Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- XI. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Patricio Vallespin Lopez
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Andrea Molina Oliva
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Felipe Ward Edwards
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Claudia Nogueira Fernandez
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Gustavo Hasbun Selume
- Felipe Salaberry Soto
- Carlos Recondo Lavanderos
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Ignacio Urrutia Bonilla
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Jose Antonio Kast Rist
- Edmundo Eluchans Urenda
- Nino Baltolu Rasera
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Carlos Recondo Lavanderos
- Javier Ignacio Macaya Danus
- Ivan Norambuena Farias
- Ernesto Silva Mendez
- Felipe Ward Edwards
- Andrea Molina Oliva
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS.
- CAMBIO EN EL ORDEN DE LA TABLA.
- ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES, BIENES NACIONALES Y MEDIO AMBIENTE.
- V. FÁCIL DESPACHO
- MODIFICACIÓN DE LEY N° 20.351, PARA PRORROGAR Y PERFECCIONAR EL INCENTIVO AL PRECONTRATO Y A LA CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES. Primer trámite constitucional. (Sobre Tabla).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Raul Andrade Lara
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Ernesto Silva Mendez
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- INTERVENCIÓN : Carlos Recondo Lavanderos
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE LEY N° 20.351, PARA PRORROGAR Y PERFECCIONAR EL INCENTIVO AL PRECONTRATO Y A LA CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES. Primer trámite constitucional. (Sobre Tabla).
- VI. ORDEN DEL DÍA
- INCORPORACIÓN DE NORMAS TRANSITORIAS EN LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA PARA ENFRENTAR LA CATÁSTROFE DEL 27 DE FEBRERO DE 2010. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Clemira Pacheco Rivas
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- DEBATE
- PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN FINANCIERA ENTRE CHILE Y EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Roberto Delmastro Naso
- INCORPORACIÓN DE NORMAS TRANSITORIAS EN LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA PARA ENFRENTAR LA CATÁSTROFE DEL 27 DE FEBRERO DE 2010. Tercer trámite constitucional.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- AUMENTO DE APORTES DEL ESTADO A CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE. (Preferencia).
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Gaspar Alberto Rivas Sanchez
- Edmundo Eluchans Urenda
- Mario Bertolino Rendic
- Alberto Robles Pantoja
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Sergio Bobadilla Munoz
- Alejandro Santana Tirachini
- Pedro Araya Guerrero
- Ximena Vidal Lazaro
- Sergio Ojeda Uribe
- Luis Segundo Lemus Aracena
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Jose Ramon Barros Montero
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Roberto Delmastro Naso
- Carolina Goic Boroevic
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- SOLIDARIDAD CON ORGANIZACIONES MUNDIALES QUE LUCHAN CONTRA EL ABORTO. (Preferencia).
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Gustavo Hasbun Selume
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Karla Rubilar Barahona
- Patricio Melero Abaroa
- Marisol Turres Figueroa
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Claudia Nogueira Fernandez
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- DESTINACIÓN DEL 2 POR CIENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO AL TABACO A FINANCIAR LA ACTIVIDAD DEPORTIVA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Accorsi Opazo
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Ivan Norambuena Farias
- German Verdugo Soto
- David Sandoval Plaza
- Lautaro Carmona Soto
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Juan Lobos Krause
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- AUMENTO DE APORTES DEL ESTADO A CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE. (Preferencia).
- VIII. INCIDENTES
- EVENTUAL PROCESO DE DESALINIZACIÓN DE AGUA EN CHAÑARAL. AYUDA A CLIENTES DE AGUAS CHAÑAR. Oficios.
- MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE MINERALES Y MATERIALES EN PROVINCIA DE CHAÑARAL. Oficios.
- INSTALACIÓN DE CAJERO AUTOMÁTICO EN COMUNIDAD DE EL SALADO. Oficios.
- INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES EN PERJUICIO DE COMUNIDAD COLLA DE RÍO JORQUERA. Oficios.
- CONDICIONES CONTRACTUALES LABORALES DE JEFE JURÍDICO DE LA CONAF DE LA SEXTA REGIÓN. Oficios.
- INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES EN DIVISIÓN MINERA EL TENIENTE. Oficios.
- ANTECEDENTES RELACIONADOS CON DETENCIÓN DE JOVEN EN COMUNA DE PURRANQUE. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- ENTREGA DE SUBSIDIOS DEL FONDO DE TIERRAS Y AGUAS A FAMILIAS INDÍGENAS DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE CRITERIOS PARA LA ENTREGA DE RECURSOS DEL FONDO DE TIERRAS Y AGUAS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2010. Oficios.
- MATERIALIZACIÓN DE CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE Y LA CONADI. Oficios.
- ADHESION
- Gabriel Ascencio Mansilla
- ADHESION
- REGULARIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE BIENES NACIONALES DE LA PROVINCIA DE CHILOÉ. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE LICITACIÓN DE SERVICIO DE BARCAZAS EN EL CANAL YAL, PROVINCIA DE CHILOÉ. Oficios.
- DESTINO DE RECURSOS DE LA SUBVENCIÓN ESPECIAL PREFERENCIAL EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE ANCUD. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE PLANES DE REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS CURIÑANCO-LOS MOLINOS Y VALDIVIA-ANTILHUE, REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE COMUNIDADES INDÍGENAS, REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Patricio Vallespin Lopez
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Alejandro Santana Tirachini
- Matias Walker Prieto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Claudia Nogueira Fernandez
- Gonzalo Arenas Hodar
- Jose Manuel Edwards Silva
- Leopoldo Perez Lahsen
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Arturo Squella Ovalle
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Felipe Ward Edwards
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Juan Lobos Krause
- Jose Ramon Barros Montero
- Eugenio Bauer Jouanne
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Javier Hernandez Hernandez
- Romilio Gutierrez Pino
- Javier Ignacio Macaya Danus
- Celso Rene Morales Munoz
- Carlos Recondo Lavanderos
- Ignacio Urrutia Bonilla
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 358ª
Sesión 48ª, en miércoles 7 de julio de 2010
(Ordinaria, de 10.38 a 14.07 horas)
Presidencia de la señora Sepúlveda Orbenes, doña Alejandra, y del señor Becker Alvear, don Germán.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental , el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- FÁCIL DESPACHO
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- ANEXO DE SESIÓN
X.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 8
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
- Acuerdos de los Comités 11
- Cambio en el orden de la Tabla 11
- Envío de proyecto a Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente 13
V. Fácil despacho.
- Modificación de ley N° 20.351, para prorrogar y perfeccionar el incentivo al precontrato y a la capacitación de trabajadores. Primer trámite constitucional. (Sobre Tabla) 14
VI. Orden del Día.
- Incorporación de normas transitorias en la ley general de Pesca y Acuicultura para enfrentar la catástrofe del 27 de febrero de 2010. Tercer trámite constitucional 23
- Proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo Marco de Cooperación Financiera entre Chile y el Banco Europeo de Inversiones. Primer trámite constitucional 27
VII. Proyectos de acuerdo.
- Aumento de aportes del Estado a cuerpos de bomberos de Chile. (Preferencia) 29
- Solidaridad con organizaciones mundiales que luchan contra el aborto. (Preferencia) 31
- Destinación del 2 por ciento de la recaudación del impuesto al tabaco a financiar la actividad deportiva 34
VIII. Incidentes.
- Eventual proceso de desalinización de agua en Chañaral. Ayuda a clientes de Aguas Chañar. Oficios 35
- Medidas de seguridad en el traslado de minerales y materiales en provincia de Chañaral. Oficios 36
- Instalación de cajero automático en comunidad de El Salado. Oficios 36
- Incumplimiento de normas legales en perjuicio de comunidad colla de Río Jorquera. Oficios 37
Pág.
- Condiciones contractuales laborales de jefe jurídico de la Conaf de la Sexta Región. Oficios 37
- Incumplimiento de normas laborales en división minera El Teniente. Oficios 37
- Antecedentes relacionados con detención de joven en comuna de Purranque. Oficios 38
IX. Anexo de sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y Antecedentes 39
- Entrega de subsidios del fondo de tierras y aguas a familias indígenas de la región de Los Lagos. Oficios 39
- Información sobre criterios para la entrega de recursos del fondo de tierras y aguas. Ejecución presupuestaria 2010. Oficios 39
- Materialización de convenio entre la municipalidad de Purranque y la Conadi. Oficios 40
- Regularización del funcionamiento de la oficina de Bienes Nacionales de la provincia de Chiloé. Oficio 40
- Información sobre licitación de servicio de barcazas en el Canal Yal, provincia de Chiloé. Oficios 41
- Destino de recursos de la subvención especial preferencial en la Corporación Municipal de Educación de Ancud. Oficio 41
- Información sobre planes de reparación y mejoramiento de caminos Curiñanco-Los Molinos y Valdivia-Antilhue, Región de Los Ríos. Oficio 41
- Información sobre programas de mejoramiento de caminos de comunidades indígenas, Región de Los Ríos. Oficios 42
X. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S. E. el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que “Establece la gratuidad de las solicitudes de regularización de la posesión y constitución del dominio de la pequeña propiedad raíz regida por el D. L. N° 2.695, de 1979, en las zonas afectadas por el terremoto y maremoto de 27 de febrero de 2010.”. (boletín N° 7048-14) 43
2. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que “Establece la gratuidad de las solicitudes de regularización de la posesión y constitución del dominio de la pequeña propiedad raíz regida por el D. L. N° 2.695, de 1979, en las zonas afectadas por el terremoto y maremoto de 27 de febrero de 2010.”. (boletín N° 7048-14) 47
3. Oficio del H. Senado mediante el cual comunica que tomó conocimiento del rechazo de la Cámara de Diputados a las enmiendas propuestas al proyecto que “Modifica diversos cuerpos legales para obtener recursos destinados al financiamiento de la reconstrucción del país.”. (boletín N° 6927-05) 47
Pág.
4. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje, que aprueba el “Acuerdo de Servicios Aéreos entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de la India, suscrito en Santiago el 21 de abril de 2008.”. (boletín N° 6650-10) 48
5. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje que aprueba el “Acuerdo de Contratación Pública entre las Repúblicas de Chile y Oriental del Uruguay, y sus Anexos, suscrita en Montevideo el 22 de enero del año 2009”. (boletín N° 6649-10) 48
6. Primer informe de la Comisión de Economía recaído en el proyecto que “Modifica la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto que sea indemnizable el daño moral respecto de demandas colectivas”. (boletín N ° 6904-03) 49
7. Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje que “Acuerdo Marco de Cooperación Financiera entre la República de Chile y el Banco Europeo de Inversiones.”. (boletín N° 6963-10) 57
8. Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Modifica ley N° 20.351, prorrogando y perfeccionando el incentivo al precontrato y a la capacitación de los trabajadores.”. (boletín N° 6947-13) 59
9. Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto, iniciado en moción que “Modifica ley N° 18.556, orgánica constitucional sobre sistema de inscripciones electorales y Servicio Electoral, estableciendo la prohibición de hacer públicos ciertos datos de los electores.”. (boletín N° 6979-06) 62
10. Moción de los señores diputados Vallespín, Ceroni, Santana y Walker, que “Modifica el Código Procesal Penal estableciendo la obligación de oír a la víctima.”. (boletín N° 7046-07) 69
11. Moción de las diputadas señoras Zalaquett, doña Mónica; Cristi, doña María Angélica; Nogueira, doña Claudia, y de los diputados señores Arenas, Edwards, Pérez, don Leopoldo; Uriarte, Squella, Ulloa y Ward, que “Modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, estableciendo que la denuncia ante el Sernac interrumpe el plazo para presentar acciones judiciales.”. (boletín N° 7047-03) 71
12. Moción de los señores diputados Lobos, Barros, Bauer, Álvarez-Salamanca, Hernández, Gutiérrez, don Romilio; Macaya, Morales, Recondo y Urrutia, que “Modifica la ley de tránsito estableciendo ciertos requisitos a la circulación de la maquinaria agrícola.”. (boletín N° 7049-15) 72
XI. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
- Del Jefe de Bancada de diputados de Partido Demócrata Cristiano por el cual informa que el diputado señor Vallespín reemplazará al diputado señor Venegas, don Mario en las Comisiones Unidas de Hacienda y de Obras Públicas. Boletín N° 7019-05.
- De la diputada señora Molina, doña Andrea, quién acompaña licencia médica por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de 10 días, a contar del 01 de julio en curso.
- Del Jefe de Bancada de Diputados de Unión Demócrata Independiente por el cual informa que procedió a designar a los señores diputados Ward, Ulloa, Zalaquett, doña Mónica; Vilches y Nogueira, doña Claudia; en la Comisión especial de solicitudes de información y de antecedentes específicos a los Organismos de la Administración del Estado.
- Del Jefe de Bancada de Diputados de Unión Demócrata Independiente por el cual informa que procedió a designar a los señores diputados Hasbún, Salaberry, Recondo, Uriarte y Calderón, en la Comisión Investigadora del gasto de fondos públicos asignados a Organizaciones no Gubernamentales (ONG) durante los años 2006-2010.
2. Oficios:
- De Grupo Interparlamentario Chileno-Costarricense, por el cual informa que procedió a constituirse y a elegir como Presidente al diputado señor Urrutia, don Ignacio.
- De la Presidenta de la Cámara de Diputados por el cual procede a declarar inadmisible la moción de los diputados señores Kast, Eluchans, Baltolú, Van Rysselberghe, Recondo, Macaya, Norambuena, Silva, Ward y Molina, doña Andrea, que “prorroga la vigencia de la ley N° 20.343, para poder optar a los beneficios tributarios que indica”, por cuanto se refiere a una materia de iniciativa exclusiva de S. E. el Presidente de la República de conformidad con lo dispuesto en los números 1 y 2 del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputado De Urresti, Solicita al ministerio de Defensa (gobernación marítima de Valdivia) continuar con la búsqueda del pescador de Corral extraviado el 8 de mayo, Sr. Guido Cárcamo.
Ministerio de Energía:
- Diputado Sandoval, Posición del Ministerio de Energía respecto del proyecto de ley que establece el pago de un impuesto específico de beneficio municipal por la instalación de una central generadora de energía eléctrica (boletín N° 6823-08).
- Proyecto de Acuerdo 35, Aplicación de Royalty a las empresas hidroeléctricas.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputada Zalaquett doña Mónica, Solicita al ministro de Transportes fiscalizar paradero clandestino de línea troncal 419 del Transantiago en comuna de Maipú.
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita al ministro de Transportes (seremi en la región de Coquimbo) instalar señalización en inmediaciones del colegio Cervantes, en La Serena, en atención a accidentes habidos en el sector.
Ministerio de Planificación y Cooperación:
- Diputado García don René Manuel, Informar la situación y la posible solución del problema de ocupación que afecta a una propiedad situada en el sector de Coipué, en la comuna de Freire.
- Diputada Molina doña Andrea, Ejecución y priorización de los proyectos aprobados y financiados para las provincias de Quillota y Petorca, y las comunas de Quintero y Puchuncaví, tras la dictación del DS 338, de 2010, del Ministerio de Hacienda, sobre reasignaciones presupuestarias.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (112)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo IND VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahin Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto RN XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PRI IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD V 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Mendez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando IND XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Concurrió, además, la ministra del Trabajo y Previsión Social , señora Camila Merino.
-Por encontrarse en misión oficial no estuvieron presentes los diputados señores Cristián Campos, Mario Bertolino, Ricardo Rincón, y Rosauro Martínez.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.38 horas.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El acta de la sesión 42ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 43ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
-o-
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado Gabriel Silber.
El señor SILBER.- Señora Presidenta , anuncio el retiro del reemplazo del diputado Mario Venegas por el diputado Patricio Vallespín en las Comisiones Unidas de Hacienda y de Obras Públicas, que figura en el punto 15 de la Cuenta. -
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Se ha tomado nota del retiro, señor diputado.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Reunidos los Comités parlamentarios bajo la presidencia de la señora Alejandra Sepúlveda, adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Incorporar en la Tabla de la presente sesión, en Fácil Despacho, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 20.351, para prorrogar y perfeccionar el incentivo al precontrato y a la capacitación de los trabajadores.
2. Tratar con preferencia los proyectos de acuerdo Nos 87 y 100.
3. Suspender la sesión a las 12 horas para dar inicio a las actividades del 199° aniversario del Congreso Nacional para celebrar el Bicentenario.
A esta ceremonia están invitadas las principales autoridades nacionales y los ex integrantes de las Mesas de la Cámara de Diputados desde 1990 a la fecha.
El acto comenzará con la interpretación del Himno Nacional; luego se exhibirá un video de las actividades conmemorativas, se premiará por antigüedad a dos funcionarios que cumplen cuarenta años de servicio en la Corporación y concluirá con el discurso de la señora Presidenta .
A continuación, se inaugurarán las exposiciones Memoria Histórica y Archivo Histórico en el hall El Pensador .
4. A partir de las 13.30 horas, se reanuda la sesión y se votarán los proyectos de ley cuyo debate se haya cerrado y los proyectos de acuerdo antes mencionados.
CAMBIO EN EL ORDEN DE LA TABLA.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señora Presidenta , solicito su opinión respecto de la posibilidad de incluir en el punto 2 de la Tabla de la presente sesión el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo Marco de Cooperación Financiera entre la República de Chile y el Banco Europeo de Inversiones, suscrito en Luxemburgo, el 9 de marzo de 2010, de rápido despacho, con el objeto de que, si es posible, sea aprobado hoy por esta Cámara.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Hay un compromiso para aprobar ese Acuerdo Marco esta semana. En consecuencia, si no nos alcanza el tiempo para despacharlo hoy, se pondrá como primer punto de la Tabla de la sesión de mañana.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
-o-
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Víctor Torres.
El señor TORRES.- Señora Presidenta , solicito la unanimidad de la Sala para enviar el proyecto sobre portabilidad numérica a la Comisión de Ciencia y Tecnología.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta , la comisión especializada es la de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, por lo que considero que ese proyecto debiera tratarlo sólo esa comisión.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene palabra el diputado señor Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.- Señora Presidenta , la comisión especializada, a la que le corresponde analizar esa materia es la de Ciencia y Tecnología. Por lo demás, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones está atorada con proyectos de ley, por lo que avanzan muy lento; en cambio, en la Comisión de Ciencia y Tecnología tenemos un trabajo mucho más eficiente, lo que nos permitirá tratarlo más rápidamente.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señora Presidenta , como Presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, si se quiere enviar un proyecto a otra comisión es innecesario argumentar que estamos atorados con proyectos, porque ayer despachamos la única iniciativa pendiente.
Por lo tanto, considero que el proyecto debe ser analizado por la comisión especializada, que es la que ha despachado todas las iniciativas sobre telecomunicaciones y todo lo que tiene que ver con la portabilidad. En consecuencia, tenemos la capacidad para hacerlo y una experiencia de veinte años -no de un año, como la de los diputados nuevos- sobre la materia.
No quiero entrar en discusión con el Presidente de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, al que sólo le pido que despachen los proyectos que tienen pendientes, ya que de los relacionados con obras públicas, transportes y telecomunicaciones nos encargamos nosotros.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Señores diputados, me alegro de que estemos discutiendo sobre quién hace el trabajo legislativo y despacha los proyectos en el menor tiempo posible. Pero en este minuto están funcionando las Comisiones Unidas de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y de Ciencia y Tecnología, por lo que solicito a ambos presidentes, que ahora se encuentran en la Sala, que se pongan de acuerdo para agilizar el proceso legislativo.
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.- Señora Presidenta , no tenemos ningún inconveniente en que la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones discuta esa iniciativa, siempre y cuando empiecen y terminen a la hora; es decir, cuando cumpla con todo el trabajo que le corresponde.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Recuerdo a las señoras diputadas y a los señores diputados que, según el acuerdo adoptado por la unanimidad de los jefes de los Comités parlamentarios, esta sesión se suspenderá a las 12 horas, con el objeto de realizar una ceremonia solemne con la cual la Corporación dará inicio a los actos de celebración del Bicentenario.
Hago presente a la Sala que después de la ceremonia la sesión se reanudará a las 13:30 horas para despachar los asuntos que figuran en la Tabla.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , ¿no se ha suspendido Incidentes?
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Señor diputado , no se ha suspendido Incidentes ni Proyectos de acuerdo.
ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES, BIENES NACIONALES Y MEDIO AMBIENTE.
El señor PÉREZ (don Leopoldo).- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra su señoría.
El señor PÉREZ ( don Leopoldo).- Señor Presidente , el número 2) de la Cuenta se refiere al proyecto iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República , que establece la gratuidad de las solicitudes de regularización de la posesión y constitución del dominio de la pequeña propiedad raíz regida por el decreto ley N° 2.695, de 1979, en las zonas afectadas por el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010, que fue remitido a la Comisión de Vivienda.
Solicito que el proyecto se remita a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, toda vez que fue tratado con anterioridad con el Ministerio de Bienes Nacionales y la Comisión se comprometió a dar urgencia a la iniciativa dada la premura que requiere el proceso de reconstrucción.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que el proyecto aludido se remita a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. FÁCIL DESPACHO
MODIFICACIÓN DE LEY N° 20.351, PARA PRORROGAR Y PERFECCIONAR EL INCENTIVO AL PRECONTRATO Y A LA CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES. Primer trámite constitucional. (Sobre Tabla).
El señor BECKER ( Vicepresidente ).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 20.351, con la finalidad de prorrogar y perfeccionar el incentivo al precontrato y a la capacitación de los trabajadores, con urgencia calificada de suma.
Diputados informantes de las Comisiones de Trabajo y Seguridad Social y de Hacienda son los señores Carlos Vilches y Nicolás Monckeberg, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, Boletín Nº 6947-13, sesión 27ª, en 18 de mayo de 2010. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sesión 47ª, en 6 de julio de 2010. Documentos de la Cuenta N° 10.
-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 8, de esta sesión.
El señor BECKER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente , en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 20.351, para prorrogar y perfeccionar el incentivo al precontrato y a la capacitación de los trabajadores.
Cabe hacer presente que, para el despacho del proyecto, su excelencia el Presidente de la República hizo presente la urgencia con carácter de simple, la que, como informará nuestro colega de la Comisión de Hacienda, fue modificada a suma.
El proyecto que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social somete a vuestro conocimiento apunta, en conjunto con una serie de iniciativas de ley ya tramitadas, a hacer frente a los efectos que ha tenido en el empleo y en el mercado de trabajo la catástrofe natural del 27 de febrero pasado. No resulta novedoso señalar al respecto que los procesos productivos se han visto afectados por el terremoto, incluso más allá de la zona de catástrofe.
En la especie, el Ejecutivo ha considerado oportuno entregar a los empleadores incentivos para la suscripción de precontratos de capacitación de eventuales trabajadores. De esta forma, el proyecto opera sobre la base de lo dispuesto en la ley N° 20.351, dictada con el objeto de hacer frente a los impactos de la crisis económica de 2009.
Hago presente que en la discusión siempre ha estado presente la ministra del Trabajo, señora Camila Merino.
La ley N° 19.518, Estatuto de Capacitación y Empleo, establece que la ejecución de acciones de capacitación se podrá desarrollar antes de la vigencia de una relación laboral, cuando un empleador y un eventual trabajador celebren un contrato de capacitación. Este beneficio se financia con cargo a la franquicia tributaria para la capacitación de la empresa solicitante, cuyo límite es el 1 por ciento de la planilla anual de remuneraciones.
Por su parte, la ley N° 20.351, permitió aumentar por un período acotado de tiempo el beneficio tributario de incentivo a la capacitación de la ley N° 19.518, aumentándolo en 0,25 por ciento de las remuneraciones imponibles pagadas al personal en el respectivo mes. Además, consideró un aumento de la vigencia del precontrato de dos a seis meses.
Asimismo, la iniciativa en informe incorpora un aumento de la cobertura de los costos de traslado y alimentación, ya que la experiencia indica que los actuales resultan insuficientes al circunscribirse al 10 por ciento del valor del curso, estableciendo que se deberán incluir gastos de traslado y alimentación hasta por un monto de 3 mil pesos diarios, los que individualmente no podrán exceder de 1.500 pesos por día asistido por cada beneficiario del precontrato, para los efectos del correspondiente beneficio tributario.
Finalmente, cabe hacer notar que el proyecto original, reemplazado en su integridad mediante una indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo , contemplaba la prórroga de la actual vigencia de la ley N° 20.351, la que vencía el 30 de junio recién pasado. Mediante dicha indicación se extiende la vigencia de su Título III, De los Incentivos al Precontrato y a la Capacitación de Trabajadores, hasta el 31 de marzo de 2011.
El proyecto en informe fue aprobado en general por la Comisión en su sesión especial de fecha de 30 de junio del año en curso, por la unanimidad de los diputados presentes, esto es, con el voto favorable de los diputados señores Andrade , Bertolino , Jiménez , Monckeberg, don Nicolás ; Salaberry , Saffirio , Silva , Urrutia y quien habla.
La Comisión, en la sesión ordinaria ya señalada, sometió a discusión particular el proyecto de ley, oportunidad en la que conoció la indicación de su excelencia el Presidente de la República para sustituir íntegramente el texto del proyecto, la que, puesta en votación, fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes, esto es, por nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Como consecuencia de todo lo expuesto y por las consideraciones que constan en el informe de las señoras diputadas y señores diputados que tienen a la vista, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recomienda la aprobación del proyecto de ley, cuyo texto definitivo pueden consultar in extenso en el citado informe.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-
Señor Presidente , ayer, la Comisión de Hacienda aprobó en forma unánime el proyecto que prorroga la extensión de las regulaciones del precontrato, previamente aprobado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 5 de mayo de 2010, señala que las modificaciones introducidas por el proyecto representan un costo fiscal de 566 millones de pesos en 2010 y de 283 millones de pesos en 2011, por menor recaudación tributaria.
Además, se estima que el aumento de dotación en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo tendrá un costo fiscal de 113 millones de pesos en 2010 y de 56 millones de pesos en 2011.
Por otra parte, el mayor gasto fiscal que represente la aplicación del proyecto durante 2010 se financiará con cargo al presupuesto vigente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiese financiar con estos recursos.
Durante el debate de la Comisión, la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Camila Merino , hizo presente que el proyecto es de gran relevancia, ya que tiene por objeto permitir a las empresas capacitar antes de contratar. Este proyecto fue solicitado por la Central Unitaria de Trabajadores y por la Confederación de la Producción y el Comercio.
Con respecto a las catorce personas que se incorporarán, a partir de esta iniciativa, a la dotación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), según informó el director de la misma institución, serán fiscalizadores destinados a todas las regiones, uno por región, con excepción de la Metropolitana.
En relación con las licitaciones, el director nacional del Sence señaló que, en términos generales, se han seguido asignando e, incluso, a la fecha, se ha producido un avance un poco mayor al registrado el año pasado con respecto a la ejecución presupuestaria.
Puesto en discusión y en votación el proyecto, se aprobó por unanimidad por los diputados presentes en dicha sesión, los señores Joaquín Godoy , Enrique Jaramillo , Pablo Lorenzini , Javier Macaya , Carlos Montes, José Miguel Ortiz , Carlos Recondo , Alberto Robles , Ernesto Silva , Gastón Von Mühlenbrock y quien habla.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente , esta iniciativa que ayer tramitamos rápidamente en la Comisión de Hacienda se halla en el camino de lo que significan el antes y el después del 27 de febrero.
¿Por qué? Cuando en su momento esta Cámara tramitó el Estatuto de Capacitación y Empleo, en el artículo 33 se consagró lo relativo a los precontratos de capacitación de eventuales trabajadores.
En dicha iniciativa, que fue ampliamente discutida en ambas Cámaras del Congreso Nacional, se planteó el beneficio tributario de incentivo a la capacitación y se aumentó en 0,25 por ciento de las remuneraciones imponibles pagadas al personal, en el respectivo mes.
El objetivo de esa norma era posibilitar que los empleadores empezaran a capacitar a la gente que iban a necesitar para la ampliación de sus empresas. Para tales efectos, se les otorgaría un beneficio tributario, aportado por el Estado chileno.
En esa ocasión se aprobó la vigencia del precontrato por sólo dos meses.
Pero después vino la crisis de septiembre de 2008 que, como es lógico, afectó a todo el mundo. Y dentro de las medidas procíclicas planteadas en el 2009, tramitamos la ley N° 20.351. En aquella oportunidad pensamos que ésa era la forma de invertir en algo que consideramos vital: la educación y, obviamente, la capacitación.
Hubo gran demanda para bajar los índices de cesantía y para empezar a preparar al personal.
Pero la vigencia de esa norma venció el 30 de junio recién pasado, y hoy es 7 de julio. Por ende, creo que la prórroga de dicho cuerpo legal es un apoyo real y efectivo para poder paliar los efectos del sismo del 27 de febrero pasado, fundamentalmente en las tres zonas de catástrofe, entre las que se incluye mi Región del Biobío.
Por eso, ayer, en la Comisión de Hacienda acordamos, por unanimidad, solicitar tratar esta iniciativa en Fácil Despacho, para luego remitirla al Senado a su segundo trámite constitucional, que espero la despache durante la próxima semana, para que antes de fin de mes sea ley de la República.
La legislación que se pretende modificar contempla para los eventuales trabajadores gastos por traslado y alimentación. El proyecto propone aumentar el monto de dichos gastos y plantea, en la letra c. del numeral 1 del artículo único, que reemplaza la letra b) del inciso segundo del artículo 14 de la ley N° 20.235, gastos de traslado y alimentación hasta por un monto de 3 mil pesos diarios, los que individualmente no podrán exceder de 1.500 pesos por día asistido por cada beneficiario del precontrato, para los efectos del correspondiente descuento tributario.
Señalo lo anterior en atención a que dicha modificación se encuentra cruzada con los beneficios tributarios de que gozan los empleadores.
Creo que eso fue un avance.
Fuera de eso, mediante esta iniciativa se aumenta la dotación del Sence en exactamente catorce personas, una por cada región, sin incluir a la Metropolitana, porque el servicio manifestó que ahí cuentan con personal suficiente.
Eso es muy importante, porque se realizará una fiscalización que permita que las medidas propuestas realmente se implementen, que sean beneficiosas y cumplan el objetivo que buscamos.
Por otra parte, el informe financiero plantea -y la señora ministra se dio cuenta especialmente de aquello; parece que le quieren quitar plata por otros lados- que el gasto fiscal que represente la aplicación de la norma en discusión durante 2010 se financiará con cargo al presupuesto vigente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
En la Tercera Subcomisión de Presupuestos, de la cual soy miembro, veremos la forma de hacer un suplemento en esta materia, porque considero que hoy se debe contar con toda la plata que sea necesaria para capacitación.
En nombre de los 19 diputados de la Democracia Cristina, anuncio que votaremos favorablemente este proyecto de ley, tanto en general como en particular.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).-
Recuerdo a las señoras diputadas y a los señores diputados que estamos en Fácil Despacho, por lo que sólo disponemos de 30 minutos para tratar la iniciativa en debate, y cada discurso no podrá exceder de cinco minutos.
Tiene la palabra el diputado Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, antes de expresar mi punto de vista sobre la materia que nos ocupa, concedo una interrupción al diputado Osvaldo Andrade.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).-
Muy bien, diputado Montes.
Tiene la palabra el diputado Osvaldo Andrade.
El señor ANDRADE.-
Señor Presidente, agradezco la interrupción que me ha concedido el diputado Montes.
Sólo quiero mencionar, en abono a mi voto favorable al proyecto, que es la continuación del acuerdo que en su oportunidad suscribieron la CUT y la Confederación de la Producción y del Comercio. Y desde ese punto de vista, tiene una legitimación de parte de los actores involucrados, que para mí es muy relevante.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).-
Retoma la palabra el diputado Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, respaldo completamente este proyecto y los argumentos que se han dado a su favor.
Sin embargo, deseo aprovechar la oportunidad para señalar que la capacitación laboral es un asunto fundamental respecto del cual tenemos un gran retraso como país, y es más importante que muchos otros aspectos relacionados con el aumento de la productividad, la microeconomía, etcétera. Esto se ha dejado postergado, de parte de todos los sectores.
El modelo Sence requiere cambios fundamentales -está agotado en muchos aspectos- y necesitamos dar un salto en respuesta a la necesidad de personas mejor calificadas en muchos rubros.
Lo anterior ha sido muy estudiado por la Fundación Chile, por encargo del propio Gobierno. Y se sabe cuáles son los oficios que tienen más déficit.
Por ejemplo, está el caso de los buzos de profundidad. Rodrigo Álvarez me conversaba sobre la obviedad de que había un gran déficit de esos trabajadores en las salmoneras. Y lo mismo ocurre respecto de los técnicos en salud para los hospitales.
Entonces, es fundamental que para el Presupuesto de 2011, junto con los recursos asignados al Sence, el Ministerio del Trabajo cuente con un presupuesto ad hoc para ciertos proyectos que den respuesta a las necesidades señaladas.
Es necesario plantear estos temas, porque, en general, la Dirección de Presupuestos no los toma en cuenta, y sigue la inercia. Insisto en que ahora, a la salida de la crisis, es importante incorporar un programa ad hoc de capacitación para trabajadores y asumir realmente estos problemas antiguos.
No sólo con pequeños proyectos resolveremos el desafío del déficit de personas calificadas en ciertos rubros, sino que también necesitamos un enfoque más macro de la situación.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Ernesto Silva
El señor SILVA .-
Señor Presidente , seguiré en la línea de lo que se ha planteado hoy.
Al respecto, debo señalar que este proyecto se ha discutido bastante y existe gran acuerdo.
Quiero resaltar algunos puntos.
En primer lugar, la ministra -aprovecho de darle la bienvenida- se ha jugado mucho por esta materia. Ha asistido a todas las sesiones de las comisiones que estudiaron el proyecto y ha planteado con mucha energía la relevancia que tiene la capacitación de los trabajadores.
En ese sentido, reafirmando la idea de lo planteado por el diputado Montes, quiero pedir a la ministra, por su intermedio, señor Presidente, que se avance con la mayor urgencia y profundidad posibles en los cambios que se deben implementar en los programas del Sence, porque la cantidad de recursos públicos que se han destinado a ese objetivo es infinita y queda mucho más por hacer para mejorar nuestro mercado laboral y para capacitar a las personas para que se incorporen de mejor manera al mundo del trabajo.
En segundo término, quiero destacar el acuerdo CUT-CPC y la solicitud de la sociedad civil hacia el Gobierno en orden a prorrogar y extender un beneficio que hoy existe, lo que me parece muy bueno. Avancemos en la identificación de más necesidades que los actores de la sociedad estiman relevantes, para que los podamos profundizar.
En tercer lugar, una de las cosas destacables de este proyecto es que establece un período acotado de tiempo, lo que para mí constituye un factor relevante para contribuir a su aprobación, dada la información disponible respecto del impacto que tiene este tipo de programas, que no lo conocemos bien. En ese sentido, si es aprobado, me parece bien su duración acotada a ocho meses, con vigencia a partir del próximo mes, como establece su norma. Asimismo, me parece bien la incorporación del incentivo en términos de locomoción y colación, ya que puede ayudar a generar una diferencia en la disposición a incorporarse de los potenciales trabajadores.
Por último -fue discusión en las Comisiones de Trabajo y de Hacienda-, varios parlamentarios hemos planteado la necesidad de que este programa pueda ser evaluado y que se pueda rendir cuenta del efecto que ha tenido. Es algo que quiero reiterar hoy en esta discusión en la Sala, porque necesitamos saber, cada vez más, qué incidencia e impacto está teniendo este tipo de programas en la empleabilidad de los trabajadores y en la mejora del capital humano.
En ese sentido, la bancada de la Unión Demócrata Independiente va a dar su apoyo al proyecto.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente , todos dicen que esto hay que hacerlo bien. Los recursos del Sence no son infinitos, pero son importantes e interesantes como para que la implementación de estos programas sea un éxito. Por lo tanto, estoy de acuerdo con que hay que evaluarlos.
Dada la necesidad que se vive en las regiones afectadas producto del pasado terremoto, que requieren de esta importante ayuda a través de leyes, la iniciativa se trató con premura ayer en la Comisión, pero quedé con ciertas dudas.
Me gustaría saber qué sucede con los plazos. En el proyecto se establece que los contratos de capacitación no podrán exceder en total de seis meses dentro del mismo año calendario, incluidas sus prórrogas y los períodos de contrato de capacitación celebrados de conformidad al artículo 14 de la ley N° 20.235.
¿Qué pasaría -aprovecho de hacer la consulta a la ministra, por intermedio de la Mesa- si la capacitación es de un tiempo mayor, lo que a lo mejor podría hacer que esta capacitación fuera mejor? La capacitación podría durar tres meses y, por lo tanto, si estamos hablando de seis meses, solamente habría una posibilidad de trabajo de tres meses. Creo que debió considerarse un tiempo mayor, pero no era el momento de presentar una indicación, porque demoraría la tramitación del proyecto.
Hago la consulta para que mi inquietud quede registrada, que hice presente en la Comisión durante el tratamiento del proyecto, pero desgraciadamente no aparece en el informe pertinente de la Comisión de Hacienda. Insisto en que debió extenderse el plazo.
No obstante, considero positivo que el límite de 50 por ciento no sea aplicable a las regiones afectadas por el sismo, porque podría ser mayor el porcentaje de trabajadores que necesiten este apoyo del Estado, debido a que en esas zonas las empresas fueron bastante maltratadas.
También es conveniente el incremento en catorce cupos de la dotación del personal del Sence, que requiere decisiones adecuadas en las regiones que recibirán el beneficio. El Sence siempre ha sido un tanto limitado en lo que se refiere a la difusión de la información, por lo que estos nuevos catorce cupos en las distintas regiones, especialmente en las favorecidas por la prórroga del beneficio, debieran incidir en una mejor comunicación a los trabajadores de las empresas de las zonas afectadas.
Por lo tanto, a pesar de las situaciones complejas del proyecto, que no son muchas, le voy a dar mi aprobación. Espero que en un futuro cercano se mejore lo relativo a las prórrogas del Sence.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado don Carlos Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , en esta oportunidad quise hacer uso de la palabra para destacar las intervenciones de los diputados señores Ortiz , Montes, Andrade y Jaramillo , porque han mostrado un espíritu de cooperación para aprobar en forma rápida este proyecto, que constituye una herramienta eficaz para el momento que está viviendo el país.
Es necesario destacar la oportunidad de los proyectos para dar respuesta a los problemas laborales que existen y, en este caso, a la oportunidad de un precontrato que se da a tantos trabajadores. Espero que esta extensión, hasta marzo del 2011, se amplíe más allá de esa fecha, porque será una herramienta de gran utilidad para cierto tipo de trabajadores, sobre todo para los de las zonas más aisladas.
A mi juicio, el trabajo que ha impulsado la ministra del Trabajo va en la dirección correcta. Por eso, vamos a apoyar con entusiasmo este proyecto, para que tenga una rápida tramitación, porque va a ser una respuesta efectiva para los trabajadores y empresarios, ya que este precontrato dará la oportunidad de conseguir un empleo, lo que va a permitir bajar los índices de cesantía, especialmente en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 27 de febrero.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado don Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-
Señor Presidente , anuncio mi voto favorable a este proyecto. Además, quiero explicar el compromiso que se adoptó en las Comisiones en que se tramitó, que consiste básicamente en que, al 31 de marzo de 2011, cuando debamos analizar nuevamente esta iniciativa, tengamos sobre la mesa ciertas cifras que hoy no se tienen y que son fundamentales para una buena evaluación.
Aquí ya se ha dicho que este proyecto fue pedido por los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), lo cual ya es un antecedente suficiente como acceder a la prórroga, porque refleja que hasta ahora ha funcionado relativamente bien.
Pero es fundamental saber qué capacidad de inserción laboral han tenido los trabajadores capacitados y, por lo tanto, es preciso que esta Cámara sea la que conozca en primera instancia las evaluaciones que se puedan hacer en marzo o, quizás, antes.
En segundo término, a través de este proyecto se plantea el aumento de la dotación en catorce fiscalizadores adicionales, lo que, a mi juicio, va en la dirección correcta. No sé si catorce es un número suficiente para fiscalizar todo el programa -eso lo saben en el ministerio-, pero sí creo que, definitivamente, todos los programas de capacitación requieren de una mayor fiscalización, porque son muchos los recursos que se administran y traspasan al sector privado y eso no puede quedar sin ningún control.
El esfuerzo que se hace, a través de este proyecto, para aumentar la fiscalización se debería implementar en el resto de los planes de capacitación, para no lamentar después situaciones como las que hemos visto con anterioridad.
Por último, espero que en el proyecto de ley de Presupuestos para el Sector Público que se va a presentar al Congreso Nacional el próximo semestre podamos tener algunas luces de cómo se van a orientar los planes de capacitación actualmente vigentes, sobre todo por la nueva realidad económica que se vislumbra en nuestro país, cuyas primeras señales muestran un crecimiento importante, y con un compromiso del Gobierno de crear 200 mil empleos -todo indica que esa promesa se va a cumplir-; por lo tanto, nuestra realidad capacitadora debe tener ciertas fluctuaciones. No estoy pidiendo que se disminuya, sino que se reoriente hacia aquellos sectores que la van a necesitar con mayor intensidad.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO.-
Señor Presidente, es absolutamente necesario aprobar este proyecto.
Agradezco la buena disposición de todos los Comités y de esta Cámara por haber tramitado rápidamente la iniciativa, en Tabla de Fácil Despacho. Digo que es necesario porque tiene un sentido de urgencia, porque va a beneficiar principalmente a los trabajadores de las zonas afectadas por el terremoto. Como se ha dicho, esta iniciativa fue solicitada por empresarios y trabajadores, por la CUT y la CPC. Además, es un proyecto que establece un diseño que ya fue utilizado en el pasado. Es igual a otras iniciativas similares que tuvieron resultados positivos. Este proyecto incorpora la posibilidad de considerar gastos de traslado y colación, lo que lo hace mucho más efectivo. Es un verdadero incentivo para los trabajadores, porque este subsidio del Estado les permitirá después incorporarse a la vida laboral.
Recojo lo planteado por los diputados Montes y Silva , en cuanto a que tenemos un problema que ha generado una larga discusión sobre las funciones del Sence y el modelo sobre el cual se está trabajando en relación con la capacitación en el país. Creo que existen dudas respecto de su efectividad y del impacto de los programas. Tenemos muchos casos y, además, hemos pedido información al Ministerio del Trabajo, por ejemplo, sobre el Plan Salmón, donde se llevó a cabo un programa para capacitar a los trabajadores e intentar reconvertirlos. No conocemos los resultados acerca de su impacto; sólo sabemos que los recursos fueron utilizados en buena forma y que destinaron a la finalidad propuesta, pero lo que interesa finalmente es su impacto.
Quiero decirle a la ministra del Trabajo que la discusión del próximo proyecto de Ley de Presupuestos será una buena instancia para debatir las posibilidades de modificar el modelo del Sence.
Por lo tanto, atendida la urgencia del proyecto y la necesidad de implementar el programa mencionado, sólo me resta agradecer la buena disposición de la Cámara para tratarlo rápidamente y, obviamente, requerir a todos los colegas su voto favorable.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, le había formulado una consulta a la ministra del Trabajo.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).-
Muy bien, señor diputado .
Tiene la palabra la ministra del Trabajo y Previsión Social, a fin de que responda la consulta del diputado señor Jaramillo.
La señora MERINO, doña Camila ( ministra del Trabajo y Previsión Social).-
Señor Presidente , ante todo, agradezco a la Sala por apoyar el proyecto, fundamental para preparar a los trabajadores para las labores de reconstrucción. Se van a necesitar más de 80 mil en dichas labores, pero para ello deberán tener las competencias adecuadas.
El Gobierno está preocupado de la capacitación de los trabajadores, porque consideramos que es la forma de entregarles un mejor futuro, mejores salarios y de ser más productivos.
Por eso, en respuesta a las inquietudes de los diputados Montes, Silva y Recondo, puedo decirles que vamos a aumentar de un millón a un millón 250 mil el número de trabajadores que recibirán capacitación. Asimismo, estamos trabajando para que ésta sea de mejor calidad y más pertinente. Les vamos a dar a conocer nuestros programas para demostrarles que vamos avanzando en esa línea.
En respuesta a la consulta del diputado señor Jaramillo, puedo decirle que tenemos una limitación en el uso del precontrato de seis meses. Después de ese período, el trabajador debe ser contratado y seguir recibiendo capacitación, pero exigimos a la empresa que lo contrate.
Según las experiencias del año pasado que hemos conocido, los precontratos duran menos de seis meses y no representan una necesidad, porque cuando ya los conocen, las empresas deciden contratar a los trabajadores y, obviamente, seguir capacitándolos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).-
Gracias, señora ministra Camila Merino.
Cerrado el debate.
-Posteriormente, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Se reanuda la sesión.
En votación en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.351, con la finalidad de prorrogar y perfeccionar el incentivo al precontrato y a la capacitación de los trabajadores.
Hago presente a los señores diputados y señoras diputadas que la Comisión de Trabajo ha dejado constancia de que el articulado aprobado no contiene normas calificadas de orgánicas constitucionales o de quórum calificado.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado también en particular.
VI. ORDEN DEL DÍA
INCORPORACIÓN DE NORMAS TRANSITORIAS EN LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA PARA ENFRENTAR LA CATÁSTROFE DEL 27 DE FEBRERO DE 2010. Tercer trámite constitucional.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).-
Corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, con urgencia calificada de “suma”, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura y establece normas transitorias para enfrentar la catástrofe del 27 de febrero de 2010.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín N° 6917-21, sesión 46ª, en 1 de julio de 2010. Documentos de la Cuenta N° 2.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.-
Señor Presidente , considero que las modificaciones del Senado son acertadas, porque definen en mejor forma lo que se entiende por embarcación pesquera artesanal, estableciendo que su eslora máxima no puede ser superior a 18 metros y la capacidad de su bodega no superior a 80 metros cúbicos.
Evidentemente, esto permitirá que haya embarcaciones más seguras, sin considerar las habitaciones o los lugares donde duermen los pescadores, lo que, obviamente, hará que tengan un tamaño adecuado para enfrentar las contingencias del mar, sin que deban tener, necesariamente, bodegas para almacenar capturas que no son las que corresponden a la pesca artesanal.
Asimismo, quiero destacar en forma muy breve el aspecto, a mi juicio, más importante de las disposiciones transitorias del proyecto, que solucionan varios problemas que existen en la actualidad en las zonas afectadas por el terremoto y que también han menoscabado gravemente la pesca artesanal.
Se trata de que los pescadores tengan más facilidades para reemplazar sus embarcaciones. El requisito de habitualidad, que normalmente exige la ley, se reduce a un año, dentro de los tres años anteriores. Es decir, para que un pescador artesanal pueda reemplazar a otro, tendría que acreditar un año ejerciendo ese trabajo durante los tres años calendarios anteriores a la presentación de la solicitud.
Asimismo, no se considerará la paralización de operaciones extractivas durante 2010 y 2011 para los pescadores artesanales, porque ello produce un efecto dentro de la Ley General de Pesca. Pero, evidentemente, esto será así, siempre que ellos hayan operado durante 2008 y 2009.
De la misma forma, es importante autorizar, por el plazo de dos años, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la ley, a los pescadores artesanales inscritos en esas regiones, para que puedan reponer sus embarcaciones siniestradas y operar con otras naves que no sean de su propiedad. Naturalmente, de lo que se trata aquí es de reponer lo más rápidamente posible la pesca artesanal, que es tan importante para las distintas caletas del país.
Sin duda, las disposiciones transitorias son muy significativas para las caletas que han sido tan fuertemente afectadas por el terremoto, tales como Pelluhue, Curanipe, Loanco , Constitución, Llico y muchas otras.
Por lo tanto, me parecen muy adecuadas las modificaciones introducidas por el Senado y todas las disposiciones transitorias que contiene el proyecto.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco.
La señora PACHECO (doña Clemira).-
Señor Presidente , después de lo ocurrido el 27 de febrero, el Gobierno anunció un plan para revitalizar las caletas, señalando que ello permitiría que las embarcaciones artesanales volvieran al mar.
Eso implica esfuerzo financiero para apoyar la reposición de naves, un plan de inversiones para renovar la infraestructura perdida, medidas de administración pesquera que posibiliten a los pescadores retomar sus actividades. Sin embargo, han pasado aproximadamente cuatro meses desde la tragedia y el panorama de las caletas sigue siendo bastante sombrío y desolador.
Los recursos que se comprometieron a través de préstamos para reponer las naves son insuficientes, atendido el grave sobreendeudamiento que ya viven muchas familias de la región y que les impiden acogerse a esa solución.
Las reformas legales contenidas en el proyecto, en general, apuntan a flexibilizar las disposiciones vigentes, permitiendo que se puedan retomar las actividades con las embarcaciones en los lugares en que ello sea posible y adoptar medidas que eviten el impacto que paralice la asignación de cuota y pesquería futura 2010 y 2011.
También son significativas las enmiendas que permiten facilitar la recuperación de las plantas de procesamiento, cuyo rol es indispensable en la cadena productiva.
Esos avances apuntan en la dirección correcta y se han complementado con un aspecto muy anhelado por los pescadores artesanales, cual es la precisión en la norma sobre el arqueo. Ello posibilita superar obstáculos administrativos, pero especialmente da la posibilidad de acceder a naves mucho más confortables y seguras.
En general, el Senado ha mantenido las disposiciones, con correcciones de forma, con la sola excepción de aquella que eliminaba el requisito de tres años de residencia para acceder al registro pesquero artesanal, atendido que ello supondría el traslado de muchos pescadores desde una región a otra, con la consiguiente generación de conflictos. Se trata de una materia de gran importancia para el sector pesquero artesanal. Quizás la fórmula que se planteó en el proyecto de manera tan absoluta no ha sido la más apropiada.
Por lo tanto, solicito que votemos en forma separada las modificaciones del Senado al número 5 del artículo 1°.
Me parece relevante la aprobación del proyecto, pero quiero insistir en que estamos aún muy lejos de superar los problemas generados por la emergencia en materia pesquera. El sistema de préstamos no funciona, es lento y no satisface las necesidades del sector. Además, los montos para reponer las naves y artes de pesca son muy insuficientes.
Asimismo, hace falta más audacia en la administración pesquera para flexibilizar algunos aspectos en materia de embarcaciones, cuotas y pesquería.
Por otra parte, el impacto en las plantas pesqueras no está superado. Esta semana hemos contabilizado un total de 1.200 trabajadores despedidos de plantas pesqueras en las comunas de Coronel y Talcahuano, Región del Biobío.
Por lo tanto, no ha existido la voluntad de aplicar las normas especiales sobre la retención de empleo mediante los permisos de reconstrucción.
En esta materia, falta un mayor dinamismo del Ejecutivo para difundir los beneficios que están vigentes para llevar tranquilidad a los afectados y, quizás, propiciar un mejor trato entre los empresarios, trabajadores y el Ejecutivo y, sobre todo, mirar en perspectiva el futuro del sector pesquero.
El proyecto, sin duda, constituye un avance, pero por sí solo no permite recuperar al sector, por lo que parece fundamental adoptar medidas complementarias.
Votaré al favor del proyecto, con la excepción de la norma para la cual he pedido votación separada.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente , en primer lugar, felicito el rápido envío por parte del Gobierno del Presidente Piñera del proyecto en análisis, que busca colaborar, ayudar, no dar solución integral al problema, porque ello no resulta posible; sin embargo, la rápida y pronta respuesta del Presidente Piñera ante los problemas generados por el terremoto para los pescadores, en particular del sector artesanal, se encuentra materializado en el proyecto.
La iniciativa, de algún modo, a partir de los cambios que introdujimos en la Comisión de Pesca, que tengo el honor de presidir, dice relación con la definición de embarcación pesquera, que hoy, desde luego, mejora no sólo la habitabilidad de los pescadores en sus naves, sino que da mayor seguridad en el mar, todo eso a petición de las distintas organizaciones de pescadores artesanales, particularmente de la Octava Región y de otras.
En ese sentido, importa mucho que el proyecto considere la creación de una cuota de catástrofe de hasta el tres por ciento de la misma, con el propósito de orientarla a una ayuda real y eficiente frente a situaciones como las que vivimos el 27 de febrero pasado.
También permite una mejoría respecto del reemplazo, porque lo hace pronto.
Tenemos una sola dificultad: la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados había resuelto proponer la eliminación de un requisito para el registro artesanal, relativo a acreditar residencia efectiva de al menos tres años consecutivos para acceder al registro pesquero artesanal. En la Comisión consideramos que mantener esa disposición no ayudaba a los trabajadores de la pesca.
Pues bien, seguimos considerando lo mismo; sin embargo, el Senado de la República, lamentablemente, repuso ese requisito.
El conjunto de disposiciones que consagra el proyecto, más las disposiciones transitorias, ayudan a paliar en parte la situación, pero la ayuda se requiere con rapidez.
Por eso, aunque vamos a demorar más el despacho del proyecto, me parece necesario discutir en Comisión Mixta la iniciativa, razón por la cual, al igual que la diputada Clemira Pacheco , pedimos votación separada respecto de la disposición propuesta, que elimina la letra b) del artículo 51, entendiendo que se requiere prontitud en el despacho del proyecto, pero que también se requiere eficacia.
Por esa razón, votaré a favor del proyecto, con excepción de la disposición propuesta por el Senado que, a nuestro juicio, no ayuda al sector pesquero, sino que, por el contrario, entorpece el rápido levantamiento de un sector tan relevante para el país.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
En votación las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, y establece normas transitorias para enfrentar la catástrofe del 27 de febrero de 2010.
La diputada Clemira Pacheco ha pedido votación separada.
Tiene la palabra la diputada Pacheco.
La señora PACHECO (doña Clemira).-
Señora Presidenta , quiero retirar mi petición de votación separada. Junto con el presidente de la Comisión de Pesca , Jorge Ulloa , hemos solicitado al Ejecutivo que se contemple esa situación en otro proyecto que estamos estudiando, a fin de poder trabajarlo con más tiempo, ya que esta iniciativa debe despacharse con prontitud debido a la urgencia que supone la reconstrucción nacional.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Muy bien. Entonces, se retira la petición de votación separada.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN FINANCIERA ENTRE CHILE Y EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES. Primer trámite constitucional.
El señor BECKER (Vicepresidente).-
Corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo Marco de Cooperación Financiera entre la República de Chile y el Banco Europeo de Inversiones, suscrito en Luxemburgo el 9 de marzo de 2010.
Diputados informantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, y de Hacienda, son los señores Roberto Delmastro y Pablo Lorenzini, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, Boletín N° 6963-10, sesión 30ª, en 1 de junio de 2010. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 44ª, en 30 de junio de 2010. Documentos de la Cuenta N° 5.
-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 7, de esta sesión.
El señor BECKER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Delmastro.
El señor DELMASTRO (de pie).-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el Acuerdo Marco de Cooperación Financiera entre la República de Chile y el Banco Europeo de Inversiones, suscrito en Luxemburgo, el 9 de marzo de 2010.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) fue creado en 1958 por el Tratado de Roma, como institución autónoma de la Comunidad Económica Europea para financiar proyectos que favorezcan el equilibrio económico al interior de la Unión Europea. Todos los países miembros de ésta son sus dueños y accionistas. Su sede está en Luxemburgo y se financia a través de ellos, que suscriben conjuntamente su capital mediante contribuciones que reflejan su peso económico en la Unión.
La misión principal del Banco es contribuir a la integración, el desarrollo equilibrado y la cohesión económica y social de los Estados Miembros de la Unión. También tiene entre sus funciones apoyar proyectos en países no miembros de la Unión Europea. No tiene fines de lucro.
Las operaciones de préstamos del BEI otorgadas fuera de la Unión Europea están definidas por mandatos específicos que periódicamente determina la misma Unión. El actual mandato, que cubre el período 2007-2013, autoriza al Banco para prestar en América Latina hasta 2,8 mil millones de euros en apoyo de la estrategia de cooperación de la Unión Europea. Chile, desde luego, se encuentra entre los países de la región elegibles para operaciones del BEI.
Gran parte de sus recursos los obtiene, como lo hace cualquier otro banco internacional, acudiendo al mercado de capitales, y sus directores adoptan con total independencia política las decisiones de financiación sobre los proyectos. El BEI ha obtenido la máxima calificación crediticia como deudor, la triple A, lo que le permite obtener fondos del mercado a los mejores costes financieros, y trasladarlos a los proyectos que aprueba.
El Banco Europeo de Inversiones realiza operaciones en tres áreas fundamentales:
1. Apoyo a la presencia de la Unión Europea en la Región mediante el financiamiento de operaciones de inversión extranjera directa o de transferencia de tecnología y conocimiento (know-how) europeos, a condición de que los proyectos contribuyan al desarrollo económico del país.
2. Financiamiento de proyectos relativos a la sustentabilidad ambiental, incluyendo la mitigación del cambio climático, aun cuando no participen empresas de la Unión Europea; y
3. Financiamiento de proyectos relacionados con la seguridad del abastecimiento energético, aun cuando no participen empresas de la Unión Europea.
Es importante recalcar que este Convenio permitirá que el Banco Europeo de Inversiones efectúe operaciones en nuestro país, dando cumplimiento a lo expresado en el párrafo 2 del Artículo 53 del Acuerdo, por el que se establece una Asociación entre la Comunidad Europea, sus Estados Miembros y la República de Chile, que fuera votado favorablemente por este honorable Congreso en 2003.
El convenio en informe otorga al BEI plena personalidad jurídica en el territorio de Chile y gozará, respecto de sus actividades, de un trato no menos favorable que el otorgado a cualquier institución internacional similar. Este mismo trato se extenderá respecto de los proyectos y contratos para la ejecución de los mismos.
Se regulan los privilegios e inmunidades que se otorgan a los bienes y activos del BEI; los privilegios y facilidades para las comunicaciones oficiales y la transmisión de documentos, similares a los otorgados a las misiones diplomáticas; las inmunidades que tendrán los representantes del Banco frente a procedimientos judiciales y administrativos en el desarrollo de sus funciones, y se exime a los representantes del Banco de toda restricción de inmigración y formalidades de registro de extranjeros.
Chile se compromete a garantizar el reconocimiento de una sentencia firme dictada por un tribunal extranjero, de jurisdicción competente, y garantizar su ejecución de conformidad con las normas y procedimientos nacionales aplicables cuando las Partes hayan acordado someterse a tribunales fuera del territorio chileno.
Se establecen normas sobre solución de controversias. Toda disputa, desacuerdo, controversia o reclamación que surja en relación con la existencia, validez, interpretación, ejecución o término del Acuerdo deberá, en la medida de lo posible, resolverse de común acuerdo entre Chile y el Banco, o mediante arbitraje definitivo y vinculante.
Durante la discusión del proyecto de Acuerdo se hizo presente que el BEI es el máximo prestatario no soberano en la Unión, lo que lo convierte en emisor de referencia obligatorio para el resto de las instituciones financieras, que se asocia continuamente con la comunidad bancaria europea, cofinanciando proyectos conjuntos, y promueve consorcios público-privados dentro de la Unión para proyectos de larga duración, en áreas como energía, infraestructura, sanidad, educación y otros.
Se explicó que la misión del BEI es invertir en proyectos que promuevan los objetivos de la Unión Europea, distinguiendo los que tienen prioridad absoluta y los que son considerados de elevada prioridad. Entre los primeros se considera fomentar el desarrollo regional y la cohesión europea, desarrollar el capital humano y proveer de capital de riesgo a las pymes en cooperación con el sector financiero europeo. De elevada prioridad se contemplan los proyectos de infraestructura y medio ambiente patrocinados por consorcios público-privados transeuropeos, y la cooperación con el sector bancario e introducción del euro.
Al exterior de la Unión Europea, el Banco ayuda a los países candidatos vía instrumento Pre-Adhesión, fomenta el desarrollo y privatización del sector productivo y apoya a los sectores bancarios locales, en Europa Central, Oriental y Países Mediterráneos (candidatos a entrar en la Unión); en países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP); en países y territorios de ultramar (PTU); en América Latina y Asia, en Balcanes Occidentales, etcétera.
Señaló el subsecretario, embajador señor Fernando Schmidt , que el Banco Europeo de Inversiones es un instrumento central de la Constitución Europea y que Chile forma parte del Acuerdo suscrito con la Unión Europea en 2002. Además, estamos frente a un compromiso político que permitirá a nuestro país acceder a los fondos que se colocan a disposición de América Latina, lo que le permitirá financiar muchos proyectos, como lo han hecho Brasil y otros países.
En respuesta a consultas realizadas por miembros de la Comisión, explicó que el BEI es el banco multilateral más grande del mundo, con un capital estimado en 27 billones de euros, y que, desde 1993, se ha abierto a los países no socios de La Unión Europea, siempre que éstos estén en línea con sus intereses. Agregó que el Banco realiza un análisis de cada proyecto, sin hacer diferencias si se otorgan a privados o a Estados, y no se exige el aval del Estado. La tasa de interés se fija en relación con la que está vigente en cada país, para que no se produzcan distorsiones.
Asimismo, hizo hincapié en que el proyecto se ha discutido largamente con el Banco Central y la Asociación de Bancos.
Concluido su estudio, la Comisión decidió, por nueve votos a favor y una abstención, proponer a la honorable Cámara prestar su aprobación al Convenio en informe, para lo cual sugiere adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo que dice:
“Apruébase el Acuerdo Marco de Cooperación Financiera entre la República de Chile y el Banco Europeo de Inversiones, suscrito en Luxemburgo, con fecha 9 de marzo de 2010.”.
Votaron a favor las señoras diputadas Molina Oliva , doña Andrea y Zalaquett Said , doña Mónica , y los señores diputados Arenas Hödar, don Gonzalo ; Delmastro Naso, don Roberto; Díaz Díaz, don Marcelo ; Edwards Silva, don José Manuel ; Jarpa Wevar, don Carlos Abel ; Saffirio Espinoza, don René , y Tarud Daccarett, don Jorge . Se abstuvo el diputado señor Teillier del Valle, don Guillermo .
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).-
Muchas gracias, señor diputado .
El presente proyecto queda pendiente para ser tratado en el primer lugar de la Tabla de la sesión de mañana, en la cual el diputado señor Pablo Lorenzini rendirá el informe de la Comisión de Hacienda.
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
AUMENTO DE APORTES DEL ESTADO A CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE. (Preferencia).
El señor BECKER (Vicepresidente).- Entramos a la hora de proyectos de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado Ortiz.
El señor ORTIZ.- Presidenta , ¿hay alguna posibilidad de suspender la sesión especial de esta tarde y trasladarla para la próxima semana?
Se lo planteo muy seriamente, en el ánimo de integración que existe hoy en nuestra Cámara de Diputados y a raíz de la ceremonia oficial que acaba de realizarse.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Diputado José Miguel Ortiz, sería posible sólo con la anuencia de la unanimidad de la Sala.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
Por acuerdo de los Comités parlamentarios, corresponde tratar, en primer lugar, el proyecto de acuerdo N° 87, al que el señor prosecretario va a dar lectura.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 87, de los diputados señores Rivas, Eluchans, Bertolino, Robles; de la diputada señora Hoffmann, doña María José; de los diputados señores Bobadilla, Santana y Araya; de la diputada señora Vidal, doña Ximena; de los diputados señores Ojeda, Lemus, González, Barros, Urrutia, Delmastro, y de la señora Goic, doña Carolina, que, en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Presidente de la República , en concordancia con el Ministerio de Hacienda, se sirva despachar al Congreso Nacional un proyecto de ley que disponga un aumento sustancial de los aportes que el Estado entrega para solventar las necesidades de los Cuerpos de Bomberos de la República de Chile, a excepción de las remuneraciones de su personal, el que se mantendrá, como siempre y como es su propio deseo, con carácter voluntario.”
El señor BECKER (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para hablar en contra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
SOLIDARIDAD CON ORGANIZACIONES MUNDIALES QUE LUCHAN CONTRA EL ABORTO. (Preferencia).
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Asimismo, los Comités parlamentarios han dispuesto tratar, con preferencia, el proyecto de acuerdo N° 100, al que el señor prosecretario va a dar lectura.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo de los diputados señores Hasbún, Sabag; de la diputada señora Rubilar, doña Karla; del diputado señor Melero, y de las diputadas señoras Turres, doña Marisol; Hoffmann, doña María José; Cristi, doña María Angélica; Zalaquett, doña Mónica; Sepúlveda, doña Alejandra, y Nogueira, doña Claudia, que, en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Expresar su solidaridad a todas las organizaciones mundiales que luchan contra el aborto y, en particular, a la ONG Española Derecho a Vivir, que ven con horror cómo en España se ha perfeccionado el asesinato más deleznable en contra de un ser indefenso, como es el que se comete en el aborto. Y que las víctimas, por su condición de de-samparo legal, no podrán recurrir a tribunales internacionales reclamando por el derecho humano más básico, que no es otro que el derecho a la vida.”
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente , con sorpresa y desolación reaccionamos los diputados firmantes del proyecto de acuerdo cuando comprobamos que España había aprobado una nueva ley sobre despenalización del aborto, que permite a las mujeres mayores de 16 años abortar libremente hasta la decimocuarta semana de embarazo, o hasta la vigésimo segunda semana en caso de riesgos para la salud de la madre. Esta medida constituye un retroceso en la materia y un grave atropello a la vida de un ser inocente.
Nuestra Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley protege la vida del que está por nacer. Este marco ético nos da autoridad moral para alzar nuestra voz y rechazar legislaciones como esa y para adherir y ser solidarios con toda institución u organización que luche contra medidas tan drásticas y dramáticas como el aborto, especialmente con la organización no gubernamental española Derecho a Vivir.
Por eso, este proyecto de acuerdo es un aporte a la defensa del derecho a la vida de un ser inocente.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , la propuesta del proyecto de acuerdo no significa entrometernos en la legislación de la que alguna vez fuera nuestra madre patria, sino que se trata de solidarizar con toda organización que luche por los derechos humanos y por el derecho a la vida.
El aborto siempre se ha entendido como una medida totalmente excepcional, que sólo puede tolerarse como alternativa extrema, pero el gobierno del Presidente Rodríguez Zapatero lo liberalizó sin expresión de causa hasta la decimocuarta semana de gestación. No queremos inmiscuirnos en la legislación española; sólo queremos alzar nuestra voz, desde este extremo sur del mundo, para decirle a esas organizaciones pro vida que sigan luchando por la defensa de los derechos humanos.
En esta Cámara voté a favor de la creación del Tribunal Penal Internacional, para que algún día, mucho más temprano que tarde, esos genocidas, incluidos los militares que violaron los derechos humanos y los jefes de Estado que han cometido actos horribles contra kurdos, palestinos, etcétera, sean llevados ante los tribunales. El respeto por los derechos humanos no hace distinción; por eso, los derechos fundamentales del hombre deben respetarse desde su concepción hasta la muerte natural, no sólo desde la cuna, como proponen algunos.
Repito, con mucho respeto levantamos nuestra voz, desde este extremo sur del mundo, para decirle a la que alguna vez fuera nuestra madre patria que lo obrado es un genocidio.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, antes que todo, planteo una cuestión de Reglamento.
Me interesa saber si hubo unanimidad para tratar hoy este proyecto. Al menos, la bancada del Partido Socialista no la dio. Por eso, pido a la Mesa aclarar la situación.
Respecto del tema de fondo, es inadmisible que esta Corporación impugne una ley despachada legítimamente por el Parlamento español. A los firmantes del proyecto les recuerdo sus argumentos cuando objetaron la soberanía y facultades del juez Garzón para procesar al señor Pinochet . Reitero, es inadmisible que la Cámara se pronuncie sobre una decisión soberana del Parlamento español.
No se trata de avanzar, como se señala, en perfeccionar el asesinato más deleznable, sino que de una legislación aprobada en un estado democrático, España . Por lo tanto, este debate es absolutamente extemporáneo y oportunista.
Ahora, si queremos debatir sobre el aborto en Chile, hagámoslo. Discutamos sobre los más de 150 mil abortos que se practican anualmente, sobre los abortos que se efectúan quienes tienen recursos para pagar un facultativo, realidad distinta a la de las mujeres de escasos recursos; sobre el embarazo no deseado en adolescentes. Los estudios revelan que existe una diferencia marcada entre lo que sucede entre las comunas de mayores y menores ingresos. También discutamos si nuestro país está por aprobar el aborto terapéutico, como muchos de los candidatos y el actual Presidente de la República lo plantearon durante la campaña.
Reflexionemos sobre todos esos aspectos, pero de ninguna manera corresponde hacerlo como consecuencia de una ley española, que fue aprobada en forma democrática.
En España, los sectores más integristas, a los que se suma la Iglesia más conservadora, se oponen a ello. Sin embargo, el país ibérico viene legislando sobre el aborto hace largos años.
Por eso, es impresentable traer a esta Sala el tema del aborto, sin haber hecho la discusión de fondo. Si querremos debatirlo, pongamos sobre la mesa esos 150 mil abortos que se hacen anualmente, pero no impugnemos de manera oblicua, lo que democráticamente hace España.
Por eso, amén de pedir el pronunciamiento reglamentario respecto de tratar hoy este proyecto, anuncio que votaré en contra, porque con él se elude la discusión de fondo. En definitiva, se usa como pretexto la situación española para no advertir lo que muchos no se atreven a investigar: las clínicas privadas donde se practica abortos a la gente con más recursos.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- El Secretario me informa que en la Comisión de Régimen Interno hubo acuerdo unánime. A mayor abundamiento, al inicio de la sesión se leyeron los acuerdos de Comités y no hubo objeciones. A lo mejor, se trata de un malentendido.
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , cuando en la Comisión se nos planteó la preferencia para tratar proyectos de acuerdo, me pronuncié sólo respecto del que aumenta los aportes del Estado a Bomberos. Nada dije respecto del otro, porque no lo habíamos leído, es decir, no sabíamos en qué términos venía. Por lo tanto, mal pude dar la unanimidad si no sabía de qué se trataba. Pienso, y lo siento, que no se interpretó lo que quisimos decir.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Probablemente hubo un malentendido. En todo caso, al principio de la sesión se leyeron los acuerdos y nadie los objetó.
En votación el proyecto de acuerdo N° 100.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MONTES.- Señor Presidente , yo no voté. Lo hizo mi compañera de asiento. Por lo tanto, pido que se borre mi voto.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se borrará su voto señor diputado .
El señor LOBOS.- Señor Presidente, punto de Reglamento.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra su señoría.
El señor LOBOS.- Señor Presidente , acaba de suceder algo inédito en esta Sala. En ocasiones anteriores había ocurrido por casualidad o error. Pero, que se vote en el sentido contrario, supuestamente de lo que un parlamentario desea expresar, estando presente, me parece que es algo que debe ser analizado por la Comisión de Conducta de la Cámara de Diputados.
Por ello, pido a la honorable Sala que este caso sea llevado a dicha Comisión.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente , yo estaba presente, la diputada marcó y no alcancé a corregir por un problema de los botones del pupitre. No le daría más implicancia que eso. Pido que esto quede hasta aquí.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos.
El señor LOBOS.- Señor Presidente, por lo expresado por el diputado Montes, retiro mi petición.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Ojalá no suceda más este tipo de errores en las votaciones.
DESTINACIÓN DEL 2 POR CIENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO AL TABACO A FINANCIAR LA ACTIVIDAD DEPORTIVA.
El señor BECKER (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 66, de los diputados señores Rojas, Accorsi, Espinoza, don Fidel; Norambuena, Verdugo, Sandoval, Carmona, Ascencio, Lobos y Browne, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia el Presidente de la República y al ministro de Hacienda que busquen la manera de que del monto que se recaude por el impuesto al tabaco, un 2 por ciento vaya dirigido a financiar la actividad deportiva en nuestro país, a través del INDE.”
El señor BECKER (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente , este proyecto busca generar recursos frescos para la actividad deportiva. Todos sabemos lo que está sucediendo en el país con la obesidad y el sedentarismo. Ciertamente, también el uso y abuso del tabaco genera una situación anómala en la salud. El Presidente nos ha planteado la creación de un fondo para la reconstrucción con varios elementos, entre ellos, el aumento del monto del impuesto al tabaco. Al respecto, un grupo de parlamentarios queremos que el 2 por ciento de lo que se recaude por ese tributo, que será permanente en el tiempo, se destine a financiar la actividad deportiva.
Ésa es la esencia del proyecto y llamo a los parlamentarios a votarlo a favor por el bien del deporte chileno.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente , esto fue un acuerdo de la Comisión de Deportes, que no sólo tiene como objeto allegar recursos y enfrentar la obesidad, sino que también un flagelo que aqueja a nuestro país, las drogas. Con un financiamiento permanente, podemos ayudar realmente a solucionar ese problema. Además, hoy existen dos proyectos de ley cuyo objeto es reforzar la actividad deportiva, ya que se propone aumentar a 4 las horas de educación física. A mi juicio, este proyecto va a beneficiar esa posibilidad. Ojalá que todos lo apoyen.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VIII. INCIDENTES
EVENTUAL PROCESO DE DESALINIZACIÓN DE AGUA EN CHAÑARAL. AYUDA A CLIENTES DE AGUAS CHAÑAR. Oficios.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Mixto Partido Radical Social Demócrata, Partido Comunista e Independientes.
Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , en este espacio de debate del Congreso, quiero hacerme cargo de una denuncia que realizó la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de la comuna de Chañaral, que dice relación con varios temas que son muy significativos.
En primer lugar, conocida es la crisis hídrica que afecta a la región y también a la comuna de Chañaral.
Uno de los caminos que se empieza a instalar es la idea de la desalinización del agua con el fin de usarla como agua potable. Por ello, la comunidad solicita que cualquier proceso en ese sentido, ya sea realizado por el Estado o por la empresa privada que hoy día tiene la administración del agua en la región, sea de cargo fiscal o de esa empresa.
Asimismo, en lo inmediato, mientras no exista una política al respecto y en consideración a que la comuna de Chañaral ha sido clasificada por el Ejecutivo como vulnerable y donde el agua potable tiene el costo más alto, se dicte un decreto de excepción para que, a partir de 2011, más o menos, 3.700 clientes de Aguas Chañar tengan un subsidio equivalente al 70 por ciento del consumo de agua potable domiciliaria.
Para lo señalado, solicito que se oficie a las autoridades correspondientes.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado a por su señoría.
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE MINERALES Y MATERIALES EN PROVINCIA DE CHAÑARAL. Oficios.
El señor CARMONA.- En segundo lugar, hay un problema que afecta a las dos comunas de la provincia de Chañaral.
Ferronor transporta los materiales de Codelco División Salvador hasta el puerto de Barquito. Hay preocupación por las medidas de seguridad de esa empresa de ferrocarriles, dado que cruza casi por el medio de la comunidad de Chañaral, generando situaciones de riesgo para los pobladores, toda vez que trasladan elementos tóxicos en carros aljibes, que se llevan de un punto a otro.
Por esa razón, recojo la idea de proponer que esa empresa adopte medidas de seguridad en el traslado de los materiales que garanticen la salud de los habitantes de ambas comunas y, en particular, de Chañaral.
Pido que copia de mi intervención se haga llegar al gobierno regional; a los alcaldes y concejales, de Diego de Almagro y de Chañaral, a las uniones comunales de juntas de vecinos de esas comunas, a las autoridades de Codelco División Salvador y a Ferronor.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INSTALACIÓN DE CAJERO AUTOMÁTICO EN COMUNIDAD DE EL SALADO. Oficios.
El señor CARMONA.- En tercer lugar, la comunidad El Salado, que pertenece a la comuna de Chañaral, ubicada más o menos a 35 kilómetros de la sede capital de la comuna, necesita que el Banco del Estado instale un cajero automático para atender los servicios que necesita la comunidad.
Por lo señalado, solicito que se oficie al Banco del Estado, a fin de que proceda de acuerdo con lo planteado.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría
INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES EN PERJUICIO DE COMUNIDAD COLLA DE RÍO JORQUERA. Oficios.
El señor CARMONA.- Por último, quiero plantear un tema relacionado con los derechos de un pueblo originario: la comunidad colla de Río Jorquera, que preside el señor Héctor Salinas y que está ubicada en la alta cordillera.
Ellos conviven en su territorio con las inversiones y la actividad de la minera Maricunga . En el ejercicio de sus tareas, esta empresa ha faltado el respeto a las normas legales que protegen a nuestros pueblos originarios. En los últimos dos meses se han producido derrames de elementos tóxicos por volcamiento de camiones. También hay denuncias de esa comunidad a autoridades policiales y de salud, sin que exista investigación hasta la fecha. En la zona se han derramado desechos, basura, sin respetar el territorio de la comunidad colla de Río Jorquera.
Según la ley, la empresa tiene la obligación de mantener los caminos, incluido su riego, y más de una vez han usado aguas servidas. Todo esto se ha hecho en una zona que limita con el lecho del río que lleva el agua que, luego, usan la comunidad y sus animales.
Dadas todas estas anomalías, pido que se oficie al intendente de la región y al subdirector de Conadi Norte, oficina Copiapó , para que tome nota de esta denuncia. Asimismo, pido que copia de mi intervención se haga llegar al presidente de la comunidad colla de Río Jorquera, y a las respectivas comunidades que tienen que ver directamente con la existencia y convivencia de ella.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
CONDICIONES CONTRACTUALES LABORALES DE JEFE JURÍDICO DE LA CONAF DE LA SEXTA REGIÓN. Oficios.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Luis Castro.
El señor CASTRO.- Señor Presidente , en la Conaf de la Sexta Región han ocurrido algunas irregularidades. El jefe jurídico de esa repartición, señor Reinaldo Barrueto Pérez , contratado desde 1997 hasta la fecha, con 44 horas semanales, en forma particular ha llevado adelante una serie de causas que no tienen nada que ver con su labor en ese servicio, puesto que son juicios ordinarios, penales o civiles en los tribunales de la ciudad de Rancagua. Estos hechos son extremadamente graves y atentan contra la probidad.
Por ello, solicito se oficie al ministro de Agricultura y al contralor de la Sexta Región , para que se pronuncien acerca de las condiciones laborales en relación con los juicios que ha llevado como abogado patrocinante, particular, don Reinaldo Barrueto Pérez , actual jefe jurídico de la Corporación Nacional Forestal de la Sexta Región.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES EN DIVISIÓN MINERA EL TENIENTE. Oficios.
El señor CASTRO.- En segundo lugar, me referiré a cuestiones que me han planteado los miembros del gran sindicato Sewell y Mina Unificado, de Rancagua, de la división El Teniente, presidido por el señor Juan Meneses , quienes aluden a tres problemas centrales que ocurren actualmente en el mineral.
En primer lugar, hay una suerte de hostigamiento del jefe del departamento de Relaciones Laborales a las distintas jefaturas de departamentos, basado en un supuesto ausentismo injustificado. Se les reitera a los trabajadores medidas administrativas coercitivas, por ejemplo, amonestaciones y eventuales despidos, incluso a aquellos que están con licencias, si el empleador considera que no tienen fundamento. Esto, a todas luces, contradice el principio básico de que toda licencia médica, una vez visada y auditada por el Compin respectivo, tiene plena validez como justificativo de reposo laboral. Al respecto, dicho jefe plantea en el oficio Nº 35, del 13 de abril pasado, que se seguirán conductas de amonestación, notificaciones e, incluso, sanciones directas a los trabajadores que se encuentren bajo esta condición.
En segundo lugar, en la zona de Colón Bajo, Planta de Chancado, en el mineral El Teniente, de acuerdo con los indicadores de 2008, señalados por la jefatura de Higiene Industrial de El Teniente y por la Unidad de Procesos CIM, que evalúa todas las condiciones medioambientales dentro de la mina, los índices de polvo de sílice están en niiveles críticos, lo que pone en riesgo a los trabajadores que allí laboran de manera absolutamente indefensa ante la posibilidad de contraer silicosis, enfermedad profesional.
En tercer lugar, un oficio emanado de la división El Teniente se refiere a turnos de excepción de 45 horas semanales, los que están afectando a los trabajadores del mineral y que no tienen relación con el sistema ordinario de turnos. Con este sistema de excepción los mineros se están desempeñando en difíciles condiciones, seis días de trabajo y uno de descanso, lo que trasgrede las normas laborales.
En consecuencia, solicito que se oficie al ministro de Minería , autoridad máxima de Codelco, a la División El Teniente, para se informen sobre lo expuesto. También solicito que se envíe copia de mi intervención al presidente del Sindicato Sewell y Mina Unificado, señor Juan Meneses .
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su señoría.
ANTECEDENTES RELACIONADOS CON DETENCIÓN DE JOVEN EN COMUNA DE PURRANQUE. Oficios.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA .- Señor Presidente , hace quince días, relaté en esta Sala lo ocurrido Jonathan Montiel , de 21 años, de Purranque. Ese joven fue detenido por un hecho que se desconoce -al parecer, por una denuncia de su pareja- e intentó suicidarse en la celda de la subcomisaría de esa comuna.
Lamentablemente, como consecuencia de ello, ayer falleció, lo que ha provocado una enorme consternación no solamente en la familia de Jonathan, sino en toda la comunidad de Purranque, como se comentaba a través de las emisoras de la zona.
Además, en la mañana nos hemos enterado de que la fiscal habría dicho que con la muerte del imputado se cierra la causa, sin embargo, hay una serie de hechos que deben ser aclarados.
En consecuencia, pido que se oficie al general director de Carabineros y al fiscal regional de Los Lagos para que entreguen todos los antecedentes del caso, se informen las causas de su detención y todo lo relacionado con lo sucedido.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.07 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 14.00 horas.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
ENTREGA DE SUBSIDIOS DEL FONDO DE TIERRAS Y AGUAS A FAMILIAS INDÍGENAS DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS. Oficios.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , en la Región de Los Lagos, 22 familias indígenas fueron beneficiarias del Fondo de Tierras y Aguas, cinco en 2007 -entre ellas la de la señora Teresa Panguinao , de Purranque-, y 17, en 2008.
Lamentablemente, por una serie de problemas administrativos, a la fecha no se ha cursado el beneficio que estas familias legítimamente adquirieron.
Quiero dejar en claro que esas 22 familias no se enmarcan dentro de lo que se ha denominado “casos especiales”, que investiga hoy la Conadi, sino que se trata de familias que se ajustan estrictamente a los procedimientos que el Fondo de Tierras y Aguas ha determinado a nivel nacional, según sus bases.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro y al director nacional de la Conadi para que se materialice ese beneficio, dada la difícil situación que están viviendo esas familias y las expectativas que se les generaron. Hoy sus anhelos y sueños están siendo truncados como consecuencia de que no tienen claridad sobre lo que va a ocurrir con sus casos.
Se está a la espera de la modificación de un decreto que permitiría hacer uso de sus subsidios como corresponde. Ojalá la Conadi agilice ese trámite para que esas 22 familias de la Región de Los Lagos puedan recibir los subsidios correspondientes.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE CRITERIOS PARA LA ENTREGA DE RECURSOS DEL FONDO DE TIERRAS Y AGUAS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2010. Oficios.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- En segundo lugar, en conversaciones con la consejera nacional indígena de la Región de Los Lagos, la señora Emilia Nuyado , me he informado que existe una enorme preocupación por la falta de una definición clara respecto a qué va a ocurrir con el Fondo de Tierras y Aguas en 2010. Ya estamos en julio y la ejecución presupuestaria ha sido bajísima, lo cual puede tener repercusiones muy negativas en el presupuesto del Fondo de Tierras y Aguas para 2011.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Mideplán y al director nacional de la Conadi , con el objeto de que nos informe sobre criterios que se van a aplicar de aquí a diciembre para la entrega de recursos del Fondo de Tierras y Aguas a las comunidades indígenas y qué va a ocurrir con la ejecución presupuestaria -que está tan baja-, respecto de la cual se dice que es inferior al 30 por ciento, en circunstancias de que estamos en el séptimo mes, lo que nos tiene muy preocupados, sobre todo porque hay muchas familias que están esperando la apertura de los concursos del Fondo de Tierras y Aguas para 2010 y que han cifrado sus esperanzas en que esto se lleve a cabo de manera ágil.
Sabemos que hay investigaciones en curso sobre los destinos de los recursos entregados con cargo al Fondo de Tierras y de Aguas, pero creemos que esas investigaciones no pueden dañar o perjudicar a familias que legítimamente aspiran a contar con esos beneficios.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
MATERIALIZACIÓN DE CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE Y LA CONADI. Oficios.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- En tercer lugar, en nombre del alcalde de Purranque y de las ocho comunidades indígenas de la localidad de Purranque que forman parte del convenio Orígenes, fase II, me permito exponer lo siguiente:
Dichas comunidades han logrado importantes mejoras en estos años, ya que ese programa les ha permitido la construcción de galpones, cercos para sus campos y otros importantes avances en sus actividades agroganaderas, como el mejoramiento de semillas.
Existe un convenio entre la municipalidad de Purranque y la Conadi para la ejecución de un plan integral de desarrollo, porque no hubo empresas interesadas para realizarlo por los bajos montos presupuestarios asignados.
Necesitamos que se materialice de una vez por todas. El convenio de ejecución, incluso, fue firmado públicamente entre las autoridades de la Conadi regional y el alcalde en forma pública en la comuna de Purranque. Si no es posible llevarlo a cabo, queremos que se diga que habrá una reducción presupuestaria que, probablemente, impedirá la materialización de dicho convenio, aunque no se trata de montos considerables.
Reitero, en nombre de las ocho comunidades indígenas que forman parte de ese programa, del alcalde de Purranque y, según entiendo, de su concejo, solicito al ministro de Mideplán y a al director nacional de la Conadi , la reactivación y la materialización de ese convenio, porque beneficia directamente a las familias indígenas de nuestra zona, las que, repito, gracias al programa Orígenes, independiente de los problemas que aparecen en la prensa, han visto mejorar en forma importante su calidad de vida.
Los beneficiarios de la Región de Los Lagos no tienen problemas en relación con ese programa, ya que los programas se han ejecutado con probidad, por lo que sería lamentable perjudicar a comunidades indígenas de la Región de Los Lagos por los problemas que ocurren en otras regiones.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Gabriel Ascencio .
REGULARIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE BIENES NACIONALES DE LA PROVINCIA DE CHILOÉ. Oficio.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente , la oficina del Ministerio de Bienes Nacionales de la provincia de Chiloé, ubicada en la ciudad de Castro, no tiene jefatura y está prácticamente abandonada, a pesar de que atiende a centenares de campesinos que requieren que los funcionarios hagan su mejor esfuerzo para resolver los problemas de regularización de títulos de la zona.
A tanto llega la situación que dos veces a la semana envían a un funcionario desde Puerto Montt para que atienda dicha oficina, por lo que cuando eso no ocurre, no se pueden firmar papeles, documentos ni oficios, lo que demora mucho más la solución que necesita la gente que acude hasta esa oficina.
Por lo tanto, solicito oficiar a la ministra de Bienes Nacionales, con el objeto de que regularice pronto la situación de la oficina de Bienes Nacionales de la provincia de Chiloé, ubicada en la ciudad de Castro.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE LICITACIÓN DE SERVICIO DE BARCAZAS EN EL CANAL YAL, PROVINCIA DE CHILOÉ. Oficios.
El señor ASCENCIO.- En segundo lugar, existe una licitación en curso para concesionar el servicio de barcazas en el canal Yal, que une la isla Grande de Chiloé con la isla de Lemuy, cuya capital es Puqueldón.
Sin embargo, al parecer se quiere dejar sin efecto el llamado a dicha licitación, ya que se pretendería realizar dicho servicio con una sola barcaza en lugar de dos.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas , con el objeto de que nos informe cuál es la situación de la licitación en curso. Asimismo, a la Contraloría General de la República, con el fin de que verifique el cumplimiento de la licitación que se está desarrollando en el canal Yal, comuna de Puqueldón, isla de Lemuy, provincia de Chiloé.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
DESTINO DE RECURSOS DE LA SUBVENCIÓN ESPECIAL PREFERENCIAL EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE ANCUD. Oficio.
El señor ASCENCIO.- Por último, estimo conveniente investigar el destino de los recursos de la subvención especial preferencial de educación en la Corporación municipal de Ancud, que, según se ha señalado, han sido desviados para cubrir los gastos que demanda el sector salud de la misma corporación. Si esto fuera cierto, obviamente que estamos frente a un delito, a una situación grave, que debería ser resuelta lo antes posible.
Por lo tanto, solicito oficiar a la Contralor, con el objeto de que la Contraloría Regional de Los Lagos investigue lo señalado e indique el destino de los recursos de la subvención especial preferencial de educación de la Corporación de Educación de Ancud. Esa investigación debe abarcar el año 2009 y los meses de 2010.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE PLANES DE REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS CURIÑANCO-LOS MOLINOS Y VALDIVIA-ANTILHUE, REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficio.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , los vecinos de Curiñanco, especialmente durante las últimas semanas, han manifestado su enorme preocupación por el calamitoso estado del camino. La cantidad de lluvia caída en pleno período de invierno y el tránsito en la zona ha ocasionado un enorme deterioro del camino, lo cual dificulta la salida de muchos habitantes del sector costero de Valdivia, en particular de Curiñanco, quienes deben transitar hacia la capital regional, ya sea por el sector costero o por el de Las Minas y Los Pellines.
Por lo señalado, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas , a fin de que informe sobre los planes de reparación del camino Curiñanco-Los Molinos, comuna de Valdivia, sobre el asfaltado del camino de aproximadamente cuatro kilómetros que se estaba haciendo en Curiñanco y respecto de los planes de mejora del camino Valdivia-Antilhue, en Huellelhue, Pishuinco, Arique y otras localidades.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE COMUNIDADES INDÍGENAS, REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficios.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , pido que se oficie al ministro del Interior , al director nacional de la Conadi y al ministro de Obras Públicas , a fin de que informen sobre el mejoramiento de caminos de las comunidades indígenas.
Se trata de un programa que hace muchos años se viene implementando y que ha permitido focalizar la reparación de pequeños caminos que acceden a las comunidades indígenas.
Durante mucho tiempo se han reparado los grandes caminos, se ponía atención a los que tenían un importante tráfico de vehículos, pero no se llegaba con el mejoramiento de los caminos que acceden a las comunidades indígenas. A través de programas del Ministerio de Obras Públicas, de la Conadi -en el caso de la Región de los Ríos-, las propias comunidades han podido priorizar. En algún momento, eran dos comunidades por año, pero son situaciones que han ido mejorando.
Tenemos información de que este programa no se está llevando a cabo, lo que afecta enormemente la conectividad de los ciudadanos, e implica incumplimiento de compromisos adquiridos con las comunidades indígenas. No se necesita una gran cantidad de recursos, sino una decisión gubernamental para focalizar parte importante de ellos en esos caminos, a fin de que la gente de las comunidades acceda en vehículo y saque sus productos sin tener que someterse a un proceso de licitación o competir con la reparación de otros caminos que van a tener mayor cantidad de vehículos que transitan por hora o días.
Por eso, queremos saber qué ocurre con esta política, en particular en la Región de Los Ríos, con los caminos que priorizaron para 2009, y cuál es el programa para 2010 respecto de los caminos de acceso a las comunidades indígenas.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.14 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley que establece la gratuidad de las solicitudes de regularización de la posesión y constitución del dominio de la pequeña propiedad raíz regida por el D.L. Nº 2.695, de 1979, en las zonas afectadas por el terremoto y maremoto de 27 de febrero de 2010. (boletín N° 7048-14)
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración, un proyecto de ley mediante el cual se establece la gratuidad de las solicitudes de regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz, y para la constitución del dominio sobre ella a que se refiere el D.L. Nº 2.695, de 1979, en las zonas afectadas por el terremoto y maremoto de 27 de febrero de 2010.
I. FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA
1. La catástrofe del 27 de febrero
Como es sabido, la catástrofe del día 27 de febrero de este año provocó la muerte de cientos de personas y cuantiosos daños en la infraestructura pública y privada, especialmente en las Regiones de Valparaíso, Metropolitana, del Libertador General Bernardo O’Higgins, Maule , Biobío y La Araucanía.
En razón de lo anterior, mi Gobierno ha decidido adoptar medidas extraordinarias para afrontar esta catástrofe e ir en ayuda de las miles de víctimas afectadas por ella.
2. Necesidad de regularización de la posesión para acceder al dominio a fin de obtener beneficios estatales
En dicho contexto, resulta especialmente relevante la regularización de la posesión de las propiedades ubicadas en las zonas afectadas por esta catástrofe, para acceder a los beneficios que otorga el Estado, como la de postular a subsidio habitacional para la construcción de una vivienda nueva, créditos de transferencia tecnológica, planes de manejo, etc.
Cabe destacar que con ocasión de otros desastres naturales, como la erupción del Volcán Chaitén ocurrida el 2 de mayo de 2008, o del Volcán Hudson, en agosto de 1991, se han dictado normas de excepción, cuyo objetivo ha sido precisamente otorgar beneficios a las personas damnificadas y favorecer el proceso de reconstrucción.
Por consiguiente, y con el objeto de contar con un instrumento legal más eficaz que permita abordar el problema descrito anteriormente, resulta necesario someter a consideración de ese H. Congreso Nacional, el presente proyecto de ley.
II. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY
La presente iniciativa legal, tiene por objeto establecer normas de excepción para la aplicación del procedimiento de regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz, normado en el decreto ley Nº 2.695, de 1979, y en el Reglamento de dicho decreto ley, fijado por el Decreto Supremo N° 541, de 1996, del Ministerio de Bienes Nacionales, para las propiedades ubicadas en las regiones afectadas por la catástrofe del 27 de febrero de este año, a fin que los poseedores materiales de inmuebles afectados por la catástrofe puedan acceder a los beneficios que entrega el Estado, especialmente aquellos que dicen relación con subsidios para la reconstrucción de viviendas destruidas.
Esta propuesta se encuentra acotada a quienes tengan la calidad de damnificados, situación que se acreditará según las normas que en este proyecto de ley se proponen y se aplicará sólo en las regiones a las cuales los eventos del 27 de febrero de 2010, afectaron con mayor intensidad, por lo que las excepciones que en este proyecto de ley se establecen, sólo se podrán impetrar hasta el plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de la presente ley.
Las normas de excepción que contiene este proyecto, otorgan la gratuidad del trámite de regularización de la pequeña propiedad raíz, incluidas las actuaciones ante los Conservadores de Bienes Raíces, para quienes acrediten la calidad de damnificados por los eventos del 27 de febrero de 2010, en la forma que en este proyecto de ley se establece.
La propuesta que se somete a vuestra consideración, unida a una serie de medidas de gestión impulsadas por el Ministerio de Bienes Nacionales, implicarán una disminución real y sustancial del procedimiento de saneamiento de la pequeña propiedad raíz particular a fin que los inmuebles que poseen los damnificados por el terremoto, que se encuentren en situación de irregularidad, sean saneados, tras lo cual sus propietarios podrán acceder a los beneficios que el Estado otorga, especialmente a los subsidios de reconstrucción.
III. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.
El presente proyecto de ley, introduce normas de excepción al régimen previsto en el decreto ley Nº 2.695, de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, disponiendo la gratuidad de los trámites que tienen lugar con ocasión del procedimiento de regularización de la propiedad raíz, conforme a las siguientes reglas:
1. Beneficiarios
Se favorece a las personas naturales que tengan la calidad de damnificados por la catástrofe. Dicha calidad se acreditará mediante una ficha técnica, certificado de inhabitabilidad y/o certificado de daños emitido por la Dirección de Obras Municipales o en subsidio, por el Servicio de Vivienda y Urbanismo correspondiente.
2. Alcance de la exención de pago
La exención de pago se establece en un doble aspecto: por una parte, exime del costo del saneamiento ante el Ministerio de Bienes Nacionales por el trámite aludido, el cual será asumido por el Estado; por la otra, elimina, excepcionalmente, el pago del arancel especial para las inscripciones, subinscripciones y copias a que dé lugar el trámite de regularización de la pequeña propiedad raíz , en virtud de lo dispuesto por el decreto exento N° 588, de 1998, del Ministerio de Justicia, que fija el arancel de los Conservadores de Bienes Raíces y de Comercio. Cabe tener presente que este valor representa casi un 25% del costo total del trámite.
3. Ámbito espacial de la ley
Enseguida, se fija el marco de vigencia espacial para la aplicación de esta ley, circunscribiéndolo a las regiones de Valparaíso, Metropolitana, del Libertador General Bernardo O’Higgins, del Maule, del Biobío y de La Araucanía, que fueron precisamente las más afectadas por los eventos del 27 de febrero de 2010.
4. Vigencia
Finalmente, atendido el carácter excepcional de los eventos que originan la presentación de este proyecto de ley, y a fin de evitar la convivencia de dos sistemas paralelos de regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz, se establece la vigencia temporal de sus normas durante un año desde la entrada en vigencia de la ley, al cabo del cual retomarán su plena vigencia en las regiones beneficiadas por la presente Ley las normas del decreto ley Nº 2.695, que fueren modificadas.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Se aplicarán las normas establecidas en la presente ley, a todas las solicitudes de regularización que se presenten a partir de su vigencia y por el plazo de un año contado desde dicha fecha, ante el Ministerio de Bienes Nacionales según las disposiciones del decreto ley Nº 2.695, de 1979, por las personas que tengan la calidad de damnificados por el terremoto o maremoto del 27 de febrero de 2010, respecto de los inmuebles afectados ubicados en el territorio de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, del Libertador General Bernardo O’Higgins, del Maule, del Biobío y de La Araucanía, los que serán resueltos exclusivamente por las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales de Bienes Nacionales.
Igualmente, tratándose de las personas que cumplan lo dispuesto en el inciso anterior, cuyas solicitudes de regularización se encuentren en trámite a la fecha de publicación de la presente ley, se regirán por las normas establecidas en ésta.
Artículo 2º.- Tendrá la calidad de damnificado la persona natural cuyo inmueble objeto de la regularización haya sufrido daño que se hubiere originado por alguno de los eventos señalados en el artículo anterior, provocando la destrucción total o parcial del mismo, y que como consecuencia de éstos haya quedado en estado de inhabitabilidad.
La calidad de damnificado se acreditará ante la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, mediante la ficha técnica, o certificado de inhabitabilidad o de daños, extendido por la correspondiente Dirección de Obras Municipales, o en subsidio, por el Servicio de Vivienda y Urbanismo respectivo, según a quién corresponda el ejercicio de tal competencia.
Artículo 3º.- Las solicitudes de regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz, que se tramiten con arreglo a las normas de esta ley, por aquellas personas naturales que acrediten la calidad de damnificados conforme al artículo precedente, gozarán de gratuidad total.
Artículo 4º.- Para efectos de la aplicación de esta ley, los Conservadores de Bienes Raíces estarán obligados a realizar las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que correspondan, y otorgar las copias y certificados respectivos de manera gratuita.
Artículo 5º.- No obstante lo dispuesto en el presente cuerpo legal, la forma, modalidades, y demás requisitos a que diere lugar su aplicación, se regirán por las normas establecidas en el decreto ley Nº 2.695, de 1979, en todo aquello que no se oponga a la presente ley, y las disposiciones contenidas en el decreto supremo Nº 541, de 1996, que reglamenta su aplicación.
Artículo 6º.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el presente año, se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Bienes Nacionales y, en lo que faltare, con cargo a la partida del Tesoro Público.”.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN , Ministro de Hacienda ; FELIPE BULNES SERRANO , Ministro de Justicia ; CATALINA PAROT DONOSO , Ministra de Bienes Nacionales ”.
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LA GRATUIDAD DE LAS
SOLICITUDES DE REGULARIZACIÓN DE LA POSESIÓN Y CONSTITUCIÓN
DEL DOMINIO DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD RAÍZ REGIDA POR EL
D.L. N° 2.695, DE 1979, EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL
TERREMOTO Y MAREMOTO DE 27 DE FEBRERO DE 2010
Mensaje N° 098-358
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer normas de excepción, por el plazo de un año contado desde su entrada en vigencia, para la aplicación del procedimiento de regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz, normado en el Decreto Ley N° 2.695 de 1979, y en el Reglamento de dicho decreto ley, fijado por el Decreto Supremo N° 541, de 1996, del Ministerio de Bienes Nacionales, para las propiedades ubicadas en las regiones afectadas por la catástrofe del 27 de febrero de este año, a fin de que los poseedores materiales de inmuebles afectados por la catástrofe puedan acceder a los beneficios que entrega el Estado, especialmente aquellos que dicen relación con subsidios para la reconstrucción de viviendas destruidas.
Las normas de excepción indicadas, otorgan la gratuidad del trámite de regularización de la pequeña propiedad raíz, incluidas las actuaciones ante los Conservadores de Bienes Raíces, para quienes acrediten la calidad de damnificados, situación que se acreditará mediante una ficha técnica, certificado de inhabilidad y/o certificado de daños emitido por la Dirección de Obras Municipales o en subsidio, por el Servicio de Vivienda y Urbanismo correspondiente, y se aplicarán sólo en las regiones a las cuales los eventos del 27 de febrero de 2010, afectaron con mayor intensidad, circunscribiéndolo a las regiones de Valparaíso, Metropolitana, del Libertador General Bernardo O’Higgins, del Maule, del Biobío y de La Araucanía.
La Subsecretaría de Bienes Nacionales para enfrentar su aplicabilidad por el período indicado habilitará 3 oficinas especiales de regularización en las ciudades más afectadas ( Rancagua , Talca y Concepción) que representan un mayor gasto fiscal de $ 2.873.222 miles, más gastos de inversión por única vez, que ascienden a $ 188.670 miles, con el fin de regularizar una estimación de 9.000 de estos casos especiales el 2° semestre de 2010 y 9.000 casos en el 1er semestre de 2011.
El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su vigencia, se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Bienes Nacionales y, en lo que faltare, con cargo a la partida del Tesoro Público.
(Fdo.). ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos ?.
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, del proyecto de ley que establece la gratuidad de las solicitudes de regularización de la posesión y constitución del dominio de la pequeña propiedad raíz regida por el D.L. N° 2.695, de 1979, en las zonas afectadas por el terremoto y maremoto de 27 de febrero de 2010. (Mensaje 098-358), la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 6 de julio de 2010.
Tengo a honra comunicar a vuestra excelencia que el Senado, en sesión del día de hoy, tomó conocimiento del rechazo de esa Honorable Cámara a las enmiendas propuestas por esta Corporación al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para obtener recursos destinados al financiamiento de la reconstrucción del país, correspondiente al Boletín número 6927-05, y del nombre de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República.
Al respecto, el Senado acordó que los Honorables señores Senadores miembros de la Comisión de Hacienda concurran a la formación de la aludida Comisión Mixta.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 8.849, de 1 de julio de 2010.
Dios guarde a vuestra excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
4. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 6 de julio de 2010.
Tengo a honra comunicar a vuestra excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el “Acuerdo de Servicios Aéreos entre los Gobiernos de la República de Chile y de la República de India, suscrito en Santiago, el 21 de abril de 2008”, correspondiente al Boletín Nº 6650-10.
Lo que comunico a vuestra excelencia en respuesta a su oficio Nº 8.408, de 3 de noviembre de 2009.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
5. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 6 de julio de 2010.
Tengo a honra comunicar a vuestra excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el “Convenio de Contratación Pública entre las Repúblicas de Chile y Oriental del Uruguay, y sus Anexos”, suscrito en Montevideo, el 22 de enero de 2009, correspondiente al Boletín Nº 6649-10.
Lo que comunico a vuestra excelencia en respuesta a su oficio Nº 8.393, de 27 de octubre de 2009.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
6. Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recaído en el proyecto que modifica la ley N° 19.496, con el objeto de permitir la solicitud de indemnización por daño moral en las demandas colectivas. (boletín Nº 6904-03-1)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo pasa a informar el proyecto de ley, de origen en una moción de la Diputada señora Carolina Goic , y de los Diputados señores Fuad Chahín , Sergio Ojeda , Matías Walker , René Saffirio y Víctor Torres , que se individualiza en el epígrafe, en primer trámite constitucional y reglamentario, sin urgencia.
I. CONSTANCIAS PREVIAS.
1.- IDEA MATRIZ O FUNDAMENTAL DEL PROYECTO.
Modifica la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el propósito que sea indemnizable el daño moral sufrido por el actor tratándose de demandas colectivas.
2.- NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.
No hay.
3.- TRÁMITE DE HACIENDA.
No requiere de dicho trámite.
4.- EL PROYECTO FUE APROBADO, EN GENERAL, POR UNANIMIDAD.
Votaron a favor los diputados señores Arenas, don Gonzalo , Chahín, don Fuad , Tuma, don Joaquín y Van Rysselberghe, don Enrique .
5.- SE DESIGNÓ DIPUTADO INFORMANTE AL SEÑOR FUAD CHAHÍN VALENZUELA .
-o-
La Comisión contó con la asistencia y colaboración de los señores Juan Antonio Peribonio , Director Nacional del Sernac ; Sergio Corvalán , Director Jurídico de esa entidad y Juan Pablo Lorenzini , abogado.
II. ANTECEDENTES.
Sostienen los autores de la iniciativa que la necesidad de fortalecer el funcionamiento de la economía -en el entendido de que la protección a los consumidores es requisito “sine qua non” para que el mercado funcione bien-, es una premisa que no se puede desconocer en la actualidad. La experiencia de países desarrollados como Estados Unidos de América y Alemania, que mediante modelos diferentes han coincidido en lograr una moderna y eficaz protección a los consumidores, ha de servir de guía a lo que Chile en su bicentenario -hoy como miembro de la OCDE-, ha de perseguir.
Agregan que, lamentablemente, no todos son capaces de ver los signos de los tiempos o de hacer caso a lo que éstos señalan. Los medios de comunicación y las redes sociales dan cuenta, casi a diario, de los múltiples abusos que sufren los consumidores de parte de los que aún detentan una posición dominante en la relación de consumo. Las empresas que concentran cuotas importantes de un mercado no siempre hacen el esfuerzo necesario para proveer de un servicio de la calidad esperada y pactada. Por situaciones imputables a ellos los suministros se cortan, las redes se caen, se entregan de una manera distinta a la contratada y, ante ello, el sufrimiento causado no puede ser restablecido a través de una indemnización, por un defecto en la norma, que se busca corregir.
Por ejemplo, el terremoto de febrero sacó lo mejor y lo peor de nuestra gente e instituciones. A la solidaridad demostrada por Chile y su gente se contrastan las deficiencias y la mala fe de parte de algunos empresarios inescrupulosos, aquellos que con negligencia no se adecuaron a la normativa vigente en el ámbito de la construcción, acrecentando el daño que de por sí causaron los movimientos telúricos. Por otra parte, el sismo dio cuenta de la lenta respuesta en la provisión de algunos servicios como el suministro eléctrico, la telefonía domiciliaria, el agua potable y la telefonía celular, lo cual ocasionó problemas por todos conocidos. La búsqueda de responsabilidades será de cargo de los órganos competentes, entre ellos, los tribunales de justicia. A ese respecto, la posibilidad de los usuarios de accionar por sus derechos conculcados, se torna indispensable.
En tal sentido, la ley N° 19.496 hoy no sólo le brinda protección a los consumidores en cuanto a los daños o perjuicios materiales que puedan haber sufrido por causa de la compra de un bien o servicio, sino que también los protege de los eventuales daños morales que los afecten. Es así como la referida ley, en su artículo 30, señala como derechos y deberes básicos del consumidor, en su letra e): “El derecho a la reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños materiales y morales en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el proveedor...”. Por otro lado, este derecho también ha sido consignado en el artículo N° 19 de la Constitución Política de la República de Chile, la cual expresa en su número 1°: “…que la Constitución asegura a todas las personas El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”.
Precisan que el daño moral es todo menoscabo o detrimento de un bien no patrimonial en cuanto afecta la integridad psíquica del individuo. A vía ejemplar, estarían dentro de esta categoría, la alteración en la tranquilidad de espíritu, las molestias personales, la inversión de tiempo en la solución de un problema, el no cumplimiento de expectativas ofrecidas, incluso la impotencia, frustración o enojo a causa de un mal servicio recibido.
El concepto de daño moral se fundamenta en el sufrimiento, en el trastorno psicológico, en fin, en la afectación espiritual. Añaden que parte de la doctrina estima que el daño moral se agota en el ámbito de la personalidad, que se limita al deterioro de los sentimientos sin ninguna consecuencia pecuniaria; lo cierto es, sin embargo, dicen, que debe reconocerse que en la actualidad la dogmática jurídica reconoce lo que se denomina daño moral puro y daño moral con consecuencias patrimoniales, que deben indemnizarse, en la medida que se encuentren acreditados. Esto último ha dado origen a la teoría del daño del alma. [ Corte de Apelaciones de Santiago , 7ª Sala, 30 de mayo de 2003].
La ley sobre Protección de los Derechos del Consumidor establece una obligación legal de indemnizar por parte del proveedor del servicio que causa un daño o menoscabo al consumidor. En términos concretos, el daño moral es el detrimento que experimenta una persona en su honor, su reputación, su integridad física o psicológica, sus afectos, su estabilidad y unidad familiar y, en general, los atributos o cualidades morales.
No obstante lo reseñado, su artículo 51, en su número 2, señala: “…Las indemnizaciones que se determinen en este procedimiento, no podrán extenderse al daño moral sufrido por el actor…”. Ello se refiere a las demandas colectivas a las cuales se priva de la posibilidad de accionar para obtener una indemnización producto del daño moral.
Explican que las demandas colectivas son acciones legales que pueden ser iniciadas por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), las asociaciones de consumidores establecidos, o por 50 o más consumidores afectados. Las acciones colectivas permiten que materias de interés difuso o colectivo que afectan a un conjunto de consumidores sean discutidas en un solo procedimiento ante un juez civil.
Un aspecto relevante es que este tipo de acciones colectivas opera bajo el principio de “erga omnes”, es decir, la sentencia que se dicte en el juicio alcanzará a todas las personas que hayan sido afectadas en sus derechos, aún cuando no hayan sido parte en él.
Esto, a pesar de su reciente incorporación, no es una innovación. Ya el Derecho Romano consagraba el “interdicto pretorio”, institución que buscaba accionar por intereses supraindividuales. Lo que perseguía era la inhibición de actos, además de obtener la reparación de los daños sufridos. Para ello, el titular de la acción era el “Populus Romano”, pretendiendo la protección del derecho público difuso, verbi gracia, la contaminación de vías de aguas.
Agregan que el “Class Action” del derecho norteamericano es un procedimiento en el cual se representan judicialmente a uno o más demandantes de una clase o grupo, unidos por situaciones de hecho y/o derecho similares, normalmente buscando reparación económica a un daño sufrido, y en menor medida pretendiendo una determinada declaración de un tribunal. Al respecto, dicen, existen dos grandes áreas de desarrollo. Por una parte, los “mass accidents”, o accidentes masivos y, por otra, los “mass product liability”, productos defectuosos, respecto de la cual se dictó, en el año 1995, la “private securities litigation reforma act”. En cuanto a la sentencia, esta produce efectos “erga omnes”, pues aquellos sujetos que son miembros de la clase y que no eran parte del juicio podrían invocar la sentencia a su favor para los efectos de solicitar reparación de los daños. Otro efecto interesante es la posibilidad de establecer compensaciones al no poder determinarse con exactitud el universo de interesados.
Puntualizan que hoy en día en nuestro país estos derechos se han consolidado, no sólo en las normas, sino que también en nuestra cultura, por lo que es necesario ir un paso más adelante.
Destacan que un avance importante e indispensable es que exista la posibilidad de obtener indemnización de perjuicios producto del daño moral, también en el caso de las demandas colectivas. Los productos y servicios defectuosos ocasionan perjuicios no sólo de orden material, por lo cual restringir la indemnización a estos últimos no hace otra cosa que truncar los derechos de los consumidores organizados.
Explican que durante la tramitación del proyecto de ley signado con el boletín N° 2787-03, que diera lugar a la ley N° 19.955, modificatoria de la ley del consumidor, se estableció precisamente la posibilidad de accionar por intereses difusos. Al respecto, el mensaje señalaba: “El proyecto incorpora la defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores, institución que simplificará significativamente la solución de problemas que afectan intereses supraindividuales”. Más adelante, en otro párrafo, se precisa: “De esta manera, se evita recargar a las partes y a los tribunales de manera innecesaria con centenares y, a veces, miles de casos iguales”. En el mensaje no se hizo referencia respecto a alguna distinción entre la persecución de indemnización por daño moral en las demandas individuales o colectivas, siendo dicha determinación de origen posterior.
Afirman que durante la tramitación en el Senado, en el segundo trámite constitucional -específicamente en el segundo informe de la Comisión de Economía, ya que el primero no lo contenía-, recaído en el proyecto de ley, consta la indicación N° 85, de los Honorables Senadores señores Chadwick y Novoa , que intercala un número nuevo, en el artículo 51 de la ley, a continuación del N° 1: “2.- Sin perjuicio de los requisitos generales de la demanda, en lo que respecta a las peticiones relativas a perjuicios, la demanda se limitará a señalar el daño sufrido y a solicitar la indemnización que el juez determine, conforme al mérito del proceso, la que deberá ser la misma para toda la clase o subclases. Las indemnizaciones que se determinen en este procedimiento, no podrán extenderse al daño moral sufrido por el actor. No habrá lugar a la reserva prevista en el inciso segundo del artículo 173 del Código de Procedimiento Civil.”.
La Comisión, por la unanimidad de los Senadores señores García , Gazmuri , Novoa y Orpis , acogió esta indicación, con modificaciones. Tales cambios consistieron en reemplazar la primera oración por las dos siguientes, debido a razones de redacción y concordancia: “Sin perjuicio de los requisitos generales de la demanda, en lo que respecta a las peticiones relativas a perjuicios, bastará señalar el daño sufrido y solicitar la indemnización que el juez determine, conforme al mérito del proceso, la que deberá ser la misma para todos los consumidores que se encuentren en igual situación. Con este fin, el juez procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 53 A.”.
Indagando en la historia de la ley no se llega a determinar las razones que tuvo dicha comisión en la Cámara Alta para dejar fuera el daño moral. No obstante, dicen, tal posición no es compartida, toda vez que se ha hecho habitual que las compañías proveedoras de servicios y productos muchas veces interrumpen de manera inexcusable éstos, lesionando gravemente los intereses de los clientes afectados. Esta situación, fuera de ser repudiable en términos éticos, también debiese ser jurídicamente perseguible.
Los fundamentos que tuvo en vista el Ejecutivo con el mensaje presentado con ocasión de la tramitación de la ley N° 19.955 estaban claros. Lamentablemente la premura que se le otorgó al llegar el proyecto a tercer trámite y la necesidad urgente de aprobar dicho estatuto regulador -que sin duda constituyó una mejora sustancial respecto a lo que había-, buscando evitar una comisión mixta, impidió solucionar problemas como el referido.
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
Consta de un artículo único, que modifica el N° 2 del artículo 51 de la ley N° 19.496, en orden a hacer indemnizable el daño moral sufrido por el actor tratándose de demandas colectivas.
III. INTERVENCIONES.
Don Sergio Corvalán , asesor jurídico del Servicio Nacional del Consumidor, indicó que el proyecto se encontraba bien inspirado al detectar un espacio de vulnerabilidad de los consumidores, pero que, no obstante, el daño moral por su naturaleza no es homologable en cada caso. Por definición corresponde a sufrimientos propios de cada consumidor. De esta manera se podría quebrar el principio básico de los juicios colectivos, al tramitar de manera agrupada e igualar daños, que en principio no son iguales, como lo son los daños morales individuales.
Explicó que las acciones colectivas fueron instituidas el año 2004 pensando en un mecanismo que permitiera obtener la reparación o la indemnización de grupos de consumidores afectados o vinculados por hechos o contratos comunes, ya que existen barreras en el acceso a la justicia -tratándose de montos bajos-, y también en resguardo del principio de economía procesal y debido a que es necesario ir a la unificación de criterios judiciales.
Enfatizó en que desde una óptica pragmática y judicial, el principio de economía procesal que inspira las acciones colectivas del título IV de la ley se podría ver afectado, al someter a la tramitación colectiva la determinación del daño moral. En la práctica, esto podría significar que deben comparecer miles de consumidores, en tantas audiencias como corresponda, con el fin de acreditar sus daños morales personales.
Finalmente, dijo, debe tenerse presente que conforme a la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, los daños morales deben probarse, es decir, no se presumen. Lo anterior, sumado a la aplicación de las reglas de la prueba en juicios colectivos, que señala que el juez debe apreciarla conforme a las reglas de prueba legal o tasada, configuran un escenario en el cual los consumidores (miles o cientos) necesariamente deben comparecer para -uno a uno- ir acreditando sus daños morales.
Señaló, no obstante, que uno de los daños que parece razonable sea indemnizable, es aquel sufrido como consecuencia de la inversión de tiempo en la solución de un problema. Esa inversión de tiempo puede ser calculada como el costo del reclamo directo más la denominada, injusta molestia. Es posible, entonces, que ese tipo de daño sea homologable y el juez esté en condiciones de estandarizarlo y otorgarlo en un juicio colectivo. Eso supone estandarizar por parte del legislador ciertos daños por mercado para que el juez los aplique posteriormente. Los mercados en los que razonablemente se podría pensar la aplicación de esto sería frente a los servicios básicos.
Una segunda idea sería entregar al juez parámetros para que, sometida a su decisión la acción colectiva, estuviera en condiciones de categorizar los daños morales mínimos. También se puede pensar en la institucionalización legal de las mediaciones colectivas, en las que se podría contemplar por ley la incorporación del daño moral en la propuesta de solución, y posteriormente someterlas a un control judicial.
Don Juan Pablo Lorenzini , abogado, explicó que el concepto de daño moral, es todo menoscabo o detrimento de un bien no patrimonial, estaba reconocido en nuestro derecho y, en particular, respecto de las relaciones de consumo. Un consumidor puede demandar daño moral invocando la ley N° 19.496.
Las acciones colectivas consisten en el derecho de activar la jurisdicción, para beneficio de todos quienes se encuentren en determinada situación de hecho o jurídica, y en Chile están reconocidas específicamente en la ley N° 19.496.
Lo que distingue a las acciones colectivas son aspectos de forma y otro relativo a sus efectos. Dan lugar a un procedimiento distinto del que corresponde cuando se ejercen acciones individuales y constituyen una excepción al principio del efecto relativo de las sentencias.
Las acciones colectivas no son distintas a las acciones individuales en cuestiones de fondo. Las acciones individuales y las acciones colectivas son instrumentos destinados a resguardar los mismos derechos garantizados en la ley. Encuentran su justificación cuando el ejercicio individual de las acciones para obtener el reconocimiento de los derechos del consumidor son mayores que los beneficios esperados.
Se pueden imaginar cientos de casos en que el costo de resarcir el daño moral inhibe de ejercitar la acción individual. Por ejemplo, un error de facturación a miles de clientes ¿cómo se resuelve? ¿la visita de cada cliente al proveedor o el tiempo que destine a formalizar un reclamo corresponde a tiempo que carece de valor?. Si un banco enviara a Dicom a varios clientes suyos que no mantienen deudas vigentes ¿no les produce un daño en la fama y en el acceso al crédito?
Los reparos más frecuentes tratándose de la aceptación de daños morales en las acciones colectivas son que la componente psicológica de cada consumidor dañado es distinta a la de los demás. Pero cabe preguntarse ¿es que acaso el daño patrimonial de cada consumidor es igual al de los demás consumidores? ¿por qué pueden hacerse categorías de perjuicio patrimoniales y no de daños morales? El daño patrimonial puede calcularse, el daño moral no. Esa objeción apunta al daño moral en si mismo; si no puede ser objeto de cálculo, es indiferente si se trata de un juicio colectivo o de uno individual. Se prestaría para abusos. En nuestro derecho el daño moral lo tasa siempre el juez ¿es que los jueces no son garantía? Sobre el aspecto de los abusos, ese fue el planteamiento para rechazar la incorporación de las acciones colectivas en la ley N° 19.496 en su texto original. La realidad demuestra que, sin embargo, no hay una avalancha de acciones colectivas: desde julio de 2004 se han iniciado 23 juicios colectivos notificados al Servicio Nacional del Consumidor y 12 que no le han sido notificados. Han terminado 7 con avenimiento.
Citó, finalmente, algunos casos prácticos en que es totalmente procedente la indemnización por daño moral tratándose de acciones colectivas: Publicación en Dicom de deudas a empresas de servicios básicos. Publicaciones erróneas (Habeas Data). Publicidad engañosa de carreras sin el campo ocupacional promocionado. Engaño respecto de las condiciones en que opera la garantía; y daños por medicamentos (ej: Talidomida)
IV. DISCUSIÓN DEL PROYECTO.
A) DISCUSIÓN GENERAL.
Teniendo en vista las consideraciones y argumentos contenidos en la moción y las observaciones planteadas por los invitados, los señores Diputados fueron de parecer de aprobar la idea de legislar sobre la materia. Se estimó acertado incorporar la posibilidad de demandar daño moral en la ley N° 19.496, tratándose de acciones colectivas, ya que éstas se pensaron como un mecanismo que permitiera obtener la reparación o la indemnización, plena y total, de grupos de consumidores afectados o vinculados por hechos o contratos comunes, y no sólo para despejar barreras en el acceso a la justicia (tratándose de montos bajos), resguardar el principio de economía procesal y tender a la unificación de criterios judiciales. El problema principal de la determinación del perjuicio se soluciona si se recurre a parámetros objetivos, como es, por ejemplo, aquél sufrido por el actor como consecuencia de la inversión de tiempo en la solución de un problema, ya que puede ser calculado como el costo del reclamo directo, más la denominada injusta molestia. Es posible, entonces, que este tipo de daño sea homologable y el juez esté en condiciones de estandarizarlo y otorgarlo en un juicio colectivo; lo anterior, supone estandarizar ciertos daños por mercado -servicios básicos- para que el juez los aplique posteriormente, o bien categorizar daños morales mínimos o, por último, institucionalizar las mediaciones colectivas, en las que se podría contemplar la incorporación del daño moral en la propuesta de solución, y posteriormente someterlas a un control judicial.
Por otra parte, se reparó en que el principio de economía procesal que inspira las acciones colectivas del título IV de la ley se podría ver afectado, al someter a la tramitación colectiva la determinación del daño moral ya que podría significar que deben comparecer miles de consumidores, en tantas audiencias como corresponda, con el fin de acreditar sus daños morales personales. La jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, los daños morales deben probarse, es decir, no se presumen. Lo anterior, sumado a la aplicación de las reglas de la prueba en juicios colectivos, que señala que el juez debe apreciarla conforme a las reglas de prueba legal o tasada, configuran un escenario en el cual los consumidores (miles o cientos) necesariamente deben comparecer para -uno a uno- ir acreditando sus daños morales.
Puesta en votación general la idea de legislar, se APRUEBA por asentimiento unánime.
B) DISCUSIÓN PARTICULAR.
Su artículo único, que hace indemnizable el daño moral tratándose de acciones colectivas, fue objeto de una indicación complementaria de los Diputados Chahín y Tuma, que establece ciertos parámetros para la determinación del monto de la indemnización por concepto de daño moral, además de fijar reglas concretas de orden procedimental.
El artículo único, con la referida indicación, fue aprobado por mayoría de votos.
Votaron a favor la Diputada señora Girardi y los Diputados señores Chahín y Tuma . Se abstuvieron los Diputados Arenas y Van Rysselberghe .
C) ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.
No hubo.
D) INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES.
No hubo.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por las otras consideraciones que en su oportunidad dará a conocer el señor Diputado Informante , la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recomienda aprobar el siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores:
1) En el N° 2 de su artículo 51, suprímese el vocablo “no” entre las palabras “procedimiento” seguida de una coma y “podrán”.
2) En su artículo 53 A, incorpórase el siguiente inciso segundo:
“Del mismo modo, el juez podrá establecer un ordenamiento por grupos y subgrupos, de acuerdo a las características comunes de los consumidores, para efectos de determinar el daño moral.”.
3) Añádese el siguiente artículo 53 B bis, nuevo:
“Artículo 53 B bis.- El juez podrá abrir un término probatorio, por un plazo no superior a veinte días corridos, en todos aquellos casos en que estime que para la determinación del daño, sea patrimonial o moral, requiera de antecedentes de hecho que no se encuentran agregados al proceso.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, cuando el tribunal declare en la sentencia que determinados consumidores o categorías de consumidores tienen derecho a recibir indemnización por daño moral, podrá siempre conceder éste en un monto equivalente a la indemnización por daño patrimonial, salvo que estimare haber fundamento para conceder un monto superior. Sólo por razones muy fundadas, que explicitará en su sentencia, podrá declarar que siendo procedente el pago de indemnización por daño patrimonial no lo es el pago por daño moral.
Para la determinación de la procedencia o la cuantía de la indemnización por daño moral en los juicios de que trata este párrafo, el juez procederá conforme a las reglas de la sana crítica.”.”.
-o-
Sala de la Comisión, a 02 de julio de 2010.
Tratado y acordado en sesiones de fechas de 15 y 29 de junio de 2010, con asistencia de las Diputadas señoras Cristina Girardi y Mónica Zalaquett ; de los Diputados señores Gonzalo Arenas ( Presidente ), Guillermo Ceroni , Fuad Chahín, José Manuel Edwards, José Antonio Kast , Miodrag Marinovic , Carlos Montes, Frank Sauerbaum , Joaquín Tuma , Patricio Vallespín y Enrique Van Rysselberghe .
(Fdo.): ROBERTO FUENTES INNOCENTI, Secretario de la Comisión”.
7. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba el acuerdo marco de cooperación financiera entre la República de Chile y el Banco Europeo de Inversiones, suscrito en Luxemburgo, el 9 de marzo de 2010. (boletín Nº 6963-10)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de Acuerdo mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados por un mensaje de S.E. el Presidente de la República.
El propósito de la iniciativa consiste en la aprobación del Acuerdo Marco de Cooperación Financiera entre la República de Chile y el Banco Europeo de Inversiones, suscrito en Luxemburgo, el 9 de marzo de 2010.
El Convenio Marco de Cooperación Financiera entre Chile y el Banco Europeo de Inversiones permitirá que dicho Banco efectúe operaciones en nuestro país, dando cumplimiento a lo expresado en el párrafo 2 del artículo 53 del Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, y la República de Chile, y que fue aprobado por este H. Congreso, en el año 2003. De acuerdo a esta norma, las Partes adoptarían todas las medidas oportunas para promover y facilitar las actividades del Banco Europeo de Inversiones en Chile, de conformidad con los procedimientos y criterios de financiación propios y con sus legislaciones y normativas, y sin perjuicio de los poderes de sus autoridades competentes.
La aplicación del Acuerdo Marco permitirá que el Banco Europeo de Inversiones pueda desarrollar sus operaciones en Chile en iguales condiciones a las que Chile ha otorgado a otros organismos financieros internacionales que operan en nuestro país, como el Banco Interamericano de Desarrollo y otros similares.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) fue creado en el año 1958 por el Tratado de Roma, como una institución de financiamiento de largo plazo de la Unión Europea, estando su sede en Luxemburgo. Si bien la misión principal del Banco es contribuir a la integración, el desarrollo equilibrado y la cohesión económica y social de los Estados Miembros de la Unión, el BEI también tiene entre sus funciones apoyar proyectos en países no miembros de la Unión Europea.
En lo que respecta a las operaciones de préstamos del BEI otorgadas fuera de la Unión Europea, tales operaciones están definidas por mandatos específicos que periódicamente determina la misma Unión. El actual mandato, que cubre el período 2007-2013, autoriza al Banco para prestar en América Latina hasta 2,8 mil millones de euros en apoyo de la estrategia de cooperación de la Unión Europea. Chile desde luego, se encuentra entre los países de la región elegibles para operaciones del BEI.
En cuanto a las áreas en que el BEI puede efectuar operaciones, estas son:
1. Apoyo a la presencia de la Unión Europea en la región mediante el financiamiento de operaciones de inversión extranjera directa o de transferencia de tecnología y conocimiento (know-how) europeos, a condición de que los proyectos contribuyan al desarrollo económico del país. Para ello, el BEI financia proyectos:
a) realizados por filiales de empresas de la Unión Europea;
b) realizados por empresas mixtas en que participan empresas de la Unión Europea, y
c) que involucran una transferencia sustancial de tecnología y conocimiento (know-how) originarios de la UE.
2. Financiamiento de proyectos relativos a la sustentabilidad ambiental, incluyendo la mitigación del cambio climático, aun cuando no participen empresas de la Unión Europea, y
3. Financiamiento de proyectos relacionados con la seguridad del abastecimiento energético, aun cuando no participen empresas de la Unión Europea.
El Banco Europeo de Inversiones otorga préstamos a mediano y largo plazo, pero también apoya operaciones a través de la adquisición de obligaciones (deudas) o de la concesión de garantías. Sin embargo, el Banco no participa en la propiedad del capital de empresas, ni otorga ayudas no reembolsables en América Latina.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 1 de julio de 2010, señala que en cuanto a las obligaciones fiscales, los activos del Banco, los intereses y cualquier otro pago debido al Banco que se derive de las actividades contempladas en el Acuerdo, así como los ingresos del Banco y los pagos que el mismo deba realizar en relación con dichas actividades y sus activos estarán exentos de impuestos.
También de manera similar a otros organismos financieros internacionales, los bienes y activos del Banco estarán exentos de todo registro, requisa, confiscación o expropiación excepto por causa de utilidad pública o interés nacional calificado por ley.
Se estima que el Acuerdo no implica menores ingresos fiscales, por cuanto las exenciones no representan una disminución efectiva de los ingresos tributarios y arancelarios para el año 2010, dado que el Banco Europeo no ha iniciado sus actividades en Chile. Si los hubiese para los años siguientes éstos serán considerados en las Leyes de Presupuestos de los años respectivos.
En el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana se consigna un resumen del Acuerdo que contiene un Preámbulo y 39 artículos. Se dispuso también que esta Comisión tomara conocimiento del proyecto de Acuerdo dado que su aplicación podría significar un menor ingreso fiscal.
En el debate de la Comisión el Diputado Silva, don Ernesto , planteó su inquietud respecto al alcance que tendría la facultad del Gobierno para oponerse sin expresión de causa respecto de los proyectos que se pretendan realizar en Chile, conforme al numeral 2., del artículo 10. Sobre el particular, señaló que según lo corroborado con el representante del Ministerio de Hacienda constituía una cláusula estándar, en términos de permitir que el Estado de Chile pueda tener la libertad de rechazar el financiamiento a una empresa, lo que considera razonable, toda vez que al otorgarse el crédito se genera una responsabilidad solidaria por parte del Estado respecto de la deuda en que se incurre. Agrega que como el crédito constituye a su vez deuda pública, va a requerir autorización de Hacienda.
Por su parte, el Diputado Jaramillo, don Enrique, a propósito de las exenciones tributarias permitidas por el Acuerdo preguntó si se aplica a todos los bancos internacionales, es decir, si los organismos bancarios internacionales tienen todos los mismos privilegios y exenciones tributarias en nuestro país.
Teniendo presente los antecedentes de la iniciativa y las consideraciones expuestas en la Comisión, fueron revisados los artículos pertinentes y sometido a votación el artículo único del proyecto de Acuerdo, siendo aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes. Votaron a favor los Diputados señores Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Monckeberg, don Nicolás ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón .
Tratado y acordado en sesión de fecha 6 de julio de 2010, con la asistencia de los diputados señores Von Mühlenbrock, don Gastón ( Presidente ); Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Monckeberg, don Nicolás ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto , y Silva, don Ernesto .
Se designó diputado informante al señor Lorenzini, don Pablo .
Sala de la Comisión, a 6 de julio de 2010.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión ”.
8. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que modifica la ley N° 20.351, perfeccionando el incentivo al precontrato y a la capacitación de los trabajadores. (boletín Nº 6947-13)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda informa el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
1.- Origen y urgencia
La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados por un mensaje de S.E. el Presidente de la República calificada de “simple” y “suma” urgencia, según el caso.
2.- Disposiciones o indicaciones rechazadas
Ninguna.
3.- Disposiciones que no fueron aprobadas por unanimidad
Ninguna.
4.- Se designó diputado informante al señor Von Mühlenbrock, don Gastón .
-o-
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto la señora Camila Merino , Ministra del Trabajo y los señores José Miguel Berguño , Director Nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y Francisco del Rio, Asesor Legislativo del Ministerio del Trabajo .
El propósito de la iniciativa consiste en extender los incentivos al precontrato consagrados en la ley N° 20.351 con el objeto de disminuir los efectos del sismo del 27 de febrero pasado en los trabajadores.
Entre los antecedentes del proyecto se señala que el Ejecutivo ha considerado oportuno entregar a los empleadores incentivos para la suscripción de precontratos de capacitación de eventuales trabajadores, operando sobre la base de lo dispuesto en la ley N° 20.351, dictada con el objeto de hacer frente a los impactos de la crisis económica de 2009.
Dicho cuerpo legal permitió aumentar, por un período acotado de tiempo, el beneficio tributario de incentivo a la capacitación de la ley N° 19.518, Estatuto de Capacitación y Empleo, aumentándolo en el 0,25% de las remuneraciones imponibles pagadas al personal, en el respectivo mes. Además, se considera un aumento de la vigencia del precontrato de dos a seis meses.
Asimismo, la iniciativa en informe incorpora un aumento de la cobertura de los costos de traslado y alimentación, ya que la experiencia indica que los actuales incentivos resultan insuficientes, al circunscribirse al 10% del valor del curso.
Finalmente, cabe hacer presente que el proyecto original, que fue sustituido en su integridad mediante una indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo en la Comisión Técnica, contemplaba la prórroga de la actual vigencia de la ley N° 20.351, la que vencía el 30 de junio recién pasado. Mediante dicha indicación se extiende la vigencia de su Título III -De los Incentivos al Precontrato y a la Capacitación de Trabajadores- hasta el 31 de marzo de 2011.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 5 de mayo de 2010, señala que las modificaciones introducidas por el proyecto representan un costo fiscal de $ 566 millones en 2010 y de $ 283 millones en 2011, dado por menor recaudación tributaria.
Además, el aumento de dotación en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, se estima que tendrá un costo fiscal de $ 113 millones en 2010 y de $ 56 millones en 2011.
Por otra parte, el mayor gasto fiscal que represente la aplicación del proyecto durante 2010, se financiará con cargo al presupuesto vigente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiese financiar con estos recursos.
Mediante informe financiero complementario, de fecha 30 de junio de 2010, se señala que la indicación sustitutiva formulada por mensaje N° 180-358 no importa mayor gasto fiscal en la medida en que ésta perfecciona la iniciativa incorporando en su texto las que se propusieron como modificaciones a la ley anterior y no agrega normas específicas que puedan irrogar un incremento del gasto.
Durante el debate de la Comisión la señora Camila Merino hizo presente que el proyecto es de gran relevancia ya que tiene por objeto permitir a las empresas capacitar antes de contratar, favoreciendo de esta manera que la gente sea empleada y se encuentre preparada para los desafíos que exige la reconstrucción. Agregó que el proyecto fue solicitado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y por la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), y estará vigente en todo el territorio nacional hasta el 31 de marzo del año 2011.
La señora Merino señaló que el proyecto es similar a la ley N° 20.351, pero contempla 2 modificaciones. La primera de ellas, permite que se pague un monto por colación y movilización de $ 1.500 cada uno, lo que permite que las personas puedan asistir efectivamente a las capacitaciones, y, en segundo lugar, flexibiliza la cantidad de trabajadores que pueden acceder al precontrato, eliminando el límite del 50% de la plantilla para poder usar esta franquicia en las zonas afectadas por el terremoto.
El señor José Miguel Berguño agregó que la modalidad del precontrato es algo que ya existe y que con el proyecto se espera replicar la experiencia del año pasado, que permitió que en tiempos de crisis, una cantidad importante de personas fueran contratadas.
La señora Ministra puntualizó que el proyecto incentiva el precontrato y la capacitación de los trabajadores, lo que no constituye un empleo, no genera vínculo laboral entre la empresa y el beneficiario de la capacitación, no se le está contratando y, por lo tanto, no se le paga una remuneración.
El señor Berguño , en relación con la elección de los cursos, señaló que cuando se trata de precontratos son las empresas las que determinan las materias en que serán capacitados los trabajadores.
Con respecto a las 14 personas que se incorporarán a la dotación del SENCE, el señor Berguño explicó que serán fiscalizadores destinados a todas las regiones, uno por región, con excepción de la Metropolitana.
En relación con las licitaciones, el Director Nacional del SENCE señaló que, en términos generales, se han seguido asignando, e incluso a la fecha se ha producido, con respecto a la ejecución presupuestaria, un avance un poco mayor al registrado el año pasado.
La Comisión de Trabajo y Seguridad Social dispuso en su informe que la totalidad del proyecto debe ser objeto de estudio por la Comisión de Hacienda.
En relación con la discusión y votación particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:
Puesto en votación el articulado del proyecto, sin modificaciones, se aprobó por la unanimidad de los Diputados presentes señores Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Monckeberg, don Nicolás ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto ; Silva, don Ernesto , y Von Mühlenbrock, don Gastón .
Tratado y acordado en sesión de fecha 6 de julio de 2010, con la asistencia de los Diputados señores Von Mühlenbrock, don Gastón ( Presidente ); Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Monckeberg, don Nicolás ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto , y Silva, don Ernesto , según consta en el acta respectiva.
Sala de la Comisión, a 6 de julio de 2010.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión ”.
9. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de ley que modifica la ley N° 18.556, orgánica constitucional sobre Sistemas de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, estableciendo la prohibición de hacer públicos ciertos datos de los electores. (boletín N° 6979-06)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley de la referencia, originado en una moción de los Diputados señores Pedro Araya Guerrero , Gonzalo Arenas Hödar , Gabriel Ascencio Mansilla , Guillermo Ceroni Fuentes , Edmundo Eluchans Urenda, Juan Carlos Latorre Carmona , Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar, Sergio Ojeda Uribe , Ricardo Rincón González y Patricio Vallespín López .
Durante el análisis de esta iniciativa, la Comisión contó con la colaboración de los señores Juan Ignacio García Rodríguez , Director Nacional del Servicio Electoral , Raúl Urrutia Ávila , Presidente del Consejo para la Transparencia y Andrés Tagle Domínguez , asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia..
La Comisión tuvo, asimismo, a la vista, copia de la Decisión de Amparo rol C 407-09 del Consejo para la Transparencia, recaído sobre una solicitud de antecedentes presentada por el señor Sebastián Rivas Vargas al Director Nacional del Servicio Electoral .
I. IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES.
La idea central del proyecto tiene por objeto modificar el artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Sistemas de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, para establecer que determinados datos contenidos en las inscripciones efectuadas en los registros electorales, no tendrán la calidad de información pública.
Tal idea, la que el proyecto concreta mediante un artículo único que introduce la modificación señalada, es propia de ley al tenor de lo establecido en los artículos 8°, 18 y 63 números 1) y 2) de la Constitución Política.
II. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.
Para los efectos de lo establecido en los números 2°, 4°, 5° y 7° del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia de lo siguiente:
1.- Que el artículo único tiene rango de ley orgánica constitucional por incidir en el sistema de registro electoral, según lo señala el artículo 18 de la Carta Política. Tiene, asimismo, carácter de quórum calificado en cuanto sustrae de la publicidad determinados antecedentes que figuran en un registro público, conforme lo establece el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución, sin perjuicio de lo cual debe aplicarse el quórum de votación correspondiente al rango más elevado.
2.- Que dicho artículo no es de la competencia de la Comisión de Hacienda.
3.- Que se aprobó la idea de legislar por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señores Araya , Burgos , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Rincón , Schilling y Squella .
4.- Que no hubo artículos o indicaciones rechazados.
III. DIPUTADO INFORMANTE.
Se designó diputado informante al señor Ricardo Rincón González .
IV. ANTECEDENTES.
1.- Los autores de la moción parten recordando que los artículos 5° y 10 de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, consagran el derecho de toda persona a acceder al conocimiento de los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirven de sustento y los procedimientos que se utilicen para su dictación, permitiendo, asimismo, tomar conocimiento de la información elaborada con presupuesto público y cualquiera otra información que se encuentre en poder de los órganos de la Administración. Agregan que el artículo 11 de esta misma norma, en su letra k), consagra el principio de gratuidad del acceso a la información del Estado, añadiendo su artículo 18 que sólo se permitirá el cobro de los costos de reproducción y los demás valores que una ley autorice cobrar por la entrega de dicha información.
A su vez, el artículo 8° de la Constitución Política, declara públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado como también sus fundamentos y los procedimientos que utilicen, señalando, además, que solamente una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de tales fundamentos y procedimientos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.
En contraste con lo anterior, señalan que entre los derechos y deberes constitucionales, específicamente en el artículo 19 N° 4 de la Carta Política, se asegura a todas las personas “el respeto y la protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”.
Por otra parte, manifiestan que el artículo 25 de la ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, tratando de las inscripciones, previene que éstas se practicarán en libros denominados registros electorales, los que contendrán trescientas cincuenta inscripciones cada uno. Estos registros serán públicos y en ellos deberá especificarse la región, provincia y circunscripción a que pertenecieren y la circunstancia de tratarse de registros de varones o de mujeres. Se trata, en consecuencia, de registros públicos, a los cuales se puede acceder previo pago de los valores fijados por resolución exenta del Servicio Electoral.
Agregan que, de acuerdo a lo que dispone el artículo 27 de la citada ley N° 18.556, cada registro electoral deberá formarse en duplicado y deberá contener, entre otros datos, los nombres y apellidos del elector, su número de cédula de identidad, su nacionalidad, profesión, domicilio, su firma o la constancia de ser no vidente o analfabeto, información toda ésta que al ser vendido el correspondiente padrón por el Servicio Electoral, queda a disposición de la entidad que lo adquiere y suele ser utilizada por empresas de administración de datos personales.
Conforme a lo anterior, señalan que el Consejo para la Transparencia, en su decisión de amparo rol C407-09, de 23 de marzo recién pasado, pronunciándose sobre una solicitud de acceso a la base de datos electorales del Servicio Electoral, manifestó su preocupación por la difusión de algunos datos personales contenidos en los registros electorales, pero “la claridad de la ley N° 18.556 al disponer que la información contenida en ellos es pública, impide desatenderla. De allí que corresponda a los órganos colegisladores y no a este Consejo resolver, a futuro, si es preciso modificar este estado de cosas.”.
Las circunstancias reseñadas llevan a los patrocinantes a proponer modificar el ya comentado artículo 25 de la ley N° 18.556, para establecer que los datos personales contenidos en el padrón electoral, tales como el rol único tributario, la profesión o la calidad de no vidente o analfabeto del inscrito, no tengan el carácter de públicos, compatibilizando así la exigencia constitucional de la publicidad de los actos de los órganos de la Administración del Estado, con el derecho, también consagrado en la Carta Política, relativo al respeto y protección de la vida privada y a la honra de la persona y de su familia.
2.- La ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.
En lo que interesa a este informe, cabe mencionar los siguientes artículos:
“Artículo 25.- “ Las inscripciones se harán en libros denominados Registros Electorales. Estos contendrán un total de trescientas cincuenta inscripciones cada uno.
Existirán Registros separados para varones y mujeres, en los cuales se practicarán las inscripciones de los chilenos y de los extranjeros con derecho a sufragio.
Los Registros serán públicos y llevarán la especificación de la región, provincia y circunscripción a que pertenecieren, un número de orden correlativo y la mención “Varones o “Mujeres”, según corresponda.”.
“Artículo 27.- Cada Registro Electoral se formará en duplicado, en libros encuadernados con tapa dura, cuyas páginas foliadas, con líneas horizontales, tendrán en cada plana columnas verticales cuyo empleo de izquierda a derecha será el siguiente: primera columna, numeración impresa y sucesiva de cada una de las inscripciones, con la anotación abreviada de su fecha; segunda, anotación del nombre o de los dos primeros nombres y de los apellidos que consten en la cédula de identidad; tercera, nacionalidad; cuarta, profesión u oficio; quinta, fecha de nacimiento; sexta, domicilio, con indicación de la comuna y calle o camino con su numeración o el nombre del predio rústico, industrial o minero en que lo tuviere, séptima, número de la cédula nacional de identidad o para extranjeros y, en el caso de estos últimos, además, constancia de que cumplen el requisito de avecindamiento; octava, constancia de la cancelación de la inscripción, con indicación de la causal y fecha, cuando fuere procedente; novena, firma de la persona inscrita o constancia de la calidad de no vidente o de analfabeta estampada por la Junta Inscriptora, y décima, impresión digital del pulgar derecho de la persona inscrita o del izquierdo si careciere de aquél o constancia de la causa que la imposibilite absolutamente para estamparla.
Quienes estuvieren temporalmente impedidos de estampar la impresión digital, sólo podrán inscribirse cuando se subsane el impedimento.
Al final de cada libro de Registro habrá suficientes hojas en blanco, foliadas y timbradas, para extender las actas de las sesiones diarias y las de escrutinios de las mesas receptoras de sufragios.”.
V. TEXTO DEL PROYECTO EN ANÁLISIS.
El texto del proyecto es el siguiente:
“ARTÍCULO ÚNICO.- Agrégase al artículo 25 de la ley N° 18.556, ley orgánica constitucional sobre sistema de inscripciones electorales y servicio electoral, un nuevo inciso con la siguiente frase:
“La información relativa al número de cédula de identidad del elector, su profesión u oficio, y la constancia de una persona de ser analfabeta o no vidente, no será considerada información pública.”.
VI. DISCUSIÓN DEL PROYECTO.
a) Opiniones recibidas por la Comisión.
Durante el debate de esta iniciativa, la Comisión recibió el parecer de las siguientes personas:
1.- Don Juan Ignacio García Rodríguez , Director Nacional del Servicio Electoral .
Explicó que el carácter público del padrón electoral, se había originado en la necesidad de dar confianza al electorado en la votación plebiscitaria del año 1988, decisión adoptada por el Servicio Electoral y, luego, refrendada por el Tribunal Calificador de Elecciones, pronunciándose sobre una impugnación a dicha decisión.
De lo anterior, entonces, que el Servicio Electoral entregue copia del padrón a quien lo solicite y, en lo que se refiere al cobro por su entrega, señaló que éste había ido en aumento, en atención a que la tarifa inicial a cobrar se fijó en una unidad reajustable. Precisamente, este cobro dio origen a un amparo presentado ante el Consejo para la Transparencia, el que resolvió que solamente correspondía cobrar el costo de reproducción. Agregó que dicha resolución incluyó un voto de minoría que objetó la entrega de determinados datos del padrón a cualquiera que lo solicitara, añadiendo que la tendencia actual era restringir la entrega de cierta información contenida en el padrón, circunstancia que se había visto reflejada en el proyecto de ley sobre inscripción automática que se tramitaba en el Senado, el cual restringía la entrega de información a centros de estudios y partidos políticos y prohibía la comercialización del padrón.
Creía que el proyecto en análisis no tenía mucho sentido, dado el carácter predominante público de todas las actuaciones vinculadas al proceso de inscripción electoral actual, en que la inscripción debe efectuarse ante una Junta Inscriptora, la que es pública y debe publicar las nóminas de inscritos, como también es pública la Junta Electoral que recibe dichos registros, los que pueden ser consultados por cualquier persona; en consecuencia, no resultaría concordante con tal normativa un proyecto que dispusiera solamente la entrega de cierta información contenida en el padrón, especialmente si tal información servía principalmente a las candidaturas y a los partidos políticos.
Señaló que el tema a que se refería esta moción ya se encontraba regulado en el proyecto aludido pendiente en el Senado, el que estaba en su primer trámite constitucional, afirmando que, si bien sus propuestas resultaban más lógicas de acuerdo a la señalada legislación en trámite, en que la inscripción se efectuaba por medio de mecanismos informáticos, parecía más lógico estar a lo que se resolviera en dicha iniciativa.
2.- Don Raúl Urrutia Ávila, Presidente del Consejo para la Transparencia.
Hizo presente que el Consejo había acogido un amparo presentado por un periodista del diario El Mercurio, quien había solicitado la entrega de todo el padrón electoral al Servicio Electoral. Fundaba su reclamo en el costo que tenía que cancelar, que no le parecía ajustado a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública.
Al respecto recordó que la mencionada ley obligaba a entregar la información y a cobrar por ella solamente los costos de producción, que fue lo que en definitiva resolvió el Consejo, ajustándose a un instructivo que el propio Consejo había dictado tiempo antes.
Asimismo, señaló que de acuerdo al artículo 33 de la ley N° 20.285, el Consejo debía velar por el adecuado cumplimiento de las disposiciones de la ley de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos del Estado. Lo anterior planteó la disyuntiva de entregar la totalidad de la información requerida o salvaguardar los datos de carácter personal contenidos en los registros electorales.
Sobre el particular, considerando que el artículo 18 de la Constitución establece la existencia de un sistema electoral público y que la ley N° 18.556, sobre Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, dispone que el padrón electoral es público, se resolvió que la totalidad de la información contenida en el padrón era pública y que si se deseaba proteger los datos sensibles que figuraban en él, correspondería al legislador analizar las modificaciones pertinentes.
En cuanto al carácter sensible de los datos contenidos en el padrón electoral, coincidió con que el rol único nacional no lo era, pero recordó que, al respecto, existía un bien jurídico superior que debía defenderse cuál era el funcionamiento del sistema democrático, el que podría verse afectado si se privaba al padrón de su carácter público ya que esa era una de las vías para evitar anomalías como las dobles inscripciones.
3.- Don Andrés Tagle Domínguez , asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Se refirió en su exposición al proyecto de ley sobre inscripción automática y voto voluntario, radicado en el Senado, con calificación de urgencia, cuyo despacho se esperaba para dentro del presente año, a fin de que pudiera estar aplicable para las elecciones municipales de 2012.
Agregó que dicho proyecto modificaba completamente la ley N° 18.556; en efecto, distinguía entre registros electorales y padrones, comprendiendo los primeros a los potenciales inscritos para votar, es decir, a quienes tuvieran suspendido su derecho a sufragio, a las personas que se encontraran próximas a cumplir 18 años y otros. Los datos que comprendía eran el rol único nacional, la fecha y lugar de nacimiento, el nombre, la nacionalidad, el domicilio electoral, la profesión, el sexo, la circunscripción electoral, la mesa de votación, la condición de estar o no avecindado y si se tiene o no vigente el derecho a sufragio. Agregó que estos registros no eran públicos, no contemplaban datos sobre la discapacidad del ciudadano ni sobre su condición de analfabeto, por cuanto no era necesario que menciones tan sensibles figuraran en él.
Explicó que de estos registros emanaban padrones ad hoc para cada elección, que permi-tían sufragar en la mesa respectiva y sólo alcanzaban a las personas habilitadas para votar. Los datos que contenían eran el rol único nacional, el nombre, el domicilio electoral con indicación de la circunscripción o comuna, el sexo y el número de mesa. Tenían carácter público y el Servicio Electoral debía publicarlos en su página web, lo que resultaba necesario para permitir las reclamaciones que podrían hacerse a su contenido.
Precisó que los partidos políticos podían acceder a una copia digital de estos padrones y, también, por la vía excepcional, podrían acceder a ellos los centros de estudio o de investigación siempre que el Consejo del Servicio Electoral lo autorizare. Añadió que el Consejo contaría con cinco miembros, cuatro de los cuales serían designados con acuerdo de las tres quintas partes del Senado.
Señaló, asimismo, que esa iniciativa prohibía el uso comercial de los datos del padrón y establecía sanciones tanto para quien los vendiera como para quien los utilizara, restringiendo la publicidad de tal información sólo a lo estrictamente necesario.
Finalmente, refiriéndose al proyecto en análisis, señaló que el rol único nacional no era un dato sensible porque no afectaba la privacidad de las personas, estimaba fundamental conservar su carácter público ya que los actuales sistemas computacionales trabajaban con números y no con nombres. Agregó que dicho rol constituía el nombre digital de las personas y resultaba imprescindible que formara parte de los padrones electorales toda vez que existía mucha coincidencia en el nombre de las personas, por lo que contar con tal número evitaba muchos errores.
b) Discusión general.
El Diputado señor Rincón fundamentó la iniciativa señalando que ella recogía una sugerencia formulada por el Consejo para la Transparencia al pronunciarse sobre un recurso de amparo deducido por un particular, destinado a obtener del Servicio Electoral, en forma gratuita, el padrón alfabético computacional de inscripciones electorales.
Explicó que en su resolución, el Consejo había reiterado el carácter público de los registros electorales, pero había sostenido que tales antecedentes debían entregarse en forma gratuita, sin más cobros que los costos de reproducción. Asimismo, había denotado inquietud por el hecho de que tales antecedentes incluyeran datos personales de los inscritos, pero que dada la claridad con que la ley N° 18.556 establecía que las menciones contenidas en el padrón eran públicas, no resultaba posible desatender tal circunstancia. Por eso, entonces, finalizaba sugiriendo que la posible modificación a esta situación sería materia de competencia de los órganos colegisladores.
Terminó señalando que por ello la moción, recogiendo la inquietud señalada, especialmente la prevención minoritaria formulada por uno de los consejeros, en el sentido de que la copia del padrón que se entregara, debía excluir los datos sensibles tales como la profesión, fecha de nacimiento, domicilio, cédula de identidad e indicación de la calidad de analfabeto o no vidente del inscrito, proponía excluir dichos antecedentes de la copia del padrón a entregar.
Cerrado el debate, se aprobó la idea de legislar por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señores Araya , Burgos , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Rincón , Schilling y Squella .
c) Discusión en particular.
Al iniciarse la discusión en particular, los Diputados señores Ceroni y Rincón presentaron una indicación para sustituir el artículo único por el siguiente:
“La información relativa a la nacionalidad, profesión u oficio, cancelación de la inscripción, con indicación de la causal y fecha, y la constancia de la calidad de no vidente o analfabeto de una persona será de carácter reservada. Sin embargo, podrán solicitar toda la información del registro electoral, a que se refiere en detalle el artículo 27, los partidos políticos, centros de investigación o de estudios y universidades, previa calificación del Servicio Electoral.”.
El diputado señor Rincón fundamentó la indicación sustitutiva, en que con ello se reco-gían las observaciones formuladas por el Presidente del Consejo para la Transparencia y el Director Nacional del Servicio Electoral, razón por la que se había eliminado la referencia al número de cédula de identidad del elector, el que era accesible a quien lo solicitara; se había dado el carácter de reservado a datos no contemplados en la indicación original como la cancelación de la inscripción con indicación de la causal y fecha, por tratarse de un antecedente claramente sensible; se había adaptado el lenguaje utilizado al empleado por el texto constitucional, de ahí el uso de la expresión reservado, y se había dado acceso en forma excepcional a todos los datos del padrón a determinadas entidades, previa calificación del Servicio Electoral.
Asimismo, haciéndose cargo de lo afirmado por el Director Nacional del Servicio Electoral, en el sentido de que el proyecto que se tramitaba en el Senado sobre la inscripción automática y el voto voluntario, modificaba íntegramente el mecanismo de las inscripciones previsto en la ley N° 18.556, por lo que no parecía necesaria esta iniciativa, sostuvo que dicho proyecto difícilmente se convertiría en ley antes de un año, por lo que parecía conveniente hacerse cargo de la inquietud manifestada por el Consejo para la Transparencia mientras se aprobaba dicha iniciativa.
El diputado señor Eluchans , remitiéndose a lo expresado en la audiencia anterior por los invitados mencionados, recordó que la entrega de información era necesaria para los partidos políticos, por lo que respecto de ellos no parecía conveniente la limitación que significaba la calificación previa de la correspondiente solicitud por el Servicio Electoral.
El diputado señor Harboe estimó necesario incorporar en el nuevo texto el principio contemplado en el Derecho Comparado, en materia de protección de datos personales, sobre las finalidades buscadas con la petición del dato o la información, en otras palabras, dicho principio faculta a las personas o instituciones a acceder a antecedentes sensibles de otra , sólo en la medida que tal acceso tenga un fin lícito o legítimo que lo justifique, de tal manera que de no acreditarse tal finalidad, se mantendría la reserva y protección de tales datos, en virtud de que los datos pertenecen a la persona y no a la entidad que los administra. Por lo anterior, propuso que la calificación que haga el Servicio Electoral de la petición de antecedentes, incluya la de los fines específicos por los que se solicita la información, evitándose así que, por ejemplo, algún medio de comunicación, sin fines legítimos, acceda a la información existente en los registros electorales en carácter de reservada, por el mero expediente de solicitarla a un centro de investigación o estudios, burlando la norma.
La Comisión concordó con las observaciones de ambos parlamentarios y, sin mayor debate, procedió a aprobar, por unanimidad, el siguiente texto para el proyecto:
“Artículo único.- Agrégase el siguiente inciso segundo en el artículo 25 de la ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral:
“La información relativa a la nacionalidad, profesión u oficio, cancelación de la inscripción con indicación de la causal y fecha, y la constancia de la calidad de no vidente o de analfabeta de una persona será de carácter reservada. Sin perjuicio de lo anterior, los partidos políticos podrán acceder a toda la información del registro electoral a que se refiere en detalle el artículo 27, como también podrán tener dicho acceso, previa calificación de los fines específicos de la petición por parte del Servicio Electoral, los centros de investigación o de estudios y las universidades.”.
-o-
Por las razones señaladas y por las que indicará oportunamente el señor Diputado Informante , esta Comisión recomienda aprobar el proyecto de conformidad al siguiente texto:
“PROYECTO DE LEY:
Artículo único.- Agrégase el siguiente inciso segundo en el artículo 25 de la ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral:
“La información relativa a la nacionalidad, profesión u oficio, cancelación de la inscripción con indicación de la causal y fecha, y la constancia de la calidad de no vidente o de analfabeta de una persona, será de carácter reservada. Sin perjuicio de lo anterior, los partidos políticos podrán acceder a toda la información del registro electoral a que se refiere en detalle el artículo 27, como también podrán tener dicho acceso, previa calificación de los fines específicos de la petición por parte del Servicio Electoral, los centros de investigación o de estudios y las universidades.”.
-o-
Sala de la Comisión, a 30 de junio de 2010.
Acordado en sesiones de fechas 8, 15 y 30 de junio en curso, con la asistencia de los diputados señor Pedro Araya Guerrero ( Presidente ), señora Marisol Turres Figueroa y señores Jorge Burgos Varela , Giovanni Calderón Bassi , Alberto Cardemil Herrera , Guillermo Ceroni Fuentes , Aldo Cornejo González , Marcelo Díaz Díaz , Edmundo Eluchans Urenda , Felipe Harboe Bascuñán , Cristián Monckeberg Bruner , Ricardo Rincón González y Arturo Squella Ovalle .
En reemplazo del diputado señor Marcelo Díaz Díaz asistió a dos sesiones el diputado señor Marcelo Schilling Rodríguez .
(Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENIO , Abogado Secretario de la Comisión ”.
10. Moción de los señores diputados Vallespín , Ceroni , Santana y Walker . Modifica el Código Procesal Penal estableciendo la obligación de oír a la víctima. (boletín N° 7046-07)
1. El nuevo proceso penal oral, garantiza a los intervinientes la regla de “igualdad de armas” en la litigación, ha desatendido a la víctima como sujeto procesal, de modo que ésta tiene una solo una injerencia meramente formal en el proceso, para evitar el termino de la investigación o evitar el inicio de la misma, sea a través de las ordenes de no perseverar o bien a través del archivo provisional.
2. Más aún, la víctima no puede oponerse a las salidas alternativas como la suspensión del procedimiento, y su oposición no produce efectos. Así, una víctima de violencia intrafamiliar, que constituye delito de acuerdo a la Ley N° 20.066, que se oponga a dicha salida, no tiene derecho alguno, y el juez de la causa no tiene obligación, de escucharla ni de ponderar sus argumentos antes de decretar la suspensión, aun cuando en muchos casos existe un riesgo objetivo de la víctima.
3. Del mismo modo, la consideración de la circunstancia minorante de responsabilidad penal, contenida en el numeral 6 del artículo 11 del Código Penal, tanto en lo que se refiere a la salidas alternativas, como al otorgamiento de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, o en él la oportunidad a que se refiere el inciso final del artículo 343 del Código Procesal Penal, no bastará el sólo mérito del extracto de filiación del imputado o acusado, para dar esta por establecida, sin que se aporten otros antecedentes, que en efecto permitan provocar en el juez, la convicción que el sujeto, respecto del cual se invoca dicha minorante de responsabilidad penal, ha observado una conducta exigible a un hombre o mujer medio que vive en sociedad y que tal conducta es la consecuencia del arraigo social de aquél. Una solución distinta, provoca una desprotección de la víctima durante la investigación. Ello se traduce en que puede frustrarse la mencionada investigación, bien por temor de la víctima, bien por la lesión objetiva a su vida, o bien cuando el cumplimento efectivo de una sentencia sea sólo una ilusión, descentivando a aquélla a ser un agente protagonista en la investigación del delito y en la determinación de atribución de responsabilidades penales.
4. Tal circunstancia puede afectar la investigación y poner a la víctima como sujeto vulnerable frente al hechor. Ello redunda en que, además de la necesaria resocialización del condenado, la pena no sirva como herramienta de política criminal, uno de sus principales fines. Ello consiste en tras la comisión del delito, el riesgo punitivo se transforme en una externalidad negativa incorporada al ámbito personal del delincuente, circunstancia que deberá ser tomada en cuenta al momento de ejecutar su acto criminal.
5. Es preciso avanzar en soluciones, dentro de los presupuestos del Estado de Derecho, y de la legitimación del castigo, como consecuencia de un justo y racional proceso. La Víctima, respecto de aquellos delitos considerados violentos, como son aquellos descritos en los títulos VIII párrafos 1, 2 y 3, VII párrafos 5, 6, y 9, IX párrafo 2 del Código Penal y en el artículo 5 de la Ley 20.066, debe ser un sujeto al que no solo se debe proteger a través de la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, sino además debe ser considerada como un sujeto procesal, con plenos derechos para forzar la investigación, ser escuchada y ejercer los derechos que sean menester para que a su calidad de víctima no se sume su ausencia del procedimiento incoado para su protección.
Es por estas razones, que vengo en proponer a esta Honorable Cámara de Diputados, las siguientes modificaciones al Código Procesal Penal.
PROYECTO DE LEY
MODIFICA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL
Articulo 1° Agréguese al Artículo 167 un inciso final:
Con todo, Tratándose de aquellos delitos tipificados en el Libro Segundo en los títulos VII párrafos 5, 6, y 9, VIII párrafos 1, 2, y 3, IX párrafo 2 Código Penal y articulo 5° de la Ley N° 20.066, no procederá el archivo provisional sin que la víctima sea previamente escuchada en audiencia pública, por el Juez de Garantía ni cuando ésta alegue la falta de diligencias necesarias para la acreditación del delito y de sus responsables.
Articulo 2° Agréguese la siguiente nueva letra c) pasando la actual c) a d) y así sucesivamente, en el Artículo 237 del Código Procesal Penal:
c) Si la víctima no se encuentra en situación de riesgo conforme lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 20.066.
Articulo 3°. Agréguese al artículo 238 un nuevo inciso final:
Tratándose de aquellos delitos tipificados en el Libro Segundo en los títulos VII párrafos 5, 6, y 9, VIII párrafos 1, 2, y 3, IX párrafo 2 Código Penal y artículo 5° de la Ley 20.066, no procederá la suspensión del procedimiento, sin que la victima sea escuchada, en audiencia pública y se alegue riesgo para la vida o integridad física de la misma, lo que deberá ser ponderado por el Juez de Garantía , conforme a las normas generales de apreciación de la prueba contenidas en este Código.
Articulo 4°. Agréguese al artículo 248 el siguiente inciso final:
Tratándose de aquellos delitos tipificados en el Libro Segundo en los títulos VII párrafos 5, 6, y 9, VIII párrafos 1, 2, y 3, IX párrafo 2 Código Penal y artículo 5° de la Ley 20.066, no podrá prosperar la decisión de no perseverar, sin que la víctima sea escuchada, en audiencia pública y se alegue riesgo para su vida o integridad física, o que no se han efectuado las diligencias necesarias para acusar al imputado, circunstancias que deberán ser apreciadas por el Juez de Garantía , conforme a las normas generales de apreciación de la prueba contenidas en este Código.
Artículo 5°. Agréguese al artículo 343 el siguiente inciso final
Para apreciar, la circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, en la oportunidad referida en el inciso anterior. Tratándose de aquellos delitos tipificados en el Libro Segundo en los títulos VII párrafos 5, 6, y 9, VIII párrafos 1, 2, y 3, IX párrafo 2 Código Penal y artículo 5° de la Ley 20.066, aquélla contemplada, en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, no será suficiente el sólo merito del extracto de filiación del acusado que no registre antecedentes penales.
11. Moción de las diputadas señoras Zalaquett , doña Mónica ; Cristi , doña María Angélica ; Nogueira , doña Claudia , y de los diputados señores Arenas, Edwards , Pérez, don Leopoldo ; Uriarte , Squella , Ulloa y Ward . Modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, estableciendo que la denuncia ante el Sernac interrumpe el plazo para presentar acciones judiciales.”. (boletín N° 7047-03)
“Vistos: Lo dispuesto en los artículos 60 y 62 de la Constitución Política de la República y lo preceptuado en la Ley N° 18.9l8 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
FUNDAMENTOS:
De conformidad a lo establecido en la actual ley sobre proteccion de los derechos de los consumidores la presentación de una denuncia ante el Sernac no interrumpe el plazo de prescripción establecido para iniciar las demandas ante los Tribunales de la República competentes.
La no interrupción señalada trae una serie de incomodidades y pérdidas de tiempo no solo para las partes si no que para los propios Tribunales de Justicia, toda vez que el consumidor se ve obligado a presentar una acción judicial únicamente con el objeto de que no le prescriba su derecho y aún cuando esté en vías de solucionar su problema por la vía extrajudicial a través de una mediación ante el Sernac, llegando incluso a restarle importancia a este toda vez que se está actuando por dos vías con el mismo propósito.
Este olvido aparente del legislador debe necesariamente ser reparado incorporando en definitiva que la suspensión de la prescripción opera con la presentación del reclamo ante Sernac.
Finalmente, es del caso señalar que en otras instituciones, el legislador contempló la suspensión mientras el bien está siendo reparado, o sea, mientras se esté cumpliendo el objetivo de la ley, o sea proteger los derechos de los consumidores.
Por tanto:
Los diputados que suscribimos venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Agréguese el siguiente inciso tercero al artículo 26 de la LEY N° 19.496:
“No obstante lo señalado en el inciso primero, la interposición de una denuncia ante el Sernac interrumpe el plazo allí establecidos”.
12. Moción de los señores diputados Lobos, Barros , Bauer , Álvarez-Salamanca , Hernández , Gutiérrez, don Romilio ; Macaya , Morales , Recondo y Urrutia . Modifica la ley de tránsito estableciendo ciertos requisitos a la circulación de la maquinaria agrícola. (boletín N° 7049-15)
“Se agrupa bajo el concepto general de maquinaria agrícola a toda la serie de máquinas y equipos que utilizan los agricultores en sus labores agrícolas. Una máquina agrícola es aquella que tiene autonomía de funcionamiento y, por tanto, está al funcionamiento de un motor de combustión y unos mecanismos de transmisión que la permiten desplazarse por el campo cuando desarrolla el trabajo.
Según lo informado por Carabineros las cifras indican que este año se han reportado 40 denuncias por robo de maquinaria agrícola y pesada y se han recuperado sólo 22 de ellas. Señalando la autoridad que muchas veces la maquinaria no está inscrita, por lo cual facilita la sustracción de estas.
Pero no sólo en maquinaria pesada están interesados los delincuentes. También lo hacen en los vehículos de trabajo agrícola. Y quedó claro el domingo pasado luego del atraco que sufrió la familia Vargas Céspedes en Lampa. Una banda maniató a las víctimas en el fundo “Lipangue” para llevarse dos tractores avaluados en $34 millones.
Son grupos especializados que operan principalmente en los sectores rurales de Santiago. No cometen atracos al azar, sino que tienen un objetivo puntual. Estudian la “demanda” y planifican los golpes. Una vez cometidos los atracos, en camiones envían el botín “a domicilio.
En el caso de la maquinaria agrícola motorizada, como tractores u otras de similares características, muchas veces sus propietarios no las inscriben en el registro de vehículos motorizados que establece el artículo 38 de la Ley de Tránsito, cuyo texto Refundido, Coordinado y Sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del año 2009 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Lo anterior, debido a que este tipo de maquinaria con frecuencia no se desplaza fuera de los inmuebles en que son utilizadas o bien son trasladadas mediante remolques.
De esta manera, al igual que respecto de los demás vehículos motorizados, su transferencia se hace de acuerdo a las reglas generales que el Código Civil establece para los bienes muebles, pero, a diferencia de aquellos, no existe un registro que permita acreditar el dominio de los mismos.
A fin de otorgar certeza jurídica aparece necesaria la creación de un registro a través del cual se pueda acreditar el dominio de la maquinaria agrícola motorizada.
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Modifíquese el inciso primero del artículo 39 de la Ley de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL N° 1 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, pasando el punto final (.) a ser seguido, incorporándose la siguiente frase:
“En dicho registro deberá inscribirse, con los mismos requisitos, la maquinaria agrícola motorizada.”.
“Artículo Transitorio.- Los propietarios de maquinaria agrícola tendrán el plazo de 180 días corridos, contados desde la publicación de la presente ley, para inscribir la maquinaria agrícola motorizada que tengan bajo su dominio o posesión.
Para proceder a la inscripción, deberán presentar la factura de compra, el contrato de compraventa o una declaración consensual con el vendedor de la maquinaria agrícola motorizada en que se acredite el dominio sobre la misma.
En caso de que, transcurrido el plazo mencionado no se haya efectuado la inscripción de la maquinaria agrícola motorizada, su propietario será multado con cinco unidades tributarias mensuales, a beneficio municipal, al momento en que proceda a la inscripción de la misma.”.