Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Javier Hernandez Hernandez
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Nicolas Monckeberg Diaz
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Patricio Melero Abaroa
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Gonzalo Uriarte Herrera
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ENVÍO DE PROYECTO A COMISIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DROGAS Y DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA.
- REMISIÓN DE PROYECTOS A COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
- V. ORDEN DEL DÍA
- PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL ACUERDO DE INVERSIÓN ENTRE CHILE Y URUGUAY. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Manuel Edwards Silva
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Enrique Estay Penaloza
- DEBATE
- DEBATE
- PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL ACUERDO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INTERVENCIÓN : Ernesto Silva Mendez
- INTERVENCIÓN : Javier Ignacio Macaya Danus
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Jose Manuel Edwards Silva
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Pedro Araya Guerrero
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : Karla Rubilar Barahona
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Tucapel Jimenez Fuentes
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- DEBATE
- PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL ACUERDO DE INVERSIÓN ENTRE CHILE Y URUGUAY. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- MEDIDAS EN BENEFICIO DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Sergio Ojeda Uribe
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Mario Venegas Cardenas
- Jose Manuel Edwards Silva
- Patricio Vallespin Lopez
- Joaquin Tuma Zedan
- Fernando Meza Moncada
- Alfonso De Urresti Longton
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- MEDIDAS EN BENEFICIO DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES.
- VII. INCIDENTES
- HOMENAJE A CONSTITUCIÓN EN EL ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN. Oficios.
- INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE SUELO EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO. Oficios.
- INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO PARA DOTAR DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRICIDAD A VIVIENDAS EN SECTOR DE TALCAHUANO. Oficio.
- ESCASEZ DE MEDICAMENTOS BÁSICOS EN SISTEMA PRIMARIO DE SALUD DEL DISTRITO 25. Oficios.
- ANTECEDENTES DE PROCESO DE LICITACIÓN PARA REPARACIÓN DE LICEO INDUSTRIAL DE COMUNA DE SANTIAGO. Oficios.
- ADHESION
- Adriana Munoz D'albora
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Matias Walker Prieto
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- REUBICACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. Oficio.
- ADHESION
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Matias Walker Prieto
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- DESPIDOS DE PROFESORES EN LA PROVINCIA DE CACHAPOAL. Oficio.
- ADHESION
- Adriana Munoz D'albora
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Matias Walker Prieto
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE DIFERENTES OBRAS PÚBLICAS EN LA COMUNA DE COLTAUCO. Oficios.
- PUNTOS CRÍTICOS DEL ESTERO DE CODEGUA Y LOS RÍOS TINQUIRIRICA Y CACHAPOAL. Oficios.
- ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE AGUA POTABLE RURAL. Oficio.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- ADHESION
- DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS EN SISTEMA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Oficio.
- ADHESION
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Matias Walker Prieto
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- POSTERGACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONGOY. Oficio.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- ADHESION
- INVESTIGACIÓN DE HECHO OCURRIDO EN SUBCOMISARÍA DE PURRANQUE. Oficio.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Matias Walker Prieto
- ADHESION
- SOBREPOBLACIÓN DE LOBOS MARINOS. Oficios.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Matias Walker Prieto
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pablo Lorenzini Basso
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Juan Carlos Latorre Carmona
- Sergio Ojeda Uribe
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Mario Venegas Cardenas
- Carolina Goic Boroevic
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Fernando Meza Moncada
- Marcos Espinosa Monardes
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Jose Perez Arriagada
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Fernando Meza Moncada
- Jose Perez Arriagada
- Marcos Espinosa Monardes
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Alberto Robles Pantoja
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jose Perez Arriagada
- Marcos Espinosa Monardes
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Fernando Meza Moncada
- Alberto Robles Pantoja
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Nino Baltolu Rasera
- Felipe Ward Edwards
- Manuel Rojas Molina
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Ivan Moreira Barros
- Marisol Turres Figueroa
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Patricio Melero Abaroa
- Javier Hernandez Hernandez
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Andrea Molina Oliva
- Ivan Moreira Barros
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Gustavo Hasbun Selume
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- Felipe Salaberry Soto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Javier Hernandez Hernandez
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Enrique Estay Penaloza
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Gonzalo Arenas Hodar
- Celso Rene Morales Munoz
- Sergio Bobadilla Munoz
- Jose Ramon Barros Montero
- Ivan Norambuena Farias
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carlos Montes Cisternas
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Jorge Burgos Varela
- Marcelo Diaz Diaz
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Edmundo Eluchans Urenda
- Felipe Harboe Bascunan
- Cristian Monckeberg Bruner
- Maria Antonieta Saa Diaz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 14. Informe sobre la participación del diputado señor René Manuel García en la XIII Reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud, del Parlamento Latinoamericano, celebrada en ciudad de Panamá, Panamá , los días 3 y 4 de junio de 2010.
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Rene Manuel Garcia Garcia
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 358ª
Sesión 41ª, en jueves 17 de junio de 2010
(Ordinaria, de 10.36 a 13.35 horas)
Presidencia de la señora Sepúlveda Orbenes, doña Alejandra, y Moreira Barros, don Iván.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental , el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 8
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
- Envío de proyecto a Comisiones de Seguridad Ciudadana y Drogas y de Constitución, Legislación y Justicia 11
- Remisión de proyectos a Comisión de Ciencia y Tecnología 12
V. Orden del Día.
- Proyecto de acuerdo aprobatorio del acuerdo de inversión entre Chile y Uruguay. Primer trámite constitucional 12
- Proyecto de acuerdo aprobatorio del acuerdo sobre privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional. Primer trámite constitucional 17
VI. Proyectos de acuerdo.
- Medidas en beneficio de los pequeños agricultores 41
VII. Incidentes.
- Homenaje a Constitución en el aniversario de su fundación. Oficios 42
- Incumplimiento de compromiso para realizar estudios de suelo en la Región del Biobío. Oficios 45
- Incumplimiento de convenio para dotar de alumbrado público y electricidad a viviendas en sector de Talcahuano. Oficio 46
- Escasez de medicamentos básicos en sistema primario de salud del distrito 25. Oficios 46
- Antecedentes de proceso de licitación para reparación de Liceo Industrial de comuna de Santiago. Oficios 47
- Reubicación de planta de tratamiento de aguas servidas. Oficio 47
- Despidos de profesores en la provincia de Cachapoal. Oficio 48
- Información sobre diferentes obras pública en la comuna de Coltauco. Oficios 48
- Puntos críticos del estero de Codegua y los ríos Tinquiririca y Cachapoal. Oficios 48
- Estado de avance de proyecto de agua potable rural. Oficio 48
- Desabastecimiento de medicamentos en sistema de atención primaria de salud en región de La Araucanía. Oficio 49
- Postergación de construcción de Aeropuerto Internacional de Tongoy. Oficio 50
Pág.
- Investigación de hecho ocurrido en subcomisaría de Purranque. Oficio 50
- Sobrepoblación de lobos marinos. Oficios 51
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual retira la urgencia de "discusión inmediata", para el despacho del proyecto que "Reajusta el monto del ingreso mínimo mensual.". (boletín N° 6989-13) 53
2. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba el “Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional”. (boletín N° 6842-10) 53
3. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba el "Acuerdo sobre los Privilegios e inmunidades de la Corte Penal internacional.". (boletín N° 6842-10) 59
4. Certificado de la Comisión Trabajo y Previsión Social recaído en el proyecto que “reajusta el monto del ingreso mínimo mensual”. (boletín N° 6989-13) 63
5. Certificado de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, que "Reajusta el monto del ingreso mínimo mensual.". (boletín N° 6989-13) 64
6. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Lorenzini, Chahín, Latorre, Ojeda, Rincón, Saffirio, Torres; Venegas, don Mario, y Goic, doña Carolina, que "Regula las compras usando pinpass para proteger la seguridad de las transacciones.". (boletín N° 6996-03) 66
7. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Meza; Espinosa, don Marcos; Jarpa y Pérez, don José, que "Reforma la Constitución Política de la República estableciendo el derecho a voto desde los 16 años.". (boletín N° 6997-07) 68
8. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Meza; Pérez, don José; Espinosa, don Marcos; Jarpa y Robles, que "Establece la reducción del contenido de sodio o sal en alimentos procesados.". (boletín N° 6998-11) 69
9. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Pérez, don José; Espinosa, don Marcos; Jarpa; Meza y Robles, que "Establece obligatoriedad de información calórica en establecimientos de comida rápida.". (boletín N° 6999-11) 73
10. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Baltolu, Ward, Rojas, Vilches, Calderón; Cristi, doña María Angélica; Isasi, doña Marta; Moreira; Turres, doña Marisol y Zalaquett, doña Mónica, que "Autoriza erigir un monumento en la ciudad de Arica, en homenaje a la mujer durante la Guerra del Pacífico.". (boletín N° 7000-24) 75
Pág.
11. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Uriarte, Melero, Hernández; Hoffmann, doña María José; Molina, doña Andrea; Moreira, Sabag, Hasbún; Zalaquett, doña Mónica, y Salaberry, que "Modifica el Código Penal para sancionar como autores del delito de asociación ilícita a quienes se concerten para competir en carreras ilegales de autos.". (boletín N° 7001-07) 76
12. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Hernández; Hoffmann, doña María José; Álvarez-Salamanca, Estay, García-Huidobro, Arenas, Morales, Bobadilla, Barros y Norambuena, que "Entrega mejores herramientas de investigación para combatir el delito de abigeato.". (boletín N° 7002-07) 77
13. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Montes, Castro, Burgos; Díaz, don Marcelo; Espinoza, don Fidel; Eluchans, Harboe; Monckeberg, don Cristián, y Saa, doña María Antonieta, que "Regula la tenencia y extravío de equipos y tarjetas de telefonía móvil, con el objeto de prevenir su uso en hechos delictivos.". (boletín N° 7003-07) 78
14. Informe de la participación del señor diputado García, don René Manuel, en el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) con motivo de XIII Reunión de la Comisión de Equidad y Género, Niñez y Juventud del Parlatino, entre los días 3 y 4 de junio 83
- Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales pone en conocimiento de la Cámara de Diputados los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
15. contra de la Isapre Cruz Blanca. Rol 1464-09-INA. (4481) 88
16. artículo 38 de la ley N° 18.933. Rol 1690-10-INA. (4487) 88
17. copia de resolución. Rol 1.723-INC. (4491) 89
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación: - Comunicación del Diputado señor Hernández
2. Oficios:
- Oficio de la Comisión de Ciencia y Tecnología, por el cual solicita el acuerdo de la Sala, para que le sea remitido el proyecto, iniciado en moción, que “Establece que a cada región administrativa, corresponda una zona primaria del servicio público telefónico local.”, actualmente en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. boletín N° 5552-15. En Tabla.
- Oficio de la Comisión de Ciencia y Tecnología, por el cual solicita el acuerdo de la Sala, para que le sea remitido el proyecto, iniciado en moción, que “Establece que todo el territorio nacional corresponda a una zona primaria del Servicio Público Telefónico Local.”, actualmente en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. boletín N° 5919-15. En Tabla.
- Oficio de la Comisión de Ciencia y Tecnología, por el cual solicita el acuerdo de la Sala, para que le sea remitido el proyecto, iniciado en moción, que “Modifica ley N° 19.302, General de Telecomunicaciones, estableciendo macrozonas telefónicas en el país.”, actualmente en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. boletín N° 6936-15. En Tabla.
- Oficio de la Comisión Acusación Constitucional en contra de Intendenta de la III Región y del Gobernador de Copiapó, por el cual informa que procedió a constituirse y a elegir como Presidente al Diputado señor Monckeberg, don Nicolás. (Art. 235 del Reglamento).
- Oficio de Grupo Interparlamentario Chileno-Australiano, por el cual informa que procedió a constituirse y a elegir como Presidente al Diputado señor Melero, don Patricio.
- Oficio de Grupo Interparlamentario Chileno-Neozelandés, por el cual informa que procedió a constituirse y a elegir como Presidente al Diputado señor Uriarte, don Gonzalo.
- Oficio de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, por el cual, y de conformidad con lo establecido en el punto 11 de los Acuerdos Reglamentarios, remite al archivo los proyectos señalados en Anexo que se acompaña.
Ministerio de Interior:
- Diputado Vallespín, Informar acerca de si la instrucción impartida por la señora Intendenta de Atacama , respecto a información de la dotación del personal de ese Gobierno Regional, en especial sobre la afiliación política y gremial de los mismos, corresponde a una política de ese Ministerio.
- Diputado Espinosa don Marcos, Efectos del ajuste presupuestario en el Plan de Reconstrucción de Tocopilla.
- Diputado Espinoza don Fidel, Pide al Ministro del Interior (Subdere e Intendente de Los Lagos) revertir decisión gubernamental de recortar presupuesto regional, por afectar proyectos culturales, deportivos, etc.
- Diputado Pérez don José, Solicita al Ministerio del Interior coordinarse con municipalidades para el cierre de calles donde existen edificios con riesgo de desplomarse.
- Diputado Lemus, Pide informes al Ministerio del Interior (Intendencia de Coquimbo) sobre el real estado de edificios públicos (como el de la gobernación de Choapa) para poder soportar un sismo de gran magnitud.
- Diputado Robles , Solicita a la intendencia de Atacama realizar estudio sobre impacto que tendría en la zona, particularmente en los edificios públicos y monumentos nacionales, la ocurrencia de un terremoto y un tsunami.
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita al Ministro del Interior (Intendente de la Región de Coquimbo ) efectuar labores de mantenimiento en vía de acceso a la localidad de Lourdes, comuna de Vicuña.
- Diputado González, Solicita explicación al Ministro del Interior por retiro, por parte del gobierno central, de fondos regionalizados destinados a hacer frente a emergencias por catástrofes.
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita información al Ministro del Interior (Intendente de Coquimbo) sobre el estado de avance de dos proyectos sanitarios en la comuna de Vicuña.
- Diputado Álvarez-Salamanca, Solicita al Ministro del Interior (Intendente de la Región del Maule) adoptar medidas para mitigar efectos por derrumbe de tranque de relaves en comuna de Pencahue.
- Diputado Jaramillo, Despidos en la Gobernación de la Provincia del Ranco.
- Diputado Espinoza don Fidel, Proyectos financiados con cargo al FNDR que han tenido Aumento por Obras Extraordinarias en la X Región.
Ministerio de Hacienda:
- Diputada Goic doña Carolina, Recaba antecedentes al Ministro de Hacienda sobre posibles recortes en el presupuesto asignado a la Región de Magallanes y su incidencia en los programas ya aprobados.
Ministerio de Justicia:
- Diputado Jarpa, Situación del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chillán.
- Diputado Sabag, Construcción de una cárcel en la comuna de San Nicolás.
Ministerio de Salud:
- Diputado De Urresti, Solicita información al ministerio de Salud sobre personas infectadas por el virus hanta en la región de Los Ríos, incluyendo antecedentes sobre recursos destinados a informar y a adoptar un plan de contingencia en la materia.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputada Molina doña Andrea, Ejecución y priorización de los proyectos aprobados y financiados para las provincias de Quillota y Petorca, y las comunas de Quintero y Puchuncaví, tras la dictación del DS 338, de 2010, del Ministerio de Hacienda, sobre reasignaciones presupuestarias.
Ministerio de Planificación y Cooperación:
- Diputado García don René Manuel, Informar acerca del proceso de compra de las tierras del señor Oscar Curín, en la comuna de Toltén.
Tribunal Electoral:
- Diputado Robles , Autorización otorgada por el alcalde de Freirina a empresa AgroSuper para utilizar aguas subterráneas de pozos ubicados en terrenos municipales. Destinatario: presidente del Tribunal Electoral Regional de Atacama .
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (114)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos René PPD XI 59
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahin Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto RN XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Lemus Aracena, Luis PRI IV 9
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Molina Oliva, Andrea IND V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD V 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Mendez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando IND XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.36 horas.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El acta de la sesión 35ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 36ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
ENVÍO DE PROYECTO A COMISIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DROGAS Y DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señora Presidenta , solicito que el proyecto que figura en el punto 18 de la Cuenta sea enviado a la Comisión de Seguridad Ciudadana, en lugar de a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Esta materia ya fue estudiada por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas en un proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados. Finalmente, terminó en una Comisión Mixta, pero el Senado rechazó en la Sala el informe de la Comisión Mixta, por el hecho de que el Ministerio Público requiera información sin consultar al juez de garantía. Eso se cambió en este proyecto, por lo que creo que la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas está en condiciones de tramitarlo más rápidamente, porque ya -reitero- lo estudió, tiene todos los antecedentes y ya trabajó sobre la materia.
En consecuencia, pido que el proyecto vaya a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas y no a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans.
El señor ELUCHANS.- Señora Presidenta , había conversado con el diputado Montes sobre la materia y creí que iba a solicitar que el proyecto fuera enviado, además de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a la de Seguridad Ciudadana y Drogas. Me parece bien que vaya a esa Comisión, pero, como el proyecto contiene tipos penales, creo que es necesaria la opinión -quizá en un breve plazo- de la de Constitución, Legislación y Justicia.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición del diputado Eluchans para que el proyecto sea enviado primero a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, para que nos entregue el informe, y después, por un tiempo muy acotado -puesto que tiene más de cien proyectos pendientes-, a la Comisión Constitución, Legislación y Justicia.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
REMISIÓN DE PROYECTOS A COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión de Ciencia y Tecnología para que se le remitan los siguientes proyectos, que se encuentran actualmente radicados en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones:
1.- El que establece que a cada región administrativa corresponda una zona primaria del servicio público telefónico local.
2.- El que establece que todo el territorio nacional corresponda a una zona primaria del servicio público telefónico local.
3.- El que modifica la ley N° 19.302, General de Telecomunicaciones, estableciendo macrozonas telefónicas en el país.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
-o-
El señor MELERO.- Señora Presidenta, pido la palabra para intervenir sobre un punto de la Cuenta.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra su señoría.
El señor MELERO.- Señora Presidenta , respecto del punto 7, quiero saber si, con motivo de la acusación constitucional, ya fueron notificados la intendenta de la Tercera Región y el gobernador de Copiapó .
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Señor diputado , mañana serán notificadas ambas autoridades.
El señor MELERO.- Muchas gracias, señora Presidenta .
V. ORDEN DEL DÍA
PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL ACUERDO DE INVERSIÓN ENTRE CHILE Y URUGUAY. Primer trámite constitucional.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el acuerdo de inversión entre la República de Chile y la República Oriental del Uruguay y sus Anexos, suscrito en Montevideo, Uruguay, el 25 de marzo de 2010.
El señor JARAMILLO.-
Señora Presidenta, pido la palabra.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor JARAMILLO.-
Señora Presidenta, revisé el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores sobre este proyecto, pero estaría disconforme si no es estudiado también por la Comisión de Hacienda, pues también se refiere a situaciones de orden tributario. Se están invirtiendo 300 millones adicionales, fuera de los que ya están invertidos.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Señor diputado , primero se rendirá el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores y, posteriormente, pediré la unanimidad de la Sala para que el proyecto vaya a la Comisión de Hacienda.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor José Manuel Edwards.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 6920-10, sesión 19ª, en 4 de mayo de 2010. Documentos de la Cuenta N° 4.
Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 38ª, en 10 de junio de 2010. Documentos de la Cuenta N° 4.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor EDWARDS (de pie).-
Señora Presidenta, tengo a honra informar, en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, el proyecto de acuerdo mediante el cual su excelencia el Presidente de la República somete a la consideración de la Cámara de Diputados el Acuerdo que Aprueba el Acuerdo de Inversión entre la República de Chile y la República Oriental del Uruguay y sus Anexos, suscrito en Montevideo, Uruguay , el 25 de marzo del presente año.
El mensaje señala que, fruto de las buenas relaciones económicas y comerciales que históricamente han tenido ambas naciones, sus equipos negociadores han suscrito un Acuerdo sobre inversiones, en el marco del Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur y de la constitución de la Comisión Binacional de Comercio e Inversiones.
Uruguay constituye un atractivo mercado para la colocación de capitales chilenos, lo que se ve reflejado en el hecho de que en el período 1990-2009 los inversionistas chilenos concretaron en ese país proyectos por más de 700 millones de dólares. A pesar de que Uruguay es un mercado pequeño, existe una similitud en la estructura económica de ambos países y aquél presenta interesantes oportunidades para invertir, especialmente en las áreas de servicios, industrial y forestal. Están previstas inversiones chilenas en la República Oriental del Uruguay por más de 300 millones de dólares.
En el sector industrial, Chile ha invertido en Uruguay 329 millones de dólares, que representa el 47 por ciento de la inversión total chilena en esa nación, desde 1990 hasta el 2009, especialmente en la producción de papeles, cartones y pañales, envases, contrachapados, calzados, productos químicos, etcétera. En segundo lugar se ubican las inversiones en servicios, que representan un 31 por ciento del total. En tercer lugar están las inversiones en el sector agropecuario y, en especial, en el subsector forestal.
Las inversiones chilenas en Uruguay están cubiertas por un conjunto de acuerdos internacionales que facilita su accionar, entre los cuales están el Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur, el Convenio Bilateral de Seguridad Social y el Convenio para Evitar la Doble Tributación en Materia de Transporte Aéreo.
Este Tratado, que se cataloga de última generación, está estructurado sobre la base de 38 artículos, divididos en 3 Secciones, y sus Anexos.
La Sección A establece un sistema de disciplinas o principios que tienen por objeto la protección de los inversionistas extranjeros y sus inversiones, inspirado en el principio de no discriminación, que comprende: trato nacional, trato de nación más favorecida, nivel mínimo de trato, tratamiento en caso de contienda, requisitos de desempeño, altos ejecutivos y directorios, medidas disconformes, transferencias, expropiación e indemnización, formalidades especiales y requisitos de información, denegación de beneficios, inversión y medio ambiente, y tributación.
Con la aprobación de estas disciplinas, tanto los inversionistas como las inversiones extranjeras chilenas y uruguayas gozarán del mismo trato que los inversionistas nacionales.
La Sección B contempla un completo sistema de solución de controversias entre un inversionista de alguna de las partes y el Estado parte, que complementa el sistema de garantías o derechos señalados en la Sección A, y trata las siguientes materias: consultas y negociaciones, sometimiento de una reclamación a arbitraje, consentimiento de cada una de las partes al arbitraje, condiciones y limitaciones al consentimiento de cada parte, selección de los árbitros, realización del arbitraje, transparencia de las actuaciones arbitrales, derecho aplicable, interpretación de los Anexos, informes de expertos, acumulación de procedimientos, laudos y entrega de documentos.
Asimismo, se establece un procedimiento de solución de controversias entre Estados, compuesto de dos etapas: la primera, de negociación directa entre los Estados, y la segunda, de arbitraje, que constituye la etapa jurisdiccional del procedimiento.
En esta normativa se incorpora la posibilidad de un procedimiento arbitral entre las partes contendientes, posibilitando que el inversionista demandante pueda accionar ante un tribunal nacional perteneciente a la jurisdicción del Estado demandado o un tribunal arbitral internacional especializado en materias relativas a las inversiones internacionales, sea el Centro Internacional de Arreglo de las Controversias sobre Inversión, Ciadi , o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional o cualquier otra institución o reglamento de arbitraje que las partes contendientes escojan.
La sección C contiene las disposiciones finales del Acuerdo, relativas a transparencia, excepciones de seguridad, medidas para salvaguardar la balanza de pagos, negociaciones futuras, solución de controversias entre Estados, Anexos y notas al pie, entrada en vigor, terminación, adhesión y modificaciones al Acuerdo.
Asimismo, en relación con la transparencia, el Convenio garantiza la publicación de las leyes y regulaciones relativas a cualquier asunto comprendido por el Acuerdo y se establecen puntos de contacto para facilitar las comunicaciones entre las partes, pero sin descuidar la confidencialidad de la información que justifique este tratamiento.
Una materia importante de este Tratado la constituyen las reservas a las obligaciones contraídas, expresadas en los Anexos I, II y III, que tienen por objeto resguardar las sensibilidades de política comercial, tanto del Gobierno de Chile como del Gobierno de Uruguay, como, asimismo, velar por la compatibilidad de nuestro ordenamiento jurídico interno con los compromisos internacionales adquiridos, de modo de evitar posibles conflictos o contradicciones.
En resumen, este Acuerdo consagra un régimen jurídico para las inversiones recíprocas, moderno, claro y eficaz, que contribuye de manera importante a optimizar el ambiente de negocios para los inversionistas extranjeros de ambos países.
En el curso del debate que se suscitó en la Comisión, el Gobierno participó a través del ministro subrogante de Relaciones Exteriores , embajador señor Fernando Schmidt Ariztía ; del director subrogante de Asuntos Jurídicos , señor Álvaro Arévalo Cunich , y del jefe del Departamento Servicios , Inversiones y Transportes Aéreos, de la División Económica, señor Raimundo González .
El canciller señaló que este Acuerdo Bilateral de Inversiones suscrito entre las Repúblicas de Chile y Uruguay es un instrumento jurídico sofisticado que tiene por objeto el establecimiento de reglas claras y predecibles, que permitan a los inversionistas de ambos países poder adoptar decisiones de inversión en un ambiente de negocios más amigable y seguro.
Este Convenio remplaza el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca a las Inversiones vigente desde 1999, con el objeto de modernizar los compromisos y otorgar un nivel de protección más amplio a las inversiones de ambos países.
Finalmente, resaltaron el hecho de que este Tratado representa un hito significativo en la manera en que Chile enfrenta sus negociaciones de acuerdos de inversión, por cuanto incorpora aspectos jurídicos de última generación que, en sí mismos, representan un nuevo y poderoso estímulo a las inversiones recíprocas entre Chile y Uruguay.
La Comisión le dio su aprobación por unanimidad y solicita que esta Sala lo apruebe en los mismos términos.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana plantea que no es necesario que este proyecto de acuerdo sea conocido por la Comisión de Hacienda. Sin embargo, el diputado señor Enrique Jaramillo ha solicitado que vaya a dicha comisión, por lo que pido el asentimiento unánime de la Sala para acceder a su petición.
No hay unanimidad.
En discusión el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señora Presidenta, como no pertenezco a la Comisión de Relaciones Exteriores, leí rápidamente el informe para saber de qué trata este proyecto de acuerdo. Tengo entendido que es complementario a lo que fue un acuerdo que ya tenemos con Uruguay desde hace varios años. En 1995, nuestro país aprobó el Tratado de Libre Comercio con el Mercosur, que incluía, entre otros países, a Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil, al que, con posterioridad, han ingresado otros países.
Los sectores agrícolas regionales, insistentemente, han reclamado que el Tratado del Mercosur ha sido uno de los desastres más grandes que se han cometido en nuestro país, ya que ha causado un perjuicio no sólo a la agricultura nacional, sino que, en general, a gran parte de nuestra economía. Ese tratado se hizo en muy malas condiciones para nuestro país, principalmente para los sectores agrícolas. Incluso, hubo compensaciones de 500 millones de dólares, específicamente para la zona sur, a través de los suelos degradados, para compensar lo negativo que había sido este tratado de libre comercio para Chile.
Durante muchos años, hemos venido planteando que este tratado de libre comercio debe ser revisado y perfeccionado.
Al leer rápidamente este informe, siento que se mejora en algo -muy poco- lo que ha sido ese tratado tan nefasto para nuestro país. Por esa razón, creo que va en la línea correcta, por lo que quise intervenir solamente para decir que debe contar con nuestro apoyo, ya que facilita las inversiones y que los inversionistas de ambos países desarrollen sus negocios con mayor facilidad de lo que hoy lo están haciendo.
En consecuencia, en la medida en que seamos capaces como país de ir perfeccionando el acuerdo con el Mercosur para hacerlo amigable, para que sirva y que realmente le dé a Chile la fuerza que necesita para tener buenas relaciones con los países vecinos, con los que podamos compartir bien nuestro comercio y nos veamos todos favorecidos, no tengo dudas de que hay que apoyar todo proyecto que vaya en esa dirección.
Por eso, anuncio que vamos a votar a favor este proyecto de acuerdo.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señora Presidenta, insisto en que el proyecto debió ser analizado por la Comisión de Hacienda.
No entiendo por qué el diputado señor Joaquín Godoy se opuso a que la iniciativa sea vista por la Comisión de Hacienda. Él es miembro de dicha Comisión y debe saber lo que significa este proyecto: menos tributos para nuestras arcas fiscales. ¿Por qué digo esto? Porque se está aprovechando un beneficio que da el Mercosur que, como definió muy bien el diputado señor Ignacio Urrutia , ha sido un lastre hasta el día de hoy para el sector agrícola, particularmente la agricultura tradicional, sector que no se puede insertar como corresponde en un país que crece.
Hubiera sido interesante analizar este proyecto en la Comisión de Hacienda, porque los inversionistas tienen libertad para invertir. No soy perspicaz, sino agudo, pero en el siguiente sentido. Si vamos a invertir unos 300 millones de dólares más en ese país que nos da esas garantías, dinero que saldrá de Chile sin tributar, pues no hay doble tributación, de acuerdo con el Tratado del Mercosur, esas inversiones tienen que ser revisadas por Impuestos Internos y por el Ministerio de Hacienda, cuando se trata de controversias.
Estoy de acuerdo con el libre comercio y aplaudo cuando las inversiones llegan a Chile, pero me preocupa cuando salen del país, sobre todo en sectores que tienen mucha importancia en nuestro país, como sucede con el sector forestal. Uno de nuestros productos estrella es la celulosa, en el sector forestal. No obstante, estamos invirtiendo en el sector forestal en el extranjero, que compite directamente con nosotros.
Ésas son situaciones controversiales y, por lo tanto, deben ser analizadas más profundamente. Hay que tener cuidado con los tratados, para que no nos pase lo que nos sucedió con el Mercosur.
Ésa fue la razón que motivó mi petición de que este proyecto de acuerdo fuera visto por la Comisión de Hacienda, que además permitía lograr un mayor consenso en cuanto al beneficio del proyecto.
Debemos tener cuidado con nuestras inversiones, porque se están yendo por la tangente y pueden ser perjudiciales para sectores económicos de Chile.
Por lo tanto, señora Presidenta , le pido que más adelante solicite nuevamente la autorización de los colegas para que el proyecto vuelva a ser estudiado por la Comisión de Hacienda, trámite que no debiera ocupar más de algunas semanas, con el objeto de tener un mayor conocimiento de la materia.
Sin lugar a dudas, votaré a favor del proyecto, pero insisto en mi petición.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Estay.
El señor ESTAY.-
Señora Presidenta, tal como dijo el ministro subrogante de Relaciones Exteriores en nuestra Comisión de Relaciones Exteriores, este acuerdo simplemente remplaza el tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito en 1999.
Especial mención merece que el acuerdo mejora todo el sistema de controversias que pueden suscitarse entre las partes, mediante el sistema de consultas.
En mi opinión, el acuerdo va en la dirección correcta, pues favorece a inversionistas chilenos y uruguayos, especialmente en las áreas de servicios, industrial y forestal.
Por lo tanto, voy a votarlo favorablemente.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Corresponde votar el proyecto que aprueba el Acuerdo de Inversión entre la República de Chile y la República Oriental del Uruguay y sus Anexos, suscrito en Montevideo, Uruguay, el 25 de marzo de 2010.
Hago presente a las señoras diputadas y a los señores diputados que, según lo resuelto por la Comisión de Relaciones Exteriores, todas las normas del Acuerdo requieren quórum de ley simple para su aprobación.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
Despachado al Senado.
PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL ACUERDO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. Primer trámite constitucional.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
Corresponde tratar el proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, aprobado en Nueva York el 9 de septiembre de 2002.
Diputados informantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana y de Hacienda son los señores Carlos Abel Jarpa y Ernesto Silva, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 6842-10, sesión 125ª, en 10 de marzo de 2010. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana. Documentos de la Cuenta N° 2 de esta sesión.
-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 3 de esta sesión.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).-
Para rendir el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO (de pie).-
Señora Presidenta , en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo que otorga a la Corte Penal Internacional personalidad jurídica internacional, capacidad jurídica y los privilegios e inmunidades necesarias para el desempeño de sus funciones y la realización de sus propósitos.
Este Acuerdo se convino en virtud de lo dispuesto en los artículos 4 y 48 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Fue aprobado por la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, en Nueva York, el 9 de septiembre de 2002, y entró en vigor internacional el 22 de julio de 2004. A la fecha, 63 Estados son Partes del Acuerdo.
Al suscribir este Tratado, los Estados Partes tuvieron en cuenta tres factores principales:
Primero, el establecimiento de la Corte Penal y su competencia sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional;
Segundo, que conforme lo dispone el artículo 4 del Estatuto de Roma, la Corte tendrá personalidad jurídica internacional y la capacidad jurídica que sea necesaria, y
Tercero, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del mismo texto legal, la Corte gozará en el territorio de cada Estado Parte de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
Lo anterior determina que la Corte Penal Internacional tendrá personalidad jurídica internacional y también la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y el cumplimiento de sus propósitos, en particular para celebrar contratos, adquirir y disponer de bienes muebles e inmuebles y participar en procedimientos judiciales.
Asimismo, la Corte, sus haberes, ingresos y otros bienes, así como sus operaciones y transacciones, estarán exentos de todos los impuestos directos, que incluyen, entre otros, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el capital, el impuesto a las sociedades y los impuestos directos que perciban las autoridades locales o provinciales. Además, la Corte estará exenta de derechos de aduana, impuestos sobre el volumen de las importaciones y prohibiciones o restricciones respecto de los artículos que importe o exporte para su uso oficial y respecto de sus publicaciones.
Este Tratado otorga a la Corte, en el territorio de cada Estado Parte, un trato no menos favorable que el que éste conceda a cualquier organización intergubernamental o misión diplomática en materia de prioridades, tarifas o impuestos aplicables a las diversas formas de comunicación y correspondencia.
Igualmente, se otorgan ciertos privilegios e inmunidades a representantes de Estados Parte, representantes de otros Estados y representantes de los Estados y de las organizaciones intergubernamentales invitados o en calidad de observadores, que participen en la Asamblea o sus órganos subsidiarios; a representantes de Estados que participen en las actuaciones de la Corte mientras estén desempeñando sus funciones oficiales y durante el viaje de ida hasta el lugar de las actuaciones y de vuelta de éste.
Asimismo, se establece que la Corte cooperará en todo momento con las autoridades competentes de los Estados Partes para facilitar el cumplimiento de sus leyes e impedir que las personas abusen de los privilegios, las inmunidades y las facilidades que se les conceden, y que éstas estarán obligadas a respetar las leyes y reglamentos del Estado Parte en cuyo territorio se encuentren o por el que transiten en ejercicio de sus funciones para la Corte y a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado.
No menos importante es el hecho de que los privilegios e inmunidades podrán renunciarse fundado en que ellos se otorgan para salvaguardar el ejercicio independiente de sus funciones y no en beneficio personal.
Por último, cabe señalar que la Corte está facultada para adoptar las disposiciones sobre los medios apropiados para solucionar las controversias que emanen de contratos o se refieran a otras cuestiones de derecho privado en que la Corte sea parte; o que se refieran a cualquiera de las personas mencionadas en el presente Acuerdo que, en razón de su cargo o función en relación con la Corte, gocen de inmunidad, si no se hubiese renunciado a ella.
Me he referido a las principales disposiciones de este Tratado, por lo que debo precisar que en el informe correspondiente se detallan, con mayor acuciosidad, las distintas materias que involucra.
No puedo dejar de recordar que el establecimiento de la Corte Penal Internacional significó un esfuerzo muy grande, que motivó diferencias y desencuentros, pero, finalmente, el 29 de junio de 2009, Chile depositó en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, el instrumento ratificatorio por el cual nuestro país adhiere al Estatuto de Roma.
La suscripción de este Acuerdo marcó un hito en la lucha de todos los hombres por tener una justicia internacional y en el plano interno significó la convergencia de voluntades de este Parlamento para aprobar la ley N° 20.357, que tipifica los delitos de genocidio, de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión, que adecúa y perfecciona la legislación chilena a las conductas sancionadas en el referido instrumento internacional.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda , señor Ernesto Silva.
El señor SILVA (de pie).-
Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional.
La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados por un mensaje de su excelencia la Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet Jeria .
Durante el análisis del proyecto, asistió a la Comisión el señor Álvaro Arévalo , subdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores .
El propósito de la iniciativa consiste en la aprobación del Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, aprobado en Nueva York, en 2002.
Este Acuerdo se convino en virtud de lo dispuesto en los artículos 4 y 48 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que establecen, respectivamente, que dicha Corte tendrá personalidad jurídica internacional, capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y la realización de sus propósitos y que gozará, en el territorio de cada Estado Parte, del estatuto de los privilegios e inmunidades necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
El referido Acuerdo entró en vigor internacional el 22 de julio de 2004.
El Acuerdo contiene un Preámbulo y 39 artículos.
Con respecto a los artículos de competencia de la Comisión de Hacienda -es decir, aquellos que contienen disposiciones relativas a materias financieras o presupuestarias-, cabe mencionar lo siguiente:
En el artículo 8° se estatuye que la Corte, sus haberes, ingresos y otros bienes, así como sus operaciones y transacciones, estarán exentos de todos los impuestos directos, que incluyen, entre otros, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el capital y el impuesto a las sociedades y los impuestos directos que perciban las autoridades locales o provinciales. Se entenderá, sin embargo, que la Corte no podrá reclamar la exención del pago de los gravámenes que constituyan de hecho la remuneración de servicios prestados a una tarifa fija. Además, la Corte estará exenta de derechos de aduana, impuestos sobre el volumen de las importaciones y prohibiciones o restricciones respecto de los artículos que importe o exporte para su uso oficial y respecto de sus publicaciones.
En el artículo 9° se prescribe que la Corte, como regla general, no reclamará la exención de los derechos y/o impuestos incluidos en el precio de bienes muebles o inmuebles ni de los derechos pagados por servicios prestados.
En el artículo 10, referido a los “Fondos y exención de restricciones monetarias”, se estipula que la Corte no quedará sometida a controles financieros, reglamentos o moratorias financieros de índole alguna en el desempeño de sus funciones y podrá tener fondos en moneda de cualquier tipo u oro y operar cuentas en cualquier moneda.
En el artículo 11 se otorga a la Corte, en el territorio de cada Estado parte, un trato no menos favorable que el que éste conceda a cualquier organización intergubernamental o misión diplomática en materia de prioridades, tarifas o impuestos aplicables a las diversas formas de comunicación y correspondencia.
En el artículo 12 se consigna que si la Corte considera conveniente sesionar en un lugar distinto de su sede de La Haya, Países Bajos, podrá concertar un acuerdo con el Estado de que se trate respecto de la concesión de las facilidades adecuadas para el ejercicio de sus funciones.
El Acuerdo, además de brindarle a la Corte privilegios e inmunidades como organización internacional, otorga ciertos privilegios e inmunidades especiales en los artículos 13 a 23.
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento del proyecto de acuerdo en informe.
En el debate de la Comisión, el señor Álvaro Arévalo planteó que el proyecto de acuerdo tiende a regular la eventualidad de que la Corte Penal Internacional pueda funcionar en nuestro país, o de que algún funcionario de la Corte realice alguna gestión jurídica vinculada con sus actividades en Chile, y para este efecto se establece una serie de privilegios e inmunidades que son bastante comunes en cuanto a la regulación jurídica de organizaciones internacionales.
Agregó que la aprobación de este Acuerdo dice relación con la cooperación de Chile en el proceso de implementación de la Corte Penal. El señor Arévalo explicó que ya se encuentra aprobado el Estatuto de la Corte y se han tipificado los crímenes que serán de su competencia.
Dando respuesta a diversas inquietudes formuladas en la Comisión, el señor Arévalo señaló que los privilegios que establece este Acuerdo tienen el mismo fundamento que las inmunidades diplomáticas, esto es, proteger al organismo internacional y a sus funcionarios frente a los órganos jurisdiccionales de un determinado Estado.
El diputado señor Macaya lamentó que el Acuerdo no contemplara una distinción clara entre inmunidades civiles y penales. Sugirió plantear una declaración interpretativa en la materia, a fin de que las inmunidades en materia civil no se hagan extensivas a situaciones que no tienen relación con la actividad particular de la Corte y de sus funcionarios como, por ejemplo, en materia hereditaria, patrimonial, filiación, entre otras.
El señor Arévalo sostuvo que la posibilidad de formular una declaración interpretativa está abierta; sin embargo, por el carácter eventual de la función de la Corte y sus funcionarios en nuestro país, consideró que no se justifica hacerlo.
Cabe hacer presente que si bien el acuerdo no irrogaba más gastos para el Estado, no hay informe financiero que se haya acompañado, al menos hasta el momento del inicio de esta sesión. Eso debiera acompañarse.
Teniendo presente los antecedentes de la iniciativa y las consideraciones expuestas en la Comisión, fueron revisados los artículos pertinentes y sometido a votación el artículo único del proyecto de acuerdo, que fue aprobado por 11 votos a favor y uno en contra.
Fue tratado y acordado en sesión de fecha 15 de junio de 2010, con la asistencia de los diputados señores Von Mühlenbrock, don Gastón ( Presidente ); Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Monckeberg, don Nicolás ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto , y quien habla.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).-
En discusión el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado Javier Macaya.
El señor MACAYA.-
Señora Presidenta, el ingreso de Chile a la Corte Penal Internacional ha sido ampliamente debatido en el pasado y ha tenido un trámite legislativo bastante extenso.
Es importante señalar que el Acuerdo viene a complementar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado por nuestro país.
Sin embargo, quiero puntualizar algo que ya hemos señalado en la Comisión de Hacienda. Consideramos genéricas las inmunidades señaladas. Hicimos ver que los privilegios e inmunidades establecidos están descritos en términos muy genéricos, sin hacer una distinción específica sobre si estamos hablando de inmunidades de jurisdicción civil o penal.
Si bien el señor Arévalo ha hecho la distinción en la Comisión y ha expresado que se trata solamente de inmunidades en el ejercicio del cargo, es bien importante señalar que la Convención de Viena, específicamente en su artículo 31, establece la posibilidad de ejercer ciertas acciones civiles contra los agentes diplomáticos en el marco de las relaciones de familia, filiación, patrimonial, bienes hereditarios, etcétera.
En ese sentido, en la Comisión planteamos la declaración interpretativa que, lamentablemente, no ha sido recogida por el Ejecutivo, pero consideramos pertinente hacer el planteamiento y, en el caso de no ser considerado, para nosotros es importante que quede en la historia fidedigna de la ley.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señora Presidenta , éste ha sido un tema bastante debatido. Como dijo el diputado Macaya , por lo menos su planteamiento quedará en la historia fidedigna de la ley.
Algunos estábamos de acuerdo con su posición, pero no pasó más allá; sin embargo, es bueno tenerlo en cuenta.
La validez o fundamento mayor de la Corte Penal Internacional es su independencia. Sabemos que es un órgano no dependiente de la Organización de Estados Americanos ni de la Organización de las Naciones Unidas. Por lo tanto, para quien habla lo más importante es su independencia.
El Estatuto de Roma tardó varios años en ser ratificado por Chile. Los colegas recordarán la publicidad, no engañosa, sino real y de acuerdo a los postulados de este país, que muchas veces veíamos en las carreteras cuando viajábamos al Congreso, hace algunos años. No obstante ello, llegó a concretarse por la concurrencia de voluntades políticas comprometidas con la democracia. Eso debe hacernos sentir bien.
Del mismo modo, la aprobación de este acuerdo permitió, hace un año, que en la legislación chilena se tipificara el genocidio, que no estaba considerado, pero, como manifestó el diputado Macaya , algunos organismos nos instruyeron sobre la necesidad de incorporarlo, así como los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, especialmente.
La Corte Penal Internacional puede realizar sesiones fuera del territorio en que se encuentra su sede -esto es, La Haya, Países Bajos- y efectuar actuaciones jurisdiccionales en cualquiera de los Estados parte del Tratado.
Por tal razón, sus representantes requieren poseer una serie de privilegios e inmunidades similares a los que se otorgan a los funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas, para ejercer su labor con libertad e independencia. Y entre esos privilegios e inmunidades se encuentran, por ejemplo, la inviolabilidad de los locales de la Corte y de sus bienes, haberes y fondos; la inviolabilidad de sus archivos y documentos, la exención de impuestos, derechos de aduana y restricciones de importación o exportación, reembolso de derechos y/o impuestos pagados, lo relativo a los fondos y excepción de restricciones monetarias, facilidades de comunicaciones, entre otros. De ahí, entonces, el por qué del análisis del proyecto de acuerdo por parte de la Comisión de Hacienda.
Y reitero que el acuerdo también consagra privilegios e inmunidades para determinadas personas que forman parte de la Corte.
En razón de que este instrumento otorga algunas exenciones de tipo tributario, debió ser conocido por nuestra Comisión de Hacienda. Sin embargo, ello no implica mayores gastos para el país, sino sólo una menor recaudación por las actuaciones de las personas afectas a los privilegios e inmunidades y por los locales sede que, eventualmente, pueden instalarse en el territorio nacional.
Considerando que la aprobación de este acuerdo se encuentra en el camino de favorecer la pronta implementación del Tratado de Roma en Chile, anuncio que daremos nuestra aprobación a lo propuesto por las Comisiones de Relaciones Exteriores, con el relato bastante fundamentado del diputado René Saffirio , y de Hacienda, con el fuerte argumento contenido en el informe del diputado Ernesto Silva .
Por otra parte, quiero hacer un reconocimiento a quien nos dio bastantes fundamentos para llegar a lo que tenemos hoy: la Corporación Humanas, una de las ONG que luchan por los derechos humanos, que nos proporcionó muchos antecedentes para entender mejor este proyecto que, con toda seguridad, aprobaremos por unanimidad.
Por lo tanto, anuncio mi voto favorable a la iniciativa.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).-
Tiene palabra el diputado señor Cardemil.
El señor CARDEMIL.-
Señora Presidenta , plantearé dos cuestiones previas de índole general, que constituyen una especie de declaración de quien habla.
En primer lugar, en cuanto a la creación de tribunales internacionales y al otorgamiento de atribuciones y privilegios, tengo un criterio restrictivo, porque todos debemos tener claro que eso significa cesión de la soberanía nacional a otras instancias. Yo sigo creyendo en la soberanía, en la autodeterminación de los países, en la forma como se conducen y en las decisiones absolutamente autónomas. Ésa es la manera en que avanza el mundo y la forma como se constituyen las relaciones adecuadas entre los países.
Por lo tanto, en la materia que nos ocupa, tengo -insisto- un criterio restrictivo, desde una perspectiva conceptual.
Y desde el punto de vista práctico, también tengo un criterio restrictivo.
En las sociedades modernas es difícil encontrar un estamento con un poder más contundente, más decisivo, que los jueces. Ellos deciden la justicia, lo que corresponde a cada uno y, en definitiva, son las autoridades menos fiscalizables.
Entonces, para un país, para una democracia, es tranquilizador saber quiénes son sus jueces, cómo se nombran, cómo viven, qué opinan y cuáles son sus sentencias. Ésa es una forma de control social que no le quita autonomía al Poder Judicial , pero que a uno le da tranquilidad en cuanto a que este Poder del Estado está funcionando del modo que corresponde, en la manera que le es privativa, que es administrar justicia y administrarse justicia a sí mismo.
Dicho lo anterior, entraré en la materia que nos convoca.
Me preocupa el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional y de sus ministros, porque, a mi juicio, las atribuciones e inmunidades que por esta vía se les dan a los jueces no solamente son vagas, sino francamente exageradas.
Se otorga -y lo afirmo claramente- a la Corte Penal Internacional y a sus jueces privilegios, inmunidades y atribuciones que ni siquiera les damos a los jueces chilenos.
En el número 4 de los contenidos del acuerdo: “Privilegios e inmunidades de la Corte”, figura un acápite que dice que la Corte y sus bienes, haberes y fondos, dondequiera y en poder de quienquiera que se hallen, gozarán de inmunidad de jurisdicción en todas sus formas, salvo que la Corte renuncie expresamente a ella en un caso determinado.
Y el artículo 6 del Acuerdo -que no está incorporado en el informe- señala: “Los bienes, haberes y fondos de la Corte, dondequiera y en poder de quienquiera que se hallen, gozarán de inmunidad de allanamiento, incautación, requisa, decomiso y expropiación y cualquier otra forma de interferencia, ya sea de carácter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo.”. Esto es dejar fuera de la ley chilena, ya sea penal, civil, de familia o laboral los bienes, haberes y fondos de la Corte y de sus miembros. Me parece completamente exagerado.
Continúo. El número 16 de los contenidos: “Arreglo de controversias con terceros”, señala: La Corte está facultada para adoptar las disposiciones sobre los medios apropiados para solucionar las controversias” -¡atención!- “que dimanen de contratos o se refieran a otras cuestiones de derecho privado en que la Corte sea parte; o que se refieran a cualquiera de las personas mencionadas en el presente Acuerdo que, en razón de su cargo o función en relación con la Corte, gocen de inmunidad, si no se hubiese renunciado a ella (artículo 31).”.
Y me voy al artículo 31 del Acuerdo, página 25, que dice: “La Corte, sin perjuicio de las atribuciones y funciones de la Asamblea de conformidad con el Estatuto, adoptará las disposiciones sobre los medios apropiados de arreglo de la controversias:
a) Que dimanen de contratos o se refieran a otras cuestiones de derecho privado en que la Corte sea parte;
b) Que se refieran a cualquiera de las personas mencionadas en el presente Acuerdo que, en razón de su cargo o función en relación con la Corte, gocen de inmunidad, si no se hubiese renunciado a ella.”.
Esto significa apartar el derecho de los contratos, o sea, dejar la norma que va a regir los contratos al margen de toda la legislación chilena: civil, laboral, penal e, incluso, de familia. Es decir, es perfectamente posible que el día de mañana la Corte o sus funcionarios se inmiscuyan en una situación de incumplimiento de un contrato de arriendo y ahí no va a regir la ley chilena. Lo mismo puede ocurrir respecto de un contrato laboral -esto es muy delicado-, porque un trabajador o un funcionario de la Corte no va a poder demandar a los jueces o a la institución, de acuerdo con la ley laboral chilena, lo que me parece completamente exagerado.
Entiendo que la Corte Penal Internacional ya es un hecho, porque nuestro país ya suscribió el Estatuto de Roma; también entiendo que la Corte y sus miembros tienen que tener la autonomía y atribuciones para cumplir su función, pero me parece que lo que se concluyó como Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional es vago, exagerado y compromete la soberanía chilena, porque deja de aplicarse la ley chilena en una serie de situaciones, lo cual me parece exagerado.
En consecuencia, mientras no reciba mejores explicaciones que las que he recibido hasta ahora, por lo menos, me voy a abstener o voy a votar en contra de este proyecto de acuerdo aprobatorio.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado don Jorge Burgos.
El señor BURGOS.-
Señora Presidenta , cada vez que Chile firma convenios internacionales de esta naturaleza, necesariamente está votando por anexos como estos. La Corte Penal Internacional no podría funcionar sin un sistema de inmunidades. Todos los tratados internacionales de este tipo requieren de esa condición. De no ocurrir aquello, este tipo de instituciones jurisdiccionales no podría funcionar de buena manera.
No se trata de volver a la discusión de fondo, que aletargó por muchos años la suscripción de Chile a la Corte Penal Internacional. Recordemos que sólo en las postrimerías del gobierno de Michelle Bachelet se logró aprobar el Estatuto de Roma. Hubo una larga discusión, en la cual participamos en polos opuestos quienes estábamos en las bancadas de la Concertación versus quienes estaban en las bancadas de la Alianza. Sin embargo, esa discusión terminó con una buena noticia, porque se consiguieron los votos y se aprobó este Estatuto, lo que nos puso en una situación simétrica con los países democráticos del mundo. Ésa es mi modesta opinión. Y este Anexo -como decía el diputado informante - es una consecuencia de lo anterior.
No obstante eso, aun cuando considero indispensable que lo votemos favorablemente, quiero hacer un par de preguntas. Desgraciadamente, en este momento no hay nadie en la Sala de la Comisión de Relaciones Exteriores que responda mis inquietudes.
En el inciso primero del artículo 9° del Acuerdo se establece lo siguiente:
“La Corte, por regla general, no reclamará la exención de los derechos y/o impuestos incluidos en el precio de bienes muebles o inmuebles ni de los derechos pagados por servicios prestados. Sin embargo, cuando la Corte efectúe compras importantes de bienes y artículos o servicios destinados a uso oficial y gravados o gravables con derechos y/o impuestos identificables, los Estados Partes tomarán las disposiciones administrativas del caso para eximirla de esos gravámenes o reembolsarle el monto del derecho y/o impuesto pagado.”.
¿Dónde está calificado lo que se entiende por “compras importantes”? Como está redactado es muy laxo. ¿Qué se entiende por compras importantes? ¿Quién define la importancia de la compra?
El señor TARUD.-
La Corte Penal Internacional.
El señor BURGOS.-
El diputado don Jorge Tarud me señala que es la Corte quien define la importancia de las compras, lo que nos deja en una situación bastante compleja desde el punto de vista de la definición, salvo que en alguna parte hubiera algún anexo donde se entienda que, según la costumbre, para los organismos internacionales son compras importantes, por ejemplo, las que superan el millón de dólares. Dejo planteada la interrogante.
Lo segundo es respecto del artículo 10 del Acuerdo. Probablemente, mi pregunta es respecto de toda la disposición. El precepto dice:
“Artículo 10
-Fondos y exención de restricciones monetarias.
1. La Corte no quedará sometida a controles financieros…
El señor JARAMILLO .-
Porque tiene inmunidad.
El señor BURGOS.-
Está bien, colega Jaramillo ; sé que tiene inmunidad.
Pero mi pregunta está dirigida a otro punto: ¿Esta ausencia de todo control financiero para cualquiera operación se entiende que es para la Corte como persona jurídica y no alcanza a las personas naturales que trabajan en la Corte?
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).-
Señor diputado , desgraciadamente, los dos diputados informantes no se encuentran en la Sala en este momento. Por tanto, dejaremos las respuestas pendientes para el final de la discusión.
Tiene la palabra el diputado don Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).-
Señora Presidenta , Chile tiene una larga tradición de promoción de los derechos humanos a nivel internacional. Fue una parte vital en la elaboración de la Carta de las Naciones Unidas y siempre ha tenido un protagonismo internacional relevante, que nos ha permitido decir que tenemos ganado este prestigio internacional, porque siempre hemos sido parte originaria de muchos de los tratados internacionales de derechos humanos.
Tanto es así que, en 1998, cuando se aprobó la Convención de Roma que creó el Estatuto de la Corte Penal Internacional, Chile fue uno de los primeros países que firmó, lo que, sin duda, puso a nuestro mundo a buen resguardo.
Todos quienes nos hemos dedicado a la defensa de los derechos humanos entendíamos que la Corte Penal Internacional era esencial para el buen funcionamiento de nuestro mundo, porque no era posible seguir creando tribunales especiales como los que había creado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que actuaban -lo digo con mucho respeto- fuera de la legalidad internacional, que juzgaban a personas, les imponían sanciones y penalidades, pero, a mi entender, esas creaciones jurídicas estaban alejadas de lo que debió haber sido.
Por eso, cuando fuimos parte de esa Primera Convención de Roma que crea la Corte Penal Internacional, creamos un tribunal imparcial, independiente de las Naciones Unidas, que iba a juzgar a todos los que violaran los derechos esenciales en este mundo nuestro, fundamentalmente, en tres tipos de delitos internacionales. Es importante saber bien -y creo que quienes forman parte del Congreso Nacional lo saben muy bien- que lo que aprobó la Convención de Roma está relacionado con tres delitos en los cuales tiene que haber persecución penal internacional: genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Bien saben los colegas que otro delito contemplado en el llamado Estatuto de Roma que no se pudo tipificar es el llamado delito de agresión, debido a la oposición que impuso un país.
Hoy estamos hablando - eso es lo relevante- de ahondar nuestro compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos a nivel mundial. Estamos convocados, ni más ni menos, a que cada uno de los chilenos y chilenas sigamos siendo ciudadanos del mundo, defendido y protegido por un tribunal que hoy nació a la luz pública y que nos ampara.
Hoy, ningún chileno y chilena puede cometer delitos de genocidio, crímenes de guerra ni de lesa humanidad. Si los tribunales chilenos no cumplen con su labor de perseguir a sus responsables, habrá un tribunal internacional que sí lo hará. Ello transforma a cada uno de nosotros en ciudadanos del mundo protegidos por un tribunal internacional. Esto es de gran relevancia, porque nos hará sentir que ya no estaremos solos en el mundo. ¿Por qué? Porque -repito- estaremos amparados y protegidos por un tribunal que nos cuidará. Sin embargo, ese tribunal necesitará mayor independencia para cumplir con su labor jurisdiccional como corresponde. Eso es lo que estamos votando hoy.
Este Acuerdo tiene por objeto darle independencia a un tribunal internacional para que sus fallos no sean sometidos a ningún tipo de interferencia política, es decir, para que nadie diga que está cumpliendo su labor al margen del estado de derecho.
Hoy, se impone la necesidad de aprobar este Acuerdo, por supuesto, en los mismos términos en que lo hizo la Organización de las Naciones Unidas. Hay 60 y tantos países -no recuerdo el número exacto- que ya aprobaron el Acuerdo. Se trata de un instrumento fundamental, necesario, indispensable, porque un tribunal que no es independiente actúa al margen de la justicia y del estado de derecho.
No son nuevas las prerrogativas e inmunidades que se dan a los integrantes de la Corte Penal Internacional; las conocemos desde la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas. Son privilegios -antiguamente se les llamaba prerrogativas- necesarios para que un funcionario internacional lleve a cabo sus labores. Nadie podría entender que un tribunal internacional cumplirá su trabajo como corresponde si no aseguramos ciertas inmunidades y privilegios a las personas que forman parte de él.
Respecto de los bienes de la Corte Penal Internacional, no hay nada nuevo. Ya está establecido en la Convención de Viena, que se refiere, precisamente, a los tratados, la necesidad de conceder inmunidades y privilegios a ciertos funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque debemos protegerlos y cuidarlos. Es una necesidad que se nos impone como Estado.
Si el día de mañana algunos funcionarios internacionales chilenos que trabajan en la Organización de las Naciones Unidas o en la OEA van a un país extranjero a cumplir altas funciones, como velar por el respeto de los derechos humanos, lo menos que podemos esperar es que no sean encarcelados ni sus bienes decomisados, o que deban llevar a cabo una serie de gestiones diplomáticas para liberarlos o devolverles sus bienes. Es una necesidad imperiosa que las Naciones Unidas y la OEA ya han entendido. Repito, de la lectura de la Convención de Viena sobre los tratados se desprende que hay que respaldar y cuidar a los funcionarios internacionales.
Si alguien afirma que las prerrogativas e inmunidades que se les están otorgando a los funcionarios internacionales son vagas o excesivas, le puedo decir que sin ellas un funcionario de esa categoría, en particular un integrante de la Corte Penal Internacional, no podría cumplir debidamente su mandato.
Hoy, se hacen gárgaras con la soberanía nacional; no hay nadie en el mundo que se pueda negar a reconocerla. Sin embargo, el artículo 5° de la Constitución Política de la República establece en forma categórica que la soberanía nacional cede ante los derechos humanos. Nadie lo puede negar. En la actualidad, hay una comunidad internacional que resguarda los derechos humanos de cada uno de los individuos que viven en Chile, Argentina, Perú y en el resto del mundo. La soberanía nacional no es impedimento para que una corte internacional cumpla su labor en este país como corresponde.
En consecuencia, estamos enfrentados a un asunto de la mayor relevancia: seguir resguardando los derechos de los chilenos y de las chilenas. ¿Cómo podemos hacerlo? Otorgando independencia a la Corte Penal Internacional para que pueda cumplir el mandato que emana del Estatuto de Roma con total independencia y autonomía. Este Acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas da, precisamente, la posibilidad de que el día de mañana los funcionarios de la Corte Penal Internacional puedan actuar con total seguridad, no sólo en nuestro país, sino en cualquier otro que haya aprobado el Estatuto de Roma.
Por ende, no hay obstáculo ni pretexto alguno, como podría ser la soberanía nacional, que impida aprobar este Acuerdo. Votarlo en contra es votar en contra de los derechos humanos de los habitantes de nuestro país; votarlo en contra es negarle viabilidad a la Corte Penal Internacional, dejando, por cierto, en la indefensión a los chilenos y a las chilenas.
Quienes hemos luchado durante tantos años porque nuestros habitantes estén seguros, por que no sean víctimas de delitos tan graves como el genocidio, la tortura y la desaparición forzada, entendemos la relevancia que reviste la aprobación de este Acuerdo. Si queremos dar más protección a los chilenos y a las chilenas tenemos que aprobar -sin dudarlo y ojalá, en forma unánime- este Acuerdo, que va en directo beneficio y protección de todos los chilenos y chilenas y de todos los habitantes del mundo.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).-
Tiene la palabra a la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señora Presidenta , en primer lugar, estoy sorprendida de que se nos presente este proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional porque, hace aproximadamente un año, aprobamos en el Congreso Nacional, con el voto en contra de algunos diputados de nuestras bancadas, la creación de dicha Corte.
Entonces, resulta sorpresivo este nuevo Acuerdo que otorga privilegios e inmunidades a quienes forman parte de la Corte Penal Internacional, incluyendo a quienes vivan en nuestro país, como lo dispone el artículo 3° del Acuerdo: “La Corte gozará en el territorio de cada Estado parte de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus propósitos.”
Si seguimos leyendo el texto del Acuerdo, no puede dejar de sorprender, por ejemplo, el artículo 5°, que señala: “La Corte tendrá derecho a enarbolar su pabellón y a exhibir su emblema y sus señales en sus locales y en los vehículos y otros medios de transporte que utilice con fines oficiales.”
Pregunto, ¿acaso nuestras cortes también tienen derecho a enarbolar banderas y a tener vehículos que circulen por nuestras calles con sus emblemas? Francamente, nunca lo he visto y estoy segura de que no es así.
El número 1 del artículo 6° del Acuerdo dispone: “La Corte y sus bienes, haberes y fondos, dondequiera y en poder de quienquiera que se hallen, gozarán de inmunidad de jurisdicción en todas sus formas, salvo en la medida en que la Corte renuncie expresamente a ella en un caso determinado. Se entenderá, sin embargo, que la renuncia no será extensible a ninguna medida de ejecución.”
El artículo 7° se refiere a que los archivos y los documentos de la Corte serán inviolables.
Además, gozará de exenciones de impuestos, derechos de aduana y restricciones de importación o exportación, que no rigen para las cortes nacionales.
Asimismo, estará autorizada para sesionar en un país distinto de su sede de La Haya, Países Bajos.
Pese a mi ignorancia en materia de convenios internacionales, porque no participo en ellos y no me paseo por la Organización de las Naciones Unidas aprobándolos, considero que son privilegios francamente increíbles.
El artículo 24 se refiere a que la Corte cooperará en todo momento con las autoridades competentes de los Estados parte. Así las cosas, por ejemplo, la Corte Suprema, a pesar de haber fallado un asunto determinado, tendrá que colaborar con los funcionarios de la Corte Penal Internacional.
Por último, en el mismo artículo hay una contradicción, al establecer que todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades estarán obligadas a respetar las leyes y reglamentos del Estado parte en cuyo territorio se encuentren o por el que transiten en ejercicio de sus funciones para la Corte, y que también estarán obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado.
Francamente, no entiendo nada porque, por una parte, van a gozar de inmunidades y privilegios y, por otra, no podrán inmiscuirse en los asuntos internos del Estado Parte. Entonces, ¿para qué vienen? Más allá de que nos guste o no nos guste, después de que nuestras cortes hayan fallado, vendrán a cuestionar sus fallos.
Utilizan unos pasaportes especiales que deben tramitarse con la mayor rapidez posible, privilegio que no tiene ningún chileno.
Definitivamente, éste es un poder extranjero que se instalará en el territorio nacional. Repito, es un poder extranjero en nuestro territorio. Será moderno, como dijo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Francamente, por muy moderno que sea, como chilena, no estoy de acuerdo. Es una intromisión en nuestra soberanía.
Si me dicen que no somos un país soberano, me pregunto, entonces, ¿qué somos? ¿Qué ha hecho la Corte Suprema sobre estos privilegios, aparte de que ya se aprobó la existencia de un tribunal internacional?
El Estado de Chile está conformado por tres Poderes: el Ejecutivo , el Legislativo y el Judicial. El Presidente de la República nombra a los miembros de la Corte Suprema, con acuerdo del Senado. Luego, ¿estos serán cuestionados por un tribunal extranjero que nada tiene que ver?
Como parlamentarios no podemos inmiscuirnos en los temas en que se pronuncia la Corte Suprema. A lo mejor, todos tendríamos alguna situación que plantearle. En lo personal, tengo algo que preguntarle, pero no puedo hacerlo. Luego, ¿cómo se va a permitir a un tribunal extranjero que lo haga?
Por otro lado, como diputados, somos soberanos en nuestras decisiones. ¿Nos gustaría que un poder legislativo extranjero viniera a decirnos cómo tenemos que trabajar y a cuestionar nuestras decisiones democráticas?
El diputado que me antecedió en el uso de la palabra, expresó que con la aprobación de este Acuerdo sobre privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional se dará mayor respeto a los derechos humanos respecto de las situaciones que surjan en el país.
Al respecto, me pregunto ¿será cierto que esta Corte Penal Internacional vendrá a reclamar porque no se le dan beneficios carcelarios a las personas detenidas por supuesta violación a los derechos humanos? ¿Le dirán que está mal hecho que no se hayan dado beneficios carcelarios, por ejemplo, como afirmó el abogado Salazar , a una persona que se estaba muriendo o a otras que estaban pidiendo derechos carcelarios para morir junto a su familia, beneficios que les fueron denegados? ¿La Corte Penal Internacional considerará que eso está mal y realizará exigencias a nuestra Corte? No lo creo.
También tengo incógnitas sobre otras situaciones.
En 2009, se aprobó un tratado relacionado con los crímenes de lesa humanidad. Por supuesto que no puedo estar de acuerdo con ese tipo de crímenes, ni con los crímenes de guerra, ni con los genocidios. Pero, ahora se está aplicando en nuestro país en forma retroactiva, porque la ley así lo planteó a partir de ese año.
En fin, tengo muchas dudas. Pero, sobre todo, como dije al principio, mi sorpresa es que estos miles de privilegios que se dan a esta corte extranjera, no se otorgan a los jueces chilenos, ni siquiera a los miembros de la Corte Suprema.
Por eso, me pregunto si esto se ha planteado al Tribunal Constitucional y si la Corte Suprema se ha cuestionado sobre estos privilegios.
Me gustaría que me respondieran esas incógnitas.
Por lo expuesto, votaré en contra del proyecto de acuerdo, porque estoy por la defensa de nuestra soberanía y por creer que Chile todavía es un país libre y soberano, que no debe aceptar la intromisión de parte de poderes de Estado de otros países o de lo que sea.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Señora Presidenta , me da mucha pena el planteamiento de mi querida colega María Angélica Cristi , porque le tengo mucho cariño. En verdad, eso es no entender nada. La Corte Penal Internacional persigue los genocidios, los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Antes que chilenos, argentinos, europeos o latinoamericanos, somos la humanidad. Y la Corte Penal Internacional representa a la humanidad organizada para que no se cometan crímenes atroces en contra de los seres humanos, que son nuestros iguales y hermanos, sean de Ruanda, donde hubo un genocidio horroroso, de Chile, donde se atropellaron los derechos humanos y se asesinó a mucha gente inocente, de Rusia, Cuba o Estados Unidos.
En primer lugar, somos seres humanos. Como tales, no podemos permitir que existan los crímenes atroces o de lesa humanidad, por ejemplo, la utilización de violaciones masivas de mujeres como arma de guerra.
Ese tipo de crímenes juzga la Corte Penal Internacional. No expropia nuestra soberanía. Todo lo contrario, está a favor de nuestra calidad de vida y de la soberanía como parte de la especie que habita esta tierra.
Se trata de un tremendo avance, de la civilización humana, pues no se permitirá la comisión de esos crímenes y se juzgarán. No significa una intromisión en nuestra pequeña soberanía nacional.
Lamento el discurso de mi colega. Entiendo a varios diputados que estuvieron con la dictadura militar, pero no reconocer que existieron atropellos a los derechos humanos o la importancia de este tribunal penal internacional para la humanidad a fin de legislar sobre estos temas es tener poca visión.
La Corte Penal Internacional es un instrumento maravilloso que ha creado la humanidad para castigar esos crímenes que nos avergüenzan como seres humanos. Por supuesto que los jueces de esa Corte necesitan inmunidad, porque investigarán genocidios realizados por gobernantes y personas poderosas, que pueden causarles un tremendo daño.
No sé si la diputada Cristi estaba presente cuando la Comisión Familia de la Cámara fue visitada por una jueza de ese tribunal internacional que estuvo en Ruanda. Fue testigo de los crímenes horrorosos cometidos en ese país. Ha sido una de jueza maravillosa que ha logrado establecer como crímenes de guerra los atentados contra las mujeres, como la utilización de estrategias de genocidios de guerra, la violación de mujeres y crímenes racistas. Algo similar ocurrió en Serbia, con la violación sistemática para regenerar la raza.
Por eso, lamento y me da mucha pena lo que he escuchado. En este país no debiéramos tener discursos con esos contenidos. Sin embargo, respeto el derecho que otorga esta Corporación en ese sentido. Con todo, me apena mucho que la visión estrecha chilena no nos permita tener la altura de miras para reconocer que la humanidad necesita un instrumento para castigar los excesos relacionados con los crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidios, que es la muerte de pueblos completos.
No se trata de que la Corte Penal Internacional venga a sacar un preso de la cárcel y pase por encima de la facultad o anuencia de la Corte Suprema. No se trata de eso.
Por ello, ruego que los colegas se informen de la mejor manera posible para no lamentar que la Cámara de Diputados de la República de Chile tenga posiciones, tal vez mayoritarias, tan vergonzosas, estrechas y faltas de humanidad.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor José Manuel Edwards.
El señor EDWARDS .-
Señora Presidenta , quiero hacer una pequeña reflexión.
Conociendo un poco de la historia y lo que ha pasado cuando han existido genocidios en distintas partes del mundo, a la única conclusión que uno puede arribar es que, simplemente, la justicia aún no ha llegado a esos lugares. Son muy pocos en los que ésta se ha aplicado.
Por lo tanto, me parece una excelente idea tener una Corte Penal Internacional, la que todos debemos apoyar. Sin embargo, cuando vemos cuál ha sido el accionar de las distintas cortes, estamentos y organismos internacionales, podemos ver que éstas, en general, sólo han tenido un sentido y no nos han defendido a todos, sino sólo a algunos que pareciera ser que tienen más derechos. Es cosa de hacer algunas comparaciones. ¿Qué ha hecho esta Corte Penal Internacional por hacer algún tipo de justicia, por ejemplo, en el caso ruso, donde murieron 20 millones de personas? ¿Qué ha hecho esta Corte por ayudar en algo a los cubanos exiliados y a los que mataron? ¿Qué ha hecho esta Corte por juzgar lo que pasó, por ejemplo, en la ex Checoslovaquia o en Polonia? Si verdaderamente es una Corte que nos defiende a todos, ¿qué ha hecho en este tipo de casos?
Es evidente que necesitamos una justicia penal internacional para resolver todos estos casos. El problema es que hay quienes sentimos que no defienden a los nuestros cuando han sido atacados, en circunstancias de que su misión es defender a todos.
Después de escuchar el discurso de la diputada señora María Antonieta Saa y del diputado Hugo Gutiérrez , queda clara su buena disposición ante la Corte, pero no tengo tan claro que hayan tenido posturas de defensa de los derechos humanos de todas las personas. No sólo me refiero a temas como el genocidio, sino a otros, como los tratos carcelarios, como señaló la diputada señora Cristi .
Por lo tanto, no sólo estamos viendo el tema de una corte, sino el continuo accionar de organismos internacionales que, incluso, a algunos que hemos participado en este tipo de organizaciones multilaterales e internacionales, no nos dan confianza.
Pero más allá de esta pequeña reflexión, quiero hacer mención a otro tema.
Las inmunidades y privilegios que en concreto estamos entregando a los jueces son muchísimos, incluso exagerado. Por lo menos, ameritan una revisión.
Como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, puedo decir que el tema no se discutió lo suficiente. Por lo tanto, pido, por su intermedio señora Presidenta , que el proyecto vuelva a la Comisión, a fin de que podamos discutirlo con mayor profundidad y entender qué significa exactamente lo que estamos votando, como, asimismo, saber si es imprescindible dotar a los jueces de esas inmunidades y privilegios, que algunos señalan como necesarios.
Ahora bien, cuando uno entrega la justicia a un juez que viene de otra realidad y que posee otra experiencia de vida, acostumbrado a una justicia que considera penas distintas a las nuestras, lo que estamos haciendo es dar un poder a una persona que no nos entiende como cultura. Sin duda, ello puede traernos problemas no sólo en la adjudicación de penas, sino en la forma cómo juzgar los delitos, o bien en entender las motivaciones que entregan las distintas personas, dado que esos jueces tienen una forma diferente de prever las cosas.
Por ejemplo, la sociedad norteamericana, que evidentemente no ha aprobado esta Corte, que tiene un pasado racista, generalmente, asigna culpabilidad a todo evento que se encuentre en esa línea. Se trata de una realidad distinta, porque nunca hemos llegado a esos extremos, a pesar de que sí somos una sociedad racista, pero no en los niveles alcanzados por la sociedad norteamericana.
Por lo tanto, un juez con esa historia, evidentemente, va a juzgar de una manera distinta de un juez chileno. Por consiguiente, es un claro inconveniente.
Por otra parte, esta Corte no ha sido incorporada en todos los países. Por ejemplo, los más grandes del mundo no están dando esas inmunidades y privilegios a estos jueces.
Ahora bien, a pesar de lo que dijo el diputado Hugo Gutiérrez , en el sentido de que las cortes internacionales son tribunales independientes, es algo que no creo, al contrario, son muy dependientes. Además, sus jueces están sujetos a presiones políticas más fuertes de las que podría tener cualquier otro.
Por último, creo que hay problemas prácticos en la separación de los delitos. Algunos casos -no todos por supuesto- pueden llevar a la población a cierta confusión, como señaló el diputado Cardemil , en el sentido de no entender quién finalmente es el que juzga y manda.
En caso de que prospere mi solicitud de remitir el proyecto a la Comisión de Relaciones Exteriores, me gustaría que esa instancia señale por qué tantos países aún no se incorporan o no reconocen a la Corte Penal Internacional.
Asimismo, como no tuvimos suficiente tiempo para discutir el tema, me gustaría saber qué opina la Corte Suprema acerca de esas inmunidades y privilegios, como señaló la diputada Cristi .
Anuncio a la honorable Sala que si se llegase a votar hoy el proyecto, me pronunciaré en contra del mismo, y pido que hagan lo propio quienes consideren que los argumentos que hemos presentado son de peso. Sin embargo, repito, mi petición principal es que el proyecto vuelva a la Comisión de Relaciones Exteriores para ser examinado.
He dicho.
El señor HALES.-
Pido la palabra para plantear un punto de Reglamento, señora Presidenta.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).-
Tiene la palabra, señor diputado .
El señor HALES.-
Señora Presidenta , por su intermedio, quiero hacer una observación al diputado Edwards , por faltar al Reglamento. Finalmente, será usted quien deberá juzgar si ello fue así, pero no puedo dejar de formularla.
El señor diputado ha puesto en duda, de manera directa, la conducta de la diputada Saa y del diputado Hugo Gutiérrez , respecto del tema de la defensa de los derechos humanos. Dijo con todas sus letras, que él la ponía en duda. En otro momento, no en una observación de Reglamento, podría discutir con él o con cualquier otro diputado la historia personal de los diputados aludidos y de otros en relación con el tema de los derechos humanos.
El numeral 5° del artículo 90 del Reglamento claramente que un diputado o ministro incurre, durante el curso de la sesión, en falta al orden si faltare el respeto debido a los diputados con imputaciones, atribuyéndoles intenciones o sentimientos opuestos a sus deberes.
El deber de cualquier diputado es defender los derechos humanos, y el diputado Edwards ha imputado la conducta de la diputada Saa y del diputado Hugo Gutiérrez, lo que es inaceptable, señora Presidenta.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
La Mesa ha tomado nota de ello y conversaremos con los diputados aludidos.
Tiene la palabra la diputada señora Cristi.
La señora CRISTI (doña María Cristina).-
Señora Presidenta , con ese criterio tendríamos que, retroactivamente imputar a todos los diputados que alguna vez en la Sala han dicho algo de otros diputados. Sin ir más lejos, la diputada Saa también me cuestionó, pero no por eso la voy a cuestionar, pues está en su derecho de hacerlo, el mismo que me asiste para pronunciarme respecto de lo que ella señaló. Ésa es la costumbre mantenida en el Parlamento durante los últimos veinte años, la que hoy no vamos a cambiar porque a un diputado se le ocurrió imputar un artículo del Reglamento.
Repito, podríamos aplicar ese criterio a todos en forma retroactiva, pero quedaríamos inhabilitados de hablar por el resto de nuestras vidas.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Repito, la Mesa ha tomado nota y determinará lo que corresponda.
Tiene la palabra el diputado señor Araya.
El señor ARAYA.-
Señora Presidenta, lamento que no estemos teniendo un debate a la altura de lo que es la Corte Penal Internacional, como asimismo, algunas expresiones de colegas de la Alianza que me han antecedido en el uso de la palabra.
La Cámara de Diputados hizo un tremendo esfuerzo en la legislatura anterior para sacar adelante una reforma constitucional que permitiera a nuestro país suscribir el Estatuto de Roma, o la Corte Penal Internacional, porque hay que hacer un poco de historia y recordar lo ocurrido.
La Corte Penal Internacional o el Estatuto de Roma vienen a actuar supletoriamente cuando a un miembro de un Estado se le niega justicia por casos graves de derechos humanos. No se trata de que el Estado esté cediendo, en lo que podríamos llamar la jurisdicción primaria, porque ésta siempre podrá ser ejercida por el Estado en caso de que los derechos de una persona sean violados, o sea víctima de crímenes de lesa humanidad, genocidio o tortura. Repito, primero se puede recurrir a los tribunales nacionales. Así lo indica el Estatuto de Roma.
Ahora bien, se puede recurrir a la Corte Penal Internacional cuando el Estado que es acusado de violación a los derechos humanos no cumple con su deber de otorgar justicia a quien ha sido víctima de violación de los derechos humanos. Ahí recién empieza a actuar la Corte Penal Internacional.
La Corte Penal Internacional representa un tremendo esfuerzo a nivel mundial, a fin de lograr una jurisdicción superior para juzgar los crímenes de lesa humanidad, los que, muchas veces, quedan impunes en el derecho nacional, dado que los tribunales de justicia no actúan. Esta discusión, a mi juicio, está bastante superada en el mundo. Nadie puede dudar, a nivel mundial, de la importancia de los derechos humanos. Nuestro país, pese a ser uno de los primeros signatarios de la Corte Penal Internacional no ha podido suscribirla en plenitud sino hasta hace un par de meses. En esa línea, la Corte Penal Internacional busca reforzar la protección de los derechos humanos.
No se trata -quiero comentarle, por su intermedio, a la diputada señora María Angélica Cristi- de que la Corte Penal Internacional va a juzgar si el Estado nacional entregara o no una solicitud de indulto. Eso está fuera del marco jurisdiccional de la Corte Penal Internacional. Ese es un tema que perfectamente puede resolverse en la jurisdicción interna y existe la normativa para hacerlo. La Corte Penal Internacional busca hacerse cargo de los delitos de lesa humanidad que no son atendidos por la jurisdicción nacional.
Lo que se está haciendo hoy, con este proyecto de ley, es dictar las normas adecuatorias para implementar el Estatuto. Además, no se trata de normas nuevas que nuestro país no haya suscrito. Chile ya firmó una serie de convenios internacionales por los cuales se han concedido los mismos privilegios e inmunidades de jurisdicción. Por ejemplo, en la Organización de las Naciones Unidas, de la cual Chile forma parte, sus funcionarios gozan de las mismas prerrogativas que se piden para los funcionarios de la Corte Penal Internacional. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de la Organización de los Estados Americanos, de la cual somos miembros, ya que se suscribió un acuerdo similar, plenamente vigente.
El proyecto en ningún caso pretende ceder jurisdicción, sino entregar privilegios e inmunidad jurisdiccional, es decir, lo que se entrega habitualmente cuando se suscribe ese tipo de tratados internacionales.
En esta línea, llamo a todos mis colegas a reflexionar. Sostuvimos un amplio debate durante las reformas constitucionales para aprobar el Estatuto de Roma. Hoy, vamos a hacer aplicable esa reforma constitucional a un tratado que nuestro país suscribió.
Lo que se necesita es que las personas que integren la Corte Penal Internacional puedan gozar de los privilegios e inmunidades jurisdiccionales que se otorgan siempre a las personas de esa calidad.
La Corte Penal Internacional busca un mundo más justo, donde se dé la sensación de que los crímenes de lesa humanidad y de guerra no quedan impunes cuando el Estado nacional no quiera suministrar justicia.
Es cierto que muchos países todavía no suscriben el Acuerdo, entre otros Estados Unidos, que se ha negado reiteradamente a hacerlo. Así las cosas, es un mal ejemplo citar lo que ocurre en Guantánamo, o en otros casos donde ha tenido participación Estados Unidos, pues -repito- ese país se ha negado sistemáticamente a suscribir la Corte Penal Internacional. La tendencia mundial es proteger los derechos humanos y generar tribunales internacionales que, por lo demás, en otros temas, no son nuevos en nuestro derecho internacional.
El proyecto, entonces, quiere dar cumplimiento a los acuerdos internacionales que se suscribieron.
Pido a mis colegas que reflexionen sobre este tema y se dé cumplimiento a un tratado que nuestro país suscribió y que se encuentra vigente, cual es el Estatuto de Roma.
Este proyecto de acuerdo busca hacer aplicable cierta inmunidad de jurisdicción a aquellas personas que integren el tribunal respecto de los bienes, situación que, reitero, no es nueva y que nuestro país ha ratificado con ocasión de la Carta de las Naciones Unidas, o con ocasión de la OEA, por citar algunos ejemplos.
Concluyo, señor Presidente, anunciando nuestro voto favorable, y señalando que sentimos que la iniciativa constituye un paso más en aras de proteger los derechos humanos.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente , hay un viejo proverbio que dice que, a veces, las cosas por sabidas se callan, y por calladas se olvidan.”. Así, también, podría decirse que hay debates valiosos y, otros, penosos.
Primero, quiero recordar que estamos ante un compromiso contraído por el Estado de Chile, ratificado en Nueva York en junio del año pasado y discutido largamente en el Congreso. En consecuencia, volver a debatir si la suscripción de ese tratado que nos hace parte de la Corte Penal Internacional, afecta o no nuestra soberanía, me parece inoficioso.
Me sorprende que cuando se discuten en la Cámara tratados internacionales que dicen relación con una vinculación económica con el resto del mundo, no se haga referencia a que también estamos renunciando a nuestra soberanía, en particular cuando establecemos normas específicas en materia tributaria.
Sin embargo, hoy estamos hablando de derechos humanos, de nuestra inserción en un mundo globalizado, no de un tribunal que va a conocer infracciones de tránsito, sino delitos tales como genocidio y crímenes de lesa humanidad y de guerra. ¿Quién en el mundo podría entender que un país como el nuestro, primero, suscriba su ingreso a la Corte Penal Internacional y, con posterioridad, niegue derechos a quienes van a ejercer labores en esa Corte a fin de disponer de inmunidades y privilegios, como los mencionados por el diputado señor Pedro Araya y con los que cuentan los demás funcionarios de organismos internacionales?
Por tratarse de un tema de relevancia, en lo personal no tengo problemas para sumarme a la propuesta del diputado señor José Manuel Edwards , en el sentido de que el acuerdo vuelva a discutirse en la Comisión de Relaciones Exteriores, de forma que su despacho represente una decisión fruto de la convicción de que es indispensable contar con este instrumento, y no fruto de la mayoría circunstancial en la Sala. Porque es bueno que se sepa que, en este momento, no hay más de treinta y ocho diputados en la Sala discutiendo un tema tan trascendente como éste. Sin embargo, cuando se llame a votar, ésta se encontrará llena y mis honorables colegas no sabrán qué se estará votando.
En tales condiciones, prefiero sumarme a la petición del diputado señor José Manuel Edwards , en el sentido de que el proyecto vuelva a la Comisión de Relaciones Exteriores.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señora Presidenta , yo no estaba inscrita, pero solicité hacer uso de la palabra luego de escuchar a algunos de diputados y diputadas pronunciarse sobre el tema.
No sé si siento vergüenza o frustración, cuando se habla de esta materia sin mayor conocimiento. Se aduce participación de la Corte Penal Internacional en momentos en que no existía. No fue creada hace cien años ni hace cincuenta años. La Corte tiene muy claro en cuáles espacios participar. Es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas -no a países- que han cometido crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad, como los siguientes: esclavitud, apartheid, exterminio, asesinato, desaparición forzada, tortura, secuestro, agresión y delitos de terrorismo, entre otros, y no lo que han planteado algunos diputados presentes.
Llama la atención -me sumo a las palabras de los diputados Araya y Saffirio - que en el país haya varios organismos internacionales, como las Naciones Unidas, la Cepal, la OEA y la OIT, que sí pueden exhibir las banderas que las identifican; incluso, sus funcionarios cuentan con placas especiales en sus vehículos, diferentes a las nuestras, para distinguirse. Además, exhiben logos en las puertas de sus automóviles para identificarse y se les guarde el debido respeto. En cambio, se critica que la Corte Penal Internacional asuma esos privilegios.
Me llama la atención el hecho de que, ahora, en un país que ha suscrito el Estatuto de Roma, discutamos sobre los artículos correspondientes para que los funcionarios puedan permanecer en Chile y accionar y que esta Sala critique esa situación. No nos olvidemos que el 70 por ciento de los países del mundo han firmado dicho Estatuto y que sólo Estados Unidos, Cuba e Irak no lo han hecho, porque no quieren participar en materias de derechos humanos o tienen temores de que internamente se les pueda juzgar al respecto.
Entonces, cuando hablemos, hagámoslo con conocimiento de causa, con fundamentos claros, sobre todo en materia de privilegios, pues otros organismos internacionales gozan de los mismos que se piden para la Corte Penal Internacional. También, situémonos en el momento histórico en que la Corte Penal Internacional nació a la vida y no hablemos del pasado, invocando situaciones falaces. Si es necesario, discutamos y profundicemos más acerca de este tribunal, para que los diputados miembros de la Comisión y los de Sala se ilustren mejor y hablen con conocimiento sobre la materia.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
Tiene la palabra la diputada Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).-
Señora Presidenta , solamente para mostrar, una vez más, las dos almas de Renovación Nacional.
Hemos escuchado las contundentes posiciones de los diputados Cardemil y Edwards; pero, obviamente, hay otros parlamentarios que tenemos una postura clara en cuanto a la discusión generada.
Pasaron diez años para que Chile se sumara a una iniciativa de gran relevancia como fue adherirse a la Corte Penal Internacional que trata, en un tribunal de justicia permanente, delitos de genocidio, de guerra y de lesa humanidad. Para aquellos que no tienen el desglose, hablamos de delitos como esclavitud, apartheid, exterminio, asesinato, desaparición forzada, tortura, secuestro y terrorismo.
Hoy, la discusión de fondo no tiene mucho sentido. Este proyecto está aprobado. Chile ya adhirió a la Corte Penal Internacional y, hoy, a través de este proyecto de acuerdo, entregamos los privilegios para que pueda funcionar. Es necesario dárselos. Chile ya se comprometió ante el mundo. Esto debió acotarse a otorgar las inmunidades indispensables para que los jueces puedan operar, pero entramos en una discusión que ya se dio y que, por el bien de Chile, resultó favorable a la Corte Penal Internacional.
El hecho de remitir el proyecto a la Comisión técnica, más allá de que allí se haga algún tipo de reserva o de análisis mayor, no traerá ninguna consecuencia mayor. Hago un llamado a la Sala para que se pronuncie clara y categóricamente. Los que estén a favor, que se pronuncien en tal sentido; los que estén en contra, actúen en consecuencia, pero no dilatemos más el tratamiento del Acuerdo. Hoy, Chile debe entregar herramientas respecto de un Acuerdo sobre el cual ya se comprometió. Diez años de espera es mucho para una materia tan trascendente.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Harboe.
El señor HARBOE.-
Muchas gracias, señora Presidenta .
Al escuchar algunas intervenciones -no las voy a mencionar para que no me sancionen por la vía del Reglamento-, se desconoce que fue este mismo Parlamento quien suscribió el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Hoy se vuelve sobre la conveniencia o no de su subsistencia, en circunstancias de que debemos discutir más bien la aplicación práctica y la entrada en vigencia de esa Corte en nuestro país, en particular las inmunidades de jurisdicción de que debe ser objeto.
No obstante ello, aquí se han esgrimido algunos argumentos que, a lo menos, son dignos de análisis.
Cuando se señala que con este proyecto se estaría cediendo soberanía y jurisdicción, me surgen dos dudas. La primera es que, hoy, esa cesión de soberanía en una comunidad global es un buen discurso, pero carente aplicación práctica. Cada vez que este Congreso ha ratificado un tratado, ello ha significado la cesión de ejercicio de alguna parte de su soberanía, porque entendemos que estamos en una comunidad global.
Cuando se celebran tratados económicos internacionales, estamos cediendo la posibilidad de ejercer nuestras facultades, por ejemplo, en la aplicación de aranceles, en el establecimiento de medidas parancelarias, y en la disposición de salvaguardias, pero nunca he escuchado ningún reclamo respecto de esa cesión de soberanía. Sin embargo, sí se reclama cuando se cede soberanía para los efectos de proteger la vida. ¡Qué contradicción más grande, señora Presidenta ! ¡Qué disvalor entre la protección de la propiedad y la protección de la vida! Hay aquí una reflexión profunda al respecto.
Además, se ignora lo que señala nuestra Carta Fundamental. El inciso segundo del artículo 5°, de la Constitución Política de la República dispone que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y los derechos garantizados en tratados internacionales ratificados por Chile. Éste es uno de esos casos.
En consecuencia, el tono de la discusión que se ha dado al respecto adolece de falta de información. Aquí, un legislador preguntó qué ha hecho la Corte Penal Internacional en relación con el conflicto de Rusia. Al respecto, siempre es importante ilustrar que el origen histórico de la intención de crear una Corte Penal Internacional se remonta a 1919. En efecto, terminada la Primera Guerra Mundial , varios países intentaron juzgar al Káiser Guillermo II por delitos de agresión, pero no se pudieron poner de acuerdo. Después de la Segunda Guerra Mundial, se crearon los juicios de Nuremberg y los tribunales de Tokio; se produjo el genocidio yugoeslavo, entre 1991 y 1995, y el de Ruanda, en 1994. En ninguno de ellos pudo intervenir la Corte Penal Internacional, porque no existía. De conformidad con las normas internacionales, fue aprobada en sesión de 17 de julio de 1968, ratificada por sesenta estados y entró en vigencia el 1 de julio de 2002. Mal podría haberse hecho parte dicha Corte de los conflictos anteriores, toda vez que sabemos que las personalidades jurídicas y, particularmente, los organismos públicos, operan ex post, vale decir, hacia el futuro, no hacia el pasado.
En consecuencia, es importante la historia de esta ley, de manera que los parlamentarios la tengan presente al momento de emitir opiniones al respecto.
Pero, ¿qué ocurre? Que esta Corte Penal Internacional sólo juzga, como bien decía el diputado señor Araya , cuando un Estado no juzga o no puede juzgar, es decir, cuando los tribunales establecidos por norma constitucional de un país no juzgan los hechos de su competencia, sea porque no pueden hacerlo o porque no quieren hacerlo. Y si se da este último caso, se produce un conflicto. ¿Y para qué, entonces, se establece inmunidad de jurisdicción? Precisamente, para mantener independencia de acción y de resolución.
Nos jactamos de haber creado una Corte Penal Internacional, pero si los Estados parte no le damos inmunidad de jurisdicción para su acción y resolución, en la práctica, tendremos un tribunal muerto, toda vez que sin privilegios e inmunidades, cuando se dé un conflicto con un Estado, no van a dejar funcionar a la Corte Penal Internacional.
Por eso, estamos estableciendo el principio básico de la independencia, a fin de que la Corte Penal Internacional juzgue delitos, pero no cualquier delito, habida consideración de que no estamos en presencia del robo con intimidación, ni del lanzazo, ni de lesiones, sino de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad, tres tipos penales que la comunidad internacional considera gravísimos.
En consecuencia, negar la inmunidad de jurisdicción que plantea el Acuerdo complementario en debate es, de una u otra forma, no reconocer que este Estado parte ya aprobó y ratificó la existencia de la Corte Penal Internacional. Además, se le está negando la posibilidad de ejercer competencia con independencia sobre los crímenes más graves que ha conocido la humanidad. Respecto de esta materia, no hay dos opiniones. Los derechos humanos no distinguen credo ni color político, toda vez que son derechos esenciales, inherentes a toda persona humana y, por tanto, deben ser respetados y protegidos con este tipo de legislaciones.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.-
Señora Presidenta , la expresión de diferencias a partir de identidades políticas es sana, pero cuando el debate es atrincherado, no es saludable. Lo digo porque la discusión de hoy es de marca mayor, con argumentos que debieran sorprender, incluso, a los jóvenes presentes en las tribunas, sobre todo cuando un sector de este Hemiciclo pretende relativizar las violaciones de los derechos humanos.
Nuestro país, que vivió una dictadura, demoró 10 años en ratificar su adhesión a la Corte Penal Internacional, tribunal que no tiene viabilidad y eficacia si no cuenta con los privilegios e inmunidades obvios que un organismo de esta naturaleza debe tener para operar sólo en función de hacer velar el respeto irrestricto por los derechos humanos y juzgar a quienes estén vinculados a crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidios.
Un Acuerdo complementario no se puede aprobar de manera parcial; un Estado no puede adscribirse a un Tribunal de las dimensiones de la Corte Penal Internacional considerando perspectivas parciales. Me sorprenden los argumentos de algunos, que por una parte cuestionan el papel que juegan algunos organismos internacionales en el país y, por otra, se declaran los grandes líderes de la globalización.
No entiendo esas mentalidades que están de acuerdo con abrirse al mundo, pero siempre y cuando, normas como las que estamos debatiendo, no operen sobre determinadas conductas que puedan tener dentro del país.
A quienes se sorprenden por los privilegios e inmunidades para el Tribunal Penal Internacional, les pregunto qué hubiera pasado con aquellos que, entre 1973 y 1989, tuvieron que asilarse en las embajadas para salvar sus vidas, si no hubiese existido la inmunidad diplomática, privilegio necesario a la hora de ejercer en forma independiente la tarea jurídica y judicial en temas internacionales.
Para debatir sobre la inmunidad de jurisdicción para este Tribunal, es menester considerar lo que nos tocó vivir y la cantidad de años que ha pervivido el terrorismo en Chile; pero, sobre todo, es necesario considerar lo que nos dijo el Presidente de la República , en su mensaje, cuando señaló que sin relativización y sin ningún tipo de restricción, impulsaría el respeto irrestricto por los derechos humanos. Reivindicó, incluso, la idea de que, en su Gobierno, no participarían funcionarios vinculados al atropello a los derechos humanos. Es más, tomó medidas cuando un ahora ex embajador, en Argentina, se atrevió a reivindicar las bondades de un golpe de estado. Lo hizo nada menos que en Buenos Aires, capital del país hermano de Argentina, que también vivió el horror y el terror de la Operación Cóndor, que segó miles de vidas latinoamericanas.
Desde esa perspectiva, no aprobar este Acuerdo complementario es renunciar a la adhesión que se hizo tiempo atrás a la Corte Penal Internacional, tribunal que si hubiese existido en 1973, el dictador Augusto Pinochet habría tenido que dar cuenta a un tribunal en La Haya. Si hace años hubiese existido un tribunal penal internacional, el destino de un pueblo que hoy conocemos, con ocasión del mundial de futbol en Sudáfrica y que ha reivindicado la figura de Nelson Mandela , sería otro.
Cuando se trata de defender los derechos humanos no caben exageraciones; cuando se trata de convivir con normas de civilización y que están vinculadas a las personas, a la existencia de los seres humanos, no pueden haber restricciones o relativizaciones.
Por eso, quienes hemos asumido el compromiso de luchar por los derechos humanos y quienes creemos que no puede repetirse la historia que se construyó en América Latina, incluido nuestro país, tenemos como único norte ser parte de la comunidad internacional, en la idea de una civilización que tenga como eje y centro el respeto irrestricto por los derechos de los seres humanos.
Si ese es el eje, si el compromiso que asumió el Presidente de la República sobre los derechos humanos es real, sabiendo que no puede parcializarse la adhesión al Tratado, es obligación de esta Cámara, en beneficio de su propia historia y de la representación que tiene de un país que sufrió lo que sufrió, aprobar el Acuerdo en debate.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.-
Señora Presidenta , un tribunal penal internacional, sin privilegios e inmunidades, es inoficioso e inoperante. Por lo tanto, si hemos debatido sobre la necesidad de establecer una jurisdicción internacional para los crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, el paso siguiente es el que estamos dando, por lo que me sumo a la aprobación del proyecto.
Quiero hacer una breve reflexión.
Estos crímenes que son muy restrictivos, deben ser perseguidos por una jurisdicción internacional. Me vienen a la memoria situaciones como las ocurridas en Irlanda del Norte, en el conocido “bloody sunday”, el llamado domingo sangriento. Recientemente, el Primer Ministro británico, señor David Cameron , reconoció que lo que sucedió hace casi 40 años nunca debería haber sucedido. Él dijo: “El Gobierno es en última instancia el responsable de la conducta de sus Fuerzas Armadas. Por eso, en nombre del Gobierno y del país, lamento profundamente lo que ocurrió.” Ciertamente, en ese caso, la dilación de la justicia habría tenido una instancia distinta, como es el Tribunal Penal Internacional. Lo mismo pienso en relación con la situación de Palestina, prácticamente acosada y asediada por el Estado de Israel. ¿A quién pueden acudir? ¿Qué justicia pueden tener los palestinos frente a los crímenes de lesa humanidad? Ésta es una luz de esperanza para hacer justicia también en Tierra Santa.
Pero, no sólo hay que recordar el pasado. Hoy ocurren situaciones, como por ejemplo, la aprobación del aborto por decapitación impulsado por el Presidente Clinton , en Estados Unidos. Ése es un crimen de lesa humanidad y no me cansaré de decirlo. En el momento en que el cerebro cruza la cavidad vaginal, Clinton autorizó que, con un bisturí, se extrajera la masa encefálica y se comercializara en la industria farmacéutica. Reitero, ése es un crimen de lesa humanidad. ¿Qué tribunal de Estados Unidos va poder conocer de esas causas? Alguien tiene que levantar una voz y hacer justicia a tanto dolor y sufrimiento de seres inocentes.
Por eso, me sumo, en forma entusiasta, a aprobar este proyecto que establece privilegios e inmunidades para que pueda operar el Tribunal Penal Internacional.
También es una luz de esperanza para aquellos cristianos que están siendo perseguidos en India, cuyas iglesias están siendo quemadas y sus feligreses, asesinados. La justicia en India no tiene ninguna intención de procesar a los culpables. Por eso, me sumo a este proyecto para que se ratifique el Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional, porque cuando esté operando con todas sus garantías, será un día de esperanza para millones de personas -también en Chile-, que muchas veces no encuentran justicia en su propio país.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Tucapel Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.-
Señora Presidenta , no tenía pensado intervenir, pero he decidido hacerlo al escuchar a algunos de los colegas.
Como señaló la diputada Rubilar , esta discusión ya tuvo lugar. Sabemos perfectamente lo que piensan algunos colegas de la Alianza. No es casualidad que esto se haya demorado 10 años en aprobarse. El gran temor que tenían muchos era que esto fuera retroactivo y ahí uno claramente sabía a quienes estaban defendiendo.
Algunos colegas que desconocen completamente esto, han dicho que son pocos los países que han firmado este Acuerdo. Diría que es al revés, que Chile era uno de los pocos países que no había firmado.
Otros señores diputados han planteado que vuelva a la Comisión de Constitución, sin entender que éste es un proyecto de acuerdo y lo único que hay que hacer es aprobarlo o rechazarlo. No se le puede hacer modificaciones.
Pido a los colegas que, pensando en las futuras generaciones, por favor, aprobemos el Acuerdo de una vez por todas, para que los jóvenes -como los que están en las tribunas- no vivan lo que a nosotros nos tocó vivir.
Si para la Segunda Guerra Mundial ya hubiese existido la Corte Penal Internacional, lo más probable es que el holocausto no hubiese existido; el gobierno nazi lo habría pensado mil veces antes de ponerse a exterminar a los judíos. Lo más probablemente es que en Chile tampoco hubiésemos tenido una historia trágica y esta Corte Penal Internacional no habría aceptado certificados médicos de falsa demencia senil.
Por lo tanto, llamo a mis colegas a pensar en las nuevas generaciones, y también en nosotros, para que las historias no se vuelvan a repetir. Este Acuerdo y la Corte Penal Internacional están en contra de los crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio, por lo tanto, velan por el cuidado y el respeto a los derechos humanos.
He dicho.
El señor CARDEMIL.-
Señora Presidenta, pido la palabra por una cuestión de orden.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL.-
Señora Presidenta , quiero hacer una prevención de constitucionalidad en este proyecto, porque, en mi opinión, infringe el artículo 77 de la Constitución. Me parece que el alcance de los privilegios que se están dando, de manera muy concreta modifican la ley orgánica constitucional sobre organización y atribuciones de los tribunales, por lo tanto, debería haberse pedido informe a la Corte Suprema, lo cual no se hizo. Quiero que quede constancia de lo señalado.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
Corresponde votar el proyecto aprobatorio del Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal internacional, aprobado en Nueva York el 9 de septiembre de 2002.
Hago presente a las señoras diputadas y a los señores diputados que, según lo resuelto por la Comisión de Relaciones Exteriores, todas las normas del acuerdo requieren quórum de ley simple.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos; por la negativa, 15 votos. Hubo 2 abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
Despachado al Senado.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
MEDIDAS EN BENEFICIO DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Prosecretario dará lectura al proyecto de acuerdo Nº 55.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo Nº 55, de los diputados señores Chahín, Saffirio, Ojeda, Ortiz, Venegas, Edwards, Vallespín, Tuma, Meza y De Urresti, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia el Presidente de la República:
1.- Que instruya a los ministros de Hacienda y Agricultura en orden a:
Ampliar el plazo para catastrar a los pequeños agricultores afectados en sus cosechas por razones climáticas.
Declarar zona de emergencia agrícola, por razones climáticas, las regiones Octava del Biobío, Novena de La Araucanía, Decimocuarta de Los Ríos y Décima de Los Lagos.
Congelar y repactar en un año los pagos de créditos contraídos por los pequeños agricultores con Indap y con el Banco Estado, y establecerlos con cero interés. Del mismo modo, esta repactación no podrá afectar la evaluación para obtener nuevos créditos.
Entregar, a la brevedad, instrumentos como el bono de siniestralidad, bono para forraje y suplementos alimenticios para ganados, y financiamiento para la reconstrucción de proyectos productivos agrícolas, ganaderos, de riego y suelo.
Establecer planes de siembra de hortalizas de autoconsumo para ayudar a los pequeños productores agropecuarios que se han visto más afectados.
Fijar un subsidio especial en las zonas más afectadas para la compra de semillas, agroquímicos y otros insumos, de manera de no atrasar el calendario de aplicaciones y evitar enfermedades que pudiesen presentarse en los cultivos.
Gestionar que Cotrisa opere como poder comprador del trigo que no reciben los molineros, por exceso de humedad.
2.- Enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que establezca las cuotas máximas de importación de trigo en época de cosecha y cree un programa integral de reconstrucción productiva para la agricultura familiar campesina.”
Un señor DIPUTADO.- Señor Presidente, en nuestros computadores no aparecen los proyectos de acuerdo.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Señor diputado , hay un pequeño inconveniente electrónico que debemos solucionar.
Se suspende la sesión por dos minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MOREIRA (Vicepresidente) Continúa la sesión.
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , en vista de que el problema no se ha solucionado, se podría suspender el tratamiento de proyectos de acuerdo.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Señores diputados, ¿habría acuerdo para suspender la tramitación de proyectos de acuerdo?
Acordado.
VII. INCIDENTES
HOMENAJE A CONSTITUCIÓN EN EL ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN. Oficios.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI (de pie).- Señora Presidenta, pido a los colegas que me acompañen, nos pongamos de pie y recordemos por algunos segundos, a cada una de las 98 víctimas y a las decenas de personas que aún permanecen desaparecidas tras el terremoto y posterior maremoto que afectó con inusual fuerza a nuestra querida Constitución el pasado 27 de febrero.
(Las señoras diputadas, los señores diputados, los funcionaros y los asistentes a las tribunas guardan, de pie, un minuto de silencio).
Fueron tres minutos y medio que cambiaron la vida de los miles de habitantes mauchos. Tres minutos en que hombres, mujeres y niños sintieron en carne propia el dolor y la tristeza de los embates de la naturaleza, palpando, además, la desolación y angustia de una ciudad destruida.
Sin duda, ese episodio marcó a fuego el sentir, la historia y la memoria de Constitución. Muchos aún lloran la imprevista partida de sus vecinos, amigos, hermanos, padres y madres; muchos todavía no encuentran el consuelo tras haber perdido a sus hijos.
Mañana, 18 de junio, nuestra Constitución celebra un nuevo aniversario desde su fundación, en 1794, cuando el decreto alcaldicio dictado por el entonces gobernador de Chile don Ambrosio O’Higgins otorgó a esta zona costera la denominación de Nueva Bilbao de Gardoqui.
Hace 216 años, los temas que enfrentaban las autoridades decían relación con los minuciosos informes -negativos en esa época- sobre la navegación del río Maule, así como los permanentes esfuerzos para materializar la fundación de esta villa de parte de Santiago de Oñederra y un grupo de inmigrantes vascos y gallegos.
Hoy, mientras se sigue trabajando en el retiro de escombros, la limpieza de la ciudad y en la normalización de los servicios de transportes, de vivienda, salud y educación, la discusión se centra no sólo en la reconstrucción de la ciudad, sino también en cómo recomponer la moral, el estado anímico y, sobre todo, la esperanza e ilusión de vivir en una Constitución pujante con ganas de desarrollarse y progresar.
Hoy, junto con rendir homenaje a los fundadores de la Perla del Maule, brindamos también un reconocimiento a aquellos héroes anónimos que durante y después del 27 de febrero desempeñaron y siguen cumpliendo una labor incansable y digno ejemplo ciudadano. Nuestro reconocimiento va dirigido a los bomberos, carabineros, funcionarios de la salud, trabajadores de los medios de comunicación y muchos otros. Pero permítanme mencionar también a quienes siguen luchando por recomponer su vida, pese a que esa fatídica madrugada lo perdieron todo.
El caso de don Luis Gatica no deja de sorprender, pues cada día se levanta de madrugada para recorrer la costa de Constitución en busca de su familia. El 27 de febrero, junto a los suyos estaba celebrando la Semana Maulina, en Isla Orrego, cuando los sorprendió el maremoto. En total eran 9 personas entre su círculo y el de su hermano Juan Francisco. Sólo él sobrevivió. Su esposa Sandra Muñoz; su hija Macarena, de cuatro años, y su pequeña cuñada, Antonia, de siete años, están desaparecidas.
Una historia similar es la de don Carlos Pareja, quien estaba de vacaciones en las cabañas de Quivolgo junto a su esposa Marianela y a sus tres hijos: Paulo, Elisa y la pequeña Jael, de dos años y tres meses.
Fue la segunda ola del tsunami la que comenzó a escribir la triste historia de don Carlos. Mientras su hijo mayor salvaba de las aguas a Elisa, su mujer y la pequeña de la familia no estaban en ninguna parte. Tras varios días de búsqueda, aparecieron muertas. Hoy, don Carlos es el encargado de criar con especial tesón a los dos hijos que le quedaron.
El terremoto también dejó a su haber historias de esperanzas, como la del pequeño Tomás, de nueve años, quien junto a sus abuelos Francisco Villalobos y Fanny Henríquez estaban en isla Cancún cuando llegó la ola. La fuerza del mar provocó que la pareja fuera arrastrada, no sin antes dejar a su nieto abrazado a un tronco, con la advertencia de que por nada del mundo se soltara. Su abuelo apareció sin vida nueve días después, y Fanny continúa desaparecida. Tomás, en tanto, fue encontrado vivo.
Lo anterior es ejemplo palpable del momento que siguen viviendo y recordando con pena los hombres y mujeres de esa tierra maucha, la misma que en sus primeros años de vida destacó a nivel nacional por sus notables astilleros, que utilizaron maderas de roble pellín para dar forma a diversas embarcaciones, entre las que destacan los faluchos maulinos, que transportaron las materias primas de esa zona con rumbo norte y que llegaron incluso hasta la lejana California, en Norteamérica.
De dulce y agraz. Así es la historia de Constitución, ciudad que recibió su actual nombre el año 1828, en conmemoración de la Carta Fundamental promulgada precisamente ese año.
La vinculación de esa tierra con el mar es innegable y así está escrito en los anales de la ciudad. Esas mismas aguas que con inusual furia arrancaron de raíz hogares y los sueños de miles de mauchos, obtuvieron el título de Puerto Mayor, categoría que se extendió hasta 1883.
El inicio del siglo XX posibilitó la transformación del pueblo en un interesante balneario, que fue catalogado como uno de los sitios preferentes de descanso para la élite nacional. Se asfaltan y embaldosan veredas, se ponen piedras a las calles y se construyen hermosas y refinadas casas que dan distinción y señorío a Constitución.
Ya en la década de los 70, el turismo comienza a decaer, pero la actividad forestal adquiere una trascendencia productiva para la zona. Así prospera la apertura de la planta de celulosa, que transformó a esta ciudad en un polo de desarrollo industrial, cuya población de casi 10 mil habitantes, aumentó a cerca de 50 mil, con los que cuenta hoy.
Tampoco podemos olvidar que Constitución ha sido cuna de grandes hombres. Uno de ellos fue quizás el más grande orador de quien se tenga registro en la honorable Cámara de Diputados, don Enrique Mac-Iver Rodríguez, quien durante cuarenta y seis años de labor legislativa como diputa-do y senador, logró escribir su nombre como uno de los políticos y servidores públicos que recordará por siempre la historia de Chile.
Sin duda, hoy la ciudad de Constitución está herida. Pese a ello, puedo asegurar que nuestra gente no se dejará vencer. Y así como a lo largo de su historia los mauchos han sabido ponerse de pie ante la desgracia, hoy nos están demostrando que, unidos, el futuro de un mañana mejor es posible.
Desde esta tribuna, vaya el más sentido homenaje a los fundadores y a quienes han construido la identidad de esa tierra a lo largo de los años, pero también a la valerosa mujer maulina, al obrero forestal, al pescador, a los transportistas y a los comerciantes, a los profesores y a los alumnos, a los adultos mayores y a los jóvenes; en definitiva, a todos quienes levantarán no sólo sus viviendas, sino que también el sueño de un mañana mejor.
Por lo tanto, en este homenaje por sus 216 años de existencia, le decimos: “Constitución, ¡felicidades y arriba!”
He dicho.
-Aplausos.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Diputado señor Lorenzini, ¿quiere que se despachen algunos oficios con su intervención?
El señor LORENZINI.- Señor Presiden-te, solicito que se envíen al alcalde, al concejo, al consejo regional, al superintendente y al Presidente de la República, quien mañana estará en Constitución para ver el partido de la selección chilena de fútbol.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su hermosa intervención y con la adhesión de la unanimidad de los diputados presentes.
-o-
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- En el minuto y cincuenta y cinco segundos que resta al Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón .
El señor RINCÓN .- Señor Presidente , antes de comenzar mi intervención, le informo que, de acuerdo con el Reglamento, tenemos cinco minutos adicionales.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Debo aclarar que los diputados señores Gabriel Silber y Patricio Vallespín , quienes se destacan por su acucioso trabajo, solicitaron el tiempo adicional de cinco minutos. En consecuencia, de acuerdo con lo que establece el Reglamento, usted deberá hacer uso de la palabra al final de Incidentes.
Por lo tanto, si su señoría lo tiene a bien, recabo la unanimidad de la Sala para que intervenga durante seis minutos y cincuenta y cinco segundos al final de Incidentes.
Acordado.
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INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE SUELO EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO. Oficios.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- En el turno del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Cristián Campos.
El señor CAMPOS.- Señor Presidente , desde el 8 de junio existe un profundo malestar e incertidumbre en la Región del Biobío, ya que el Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomín, ha señalado que no es de su competencia realizar los estudios de suelo en esa región.
Al respecto, un compromiso del Ejecutivo y del propio Presidente Piñera no se está cumpliendo. En la villa Futuro, de la ciudad de Chiguayante, el jefe de Estado señaló que ningún lugar de la zona afectada por el terremoto quedaría sin ese estudio.
Por las familias de Talcahuano, de los sectores de cerro Centinela, cerro San Francisco , Los Lobos, Los Cipreses, Santa Julia , cerro Bagnara , solicito oficiar al Presidente de la República , con copia a la Dirección Nacional de Geología y Minería, con el objeto de que se proceda en la línea que corresponda, a fin de que se disminuya a la brevedad esa incertidumbre en la Región del Biobío, porque considero inaceptable que, sin hacer una inspección acuciosa, se manifiesta que muchos de esos terrenos no estaban aptos para instalar viviendas.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Concuerdo con el señor diputado en que ese compromiso se hizo en la comuna de Chiguayante -parte de mi distrito-, el que no se ha cumplido hasta hoy.
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia del texto de su intervención para una mejor compresión de la materia y la adhesión de los colegas que así lo indican a la mesa.
INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO PARA DOTAR DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRICIDAD A VIVIENDAS EN SECTOR DE TALCAHUANO. Oficio.
El señor CAMPOS.- En segundo lugar, existen cientos de viviendas de emergencia, particularmente en el sector de Santa Clara, el más afectado de la comuna de Talcahuano, a cuyos propietarios se les dijo que un determinado kit permitiría contar con electricidad para sus viviendas de emergencia y para el alumbrado público.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro del Interior , con el objeto de que tome cartas en el asunto, ya que tampoco se está cumpliendo el convenio entre el Gobierno y la Compañía General de Electricidad, la que, de una vez por todas, debería solucionar esta ineficiencia que desde el 27 de febrero pasado a la fecha, afecta a sectores de Talcahuano, que son muy oscuros después de las 6 de la tarde.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia del texto de su intervención para una mejor compresión de la materia y con la adhesión de quienes así lo indican a la Mesa.
ESCASEZ DE MEDICAMENTOS BÁSICOS EN SISTEMA PRIMARIO DE SALUD DEL DISTRITO 25. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL ( doña Ximena) .- Señor Presidente , una vez más me voy a referir a un tema pendiente, una salud pública de calidad.
El estado precario de la salud primaria, que fue traspasada a las municipalidades con falencias que no se han solucionado hasta hoy, nos aflige y preocupa como representantes de los ciudadanos.
Bien sabemos que la salud en Chile es un tema prioritario para todos, tal como lo es la educación, la vivienda y el trabajo. En este sentido, todos los cambios que se realicen para mejorar la situación por la que atraviesa la salud primaria es un paso adelante, pues sabemos que ésta se encuentra formada por los consultorios y las postas rurales, los cuales funcionan con un gran esfuerzo y, en muchas ocasiones, con escasos recursos.
Por eso, en nuestros distritos reiteradamente nos hacen ver viejos problemas de atención, como la demora en la entrega de horas para especialistas.
Respecto del Centro del Adulto Mayor Diego Silva, de la comuna de San Joaquín, y de otras organizaciones sociales de la comuna de La Granja me han señalado que en los consultorios respectivos prácticamente no existen los medicamentos más indispensables. No nos referimos a los que se recetan por enfermedades crónicas, sino que a aspirinas, paracetamol y a otros de primerísima necesidad.
El gobierno y el Ministerio de Salud deben tomar cartas en este asunto de manera seria y responsable, tal como lo prometieron a la ciudadanía en las últimas elecciones. Si no se responsabilizan de sus promesas, no habrá camino seguro para una política de calidad.
Los reclamos que también se han sumado en estos días no pueden aparecer como culpas heredadas de las anteriores administraciones, ya que el Gobierno tiene los recursos necesarios y las autoridades de esta Administración deben entregar los abastecimientos del caso.
Por eso, solicito oficiar al ministro de Salud , con el objeto de que se informe a la Cámara y a esta diputada en particular respecto de las medidas que se están tomando para solucionar la grave escasez de medicamentos básicos en los consultorios del distrito 25. Asimismo, para que informe acerca de las medidas, planes y programas que se estén realizando para terminar con esta insuficiencia que hoy afecta a los ciudadanos de esas comunas.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará al oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
ANTECEDENTES DE PROCESO DE LICITACIÓN PARA REPARACIÓN DE LICEO INDUSTRIAL DE COMUNA DE SANTIAGO. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente , hace cuatro años el municipio de Santiago se comprometió a reparar el Liceo Industrial -el único de la comuna- A-20 de Santiago.
Han pasado cuatro años. Hubo una licitación extraña que finalmente se la adjudicó una empresa que no tenía mucha experiencia y, como la experiencia es la madre de la ciencia, ocurrió lo que todos pensábamos: la empresa se declaró en quiebra y hoy tenemos al Liceo Industrial A-20 en precarias condiciones.
Sus estudiantes de tercero y cuarto año de mecánica y electromecánica no pueden realizar su trabajo en forma habitual, toda vez que las instalaciones se encuentran en pésimo estado.
Por lo señalado, pido que se oficie al alcalde de la Ilustre Municipalidad de Santiago , a fin de que envíe todos los antecedentes de la licitación, multas y elementos de este proceso mal adjudicado para la reparación del Liceo Industrial A-20.
Además, pido que se oficie al ministro de Educación , a fin de que tome cartas en el asunto, porque esto va a perjudicar gravemente la calidad de la educación de los estudiantes de ese establecimiento. Después se dice: la educación pública es de mala calidad. ¡Cómo no va a ser de mala calidad si, en este caso, por ejemplo, más de mil alumnos, que estudian una carrera técnica, no tienen las condiciones básicas para hacerlo con dignidad ni los instrumentos necesarios para realizar sus prácticas, a fin de que después se desempeñen de buena forma en el mercado laboral!
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de la diputada Adriana Muñoz y de los diputados señores Castro , Espinoza , Walker , Rincón y Ortiz .
REUBICACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. Oficio.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente , pido que se oficie al ministro del Interior , a fin de que instruya al intendente de la Región Metropolitana , con copia al director del Sesma y a la Corema de la Región Metropolitana, para que envíe los antecedentes sobre la planta de tratamiento de aguas servidas a cargo de Servicomunal, que opera en la comuna de Lampa.
Ha habido permanentes reclamos de malos olores -que afectan la calidad de vida de los seres humanos-, de daño al humedal, que es patrimonio de la naturaleza, y a las aguas de riego de las parcelas agrícolas que hay en la zona. La empresa debía trasladarla de lugar por el daño que ha provocado, se trató de instalar en el sector de Liray. La comunidad se opuso y hoy se quiere ubicarla solo a algunos kilómetros del centro agrícola, del santuario de la naturaleza y del centro habitacional.
Sobre lo señalado, pido que se informen las medidas adoptadas por la Intendencia para encontrar un lugar que no dañe el centro habitacional, el de producción agrícola y el santuario de la naturaleza existente en la zona.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados Castro , Espinoza , Walker , Rincón y Ortiz .
DESPIDOS DE PROFESORES EN LA PROVINCIA DE CACHAPOAL. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Juan Luis Castro.
El señor CASTRO.- Señor Presidente , 26 profesores de la seremi de Educación de la Sexta Región han sido exonerados producto de esta ola de despidos que ha habido en los últimos meses.
Presenté un requerimiento a la Contraloría General de la República para indagar la legalidad de los hechos, pero no he tenido respuesta.
Por tal motivo, solicito que se oficie al ministro de Educación, a fin de que resuelva todos los despidos efectuados en la provincia de Cachapoal, de la seremi de Educación, lo que ha provocado una gran desazón en la comunidad local.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su seño-ría, con la adhesión de la diputada señora Adriana Muñoz y de los diputados señores Espinoza , Walker , Rincón y Ortiz .
INFORMACIÓN SOBRE DIFERENTES OBRAS PÚBLICAS EN LA COMUNA DE COLTAUCO. Oficios.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En el tiempo adicional solicitado por el Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , un proyecto emblemático para la comuna de Coltauco, la pavimentación de los sectores Rinconada de Idahue y Cuesta de Idahue, se encuentra paralizado en su segunda etapa. Es necesario que el proyecto se concrete. Por eso, solicitamos información detallada de los recursos involucrados y los motivos de su actual estado.
Por otra parte, el puente La Capilla, que conecta el sector de Idahue con Rinconada de Idahue, Vialidad ha informado que ha habido un retraso, producto de la licitación conjunta con una pasarela en Rancagua, hecho que preocupa a la comunidad. Por lo tanto, se requiere saber qué está aconteciendo y cómo se va solucionar el problema.
Además, pido que se informe sobre el avance del proyecto Parque Comunal Los Tacos y la Piscina Municipal de la comuna de Coltauco, ya que el consejo regional aprobó los recursos.
Por lo tanto, solicito que se oficie a los ministros de Obras Públicas y del Interior para que entreguen la información solicitada.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
PUNTOS CRÍTICOS DEL ESTERO DE CODEGUA Y LOS RÍOS TINQUIRIRICA Y CACHAPOAL. Oficios.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , en relación con el estero de Codegua y los ríos Tinguiririca y Cachapoal, solicito que se oficie a los ministros de Obras Públicas y del Interior para que informen sobre los puntos críticos, dado que en la Dirección de Obras Hidráulicas nos han dicho que no hay recursos para intervenir los cursos de los ríos, con sus posibles problemas tradicionales que eso genera en las comunidades aledañas de San Fernando, Rancagua , Codegua , Graneros , Mostazal , cuando se desbordan por sus crecidas.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE AGUA POTABLE RURAL. Oficio.
El señor RINCÓN.- Por último, requiero que se informe sobre el proyecto de agua potable rural de la localidad El Molino, comuna de Coltauco, Sexta Región.
Se trata de un proyecto de más de 3 mil millones de pesos que repara, mejora y amplía integralmente ese APR y, además, le incorpora distintos sectores.
Por lo tanto, solicito que se oficie a los ministros de Obras Públicas y del Interior, para que se nos dé a conocer el estado de avance de la licitación de ese proyecto, ya que está aprobado y cuenta con recursos asignados por el consejo regional.
He dicho
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Juan Luis Castro , Fidel Espinoza , Fuad Chahín y quien preside.
DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS EN SISTEMA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , quiero plantear un problema muy serio y bastante grave que está afectando a los habitantes de las diversas comunas de la Región de La Araucanía que se atienden en el sistema público de salud, particularmente en la atención primaria, esto es, postas rurales, consultorios, Cecof.
Tal situación es producto de un déficit estructural relacionado con el monto per cápita que se adjudica a los departamentos de salud para poder dar una adecuada cobertura en salud, el que actualmente asciende a cerca de 3 mil 400 pesos por persona, lo cual no alcanza para costear los distintos objetivos que se deben cumplir, tales como programas de atención de diabéticos, hipertensos, infecciones respiratorias, pacientes crónicos, etcétera.
Hasta el 31 de diciembre del año 2009 la compra de los medicamentos se hacía a través de los distintos servicios de salud, pero un dictamen de la Contraloría General de la República obliga a que dicha adquisición la hagan ahora los propios municipios, lo que agrava el problema estructural.
Cuando los servicios de salud realizaban esa compra por cantidades a través de la Cenabast podían adquirir los medicamentos a mejor precio. Después, la compra se descontaba por planilla a los municipios, pero cuando éstos asumieron esa tarea en forma independiente, se elevaron los costos de los medicamentos. Ello, sumado a la deuda que tienen con la Cenabast, que en la Región de La Araucanía supera los mil millones de pesos, ha significado que la Central no entregue la totalidad de los medicamentos que se le piden.
Por lo tanto, existe desabastecimiento en la atención primaria, una barrera al legítimo acceso a la salud, fundamentalmente para los pacientes con enfermedades crónicas.
Este desabastecimiento también genera un riesgo enorme para la salud de los habitantes de la Región de La Araucanía. Además, y lo que es más grave aún, la Cenabast entrega el 70 ó 75 por ciento de lo solicitado por los municipios. Respecto de los medicamentos que no se envían, se actúa sin ningún criterio, sino con absoluta discrecionalidad, lo cual produce una situación mucho más compleja y grave, porque no les permite a los departamentos respectivos hacer una planificación como corresponde.
Por eso, solicito oficiar al ministro de Salud para que informe, en primer lugar, la deuda precisa que mantienen con la Cenabast los municipios de las distintas comunas de la Región de La Araucanía. En segundo término, qué criterio utiliza la Central para discriminar respecto del envío de los medicamentos que les piden los municipios cuando tienen deudas pendientes con ella.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Juan Luis Castro , Fidel Espinoza , Matías Walker y José Miguel Ortiz .
POSTERGACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONGOY. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra, el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente , la comuna de Coquimbo y especialmente la localidad de Tongoy se encuentran muy sorprendidas y preocupadas por informaciones entregadas por medios de comunicación nacionales acerca de la posible decisión del actual Gobierno, del Ministerio de Obras Públicas y en particular de la Dirección de Aeropuertos de postergar la construcción del aeropuerto internacional de Tongoy, obra que fue planificada durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , cuya licitación contemplaba la ya iniciada expropiación de los terrenos necesarios durante el presente año.
Lamentablemente, versiones extraoficiales indican que su construcción sería postergada y que el Fisco no aportaría el subsidio al financiamiento de las obras, puesto que este año se requieren 50 millones de dólares para el llamado a licitación del proyecto y los costos iniciales.
La referida obra sería muy importante para la Región de Coquimbo, especialmente para la localidad de Tongoy, que se ha visto afectada por una fuerte crisis económica, derivada de la crisis de la industria del ostión.
Durante su campaña, el actual Presidente de la República siempre mantuvo distancia respecto del citado proyecto. En ese tiempo, el ahora Presidente Piñera era uno de los principales accionistas de la empresa LAN Chile.
La comunidad de Coquimbo y en particular la de Tongoy tienen la legítima preocupación de que sea la voluntad de la empresa LAN Chile la que está detrás de dicha postergación, por las necesarias inversiones que debe hacer, y de que los recursos necesarios para la reconstrucción nacional sean sólo una excusa para aplazar la realización de una obra tan importante para la Región de Coquimbo.
Por eso, solicito que se envíe oficio al señor ministro de Obras Públicas para que informe a esta Corporación acerca del estado del llamado a licitación para la construcción del aeropuerto internacional de Tongoy.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su seño-ría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Juan Luis Castro , Fidel Espinoza y quien preside.
INVESTIGACIÓN DE HECHO OCURRIDO EN SUBCOMISARÍA DE PURRANQUE. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Informo a la Sala que la bancada del Partido por la Democracia ha solicitado el tiempo adicional de cinco minutos, el cual fue cedido al diputado señor Fidel Espinoza.
Tiene la palabra su señoría.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , Jonathan José Montiel Montiel , de 21 años, por orden de la Fiscalía de Río Negro fue detenido el 11 de junio por efectivos de Carabineros y llevado a la Subcomisaría de Purranque. El joven intentó suicidarse por ahorcamiento en la citada Subcomisaría de una manera que sorprende y hoy se encuentra al borde de la muerte, en estado crítico, lo que angustia no sólo a su familia, a su madre, la señora Sandra Montiel Vargas -ella vive en Río Negro, en el sector de Huelteleufu, Chifín -, sino también a todos quienes lo conocían, pues era muy querido en la comunidad.
Las causas de la detención tendrá que investigarlas la justicia. Lo único que puedo señalar es que muchas veces la justicia actúa con doble estándar.
El joven fue acusado por su conviviente de haber sufrido algún tipo de agresión, producto de lo cual la fiscal inmediatamente ordenó su detención. Llevaba viviendo seis meses con su pareja cuando ella lo acusó de un hecho que debe investigarse, pero respecto del cual en toda la comunidad existen manifiestas dudas de su veracidad.
Este joven, en su desesperación, ya que nunca había tenido problemas con la justicia, intentó el suicidio, frustrado hasta el momento, pero que lo tiene al borde de la muerte.
Lo importante es que Carabineros, como una de las instituciones más prestigiosa, investigue a fondo todas las dudas que tiene la familia, porque se supone que cuando un detenido ingresa a un recinto policial es desprovisto de todos aquellos elementos que le permitan atentar contra su vida como ocurrió en la comuna de Purranque en la provincia de Osorno.
La desesperanza y el dolor que siente hoy la familia de Jonathan también se ha transmitido a la comunidad, la cual se pregunta qué ocurrió y si es común que una persona que es detenida ingrese con cosas que faciliten este tipo de actos.
Por eso, pido que se envíe un oficio al ministro de Defensa Nacional y, por su intermedio, al general director de Carabineros de Chile , a fin de que se realice una investigación exhaustiva de la situación ocurrida el 11 de junio a este joven de Río Negro en la Subcomisaría de Purranque.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su seño-ría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Juan Luis Castro , Matías Walker y de quien habla.
SOBREPOBLACIÓN DE LOBOS MARINOS. Oficios.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , pido que se envíe un oficio al ministro de Economía y, por su intermedio, al Subsecretario de Pesca -en esto concordamos con mi colega Matías Walker , ya que ambos somos integrantes de la Comisión de Pesca y Acuicultura-, para que el Gobierno adopte en forma urgente medidas para paliar la grave situación que afecta a miles de pescadores artesanales, debido a la proliferación de lobos marinos en todas las costas del país.
Es necesario que las autoridades de la Subsecretaría de Pesca implementen medidas urgentes tendientes a evitar masificación. No sólo se trata de que le roben los peces a los pescadores artesanales o de que les rompan sus utensilios de pesca, sino que, últimamente, lobos marinos han atacado a pescadores, lo que requiere la decisión del Gobierno de adoptar medidas tendientes a solucionar este grave problema que hoy afecta a la pesca artesanal en Chile y pone en serio riesgo su sustentabilidad.
La sobrepoblación de lobos marinos en todas las costas del país está produciendo una situación de caos en la pesca artesanal, dicho esto por sus propios dirigentes a lo largo del país, desde Arica a Magallanes. Esto hace necesario que los organismos medioambientales se sienten en una mesa de diálogo con los dirigentes de la Conapach y de otros organismos vinculados a la pesca artesanal para buscar los mecanismos que generen las condiciones para protegerla y salvaguardarla, actividad de la cual viven no sólo los pescadores artesanales, sino que también miles de ciudadanos que consumen los productos del mar que se obtienen a través de la pesca artesanal.
En el último tiempo, en la comuna de Hualaihué se han dado a conocer ataques a pescadores artesanales por estos lobos marinos; lo mismo ha ocurrido en Chiloé, donde han atacado a embarcaciones, como lo han denunciado aquí otros colegas.
Esta grave situación implica necesariamente que las autoridades de la Subsecretaría de Pesca actúen ya y no se escuden en decir que las organizaciones medioambientales no quieren que se proceda respecto de este hecho como debe ser, sobre todo, cuando sabemos cuál es el camino para solucionar este problema.
También pido que se envíe copia de esta intervención a los dirigentes de la Conapach y de los organismos vinculados a la pesca artesanal de Chile.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Juan Luis Castro, Matías Walker y de quien habla.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.35 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
?Santiago, junio 16 de 2010.
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que, en uso de las facultades a mi conferidas, he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que inicia un proyecto de ley que reajusta monto del ingreso mínimo mensual. (boletín N° 6989-13).
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba el “Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional”, aprobado en Nueva York, el 9 de septiembre de 2002. (boletín N° 6842-10)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana pasa a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, sin urgencia, el proyecto de acuerdo mediante el cual S.E. el Presidente de la República , somete a la consideración de la Cámara de Diputados el Acuerdo que aprueba el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional”, aprobado en Nueva York, el 9 de septiembre de 2002.
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios correspondientes, y previamente al análisis de fondo de este instrumento, se hace constar lo siguiente:
1°) Que la idea matriz o fundamental de este proyecto de acuerdo es aprobar, conforme lo dispuesto en los artículos 32, N° 15 y 54, N° 1, de la Constitución Política de la República, un acuerdo que confiere privilegios, inmunidades y facilidades a la Corte Penal Internacional, que implica el reconocimiento de su personalidad jurídica internacional, que la faculta para celebrar contratos, adquirir y disponer de bienes muebles e inmuebles y para entablar acciones legales. Asimismo, se le confiere los privilegios e inmunidades necesarias para el desempeño de sus funciones y la realización de sus propósitos similares a los que nuestro Estado ha concedido a otros organismos internacionales y que tienen su sustento jurídico último en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, ciertos privilegios e inmunidades a representantes de Estados Parte, representantes de otros Estados, y representantes de los Estados y de las organizaciones intergubernamentales invitados o en calidad de observadores, que participen en la Asamblea o sus órganos subsidiarios, miembros, funcionarios y otras personas, que se individualizan en los artículos 13 a 22.
2°) Que este tratado o convención internacional no contiene normas que para su aprobación requiera de quórum superior a la mayoría simple de los presentes;
3°) Que la Comisión aprobó el proyecto de acuerdo por nueve votos a favor, ninguno en contra, y una abstención. Votaron a favor las señoras Diputadas Molina Oliva , doña Andrea y Zalaquett Said , doña Mónica , y los señores Diputados Cerda García, don Eduardo ; Delmastro Naso, don Roberto ; Díaz Díaz, don Marcelo ; Jarpa Wevar, don Carlos Abel ; Tarud Daccarett, don Jorge , y Teillier del Valle, don Guillermo . Se abstuvo el Diputado señor Edwards Silva, don José Manuel .
4°) Que este proyecto de acuerdo, si bien no implica compromisos fiscales para el ejercicio en curso, contiene exenciones tributarias que implicarán que una vez instalada en Chile la Corte significarán un menor ingreso fiscal en atención al conjunto de actividades a desarrollar por ellas o sus integrantes que son gravadas por la normativa tributaria, por lo que corresponde que también sea informado por la Comisión de Hacienda.
5°) Que Diputado informante fue designado, el señor Carlos Abel Jarpa Wevar.
II. ANTECEDENTES GENERALES.
Señala el Mensaje, que este Acuerdo se convino en virtud de lo dispuesto en los artículos 4 y 48 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Fue aprobado por la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, en Nueva York, el 9 de septiembre de 2002, y entró en vigor internacional el 22 de julio de 2004. A la fecha, 63 Estados son Estados Partes del mismo.
III. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL ACUERDO.
Está estructurado sobre la base de un Preámbulo, y 39 artículos, que conforman su cuerpo principal y dispositivo.
1.- Preámbulo. Señala el Mensaje del Ejecutivo que al suscribir este Tratado los Estados Partes tuvieron en cuenta: i) el establecimiento de la Corte Penal y su competencia sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional; ii) que conforme lo dispone el artículo 4 del Estatuto de Roma, la Corte tendrá personalidad jurídica internacional y la capacidad jurídica que sea necesaria; y iii) que de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del mismo texto legal, la Corte gozará en el territorio de cada Estado Parte de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
2.- Términos empleados.
Como en todo tratado, se definen una serie de términos empleados en este instrumento: “el Estatuto”, “la Corte”, “Estados Partes”, “representantes de los Estados Partes”, “la Asamblea”, “Magistrados”, “la Presidencia ”, “el Fiscal”, “los Fiscales Adjuntos”, “el Secretario ”, “ Secretario Adjunto ”, “abogados”, “ Secretario General ”, “representantes de organizaciones intergubernamentales”, “la Convención de Viena”, y “Reglas de Procedimiento y Prueba” (artículo 1).
3.- Condición y personalidad jurídica de la Corte.
La Corte tendrá personalidad jurídica internacional y también la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y el cumplimiento de sus propósitos, en particular para celebrar contratos, adquirir y disponer de bienes muebles e inmuebles y participar en procedimientos judiciales (artículo 2).
4.- Privilegios e inmunidades de la Corte.
-La Corte gozará en el territorio de cada Estado Parte de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus propósitos (artículo 3).
-Los locales de la Corte serán inviolables (artículo 4).
-Derecho a enarbolar su pabellón, exhibir su emblema y sus señales en sus locales y sus vehículos u otros medios de transporte que utilice (artículo 5).
-La Corte y sus bienes, haberes y fondos, dondequiera y en poder de quienquiera que se hallen gozarán de inmunidad de jurisdicción en todas sus formas, salvo que la Corte renuncie expresamente a ella en un caso determinado (artículo 6).
-Los archivos y documentos de la Corte serán inviolables (artículo 7).
5.- Exenciones de impuestos, derechos de aduana y restricciones de importación o exportación.
-La Corte, sus haberes, ingresos y otros bienes, así como sus operaciones y transacciones, estarán exentos de todos los impuestos directos, que incluyen, entre otros, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el capital y el impuesto a las sociedades y los impuestos directos que perciban las autoridades locales o provinciales. Además, la Corte estará exenta de derechos de aduana, impuestos sobre el volumen de las importaciones y prohibiciones o restricciones respecto de los artículos que importe o exporte para su uso oficial y respecto de sus publicaciones (artículo 8).
-Como regla general, la Corte no reclamará la exención de los derechos y/o impuestos incluidos en el precio de bienes muebles o inmuebles ni de los derechos pagados por servicios prestados. Tampoco se concederán exenciones ni reembolsos por concepto de las tarifas de servicios públicos suministrados a la Corte (artículo 9).
-En lo referente a los “Fondos y exención de restricciones monetarias”, la Corte no quedará sometida a controles financieros, reglamentos o moratorias financieros de índole alguna en el desempeño de sus funciones y se determinan todas las facultades que tendrá al respecto (artículo 10).
6.- Facilidades de comunicaciones.
Se otorga a la Corte, en el territorio de cada Estado Parte, un trato no menos favorable que el que éste conceda a cualquier organización intergubernamental o misión diplomática en materia de prioridades, tarifas o impuestos aplicables a las diversas formas de comunicación y correspondencia (artículo 11).
7.- Acuerdo para sesionar en un país distinto de su sede.
Si la Corte lo considera conveniente podrá sesionar en un lugar distinto de su sede de La Haya, Países Bajos, y podrá concertar un acuerdo con el Estado de que se trate respecto de las facilidades necesarias para el ejercicio de sus funciones (articulo 12).
8.- Privilegios e inmunidades para ciertas personas.
Se otorgan ciertos privilegios e inmunidades a representantes de Estados Parte, representantes de otros Estados, y representantes de los Estados y de las organizaciones intergubernamentales invitados o en calidad de observadores, que participen en la Asamblea o sus órganos subsidiarios (artículo 13); a representantes de Estados que participen en las actuaciones de la Corte mientras estén desempeñando sus funciones oficiales y durante el viaje de ida hasta el lugar de las actuaciones y de vuelta de éste (artículo 14); Magistrados, Fiscal, Fiscales Adjuntos y Secretario (artículo 5); Secretario Adjunto , personal de la Fiscalía y personal de la Secretaría (artículo 16); personal contratado localmente y que no esté de otro modo contemplado en el presente Acuerdo (artículo 17); abogados y personas que asistan a los abogados defensores (artículo 18); testigos (artículo 19); víctimas (artículo 20); peritos (artículo 21); y las personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte (artículo 22).
9.- Nacionales y residentes permanentes.
Se establece que los Estados podrán declarar que las personas mencionadas en los arts. 15 16, 18, 19 y 21, disfrutarán de un estatuto de privilegios e inmunidades más restringido, y dispone similar posibilidad para las personas indicadas en los artículos 20 y 22. Esta declaración podrá efectuarse al momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al presente Acuerdo (artículo 23).
10.- Cooperación con las autoridades de Estados Partes.
La Corte en todo momento cooperará con las autoridades competentes de los Estados Partes para facilitar el cumplimiento de sus leyes e impedir que las personas abusen de los privilegios, las inmunidades y las facilidades que se les conceden y que éstas estarán obligadas a respetar las leyes y reglamentos del Estado Parte en cuyo territorio se encuentren o por el que transiten en ejercicio de sus funciones para la Corte y a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado (artículo 24).
11.- Renuncia a los privilegios e inmunidades.
Los privilegios e inmunidades previstos en los arts. 13, 14, 15 y 22, podrán renunciarse fundado en que ellos se otorgan para salvaguardar el ejercicio independiente de sus funciones y no en beneficio personal (artículos 25 y 26).
12.- Seguridad social.
A partir de la fecha en que la Corte establezca un sistema de seguridad social, las personas a que se hace referencia en los artículos 15, 16 y 17 estarán exentas, en relación con los servicios prestados a la Corte, de toda contribución obligatoria a los sistemas nacionales de seguridad social (artículo 27).
13.- Notificación.
El Secretario comunicará periódicamente a todos los Estados Partes, los nombres de los Magistrados, el Fiscal, los Fiscales Adjuntos, el Secretario , el Secretario Adjunto , el personal de la Fiscalía, el personal de la Secretaría y los abogados a quienes se apliquen las disposiciones del presente Acuerdo e igualmente cualquier cambio en la condición de esas personas (artículo 28).
14.- Laissez - Passer.
Los Estados Partes reconocerán y aceptarán como documentos de viaje válidos los laissez-passer de las Naciones Unidas o los documentos de viaje expedidos por la Corte a los Magistrados, el Fiscal, los Fiscales Adjuntos, el Secretario , el Secretario Adjunto , el personal de la Fiscalía y el personal de la Secretaría (artículo 29).
15.- Visados o permiso de entrada o salida.
Las solicitudes de visado o permiso de entrada o salida, en caso de que sean necesarios, presentadas por quienes sean titulares de un laissez-passer de las Naciones Unidas o del documento de viaje expedido por la Corte, que tenga un certificado expedido por la Corte en que conste que su viaje obedece a asuntos de ésta, serán tramitadas por los Estados Partes con la mayor rapidez posible y con carácter gratuito (artículo 30).
16.- Arreglo de controversias con terceros.
La Corte está facultada para adoptar las disposiciones sobre los medios apropiados para solucionar las controversias que dimanen de contratos o se refieran a otras cuestiones de derecho privado en que la Corte sea parte; o que se refieran a cualquiera de las personas mencionadas en el presente Acuerdo que, en razón de su cargo o función en relación con la Corte, gocen de inmunidad, si no se hubiese renunciado a ella (artículo 31).
17.- Arreglo de diferencias sobre la interpretación o aplicación del presente acuerdo.
Se establece el mecanismo para solucionar las diferencias que surjan de la interpretación o aplicación del presente Acuerdo entre dos o más Estados Partes o entre la Corte y un Estado Parte (artículo 32).
18.- Aplicabilidad del acuerdo.
El presente Acuerdo se aplicará sin perjuicio de las normas pertinentes de derecho internacional, comprendidas las de derecho internacional humanitario (artículo 33).
19.- Disposiciones finales.
En las cláusulas finales, se establecen las normas comunes a este tipo de acuerdos, relativas respectivamente a la Firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión; la Entrada en vigor; las Enmiendas; la Denuncia; el Depositario ; y, los Textos auténticos (artículos. 34 a 139).
IV. DECISIONES DE LA COMISIÓN.
Durante el debate habido en la Comisión se contó con la participación del Ministro Subrogante de Relaciones Exteriores , Embajador señor Fernando Schmidt Ariztía y del Director Subrogante de Asuntos Jurídicos señor Alvaro Arévalo Cunich .
Señaló el Canciller que este Acuerdo entró en vigencia internacional el 22 de julio de 2004, y que actualmente lo han suscrito 63 Estados. En conformidad a lo establecido en los artículos 4 y 48 del Estatuto de Roma, la Corte tiene personalidad jurídica internacional, capacidad jurídica y goza en el territorio de cada Estado Parte de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Además, la Corte puede, de acuerdo con su Estatuto, sesionar fuera de su Sede (Países Bajos) y puede ejercer sus funciones jurisdiccionales de acuerdo con el referido Estatuto en el territorio de cualquier Estado Parte.
Agregó que este Instrumento tiene por objeto establecer los privilegios e inmunidades de la Corte (inviolabilidad de los locales de la Corte; inmunidad de la Corte y de sus bienes, haberes y fondos; inviolabilidad de sus archivos y documentos; exención de impuestos, derechos de aduana y restricciones de importación y exportación; reembolso de derechos y/o impuestos; fondos y exención de restricciones monetarias; facilidades de comunicación; entre otras. También consagra privilegios e inmunidades para determinadas personas.
Explicó, que, en definitiva, se trata de un instrumento que es usual en relación con Organismos Internacionales, destinado a regular sus privilegios e inmunidades y los de sus funcionarios en situaciones especiales. Por ejemplo en relación con la Organización de las Naciones Unidas, Chile es Parte de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946 y la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados de 1947. Respecto de la OEA, igualmente existe un Acuerdo de similar naturaleza que regula los Privilegios e Inmunidades de la entidad Regional.
Finalmente, explicó que la incorporación de Chile a este instrumento multilateral está en la línea de cooperación con la Corte y se suma a la Ley N° 20.357, que tipificó en nuestra legislación penal los delitos de competencia de la Corte (crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra) con el objeto de dar plena eficacia al principio de complementariedad. Se suma, igualmente, a la legislación que se está estudiando actualmente, referida a la cooperación judicial con la Corte.
En respuesta a consultas realizadas por miembros de la Comisión, informó que en América Latina han ratificado este Tratado, entre otros, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador , Paraguay , Uruguay y Venezuela. En suma, a esta fecha 63 de 111 países lo han ratificado.
El Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, humanas, en documento que hizo llegar a esta Comisión, hace presente su satisfacción por el estudio de esta iniciativa, señalando que la Corte Penal Internacional al no ser un órgano de las Naciones Unidas sino un organismo independiente creado por un tratado internacional, su personal no se encuentra cubierto por la Convención de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, por lo cual se requiere la aprobación legislativa de este Acuerdo.
Recuerda, además, dicho documento, que la ratificación del Estatuto de Roma por el Estado de Chile, si bien tardó varios años, finalmente llegó a concretarse por la confluencia transversal de voluntades políticas comprometidas con la paz mundial, la justicia y la no impunidad. Del mismo modo, fue el compromiso de todas las bancadas parlamentarias el que permitió hace un año la adopción de la ley que tipifica en la legislación chilena el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.
Concluido su estudio la Comisión decidió, por nueve votos a favor y una abstención, proponer a la H. Cámara que le preste su aprobación al Convenio en informe, para lo cual sugiere adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo.
Votaron a favor las señoras Diputadas Molina Oliva , doña Andrea y Zalaquett Said , doña Mónica , y los señores Diputados Cerda García, don Eduardo ; Delmastro Naso, don Roberto ; Díaz Díaz, don Marcelo ; Jarpa Wevar, don Carlos Abel ; Tarud Daccarett, don Jorge , y Teillier del Valle, don Guillermo . Se abstuvo el Diputado señor Edwards Silva, don José Manuel .
El texto que propone la Comisión, es el siguiente:
“ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el “Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional”, aprobado en Nueva York, el 9 de septiembre de 2002.”.
-o-
Discutido y despachado en sesión del 8 de junio de 2010, celebrada bajo la presidencia del H. Diputado Marcelo Díaz Díaz ( Presidente de la Comisión), y con la asistencia de las señoras Diputadas: Molina Oliva, doña Andrea y Zalaquett Said , doña Mónica , y de los señores Diputados: Cerda García, don Eduardo ; Delmastro Naso, don Roberto ; Díaz Díaz, don Marcelo ; Edwards Silva, don José Manuel ; Jarpa Wevar, don Carlos Abel ; Saffirio Espinoza, don René ; Tarud Daccarett, don Jorge , y Teillier del Valle, don Guillermo .
Sala de la Comisión, 9 de junio de 2010.
(Fdo.): PEDRO N. MUGA RAMÍREZ, Abogado, Secretario de la Comisión ”.
3. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba el “Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional”, aprobado en Nueva York, el 9 de septiembre de 2002. (boletín Nº 6842-10)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de Acuerdo mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados por un mensaje de S.E. la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria.
Asistió a la Comisión durante el análisis del proyecto el señor Álvaro Arévalo , Subdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores .
El propósito de la iniciativa consiste en la aprobación del Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, aprobado en Nueva York, el 9 de septiembre de 2002.
Este Acuerdo se convino en virtud de lo dispuesto en los artículos 4 y 48 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que establecen, respectivamente, que dicha Corte tendrá personalidad jurídica internacional; capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y la realización de sus propósitos y que gozará en el territorio de cada Estado Parte del Estatuto de los privilegios e inmunidades necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
El referido Acuerdo entró en vigor internacional el 22 de julio de 2004, conforme a lo dispuesto en su artículo 35, nº 1. A la fecha, 62 Estados son Estados Parte del mismo.
El Acuerdo contiene un Preámbulo y 39 artículos.
En el artículo 1, se definen una serie de términos utilizados en el Acuerdo.
En el artículo 2, se establece que la Corte tendrá personalidad jurídica internacional y también la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y el cumplimiento de sus propósitos, en particular para celebrar contratos, adquirir y disponer de bienes muebles e inmuebles y participar en procedimientos judiciales.
En el artículo 3, se señala que la Corte gozará en el territorio de cada Estado Parte de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus propósitos.
En el artículo 4, se dispone que los locales de la Corte serán inviolables.
En el artículo 5, se faculta a la Corte el derecho a enarbolar su pabellón, además de poder exhibir su emblema y sus señales en sus locales y sus vehículos u otros medios de transporte que utilice.
En el artículo 6, se consigna que la Corte y sus bienes, haberes y fondos, dondequiera y en poder de quienquiera que se hallen gozarán de inmunidad de jurisdicción en todas sus formas, salvo que la Corte renuncie expresamente a ella en un caso determinado. No obstante dicha renuncia no será extensible a ninguna medida de ejecución. Asimismo, dichos bienes, haberes y fondos, gozarán de inmunidad de allanamiento, incautación, requisa, decomiso y expropiación y cualquier otra forma de interferencia, ya sea de carácter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo, y en la medida en que sea necesario para el desempeño de las funciones de la Corte, estarán exentos de restricciones, reglamentaciones, controles o moratorias de toda índole.
En el artículo 7, se dispone la inviolabilidad de los archivos y documentos de la Corte.
En el artículo 8, se estatuye que la Corte, sus haberes, ingresos y otros bienes, así como sus operaciones y transacciones, estarán exentos de todos los impuestos directos, que incluyen, entre otros, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el capital y el impuesto a las sociedades y los impuestos directos que perciban las autoridades locales o provinciales. Se entenderá, sin embargo, que la Corte no podrá reclamar la exención del pago de los gravámenes que constituyan de hecho la remuneración de servicios públicos prestados a una tarifa fija según la cantidad de servicios prestados y que se puedan identificar, describir y desglosar. Además, la Corte estará exenta de derechos de aduana, impuestos sobre el volumen de las importaciones y prohibiciones o restricciones respecto de los artículos que importe o exporte para su uso oficial y respecto de sus publicaciones. En cuanto a los artículos que se importen o adquieran en franquicia, no serán vendidos ni se dispondrá de ellos de otra manera en el territorio de un Estado Parte salvo en las condiciones que se acuerden con las autoridades competentes de ese Estado Parte.
En el artículo 9, se prescribe que la Corte, como regla general, no reclamará la exención de los derechos y/o impuestos incluidos en el precio de bienes muebles o inmuebles ni de los derechos pagados por servicios prestados. Sin embargo, cuando la Corte efectúe compras importantes de bienes y artículos o servicios destinados a usos oficiales y gravados o gravables con derechos y/o impuestos identificables, los Estados Partes tomarán las disposiciones administrativas del caso para eximirla de esos gravámenes o reembolsarle el monto del derecho y/o impuesto pagado. En relación a los artículos que se adquieran o reembolsen en franquicia no serán vendidos ni se dispondrá de ellos de otra manera salvo en las condiciones establecidas por el Estado Parte que haya concedido la exención o hecho el reembolso. Por último, no se concederán exenciones ni reembolsos por concepto de las tarifas de servicios públicos suministrados a la Corte.
En el artículo 10, referido a los “Fondos y exención de restricciones monetarias”, se estipula que la Corte no quedará sometida a controles financieros, reglamentos o moratorias financieros de índole alguna en el desempeño de sus funciones y podrá: tener fondos, en moneda de cualquier tipo u oro y operar cuentas en cualquier moneda; transferir libremente sus fondos, oro o moneda de un país a otro o dentro de un país y convertir a cualesquiera otras las monedas que tenga en su poder; recibir, tener, negociar, transferir o convertir bonos u otros títulos financieros o realizar cualquier transacción con ellos. Las transacciones financieras de la Corte gozarán, en cuanto al tipo de cambio, de un trato no menos favorable que el que otorgue el Estado Parte de que se trate a cualquier organización intergubernamental o misión diplomática. En todo caso, la Corte, en el ejercicio de sus derechos, conforme al párrafo 1, tendrá debidamente en cuenta las observaciones que le haga un Estado Parte, en la medida en que pueda darles efecto sin desmedro de sus propios intereses.
En el artículo 11 se otorga a la Corte, en el territorio de cada Estado Parte, un trato no menos favorable que el que éste conceda a cualquier organización intergubernamental o misión diplomática en materia de prioridades, tarifas o impuestos aplicables a las diversas formas de comunicación y correspondencia. Así, por ejemplo, su correspondencia o sus comunicaciones oficiales no serán sometidas a censura alguna; podrá utilizar todos los medios apropiados de comunicación, incluidos los electrónicos; podrá despachar y recibir correspondencia y otras piezas o comunicaciones por correo o valija cerrada, y podrá operar equipos de radio y otro equipo de telecomunicaciones en las frecuencias que le asignen los Estados Partes.
En el artículo 12 se consigna que si la Corte considera conveniente sesionar en un lugar distinto de su sede de La Haya, Países Bajos, podrá concertar un acuerdo con el Estado de que se trate respecto de la concesión de las facilidades adecuadas para el ejercicio de sus funciones.
El Acuerdo, además de brindarle a la Corte privilegios e inmunidades como organización internacional, otorga ciertos privilegios e inmunidades a:
-representantes de Estados Parte en el Estatuto que participen en la Asamblea o sus órganos subsidiarios, los representantes de otros Estados que asistan a reuniones de la Asamblea y sus órganos subsidiarios en calidad de observadores y los representantes de los Estados y de las organizaciones intergubernamentales invitados a reuniones de la Asamblea y sus órganos subsidiarios (artículo 13);
-representantes de Estados que participen en las actuaciones de la Corte mientras estén desempeñando sus funciones oficiales y durante el viaje de ida hasta el lugar de las actuaciones y de vuelta de éste (artículo 14);
-Magistrados, Fiscal, Fiscales Adjuntos y Secretario (artículo 15);
- Secretario Adjunto , personal de la Fiscalía y personal de la Secretaría (artículo 16);
-personal contratado localmente y que no esté de otro modo contemplado en el presente Acuerdo (artículo 17);
-abogados y personas que asistan a los abogados defensores (artículo 18);
-testigos (artículo 19);
-víctimas (artículo 20);
-peritos (artículo 21);
-otras personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte (artículo 22).
En el artículo 23, sobre “Nacionales y residentes permanentes”, se establece que en relación a ellos, los Estados podrán declarar que las personas mencionadas en los artículos 15, 16, 18, 19 y 21, disfrutarán de un estatuto de privilegios e inmunidades más restringido, y establece similar posibilidad para las personas indicadas en los artículos 20 y 22. Esta declaración podrá efectuarse al momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al presente Acuerdo.
En el artículo 24, se dispone que la Corte en todo momento cooperara con las autoridades competentes de los Estados Partes para facilitar el cumplimiento de sus leyes e impedir abusos en relación con los privilegios, las inmunidades y las facilidades a que se hace referencia en el presente Acuerdo. Agrega, además, que igualmente las personas que gocen de privilegios e inmunidades de conformidad con el presente Acuerdo estarán obligadas a respetar las leyes y reglamentos del Estado Parte en cuyo territorio se encuentren o por el que transiten en ejercicio de sus funciones para la Corte y a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado.
Los artículos 25 y 26 contemplan que los privilegios e inmunidades previstos en los artículos 13, 14, 15 y 22, respectivamente, podrán renunciarse fundado en que ellos se otorgan para salvaguardar el ejercicio independiente de sus funciones en relación con la labor de la Asamblea, sus órganos subsidiarios y la Corte y no en beneficio personal.
En el artículo 27, denominado “Seguridad social”, se puntualiza que a partir de la fecha en que la Corte establezca un sistema de seguridad social, las personas a que se hace referencia en los artículos 15, 16 y 17 estarán exentas, en relación con los servicios prestados a la Corte, de toda contribución obligatoria a los sistemas nacionales de seguridad social.
En el artículo 28, se indica que el Secretario comunicará periódicamente a todos los Estados Partes, los nombres de los Magistrados, el Fiscal, los Fiscales Adjuntos, el Secretario , el Secretario Adjunto , el personal de la Fiscalía, el personal de la Secretaría y los abogados a quienes se apliquen las disposiciones del presente Acuerdo e igualmente cualquier cambio en la condición de esas personas.
En el artículo 29, se consigna que los Estados Partes reconocerán y aceptarán como documentos de viaje válidos los laissez-passer de las Naciones Unidas o los documentos de viaje expedidos por la Corte a los Magistrados, el Fiscal, los Fiscales Adjuntos, el Secretario , el Secretario Adjunto , el personal de la Fiscalía y el personal de la Secretaría.
En el artículo 30, se determina que las solicitudes de visado o permiso de entrada o salida, en caso de que sean necesarios, presentadas por quienes sean titulares de un laissez-passer de las Naciones Unidas o del documento de viaje expedido por la Corte, u otra persona de las referidas en los artículos 18 a 22 del presente Acuerdo que tenga un certificado expedido por la Corte en que conste que su viaje obedece a asuntos de ésta, serán tramitadas por los Estados Partes con la mayor rapidez posible y con carácter gratuito.
En el artículo 31, se faculta a la Corte para adoptar las disposiciones sobre los medios apropiados de arreglo de las controversias que dimanen de contratos o se refieran a otras cuestiones de derecho privado en que la Corte sea parte; o que se refieran a cualquiera de las personas mencionadas en el presente Acuerdo que, en razón de su cargo o función en relación con la Corte, gocen de inmunidad, si no se hubiese renunciado a ella.
En el artículo 32, se establece el mecanismo para solucionar las diferencias que surjan de la interpretación o aplicación del presente Acuerdo entre dos o más Estados Partes o entre la Corte y un Estado Parte.
En el artículo 33, se indica que el presente Acuerdo se aplicará sin perjuicio de las normas pertinentes de derecho internacional, comprendidas las de derecho internacional humanitario.
Desde el artículo 34 al 39 se consignan las cláusulas finales, comunes a este tipo de acuerdos, relativas respectivamente a la Firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión; la Entrada en vigor; las Enmiendas; la Denuncia; el Depositario ; y, los Textos auténticos.
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento del proyecto de Acuerdo en informe.
En el debate de la Comisión el señor Álvaro Arévalo planteó que el proyecto de Acuerdo tiende a regular la eventualidad de que la Corte Penal Internacional pueda funcionar en nuestro país, o de que algún funcionario de la Corte realice alguna gestión jurídica vinculada con sus actividades en Chile, y para este efecto se establece una serie de privilegios e inmunidades que son bastante comunes en cuanto a la regulación jurídica de organizaciones internacionales.
Agregó que la aprobación de este Acuerdo dice relación con la cooperación de Chile en el proceso de implementación de la Corte Penal. El señor Arévalo explicó que ya se encuentra aprobado el Estatuto de la Corte y se han tipificado los crímenes que serán de su competencia, por lo que corresponde continuar con el proceso, siendo necesario aprobar una serie de instrumentos complementarios, entre ellos, los privilegios e inmunidades de la Corte.
Dando respuesta a diversas inquietudes que se formularon en la Comisión, el señor Arévalo señaló que los privilegios que establece este Acuerdo tienen el mismo fundamento que las inmunidades diplomáticas; esto es, proteger al organismo internacional y a sus funcionarios frente a los órganos jurisdiccionales de un determinado Estado y, de esta forma, garantizar el máximo posible de independencia en el trabajo de la Corte y de sus funcionarios. Se trata de establecer un manto de protección jurídica a la actividad independiente de un órgano jurisdiccional como es la Corte Penal Internacional.
El Diputado señor Macaya lamentó que el Acuerdo no contemplara una distinción clara entre inmunidades civiles y penales. Siguiere plantear una declaración interpretativa en esta materia, a fin de que las inmunidades en materia civil no se hagan extensivas a situaciones que no tienen relación con la actividad particular de la Corte y de sus funcionarios, por ejemplo, en materia hereditaria, patrimonial, filiación, entre otras.
El señor Arévalo sostuvo que la posibilidad de formular una declaración interpretativa está abierta; sin embargo, por el carácter eventual de la función de la Corte y sus funcionarios en nuestro país, consideró que no se justifica hacerlo.
Teniendo presente los antecedentes de la iniciativa y las consideraciones expuestas en la Comisión, fueron revisados los artículos pertinentes y sometido a votación el artículo único del proyecto de Acuerdo propuesto por la Comisión Técnica, siendo aprobado por 11 votos a favor y uno en contra. Votaron a favor los Diputados señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Javier ; Monckeberg, don Nicolás ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Votó en contra el Diputado señor Marinovic, don Miodrag .
Tratado y acordado en sesión de fecha 15 de junio de 2010, con la asistencia de los Diputados señores Von Mühlenbrock, don Gastón ( Presidente ); Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Monckeberg, don Nicolás ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto , y Silva, don Ernesto .
Se designó diputado informante al señor Silva, don Ernesto.
Sala de la Comisión, a 18 de junio de 2010.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión ”.
4. Certificado de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
“Valparaíso, 15 de junio de 2010.-
El Secretario de Comisiones que suscribe, certifica:
Que el proyecto de ley, originado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República , en primer trámite constitucional, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, Boletín 6989-13, con urgencia calificada de ”discusión inmediata”, fue despachado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, con la asistencia de las señoras Diputadas Goic, doña Carolina , Muñoz , doña Adriana , y Nogueira , doña Claudia , y de los Diputados señores Alinco ; Andrade ; Bertolino – Presidente -; Jiménez ; Edwards , en reemplazo del señor Monckeberg, don Nicolás ; Saffirio ; Salaberry ; Silva ; Urrutia , y Vilches .
Asimismo, asistieron los diputados señores Lorenzini y Recondo .
Que concurrieron a la sesión, durante el estudio del proyecto, el señor Ministro de Hacienda , Felipe Larraín Bascuñan ; la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, doña Camila Merino Catalán , y el señor Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia , don Claudio Alvarado Andrade .
Que puesto en votación, en general y en particular, el proyecto fue aprobado por siete votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Que el articulado del proyecto no reviste el carácter de norma orgánica constitucional ni de quórum calificado.
Que la Comisión acordó que este informe se emitiera en forma verbal, directamente en la Sala, para lo cual designó Diputado Informante al señor Bertolino, don Mario .
Que la Comisión consideró que el presente proyecto de ley debe ser objeto de estudio por la Comisión de Hacienda por incidir en materias presupuestarias o financieras del Estado.
Que el texto aprobado por esta Comisión, es el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Elévase, a contar del 1 de julio de 2010, de $ 165.000.- a $ 170.000.- el monto del ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta de 65 años de edad.
Elévase, a contar del 1 de julio de 2010, de $ 123.176 a $126.909.- el monto del ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 65 años de edad y para los trabajadores menores de 18 años de edad.
Elévase, a contar del 1 de julio de 2010, el monto del ingreso mínimo mensual que se emplea para fines no remuneracionales, de $ 106.435 a $ 109.660.-.”.”
(Fdo.): PEDRO N. MUGA RAMÍREZ, Abogado Secretario de la Comisión ”.
5. Certificado de la Comisión de Hacienda sobre el proyecto, originado en mensaje, que reajusta el monto del ingreso mínimo. (boletín N° 6989-13).
“Valparaíso, 16 de junio de 2010.
El Secretario de Comisiones que suscribe, certifica:
Que el proyecto de ley originado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual (Boletín Nº 6.989-13), con urgencia calificada de “discusión inmediata”, fue tratado en esta Comisión, en sesiones (2) de fecha de hoy, con la asistencia de los Diputados señores Von Mühlenbrock, don Gastón ( Presidente ); Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Monckeberg, don Nicolás ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto , y Silva, don Ernesto .
Concurrieron, además, los Diputados señores Osvaldo Andrade ; Ramón Farías , Patricio Melero , y Pedro Velásquez .
Asistieron a la Comisión durante el estudio de la iniciativa el señor Felipe Larraín , Ministro de Hacienda ; la señora Camila Merino , Ministra del Trabajo y Previsión Social; los señores Claudio Alvarado , Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia ; Cristóbal Gigoux , Asesor del Ministro de Hacienda ; Francisco del Río , Asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y la señorita Alejandra Candia , Asesora del Ministerio de Hacienda.
Asimismo concurrieron los señores Arturo Martínez , Presidente Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); Raúl de la Puente , Presidente Nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF); Oscar Oliva , Presidente Nacional de la Central Autónoma de Trabajadores (CAT) y Juan Carlos Scapini , Académico de la Facultad de Economía de la Universidad Central.
Los Diputados señores Auth; Jaramillo ; Lorenzini ; Ortiz , y Robles presentaron la siguiente indicación al artículo 1°: para reemplazar en su inciso primero la expresión “a $ 170.000” por “a $ 180.000”.
El Diputado señor Von Mühlenbrock ( Presidente ) declaró inadmisible la indicación por tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República , de conformidad a lo prescrito en el artículo 65 inciso tercero N° 4 de la Constitución Política de la República.
A continuación se solicitó votación separada de los tres incisos del artículo 1° del proyecto.
Sometido a votación el inciso primero del artículo 1°, se rechazó por 6 votos a favor y 7 votos en contra. Votaron a favor los Diputados señores Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Monckeberg, don Nicolás ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto , y Von Mühlenbrock, don Gastón . Votaron en contra los Diputados señores Auth, don Pepe ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Marinovic, don Miodrag ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel , y Robles, don Alberto .
Puesto en votación el inciso segundo del artículo 1°, se rechazó por 6 votos a favor y 7 votos en contra. Votaron a favor los Diputados señores Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Monckeberg, don Nicolás ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto , y Von Mühlenbrock, don Gastón . Votaron en contra los Diputados señores Auth, don Pepe ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Marinovic, don Miodrag ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel , y Robles, don Alberto .
Sometido a votación el inciso tercero del artículo 1°, se aprobó por 11 votos a favor, un voto en contra y una abstención. Votaron a favor los Diputados señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Javier ; Monckeberg, don Nicolás ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto ; Silva, don Ernesto , y Von Mühlenbrock, don Gastón . Votó en contra el Diputado señor Marinovic, don Miodrag , y se abstuvo el Diputado señor Lorenzini, don Pablo .
La Comisión acordó que el informe se emita en forma verbal, directamente en la Sala, para lo cual designó Diputado Informante al señor Lorenzini, don Pablo .
Al presente certificado se adjunta informe financiero de la Dirección de Presupuestos.
En consecuencia, se propone a la Sala el siguiente texto:
PROYECTO DE LEY
“Artículo único.- Elévase, a contar del 1° de julio de 2010, el monto del ingreso mínimo mensual que se emplea para fines no remuneracionales, de $106.435 a $109.660.-.”
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Secretario de la Comisión ”.
Moción de los señores diputados Lorenzini , Chahín , Latorre , Ojeda , Rincón , Saffirio ; Torres; Venegas, don Mario y Goic, doña Carolina . Regula las compras usando pinpass para proteger la seguridad de las transacciones. (boletín N° 6996-03)
FUNDAMENTOS
1.- Que es un hecho conocido que cada año la banca y el comercio a nivel global pierden millones de dólares producto del fraude que se comete a través de las tarjetas de crédito. Ello ha obligado a tomar medidas para proteger las transacciones. Al respecto existen en el mercado seguros que le protegen contra robo, hurto, pérdida o extravío, falsificación y/o adulteración de la Tarjeta. Ello genera suculentas cifras para las compañías de seguros.
2.- Que hasta hace pocos días, al realizar una compra con sus tarjetas de crédito se le solicitaba la firma y el Rut, además de la exhibición de la respectiva cedula de identidad al pagar usando una tarjeta de crédito, en otras palabras, el comercio estaba obligado a confirmar su identidad exigiéndole presentar su cédula y luego firmar un comprobante físico en papel. Hoy sin embargo, todos los locales de comercio adheridos solicitan solamente el PinPass. En caso de fraude, si le robaban o copiaban su tarjeta, era responsabilidad del comercio asegurar que fuese efectivamente el titular quien estaba haciendo la compra. Y si eso no se cumplía, entonces las personas podían impugnar los cargos fraudulentos. Ahora, cualquier persona podrá usar la tarjeta de crédito de terceros sin necesidad de identificarse. Basta saber el código para hacer todas las compras que quiera, sin identificarse y hasta reventar el cupo de las tarjetas.
3.- Que el PinPass es el nuevo nombre para la Clave Secreta de Tarjeta de Crédito Bancaria. PinPass es un sistema de pago en comercios mediante el ingreso de un PIN (o NiP, Número de Identificación Personal, en español), creado en Chile por la empresa Transbank, la cual administra todas las tarjetas de créditos y de débito bancarias del país. El sistema consiste en que, al momento de realizar una compra, la persona debe ingresar una clave secreta de 4 dígitos para que la compra sea aprobada.
A su vez, ya no es requisito mostrar la Cédula de identidad al empleado del comercio, ni firmar el comprobante de venta o Boucher que se entregaba en el sistema antiguo. Esta es obligatoria desde el 30 de mayo para efectuar compras en los comercios adheridos y para realizar avances de dinero en efectivo en cajeros Redbanc. El Pin Pass opera de la siguiente manera: Al momento de realizar la compra con tu Tarjeta de Crédito Bancaria, el vendedor o cajero solicita que confirme el monto e ingrese su PinPass. Si la venta es aprobada e ingresó correctamente tu PinPass, se imprimirá el comprobante de venta. Además, permite hacer compras sin la necesidad de un tercero (autoatención).
Esto último nos parece riesgoso, pues nadie podría controlar un eventual fraude o el uso por parte de terceros de la referida tarjeta.
Pero debemos tener en cuenta que también conlleva un riesgo para la seguridad. La confidencialidad de nuestras claves y tarjetas es responsabilidad no solo de los usuarios sino también de las instituciones que las emiten. Por ello, las instituciones financieras debiesen contar con mecanismos complementarios de seguridad.
4.- Que se señala en la web www.pinpass.cl que dentro de los beneficios que tiene el comprar con PinPass: “Tus compras son más rápidas y cómodas, porque no tienes que firmar el comprobante de venta y más seguras porque sólo tú conoces tu PinPass” Ello es relativamente cierto, pues no deja de causar temor el que los delincuentes hoy además de robar la tarjeta, también puedan solicitar mediante amenazas obtener la clave. Ello transforma al sistema en feble, responsabilizando solo al usuario del mal uso que se pudiera hacer de las tarjetas.
5.- Que por otra parte, nos llama poderosamente la atención de que no se permita el mantener el sistema antiguo, obligando a los usuarios a usar el nuevo sistema, sin tener alternativa. La página antes referida señala en la sección preguntas frecuentes: ¿Puedo seguir operando con mi tarjeta como tradicionalmente lo he hecho? NO, a contar del 30 de mayo sólo podrás realizar tus compras con PinPass en los comercios adheridos. Además, el hecho de que la clave sea la misma que se utiliza en los cajeros RedBanc la hace más susceptible a fallas de seguridad. Pues como señala la misma página “es la misma clave, por lo tanto, no es necesario tener dos claves distintas”. Ello facilita al usuario recordar más de una clave, pero también se las simplifica a quien pretende hacer mal uso de las tarjetas ajenas.
6.- Que no consideramos negativo el que se establezcan nuevas tecnologías que faciliten las transacciones, siempre y cuando estas tengan las características de ser seguras, y de dar garantías de que en caso de mal uso de las mismas – es decir en caso de que terceros sin consentimiento del dueño de las tarjetas en este caso utilicen los medios de pago- se vean resguardados. Creemos que dicha tecnología en lugar de ser una alternativa al sistema antiguo, debiese ser un complemento del mismo, de tal manera que al comprar con tarjetas de crédito, además de la exhibición del carnet, y la firma en el Boucher, se requiera el pinpass, haciendo aun más segura la transacción, lo cual tomaría solo unos cuantos segundo más.
7.- Que el sistema tal como se ha presentado, al ser el PinPass al ser un Personal Identificator Number (numero personal de identificación), por definición personal e intransferible, implique que en caso de fraude se argumente la responsabilidad sólo del cliente. Por ello las recomendaciones que al respecto ha dado el SERNAC nos parecen del caso repetir y consagrar:
1) Las empresas tienen la obligación de tomar todas las medidas para que los consumidores no sean víctimas de fraudes. Los mismos tribunales han confirmado en varias sentencias que la obligación de los servicios seguros corresponde a las empresas.
2) Los derechos de los consumidores son irrenunciables, por lo que la implementación de nuevos dispositivos tecnológicos no significa que la empresa puede dejar de responder por eventuales fraudes. Los estándares de seguridad deben seguir siendo los mismos e incluso reforzarse.
3) Cuando una empresa le cobra a un consumidor compras realizadas por terceros, la empresa deberá responder si no demuestra que sus mecanismos fueron seguros y que actuó profesionalmente.
4) Las empresas han declarado que esta nueva modalidad busca precisamente dar mayor seguridad y estaremos atentos a que esa promesa se cumpla, o a que respondan si no tomaron todas las medidas para que los consumidores no sean víctimas de fraudes.
5) Si bien de los delitos responden los delincuentes, las empresas responden cuando ofrecen servicios inseguros.
8.- Que no obstante lo anterior, la practica ha demostrado que en caso de fraude, lo más probable es que al tratar de impugnar los cargos que se hagan en su tarjeta, la respuesta que va a recibir es que deberá demostrar que no se trata de un “autofraude”, que usted no le pasó voluntariamente su tarjeta y su código a un tercero para que haga las compras que después pretende impugnar.
Es por esto que a fin de clarificar, y consagrar cierta y fehacientemente los derechos de los consumidores y usuarios de tarjetas de créditos es que presentamos la siguiente modificación a la ley 20.009, incorporando un artículo 6° nuevo, para establecer requisitos para realizar compras con tarjetas de crédito y débito.
En razón de lo anterior, los parlamentarios abajo firmantes venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY ARTÍCULO ÚNICO
Modificase la ley 20.009 en el siguiente sentido:
Agréguese un artículo 6° nuevo:
“Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, para realizar compras con tarjetas de crédito, serán requisito además de la clave PinPass, exhibir la Cédula de Identidad al empleado del comercio, y firmar el comprobante de venta o Boucher ”.
Moción de los señores diputados Meza ; Espinosa, don Marcos ; Jarpa y Pérez, don José . Reforma la Constitución Política de la República estableciendo el derecho a voto desde los 16 años. (boletín N° 6997-07)
“Considerando:
1. El poder ejecutivo presentó recientemente un conjunto de iniciativas tendientes a fortalecer el sistema democrático de nuestro país en tres áreas: inscripción automática y voto voluntario, voto para chilenos en el extranjero y cambio de fecha en las elecciones presidenciales. Al presentar estas mociones, el Presidente de la República señaló: “Todas estas iniciativas apuntan a que nuestra democracia recupere la fuerza, la juventud y la vitalidad para que ella pueda ser la columna vertebral del sistema de participación y de la toma de decisiones en nuestra República”.
2. Como se desprende de estas declaraciones, las medidas propuestas buscan oxigenar nuestro padrón electoral, en especial instaurando la inscripción automática. Un padrón que se encuentra congelado y que desde 1988 se ha envejecido: Si en 1988 el 36% del padrón estaba representado por jóvenes entre 18 y 29 años, en el 2006 era sólo el 8,5%.
3. Esta realidad que demuestra nuestro padrón electoral es la expresión más patente de la apatía política que existe en la juventud. Un problema que los legisladores debemos buscar solucionar de una manera pro activa renovando la política y estableciendo normas que favorezcan la participación y rendición de cuentas.
4. En este contexto, un debate ausente en las medidas planteadas por el poder ejecutivo tiene relación con la edad “optima” para que las personas puedan participar en el sistema democrático.
5. ¿Quién tiene derecho a sufragio? Como se sabe, pueden participar del sistema democrático todos los chilenos que sean mayores de dieciocho años. Sin embargo, los autores de este Proyecto Ley creemos que la variable “edad” es un factor debatible y queremos discutirlo presentando esta iniciativa que busca rebajar el requisito para todos los chilenos o chilenas mayores de dieciséis años.
6. La “edad para votar” es una decisión arbitraria y no existen fundamentos morales o racionales que impidan cambiar este requisito. Todo parece indicar que el criterio se basa en un reconocimiento a la capacidad o suficiencia intelectual de este segmento etéreo para tomar algunas de las decisiones básicas que implica la vida en sociedad. Este fue el criterio que se implementó cuando se rebajo la edad para votar de veintiuno a los actuales dieciocho años.
7. En la actualidad, no existen fundamentos completamente racionales que impidan rebajar nuevamente la edad para votar a tos dieciséis años. Para partir, existe evidencia científica, sico-formativa y cultural que demuestran que la diferencia en el grado de desarrollo entre los jóvenes de dieciséis y dieciocho años no es mayor. Asimismo, la experiencia “jurídica” da muestras de lo mismo, por ejemplo: a) la Ley Penal Juvenil que reconoce el discernimiento de los mayores de 14 años y extiende la imputabilidad delictual hasta esa edad; b) el matrimonio que es válido a partir de los 16 años; c) el pago de impuestos ya que a partir de los 15 años se puede considerar contribuyente a un joven cuando recibe rentas. Por otro lado, han demostrado capacidad política e interés de participar en la vida pública, muestra de lo anterior fue el movimiento de los pingüinos que fue fundamental para abrir el debate respecto a la calidad de la educación pública.
8. La experiencia comparada avala nuestra moción. Austria, Suiza, Brasil, Argentina, Ecuador , Cuba, Nicaragua, ciudades como Barcelona o Montevideo aplican el derecho a voto voluntario desde los16 años o están en proceso de discusión legislativa.
9. Independientemente a definición respecto a la posible “voluntariedad” del voto, los parlamentarios que presentamos esta moción creemos que el voto debe ser voluntario-por lo menos- desde los dieciséis a los dieciocho años.
10. Como reformistas, creemos que esta moción refrescará nuestro padrón electoral, además de generar un nuevo factor de inclusión al sistema democrático.
11. Por todo lo anterior, venimos en presentar la siguiente:
REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo único: Modifíquese en el siguiente sentido la Constitución Política de la República de Chile.
1) Reemplazar en el artículo N° 13 la palabra “dieciocho” por “dieciséis”
2) Incorporar un nuevo inciso segundo en el artículo N° 15: “Para los menores de dieciocho años el sufragio será voluntario”.
Moción de los señores diputados Meza ; Pérez, don José ; Espinosa, don Marcos ; Jarpa y Robles. Establece la reducción del contenido de sodio o sal en alimentos procesados. (boletín N° 6998-11)
“Considerando:
1. Todas las personas que alguna vez en su vida han tenido relación con enfermedades cardiovasculares u otras patologías relacionadas, obesidad o sobrepeso, han escuchado que deben dejar el cigarrillo, los alimentos altos en colesterol, hacer deporte y disminuir el consumo de sal en los alimentos. Esto último, comer sin sal o con menos sal, se suele dejar como la última preocupación. Sin embargo, la evidencia clínica ha demostrado que esta indicación es una de las más importantes para prevenir este tipo de enfermedades, en particular la hipertensión, primera causa de muerte a nivel mundial y una de las principales en nuestro país. Esto lo reafirmó la Organización Mundical de la Salud (OMS) y desde el año 2006 que recomienda a los países que establezcan políticas públicas para reducir la ingesta de sal en los alimentos.
2. En el Foro Sobre la Reducción del Consumo de Sal en la Población, Paris , año 2006, la OMS concluyo que ““se ha demostrado adecuadamente la eficiencia de la disminución de la ingesta de sodio en la reducción de la presión arterial, en una revisión sistemática de la colaboración (que incluyo 17 estudios en hipertensos y 11 ensayos en normo tensos), se descubrió que una reducción moderada del consumo de sodio durante al menos 4 semanas tenía un efecto sobre la presión arterial significativo e importante desde el punto de vista de la población. En los hipertensos la media de la reducción de la excreción de sodio en la orina de 24 horas fue de 78 mmol (4.6 g/d de sal) y la media de la disminución de la presión arterial fue de 4.97 mmHg (sistólica) y 2.74 mmHg (diastólica), en los individuos con presión arterial normal, la media de la reducción de la excreción de sodio en la orina de 24 horas fue de 74 mmol (4.4 g/d de sal) y la media de la disminución de la presión arterial fue de 2.03 mmHg (sistólica) y 0.99 mmHg (diastólica), este metanálisis también demostró que existía una correlación entre la magnitud de la reducción del sodio y el grado de disminución de la presión arterial dentro del intervalo de ingesta diaria de sal de 3g a 12g”. Asimismo, en las conclusiones se agrega que la ingesta de sal no solo está altamente relacionada con la hipertensión arterial, sino que “múltiples estudios de observación rebelan asociaciones claras del consumo de sodio con la vasculopatía y con diversas afecciones, como el cáncer gástrico, la osteoporosis, las cataratas, los cálculos renales, y la diabetes. Aunque no existen datos probatorios directos de los efectos beneficiosos de la reducción de sodio en los episodios vasculares graves, la justificación de beneficio previsto de la restricción de sodio es muy sólida”.
3. La obesidad está estrechamente asociada con la hipertensión arterial. Estudios del doctor Luis Hernán Zarate , uno de los pocos expertos sobre la materia en nuestro país, señalan que la presencia de ésta en sujetos obesos sobrepasa el 50%. Las personas con obesidad sufren de incapacidad para eliminar el exceso de sodio e ingieren mayor cantidad de sal que los “nomopesos”, debido fundamentalmente al mayor consumo de alimentos procesados. Además, actualmente 4 de cada 10 chilenos y chilenas sufren hipertensión y 5 de 10 tienen alto riesgo de vivir problemas cardiovasculares.
4. En el mismo estudio del doctor Zarate , denominado “Sodio y Potasio: en busca del equilibrio”(Fundación Chilena de Hipertensión Arterial), se señala que “en una reciente publicación, en donde se analiza la ingesta de sal diaria, en más de 1.600 niños británicos, de entre 4 y 18 años de edad, sugiere que la ingesta de sal podría ser un factor oculto contribuyente a la epidemia de obesidad infantil En él se observó que aquellos niños que ingerían mayores cantidades de sal, tenían también tendencia a beber más líquidos azucarados, como consecuencia de la sed que producía, llevando a un sobreconsumo calórico que podría facilitar el desarrollo de la obesidad infantil. Según este estudio, una disminución de la ingesta de sal diaria, esto es de 6 g a 3 g, podría evitar la incorporación de 250 kcal semanales en bebidas y jugos azucarados”.
5. Nuestro país se encuentra ubicado dentro de aquellos con elevado consumo; la OMS ha recomendado que la ingesta máxima de sal diaria sea de 5 g. con el objetivo de la prevención de la hipertensión arterial, reducción de infartos de miocardio, obesidad y accidentes cerebro vasculares. En Chile, el consumo de sal diario se estima entre 9 y 12 g. Sobre el 80% de la población consume más de lo recomendado. Esto lo reafirmó una investigación que se efectuó a las mujeres embarazadas del área urbana de Concepción, que cuantificó una ingesta promedio de 11,4 g. En otras palabras, en Chile consumimos más doble de lo saludablemente permitido. Estamos ante un grave riesgo para la salud de nuestros compatriotas.
6. Por ello, es hora de tomarse en serio el famoso “le saco la sal”. Se trata de un problema que tiene importantes consecuencias para el organismo y que aparece como una de las principales causas de muerte. Sólo en Chile se estima que uno de cada ocho fallecimientos son atribuible al consumo excesivo de sal. Nuestro país debe tomar con seriedad este problema. Los ingleses lo enfrentaron asimilando la sal a un potente veneno. Para ellos, cada gramo de sal menos que consume en promedio su población representa una vida salvada. Esa sería la mejor forma de sensibilizar a la población, ya que sus efectos no son tan evidentes como un accidente de tránsito o una catástrofe natural, pero igual o más fatales. Los estudios del doctor Zarate estiman que si en nuestro país lográsemos reducir el consumo de sal en un solo gramo se bajaría en cuatro milímetros la presión arterial promedio de los chilenos y se evitarían 1.254 muertes al año.
7. La recomendación de organismos internacionales y que han aplicado los países de la OCDE para solucionar este problema van encaminadas a establecer tres políticas claras con respecto a:
a. La producción de alimentos en forma industrial sin agregado de sal o con la mínima cantidad posible.
b. Cambios en el entorno de la población, de modo de asegurar que los alimentos más sanos sean fácilmente identificables a través de etiquetado apropiado, ubicación de fácil visión de los productos alimenticios saludables en los supermercados y otros lugares de ventas y
c. Una activa y amplia campaña educativa en todos los grupos etarios en relación a una alimentación saludable y con bajo contenido en sodio.
8. Actualmente se encuentra en Segundo Trámite Constitucional un Proyecto Ley denominado “Sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad”(Boletín 4921-11) que regula las recomendaciones contempladas en la letra b) y c). El primero, reducir la sal en los alimentos, no se encuentra legislado. Siendo este, a juicio de los doctores expertos en la materia, el aspecto más importante para lograr reducir el consumo promedio diario de sal, es crucial formarlo con la urgencia que amerita este grave problema de salud pública.
9. Para los expertos, la política pública debe ser más “agresiva”, no basta con informar a la población, tenemos que procurar la calidad y sanidad de los alimentos que consumen. Es un rol ineludible del Estado. Más aún, considerando que está clínicamente comprobado que no significa ningún riesgo eliminar o disminuir la sal de los alimentos: “Podemos descartar definitivamente los temores de un incremento de riesgo cardiovascular por reducción del consumo de sal”, dice el Doctor Zarate . En otras palabras, el uso de la sal es un gusto aprendido socialmente. Podríamos dejar de ingerir sal y no se produciría algún déficit o carencia para la salud humana
10. El Proyecto de Ley que ponemos a consideración del Congreso Nacional establece que el máximo de contenido de sodio o sal en todos los alimentos elaborados o envasados que se comercialicen en el territorio nacional, así como los chocolates, galletas y helados, no podrá ser mayor a cuatrocientos (400) miligramos por cada cien(100) gramos del alimento. Esto equivale a cerca de 1,7% de sal. Asimismo, consientes de que esto significa cambios profundos en la producción de los alimentos, se prevé llegar a dicho parámetro en un plazo de 4 años desde la vigencia de la ley. La pena por no cumplir lo señalado será la prohibición de la comercialización del producto.
11. Se norma sólo sobre este tipo de alimentos ya que es difícil establecer la cantidad de sodio que se consume en locales comerciales, como restaurantes, y porque sobre el 70% de la sal que comen los chilenos proviene de alimentos procesados. De esta manera, las galletas Selz que posee 1.900 miligramos de sodio por cada 100 gramos de galleta, las salchichas que tienen más de 800 miligramos, los cereales que sobrepasan los 1.000 miligramos, la mantequilla, las sopas envasadas y todos los alimentos o productos que sean malignos para salud- de acuerdo a lo que hemos concluido- tendrán 5 años para adaptarse a la nueva normativa o deberán desaparecer del mercado.
12. El mismo estudio del Doctor Luis Hernán Zarate, que ha sido varias veces citado en este Proyecto Ley, señala que “es interesante destacar que las estrategias que tienen como objetivo la reducción de la ingesta de sodio son más costo efectivas que los programas tradicionales de control de enfermedades cardiovasculares”. Agrega que desde la perspectiva de los beneficios se encuentra la prevención de infartos y cuidados por enfermedades al miocardio, incrementos en productividad, ahorro en tiempo, reducción de los tratamientos antihipertensivos. “Los ahorros netos de la aplicación de esta medida por un período de 25 años es de $ 240 millones de dólares equivalentes a $120 millones. Asociado a lo anterior se presenta un incremento en la expectativa de vida de la sociedad en su conjunto, con un total de 148.519 años de vida salvados”.
13. Por todo lo anterior, se presenta el siguiente
PROYECTO DE LEY
Art.1. El máximo de contenido de sodio en todos los alimentos elaborados o envasados que se comercialicen en el territorio nacional, así como los chocolates, galletas y helados, no podrá ser mayor a cuatrocientos (400) miligramos por cada cien(100) gramos del alimento.
Art.2. El máximo dispuesto en el artículo anterior se alcanzará en el plazo de cuatro (4) años desde la fecha de vigencia de la presente Ley.
Art.3. La autoridad competente será el Ministerio de Salud, quien determinará los máximos anuales para arribar al máximo dispuesto en el artículo 1°
Art.4. El no cumplimiento de lo señalado en los artículos 1° y 2° se penará prohibiendo la fabricación, tenencia, distribución o comercialización del producto hasta que se cumpla con la normativa. Asimismo, el incumplimiento ser castigado con la pena de multa de mil (1000) a cinco mil (5000) UTM”.
Moción de los señores diputados Pérez, don José ; Espinosa, don Marcos ; Jarpa , Meza y Robles. Establece obligatoriedad de información calórica en establecimientos de comida rápida. (boletín N° 6999-11)
“Considerando:
1. La obesidad se ha convertido en un grave problema de salud pública y cada vez afecta a más habitantes de todo el mundo. Desde el año 2004 la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la tendencia creciente a la obesidad y el sobrepeso como la primera pandemia no infecciosa del siglo XXI y la segunda causa de muerte “evitable” en el mundo.
2. La misma OMS ha concluido que la alimentación poco saludable y la falta de actividad física son las principales causas de esta pandemia, produciendo problemas cardiovasculares, la diabetes de tipo 2 y determinados tipos de cáncer.
3. De acuerdo a las estadísticas actuales, en Chile existen 4.350.969 personas obesas. De ellas, 2.732.015 corresponderán a adultos, casi 1 millón 300 mil niños y 324.305 adultos mayores. Sumado a la población con sobrepeso, equivalente a 4.679.400, se alcanzaría un total de 9.030.369 personas. Es decir, casi 10 millones de chilenos afectados por sobrepeso para el bicentenario.
4. No existen estudios concluyentes, pero claramente un factor que ha coadyuvado para este crecimiento exponencial de la obesidad y el sobrepeso en nuestro país tiene relación con el auge de los locales de comida rápida (“fast food”). Por ejemplo, si en el año 1980 Chile tenía menos de un 4 por ciento de obesidad en los niños, al año 2005 existían 18,5%. En el mismo tiempo, los establecimientos de comida rápida crecieron por sobre el 500%. Este antecedente nos permite inferir dos cosas: primero, que nuestro país ya no se vive un problema de desnutrición, sino que un problema de mal nutrición. Y, segundo, que el aumento de la obesidad está relacionada con la costumbre, cada vez más habitual, de consumir los alimentos hipercalóricos y con un alto contenido de grasas saturadas que representan los establecimientos de comida rápida.
5. Es una prioridad de política pública regular y/o normar de mejor manera a los establecimientos de comida rápida. Son, a nuestro juicio, fuentes de comida basura. El Estado debe tener un rol proactivo cuando su población está consumiendo productos que clínicamente se ha comprobado son dañinos para la salud.
6. En Chile, el número de locales que venden comida rápida o chatarra (junk food”) se encuentra actualmente en una etapa de crecimiento sostenido en el mercado nacional. Esto se debe, principalmente, a una fuerte expansión de sus locales ubicados en los Centros Comerciales o Mall, que en el país han tomado una mayor connotación. Dentro de los competidores más relevantes dentro del sector de comidas rápidas podemos mencionar a: Mc Donald's, Burger King , Kentuky Fried Chicken , Telepizza y Pizza Hut . Todas cadenas que tienen 10 o más establecimientos repartidos a lo largo de la nación.
7. Hace un par de semanas el ministro de Salud , Jaime Mañalich , se mostró a favor de evaluar un posible impuesto del 20% a la comida “chatarra”. Una medida que apoyamos en principios, pero que pensamos es poco efectiva en concreto. Creemos importante desincentivar el consumo de este tipo de alimentos. Sin embargo, en los tiempos modernos, gravar con un alza de impuestos a estos establecimientos comerciales afectará finalmente a los trabajadores que por falta de tiempo deben alimentarse rápidamente en este tipo de locales.
8. El aumento de impuestos seria traspasado a los consumidores quienes, lo más probable, sigan comiendo en estos establecimientos por ser aún más económicos y más rápidos que otros restaurantes.
9. Nuestra propuesta apunta a la concientización y sensibilización de la población. Está claro que el problema de obesidad y sobrepeso no se solucionará si no existe una educación especial que se proponga promover una alimentación más sana. De igual manera, para generar conciencia sobre los problemas de la comida chatarra, creemos importante sensibilizar informando de las calorías que se consumen al comer estos alimentos: Que el consumidor sepa que al comerse una hamburguesa se está ingiriendo la mitad de calorías que necesita al día.
10. Una investigación reciente del Departamento de Pediatría General de la Universidad de Washington, en Seatle, concluyó que: “cuando la información nutricional está disponible en los menús de los restaurantes de comida rápida, es más probable que los padres elijan alimentos más bajos en calorías para sus hijos”. El mismo estudio señaló que “estos resultados dan optimismo de que si se proporciona información nutricional a Los padres en el sitio donde compran comida rápida para sus hijos eligen en realidad opciones con menos calorías y más sanas para sus familias”. En otras palabras, se desincentiva su consumo.
11. Este es el espíritu de la norma que se aplica desde el año 2009 en zonas como Nueva York o California, en Estados Unidos, el lugar del mundo con mayor cantidad de locales de comida chatarra. Dicha norma señala que todas las cadenas que tengan sobre 15 establecimientos de comida rápida deben informar al público sobre la cantidad de calorías que tienen sus productos. Esta norma produjo el rechazo de las grandes cadenas, como McDonald's, que apelaron a la justicia para evitar su aplicación. De igual manera se discute actualmente en España una norma parecida.
12. Es por ello, que para desincentivar el consumo de comida chatarra, los diputados que aquí firmamos venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Art. 1. Todas las cadenas que tengan diez(10) o más establecimientos dedicados a la venta de comidas rápidas, locales de preparación y venta de pollos asados, papas fritas y pizzerías, deberán colocar los valores calóricos en sus cartas de menús al mismo tamaño de letra con el que aparecen los nombres de las comidas y sus respectivos precios.
Art. 2. Lo señalado en el artículo precedente se aplicará de igual forma cuando se realicen campañas publicitaras, teniendo que informar en igual tamaño el valor calórico del producto publicitado.
Art. 3. El incumplimiento de esta norma será castigado con la pena de multa de 1000 a 5000 UTM.
Moción de los señores diputados Baltolu ; Ward ; Rojas ; Vilches ; Calderón ; Cristi , doña María Angélica ; Isasi , doña Marta ; Moreira ; Turres , doña Marisol y Zalaquett , doña Mónica . Autoriza erigir un monumento en la ciudad de Arica, en homenaje a la mujer durante la Guerra del Pacífico. (boletín N° 7000-24)
“Entre 1879 y 1884, Chile se vio envuelto en uno de los conflictos más sangrientos y a la vez más heroicos que se recuerden en los anales de nuestra historia. Pero entre los nombres de miles de valerosos combatientes y héroes patrios, existe un lado de la historia que el tiempo y los historiadores fueron cubriendo con un manto de olvido, y que gracias al trabajo acucioso de otros tantos, se ha ido develando poco a poco: el rol de las mujeres durante la Guerra del Pacífico.
De los combatientes hay una infinidad de crónicas y fuentes, desgraciadamente las historias de las que podemos dar cuenta sobre las mujeres que sirvieron junto al Ejército chileno no son muchas. Pero sabemos que prestaron servicio no sólo desde las trincheras, apoyando a los moribundos, o en las tiendas de campaña alimentando y curando heridas, en los pueblos y ciudades las mujeres, juntando dinero, ayudando a los parientes de aquellos que partieron al frente, jugaron un rol importantísimo en los tiempos de guerra, por ejemplo, ocupándose de los huérfanos.
Es por lo cual creemos totalmente necesario que aquellas mujeres las cuales cumplieron un rol fundamental en nuestra historia, se le debe rendir un merecido reconocimiento, y que no sean olvidadas por nuestras generaciones, es por lo cual impulsamos este proyecto para erigir un monumento a estas compatriotas que la historia a olvidado.
En tal virtud, estimamos que este monumento debe ser erigido en la ciudad de Arica, por lo cual venimos en someter a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente
Proyecto de Ley
Artículo 1°. Autorízase erigir un monumento en homenaje a la mujer durante la Guerra del Pacifico , en la ciudad de Arica.
Artículo 2°. La obra se financiará mediante erogaciones populares, obtenidas a través de colectas públicas, donaciones u otros aportes. Las colectas públicas se efectuarán en las fechas que determine la Comisión Especial que se crea en virtud de lo dispuesto en el artículo 4°, en coordinación con el Ministerio del Interior.
Artículo 3°. Créase un Fondo con el objeto de recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes que se señalan en el artículo precedente.
Artículo 4°. Créase una Comisión Especial ad honórem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, que estará constituida por un Senador y un Diputados, que representen en el Congreso Nacional a la región de Arica, designados por sus respectivas Cámaras; un miembro de la Ilustre Municipalidad de Arica; Un representante del Ejercito de Chile y el Vicepresidente del Consejo de Monumentos Nacionales .
La Comisión elegirá un Presidente de entre sus miembros y el quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros.
Articulo 5°. La Comisión tendrá las siguientes funciones:
a) Llamar a concurso público de proyectos para la obra, fijar sus bases y resolverlo.
b) Determinar la fecha y la forma en que se efectuarán las colectas públicas, como también realizar las gestiones legales destinadas a que éstas se efectúen.
c) Determinar la ubicación del monumento, en la ciudad de Arica; disponer y supervigilar su construcción, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales.
Artículo 6°. Si al concluir la construcción del monumento resultaren excedentes de las erogaciones recibidas, éstos serán destinados al fin que la Comisión Especial determine.
Artículo 7°. El monumento deberá erigirse en un plazo de tres años, contado desde la publicación de la presente ley. Vencido dicho plazo sin que se hubiere ejecutado la obra, los recursos obtenidos hasta esa fecha por concepto de erogaciones serán aplicados a los objetivos de beneficencia que la Comisión establezca”.
Moción de los señores diputados Uriarte , Melero , Hernández , Hoffmann , doña María José ; Molina , doña Andrea , Moreira , Sabag , Hasbún , Zalaquett , doña Mónica y Salaberry . Modifica el Código Penal para sancionar como autores del delito de asociación ilícita a quienes se concerten para competir en carreras ilegales de autos. (boletín N° 7001-07)
“Que, debemos dejar constancia para la historia fidedigna de esta moción, que la iniciativa en comento, ya fue presentada por un grupo de diputados de la UDI en el mes de mayo del año 2003, pero por falta de iniciativa de los Gobierno de la época este proyecto jamás fue calificado con ningún tipo de urgencia y por ende careció de estudio por parte de la comisión técnica. Dicha inactividad permitió que finalmente fuera aprobado su archivo por parte de la Corporación y creemos en todo caso que este es un buen momento para reactivar la discusión y aprobación de una materia de esta naturaleza.
La falta de legislación que contemple sanciones para conductores en carreras ilegales y la falta de escenarios estarían motivando un aumento del fenómeno en Santiago y en otras regiones del país. Según fuentes policiales esta tendencia ha experimentado un notable crecimiento durante el último tiempo. El parque industrial de Quilicura, la Ruta 5 Sur y las autopistas concesionadas, se han transformado en verdaderas pistas de carreras donde los pilotos no sólo ponen en riesgo sus vidas, sino la de cientos de personas que transitan por el lugar.
Para Carabineros el problema va más allá. Ellos no tienen atribuciones legales para poder detener a los participantes en estas competencias, sólo los pueden multar por exceso de velocidad según lo señalado en los artículos 148 y 150 de la Ley del Tránsito, además, se hace difícil poder localizarlos ya que se cambian de lugar constantemente.
Lamentablemente algo que se consideraba excepcional y explicable sólo por la actitud traviesa de algunos jóvenes que pretendían imitar a los famosos corredores de autos ilegales de Estados Unidos se ha convertido en algo habitual en algunas avenidas de nuestro país.
Estas carreras son tremendamente atractivas para nuestra juventud, lo que explica la masiva concurrencia de cientos de jóvenes a participar en ellas como “pilotos” o simplemente a presenciarlas. Los distintos reportajes emitidos medios de comunicación son la mejor prueba de ello.
Casi resulta inoficioso señalar que estas carreras ilegales no se realizan en autódromos, ni en trazados permitidos por la autoridad, sino en las calles de nuestras ciudades a vista y paciencia de quien quiera presenciarlas y a sólo escasos metros del veloz paso de los autos. No existe ningún tipo de precaución, protección, ni medida de seguridad y la existencia de apuestas, alcohol e incluso drogas es cada vez mayor.
En estas circunstancias cuando ocurre una tragedia no hay organizadores ni responsables y la policía cuenta con escasas facultades para prevenirlas, pues su función se limita a cursar infracciones por exceso de velocidad, sólo cuando sorprende a los corredores sobrepasando los límites.
Producto de lo anterior, en los últimos tres años estas carreras han aumentado en público y competidores. Y desgraciadamente también se han incrementado las víctimas de estas competencias. Probablemente muchas de estas muertes pasen desapercibidas al considerarse una víctima más de los cientos de accidentes del tránsito que se producen.
Consideramos que en la actualidad no existen las herramientas adecuadas para sancionar con severidad a quienes insisten en poner en riesgo sus vidas y las de terceros inocentes al organizar y participar en estas carreras. La policía está con las manos atadas y ve con impotencia el aumento de estas prácticas. Es por esta razón que venimos en presentar el siguiente proyecto de ley que pretende se considere como integrantes de una asociación ilícita a todos quienes aparezcan como concertados para competir en estas carreras ilegales. De aprobarse este proyecto los organizadores de estas competencias independientemente de la responsabilidad que les corresponda por el delito que pudieran cometer producto de su imprudencia, serán responsables penalmente por el sólo hecho de concertarse para competir.
PROYECTO DE LEY
“Artículo único. Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal:
a) Intercálase, a continuación del artículo 294, el siguiente artículo 294 A:
“Artículo 294 A. Quienes se concertaren para competir en velocidad conduciendo vehículos motorizados, en zona rural o urbana, y sobrepasaren los respectivos límites de velocidad establecidos en la ley N°18.290, serán sancionados con la pena de presidio menor en grado mínimo, con seis meses de suspensión de la licencia de conducir y con una multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales.
“Si, habiéndose concertado para competir, no hubieren sobrepasado los límites de velocidad, la pena será de prisión en su grado medio a máximo, suspensión de la licencia de conducir por el plazo de tres meses y multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales.”, y
b) En el artículo 294 bis, sustitúyese la expresión “293 y 294” por la siguiente: “293, 294 y 294 A”.
Moción de los señores diputados Hernández , Hoffmann , doña María José ; Álvarez-Salamanca , Estay , García-Huidobro , Arenas, Morales , Bobadilla , Barros y Norambuena . Entrega mejores herramientas de investigación para combatir el delito de abigeato. (boletín N° 7002-07)
“La preocupación por el incremento de las denuncias de robo y faenamiento de ganado en la zona sur, lo que se conoce en sede penal como el delito de abigeato, son una preocupación latente para miles de agricultores de la región, puesto que sólo en Osorno el delito de abigeato a incrementado el 50 por ciento desde enero a la fecha, en comparación a igual periodo del año 2009.
Este delito lejos de disminuir en los campos de la zona, a pesar de la labor preventiva realizada por Carabineros y las medidas adoptadas en la antigua administración de Gobierno no han tenido los efectos deseados para los propietarios de predios y masa ganadera de la zona, es decir, en la práctica la política criminal para combatir este delito, ha sido ineficaz.
El robo y faenamiento del ganado afecta desde los pequeños, medianos y grandes agricultores. Y según el catastro que maneja la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, el delito creció en un 54 por ciento en los primeros cinco meses de 2010, con respecto a las cifras del año anterior.
La ley 20.090 estableció sanciones más graves para el delito de abigeato, sin embargo no han sido suficientes para enfrentar este mal que afecta a los agricultores, por lo se debe dar una señal potente para los habitantes de algunas regiones cuya principal actividad económica es la ganadería, de que sus legisladores estamos comprometidos con ellos. Históricamente, ha recaído en la ganadería del sur, donde los afectados han tenido muchas dificultades para evitarlo. El robo de ganado, o abigeato, es un problema no sólo de hoy, sino de mucho tiempo.
Es por lo cual se plantea la urgencia de introducir algunas reformas a la Ley Antiabigeato, de manera de aumentar las sanciones en contra de los infractores de este delito en los predios de Osorno y el país, cuya penalidad actualmente es muy baja.
Se hace necesario realizar cambios eficaces a nuestra actual legislación para castigar como mayor eficacia a todos quienes participen directa o indirectamente en los delitos de robo y faenamiento de animales.
Que se hace necesario realizar ajustes vitales para una mejor legislación, se deben ampliar las facultades investigativas a los fiscales para poder responsabilizar de mejor forma a los culpables, otorgándoles herramientas o elementos pruebas como videos, grabaciones, seguimientos, fotografías, interceptaciones de llamadas telefónicas; utilización de agentes reveladores o encubiertos, entre otras.
Proyecto de ley
Artículo único: Agregase un nuevo inciso final al artículo 448 quarter de la ley 20.090 en el siguiente sentido:
“Para los efectos de investigación, persecución y sanción del delito el Ministerio Público podrá ordenar lo señalado en el artículo 23, 24 y 25 de la ley N° 20.000 de drogas”
Moción de los señores diputados Montes, Castro , Burgos , Díaz, don Marcelo ; Espinoza, don Fidel ; Eluchans , Harboe , Monckeberg , don Cristián y Saa , doña María Antonieta . Regula la tenencia y extravío de equipos y tarjetas de telefonía móvil, con el objeto de prevenir su uso en hechos delictivos. (boletín N° 7003-07)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 1°, 19 numeral 1° y 5° y en los numerales 3) y 20) del artículo 63° de la Constitución Política de la República y en la Ley 18.168, General de Telecomunicaciones.
Considerando:
1.- Que en septiembre del 2006, junto con las diputadas María Angélica Cristi y María Antonieta Saa , los diputados Jorge Burgos y Cristián Monckeberg y los ex diputados Francisco Encina , Marco Enríquez-Ominami , y Jaime Mulet presentamos a consideración del Congreso Nacional una iniciativa tendiente a la regulación de la tenencia y extravío de los equipos de telefonía celular. (Boletín 4523-15)
2.- Que en dicha ocasión, junto con hacer presente la importancia de las comunicaciones en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, señalamos que se advertía una creciente utilización de la telefonía celular en la planificación y ejecución de hechos delictivos, entre los que se indicaban, a vía ejemplar, estafas cometidas a través de este tipo de equipamiento y su uso en la coordinación del crimen organizado.
3.- Que advertíamos, además del enorme riesgo existente, considerando las estadísticas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que señalaban que, a esa fecha, existían en el país cerca de 3.400.000 líneas de telefonía fija y más de 10.000.000 de equipos de telefonía celular, de los cuales 8.263.988 eran de prepago, por lo que existía escasa o nula posibilidad de obtener la identificación de sus propietarios.
4.- Que manifestábamos, asimismo, que dicha circunstancia dificultaba la labor del Ministerio Público y las policías. Se unía a ello el antecedente acerca de que el registro de tráfico que las proveedoras del servicio llevan respecto de sus clientes tiene un fin meramente comercial, vinculado a la facturación, pero no existe obligación alguna de mantener los datos por un período de tiempo suficiente para asegurar el éxito de las investigaciones.
5.- Que expresábamos que ello contrasta con la regulación existente para el uso de intemet, materia en la que se había constituido un grupo especializado de Naciones Unidas, al tiempo que se habían acordado sendas resoluciones de entidades multilaterales como el Consejo de Europa, recomendaciones que se tuvieron a la vista al incorporar en la ley 19.927, la actual disposición del inciso quinto del artículo 222 del Código Procesal Penal.
6.- Que precisábamos que, en materia telefónica, también existía una enorme preocupación internacional, habiéndose acordado en Budapest, el año 2001, la Convención del Consejo de Europa sobre la Cibercriminalidad, en cuya preparación participaron también naciones ajenas al viejo continente y cuyo texto se encontraba abierto a la suscripción de países ajenos a este bloque continental.
El artículo 17 de dicho tratado, respecto de las comunicaciones de telefonía móvil, dispone que:
“1. A fin de asegurar la conservación de los datos de tráfico, en aplicación del artículo 16, las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias para:
a. procurar la conservación inmediata de los datos de tráfico, cuando uno o más prestadores de servicio hayan participado en la transmisión de dicha comunicación; y
b. asegurar la comunicación inmediata a la autoridad competente del Estado, o a una persona designada por dicha autoridad, de datos de tráfico suficientes para permitir la identificación de los prestadores de servicio y de la vía por la que la comunicación se ha transmitido.”
Siguiendo estas directrices Suiza ya había establecido normas tendientes a la creación de un registro de propietarios de equipos de telefonía móvil, medida que estaban siguiendo, además, diversas naciones del sudeste asiático.
7.- Que, en razón de lo anterior, proponíamos al Congreso Nacional la dictación de normas que apuntaran en los siguientes sentidos:
a.- Obligar a los proveedores de telefonía celular a mantener a disposición de las investigaciones criminales, por un lapso adecuado, la información sobre el tráfico de llamadas telefónicas, no en lo referido a su contenido - lo que se regula en la interceptación - sino a los datos de localización y tráfico de las mismas, tales como números de origen y destino y duración.
b.- identificar a los adquirentes de equipos de telefonía móvil, de tarjetas SIM (Subscriber Identity Module) y de las tarjetas de prepago, a través de un registro, y
c.- Fortalecer las medidas tendientes a suspender el servicio de teléfonos móviles robados, utilizados frecuentemente en la comisión de ilícitos.
8.- Que dicho proyecto de ley fue incorporado en un acuerdo político entre el anterior Gobierno y la oposición de la época como parte de la denominada agenda corta de seguridad ciudadana.
9.- Que, pese a ello, su tramitación legislativa fue extensa y compleja. Con diversas correcciones, la iniciativa fue aprobada por amplio margen en la Cámara de Diputados. Así, en la votación en general recibió la unanimidad de 98 legisladores. En particular, en tanto, obtuvo 85 votos a favor y 5 abstenciones.
Sin embargo, en el Senado, muchos senadores expresaron su oposición a la iniciativa indicando que ella no conseguiría los fines buscados y que, además, existía un grave peligro de afectar la privacidad de las personas, lo que motivó su rechazo por 18 votos a 1.
La Cámara de Diputados desestimó lo obrado por el Senado, constituyéndose una Comisión Mixta que arribó a un texto que, en lo sustantivo, respaldaba lo aprobado por esta Corporación. Dicho informe fue aprobado por ésta, pero rechazado ampliamente por el Senado, concluyendo su tramitación.
10.- Que hemos creído conveniente insistir en esta iniciativa por diversas razones.
En primer término, en cuanto seguimos advirtiendo el uso de la telefonía celular en hechos delictivos y que, más aún, las cifras de tenencia de equipos se han disparado, desde el año 2006. Hoy existen en el país 17 millones de aparatos de este tipo, de los cuales 12.258.585 son de prepago, existiendo por tanto, escasos datos respecto de sus propietarios.
En segundo término, en razón de que la preocupación internacional sobre el tema ha seguido creciendo. En efecto, la Convención del Consejo de Europa sobre la Cibercriminalidad cuenta ya con 30 ratificaciones, la mitad de las cuales fue obtenida a partir de septiembre de 2006.
11.- Que, a mayor abundamiento, nos parece conveniente rebatir algunas de las críticas que se han formulado respecto de esta moción, a saber:
a.- En relación al Registro de Equipos:
Se ha dicho que eso violaría la privacidad de la numeración, al tiempo que motivaría incomodidades en los usuarios, sin reportar beneficios para las investigaciones, en tanto, probablemente, las llamadas vinculadas a ilícitos se realizarían desde móviles no registrados.
Al respecto, cabe recordar, en primer término, que el derecho a comunicarse privadamente -lo que, por cierto, respaldamos plenamente - es distinto de invocar un eventual derecho a hacerlo en el absoluto anonimato.
El argumento de que los delincuentes no accederán a estos registros, proveyéndose de otros equipos para sus comunicaciones, en tanto, no resulta atendible, pues de seguirse esa lógica se harían innecesarias, también, la inscripción de armas o el registro de precursores de drogas, por poner algunos ejemplos.
Por último, en este sentido, además, cabe indicar que las eventuales incomodidades que afectarían a los usuarios están orientadas al interés común y pueden ser salvadas con plazos extensos para adherir al registro, aprovechando el lapso común de renovación de los equipos de telefonía. (2-3 años)
Con este objeto, en esta nueva versión de la moción hemos creído conveniente extender a treinta meses (2 años y medio) el plazo para acceder al registro.
b.- En relación a la mantención de datos de tráfico:
Se ha sostenido que ello afectaría gravemente las garantías individuales y la privacidad, más aún cuando la facultad que se entrega estaba conferida en forma directa al Ministerio Público, sin la autorización del Juez de Garantía y sin enfatizar en el secreto de tales antecedentes.
Al respecto cabe reiterar que el tráfico y localización de llamadas es una herramienta muy importante de investigación criminal, como lo ha resaltado el Ministerio Público y como lo demuestra, por ejemplo, el éxito de las investigaciones realizadas para dar con el paradero del prófugo conocido como “Sacarach”.
Ello requiere asegurar que las compañías que disponen de esa información a efectos de facturación lo conserven y que pueda ser requerido y aportado en el marco de las investigaciones criminales.
Reiteramos, además, que se trata de una disposición enteramente similar a la ya aprobada en materia de acceso y tráfico de internet (Art. 222 CPP), sin que, en ese caso, hubiera observaciones respecto de la privacidad.
Con todo, a efecto de salvar las observaciones realizadas, hemos creído conveniente incorporar la necesidad de que la solicitud del Ministerio Público sea autorizada por el Juez de Garantía y que se garantice el secreto de tales registros, planteándose para ello, entonces, como una enmienda al citado artículo 222 y a las disposiciones siguientes sobre interceptación de comunicaciones, que amplíe su alcance a los datos de localización y registro y no como una disposición puntual y específica.
Por lo anterior, los diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°.- Modifíquese el Código Procesal Penal, del modo que sigue:
1.- Modifíquese el artículo 222 de la siguiente forma:
a) Reemplácese su epígrafe por “Interceptación de comunicaciones telefónicas y solicitud de datos de localización y tráfico.”
b) Agréguese, en el inciso primero, entre la palabra “telecomunicación” y el punto aparte que el sucede (.), la frase “y la entrega de los datos de localización y tráfico de las mismas, tales como número de origen y destino y duración de éstas.”
c) Incorpórese fa siguiente parte final al inciso cuarto: “Respecto de la orden de entrega de datos de localización y tráfico, ésta indicará el número de origen o destino a que se refiere y el período solicitado, el que podrá extenderse hasta la totalidad del plazo por el cual las proveedoras deban conservar dicha información.”
d) intercálese, en el inciso quinto, entre la palabra “abonados” y el punto seguido que le sucede (.) la frase “y otro, no inferior a un año, de los datos de localización y tráfico de las comunicaciones telefónicas, tales como el número de origen y destino y la duración de éstas.” y entre los términos “grabación” y “será”, la expresión “o a la obtención o entrega de los datos de localización y tráfico de las llamadas”.
2.- Reemplácese, en el epígrafe y el encabezado del artículo 224, la frase “Notificación al afectado por la interceptación. La medida de interceptación será notificada” por “Notificación al afectado por la interceptación o solicitud de datos de localización y tráfico. Las medidas dispuestas en el artículo 222 serán notificadas”.
3.- Agréguese, en el artículo 225°, entre las palabras “telecomunicaciones” y “no” la frase “y de la solicitud de datos de localización y tráfico”.
Artículo 2°.- Agrégase en la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, los siguientes artículos 7° bis y 24° ter, nuevos:
“Artículo 7° bis.- La normativa a que se refiere el inciso segundo del artículo precedente, para proteger los derechos de los usuarios del servicio público telefónico móvil o del mismo tipo, deberá contemplar los procedimientos para permitir que un equipo telefónico móvil y su dispositivo identificados que han sido requeridos de desactivación por el usuario, a causa de su sustracción, permanezcan sin embargo activos, cuando así se lo solicite a la concesionaria respectiva el Ministerio Público, a fin de ejercer respecto de los mismos alguna de las medidas de investigación criminal que autorizan las leyes.
El ejercicio de estas atribuciones investigativas no podrá acarrear responsabilidad ni consecuencia perjudicial alguna para el usuario que requirió la desactivación.”
“Artículo 24 ter.- Las empresas concesionarias de servicio público telefónico móvil deberán mantener un registro actualizado de las personas a las que presten sus servicios, independiente de la modalidad en que éstos se provean.
Para tal efecto, mantendrán un registro de las personas a quienes, a cualquier título, se les entreguen equipos para la prestación del servicio telefónico, el que contendrá:
a) La identidad, el domicilio, el número de cédula de identidad u otro documento de identificación de la persona que recibe el equipamiento y un número de teléfono de contacto;
b) El número de identificación de las tarjetas SIM (Subscriber Identity Module), y
c) El número o código del o los equipos entregados.
A la misma obligación quedará sujeto todo aquél que comercialice tales artículos.
La nómina de suscriptores será reservada y los datos contenidos en ella tendrán carácter de personales, según lo establecido en la ley N° 19.628, sin perjuicio de la facultad del Ministerio Público de requerir dichos registros en conformidad a los artículos 180 y 222 del Código Procesal Penal.”
Artículo 3°.- Las empresas concesionarias de servicio público telefónico móvil deberán adoptar las medidas tendientes a la inscripción de sus actuales abonados de prepago en el registro a que hace referencia el artículo 24° ter de la ley N° 18.168.
Con este efecto, transcurridos treinta meses desde la publicación de esta ley, deberán proceder al bloqueo de todos los equipos que no se encontraren incluidos en dicho registro y a la inutilización de los números asociados a ellos.
Con todo, los usuarios afectados por esta medida tendrán el derecho de requerir la reposición del servicio en sus equipos, una vez practicada la inscripción.
14. Informe sobre la participación del diputado señor René Manuel García en la XIII Reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud, del Parlamento Latinoamericano, celebrada en ciudad de Panamá, Panamá , los días 3 y 4 de junio de 2010.
“Honorable Cámara:
Tengo a honra informar sobre la participación que le correspondió al suscrito en la XIII Reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento latinoamericano, efectuada en Ciudad de Panamá, Panamá , los días 3 y 4 junio del año en curso.
Asistencia
Asistieron los siguientes Parlamentarios: Ada Iturrez de Cappeilini ( Senadora de Argentina ); Paulina Esther Fiol ( Diputada de Argentina ); Marisol López-Tromp ( Senadora de Aruba ); Ana María Sempertegui ( Diputada de Bolivia ); René Manuel García ( Diputado de Chile ); Mariangel Muñoz ( Diputada de Ecuador ); María Elena de Tejada ( Diputada de México ); Guillermo Tamborrel ( Senador de México ); Margarita Gallegos ( Diputada de México ); Indira Vizcaíno ( Diputada de México ); Laura Arizmendi ( Diputada de México ); Marilyn Vallarino ( Diputada de Panamá ); Aida Robles ( Diputada de Paraguay ); Blanca Fonseca ( Diputada de Paraguay ); Daisy Tourné ( Diputada de Uruguay ), y Marilyn Vallarino ( Diputada de Panamá , Presidenta de la Comisión ).
Visita
La Comisión realizó una visita de trabajo a la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia (Fundader), en Arraijan, donde pudieron observar los resultados de las capacitaciones y cursos que se imparten en este centro impulsado por la Diputada Vallarino , desde hace 6 años y corroborar la importancia de este proyecto educacional y social.
Temas
Tema I.- Rol de las Políticas Públicas como factor para amortiguar el impacto de la crisis financiera internacional.
La diputada Daisy Tourné (Uruguay) expuso que a pesar que existe un aumento de las mujeres en el ámbito laboral, falta mucho aún para lograr la equidad. Así, aproximadamente el 40% de mujeres que son jefes de familia viven en la pobreza. La Diputada hace énfasis en la importancia de sacar a las mujeres de la pobreza para disminuir significativamente los porcentajes de pobreza. Destacó aspectos que influyen en el tema, tales como el aumento de la expectativa de vida y la necesidad de dos ingresos para salir de la pobreza.
En cuanto a las políticas de acceso equitativo a los servicios de seguro social, intervino el Senador Guillermo Tamborrel (México) , quien manifestó que hay que flexibilizar las condiciones de trabajo y presenta el proyecto de teletrabajo propuesto en México.
El Diputado René Manuel García (Chile) destacó el programa de fomento, que existe en Chile, de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y expuso acerca de la obligación que tienen en el mismo país, las empresas que tienen más de 25 mujeres trabajadoras, de contar con un jardín infantil para que las madres puedan dejar allí a sus hijos.
La Diputada Laura Arizmendi (México) señaló que las mujeres ahora administran el hogar, cuidan a los hijos y llevan por lo menos 50% de salario al hogar. Por ello sostuvo que falta de una legislación referente a la co-reponsabilidad en las labores del hogar.
La Diputada Aída Robles (Paraguay) sostuvo que es necesario que se reconozca a las amas de casa como trabajadoras y que la crisis económica afecta más a las mujeres, pues se les despide fácilmente.
La Diputada María Elena de Tejada (México) consideró que es necesario buscar que el acceso al mercado laboral, entre hombres y mujeres, sea equitativo y señaló que solicitará al Congreso Mexicano que tome estos temas y los voten.
La Diputada Paulina Fiol (Argentina) estimó que se debe profundizar no tanto en equidad de género, sino en equidad económica.
La Diputada Maríangel Muñoz (Ecuador) opinó que la educación, sobre todo la superior, se mercantilizó y que las reformas no consideran una economía social y solidaria. Además, estimó que deben darse mayores oportunidades para las mujeres en temas tales como en materia de créditos.
La Diputada Elvia Hernández (México ) se refirió a la importancia de los Jardines Infantiles en México y de la responsabilidad compartida con los hombres en las labores del hogar.
La Diputada Margarita Gallegos (México) sostuvo que la violación de los derechos de la mujer era un tema de las legisladoras, agregando que había que buscar y luchar no por la igualdad, sino por una equidad.
La Senadora Blanca Fonseca (Paraguay) estimó que la equidad debe empezar en los partidos políticos.
La Diputada Ana María Sempertegui (Bolivia) se refirió a la ley electoral de su país y de que la mujer debería recibir un bono mensual cuando está embarazada.
La Diputada Indira Vizcaíno (México) expresó que es necesario educar en la co-responsabilidad y avanzar en la equidad y respeto a las diferencias, primordialmente en materia laboral y electoral o política.
La Diputada Daisy Tourné (Uruguay) destacó la importancia de traer y compartir buenas prácticas; de contar con licencias no solo maternales, sino paternales y proponer una medida exitosa como buena práctica parlamentaria por país para exponerse en la próxima reunión. En materia de equidad de género niñez y juventud.
El Senador Guillermo Tamborrell (México) propuso que la Comisión se encargara también de los adultos mayores, y se refirió a otros temas, tales como la forma en que afecta a los niños la trata de personas, el tráfico de órganos, la explotación sexual.
El Diputado René Manuel García (Chile) sostuvo que el problema de la violencia escolar también viene de la familia y en cuanto a la razón por la que no se denuncia la violencia intrafamiliar, estimó que una posible solución sería que la familia que denuncie actos de violencia pueda acceder por parte del Gobierno a un subsidio de un salario mínimo. Destacó que en Chile la Educación Media era obligatoria. Asimismo se refirió a la reducción de la edad para tener responsabilidad penal y a la importancia de la rehabilitación de niños y jóvenes y su inserción en el mercado laboral.
La Diputada Marilyn Vallarino ( Panamá ) hizo una propuesta de implantar la doble jornada en las escuelas. Por su parte la Diputada Laura Arizmendi (México ) se refirió a la implementación de un programa piloto de doble jornada en México desde hace 3 años; a los niños migrantes que generalmente no estudian y son obligados a trabajar desde muy corta edad. Además, propuso exhortar para prohibir contratar a niños.
La Diputada Daisy Tourné (Uruguay) manifestó que los niños de América Latina y el Caribe, tienen sus derechos vulnerados y se refirió al plan implementado en Uruguay que contempla entregar por parte del Gobierno una computadora a cada niño. Manifestó su inconformidad con criminalizar la pobreza (vía reducir la edad de responsabilidad penal) y sobre la necesidad de exigir a los gobiernos que se cumplan y defiendan los derechos de los niños.
La Diputada Paulina Fiol (Argentina) se refirió a la necesidad de unificar los discursos en Latinoamérica sobre la materia y resaltó la mala distribución del recurso pues estimó que disminuyendo la diferencia entre quienes tienen y quienes no tienen, disminuirían los problemas de violencia, entre otros.
La Diputada Daisy Tourné (Uruguay) propuso nombrar una subcomisión que se encargue de la organización del evento “Discriminación y Racismo en América Latina y el Caribe hacia las mujeres indígenas y afro descendientes”.
Se acordó por unanimidad efectuar la XIV Reunión de la Comisión en Chile para el 28 y 29 de octubre del año en curso.
Tema II.- Situación de la infancia y la adolescencia.
Análisis crítico de la Situación de la infancia y la Adolescencia en América Latina y el Caribe. Principales problemas a atender.
Tema III.- Campaña latinoamericana “Únete” contra la violencia hacia las mujeres, liderada por Naciones Unidas.
Explicó que en febrero de 2008, el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon emprendió la campaña “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres”. La campaña reunió a una serie de organismos y oficinas de las Naciones Unidas para impulsar la acción en todo el sistema de las Naciones Unidas a fin de prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.
Sostuvo que los Estados no están cumpliendo con su responsabilidad de poner fin a la violencia contra mujeres y niñas, y la violencia contra la mujer debe ser un asunto prioritario en todos los niveles. Por ellos sostuvo que era necesario alcanzar los siguientes objetivos:
Objetivo 1: Adoptar y hacer valer las leyes nacionales para tratar y castigar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas.
Para ello es imprescindible salvar la falta de leyes nacionales efectivas y sin lagunas.
Objetivo 2: Adoptar e implementar planes de acción nacional de sectores múltiples.
Esto implica incluir la mayor parte de los sectores del gobierno y de la comunidad. Los planes deben contar con recursos adecuados y poner énfasis en la prevención, así como el castigo.
Objetivo 3.- Fortalecer la recopilación de datos sobre el predominio de violencia contra mujeres y niñas.
El problema relacionado con el insuficiente número de denuncias complica la recopilación de datos. Un estudio de la OMS de 2005 basado en datos de 24,000 mujeres en diez países observó que entre el 55% y el 95% de las mujeres víctimas de abuso físico por parte de sus parejas nunca se habían puesto en contacto con la policía, una ONG o algún refugio para pedir ayuda. El estigma y el miedo impiden que las mujeres recurran a buscar ayuda e indemnizaciones.
Muchos países no llevan a cabo la recopilación sistemática de datos de todas las formas de violencia contra la mujer. Adicionalmente, falta información para evaluar las medidas que se han tomado para tratar la violencia contra la mujer.
Objetivo 4.- Aumentar la conciencia del público y la movilización social.
Aumentar la conciencia para cambiar las actitudes y tener una influencia en el comportamiento entre la gente de todos los niveles de vida es esencial para prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres.
Objetivo 5: Tratar la violencia sexual durante conflictos.
La violación durante conflictos es un delito de guerra y una infracción grave de los derechos humanos y la ley humanitaria, y ha recibido una extensa condena. La violencia sexual durante conflictos aún sigue no recibe un trato adecuado debido a los débiles mecanismos nacionales para la protección y remedio judicial, así como a los servicios inadecuados de apoyo social y de la salud. Explicó los esfuerzos de ONU en este sentido.
Debate sobre la exposición de la señora Gasman
La Diputada Mariela de Tejada (México) preguntó cómo se vinculaba dicho programa con el de las ciudades seguras.
La expositora respondió que se vinculaba a través de esta tendencia a generar espacios seguros para las mujeres. Señaló la importancia de la unificación legislativa en esta materia.
La Senadora Marisol López-Tromp (Aruba) preguntó cómo se espera que los hombres se involucren en esta campaña.
La expositora respondió que ese es el reto, e indicó que algunas organizaciones trabajan en torno a poder transmitir el significado de “Ser Hombre”.
El Senador Guillermo Tamborrel (México ) se refirió a la necesidad de que también se brinde una asesoría y seguimiento a las mujeres victimadas.
El Diputado René Manuel García (Chile) preguntó cuáles son las medidas concretas para castigar a quienes practican la violencia sexual con niños.
La senadora Ada Iturres de Cappellini (Argentina) señaló que la tarea debe empezar con los niños en una educación constante y en donde también los medios de comunicación colaboren al respecto. Señaló la importancia de consolidar la familia.
La Diputada Mariangel Muñoz (Ecuador) consultó qué medidas adicionales a las judiciales ya existentes se piensan implementar.
La Diputada Laura Arizmendi (México) señaló que han sido testigos de cómo sí es posible que se de el empoderamiento de la mujer, a través de la “Ciudad Rural” establecida en el Estado de Chiapas, en México.
La Diputada . Marilyn Vallarino ( Panamá ) preguntó si hay convenios con medios de comunicación para que éste mensaje de las Naciones Unidas pueda de alguna manera promoverse para poder “vender” mensajes positivos y de paz, a través de personas que tengan la credibilidad de la gente (como artistas o deportistas) para poder transmitir los mensajes de forma clara y rápida.
La doctora Nadine Gasman , respondió que en este tema todos nos consideremos responsables de trabajar al respecto. Opinó que era necesario cambiar los patrones culturales. En relación a la trata de personas, vale la pena hacer una campaña específica. Es un tema de corresponsabilidad de la sociedad, en donde debe de penalizarse al “cliente” y dar opciones a los niños (as) afectados.
Precisa que parte de la campaña busca seguir con la línea de mostrar que la violencia no es algo normal. Resalta el compromiso que como personas tenemos que transmitir mensajes de paz y de no violencia ante la sociedad.
La Diputada Marilyn Vallarino ( Panamá ) señaló que la legislación para erradicar la violencia no sea enfocadas sólo a las mujeres sino a la sociedad en general.
Tema IV: Salud Sexual y Reproductiva.
La Senadora Blanca Fonseca (Paraguay) expuso sobre el proyecto de ley sobre “Salud Sexual, Reproductiva y Materno Perinatal”, presentado por el Senador Carlos Filizolla, Presidente de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Senadores de Paraguay, el pasado 28 de agosto del 2008. Explicó que su tramitación se encuentra pendiente y señaló que entidades de la sociedad civil han sido convocadas a participar en su debate.
Tema V: Informe Subcomisión de Jóvenes
Por razones de vuelos su coordinador no pudo estar presenta, el tema se traslada a la próxima reunión, solicitándole al Diputado Cardoso su remisión por e-mail a los miembros de la Comisión.
ACUERDOS Y CONCLUSIONES
Propuesta de que esta Comisión del Parlatino incorpore a su agenda también de los siguientes temas:
1) Adulto mayor
2) Problemas de los niños en relación a trata de personas, tráfico de órganos, explotación sexual, invitación para que se apoye aquellas iniciativas relativas a estos temas.
3) Obesidad y problemas de trastornos de la alimentación,
4) Violencia escolar
5) Designar un Grupo de Trabajo que se encargue de la organización del evento “Discriminación y Racismo en América Latina y el Caribe hacia las Mujeres Indígenas y Afrodescendientes”.
6) Se aprueba por unanimidad realizar la XIV Reunión, en Chile para el 28 y 29 de octubre.
7) Los miembros de la Comisión dejan sentado su reconocimiento al trabajo de la Diputada Marilyn Vallarino en la Fundación FUNDADES y exhortan al Gobierno de Panamá a apoyar proyectos de este tipo.
Siendo las 5:00 hrs. del día la Presidenta Marilyn Vallarino dio por finalizada la reunión.
Cámara de Diputados, a 15 de junio de 2010.
(Fdo.): RENÉ MANUEL GARCÍA GARCÍA”.
15. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 9 de junio de 2010.
Oficio N° 4.481.
Remite resolución a los efectos que indica.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 8 de junio de 2010 en los autos Rol N° 1.464-09-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en la causa Rol de ingreso N° 448-2009, ante la Corte de Apelaciones de Valdivia en contra de Isapre Cruz Blanca S.A. a los efectos que ella indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
16. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 11 de junio de 2010.
Oficio N° 4.487.
Remite resolución a los efectos que indica.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Tengo a bien remitir a V.E. copia de la resolución de fecha 10 de junio de 2010, dictada por esta Magistratura, que incide en los autos Rol N° 1690-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, a los efectos que ella indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
17. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 14 de junio de 2010.
Oficio N° 4.491.
Remite resolución a los efectos que indica.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 11 de junio de 2010 en los autos Rol N° 1.723-INC, para los efectos que ella indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”