Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- PERMISO
- Alfonso Vargas Lyng
- PERMISO
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE AGRICULTURA, SILVICULTURA Y DESARROLLO RURAL.
- REDESTINACIÓN DE PROYECTO.
- V. ORDEN DEL DÍA
- PERFECCIONAMIENTO DE LEY Nº 19.628, SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN RELACIÓN CON PREDICTORES DE RIESGO COMERCIAL. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Arenas Hodar
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA EN MATERIAS DE ÁREAS DE MANEJO Y REGISTRO PESQUERO ARTESANAL. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Clemira Pacheco Rivas
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- DEBATE
- DEBATE
- PERFECCIONAMIENTO DE LEY Nº 19.628, SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN RELACIÓN CON PREDICTORES DE RIESGO COMERCIAL. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS DE ADULTOS MAYORES CON CAJAS DE COMPENSACIÓN. (Votación).
- DEBATE
- CONDENA A CONTRATACIÓN POR EL ESTADO DE CHILE DE PERSONAS PROCESADAS Y CONDENADAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Accorsi Opazo
- Sergio Ojeda Uribe
- Sergio Aguilo Melo
- Felipe Harboe Bascunan
- Ramon Farias Ponce
- Samuel Venegas Rubio
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Jose Perez Arriagada
- Carolina Goic Boroevic
- Laura Soto Gonzalez
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS DE ADULTOS MAYORES CON CAJAS DE COMPENSACIÓN. (Votación).
- VII. INCIDENTES
- RESTABLECIMIENTO DE FACULTAD A MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO PARA OTORGAR SUBSIDIOS DE EMERGENCIA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Gonzalo Duarte Leiva
- Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO
- HOMENAJE A PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE CORRAL EN SU CENTÉSIMO ANIVERSARIO. Oficios.
- INFORMACIÓN POR DIFERENCIAS EN PAGO DE INDEMNIZACIONES A PARTICULARES POR CONSTRUCCIÓN DE ACCESO SUR A SANTIAGO. Oficio.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Gabriel Ascencio Mansilla
- ADHESION
- INVESTIGACIÓN POR NO RENOVACIÓN DE CONTRATOS A PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA E INFORMACIÓN SOBRE SU PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. Oficios.
- PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RESPECTO DE PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y BENEFICIOS ADICIONALES A FUNCIONARIOS BAJO RÉGIMEN DE HONORARIOS. Oficio.
- INVESTIGACIÓN POR MALOS TRATOS Y DESPIDO DE FUNCIONARIOS DE CEMENTERIO GENERAL DE ANTOFAGASTA. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE ACUERDO SOBRE ATENCIÓN DE SALUD DE TRABAJADORES AFECTADOS POR ACCIDENTE RADIACTIVO EN PLANTA DE CELULOSA NUEVA ALDEA, REGIÓN DEL BIOBÍO. Oficios.
- ALCANCES SOBRE CALIFICACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTO MINERO CASERONES, REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE CAUSAL DE DISMINUCIÓN DE CAUDAL DE RÍO EL TRÁNSITO, COMUNA DEL HUASCO. Oficios.
- RESTABLECIMIENTO DE FACULTAD A MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO PARA OTORGAR SUBSIDIOS DE EMERGENCIA. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 357ª
Sesión 116ª, en jueves 7 de enero de 2010
(Ordinaria, de 10.36 a 12.54 horas)
Presidencia de los señores Álvarez Zenteno, don Rodrigo, y Vargas Lyng, don Alfonso.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
- Envío de proyecto a Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 9
- Redestinación de proyecto 12
V. Orden del Día.
- Perfeccionamiento de ley Nº 19.628, sobre protección de datos personales, en relación con predictores de riesgo comercial. Primer trámite constitucional 12
- Modificación de la ley general de pesca y acuicultura en materias de áreas de manejo y registro pesquero artesanal. Primer trámite constitucional 21
VI. Proyectos de acuerdo.
- Renegociación de deudas de adultos mayores con cajas de compensación. (Votación) 33
- Condena a contratación por el Estado de Chile de personas procesadas y condenadas por violación a los derechos humanos 34
VII. Incidentes.
- Restablecimiento de facultad a Ministerio de Vivienda y Urbanismo para otorgar subsidios de emergencia. Oficio 34
- Homenaje a Primera Compañía de Bomberos de Corral en su centésimo aniversario. Oficios 35
- Información por diferencias en pago de indemnizaciones a particulares por construcción de acceso sur a Santiago. Oficio 36
- Investigación por no renovación de contratos a profesores de la Universidad Tecnológica Metropolitana e información sobre su plan estratégico institucional. Oficios 37
- Pronunciamiento de la Contraloría General de la República respecto de pago de horas extraordinarias y beneficios adicionales a funcionarios bajo régimen de honorarios. Oficio 37
- Investigación por malos tratos y despido de funcionarios de Cementerio General de Antofagasta. Oficios 38
- Información sobre cumplimiento de protocolo de acuerdo sobre atención de salud de trabajadores afectados por accidente radiactivo en planta de celulosa Nueva Aldea, región del Biobío. Oficios 38
Pág.
- Alcances sobre calificación ambiental de proyecto minero Caserones, Región de Atacama. Oficios 39
- Información sobre causal de disminución de caudal de río El Tránsito, comuna del Huasco. Oficios 40
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S. E. la Presidenta de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto de “reforma constitucional que modifica el artículo 19, numerales 23 y 24, de la Constitución Política de la República”, (aguas). (boletín N° 6816-07) 42
2. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto antes señalado. (boletín N° 6816-07) 46
3. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “regula los servicios sanitarios rurales”. (boletín N° 6252-09) 46
4. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto de acuerdo aprobatorio de la “Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”, adoptada el 9 de junio de 1994 en Belem do Pará, en el Vigésimo Cuarto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. (boletín N° 6689-10) 47
5. Primer informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recaído en el proyecto, con urgencia “suma”, que “modifica la ley N° 19.628, sobre protección de datos de carácter personal, para garantizar que la información entregada a través de predictores de riesgo (ranking), sea exacta, actualizada y veraz”. (boletín N° 6800-03) 47
- Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales remite copia autorizada de la sentencia recaída en acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las siguientes disposiciones legales:
6. artículo 2° transitorio de la ley N° 19.947. Rol N° 1423-09-INA. (Oficio N° 3929) 52
7. Rol N° 1424-09-INA. (Oficio N° 3933) 53
8. Rol N° 1490-09-INA. (Oficio N° 3937) 54
9. artículo 161 N° 10, del Código Tributario. Rol N° 1246-08-INA y 1388-09-INA (acumulados). (Oficio N° 3827) 54
10. Rol N° 1406-09-INA. (Oficio N° 3920) 55
11. artículo 484 del Código procesal Penal. Rol N° 1389-09-INA. (Oficio N° 3924) 56
12. Rol N° 1467-09-INA. (Oficio N° 3914) 56
13. artículo 147 y 714 del Código Civil, y 106 de la ley General de Bancos. Rol N° 1353-09-INA. (Oficio N° 3805) 57
14. artículos 15 y 16 del D. L. 2.695. Rol N° 1228-08-INA. (Oficio N° 3837) 58
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación del diputado señor Vargas por la cual informa que se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 17 de enero del año en curso para dirigirse a Singapur.
2. Oficios:
- De la Comisión de Gobierno Interior por el cual solicita que, atendida la urgencia y materia, sea destinado a la Comisión de Constitución o de Seguridad Ciudadana el proyecto que “aumenta en un grado la pena de delito de falsa alarma cuando ocasione tumulto o conmoción”. Boletín N° 6791-06.
- De la Comisión de Régimen Interno por el cual comunica que tomó conocimiento de lo siguiente:
a) la nota del Presidente del Grupo Interparlamentario Chileno de la Unión Interparlamentaria , diputado señor León, mediante la cual informa que, de acuerdo con la resolución adoptada por el Grupo Interparlamentario Chileno de la Unión Interparlamentaria, de octubre de 2007, referido a que la representación en el Comité Ejecutivo sería compartido entre la Cámara de Diputados y el Senado por períodos iguales, corresponde que la diputada señora Saa, doña María Antonieta, asuma en el Comité Ejecutivo de la UIP, a partir de enero de 2010 hasta octubre de 2011. De esta manera participará en la reunión del Comité Ejecutivo convocado para los días 15 y 16 de febrero en Namibia. (Oficio N° 1117),
b) convocatoria a la 122ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, que se realizarán entre el 27 de marzo y 1 de abril de 2010, en Bangkok. Corresponde que concurran cinco señores diputados que deben quedar inscritos antes del 25 de enero en curso. (Oficio N° 1115),
c) invitación a la reunión parlamentaria anual con ocasión de la 54ª Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, de Naciones Unidas, convocada por la Unión Interparlamentaria y la División para el Adelanto de la Mujer de Naciones Unidas, que se realizará el 2 de marzo en Nueva York. Se acordó autorizar la participación de una señora diputada por Bancada, además de la asistencia del diputado señor León en su calidad de Presidente del Grupo Interparlamentario de la UIP . (Oficio N° 1116).
Ministerio de Justicia:
- Diputado Arenas , traslado de señor que indica desde el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur al Centro de Detención Preventiva Angol.
Ministerio de Salud:
- Diputado Walker, información sobre estado de avance en diseño de nuevo hospital para Puerto Aysén.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (81)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos René PPD XII 58
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla Gabriel DC X 58
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto RN X 53
Díaz del Río Eduardo IND IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Galilea Carrillo Pablo RN XII 59
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PRI RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernández, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.36 horas.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor VARGAS (Vicepresidente).- El acta de la sesión 110ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 111ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor VARGAS (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ), da lectura a la Cuenta.
ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE AGRICULTURA, SILVICULTURA Y DESARROLLO RURAL.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente , respecto del primer punto de la Cuenta, si bien es cierto se trata de un proyecto de reforma constitucional y efectivamente debe verlo la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, tiene gran relación con las zonas agrícolas.
Por lo tanto, solicito que la iniciativa sea tratada, además, en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural. Otra posibilidad es que ambas comisiones sesionen en forma conjunta. Pero en ningún caso
la Comisión de Agricultura debe dejar de tratar dicho proyecto de ley.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , en la misma línea del diputado Urrutia . En la Comisión hemos estudiado las reformas al Código de Aguas que ha tratado la Sala el último mes y sería muy importante que también tratáramos esta iniciativa, quizá en Comisiones Unidas de Agricultura y de Constitución. Pero la visión agrícola del uso del agua, más allá de lo constitucional, es muy importante.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Hay dos proposiciones: la primera, que el proyecto sea analizado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural y, segunda, que sea tratado en comisiones unidas
.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , ojalá se trate en comisiones separadas, para que sea abordado desde el punto de vista de la especialidad de cada una.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , las reformas constitucionales siempre han sido tratadas en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Ahora, distinto es el proyecto de ley que vendrá después y que establecerá los mecanismos propios de la reforma que eventualmente se apruebe como, por ejemplo, la
caducidad. Me parece que una reforma constitucional basta que se vea en la Comisión de Constitución.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Esto es bastante simple, porque el proyecto se puede tratar en ambas comisiones si hay acuerdo, de lo contrario debemos votar.
Tiene la palabra el diputado Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente , lo normal es que las reformas constitucionales sean sancionadas en la Comisión de Constitución. Si hay una dimensión técnica que requiera de la opinión de la Comisión de Agricultura, que no es lo frecuente, lo pertinente es que el proyecto se trate primero en dicha Comisión, con el objeto de que sugiera ideas para que la Comisión de Constitución sea quien resuelva.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente , lo que ha planteado el diputado Carlos Montes es que el proyecto vaya primero a la Comisión de Agricultura y, luego, a la Comisión de Constitución. A nosotros nos da lo mismo, lo que nos interesa es que se trate en ambas comisiones.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- ¿Habría acuerdo para acoger la propuesta del diputado Carlos Montes , en el sentido de que el proyecto sea tratado primero en la Comisión de Agricultura y luego en la Comisión de Constitución?
Acordado.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Patricio Hales.
El señor HALES.- Señor Presidente , a través de la prensa nos hemos enterado de que hay un requerimiento al Tribunal Constitucional, anunciado por el Presidente de la Cámara de Diputados, a nombre de la Mesa de la Corporación, sobre uno de los proyectos aprobados ayer.
Dicho proyecto no podrá ser promulgado, ya que se ha consultado la constitucionalidad respecto de una disposición sobre educación sexual incluida en la iniciativa.
Independientemente de las facultades reglamentarias y legales que tienen el Presidente de la Cámara y la Mesa para hacer la presentación ante el Tribunal Constitucional, respetuosamente hago presente que me parece más pertinente que hubiésemos sido informados no a través de la prensa, sino directamente en la Sala por la Mesa y, particularmente, por el Presidente . Ahora bien, no se trata de una obligación establecida en la letra de la ley, pero a mi entender era lo más prudente, lo más eficaz, lo más útil a nuestro trabajo. Es sorpresivo que nos enteremos a través de la prensa. Repito, me hubiese gustado que ayer, luego de tocar la campañilla y decir “despachado el proyecto”, el Presidente nos hubiera informado que sería consultado el Tribunal Constitucional.
Esto lo señalo pensando en que este hecho le habría dado más valor a los canales de comunicación tan buenos que tenemos con la Mesa y con el señor Presidente . También habría fortalecido más el aprecio y respeto que les tenemos. Reitero, me parece que era mejor haberlo informado en la Sala.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Diputado Patricio Hales, no hay ningún requerimiento ante el Tribunal Constitucional, lo que se ha hecho es remitir el proyecto para el control de constitucionalidad, dado que una de las disposiciones incorporadas por el Senado tiene carácter orgánico constitucional. No se ha hecho un requerimiento, como su señoría ha planteado.
El señor HALES.- Señor Presidente, la ley no puede ser promulgada en espera de esa decisión y hubiese sido bueno que nos informaran.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Señor diputado , se está cumpliendo con un requisito, el control de constitucionalidad, dado que, repito, el Senado incluyó una norma con carácter orgánico constitucional.
Tiene la palabra el diputado Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente , me parece que la discusión de fondo es si correspondía o no calificar esa norma con carácter orgánico constitucional, porque más allá de la opinión la Mesa del Senado, es cuestionable o, a lo menos, discutible la calificación de esa norma.
Si bien la Mesa, en el ejercicio de sus atribuciones, ha calificado una norma con carácter de orgánica constitucional, la que debe ser enviada al Tribunal Constitucional para su revisión, el punto es la calificación previa. Entiendo que a eso se refiere el diputado Patricio Hales .
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Señores diputados, me parece un tanto extemporánea la discusión. En última instancia, la Sala es la llamada a calificar el quórum de cualquier norma.
Al respecto, ayer ningún diputado , ninguno, objetó la calificación que aparecía en la Cuenta y que cité en dos oportunidades antes de votar. Cualquier diputado pudo objetarla, pero ayer. Por ello, repito, me parece un tanto extemporáneo hacerlo hoy.
Junto con lo señalado por el diputado Alfonso Vargas, se debe tener presente no sólo la calificación del Senado y que nadie en esta Sala objetó, sino que, también, que en un caso similar, cuando se impuso al sistema educacional chileno el deber -muy correcto- de impartir clases sobre derechos humanos, hubo un pronunciamiento expreso del Tribunal Constitucional, en el sentido de que debía revisar dicha norma.
Si bien sobre lo señalado pudo haber una discusión de fondo, sobre la actuación de la Mesa hay dos posibilidades: primero, cumplió bien su labor al disponer que la norma, de carácter orgánico constitucional, conforme a la calificación del Senado, de la Sala y no porque nosotros lo quisiéramos, sino por definición y por consecuencia en esa norma específica del sistema educativo, pues correspondía el control constitucional preventivo; o, segundo, en caso de haber estado equivocada, cualquiera de los 117 diputados presentes debió haberlo objetado y nadie lo hizo. Por eso, me parece extemporáneo hacerlo en esta ocasión.
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente , entiendo que la intervención del diputado Hales no decía relación con la objeción, sino, más bien, con una interpretación de forma, en el sentido de que hubiese sido conveniente que cuando se señaló que la norma tenía rango de ley orgánica constitucional, al momento de la votación se hubiesen hecho presente las consecuencias de esa calificación.
Como usted bien expresó, cualquier objeción debió haberse planteado durante el debate desarrollado en la sesión de ayer.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Lamentablemente, la Mesa no puede explicar, en cada ocasión, las consecuencias de los hechos. Por ejemplo, que cuando se aprueba una iniciativa, será conocido por todos al publicarse.
Por lo demás, el ministro Viera-Gallo, en su intervención en la sesión del martes, aludió específica y extensamente a esta materia y a las consecuencias que podría tener y pidió, durante quince minutos, que la Mesa se pronunciara.
Si lo que se pide es que la Mesa -la actual o una futura- advierta las consecuencias -que, por lo demás, es algo absolutamente normal y conocido por todos- de la aprobación de alguna norma de rango orgánico constitucional, en el sentido de que debe someterse a control preventivo de constitucionalidad, sinceramente, me parece que se agregaría a la Mesa una obligación absolutamente innecesaria.
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Duarte.
El señor DUARTE.- Señor Presidente , solicito que cite a reunión de Comités, sin suspender la sesión, para discutir un tema relacionado con la Tabla.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Cito a reunión de Comités, sin suspender la sesión.
REDESTINACIÓN DE PROYECTO.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- La Comisión de Gobierno Interior y Regionalización, a instancias del ministro secretario general de la Presidencia , solicita que el proyecto de ley, boletín Nº 6791-06, que aumenta en un grado la pena del delito de falsa alarma, cuando ocasione tumulto o conmoción pública, sea redestinado, atendida su urgencia y materia, a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia o a la Comisión de Seguridad Ciudadana.
¿Habría acuerdo en ese sentido?
Acordado.
-o-
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Señoras y señores diputados, quiero transmitir el enorme agradecimiento del elenco de teatro de “Los que van quedando en el camino” y de su director, Guillermo Calderón, por el estreno de esa obra ayer, en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados de Santiago.
En un marco impresionante, tuve el agrado de asistir como Presidente de la Corporación a una excelente representación. Por eso, recomiendo a sus señorías ver la obra.
Aclaro que su nombre no tiene ninguna referencia personal a los que perdimos en la última elección. La Mesa tampoco debe sentirse aludida.
-Aplausos.
V. ORDEN DEL DÍA
PERFECCIONAMIENTO DE LEY Nº 19.628, SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN RELACIÓN CON PREDICTORES DE RIESGO COMERCIAL. Primer trámite constitucional.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley Nº 19.628, sobre protección de datos de carácter personal, para garantizar que la información entregada a través de predictores de riesgo sea exacta, actualizada y veraz.
Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el diputado Eugenio Tuma.
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 6800-03, sesión 113ª, en 22 de diciembre de 2009. Documentos de la Cuenta Nº 11.
-Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo. Documentos de la Cuenta Nº 5, de esta sesión.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor TUMA .- Señor Presidente , en representación de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo paso a informar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley Nº 19.628, sobre protección de datos de carácter personal, para garantizar que la información entregada a través de predictores de riesgo sea exacta, actualizada y veraz, con urgencia calificada de “suma”.
Esta iniciativa del honorable diputado señor Felipe Harboe contó con el patrocinio de las diputadas señoras Carolina Goic y María Antonieta Saa y de los diputados señores Jorge Burgos , Guillermo Ceroni , Marcelo Díaz , Ramón Farías , Alberto Robles y Tuma .
Como ya saben los señores diputados, en 1999, tras una ardua discusión en el Congreso Nacional, fue publicada la ley Nº 19.628, sobre protección de datos de carácter personal -más conocida como la “ley Dicom”-, que regula la actividad de empresas dedicadas al tratamiento de datos de carácter personal. En ella se consigna un marco normativo preciso para el tratamiento y manejo de la información y se indica claramente cuándo puede ser dada a conocer. Además, se señalan plazos y procedimientos para la publicación de la información vigente y caduca.
No obstante ello, las empresas dedicadas al tratamiento de datos incorporan las consultas sobre información de que son objeto los titulares. De esta manera, si los datos de una persona son consultados, tal consulta es considerada un nuevo dato que pasa a formar parte de la información de la persona.
A partir de la información recolectada, las empresas construyen los denominados predictores, ranking o score, instrumentos que permiten predecir el comportamiento futuro de un consumidor o deudor, sobre la base de su historial de comportamiento anterior; además de su nivel educativo, patrimonio, nivel de ingresos, endeudamiento y, entre otras variables, la cantidad de veces que terceros consultan por sus antecedentes.
En el caso particular de la empresa Dicom, el predictor establece un nivel de riesgo en razón de tres factores principales: número de protestos que posee la persona, de morosidades y de consultas de sus antecedentes a Dicom. Este predictor se gradúa entre 0 y 1000 puntos, en que 0 es el más riesgoso y 1.000 el menos riesgoso.
La introducción de modificaciones a la ley Nº 19.628 se fundamenta en la necesidad de garantizar algo que parece obvio. Para la elaboración de sus predictores de riesgo, empresas como Dicom -hoy Equifax- consideran, además de los protestos y morosidades del titular, la cantidad de veces que otras personas han consultado por sus antecedentes durante los últimos tres meses. Es decir, mientras más consultas recibe un determinado RUT -que es el dato que se utiliza para individualizar a las personas-, su titular es castigado y se eleva su nivel de riesgo crediticio. De esa forma, si una persona cotiza el otorgamiento de un crédito en distintas entidades y cada una de éstas realiza la correspondiente consulta al Dicom, las últimas verificarán un nivel de riesgo que no se condice con la realidad, lo que determinará un encarecimiento del crédito, a través de una elevada tasa de interés relacionada con el mayor riesgo o, lisa y llanamente, la negativa a su otorgamiento.
Existen casos de personas cuyo nivel de riesgo es alto sólo porque se han consultado sus antecedentes en muchas oportunidades, sin tener morosidades ni protestos.
La urgencia de este proyecto radica en el hecho de que, por estos días, se están consultando los antecedentes de numerosos padres y apoderados que deben financiar las matrículas y aranceles de la educación superior o de otros establecimientos. Por esa razón, la Comisión también reconoce la voluntad expresada por el Gobierno, a través del ministro Viera-Gallo , en cuanto a comprender la importancia de este proyecto y calificar su urgencia de “suma”.
Así también, expreso mi reconocimiento a la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, que despachó la iniciativa el martes, por la extraordinaria celeridad en su tramitación.
La Comisión contó con la asistencia y colaboración de la señora Consuelo Espinoza , asesora de la Subsecretaría de Hacienda, y del señor Pablo Arriagada , asesor del Ministerio de Hacienda.
Durante su discusión en particular, el texto del artículo único del proyecto fue sustituido por una indicación aprobada por los diputados Arenas, Jarpa , Díaz, don Marcelo ; Harboe , Ortiz , Vallespín y quien habla, que prohíbe en forma expresa y clara la realización de ranking o predictores de riesgo comercial basados en variables relativas a la frecuencia de consulta de los datos personales contenidos en un registro o banco de datos asociados a una determinada persona, incluyéndose en tal prohibición la entrega a terceros de la información relativa al número de consultas de sus datos, y se considera, a modo de sanción, la eliminación inmediata de dicha información, sin perjuicio de las responsabilidades civiles que el afectado pueda hacer efectivas.
El proyecto no contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado y no requiere trámite en la Comisión de Hacienda, y fue aprobado en forma unánime por los diputados señores Gonzalo Arenas ( Presidente ), Marcelo Díaz, Carlos Abel Jarpa, José Miguel Ortiz , Patricio Vallespín y Eugenio Tuma.
Por lo expuesto, la Comisión recomienda a la Sala aprobarlo.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente , quiero agradecer a las diputadas señoras María Antonieta Saa , Carolina Goic , Adriana Muñoz y a los diputados señores Eugenio Tuma , Guillermo Ceroni , Ramón Farías , Jorge Burgos , Marcelo Díaz , Alberto Robles y a varios otros que me acompañaron en esta iniciativa.
También agradezco al señor presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, diputado Gonzalo Arenas , quien tuvo la buena voluntad y disposición de someter a discusión con la mayor celeridad este proyecto de ley.
Durante mucho tiempo escuché sobre los perjuicios económicos, laborales y familiares que generaba el abuso y uso indiscriminado de información comercial de ciudadanos de parte de ciertas empresas. Fueron muchas dueñas de casas y padres los que, con cierta desesperación, pedían que limitáramos el uso de esa información, que les significaba una verdadera cadena perpetua a ser marginados del sistema comercial, del sistema crediticio y, lo peor, del mercado laboral.
En efecto, son miles las personas que han perdido oportunidades laborales por tener alguna morosidad o protesto, estar registrados en Dicom, en circunstancias de que hay una ley vigente, aprobada por la Cámara de Diputados, que prohíbe de manera expresa la discriminación por esa causal, lo que hoy, en la práctica, es letra muerta. Prueba de ello es que, hace unas semanas, debimos aprobar una segunda iniciativa que impone multas a aquellas empresas que discriminan a personas por tener morosidades y no las contratan.
¿Quién pensará que a la gente le gusta deber dinero o no pagar sus deudas o in-
cumplir las obligaciones? En general, los indicadores señalan que en Chile tenemos un buen nivel de pago, pero, obviamente, existen situaciones inesperadas e involuntarias que hacen casi imposible el cumplimiento de las obligaciones pactadas: una enfermedad catastrófica, la muerte del principal proveedor de la familia, un accidente, el desempleo o la adicción a las drogas de un miembro de la familia, ciertamente constituyen elementos que impactan negativamente y, muchas veces, de manera insuperable el patrimonio familiar o personal. En consecuencia, el afectado se ve obligado a incumplir sus obligaciones al priorizar la salud, la vida, el alimento o la educación de los menores.
Así y todo, estas empresas realizan rankings basados en la morosidad o protestos de las personas, probablemente eso sea correcto desde el punto de vista de la estabilidad financiera en la medida en que el uso de esa información sea adecuado y no se refleje en permanentes publicaciones que las denigren y, además, marginen del ámbito laboral, proyectando el círculo de la pobreza y, por tanto, aún más la imposibilidad de responder oportunamente al pago de las deudas.
Pero estamos frente a una situación todavía más grave. Nos referimos a personas -pequeños empresarios, pequeños comerciantes, trabajadores y trabajadoras o, incluso, cesantes- que jamás han tenido morosidad o protesto, que han hecho grandes esfuerzos por cumplir oportunamente sus deudas; sin embargo, respecto de ellas estas empresas realizan un ranking predictor que no se basa en un hecho de responsabilidad personal -morosidad o protesto-, sino ajena, la mera consulta de sus antecedentes por un tercero. Es decir, por la sola circunstancia de que alguien consulte los antecedentes de una persona, ésta queda inmediatamente incorporada en un ranking de riesgo cada día más alto. Con eso se rompe el principio básico del estado de derecho y de nuestro derecho civil, la responsabilidad por el hecho propio. Ciertamente, hay excepciones establecidas para la responsabilidad por el hecho ajeno; pero no podemos permitir que una persona sea calificada de riesgosa sólo porque sus antecedentes comerciales hayan sido consultados por entidades financieras, crediticias o de otro tipo.
La norma vigente puede prestarse para abusos tan extremos como, por ejemplo, que un grupo de personas se confabule para perjudicar comercialmente a una tercera mediante la realización de consultas simultáneas y permanentes sobre ésta durante tres meses. Con ello, aumentaría inmediatamente la calidad de riesgo de esa persona, quien, por ejemplo, podría, incluso, perder una alternativa laboral o provocar el rechazo de algún documento que respalde obligación. En definitiva, podría, incluso, aumentarle el costo de los créditos.
Desde el punto de vista práctico, se abusa en el uso de la información.
He presentado este proyecto principalmente porque hay muchos papás y mamás que durante estos meses deben entregar documentos para respaldar el pago de matrículas o mensualidades en el jardín infantil, el colegio o la universidad, pero algunos no son recibidos porque son considerados riesgosos.
Agradezco la celeridad en la tramitación de este proyecto de ley. Espero que terminemos con los abusos en el uso de información mercantil de las personas, porque, hoy, eso atenta contra la reactivación y, naturalmente, contra la economía de las personas más desposeídas.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.- Señor Presidente , felicito al diputado Harboe por este proyecto de ley que la Comisión de Economía tramitó rápidamente porque en verdad era muy útil y que apunta a los predictores, tema que más adelante vamos a tener que abordar con mayor globalidad, porque se entiende que cumplen con su finalidad en el análisis de riesgo en los créditos. Sin embargo, ya es una práctica habitual que otras instituciones, además de los organismos de créditos, los utilicen. Por ejemplo, es una herramienta para determinar si se admite a alguien en un colegio, universidad o que se usa en otras actividades que no dicen relación con el otorgamiento de créditos.
Ese tema es sumamente injusto, porque los parámetros que se utilizan en estos predictores no son muy elaborados. Nuestro mercado tampoco lo es, en consecuencia, sus predictores son pocos y, además, ocupan información muy gruesa. En otros países más desarrollados hay una variedad de predictores más especializada, por lo tanto, tienden a ser más justos o más acordes con la realidad de la información que se pide.
Por eso, con esta iniciativa se avanza en una materia importante, evitar que se baje el puntaje para que una persona sea objeto de crédito por culpa de terceros. Eso lo resuelve muy bien el proyecto de ley.
Con todo, le digo a los autores del proyecto que en el futuro habrá que regular más los denominados predictores, una herramienta técnica legítima que entrega información del eventual cliente al mercado, a fin de evitar que se cometan injusticias o atropellos, ya que en no pocas ocasiones, su utilización va más allá de evaluar el riesgo comercial en las operaciones de crédito.
Por eso, anuncio mi voto favorable al proyecto y felicito nuevamente a los autores de la moción.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente, el proyecto en debate es oportuno y pertinente.
Nadie discute que el uso de información comercial es necesario y útil, pero única y exclusivamente para fines específicos, sea para acceder a un crédito o para emprender alguna otra iniciativa. Pero nos parece inapropiado cuando se le da otros usos que no corresponden.
Por eso, con el proyecto buscamos terminar con una injusticia, con una arbitrariedad, con una barrera de acceso al crédito absolutamente inaceptable, desde el punto de vista de su pertinencia. Nos parece que la evaluación del riesgo debe basarse en conductas de incumplimiento efectivamente verificables y no en la consulta que muchos hacen para saber si tal o cual persona es o no merecedora de determinado trabajo, como inadecuadamente se ha venido haciendo.
Si el predictor considera el número de protesto y de morosidades, es pertinente al objeto de consulta al informe comercial, pero no lo es cuando considera la variable relativa al número de consultas de los datos personales del consultado. El proyecto termina con esta odiosa discriminación.
Es bueno que haya parlamentarios atentos a eventuales vulneraciones de los derechos de las personas, en este caso, los diputados patrocinantes de la moción y, en especial su autor, el diputado Harboe.
Con todo, habrá que revisar la legislación correspondiente, y será parte de la discusión futura en la Comisión de Economía, porque a mi modo de ver no se está evaluando el riesgo circunscrito a las operaciones crediticias, sino el riesgo de la personas, o sea, un conjunto de atributos que no son pertinentes de ser considerados en este tipo de consultas.
La bancada de la Democracia Cristiana, que siempre tiene el foco en la justicia, en la asignación y el uso de los instrumentos,
apoyará de manera entusiasta el proyecto, cuyo texto fue perfeccionado en la Comisión, focalizándolo en lo que corresponde: prohibir el uso de las consultas reiteradas para la estimación de predictores, lo que constituye una barrera de entrada arbitraria e inaceptable.
Reitero el voto favorable de nuestra bancada para un proyecto que beneficiará a muchos chilenos y chilenas, que son discriminados por una mala aplicación metodológica.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , felicito al diputado señor Harboe por presentar esta iniciativa. Tal como señaló en su exposición, es mucha la gente, sobre todo en los sectores medios, que ven en el Dicom una suerte de carga muy importante. Este banco de datos es consultado a diario, principalmente sobre gente de los sectores medios, sea que matriculen a un hijo en la universidad, en el colegio, que postulen a un cargo en el sector público o simplemente vayan de compras.
El Dicom se ha convertido en una especie de padre omnipotente, que obliga a la persona a mantenerse dentro de cierto nivel de endeudamiento, de cierto nivel de pago de compromisos, etcétera; un padre severo, que ante cualquier problema, como quedar cesante y no pagar una deuda, le cierra el camino al crédito, incluso a cualquier trabajo, porque lo van a consultar en relación con su morosidad.
Por lo tanto, regular el tratamiento de la información personal que manejan las empresas del rubro es muy importante para la sociedad.
Lo que plantea el diputado Harboe es claro y oportuno. Con todo, es preciso mayor regulación, como decía el diputado Arenas, sobre todo porque el mal manejo de datos personales puede afectar injustamente a miles de personas, principalmente de clase media.
Como se ha dicho, el Dicom se consulta para todo, pero el número de veces que se consultan los antecedentes de una persona puede hacer variar su riesgo. Por ejemplo, el número de consultas sobre el Presidente de la Cámara de Diputados puede ser tan alto, que perfectamente lo puede afectar al momento de solicitar un crédito para pagar los gastos de su campaña.
Por eso, regular las variables en que se basan los predictores de ranking es un paso adelante.
Por último, es muy importante que la sanción a la infracción a la ley sea sin perjuicio de las responsabilidades civiles que el afectado pueda hacer efectivas en contra del representante legal de la empresa que los realice, toda vez que, por lo general, los bancos de datos se hacen los lesos y siguen usando la misma información.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, algunas situaciones del diario vivir calan hondo en los ciudadanos comunes, como también calan hondo en quienes debemos ser cuidadosos en nuestros quehaceres y que ostentamos cargos de responsabilidad.
De esa responsabilidad nace el proyecto en debate, a raíz de una información que publicó un medio de prensa nacional en el cual se consignaba el grado de confiabilidad comercial de algunos colegas parlamentarios, de acuerdo con la información predictiva que entregaba una de estas empresas que venden datos personales. Recuerdo que la sorpresa fue tal, que mi colega Felipe Harboe se indignó, por decir lo menos, y comenzó a trabajar en este proyecto.
He querido resaltar lo cuidadoso y responsable que es mi colega, que muchas veces podemos leer noticias o situaciones que nos afecten, pero de allí a elaborar un proyecto nos cuesta un poco. En este caso, la realidad la vi en el minuto en que apareció la noticia. Sin embargo, fue mi colega Felipe Harboe quien, de inmediato, dijo que esto no podía ser y nos embarco, por decirlo de alguna manera, en una situación de responsabilidad política.
Sólo quería destacar la responsabilidad de un parlamentario.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente , considero un aporte limitar una variable para construir el predictor, como la cantidad de consultas sobre las morosidades, porque es relativamente absurda. Valoro que se haya hecho y que se apruebe, de ninguna manera votaré en contra, pero llevamos mucho tiempo discutiendo el tema y constatando que tenemos un sistema de calificación del riesgo de nuestra economía y de las personas muy primitivo. Incluso, en Estados Unidos el propio Dicom tiene un sistema infinitamente más sofisticado y elaborado. Nuestra economía, nuestro mercado de capitales y nivel de ingresos dan para otra calificación del riesgo y no sólo para consignar lo blanco o negro, si protesto o no protesto, si hay morosidad o no la hay, menos con un predictor absurdo de consultas.
En reiteradas ocasiones hemos insistido en que el sistema del score es mucho más representativo, porque toma en cuenta variables como la historia de pago de las personas, el patrimonio, los ingresos, el conjunto de gastos y deudas, en fin, considera globalmente a la persona y eso no se publica, sino que se traduce en una cifra. Esto no se puede referir sólo a la conducta negativa, como señaló el diputado Vallespín , y que fue lo que me llevó a intervenir.
En los sistemas de calificación de riesgos de personas más elaborados se toma el conjunto de la historia. Es tremendamente importante que la persona tenga una historia muy positiva, porque a veces, por una razón accidental, de viaje o de cualquiera otra índole, no paga algo y queda con morosidad, lo cual pasa a ser sancionado y mal visto. O sea, el sistema que tenemos es demasiado reduccionista y simplista. El problema no radica en que no existe la metodología, la técnica o los sistemas computacionales. Por el contrario, existen e incluso, se aplican a las empresas. Ha faltado voluntad política, sobretodo del Ejecutivo , no nuestra, lo cual hemos discutido muchas veces. Hay un proyecto del Ministerio de Hacienda que se discutió mucho -entiendo que ahora está en el Senado- y que se vincula con esta materia.
Entonces votaré a favor del proyecto, porque limita a un elemento negativo, pero el conjunto del sistema de calificación del riesgo de las personas que tenemos es muy primitivo y propio de una etapa que superamos hace rato. Debemos pasar a una etapa más sofisticada y que refleje realmente la situación y el riesgo efectivo de las personas. Además, como se ha planteado, esto no podría ser usado para fines distintos al riesgo del crédito, porque actualmente se usa para muchos otros. Entiendo que en el sistema de score mencionado por el diputado Tuma , el denominado Equifax, que se usa en Estados Unidos, las personas contratan a quien recopila los datos y a quien los califica. Hay cuatro o cinco entidades que lo hacen y a partir de eso dan la información a quien corresponda cuando solicita un crédito o realiza una operación en el mercado de capitales.
Rechazo el sistema de calificación de riesgo que tiene nuestra economía, porque es un atraso del mercado de capitales en relación con las personas. Es necesario que, de una vez por todas, pasemos a una etapa superior y para eso hay que recoger la experiencia internacional, la cual es bastante positiva.
Respecto de amortiguar el efecto de una variable tan absurda como el número de consultas, comparto la idea de que no se puedan tomar en cuenta, pero eso no resuelve el problema real de la calificación del riesgo.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , en 1993 -somos varios los diputados que estamos desde esa época- comenzó la discusión, que demoró seis años, de la denominada ley Dicom. Después de un largo y a veces tedioso debate, por cuanto las urgencias se demoraban y se presentaba una serie de indicaciones, se legisló sobre una materia que todos éramos partidarios de modificar: el famoso ex “Peneca Verde”. Eso culminó con la publicación en el Diario Oficial de la ley Nº 19.628. Los parlamentarios tuvieron una destacada participación en las respectivas comisiones.
Recuerdo muy bien que la discusión de fondo era si la institución que actualmente maneja Dicom continuaría haciéndolo, porque se trataba de ingresos muy elevados, incluso multimillonarios.
En 1990, cuando se recuperó la democracia, se empezaron a formar comités de consumidores, los cuales expresaron algo muy concreto y real respecto de las personas que caían en mora y tenían protestos de cheques o letras de cambio. Como el cargo que se les hacía cuando pagaban esos documentos era tan elevado, podían pasar meses y a veces años sin que pudieran limpiar sus antecedentes en Dicom. Era un monopolio que significaba un gasto increíble, especialmente para los pequeños empresarios. Finalmente, se aprobó la ley N° 19.628, sobre protección de datos de carácter personal o protección de la vida privada, legislación que consignó un marco normativo claro y preciso y permitió conocer cuál era la realidad de las personas cuando adquieren un compromiso comercial. No obstante, durante los últimos años nos hemos encontrado con algunas sorpresas.
Las deudas históricas, que debieran borrarse por ley, todavía eran parte de toda la industria financiera y bancaria del país, es decir, los deudores morosos estaban prácticamente estigmatizados para la obtención de cualquier tipo de crédito, porque se consignada la historia de los malos momentos que tuvieron. Eso les significó empezar a gastar y a crear otras sociedades para realizar alguna actividad económica.
Sin embargo, durante el último tiempo nos encontramos con la sorpresa, de lo cual se dio cuenta el colega Felipe Harboe , quien es diputado desde hace pocos meses y fue elegido con una gran votación en las últimas elecciones, de que había que presentar un proyecto para subsanar una especie de resquicio legal del que se estaba haciendo uso para saber si una persona era digna de obtener crédito, en circunstancias de que el negocio de las financieras y los bancos es prestar dinero, porque no lo hacen gratuitamente. Es cosa de analizar las tasas de interés de las tarjetas de crédito, materia que quedará pendiente para el próximo período legislativo que se inicia el 11 de marzo del presente año. En ese sentido, seremos terminantes al exigir que las tasas de interés deben bajar. El año recién pasado, después de la crisis económica de septiembre de 2008, nos encontramos con que el Banco Central bajó las tasas a niveles increíbles, pero el valor del dinero seguía elevado.
Considero que el tema se ha planteado muy bien, lo que demuestra una vez más el trabajo legislativo. Anteayer, junto con cinco diputados, presentamos una indicación sustitutiva para mejorar el proyecto, a fin de solucionar algo que nunca debió suceder.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías.
El señor FARÍAS.- Señor Presidente , al igual que mis colegas, felicito al diputado Harboe por la iniciativa que ha presentado, de la cual me hizo partícipe. El proyecto busca equilibrar un poco más esta especie de gran policía que tenemos todos los chilenos: el Dicom. No me referiré al proyecto, porque todos los señores diputados han dicho de qué se trata y han destacado su importancia. En el fondo, se pretende regular una gran injusticia, pues cada vez que se consultan los antecedentes de una persona, se va elevando su nivel de riesgo. Incluso, eso podría llamar a hacer trampa y pedir a que se consulte cierto RUT para elevar el nivel de riesgo de una persona. Por eso, suscribí sin demora el proyecto.
Durante años, no meses, he recibido en mi página web distintas quejas y problemas que la gente presenta respecto de Dicom. Por ejemplo, las personas que por diversos motivos no han podido pagar el crédito universitario, hoy no tienen acceso a créditos para casas, bienes, etcétera; están absolutamente limitados, porque aparecen en Dicom.
La gente dice: “Quiero pagar, pero no me dan ninguna posibilidad de seguir adelante, debido a que existe esta especie de gran policía que me tiene encerrado o secuestrado y no me permite avanzar.”
Es importante que exista esta base de datos, pero considero que debemos hacer grandes cambios al sistema, que permitan un mejor manejo de la información y determinen a quién se entrega, para qué se entrega y cómo se accede a esa información.
Es una materia sobre la cual empezaré a trabajar este año, debido a la gran cantidad de correos e información que se solicita a través de mi página web.
Por lo tanto, anuncio que votaremos a favor el proyecto y que nos meteremos en el tema mucho más profundamente para solucionar distintos problemas del sistema.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley Nº 19.628, sobre protección de datos de carácter personal para garantizar que la información entregada a través de predictores de riesgo sea exacta, actualizada y veraz.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado también en particular.
Despachado el proyecto.
MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA EN MATERIAS DE ÁREAS DE MANEJO Y REGISTRO PESQUERO ARTESANAL. Primer trámite constitucional.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley general de Pesca y Acuicultura en materia de áreas de manejo y Registro Pesquero Artesanal.
Diputados informantes de las comisiones de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos y de Haciendo son los señores Alfonso de Urresti y Claudio Alvarado, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 6391-21, sesión 131ª, en 3 de marzo de 2009. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos y de Hacienda, sesión 112ª., en 21 de diciembre de 2009. Documentos de la Cuenta N°s 8 y 9, respectivamente.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Debo recordar a la Sala que, de conformidad con lo acordado por los Comités, después de los informes, cada bancada tendrá cinco minutos para fundamentar su posición. .
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI (de pie).- Señor Presidente , la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos me ha designado informante del proyecto de ley antes referido, de origen en mensaje, en primer trámite constitucional y reglamentario, para cuyo despacho el Ejecutivo hizo presente la urgencia, calificándola de “simple”.
A decir del mensaje, desde la entrada en vigencia de las leyes Nº 19.079 y 19.080, ambas del año 1991, se produjo un cambio sustancial en la actividad económica que desarrollaba originalmente el sector pesquero artesanal.
En efecto, si bien se declaró la libertad de pesca como el régimen de acceso a los recursos pesqueros, se estableció como requisito la obligación de inscribirse en el Registro Pesquero Artesanal para todos los pescadores que tuvieran dicho carácter. El mencionado registro estuvo estructurado desde sus orígenes en forma regional, limitando de esta forma la movilidad de los pescadores artesanales, ya que debían asentarse en un territorio determinado para el ejercicio de su actividad.
Por otra parte, se estableció el área de reserva para la pesca artesanal, que abarca cinco millas del mar territorial, entre el límite norte de la Primera Región y el paralelo 41º28´6´´ de latitud sur, además de las aguas interiores desde el referido paralelo hacia el sur, asegurando así para dicho sector pesquero un espacio adecuado para el desarrollo de la actividad, sin la interferencia de los barcos industriales.
Como consecuencia de lo anterior, se produjo un profundo sentimiento de arraigo por parte de los pescadores artesanales a su espacio territorial, tendencia que se consolidó a partir de la segunda mitad de la década de los 90, con la introducción del régimen de áreas de manejo y, asociado a éste, el concepto de asignación de recursos bentónicos a una organización de pescadores artesanales. En otros términos, se vinculó el derecho a captura de recursos pesqueros con un área determinada de explotación exclusiva.
Asimismo, y en el marco de los cambios introducidos al sector artesanal durante la década pasada, reviste vital importancia la inscripción en el Registro Pesquero Artesanal por pesquería, toda vez que al cerrarse los accesos a determinadas pesquerías se impide el ingreso de nuevos actores a la actividad.
Estrechamente relacionado con lo anterior, cabe considerar que la inscripción en el registro está sometida a causales de caducidad, entre las cuales la más importante es la falta de operación. Ésta es particularmente exigente en materia de pesca artesanal, ya que contempla la suspensión por el plazo de un año, lo cual, a juicio del Ejecutivo , no da cuenta de la realidad pesquera artesanal, que depende básicamente de la disponibilidad del recurso respectivo.
A la luz de la experiencia recogida en estos años, el proyecto propone como primer objetivo incorporar a las organizaciones de pescadores artesanales en el registro pesquero, con lo que se superarían las dificultades que se han producido en los regímenes de asignación, áreas de manejo y régimen artesanal de extracción; así como en la composición de los Consejos de Pesca que contempla la ley general de Pesca, por no contar con información actualizada y de fácil acceso. También se incorporan modificaciones en materia de caducidades de la inscripción en el Registro Pesquero Artesanal , en cuanto a ampliar los plazos en que debe ejercerse la actividad, evitando así que se pierda el acceso a las pesquerías.
Un segundo objetivo consiste en adecuar la regulación de las áreas de manejo a la situación actual, dado que durante el período de funcionamiento de dicho régimen han quedado de manifiesto sus virtudes pero también sus defectos, y las propias organizaciones de pescadores artesanales han planteado la necesidad de introducir ciertos cambios.
Finalmente, el proyecto se ocupa del sistema de fiscalización, infraccional y sancionatorio en lo relativo a las áreas de manejo, propiciando un aumento de las multas para el hurto de recursos bentónicos y, además, haciendo extensiva la prohibición de ciertas conductas a terceros ajenos al área de manejo.
Las ideas matrices o fundamentales del proyecto en informe son:
a) Incorporar a las organizaciones de pescadores artesanales en el Registro Pesquero ;
b) Perfeccionar el mecanismo de caducidades de la inscripción en el mencionado registro;
c) Adecuar la regulación de las áreas de manejo a la situación actual, y
d) Modificar el sistema de fiscalización, de infracciones y sanciones en lo concerniente a dichas áreas, aumentando las multas por el hurto de especies.
Cabe hacer especial hincapié, desde ya, que durante el estudio del proyecto y antes de proceder a su votación general, la Comisión solicitó al Ejecutivo que analizara la posibilidad de dividir su tratamiento, de manera de legislar por separado en lo referido a las áreas de manejo, materia respecto de la cual existe amplio consenso, y en lo tocante al Registro Pesquero Artesanal , cuya discusión probablemente sería más extensa.
El Ejecutivo accedió a la petición de la Comisión y presentó una indicación para eliminar los numerales 2), letras b), c) y d); 5), 6), 7), 9), 10), 11), 12), 13), 15), letra b); 16) y 18) del artículo único permanente, como asimismo, las disposiciones transitorias 1ª y 2ª, la que fue aprobada por unanimidad.
Como consecuencia de la señalada indicación y de su aprobación, se alteró el texto original del mensaje, de forma que su estructura se redujo a un artículo único con ocho modificaciones a la ley general de Pesca y Acuicultura y un único artículo transitorio, con lo cual, desde otro punto de vista, las ideas matrices o fundamentales quedaron reducidas a las dos últimas precitadas.
Durante la discusión del proyecto, la Comisión escuchó a las siguientes autoridades: al subsecretario de Pesca , don Jorge Chocair Santibáñez ; a la encargada de las áreas de manejo de dicha Subsecretaría, doña Alejandra Pinto , y al asesor, señor Martín Manterola .
Explicaron que las áreas de manejo son espacios geográficos delimitados, que se establecen sobre bancos naturales de recursos bentónicos y que son entregados para su explotación exclusiva por parte de una organización de pescadores artesanales, conforme a un plan de manejo aprobado por la Subsecretaría de Pesca. La entrega se realiza a través de un convenio de uso celebrado con el Servicio Nacional de Pesca, previa destinación efectuada a este último por parte del Ministerio de Defensa Nacional, específicamente por la Subsecretaría de Marina.
Refiriéndose a la asignación de las áreas de manejo, expresaron que, en la actualidad, ellas se entregan a una organización o institución. Con esta iniciativa, en cambio, se permite que dos o más organizaciones puedan solicitar una misma área, para lo que será necesario que ingresen la solicitud en forma conjunta. Agregaron que, de este modo, se valida la individualidad de cada una de estas organizaciones, sin necesidad de obligarlas a constituir una nueva o a tener que fusionarse.
En materia de convenios de uso, recordaron que la normativa vigente los permite por un período de cuatro años renovables. Esto provoca desfases en los períodos de vigencia de los mismos y de la destinación otorgada al Servicio Nacional de Pesca.
En el proyecto se dispone que la vigencia del convenio de uso no podrá exceder el plazo de vigencia de la destinación respectiva, lo cual permitirá que los procesos de renovación de convenios de uso y la destinación se realicen de forma conjunta. Además, se incorporan causales de caducidad de estos convenios, de acuerdo a la normativa vigente para las destinaciones.
Agregaron que el proyecto permite validar el desarrollo de actividades productivas complementarias sobre recursos endémicos, dentro de su rango de distribución natural, para sectores que cuenten con la potencialidad de implementar acciones, como la captación de semillas, de acuerdo a los reglamentos respectivos.
Añadieron que esta iniciativa permite ampliar a la organización titular de un área de manejo la facultad de presentar denuncias ante el tribunal competente respecto de infracciones cometidas en su sector y establece los procedimientos involucrados.
En materia de patentes, recordaron que la modificación de la ley de pesca, efectuada mediante la ley Nº 19.977, publicada en el diario oficial el 8 de noviembre de 2004, reduce el valor de la patente de 1 UTM por hectárea y por fracción de ésta a 0,25 UTM. Asimismo, disminuye el período de gracia de cuatro a dos años.
Agregaron que, actualmente, la patente se cobra todos los años en el mes de marzo, y existe un período de gracia de dos años a partir de la fecha de la firma del convenio de uso.
Es necesario, considerar que tal convenio debe ser firmado una vez que el plan de manejo es aprobado por resolución. A partir de ahora, no se autorizarán nuevas acciones, como aprobación de informes de seguimiento, en tanto no esté formalizada la entrega del área a través del convenio de uso, o en los casos en que éste ya no esté vigente orenovado.
Explicaron que la institución que hace el cobro es la Tesorería General de la República. La Subsecretaría de Pesca sólo entrega la información. Por tanto, el pago de la patente se realiza en las oficinas provinciales de la Tesorería más cercanas al domicilio de la organización. Para ello, el interesado debe concurrir con el RUT de la misma y solicitar en la ventanilla el formulario 37 y proceder luego al pago.
Explicaron que, en virtud del artículo 54 de la ley Nº 19.832, ley general de Cooperativas, a esas entidades se les otorga un beneficio que les permite pagar sólo el 50 por ciento de toda tributación al fisco, lo cual resulta aplicable a las patentes sobre las áreas de manejo.
Indicaron que en el proyecto de ley se establecen las siguientes causales de exención al pago de la patente:
a) Durante los dos primeros años de vigencia del convenio de uso;
b) En las áreas de manejo en las cuales no se haya autorizado actividad extractiva durante el año calendario anterior, y
c) En las áreas de manejo donde no se haya podido efectuar la actividad extractiva autorizada por estar afectadas por una catástrofe que lo impida, declarada por la autoridad competente.
Además, se incorpora un artículo transitorio que señala que las organizaciones de pescadores artesanales que sean titulares de áreas de manejo tendrán derecho, por el solo ministerio de la ley, a una reducción del 75 por ciento del valor, incluidos los recargos legales correspondientes, por concepto del pago de la patente única de las áreas de manejo, en el período comprendido entre los años 2004 y 2009.
Añade la disposición que, para dichas organizaciones, la cantidad que hayan pagado por concepto de patente única de estas áreas, en la forma y período ya señalados, se descontará a favor de ellas de los pagos que deban hacerse a futuro, según lo contempla la ley.
Sostuvieron que existe preocupación de la Subsecretaría de Pesca, en conjunto con la Subsecretaría de Marina, en orden a revisar el valor actual de la patente, tanto para áreas de manejo como para la acuicultura que se desarrolle en ellas.
Dijeron que se están recopilando los antecedentes que permitan establecer los factores que determinan el monto de la patente. El análisis espera incorporar otros elementos adicionales al de la simple superficie del área.
Explicaron que el principio orientador es validar el monto de la patente del área de manejo, de manera que no deba ser un impuesto, en el sentido de la proporcionalidad a los ingresos, ya que el concepto de patente es distinto, pues constituye un gravamen sobre el valor potencial de un bien.
Además, afirmaron que existe la posibilidad de establecer convenios de pago en cuotas con Tesorería. En este caso, las patentes no sufren recargos ni multas por concepto de atraso en la cancelación de su monto. Sólo se actualiza con el valor del IPC, reflejado en el valor de la UTM.
En materia de caducidades, dijeron que el artículo 144 vigente las considera en el caso de explotar el área de manejo en contravención al proyecto aprobado; no pagar la patente, tener socios condenados por aplicación del artículo 137 que no hayan sido expulsados de la organización -internación de especies- y en el evento de reincidencia de socios en infracciones a la letra b) de los artículos 110 y/o 112 del respectivo cuerpo legal.
La modificación que se propone en esta materia considera la caducidad en el caso de explotar el área de manejo en contravención al proyecto aprobado; no pagar la patente, y la reincidencia de socios en infracciones a las normas señaladas.
Finalmente, refiriéndose a las sanciones que se contemplan, sostuvieron que la normativa vigente establece en el artículo 116 que “a las infracciones que no pudieren sancionarse conforme a lo dispuesto precedentemente, se les aplicará una multa de 3 a 300 UTM.”
Por su parte, el artículo 119 dispone que “El transporte y la comercialización de recursos hidrobiológicos vedados y los productos derivados de éstos, serán sancionados con multas de 3 a 300 UTM y, además, con la clausura del establecimiento o local.”
La propuesta del proyecto incorpora dos artículos nuevos. El artículo 120 A dispone: “La extracción de recursos hidrobiológicos desde un área de manejo y explotación de recursos bentónicos, tanto por los asignatarios de dicha área como por terceros ajenos a la misma, en trasgresión a la normativa que rige tal medida de administración pesquera, será sancionada con multa de 30 a 100 UTM. En caso de reincidencia, la sanción se duplicará.”
El artículo 120 B que se propone establece: “El procesamiento, el apozamiento, la elaboración, la transformación y el almacenamiento de los recursos señalados en el artículo 120 A, así como también el almacenamiento de productos derivados de éstos, serán sancionados con multa de 30 a 300 unidades tributarias mensuales, y, además, con la clausura del establecimiento o local en que se hubiere cometido la infracción, hasta por un plazo de 30 días.
El gerente y el administrador del establecimiento industrial serán sancionados personalmente con una multa de 15 a 150 unidades tributarias mensuales.
En caso de reincidencia en las infracciones de este artículo, las personas responsables serán sancionadas con la pena de presidio menor en su grado mínimo y las multas se duplicarán.”
La Comisión contó con la asistencia y valiosa colaboración del presidente, el vicepresidente y el tesorero de la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile (Confepach), señores Hugo Arancibia , Humberto Chamorro y Juan Morales , respectivamente, y de la presidenta y dirigentes de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), señora Zoila Bustamante y señores Marcelo Segura y Osvaldo Cubillos , quienes, en general, se manifestaron a favor del proyecto en trámite y cuyas intervenciones se encuentran contenidas, en forma resumida, en el informe de la Comisión que obra en poder de los señores diputados.
Puesto en votación en general el proyecto, fue aprobado por siete votos a favor, de los diputados señor De Urresti, don Alfonso; señora Goic, doña Carolina , y señores Melero, don Patricio ; Norambuena, don Iván ; Recondo, don Carlos ; Ulloa, don Jorge , y Vallespín, don Patricio .
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor ALVARADO.- Señor Presidente , me corresponde rendir el informe de la Comisión de Hacienda sobre el proyecto de ley que introduce diversas modificaciones a la ley general de Pesca y Acuicultura, fundamentalmente en relación con las áreas de manejo y las concesiones de algas. En la discusión del proyecto en la Comisión Técnica se optó por legislar por separado ambas materias, limitando el proyecto en informe a lo relativo a las áreas de manejo.
Después de la gran explicación del colega De Urresti, solamente me voy a referir a las materias de carácter financiero del proyecto, las que podemos resumir en tres áreas. La primera dice relación con la rebaja de las patentes para las áreas de manejo; la segunda, con la condonación de deudas de dichas patentes, y la tercera, con condonación de deudas para quienes tienen concesiones de algas.
Esos tres conceptos tienen un impacto en el presupuesto de la nación del orden de 1.500 millones de pesos al año. Se reduce el costo anual de las patentes de las áreas de manejo de 0,25 UTM a 0,18 UTM.
Por otra parte, en el artículo único transitorio se condonan en 75 por ciento las deudas por concepto de pago de la patente única para titulares de áreas de manejo, por el período comprendido entre 2004 y 2009.
En la Comisión de Hacienda, como consecuencia de un compromiso existente con el Poder Ejecutivo , se incorporó un artículo 2º transitorio, que reduce el 75 por ciento de las deudas por concepto de patente única de acuicultura a los titulares de una concesión de dicha naturaleza, otorgada exclusivamente para el cultivo de algas. De esa manera, se deja en igualdad de condiciones a sectores económicos productivos que estaban viviendo similares condiciones de mercado, de falta de recursos e ingresos.
Como señalé, dicha condonación para el sector alguero será para las organizaciones de pescadores artesanales que tengan concesiones de acuicultura otorgadas solamente para explotación de algas, cuya extensión total no supere las 50 hectáreas. Tratándose de personas naturales, tal extensión no podrá ser superior a una hectárea.
La Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del proyecto, porque responde a una inquietud de muchos parlamentarios, expresada desde hace bastante tiempo.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente , para la bancada de la Democracia Cristiana, que siempre ha visto en la pesca artesanal un sector productivo que tiene grandes potencialidades y oportunidades de desarrollo, con una adecuada regulación, el proyecto que nos ocupa es muy positivo, primero, porque perfecciona la ley en materia de uso de áreas de manejo para crear mejores condiciones de desarrollo a las organizaciones titulares de ellas; segundo, porque ofrece una oportunidad de diversificación de la actividad de la pesca artesanal, y tercero, porque aliviana la carga de pagos para las organizaciones que tienen áreas de manejo bajo su administración y para el sector alguero, profundamente perjudicado. Finalmente, porque responde a un requerimiento de organizaciones de pescadores artesanales, que están bastante ahogadas con el pago de las patentes pertinentes.
Quiero resaltar tres elementos centrales del proyecto -más allá de su contenido, dado a conocer por el diputado informante -, que para la pesca artesanal probablemente marcarán un antes y un después.
El primero de ellos tiene que ver con la gran oportunidad de diversificación de la pesca artesanal.
Para que todos los señores parlamentarios y los pescadores que nos están escuchando lo sepan, de acuerdo al reglamento, en la actualidad el área de manejo sólo puede ser utilizada en un máximo de 20 por ciento para la acuicultura artesanal, que es una gran oportunidad de desarrollo futuro de la pesca artesanal.
Lo positivo de esta iniciativa de ley es que establece que hasta el 40 por ciento del área de manejo asignada a una organización podrá ser destinada a la acuicultura artesanal, lo cual es una oportunidad de diversificación fundamental para los pescadores. Si a eso se suman después instrumentos de fomento, no me cabe ninguna duda de que la pesca artesanal tendrá un gran futuro.
El segundo aspecto es que precisa criterios para hacer una mejor asignación de futuras áreas de manejo a las organizaciones de pescadores artesanales que postulen a ellas.
El tercero, la rebaja del pago de la patente de área de manejo.
Si bien aún no estamos satisfechos, porque no es la forma adecuada de cobrar, la rebaja propuesta, de 0.25 a 0.18 unidad tributaria mensual por cada hectárea o fracción -casi el 28 por ciento-, sin duda es una señal clara de que tales organizaciones tendrán más posibilidades para desarrollarse.
Otro aspecto fundamental dice relación con el aumento de las sanciones, materia que era una típica preocupación de los pescadores artesanales. Al respecto, muchas veces quien penetraba un área de manejo y extraía recursos de manera ilegal, recibía sanciones prácticamente irrisorias.
Ese aumento de las sanciones -su monto se duplicará en caso de reincidencia- permitirá que quienes tengan el derecho de usufructo de determinada área de manejo, lo puedan ejercer en forma adecuada.
Termino mi intervención con una materia que creo hace justicia a un sector.
En verdad, es irrelevante lo que se recauda para el erario por concepto de pago de patentes de las áreas de manejo por parte de pescadores artesanales y concesiones de algas, pero, ¡por Dios que es importante para el pescador artesanal! Por tanto, la rebaja del 75 por ciento significará, no cabe duda alguna, una posibilidad de liberar recursos para que ellos puedan hacer inversiones y para que el área de manejo sea un verdadero espacio para el desarrollo de la pesca artesanal.
Lo relativo a las concesiones de algas obviamente será insuficiente. No basta sólo con condonar a los titulares de dichas concesiones un porcentaje del pago de las deudas, porque hoy no tienen con qué pagar, pues la actividad está absolutamente deprimida. Deberemos hacer un gran esfuerzo -así lo está planteando claramente el programa de gobierno de Eduardo Frei- para lograr que el sector alguero sea productivo y potente, para lo cual se requiere la entrega de recursos para infraestructura productiva y secado del producto, de manera que éste pueda obtener mejores precios. Con eso, lógicamente, el sector alguero tendrá un mejor futuro.
Finalmente, anuncio que la bancada de la Democracia Cristiana apoyará en forma entusiasta el proyecto.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.- Señor Presidente , en primer lugar quiero manifestar que la bancada de la Unión Demócrata Independiente votará a favor el proyecto, respecto del cual deseo destacar algunos aspectos.
Tiempo atrás, cuando en una reunión el ministro de Hacienda nos planteó a todas las bancadas la necesidad de aprobar en forma rápida un proyecto de reactivación económica de sectores productivos, que involucró, en relación con diferentes medidas, recursos del orden de 4 mil millones de dólares, yo señalé que la pesca artesanal había quedado fuera de tales medidas en materias, a mi juicio, importantes: la rebaja de patentes de concesiones de acuicultura, la condonación de deudas -fundamentalmente al sector alguero- y la eliminación del impuesto a las embarcaciones. Y lo manifesté por una razón muy simple, que se acaba de mencionar: lo que se recauda por esos conceptos es muy poco. En efecto, tales recursos son insignificantes para el erario, pero, para la actividad que desarrolla el mundo de la pesca artesanal, se trata de costos muy altos.
Afortunadamente, esas propuestas fueron recogidas por el Ministerio de Hacienda, lo se agradece. Por eso, hoy conocemos esta iniciativa, que permite rebajar las patentes de las áreas de manejo y condonar en 75 por ciento las deudas devengadas y no pagadas por concepto de patentes de acuicultura otorgadas exclusivamente para la explotación de algas.
El hecho de que dichas deudas estén impagas es causal de caducidad de la concesión. Por lo tanto, quienes atraviesan por un mal momento debido a que su producto no tiene buen precio y, por lo tanto, no generan recursos suficientes para pagar las patentes -y, en definitiva, no lo hacen- perderían su concesión.
El proyecto se hace cargo, en parte, de resolver esa situación, aunque sea en forma transitoria.
Queda pendiente la eliminación del impuesto a las embarcaciones de pesca artesanal de pequeña escala, que va entre media y 3 UTM. Existe un compromiso del Ministerio de Hacienda en ese sentido, que se consigna en el informe. Por lo tanto, solicito que ello se pueda materializar en el mediano plazo.
Reitero que la bancada de la Unión Demócrata Independiente votará a favor el proyecto de ley, pues estamos convencidos de que apunta en el sentido correcto, al entregar mayor respaldo y más facilidades a quienes desarrollan su actividad en precarias condiciones, como ocurre con quienes se desempeñan en el sector económico productivo de la pesca artesanal.
Por último, la iniciativa respecto de la cual hoy nos pronunciaremos permitirá un alivio en los costos de producción de esa actividad económica y permitirá a los pescadores artesanales mirar con optimismo el futuro, cuando se saquen de encima el agobio que significa la mochila de patentes impagas.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente , me sumo a lo señalado por los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra en relación con la importancia y pertinencia del presente proyecto de ley para la pesca artesanal, en especial para el desarrollo de las áreas de manejo.
No soy integrante de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, pero quiero transmitir a la Sala la inquietud planteada en forma permanente por los pescadores artesanales de las comunas de Los Vilos y Canela, y, en general, de la Región de Coquimbo, en relación con la necesidad de rebaja de multas e intereses en el pago de las patentes que hasta ahora adeudan los pescadores. Debido a esas deudas, en forma constante han sido notificados de resoluciones de embargo de sus bienes muebles y de desalojo de las sedes de sus organizaciones y caletas.
La demanda principal, al menos en nuestra zona, es lograr una rebaja, subsidio o condonación del ciento por ciento de las deudas.
Es bien sabido que la reducción en la explotación de productos tradicionales de la zona, como el loco y la lapa, ha generado una situación económica muy grave a los pescadores artesanales, por lo que han caído en esta situación indeseada de no poder pagar sus patentes y, por ello, vivir con la permanente incertidumbre de la posible pérdida de sus bienes.
No veo a nadie del Ejecutivo en la Sala, pero igual consulto si es posible hacer un esfuerzo mayor en el sentido de recoger el planteamiento de los dirigentes de los pescadores que asistieron a la Comisión, fundamentalmente los de Confepach, en cuanto a reducir en ciento por ciento la deuda por las patentes.
Entiendo que una indicación parlamentaria en tal sentido no sería admisible, pero quiero dejar establecido el punto. Al respecto, sería bueno que la Comisión revisara esa solicitud de los pescadores artesanales.
Otro asunto señalado con bastante fuerza por los pescadores artesanales -también lo mencionó el diputado Vallespín - es la posibilidad de aumentar las multas por los hurtos de productos bentónicos, práctica de permanente ocurrencia. Se trata de una actividad clandestina que deja a los productores, que son los que se sacrifican, en una situación de desmedro en materia de comercialización de sus productos, razón por la cual, en definitiva, el que trabaja gana menos que el que depreda.
En este sentido, no sé si el diputado informante nos podría decir si en la Comisión se revisó la posibilidad de establecer en la legislación penal una figura que sancione de manera más nítida este tipo de hurtos y les asigne una pena mayor a la de multa, que hasta ahora ha sido muy poco respetada. Si la multa aumenta, como propone la iniciativa, es posible que surta más efecto, pero creo que sería mejor establecer una defensa más clara para el esfuerzo de los pescadores artesanales y el desarrollo de las áreas de manejo, por la vía de tipificar esa conducta como un delito establecido en el Código Penal.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , una de las cosas a la que el Congreso Nacional debe abocarse rápidamente, ojalá en el transcurso de este año, es a modificar, de una vez por todas, la ley de Pesca.
Hace algunos años, en una discusión que se dio en esta Corporación, se propuso extender la vigencia de dicha ley y, de esa manera, mantener el statu quo que hoy existe. Sin embargo, lo cierto es que la ley de Pesca requiere modificaciones urgentes, en especial para apoyar al sector artesanal.
Asimismo, es necesaria su modificación para incluir al sector acuícola, las áreas de manejo y una serie de otros elementos básicos para los pescadores artesanales.
También se debe considerar el manejo de algas, pues tenemos problemas muy serios con los recolectores de algas de orilla en las regiones del norte, particularmente en la de Atacama. Hay recolección de algas para investigación, hay varamientos. En fin, tenemos problemas por el uso que se está dando a la extracción de ese producto en algunas zonas del país.
Si bien es cierto que la Confepach y la Conapach están de acuerdo en términos generales con la aprobación de esta iniciativa -así, al menos, se concluye tras la conversación con sus dirigentes-, no es menos cierto que la ley de Pesca necesita una revisión completa.
En ese sentido, hemos presentado proyectos para, por ejemplo, cerrar la zona de reserva de cinco millas de mar territorial para que sea explotado exclusivamente por el sector artesanal. En ese sentido, en la Región de Atacama han surgido serios problemas en el último tiempo a causa de un decreto de la Subsecretaría de Pesca que permite que barcos del sector industrial ingresen a esa zona, destinada a la pesca artesanal. Eso se debe a que la ley vigente establece la posibilidad de que el subsecretario de Pesca pueda, a través de un decreto, autorizar la penetración de ese tipo de embarcaciones en las cinco millas de reserva para el sector artesanal, lo que nos parece absolutamente inadecuado.
La ley de Pesca requiere reformas importantes. No podemos seguir sosteniendo una legislación tan anticuada como la vigente, sobre todo ahora que nuestro país está negociando tratados con el Asia Pacífico para regular algunas pesquerías, dado que los países industrializados desarrollan una acción depredadora de diversos recursos marinos, como ocurre, por ejemplo, con uno de nuestros productos más importantes: el jurel.
Asimismo, se debe modificar dicho cuerpo legal para incorporar la mirada regional sobre las pesquerías y respecto de cómo desarrolla su actividad el sector artesanal, puesto que nuestro país tiene una costa muy extensa.
En cuanto al Registro Artesanal , es muy importante que se discuta y se evalúe, pero que se haga luego.
Entiendo que se sacaron prácticamente todas las disposiciones referentes a dicho registro que consideraba el proyecto original y que sólo se dejaron las que tienen que ver con las áreas de manejo y las demás materias a que se refiere la iniciativa. Sin embargo, me parece absolutamente necesario discutir y analizar las normas referentes al Registro Pesquero , en especial las que afectan a los pescadores de las regiones del norte, donde dicho registro presenta algunas vicisitudes que no se presentan en la zona sur del país.
En definitiva, me parece relevante aprobar el proyecto en comento, en especial por las normas que contiene sobre áreas de manejo y algunos problemas que hemos planteado en otros proyectos de ley. Sin embargo, quiero expresar claramente que considero necesario que la Comisión de Pesca, de una vez por todas y en forma urgente, aborde los problemas del sector en su conjunto y evalúe una modificación global a la ley de Pesca, para permitir que el sector artesanal, en especial, pueda desarrollar sus actividades en términos más productivos que los actuales y para que se establezcan defensas más efectivas en favor de los derechos de los pescadores artesanales en nuestro litoral.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco.
La señora PACHECO (doña Clemira).- Señor Presidente , sólo quiero expresar que la bancada socialista apoya esta iniciativa, que consideramos tremendamente importante y pertinente.
Por cierto, se trata de un proyecto que las organizaciones de pescadores artesanales del país han esperado por largo tiempo, y tanto la Conapach como la Confepach han manifestado su acuerdo con los términos del mismo.
Quienes me antecedieron en el uso de la palabra se refirieron a las distintas modificaciones que propone el proyecto, como las mejoras a la regulación de las áreas de manejo, las normas para facilitar el control y la fiscalización, las disposiciones que establecen sanciones más rigurosas para los infractores y las que se hacen cargo de los problemas económicos derivados del pago de las patentes. En forma especial, se han abordado las que se refieren a la rebaja o condonación del 75 por ciento de los montos adeudados por concepto de patentes.
Asimismo, algunos colegas se han referido a otros planteamientos, que también escuchamos en la Comisión de Pesca y que acogemos, como la necesidad de condonación del ciento por ciento de la deuda mencionada y de modificar la ley de Pesca, que presenta una serie de problemas, no sólo los relativos a las áreas de manejo. Pero se debe tener presente que la legislación vigente dura hasta 2012.
Ahora estamos abocados a ver cómo mejoramos la situación específica de los pescadores artesanales a los cuales se les entregan concesiones acuícolas y áreas de manejo, para que sean más productivas.
Me parece que el gran problema y el grave error que se ha cometido es la falta de un adecuado acompañamiento técnico y económico para asegurar que los proyectos resulten y sean productivos, de manera de obtener un mejor sustento y ayudar al desarrollo de los distintos sindicatos y demás agrupaciones de pescadores artesanales.
Para que exista más sustento productivo y más absorción de mano de obra se necesita un acompañamiento mucho más fuerte del Estado. Al respecto, uno se pregunta dónde está el Estado, con una mirada orientada mucho más hacia la gente y hacia la economía de nuestro pueblo; dónde está el rol del Estado empresario.
Si bien la iniciativa ayuda en aspectos como la regulación y la fiscalización de las áreas de manejo, etcétera, y establece mayores sanciones, no es la solución definitiva.
Por lo tanto, aquí hay varios aspectos, específicamente en relación con las áreas de manejo, que se deberían considerar. Quedan algunos puntos por resolver. Voy a citar tres de ellos, aparte de la discusión global de la ley de Pesca:
1.- Mejorar la fiscalización y la coordinación que se debe tener entre las autoridades y las organizaciones de pescadores artesanales en pro de un desarrollo mucho más armónico de la actividad;
2.- Mejorar el financiamiento del Estado en cuanto a los estudios de base y los seguimientos periódicos, hasta que las áreas de manejo sean rentables y se autofinancien, y
3.- Mejorar los estudios sobre los ciclos de vida de los recursos.
Esos son aspectos en los que tenemos que seguir ahondando. Espero que, como dijo el colega Patricio Vallespín, dado que figuran dentro de las propuestas de los candidatos presidenciales, efectivamente sean asumidos en su totalidad, de manera que, el día de mañana se hagan realidad en las caletas de pescadores.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .- Señor Presidente , me hacen fuerza los comentarios vertidos por la diputada señora Adriana Muñoz , los que se traducirán en una indicación al proyecto.
Lamentablemente, no se encuentra en esta Sala la autoridad correspondiente en representación del Ejecutivo, es decir, el subsecretario de Pesca. Por tanto, mal podemos hacer las consultas respectivas, dado que no está presente en la discusión de tan importante proyecto de ley.
El costo de la iniciativa no es relevante para el erario, pero ella sí será de gran impacto para los pescadores. Así por ejemplo, se establece la condonación del 75 por ciento de las deudas por concepto de patente única de acuicultura devengadas y no pagadas, que generará menores ingresos al fisco por un monto de 2.129 unidades tributarias mensuales, lo que significará, aproximadamente, 78 millones de pesos. Reitero, no es un monto relevante para el presupuesto nacional.
Me hace fuerza que no se pueda consultar a la autoridad correspondiente del Ejecutivo , que no está presente en esta sesión, tal como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Quiero hacer notar esta situación, ya que esto no debe suceder en el inicio de la tramitación de una iniciativa de ley.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley general de Pesca y Acuicultura en materia de áreas de manejo y Registro Pesquero Artesanal.
Hago presente que la Mesa declaró inadmisible la indicación presentada por la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente , me interesa que esa presentación quede en la historia fidedigna del establecimiento de la ley.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Quedará constancia de ello, señora diputada .
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobado en particular con la indicación que propone la Comisión de Hacienda, que introduce el artículo 2° transitorio.
No hay acuerdo.
En votación la indicación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Despachado el proyecto.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS DE ADULTOS MAYORES CON CAJAS DE COMPENSACIÓN. (Votación).
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 856, sobre renegociación de deudas de adultos mayores con cajas de compensación.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
CONDENA A CONTRATACIÓN POR EL ESTADO DE CHILE DE PERSONAS PROCESADAS Y CONDENADAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Se va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 857.
El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo Nº 857, de los señores Accorsi, Ojeda, Aguiló, Harboe, Farías, Venegas, don Samuel; Valenzuela, Pérez, don José, y de las señoras Goic, doña Carolina, y Soto, doña Laura, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar a S.E. la Presidenta de la República para manifestar nuestra más enérgica condena por la contratación, por parte del Estado de Chile, de personas procesadas y condenadas por violaciones a los derechos humanos, solicitando la inmediata desvinculación de estas personas de cargos remunerados con dineros públicos, de manera que Chile celebre su bicentenario sin violadores a los derechos humanos dentro de sus Fuerzas Armadas.”.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- No hubo quórum. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Por no haberse alcanzado el quórum requerido, queda pendiente su votación para la próxima sesión.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
RESTABLECIMIENTO DE FACULTAD A MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO PARA OTORGAR SUBSIDIOS DE EMERGENCIA. Oficio.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente , en el nombre de los diputados José Miguel Ortiz , Gonzalo Duarte , Patricio Vallespín y, de quien habla, quiero solicitar el envío de un oficio a la ministra de Vivienda y Urbanismo , a fin de que trate de resolver un problema que afecta especialmente a la gente del sur.
Todos los días ocurren incendios que consumen las casas de nuestros vecinos, que la mayoría de las veces son muy pobres y no tienen cómo enfrentar la situación.
Normalmente, las soluciones consisten en que el intendente entrega algunas planchas;
el gobernador, fonolas, y el diputado , unas cuantas tablas. Así, el vecino termina levantando lo que puede, transformándose la ayuda en una especie de limosna, sin obtener una solución digna, lo que constituye un problema serio y real de mucha gente que vive en este tipo de vivienda.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, gracias a la nueva política habitacional del Gobierno, cuenta con diversos subsidios; uno, para construir viviendas; otro, para repararlas, y, un tercero, para ampliar y mejorar su entorno. Sin embargo, no se pueden utilizar en casos de emergencia, y si se llegaran a entregar se pueden demorar años en tramitarse.
Cabe señalar que anteriormente la autoridad ministerial tenía la facultad de resolver este tipo de situaciones, más aún si el propio ministerio era el encargado de la construcción de las viviendas. Hoy, no se cuenta con esos beneficios o subsidios. Por lo tanto, lo que el ministerio puede hacer, teniendo disponibles esta cantidad de subsidios, es restablecer esta especie de reserva ministerial a fin de que la autoridad correspondiente pueda, en casos de emergencia, hacer uso de esta facultad y otorgar un subsidio que permita al vecino afectado contratar de inmediato los servicios de una empresa constructora y reconstruir una vivienda digna, no como ocurre hoy.
Por las razones expuestas, en nombre de los diputados señores Duarte , Vallespín , Ortiz y de quien habla, pido que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo , a fin de que vea la forma de restablecer esta facultad ministerial y otorgar un subsidio de reconstrucción para él o los vecinos afectados, cuando se vean enfrentados a catástrofes como ésta.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
HOMENAJE A PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE CORRAL EN SU CENTÉSIMO ANIVERSARIO. Oficios.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- En el tiempo de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, que le ha concedido algunos minutos de su tiempo al Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero agradecer a la bancada del Partido Demócrata Cristiano por haberme concedido algunos minutos de su tiempo.
En esta oportunidad, quiero rendir un homenaje a la Primera Compañía de Bomberos de Corral, fundada por un grupo selecto de visionarios, vecinos de la comuna Puerto de Corral, el 7 de enero de 1907. Por lo tanto, hoy se cumple el centenario de su fundación.
La iniciativa tuvo su origen aproximadamente un año después de que un desolador incendio afectara a Valdivia, consumiendo alrededor de treinta y cinco a cuarenta manzanas densamente pobladas. Seguramente, tan dramática situación experimentada en Valdivia hizo que estos vecinos se reunieran para aunar voluntades a fin de contar con una unidad bomberil para protección de la población, que en esos años estaba experimentando un notorio aumento y, por tanto, también un incremento en el número de viviendas en la comuna Puerto de Corral.
El lema de la Compañía es “Feliz por la Unidad”, que ha sido su estandarte constante al servicio permanente de la comunidad en que se encuentra inserta. A través del tiempo se ha distinguido por estar siempre primera en todo evento en la comuna de Corral, constituyéndose en la actualidad en la única institución que cumple un siglo de existencia, ofreciendo protección y seguridad a la población.
Fue creada por vecinos, principalmente del sector Corral Alto. Su cuartel deambuló por espacio de treinta y seis años a través de casas habitaciones de sus propios directivos, a fin de poder celebrar sus reuniones, mientras que en simples bodegas se guardaba un poco de material para atacar los incendios.
En 1946, logró obtener de la Ilustre Municipalidad de Corral la autorización para ocupar un sitio desocupado, una punta de diamante entre las calles Miraflores y Esmeralda, en Corral Alto, lugar en que comenzó a construirse un cuartel que existe hasta hoy en muy precarias condiciones. Su construcción duró varios años, con el esfuerzo de sus integrantes y la cooperación de la comunidad, ya que en ese tiempo no se contaba con ayuda estatal, como ocurre en la actualidad.
Se trata de una construcción de madera, con dos pisos y torres para el acceso de mangueras. El primer piso albergaba la sala de máquinas, bombas de arrastre, carros porta mangueras y bodegas; el segundo piso fue habilitado como salón para realizar actos culturales, fiestas de aniversarios, cocina y beneficios en general para la compañía.
Señor Presidente , quiero destacar el centenario que hoy cumple la Primera Compañía de Bomberos de Corral . Hemos homenajeado a quienes han concurrido hoy a esta Sala, capitán René Orlando Valenzuela Díaz , al bombero voluntario, inspector de máquinas, señor Eladio Garrido Guarda, y a la voluntaria señora Denise Lizama Vásquez .
Igualmente, quiero destacar que el actual directorio de la Primera Compañía está integrado por los siguientes voluntarios: director, don Enrique Inostroza Winter ; capitán, don René Valenzuela Díaz ; teniente 1º, don Juan Gutiérrez ; teniente 2º, don Daniel Pérez Huala ; teniente 3º, don Rodrigo Carrasco ; primer maquinista, don Manuel Sanhueza ; segundo maquinista, don Elias González ; tesorero, don Sergio Campos ; secretario, don Rubén Saldías Manque , e inspector de máquinas, don Eladio Garrido .
La dotación de voluntarios al día de hoy es de 22 personas, tres mujeres y diecinueve hombres.
Señor Presidente , pido que se envíe copia de esta intervención a la Primera Compañía de Bomberos de Corral y a la Ilustre Municipalidad de Corral , a fin de rendir un sentido homenaje en su centenario, a esta compañía que es orgullo de Corral y de la Región de Los Ríos. El mismo se replicará en la Presidencia de la Corporación .
Asimismo, solicito insertar en esta intervención, la lista de todos los integrantes que a lo largo de estos cien años, han formado parte de la institución.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
INFORMACIÓN POR DIFERENCIAS EN PAGO DE INDEMNIZACIONES A PARTICULARES POR CONSTRUCCIÓN DE ACCESO SUR A SANTIAGO. Oficio.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- En el turno del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Duarte.
El señor DUARTE.- Señor Presidente , quiero reiterar un oficio al ministro de Obras Públicas , a fin de plantear un tema que ha sido latamente tratado en esta Sala, incluso en sesiones especiales, y que dice relación con la autopista de acceso sur a Santiago.
Se trata de un proyecto que fue concesionado hace diez años y que debió entrar en pleno funcionamiento hace aproximadamente seis, situación que aún no se logra concretar.
En su diseño no se contemplaron los problemas ocasionados a la población colindante a la avenida La Serena. La verdad es que este acceso sur es esencial para el funcionamiento de la red de autopistas de Santiago, además de ser una alternativa de ingreso desde el sur extraordinariamente beneficiosa. Por lo tanto, su puesta en funcionamiento a la brevedad constituye no sólo una necesidad para la ciudad, sino el término del último tramo que aún se encuentra inconcluso.
Por las razones expuestas, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas , a fin de requerir, una vez más, información específica respecto de compensaciones entregadas a particulares que viven en comunas distintas de La Granja, así como los pasos futuros que se están estudiando para resolver la situación específica en el tramo faltante, que se vinculará con la carretera de acceso sur de Américo Vespucio.
Pido esta información específica por las diferencias que al parecer se estarían produciendo entre los beneficios otorgados a familias de La Pintana y de Puente Alto respecto de lo que se estaría estudiando otorgar a las familias de la comuna de La Granja.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz y Gabriel Ascencio .
INVESTIGACIÓN POR NO RENOVACIÓN DE CONTRATOS A PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA E INFORMACIÓN SOBRE SU PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. Oficios.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- En el tiempo que resta al Comité del Partido Socialista, tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Ramón Farías.
El señor FARÍAS.- Señor Presidente , agradezco al Partido Socialista por cederme parte de su tiempo.
El 31 de diciembre de 2009, la Dirección de la Universidad Tecnológica Metropolitana, (UTEM), procedió a no renovar los contratos de profesores a contrata. Si bien es cierto que aún no se conocen los alcances de la medida, con ello se estaría afectando a alrededor del 20 por ciento de sus académicos.
La dolorosa medida se dio a conocer el 31 de diciembre pasado, y afectó no sólo a los profesores, sino también a su núcleo familiar. Por tal razón, un grupo de profesores me pidió que realizara gestiones para que se estudie la posibilidad de revertir tal medida.
Por lo tanto, en cumplimiento de mi función fiscalizadora, pido oficiar a la señora ministra de Educación , con el objeto de que tenga a bien disponer una investigación sobre los despidos de profesores a contrata ordenados por esa universidad.
Solicito, asimismo, que el rector informe acerca del plan estratégico institucional de dicha casa de estudios superiores.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RESPECTO DE PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y BENEFICIOS ADICIONALES A FUNCIONARIOS BAJO RÉGIMEN DE HONORARIOS. Oficio.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité PRI-Independientes, tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, solicito oficiar al contralor general de la República, con el objeto de que nos remita copia de pronunciamientos relacionados con pagos de horas extraordinarias a funcionarios contratados a honorarios.
Pido que se formule esa consulta, pues la semana pasada tuve ocasión de reunirme con algunos funcionarios de la Municipalidad de Antofagasta contratados bajo este régimen. En tal ocasión, me consultaron si era factible o no el pago de horas extraordinarias y cuáles serían los beneficios adicionales que podrían percibir.
Pido, entonces, que el señor contralor aclare si es factible o no pagar las horas adicionales de trabajo que muchas veces los funcionarios municipales acumulan durante un mes. Como todos sabemos, en los municipios la jornada laboral se extiende más allá de las ocho horas que contempla la ley.
Reitero, pido un pronunciamiento formal de la Contraloría General de la República respecto de si es procedente o no el pago de horas extraordinarias, así como de beneficios adicionales que podrían eventualmente percibir esos funcionarios en caso de producirse una modificación contractual.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INVESTIGACIÓN POR MALOS TRATOS Y DESPIDO DE FUNCIONARIOS DE CEMENTERIO GENERAL DE ANTOFAGASTA. Oficios.
El señor ARAYA .- Señor Presidente , pido además oficiar a la doctora Marcela Hernando , alcaldesa de Antofagasta , con el propósito de manifestarle mi profunda molestia por lo que ha estado sucediendo en el Cementerio General de Antofagasta.
Cada vez que he visitado la tumba de mi padre y de algunos de mis familiares, varios funcionarios que trabajan en dicho recinto han reclamado por los malos tratos que reciben de parte del administrador del cementerio. Lo mismo me han hecho saber las personas que ayudan en el camposanto instalando lápidas en las sepulturas o llevando agua a las tumbas de los seres queridos. Asimismo, me han informado que el administrador utiliza palabras que no se condicen con su cargo. Con todo, lo más preocupante es que el 24 de diciembre pasado varios funcionarios fueron desvinculados de las labores que cumplían en ese camposanto.
Por lo tanto, pido que la alcaldesa tome conocimiento de estos reclamos y nos envíe una respuesta en relación con la persecución de que son objeto los trabajadores, como también sobre los malos tratos a que se ven sometidos y se corrija la situación. Se trata de funcionarios municipales que conozco hace bastantes años y nunca habían tenido problemas con las anteriores administraciones del cementerio.
En consecuencia, espero que la alcaldesa instruya un sumario para aclarar el asunto y las personas que laboran en el cementerio puedan estar tranquilas.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE ACUERDO SOBRE ATENCIÓN DE SALUD DE TRABAJADORES AFECTADOS POR ACCIDENTE RADIACTIVO EN PLANTA DE CELULOSA NUEVA ALDEA, REGIÓN DEL BIOBÍO. Oficios.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- El resto del tiempo del Partido Demócrata Cristiano fue cedido a la diputada señora Clemira Pachecho.
Tiene la palabra, su señoría.
La señora PACHECO (doña Clemira).- Señor Presidente , el 14 de diciembre del 2005 se produjo un accidente radiactivo durante la construcción de la planta de celulosa Nueva Aldea, de Celco, Región del Biobío.
El accidente derivó del desprendimiento de una cápsula de iridio 142, material altamente radiactivo, desde un instrumento utilizado para fotografiar soldaduras. Don Miguel Ángel Fuentes, uno de los trabajadores de la planta, quedó con secuelas físicas de por vida, y otro importante grupo sufrió distintos impactos en su salud.
Lo concreto es que el tiempo ha pasado y poco o nada se ha avanzado en cuanto a encontrar una solución al problema. Los trabajadores se sienten desprotegidos y abandonados luego de que tanto la empresa mandante, Arauco, como la contratista, Echeverría Izquierdo Montajes Industriales, prácticamente se desentendieron del problema.
Durante este tiempo, a petición de los trabajadores, hemos colaborado en distintos aspectos, en especial en cuanto a sus problemas salud. Cabe señalar que Chile no cuenta con una normativa clara que indique qué hacer en casos como éstos, que afectan a trabajadores que operan material radiactivo. Esta situación debe abordarse en el más corto plazo posible.
En cuanto al grupo de alrededor de 170 trabajadores que prestaban servicios en la empresa Echeverría Izquierdo, espero que algún organismo especializado se haga responsable de chequear su estado de salud. Este aspecto, en su oportunidad, fue abordado por las autoridades pertinentes y los trabajadores de las empresas involucradas. Al respecto, puedo señalar que el 10 de abril de 2006, se firmó un protocolo de acuerdo para que los trabajadores afectados por el accidente recibieran información sobre las gestiones pertinentes que se llevarían a cabo para mantener en buen estado su salud física y mental. Esto implicaba que los trabajadores debían someterse a exámenes médicos para verificar su estado. Además, se asumió el compromiso de apoyar a los trabajadores más afectados, como don Miguel Ángel Fuentes, entre otros.
Para concretar esos objetivos, se acordó instalar una mesa de trabajo integrada por la seremi de Salud, la Dirección Regional del Trabajo, el Sindicato Nacional de Montajes Industriales, tres trabajadores en representación de los querellantes, celulosa Arauco y la empresa Echeverría Izquierdo . Sin embargo, hasta la fecha, según me han manifestado los voceros de los afectados, nada se ha cumplido.
En consecuencia, pido oficiar a la seremi de Salud de la Región del Biobío y a la Dirección Regional del Trabajo, con el objeto de que informen del cumplimiento de los distintos aspectos que a cada organismo involucrado compete.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
ALCANCES SOBRE CALIFICACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTO MINERO CASERONES, REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- En el tiempo adicional solicitado por el Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , en la Región de Atacama, mañana la Corema se va a pronunciar respecto del proyecto Caserones que, a mi juicio, es altamente perjudicial.
Se trata de un proyecto minero ubicado en Tierra Amarilla, en la cuenca del río Copiapó, y que, dentro de sus requerimientos, necesita 580 litros por segundo de agua para desarrollarse.
La Región de Atacama, en particular la cuenca de Copiapó, no cuenta en la actualidad con agua suficiente. De hecho, tiene un balance negativo, es decir, ingresa menos agua a la cuenca que la que sale debido a los proyectos productivos que se están desarrollando. Por lo tanto, cualquier otro proyecto que ingrese a la cuenca de Copiapó, si no aporta nuevas fuentes de agua, la secará cada vez más rápido, produciendo un daño irreparable a la gente de la región.
Además de las decisiones que la misma autoridad sanitaria ha manifestado, en relación con su inconformidad respecto de los antecedentes aportados por el titular, es decir Caserones , sobre los efectos del proyecto sobre la calidad del agua, y dada la ineficiencia del sistema de tratamiento de drenaje ácido y su implementación, el hecho de que no considera la detección de acideces y/o altas concentraciones de metales pesados en el agua; consideradas las malas medidas de mitigación del ruido y revisado el monitoreo de emisiones, considerado insuficiente, la autoridad sanitaria determinó que se trata de un proyecto que no debería calificar.
Lo mismo señalan la Dirección General de Aguas y el Sernageomin respecto de los antecedentes aportados por Caserones en relación con la información y metodología utilizados para el levantamiento de la línea de base; la predicción de los efectos del proyecto mediante el uso de un modelo ideológico; los escenarios de operaciones posibles; el plan de remediación y los planes de seguimiento y contingencia. Es decir, las unidades técnicas más relacionadas con el proyecto señalan que no debería ser aprobado.
Dado que esta materia la tratará la Corema, órgano absolutamente político, quiero hacer algunas prevenciones al respecto, puesto que el gerente a cargo de las relaciones públicas de esta empresa fue subsecretario de Mideplan , organismo relacionado con lo social. Sin embargo, esta persona hoy está defendiendo los intereses de esta empresa para la utilización de agua que hoy no existe, y no hay como sacarla de la cuenca.
Señor Presidente , me parece muy importante que la votación de la Corema se relacione con la defensa de la Región de Atacama y de la cuenca de Copiapó y no con intereses distintos de los que ella representa.
Utilizaré todas las herramientas legales en esta materia, sobre todo porque es clarísimo que se atenta contra derechos consagrados en la Constitución, como lo son la salud y la vida. En efecto, sin agua no es posible que los habitantes de la zona sigan desarrollando sus actividades vitales y productivas de forma adecuada. Cualquier proyecto que ingrese al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en la cuenca de Copiapó ya sean agrícolas o mineros, si no aportan agua, no puede ser aprobados.
Este es un tema sumamente serio. No quiero que la Corema, por razones no atendibles, apruebe proyectos que afecten la vida de la Región de Atacama.
Por tanto, pido que se envíe copia de mi intervención a la intendenta de la Región de Atacama , a los seremis que participan en la Corema y a la presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE CAUSAL DE DISMINUCIÓN DE CAUDAL DE RÍO EL TRÁNSITO, COMUNA DEL HUASCO. Oficios.
El señor ROBLES.- Por otra parte, solicito oficiar a la presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y al ministro de Obras Públicas , con el objeto de que nos informen respecto de la cantidad de agua que está bajando por el río El Tránsito, que en la actualidad prácticamente está en sequía, pues escurre una cantidad muy mínima de agua. Me gustaría saber si ello se debe a la ejecución del proyecto Pascua Lama , que se desarrolla en la cuenca del Huasco, que estaría afectando los glaciares de la zona, o bien simplemente a razones climatológicas. Al respecto, me gustaría contar con un informe completo de la Dirección de Obras Hidráulicas, de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas y de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 12.54 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que se inicia un proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 19, numerales 23 y 24, de la Constitución Política de la República de Chile.
“Honorable Cámara de Diputados:
El agua es fuente de vida y desarrollo. Además, constituye la base del medio ambiente, el eje de nuestros pueblos originarios, es insumo esencial para la producción de bienes y servicios y forma parte integrante del paisaje y origen de nuestras cuencas hidrográficas.
De acuerdo con nuestra legislación vigente, las aguas son bienes nacionales de uso público, lo que implica que el dominio de ellas pertenece a la Nación toda y su uso a todos los habitantes de aquélla.
Tal reconocimiento se encuentra en el artículo 595 del Código Civil y en el artículo 5° del Código de Aguas. Es decir, la calidad de bien nacional de uso público o bien público del agua se encuentra exclusivamente reconocida en la ley y no en la Constitución.
La normativa del Código de Aguas se aplica exclusivamente a aguas terrestres, las que, por antonomasia, corresponden a aguas dulces.
Cabe señalar, por lo demás, que sólo el 3% del agua existente en el planeta es dulce y, que de este pequeño porcentaje el 70% se encuentra en estado sólido en los polos y glaciares, por lo que no puede ser fácilmente aprovechada.
El agua disponible es escasa y limitada, de ahí la importancia de su regulación y protección.
Paradójicamente, nuestra Ley Fundamental se encarga de reservar para el Estado “El dominio absoluto, exclusivo, inalienable de imprescriptible de todas las minas” dejando afuera el bien más preciado: el agua. Es más, el propio constituyente establece la obligación para el titular de la concesión minera “a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento”, obligación que no se produce respecto del uso del agua. Dicha falta de equilibrio en la regulación, se manifiesta de manera más evidente, frente al mandato al legislador de contemplar “causales de caducidad para el caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión”, lo que ocurrió con el Código de Minería de 1983.
Este desbalance se produce de manera más radical, cuando se examina el estatuto jurídico de las sustancias no susceptibles de concesiones mineras, como ocurre con los hidrocarburos líquidos o gaseosos, los que pueden ser explotados sólo por el Estado, y, excepcionalmente, mediante concesiones administrativas o contratos de operación, las que pueden ser dejadas sin efecto sin expresión de causa cuando dichos yacimientos se encuentren en zonas que “se determinen como de importancia para la seguridad nacional”.
Chile enfrenta un desafío producido por el aumento de la población y su crecimiento económico, cual es la fuerte expansión de la demanda por agua. En efecto, el aumento de requerimiento del recurso para el consumo humano, minería, agricultura, industria, turismo, medio ambiente, entre otros, genera un mayor desbalance entre la oferta por el vital elemento y su demanda, lo que ya ha producido situaciones de conflictividad dentro de varias cuencas del país, situación que se verá agravada con el devenir del tiempo.
En un país como Chile, en que el agua ha pasado a ser un bien escaso y que se encuentra marcado por graves desequilibrios hídricos debido a su irregular distribución, la adecuada planificación de los recursos hídricos en las cuencas se impone como una necesidad de primera línea.
En adición a dichos problemas, enfrentamos un desafío respecto del cual aún no sabemos su verdadero impacto, y sólo tenemos certeza de su inminencia, cual es, el fenómeno del Cambio Climático. Este proceso ha llevado a todos los países del planeta a adecuar sus legislaciones para estar preparados de manera de contar con potestades públicas eficaces y eficientes que permitan de la mayor manera posible, atenuar las perniciosas consecuencias que en esta materia sufriremos.
A diferencia de la situación que ocurría el año 1980, hoy la escasez del agua ha transformado la disponibilidad de este vital elemento en un asunto de seguridad nacional, mucho más que la disponibilidad de los hidrocarburos. Estos últimos se pueden importar de cualquier parte del mundo, como ocurre hoy. El agua no. Es por eso que para todos los países que tienen una geografía árida o semiárida como la nuestra, han relevado el tema de la protección y cuidado del agua como un asunto de seguridad nacional, lo que debe ser recogido por nuestra Constitución.
La propia Constitución Política establece, en el numeral 8° de su artículo 19, que es “deber del Estado velar para que” (…) “el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación” (…) “no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”.
Dada la importancia del agua, como elemento vital de subsistencia, estratégico y necesario para el desarrollo de múltiples actividades productivas y económicas, y en especial considerando que en escenarios de escasez adquiere una connotación geoestratégica y de seguridad nacional, es imprescindible que nuestra Carta Fundamental reconozca a las aguas como bienes nacionales de uso público, de manera de elevar tal consagración a rango constitucional, cualquiera sea el estado en que se encuentren éstas, esto es líquido, sólido y/o gaseoso quedando en dicha categoría, sin discusión alguna, nuestro oro blanco: los glaciares y nieves. Recordemos que la calidad de bien nacional de uso público del agua está reconocida en nuestra legislación tanto en el Código de Aguas, como también en el Código Civil; en dicho sentido, la reforma propuesta tiene por objeto consagrar a nivel constitucional los principios que Andrés Bello introdujo en nuestra legislación nacional hace ya más de un siglo.
El propio Constituyente, en el inciso 2° del número 24 del art. 19, establece que como obligación y limitación al derecho de propiedad, la función social que deriva de ese derecho, lo que “comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental”, función social que, en materia de derecho de aprovechamiento de aguas, no se encuentra de manera alguna recogida ni en la Constitución ni en el Código de Aguas.
Por su parte, existe actualmente en la Constitución el reconocimiento de derechos de los particulares sobre las aguas y la propiedad de sus titulares respecto de ellos, sin embargo resulta fundamental consagrar en ésta los mecanismos de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos de los particulares sobre las aguas como también la facultad de reservar aguas.
Nuestro país tiene una larga tradición normativa en la regulación del uso del agua, lo que ha permitido un desarrollo económico y social de gran envergadura, tanto en la agricultura, hidroelectricidad, minería, celulosa y acuicultura, entre otros. Sin embargo, el año 1981 con la entrada en vigencia de un nuevo Código de Aguas, se produjo un desbalance entre el bien común y los intereses de unos pocos particulares, desbalance que requiere ser corregido. En efecto, dicha normativa dio origen a una concentración desproporcionada de derechos de aprovechamiento para fines hidroeléctricos, concentrando, según lo ha resuelto el tribunal de Defensa de Libre Competencia, el noventa por ciento de tales bienes en sólo tres empresas.
De alguna manera, tal desbalance se corrigió parcialmente por la ley 20.017, estableciendo nuevas facultades para la Administración del Estado. Sin embargo, muchas de las correcciones necesarias no pudieron implementarse por las deficiencias Constitucionales que nuestro país tiene en esta materia.
La gran cantidad de proyectos de ley presentados por diversos Senadores y Diputados para darles a las aguas un reconocimiento y regulación constitucional especial, denota la trascendencia e importancia que tiene para el país y para todos los chilenos legislar sobre estas materias.
Ejemplo de lo anterior son el proyecto de ley presentado por los diputados Mario Acuña Cisternas y Rubén Gajardo Chacón , el 7 de abril del año 1992, denominado “Modifica el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, en lo relativo al régimen jurídico de propiedad de las aguas”; el ingresado el 9 de febrero de 1996 por los senadores Mariano Ruiz-Esquide Jara , Andrés Zaldívar Larraín , Carmen Frei Ruiz-Tagle , Sergio Paéz Verdugo y Manuel Antonio Matta Aragay , en lo relativo a la caducidad del derecho de aprovechamiento de aguas; el ingresado por los senadores Nelson Ávila Contreras , Guido Girardi Lavín , Alejandro Navarro Brain , Carlos Ominami Pascual y Mariano Ruiz-Esquide Jara , el 30 de septiembre del año 2008, denominado “Proyecto de Reforma Constitucional sobre dominio público de las aguas”; el formulado, el día 19 de noviembre de 2008, por los diputados Marcelo Díaz Díaz , Marco Espinoza Monardes , Antonio Leal Labrín , Adriana Muñoz D’albora y José Miguel Ortiz Novoa designado “Introduce modificaciones al Código de Aguas”; y finalmente el propuesto por los diputados René Aedo Ormeño y Francisco Chahuán Chahuán , el 16 de diciembre del año 2008, individualizado como “Modifica el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, con el objeto de establecer que las aguas tienen la calidad de bienes nacionales de uso público”.
Por su parte, reconociendo la diversidad geográfica del país y sus zonas y condiciones climáticas disímiles que determinan variaciones extremas en temperatura, pluviosidad, regímenes de viento, densidad demográfica, entre otros, el H. senador Ricardo Núñez Muñoz , presentó el 7 de octubre de 2008, un proyecto de reforma constitucional, que tiene por objeto reconocer en nuestra carta magna que la exploración, explotación de derechos de aprovechamiento de aguas debe ser establecida por ley, de conformidad a nuestra diversidad geográfica y climática y a la disponibilidad efectiva de los recursos hídricos, modificación incorporada al presente mensaje.
Asimismo, el senador Antonio Horvath Kiss , ha presentado diversos proyectos de ley y reformas constitucionales que tienen por objeto proteger los glaciares (16 de mayo de 2006), garantizar el acceso y uso del agua (10 de diciembre de 2008) y promover la regionalización de los recursos naturales (31 de marzo de 2009), lo que denota una constante preocupación por la protección y conservación de los recursos naturales y medioambientales.
El proyecto relativo a la protección de glaciares fue presentado conjuntamente con los senadores Guido Girardi Lavín , Alejandro Navarro Brain , Carlos Bianchi Chelech y Carlos Kuschel Silva .
Además, en lo tocante a la tutela de los glaciares, el entonces diputado don Leopoldo Sánchez Grunert , presentó, el 16 de agosto de 2005, un proyecto de ley destinado a prohibir la ejecución de proyectos de inversión en glaciares.
Es dable destacar que la reforma a la Carta Fundamental que se propone en esta materia, conserva en su integridad el dominio que los titulares actuales tienen sobre sus respectivos derechos reales de aprovechamiento de aguas, constituidos y reconocidos en conformidad a la ley, como asimismo las facultades inherentes a su carácter de propietarios.
En estas condiciones la enmienda al Código Fundamental, no afecta la certeza y seguridad jurídica de los propietarios de los derechos reales de aprovechamiento de aguas, para emprender o desarrollar actividades económicas y productivas con reglas claras y precisas que garanticen las inversiones que realicen para tales fines.
A su vez, la enmienda propuesta facilita el acceso al recurso hídrico a personas que tenían escasas posibilidades de adquirir el derecho de aprovechamiento de aguas por acto originario de autoridad, bajo el marco regulatorio vigente.
Por otra parte, la reforma entrega las herramientas necesarias a las autoridades competentes, para, en caso de ser imprescindible, limitar o restringir el ejercicio de los derechos, o reservar caudales de aguas superficiales o subterráneas para asegurar la disponibilidad del vital elemento. La inclusión de dichas herramientas se justifica a la luz de la necesidad de establecer que, dentro de los diversos usos que pueden recibir, y de hecho reciben las aguas, debe darse prioridad al consumo humano.
Por lo anteriormente expuesto, es preciso introducir modificaciones en el numeral 23 del artículo 19, eliminando, a su vez, el inciso final del numeral 24 del mismo artículo de nuestra Carta Magna. Lo anterior, con el objeto de que las aguas y los derechos de los particulares sobre éstas, se consagren, regulen, reconozcan y protejan de forma íntegra, armónica, sistemática y conjunta.
En consecuencia, tengo el honor de someter a consideración del H. Congreso Nacional, un proyecto de ley destinado a modificar el artículo 19, en sus numerales 23 y 24, de la Constitución Política de la República de Chile.
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:
Artículo Primero.- Elimínase el inciso final del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República de Chile.
Artículo Segundo.- Agréganse los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto al numeral 23 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile:
“Las aguas son bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares.
Corresponderá a la ley regular el procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos que sobre las aguas se reconozca a los particulares, considerando la diversidad geográfica y climática del país, la disponibilidad efectiva de los recursos hídricos y, especialmente, la situación de las cuencas hidrográficas. Dichos derechos otorgarán a sus titulares la propiedad sobre los mismos. La ley podrá establecer limitaciones y obligaciones al ejercicio de éstos, en conformidad con lo prescrito en el inciso 2° del numeral 24 de este artículo.
La autoridad competente tendrá la facultad de reservar caudales de aguas superficiales o subterráneas, para asegurar la disponibilidad del recurso hídrico.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; SERGIO BITAR CHACRA , Ministro De Obras Públicas ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 19, numerales 23 y 24, de la Constitución Política de la República de Chile. (boletín Nº 6816-07).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que regula los servicios sanitarios rurales. (boletín Nº 6252-09).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
4. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 6 de enero de 2010.
Tengo a honra comunicar a vuestra excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo aprobatorio de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada el 9 de junio de 1994 en Belem do Pará, Brasil, en el Vigésimo Cuarto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, correspondiente al Boletín Nº 6.689-10.
Lo que comunico a vuestra excelencia en respuesta a su oficio Nº 8.456, de 25 de noviembre de 2009.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra excelencia.
(Fdo.): CARLOS BIANCHI CHELECH , Presidente (E) del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
5. Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recaído en el proyecto que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de datos de carácter personal, para garantizar que la información entregada a través de predictores de riesgo (ranking), sea exacta, actualizada y veraz. (boletín Nº 6800-03 1)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo pasa a informar el proyecto de ley, de origen en una moción de las Diputadas señoras Carolina Goic y María Antonieta Saa y de los Diputados señores Eugenio Tuma , Felipe Harboe , Jorge Burgos , Guillermo Ceroni , Marcelo Díaz , Ramón Farías y Alberto Robles , que se individualiza en el epígrafe, en primer trámite constitucional y reglamentario, con urgencia calificada de “suma”.
I. CONSTANCIAS PREVIAS.
1.- IDEA MATRIZ O FUNDAMENTAL DEL PROYECTO.
Modificar la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, con el objeto de garantizar que la información contenida en los predictores de riesgo comercial sea objetiva, esto es, exacta, actualizada y veraz.
2.- NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.
No contiene normas con ese carácter.
3.- TRÁMITE DE HACIENDA.
No requiere de dicho trámite.
4.- EL PROYECTO FUE APROBADO, EN GENERAL, POR UNANIMIDAD.
Votaron a favor los diputados señores Gonzalo Arenas ( presidente ), Marcelo Díaz, Carlos Abel Jarpa, José Miguel Ortiz , Eugenio Tuma y Patricio Vallespín .
5.- SE DESIGNÓ DIPUTADO INFORMANTE AL SEÑOR EUGENIO TUMA ZEDÁN.
-o-
La Comisión contó con la asistencia y colaboración de doña Consuelo Espinoza, asesora de la Subsecretaría de Hacienda y don Pablo Arriagada , abogado asesor del Ministerio de Hacienda.
II. ANTECEDENTES.
Relatan los patrocinantes de esta iniciativa que en agosto del año 1999, luego de seis años de ardua discusión parlamentaria, fue publicada en el Diario Oficial la ley N° 19.628, sobre protección de datos de carácter personal o protección de la vida privada, mas conocida como ley Dicom.
La referida legislación, tal como su denominación lo indica, consignó un marco normativo claro y preciso, estableciendo -básicamente- quiénes pueden hacer pública determinada información, cuál es la información que requiere autorización de su titular para ser publicada y qué información es pública y en consecuencia no requiere autorización del titular para su difusión, además de establecer plazos y procedimientos para la publicación de información vigente y caduca.
La ley Dicom, conocida de ésta manera por regular la actividad de una de las más grandes y principales empresas del país dedicadas al tratamiento de datos de carácter personal, se estructura sobre la base de conceptos cuya definición ha dado la misma ley. En efecto, y tal como ocurre con la ley de protección al consumidor, el legislador ha optado, en su artículo 2°, por definir las palabras que utiliza, de manera que sus normas deben ser entendidas e interpretadas atendiendo a tales conceptos, según lo establecido en el artículo 20 del Código Civil, que establece que las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal.”
Agregan que si se analizan las normas sustantivas de la ley, contenidas en su título I, (arts. 4° al 11) que trata de la utilización de los datos personales, a la luz de las definiciones del título preliminar (arts. 1° al 3°) sólo cabe la posibilidad de entender que el tratamiento y publicación de información es únicamente de datos personales, es decir -según la definición legal- los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables.
La amplitud de la definición de “datos personales”, -cualquier información- ha permitido a las empresas que realizan tratamiento de datos, incorporar dentro de éstos, aquellos referidos a las consultas sobre información de que son objeto los titulares de los datos. De esta manera, si los datos de una persona son consultados, tal consulta es considerada un nuevo dato que pasa a formar parte de la información de la persona.
Las empresas que realizan tratamiento de datos construyen, a partir de la información recolectada, los denominados predictores, ranking o score, que como su nombre lo indica, son instrumentos que permiten predecir el comportamiento futuro, por ejemplo, de un consumidor, sobre la base de su historial de comportamiento anterior, considerando además su nivel educativo, su patrimonio, nivel de ingresos y endeudamiento, entre otras variables, dentro de las que además es considerada la cantidad de veces que terceros han consultado por su información.
En el caso particular de la empresa DICOM, el predictor establece un nivel de riesgo en razón de 3 factores principales, a saber número de protestos que posee la persona, el número de morosidades y el número de consultas de sus antecedentes que se han realizado a Dicom sobre dicha persona. Este predictor se gradúa entre 0 y 1000 puntos, siendo 0 el más riesgoso y 1.000 el menos riesgoso.
Es posible que una persona que jamás ha tenido morosidades ni protestos de ningún tipo, sea calificada en nivel de riesgo alto, (325 puntos, en el predictor de Dicom) por el sólo hecho de ser motivo de consultas por terceros.
El artículo 9° de la ley N° 19.628 establece que la información recolectada o aquella proveniente de fuentes accesibles al público, debe ser exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del titular de los datos, prescripción legal que claramente se ve alterada si se considera para la elaboración de un ranking u predictor de riesgo, un factor absolutamente ajeno al comportamiento o voluntad del titular.
Por su parte, la información sobre consultas, claramente no es de aquella calificada como información pública, y en consecuencia sólo podría ser utilizada en la medida que el titular lo autorizara expresamente. En efecto, conforme a lo establecido en el artículo 4° de la ley N° 19.628, sólo puede ser objeto de tratamiento, aquella información expresamente autorizada, ya sea por el titular de los datos o por la ley. La disposición legal establece que “no requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial, se contengan en listados relativos a una categoría de personas que se limiten a indicar antecedentes tales como la pertenencia del individuo a ese grupo, su profesión o actividad, sus títulos educativos, dirección o fecha de nacimiento, o sean necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta directa o comercialización o venta directa de bienes o servicios.” de manera que, si las personas no han autorizado expresamente a Dicom para que utilice los datos relativos a la cantidad de personas o veces que ha consultado sobre sus antecedentes, el tratamiento de estos datos vulnera las normas del artículo 4 de la ley N° 19.628, siendo en consecuencia un acto ilegal.
Precisan que la situación planteada, además de injusta, por no corresponder a hechos imputables al titular de los datos, constituye una alteración de la realidad, pues muchas personas honestas y trabajadoras, que ejerciendo el legítimo derecho de cotizar, por ejemplo, un crédito hipotecario o de consumo con distintas entidades bancarias o financieras, incrementarán su riesgo, cada vez que estas entidades realicen las consultas, con las nefastas consecuencias para sus finanzas particulares, por negárseles los créditos u obtenerlos con tasas más altas, atendido el riesgo que representan para el sistema financiero, según el predictor de Dicom .
Incluso más, bien podría utilizarse esta herramienta de consulta para perjudicar el crédito o fama de cualquier persona, especialmente la de aquellas que realizan o ejercen funciones públicas. Un ministro de Estado , un juez de la República , un jefe de servicio, un parlamentario, un dirigente o representante empresarial podría caer víctima de estos predictores, y en consecuencia del escarnio público, si algún inescrupuloso consultara sólo 20 veces los antecedentes de esa persona, la que aparecería como riesgoso económicamente.
Se preguntan qué riesgo puede representar alguien quien no teniendo nunca un protesto ni morosidad alguna, sólo ha sido consultado por terceras personas Esta situación afecta a miles o millones de personas honestas, esforzadas, micro o pequeñas empresas, cuya subsistencia depende de su capacidad crediticia, y que este tipo de información antojadiza e irrelevante, puede marcar la diferencia entre el empleo o la cesantía, entre el emprendimiento o la frustración.
Sin perjuicio del actuar ilegal y arbitrario por parte de, a lo menos, la empresa Dicom, que utiliza para el tratamiento de los datos información con respecto a la cual no está autorizada por la ley, ni por los titulares de los datos, indican que les parece necesario reforzar las prescripciones de la ley Nº 19.628, de manera que, ni aún con el consentimiento del titular, las empresas o persona que realizan tratamiento de datos personales puedan utilizar en la elaboración de sus predictores, la información acerca de las consultas que han realizado terceros sobre los datos de una persona.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
Consta de un artículo único, que modifica la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, con el objeto de garantizar que la información contenida en los predictores de riesgo comercial sea objetiva, esto es, exacta, actualizada y veraz.
-o-
III. DISCUSIÓN DEL PROYECTO.
A) DISCUSIÓN GENERAL.
Teniendo en vista las consideraciones y argumentos contenidos en la moción, los señores Diputados fueron de parecer de aprobar la idea de legislar sobre la materia. En efecto, las empresas que realizan tratamiento de datos incorporan dentro de éstos los referidos a las consultas sobre información de que son objeto los titulares de los datos. De manera que si los datos de una persona son consultados, tal consulta es considerada un nuevo dato que pasa a formar parte de la información de la persona. Las empresas construyen, a partir de la información recolectada, los denominados predictores, ranking o score, que son instrumentos que permiten predecir el comportamiento futuro de un consumidor, sobre la base de su historial de comportamiento anterior. Se considera, además, su nivel educativo, su patrimonio, nivel de ingresos y endeudamiento, entre otras variables, dentro de las que se cuenta la cantidad de veces que terceros han consultado por su información. Se consideró que la situación planteada es por cierto injusta, ya que muchas personas honestas y trabajadoras, que ejerciendo el legítimo derecho de cotizar un crédito hipotecario o de consumo con distintas entidades bancarias o financieras, verán incrementado su riesgo, cada vez que éstas realicen sus consultas; con nefastas consecuencias para sus finanzas particulares, por negárseles los créditos u obtenerlos con tasas más altas, atendido el riesgo que representan para el sistema financiero, según el predictor de Dicom .
Puesta en votación general la idea de legislar, se APRUEBA por unanimidad.
B) DISCUSIÓN PARTICULAR.
El artículo único, que prohíbe la confección de predictores o rankings de riesgo comercial que no se basen en información objetiva referida sólo a morosidad o protestos de las personas naturales o jurídicas y que establece como sanción por incumplimiento de esta disposición la eliminación de esa información, fue objeto de una indicación sustitutiva, aprobada por unanimidad, de los Diputados señores Arenas, Jarpa , Díaz, don Marcelo , Harboe , Ortiz , Tuma y Vallespín , que prohíbe en forma expresa y clara la realización de ranking o predictores de riesgo comercial que sean basados en variables relativas a la frecuencia de consulta de los datos personales contenidos en un registro o banco de datos asociados a una determinada persona, incluyéndose en tal prohibición la entrega a terceros de la información relativa al número de consultas de sus datos, considerándose, a modo de sanción, la eliminación inmediata de dicha información, sin perjuicio de las responsabilidades civiles que el afectado pueda hacer efectivas.
Votaron a favor los Diputados señores Arenas, Díaz, don Marcelo ; Jarpa , Ortiz , Tuma y Vallespin .
-o-
C) ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.
Artículo único de la moción
ARTÍCULO ÚNICO: agregase el siguiente inciso final al artículo 9° de la ley Nº 19.628: “Prohíbase la realización de ranking o predictores de riesgo comercial que no sean basados en información objetiva relativa a las morosidades o protestos de las personas naturales o jurídicas de las cuales se informa. Dichos predictores o ranking de riesgo no podrán incorporar variables distintas de las anteriores. Su infracción será sancionada con la eliminación inmediata de dicha información, sin perjuicio de las responsabilidades civiles que demande el afectado al representante legal de la empresa que los realice”.
D) INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES.
No hubo.
-o-
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por las otras consideraciones que en su oportunidad dará a conocer el señor Diputado Informante , la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recomienda aprobar el siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artículo único.- Introdúcese en el artículo 9º de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, el siguiente inciso final, nuevo:
“Prohíbese la realización de ranking o predictores de riesgo comercial que sean basados en variables relativas a la frecuencia de consulta de los datos personales contenidos en un registro o banco de datos asociados a una determinada persona, incluyéndose en tal prohibición la entrega a terceros de la información relativa al número de consultas de sus datos. La infracción a estas prohibiciones dará derecho al titular de los datos a solicitar, a costo del infractor, la eliminación inmediata de dicha información, sin perjuicio de las responsabilidades civiles que el afectado pueda hacer efectivas en contra del que realice dichos ranking o predictores de riesgo comercial, o informe a terceros la cantidad de consultas de sus datos personales.”.”.
-o-
Sala de la Comisión, a 06 de enero de 2010.
Tratado y acordado en sesión de fechas 05 de enero de 2010, con asistencia de los Diputados señores Gonzalo Arenas ( Presidente ), Marcelo Díaz, Carlos Abel Jarpa ; José Miguel Ortiz , Eugenio Tuma y Patricio Vallespín .
(Fdo.): ROBERTO FUENTES INNOCENTI, Secretario de la Comisión”.
6. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 31 de diciembre de 2009.
Oficio Nº 3929
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia dictada por este Tribunal Constitucional con fecha 31 de diciembre de 2009, recaída en el proceso Rol Nº 1.423-09-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 2º transitorio de la
ley Nº 19.947, en la causa pendiente de que conoce la Juez Titular del Juzgado de Familia de Osorno, bajo el RIT C-1103-2008, RUC Nº 08-2-202-8921-7.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretario suplente
AL EXCMO. SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
7. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 31 de diciembre de 2009.
Oficio Nº 3933
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia dictada por este Tribunal Constitucional con fecha 31 de diciembre de 2009, recaída en el proceso Rol Nº 1.424-09-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 2º transitorio de la ley Nº 19.947, de la causa RIT C-1838-2007, RUC 07-2-0321811-1, sobre divorcio, caratulada “Zattera con Bancalari” ante el Juzgado de Familia de Concepción.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretario suplente
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
8. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 5 de enero de 2010.
Oficio Nº 3937
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia dictada por este Tribunal Constitucional con fecha 31 de diciembre de 2009, recaída en el proceso Rol Nº 1.490-09-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 2º transitorio de la ley Nº 19.947, de la causa RIT C-2612-2007, RUC 07-2-0397605-9, sobre divorcio, caratulada “Hauser con Díaz”, ante el Juzgado de Familia de Concepción .
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretario suplente
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
9. Oficio del Tribunal Constitucional.
“Santiago, 1º de diciembre de 2010.
Oficio Nº 3827
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia dictada por este Tribunal Constitucional con fecha 1º de diciembre en curso, recaída en los procesos Roles Nº 1.246-08-INA y 1388-09-INA (acumulados), sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 161, Nº 10, del Código Tributario, específicamente de sus incisos
primero, segundo, tercero y cuarto, en la causa criminal que se sigue por supuestas infracciones tributarias, RIT 9504-2007, RUC 0710017208-3, que se encuentra pendiente ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretario suplente
AL EXCMO. SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
10. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 31 de diciembre de 2009.
Oficio Nº 3920
Excmo. señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia dictada por este Tribunal Constitucional con fecha 31 de diciembre de 2009, recaída en el proceso Rol Nº 1.406-09-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 34 y 161, Nº 10, del Código Tributario, en la causa criminal RUC Nº 4007-2008, RUC Nº 0800491133-5, que se sustancia ante el Décimo Juzgado de Garantía de Santiago .
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretario suplente
AL EXCMO. SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
11. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 31 de diciembre de 2009.
Oficio Nº 3924
Excelentísimo señor Presidente
de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia de 30 de diciembre en curso, dictada por este Tribunal en los autos Rol Nº 1389-09-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la frase final del artículo 484 del Código Procesal Penal en la causa Rol Nº 2749-2009, de la Corte Suprema, caratulado “Figueroa Lea-Plaza”.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretario suplente
AL EXCELENTÍSIMO PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
12. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 30 de diciembre de 2009.
Oficio Nº 3914
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia dictada por este Tribunal Constitucional con fecha 29 de diciembre en curso, en los autos Rol Nº 1467-09-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 230 del Código Procesal Penal, en la causa RIT 471-2008, RUC 0810001973-7 que se tramita ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago .
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretario suplente
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
13. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 31 de diciembre de 2009.
Oficio Nº 3805
Excmo. señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia dictada por este Tribunal Constitucional con fecha 24 de noviembre en curso, recaída en el proceso Rol Nº 1.353-09-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 147 y 714 del Código Civil, y 106 de la Ley General de Bancos, en la causa Rol Nº 46.826-2008, caratulada “Banco de Chile con Solís Hernández , Guido René ”, seguida ante el Juzgado de Letras de San Vicente de Tagua Tagua, actualmente en apelación ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, roles de ingreso números 68-2009 y 70-2009.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretario suplente
AL EXCMO. SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
14. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 4 de diciembre de 2009.
Oficio Nº 3837
Excelentísimo
Señor Presidente:
Tengo el honor de remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia dictada por este Tribunal Constitucional con fecha 3 de diciembre en curso, en los autos Rol Nº 1.228-08 INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 15 y 16 del D.L. 2695, en la causa Rol Nº 62-2008 de la Corte de Apelaciones de Chillán, caratulada “Roca Marín , Pedro Pablo con Roca Erices , Nora” .
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretario suplente
A SU EXCELENCIA EL
PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
DON RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.