Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Guillermo Ceroni Fuentes
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Felipe Ward Edwards
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- PETICIÓN DE OFICIO : Joaquin Godoy Ibanez
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Juan Antonio Coloma Correa
- Francisco Chahuan Chahuan
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA.
- INTEGRACIÓN
- Juan Lobos Krause
- Patricio Melero Abaroa
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Alejandro Santana Tirachini
- INTEGRACIÓN
- V. ORDEN DEL DÍA
- ESTABLECIMIENTO DE NUEVO PLAZO PARA ACOGERSE A PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE LOTEOS CONTEMPLADO EN LA LEY N° 20.234. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : German Becker Alvear
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Uriarte Herrera
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Juan Lobos Krause
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- INTERVENCIÓN : German Becker Alvear
- INTERVENCIÓN : Luis Segundo Lemus Aracena
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DEL ESTADO DE LA INSTITUCIONALIDAD EN RELACIÓN CON SU CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE A DESASTRES NATURALES.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- ESTABLECIMIENTO DE NUEVO PLAZO PARA ACOGERSE A PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE LOTEOS CONTEMPLADO EN LA LEY N° 20.234. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- GENERACIÓN ELÉCTRICA SUSTENTABLE EN LA MINERÍA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- David Sandoval Plaza
- Manuel Rojas Molina
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Javier Hernandez Hernandez
- Juan Lobos Krause
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- Leopoldo Perez Lahsen
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Pedro Antonio Velasquez Seguel
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MODIFICACIÓN LEGAL EN MATERIA RELACIONADA CON LA INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA PARA EX TRABAJADORES DEL CARBÓN.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Clemira Pacheco Rivas
- Guillermo Leon Teillier Del Valle
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Manuel Monsalve Benavides
- Lautaro Carmona Soto
- Denise Pascal Allende
- Cristian Campos Jara
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Manuel Monsalve Benavides
- INTERVENCIÓN : Juan Lobos Krause
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- GENERACIÓN ELÉCTRICA SUSTENTABLE EN LA MINERÍA.
- VII. INCIDENTES
- CONSULTA SOBRE POBLACIÓN CON SÍNDROME DE DOWN. Oficio.
- ADHESION
- Denise Pascal Allende
- Ximena Vidal Lazaro
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Sergio Ojeda Uribe
- Gabriel Silber Romo
- Alberto Robles Pantoja
- Matias Walker Prieto
- Jorge Burgos Varela
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Manuel Monsalve Benavides
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Ramon Farias Ponce
- Enrique Accorsi Opazo
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Felipe Salaberry Soto
- Orlando Severo Vargas Pizarro
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- ADECUACIÓN DE ESTÁNDARES DE DEFENSAS CAMINERAS A NORMAS INTERNACIONALES. Oficio.
- ADHESION
- Denise Pascal Allende
- Ximena Vidal Lazaro
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Sergio Ojeda Uribe
- Gabriel Silber Romo
- Alberto Robles Pantoja
- Matias Walker Prieto
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Manuel Monsalve Benavides
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Ramon Farias Ponce
- Enrique Accorsi Opazo
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Felipe Salaberry Soto
- Orlando Severo Vargas Pizarro
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- REPAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE QUILLÓN A CERRO NEGRO, PROVINCIA DE ÑUBLE. Oficio.
- ADHESION
- Denise Pascal Allende
- Ximena Vidal Lazaro
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Sergio Ojeda Uribe
- Gabriel Silber Romo
- Alberto Robles Pantoja
- Matias Walker Prieto
- Jorge Burgos Varela
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Manuel Monsalve Benavides
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Ramon Farias Ponce
- Enrique Accorsi Opazo
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Felipe Salaberry Soto
- Orlando Severo Vargas Pizarro
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- SOLICITUD DE SUMARIO ADMINISTRATIVO EN GENDARMERÍA DE CHILE. Oficio.
- JÚBILO POR DESIGNACIÓN DE MONSEÑOR RICARDO EZZATI COMO NUEVO ARZOBISPO DE SANTIAGO. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS APLICADAS POR LA FACH A EX SUBTENIENTE JESSICA ALARCÓN LLAUCA. Oficio.
- HOMENAJE EN MEMORIA DE SEÑOR ARMANDO POBLETE SEGUEL, RECIENTEMENTE FALLECIDO. Nota de condolencias.
- PRONUNCIAMIENTO SOBRE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE TALLERES PARA VEHÍCULOS Y DE OFICINAS COMERCIALES EN COMUNA DE CALERA DE TANGO. Oficios.
- ADHESION
- Ximena Vidal Lazaro
- Alberto Robles Pantoja
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Juan Luis Castro Gonzalez
- ADHESION
- IMPLEMENTACIÓN DE DIETA VARIADA PARA LOS ADULTOS MAYORES. SEGUIMIENTO DE SU ENTREGA. Oficios.
- CALIDAD DEL AGUA POTABLE DE LA REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
- ANTECEDENTES SOBRE REGULARIZACIÓN DE POZOS DE AGUAS CHAÑAR Y BALANCE DE RECURSO HÍDRICO DE LA CUENCA DE COPIAPÓ. Oficios.
- ANTECEDENTES SOBRE ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE CÁRCEL EN LA COMUNA DE TIL TIL. Oficios.
- ADHESION
- Ivan Moreira Barros
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Enrique Jaramillo Becker
- Felipe Salaberry Soto
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- ADHESION
- PREOCUPACIÓN POR DESPIDOS EN SEREMI DE LOS LAGOS. SUMARIOS INSTRUIDOS EN LA REGIÓN. Oficios.
- DECLARACIONES DE LA DIRECTORA NACIONAL DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES SOBRE EX PÁRROCO FERNANDO KARADIMA. Oficios.
- ADHESION
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- ADHESION
- CONSULTA SOBRE POBLACIÓN CON SÍNDROME DE DOWN. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- CIERRE DE POSTA SAN RAMÓN, COMUNA DE FREIRE. Oficio.
- ACLARACIÓN SOBRE DECISIÓN DE AUTORIDADES DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA DE NO RECIBIR A PARLAMENTARIOS DE OPOSICIÓN. Oficio.
- REEMPLAZO DE FUNCIONARIA DE OFICINA DEL FONASA DE PALENA. Oficios.
- ATENCIÓN DE DISCAPACITADOS BENEFICIARIOS DEL FONASA EN SISTEMA PRIVADO DE SALUD. Oficios.
- SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN CANALES DE REGADÍO EN COMUNA DE VICUÑA. Oficio.
- PRESERVACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE CAUDAL ECOLÓGICO DE LA COMUNA DE VICUÑA. Oficio.
- INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE LA OIT EN JORNADA LABORAL DE TRABAJADORES PANIFICADORES. Oficio.
- INSTALACIÓN DE ANTENAS EN REGIÓN DEL BIOBÍO. Oficios.
- TRATO DISCRIMINATORIO A PARAMÉDICO. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE INVESTIGACIÓN SUMARIA DE 1988, RELACIONADA CON DON MIGUEL BECKER, ALCALDE DE TEMUCO. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- Manuel Rojas Molina
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Felipe Ward Edwards
- Maria Angelica Cristi Marfil
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- Jorge Burgos Varela
- Edmundo Eluchans Urenda
- Manuel Rojas Molina
- Felipe Salaberry Soto
- David Sandoval Plaza
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- Juan Lobos Krause
- Javier Ignacio Macaya Danus
- Patricio Melero Abaroa
- David Sandoval Plaza
- Maria Angelica Cristi Marfil
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alberto Robles Pantoja
- Pepe Auth Stewart
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Lautaro Carmona Soto
- Edmundo Eluchans Urenda
- Manuel Monsalve Benavides
- Andrea Molina Oliva
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Edmundo Eluchans Urenda
- Eugenio Bauer Jouanne
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Gustavo Hasbun Selume
- Javier Ignacio Macaya Danus
- Celso Rene Morales Munoz
- Arturo Squella Ovalle
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Andrea Molina Oliva
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 358ª
Sesión 114ª, en miércoles 15 de diciembre de 2010
(Ordinaria, de 10.41 a 14.12 horas)
Presidencia de la señora Sepúlveda Orbenes, doña Alejandra, y de los señores Becker Alvear, don Germán, y Moreira Barros, don Iván.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental , el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 7
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
- Integración de Comisión Mixta 11
V. Orden del Día
- Establecimiento de nuevo plazo para acogerse a procedimiento de saneamiento y regularización de loteos contemplado en la ley N° 20.234. Primer trámite constitucional 11
- Informe de la Comisión Especial Investigadora del Estado de la institucionalidad en relación con su capacidad de respuesta frente a desastres naturales 33
VI. Proyectos de acuerdo
- Generación eléctrica sustentable en la minería 41
- Modificación legal en materia relacionada con la indemnización compensatoria para ex trabajadores del carbón 44
VII. Incidentes
- Consulta sobre población con síndrome de Down. Oficio 47
- Adecuación de estándares de defensas camineras a normas internacionales. Oficio 47
- Repavimentación de camino de Quillón a Cerro Negro, provincia de Ñuble. Oficio 47
- Solicitud de sumario administrativo en Gendarmería de Chile. Oficio 48
- Júbilo por designación de monseñor Ricardo Ezzati como nuevo arzobispo de Santiago. Oficio 49
- Información sobre medidas aplicadas por la FACH a ex subteniente Jessica Alarcón Llauca. Oficio 50
- Homenaje en memoria de señor Armando Poblete Seguel, recientemente fallecido. Nota de condolencias 50
- Pronunciamiento sobre construcción de Centro de Talleres para Vehículos y de Oficinas Comerciales en comuna de Calera de Tango. Oficios 51
- Implementación de dieta variada para los adultos mayores. Seguimiento de su entrega. Oficios 52
- Calidad del agua potable de la Región de Atacama. Oficios 53
- Antecedentes sobre regularización de Pozos de Aguas Chañar y balance de recurso hídrico de la cuenca de Copiapó. Oficios 53
Pág.
- Antecedentes sobre adquisición de terreno para construcción de cárcel en la comuna de Til Til. Oficios 54
- Preocupación por despidos en seremi de Los Lagos. Sumarios instruidos en la región. Oficios 56
- Declaraciones de la directora nacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles sobre ex párroco Fernando Karadima. Oficios 57
VIII. Anexo de sesión
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 59
- Cierre de Posta San Ramón, comuna de Freire. Oficio 59
- Aclaración sobre decisión de autoridades de la región de La Araucanía de no recibir a parlamentarios de oposición. Oficio 59
- Reemplazo de funcionaria de oficina del Fonasa de Palena. Oficios 59
- Atención de discapacitados beneficiarios del Fonasa en sistema privado de salud. Oficios 60
- Solución de problemas en canales de regadío en comuna de Vicuña. Oficio 60
- Preservación y cumplimiento de normas sobre caudal ecológico de la comuna de Vicuña. Oficio 61
- Incumplimiento de convenio de la OIT en jornada laboral de trabajadores panificadores. Oficio 61
- Instalación de antenas en región del Biobío. Oficios 61
- Trato discriminatorio a paramédico. Oficios 63
- Información sobre investigación sumaria de 1988, relacionada con don Miguel Becker, alcalde de Temuco. Oficios 64
IX. Documentos de la Cuenta.
- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos:
1. que “Crea el Tribunal Ambiental .”. (boletín N° 6747-12) (S) 65
2. que “Modifica ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, para dotar de atribuciones en materias financieras, entre otras, al Servicio Nacional del Consumidor.”. (boletín N° 7094-03) 65
3. que “Modifica la ley N° 19.882, en materia de dedicación exclusiva respecto de cargos de Subdirector Médico.”. (boletín N° 7140-11) 66
4. que “Regula el tratamiento tributario de los instrumentos derivados.”. (boletín N° 7194-05) 66
5. de “reforma constitucional relativo a la supervigilancia y control de armas”. (boletín N° 5373-079 (S) 66
6. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Modifica la ley N° 19.882, en materia de dedicación exclusiva respecto de cargos de Subdirector Médico.”. (boletín N° 7140-11) 67
Pág.
7. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, con las excepciones que indica, al proyecto, iniciado en moción, “Sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad.”. (boletín N° 4921-11) (S) 69
8. Moción de los diputados señores Calderón, Rojas, Vilches, Ward, y de la diputada señora Cristi, doña María Angélica, que “Reemplaza la denominación del aeropuerto “Desierto de Atacama”, de Copiapó, por aeropuerto “Mineros de Chile”.”. (boletín N° 7361-06) 69
9. Moción de los diputados señores Calderón, Burgos, Eluchans, Rojas, Salaberry, Sandoval y Van Rysselberghe, que “Establece la obligación de reparar el daño moral por despido injustificado.”. (boletín N° 7362-13) 70
10. Moción de los diputados señores Calderón, Lobos, Macaya, Melero, Sandoval, y de la diputada señora Cristi, doña María Angélica, que “Regula acceso de los pacientes a la historia clínica.”. (boletín N° 7363-11) 79
11. Moción de los diputados señores Robles, Auth, Ascencio, Carmona, Eluchans, Monsalve, y de la diputada señora Molina, doña Andrea, que “Modifica el artículo 22 de la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, incorporando la fotografía de cada candidato en la cédula electoral.”. (boletín N° 7364-06) 81
12. Moción de los diputados señores Eluchans, Bauer, García-Huidobro, Hasbún, Macaya, Morales, Squella, y de las diputadas señoras Hoffmann, doña María José y Molina, doña Andrea, que “Establece la liberación de peaje a los vehículos de emergencia durante los estados de alerta decretados por la Onemi”. (boletín N° 7365-15) 83
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación:
- Del diputado señor Ceroni, quién acompaña licencia médica por la cual acredita que debió permanecer en reposo por el día 7 de diciembre próximo pasado.
2. Oficios:
- De la Comisión Situación de los Depósitos de Relaves Mineros existentes en el país, por el cual informa que procedió a constituirse y a elegir como Presidente al diputado señor Ward, don Felipe.
- De la Comisión Situación de los Depósitos de Relaves Mineros existentes en el país, por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para realizar sesiones ordinarias simultáneamente con la Sala los días Jueves de 10:30 a 11:30 horas.
Contraloría General de la República:
- Diputada Goic doña Carolina, Recaba antecedentes sobre la licitación del proyecto “Plan de Promoción Turística Internacional de la Patagonia Chilena”, efectuada por el Sernatur de Magallanes, y, en particular, solicita revisar ciertos ítems y la pertinencia de determinados requisitos (74078 al 1679).
Ministerio de Hacienda:
- Proyecto de Acuerdo 99, Medidas que benefician a habitantes de zonas extremas y fronterizas. (1407).
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputado Ascencio, Solicita se informe sobre eventual responsabilidad de la PDI en retardo de retiro de tres cuerpos calcinados en la isla de Chulín, comuna de Chaitén, Región de Los Lagos (3440 al 1634).
Ministerio de Minería:
- Diputado Robles, Solicita agilizar trámites para que la comuna de Huasco sea declarada Zona de Latencia por Contaminación (830 al 564).
Ministerio Medio Ambiente:
- Diputado De Urresti, Solicita se informe sobre el estado de avance de la construcción del muro de la represa San Pedro, Región de Los Ríos, precisando si el proyecto original ha sufrido modificaciones y si hay permisos pendientes que inciden en la materia y en la resolución de calificación ambiental de dicho proyecto (723 al 1833).
Empresas del Estado:
- Diputado De Urresti, Solicita se informe sobre el grado de avance en la implementación de la resolución N°120, de 2001, de la Corfo, relativa al traspaso de inmuebles, derechos de agua y servidumbres en diversas comunas de las Regiones de Los Ríos y de Los Lagos, para la materialización de proyectos de agua potable rural (APR) (798 al 1937)
XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- Diputado Godoy, Solicita remitir informe que dé solución a las interrogantes relativas al parque de buses de la locomoción pública de la Región de Valparaíso. (2097 de 14/12/2010). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (114)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos René PPD XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo IND VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto RN XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea IND V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D’Albora, Adriana PPD V 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Mendez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando IND XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Asistió, además, el ministro de Defensa Nacional , don Jaime Ravinet.
-Concurrieron, también, los senadores señores Juan Antonio Coloma y Fracisco Chahuán.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.41 horas.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El acta de la sesión 108ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 109ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Propongo a la Sala integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad (boletín Nº 4921-11), con los siguientes señores diputados: Juan Lobos, Patricio Melero, Víctor Torres, Marco Antonio Núñez y Alejandro Santana.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
ESTABLECIMIENTO DE NUEVO PLAZO PARA ACOGERSE A PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE LOTEOS CONTEMPLADO EN LA LEY N° 20.234. Primer trámite constitucional.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, originado en mensaje, que modifica la ley N° 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos irregulares y renueva su vigencia.
Diputado informante de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano es el señor Germán Becker.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 6830-14, sesión 123ª, en 8 de marzo de 2010. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, sesión 111ª, en 14 de diciembre de 2010. Documentos de la cuenta N° 5.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor BECKER (de pie).- Señora Presidenta , en primer lugar, quiero agradecer a los integrantes de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano por permitirme informar sobre este proyecto tan importante, en particular para la Región de La Araucanía.
En nombre de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, originado en mensaje y con urgencia calificada de simple, que modifica la ley N° 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos irregulares y renueva su vigencia.
Su idea matriz o fundamental consiste en modificar la ley N° 20.234, con el propósito de establecer un nuevo plazo para acogerse al procedimiento de saneamiento y regularización de loteos irregulares allí previsto, simplificando, en términos generales, los procedimientos de aprobación y recepción de éstos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118, inciso quinto, de la Constitución Política, los incisos primero, tercero, quinto y sexto del artículo 4° del texto aprobado, contienen normas de carácter orgánico constitucional.
El proyecto no requiere trámite de Hacienda y fue aprobado en general por unanimidad. Votaron a favor las diputadas señoras Claudia Nogueira y Denise Pascal , y los diputados señores Gonzalo Uriarte ( Presidente), Pedro Browne, René Manuel García , Rodrigo González , Patricio Hales , Juan Carlos Latorre y Juan Lobos.
La Comisión contó con la asistencia y colaboración, entre otros, de don Andrés Iacobelli , subsecretario de Vivienda y Urbanismo; de doña Carolina Arrau , asesora jurídica de la ministra de Vivienda ; de don Juan de Dios Fuentes, director jurídico de la municipalidad de Temuco; de David Morales Nordetti, presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Asociación Chilena de Municipalidades, y de muchos dirigentes de las diferentes agrupaciones de loteos irregulares, como doña Marisol Meza , de la Región de Valparaíso, y la señora Soledad Gallardo, presidenta de la Agrupación de Loteos Irregulares de La Araucanía, quien estuvo acompañado por muchos dirigentes de dicha región.
La ley N° 20.234, que pretendió ser un mecanismo de solución a muchos loteos que, por diversas causas no lograron obtener todas las autorizaciones que la normativa exige, ha tenido durante su aplicación diversas dificultades no vistas durante su tramitación, tanto para quienes solicitaron acogerse a sus beneficios como para los organismos del Estado involucrados en la gestión de esta normativa, aspectos que no podían resolverse a través de actos administrativos, sino que requerían de modificaciones legales.
Además, el plazo de 24 meses que otorgó la ley para acogerse a sus beneficios, venció el 5 de enero del presente año.
Con este proyecto se pretende solucionar dichas debilidades, lo que implica, en primer lugar, establecer un nuevo plazo para la regularización prevista en la citada ley N° 20.234, de modo que aquellos casos que no pudieron resolver las observaciones atribuibles a las debilidades detectadas en la ley, puedan contar con un plazo adecuado para hacerlo, sin perjuicio de que se abra la posibilidad de que otros loteos puedan acogerse a sus beneficios.
Las modificaciones que apuntan a perfeccionar la mencionada ley, dicen relación con precisar tanto las condiciones para acogerse al procedimiento de regularización como el contenido de los antecedentes que deben ser presentados ante la dirección de obras municipales y, en definitiva, facilitar los procedimientos de aprobación y recepción de los loteos.
Se trata de mejorar las condiciones de vida de los pobladores de loteos irregulares.
Teniendo en cuenta esta circunstancia, el Ejecutivo remitió a trámite legislativo una indicación para sustituir el texto original del mensaje. En su formulación, se tuvo en cuenta la situación real de estos loteos: quién es el propietario del terreno en el que está emplazado, si esos terrenos están afectos a alguna limitación, como ser una zona de riesgo o terrenos indígenas; cómo se generó el loteo y en qué estado se encuentra actualmente en cuanto a la propiedad y a la urbanización.
Esto es imprescindible si se quiere dictar una ley que sea efectiva, sin generar nuevas propuestas que no resuelvan las condiciones de vida de estos pobladores, aumentando el descontento de las comunidades.
El Ministerio efectuó un catastro -vía consulta a regiones de los loteos irregulares-, fijándose en el texto como condición la descripción de las anteriores condiciones para su regularización, las que deberán ser revisadas por el Servicio. Éste, mediante la dictación de un decreto, declara la existencia de estas condiciones que habilitan la regularización de los loteos, para que el interesado presente la solicitud ante la dirección de obras municipales.
La indicación tuvo el cuidado de no afectar el derecho del propietario del terreno, al que no se le impone ningún gravamen, así como no afectar la calidad de terrenos indígenas a los loteos que se saneen por este procedimiento.
Durante la discusión general, se estimó que esta iniciativa representa una herramienta eficaz para que numerosas familias de escasos recursos que tienen construidas sus viviendas en los llamados “loteos irregulares”, puedan lograr una solución definitiva a su problema, no obstante reconocer el esfuerzo del legislador en tal sentido, a partir de 1968 en adelante.
Se contará con un nuevo plazo de tres años para la regularización, desde la entrada en vigencia de la presente iniciativa. La precisión se pudo lograr debido a que se aprobó, por mayoría de votos, una indicación que presenté, para determinar que el referido plazo se cuenta a partir de la entrada en vigencia de esta iniciativa de ley.
Se acotan las exigencias para acogerse al procedimiento de regularización, considerándose sólo el impedimento de localizarse en áreas de riesgo -que se aplicará al lote afectado y no al loteo en su conjunto- y que, a lo menos, en el 50 por ciento de los loteos existan residentes.
Esta última condicionante fue rebajada al aprobarse, por mayoría de votos, una indicación complementaria de quien habla y del diputado señor Tuma , que exige que en más del 40 por ciento de los lotes resultantes de los loteos urbanos existan residentes, y de 30 por ciento en los demás casos.
Otro aspecto importante es que se definen claramente los antecedentes que deben ser presentados ante la dirección de obras municipales.
Se incorpora como metodología de tasación para las viviendas del loteo la tabla de costos unitarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Se simplifica la demostración de la existencia de dotación de servicios del loteo, por ejemplo, con un comprobante de pago de cuentas emitido por la empresa, sin que se requiera certificado de dotación.
Se faculta al seremi de Vivienda y Urbanismo para no sólo rebajar las exigencias de pavimentación, sino también eliminarlas.
Se exime de responsabilidades administrativas por otorgamiento de las recepciones definitivas, contempladas en el artículo 22 de la ley general de Urbanismo y Construcciones.
Se faculta a los municipios para convenir con otros organismos la dotación de los servicios básicos o urbanización faltante, a partir de la recepción provisoria.
Finalmente, se faculta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para impartir las instrucciones necesarias sobre la aplicación de la ley, considerando la dictación del reglamento respectivo.
Es todo cuanto puedo informar, señora Presidenta.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- En discusión el proyecto de ley.
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González.
El señor GONZÁLEZ .- Señora Presidenta , el proyecto sobre el cual, en forma muy sintética y adecuada, informó el diputado señor Becker , es de gran importancia para algunas regiones, en particular, para personas y familias que viven en loteos irregulares o que han sido ocupados sin la debida regularización. Esa realidad alcanza a grupos familiares muy amplios. Así, por ejemplo, en la Región de Valparaíso, que cuenta con la mayor cantidad de loteos eventualmente beneficiarios de esta futura ley, 16 mil familias serán beneficiadas por la iniciativa, la mayor parte de las cuales se encuentran ubicadas en la comuna de Viña del Mar, del distrito que represento. Al respecto, hemos intentado recoger de los pobladores y de la comunidad, todas las inquietudes que dicen referencia con su aplicación.
Se soluciona el problema del vencimiento del plazo establecido en el artículo 1° de la ley N° 20.234. En efecto, dicho plazo venció el 5 de enero pasado, no obstante lo cual existe una inmensa cantidad de pobladores que presentaron su solicitud, pero no pudieron continuar con la tramitación, o bien carpetas que estaban en proceso, pero que no pudieron ser presentadas.
La iniciativa en estudio establece un nuevo plazo de tres años para acogerse al procedimiento simplificado, que me parece bastante más razonable que el fijado en la ley N° 20.234.
Cabe hacer presente que la iniciativa que finalmente se convirtió en la citada ley surgió de una moción que presentamos con el diputado señor Carlos Montes y el ex diputado señor Eugenio Tuma , actualmente senador, y tenía por propósito resolver los problemas relacionados con loteos irregulares.
Se trató de un proyecto transversal que contó con el apoyo de parlamentarios de todas las bancadas, con el fin de solucionar, flexibilizar y facilitar la regularización de terrenos que durante quince, veinte y, en algunos casos, treinta años se mantenían en situación irregular, de manera que ni el Serviu ni los ministerios de Vivienda y Bienes Nacionales podían actuar en forma eficaz para dar una solución definitiva a esas familias. Se trata de gente que durante mucho tiempo ocupaba esos terrenos, pero sin contar con los respectivos títulos de dominio, o que, pese a contar con ellos, no tenía las condiciones para hacer uso efectivo de sus derechos de propiedad, como hipotecarlos, hacer uso de los beneficios que les otorga la ley general de Urbanismo y Construcciones, optar al Fondo Solidario de Vivienda o a los fondos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, etcétera. Por lo tanto, esas personas estaban privadas de derechos fundamentales que tiene la mayor parte de los pobladores chilenos.
Ahora bien, para que el proyecto en discusión se materializara, desarrollamos dos jornadas, con la contribución del Serviu y de las direcciones de obras de los municipios de esta región. Por ello, agradezco al ex director del Servicio , señor Francisco Pinto , y a la actual directora de dicho Servicio, señora Francisca Cruz , como asimismo a los directores de obras de la municipalidad de Viña del Mar y de otras comunas, quienes aportaron antecedentes a fin de enriquecer el proyecto. En forma especial, agradezco a los diputados de la ciudad de Temuco, señores Joaquín Tuma y Germán Becker ; la activa participación del Presidente de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, diputado señor Uriarte , y de todos sus miembros, entre los cuales figura el diputado señor Patricio Hales . También participaron dirigentes de organizaciones poblacionales de Temuco y de Valparaíso, esta última representada por la coordinadora de pobladores, presidida por la señora Marisol Meza , quien hizo aportes muy sustantivos para que el proyecto pudiera materializarse en las disposiciones que hoy conocemos.
Además, es muy importante el acortamiento del período que se entrega a las direcciones de obras para dar respuesta a las presentaciones de los pobladores. Antes era de seis meses y ahora será de sesenta días.
Si expirado el plazo, no hubiere pronunciamiento por escrito del director de obras municipales, o la recepción provisoria del loteo fuere denegada, el interesado podrá reclamar ante la secretaría regional correspondiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Asimismo, se acorta el plazo para el pronunciamiento de la secretaría regional ministerial de Vivienda , a treinta días. de manera que si en ese lapso no existe respuesta, automáticamente los loteos quedarán aprobados.
También es muy importante el artículo 10 del proyecto. En efecto, una de las dificultades principales que tenía la aprobación de los planos de loteo consistía en que se hacía responsables a los directores de obras por cualquier deficiencia o decisión tomada en cuanto a la flexibilización de las normas. Dicho artículo de la iniciativa en discusión exime a los funcionarios municipales de la responsabilidad a que se refiere el artículo 22 de la ley general de Urbanismo y Construcciones por las recepciones provisorias o definitivas que otorguen en cumplimiento de la ley en tramitación. Por lo tanto, facilita que los directores de obras no pongan obstáculos de carácter administrativo, burocrático, o no intenten salvar sus responsabilidades, lo que hacía extremadamente difícil la aprobación de los planos de loteo.
El artículo 9º sanciona con la pena contenida en los artículos 467 y 470, N° 8, del Código Penal, a quien presentaré o utilizaré información falsa o maliciosamente incompleta para obtener la regularización a que se refiere la ley en tramitación .
El artículo 8º establece que la recepción provisoria habilitará al interesado, sea o no el propietario, para optar a programas que cuenten con financiamiento estatal destinados a la ejecución de obras de urbanización o saneamiento del loteo. Por lo tanto, una vez presentados los antecedentes para la recepción provisoria, los pobladores, para obtener las urbanizaciones y condiciones de la recepción definitiva del terreno, podrán hacer uso de todos los programas estatales existentes para urbanizar esos loteos, de manera de lograr ese objetivo tan anhelado por los pobladores para regularizar sus terrenos, urbanizarlos y construir allí sus viviendas.
Por las razones expuestas; por el aporte transversal y la contribución de las regiones de Valparaíso, a uno de cuyos distritos represento, y de Temuco, que representan los diputados señores Joaquín Tuma y Germán Becker , y el ex diputado Eugenio Tuma , más la contribución de todos los parlamentarios, considero que el proyecto debiera ser aprobado por unanimidad, porque beneficiará a más de 150 mil familias que viven en loteos irregulares.
Por lo tanto, señor Presidente , anuncio la votación favorable de mi bancada y recomiendo a todos los colegas aprobar por unanimidad el proyecto.
He dicho.
-Aplausos.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , como ex alcalde de mi querida Región de Aysén , no puedo menos que felicitar a los autores del proyecto y a quienes han llevado adelante este proceso que apunta a dar justicia a tantos chilenos y chilenas que, a lo largo del país, han debido hacer frente a una realidad distinta para resolver un problema tan básico y sustantivo para una familia, como es realizar el sueño de la casa propia.
¡Cuántas familias, por inoperancia de los sistemas y por ineficiencia de las políticas en materia habitacional, han debido recurrir a este tipo de situaciones y asentarse en terrenos irregulares, con toda la carga emocional y social que les significa estar marginadas de servicios básicos y de urbanizaciones, y tener dificultades para proveerse de suministros de agua potable y de luz eléctrica, y de acceso al alcantarillado!
Señor Presidente , aquí se salda una importante deuda social. Por lo tanto, debemos buscar los mecanismos que permitan a esas personas, junto con la regularización de la propiedad, tener acceso a toda la red de subsidios, como cualquier chileno.
Creo que la iniciativa en estudio involucra un acto de justicia y un avance importantísimo, porque permitirá a pobladores y pobladoras regularizar sus propiedades.
También quiero destacar que el proyecto tendrá un impacto significativo en muchas regiones y localidades del país. Así, por ejemplo, en ciudades de mi distrito, como Puerto Aysén y Coyhaique, y en localidades del litoral, mucha gente ha tenido que asentarse en forma precaria, con todo el dolor que significa vivir en condiciones de marginalidad habitacional, soportando muchas veces condiciones extremas.
Éste es el gran mérito y beneficio del proyecto. Por lo tanto, llamo a todos los parlamentarios de mi bancada a aprobarlo en forma unánime, ya que apunta al corazón social, a beneficiar a familias de regiones, a gente modesta que ha debido incurrir en este mecanismo y que, a través de esta puerta, podrá acceder a todos los beneficios de la red social, partiendo por una vivienda digna, un hogar de calidad, como se merecen los chilenos de cualquier rincón del país.
He dicho.
-Aplausos.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , la construcción de los hábitats fue históricamente una actividad humana esencialmente libre y al margen de consideraciones regulatorias.
La historia de las ciudades nace con el surgimiento del poder ordenador del Estado y con las necesidades de los gobernantes de distribuir los espacios de ocupación humana de los territorios con miras a conseguir efectos políticos, sociales o económicos productivos.
Chile tiene una historia urbanística muy similar a la del resto de América Latina. Hasta hoy, la complejidad de la ocupación del suelo, originalmente agrícola, pero que fue rodeando las ciudades y estrangulándola en algunos casos, tiene efectos sobre la calidad de vida de las familias que debieron asentarse en estos territorios.
Este proyecto de ley busca hacerse cargo de ir en apoyo de esas familias que, por estar viviendo en terrenos carentes de urbanización, en viviendas y barrios que no han cumplido con la legislación urbanística, en los hechos están impedidas de acceder a los servicios y beneficios que la ley entrega solamente a quienes tienen títulos de propiedad debidamente inscritos en los conservadores de bienes raíces, para lo cual es indispensable contar con la recepción municipal de las edificaciones que, a su vez, supone necesariamente el cumplimiento de las disposiciones de la ley y la ordenanza general de Urbanismo y Construcción, y de las exigencias de los planes reguladores comunales, instrumentos que, por excelencia, apuntan al ordenamiento territorial de las ciudades.
En mi región existen muchas localidades que carecen de planes reguladores. Éste es un drama tremendo, especialmente en La Araucanía donde muchos terrenos son de calidad u origen indígena, de manera que están fuera del comercio humano y, naturalmente, ello impide el acceso a la vivienda de la gente de menos recursos.
Hay que hacer un recordatorio histórico. Cuando el Estado, en los años 80, dejó de entregar terrenos para la construcción de viviendas sociales, a través del Ministerio de Vivienda, el libre mercado empezó a operar en todo el sistema. La situación ha sido muy difícil para la gente de menos recursos, que, a través de los comités y con la asesoría de las EGIS, debe buscar los terrenos. Esto hay que verlo en su mérito en la actual situación económica del país.
Este proyecto de ley, que estoy seguro vamos a aprobar por amplia mayoría, viene a modificar una ley surgida por iniciativa de esta Corporación. Con orgullo, debo decir que dicha iniciativa la encabezó el ex diputado y actual senador Eugenio Tuma , junto a colegas de todas las bancadas de esta Cámara, quienes fueron capaces de poner en el tapete de la discusión nacional el drama de miles de familias chilenas que viven en loteos irregulares a lo largo del país.
En la actualidad, en la Región de La Araucanía hay cincuenta y ocho casos que representan 3.288 lotes en los cuales están construidas 1.559 casas. Solamente en la ciudad de Temuco hay 1.857 casos, de los cuales 1.048 casas corresponden a la zona rural.
Esto grafica la importancia de este proyecto de ley para tantos miles de familias que están esperando la solución de la casa propia.
La situación en mi distrito, el N° 51, no es mejor, pues abundan casos muy complejos derivados de la conjugación de otras variables tradicionalmente excepcionales, como señalé, como la utilización del suelo en la referida condición de tierras indígenas. Eso es particularmente difícil, y sólo puede resolverse a través de la permuta y no de regularizar los títulos de propiedad. Sólo en Nueva Imperial hay 244 lotes en situación de irregularidad urbanística.
Señora Presidenta , este proyecto de ley tiene el mérito de flexibilizar las normas de la ley N° 20.234, para hacerla más efectiva, toda vez que en la práctica, fruto de las exigencias que imponía a los beneficiarios, había casos puntuales, minoritarios, que la hacían ineficaz, imposible o excesivamente onerosa y dificultosa para obtener la regularización de los loteos. Destacamos la supresión de la tasación de las propiedades y, especialmente, la exención de responsabilidad penal en la actuación de los directores de obras municipales, situación que, de hecho, impedía su participación en la regularización perseguida.
Otro de los avances importantes dice relación con que, a lo menos en el 50 por ciento de los loteos, existan residentes. En esta futura ley, ese porcentaje quedará fijado, tras la aprobación de una indicación, en más del 40 por ciento para los lotes resultantes de loteos urbanos, y en 30 por ciento para los predios rurales.
Además, tenemos la fijación de plazos perentorios para que las direcciones de obras deban pronunciarse sobre los expedientes de regularización y la norma que autoriza a la familia para obtener la recepción provisoria, que significará la habilitación de ésta para postular a programas y subsidios de mejoramiento de sus viviendas.
En relación a las tierras indígenas, el tema queda sujeto íntegramente a la normativa de la ley indígena, debiendo regularizarse un loteo, única y exclusivamente, para procederse a la permuta autorizada por la Conadi. Sólo existe una norma sobre esta materia que autoriza a la dirección de la Conadi para aprobar que tierras indígenas pasen a convertirse en bienes nacionales de uso público, con la finalidad de poder regularizar las obras de urbanización.
Señora Presidenta , termino haciendo un reconocimiento al trabajo desplegado por las autoridades del sector vivienda y, especialmente, a los colegas de la comisión técnica de esta Cámara, que se han concentrado en generar un conjunto armónico de normas que perfeccionan nuestro ordenamiento jurídico, permitiendo que la construcción de los hábitats por parte de las familias logre insertarse adecuadamente en las regulaciones urbanas de las ciudades modernas.
Nos queda pendiente señalar que hay una falta de aplicación de la ley cuando las autoridades, especialmente las direcciones de obras municipales, no han sido capaces de perseguir a quienes han lucrado con la falta de información de la gente y la urgencia de obtener la casa propia, mediante loteos brujos o irregulares. Esto hay que mencionarlo también como una obligación de la autoridad para que no vuelva a ocurrir.
Este proyecto contiene una norma particular que permite regularizar solamente las propiedades constituidas antes del 31 de diciembre del 2006. Por lo tanto, no servirá para futuros loteos o propiedades. Con esta futura ley, se arreglará una situación que se arrastra desde hace mucho tiempo, pero no queremos alentar a que esta situación siga ocurriendo en el futuro.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Vilches.
El señor VILCHES.- Señora Presidenta , se nos ha convocado para tratar un proyecto de ley que reedita la ley N° 20.234, cuya vigencia ha vencido, porque tenía un plazo de duración de sólo dos años.
Éste es uno de los buenos proyectos sociales que se ha presentado a esta Cámara. Lo digo porque busca solucionar el problema de miles de pobladores que viven en condiciones modestas y, muchas veces, no cuentan con los recursos necesarios para obtener una vivienda.
Esta situación se ha producido en todo el país. Los loteos irregulares son las tomas que existen en tantas ciudades. Actualmente, en Copiapó, del distrito que represento, existen las villas El Cerro, Carlos Villalobos , Juan Pablo II , Rosario y Estación Paipote, que requieren de esta ley en tramitación para poder mejorar su situación. Si nosotros trabajamos con dedicación, lograremos que esta iniciativa legal sea una herramienta útil para todas las personas que viven allí.
Pero tengo una especial preocupación, cual es que hay inescrupulosos que se mezclan con pobladores y han utilizado estos esquemas para hacerse de terrenos que después arriendan o venden. Esa preocupación se considera en la ley en tramitación, de manera que serán sancionadas las personas que cometan ese tipo de acciones, que no son buenas para la gente.
(Aplausos en las tribunas)
Con esta iniciativa se resuelve un problema muy antiguo, porque, como muy bien decía el diputado informante, señor Germán Becker , hay poblaciones que ya llevan más de treinta años en esta situación y sólo algunas de ellas tienen agua potable; otras ni siguiera la tienen, menos electricidad y alcantarillado, porque no se han saneado los tenemos.
Entonces, al tener esta oportunidad, también podría echarse mano a otros instrumentos del Estado para mejorar esas viviendas, el entorno o pavimentar las calles. Lo digo, porque en este proyecto se señala que ésta no sería una exigencia. Pero conozco muchos barrios en los que, cuando llueve -lo cual es extraño en el norte-, mucha gente no puede salir de sus casas debido al medio metro de barro que se forma, y, por lo tanto, es imposible que los niños vayan al colegio. Entonces, creo que es posible complementar ese beneficio con otros instrumentos estatales, a fin de urbanizar esas poblaciones.
También quiero recordar que en los años pasados, la ley permitió algunos fraudes. En efecto, muchos se aprovecharon y compraron terrenos no aptos para la vivienda, que después quisieron vender a organismos del Estado a precios que escapaban lejos del valor real. Pero también hubo gente y agrupaciones honestas. En ese sentido, destaco la labor de la municipalidad de Cabildo, que dirige el alcalde don Eduardo Cerda , donde la gente hizo un trabajo bien hecho, con una EGIS que respondió a las personas y que, de manera ordenada, permitió la agrupación de personas muy modestas y vulnerables para que pudieran optar a su vivienda. Sin embargo, algunos cambios en la ley, al inicio de nuestro gobierno, han impedido que ese proyecto se materialice.
Por eso, la iniciativa en debate hará justicia y le servirá a la gente porque se podrán regularizar esos loteos, con lo cual miles de chilenos resultarán beneficiados. Por eso, llamo a mis colegas diputados a aprobarla en general y en particular.
He dicho.
-Aplausos.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señora Presidenta , en primer lugar, quiero destacar el trabajo que, a propósito de este proyecto de ley, han desarrollado parlamentarios representantes de la Región de La Araucanía. Me refiero al trabajo de los diputados Tuma , Becker , Venegas y Saffirio para resolver un problema que afecta a comunidades muy importantes de La Araucanía.
Quiero señalarlo claramente, sobre todo pensando en quienes han sido invitados hoy a esta discusión, que ese argumento me hizo votar favorablemente este proyecto en la Comisión. Lo digo porque, así como tiene muchas bondades, presunta algunos puntos de preocupación que voy a dejar consignados, y que espero sean debidamente solucionados por las autoridades encargadas de ver la forma como se aplicará esta disposición legal en el futuro.
Es cierto que mediante los loteos irregulares, algunos han hecho tremendos negocios, para lo cual han engañado y estafado a familias, muchas de ellas muy sencillas y modestas, que incluso, a veces, han incurrido en pagos, y las han dejado -por decirlo de una forma muy popular- clavadas durante años y sin poder regularizar. Se trata de familias que estaban convencidas de que todo se realizaba en forma correcta y con apego a las normas legales que rigen esta materia.
Cuando estudiamos el proyecto en la Comisión de Vivienda, nos percatamos del tremendo impacto que puede tener para solucionar o colaborar a la solución de situaciones que afectan tremendamente a familias muy sencillas y modestas del país. Por eso, no hubo duda alguna sobre la importancia de su aprobación.
Quiero leer un párrafo del informe de la Comisión, que debemos tener presente. Dice: “Se efectuó por el Ministerio un catastro -por la vía de consulta a las regiones de los loteos irregulares-, fijándose en el texto como condición la descripción de las anteriores condiciones para su regularización, las que deben ser revisadas por el Servicio. Éste, mediante la dictación de un decreto, declara la existencia de estas condiciones que habilitan la regularización de los loteos, para que el interesado presente la solicitud ante la dirección de obras municipales. La indicación ¡ojo!- tuvo el cuidado de no afectar el derecho del propietario del terreno, al que no se le impone ningún gravamen, así como no afectar la calidad de terrenos indígenas a los loteos que se saneen por este procedimiento”.
Este párrafo, que parece ser una exigencia normal, tiene dos caras, y quiero dejarlo consignado en la discusión general de este proyecto. Cuando se habla de propietario, se considera no sólo al que fue estafado, que está viviendo una condición que merece una especial atención de parte nuestra y que merece una reparación del Estado chileno a través de la legislación, incluso, comprometiendo recursos que el día de mañana puedan mejorar su calidad de vida, sino también al que estafó. La legislación chilena se ha preocupado de sancionar al que estafa, al responsable de un loteo irregular, pero no le ha quitado su propiedad. En consecuencia, una vez que esta iniciativa se convierta en ley, aparte de brindar una solución justa a muchas familias que hoy siguen con atención la tramitación de este proyecto, es posible que beneficie a muchos que, en las sombras, se están sobando las manos. En efecto, la iniciativa apunta a regularizar una situación para producirle un bien a familias modestas que fueron afectadas; pero puede existir un saldo por ahí que, al ser regularizado, generará una tremenda utilidad y fortuna a los mismos que, en su momento, estafaron a estos chilenos a los cuales queremos cuidar y defender.
(Aplausos)
Estoy repitiendo lo que dije en la Comisión en presencia del colega Tuma, que defendió con fuerza este proyecto. También lo conversé con tres colegas de la bancada demócrata cristiana: los diputados Saffirio , Venegas y Fuad Chahín , representantes de distritos de La Araucanía, que también lo defendieron con fuerza.
Si hay un proyecto respecto del cual es importante que quede consignada la historia de la ley, es éste. Reitero que busca dar solución a familias que han sido engañadas, afectadas a través de loteos que no siguieron un procedimiento normal. Mucha gente necesitada vio, mediante dicho expediente, una solución para tener su sitio propio y su vivienda, y hoy ni siquiera puede acceder a beneficios a los que tienen acceso todos los chilenos sin excepción, porque los loteos no están regularizados. A esas familias debe favorecer este proyecto de ley.
El Ministerio de Vivienda, cuyos representantes estuvieron en la discusión, deberá velar por que esto sea así, porque es difícil establecer en una ley algún criterio discriminatorio. Cuando se alude a los propietarios, se hace en general y no sólo a los que fueron estafados. El punto de preocupación es claro y, a mi juicio, es compartido por todos quienes votaremos favorablemente el proyecto.
Por eso, pido que mi opinión quede consignada para la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Ella representa el sentir de las familias a las que queremos ayudar y que fueron afectadas en algún momento, y también el de los diputados que, con nuestro voto favorable, queremos contribuir a la aprobación del proyecto. La futura ley no es para hacer ricos a estafadores.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Uriarte.
El señor URIARTE.- Señor Presidente , estamos en un momento histórico para miles de familias que, desde hace muchos años, han estado esperando una solución definitiva a un problema tan vital como el de la vivienda.
Este proyecto nació de un mensaje presidencial del gobierno anterior, fue modificado sustancialmente por la actual administración y enriquecido con el aporte de los diputados señores Tuma y Becker , de la Novena Región.
Personalmente, me ha tocado vivir y padecer ese drama. La comuna de Padre Hurtado, de la provincia de Talagante, a la cual represento en la Cámara, tiene entre el 20 y el 25 por ciento de sus viviendas en situación irregular, porque fueron construidas en loteos irregulares. Eso significa que hay más de 3.200 viviendas en situación irregular, y las familias que viven en ellas no pueden postular a ningún subsidio ni programa de mejoramiento financiado con recursos del Estado, por estar emplazadas en ese tipo de loteos. Obviamente, eso termina afectando la calidad de vida de las personas que habitan allí y, además, degrada el medio ambiente, el entorno y el concepto de ciudad.
Por lo tanto, anuncio mi apoyo al proyecto. No obstante, para que tenga el efecto que todos deseamos, vamos a presentar tres indicaciones, las cuales dejo a disposición de los colegas que quieran firmarlas. Ya lo han hecho los diputados señores Montes, Vilches y Becker . Lamentablemente, por un problema de redacción, no quedó clara la vigencia del proyecto. Se basa en una ley que empezó a regir el 5 de enero de 2008 y que, de acuerdo con sus normas propias, expiró el 5 de enero de 2010. Por lo tanto, el intento histórico que estamos tratando de sacar adelante quedaría en un mero intento y no en una ley que todos queremos que funcione.
Por ello, a objeto de que exista el plazo suficiente para que la futura ley tenga los efectos por todos esperados, presentamos tres indicaciones: la primera, para eliminar en el artículo 1° la frase “dentro del plazo de tres años”. La segunda, para agregar un nuevo artículo transitorio que establece lo siguiente: “Esta ley tendrá una vigencia de tres años a contar de su publicación en el Diario Oficial ”. La tercera, para eliminar en el artículo transitorio, la frase “a la fecha de entrada en vigencia de esta ley”. En fin, espero que la Sala apruebe las indicaciones señaladas para que la iniciativa tenga los efectos esperados por todos.
Por último, para no tener un traspié en el Tribunal Constitucional, quiero cumplir con un mandato que me encomendó la Secreta-ría, en el sentido de señalar que el proyecto contiene disposiciones de carácter orgánico constitucional, porque modifica normas de la ley orgánica constitucional de Municipalidades, que, por lo demás, ya fueron conocidas por dicho Tribunal. Por lo tanto, para su aprobación se requiere el voto favorable de 69 señores diputados en ejercicio.
Finalmente, anuncio que vamos a aprobar el proyecto de manera entusiasta.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente , quiero sumarme a la valoración del proyecto, porque asume una realidad muy fuerte y urgente para muchas familias a lo largo del país. Por eso, hay que aprobarlo.
Comparto la aprensión del diputado Latorre . Eso se discutió profundamente en el proyecto original. Desde luego, quedó claro que la existencia del proyecto en ningún caso detiene las acciones legales contra los responsables de estafas. Entiendo que eso ha ocurrido con mucha fuerza en el distrito que representa el diputado Uriarte y que hay acciones legales en marcha. En ese sentido, posibilitar la regularización no detiene las acciones legales ni impide que sean acusadas de estafa las personas que intervinieron en ese tipo de situaciones. De hecho, existen normas muy estrictas para quien hace loteos irregulares. Lo que pasa es que las autoridades correspondientes no siempre las aplican.
No iba a intervenir en la discusión del proyecto. Sin embargo, después de escuchar las afirmaciones del diputado Vilches , estoy motivado a decir algunas palabras. Él presentó las cosas como si las ciudades chilenas fueran el paraíso de las irregularidades, pero está muy equivocado. Según las cifras que conozco, la irregularidad no supera el 3 por ciento de los loteos. Las cifras -puede ser que no sean del todo precisas- son bajas a nivel nacional, sobre todo si se comparan con las del resto de América Latina y con la historia del país.
En los últimos treinta años de la política de vivienda urbana y de desarrollo del territorio, la creación de loteos irregulares estuvo fuertemente contenida. Ha habido distintas maneras de regularización. Sin duda, la más importante fue el Programa Chile Barrio, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que avanzó significativamente en la regularización. Asimismo, destaca lo hecho por algunas instituciones de la Iglesia.
Cuando uno lee textos sobre urbanismo, se da cuenta de que una de las características de las ciudades chilenas es su alto nivel de regularización. ¿Por qué lo destaco? Porque tengo mucho miedo de que, por visiones estrechas de la política de vivienda, se desencadene otra forma de loteos irregulares, sobre todo en Santiago y Valparaíso, debido a la ausencia de decisiones apropiadas para que las familias obtengan sus viviendas.
Lo ocurrido recientemente en las puertas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en relación con los 1.200 cupos para viviendas usadas, refleja muchas cosas. Yo destacaría que hay una demanda muy alta en la Región Metropolitana. Hay 400 mil familias que postulan a una vivienda con menos de 8.500 puntos en la ficha de protección social. Puede ser que algunas fichas no estén adecuadas, pero hay un problema. Además, la necesidad de mantener la regularidad en el desarrollo de las ciudades está muy ligada al tipo de alternativas de solución existentes, además del hecho de enfrentar la irregularidad como tal.
Hago el alcance porque lo señalado por el diputado Vilches hace aparecer a Chile como un país con muchas irregularidades; por el contrario, hemos llegado a un estándar de ciudad bastante adecuado y, por lo tanto, debemos cuidarlo.
En relación con lo que todavía está en condición irregular a lo largo del país, a lo cual apunta el proyecto, es tremendamente importante contar con un mecanismo legal que regularice esa situación, que permita a las familias sanear y enfrentar el problema y construir de una vez por todas, cuando sólo se trate de loteos. En otros casos, hay que tener plena propiedad sobre lo que existe allí.
Por eso, estoy de acuerdo con aprobar el proyecto, pero no quise dejar pasar las expresiones del diputado Carlos Vilches .
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , quiero agradecer la oportuna indicación del diputado Uriarte . Curiosamente, sin ella, la futura ley no tendría validez. En ese sentido, siempre hay diputados estudiosos que se dan cuenta de pequeños o grandes errores. Curiosamente, hoy existe consenso. Lo digo porque si alguien desea revisar el acta de la sesión de ayer, podrá comprobar que no había consenso, sino disparidad de ideas respecto de una iniciativa de ley tan importante como la que discutíamos en ese momento, el reajuste de remuneraciones del sector público. Pero hoy existe acuerdo respecto de la materia sobre la cual estamos legislando.
El proyecto favorece a muchas familias que se ilusionaron con la compra de un terreno que les permitiría lograr lo que tanto ansían y que miles de familias chilenas no tienen: su casa propia. Y esas familias de La Araucanía que nos acompañan desde las tribunas y que representan a las de todo Chile, demuestran su satisfacción y alegría porque se están regularizando sus situaciones, lo que les permitirá ser dueñas legales de la casa propia.
La moción que dio origen a la ley N° 20.234, fue obra del gran trabajo que realizó mi ex colega y hoy senador Eugenio Tuma , y contó en su momento con el patrocinio del Ejecutivo para ser convertida en la ley que ha facilitado la regularización de loteos irregulares.
Como bien sabemos quienes representamos a regiones, en todas ellas existen loteos irregulares, los que representan un tremendo problema para quienes los habitan, ya que no pueden acceder a los beneficios que otorga el Estado, lo que les dificulta mucho obtener la cobertura de servicios básicos al no estar suficientemente delimitada la superficie de la propiedad individual en el terreno del loteo. Más grave aún, como dijo el diputado Latorre , es el hecho de que muchas personas que adquirieron la propiedad fueron engañadas por los loteadores, quienes hicieron ventas de mala fe, ya que no vendieron propiedades individuales, sino sólo cuotas o porcentajes de propiedades. En consecuencia, al no contar con el saneamiento básico que exige la ley para la subdivisión, no pudieron hacerse las subdivisiones para establecer propiedades particulares, por lo que todos siguieron siendo dueños de una sola propiedad colectiva.
Por ello la importancia que tuvo y que tiene la ley N° 20.234, que permitió comenzar un proceso de saneamiento y de inclusión en programas gubernamentales, en favor de las personas que regularizaban sus propiedades.
Mediante el proyecto en discusión se pretende prorrogar la vigencia de esa excelente ley. Además, perfecciona ese cuerpo legal, por lo que sustituye buena parte de su articulado, a fin de proseguir con los procesos de regularización.
Recuerdo el entusiasmo con que el entonces diputado Eugenio Tuma comenzaba el estudio de su moción, pedía colaboración y nos hacía partícipes de su proyecto, que una vez convertido en ley, permitió regularizar situaciones que existían en todo Chile: los loteos irregulares.
Una consideración importante merece el hecho de que sólo se permita acogerse a los beneficios de la iniciativa a loteos anteriores al año 2006 y que se exija que al menos un porcentaje del terreno esté habitado, ya que con ello se evita la especulación y el aprovechamiento por parte de loteadores inescrupulosos, que son muchísimos, a quienes les estamos frenando un sistema escandaloso con el que han logrado engañar a tanta gente.
También habilita a las personas que habitan el loteo para postular a programas sociales con la recepción provisoria, lo que es de tremenda importancia, ya que no se dilata más su entrada a los beneficios estatales.
Por último, es de gran importancia que se penalice, como dijo el diputado Latorre, a quienes pretendan aprovecharse fraudulentamente de los beneficios que otorga esta futura ley.
A lo mejor, nos falta una aclaración un poquito más profunda al respecto, por lo que se podría formular una indicación, ya que el proyecto no ha sido calificado con suma urgencia, para sancionar a quien se aprovechen de esos beneficios del Estado en forma fraudulenta.
En Caupolicán Alto, en La Unión, se produce lo mismo que está sucediendo en tantas villas de Temuco. Sus habitantes se encuentran en las tribunas, ya que han venido a aplaudir el debate y la aprobación del proyecto, respecto del cual no hay mayor discusión, porque todos quieren ser propietarios de los terrenos que compraron en un momento con la esperanza que se convirtieran en la casa propia.
Por eso, aprobaré gustosamente la moción presentada por los colegas que mencioné.
He dicho.
-Aplausos.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos.
El señor LOBOS.- Señor Presidente , es un gusto estar hoy aquí, con la tribuna repleta de personas que escuchan el debate de un tema que les es tan sensible, donde confluyen los intereses de los beneficiarios y el legítimo derecho que tenemos los parlamentarios de dar una satisfacción bien planteada, con argumentos y también con seriedad.
Ojalá siempre fuera así, porque el proyecto tiene un profundo valor social, como señaló el diputado Vilches, ya que permite acceder a un número importante de ciudadanos a beneficios que el Estado ha desarrollado para que puedan vivir mejor.
A veces, la necesidad tiene cara de hereje, por lo que muchas personas tuvieron que tomar la opción de vivir en el polvo del norte o en el barro del sur, sin ningún derecho a realizar progresos en sus viviendas o a tener un título de dominio que les permitiera hipotecar la propiedad para financiar algún pequeño gustito que todos tenemos derecho a darnos en la vida, lo que los ha obligado a vivir siempre en la incerteza y en la incertidumbre de lo que les pudiera pasar el día de mañana.
El proyecto permite tomar este problema y transformarlo en una solución, pero también pone límites, lo que me parece muy importante, porque los “pillines” no podrán meter las manos, porque retrotrae esta situación a los loteos que existían al 31 de diciembre de 2006; es decir, no dice relación con quienes arman un loteo irregular para ilusionar a la gente. El ministerio correspondiente se ha preocupado cuidadosamente de esta materia, por lo que existen registros fotográficos y hay un catastro de norte a sur que permite saber quiénes califican para acceder a los beneficios de esta futura ley.
La iniciativa establece algunas cosas que son muy importantes, porque, como dijimos, algunas personas no viven cómodas en esa situación, por lo que no todos estos loteos irregulares están ocupados. En consecuencia, el proyecto establece que esos loteos deben estar ocupados en un 40 por ciento cuando se ubican en zonas urbanas y en un 30 por ciento en los establecidos en zonas rurales y otras, lo que permite una cierta elasticidad.
También evita a los que están metidos en lo que se llama un lío de papeles catastróficos, sujetos a reclamos de allá para acá. Y lo más importante: obliga a la Dirección de Obras Municipales a cumplir un plazo perentorio, ya que le dice: “Mire, cuando el ciudadano entregue todos los antecedentes que la ley estipula para inscribir su bien, se establece un plazo de sesenta días para responderle. Si no lo hace o le dice que no, se tendrá derecho a reclamar”. Eso es muy importante. Podrá plantear a la seremi si se le dice que no a su loteo. Asimismo, si se le señala que el loteo está en una zona de riesgo, se tiene derecho a pedir una segunda opinión. La seremi tendrá que dirimir. Eso es tremendamente importante.
Otra cuestión es que se faculte a los municipios para hacer algo que de suyo lo hacían. En nuestros distritos, todos tenemos ejemplos de cómo en un loteo irregular, sin acceso al agua potable, el municipio debe invertir, porque si no lo hace deja a mucha gente sin su bien básico y con un riesgo enorme de enfermar. Se construía el pozo, se constituía un comité y se inyectaban fondos para su habilitación. Pero el drama surge cuando se echa a perder la bomba. Porque, ¿quién paga eso? Sin embargo, hoy se podrán hacer convenios para que llegue la red de agua potable, la de alcantarillado y así los organismos públicos, como el Serviu, puedan invertir y pavimentar las calles.
Entonces, debemos, con las enmiendas señaladas por el diputado Uriarte , pues había quedado una zona nebulosa, aprobar el proyecto que mucha gente espera. El problema no se presenta sólo en la Región de La Araucanía, sino en todo Chile. Son pocos, es cierto, como lo decía el diputado Montes , pero quienes están en esa situación por Dios que tienen dificultades.
Los artículos 9, 10 y 11 regulan un poco más la situación y sancionan a aquellos inescrupulosos que, torciendo el imperio de la ley, quieren meter papeles “fuleros” para acceder a beneficios que no les corresponde. Esto está dirigido a gente que legítimamente quiere mejorar su estándar de vida y que desea hacer realidad el sueño de la casa propia. A veces, es imposible en un terreno consolidado buscar alternativas y, de repente, estas personas se encontraron entre la espada y la pared.
Voy a votar favorablemente el proyecto, de igual forma como lo hará el resto de mi bancada.
Felicito el consenso de la Sala para abocarse a un sentir ciudadano por el derecho a vivir mejor.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , primero, saludo a los invitados que están en las tribunas siguiendo con atención un debate que, de seguro, es de su interés y de beneficio directo. Representan a muchas trabajadoras y a muchos trabajadores que, no estando aquí, deben estar observando, a través de la televisión, con la misma atención el debate.
Las argumentaciones que dan por hecho -el título del proyecto lo señala- que existen loteos irregulares, van en la dirección de demostrar que hay gente que vive en éstos y que ha sido víctima de estafa. Ello, de alguna forma nos exige -así lo veo- una autocritica de que ha habido un espacio de tiempo en que la Cámara de Diputados ha permitido que no exista ley en beneficio de las víctimas de las estafas. De alguna forma, con la iniciativa, se repara un daño que se causa, a vista y paciencia de estas personas, en un tema tan sensible como es el derecho a la vivienda.
Desde mi perspectiva, las urgencias tienen que ver con una ética básica que debemos aplicar para apurar decisiones y darle cierto estado de derecho a cuestiones que no corresponden, porque abiertamente se trata de ilícitos, de abusos de algunos respecto de otros. Evidentemente, eso afecta principalmente a los sectores más humildes, a las familias vinculadas al mundo del trabajo que, con gran esfuerzo, hacen un aporte de ingresos al tema vivienda.
Quiero hacer alusión a la intervención de un parlamentario en la Sala, en cuanto a que da gusto que se produzca un intercambio en que se construya positivamente una solución y, además, con la presencia en las tribunas de personas que sienten que el debate los va a beneficiar directamente. Sin embargo, es muy diferente cuando el debate se da a vista y paciencia de mucho público, donde claramente se agreden los intereses de los que están escuchando. Desde esa perspectiva, reivindico el tremendo sentido de responsabilidad, la conciencia social y seriedad que en las últimas jornadas han demostrado los dirigentes que asisten a las tribunas para escuchar horas y horas de debate que los afecta desde el punto de vista de sus intereses.
En esta discusión y con esta empatía que se va construyendo, me gustaría preguntar cuál es el tema de fondo. Para mi gusto, más allá del tema de que alguien invierta en un terreno o en un inmueble, el punto central es el derecho a la vivienda. Sería bueno y aconsejable que una vez que se concluya el debate y se apruebe lo que hay que aprobar, se instale el tema del derecho a la vivienda como un derecho de todas y de todos quienes construyen familia en nuestro país. Así como se aborda el tema de los loteos irregulares -aquí se ha hablado de estafadores de familias-, hagámoslo también respecto de la usura bancaria relacionada con las hipotecas de viviendas de familias humildes o de clase media. Aquí determinemos que tampoco es soportable en el país aplicar tasas de interés que significan que una familia humilde en vez de pagar una casa, sólo por acceder al crédito, paga dos casas y media. Sin embargo, quienes tienen ingresos y capacidad de ahorro compran en efectivo casi el 50 por ciento o más de un inmueble.
Insisto, instalemos el tema en la perspectiva del derecho de la vivienda. Evidentemente, regularicemos todo lo que tiene que ver con loteos irregulares, desde el punto de vista de un comercio mal hecho por algún privado, pero también todas las situaciones de construcción de habitación que popularmente se llama “toma de terrenos”, lo que no es otra cosa que la organización de la población para demandar la necesidad de tener casa propia y construir familia. Estas personas no tienen más alternativa que eso y están dispuestas a asumir el rigor de la exigencia que ponga el trámite legal para normalizar su situación. Entonces, extendámoslo a todos los fenómenos vinculados al tema del derecho a la vivienda regularizando la norma al respecto.
En el plano de algunas comunidades, la regularización de los loteos tiene que ver -uno lo puede proyectar- con mejorar el acceso a espacios comunes que, en un diseño complejo de vivienda, siempre debe estar incorporado. Se supone que es una mirada que habla de cómo convive la familia dentro de un sector.
En ese plano, recogiendo las expectativas de nuestros pueblos originarios, la del pueblo mapuche, además del terreno también se deben regularizar los espacios que permitan que la cultura de ese pueblo se exprese en el Nguillatún, en el palín y en sus representaciones culturales. Eso también debe contemplarse en esta legalización de loteos irregulares.
Vale ello en mi Región para comunidades de pueblos originarios, como los diaguitas y los collas. Allí, existe una cantidad de terrenos cuya regularización no se halla resuelta, respecto de lo cual esos habitantes han apelado a la Ley Indígena, pero tampoco han obtenido respuesta.
Entonces, espero que este debate sea un estímulo para que las instancias públicas respectivas se aceleren y limiten las manifestaciones burocráticas que no permiten normalizar y dar seguridad a quienes se hallan con la expectativa de ubicarse en esos terrenos. En tanto no se regularicen los loteos, cabe preguntarse por la inseguridad y la angustia en que viven las familias que no tienen claro qué va a pasar con ellas el día de mañana.
Por todas estas razones, pero pensando además -insisto- en el derecho a la vivienda y, por ende, en quienes han sido estafados con los “loteos brujos”; en quienes son víctimas de otro tipo de asalto, como los deudores hipotecarios, que son objeto de aplicación de tasas de interés usureras, y en aquellos que aspiran a tener acceso a un crédito blando para obtener su vivienda, creo que la Cámara de Diputados debe aprobar esta medida que va en beneficio de sectores modestos, para recuperarnos del atraso que existe en este momento sobre la materia, porque la vigencia de la ley concluyó el 5 de enero pasado. Por lo tanto, ya llevamos casi un año sin legalidad en este ámbito.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Informo a la Sala que sólo restan las intervenciones de los diputados señores Becker, Lemus , León y Jarpa .
¿Habría acuerdo para cerrar el debate luego efectuadas esas intervenciones a los efectos de proceder, posteriormente, a abocarnos a examinar el informe de la Comisión Especial Investigadora del estado de la institucionalidad en relación con su capacidad de respuesta frente a desastres naturales?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado Germán Becker.
El señor BECKER.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar a los dirigentes e integrantes de la Agrupación de Loteos Irregulares de Temuco que se encuentran presentes en las tribunas, especialmente a Soledad Gallardo, su presidenta, quien ha trabajado mucho en esta iniciativa.
En segundo lugar, considero este proyecto muy importante no sólo para el país, sino que, en particular, para La Araucanía donde miles de familias no han podido regularizar su situación y, por tanto, tampoco acceder a recursos públicos, dado que los loteos donde tienen construidas sus viviendas tienen carácter de irregular.
La iniciativa no sólo significa reeditar la ley N° 20.234, a la que algunos diputados se refirieron, sino prorrogar sus disposiciones y, además, reducir gran parte de las exigencias que la hicieron prácticamente inaplicable. Eso hay que decirlo.
La ley N° 20.234, al menos en la Región de La Araucanía, no permitió regularizar ningún loteo. Lo que se ha hecho en La Araucanía en el último tiempo es regularizar las propiedades individuales a través del decreto ley N° 2.695, del Ministerio de Bienes Nacionales.
Por lo tanto, lo que tenemos ahora son muchos loteos con las propiedades individuales legalizadas; sin embargo, toda la parte de calles, pasajes, áreas verdes no lo ha sido y siguen perteneciendo a los antiguos propietarios, de modo que el Estado no puede intervenir ni urbanizar tales loteos, que es lo que todos queremos.
Por eso, esta iniciativa pretende, en el fondo, reducir las exigencias contenidas en la anterior legislación, de modo de hacerse aplicable y se pueda, finalmente, regularizar calles, pasajes y áreas verdes.
Por ejemplo, baja de 50 a 40 por ciento los loteos que deben estar habitados en el área urbana y a 30 por ciento en el área rural. Ahora considera sólo el impedimento de que los loteos a regularizar se localicen en áreas de riesgo y elimina el impedimento de que se ubiquen en áreas indígenas.
Se definen claramente los antecedentes que deben ser presentados ante la Dirección de Obras -esto no estaba muy claro- y además se le da un plazo al director de obras para responder.
Se simplifica la demostración de la existencia de dotación de servicios básicos del loteo. Por ejemplo, ahora con un comprobante de pago de cuentas emitido por una empresa de servicios se puede demostrar que la persona vive en ese loteo.
Se exime de responsabilidades administrativas al director de obras municipales para otorgar las recepciones definitivas. Este tema es muy complejo, dado que los directores de obras no se atrevían a entregar esas recepciones, pues siempre pensaban que podían tener alguna responsabilidad administrativa.
Se faculta, también, a los municipios para convenir con otros organismos la dotación de los servicios básicos a partir de la recepción provisoria.
La verdad es que estamos muy contentos por aprobar este proyecto. Hay una indicación del diputado Gonzalo Uriarte , Presidente de la Comisión , que considero plenamente atingente, ya que, de lo contrario, la ley no tendría vigencia. Con ella vamos a dejar muy claro que la ley tendrá una vigencia de tres años. Y ojalá que la Sala apruebe también esa indicación de modo de despachar el proyecto al Senado y prontamente los habitantes de los loteos irregulares, especialmente la gente de La Araucanía, que ha trabajado mucho en este asunto, tenga una solución definitiva que les posibilite regularizar sus viviendas y, en particular, todas las áreas verdes, pasajes y calles para urbanizarlas.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Luis Lemus.
El señor LEMUS.- Señor Presidente , éste es un buen proyecto. Indudablemente, va a corregir una situación que afecta a una cantidad importante de comités de vivienda cuyos socios, lamentablemente, han construido sus casas sobre loteos irregulares. La iniciativa viene a flexibilizar justamente el que ellos puedan normalizar su situación y acceder, posteriormente, a todos los beneficios sociales en materia de vivienda.
Como señalé, creo que ésta es una buena iniciativa, una buena inspiración, en el sentido que corrige y prorroga el plazo de la ley original.
Pero quiero mencionar un asunto fundamental en torno a la situación de los loteos irregulares y que me parece muy importante que también se haya abierto a este debate.
A través del Ministerio de Bienes Nacionales, la gran mayoría de las comunas del país, sobre todo en las poblaciones más populares, donde habita la mayor parte de los trabajadores que luchan por tener una vivienda propia, ha debido llevar a cabo estos loteos irregulares. Y acá no solamente ha existido la posibilidad de que alguien, inescrupulosamente, haya tratado de estafar a las personas, sino que también muchas veces -hay que decirlo así- se ha actuado en concomitancia. Es decir, hay ciudades y pueblos en todo nuestro país que están absolutamente cercadas por propiedades privadas. A veces, uno o varios dueños de esos terrenos limitan los centros urbanos de muchas comunas. Y qué decir de la situación rural donde hay muchos trabajadores que han debido tomar su pedazo de terreno, o llegar a un acuerdo con el dueño de los terrenos para vivir en ciertos lugares.
En Chile existe una política de vivienda que garantiza la posibilidad de que uno obtenga un subsidio, pero no garantiza la propiedad mínima para que una persona pueda vivir, lo que ha dado lugar al desarrollo y crecimiento de poblaciones que carecen de los servicios básicos. En muchos casos, en forma irregular, las municipalidades han tenido que instalarles luz, agua y los sistemas de alcantarillado. Ello ha dado lugar al nacimiento de muchos programas, como el Programa Chile Barrio y el Programa de Mejoramiento de Barrios, a través de los cuales se han podido urbanizar loteos completos; asimismo, Bienes Nacionales también ha intervenido en forma amplísima y ha entregado miles y miles de títulos de dominio a personas que vivían en propiedades que se encontraban en terrenos que habían ocupado en forma irregular.
Acá hay un tema de fondo que no sólo tiene que ver con garantizar los subsidios habitacionales, sino también la propiedad mínima. Actualmente, hay sectores rurales donde hay miles de hectáreas de terreno que pertenecen a un solo dueño y tienen concentradas allí a muchas familias cuyos jefes de hogar son trabajadores que no tienen ninguna posibilidad de acceder a una vivienda propia si no es a través de la adquisición de un terreno. Hoy existen muchos comités de viviendas irregulares donde las personas que viven en esos sectores no pueden acceder a una vivienda propia, porque hay comunas donde el metro cuadrado cuesta más de 2 unidades de fomento. Por eso, hay muchos comités de vivienda que nada pueden hacer para que las personas puedan acceder a una vivienda propia no sólo por la situación irregular en que se encuentra el terreno donde viven, sino por los altos precios que tiene la mayoría de esos terrenos.
Definitivamente, este proyecto de ley cubre sólo una partecita importante de un problema que es mucho más profundo y que debemos debatir para ver la forma de lograr una reforma importante, porque hoy existen muchas familias que no pueden acceder a la vivienda propia producto de esta problemática que tenemos y, además, por esta obsesión de concentrar tanto la propiedad pública, lo que ha hecho que las ciudades no puedan crecer y que los planos reguladores tengan muchos problemas. Lo importante es regularizar esta situación y evitar que los planos reguladores tengan tanta intervención sobre el suelo rural.
Considero que este proyecto es importante, aun cuando reconozco -repito- que es sólo una partecita del problema de fondo. No obstante, le voy a dar mi apoyo.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero saludar a quienes hoy están presenciando la discusión de este proyecto de ley y que también estuvieron presentes en la discusión que se dio al interior de la Comisión.
Tal como lo hice en la Comisión, voy a votar favorablemente el proyecto de ley que modifica la ley N° 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos irregulares, porque se trata de una situación en la cual se han visto involucradas muchas familias, debido a lo que ha ocurrido con la construcción de viviendas en el país -en esto coincido con el diputado Lemus -, donde ha faltado una planificación urbanística, lo que ha llevado a la segregación de las ciudades.
A mi juicio, en el proyecto está claramente establecido que se prolonga por un año la posibilidad para que estas familias puedan solucionar su problema habitacional en tal forma que, junto con prolongar la vigencia de la ley N° 20.234, también se le entregan otras atribuciones al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a las direcciones de obras municipales, en orden a flexibilizar las exigencias para llevar a cabo la pavimentación y también fija el monto máximo de las viviendas en 1.000 unidades de fomento, con lo cual se logra conciliar la prolongación del tiempo que se le da a estas familias para que puedan regularizar su situación y puedan acceder a los beneficios que entrega el Estado; asimismo, se establecen medidas para prever situaciones de abusos, como lamentablemente suele ocurrir cuando existen problemas habitacionales.
De esta forma, creo que el proyecto de ley logra estos dos grandes beneficios, en orden a dar la posibilidad a estas familias para que puedan regularizar su situación de vivienda, extendiendo en un año el plazo de vigencia de la ley. Debemos recordar que en zonas extensas del país, las direcciones de obras municipales se han visto atosigadas, producto del terremoto ocurrido en febrero pasado, ya que fue un siniestro que abarcó desde las Regiones de Valparaíso hasta La Araucanía, lo que nos obliga a dar nuestro apoyo al proyecto para regularizar la situación de miles de familias que hoy viven en loteos irregulares. De este modo, podrán obtener su título de dominio y acceder a los beneficios que entrega la Administración del Estado, ya sea, a través de los municipios o del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Por eso, voy a dar mi aprobación al proyecto, tal como lo hice en la Comisión de Vivienda.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde votar en general el proyecto, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos irregulares y renueva su vigencia, con excepción de los incisos primero, tercero, quinto y sexto del artículo 4°, que tienen el carácter de norma orgánica constitucional, por incidir en las funciones y facultades sustantivas del director de obras municipales y que, por ende, son propias de la ley orgánica constitucional de Municipalidades, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 118, inciso quinto, de la Constitución Política de la República, como lo ha declarado el Tribunal Constitucional en los fallos roles Nos 437 y 992, recaído este último, precisamente, en la ley N° 20.234.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 106 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación general los incisos primero, tercero, quinto y sexto del artículo 4°, que tienen el carácter de norma orgánica constitucional, cuya aprobación requiere 69 votos afirmativos.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 106 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Si le parece a la Sala, las disposiciones anteriores se darán por aprobadas también en particular, con la misma votación anterior, dejándose constancia de haberse alcanzado el quórum constitucional requerido.
Acordado.
El resto del artículo único se declara aprobado reglamentariamente ipso-jure, sin votación, por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, con excepción de los números 1 y 10 del artículo único, que fueron objeto de indicaciones.
Si le parece a la Sala, se votarán en forma conjunta los números 1 y 10 del artículo único conjuntamente con las indicaciones, que tienen por objeto adecuar los plazos de vigencia de la ley Nº 20.234.
Acordado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Despachado el proyecto.
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DEL ESTADO DE LA INSTITUCIONALIDAD EN RELACIÓN CON SU CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE A DESASTRES NATURALES.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora del estado de la institucionalidad en relación con su capacidad de respuesta frente a desastres naturales.
Diputado informante de la Comisión Especial Investigadora es el señor Jorge Ulloa.
Antecedentes:
Informe de la Comisión investigadora, sesión 80ª., en 29 de septiembre de 2010. Documentos de la cuenta N° 7.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ULLOA (de pie).- Señor Presidente , me corresponde dar a conocer el extenso informe, que refleja el intenso trabajo que tuvo esta Comisión Especial Investigadora, cuyo objetivo final, desde mi perspectiva, fue plenamente logrado.
Debo señalar que hubo conclusiones de mayoría y de minoría, todas las cuales figuran en el informe que las señoras diputadas y los señores diputados tienen en su poder. Sin embargo, también es menester señalar que las diferencias se centraron sólo en una materia que voy a señalar más adelante.
Agradeceré a los colegas que me permitan hacer un poco más didáctico este informe que es muy extenso, mediante el power point que se empezará a proyectar de inmediato.
En la sesión del 9 de marzo de 2010, la Cámara acordó la creación de una Comisión Especial Investigadora que, en el plazo de noventa días, se aboque a investigar el estado actual de nuestra institucionalidad en relación a su capacidad de respuesta, a partir del megaterremoto y tsunami que azotaron a varias regiones del país el pasado 27 de febrero, considerando los nuevos instrumentos tecnológicos disponibles en la actualidad.
En la siguiente proyección, los colegas pueden ver un mapa que indica el lugar del epicentro del terremoto. Al principio, hubo confusión y, sin mayor información, se anunció que el terremoto se había producido en el continente y no en el mar, cuestión muy importante para determinar lo ocurrido.
Los antecedentes generales sobre el terremoto se refieren a hora, día, ubicación, duración: 2 minutos 45 minutos; zonas más afectadas: las regiones de Valparaíso, Metropolitana, de O ´Higgins , del Maule, del Biobío y de La Araucanía; intensidad Mercalli , es decir, percepción: 9 grados en Maule y en Biobío; población afectada: 80 por ciento de la población del país; gracias a Dios, un número de víctimas fatales inferior a las que se podría pensar que produciría un sismo de 8,8 grados; viviendas muy dañadas; número de damnificados: más de dos millones de personas; el tsunami impactó nuestras costas y el archipiélago de Juan Fernández , y la alerta de tsunami se extendió a 53 países.
La institucionalidad está vigente desde 1974 y establece una Oficina Nacional de Emergencia, que cuenta con un Centro Nacional de Alerta Temprana, un Comité de Protección Civil y un Comité de Emergencia.
Asimismo, existe el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), que tiene la función de entregar informaciones, herramientas y asistencia técnica para dar seguridad a la navegación, al mar territorial y al mar contiguo al litoral chileno. Además, es el organismo oficial en materia de hidrografía, elaboración y publicación de cartas de navegación, entrega de datos sobre mareas, corrientes y maremotos y señales horarias, entre otras funciones.
Trabajo de la Comisión.
Se constituyó el 13 de abril de 2010, celebró 26 sesiones, entre ordinarias y especiales, recibió a 26 expositores, despachó más de 200 oficios, requiriendo información, citaciones y otras diligencias, y votó el informe final el 6 de septiembre de 2010.
A continuación, voy a mencionar las personas que fueron invitadas y que expusieron ante la Comisión Especial.
El actual director de la Onemi , Vicente Núñez ; el ministro del Interior , Rodrigo Hinzpeter ; el almirante y comandante en jefe de la Armada , Edmundo González ; el director del SHOA, Patricio Carrasco ; la ex directora nacional de la Onemi , Carmen Fernández Gibbs ; el ex subsecretario del Interior , Patricio Rosende ; el ex director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada , Mariano Rojas ; el contraalmirante y comandante en jefe de la II Zona Naval , con asiento en Talcahuano, Roberto Macchiavello Marcelli ; el jefe de turno de la Onemi , Osvaldo Malfanti ; el operador de radio de turno el día del terremoto, Rafael López ; el ex intendente de la Octava Región del Biobío , Jaime Tohá González ; el teniente 1° de la Armada de Chile, jefe de turno del Shoa el 27 de febrero, Mario Andina ; el general de división, jefe del Estado Mayor Conjunto , Cristián Le Dantec ; el ex ministro de Defensa Nacional , Francisco Vidal Salinas ; el general del Aire, Ricardo Ortega Perrier ; el general de Ejército y comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuentealba ; el jefe de plaza de la Cuarta Región , general de brigada Antonio Yakcich Furche ; el senador de la República , Francisco Chahuán ; el ex jefe de la Cat Metropolitana , Rodrigo Jerez ; el ex funcionario de la Onemi, sección Alerta Temprana, Víctor Barrientos Mancilla ; el oceanógrafo, Alfonso Campusano ; el profesor asistente del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, Sergio Sepúlveda ; el gerente general de Motorola Chile S.A., Gabriel Contesse ; los sismólogos, Sergio Barrientos y Jaime Campos , y el subsecretario de Telecomunicaciones , Jorge Atton Palma .
Durante las sesiones que celebró la Comisión, hubo amplia difusión y conocimiento de las materias que trató cada uno de los invitados.
Los señores diputados tienen en sus pupitres el informe que es bastante extenso -más de 140 páginas-, y después de conocer toda la información que se nos entregó, llegamos a las conclusiones y establecimos las respectivas responsabilidades.
Reitero a los señores diputados que hay conclusiones de mayoría y de minoría. En esta oportunidad, voy a consignar sólo las de mayoría, dejando constancia de las diferencias que existen con las de minoría, que también aparecen en el informe.
La Comisión aprobó por 7 votos a favor y 6 en contra las conclusiones y propuestas formuladas por los diputados que se mencionan en el informe. Debo señalar que las diferencias dicen relación con la actuación de la ex Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet .
El texto aprobado por la Comisión señala que, a pesar de observar personalmente los saqueos y robos ocurridos en Constitución y de contar con vasta información sobre las distintas situaciones de desorden social en las regiones afectadas, la ex Presidenta postergó, sin razón explicable, la decisión de decretar estado de excepción.
Tal como lo manifestó el general Le Dantec en la Comisión, él representó personalmente al ministro de Defensa la posibilidad inminente del estallido social que suele seguir a una catástrofe de esta naturaleza y magnitud. Pero, esta responsabilidad sólo cabe a la figura del Jefe de Estado , pues no existe otra autoridad en el país que tenga la facultad de establecer el estado de excepción requerido.
Las conocidas revueltas y saqueos que siguieron al terremoto y que sólo en algunas horas produjeron pérdidas millonarias para el Estado y para los particulares se comenzaron a contener sólo el día domingo, cuando, finalmente, se autorizó el referido estado de catástrofe y, por tanto, la salida de militares a la calle, con facultades para imponer por la fuerza el orden requerido, situación distinta a la salida a la calle por razones humanitarias.
Con el propósito de ser justo, debo señalar que los diputados que estuvieron en minoría dijeron lo siguiente respecto del mismo tema.
“Esta Comisión quiere consignar el protagonismo de la ex Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet , que, desde las primeras horas de ocurrido el terremoto, hizo sentir su presencia en la Onemi, su insistencia ante quienes no entregaban la información que se requería, su disposición para trasladarse de inmediato a la zona del epicentro y su capacidad para hacer sentir a los afectados la presencia solidaria de un país conmovido hasta sus cimientos por la catástrofe del 27 de febrero.
Se destaca también que a las 6 de la mañana del mismo sábado 27 de febrero, la señora Bachelet firmó el decreto que declaraba zona de catástrofe a las regiones del Maule y del Biobío. El domingo, a las 10 horas, el ministro de Defensa , Francisco Vidal , junto a los representantes de las Fuerzas Armadas, designó a las personas que debían asumir como jefes e instruyó la dictación de los respectivos decretos para que se declarara formalmente, a las 3 P.M., el estado de excepción.
Los militares salieron, como está previsto en la ley, a cumplir tareas humanitarias, desde el primer minuto posterior a la ocurrencia del terremoto y maremoto. Sin embargo, el contingente disponible en las zonas afectadas era un poco más de un tercio del personal habitual, como lo reconoció el comandante en jefe del Ejército. De cualquier forma, la Comisión resalta que el gigantesco desborde social provocado por el cataclismo del 27 de febrero pudo ser controlado sin pérdida de vidas humanas.”.
Quiero señalar que éstas son, básicamente, las diferencias en las conclusiones.
Luego, el informe se refiere al titular del Ministerio del Interior de entonces, señalando que correspondía a él la aplicación de las normas y acciones sobre políticas internas, orientadas a mantener el orden público, la seguridad y la paz social; fiscalizar el cumplimiento de normas legales, reglamentarias y técnicas, además de las instrucciones que se dicten para la administración civil del Estado, en materias atingentes a las áreas de desarrollo regional, modernización y reforma administrativa.
En ese sentido, el ex ministro debió velar por el cumplimiento de políticas de educación de la población civil, y otras, a nivel país, destinadas a fortalecer el plan nacional de emergencias.
Se señala que no se preocupó de impulsar el proyecto de ley que estuvo en su Cartera, habiendo sido representado de su importancia por la directora de la Onemi, oficina que se encuentra dentro de la orgánica de su Ministerio.
Nunca asumió en propiedad su papel de cabeza en el Comité Nacional de Protección Civil, u Omega 1, como se le denomina dentro del Plan Nacional. Por ello, resulta incomprensible que el Jefe del Estado Mayor Conjunto se haya visto obligado a coordinar su labor con el jefe de Gabinete de la ex Presidenta , Rodrigo Peñailillo , en circunstancias de que dicha función le corresponde al ministro del Interior .
En ese contexto, es claro que el ministro del Interior actuó con desidia, sin capacidad de liderazgo y estuvo absolutamente al margen de la catástrofe, pese a que la Onemi estaba bajo su tutela, lo que fue fundamental en el pésimo desempeño de esa repartición pública.
Concurre firmando el decreto exento N° 760, desconociendo si el sistema que éste pondría en vigencia se encontraba en situación práctica de funcionar, y relega a las Fuerzas Armadas a una condición de transportista de bienes y personas, decisión desafortunada en voz de diversos invitados a esta comisión, incluido el ex ministro de Defensa , señor Vidal .
Tampoco resulta razonable ni explicable su inasistencia a la Comisión Investigadora, luego de haber inicialmente aceptado concurrir a la misma.
Respecto del ex ministro señor Vidal , se señala que a pesar de su jerarquía dentro del gobierno, y con las constantes reuniones que tuvo con el general Le Dantec , sólo accede a dar funciones humanitarias a las Fuerzas Armadas en una primera instancia. Si bien la decisión de decretar estado de excepción no recae en él, debió insistir con mayor tenacidad a la Presidenta Bachelet para que firmara los decretos respectivos.
Al igual que el ministro y el subsecretario del Interior, concurre firmando el decreto exento N° 760, lo que a su entender y de acuerdo con declaraciones suyas en la Comisión, constituyó un grave error.
Como superior de las Fuerzas Armadas, debió velar por el buen estado de sus sistemas de comunicación y de la capacidad de éstas para reaccionar frente a emergencias, no sólo con ocasión de ejercicios militares o ataques externos.
La Comisión Investigadora reconoce y valora su disposición a concurrir a la misma, entregando sus opiniones, como también valora que el ex ministro haya asumido los errores cometidos respecto de la firma del decreto N° 760.
Respecto del ex subsecretario Patricio Rosende , se señala que su función es colaborar con el ministro de aquella Cartera en materias de Gobierno y Administración Interior del Estado, junto con la aplicación de las políticas internas.
Dentro de las instituciones dependientes bajo su jurisdicción estaba la Oficina Nacional de Emergencia.
Se estima que debió velar por la implementación, educación y difusión de los planes de emergencia, así como por el cumplimiento de las medidas preventivas para salvaguardar a la población civil en caso de una catástrofe. Eso no fue así, de acuerdo con lo expuesto en las conclusiones de la sección anterior.
El proyecto de ley General de Protección Civil presentado por la directora de la Onemi estuvo en su poder. Por ello, estaba al tanto de su importancia y es inexcusable que no le diera el impulso que éste merecía, aun cuando fuera por representaciones formales a la Presidencia.
Al igual que las autoridades anteriormente citadas, concurre firmando el decreto exento N° 760, lo que ya ha sido reconocido como un grave error desde el punto de vista de la logística en un escenario de catástrofe.
La Comisión valora positivamente su disposición para comparecer ante la misma. Además, cabe resaltar que el subsecretario fue el primer personero de gobierno que se presentó en la Onemi minutos después del terremoto y tuvo una participación destacada durante las horas y días posteriores al mismo.
En relación con doña Carmen Fernández , se señala que era la jefa de la Onemi, servicio que mostró mayor cantidad de falencias durante la madrugada del terremoto. Sorprende su desconocimiento de los procedimientos, no sólo por su calidad de directora del servicio, sino también porque ocupó el cargo de jefa del Departamento de Protección Civil de la Onemi en años anteriores.
No asumió en plenitud sus funciones como coordinadora nacional del sistema de protección civil, mostrando desconocimiento, inoperancia y falta de preparación para el cargo, teniendo en consideración que ella estaba llamada a ser quien encabezara en términos técnicos el sistema.
En ese punto, cedió ante la imagen de la autoridad presidencial, desatendiendo su papel fundamental en la catástrofe, de acuerdo con lo dispuesto en Plan Nacional de Protección Civil.
No procedió a dar la alerta, cuando por sus afirmaciones tenía certeza de la magnitud del sismo, de acuerdo a la situación en que quedó su hogar y por los daños que pudo observar en el camino a la Onemi.
Desconoce el fax enviado por el Servicio Hidrográfico de la Armada, señalando que es poco claro, en circunstancias de que no dejaba margen de duda. Nos referimos al fax que manda el Shoa y que recibe la Onemi a las 4.05 y que dice: “alerta de tsunami en curso”.
Se permite, mediando una alerta de un órgano norteamericano y del SHOA, establecer que por la localización del epicentro en tierra estaba descartada la ocurrencia de un tsunami.
Si bien presentó a sus superiores la necesidad de cambiar el marco regulatorio en lo relativo a protección civil, en todo lo concerniente a prevención y educación de la población tuvo un desempeño deficiente.
Fue quien impulsó mediante el decreto supremo N° 156, primero, y por el decreto exento N° 760, después, el debilitamiento de las funciones de las Fuerzas Armadas en escenarios de catástrofe. De hecho éste último, que relegaba al Estado Mayor Conjunto al mero traslado de pertrechos y personas, se fundamenta en oficios suyos.
Respecto del jefe del turno de la Onemi, se señala que este funcionario tuvo desconocimiento absoluto de los protocolos que se desprende de las conclusiones que anteceden, y por su importancia en los acontecimientos que tuvieron lugar la madrugada del 27 de febrero.
Se permitió discutir e interpretar la claridad de un fax que, de acuerdo con lo recabado por la Comisión, responde a protocolos universales en la materia, lo que significó que no emitiera la alerta.
Manifiesta incongruencias de carácter técnico, tomando decisiones erradas, bajo supuestos científicos inexistentes, como la relevancia del epicentro cuando el organismo técnico había emitido una alerta de tsunami.
No cumplió con su deber, pues si tenía dudas sobre la claridad del fax, debió insistir con el SHOA hasta obtener una respuesta que le permitiera despejarlas.
En relación con el director del SHOA, don Mariano Rojas , demostró ineficiencia, imprudencia y poco criterio al dar de baja la alerta de tsunami, desconociendo las variables empíricas que se le presentaron, tal como se expone en la sección anterior en el número referido al SHOA.
Como consecuencia de su decisión, se levanta la alerta cuando aún no se producían algunas de las olas que causaron la mayor cantidad de daños y muertes.
Era la cabeza del organismo que debía prestar asesoría a los diversos comités de protección civil, la que ciertamente fue errónea, imprecisa y con resultados desastrosos y lamentables.
La Comisión reconoce la disposición del Capitán de Navío y ex director del SHOA, señor Mariano Rojas a concurrir a la comisión y asumir la responsabilidad en las decisiones que adoptó y que resultaron erróneas y equívocas.
Respecto de las intendencias regionales, se hace presente que dentro de sus labores se encuentra la de cumplir funciones relacionadas con la mantención del orden público y seguridad ciudadana, contando con facultades para adoptar las medidas necesarias de prevención y enfrentar situaciones de catástrofe.
Se supone que el plan de protección civil debe impulsar como cabezas de sus respectivos comités regionales una labor educacional que informe a la población civil. Debieron darle a esa tarea la prioridad que correspondía.
Se señala que si carecían de recursos para implementar los planes de respuesta, debieron representar dicha necesidad a la autoridad central.
En cuanto a la especial referencia a la situación observada en la Octava Región del Biobío con el Intendente Tohá , al que si bien le son imputables los déficits antes descritos, se le reconocen los intentos por ceñirse a lo dispuesto por el Plan de Emergencia y las constantes representaciones a la autoridad central de la situación que allí se vivía.
Respecto de las gobernaciones provinciales, no desempeñaron el rol que se les asigna en el plan nacional de protección civil. No desarrollaron mayores esfuerzos en educación de la población civil ni se representó con la suficiente energía al nivel central la necesidad de destinar fondos para realizar sus labores.
En cuanto a las alcaldías en las zonas costeras, se señala que son las encargadas de encabezar los comités comunales o de designar quiénes deben estar a su cabeza. Sin embargo, en algunas comunas, ya sea por falta de interés o por falta de presupuesto, no hicieron funcionar dichos comités.
En el caso de otras comunas costeras, la responsabilidad es aún mayor, pues debieron crear sus planes de respuestas ante el tsunami en base al protocolo Accemar, el cual fue puesto a disposición de la autoridad comunal. En muchas de ellas no se implementaron en lo absoluto dichas directrices, ni mucho menos se educó a la comunidad.
Un ejemplo de lo anterior es el crítico estado que se vio en la comuna de Talcahuano, donde no había ningún protocolo de emergencia que permitiera actuar coordinadamente en situaciones de catástrofe. En efecto, en Talcahuano las cartas de inundación que elabora el SHOA estaban a disposición del alcalde. Sin embargo, a pesar de existir aproximadamente 60 mil personas en zonas de riesgo, no había, ni hay señalética que indique vías de evacuación hacia zonas seguras.
Armada de Chile.
Uno de los órganos más criticados durante los días posteriores al terremoto fue el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. La decisión de bajar la alarma, junto con las afirmaciones erráticas que emanaban de dicha oficina la madrugada del día 27, fueron determinantes en la situación final.
A su vez, la falla en las comunicaciones de una institución que no sólo debe velar por la seguridad externa, sino también por la interna, es unos de los puntos preocupantes que emanan de esta investigación. En este sentido, el Ejército, con su Plan Torrente, es una buena señal, al igual que la de Carabineros con su modernización de comunicaciones, a través del Proyecto 25, hoy implementado correctamente.
Si bien no atenúa la responsabilidad que le cabe como institución en el caos vivido el 27 de febrero, se valora y se destaca que fue la única que reconoció responsabilidades respecto del SHOA, tomó medidas que significaron una investigación sumaria y sanciones que dieron como resultado la baja de su director y otras distintas para personeros de esa repartición.
También aconsejamos que la institución inicie un sumario administrativo, a fin de esclarecer completamente lo ocurrido la madrugada del 27 de febrero en el Archipiélago de Juan Fernández. Lo anterior tiene la finalidad de determinar si hubo faltas al servicio por parte de miembros de la institución destinados en dicha zona, como se ha señalado.
Es preocupante la situación ocurrida en la II Zona Naval de Talcahuano, en particular con el cruce de declaraciones entre el intendente Tohá y el comandante en jefe de la misma, contraalmirante Roberto Macchiavello . Al respecto, y no existiendo para esta Comisión antecedentes suficientes que permitan establecer responsabilidades individuales de las referidas autoridades en relación a los hechos de la madrugada del 27 de febrero, resulta recomendable no pronunciarse sobre el particular y esperar la investigación que conduce actualmente el Ministerio Público.
Fuerza Aérea.
Una de las polémicas que surgió durante las primeras horas después del terremoto fue la inoperatividad que presentaba el helicóptero presidencial, ya que no existían pilotos disponibles en la base área donde éste se encontraba. Tal como lo señalaron el ex ministro de Defensa y el general Ortega , esto se produjo porque dicha base no contaba con habitabilidad que permitiera una permanencia constante de pilotos, por no existir infraestructura para ello. Sin perjuicio de lo anterior, a juicio de la Comisión, es indispensable que la Fuerza Aérea disponga una solución inmediata a esa situación. Al respecto, debo precisar que la Fuerza Aérea ya comunicó que está resuelta.
Oficina Nacional de Emergencia.
La institución encargada de la protección civil fue, paradójicamente, la que presentó mayores deficiencias al momento de las evaluaciones, desde su directora, cuyas responsabilidades ya se enumeraron, al jefe de turno, que tuvieron deficiencias y demostraron escaso nivel de preparación y de resolución en la madrugada del terremoto.
Un punto fundamental para establecer su responsabilidad fue su inexcusable decisión de no emitir una alerta, la que, por lo que ya hemos mencionado en innumerables ocasiones, debió darse de manera instantánea en las localidades costeras en atención a la magnitud del terremoto. Más impresentable aún es el hecho de que, previo a muchas de las olas que asolaron nuestro litoral, la Onemi recibió confirmaciones técnicas, tanto del SHOA como del PTWC, en orden a que se decretara una alerta de tsunami. Sólo ello debió bastar para que se procediera a evacuar a la población civil hacia zonas seguras.
A su vez, todo lo referente al plan de emergencias y al protocolo Accemar suponía fuertes campañas de educación de la población civil y de los servicios públicos, las que nunca se desarrollaron en la medida de las necesidades. Las fallas estructurales que presentó, tanto en materia de telecomunicaciones como en cuanto a las competencias profesionales y técnicas de quienes estaban trabajando en el servicio, fueron determinantes en la cifra de muertos que debimos lamentar como país.
Resulta incomprensible que pese a ello, ni su directora ni autoridad alguna solicitara un sumario por los hechos acaecidos, situación que, en opinión de esta Comisión, debe revertirse.
Dirección de Presupuestos.
La Comisión consideró que tendría responsabilidades en relación con negociar o comprometer indicadores de mayor exigencia para este organismo, principalmente por el aumento de fondos que la Presidenta de la República , señora Bachelet , había realizado.
Contraloría General de la República .
La Comisión estimó que no se observa un actuar riguroso de esta institución fiscalizadora referido a la ejecución de nuevas fiscalizaciones, al dictamen de sumarios internos, solicitud de informes en este sentido, etcétera.
También es considerada corresponsable de ciertas irregularidades e ineficiencias al interior de la Onemi, intendencias, gobernaciones y municipios en lo referido a la implementación y ejecución de los Planes de Protección Civil.
En cuanto a actos, personas e instituciones destacables, nos permitimos mencionar un conjunto de personas que arriesgaron sus vidas para salvar la de otros, como es el caso de Martina Maturana , José Fuentes , Fresia Reyes , Porfirio Guerrero , Altidoro Garrido , el subteniente de Carabineros Pablo Javier Alegría del Río, el superintendente de Bomberos de Talcahuano , Luis Andrés Fregonara Molina ; Pedro Muñoz Concha , Luis Gatica , Carlos Letelier , Gonzalo Hermosilla y muchos otros.
También es menester destacar el actuar de las siguientes instituciones:
En el caso de Bomberos, hay que hacer un reconocimiento público a esta institución y a cada uno de los funcionarios que ayudaron durante la catástrofe que vivió el país. De manera especial, queremos reconocer a aquellos bomberos que, sin importar las pérdidas personales y familiares, salieron a las calles a prestar ayuda a la ciudadanía.
Carabineros de Chile no sólo se encargó de impedir disturbios sociales o de frenar los ya famosos saqueos, sino que sus funcionarios fueron más allá y muchas veces fueron un real apoyo emocional a familias que lo habían perdido todo. Tuvo una actuación muy destacada.
A pesar de su escasa dotación, el personal de la Policía de Investigaciones, sus carros y sus distintivas balizas azules se multiplicaron en esfuerzos enormes para atender las graves consecuencias del terremoto. Es decir, también procedió de manera descollante.
En este momento tan especial por el que pasa Gendarmería de Chile, quiero reconocer su importante aporte al orden público mediante la contención de cientos de reos que intentaron fugarse de las cárceles, aprovechando la situación impuesta por el terremoto. A pesar de la dificultad que presentaba el entorno, los gendarmes no dejaron de cumplir su función.
En cuanto a las Fuerzas Armadas, hoy han vuelto a representar un pilar importante para la ciudadanía, haciendo ver que su aporte puede ir mucho más allá de lo que su mandato les exige.
Propuestas finales de mejora.
De la investigación realizada, se desprende la necesidad de generar un conjunto de cambios en el sistema de emergencia nacional que permita modernizar los protocolos existentes. Así, deberían adoptarse las siguientes medidas:
1.- Modernización y completa transformación de la Onemi.
2.- Red de comunicaciones. Éste es el gran tema para Chile. Quedó en evidencia que uno de los principales puntos críticos durante el terremoto fue el relacionado con las comunicaciones. Cayeron las redes celulares y la telefonía fija funcionó mal. Es decir, desde el punto de vista de generación de una crisis, las mayores dificultades se debieron a las malas comunicaciones.
Por eso, siguiendo los ejemplos norteamericano y japonés, esta Comisión de la Cámara de Diputados opina que se pueden aprovechar los recursos de que disponemos y establecer, vía protocolo o a través de una normativa, que sea Carabineros quien encabece el sistema comunicacional de emergencia, considerando que esta institución cuenta con la mayor red de comunicaciones a lo largo del país y posee la certificación internacional en comunicaciones del más alto estándar, denominada P25, que significa gran calidad en comunicaciones en casos de emergencia en todo el territorio. Por lo tanto, Chile debe aprovechar los recursos disponibles y modificar sus protocolos de emergencia, dando mayor participación y jerarquía a Carabineros en asuntos comunicacionales.
Es necesario establecer un sistema de comunicaciones críticas o de emergencias, que sea interoperable, donde exista una conexión segura y directa entre los distintos actores del sistema de emergencia, que además debe ser redundante -es decir, si falla uno, deben existir otras formas de comunicación-, para no depender sólo de una alternativa.
Se hace necesario que la autoridad de telecomunicaciones establezca obligatoriamente espacios radioeléctricos para el desarrollo de esta red de comunicaciones críticas, entre las distintas agencias que atienden emergencias, asegurando una separación, cuando las circunstancias así lo exijan, que permita que celulares determinados tengan prioridad sobre otros.
Es necesario establecer por ley un porcentaje de banda ancha móvil para comunicaciones críticas, que puede ser de hasta un 30 por ciento, por ejemplo, en la banda de 700 u 800 megahertz.
Asimismo, es necesario incluir a las Fuerzas Armadas en los protocolos de emergencia.
Respecto de las intendencias, gobernaciones y municipios, es necesario que se implementen, ejecuten y fiscalicen los planes de protección civil.
Por otra parte, queremos dar mayor autonomía tecnológica al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada , a fin de evitar que vuelvan a ocurrir graves errores, que constituyeron severísimas fallas técnicas que permitieron una total incomunicación y ninguna posibilidad de tomar decisiones.
Respecto del Servicio Sismológico, que es dependiente de la Universidad de Chile, éste debe contar con un presupuesto directo del Estado y no a través de la Universidad de Chile. Igualmente, es necesario mantener el programa Riesgo Sísmico, que permitiría dar a conocer al país y a sus autoridades cuáles son y dónde están los principales problemas sísmicos del país, que están presentes a lo largo de todo Chile.
También se requiere tener autonomía energética, lo que significa asegurar la provisión de la energía necesaria cuando se produzca este tipo de problemas.
Por último, es necesaria una modificación constitucional para dotar a la autoridad política regional y/o provincial de atribuciones para disponer de las Fuerzas Armadas acantonadas en su territorio jurisdiccional cuando no exista comunicación alguna con el nivel central. La autoridad regional debe tener mando y control sobre estas instituciones.
Después de dar cuenta del informe de nuestro trabajo, sólo quiero agregar que éste contó con la destacada colaboración de los trece miembros de la Comisión; además, preciso que existe mucha coincidencia respecto de lo que hay que hacer.
Por las razones expuestas, pedimos al Gobierno que considere las conclusiones que la Comisión propone a esta Cámara.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Ha finalizado el tiempo del Orden del Día.
En consecuencia, la discusión del informe quedará pendiente para una próxima sesión. Informo que hasta el momento se han inscrito para hacer uso de la palabra los diputados Van Rysselberghe, Ulloa, García-Huidobro, Rincón, Ortiz, Monckeberg, don Cristián; Sauerbaum, Montes y Díaz.
Si otros diputados desean inscribirse para intervenir, pueden hacerlo con la Secretaría.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
GENERACIÓN ELÉCTRICA SUSTENTABLE EN LA MINERÍA.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- El señor Prosecretario dará lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo Nº 179, de los diputados señores Sandoval, Rojas, Saffirio, Hernández, Lobos, Vilches, Marinovic, Pérez, don Leopoldo; Castro y Velásquez, que en su parte resolutiva expresa:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Presidente de la República , señor Sebastián Piñera Echenique, lo siguiente:
1º. Que el desarrollo proyectado de la minería en Chile habla de inversiones superiores a los 40 mil millones de dólares, siendo una de las mayores proyecciones de crecimiento sectorial en los próximos años en nuestro país y, por ende, será una apertura inusitada de demanda de energía para sostener estos emprendimientos. En dichos requerimientos, hoy la ley obliga a que el 5 por ciento de esta demanda sea proveniente de generación eléctrica sustentable.
2º. Atendiendo la necesidad de mejorar los niveles de reducción de energías aportantes de CO2, como son los planes de desarrollo de plantas térmicas basadas en el uso del carbón o gas, se postula solicitar al Ejecutivo impulsar una norma para que en estos proyectos de generación se eleve del 5 por ciento, al menos, al 20 por ciento la matriz proveniente de generación eléctrica sustentable, porcentaje que debería ser creciente con el desarrollo de las tecnologías que vayan viabilizando técnica y económicamente el uso de energías renovables no convencionales (ERNC), con lo cual se produce un mayor compromiso del desarrollo minero con un crecimiento que se haga parte de la responsabilidad social con el medio ambiente de manera eficaz y eficiente.
3º. Lo anterior permitirá reducir las emisiones, generar una reducción por combustibles fósiles altamente contaminantes, disminuir la presión de la gran minería por generadoras térmicas, abrir una nueva relación entre el desarrollo del sector minero con su responsabilidad en impulsar su expansión sobre la base de una mayor responsabilidad ambiental.”.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para intervenir a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , éste es un proyecto ambiental que procura disponer de una manera responsable del desarrollo de ciertas tecnologías, fundamentalmente orientadas hacia la generación eléctrica sustentable.
Hace algunos meses, en la Región de Aysén se realizó un importante taller en el que, entre otros actores, participaron antiguos dirigentes públicos que tuvieron un papel importante en la definición de algunas estrategias en relación al diseño en este tipo de políticas. Entre ellos, quiero mencionar al doctor Hernán Sandoval .
En ese taller se analizó la situación de la enorme presión que existe hoy por la demanda de generación eléctrica. La información en este minuto señala que, entre el 2010 y el 2020, se proyectan en Chile inversiones superiores a 40 mil millones de dólares para el desarrollo de la Gran Minería en la zona norte del país, lo que, obviamente, genera una presión importante respecto de la generación eléctrica.
En el último tiempo, hemos visto varias iniciativas de generación térmica que apuntan a resolver la demanda que tales proyectos van a generar.
Este tema lo hemos analizado con parlamentarios de nuestra bancada, como los diputados Carlos Vilches, Manuel Rojas y otros, y hemos presentado un proyecto de acuerdo que apunta en esa dirección, en el marco de la responsabilidad social empresarial.
Hoy existe una norma que obliga a las empresas asociadas al mundo de la minería a que el 5 por ciento de la generación eléctrica que demanden debe provenir de generación eléctrica sustentable.
Sin embargo, nuestro Gobierno ha señalado que la política energética para los próximos diez años considera que Chile debe duplicar su capacidad de generación. Y dentro de ese objetivo, el Ejecutivo señala, dentro de sus metas, que a lo menos el 20 por ciento de ese incremento debe provenir de energía sustentable.
La propuesta de este proyecto de acuerdo es requerirle al Ejecutivo que el mismo 20 por ciento fijado como meta de generación sustentable para el país se aplique también a los requerimientos energéticos que necesitarán los grandes proyectos mineros en la zona norte. Así se compatibilizará la responsabilidad social de las empresas -no me cabe duda de que la van a asumir- con la necesidad del país de generar energía y reducir el uso de combustibles fósiles, disminuir la presión por generadoras térmicas -como las que se han mencionado en el último tiempo: termoeléctricas Barrancones y Castilla- y crear un mecanismo de generación distinto, en que la responsabilidad con el medio ambiente de estos grandes proyectos está íntimamente ligada con el desarrollo de energía sustentable.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente , este proyecto de acuerdo merece nuestra atención y, desde ya, anuncio mi apoyo. Solamente agregaré algunos comentarios.
En primer lugar, la cifra que se plantea respecto a la futura inversión en el sector minero es bastante conservadora. El ministro Laurence Golborne , en un evento realizado hace ocho días, expresó que las inversiones que podrían efectuarse en el sector minero en los próximos años superarían con creces los 40 mil millones de dólares y podrían superar, incluso, los 60 mil millones de dólares.
En esa misma oportunidad, señaló que esa inversión del sector minero requeriría, simultáneamente, una inversión en el sector energía de entre 35 mil millones a 40 mil millones de dólares en proyectos energéticos.
En consecuencia, no cabe ninguna duda de que los fundamentos de este proyecto de acuerdo son un llamado de atención a todos nosotros respecto a cómo compatibilizar la exigencia de desarrollo del sector minero con la provisión de energía que tenga su origen, en un porcentaje ojalá cada día más alto, en la generación sustentable.
Sin embargo, quiero hacer un alcance.
Cuando hablamos de energías renovables no convencionales y de energías sustentables, debemos estar atentos a lo que eso significa efectivamente, porque me parece que no es una manera adecuada de resolver este tema que ahora se cambie la clasificación de energías renovables no convencionales y se empiece a dar ese carácter a formas de generación de energía que ya no pueden ser calificadas así.
Planteo esto a raíz de la discusión de un proyecto de ley que se tramita en el Senado, en el que se plantea que se consideren energías renovables no convencionales centrales de generación hidroeléctrica que superan con creces lo que históricamente se ha considerado como pequeñas centrales hidroeléctricas.
Señalo lo anterior como una llamada de atención, sin perjuicio de manifestar que este proyecto de acuerdo merece la aprobación de esta Cámara.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para intervenir en contra del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- ¿Habría acuerdo para aprobarlo por unanimidad?
No hay acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos. No hubo votos en contra ni abstenciones.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
MODIFICACIÓN LEGAL EN MATERIA RELACIONADA CON LA INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA PARA EX TRABAJADORES DEL CARBÓN.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del proyecto de acuerdo N° 180.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 180, de la señora Pacheco, doña Clemira; de los señores Teillier, Andrade, Gutiérrez, don Hugo; Monsalve, Carmona; de la señora Pascal, doña Denise, y del señor Campos, que en su parte dispositiva expresa lo siguiente:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al ministro de Hacienda y a la ministra del Trabajo y Previsión Social que estudien una modificación legal para vincular el cese de la indemnización compensatoria para los ex trabajadores del carbón, establecida en la ley N° 19.129, exclusivamente, en lo que a la previsión se refiere, con el cumplimiento de la edad para pensionarse normalmente por vejez.”.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para intervenir a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Manuel Monsalve.
El señor MONSALVE.- Señor Presidente , el proyecto de acuerdo ha sido presentado por varios señores diputados, pero, principalmente, se trata de una iniciativa presentada en conjunto con la diputada Clemira Pacheco , que busca reparar una situación de injusticia que se ha generado en la zona del carbón, a propósito de que en los últimos meses se ha puesto mucho acento en la relevancia de la minería y, particularmente, de los mineros.
Con este proyecto de acuerdo se busca reconocer el aporte de los mineros del carbón a la historia laboral e industrial de Chile y, especialmente, corregir la ley N° 19.129, de 1991, que entregó un subsidio indemnizatorio a los mineros del carbón, con el objeto de incentivar su salida de los yacimientos. Por lo tanto, estimuló la salida de quienes tenían más de veinticinco años de trabajo al interior de las minas y, posteriormente, a los que tenían más de dieciocho años de trabajo. Desde esa fecha, los ex mineros reciben, mes a mes, dicho subsidio indemnizatorio.
Lamentablemente, la ley dejó un vacío que ha permitido que durante el transcurso de este año, en este Gobierno, a través de la Subsecretaría de Previsión Social y del Instituto de Previsión Social, se suspenda el pago de ese subsidio indemnizatorio, de un monto relevante, que constituía el principal ingreso de las familias de los ex mineros. Estamos hablando de una suma importante que favorecía a 4 mil beneficiarios que están perdiendo paulatinamente ese beneficio.
Solicitamos al Gobierno, para lo cual pedimos el apoyo de nuestros colegas diputados y diputadas, que a través de la Subsecretaría de Previsión Social, del Ministerio del Trabajo, se coordine una modificación al artículo 12 de la ley N° 19.129, de manera que este subsidio indemnizatorio -no cabe duda de que los ex mineros del carbón se lo ganaron gracias a su gran esfuerzo al interior de las minas por más de veinticinco años- pueda ser pagado hasta la edad de 65 años y no suceda lo que está ocurriendo hoy, en que mineros con 53 ó 54 años están perdiendo el subsidio y se están quedando sin ingresos.
Espero que el proyecto de acuerdo sea aprobado por la mayoría de los diputados y diputadas presentes en la Sala.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para intervenir a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Juan Lobos.
El señor LOBOS.- Señor Presidente , hace mucho tiempo, el cierre de las minas fue un hecho lamentable en la Octava Región. En aquellos años, estuvo disponible una suma apreciable de fondos para concurrir en ayuda de los mineros y se transformó a todo un pueblo, una ciudad. A los hombres se les impartió cursos de gasfitería; a las mujeres, de peluquería. Eso costó mucho dinero, pero finalmente las familias no vieron plasmados en beneficios lo que se les había prometido.
No es mi intención incendiar la pradera ni enrostrar las culpas del pasado; sin embargo, no puedo dejar de señalar que me parece algo extemporáneo que una coalición que gobernó durante mucho tiempo, que cerró las minas del carbón y dejó sin fuente de trabajo a miles de trabajadores, se preocupe ahora y presente una dádiva que no va a solucionar el problema.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Diputado Lobos, ¿estaba hablando a favor del proyecto de acuerdo?
El señor LOBOS.- Voy a votar a favor, señor Presidente.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, pido la palabra para plantear una cuestión de Reglamento.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, señor diputado.
El señor ESPINOZA (don Fidel) .- Señor Presidente , es bastante incomprensible la situación a la cual nos hemos visto expuestos, porque el diputado Lobos pide hablar a favor del proyecto de acuerdo, pero descalifica a quienes están promoviendo la iniciativa. Entonces, es bastante incomprensible la posición del diputado Lobos .
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Señor diputado , cuando se ofrece la palabra para hablar a favor, el diputado que pide intervenir puede emitir cualquier juicio, porque está señalando su voto positivo.
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve.
El señor MONSALVE.- Señor Presidente , sólo quiero aclarar al diputado Lobos que esto no tiene nada que ver con el cierre de las minas, sino con una ley aprobada en 1991, que entregaba un subsidio indemnizatorio, lo que se está buscando corregir y perfeccionar. Eso es lo que se está pidiendo a través de este proyecto de acuerdo.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, considero que este proyecto de acuerdo es tremendamente importante y hay que apoyarlo.
El diputado Monsalve ha sido claro en su exposición y, por lo tanto, debemos darle un gran apoyo a esta iniciativa, a pesar de que estoy poniendo en duda mi voto.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para intervenir en contra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Independientes-PRI.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
CONSULTA SOBRE POBLACIÓN CON SÍNDROME DE DOWN. Oficio.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , en primer lugar, pido oficiar al ministro de Planificación , a objeto de solicitarle que la directora del Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis , informe acerca de la población de personas con síndrome de Down en nuestro país. De no existir un catastro, solicito que se estudie la posibilidad de realizar un censo en tal sentido, puesto que considero muy importante contar con un catastro de las personas que tienen ese tipo de discapacidad.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las diputadas señoras Denise Pascal y Ximena Vidal y de los diputados señores José Miguel Ortiz , Sergio Ojeda , Gabriel Silber , Alberto Robles , Matías Walker , Jorge Burgos, Hugo Gutiérrez , Manuel Monsalve , Fidel Espinoza , Ramón Farías , Enrique Accorsi , Fuad Chahín , Felipe Salaberry , Orlando Vargas y Enrique Jaramillo
ADECUACIÓN DE ESTÁNDARES DE DEFENSAS CAMINERAS A NORMAS INTERNACIONALES. Oficio.
El señor SABAG.- Señor Presidente , el viernes 10 de diciembre del año en curso, nuevamente, fuimos testigos de un trágico accidente en una ruta concesionada, la Ruta del Itata , a la altura del peaje Agua Amarilla, donde un matrimonio de San Carlos falleció víctima de un camión que se salió de su pista, rompió la barrera divisoria de protección, la defensa caminera, y atravesó hacia la vía contraria, embistiendo el vehículo en que viajaba la pareja.
Este hecho se une al trágico accidente en la Ruta del Sol, en que un bus también atravesó la defensa caminera, lo que costó la vida a una cantidad importante de personas
Por lo anterior, pido oficiar al ministro de Obras Públicas , a objeto de solicitarle que la Dirección de Concesiones tenga a bien adecuar los estándares de las defensas camineras a las normas internacionales, puesto que una de las causas de la muerte de esas personas se podría encontrar en que la normativa vigente es inferior a las normas internacionales.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las diputadas señoras Denise Pascal y Ximena Vidal y de los diputados señores José Miguel Ortiz, Sergio Ojeda, Gabriel Silber, Alberto Robles, Matías Walker, Jorge Burgos, Hugo Gutiérrez, Manuel Monsalve, Fidel Espinoza, Ramón Farías, Enrique Accorsi, Fuad Chahín, Felipe Salaberry, Orlando Vargas y Enrique Jaramillo.
REPAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE QUILLÓN A CERRO NEGRO, PROVINCIA DE ÑUBLE. Oficio.
El señor SABAG.- Señor Presidente , en tercer lugar, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas a objeto de solicitarle la repavimentación del camino de Quillón a Cerro Negro, provincia de Ñuble, Octava Región, que es de doble tratamiento asfáltico y que se pavimentó en 1998. Ha transcurrido un tiempo superior al de su vida útil, por lo que estimo que sería oportuno que se repavimentara, para mantener su vida útil por unos cinco o diez años más.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su seño-ría, con la adhesión de las diputadas señoras Denise Pascal y Ximena Vidal y de los diputados señores José Miguel Ortiz, Sergio Ojeda, Gabriel Silber, Alberto Robles, Matías Walker, Jorge Burgos, Hugo Gutiérrez, Manuel Monsalve, Fidel Espinoza, Ramón Farías, Enrique Accorsi, Fuad Chahín, Felipe Salaberry, Orlando Vargas y Enrique Jaramillo.
SOLICITUD DE SUMARIO ADMINISTRATIVO EN GENDARMERÍA DE CHILE. Oficio.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.
El señor SILBER.- Señor Presidente , en el distrito que represento, particularmente en la comuna de Quilicura, lamentablemente, la tragedia del incendio de la cárcel de San Miguel enlutó a la familia de uno de nuestros vecinos, don Sergio Alexis Plaza Lucero , uno de los internos que falleció al inte-rior de la cárcel. Junto con lamentar dicha noticia, quiero hacer notar que él tiene un hermano que es interno del penal Santiago Uno .
En calidad de diputado , concurrí al velorio para acompañar a la familia y tuve la oportunidad de escuchar las tristes palabras de su padre, quien me relató los grandes esfuerzos que realizó para que su hijo pudiera asistir al funeral de su hermano, como correspondía en caso de esta desgracia.
Este padre dedicó prácticamente el día completo a hacer gestiones ante Gendarme-ría para lograr lo que consideramos un acto de respeto a la dignidad de las personas: permitirle a un interno asistir al funeral de su hermano. Sin embargo, dicha solicitud fue denegada.
El diputado que habla hizo gestiones ante la Dirección Nacional de Gendarmería y se comunicó con el mayor asesor del director de la entidad, señor Luis Masferrer . La entidad se comprometió a que el hermano del fallecido asistiría al día siguiente al cementerio de Quilicura, por razones de seguridad. Dicho compromiso fue comunicado a la familia Plaza Lucero, quienes entendieron la situación.
Sin embargo, al día siguiente, el padre esperó durante todo el día, a solas, la llegada del hijo detenido al cementerio. Pero el compromiso no se cumplió.
En consecuencia, pido oficiar al director nacional de Gendarmería de Chile a objeto de solicitarle que instruya la realización de un sumario administrativo, porque, a nuestro juicio, en este caso se pasó a llevar la dignidad de los familiares del interno fallecido.
Encontrábamos lógico y de toda justicia que el hermano de don Sergio Alexis Plaza Lucero pudiese asistir al cementerio el mismo día del funeral, pero, como ello no fue posible, por razones de seguridad, la familia comprendió la situación. No obstante, la gente también se siente pisoteada, al igual que nuestra comunidad.
Solicito los antecedentes de este y los de todas las otras familias de reos fallecidos ese día en iguales circunstancias, las cuales, por decisión del propio director nacional, tampoco pudieron asistir al funeral de sus seres queridos.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
JÚBILO POR DESIGNACIÓN DE MONSEÑOR RICARDO EZZATI COMO NUEVO ARZOBISPO DE SANTIAGO. Oficio.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , a quienes creemos en la Santa Madre Iglesia Católica, especialmente a los que hemos nacido, nos hemos desarrollado y seguramente nos llegará el término de nuestra vida terrenal en la Región del Biobío, nos ha llenado de júbilo la gran noticia que nos ha dado hoy Su Santidad el Papa Benedicto XVI: ha nombrado oficialmente a monseñor Ricardo Ezzati, el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile , como nuevo arzobispo de Santiago .
El Papa ha nombrado a un hombre bueno e inteligente, a un negociador por excelencia, a un facilitador de los diálogos sinceros, de carácter fuerte, pero de gran compromiso en la fe.
Valdivia, mi querido Concepción y Santiago han sido algunas de las ciudades en que ha puesto a disposición de los fieles católicos sus conocimientos como teólogo, filósofo y profesor.
Cuando fue nombrado obispo en Valdivia, su lema episcopal fue: ?Para evangelizar?.
Cinco años más tarde, fue designado obispo auxiliar de Santiago, lo que le permitió estrechar lazos con el cardenal Francisco Javier Errázuriz.
En 2007, para alegría de nosotros, asumió como obispo de Concepción , meses después de que la entonces Presidenta Michelle Bachelet firmara y promulgara la ley N° 20.100, que le otorgó la nacionalidad chilena por especial gracia.
Quiero recordar las palabras que él expresó el 11 de marzo de 2007, cuando inició su ministerio episcopal en Concepción: “Prometo a Dios que, a partir de este momento, mi vida habría sido gastada enteramente por esta Iglesia, especialmente por los más pequeños y los más desamparados. No me han faltado ocasiones para poner en práctica lo prometido y, día tras día, he procurado hacer verdad esa promesa. Para todos, sin distinción, he buscado ser el hermano, padre y amigo; una imagen sencilla de Jesús Buen Pastor, cercano y comprensivo; un signo humilde del Señor Buen Samaritano, dispuesto a detenerse e inclinarse ante toda miseria humana: una tarea enorme y desafiante.”.
Hoy envió un mensaje a la comunidad penquista, en que expresó: “Siento el deber de dirigirme a ustedes, abriéndoles de par en par mi corazón, y comunicarles personalmente que el Santo Padre Benedicto XVI me ha pedido asumir una nueva misión pastoral en la Iglesia de Chile. Hoy, oficialmente la Santa Sede dará a conocer mi nombramiento como nuevo arzobispo de la Iglesia de Santiago . Se trata de un gesto de paternal confianza de parte del Santo Padre , un gesto al cual solo cabe responder con una pronta obediencia filial, reconociendo en él al sucesor de San Pedro, a quien el señor Jesús confió la misión de apacentar la Iglesia Universal.”.
¡Qué alegría sentimos quienes hemos tenido el gran honor de estar muchas veces con él, de haber participado en muchas actividades y haber sido parte de diálogos, a los cuales nos llamó, por el bien común y en beneficio del servicio público!
Siento un gran honor, una inmensa responsabilidad y una gran alegría por este nombramiento de monseñor Ricardo Ezatti, un hombre que ha entregado toda su existencia a la vida sacerdotal.
Finalmente, solicito que se envíe copia íntegra del texto de mi intervención a monseñor Ricardo Ezatti, para expresarle nuestra alegría y felicidad y desearle éxito en su nueva tarea pastoral.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS APLICADAS POR LA FACH A EX SUBTENIENTE JESSICA ALARCÓN LLAUCA. Oficio.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- En el tiempo que resta al Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente , como todos sabemos, Jessica Alarcón Llauca , ex subteniente de la Fuerza Aérea de Chile, vivió una situación que significó la intervención de la FACH, institución que la sancionó al ser sorprendida junto al cabo 1° Pablo González .
Considero que ésa es una situación de abierta discriminación en contra de una mujer. Ella ha sido sancionada por un hecho en el que no le cabe ninguna responsabilidad. En este caso ha habido una flagrante violación a los derechos humanos en materia de vida privada y de discriminación por razones de género, lo cual es impresentable en estos tiempos, más aun cuando se aplica un reglamento.
A ella se la acusa de haber desobedecido la orden de no alterar la relación jerárquica entre el personal del grupo que le fue dada por su superior directo, el capitán de bandada Claudio Agüero Rubio , y de haber transgredido el deber de los integrantes de las Fuerzas Armadas de observar permanentemente las formas que emanan de la naturaleza propia de las relaciones de jerarquía piramidal existentes entre ellos.
A mi juicio, son normas del pasado que discriminan y que son abiertamente diferenciadoras en materia de clases sociales, por lo cual no debieran existir.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Defensa , para que, a su vez, solicite antecedentes al comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile , a fin de que se me informe respecto de las medidas adoptadas por la institución y sus fundamentos institucionales y jurídicos, así como de las normas eventualmente infringidas por la ex subteniente de la Fuerza Aérea de Chile en Haití , señora Jessica Alarcón Llauca . Asimismo, solicito que se me informe si se han adoptado medidas en contra del cabo 1° Pablo González. Quiero que se me informe respecto de esa situación, con el objeto de adoptar algunas medidas legislativas en el futuro.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
HOMENAJE EN MEMORIA DE SEÑOR ARMANDO POBLETE SEGUEL, RECIENTEMENTE FALLECIDO. Nota de condolencias.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Orlando Vargas.
El señor VARGAS .- Señor Presidente , mi Región de Arica y Parinacota está de duelo porque a las 2 de la madrugada de hoy ha fallecido un hombre público y amigo, don Armando Poblete Seguel , quien nació en el pueblo de Santa Bárbara, provincia de Los Ángeles, en 1937.
Don Armando realizó sus estudios en el Colegio Alemán de la ciudad de Los Ángeles, para luego trasladarse a la capital para realizar sus estudios superiores en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde fue compañero del ex Presidente Ricardo Lagos .
Trabajó como abogado particular en la ciudad de Los Ángeles, desde donde se trasladó a Arica, en 1964, como abogado de su ilustre municipalidad.
Colocó todas sus capacidades al servicio del desarrollo de esa región. Además, se transformó en un hombre público por sus dotes de buen compañero, solidario, respetuoso, y se destacó como abogado en el campo de la justicia.
Fue seremi del Trabajo y de Justicia, y participó activamente en el desarrollo de la reforma procesal penal.
Fue presidente del Club de Deportes Arica, presidente del Consejo Local de Deportes y presidente de la Junta Directiva de la Universidad de Tarapacá.
En lo social, fue destacado rotario; en lo político, fue un gran colaborador y participante del PPD, como militante, además de fundador, en los albores de los 80, del Partido por la Democracia. Su aprecio y constante trabajo lo llevó a ser gobernador provincial de Arica.
En todas esas responsabilidades, don Armando se destacó por su fraternidad, solidaridad y por ser amante de la justicia. Sus atributos personales se destacan en nuestra sociedad por ser un hombre tolerante, pluralista y abierto siempre al diálogo.
Arica hoy está de duelo, pues pierde a uno de sus hombres ejemplares, quien deja a su esposa Eugenia y a tres hijos profesionales en su querida ciudad de Arica.
A la distancia, despido a uno de los que forjan el destino de los pueblos, porque él fue un forjador de nuestra querida Región de Arica y Parinacota.
Armando Poblete Seguel , descansa en paz en nuestra querida Región de Arica y Parinacota.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviarán nota de condolencias a su familia y se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Farías , Castro , Monsalve , Gutiérrez, don Hugo ; señoras Pascal , doña Denise , y Vidal , doña Ximena , y señores Sabag , Robles, Ortiz , Salaberry y Jaramillo .
PRONUNCIAMIENTO SOBRE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE TALLERES PARA VEHÍCULOS Y DE OFICINAS COMERCIALES EN COMUNA DE CALERA DE TANGO. Oficios.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías.
El señor FARÍAS.- Señor Presidente , en la comuna de Calera de Tango, que pertenece al distrito que represento, se encuentra emplazado el predio ubicado en las parcelas Nos 2 y 3, camino El Copihue s/n, roles de avalúo Nos 20-67 y 20-66, respectivamente.
En dicho predio se pretende implementar un centro de talleres para la mantención mecánica de vehículos y de oficinas comerciales, lo cual ha traído bastantes problemas para el medio ambiente del lugar, ya que se trata de un sector eminentemente agrícola, como ruidos y suciedad a los vecinos colindantes del sector.
En dicho predio de uso clase II, está catalogado como un área de interés silvoagropecuario exclusivo, por lo tanto, no se contempla desarrollar la actividad ya señalada.
Pese a lo anterior y aun con informes desfavorables, se están realizando labores de emparejamiento del terreno, lo cual pude constatar personalmente en una visita al sector. Incluso, en mi página web se puede encontrar un video que señala el problema.
Por esta razón, en mi calidad de representante de los vecinos y vecinas de la comuna de Calera de Tango, provincia del Maipo, solicito oficiar al seremi de Vivienda y Urbanismo, al seremi de Obras Públicas, a la ministra del Medio Ambiente y al señor alcalde de la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango , don Erasmo Valenzuela, con el fin de que se pronuncien acerca de la implementación de un centro de talleres para la mantención mecánica de vehículos y de oficinas comerciales en esa comuna.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora Ximena Vidal y de los señores Robles, Ortiz y Castro.
IMPLEMENTACIÓN DE DIETA VARIADA PARA LOS ADULTOS MAYORES. SEGUIMIENTO DE SU ENTREGA. Oficios.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la disputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente , los adultos mayores son una preocupación creciente y cada vez más importantes en nuestra sociedad.
El año 2003, en el gobierno del Presidente Lagos se creó el Servicio Nacional del Adulto Mayor ( Senama ). Desde ahí en adelante, las políticas públicas a favor de ellos han ido en aumento sostenido, lo que ha marcado un hito en la historia institucional de Chile, al contarse por primera vez con un órgano especial que se hace cargo de los problemas más importantes de este segmento de personas cada vez más numeroso en el país.
Como resultado de muchos factores, sobre todo por los avances de la ciencia, la esperanza de vida aumenta a pasos agigantados en Chile.
Para el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , la atención a los adultos mayores en salud y previsión tuvo especial prioridad. Esperamos que eso se mantenga hoy.
Sin embargo, las políticas que nos imponemos como necesarias, no se cumplen de la manera adecuada. En consecuencia, la ciudadanía reclama y nos informa cuando no funcionan debidamente.
En esta oportunidad, hablaré de la alimentación que los chiquillos y las chiquillas mayores, como los llamo, reciben en los consultorios.
La alimentación que se entrega es sana y equilibrada, pero además debe ser amplia, flexible y comprensiva de la realidad dietética y alimenticia que ellos enfrentan. Es decir, los alimentos que reciben del Estado no han tenido una variación sustancial que permita un uso potencialmente diverso en las distintas comidas que ellos ingieren. Así me lo han hecho ver en mis visitas al distrito.
Un grupo de adultos mayores receptores habituales de esta ayuda nos ha señalado que la entrega de leche y del alimento en el consultorio, un kilo de leche y un kilo de alimento mensual, no son variados, por lo que los dos kilos de alimentos que se otorgan no los consumen, sino que los regalan en la parroquia más cercana, en el mejor de los casos, o simplemente los venden a comerciantes de ferias libres o a cualquier persona.
Esta situación hace perder el sentido de la inversión del Estado en la alimentación que entrega a los adultos mayores.
Por lo tanto, recordando la eficiencia y la eficacia prometida, exigimos al Gobierno que se haga cargo del problema. Se necesita control de calidad, incremento y revisión en la recepción del producto final que se está entregando, como también testeo y evaluación del consumo y que el acento esté puesto en cómo mejorar y diversificar sus tipos y sabores. Así evitaremos que los destinatarios de esas entregas dejen de consumirlos y que el mercado negro lo distribuya ilegalmente en ferias libres y en otros sectores, como está ocurriendo.
Es necesario que los alimentos cambien de sabor y que posibiliten nuevos usos gastronómicos y domésticos, con la consiguiente satisfacción y utilidad que esperamos, mejoras que ellos se merecen.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Salud , al ministro secretario general de la Presidencia , a la directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama, y al presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades , con el objeto de que se informe a la Cámara y a esta diputada en particular sobre las medidas para la implementación de una dieta variada para los adultos mayores y los controles de calidad, seguimiento y testeo de la recepción de dichos productos por parte de la población mencionada, para así verificar el cumplimiento de los fines que se persiguen con dicha inversión del Estado.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano, de lo que la Secretaría está tomando debida nota.
CALIDAD DEL AGUA POTABLE DE LA REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Mixto Partido Radical Social Demócrata, Partido Comunista e Independientes, tiene la palabra el diputado Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , en la Región de Atacama el problema más serio e importante que hoy afecta a la región es la disminución del recurso hídrico.
Cada día los pozos de la provincia de Copiapó bajan su cuantía y empiezan a haber problemas incluso para las personas. Por ello, es necesario tener clara conciencia de lo que está pasando en algunas áreas extraordinariamente importantes.
Por lo tanto, pido que se envíen oficios de fiscalización al director del Servicio de Salud de Atacama y al superintendente de Servicios Sanitarios , a fin de que informen respecto de los estudios e informes en relación con la calidad del agua potable que se bebe en cada una de las nueve comunas de la región, con indicación de todos los elementos que, según las normas, debe contener el agua potable, cuáles están bajo la norma y cuáles están sobre ella.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
ANTECEDENTES SOBRE REGULARIZACIÓN DE POZOS DE AGUAS CHAÑAR Y BALANCE DE RECURSO HÍDRICO DE LA CUENCA DE COPIAPÓ. Oficios.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, pido que se envíen los siguientes oficios:
1. Al director general de Aguas , a fin de que informe si la Empresa Aguas Chañar tiene regularizados los derechos de todos sus pozos de agua subterránea, con los cuales abastece a la población de la región. Entiendo que obtiene agua desde la cuarta sección del río de Copiapó, pozos que están cerca de la costa y que no están regularizados debidamente, de los cuales se saca agua para llevar a las comunas de Caldera y Chañaral . También solicito que se informe respecto de los balances hídricos de la cuenca del Copiapó durante los últimos cinco años, y, por supuesto, que se cuantifique el déficit de agua que hay en la provincia. Además, que informe los derechos libres que entrega en relación con el agua subterránea de la cuenca del Huasco y si todavía quedan para entregar. Hoy hay muchas peticiones de agua subterránea de la cuenca del Huasco, pero creo que debe ser cerrada para nuevos actores y demandantes. Si quedan recursos, deben ser entregados a los municipios para su población.
2. Al directorio de Aguas Chañar y al superintendente de Servicios Sanitarios , para que respondan por qué el plan de mejoramiento de esa Empresa tiene una planta de osmosis inversa sólo en los pozos de Placilla Sierra Alta, los cuales sólo abastecen al centro de Copiapó, y dejan sin agua limpia a localidades de Paipote y a distintas poblaciones del sector alto de Copiapó, como de El Palomar. Como es sabido, finalmente las inversiones se cargan en la cuenta que pagan los usuarios. Pero, en este caso, la inversión significará agua limpia sobre todo para el sector más pudiente de Copiapó; sin embargo, la terminarán pagando todos los consumidores de agua potable de la región. Por lo tanto, me parece absolutamente inaceptable que solo se mejore la calidad del agua a un sector de la población y no a toda, incluyendo a Tierra Amarilla, Caldera , Chañaral . Me parece que debe hacerse para todos. A mi juicio, es inadecuada la forma en que se está procediendo.
3. Al superintendente de Servicios Sanitarios para que informe si se está incorporando en la tarifa que se cobra en las comunas de Vallenar y de Copiapó el agua potable que vende Aguas Chañar a Candelaria y a la empresa que construye la doble vía a Vallenar para uso industrial. Es absolutamente inaceptable que la empresa, después de cobrar por el tratamiento de agua, por el alcantarillado y por el tratamiento de las aguas servidas, en vez de disponer de las aguas al río, nuevamente esté cobrando a los usuarios y ganando en ese sentido.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
ANTECEDENTES SOBRE ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE CÁRCEL EN LA COMUNA DE TIL TIL. Oficios.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- El siguiente turno corresponde al Partido de Renovación Nacional, que ha cedido parte de su tiempo al Comité de la Unión Demócrata Independiente y, otra, al diputado Enrique Jaramillo del Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el diputado Patricio Melero.
El señor MELERO.- Señor Presidente , una nueva injusticia, una inequidad territorial y un agravio a la confianza del pueblo de Til Til constituye la amenaza de la construcción de un tercer recinto penal en terrenos de su comuna contiguos a los actuales de Punta Peuco y del Centro de Reclusión de Menores de Edad, ya construido, pero aún no entra en funcionamiento.
En una de sus últimas acciones, el gobierno de la Presidenta Bachelet , el 5 de marzo procedió a dar curso a la compra de un terreno de 27 hectáreas, con el fin de instalar -ése es el propósito- Santiago II, recinto con capacidad para 5 mil nuevos internos. Sin duda, nadie discute la necesidad urgente de construir nuevos recintos penales que disminuyan las alarmantes cifras de hacinamiento en esa área.
Tampoco es el propósito de la comunidad ni de las autoridades de Til Til, ni de quien habla, impedir la construcción de recintos penales. Solo reclamamos con fuerza y decisión la ya grave y desproporcionada carga que desde distintos puntos se le impone a Til Til, y que la constituye en la comuna que tiene la mayor carga ambiental con sus rellenos sanitarios de Lomas del Colorado, con el traslado de los lodos de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de La Farfana de Maipú a Pudahuel y con otros recintos que reciben residuos domiciliarios e industriales en la comuna.
Ahora, otra carga. Me pregunto, ¿qué comuna de Chile tiene tres o más rellenos sanitarios y tres recintos penitenciarios? Me parece que es un abuso y una desproporción pretender consumar otra inequidad y una nueva injusticia de esta naturaleza con esa comunidad pequeña, pero fuerte y gallarda en la defensa de sus derechos.
Por ello, no cabe más que protestar con energía y pedir al actual Gobierno, que ha heredado la decisión adoptada por la anterior administración, que haga todos los esfuerzos por revertir la compra de este terreno de 27 hectáreas que hizo el gobierno de la Presidenta Bachelet y analice con decisión y prontitud nuevas alternativas.
Por lo señalado, pido que se envíen los siguientes oficios:
En primer lugar, al ministro de Justicia , señor Felipe Bulnes , con quien he tenido varios diálogos como también los han tenido el alcalde y concejales de la comuna, para que informe de las siguientes materias: sobre los estudios que está realizando el Ministerio de Justicia para la construcción del penal Santiago II en la comuna de Til Til y confirme si está tomada o no la decisión de llevar adelante dicha obra; si ya estuviera adoptada, pido que se evalúe y se busque otro lugar para su emplazamiento. Para tal efecto, solicito que se analice un predio denominado Guayacán que, por la información de que dispongo, sería propiedad de Codelco y de Carabineros. Se trata de un terreno fiscal que, a juicio de la comunidad y de las autoridades generaría menos externalidades negativas que la instalación del nuevo recinto penal en la localidad de Punta Peuco, muy cercana a poblados, huertos familiares y otros predios. Ello, desde el punto de vista del uso del transporte público, la infraestructura, especialmente por la población flotante, familiares que visitan a los internos.
También pido al ministro de Justicia nos dé a conocer el estudio que encargó a algunos especialistas norteamericanos respecto de la ubicación de los recintos penales antes mencionados.
2. A la ministra de Bienes Nacionales , con el fin de que nos señale en qué fecha se adquirió el predio en cuestión -la información de que dispongo es que habría sido el 5 de marzo-, cuál fue el monto de la transacción, quién fue el vendedor y cómo se finiquitó esa compra, a objeto de tener todos los antecedentes en esta decisión político administrativa de adquirir ese nuevo recinto de 27 hectáreas. Además, me interesa saber en qué estado se encuentra dicho terreno.
Asimismo, quiero que la ministra referida me señale otros predios de propiedad fiscal que podrían servir para el objetivo en comento, con el fin de no llevar adelante la decisión de la construcción de la cárcel en el terreno inicialmente destinado.
Al ministro de Justicia y a la ministra de Bienes Nacionales para que, conjuntamente, me informen sobre el predio Guayacán, ubicado también en la comuna de Til Til -que, como adelanté, sería de propiedad de Codelco y de Carabineros de Chile-, su estado, qué uso de suelo tiene. Ello, en la búsqueda de un nuevo recinto alternativo al que hoy se está decidiendo.
A la ministra del Medio Ambiente a objeto de que me informe si proyectos de la naturaleza del descrito, y por el estado en que éste se encuentra, requieren o no estudios de impacto ambiental. No me parece adecuado llevar una iniciativa a la comunidad de Til Til para instalar en sus predios un recinto con fines penitenciarios, en forma absolutamente inconsulta.
Termino agradeciendo el trabajo que han desarrollado la concejala Eva Aburto y los concejales Covarrubias y Orellana en esta materia, quienes han representado fielmente el sentir de la comunidad. Asimismo, lo realizado por el alcalde y otros concejales. Y me pliego al rechazo de la comunidad de Til Til, a la pretensión de llevar adelante un proyecto de la naturaleza mencionada, por lo insensata, inequitativa e injusta.
Solicito todos los esfuerzos del Gobierno de Chile para que no se consume esta injusticia y se diseñe una política de construcción de recintos penitenciarios en armonía con el entorno.
No puede ser, como ya lo ha vivido Colina con sus recintos penitenciarios Colina 1 y 2, San Miguel y otras localidades en el país, que cárceles mal emplazadas perjudiquen gravemente la vida de sus comunidades, trastornen el devenir de la ciudad y generen una serie de externalidades negativas, para aliviar la situación del resto de la población de Chile. En definitiva, las pequeñas comunidades asumen todo el resto.
Ésa es la injusticia que no hay que permitir.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora María José Hoffmann y los diputados señores Enrique Jaramillo, Felipe Salaberry, Jorge Sabag, Hugo Gutiérrez y quien preside.
PREOCUPACIÓN POR DESPIDOS EN SEREMI DE LOS LAGOS. SUMARIOS INSTRUIDOS EN LA REGIÓN. Oficios.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra, por seis minutos, el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , quiero dar a conocer la situación que se está viviendo en la seremi de Salud de Los Lagos, que puedo calificar de insostenible, por los abusos y atropellos laborales sin nombre en contra de los funcionarios de ese servicio.
A la fecha, son 17 los despidos en la Seremi de Salud de la Región de Los Lagos y sus departamentos anexos. La gran mayoría ha ido acompañado de descalificaciones hacia los trabajadores. La responsable directa de estas actuaciones es la seremi de Salud, doctora Mónica Winkler , quien, por la forma en que se ha dirigido a los trabajadores despedidos, más que la autoridad responsable de conducir los destinos de la salud en la Región, parece ser la portavoz o la gerente de la ex Colonia Dignidad.
En la Región ella se ha convertido en el ícono de la razia política contra sus propios ex colegas. Escuda sus despidos con la banal frase de que: “Éste no es un despido, sino que no se va a renovar el contrato.”.
Casi todos los despedidos son de profesionales de incuantificable valor y significado en la Región, que en su gran mayoría no tienen vinculaciones políticas y además están calificados en lista 1.
El trato de doctora Winkler ha sido no sólo racista, sino que absolutamente denigrante.
Algunos de las frases hacia sus colegas: “Eres incompetente”, “Eres concertacionista”, “Eres conflictiva”, “Son marginales”, “Son obsesivos”, “Usted huele a Concertación”. Y cuando se le ha reclamado por su trato tan duro, dice: “Yo soy alemana. Mi trato es así. Soy dura.”.
Muchas cosas nos preocupan.
El nuevo jefe del Departamento de Desarrollo Institucional de la Seremi de Los Lagos , señor Aliro Fernández , un ex gerente de Operaciones de Telefónica del Sur, ha dicho: “Es menor lo de los despidos. En Telefónica, donde yo trabajaba, despedía a cientos de personas”.
También nos inquieta lo que ocurre con Francisco Almonacid , ex directivo de Essal y actual jefe del Departamento de Salud Ambiental de la Seremi que, según todas las autoridades, no cumple ni mínimamente el perfil del cargo.
Han despedido a veterinarios. Pregunto a las autoridades ¿quién va a fiscalizar los vertederos?
Debo hacer presente que la junta calificadora del nuevo Gobierno evaluó a los funcionarios que han sido despedidos.
Por lo señalado, pido que se oficie al ministro de Salud y al Presidente de la República para que tengan real conocimiento de lo que está sucediendo en la Seremi de Salud de Los Lagos.
Por otro lado, pido que se oficie al contralor general de la República para que instruya dos investigaciones.
En primer lugar, si es efectivo que la abogada señora Gloria Ruiz , aparte de no tener responsabilidad administrativa en su cargo por su situación contractual, estaría incurriendo en un eventual conflicto de intereses, pues su madre sería dueña de un centro de diálisis en la misma Región, el que debe ser fiscalizado por esa seremi de Salud.
Asimismo, si a ese centro de diálisis se le ha practicado algún sumario sanitario y, de ser así, las sanciones que se le aplicaron.
En segundo lugar, que investigue la legalidad de un sumario administrativo instruido por la seremi de Salud al Departamento de Desarrollo Institucional. Una auditoría al interior del Ministerio de Salud, que fue llevada a cabo por la señora Bárbara Pino , del Servicio de Salud de la provincia de Llanquihue, pero hay un hecho que nos preocupa: el marido de la señora Bárbara , el señor César Vargas , también es funcionario del Ministerio. Momentos antes de instruirse este sumario, habría sido trasladado en comisión de servicio al Servicio de Salud, donde trabaja su esposa. O sea, ¿el mismo señor Vargas preparó el sumario en el Servicio de Salud donde trabaja su esposa, cuando también debió de haber sido parte de la investigación sumaria que se estaba llevando a cabo?
Esas son algunas de las interrogantes que pido que la Contraloría aclararé, a través de una investigación que ojalá se lleve a cabo a la brevedad.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
DECLARACIONES DE LA DIRECTORA NACIONAL DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES SOBRE EX PÁRROCO FERNANDO KARADIMA. Oficios.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , encuentro incomprensible e insostenible lo que ocurrió ayer, en una nueva actuación que, a mi juicio, sobrepasó los límites. La señora Ximena Ossandón, directora nacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, señaló en una entrevista, entre otras cosas, que el señor Fernando Karadima -todos sabemos por qué ha sido investigado- era un prócer de la Iglesia tentado por el demonio.
Considero que estas palabras no son sólo una imbecilidad de una autoridad del rango que tiene la señora Ossandón, sino de una irresponsabilidad tremenda. A mi juicio -es una opinión personal-, no está apta para ser directora nacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, donde su obligación es velar por la protección de los niños y las niñas de Chile.
Pienso que ella tiene problemas sicológicos, por lo que se debe tener un resguardo especial en las políticas públicas que ejecuta esta persona, porque decir que Karadima es un prócer de la Iglesia tentado por el demonio, es proteger las actuaciones maquiavélicas de una persona enferma, que violentó de diferentes maneras a menores y a jóvenes desde el poder que ejercía en la Iglesia Católica. Soy católico, pero siento vergüenza de las actuaciones de cualquier cura -como las de este señor Karadima- que haya abusado de menores o de jóvenes, aprovechándose de la indefensión en que se encuentran muchos de ellos.
En consecuencia, pido que se oficie al Presidente de la República y al ministro de Educación , con copia íntegra de mi intervención, porque creo que es el momento de que el Gobierno le pida la renuncia a una persona que con sus declaraciones ha demostrado que no da el ancho para el cargo tan importante que ejerce.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión del diputado Hugo Gutiérrez.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.12 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAIN,
Jefe de la Redacción de Sesiones
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 13.23 horas.
El señor BECKER (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
CIERRE DE POSTA SAN RAMÓN, COMUNA DE FREIRE. Oficio.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , pido que se oficie al ministro de Salud , señor Jaime Mañalich , a fin de que informe a esta Corporación sobre las razones que tuvo para dictar la Resolución Exenta N° 786, de 26 de octubre de este año, en virtud de la cual ordenó el cierre de la posta rural de salud denominada San Ramón , en la comuna de Freire.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ACLARACIÓN SOBRE DECISIÓN DE AUTORIDADES DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA DE NO RECIBIR A PARLAMENTARIOS DE OPOSICIÓN. Oficio.
El señor SAFFIRIO.- En segundo lugar, luego de solicitar audiencia al seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de La Araucanía, su secretaria me informó que no me podía recibir y que no dispondría de tiempo suficiente durante las dos semanas siguientes.
Por eso, pido que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones , jefe superior directo del mencionado seremi, con el objeto de saber si la decisión de las autoridades regionales de no recibir a los parlamentarios de Oposición obedece a una política del Ministerio o sólo a una decisión arbitraria y personal del seremi de Transportes de La Araucanía.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
REEMPLAZO DE FUNCIONARIA DE OFICINA DEL FONASA DE PALENA. Oficios.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente , en la provincia de Palena existe una oficina del Fonasa, que es muy importante porque atiende público, emite bonos, etcétera.
Después de la erupción del volcán Chaitén , tuvo que ser instalada en una oficina que le cedió el hospital de Futaleufú, la que era atendida por una funcionaria; pero, debido a su embarazo, tuvo que hacer uso de su descanso pre y posnatal, razón por la cual dejó de atender al público.
Esto ha creado un problema gravísimo a las personas de Palena, Futaleufú e, incluso, a las que aún viven en Chaitén y en algunas localidades rurales de ese sector.
Como el Servicio de Salud de Palena tiene convenio con el hospital de Esquel, en Argentina, el Fonasa entregaba a los interesados los vauchers correspondientes, con el objeto de que viajaran para ser atendidos en la ciudad argentina.
Pues bien, hoy, esto no está ocurriendo y están enviando a los habitantes de Futaleufú, Palena e, incluso, Chaitén a Puerto Montt, lo que resulta absolutamente imposible para una persona que requiere atención médica.
Por eso, pido que se oficie al ministro de Salud, al director nacional del Fonasa y al director regional del Fonasa de Los Lagos, con el objeto de que solucionen el problema de esa oficina en la provincia de Palena, que estaba funcionando en el Hospital de Futaleufú, y designen un funcionario que reemplace o subrogue a la funcionaria que en este momento se encuentra haciendo uso de su posnatal.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
ATENCIÓN DE DISCAPACITADOS BENEFICIARIOS DEL FONASA EN SISTEMA PRIVADO DE SALUD. Oficios.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , quiero pedir que se oficie al director del Instituto de Previsión Social y al director nacional del Fondo Nacional de la Discapacidad , a fin de consultarles sobre una situación que me han planteado algunas organizaciones de personas discapacitadas de la comuna de Vicuña, específicamente, don Ignacio Caballero , que dirige una de esas instituciones, quien me manifestó que las personas que reciben la pensión de invalidez que otorga el Estado y que están en el nivel A del Fonasa, sólo son atendidas en los servicios de salud pública. Pero, hay muchas prestaciones médicas que no están incluidas en el sistema público de salud y, por tanto, sería conveniente que se estudiara la posibilidad de que pudieran acceder al nivel B, lo que les posibilitaría la atención en establecimientos privados, mediante el sistema de bonos.
Me parece algo muy razonable, toda vez que se trata de personas que viven en lugares muy apartados, donde no hay prestadores públicos de este servicio. Además, si son atendidos por el sector privado de salud, podrían concurrir a establecimientos más cercanos a su residencia.
Por lo tanto, quiero conocer la opinión que tienen sobre la materia los directores de las instituciones señaladas.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN CANALES DE REGADÍO EN COMUNA DE VICUÑA. Oficio.
El señor DÍAZ.- En segundo lugar, en reunión que sostuve hace algunas semanas con representantes de distintos canales y comunidades de agua de Vicuña, como Molino de Miranda, Molino de Rivera, Barrancas , Villa o Partera , etcétera, se planteó la necesidad de resolver ciertos problemas que ellos ven cotidianamente en el funcionamiento de los canales. Por ejemplo, la instalación de rejillas en cada casa, limpieza de sifones, porque muchas veces están permanentemente atascados, llenos de basura; la posibilidad de entubar tramos de canales que pasan por las casas y por los huertos, particularmente porque muchos dejan escurrir las aguas hacia el pueblo, por lo tanto, hay continuos roces entre los administradores o los titulares de los canales y los vecinos de la comunidad. Ése es un problema de larga data que ocurre en Vicuña, que produce contaminación, pérdida de agua y deterioro de las relaciones entre las comunidades y los vecinos.
Por lo tanto, solicito que se oficie al director general de Aguas del Ministerio de Obras Públicas , para que emita un informe sobre la materia y cuáles son las alternativas de solución para un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
PRESERVACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE CAUDAL ECOLÓGICO DE LA COMUNA DE VICUÑA. Oficio.
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente , solicito que se oficie a la ministra del Medio Ambiente , para que atienda un planteamiento que me han hecho los crianceros de la comuna de Vicuña, respecto de la preservación y el cumplimiento de las normas que se refieren al caudal ecológico.
Ello me han señalado que muchas veces tienen dificultades para asegurar el agua para la bebida de los animales cuando empiezan a descender desde la cordillera, porque se han hecho muchas obras de entubamiento, de revestimiento de canales, que ponen en riesgo precisamente el caudal ecológico que debe permitir la subsistencia de los ecosistemas y también de los animales, como en este caso. El carácter trashumante de los crianceros de animales los obliga a desplazarse largas distancias y ha habido modificación del acceso a las fuentes de bebida para los animales.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE LA OIT EN JORNADA LABORAL DE TRABAJADORES PANIFICADORES. Oficio.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , se encuentra vigente el convenio N° 20, de la OIT, relativo al trabajo nocturno, el que fue aprobado por Chile y que, si bien ha sido objeto de modificación, sigue siendo norma aplicable en nuestro país.
Los dirigentes de los panificadores de mi región me han señalado que se ven sometidos a lo que consideran un abuso, una abierta explotación, porque tienen que trabajar largas jornadas, muchas veces de 8 de la noche a 8 de la mañana, incumpliéndose con ello las normas del convenio ya citado.
Por lo expuesto, solicito que se oficie a la ministra del Trabajo y a la directora del Trabajo para que nos informe sobre la situación que afecta a los trabajadores panificadores en el país.
Espero que evacuen un informe respecto del incumplimiento en Chile del Convenio N° 20, de la OIT, en particular en la Región de Coquimbo.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INSTALACIÓN DE ANTENAS EN REGIÓN DEL BIOBÍO. Oficios.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Cristián Campos.
El señor CAMPOS.- Señor Presidente , de acuerdo con el artículo 294 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito que se oficie al subsecretario de Telecomunicaciones , para que se pronuncie sobre la instalación de dos antenas base y una torre tipo monoposte de las empresas Entel PCS y Entel Telefonía Móvil, en la Región del Biobío, en la comuna de Concepción, en la propiedad ubicada en el Camino del Amanecer 1864, sector La Docencia, en consideración a que existen antecedentes de que al menos una de ellas carece del decreto de concesión, prerrequisito obligatorio para proceder a la construcción, operación y mantenimiento de esas instalaciones, conforme lo señala la ley general de Telecomunicaciones y la ordenanza general de Urbanismo y Construcciones.
Pedimos información sobre la materia, especialmente si ambas empresas cuentan con los decretos de concesión que les permitan la construcción y la operación de las instalaciones en la propiedad antes señalada.
Asimismo, que a la brevedad se pronuncie sobre la instalación de una torre y una estación base celular de la empresa Claro en la dirección Camino del Amanecer 1871, sector Lomas del Valle, autorizada por el decreto exento N° 420, emitido por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, con fecha 30 de abril de 2010, en el cual se señala erróneamente la zona en la que se ubica la propiedad en que se emplazarán las instalaciones, lo cual impidió absolutamente el legítimo derecho de los vecinos a oponerse al otorgamiento del decreto que otorga la concesión, en conformidad con lo que dispone la ley para tal efecto.
El decreto que otorga la concesión señala como zona en que se localizarán las instalaciones una denominada Andalién y luego Valle Blanco, de la comuna de Concepción, en circunstancias de que el sector afectado se llama Lomas del Valle, lo que impidió que los vecinos se opusieran públicamente a la instalación de dichas antenas.
Adjuntamos a esta presentación una copia del rol de avalúo del Servicio de Impuestos Internos, N° 7813-22, correspondiente a la propiedad antes señalada.
También pido que se oficie al director de Obras de la Ilustre Municipalidad de Concepción , para que, a la brevedad, se pronuncie sobre si Entel PCS Telecomunicaciones y Entel Telefonía Móvil S.A., han cumplido con los requisitos establecidos en la ley general de Urbanismo y Construcciones, su respectiva ordenanza y las demás normas aplicables para proceder a la construcción y operación de las antenas de dos estaciones base y de una torre tipo monoposte en la propiedad ubicada en Camino del Amanecer 1864, sector La Docencia, comuna de Concepción.
Igualmente, que se pronuncie respecto de las causales que motivaron la dictación de la orden de paralización de obras N° 908, de fecha 29 de junio de 2010, que afectó a la propiedad señalada anteriormente. Si esas causales aún se mantienen y si dicha orden ha sido acatada por la empresa constructora.
Además, solicito que se oficie al contralor de la Octava Región , don Manuel Cerda Sepúlveda , para que se pronuncie sobre la legalidad de la instalación de una torre y una estación base de celular, en virtud de la resolución N° 420, emitida por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), con fecha 30 de abril de 2010, por medio de la cual se modifica la concesión de servicio público de telefonía móvil digital 1900, cuyo titular es la empresa Claro SA, y le otorgó la autorización para instalar, operar y explotar 15 estaciones base, una de las cuales señala en la solicitud una numeración y ubicación distinta de la que verdaderamente tiene la propiedad, lo cual impidió que los vecinos interesados pudiesen oponerse a la concesión, en virtud del legítimo derecho que les asiste para hacerlo.
Señalamos que la ubicación para la instalación de la antena que aparece descrita en el decreto es Andalién y Valle Blanco, de la comuna de Concepción, en circunstancias de que ese sector se denomina Lomas del Valle. Adjunto copia simple de la resolución N° 420, de 30 de abril de 2010, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y copia del rol de avalúo del Servicio de Impuestos Internos, N° 7813-22, correspondiente a la propiedad antes señalada.
Solicito que se envíe copia íntegra de mi intervención al señor Víctor Matamala Velásquez , a la dirección Camino del Amanecer 1937, sector Lomas de San Sebastián , Villa La Docencia, comuna de Concepción.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
TRATO DISCRIMINATORIO A PARAMÉDICO. Oficios.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , solicito que se oficie a su excelencia, el Presidente de la República , al ministro de Salud , señor Mañalich y a la seremi de Salud de la Décima Región, para que me informen sobre el trato discriminatorio que ha sufrido un técnico paramédico de la comuna de Puerto Octay, que se desempeña en el Servicio de Salud de Osorno, señor Cristián Pérez , con quien tuve la oportunidad de reunirme el pasado 12 de noviembre de 2010, junto a la concejala de la comuna de Puerto Octay, señora Patricia Álvarez , y a la señora Angélica Norambuena , presidenta de la Fenats Unitaria del Hospital de Puerto Octay .
La persona afectada está sufriendo una situación de discriminación bastante profunda en el Servicio de Salud de Osorno, en particular de una profesional.
Lamentablemente, en septiembre de 2001, Cristián comienza un verdadero calvario en su vida -lo expresa en una carta que me hizo llegar-, por cuanto en esa fecha se realizó un examen, el cual arrojó como resultado que era portador de VIH, SIDA.
La situación fue informada por la doctora jefa del laboratorio de la Clínica Alemana de Osorno, señora Katya Drowen , sin previa consulta al médico tratante ni confirmación del Instituto de Salud Pública, como lo indica la ley.
Como portador de VIH, inició sus controles con el inmunólogo del Hospital Base de Osorno. En ese momento, comienzan las humillaciones, descalificaciones y trato indigno por quien, en ese entonces, era la presidenta del Compín , la doctora Graciela Mutizabal . Ella le manifestó en varias oportunidades que no le interesaba si tenía cáncer o leucemia, pues no hay ley que pase por sobre el Compín y que al cumplir los 180 días de licencia médica, sería despedido de su trabajo.
La doctora Natalie Conejan le ha manifestado que está incapacitado, física y mentalmente para ejercer su labor, situación que es incomprensible, dado que, como funcionario, público tiene excelentes calificaciones y una muy buena evaluación ciudadana. Las evaluaciones periódicas así lo demuestran.
En este momento está en tratamiento por depresión reactiva con el doctor Asef Antonio Inostroza del Centro Salud Mental de Osorno, al cual la doctora Conejan ha solicitado peritajes psiquiátricos, los cuales han sido enviados a esa repartición.
Cristián trabajó en el Centro de Salud Mental Osorno durante 6 años y se enteró por colegas de ese servicio que la doctora Conejan llamó al doctor Antonio Inostroza para decirle que el señor Pérez ya no era el mismo de antes, porque más bien parecía travesti. Las personas que escucharon esto no están dispuestas a declararlo públicamente, quizás por miedo a perder sus empleos. Pero lo cierto es que ha sufrido humillaciones y discriminación por su situación, hecho conocido por los funcionarios de la Fenats Unitaria Osorno. En tres oportunidades ha pedido audiencia con el director del Servicio Salud Osorno, señor Marcelo Larrondo , y no ha tenido respuesta a través de él ni de los dirigentes de la Fenats.
En los últimos días, se enteró de que el señor Larrondo le comentó que la doctora Conejan se dirige personalmente al Servicio para decirle que lo mejor era que lo jubilaran.
Esto es una clara muestra de que detrás de esto existe el ánimo de sacarlo del Servicio por su enfermedad, en circunstancias de que sus colegas lo aceptan y la comunidad está agradecida de los servicios que presta día a día. Hoy, se encuentra en un estado de depresión bastante profunda que, incluso, me hace temer por su vida.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Salud, a fin de que instruya un sumario en esa repartición para ver cuáles son las causas que llevan a este tipo de discriminaciones.
Cristian Pérez es un ser humano que piensa, que siente, que tiene sueños y que, ante todo, trata de estar tranquilo, a pesar del dolor que significa su enfermedad. Además, desde hace años está en la incertidumbre de quedarse sin su fuente laboral.
Está demasiado cansado, dado que aunque existe una ley que supuestamente lo protege, sus derechos humanos han sido pisoteados. Ha tenido un trato indigno por profesionales de la salud, no ha habido confidencialidad en su caso, ha sufrido persecución laboral, hostigamiento y la falta de criterio y profesionalismo de las presidentas del Compín de Osorno.
Clama por justicia, respeto y trato digno, porque la confidencialidad en su caso no se ha respetado y nunca existió.
Por eso, también solicito el envío de una copia íntegra de mi intervención a las autoridades del Servicio de Salud Osorno, a la seremi de Salud de la Región , al concejo de la comuna de Puerto Octay y al afectado, Cristián Pérez .
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se procederá de la manera solicitada por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE INVESTIGACIÓN SUMARIA DE 1988, RELACIONADA CON DON MIGUEL BECKER, ALCALDE DE TEMUCO. Oficios.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , debido a algunas denuncias que he recibido acerca de un hecho de público conocimiento, quiero solicitar información respecto de la situación que, eventualmente, pueda afectar al señor alcalde de la comuna de Temuco , don Miguel Becker .
El se desempeño en el Ejército y tiene un subsidio por incapacidad laboral, esa declaración dio origen a un sumario administrativo en 1988.
Hay indicios de que su resultado concluyó que su enfermedad no derivaba de un acto de servicio y que, además, la petición se encontraría prescrita en virtud del tiempo transcurrido entre el acto y la solicitud del beneficio.
Sin perjuicio de aquello, el señor Miguel Becker obtuvo la declaración de inutilidad en segundo grado, por lo que recibe una pensión.
Por eso, solicito oficiar al ministro de Defensa , al comandante en jefe del Ejército y al contralor general de la República para que entreguen todos los antecedentes acerca de la investigación sumaria o sumario administrativo iniciado en 1988, sus conclusiones y si la “inutilidad”, calificación que se da al señor Becker , obedeció o no a una enfermedad derivada de un acto de servicio. Además, si la solicitud de este beneficio se encontraba prescrita.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión
-Se levantó la sesión a las 14.47 horas
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que crea el Tribunal Ambiental. (boletín N° 6747-12).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, para dotar de atribuciones en materias financieras, entre otras, al Servicio Nacional del Consumidor. (boletín N° 7094-03).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley N° 19.882, en materia de dedicación exclusiva respecto de cargos de Subdirector Médico. (boletín N° 7140-11).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que regula el tratamiento tributario de los instrumentos derivados. (boletín N° 7194-05).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
5. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de reforma constitucional relativo a la supervigilancia y control de armas. (boletín N° 5373-07).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
6. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 14 de diciembre de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que modifica la ley N° 19.882, en materia de dedicación exclusiva respecto de cargos de Subdirector Médico, correspondiente al Boletín N° 7140-11, con las siguientes enmiendas:
-o-
Ha incorporado el siguiente artículo 1°, nuevo:
Artículo 1º.- Agréganse al artículo sexagésimo sexto de la ley N° 19.882 los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser cuarto y quinto, respectivamente:
“No obstante, los cargos de Subdirector Médico de Servicio de Salud y de Hospital , de las respectivas plantas de personal, como también los cargos directivos de las plantas de personal que tengan asignadas funciones de subdirección médica en los establecimientos de salud de carácter experimental creados por los decretos con fuerza de ley Nº 29, Nº 30 y Nº 31, del Ministerio de Salud, todos de 2000, podrán desempeñarse en jornadas de 33 horas semanales, de conformidad a la elección que realice el postulante seleccionado, la que deberá constar en el respectivo acto de nombramiento. Los cargos de Subdirector Médico de Servicio de Salud y de Hospital provistos bajo esta modalidad podrán remunerarse, indistintamente, bajo el régimen del decreto ley Nº 249, de 1973, en el grado que tienen asignado en la referida planta, o de acuerdo a las normas de la ley N° 19.664, conforme a la opción que manifieste el interesado en la oportunidad antedicha. A los cargos a que se refiere este inciso no les será aplicable la exigencia de desempeñarse con dedicación exclusiva, como tampoco las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 1° de la ley N° 19.863. Quienes opten por servir una jornada de 33 horas semanales tendrán derecho a percibir sus remuneraciones, incluida la asignación profesional del artículo 3° del decreto ley N° 479, de 1974, cuando corresponda, en proporción a esta jornada. Lo dispuesto en este inciso también será aplicable a quienes se encuentren ejerciendo los mencionados cargos en virtud del artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882.
En todo caso, los cargos a que se refiere el inciso anterior serán incompatibles con la realización de labores de dirección, jefatura o similares en el ámbito de la salud.”.
-o-
Artículo único.-
Ha pasado a ser artículo 2°.-, intecalándose en el encabezamiento, a continuación de la expresión “que crea”, el artículo “el”.
Artículo transitorio.-
Ha pasado a ser artículo primero transitorio, sustituido por el que sigue:
“Artículo primero transitorio.- Lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de esta ley entrará en vigencia a contar del día 1° del mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.”.
-o-
Ha consultado un artículo segundo transitorio, nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo segundo transitorio.- Quienes se encuentren sirviendo un cargo de los que menciona el artículo 1º podrán ejercer las opciones a que se refiere dicha disposición dentro del plazo de treinta días, contado desde la publicación de esta ley. Lo dispuesto precedentemente también será aplicable a quienes estén ejerciendo el cargo en virtud del artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882.
Las opciones que adopten los funcionarios mencionados en el inciso precedente en conformidad a esta ley deberán ser consignadas en una resolución dictada por la autoridad facultada para realizar el respectivo nombramiento. No obstante, dichas opciones no tendrán efecto alguno sobre la duración en el cargo ni sobre el cumplimiento del convenio de desempeño que se haya suscrito con el Director del Servicio .”.
-o-
Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley se aprobó, en general, con el voto afirmativo de 24 Senadores, de un total de 38 en ejercicio. En particular, el artículo 1° del texto despachado por el Senado fue aprobado, asimismo, con los votos de 24 Senadores, también de un total de 38 en ejercicio. De esta manera se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
-o-
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.085, de 3 de noviembre de 2010.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
7. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 14 de diciembre de 2010.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado las modificaciones introducidas por esa Honorable Cámara al proyecto de ley sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, correspondiente al Boletín Nº 4921-11, con excepción del reemplazo de la conjunción “y”, en el artículo 2°, y de las recaídas en el artículo 3°, en los artículos 4°, 5° y 6° (3°, 4° y 5°, respectivamente, de esa Honorable Cámara), y en la incorporación de los artículos 6°, 7°, 8° y 9°, nuevos, las que ha rechazado.
Corresponde, en consecuencia, la formación de una Comisión Mixta que deberá proponer la forma y el modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras, conforme lo establece el artículo 71 de la Constitución Política de la República. Al efecto, la Corporación designó a los Honorables Senadores miembros de la Comisión de Salud para integrar la referida Comisión Mixta.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.013, de 28 de septiembre de 2010.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA , Presidente (E) del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”.
Moción de los diputados señores Calderón , Rojas , Vilches , Ward , y de la diputada señora Cristi , doña María Angélica .
Reemplaza la denominación del aeropuerto “Desierto de Atacama”, de Copiapó, por aeropuerto “Mineros de Chile. Boletín N° 7361-06.
I. Introducción
La Región de Atacama posee una vocación productiva fuertemente vinculada a la minería. De acuerdo a las cifras manejadas por el Instituto Nacional de Estadísticas un 30% de los ocupados de la región se desempeñan como trabajadores de faenas mineras.
Por lo anterior, existe una marcada identificación de los habitantes de la Región de Atacama con la figura del trabajador minero, símbolo de esfuerzo y tenacidad.
Asimismo, luego del accidente ocurrido el 5 de agosto de 2010 en la Mina San José donde 33 trabajadores quedaron atrapados a 700 metros de profundidad tras un derrumbe que mantuvo durante 17 días al mundo entero con la incertidumbre de saber si aún estaban con vida, ese sentimiento de identificación con los mineros ya no era sólo del norte de Chile, sino que de todo el país que, tal vez, por primera vez valoraba a los hombres y mujeres de Chile que entregan su vida al trabajo en una mina.
Sin duda, esta tragedia permitió darnos cuenta de las duras condiciones laborales no sólo de esos 33 mineros atrapados, sino que de todos los mineros de Chile que han sido fundamentales a lo largo de la historia del país y, quizás, por mucho tiempo olvidados.
Por esto, que una forma de rendir un homenaje constante a estos verdaderos héroes nacionales es que el presente proyecto de ley propone cambiar el nombre del Aeropuerto Desierto de Atacama por “Aeropuerto Mineros de Chile”.
El Aeropuerto Desierto de Atacama es el principal aeropuerto de la Región de Atacama en Chile, el cual se encuentra localizado a 50 km al noroeste de Copiapó por la Carretera Panamericana y próximo a la ciudad de Caldera. Éste fue inaugurado en enero de 2005, reemplazando al antiguo Aeródromo de Chamonate.
Por este aeropuerto circulan gran cantidad de pasajeros no sólo nacionales, sino que también muchos turistas extranjeros que llegan a la zona debido a sus atractivos turísticos. Por lo anterior, es que cambiar el actual nombre del aeropuerto por “Aeropuerto Mineros de Chile”, sería una forma de hacer saber a Chile y al mundo que en nuestro país valoramos el sacrificio de estos trabajadores y, a su vez, recordar para siempre que fue allí donde se produjo una de las tragedias mineras más grandes de la historia que terminó impactando a todo el mundo, dejando la lección de que con profesionalismo es posible realizar incluso las hazañas más impensadas.
Proyecto de Ley
Artículo único. En homenaje a todos los trabajadores mineros de Chile, denomínese “Aeropuerto Mineros de Chile” al actual Aeropuerto Desierto de Atacama, ubicado en la ciudad de Copiapó de la Tercera Región de Atacama”.
Moción de los diputados señores Calderón , Burgos , Eluchans , Rojas , Salaberry , Sandoval y Van Rysselberghe .
Establece la obligación de reparar el daño moral por despido injustificado. (boletín N° 7362-13).
I. Introducción: El daño moral en Chile.
El Código Civil no contenía ni en su texto original ni contiene en el vigente, disposición alguna que defina la noción de daño moral. Fue la jurisprudencia de los tribunales la que construyó esta noción a partir de dos disposiciones legales, los artículos 2314 y 2329 del Código Civil.
La primera de estas normas dispone que “El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito.”. El artículo 2329 del Código Civil, en tanto, establece que “Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por esta.”.
En este punto, el redactor del texto original del Código Civil siguió los precedentes franceses (Pothier) que, a la época, concebían el daño como un mero detrimento económico. También se tuvieron a la vista las Leyes de Partida, en especial la Partida Séptima, que enumeraba una serie de daños materiales que eran reparables, enumeración que fue reemplazada por la expresión “todo daño” en el artículo 2329 por una conveniencia de estilo, según las notas del autor, pero en clara referencia al daño de índole patrimonial.
En la evolución de esta institución es posible distinguir tres momentos. En una primera etapa, la doctrina de los autores negó la necesidad de reparar el daño moral. Al efecto se argumentaba que el artículo 2314 del Código Civil, es el corolario de lo dispuesto en el artículo 1437, que se refiere a las fuentes de las obligaciones. Por su parte, el artículo 2331 del mismo cuerpo legal confirma esta conclusión, al establecer que no procede indemnización por imputaciones contra el honor a menos que se pruebe daño emergente o lucro cesante apreciable en dinero.
En consecuencia, el legislador civil original nunca tuvo a la vista la reparación del daño moral. Si así lo hubiera querido, lo habría regulado expresamente o, al menos, habría señalado las personas con derecho a reclamarlo [1].
Además, se le formulaban tres grandes objeciones. Por una parte, en el daño moral no existe ninguna relación de equivalencia entre la naturaleza del daño y la indemnización [2]. En segundo término, se trata de un hecho cuya existencia es de difícil determinación [3] y, en fin, es imposible determinar el monto de la indemnización por daño moral.
En un segundo momento, se reconoce la reparación del daño moral, pero en sede extra contractual. Los autores que sostienen esta posición, plantean que la expresión “todo daño” que emplea el artículo 2329 del Código Civil, en su sentido natural comprende toda clase de daño y, por tanto, también el de naturaleza moral. A su vez, el artículo 2314 también alude genéricamente al “daño”, por lo que no existirían razones para restringir su entendimiento al daño material.
Siguiendo en esta línea, el artículo 2331 confirmaría que la regla general es la resarcibilidad del daño moral, pues demuestra que cuando el legislador ha querido negar su reparación ha tenido que establecer una regla especial como la contenida en esa disposición.
Se argumenta también que la reparación del daño moral es un principio general de nuestro ordenamiento jurídico. Así lo demostraría la existencia de otros textos legales distintos al Código Civil, que lo reconocen, como por ejemplo los artículos 24, 215 y 370 del Código Penal y el artículo 34 de la Ley N° 16.643 sobre abusos de publicidad.
Finalmente, se sostiene que el objetivo del ordenamiento jurídico es la sanción de todo acto ilícito, incluso aquellos que sólo producen un daño de naturaleza estrictamente moral[4].
En el estadio actual de desarrollo del denominado derecho de daños, se acepta la existencia y la obligación de reparar el daño moral incluso en sede contractual, como ocurre en el supuesto regulado en el presente proyecto, que establece, precisamente, la reparación del daño moral causado por un despido injustificado derivado del incumplimiento de un contrato de trabajo.
Actualmente es posible sostener una constitucionalización del reconocimiento de esta institución, al tiempo que las corrientes más recientes admiten la legitimación activa de las personas jurídicas para reclamar su resarcimiento, así como la reparación del daño moral ocasionado con ocasión de la comisión de injurias y calumnias.
II. Concepciones sobre daño moral.
Las concepciones sobre daño moral se pueden agrupar en tres vertientes: teorías que lo vinculan con el daño patrimonial; las que lo distinguen del daño patrimonial y; concepciones que incluyen el daño moral como una especie de daño personal.
De acuerdo con las concepciones que vinculan daño moral con daño patrimonial, el primero no sería una especie de daño autónomo sino un daño conexo al daño patrimonial, de manera que en ausencia de este no puede ser reparado.
Por su parte, las concepciones que incluyen el daño moral como una especie de daño personal, distinguen entre daño material, que a su vez está conformado por perjuicios que afectan al patrimonio, y los daños personales, dentro de los cuales distinguen daño corporal y daño moral.
Finalmente, la doctrina jurídica especializada más reciente distingue el daño moral del patrimonial, es decir, plantean la autonomía de su naturaleza jurídica. Las concepciones de esta índole pueden clasificarse a su vez en negativas y positivas. Las primeras son aquellas que no definen el daño moral, sino que lo contraponen al material ya por su contenido, ya por alguna de sus características. Entre ellas se pueden encontrar aquellas que conciben el daño moral como todo perjuicio que no recae sobre un interés patrimonial; las que lo consideran como todo daño que no repercute en el patrimonio y; aquellas que lo definen como todo daño que carece de equivalencia pecuniaria.
Las concepciones positivas, por su parte, ofrecen un concepto autónomo de daño moral. Entre ellos podemos mencionar el “pretium doloris” [5], la lesión de derechos extra patrimoniales [6] y la lesión de intereses extrapatrimoniales [7].
III. La reparación del daño moral por despido injustificado
El debate sobre la posibilidad de resarcimiento del daño moral derivado de un despido injustificado, se enmarca dentro de la discusión acerca de la reparación de este daño por incumplimiento tardío o incompleto de una obligación contractual.
El rechazo inicial de esta posibilidad por parte de la jurisprudencia nacional, ha dado paso a su reconocimiento, pero en dos ámbitos muy acotados, esto es, el contrato de transporte y el contrato de trabajo.
En el ámbito laboral el asunto se ha planteado en relación con los perjuicios extrapatrimoniales que pueden sufrir los trabajadores con ocasión de dos hipótesis de ordinaria ocurrencia: accidentes del trabajo y despido injustificado.
La pregunta acerca de la procedencia de la reparación del daño moral por despido injustificado se ha centrado en la compatibilidad de ésta con la indemnización a que, en ciertas hipótesis, da lugar la terminación del contrato de trabajo.
Los artículos 163 y 168 del Código del Trabajo regulan la denominada indemnización por años de servicio, que procede cuando la causal invocada por el empleador para poner término al contrato de trabajo ha sido declarada injustificada, aquel no ha invocado causal alguna o ha invocado la contemplada en el artículo 161 y siempre que el contrato haya tenido una vigencia superior a un año.
Por su parte, el artículo 176 del citado cuerpo legal dispone que “la indemnización que daba pagarse en conformidad al artículo 163, será incompatible con toda otra indemnización que, por concepto de término del contrato o de los años de servicio pudiere corresponder al trabajador, cualquiera sea su origen, y a cuyo pago concurra el empleador total o parcialmente en la parte que sea de cargo de este último, con excepción de las establecidas en los artículos 164 y siguientes”. El inciso segundo de esta disposición agrega: “En caso de incompatibilidad, deberá pagarse al trabajador la indemnización por la que opte.”.
El daño moral puede originarse en todas las etapas de la contratación, esto es, en la etapa precontractual, durante la ejecución del contrato, en su terminación y aún después de extinguido todo vínculo. Precisamente en este momento, es decir, cuando se produce la desvinculación del trabajador, es cuando se suscita el problema de la concurrencia entre la reparación del daño moral y la indemnización por años de servicio.
A la fecha, se conocen muy escasos pronunciamientos de la jurisprudencia de los tribunales nacionales sobre esta materia, y la mayoría de los fallos conocidos, rechazan la reparación del daño moral causado con ocasión del término del contrato de trabajo. El razonamiento judicial se ha basado tradicionalmente en que la legislación laboral reglamenta una forma especial de indemnización, de carácter objetivo y sin vinculación al daño efectivamente producido, con un monto predeterminado en la ley, presumiéndose la existencia del daño y la necesidad de repararlo [8]. No obstante esto, ya antes de la entrada en vigencia del actual Código del Trabajo se habían conocido indemnizaciones por daño moral causado por despido injustificado, basadas fundamentalmente en la invocación maliciosa de algunas causales de despido contempladas en el artículo 162 del Código de 1987.
Luego de la entrada en vigencia de la Ley 19.010 la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción de 12 de diciembre de 1997 concedió por primera vez desde la dictación de ese cuerpo normativo una indemnización por daño moral con ocasión de un despido injustificado. Este fallo sentó doctrina en el sentido de que la indemnización por años de servicio, incluidos los aumentos legales establecidos en la Ley 19.010 derivados de un despido injustificado, no impide el ejercicio por parte del trabajador de otras acciones civiles, como la demanda de indemnización de perjuicios, pues los primeros consisten en beneficios exclusivamente laborales y las segundas se fundan en una responsabilidad de naturaleza civil [9].
A su vez, en fallo de 12 de julio de 2001, la Excelentísima Corte Suprema acogió un recurso de casación en la forma interpuesto en contra de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco que, además de las indemnizaciones laborales y al igual que la sentencia de primera instancia, había condenado al pago de una indemnización por daño moral. El considerando 11° del fallo aludido rechaza la procedencia de daño moral en materia laboral por estimar que la indemnización por años de servicio repara “la aflicción que puede ocasionar la pérdida de la fuente de trabajo, aún cuando tal sufrimiento no esté explícitamente contemplado por el legislador [10]”.
Sin embargo, en los fundamentos del fallo se precisa que la indemnización por despido injustificado no excluye que, en casos especiales y si se prueban los perjuicios extraordinarios como ocurre en el caso del daño moral causado en un despido abusivo, pueda reconocerse una indemnización adicional, no prevista en la ley laboral. En la especie, el rechazo de la reparación del daño moral se basa, precisamente, en no haberse acreditado en juicio los perjuicios extraordinarios.
En resumen, la tendencia de la jurisprudencia nacional ha sido la de rechazar el otorgamiento de la reparación del daño moral en esta materia, fundándose en el carácter integral y absoluto de las indemnizaciones laborales por término del contrato, pero fallos más recientes, especialmente de segunda instancia, han comenzado a delinear pronunciamientos en contrario.
IV. Fundamento de la Concurrencia Conjunta de la Reparación del Daño Moral por Despido Injustificado y la indemnización laboral por años de servicio.
La respuesta a la pregunta sobre si deben acumularse o no la indemnización por años de servicio contemplada en la legislación laboral y la reparación de otros daños causados por el término de la relación, depende de la naturaleza jurídica que se atribuya a la primera [11].
Según la doctrina jurídica nacional, en sus orígenes la indemnización por años de servicio tenía por objeto premiar al trabajador despedido como un reconocimiento al tiempo servido, es decir, consistía en una liberalidad del empleador. Sin embargo, se afirma también que en su otorgamiento estaba implícito el deseo del empleador de reparar en alguna medida el daño causado por el despido [12].
Existen numerosísimas teorías que intentan explicar la naturaleza jurídica de la indemnización por años de servicio. Entre ellas, podemos mencionar sólo a modo de referencia, las que la consideran como un salario diferido; un premio a la fidelidad del trabajador; una participación del trabajador en la valorización de la empresa; una reparación del daño a la antigüedad; una pena aplicada al empleador; una forma de previsión y asistencia social; una integración del aviso previo al despido; una forma de responsabilidad sin culpa; amen de teorías eclécticas que atribuyen a la indemnización por años de servicio una naturaleza mixta que combina alguno de los fundamentos de las anteriores.
Con todo, en este variado panorama, ninguna de las concepciones satisface las características de una reparación íntegra de los daños causados por el despido, pues no es posible incluir el resarcimiento del daño moral. Por otra parte, tampoco se adecuan plenamente a la regulación positiva de la institución en nuestro ordenamiento jurídico.
Entendiendo que el verdadero sentido del concepto de indemnización es el de un pago reparatorio que ha de guardar relación con el daño efectivamente producido y acreditado, es decir, que tiene como fundamento el principio de reparación integral, es posible concluir que la llamada indemnización por años de servicio no corresponde a lo que jurídicamente se entiende por tal, sino que responde a otra clase de finalidad propia de la relación laboral [13].
En consecuencia, la indemnización por años de servicio no mira a la completa reparación de los daños causados por el término del contrato de trabajo, de manera que no responde a la noción jurídica de indemnización, lo que permite concluir que la concurrencia entre ésta y la indemnización por daño moral causado por despido injustificado es jurídicamente coherente.
V. Fundamento de la indemnización del daño moral por despido injustificado.
Los argumentos positivos a favor de la indemnización del daño moral por despido injustificado pueden resumirse en tres. Por una parte, la consagración constitucional del principio de reparación integral, incorporada por la Constitución Política de la República de 1980; en segundo término, el contenido ético jurídico del contrato de trabajo y, por último, el abuso del derecho implícito en la antijuridicidad del despido.
La doctrina civil concuerda en que la Constitución Política de Chile de 1980, recogió expresamente el denominado principio de reparación integral del daño, incluso aludiendo expresamente al daño moral en su texto. Para ello se funda en los números 1 y 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental, referidos, respectivamente, a las garantías de los derechos a la vida, la integridad física y psíquica (Art. 19 N°1), y la vida privada y pública y la honra de la persona y de su familia (Art. 19 N°4). A ello se agrega la letra i) del número 7 del citado artículo 19, que consagra el derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que sean consecuencia de un pronunciamiento o condena declarados injustificadamente erróneos o arbitrarios por parte de la Corte Suprema.
De acuerdo con el tenor literal de las disposiciones citadas, la Constitución sólo alude a algunos de los intereses que pueden verse comprometidos con ocasión de un despido, lo que obliga a determinar si todos esos intereses pueden reconducirse a alguno de los que la Carta Fundamental garantiza.
En general, los autores que tratan el tema del daño moral causado con ocasión de un despido injustificado, tienden a limitar la posibilidad de reclamar su reparación a los casos en que la causal invocada es alguna de las más graves que contempla el Código del Trabajo. En el fondo, se tiende a reconocer esta posibilidad cuando la invocada es una causal que importa la comisión de un delito de injuria o calumnia. Por ello es posible concluir que esta doctrina tiende a ver una afectación del honor tras la conducta del empleador cuya acción de despido es declarada injustificada.
Sin embargo, el daño moral ocasionado como consecuencia de un despido injustificado puede exceder los márgenes de una afectación del honor o de la integridad psíquica del afectado, que son aquellas formas expresamente aludidas en el texto constitucional. Una revisión de las diversas formas de daño extrapatrimonial que se reconocen en derecho comparado demuestra que muchas de ellas son perfectamente concebibles por causa de un despido injustificado (Por ejemplo, el llamado perjuicio de agrado).
Por otra parte, algunas causales de despido contempladas en la legislación laboral pueden afectar intereses distintos a los tradicionalmente desarrollados por la doctrina e incluso específicos de esta clase de relación contractual. Por ejemplo, la aplicación injustificada de la causal contenida en el número 7 del artículo 160, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, causa un daño extrapatrimonial cuya relación con el honor es indirecta.
En el ejemplo citado, aunque la imputación falaz de “hacer mal su trabajo” podría ser considerada una afrenta al honor, incluso constitutiva de injuria, lo cierto es que difícilmente esta conducta sería calificada como delictiva, pues queda en el plano de las opiniones que sólo dan lugar a delito cuando se realizan con la intención directa de lesionar la honra. Dicho de otro modo, sostener que esa imputación afecta el honor, significaría formular una serie de exigencias adicionales a la víctima del daño para obtener su reparación. En consecuencia, la afirmación falsa de que una persona incumple sus obligaciones contractuales o que las cumple indebida o negligentemente, afectan un interés específicamente relacionado con el ámbito laboral, como es el buen desempeño del trabajador, que constituye un bien especialmente valorado en el mercado del trabajo.
Un aspecto de gran importancia en la consideración de este interés es determinar sus límites con el perjuicio patrimonial, pues si bien en principio se trata de un daño inmaterial, sus consecuencias se extienden al patrimonio de la víctima al tiempo que la privación de ese bien -la buena opinión que el mercado laboral tiene de su trabajo- puede privar al trabajador de ese orden de beneficios.
Otro argumento de orden constitucional, es la inconstitucionalidad de los sistemas tarifados de indemnización de perjuicios, por vulnerar el principio de igualdad ante la ley. De acuerdo con este razonamiento, estos sistemas dan un trato igualitario a situaciones de diversa envergadura, otorgándose reparaciones idénticas para quienes sufren daños de distinta entidad, afectando de esta forma no sólo la igualdad constitucionalmente garantizada sino, además, atentando contra el derecho a la integridad física de la cual forma parte la obtención de una reparación completa en caso de daño corporal [14]. No se descarta de plano la constitucionalidad de toda clase de sistema tarifado, sino que la crítica se limita a aquellos que no permiten a la víctima obtener la reparación íntegra del daño mediante la invocación de otra clase de indemnizaciones [15].
Este sería precisamente el caso si se admitiera la interpretación según la cual la indemnización por años de servicio excluiría toda otra indemnización por daños no cubiertos por aquella. Y en esto radica el argumento a favor de la procedencia de la indemnización adicional por daño moral, basado en una interpretación armónica con la Carta Constitucional. En otras palabras, el argumento no importa la inconstitucionalidad del sistema de indemnización por años de servicio, sino de la interpretación que agota en la tarifa legal la reparación de la totalidad de los daños por causa de un despido injustificado.
En segundo lugar, en cuanto al contenido ético jurídico del contrato de trabajo, la dogmática entiende que éste va más allá de las prestaciones patrimoniales propias de la contratación civil y que, precisamente, lo distinguen de ella [16].
En el área jurídica de influencia anglosajona, el contrato de trabajo corresponde a la categoría de los “personal contracts”, cuyo incumplimiento es apto para causar daños emocionales u otros extrapatrimoniales, en oposición a los “commercial contracts”, en que, al no incluirse intereses de orden espiritual en la previsibilidad de las partes, no pueden dar lugar a daños morales [17].
De esta forma, la dogmática laboral radica en la potestad jurídica de mando del empleador y el deber de obediencia del trabajador, es decir, en la relación de subordinación que caracteriza esta relación contractual, el fundamento del llamado contenido ético jurídico del contrato de trabajo.
Por otra parte, la doctrina laboral deduce este carácter del contrato de trabajo mediante una interpretación a contrario sensu de numerosas normas del Código del Trabajo, especialmente de las relativas a la terminación del contrato. Por ejemplo, la causal de falta de probidad, que supone para el trabajador la obligación de observar un comportamiento acorde a ciertos principios éticos de probidad, impondría al empleador, por el contrario, la obligación de respeto y lealtad.
En el mismo orden de ideas, se sostiene que el principio de buena fe en la ejecución de los contratos, contemplado en el artículo 1546 del Código Civil y que es considerada norma común para toda clase de contratos, impone un conjunto de obligaciones que vinculan a la persona - tanto del trabajador como del empleador - más que a una prestación de carácter meramente patrimonial [18].
Entre las obligaciones que componen el contenido ético jurídico del contrato de trabajo se señalan, el deber de respeto a la persona y dignidad del trabajador, el deber de protección del empleador, el deber de higiene y seguridad, el deber de previsión y el deber de ocupación efectiva y adecuada.
Sólo a modo de ejemplo, la infracción al deber de ocupación efectiva y adecuada y el correlativo derecho del trabajador, bien podría dar lugar a daño moral, incluso durante la vigencia de la relación contractual.
En síntesis, la antigua discusión acerca de la patrimonialidad o no de las obligaciones que aún se observa en nuestra jurisprudencia al momento de decidir sobre el resarcimiento del daño moral en sede contractual, no es obstáculo tratándose del contrato de trabajo, respecto del cual existe unanimidad en el sentido de que, además de su contenido estrictamente patrimonial constituido por la obligación del trabajador de prestar los servicios y del empleador de pagar la remuneración, existe otra clase de obligaciones que vinculan con la personalidad de las partes en cuyo incumplimiento pueden verse comprometidos intereses extrapatrimoniales.
La naturaleza extrapatrimonial de esas obligaciones, deriva de la relación de subordinación que pesa sobre el trabajador y que implica la existencia de un poder de una persona sobre otra, lo que obliga a una protección y a la garantía de los derechos fundamentales de la persona y de las libertades públicas en las relaciones de trabajo.
Esa necesidad de protección del trabajador frente al poder del empleador, que fundamenta la orientación del derecho del trabajo hacia la tutela de los intereses del primero, especialmente de su personalidad y libertad, justifican también la reparación íntegra de todos los daños a esos intereses que pueda sufrir el trabajador con ocasión de la relación contractual laboral.
Finalmente, en cuanto a la teoría del abuso del derecho como fundamento de la indemnización del daño moral por despido injustificado, actualmente la doctrina laboral sostiene que la imputación infundada de una causal de despido o la lesión de derechos fundamentales en el acto mismo del despido, no sólo vulnera garantías constitucionales, sino también disposiciones específicas que consagran principios generales del Derecho laboral.
El primero de esos principios es el consagrado en el artículo 5° del Código del ramo, cuyo texto vigente corresponde a la modificación introducida por la Ley N° 19.759, de 5 de octubre de 2001, que dispone: “El ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de éstos.”.
Esta “laboralización” de las garantías constitucionales, es decir, la peculiar consagración legal de la aplicación directa de los preceptos de la constitución, reforzaría la posición según la cual las posibilidades de reparación de los daños sufridos por el trabajador en virtud de un despido injustificado no se agotan en las indemnizaciones tarifadas que contempla la ley laboral.
En tal sentido, la referencia a la intimidad, vida privada y honra de los trabajadores que hace el citado texto, no es taxativa, de manera que la protección del trabajador frente al ejercicio abusivo de sus facultades por parte del empleador, no se agota en esos intereses, lo que permitiría seguir desarrollando las tipologías de daño moral indemnizables en este ámbito.
El segundo principio es el que dice relación con el poder de dirección que los autores deducen del artículo 7° del Código del Trabajo. En íntima vinculación con la norma anterior, el ejercicio abusivo de esa facultad por parte del empleador, es decir, más allá de los límites que la propia legislación laboral le establece y que fija en el respeto de los derechos fundamentales del trabajador, causaría un daño que debe ser íntegramente reparado.
Si se acepta una concepción del abuso del derecho como aquel ejercicio que se realiza no para satisfacer el interés jurídicamente tutelado con él, sino para lograr otro, proyectando el primero más allá de lo que corresponde, es posible concluir que el daño moral indemnizable no es sólo aquél que tiene su origen en una afectación del honor, es decir, aquél causado en aplicación de las formas más graves de despido, sino cualquier otra modalidad de daño extrapatrimonial que tenga su raíz en el aprovechamiento ilícito de un derecho que la ley concede al empleador.
En consecuencia, el límite a la reparación del daño moral por despido injustificado debe buscarse más en el fundamento del ejercicio del derecho por parte del empleador y en la prueba del daño, que en las causales invocadas por aquél.
En síntesis, no todo despido injustificado representa un abuso del derecho que cause daño moral, pero todo daño moral por despido injustificado importa un ejercicio abusivo de una facultad. Incluso es posible concebir hipótesis en que un ejercicio abusivo de la facultad de despedir que el ordenamiento reconoce al empleador, no dé lugar a ninguna clase de perjuicio extrapatrimonial, de manera que la prueba del daño desempeñará un papel fundamental en la definición de los contornos del daño moral en el ámbito laboral.
Por estas consideraciones, es que vengo en someter a la consideración de esta honorable Cámara, el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Agréguese en el inciso primero del artículo 176 del Código del Trabajo la expresión “de la que proceda en reparación de daño moral causado, y”, entre las expresiones “excepción” y “de”.
Moción de los diputados señores Calderón , Lobos, Macaya , Melero , Sandoval , y de la diputada señora Cristi , doña María Angélica .
Regula acceso de los pacientes a la historia clínica. (boletín N° 7363-11)
I. Introducción
La historia clínica es un documento médico legal, que surge del contacto entre el médico y el paciente. En ella se recoge la información necesaria para la correcta atención de los pacientes. La historia clínica es un documento válido, desde el punto de vista clínico y legal, que recoge información de tipo asistencial, preventivo y social.
Estos documentos adquirieron gran importancia a partir del desarrollo de la medicina moderna, cuando la atención médica pasó de ser un acto individual a un acto colectivo con participación del equipo médico, integrado por profesionales de la salud de las más diversas disciplinas. La atención de un mismo paciente, por numerosos profesionales, tras una intervención quirúrgica, por ejemplo, hace imprescindible llevar un registro de su historia médica, los medicamentos suministrados, los tratamientos aplicados, sus reacciones de salud, etc. Al anotarse esos antecedentes en la historia clínica del paciente, se logra que cualquier profesional o auxiliar que le preste una atención de salud esté completamente advertido de su historia médica y los problemas del paciente.
Históricamente, la ficha clínica y todos los documentos integrantes de la historia clínica de un paciente habían tenido un objetivo exclusivamente médico, propender a la más pronta recuperación del paciente y, en caso de nuevos episodios de salud, poder tratarlos de la mejor forma posible con la información disponible en esos registros. Esa es la razón histórica por la cual esos documentos siempre se archivan y guardan por el hospital, clínica, centro médico, consulta y no por el paciente mismo, quien dispone de información y documentación parcial (resultados de algunos exámenes de laboratorio, radiografías, scanners, etc.). En realidad, los establecimientos médicos tienen la obligación de conservar esa documentación.
El desarrollo de las Isapres, compañías de seguros que ofrecen seguros de salud y AFP que otorgan beneficios previsionales, ha agregado un objetivo a las fichas clínicas, cual es el de servir de base a las decisiones favorables o desfavorables a la concesión de beneficios de salud o previsionales (cobertura del costo de operaciones, pago de licencias médicas, decisión de conceder o negar una pensión de invalidez y determinación del porcentaje de incapacidad, etc.).
Lo primero que hay que aclarar es que la ficha clínica, la historia clínica y otros documentos médicos que registran antecedentes de salud no se encuentran definidos en la legislación. Tampoco existen normas que señalen cómo deben ser llenados. Existen referencias dispersas en algunas leyes a esos documentos.
El desarrollo de la vida moderna ha comenzado a plantear algunos problemas legales con relación a las fichas clínicas. Ellas pueden ser concebidas jurídicamente como bases de datos, lo cual las hace estar sujetas a las normas de la Ley 19.628 sobre Protección a la Vida Privada. De acuerdo a los preceptos de esa ley, las fichas clínicas contienen información sensible, la que sólo puede ser revelada al titular de esa información (paciente) y a autoridades administrativas y judiciales especialmente facultadas para ello.
No obstante lo anterior, es frecuente que los contratos de salud o de seguros de salud contengan una cláusula facultando a la aseguradora para solicitar esas fichas clínicas con el objeto de pronunciarse respecto de la solicitud de beneficios de salud (reembolsos, cobertura de operaciones, pago de licencias, etc.).
Un arduo debate se ha desarrollado en torno del tema de la propiedad de las fichas clínicas, o sea, ¿quién es el dueño de las fichas clínicas?. Se ha sostenido, por ejemplo, que como los datos consignados se refieren a un paciente determinado, éste sería dueño de la ficha clínica. Por el contrario, se sostiene la tesis que la clínica u hospital sería el propietario de la ficha clínica. El tema se ha debatido profundamente en todos los países que han dictado leyes para regular la organización y funcionamiento de las bases de datos.
La solución ha sido otorgar a los titulares de la información derechos respecto de la misma (acceso, rectificación), pero entender que el propietario es el que elaboró la base de datos y quien la mantiene, en este caso, la clínica u hospital.
La solución ideada en nuestro país sigue esa línea. De acuerdo a la Ley 19.628 el titular de la información (paciente) tendría respecto de la ficha clínica todos los derechos que componen el denominado habeas data, básicamente derecho de acceso a la ficha y de rectificación de informaciones erróneas. Normalmente, las clínicas respetan el derecho de acceso del paciente a los datos contenidos en su ficha clínica y revelan su contenido a autoridades administrativas y judiciales (Superintendencia de Isapres, de Seguridad Social, de AFP y tribunales) en el marco de la tramitación de un juicio por negativa de beneficios, responsabilidad médica u otros motivos. También lo revelan a las Isapres, compañías de seguros o AFP que lo requieran en virtud de la autorización del cotizante o asegurado contenida en el respectivo contrato.
Sin embargo, existen numerosos hospitales y clínicas que se niegan a revelar el contenido de la ficha clínica al paciente y/o su familia. La Corte de Apelaciones de Santiago ha acogido recursos de protección al respecto, señalando claramente la obligación del establecimiento de exhibir la ficha clínica y proporcionar una copia al paciente.
Obviamente la solución no es mutilar la ficha clínica, sino regularla legalmente en el sentido de reafirmar el derecho de acceso y rectificación, comunicación al paciente de todo requerimiento (Isapre, Superintendencia o tribunales) de información sobre su ficha clínica, escritura legible en la ficha clínica e identificación del o los autores de las anotaciones.
Así, en virtud de lo anterior vengo a plantear el siguiente Proyecto de Ley.
Proyecto de Ley
Artículo 1°. Se entenderá por Historia Clínica al conjunto de documentos escritos, gráficos e imagenológicos o de cualquier otra índole en los cuales el personal de salud, deberá hacer los registros, anotaciones y certificaciones correspondientes a la exploración física, diagnóstico y tratamiento del paciente.
Artículo 2°. La Historia Clínica estará compuesta de la siguiente información:
a) Fecha de inicio de su confección y cronología de cada una de las intervenciones y diagnósticos,
b) Información identificadora del paciente y sus pre-existencias médicas,
c) Datos identificatorios de cada uno de los profesionales intervinientes y su especialidad,
d) Registros claros los actos realizados por los profesionales y auxiliares intervinientes,
f) Toda prescripción y suministro de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas y exámenes
Artículo 3°. Toda la información contenida en la Historia Clínica deberá estar escrita sobre la base de nomenclaturas universales adoptadas y actualizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Artículo 4°. Los Hospitales o Centros Médicos o Asistenciales tienen la obligación de conservar la Historia Clínica por un plazo mínimo de 15 años y en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, aunque no necesariamente en el soporte original.
Artículo 5°. El paciente durante el tiempo señalado en el artículo 4° tendrá derecho a obtener una copia de su Historia Clínica, solicitándola por escrito al Director/a del Hospital o Centro Médico o Asistencial correspondiente, para los fines que estime pertinentes.
Artículo 6°. En caso de que el paciente se encuentre imposibilitado de solicitar la Historia Clínica, este trámite podrá ejercerse también por representación debidamente acreditada ante notario.
En el caso, de pacientes fallecidos la Historia Clínica podrá ser entregada a terceros que tengan un vínculo familiar directo, siempre y cuando acrediten los fines para los cuales solicitan la información.
Artículo 7°. El Hospital o Centro Médico o Asistencial tendrá un plazo máximo de treinta días a contar del ingreso de la solicitud del paciente para entregar a éste una copia de su Historia Clínica.
Artículo 8°. Toda persona que participe en la elaboración o manipulación de la Historia Clínica, o bien tenga acceso al contenido de la misma, tiene la obligación de guardar reserva del contenido, salvo expresa disposición emanada de la autoridad judicial competente o autorización del propio paciente.
Moción de los diputados señores Robles, Auth , Ascencio , Carmona , Eluchans , Monsalve , y de la diputada señora Molina , doña Andrea .
Modifica el artículo 22 de la ley N° 18.700, orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, incorporando la fotografía de cada candidato en la cédula electoral. (boletín N° 7364-06)
“Vistos:
Lo dispuesto en los Artículos 1°, 19°, 63° y 65° de la Constitución Política de la República; en la ley N° 18.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional y en el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
Considerando:
1° Que, El artículo 19 n° 1 inc. 1 y 2 de la Constitución Política de la República, señala: “La Constitución asegura a todas las personas: 1° El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer”.
2° Que, según los datos exhibidos en el cuadro a continuación, la cantidad de adultos mayores existentes en chile se estima aumentará sostenida y considerablemente en los siguientes años:
3° Que, según estadísticas del Servicio Electoral, los mayores de 60 años son el segmento que más ha aumentado desde 1988, pasando del 26,9% al 49,1% del universo de votantes. Estas cifras evidencian que exhibimos un padrón electoral envejecido, debido a la mayor expectativa de vida de la población en contraste con la escasa inscripción juvenil. Más aún, hace 20 años ejercían su derecho a voto el 11% de los jóvenes de 18 y 19 años, y el 61% de los de 20 a 29 años. Hoy esas cifras han disminuido al 1,1 y al 15%, respectivamente.
4° Que, el artículo 3 de la Ley N° 20.422 letra e), declara “participación y diálogo social es un proceso en virtud del cual las personas con discapacidad, las instituciones que las representan y las que agrupan a sus familias, ejercen un rol activo en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que les conciernen”.
A su vez, la prevalencia de las personas con discapacidad en nuestro país, según el Estudio Endisc 2004 , asciende a más de 2 millones de personas, esto es, el 12% del total de la población de Chile. Este estudio identifica a más de 634 mil 906 personas con problemas visuales. La gran mayoría al margen y fuera de los beneficios de tales políticas públicas y lo que es peor, sin acceder a los servicios que requieren.
De acuerdo a estas cifras se puede desprender o constatar que es considerable el número de personas que viven en Chile con una discapacidad; siendo la mayoría de ellas (86,1%) personas adultas que no acceden a procesos sistematizados de rehabilitación que les permita incluirse de manera autónoma a su comunidad más inmediata; para hacer evidente el cumplimiento de los derechos más elementales a la no discriminación descritos y reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ONU 1948.
Por otro lado, la normativa legal vigente declara el derecho de las personas con discapacidad visual a la rehabilitación. No obstante, las estadísticas dan cuenta que solo el 14% realmente accede a este importantísimo servicio. En el área de la discapacidad visual el Estado chileno no reconoce ni financia Programas regulares de rehabilitación básica funcional, nivel indispensable para conseguir que la persona que adquiere una ceguera ya de adulto logre objetivos de autonomía, que le posibiliten incorporarse a la educación, capacitación laboral o simplemente, retomar roles socio familiares, de forma activa y participativa en su comunidad. Hoy, son muy pocas las instituciones que ofrecen estos programas en Chile, ya que deben autofinanciarlos.
5° Que, si bien es cierto que la ley ha establecido nuevas felicidades en relación al ejercicio del derecho a sufragio de personas con discapacidad, aún se requiere perfeccionar el sistema en vías a consolidar la más amplía gama de garantías tendientes a proteger la integridad de estas personas mientras cumplen con su deber cívico.
Por tanto:
Los diputados que suscriben vienen en someter a vuestra consideración el siguiente proyecto de ley:
MODIFICA EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY N° 18.700, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE VOTACIONES POPULARES Y ESCRUTINIOS, INCORPORANDO LA FOTOGRAFÍA DE CADA CANDIDATO A LA CÉDULA ELECTORAL.
ARTÍCULO ÚNICO.- Introdúzcase la siguiente frase final al inciso segundo del artículo 22 de la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios:
“Toda cédula electoral llevará impresa la fotografía de los candidatos”.
Moción de los diputados señores Eluchans , Bauer , García-Huidobro , Hasbún , Macaya , Morales , Squella , y de las diputadas señoras Hoffmann , doña María José , y Molina , doña Andrea .
Establece la liberación de peaje a los vehículos de emergencia durante los estados de alerta decretados por la Onemi. (boletín N° 7365-15)
“En los últimos días hemos sido testigos de la gran cantidad de incendios que han afectado de forma incesante y descontrolada a las regiones del centro de nuestro país. A la fecha, la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) confirmó la destrucción de cinco mil 400 hectáreas.
Cuando se trata de desastres de estas magnitudes, como lo fue también el terremoto del pasado 27 de febrero, o las intensas erupciones volcánicas que cada cierto tiempo afectan a diversas zonas de nuestro país, resulta indispensable la labor de las instituciones de rescate como Bomberos, Carabineros de Chile e Investigaciones y las ambulancias.
No obstante, el éxito de la labor de dichas instituciones depende de la rapidez y eficiencia con que estén en condiciones de actuar. Resulta ilógico que durante las grandes emergencias, como los incendios que están ocurriendo últimamente con mucha frecuencia en nuestro país, los vehículos de emergencia deban detenerse ante cada plaza de peaje que se encuentren en el camino. Se trata de vehículos que gozan del derecho de paso preferente, y dicho paso preferente debe operar para todos los efectos, no sólo para los semáforos o discos pare, sino para cualquier instancia de detención que signifique un obstáculo en su camino a prestar ayuda inmediata.
Es por lo anterior, que venimos en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo 1.- En los casos en que haya sido decretado por la Onemi estado de alerta, por causa de incendios, temporales, terremotos, erupciones volcánicas, o cualquier otro desastre o emergencia que afecte al sistema social en sus condiciones de vida, los vehículos de emergencia o de paso preferencial que gocen del respectivo permiso otorgado por la autoridad competente estarán liberados del pago de los peajes, mientras se movilicen para realizar sus labores de rescate o ayuda.
Artículo 2.- Los funcionaros de los peajes deberán levantar las barreras que impiden el paso tan pronto estos vehículos se acerquen a sus casetas, sin ocasionar demoras.
Artículo 3.- En caso de que esta ley no sea respetada por parte de las empresas concesionaras de las carreteras, éstas sufrirán el pago de una, multa de 15 UTM por cada vehículo de emergencia cuyo paso sea entorpecido.
Dichas empresas responderán por el incumplimiento de los funcionarios operadores del peaje de acuerdo al artículo 2322 del Código Civil.
En caso de que, de acuerdo a dicho artículo, la responsabilidad sea imputable exclusivamente al funcionario operador del peaje, éste sufrirá una multa de 3 UTM por cada vehículo de emergencia cuyo paso sea haya visto entorpecido producto de la acción u omisión de dicho funcionario”.