanente, con el objeto de atender las exigencias derivadas de nuevas causas de accidentabilidad y patologías motivadas en cambios en las condiciones de trabajo.
g) Respecto de la minería, realizar, por parte del Estado, en forma rápida y acuciosa, un diagnóstico de las distintas explotaciones existentes, con el propósito de establecer sus condiciones de higiene y seguridad y determinar los mejoramientos que se requieren para garantizar la vida e integridad de los trabajadores.”.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- En votación el proyecto de acuerdo N° 223.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 27 votos. No hubo abstenciones.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- El señor Secretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 224, de la diputada señora Sabat, doña Marcela, y de los diputados señores Santana, Delmastro, Martínez, Browne, Edwards, Monckeberg, don Nicolás; Becker, Sauerbaum, Pérez, don Leopoldo; Rivas, Verdugo, Silva, Cardemil, Salaberry y Vilches, que en su parte dispositiva expresa:
“La Cámara de Diputados acuerda:
1.- Manifestar el compromiso de la Cámara de Diputados con el tema de la seguridad laboral, reconociendo que es una materia fundamental, en la que los distintos poderes del Estado deben asumir un rol preponderante.
2.- Valorar los esfuerzos que ha realizado el actual Gobierno, encabezado por el Presidente Sebastián Piñera, por avanzar en una agenda que permita mejorar sustancialmente la seguridad laboral en Chile e impedir que hechos como el lamentable accidente ocurrido en la mina San José vuelvan a repetirse en nuestro país.
3.- Promover una agenda laboral, basada en los más altos índices internacionales de seguridad en el trabajo, que asegure el legítimo derecho de los trabajadores a contar con una legislación que les asegure un trato digno y seguro, pero que, al mismo tiempo, permita que cualquier persona pueda desarrollar su propia iniciativa económica, con respeto a la Constitución y las leyes, con reglas claras y apoyando siempre el emprendimiento.
4.- Proponer al Ejecutivo el reconocimiento de experiencias correspondientes a iniciativas del sector privado, que se han traducido en sustanciales avances en materia de seguridad laboral, las que pueden formar parte de una alianza público-privada en torno a esta materia.
5.- Solicitar al Gobierno un plan focalizado en la seguridad laboral, a través de acciones concretas y específicas, y distinguiendo por sector productivo, consistentes en una mayor fiscalización y en la entrega, en un plazo no superior a 90 días, de iniciativas legales correspondientes a las modificaciones que sean procedentes, las que deberán ser tramitadas con la debida urgencia y prioridad.”.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- En votación el proyecto de acuerdo N° 224.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 23 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- El señor Secretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 225, de las diputadas señoras Goic, doña Carolina, y Vidal, doña Ximena, y de los diputados señores De Urresti, Carmona, Gutiérrez, don Hugo; Campos, Lemus, Vargas, Marinovic, Núñez, Ojeda, Alinco y Jaramillo, que en su parte resolutiva expresa:
“La honorable Cámara de Diputados acuerda solicitar al Presidente de la República para que, en uso de sus atribuciones legislativas, remita en el más breve plazo un mensaje que incorpore las siguientes materias:
1°.- Se establezca como condición esencial para participar en contrataciones directas, licitaciones públicas o privadas que las empresas proveedoras no hayan sido condenadas por infracciones a las normas de seguridad laboral;
2°.- Que, asimismo, se disponga el reforzamiento de las plantas de funcionarios fiscalizadores en la Inspección del Trabajo;
3°.- Que idéntica medida se aplique a los organismos especializados, como en el caso del Servicio Nacional de Geología y Minería, a propósito del desastre en la mina San José;
4°.- Que se ratifique el Convenio N° 176 de la OIT, sobre seguridad y salud en las minas;
5°.- Que establezca en la ley parámetros sobre seguridad laboral, y
6°.- Que se amplíe el catálogo de delitos que afecten la vida, seguridad e integridad física de los trabajadores, a fin de que resulte aplicable la ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.”.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- En votación el proyecto de acuerdo N° 225.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 9 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
Van
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 18.22 horas
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Informe de la Comisión de Familia referido al proyecto de ley que modifica normas del Código Civil en materia de nombramiento de curador especial. (boletín N°7041-07)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Familia pasa a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, originado en una iniciativa de las diputadas señoras María Angélica Cristi Marfil y Mónica Zalaquett Said , con la adhesión de la Diputada señorita Marcela Sabat Fernández y de los diputados señores Nino Baltolu Rasera , Ramón Barros Montero , Giovanni Calderón Bassi , Edmundo Eluchans Urenda , Javier Macaya Danús , Ernesto Silva Méndez y Felipe Ward Edwards .
La Comisión contó con la opinión de la Jueza del Tercer Juzgado de Familia de Santiago, señora Gloria Negroni Vera .
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS
1. Idea matriz o fundamental del proyecto:
La iniciativa, plantea modificaciones en el Código Civil dirigidas, por una parte, a flexibilizar, en el caso de hijos de precedente matrimonio que carezcan de bienes, la procedencia del impedimento para contraer nuevas nupcias relativo a las guardas, y, por otra parte, a extender las mismas normas sobre protección patrimonial de los hijos e hijas en el ejercicio de la patria potestad, respecto de los hijos no matrimoniales, en iguales condiciones de conformidad con las reglas generales sobre filiación.
2. Normas legales que el proyecto deroga o modifica
Modifica los artículos 124, 125, 126 y 127, del Código Civil.
3. Normas de quórum especial:
No hay normas en tal carácter
4. Trámite de Hacienda:
El proyecto no contiene disposiciones de competencia de la Comisión de Hacienda.
5. Votación en general del proyecto:
La Comisión procedió a la aprobación de la idea de legislar, por la mayoría de 6 votos a favor y 1 abstención.
6. Artículos e indicaciones rechazadas:
El artículo 5°, por referirse a materias contenidas en un reglamento, el cual, de conformidad con el artículo 32 N°6 de la Constitución Política, es atribución especial del Presidente de la República , en el ejercicio de su potestad reglamentaria.
7. Diputada informante :
Señora Mónica Zalaquett Said
II. ANTECEDENTES GENERALES
a.- de hecho
Fundamentos de la moción:
Sus autoras señalan por una parte, que en la realidad chilena la mayoría de los niños no poseen bienes, y por lo tanto, en esos casos no se justificaría exigir nombramiento de curador, sino que bastaría con una declaración jurada del contrayente que ejerce la patria potestad, tutela o curaduría; y por otra parte, el texto actual de la norma sólo se aplica en el caso de contraer segundas nupcias el padre o madre que ejerce la patria potestad, tutela o curadu-ría, lo que redunda, a juicio de sus autores, en un trato discriminatorio respecto de aquellos niños, niñas o adolescentes que no hubieren nacido dentro del matrimonio, por lo que la medida busca extender la exigencia a este último supuesto, a fin de proteger el patrimonio de todos los niños, sean o no de filiación matrimonial, en igualdad de condiciones, erigiéndose tal argumento como el bien jurídico protegido del proyecto de ley.
b.- de derecho
Con el objeto de facilitar el entendimiento de las modificaciones propuestas en la iniciativa en estudio, esta Secretaría consiga algunos conceptos directamente relacionados con la materia, contenidos en el Código Civil.
-La Patria Potestad: Es el conjunto de derechos y obligaciones que la ley reconoce a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos menores de edad no emancipados, o incapacitados. (La emancipación permite que el menor de 18 años pueda disponer de su persona y de sus bienes como si fuera mayor de edad).
Fundamento: Radica en la protección y es un derecho que se funda en las relaciones naturales paterno filiales y su objeto es el cuidado, desarrollo y educación integral de los hijos.
Comprende: La guarda, representación y la administración de los bienes, y, en tal sentido, las facultades que la ley les confiere a los padres no son en beneficio de éstos sino de los hijos.
Quién la ejerce: La patria potestad se ejerce por el padre y la madre, esto es, ambos tienen iguales derechos para ese ejercicio, lo que no significa que siempre deban ejercitarla solidaria y mancomunadamente, de modo que si falta de hecho uno de los dos, el que quede está capacitado para ejercer la patria potestad.
Características:-La patria potestad se aplica exclusivamente en un régimen de protección de menores no emancipados; es obligatoria, pues a los padres les corresponde, salvo que sean privados judicialmente en consideración al interés superior del niño, niña o adolescente; la patria potestad debe ser ejercida personalmente por el padre o por la madre.
Extinción de la patria potestad: -Cuando el menor de edad llega a su mayoría de edad o por emanciparse; -se pierde por causa grave declarada judicialmente (maltrato habitual a los hijos; cuando los hayan abandonado o los expongan a situaciones de peligro).
-Tutelas y curadurías: Conforme al artículo 338 del Código Civil, son cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que no pueden dirigirse a sí mismos o administrar competentemente sus negocios, y que no se hallen bajo potestad del padre o madre, que pueda darles la protección debida.
La diferencia está en que la Tutela sólo se da respecto de los impúberes, (varón que no ha cumplido 14 años y mujer que no ha cumplido 12, en ambos casos mayores de 7 años) que son incapaces absolutos y que como tales sólo puede actuar jurídicamente a través de su representante legal. Hay una sola tutela: la de los impúberes; en cambio, las curadurías se otorgan a los demás incapaces, y, cuando su incapacidad es relativa, pueden actuar en la vida jurídica representados o autorizados por su representante legal. Las curadurías pueden cubrir diversos aspectos: Generales (que se refieren a los bienes y a la persona del incapaz y se dan a los dementes, al sordo o sordomudo que no puede darse a entender claramente, al menor adulto y al disipador en interdicción), especiales (el que se nombre para un negocio en particular, se conoce como curador ad litem, nunca se otorgan para la persona del pupilo, sino que sólo para determinados bienes y negocios); de bienes (se otorgan a los ausentes, a la herencia yacente y respecto de los derechos eventuales del que está por nacer, y, en lo que dice relación sólo con sus bienes); adjuntas (son los que se dan en ciertos casos a personas que están bajo potestad del padre o madre, bajo tutela o curaduría general, para que ejerzan una administración separada, o sea se caracteriza porque va unido a otro representante legal).
-Impedimento de Segundas Nupcias.
-Hijos con bienes:
A través del artículo 124 del Código Civil, actualmente se contempla para quienes teniendo hijos de precedente matrimonio bajo su patria potestad, tutela o curaduría, quisieren contraer segundas nupcias, la exigencia de inventariar en forma solemne, es decir, por escritura pública, los bienes que le pertenezcan a ese niño, niña o adolescente como heredero de su cónyuge difunto o por cualquier otro título (como por ejemplo, una donación). Para la confección de dicho inventario, agrega la norma, se dará a los menores un curador especial. Dicha exigencia tiene por objeto evitar la confusión de patrimonio entre los bienes del padre o madre que administra tales bienes, y los del hijo o menor bajo tutela o curaduría.
-Hijos sin bienes
El nombramiento de curador especial se extiende en virtud del artículo 125 del Código Civil, incluso al supuesto de no tener tales hijos bienes de ninguna especie en poder del padre o madre que pretende contraer nuevas nupcias, y en tal caso debe el curador testificarlo.
-Acreditación de la exigencia tenga o no hijos de anterior matrimonio:
Por su parte el artículo 126 establece la forma de acreditar la exigencia ante el Oficial de Registro Civil ante el cual se pretende celebrar el segundo matrimonio:
-Si se tiene hijos de precedente matrimonio: con bienes bajo la administración del padre o madre que quiere volver a casarse, se debe presentar certificado auténtico del nombramiento de curador especial para los objetos antedichos.
-Si no se tiene hijos de precedente matrimonio: debe preceder información sumaria de testigos de que no tiene hijos bajo su patria potestad o bajo su tutela o curaduría. En caso de no acreditarse en la forma señalada, la norma es categórica en señalar que “el Oficial del Registro Civil correspondiente no permitirá el matrimonio del que trata de volver a casarse”
-Sanción por el incumplimiento.
La doctrina identifica esta exigencia dentro de los impedimentos impedientes para contraer matrimonio, cuyo incumplimiento no afecta la validez del mismo, sino que trae aparejado otras sanciones, y, en el caso del impedimento en análisis, el artículo 127 del Código Civil sanciona a quien por cuya negligencia hubiere dejado de hacerse en tiempo oportuno el inventario prevenido en el artículo 124, con la pérdida de los derechos hereditarios que como legitimario o heredero abintestato le hubieren correspondido en los bienes del hijo que se encontraban bajo su administración.
III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto consta de cinco artículos, mediante los cuales se propone la sustitución de los artículos 124, 125, 126, 127 del Código Civil, y el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Matrimonio Civil, contenido en el decreto N°673, de 2004, del Ministerio de Justicia, en la forma que a continuación se indica:
Por su artículo 1°: se propone reemplazar el artículo 124 del Código Civil, extendiendo la aplicación de la exigencia de facción de inventario solemne y nombramiento de curador especial para los bienes que los conformen, a cualquier persona que quisiere casarse (sea por primera, segunda o tercera vez) y que tenga hijos bajo su patria potestad, tutela o curaduría.
Por su artículo 2°: se propone modificar el artículo 125 en el sentido de exigir sólo la presentación de una declaración jurada ante notario cuando los menores no sean titulares de bien alguno por parte de quien ejerce la patria potestad a su respecto y, en caso de que con posterioridad a la celebración del matrimonio, el niño, niña o adolescente adquiera bienes a cualquier título, debe procederse al otorgamiento de inventario con las formalidades ya anotadas, en un plazo de 90 días contados desde la fecha de entrega de los bienes.
Por su artículo 3°: se propone modificar el artículo 126 del Código Civil, señalando que el Oficial del Registro Civil correspondiente no permitirá el matrimonio del contrayente sin que se le presente certificado auténtico del nombramiento de curador especial para los objetos antedichos, o sin que preceda información sumaria de que no tiene hijos que estén bajo su patria potestad o bajo su tutela o curaduría o que no tienen bienes.
Por su artículo 4°: se propone modificar el artículo 127 en el sentido de establecer la sanción para el contrayente por cuya negligencia hubiere dejado de hacerse en tiempo oportuno el inventario prevenido en el artículo 124, consistente aquella en la pérdida del derecho de suceder como legitimario o como heredero abintestato al hijo cuyos bienes ha administrado.
Por su artículo 5°: se propone modificar el artículo 13 del reglamento de la ley 19.947 de Matrimonio Civil, establecido mediante decreto N°673, de 2004, del Ministerio de Justicia.
IV. PERSONA ESCUCHADA POR LA COMISIÓN
Señora Gloria Negroni Vera , Jueza del Tercer Juzgado de Familia de Santiago .
Explicó que contemplar esta clase de impedimentos para contraer matrimonio, está en pugna con diversas disposiciones legales, cuales son el Art. 1° Constitución Política de la República “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”; el Art. 19 N°2 de la de la carta fundamental, que consagra como derecho fundamental la igualdad ante la Ley y las normas de la Convención americana de derechos humanos, ley vigente en nuestro país en virtud del artículo 5° inciso de la Constitución, particularmente, su artículo Art. 1 que contempla la obligación de respeto y el principio de no discriminación; el artículo 17 N°5 que consagra Protección a la Familia y art. 24 igualdad ante la ley. Y constituye un resabio de la reforma que en materia de filiación se llevó a cabo hace algunos años, cuestión que suele ocurrir cuando se efectúan modificaciones legales de gran envergadura. El actual texto sólo hace referencia a los hijos matrimoniales, dejando fuera de su ámbito de aplicación y por ende, de la protección patrimonial que se busca respecto de los hijos de filiación no matrimonial.
Por lo anterior, se manifestó plenamente de acuerdo con la iniciativa.
V. SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS
-Discusión y votación del proyecto
1.- En general
-Discusión
Los diputados y diputadas integrantes de la Comisión debatieron en cuanto a la idea de legislar de la moción en estudio, concordando la mayoría plenamente con sus fundamentos porque consideraron que flexibiliza la procedencia del impedimento para contraer matrimonio, -facción de inventario solemne y nombramiento de curador-, cuando se trate de menores que carezcan de bienes y, en consecuencia, hace el trámite bastante menos oneroso; igualmente, a la mayoría les hizo mucha fuerza el hecho de que en caso de adquirir bienes con posterioridad a la celebración del matrimonio, quedan los hijos igualmente protegidos porque recobra su aplicación la exigencia, fijándose un plazo para inventariarlos y nombrar curador especial de bienes, haciendo patente con ello, la idea matriz del proyecto de ampliar la protección patrimonial de todo niño, niña o adolescente.
Igualmente, la mayoría de los integrantes de la Comisión resaltaron el que el proyecto tienda a disminuir el trabajo ya recargado de los tribunales de familia, al eliminar el trámite de nombramiento de curador, en los casos señalados.
Sin embargo, quién estuvo por abstenerse de su aprobación en general, argumentó que prefería no innovar respecto de una materia tan delicada como los efectos patrimoniales de los hijos tenidos de un matrimonio anterior.
Por otra parte, la unanimidad de los integrantes presentes en el debate, si estuvieron plenamente de acuerdo con terminar con el trato discriminatorio que se desprende de la aplicación del artículo 124 del Código Civil, puesto que contempla la exigencia del impedimento cuando se trata de contraer segunda nupcias, es decir, respecto de hijos bajo patria potestad nacidos en matrimonio anterior, sin considerar la situación de protección de los hijos nacidos fuera de matrimonio de pretendientes a primeras o segundas nupcias, igualmente menores de edad
-Votación
Por lo anterior, la Comisión procedió a aprobar el proyecto, en general, por la mayoría de los integrantes presentes diputadas señoras Cristi , Goic y Zalaquett y los diputados señores, Barros , Sabag y Schilling . Se abstuvo la Diputada señora Adriana Muñoz D’Albora .
2. En particular
Respecto del estudio detallado de la iniciativa, contenido en sus cinco artículos propuestos, la Comisión acordó lo siguiente:
Artículo 1°: Respecto de este artículo, que propone modificar el artículo 124 del Código Civil, -referido a la exigencia de facción de inventario solemne y nombramiento de curador, conocida como Impedimento de Segundas Nupcias, y previsto solamente para la protección patrimonial de los hijos e hijas nacidas en matrimonio anterior-, con el objeto de ampliar tal exigencia a los hijos e hijas bajo patria potestad, tutela o curaduría, de quien quiera casarse, sin distinguir si nacieron o no en una relación matrimonial, la Comisión lo consideró de toda justicia y además estimó que está en perfecta concordancia con la legislación vigente sobre filiación.
En consecuencia, procedió a su aprobación, en los mismos términos propuestos, por la mayoría de sus integrantes presentes, diputadas señoras Cristi , Goic y Zalaquett , y diputados señores Barros , Sabag y Schilling . Se abstuvo la Diputada señora Muñoz , doña Adriana .
Artículo 2°:- Contiene, mediante dos incisos, por una parte, la proposición de sustituir el artículo 125 del Código Civil, el cual, ordena, en todo caso, el nombramiento de curador aunque los hijos sujetos a patria potestad no tengan bienes propios, y, además, manda que en tal caso, deberá el curador especial nombrado, decirlo expresamente.
La sustitución, en su primer inciso, razona sobre la base de simplificar el trámite anterior de modo que cuando los menores no poseen bienes a ningún título, la exigencia tendiente a proteger al menor, en el sentido de que no haya confusión de su patrimonio con el nuevo que forme su madre o su padre al casarse, -y al no existir tales bienes-, sea suficiente una declaración jurada que ante notario haga el contrayente que ejerce la patria potestad.
Asimismo, y por la otra parte, incorpora un inciso segundo en el citado artículo 125 del Código Civil, mediante el cual sigue la regla general al incorporar la obligación a quien ejerce la patria potestad, tutela o curaduría, de proceder a efectuar inventario solemne y nombramiento de curador, dentro de los 90 días siguientes, a la adquisición por parte de los menores de bienes a cualquier título
Respecto de su primer inciso, la mayoría de los integrantes de la Comisión estimaron del todo conducente la simplificación del trámite, cuando se trata de menores que no poseen bienes; sin embargo, igualmente consideraron reemplazar, para mayor resguardo del patrimonio posible de los menores, la declaración jurada ante notario que debe hacer quien ejerce patria potestad, tutela o curaduría como propone la iniciativa, por una declaración del tribunal de familia correspondiente, de conformidad con el artículo 102 de la Ley de Tribunales de Familia, referido a los asuntos no contenciosos, es decir, a petición de parte, y se resuelve de plano en una audiencia simple, salvo que el juez estime pedir mayores antecedentes. A mayor abundamiento, en el procedimiento que se aplica en el caso de los actos no contenciosos, es de rara ocurrencia la información sumaria, razón por la cual, igualmente se desechó esa posibilidad, prefiriendo, en todo caso, la audiencia ante el tribunal.
En cuanto al inciso segundo que se agrega, la Comisión estuvo plenamente de acuerdo porque precisamente es la norma que resguarda a plenitud los intereses de los hijos e hijas sujetos a patria potestad, tutela o curaduría.
En consecuencia, el artículo 2°, con la modificación señalada, fue aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes, diputadas señoras Cristi , Goic y Zalaquett , y diputados señores Barros , Sabag y Schilling .
Artículo 3°.- La Comisión estuvo plenamente de acuerdo con las modificaciones propuestas en el artículo 126 del Código Civil, en cuanto reemplaza, por una parte, en la obligación que pesa sobre el Oficial del Registro Civil de no permitir el matrimonio mientras no se cumpla con las formalidades antes señaladas, la frase “del que trata de volver a casarse”, por “los contrayentes”, porque incorpora la posibilidad de que se trate de un primer matrimonio, y que estos contrayentes hayan tenido hijos de una anterior relación no matrimonial.
Asimismo, respecto de la exigencia de presentarle al Oficial del Registro Civil , información sumaria de que los contrayentes no tienen hijos que estén bajo patria potestad, tutela o curaduría o que no tienen bienes, la Comisión reemplazó la información sumaria por la declaración del tribunal de familia, en los términos señalados en el artículo anterior, con el propósito de hacer las normas concordantes y, por otra parte, sea precisamente esta declaración del tribunal la que se exhiba al Oficial del Registro Civil .
En consecuencia, el artículo fue aprobado, con las modificaciones indicadas, por la unanimidad de los integrantes presentes, diputadas señoras Cristi , Goic y Zalaquett , y diputados señores Barros , Sabag y Schilling .
Artículo 4°: Propone sustituir, en el artículo 127 del Código Civil, que contiene la sanción para “el viudo o divorciado o quien hubiere anulado su matrimonio”, por “los contrayentes”, cuando se refiere a los sujetos por cuya negligencia hubiere dejado de hacerse el inventario a que se refieren los artículos anteriores, -y que se hacen merecedores a la pérdida del derecho a suceder al hijo cuyos bienes administra- todo ello, bajo el fundamento de la concordancia con lo ya aprobado.
La referida modificación fue aprobada por la unanimidad de los integrantes presentes, diputadas señoras Cristi , Goic y Zalaquett , y diputados señores Barros , Sabag y Schilling .
Artículo 5°: Esta proposición fue rechazada de plano y sin debate, por la unanimidad de los integrantes presentes ya nombrados, toda vez, que modifica el reglamento de la Ley de Matrimonio Civil, contenido en el decreto N°673, de 2004, del Ministerio de Justicia, con el objeto de adecuar sus normas al texto anterior.
Fue rechazado, en virtud del artículo 32 N°6, de la Constitución Política, por corresponderle al Presidente de la República en uso de sus atribuciones especiales, ejercer la potestad reglamentaria en todas las materias que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos para la ejecución de las leyes, como sucede en la especie.
-o-
Por las razones señaladas y consideraciones que expondrá la señora Diputada Informante , la Comisión de Familia recomienda aprobar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Civil:
1.- En el artículo 124:
a) Suprímese, en el inciso primero, entre los vocablos “hijos” y “bajo”, la frase “de precedente matrimonio”; entre los términos “quisiere” y “casarse”, las palabras “volver a”; y entre las voces “pertenezcan” y “cualquiera”, precedida esta última de la vocal “a”, que se agrega, la oración “como herederos de su cónyuge difunto o con”.
b) Agrégase, en el inciso segundo, la siguiente oración, a continuación del punto final:”conforme a las reglas generales.”.
2.-Sustitúyese, el artículo 125 de la forma que se indica:
“Artículo 125.-Cuando los hijos e hijas menores no sean titulares de bien alguno, será suficiente la declaración judicial que en tal sentido efectúe el tribunal de familia que corresponda, en audiencia especial, de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 102 de la ley N° 19.968.
Sin embargo, si una vez contraído matrimonio el padre o madre que tiene hijos o hijas bajo su patria potestad, tutela o curaduría, éstos adquiriesen bienes a cualquier título, deberá cumplirse lo establecido en el artículo anterior dentro del plazo de noventa días contado desde la fecha en que los bienes fueron adquiridos.
3.- En el artículo 126:
Reemplázase, la frase “que trata de volver a casarse”, por el sustantivo “contrayente”; y el párrafo ”que preceda información sumaria de que no tiene hijos de precedente matrimonio, que estén bajo su patria potestad o bajo su tutela o curaduría”, por la frase “la declaración judicial a que se refiere el inciso primero del artículo precedente”.
4.- En el artículo 127:
Sustitúyese, la oración inicial que reza “El viudo o divorciado o quien hubiere anulado su matrimonio”, por el sustantivo “El contrayente”.
Se designó Diputada Informante a la señora Mónica Zalaquett Said
Se adjunta comparado que da cuenta de las modificaciones propuestas en el Código Civil.
Sala de la Comisión, a 2 de noviembre de 2010.
Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones celebradas los días 13 y 27 de octubre del año en curso, con la asistencia de las señoras y señores diputadas y diputados que a continuación se indican: Ramón Barros Montero , María Angélica Cristi Marfil ( Presidenta ), Carlina Goic Boroevic , Carlos Abel Jarpa Wewar , Adriana Muñoz D’Albora , Iván Norambuena Farías , María Antonieta Saa Díaz , Marcela Sabat Fernández , Jorge Sabag Villalobos , Marcelo Schilling Rodríguez y Mónica Zalaquett Said .
(Fdo.): MARÍA EUGENIA SILVA FERRER , Abogado Secretaria de la Comisión ;
2. Oficio del Tribunal Constitucional
? Santiago , 29 de octubre de 2010
Oficio Nº 5015
Remite sentencia.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 28 de octubre de 2010 en el proceso Rol Nº 1552-09-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en la causa Rol Nº 557-2009, sobre recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Concepción en contra de Isapre Consalud S.A.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.”
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
PRESENTE”
3. Oficio del Tribunal Constitucional
? Santiago , 29 de octubre de 2010.
Oficio Nº 5.021
Remite sentencia
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitva dictada por esta Magistratura con fecha 28 de octubre de 2010 en el proceso Rol Nº 1.473-09-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida en la causa Rol Nº 8225-2009, sobre recurso de protección interpuesto en contra de la Tesorería General de la República y del Rector de la Universidad Metropolitana de ciencias de la Educación ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
VALPARAÍSO.”