Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Clemira Pacheco Rivas
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jorge Burgos Varela
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Estay Penaloza
- PETICIÓN DE OFICIO : Rosauro Martinez Labbe
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ORDEN DEL DÍA
- TIPIFICACIÓN COMO INFRACCIÓN GRAVE EL NO PAGO DE TARIFA DE LA LOCOMOCIÓN COLECTIVA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Perez Lahsen
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- INTERVENCIÓN : Gustavo Hasbun Selume
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Clemira Pacheco Rivas
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Perez Lahsen
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Cristian Monckeberg Bruner
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- INTERVENCIÓN : Cristina Girardi Lavin
- DEBATE
- PAREO
- Alejandro Santana Tirachini
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Matias Walker Prieto
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- Jorge Burgos Varela
- Marisol Turres Figueroa
- Marisol Turres Figueroa
- PAREO
- DEBATE
- TIPIFICACIÓN COMO INFRACCIÓN GRAVE EL NO PAGO DE TARIFA DE LA LOCOMOCIÓN COLECTIVA. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- David Sandoval Plaza
- Romilio Gutierrez Pino
- Sergio Bobadilla Munoz
- Carolina Goic Boroevic
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Manuel Rojas Molina
- Felipe Salaberry Soto
- Nino Baltolu Rasera
- Alfonso De Urresti Longton
- Patricio Melero Abaroa
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- DEVOLUCIÓN ANTICIPADA DE IMPUESTOS PARA PERSONAS DOMICILIADAS EN ZONAS DE CATÁSTROFE.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Manuel Rojas Molina
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Felipe Salaberry Soto
- Javier Ignacio Macaya Danus
- Javier Hernandez Hernandez
- Gonzalo Uriarte Herrera
- David Sandoval Plaza
- Marisol Turres Figueroa
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Enrique Van Rysselberghe Herrera
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ADECUACIÓN DE LEGISLACIÓN SOBRE OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE GRACIA. (Pendiente).
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Luis Segundo Lemus Aracena
- Marcelo Schilling Rodriguez
- Matias Walker Prieto
- Carlos Montes Cisternas
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Marcelo Diaz Diaz
- Sergio Aguilo Melo
- Jorge Tarud Daccarett
- Enrique Jaramillo Becker
- Denise Pascal Allende
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Luis Segundo Lemus Aracena
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- ANTECEDENTE
- MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS.
- VII. INCIDENTES
- POLÍTICA EN FAVOR DEL FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA.
- FISCALIZACIÓN DE OFICINAS DE FONASA EN COPIAPÓ. (Aplicación del artículo 294 del Reglamento). Oficio.
- TRASLADO DE CENTRAL TÉRMICA EDELAYSEN, COMUNA DE CHILE CHICO. Oficios.
- IMPULSO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN FAVOR DEL ADULTO MAYOR. Oficios.
- MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN DE PACIENTES EN CONSULTORIOS DE SALUD DE MAIPÚ. Oficios.
- CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL EN LOCALIDAD DE CALLEJONES, COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA. Oficios.
- PRÓRROGA DE VIGENCIA DE CONVENIO CON CUERPO MILITAR DEL TRABAJO EN ZONAS DECLARADAS DE CATÁSTROFE. Oficios.
- ENTREGA DE FONDOS PENDIENTES A PROGRAMA “QUIERO MI BARRIO” EN COMUNA DE SAN JOAQUÍN. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- INVESTIGACIÓN A INSTITUCIONES BANCARIAS ENCARGADAS DE INDEMNIZAR A DAMNIFICADOS EN PARQUE VILLA NUEVA LAS SALINAS, EN TALCAHUANO. Oficios.
- INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS CONTRAÍDOS A TRAVÉS DE PROGRAMA “QUIERO MI BARRIO” EN SECTORES DE COMUNA DE SAN JOAQUÍN. Oficio.
- PRONUNCIAMIENTO GUBERNAMENTAL ACERCA DE CANCELACIÓN DE PROGRAMA “LA VOZ DEL CIUDADANO”, DIFUNDIDO POR RADIO NATALES. Oficios.
- INVESTIGACIÓN POR SUSPENSIÓN DE PASANTÍA EN EMERGENCIAS MÉDICAS EN INSTITUTO GALILEE, DE ISRAEL. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- 9. Informe sobre la participación de la diputada señora Alejandra Sepúlveda Orbenes , Presidenta de la Cámara de Diputados , en la 3ª Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos, organizada por Naciones Unidas y La Unión Interparlamentaria, realizada en Ginebra, Suiza, los días 19 a 21 de julio de 2010.
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Roberto Leon Ramirez
- Claudia Nogueira Fernandez
- Ximena Vidal Lazaro
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Santana Tirachini
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Jose Manuel Edwards Silva
- Leopoldo Perez Lahsen
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Santana Tirachini
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Felipe Ward Edwards
- Roberto Delmastro Naso
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Joaquin Godoy Ibanez
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Cristian Monckeberg Bruner
- Leopoldo Perez Lahsen
- Karla Rubilar Barahona
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 9. Informe sobre la participación de la diputada señora Alejandra Sepúlveda Orbenes , Presidenta de la Cámara de Diputados , en la 3ª Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos, organizada por Naciones Unidas y La Unión Interparlamentaria, realizada en Ginebra, Suiza, los días 19 a 21 de julio de 2010.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 358ª
Sesión 60ª, en jueves 5 de agosto de 2010
(Ordinaria, de 10.36 a 13.41 horas)
Presidencia de la señora Sepúlveda Orbenes, doña Alejandra, y del señor Moreira Barros, don Iván.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental , el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 8
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
V. Orden del Día.
- Tipificación como infracción grave el no pago de tarifa de la locomoción colectiva. Primer trámite constitucional 11
VI. Proyectos de acuerdo.
- Modificación al programa de residencia familiar de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 37
- Devolución anticipada de impuestos para personas domiciliadas en zonas de catástrofe 39
- Adecuación de legislación sobre otorgamiento de pensiones de gracia. (Pendiente) 41
VII. Incidentes.
- Política en favor del fortalecimiento de la familia 43
- Fiscalización de oficinas de Fonasa en Copiapó. (Aplicación del artículo 294 del Reglamento). Oficio 44
- Traslado de Central Térmica Edelaysen, Comuna de Chile Chico. Oficios 44
- Impulso de políticas públicas en favor del adulto mayor. Oficios 45
- Mejoramiento de atención de pacientes en consultorios de salud de Maipú. Oficios 46
- Construcción de pasarela peatonal en localidad de Callejones, comuna de San Vicente de Tagua Tagua. Oficios 46
- Prórroga de vigencia de convenio con cuerpo militar del trabajo en zonas declaradas de catástrofe. Oficios 47
- Entrega de fondos pendientes a programa “Quiero mi Barrio” en comuna de San Joaquín. Oficio 48
VIII. Anexo de sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 49
- Investigación a instituciones bancarias encargadas de indemnizar a damnificados en Parque Villa Nueva Las Salinas, en Talcahuano. Oficios 49
- Incumplimiento de compromisos contraídos a través de programa “Quiero mi Barrio” en sectores de comuna de San Joaquín. Oficio 49
Pág.
- Pronunciamiento gubernamental acerca de cancelación de programa “La Voz del Ciudadano”, difundido por Radio Natales. Oficios 50
- Investigación por suspensión de pasantía en emergencias médicas en Instituto Galilee, de Israel. Oficios 51
IX. Documentos de la Cuenta.
- Mensajes de S.E. el Presidente de la República por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos:
1. que aprueba el “Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y la Corporación Andina de Fomento (CAF), para el desarrollo de las actividades de la CAF en Chile, suscrito en Santiago de Chile el 15 de julio de 2009.”. (boletín N° 7096-10) 54
2. que aprueba la “Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radioactivos.”, aprobada, el 5 de septiembre de 1997, en la Conferencia Diplomática convocada por el Organismo Internacional de Energía Atómica. (boletín N° 7097-10) 59
3. que aprueba el “Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines de Procedimiento en Materia de Patentes”, establecido en Budapest el 28 de abril de 1977 y enmendado el 26 de septiembre de 1980, y su Reglamento Anexo, adoptado el 28 de abril de 1977 y modificado el 20 de enero de 1981. (boletín N° 7098-10) 69
4. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual retira la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “Crea un nuevo sistema de protección al contribuyente que enfrenta variaciones en los precios internacionales de los combustibles.”. (boletín N° 7064-05) 69
5. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual retira y hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que “Modifica el artículo 126 bis de la Constitución Política de la República, sobre territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández.”. (boletín N° 6756-07) 69
6. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto, iniciado en moción que “Traslada el Día del Huaso al 1° de septiembre.”. (boletín N° 4308-06) 70
7. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción “Sobre integración de órganos bicamerales creados en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional”. (boletín N° 7100-07) 70
8. Segundo informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Evita el no pago de la tarifa, en vehículos de la locomoción colectiva”. (boletín N° 6948-15) 71
Pág.
9. Informe de la participación de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, en la 3ª Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos, organizada por la Unión Interparlamentaria (UIP) y Naciones Unidas, entre los días 19 y 21 de julio pasado, en Ginebra. (Suiza) 75
10. Moción de los diputados señores Santana, Browne, Edwards y Pérez, don Leopoldo, que “Modifica el artículo 24 de la ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, con el objeto de incentivar una mayor agilización en la expedición de decisiones definitivas.”. (boletín N° 7110-06) 76
11. Moción de los diputados señores Santana, Browne, Edwards, Delmastro, García, don René Manuel; Godoy, Monckeberg, don Nicolás; Monckeberg, don Cristián; Pérez, don Leopoldo, y de la diputada señora Rubilar, doña Karla, que “Modifica el Código Penal incorporando el artículo 250 ter, con el objeto de establecer como circunstancia atenuante especial de responsabilidad penal, la cooperación eficaz en los delitos de cohecho.”. (boletín N° 7111-07) 77
- Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales pone en conocimiento de la Cámara de Diputados los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
12. artículo 2331 del Código Civil. Rol 1679-10-INA. (4578) 79
13. artículo 38 ter de la ley N° 18.933. Rol 1744-10-INA. (4592) 79
14. artículo 2331 del Código Civil. Rol 1741-10-INA. (4598) 80
15. artículo 38 ter de la ley N° 18.933. Rol 1728-10-INA. (4612) 81
- Oficios del Tribunal Constitucional mediante los cuales remite copia autorizada de las sentencias referidas a los siguientes proyectos:
16. artículos 23 y 24 del Decreto Ley N°3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales”. Rol 1454-09-INA. (4583) 81
17. artículos 23 y 24 del Decreto Ley N° 3.063, de 1979.”. Rol 1453-09-INA 82
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
- De la Presidenta de la Corporación mediante la cual informa que el Segundo Vicepresidente asistirá a la ceremonia de celebración del Bicentenario de la Independencia de México , a realizarse el día 15 de septiembre.
- De la Presidenta de la Corporación mediante la cual informa que el Primer Vicepresidente asistirá al acto institucional de conmemoración de los 200 años de parlamentarismo en España, que celebran el Congreso de los Diputados y el Senado, en San Fernando, Cádiz, el día 24 de septiembre.
- De la Presidenta de la Corporación mediante la cual informa que las diputadas señoras Clemira Pacheco y Marcela Sabat participarán en la Reunión del Grupo de Mujeres Parlamentarias de las Américas (FIPA) “Mujeres en el poder: desafíos para el siglo XXI”, a realizarse los días 11 y 12 de agosto, en Quito, Ecuador.
- Del diputado señor Burgos, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 05 de agosto en curso.
2. Oficios:
- De la Comisión de Régimen Interno mediante el cual informa la participación de los diputados señores Carlos Vilches, Sergio Aguiló y Pablo Lorenzini en el Debate Ampliado sobre las Actividades de la OECD, de conformidad con el Acuerdo Marco de Participación en Instancias Internacionales, los días 5 y 6 de octubre, en Estrasburgo, Francia. (181)
- De la Comisión de Régimen Interno mediante el cual informa la participación de los diputados Giovanni Calderón, Carlos Abel Jarpa, Pedro Araya y Roberto León, de conformidad con el Acuerdo Marco de Participación en Instancias Internacionales, en la 123° Asamblea de la UIP, a realizarse entre el 3 y el 6 de octubre en Ginebra, Suiza. (182)
- De la Comisión de Educación, por el cual, y de conformidad con lo establecido en el punto 11 de los Acuerdos Reglamentarios, remite al archivo, previo acuerdo del H. Senado, los proyectos que en Anexo se acompañan.
- De la Comisión de Educación por el cual remite proyectos al archivo por tener más de dos años sin tramitación.
- De Grupo Interparlamentario Chileno-Peruano, por el cual informa que procedió a constituirse y a elegir como Presidente al diputado señor Núñez, don Marco Antonio.
- De Grupo Interparlamentario Chileno-Argentino, por el cual informa que procedió a constituirse y a elegir como Presidente al diputado señor Díaz, don Marcelo.
- De Grupo Interparlamentario Chileno-Boliviano, por el cual informa que procedió a constituirse y a elegir como Presidenta a la diputada señora Zalaquett, doña Mónica.
- De la Comisión Especial Patrimonio Histórico y Cultural, por el cual informa que procedió a constituirse y a elegir como Presidente al diputado señor Harboe, don Felipe.
Respuestas a oficios cuenta 60ª
Ministerio de Hacienda:
- Diputado Vilches, Se envíe copia de su intervención en que se refiere a la inversión extranjera en el sector de la minería y la necesidad de regular de mejor forma el régimen tributario que afecta a esta actividad, estableciendo un verdadero “royalty” que grave las ventas de las grandes empresas mineras.
- Proyecto de Acuerdo 43, Eliminación del IVA que grava al pan.
- Proyecto de Acuerdo 74, Instalar oficinas de la Superintendencia de Valores y Seguros y de los Bancos e Instituciones Financieras en cada región del país.
Ministerio de Educación:
- Proyecto de Acuerdo 39, Reforma del sistema de cálculo de la subvención educacional en zonas rurales o extremas sobre la base de matrícula y no de asistencia.
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita al Director General de Carabineros remitir un informe que contenga una relación circunstanciada de los hechos que motivaron la detención, y las características de esta, del señor Jonathan José Montiel Montiel, quien intentó suicidarse en dependencias de la Subcomisaría de Purranque.
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita al Ministro de Obras Públicas construir pasarela y adoptar medidas de seguridad en el sector La Paloma Pelluco Alto, entre Puerto Montt y Alerce.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
- Diputado Sandoval, Regularización de los beneficios para los deudores hipotecarios del Programa Especial de Trabajadores (PET).
Ministerio de la Mujer:
- Proyecto de Acuerdo 89, Cumplimiento de los anuncios presidenciales sobre descanso post natal y protección de la maternidad.
Municipalidad de La Florida:
- Diputado Hasbún, informar sobre el estado de la solicitud presentada en noviembre de 2009 por el Comité de Adelanto Patria Nueva, por medio de la cual requirió la entrega en comodato de la sede social situada en la calle Tauro 10421 de esa comuna. Asimismo, proporcione información respecto del no pago del servicio.
XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- Diputado Estay, Informar respecto de la procedencia de que el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo pudiera fiscalizar a la Cooperativa de Aguas Perquenco Ltda. (1135 de 03/08/2010). A Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
- Diputado Martínez, Informar respecto de la factibilidad de disponer de recursos de emergencia para habilitar el puente Isabel Riquelme, en la ciudad de Chillán, VIII Región del Biobío. (1136 de 03/08/2010). A Ministerio de Obras Públicas.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (103)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos René PPD XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo IND VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto RN XIV 53
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Lemus Aracena, Luis PRI IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea IND V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD V 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Mendez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando IND XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Concurrió, además, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones , señor Felipe Monrandé.
-Se contó con la asistencia, además, del senador señor Mariano Ruiz-Esquide.
-Por encontrarse en misión oficial no estuvieron presentes los diputados señores Alejandro García-Huidobro y Jorge Ulloa.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.36 horas.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El acta de la sesión 54ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 55ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
V. ORDEN DEL DÍA
TIPIFICACIÓN COMO INFRACCIÓN GRAVE EL NO PAGO DE TARIFA DE LA LOCOMOCIÓN COLECTIVA. Primer trámite constitucional.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley, originado en mensaje, que evita el no pago de la tarifa en vehículos de la locomoción colectiva.
Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es el señor Leopoldo Pérez.
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Boletín N° 6948-15. Documentos de la Cuenta N° 8, de esta sesión.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor PÉREZ ( don Leopoldo).- Señora Presidenta , en nombre de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones paso a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley, originado en un mensaje, “que evita el no pago de la tarifa en los vehículos de la locomoción colectiva”, con urgencia calificada de “suma”.
El proyecto en informe fue despachado por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, el 6 de julio de 2010. Dado que en la Sala fue objeto de indicación, volvió a Comisión para segundo informe, el que fue despachado el 3 de agosto de 2010.
El proyecto persigue incentivar el pago de la tarifa en los vehículos de locomoción colectiva, por la vía de aumentar la sanción a los evasores y de establecer un registro de infractores.
No hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda ni que requieran ser aprobados con quórum especial.
La Comisión rechazó la indicación que se presentó en la Sala durante el primer trámite reglamentario para reemplazar la expresión “dos meses” por “mensualmente”, en el inciso octavo, nuevo, del artículo 22 de la ley N° 18.287, que se incorpora por el artículo 2° del proyecto.
La Comisión aprobó la indicación para suprimir el inciso noveno del artículo 22 de la ley N° 18.287, que se incorporaba por el artículo 2° del proyecto.
Por el artículo 1° se aumenta de infracción leve (0,2 a 0,5 U.T.M.) a infracción grave (1 a 1,5 U.T.M.) la tipificación del no pago de la tarifa en vehículos de locomoción colectiva.
Para tal efecto, se agrega el numeral 41, nuevo, al artículo 200 de la ley N° 18.290, de tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, del año 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Por el artículo 2° se establece que los infractores serán anotados en un Sub Registro de Pasajeros Infractores , que se creará en el Registro de Multas de Tránsito no Pagadas, el cual será individualizado y actualizado cada dos meses por el secretario del juzgado de policía local, quien lo comunicará, para su anotación, al Servicio de Registro Civil e Identificación. Transcurridos tres años, la anotación se eliminará por el solo ministerio de la ley, lo que también sucederá si el sancionado paga el total de la multa infraccional aplicada con sus aranceles.
También se formuló indicación para suprimir la consideración de la anotación en el sub registro entre los antecedentes a evaluar del postulante para acceder a beneficios sociales, la cual fue aprobada por la unanimidad de los diputados y de las diputadas presentes.
La Secretaría modificó la referencia al inciso “octavo” del artículo 22 de la ley N° 18.287, por “noveno”, puesto que desde la reciente entrada en vigencia de la ley N° 20.040, el artículo en comento ya tiene ocho incisos.
Para el estudio del proyecto de ley en segundo trámite reglamentario, la Comisión contó con la colaboración del ministro de Transportes y Telecomunicaciones , señor Felipe Morandé Lavín , y de la subsecretaria de Transportes, señora Gloria Hutt Hesse .
Es todo cuanto puedo informar a la honorable Sala.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , durante el primer trámite reglamentario le hicimos presente al ministro de Transportes que no nos gustaba el inciso segundo del artículo 2° del proyecto, referido a que la gente que no pagaba su pasaje iba a perder los beneficios sociales, planteamiento que entendió el ministro . El martes, antes de ayer, presentamos una indicación en la Comisión para suprimir ese párrafo del proyecto y se aprobó por la unanimidad de los miembros presentes. Lo importante es que todos coincidimos.
Por otra parte, creemos que ha llegado el gran momento del consenso para arreglar el Transantiago.
Si uno analiza todo lo que ha pasado, constata que el Transantiago es un eterno dolor de cabeza para los habitantes de la Región Metropolitana. Por eso, el Gobierno ha decidido enviar al Congreso tres proyectos de ley: uno entró por el Senado, para la reestructuración; el que discutimos, para evitar la evasión, y el que provee los fondos para subsanar el problema.
En consideración a que estos tres proyectos tratan de mejorar el transporte público, creo que es fundamental que la Cámara apruebe esta iniciativa.
Los integrantes de la Comisión de Obras Públicas, como los señores Venegas , Pérez , Norambuena , Hasbún , Meza y el que habla, hemos conversado largamente con el ministro sobre el problema y hemos llegado a la conclusión de que estos proyectos no pueden seguir esperando. No podemos continuar diciendo que “él tiene la culpa o el otro tiene la culpa.” Éste es un proyecto global. Además hemos llegado a otra conclusión que es mucho más importante: el año 2015 -corríjanme si me equivoco- van a haber dos millones de automóviles sólo en el gran Santiago. Entonces, ¿qué necesitamos? Ministros de Transportes que sean visionarios. Por una razón muy simple: aunque nos pongamos a modificar toda la infraestructura, no hay capacidad física en el gran Santiago para dos millones de automóviles. Entonces, ¿por qué son importantes este proyecto y los otros? Porque, con esta iniciativa en marcha y un Transantiago potente, que llegue a la hora, que tenga buenos recorridos, micros de calidad y adecuada frecuencia, indudablemente la gente, independiente del barrio, va a ocupar el Transantiago para ir a su trabajo, lo que significará descontaminación, descongestión y un Santiago mucho más vivible. ¡Depende de nosotros!
La frase tan simple “No meta la mano ahí”, que muchas veces nos causó risa, es exactamente lo que la gente quiere: que todos paguen. ¿Por qué es tan drástico este proyecto? Porque la evasión es la causa de las últimas alzas del Transantiago. ¡Seamos honestos! ¡Ésa es la razón! No se puede continuar con la gran pérdida que tiene el sistema. ¡Es brutal!
Cuando el ministro nos dijo que el pasaje tenía que llegar a 800 pesos, nos reímos y dijimos: “¡Cómo habla esta brutalidad el ministro !” Realmente, quedó corto, porque con la tremenda evasión, la tarifa del Transantiago debería ser mucho más cara. Entonces, tenemos que ponernos una mano en el corazón y arreglar este problema. No le echemos la culpa a éste o al otro, porque todos sabemos que fue una guagua que nació mal. Pero, arreglémosla, operémosla, dejémosla encachada, para que sirva a la comunidad. Eso es lo que hemos tratado de hacer.
Señor Presidente , por su intermedio, le quiero decir al ministro que nos alegramos tremendamente de que haya dado el asentimiento para borrar el único párrafo que nos tenía un poquito atorados para aprobar este proyecto. Se lo agradecemos. La indicación fue aprobada por unanimidad.
El diputado Venegas , que viene llegando, estuvo enfermo y me llamó para decirme: “¿ Diputado , qué ocurre con el inciso segundo? Hay que suprimirlo.” Le dije: “ Diputado , quédese tranquilo, lo estamos haciendo.” O sea, todos los sectores estaban preocupados, no sólo nosotros. Este proyecto tan importante, uno de los tres emblemáticos para mejorar el Transantiago, necesita ser aprobado ahora.
Eso es todo cuanto puedo decir, después del brillante informe de mi colega Leopoldo Pérez .
Señor Presidente , por su intermedio, agradezco al ministro que haya confiado en nosotros. Lo tratamos de ayudar. Cuando le dijimos que ese inciso no iba a pasar, no pasó. Pero, lo suprimió y hoy cuenta con el respaldo, creo que del ciento por ciento, al igual que en la Comisión, de todos los diputados presentes en la Sala.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , quiero reiterar lo que me parece una falta muy seria y grave de una política de Estado, vinculada a la locomoción colectiva, al transporte de pasajeros, particularmente de los estudiantes y trabajadores. Se insiste en abordar el tema a partir del defecto y no de una propuesta completa e integral de locomoción colectiva.
Una señal más positiva sería que el proyecto estableciera cómo avanzar en aumentar el pago de la locomoción colectiva. En cambio, la figura es sancionar el no pago. Pero nadie explica qué sucede con las empresas de locomoción colectiva que ganaron licitaciones -que tienen casi el monopolio del transporte de los trabajadores y los estudiantes- y la implementación de tecnologías -de cargo de ellas- que existen en el mundo para limitar al máximo que la gente suba sin pagar, por ejemplo, los controles que tiene el sistema subterráneo de Metro. Al final, es más barato que la gente que es parte de la ciudad controle al que no paga, de cargo gratis para la empresa responsable del transporte de locomoción colectiva. El proyecto no recoge el hecho de que el no pago pueda estar vinculado a alguien que no tiene recursos.
Si queremos avanzar hacia una conducta positiva, ¿por qué no se plantea, cuando se debata y fija el salario mínimo, por ejemplo, que haya un renglón destinado a un bono real de locomoción colectiva? Si alguien imagina que dicho bono puede ser usado por el trabajador para otro fin, debo decirle que hoy existe, al menos en la Región Metropolitana, un sistema de control digital. Se le puede entregar a cada trabajador una tarjeta con el monto equivalente a los pasajes que le corresponden. Sólo podrá usarla en la locomoción colectiva. No podrá comprar el pan u otro tipo de artículos. Lo mismo se debería hacer en el caso de los estudiantes.
Entonces, discutir este tema, desvinculado de la proporción que el valor del pasaje tiene en los ingresos de los trabajadores, es mirar sólo una parte de la discusión. Nadie promueve el hecho real que se genera por no tener ingresos.
El Transantiago, que en el caso de la Región Metropolitana es un punto referencial en este debate, ha tenido un incremento en el valor de su pasaje y aquí se ha argumentado que la causa es el no pago. Es decir, si la empresa no es capaz de poner sistemas de control amables y ciudadanos, debemos asumir que la cuenta no la pagará la empresa, sino nosotros, la gente, los ciudadanos.
La política de transporte de la locomoción colectiva debería contemplar ese bono como ingreso. Insisto, entréguenlo en una tarjeta digitalizada y los usuarios no tendrán otra posibilidad que gastarlo en el pago de sus pasajes en las micros. Lo mismo hay que hacer con los estudiantes, pues cada día crece más el valor del pasaje escolar en relación con el ingreso familiar. Entonces, aquí hay cosas que no son coherentes y llegamos en el último segundo con una iniciativa sobre los que no pagan. Incluso, sin tomar nota de que el no pago en el Transantiago se usó, en gran proporción, casi como una expresión natural de protesta de mucha gente, que sentía que la implementación de ese sistema era un abuso.
Llamo la atención de quienes les gusta medir la opinión pública por las encuestas, las cuales indican la significación que la gente da a un mal sistema de transporte público, particularmente cuando los pasajeros van hacinados, sin seguridad, etcétera. Pero eso también está vinculado al valor que ellos deben pagar por el mal transporte. Esa ha sido una de las causas que indican las encuestas acerca de cuál es la valoración que la ciudadanía tiene sobre el actual gobierno.
También se ha instalado el debate de que los buses oruga no podrán seguir transitando, porque tienen muchos inconvenientes. Hay que transparentar mucho el significado de ese cambio, porque hay un costo de por medio, ya que seguramente traerá consigo la presentación de una iniciativa especial para que el Congreso Nacional legisle nuevamente en favor de los empresarios de la locomoción colectiva y la gente pague el costo del reemplazo del medio de transporte. Nadie se va a convencer de que por la vía de evitar el bus oruga y acceder a un vehículo de un solo vagón, bajará el nivel de no pago en la locomoción colectiva.
Si se compara la sanción de una persona que no paga por necesidad con la que le se le aplica al conductor de un vehículo que es sorprendido en una infracción de tránsito, se concluye que se equiparan. Creo que en ello hay un sesgo social y discriminatorio muy fuerte, tendiente a generar las condiciones para que el empresario de la locomoción colectiva no asuma su responsabilidad. A mi juicio, sería muy distinto si se legisla para que los trabajadores tengan obligadamente una proporción de su ingreso para la locomoción colectiva, para que la proporción del ingreso familiar que se gasta en pasaje escolar sea menor o para crear condiciones a fin de que los sistemas de control de ingresos de la locomoción sean positivos, avanzados y modernos. Hay que llevar adelante una política de Estado que entienda que trasladar el costo de la locomoción colectiva a los trabajadores sin poner ningún subsidio estatal es, en definitiva, quitarles una parte de los ingresos que obligadamente deberán usar, porque, de lo contrario, no llegarán a la hora a sus lugares de trabajo.
Por eso, mientras no haya una idea integral y sólo veamos una parte, rechazo el proyecto propuesto a la Sala.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Gustavo Hasbún.
El señor HASBÚN.- Señora Presidenta , a nadie le gusta que se sancione a la gente, en el entendido de que la coerción no es la solución a los problemas.
Sin embargo, también hay que entender que este proyecto busca solucionar un problema que tiene que ver con el sistema de transporte público. Lamentablemente, se transformó en una ley de la selva cuando se inició el Transantiago en 2008, ya que, para evitar un colapso social tremendo, se dio manga ancha a la gente para que no pagara pasaje durante los primeros meses. Obviamente, eso generó la confianza en algunos para decir que, si no habían pagado los primeros meses, por qué lo iban a hacer después, o si existe impunidad y nadie sanciona, por qué no ahorran ese dinero. Sin duda, siendo bastante simple en mi apreciación, no tenemos alternativa.
Si hoy no aprobamos el proyecto terminaremos generando no sólo impunidad, sino que también permitiremos que se siga abusando de aquellos que cumplen responsablemente con el pago de su pasaje. ¿Por qué la gran mayoría tendrá que asumir esa responsabilidad por culpa de unos pocos? ¿Por qué la gran mayoría deberá asumir el alza de pasajes permanentemente, debido a la evasión existente? ¿Por qué la gran mayoría de los santiaguinos o usuarios del Transantiago, cuya deficiencias conocemos, y que ha desmejorado la calidad de vida de los chilenos, va a aceptar que, a la larga, unos pocos obtengan premios? Este es el minuto de poner atajo a lo señalado. ¡No más!
Además, el proyecto fue discutido en la Sala y volvió nuevamente a Comisión por las sanciones; su decisión se aprobó en forma unánime. Entonces, para resumir el tema en dos palabras, ¡basta ya! ¡No podemos seguir generando ese grado de impunidad! ¡No puede ser que los evasores no tengan una sanción!
Por lo tanto, esta iniciativa ni siquiera tendría que seguir discutiéndose en la Sala, deberíamos aprobarla de inmediato, porque las cosas no pueden continuar en esas condiciones. Como mensaje a todos los evasores, ¡basta ya! Debemos ponernos rojos una vez -y este es el minuto- y no colorados varias veces, ya que el proyecto beneficiará a la gran mayoría de los santiaguinos, a los usuarios del Transantiago que pagan responsablemente para que el sistema funcione día tras día.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS.- Señora Presidenta , no puedo sino agradecer las expresiones de mi colega y Presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, diputado René Manuel García , quien comentó sobre la preocupación que todos teníamos, porque compartimos la idea general del proyecto. No obstante, nos parecía ilógico o inconveniente ligarla a una barrera relacionada con la posibilidad de acceder a beneficios sociales. Nos parecía que la mano era muy dura, especialmente con la gente modesta.
Como se denuncia en algunos reportajes recientes, la evasión, para sorpresa nuestra, se da en todos los niveles. Incluso, en comunas pudientes como Providencia y Las Condes, hay gente que evade, lo que ocurre, con mayor razón, en las más pobres. Sin querer justificar la evasión, debe existir una ética pública que obligue al concepto de que mis derechos también van acompañados de deberes. Por lo tanto, entre esos deberes y esas responsabilidades está el pago de pasaje en la locomoción colectiva.
Los mismos estudios demuestran que, en la materia, la gente más pobre nos da lecciones de honestidad. Al analizar los estudios respecto de las tasas de morosidad en cualquier ámbito, podemos advertir que la gente más modesta paga. De manera que cuando se ven en la necesidad, por el contexto histórico en que se dio la situación, evidentemente algunos no pagarán la tarifa porque no pueden hacerlo. Pero, seguramente hay un porcentaje alto que, pudiendo pagar, no lo hace, lo cual me parece muy condenable. En este caso, se debe usar la herramienta que contempla la ley: la sanción.
A diferencia de lo señalado por el diputado Hasbún , es inherente a la ley el que se use la coerción como una manera de alcanzar determinados objetivos que son bienes sociales. De manera que lo que perseguimos no sólo es para cuadrar las cuentas, sino que más que eso, porque no creo que el problema financiero del Transantiago se genere sólo por la evasión. Sin duda, es una de las tantas variables. Pero, más importante que ello, lo que buscamos es que, como sociedad, se imponga la idea de que todos tenemos que pagar por usar un medio de transporte. Si hay gente que no tiene recursos y no puede hacerlo, buscaremos mecanismos para generar los subsidios o las ayudas económicas que correspondan otorgar al Estado. Ésa es mi concepción para resolver el problema, porque la regla no puede ser que la gente use el medio de transporte, pero que no lo pague. Quienes hemos tenido la suerte de conocer realidades de otros países, sabemos que se considera como una falta grave no tener el correspondiente boleto cuando una persona usa algún medio de transporte público.
Comparto la idea matriz del proyecto, motivo por el cual lo apoyaré con entusiasmo, tal como lo hice en la Comisión, más ahora que se ha modificado en el sentido que queríamos.
Quiero aprovechar la oportunidad para hacer una reflexión.
Señor ministro , por intermedio de la señora Presidenta , integro desde hace cuatro años la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, por lo que ha conocido todo el proceso del Transantiago, incluso en comisiones investigadoras. En consecuencia, está claro que aquí se puede aplicar un dicho de mi zona: “Otra cosa es con guitarra.” Lo que quiero decir con la mayor seriedad es que el Transantiago es un tema muy complejo. Soy diputado por un distrito de una región, pero transitoriamente tengo que vivir en Santiago, lo que me ha puesto en contacto con gente común y corriente de la capital, que me señalan que el Transantiago ha mejorado respecto de lo que era hace dos o tres años. La decana de una facultad me dijo que se nos olvidaba lo que reemplazamos, es decir, las máquinas amarillas, que significaban carreras locas, accidentes, muertes, choferes asaltados por unas pocas monedas, contaminación y un conjunto de otras lacras. Como lo vimos en la propia Comisión, si bien el Transantiago no está funcionando perfectamente, la ciudadanía lo evalúa bastante mejor, aunque debemos reconocer que algunos sectores tienen más problemas, los que debemos subsanar.
En todo caso, muchos colegas están de acuerdo con la solución que establece el proyecto, a pesar de que ayer tuvieron una visión muy crítica del Transantiago, al que incluso le negaron la entrega de subsidios que se plantearon, ya que sin esa ayuda del Estado era imposible tener el sistema de transporte público que queríamos para la Región Metropolitana, como ocurre en muchas partes del mundo, donde, y ustedes lo han visto, los Estados subsidian más del 50 por ciento del valor final del pasaje.
Ahora sabemos, por lo que el propio ministro nos ha señalado, que el Gobierno envió o está por enviar un proyecto de ley que otorgará un nuevo subsidio para el Transantiago. Es decir, ahora esas personas que ejercen el poder se dan cuenta que inevitablemente se debe usar esa herramienta.
La discusión pendiente, señor ministro , por intermedio de la señora Presidenta , es que cumplamos la ley que aprobamos hace algún tiempo. Con la distinguida Presidenta de la Cámara fuimos activos instigadores del concepto de la ley espejo. Sobre ello hicimos hasta un panfleto: por cada peso que se gastare en el Transantiago, debía entregarse un peso a regiones, lo que no está ocurriendo. No tenemos claro que se haya entregado a regiones la totalidad de los recursos correspondientes en relación con los subsidios permanentes y transitorios al Transantiago. Se debe cumplir la ley que ya aprobamos, pues, con ese mismo espíritu, acogeremos este nuevo subsidio que estimamos necesario para ese medio de transporte, por las condiciones que ustedes bien conocen.
Por las consideraciones señaladas, anuncio mi voto favorable al proyecto, así como mi mejor actitud personal y la de mi bancada para estudiar los próximos proyectos, a fin de colaborar en el logro del mejor sistema de transporte público para la Región Metropolitana.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco.
La señora PACHECO (doña Clemira).- Señora Presidenta , durante la discusión que tuvimos hace un par de semanas respecto de la iniciativa, muchos de nosotros hicimos ver los inconveniente que tenía el mecanismo establecido en el proyecto para resolver el no pago de la tarifa en el Transantiago. Además de las anotaciones que se les harían en un registro especial a quienes no pagaran sus pasajes, se proponía una sanción que consistía en que las personas que figuraran en ese registro serían consideradas en la evaluación del otorgamiento de beneficios sociales, lo que resultaba muy desproporcionado y discriminador, ya que no había relación entre la magnitud de la falta cometida y la sanción correspondiente, pues privar a una familia de escasos recursos de los beneficios sociales constituye, en muchos casos, una alteración grave en su forma de vida y en sus posibilidades de subsistencia.
Hablamos de discriminación, porque la naturaleza del castigo se orientaba hacia los sectores de menores recursos, los que incluso serían sancionados con la pérdida de beneficios sociales, en circunstancias de que no existen penas similares para otros evasores de impuestos, como los de cuello y corbata, ya que muchas de sus empresas eluden impuestos sin que sean privadas de los apoyos estatales. En consecuencia, la Comisión eliminó esa sanción en el segundo trámite reglamentario.
Sin embargo, quiero plantear un conjunto de observaciones que, a mi juicio, el ministro debería tener en cuenta.
Esperamos que se mantenga la supresión de esas discriminaciones y arbitrariedades y que no se burle la decisión adoptada a través del reglamento que se deberá elaborar. Si se establecen ponderaciones o requisitos que
aludan al registro de infractores en los reglamentos de los respectivos beneficios, haremos presente su ilegalidad e inconstitucionalidad. Estaremos muy atentos para que ello no se produzca por la vía del reglamento.
En segundo lugar, reitero la necesidad de buscar mecanismos positivos para que los usuarios paguen las tarifas del Transantiago, que dejen de lado ese espíritu sancionador de nuestras normas. En consecuencia, el ministerio debe mejorar el servicio para evitar que la gente justifique el no pago de la tarifa y así pueda fortalecer la fiscalización; pero, además, debería estudiar algunas fórmulas para incentivar de manera positiva el pago de esas tarifas con algunas promociones o beneficios asociados a las tarjetas Bip y establecer algo que ya se ha comentado, el boleto único mensual, sólo por nombrar algunas de las alternativas que existen, porque, reitero, usar sólo la amenaza y la represión no bastan para lograr los objetivos relacionados con el Transantiago que queremos concretar. Debemos tener una postura distinta para asumir las responsabilidades de todos.
También es importante que nos hagamos responsables de los acuerdos que adoptemos para mejorar el transporte público, con el objeto de que no nos culpemos unos a otros de las fallas o deficiencias que se puedan presentar el día de mañana.
Nuestra bancada aprobará el proyecto, pues se eliminó esa sanción que discriminaba a la gente pobre.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señora Presidenta , a muchos no nos interesaba o no queríamos intervenir en este problema que considerábamos algo muy propio de la capital de nuestro país, pero los montos destinados a resolver el problema del transporte de los santiaguinos han llevado a los diputados de regiones a preocuparnos del tema.
La locomoción colectiva de las regiones se puede considerar buena, regular o mala, pero funciona, y nuestra gente la aprecia porque le sirve y su valor no es alto como el que se paga en Santiago.
Diputados de regiones hemos conversado de esta materia. Estamos a la espera del próximo proyecto que subsidie el fallido sistema de transporte capitalino, pero también el otorgamiento de las correspondientes compensaciones, para que las regiones mejoren rutas, caminos e infraestructura del transporte público.
El proyecto de ley dice “que evita el no pago de la tarifa en los vehículos de la locomoción colectiva.”. Sin embargo, en regiones no sucede eso. Hablo especialmente de la gente del sur, que sabe que tiene que pagar su pasaje.
Por el momento, esperamos discutir pronto el proyecto sobre mejoras técnicas de fondo al Transantiago.
En relación con el proyecto en discusión, me parece que nadie va a dejar de apoyarlo, no estoy convencido de que sea la solución para el sistema capitalino. Firmemente creemos que la solución no está en las sanciones, sino en la mejora definitiva de la calidad del servicio prestado y del diseño de los recorridos.
Quiero señalar que lo que me incentivó a preocuparme del tema fue la intervención de mi colega Patricio Hales . Expresaba el gran problema que se produce por el no pago de la tarifa, que la gente no quiere el Transan-tiago, que es ineficiente, que es caro y un gran negocio para algunos. Sus palabras me causaron interés y preocupación. Su intervención fue reconocida por la audiencia que estaba ese día. Saco una conclusión: se pretende por la vía de la sanción estatal resolver un problema entre privados. Lo que también ha mencionado el diputado Carmona . Digámoslo claramente: el Transantiago está administrado por privados y los buses en que se produce la evasión son de privados. Entonces, ellos deberían solucionar el problema de no pago que se comete en su negocio, que ahora afecta a todos los chilenos.
Voy a votar favorablemente el proyecto en segundo trámite reglamentario, pero no encuentro viable la solución planteada. Hay que apoyar para que eso se solucione, pero debería establecerse una sanción al privado, que es el dueño del negocio.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señora Presidenta , sólo recalcar algunas ideas que me parecen fundamentales y por las cuales estimo que el proyecto debe ser rechazado.
En un principio, al escuchar que era necesario apoyar la propuesta, debido a la evasión en el pago del pasaje del Transantiago, dije, bueno es un problema del Transantiago y de Santiago. Yo soy diputado por el distrito N° 2, de Tarapacá, ¿por qué se trae este problema al Parlamento? Primero, es de Santiago, la evasión se produce en un determinado servicio “público”, ¿por qué tengo que pronunciarme sobre ello? Si algunos discuten sobre el tema, a mí me es totalmente inoponible, pero cuando veo la modificación propuesta que agrega el número 41, nuevo, en el artículo 200 de la ley de Tránsito, que dice: “No pagar la tarifa en vehículos de locomoción colectiva.”., cambia la perspectiva, porque tal disposición no es solamente para las personas que no pagan su tarifa en los buses del Transantiago, sino también para todas las que no lo hagan en un vehículo de locomoción colectiva. Entonces, si me subo a un colectivo, en mi ciudad de Iquique, y eventualmente no pago, me van a llevar a un juzgado de policía local y seré anotado en un Sub Registro de Pasajeros Infractores . Pero si es un problema entre el colectivero y yo ¿por qué el Estado tiene que meterse en el incumplimiento de un contrato entre particulares?
Eso es una insensatez. No está pensado solamente para el incumplimiento en el Transantiago. Se trata de un incumplimiento de contrato y la ley establece los mecanismos legales, judiciales y procedimentales para enfrentarlo. Si me subo a un colectivo en mi ciudad de Iquique y no pago, el colectivero puede acudir a la justicia a exigir el cobro, pero es un contrato entre particulares. Acá vemos al Estado intervenir a favor de una actividad económica puntual, el Tran-santiago, pero la medida propuesta se hace extensiva a toda la locomoción colectiva. Eso es inaudito. ¿Por qué el Estado tiene que intervenir a favor de una de las partes en un contrato entre particulares? ¡No tiene por qué hacerlo! Si una de las partes estima que se incumplió el contrato, puede recurrir a los tribunales y exigir el cobro.
Además, el Estado no tiene por qué beneficiar a ese colectivero -estoy pensando en él, no en el Transantiago- a quien eventualmente no le pagué la tarifa. Obviamente es un contrato entre particulares. El Estado sólo puede intervenir a través de la institución establecida para conocer el problema: el Poder Judicial . Imagínense el absurdo. No le pago la tarifa al colectivero y me aplican una multa. ¿Por qué se tiene que meter el Estado en un contrato entre particulares? En buenas cuentas, está subvencionando una actividad económica. Eso no corresponde. Si la iniciativa se refiriera al no pago de la tarifa en la locomoción colectiva de Santiago en el Transantiago, podría entender. Pero no se habla de eso.
Se argumenta que hay que castigar la evasión, entiendo que la del Transantiago, y no a si no pago a un taxista o colectivero en mi ciudad de Iquique. No creo que se esté refiriendo a ello, pero eso es lo que se está tipificando. Se dice que es justamente la evasión la causa de las alzas del Transan-tiago. Al respecto y en otro ámbito, recién he visto que la evasión de impuestos en Chile alcanza a un 20 por ciento, entonces, si la evasión es la causa de las alzas, su correlato sería subir los impuestos. Pero eso no ocurre. ¿Por qué? Porque el Servicio de Impuestos Internos es más inteligente. ¿Qué hace? Mejora los mecanismos de control.
A nadie se le ocurre que porque hay evasión se deben subir los impuestos. Lo lógico es que se creen más mecanismos de control. Y en un contrato entre privados, quien debe preocuparse por el incumplimiento de una parte es su contraparte.
¿Qué estamos creando aquí? Un precedente. Y que el día de mañana, por ejemplo, las empresas del retail nos pidan algo similar por el “robo hormiga” de que son objeto.
Esto es absurdo. Nos estamos metiendo en un contrato entre particulares y subvencionando una actividad económica a través de multas. Además, con el Sub Registro de Pasajeros Infractores estamos creando un Dicom del Transantiago.
Recuerdo a la Sala que ya se estableció que las personas que no pagan la luz, el agua, el gas no aparecen en Dicom, porque esos servicios se consideraban como de primera necesidad.
Con lo que dispone este proyecto, la gente será registrada en ese Dicom por el no pago del pasaje de la locomoción colectiva, que también es un servicio público. Es decir, con esta iniciativa infringimos lo que creamos.
Señalo estas “leguleyadas”, porque me parecen obvias.
Durante años fui profesor de Teoría de las Obligaciones. Y enseñé que en los contratos entre particulares el Estado no tiene por qué meterse.
Y vamos al Transantiago.
Se trata de una empresa privada que presta un servicio a privados. No es un servicio público.
Entonces, con esta iniciativa estamos beneficiando a un particular. No me parece razonable. Así cualquier particular o empresa nos solicitará lo mismo. Y el día de mañana deberemos atender, por ejemplo, a un particular de Punta Arenas que también va a querer que se multe a quien le incumple un contrato. Entonces, nos llenaremos de empresarios que vendrán a pedirnos que legislemos a su favor para que, reitero, se multe a aquel que no les cumple algún contrato.
¡Eso es absurdo! ¡No sé cómo llegamos a esto!
No es posible que un particular pida que ante el incumplimiento de un contrato, por ley, se multe a la contraparte. ¡Por ley! Ni siquiera encargamos el problema a los tribunales.
Por otro lado, me molesta profundamente que sigamos pensando que la solución para los problemas siempre está en el derecho sancionatorio, cuando en el mundo entero está en retirada. ¿Por qué? Porque todo el mundo entendió que sancionar o castigar no es nunca la solución a un problema.
Acá estamos metidos en la tontera de creer que todo lo resolvemos con sanciones. Hoy, por ejemplo, leí en las noticias que el alcalde de Santiago va a expulsar a todos los estudiantes que se tomaron el Instituto Nacional.
La sanción. Siempre la sanción.
Ése no es el mecanismo de solución de los problemas. Nunca lo ha sido.
En consecuencia, crear un Dicom del Transantiago para los pasajeros que no pagan la tarifa me parece absurdo.
Ayer un distinguido abogado amigo mío me comentó -en relación con este proyecto- que temprano en la mañana, el bus del Transantiago que debía tomar estaba abarrotado de gente, razón por la cual debió subirse por la parte trasera del vehículo, porque no había por dónde más hacerlo. Todo delito es doloso, no culposo. En consecuencia, mi amigo no tendría sanción alguna porque no habría actuado con dolo.
Pero cuando el servicio es malo, ¡cómo pedimos más encima sancionar a la gente por el no pago de la tarifa!
El proyecto no puede prosperar. De lo contrario, significará crear un Dicom para los pobres, para la gente que no puede pagar. Y seguiremos aumentando el círculo de la pobreza y estigmatizando a los pobres con este Dicom, que no corresponde, y con multas que, a mi entender, son totalmente ilícitas.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señora Presidenta , me alegro de que en el segundo trámite reglamentario la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones haya eliminado un inciso del proyecto que busca evitar el no pago de la tarifa en vehículos de la locomoción colectiva que, a todas luces, era inconstitucional, vulneraba el principio de legalidad de la pena y resultaba absolutamente desproporcionado.
Es fundamental aprobar el proyecto tal como hoy se encuentra redactado, para dar una señal clara de que es necesario sancionar y castigar a los frescos que no pagan la tarifa de la locomoción colectiva, pues ello generará una situación de mayor justicia para quienes actúan responsablemente y sí lo hacen.
El no pago de la tarifa no tiene que ver con las clases sociales, porque frescos hay en todas partes.
Un colega dijo que le sorprendía que también hubiese evasión en las comunas del barrio alto. Si el que haya personas que no están dispuestas a pagar su viaje y que buscan ahorrarse hasta el último peso no tiene nada que ver con la comuna donde viven, sino con el comportamiento ético de cada ciudadano. Me parece un poco clasista sentirse sorprendido por tal situación.
Por otro lado, me preocupa que empecemos a abordar el financiamiento del Tran-santiago con “la lógica del salame”: hoy sancionando a los que evaden el pago de la tarifa, después con el retiro de los buses oruga anunciado en las noticias; pero sin una discusión global, completa, integral para resolver el problema.
Lo primero que votará la Cámara se vincula a un efecto, pero no con las causas de la evasión: la mala calidad del servicio, los problemas de los recorridos, los contratos vigentes que, sin duda, son un tremendo problema porque generan un desincentivo enorme a las empresas en la eficiencia y calidad del servicio.
En consecuencia, es fundamental, más que continuar votando proyectitos que resuelvan una parte del problema, a lo mejor, corriendo el riesgo de mantener, replicar o crear nuevos errores, que seamos capaces de enfrentar, con una visión integral, las causas de la evasión y de la mala calidad del servicio para que podamos tener un transporte público de pasajeros como corresponde en la Región Metropolitana.
Además, como diputado de región me parece que aquí no sólo debe existir un compromiso, sino también hechos que den cuenta de que el Gobierno cumple con traspasar recursos a las regiones, porque hasta el día de hoy lo único que hemos visto son recortes presupuestarios y las platas relacionadas con el Transantiago no llegan a los fondos regionales. Para los diputados de regiones será difícil aprobar otro proyecto vinculado al Transantiago, mientras no estén transferidos y repuestos los recursos a las regiones, ya que ello tiene que ver con las inversiones sociales y productivas que se hallan postergadas por los recortes que ha hecho este Gobierno.
Por lo tanto, vamos a votar favorablemente el proyecto en discusión porque se han corregido las observaciones que le hicimos en la Sala.
En lo personal, debo aclarar que no estoy dispuesto a votar un solo proyecto más sobre esta materia mientras no se revise el Sistema Integrado de Transporte Público de Santiago con una mirada integral y no se repongan los recursos que se han recortado a las regiones.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez.
El señor PÉREZ ( don Leopoldo).- Señora Presidenta , estoy de acuerdo con las aprensiones legales del diputado Hugo Gutiérrez , en cuanto a que las disposiciones del proyecto en el fondo están interviniendo en contratos entre privados, dejando al margen el tema del Transantiago y lo que pudiera suceder con los recorridos en regiones.
Lamento que en el primer trámite reglamentario el diputado Hugo Gutiérrez no haya advertido lo que hoy señala en su análisis jurídico sobre el tema. Por desgracia, a diferencia de otros servicios públicos, como la electricidad y los servicios sanitarios, la propia ley faculta a las empresas para cortar el servicio a aquel usuario que no le paga. El transporte es un servicio público que es prestado por privados, pero que no cuentan con los mecanismos mediante los cuales puedan tener algún control respecto de quien no quiera pagarlo.
En esa dirección, este proyecto viene a regularizar en parte la evasión -aun cuando no sea en forma perfecta-, que castiga duramente a aquellos sectores que sí están pagando. Además, los que no pagan dan una pésima señal al país.
Esto tampoco es comparable con lo señalado por el señor Gutiérrez , en cuanto a que en el futuro alguna cadena de retail u otro tipo de empresa pudieren pedir lo mismo, por el robo hormiga que le afecta equivalente al 10 por ciento, toda vez que el retail no corresponde a un servicio público.
Por tanto, anuncio mi voto favorable al proyecto, aun cuando es un negocio entre privados que el Estado estaría resguardando a través de esta iniciativa.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Pepe Auth.
El señor AUTH.- Señora Presidenta , en la mayoría de los casos -lamentablemente no es siempre-, un proyecto de ley responde a un problema de impacto público que a través de su discusión se intenta resolver y no a problemas de un grupo de privados o de un particular.
Desde los inicios de la puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte Público de Santiago , la evasión constituye uno de los factores que hoy lo transforma en un severo problema político, financiero y ciudadano probablemente expandida por el hecho de la gratuidad inicial a la que obligó el descalabro del día del inicio de la de este nuevo Sistema-, puesto que la provisión del servicio no responde a las legítimas expectativas que se ha hecho la ciudadanía.
Pero, ¿se trata de un problema exclusivamente relacionado con la evasión? Sin duda, no es así. Es bastante más complejo. Y felicito la sabiduría que en su intervención ha mostrado el diputado René Manuel García para destacar que se trata de resolver un problema país y no de enrostrarse las responsabilidades unos a otros. Lo felicito también de que reconozca por fin que un Sistema de Transporte Integrado, como ocurre en todos los países y ciudades del mundo, necesita un subsidio estatal permanente.
Además, aun cuando resolvamos esto de buena manera, es evidente que no habrá solución integral al problema si no se modifican sustantivamente los contratos que guían a las empresas que proveen este servicio.
¿Por qué me parece positiva la proposición que discutimos?
Soy entusiasta partidario de que haya subsidios focalizados para determinados sectores de la ciudadanía. Por ejemplo, para los discapacitados, que deberían tener gratuidad aunque fuera para un número limitado de viajes, y para los adultos mayores, particularmente aquellos que reciben pensiones básicas solidarias, quienes podrían tener un subsidio focalizado para su traslado al servicio de salud o al pago de sus pensiones, pero, en los hechos, hoy la evasión constituye un verdadero subsidio, el peor de todos porque es el que tiene la menor focalización, pues no sólo evaden el pago los que se ven obligados a hacerlo por razones económicas, sino que desde un punto de vista social el problema es transversal y no ocurre sólo en determinadas zonas.
Debo decir al señor ministro , por su intermedio, señora Presidenta , que este proyecto será letra muerta si no se incorpora a los contratos la obligación del control de la evasión, porque establecer sanciones, por duras que sean, va a ser completamente inútil si no existe el control necesario, que no puede ser de cargo del Estado, sino que de las empresas que prestan el servicio.
Voy a votar favorablemente este proyecto porque se eliminó un inciso que era totalmente improcedente. El Estado puede establecer sanciones a las conductas, pero negar la posibilidad de acceder a beneficios sociales a los evasores es una represalia, una especie de venganza del Estado a una conducta, en circunstancias de que el Estado no puede sino establecer sanciones.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado Fernando Meza.
El señor MEZA.- Señora Presidenta , el transporte público y en particular el Tran-santiago, como bien se ha dicho acá, desgraciadamente para unos, escapa del ámbito privado y se ha transformado en un tema de Estado.
Concuerdo plenamente con el análisis jurídico hecho por el diputado Hugo Gutiérrez , que da pie para pensar en otras situaciones. Por ejemplo, en la evasión tributaria, que no hemos atacado como corresponde y que es bastante más alta que lo que se pierde con los evasores del Transantiago. Sin embargo, todavía no hay voluntad política para tomar las medidas adecuadas y castigar ejemplarmente a aquellos empresarios que la mayoría de las veces eluden el pago de sus impuestos con artimañas y bien asesorados por buenos o malos contadores -desde el punto de vista que se le mire- y por buenos o malos abogados, y terminan quedándose con el dinero del erario. Asimismo, están las empresas transnacionales que se llevan nuestras riquezas naturales sin pagar prácticamente nada en impuestos.
Por otra parte, el rechazo de este proyecto de ley significa incrementar aún más el daño que afecta a millones de personas de la Región Metropolitana, con el Transantiago, y también de las regiones.
De manera que siendo pragmático y, como dijo un Ex Presidente de la República, haciendo justicia en la medida de lo posible, a pesar de todas las situaciones incómodas que nos significa, vamos a votarlo a favor.
El nuevo sistema de locomoción pública es una verdadera pesadilla, porque aquí todos pagamos los platos rotos por los errores que otros cometieron en su momento, como lo ha expresado más de una vez el diputado Patricio Hales .
Con la concatenación de tales errores, la situación se ha ido agravando y el sistema de transporte público de Santiago se ha transformado en una verdadera moledora de ministros, de trabajadores del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y, sobre todo, de las ilusiones de los millones de habitantes de Santiago, que han visto cómo se ha deteriorado su calidad de vida.
El transporte metropolitano mejoró mucho con el ministro René Cortázar , pero no lo suficiente como para que la gente se sienta feliz, contenta y agradecida.
También se han visto muchas correcciones positivas durante la corta misión del ministro Felipe Morandé . Decir lo contrario, sería querer tapar el sol con un dedo. Pero la ciudadanía espera más; no estará satisfecha hasta que no vea condiciones superiores que las que tenía con las micros amarillas.
Eso requiere de la solidaridad de la Cámara de Diputados y de Chile para comprender que estamos frente a un problema de Estado que trasciende al gobierno de turno.
Por eso, deseamos aliviar este sufrimiento, en este caso del ministro Morandé, quien tiene buenas intenciones y acciones, al igual que el ministro Cortázar.
Revisé las encuestas Adimark. El castigo ciudadano a este Gobierno y al anterior tiene que ver también con la sensación de que todavía no está todo hecho.
Según las últimas encuestas, también se está castigando por la mala calidad del transporte en el resto del país.
Diría que es muy necesario poner atención en el transporte de las regiones, porque -como repito a menudo- según Benedetti , que en paz descanse, “El sur también existe”, al igual que el norte.
De manera que, una vez concluida la mejora del transporte metropolitano, se debe ir en ayuda del de las regiones, que deja bastante que desear, porque, como lo afirmó el colega Joaquín Tuma -también lo manifestó con anterioridad su hermano, el ahora senador Eugenio Tuma -: “¡Caramba, caramba que se transportan animales en lugar de personas en los campos de Chile!”.
La evasión de las personas que deciden no pagar oscila entre el 15 y el 18 por ciento. Pero eso es sólo la punta del iceberg. No son los únicos responsables. En algunos casos, debemos comprender -si no justificar- que la mala calidad del servicio y las deficientes frecuencias con que pasan los buses también inciden en ese ámbito.
No olvidemos el problema de los contratos mal hechos, abusivos, a favor del empresariado o del Administrador Financiero del Transantiago (AFT), que hoy reclaman una revisión para disminuir sustancialmente la evasión.
Suscribo, al igual como lo expresó el diputado Pepe Auth , que las empresas también se hagan cargo del control de la evasión. No pueden dejar el tema sólo en manos del Estado o de la conciencia ciudadana.
Asimismo, se debe incentivar la educación en los jóvenes y adultos, con campañas publicitarias más intensas sobre la necesidad de ser responsables cívicamente del pago de los pasajes en la locomoción colectiva y de otras obligaciones. En caso contrario, poco habremos hecho.
El Partido Radical Social Demócrata votará favorablemente el proyecto por solidaridad con los habitantes de la Región Metropolitana, en la esperanza de que mejore el sistema y se normalice.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).- Señora Presidenta , sin duda, la iniciativa en debate tiene un gran título: “Proyecto de ley que evita el no pago de la tarifa en los vehículos de la locomoción colectiva”. Pero, con seguridad, esta medida no es la única que puede ayudar a cumplir ese objetivo.
Está claro que la discusión que subyace sobre el transporte público, para que sea público de verdad, está pendiente. Por eso, se produce un debate rico en diversas visiones de cómo hacernos cargo del tema.
En algunas intervenciones anteriores se habló del derecho sancionatorio y de control, que viene en retirada en el mundo. Eso está sucediendo; es absolutamente cierto. Pero hay una diferencia entre lo que ocurre en el mundo y a nivel local en los países, y debemos tomar en consideración esas realidades.
Culturalmente hablando, a nuestro país le falta mucho para aprender a respetar y a considerar como propio el patrimonio urbano y los servicios que comparte la comunidad. Por eso, me parece pertinente hablar también de las responsabilidades de cada ciudadano.
Mejorar la gestión y el servicio de transporte en el Gran Santiago, que sostiene una población de ocho millones de personas, es un tema permanente que necesita políticas de continuidad que estabilicen el buen servicio a sus usuarios.
De los tópicos pendientes sobre las políticas integrales que den el sentido y entreguen la calidad requerida en el transporte público nos debemos hacer cargo no sólo a través del proyecto en discusión, sino a lo largo del tiempo.
De igual manera, es relevante implementar medidas de control que apunten a cumplir con la línea de financiamiento del servicio, es decir, con el valor del pasaje individual. Porque así como el Estado y el mundo privado se hacen cargo del financiamiento, también debemos responsabilizarnos de todas las políticas públicas que se traten de implementar. Esa es la ecuación.
Es preciso discutir y avanzar en un sistema de transporte público de verdad, tema que aún está pendiente. Eso requiere más intervención del Estado.
Para finalizar, quiero destacar un punto humano para argumentar. Desde mi experiencia de vida, para reclamar mis derechos legítimos debo cumplir con mis obligaciones. Si eso no ocurre, debo someterme a un control o a sanciones que me obliguen a mejorar mi actitud.
Sin desconocer el valor de los incentivos como forma de trabajar o funcionar mejor, es necesario buscar el justo equilibrio entre las políticas de prevención, protección y control. Eso debe ocurrir en todo momento de la vida y del desarrollo humano.
Estoy a favor de este proyecto, independientemente de lo que sabemos sobre los abusos que se cometen no sólo en el transporte público, sino en toda faceta de las relaciones humanas.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señora Presidenta , con la diputada Marta Isasi desde un principio estuvimos en contra del Transantiago, no obstante, contribuimos con nuestro voto positivo en la votación general de este proyecto, en conciencia y con la convicción de que se desea realizar bien las cosas, se quiere trabajar y elaborar iniciativas legales en la búsqueda de solucionar el problema. Ese camino lo vamos a valorar.
Pero, junto con las sanciones que se aplicarán a quienes usan el servicio y no pagan la tarifa, también vale la pena exigir integralidad a las empresas prestadoras de servicios.
Un señor diputado propuso, por ejemplo, crear un sistema de cobro amigable. Si se quiere aplicar algo así, es necesario educar a la gente.
La campaña que se realizó, que fue cuestionada en su momento, quizás rindió frutos, en el sentido de crear conciencia de que tenemos derechos, pero también deberes. Por ese camino, podemos mejorar las políticas públicas. No vale la pena volver atrás, sino mirar hacia adelante en la búsqueda de soluciones y con una actitud solidaria.
También quiero plantear la inquietud de la Segunda Región, que tiene un TransAntofagasta, que opera con dificultades y se encuentra ad portas de lograr una negociación que, hasta hoy, ha estado postergada. De una u otra forma, debemos abordar los problemas regionales. No se trata sólo de allegar recursos frescos a las regiones porque le fue mal a un proyecto aplicado en Santiago. Las regiones necesitan respeto. Alguien dijo: “Santiago no es Chile”. ¿Cuántas veces hemos reclamado por eso?
Señora Presidenta , por su intermedio, quiero pedirle a nuestro estimado ministro mayor preocupación por las regiones. La locomoción colectiva no es igual en todo Chile. Depende de la región y de la ciudad.
En el caso específico de Antofagasta, debemos buscar la forma de mejorar el servicio de transporte público y debemos colaborar para alcanzar ese objetivo.
Además, debemos sincerar las tarifas. La gente debe saber cuánto cuesta brindar ese servicio sin un subsidio estatal, con el objeto de que valore el aporte de recursos.
Por lo tanto, si vamos a contribuir en forma positiva, con un estado de ánimo solidario, y a cambiar nuestra conducta, anuncio que vamos a entregar nuestros votos favorables, para salir de esta situación compleja que viven muchos de nuestros compatriotas, especialmente de Santiago.
Por último, pido a los señores ministros que se preocupen de las regiones.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES.- Señor Presidente , tengo la convicción de que los diputados, el Gobierno y la mayoría de la ciudadanía concuerdan en que la persona que abusa y no quiere pagar por un servicio debe ser castigada.
Esa convicción la tiene la mayoría del país y de los usuarios del Transantiago, que piden que se sancione a quien no paga, porque la mayoría sí lo hace. Quienes no lo hacen son unos frescos, inmorales o, como dijo el diputado Chahín , no poseen la ética suficiente.
Quiero decirle al ministro de Transportes que el principio rector para resolver la evasión del Transantiago es la eficiencia del sistema. Si el sistema continúa ineficiente, ineficaz y no cumple bien su función, la evasión va a continuar, porque su motivación principal es la verdadera odiosidad y desprecio por el sistema. La evasión es casi un acto de venganza, de rechazo, de repudio. En otras palabras, es como un gesto del usuario para decir: “No le quiero pagar a este monstruo o monstruito que no funciona”. Quienes fuimos partidarios de los gobiernos de la Concertación debemos reconocer que contribuimos a crearlo. De eso no tengo dudas. Nos hemos hecho una autocrítica profunda, extensa, amplia y publicitada, expresada en todas las oportunidades que se nos han presentado. Ahora, si el sistema sigue malo, seguiremos siendo críticos con este gobierno.
No seríamos consecuentes si sólo criticáramos a los gobiernos que ayudamos a elegir -porque crearon mal el Transantiago- y no lo hiciéramos con este gobierno, que prometió resolver el problema y todavía no lo hace. Seguiremos siendo críticos en representación de los usuarios. Fuimos críticos durante la Concertación y lo somos hoy, porque nos preocupan los usuarios y los trabajadores.
Votar favorablemente el proyecto es una necesidad ineludible, pero lo haremos lleno de peros y dificultades.
La intervención del diputado Chahín fue brillante. Dijo que no se debe aplicar la lógica del salame; tiene que haber una solución integral.
Le he expresado al señor ministro que, para mi gusto, la práctica legislativa con que el Gobierno está abordando los problemas del Transantiago es errada. Debería tener un itinerario sucesorio. Es decir, primero el proyecto que entró al Senado, que otorga nuevas atribuciones, para mejorar el servicio. Esa iniciativa debió haber sido la matriz. Primero, dediquémonos a la solución de los problemas. Se debió decir: “Así vamos a abordar el Transantiago”.
Segundo, se debió contemplar el proyecto relativo a los recursos.
Y tercero, el de sanciones a la evasión. ¡Pero miren el orden en que partimos!
Con el diputado señor René Manuel García hemos conversado sobre el tema.
La primera iniciativa del gobierno persigue castigar al usuario. Felizmente, por la unanimidad en la Comisión y con indicaciones de todos, rechazamos esa norma medioeval del Gobierno que señalaba que a quien no pagara le iban a quitar los beneficios sociales.
Así no se gobierna.
Creo que, en ese caso, hubo un desliz en la pluma del redactor del proyecto, quien tuvo un sesgo ideológico excesivamente derechista, de tiempos muy remotos. Tuvo la pluma fuente anclada en el pasado o escribió con una pluma de ganso, porque se inspiró en lo más retrógrado del derechismo: “¡Quítenles los beneficios sociales; castíguenlos con multas, penas; persíganlos, sáquenlos con carabineros. Además, retírenlos de la sociedad civil, sin derechos!”. Felizmente, eso se eliminó.
Aproveche, señor ministro, de cortarle la pluma a ese funcionario, porque de esa manera no se gobierna. Espero que ése no sea el nuevo estilo.
El ministro de Transportes quiere hacer la transformación del Transantiago y controlar la evasión. Supongamos que van a cumplir con la promesa y, con las nuevas atribuciones que piden en el Senado, se va a lograr lo que se persigue. He conversado con él directamente. De hecho, ayer concurrí a la Comisión de Transportes del Senado. Con el senador Girardi y la senadora Rincón le dijimos al ministro que nos presente una lista concreta.
Le pido al señor ministro, por su intermedio, señor Presidente, que nos presente una lista con el detalle de las acciones para mejorar el Transantiago que van a asumir cuando les entreguen las nuevas atribuciones que piden en el Senado.
¿Quiere una nueva herramienta? ¿Para qué la va a usar? Ésa es la pregunta. ¿Para qué la quiere? ¿Quiere un nuevo sistema de armas para combatir y resolver los problemas del Transantiago? Pero quiero saber qué va a hacer con estas nuevas armas. Hasta ahora, no lo sabemos. Lo único novedoso es este proyecto de ley, que va a castigar a los usuarios que no pagan.
No digo que no castiguen a los que no paguen. Pero, repito, me gustaría que, primero -se lo escuché en la Comisión del Senado-, diga un par de palabras en relación con el compromiso que asumió con nosotros, ayer, en la sesión del Senado, al aprobarse en general el proyecto sobre las atribuciones. Espero escucharlo decir, antes de que se apruebe el proyecto de las atribuciones, que va a presentar una pequeña lista.
El señor ministro ha dicho que la próxima semana puede tener una breve minuta, un bosquejo, un borrador, sobre las medidas concretas de mejoras del Transantiago, si le damos las nuevas herramientas, las nuevas armas, que le va a otorgar el proyecto de ley que se apruebe en el Senado.
Señor ministro -por su intermedio, señor Presidente -, le pido que agregue a esa lista de acciones o medidas concretas, que usted nos promete que va a tomar -probablemente, no las va a poner en el proyecto de ley de atribuciones del Senado; pero las va a considerar para fundamentar el valor de contar con esa herramienta-, no sólo lo relacionado con frecuencias, transbordos, multas, pillerías de llegar al terminal y no parar en los paraderos; nuevos recorridos, etcétera, sino también lo que está en el espíritu de esta Sala, lo que señalaban los diputados Jaramillo , Auth, Rojas , Chahín y Meza -no los recuerdo a todos-, que cruza todas las bancadas, en el sentido de añadir una exigencia a los empresarios para que ayuden a controlar la evasión. No les pida a los parlamentarios que le demos atribuciones de ley para castigar al usuario, cuando usted, como gobierno, no va donde el empresario para decirle que controle su negocio, que se haga cargo de lo suyo que le está produciendo plata y no le pida todo a papá fisco.
A esos empresarios les carga el Estado, lo rechazan; sólo les gusta la iniciativa privada; el Estado siempre tiene que estar empequeñecido; pero, a la hora de controlar el negocio, se da vuelta la ley del embudo para que el Estado controle, vigile y multe, el Congreso intervenga y todos nosotros colaboremos para que el negocio le funcione bien. ¿No parece injusto, honorable Sala?
Entonces, pido al ministro -por su intermedio, señor Presidente - que nos diga, reitero, que va a agregar en la lista de medidas, como cuestión previa, antes de que se apruebe el proyecto del Senado sobre atribuciones, el compromiso que le han solicitado varios diputados: exigir a la empresa privada que aprenda a controlar su propio negocio, como antes lo hacían las micros amarillas. Nunca hubo funcionarios del Estado con chaqueta, sin chaqueta, con colores, sin colores, ni disfrazados de frailes, controlando en la puerta de una micro amarilla. ¡Nunca! ¡Jamás! Pero ahora, para ayudar a estos empresarios, tiene que hacerse presente el Estado.
Señor Presidente , sólo le digo al señor ministro que lo resuelvan de manera integral, como manifestaban los distintos diputados, y que se preocupen de la eficiencia del Transantiago. Eso es lo primero. A partir de ahí se van a crear las condiciones para ser duros con la evasión. Hoy, se está siendo duro con la evasión ante un sistema ineficiente que nosotros ayudamos a crear. Hemos sido muy autocríticos al respecto, pero vamos a seguir siendo críticos aunque el gobierno esté en manos de otros.
Vamos a votar a favor, de todas maneras, porque la iniciativa es parte integral de la resolución del sistema; pero está planteada desde los pies y no desde la cabeza.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Monckeberg.
El señor MONCKEBERG ( don Cristián) .- Señor Presidente , escuché atentamente al diputado Hales , pero no aspiro a que el ministro me satisfaga plenamente, sino a que este gobierno y el ministro satisfagan plenamente a los usuarios del Tran-santiago, porque, claramente, hay una serie de dudas y situaciones que hay que ir despejando y analizando.
Valoro la insistencia del diputado Hales y de algunos diputados de la Concertación -no se ve en muchos de ellos- de asumir esto como un error propio, como un monstruito que alimentaron y engordaron, que nos llevó a una situación como la actual. Y digo que engordaron, porque no solamente lo crearon, sino que, además, hubo que meterle plata, que no fue suficiente para evitar lo que está ocurriendo hoy: que no hay un servicio óptimo y las tarifas siguen subiendo, en gran medida porque no se hizo el esfuerzo, quizá, como se debería haber hecho, en las postrimerías del gobierno anterior.
¿Por qué estamos discutiendo este proyecto de ley? Lo estamos haciendo exclusivamente, porque muchos usuarios no están pagando. Numerosos diputados han apuntado al tema central.
Esto se creó por dos hechos. Uno, porque en los inicios del Transantiago, cuando se produjo el descalabro total, a alguien se le ocurrió la brillante idea de decir que íbamos a entrar en una situación de no pago; vale decir, que no era necesario que los usuarios pagaran el servicio que estaban utilizando, porque el sistema era muy malo, deficiente. Todos los expertos en la materia -y los que no son expertos también- señalan que, cuando alguien plantea públicamente a una persona que no tiene que pagar un determinado servicio, después es muy difícil enrielar esa conducta. Son las consecuencias que hoy se están produciendo.
Pero, aparte de eso, hay que hacer notar que esto viene de la mano no solamente porque se les dijo que no pagaran, sino porque, además, durante estos casi cuatro años de Transantiago, no se ha entregado un buen servicio y, por lo tanto, la gente se siente, en alguna medida, motivada, justificada -pongamos el sinónimo que queramos-, para no pagar por el servicio que se le está prestando.
Ahí hay un tema de fondo, porque esto se crea y se lleva adelante por una mala decisión, por no existir mejoras suficientes en el sistema, y, hoy, este gobierno -lo cual valoro- está pidiendo al Congreso los esfuerzos necesarios para iniciar esas mejoras. Este proyecto de ley va en esa línea y, por consiguiente, hay que mejorarlo.
Es prudente la labor de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, de la que me tocó formar parte hasta el año anterior, en cuanto a eliminar ese inciso medieval a que hacían referencia algunos parlamentarios. Pero esto no es suficiente. También debemos disponer las medidas y mejoras necesarias para que cambie la situación.
El ministro ha planteado públicamente -la discusión ya está en el Senado y va a estar en la Cámara la próxima semana- la necesidad de efectuar cambios estructurales, sobre todo en vista de la nueva licitación que empezará a operar, a partir del próximo año, respecto de los alimentadores.
Ya que esta tramitación se está haciendo simultáneamente, tanto en la Cámara como en el Senado, es fundamental que, por lo menos, en la Comisión técnica de la Cámara, los parlamentarios discutamos no sólo respecto de cuántos recursos se requieren, sino, asimismo, que tengamos claridad absoluta sobre los dineros -sé que el ministro la tiene- y sobre cuáles van a ser las reformas estructurales, en detalle, que se van a implementar al sistema, para aprobar con tranquilidad los recursos. En el fondo, estamos pidiendo que la discusión del Senado también se desarrolle aquí.
En relación con los recursos, hoy escuché a senadores y diputados de la Concertación, pero también de mi partido, que dijeron que condicionaban la aprobación de los recursos a la entrega de recursos similares a regiones. Hoy, eso no es lo fundamental; tampoco es la voz del partido; es comentario de algunos parlamentarios que muy legítimamente lo han planteado; pero, insisto, no es la voz oficial de Renovación Nacional.
Nosotros queremos, principalmente, que el Transantiago mejore; que si vamos a entregar nuevos recursos, también podamos ver que la gente recibe un buen servicio por lo que está pagando. Por lo tanto, más importante que la compensación a regiones es que las reformas que lleve adelante el ministro sean definitivas y nos permitan ver la luz verde a un mejor servicio del Transantiago.
Por eso es importante lograr más coordinación y conocimiento sobre los dos proyectos que actualmente se tramitan para enfrentar los problemas del Transantiago. Como es sabido, por razones reglamentarias, uno ingresó por la Cámara de Diputados y el otro por el Senado, y la discusión se está dando en forma paralela en ambas Cámaras.
Señor Presidente , por lo que han señalado los diputados integrantes de la Comisión, anuncio que aprobaremos el proyecto, que es el inicio de una larga discusión -ojalá que no dure mucho- que deberá concluir en acuerdos importantes, para solucionar o comenzar a solucionar los problemas del Transantiago. Obviamente, a este acuerdo convocamos a la Concertación, porque esto no lo resolveremos con los votos de mayorías relativas o simples.
La gente cifró sus expectativas de solución en este Gobierno y nosotros las asumimos como propias. Estamos empeñados en la solución, porque somos los parlamentarios, de la Concertación o de Gobierno, los que estamos en la calle, sobre todo los que representamos a la Región Metropolitana, y recibimos los reclamos, los enojos y los retos de la ciudadanía cuando ven que el servicio no mejora o cuando suben las tarifas sin que, a juicio de los usuarios, se justifiquen.
Sacaremos adelante este proyecto, y convocamos a la Concertación a llegar a un acuerdo en las dos iniciativas en trámite: el que modifica el marco regulatorio del Transantiago y el relativo al financiamiento del sistema.
Respecto de condicionar los recursos para el Transantiago a cambio de recursos para las regiones, recalco que esa no es decisión del Partido Renovación Nacional. Reconozco que el tema es debatible, pero por el momento no hay opinión formada. Sólo queremos que el sistema mejore y que la gente, que ha sufrido durante casi cuatro años, empiece a tener un buen servicio, de una vez por todas.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , es una curiosa coincidencia que me haya antecedido en el uso de la palabra el diputado Cristián Monckeberg . Lo advierto porque, cuando se implementó el Transantiago, ambos integrábamos la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, pero él siempre tuvo una posición contraria a todos los proyectos que propuso el Gobierno de la época, y los votaba en contra.
Pero recuerdo que en el fragor de la discusión alguien dijo -no sé si el diputado Monckeberg lo recuerda-: “Tratemos de arreglar esto, porque si ustedes llegan a ser gobierno, también los afectará”. La predicción se cumplió. Así lo demuestra la última encuesta de evaluación de gestión del Presidente Piñera , puesto que este adefesio -como lo llama un conocido locutor de radio-, no sólo afectó a la Concertación, sino que también está afectando al actual Gobierno. Por eso, hay que ser coherente y tratar de buscar siempre el bien común, más allá de beneficios políticos transitorios.
Apoyaré el proyecto, porque viene mejorado respecto del que conocimos en el primer trámite reglamentario, que contenía varias imperfecciones técnicas sobre la penalidad; establecía sanciones bastante extrañas que remitía a un reglamento que se dictaría después, que rayan -diría- en la inconstitucionalidad, como privar del derecho a beneficios sociales que se han conquistado con mucho esfuerzo, como los subsidios habitacionales, por el sólo hecho de no pagar la tarifa en el Transantiago.
Respecto de la evasión en el pago del pasaje del transporte público en la ciudad de Santiago, se nos dijo que aumentó de 11 a 17,8 por ciento, lo que se traduce en una disminución de ingresos que bordea los 71 mil millones de pesos, es decir, 140 millones de dólares, el doble del presupuesto de la Cámara de Diputados en un año.
Con todo, como decía el diputado señor Hales , el tema de la sanción no deja de ser accesorio ante lo principal, que es la eficiencia del sistema del Transantiago. El listado de medidas para mejorar la eficiencia es lo que estamos esperando, tal como lo esperaba el diputado Monckeberg en la época en que nosotros implementamos el sistema. Ahora lo esperamos nosotros. ¡Cómo nos cambia la vida!
Mejorar la eficiencia es la única manera de solucionar el problema de fondo, para dar satisfacción a los usuarios del Transantiago. En este sentido, tal como estuve disponible en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , lo estoy ahora para acoger todas las medidas que apunten a mejorar la eficiencia del Transantiago, única manera de lograr que los fondos que estamos destinando al Transantiago, que algunos llaman adefesio, nos permitan tener algún día un sistema de transporte que esté a la altura de lo que se merece nuestra capital.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , después de escuchar una serie de intervenciones, mi argumentación y votación irán en un sentido distinto.
El informe del proyecto que nos enviaron las nuevas autoridades dice textualmente que “se busca incentivar el pago de la tarifa en los vehículos de la locomoción colectiva, para lo cual se aumenta la sanción para los evasores, se establece un Sub Registro de Pasajeros Infractores ” dentro del actual “ Registro de Multas de Tránsito No Pagadas” y la anotación en dicho sub registro será considerada entre los antecedentes a evaluar para obtener beneficios que otorgue el Estado. Éste es el contenido del mensaje que firmaron el Presidente de la República y el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, quien hoy nos acompaña.
La Comisión, en buena hora, eliminó ese desliz de la pluma autoritaria, como bien decía el diputado Hales , que privaba de beneficios sociales a quienes cayeran en ese registro de multas, situación nunca vista en nuestra legislación, salvo en los tiempos en que a algunos se les privaba, incluso, de la nacionalidad, conforme a lo peligroso que eran para el Estado.
El sustrato de ese razonamiento, que establece además un registro, un verdadero Dicom del Transantiago, llevaba aparejado la pérdida de beneficios sociales. Lo positivo es que se entró en cordura y se eliminó ese sesgo autoritario.
Pero establecer un registro, un Dicom de quienes no paguen las tarifas, un registro público dentro del actual registro de multas me parece increíble. Además, considero absolutamente centralista recargar de trabajo a los juzgados de policía local, que ya tienen bastantes dificultades. Pienso que establecer un registro es simplemente favorecer a las empresas del Transantiago.
Pero hago un alcance. Esto de establecer por ley un registro, un Dicom, para exhibir a quienes no pagan las multas, me parece bien. ¿Pero por qué no aplicamos la misma lógica y establecemos también un registro de los empresarios que no pagan las cotizaciones previsionales o de quienes practican la violencia intrafamiliar y ocupan cargos públicos? ¿Por qué sólo hay que establecer un registro de la gente más humilde, que es la que ocupa el Transantiago, el transporte público? ¿Cómo se van a utilizar esos registros? ¿En qué otra situación tendremos que exponer y recargar a la administración del Estado, a los de juzgados de policía local, con el registro de la gente que ha sido multada, para arreglar la eficiencia -o la ineficiencia- de la empresa privada?
Realmente, como diputado de región, no estoy de acuerdo con ello, porque este proyecto de ley tiene el único y exclusivo propósito de arreglar y mejorar la eficiencia de un sistema que no ha funcionado. ¡Lo asumimos con autocrítica! Este debate no se centra en si el sistema lo implementó el gobierno anterior o el actual. Es un programa que no está funcionando.
Señor Presidente , por su intermedio, le quiero decir al ministro que, claramente, este proyecto no avanza. ¿en qué porcentaje vamos a bajar la evasión? ¿Qué eficiencia vamos a lograr? ¿Vamos a necesitar que el Estado le cuide el negocio a las empresas privadas que no son capaces de tener una regulación ni dar un incentivo a sus trabajadores para que no exista evasión? Insisto: ésta es una relación entre particulares, pero se está pidiendo la intervención del Estado. En eso hay, claramente, una distorsión de la propia filosofía que ha inspirado a este sistema. ¡Entonces, avancemos y estaticemos el sistema del Transantiago! ¡En ese sentido que intervenga el Estado! Como diputado de región, no voy a concurrir con mi voto para darle respaldo a un registro, un Dicom del Transantiago, para que la gente más humilde que viaja en este medio de transporte, que muchas veces no paga porque está enojada y embroncada con un sistema que no tiene la frecuencia ni la calidad que se prometió, quede registrada y, además, la amenacen con perder otros beneficios sociales.
Me parece increíble la creación de esta especie de Dicom y que el ministro de Transportes -no el ministro del Transan-tiago- no tenga una visión para el resto del país. ¿Acaso esto no es aplicable en el resto del país? ¿De qué manera se va a regular la relación en el caso de la persona que viaja en colectivo, en una ciudad pequeña, en el sur de nuestro país? ¿De qué manera van aponer en un registro a esa persona cuando el proyecto de ley única y exclusivamente está tratando de arreglar ineficiencias y falta de funcionamiento de un sistema operado por privados? No ha existido la voluntad ni la decisión de decir: “Estaticémoslo y establezcamos que el Estado se haga cargo de esta situación”.
Mi pregunta: ¿de qué manera va a funcionar esto en las regiones, en circunstancias de que se siguen pidiendo recursos para arreglar este monstruito, recortando el subsidio a las zonas rurales para transportes escolares en zonas aisladas y no se cuenta con sistemas de transporte público? ¿Vamos a seguir alimentando esto? En resumen, se pide al Congreso que, a través de una especie de ley sancionatoria, que establece multas y un registro, una especie de Dicom, ayudemos a evitar la evasión? Me parece que esto no corresponde.
Mi voto será en contra por la argumentación que he señalado. Le pido al ministro que deje de hablarnos del Transantiago y nos hable del transporte en Chile, de las regiones. El sur también existe y la gente que vive ahí también quiere tener sistemas de calidad, pero no que nos metan la mano al bolsillo para pagar la ineficiencia del Transantiago.
He dicho
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías.
El señor FARÍAS.- Señora Presidenta , también miro este proyecto con bastante recelo, por varios de los motivos que señalaron los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra.
Hoy, este Gobierno pretende, a través de multas o sanciones a las personas, solucionar los problemas intrínsecos que puede tener una ciudad o el país. Ayer nos dimos cuenta de cómo bajaron estrepitosamente en las encuestas el Presidente y su Gobierno. Si quieren subir en los sondeos, deben dejar de castigar a la gente, empezar a pensar en las personas y construir con ellas. El Transan-tiago no se soluciona sacando las orugas, sino arreglando los pavimentos y haciendo que las calles sean transitables, como estaba considerado en el proyecto original, y con paraderos, como ocurre en otros países donde se han instalado sistemas parecidos al Transantiago y en que se ha construido una infraestructura, la cual, evidentemente, aquí faltó. Ésa es la autocrítica que, obviamente, nos hacemos. Aquí falta infraestructura, pero no se amplía la infraestructura para que funcione este sistema.
Si queremos que este sistema fracase y volver a las micros amarillas, donde los católicos debían persignarse o encomendarse a Dios para llegar al destino, no pavimentemos las calles por donde pasa el Transantiago, saquemos las orugas y volvamos a la competencia absolutamente criminal, como ocurría antes con el sistema anterior. Por lo que he escuchado, parece que se quiera volver a impulsar la competencia en las calles, ¡Por qué? Porque, por lo que estoy viendo, no se quiere beneficiar a las personas, sino más bien a los empresarios.
El tema de las multas me recuerda el problema que tenemos con el TAG. Por no pagar el TAG, en lugar de exigir lo habitual, aplicar una multa o cortar el servicio, se cobraba 40 veces la deuda en beneficio de la empresa. Después de un arduo debate, en el que me manifesté en contra, el Congreso rebajó de 40 a 20 veces la deuda que se debe pagar a la empresa privada.
Entonces, ahora estamos multando a las personas, en lugar de tratar de solucionar el problema de fondo, que es cómo mejoramos el sistema del Transantiago, cómo apretamos -perdonen el chilenismo- a las empresas, como lo dijimos en la Comisión Investigadora del Transantiago; cómo hacemos que las empresas cumplan. ¡Por Dios! ¿Cuánto tiempo llevamos sin que las empresas cumplan? Por ejemplo, Sonda no instaló todo lo que prometió, ni aún mejoran todos los sistemas internos. En una oportunidad, a propósito de un asalto o un suceso ocurrido en buses del Transantiago, la prensa dio cuenta de que la mayor parte de ellos no tiene cámara. ¡Eso está en los contratos! ¿Qué se ha hecho para que hoy todos los buses tengan cámaras? ¡Nada! ¿Qué se propone? Multar a las personas e ir contra la gente, pero no contra los empresarios. ¡No los toquemos ni con el pétalo de una rosa! ¡No vaya a ser que se enojen! ¡No vaya a ser que se lleven el Transantiago! ¡No vaya a ser que dejen de hacer negocios! ¡No vaya a ser que pierdan plata!
Siento -quiero pasar el mensaje al señor ministro- que no nos estamos preocupando de verdad por las personas. La plata no lo arregla todo, y así lo he dicho anteriormente. Lo que debemos hacer es exigirle a las empresas que cumplan; es pavimentar y mejorar los paraderos, como está establecido en el proyecto original.
En otros países -lo he visto, al igual que muchos de mis colegas-, el sistema funciona, porque tienen paraderos bien construidos y el Estado hace inversión, porque se trata del transporte público. Aunque sea manejado por privados, el Transantiago es transporte público, y el Estado debe hacerse cargo y debe poner recursos. El Estado no puede seguir castigando, una y otra vez, a las personas por un sistema que tiene la responsabilidad de mejorar, no para que las empresas hagan un buen negocio, sino para que éstas cumplan lo que prometieron, para que el AFT cumpla con lo que ofreció, para que nuestros fiscalizadores fiscalicen, no sólo a las personas, sino también si están instaladas las cámaras de vigilancia, si está bien hechos los buses “oruga”, si funcionan o no sus puertas, si éstas van o no abiertas cuando las máquinas transitan, si las empresas están transgrediendo la velocidad máxima permitida y si les están pagando a las personas que trabajan en el Transantiago. ¿A cuántos grupos de choferes hemos atendido, porque no les están pagando sus imposiciones? Incluso, algunas empresas ni siquiera están pagando todos los sueldos.
Entonces, para que podamos solucionar el problema, exijo que las empresas se hagan cargo de lo que prometieron y mejoren el sistema para nuestra gente. ¡Basta de seguir cargando a los usuarios esa responsabilidad! ¡Ellos no son responsables de los errores que cometimos y de los desaciertos más graves en que hoy está incurriendo el actual gobierno!
El Gobierno seguirá bajando en las encuestas, porque no está solucionando el problema de la gente ni mirando a las personas. Simplemente, está viendo y cuidando el bolsillo de los empresarios y no de la gente. A las personas se las cuida haciendo que los empresarios cumplan cabalmente con todos los compromisos que adquirieron cuando se inauguró el sistema.
He dicho.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Pido la palabra, señora Presidenta .
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señora Presidenta , solicito formalmente al ministro de Transportes y Telecomunicaciones que envíe al diputado Farías copia de los contratos que dejó el gobierno pasado, para que los lea.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Señor diputado , luego intervendrá el señor ministro .
Tiene la palabra la diputada señora Cristina Girardi.
La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señora Presidenta , en general, hay consenso sobre la necesidad de adoptar varias medidas en relación con el Transantiago; sin embargo, hay cierta incomodidad respecto del proyecto. Es como si el ministro de Salud presentara un proyecto para adquirir un medicamento nuevo que curara o controlara la diabetes. Creo que nadie se podría oponer a eso en esta Sala, salvo que él dijera que no hará nada para controlar la enfermedad, en el sentido de informar a la gente que no puede comer azúcar ni una serie de alimentos que la provocan o la agravan. Si sólo nos quedamos con el remedio y no asumimos otras medidas, ese medicamento será poco eficaz para resolver el problema en su conjunto.
En ese sentido, las intervenciones de los diputados advierten que si el sistema no se mejora o no se entrega el servicio que se prometió, finalmente molesta la multa que se quiere aplicar al último eslabón de la cadena. No es molesto cuando se cobra una multa ante el no pago de un servicio, pero sí lo es cuando dicho servicio no es el que corresponde. Se supone que la ley del consumidor protege a la persona que adquiere y paga por un producto o servicio. Si el servicio no es el que corresponde o el producto viene fallado y, por lo tanto, no es el que se debió haber entregado, la ley establece que el consumidor reclame y exija el cambio del producto por otro o la devolución del dinero.
En este caso, el Transantiago no está entregando el servicio que debiera dar. Entonces, la ley no se está aplicando, por cuanto nadie devuelve al usuario el dinero por el mal servicio ni se cambia por otro mejor. Ahí radica el problema más importante de dicho sistema de transportes, que da origen a la multa que se quiere aplicar. No se trata que no se quiera castigar la evasión. Hay que hacerlo cuando el producto que se está entregando es el correcto, pero éste no es el caso. El servicio del Transantiago no es el correcto, porque las máquinas que están circulando por las calles muchas veces no respetan las frecuencias, no cumplen con las condiciones básicas de seguridad, quedan “en pana” y dejan botada a la gente, la cual debe esperar varias horas para subir a otro bus. Creo que no estamos haciendo lo correcto, en el sentido de proteger a quien está pagando por el servicio.
Por otra parte, llama la atención que en el proyecto se cambie la infracción leve por infracción grave para la persona que evade el pago del servicio. Sin embargo, no veo aparejada ninguna sanción o cambio para las empresas que están entregando un mal servicio, que no es calificado como algo grave. En ese sentido, el remedio que aquí se plantea queda incompleto, si no cambiamos o no hacemos la tarea completamente. Por ejemplo, el médico que receta un remedio sin decir a su paciente que debe cambiar ciertos hábitos y eliminar los productos o evitar situaciones que le están provocando daño, está haciendo mal su labor. En ese caso, si el Ministerio no hace completa la labor, no está cumpliendo a cabalidad con su deber. No se trata de que las personas que no pagan su pasaje en el transporte público no merezcan una sanción; sí la merecen, siempre y cuando el producto por el que se está pagando sea el correcto. Creo que ahí tenemos un problema serio que no está resuelto en el proyecto.
También quiero enfatizar lo planteado por otros diputados. La labor de control respecto de la evasión o del no pago debiera ser de cargo de las empresas y no del Estado, puesto que aquéllas están prestando el servicio y debieran controlar que éste sea pagado. Por eso, considero que no es un buen proyecto, porque le falta la parte más importante: mejorar el servicio.
Por lo tanto, quiero llamar la atención del Ministerio respecto de eso, por cuanto el proyecto está trunco y no permite mejorar el servicio por el que la gente está pagando.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Se encuentran inscritos para hacer uso de la palabra los diputados señores Uriarte y Schilling, pero está terminado el Orden del día.
¿Habría unanimidad para concederle dos aminutos a cada uno?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MORANDÉ ( ministro de Transportes y Telecomunicaciones).- Señora Presidenta , por su intermedio, quiero agradecer a todos los señores diputados por sus intervenciones, como también la buena disposición a considerar favorablemente el proyecto.
Esta iniciativa forma parte de una tríada de iniciativas legales que apuntan a mejorar en forma integral el transporte público de la ciudad de Santiago y, por extensión, el transporte público de las regiones donde existen sistemas concesionados.
Estamos conscientes de todas las falencias que tienen los contratos vigentes y de la precariedad de la estructura legal sobre la que se sustenta el Transantiago. Por eso estamos discutiendo en el Senado la posibilidad de realizar una modificación legal importante que nos permita tener una plataforma para reformar el transporte público, con el objeto de atender las necesidades de los usuarios y, al mismo tiempo, las limitaciones de financiamiento que tiene el sistema en el largo plazo.
El proyecto en discusión es importante porque nos permite abordar una sangría de recursos que enfrenta el sistema, que tenemos que asumir desde ya, porque, de lo contrario, nos presiona, así como al panel de expertos, para seguir aumentando las tarifas. Queremos controlar esa situación, y este instrumento, que quizás no detenga la evasión, por lo menos permitiría disminuirla.
Otras herramientas que se incorporarán en la reforma que haremos al sistema público establecerán incentivos a los operadores para que ellos se hagan cargo de la evasión, porque es lo que corresponde en definitiva. En esto concuerdo con las intervenciones que he escuchado.
En el corto plazo, estamos evaluando la posibilidad de usar un instrumento que sí está considerado en los contratos, que permite multar a los operadores por una evasión
excesiva respecto del promedio, el cual no se ha implementado hasta ahora.
Mientras reformamos el transporte, podemos adoptar medidas como las que señalo, de modo que el tema de la evasión no sólo sea una cuestión de fiscalización por parte del Estado, sino que también le concierna directamente a los privados.
Ya habrá tiempo en esta misma Sala y en las comisiones correspondientes para discutir los otros dos proyectos. Les pido que tengan una o dos semanas de paciencia para que les entreguemos esa visión más integral, que acá se ha solicitado, porque esos aspectos están considerados en esas dos iniciativas. No obstante, el foco principal de cualquier reforma que se haga es la gente, las personas de Santiago que usan el transporte público.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde votar en particular el proyecto de ley en discusión.
Por no haber sido objeto de indicaciones durante el primer y el segundo trámite reglamentario, se declara aprobado ipse jure, sin votación, el artículo 1° del proyecto.
Por lo tanto, corresponde votar en particular el artículo 2°, que incorpora un inciso noveno, nuevo, en el artículo 22 de la ley N° 18.287.
El señor Secretario dará a conocer los pareos.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Se han registrado los siguientes pareos: el señor Santana con el señor Castro; el señor Walker con la señora Zalaquett, doña Mónica, y el señor Burgos con la señora Turres, doña Marisol.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación particular el artículo 2° del proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 15 votos. Hubo 8 abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Despachado el proyecto al Senado para que cumpla su segundo trámite constitucional.
Tiene la palabra la diputada Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señora Presidenta , se me ha mencionado entre los pareos vigentes. Sin embargo, lo desconocía.
He estado enferma y con licencia médica, pero hoy me reintegré completamente a mis labores en la Corporación.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Señora diputada , el pareo con el diputado Jorge Burgos se presentó para esta sesión.
La señora TURRES (doña Marisol).- En ese caso, pido que se deje sin efecto mi voto.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- en todo caso, le recomiendo que se acerque a la testera para revisar el pareo correspondiente.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- El señor Prosecretario dará lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo número 104, de los señores Sandoval, Gutiérrez, don Romilio; Bobadilla; de la señora Goic, doña Carolina; y de los señores Vilches, Rojas, Salaberry, Baltolu, De Urresti y Melero, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda solicitar a S.E. el Presidente de la República lo siguiente:
1. Que el programa de Residencia Familiar sea un programa universal cuando se dan las condiciones de vulnerabilidad social por parte del alumno o alumna, sin que los cupos actuales sean una limitación al ejercicio del derecho al acceso a la educación media y básica obligatoria, dejando el actual sistema de cupos.
2. Para el ejercicio de esto, los alumnos deberán documentar su condición de ruralidad con el certificado de residencia que otorgue la autoridad respectiva y su condición de alumno con el certificado de matrícula, con lo que quede de manifiesto la necesidad del cambio de residencia para la prosecución de los estudios, sean básicos y medios, si éstos no se dan en su lugar de residencia.
De este modo, el Programa de Residencia Familiar debe consultar, en el Presupuesto para el año 2011, los recursos necesarios para hacer frente a este mayor gasto, con lo cual se asegura el acceso de la educación a todos los jóvenes, independiente de su lugar de residencia y en un entorno de atención familiar que contribuya a su formación integral.”.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , solicito a los señores diputados su apoyo irrestricto al proyecto de acuerdo, porque trata de asegurar un derecho consagrado en la Constitución: la educación.
No existen establecimientos de enseñanza media en todas las ciudades, comunas y pueblos de nuestro país, más aún en las regiones extremas, lo que obliga a muchos de estos jóvenes a trasladarse desde comunidades rurales hacia otros centros urbanos para continuar con su educación.
En este sentido, el Ministerio de Educación, a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, tiene un programa de residencia familiar que consiste en instalar a los estudiantes en hogares de familias donde puedan ser atendidos de buena manera.
Todos sabemos las historias vinculadas con los antiguos internados, algunos no exentos de dificultades serias en su funcionamiento. En consecuencia, la instalación de estos jóvenes en hogares de familias es un gran apoyo y, normalmente, con excelentes resultados académicos.
El problema radica en que ese programa no es universal. Los jóvenes y familias deben postular a él, a través de la Junaeb, año tras año. Creemos que la gran propuesta que hace el proyecto es que el beneficio sea universal, siempre y cuando la residencia del joven se ubique en una comunidad rural, acreditada por el respectivo certificado de residencia, y cuente con una matrícula en una localidad distinta. Eso debería ser absolutamente automático.
Por eso, solicitamos al ministro de Educación extender y ampliar la aplicación de este programa y asegurar a todos los niños y jóvenes que tengan la necesidad de trasladarse a una instancia urbana distinta a su residencia habitual, por lo que el Programa de Residencia Familiar debe ser absolutamente automático. Así se consagra un derecho fundamental: el acceso a la educación de nuestros jóvenes.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado Mario Venegas.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente , en primer lugar, felicitó al diputado Sandoval por la presentación de tan pertinente proyecto de acuerdo.
Si bien no alcancé a adherir a él, públicamente quiero decir que comparto en todo el fundamento de esta solicitud. Conozco el Programa de Residencia Familiar, sé que ha sido una muy buena alternativa y estoy consciente de sus limitaciones, que están explicitadas en el fundamento de su proyecto.
La realidad de algunas regiones, como la que conozco y represento, con un alto nivel de ruralidad, ofrece muy pocas opciones para que los alumnos continúen en la educación media, especialmente cuando se trata de educación técnica, que se concentra en las capitales regionales o provinciales, dejando comunas con muy poca o ninguna opción y, por lo tanto, es necesario trasladarse. En estos casos, la Junaeb ha sido emblemática en labor de apoyo.
Tengo la suerte de que en Angol, capital de la provincia que represento, hay dos hogares que eran de la Junaeb, de mujeres y de hombres, que hoy fueron traspasados a los municipios, pero el programa sería de mucha utilidad en otras comunas.
Por eso, creo que hay una loable intención en este proyecto, que apoyo entusiastamente. Además, pido a mis colegas que lo respalden.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
DEVOLUCIÓN ANTICIPADA DE IMPUESTOS PARA PERSONAS DOMICILIADAS EN ZONAS DE CATÁSTROFE.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 105, de los diputados señores Van Rysselberghe, Rojas, Urrutia, Salaberry, Macaya, Hernández, Uriarte, Sandoval, y de las diputadas señoras Marisol Turres y María José Hoffmann, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia el Presidente de la República que tenga a bien disponer el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley para las zonas declaradas de catástrofe; se disponga una modificación legal para que los contribuyentes personas naturales que en los años tributarios 2008, 2009 y 2010, o en alguno de ellos, hayan obtenido la devolución del saldo que resultó a su favor conforme a lo establecido en el artículo 98 de la ley sobre Impuesto a la Renta, y tengan derecho a percibir un anticipo de la devolución del referido saldo que pudiere corresponderles para el año tributario 2011, el que será pagado durante septiembre de 2010.
Para devolver anticipadamente el 50 por ciento de las devoluciones obtenidas durante los tres últimos años, el monto a devolver anticipadamente en esta ocasión debiera ser equivalente al 50 por ciento de la tercera parte de la suma de las devoluciones del artículo 98 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, de los años 2008, 2009 y 2010. Ello además puede limitarse con un mínimo y máximo de devolución, entre 20 mil y 250 mil pesos, respectivamente.
Debieran quedar excluidos del beneficio los contribuyentes que no efectuaron oportunamente la declaración de impuesto a la renta en el año tributario 2010, los que permanezcan inconcurrentes a un requerimiento del Servicio de Impuestos Internos, y los que se encuentren denunciados, querellados o condenados por delitos tributarios.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Enrique Van Rysselberghe.
El señor VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente , en 2000, el Presidente Ricardo Lagos , y en 2009, la Presidenta Michelle Bachelet , utilizaron una fórmula para anticipar la devolución de impuestos, lo que en ambos casos coincidió con períodos electorales.
Solicito al Presidente de la República tomar esa fórmula que funcionó en términos operativos bastante bien y revisar la posibilidad de anticipar la devolución de impuestos, focalizada en las personas más afectadas por el terremoto.
En mis salidas de trabajo a terreno me toca ver la realidad de las familias, muchas de ellas con sus viviendas destruidas, con problemas sociales bastante gruesos, por lo que les vendría muy bien tener algo más de liquidez en el mes de septiembre de este año.
Por lo tanto, en ese sentido pido a la Cámara que apoye este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , estoy totalmente de acuerdo con cualquier ayuda para las personas de las zonas de catástrofe, más aún cuando hace pocas horas hubo tres réplicas muy grandes en nuestra región, a 70 kilómetros de Concepción, con epicentro cerca de Lebu, de cinco y de cuatro grados.
Quiero aclarar que las veces que se hizo la devolución anticipada de impuestos no fue por situaciones electorales. En 2009 obedeció a una medida contra cíclica adoptada después de la gran crisis económica de septiembre de 2008. Lo digo porque es bueno clarificar las cosas. El Congreso Nacional es un poder del Estado serio y responsable y hay mucha gente que ve el canal de la Cámara, especialmente en nuestra Región del Biobío. Lo comentaba con el diputado Cristián Campos hace un rato y otros colegas.
Se trata de una buena medida, pero es un proyecto de acuerdo, no una moción parlamentaria. Estamos bajo un régimen presidencial en que el único que tiene atribuciones para presentar este tipo de proyectos es el Ejecutivo . Ojalá mi colega que me antecedió en el uso de la palabra, que es parte de la Coalición por el Cambio, convenza al Presidente de la República y al ministro de Hacienda , para que se ingrese un proyecto de ley en este sentido.
Como diputado titular de la Comisión de Hacienda hace muchos años que estoy disponible, en el evento de que ingrese un proyecto de esta naturaleza, a que su tratamiento se califique de discusión inmediata. Nadie se va a oponer a eso.
Seamos claros en los anuncios. Algunos colegas prestan declaraciones en medios escritos, radiales o de televisión y señalan que presentarán un determinado proyecto. No aclaran que se trata de proyecto de acuerdo, instrumento legislativo que sólo manifiesta la intención de entregar un determinado beneficio a la gente.
Sin embargo, apoyo con mucha fuerza la iniciativa y ojalá se tome en cuenta. Hemos presentado muchos proyectos de acuerdo después del 27 de febrero. Es más, alcanzamos a presentar algunos el 8, 9 y 10 de marzo de la anterior legislatura; sin embargo, aún no hemos obtenido respuesta.
Lo votaremos favorablemente. Ojalá que el Ejecutivo recuerde que no son anuncios, sino la realidad.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
ADECUACIÓN DE LEGISLACIÓN SOBRE OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE GRACIA. (Pendiente).
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 108, de los diputados señores Lemus, Schilling, Walker, Montes, González, Díaz, Aguiló, Tarud, Jaramillo y de la diputada señora Denise Pascal, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar a S.E. Presidente de la República , como asimismo al Ministerio de Planificación, para que en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, efectúen las reformas necesarias para adecuar la actual legislación, considerando el grado de vulnerabilidad social de los beneficiarios de pensiones de gracia, a objeto de que se incorpore:
1.- La transmisibilidad del beneficio a la cónyuge sobreviviente.
2.- Que incorpore de pleno derecho la atención gratuita en el Fondo Nacional de Salud.
3.- Que la pensión no sea incompatible con otros beneficios tales como bonos de invierno, aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad.
4. Que incorpore cuotas mortuorias en caso de fallecimiento del beneficiario, tal como lo dispone la ley N° 20.301.”.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Luis Lemus.
El señor LEMUS.- Señor Presidente , pido a la Sala la aprobación de este proyecto de acuerdo para oficiar al señor Presidente de la República y al ministro de Planificación respecto de la posibilidad de mejorar las pensiones de gracia entregadas a los pequeños pirquineros de la minería del cobre y del oro de las regiones Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y parte de la Sexta.
Desde 2000, aproximadamente, una vez que la crisis del cobre y el oro cobró fuerza a nivel mundial, nuestra pequeña minería tuvo serios problemas y no pudo sustentarse cuando el cobre, incluso, llegó a un valor de 62 centavos de dólar la libra.
Como consecuencia de ello, nacieron una serie de incentivos y de mejoras, sobre todo para proteger a la gente que ha trabajado y entregado durante tanto tiempo grandes riquezas a nuestro país y a sus familias.
Así, se crearon las pensiones de gracia, las que fueron entregadas a esos pequeños mineros y a los mineros del carbón, en el sur de Chile. Dicho beneficio fue pensado como un reconocimiento a deportistas, a ciudadanos importantes que le han dado prestigio a nuestro país, y también a quienes han sido afectados por situaciones catastróficas. Su entrega debe ser evaluada por la Comisión Presidencial respectiva.
Por eso, mediante este proyecto de acuerdo hago una petición en los siguientes términos:
Primero, que la pensión sea transmisible, heredable a la cónyuge sobreviviente;
Segundo, que incorpore de pleno derecho la atención gratuita en el Fondo Nacional de Salud. Hoy no existe acceso gratuito a la salud;
Tercero, que la pensión no sea incompatible con otros beneficios, tales como bonos de invierno, aguinaldos de fiestas patrias y navidad;
Por último, algo muy digno: que se incorporen las cuotas mortuorias en caso de fallecimiento del beneficiario, tal como lo dispone la ley N° 20.301.
Ésa es la petición que hacemos mediante este proyecto de acuerdo que, ojalá, pueda ser aprobado por la Sala, a los efectos de oficiar al respecto al señor Presidente de la República .
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente , es muy plausible la adecuación planteada en el proyecto de acuerdo, en el sentido de que aquellos que reciben pensiones de gracia puedan transmitir sus derechos a la cónyuge sobreviviente. Y es plausible, porque la cónyuge es parte de la familia, del matrimonio y la que apoya el éxito de la persona que ha prestado servicios distinguidos en beneficio del país y que ha sido beneficiada con dicha pensión.
La pensión de gracia también se extiende a personas discapacitadas y a las que se encuentran en las situaciones específicas que señaló el diputado Lemus .
Por ello, es importante que el beneficio sea transmisible en los términos señalados en el proyecto de acuerdo y que no sea incompatible con otros beneficios, como los ya descritos.
Las pensiones de gracia han sido bastante positivas, en el sentido de premiar los grandes servicios prestados por algunas personas, o de subsidiar alguna insuficiencia de otras.
Por lo tanto, manifiesto mi apoyo al proyecto de acuerdo, en los términos en que está señalado.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ha finalizado el tiempo destinado a Proyectos de Acuerdo. Por lo tanto, el proyecto se votará en la sesión a efectuarse el próximo martes.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
POLÍTICA EN FAVOR DEL FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de la UDI.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Van Rysselberghe.
El señor VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente , hace algunos días el diario “El Sur”, de la Región del Biobío, se refirió en una nota el notable incremento de divorcios en la zona.
La información señalaba que, en la región de cada diez matrimonios que se realizan otros siete se separaron este año.
A eso hay que sumar que, a nivel nacional, el año pasado, por primera vez en nuestra historia, el número de divorcios superó al de matrimonios.
Según datos proporcionados por el Poder Judicial , en 2009 los tribunales de familia decretaron el divorcio de 63 mil 21 parejas. Por su parte, en el mismo período el Registro Civil inscribió 57 mil 836 nuevas uniones legales. Es decir, las parejas que se casaron el año pasado fueron 9 por ciento menos que las que firmaron para poner fin a esa unión.
Más allá de las cifras, queda claro que la estabilidad de la familia es un grave problema que afecta a nuestro país. El desarrollo nacional no es sólo un problema de indicadores económicos, de productividad o de producción. También posee una dimensión humana sobre la que descansa la posibilidad real de alcanzar una vida digna para todos los chilenos. Y en esa dimensión verdaderamente humana, la familia es un pilar fundamental.
Es verdad que todos queremos el desarrollo del país, pero no cualquier desarrollo. No es casualidad que algunos países que son un ejemplo de progreso material no lo son de avance y protección familiar. Así, por ejemplo, Estados Unidos, el Reino Unido, Dinamarca , Nueva Zelandia, Australia, Canadá y Finlandia, lideran el ranking en cantidad de divorcios por mil habitantes en cifras que van de 495 a 246. Y si bien esos países poseen envidiables niveles de vida material, lo cierto es que debemos preguntarnos si es necesario cometer los mismos errores para llegar al desarrollo. El punto es determinar cuál es el tipo de desarrollo que queremos.
Creo que a nadie se le puede obligar a mantener un matrimonio, ni menos obligar a la gente a contraer el sagrado compromiso. Pero sí el país debe asumir como uno de sus desafíos la protección del núcleo familiar, incentivar la maternidad y la paternidad, premiar y no desincentivar la estabilidad matrimonial y, en suma, asegurar una tasa de natalidad que, al menos, nos alcance para mantener en el tiempo el número de chilenos.
Por eso, creemos que esta política para fortalecer la familia no debe ser manejada centralmente, sino, también, desde las regiones.
Por ello, al menos en la Región del Biobío -que represento en esta Cámara-, lucharemos para que la familia sea uno de los ejes que conforme la estrategia de desarrollo regional que se analizará este año.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se adhieren a la intervención del diputado señor Enrique Van Rysselberghe la diputada señora Mónica Zalaquett y el diputado señor Carlos Vilches .
FISCALIZACIÓN DE OFICINAS DE FONASA EN COPIAPÓ. (Aplicación del artículo 294 del Reglamento). Oficio.
El señor ORTIZ (presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente , en virtud del artículo 294 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito que se oficie al ministro de Salud para que ordene una fiscalización en las oficinas de Fonasa de Copiapó, debido a la pésima atención que se otorga al público, particularmente en lo que respecta a la emisión de bonos de consulta, donde las personas que requieren el servicio deben esperar muchísimo tiempo para ser atendidas.
En los últimos días, he sido informado de que se han acumulado cientos de personas en el Servicio de Fonasa para requerir bonos de atención. La explicación que se les ha dado es que el atraso es consecuencia del cambio del sistema de internet, lo que ha provocado una disminución en la velocidad en el sistema. Por tal razón, la entrega de bonos, que antes demoraba dos minutos, ahora tarda quince minutos por persona, hecho que ha causado la molestia de gran cantidad de personas que deben obtener sus bonos de consulta médica a través de Fonasa.
Asimismo, pido que se me informe las razones que se aducen para no contar con la implementación tecnológica adecuada que permita la fluidez en este tipo de servicio.
Lo señalado precedentemente -repito- obedece a hechos que ocurren en el Servicio de Fonasa de Copiapó y que afectan a un gran número de personas.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando el texto de su intervención, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
TRASLADO DE CENTRAL TÉRMICA EDELAYSEN, COMUNA DE CHILE CHICO. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado don David Sandoval.
El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , hace pocos días ocurrió un hecho en la ciudad de Chile Chico que provocó gran inquietud en la comunidad. El alcalde de la ciudad también realizó presentaciones sobre el particular.
La empresa eléctrica Edelaysen mantiene una central térmica en dicha localidad. Ésta sufrió un siniestro que produjo el acopio de importantes cantidades de combustible, lo que generó bastante inquietud en la comunidad.
En este sentido, pido que se envíe un oficio al ministro de Energía , al Superintendente de Electricidad y Combustibles y a los directivos de la empresa, con el objeto de que informen sobre los planes y programas que apunten fundamentalmente a impulsar el traslado de esas instalaciones, ya que se encuentran en medio de la ciudad. Cuando funcionan los generadores provocan una gran contaminación acústica a un amplio sector de la población, siendo el hospital uno de los grandes afectados, ya que se halla a cien metros de ella. Ello ayudará a mejorar las condiciones de calidad de vida de la población y evitará que situaciones como éstas se repitan.
Por ello, es preciso que las señaladas autoridades intervengan e informen a la brevedad respecto de los planes para cambiar el emplazamiento de las mencionadas instalaciones.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención.
IMPULSO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN FAVOR DEL ADULTO MAYOR. Oficios.
El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , el programa Informe Especial, de Televisión Nacional, dejó al descubierto un terrible drama que vive un amplio sector de nuestra población. En Chile tenemos que arrastrar muchas vergüenzas: la extrema pobreza, la pobreza, la marginalidad, las desigualdades sociales, las faltas de oportunidad y el trato que damos a una población tan vulnerable como la del adulto mayor, en especial a quienes se encuentran en condición de abandono o postrados.
Por tanto, pido que se oficie a la ministra del Sernam , de quien depende el Senama, y al director de ese servicio, con el objeto de impulsar una gran campaña a fin de revalorar al adulto mayor. Pareciera ser que esta sociedad es solamente de jóvenes, porque en Chile tener más de 50 años es un pecado. Hay que impulsar una política efectiva en esta materia. Cuando se habla de inclusión social y de valoración de la gente debemos dar sentido a esos conceptos y difundirlos a través del mayor número de medios de comunicación.
En Chile se habla de hogares de ancianos, casas de adulto mayor y casas de reposo. A mi juicio, tantas nominaciones demuestran claramente la falta de regulación que existe sobre la materia.
Por tanto, pido que el director del Servicio Nacional del Adulto Mayor gestione a la brevedad posible el envío de un proyecto de ley que se haga cargo de esta realidad, impulse una adecuada clasificación de los centros de atención y estimule a los centros de educación superior en la formación de profesionales especialistas. Científicos y profesionales del área de la geriatría han indicado que año tras año egresan en Chile ochenta pediatras y sólo siete geriatras. Esto habla de la enorme diversidad y del gran desafío que tienen las universidades, los institutos y los centros de formación técnica en la preparación de técnicos en esa dirección.
Solicito que se haga llegar nuestras peticiones a las autoridades mencionadas, porque la realidad vergonzosa que expuso ese programa de televisión ante el país debe hacer reaccionar a nuestro Gobierno, en el sentido de impulsar políticas públicas sociales apropiadas a las entidades pertinentes y a toda la sociedad.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría lo más pronto posible, por la gravedad de lo expuesto.
MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN DE PACIENTES EN CONSULTORIOS DE SALUD DE MAIPÚ. Oficios.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Mónica Zalaquett.
La señora ZALAQUETT (doña Mónica).- Señor Presidente , en esta ocasión quiero referirme a un problema que, diariamente, viven cientos de vecinos de Maipú, comuna que pertenece al distrito que represento. Sé fehacientemente que no es algo que suceda únicamente allí.
Día a día, cientos de personas, en especial de la tercera edad, llegan a alrededor de las seis de la mañana hasta las dependencias del consultorio de Maipú, ubicado en avenida Pajaritos N° 2470.
Allí, en plena madrugada y expuestos a muy bajas temperaturas, es posible observar largas filas de vecinos y vecinas de avanzada edad que esperan para obtener un número para su atención médica.
Sólo a modo de ejemplo, quiero relatar brevemente la situación vivida por doña Filomena González González , quien la semana pasada, y pese haber llegado a las 6.27 de la madrugada, obtuvo el número 31 de atención.
La señora Filomena, quien sufre un severo problema en su rodilla, no sólo debió esperar por su número, sino que fue increpada por el personal del consultorio, luego de reclamar por las condiciones de espera y solicitar, en la misma oportunidad, hora para su hijo enfermo de esquizofrenia.
Historias como ésta se repiten a cada momento, y la impotencia avanza entre la población.
Asimismo, la realidad antes descrita no es privativa de ese consultorio en particular ni de Maipú, comuna que si bien cuenta con catorce centros de salud, su población alcanza a cerca de 800 mil habitantes, sin duda, la más grande de toda el país. Por tal motivo, los centros de urgencia se ven ampliamente sobrepasados y la atención es deplorable.
Cabe señalar que la mayoría de los funcionarios de la salud primaria trabajan con gran compromiso por la salud de la población. Sin embargo, hay excepciones que, por desgracia, constituyen abusos inaceptables. Precisamente, porque afectan a chilenos, no tienen más alternativa que atenderse en un lugar determinado.
Si un afiliado a isapre considera que ha sido maltratado, puede cambiarse de centro de salud y estampar el correspondiente reclamo. La salud pública debe tener un estándar de humanidad.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Salud y a la Ilustre Municipalidad de Maipú , con el propósito de que impulsen un proyecto de mejoramiento de la atención de los pacientes por parte de funcionarios, médicos y paramédicos. Asimismo, pido que se informe a la Cámara de las gestiones que se realicen en ese sentido.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL EN LOCALIDAD DE CALLEJONES, COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA. Oficios.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Javier Macaya.
El señor MACAYA.- Señor Presidente , esta vez quiero dar a conocer una situación que ya ha sido expuesta con anterioridad en esta honorable Cámara por el ex diputado Juan Masferrer .
Se trata de una situación puntual que afecta a la localidad de Callejones, comuna de San Vicente de Tagua Tagua, perteneciente al distrito N° 34. Allí, doscientas familias deben cruzar a diario el estero Zamorano, en el que no existe un paso habilitado para hacerlo.
Ese hecho queda de manifiesto sobre todo en el período invernal. La crecida del estero hace que muchas personas se vean en la obligación de cruzarlo a caballo; otras, como los niños y adultos mayores, deben recorrer más de siete kilómetros de distancia para llegar a sus lugares de trabajo.
Repito, esta situación ya fue dada a conocer por el ex diputado Juan Masferrer , mediante oficio N° 9627, de 3 de junio de 2009 que fue respondido por el Ministerio de Obras Públicas con fecha 26 de febrero de este año. Es decir, casi nueve meses después.
Eso da cuenta de la poca preocupación de la autoridad del momento. Sin embargo, me interesa poner en conocimiento del problema a las autoridades actuales.
Por ello, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas y al seremi del ramo de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, para que realicen una visita inspectiva al sector de Callejones y estudien la posibilidad que se construya una pasarela peatonal.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
PRÓRROGA DE VIGENCIA DE CONVENIO CON CUERPO MILITAR DEL TRABAJO EN ZONAS DECLARADAS DE CATÁSTROFE. Oficios.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Álvarez-Salamanca .
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA .- Señor Presidente , con motivo del terremoto de 27 de febrero pasado, el Gobierno ha impulsado muchas medidas que apuntan a rescatar aspectos de Talca y del Maule en su época más gloriosa. Muchas de estas tareas se llevan a cabo en virtud de un convenio con el Ejército de Chile, a través de los ministerios del Interior y del Trabajo, llamado Cuerpo Militar de Trabajo. De esta manera, muchas mujeres de Constitución, Talca, Curepto y San Clemente pueden trabajar y llevar el sustento a sus casas. La mayoría son jefas de hogar. En consecuencia, esta medida ha sido muy buena y se ha implementado muy bien en la zona.
Sin embargo, la mayoría de esos contratos finaliza el 5 de septiembre. Por eso, es necesario buscar una fórmula para prorrogarlos por uno o dos meses, a fin de que esas personas puedan seguir trabajando por tres razones sencillas.
Primero, porque la emergencia aún no ha terminado en la zona, cuestión que vengo señalando desde hace mucho tiempo; segundo, sería muy bueno mantener a esas personas trabajando hasta octubre o noviembre, para que luego lo hagan en el campo, cuando empieza la temporada agrícola, y tercero, porque el hecho de que cuenten con trabajo ayuda a la reactivación del comercio. Esa actividad, en Constitución y en Talca, está absolutamente en el suelo. Por lo tanto, esa fuente laboral es muy importante para reactivar el rubro.
Hoy, ese programa se está implementando en todas las zonas de catástrofe. Trabajan cerca de 18 mil personas, la mayoría mujeres jefas de hogar, en 75 comunas y dos islas.
Por ello, pido oficiar a la ministra del Trabajo y a los subsecretarios del Interior y de Desarrollo regional, a fin de que prorroguen la vigencia del convenio con el Cuerpo Militar del Trabajo, en lo posible hasta diciembre. Si no puede ser hasta esa fecha, ojalá que sea hasta octubre.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
ENTREGA DE FONDOS PENDIENTES A PROGRAMA “QUIERO MI BARRIO” EN COMUNA DE SAN JOAQUÍN. Oficio.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry.
El señor SALABERRY.- Señor Presidente , solicito que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo para que nos informe acerca del programa “Quiero mi barrio”, que se viene ejecutando desde hace algunos años en mi distrito, en particular en la comuna de San Joaquín.
Días atrás, me reuní con un grupo de vecinos del sector La Castrina y Aníbal Pinto , y otros, que han desarrollado de manera eficiente el programa “Quiero mi barrio”, en el cual se rescatan espacios para mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos.
Hay fondos pendientes por entregar para que este programa en ejecución llegue a buen término.
Por lo tanto, pido oficiar a la ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Magdalena Matte, con el objeto de que, sin perjuicio de la audiencia que se le solicitó, responda a esa inquietud del grupo vecinal, como también a las consultas de los habitantes de otros barrios del distrito que represento.
Repito, estoy seguro de que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, a través de la ministra de Vivienda y Urbanismo, podrá dar positiva respuesta a esa inquietud vecinal, con el propósito de que los fondos requeridos sean prontamente liberados y el programa “Quiero Mi Barrio” llegue a un feliz término.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.41 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 13.21 horas.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
INVESTIGACIÓN A INSTITUCIONES BANCARIAS ENCARGADAS DE INDEMNIZAR A DAMNIFICADOS EN PARQUE VILLA NUEVA LAS SALINAS, EN TALCAHUANO. Oficios.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Campos.
El señor CAMPOS.- Gracias señor Presidente.
En la comuna de Talcahuano, la más afectada por el terremoto y tsunami, hay un sector llamado Parque Villa Nueva Las Salinas.
Solicito que se oficie al superintendente de Bancos y al superintendente de Valores y Seguros, respectivamente, con la finalidad de que ambas instituciones investiguen, a la brevedad posible, las eventuales responsabilidades de las instituciones que indico a continuación por las siguientes irregularidades:
Ciento cinco vecinos deudores hipotecarios del BancoEstado, a quienes todavía la compañía de seguros, por medio de esta institución, no los ha indemnizado; treinta y cinco vecinos deudores hipotecarios del Banco Santander-Banefe; quince vecinos deudores hipotecarios del Banco del Desarrollo, a quienes tampoco se les ha liquidado el seguro correspondiente; un vecino cliente del Banco de Chile; un vecino cliente del Banco Falabella; dos vecinos clientes del Banco BCI; dos vecinos clientes de una financiera; un vecino cliente del Banco Scotiabank, y cuatro vecinos clientes del Banco Edwards.
Señor Presidente , le hago entrega de la nómina, separada por instituciones, para que el oficio se envíe a la brevedad posible. Allí se consignan los Rut, las direcciones y los bancos. Esto es lamentable, porque quien encabeza la lista es el BancoEstado. Se supone que dicho banco tiene un rol social más que de mercado; pero, al parecer, hace ratito que se le olvidó cumplir ese rol; quizá, algunos piensan que jugar un papel en el mercado es más importante que cumplir con la gente.
Además, pido que se remita copia de esta intervención al señor Juan Martínez , presidente de la población Nueva Las Salinas , de Talcahuano.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS CONTRAÍDOS A TRAVÉS DE PROGRAMA “QUIERO MI BARRIO” EN SECTORES DE COMUNA DE SAN JOAQUÍN. Oficio.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada Ximena Vidal, del Partido por la Democracia.
La señora VIDAL (doña Ximena).- Gracias, señor Presidente .
Mi intervención dice relación con el incumplimiento de compromisos contraídos a través del programa “Quiero mi barrio” en los sectores de Aníbal Pinto y La Castrina, en la comuna de San Joaquín.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo creó el programa “Quiero mi Barrio”, un programa de Estado que, básicamente, tiene como objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de barrios deteriorados a través de diversas políticas que mejoren el entorno urbano y promuevan el fortalecimiento de la participación social. Durante el gobierno de la Presidenta Bachelet se diseñó un programa que ha sido exitoso para el país. Diputados y diputadas podemos dar cuenta de él, porque hemos sido testigos de muchas de sus implementaciones a través de Chile. Desde el punto de vista social, es un programa eminentemente participativo, pues considera, como punto de partida, a los vecinos en la restauración y generación del barrio.
El programa “Quiero mi Barrio” ha actuado principalmente en entornos con deterioro urbano, con falencias de infraestructura, de equipamiento, con problemas de conectividad, de vulnerabilidad social, en su sentido más amplio. Para ello, se tomó en cuenta la capacidad local instalada en los barrios, sus recursos humanos, financieros y la existencia de organizaciones sociales. En definitiva, se implementó una conexión de redes sociales y materiales al servicio de una idea que es mejorar la calidad de vida de las personas.
He recibido información de los consejos vecinales de desarrollo de los barrios Aníbal Pinto y La Castrina, de la comuna de San Joaquín, los que han tenido serias dificultades. En abril, la seremi de Vivienda informó que los recursos para concluir el programa no serían transferidos en el corto plazo, lo que ha generado inseguridad en la gente y preocupación absolutamente fundada. Faltan respuestas claras y seriedad. El Consejo de Desarrollo Vecinal del barrio La Castrina envió una carta a la ministra de Vivienda solicitándole audiencia, la cual no ha sido respondida. Esperamos que, ahora, a través de esta intervención, y también de los oficios remitidos por el diputado Salaberry , consigamos esa audiencia para que los vecinos sean escuchados.
Señor Presidente , solicito que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo, con el objeto de que informe a esta Cámara, y a esta diputada en particular, acerca de las causas de la demora en la evaluación técnica de los proyectos acordados con los vecinos, y de la demora en la entrega de los fondos comprometidos, contractualmente, al programa “Quiero mi Barrio”, provenientes de proyectos aprobados en 2009 para los barrios Aníbal Pinto y La Castrina, de la referida comuna. Esto es gravísimo, porque se trata de contratos entre el municipio, los dirigentes -toda la comunidad está involucrada- y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
He dicho.
El señor OJEDA ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
PRONUNCIAMIENTO GUBERNAMENTAL ACERCA DE CANCELACIÓN DE PROGRAMA “LA VOZ DEL CIUDADANO”, DIFUNDIDO POR RADIO NATALES. Oficios.
El señor OJEDA (Presidente accidental).- Tiene la palabra la honorable diputada Carolina Goic, de la Democracia Cristiana.
La señora GOIC (doña Carolina).- Muchas gracias, señor Presidente .
Hoy me referiré a una información aparecida en primera plana en el principal diario de Magallanes, la Prensa Austral , y que me parece de extrema gravedad.
El periódico recoge las denuncias del ex gobernador y del ex alcalde de Puerto Natales , señores Mario Margoni y Tolentino Soto , respectivamente, en el sentido de que se ha silenciado, se ha impedido continuar con el programa radial “La voz del ciudadano”, que era transmitido a través de Radio Natales. Ellos señalan que esa situación se debería a la intervención del intendente regional, quien habría presionado en ese sentido. Arguyen que habría intervención del actual gobierno regional, el que habría presionado al dueño de la radio para que no permita más el arriendo de ese espacio. Se trata de un espacio pagado por dos personas de una trayectoria pública impecable, más allá de su militancia política. El programa recogía llamadas en vivo y ellos planteaban su postura crítica a la conducción del gobierno, pero siempre en un tono de respeto, sobre todo en lo que coincidimos transversalmente que hay que cuidar: la posibilidad de expresarse en democracia, que es lo que en los discursos escuchamos que se pretende fortalecer.
El seremi de Gobierno, señor Miguel Schweitzer , antes de que se produjera el cierre del espacio, conversó -me parece curioso- con el dueño de la radio. Entonces, aquí, todo parece calzar. Efectivamente, parece que este gobierno no quiere escuchar otras versiones y atenta contra libertades que debemos cuidar: la libertad de expresión y el derecho ciudadano a manifestar una opinión política, entendiéndose que ésta se emita sin menoscabar a nadie.
Mario Margoni señaló que, al parecer, estamos volviendo a los oscuros tiempos de la dictadura y que lo que hemos construido durante veinte años en pocos meses está cambiando.
Espero que esa no sea la línea de la vocera de Gobierno o de La Moneda. Si así fuera, no sólo se le estaría haciendo daño a la Oposición, sino que, también, al propio Gobierno y, lo que es peor, a la ciudadanía. El ciudadano tiene derecho a escuchar y a juzgar.
También espero que no haya existido presiones o a alguien se le haya ocurrido presionar para que no se pronuncien, por ejemplo, el Colegio de Periodistas o la Asociación de Comunicadores en la región.
Por eso, pido que se oficie a la vocera de Gobierno, ministra Ena von Baer , y al ministro del Interior , don Rodrigo Hinzpeter , para que se pronuncien respecto de la situación denunciada y de las gestiones realizadas al respecto por el seremi de Gobierno, don Miguel Schweitzer ; la intendenta, señora Liliana Kusanovic , o personal del gobierno regional. Deseo saber si hubo intervención y conocer cuál es la posición que tienen ante programas de la naturaleza de “La voz del ciudadano”. Hoy fue este programa; mañana será otro.
Les quiero recordar que durante los gobiernos de la Concertación existió el fondo de medios de comunicación social, regional, provincial y comunal para financiar programas de esa índole; incluso programas de Oposición, que eran relevantes. Es decir, se reconocía a los medios de comunicación locales como les verdaderos canales de expresión ciudadana.
Reitero mi molestia y mi rechazo absoluto a las prácticas denunciadas y espero que lo ocurrido haya sido casual y no un hecho que se transforme en sistemático. En verdad espero que corresponda simplemente a un error o a una casualidad y no a un acto intencionado. Con todo, espero que hechos como éste no se vuelvan a repetir. Por eso, pido un pronunciamiento oficial del Gobierno.
He dicho.
El señor OJEDA (Presidente accidental).- Es deber del Gobierno procurar el ejercicio pleno de las libertades y, labor nuestra, fiscalizar que eso se cumpla.
En tal virtud, se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Alberto Robles y de quien preside.
INVESTIGACIÓN POR SUSPENSIÓN DE PASANTÍA EN EMERGENCIAS MÉDICAS EN INSTITUTO GALILEE, DE ISRAEL. Oficios.
El señor OJEDA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , en nuestro rol fiscalizador a veces nos encontramos con conductas que van en desmedro de los recursos para fortalecer el sistema de Salud y, así, prestar una mejor atención a los ciudadanos.
Me referiré a un tema extraordinariamente serio, muestra de cómo actúa un gobierno que no planifica ni desarrolla sus acciones.
Durante mucho tiempo, el Ministerio de Salud preparó una pasantía para especialista en urgencia en el Instituto Galilee, de Israel. Este Centro de Estudios es uno de los más prestigiados en emergencias médicas e Israel es uno de los países con mayor expertise clínica en el desarrollo y atención de las emergencias, en el manejo de la cadena de medios físicos y humanos, como ambulancias y bomberos, entre otros, para atender urgencias y emergencias.
El ministerio había desarrollado la inquietud de que sus profesionales se formaran en el área de las urgencias y de las emergencias. Por eso, determinó el grupo de destacados profesionales de la Salud que habría de concurrir a esa pasantía, periplo que comenzaría el lunes 26 de julio, con la reunión de todas las personas en Santiago, para partir a Israel el martes 27 de julio.
La delegación la componían 15 colegas médicos, especialistas en distintas áreas. De la Región de Atacama participaría el jefe del Servicio de Atención Médica de Urgencia (Samu) y el jefe del Servicio de Urgencia del Hospital Regional , ambos destacados cirujanos.
Los pasajes fueron comprados por el ministerio de Salud y la pasantía fue pagada al Instituto Galilee a través de un organismo ejecutor, el Caribbean Services Tour Operador. Todo estaba listo, todo estaba dispuesto, todo estaba pagado; pero, a cuatro días de viajar, el jueves 22 de julio, llegó una orden ministerial -me imagino que proveniente de altos funcionarios de la Cartera, de la subsecretaria o del propio ministro -, que suspendió la participación de esos profesionales en la mencionada pasantía.
Todo lo pagado se perdió: pasajes y pasantía. Como comprenderán, lograr la devolución de esos dineros, cuando el viaje se suspende un par de días antes del inicio del evento, es prácticamente imposible.
Saquemos cuentas: dos millones de pesos cada pasaje y cuatro millones de pesos, según los antecedentes que tengo, la pasantía de cada uno de los quince profesionales. Total, seis millones de pesos por persona. Es decir, 90 millones de pesos costó la pasantía. Lo curioso es que con ella se buscaba mejorar el trabajo de emergencia en los distintos servicios de urgencia.
Por eso, pido que se oficie al Contralor General de la República para que investigue lo denunciando, dado que hay un mal uso de recursos públicos; no diría malversación, pero sí mal uso de los recursos públicos, dineros que se gastaron sin ningún sentido. Como ha quedado demostrado, se pagaron pasajes y una pasantía para nada.
También pido que se oficie al ministro de Salud , para que me dé una explicación clara y contundente sobre las razones que tuvo para suspender la concurrencia de los profesionales a la mencionada pasantía cuatro días antes de iniciarse el viaje. Quiero conocer la razón que tuvo, el ministro o la subsecretaria para adoptar tal medida. Estas autoridades son gobierno desde el 11 de marzo y el programa estaba planificado desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, si querían suspenderlo, sea por instrucciones del ministro o de la subsecretaria, debieron haberlo hecho con bastante anticipación. Con ello se habría evitado la compra de pasajes y el pago de la pasantía, repito, una de las mejores en el área de las urgencias.
Pido que copia de mi intervención se envíe al Colegio Médico de Chile; al Colegio Médico de Atacama ; al director del Hospital Regional de Copiapó ; al director del Servicio de Urgencia del Hospital de Copiapó ; al director del Samu del Hospital de Copiapó ; a la directora del Servicio de Salud y al Seremi de Salud de la Región de Atacama .
En el área de la salud hay muchos problemas, como la falta de medicamentos en los consultorios, dificultades para acceder a prestaciones y a distintos tipos de acciones que beneficien a la gente. Cuando se planifican pasantías que van en directo beneficio de las personas, -estoy convencido de ello, porque no se planifica simplemente por gusto, sino para beneficiar a la gente- es inaceptable que las autoridades no tomen los resguardos pertinentes y no adopten sus deci siones con tiempo y en forma adecuada, a fin de proteger los intereses del país y de la salud.
He dicho.
El señor OJEDA ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.40 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el desarrollo de las actividades de la CAF en Chile, suscrito en Santiago, Chile, el 15 de julio de 2009. (boletín N° 7096-10)
“Honorable Cámara de Diputados:
En virtud de mis atribuciones constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el desarrollo de las actividades de la CAF en Chile, suscrito en Santiago, Chile, el 15 de julio de 2009.
I. ANTECEDENTES
La Corporación Andina de Fomento (CAF) es un organismo financiero multilateral con sede en Caracas, Venezuela, que inició sus operaciones en 1970. La CAF presta servicios bancarios tanto al sector público como privado de sus países accionistas.
Chile fue uno de los países fundadores de esta institución financiera, manteniéndose como accionista hasta octubre de 1978, cuando el Gobierno de la época dispuso el retiro de Chile del entonces Grupo Andino, hoy Comunidad Andina. La CAF pudo desarrollar sus actividades en Chile, hasta 1978, en el marco de las mismas inmunidades y privilegios con que cuentan otras instituciones financieras internacionales que realizan operaciones con Chile.
La República de Chile se convirtió nuevamente en accionista de la CAF, pero esta vez de la Serie “C” de acciones de La Corporación, a través de la Corporación de Fomento de la Producción, mediante la firma de los Documentos de Suscripción de Acciones de Capital Ordinario y Acciones de Capital de Garantía, de fecha 18 de agosto de 1992 y de fecha 9 de noviembre de 2007.
No obstante, para poder desarrollar nuevamente sus actividades en Chile, la Corporación requiere de las inmunidades y privilegios que le otorga el presente Convenio, siendo los mismos que la Corporación ya gozaba hasta su retiro de Chile como accionista, e idénticos a los que Chile ya otorga a otros organismos financieros multilaterales que hacen operaciones con Chile. El Convenio también permitirá a la CAF, si así lo estima conveniente, abrir una Oficina de Representación en Chile.
Cabe destacar que actualmente, la CAF no sólo opera en los países andinos, sino que en toda Latinoamérica, siendo la principal fuente de financiamiento del área de infraestructura en dicha región. La CAF es una institución financiera comprometida con el desarrollo sustentable y la integración regional, pilares de su misión.
Al poder desarrollar sus actividades en Chile, los sectores público y privado del país podrán acceder a los múltiples productos y servicios financieros que ofrece la Corporación Andina de Fomento.
II. PRINCIPALES DISPOSICIONES DEL ACUERDO
El Preámbulo del Convenio reconoce a la CAF su carácter de organismo financiero multilateral, cuyo objetivo es el desarrollo económico y social de los pueblos, para lo cual desarrolla su actividad como Banco Múltiple y como agente financiero. En esta calidad, Chile le otorga las inmunidades y las facilidades que se contienen en el Convenio, a fin de permitirle llevar a cabo sus funciones en el territorio de la República.
1. Actividades
En primer término, el Convenio autoriza a la Corporación, en el Artículo 1, a realizar con el Gobierno y sus distintas instituciones, así como con cualquier persona natural o jurídica, todas las operaciones que correspondan a sus objetivos y las funciones señaladas en el Artículo 4 del Convenio Constitutivo de la CAF.
Para ello, el Artículo 2 le reconoce a la Corporación plena capacidad jurídica para adquirir y disponer de bienes muebles e inmuebles, celebrar todo tipo de contratos e iniciar acciones judiciales y ser enjuiciada ante los Tribunales de la República. Asimismo, el Convenio establece las condiciones bajo las cuales se podrán entablar acciones judiciales contra la CAF en Chile.
2. Decisión sobre operaciones de la CAF
El Convenio establece explícitamente que la Corporación no concederá financiamientos ni realizará inversiones con personas naturales o jurídicas privadas, residentes o domiciliadas en Chile, si el Gobierno objeta dicho financiamiento o inversión (Artículo 2, numeral 4).
Se explicita de igual modo, que en sus operaciones con personas naturales o jurídicas, residentes o domiciliadas en nuestro país, la CAF se someterá a la legislación vigente en Chile, sea en calidad de deudor o de acreedor, sin perjuicio de los beneficios dispuestos en el Convenio (Artículo 2, numeral 5).
3. Inmunidades
El Convenio dispone que los bienes y demás activos de la Corporación gozarán de inmunidad con respecto a expropiaciones (excepto por causa de utilidad pública o interés nacional calificado por la ley); así como de otros actos de aprehensión forzosa en Chile; y respecto de la aplicación de medidas cautelares en acciones judiciales, en tanto no exista sentencia definitiva de órgano jurisdiccional competente contra la Corporación (Artículo 2, numeral 6).
Se agrega que los bienes y demás activos de la CAF estarán exentos de toda clase de restricciones, regulaciones y medidas de control y moratorias, en la medida necesaria para que la Corporación cumpla su objeto (Artículo 2, numeral 7).
Finalmente, en lo que respecta a los archivos y comunicaciones de la CAF, se les garantiza la inviolabilidad en el primer caso y en el segundo, un trato no menos favorable al otorgado a otras organizaciones intergubernamentales equivalentes (Artículo 2, numerales 8 y 9).
4. Exenciones
Los Artículos 4 y 5 del Convenio establecen las exenciones tributarias que se otorgan a la CAF, similares a las de otros organismos financieros internacionales.
De conformidad a ellos, la CAF gozará de un trato no discriminatorio en materia de tributos por los valores o títulos de crédito que emita o garantice. Asimismo, la Corporación estará exenta de:
a) Los impuestos directos que pudieran recaer sobre sus bienes, ingresos y otros haberes, así como de los impuestos que le afecten por los títulos de crédito o valores que emita o garantice de acuerdo con este Convenio;
b) Toda retención o deducción a cuenta de impuestos o gravámenes, por los pagos que reciba de la República de Chile, sus organismos, personas naturales y jurídicas, por concepto de intereses, dividendos, comisiones y otros similares, todo ello de conformidad con la legislación interna;
c) El pago de derechos arancelarios que graven la importación de vehículos, bienes y equipo técnico necesarios para la operación de su Oficina de Representación, los que no podrán ser comercializados en Chile sin previa autorización del Gobierno.
5. Tratamiento a funcionarios de la CAF
Los funcionarios gozarán de inmunidad judicial, pero sólo con respecto a actos realizados en ejercicio de sus funciones oficiales, incluyendo palabras escritas o habladas, salvo que la Corporación renuncie expresamente a tal inmunidad (Artículo 2, numeral 10).
Esta inmunidad empero, no se extiende a acciones por daños originados en un accidente causado por un vehículo, nave o aeronave de propiedad de los funcionarios de la CAF, o conducido por ellos, con relación a una infracción de las normas de tránsito que involucre a dicho vehículo o sea cometido por ellos, ni a las infracciones o contravenciones a la legislación laboral y de seguridad social vigente en Chile (Artículo 2, numeral 10, párrafo segundo).
En lo que respecta a las exenciones tributarias, los funcionarios de la Corporación, según el Artículo 5:
a) No estarán sujetos a impuestos u otras cargas tributarias por los sueldos y salarios que reciban de La Corporación; y
b) Tendrán derecho a importar libres de aranceles, impuestos y otros gravámenes, sus muebles, efectos personales y enseres domésticos cuando asuman su puesto en Chile. Además, cuando estén destinados por un período mayor a un año, tendrán derecho a internar un vehículo para su uso propio, al que se aplicarán las normas establecidas para el Cuerpo Diplomático residente.
Sin embargo, estos beneficios no se aplicarán a los funcionarios que, al momento de ser contratados o destinados a prestar servicios en Chile, posean domicilio o residencia en el país.
Asimismo, de conformidad con el Artículo 6, se facilitará la expedición de visas, permisos y autorizaciones, para que los funcionarios y sus familias puedan desarrollar sus actividades en Chile, permitiendo que éstos ingresen, permanezcan, residan y salgan del país en cualquier momento, pero observando y dando cumplimiento a las leyes de nuestro país.
Finalmente, se indica, en el Artículo 8 que si Chile considera que ha habido abuso de un privilegio o inmunidad concedida en virtud del Convenio, realizará consultas con el Presidente Ejecutivo de la CAF a fin de determinar lo ocurrido y acordar las medidas para evitar su repetición. No obstante, si la situación ejecutada por un funcionario fuera considerada de gravedad, Chile podrá requerir que la persona abandone el territorio nacional, aplicándose en este caso, los procedimientos usuales para la salida de miembros del personal de categoría equivalente de organismos internacionales acreditados.
6. Transferencias
En lo que se refiere al ingreso de capitales y operaciones de cambios internacionales, el Convenio en su Artículo 7 brinda a la Corporación un trato equivalente al otorgado en nuestro país a otros organismos financieros internacionales equivalentes. A tal efecto, el Convenio garantiza:
a) Un trámite expedito para la aprobación de inversiones extranjeras y operaciones de cambios internacionales, para las inversiones de la CAF en cualquier empresa en Chile;
b) Las autorizaciones necesarias para acceder a los tipos de cambio más favorables del mercado cambiario formal para la compra de moneda extranjera que pueda requerirse para remesar el capital, los dividendos, intereses, ganancias, beneficios, producto de ventas de activos, réditos, comisiones y todo tipo de ingresos relacionados con las actividades de la CAF, así como para remesas de los funcionarios y su familia directa.
Sin perjuicio de lo anterior, el Convenio explicita que ninguna disposición del mismo será aplicada o interpretada en el sentido de impedir, limitar o afectar la facultad del Banco Central de Chile para exigir que la realización de determinadas operaciones de cambios internacionales le sea informada por escrito por los interesados en la ejecución de la operación respectiva; el que ciertas operaciones se realicen exclusivamente en el mercado cambiario formal; y el ejercicio de sus facultades sancionatorias en caso de incumplimiento.
7. Disposiciones finales
Los Artículos 9 a 14 establecen una serie de disposiciones relacionadas con la entrada en vigencia, duración y solución de conflictos que emanen del Convenio.
Así, todo asunto no previsto en el Convenio en relación con el desarrollo de operaciones de la CAF en Chile, será resuelto mediante acuerdos complementarios entre las Partes. Las dudas y controversias que pudieran surgir con motivo de la interpretación o ejecución del Convenio serán resueltas en forma directa y por mutuo acuerdo. Si las dudas y controversias no fueren solucionadas en forma directa y por mutuo acuerdo dentro del plazo de seis meses, cualquiera de las Partes podrá recurrir a arbitraje, decisión que comunicará a la otra por escrito.
El Convenio podrá ser modificado de mutuo acuerdo entre las Partes, lo cual constará por escrito. Sin embargo, tales modificaciones sólo entrarán en vigor una vez aprobadas de la misma manera que el Convenio.
III. INTERCAMBIO DE CARTAS
Tras la suscripción del Convenio, con fecha 4 de marzo de 2010, las Partes contratantes representadas por el Presidente Ejecutivo de la Corporación y el Ministro de Hacienda de Chile , realizaron un intercambio de cartas en relación a la aplicación del artículo 7 del Convenio.
El objeto de las cartas es precisar el entendimiento de las Partes respecto de que lo previsto en el artículo 7, en cuanto a los compromisos que asume Chile en materia de inversión extranjera y operaciones de cambios internacionales, comprende expresamente el régimen de libre convertibilidad de la moneda y su transferencia o remesa al exterior, en lo referente a los créditos externos que esta institución otorgue a personas domiciliadas o residentes en Chile, como asimismo, a las inversiones financieras que realice en cumplimiento de su objeto y se encuadra, por ende, dentro del contexto del mejor tratamiento otorgado a los organismos financieros internacionales que operan en Chile.
Por lo tanto, dicho régimen especial resulta conciliable con la aplicación por parte del Banco Central de Chile de las restricciones que pueda establecer en uso de sus facultades legales previstas en el artículo 49 números 2 y 3 de su ley Orgánica Constitucional, en materia de encaje cambiario y de autorización previa, por cuanto dichas restricciones, que son de carácter general y no discriminatorio, se imponen al ingreso de las divisas al país y a las personas beneficiarias de estos créditos o que sean contraparte de las inversiones financieras, y siempre que estas personas tengan su domicilio o residencia en el país.
Finalmente, señalemos que por acuerdo de las Partes, estas cartas constituyen parte integrante del Convenio.
En mérito de lo expuesto, es que solicito a Vuestras Señorías aprobar el siguiente
-o-
PROYECTO DE ACUERDO:
“ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébese el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el desarrollo de las actividades de la CAF en Chile, suscrito en Santiago, Chile, con fecha 15 de julio de 2009.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; ALFREDO MORENO CHARME , Ministro de Relaciones Exteriores ; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN , Ministro de Hacienda ”.
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY QUE APRUEBA EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF)
Mensaje N° 191-358
1. El proyecto de ley tiene por objeto permitir que la Corporación Andina de Fomento (CAF), lleve a cabo sus funciones en la República de Chile, para lo cual se le reconoce su carácter de Organismo Financiero Multilateral y se le conceden los privilegios, inmunidades y facilidades equivalentes a las que reciben los otros organismos de similar naturaleza que operan en Chile. Chile se convirtió en accionista de la CAF, mediante la firma de la suscripción de acciones de Capital Ordinario y acciones de Capital de Garantía, de fechas 18 de agosto de 1992 y 9 de noviembre de 2007.
2. Fruto de los privilegios contenidos en el Proyecto de Ley, la CAF estará exenta de impuestos o gravámenes sobre sus bienes, ingresos y otros habares, y derechos arancelarios o de aduanas que graven la importación de bienes y equipos necesarios para la operación de su oficina de representación. Asimismo, sus funcionarios no estarán sujetos a impuestos u otras cargas tributarias y tendrán derecho a importar libres de aranceles, efectos personales.
3. Sin embargo, se estima que el proyecto de ley no implica enormes ingresos fiscales por cuanto las exenciones antes expuestas no representan una disminución efectiva de los ingresos tributarios y arancelarios para el año 2010 dado que la CAF aún no ha iniciado sus acciones en Chile. Si los hubiese para los años siguientes, éstos serán considerados en las Leyes de Presupuestos de los años respectivos.
(Fdo.): ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos ?.
2. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de acuerdo que aprueba la “Convención Conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre seguridad en la gestión de desechos radioactivos”, aprobada, el 5 de septiembre de 1997, en la conferencia diplomática convocada por el Organismo Internacional de Energía Atómica. (boletín N° 7097-10)
“Honorable Cámara de Diputados:
En virtud de mis atribuciones constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración el acuerdo sobre “Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radioactivos”, aprobada el 5 de septiembre de 1997, en la Conferencia Diplomática convocada por el Organismo Internacional de Energía Atómica.
I. ANTECEDENTES
La Convención Conjunta Sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y Sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos, es el primer instrumento jurídico internacional vinculante en la esfera de la gestión del combustible gastado y desechos radiactivos en el cual se abordan directamente estas materias a escala mundial. Esta Convención se abrió a la firma el 29 de septiembre de 1997 y entró en vigor el 18 de junio de 2001.
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha señalado que dicha Convención se aplica al combustible gastado y residuos radiactivos procedentes de los reactores nucleares civiles y de combustible gastado y residuos radiactivos procedentes de programas militares o de defensa, siempre y cuando dichos materiales se transfieran y sean gestionados exclusivamente dentro de los programas civiles, o cuando sean declarados combustible o residuos radiactivos a los efectos de la Convención, por la Parte Contratante. También se aplica la Convención a las liberaciones planificadas y controladas en el medio ambiente de líquidos o gases de materiales radiactivos provenientes de instalaciones nucleares reglamentadas.
Se considera a este instrumento internacional como una Convención “incentivadora”, puesto que no contempla sanciones por el incumplimiento de sus disposiciones, sino lo que pretende es estimular una mejora de la seguridad.
No obstante ello, se obliga a los Estados Partes a presentar un Informe Nacional, que es uno de los aspectos más importantes de esta Convención, ya que permite llevar a cabo un análisis crítico de la situación nacional, identificando las fortalezas y debilidades. Dicho informe se presenta en las reuniones de revisión y contendrá las medidas adoptadas para cumplir con cada una de las obligaciones de la Convención.
Es necesario que nuestro país se adapte a la realidad mundial en materia de derecho nuclear y esta Convención Conjunta es un medio por el cual se puede obtener y mantener en el mundo un alto grado de seguridad en la gestión del combustible gastado y de los desechos radiactivos, asegurar que haya medidas eficaces contra riesgos potenciales a fin de proteger a las personas, a la sociedad y al medio ambiente, así como prevenir accidentes y mitigar sus consecuencias en caso de que se produzcan.
II. ESTRUCTURA Y CONTENIDO
La Convención se estructura sobre la base de un Preámbulo y 7 Capítulos, que agrupan a los 44 artículos que conforman el presente Acuerdo.
CAPÍTULO 1
“OBJETIVO, DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN”
Este Capítulo contiene los Artículos 1, 2 y 3.
El Artículo 1 establece los objetivos de la Convención, estos son: i) lograr y mantener en todo el mundo un alto grado de seguridad en la gestión del combustible gastado y de los desechos radiactivos mediante la mejora de las medidas nacionales y de la cooperación internacional, incluida, cuando proceda, la cooperación técnica relacionada con la seguridad; ii) asegurar que en todas las etapas de la gestión del combustible gastado y de desechos radiactivos haya medidas eficaces contra los riesgos radiológicos potenciales a fin de proteger a las personas, a la sociedad y al medio ambiente de los efectos nocivos de la radiación ionizante, actualmente y en el futuro, de manera que se satisfagan las necesidades y aspiraciones de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades y aspiraciones; y, iii) prevenir los accidentes con consecuencias radiológicas y mitigar sus consecuencias en caso de que se produjesen durante cualquier etapa de la gestión de combustible gastado o de desechos radiactivos.
El Artículo 2 consigna las definiciones de una serie de términos utilizados en la Convención, de manera tal de prever, al momento de su aplicación, incurrir en errores de interpretación. Los términos definidos son: “cierre”, “clausura”, “descargas”, “disposición final”, “licencia”, “instalación nuclear”, “vida operacional”, “desechos radiactivos”, “gestión de desechos radiactivos”, “instalación de gestión de desechos radiactivos”, “órgano regulador”, “reprocesamiento”, “fuente sellada”, “combustible gastado”, “gestión del combustible gastado”, “instalación de gestión del combustible gastado”, “Estado de destino”, “Estado de origen”, “Estado de tránsito”, “almacenamiento”, y “movimiento transfronterizo”.
El Artículo 3 señala el ámbito de aplicación de la Convención, disponiendo al efecto que se empleará en la seguridad de la gestión del combustible gastado cuando el combustible gastado provenga de la operación de reactores nucleares para usos civiles y a la seguridad en la gestión de desechos radiactivos cuando los desechos radiactivos provengan de aplicaciones civiles. Se consigna además, que no se aplicará a la seguridad en la gestión de combustible gastado o desechos radiactivos que formen parte de programas militares o de defensa, a menos que la Parte Contratante los defina como combustible gastado o desechos radioactivos.
CAPÍTULO 2
“SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE GASTADO”
Este Capítulo se despliega desde el Artículo 4 al 10.
El Artículo 4 estipula los requisitos generales de seguridad para dar correcta protección a las personas, la sociedad y al medio ambiente contra riesgos radiológicos en todo momento que se gestione combustible gastado, estableciendo así una serie de puntos que deben ser considerados y cubiertos por cada país.
El Artículo 5 dispone sobre las instalaciones existentes, en el sentido de que cada país es responsable de verificar el estado de dichas instalaciones en relación con el manejo del combustible gastado.
Desde el Artículo 6 al Artículo 10 se menciona lo referente al emplazamiento de las instalaciones proyectadas, su diseño y construcción, evaluación de la seguridad de éstas, operación de las instalaciones y disposición final del combustible gastado. Estos Artículos, más allá de determinar las obligaciones y requisitos respecto de estas materias, establecen que es lo que se debe asegurar o resguardar, es decir, las acciones que emprenderá cada país con tal finalidad.
CAPÍTULO 3
“SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS”
El Capítulo 3 abarca desde el Artículo 11 al Artículo 17.
El Artículo 11 designa los requisitos generales de seguridad, reiterando nuevamente que se debe proteger en todo momento la seguridad de las personas, de la sociedad y del medio ambiente contra los riesgos radiológicos y otros riesgos relacionados.
Los Artículos 12 al 17 se refieren, respectivamente, a las instalaciones existentes y prácticas anteriores (Artículo 12), al emplazamiento de las instalaciones proyectadas (Artículo 13), al diseño y construcción de las instalaciones (Artículo 14), a la evaluación de la seguridad de las instalaciones (Artículo 15), a la operación de las instalaciones (Artículo 16), y a las medidas institucionales después del cierre (Artículo 17). Por medio de estas disposiciones se evidencia que la Convención localiza su interés en señalar qué es lo que se debe resguardar y que es lo qué se debe supervisar en cada uno de los aspectos referidos, para así contar con la protección adecuada.
CAPÍTULO 4
“DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD”
El Capítulo 4 va desde el Artículo 18 al 26.
El Artículo 18 se refiere a la implementación de las medidas, indicando al efecto que las Partes adoptarán en el ámbito de su legislación nacional, las medidas legislativas, reglamentarias, administrativas y otras que sean necesarias para dar cumplimiento a la Convención.
El Artículo 19 regula el marco legislativo que cada Parte Contratante deberá establecer para normar la seguridad en la gestión del combustible gastado y los desechos radiactivos, así como los elementos que debe contemplar dicho marco.
El Artículo 20 señala que cada Parte Contratante designará un órgano regulador, el que se encargará de aplicar el marco legislativo y reglamentario con la autoridad, competencia y recursos financieros y humanos adecuados para cumplir las responsabilidades que se le asignen.
El Artículo 21 alude a la responsabilidad del titular de la licencia, prescribiendo al efecto que la Parte Contratante debe asegurar que la responsabilidad por la seguridad en la gestión del combustible gastado o de desechos radiactivos recaiga en el titular de la licencia, salvo que no haya un titular de la licencia u otra Parte responsable, en cuyo caso la responsabilidad recaerá en la Parte Contratante que tenga jurisdicción sobre el combustible gastado o sobre los desechos radiactivos.
Los Artículos 22 al 26 aluden, respectivamente, a las medidas que deberán adoptar los Estados Partes para dar cumplimiento a las obligaciones que se derivan del cumplimiento de esta Convención y se refieren respectivamente a: los recursos humanos y financieros (Artículo 22), la garantía de calidad (Artículo 23), la protección radiológica operacional (Artículo 24), la preparación para casos de emergencia (Artículo 25), y la clausura (Artículo 26).
CAPÍTULO 5
“DISPOSICIONES VARIAS”
El Capítulo 5 contiene los Artículos 27 y 28.
El Artículo 27 considera los movimientos transfronterizos y las medidas que cada Estado debe adoptar en dichas situaciones de manera que sean compatibles con las disposiciones de la Convención y otros instrumentos internacionales.
Por su parte, el Artículo 28 hace mención a las fuentes selladas en desuso, estableciendo la obligación de los Estados de incorporar en sus legislaciones todas las medidas referentes para un correcto control de esta materia.
CAPÍTULO 6
“REUNIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES”
El Capítulo 6 va desde el Artículo 29 al 37.
El Artículo 29 se encarga de lo referente a la reunión preparatoria de las Partes Contratantes antes de la entrada en vigor de la Convención.
El Artículo 30, se ocupa de las reuniones de revisión, específicamente de la revisión de los informes nacionales que deben elaborar los Estados.
El Artículo 31 menciona las reuniones extraordinarias y cuando corresponde que éstas se celebren.
El Artículo 32 prescribe sobre la presentación de informes y los puntos que este debe contener.
Lo que concierne a la asistencia, informes resumidos, idiomas, confidencialidad y secretaría, se trata desde los Artículos 33 a 37.
CAPÍTULO 7
“CLÁUSULAS Y OTRAS DISPOSICIONES FINALES”
El Capítulo 7 contiene los Artículos 38 a 44.
Este Capítulo versa, respectivamente, sobre las disposiciones comunes a este tipo de acuerdos internacionales, regulando al efecto: la solución de controversias (Artículo 38), la firma, ratificación, aceptación, aprobación, adhesión (Artículo 39), la entrada en vigor (Artículo 40), las enmiendas a la Convención (Artículo 41), la denuncia (Artículo 42), el depositario (Artículo 43) y los textos auténticos (Artículos 44).
En mérito de lo expuesto y atendido a que esta Convención contribuye al desarrollo de la política en materia nuclear, solicito a Vuestras Señorías aprobar el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
“ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase la “Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radioactivos”, aprobada, el 5 de septiembre de 1997, en la Conferencia Diplomática convocada por el Organismo Internacional de Energía Atómica”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; ALFREDO MORENO CHARME , Ministro de Relaciones Exteriores ; RICARDO RAINERI BERNAIN , Ministro de Energía ”.
INFORME FINANCIERO
CONVENCIÓN CONJUNTA SOBRE SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DEL
COMBUSTIBLE GASTADO Y SOBRE SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DE
DESECHOS RADIACTIVOS, APROBADA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1997,
EN LA CONFERENCIA DIPLOMÁTICA CONVOCADA POR EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
Dicha convención tiene por objeto principalmente, lograr y mantener en todo el mundo un alto grado de seguridad en la gestión del combustible gastado y de los desechos radiactivos, mediante las mejoras de las medidas nacionales y de cooperación internacional, incluida, cuando proceda, la cooperación técnica relacionada con la seguridad.
Dado que no se requiere el pago de cuotas de los Estados Parte, la aprobación de la referida Convención no implica mayor gasto fiscal.
(Fdo.): ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos ?.
3. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de acuerdo que aprueba el tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes, establecido en Budapest el 28 de abril de 1977 y enmendado el 26 de septiembre de 1980, y su reglamento, adoptado el 28 de abril de 1977 y modificado el 20 de enero de 1981. (boletín N° 7098-10)
“Honorable Cámara de Diputados:
En virtud de mis atribuciones constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración el “Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes ”, establecido en Budapest el 28 de Abril de 1977 y enmendado el 26 de septiembre de 1980, y su Reglamento Anexo, adoptado el 28 de abril de 1977 y modificado el 20 de enero de 1981.
I. ANTECEDENTES
Mediante el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes (Tratado de Budapest ), los Estados Contratantes constituyen una “Unión” (Unión de Budapest) para el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos. El elemento medular del Tratado de Budapest, radica en que los países contratantes en su legislación permitan o exijan el depósito de microorganismos en los procedimientos de registro de patentes de invención, reconociendo el depósito efectuado ante una “autoridad internacional de depósito”, es decir, un organismo internacional reconocido y acreditado ante la OMPI para estos efectos.
La necesidad de efectuar el depósito de un microorganismo en los procedimientos de patentes tiene su origen en el requisito de divulgación que se exige a los solicitantes de patentes en este caso y en la complejidad de describir adecuadamente este tipo de inventos. Lo anterior, hace necesario el depósito del microorganismo para cumplir con el requisito de divulgación del invento, de forma que cualquier persona especializada en el sector industrial pueda reproducirlo una vez concluido el período de protección de la patente.
En este contexto, un único depósito realizado en un organismo internacional que cuenta con capacidad técnica para recibir y mantener microorganismos, puede ser utilizado por un solicitante que desee obtener una patente en diversos países para efectos de cumplir con los requisitos de divulgación de la invención.
Lo que el Tratado denomina “autoridad internacional de depósito” es una institución científica, pública o privada –como un banco de cultivos-, capaz de conservar los microorganismos. Esta institución adquiere la calidad de autoridad internacional de depósito cuando el Estado contratante en cuyo territorio se encuentra, proporciona seguridades al Director General de la OMPI de que reúne y continuará reuniendo determinadas condiciones previstas en el Tratado.
Al 1º de marzo del año 2009 existían 37 autoridades de esa índole: siete en el Reino Unido, tres en la Federación Rusa y la República de Corea, dos en China, España , los Estados Unidos, Italia, Japón y Polonia, respectivamente, y una en Alemania, Australia, Bélgica , Bulgaria, Canadá , Eslovaquia, Francia, Hungría , India , Letonia , Países Bajos y la República Checa.
Una de las principales ventajas que surge de este Tratado se relaciona con la simplificación y agilización de los procedimientos para la concesión de patentes de invención en casos de invenciones relacionadas con microorganismos u otro tipo de material biológico. Un único depósito realizado ante una “autoridad internacional de depósito” permite reducir los costos a los solicitantes de patentes relativas a microorganismos u otro material biológico, reduciendo la carga administrativa, tanto para los solicitantes, como para las oficinas de propiedad industrial.
Adicionalmente, un aspecto de suma importancia para Chile, que nos permite contribuir a preservar el importante patrimonio sanitario propio de un país exportador de productos agropecuarios, es que el reconocimiento del depósito efectuado en un organismo internacional contribuye a disminuir los riesgos asociados al traslado e internación al país de microorganismos o material biológico.
Aún cuando hasta la fecha Chile no es Parte del Tratado de Budapest, el requerimiento de depósito de microorganismos para los procedimientos de patentes no es un elemento extraño a la legislación chilena.
De hecho el Artículo 39 inciso 4º del Reglamento de la Ley Nº 19.039 de Propiedad Industrial, establece que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) tiene la facultad para requerir a los solicitantes de patentes de invención, que un material biológico vivo sea depositado ante un organismo internacionalmente reconocido para estos efectos.
En la práctica el INAPI solicita un certificado de depósito de material biológico en un organismo de depósito internacionalmente reconocido, para todas aquellas solicitudes de patentes cuando: a) la invención comprende microorganismos o material biológico como elemento fundamental de su divulgación, siendo dicho depósito la forma de asegurar la reproducibilidad de la misma, y b) opcionalmente, si la invención hace referencia en su cuerpo a certificados de depósitos realizados para materias propias de la invención en estudio. La solicitud de dichos certificados de depósito se ejecuta cuando sea necesario a efectos del procedimiento de examen de la solicitud de patente.
Desde su entrada en vigor en 1980, el Tratado de Budapest se ha convertido en una herramienta útil que ha permitido a los usuarios hacer menos complejo el procedimiento de solicitud de patentes. En efecto, una prueba evidente de la utilidad de este Tratado ha sido el aumento progresivo de países que han adherido a él.
Entre los 72 países que son miembros del Tratado de Budapest, se encuentran países tan diversos como Australia, Canadá , China, Francia, Corea , Macedonia , Filipinas, Senegal , Singapur, y Rusia.
En el ámbito latinoamericano el Tratado de Budapest ha sido suscrito por Costa Rica, Cuba, Honduras , El Salvador, República Dominicana , Guatemala , Honduras , México , Nicaragua, y Perú.
Finalmente, es importante señalar que el Tratado de Budapest no contempla disposiciones financieras ni un presupuesto especial, ya que, tanto la Unión, como la Asamblea se financian con cargo al presupuesto general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual Chile es miembro desde 1975. En consecuencia, la adhesión de Chile a este Tratado no generará ningún tipo de compromiso de contribución financiera para el Estado.
II. EL TRATADO DE BUDAPEST Y LOS ACUERDOS DE CHILE EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Chile ha desarrollado en la última década una amplia agenda internacional en materia de propiedad intelectual, incorporando nuevos estándares de Propiedad Intelectual e Industrial, manteniendo el necesario balance entre intereses de los titulares de derechos de propiedad intelectual y los de consumidores y usuarios en general.
A nivel bilateral esta agenda se ha desarrollado a través de los Tratados de Libre Comercio, mediante los cuales Chile ha negociado nuevos estándares de propiedad intelectual y ha reafirmado sus compromisos internacionales en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la OMPI.
A nivel multilateral, Chile ha ratificado en la última década los tratados internacionales más relevantes de propiedad intelectual e industrial, como el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Adpic) de la OMC, los Tratados de la OMPI sobre Derechos de Autor y sobre Ejecución de Fonogramas y recientemente el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Asimismo, al momento de ingresar este Proyecto de Acuerdo se encuentran en pleno proceso de aprobación en el Congreso Nacional, el Tratado sobre el Derecho de Marcas y el Convenio sobre la Protección de Variedades Vegetales, denominado también Acta de 1991 (UPOV).
La adhesión a otros tratados que conforman el sistema multilateral de propiedad industrial y que se refieren a categorías especificas de derechos de propiedad industrial, como el Tratado de Budapest, se enmarcan en el proceso de implementación de los nuevos estándares de propiedad intelectual señalados precedentemente. En particular, la adhesión al Tratado de Budapest permitirá complementar los beneficios -tanto para usuarios nacionales como extranjeros- derivados de la reciente adhesión de Chile al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes , otorgando un sistema más coherente a los inventores que quieran solicitar el registro de sus patentes tanto en Chile como en el extranjero.
Adicionalmente, a través de los tratados de libre comercio Chile ha comprometido también la adhesión a algunos acuerdos internacionales que forman parte del sistema multilateral.
Por ejemplo, de conformidad al Título VI sobre “Derechos de Propiedad Intelectual”, artículo 170, letra c) del Acuerdo de Asociación Chile - Unión Europea ambas Partes deben asegurar una ejecución adecuada y efectiva de las obligaciones derivadas del Tratado de Budapest antes del 1º de Enero del año 2009.
Asimismo, el Tratado entre Chile y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por sus siglas en inglés), establece en el artículo 2.3 del Anexo XII relativo a derechos de Propiedad Intelectual que las Partes deberán hacerse parte del Tratado de Budapest, antes del 1º de Enero de 2009.
Similar disposición existe en el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Australia, que señala en su Artículo 17.4 Nº1 letra (b) que cada Parte deberá ratificar el Tratado de Budapest antes del 1º de enero del año 2009.
En consecuencia, la adhesión al Tratado de Budapest además de formar parte del proceso de adecuación de la legislación chilena al sistema multilateral de propiedad intelectual, permitirá dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por Chile con dos de sus más importantes socios comerciales.
III. CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA DEL TRATADO DE BUDAPEST
Como ya se señaló, el Tratado de Budapest es un acuerdo internacional que facilita el cumplimiento de uno de los requisitos esenciales del sistema de patentes, el cual es, el requisito de divulgación del invento. En la mayoría de las solicitudes de patentes, este requisito de divulgación se cumple mediante la presentación de un documento escrito o memoria descriptiva realizada por el solicitante, en la que se explica de forma clara y completa la invención, de forma tal que ésta pueda ser reproducida por un experto sin necesidad de información adicional.
En el caso de invenciones relativas a microorganismos, la descripción mediante un documento escrito resulta en extremo complejo o incluso imposible, motivo por el cual las oficinas de propiedad industrial -incluido el Inapi- entienden cumplido el requisito de divulgación mediante el depósito del microorganismo en una entidad que reúna las características técnicas para su mantención, de forma que pueda ser consultado en caso que se requiera acceder al material biológico con objetivo de reproducir la invención.
De lo señalado en los párrafos precedentes, se colige que el ámbito de aplicación del Tratado es restringido, aplicándose solamente al ámbito de la Propiedad Industrial a aquellas solicitudes de patentes relativas a microorganismos.
El Tratado está compuesto por 20 artículos y contempla además un Reglamento anexo destinado a regular con mayor precisión las normas que rigen a la autoridad internacional de depósito y los procedimientos de depósitos. En caso de conflicto entre el Reglamento y el Tratado, priman las normas del Tratado.
En cuanto a la estructura misma del Tratado, los Artículos 1 y 2, establecidos bajo el título de Disposiciones Preliminares, junto con dejar establecida la constitución de la “Unión”, proporcionan un glosario con definiciones relevantes para efectos del entendimiento del conjunto de las materias que contiene el Tratado y el Reglamento.
Por su parte, el Artículo 3, que abre el Capítulo Primero sobre Disposiciones Sustantivas, se encarga de plasmar el compromiso esencial de las Partes, en orden a que los Estados contratantes que permitan o exijan el depósito de microorganismos como parte del procedimiento en materia de patentes reconocerán, para esos efectos, el depósito de un microorganismo efectuado ante una autoridad internacional de depósito.
Los Artículos siguientes sobre Disposiciones Sustantivas, junto con normar situaciones específicas en materia de nuevos depósitos de microorganismos y restricciones a la exportación y a la importación, fijan el estatuto jurídico de las autoridades internacionales de depósito.
De esta forma, el Artículo 6 enumera las condiciones y obligaciones esenciales que deben cumplir las autoridades internacionales de depósito tales como: domicilio en el territorio de un Estado contratante; tener existencia permanente; poseer el personal y las instalaciones necesarias para el cumplimiento de las funciones científicas y administrativas que le correspondan en virtud del presente Tratado; ser imparcial y objetiva; estar a disposición de cualquier solicitante; aceptar en depósito microorganismos de todos los tipos o de algunos de entre ellos, examinar su viabilidad y conservarlos; expedir un recibo al depositante, así como toda declaración requerida sobre su viabilidad; observar el secreto respecto a los microorganismos depositados; y, entregar muestras de todo microorganismo depositado. Todo lo anterior, en las condiciones y de conformidad con las normas establecidas en el Reglamento.
El Artículo 7 aborda todo lo relacionado con la adquisición del estatuto de autoridad internacional de depósito. Este procedimiento comienza con una comunicación escrita que el Estado contratante en cuyo territorio esté domiciliada la institución de depósito dirige al Director General de la OMPI , donde declara que dicha institución reúne las condiciones enumeradas en el Artículo 6. En el Reglamento se estipulan, a su vez, una serie de reglas específicas respecto del procedimiento de adquisición.
Como contrapartida a lo establecido en el párrafo anterior, el Artículo 8 del Tratado regula el cese del estatuto de autoridad internacional de depósito. Al respecto, todo Estado contratante o toda organización intergubernamental de propiedad industrial, podrá requerir de la Asamblea del Acuerdo la terminación del estatuto de autoridad internacional de depósito de una determinada institución en razón de no haberse cumplido las condiciones enumeradas en el Artículo 6 o que las mismas hayan dejado de cumplirse.
El Artículo 9 reconoce para efectos de los derechos y obligaciones que emanan del Tratado, a las organizaciones intergubernamentales de carácter regional a las cuales los Estados contratantes les han confiado la misión de conceder patentes también de carácter regional. Estas organizaciones podrán presentar al Director General , una declaración en virtud de la cual aceptan las obligaciones del Tratado y todos los efectos de sus disposiciones y de su Reglamento.
A la fecha, dicha declaración ha sido efectuada por la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (Aripo) y la Organización Euroasiática de Patentes (OEAP).
El Capítulo II contiene las Disposiciones Administrativas. En primer término, el Artículo 10 establece como órgano principal del Tratado a la Asamblea de Estados contratantes, cuyas funciones principales consisten en tratar todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión de Budapest, de la modificación del Reglamento y de los casos de cese y limitación del estatuto internacional de depósito.
En este Capítulo se estipulan además, en el Artículo 11, las funciones de carácter administrativo que les corresponden tanto a la Oficina Internacional, como al Director General de la OMPI , quien es el más alto funcionario de la Unión de Budapest y quien la representa.
El Capítulo III establece las normas sobre Revisión y Modificación del Tratado. En este contexto, el Artículo 13 dispone que el Tratado pueda ser objeto de revisiones periódicas mediante conferencias convocadas para este efecto por la Asamblea. El Artículo 14, por su parte, contiene las normas que rigen la modificación de determinadas disposiciones del Tratado, donde se destaca el quórum especial que se requiere para modificar los Artículos 10 y 11.
Finalmente el Capítulo IV está compuesto por las Disposiciones Finales, sobre: procedimiento para ser Parte del Tratado; entrada en vigor; denuncia; firma e idiomas; depósito; y, notificaciones.
IV. EL REGLAMENTO DEL TRATADO.
El Artículo 12 del Acuerdo dispone en forma expresa que el Reglamento deberá normar las cuestiones sobre las que el presente Tratado se remite expresamente a él o prevé específicamente que son o serán objeto de disposiciones reglamentarias. Además, el Reglamento deberá regular todos los requisitos, cuestiones o procedimientos de carácter administrativo y todos los detalles útiles para la ejecución de las disposiciones del Tratado.
En este contexto el Reglamento del Tratado de Budapest, que forma parte integrante de éste, contiene normas sobre: el estatuto de las autoridades internacionales de depósito; el procedimiento de adquisición y cese o limitación de dicho estatuto; modalidades de depósito; modificaciones de descripciones científicas; normas de conservación de microorganismos; control y declaración de viabilidad; entrega de muestras; tasas; plazos; y, demás disposiciones administrativas, algunas de ellas que inciden en materia del ámbito legal.
En mérito de lo anteriormente expuesto, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
“ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébanse el “Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de
Patentes?, establecido en Budapest el 28 de abril de 1977 y Enmendado el 26 de septiembre de 1980, y su Reglamento Anexo, adoptado el 28 de abril de 1977 y modificado el 20 de enero de 1981.?.?.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; ALFREDO MORENO CHARME , Ministro de Relaciones Exteriores ; JUAN ANDRÉS FONTAINE TALAVERA , Ministro de Economía , Fomento y Turismo”.
INFORME FINANCIERO
TRATADO BUDAPEST SOBRE EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
DEL DEPÓSITO DE MICROORGANISMOS A LOS FINES DEL
PROCEDIMIENTO DE PATENTES
El Tratado fue establecido en Budapest el 28 de abril de 1977 y enmendado el 26 de septiembre de 1980, y su reglamento, adoptado el 28 de abril de 1977 y modificado el 20 de enero de 1981. Entró en vigor el año 1980.
Este instrumento no contempla disposiciones financieras ni un presupuesto especial, por tanto la adhesión a este tratado no genera ningún tipo de contribuciones por parte del Estado de Chile.
(Fdo.): ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos ?.
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que, en uso de las facultades a mí conferidas, he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que crea un nuevo sistema de protección al contribuyente que enfrenta variaciones en los precios internacionales de los combustibles. (boletín N° 7064-05).
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
5. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 126 bis de la Constitución Política de la República, sobre territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández . (boletín N° 6756-07)
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
6. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 4 de agosto de 2010.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que traslada el Día del Huaso al 1° de septiembre, correspondiente al Boletín Nº 4308-06, con la siguiente enmienda:
Artículo único.-
Ha sustituido la locución “el 1 de septiembre” por “y de la Chilenidad el 17 de septiembre”.
-o-
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 6.349, de 22 de agosto de 2006.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
7. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 4 de agosto de 2010.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo de la Moción, informe y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes enmiendas a la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional:
Uno) Agrégase, en el inciso sexto del artículo 66, la siguiente oración: “A los acuerdos, resoluciones y funcionamiento del Consejo les serán aplicables, en lo pertinente, las normas de esta ley referidas a las comisiones.”.
Dos) Reemplázase el inciso segundo del artículo 66 A, por el siguiente:
“El Comité de Auditoría estará integrado por tres profesionales. Uno de ellos deberá tener el título de abogado y otro el de contador auditor. Ambos deberán acreditar, a lo menos, diez años de ejercicio profesional. El tercero será un especialista en materias de auditoría. Respecto de éste, se preferirá a quienes se hayan desempeñado por más de cinco años en la Contraloría General de la República o se encuentren registrados, por igual período, en la nómina de auditores de la Superintendencia de Valores y Seguros. Cada uno será seleccionado por la Comisión Bicameral señalada en el inciso anterior, de una nómina de tres personas que, en cada caso, propondrá el Consejo de Alta Dirección Pública. Este organismo realizará un concurso público para seleccionar a los candidatos a los cargos señalados. Dicho procedimiento podrá contemplar la participación de una empresa de reconocido prestigio en materia de selección de directivos.”.
Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes enmiendas a los artículos transitorios de la ley N° 20.447:
Uno) Reemplázase, en el artículo 3°, el vocablo “sesenta” por “ciento ochenta” y el guarismo “2010”, las dos veces que aparece, por “2011”:
Dos) Sustitúyense, en el inciso segundo del artículo 4°, los guarismos “2009” y “2010” por “2010” y “2011”, respectivamente.
Tres) Agrégase el siguiente artículo 6°, nuevo:
“Artículo 6°.- El primer Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias será presidido por el ex senador que lo integre.”.”.
-o-
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
8. Segundo Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones acerca del proyecto de ley que evita el no pago de la tarifa en los vehículos de la locomoción colectiva. (boletín N° 6948-15-2)
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones pasa a informaros, en segundo trámite reglamentario, sobre el proyecto de ley, originado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República , que evita el no pago de la tarifa en los vehículos de la locomoción colectiva. Su urgencia ha sido calificada de “suma”, en todos sus trámites.
La iniciativa busca incentivar el pago de la tarifa en los vehículos de la locomoción colectiva, para lo cual, se aumenta la sanción para los evasores, se establece un “Sub Registro de Pasajeros Infractores ” dentro del actual “ Registro de Multas de Tránsito No Pagadas” y la anotación en dicho sub registro, será considerada entre los antecedentes a evaluar, para obtener beneficios que otorgue el Estado.
El proyecto en informe, fue despachado por esta Comisión en su primer trámite reglamentario el 6 de julio de 2010, y aprobado en general por la H. Cámara de Diputados en la sesión 54ª, de fecha 15 de julio de 2010. La H. Sala de la Corporación acordó en aquella oportunidad, que el proyecto vuelva a la Comisión para segundo informe.
Constancias reglamentarias.
Para los efectos previstos en el artículo 288 del Reglamento de la Corporación, se hace constar lo siguiente:
Disposiciones que no han sido objeto de indicaciones ni de modificaciones: En esta situación se encuentra el artículo 1° del proyecto.
Artículos calificados como normas de carácter orgánico-constitucional o de quórum calificado: El proyecto no contiene este tipo de norma.
Artículos suprimidos: No los hay.
Artículos modificados: El artículo 2° del proyecto, fue objeto de modificación.
Artículos nuevos introducidos: No los hay.
Artículos que, en conformidad al artículo 222 del Reglamento, deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda: No hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
Indicaciones rechazadas: Hay una indicación rechazada.
Diputado Informante : Se designó al Diputado señor Pérez, don Leopoldo .
-o-
Para el estudio de este segundo informe reglamentario, la Comisión contó con la colaboración y asistencia del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Felipe Morandé Lavín y de la Subsecretaria de Transportes, señora Gloria Hutt Hesse .
-o-
El Ministro Morandé recordó que este proyecto se discutió y se aprobó por esta Comisión. A su juicio, la mala evaluación del sistema no es una excusa para que los usuarios no paguen la tarifa. Comentó que al reducir la evasión a la mitad, los efectos se reflejarán de inmediato en la tarifa.
Señaló que ambos artículos del proyecto, mejoran el tema de la evasión. Por el primero se incrementa la calificación de la gravedad de la falta, de “leve” a “grave”, lo cual, fue aprobado por unanimidad en el primer trámite reglamentario.
El artículo 2°, en tanto, tiene dos incisos, el primero de los cuales crea un Sub Registro de Pasajeros Infractores , a ser incorporado en el existente Registro de Multas de Tránsito No Pagadas. El inciso segundo establece que la presencia de una persona en este sub registro, será considerada en la evaluación del otorgamiento de beneficios sociales.
Explicó que este proyecto, que evita el no pago de las tarifas, debe considerarse como parte integral de una gran reforma para el transporte urbano. Al respecto, hay otros dos proyectos que inician su tramitación en estos días. Uno es el proyecto que modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado, boletín N° 7.085-15, que se encuentra actualmente en el Senado, y el otro es el que aumenta el Subsidio Nacional Transitorio al Transporte Público Remunerado de Pasajeros, boletín N° 7.101-15, que está pronto a ingresar a esta Cámara de Diputados.
1. DISPOSICIONES QUE NO HAN SIDO OBJETO DE INDICACIONES NI DE MODIFICACIONES.
El artículo 1° del proyecto no fue objeto de indicaciones, ni de modificaciones, por lo tanto, debe ser aprobado ipso jure, de acuerdo a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 131 del Reglamento.
2. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO-CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.
La Comisión determinó que el proyecto no contiene este tipo de normas.
3. ARTÍCULOS SUPRIMIDOS.
No hay artículos suprimidos.
4. ARTÍCULOS MODIFICADOS.
El artículo 2° del proyecto fue modificado por la siguiente indicación:
Los Diputados señores García , Hales , Hasbún , Hernández ; Pacheco , doña Clemira ; Pérez, don Leopoldo , y Vargas , formularon una indicación para suprimir el inciso noveno que se incorporaba al artículo 22 de la ley N°18.287.
-Puesta en votación la indicación, fue aprobada por siete votos a favor de los Diputados señores García , Hasbún , Hernández , Norambuena ; Pacheco , doña Clemira ; Pérez, don Leopoldo , y Vargas .
Es del caso explicar, que existía un error en el texto original del artículo 2° del proyecto. En dicho artículo se proponía incorporar los incisos octavo y noveno al artículo 22 de la ley N° 18.287, en circunstancias que debía decir que se incorporaban los incisos noveno y décimo. En razón que mediante la ley N° 20.410, se incorporó un inciso quinto, nuevo, quedando por lo tanto, el artículo 22, con ocho incisos.
5. ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS.
No hay artículos nuevos.
6. ARTÍCULOS QUE, EN CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 222 DEL REGLAMENTO, DEBAN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
La Comisión estimó que los artículos del proyecto no tienen que ser estudiados por la Comisión de Hacienda.
7. INDICACIONES RECHAZADAS.
La Comisión acordó rechazar la indicación formulada por la Diputada Pacheco , doña Clemira ; y los señores García, don René y Pérez, don Leopoldo , que proponían reemplazar en el inciso octavo, nuevo, la expresión “dos meses” por “mensualmente”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por siete votos en contra de los Diputados señores García , Hasbún , Hernández , Norambuena ; Pacheco , doña Clemira ; Pérez, don Leopoldo , y Vargas .
En conformidad con las constancias anotadas y las consideraciones expuestas, a las que podrán añadirse las que, en su oportunidad, formule el Diputado Informante , vuestra Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, os recomienda la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY.
Artículo 1°- Agrégase el siguiente número 41, nuevo, en el artículo 200 de la ley N° 18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
“41. No pagar la tarifa en vehículos de locomoción colectiva.”.
Artículo 2°.- Incorpórase el siguiente inciso noveno, nuevo, en el artículo 22° de la ley Nº 18.287:
“Los infractores que fueren condenados por no pagar la tarifa en el transporte público de pasajeros serán anotados en un “Sub Registro de Pasajeros Infractores ” que se creará en el “Registro de Multas de Tránsito No Pagadas” contemplado en el artículo 24° de esta ley. El Secretario del Tribunal , cada dos meses, individualizará a los infractores sancionados que no hayan pagado las multas aplicadas y lo comunicará, para su anotación, al Servicio de Registro Civil e Identificación. El procedimiento de anotación y eliminación de los infractores sancionados se reglamentará por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones conjuntamente con el Ministro de Justicia . La anotación se eliminará, por el solo ministerio de la ley, transcurridos tres años contados desde su efectiva anotación en el sub registro o con anterioridad, si el sancionado paga el total de la multa infraccional aplicada y los aranceles correspondientes.”.
Se designó Diputado informante al señor Leopoldo Pérez Lahsen .
Sala de la Comisión, a 04 de agosto de 2010.
Tratado y acordado, conforme se consigna en el acta de la sesión de fecha 03 de agosto de 2010, con la asistencia de los Diputados señores García, don René Manuel ( Presidente ); Hasbún, don Gustavo ; Hernández, don Javier ; Latorre, don Juan Carlos ; Meza, don Fernando ; Norambuena, don Iván ; Pacheco , doña Clemira ; Pérez, don Leopoldo , y Vargas, don Orlando .
Asistieron además, los Diputados señores Hales, don Patricio , y Sauerbaum, don Frank .
(Fdo.): PATRICIO ÁLVAREZ VALENZUELA , Secretario de la Comisión ”.
9. Informe sobre la participación de la diputada señora Alejandra Sepúlveda Orbenes , Presidenta de la Cámara de Diputados , en la 3ª Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos, organizada por Naciones Unidas y La Unión Interparlamentaria, realizada en Ginebra, Suiza, los días 19 a 21 de julio de 2010.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a honra informar sobre la participación que le correspondió a la Presidenta de la Cámara de Diputados, señora Alejandra Sepúlveda Orbenes , en la 3ª Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos, realizada en Ginebra, Suiza, los días 19 a 21 de julio de 2010. Acompañaron a la señora Presidenta el diputado señor Roberto León , presidente del Grupo Interparlamentario chileno de la Unión Interparlamentaria y las diputadas señoras Claudia Nogueira y Ximena Vidal .
La citada conferencia se llevó a cabo en dependencias de Naciones Unidas y fue organizada en conjunto con la Unión Interparlamentaria y reunió a más de 150 presidentes de Parlamentos.
Su importancia radica en que constituye un foro que reúne a la gran mayoría de los líderes de las Asambleas Legislativas, otorgándoles una oportunidad única de debatir cuestiones cruciales para la comunidad parlamentaria mundial. Enriquecerse con el intercambio de prácticas legislativas para el diseño de directrices para los parlamentos democráticos, como también de analizar el rol que les compete en los asuntos internacionales para reforzar la dimensión parlamentaria en los trabajos que lleva a cabo la Organización de Naciones Unidas y otras instituciones multilaterales.
Cabe señalar que esta importante conferencia se lleva a cabo cada cinco años y que durante esta tercera versión, se discutió, entre otros temas, acerca del papel de las instituciones legislativas y sus relaciones con Naciones Unidas.
El debate general se destinó a analizar el tema: “Los parlamentos en un mundo en crisis: garantizar la responsabilidad democrática mundial para el bien común”, a través del cual se pudieron analizar otras materias como la paz, la democracia, el desarrollo y la cooperación, cuestiones de igualdad de género y violencia contra las mujeres, conforme las propuestas de la Reunión de Mujeres Presidentas de Parlamentos del año 2009.
Cámara de Diputados, a 26 de julio de 2009.
(Fdo.): JACQUELINE PEILLAR GARCÍA , Dirección de Asuntos Internacionales”.
10. Moción de los diputados señores Santana , Browne , Edwards y Pérez, don Leopoldo .
Modifica el artículo 24 de la ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, con el objeto de incentivar una mayor agilización en la expedición de decisiones definitivas. (boletín N° 7110-06)
“La ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, publicada el 29 de mayo de 2003, ha constituido un importante avance en el sistema de procedimientos que debe observar la administración estatal, frente a los ciudadanos, en los múltiples trámites que éstos deben efectuar ante los servicios públicos que conforman la estructura administrativa del Estado.
Particularmente importante resulta en este aspecto, las normas del procedimiento contenidas en el artículo 4° de este cuerpo legal, que se expresan en los principios de escrituración, gratuidad, celeridad, conclusivo, economía procedimental, contradictoriedad, imparcialidad, abstención, no formalización, inexcusabilidad, impugnabilidad, transparencia y publicidad.
En este orden de ideas, cabe destacar el de la celeridad, que se define en el artículo 7° de la ley, y que consiste en la impulsión de oficio del procedimiento en todos sus trámites; actuación de propia iniciativa y la obligación para todas las autoridades y funcionarios de actuar con expedición en los trámites, removiendo todo obstáculo que pueda afectar una pronta y debida decisión.
Por su parte, el artículo 9°, que define la economía procedimental, impone a la administración la obligación de responder a la máxima economía de medios, evitando los trámites dilatorios.
No obstante la consagración de estos sanos principios, que constituyen el pilar sobre el cual se sustenta todo el procedimiento administrativo que ha de ser observado en forma irrestricta por las autoridades y funcionarios de la administración estatal, existe una disposición en esta misma ley que en nuestro concepto pugna con los principios de celeridad y economía procedimental, anteriormente mencionados.
Nos referimos específicamente a la norma contenida en el artículo 24 de esta ley, que establece que “las decisiones definitivas deberán expedirse dentro de los 20 días siguientes, contados desde que, a petición del interesado, se certifique que el acto se encuentra en estado de resolverse. La prolongación injustificada de la certificación dará origen a responsabilidad administrativa”.
Como se puede apreciar del texto de la disposición antes transcrita, el plazo impuesto a la autoridad para expedir su decisión, solo tendrá su decurso a contar de la certificación que el acto se encuentra en estado de resolverse, si esta certificación ha sido consignada, a petición del interesado.
¿Y qué ocurre si el interesado no pide en ningún momento esta certificación? Significa lisa y llanamente que no le correrá plazo a la autoridad para manifestar la decisión definitiva del acto que se encuentra sometido a su resolución, por cuanto no se efectuará este trámite procedimental.
Como la mayoría de los ciudadanos desconoce la mecánica de estos procedimientos administrativos, lo más seguro que sucederá es que no pidan esta certificación, a menos que cuenten con la cooperación de un experto o un asesor letrado, y por lo tanto el plazo para que se resuelva la situación por la cual han recurrido a la administración, se extenderá más allá de lo prudente y razonable, lo que evidentemente pugna con los principios de celeridad del procedimiento y economía procedimental, como se señaló anteriormente.
A fin de subsanar esta situación, estimamos que debe modificarse el referido artículo 24, estableciendo que la certificación allí contemplada, y respecto de la cual ha de contarse el plazo para la decisión de la autoridad, debe estamparse de oficio o a petición del interesado, lo que permitirá entonces que los principios de celeridad y economía procedimental, sean plena y cabalmente aplicados en el procedimiento administrativo establecido en esta ley.
En mérito a las consideraciones que anteceden, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Modificase el artículo 24 de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, en la siguiente forma:
Sustitúyese la oración “a petición del interesado”, por la siguiente: “de oficio o a petición del interesado”.
11. Moción de los diputados señores Santana , Browne , Edwards , Delmastro , García, don René Manuel ; Godoy , Monckeberg, don Nicolás ; Monckeberg, don Cristián ; Pérez, don Leopoldo , y de la diputada señora Rubilar , doña Karla .
Modifica el Código Penal incorporando el artículo 250 ter, con el objeto de establecer como circunstancia atenuante especial de responsabilidad penal, la cooperación eficaz en los delitos de cohecho. (boletín N° 7111-07)
“Una de las formas más comunes de la corrupción en nuestro país, está constituida por los delitos de cohecho, los que nuestro Código Penal contempla, en sus diversas formas de perpetración, en los artículos 248 a 251, y en los artículos 251 bis y 251 ter, cuando se trata de cohecho a funcionarios públicos extranjeros.
En todas las figuras de cohecho, en que intervengan funcionarios públicos nacionales, que contemplan los artículos 248, 248 bis y 249, se sanciona al funcionario que “solicite” recibir un beneficio para sí o un tercero, para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo, en razón del cual no le están señalado derechos; para omitir o por haber omitido un acto debido propio de su cargo o para ejecutar o por haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo o para cometer los delitos funcionarios contemplados en el Título V o los del párrafo IV del Título III del mismo código.
Por su parte, el articulo 250, contempla sanciones corporales para el particular que participa en el cohecho y que ofrezca o consienta dar a un empleado público un beneficio económico, en provecho de éste o de un tercero, para que realice las acciones o incurra en las omisiones señaladas en los artículos 248, 248 bis y 249, o por haberlas realizado o haber incurrido en ellas.
Estando plenamente de acuerdo en sancionar al particular que ofrezca a un beneficio económico a un funcionario público, para que corneta las infracciones a su cargo, sancionadas penalmente y que se han descrito anteriormente, por cuanto fomenta el incumplimiento del deber de probidad, es del caso señalar que en muchas ocasiones, el consentimiento que dicho particular da para el otorgamiento de un beneficio económico al agente estatal, no es una respuesta a una “solicitud” en tal sentido, sino que responde a una verdadera exigencia que el empleado público impone para cumplir con su cargo o cometer dichas irregularidades, ante lo cual el particular se ve compelido a aceptar dicho requerimiento, porque de otra forma no verá solucionada la actuación que haya debido efectuar en un determinado servicio público, y que requiera de una respuesta o decisión de parte de sus autoridades o agentes.
Entonces, consideramos que en el caso del consentimiento que deba dar la persona ante este tipo de exigencias indebidas, se establezca una circunstancia atenuante especial de responsabilidad penal, similar a la cooperación eficaz que se contempla en el artículo 22 de la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de sustancias sicotrópicas y estupefacientes, y que permite al tribunal reducir hasta en dos grados la pena a imponer.
Creemos que sí constituye una efectiva herramienta en el combate contra la corrupción, que el particular que ha dado su consentimiento, lleve a cabo una cooperación eficaz, vale decir, el suministro de datos o informaciones precisos, verídicos y comprobables que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permita la identificación de los responsables, o sirva para prevenir o impedir la perpetración o consumación de otros delitos de esta naturaleza.
Al igual que en el citado artículo 22 de la ley N° 20.000, deberá ser el Ministerio Público el que deberá expresar en su formalización o escrito de acusación si la cooperación prestada por el imputado ha sido eficaz a los fines señalados precedentemente.
En mérito a las consideraciones que anteceden, sometemos a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Modifícase el Código Penal, incorporándose un artículo 250 ter, del siguiente tenor:
“Artículo 250 ter: En los casos de consentimiento de dar a un empleado público un beneficio económico, a que se refieren los artículos 250 y 250 bis, será circunstancia atenuante de responsabilidad penal para el sobornante, la cooperación eficaz, constituida por el suministro de datos o informaciones precisos, verídicos y comprobables que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permita la identificación de los responsables, o sirva para prevenir o impedir la perpetración o consumación de otros delitos de esta naturaleza. En estos casos, el Tribunal podrá reducir la pena hasta en dos grados.
El Ministerio Público deberá expresar en la formalización de la investigación o en su escrito de acusación si la cooperación prestada por el imputado ha sido eficaz a los fines señalados precedentemente.”
12. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 20 de julio de 2010.
Oficio N° 4.578
Remite resolución a los efectos que indica.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta magistratura con fecha 19 de julio de 2010 en los autos Rol N° 1.679-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida en la causa Rol N° 4.502-2009, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, a los efectos que indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
13. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 26 de julio de 2010.
Oficio N° 4.592
Remite resolución a los efectos que indica.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta magistratura con fecha 23 de julio de 2010 en los autos Rol N° 1.744-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitu-
cionalidad promovida en la causa Rol N° 1768-2010, recurso de protección deducido en contra de Isapre Banmédica S.A. ante la Corte de Apelaciones, a los efectos que indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
14. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 27 de julio de 2010.
Oficio N° 4.598
Remite resolución a los efectos que indica.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 27 de julio de 2010 en los autos Rol N° 1.741-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, promovido en la causa Rol N° 28.538-2010 ante el Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Santiago, a los efectos que ella indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
15. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 26 de julio de 2010.
Oficio N° 4.612
Remite resolución a los efectos que indica.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta magistratura con fecha 23 de julio de 2010 en los autos Rol N° 1.728-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida en la causa Rol N° 1125-2010 sobre recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago, a los efectos que ella indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
16. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 21 de julio de 2010.
Oficio N° 4583
Remite sentencia.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por este Tribunal con fecha 20 de julio de 2010 en los autos Rol N° 1.454-09-INA, sobre acción de inaplicabilidad
por inconstitucionalidad promovida en la causa Rol N° 2210-2009, que se sigue ante la Corte Suprema.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
17. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 21 de julio de 2010.
Oficio N° 4587
Remite sentencia.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la sentencia definitiva dictada por este Tribunal con fecha 20 de julio de 2010 en los autos Rol N° 1.453-09-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida en la causa Rol N° 3606-2009, que sigue ante la Corte Suprema.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.