Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- XI. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- PERMISO
- Pepe Auth Stewart
- PERMISO
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Orlando Severo Vargas Pizarro
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Nino Baltolu Rasera
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Rosauro Martinez Labbe
- Jorge Burgos Varela
- Cristian Campos Jara
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Romilio Gutierrez Pino
- Juan Luis Castro Gonzalez
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS.
- V. FÁCIL DESPACHO
- INFORME COMPLEMENTARIO DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- DEBATE
- INFORME COMPLEMENTARIO DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- QUINCUAGÉSIMO TERCER PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N°35, SOBRE COMERCIO DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE LOS GOBIERNOS DEL MERCOSUR Y CHILE. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Marcelo Schilling Rodriguez
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- DEBATE
- PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Arenas Hodar
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Monica Beatriz Zalaquett Said
- DEBATE
- ESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES DE RESISTENCIA Y MITIGACIÓN DE EFECTOS DE MAREMOTOS EN CONSTRUCCIONES COSTERAS. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Uriarte Herrera
- INTERVENCIÓN : Guillermo Leon Teillier Del Valle
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Clemira Pacheco Rivas
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Juan Lobos Krause
- INTERVENCIÓN : Cristian Campos Jara
- DEBATE
- QUINCUAGÉSIMO TERCER PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N°35, SOBRE COMERCIO DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE LOS GOBIERNOS DEL MERCOSUR Y CHILE. Primer trámite constitucional.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- USO DE TARJETA “ADULTO MAYOR MULTIVÍA” EN BUSES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTIAGO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- Leopoldo Perez Lahsen
- German Verdugo Soto
- Joaquin Godoy Ibanez
- Gaspar Alberto Rivas Sanchez
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Cristian Monckeberg Bruner
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- Nicolas Monckeberg Diaz
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Marcela Constanza Sabat Fernandez
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- EXTENSIÓN DEL PROGRAMA CUERPO MILITAR DEL TRABAJO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Romilio Gutierrez Pino
- Roberto Leon Ramirez
- Felipe Salaberry Soto
- Fernando Meza Moncada
- Alfonso De Urresti Longton
- Juan Lobos Krause
- Ernesto Silva Mendez
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Raul Andrade Lara
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- HOMOLOGACIÓN DE CONDICIONES LABORALES DE TRABAJADORES DE JARDINES INFANTILES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Manuel Rojas Molina
- Cristian Campos Jara
- Ramon Farias Ponce
- Fernando Meza Moncada
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Adriana Munoz D'albora
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- USO DE TARJETA “ADULTO MAYOR MULTIVÍA” EN BUSES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTIAGO.
- VIII. INCIDENTES
- INSTALACIÓN DE MESA DE DIÁLOGO CON PUEBLO MAPUCHE.
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS PARA PONER FIN A HUELGA DE HAMBRE DE COMUNEROS MAPUCHES. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- ADHESION
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Luis Segundo Lemus Aracena
- Enrique Jaramillo Becker
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- RESTITUCIÓN DE PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO HOSPITAL GUSTAVO FRICKE. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rodrigo Gonzalez Torres
- ADHESION
- Cristina Girardi Lavin
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rodrigo Gonzalez Torres
- INFORMACIÓN SOBRE POSTULACIONES DE DISCAPACITADOS A AYUDA TÉCNICA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Cristina Girardi Lavin
- ADHESION
- Ivan Moreira Barros
- Enrique Jaramillo Becker
- Rodrigo Gonzalez Torres
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Cristina Girardi Lavin
- APLICACIÓN DE LEY DE PROTOCOLO.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO DE CULTURA Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA DE COMUNA DE LA UNIÓN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- Rodrigo Gonzalez Torres
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- INSTALACIÓN DE MESA DE DIÁLOGO CON PUEBLO MAPUCHE.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. ANEXO DE SESIÓN
- INFORMACIÓN SOBRE VÍNCULO DE PARENTESCO EN LA OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA REMODELACIÓN DEL ESTADIO LA PORTADA DE LA SERENA. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- 12. Informe sobre la participación de los diputados señores Ascencio, don Gabriel , y Lobos, don Juan , en el XXXVII Período Ordinario de Sesiones del Parlamento Andino, efectuadas entre los días 23 y 26 de agosto de 2010, en Colombia.
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Juan Lobos Krause
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Enrique Estay Penaloza
- Romilio Gutierrez Pino
- Juan Lobos Krause
- Rosauro Martinez Labbe
- Celso Rene Morales Munoz
- Ernesto Silva Mendez
- Arturo Squella Ovalle
- Maria Angelica Cristi Marfil
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 12. Informe sobre la participación de los diputados señores Ascencio, don Gabriel , y Lobos, don Juan , en el XXXVII Período Ordinario de Sesiones del Parlamento Andino, efectuadas entre los días 23 y 26 de agosto de 2010, en Colombia.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 358ª
Sesión 74ª, en jueves 9 de septiembre de 2010
(Ordinaria, de 10.37 a 13.11 horas)
Presidencia de la señora Sepúlveda Orbenes, doña Alejandra, y de los señores Becker Alvear, don Germán, y Moreira Barros, don Iván.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. Prosecretario accidental , el señor Landeros Perkic, don Miguel
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- FÁCIL DESPACHO
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- ANEXO DE SESIÓN
X.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 8
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
- Acuerdos de los Comités 11
V. Fácil despacho.
- Informe complementario de la Comisión Revisora de Cuentas 12
VI. Orden del Día.
- Quincuagésimo tercer protocolo adicional al acuerdo de complementación económica N° 35, sobre comercio de servicios, celebrado entre los gobiernos del Mercosur y Chile. Primer trámite constitucional 15
- Protección de derechos de los consumidores. Primer trámite constitucional 21
- Establecimiento de condiciones de resistencia y mitigación de efectos de maremotos en construcciones costeras. Segundo trámite constitucional 26
VII. Proyectos de acuerdo.
- Uso de tarjeta “Adulto Mayor Multivía” en buses del transporte público de Santiago 34
- Extensión del Programa Cuerpo Militar del Trabajo 36
- Homologación de condiciones laborales de trabajadores de jardines infantiles 38
VIII. Incidentes.
- Instalación de mesa de diálogo con pueblo mapuche 40
- Información sobre medidas adoptadas para poner fin a huelga de hambre de comuneros mapuches. Oficios 41
- Restitución de proyecto para construcción de nuevo hospital Gustavo Fricke. Oficio 42
- Información sobre postulaciones de discapacitados a ayuda técnica. Oficio 43
- Aplicación de ley de protocolo 43
- Información sobre proyecto de construcción de Colegio de Cultura y Difusión Artística de comuna de La Unión. Oficios 44
IX. Anexo de sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 45
- Información sobre vínculo de parentesco en la oficina de estudios y políticas agrarias. Oficio 45
Pág.
- Información sobre asignación de recursos para remodelación del estadio La Portada de La Serena. Oficios 46
X. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S. E. el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que “Modifica el Sistema de Justicia Militar y establece un régimen más estricto de sanciones tratándose de delitos contra los miembros de las policías.”. (boletín N° 7203-02) 46
- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace presente la urgencia “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos:
2. que “Modifica el Sistema de Justicia Militar y establece un régimen más estricto de sanciones tratándose de delitos contra los miembros de las policías.”. (boletín N° 7203-02) 60
3. que “Amplía Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales de la Policía de Investigaciones de Chile.”. (boletín N° 7164-25) 60
4. Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual comunica que retira de su tramitación ante el Congreso Nacional, el proyecto que “Jurisdicción y competencia de los Tribunales Militares y procedimiento ante ellos.”. (boletín N° 6739-02) 61
5. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado las enmiendas al proyecto, iniciado en moción “Sobre integración de órganos bicamerales creados en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional”. (boletín N° 7100-07) 61
6. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje que “Aprueba el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), suscrito en Brasilia, República Federativa del Brasil, el 23 de mayo de 2008.”. (boletín N° 6035-10) 61
7. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos, el proyecto, iniciado en moción que “Establece, por una sola vez, como feriados obligatorios e irrenunciables, los días 19 y 20 de septiembre de 2010, para todos los trabajadores dependientes del comercio.”. (boletín N° 7082-13) 62
8. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “simple”, que “Otorga ascenso extraordinario al personal de Carabineros como reconocimiento póstumo.”. (boletín N° 6648-02) 62
9. Oficio del H. Senado mediante el cual comunica que tomó conocimiento del rechazo de la Cámara de Diputados a algunas de las modificaciones propuestas al proyecto que “Regula el cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad ciudadana”. (boletín N° 3848-06) 64
10. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha rechazado el proyecto, iniciado en moción que “Declara feriado obligatorio e irrenunciable el 19 de septiembre de 2010, para los trabajadores dependientes del comercio.”. (boletín N° 7066-13) 64
Pág.
11. Segundo informe de la Comisión de Trabajo recaído en el proyecto, iniciado en moción que “Modifica el Código del Trabajo en materia de descuentos a las remuneraciones para fines educacionales.”. (boletín N° 6880-13) 65
12. Informe de la participación de los diputados señores Ascencio y Lobos, en el XXXVII Período Ordinario de Sesiones del Parlamento Andino, celebrado entre los días 23 al 25 de agosto, en Bogotá (Colombia) 68
13. Moción de los señores diputados Van Rysselberghe; Estay; Gutiérrez, don Romilio; Lobos; Martínez; Morales; Silva; Squella y la Diputada señora Cristi, doña María Angélica, sobre “Memorial en recuerdo de los muertos y desparecidos del terremoto y maremoto del 27 de febrero.”. (boletín N° 7204-24) 71
- Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales pone en conocimiento de la Cámara de Diputados los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
14. artículo 2°, inciso primero, de la ley N° 20.212. Rol 1760-10-INA. (4716) 72
15. artículo 38 de la ley N° 18933. Rol 1712-10-INA. (4754) 73
16. artículo 38 ter de la ley N° 18.933. Rol 1786-10-INA 74
17. artículo 38 de la ley N° 18.933. Rol 1785-10-INA. (4773) 74
18. artículo 38 ter de la ley N° 18.933. Rol 1774-10-INA. (4777) 75
XI. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
- Del diputado señor Auth, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 10 de septiembre en curso, para dirigirse a Suecia.
- Del diputado señor Vargas, quién acompaña licencia médica por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por el día de hoy, 9 de septiembre en curso.
- Del diputado señor Baltolu, quién acompaña licencia médica por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por el día de hoy.
- De la Comisión de Derechos Humanos acordó efectuar una visita de carácter oficial a la Cárcel de Temuco en el día de hoy 9 de septiembre, a fin de interiorizarse de las condiciones de salud en que se encuentran los comuneros mapuches en actual huelga de hambre.
2. Oficios:
- De la Comisión de Régimen Interno mediante la cual informa que el Diputado señor Rosauro Martínez asistirá a la Reunión de Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano, que tendrá lugar en Panamá, el viernes 10 de septiembre; a la Conferencia Interparlamentaria sobre “Procesos de Integración Regional y Reforma de Organismos Internacionales”, entre los días 30 de septiembre y 1 de octubre, y a la Conferencia Anual de la Campaña para el Establecimiento de una Asamblea Parlamentaria de Naciones Unidas, el día 4 de octubre, ambas en Argentina; el Diputado señor Jorge Burgos, asistirá a la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias, y el Diputado señor Cristián Campos, a la de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional, entre los días 29 de septiembre y 1 de octubre, en Asunción, Paraguay.
- De la Comisión de Régimen Interno mediante la cual informa que a las sesiones del Parlamento Andino, que se llevarán a efecto entre los días 27 y 28 de septiembre, en Bogotá, Colombia, asistirán los Diputados señores Gabriel Ascencio, Romilio Gutiérrez y Juan Luis Castro, dentro del Acuerdo Marco de Participación en Instancias Internacionales.
Ministerio de Educación:
- Diputado Marinovic, Informar sobre la modalidad, criterios y base de cálculo que se utiliza para el pago de la asignación de zona para los funcionarios de planta y a contrata del Ministerio de Educación en la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena.
- Diputado Rojas, Informar acerca de los recursos entregados desde 2008 de conformidad a la Ley de Subvención Especial, especificando la fiscalización realizada en la materia en la Región de Antofagasta.
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputado Rincón , Informar acerca del actuar de esa institución en relación a materias comprendidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social:
- Diputado Santana, Informar acerca de la situación que afectaría a un beneficiario del sistema de pensiones, cuyos antecedentes concretos constan del documento adjunto
- Diputado Santana, Dar pronta respuesta al oficio N°521, de fecha 18 de mayo pasado, cuya copia se adjunta, por medio del cual se solicita que a través de la señora Superintendenta de Pensiones , se informe acerca de la situación que afectaría al señor Fernecio Bustamante, beneficiario del sistema de Pensiones.
Ministerio de Salud:
- Proyecto de Acuerdo 56, Incorporación de vacuna contra el papiloma humano en Plan Vacunatorio Anual.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputado Díaz don Marcelo, Reitera el oficio N°709, de 8 de junio del año en curso, por medio del cual se solicita información y se sugieran mecanismos destinados a resolver el problema de los cables colgantes en los postes de alumbrado público de las ciudades, en especial en el centro de la capital de la Región de Coquimbo.
Municipalidad de María Pinto:
- Diputada Pascal doña Denise, Solicita antecedentes respecto a la situación financiera de los Departamentos o Corporaciones de Educación y Salud, según corresponda, al mes de julio de 2010.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (95)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Alinco Bustos René PPD XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo IND VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto RN XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Lemus Aracena, Luis PRI IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea IND V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D’Albora, Adriana PPD V 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Mendez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Por encontrarse en misión oficial no estuvo presente la diputada señora Marisol Turres.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.37 horas.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El acta de la sesión 68ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 69ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señora Presidenta , en primer lugar, quiero saber si llegó la información que se solicitó hace dos meses al ministro de Hacienda , señor Felipe Larraín , sobre las donaciones anteriores a la nueva ley de donaciones. ¿Cuántas y cuáles fueron? ¿A qué fueron destinadas?
En segundo término, el 27 de agosto debería haber ingresado al Congreso Nacional el Plan Nacional de Reconstrucción y sus respectivos planes para las regiones afectadas, de acuerdo a la ley de catástrofes. ¿Ya llegó? ¿Está en el Congreso Nacional? No lo
hemos podido encontrar en la página web de la Cámara de Diputados.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Señor diputado , no ha llegado la primera información. La vamos a requerir nuevamente al ministro de Hacienda , ahora por escrito.
Respecto de la segunda consulta, se está preparando el oficio al Presidente de la República , como usted y la Sala lo solicitaron, a fin de que se envíe el plan completo de reconstrucción.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités Parlamentarios.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios, bajo la Presidencia de la diputada señora Alejandra Sepúlveda, adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Efectuar una sesión especial el miércoles 15 de septiembre, de 16.30 a 19.30 horas, para tratar el proyecto de ley que introduce modificaciones a la tributación específica de la actividad minera, boletín N° 7170-05, hasta su total despacho, distribuyendo proporcionalmente los tiempos entre las bancadas.
2. Tramitar el proyecto de ley que modifica el sistema de justicia militar y establece un régimen más estricto de sanciones tratándose de delitos contra los miembros de las policías, boletín N° 7203-02, en las Comisiones unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Defensa Nacional, facultándolas para sesionar simultáneamente con la Sala.
Asimismo, acordaron remitir a las Comisiones unidas todos los proyectos de ley que digan relación con la justicia militar.
V. FÁCIL DESPACHO
INFORME COMPLEMENTARIO DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde considerar el informe complementario de la Comisión Revisora de Cuentas.
Diputado informante de la Comisión es el señor José Miguel Ortiz.
Antecedentes:
-Informe Complementario de la Comisión Revisora de Cuentas, sesión 72ª, en 8 de septiembre de 2010.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ORTIZ.- Señora Presidenta , paso a rendir el informe complementario de la Comisión Revisora de Cuentas, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2010, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 4° transitorio de la ley N° 20.447, publicada el 3 de julio de este año, que introduce adecuaciones en la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
La ley Nº 20.447 significó dos profundas modificaciones. Es bueno para la historia de este informe complementario que quede registrado en acta.
Crea dos órganos bicamerales: el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y el Comité de Auditoría Parlamentaria.
El primero será el encargado de determinar, con cargo al presupuesto del Congreso Nacional y conforme a los principios que rigen la actividad parlamentaria, el monto, el destino, la reajustabilidad y los criterios de uso de los fondos públicos destinados por cada Cámara a financiar el ejercicio de la función parlamentaria, entendiendo por tal todas las actividades que realizan senadores y diputados para dar cumplimiento a las funciones y atribuciones que les confieren la Constitución y las leyes. Ella comprende la tarea de representación popular y las diversas labores políticas que llevan a cabo aquéllos y los comités parlamentarios.
El segundo órgano bicameral estará encargado de controlar el uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria y de revisar las auditorías que el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional efectúen de sus gastos institucionales. Este control se efectuará mediante auditorías anuales, por el período de doce meses que se inicia cada 1 de abril. El Comité deberá emitir su informe antes del 30 de junio de cada año.
Finalmente, se consideraron algunos artículos transitorios relativos a la elección y constitución del primer Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y del primer Comité de Auditoría Parlamentaria, y a la elaboración del reglamento que regulará al Comité de Auditoría Parlamentaria.
Al mismo tiempo, se dispuso que, mientras no inicie su funcionamiento el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, las respectivas comisiones de régimen de cada Cámara conservarán sus atribuciones para establecer el destino de los fondos públicos para el ejercicio de la función parlamentaria.
Asimismo, en tanto no comience a funcionar el Comité de Auditoría Parlamentaria, las comisiones revisoras de cuentas de cada Corporación seguirán efectuando el control de los fondos públicos destinados al ejercicio de la función parlamentaria.
Recuerdo a los señores diputados que en la Sala de la Cámara de Diputados, en la sesión 122ª, de 21 enero de este año, se dio cuenta de todo lo gastado en el presupuesto de 2009; es decir, hemos cumplido rigurosamente como corresponde todas las normas constitucionales. Ahora lo estamos haciendo con el informe complementario por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2010.
Durante el estudio de la materia, asistieron a la Comisión, los señores Orlando Catalán , director de Finanzas ; Patricio Leiva , jefe de Finanzas ; Daniel Igor , contador auditor de la Contraloría Interna, y, obviamente, el abogado Secretario de nuestra Comisión.
En el informe está el detalle completo de lo aprobado en el Presupuesto de la Nación para este año para la Cámara de Diputados.
A continuación, daré a conocer las cifras de lo que se ha gastado desde enero a marzo.
Al 31 de marzo ingresaron 14.134.619.208 (catorce mil ciento treinta y cuatro millones seiscientos diecinueve mil doscientos ocho) pesos y se gastaron 13.004.766.646 (trece mil cuatro millones setecientos sesenta y seis mil seiscientos cuarenta y seis) pesos, con un saldo inicial de caja de 1.129.852.562 (un mil ciento veintinueve millones ochocientos cincuenta y dos mil quinientos sesenta y dos) pesos, lo cual fue verificado en función de los certificados del banco y el resumen de conciliación bancaria, que se agregaron a esta rendición de cuentas.
La documentación que respalda todas las operaciones contables que dieron origen a las partidas registradas en la contabilidad de la Corporación se encuentran a disposición de los señores diputados miembros de la Comisión Revisora de Cuentas, en el Departamento de Finanzas de esta institución.
Existe un aspecto de nuestro análisis -el informe complementario fue aprobado por acuerdo unánime de los nueve integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas- que quiero destacar especialmente, debido a ciertas situaciones que se han presentado.
Vuestra Comisión, examinados los antecedentes anteriores con respecto a los pagos habituales, mensuales y esporádicos que deben hacerse, tales como dietas, asignaciones, sueldos de personal y secretarios de diputados, asignación de combustible y otros, lo que se practicó de acuerdo a los procedimientos contables para el sector público e incluyeron, por lo tanto, comprobaciones parciales de contabilidad y la aplicación de otros procedimientos de revisión en la medida en que se consideró necesario, pudo comprobar que las operaciones efectuadas durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2010, relativas al uso de los fondos públicos destinados al ejercicio de la función parlamentaria están conformes en su uso e inversión.
Resalto lo anterior, porque es parte de la historia de este informe complementario.
Además, se adjuntan los informes mensuales remitidos a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuestos, relativos a los avances, mes a mes, de los recursos económicos recibidos y los gastos efectuados en cada uno de los períodos.
Los señores diputados que quieran analizar en profundidad el informe podrán encontrar en él, con mucho más detalle, la composición del gasto, las diferentes partidas; las partidas de asignación directa, de asignación indirecta; el destino de los fondos.
Por último, en nombre de los diputados miembros de la Comisión Revisora de Cuentas, solicito la aprobación de la Sala de este informe complementario relativo al uso de los fondos públicos destinados a la función parlamentaria, por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de este año.
Además, destaco la asistencia a la Comisión Revisora de Cuentas de los diputados señores Sergio Aguiló Melo , Roberto Delmastro Naso , Enrique Jaramillo Becker , Carlos Recondo Lavanderos , Alberto Robles Pantoja ( Fernando Meza Moncada) , Felipe Ward Edwards , y quien informa, José Miguel Ortiz Novoa, Presidente de dicha instancia.
Es cuanto puedo informar a la Sala.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- En discusión el informe complementario de la Comisión Revisora de Cuentas.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, no se puede mantener silencio sobre algo que compete a todos los diputados. Por lo tanto, hay que referirse a las finanzas de nuestro Congreso Nacional.
Hay que aprobar el informe, puesto que es fidedigno, muy transparente y fue muy bien explicado en su momento por el director de Finanzas de la Corporación , señor Orlando Catalán ; el jefe de Finanzas , señor Patricio Leiva , el contador auditor de la Contraloría Interna, don Daniel Igor , quienes se encuentran presentes en la Sala.
Y digo que hay que ratificar el informe ya que, una vez más, hemos tenido la satisfacción de encontrarnos con las cuentas claras, con las cuentas que los profesionales señalados lograron ejecutar en un informe novedoso, porque es complementario. Ello se debe a la publicación de la ley Nº 20.447 en el Diario Oficial el 3 de julio de este año, como bien lo dijo el diputado relator, don José Miguel Ortiz .
Entonces, recién comienza a aplicarse una innovación en lo que se refiere a las cuentas de los señores parlamentarios, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.
Y lo novedoso de la nueva ley es la creación del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y el Comité de Auditoría Parlamentaria, lo que a muchos nos tiene preocupados porque se dice que significa un cambio muy profundo en lo relativo a las finanzas de los parlamentarios.
Sin embargo, debo aclarar que mientras no se elabore el reglamento que regulará al Comité de Auditoría Parlamentaria seguiremos con el régimen antiguo. Pero dicho reglamento ya se encuentra a punto de ver la luz, puesto que debería terminarse pronto.
Una vez más, señalo que nos sentimos orgullosos de la Dirección de Finanzas de nuestra Cámara de Diputados.
Por lo expuesto, llamo a los colegas a aprobar este informe complementario, recientemente rendido por el diputado señor José Miguel Ortiz.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación el informe complementario de la Comisión Revisora de Cuentas por el período 1 enero al 31 de marzo de 2010.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 7 abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cerda García Eduardo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Uriarte Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Andrade Lara Osvaldo; Castro González Juan Luis; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Harboe Bascuñán Felipe; Pacheco Rivas Clemira; Schilling Rodríguez Marcelo.
VI. ORDEN DEL DÍA
QUINCUAGÉSIMO TERCER PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N°35, SOBRE COMERCIO DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE LOS GOBIERNOS DEL MERCOSUR Y CHILE. Primer trámite constitucional.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).-
Corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Quincuagésimo Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N°35, sobre el Comercio de Servicios, celebrado entre los Gobiernos de los Estados Partes del Mercosur y el Gobierno de la República de Chile, en Montevideo, Uruguay, el 27 de mayo de 2009, que se encuentra en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de simple.
Diputados informantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana y de Hacienda son los señores Jorge Tarud y Carlos Montes, respectivamente. No obstante, en esta ocasión rendirá el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores el diputado don Marcelo Schilling.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 6690-10, sesión 76ª, en 8 de septiembre de 2009. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana y de Hacienda, sesión 71ª, en 7 de septiembre de 2010. Documentos de la Cuenta N°s 9 y 10.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra, en primer lugar, el diputado don Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING (de pie).-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo que aprueba el Quincuagésimo Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, sobre el Comercio de Servicios, celebrado entre los Gobiernos de los Estados Partes del Mercosur y el Gobierno de la República de Chile, en Montevideo, Uruguay , el 27 de mayo de 2009.
El 25 de junio de 1996, en Potrero de Los Funes, Provincia de San Luis, República Argentina, fue suscrito el Acuerdo de Complementación Económica N° 35 entre el Gobierno de la República de Chile, por una parte, y los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercado Común del Sur (Mercosur). Fue publicado el 4 de octubre de 1996. Dicho Acuerdo fue celebrado en desarrollo del Tratado de Montevideo de 1980, que creó la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).
Sin embargo, este Acuerdo no reguló acabadamente esta materia, limitándose en su Título XIII a establecer el mandato a las partes de promover la liberalización, expansión y diversificación progresiva del comercio de servicios en sus territorios, por lo cual, para el cumplimiento de dicho objeto, debía avanzarse en la definición de los aspectos del Programa de Liberalización para los sectores de servicios objeto del comercio.
Años más tarde, el 27 de mayo de 2009, en Montevideo, Uruguay , los mismos signatarios del Acuerdo de 1996 suscribieron el Quincuagésimo Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N°35, sobre el Comercio de Servicios, cuyo objetivo fundamental es desarrollar la liberalización del comercio de servicios entre Chile y el Mercosur.
El sector de los servicios representa aproximadamente el 60 por ciento del Producto Interno Bruto de Chile. En el 2008, la exportación de servicios contribuyó con el 14 por ciento al total de las exportaciones chilenas y creció un 50 por ciento entre los años 2005 y 2008. El sector de los servicios es de particular importancia en la relación económica entre Chile y el Mercosur. En efecto, en cuanto a la exportación de servicios no tradicionales -sin tomar en cuenta transporte, viajes, seguros y servicios financieros-, el Mercosur es destino del 25 por ciento de las exportaciones chilenas registradas, equivalente a 2.400 millones de dólares. Asimismo, entre 1990 y junio de 2008, Chile efectuó inversiones directas en los sectores de servicios de los países del Mercosur por un monto de 7.238 millones de dólares.
Este Acuerdo pretende cumplir el mandato prescrito en los artículos 34 y 36 del Acuerdo de Complementación Económica N° 35 y se espera que refuerce los flujos de exportación de servicios entre Chile y el Mercosur. Existen, entre otras, exportaciones de consultoría en áreas mineras, agrícolas y de energía; exportaciones de software; establecimientos de casas comerciales chilenas que tendrán ahora un marco regulatorio de estabilidad respecto de las reglas que les serán aplicadas.
El Protocolo está estructurado sobre la base de un Preámbulo, que contiene los propósitos que animaron a los Estados parte a suscribirlo, 24 artículos y 3 anexos, referidos fundamentalmente a las siguientes materias: ámbito de aplicación, trato nacional, acceso a los mercados, compromisos específicos, compromisos adicionales, reglamentación nacional, transparencia, divulgación de la información confidencial, servicios financieros, balanza de pagos, tributación, disposiciones institucionales y solución de controversias.
El anexo I se refiere a pagos y transferencias; el anexo II, a tributación Chile-Uruguay, y el anexo III enumera la lista de compromisos específicos.
Las disciplinas y mecanismos de liberalización que establece este Protocolo son similares a las del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Es decir, se incorporan los cuatro modos de prestación y disciplinas tales como trato nacional, acceso a mercados, regulación doméstica y reconocimiento. Además, se utilizó un enfoque de negociación de listas positivas, en el cual cada país decide en su Lista de Compromisos los sectores y las condiciones específicas en que éstos serán incorporados.
La liberalización se realiza sobre la base de las disciplinas de trato nacional (no discriminación) y acceso a los mercados (en su mayoría limitaciones cuantitativas), y se aplica a los cuatro modos de prestación de servicios.
Chile y cada país miembro del Mercosur han asumido compromisos en sectores específicos de servicios en listas separadas. La oferta de Chile es única para todos los países del Mercosur, mientras que las listas de los miembros del Mercosur son individuales para Chile.
En materia de apertura de mercados, las partes fueron más allá de sus compromisos registrados en la OMC. A este respecto, se pueden destacar los siguientes sectores: Argentina incluyó compromisos en servicios profesionales, construcción, distribución al por mayor y menor y manufacturas; Brasil , en servicios audiovisuales, informática y minería; Paraguay , en franquicias, enseñanza y turismo, y Uruguay, servicios profesionales, salud, informática, publicidad, manufacturas, minería, construcción y distribución al por mayor y por menor, entre otros.
Las partes consolidan la apertura de determinados sectores de su economía, estableciendo en ciertos casos las restricciones existentes en cada país respecto de la prestación de los servicios. En caso de establecer restricciones existentes en un determinado sector, las partes se obligan a no imponer, respecto de dicho servicio, mayores restricciones en el futuro.
Algunos sectores quedan abiertos a los proveedores de servicios chilenos y otros quedan con limitaciones específicas, con lo cual los proveedores de servicios chilenos podrán conocer las restricciones de las partes, las que no podrán ser más gravosas en el futuro. Por último, en otras situaciones, las partes pueden no asumir compromiso en un determinado modo de prestación.
La Comisión Administradora del Acuerdo de Complementación Económica N° 35 será el ámbito formal para el tratamiento de las cuestiones relativas a la implementación del Protocolo y las controversias que puedan surgir de su aplicación serán resueltas de conformidad con el mecanismo establecido en el Vigésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35.
La cláusula de revisión futura está destinada a profundizar la liberalización de los sectores comprometidos, incorporar otros y eliminar restricciones existentes (tres años desde la entrada en vigencia del Protocolo). Además, se acordó evaluar en el futuro la conveniencia de iniciar negociaciones en materia de servicios financieros.
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana prestó su aprobación por unanimidad al proyecto de acuerdo y espera que así también lo apruebe la Sala.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor MONTES (de pie).-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Hacienda paso a informar sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el Quincuagésimo Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, sobre el comercio de servicios, celebrado entre los Gobiernos de los Estados parte del Mercosur y el Gobierno de la República de Chile.
Asistieron a la Comisión los señores Jorge Bunster , director general de Relaciones Económicas Internacionales ; Cristián Rodríguez , asesor legal de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales; Rodrigo Rojo , asesor de Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda , y Patricio Balmaceda , asesor y enlace del Congreso y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El propósito de la iniciativa fue planteado brillantemente por el diputado Marcelo Schilling y, básicamente, trata de desarrollar la liberalización del comercio de servicios entre Chile y el Mercosur.
El referido Acuerdo pretende cumplir el mandato prescrito en los artículos 34 y 36 del Acuerdo de Complementación Económica N° 35, procurando reforzar los flujos de exportación de servicios entre Chile y el Mercosur. Como lo dijo el diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores , cabe destacar en este ámbito las exportaciones de consultoría en áreas mineras, agrícolas y de energía; exportaciones de software y establecimientos de casas comerciales chilenas que ahora tendrán un marco regulatorio de estabilidad respecto de las reglas que les serán aplicadas.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 28 de octubre de 2009, hace un recuento de los compromisos contraídos por las partes y señala que el proyecto no tiene impacto financiero para el fisco.
En el debate desarrollado en la Comisión, el señor Jorge Bunster manifestó que el proyecto contempla un Protocolo Adicional de Servicios asociado al Acuerdo de Complementación Económica N° 35 que Chile firmara con el Mercosur en 1996. Este último abordó la creación de un mercado de liberalización del comercio para bienes y estableció, en su Título XIII, el mandato a las Partes de promover la liberalización de otros sectores como, por ejemplo, servicios e inversiones, entre otros.
El Acuerdo de Servicios que se somete a la aprobación del Congreso Nacional fue negociado y firmado en mayo de 2009. Es un Acuerdo que cubre las disciplinas y mecanismos de liberación propios del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios establecido por la Organización Mundial del Comercio, excluyendo la regulación de los servicios financieros.
El señor Bunster sostuvo que se utilizó, como es habitual en este tipo de acuerdos, un sistema de listas positivas; es decir, cada país decide sobre los sectores y las condiciones específicas que se utilizarán en la liberalización de su comercio. Bajo este enfoque, se incorporaron los cuatro modos de prestación de servicios: sin desplazamiento, con desplazamiento del consumidor, con desplazamiento del proveedor e inversiones, es decir, la prestación a través de una presencia comercial, sobre la base de disciplinas tales como el trato nacional -no discriminación, es decir, el trato a los comercios de los otros países firmantes de acuerdo con las reglas nacionales-, acceso a los mercados, regulación doméstica y reconocimiento mutuo de títulos profesionales.
Frente a diversas consultas formuladas por los diputados, el señor Bunster destacó que el referido Protocolo tiende a la liberalización de los servicios entre los países del Mercosur y Chile, lo que se traduce en la eliminación de los impuestos y de las barreras que determinadas actividades actualmente deben pagar o sobrepasar, con el objeto de que, por ejemplo, un arquitecto chileno pueda habilitar con mucha mayor facilidad su título profesional en Uruguay, mediante un procedimiento expedito, para que sea reconocido en ese país y pueda operar sin mayores restricciones.
Respecto a lo que ofrece Chile en virtud de la firma de este Convenio, el señor Cristián Rodríguez puntualizó que nuestro país ha adquirido una serie de compromisos específicos en materia de servicios profesionales, distribución, administración, algunos servicios de arquitectura, servicios inmobiliarios y de publicidad, entre otros.
Agregó que, en efecto, en el artículo 16 del Protocolo se establece una cláusula de revisión, por la cual las partes se comprometen a reevaluarlo a los tres años, con posterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, más que una revisión del Protocolo, el señor Rodríguez afirmó que esta cláusula tiene por objeto profundizar aún más el alcance de las disciplinas contempladas y servir de oportunidad para iniciar conversaciones relativas a la liberalización de otras materias como, por ejemplo, los servicios financieros.
Con respecto a la tramitación de este Convenio en otros países, el señor Rodríguez señaló que la información de que disponen indica que Brasil se encontraría en la fase final del trámite legislativo y que Chile estaría un poco atrasado en relación a otros países.
El señor Bunster precisó que el Protocolo tiene por objeto crear las condiciones para dar mutuas facilidades para el desarrollo de servicios entre los países del Mercosur y Chile, y para que no haya barreras que impidan o dificulten el perfeccionamiento de este tipo de actividades, más allá de cualquiera otra intencionalidad.
Teniendo presentes los antecedentes de la iniciativa y las consideraciones expuestas en la Comisión, fueron revisados los artículos pertinentes y, sometido a votación el artículo único del proyecto de acuerdo, fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes, señores Auth, Jaramillo , Lorenzini , Macaya , Montes, Ortiz , Silva y Von Mühlenbrock .
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra al diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, estoy bastante interesado en este proyecto de acuerdo.
Quiero remontarme al pasado e ir a los inicios de la asociatividad que se efectuó con los países del Mercosur.
Creo que este Protocolo complementario es de gran importancia porque regula un sector que tendrá un gran crecimiento en el futuro; de esto no hay duda. Además, permitirá afianzar nuestra política de expansión comercial y garantiza seguridad y certeza a las inversiones que empresas e inversionistas chilenos están realizando en países del Mercosur. Curiosamente, ahora somos nosotros los inversores.
El diputado informante de la Comisión de Hacienda , señor Carlos Montes, afirmó que, de acuerdo al informe financiero que entrega la Dirección de Presupuestos, el proyecto no tiene impacto en las finanzas públicas. Sin embargo, debo recordar el tremendo daño financiero que causó al sector privado, especialmente a la agricultura tradicional del sur. Creo que lo deben recordar los diputados que defienden al sector agrícola, que hasta hoy recibe los coletazos y vaivenes económicos producto del acuerdo económico con el Mercosur.
Pero nada se puede hacer. Lo que ha decidido hacer el sector agrícola tradicional sobre este tema es mejorar sus productos y su tecnología, para lo cual ha debido realizar una tremenda inversión que les permita competir con los países del Mercosur.
Tal como se ha señalado en innumerables ocasiones en esta Sala, Chile ha cimentado su estrategia de inserción comercial en el mundo globalizado mediante diversos tratados de libre comercio y acuerdos de complementación económica con la mayoría de las economías del planeta.
Así, hemos llegado a celebrar este tipo de convenios con más del 80 por ciento de las economías a nivel mundial. ¿Quién iba a pensar, hace veinte años, que estaríamos hablando de la inserción de Chile en el 80 por ciento de la economía mundial?
Uno de estos acuerdos, el N° 35, fue el que se celebró en 1996 con los países integrantes del Mercosur, del cual -reitero- no tengo buenos recuerdos.
La economía y sus relaciones son actividades en constante desarrollo y, por ello, al momento de celebrarse el acuerdo comercial con el Mercosur, quedaron muy bien delimitados los campos en los cuales se desarrollaría la actividad comercial entre las partes que lo suscribieron, en particular lo relacionado con el comercio de mercancías. No obstante, hay un sector que en aquel año, 1996, se mencionó, pero no quedó bien establecido en el marco en que se desarrollaría el intercambio. Ése fue el comercio de servicios, ya que en aquel momento sólo existía un intercambio que se daba en el contexto de la prestación de estos servicios tradicionales, tales como transporte, seguros, viajes, etcétera. En el Título XIII, se señalaba que las partes se comprometían a promover la liberalización, expansión y diversificación progresiva del comercio de servicios, sin agregar mayor regulación.
Sin embargo, con el correr del tiempo y en la medida en que se consolidó el acuerdo, el área de intercambio de servicios entre Chile y el Mercosur aumentó notoriamente, llegando a ser un sector diversificado y de gran dinamismo, incluso con un crecimiento
mayor que el área de las mercancías, cuestión muy curiosa. Todo ello ayudado por la gran cantidad de inversiones que Chile tiene en el territorio del Mercosur, que llega a la cantidad impresionante de 25 mil millones de dólares. ¡Chile es hoy el gran inversor!
Por ello, fue necesario celebrar este protocolo adicional, que complementa lo acordado en 1996 sobre el sector de los servicios, que permitirá su liberalización.
Las disciplinas, los mecanismos de liberalización que establece este protocolo son similares a los del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios que nos entrega la Organización Mundial del Comercio. Es decir, se incorporan los cuatro modos de prestación -lo mencionó el diputado informante de la Comisión técnica, don Marcelo Schilling -, como el trato nacional, el acceso a mercados, la regulación doméstica y el reconocimiento.
Por eso, hay que destacar que Chile entrega a los países del Mercosur un listado común de servicios a liberalizar, en tanto que cada país integrante de este Acuerdo entrega a nuestro país su propia lista con los servicios que ellos liberalizan.
Así, por ejemplo, tenemos incorporados nuevos ítems, que van desde los servicios mineros, tan de moda en la actualidad, a los agrícolas, profesionales y software, por nombrar algunos.
Nuestra economía va por un camino bastante interesante dentro de este tratado, con la consolidación de este acuerdo.
Por lo tanto, espero la aprobación unánime de esta Cámara, como lo hará la bancada del Partido por la Democracia.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
En votación el proyecto aprobatorio del Quincuagésimo Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, sobre el Comercio de Servicios, celebrado entre los Gobiernos de los Estados Partes del Mercosur y el Gobierno de la República de Chile, en Montevideo, Uruguay, el 27 de mayo de 2009.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES. Primer trámite constitucional.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mociones refundidas, que modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, respecto de las facultades del Servicio Nacional del Consumidor e interrupción del plazo para presentar acciones judiciales.
Diputada informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es la señora Mónica Zalaquett.
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 6973-03, sesión 33ª, en 3 de junio de 2010. Documentos de la Cuenta N° 4.
-Moción boletín N° 7047-03, sesión 48ª, en 7 de julio de 2010. Documentos de la Cuenta N° 11.
-Primer informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, sesión 61ª, en 10 de agosto de 2010. Documentos de la Cuenta N° 11.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Para rendir el informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, tiene la palabra el diputado Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS (de pie).- Señora Presidenta , en nombre de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo vengo en informar sobre los proyectos de ley refundidos, en primer trámite constitucional y reglamentario, sin urgencia, originados en las mociones que a continuación se enuncian:
1.- De las diputadas señoras Mónica Zalaquett y María Angélica Cristi y de los diputados señores Gonzalo Arenas, José Manuel Edwards , Javier Hernández, José Antonio Kast , Jorge Sabag , Arturo Squella , Gonzalo Uriarte y Enrique Van Rysselberghe , que modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, respecto de las facultades del Servicio Nacional del Consumidor, boletín N° 6973-03.
2.- De las diputadas señoras Mónica Zalaquett , María Angélica Cristi y Claudia Nogueira y de los diputados señores Gonzalo Arenas, José Manuel Edwards , Leopoldo Pérez , Arturo Squella , Jorge Ulloa , Gonzalo Uriarte y Felipe Ward , que modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, estableciendo que la denuncia ante el Servicio Nacional del Consumidor interrumpe el plazo para presentar acciones judiciales, boletín N° 7047-03.
La idea matriz o fundamental de los proyectos dice relación con la modificación de la ley N° 19.496, en el sentido de reforzar el derecho del consumidor para reclamar en contra del proveedor ante el Servicio Nacional del Consumidor, permitiendo que ese servicio accione mediante demandas colectivas o difusas, cuando los reclamos que reciba sobre una misma situación así lo justifique. También se propone que después de interpuesta una denuncia ante ese servicio, se interrumpa el plazo de prescripción de las acciones que persiguen la responsabilidad contravencional.
Debo expresar que las mociones refundidas se concretan en tres reformas muy específicas. Primero, se incorpora un nuevo inciso tercero al artículo 26, para consignar que la interposición de un reclamo ante el Servicio Nacional del Consumidor interrumpe el plazo allí establecido.
Segundo, se modifica la letra f) del artículo 58, para agregar la facultad de enviar al consumidor una copia del documento remitido al proveedor, donde conste que ha sido recibido por éste y la fecha.
Tercero, se introduce otra modificación en el artículo 58, para establecer que los proveedores estarán obligados a contestar por escrito al Servicio Nacional del Consumidor cuando fueren requeridos por este organismo, así como a proporcionarle los informes y antecedentes que les sean solicitados por escrito, de los bienes y servicios que ofrezcan al público.
El proyecto fue aprobado, en general, por unanimidad.
Son reformas simples, pero muy necesarias.
La Comisión contó con la participación del señor Juan Antonio Peribonio , director nacional del Servicio Nacional del Consumidor, quien señaló que ambos proyectos -que finalmente fueron refundidos- permitían una respuesta más ágil y eficaz por parte del Sernac ante las denuncias de los consumidores.
Por lo anterior, solicito a los señores diputados aprobar el proyecto por unanimidad.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señora Presidenta , en primer lugar, quiero felicitar a los autores de esta importante iniciativa, especialmente a la colega Mónica Zalaquett , gran impulsora de la misma, que parece relevante a la hora de incentivar la posibilidad de acuerdo extrajudicial, mediante la intervención del Servicio Nacional del Consumidor, en eventuales vulneraciones de la ley del consumidor y de perjuicios a los consumidores.
Esta situación se da porque hoy existe un plazo brevísimo en el que prescribe la acción contravencional o infraccional de la ley del consumidor, que es de seis meses. De esa manera, se desincentiva al consumidor para que vaya al Sernac a establecer el reclamo y esa entidad inicie un procedimiento de mediación.
En el intertanto, pueden transcurrir los seis meses de plazo. Si el asunto no llega a la sede judicial, es decir, a presentar la denuncia en el juzgado de policía local, cuando hablamos de una denuncia infraccional o demanda individual -en el caso de la demanda colectiva, se hace ante el juzgado civil, por los legitimados activos, que son el Sernac, la asociación de consumidores, un grupo de cincuenta o más consumidores-, lo más probable es que quede sin solución.
Puede ser que en el reclamo administrativo ante el Sernac transcurran los seis meses de prescripción. En ese caso, no hay solución, no responde el reclamado, muchas veces genera acciones o maniobras dilatorias y cuando ya transcurre el plazo, no tiene incentivo para llegar a acuerdo, porque prescribió el plazo para presentar la denuncia infraccional en el juzgado correspondiente. Le queda el plazo para demandar la indemnización por perjuicios, pero para tener una adecuada indemnización es fundamental que se haya resuelto la infracción a la ley por parte del juzgado competente que, generalmente, son los juzgados de policía local.
¿Qué hace el proyecto? Presentado el reclamo ante el Sernac, interrumpe el plazo de prescripción. En consecuencia, no existe incentivo para dilatar, por parte de las empresas, el plazo para que se produzca la prescripción. Por lo tanto, tiene el doble efecto de resguardar de mejor manera los derechos del consumidor y de generar condiciones favorables para que el reclamado pueda dar una respuesta extrajudicial, vía una transacción o un proceso de mediación, en el que el Sernac articula una solución de la controversia.
Eso da la posibilidad de desatochar un poco la judicialización de las causas y, en consecuencia, dar mayor amparo a los consumidores. Del mismo modo, establece a nuestro juicio, de una manera redundante, la posibilidad de que el Sernac pueda presentar las denuncias o las demandas correspondientes, incluso aquellas en defensa del interés colectivo o difuso del consumidor, pues eso está resuelto en otra normativa. Siempre el Sernac tiene esa facultad. Por algo ha legitimado activos para accionar una demanda colectiva. Sin embargo, muchas veces lo que abunda no daña, y si se quiere establecer o reiterar una de las mociones refundidas en este proyecto, la vamos a respaldar de todas maneras.
Con todo, lo que ataca la médula del problema es la modificación del artículo que establece la interrupción de la prescripción con el sólo reclamo administrativo ante el Sernac, sin la necesidad de presentar la denuncia ante el Juzgado de Policía Local , sobre todo en vista y consideración del plazo extremadamente breve de seis meses de prescripción de la infracción contravencional o infraccional.
Lo anterior, además, es muy coherente con otro proyecto que estamos tratando en la Comisión de Economía. Se trata de una moción parlamentaria -soy uno de sus autores, junto con la diputada señora Zalaquett - que busca que en el procedimiento de mediación, cuando el Sernac cita a un reclamado, la comparecencia de éste sea obligatoria. Ese proyecto de ley complementa el que estamos examinando, porque no sólo permite que el reclamo interrumpa la prescripción, sino que, llevado adelante por el Sernac un procedimiento de mediación, no sea facultativo para el reclamado concurrir a la mediación, sino obligatorio.
Por cierto, en los acuerdos a que se llegue en ese procedimiento de mediación deben concurrir la voluntad de todas las partes, del reclamado y del reclamante. Por algo, es una mediación. Pero, sin duda, el hecho de colocarle una carga al reclamado de que tenga que concurrir a la mediación, y que no sólo sea facultativo, nos parece que es un proyecto que complementa el que discutimos hoy que, sin duda, constituye un avance en la defensa de los derechos de los consumidores y, sobre todo, en la resolución extrajudicial de las controversias sobre la materia.
Por lo tanto, junto con felicitar a los autores de la moción, anuncio que votaremos favorablemente la iniciativa.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra la diputada señora Mónica Zalaquett.
La señora ZALAQUETT (doña Mónica).- Señora Presidenta , también agradezco al diputado señor Fuad Chahín por el reconocimiento hecho a mi persona. Somos varios los parlamentarios que estamos a favor de eliminar los desequilibrios existentes entre proveedores y consumidores. Por ello, es importante que el Sernac tome un rol más activo y de mayor transparencia en esta materia.
Día a día, son miles los consumidores que se ven expuestos a problemas relacionados con sus hábitos de consumo. A veces, se trata de problemas que no son de responsabilidad de los proveedores, pero es cierto que muchas veces sí son ellos los responsables y los consumidores quedan desprotegidos, sin saber cómo reaccionar y hacer efectiva dicha responsabilidad.
Como primera reacción ante un problema de consumo, los consumidores se dirigen al Sernac, que es el organismo público encargado de velar por el cumplimiento de las normas relacionadas con los derechos de los consumidores. En virtud de la ley, una vez recibido un reclamo por parte del consumidor, éste debe comunicárselo al proveedor, a fin de que éste proponga alternativas de solución. Si la propuesta es aceptada por el consumidor, dicho acuerdo tendrá el carácter de transacción extrajudicial y se extinguirá la responsabilidad del proveedor. Sin embargo, el primer conflicto al que se ve expuesto el consumidor consiste en que no tiene certeza de que este proceso efectivamente se cumpla y su reclamo llegue a manos del proveedor.
Lo anterior, es especialmente importante, ya que los plazos en materia de protección al consumidor son breves, teniendo el consumidor sólo seis meses para reclamar judicialmente en caso de que no haya acuerdo.
Actualmente, con las normativas vigentes, la presentación de una denuncia ante el Sernac no interrumpe el plazo de prescripción establecido para iniciar la demanda ante los tribunales de la República competentes. La no interrupción señalada trae una serie de incomodidades y pérdidas de tiempo no sólo para las partes, sino que para los propios tribunales de justicia, toda vez que el consumidor se ve obligado a presentar una acción judicial únicamente con el objeto de que no prescriba su derecho, y aún cuando esté en camino de solucionar su problema por la vía extrajudicial a través de una mediación ante el Sernac, llegando incluso a restarle importancia a éste, toda vez que se está actuando por dos vías con el mismo propósito.
Adicionalmente, en caso de que sean muchos los consumidores que reclamen por una misma infracción, el Sernac no tiene la obligación de interponer en beneficio de ellos una acción de interés colectivo, en caso de que ésta se justifica.
Por las razones expuestas, me parece de suma importancia efectuar las modificaciones antes señaladas a la ley Nº 19.496.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación general el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, respecto de las facultades del Servicio Nacional del Consumidor e interrupción del plazo para presentar acciones judiciales.
Hago presente a la Sala que todas las normas del proyecto son propias de ley simple o común.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Por no haber sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
ESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES DE RESISTENCIA Y MITIGACIÓN DE EFECTOS DE MAREMOTOS EN CONSTRUCCIONES COSTERAS. Segundo trámite constitucional.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción del honorable Senado, que permite establecer condiciones de resistencia y mitigación de los efectos de maremotos en las construcciones costeras.
Diputado informante de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Social es el señor Gonzalo Uriarte.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín N° 3880-14, sesión 57ª, en 30 de julio de 2009. Documentos de la Cuenta N° 4.
-Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, sesión 64ª, en 17 de agosto de 2010. Documentos de la cuenta N° 7.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor URIARTE (de pie).-
Señora Presidenta , en nombre de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, paso a informar el proyecto de ley que permite establecer condiciones de resistencia y mitigación de los efectos de maremotos en las construcciones costeras, originado en moción de los senadores señores Antonio Horvath , Baldo Prokurica y Hosaín Sabag y de los ex senadores señores Ramón Vega y José Antonio Viera-Gallo .
Este proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional y primero reglamentario y no cuenta con urgencia.
De acuerdo con el artículo 289 del Reglamento de la Corporación, cabe consignar que la idea matriz del proyecto consiste en modificar el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1976, ley general de Urbanismo y Construcciones, con el propósito de incluir, entre las condiciones de estabilidad y asismicidad para obras de urbanización y edificación, las de resistencia y mitigación de los efectos de los maremotos o tsunamis, respecto de aquellas emplazadas en el borde costero.
En cuanto a las normas calificadas con carácter de orgánico constitucional o de quórum calificado, la Comisión compartió el criterio del Senado, en orden a estimar que el artículo único no tiene carácter de ley orgánica ni de quórum calificado.
El artículo del proyecto no requiere tampoco ser conocido por la Comisión de Hacienda.
El proyecto fue aprobado en general con asentimiento unánime. Votaron a favor la diputada señora Pascal, doña Denise , y los diputados señores Uriarte, don Gonzalo; Becker, don Germán (en reemplazo de don Pedro Browne) ; García, don René Manuel ; Lobos, don Juan ; Norambuena, don Iván ; Sabag, don Jorge (en reemplazo de don Juan Carlos Latorre ) y Tuma , don Joaquín (en reemplazo de don Pepe Auth).
Durante el estudio de la iniciativa, se contó con la asistencia y colaboración de doña Carolina Arrau , asesora de la ministra de Vivienda y Urbanismo, y de los señores Jorge Araya y Francisco Aracena , presidente y gerente general de la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile (AIC), respectivamente, y de don Francisco Ghisolfo , representante del Comité Marítimo.
Es sabido que nuestro país, por su conformación geográfica y su posición en la cuenca del Pacífico, se encuentra expuesto a eventos de origen hidrometeorológico, como temporales y marejadas que pueden generar grandes impactos en el borde costero, afectando la vida e integridad de las personas y provocando daños a la infraestructura, equipamientos y servicios.
Asimismo, de acuerdo con los datos de los organismos especializados, toda la costa del país, más las áreas interiores de las desembocaduras de los ríos se encuentran bajo la amenaza de tsunamis, sean éstos originados por un terremoto local, para lo cual se contará con aproximadamente veinte minutos para evacuar a la población, o por un terremoto de origen lejano en el Pacífico, lo que permitiría contar con varias horas de anticipación para actuar y proteger a la población del borde costero.
El Ministerio de Defensa Nacional, con ocasión del evento catastrófico que afectó las costas de Indonesia en 2004, corroboró el peligro de tsunamis frente a la costa de Chile, señalando que, de acuerdo con la información proporcionada por la Armada de Chile, dada la ubicación del país en la cuenca del Pacífico Sur, está expuesto a su impacto directo. Contamos con 84 mil 40 kilómetros de costa y, de acuerdo con la información proporcionada por la Armada de Chile, especialmente por las cartas elaboradas en el proyecto Citsu, es urgente planificar los asentamientos humanos en el borde costero, lo cual ha de ser considerado en los planes reguladores comunales que, por lo demás, deben ser vinculantes.
El señor Jorge Araya , presidente de la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile (AIC), y el señor Lorenzo Constans , ex presidente de la Cámara Chilena de la Construcción , se manifestaron de acuerdo con el proyecto, señalando, por una parte, que es dable incorporar la disciplina de la ingeniería marítima y de costas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en beneficio de la protección de la vida humana, las inversiones públicas y privadas, y evitar, además, la especulación.
Asimismo, expresaron que la norma debiera diferenciar condiciones de mayor exigencia para la localización de equipamientos específicos que, por su utilidad o las características de sus usuarios, deben ser protegidos frente a un evento de tsunami -equipamientos de salud y educación, principalmente-. Lo mismo dijeron respecto de la vivienda social, en los casos en que no existan los recursos estatales para financiar las obras de mitigación necesarias.
De este modo, teniendo en vista las consideraciones y argumentos contenidos en el proyecto, y la opinión de los invitados en el seno de la Comisión, los señores diputados fueron del parecer de aprobar la idea de legislar sobre la materia. Se estimó apropiado establecer mayores exigencias en la Ley General de Urbanismo y Construcciones para la elaboración de los estándares que establezca la Ordenanza General relativos a la ejecución de obras de urbanización y edificación, atendida la gran extensión que presenta nuestro borde costero y pensando, además, en el devastador efecto que produjo el evento del 27 de febrero pasado, no sólo en pérdidas de vidas humanas, sino para nuestra economía global. Se argumentó, también, en el sentido de que los cambios debieran apuntar no sólo a tratar de precaver o morigerar los daños originados en maremotos o tsunamis, sino a hacer frente a otros eventos catastróficos que puedan provenir de la naturaleza, como, por ejemplo, los sismos.
Por tanto, como consecuencia del debate, el artículo único del proyecto fue objeto de una indicación sustitutiva, de los diputados señores Browne , García , Hales , Lobos y de quien habla, aprobada por unanimidad, donde se precisa que las condiciones de estabilidad y asismicidad para el diseño de obras de urbanización y edificación, habrán de tomar en cuenta todas las características, fenómenos naturales y particularidades de los diferentes lugares del territorio nacional.
Votaron a favor las diputadas señoras Claudia Nogueira y Denise Pascal , y los diputados señores Pedro Browne, René Manuel García , Patricio Hales, Juan Lobos y quien habla.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Muchas gracias, diputado Gonzalo Uriarte.
Entrando en la discusión, tiene la palabra el diputado Guillermo Teillier.
El señor TEILLIER.-
Gracias, señora Presidenta .
Estoy de acuerdo con el proyecto; sin embargo, me asalta una gran duda. Se pretende prevenir futuros tsunamis mediante condiciones que deben tener las construcciones futuras; pero, ¿qué pasa con aquellos lugares que, según el SHOA, están en zonas de impacto de probables tsunamis, como por ejemplo, la zona norte del país, específicamente Iquique y otras ciudades? En esas zonas de impacto la situación puede tornarse muy difícil, porque, de acuerdo a la experiencia recogida por la Comisión investigadora sobre la capacidad de la institucionalidad del Estado para prevenir desastres como estos, queda claro, por ejemplo, que el tiempo de que disponen las personas para evacuar los lugares siniestrados es muy corto y, lo más probable, si allí hay una población muy densa, se van a producir desgracias personales. Creo que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo , ante la experiencia vivida en el país, tienen la obligación de tomar el máximo de medidas preventivas.
Por eso, propongo que esta Sala recomiende a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano que estudie y proponga otras medidas anticipatorias para este tipo de eventos.
Asimismo, que se oficie al Supremo Gobierno para que tome medidas preventivas más allá de los ejercicios de abandono de esos lugares ante una alerta de tsunami.
En estas zonas, llamadas de castigo ante los tsunamis, las personas tienen muy poco tiempo para escapar. Por tanto, deben tomarse otras medidas de carácter físico; por ejemplo, de resistencia o mitigación que permitan proteger, de alguna manera, a los que viven en esas zonas e, incluso, considerar hasta el posible desplazamiento de los habitantes, lo que significa otro tipo de legislación, puesto que, a lo mejor, tendrán que preverse compensaciones, traslados y, desde luego, con el acuerdo de ellos.
Señora Presidenta , que se tenga en consideración que no sólo debemos tratar de prever respecto del tipo de construcción que se levante, sino también tener en cuenta a quienes viven en las zonas de peligro.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Rojas.
El señor ROJAS.-
Gracias, señora Presidenta.
Éste es un tema no menor. Quienes vivimos en zonas costeras valoramos esta iniciativa en razón de las construcciones asísmicas que puedan construirse. La construcción debe ser el primer dique de freno -si hablamos en materia de seguridad- de un tsunami.
Pero no quiero detenerme en estas materias. Estamos cumpliendo. La experiencia vivida no sólo requiere hacer exigencias en materia de construcción, sino también en todo lo que dice relación con habitabilidad, puesto que de aquí en adelante se debe construir con los mayores estándares para que no suframos lo que hasta hace pocos meses padeció la gente del sur.
Por otro lado, siempre reitero las mismas preguntas: cómo usar el borde costero, cómo desarrollarlo, con el propósito de que no sólo constituyan un riesgo, sino también palancas de desarrollo para cada comunidad, tomando las providencias contenidas en este mismo proyecto.
Hoy, lamentablemente, usar el borde costero implica una tramitación muy alta que está bajo cánones y exigencias de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante ( Directemar ). Es decir, ni siquiera el Ministerio de Bienes Nacionales puede actuar aquí. Por ejemplo, en Antofagasta, vimos la manera de utilizar su borde costero, a fin de dar un valor agregado a nuestra ciudad. Esto dice relación con la primera franja de protección para el riesgo de los efectos de un tsunami -que el proyecto señala-, pero, fundamentalmente, con el tipo de construcción que se debe levantar en la zona. Acá, en Viña del Mar, el paseo de Las Salinas está construido en una zona que le da un plus muy importante, pero existe una franja que delimita y precave que el día de mañana -Dios no lo quiera-, si se presenta un tsunami, haya un espacio que recorrer a fin de evacuar la zona. Sin embargo, hay determinadas construcciones, como los hoteles o el mall de Antofagasta, situados a no más allá de diez metros del mar, que, si bien tienen una hermosa vista, queremos que sus instalaciones sean seguras y reúnan las condiciones que este proyecto exige para los futuros desarrollos urbanos del borde costero.
El proyecto es interesante y positivo, pero vale la pena tomar las providencias del caso y empezar a pensar en desarrollar el uso del borde costero, como una forma de resguardarlo de algunas actividades económicas, como las eléctricas, que buscan ese espacio para desarrollar sus proyectos, como ocurrió con la fallida instalación de la termoeléctrica Barrancones.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco.
La señora PACHECO (doña Clemira).-
Señora Presidenta , generalmente la actividad parlamentaria es reactiva frente a los problemas que a la opinión pública llaman la atención. El de hoy es el ejemplo contrario, ya que un grupo de senadores, ante una tragedia que ocurrió en 2005 y a kilómetros de distancia -un tsunami en el Pacífico Sur Oriental- advirtió que un fenómeno similar podría suceder en nuestro país, dada su extensa costa, sin que existiera regulación suficiente para atenuar los efectos.
La falencia fue advertida durante la discusión del proyecto de ley que regulariza la situación de ciertas ocupaciones irregulares en el borde costero, entre las regiones de Tarapacá y del Biobío, ocasión en que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) y la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), organismos que saltaron a la palestra con ocasión del terremoto del 27 de febrero, advirtieron sobre los efectos que podrían ocasionar los tsunamis en nuestra costa.
Los senadores Horvart , Prokurica y Sabag y los ex senadores señores Vega y Viera-Gallo , concluyeron que era necesario complementar la disposición pertinente de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, precisando que las condiciones de estabilidad y asismicidad que deben cumplir las obras de urbanización y edificación, no sólo estaban referidas a los terremotos, sino que habrían de tomar en cuenta todas las características, fenómenos naturales y particularidades de los diferentes lugares del territorio nacional.
La idea es que la normativa también incorpore disposiciones referidas a las condiciones de mitigación y asismicidad requeridas, de manera que un maremoto o una erupción volcánica ocasionen los menores daños posibles, especialmente en cuanto a víctimas fatales y daños en las personas.
El proyecto es un muy buen aporte, amén de ser un interesante ejercicio predictivo de sus impulsores, que fue dramáticamente confirmado por la tragedia vivida especialmente en las regiones del Maule y Biobío, en febrero pasado.
Con todo, quiero expresar mi preocupación por un problema mayor que podría afectar a algunas localidades costeras de mi distrito, particularmente en Dichato.
Durante la tramitación de la iniciativa sobre construcciones irregulares en el borde costero, la Onemi propuso, en un completo informe, algunas medidas para prevenir los efectos de una catástrofe. Entre ellas, indicó la necesidad de incluir en la Ley General de Urbanismo y Construcciones “una normativa sobre construcciones tsunami resistentes en el borde costero, donde se establezca que los dos primeros pisos no pueden ser destinados a uso habitacional, que la edificación presente un ángulo de 90 grados de exposición al mar hasta el quinto piso, y que en su interior cuente con facilidades para la evacuación vertical, con el consiguiente despeje de la terraza superior de la edificación. Además, debe establecerse una franja de seguridad entre la playa y la línea de construcción donde se permita implementar estructuras tipo “rompeolas” (diseños tipos de jardines colgantes), que permitan reducir o aminorar el impacto de olas mayores”.
De promulgarse como ley ese proyecto y que, como consecuencia de ello se sigan esas recomendaciones, muchos pobladores de Dichato y de otras localidades costeras serían prácticamente expulsados de sus terrenos, puesto que, de no contar con apoyo estatal para las nuevas construcciones, les sería imposible reconstruir con los estándares recomendados, es decir, comenzar la edificación residencial en el tercer piso.
Llamo la atención sobre esto, porque la inquietud del día a día de los vecinos de las localidades costeras, de los que vivimos el terremoto y maremoto del 27 de febrero, es que se establezcan normativas como la señalada y que el borde costero quede destinado al uso turístico o comercial, desalojándolos a lugares secundarios.
El proyecto apunta en el sentido correcto, en cuanto incorporar en la ley un riesgo que se nos ha hecho dramáticamente presente. Lamentablemente, por tratarse de una modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que se caracteriza por su vaguedad, amén de que está suplida por muchas otras normas específicas, queda una incertidumbre, toda vez que, de no mediar buen criterio y apoyo estatal, puede motivar la dictación de exigencias que resulten, para muchas familias, una verdadera expulsión de sus inmuebles.
Señora Presidenta , aunque comparto el objetivo general de la iniciativa y reconozco la buena intención y oportunidad de sus autores, tengo dudas sobre sus efectos concretos, por lo que me abstendré al momento de votar.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señora Presidenta , con este tipo de proyectos, da la impresión de que estamos legislando según las necesidades que nos imponen las inclemencias del tiempo u otros desastres naturales. Lo ideal es levantar un catastro de los desastres naturales y entregar facultades.
Represento a Villarrica y Pucón , una zona turística en la que está absolutamente prohibido construir, porque tenemos al volcán Villarrica . O sea, se trata de una zona de riesgo. ¿Qué hace la gente? Construye a la mala; como consecuencia, no paga contribuciones y le pasa el problema a las municipalidades, las que deberían obligar a demoler las casas. ¡Y esta es una inconsecuencia!
Hablan de obras de mitigaciones. Recuerdo que en Pucón querían prohibir las construcciones. Llegaron los gobiernos de la Concertación ofreciendo obras de mitigación, pero como la inversión giraba en torno a los 40 mil millones de pesos, nunca se realizaron.
Dije que había que entregar facultades. Me refería a las municipalidades, porque conocen mucho mejor que los Serviu regionales las distintas localidades.
También tenemos casos contradictorios entre la gente que sufrió el terremoto. Mucha no quiere trasladarse a lugares seguros. Dicen que donde están es su lugar de trabajo, que allí tienen sus restaurantes y sus cosas. No se quieren cambiar, porque si lo hacen a lugares más altos, alejados de la costa, que es lo lógico, van a perder sus fuentes de trabajo y los recursos.
El proyecto se presentó hace bastantes años. Entre sus autores figura el señor Vega , que dejó de ser senador hace ocho años. Me pregunto qué hubiera pasado de no haber ocurrido el tsunami. La respuesta es simple: nunca habríamos examinado este proyecto.
Por eso, hay que adelantarse a los tiempos. Un país sísmico como Chile, que está sujeto a desastres naturales como los tsunamis, debe contar con catastros de las zonas de riesgo y de desastres naturales a lo largo del país. No podemos andar “picoteando” donde hubo un terremoto. Es más, el diputado Rojas nos decía que en Antofagasta, el hotel se ubica a dos metros de la playa. El tema es quién autorizó esa ubicación. Cuando venga el terremoto y el tsunami se lleve el hotel, entonces van a preguntar quién autorizó su emplazamiento. Repito, hay que adelantarse a los tiempos y a las tragedias antes de que sucedan.
Con la extensión de nuestras costas, nos hemos llevado algunas sorpresas. En el colegio nos hablaban de 4.200 kilómetros de costa. Sin embargo, tenemos 86.000 kilómetros de costa, considerando bordes de lagos, de islas, de archipiélagos, etcétera. En consecuencia, el tema no son sólo las zonas afectadas. Estamos contestes que por este extenso borde costero podemos tener problemas. En este sentido, el proyecto es un paso adelante, pero no la solución.
La propuesta señala que los dos primeros pisos no pueden ser destinados a uso habitacional, pero nada dice sobre ocuparlos para negocios, garaje o lo que se quiera. La pregunta es qué pasa si el tsunami es mucho más fuerte de lo imaginado y arrastra el edificio. Igual podría morir mucha gente. Por eso, si queremos protegerla, establezcamos zonas donde no se pueda construir.
Es muy bonito sacar leyes así, muy lindo, pues quedamos súper bien, porque estamos protegiendo a la gente. Pero, ¿qué pasa con la gente que no la dejan construir y le quitan el sitio? Claramente, debe tener una indemnización. Porque que le den una casa o sitio es muy distinto a que los quiten y le digan: “Ahora, no se puede construir. Le vamos a expropiar.” El señor preguntará: “¿Quién me va a pagar.” En consecuencia, puede ser que este proyecto tenga un vicio de inconstitucionalidad, porque si a la gente se le prohíbe construir, indudablemente, es lo mismo que una expropiación. Va a tener algo que no vale nada, un tremendo perjuicio en su patrimonio. Esto significa, aquí y en cualquier parte, lucro cesante.
Por lo tanto, pido un pronunciamiento, antes de aprobar el proyecto -estamos todos de acuerdo- respecto de qué pasará en el caso que he expuesto. Me preocupan estas cosas. No quiero que legislemos a tontas y a locas, no quiero que esto sea un problema que tengamos que ver en un tiempo más. En muchas ocasiones ha sucedido que los proyectos vuelven del Senado corregidos, a pesar de lo que hemos señalado aquí muchos diputados y, una vez más, quedamos como que despachamos las iniciativas sin ver las consecuencias.
Por lo tanto -reitero-, pido formalmente un pronunciamiento sobre qué pasará con la gente que quedará sujeta a esta ley y no podrá construir en su sitio. ¿Se le va a dar indemnización? ¿Se la autorizará a vender? ¿Podrá instalar un pub, restaurante o lo que sea? Me gustaría que se respondieran mis interrogantes, porque es importante para la gente que está observando esta sesión.
Indudablemente, voy a apoyar y aprobar todo lo que signifique protección de la vida humana, porque es fundamental para el desarrollo de nuestra zona.
Voy a votar favorablemente, pero me gustaría tener certeza en lo que he preguntado.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Señor diputado , el señor Uriarte, diputado informante , le aclarará sus dudas en algún minuto.
Tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos.
El señor LOBOS.-
Señora Presidenta , este proyecto, que llegó del Senado, corresponde a una iniciativa de un grupo de senadores que en 2005 se preocuparon de ver y normar aquellas construcciones que se establecen en zonas de riesgo. Originalmente, el proyecto estaba asociado a los riesgos de un potencial tsunami y, después que éste llegó, cobró actualidad.
Del proyecto original poco queda, porque fue modificado sustancialmente.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
¡Totalmente!
El señor LOBOS.-
Totalmente, tiene toda la razón el diputado García . El proyecto, tal como venía, en el fondo iba a dejar el borde costero sólo para los ricos, para los que pudieran construir un bunker a la orilla de la playa para poder disfrutar del mar, y los pobres a los cerros, junto con los basurales y los ratones. ¡Así iba a ser la cosa!
Pero, el proyecto, en la Cámara, se modificó sustantivamente, y hoy va a permitir normar las construcciones que de ahora en adelante se establezcan en el borde costero, para que cuenten no sólo con características especiales, sino que estén diseñadas especialmente para resguardar la vida de quienes allí moren, para luego no estar sufriendo pérdidas de vidas producto de un terremoto y el consecuente maremoto.
No me gusta la palabra tsunami, pues es extranjera. En este mes de la chilenidad, deberíamos utilizar sólo el rico lenguaje que nos legó Cervantes. Así que deberíamos borrar tsunami y poner en su lugar maremoto.
Por las razones expuestas, quiero recomendar a esta honorable Cámara votar favorablemente este proyecto, que ya fue digerido. Lo que está plasmando aquí es lo que realmente debe hacerse con nuestro borde costero, lo que podemos hacer. En ningún caso se va a convertir en ese fantasma que algunos presentimos y vimos en el proyecto original de limitarlo sólo a quienes tuvieran los medios económicos para construir con ciertas características en el borde costero.
El proyecto se hace cargo de lo que pasó en 2005 y este año cobró tremenda vigencia. Con las modificaciones que ha sufrido en la Cámara, se tomaron todos los resguardos para decir que Chile está preocupado de proteger la vida de las personas que moran en la costa. No le está prohibiendo a la gente vivir ahí, sino obligando a efectuar algunas mitigaciones especiales, que correrán por cuenta del Estado, en cuanto a la zona de resguardo, e indicando el tipo de construcción que deberá levantar, de acuerdo con el lugar donde quiera establecerse.
Creo que no necesita aclararse lo que está plasmado en el informe, porque fue lo suficientemente conversado en la Comisión. En realidad, lo que llega a la Cámara es un consenso que lo que hace, simplemente, es buscar una norma que resguarde las vidas humanas.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Cristián Campos.
El señor CAMPOS.-
Señora Presidenta , me parece que el espíritu del proyecto está fundado en proteger la vida de las personas, pero quedan muchas dudas respecto del tipo de edificación e infraestructura que podremos tener en el borde costero.
Hoy, no hemos observado que el proyecto de ley considere una política habitacional. Lo que estamos viendo y analizando en sectores como Santa Clara, son los subsidios que vienen de la mano de la reconstrucción. Estamos hablando de 400 UF. No sé si aprobar esta modificación de la ley General de Urbanismo y Construcciones significará que las políticas habitacionales del Gobierno se implementarán con mayores recursos.
Si bien apoyo, con fuerza, el espíritu de este proyecto de ley cuando establece condiciones y requisitos de infraestructura para proteger la vida de los habitantes de los sectores del borde costero, no observo una política habitacional que incluya dicho espíritu, porque he visto algunas casas piloto que se han presentado como ejemplo de lo que se debe construir en el borde costero y no tienen mucha diferencia con las viviendas que había.
Entonces, no sé si pretende generar condiciones de seguridad en torno de las viviendas, porque si seguimos presenciando el tipo vivienda que he señalado en la región del Biobío, lo que está implementando este Gobierno es más de lo mismo. Incluso, los materiales son de menor calidad que los que teníamos antes del 27 de febrero.
A los diputados que representamos zonas del borde costero se nos genera cierta incer-
tidumbre antes de la votación. Si sintiera que el Gobierno va a hacer suyo este proyecto y lo va a implementar en la política habitacional, aumentando sustantivamente el monto de los subsidios, con los cuales va a restablecer las viviendas a todos los afectados de Talcahuano, Hualpén, Dichato , Coronel, estaría contento y lo apoyaría.
Como eso no ha sido considerado, tomo las palabras del diputado René Manuel García , en el sentido de que debería existir, junto con el Ejecutivo , una discusión mucho más rica en la Comisión de Vivienda, tal vez en una Comisión Mixta, donde podamos acordar la aprobación del proyecto, tan urgente para las comunas del borde costero, para implementar la política habitacional de levantar miles de viviendas, acompañada de mayores recursos.
Seguiré pensando en esta situación. Hasta el momento, anuncio mi abstención o rechazo de esta iniciativa, que -repito- es urgente para las comunas del borde costero, pero que no tiene sintonía con la política habitacional que está implementando el Gobierno.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado del debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
En votación general el proyecto de ley, iniciado en moción, que permite establecer condiciones de resistencia y mitigación de los efectos de maremotos en las construcciones costeras.
Hago presente a las señoras y a los señores diputados que las normas del proyecto son propias de ley simple o común.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 15 abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
USO DE TARJETA “ADULTO MAYOR MULTIVÍA” EN BUSES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTIAGO.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- El señor Prosecretario dará lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 128, de la señora Sabat, doña Marcela; de los señores Pérez, don Leopoldo; Verdugo, Godoy, Rivas, Browne, Monckeberg, don Cristián; Cardemil, Sauerbaum y Monckeberg, don Nicolás, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al ministro de Transportes y Telecomunicaciones que realice las gestiones para que la “Tarjeta Adulto Mayor Multivía” pueda ser válida también en los viajes realizados en los buses de transporte público de Santiago y así obtener la misma rebaja del Metro en la tarifa del Transantiago”.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Marcela Sabat.
La señora SABAT (doña Marcela).- Señor Presidente , el proyecto de acuerdo va en la misma línea del N° 122, que votamos hace algunos días en la Cámara, ya que busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, grupo etario que va en aumento y que actualmente alcanza a alrededor de 2,5 millones de personas.
Con el otorgamiento de facilidades y de beneficios para sus traslados no sólo se les ayuda económicamente, sino que también se les incentiva a que sean más activos, lo que redunda en el desarrollo integral de los adultos mayores.
Lo que se solicita con el proyecto de acuerdo es una gran señal; si se concreta, incentivará las actividades de los adultos mayores.
Por lo tanto, como bancada, queremos dar una clara señal con este proyecto de que los adultos mayores no sólo nos importan, sino que nos preocupan y nos seguiremos ocupando mucho más de ellos.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para impugnarlo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Salaberry.
El señor SALABERRY.- Señor Presidente , aparece registrado el voto del diputado Hugo Gutiérrez , sin embargo, él no se encuentra en la Sala.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Efectivamente aparece el voto del diputado Gutiérrez. Por lo tanto, se eliminará.
EXTENSIÓN DEL PROGRAMA CUERPO MILITAR DEL TRABAJO.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 129, de los señores Álvarez-Salamanca, Romilio Gutiérrez, León, Salaberry, Meza, De Urresti, Lobos, Silva y de la señora Alejandra Sepúlveda, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Presidente de la República , debido al gran aporte que ha significado la implementación del programa denominado Cuerpo Militar del Trabajo, el cual se está llevando a cabo en las zonas de catástrofes, específicamente en 75 comunas y dos islas, y mediante el cual se han contratado a alrededor de 18 mil trabajadores, quienes perciben como remuneración un sueldo mínimo y previsión social completa, solucionando, entre otros problemas, el de la reconstrucción y el de la cesantía, es que se manifiesta la intención de que se extienda la duración del gran proyecto hasta el día 15 de diciembre del presente año. Ello, en razón del importante aporte que este grupo humano ha desarrollado y que ha significado para las familias de las zonas declaradas de catástrofe de una solución efectiva.
Por último y de manera anexa podemos complementar lo ya señalado, recordando que el Ejecutivo impulsó esta medida con ocasión del Bicentenario, por ende, es factible que se intente un mayor esfuerzo por mantener la implementación de este programa”.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Pedro señor Álvarez-Salamanca.
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA .- Señor Presidente , una de las medidas de emergencia tomadas por el Gobierno para mitigar los efectos del terremoto y del tsunami fue la implementación del programa de empleos de emergencia a cargo del Cuerpo Militar del Trabajo, mediante un convenio realizado entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Interior con el Ejército de Chile.
Cabe destacar que la medida se aplica en dos islas y en 75 comunas, entre las cuales se encuentra Constitución, con más de 600 mujeres jefas de hogar, al igual que en Putú, San Clemente y Curepto.
Valoro los esfuerzos que el Gobierno ha hecho para prorrogar los contratos hasta el 5 de octubre en ciertas comunas de la Región del Maule; primero, porque la emergencia aún no termina en la zona y, segundo, da un poco más de movilidad al comercio que quedó absolutamente en el suelo, sobre todo en Constitución y Curepto .
Por eso, es necesario hacer un esfuerzo todavía mayor y prorrogar todos los contratos hasta el 15 de diciembre, lo que será muy positivo para muchas mujeres y hombres que trabajan en la Región del Maule.
Por último, pido estudiar la posibilidad de dar un aguinaldo a las cerca de 18 mil personas que trabajan en la Región del Maule.
Agradezco al Gobierno lo ya realizado en esta materia y pido que la Cámara apruebe el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Lorenzini.
El señor LORENZINI .- Señor Presidente , en parte hay que agradecer al Gobierno que haya aceptado nuestra propuesta de prorrogar los contratos hasta el 5 de octubre, por la situación actual de las familias. Hoy, planteamos que se extiendan hasta diciembre. Son 17 mil trabajadores, básicamente mujeres. Estamos en una época en que. Ahora vienen cuatro días de fiesta y todo el mundo celebra. No tiene ningún sentido dejar a las personas sin trabajo. Más aún, vamos a tratar otro proyecto de acuerdo, firmado por parlamentarios de las regiones afectadas, para pedir que se considere en el presupuesto de 2011 la mantención de esos trabajos, por lo menos para las comunas más afectadas, no para todas, porque las que están normalizadas en diciembre pueden caminar solas, pero a ese mes, muchas todavía no lo podrán hacer, sobre todo las que se ubican en el borde costero de la Sexta, Séptima y Octava regiones
El Presidente de la República acogió en parte la prórroga de los contratos y ahora pedimos que se extiendan hasta el mes de diciembre, para que esos trabajadores tengan unas buenas fiestas en el Bicentenario, y el próximo año intentar, a través de la ley de Presupuestos, prorrogarlos hasta cuando sea necesario.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra diputado señor Andrade.
El señor ANDRADE.- Señor Presidente , no es mi intención hablar en contra del propósito del proyecto de acuerdo. Quiero hacer presente una situación.
Lo importante es que se aplique la ley en su totalidad. A los trabajadores involucrados en esta relación de trabajo con el Cuerpo Militar del Ejército no se les consideran varias garantías laborales. Sin perjuicio de la voluntad expresada en el proyecto de acuerdo, sugiero mirarlo más ampliamente. Aquí no se contratan mujeres, no hay respeto por los fueros, no hay posibilidad de sindicación, la Dirección del Trabajo se ha pronunciado sistemáticamente que no se pueden fiscalizar estos programas. Desde ese punto de vista, lo único que planteo es que tengamos preocupación, pues se está pidiendo que los programas se prorroguen por segunda o tercera vez, lo que, además, implica que se transformen en contratos indefinidos.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
HOMOLOGACIÓN DE CONDICIONES LABORALES DE TRABAJADORES DE JARDINES INFANTILES.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 130, de los diputados Fidel Espinoza, González, Rojas, Campos, Farías, Meza, Von Mühlenbrock, y las diputadas señora María Antonieta Saa y Adriana Muñoz, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
1. Solicitar al señor ministro de Hacienda que adopte todas las medidas que aseguren y garanticen que el traspaso de recursos que se hace, especialmente a los municipios pero también a otras instituciones, para la contratación de educadoras de párvulos, auxiliares, administrativas y otras trabajadoras de jardines infantiles bajo la modalidad “Vía Transferencia de Fondos”, a través de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), no se convierta en una especie de empleo precario, debido a la evidente desigualdad en el tipo de contrato, diferencias salariales, beneficios, y en general, en los derechos laborales de este importante y numeroso conjunto de trabajadoras, que en el país suman cerca de 8 mil personas.
2. Solicitar al señor ministro de Hacienda que durante la discusión de la ley de Presupuestos 2011, puedan introducirse las precisiones y correcciones que permitan transparentar, precisar y corregir los mecanismos que permitan regularizar y normalizar esta situación.
3. Solicitar al señor ministro de Educación , de quien depende la Junji y, por tanto, toda la temática de jardines infantiles y salas cuna, que en las posibilidades que le entregan sus atribuciones, también adopte las medidas que permitan corregir y equilibrar la situación de las 8 mil trabajadoras que hoy están en una situación de menoscabo laboral”.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente , me parece que todos hemos sido abordados por dirigentes de las organizaciones gremiales existentes al interior de Integra para expresarnos su preocupación por los problemas señalados en el proyecto de acuerdo que discutimos.
Se trata básicamente de que el Ministerio de Hacienda garantice los recursos necesarios que permitan darle continuidad y certeza al desarrollo del tan importante trabajo que realiza en especial dicha fundación en la educación preescolar, pues tiene una enorme cantidad de salas cunas y jardines infantiles. Sin embargo, sus trabajadores tienen un trato remuneracional diferente respecto de los funcionarios de establecimientos de la Junji, lo que se ha denunciado con bastante frecuencia.
Por eso, ya que estamos a algunos meses de la discusión de un nuevo proyecto de ley de Presupuestos me parece extraordinariamente oportuno plantear este proyecto de acuerdo para solicitar al Gobierno y al ministro de Hacienda , en particular, que considere la situación descrita, dada la importancia de la educación preescolar en los esfuerzos generalizados que hace el país como política de Estado por mejorar la calidad de la educación, especialmente de los sectores más modestos.
Toda la investigación realizada sobre la materia demuestra que una adecuada educación preescolar es indispensable para alcanzar esos objetivos. De manera que, en función de esas consideraciones solicito a los colegas que apoyemos el proyecto de acuerdo en discusión.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , no podemos menos que apoyar el proyecto de acuerdo que se propone y que usted también patrocina, fundamentalmente porque -y ello también lo señaló el diputado que me antecedió en el uso de la palabra- la municipalidad de la que fui alcalde, tuvo a su cargo muchos jardines infantiles mediante el mecanismo de administración delegada. Porque hoy la Junji no construye ni crea jardines infantiles, sino que desarrolla su actividad a través de entidades como Integra o de los municipios. Ello, sin duda, produce una enorme diferencia remuneratoria entre el personal que labora en la institución central: la Junji, y aquellos organismos que colaboran en la tarea, como los ya mencionados.
En ese sentido, en una materia tan relevante, la formación y educación de nuestros niños, considero que los jardines infantiles deben tener el personal idóneo y adecuadamente remunerado para que no se produzcan odiosidades entre personas que, por estar en regímenes distintos de administración, tienen un alto grado de disparidad remuneracional.
Me parece que el proyecto de acuerdo es absolutamente razonable para los trabajadores de jardines infantiles y salas cuna. Por lo tanto, contará, obviamente, con mi absoluto y total respaldo.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
VIII. INCIDENTES
INSTALACIÓN DE MESA DE DIÁLOGO CON PUEBLO MAPUCHE.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el diputado René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , debo señalar que preparé esta intervención para defender un proyecto de acuerdo que presentamos un conjunto de diputados, entre los cuales se cuentan los señores Fuad Chaín , Mario Venegas , Joaquín Tuma , mediante el cual se solicita al Presidente de la República la instalación de una mesa de diálogo para resolver el conflicto mapuche, particularmente lo que tiene relación con la huelga de hambre de 32 comuneros en las distintas cárceles del sur del país.
En dicho proyecto solicitamos el acuerdo de la Cámara para requerir al Presidente de la República que disponga que su Gobierno lidere el proceso de constitución, implementación y seguimiento de una mesa de diálogo que tenga por objeto abordar las tareas pendientes que la sociedad chilena tiene para con nuestros pueblos originarios.
Todos quienes firmamos ese proyecto, que esperamos sea tratado la semana próxima y que no pudo discutirse en esta sesión por la negativa de los jefes de comités de la Derecha, somos parte de la coalición que gobernó Chile durante veinte años, pero, además, somos representantes de La Araucanía. Y con toda nuestra dignidad de personas que sabemos aprender de nuestros propios errores, hacemos, ante la Cámara y el país, nuestro propio mea culpa.
No hubo durante los gobiernos de nuestra coalición ni la comprensión ni la voluntad de superar este trauma histórico. Lo decimos con la claridad y la humildad que este trance exige.
También sentimos que al reconocer nuestros errores y limitaciones de la manera en que lo estamos haciendo otorgamos a nuestra actividad un modesto espacio de credibilidad y respeto ciudadano.
No nos hace más pequeños reconocer que frente a nuestros pueblos originarios, especialmente al mapuche, nuestros gobiernos desplegaron una mirada existencialista y paternalista que resolvió la contingencia, pero no recogió la pesada herencia de la historia.
Con este proyecto de acuerdo buscamos dos efectos. Por una parte, iniciar un proceso que permita poner término a la huelga de hambre que 32 comuneros mapuches mantienen durante ya sesenta días y que hoy se encuentran en peligro de muerte por su negativa a ingerir alimentos y, por la otra, dar lugar a un proceso de mediano y largo plazo en orden a desarrollar la mirada que falta, la de la historia, la del presente y, por sobre todo, la de ese futuro que para el pueblo mapuche hoy simplemente no existe.
Hablamos de jóvenes mapuches que se comprometieron con un conjunto de reivindicaciones de carácter social, político, económico y étnico, que se encuentran procesados por infracción a la ley sobre Conductas Terroristas y que el Ministerio Público ha solicitado para algunos de ellos penas que superan los ciento veinte años de privación de libertad. De ser condenados, terminarán sus vidas cumpliendo sus respectivas sanciones.
Lo que pedimos es que, en un gesto de humanidad, cuando se vote este proyecto de acuerdo, ojalá se apruebe por la unanimidad de la Cámara, para solicitar al Presidente de la República que, desde el propio Gobierno, se avance en esta iniciativa con carácter de urgente.
Queremos expresar también que los firmantes de este proyecto de acuerdo no compartimos los métodos que este grupo de jóvenes mapuches ha elegido para avanzar en sus reivindicaciones. Si en realidad están comprometidos con los hechos que se les imputa, condenamos expresamente la violencia como método de acción política.
Está muy internalizado en cada uno de nosotros, en nuestras conciencias, aquel concepto que señala que cuando fracasa la política, comienza la guerra. Por ello, no compartimos los métodos violentos. Estamos muy lejos de ello. Tenemos muy presente en nuestra memoria la historia reciente de violencia y muerte y no queremos ser causantes de una nueva tragedia. Sin embargo, hoy tenemos la responsabilidad histórica de dar un paso cierto, en un esfuerzo común, por obtener un estado de tranquilidad y paz social, particularmente, cuando nos aprontamos a conmemorar el Bicentenario de nuestra Independencia.
Y quiero pedir disculpas si expreso con demasiada intensidad lo que estamos sintiendo. ¡Qué gran perjuicio habremos infligido a nuestra patria, si al momento de celebrar nuestro Bicentenario, alguno de estos jóvenes tuviera que enfrentar su dramático encuentro con la muerte!
Nadie en Chile perdonaría que no hayamos hecho nuestro máximo esfuerzo para que ello no ocurriera. ¡No pedimos su libertad, ni el indulto, ni ningún beneficio! Estamos pidiendo que, por medio de un diálogo sostenido entre el Gobierno, el Congreso Nacional, las iglesias de Chile, los organismos no gubernamentales, nuestros pueblos originarios y el conjunto de la sociedad civil, abordemos los temas que como sociedad chilena no hemos sido capaces de resolver, para que los pueblos originarios pasen de la exclusión y la marginalidad al acogimiento, al progreso y al respeto mutuo.
¡Estamos en condiciones de evitar una tragedia!
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se adhieren a las palabras expresadas por el diputado don René Saffirio, la señora Denise Pascal y los diputados señores González, Lemus, Sabag, Ojeda, Ascencio, Silber, Chahín, Jaramillo, Vilches y Saandoval.
INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS PARA PONER FIN A HUELGA DE HAMBRE DE COMUNEROS MAPUCHES. Oficios.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , no tenía pensado hacer uso de la palabra porque me interpreta plenamente la intervención, que tan profunda y sentidamente ha hecho mi colega y camarada René Saffirio .
Estoy seguro de que no sólo interpreta a nuestra bancada y a los autores de este proyecto de acuerdo, que por una negativa incomprensible de los jefes de Comités de la UDI y de Renovación Nacional no pudimos votar hoy, sino que al espíritu mayoritario de quienes tienen una conciencia real de lo que hoy está en juego con la huelga de hambre que hace sesenta días iniciaron treinta y dos comuneros mapuches.
Aquí no estamos discutiendo si algunos están en favor de la violencia o en contra de ella. Todos creemos que el diálogo es la única forma viable de resolver y enfrentar las reivindicaciones políticas y sociales de nuestros pueblos indígenas. Lo que aquí está en juego es si, como Estado, somos capaces de dar una señal clara y contundente para terminar con la aplicación discriminatoria de cuerpos legales que no cumplen con los estándares mínimos del debido proceso y que hacen que hoy personas de la etnia mapuche, que no están involucradas en hechos de sangre, puedan ser condenadas a penas privativas de libertad excesivamente onerosas.
Por eso, nos parece incomprensible la actitud de la Derecha de negarse a discutir el urgente establecimiento de una mesa de diálogo para poner fin de una vez por todas a esta dramática situación que puede terminar en tragedia.
Por lo tanto, junto con sumarme a la intervención del diputado René Saffirio , pido que se envíe oficio a los ministros del Interior , secretario general de la Presidencia y de Mideplan , cuyas carteras están vinculadas al tema, para que informen sobre todas las medidas adoptadas para terminar con la huelga de hambre de los comuneros mapuches y, en especial, para que nos expliquen la negativa del Gobierno a liderar e impulsar una mesa de diálogo que resuelva esta dramática situación.
Resulta sorprendente que el Gobierno, que llama por los medios a deponer la huelga de hambre, se cierre al diálogo, y que los diputados de las bancadas de Renovación Nacional y de la UDI se nieguen a discutir un proyecto de acuerdo que lo único que impulsa es la creación de un espacio de conversación para que, sobre esa base, podamos poner fin a la huelga de hambre que hoy sostienen 32 comuneros mapuches presos y que se arrastra por sesenta días.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Castro, González, Lemus, Jaramillo, Saffirio y Sabag.
RESTITUCIÓN DE PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO HOSPITAL GUSTAVO FRICKE. Oficio.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González.
El señor GONZÁLEZ .- Señor Presidente , hemos tenido noticias muy preocupantes relacionadas con la construcción del Hospital Gustavo Fricke , el más importante de la Región de Valparaíso, proyecto que fue objeto de un gran debate en los últimos años y que dio como resultado su aprobación política transversal y el apoyo técnico de todas las instancias regionales, porque reunía las características requeridas para satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Asimismo, existía consenso respecto del lugar en el cual sería construido. Sin embargo, 24 horas antes de la licitación del proyecto, que sería financiado con recursos públicos, el Gobierno la suspendió, por lo tanto, la construcción del hospital quedó pendiente.
Posteriormente, el Gobierno tomó una nueva medida: anunció que el hospital sería concesionado. Como hubo una reacción muy enérgica de la comunidad en rechazo de tal medida, el ministro de Salud informó a los gremios y a la comunidad que el proyecto sería repuesto. No obstante, sólo con algunos días de diferencia, el subsecretario de Salud comunicó que el proyecto no se repondría y que sólo se construirían instalaciones de carácter secundario, es decir, una ampliación del Hospital Fricke, dejándose de lado el proyecto original. En definitiva, se habría aprobado la idea de jibarizar dicho hospital.
Ha habido tres decisiones gubernamentales sobre la materia y la comunidad está en ascuas sin saber cuál será el hospital que se construirá.
Estos anuncios han generado gran consternación, preocupación y desazón, especialmente, entre los trabajadores de la salud y las comunidades que apoyaron este proyecto.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Salud , a fin de consultarle cuál es la decisión definitiva del Gobierno en relación con el Hospital Gustavo Fricke , solicitándole que el proyecto que se aprobó en forma unánime sea repuesto y construido con recursos públicos, como lo anunció y que corresponde a la decisión que adoptó transversalmente la región durante la administración anterior y que continúa apoyando.
Por último, que se adopten las medidas conducentes a tener una opinión definitiva, respetando las organizaciones de la comunidad que han participado y que tienen tanto interés en la construcción de dicho hospital.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada Cristina Girardi y del diputado Enrique Jaramillo.
INFORMACIÓN SOBRE POSTULACIONES DE DISCAPACITADOS A AYUDA TÉCNICA. Oficio.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Cristina Girardi.
La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente , los municipios del país o, por lo menos, los de la Región Metropolitana, han recibido un oficio en el cual se señala que todas las postulaciones para ayuda técnica para discapacitados están cerradas y que no se pueden presentar en lo que resta de 2010.
Dicho oficio fue enviado en agosto y, por lo tanto, todas las personas que requieran ayuda técnica como sillas de ruedas, prótesis u otros, no podrán recurrir al Servicio Nacional de la Discapacidad para recibirla.
Por otra parte, esta situación se ve agravada por las postulaciones ya realizadas, que cuentan con informe técnico favorable -por ejemplo, datan de abril y de mayo del presente año- y que no se han concretado, ni siquiera han sido subidas a Chile Compra. Por lo tanto, no se están adquiriendo las ayudas técnicas para las personas que postularon a comienzos de este año.
Me preocupa la situación, porque este tipo de ayudas técnicas se entregan a las personas con menos recursos de nuestra región y del país, en general.
Por eso, solicito que se oficie a la directora del Servicio Nacional de la Discapacidad para que informe por qué se cerraron las postulaciones de este 2010 y por qué no se está dando respuesta a las que se hicieron a principios del presente año y que cuentan con la aprobación técnica del servicio mencionado.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados Enrique Jaramillo y Rodrigo González.
APLICACIÓN DE LEY DE PROTOCOLO.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por el resto del tiempo del Comité del Partido por la Democracia, el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, el Congreso Nacional, en particular, la Cámara de Diputados, no puede ser pasado a llevar por otros organismos del Estado.
Entrar en una confusión de ideas no conduce a nada, porque las malas prácticas podrían significar un atentado contra la autoridad. Ahora, tal vez no se hacen con tal intención.
Por ser reiteradas las situaciones que afectan a una autoridad de la República, en este caso, se trata de mi persona, pido que se oficie al intendente de la Región de Los Ríos , con quien me une una importante amistad, pero en su gobierno regional suceden situaciones que hay que dar a conocer a tiempo para que no se repitan actuaciones que después tengamos que lamentar.
Quiero denunciar que se ha faltado a la ley de Protocolo porque, no obstante ser diputado por el distrito N° 54, no he sido invitado a diversos actos de Gobierno. Por ejemplo, no he sido invitado al acto de inauguración de la Escuela Mantilhue, comuna de Río Bueno, pero sí lo fue el diputado oficialista del mismo distrito.
Por eso, quiero pedir que se oficie al ministro del Interior para que haga llegar la ley de Protocolo vigente al intendente de la Región de Los Ríos.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO DE CULTURA Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA DE COMUNA DE LA UNIÓN. Oficios.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).- Por otra parte, el proyecto de construcción del Colegio de Cultura y Difusión
Artística fue aprobado por el gobierno regional en 2008. Estoy consciente de que ha sido objeto de varias observaciones, pero cuando la autoridad no le da la importancia debida a un proyecto y transcurren más de dos años con observaciones que van de un lado para otro, quiere decir que la autoridad no tiene interés en llevarlo a cabo.
Sin embargo, la ciudadanía está pendiente de la construcción del Colegio de Cultura y Difusión Artística, pues está funcionando en un vetusto edificio, muy peligroso para los casi mil alumnos que asisten diariamente a recibir educación. Es decir, ese colegio amerita la construcción de un nuevo edificio.
Por lo tanto, pido que se oficie al intendente de la Región de Los Ríos , a fin de que me informe sobre los antecedentes y la etapa en que se encuentra el proyecto de construcción del Colegio de Cultura y Difusión Artística de la comuna de La Unión.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado Rodrigo González.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.11 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 12.51 horas.
El señor BECKER (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
INFORMACIÓN SOBRE VÍNCULO DE PARENTESCO EN LA OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS. Oficio.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz, representante de la Cuarta Región.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , en la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), dependiente del Ministerio de Agricultura, fue nombrado director nacional el señor Gustavo Rojas Le-Bert .
Cabe señalar que en ese organismo, desde hace más de treinta años, ejerce como jefa de uno de los departamentos de esa institución, la señora Cecilia Rojas Le-Bert , hermana del recientemente designado director nacional.
Como en la estructura institucional debe estar regulado qué ocurre en caso de vínculos familiares directos, entre quienes desempeñen determinados cargos, quiero saber si en la Odepa se tomaron las medidas pertinentes para respetar la ley de Probidad Administrativa.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al contralor general de la República para que informe si es regular la situación que he señalado.
He dicho.
El BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA REMODELACIÓN DEL ESTADIO LA PORTADA DE LA SERENA. Oficios.
El señor DÍAZ .- Señor Presidente , pido que se oficie al ministro de Hacienda y al subsecretario de Deportes , con el objeto de que informen a esta Comisión si hay novedades respecto de la conversación que sostuvimos a comienzos de año relacionada con la suspensión de la inversión de 5 mil millones de pesos contemplada para la remodelación del Estadio La Portada de La Serena.
El Presidente de la República , por el impacto en la reconstrucción, decidió postergar, entre otras obras, el inicio de la remodelación de ese estadio.
El subsecretario de Deportes señaló que, a fines de año, en el segundo semestre, se iba a tomar una decisión definitiva respecto de qué va a pasar con los recursos asignados en el Presupuesto de 2010. Me refiero a los 5 mil millones de pesos que se iban a usar para la primera etapa de la remodelación del estadio.
Estamos en septiembre, en el tiempo previo al tratamiento legislativo del presupuesto de 2011, y el ministro de Hacienda y el subsecretario de Deportes se encuentran en condiciones de señalar si se van a asignar los recursos dispuestos por el Gobierno de la Presidenta Bachelet para la primera etapa de la remodelación del Estadio La Portada de La Serena.
Pido que se remita copia de mi intervención al alcalde de La Serena, don Raúl Saldívar, y a los concejales de dicho municipio.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 12.55 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley sobre modificación del sistema de justicia militar y que establece un régimen más estricto de sanciones tratándose de delitos contra los miembros de las policías. (boletín N° 7203-02)
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley mediante el cual se dispone la exclusión de los civiles de la jurisdicción y competencia de los tribunales militares y se establece un régimen más estricto de sanciones tratándose de delitos contra los miembros de las policías.
I. FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA
1. Modificaciones al sistema de Justicia Militar
a. Consideraciones generales
Dentro del continuo proceso de perfeccionamiento y modernización de la Defensa Nacional, se inserta la necesidad de modificar el sistema de Justicia Militar, a efectos de excluir a los civiles del ámbito de su jurisdicción y competencia, en sintonía con los estándares internacionales en la materia.
Nuestro país ha experimentado importantes cambios durante las últimas décadas. Los avances tecnológicos, la integración creciente con la comunidad internacional, la modernización y crecimiento de nuestra economía y el fortalecimiento de la democracia, demandan permanentemente adaptar nuestras instituciones jurídicas para que respondan a los valores que queremos proyectar hacia el Chile del futuro, como la libertad, la igualdad ante la ley, la paz social, el respeto irrestricto por los derechos de los ciudadanos y la seguridad jurídica. En definitiva, se trata de avanzar hacia una sociedad en que los derechos y garantías establecidas en nuestra Constitución Política sean reales, cercanos y posibles para todos los habitantes del territorio nacional.
En este contexto, es que se han dado pasos importantes para generar un sistema judicial conteste con estos valores, lo que se aprecia especialmente en el ámbito de la Justicia Penal. Así -y sin perjuicio de los perfeccionamientos que se requieren- contamos hoy en día con un Proceso Penal que otorga adecuadas garantías de debido proceso e imparcialidad.
Sin embargo, en el ámbito de la Justicia Militar, tenemos como país que ponernos al día en una serie de materias que están significativamente retrasadas, lo que impone llevar a cabo un conjunto de reformas. Ello, tanto por la convicción que nos asiste de que nuestra democracia exige en todos los ámbitos el contar con sistemas judiciales robustos y en donde rija, fuera de toda duda, el pleno imperio del debido proceso, como porque en el concierto internacional en el que Chile se inserta, tales avances se han ido imponiendo como norma en los últimos años.
En este orden de ideas, un primer paso, pero esencial, es el que damos con este proyecto de ley, al delimitar en forma precisa la jurisdicción y competencia de la Justicia Militar, para excluir totalmente de su ámbito de acción y aplicación a los civiles. La consagración de este principio, postergado por ya demasiado tiempo, es asumido por este Gobierno como una necesidad imperiosa que en tanto no se materialice obsta al fortalecimiento de las garantías para la sociedad civil y limita y afecta la profundización de nuestra democracia.
Se trata de una materia de la máxima importancia y prioridad, que figura expresamente dentro de los compromisos que mi Gobierno ha asumido impulsar y que, estamos ciertos, debiese suscitar un amplio consenso entre las distintas fuerzas políticas. La Justicia Militar tiene un carácter especial, persigue regular situaciones que se dan en un escenario distinto al de la vida civil, en que muchas veces imperan otras consideraciones que son sumamente válidas y relevantes, pero que por su excepcionalidad no deben extenderse más allá del juzgamiento de las acciones cometidas por militares y en el contexto de sus funciones marciales.
Así, los hechos constitutivos de delitos militares o relacionados con bienes jurídicos relativos a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, pero que hayan sido presuntamente perpetrados por civiles, deben ser siempre investigados, perseguidos y juzgados bajo los principios, garantías y normas comunes de la Justicia Penal ordinaria y conforme a sus instituciones.
De este modo, la jurisdicción castrense, que como se dijo constituyen el régimen excepcional, deberá aplicarse únicamente a los militares.
b. Delimitación de la jurisdicción y competencia de la Justicia Militar. Contexto y elementos que se consideran en el presente Proyecto de Ley
Como una primera materia, el presente proyecto de ley busca regular un aspecto fundamental de la Justicia Militar y sus normas, cual es precisamente, su ámbito de aplicación, para excluir a los civiles de la misma.
Tanto en la esfera nacional, como internacional se han formulado diversos cuestionamientos a la existencia de una Justicia Militar que alcance a los civiles. En este contexto, han surgido distintas voces, desde hace ya varios años, que han postulado la necesidad de que Chile ajuste en este ámbito su ordenamiento jurídico interno a los instrumentos internacionales que reconocen derechos fundamentales, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.
En este mismo orden de ideas, nuestra Excma. Corte Suprema, en su Oficio N° 276 de Diciembre de 2009, al informar el proyecto de ley sobre Jurisdicción y Competencia de los Tribunales Militares y procedimiento ante ellos (boletín legislativo N° 6739-02), que se explica más adelante, consignó que “la categórica exclusión de los civiles como sujetos de persecución penal en la judicatura castrense, debe ser recibida con beneplácito -no obstante que debió ser incorporada con mucha anterioridad- toda vez que constituye una modificación requerida con insistencia en las esferas académicas y políticas, y un principio rector, consagrado en los ordenamientos jurídicos que aún mantienen una legislación penal militar”.
Fundada en igual inspiración a la de este Proyecto, la Administración anterior presentó al Congreso Nacional un proyecto de ley sobre Jurisdicción y Competencia de los Tribunales Militares y procedimiento ante ellos, según da cuenta el boletín legislativo N° 6.739-02, que fue precisamente el que motivó el informe de la Excma. Corte Suprema aludido anteriormente. Dicha iniciativa, en la misma línea del que aquí se presenta, buscaba sustraer los delitos cometidos por civiles de la jurisdicción militar, al tiempo que introducía una completa reforma procedimental a la Justicia Militar, sentando nuevas bases y procesos. Esto último, en todo caso, para regir sólo una vez que se implementare la reforma orgánica pertinente, cuestión que no se abordaba en dicha iniciativa.
En la presente iniciativa legal, se ha optado por tratar derechamente la exclusión de los civiles de la competencia y jurisdicción de los tribunales militares, y se ha dejado aparte y para un tratamiento posterior la institución de un nuevo procedimiento de Justicia Militar . Ello, con el objeto de estudiarlo y tramitarlo en el futuro, en conjunto con las reformas orgánicas que precisa y harían posible su implementación.
Adicionalmente, el proyecto de ley se hace cargo de dos situaciones íntimamente vinculadas a los principios de exclusión y excepcionalidad de la Justicia Militar. En primer lugar, se consigna expresamente que los menores de edad no están sujetos, en ningún caso, a la competencia de los tribunales militares, en sintonía con lo dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño. En segundo término, se aborda el problema de los casos de coautoría y coparticipación en que aparecen involucrados tanto civiles como militares, regulándose que los militares quedarán sujetos a la jurisdicción castrense mientras que los civiles a la jurisdicción penal ordinaria, de manera de garantizar que estos últimos no se vean arrastrados bajo ninguna circunstancia a los tribunales militares.
c. Normas especiales sobre publicidad y reserva de las actuaciones tratándose de ciertos delitos militares cometidos por civiles
Sin perjuicio de la idea matriz del proyecto que vengo en proponer a ese H. Congreso Nacional, no es posible eludir el hecho de que existe un catálogo restringido y acotado de delitos cuya investigación y juzgamiento podría implicar ventilar consideraciones que afecten la seguridad nacional.
Por lo mismo, es que junto con tomar una opción por excluir absolutamente a los civiles de la jurisdicción y competencia de los Tribunales Militares, el presente proyecto de ley contempla normas para un adecuado resguardo y reserva de la información tratándose de la investigación y juzgamiento de aquellos delitos que responden a los criterios expresados en el párrafo precedente.
Esta medida no sólo resulta justificada en cuanto resguardo de consideraciones propias de la Defensa Nacional, sino que además constituye el necesario complemento que ha de incorporarse para efectos de hacer posible que los civiles bajo ninguna circunstancia queden sometidos a la jurisdicción castrense.
Cabe consignar, en todo caso, que las medidas que limitan la publicidad y refuerzan la reserva con ocasión de casos excepcionales, han sido reguladas de manera de salvaguardar debidamente las consideraciones de debido proceso y sujetas al correspondiente control jurisdiccional.
2. Establecimiento de un régimen jurídico más estricto respecto de la comisión de delitos contra las policías
Por otra parte, abarcando una materia distinta, pero que se relaciona también con la institucionalidad que ampara a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, en este proyecto de ley nos ocupamos de aumentar las sanciones tratándose de delitos cometidos en contra de funcionarios de las Policías.
Un deber fundamental del Estado es promover el bien común, facilitando la creación de condiciones sociales suficientes para el adecuado desarrollo de todos los integrantes de la comunidad nacional. La protección a la población y a la familia es, precisamente, una de esas condiciones.
Lo anterior supone que el Estado esté permanentemente intentando garantizar y asegurar las actividades normales de todos quienes habitan el territorio nacional, de modo tal que la paz social sea un continuo en el tiempo, y permita el desarrollo y crecimiento de la nación.
Nuestra institucionalidad le ha entregado a las Policías, el mandato constitucional de velar por el orden público y la seguridad social. En otras palabras, la seguridad de todas las chilenas y chilenos descansa en la labor que las instituciones policiales puedan desplegar, tanto en el control del orden público y la prevención de hechos delictuosos, como en la investigación y esclarecimiento de aquéllos. De esta suerte, los funcionarios que integran estas Fuerzas de Orden y Seguridad, requieren, para su trabajo diario, de un adecuado marco normativo que otorgue suficientes seguridades y garantías en el ejercicio de esta función, indispensable en toda sociedad moderna.
En efecto, la labor que desarrollan las fuerzas de orden y seguridad de nuestro país es de la mayor relevancia para cuidar la paz social, lo que por cierto alcanza a aquellos cuerpos que desempeñan sus funciones dentro y en constante interacción con la sociedad civil, como es el caso de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile. De ahí la importancia de resguardar la autoridad de dichos cuerpos y propender al debido respeto de sus funciones.
II. CONTENIDO DEL PROYECTO
1. Jurisdicción y competencia de los Tribunales Militares y la aplicación del Código de Justicia Militar y sus leyes complementarias
a. Exclusión de los delitos cometidos por civiles de la Jurisdicción Militar
Tal como se ha señalado, el objetivo central del presente proyecto de ley, es sustraer completamente de la jurisdicción castrense los delitos cometidos por civiles. Esto implica que todo delito que sea cometido por un civil siempre será conocido, investigado, y juzgado por la justicia penal ordinaria y al amparo de sus instituciones. Por la inversa, la jurisdicción mi-litar se aplicará única y restrictivamente a delitos cometidos por militares.
b. Casos de coautoría o coparticipación de civiles y militares en un mismo delito o en delitos conexos
En coherencia con la exclusión de los civiles de la competencia de los Tribunales Militares bajo toda circunstancia, se modifica la regla de competencia actualmente prevista tanto en el Código de Justicia Militar como en el Código Orgánico de Tribunales, consistente en que aquellos delitos -comunes o militares- que son cometidos por civiles y militares, ya sea en calidad de coautores o copartícipes, son conocidos por los Tribunales Militares. En consecuencia, el proyecto establece que en estos casos cada cual quedará sometido a su respectiva jurisdicción natural, siendo así competente para juzgar a aquel coautor o copartícipe civil el tribunal penal ordinario, y al co-autor o copartícipe militar, el tribunal castrense.
c. Reserva y confidencialidad de la información para ciertos delitos
Sin perjuicio de la exclusión de los civiles de la competencia de los Tribunales Militares, no es posible obviar que existen delitos que inciden en forma directa en los objetivos y funciones de las ramas castrenses. En relación a estos ilícitos se establecen normas especiales que deben ser aplicadas en el proceso penal ordinario seguido ante los Juzgados de Garantía, o bien, ante los Tribunales Orales en lo Penal.
Estas normas se refieren a ciertas reservas con relación a la información y publicidad del proceso, que se justifican en los bienes jurídicos que las figuras penales en cuestión buscan cautelar, tales como la seguridad nacional, la soberanía del país y la integridad del territorio, de forma de evitar que, a través de un procedimiento judicial, se hagan públicos o conocidos secretos militares, características o emplazamientos de equipamiento e instalaciones estratégicas, planes de batalla o misiones y directrices relacionadas con la seguridad de la nación y la protección de su población, sus fronteras y recursos.
Por tales motivos, este proyecto propone ciertas causales específicas de reserva o secreto, que fundamentarán las restricciones de información, conocimiento o publicidad en el proceso penal.
En este contexto, se regula, el requerimiento de información de antecedentes secretos o reservados; el registro especial para antecedentes o documentos secretos; la custodia y conservación de especies que tengan igual calidad; la entrada y registro en recintos militares respecto de antecedentes reservados; la incautación de objetos y documentos y la incautación de correspondencia, y restricciones a la publicidad de la audiencia del juicio oral y a la lectura o exhibición de documentos, objetos y otros medios, restricciones que, en cualquier caso, tendrán el debido control judicial.
d. Derogación del delito de desacato
Asimismo, con este proyecto de ley y en forma conteste con sus objetivos principales se busca eliminar el delito de desacato en el Código de Justicia Militar.
Lo anterior obedece a una tendencia general en la legislación nacional e internacional, destinada a la progresiva derogación de los delitos de ofensas a la autoridad, entre las que se incluyen los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, por contravenir el derecho a la libertad de expresión, pilar fundamental de un estado democrático. Lo anterior motivó su derogación del Código Penal, mediante la ley N° 20.048, del año 2005. Por otra parte, la mantención de este delito en sede militar ha generado diversos cuestionamientos a la luz de la normativa internacional, que parece oportuno abordar.
En todo caso, se mantienen figuras calificadas del delito de amenazas respecto de las personas que integran las Fuerzas Armadas y de Orden, en resguardo del debido respeto que merecen sus funciones e investidura.
e. Entrada en vigencia y norma transito-ria
Teniendo presente que las modificaciones legales previstas en este proyecto de ley importan cambios sustantivos para los civiles, quienes pasan a quedar excluidos de la jurisdicción militar, es necesario regular la situación de aquellos imputados cuyos procesos se encuentren pendientes al momento de la publicación de la presente ley, para cuyo efecto se establece un con-junto de disposiciones transitorias.
Dichas normas establecen que el imputado civil tendrá la opción de solicitar el traspaso de su causa desde la Justicia Militar a la Justicia Penal Ordinaria, regulándose la forma y el plazo para dicho traslado. Asimismo, se consigna un mecanismo procesal especialmente expedito en el evento que la persona que haga uso de esta opción se encuentre sometida a prisión preventiva.
De este modo, y en armonía con el diseño normativo del Código Procesal Penal, se dispone que en el evento que el imputado civil ejerza su opción de traspasar su causa a la Justicia Penal ordinaria, se realizará una audiencia dispuesta por el Juzgado de Garantía competente, en la que el Ministerio Público, conforme al mérito de los antecedentes que obren en su poder, formalizará la investigación, formulará requerimiento verbal o ejercerá las facultades que le confiere la ley. Se precisa además que las medidas cautelares personales a que es-tuvieren afectos los imputados se mantendrán hasta que exista pronunciamiento jurisdiccional de conformidad a los artículos 139 y siguientes del Código Procesal Penal.
Finalmente, con el objeto de hacer extensiva la opción de cambio de jurisdicción también tratándose de recursos que se encontraren pendientes de resolución, se establece la posibilidad de que éstos puedan ser traspasados a las Cortes de Apelaciones o la Corte Suprema, según corresponda.
2. En relación con la adecuada protección jurídica para las policías en cumplimiento de sus funciones
No obstante la existencia de sanciones de las conductas delictivas que afectan a los funcionarios que integran Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones, tales como los existentes en el Código de Justicia Militar, en el decreto ley N° 2.460, en la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones, o en el mismo Código Penal y que tratan las amenazas o atentados contra la vida o la integridad física que ellos sufren, no se aprecian, actualmente, motivos fundados o suficientes para mantener esta dispersión en su regulación penal.
Por el contrario, conforme los avances que la legislación nacional ha experimentado en materia de persecución y enjuiciamiento criminal, resulta adecuado y coherente, propiciar la creación de un cuerpo legal que reúna en un solo texto, las normas de protección aplicables a ambas Poli-cías. Ello permitiría ubicar la legislación a la par de las tendencias imperantes en el derecho penal comparado, a través de un único texto que compile y regule de manera ordenada y sistemática, materias de la misma índole.
Este cuerpo legal, denominado “Estatuto de Protección de las Policías”, y que se contiene en el presente proyecto de ley, aborda y subsana ciertos vacíos legales que han sido detectados en materia de protección a funcionarios policiales.
Este nuevo conjunto de reglas se construye sobre la base de los siguientes ejes fundamentales:
a. Creación de nuevas figuras penales
No hay duda que la formulación de este nuevo instrumento requiere una actualización de las figuras penales destinadas a otorgar protección jurídica a los funcionarios de las policías. Así, el proyecto contempla sancionar aquellos actos que, no constituyendo amenazas o lesiones, igualmente suponen violencia o intimidación y, en definitiva, implican desconocer las legítimas atribuciones que los integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública tienen al actuar en ejercicio de las funciones que la ley les encomienda. No obstante que los integrantes de las policías garantizan el orden público, dando eficacia al derecho y ejecutando mandatos de la autoridad, y, por lo tanto, resulta lógico extender a éstos la aplicación de las disposiciones sobre atentados a la autoridad contempladas en el artículo 261 del Código Penal, el proyecto consigna en forma expresa tal circunstancia, precaviendo, con ello, eventuales dificultades de aplicación o interpretación.
b. Facilitación de la persecución de los delitos en contra de los funcionarios policiales
El proyecto de ley, acorde con las nuevas figuras creadas, facilitará la persecución de las mismas, pues modificará el carácter de la acción penal destinada a perseguir el delito de injuria y calumnia en contra de funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Así, la acción penal que emane de dichas conductas, será considerada pública. Del mismo modo, la comisión de los delitos que no constituyen amenazas o lesiones permitirá, en ese caso, la detención del imputado conforme los marcos procesales ya existentes.
c. Endurecimiento del régimen de cumplimiento de penas para los autores de estos delitos
Conforme el sentido del proyecto, se busca entregar mayores herramientas a los funcionarios policiales para desempeñar su labor en un marco de respeto de la ciudadanía. Así, se consigna un artículo que impide el otorgamiento de las medidas alternativas establecidas en la ley N° 18.216, para aquellos autores del delito de homicidio de un miembro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
En consecuencia, tengo el honor de so-meter a Vuestra consideración, el siguiente
“PROYECTO DE LEY:
“Artículo Primero.- Establécense las siguientes disposiciones especiales sobre Sistema de Justicia Militar:
“TÍTULO I
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES MILITARES
Artículo 1º.- Restricción de la competencia de los tribunales militares. En ningún caso, los civiles y los menores de edad podrán estar sujetos a la competencia de los tribunales militares. Ésta siempre se radicará en los Juzgados de Garantía y los Tribunales Orales en lo Penal, los que conocerán de conformidad a las normas contenidas en el Código Procesal Penal.
Para estos efectos, se entenderá que civil es una persona que no reviste la calidad de militar, de acuerdo al artículo 6º del Código de Justicia Militar.
Artículo 2º.- Tribunal competente en casos de coautoría y coparticipación. En los casos de coautoría y co-participación de civiles y militares, en la comisión de cualquier delito, ya sea militar o común, serán competentes, respecto de los civiles, los Juzgados de Garantía y los Tribunales Orales en lo Penal, según corresponda y, respecto de los militares, los Tribunales Militares.
Artículo 3°.- Contiendas de competencia. En el caso de contiendas de competencias entre tribunales ordinarios y militares, la cuestión deberá ser resuelta por la Corte Suprema.
TÍTULO II
REGLAS ESPECIALES DE PROCEDIMIENTO
Artículo 4°.- Reglas procesales especiales aplicables en Juzgados de Garantía y los Tribunales Orales en lo Penal. Aquellas causas relativas a los delitos previstos en los artículos 254, 255, 256, 257, 265, 267, 274, 276, 281, 282, 349, 350, 353, 354, 369 números Nº 1º y 3º, 380, 384, 385 del Código de Justicia Militar; artículos 194, 196 a), 197, 198 y 200 del Código Aeronáutico; artículos 3°, 13 y 14 de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, y a cualquier otro delito que pueda afectar la seguridad de la Nación, cuyo conocimiento esté entre-gado a los Juzgados de Garantía o en los Tribunales Orales en lo Penal, se regirán por las reglas del Código Procesal Penal con las modificaciones o modalidades que se señalan en el presente Título.
Artículo 5°.- Causales de reserva o secreto. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Procesal Penal, para efectos de esta ley, serán también causales de reserva o secreto, en cuya virtud se podrá denegar, total o parcialmente, el acceso a la información, las siguientes:
1) Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile.
2) Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente:
a) Aquellos antecedentes o documentos referidos a las plantas o dotaciones de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros y de su personal;
b) Aquellos antecedentes o documentos referidos a los planos o instalaciones de recintos militares o policiales y los planes de operación o de servicio de dichas instituciones;
c) Aquellos antecedentes o documentos referidos a armas de fuego, partes y piezas de las mismas; municiones, explosivos, sustancias químicas y demás efectos, a que se refiere la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas, usados por las Fuerzas Armadas o Carabineros de Chile, y
d) Aquellos antecedentes o documentos referidos a equipos y pertrechos militares o policiales.
3) Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional.
Artículo 6°.- Control del secreto de la investigación. Sin perjuicio de la aplicación del artículo 182 del Código Procesal Penal, el fiscal podrá disponer la reserva de aquellos antecedentes y documentos secretos que le fueren remitidos. Asimismo, el fiscal podrá determinar que ciertos antecedentes y documentos sean mantenidos en reserva para lo cual deberá señalar fundadamente alguna de las causales establecidas en el artículo precedente.
Respecto de los documentos a que se refiere el inciso anterior no existirá la limitación del plazo para la mantención del secreto, prevista en el inciso tercero del citado artículo del Código Procesal Penal.
El imputado o cualquier otro interviniente podrá solicitar del Juez de Garantía que ponga término al secreto o que lo limite, en cuanto a su duración, a las piezas o actuaciones abarcadas por él, o a las personas a quienes afectare.
La resolución que dicte el Juez de Garantía en conformidad con el inciso anterior, deberá ser fundada y podrá ser recurrida para ante la Corte Suprema, cuando la causal de secreto debatida corresponda al número 2), del artículo 5° de la presente ley. Respecto de las causales previstas en los números 1) y 3) de dicho artículo regirán las reglas generales. El plazo de interposición del recurso será de cinco días, contados desde la notificación de la resolución del Juez de Garantía . El recurso deberá ser fundado, suspenderá los efectos de dicha re-solución y gozará de preferencia para su vista y fallo ante la Corte Suprema.
Artículo 7°.- Requerimientos de información y secreto. Si en las situaciones a que se refiere el artículo 19, incisos segundo y siguientes, del Código Procesal Penal, los antecedentes o documentos de carácter secreto o reservado fueren propios de las Fuerzas Armadas o Carabineros, y el Ministerio Público estimare necesario incluirlos en una investigación, los requerirá del respectivo Comandante en Jefe institucional o del General Director, según corresponda, mediante una solicitud escrita y fundada.
Si la razón invocada por la autoridad requerida para no enviar los antecedentes solicitados fuere que su publicidad, comunicación o conocimiento se estima que afecta la seguridad de la Nación, en conformidad con el número 2) del artículo 5° de esta ley, la cuestión deberá ser resuelta por la Corte Suprema.
Si la razón invocada por la autoridad requerida, para no enviar los antecedentes solicitados, se fundare en los números 1) o 3) del artículo 5° de la presente ley, la cuestión deberá ser resuelta por el Juez de Garantía . Esta resolución sólo podrá ser apelada por la causal establecida en el número 3) del citado artículo 5° para ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Artículo 8°.- Registro del tribunal para antecedentes y documentos secretos. No obstante lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procesal Penal, el tribunal conservará en un registro especial los antecedentes o documentos secretos o reservados, de acuerdo a esta ley, que obtenga o que le sean remitidos.
En el mismo registro se incorporarán las declaraciones de testigos y la constancia de actuaciones que se requiera mantener en reserva.
De los antecedentes o documentos que obren en dicho registro se dará conocimiento al imputado y los demás intervinientes, en todo aquello que diga relación con el ejercicio de sus derechos esenciales y garantías establecidas en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
Si se quisiere hacerlos valer ante el Juez de Garantía o ante el Tribunal Oral en lo Penal, ello se comunicará previamente al juez o al presidente del tribunal, según corresponda, quien dispondrá en tal caso, que la audiencia se desarrolle conforme a los artículos 14 y 15 de esta ley.
Todos los que hubieren tomado conocimiento de tales antecedentes deberán mantener el secreto de su existencia y contenido. El tribunal deberá decretar expresamente esta prohibición. La infracción a esta norma será sancionada con la pena que establece el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, tratándose de quien proporcionare la información, siempre que no correspondiere la aplicación de una pena superior, de acuerdo a las normas contenidas en el Código Penal.
Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará aun cuando se hubiere puesto término a la investigación o se hubiere dictado sentencia firme en el proceso, tratándose de los antecedentes y documentos que, en el ámbito de la defensa nacional, hayan establecido la planificación militar o estratégica, y de aquéllos cuyo conocimiento o difusión puedan afectar la integridad territorial o la defensa internacional de los derechos de la República de Chile.
Artículo 9º.- Custodia y conservación de especies e instrumentos secretos. Cuando los objetos, documentos o instrumentos a que se refieren los artículos 187 y 188 del Código Procesal Penal tuvieren el carácter de secretos o reservados de las Fuerzas Armadas o Carabineros, deberán ser conservados bajo sello en el recinto militar que el fiscal señale, bajo la responsabilidad del comandante o jefe del mismo.
En la situación prevista en el inciso tercero del mencionado artículo 188, para otorgar respecto de los mismos objetos, documentos o instrumentos la autorización allí señalada, el fiscal o el Juez de Garantía deberán ajustarse previamente al procedimiento señalado en el artículo 7°.
Artículo 10.- Entrada y registro en recintos militares respecto de antecedentes o documentos reservados. Si en la situación contemplada en el artículo 209 del Código Procesal Penal, la diligencia implicare el examen de antecedentes o documentos reservados o secretos de las Fuerzas Armadas o de Carabineros o de lugares en que se encontrare información o elementos de dicho carácter y cuya publicidad, comunicación o conocimiento pudiere afectar las causales establecidas en los números 1), 2) y 3) del artículo 5° de esta ley, la autoridad o persona a cuyo cargo se encontrare tal recinto informará, de inmediato y fundadamente, de este hecho al Comandante en Jefe institucional respectivo, o al General Director, en su caso, a través del conducto regular, quien, si lo estimare procedente, oficiará al fiscal manifestando su oposición a la práctica de la diligencia.
Artículo 11.- Incautación de objetos y documentos y retención de correspondencia. Los objetos o documentos señalados en los artículos 217 y 218 del Código Procesal Penal, que tuvieren el carácter de secretos o reservados de las Fuerzas Armadas o Carabineros, serán guardados bajo sello en el recinto militar que el fiscal señale, bajo la responsabilidad del comandante o jefe del mismo.
El apercibimiento para la entrega de los mencionados objetos o documentos que prevé el inciso segundo del aludido artículo 217, no podrá ordenarse respecto de las personas a quienes les está confiada la custodia directa de los mismos, las que deberán entregarlos sólo cuando se hubiere seguido previamente el procedimiento señalado en el artículo 7° de esta ley.
Artículo 12.- Objetos y documentos no so-metidos a incautación. No se podrá incautar ni requerir la entrega bajo apercibimiento del artículo 217 del Código Procesal Penal, de los documentos en que consten comunicaciones del imputado con personas exceptuadas de la obligación de declarar como testigos en razón de parentesco u otras señaladas en la ley; ni la incautación o entrega de documentos, comunicaciones, notas u objetos del imputado que se encontraren en poder de esas personas.
Las limitaciones señaladas en el inciso precedente no regirán en relación a las personas eximidas de prestar testimonio cuando ellas se encontraren en calidad de imputadas en el proceso, o se tratare de objetos y documentos que pudieren caer en comiso en conformidad a las normas aplicables.
Con todo, cuando se tratare de comunicaciones, documentos, notas u objetos, de carácter secreto en virtud de las causales establecidas en los números 1), 2) y 3) del artículo 5° de esta ley, podrá disponerse su entrega o incautación y en tal caso se aplicará previamente el procedimiento señalado en el artículo 7° de la presente ley.
Artículo 13.- Registro especial de antecedentes de la investigación y actuaciones policiales. Las actuaciones de la investigación señaladas en los artículos 227 y 228 del Código Procesal Penal, como, asimismo, los documentos que durante dicha investigación se obtengan o reciban, deberán constar o incluirse en un registro especial, cuando correspondan a asuntos secretos o reservados que puedan afectar las causales establecidas en los números 1), 2) y 3) del artículo 5º de esta ley.
De los antecedentes que obren en dicho registro se dará conocimiento al imputado y los demás intervinientes en todo aquello que diga relación con el ejercicio de sus derechos esenciales y garantías establecidas en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Si se quisiere hacerlos valer ante el Juez de Garantía o ante los Tribunales Orales en lo Penal, ello se comunicará previamente al juez o al presidente del tribunal, según corresponda, quien dispondrá en tal caso, que la audiencia pertinente se desarrolle en conformidad con los artículos 14 y 15 de esta ley.
Todos los que hubieren tomado conocimiento de tales antecedentes deberán mantener el secreto de su existencia y contenido, de lo contrario, serán sancionados conforme a lo establecido en el inciso quinto del artículo 8º de esta ley. Asimismo, se aplicará respecto a lo previsto en este artículo lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 8º ya citado.
Una vez que se hubiere puesto término a la investigación o se hubiere dictado sentencia firme en el proceso, los registros a que se refiere el presente artículo serán públicos, conforme a las reglas generales de acceso a la información pública.
Artículo 14.- Restricción a la publicidad de la audiencia del juicio oral. Para los efectos de la aplicación del artículo 289 del Código Procesal Penal, las medidas destinadas a evitar la divulgación de secretos protegidos por la ley a que dicha norma se refiere, se entenderán especialmente aplicables respecto de toda materia, dato o información que haya sido declarada reservada o secreta bajo las causales establecidas en el artículo 5º de la presente ley.
Artículo 15.- Restricción a la lectura o exhibición de documentos, objetos y otros medios. Cuando en la situación prevista en el artículo 333 del Código Procesal Penal, la lectura o exhibición respectiva se refiera a documentos, objetos u otros medios de los allí señalados, que pudieren afectar las causales establecidas en el artículo 5º de esta ley, el tribunal dará aplicación a lo señalado en el artículo precedente.
TÍTULO III
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 1° transitorio.- Al momento de entrar en vigencia la presente ley, los juicios seguidos ante Tribunales Militares, en que se persiga la responsabilidad penal de una persona que no tuviere la calidad de militar, continuarán tramitándose en dicha sede, bajo el procedimiento penal militar vigente al momento de instruirse sumario.
Sin perjuicio de lo anterior, dentro de un plazo máximo de 45 días contados desde la entrada en vigencia de esta ley, dicha persona podrá solicitar al Tribunal Militar que conoce de la causa, que se abstenga de seguir conociendo de la misma, a objeto que remita los antecedentes al Juez de Garantía al que alude el artículo quinto transitorio.
Artículo 2° transitorio.- Dentro del plazo de diez días contados desde que la mencionada solicitud le es presentada, el Tribunal Militar deberá remitir oficio al Tribunal de Garantía correspondiente y a la Fiscalía Regional del Ministerio Público, comunicando la individualización completa del procesado y su defensor, copias del auto de procesamiento, y la indicación de si estuviere sometido a prisión preventiva o afecto a alguna otra medida cautelar personal o real.
En igual plazo, el fiscal militar respectivo deberá remitir a la Fiscalía Regional del Ministerio Público, copia íntegra de todos los antecedentes correspondientes a tal investigación.
Recibidos por el Juez de Garantía los antecedentes que se señalan en el inciso primero, se radicará la competencia en este tribunal.
Artículo 3° transitorio.- Si la persona a que se refiere el artículo primero transitorio se encontrare sometida a prisión preventiva o a alguna otra medida cautelar personal, el Juez de Garantía deberá citar a todos los intervinientes a una audiencia, la que deberá celebrarse en el plazo de 72 horas de recibidos los antecedentes. Tales medidas cautelares personales se mantendrán hasta que exista pronunciamiento jurisdiccional de conformidad a los artículos 139 y siguientes del Código Procesal Penal.
En la referida audiencia, y de acuerdo al mérito de los antecedentes que obraren en su poder, el Ministerio Público formalizará la investigación, formulará requerimiento verbal o ejercerá las facultades que le confiere la ley.
Artículo 4° transitorio.- Dentro del plazo máximo de 10 días contados desde la entrada en vigencia de esta ley, la persona a que alude el artículo primero transitorio podrá solicitar que los recursos jurisdiccionales deducidos en contra de las sentencias de primera o segunda instancia y que se encontraren pendientes de fallo pasen a ser conocidos y resueltos por la Corte de Apelaciones respectiva o la Corte Suprema, según corresponda, de conformidad al procedimiento vigente al momento de iniciación de los respectivos procesos. Dicha solicitud deberá presentarse ante la Corte que esté conociendo del recurso, quien remitirá todos los antecedentes a la Corte de Apelaciones respectiva o la Corte Suprema.
Tratándose de los recursos judiciales cuyo plazo de interposición se encuentre pendiente, dicha persona tendrá la opción de interponer los recursos correspondientes ante la Corte de Apelaciones respectiva, o la Corte Suprema, según el caso.
Para estos efectos, la Corte Suprema se conformará de acuerdo a lo establecido en los artículos 93 y 95 del Código Orgánico de Tribunales.
Artículo 5° transitorio.- Para efectos de la aplicación de las reglas anteriores se entenderá por Juzgado de Garantía competente, el que hubiere conocido el hecho, de no existir Tribunales Militares, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales y, por Corte de Apelaciones respectiva, aquélla que sea superior jerárquica de dicho Juzgado de Garantía .”.
Artículo Segundo.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código de Justicia Militar:
1) Sustituyese el artículo 6º, por el siguiente:
“Artículo 6°.- Para los efectos de este Código y de las demás leyes procesales y penales pertinentes, se considerarán militares los funcionarios pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, constituidos por el personal de planta y el personal de reserva llamado al servicio activo.
Además, se considerarán militares los soldados conscriptos; los Oficiales de Reclutamiento; las personas que sigan a las Fuerzas Armadas en estado de guerra; los prisioneros de guerra, que revistan el carácter de militar, los cadetes, grumetes, aprendices y alumnos regulares de las Escuelas Institucionales y de Carabineros de Chile.
Para efectos de determinar la competencia de los tribunales militares, la calidad de militar debe poseerse al momento de comisión del delito”.
2) Deróguese el artículo 7º.
3) Sustituyese en el inciso primero del artículo 11, la frase “aunque no estén sujetos a fuero”, por la siguiente: “en tanto revistan la calidad de militares”.
4) Sustituyese el artículo 284, por el siguiente:
“Artículo 284.- El que amenazare a un miembro de las Fuerzas Armadas, en los términos de los artículos 296 y 297 del Código Penal, conociendo su calidad de tal y en razón del ejercicio de sus funciones, será castigado con el máximo de la pena o el grado máximo de las penas previstas en dichos artículos, según correspondiere.”.
5) Suprímese en el artículo 333, inciso primero, la frase “o a Carabineros de Chile”.
6) Deróguense los artículos 416, 416 bis, 416 ter y 417.
Artículo Tercero.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado:
1) Modifíquese el artículo 26, del siguiente modo:
a) Elimínese en su inciso cuarto, la expresión “o conjuntamente por militares y civiles,”.
b) Agréguese en el inciso quinto del artículo 26, a continuación de la palabra “ley”, la expresión “, a excepción de los delitos cuyos imputados sean civiles.”
2) Suprímese en el artículo 28, la expresión “o por éstos conjuntamente con civiles”.
Artículo Cuarto.- Incorpórense las siguientes modificaciones al artículo 18, inciso segundo, de la ley N° 17.798 sobre Control de Armas:
1) Elimínese la frase “, por regla general,”.
2) Agréguese, a continuación de la expresión “Tribunales Militares,”, la siguiente frase: “a excepción de los delitos cuyos imputados sean civiles,”.
Artículo Quinto.- Incorpórese en el artículo 26 de la ley N° 18.953, que Dicta Normas sobre Movilización, a continuación de la palabra “corresponda”, la siguiente frase: “, a excepción de los delitos cuyos imputados sean civiles”.
Artículo Sexto.- Agréguese en el artículo 201 del Código Aeronáutico, a continuación de la expresión “Justicia Militar”, la siguiente frase: “, a excepción de los delitos cuyos imputados sean civiles”.
Artículo Séptimo.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Orgánico de Tribunales:
1) Sustituyese en el artículo 14, letra h) la frase “y la ley procesal penal”, por la siguiente: “, la ley procesal penal y la ley sobre Modificación del Sistema de Justicia Militar”.
2) Intercálese en el artículo 18, letra e), entre las palabras “penal” y “les”, la expresión “y la ley sobre Modificación del Sistema de Justicia Militar”.
3) Deróguese el artículo 169.
Artículo Octavo.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal:
1) Intercálese en el Título VI, Libro Segundo del Código Penal, a continuación del artículo 268 quinquies, el siguiente párrafo 1 ter:
“1 ter. Atentados contra los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública o sus recintos o unidades.
Artículo 268 sexies.- El que matare a un miembro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que se encontrare en el ejercicio de sus funciones, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado.
Artículo 268 septies.- El que hiriere, golpeare o maltratare de obra a un miembro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que se encontrare en el ejercicio de sus funciones, será castigado:
1º.- Con la pena de presidio mayor en su grado medio, si de resultas de las lesiones quedare el ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme.
2º.- Con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, si las lesiones produjeren al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días.
3º.- Con presidio menor en grado medio a máximo, si le causare lesiones menos graves.
4º.- Con presidio menor en su grado mínimo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales, si le ocasionare lesiones leves.
Artículo 268 octies.- Las penas establecidas en los artículos 395 y 396 de este código, serán aumentadas en un grado cuando la víctima sea un miembro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 268 nonies.- El que amenazare a un miembro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en los términos de los artículos 296 y 297 de este código, conociendo su calidad de tal y en razón del ejercicio de sus funciones, será castigado con el máximo de la pena o el grado máximo de las penas previstas en dichos artículos, según correspondiere.
Artículo 268 decies.- El que emplee violencia o intimidación contra un miembro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en conocimiento de su calidad de tal y que se encontrare en el ejercicio de sus funciones, sin ocasionar lesiones, será castigado con la pena de prisión en su grado máximo.
Artículo 268 undecies.- En los casos de los delitos previstos en los artículos 296, 297, 391, 396, 397 y 399 del Código Penal, cometidos en contra de un miembro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que no se encuentre en el ejercicio de sus funciones, en razón de las actuaciones policiales en que hubiese participado, las penas se aumentarán en un grado.
De la misma forma se aumentarán las penas respecto de los delitos señalados en el inciso anterior, cometidos en contra de un ex miembro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en razón de las actuaciones policiales en que hubiese participado.
Artículo 268 duodecies.- El que atentare por medio de mina, explosivos, artefacto incendiario o armas de fuego, contra un recinto o unidad policial, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo.”.
2) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 213:
a) Intercálese el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:
“Cuando las conductas descritas en el inciso anterior digan relación con la autoridad o funciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, la pena será de presidio menor en su grado medio y multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales.”
b) Reemplácese en el actual inciso segundo, que ha pasado a ser inciso tercero, la frase “del delito que establece el inciso anterior”, por “del delito sancionado en los incisos anteriores”.
c) Intercálese en el Título VI del Libro II, a continuación del artículo 288 bis, el siguiente párrafo 8 bis:
“8 bis. Del uso, porte y posesión de elementos corporativos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Artículo 288 ter.- El que, sin estar expresamente autorizado, use o porte placa de servicio, tarjeta de identificación, uniforme, insignias, distintivos, timbres, sellos u otros elementos corporativos, correspondientes a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, sean verdaderos o falsificados, será castigado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio.”.
Artículo Noveno.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Procesal Penal:
1) Agréguese el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 55:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, las calumnias e injurias a las que se refiere el artículo 268 undecies del Código Penal, serán siempre de acción penal pública.”
2) Intercálese en el inciso cuarto del artículo 134, entre las expresiones “artículos” y “494, Nos. 4 y 5”, la expresión “268 decies;”.
3) Intercálese en el artículo 237 inciso sexto, a continuación de la palabra “artículos”, la expresión: “268 sexies; 268 septies, números 1), 2) y 3); 268 octies, 268 duodecies, 268 terdecies, inciso primero;”
Artículo Décimo.- Incorpórense las siguientes modificaciones al decreto ley Nº 2.460, de 1979, “Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile”:
1) Reemplácese en el artículo 10, el numeral 9, por el siguiente, pasando el actual numeral 9 a ser numeral 10.
“9.- Interponer querella criminal por los delitos contemplados en los artículos 288 ter del Código Penal y 18 de la presente ley.”
2) Sustitúyese, en los incisos primero, segundo y tercero del artículo 16, la frase “Tarjeta de Identidad Policial”, por “Tarjeta de Identificación Policial”.
3) Deróguense los artículos 16, inciso cuarto; 17, 17 bis, 17 ter y 17 quáter del decreto ley Nº 2.460, de 1979, Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile.
Artículo Undécimo.- Agréguese el siguiente inciso tercero al artículo 1º de la ley Nº 18.216, que Establece Medidas que indica como Alternativas a las Penas Privativas o Restrictivas de Libertad:
“Asimismo, tampoco procederá dicha facultad tratándose de los autores del delito consumado previsto en el artículo 268 sexies del Código Penal, salvo en los casos que en la determinación de la pena se hubiere considerado la circunstancia primera establecida en el artículo 11 del Código Penal.”.
Dios guarde a V. E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; RODRIGO HINZPETER KIEBERG , Ministro del Interior ; FELIPE BULNES SERRANO , Ministro de Justicia ; JAIME RAVINET DE LA FUENTE, Ministro de Defensa Nacional ; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN , Ministro de Hacienda .
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley sobre modificación del sistema de justicia militar y que establece un régimen más estricto de sanciones tratándose de delitos contra los miembros de las policías (mensaje Nº 257-358), en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que amplía Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales de la Policía de Investigaciones de Chile (boletín Nº 7164-25), en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, la que, para los efectos de los dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República
“Honorable Cámara de Diputados:
1. Con fecha 27 de octubre del año 2009 se dio cuenta del ingreso a tramitación del proyecto de ley contenido en el mensaje número 1261-357 acerca de la jurisdicción y competencia de los Tribunales Militares y procedimientos ante ellos al cual se le asignó el boletín Nº 6739-02.
2. El proyecto singularizado en el numeral anterior no ha sido sometido a votación alguna en la H. Cámara de Diputados.
3. En uso de las facultades a mi conferidas en el artículo Nº 134 del Reglamento de la H. Cámara de Diputados y cumpliéndose los requisitos allí consagrados, retiro de tramitación el referido proyecto de ley.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHEÑIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
5. Oficio del Senado
“Valparaíso, 8 de septiembre de 2010.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado las enmiendas introducidas por esa Honorable Cámara al proyecto de ley sobre integración de órganos bicamerales creados en la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, correspondiente al Boletín N° 7100-07.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 8.961, de 1° de septiembre de 2010.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado .?
6. Oficio del Senado
“Valparaíso, 8 de septiembre de 2010.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), suscrito en Brasilia, República federativa del Brasil, el 23 de mayo de 2008”, correspondiente al Boletín Nº 6035-10.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 7.919, de 21 de enero de 2009.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado .?
7. Oficio del Senado
“Valparaíso, 8 de septiembre de 2010.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que establece, por una sola vez, como feriados obligatorios e irrenunciables los días 19 y 20 de septiembre de 2010 para todos los trabajadores dependientes del comercio, correspondiente al Boletín N° 7082-13.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 8.956, de 31 de agosto de 2010.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado .?
8. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 8 de septiembre de 2010.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que otorga ascenso extraordinario al personal de Carabineros como reconocimiento póstumo, correspondiente al Boletín N° 6648-02, con las siguientes enmiendas:
Artículo 1°.
Número 2
Lo ha sustituido por el siguiente:
“2. Agréganse, a continuación del inciso segundo, los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto, nuevos, pasando el actual inciso tercero a ser inciso sexto:
“Tratándose de Oficiales de Carabineros, esta promoción extraordinaria podrá disponerse como reconocimiento póstumo, mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio respectivo, a proposición del General Director, al grado inmediatamente superior al del empleo que se encontraba sirviendo el causante.
En caso de que un Oficial resulte muerto o invalidado con ocasión de un procedimiento estrictamente policial en el que haya participado en el cumplimiento de su deber, el ascenso extraordinario podrá disponerse hasta en dos grados inmediatamente superiores al grado del empleo que se encontraba sirviendo el causante.
El ascenso extraordinario de los Oficiales conforme a lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto sólo se podrá cursar hasta el grado de General de Carabineros.”.”.
Artículo 2°.
Ha reemplazado el guarismo ?2009? por ?2010?.
Disposiciones transitorias
Artículo 1°.-
Lo ha sustituido por el que sigue:
“Artículo 1°.- La facultad del General Director de proponer ascensos extraordinarios para los Oficiales de Carabineros, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la ley Nº 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, podrá ejercerse respecto de aquellos cuyo fallecimiento o invalidez haya acaecido en los últimos seis años anteriores a la entrada en vigencia de esta ley, previa reapertura del sumario administrativo que haya calificado que el fallecimiento acaeció en actos del servicio o la invalidez se produjo con ocasión de lo previsto en el inciso cuarto del citado artículo 29.
Con todo, la promoción extraordinaria sólo conferirá el derecho a reliquidar la respectiva pensión de montepío o retiro vigente, a contar de la fecha de la total tramitación del correspondiente acto administrativo.”.
-o-
Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto afirmativo de 28 Senadores, de un total de 38 en ejercicio. En particular, el artículo 1° número 1 se aprobó con los votos de 27 Senadores, de un total de 38 en ejercicio. Los artículos 1° número 2 y 1° transitorio, por su parte, fueron aprobados con 26 votos a favor, de un total de 38 Senadores en ejercicio, dándose de esta manera cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
-o-
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 8.427, de 4 de noviembre de 2009.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado .?
9. Oficio del Senado
“Valparaíso, 8 de septiembre de 2010.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado, en sesión del día de hoy, tomó conocimiento del rechazo de esa Honorable Cámara a algunas de las enmiendas propuestas por esta Corporación al proyecto de ley que regula el cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad ciudadana, correspondiente a los Boletines números 3848-06, 6289-25 y 6363-06, refundidos, y del nombre de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República.
Al respecto, el Senado acordó que los Honorables señores Senadores miembros de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización concurran a la formación de la aludida Comisión Mixta.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 8.974, de 7 de septiembre de 2010.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado .?
10. Oficio del Senado
“Valparaíso, 8 de septiembre de 2010.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha rechazado el proyecto de ley que declara feriado obligatorio e irrenunciable el 19 de septiembre de 2010 para los trabajadores dependientes del comercio, correspondiente al Boletín Nº 7.066-13.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 8.957, de 31 de agosto de 2010.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA , Vicepresidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado .”
11. Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, recaído en el proyecto de ley que modifica el código del trabajo en materia de descuentos a las remuneraciones para fines educacionales. (boletín N° 6880-13-2)
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informar, en segundo trámite reglamentario, sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de las Diputadas señoras Muñoz , doña Adriana y Pascal , doña Denise , y de los Diputados Andrade; Cornejo ; De Urresti ; Jiménez ; Lemus ; León, y Ortiz , que modifica el Código del Trabajo en materia de descuentos a las remuneraciones para fines educacionales.
A la sesión que vuestra Comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistió el asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, don Francisco Del Río Correa .
I. ARTÍCULOS QUE NO FUERON OBJETO DE INDICACIONES NI DE MODIFICACIONES.
El proyecto en informe consta de un artículo único permanente, que fue objeto de indicaciones, por lo tanto no hay en el proyecto en informe artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
II. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.
En relación con esta materia, a juicio de la Comisión el artículo único del proyecto de ley no posee el carácter de norma de quórum calificado ni de orgánica constitucional.
III. ARTÍCULOS SUPRIMIDOS.
Con ocasión del debate habido en vuestra Comisión no se suprimió artículo alguno.
IV. ARTÍCULOS MODIFICADOS.
Vuestra Comisión, aprobó, por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la indicación sustitutiva de su artículo único que a continuación se detalla:
-Indicación de la señora Muñoz , doña Adriana , y los señores Andrade , Baltolu , Bertolino , Jiménez , Salaberry , Silva y Vilches , para sustituir su artículo único por el siguiente:
“Artículo Unico.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 58 del Código del Trabajo:
1.- Elimínese, en su inciso primero, las oraciones que siguen después de su primer punto seguido, hasta su punto aparte.
2.- Incorpórese el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:
“Asimismo, con acuerdo del empleador y del trabajador que deberá constar por escrito, el empleador podrá descontar de las remuneraciones cuotas destinadas al pago de la adquisición de viviendas, cantidades para ser depositadas en una cuenta de ahorro para la vivienda y sumas destinadas a la educación del trabajador, su cónyuge o alguno de sus hijos. Para estos efectos, se autoriza al empleador a otorgar mutuos o créditos sin interés, respecto de los cuales el empleador podrá hacerse pago deduciendo hasta el 30% del total de la remuneración mensual del trabajador. Sin embargo, el empleador sólo podrá realizar tal deducción si paga directamente la cuota del mutuo o crédito a la institución financiera o servicio educacional respectivo.”.
3.- Incorpórese el siguiente inciso cuarto nuevo, pasando el actual inciso cuarto a ser quinto:
“Cualquiera sea el fundamento de las deducciones realizadas a las remuneraciones por parte del empleador, o el origen de los préstamos otorgados, en ningún caso aquellas podrán exceder, en conjunto, del 45% de la remuneración total del trabajador.”.
-Votaron a favor la señora Muñoz , doña Adriana , y los señores Andrade , Baltolu , Bertolino , Jiménez , Salaberry , Silva y Vilches .
V. ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS.
No se incorporaron artículos nuevos en el proyecto propuesto por vuestra Comisión.
VI. ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
A juicio de la Comisión, no existen en el proyecto normas que requieran ser analizadas por la Comisión de Hacienda, pues no inciden en materias financieras o presupuestarias del Estado.
VII. INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN
Con ocasión del debate del segundo trámite reglamentario, vuestra Comisión, por ser incompatibles con la indicación aprobada, rechazó las siguientes indicaciones al proyecto:
-Del señor Monckeberg , don Nicolás , para reemplazar, en su inciso segundo propuesto, la expresión “tal deducción” por “tal préstamo”.
-De la señora Sepúlveda , doña Alejandra , y los señores Andrade y Montes, para eliminar la frase “de educación superior” y para agregar, a continuación de la palabra “cónyuge” la frase “, en instituciones de educación superior acreditadas por el Estado.”
-3.- De los señores Rojas y Silva, para reemplazar su inciso segundo por el siguiente:
“Asimismo, con acuerdo del empleador y del trabajador que deberá constar por escrito, el empleador podrá descontar de las remuneraciones cuotas destinadas al pago de la adquisición de viviendas, cantidades para ser depositadas en una cuenta de ahorro para la vivienda y sumas destinadas a la educación del trabajador, su cónyuge o alguno de sus hijos. Para estos efectos, se autoriza al empleador a otorgar mutuos o créditos sin interés, respecto de los cuales el empleador podrá hacerse pago deduciendo hasta el 30% del total de la remuneración mensual del trabajador. Sin embargo, el empleador sólo podrá realizar tal deducción si paga directamente la cuota del mutuo o crédito a la institución financiera o servicio educacional respectivo.”.
VIII. INDICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE EL PROYECTO MODIFICA O DEROGA.
El proyecto en estudio modifica el artículo 58° del Código del Trabajo.
-o-
Como consecuencia de todo lo expuesto y por las consideraciones que os dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante , vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social os recomienda la aprobación del siguiente:
“PROYECTO DE LEY.
“Artículo Unico.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 58 del Código del Trabajo:
1.- Elimínese, en su inciso primero, las oraciones que siguen después de su primer punto seguido, hasta su punto aparte.
2.- Incorpórese el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:
“Asimismo, con acuerdo del empleador y del trabajador que deberá constar por escrito, el empleador podrá descontar de las remuneraciones cuotas destinadas al pago de la adquisición de viviendas, cantidades para ser depositadas en una cuenta de ahorro para la vivienda y sumas destinadas a la educación del trabajador, su cónyuge o alguno de sus hijos. Para estos efectos, se autoriza al empleador a otorgar mutuos o créditos sin interés, respecto de los cuales el empleador podrá hacerse pago deduciendo hasta el 30% del total de la remuneración mensual del trabajador. Sin embargo, el empleador sólo podrá realizar tal deducción si paga directamente la cuota del mutuo o crédito a la institución financiera o servicio educacional respectivo.”.
3.- Incorpórese el siguiente inciso cuarto nuevo, pasando el actual inciso cuarto a ser quinto:
“Cualquiera sea el fundamento de las deducciones realizadas a las remuneraciones por parte del empleador, o el origen de los préstamos otorgados, en ningún caso aquellas podrán exceder, en conjunto, del 45% de la remuneración total del trabajador.”.
-o-
Se designó diputado informante, a don Osvaldo Andrade Lara
Sala de la Comisión, a 7 de septiembre de 2010.
Acordado en sesión de 7 de septiembre del presente año, con asistencia de las Diputadas señoras Goic, doña Carolina ; Muñoz , doña Adriana y Nogueira , doña Claudia , y Diputados señores Alinco ; Andrade ; Baltolu ; Bertolino ; Jiménez ; Monckeberg, don Nicolás ; Salaberry ; Saffirio ; Silva y Vilches
(Fdo.): PEDRO N. MUGA RAMÍREZ, Abogado Secretario de la Comisión .”
12. Informe sobre la participación de los diputados señores Ascencio, don Gabriel , y Lobos, don Juan , en el XXXVII Período Ordinario de Sesiones del Parlamento Andino, efectuadas entre los días 23 y 26 de agosto de 2010, en Colombia.
“Honorable Cámara:
Tengo a honra informar sobre la participación que les correspondió a los diputados señores Ascencio, don Gabriel , y Lobos, don Juan , en el XXXVII Período Ordinario de Sesiones del Parlamento Andino, realizadas en la ciudad de Paipa, Departamento de Boyacá, República de Colombia .
I. MESA DIRECTIVA.
La Mesa Directiva se reunió los días 23 y 24 de agosto bajo la presidencia del parlamentario andino señor Wilbert Bendezú y los tres Vicepresidentes Rebeca Delgado (Bolivia) , Héctor Heli Rojas (Colombia) y Patricio Zambrano ( Ecuador ). Concurrió, asimismo el Diputado señor Gabriel Ascencio (Chile).
Se aprobaron cuatro actas que estaban sin este trámite desde el mes de junio y también la Secretaria General presentó un informe sobre ejecución presupuestaria.
Se acordó, asimismo, llevar a cabo una reunión ampliada en los próximos días, en la ciudad de Sucre, Bolivia, a fin de concurrir a la posesión al cargo del nuevo Rector de la Universidad Simón Bolívar, evento donde fue especialmente invitado el Diputado Romilio Gutiérrez (Chile).
Durante la mañana del dia 23 de agosto y con el fin de realizar un homenaje al Bicentenario de Colombia y al Libertador Simón Bolívar , los representantes de todas las delegaciones hicieron entrega de una ofrenda floral en el puente de Boyacá. En dicho evento, además de contar con la presencia de los parlamentarios andinos, se contó con la participación del alcalde de la ciudad de Tunja, del Gobernador de Boyacá , entre otras autoridades locales y departamentales.
En horas de la tarde se llevó a cabo un diálogo académico en homenaje al Bicentenario de la Independencia, en el Salón de la Constitución de la Gobernación de Boyacá, ocasión donde el Presidente de la Academia Colombiana de Historia y el Presidente de la Federación Internacional de Sociedades Bolivarianas , efectuaron sendas exposiciones.
El martes 24 de agosto, en horas de la mañana se reunió nuevamente la Mesa Directiva para definir algunos puntos pendientes de la reunión del lunes.
II. SESIÓN PLENARIA.
En horas de la tarde se llevó a cabo la Sesión Plenaria, la cual contó con la presencia de los 20 Parlamentarios Andinos y dos parlamentarios chilenos.
Se posesionó el Parlamentario Andino Raúl Patiño , quien reemplazó a la ex Parlamentaria señora Maria Isabel Salvador ( Ecuador ).
Igualmente en la Sesión Plenaria, los Presidentes de las Comisiones expusieron sobre el trabajo realizado en cada una de ellas, siguiendo el plan de acción establecido y el cual también fue expuesto por el Director del Instituto de Altos Estudios para la Integración y el Desarrollo Legislativo (IDL).
III. TRABAJO DE COMISIONES.
La Comisión Primera "De Política Exterior y Relaciones Parlamentarias" presentó ante la Plenaria dos proyectos de decisión. El primero destinado a desarrollar actividades en busca de consensos sobre la suscripción del protocolo adicional para la constitución del Parlamento Suramericano. El segundo, para promover las relaciones de cooperación y coordinación con los parlamentos de América Latina
La Comisión Segunda "De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicaciones" sesionó conforme a la agenda, y procedió a evaluar el rol de los parlamentarios andinos en el observatorio de la integración con el fin de vincular más activamente los componentes político y técnico entre los parlamentarios andinos, secretarios de las comisiones y asesores de los parlamentarios.
Participó en esta Comisión el Diputado señor Juan Lobos.
La Comisión Tercera "De Seguridad Regional y Desarrollo Sustentable" acordó realizar las gestiones ante la corporación andina de fomento, con el fin de avanzar en la implementación de la Decisión N° 1288 sobre la desintoxicación del plomo en la sangre de la población infantil.
También conoció el proyecto de decisión para la instrumentalización del observatorio andino de integración el cual será un instrumento de trabajo de la Comisión en el que los parlamentarios con el apoyo técnico del IDL realizarán el control político correspondiente.
Participó en esta Comisión el Diputado señor Gabriel Ascencio .
La Comisión Cuarta "De Asuntos Económicos y Turismo", trabajo al tenor de su agenda y desarrolló su labor en los términos siguientes:
Se propuso establecer relaciones de diálogo directas con la Secretaria General de la Comunidad Andina así como con instituciones financieras como la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR).
La Comisión Quinta "De Asuntos Sociales y Desarrollo Humano" se comprometió a trabajar en los siguientes temas: tarjeta laboral andina, Consulado Andino, voto informado sobre el Parlamento Andino y la carta social andina.
IV. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA.
Cabe consignar que con posterioridad a estas reuniones, se recibió la Resolución Administrativa N° 001, de 31 de agosto, mediante la cual se fija la agenda institucional septiembre diciembre de 2010, del siguiente tenor:
"RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 001
Priorización temática de agenda institucional
septiembre a diciembre de 2010
A los treinta y un días (31) Agosto de 2010, en la dudad de Bogotá, República de Colombia el Presidente del Parlamento Andino, en uso de sus funciones reglamentarias.
CONSIDERANDO
Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 23 del Reglamento General, se disponen como funciones del Presidente , las de designar en receso de la Mesa Directiva a los Parlamentarios que deban representar a este organismo en invitaciones a eventos internacionales, dirigir de conformidad con el Reglamento, las actividades del Parlamento y de sus Órganos, representar al Parlamento Andino en sus relaciones con los demás Órganos e Instituciones del Sistema Andino de Integración , con las instituciones de los países miembros, con los Parlamentos Subregionales de Integración , con los organismos y agendas internacionales y con tas instituciones y autoridades de terceros países;
Que, el literal n) del Artículo 23 del Reglamento General del Parlamento Andino establece que el Presidente, en uso de las atribuciones, podrá dictar las correspondientes resoluciones administrativas;
Que, es necesario odorizar las actividades parlamentarías de conformidad a los temas de interés para la integración y el desarrollo legislativo de la institución;
Por los considerandos expuestos, el Presidente del Parlamento Andino , en uso de sus atribuciones reglamentarias,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ratificar la realización de las Sesiones Reglamentarias mensuales del Parlamento Andino para el XXXVII Período Ordinario de Sesiones, en los siguientes lugares y fechas:
Septiembre de 2010: Bogotá, Colombia. Lunes 27 y Martes 28
Octubre de 2010: Lima, Perú . Lunes 25, Martes 26, Miércoles 27. Noviembre de 2010: Bogotá, Colombia. Lunes 22, Martes 23 y Miércoles 24.
Las reuniones de la Mesa Directiva se realizarán los días domingo, en horas de la tarde, previo a la celebración de las Sesiones. Las Sesiones de las Comisiones tendrán lugar en horas de la mañana de acuerdo a las agendas preparadas por cada Presidenta o Presidente de Comisión . La Sesiones Plenarias se realizarán en las horas de la tarde.
ARTÍCULO SEGUNDO: Definir como lugar y fecha de fa reunión extraordinaria de Mesa Directiva, la ciudad de Sucre, Bolivia los días 16 de septiembre de 2010.
ARTÍCULO TERCERO: Priorizar las siguientes actividades corno parte de la agenda de desarrollo legislativo del Parlamento Andino y sus órganos de gobierno, a ser desarrolladas de septiembre a diciembre de 2010.
1. Reforma al Reglamento General.
2. Reunión de Comisiones de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamérica que tendrá lugar el 4 y 5 de noviembre en la Ciudad de Cuenca, Ecuador .
3. Foro de los Presidentes de los Poderes Legislativos Foprel, a realizarse en el marco de las Sesiones de Noviembre del XXXVII Periodo Ordinario de Sesiones, en la ciudad de Bogotá.
4. Tarjeta Laboral Andina.
5. Tercera Cumbre Social Andina.
6. Consulado Andino.
ARTÍCULO CUARTO: Establecer otros temas de agenda institucional del Parlamento Andino, y delegar a los parlamentarías responsables del diseño para su adecuada ejecución:
a. Bancada de Mujeres Andinas , delegadas, parlamentarias andinas, Gloria Flores Schneider y Luisa del Río Saavedra .
b. Análisis del Régimen de Propiedad Intelectual de la Comunidad Andina , Decisión 486 CAN, delegado, parlamentario andino, Héctor Elí Rojas , Vicepresidente del Parlamento Andino .
ARTÍCULO QUINTO: Las presentaciones parlamentarias nacionales enviarán a la Secretaría General del Parlamento Andino, las agendas de actividades correspondientes, con el fin de que las mismas sean armonizadas de conformidad a las disposiciones reglamentarias.
ARTÍCULO SEXTO: Establecer corno idea fuerza en todos los medios de comunicación institucionales, el término "Parlamento Andino", de conformidad a las disposiciones impartidas al área de Comunicaciones de la Oficina Central.
Notifíquese y Publíquese.
Dada y firmada en la ciudad de Bogotá, Republica de Colombia, a los treinta y un días (31) del mes de agosto de dos mil diez (2010).
(Fdo.): P.A. WILBERT BENDEZÚ CARPIO , Presidente Parlamento Andino ; DR. RUBÉN VELEZ NÚÑEZ , Secretario General Parlamento Andino ”.
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Cámara de Diputados, a 2 de septiembre de 2010.
(Fdo.): GABRIEL ASCENCIO MANSILLA , Diputado ; JUAN LOBOS KRAUSE , Diputado .
13. Moción de los diputados señores Van Rysselberghe ; Estay , Gutiérrez, don Romilio ; Lobos, Martínez , Morales , Silva , Squella y la diputada señora Cristi , doña María Angélica .
Memorial en recuerdo de los muertos y desaparecidos del terremoto y maremoto del 27 de febrero. (boletín N° 7204-24).
“El terremoto del 27 de febrero que azotó a nuestro país provocó daños cuantiosos, con más de 800 mil damnificados y daños que bordean los 20 mil y 30 mil millones de dólares.
Pero sin duda alguna la pérdida de cientos de vidas humanas es el dolor más grande que posee nuestro país; hasta la fecha existen 565 personas fallecidas o desaparecidas, cuestión que es necesario recordar, para que en función de ello, siempre, de ahora en adelante, nos ocupemos de tener un sistema nacional de emergencia concordante con la característica de alto riesgo sísmico y de desastres naturales que nuestro país tiene.
En esto, hay una responsabilidad real del Estado de Chile, por no contar con una capacidad de respuesta mínima frente a catástrofes de gran magnitud. Si el nuestro fuera un país que no conoce de tragedias, que no sabe de terremotos, tsumanis, inundaciones, volcanes, terremotos blancos, sequías, podría ser comprensible esta omisión. Pero nada justifica que como país no hayamos tenido - y todavía no tengamos - una capacidad de respuesta mínima frente a catástrofes de este nivel que seguramente nos golpearán de nuevo.
En síntesis, no fue uno o dos servicios los que fallaron el 27 F, sino que fue una gran falla sistémica, que significó la paralización del Estado de Chile por varias horas y que dejó en la indefensión a miles de chilenos, causando más tarde el drama de la muerte y la desaparición de cientos de compatriotas.
“PROYECTO DE LEY
Artículo 1°.- Autorízase erigir un memorial, en las ciudades que la comisión determine, en “recuerdo de los muertos y desaparecidos del terremoto y maremoto del 27 F”.
Artículo 2°.- Las obras se financiarán mediante erogaciones populares, obtenidas por medio de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados. Las colectas públicas se efectuarán en las fechas que determine la comisión especial que se crea por el artículo 4°, en coordinación con el Ministerio del Interior.
Artículo 3°.- Créase un fondo con el objeto de recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes que señala el artículo anterior.
Artículo 4°.- Créase una comisión especial, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por un diputado y un senador, elegidos por las respectivas Cámaras; los intendentes de las regiones respectivas y el vicepresidente del Consejo de Monumentos Nacionales .
El quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros.
Artículo 5°.- La comisión especial tendrá las siguientes funciones:
a) Determinar la fecha y la forma en que se efectuarán las colectas públicas, como también realizar las gestiones legales destinadas a que éstas se efectúen;
b) Determinar los sitios en que se ubicarán los monumentos, en coordinación con los alcaldes de las respectivas municipalidades y con el Consejo de Monumentos Nacionales;
c) Llamar a concurso público de proyectos para la ejecución de las obras, fijar sus bases y resolverlo;
d) Administrar el fondo creado por el artículo 3°, y
e) Abrir una cuenta corriente especial para gestionar el fondo a que se refiere el artículo 3°.
Artículo 6°.- Si al concluir la construcción del memorial resultaren excedentes de las erogaciones recibidas, éstos serán destinados al fin que la comisión especial determine.
14. Oficio del Tribunal Constitucional
? Santiago , 24 de agosto de 2010.
Oficio Nº 4.716
Remite resolución a efectos que indica
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 23 de agosto de 2010, en el proceso Rol Nº 1760-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, promovida ante este tribunal en la causa Rol 1202-2010 interpuesta ante la Corte de Apelaciones de Santiago, a los efectos que indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaría.”
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
PRESENTE
15. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 1 de septiembre de 2010.
Oficio Nº 4.754
Remite resolución a efectos que indica.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Tengo a bien remitir a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 31 de agosto de 2010, que incide en el proceso Rol Nº 1712-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida en la causa Rol Nº 1113-2010 de la Corte de Apelaciones de Santiago, a los efectos que ella indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): RAÚL VERTELSEN REPETTO , Presidente (S); MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
PRESENTE
16. Oficio del Tribunal Constitucional
?Santiago 3 de septiembre de 2010.
Oficio Nº 4.768
Remite resolución efectos que indica.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 3 de septiembre de 2010 en los autos Rol Nº 1.786-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos Rol Nº 3778-2010 sobre recurso de protección interpuesto ante la Corte de apelaciones de Santiago en contra de Isapre Vida Tres S.A., a los efectos que indica.
Saluda atentamente a V.E.
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO , Presidente (S); MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
PRESENTE”
17. Oficio del Tribunal Constitucional
? Santiago , 3 de septiembre de 2010.
Oficio Nº 4.773
Remite resolución a los efectos que indica.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 3 de septiembre de 2010 en los autos Rol Nº 1.785-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por in-
constitucionalidad promovida en el Rol de ingreso Nº 3813-2010, recurso de protección deducido en contra de Isapre Vida Tres S.A. ante la Corte de Apelaciones de Santiago, a los efectos que indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO , Presidente (S), MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
PRESENTE”.
18. Oficio del Tribunal Constitucional
? Santiago , 3 de septiembre de 2010.
Oficio Nº 4777
Remite resolución a los efectos que indica.
Excelentísima Señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por la Primera Sala de esta Magistratura con fecha 3 de septiembre de 2010 en los autos Rol Nº 1.774-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida en el recurso de protección deducido en contra de Isapre Cruz Blanca S.A. ante esa Corte de Apelaciones de Santiago, Rol de Ingreso Nº 2881-2010, a los efectos que indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO , Presidente (S); MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
PRESENTE.”